Siempre asombrado, un punto incrédulo, Miguel Ángel Aguilar saborea el espectáculo del circo contemporáneo en silla de pista, en primera fila. Apenas a unos metros de los prestidigitadores de la Transición, los domadores del golpismo y el terrorismo, los trapecistas de la libertad que parecía imposible. Aplicado alumno de la realidad, maestro del periodismo, Aguilar evoca hechos memorables del último medio siglo de España. Fue testigo, a veces incluso un poco protagonista, y lo cuenta como nadie, con su inconfundible estilo irónico, agudo y elegante. Vio morir una España y nacer otra. Estuvo en El Pardo y en La Paz cuando se leían los partes del equipo médico habitual, y en las sesiones, comidas, cenas y conciliábulos que acabaron dando a luz a la Constitución. Anduvo por El Aaiún cuando la Marcha Verde, en el Congreso el 23-F, lo procesó la jurisdicción militar y acabó formando parte del tribunal que otorgaba el premio del tonto contemporáneo. Una vida profesional plena, resumida en un libro intenso.

En silla de pista es un cronicón hecho de muchas crónicas. Recuerdos de cincuenta años de la vida nacional. Un retrato impagable de España y sus personajes. Y también un gran homenaje a una prensa que ya no existe pero que fue esencial en la consolidación del Estado democrático que hoy conocemos.

Miguel Ángel Aguilar

En silla de pista

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Titivillus 14.03.2019

Miguel Ángel Aguilar, 2018

Editor digital: Titivillus

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A Juby, cuya aprobación me hubiera gustado merecer, in memoriam.

A Miguel y Andrea, rogando que disculpen las molestias.

A Tomás e Ignacio, por si tuvieran algo que alegar en su día.

A los periodistas que dieron la cara sin pasar la cuenta.

A quienes trabajaron en el diario Madrid
defendiendo las libertades.

Prólogo

El periodista que estaba allí

Nacido para la astronomía y degenerado hasta el periodismo, enraizado en una familia de derechas de toda la vida, chapada a la antigua, ajena al «viva quien vence», con educación y vergüenza sobrada como para apuntarse al botín de ninguna victoria, me hubiera gustado coincidir con la definición que daba de sí mismo el impar Arturo Soria y Espinosa: «Soy discrepante y antimultitudinario, ni mando a necios, ni obedezco a pícaros y estoy contra el adulterio». De Ernst Bloch aprendí que la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza expresarse sin razón, y algunos de los golpes encajados me permitieron averiguar la exactitud del poema Nostalgia del destierro de José Ángel Valente donde apunta que «Lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido…».

Las páginas que siguen quieren ser un álbum de momentos vividos en primera línea, en silla de pista, en ocasiones como observador participante. Son apuntes tomados del natural, siguiendo la línea de Manuel Chaves Nogales en El maestro Juan Martínez que estaba allí[1]. Llevan por título el de la sección que mantuvo Luis Carandell en el semanario Triunfo. Parten del supuesto de que a los periodistas incumbe el deber de estar presentes en los acontecimientos y se atienen al enunciado de Heisenberg según el cual no conocemos la realidad, sino tan solo la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Es precisamente ese modo de interrogar el que criba los hechos y selecciona aquellos que serán difundidos, sin discutir el principio de la mecánica cuántica según el cual nada, ningún hecho, ningún dato, permanece igual a sí mismo después de haber entrado en órbita como noticia.

Los periodistas gozan de propiedades análogas a las de los catalizadores. Su presencia hace posibles determinados procesos o reacciones químicas sin que ellos mismos sufran desgaste o alteración alguna. De los periodistas se espera que se comporten como los bomberos y corran hacia el fuego cuando los demás lo hacen en sentido contrario para escapar de las llamas. La vocación de testigo los acompaña, sabedores de que no hay prenda como la vista y de que nada sustituye el contacto personal. Sin que la proximidad, más aún cuando deriva en amontonamiento, aporte garantía de esclarecimiento ni proporcione otra cosa que confusión. Solo el mantenimiento de la distancia, tanto física como gramatical, permite informar de manera crítica, sin desenfoques. Por eso, promoví con Luis Carandell el Club del Usted para contener el tuteo degenerativo, convencidos como estábamos de que «frente a la asimilación tergiversadora se impone la clarificación sancionadora».

En España —decía el ya mencionado Arturo Soria— estaba establecida la legítima autoridad, que en música era Falla; en poesía, Machado; en física, Blas Cabrera; en derecho penal, Jiménez de Asúa. Y hubo que hacer una guerra —remataba Arturo— para que Luca de Tena fuese académico. Los fusilamientos, cárceles, inhabilitaciones y exilios subsecuentes desertizaron el periodismo e izaron en los mástiles disponibles de las cátedras y de los periódicos prestigios fatuos, sin más sustento que los méritos de guerra que unos y otros se arrogaban con astucia oportunista. Fue el gran momento de los Emilios Romeros, de los Jaimes Campmanys, de los camaradas de Arriba, de Pueblo y de la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento. En suma, de los inasequibles al desaliento, que vociferaban en las conmemoraciones reclamando la revolución pendiente a la manera del León de Fuengirola, José Antonio Girón de Velasco, es decir, sin consecuencia de lucro cesante.

Sé por experiencia propia que nada es comparable a la satisfacción intelectual que proporcionan las ciencias, y en particular las físico-matemáticas como la astronomía. A ese gozo impregnado de la angustia añadida por el carácter estrictamente individual y muchas veces incomunicable de la aventura científica que emprenden quienes se encaminan por la senda de la observación astronómica pensaba estar predestinado el abajo firmante. Por eso se licenció en Ciencias Físicas, dispuesto a continuar una saga científica que se remontaba a su bisabuelo, Antonio Aguilar Vela, director del Observatorio Astronómico del Retiro a partir de 1854; a su abuelo, Miguel Aguilar Cuadrado, primer astrónomo del mismo; y a su padrino de bautismo y hermano mayor de su padre, Miguel Aguilar Stuyck, que siguió sus pasos.

Con autoridad se ha escrito que en la progresión de la ciencia hay dos corrientes: una que tiende a escrutar el universo y otra que trata de penetrar en el núcleo del átomo. Caminan en direcciones opuestas sin perderse de vista, aunque una mida las distancias en pársecs (es decir, en años luz) y la otra en micromilímetros. De modo que cuanto más profundo se sumergen los físicos en las entrañas del átomo, más evidentes se vuelven para ellos las leyes relativas a la luminiscencia de las estrellas. Sucede que lo invisible por grande se enamora de lo invisible por pequeño y que los grandes cosmólogos trabajan con los físicos de las partículas elementales.

Abandonar la observación de los astros y el estudio de las leyes inmutables que rigen sus órbitas para entrar en el tobogán confuso de la actualidad periodística supone un salto inexplicable, aunque deba tenerse en cuenta que no solo de ciencia vive el universitario y que fue mi activa participación en las luchas estudiantiles contra el régimen la que pudo habilitar la pista de despegue y encender las pasiones que me llevaron a la deserción. Otra cosa es que siempre sintiera como una ventaja para mi nuevo desempeño profesional la formación adquirida en la Facultad de Ciencias. O que nada más poner el pie en el andén del periodismo tuviera vivencias intransferibles, de esas que imprimen carácter. La más indeleble de todas fue la del diario Madrid en el que estuve cinco años, entre mis veintitrés y mis veintiocho.

En su redacción, a la que llegué en septiembre de 1966, me fogueé como periodista y en sus filas permanecí hasta la orden de cierre dictada por el Gobierno de Franco el 25 de noviembre de 1971. Los compañeros redactores y trabajadores del diario Madrid transgredieron la ley de la gravitación laboral, según la cual prevalecen las actitudes que favorecen la continuidad en el empleo, lo arriesgaron por defender las libertades y rehusaron la oportunidad que les ofrecieron de salvar sus puestos bajo la condición de quedar uncidos al yugo y las flechas de la prensa del Movimiento y los sindicatos verticales.

Acepté el paro y los procesos que siguieron a la orden de cierre como gajes del oficio, sin que recuerde haber pasado jamás un buen rato sentado en el banquillo de los acusados o en las travesías procesales donde estuve involucrado a partir de enero de 1967 a raíz de que el Tribunal de Orden Público me encausara por primera vez. El instructor decretó entonces mi libertad provisional, situación en la que me mantuve, con o sin fianza, hasta mayo de 1988 cuando fue sobreseída o archivada la última causa civil pendiente. Cuando el periodista y escritor italiano Indro Montanelli recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 1996, dijo en unas declaraciones que debía desconfiarse de los periodistas que se hubieran enriquecido. Coincidía así con el filósofo Bertrand Russell, según el cual «la noción de que las actividades deseables son aquellas que producen beneficio económico lo ha puesto todo patas arriba»[2].

Hubimos de aceptar que ni se detuvo el curso del sol ni cambió de sentido la corriente de los ríos. A partir de esa grande ocasión del diario Madrid, aprendí que «nada es más duro que ser hijastro del tiempo. No hay destino más duro que sentir que uno no pertenece a su tiempo[3]», que ha quedado excluido, porque el tiempo solo ama a aquellos hijos, héroes y trabajadores que ha engendrado; que no amará nunca a los héroes del tiempo pasado, igual que las madrastras no aman a los hijos ajenos. Aprendizaje indisolublemente unido a la percepción de que todo club de excombatientes desde que se constituye queda condenado a la extinción. Romper ese fatalismo y darle continuidad requeriría que supiéramos transmitir los valores que allí honramos. Así lo percibimos cuando andábamos explorando la recuperación de las libertades, que únicamente conocíamos de oídas.

Cuando estas páginas se dan a la imprenta están cumpliéndose cuarenta años de la Constitución que instauraba la democracia y proclamaba las libertades públicas. Momento en el que algunos hubiesen querido volver al kilómetro cero invalidando toda la travesía. Pero la navegación había sumado dificultades; las amenazas que sortear eran peligrosas; la tripulación padeció el desconcierto de la falta de costumbre; el pasaje alternaba actitudes de colaboración y de impaciencia por el qué hay de lo mío; y los terroristas empujaban para echar el barco a pique. Pero prevalecieron la inteligencia y el discurso del método que adelantaba los resultados. Los hispanistas propensos a entusiasmarse con nuestro furor quedaron defraudados porque, en vez de comportarnos como mediterráneos pasionales, adoptamos la frialdad característica de los ribereños del Báltico.

Cantaba Joan Manuel Serrat que a sus amigos los tenía muy escogidos y que los echaban a patadas de las fiestas. Sin patadas pero de manera fulminante me han echado de algunos de los medios en los que trabajaba: periódico Madrid, Diario 16, Agencia EFE, Tele 5 o los diarios El Sol y El País. Claro que antes me habían contratado, en ocasiones sin contar en mi haber más que con antecedentes penales. En todo caso, nunca he cultivado el victimismo y me alegro de no haber dado nunca pena. Las situaciones límites vividas me han enseñado mucho sobre la naturaleza humana, aunque a veces el coste pagado haya sido demasiado alto. Rafael Sánchez Ferlosio, en una nota autobiográfica, dice que «habiéndolo emprendido todo por su sola afición, libre interés o propia y espontánea curiosidad, no se tiene a sí mismo por profesional de nada»[4]. Por ahí me hubiera gustado acompañarle.

Quede constancia de que el álbum de apuntes del natural que he querido componer tuvo un punto de ignición, la propuesta de la editora Ángeles Aguilera, que ha resistido todas las demoras y ha porfiado sin cesar contra toda evidencia. Y solo ha sido posible por la ayuda y la disposición constante de Juan Oñate, que ha salvado al texto de incurrir en redundancias y reiteraciones obsesivas.

Es el resultado de algunos días con sus noches y madrugadas insomnes, escribiendo y reescribiendo los episodios, aupado y desbordado por la nube que archiva todas nuestras huellas publicadas como informaciones o como columnas en el Madrid, Posible, Cambio 16, Diario 16, El País, la agencia EFE, La Vanguardia, El Progreso, Tiempo y otros muchos, así como también todos los rastros de las colaboraciones en medios audiovisuales.

Espero haber logrado rehuir cualquier innoble reflejo de rencor o de ajuste de cuentas porque llevo años promulgando indultos y amnistías, pues resulta agotador el mucho trabajo que da el cultivo de los enemigos, en cuya elección ha de ponerse sumo cuidado. Debería aquí hacer mención de los agradecimientos debidos a quienes han leído algunos capítulos y me han ayudado con sus comentarios y enmiendas o con el añadido de datos, precisiones de lugares y fechas. Pero he preferido evitar sus nombres para ahorrarles las animadversiones que solo sobre el autor deben recaer.

Por muy fidedigna que quiera ser, la memoria es selectiva y a los recuerdos se les aplica el photoshop embellecedor que mejora el perfil del que se erige en protagonista. En todo caso, el propósito ha sido evitar los retoques y la reescritura del pasado utilizando las categorías y las convicciones del presente.

Mi modelo podría haber sido el libro conmemorativo del centenario del Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Lasalle, donde hice el bachillerato o también el del centenario de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, cumplido en 2005 bajo la presidencia de Eduardo Miura, cuyo volumen se completa con un informe del secretario técnico, Jaime Sebastián de Erice, titulado «Un centenario para ganar el futuro», que relaciona las medidas adoptadas para evitar los fraudes y atender las demandas sociales, evitando anteponer las exigencias del callejón a las del público, pese a lo cual concluye: «Nunca podremos asegurar que los toros embistan». Por mi parte, pese a haber tomado los cuidados pertinentes en estas páginas, tampoco puedo garantizar nada.

Cuestión distinta deviene que, conforme señala Simon Leys en La felicidad de los pececillos[5], «esta capacidad permanente e implacable de recuerdo total y absoluto es una maldición; excluye toda posibilidad de reflexión, pues el pensamiento requiere un espacio en el que sea posible olvidar, elegir, borrar, aislar, eliminar, poner de relieve. Si no pudiéramos desechar nada del desván de la memoria, no podríamos abstraer ni generalizar. Sin abstracción ni generalización, no puede haber pensamiento». Pero, sea como fuere, la tarea de estas páginas ha querido ser de modo primordial la de un testigo.

Concha, Ruiloba, 7 de julio de 2018

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Orígenes: raíces, familia, estudios

De derechas de toda la vida

Nací en Madrid un lunes 15 de febrero de 1943. Mi padre, Francisco Aguilar Stuyck, era doctor en Medicina y Cirugía (especialista en aparato digestivo) y operaba en el Hospital General de la Beneficencia del Estado y en el Hospital de San Luis de los Franceses, donde se refugió al sentirse perseguido después del alzamiento del 18 de julio del 36. Bajo la protección de la embajada de Francia, logró salir por Valencia a Marsella y llegar a San Sebastián, donde hubo de presentarse a la autoridad, por supuesto militar, y en calidad de alférez honorario (no provisional) prestó servicio en hospitales de campaña. Mi madre, María Luisa Tremoya Nacarino-Brabo, era nacida en Manila de padres españoles. Yo era su octavo hijo por orden de aparición en escena. Me habían precedido: Miguel, María Luisa, Francisco, Marisol, José María, Pilarín y María Dolores. El mayor, Miguel, del que heredé el nombre, había muerto en Fuenterrabía durante la guerra, en 1938, después de una larga enfermedad. A mí me siguieron Antonio, Ignacio, Santiago y Rafael. Con ello mi posición en el esquema de fuerzas familiares se niveló bastante.

La familia, alrededor de la abuela Eloísa. En primera fila: Antonio, Ignacio y yo. En segunda: María Dolores; Santiago; mi padre, Francisco; mi abuela, Eloísa Stuyck; mi madre, María Luisa Tremoya Nacarino-Bravo; Rafael y Pilar. En tercera: María Luisa, Francisco, Marisol y José María.

Cursé los estudios de primaria y bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, e hice la reválida en el Instituto de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu. A partir de cuarto, al concluir el bachillerato elemental, opté por ciencias para el bachillerato superior.

Durante los años del bachillerato, pasé los veranos ayudando en las labores propias de la recolección —sacar, trillar, limpiar, poner el grano en los costales y subirlos al silo— en las tierras de labor de mi padre en el término de Cubas de la Sagra (Madrid). El jornal que recibía por estas tareas era de cinco pesetas por hora. El trabajo compartido con labradores como Atanasio Barrigüete (el Cano) y Pedro del Río (el Cabezón) y con el navarro que hacía de mayoral, Manuel Bados, me convirtió en su amigo pese a la diferencia de edad.

En Cubas de la Sagra con Consuelo Fernández, mi niñera, hacia 1983, cuarenta años después de que me tuviera en brazos. La mayor incondicional que tuve nunca.

Enganchado al Opus Dei

Entroncado en una familia que cuenta con más de cinco generaciones de profesionales en la astronomía y en la milicia, sin adscripción política activa, fui aproximado por primera vez al Opus Dei cuando contaba quince años y cursaba el preuniversitario. Algunos compañeros de pupitre en el Maravillas me invitaron a uno de esos pisos que luego supe llamaban de San Rafael para rezar una salve a la Virgen y compartir las meditaciones y los círculos que organizaban los sábados y que desembocaban en una tertulia de ambiente universitario. Allí encontré un clima afectuoso de estudio y estímulo intelectual que resultaba de la suma de gente alegre, con talento y sentido del humor. Mencionaré a Carlos Mellizo, estudiante del Colegio del Pilar y luego de la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense, y hermano del periodista Felipe Mellizo, al que conocí algunos años después. Carlos puesto al piano entonaba las canciones de Ignacio Villa, llamado Bola de Nieve, como la inolvidable «Mamá, la negrita / que se le salen los pies de la cunita…». La merienda era buena prueba del desprendimiento que allí se cultivaba, de forma que todos aportaban sus bocadillos y luego troceados, se redistribuían de modo que a quien había aportado uno de jamón podía suceder que hubiera de conformarse con otro de mortadela improvisado en el Bar García de la calle Padilla, en la acera de enfrente.

En los meses de vacaciones, quienes habíamos pedido la admisión en la Obra seguíamos un plan de estudios diseñado con asignaturas de Filosofía y Teología alojados en los colegios mayores disponibles. Del mes de agosto de 1961 recuerdo un curso de verano en La Estila, un colegio mayor de la Universidad de Santiago de Compostela donde una tarde apareció el Padre, es decir, monseñor José María Escrivá, en visita sorpresa. Fuimos convocados por el director José Antonio Galera en la sala de estar para una tertulia. En ella preguntamos a monseñor por la situación de la Iglesia que tanto le preocupaba a raíz de la convocatoria del Concilio Vaticano II (lo consideraba una oportunidad para que enredara el diablo) y también por su «intención especial», a favor de la cual tanta oración y sacrificio se nos pedía.

Luego los directores quisieron enseñarle al Padre los campos de deportes, a los que se accedía por un túnel de gran anchura que iluminaban a ambos lados unas antorchas convertidas en portalámparas. La estética de las antorchas desagradó a monseñor, que se acercó a una de ellas y la descolocó al grito de «esto es diabólico». Concluido el paseo por el frontón y el resto de las instalaciones deportivas, que daban vista al monte Pedroso, emprendimos de nuevo el camino de regreso por el túnel y observamos estupefactos que las antorchas habían sido arrancadas dejando las bombillas colgando al aire. Me pareció un ejemplo de cómo y hasta qué extremo se obedecía al fundador.

En 1965, concluida la licenciatura en Ciencias Físicas, comprobé hasta qué punto la lucha estudiantil contra el Sindicato Español Universitario (SEU), organización falangista de carácter único y obligatorio, me había contaminado de otras inquietudes y decidí cursar Periodismo en la Escuela Oficial, que ocupaba entonces la trasera del Ministerio de Información y Turismo. Monseñor solía repetir a los suyos que eran «la aristocracia de la inteligencia», que su misión era «la santificación del trabajo ordinario» para «poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas», y para el cumplimiento de esas tareas se concedía especial relevancia al «apostolado de la opinión pública». Debería estar dispuesto a «envolver el mundo en papel impreso». Otra cosa es que yo enseguida comprobara cómo en los ambientes progresistas se profesaba un cierto encono hacia el Opus y que mi pertenencia a la Obra hacía que fuera visto como sospechoso de estar en el mismo bando que los «lópeces», caracterizados como tecnócratas que, carentes de méritos de guerra, como Laureano López Rodó, Gregorio López-Bravo o José María López de Letona, habían articulado otra escala para encaramarse a los ministerios.

Mantuve mis ideas y me vi precisado a dar la cara por el Opus, viví esa entrega con alegría hasta que alcancé un punto de saturación en el que dejó de tener sentido continuar. Alguno de mis amigos de dentro llegó a plantearme que si yo abandonaba quién quedaría de izquierdas en la Obra. Aclaré que no era de izquierdas, ni me había incorporado para cumplir esa función como ya había manifestado años antes a Javier Ayesta, encargado de las relaciones públicas de la Obra, negándome a ser exhibido como elemento excéntrico ante los periodistas extranjeros que venían de vez en cuando a España para hacer un reportaje sobre la organización. Hablé con Antonio Fontán, miembro connotado del Opus que había sido director del diario Madrid, quien me ofreció tanto respeto a mi decisión de abandonar como me pedía para la suya de perseverar. Así fue.

Degenerando

Como he avanzado, tras superar el examen de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, me gradué en Físicas con fecha de 2 de diciembre de 1965 y me matriculé en los cursos de doctorado de Didáctica de la Física y Técnica de las Emulsiones Nucleares. Mi encaminamiento hacia las ciencias físicas era el resultado del arrastre familiar y del momento que vivía la carrera espacial. En cuarto de bachillerato había elegido ciencias impulsado por las buenas notas en esas materias, porque era un área de conocimiento prestigiosa y por una tradición de tres generaciones a partir de mi bisabuelo, Antonio Aguilar Vela (1820-1882), catedrático de Matemáticas Sublimes, miembro de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que entonces se fundaba, y encargado por el Gobierno de recuperar el Real Observatorio de Madrid, devastado cuando la Francesada, después de visitar los más importantes observatorios astronómicos europeos, con cuyos directores mantuvo activa correspondencia.

Siempre tuve a ese bisabuelo en el retablo de mis admiraciones. En la senda científica le siguió su hijo, mi abuelo Miguel Aguilar Cuadrado (1869-1925), quien llegó a ocupar el puesto de primer astrónomo del Observatorio. Miguel Aguilar y Stuyck (1901-1950), hermano mayor de mi padre y mi padrino de bautismo, fue también astrónomo y por eso, entre los doce hermanos, estuve predestinado a representar a la cuarta generación de los Aguilar en el Observatorio. A estos antecedentes debe añadirse que las vocaciones hacia las ciencias físicas se multiplicaban en los años previos al de mi ingreso en la universidad, tras el lanzamiento que hicieron los rusos el 4 de octubre de 1957 del Sputnik 1, replicado por los estadounidenses con el Explorer 1. Era el comienzo de la carrera espacial, que se presentaba pacífica, a diferencia de la competición que las superpotencias habían centrado en el armamento atómico.

Con mis compañeros del curso selectivo de Ciencias, en mayo de 1960, antes de degenerar a periodista. De izquierda a derecha: Luis Alemany, Miguel Ángel Aguilar y Ricardo Álvarez.

He de reconocer que nunca he tenido satisfacciones intelectuales comparables a las proporcionadas por la matemática y la física. Por eso puede imaginarse la degradación que suponía abandonar la observación de lo inmutable para prestar atención a la actualidad efímera que, como decía Carlos Luis Álvarez, Cándido, «tergiversa la realidad».

En breve, si hubiera de explicar esa deriva personal desde la inmutabilidad de los astros a la fugacidad del periodismo, debería acogerme a la respuesta que poco después de la Guerra Civil dio Juan Belmonte, el Pasmo de Triana, tras torear una benéfica de corto en la plaza de Huelva, cuando una de las admiradoras que lo rodeaban le preguntó cómo podía explicar que su banderillero Joaquín Miranda hubiera llegado a gobernador de la provincia. El maestro, con su tartamudez acelerada, se limitó a decir: «Pues ya ve usted, señora, de… de… de… degenerando».

Otros estímulos para mi deserción de las estrellas vinieron del compromiso en las luchas del movimiento estudiantil contra el SEU, cuando la universidad y los sindicatos ilegales eran los únicos bancos de prueba en que medía sus fuerzas la oposición democrática al régimen.

Nos implicamos en la protesta de los universitarios con la puesta en marcha del grupo que denominamos Acción Social Democrática Universitaria (ASDU). Buscamos una fórmula para que los delegados de facultad recuperasen el control de la situación, que estaba en manos de las llamadas «asambleas libres», las cuales derivaban hacia la violencia. No hay lugar aquí para analizar con rigor y detenimiento cómo se llegó a esta tesitura, pero había que salir de ella. Como delegado de Ciencias Físicas, reuní a los restantes delegados y les propuse redactar una declaración, con el título «Las coordenadas del problema universitario», que se hizo pública en la mañana del día 2 de marzo de 1965 simultáneamente en todas las facultades y escuelas técnicas.

Esta declaración constituyó lo que algún corresponsal extranjero dio en llamar «plataforma de los estudiantes para el diálogo con el Gobierno» y devolvió a los delegados el control de la situación, al aclarar de modo satisfactorio y fuera de toda vacilación su compromiso de propugnar la adopción de medidas extremas en caso de que fracasaran las negociaciones que debían emprenderse con el Gobierno. Las autoridades, al advertir la postura de los delegados, máximos representantes de los universitarios, optaron por convocar en el Parador de Villacastín a los firmantes de la citada declaración. Allí elaboraron con el vicesecretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, las bases de las nuevas Asociaciones Profesionales de Estudiantes, perfiladas en el Decreto Regulador del 5 de abril de 1965.

«Corre pero no vuela»

En los veranos del 64 y 65 cumplí con el servicio militar obligatorio que los universitarios prestaban de manera ventajosa durante sus vacaciones escolares, evitándose perjuicios y discontinuidades en sus estudios. Esta consideración no se ofrecía a los jóvenes trabajadores, cuya incorporación a filas interrumpía muchas veces su dedicación laboral durante doce o dieciséis meses seguidos, teniendo como consecuencia, en algunos casos, la pérdida definitiva del empleo. Había podido observar de cerca la dureza del régimen de vida de quienes servían en la Instrucción Premilitar Superior (IPS) del Ejército de Tierra, en cuyo campamento de El Robledo, en La Granja de San Ildefonso, estuvo Francisco, el mayor de mis hermanos, estudiante de Medicina en la Universidad Complutense. También, las condiciones mucho más favorables del servicio en la Milicia Aérea Universitaria (MAU) en la que estuvo el segundo, José María, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

De ahí que buscara la manera de recomendarme para acceder a la MAU. Formé parte de la XVI promoción, la primera en la que se había eliminado la opción de vuelo que permitía obtener el título de piloto elemental. De modo que, privados de ese adiestramiento aéreo, los integrantes de aquella promoción tuvimos como logotipo identificador un avestruz con la leyenda «Corre pero no vuela». El primer periodo de instrucción en el verano de 1964 lo hicimos en la condición de caballeros aspirantes, es decir, como «malditos», y el segundo, con los galones cosidos en la bocamanga, ascendidos a sargentos. Entre mis compañeros de armas algunos dieron mucho que hablar con el paso de los años, como fueron Alberto Alcocer, Carlos Espinosa de los Monteros, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Francisco Carrillo Montesinos, Miguel Areilza Churruca, Eduardo Aznar Sainz, Guillermo Piera, Álvaro Arana Ybarra y José Manuel García Margallo, por ejemplo. Juan Abelló y Juan Areilza eran de la promoción anterior. La MAU tenía su base en el aeródromo de Villafría, situado unos kilómetros al norte de la ciudad de Burgos. Allí había tenido una de sus sedes la Legión Cóndor alemana durante la Guerra Civil.

El segundo periodo de instrucción lo cumplí en el verano de 1965. A consecuencia del barullo de la primera noche, en la que no se respetó el toque de silencio, fui arrestado junto al «maldito» que hacía de «imaginaria». Por quebrantarlo seguidamente saliendo a cenar a Burgos, el arresto subió de grado y debí permanecer quince días en el calabozo situado junto al cuerpo de guardia. Como el lugar no reunía las condiciones mínimas, redacté una instancia al coronel que di a leer a varios oficiales sin llegar a cursarla. Tuvo efecto y enviaron al cura castrense para negociar conmigo. Le dejé leer la instancia que proyectaba y al día siguiente dieron satisfacción a todas mis peticiones. Me facilitaron una mesa y una silla, cada día me traían la prensa de Burgos y, además, dos caballeros aspirantes de la guardia me acompañaban con sus mosquetones hasta el edificio de las duchas para que pudiera asearme. Sucedió que todos los arrestados que habían ido añadiéndose enrollaban al toque de diana el petate y lo subían a lomos hasta su litera en la escuadrilla que correspondiera, y al toque de retreta volvían a bajarlo al calabozo. Pero mi petate era llevado en carretilla por uno de los soldados de la recluta obligatoria, que nosotros llamábamos «guripas». Alguno de los arrestados protestó por la diferencia de trato, pero el teniente contestó: «Es que Aguilar ha hecho una instancia». Nadie más tuvo nada que decir. Más adelante, quien ingresó en el calabozo fue Francisco Carrillo Montesinos. Quiso seguir la misma senda de la instancia, que endureció invocando el Concordato con la Santa Sede para solicitar que le permitieran asistir cada día a misa. Incurrió en el error de cursarla por el conducto reglamentario. Siguieron unos días de incertidumbre mientras el texto llegaba al auditor de la Región Aérea. Pero su respuesta le acarreó un agravamiento del arresto, por formular lo que denominaron «peticiones viciosas».

En el Hotel Condestable y en Casa Güemes, donde el grupo opinante constituido de modo informal se reunía, tratamos de formular propuestas que desbordaran las previsiones del mando. Primero, expusimos al coronel Rodríguez Pardo la desventaja del Ejército del Aire respecto a los campamentos de la IPS dependientes del Ejército de Tierra, que tenían revistas para dar cuenta de la vida en esas unidades de las que carecía la MAU. El coronel estuvo de acuerdo en remediar esa situación, de modo que se formó una comisión ad hoc para editar la revista que nos había sido encomendada. Empezamos por visitar las imprentas de Burgos y luego seguimos con las de Logroño para comparar precios y optar por el más ventajoso. Ese merodeo incesante por los talleres nos privaba de la instrucción en orden cerrado, así que pasamos a ser la envidia de los compañeros que nos veían salir mientras quedaban con el mosquetón al hombro.

Acabados los trabajos de la revista que titulamos MAU-65, pensamos otra operación: proponer a la princesa doña Sofía que fuera la madrina de la promoción. Conseguimos a través del general Juan Castañón de Mena, que oficiaba de enlace entre Franco y el príncipe, que nos dieran audiencia en el Palacio de la Zarzuela para hacer el ofrecimiento. Constituimos una comisión, que llegó muy mermada a Madrid porque algunos de los integrantes se desviaron a las playas en busca de sus novias y nunca llegaron a la cita de palacio. La princesa aceptó sin dudarlo, pero tuvimos que volver por la tarde para que se hicieran unas fotos, porque sin ellas, como nos dijo Jaime Peñafiel, la noticia hubiera carecido de interés para ser publicada en los periódicos. Por aquellos días me encontraba arrestado. Así que, para que pudiera salir del calabozo, la audiencia con los príncipes se puso a mi nombre. Cuando les comentaron mi condición de arrestado, ambos bromearon y me situaron en medio por si esa posición podía favorecerme. Quisimos hacerle un regalo a la madrina utilizando el importe de las llamadas sobras, pequeño haber en mano que se entregaba cada mes a todos los alumnos de la MAU. Nuestra propuesta era que se entendieran cedidas para el regalo salvo en el caso de los que las reclamaran de manera expresa. Pero el mando lo rechazó y tuvimos que ir a pedir a cada uno su contribución, con el consiguiente engorro.

Los príncipes estaban en precario sin título alguno, como meros okupas de la Zarzuela, pero, el 17 de julio, llegaron en un avión militar que tomó tierra después de que lo hiciera el del general Jiménez Ugarte, jefe del Sector Aéreo de Valladolid. Parecía pues una señal de reconocimiento porque la autoridad superior es la última en llegar, pero al general se le rindieron los honores de ordenanza, mientras que la formación se disolvió a paso ligero antes de que aterrizaran los príncipes para dejar de rendírselos a don Juan Carlos. Todo estaba medido al milímetro. Querían evitar pasos en falso sin incurrir tampoco en oficiosidades que les fueran reprochadas. La confusión era evidente. Por eso, terminada la misa y la jura de la promoción que seguía a la nuestra, la autoridad militar se dispuso a acompañar a los príncipes para que embarcaran de regreso. Entonces, doña Sofía les hizo cambiar el paso diciendo que quería saludar a sus ahijados, que estaban en un hangar dando cuenta del tradicional vino de honor. Cincuenta años después tuvimos un encuentro con la reina Sofía, en el que recordamos aquel madrinazgo.

En los jardines del palacio de la Zarzuela, Gregorio Marañón, el capitán Balbuena, la princesa Sofía, Miguel Ángel Aguilar, el príncipe Juan Carlos, Guillermo Piera y Álvaro Arana durante la audiencia para ofrecerle que fuera madrina de la XVI promoción de la MAU. Julio de 1965.

En ese mismo segundo periodo de instrucción, es decir, siendo ya caballero sargento, me vi conminado a subir al estrado del aula donde se impartían las clases teóricas para contar mi versión de la guerra de Ifni. El capitán que ocupaba la cátedra había hecho referencia al empleo de los viejos aparatos Junkers y Heinkel, que combatieron en la Guerra Civil. Explicaba que eran el único recurso aéreo disponible, dado que Washington impedía la utilización de los F-86 Sabre, aviones de caza de reacción procedentes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos incorporados al Ejército del Aire como compensación por las bases cedidas en Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota.

Aquella tarde, el caballero sargento Carlos Espinosa de los Monteros pidió la palabra para sugerir al capitán que yo podía aportar detalles de la guerra de Ifni de los años 57 y 58, porque mi padre había estado destinado allí y eso me había proporcionado la ocasión de vivirla de cerca. Pero, como queda dicho, mi padre era médico del todo ajeno a la sanidad militar y jamás había estado en Ifni ni en paz ni en guerra. Todo era pura invención de Espinosa, al que en modo alguno hubiera querido desmentir en ese momento. Por eso, me encaminé a la pizarra pensando en cómo salir del compromiso y me lancé a improvisar una táctica para la guerra del desierto, que denominé «del camello ladrón», atribuyendo su propuesta a un brigada de zapadores de cuyo nombre no quise acordarme. Su idea había sido la de adaptar la fórmula «del palomo ladrón» al medio terrestre. Mientras iba precisando los detalles, con una tiza esbocé cómo las camellas agrupadas en posición de descanso se ponían en pie al percibir la proximidad del camello ladrón, dejando a la vista al moro oculto detrás de cada una de ellas, de forma que estos eran un blanco fácil para nuestras patrullas. Antes de que cesara el desconcierto, concluyó el tiempo de la clase y pude salir indemne. Luego convertí esa intervención en un artículo a doble página en la revista MAU-65 ya citada. Ha sido la única vez que he colaborado en una publicación militar, aunque firmara con el pseudónimo Millán Grandes.

Como alférez de complemento hube de hacer los cuatro meses de prácticas remuneradas. Fue al año siguiente y pedí destino en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) porque en un reportaje de ABC aparecían controlando la entrada una suerte de guardas jurados. Pensé que, para empezar, no haría guardias. Me lo concedieron. Fui a presentarme para la «toma de razón». Avanzaba por aquel edificio desierto hasta que encontré a un brigada arreglando una estufa eléctrica. Expuse mi propósito de presentarme al mando y fui introducido al despacho de un comandante, que me preguntó si trabajaba en el INTA. Aclaré que solo había sido destinado para cumplir el periodo de prácticas como oficial. Me pidió el teléfono, dijo que si en algún momento hiciera falta mi presencia me llamarían, pero añadió que debía permanecer en Madrid y pedir autorización en caso de ausentarme porque «mientras somos militares estamos sujetos». Cumplí compareciendo solo los finales de mes para recibir la paga. Tomaba un autobús delante del Hotel Balboa, que iba directo a la base de Torrejón de Ardoz, cobraba y volvía. Que la pagaduría estuviera muy lejos del INTA me evitaba la vergüenza de cobrar en un sitio donde para nada acudía. Fue una beca magnífica con paga extra del 18 de julio.

2

La prensa que quería estrenar libertades

El Heraldo de Madrid, botín de guerra

El diario Madrid había nacido el 8 de abril de 1939, sábado de Gloria, en la sede histórica del Heraldo de Madrid, sobre sus instalaciones y rotativas, ubicadas en la calle Marqués de Cubas e incautadas a su propietaria, la Sociedad Editora Universal, en la tarde del 28 de marzo anterior al entrar las «tropas nacionales». Hasta la víspera el periódico había acompañado cada día a la ciudad sitiada. Formó parte del botín que se repartieron los vencedores. Quedó asignado a Juan Pujol, un franquista de extrema beligerancia, quien estuvo en su uso y disfrute hasta 1947 mediante un alquiler simbólico de una peseta al año a Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).

El relato de la entrada de las «tropas nacionales» en la ciudad de Madrid el 28 de marzo difundido por Associated Press (AP), que publicó The New York Times, decía que lo hicieron poco después del mediodía sin encontrar resistencia. De sus escondites salieron los simpatizantes de Franco, la llamada quinta columna, y en las calles se vieron bailes y saludos fascistas al paso de los soldados. Las tropas se dirigieron a los emplazamientos estratégicos para tomar su control. Uno de los primeros edificios ocupados, afirmó AP, fue el de la sede del Heraldo de Madrid, donde colgaba un cartel que rezaba «Controlado por Falange Española. Respeten este edificio».

Un año más tarde, el 31 de marzo de 1940, el diario falangista Arriba detallaba la entrada de sus valerosos militantes en la sede de la Sociedad Editora Universal en una crónica titulada «En Heraldo de Madrid». En ella se habla de gente armada que irrumpe y sorprende a más de treinta hombres inermes comiendo lentejas. A los asaltantes aquello les parece repugnante y les produce vergüenza ver la cobardía de esa gente. Les dicen que pueden irse a sus casas y repiten el lema de «que nada tema el que nada tenga que temer». Cuestión distinta es que al día siguiente fueran a buscarlos para encausarlos y condenarlos a muerte a algunos de ellos. Del autor de esta crónica, José María Sánchez-Silva, se sabe —sin detrimento de su fama literaria con Marcelino, pan y vino— que fue uno de los falangistas que permanecieron en Madrid durante toda la etapa republicana y que tomó parte en las actividades quintacolumnistas. También que en la mañana del 28 de marzo de 1939 se había reunido con colegas falangistas del sindicato autónomo de periodistas para incautarse de los periódicos de Madrid y evitar que sus redacciones republicanas pudieran editarlos. En los talleres y redacción de El Sol y La Voz, en la calle de Larra, Sánchez-Silva y sus secuaces elaboraron y confeccionaron un número del periódico Arriba el mismo día 28.

Cuando se adelantó a incautar el periódico, aquel grupo de falangistas armados que había irrumpido en la redacción del Heraldo de Madrid estaba arropado por las tropas nacionales ya en las afueras de la capital. En la sala de redacción se hallaban al llegar los incautadores el director, Federico de la Morena; los redactores Enrique Ruiz de la Serna, Juan Antonio Cabero, Eduardo de Castro, Antonio Uriel y Diego San José, así como el caricaturista Sama y el fotógrafo José María Díaz Casariego. Se les dijo que podían regresar a sus casas, pero a los pocos días fueron detenidos. El director Federico de la Morena fue condenado a muerte, aunque su pena fue conmutada por la de prisión. Otros periodistas del diario como Diego San José fueron también condenados a muerte bajo la acusación de haber defendido la causa republicana. De esa situación solo salieron entre cinco y diez años después, cuando se les conmutó la pena capital por la de cadena perpetua. Eso sí, quedaron impedidos de ejercer su profesión al denegárseles la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas, controlado por el partido único FET y de las JONS. Federico de la Morena acabó de portero en una finca urbana. Por su parte, el fotógrafo Díaz Casariego, que el mismo día de la entrada de las tropas franquistas en Madrid había pretendido descubrir a sus compañeros su condición de falangista, también fue condenado a muerte e indultado por el general Franco, a quien había conocido en la década de 1920 en el Marruecos español.

Sociedad Editora Universal reclamó de modo incesante, sin resultado alguno, la devolución del Heraldo de Madrid a partir de 1947, cuando Juan Pujol abandonó la sede de Marqués de Cubas para trasladarse con su Madrid, Diario de la Noche al edificio de nueva construcción que hacía chaflán entre las calles de General Pardiñas y Maldonado. Cartas de la editora a Falange Española y requerimientos notariales se sucedieron sin resultado alguno. El edificio del periódico erigido en la calle Marqués de Cubas fue finalmente subastado y adquirido por el Banco de España para ampliar su sede. Treinta años después, siendo yo director de Diario 16, conocí al presidente de Sociedad Editora Universal, Guillermo Busquets Le Monnier, y presté todo el apoyo a su reclamación jamás atendida.

El día en que llegué a la redacción del Madrid

Llegué a la redacción de Madrid, Diario de la Noche con veintitrés años, una mañana a mediados de septiembre de 1966. El conserje Luis Sánchez Pardo, Luisón, me reconoció como un Aguilar de Cubas de la Sagra y se empeñó en acompañarme al despacho del director, Antonio Fontán, para decirle que respondía de mí como persona de toda confianza. Luisón era natural de aquella localidad madrileña y, hasta que terminó la guerra, había sido maquinista de la rotativa del Heraldo de Madrid. A finales de julio de 1936 el gerente del diario, Antonio Sacristán Zabala, amigo de mis padres, envió a Luisón y a Cayetano Muñoz, oriundo del mismo pueblo, con dos coches del periódico para que recogieran a los cinco hermanos Aguilar Tremoya, los siete Aguilar Aznar, sus progenitores, mi abuela Eloísa Stuyck, su prima Emilia Dulongwal y las niñeras. El descontrol de las áreas rurales en esos momentos aconsejaba que se trasladaran a Madrid como lugar más seguro. El aval que me prestó Luisón me conmovió. Hizo de guía en mi primer recorrido por las instalaciones. Recuerdo que, señalándome a un operario de las rotativas, me dijo: «Con tipos como ese perdimos la guerra».

Como redactor del diario acudí a mi primera conferencia de prensa, la ofrecida por el ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, en el Consejo Nacional para dar cuenta del resultado de las elecciones a consejeros nacionales en 1967. Pregunté por qué para elegir dos procuradores de representación familiar tenían derecho a voto los cabezas de familia, que sumaban por ejemplo en Madrid más de un millón, mientras que al consejero nacional, que era también procurador en Cortes, lo elegía un censo inferior a mil. Solís consideraba ventajoso el segundo sistema porque evitaba el factor distorsionador de la propaganda. En sus páginas se publicaron mis primeras crónicas parlamentarias, y presenté el invento del aplausómetro. También cubrí la visita oficial de los príncipes Juan Carlos y Sofía a Estados Unidos, cuando fueron invitados por el presidente Richard Nixon a finales de enero de 1971. Un editorial del 30 de enero de 1967 titulado «La protesta no es siempre moralmente condenable», del que me declaré autor, mereció que me procesara el Tribunal de Orden Público. En el Madrid conocí a la que años después acabaría siendo mi mujer, la periodista Juby Bustamante, quien había llegado tiempo antes a esa redacción procedente del diario santanderino Alerta donde hizo sus primeras armas y se inventó la sección de entrevistas «Preguntando que es gerundio». Antes había recalado en La Gaceta Literaria y en Mundo Joven. Juby estuvo centrada en el periodismo cultural y cultivó el género de las entrevistas, una galería de la que cuelga la que le hizo a Simone de Beauvoir. En tándem con Miguel Logroño, mantuvo la serie «Partido por dos» para dar cuenta de las figuras de la política, la literatura, la economía o la aristocracia. Con alma de reportera, estaba disponible para otras encomiendas y eso la llevó a cubrir el Festival de Argel, el secuestro del cónsul de la República Federal de Alemania, Eugene Bëihl, en San Sebastián en 1970, o las sesiones del Consejo de Guerra de Burgos en diciembre de ese mismo año. Con ella, el periodismo era una conversación que se prolongaba más allá de las horas del día cuando la ciudad se oscurecía y desaparecían desalentados los bares de copas.

Al llegar a la sede del periódico en General Pardiñas fui ubicado en la planta noble y recibí como primer encargo seleccionar textos de otros diarios para la sección «Revista de prensa» de la página 2. Sucedía en ocasiones que su publicación original había pasado sin problemas, pero cuando el diario Madrid les prestaba eco, generaban la apertura de expedientes sancionadores con carácter retroactivo.

Enseguida recibí otra encomienda adicional. Algunos colaboradores, como Juan Ferrando, me hacían llegar apuntes e informes para que los adaptara de forma que pudieran publicarse en forma de artículos de opinión. Una labor a la que se aplicaba también en la mesa contigua José Luis Souto, de una inteligencia excepcional, del que Rafael Calvo se servía como «negro». Al cabo de un año descendí a la planta de redacción, en la que fui asignado al área de Nacional y terminé siendo redactor jefe y corresponsal en Londres, de donde regresé tras una estancia de pocos meses, en vísperas de la orden de cierre al periódico dictada por el Gobierno a propuesta del ministro del ramo, Alfredo Sánchez Bella, el 25 de noviembre de 1971.

Miguel Ángel Aguilar en 1970 en su mesa de redactor jefe del diario Madrid.

Enseguida entré a formar parte de los escogidos que acudían a las cenas de los martes, primero en el Hotel París, junto a la Puerta del Sol y, después, en el restaurante Sixto de la calle Lista, semiesquina a la calle de Alcántara. Se pagaba a escote y se hablaba del periódico, de su orientación editorial, de la evolución política del país, de los rumores sobre la salud de Franco, de don Juan, del hecho biológico. Se convocaba en torno a Rafael Calvo. Acudían Antonio Fontán, Miguel Ángel Gozalo, Carlos Ollero, Miguel Herrero de Miñón, Manuel Díez Alegría Jr., Andrés Amorós, Juan Ferrando, el comandante paracaidista Emilio Alonso Manglano, los capitanes del Ejército de Tierra Javier Calderón y Alfredo Goçalvez, destinados en el Alto Estado Mayor, et alii. Casi invariablemente se desplegaba el supuesto táctico de la ocurrencia de la muerte de Franco, del que alguien creía saber que había tenido una lipotimia durante la cacería del fin de semana. Rafael Calvo explicaba que sería llamado a Madrid don Juan, titular de los derechos dinásticos, para proceder a su entronización como rey.

Ante el diario Madrid. En la esquina de las calles de Maldonado y General Pardiñas: Miguel Logroño, Miguel Ángel Aguilar, Juby Bustamante y Ángel Fernández Santos.

Que en 1969 y por sorpresa Franco designara sucesor a título de rey al príncipe don Juan Carlos haciéndole jurar ante las Cortes fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional, para muchos de los allí cenantes lo dejaba incapacitado para reinar. La monarquía del Movimiento era inimaginable. En mi opinión, de la que dejé allí constancia, si otros reyes de la dinastía Borbón habían jurado constituciones liberales para pasarse después al absolutismo, también podía pensarse que don Juan Carlos, tras jurar los Principios del Movimiento, propugnaría una Constitución democrática y facilitaría la salida del laberinto.

Bajo el pseudónimo colectivo Juan Ruiz formaban de tres en fondo Miguel Herrero de Miñón, Juan Antonio García Díez, Manuel Díez Alegría, Andrés Amorós, Francisco Condomines, Eduardo Martínez Pisón, Carlos Espinosa de los Monteros, Eugenio Bregolat o Enrique y Luis María Linde, que dieron mucho de sí. Entre sus columnas impregnadas de a wonderful sense of humor puede mencionarse la que titularon «La caza del urogallo», valerosa hazaña cinegética de Manuel Fraga cumplida en la sierra de los Ancares. Se publicó en mayo de 1971. En ella daban cuenta del propósito del ministro de cobrar un urogallo que, como se sabe, cuando está embargado por el celo pierde todo sentido y se ofrece por completo indefenso. Referían que un grupo de ecologistas ahuyentaron el ave y acabaron en el cuartelillo de la Guardia Civil, detenidos, como decía literalmente el atestado, «por espantar la caza al señor ministro».

Otros firmantes que merecen ser recordados de la página tres son José María Desantes, José Luis Souto, José Luis Abellán, Ferrando, Luis Marañón, Salvador Pániker, Amando de Miguel, Francisco de Paula Burguera, Vicente Ventura, Javier Carvajal, los capitanes Goçalvez y Calderón, José María Gironella, Baltasar Porcel, Jaume Miratvilles, los tres economistas Santiago Roldán, José Luis García Delgado y Juan Muñoz, que firmaban de modo conjunto con el pseudónimo Arturo López Muñoz, Enrique Barón, José Miguel Azaola y demás compañías.

Mientras, las restantes páginas del periódico iban tomando color, la redacción se iba poblando de periodistas comprometidos de distinta denominación de origen y su aportación noticiosa superaba muchas veces al peso de las colaboraciones de opinión y de los editoriales. Estaban allí José Vicente de Juan, Juby —«Joven, joven, joven Nueva York»— y Miguel Logroño. Luego se irían incorporando Pepe Oneto —todavía militante del Frente de Liberación Popular, el Felipe, y becario en la Agence France Press—, Nativel Preciado, Román Orozco —procedente de Gaceta Universitaria—, Cuco Cerecedo —«Y Fraga cogió su fusil»—, Jesús Carnicero —información laboral—, Alberto Míguez. Diseño y confección, Anciones —«¡ha coincidido la medida de Anciones!, ¡ha coincidido!, ¡ha coincidido!»—, Moncho Goicoechea —«H de humor», con ilustraciones de Abelenda— y, para las viñetas de la página tres, Chumy Chúmez. Los periodistas de entonces éramos noctívagos, pero la ciudad se iba apagando cada vez más pronto y nos sentíamos expulsados a las afueras en busca del pollo frito que cada vez se ofrecía más en el extrarradio, más allá de los cementerios. Amanecía y emprendíamos el regreso, pero al llegar al barrio de Salamanca observábamos que era de nuevo noche cerrada. Cuco Cerecedo sostenía que en los barrios obreros amanece más temprano.

También se incorporaron Jean-Pierre de Gandt —capaz de corregir el Anuario Pontificio y de formar la lista de los setenta y seis varones, españoles, de estirpe regia, mayores de treinta años y católicos, que cumplían las condiciones para ser llamados a suceder a Franco en la Jefatura del Estado a título de rey—, Ana Zunzarren —«De tal palo, tal Carolina»—, Manuel Pizán —«¿Por qué has puesto, Señor, alma de mariposa en este cuerpo pesado de burgués?», quejándose de que Pravda le copiara una y otra vez los editoriales—, Hugo Neira, Félix Lázaro, Federico Ysart, Antonio Sánchez Gijón, José Vidal Iborra, María Antonia Estévez, David Solar, Javier Valdivieso, Alejandro Heras Lobato —reportajes sin un dato— o colaboradores como Julián Castedo, Manuel Vicent, José María Ballester, Eduardo Fungairiño —inolvidables sus comentarios sobre asuntos militares firmados como Alfonso Romerales, sobre los que escribió un texto en 2001 en el catálogo del trigésimo aniversario de la orden de cierre del diario—, Joaquín Bardavío —con su encuesta sobre la monarquía—, María Antonia Estévez, Ramón Vilaró en Bruselas, Enric Sopena desde Barcelona y Antonio Burgos desde Sevilla.

Allí estábamos injertados en otro equipo de más edad que venía de otras batallas, como el redactor jefe Rafael de Vega, Fernando Castán, el confeccionador Manuel García (con su División Azul), Elías Gómez Picazo, José Sanz Rubio, Manuel Sánchez Cobos, José Montero Alonso, José Robledo, Juan Ignacio Funes, Jesús Pardo —en la neblina londinense, quien nos hizo un autorretrato sin retoques como extraterrestres—, Juan Bellveser —en París de los parises—, Pedro Muñoz en Bonn, Jesús Picatoste en Roma, Ramón Vilaró en Bruselas, Cecilio Benítez de Castro en Buenos Aires, Anteno —Carlos Moreno y sus «Noches de Madrid»—, Pedro Rodrigo —para el cine, la temperie y el horóscopo—, Marichu de la Mora —la moda al día—, Ramón Melcón para el balompié, Rafael Rienzi, Aurelio Pujol en tribunales, Manuel Urech, Wagner —pendiente siempre de don Jesús Gil y Gil en Los Ángeles de San Rafael—, Alejandro Barahona y Alfredo Anguita, y entre los fotógrafos y al archivo, Mariano Barcenillas —Shift el Rápido—, Conesa y aquel oficial del ejército de los Balcanes que se propuso dejar todas las fotos del mismo tamaño recortándolas de modo inmisericorde, con lo que dejó a muchos personajes sin cabeza con tal de atenerse a una plantilla, y a quien bastaba una foto de cada individuo y eliminaba todas las demás.

Una mención separada para Julio de Urrutia, excombatiente indudable, autor de un libro sobre la que se llamaba «gesta de Santa María de la Cabeza» y de otros más sobre otras gestas. Urrutia, que era redactor político, quedó al frente también de la crítica taurina del periódico cuando se procedió a sanear esa sección, cuyos encargados compraban al diario las páginas de la temporada que luego se hacían pagar por los toreros dentro del sistema establecido de los «sobrecogedores». La reseña del 10 de mayo de 1971 de una tarde de la plaza de Las Ventas la tituló «Un auténtico encierro de Carreros». Aclaremos que se trataba del nombre de la ganadería, no del almirante Luis Carrero Blanco, a la sazón presidente del Gobierno. Uno de los diestros de la terna que figuraba en cartel era Juan Carlos Beca Belmonte. Así que Urrutia señaló, en el tercer párrafo de su crónica, que «la faena no correspondió en absoluto al brindis porque Juan Carlos se quitó de encima al Carreros de una estocada atravesada y otras agresiones traidoras semejantes». En el Ministerio de Información leían el diario Madrid con lupa y parecían decididos a incoar un expediente sancionador. Al final el propio Urrutia pidió una audiencia con el almirante para explicarse, llevándole como obsequios sus libros sobre episodios de la Guerra Civil y una caja de puros habanos, y ahí quedó la cosa.

Al concluir el recorrido por la planta de redacción la propuesta era bajar a talleres para vernos con Víctor Macías, Tomás Tirado, César García Elejabarrieta, o en la administración con Yllera, Paco Cerrillo o Silvestre Arana. Así hasta completar un censo que con la orden de cierre del diario quedó declarado a extinguir, como sucede con algunas escalas de la Administración Pública o de la Confederación Nacional de Excombatientes que presidiera José Antonio Girón de Velasco, cuyos efectivos mermaban con el paso de los años sin que pudieran recuperarse numéricamente a menos que se desencadenara otra guerra civil.

Antiperiodismo militante

En aquellos años nuestro interés era que se abriera paso una determinada opción —la opción democrática— que no estaba, ni mucho menos, garantizada de antemano. De manera que intentábamos resaltar las realidades que incomodaban al régimen y que favorecían a las fuerzas democráticas. Estamos hablando de cuando el deterioro físico del jefe del Estado planteaba de manera cada vez más acuciante el «después de Franco, ¿qué?». Era el llamado tardofranquismo, cuando se percibían los primeros barruntos, los prolegómenos, de la Transición que vendría después.

Bueno, pues ahí estábamos algunos. ¿Y qué sucedía? Pues sucedía que siendo muchos de nosotros gente moderada, gente de derechas, por nuestra familia, por nuestra educación, por nuestro ambiente, por nuestras lecturas, nos encontrábamos en algún momento inmersos o rozando la clandestinidad. Y estar en la clandestinidad al servicio de la moderación nos producía dificultades anímicas. Porque vivir en la clandestinidad resulta más coherente cuando se defienden posiciones más radicales. Y se diría que quienes militan en formaciones extremistas vienen biológicamente mejor equipados para la siempre inhóspita clandestinidad, mientras que quienes son de natural moderado se adaptan peor a ella. Recuerdo que mi padre me dijo en una ocasión: «Hijo mío, no entiendo nada. Tú eres del Opus, y yo sé que estos del Opus unos son ministros, otros son banqueros, otros son no sé qué, pero a esta casa solo viene la Guardia Civil a preguntar por ti al portero».

Se refería al ya mencionado editorial sobre los disturbios universitarios del momento que se publicó en el diario Madrid el 30 de enero de 1967, bajo el título «La protesta no es siempre condenable», por el que me había procesado el Tribunal de Orden Público. Mi padre, médico de la Mutualidad de los Magistrados, me comentó:

—Le he quitado la vesícula al presidente del Tribunal de Orden Público (TOP), José Hijas Palacios, que ha salido muy bien de la operación. Esta tarde ha venido a la consulta y me ha comentado que te tienen procesado.

—Pues sí, padre, estoy procesado —reconocí.

—Me ha dicho que quieren abordar tu caso de la mejor manera posible, pero recomienda que cambies de abogado —añadió.

Mi abogado era Gregorio Peces-Barba, que llevaba los asuntos del periódico. Me abstuve de hacer cambio alguno de defensor. Pero esa es historia para otra ocasión.

Durante toda la etapa franquista, se practicaba con verdadero afán la ocultación y el disimulo característicos del antiperiodismo. Por ejemplo, en la redacción del diario Madrid, cuando queríamos que llegara a publicarse una noticia contraria al régimen que considerábamos importante, procurábamos situarla de la manera más insignificante posible, en página par, por abajo, titulada a una columna, porque presentándola de forma que pasara más inadvertida tenía mayores probabilidades de aparecer, que era nuestro objetivo. Mientras que titulándola con garra, por arriba, en página impar, como nos hubiera gustado, era más probable que fuera descartada antes de llegar a la rotativa. Además, nadie quería generar un perjuicio a la publicación en la que trabajaba. Estaba en juego el modo de vida de cuatrocientas o quinientas familias, como se decía siempre. De ahí que minimizáramos las noticias para que pasaran primero el filtro de la autocensura.

Otra costumbre antiperiodística muy extendida era la renuncia a la exclusiva, que es uno de los alicientes que motiva a un periodista. Si teníamos una noticia que considerábamos relevante, sabíamos que ofrecerla en exclusiva nosotros solos nos hacía incurrir en un riesgo multiplicado. Para disminuirlo buscábamos que otros diarios la compartieran en estricta simultaneidad, porque ese acompañamiento atenuaba el peligro. Recurríamos a la agencia Europa Press e intentábamos convencer a su director, Antonio Herrero Losada, para que incluyera la noticia dentro del servicio. Sabíamos que el riesgo de sanciones era inversamente proporcional al número de publicaciones que se hubieran hecho eco de la noticia.

Luego estaba la manera ad hoc que usaba el régimen para dar noticias. Con titulares del tenor de «Vuelven al trabajo los mineros de Asturias». Entonces los lectores avisados se preguntaban cuándo se había informado de que se hubieran ausentado. Porque nunca antes se había dado noticia de que se hubieran declarado en huelga. Otro ejemplo notable era el de «Vuelve la tranquilidad a las plazas del norte de África». Su enunciado suscitaba la cuestión de cuándo había habido intranquilidad en esas plazas, porque esas alteraciones que se decían superadas nunca habían sido noticia. A la inteligencia de los lectores quedaba confiado que dedujeran que algo habría ocurrido.

El 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 de los Estados Unidos, que transportaba cuatro bombas «H», colisionó con otro nodriza que iba a abastecerle de carburante en vuelo. Ambos se hundieron en el Mediterráneo, en las proximidades de la pequeña localidad de Palomares, en el norte del litoral almeriense. Una de las bombas cayó en el mar, mientras que las otras tres lo hicieron en tierra firme, junto a la costa. La inhibición de las autoridades puso en serio riesgo la salud pública y agravó la contaminación del medio ambiente, al no intervenir inmediatamente en la zona afectada. Al día siguiente la edición de The New York Times daba cuenta en primera página de lo sucedido, reconociendo los hechos sin tergiversaciones, mientras que la prensa española siguió un sistema de dosificación que duró varios días, antes de acabar reconociendo que nos habían caído cuatro bombas nucleares pendientes de ser localizadas. La secuencia de ese suministro informativo produce indignación.

Hubo que esperar varios días hasta que las Fuerzas Armadas yanquis —responsables en primera instancia de la catástrofe— aparecieron por allí y se hicieron cargo de las operaciones de rescate, descubriendo una fuga radiactiva en una de las bombas caídas. Con el intento de ocultar la realidad de lo sucedido y de minimizar cualquier impacto negativo en el turismo, Manuel Fraga, en compañía del embajador de los Estados Unidos, Angier Biddle, organizó un circo propagandístico-mediático consistente en bañarse en el mar almeriense ante las cámaras para «demostrar» la ausencia de peligro y aliviar el temor popular.

Los bañistas se exhibieron el 7 de marzo de 1966, justo un mes antes de que, al fin, fuera rescatada la bomba sumergida. Sumergida a bastantes millas del lugar en que se bañaron los «valerosos» Fraga y Biddle, pero los vecinos de Palomares y su entorno sufrieron las consecuencias de la contaminación de sus cosechas y de sus playas, habiéndose detectado posteriormente secuelas genéticas.

Las indemnizaciones más bien miserables fueron pagadas a los afectados tarde y mal, según contó en un libro Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia. La duquesa se implicó para alertar de los riesgos que entrañan las radiaciones nucleares y se llevó su merecido en forma de condena a un año de prisión, del que cumplió nueve meses en la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, y diez mil pesetas de multa. De ahí que se retirara a beber el amargo champagne del exilio.

Los periodistas estaban adiestrados para transitar por ese laberinto de leer entre líneas hasta que, en el año 1966, con la Ley de Prensa de Fraga, que sustituía a la de Serrano Suñer dictada en 1938, en plena guerra, pareció abrirse un espacio informativo con nuevos límites que explorar. Algunos que intentaron hacerlo, como fue el diario Madrid, recibieron por ello el justo castigo a su perversidad. En la que sería su etapa final (1966-1971), liderada por Rafael Calvo Serer y Antonio Fontán, era impensable un periódico de oposición. Por eso su intento era mucho más tímido. De todas formas, después de expedientes y sanciones como la del 30 de mayo de 1968, que encadenó dos cierres consecutivos de dos meses, hasta octubre, el Consejo de Ministros acabó ordenando la suspensión definitiva, para siempre, el 25 de noviembre de 1971, mediante una orden llena de falacias que ocultaban el motivo verdadero: la falta de calor en el elogio a Franco.

La apertura informativa de 1966 era un territorio desconocido donde había que moverse con sumo cuidado. Algunas publicaciones estaban más preparadas para adentrarse en ese campo de minas, por haberlo venido intentando con alguna coherencia y bastante decisión, como era el caso del mensual Cuadernos para el Diálogo, impulsado por los católicos del papa Juan XXIII y del Concilio Vaticano II, o el semanario Triunfo, evolucionado desde la frivolidad de la farándula hacia el rigor de Eduardo Haro Tecglen. A partir de 1972 se les sumó el semanario Cambio 16, que aportaba modernidad de diseño, humor cómplice y ruptura inteligente del lenguaje periodístico.

La inmensa mayoría tanto de los periodistas como de las empresas editoras o radiofónicas habían obtenido de la convivencia pacífica con el régimen un grande aprovechamiento lucrativo, sin arriesgarse en la crítica, prefiriendo la senda del Discurso de la servidumbre voluntaria (1548) de Étienne de La Boétie. Así lo hicieron los que posaban de clásicos como Ya, La Vanguardia, ABC y otros de tantas capitales ligados a dinastías familiares que supieron caer del buen lado en 1936 cuando el alzamiento del 18 de julio. Vivían sin sobresaltos ni competidores sobrevenidos bajo la protección del numerus clausus. Ningún periódico nuevo podía salir a la calle sin un permiso gubernamental expreso. Solo los «adictos» al régimen podían concurrir y disputarse el público de ese coto exclusivo.

Luego estaban aquellos muchachos del Movimiento, que el propio Franco despreciaba bastante, pero que eran de probada utilidad como claque del régimen. Un recurso muy conveniente cuando el Caudillo comparecía en el balcón del ayuntamiento de cualquier localidad para dirigirse a la muchedumbre concentrada conforme a las técnicas de la «espontaneidad organizada». Allí se asomaba Su Excelencia para saludar a los congregados que enarbolaban pancartas de adhesión redactadas en la proximidad gramatical de la segunda persona: «Franco, estamos contigo». El Generalísimo se arrancaba diciendo lo de «¡Sevillanos, españoles todos!», pero brindaba ocasiones de lucimiento a la claque y pausas para que, cuando se hacía la pregunta retórica «Y todo esto, ¿a quién se lo debéis?», irrumpiera «una voz», como gustaba decir la prensa del día siguiente, con la respuesta evidente: «¡A ti, Franco!». Era entonces cuando con su acreditada modestia el generalísimo Franco se apoyaba en esa espontánea interrupción para redirigir el agradecimiento a la sabia política hidráulica del régimen. En definitiva, siempre estuvo claro que una claque bien organizada aportaba confort a los capitostes del Movimiento.

Recuerdo la cobertura informativa que realicé desde la estación de Fresnedilla de la misión Apolo XII, que culminó con el paseo lunar de los astronautas Charles Conrad y Alan Bean en noviembre de 1969. En la rueda de prensa previa ofrecida por los directores de la NASA y su homólogo español, el INTA, pregunté cuántos de los efectivos eran funcionarios. De los 75 de la NASA, solo resultó serlo el director. Del INTA, los 75.

El aplausómetro[6]

Surgió una iniciativa maravillosa para medir el entusiasmo de los palmeros del régimen merced al impulso de Onésimo Anciones. Una noche me dijo que siendo yo licenciado en Ciencias Físicas debería ser capaz de traducir en términos cuantitativos la intensidad de los aplausos para eliminar esas expresiones ambiguas de «grandes y prolongados aplausos». Fui de madrugada a casa de mi hermano José María, arquitecto especializado en aislamiento acústico. Me proporcionó un barómetro con el que acudimos al Parlamento y que permitió establecer el diagrama acústico del consenso en el hemiciclo de las Cortes. Fue inaugurado en las páginas del Madrid para reflejar las unanimidades palmarias que mostraban los procuradores en Cortes de Franco durante los plenos de 1971. Así logramos un registro físico indiscutible que terminara con los adjetivos, lo que supuso un avance insospechado en el periodismo parlamentario.

Eran frecuentes los roces con los herederos del Movimiento. Recuerdo que en una asamblea de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), reunida en San Pedro de Alcántara (Málaga), pedí las cuentas. Las pedía de manera reiterativa en cada sesión, pero nunca las daban. Una y otra vez. Hasta que, un día, un miembro de la Asociación de Prensa de Málaga sacó un pistolón de la chaqueta, lo puso encima de la mesa y dijo: «¡Con esta salen las cuentas!». Y se acabó el carbón. Tenían el sentimiento de ser los propietarios, y al que no le gustase, que se exiliara.

En una cena convocada a finales de 1969 por Rodolfo Martín Villa —entonces Secretario General de la Organización Sindical— propuesta en el IV Congreso Sindical de Tarragona, con el propósito de ambientar una nueva ley, se habló de una posible amnistía a los sindicalistas, desposeídos de los cargos para los que habían sido elegidos por un decreto de 1942. Entonces me llegó el turno y quise aportar tranquilidad diciendo que «la primera medida del posfranquismo será una generosa, completa y total amnistía para todos los franquistas». Momento en el que un procurador sindical, Francisco Abella Martín, y un editorialista del ABC, César Jalón, se levantaron para agredirme. Afortunadamente fui protegido por Josep Meliá y Pedro Calvo Hernando, que se interpusieron. Cuando todo se calmó, Martín Villa sentenció: «Es muy duro invitaros a cenar para que nos perdonéis la vida».

El caso es que aun cuando el régimen franquista empezaba a dar síntomas de caducidad conservaba, entre otros, el «poder de enriquecer o de arruinar», un poder que se aplicaba también, tanto para encumbrar a los «adictos» como para desalentar a los «desafectos». En todo caso, más allá de los estímulos económicos, la referencia fundamental que mantenía prietas las filas era «el prestigio del terror». Con la siembra del miedo cundía el escarmiento y se recolectaba sumisión. Por eso al alborear otro sistema, con otras bases de sustentación, los periódicos de manera súbita adquirirían conciencia de la importancia que añadían a cualquier causa de la que se hicieran eco y, en particular, a cualquier grupo político al que ofrecieran espacio en sus páginas. También fueron comprobando cómo podían influir en los asuntos que empezaban a ser debatidos en público, de ahí que fueran anticipando capítulos de la Constitución convencidos de que de ese modo hacían irreversible su contenido. Y también que cargaran las tintas al dar según qué información de según qué protesta o adhesión.

La universidad, banco de pruebas

Consciente de que la universidad servía de banco de pruebas para la política antifranquista, durante algunos años compatibilicé mi trabajo como redactor del Madrid con los enredos en la Acción Social Democrática Universitaria (ASDU). Nuestro grupo era numéricamente escaso, pero de muy rápido despliegue. Antes de acudir a una facultad para repartir nuestros panfletos, procurábamos informarnos sobre la mejor manera de proceder para que la consideración hacia nuestro grupo no desmereciera. Por Antonio Gavilanes, de la Juventud Universitaria Monárquica Española (JUME), me informé de que en la Facultad de Derecho los grupos importantes como la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) lanzaban los panfletos desde la barandilla del primer piso sobre el vestíbulo central cuando los estudiantes salían de las aulas al concluir las clases. Otra fórmula utilizada por grupos de menor entidad era dejar los panfletos apilados en el alféizar de las ventanas, cuidando de evitar que alguien se los llevara todos. Optamos por la primera fórmula, pero fuimos interferidos por unos fornidos que dijeron ser de Defensa Universitaria, un grupo de extrema derecha, quienes en actitud amenazante nos tomaban por la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), integrada en las Juventudes Socialistas. Intentábamos explicarnos, ofrecíamos enviarles nuestro ideario y estatutos, pero rechazaban nuestros matices hasta que uno de ellos, queriendo zanjar la discusión, preguntó si aceptábamos la propiedad privada. Respondimos afirmativamente y nos dejaron ir.

En la Facultad de Filosofía y Letras hicimos también otros repartos de panfletos, de los que como siempre habíamos entregado el primer ejemplar al rector Enrique Gutiérrez Ríos. Pero de nada nos valió tan leal proceder cuando unos agentes de la Brigada Política Social (BPS) infiltrados entre los estudiantes esperaron a que termináramos nuestra tarea, nos salieron al paso y nos retiraron el carné de identidad diciéndonos que deberíamos pasar por la sede de la BPS, ubicada en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, a recuperarlos.

Como me encontraba procesado por el Tribunal de Orden Público (TOP), como autor del editorial que ya he mencionado, consulté con mi abogado, Gregorio Peces-Barba, quien me desaconsejó que acudiera a esa cita policial.

El editorial había sido interpretado por la autoridad competente como la manifestación pública de una inaceptable actitud contemporizadora con la protesta. Una pendiente inclinada que debía cortarse de modo ejemplar. Por ahí vino la imposición de sanciones al periódico y el procesamiento ante el TOP de quien declarase ser su autor. Estábamos en pleno desarrollo de la Ley Orgánica del Estado que Franco se había sacado del bolsillo de la guerrera la tarde del 22 de noviembre de 1966 en las Cortes para que fuera leída por el presidente, Antonio Iturmendi, y que yo había seguido desde la tribuna de prensa del hemiciclo, donde me senté con ese motivo por primera vez. Concluida su lectura, aquellos procuradores del aplauso, amén y silencio aplaudieron entusiastas y la ley quedó aprobada y lista para ser sometida a referéndum, que se celebró el 14 de diciembre de 1966. De ahí vino que fuera posible la designación de un presidente del Gobierno, que se convocaran elecciones de procuradores familiares, que elegirían los cabezas de familia a razón de dos por cada circunscripción provincial, para el 10 de octubre de 1967, de las que me ocupé en mi libro Las últimas Cortes del franquismo[7].

Me pareció inútil dilatar esa situación de prófugo de la policía y decidí presentarme a la cita pendiente, pero intenté preparar lo mejor posible mi comparecencia. Supe de manera fortuita que mi padre había extirpado el apéndice al comisario general de Orden Público, Francisco de la Guardia Gilabert, quien le estaba muy reconocido por el éxito de la intervención quirúrgica. Por eso le pedí que me recomendara. Me respondió que, con veinticuatro años, podía hacerlo yo mismo. Logré hacerme con el teléfono y le llamé. La conversación fue grata en extremo. Preguntó muy afectuosamente por mi padre y por toda la familia y me dio cita para unos días después por la mañana.

En la entrada principal del entonces edificio de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, esperaba un ujier que me acompañó por la escalera noble hasta el despacho del comisario general, con tres amplios ventanales sobre la plaza. Me ofreció asiento y charla de proximidad. Llegó el momento de referir la ocasión en que me habían retirado el DNI e indicado que debería pasar a recogerlo por la BPS. Mi anfitrión pulsó el timbre y acudió un ujier, a quien encargó que me acompañara hasta esas dependencias de la BPS ubicadas en la zona lóbrega a la que se llegaba a través de pasadizos tortuosos. Quedé depositado en un pasillo más ancho con bancos paralelos adosados a ambas paredes, donde como en las peluquerías aguardaban sentados otros clientes. En pie destacaba un limpiabotas en pantalón y camisa negros, como es habitual en los del oficio. Los útiles descansaban junto a él en el suelo. Todos permanecían en silencio. Pasaban los minutos. Decidido a aprovechar el tiempo, pregunté al limpia si estaba libre. Dijo que sí, que ya había prestado servicio a los comisarios. Le dije que en ese caso procediera con mis zapatos y a ello se puso con brío. A media faena irrumpió de improviso, salido de un despacho, el comisario Saturnino Yagüe, jefe de la BPS. Sorprendido y con muestras de indignación, se dirigió a mí preguntándome a qué pensaba que había ido allí. Pedí entonces al limpia que abreviara, pagué y pasé a ser interrogado sobre el contenido del panfleto y la naturaleza de nuestro grupo de la ASDU.

Ante Dios, ante la historia y ante la prensa extranjera

Sin libertad de expresión y con la obligación de insertar las consignas dictadas por el Ministerio, las publicaciones impresas de cualquier periodicidad durante los cuarenta años de «paz… ciencia» (La Codorniz dixit) no podían denominarse en puridad prensa porque cristalizaban más bien en el sistema degenerado de propaganda. Para el control de la prensa el régimen se valió primero de la Ley de 1938, dictada en plena Guerra Civil bajo la inspiración del cuñadísimo Ramón Serrano Suñer.

Casi treinta años después, en 1966, llegaba la Ley de Prensa e Imprenta promovida por Manuel Fraga Iribarne, que suponía el fin de la censura previa aunque recomendaba la consulta voluntaria en caso de duda para evitar riesgos. También suprimía las consignas de obligada inserción que, en adelante, se transformaban en indicaciones informales con las que por nuestro bien deberíamos sintonizar. Había que explorar el perímetro de estos cambios legales en averiguación de sus límites, y alguno de los exploradores entregados a la tarea, como los del diario Madrid, vieron recompensado su atrevimiento con la cancelación definitiva de su inscripción en el registro de publicaciones legales ordenada por acuerdo del Consejo de Ministros del 25 de noviembre de 1971.

La penosa y degradante inferioridad de condiciones que nos era impuesta en aquellos tiempos multiplicaba el valor y el interés por la prensa internacional. Recuerdo los encuentros con sus corresponsales en ocasiones límite como cuando el cierre del periódico. Al convocarlos para darles cuenta de la situación solía referirme al preámbulo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que empezaba: «Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia…». Entonces añadía una enmienda de fabricación propia según la cual ese Franco que se declaraba responsable «ante Dios y ante la Historia» en la práctica se sentía también emplazado «ante la prensa extranjera», la única instancia que desde el alzamiento del 18 de julio de 1936 era capaz de pedirle cuentas.

Estamos hablando de José Antonio Nováis de Le Monde, de Walter Haubrich del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Harry Debelius de The Times, de Frederich Kasseberg del Süddeutsche Zeitung, de Richard Eder de The New York Times, de Arnold Hottinger del Neue Zürcher Zeitung y de tres o cuatro corresponsales extranjeros más que fueron decisivos en las postrimerías del franquismo. Desde la década anterior, la de los años sesenta, era clave el corresponsal de Le Monde, periódico que tenía en España una influencia decisiva. Lo leía la gente con alguna vibración democrática. Nováis tenía muy buenas fuentes de información, entre las que nos contábamos nosotros. Todos sabíamos que contarle las cosas a Nováis era una de las pocas posibilidades de que tuvieran algún reflejo público relevante. Que las fuerzas de oposición, sus actividades y sus líderes salieran en esos diarios significaba la adquisición de una cierta inmunidad. Pasábamos a la categoría de quienes «no eran torturables».

En la Base de Marines de Quantico (Virginia). Finales de enero de 1971. De derecha a izquierda, el príncipe Juan Carlos, la princesa Sofía, el jefe de la base y Miguel Ángel Aguilar, atentos a las explicaciones de un marine.

Los corresponsales extranjeros, al dar voz a quienes estaban silenciados en los medios de comunicación españoles, producían la consiguiente irritación del régimen, que procedía a prohibir la difusión del periódico que fuese. Así Le Monde quedaba fuera de circulación cada dos por tres por orden del liberalísimo Fraga, quien se valía de aquel infame semanario, El Español, de un falangismo furioso y petulante que dirigía Juan Aparicio —al frente de la Dirección General de Prensa entre 1951 y 1957— para ejercer una vigilancia difamatoria y arremeter contra los periodistas descarriados por los caminos de la disidencia y, en particular, contra los corresponsales extranjeros siempre sospechosos de sumarse a la «conspiración judeo-masónico-bolchevique contra España». Tenía aversión especial por el de Le Monde, tal vez por su condición de antiguo camarada, y en cuanto le llegaba noticia de que había estado en algún lugar de copas le tildaba de borracho. Porque el régimen transformaba las críticas que le dirigían en ataques intolerables a España y a los españoles.

Estos asuntos fueron planteados de manera descarnada en el desayuno que tuvimos con el príncipe Juan Carlos, a quien acompañaban el embajador Jacobo Argüelles y el cónsul general en Nueva York, Adolfo Martín Gamero, en la Blair House, residencia para jefes de Estado huéspedes de la Casa Blanca. Entre los periodistas recuerdo a Carlos Mendo, enviado especial del diario ABC; José María Massip, corresponsal del mismo diario; Jaime Peñafiel, de ¡Hola!; Guillermo Solana, de Gaceta Ilustrada; José María Carrascal, de Pueblo; Juan Roldán, de la agencia EFE; Jesús Hermida, de TVE; y José Luis Castillo Puche, de Informaciones. Todos estábamos siguiendo el viaje de los príncipes Juan Carlos y Sofía a los Estados Unidos invitados por el presidente Richard Nixon. Recuerdo que en el séquito del príncipe figuraban Ricardo Díez-Hochleitner y el coronel Carlos Dolz de Espejo, que mandaba la Milicia Aérea Universitaria cuando serví en sus filas.

Estábamos a finales de enero de 1971 y la sacudida de diciembre a raíz del Proceso de Burgos, el consejo de guerra celebrado en diciembre de 1970 presidido por el entonces coronel de caballería Manuel Ordovás donde se juzgaba a varios etarras para los que se pedía pena de muerte. El clima emocional se había desbordado. El régimen había vuelto a concitar la animadversión internacional. Habían ardido embajadas y consulados españoles por todo el mundo adelante. El jefe del Estado conmutó todas las penas de muerte a que fueron sentenciados por las de cadena perpetua y poco a poco volvió el sosiego. Aquella mañana, en el desayuno de la Blair House uno de los periodistas consumió su turno en una encendida crítica al comportamiento de la prensa extranjera y habló de sus ataques intolerables a España. Me permití discrepar. Señalé que a mi parecer el problema derivaba de la excesiva relevancia que la prensa extranjera tenía en nuestro país. Y añadí que ese exceso patológico provenía de la falta de libertad con la que operaba la prensa española.

Pronostiqué que, cuando tuviéramos libertades homologables, la prensa extranjera, igual que sucede en los países democráticos, rebajaría su importancia. Una comprobación directa la tuvo el príncipe en ese mismo viaje porque el Chicago Tribune del 27 de enero de 1971 publicó unas declaraciones suyas en primera página con el antetítulo «Franco’s Chosen Heir» y el título «Future King of Spain Tells Progressive Goals», firmadas por Edward Rohrbach, que impactaron mucho por esa misma razón: la de que nada semejante tenía cabida en la prensa española.

Quienes esperaban al príncipe en el aeropuerto de Barajas a su regreso a España le advirtieron del desagrado de Franco por las declaraciones. Pero el general, cuando lo recibió en su despacho del Palacio de El Pardo, nada le dijo aunque tuviera visible sobre su mesa el ejemplar del diario norteamericano. Pero al despedirle musitó: «Alteza, hay cosas que gustan fuera y disgustan dentro».

Volviendo a Nováis, era un hombre más bien enclenque en contraste con esos fornidos a los que Arturo Soria y Espinosa paralizaba empleando su certero terrorismo verbal al decirles: «Se ve que usted ha tenido la ventaja de haber podido hacer paralelas en los cuernos de su padre». Nováis no se había entrenado con semejantes ejercicios gimnásticos. Era delgado, enjuto, de poca estatura, pero de un valor moral que rayaba en la temeridad. ¿Tomaba alguna copa? Sin duda. Pero completamente sobrio y consciente de todas las consecuencias que pueden derivarse de lo que se escribe, sobreviene el bloqueo para hacerlo.

Fue así seguramente, con algunas copas, como Nováis envió muchas de las mejores crónicas a su periódico. Nuestro colega siempre estaba atento a las protestas de las fuerzas de oposición democrática al franquismo, les prestaba eco y hacía que tuvieran relevancia internacional, rompiendo la sordina que el régimen imponía a los medios de comunicación españoles. Pero, vigía incansable, el Ministerio de Información y Turismo procedía con suma diligencia cada vez que algo molestaba a sus finos oídos y prohibía su distribución en España. El beber de José Antonio tenía el mismo sentido que el de los soldados de infantería a quienes para enardecerlos al inicio del combate se les administraba la dosis conveniente de coñac «saltaparapetos» etiquetado como Fundador Domecq y donado a modo de colaboración patriótica por la conocida bodega de Jerez. (Cuenta José Antonio Girón de Velasco una llamada del general Miguel Ponte el 30 de julio de 1936 y cómo, al recibir a eso de las once de la noche diez botellas de anís y ocho de coñac para repartir entre la fuerza, pensó que le iba a pedir algo gordo. La misión que recibieron fue la de dar un golpe de mano asaltando un acantonamiento, ocupado por un batallón enemigo).

Desde luego, en el diario Madrid, cuando subía el riesgo de publicar alguna noticia desagradable para el régimen optábamos por interesar antes su publicación en la prensa extranjera. Porque como se ha dicho, en el periodismo amenazado de aquellos tiempos habíamos renunciado a pugnar por la exclusiva. Teníamos averiguada la ventaja de compartir la información. Lo grave era la soledad de significarse. Muchas veces era mejor que Nováis tuviera la primicia y así nosotros al día siguiente la recogíamos diciendo «según ha publicado Le Monde». En términos futbolísticos era el «tuya-mía, tuya-mía», que también se llama «hacer la pared» con un compañero.

La prensa dócil, adaptada al modo franquista, se atenía a unos códigos insólitos y utilizaba «el lenguaje más audaz para el lector más inteligente», por decirlo con el lema definitorio del semanario satírico La Codorniz.

Encontronazo en Londres

Había llegado a Londres como corresponsal del diario Madrid en agosto de 1971 para relevar a Jesús Pardo, que se iba destinado a Nueva York. Un acuerdo entre el periódico Madrid y The Times me permitía ocupar un pequeño despacho en la sede del rotativo en Printing House Square, junto a la estación de metro de Blackfriars, contigua a su vez a Fleet Street, ubicación preferida de los grandes rotativos londinenses. Sucedió que los corresponsales españoles allí acreditados fuimos convocados la tarde del sábado 23 de octubre por el embajador José Fernández-Villaverde, marqués de Santa Cruz, a su residencia de Belgravia Square, donde tendríamos un encuentro con el ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella. No era una visita oficial porque venía invitado por el tour operator Lord Thomson, propietario también del entonces mítico The Times. Se barruntaba que el Gobierno iba a cerrar el diario Madrid, pero nadie imaginaba que lo haría de modo tan inminente, apenas un mes después de aquel encuentro.

Acompañando al ministro estaban el embajador; el consejero de Información, Francisco Mayans; López Letona, subdirector general de Promoción Turística; y el jefe de la oficina de turismo en Londres, Andrés Vázquez de Prada. Los corresponsales en formación éramos Federico Abascal, de La Vanguardia; Alfonso Barra, de ABC; Juan Cano, de EFE; Javier Martínez Reverte, de Pueblo; José Antonio Plaza, de TVE; Antonio Sánchez Bravo, de Radio Nacional; Manuel Adrio, de la agencia Pyresa; José Luis Fernández del Campo, de la agencia Logos; y yo mismo, del diario Madrid. El consejero de Prensa me dijo al llegar que todo el mundo esperaba mis declaraciones y no las del ministro. Le respondí que nada tenía que declarar. Pasados solo dos minutos de las seis, entró el ministro, saludó a los corresponsales que le iba presentando Mayans y tomó asiento. A su lado lo hizo el embajador.

En Londres, en el verano de 1971, junto con Juby Bustamante, un periodista de The Times, Ana Zunzarren y Jesús Pardo, ante la puerta del veterano diario británico.

Federico Abascal rompió el fuego diciendo que, durante todo el día, los corresponsales habían estado muy preocupados por las noticias en torno al diario Madrid. Sánchez Bella, después de advertir que hablaba off the record, indicó que se trataba de una lucha entre tres grupos en la cual el ministerio no quería entrar porque, subrayó, «yo no sirvo más que al Régimen y a Franco». Enseguida añadió que se habían probado una serie de irregularidades e incumplimientos de la ley de prensa, que el ministerio había dado un plazo para su regularización, y que en el interregno, mientras se lograba un acuerdo entre las tres partes, procedía nombrar a una persona de confianza y ajena a los grupos en liza como director. Había dicho que la cuestión estaba sub iudice, pero que, si no se cumplía el plazo, el ministerio se vería en la necesidad de cerrar el periódico y cancelar su inscripción en el registro de empresas periodísticas.

Intervine diciendo que, si la cuestión estaba sub iudice, por qué no esperar al pronunciamiento de los jueces y después proceder en consecuencia. Porque si, como parecía deducirse de sus palabras, el Gobierno asumía un papel arbitral, era incomprensible que interviniera de modo beligerante para retirar al director. ¿Por qué debía nombrarse otro director si el actual tenía probada su condición de español, patriota y ciudadano ejemplar? Para Sánchez Bella, había un laudo que probaba la existencia de unos fiduciarios y tal cosa contravenía la ley de prensa. Al mismo tiempo precisó que no tenía conocimiento oficial del laudo. El ministerio, como se le pidió, había esperado hasta la emisión del laudo. Sin embargo, una vez dictado este, era necesario terminar con las irregularidades. De sus largas conversaciones con las partes concluía que al menos dos de las tres partes contendientes estaban muy agradecidas al tacto del ministerio, según probaba el artículo en este sentido de Rafael Calvo Serer. En otro momento, Sánchez Bella afirmó que el ministerio trataba de hacer todo lo posible para evitar el cierre del Madrid, incumpliendo incluso para ello un acuerdo del Consejo de Ministros, y que se había prorrogado el plazo hasta el martes para subsanar irregularidades.

Entonces intervine de nuevo para decir que lo que se esperaba del ministerio no era que evitara el cierre, sino que no emprendiese una acción positiva para cerrar el periódico. Dije que, según mis noticias, el pretexto legal que se aduciría para el cierre sería un artículo publicado el 8 de marzo anterior sobre unas huelgas en Gran Bretaña, y que me parecía imposible que la opinión pública comulgara con esa rueda de molino.

El ministro dijo que la cancelación de la inscripción de la editora en el registro de empresas periodísticas exigía unos trámites de quince días, por eso se partía de una suspensión alegando un artículo del 8 de marzo, pero que el problema de fondo eran las irregularidades existentes en la sociedad afloradas en el laudo dictado por el exministro Faustino García Moncó, en quien habían confiado las partes enfrentadas. Me resultaba incomprensible que sin tener conocimiento oficial del laudo se adelantara a proceder. Respondió que las tres partes se lo habían enviado y que la cuestión de fondo eran dichas irregularidades. Repliqué que, cualquiera que fuese la cuestión de fondo, el respeto a las formas era muy importante. En otro momento, el ministro hizo referencia a que el abogado de una de las partes y firmante del artículo tenía una ficha de presidio. Precisé, entonces, que cuando alguien tiene ficha de presidio se debe llamar a los guardias para que se lo lleven a prisión, que para eso está la fuerza pública y que al menos así funcionaba en Gran Bretaña. El ministro dijo que no quería seguir hablando del tema.

Dije que conocía directamente el tema, que había leído el laudo, que estaba muy interesado de manera personal y que lamentaba haber acaparado tan largo tiempo de atención. Después de unos instantes de embarazoso silencio, el corresponsal de Logos rompió el hielo aludiendo al tiempo primaveral de Londres y el corresponsal de TVE, José Antonio Plaza, pasó a preguntarle sobre los objetivos de su viaje, sobre los que derivó la conversación. Recuerdo que los periodistas nos encaminamos andando hacia un pub cercano y también las palabras que me dirigió Alfonso Barra en esa situación de paro inminente: «¿Sabes lo que te digo? Que no me das pena». Pensé que acababa de hacerme el mayor elogio, que la última cosa que hubiera querido era dar pena como la que él me estaba dando a mí con toda su corresponsalía de ABC a cuestas.

De este encuentro en Londres hubo una versión grosera, resumida en un pasquín que corría por Madrid y del que dio copia a un buen amigo el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Me apresuré a desmentirlo haciendo llegar a todos los que habían estado presentes en la embajada la versión aquí resumida. Ninguno acusó recibo. Enseguida vino el cierre y hube de regresar a España, de ahí que mi dominio del inglés dejara de progresar adecuadamente. Pasados los años y dictada el 25 de octubre de 1976 la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la orden de cierre, Sánchez Bella declaraba al semanario Blanco y Negro: «Volvería a hacer lo mismo».

De Madrid al cierre

Como escribió el catedrático de Historia del Periodismo Carlos Barrera a propósito del vigésimo aniversario de su cierre, la vida del diario Madrid «verdadero», el que fue de 1966 a 1971, estuvo marcada por un casi permanente estado de agitación. Veinte expedientes incoados, una suspensión por cuatro meses entre mayo y septiembre de 1968, querellas criminales, procesamientos ante el Tribunal de Orden Público ya mencionados, diatribas de la prensa falangista y sindical sobre su línea editorial e innumerables luchas internas marcaron un escenario complejo.

Si bien no se puede considerar que el periódico fuera de oposición al régimen, algo impensable e imposible en aquella época, las acusaciones le llovían por la falta de calor en el elogio a Franco. Sirva como ejemplo la manifestación de adhesión al dictador del 17 de diciembre de 1970, convocada a consecuencia de la tensión nacional e internacional derivada del Proceso de Burgos, de la que informaron (y que calentaron) los medios de comunicación con insistencia mediante separatas enteras de 24 páginas, mientras que el diario Madrid lo despachaba con una pequeña fotografía en portada y un escueto pie.

Con el artículo firmado por Calvo Serer bajo el título «Retirarse a tiempo. No al general De Gaulle» saltaron las alarmas de la censura. Se ordenó el secuestro del número del 30 de mayo de 1968, y se sancionó a la empresa con una multa de 250 000 pesetas y dos meses de suspensión, que acordaron resolviendo un expediente abierto con anterioridad por un texto ajeno a la cuestión. Y ya en agosto, en el Consejo de Ministros de San Sebastián, vino otra sanción de dos meses más, esta vez sí, por el artículo de Calvo. Lo siguieron cuatro expedientes más, hasta la orden de cierre del periódico y la publicación del último número el 25 de noviembre de 1971.

Recuerdo que entonces la directiva de la sociedad de redactores y el comité de empresa de los trabajadores recorríamos toda suerte de despachos para exponer nuestra causa. Nos reunimos, por ejemplo, con Rodolfo Martín Villa, Secretario General de la Organización Sindical, al que Miguel Ángel Gozalo trató de convencer con el argumento de que el cierre dejaría a cuatrocientas familias en paro, a lo que contestó: «Cuatrocientas familias en paro se quedan todos los días, si os he recibido no es porque seáis cuatrocientas familias, sino porque es el cierre de un periódico».

También fuimos a ver al príncipe Juan Carlos, en la Zarzuela, y al cardenal Tarancón, entonces arzobispo de Toledo, al que queríamos sacar una declaración a favor de los redactores y trabajadores del Madrid. El encuentro se hizo en el palacio de la Santa Cruzada perteneciente a la sede primada, situado en la madrileña plaza del Conde de Barajas. Queríamos obtener de Su Eminencia una declaración favorable a los redactores y trabajadores del Madrid. Pero se mostraba muy cauto y no había manera de sacarle nada. César García Elejabarrieta, del comité de trabajadores, se adelantó a decir: «Señor cardenal, como escribió Shakespeare, no solo de pan vive el hombre». Y ni por esas. Al final, con el intento de ponerle de nuestra parte, le dije que «la Iglesia no puede ser neutral entre el abuso y la justicia». Entonces nos pareció advertir que hacía un gesto de asentimiento. Nos pareció, pero no dijo palabra.

De allí, nos fuimos a casa de José Antonio Nováis, en la avenida de La Moncloa, para informarle de este encuentro. Nos escuchó e inmediatamente redactó la noticia que tituló: «El Cardenal Tarancón a los trabajadores del diario Madrid: La Iglesia no puede ser neutral entre el abuso y la justicia». Le hice observar que en realidad no nos había dicho nada, que solo nos había dado la impresión de que asentía. Pero Nováis replicó que no nos equivocáramos, que le estábamos haciendo un grandísimo favor al cardenal. Y así salió en Le Monde y fue repercutido en todas partes, incluido el diario Ya.

Asamblea de trabajadores del diario Madrid. En diciembre de 1971, con el periódico ya cerrado, fueron convocados junto a la rotativa. Algunos se sentaron en las bobinas de papel que nunca serían utilizadas. Entre otros figuran: Jesús Picatoste, Manuel Pizán, Miguel Ángel Aguilar, José Oneto, José María Ballester, Jesús Carnicero, Tomás Tirado, Miguel Logroño, Juby Bustamante y Moncho Goicoechea.

La plantilla del Madrid había tenido que decantarse entre dos opciones: mantener el puesto de trabajo aceptando un cambio en la dirección del periódico o rechazar la imposición de un director. Prefirió la segunda opción con la temida consecuencia del cierre. Un cierre que produjo un escarmiento generalizado en las demás publicaciones. La plantilla de trabajadores se sumó a una lista negra de apestados, porque para otros diarios darles empleo significaba desairar al régimen.

Voladura controlada. El edificio del diario Madrid, vendido por Antonio García-Trevijano a la inmobiliaria SAGAR, fue derribado el 24 de abril de 1973. La orden de cierre emitida por el Gobierno de Franco fue efectiva desde el 25 de noviembre de 1971.

3

El prestigio del terror

Bruselas, cámara de descompresión

El cierre del diario Madrid tuvo un color especial, como la Sevilla que cantaban Los del Río. Recordemos que cuando el diario vespertino El Alcázar fue arrebatado a su editora PESA, considerada próxima a los tecnócratas, y entregado a la bunkerizada Confederación Nacional de Excombatientes, los redactores y trabajadores fueron acogidos en otros periódicos de la ciudad. Pero la situación para los del Madrid fue muy distinta porque solo el subdirector, Miguel Ángel Gozalo, fue contratado por el diario ABC como corresponsal en Bonn. Aceptar a los del Madrid era inconveniente porque el Gobierno podía considerarlo como un signo de desafección o de hostilidad con las consecuencias imaginables. Por mi parte recalé en Bruselas, donde el corresponsal de La Vanguardia, Andrés Garrigó, me había hablado de un puesto disponible de editor del boletín del Institut International d’Études sur l’Éducation (IIEE) ubicado en la rue de la Loi 74, junto al rond point Schuman y el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea. Allí llegué en agosto de 1972. Alguna ayuda me prestó Philippe de Schoutheete, que era entonces ministro consejero de la embajada de Bélgica en Madrid, al que había tratado a propósito de los asuntos de la Fundación Carlos de Amberes.

En Bruselas, que fue para mí esa cámara de descompresión por la que pasan los buzos izados a cubierta del barco antes de incorporarse a la vida normal, percibí la pésima consideración que se brindaba a los españoles, en principio sospechosos al proceder de un país que consentía la permanencia del dictador, y por tanto obligados a presentar excusas y pruebas de limpieza de conducta, ajena a toda connivencia con el régimen. De ahí a ver a cada uno de los españoles como un consentidor culpable de la permanencia del general solo había un paso, que muchos daban con gran facilidad. En mi caso, proceder de un periódico cerrado por el régimen permitía que fuera mejor aceptado. Desde Bruselas me ofrecí al semanario Cambio 16 para ser su corresponsal con especial dedicación a los asuntos europeos y de la Alianza Atlántica. Trabajé muy al alimón con Pablo Sebastián, que estaba en la delegación de la agencia EFE, y desconcertábamos a Salvador López de la Torre. Nos protegían el cónsul Mariano Baselga y el segundo de la embajada uruguaya, Sergio Pittaluga, quien hubo de regresar a Montevideo después de una destitución fulminante, así como su mujer, Elena Fonseca, Elenota, porque uno de sus hijos fue considerado próximo a los tupamaros. Desde Bruselas yo viajaba a París para mantener ante Rafael Calvo Serer las reivindicaciones de los redactores y trabajadores del diario Madrid, a los que el profesor empezaba a considerar molestos e insalubres.

En Madrid se había quedado Juby Bustamante, con quien había compartido momentos difíciles vividos con la pasión de la libertad de la que cada uno exploraba los límites. Juby siempre me reconoció el valor de dar la cara y nunca aceptó las insidias de quienes diseminaban sospechas. Por ahí, de la mutua admiración acabamos pasando a las cosas del querer que desembocaron en Ixelles, donde nos casamos por lo civil, para hacerlo después por lo militar en ceremonia oficiada por don Ricardo Gutiérrez Nieto en la iglesia de Nôtre-Dame de Brujas, sede de uno de los últimos capítulos de la Orden del Toisón, ante la escultura de La Piedad de Miguel Ángel.

Almuerzo de despedida a Ángel Sanz Briz el 19 de enero de 1973. El embajador abandonaba su destino en Bruselas para abrir la embajada de España en Pekín. En la fotografía se distingue a Juan José Bellod, Andrés Garrigó, Ignacio María Sanuy y, al otro lado de la mesa, Roberto Jacobo, Miguel Ángel Aguilar, el embajador Sanz Briz y Federico Volpini.

Mi boda en la iglesia de Nôtre-Dame (Brujas, Bélgica). Juby Bustamante y yo entre Paloma Jiménez de Oneto y mi hermano José María.

Siempre supe que no la merecía. Ella se había ganado el respeto y la consideración profesional de los mejores mientras otros asumíamos riesgos en dosis mayores para mejor parecer. Juby era la inteligencia sintiente, el criterio, el consejo, la conversación, el diálogo, las lecturas recomendadas, el descubrimiento de los autores, la naturalidad en todo, sin aspavientos. Siempre mantuve que el más feroz de los terroristas hubiera confesado de plano si Juby hubiera podido preguntarle como la señorita Marple de las novelas de Agatha Christie, sin ponerle la mano encima. Juby fue la impavidez sin espectáculo, la resistencia sin máscara de héroe, el recuerdo de los pies en el suelo —«Miguel Ángel, que no eres un Médici y hay que llegar a fin de mes»— y, al mismo tiempo, la resolución contra el pragmatismo cínico cuando decía «si empiezas a ponerte triste en esa redacción, márchate porque no hay segunda vuelta». Siempre llegó antes que yo a todas las redacciones: la del diario Madrid, la de Cambio 16 o la de Diario 16, y a todos esos sitios llegué yo después para complicarle la vida. Merecer su aprobación, o al menos no perder todos los puntos de ese carné que es la vida en pareja, y vivir para recibir su mirada dio sentido a mi existencia hasta que nos dejó en 2014.

Volvamos a las Navidades de 1973. Cuando se me acababa el contrato del IIEE, me llamaron de Madrid para ofrecerme la dirección como periodista profesional de tres revistas que empezaba a preparar la editorial Santillana, enfocadas a los alumnos, a los padres y a los profesores de EGB y bachillerato, dentro de un proyecto que lideraba Ignacio Fernández de Castro. Pero el 20 de diciembre asesinaron al almirante Luis Carrero Blanco y todo pareció venirse abajo. Pocos días después, esa impresión primera se desvaneció y pude regresar a Madrid según lo acordado. El diario La Libre Belgique me designó su corresponsal y mantuve ese encargo hasta 1975, cuando el agregado de Prensa de la embajada de España en Bruselas, Roberto Jacobo, consiguió que me destituyeran. Las revistas aludidas nunca llegaron a salir a la luz. Pero los preparativos fueron un festín hasta que el empeño por reivindicar incrementos salariales que sostenía Fernando Castelló hizo que nos despidieran a todos. Por entonces me ofrecieron incorporarme al semanario de información general Posible que iba a lanzar Alfonso Palomares, convencido de que había posibilidades periodísticas y económicas de competir con Cambio 16.

Sánchez Bella en el Palais d’Egmont

Una llamada de Pablo Sebastián desde la delegación de la agencia EFE en Bruselas de la que era redactor me alertó de que Alfredo Sánchez Bella, que había sido ministro de Información y Turismo hasta junio de 1973, vendría a Bruselas en noviembre para presidir un congreso del Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI). Nombre pomposo para lo que venía a ser una pantalla de signo conservador o mejor reaccionario, presidida por el archiduque Otto de Habsburgo, con la que el régimen pretendía tapar la vergüenza de su exclusión de las instituciones europeas nacidas a partir del Tratado de Londres de 1949 (por el que se creaba el Consejo de Europa), y del Tratado de Roma de 1956 (origen de la Unión Europea). Supimos que el congreso del CEDI celebraría sus sesiones en el Palais d’Egmont, ubicado en la plaza del Petit Sablon. De los condes de Egmont y de Hornes se guarda memoria en la contigua Grande Place, donde según reza una placa de bronce ambos «perecieron víctimas del sectarismo y la intolerancia de Felipe II». Fue al cuarto duque de Alba a quien el rey hizo cumplir esa encomienda. Años después, cuando quise reprochar ese proceder a Jesús Aguirre, duque consorte de Alba desde 1978, se excusó de plano aduciendo que a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel no le cupo más remedio, habida cuenta de que ambos condes eran caballeros del Toisón y la orden era implacable contra aquellos de sus miembros que se rebelaban contra su señor natural.

En el congreso del CEDI, comprobé con Pablo que la lista de participantes estaba compuesta de reaccionarios con distinta denominación de origen y diversa coloración nacional, procedentes del exilio, muy en particular, del área geográfica de los que entonces denominábamos países satélites de la URSS. Nos parecía una insolencia insoportable que quien se ufanaba del cierre del diario Madrid, acaecido el 25 de noviembre de 1971 según orden que a propuesta suya acordó el Consejo de Ministros de esa fecha, pretendiera lucir el talle en Bruselas. Por eso, decidimos aguarle la fiesta. Redactamos un panfleto donde trazamos un perfil suyo con especial referencia a sus años de embajador en Roma, a su colaboración con los servicios de espionaje del régimen y a su trayectoria como ministro entregado a la represión de la libertad de prensa. Lo hicimos traducir al francés, inglés, alemán e italiano. Nos fuimos al Palais d’Egmont y distribuimos ejemplares fijándolos en los parabrisas de los coches de los congresistas aparcados en el jardín. Luego, subimos a la planta donde se encontraba la sala preparada para el congreso. Buscamos al ministro Sánchez Bella y le dimos un ejemplar del panfleto indicándole que nos lo habían dado en el jardín donde lo estaban distribuyendo. Al ministro le hizo sonreír el primer párrafo dedicado a dar cuenta de su predecesor, Manuel Fraga, y del exministro de Exteriores, Alberto Martín-Artajo. Pero le cambió la cara cuando llegó a los párrafos que hacían su retrato. Entonces, con gran perspicacia, dijo: «Esto es cosa de españoles». No pudimos menos que coincidir y descartamos que fuera obra de checoslovacos. Luego, quiso precisar más e indicó: «Esto es cosa de Alberola». Enseguida nos ilustró diciendo que Octavio Alberola era un anarquista español exiliado años atrás de quien había recibido amenazas siendo embajador en Roma, y que ahora al parecer había cambiado su residencia a Bruselas, ciudad que desde la época de Francisco Ferrer Guardia y la Semana Trágica de Barcelona tenía tradición de dar asilo a lo más granado de la acracia ibérica.

Las noticias están en los bares

Andábamos inaugurando la redacción de Posible en la calle Jorge Juan casi esquina a Castelló, concentrados en la preparación de la salida de su primer número, prevista entre el 15 y el 30 de noviembre de 1974, bajo la dirección y el impulso empresarial de Alfonso Palomares e inversores gallegos adyacentes. El confeccionador, como entonces se denominaba a los diseñadores, era Onésimo Anciones, que firmaba también dibujos de toros, retratos para ilustrar las entrevistas de Nativel Preciado o cuadros que pugnaban por exponer diversas galerías. Anciones era lo que se dice un «casta», de inteligencia intuitiva excepcional y de una capacidad fulgurante para detectar a los tontos y desarmar con un golpe verbal su solemnidad. Por aquellos días había enunciado un principio cuya vigencia explorábamos de continuo.

—Miguel Ángel —me dijo Anciones—, las noticias no van a la redacción, las noticias están en los bares.

Así que nosotros, entregados a su búsqueda, nos esforzábamos al máximo frecuentando los establecimientos de los alrededores como Casa Poli, La Cepa, Belarmino o Casa Puebla, ya en la esquina de las calles de Príncipe de Vergara y Jorge Juan, donde aún se ofrecía en la carta «ropa vieja». La constancia tuvo premio y de tanto ir el cántaro a la fuente sucedió que, a última hora de la mañana del 8 de julio de 1974, tuvimos un encuentro fortuito en la barra de Casa Poli con Enrique Menor Cassy, amigo de toda la vida de Cubas de la Sagra.

—¿A que no sabes quién es? —dijo Enrique señalando a su acompañante. Y prosiguió—: ¿A que no sabes a qué se dedica, a que no sabes de dónde acaba de venir?

Enrique nos había dejado intrigados, pero enseguida procedió a despejar las incógnitas superpuestas y precisó que se trataba de su cuñado, el doctor Isidoro Mínguez, que era médico prestigioso y que llegaba directamente del palacio de El Pardo, donde junto a otros colegas llamados a consulta había hecho un reconocimiento a Franco, al que acababan de diagnosticarle una flebitis. Así, de forma fortuita fuimos seguramente los primeros periodistas en saberlo. De modo que abreviamos los cumplidos, pasamos un momento por la redacción, que estaba en el portal de al lado, para dejar plantada la noticia y salimos en coche hacia El Pardo con ánimo de practicar una inspección ocular y tomar la temperatura ambiente.

Encontramos la guardia a caballo habitual en la puerta de los jardines y nada en el perímetro del recinto que dejara traslucir que se hubiera adoptado medida alguna derivada de la enfermedad del general. Decidimos comer en El Mesón de El Pardo y para mimetizarnos con el paisaje —flora y fauna— pedimos gamo, pero el camarero, sorprendido de nuestra ignorancia, dijo que estábamos en veda. Entonces pedimos cachalote, recordando que en verano Franco, a bordo del Azor, se daba a la pesca de esa especie de cetáceo. El camarero, que tenía un aire inconfundible de suboficial retirado de la Guardia de Franco, empezó a mosquearse al considerar que estábamos rayando en la falta de respeto al general. Suspendimos la ironía.

Al día siguiente, 9 de julio, la Casa Civil comunicaba que a última hora de la mañana el Caudillo había ingresado en la Ciudad Sanitaria Francisco Franco por padecer una flebitis en la pierna derecha y considerar los médicos que le asistían la conveniencia de su hospitalización para que se recuperara de manera más rápida. La enfermedad registró diversas alternativas de mejoría y agravamiento de las que se iba dando cuenta en los partes del «equipo médico habitual», leídos por Manuel Lozano Sevilla, que oficiaba de taquígrafo de Franco con un pluriempleo suculento de cronista taurino de TVE, para la que retransmitía las corridas de la madrileña plaza de Las Ventas.

El foco noticioso quedó fijado en el vestíbulo de la clínica privada de la Ciudad Sanitaria. Allí nos amontonábamos los periodistas y al aparecer Lozano Sevilla nos arracimábamos a su alrededor segregados en dos grupos yuxtapuestos, pero sin mezclarnos. De un lado, quedaban los de Prensa y Radio del Movimiento y demás medios oficiales. Del otro, los redactores procedentes de la discrepancia tolerada, como los afortunados de Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo y Sábado Gráfico. Cuando el parte médico registraba un agravamiento, los primeros mostraban caras apenadas mientras que las de los segundos reflejaban esperanzas; las reacciones se invertían cuando el «parte» informaba de mejorías. Eso sí, todos aprendimos medicina a gran velocidad, porque incurrir en equivocaciones podía generar peligros sin cuento.

El día 19 de julio el proceso entraba en visible regresión y a primera hora de la tarde se hacía público que Franco había transmitido al príncipe de España, don Juan Carlos, los poderes de la Jefatura del Estado. Es decir, que conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, «en caso de enfermedad del Jefe del Estado asumirá sus funciones el heredero de la Corona». Pero cuarenta y ocho horas después, el día 21, los médicos fueron unánimes en su optimismo. En esa línea, el 30 de julio culminaba el desconcierto cuando, a media mañana y por su propio pie, Franco abandonaba la Ciudad Sanitaria y se trasladaba a su residencia del Palacio de El Pardo, donde se proponía continuar su convalecencia.

Poco menos de un mes después, el 16 de agosto, Franco se trasladaba con su familia en avión a Santiago de Compostela y desde el aeropuerto proseguía por carretera hasta el Pazo de Meirás. Allí recibió el día 28 al príncipe, quien el 30, alineado de suplente, presidió por segunda vez el Consejo de Ministros. El 31, cuando viajaba de regreso a Madrid, se enteró escuchando la radio de que Franco reasumía todos los poderes, una vez que los médicos bajo el liderazgo del yernísimo, Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, habían coincidido unánimes en la total recuperación del proceso flebítico que le había aquejado. La interinidad en la Jefatura del Estado había durado veintidós días, pero esa provisionalidad terminaba con el ninguneo del príncipe por cuenta del Caudillo vitalicio y de su entorno de adhesión inquebrantable. Faltaba un año para los últimos cinco fusilamientos y para el acuerdo tripartito con Marruecos y Mauritania que pondría fin a la situación de España como potencia administradora del Sahara Occidental. El Caudillo solo saldría de El Pardo con los pies por delante.

Consejo en el Pazo de Meirás y tangos en Volvoreta

Cuando anunciaron que en agosto Franco se trasladaría al Pazo de Meirás, fui enviado por el semanario Posible, del que era corresponsal político, a La Coruña. Salí por carretera acompañado por Pepe Oneto. Dormimos unas horas en la casa contigua a una estación de servicio en Ponferrada, en la que nos alquilaron a cama caliente, como se dice en la jerga de los submarinos de la Armada, la habitación que acababan de dejar unos camioneros.

Cuando nos disponíamos a salir, Pepe hizo una broma sobre el Pazo de Meirás y alguien debió de llamar a la Guardia Civil dando la matrícula M-0947-AD del Mini blanco que conducía, porque nos dieron el alto para registrarlo. Tras visitar a Pío Cabanillas en su pazo para sonsacarle alguna información, viajamos a La Coruña. Al pasar a acreditarnos en el Gobierno Civil, descubrimos cómo todos los periodistas recibían un sobre suculento en billetes. Firmamos el recibí con los nombres de Luis María Anson y Luis Apostua.

El Consejo de Ministros se celebraba en el Pazo de Meirás el 22 de agosto de 1975. Entre las medidas aprobadas, el Decreto-Ley sobre Prevención del Terrorismo que venía a implantar un peculiar estado de excepción para dos años, que suspendía los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles y permitía efectuar registros domiciliarios sin mandamiento judicial, así como que las setenta y dos horas máximas de una detención antes de quedar en libertad o pasar a disposición judicial se ampliaran a diez días. Para eliminar otros problemas, el Ministerio de Asuntos Exteriores procedía a prorrogar por otros seis meses la declaración de «materia reservada» de todas las informaciones, comentarios y noticias que se puedan producir en la prensa española en torno a la República de Guinea Ecuatorial, su política interior y sus relaciones con España.

El Consejo aprobó en esa reunión cuatro decretos sobre las llamadas asociaciones políticas referentes a las condiciones para la concurrencia electoral, a la comparecencia en la presentación de candidaturas, a la presencia en los medios oficiales e institucionales de comunicación social y al reglamento del registro nacional. Mientras quedaba aplazado un quinto decreto referente a la financiación. Concluía aquel agosto candente con Arias menguante, pues su deterioro político se hacía cada vez más visible durante los días vividos en la distante proximidad de La Toja. Contaban que Franco, al despedir a su presidente de Gobierno en el umbral de Meirás, le dijo: «Arias, el año que viene, tiene usted que venir al Pazo muchos más días». Los exégetas ponderaron la sabiduría galaica del Caudillo, pero estábamos ante la frivolidad más descarnada con el país en juego.

El ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, invitaba a los periodistas desplazados a La Coruña a una cena cuya sobremesa iba a sustituir a la rueda de prensa que seguía de modo habitual a las reuniones del Consejo de Ministros. Allí formulé dos preguntas. La primera, para los ministros de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, y de la Secretaría General del Movimiento, José Solís Ruiz, referente a los controles previstos sobre los mil millones de pesetas concedidos a la Prensa del Movimiento. La segunda, sobre la actitud de Solís y León Herrera Esteban, ministro de Información, respecto a las incitaciones represivas contra la prensa contenidas en el artículo aparecido en la primera página del diario Arriba. A la primera no contestó el titular de Hacienda, si bien mientras salíamos del hotel aseguró que su criterio estaba fijado en el Proyecto de Ley General Presupuestaria y que gasto sin control equivale a gasto sin responsabilidad. Tampoco Solís pasó de esquivar la cuestión, con una ocurrente digresión incapaz de aliviar las inquietudes de un contribuyente.

Durante esos días los periodistas tuvimos a nuestro alcance a los ministros y otros altos funcionarios, convertidos en huéspedes accesibles en el vestíbulo del hotel, lo mismo que sucedía años atrás en el María Cristina de San Sebastián cuando Franco abría la temporada veraniega después de la recepción del 18 de julio ofrecida en el Palacio de La Granja, con las fuentes corriendo. En aquellos jardines estaba convocada toda la nomenclatura del régimen y el cuerpo diplomático. Amenizaban la ocasión los coros y danzas de la Sección Femenina con lo mejor de su repertorio y el añadido de alguna folclórica. Parece que a Carmen Polo, la Señora, lo que más le gustaba era el coro de lagarteranas de la zarzuela El huésped del sevillano. Esa fecha, aniversario de la sublevación del 36 que desencadenó la Guerra Civil, disparaba con regularidad rumores insistentes sobre la crisis de ministros que estaría preparando el Generalísimo.

La primera etapa de la temporada de verano del régimen se abría de modo habitual con Franco alojado en el Palacio de Ayete de San Sebastián y el titular de Exteriores ejerciendo funciones de ministro de jornada en el vecino palacio de La Cumbre. Preparativos para la celebración de un Consejo de Ministros en Ayete con el yate Azor anclado en la bahía en espera de zarpar hacia la captura del cachalote con Pedrolo —el almirante Pedro Nieto Antúnez, ministro de Marina— a bordo. Como escribió certero Cristóbal Páez en Arriba, la agenda de Franco se resumía en «la caza, la pesca, el golf y la audiencia».

En suma, el no parar, sin darse nunca al relevo ni al descanso como correspondía a quien había recibido el honor y el peso del caudillaje. Uno de los cuentos clásicos que Juan Benet refería en la tertulia del José Luis, en la calle Rafael Salgado, era que alguien entregó una generosa propina al botones del vestíbulo del Hotel María Cristina con el fin de que se paseara pregonando «Laurenty Beria, acuda al teléfono por favor», para desconcierto de ministros y ayudantes que llenaban el salón. Conviene recordar que Beria, el jefe de la poderosa NKVD soviética, fue purgado tras la muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, y fusilado en el mes de diciembre siguiente. En ese lapso de tiempo, Torcuato Luca de Tena, director del diario ABC, publicó el 23 de septiembre que Beria había sido localizado en España, y el Gobierno, enfurecido, lo destituyó de modo fulminante.

Para agosto de 1975 el habitual programa veraniego se había reducido. Se eliminaba la estancia en Ayete, ni pesca en el Azor ni los dieciocho hoyos preceptivos en el golf de Jaizkibel, que confirmaban cada verano la salud imbatible del jefe del Estado, a la manera en que lo hacía el baño de Mao Zedong en el río Amarillo. Nosotros, concluidos los compromisos oficiales y enviadas las crónicas a nuestros periódicos, estuvimos de paseo en La Coruña por Los Cantones y desde allí, a bordo del Mini, nos dirigimos Pepe Oneto, Felipe Navarro Yale, Gabriel Cisneros et alii a la sala Volvoreta, cuyo dueño estaba ofreciendo pruebas de haberse impuesto con superioridad a los colegas del sector con la contratación para la gala de la noche del Consejo de Ministros del cantante de tangos Carlos Acuña. Allí se había dado cita el todo Coruña, pero destacaban dos espectadores de excepción que el artista mencionó antes de iniciar el espectáculo. Se trataba de Pilar Franco, la «hermanísima», y de Emilio Romero Gómez.

Aires de gloria, un tango evocador del vuelo del Plus Ultra cumplido por Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, abrió la noche. Fue dedicado a Pilar Franco, en quien Carlos Acuña resaltó la doble condición de hermana de Su Excelencia y madrina de uno de sus hijos, a cuyo nombre figuraba ya un millón de pesetas en la Caja de Ahorros. Sonaron los aplausos para «Mamá Pilar», como la llamó el cantante, quien luego mencionó a Emilio Romero, acogido con siseos por el público joven. La cumparsita fue el primer tango dedicado al delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento, a quien acompañaban sus fieles Pedro Rodríguez, Juan Francisco Herrera, director del El Pueblo Gallego, y otras jerarquías del partido con derecho a coche oficial.

Ya en el camerino el trovador argentino me confesó, en calidad de enviado especial del semanario Posible, que después de catorce años en España se encontraba muy afianzado, que ahora era él quien elegía en cada ciudad la sala en la que quería actuar y que podía comprobar por sí mismo cómo el público tanguero no escatimaba el dinero, porque en la gala de esa noche se estaba bebiendo champán francés. Así que España de costa a costa, de Marbella a La Coruña, se la estaban repartiendo ese verano de 1975 —musicalmente hablando— Carlos Acuña y Raphael, quien en Puerto Banús había hecho estragos al iniciar sus caracoleos jugueteando con el cable del micrófono.

Emilio Romero, en socorro del vencedor

Jugador de ventaja especializado en azuzar el aparato represivo del régimen contra sus adversarios, Emilio Romero se sintió descolocado en las jornadas de aquel agosto de 1975 en La Coruña y reaccionó haciendo declaraciones descalificadoras valiéndose de los periódicos afines. En una entrevista publicada en el diario El Pueblo Gallego, me acusó de reclamar que se intervinieran las cuentas de unos créditos de la Prensa del Movimiento y me reprochaba la incoherencia de no haber hecho lo mismo respecto a la distracción de fondos de Matesa, a la utilización de dinero de un banco en la financiación política del extinguido periódico Madrid y en la demolición del edificio de ese mismo periódico para vender solares y maquinaria que, según decía, habrían realizado hermanos espirituales del periodista tan inquisitivo en la cena del señor ministro.

En mi respuesta a El Pueblo Gallego manifesté que en las hemerotecas se podía consultar lo que había escrito sobre Matesa y que también sería instructivo que se indagara en ellas la intervención que Emilio Romero, entonces director del diario Pueblo, tuvo en su condición de consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes respecto al affaire Matesa. Porque Romero había hostilizado desde el periódico a los dos ministros destituidos, Manuel Fraga y José Solís, a quienes había colmado de halagos mientras ocuparon el poder. Solo cuando fueron cesados abandonó su causa junto a los críticos de Matesa, para alinearse con los tecnócratas conforme a su teoría de jamás venderse y siempre alquilarse de forma temporal. Momento de averiguar, añadía en mi respuesta, cuáles fueron las relaciones de Romero y comprobar que las establecidas con el gobierno «homogéneo» urdido por López Rodó el 29 de octubre de 1969 fueron excelentes.

Porque los tecnócratas, una vez instalados en el poder, recibieron el elogio indeclinable de Romero. El ministro Gregorio López Bravo hizo de este su confidente en la política exterior. Baste con recordar la escala técnica del ministro en Moscú o el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín para comprobar el grado de idilio que alcanzó la pareja López Bravo-Romero. Él mismo confesó que el ministro le ofreció una embajada. En correspondencia vino la designación del ministro tecnócrata como «popular de Pueblo». Sin que al presentarle ante los invitados hiciera referencia alguna al caso Matesa. En cuanto a López Rodó, se le pudo ver ocupando lugar preferente en la presidencia del homenaje por todo lo alto tributado a Emilio Romero cuando aún seguía sin sustanciarse el citado affaire.

En cuanto a mi hermandad espiritual con los de Matesa y los banqueros financiadores del periódico, ningún inconveniente tuve en declarar que había sido miembro del Opus Dei sin haber nunca compartido las actitudes políticas ni los manteles de López Rodó o López Bravo, por citar los mismos nombres. Tampoco fui nunca depositario de sus confidencias políticas, ni me vi favorecido con los fondos de reptiles que ambos al parecer manejaban. Luz y taquígrafos hasta el final. Por eso me apresuraba a decir que los datos aportados, examinados desde la óptica del régimen, tal vez más bien configurasen a López Rodó o López Bravo como hermanos espirituales de Emilio Romero, pero en absoluto ninguno de los tres podría ser hermano mío. El examen de mi cuenta corriente despejaría cualquier duda.

Girón: revolución pendiente sin lucro cesante

Durante décadas el esquema veraniego de Franco tenía dos etapas: la de julio en el Pazo de Meirás (La Coruña) y la de agosto en el Palacio de Ayete de San Sebastián (Guipúzcoa). Pero la florida nomenclatura del régimen había renunciado hacía tiempo a seguirle en esos desplazamientos por la costa cantábrica desde Galicia al País Vasco y solo aparecían en La Coruña y San Sebastián en víspera de los Consejos de Ministros. En todo caso, el director de Posible, Alfonso Palomares, consideraba que en política el epicentro de la estación cálida estaba situado en la Costa del Sol. Así que como corresponsal político del semanario fui enviado a la zona para indagar y ofrecer después a los lectores una panorámica informada antes del comienzo de curso, cuando se levantara el telón de la temporada en el otoño de 1975.

En la agenda para esos días había incluido una serie de entrevistas con gentes que estaban en la «pomada» del franquismo declinante. Así, Juan García Carrés, presidente del Sindicato Nacional de Actividades Diversas, me recibió haciendo bicicleta en la piscina del Hotel Los Monteros de Marbella. Me interesaba saber el ambiente y las pugnas internas en el seno de la verticalista Organización Sindical Española (OSE). También Francisco Giménez Torres, cuya trayectoria incluía haber sido delegado nacional de Sindicatos y subgobernador del Banco de España, estaba dispuesto a contar sobre los enjuagues y negocios especulativos de algunos líderes de la revolución pendiente, que, inasequibles al desaliento, mientras esperaban culminar su advenimiento se afanaban en el tráfico de influencias alrededor del urbanismo de alto rendimiento lucrativo despertado por la ola turística que nos inundaba. Giménez Torres tuvo la gentileza de recibirme sin reloj en su casa, ubicada en una de las más lujosas urbanizaciones de la localidad marbellí de San Pedro de Alcántara. Fuera de los engolamientos, distancias, secretarios y antesalas, la sucinta prenda del bañador y el chapoteo compartido en la piscina junto al mar disipaban muchos recelos, favorecían muchos contactos y eliminaban muchas crispaciones. Solo así podían explicarse los encuentros con Jesús Esperabé de Arteaga, Pedro Merry Gordon, Jaime Milans del Bosch, Manuel Valdés Larrañaga, Federico Silva Muñoz y José García Hernández, entre otros muchos.

Se añadieron otros encuentros fortuitos con lo más granado de las familias falangistas, tecnócratas, democristianas, tradicionalistas descoloridas y monárquicas colaboracionistas anidadas en el veraneo de la zona que ayudaron también a que me hiciera una composición de lugar —balance y perspectivas— y pudiera completar en la redacción de Madrid la crónica esperada, que se publicó con el título «Voces de crisis sonaron cerca del Puerto Banús». Recuerdo aquí que Eugenio Peydró Salmerón, el del caso Sofico; Josep Meliá Sinisterra, fundador del grupo de empresas Meliá; y José Banús Masdeu —el contratista del Valle de los Caídos con batallones de presos políticos y de la Ciudad de los Periodistas, así como promotor de Nueva Andalucía, con Puerto Banús incluido— habían sido los tres ayudantes del coronel José Ungría Jiménez, jefe de los servicios secretos de Franco durante la Guerra Civil.

La crónica publicada en Posible aquella semana subrayaba que, mientras llegaba el momento de que se alzara el telón en la nueva temporada y se pudiera asistir al estreno del vodevil Polvo, polvorín y polvorón, que Emilio Romero había escrito para Rocío Jurado, la Polaca y Sara Lezana, en la Costa del Sol ministros y directores generales, políticos y aspirantes formaban un conglomerado que nada entendía ni de razas ni colores. Se verificaba como un teorema el enunciado de Karl Mannheim según el cual «las ideologías e incluso su crepúsculo no son sino anticipaciones inconscientes o cínicas de los propios intereses». Desde Girón a Solís, de Fuengirola a Estepona y desde los Fierro a los Coca —dos sagas de empresarios y banqueros—, pasando por el Incosol del marqués de Villaverde, se percibía allí una auténtica mancomunidad no solo de municipios, sino de familias y sindicatos.

A partir de un título intermedio —«Urbaniza que algo queda»— la crónica pasaba a dar cuenta de los comentarios ardientes en Fuengirola sobre la excelente operación financiera realizada por José Antonio Girón de Velasco, exministro de Trabajo, líder falangista e incansable fustigador social a quien apodaban el León de Fuengirola. Girón había vendido una finca de 12 hectáreas adquirida en tres millones de pesetas por una cantidad que oscilaba entre los cuatrocientos y los mil millones, es decir entre el 133 y el 333% de su coste, muy por encima del ciento por uno del Evangelio. Girón, en conversación con sus biógrafos Soler Serrano e Irurozqui, había referido la compra de una finca muy barata que era todo arena[8]. Y tanto que todo arena, como que era una playa sobre la que levantó un muro de hormigón para cerrarla.

El exministro rugió enfurecido haciendo honor a su apodo, envió una carta de réplica publicada al instante en la revista y presentó también querella ante el Juzgado de Instrucción Decano Especial de Prensa e Imprenta por los delitos de injuria y calumnia descritos en los artículos 457 y 453 del Código Penal. La demanda exigía que se reconociera el grave perjuicio moral y material causado a Girón, fijado en quince millones de pesetas, cuya entrega al querellado se reclamaba. El resultado fue mi procesamiento por auto fechado el 21 de febrero de 1976. Quedaba en situación de libertad provisional sin fianza, pero se me requería para que depositara una fianza de quinientas mil pesetas que asegurara las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes. Encomendé mi defensa letrada al profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo, que ha sido mi valedor permanente durante quince años contados desde el episodio de Fuengirola de procesamientos por lo civil y por lo militar, como irá quedando constancia reiterada a lo largo de estas páginas. Es el momento de reconocer que nunca he pasado un buen rato en ninguna de mis comparecencias en los juzgados, y que sentado en el banquillo es donde mejor y de manera más indeleble he aprendido las asignaturas de Derecho Penal y Procesal.

Advertido como estaba de que las acusaciones de calumnia decaen cuando puede probarse que concurre la exceptio veritatis —la prueba de la verdad—, me desplacé a Málaga y recabé ayudas de los arquitectos Salvador Moreno Peralta y Damián Quero Castanys, presidente de la delegación provincial del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, a propósito del Plan Parcial de Ordenación Urbana, y también del decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, así como de Encarnación Serrano, autora del informe sobre el yacimiento arqueológico ibero-púnico del siglo VI a. de C. existente en la ladera del castillo de Fuengirola. Por fortuna aquellos amigos eran socios del Aeroclub y pudimos sobrevolar y fotografiar desde el aire la casa y finca de Girón para aportar pruebas. Meses más tarde, en abril de 1976, Cambio 16 publicaba, en su número 228, un trabajo bajo el título «Girón fuera de ordenanza».

El 20 de junio de 1977, cuando yo ya era director de Diario 16, se dio en sus páginas noticia escueta de haberse fijado la vista de la causa instada por Girón.

La acusación particular solicitaba por la calumnia cuatro años y dos meses de prisión menor y multa de diez mil pesetas; por la injuria, tres años de destierro y multa de diez mil pesetas; y una indemnización de quince millones para reparar los daños infligidos. Al final la condena fue de diez mil pesetas de multa por injurias. De modo que el Tribunal ponía a precio de saldo la injuria al líder. La muerte de Franco, dieciséis meses antes, había cambiado los datos del problema y dejado la figura temible de Girón reducida a la mínima expresión. Pero cuando la querella se desencadenó, en agosto de 1975, Franco estaba en el ejercicio de todos los poderes, Girón era presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes y tenerle enfrente en un proceso instado por él por injuria y calumnia era del todo indeseable.

El exministro formaba parte de los alistados en la adhesión inquebrantable a Franco y también de la minoría inasequible al desaliento. Era de los que llamaban «años triunfales» a los tres años cainitas de la Guerra Civil. Esa fue su pasión dominante. A partir de 1958, casi veinte años después del último parte de guerra, surgió la Hermandad de Alféreces Provisionales. En la mañana del domingo 27 de mayo de 1962, Franco presidió en el cerro de Garabitas de la madrileña Casa de Campo una concentración para conmemorar las bodas de plata de sus promociones y el cuarto aniversario de su fundación. Allí, después de asistir a la misa de campaña, se dirigió a los quince mil asistentes como «alféreces invictos de nuestra Cruzada, compañeros y camaradas de ayer». Subrayó que el cerro de Garabitas había sido escenario de luchas heroicas y que en los momentos de conmoción de España fueron siempre las clases medias, las clases estudiosas, los estudiantes, las que se pusieron al frente y encuadraron al pueblo, a las masas de ciudadanos, a los voluntarios que querían que la patria no se hundiese. También formaron la base de la oficialidad del Ejército en su Cruzada.

A la altura de 1962 el Caudillo había cumplido los setenta años y empezaba a sonar el estribillo del «después de Franco ¿qué?», entonado por aquellos que calculaban sobrevivirle y lo miraban con ojitos de náufragos. De vez en cuando cundían rumores de que se retiraría para dar paso a las previsiones de la Ley de Sucesión, pero el General los disolvía con alguna frase para la ocasión. En Garabitas fue una de ellas, porque allí dijo:

Hay también quienes torpemente especulan con mis años. Yo solo puedo decirles que me siento joven, como vosotros, que detrás de mí todo quedará bien atado y garantizado por la voluntad de la gran mayoría de los españoles, de los que, con el Movimiento, constituís nervio y esencia, y por la guardia fiel e insuperable de nuestros Ejércitos. Nuestra obra es el mandato de nuestros muertos; ofrezcamos a ellos nuestro homenaje en esta hora de plenitud. ¡Arriba España!

En resumen, lo que quedó registrado para la historia fue que «todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro Ejército». Así que el Ejército recibía la misión de perpetuar el movimiento continuo que había explicado el almirante Carrero Blanco (véase capítulo 4).

El General hizo su propia apología a pleno sol y señaló:

[…] ante las embestidas que desde fuera se lanzan periódicamente contra nuestra patria, dirigidas por las fuerzas ocultas del comunismo, nada puede ser más tranquilizador para los españoles que contemplar el recio espíritu y la fidelidad de estos nuestros alféreces provisionales, flor y nata de nuestros combatientes, que, incorporados a la vida entera del país, montan la centinela de la Patria en todos sus estadios. Muchas veces he repetido que nuestra guerra no terminó con nuestra victoria ni con la unidad interna de los españoles, pues las batallas han continuado solapadas desde el exterior durante estos veinticinco años. No se trata ya de la lucha franca y noble, de la que un día se desarrolló en nuestros campos de batalla, sino de los procedimientos inconfesables, de la difamación y de la calumnia, de la compra de conciencias y del fomento de traiciones, de todo lo vil y ruin que caracteriza aquellas organizaciones. No ocurre suceso en nuestra patria, por minúsculo que sea, que no se aumente y sonorice en el exterior si esto puede perjudicarnos o dañarnos. No es de nuestros propios tiempos; es de toda la vida y toda la Historia de España, desde la leyenda negra, cuando dábamos vida, lenguaje y fe a todo un mundo, hasta más tarde, en los albores de nuestra vida, cuando la guerra de Marruecos y los escándalos para que no embarcasen nuestros soldados, cuando levantaban estatuas a los criminales y a los anarquistas por Europa, y cuando se maquinaba en todos los momentos de nuestro resurgimiento para evitar la grandeza y la prosperidad de España. En esta orquestación de adversarios lleva la dirección la Rusia de los soviets, que gasta centenares de millones en la propaganda radiada, en la compra y captura de agentes y en la financiación de las intrigas de sus «compañeros de viaje». Constituimos el punto clave más importante de la resistencia política occidental; somos el país donde, con vuestro esfuerzo, el comunismo ha sido por primera vez derrotado, y sabed también que en este orden somos el baluarte más firme de todo el Occidente. Si no queremos perder esta gloria hemos de resignarnos a ser blanco de sus ataques. El liberalismo es una de las puertas principales por las que el comunismo penetra, y no se nos perdona que en España hayamos cerrado esa puerta y ese camino, y se trabaja por todos los medios, directos o indirectos, para encumbrar a otros «compañeros de viaje» que siguen las prácticas que en el mundo se ha demostrado que habrían de abrir el paso a la penetración. Nuestra prosperidad y nuestra paz interior les duele e irrita, y por ello se pretende llevar su filtración a todas las organizaciones nacionales, incluso hasta áreas tan opuestas por su ideario como son las organizaciones seglares de nuestra Iglesia, parasitadas muchas veces por la filtración de sus agentes.

Aprovechó Garabitas para desquitarse de las huelgas de los mineros de Asturias, a las que denominó «incidentes laborales en el norte», diciendo:

[…] se ha pretendido sacar partido por el extranjero y esgrimir contra nuestro régimen los excesos de algún clérigo vasco separatista o los errores clericalistas de algún otro sacerdote exaltado, y que no representan nada dentro del gran resurgir espiritual de nuestra patria, pues solo constituyen fenómenos humanos inherentes al crecimiento, que la perfección de la propia Iglesia elimina y que sus jerarquías corrigen, sin que por ello se altere la armonía entre las dos potestades, Iglesia y Estado, que conocen perfectamente a sus comunes enemigos. Todo cuanto ocurre o puede ocurrir en España es una consecuencia natural de nuestro crecimiento y vitalidad. El clima social que el Movimiento ha creado pretende ser maliciosamente explotado por nuestros adversarios para estimular, con sus radios y agentes, los conflictos laborales. Está tan claro entre nosotros el interés común, y es tan fuerte, por otra parte, nuestro sistema político, que no representa nada en el conjunto el confusionismo que en algunos momentos el enemigo puede sembrarnos. Basta descubrir el engaño para que la reacción se produzca. Si estas escaramuzas pueden conmover otras estructuras políticas, débiles y vacilantes, no afectan a nuestra salud política. Han sido tan grandes los sacrificios que ha costado la conquista de la paz y el bienestar progresivo de que en España se disfruta, que no pueden debilitarla las acciones de esta clase, que no hacen más que reforzar nuestra fortaleza.

Y resultaba paradójico, añadía, que:

[…] cuando bajo sistemas políticos vacilantes se vienen produciendo paralizaciones casi totales en la vida de muchos países europeos, que alcanzan hasta a los propios funcionarios de su Administración, se pretende explotar pequeños fallos en nuestras relaciones laborales, lo que viene a demostrar, una vez más, la mala fe y la mediatización por los poderes ocultos de sus órganos de publicidad. En el fondo, y dada nuestra fortaleza, no es malo que surjan problemas que pongan a prueba nuestros sistemas y nos permitan perfeccionar nuestros instrumentos. Esto fortalece nuestra naturaleza, pues no es la mejor naturaleza la que se encierra en una completa asepsia, sino la que sabe crear anticuerpos que la defiendan.

Adoptaba luego un tono pedagógico en el que, más allá de la dialéctica falangista de los puños y las pistolas, se dejaba entrever el influjo de los tecnócratas, que ganaban en proximidad con el ascenso ese mismo año de Laureano López Rodó nombrado comisario del Plan de Desarrollo. Ese influjo se hacía notar cuando Franco incorporaba el vocablo inflación e intentaba:

[…] hacer llegar a todos los trabajadores que el pretender mejorar sistemáticamente los salarios sin que la productividad aumente, y cuando la situación de las empresas no lo resiste, constituye una quimera de imposible realización. Cuando los costes de los productos extraídos o fabricados suben, sin aumentar paralelamente la producción, se cae precipitadamente en la espiral de la inflación, en que el movimiento acelerado de los precios marchará irremisiblemente por delante de los salarios. Las mejoras que las remuneraciones del trabajo hayan de tener han de salir principalmente de las mejoras de la producción, de la modernización de la maquinaria, del perfeccionamiento en la organización del trabajo y del esfuerzo del propio trabajador, pero nunca con menoscabo y destrucción de la propia empresa. Si se quiere arruinar la economía de un país y destruir el progreso social, que es a lo que aspiran nuestros adversarios, no hay más que interrumpir la normalidad laboral, con ruina de las empresas y de la propia economía del país. Lo que en la nación se pierda o deje de producirse irá en favor de las economías extranjeras y retrasará el progreso económico y, como consecuencia directa e inseparable, el progreso social.

Era el momento de considerar cómo en medio de la exaltación de los excombatientes se abría una nueva escala. Hasta entonces solo se computaban los méritos de guerra de los individuos llamados a servir en la política o de sus organizaciones de procedencia —milicia, Falange, carlismo, monárquicos dinásticos, católicos colaboracionistas— implicadas en la contienda. Pero a través de la utilización del vocablo inflación hacía su aparición una nueva escala de ascenso político protagonizada por los tecnócratas asimilados al Opus Dei. Eran gente con estudios y sin antecedentes notables como combatientes. Su fuerza expansiva potenciada por la proximidad al almirante Luis Carrero Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia, que luego fue presidente del Gobierno, fue vista como un peligro por quienes se habían venido repartiendo el pastel. Marcaban tendencia, creaban expectativas y parecían tener el futuro de su parte.

Más aún cuando, una vez sumados todos los excombatientes y engarzadas todas las hermandades en que estaban alistados, el paso del tiempo y la fugacidad de la vida determinaban la senda inexorable de la extinción. La condición de excombatiente es intransmisible y los excombatientes, como todos los supervivientes de cualquier efeméride histórica, están condenados a extinguirse por ley de vida o de muerte. Para abrir la inscripción en esa escala sería necesaria otra guerra civil, un propósito a descartar para siempre. Así lo presentí pocos años después cuando acudí al salón de actos del Instituto Nacional de Previsión en la calle de Alcalá, donde se celebraba la Asamblea de la Confederación Nacional de Excombatientes que ya presidía José Antonio Girón. Mi reflexión fue que en 1962 la convocatoria incluía la subida a un cerro, mientras que la nueva prefería un local calefactado de acceso directo a pie de calle. Porque la subida a los cerros es inconveniente a partir de determinadas edades.

Urgente: desterrar el fatal espíritu de la Enciclopedia

Era patente que el general Franco tenía pasión por los balcones de los ayuntamientos. Y en cuanto visitaba una población, salía al balcón para hablar a los concentrados debajo en la plaza. Allí lanzaba sus alocuciones siempre aplaudidas por la claque del Movimiento. Con frecuencia registraban las versiones oficiales que era interrumpido por «una voz» que entraba en diálogo con el orador utilizando la segunda persona del singular, es decir, tratándole con el tú de los camaradas. Esa «voz» se alzaba para dar respuesta a la pregunta retórica con la que remataba la enumeración de las mejoras traídas por el régimen en cualquier plano, lo mismo en la inauguración de pantanos para embalsar los recursos hidráulicos y generar energía eléctrica en los saltos de agua que en el aumento de la producción de remolacha. Al inquirir «¿Y todo esto a quién se lo debéis?», era entonces cuando desde el público alguien gritaba: «A ti». Desde el balcón, el general rectificaba fulminante: «No me lo debéis a mí, sino al trabajo infatigable del Movimiento Nacional». También funcionaba a la inversa. Cuando la iniciativa surgía de un «espontáneo» que interrumpía para decir: «Franco, haz la revolución», el Caudillo contestaba al impaciente: «La estamos haciendo».

La divisa del régimen, su santo y seña, era «Por Dios, España y la Revolución Nacional Sindicalista». Todo esto respondía a la dialéctica falangista dejada en vía muerta a partir de la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco se esforzó en abandonar el mimetismo con los regímenes nazis y fascistas y procedió a incrementar la representación de católicos colaboracionistas en su entorno político y a evitar estridencias en discursos y vestimentas, con retoques a las leyes fundamentales y prefiguración de una salida monárquica. Años antes, al reconocerse su asesinato, José Antonio Primo de Rivera dejó de ser el ausente, y luego, con el decreto de unificación de falangistas y tradicionalistas, la retórica revolucionaria al modo joseantoniano empezó a perder peso frente al franquismo caudillista.

Pero hay un momento culminante que conviene recordar. Tuvo lugar el 20 de mayo de 1939 y está muy bien descrito por el profesor Gonzalo Redondo en su libro Historia de la Iglesia en España[9]. Terminada a mediodía de ese sábado la ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, donde Franco había sido ungido por el cardenal Isidro Gomá, a quien había hecho entrega de la espada de la Cruzada que fue depositada a los pies del Cristo de Lepanto, la comitiva del jefe del Estado —escoltado por la Guardia Mora y entre las entusiastas aclamaciones de la muchedumbre, los estampidos de las salvas de artillería y el repicar de las campanas de las iglesias— se dirigió por la calle Bárbara de Braganza y el paseo de Recoletos hacia el Banco de España, el edificio civil de mayor prestancia que había sido respetado por los bombardeos. En el patio central, brillantemente adornado de tapices, esperaban los generales, jefes y oficiales de los soldados que en número de 120 000 habían desfilado la víspera por el paseo de la Castellana, con los que departió antes de pronunciar su primera alocución como caudillo victorioso. Allí, a las dos y media de la tarde, asistió al vino de honor ofrecido por el general jefe del Ejército del Centro, Andrés Saliquet. En su arenga Franco hizo el elogio del soldado español, aunque entre los asistentes se encontrara el general jefe de las tropas voluntarias italianas, Gastón Gámbara. Dijo que la fecundidad futura había que buscarla en el soldado y advirtió que la palabra revolución no debería asustarles.

Luego señaló la tarea pendiente: «Nosotros tenemos ahora que derribar la frivolidad de un siglo. Que desterrar hasta los últimos vestigios del fatal espíritu de la Enciclopedia». Esa era la única prioridad. Ni saciar el hambre, ni reconstruir tanta ruina a partir de los escombros, ni promover el empleo, ni emprender la recuperación económica, ni ocuparse de los huérfanos y las viudas, ni buscar los caminos de la reconciliación, ni liquidar los campos de concentración con cientos de miles de reclusos. La nueva epopeya se cifraba en «desterrar hasta los últimos vestigios del fatal espíritu de la Enciclopedia». Íbamos a forjar el Imperio. Sin atender al estado de las carreteras, los niños empezaron a cantar aquello de «Voy por rutas imperiales, caminando hacia Dios».

José Antonio Girón formaba parte de los encuadrados en la revolución nacional sindicalista que siempre había ido quedando pendiente hasta que se fueron borrando sus huellas, salvo por alguna bravuconada escrita a la manera del llamado «gironazo» —el ataque brutal contra el aperturismo de los ministros del Gobierno Arias Navarro, estampado en una columna del diario Arriba el 28 de abril de 1974— o en alguna arenga en el teatro Calderón de Valladolid. Ese encuadramiento se probaba del todo compatible con un activo afán de lucro que se servía de lo que mucho después acabaría denominándose tráfico de influencias, connatural a quienes habían ganado la guerra y se consideraban acreedores al botín.

La Marcha Verde y el Sahara para Marruecos

Entre los compromisos de la agenda exterior aguardaban la VIII Ronda de Conversaciones Hispano-Norteamericanas, la Cumbre de Helsinki para la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) y los intentos de una conferencia cuatripartita sobre el Sahara bajo los auspicios de la ONU.

Del Sahara Occidental hablaban los discursos oficiales como de «aquel trozo entrañable de España», pero estaba en trance de dejar de serlo. Y en esas vísperas, cuando fui enviado especial del semanario Posible a El Aaiún, advertí en el título de mi primera crónica que «nadie quería morir por el Sahara». Sobre aquellas arenas había un pueblo con el que se debería haber contado para marcharnos, igual que se contó para permanecer. Pero respecto al futuro del territorio se daban simultáneamente la más elevada postura moral y el más frío pragmatismo de los intereses. Mientras tanto, el nerviosismo se revestía de halago al Ejército para sentirse así mejor autorizados a patrocinar un abandono al galope.

En pocas semanas las preocupaciones habían cambiado de signo. Como escribí en aquella primera crónica, la captura de una patrulla militar española que permanecía en poder de los guerrilleros del Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía, El Hamra y Río de Oro) y la muerte de cinco soldados al explotarles una mina en la frontera con Marruecos fueron el detonante del cambio. En Madrid preocupaba, sobre todo, evitar que una situación «caliente» en el Sahara abonara un sentimiento de frustración en el Ejército expedicionario allí destacado.

El antecedente portugués —¡tan nuevo y tan cerca!— y los de nuestra propia historia, como las Juntas de Defensa de 1917 o la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, ilustraban las consecuencias interiores que, en una u otra dirección, pueden derivarse de un conflicto con perfiles coloniales que, tras el prolongado silencio impuesto por la «declaración de materia reservada», empezaban a llegar hasta la opinión pública española. Porque con unos efectivos que representaban la tercera parte del total de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Sahara ofrecía un espectáculo impresionante de dedicación y profesionalidad. Los jefes y oficiales habían pedido voluntariamente el destino y lo servían con vocación. Las unidades estaban al completo y dotadas con el mejor material, además de que la presencia de tropas de élite servía de catalizador. En el cuartel general el teniente coronel Miguel Íñiguez, su jefe accidental, me resumió la misión que aquí tenía encomendada el Ejército: asegurar la integridad territorial y el orden público. Dos vertientes que dimanaban del mantenimiento de la soberanía española sobre un territorio colonial.

En los años de la estabilización —los felices cincuenta previos a la Ley de Prensa— y pensando que así se evitarían dar explicaciones a Naciones Unidas, donde acabábamos de ingresar, y a su Comité de Descolonización, se optó por declarar el Sahara e Ifni dos provincias españolas, como podían serlo Teruel o Cuenca. Se hizo por decreto del Ministerio de la Presidencia, de 10 de enero de 1958, mediante el que se reorganizaba el Gobierno General del África Occidental Española.

La independencia de Marruecos se había proclamado el 7 de abril de 1956, poniendo fin al protectorado español y francés iniciado en 1912. Enseguida, entre octubre de 1957 y abril de 1958, se desarrolló la guerra de Ifni, donde las fuerzas españolas se enfrentaron con las del Ejército de Liberación Marroquí que pretendían controlar los territorios de Ifni y el Sahara Occidental, por entonces bajo administración española. Este conflicto culminó con el abortado asedio a la capital, Sidi Ifni. La presencia española quedó reducida a la capital y a unas pocas guarniciones en poblaciones de alguna entidad. Diez años después, el Gobierno de Franco procedió a la retrocesión formal del territorio a Marruecos mediante el Tratado de Fez, firmado el 4 de enero de 1969 y ratificado por las Cortes el 22 de abril. De modo que la bandera española se arrió por última vez en Sidi Ifni el 30 de junio de aquel mismo año.

Recuerdo la llegada al aeropuerto de El Aaiún a la altura de julio de 1975 y el alojamiento en el Parador Nacional, donde ya se habían aposentado otros colegas como Arturo Pérez Reverte, enviado del diario Pueblo. La costumbre establecida mandaba que el recién llegado visitara las unidades militares emplazadas en la capital del territorio. Cumplí el rito. Pasé a saludar conforme al protocolo a los mandos en sus acuartelamientos y a confraternizar después en los respectivos bares de oficiales de los regimientos, banderas de la Legión, de paracaidistas, Agrupación de Tropas Nómadas, Policía Territorial y Gobierno General del Sahara. Que todo aquel territorio gozara de las ventajas del duty free permitía que el whisky quedara al alcance de todos los bolsillos. Así pude corresponder a las invitaciones sin grave deterioro de mi peculio. Además, un calor seco, con temperaturas por encima de los cincuenta grados centígrados, facilitaba la absorción del alcohol sin que causara efecto negativo alguno.

Dígase que más allá de las proclamaciones retóricas del BOE, plasmadas a partir de 1961 en la nota colorista que añadían las chilabas de los saharauis, junto a los uniformes militares, las camisas azules con su correaje y las sotanas de los prelados en los Plenos de las Cortes, el proceso en Naciones Unidas seguía su curso. Soto voce los embajadores españoles en la ONU informaban periódicamente al Comité de Descolonización conforme a lo prescrito para los territorios no autónomos. Así se llegó a la adopción por la Asamblea de Naciones Unidas, en otoño de 1974, de una resolución que contó con el voto favorable de España en pro de la autodeterminación del territorio. La tarea que a partir de ahí se deducía era la de organizar un referéndum que fue innecesariamente demorado. Hubo tiempo para que el rey Hasán II de Marruecos maniobrara requiriendo al Tribunal Internacional de La Haya, para que dictaminara si aquel territorio era res nullius cuando fue ocupado por España o si pertenecía previamente a los sultanes de Marruecos.

Marruecos se adelantó a impugnar el referéndum alegando la manipulación del censo. El ministro de Exteriores, Gregorio López Bravo, pensó en 1973 iniciar un cubileteo sobre el desacuerdo de las pretensiones de Marruecos, Argelia y Mauritania. Se hablaba también de promover un Estado independiente bajo la garantía militar y diplomática de España, mediante una fórmula imaginada sobre el modelo de Puerto Rico. Como tantas veces, la que hubiera podido ser propuesta española antes de plasmarse de manera formal tuvo la virtud de concitar en contra la oposición de los países del Magreb y del resto de los países árabes. La reivindicación nacionalista del Sahara y la tensión Rabat-Madrid sirvieron de alivio a las dificultades interiores marroquíes. Además, se planteó con gran habilidad en el momento de mayor debilidad del régimen, cuando Franco entraba en fase del eclipse total. Siempre dispuesto, José Solís Ruiz, que desde el 13 de junio había vuelto al Gobierno como ministro secretario general del Movimiento, acudió a entrevistarse con el rey Hasán II para hablar «de cordobés a cordobés». Pero esos apaciguamientos fueron de corta duración.

En El Aaiún, 17 de julio de 1975. Meses más tarde, el 6 de noviembre, mientras España seguía de cerca la agonía de Franco, la Marcha Verde acabaría con la presencia española en el Sahara.

Allí, sobre el terreno, según me explicaba en su despacho el secretario general del Gobierno del Sahara, coronel de Ingenieros y diplomado de Estado Mayor Luis Rodríguez de Viguri y Gil, el viejo pacto colonial de la Administración española con los chej, los notables, cuya preeminencia crecía en paralelo a su corrupción, se había basado en cuatro compromisos: no hacer proselitismo cristiano, no fomentar la bebida de licores espirituosos, no vender armas más que a los chej y respetar la esclavitud establecida (en 1975 había 3000 esclavos censados).

En directo pude observar el ambiente decaído del barrio europeo de El Aaiún, donde apenas algunos comerciantes canarios, técnicos de Fos Bucraa —la gran empresa española que explotaba los yacimientos de fosfatos de la zona—, esposas de los oficiales más jóvenes, tenientes y capitanes, con hijos pequeños o embarazadas, ponían una nota civil en el continuo ir y venir de personal uniformado a pie o a bordo de vehículos militares siempre con las armas visibles. En El-Aiun la nuit dominaba el cabaret El Oasis con su dueño Pepe al frente en actitud imperturbable. Allí cada noche unos esforzados legionarios se transformaban en Los Blues y con sus instrumentos de viento y percusión ponían la música en vivo. Ángel Bermejo se entregaba en la pista con su ballet y sus cantes, secundado por María Rosa, arrasadora en su interpretación de Patio de Banderas. En el cine Las Dunas batía todos los récords de permanencia en cartel la película Sembrando ilusiones, protagonizada por Alberto Sordi y estrenada en 1972. En todo caso, la noche cambiaba el ritmo de la capital: la velocidad máxima se limitaba a 20 kilómetros por hora y los vehículos debían llevar las luces interiores encendidas.

Mi primera crónica desde El Aaiún, que se publicó en el número 27 del semanario Posible correspondiente al 17-23 de julio de 1975, empezaba: «Dijo Kissinger: “El Sahara para Marruecos”. Y la luz se hizo». La crónica daba cuenta de que la reiterada postura española en favor de un Sahara independiente se había difuminado y que, con altas inspiraciones, ganaba puntos una «negociación flexible» con Marruecos. Subrayaba que las argumentaciones a base del sentido moral y las responsabilidades con los saharauis iban dejando paso a un pragmatismo que partía de una burda evaluación de los propios intereses. Y anotaba que en pocas semanas las preocupaciones habían cambiado de signo, tras la captura de una patrulla militar española y la muerte de cinco soldados que ya he mencionado.

Entrevista en el Aaiún con El Jatri. El presidente de la Yemaá, la Asamblea General del Sahara, me recibió en 1975, en pleno proceso de descolonización.

Mientras, en Marruecos, el rey Hasán II continuaba preparando, con ayuda americana que supervisaba el amigo Vernon Walters, subdirector de la CIA, la Marcha Verde. El objetivo era lanzar un contingente de cientos de miles de gentes inermes, desharrapadas y descalzas que sobrepasaran la frontera del Sahara español que había sido minada y estaba defendida por las fuerzas al mando del general de división Federico Gómez de Salazar. La jugada de Hasán no estaba al alcance de cualquiera. Requería disponer de esos cientos de miles de pobres en estado de docilidad. Pero el caso es que situaba a los defensores de la frontera en una situación imposible. Este diseño estratégico ejemplificaba la imbatibilidad de los inermes, porque los desarmados hacían inútil todo el despliegue de armas del enemigo, habida cuenta de que su utilización recibiría la condena unánime de la opinión pública internacional, que era el escenario elegido para combatir.

El 2 de noviembre, seguimos en 1975, hubo una visita relámpago del príncipe Juan Carlos, en función provisional de jefe del Estado, a las fuerzas militares desplegadas. Siguieron los Acuerdos Tripartitos y otras vergüenzas, y en el Boletín Oficial del Estado del 20 de noviembre de 1975 se publicaba la Ley 40/1975 sobre la descolonización del Sahara. Su preámbulo es una declinación ejemplar en su empeño por negar lo que las leyes habían ido disponiendo sobre el territorio. Empezaba señalando que el Estado español había venido ejerciendo, como «potencia administradora»; añadía que durante algunos años había estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con «analogías al provincial»; y concluía rotundo que nunca había formado parte del «territorio nacional». Todo en contradicción con el Decreto de 1958 y la Ley de 1961 que declaraban el territorio como «provincia». Pero acéptese que tal día como el 20 de noviembre de 1975 no se estaba para disquisiciones y tampoco nadie reclamaba derecho de réplica.

De ahí se pasó a la Operación Golondrina, como se denominó la retirada del territorio, el repliegue de las fuerzas y el arriado de la bandera, que concluyó el 12 de enero de 1976 según señala la Orden General Extraordinaria del Sector del Sahara expedida por la Capitanía General de Canarias.

El precedente portugués: unos al búnker, otros a la reforma

El precedente portugués del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) ilustraba de manera esclarecedora las consecuencias que podrían derivarse hacia el interior de España a partir de un conflicto con perfiles coloniales como el del Sahara. Eso es lo que, a mayor escala, había sucedido en el vecino Portugal el 25 de abril de 1974 con la guerra de Angola y Mozambique, que hizo de catalizador de las nuevas actitudes entre la oficialidad militar y sirvió de fulminante de la Revolución de los Claveles.

Los sones de Grândola, Vila Morena —la canción compuesta por José Afonso que el MFA hizo retransmitir por la radio para iniciar la Revolución de los Claveles— terminaron llevándose por delante los proyectos de continuidad del régimen salazarista, dejando sin sentido al caetanismo —periodo 1968-1974 en el que Marcelo Caetano gobernó como sucesor del dictador— que parecía muy seductor para quienes acariciaban un «laureanismo» feliz después de Franco. Esa continuidad franquista había sido urdida por el incansable López Rodó, sobresaliente de espadas de la cuadrilla de los «lópeces», quienes a partir de los años sesenta habían entrado como beneficiarios de la piñata del poder sin méritos de guerra que aducir a diferencia de militares, falangistas, carlistas, monárquicos dinásticos o democristianos colaboracionistas. La etiqueta de los «lópeces» reflejaba su denominación de origen tecnócrata, depreciada después de la voladura con dinamita el 20 de diciembre de 1973 de su principal promotor, el almirante Luis Carrero Blanco, apenas seis meses después de su designación como presidente del Gobierno.

El cambio abrupto y sorprendente que suponía pasar del apacible «caetanismo» al multitudinario asalto del cuartel general de la Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), la odiada policía política del salazarismo, puso a los franquistas en estado de alarma máxima. A partir de ahí quedaba establecida la divisoria de las aguas. Un sector del régimen decidió encerrarse en el «búnker» para mejor defenderse hasta el final con uñas y dientes. Otro se aplicó el escarmiento y tomó la iniciativa de adelantarse a promover la reforma del sistema para evitar que estallara la ruptura y se los llevara a todos por delante. Ese era el pánico que suscitaba la Unión Militar Democrática (UMD), en cuya desactivación se emplearon con todo ahínco. Puede que el vértigo alterara sus percepciones, que les hiciera tomar por gigantes los molinos y atribuir a lo que apenas era un esqueje las dimensiones de una secuoya.

Sin esperar a más, se procedió a detener a los miembros de la UMD el 29 de julio de 1975, cuando el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, se encontraba en Helsinki asistiendo a la cumbre de clausura de la CSCE (Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa). Lo hicieron de madrugada en Madrid y con el protocolo que establece el Código de Justicia Militar, es decir, en cada caso los efectivos de la Guardia Civil que practicaron las detenciones fueron acompañados por oficiales del Ejército de mayor graduación que los jefes y oficiales detenidos. Los puestos a disposición de la autoridad judicial eran el comandante Luis Otero y cinco capitanes. Simultáneamente, otro capitán era detenido en Pontevedra y dos nuevas detenciones se producían los días 30 y 31. El capitán de Aviación José Ignacio Domínguez quedaba fuera de su alcance por encontrarse en el extranjero.

A los detenidos se les acusó de pertenencia a la UMD, que se decía nacida en Barcelona en agosto de 1974 en un encuentro de doce jefes y oficiales de diversas regiones españolas. Su documento constitutivo señalaba que «el completo divorcio existente entre la España real y el sistema totalitario que la gobierna, preocupado únicamente de su permanencia, hacen jugar a las Fuerzas Armadas el papel de guardián de los intereses del actual régimen y no del pueblo español». El texto tenía aromas morales del grupo Forja, donde anidaban oficiales comprometidos con el progresismo católico bajo el liderazgo del coronel Luis Pinilla Soliveres y del incombustible jesuita padre José María de Llanos, y sintonizaba con los ensayos y estudios de Julio Busquets Bragulat, comandante del arma de Ingenieros, diplomado de Estado Mayor y doctor en Sociología por la Complutense, cuyo libro El militar de carrera en España iba a ser referencia de las nuevas generaciones militares que superaban las obsesiones del franquismo[10]. En el semanario Posible me ocupé de presentar en sociedad a los de la UMD con un texto titulado Perfil de nueve soldados, y en las ruedas de prensa al terminar el Consejo de Ministros con el titular de la cartera de Información y Turismo, Herrera Esteban, inquirí cada viernes sobre las incongruencias procesales según avanzaba la instrucción de la causa.

Vuelvo al asalto al cuartel de la PIDE intentado el mismo día de la Revolución de los Claveles y al que dediqué mi crónica del 26 de abril de 1974 para el diario La Libre Belgique, del que era corresponsal en Madrid.

La rendición del cuartel general de la PIDE, la policía política de la Seguridad del Estado, había sido lograda a primeras horas de esa tarde por las unidades que lo sitiaban, adictas al Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), en medio del júbilo de la población lisboeta, más aún cuando el intento multitudinario de la víspera había sido resistido con el resultado de cuatro muertos. La prensa portuguesa, que gozaba por primera vez en cuarenta y dos años de unos días sin censura, fue invitada a continuación a visitar la sede de la PIDE y las salas donde se torturaba a los presos políticos opuestos al régimen.

La crónica refería también que en el regimiento de lanceros donde se encontraba refugiado el presidente de la República, almirante Américo Thomaz, este se había entregado a la Junta de Salvación Nacional y que las nuevas autoridades habían dispuesto el traslado a su domicilio, donde permanecería bajo vigilancia. Para el primer ministro depuesto, Marcelo Caetano, se dispuso el destierro en Funchal, en la isla de Madeira. Antes de embarcar en el avión le despidió con toda deferencia el general António de Spinola y se le rindieron en el aeropuerto los honores militares de ordenanza. El texto se hacía eco del tono de las primeras proclamas del MFA y de sus afirmaciones de signo democrático, con la promesa formal de convocar elecciones a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República, acogidas con gran interés por los medios políticos y populares de la capital portuguesa.

La crónica señalaba que para comprender los acontecimientos de estos días había que subrayar cómo el primer ministro Caetano había sido incapaz de lograr una base política propia para llevar a cabo la liberalización prometida, de forma que ahora quedaba reducido a un mero ejecutor de los designios del ala ultra del salazarismo, encabezada por el propio presidente de la República y el exministro de Asuntos Exteriores, Antonio Franco Nogueira. El reto planteado al régimen salazarista por los jóvenes capitanes y comandantes educados en la más estricta fidelidad al régimen, con su toma de posición en favor del fin de la guerra de ultramar en el manifiesto de unos días atrás, expresaba el cansancio de una guerra que duraba ya trece años. Alguien tendría que sacar pronto las consecuencias de la crisis abierta.

En menos de un mes, el 25 de abril, el MFA se hacía con el poder desalojando al primer ministro y al presidente de la República. Era la Revolución de los Claveles, las flores que los soldados habían puesto en la boca de sus fusiles. Una imagen poética muy impactante pero desorientadora. En todo caso, el protagonismo militar en el advenimiento de la democracia portuguesa tendría un alto precio que se estuvo pagando durante años en términos de ambigüedad progresista y de confusión de propósitos, tanto hacia dentro del país como en su inserción internacional, que demoró durante años la superación de los recelos hasta que se consiguió la normalización interior y la homologación internacional. Hubo desmanes y confiscación de bienes, en el preámbulo de la Constitución de 2 de abril de 1976 se decía que la «Asamblea Constituyente proclama la decisión del pueblo portugués de […] abrir la senda hacia una sociedad socialista» y el artículo 3 disponía que «el Movimiento de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garante de las conquistas democráticas y del proceso revolucionario participa, en alianza con el pueblo, en el ejercicio de la soberanía». Hubo que esperar hasta el 1 de julio de 1988 para que todo lo anterior se rectificara. Y esa espera tuvo un alto coste para Portugal. Cuánto mejor que en el caso español nos ahorráramos ese itinerario y que nuestra democracia no resultara deudora de ningún protagonismo militar.

Alrededor de la Revolución de los Claveles y de sus vicisitudes surgió un turismo de simpatía revolucionaria que concentraba en las calles de Lisboa, preferentemente los fines de semana, a la oposición franquista dispuesta a sumarse a las manifestaciones que bajaban por la rua da Liberdade hacia la plaza del Marqués de Pombal al grito de «Ninguém ha-de de calar a voz da classe operária!». Todos los observadores coincidían en anticipar las amplias repercusiones que la evolución de los acontecimientos de Lisboa habría de tener aguas arriba del Tajo. Síntoma relevante era la nueva sensibilidad de la prensa española que había desplazado hasta la capital del país vecino una verdadera pléyade de enviados especiales para asegurarse una información de primera mano. Sus crónicas y los comentarios editoriales que suscitaban ocupaban el grueso del espacio dedicado a la información extranjera y dejaban ver las posiciones políticas que mantenían los diferentes medios informativos.

En todo caso, resultaba desconcertante la forma en que el régimen español se había desentendido de la suerte de los máximos dirigentes portugueses Marcelo Caetano y Américo Thomaz, que eran reputados como amigos. Solo una consigna explícita que recomendara evitar desde el primer momento cualquier referencia peyorativa a las nuevas autoridades portuguesas explicaría que se eludieran palabras adversas como sublevados, rebeldes, golpe de Estado, etcétera, y que faltara cualquier muestra de solidaridad con los depuestos. Las cacerías en las que Thomaz era con frecuencia el invitado de honor, el Pacto Ibérico de amistad y no agresión suscrito en 1939 y siempre renovado, así como las analogías y paralelismos entre ambos sistemas favorecían un ambiente de amistad recelosa que hacía difícil encajar lo que representaba el MFA, decidido a restablecer la democracia, y dejaba sin explicación que un ejército tan cuidadosamente formado en la fidelidad al régimen salazarista lo arrasara.

Cuando analizaban los acontecimientos de Portugal, los periódicos españoles en realidad estaban hablando de España. Por ejemplo, el diario ABC decía que Caetano carecía de problemas para garantizarse la unanimidad aprobatoria de la Asamblea Nacional, pero que había sido incapaz de impulsar las necesarias actualizaciones del sistema corporativista y había quedado en manos de los ultras inmovilistas del salazarismo. El diario Ya —órgano de la democracia cristiana colaboracionista— se esforzaba en extraer una lección aplicable a los franquistas y concluía que «la lealtad al pasado es por sí sola estéril a menos que se ponga al servicio de la viva y fecunda lealtad al futuro». A su entender, quien había liquidado el salazarismo no era la oposición ni el terrorismo, sino los ultras que se presentaban como sus más fieles defensores, y concluía que la fidelidad a la letra y no al espíritu acaba siendo la peor de las traiciones.

La postura de Nuevo Diario era la más solidaria con el depuesto Caetano, dada la amistad que le unía al inspirador del periódico, el exministro López Rodó. En cuanto a los órganos informativos del Movimiento, se aprestaban a criticar la «sospechosa euforia» de otros colegas y daban cancha en las páginas del diario Arriba al exministro falangista José Antonio Girón para que lanzara las más duras advertencias a quienes se apartaran del franquismo puro y duro. Primer indicio de la reacción que los acontecimientos de Lisboa iba a provocar en la vieja guardia franquista que se sentía amenazada. Portugal era para muchos un ejercicio de anticipación sobre lo que le aguardaba al régimen de aquí. Se trataba de evitar la «portugalización» de nuestro futuro.

4

Morir matando

Los últimos fusilamientos de Franco

Eran la imagen de la mayor desolación. Eran incapaces de articular palabra, de encender un cigarrillo, de tragar saliva, de mirarse unos a otros, de suspirar, de confortarse con el tacto, de estallar en llanto. Vestían uniformes de faena de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Estaban en pie. Sostenían con la izquierda el fusil reglamentario aún humeante por los disparos. Estaban agrupados en pelotones de a siete, junto a los microbuses —dos verdes y uno gris— que al alba de aquel sábado 27 de septiembre de 1975 los habían trasladado desde la prisión de Carabanchel hasta la rastrojera quemada de un altozano en el campo de tiro de El Palancar, término municipal de Hoyo de Manzanares, a unos cuarenta kilómetros del centro de Madrid y de El Pardo. Habían llegado con el convoy militar organizado en torno a los coches celulares en los que, por separado, José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo fueron conducidos al lugar de su fusilamiento.

En la plazoleta semicircular pavimentada de adoquines que se abría en la avenida de los Poblados para realzar la entrada a la prisión, pasamos la noche en pie media docena de periodistas. En nuestra vigilia vimos entrar a Silvia Carretero, embarazada de tres meses, que venía de la prisión de Yeserías donde estaba recluida para despedirse de su pareja, Sánchez Bravo, y muy de madrugada a los padres de Baena bajándose de un taxi que los traía desde Vigo. Nosotros habíamos estado siguiendo en el despacho de abogados de Cristina Almeida, en la calle Españoleto, las gestiones a la desesperada para movilizar a personalidades relevantes en favor de la solicitud de clemencia que pudieran ser escuchadas por Franco. Así que cuando por la tarde la radio informó de que el Consejo de Ministros había dado el «enterado» a las sentencias de muerte, quedó confirmado que los telegramas, las llamadas, las súplicas habían sido desoídos. Algún pragmático empezó en ese momento a preparar allí mismo los detalles funerarios que seguirían a las ejecuciones de quienes pasaban a ser puestos «en capilla».

Invadidos por la sensación de lo irremediable y frustrados por la impotencia, algunos periodistas decidimos abandonar el despacho de Españoleto para apostarnos en la entrada de la prisión donde estaban los reos. Entre los colegas que fuimos, recuerdo bien a Román Orozco, del semanario Cambio 16, y a Friedrich Kasseber, corresponsal del Süddeutsche Zeitung, porque ellos me acompañaron en el Mini blanco del que entonces disponía, siguiendo al convoy militar cuando se puso en marcha al amanecer hacia el lugar señalado para las ejecuciones.

Antes, habíamos acudido a la rueda de prensa con el ministro de Información y Turismo, Herrera Esteban. La expectativa del horror había desbordado la sala de periodistas españoles y de corresponsales y enviados especiales de agencias, emisoras de radio y canales de televisión. Carlos Fonseca, en su libro Mañana cuando me maten, ha recuperado el ambiente y la transcripción de lo que allí sucedió a partir de los archivos oficiales[11]. El ministro, al entrar, se dirigió al estrado, tomó asiento y procedió sin más a leer un comunicado que decía:

El Gobierno, en relación con cuatro causas instruidas por la jurisdicción militar por delitos de terrorismo y de agresión a fuerza armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por «enterado» de la pena capital impuesta a José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ángel Otaegui Echevarría y Juan Paredes Manot.

Su Excelencia el jefe del Estado, de acuerdo con el Gobierno, se ha dignado ejercer la gracia del indulto a favor de los también condenados a la pena capital Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Penelas, Manuel Cañaveras de Gracia y José Antonio Garmendia Artola.

León Herrera subrayó cómo la prerrogativa que con arreglo a la ley tenía el Jefe del Estado no comportaba que hubiera de ser fundada. Es decir, que se abstendría de fundamentarla. En cuanto a las campañas extranjeras, así las llamó, que con ocasión de las sentencias que imponían estas penas de muerte se habían desencadenado a escala internacional, precisó que su objetivo no era el Gobierno, ni el Estado, sino el de siempre a través de los siglos: España. Distinguió el ministro entre las manifestaciones, ultrajes y atentados que merecían su desprecio y las peticiones de clemencia y gestiones diplomáticas oficiales que se habían hecho en tonos aceptables, con una sola excepción que no mencionó. Era la de México, cuyo presidente había solicitado la expulsión de España de Naciones Unidas. Se abrió el turno de preguntas. La primera fue de Felipe Navarro, Yale, entonces en Nuevo Diario, a quien preocupaba que quedaran desmentidas las dimisiones de ministros de las que había hablado la BBC.

Yo formulé la segunda tal como la transcribe Fonseca. Lo hice recordando al ministro el Código de Justicia Militar, del que por aquellos días llevaba siempre conmigo un ejemplar, cuyo artículo 871 disponía que la notificación y cumplimiento de la sentencia correspondía a la autoridad judicial militar y que preceptuaba además que la pena de muerte «se ejecutará de día y con publicidad transcurridas al menos doce horas de haber sido comunicada a los reos». Por eso peguntaba a continuación cómo se iba a cumplir con esos requisitos. El ministro se limitó a decir: «Se cumplirán las normas del Código de Justicia Militar», de acuerdo con el precepto que yo acababa de invocar. Después rogó que no hubiera coloquio sobre un asunto tan importante y delicado y zanjó el debate. Concluyó manifestando que la autoridad militar cumpliría lo previsto para la notificación de la sentencia a reos y a partir de ahí contaría el plazo de doce horas para la ejecución.

Quienes nos habíamos apostado en la puerta de la prisión de Carabanchel con las primeras luces del amanecer vimos salir de la prisión a los familiares que habían acompañado en esas horas finales a los sentenciados en capilla y empezó a formarse el convoy de vehículos para su traslado. No sabíamos dónde serían los fusilamientos, si en algún cuartel cercano o en el de Cuatro Vientos, hasta que algunos abogados nos dijeron que el lugar fijado para las ejecuciones era Hoyo de Manzanares. El itinerario estaba flanqueado a uno y otro lado de la carretera de La Coruña por guardias civiles cada doscientos metros en los arcenes y en una línea paralela tierra adentro. A los pasajeros del Mini blanco antes mencionado nos detuvieron hasta cinco veces para impedirnos continuar ese camino. En cada ocasión, exhibía el Código de Justicia Militar abierto por la página donde aparecía el artículo 871 y argumentaba a los soldados que éramos periodistas y que las ejecuciones eran públicas. Ellos consultaban a sus mandos a través de unos aparatosos teléfonos de campaña y acababan franqueándonos el paso, la última vez donde empezaba la pista de tierra, en el polígono de tiro de El Palancar. El camino serpenteaba por un terreno irregular y mientras llegábamos al altozano escuchamos las detonaciones sucesivas de los pelotones de fusilamiento. Al bajarnos del coche pudimos ver abajo en la hondonada los tres cadáveres y los pelotones, como ya se ha dicho, junto a sus vehículos de transporte. Luego, en el cementerio municipal de Hoyo de Manzanares asistimos a la entrega de los cadáveres a sus familiares. Estaban en unos ataúdes destapados hechos con tablas sin pulir ni barnizar, con la indumentaria que llevaban ante los pelotones de fusilamiento. Se veían los orificios de entrada de las balas. Estos aún goteaban sangre, la cual, a través de las tablas de los ataúdes, llegaba a las lápidas de las tumbas sobre las que habían sido depositados. Escuché a un comandante del Ejército expresar sus condolencias a los padres de José Humberto Baena.

Pero los guardias civiles y policías armados que encontramos sumidos en la desolación en aquel altozano del polígono de tiro de El Palancar no estaban allí forzosos, bajo la disciplina de la obediencia debida. Todos se habían presentado voluntarios para ser los ejecutores de las penas de muerte, dictadas por la jurisdicción militar en consejos sumarísimos. Unas penas a las que el Gobierno, reunido la víspera en el Palacio de El Pardo bajo la presidencia del general Franco, ya muy tocado por la enfermedad, había sido unánime en dar el «enterado». De modo que el Generalísimo iba a cerrar sus actuaciones como las había iniciado cuarenta años atrás: con fusilamientos al amanecer.

Era el prestigio del terror, que Arturo Soria y Espinosa explicaba como clave fundamental para entender la perduración del régimen, y reaparecía con toda su brutalidad en las postrimerías del franquismo, desmintiendo que la dictadura se hubiera dulcificado. Era una dictadura atemperada por el incumplimiento de las leyes, salvo cuando hiciera falta aplicarlas con la severidad que mejor conviniera para escarmiento de la población. Debió de juzgarse que había necesidad porque el Caudillo fundador del régimen ofrecía en vísperas de su inminente adiós para siempre adiós esa última lección inequívoca para consuelo y seguridad de sus más fieles. Había prometido aquello de «mi pulso no temblará» cuando fue exaltado a la Jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936 y, cuarenta años después, quedó claro que en absoluto le temblaba al confirmar el 26 de septiembre la pena capital a cinco de los diez condenados por la jurisdicción castrense.

Esta cuestión del pulso firme la tenía bien asimilada el meritorio tecnócrata Laureano López Rodó, quien en el primer tomo de sus memorias, titulado La larga marcha hacia la Monarquía[12], daba cuenta de los rumores que comenzaban a filtrarse en la segunda quincena de octubre sobre la salud de Franco y de la crecida de los temores de un próximo desenlace. Por eso hasta Viena, donde estaba de embajador, le había llegado la primera alarma producida el viernes día 17 de octubre de 1975 al saberse que el Consejo de Ministros se había reducido a veinte minutos ante la indisposición del Generalísimo. Refiere López Rodó que el domingo 19, a las siete de la tarde, el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, despachaba con Franco y le insinuaba la conveniencia de dejar la Jefatura del Estado a la mayor brevedad. También que el jefe de la Casa Civil, Fernando Fuertes de Villavicencio, entraba durante ese despacho para consultar el texto de la nota que debía darse a la prensa sobre el estado de salud de Franco. El interesado dijo que ninguna falta hacía alarmar al país porque se encontraba muy bien. Arias le argumentó que el país ya estaba alarmadísimo y que esa nota tenía por objeto, precisamente, hacer desaparecer la alarma. Entonces, indica López Rodó, «Franco dio su conformidad a que se publicase, siempre que se añadiera que había tenido una entrevista de cuarenta y cinco minutos con el presidente del Gobierno y en su propio despacho de trabajo». Y así se hizo.

Interesante aquí observar la reacción del enfermo, quien consideró innecesario alarmar al país porque se encontraba muy bien. Por completo distinta de la registrada cuando el día de Navidad de 1961, mientras cazaba en los montes de El Pardo, le explotó la escopeta Purley&Sons de fabricación inglesa que le habían regalado. En esa ocasión, cuenta Fabián Estapé en su libro De tots colors[13], que Franco fue llevado al Hospital Central del Ejército del Aire del Buen Suceso, en la calle de la Princesa, donde el doctor Ángel Garaizábal advirtió una fractura abierta del segundo metacarpiano y del dedo índice de la mano izquierda y restó importancia a la avería de la mano derecha. Iba a ser necesario intervenirle con anestesia general, sin ningún riesgo probable; pero, informado Franco, hizo llamar al general Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación, para decirle que el país quedaba en sus manos durante esas horas y pedirle que preparara una nota informativa para emitir en el telediario. El texto redactado de puño y letra por Alonso Vega arrancaba con un doble gerundio: «Estando cazando». De ahí que surgiera el «gerundio de repetición» con el que Estapé embromó a Camilo José Cela durante la cena en casa de su hija.

Recuerda López Rodó que en esos días se hablaba de que Franco tenía gripe, hasta que el martes día 21 de octubre —estamos de nuevo en 1975— se reconoció oficialmente que padecía una insuficiencia coronaria. Cuenta de manera minuciosa su visita en la Zarzuela a don Juan Carlos el jueves 23 de octubre. Enseguida entra en materia. López Rodó le dice al príncipe que en el tema de la transmisión de poderes había dos instancias legitimadas: la facultativa o médica y la institucional. En opinión de quien se erigía en asesor áulico:

[…] los médicos son los llamados a prohibir al enfermo aquello que no puede hacer sin riesgo de su vida. Si el enfermo no obedece han de declinar su responsabilidad. No parece que un enfermo grave pueda ejercer la Jefatura del Estado, sobre todo en unos momentos como los actuales en que el país se enfrenta a muy serios problemas: el Sahara, el terrorismo, etcétera. Siendo el ejercicio de la gracia del indulto prerrogativa personal del Jefe del Estado, no cabe a un enfermo plantearle la papeleta de indultar o no una pena de muerte. Habría que tener un corazón de acero y aun así se conmocionaría ante tamaña decisión. Si los médicos se expresan de modo terminante, obedeciendo solo a imperativos de la deontología profesional, su prescripción facultativa puede hacer mella en Franco y decidirle a la transmisión definitiva de la Jefatura del Estado.

Así que estar en condiciones cardiológicas de mandar al paredón a quien hiciera falta se entendía todavía en el año terminal del tardofranquismo como un requisito de idoneidad indispensable para continuar en el ejercicio del poder. Quien accediera a la Jefatura del Estado necesitaría corazón de acero y pulso sin temblores para enviar frente al pelotón a quien hiciera falta. Afortunadamente, aquellos que, a pesar de cultivar la cercanía de don Juan Carlos, lo consideraban apto para menesteres como el de firmar inconmovible penas de muerte se equivocaban. El caso es que enseguida, el jueves 30 de octubre, la situación terminal del enfermo llevó a la aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado y a que el príncipe asumiera otra vez de manera interina las funciones de la Jefatura del Estado. Por ahí vendría la Operación Lucero, que llevaría hasta la proclamación del rey por las Cortes.

La segunda muerte de Franco, entre la guerra y La Paz

La muerte del Generalísimo le fue administrada por los suyos en dosis cuidadosas, sin ahorrarle padecimientos infligidos con un encarnizamiento que sus peores enemigos hubieran sido incapaces de imaginar. Parecían dar cumplimiento a las maldiciones del poema El general Franco en los infiernos de Pablo Neruda[14].

Las últimas vacaciones de 1975 se habían iniciado como siempre con la recepción del 18 de julio en los jardines del Palacio de La Granja, con el espectáculo del agua de las fuentes corriendo y las interpretaciones de algunos fragmentos de zarzuelas a cargo de la Orquesta Nacional o la banda del Regimiento de la Guardia y los Coros de la Sección Femenina atacando el «lagarteranas somos, venimos todas de Lagartera». Pero todavía, en los últimos días del mes, Franco consideró conveniente proceder a la prórroga de la legislatura que debía caducar en noviembre y extendió su vigencia hasta el 16 de marzo de 1976, mediante un decreto-ley de 31 de julio, oída la Comisión Permanente de las Cortes y el Consejo del Reino. Obsérvese la extravagancia porque las cámaras legislativas se eligen para un periodo que puede acortarse mediante la decisión del Gobierno de convocar nuevas elecciones, pero en el régimen franquista, en vez de proceder a disolver las Cortes, el Gobierno tenía potestad para decretar la prórroga de la legislatura (conviene recordar que, después de la proclamación del rey, el Gobierno solicitó una segunda prórroga que el Consejo del Reino extendió hasta el 16 de junio de 1977).

El caso es que, terminado el recreo disfrutado en el Pazo de Meirás, a finales de agosto de 1975 el general Franco y todo su séquito regresaron a Madrid como si barruntaran los acontecimientos que iban a precipitarse y no quisieran perdérselos. La traca final se abría con los fusilamientos ya comentados.

A partir de ahí estalló la protesta internacional contra el régimen, de una violencia más allá de la esperada, y se orquestó una manifestación de apoyo a Franco el 1 de octubre con salida al balcón del Palacio sobre la plaza de Oriente para corresponder a las aclamaciones. Entraba también en el calendario la VIII Ronda de Negociaciones Hispano-Norteamericana para la renovación de los acuerdos de Defensa; y se precipitaba hacia el conflicto abierto el asunto del Sahara, sobre el cual se pronunciaba el Tribunal Internacional de La Haya en términos favorables a España, pero que, convenientemente retorcidos por el rey Hasán II de Marruecos, eran aducidos como si le dieran la razón.

La madrugada anterior a la del 16 de octubre, fecha en la que Hasán II hacía el anuncio de la Marcha Verde, Franco había tenido un «infarto silente» certificado por el doctor Vicente Pozuelo Escudero, pero que tardaría seis días en saberse. Pero ni por esas se había alterado la rutina de las audiencias civiles de los miércoles, que resultarían ser las últimas oficiales celebradas en El Pardo. En aras del disimulo, ese día a lo largo de dos horas y media, además de a tres comisiones Franco recibía al ministro de Obras Públicas de Venezuela, a Gregorio López Bravo, al embajador en Lisboa Antonio Poch, cuya residencia en el Palacio de Palhava había ardido en las protestas por las penas de muerte del 27 de septiembre, a Emilio Lamo de Espinosa, a Pedro García Pascual, a José Luis Ramos Figueroa y a José María Trenor. Como puede verse, todos ellos eran encuentros inaplazables.

En respuesta al anuncio del rey de Marruecos, el ministro del Movimiento, José Solís Ruiz, la sonrisa del régimen, era destacado a Rabat como bombero, mientras el titular de Exteriores, Pedro Cortina, iba de sorpresa en sorpresa. En paralelo, el lobby español al servicio de Marruecos, que incluía a un relevante financiero de cuyo nombre nadie ha querido acordarse, funcionaba a toda máquina. Se celebraba Consejo de Ministros el viernes 17, con Franco conectado a un monitor para que los médicos siguieran desde otra sala el electrocardiograma. El domingo 19, sufría una fuerte crisis de extrasístoles y, según anota Laureano López Rodó en su libro Claves de la transición, le confesó al fiel Maximino González, su ayuda de cámara: «Esto se acaba». Cumplía con el precepto dominical acudiendo a la misa que celebraba su capellán, el catalán monseñor José María Bulart, y recibía de sus manos los últimos sacramentos, por sugerencia de Carmen Polo.

El lunes 20 el príncipe visitaba a Franco durante veinticinco minutos para tratar de la Marcha Verde. Esa madrugada del martes 21 sufría un nuevo infarto y, al fin, seis días después del primer infarto silenciado, se difundía el primer parte médico sobre la salud del jefe del Estado, que era del siguiente tenor enigmático:

En el curso de un proceso gripal, S. E. el Jefe del Estado ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda, que está evolucionando favorablemente, habiendo comenzado ya su rehabilitación y parte de sus actividades habituales.

Interesa contrastar esta versión para niños con la original que había redactado el equipo médico habitual, que rezaba así:

En la madrugada del día 15 de octubre de 1975, S. E. el jefe del Estado sufrió un episodio de insuficiencia coronaria aguda y en el electrocardiograma se detecta una zona eléctricamente inactiva de tercio medio del inferior del tabique y de cara diafragmática con confirmación analítica.

La versión autorizada que más arriba se transcribe seguía la pauta del antiperiodismo depurado porque carecía de referencia alguna a la fecha de inicio del proceso, eludía el término infarto que hubiera dado una pista comprensible por el público, enmascaraba la realidad con el recurso a una jerga profesional indescifrable fuera del círculo de los entendidos y daba cuenta de la vuelta a unas actividades habituales sin que nadie hasta ese momento hubiera informado de que hubieran sido abandonadas. Esa tarde, sin respetar la prescripción de reposo absoluto ordenada por los médicos, Franco recibía al presidente Carlos Arias y durante ese despacho, según precisa López Rodó, Arias le habría planteado la conveniencia de que dejara la Jefatura del Estado porque disminuían sus fuerzas, merecía descansar y debiera pensar en su propia vida.

Cuando la tromboflebitis de julio de 1974 motivó el traslado del jefe del Estado a la clínica privada de la Ciudad Sanitaria que llevaba su nombre, se permitió que la prensa pudiese cubrir minuto a minuto las distintas fases por las que atravesaba el paciente. En la enfermedad postrera, sin embargo, se optó por la fórmula inversa: trasladar al Palacio de El Pardo los equipos y el material clínico necesarios para el tratamiento del enfermo. De esta forma, el entorno familiar estableció un cerco infranqueable que bloqueaba el acceso y la información.

La crónica transmitida el martes 4 de noviembre indicaba que a media tarde de la víspera, lunes día 3, comenzó a circular la noticia de un súbito agravamiento del general Franco y los rumores sobre una inminente operación quirúrgica, cuyos preparativos fueron detectados desde distintos centros hospitalarios. La radio y la televisión dieron las primeras noticias a las 20.45 horas. Hasta ese momento los avances informativos y «diarios hablados» se habían limitado a repetir los comunicados de las casas Civil y Militar, según los cuales el general Franco pasaba la tarde descansando. Finalmente, a las 2.30 horas de la madrugada del martes 4 se dio a conocer un nuevo parte médico que daba cuenta del cuadro hemorrágico digestivo incoercible y asimismo de la decisión, ante el fracaso de la terapéutica conservadora, de llevar a cabo una intervención quirúrgica. La televisión prolongó dos horas sus programas para poder informar a sus espectadores. La intervención fue practicada a las 21.30 horas por el profesor Manuel Hidalgo Huertas, con la colaboración de los doctores Francisco Cabrero Gómez y Gabriel Artero Guirao, en el quirófano del Regimiento de la Guardia de Palacio previamente acondicionado. La información oficial precisa que en la intervención se objetivó la existencia de una úlcera gástrica aguda localizada en la parte anterior del estómago, que al interesar la arteria gastroepliploica izquierda era responsable del cuadro hemorrágico. Por vía intragástrica —añade— se practicó sutura oclusiva de la úlcera sangrante y arteria acompañante. Comprobándose la cesación de la hemorragia. La intervención fue bien tolerada. Con esporádicas alteraciones electrocardiográficas severas. Durante la operación se le trasfundieron 7,5 litros de sangre. Otras informaciones no oficiales hablaban del cáncer de sigma (la parte final del colon) que al parecer le fue diagnosticado a Franco en el curso de su anterior enfermedad y aseguraban que durante esta intervención quirúrgica le fue extirpado.

Más allá de todos estos entrebastidores, a partir de la difusión del primer parte médico se fue generando por las tardes en el entorno de El Pardo una concentración cada vez más numerosa de periodistas de agencias, diarios, semanarios, emisoras de radio y de televisión, además de los corresponsales y enviados especiales de medios europeos y americanos. Entre los que cabe citar a Linda Hermann, del National Zeitung; Elizabeth Gutt, de la agencia alemana DPA; François Pelou, de la Agence France-Presse (AFP); Harry Debelius, de The Times; Philippe Nourry, de Le Figaro; Kess van Bemmelen, del diario holandés De Telegraaf; Richard Eder, de The New York Times; Miguel Acoca, del Washington Post; Robert Graham, del Financial Times; Paolo Bugialli, de Il Corriere della Sera; Walter Haubrich, del Frankfurter Allgemeine Zeitung; Volkhart Müller, de Der Spiegel; y José Antonio Nováis, de Le Monde. Muchos de ellos ya estaban siendo amenazados, según señalaba en una nota, fechada el 18 de octubre, la directiva de la Agrupación de Corresponsales Extranjeros en España. Porque el régimen transformaba invariablemente cualquier información crítica o referente a las actividades de la oposición democrática en una afrenta a España que reclamaba respuesta de todos los españoles de bien.

La grey periodística se desplegaba de anochecida junto a las tapias del Palacio de El Pardo. El amplio bulevar que discurre en paralelo a su perímetro era una sucesión de terrazas como las del Mesón del Gamo o la de La Marquesita, convertidas en mentideros donde averiguar, contrastar y comentar las novedades y vicisitudes clínicas de la enfermedad de Franco. Así que bajo el convencimiento generalizado de que a la segunda iba la vencida, los efectivos periodísticos iban en aumento. Como estábamos en la prehistoria de las nuevas tecnologías de la información —faltaban años para que el móvil hiciera su aparición—, para aliviar las necesidades más elementales la Compañía Telefónica procedió a emplazar allí un tráiler con veinte cabinas de pago cuyo uso se brindaba a los informadores. Desde esas cabinas atendíamos muchas tardes los requerimientos de Moncho Goicoechea, que había sido compañero de la redacción del diario Madrid, donde mantenía una columna diaria bajo el título «H de humor». Después de que el Gobierno cerrara el periódico el 25 de noviembre de 1971, se instaló en París, donde trabajaba para Radio France. Llamaba con ansias de primicia y en un par de ocasiones, cuando los partes médicos reflejaban agravamientos, pronosticamos que a la hora de su informativo ya se habría producido el óbito, y Moncho le dio por muerto en antena dos veces antes de tiempo.

Era muy de ver la dueña de La Marquesita, sentada al fondo de la barra del local, con su chal negro de punto calado, una prenda clásica de los pueblos de Castilla muy habitual en las viudas. La señora permanecía a la escucha con atención casi religiosa del parte correspondiente del equipo médico habitual. Solo después hacía sus encargos a la panadería. Cuando el estado del General se agravaba, doblaba o triplicaba su encargo de pan; cuando mejoraba, se atenía a lo acostumbrado. El caso es que a las tardes de El Pardo acababan sumándose curiosos en tropel y después llegaban los feriantes con sus puestos de churros, golosinas, chucherías, azúcar de algodón, almendras garrapiñadas, mantecadas, objetos piadosos, postales, biografías del Caudillo, bocadillos y bebidas varias para atender a los congregados con la misma neutralidad que sus antecesores habían ofrecido sus productos al público que el 10 de mayo de 1931 seguía la quema de los conventos sin perder detalle, según cuenta Josep Pla en las páginas de Madrid, el advenimiento de la República[15]. Hasta que un día advertimos cómo los de la Guardia de Franco se pasaban del otro lado de la tapia para expulsar con cajas destempladas a los mercaderes del templo.

El vestíbulo de la Clínica La Paz era el otro polo de alta tensión informativa en aquellos días. Pero a diferencia del bulevar de El Pardo, que era de libre acceso, la entrada al establecimiento sanitario estaba rigurosamente vigilada, sin opción alguna para quienes no pudieran justificar su misión periodística. Allí arrumbados en las butacas consumían las horas de espera informadores del cuaderno de notas y de la cámara de fotos, viendo pasar ministros y altos cargos que subían o simulaban subir hasta la planta donde Franco estaba ingresado. Para muchos era importante que de su paso por la clínica quedara registro gráfico y que la imagen de su entrada o salida apareciera en los informativos de TVE o en las páginas de los diarios de circulación nacional, en particular en las de huecograbado del ABC. Ese afán tenía que vencer la desidia de los fotógrafos, cuyo umbral de sensibilidad se había adormecido con el paso de los días. De modo que apenas se conmovían ni siquiera con los ministros. Así que algunos aspirantes a personajes volvían a probar suerte repitiendo el paseíllo por ver si levantaban la curiosidad y eran fotografiados o captados por las cámaras de televisión. Porque solo así tenían posibilidades, cobraban aire de figuras impresas o televisivas y podían hacerlo valer ante quien correspondiera.

Como en tantas ocasiones, sucedía que el peor enemigo a falta de datos estaba incapacitado para llevar a cabo lo que cumplía con creces el propio interesado aportándolos espontáneamente de primera mano. Asombra, en ese sentido, la referencia de López Rodó a la entrevista con don Juan Carlos celebrada en la Zarzuela el 23 de octubre, en la que se podría interpretar que consideraba de primera necesidad que en la Jefatura del Estado hubiera alguien en plenitud de facultades a quien no temblara el pulso para seguir enviando al paredón cuantos reos hiciera falta.

El martes día 28 se agravó el pronóstico médico y, según refiere el doctor Vicente Pozuelo en su libro Los últimos 476 días de Franco[16], el jueves 30, al terminar de hacerle una radiografía abdominal, Franco preguntó a los médicos qué tenía. Le contestaron que se le había producido un infarto de miocardio, a lo que se sumaba una complicación intestinal grave. Entonces dijo que se aplicara el artículo 11. Los médicos dieron cuenta a su familia y al presidente del Gobierno y, conforme disponía ese artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado para las ausencias del jefe del Estado o en caso de enfermedad, debía asumir «sus funciones el heredero de la Corona o en su defecto el Consejo de Regencia», con obligación del presidente del Gobierno de dar cuenta a las Cortes. De manera que fue el mismo enfermo quien decidió que el príncipe volviera a asumir las funciones de la Jefatura del Estado a título provisional, como en julio de 1974, cuando estuvo interino apenas veinte días sin ser informado de que Franco reasumía sus poderes.

La apertura y cierre de las puertas de cristal del vestíbulo de la Clínica La Paz se accionaba mediante una célula fotoeléctrica, para permitir que unas gráciles azafatas, después de ponderar la importancia del visitante, lo recogieran a pie de coche y lo encaminaran donde correspondiera, al mismo tiempo que dulcificaban la efigie de los guardias civiles encargados de comprobar la identificación de cuantos accedían al centro. En resumen, el vestíbulo de la Residencia Sanitaria parecía un coleccionable urgente de los cuarenta años del régimen. Vale la pena recuperar el rito que precedía a la entrega de los partes médicos. El «equipo habitual» de facultativos, con sus batas blancas y sus zuecos de trabajo, cruzaba el vestíbulo hacia la sala donde tenían su despacho el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Trabajo, Fernando Suárez, quien, como presidente del Instituto Nacional de Previsión, oficiaba en calidad de señor de la casa. Hasta ese despacho afluían también el jefe de la Casa Civil, Fuertes de Villavicencio; el de la Casa Militar, general José Ramón Gavilán; el taquígrafo de Su Excelencia, Manuel Lozano Sevilla; y el hombre encargado de canalizar la información, Mariano Rioja.

El parte se redactaba primero a mano y allí mismo se pasaba a máquina y se hacían dos copias. Salían después los médicos, que en el vestíbulo eran asediados por periodistas, cámaras y fotógrafos. Todos se esforzaban por controlar sus músculos faciales, conscientes de que una mueca o un rictus podía suscitar interpretaciones inmediatas y disparar una ola de rumores. Mientras tanto, el ministro de Información, Herrera Esteban, acompañado por el de Trabajo, daba lectura en el aula magna al parte. Fuera del estrado, de pie, Lozano Sevilla, a quien había correspondido leer los partes durante la estancia de Franco en la Ciudad Sanitaria que llevaba su nombre cuando la tromboflebitis de 1974, comentaba invariablemente: «Muy bien leído, con muy buena voz; muy bien leído».

Los asuntos se acumulaban en la semana que acabaría precediendo a la muerte de Franco. Sucedía el procesamiento del director del diario Ya de la Editorial Católica, Alejandro Fernández Sordo, por un artículo de Tácito —pseudónimo colectivo que amparaba a una suma de personalidades afines a la democracia cristiana—; se producían los secuestros en cadena de publicaciones; el ministro del Movimiento, José Solís, hacía declaraciones al diario francés L’Aurore de talante «aperturista», y afectado por una sospechosa gripe posterior, quedaba retirado del primer plano; uno de nuestros saharauis preferidos, el Jatri, se pasaba al rey Hasán II de Marruecos y le rendía vasallaje; se adelantaban las previsiones para que los excombatientes rindieran su tributo final cuando llegara el momento en el Valle de los Caídos; la extrema derecha prodigaba sus agresiones, por ejemplo, a la prensa extranjera; eran trasladados a prisiones militares los jefes y oficiales encausados por pertenencia a la UMD…

Así llegamos a la noche del 19 al 20 de noviembre de 1975, en la que se producía el que se denominaba eufemísticamente «hecho biológico», a partir del cual se desencadenaban las «previsiones sucesorias». Es decir, en la Ciudad Sanitaria de La Paz moría Francisco Franco, ocupante de la Jefatura del Estado durante casi cuarenta años. Franco había padecido una agonía larga y extremadamente cruel. Con ochenta y dos años había sufrido varios infartos y tres operaciones a vida o muerte. Del encarnizamiento dejaron constancia gráfica las fotos aparecidas en La Revista dirigida por Jaime Peñafiel, pagadas a precio de oro a quien puede imaginar el lector. Se cumplía así una inverosímil justicia poética y se advertían resonancias del Huerto de los Olivos cuando aquello de «quien a hierro mata, a hierro muere». En cuanto a los periodistas, dígase que aprendieron en unas semanas sobre algunas patologías, de las «heces en forma de melena» y de las «recidivas» más que muchos médicos internos residentes en años.

De las últimas horas pasadas en el vestíbulo del hospital di cuenta en la crónica enviada el jueves 20 que publicó La Libre Belgique en su edición del viernes 21. Decía que a ratos, un mes después del inicio de la agonía de Franco, los periodistas en vela en el hospital de La Paz jugaban al ajedrez. Hacia las cuatro de la mañana, los jefes de las casas Civil y Militar del Caudillo y otros ayudantes llegaban a bordo de tres coches. Dejando presagiar que la muerte era inminente, si es que no había sobrevenido ya. A las 4.15 horas la noticia se daba de modo oficioso. Una hora más tarde el presidente del Gobierno, Arias Navarro, llegaba al hospital. Llevaba una corbata negra. Cabizbajo, el semblante grave. Arias se precipitó en el vestíbulo para dirigirse a la primera planta, reservada al general. Algunos minutos antes el marqués de Villaverde —Cristóbal Martínez-Bordiú, yerno del Caudillo y cirujano de La Paz— había abandonado el edificio en un vehículo militar para dirigirse a El Pardo y hacer saber a la familia de Franco que había muerto. El ministro de Justicia, José María Sánchez-Ventura, «notario mayor del Reino», llegaba después para proceder a levantar acta del fallecimiento. A las 5.45 horas se presentaba Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes y del Consejo de Regencia, que en nombre del príncipe debería gobernar el país hasta la jura de don Juan Carlos. A las 5.55 horas, pocos minutos antes de que las diferentes emisoras de radio se conectasen para emitir el mensaje del ministro de Información, Herrera Esteban, apareció el exministro Silva Muñoz, del ala derecha de la democracia cristiana, que dijo haber tenido noticia por los periodistas. Enseguida aumentó el número de policías asignados a la custodia del hospital y Radio Nacional dio cuenta del último parte médico en su boletín de las seis. Pero la noticia de la muerte de Franco seguía sin hacerse pública. Se señalaba en antena que el Caudillo vivía sus últimos momentos. A las 6.20 horas, las emisoras de radio conectaban para transmitir el mensaje del ministro Herrera anunciando la muerte del General, seguido del himno nacional y de la emisión de música sinfónica. A las 7.25 horas, un furgón de los servicios funerarios municipales entraba en el recinto del hospital por la puerta de urgencias. Ya amanecido, un conserje colocó la bandera española a media asta. Eran cerca de las ocho de la mañana cuando apareció un coche mortuorio luciendo el banderín con el escudo de armas del General. Una veintena de coches oficiales se sumaron. Durante varias horas los curiosos se agruparon a las puertas del hospital. Enfermeras y enfermos se asomaban a las ventanas para seguir los acontecimientos. Llegaban guardias civiles con brazaletes negros de luto. A las 11.30 horas, seis enfermeros aparecieron portando el féretro de Franco. Después de dos semanas de agonía, dejaba La Paz por el Palacio de El Pardo. El ataúd de caoba estaba decorado con una gran cruz de madera. Doscientos curiosos lo vieron alejarse. Más allá Madrid despertaba en la niebla, el cielo estaba despejado. Al frío de la noche había seguido un calor tibio. Los madrileños, como de costumbre, habían ido a sus trabajos. Solo las actividades escolares fueron interrumpidas. Largas filas se formaron delante de los kioscos y las librerías para hacerse con las ediciones especiales de los diarios. Banderas a media asta eran izadas por todas partes. Frente al palacio de Oriente, unos obreros levantaban un estrado que el domingo siguiente serviría para que se celebrase la misa al aire libre por el difunto.

El jueves 20, el último parte, en que se certificaba su defunción, era un compendio de todos los males que habían acabado sumándose:

Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes, con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis íleofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Paro cardiaco.

El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, comparecía a media mañana ante las cámaras de TVE para dar la noticia. Haciendo pucheros y con tenue vocecita decía: «Españoles, Franco ha muerto». Hora es ya de reconocer sus dotes de interpretación, más aún cuando fue necesario repetir la toma y Arias, como un actor consumado, probó su capacidad de volver a los pucheros y al llanto de la primera versión. En los regímenes autoritarios de carácter personal, la lógica aristotélica encuentra resistencias para su aplicación a quienes los encarnan. En efecto, el silogismo parte de la premisa universal de que todo hombre es mortal, pero a los incondicionales les cuesta mucho aceptar la segunda premisa, es decir, que Franco, Chávez o Castro sean hombres. Porque si hicieran ese reconocimiento, de la suma de las dos premisas se deduciría la conclusión inexorable de su naturaleza mortal, por muy fundadores que hayan sido del régimen que sea.

En sociología como en botánica hay instituciones de hoja perenne y de hoja caduca. Los regímenes personales se inscriben en las de esa segunda categoría, afectada por la caducidad y su duración se averigua improrrogable más allá de la fecha de defunción del autócrata. Cuanto más se proclama la perennidad de un régimen, más queda al descubierto su inexorable caduquez. Entre nuestros mayores aún resuena el preámbulo de la Ley de Principios del Movimiento, promulgada el 17 de mayo de 1958, que empezaba «Yo, Francisco Franco, caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia», y que en su artículo primero declaraba (que esos principios eran) «por su propia naturaleza, permanentes e inalterables». El almirante Luis Carrero Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia y luego presidente del Gobierno, consideraba que esa expresión enunciaba el descubrimiento del «movimiento continuo». En efecto, el sucesor —sostenía Carrero— para llegar a serlo había de jurar los Principios y garantizar su vigencia, de modo que si osara apartarse de ellos quedaría deslegitimado para ejercer como jefe del Estado. Pero todas estas garantías de perennidad resultaron ser «verduras de las eras», por decirlo a la manera de Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre.

La decisión de desconectar a Franco el 20 de noviembre fue adoptada por el «yernísimo» Cristóbal Martínez-Bordiú, que se había puesto al frente del equipo médico después de retirar el año anterior por las bravas a Vicente Gil, médico personal de Franco durante tantos años. El propósito cumplido era que la fecha del certificado de defunción coincidiera con el «día del dolor» que señalaba en el santoral del régimen el día del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en la prisión de Alicante en 1936. Los españoles fueron informados de que se apagaba «la lucecita de El Pardo» y también del programa de actos fúnebres que seguiría. A partir de ese momento se desencadenaba la Operación Lucero diseñada por los servicios de inteligencia, el Servicio Central de Documentación (SECED), para garantizar con todo detalle el interludio entre la muerte de Franco y la proclamación del rey ante las Cortes. Nada fue dejado al azar. Todo funcionó como un mecanismo de relojería, pero desde el primer momento se averiguó la imposibilidad del continuismo y prevaleció el propósito de cambiar el sistema para homologarlo con las democracias del entorno europeo.

Un factor fundamental era el control de los tiempos y la comprobación de los detalles. En particular, en aquella madrugada en la que se congeló la información durante algunas horas para proceder al embalsamamiento y obtener la localización de la lápida de la sepultura. Era de piedra blanca y de un peso estimado de 1500 kilos, gemela de la dispuesta sobre el enterramiento de José Antonio Primo de Rivera, con la que debía hacer pendant. Había sido labrada al mismo tiempo en 1959 por los meritorios canteros hermanos Estévez. A Franco ver la losa destinada a cubrir su tumba le daba mal fario; así que, apercibido el arquitecto Pedro Muguruza, procedió a ordenar que fuera retirada. Al fin, quedó depositada en una nave de Becerril de la Sierra, pero dieciséis años después se había perdido casi por completo su rastro.

El caso es que esa madrugada nadie sabía dónde estaba la losa. Cuenta el ingeniero de caminos Joaquín Vázquez que su constructora estaba haciendo unas obras de menor cuantía en el Palacio de la Zarzuela y que los integrantes de esas cuadrillas de operarios habían tenido que pasar por la lupa de los servicios de seguridad. De manera que el jefe de la Casa Civil, Fernando Fuertes, lo llamó pidiéndole que, esa mañana, en vez de ir a Zarzuela se presentaran en el Valle de los Caídos con el fin de preparar todo lo necesario para el enterramiento. Cuentan que estaba dispuesto que la fosa tuviera doce metros de profundidad, pero que cuando llegaron a los cinco metros encontraron una conducción de aguas fecales. Los operarios se detuvieron en esa cota y así resultó que Franco, dos días después, quedaba enterrado sobre una alcantarilla.

Para tomar ventaja en ese momento del entierro se estaba preparando la Delegación Nacional de Excombatientes, que, con el teniente general Tomás García Rebull al frente, hacía saber que continuaban vigentes las normas y consignas dadas y que procedía entregar a sus afiliados los correspondientes brazaletes de seda con la bandera de España y el escudo de la Confederación, para que sirviera de distintivo en los posibles actos oficiales futuros. Girón de Velasco —el León de Fuengirola y máximo valedor de la «revolución pendiente»— se había ido unos días antes, el domingo 14, a Sama de Langreo (Asturias) para tomar impulso. Al final podía decirse, conforme al capítulo XXVII de la segunda parte del Quijote, que «no rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde».

Las horas que tardaron en hacer pública la muerte de Franco les permitieron proceder al embalsamamiento y decidir sobre otros pormenores fúnebres, de modo que por la tarde quedara instalada la capilla ardiente en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde el cadáver en uniforme de capitán general iba a ser velado durante cuarenta y ocho horas en turnos muy escogidos entre lo más granado del régimen. En su invariable tradición, el público de la Villa y Corte, que de ninguna manera quiere perderse nunca detalle, se ponía en una fila que se iniciaba en la plaza de la Armería y por las calles de Bailén y Mayor llegaba hasta la Puerta del Sol. Cualquier observador de aquellos momentos podría coincidir con el dictamen de Julio Cerón —el diplomático excluido del escalafón de la carrera como pena accesoria de su condena como fundador del Frente de Liberación Popular (FLP), el Felipe, por un consejo de guerra—, según el cual: «Cuando murió Franco, el desconcierto fue grande. No había costumbre».

En el ámbito de la prensa, los más disciplinados se mostraban compungidos y así uno de los columnistas de referencia en el diario Arriba, cabecera de la cadena del Movimiento, escribía: «Madrid, Fernando, hijo mío, era una ciudad sitiada por la pena». Otros calculaban que el sistema sería improrrogable sin Franco y esperaban que el rey viniera vacunado con el ejemplo de su abuelo Alfonso XIII, que había dado paso al general Miguel Primo de Rivera, venido de Cataluña, para caer con él, y con los de otros que se alinearon con regímenes autoritarios y corrieron para terminar en la misma suerte del exilio. La monarquía del Movimiento era un contrasentido con un radio de acción muy corto. Pensaban que don Juan Carlos se ganaría la corona si renunciaba a los poderes dictatoriales que había recibido, más bien propios de una monarquía alauita, y buscaba la manera de homologarse con las monarquías democráticas de los países nórdicos.

Pero todo estaba en el aire. Franco había recibido sus poderes de una Junta de Defensa en octubre de 1936 y a su muerte, treinta y nueve años después, en alguna medida el poder revertía a los militares que se sentían investidos de la extemporánea función de guardianes del régimen que Franco les encomendó el 27 de mayo de 1962, cuando la mencionada concentración de Alféreces Provisionales en el cerro de Garabitas, y su «todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro Ejército». Así que bajo esta consideración el Ejército dejaba de ser el respaldo de la soberanía nacional y de la política exterior para devenir instrumento de coerción limitador de la voluntad democrática. La situación de partida era un campo sembrado de minas, pero al final sucedió que el pronombre posesivo «nuestro» dejó de ser aplicable al Ejército.

El Ejército dejaba de ser el Ejército de Franco y pasaba a ser el Ejército de España. En ese cambio de lealtades, sobre el que escribió con extraordinario respeto Manuel Azaña y que hubieron de hacer los militares de carrera, desempeñaba una función decisiva el rey don Juan Carlos, que asumía el mando supremo en muy difíciles circunstancias. Porque, además, si bien España se declaraba constituida en reino según el artículo primero de la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947, los españoles habían sido educados en la animadversión a la monarquía, en el repudio a la dinastía, en la injuria a su primer titular, el conde de Barcelona, y en el desprecio a quien le seguía en el orden sucesorio, el joven príncipe Juan Carlos, quien se educaba entre nosotros bajo una sobredosis de academias militares, sin título habilitante alguno hasta su designación como sucesor en la Jefatura del Estado el 22 de julio de 1969, lo que suponía el consiguiente descarte de otras opciones como la de Carlos Hugo de Borbón Parma y la de Alfonso de Borbón Dampierre, desposado con la «nietísima», Carmen Martínez-Bordiú.

Esa designación no fue óbice para que, impasible el ademán, la muchachada del Frente de Juventudes siguiera cantando con entusiasmo aquello de «no queremos reyes idiotas / que no sepan gobernar; / lo que queremos e implantaremos: el Estado Sindical». Y toda la cadena de Prensa y Radio del Movimiento encantada de vestirse de progre con el uniforme de la revolución pendiente y la retórica joseantoniana sobre la monarquía como aquel régimen gloriosamente fenecido. El rey tenía que ganarse adhesiones sin suscitar recelos. El campo político estaba dividido entre el búnker, los reformistas y los rupturistas, cuando iban a repartirse de nuevo las cartas.

5

La Transición:
del ¿hasta cuándo? al ¿hacia dónde?

Las Fuerzas Armadas y el cambio de lealtades

No fue un camino de rosas. La Transición avanzaba sin que nadie diera tregua alguna. Cada uno iba a por lo suyo y, desde luego, los terroristas también. Eso de que muerto Franco amanecía otra situación nunca lo tuvieron en cuenta ni los etarras ni los de los Grupos Antifascistas Primero de Octubre (Grapo), que de hecho multiplicaron su actividad dispuestos a alcanzar un grado de provocación capaz de «desenmascarar» la entraña dictatorial de la naciente democracia. Fue muy de ver cómo muchos periodistas y muchos medios, que habían sido de un colaboracionismo atroz durante los años de «buen provecho» franquista, dieron en afanarse con urgencia en la reescritura de su pasado y en hacer méritos retrospectivos cara a la nueva situación.

Maravillaba observar cómo el número y el fervor de los antifranquistas se multiplicaba de forma exponencial una vez muerto Franco. Volvían las lanzadas a moro muerto, el arrimarse a toro pasado para mancharse de sangre la taleguilla. ¡Pero hombre!, dije en alguna ocasión, cuando había que dar la cara era cuando el otro estaba en El Pardo, cuando todavía fusilaba, porque Franco, como decía mi amigo Arturo Soria y Espinosa, se sustentó en último extremo en el prestigio del terror. Empezó a despuntar su carrera fusilando a un legionario cuando mandaba en los años veinte la Primera Bandera y la concluyó dando el «enterado» a las penas de muerte para cinco de los condenados por los tribunales militares en el Consejo de Ministros del 26 de septiembre de 1975, menos de dos meses antes de su segunda y definitiva muerte.

La camisa azul había ido destiñendo y blanqueando. Dejaron de estilarse las tomas de posesión de los cargos públicos en mangas de camisa a lo Pablo Manuel Iglesias, tampoco se lucía el azul de las camisas nuevas ni el correaje superpuesto, como lo había jurado en enero de 1967 Juan Antonio Samaranch al incorporarse como delegado nacional de Deportes. Esa indumentaria se empezaba a dejar en el ropero de casa y se optaba por una etiqueta más neutral, a la manera de los tecnócratas que empezaban a proliferar. Parecía que todo se iba normalizando después del fusilamiento de Julián Grimau el 20 de abril de 1963, pero todavía el 20 de enero de 1969 se producía la muerte de Enrique Ruano Casanova, con el estado de excepción que siguió, y el 2 de marzo de 1974 el ajusticiamiento por garrote vil de Salvador Puig Antich. Así hasta la mañana del sábado 27 de septiembre de 1975, cuando se cumplieron las sentencias de cinco de los reos condenados a la pena capital.

Empezaba a presentirse que sin Franco el franquismo iba a ser improrrogable y los franquistas se escindieron entre los que optaron por resistir al cambio encerrándose en el búnker y los que se adelantaron a la reforma para evitarse males mayores. Dentro de las instituciones, por ejemplo en las Fuerzas Armadas (FAS), donde, como he comentado, los oficiales educados en la adhesión inquebrantable al Generalísimo advertían la necesidad de proceder a un cambio de lealtades. La prensa tenía capacidad de favorecer la concordia o el antagonismo. Pero el cambio era un asunto capital que requería tacto y buenas maneras en un proceso que en el ámbito castrense no podía ser instantáneo. Ya dijo Azaña que el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas era un asunto muy difícil y muy complicado que merecía la inteligente comprensión de las Cortes de la Nación.

En la tribuna de la parada militar de la Guardia Real. El acto, en honor de los agregados militares acreditados en Madrid, se celebró en el Cuartel del Rey el 16 de octubre de 1981 (fotografía de Marisa Flórez).

Esta era una de esas cuestiones en que la prensa podía jugar un papel crítico, pero sucedía que las relaciones entre la prensa y las Fuerzas Armadas, entre los periodistas y los militares profesionales, estaba cargada de prejuicios e incomprensiones. En un encuentro que tuve como director de Diario 16 con el general Manuel Gutiérrez Mellado, a la sazón vicepresidente del Gobierno, estuvimos de acuerdo en que los periodistas pensaban que todos los militares eran golpistas, mientras que los militares pensaban que todos los periodistas eran hijos de puta. Este «contraste de pareceres» de ambos colectivos nada bueno auguraba. Explorábamos cómo favorecer una aproximación, un mejor conocimiento mutuo, y acabamos proyectando unos cursos en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) para especializar a los periodistas en temas de la defensa y las Fuerzas Armadas e imbuir a los oficiales en la naturaleza particular de la profesión periodística.

Se trataba de que militares competentes explicaran a periodistas las tareas que incumben a las unidades del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire para el cumplimiento de las misiones que tienen asignadas y de que dieran cuenta de los medios humanos y técnicos de que disponen. Que los periodistas empezaran a saber cuántas horas de entrenamiento precisa un marinero para manejar un sónar, cuántas horas de mantenimiento en tierra requiere un avión para estar en condiciones de despegue, cómo tener a punto los carros, los vehículos de infantería o los helicópteros de combate y qué ejercicios conjuntos y combinados son precisos para el adiestramiento.

Todavía en 1977 hube de reconocer al general Manuel Gutiérrez Mellado que la pauta de los medios de comunicación era de 364 días de silencio sobre las Fuerzas Armadas y un día de exaltación, el del desfile. Entonces para nada nos acordábamos de cómo funcionan las unidades militares, tan solo sentíamos que España era un país ocupado por su propio ejército. Bastaba recorrer los alrededores de Madrid y de Barcelona para advertir en el despliegue castrense que el Generalísimo se precavía más de la sublevación de la primera ciudad que de la segunda.

Era necesario desactivar el «todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro Ejército» de Franco en Garabitas que ya he mencionado, con la misma cautela con que proceden los equipos de técnicos especialistas en desactivación de explosivos (Tedax). En definitiva, había que reconvertir las Fuerzas Armadas para que dejaran de formar parte de la amenaza y pasaran a formar parte de la defensa. El Ejército, insisto, tenía que dejar de ser el ejército de Franco para ser el ejército de España.

El general Manuel Gutiérrez Mellado y Miguel Ángel Aguilar durante el I Seminario sobre Seguridad y Defensa creado para favorecer la relación entre las Fuerzas Armadas y los periodistas. Palacio de Fuensalida, Toledo, 1983.

Esa tarea era imprescindible cuando llegaba el momento de desminar un régimen autoritario donde el partido único había ideologizado las Fuerzas Armadas para ponerlas al servicio de la perennidad del sistema. De la misma manera hubo que hacerlo en Alemania e Italia después de la Segunda Guerra Mundial y tendrán que lograrlo quienes vengan después de Maduro para que el Ejército chavista vuelva a ser el Ejército de Venezuela. Un cambio que está pendiente para que el Ejército sandinista llegue a convertirse en el Ejército de Nicaragua y para que acabemos viendo al Ejército castrista transformado en el Ejército de Cuba.

Desde mis inicios en el periodismo siempre tuve interés por los asuntos de la defensa y las Fuerzas Armadas, y enseguida tuve claro que Franco había recibido el poder de una Junta Militar presidida por el general Miguel Cabanellas y que, cuando muriera, el poder revertiría de alguna forma en los militares, quienes tendrían la capacidad de otorgar o denegar el nihil obstat para el proceso subsiguiente. Esa persuasión me movió a recopilar las escalillas militares, para saber quiénes serían los que irían alcanzando las posiciones de mando decisivas y para permanecer muy atento a los ascensos y destinos. Cuando al producirse algunos nombramientos hube de trazar las biografías de los designados, opté, en ocasiones, por asignar a los agraciados actitudes liberales pensando en que la naturaleza copiaría al arte como vino a suceder en casos notables que referiré más adelante.

Algunos periodistas, imbuidos de esa actitud de observadores participantes, fuimos más allá de ejercer una mera función aséptica de registradores de la actualidad. Queríamos contribuir a la recuperación de las libertades, intentábamos abrirles espacio, comprobábamos que el camino no estaba asegurado y cuidábamos temas capitales que tenían capacidad de bloquearlo todo como las Fuerzas Armadas o el terrorismo. Los debates sobre el proyecto de ley del divorcio o de la reforma fiscal había que incardinarlos en la atmósfera de la normalidad pública para favorecer una asimilación inteligente. Oportunistas y travestis de la política, que durante el franquismo habían sido insaciables logreros, caracterizados por Arturo Soria y Espinosa como EMEPREPRE (mamones del prepucio presupuestario), otearon el cambio de expectativas y se sumaron a quienes parecían tenerlas mejores. Nadie les impidió el acceso, ni revisó su limpieza de sangre. Todos fueron bienvenidos sin atender a su denominación de origen.

Venturosamente, en aquellos tiempos hubo una sincronía preestablecida, como la armonía de Leibniz, de modo que mientras la derecha «ucedea» —la de la Unión de Centro Democrático (UCD), la coalición, y luego partido, liderada por Adolfo Suárez— se hacía progresista, la izquierda socialista se hacía moderada. Se producía una confluencia hacia el centro, que es donde habita la posibilidad de la convivencia cívica. A la Guerra Civil se había llegado mediante un proceso inverso de exasperación, de centrifugación, de la gente hacia los extremos, que acabó abriendo el país en forma de trincheras. La prensa, que tanto había contribuido a la diseminación del odio y del antagonismo, parecía en estos compases iniciales de la Transición consciente de su responsabilidad para evitar que se volviera a las andadas, aunque, por supuesto, el proceso desarrolló también algunas patologías que valdría la pena analizar.

La prensa: cuando la naturaleza copia al arte

Casi al año de la muerte de Franco, en mayo de 1976, sucedió la aparición de El País. Nunca sabrá su editora la gratitud que debe al régimen por haber impedido la salida del periódico en vida del general superlativo. Porque esa demora le permitió salir a escena sin tener mancha alguna en el uniforme, ni deuda de agradecimiento al régimen que se eclipsaba, y habiendo podido prepararse de manera concienzuda para que desde el despegue fuera un éxito fulminante, solo deslucido por la arrogancia de la que se imbuyeron algunos de sus promotores desde ese mismo instante.

En aquellos años, entre los periodistas cundió un ambiente de gran generosidad ajena al sectarismo. Se ha hablado mucho de la Transición como un pacto tenebroso. En absoluto es verdad. No fue la suma de todos los miedos, sino de todos los atrevimientos. Hubo cabezas valientes, según la expresión del escritor e historiador Juan Marichal. La gente dio la cara y los riesgos no se esfumaron de repente. Como siempre pasa, los que estaban en el poder querían controlar el ritmo de los acontecimientos, de manera que siempre detectaban excesos en quienes empujaban a favor de la decencia. Sépase que hubo secuestros, expedientes, consejos de guerra, procesos penales y problemas graves durante los años posteriores al entierro de Franco en el Valle de los Caídos. Nada estaba escrito de antemano. La suerte no estaba echada. Todo debió ganarse paso a paso, superando los obstáculos que se interponían.

Con Pablo Sebastián, en el Hotel Convención de Madrid, pegamos la oreja en la sala contigua a la que acogía la reunión de UCD para enterarnos de lo que no querían que nos enteráramos en 1979.

Otra cosa es que las nuevas páginas se intentaran escribir sin sentido trágico, con el convencimiento de que la naturaleza copia al arte y con el recurso a la ironía más inteligente. A recordar en esa línea el serial Figuras de la Fiesta Nacional escrito en 1977 por Cuco Cerecedo para Diario 16[17], donde trazaba en términos taurinos las biografías de los grandes de la Transición. Allí estaban Manolo Fraga, el Niño del Referéndum; Santiago Carrillo, Currito de la Zarzuela; Carlos Arias, Carnicerito de Málaga; Enrique Tierno Galván, el Estudiante; Joaquín Garrigues Walker, el Multinacional; Torcuato Luca de Tena, Frescuelo II; Laureano López Rodó, el Niño de las Monjas; Felipe González Márquez, Morenito de Bonn; Blas Piñar, Bombita; Joaquín Ruiz Jiménez, el Monaguillo; José Antonio Girón, Fortunita de la Cruzada; Adolfo Suárez, el Posturas de la Moncloa; además de un sentido homenaje a los subalternos y a los Bomberos-Toreros encarnados por los tres hermanos Anson (Luis María, Rafael y Francisco).

Fotomontaje de Don Pablo que formaba parte de la serie para el libro de Francisco Cerecedo Figuras de la fiesta nacional, publicado en Diario 16 en mayo de 1977.

El 16 de marzo de 1977 Juan Tomás de Salas, creador de Cambio 16, me hizo director de Diario 16, nacido el 18 de octubre anterior bajo la dirección de Ricardo Utrilla. Otros candidatos previos para el puesto declinaron la oferta y así fue como, sin apenas otros antecedentes que los penales, accedí a la dirección del más joven de los periódicos españoles. Diario 16 salió a la calle en octubre pocos meses después que El País, aparecido el 5 de mayo de 1976. Pero en esa casi simultaneidad se acababa el paralelismo, porque mientras El País era el resultado de una preparación de más de tres años, Diario 16 surgía de una súbita improvisación de apenas cinco meses.

Prisa (Promotora de Informaciones, S. A.), la empresa de El País, había reunido un capital importante, construido un edificio, adquirido unos equipos de última tecnología, instalado unas rotativas de gran capacidad y seleccionado de modo exigente un equipo periodístico joven ajeno a las inercias mentales de los profesionales de la información que habían interiorizado los hábitos perversos de la sumisión y la autocensura al régimen que se eclipsaba. Los directivos empresariales de El País se prepararon para resistir un largo invierno y estimaban que necesitarían tres años para alcanzar unas ventas de treinta mil ejemplares. Inpresa (Información y Prensa, S. A.), la editora de Diario 16, era la suma de todas las carencias. Ni capital, ni crédito, ni organización empresarial alguna, ni edificio, ni rotativas. Solo el entusiasmo contagioso de Juan Tomás de Salas, convencido de que, habiendo conseguido hacer de Cambio 16 el mejor semanario, el más innovador en el lenguaje, el más descarado —sin respeto al horario ni a las costumbres, como cantó después Joan Manuel Serrat—, el más prestigioso cuando otras referencias caducaban, el más considerado por los colegas de otros países, tenía en sus manos la piedra filosofal, la garantía indiscutible de que cualquier otro intento que emprendiera sería bendecido de modo inevitable por el mismo éxito fulgurante, de modo que calculaban estar vendiendo trescientos mil ejemplares al cabo de los seis primeros meses.

Olvidaba Salas que, antes de la primavera que lo consagró, Cambio 16 había pasado años de oscuridad con ventas irrelevantes hasta que en 1974, cuando la primera muerte (o, si se prefiere, enfermedad) de Franco, consiguió despegar con las crónicas políticas de José Oneto. Fue entonces cuando el semanario supo acortar la distancia entre lo que sabían quienes estaban en la pomada y lo que se publicaba para pasto neutralizado del público de a pie. Le gustaba hablar al profesor Enrique Tierno Galván de «la realidad como resultado», y ese principio se cumplía en la revista Cambio 16, resultado de una redacción entre cuyos integrantes predominaban actitudes cultivadas en París y otras capitales extranjeras, consideradas por el establishment franquista centros de perdición. Allí, en la sede de la calle López de Hoyos número 6, para nada estaba interiorizada la prohibición de la «siembra de ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles», que prescribía el artículo 18 de la Ley de Prensa de 1938 que nos propinó el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer sin que nosotros, por nuestra pueril inteligencia, supiéramos apreciar el bien que nos hacía. Cambio 16 utilizaba un lenguaje rompedor que llevaba a los titulares de sus crónicas e informes resonancias procedentes de la buena literatura y del cine más comprometido, logrando así una sintonía reforzada con los lectores.

Juan Tomás tomó por una insolencia que el diario El País se le adelantara y procedió a improvisar la réplica inmediata sacando a la calle su propio periódico, Diario 16. Estaba seguro de que lo acompañaría el mismo éxito que estaba alcanzando en la revista. Pero las improvisaciones se pagan, haber acertado una vez para nada garantiza acertar de nuevo, y en su poema Melancolía del destierro nos tenía advertidos José Ángel Valente de que «lo peor es creer / que se tiene razón por haberla tenido». Como tantas veces hubo una mala digestión del éxito, se olvidó el principio de que el éxito nunca es definitivo, por decirlo con el título del libro de Geoffrey Parker. Se repudiaron las privaciones sufridas que pasaron de ser honrosas a considerarse indignas y merecedoras de ocultación y se procedió a la reescritura de la propia historia. Sobrevinieron hábitos de nuevos ricos y un progresivo deslizamiento hacia la instalación en el despilfarro autocompasivo que compensara carencias vividas. Los gérmenes de la endogamia degenerativa y de la confianza como sustitutiva del talento empezaron a erosionar el proyecto.

Así, el hombre en quien Juan Tomás había depositado todas sus confianzas para la operación empresarial de Diario 16 era Romualdo de Toledo, compañero de pupitre del Colegio del Pilar. Una promoción notable de la que también formaban parte otros vástagos de las familias del madrileño barrio de Salamanca como Alfredo Lafita, Livinio Stuyck y Nacho Costa. En Gitanillos, el bar de referencia de la calle Lagasca, Romualdo divertía a la tertulia contando cómo utilizaba los créditos del Banco Mundial para la mejora ganadera en la compra de pisos en Sevilla y esparcía despojos de vaca en la finca para aducir ante las posibles inspecciones que una enfermedad había terminado con ellas. Una vez el engaño se descubrió, le sobrevino una condena, de la que fue indultado moviendo influencias. Pero volvió a las andadas y ya no le valieron. Cuando la salida de Diario 16, estaba en la prisión de régimen abierto de Alcalá de Henares y por eso era gerente en la sombra sin figurar abiertamente con su nombre. Romualdo alardeaba del contrato para imprimir el periódico que había logrado con Rotopress. Decía que había apretado hasta tal punto al consejero delegado, Eugenio Galdón, que al final lloraba. Quedó claro luego que lloraba de risa porque los precios ínfimos estaban vinculados a unas pautas de cierre de páginas imposibles de cumplir y los retrasos en las entregas generaban unos sobrecostes ruinosos.

Romualdo encontró una alternativa en la sexta planta de un edificio industrial en la calle de San Romualdo, paralela a Miguel Yuste, que alberga la sede de El País, al final de la de Julián Camarillo. A los diarios se les llama también «rotativos», y la voz rotativa lleva directamente a cimentación. Las rotativas se instalan, por su gran peso y tamaño, en los sótanos, así que cabe hacerse una idea de cómo era la de Romualdo por la planta en que se encontraba y por qué la llamábamos «de la Señorita Pepis», una famosa marca de juguetes. Todo eran ideas de bombero generadas sin evaluar las consecuencias de su aplicación. Un día, sobre la marcha, decidió rescindir el acuerdo con los llamados ruteros, trabajadores autónomos que con sus pequeñas furgonetas hacían el reparto de los periódicos a los puntos de venta. Para sustituirlos acudió a la plaza de Castilla, donde hacía parada y fonda una recua de motocarros que se ofrecían para transportar cualquier clase de mercancía. Aparecieron en fila avanzando desde el fondo de la calle Padre Damián hacia el edificio Azul donde estaba la redacción de Diario 16 y los talleres de impresión de Rotopress. En la acera de enfrente los recibieron con gritos y abucheos los ruteros despedidos y los de los motocarros eludieron entrar en conflicto, dieron media vuelta y regresaron a su campamento base junto al depósito del canal de Isabel II. ¿Cómo se distribuyó el periódico? Ningún problema. Con el coche de Salas, que llevaba su mecánico, y con el de Romualdo, que conducía él mismo. Toda una lección profesional inolvidable.

Pronto llegará la Constitución y seremos como los demás

Desde la silla de pista de la dirección de Diario 16 acompañé como observador participante todo el proceso de transición que «de la Ley a la Ley, pasando por la Ley», llevó desde las Leyes Fundamentales del franquismo, en fase de eclipse a partir de la Ley para la Reforma Política, hasta la Constitución aprobada el 6 de diciembre de 1978.

En la Gran Muralla. Acompañamos a los reyes Juan Carlos y Sofía en su primera visita oficial a China, a mediados de junio de 1978.

Había mucho que recuperar desde la victoria de unos españoles sobre otros con el ambiente descrito por Elias Canetti al concluir la Segunda Guerra Mundial: «No se puede respirar, todo está lleno de victoria»[18]. Se habían cumplido con creces los «Veinticinco años de Paz… ciencia» como titulaba en portada el semanario satírico La Codorniz al celebrarse esa efemérides del fin de la guerra.

El intento de las páginas que siguen se quiere centrar en el repaso de cómo se abandonó la dialéctica victoria-derrota, que dividía a los españoles en vencedores y vencidos, y se inauguró la concordia y el entendimiento. Asalta el recuerdo de qué fue necesario que aconteciera para que se diera paso a la reconciliación, al modo en que el poeta describe cómo llegó a ser posible su existencia:

Para que yo me llame Ángel González,

para que mi ser pese sobre el suelo,

fue necesario un ancho espacio

y un largo tiempo:

hombres de todo mar y toda tierra…

[…] El éxito

de todos los fracasos. La enloquecida fuerza

del desaliento…[19]

Nada estaba resultando sencillo. La escalada etarra se convirtió en gravísima amenaza al itinerario hacia la democracia, buscó activar la espiral acción-reacción y suministró carga argumental a los militares golpistas para el despliegue de sus planes involucionistas con vuelta a las andadas. La izquierda anduvo retrasada en la percepción de la magnitud de los riesgos de esta escalada y, sobre todo, a la hora de enfrentar con el peso de su autoridad moral esos comportamientos. A la izquierda le costaba poner en presente de indicativo su condena al terrorismo etarra y calificarlo como merecía de asesino sin escudarse en eufemismo alguno. Demasiado tiempo siguió flotando una inercia de gratitud histórica hacia quienes durante los años de la dictadura estuvieron aureolados de valerosos luchadores antifranquistas. A la izquierda le costaba colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, encargados de la lucha antiterrorista, porque el Gobierno había puesto a su mando a personas con trayectorias represivas que en algunos casos fueron torturadores de quienes habían estado comprometidos en favor de las libertades negadas por la dictadura. Estas dificultades de la izquierda respecto del terrorismo tenían su correlato en las actitudes de la derecha con relación al golpismo. A la derecha le costaba también condenar en presente de indicativo el golpismo, de cuya amenaza se servían en ocasiones como última invocación para obtener de la izquierda docilidades o asentimientos.

El primer Gobierno de la monarquía de Juan Carlos I no lograba crear una nueva inercia política y vivía sobre los residuos del sistema anterior. Las tensiones internas suscitadas por la finalidad y la lentitud del ritmo de las reformas agudizaban las contradicciones. En mayo de 1976 se distinguían algunas posiciones. Un sector que exhibía la etiqueta reformista con Fraga y José María de Areilza, por ejemplo, pretendía acercarse a la oposición democrática y pactar las modificaciones legales por introducir. Los tecnócratas con afinidades en el Opus Dei deseaban poner fin al periodo de permisividad y propiciar un rearme moral, teniendo como aliados naturales algunos uniformes. Para ellos las libertades reclamadas podrían quedar aplazadas de nuevo hasta que se alcanzaran mayores cotas de renta per cápita. La confusión ganaba terreno, de modo que algún franquista confesaba perplejo: «Yo ya no sé si soy de los nuestros». El propio rey parecía vacilar entre la opción tímida y dudosa de quedarse en un papel arbitral y distante o la apuesta comprometida en favor de la democratización que le hiciera acreedor al reconocimiento del pueblo.

El vacile concluyó enseguida, porque el 2 de junio de 1976 el rey compareció en Washington y en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos comprometió a la corona con la implantación de la democracia en España. Los términos en que se expresó —«acceso al poder de las distintas alternativas políticas de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles»— significaban partidos políticos y elecciones libres por sufragio universal y suscitaron en el Capitolio americano un entusiasmo que no hubieran encontrado en las Cortes españolas heredadas de la democracia orgánica saturada de franquistas de adhesión inquebrantable que, como enseguida se vio, iban a ser desguazadas. Antes de embarcar hacia Washington, en conversación con Arnaud de Borchgrave, del semanario Newsweek, don Juan Carlos habría calificado la gestión de su primer ministro Carlos Arias Navarro como unmitigated disaster.

Así que poco después del regreso a Madrid el 24 de junio, fecha de la onomástica del monarca, la primera fase de aquella pintoresca reforma parecía concluida. Se trataba de un intento desconcertante de modificación de las Leyes Fundamentales que se atenía a un lenguaje de madera lleno de eufemismos. En lugar de mencionar el pluralismo y los partidos políticos, se hablaba de «legítimo contraste de pareceres» y de «ordenada concurrencia de criterios», y cuando al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda, le pedían pronunciamientos sobre la legalización de los partidos políticos, respondía descalificando a los interrogadores por plantearle trampas saduceas, es decir, preguntas capciosas.

En aquellos momentos, Juan Tomás de Salas, el editor de Cambio 16, convidó a cenar a Fraga, que era vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, en la sede de la revista encima de los almacenes Celso García en la todavía avenida del Generalísimo. Estaba invitado lo más granado de la redacción y del consejo de administración. Juan Tomás tiraba por alto sin reparar en gastos, así que servía el restaurante Jockey. Contraviniendo sus hábitos de estricta puntualidad, Manuel Fraga llegó casi media hora tarde porque había tenido que aguardar en el aeropuerto de Barajas la llegada del joven príncipe de Asturias, don Felipe. El retraso había sido por causa justificada y ajena a su voluntad, pero lo había malhumorado de forma muy visible. Pasamos enseguida a cenar. Hizo un breve resumen de la situación política, que consideraba despejada, sin más problema, insistía, que el de algunos periodistas que empujaban. Empezaron las preguntas. La primera se apoyaba en un corresponsal extranjero para señalar algunos defectos técnicos de la reforma legal que impulsaba el Gobierno Arias. En tono hiriente Fraga descalificó al corresponsal.

Intervine para aducir que Miguel Herrero de Miñón hablaba de una reforma churrigueresca llena de volutas marcada por la extraña pretensión de engarzar principios de diferentes procedencias que resultaban incompatibles y que le acababa dando el aspecto de un adefesio. Fraga dijo contundente que quien era churrigueresco era el señor padre de Herrero. Al ministro hubo que hacerle arroz blanco para sustituir la guarnición de l’entrecôte. Cuando llegó la fuente, puso el dedo índice de la mano derecha sobre la pieza de carne que había elegido para que le fuera servida. Remataba cada una de sus respuestas volviendo al estribillo de que el único problema era el de algunos periodistas jóvenes «que empujan». Se me ocurrió apostillar diciendo «que empujan a favor de la decencia». Y el ministro se enfureció. En un intento bienintencionado de calmarle, el redactor jefe, Román Orozco, dijo que lo de la decencia no iba por él. Esa precisión redobló su enfado y empezó a gesticular amenazante con el cuchillo de cortar la carne que empuñaba en la mano derecha. Como corresponde a las víctimas que buscan incansables su culpa, Román y yo repasábamos en qué habíamos podido provocarle mientras nos invadía una sensación de desconsuelo porque una cena pensada para mejorar las relaciones con el Gobierno pudiera terminar como el rosario de la aurora.

Volviendo al rey y a los sucesos de julio de 1976, el cronista se queda indeciso entre dos regímenes narrativos que ocupan las bandas extremas del espectro de la dicción: la estampa y el argumento, como precisaba el escritor Juan Benet. Porque la destitución del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, por el rey Juan Carlos I, en el curso de una audiencia de veinticinco minutos a mediodía del primero de julio, componía una «estampa» que algunos estimaban sacada del álbum de su abuelo don Alfonso XIII, pero al cabo de cincuenta años el «argumento» había variado. Cuentan los preciosistas del detalle que la víspera, miércoles, el radioteléfono del automóvil presidencial, un Dodge de fabricación nacional, captó una llamada procedente del Palacio de la Zarzuela, residencia del monarca. Arias Navarro, que, caída la tarde, se retiraba hacia su propiedad de La Chiripa en Casaquemada, urbanización residencial casi frontera con los montes de El Pardo, quedaba prevenido de que el rey le esperaba en palacio al finalizar la presentación de cartas credenciales que estaba señalada para el día siguiente.

La escena transcurrió en el despacho de Alfonso XIII. El presidente Arias Navarro, que aquella misma mañana había despachado con varios de sus ministros en relación con los temas por tratar en la reunión del Consejo de Ministros convocada para el día siguiente, se apercibió claramente de que el rey no le había llamado para despachar, sino para despacharle. Entonces, haciendo acopio de erudición histórica espetó a don Juan Carlos que si Antonio Maura, que fue primer ministro de su abuelo, en pareja ocasión derramó lágrimas durante varios días, sus lacrimales no iban a verter ninguna porque, sobre todo, se sentía liberado. La clase política y la opinión pública coincidieron aparentemente con Arias Navarro al considerar su marcha como un alivio liberador.

El desencadenante de la crisis se atribuía al memorándum que el falangista José Antonio Girón, presidente de la Confederación Nacional de Combatientes, había dirigido al general Jaime Milans del Bosch, jefe de la División Acorazada número 1, acantonada en las inmediaciones de Madrid. Girón, a lo largo de tres folios, exponía sus puntos de vista sobre la situación e incitaba al general con toda suerte de consideraciones patrióticas para que tomara la decisión de intervenir. El memorándum fue entregado por el destinatario a su superior jerárquico, Miguel Vega Rodríguez, capitán general de la I Región Militar, quien la puso en conocimiento del rey. Para que esta historia enlace con la petición de dimisión a Arias Navarro hay que añadir el dato de que este, aunque tenía conocimiento de la misiva de Girón, había juzgado preferible silenciarla ante don Juan Carlos.

El relevo se ejecutó con precisión de relojería, lo cual demostraba que los pasos sucesivos habían sido concebidos para ser llevados a cabo coordinadamente. Todos los datos hacían pensar en un juego a tres bandas: el rey, el presidente del Consejo del Reino y la persona que se sabía anticipadamente el candidato del rey. En el relevo iba a seguirse el procedimiento institucional del Consejo del Reino, verdadero bastión del franquismo puro y duro, integrado por diecisiete miembros, sobre el que recaían las atribuciones de elevar al monarca una terna para la designación del nuevo presidente. Entre el barroquismo y las brumas asturianas de quien ostentaba la presidencia del Consejo, las dos sesiones consumidas en la elaboración de la terna se iniciaron componiendo un retrato robot en negativo del futuro presidente: no podría ser marxista, ni divorciado, ni soltero, ni invertido, ni sordomudo, etcétera. Luego, con aportaciones igualitarias de los dieciséis presentes, llegaría a confeccionarse una lista de treinta nombres en la que figuraba, por ejemplo, el de Joaquín Ruiz Giménez, líder democristiano de izquierda. No hubo, sin embargo, peligro alguno de infiltración heterodoxa a partir de ese momento.

Los hombres que entonces estaban caracterizados como reformistas fueron eliminados. Fraga, vetado por el general jefe del Alto Estado Mayor, Carlos Fernández Vallespín, a causa de unas declaraciones a Cyrus Leo Sulzberger, corresponsal en el extranjero del New York Times, en las que aceptaba la legalización a corto plazo del Partido Comunista. Areilza, descalificado con el epíteto de «divisor» que le aplicó en su presentación Fernández-Miranda. A la última fase solo llegaron seis nombres que fueron emparejados por afinidades para que el triunfante de cada tándem pasara a figurar en la terna. A Gregorio López-Bravo (tecnócrata) le disputó el puesto su cofrade Gonzalo Fernández de la Mora, y a Adolfo Suárez, otro hombre de la Falange, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. El adversario del tercero, Federico Silva Muñoz, no he llegado a saberlo.

Don Juan Carlos optó por Adolfo Suárez que, a sus cuarenta y tres años, aparecía sobre las candilejas en la estela azul-Opus. Su carrera política, iniciada desde la modestia de un puesto interino en la Sección Primera del Gobierno Civil, llegó al encumbramiento con las asistencias precisas de Fernando Herrero Tejedor, un hombre del Opus que ocupó la Secretaría General del Movimiento, y de Laureano López Rodó, que encabezaba a los tecnócratas franquistas. Ni expediente académico brillante, ni oposiciones a los grandes cuerpos del Estado, ni encaste en alguna de las grandes familias. Adolfo era una anomalía. La prensa, que había especulado con otras candidaturas, fue invadida por un sentimiento de frustración que alcanzó amplio reflejo en sus páginas.

Adolfo Suárez se dirigió al país por TVE y anunció que haría normal en la ley lo que era normal en la calle. Tendría que desmontar un sistema. Suárez podía decir del régimen del Movimiento Nacional lo mismo que José Martí a propósito de los Estados Unidos: conozco el monstruo porque he habitado en sus entrañas. Tuvo que romper su primera lista de gobierno y ofrecer seguridades de que no daría acceso al gabinete ni al «búnker» ni al Opus. Los intentos iniciales se encauzaron hacia la incorporación de algunos sectores de la oposición moderada —democristianos y socialdemócratas—, pero las gestiones no tuvieron éxito, dadas las condiciones exigidas por las fuerzas democráticas: amnistía, regreso de exiliados, libertades políticas y sindicales, elecciones libres.

En cuanto al rey, supo desde el primer momento que su éxito sería un camino de renuncias a los poderes omnímodos recibidos en su proclamación. La primera renuncia fue la que hizo el 16 de julio de 1976 del derecho de presentación para el nombramiento de obispos que atribuía al jefe del Estado el Concordato entonces vigente con la Santa Sede. En esa línea de renuncias trocadas en victorias pueden reseñarse la de los socialistas a la definición marxista del PSOE y la de los comunistas al leninismo, por ejemplo. El rey tenía que suscitar esperanzas sin desencadenar bloqueos. Los salazaristas habían impedido en Portugal los intentos de evolución liderados por Marcelo Caetano, que había sido ministro con Oliveira Salazar; los gaullistas en Francia habían obstaculizado la gestión presidencial de Georges Pompidou, el primer ministro del oui mais al General y, según se había presagiado, en la España de 1976 eran los franquistas quienes estaban bloqueando que fluyeran los cambios, una vez cumplida la pauta formal de la Ley de Sucesión. Galgos o podencos, demonios familiares o realidades imparables, después de casi cuarenta años, los partidos políticos, los sindicatos de clase y los autonomismos territoriales dominaban el horizonte español. Se cumplía el ortegajo —hallazgo que Rafael Sánchez Ferlosio tomó de Carmen Martín Gaite y ha usado para referirse a las citas de José Ortega y Gasset— de que «toda realidad que se ignora prepara su venganza». Libertad, amnistía, estatut d’autonomia y, todavía más allá, derecho de autodeterminación. Todo el sistema representativo de la democracia orgánica y sus tres pilares básicos —familia, municipio y sindicato— se reconocían inauténticos ante los partidos políticos y el sufragio universal.

Sábado Santo rojo para legalizar el PCE

El Consejo de Ministros acordaba el 10 de septiembre de 1976 remitir a las Cortes el Proyecto de Ley para la Reforma Política. Esa misma noche el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, comparecía ante las cámaras de Televisión Española para presentárselo a los españoles. Dos días antes, el 8, había convocado en Castellana 3, donde tenía su despacho oficial antes de que la oficina presidencial y la residencia se fijaran en el Palacio de la Moncloa, a la cúpula del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire integrada por treinta generales y almirantes para ambientar su proyecto y deshacer posibles recelos. Cuentan que mostró su mejor perfil de encantador de serpientes y que al final del encuentro le dieron algunos vivas. Sin duda se habló de la inminente Ley para la Reforma Política en vísperas de su remisión a las Cortes y que iba a llevar el marchamo de Ley Fundamental como las siete anteriores que tenían esa condición. Difieren las versiones respecto a lo que allí se dijera sobre la legalización del Partido Comunista. Unas fuentes niegan que la cuestión se comentara. Otras indican que a una pregunta el presidente respondió que el Partido Comunista de España (PCE), con los estatutos que tenía, no podía ser legalizado.

Tras la aprobación de la Ley por el Pleno de las Cortes el 18 de noviembre y su ratificación en el referéndum del 15 de diciembre, se aceleraba la convocatoria de las primeras elecciones generales libres, que se fijaron para el 15 de junio de 1977. La última cuestión previa era si se celebrarían con el PCE legalizado o en la ilegalidad. Algunos países que se atribuían un cierto tutelaje sobre el proceso de transición español sostenían que era mejor aplazar esa decisión, y el PSOE había dado a entender que comparecería de todos modos en las urnas, pero que, si los comunistas no estuvieran legalizados, en su programa propondrían su legalización. Con acierto y osadía el presidente Suárez se decidió a legalizar el PCE y un sector militar clamó que habían sido engañados.

El PCE había ido haciendo ejercicios de idoneidad, apuntándose merecimientos que facilitaran la decisión, y estrechando el margen del Gobierno mediante acciones muy medidas. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 1976, apenas cinco días antes del referéndum de la Ley para la Reforma Política, montó un encuentro clandestino con periodistas. Nos avisaron con gran discreción y nos llevaron hasta el lugar de la cita con unas precauciones rigurosas y una precisión admirable para despistar a la policía. Más de setenta periodistas fuimos citados en distintas esquinas, cafeterías y vestíbulos de hoteles, recogidos en coches y llevados por itinerarios no convencionales hasta el portal número 5 de la calle de la Alameda, perpendicular a la calle de Atocha y paralela al paseo del Prado, en cuyo piso tercero izquierda, sin ascensor, se nos dijo que tendríamos una revelación. En la espera impaciente, compartíamos el alborozo de haber sido los elegidos y de encontrarnos con colegas de los medios nacionales y también con corresponsales de la prensa extranjera. Escasos minutos para saludar a dirigentes del PCE como Ramón Tamames, Manuel Azcárate o Pilar Brabo y, enseguida, apareció Santiago Carrillo despojado de la peluca con la que desfiguraba su aspecto e intentaba quedar fuera del radar de la policía. Fue la primera conferencia de prensa de un secretario general todavía en la clandestinidad pero pugnando ya por abandonarla.

Pero donde el PCE se ganó la legalización sin que nadie pudiera discutírsela fue, el 26 de enero de 1977, en la manifestación del entierro de los abogados laboralistas de Atocha asesinados por la extrema derecha. Impresionaba la capilla ardiente instalada en la sede del Colegio de Abogados que entonces compartía sede en la plaza de la Villa de París con el Tribunal Supremo. La contención, el respeto, el silencio. La misma actitud mantenida por el cortejo que acompañó a los féretros, sin la más leve salida de tono. Aquel día los comunistas se hicieron acreedores al afecto condolido de los madrileños. Alguien más observaba todo desde el helicóptero y a pie de calle, y por ahí vino, después de la reconciliación con la bandera y de la aceptación de la monarquía, la decisión de legalizar el partido.

Tres semanas después de que asumiera la dirección de Diario 16, el 9 de abril de 1977, se producía la legalización del PCE, un hecho relevante por decirlo con la terminología de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un día que quedaría marcado de modo indeleble como «el Sábado Santo rojo». Una fecha de indudable desconexión, como se diría en la lengua de los soberanistas, en la que se suponía estarían los ciudadanos bajo los efectos anestésicos de las festividades de la semana grande de la liturgia. Su elección se hizo de modo deliberado buscando poner máxima sordina a una noticia que se barruntaba estruendosa para oídos tan delicados como los del búnker, pendiente aún de completa desactivación, en espera de que se dieran las adecuadas condiciones de presión y temperatura política.

El Sábado Santo era garantía de que todo estaría cerrado desde tres o cuatro fechas anteriores por vacaciones con música sacra, La túnica sagrada en las pantallas de los cines y los bares de alterne clausurados. Como siempre, las dos Españas. El cálculo era que unos, por cofrades, estarían haciendo de costaleros aguantando los pasos procesionales; otros, por faltos de devoción, preferirían como precoces bañistas probar la temperatura del agua en las playas del Mediterráneo. Así embutida en una bala de algodón para insonorizarla llegó aquella «noticia bomba», por decirlo con el título de la novela de Evelyn Waugh. Se trataba de una Orden del Ministerio de la Gobernación dentro de la sección III, Otras Disposiciones, del Boletín Oficial del Estado, necesitada de descodificación para que fuera comprendida por el público de a pie. En resumen, transcribía una sentencia del Tribunal Supremo por la cual los magistrados rehusaban entrar en el fondo y declaraban sin efecto la remisión del expediente de solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas del Partido Comunista de España. De donde pasaba a quedar inscrito, es decir, legalizado. Todo estaba milimetrado de modo que incluso la orden ministerial la firmaba P. D. (por delegación) el subsecretario Félix Hernández Gil. El titular del departamento, Rodolfo Martín Villa, seguro que tenía ocupaciones más importantes aquella mañana.

El significado de esa abstrusa disposición quedó aclarado esa noche del Sábado Santo rojo. Era la legalización del Partido Comunista. Me fui a la sede destapada del PCE en la calle de la Virgen de los Peligros, adonde iban acudiendo militantes, simpatizantes y periodistas, y desde allí al distrito de Villaverde, en cuyas calles se hizo un cortejo festivo detrás de una hoz y un martillo en bronce a tamaño natural que debían pesar un quintal. Sobrevenían recuerdos de travesías universitarias en la Facultad de Ciencias de la Complutense compartidas con la FUDE, que era de esa obediencia comunista, y luego en la Asociación de la Prensa de Madrid con Fernando Castelló y César Alonso de los Ríos, a quien siempre he agradecido que nunca me considerara sospechoso y cuando la Junta Democrática, que promovía entre los profesionales de la información el incansable Armando López Salinas, a la que nunca me sumé por incompatibilidad con alguno de sus miembros más notables.

También recordé la entrevista que hice a Santiago Carrillo en Bruselas, donde se celebraba el congreso de partidos comunistas de la Europa no comunista, que acabaron vertebrando el eurocomunismo. Aquella entrevista en el Hotel Amigo, a la espalda de la Grande Place, fue publicada en el semanario Cambio 16, del que pasé a ser corresponsal cuando la orden de cierre al diario Madrid nos dejó en paro y, como ya he contado, darnos empleo era inconveniente dado que estábamos mal vistos por el régimen y las empresas periodísticas preferían evitarse indisposiciones. Fue la primera entrevista a Carrillo aparecida en una publicación española de circulación legal, y en la cubierta se presentaba con el título de Descarrillamiento en Bruselas, que tenía la impronta inconfundible de Salas.

Que el esqueje de partido democristiano liderado por Joaquín Ruiz Giménez, Izquierda Democrática, fuera el primero en manifestar su apoyo incondicional a la legalización del PCE y que los ultras de Blas Piñar, agrupados en Fuerza Nueva, improvisaran una caravana para recorrer las calles de Madrid y concentrarse en El Pardo con el intento fallido de llegar a la residencia del rey Juan Carlos resultaba significativo. Tanto como que lo demás fuera silencio y precaución. Porque otras formaciones, en particular el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que se sabía que no habría condicionado a la previa legalización del PCE su concurrencia a las elecciones, parecían sorprendidas o sin nada que decir. En cuanto a la UCD, con la que Suárez iría a las urnas del 15 de junio, aún estaba en el limbo y solo formalizaría su existencia un mes más tarde, el 3 de mayo.

Manuel Fraga, en junio de 1976, cuando aún era vicepresidente y ministro de la Gobernación de Carlos Arias Navarro, había declarado a Sulzberger, del New York Times, que era partidario de la legalización del Partido Comunista para después de que se celebraran las primeras elecciones legislativas. Estimaba nuestro prócer que en el tiempo que habría transcurrido hasta entonces la sociedad española se habría renovado y fortalecido lo suficiente para hacer frente a los problemas que pudiera suscitar esa legalización. Pero, como la legalización se anticipó a sus cálculos, Fraga procedió a condenarla tildándola de «grave error político y farsa jurídica».

Para salir al paso de esa situación de extrema gravedad, con los uniformados en el umbral de la insubordinación, como se verá más adelante, convoqué a mis colegas directores de los periódicos de Madrid en el salón de la lámpara checa de la sede de la Asociación de la Prensa, en la plaza del Callao. Allí, el viernes 15 de abril de 1977, redactamos el editorial conjunto que publicamos al día siguiente los periódicos de información general que se editaban —Diario 16, El País, Informaciones, Pueblo, Ya y Arriba—, es decir, todos salvo El Alcázar y ABC. Se titulaba «No frustrar una esperanza», abordaba la crisis política surgida tras la legalización del Partido Comunista de España, declaraba correcta la actuación del Gobierno y subrayaba que se había producido dentro de sus facultades, con estricto respeto a la legalidad y conforme al mandato popular del referéndum (el de la Ley para la Reforma Política celebrado el 15 de diciembre del año anterior).

Rafael Alberti en la redacción de Diario 16 al poco de regresar del exilio. En la imagen aparecen, entre otros, Miguel Logroño, Juby Bustamante, Rafael Alberti, Miguel Ángel Aguilar, Moncho Goicoechea y Diego Bardón.

El editorial reflexionaba también sobre la declaración del Consejo Superior del Ejército y señalaba que las Fuerzas Armadas las formaban los españoles y que tenían encomendadas misiones establecidas en las leyes, entre las que no estaba incluida la emisión de opiniones contingentes sobre las decisiones políticas de los gobiernos de la nación, que solo debían estar sujetos al juicio político de las Cortes. Y así recobró el aliento perdido el Gobierno de Adolfo Suárez. Ese sábado 16, a mediodía, Juby y yo estábamos invitados a comer por los pintores Isabel Villar y Eduardo Sanz en su casa de la calle Emilio Rubín. Sonó el teléfono (entonces solo había teléfonos fijos). Era el presidente Adolfo Suárez, que llamaba a través del gabinete telegráfico de Moncloa para agradecer el editorial y ponderar lo que para él había supuesto.

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A la democracia por la ruptura pactada

La escisión de los franquistas: el búnker y la reforma

El Rubicón de la Ley para la Reforma Política con su referéndum y su canesú fue sobrepasado al convocarse las primeras elecciones generales libres por Real Decreto 679/1977, de 15 de abril. Su celebración quedaba fijada para el 15 de junio siguiente, miércoles, es decir, un día laborable. Iban a concluir así cuarenta años de abstinencia y escarmiento, aplicados a los españoles por los sublevados el 18 de julio de 1936, quienes instauraron un régimen de democracia orgánica articulado sobre las células básicas de la sociedad: familia, municipio y sindicato. Es decir que, a efectos electorales, se mantenía a la población en un régimen de minoría de edad para evitar que, faltos como estábamos del uso de razón, nos autolesionáramos. Pero para que esta convocatoria fuera posible habían tenido que alinearse muchos planetas. Había sido necesario que muriera Franco el 20 de noviembre de 1975, que fuera proclamado rey don Juan Carlos el 22, que de su mano llegara Torcuato Fernández-Miranda a la Presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, que de la de Torcuato saliera una terna para la designación del presidente del Gobierno en la que estuviera incluido Adolfo Suárez, que se concedieran los indultos y amnistías imprescindibles para ambientar la concordia, que se reencontraran vencedores y vencidos, que amainara la incompatibilidad cainita entre España y la anti-España, que la décima legislatura de aquellas últimas Cortes del franquismo se prorrogara por dos veces, que fuera aprobada la Ley para la Reforma Política con el harakiri añadido de los procuradores y consejeros nacionales del Movimiento, que después de ser sometida a referéndum quedara incorporada al cuadro de las Leyes Fundamentales, que se legalizaran los partidos políticos incluido el PCE, que se desactivara el «ruido de sables», que llegara el oro del Rin, que la naturaleza copiara al arte, que la Revolución de los Claveles en nuestro vecino Portugal introdujera impagables dosis de vértigo aleccionador, que el búnker perdiera efectivos en favor de los reformistas, que los reformistas urgieran la reforma para evitar una ruptura que habría acabado haciéndose a sus expensas…

Las últimas Cortes del franquismo

La animadversión a las elecciones era una de las señas de identidad distintivas del régimen. Venía impregnada de ecos dialécticos joseantonianos y seguía resonando todavía en aquel discurso apologético de Franco a los onubenses el 25 de abril de 1956 donde decía:

Nos acusan los eternos enemigos de España de haber destruido una democracia. Nosotros podemos responderles: ¿Dónde estaba la virtualidad de aquella democracia? Hemos destruido el abuso, borrado la apariencia de una democracia, la garrulería de una democracia… Para nosotros, la democracia no es la explotación del hombre, ni de la masa; no es el hambre, la miseria y la desesperación en los hogares, amparados en el formulismo de presentar unos nombres cada cuatro o cinco años y preguntar a cuál queréis para que la masa, engañada, conteste como en aquella triste y primera elección, y diga: ¡Barrabás! No; nosotros no sujetamos la suerte de la Patria a esas desdichas; entendemos la democracia por la participación real del hombre en las tareas del Estado. Pero el hombre solo puede ser eficaz e intervenir en las tareas del Estado a través de sus organizaciones naturales, a través de la familia: el que crea una familia, el que la mantiene y preside, es el que debe llevar la voz, y no los que de él dependen. A través del Municipio, como asociación primaria que vive y conoce; por medio del Sindicato en que se encuadra, conoce a los que trabajan en él y sus intereses y necesidades. A través de esos Ayuntamientos y Sindicatos intervienen los hombres en la vida de España, pero no con aquella democracia falsa y explotadora que hoy pedía el voto para engañarnos mañana.

Para el Caudillo preguntar a la plebe resultaba de extrema peligrosidad porque era susceptible de ser engañada y solo cabía esperar que diera respuestas pervertidas.

El caso es que estas elecciones del 15 de junio de 1977 iban a llegar tras la extinción de la X Legislatura de las Cortes del régimen franquista, que había sido prorrogada por dos veces. La primera prórroga, acordada contra el parecer del último Gobierno de Franco que presidía Arias Navarro, fue dictada por decreto de la Jefatura del Estado, dado en el Pazo de Meirás a 31 de julio de 1975. Correspondía a una petición de las Cortes encabezadas por Rodríguez de Valcárcel y se adoptaba de acuerdo con el Consejo del Reino. Su efecto era posponer la caducidad de aquellas Cortes de forma que en vez de extinguirse su mandato el 15 de noviembre de 1975, al cumplirse los cuatro años de su constitución, extendieran su vigencia un cuatrimestre adicional hasta el 16 de marzo de 1976. La segunda prórroga fue a instancias del segundo Gobierno de Arias Navarro, que era también el primero del rey Juan Carlos. Contaba con el acuerdo preceptivo del Consejo del Reino y alcanzaba hasta el 30 de junio de 1977, según determinaba el decreto 111/1976, dado en Madrid el 27 de enero. El primer decreto lo refrendaba Rodríguez de Valcárcel; el segundo, Fernández-Miranda, que lo había sustituido el 2 de diciembre. Ese relevo fue una de las claves que hizo posible la Transición. Porque si la vida real o simulada de Franco hubiera podido sostenerse hasta el 25 de noviembre, Valcárcel habría podido ser propuesto para un segundo mandato como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino y en esa posición habría estado en condiciones de bloquear todo lo que Torcuato enseguida se esforzaría por facilitar al rey.

Reparemos en que las Cortes eran una Cámara de 561 privilegiados donde 120 (21,4%) eran por «libre designación» del jefe del Estado, mientras que un total de 231 (41,2%) podían dejar de serlo por «libre destitución». Así que un 62,6% estaban en situación de disponibles para el relevo, y de hecho sucedió que la X Legislatura registró 180 bajas y 171 altas de procuradores. Lo que supone un 32% de alteraciones en la nómina de los 561 integrantes. Este porcentaje viene a reflejar el grado de «fluidez» de las Cortes, mientras que en los parlamentos de otros países europeos las modificaciones son casi exclusivamente necrológicas y resultan inferiores al 5% de sus componentes. Esa extrema dependencia de los legisladores respecto del poder Ejecutivo los convertía en dóciles criaturas con voto sí, pero de obediencia. En todo caso, como dejaba probado en mi libro Las últimas Cortes del franquismo, aquella Cámara era de entrada un cerrojo para el cambio[20].

El harakiri como último servicio

El programa de la Transición quería atenerse al principio mencionado «de la Ley a la Ley, pasando por la Ley» y para su cumplimiento se requería que los procuradores prestaran un último servicio: el de aprobar la Ley para la Reforma Política que implicaba hacerse el harakiri. Así lo hicieron en la votación final con la que concluyó el pleno para el debate, enmienda y aprobación del Proyecto de Ley para la Reforma Política, que transcurrió a lo largo de los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1976. En ese momento, según el secretario, Tomás Romojaro Sánchez, integraban la Cámara 531 procuradores, de los cuales estuvieron presentes 497, que se distribuyeron de la siguiente manera: 425 votos afirmativos, 59 negativos y 13 abstenciones. Un resultado que cumplía todas las condiciones fijadas. Porque el quorum de dos tercios de los presentes, cifrado en 330, estaba superado con creces por los que votaron a favor.

En el despacho de Diario 16, hacia 1979. La intensa actividad periodística en los años setenta hacía que cualquier sitio fuese bueno para un breve sueño reparador.

Para calibrar mejor las cifras anteriores téngase en cuenta que en los 23 plenos de las Cortes celebrados durante la presidencia de Alejandro Rodríguez de Valcárcel (es decir, en los seis años que van desde el 27 de octubre de 1969 al 5 de diciembre de 1975) se aprobaron 98 proyectos de ley, de los cuales el 48,3% lo fueron por unanimidad, seguida de grandes aplausos; el otro 51,7% registró un número de votos en contra que osciló entre 1 y 33, que fue el caso récord correspondiente a la Ley de Régimen Local. Un análisis segmentado por grupos de los procuradores que no aprobaron la Ley para la Reforma Política establecería que fueron contrarios el 33% de los consejeros nacionales, el 42,5% de los nombrados por el jefe del Estado y el 50% de los militares que formaban parte de las Cortes, es decir, solo 14 de los 28 uniformados que tenían escaño.

A mediados de noviembre de 1976, una vez aprobada en las Cortes, con harakiri incluido de los procuradores, la Ley para la Reforma Política sometida a referéndum un mes más tarde, el 15 de diciembre, pintaba que habría elecciones generales libres cuya convocatoria fijó un decreto, de 15 de abril de 1977, para el 15 de junio siguiente.

La adopción de la Ley para la Reforma fue defendida ante el Pleno con habilidad dialéctica por el vicepresidente tercero, Fernando Suárez González, ministro de Trabajo en el último Gobierno de Arias Navarro anterior a la muerte de Franco y procurador en Cortes por designación directa del rey. Seguí aquel Pleno de las Cortes desde la tribuna de prensa y luego en los pasillos. Allí, algunos de los de la adhesión inquebrantable parecían dispuestos a devolver el billete que habían sacado para el «búnker» y se confortaban unos a otros diciendo: «Tranquilos, si esto se nos escapa es que somos idiotas». Años antes había escuchado a Rodolfo Martín Villa, cuando daba cuenta de la nueva Ley Sindical nacida del congreso de los verticalistas en Tarragona, que prefería ser abierto en la ley y conservador en las personas, y por esa senda parecían dispuestos a caminar para mantenerse en el machito.

Pero nadie daba tregua alguna. Así que el 11 de diciembre, en vísperas del referéndum, el indescifrable Grapo secuestraba a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, reclamando para su liberación que fueran puestos en libertad los quince detenidos que figuraban en una lista. Y el lunes 24 de enero, a primera hora de la mañana, cuando salía de su domicilio de la calle de O’Donnell 49, también los Grapo secuestraban al teniente general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Lo comunicaron en llamada a Diario 16 y lo explicaron con más detalle en un comunicado recibido en El País donde señalaban que era una respuesta a la muerte del joven Arturo Ruiz, ocurrida el día anterior durante una manifestación proamnistía en Madrid.

Ese mismo día María Luz Nájera, estudiante de tercer curso de Ciencias Políticas de la Complutense, fallecía al ser alcanzada por un bote de humo de los antidisturbios que hacían frente a una manifestación por la muerte de Arturo Ruiz. Y sobre las diez y media de la noche, en Madrid dos individuos ametrallaban un despacho de abogados laboralistas, sito en la calle de Atocha 55, dejando cuatro abogados y un administrativo muertos —Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado de Antonio, Ángel Elías Rodríguez Leal y Enrique Valdevira Ibáñez— y otros tres abogados gravemente heridos. El miércoles día 26, el entierro de los asesinados en el despacho laboralista de Atocha se convirtió en una impresionante manifestación cívica bajo un control admirable del servicio de orden del PCE, al que ya no se le pudo discutir la legalización pendiente. Y el viernes 28 de enero, dos miembros de la Policía Armada y un guardia civil eran asesinados en dos atentados terroristas en Madrid que reivindicaron también los Grapo.

Aquella tarde, el Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria, acordaba la suspensión, por decreto-ley, de los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles, que garantizaban respectivamente la inviolabilidad del domicilio y las formalidades de las detenciones, incluido el plazo máximo de setenta y dos horas antes de pasar a disposición del juez.

El régimen democrático en construcción se veía sacudido por las más graves tensiones. Nadie parecía capaz de dar una respuesta. Parecía que todo el proceso de las reformas encaminadas a la recuperación de las libertades, que acabaría denominándose «transición a la democracia», podía venirse abajo. En esas circunstancias los directores de los periódicos de Madrid —ABC, Arriba, Diario 16, El Alcázar, El País, Informaciones, Pueblo, Ya— se reunieron en el salón de la lámpara checa del Palacio de la Prensa de la plaza del Callao, de nuevo sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, y acordaron lanzar un editorial conjunto que publicarían todos al día siguiente. A este recurso extremo se había acudido cuando la legalización del PCE y antes, en abril de 1976, en defensa de nuestro colega José Antonio Martínez Soler, que había sido secuestrado y brutalmente agredido por elementos descontrolados de la Guardia Civil, decididos a darle un escarmiento en represalia a una información que les afectaba y que publicó el semanario Doblón, que acababa de aparecer bajo su dirección. El editorial conjunto aparecido en primera página de todos los diarios de la capital el 29 de enero de 1977 se manifestaba en los siguientes términos:

POR LA UNIDAD DE TODOS

En estos momentos de crisis nacional, cuando fuerzas poderosas amenazan a la esencia misma del Estado y tratan de usurpar por la violencia el mandato popular en favor de la democracia y la paz, la prensa considera que es su obligación hacer un llamamiento a la unidad de todos, sin exclusiones.

El derecho de un pueblo a decidir libremente su destino colectivo no puede ser impedido por la violencia y el crimen organizado. Solo la confrontación pública de las diversas posiciones, la clarificación y transparencia de las realidades sociales y, en última instancia, la expresión de la voluntad de los ciudadanos a través del sufragio, tienen legitimidad para configurar la nueva sociedad española.

El terror no tiene ideología. El desenmascaramiento de cuantos intentan beneficiarse de esta estrategia es exigencia unánime de los españoles a su Gobierno. Servidores del orden y otros ciudadanos son víctimas hoy de una misma violencia que trata de sumir en la discordia civil a nuestro país.

Quienes han puesto en marcha esta maquinación son los enemigos de todos, son los enemigos del pueblo español. Su designio es patente: tratan de impedir que se establezcan las fórmulas civiles de convivencia libre y ordenada a que los españoles tienen derecho. Ante este reto, todas las fuerzas políticas y sociales están obligadas a hacer un frente común y, dejando a un lado sus diferencias, proclamar su decisión de continuar hasta el final el camino hacia la democracia a través de unas elecciones libres.

Es necesario que el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas se pongan rápidamente de acuerdo, y que se adopten enérgicas medidas para salvaguardar la paz sin menoscabo de las libertades públicas. Está en juego el ser o no ser de la democracia en España y el futuro de nuestro país como sociedad pluralista y libre.

Suárez no era de antiguo abolengo

El editorial conjunto causó gran impacto y ambientó el mensaje que, por la tarde del 29 de enero de 1977, dirigía el presidente Suárez al pueblo español a través de Televisión Española. Arrancaba reconociendo la gravedad de la situación creada por actos criminales que trataban de impedir el camino hacia una convivencia civilizada, en favor del cual se habían manifestado los ciudadanos con su voto en el referéndum del 15 de diciembre que había aprobado la Ley para la Reforma Política. En nombre del Gobierno explicaba que no existían medidas milagrosas para resolver esos desafíos y que allí donde hubiera un criminal dispuesto a matar, existía la posibilidad de que se cometiese un crimen. Pero salía al paso de las acusaciones que le estaban haciendo y dejaba claro su firme postura:

De entreguismo a la subversión, nada; de actitudes tibias hacia las provocaciones, nada; de despreocuparnos ante los grandes temas que puedan rozar la unidad nacional, la independencia o la seguridad de la patria, nada. Pero en cambio, sí decimos que de actitud y predisposición al diálogo pacífico, todo; del reconocimiento a la peculiaridad y personalidad de las regiones, todo; de hacer posible que las diversas opciones políticas puedan desarrollar unas legítimas aspiraciones al poder, absolutamente todo.

La tensión seguía. Los Grapo secuestradores encelaban a periódicos y emisoras haciéndoles llamadas o depositando comunicados en lugares insólitos con el aviso de que pasaran a recogerlos, y así se garantizaban visibilidad en las primeras páginas y sonoridad en la apertura de los informativos radiotelevisados. Conseguían la propaganda por la acción, que es objetivo permanente de los terroristas. El ministro de la Gobernación, Martín Villa, considerando que la competencia entre los medios de comunicación producía interferencias en la tarea de la policía, procedió el 9 de febrero a decretar materia reservada las investigaciones para el esclarecimiento de los secuestros de Oriol y Villaescusa. Apenas dos días después, el 11, ambos fueron rescatados por el comisario Roberto Conesa y su equipo, lo cual no fue óbice para que se dictara otro decreto-ley, el 14/1977, de 25 de febrero, que prorrogaba hasta el 31 de marzo el adoptado el 28 de enero para suspender parcialmente la aplicación de los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles.

Valdría la pena hacer una cronología en dos columnas paralelas de los seis meses transcurridos entre el 15 de diciembre de 1976, fecha del referéndum de la Ley para la Reforma Política, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones generales libres. En la primera columna figurarían las medidas adoptadas, como la abolición del Tribunal de Orden Público, indultos, amnistías, reforma de los códigos y de las leyes, legalización de sindicatos y partidos políticos; en la segunda, la secuencia de los atentados terroristas y de las provocaciones violentas que les daban respuesta. La conclusión básica sería que el terrorismo, los terroristas, cumplían con todo rigor la propiedad de la impenetrabilidad de la materia, aferrados como estaban al «cuanto peor, mejor» y entregados al principio elemental de la acción-reacción intentando incitar el golpismo que desenmascarara el proceso emprendido hacia la democracia para presentarlo como una intentona de maquillar la dictadura en fase de eclipse.

La convocatoria de las primeras elecciones generales libres establecía la sujeción del proceso al Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales. Con posterioridad, otro Real Decreto 967/1977, de 3 de mayo, desarrollaba el artículo 40 del anterior para garantizar la concurrencia en igualdad de oportunidades de todas las candidaturas. La campaña quedaba acotada en los veinte días que iban del 24 de mayo al 13 de junio y dejaba las vísperas del 14 como jornada de reflexión. Tantos años de ayuno terminaron con un festival de propaganda que empapeló las calles con carteles de la que fue denominada «sopa de letras» por la pléyade de formaciones con sus siglas, sus logotipos, sus líderes y sus listas, que tomaron la salida para competir por el voto de los electores. Durante los cuarenta años de la travesía del franquismo los partidos habían bruñido sus posiciones ideológicas, pero jamás habían tenido oportunidad alguna de someterlas a la prueba del algodón, es decir, al contraste con las urnas. De golpe veían llegada la hora de articular programas capaces de conectar con las aspiraciones de los votantes que debían auscultar cuidadosamente, mientras buscaban recursos económicos para difundir sus propuestas y se entrenaban en las artes mitineras y en la lidia de los medios de comunicación.

Con una participación en las urnas del 78,83% del censo de electores, los resultados del escrutinio erigieron a la UCD como partido más votado, pero sus 165 diputados la dejaban a 11 escaños de los 176 —mitad más uno del total de 350— en que se cifraba la mayoría absoluta del Congreso. Esa manquedad obligaba a los «centrosuaristas» a la búsqueda de apoyos complementarios. Es decir, que los dejaba sin el rodillo de la mayoría, una carencia clave para que la Constitución en elaboración necesitara del consenso. Una actitud exhibida primero como virtud integradora y denostada después como suma de vicios y debilidades generadoras del desencanto.

Las imposiciones quedaban excluidas dada la aritmética parlamentaria salida de las urnas, de modo que esta vez la elaboración de la Carta Magna obligaba a romper la tradición tan española que consiste en que el texto sea esgrimido por los unos, la mayoría, contra los otros, los ignorados. Es decir, que, en esta oportunidad, quedaba bloqueado el proceder sectario que termina dejando anillada la fecha de caducidad para el momento en que se da la vuelta a la tortilla o cambia el color político gubernamental. Estamos advertidos por el «ortegajo», que ya cité antes, de que «toda realidad que se ignora prepara su venganza», pero no solo de Constitución viven los gobiernos, y en particular el del presidente Suárez, salido de estas primeras elecciones generales libres, comparecía cada mañana en los pasillos del Congreso donde se subastaban los votos que necesitaba cada uno de sus proyectos legislativos o de los asuntos de ordinaria administración.

Adolfo Suárez, como los Trotta de los que escribe Joseph Roth al comienzo de su novela La marcha Radetzki (1932), «no era de antiguo linaje». Nada que ver con doña Aldonza Briones, cuñada de los Quiñones y prima de los Hontoria, que aparece en La venganza de don Mendo. Natural de Cebreros (Ávila), estudiante por libre de la licenciatura de Derecho, maletero en la estación de Atocha. Ni Oriol, ni Urquijo, ni conde de Benavente, ni duque de Borbón, ni Garrigues, ni alto funcionario del Estado, ni doctorado en prestigiosa universidad extranjera, ni políglota, ni rico heredero templado en el elogio de la ociosidad. Un flecha, decían de él sus competidores para invalidarlo. Ni había leído tantos libros como Fraga, ni había tenido tantas nanis como Areilza. Ni abono en el Real, ni barrera en la plaza de Las Ventas. Pero igual que don Juan Carlos, con quien enseguida sintonizaría de manera muy particular a partir de ocupar la dirección general de Radio Televisión Española, tenía la universidad de la calle y una pituitaria excepcional.

Las que otros hubieran resentido como carencias inhabilitantes fueron asumidas por él como ventajas comparativas. Se definía como un «chusquero» de la política dando a entender que había empezado ascendiendo desde abajo, desde soldado raso hasta el máximo grado, a la manera de Camilo García de Polavieja, que sin haber pasado por la Academia Militar alcanzó la dignidad de capitán general. Por eso conocía todo el ensamblaje real de los intereses y de los corazones de las gentes. En la distancia corta era irresistible. Hacía que sus interlocutores se sintieran importantes. Por lo general, quien consigue ser recibido por un prócer da en sentirse privilegiado por haber tenido esa oportunidad. Pero quienes se presentaban ante Suárez salían convencidos de que haberlos recibido a ellos era lo más importante que había podido sucederle al presidente. Les hacía sentirse importantes en sí mismos, en vez de admiradores de la importancia de quien les había dado audiencia.

Adolfo Suárez tenía un alto sentido de la dignidad de la presidencia del Gobierno, así como la firme convicción de que quien la ejerciera debía ocupar la primera posición por haber recibido la confianza de sus conciudadanos. Por eso, se mantuvo erguido en su escaño cuando el teniente coronel Antonio Tejero y sus secuaces irrumpieron en el Congreso el 23 de febrero de 1981 y conminaron a todos los diputados a tirarse al suelo mientras disparaban sus armas automáticas. Frente a tantos saberes inútiles de algunos figurantes, Suárez supo siempre que la monarquía solo prevalecería si integraba a la izquierda, que la Restauración de 1876 fracasó por haber sido incapaz en su día de sumar al PSOE de Pablo Iglesias y por haber amparado el golpe del general Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, que la arrastró luego en su caída de 1930. A Adolfo Suárez, como al fundador de la dinastía de los Trotta, el destino lo había escogido para una hazaña especial y también salvó al rey como hizo el primer Trotta con el emperador Francisco José I de Austria en Solferino.

Se consideraba el inventor del parchís y sabía que el juego no era un solitario, que necesitaba de la participación de otros jugadores que compitieran por el triunfo. Cuando la propuesta de Felipe González de retirar la definición marxista del partido fue derrotada el 20 de mayo de 1979 en el XXVIII Congreso del PSOE y la dirección quedó en manos de una gestora que presidía José Federico de Carvajal, arropado por Enrique Tierno Galván, Luis Gómez Llorente y Francisco Bustelo, Adolfo Suárez evitó cualquier gesto oportunista. Decidió no dar ni agua a los de la gestora y mantener el diálogo permanente con el derrotado. La alternativa por su perfil radical podría haber atornillado la permanencia de Suárez en el poder por algún tiempo más, pero al final el panorama nacional se habría enrarecido con daños para el sistema recién instaurado.

A la carrera tras la noticia. El 29 de enero de 1981, tras presentar su dimisión como presidente del Gobierno al rey Juan Carlos, Adolfo Suárez convocó a los miembros de su gabinete. En la imagen, Manuel Soriano y Miguel Ángel Aguilar intentan alcanzar el coche de uno de los ministros que llegaba a Moncloa.

Suárez quería un PSOE moderado capaz de disputarle el poder de manera verosímil, y tanto lo fue que ganó las siguientes elecciones. Ese sentido de responsabilidad sobre la clase de oposición que tener enfrente fue abandonado por los sucesivos presidentes del Gobierno. A Felipe González le venía muy bien apostar por el imposible de Fraga al que cabía, dijeron, el Estado en la cabeza. Como señalaron algunos, le cabía el Estado pero nada más. José María Aznar quería convertir a José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) de Bambi en líder extremado y pancartista. ZP estaba encantado con un PP echado al monte dedicado al «victimato» y con los obispos azuzando. Y Mariano Rajoy negó al PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba el pan y la sal con resultado de favorecer al Podemos de Pablo Manuel Iglesias.

Exclusiva de Diario 16. En la portada de la edición del 17 de marzo de 1977 se anunciaba que Adolfo Suárez sería candidato por Ávila en las elecciones de junio.

Pero veníamos del mes de mayo de 1977, cuando el Diario 16 se adelantó con la primicia de que Adolfo Suárez iba a presentar su candidatura a las elecciones al frente del grupo que había formado con elementos centristas de diferente procedencia y consideración, que logró aunar bajo la denominación de Unión de Centro Democrático (UCD). El resultado destrozó muchos pronósticos, ya que la lista más votada resultaba ser la UCD, un partido de aluvión en el que se alineaba detrás de Suárez la derecha civilizada de diferentes denominaciones de origen, incluidos los franquistas que se habían aplicado con inteligencia sintiente el escarmiento portugués y se aprestaban con decisión y audacia a protagonizar la «reforma» para evitar ser las víctimas propiciatorias de la «ruptura» que otras fuerzas reclamaban como opción más legítima. En ese campo del centro a la derecha asomaba muy visible la derrota sin paliativos de los «siete magníficos» de Alianza Popular (AP), que habían cosechado menos de la cuarta parte de los votos de UCD.

Extraños compañeros de cama

A Carlos Mendo se lo llevó Manuel Fraga a la embajada de Londres cuando fue acreditado ante la corte de San Jaime. De regreso a Madrid, Mendo fue jefe de prensa de Alianza Popular. Un buen amigo periodista recuerda con cuánto detalle Mendo había estado preparando durante semanas la conferencia de prensa que iba a celebrarse en el Hotel Mindanao el 21 de octubre de 1976 para la presentación de AP. Llegado el momento, allí estaban los «siete magníficos». En el centro del estrado Fraga, a quien acompañaban Laureano López Rodó, Antonio María de Oriol, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas y Enrique Thomas de Carranza, cada uno con su pequeña asociación política a cuestas. La sala registraba un lleno absoluto. Fraga hizo la puesta en escena y abrió el turno de preguntas. La primera, bastante inocua, irritó a Fraga y le hizo sacar su peor registro para recordar al periodista que había sido él quien le había dado el carné de prensa, como si por su condición de recipiendario viniera obligado a mayor sumisión. Del fondo de la sala vino la última que inquiría de Fraga si en ese momento era tan amigo de López Rodó como cuando en agosto de 1969 estalló el caso Matesa.

—Mi querido amigo —respondió Fraga—, según el proverbio inglés, Politics makes strange bedfellows, o dicho en castellano, la política hace extraños compañeros de cama.

Entonces, Laureano que le flanqueaba a la derecha se puso blanco como la cera y la sala estalló en carcajadas. Mendo comentaba después que le habían pulverizado más de un mes de trabajo. Es interesante subrayar desde otra óptica la venturosa capacidad mostrada por AP para albergar en sus filas, sin desnaturalizarse, a una extrema derecha que acabó prefiriendo ingresar en ese refugium peccatorum antes que emprender una aventura autónoma alineándose bajo las banderas de la Confederación Nacional de Excombatientes que lideraba José Antonio Girón de Velasco o las de Fuerza Nueva de Blas Piñar.

El desagradecimiento de los electores

El caso es que al bajar la marea del franquismo seguían en las playas las huellas de los nacionalismos anteriores a 1936. En el País Vasco coloreadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que mantuvo sus señas en el exilio igual que en cierta medida lo había hecho Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para el caso catalán. Los primeros se las prometían muy favorables para hacerse con el Gobierno autonómico. La versión catalana etiquetada por Esquerra había quedado en esqueje, pero pretendía afanarse con todo denuedo en sacar ventaja del papel desempeñado durante años políticamente sombríos en favor de la continuidad histórica.

En cuanto a la izquierda, quedaba claro el desagradecimiento de los electores a los servicios prestados por las fuerzas de oposición al régimen franquista. De modo que el PCE, que había vertebrado la oposición a la dictadura franquista, recibía la cuarta parte de los votos sumados por los socialistas del PSOE. En el área de Cataluña la franquicia comunista, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), apenas alcanzaba dos tercios de los votos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), aliado del PSOE. Los socialistas comparecían en las urnas además con otras etiquetas de arte y ensayo como la del PSC y la del Partido Socialista Popular (PSP) del viejo profesor Enrique Tierno Galván, que si hubieran sumado habrían igualado en votos a la UCD. El PCE se sentía infrarrepresentado respecto a sus merecimientos, pero el fallo de las urnas resultaba inapelable, sin acceso a ningún libro de reclamaciones.

Los socialistas veían recompensados sus esfuerzos de modernización emprendidos de modo particularmente acelerado desde que fueron a la búsqueda del tiempo perdido con su XIII Congreso, último en el exilio, que tuvo lugar en el teatro Jean Vilar de Suresnes, un suburbio de París, entre los días 11 y 13 de octubre de 1974, con asistencia del socialdemócrata alemán Willy Brandt, del SPD; de François Mitterrand, del Partido Socialista Francés; de Bruno Pittermann, presidente de la Internacional Socialista; y de apoyos de Nicolás Redondo. En lo que se llamó el Pacto del Betis se entronizó a Felipe González Márquez, cuyo nombre de batalla era Isidoro, y a Alfonso Guerra. Once zonas del Partido Socialista del Interior, reconvertido en el PSP poco después, estuvieron representadas. Hubo cuatro mil afiliados —mitad del exilio, mitad del interior— que tuvieron allí sus delegados, pero otros muchos no se incluyeron por no estar al día en el pago de sus cuotas. Como refleja José María Maravall en su libro La política de la transición 1975-1980[21], el partido adoptó la estrategia de la Declaración de Septiembre, acordada por Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Nicolás Redondo y Pablo Castellano en Guipúzcoa el mes anterior.

El PSOE estaba apostando por mantener a toda costa su autonomía política. De ahí que rehusara unirse a la Junta Democrática constituida en 1974 por el PCE, el PSP de Tierno Galván, una pléyade de formaciones o grupúsculos marxista-leninistas, más alguna personalidad autodenominada independiente, como Antonio García-Trevijano, a la que se concedía el mismo peso que a los partidos integrantes. Los socialistas que querían quedarse con la marca histórica del PSOE optaron por unirse a los demócrata-cristianos y otros sectores marxistas en la Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas, Junta y Plataforma, acabarían fusionándose bajo la denominación de Coordinación Democrática en la primavera de 1976. El hecho es que los socialistas lograron embellecer la memoria de su pasado y convertirse de manera indiscutible en la fuerza hegemónica de la izquierda. Los comunistas sentían que los socialistas les habían madrugado y se tomaban pequeñas venganzas e ironías. Por ejemplo, al lema «Cien años de honestidad», acuñado por el PSOE para el centenario de su partido, Ramón Tamames, entonces en la dirección del PCE, había replicado «y cuarenta de vacaciones», dando a entender que apenas se les había visto durante la larga travesía del franquismo.

Volviendo a la primera cita electoral, la de junio de 1977, hay que añadir que a los 207 senadores salidos de las urnas por elección directa se sumaron los 41 de designación real, que reservaba la Ley para la Reforma Política. De modo que el 15 de junio de 1977, a las 22.40 horas, fuera del tiempo de influencia sobre los votantes, el Ministerio de Información y Turismo desvelaba la lista de esos senadores, que había levantado considerable expectación. Allí figuraban seis ministros del Gobierno en funciones de Adolfo Suárez, a saber: Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Fernando Abril, Rodolfo Martín, Landelino Lavilla e Ignacio García. Entre los escogidos, diecinueve procedían del mundo del derecho; cinco estaban dedicados a la política; tres pertenecían a la empresa privada, incluido un banquero; tres se dedicaban a la economía; tres pertenecían a la carrera militar; tres eran periodistas; y había un médico, un químico y un filósofo. Los nombres más llamativos de la lista del rey fueron: Fernando Abril (político), Camilo José Cela (escritor), Torcuato Fernández-Miranda (político y jurista), Enrique Fuentes Quintana (político y economista), Antonio Hernández Gil (jurista y político), Belén Landáburu (abogada y política), Landelino Lavilla (abogado y político), Guillermo Luca de Tena (escritor y periodista), Julián Marías (filósofo), Rodolfo Martín Villa (político), Marcelino Oreja (diplomático, jurista y político), Alfonso Osorio (político), Luis Sánchez Agesta (catedrático de Derecho y político) y Valentín Silva Melero (catedrático, jurista y político).

Pasionaria, Alberti y Jordi Pujol en el hemiciclo

El día 13 de julio, cuando se celebraba la sesión constitutiva del Congreso, en la mesa de edad a la que correspondía presidir las votaciones para la elección de quienes habrían de ocupar presidencia, vicepresidencias y secretarías durante la legislatura, correspondió que fueran vicepresidentes Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y Rafael Alberti. Fraga había dicho a un corresponsal extranjero que no habría policía bastante en España para proteger a Santiago Carrillo o a Pasionaria. Pero se estaba comprobando lo contrario. O sea, «lo nunca visto de Marta Chávarri», como tituló el número 666 del semanario Interviú correspondiente al 14-20 de febrero de 1989 y quizá comentaré más adelante. Allí estaba para contárselo a los lectores de Diario 16, desde la sección que creamos con el nombre de «El hemicisco», Francisco Cerecedo, Cuco, que ya tenía retratados a los protagonistas del momento en la serie Figuras de la Fiesta Nacional publicada en abril de 1977 en las páginas de nuestro periódico, cuando ya estaban convocadas las elecciones.

Vale la pena volver a las primeras manifestaciones que hicieron en el Congreso de los Diputados los portavoces de los grupos parlamentarios durante el pleno del 27 de julio de 1977. Porque las intervenciones de los portavoces, atendiendo al orden en que habían sido solicitadas, fueron definitorias. La primera fue del socialista Felipe González, que se decía animado por el mismo espíritu de antaño sin anclarse en viejos esquemas superados, consciente de que representaba una continuidad histórica en la lucha por las libertades individuales y colectivas y de que los antagonismos sociales en la hora presente eran fundamentalmente distintos y más complejos que en otros tiempos, y aspiraba de nuevo a representar intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares de los que había recibido la confianza. Enseguida pedía que se completara la amnistía y que a quienes seguían teniendo la consideración de vencidos se les restablecieran todos sus derechos, así como la derogación de toda la legislación represiva. Y subrayaba la tarea inmediata de las Cortes de elaborar una nueva Constitución que se debatiera en una comisión constitucional de nueva creación.

En su intervención, Santiago Carrillo pidió que culminara el proceso de reconciliación y señalaba que hacía falta un gobierno de concentración democrática nacional.

Le siguió Jordi Pujol Soley, quien daba cuenta de la gran esperanza que había en Cataluña y alzaba al cielo las firmes promesas de renunciar a defender ninguna posición de privilegio y a pedir el reconocimiento «de nuestra personalidad colectiva, lingüística, cultural, de conciencia histórica y de voluntad de mantener y actualizar integrada en el conjunto español una personalidad diferenciada. Todo ello sin rechazar nuestras responsabilidades de todo tipo a escala española y sin dimitir de nuestra voluntad de ser protagonistas de la política española». A su entender, la cuestión catalana y, en general, la cuestión de las nacionalidades, «vista como lo que es, es decir, como una eficaz, sólida y fraternal articulación de los diversos pueblos de España y no como un factor de disgregación de esta cuestión y sí su solución, debe ser vista con simpatía». Su política decía que iba a ser («y procuraremos hacerlo lo mejor posible en esta Cámara y a nosotros va a plantearnos de vez en cuando problemas difíciles») un doble juego de afirmación catalana y de proyección positiva y constructiva sobre el resto del Estado. «Que nadie tema —concluía Pujol— que nosotros vayamos a actuar como si las dificultades del Estado español puedan tener unas consecuencias positivas para Cataluña, porque o nos salvamos todos o todos retrocederemos hacia posiciones sociales regresivas, posiciones anticatalanas».

7

De políticos, periodistas y escoltas

El Club Blanco White, lo más de lo más

En las postrimerías del franquismo fundamos el Club Blanco White con el propósito de echarnos al plato a los próceres que se prestaran. La nómina de fundadores la componíamos Lorenzo Contreras, José Oneto, Pedro Calvo Hernando, Ramón Pi, José Antonio Nováis, Josep Meliá, Luis Apostua, Federico Ysart y yo. Cuando Adolfo Suárez formó gobierno después de las elecciones del 15 de junio de 1977, entraron en política Josep Meliá como secretario de Estado para la Información; Federico Ysart como asesor del vicepresidente Fernando Abril Martorell, y Luis Apostua como director general en el Ministerio de Justicia de Francisco Fernández Ordóñez. Los tres quedaron en situación de excedencia periodística y en su lugar cooptamos a Juan Luis Cebrián, Pedro Altares y Félix Santos. Nunca tuvimos estatutos ni directiva. Hice de tesorero encargado de recabar las aportaciones de todos evitando la morosidad y de mantener al día las cuentas con el restaurante. Fracasé en el empeño porque cuando dejamos de reunirnos a mediados de los años ochenta debíamos a Nicolasa alrededor de 8000 pesetas.

En la Moncloa, con el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, que había invitado al Club Blanco White. En primera fila: Pedro Altares, Félix Santos, José Oneto, Leopoldo Calvo Sotelo, Juan Luis Cebrián y Ramón Pi. En segunda fila: Luis Sánchez Merlo (Secretario General de Presidencia), Lorenzo Contreras, José Antonio Novais, Ignacio Aguirre Borrell (Secretario de Estado de Información), Pedro Calvo Hernando y Miguel Ángel Aguilar.

Para la puesta en marcha del Blanco White, en vez de comparecer ante notario para otorgar una escritura de constitución, procedimos como correspondía a unos periodistas difundiendo la noticia de nuestro nacimiento. Solo existíamos para almorzar en el reservado del restaurante Nicolasa de la calle de Velázquez, enfrente del edificio que todavía era del Nodo. Comíamos a la carta, pero pagábamos a escote haciéndonos cargo a nuestras expensas del cubierto del invitado. Ese proceder simplificaba las cuentas con una sola división, pero creaba tensiones porque a quienes habían pedido menestra les correspondía pagar la parte alícuota de las angulas que otros habían preferido y se soliviantaban. A veces, sobre la marcha los de la menestra rectificaban y se apuntaban a lo más caro. En esos trances aprendí que también era de aplicación a los periodistas aquello de «cuántas mariscadas hay que comer por ahí fuera para llevar un plato de sopa caliente a casa», como había escrito Manolito Vidal en el semanario Posible. Nuestro amigo, que terminó sus días llevando una vida palaciega en Sanlúcar de Barrameda, era una gloria de la escena española, porque, tartaja completo, se le pasaba la tartamudez en cuanto pisaba las tablas.

En junio de 1976, una semana después de ser designado presidente del Gobierno, Adolfo Suárez aceptó la invitación del Club Blanco White. Allí contó cómo proyectaba salir del «movimiento continuo» en el que parecíamos encerrados. Habló de una Ley para la Reforma Política preparada con el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, que iba a significar el suicidio asistido de la clase política del franquismo para dar paso al cambio. José Oneto ha recordado en una de sus columnas del semanario Tiempo[22] lo que entonces contó Suárez en una larguísima conversación off the record a los del Club Blanco White, que le habían invitado en su sede, el reservado de Nicolasa:

Fumando sin parar aquellos Ducados, cuya principal característica era su elegante caja azul, y sin apenas probar bocado (pidió solo una tortilla francesa muy hecha) estuvo hablando sin parar y solo interrumpido por alguna pregunta, desde las tres de la tarde hasta prácticamente las nueve de la noche. Nos dijo que si se aprobaba en el plazo previsto la Ley de Reforma Política en un año se celebrarían elecciones generales libres en España.

Tengo que decir que no le creímos, nos parecía imposible que ese calendario pudiera cumplirse. No solo el calendario sino todos los pasos que este llevaba consigo: Ley de Reforma Política, Ley de Amnistía, legalización de los sindicatos, reconocimiento de todos los partidos, incluido, posiblemente, el Partido Comunista, vuelta a España de los exiliados… Tengo que añadir que conforme avanzaba en su exposición menos le creíamos. Nos parecía imposible que los jerarcas del régimen se hicieran el harakiri, que el Ejército aceptase un plan como ese, que dejasen incluso al joven Rey intentarlo.

Pero nos equivocamos. Todo lo que nos anunció Suárez en aquella comida se cumplió.

Leopoldo Calvo Sotelo vino también a Nicolasa invitado por el Club Blanco White, siendo ya presidente del Gobierno. Semanas después nos devolvió la invitación para que almorzáramos en Moncloa, ocasión de la que ha quedado documento gráfico. De Leopoldo se ha querido dar una imagen de hombre triste, pero en el trato corto tenía a wonderful sense of humor. La convocatoria allí fue un pleno. Nuestro anfitrión dijo que aquel era un día grande para el Club, no porque la reunión fuera en Moncloa, cuestión a su parecer irrelevante, sino porque estaba entre nosotros Juan Luis Cebrián, ausente cuando él había acudido a Nicolasa.

Pero de las reuniones del Club Blanco White hay una que cobró especial relevancia para mí. Era abril o mayo de 1977 e invitamos a almorzar al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, con quien discutimos su estrategia de dar altas responsabilidades policiales a personajes como Roberto Conesa, fuertemente significados en la represión de los demócratas. El ministro argumentaba en su defensa, y como elemento de convicción adicional prometió devolvernos la invitación con un almuerzo en la sede del ministerio a cuya mesa sentaría a Conesa para sacarnos de nuestro error. Dificultades de la jornada informativa hicieron que, cuando al fin fuimos convocados, mi llegada al ministerio se produjera pasadas las tres y cuarto de la tarde. Allí estaban todos los del Club con el ministro, a quien acompañaban sus colaboradores Mariano Nicolás, director general de Seguridad; José Sainz, subdirector general de la Policía; y Ramón del Corral, su jefe de prensa, además de Conesa. Los comensales estaban ya dando cuenta de la carne. Estreché la mano al ministro, quien me indicó:

—Miguel Ángel, antes de sentarte saluda a tus enemigos.

Así lo hice, interpretando que se trataba de que saludara a los altos cargos del ministerio, y ocupé mi sitio.

En aquel momento discutían José Oneto y Lorenzo Contreras sobre la situación de cambio o de inmovilismo. Contreras negaba la existencia de cambios apreciables. Oneto argumentaba lo contrario y en su apoyo adujo:

—La prueba es que hoy estamos aquí almorzando con Conesa.

El aludido reaccionó crispado:

—A mí no me ha faltado de comer desde los años treinta.

—Roberto —dijo Oneto—, no me ha entendido bien, lo que yo quería explicar es que hace unos años nosotros estaríamos siendo interrogados en los sótanos y ahora estamos aquí compartiendo este almuerzo.

—Bien —replicó Conesa—, sepan que yo me encuentro muy honrado de sentarme a la mesa con ustedes, aunque no con todos.

Entonces, con la cara enrojecida, Conesa se puso en pie y, dirigiéndose al ministro, añadió:

—Me van a disculpar, pero debo ausentarme. Tengo pendientes trabajos que no pueden aguardar.

—Roberto, eso no va a impedirle terminar de almorzar —terció el ministro.

Pero Conesa ganó la puerta de servicio y abandonó la sala. Detrás de él salió Mariano Nicolás. Pasaron unos segundos que parecieron interminables. Salió también José Sainz. Salió también el ministro. Al cabo, volvieron todos, salvo Conesa. El intento de justificar la abrupta salida como si se hubiera debido a molestias gástricas sobrevenidas no colaba, y el director general de Seguridad mencionó la incomodidad que producía a Conesa la presencia de directores de algunos medios informativos donde se le había atacado de modo muy injusto. Al terminar el ágape, José Antonio Nováis, corresponsal de Le Monde, que estuvo sentado a la mesa del almuerzo en sitio contiguo a Conesa, vino a decirme que el comisario le había preguntado quién era aquel comensal que llegaba tan retrasado, y fue al darle mi nombre cuando se puso en pie para marcharse.

El ministro Martín Villa supo que debía dejar a salvo su autoridad ante los miembros del Club Blanco White e impuso a Conesa la obligación de ofrecer a todos ellos disculpas por su descortesía. De modo que en los días siguientes remitió a cada uno de ellos un tarjetón autógrafo con sus excusas. El caso es que solo el más rezagado en comparecer, aquel cuya aparición había generado el desplante y fuga del superagente, nunca llegó a recibirlo.

El superagente Conesa me quería proteger

El secuestro por los Grapo de Oriol y Villaescusa y su liberación semanas después, en febrero de 1977, había puesto en el «candelabro», por decirlo al modo de Sofía Mazagatos, al comisario Conesa, en quien había confiado el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, la resolución del caso trayéndole de Valencia, donde fungía como jefe superior de Policía. A Conesa lo envolvía la memoria de las torturas infligidas en los interrogatorios a gentes conocidas del PCE y de otros grupos durante sus años de destino en la Brigada Social, además de una leyenda sobre sus infiltraciones en las fuerzas antifranquistas, donde mantenía antiguos contactos por haber ingresado en el cuerpo al servicio de la República. En suma, un pasado necesitado de blanqueo ahora que llegaba la nueva situación. Conesa había enlazado destinos y ascensos en la Brigada Social, de la que llegó a ser jefe cuando se disolvió en 1976. Enfrentar a Conesa con su verdadera trayectoria fue la propuesta que me hizo Gregorio Morán cuando vino a verme estando yo recién llegado a la dirección de Diario 16. Decía conocer bien al personaje y haber seguido su rastro en los archivos del PCE, con los que estaba familiarizado.

Así surgió el serial de nueve capítulos «Superagente Conesa. Esta es su vida», que empezó a publicarse el 24 de marzo de 1977 y prosiguió en días consecutivos hasta el 2 de abril. Es decir, algo más de un mes después del punto culminante de la glorificación de Conesa, que se había alcanzado el 11 de febrero cuando fueron liberados Oriol y Villaescusa de sus captores del Grapo, que los tenían secuestrados en dos pisos modestos de Alcorcón y Vallecas bajo una vigilancia doméstica encomendada a comandos con madre y niña pequeña. Los dos observaron en todo momento un comportamiento de reclusos modelo, entregados a rezos devotos. El primer capítulo, titulado «De mozo de ultramarinos a militante socialista», refería cómo durante la Guerra Civil había comenzado a militar en las Juventudes Socialistas Unificadas y al acabar la contienda empezó a trabajar para la policía política y recibió la misión de reconstruir y liquidar el Socorro Rojo Internacional y las Juventudes Socialistas Unificadas, para infiltrarse después en la guerrilla española en Francia, que noveló Almudena Grandes en Inés y la alegría[23]. Esa misma tarde el Ministerio de la Gobernación estimaba que el texto dedicado a Conesa podría constituir un delito tipificado como «desacato a la autoridad» y «ofensas a cuerpo del Estado». En respuesta a El País, que se había interesado por el caso, desde la dirección del periódico aclaramos que ninguna comunicación oficial se había recibido al respecto y que «el serial estaba realizado con una abundante información obtenida de partes interesadas y muy contrastada con organismos que merecen máxima solvencia». El segundo, del día 25, fue «Un policía algo especial»; el tercero, del día 26, «Año 47: entrada en el PCE»; el cuarto, del día 28, «Especialista en infiltraciones»; el quinto, del día 29, «Viaje a Santo Domingo»; el sexto, del día 30, «Un policía recorre Europa»; el séptimo, del día 31, «Calle Correos: interroga el Tío Carlos»; el octavo, del 1 de abril, «Cómo fabricar un confidente»; y el noveno, del día 2, «De comisario a superagente». La serie movió a Conesa a querellarse contra el autor que la firmaba, Gregorio Morán, y contra mí como director del periódico.

Las amenazas formaban parte del ambiente y acababan por influir y condicionar a los amenazados. Una nota de los Grapo fechada el 26 de junio de 1977 reivindicaba el atentado con goma-2 a Diario 16 en los siguientes términos:

La pasada noche del día 26 de junio de 1977, uno de nuestros comandos móviles ha colocado dos artefactos explosivos en la cueva de policías de Diario 16, de sobra conocido por su campaña contra la justa lucha de resistencia de nuestro pueblo y sus organizaciones de vanguardia contra el fascismo y sus lacayos. Grapos.

Entre los primeros que acudieron a interesarse estuvo el entonces ministro de Agricultura, Fernando Abril Martorell, quien se presentó acompañado de su hijo Fernando tras escuchar la deflagración desde su casa en la vecindad más próxima.

Y con las amenazas llegaron las escoltas. Un fenómeno del que me ocupé en el libro El vértigo de la prensa[24] y que merecería un análisis sociológico que aún sigue pendiente. El caso es que, durante algún tiempo, los escoltas se convirtieron en el más valorado de los indicadores de status.

—¿Cuántos escoltas tenéis vosotros? —se preguntaban inquietas unas a otras las señoras más encopetadas.

—Nosotros tenemos dos fijos de plantón en casa, y uno que nos acompaña en el coche, y otro coche que nos sigue detrás —respondía apabullante, con afán de deslumbrar, la más importante del grupo, tertulia, salón, ropero de caridad o sala de fiestas, según los casos y las horas.

Los escoltas cambiaron la vida de los escoltados. Los movimientos se hicieron más dificultosos en todas direcciones. Los escoltados ganaban en seguridad pero perdían en agilidad, como sucedía con los coches blindados: cuanto más blindaje, menos velocidad y mayor inercia, es decir, menor capacidad de aceleración y de frenada. Hay muchas cosas a las que la escolta impone renunciar. Y llegaron los agravios comparativos.

—Si yo también estoy amenazado, ¿por qué a mí no me ponen escolta? —bramaban algunos periodistas.

Entre escoltas y escoltados se estableció una cierta simbiosis y por el roce continuado, si no surgió el cariño, al menos se ahuyentaron los recelos recíprocos entre la prensa y la policía. En medio de esta psicosis, en Semana Santa de 1978, siendo director de Diario 16, una llamada de la Comisaría General de Información me comunicaba que no me moviera del periódico, porque había una cuestión de suma gravedad que me concernía personalmente y unos agentes vendrían a la redacción para comunicármelo. Pedí a mi interlocutor el nombre y el número de teléfono para poder comprobar la autenticidad de la llamada. Se trataba de Manuel Ballesteros. Hablaba por encargo del comisario Conesa para informarme de las graves amenazas que sobre mí pesaban, averiguadas tras el descubrimiento de un piso franco de los Grapo en cuyos ficheros figuraba mi nombre con otros datos dentro del listado de blancos de la organización.

Agradecí la información, pero hablé con el director de la Seguridad del Estado, Mariano Nicolás; con el general inspector de la Policía Nacional, José Antonio Sáenz de Santa María; con el gobernador de Madrid, Juan José Rosón; y con el jefe superior de Policía de Madrid, Francisco de Asís Pastor. No opuse resistencia a ser escoltado, si ese era el criterio de los responsables de la seguridad pública, pero indiqué abiertamente mi preferencia de que el servicio lo montara otro departamento ajeno al mando de Conesa, que me profesaba una frontal animadversión de la que tenía constancia. Al superagente no le había gustado nada el serial publicado en nuestras páginas un año atrás y había reaccionado presentando varias querellas. Además, Moncho del Corral, jefe de prensa del Ministerio del Interior, me había contado que, con ocasión de un resonante éxito policial, Conesa y sus muchachos fueron convocados al despacho del ministro Martín Villa, quien los felicitó mientras abría unas botellas de champagne para brindar en su honor. Fuera por la euforia del espumoso o porque nothing except a battle lost can be half so melancholy as a battle won («salvo una batalla perdida, no hay nada tan triste como una ganada»), en palabras del duque de Wellington, el hecho es que Conesa se sinceró:

—Ya les he dicho a mis muchachos qué han de hacer si algún día me ocurre algo —dijo Conesa.

—¿Y qué han de hacer, Roberto? —inquirió el ministro.

—Ir a Diario 16 y decirles «ya lo habéis conseguido».

Con esta narración, proporcionada por Moncho, que había sido testigo presencial de la escena, y con la experiencia directa de otro encuentro, se comprenderán mejor mis preferencias sobre a quién pensaba que debía encomendarse mi protección y a quién sería mejor excluir de semejante tarea.

La escolta de nunca acabar

Las gestiones referidas sobre a quiénes prefería y a quiénes rehusaba para que se les confiara mi escolta y protección concluyeron con el logro de que desde el primer momento —Semana Santa de 1978, es decir, segunda quincena de marzo— fuera asignada a un equipo decidido por el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón. A su frente figuraba el inspector Ricardo Pardeiro, secundado por Javier Estalayo. Estos policías no formaban parte del servicio de escoltas, sino del grupo de agentes asignados a los coches K, cuya misión consistía en recorrer la ciudad en vehículos camuflados durante veinticuatro horas, con las cuarenta y ocho subsiguientes de libranza. La misión de escolta que se les asignaba se reducía de manera habitual a venir a buscarme a casa por la mañana, llevarme protegido hasta el periódico —primero en el edificio Azul de la calle Padre Damián esquina a la de Lázaro Galdeano y luego en la calle de San Romualdo número 26— y pasar a recogerme a última hora de la tarde para hacer el camino de vuelta. Preguntaban si tenía algún compromiso para almorzar. Siempre lo negaba, pero enseguida se enteraban porque los escoltas funcionaban en red y por aquellos teléfonos primitivos instalados en los coches comentaban al minuto los compromisos de sus jefes. Por eso se quejaron disgustados al día siguiente de un almuerzo con el ministro de Hacienda y me encarecieron que les advirtiera en caso de salir a mediodía, porque si me pasara algo ellos serían considerados responsables.

Una mañana, al salir de casa, indiqué como de costumbre que íbamos al periódico, pero los de la escolta respondieron que no, que tenían orden de llevarme al Juzgado Militar Permanente número 6. Allí estaba procesado en la Causa 40/1980, de manera que fui conducido al Gobierno Militar, situado en el número 3 del paseo Reina Cristina, en cuya tercera planta tenía su sede el Juzgado en cuestión. Así, mientras iba siendo conducido a mi destino, descubrí que mi escolta, como la energía nuclear, era de doble uso: protector y coercitivo. Una vez llevado a su presencia, el coronel juez instructor, titular del Juzgado, me reprendió advirtiéndome de que en la situación de libertad provisional en que me encontraba estaba obligado a comparecer allí cada quince días, como hacían con puntualidad intachable otras personas notorias que también tenía encausadas, entre las que citó a Pilar Miró, mostrándome las firmas correspondientes estampadas en el libro. Quise excusarme aduciendo que estimaba preferible permanecer en la redacción del periódico que prodigarme en el juzgado abandonando los deberes de director, pero el coronel se mantuvo en sus trece.

Ese procesamiento en cuestión se había producido con celeridad fulminante en la mañana del sábado 26 de enero de 1980, a raíz de la publicación la víspera, viernes 25, en la primera página de la edición vespertina de Diario 16, de una información titulada «Intentona militar abortada en Madrid». En esa ocasión me acompañaron al Juzgado Militar, además de mi abogado —Gonzalo Rodríguez Mourullo, catedrático de Penal de la Universidad Autónoma de Madrid—, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Luis María Anson, y el letrado amigo Rodrigo Uría Meruéndano.

Al juez militar solo parecía interesarle que le dijera quién era el autor de la información o, mejor dicho, que le confirmara que se trataba, como él decía saber bien, del capitán Fernando Reinlein, a quien yo había incorporado a la redacción del periódico cuando quedó suspendido de empleo y sueldo como los demás militares encausados por su pertenencia a la UMD. Me negué subrayando que la información iba sin firma y que entendía que por tanto, en principio, hacia fuera era de mi responsabilidad. Luego, si llegara a advertir alguna irregularidad en su elaboración, le aseguré que tomaría las medidas correctoras adecuadas hacia el interior de la redacción. El coronel insistía en que nada tenían contra mí, que bastaba con que le diera el nombre de Reinlein. Le pregunté entonces cuál había sido su anterior destino. Me dijo que el mando del Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) de Cáceres.

—Y si en esa unidad se hubiera producido alguna irregularidad por la que le estuvieran reclamando responsabilidades, ¿a quién se las habría asignado? —quise saber.

—En el ámbito castrense no vale excusarse, la responsabilidad no es renunciable ni compartible, en el caso que usted plantea la responsabilidad sería mía —respondió tajante.

—De ese mismo parecer soy yo —zanjé—, mía es la responsabilidad y no voy a declinarla en nadie.

Entonces, el juez militar dio curso a mi procesamiento como presunto autor de un delito tipificado en el artículo 315 del Código de Justicia Militar, cuyo segundo párrafo hace referencia a quienes…

[…] desacataren, calumniaren o injuriaren por cualquier medio a la Autoridad militar con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, aunque hubiere cesado en ellas. Cuando fuera de esas circunstancias la ofensa sea pública, menoscabe el prestigio de la Autoridad y se cometiere dentro del territorio de su mando, se impondrá la pena de prisión hasta tres años.

Ejercicios de tiro en un pinar

Volviendo a la escolta, el caso es que, cuando el lunes 26 de mayo de 1980 fui destituido al segundo intento de la dirección de Diario 16, continué teniendo asignada la misma y que, cuarenta y dos días después, el 6 de julio, la arrastré conmigo a la redacción de El País al incorporarme en calidad de «corresponsal político» con categoría salarial básica de periodista raso, pero acreditado para formar parte del consejo editorial del periódico. Para entonces ya había solicitado varias veces al jefe superior de Policía de Madrid, Francisco de Asís Pastor, que me suprimiera la escolta por mucho que quienes prestaban el servicio insistieran en que su necesidad era aún mayor. Ricardo Pardeiro, el responsable, argumentaba que, después del asesinato de un militar, de un juez, de un concejal y de un policía, el siguiente de la serie habría de ser un periodista, o sea, que estaba en el punto de mira. El caso es que cuando comenzaron a escasear los medios de la Dirección de Seguridad y privaron a los escoltas del coche oficial con el que prestaban el servicio, ellos decidieron mantenerlo empleando su vehículo particular. Por mi parte volví a la carga con el jefe superior de Policía de Madrid, porque estaba convencido de que enseguida mi escolta policial empezaría a verse como una extravagancia, más aún cuando el director de mi nuevo periódico carecía de ella.

Ante esta cuestión de las amenazas había diferentes escuelas. El Ministerio del Interior adoptaba determinadas medidas de protección solo después de evaluar su gravedad y establecía escoltas o vigilancias dinámicas, según cada caso. Además, entre los que se consideraban objetivo de los terroristas etarras, grapos o de otras denominaciones, algunos contrataban por su cuenta, o mejor dicho, por cuenta de la empresa en la que tenían responsabilidades, el servicio más adecuado que se podían pagar. Las invocaciones a la seguridad servían de pretexto a excentricidades sin cuento y también se utilizaban de tapadera para comportamientos inconfesables o galantes. Un botón de muestra lo tuve durante un viaje a Salamanca. Acompañaba a Juan Tomás de Salas, el editor de Cambio 16, para un encuentro con Koldo Michelena, catedrático de Lingüística de aquella universidad y máximo conocedor del euskera. El mano a mano Salas-Michelena, al que se sumaría en la sobremesa César Pontvianne —uno de los dieciséis fundadores de Grupo 16—, se había concertado como si encerrara posibilidades de desencadenar la pacificación del País Vasco, algo que en absoluto se confirmó.

El caso es que, cuando regresábamos por carretera, el chófer de Salas entró por un camino de cabras sin previa advertencia, por sorpresa, machacando los amortiguadores, y se detuvo en un pinar. Abrió el maletero, sacó unas botellas, las colocó de modo que se sostuvieran en las ramas de algunas coníferas, tomó distancia, empuñó una pistola y disparó sobre esos vidriosos objetivos sin apenas lograr aciertos. Luego, cedió la pistola a Salas para que hiciera lo mismo. A continuación fui invitado a consumir otro turno, pero rehusé. No había disparado desde 1965 cuando el segundo periodo de instrucción de la Milicia Aérea Universitaria en la base de Villafría (Burgos). Enseguida, sin comentario alguno, subimos al coche y continuamos viaje a Madrid. De donde deduje que se trataba de ejercicios de entrenamiento más o menos habituales. Este mismo chófer de Salas, un día, haciendo posturitas con la pistola en los aseos de Diario 16 se pegó un tiro en el pie y hubo que llevarle a urgencias. Quedó hospitalizado y lo primero que pidió fue el BOE donde pudiera averiguar la indemnización que por ese «accidente» pudiera corresponderle, como si se hubiera tratado de un mutilado de guerra. Recuerdo que siempre quería comprar balas a mis escoltas, pero Pardeiro nunca se avino a semejantes transacciones. Este mismo chófer que tantas misiones confidenciales hizo para su jefe fue el que, el 26 de mayo de 1980, vino a Diario 16 como portador de una carta de Juan Tomás de Salas donde comunicaba mi destitución como director del periódico.

De viaje con el presidente

Otro de los cambios notables en la relación entre políticos y periodistas tenía que ver con los viajes. Recuerdo, por ejemplo, cómo el 9 de septiembre de 1978 se produjo la visita oficial del presidente Adolfo Suárez a Cuba. Estábamos estrenando todo y los periodistas viajábamos en el mismo avión que el séquito oficial. Parece que fue Pepe Oneto quien, como puro divertimento para embromar a Fermín Cebolla, de la agencia Colpisa, decidió advertirle del riesgo que podía suponerle viajar a Cuba con una misión de Amnistía Internacional. Semejante encomienda era por completo imaginaria y carecía de fundamento real alguno. Pero los de la seguridad cubana, que debían tener buenas antenas entre nosotros, se interesaron por Cebolla cuando descendimos del avión, le interrogaron y le retuvieron el pasaporte. Una vez instalados en el hotel, salimos a la plaza de Copelia a tomar unos helados y comprar la prensa del día. Un viejito situado en la esquina vendía prensa, pero solo disponía de Juventud Rebelde. Imposible adquirir el diario Granma. «Se agotó», insistía el vendedor. «¿Por qué se agotó?», preguntamos. «Porque hoy traía discurso doble», fue su respuesta. En efecto, cuando al fin conseguimos un ejemplar, comprobamos que la edición de ese día tenía una paginación que duplicaba la habitual. Eran ocho páginas dedicadas íntegramente a transcribir el diálogo mantenido por el Comandante con unos senadores norteamericanos que le habían visitado. Preguntas y respuestas se sucedían sin ayuda alguna a la lectura, sin sumarios, ni titulillos, ni destacados intercalados. El público había agotado la edición para escrutarla con la esperanza de encontrar algún atisbo significativo.

En el transcurso de la visita oficial, llegado el momento de la conferencia de prensa, la sala estaba dispuesta con una mesa en el estrado a la que se sentaron Fidel Castro y Adolfo Suárez. Los periodistas estábamos en filas que se iniciaban dejando cuatro metros de distancia. El Comandante empezó diciendo: «Acérquense que están muy lejos», y todos se apiñaron en busca de la mayor proximidad a Fidel Castro. A partir de ahí, el amontonamiento liquidó la oportunidad de preguntar. El objetivo que todos intentaron era salir en la foto lo más próximo posible al líder. Quedó así comprobado de nuevo que si se anula la distancia física y gramatical es imposible mantener la distancia crítica mínima necesaria para una conferencia de prensa.

Fidel Castro había ofrecido una recepción en los salones de Cubanacan y Adolfo Suárez correspondió con una cena en la residencia del embajador de España, puesto que ocupaba Enrique Suárez de Puga. La víspera hubo recolección de micrófonos localizados en distintos puntos de la sede diplomática e incluso en las impresionantes palmeras reales del jardín donde se sirvió el ágape. Tuve asiento a la mesa en que se encontraban el subsecretario de Comercio, Carlos Bustelo, y dos viceministros cubanos. A los postres, los camareros ofrecieron unos mazos de puros a los invitados y observamos que los viceministros se llevaban un puñado porque, para sorpresa nuestra, supimos que el tabaco estaba racionado en la isla. Alguien ironizó diciendo que el comunismo es un sistema que, si se implantara en el Sahara, quedaría racionada la arena. Antes de esa cena Suárez había recibido a miembros de la oposición cubana, obtenido la liberación de dos presos y la salida hacia España de dos centenares de ciudadanos con doble nacionalidad, según recuerda Inocencio Arias en su libro La trastienda de la diplomacia[25].

8

La Constitución y sus atmósferas

La Comisión Constitucional, un puchero donde todos querían mojar

Veníamos, como ya he contado, de las primeras elecciones generales libres del 15 de junio de 1977, que fueron posibles merced a la Ley para la Reforma Política aprobada por las Cortes del régimen el 18 de noviembre del año anterior. Esta atribuía al rey la potestad de designar senadores en número no superior a la quinta parte de los elegidos. La lista de los cuarenta y uno que designó se hizo pública pasadas las diez de la noche del 15 de junio, cuando ya estaba muy avanzado el escrutinio de las urnas y resistía todavía un análisis detenido sin producir vergüenza. Detrás de cada nombre había méritos o cercanías o propósito de crearlas. Incluso algún prestigio procedente del paso impredecible de algún díscolo por los acogedores establecimientos penitenciarios. Pero, en líneas generales, fueron designaciones acertadas y los agraciados se pusieron a la tarea con un interés desinteresado.

Entre los senadores electos por la circunscripción de Barcelona en aquellos primeros comicios del 15 de junio figuraba mosén Luis María Xirinacs, que se había mantenido en pie doce horas delante de la puerta de la cárcel Modelo de la Ciudad Condal hasta que se aprobó en 1977 la Ley de Amnistía. Recibí al mosén, que vino a Diario 16 en son de protesta por una breve noticia que habíamos publicado dando cuenta del apoyo que había mostrado a la causa etarra con ocasión de una visita a San Sebastián. Acudió acompañado de su biógrafo de cabecera, que iba actualizando permanentemente su trabajo. Quise dar satisfacción a Xirinacs y le brindé rectificar al día siguiente con otra noticia en la que diéramos cuenta de que se había declarado contrario a la banda. Pero rehusó asustado la propuesta. Dio luego una larga explicación sobre el carácter de los pueblos. Indicó que al pueblo catalán lo identifica el seny, mientras que a los vascos les va más el recurso a la violencia. En esa línea apunté que tampoco habría objeciones que poner a la antropofagia, costumbre ancestral de algunos pueblos africanos. Estaba en mi despacho Luis Carandell y quedamos citados para un almuerzo la semana siguiente en el restaurante La Tortuga de la plaza de la República Dominicana. Allí, el mosén desplegó su catecismo pacifista insistiendo en que todo había ido bien hasta el Neolítico, pero que de ahí en adelante todo se vino abajo. Carandell probó tener sólidos conocimientos arqueológicos sobre los enterramientos del Neolítico, en los que al parecer se disponían las tumbas formando círculos y reservando el lugar de mayor honor en el centro a la que guardaba el garrote más grande. De donde Carandell deducía que era la fuerza mayor la que obtenía reverencia de los demás. El esquema de Xirinacs se vino abajo, pero quedaron en seguir la conversación después de acopiar nueva documentación.

Cuando los debates en la Comisión Constitucional andaban tratando de la distribución del poder territorial, acudió también a Diario 16 un histórico de la banda etarra que quería conversación. Le expliqué que de Francia no podían esperar proximidad hacia la causa del separatismo vasco, ni siquiera si adoptara una senda pacífica, porque la República había abolido sin piedad ni concesión alguna esos particularismos en Córcega, en Bretaña, en el País Vasco francés o en la Cataluña norte con capital en Perpiñán. El repudio a esos intentos iba más allá de Francia porque otros muchos países tenían, a su escala, problemas de nacionalismos separatistas que en modo alguno querían que fuesen alentados o que se contagiasen desde fuera con ejemplos indeseados que incendiarían el mapa de Europa. Mi interlocutor asentía a los argumentos, pero enseguida añadió que la dificultad residía en que lo comprendieran los casheros, muy poco ventilados intelectualmente, por el aislamiento de los caseríos.

En el puchero de la Comisión Constitucional todos querían mojar. Los militares buscaban cómo preservar su particular autonomía, su preferencia era quedar exentos de la autoridad del gobierno, autónomos, enlazados de modo directo con el rey como jefe supremo. Con un único Ministerio de Defensa desde el 5 de julio de 1977, habían ido preparándose mediante la cuidadosa distinción terminológica y funcional entre «la cadena de mando militar» y «la rama político administrativa». El «mando» se reservaba exclusivamente a los uniformados, mientras que a los paisanos se les dejaba andando por la «rama». Y huelga subrayar la diferencia entre los eslabones de la cadena de mando y la fragilidad quebradiza de la rama. En paralelo al debate en la Comisión Constitucional se impulsó la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, que fijaba las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. El texto de esta disposición es seguramente el escrito en mejor castellano de cuantos se han publicado en el Boletín Oficial del Estado en mucho tiempo. El general Francisco Martínez de Galinsoga, de Infantería de Marina, y la comisión que presidió habrían merecido un reconocimiento de la Real Academia Española. Más allá de sus características formales, las Reales Ordenanzas incorporaban la limitación del principio de la obediencia debida, un ejercicio que se había hecho en todos los países europeos después de los Juicios de Núremberg (1945-1946). En adelante nadie en las filas militares podrá eludir su responsabilidad aduciendo el cumplimiento de órdenes si estas entrañan la comisión de delitos, en particular contra los derechos humanos. Aquí los militares chapados al modo franquista se maliciaban que introduciendo esa salvedad saltaba por los aires la disciplina. Pensaban que la limitación al principio de la obediencia debida sería un disolvente como pudo suponer el «libre examen» proclamado por la Reforma protestante. Pero semejantes pronósticos quedaron incumplidos.

Por su parte, la Iglesia, imperturbable en el disfrute del poder y las ventajas del nacionalcatolicismo, confirmaba la percepción del escritor Cyril Connolly a tenor de la cual, siempre que ha sido lo bastante fuerte para hacerlo, ha traicionado sus principios espirituales. Las preocupaciones que exteriorizaba la Iglesia jerárquica se centraban primero en aparecer mencionada, ella sola, en el texto constitucional. Un logro conseguido a tenor del artículo 16.3, donde primero se niega el carácter confesional del Estado, del que alardeaba como timbre de honor el régimen anterior, y se indica, a continuación, que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Los eclesiásticos querían también asegurarse una posición de ventaja en el sector de la enseñanza, al mismo tiempo que andaban negociando por separado la sustitución del improrrogable Concordato de 1953 por unos Acuerdos acelerados, que se firmaron en Roma por el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Jean-Marie Villot, el 3 de enero de 1979, que vino a ser casi el primer día hábil después de que el rey Juan Carlos sancionara la Constitución ante las Cortes el 27 de diciembre anterior.

En cuanto al tercero de los que llamábamos «poderes fácticos», la banca, su asociación se fundó en 1977, el mismo año que se nucleó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o el Círculo de Empresarios. La primera mención a las asociaciones empresariales iba de la mano de la que se hacía de los sindicatos de trabajadores y se señalaba que «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios», según reza el artículo 7, al que sigue el tantas veces citado artículo 8 dedicado a definir de qué están constituidas las Fuerzas Armadas y cuál es su misión. Hay otras referencias al derecho de propiedad privada delimitado por su función social, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, así como una declaración solemne en el artículo 33.3 de que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Otro grupo de presión que dejó su impronta en el texto constitucional fue el de los periodistas, como puede comprobarse en el artículo 20.1.d, donde se reconoce y protege el derecho a «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» y se afirma que «la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia[26] y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades». Una cuestión distinta es el recuento de los casos en que se ha invocado su aplicación por los periodistas. Me parece recordar que la «cláusula de conciencia» solo ha sido planteada por Pepe Oneto en su enfrentamiento con el semanario Cambio 16. En cuanto al «secreto profesional», siempre he pensado que, más que un derecho que protege en los juzgados, es una obligación honorable del periodista con las fuentes.

Viniendo de las atmósferas al itinerario seguido en el Parlamento para debatir el proyecto de Constitución, en el principio hubo un borrador que se encargaron de redactar los siete ponentes a quienes llamamos «padres de la Constitución». Se procedió a tramitar el proyecto de ley primero en el Congreso y después en el Senado, con sus plazos para la presentación de enmiendas y su debate en Comisión. Los siete de la fama que retrató el pintor Hernán Cortés fueron: por UCD, el partido de gobierno durante la legislatura constituyente, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca; por el PSOE, principal partido de la oposición, Gregorio Peces-Barba; por el Partido Comunista, Jordi Solé Tura; por Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne; por Minoría Catalana, Miquel Roca i Junyent. La edad media era de cuarenta y un años. Los más jóvenes eran los tres de UCD y el de Minoría Catalana, que tenía treinta y siete años. El mayor era Fraga con cincuenta y cinco, al que seguían el comunista Solé con cuarenta y siete y el socialista Peces-Barba con treinta y nueve.

Los debates avanzaban o se bloqueaban mediante filtraciones medidas a la prensa. Todos compartían sin saberlo el principio de la mecánica cuántica de la alteración que produce la observación sobre el fenómeno observado. El proceso abierto cuando Adolfo Suárez anunció el propósito de dar carácter constituyente a las Cortes cambió todo. La función que a continuación empezó a representarse era de riguroso estreno. Del palacio de la Carrera de San Jerónimo desaparecieron para siempre los uniformes que aún asomaban en las ocasiones más solemnes. Ni militares, ni obispos, ni chilabas de saharauis, ni aquellas chaquetas blancas de los consejeros nacionales. La indumentaria de «diputados y diputadas, periodistas y periodistos» había perdido en rigidez y ganado en informalidad. Solo los ujieres y los taquígrafos mantenían invariable su indumentaria.

Los pasillos del Congreso de los Diputados reflejaban un cambio muy visible del que era buena prueba la disminución de la distancia física a la que se hablaban periodistas y diputados. La proximidad inducía una pérdida de los papeles que cada uno de los campos había de desempeñar y el amontonamiento llevaba a la confusión. El orden gramatical también se vio alterado. La demolición del usted, la anulación de la distancia crítica que significa el uso de la tercera persona dio paso al tuteo, y esa pérdida resultó letal e impidió preservar la perspectiva que exige el cumplimiento de la función periodística. El caso es que al Congreso afluían periodistas jóvenes e incluso «muy jóvenes y muy jóvenas» que, alcachofa en ristre, abordaban a los ministros e incluso al presidente del Gobierno apeándoles cualquier tratamiento. Fue entonces cuando me uní al afán regenerador de Luis Carandell para propugnar la creación del Club del Usted, pensando que sería beneficioso para los «hunos» y para los «otros».

Las sesiones del Pleno del Congreso pasaron de aquellos horarios estrictos cuando los años de Franco a las prórrogas nocturnas. Como ya se ha dicho, los periodistas, como los buzos una vez izados en cubierta, necesitan pasar un tiempo en cámara de descompresión antes de, haciendo caso a la canción de la tele, decir aquello de «vamos a la casa que hay que descansar, para que mañana podamos trabajar». Se abría entonces el espacio de «el Congreso se divierte». El roce con los periodistas parlamentarios hizo el cariño y, con mayor o menor formalidad, se fueron definiendo algunas parejas que rompían las afinidades partidistas y sumaban desconciertos interesantes.

En aquellos tiempos del cuplé analógico, todavía los periodistas que cubrían la información del Congreso de los Diputados tenían el privilegio de acceder al teletipo de las agencias de prensa que vomitaban las noticias, lo que les permitía oficiar de administradores de la información. En sus manos estaba reducir la distancia entre lo que se sabía y lo que ya había sido publicado sin suprimirla del todo. Intentaban mantener un ten con ten. Administrar la ventaja propia con sobriedad, dando primacía al «¿hacia dónde?» que entonces nos apasionaba frente al «¿hasta cuándo?» que ha terminado por imponerse. En la infame turba periodística tuvieron amplísimo lugar reservado los periodistas de la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento, cuyo desguace se inició en 1983, es decir, seis años después de la invención de la pólvora constitucional. Junto a ellos formaban los afortunados del diario Pueblo de la Organización Sindical y de la sin par TVE al alcance de todos los españoles, alineada con el lema del Nodo. Pero, excepto a los golpistas irredentos encuadrados en El Alcázar de Antonio Gibello y Antonio Izquierdo o en el Imparcial de Julio Merino y demás aventajados pupilos de Emilio Romero, a nadie se excluyó y todos eran bienvenidos si querían sumarse al propósito de impulsar la homologación de nuestro país con sus vecinos próximos de Europa.

Por primera vez desde 1936 teníamos unas Cortes elegidas por sufragio universal, libre y secreto. Hubiera sido la ocasión de recuperar cuarenta y un años después la función del cronista parlamentario, que habían honrado gentes esclarecidas como José María Blanco White, Fermín Caballero, Mariano José de Larra, Ramón de Campoamor, Isidoro Fernández Flórez, Fernanflor, Benito Pérez Galdós, Francisco Cañamaque, Leopoldo Alas, Clarín, José Martínez Ruiz, Azorín, Indalecio Prieto, Julio Camba, Wenceslao Fernández Flórez, Margarita Nelken, Josep Pla y Josefina Carabias. Por iniciativa de la Asociación de Periodistas Europeos, que refrendó el presidente del Congreso Manuel Marín al celebrarse en 2007 el trigésimo aniversario de las primeras elecciones libres, los retratos de los integrantes de esta selecta nómina cuelgan de las paredes del área reservada a la prensa en el edificio de la ampliación del Congreso. Esa oportunidad del renacer de la crónica parlamentaria pareció despuntar con Francisco Cerecedo, Cuco, que firmaba con el sello de El Hemicisco en Diario 16 y con Manuel Vicent en las páginas de El País. Pero faltó constancia y Cuco se nos murió un 3 de septiembre de 1977 de un aneurisma cerebral que le sobrevino en el bar del Hotel Hilton de Bogotá, cuando tomaba una copa con los colegas Eduardo Barrenechea, del vespertino Informaciones, y Joaquín Prieto, de El País, en compañía de Felipe González, secretario general del PSOE y líder de la oposición, con quien estaban viajando por Colombia, Chile y Argentina. Llegué al Hospital Militar de Bogotá cuando aún le tenían conectado a la respiración asistida, pero nada pudo hacerse para salvar su vida. Belisario Betancur, que entonces era candidato a la presidencia de Colombia, prestó una ayuda emocionante que nunca olvidamos para acelerar los trámites legales que permitieran hacer cuanto antes el vuelo de regreso a Madrid. En Barajas esperaban la llegada los amigos y compañeros de Cuco de la prensa, de los toros, del mundo deportivo, de la política, del café Gijón, de Oliver, de Casa Gades y las novias que se lo disputaban. Recuerdo bien de esos momentos a Felipe González en la pista mientras de la bodega del avión sacaban el féretro.

Cambio climático en las bancadas

Asistíamos a un cambio climático. Iba haciendo su aparición la derecha civilizada que preconizaba José María de Areilza o, mejor aún, la derecha progresista tomaba la iniciativa favoreciendo como contrapunto a la izquierda moderada, que aceptaba el juego. En la medida en que la derecha viraba hacia el progresismo, la izquierda lo hacía hacia la moderación. Todos querían conquistar el centro porque era ahí donde se encontraba el mayor yacimiento de votos. Nos encontrábamos en las antípodas de la Guerra Civil donde la polarización era entre la derecha de los privilegios y la izquierda de los radicalismos, y se abrieron las trincheras con la desertización del centro como tierra de nadie. Los líderes para serlo se liberaban de estar esclavizados por las bases, se sentían con autoridad para transgredir sus mandatos. La derecha pugnaba por la legalización de los partidos, la reforma fiscal y el divorcio, y la izquierda aceptaba la bandera y la monarquía, calmaba las reivindicaciones sindicales y ponía fin al anticlericalismo cerril. Estos movimientos sísmicos hicieron posible que los católicos pudieran votar socialista y los demócratas intachables votar sin repugnancia alguna a quienes se llamaban de centro. El nuevo descubrimiento era la convivencia y la primacía del poder político sobre la hegemonía de las inercias fácticas.

El estreno de la libertad tampoco fue gratis, tenía sus costes porque algunos hábitos represivos seguían vigentes y se cebaban con los periodistas como se verá más adelante.

Seguíamos encontrando complicidad en los corresponsales extranjeros, periodistas de gran calidad, cuya planta del periodismo de excelencia tardaba en arraigar aquí. Contaba Julio Camba de un amigo inglés, apenado porque su club londinense llevaba años importando cocineros de Francia pero no conseguían que arraigara la cocina francesa. La conclusión que de ese hecho extraía Camba era la de que los cocineros franceses no se reproducían en cautividad. Ese era el origen del problema, que aquí habíamos vivido durante décadas periodismo en cautividad, es decir, bajo la censura, la consigna, la consulta previa, las sanciones administrativas de inmediata aplicación, incluida la suspensión durante meses o la cancelación definitiva del periódico. Esa suma de limitaciones y amenazas era un arsenal que utilizaba el poder político para disuadir a cualquier atrevido. De modo que el vendaval de esas presiones dejaba a los periodistas arrumbados en las playas de la insignificancia. Pero en un sistema de libertades públicas los periodistas cobraban grande relevancia, todos los cortejaban y en ocasiones pasaban a ser decisivos.

Moción de censura contra Adolfo Suárez. El socialista Felipe González la presentó el 22 de mayo de 1980. Entre la tribuna y el escaño azul ocupado por el presidente del Gobierno puede verse a Rafael Arias Salgado, Miguel Ángel Aguilar y Francisco G. Basterra.

De la zafia elementalidad de los censores pasábamos al manejo de nuevos conceptos, preferentemente acuñados en inglés, como el off the record o el secreto profesional. Eran compromisos que obligaban a los periodistas con sus fuentes para que fueran más explícitas, con garantía de que no quedarían expuestas a represalias. Después sucedía que los directores se llamaban a la parte y querían convertirse en administradores y dosificadores de esos flujos informativos. Una pretensión especialmente pugnaz en el caso de los directores de los periódicos que se dieron en llamar «de autor»: Luis María Anson en ABC, Juan Luis Cebrián en El País y Pedro José Ramírez en El Mundo. Teníamos cine de autor, cocina de autor y ahora periódicos de autor. En las redacciones de esos periódicos resultaban superfluas las consignas escritas en la pizarra a la antigua usanza. Su transmisión prescindía del acarreo mecánico. Se hacía por ondas electromagnéticas. Todos sabían qué noticias computaban como merecimientos. Agradar al jefe y cultivar sus bajos instintos facilitaba escalar, mientras que discrepar o disentir era un camino de perdición. En absoluto podían equipararse, pero coincidían en tener verdadero mando en plaza, utilizaban el periódico para la edificación de su propio pedestal y se reservaban dar o denegar a sus redactores licencia para comparecer en radios o televisiones sobre cuyas vidas y haciendas decidían sin reparo alguno.

El periodista y sus fuentes

El trato entre los periodistas y sus fuentes adolecía de falta de entrenamiento. Ninguna de las dos partes sabía bien qué podía esperar de la otra. Por ejemplo, Francisco Giménez Torres —que fue subgobernador del Banco de España y presidente del Instituto Nacional de Industria (INI)— había tenido interés en detallarme con toda precisión las infracciones y corrupciones urbanísticas de José Antonio Girón de Velasco para que las denunciara en el semanario Posible sin mencionarle como fuente, pero quedó disgustado porque tenía la sensación de haber perdido la tarde que me dedicó, visto el espacio reducido que su información ocupaba en el semanario. Claro que al día siguiente, cuando Girón interpuso una querella, Giménez Torres dejó de ponerse al teléfono aterrado con la posibilidad de que revelara que él había sido la fuente.

La contrariedad de Antonio Jiménez Blanco, diputado por la circunscripción de Granada, era la inversa. Me había llevado aparte en el Congreso para hacerme prometer que a nadie contaría lo que iba a decirme. Le guardé el secreto y una semana después se mostró defraudado. «No vuelvo a contarte nada —me dijo—, no trae cuenta, no lo has difundido».

9

El golpismo antes del golpe

Adhesiones a pesar de las penurias

No sin sobresaltos, agudos conflictos de lealtades, ruido de sables e intentonas golpistas de diverso calibre se llegó en el reinado de Juan Carlos I al momento en que los militares alcanzaron mayoritariamente una adecuada comprensión de sus nuevos y más honrosos deberes y se sintieron aliviados de las misiones que los habían convertido en fuerzas ocupantes de su propio país y en represores de sus conciudadanos. Más allá de las proclamaciones al uso, a la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 las Fuerzas Armadas quedaban en una situación de penuria de medios, déficit de dotaciones y material, bajo nivel de entrenamiento, irracional macrocefalia de los cuadros de mando, frustración generalizada por el estancamiento en los ascensos, deterioro de las prestaciones sanitarias y sociales, inoperatividad, aislamiento y desmoralización por el quebranto a la dignidad nacional que suponían las condiciones afrentosas en que se cedieron bases militares a Estados Unidos y por la forma en que se procedió a la retrocesión de Ifni o se comenzó a abandonar el Sahara y sus poblaciones mediante una retirada precipitada y unilateral.

Sin embargo, esta serie de postergaciones y abandonos, cuya enumeración podría alargarse con otros muchos ejemplos, en modo alguno fue óbice para que en las filas de los militares profesionales cundiera una adhesión progresiva al general Franco que llegaba a extremos de mitificación, pese a que fuera el primer y máximo responsable de tan visibles deterioros. Algunos han querido explicar esa disonancia entre estímulos y respuestas como si resultara de ciertas preeminencias otorgadas a los militares, de las que pudiera ser ejemplo que 32 de los 114 ministros de Franco, el 28%, fueran generales; que el número de procuradores en Cortes militares alcanzara la cifra de 935 en las nueve primeras legislaturas, que con los de la décima y undécima llegaron casi al millar; que se les entregara el control de amplias áreas de la marina mercante, de la administración portuaria, de la aviación civil o del INI. Otra escuela de pensamiento sostiene que la adhesión inquebrantable a Franco encubría el latrocinio inconfesable, y pone el énfasis en el lubricante de las corrupciones del alto mando —narradas por su primo y confidente, el general Francisco Franco Salgado-Araujo, apodado Pacón— y en la tolerancia con el pluriempleo de los cuadros intermedios. Mi amigo Arturo Soria y Espinosa demostraba, con las esquelas aparecidas en ABC, cómo los eximios representantes del generalato franquista iban muriendo como presidentes y consejeros de grandes compañías mercantiles. Sentar a un general en el consejo de administración era un signo de buena crianza, de sintonía con el sistema. Se negociaban con más facilidades las licencias de importación y se aguantaban mejor las inspecciones fiscales si algún directivo vestido con la guerrera de jefe u oficial de las Fuerzas Armadas era el encargado de dialogar con los funcionarios de Comercio o Hacienda.

Después de Franco también se dieron corrupciones y tolerancias sin que generasen intereses creados, afinidades o adhesiones equiparables hacia el nuevo sistema democrático, que desde el primer momento dedicó cuidadosa atención a la Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas y a sus cuadros de mando. Así, el ritmo de crecimiento de las dotaciones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la mejora en el régimen de prestaciones sociales y sanitarias con la creación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), la adquisición de material moderno para las unidades de combate, facilidades para el adecuado entrenamiento, incremento de los niveles de operatividad, potenciación de la industria militar, nuevo diseño de la carrera del militar profesional, que aseguraba a quienes cubrieran unos mínimos alcanzar el grado de coronel, racionalización de las múltiples escalas, por mencionar algunos ejemplos. En contraste, la respuesta de un sector significativo de profesionales de la milicia a todas esas atenciones contenía una elevada dosis de reticencia, hostilidad y activismo golpista.

El Generalísimo, además de las compensaciones en diferentes planos, según la graduación de los profesionales de la milicia que atenuaban las precariedades referidas, había sabido mantener encendido el orgullo residual de ejército vencedor en todos ellos. Una compensación intangible pero muy efectiva.

Instituciones de hoja perenne

En sociología hay instituciones de hoja perenne y de hoja caduca, como sucede en botánica con los árboles. En el régimen anterior había también instituciones nacidas con él cuya continuidad, cuanto más se proclamaba, más evidenciaba que llevaban anillada la fecha de su caducidad, que no eran trasvasables, que no pasarían el umbral del nuevo régimen que habría de venir. Otras, por el contrario, formaban parte del equipaje habitual de todo Estado y su necesidad quedaba fuera de discusión. Sucede que esas instituciones de hoja perenne como las Fuerzas Armadas, la Justicia o, en otro plano, la Iglesia poseen un oscuro instinto corporativo que impulsa por adelantado a algunos de sus miembros a asumir posiciones de vanguardia en consonancia con los nuevos tiempos que se anuncian. Salvan así del juicio condenatorio al colectivo en que se insertan, aunque ellos personalmente se quemen en el intento. Así sucedió con los oficiales de la Unión Militar Democrática, la UMD, que facilitaron la reconciliación del pueblo español con sus Fuerzas Armadas para que dejaran de ser vistas como parte en un conflicto que revistió los caracteres de guerra civil.

Don Juan Carlos accedía a la Jefatura del Estado asumiendo los poderes omnímodos del dictador, al ser proclamado por las Cortes el 22 de noviembre de 1975. Desde el primer momento supo que debía aplicarse con denuedo a la tarea de enlazar con las Fuerzas Armadas, invadidas por un sentimiento de orfandad tras la muerte del general. Los militares se sentían concernidos por la promesa de Garabitas de la que se consideraban garantes, pero también eran destinatarios del testamento leído con lloriqueos por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, la mañana del 20-N. En ese texto, Franco se dirigía a sus compañeros de armas para decirles: «Os pido que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo y colaboración que de vosotros he tenido».

El 22 de julio de 1969, al ser designado sucesor a título de rey, ya hubo de jurar don Juan Carlos las Leyes Fundamentales ante las Cortes de aquel régimen. Tres años antes, de la mano de Laureano López Rodó, jefe de filas de los tecnócratas (q. D. g.), los más esclarecidos del régimen habían promovido el intento de tapar sus vergüenzas más descaradas mediante la Ley Orgánica del Estado promulgada por Franco el 22 de noviembre de 1966 y sometida a referéndum el 14 de diciembre con más votos a favor que electores censados. Pensaban los de la adhesión inquebrantable que haciendo jurar al príncipe habían descubierto el movimiento continuo porque, en caso de que se apartara, perdería la legitimidad. Pero don Juan Carlos siempre supo que sus deberes con el pueblo español estaban por encima de esos juramentos. Los Principios del Movimiento según su preámbulo eran «por su propia naturaleza permanentes e inalterables», pero enseguida se averiguó que resultarían improrrogables más allá de la muerte de Franco. La opción de encarnar como sucesor un sistema que caducaba carecía de sentido y don Juan Carlos se aplicó a la tarea de convertirse en rey consentido por todos los españoles. Coincidían todos los manuales en que después de Franco, la desfranquización. Pero ¿cómo modularla, cómo impulsarla y cómo evitar los rencores y propiciar la conciliación, cuando el rey, definido como motor del cambio, venía de ser la pieza elegida por Franco para la continuidad del sistema?

El caso es que ese Ejército vencedor había ganado una guerra civil. Es decir, que no había sido combatida en Flandes, en Cuba, en Mindanao o en el Rif, sino a domicilio, en el mismo ruedo ibérico. De manera que los enemigos vencidos no habían sido senegaleses, berberiscos, turcos o tagalos, sino españoles. Es decir, que seguir blasonando de una victoria obtenida en el reñidero español significaba seguir señalando con el estigma de la derrota a los otros españoles, los que habían perdido. En el afán de ennoblecer su victoria, quienes habían ganado la guerra procedieron a demonizar a sus antagonistas bélicos e intentaron despojarlos de la condición de españoles para apropiársela en exclusiva, arrojando a los demás a las tinieblas exteriores, lugar que les correspondía como integrantes de la Antiespaña, en permanente conspiración judeo-masónica-bolchevique y pronta para tomarse la revancha. Repartidos así los símbolos, puede imaginarse lo que supuso por ejemplo eliminar la denominación del Día de la Victoria y del desfile del mismo nombre, que desde 1977 pasaron a ser el Día y el desfile de las Fuerzas Armadas. Al teniente general Gutiérrez Mellado nunca lo perdonaron quienes sentían que les arrebataba «su» victoria.

El elevado índice de autorreclutamiento, la endogamia social, la formación de las academias y el régimen de vida, la tarea cumplida en los cuarteles fuera del contacto con el público, el régimen de viviendas, residencias y pabellones para oficiales, la escasa vida intelectual y la elevada movilidad geográfica son algunas de las causas endógenas del golpismo, según la enumeración del militar, político y catedrático Julio Busquets[27]. Luego, entre las causas exógenas menciona como la más relevante el terrorismo de los etarras, al cual se añadía el de los Grapo que nunca concedieron tregua y que señalaron como objetivo preferente de sus asesinatos a los militares de carrera.

Así, un sector relevante de los militares profesionales derivó hacia el golpismo, concebido como el camino más corto para asegurar la cuarteada perennidad del régimen que fenecía. Por eso se instalaron en el antagonismo hacia cuantos propugnaban la reforma o la ruptura. Los militares se sentían escrutados por una prensa que consideraban hostil y reaccionaban encausando ante los tribunales castrenses a los periodistas desafectos, planteándoles querellas por injurias y calumnias. A la recíproca, los periodistas tenían la propensión de atribuir a todos los militares una abierta intencionalidad golpista. Todo esto ambientado por el terrorismo etarra, que mostraba predilección por los uniformados y multiplicaba sus atentados con víctimas mortales, que pasaron de la veintena en el periodo 1974-1977 a cerca de ochenta en 1978, más de un centenar al año siguiente y más de ciento veinte en 1980. Terrorismo y golpismo formaban una espiral de acción-reacción que se retroalimentaba.

Con Alfonso Armada en 1978. Cuando se tomó esta imagen, el entonces general de brigada dirigía la Academia de Artillería de Segovia y era profesor de Táctica en la Escuela Superior del Ejército.

Del antagonismo a la distancia crítica

De cómo recuperar la relación envenenada prensa-Fuerzas Armadas conversé con el general Gutiérrez Mellado cuando asumió, el 23 de septiembre de 1976, la vicepresidencia primera del Gobierno para Asuntos de la Defensa, en sustitución del general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, que dimitió en disconformidad con la legalización de los sindicatos a la que se procedió en esas fechas. El objetivo era sustituir la desconfianza absoluta para dar paso a una saludable distancia crítica. Pero se requería como cuestión previa que fuera perceptible el compromiso leal de los militares con la Constitución y que los periodistas abandonaran los resquicios de simpatía hacia los etarras por su lucha antifranquista e incluso de reconocimiento por la voladura del almirante Carrero.

Años después de la muerte de Franco, todavía la inercia hacía que una de las hazañas periodísticas más deseada fuese acudir a la isla francesa de Yeu, en el nordeste del golfo de Vizcaya, donde el Gobierno de París había deportado a algunos terroristas etarras. Cuando el atentado a la cafetería Rolando de la calle del Correo, el 13 de septiembre de 1974, que causó doce muertos y setenta y cuatro heridos, todavía en mi propio círculo de amigas algunas aceptaban que habrían brindado hospedaje en el caso de que algún etarra perseguido en esos días por la policía lo hubiera solicitado. Cuando el 28 de junio de 1978 asesinaron a la puerta de su casa en Portugalete (Vizcaya) a José María Portell, director de la Hoja del Lunes de Bilbao y redactor jefe de El Correo, a la mañana siguiente embarqué en avión a Bilbao junto a los demás directores de periódicos de Madrid para asistir al funeral en la iglesia de San José de Baracaldo. Tuvimos un encuentro con los representantes de los partidos políticos en la sede de la Diputación de Vizcaya, donde comprobamos algunas resistencias para emplear el verbo condenar en presente de indicativo.

De regreso en Madrid, el 30 de junio, hubo una manifestación que recorrió el paseo del Prado desde Atocha hasta Neptuno. En las pancartas de la Unión de Periodistas y de los sindicatos Comisiones Obreras (CC. OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) se leía: «Por la libertad de expresión. Alto al terrorismo» y «Contra el terrorismo. Por la libertad de expresión». Los gritos eran «¡Democracia, sí; dictadura, no!». Me adelanté hasta la cabecera del cortejo. Señalé que habían asesinado a un compañero y que la banda terrorista ETA —siglas de Euskadi Ta Askatasuna— había puesto a su nombre esa muerte. Por eso propuse que nos dejáramos de abstracciones y gritáramos: «¡ETA, asesina!». Se negaron en redondo inducidos por una colega cuyo nombre no quiero citar, que luego ha querido situarse en la máxima vanguardia del antiterrorismo etarra. Todavía el 19 de octubre de 1983, cuando el asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, seguí días después desde la plaza de Alonso Martínez la mayor manifestación contra ETA jamás celebrada en Madrid hasta entonces, con recorrido desde la plaza de Colón hasta la plaza de España por Génova y los bulevares. Hice una apuesta de que en ninguna pancarta habría una condena directa de ETA y la gané. Cinco años después, el 21 de diciembre de 1988, Pedro J. Ramírez presentaba como el mayor logro periodístico una entrevista con la cúpula encapuchada de ETA que le daba a la banda terrorista todas las ventajas en las páginas del Diario 16.

Conferencia de prensa del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en el salón de columnas del palacio de la Moncloa en 1980. En primera fila, en el centro, puede verse a José Oneto y a Miguel Ángel Aguilar.

Nunca fue posible que los directores de los periódicos establecieran un acuerdo de mínimos para evitar que los terroristas se sirvieran de la competencia entre ellos para utilizarla en su favor. El argumento era que la defensa y preservación de las libertades concernía a todos como obligación primaria e irrenunciable. Por eso, en los años de atentados más sangrientos, cada vez que tuve responsabilidades como director, ya fuera de Diario 16 (1977-1980), de la agencia EFE (1986-1990) o de El Sol (julio de 1990-enero de 1991), hice todos los intentos a mi alcance, más que para fijar un código, para atenernos al principio elemental de dar las noticias sobre terrorismo del modo en el que, en cada caso, mejor preservadas quedaran las libertades y las vidas amenazadas. Hubo que esperar hasta julio de 1997, cuando el secuestro y asesinato cuarenta y ocho horas después de Miguel Ángel Blanco, para que se acabaran los eufemismos y cundiera una posición social irreductible contra la banda terrorista, que quedó cifrada en el «¡Basta, ya!».

Volviendo a la cuestión militar, como director del periódico Diario 16 contribuí a la convocatoria de algunos encuentros y seminarios —que acabaron celebrándose en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)— donde los periodistas pudieran especializarse y adquirir competencia en asuntos de la Defensa y las Fuerzas Armadas, de manera que los periódicos pasaran de ofrecer una información circunscrita a incidentes de sabor franquista a presentar los proyectos normativos o las opciones sobre los programas de armamentos descodificando sus complejidades técnicas y haciéndolos comprensibles al público que, al final, en su condición de contribuyente, tiene que sufragarlos. Además, estos encuentros y seminarios, al facilitar el contacto personal entre ambos contingentes durante algunos días, favorecían el efecto de ahuyentar fantasmas y romper clichés, prejuicios y antagonismos.

Si los militares tenían un pasado guerracivilista, algunos periodistas no les iban a la zaga como propagandistas o beneficiarios del sistema que siguió a la contienda. Había al menos un amplio sector empeñado en dar lanzadas a moro muerto, en hacer méritos antifranquistas una vez enterrado el Generalísimo en el Valle de los Caídos. Los había de cierta edad, pero también veinteañeros y treintañeros, que siguieron apesebrados en la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento, compuesta de cuarenta diarios, una agencia de prensa, cuarenta y tres emisoras, una productora de radio y una docena de revistas, hasta su disolución paulatina entre 1982 y 1984. Sumaban más de cinco mil trabajadores, de los cuales casi la mitad eran periodistas que nunca tuvieron conflicto alguno ni padecieron persecución por parte de la dictadura.

Era un espectáculo ver cómo tantos de los enlistados en los medios de comunicación del régimen pasaban en veinticuatro horas del bien remunerado servilismo a considerarse los expendedores de patentes de demócrata, sin que nunca peligrara la continuidad de sus nóminas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Era una gloria verlos sumarse a las filas de quienes estaban por el cambio. Decía un monseñor oscense, elevado a los altares: hay que lograr que los demás se salgan con la nuestra. Y eso es lo que estábamos viendo. Algunos de esos colegas nunca se habían significado —«hijo mío, no te signifiques», decían las madres a los suyos cuando iban a incorporarse al servicio militar— en las luchas antifranquistas, pero se arrimaban a toro pasado para mancharse de sangre la taleguilla, se subrogaban en lo que otros habían hecho en defensa de las libertades y pasaban al cobro esos riesgos nunca asumidos. Eran del mismo parecer que Eladio Cabañero en su poema Encuentro, donde escribe que «a cántaros se han hecho los mares para un niño; / con los besos no dados, el amor verdadero»[28].

Su ausencia cuando las protestas antifranquistas las compensaban adoptando post mortem del Generalísimo actitudes provocadoras o expandiendo sospechas generalizadas. Más habría valido que atendieran las palabras de Manuel Azaña en la sesión de Cortes de 2 de diciembre de 1931, cuando hablando sobre política militar y al intentar que los diputados se asociaran a sus propósitos les decía que eran ellos quienes debían mantener firme el pulso en esta cuestión. Alertaba contra los explotadores de la opinión y de la reputación militar, ponderaba que «quizá dentro del Ejército estén las personas que han tenido que mutilar más sentimientos íntimos y más obligaciones anteriores». Y añadía: «Esto, lejos de ser una tacha para los que tal hacen, es un motivo de respeto. La mayor iniquidad que se puede cometer con una persona es motejarla, ahora que sus deberes, en cierto sentido, han cambiado, motejarla por haber cumplido puntualmente los antiguos»[29].

Los terroristas no daban tregua

ETA continuaba en el empeño de elevar el grado de sus provocaciones hasta que lograran desenmascarar a la naciente democracia y la obligaran a mostrar su auténtico rostro represor. Por eso redoblaba la progresión de sus atentados con creciente número de víctimas mortales, para las que elegía de modo preferente a los militares, guardias civiles y policías nacionales. Los uniformados caían asesinados en mayor proporción que los concejales, jueces, fiscales, periodistas, empresarios o dirigentes de partidos políticos. Del ambiente puede dar idea que un presidente del Gobierno como Carlos Arias Navarro, con trayectoria indudable de «duro» en las filas del régimen, con Franco aún de vigía de Occidente asistido por «la lucecita de El Pardo», fuera imprecado a la salida de la iglesia de San Jerónimo por los ultras al grito de «¡Arias, mantequilla!» (aprovechando la coincidencia de su apellido con una famosa y tradicional marca de este producto). Cómo sería la escena para que, por reacción, Pepe Oneto y yo casi termináramos aplaudiéndole. Claro que por aquel entonces ya se había evaporado el Espíritu del 12 de Febrero, un programa tímidamente reformista que Arias propuso en un discurso ante las Cortes en 1974, apenas dos meses después de la voladura de su predecesor, Carrero Blanco, y cuyo punto más importante era el del asociacionismo político, a base «del contraste de pareceres y la ordenada concurrencia de criterios» junto a otras martingalas lingüísticas semejantes, cuya concreción se remitía ad calendas graecas.

La derecha del búnker hacía responsable de toda la sangre vertida en los atentados al Gobierno, que resultaba ser el primer damnificado. Se denostaba al presidente Suárez por su incapacidad y su falta de arrojo para emprender contra ETA la guerra sucia, aduciendo la forma en que los franceses exterminaron a la Organización del Ejército Secreto (OAS, por sus siglas en francés) —un grupo terrorista de extrema derecha— y los alemanes «suicidaron» a la Fracción del Ejército Rojo, más conocida como banda Baader-Meinhof, como ejemplos que seguir. A Adolfo Suárez se le reprochaba su actitud pusilánime, explicada como resultado de la mala conciencia de un flecha, falangista deseoso de hacerse perdonar su origen. El caso es que la exasperación de los inermes se contagió a publicaciones de irreprochable trayectoria democrática como las del Grupo 16, que lideraba Juan Tomás de Salas. Así, lanzaron todo su poder de percusión para incitar a que se aplicara sin complejos la ley del talión. A recordar aquel editorial titulado «Matarratas» en el semanario Cambio 16 y la serie de editoriales e informaciones de pie forzado en Diario 16, nada más ocupar su dirección Pedro José Ramírez, a quien se nombró para encomendarle la operación acoso y derribo de Suárez, cuyo desencadenamiento se había decidido.

En defensa de la democracia y de la libertad de expresión, los periodistas salimos a la calle el 22 de septiembre de 1977 a protestar por el atentado ultraderechista contra la revista El Papus, en Barcelona, que había costado la vida a uno de sus trabajadores dos días antes. En la imagen, Jesús de la Serna, José Luis Cebrián, Juan Luis Cebrián, Alejandro Fernández Pombo, Luis Apostúa, Víctor de la Serna y Miguel Ángel Aguilar, entre otros.

Corrían los tiempos como presidente francés de Valéry Giscard d’Estaing, quien se negaba a cooperar en la lucha antiterrorista considerando que ETA era un asunto exclusivamente español, de modo que Francia se convertía en un santuario para los terroristas o, mejor, un balneario donde entregarse al consumo de cocochas sin nada que temer al regreso de las fechorías sangrientas cometidas al otro lado de la frontera. El Grupo 16 no se arredró y se puso en campaña propugnando la ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino. Además, en caliente, bajo la impresión de los atentados más sangrientos, el director lanzaba a los redactores a la calle para preguntar a los viandantes si serían partidarios de restaurar la pena de muerte. Ese es el mismo Ramírez que poco después, en un giro copernicano, se convertiría en el gran debelador de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), conectados con las alcantarillas policiales que llevaron a cabo algunas represalias, de forma más bien chapucera, a la manera de los «hermanos Amedo» —el comisario José Amedo y el subinspector Michel Domínguez—, contra etarras señalados.

Los militares iban de funeral en funeral. Las viudas, los huérfanos, los padres, los hermanos recibían el ultraje incomprensible de los pastores eclesiásticos —párrocos, arciprestes, obispos— que tenían la crueldad de negarse a oficiar las exequias, siempre pendientes de no desmerecer ante los asesinos que también eran hijos de Dios, dando a entender, de paso, que «algo habría hecho» el difunto. Los compañeros de armas sentían como una humillación que se optara por suprimir los honores de ordenanza a quienes morían en acto de servicio, como si rendírselos supusiera incurrir en la provocación al vecindario. El sector más ultra culpabilizaba a sus mandos y al Gobierno y podía acabar gritando: «¡Ejército al poder!». La indignación generaba protestas tumultuarias que estallaban al llegar las autoridades civiles y los mandos militares a las capillas ardientes instaladas en los acuartelamientos o sedes oficiales y al salir los féretros hacia los cementerios. Y esas aglomeraciones anónimas eran ocasiones para que cundiera la sedición, el insulto y el zarandeo de personas y vehículos.

Siempre que tuve responsabilidades como director o la encomienda de informar sobre asuntos de la Defensa y las Fuerzas Armadas, me consideré obligado a comparecer en las honras fúnebres donde ser identificado como periodista atraía las iras multitudinarias. Las escenas en la Dirección General de la Guardia Civil, sita en la calle Guzmán el Bueno, o en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en la plaza de Cibeles, están documentadas con fotografías y grabaciones. Reaccionar para imponer la disciplina a los agitadores y a quienes instigaban esas acciones lanzando bravatas castrenses o urdiendo el fulminante para desencadenar rebeliones era en extremo delicado. Los Grapo, cuyos orígenes últimos siempre suscitaron sospechas de conexión con los aparatos policiales en el entorno del superagente Conesa, cobraron nueva vigencia con el secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, unos días antes del referéndum de la Ley para la Reforma Política, al que sumaron el 24 de enero el del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa Quilis, a cuya liberación posterior ya me he referido.

Ruido de sables

Cada mañana y cada tarde algún militarote lanzaba su advertencia o hacía notar su abierta oposición a los pasos que se iban dando para salir de la dictadura e ingresar en un sistema homologable. Lo hacían desde el mando de la capitanía general que fuese o desde el mando de la Guardia Civil. Eran Carlos Iniesta Cano, Ángel Campano López, Jesús González del Yerro en Canarias; Jaime Milans del Bosch en Valencia; Luis Torres Rojas en la División Acorazada (DAC) Brunete; Tomás García Rebull, Juan Atarés Peña, Miguel Vega Rodríguez, Pedro Merry Gordon et alii. A esta letanía se sumaba el rosario de incidentes con negativas a sustituir en los cuarteles el retrato de Franco por el de Su Majestad, o las arengas inapropiadas en las juras de bandera. Y con la incipiente democracia, las publicaciones militares, dependientes de los respectivos cuarteles generales de cada uno de los ejércitos y que tenían en el pasado régimen un marcado carácter propagandístico profranquista, se instalaban en el caso más favorable en la asepsia técnica. Dejaban de cantar las excelencias del Movimiento Nacional para insertar arduas explicaciones sobre el misil SAM-6. Otras, también beneficiarias de los PGE o de dádivas diversas, aunque incardinadas como «Reconquista» en el organigrama del Vicariato General Castrense, se aplicaban a sembrar la reticencia ante las reformas y se erigían en portavoces de veladas advertencias al Parlamento con ocasión, por citar un ejemplo, de la proposición suscrita por todos los grupos, salvo el de Fraga, en favor de la amnistía siempre pendiente a los oficiales de la autodisuelta UMD.

Pero los estados de opinión en los cuartos de banderas de las unidades que registraban periódicamente los mandos superiores tenían una activación permanente en la prensa de la ultraderecha, con publicaciones como, entre otras, El Alcázar, órgano de la Confederación Nacional de Excombatientes, con Antonio Gibello; El Imparcial, con Julio Merino; El Heraldo Español; y el semanario Fuerza Nueva, con Blas Piñar en la sala de máquinas. Toda esta constelación periodística estaba dedicada a generar el descontento entre la oficialidad y a promover el golpismo. Vivió sin problemas. Las autoridades del Ministerio de Defensa encararon esta realidad desde la pusilanimidad y el masoquismo más inexplicables. Así, comentando la situación descrita más arriba, el ministro Agustín Rodríguez Sahagún, segundo titular de la cartera, que ocupó del 15 de mayo de 1979 al 26 de febrero de 1981, reconocía que «había tomado la decisión, para conservar su buen equilibrio psíquico, de no leer El Alcázar». O sea, toda una receta de avestrucismo, porque no se trataba de ahorrarse la lectura de insultos y desprecios sobre su persona, sino de tener en cuenta que esas publicaciones ultraderechistas gozaban de una gran penetración entre la oficialidad a la que tenían mentalizada con su propaganda.

Si esa era la dieta mediática de los generales, jefes y oficiales y si somos en gran medida lo que comemos, como ya nos advertía don Quijote, el golpe estaba cantado. Casi cincuenta años antes, el 1 de marzo de 1932, Manuel Azaña defendía en las Cortes la supresión de la prensa llamada militar, en la que advertía un rastro sumamente desagradable y pernicioso de la vieja política militar española, que ha mezclado al Ejército en las luchas políticas las más de las veces a solicitación de los partidos políticos, de las organizaciones civiles, que, faltos de raigambre en la opinión pública o por falta de poder positivo político, buscaban en el apoyo de las armas aquella eficacia, aquel fuerte brazo que les podría llevar al gobierno y al poder. Azaña entendía que las más de las veces el Ejército ha sido requerido, solicitado, sobornado por los partidos políticos, para ponerlo a su disposición y para servir sus propios fines. Y así seguía sucediendo, con los resultados que pudimos observar.

Los terroristas, en avanzada sintonía con los golpistas, se aplicaban con denuedo a la tarea desestabilizadora y el 27 de enero de 1977, en el momento de la salida del Hospital Gómez Ulla de los féretros de dos policías asesinados por ETA, cuando varios sacerdotes iniciaban el rezo de un responso, Blas Piñar entonó el himno de Infantería, seguido por parte de los asistentes. El vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado, gritó: «¡Silencio. El que tenga uniforme, firme, y quien sepa y quiera, que rece!». Palabras que fueron replicadas por el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, mientras agitaba el brazo, con las siguientes: «Todo el que lleve uniforme, que honre la bandera». Y añadió luego: «Por encima de la disciplina está el honor».

Poco antes, en el semanario Cambio 16 correspondiente al 10-16 de enero de 1977, había decidido publicar un reportaje a doble página con el título de «La Guardia Civil no se rinde» que disgustó en el Cuerpo. Habida cuenta de que la jurisdicción militar continuaba teniendo plena vigencia y que los militares podían encausar a quienes consideraran haberles injuriado o calumniado, fui procesado sin que se admitiera el recurso que presentó mi letrado, el profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo. Una de las fuentes principales del reportaje, hora es ya de confesarlo por primera vez, eran las informaciones del general de la Guardia Civil Manuel Prieto López, que me llamaba con asiduidad a la redacción del semanario indicándole a la telefonista: «Dígale que de parte de su primo de Arévalo».

Hubo un momento en que pareció conveniente el encuentro cara a cara. Nos citamos en la plaza mayor de Arévalo (Ávila). Para que lo reconociera dijo que llevaría un sombrero de color ala de mosca. No se despintaba, porque a las ocho de la tarde, mediado el mes de septiembre, ningún otro vecino se dejaba ver en los soportales. Fui acompañado de Ignacio Álvarez Vara, que después se ha visto rebasado por la fama de Barquerito, su pseudónimo como cronista taurino. Nos saludamos y entramos en un bar. Sin más preámbulos el general pidió un cochinillo. Venía pertrechado de documentación de apoyo que iba sacando de su cartera en medio de advertencias. Los papeles a máquina no habían sido escritos en su máquina de escribir, las fotocopias no habían sido hechas con su fotocopiadora, etcétera, de manera que nadie pudiera seguir pista alguna para llegar a él. Claro que en un momento le señalé una equivocación y muy decidido tomó el bolígrafo y escribió la rectificación de su puño. Momento en que, guardando el papel corregido, le hice notar que aquella sí era su letra.

Uno de los empeños de aquel encuentro era probarme la inutilidad del general subdirector de la Guardia Civil, Salvador Martínez-Bujanda. Se explayaba mostrando copias del BOE con el orden de la promoción de la Academia de Transformación, donde aparecía el penúltimo de casi quinientos aprobados.

El caso es que el reportaje no gustó, que me procesó la jurisdicción militar y que el general José Antonio Sáenz de Santamaría se dedicó a citarme en el Bar Pigmalión de la calle de Pinar para que le revelara mis fuentes. Al llegar dejaba el abrigo a la señora del guardarropa y le preguntaba por el general, que se sentaba al fondo del local y me esperaba rodeado de algunas amigas con las que aprovechaba el tiempo para avanzar en sus labores de identificación. Decía, por ejemplo, a una de ellas enseñándole una foto: «Dime, Martita, ¿no era este un italiano que salía contigo?». Quería luego que yo le confirmara sus sospechas. «¿Ha sido el comandante Fulánez?», preguntaba. «No, general, no ha sido», replicaba yo. «Es igual, ya le he arrestado», zanjaba él. Y así continuaba preguntando y arrestando.

Mi buen amigo el comandante Santiago Perinat, del arma de Ingenieros, fue sancionado con un mes de arresto como autor de una falta leve al mostrarse disconforme cuando un superior, el teniente coronel Antonio López Triguero, le prohibió la lectura en el cuartel de Diario 16, algo que no impedía ninguna norma, mientras él encargaba dos ejemplares de El Imparcial de marcada tendencia golpista. Hubo de cumplirlo en el acuartelamiento del Regimiento de Artillería de Campaña (RACA) número 1 con sede en Getafe, que años después sería la Universidad Carlos III. Allí acudí a visitarle, además de mencionar su caso cuando acudí al Cuartel General del Aire para recibir uno de los premios que otorgaba a la prensa la Aviación.

De «galaxias» y constelaciones

El lunes 11 de abril de 1977 el ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, presentó su dimisión al presidente del Gobierno en señal de desacuerdo por la legalización del PCE, declarada el sábado anterior. (Aclararé aquí que en el primer Gobierno que formó Arias Navarro tras ser confirmado como presidente por el rey había un vicepresidente para la Defensa, el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, y otros tres ministros militares, a saber, los del Ejército, Marina y Aire. Y que ese mismo número de componentes uniformados tuvo el primer gobierno de Adolfo Suárez). En su carta, el dimitido ministro de Marina consideraba incumplida la supuesta promesa de no legalizar al Partido Comunista, que según aducía habría formulado Adolfo Suárez en la reunión que el 8 de septiembre de 1976 había celebrado en el número 3 de la Castellana, sede de la presidencia del Gobierno, con todos los tenientes generales y almirantes en activo. La existencia de esa promesa fue desmentida por el presidente y por la grabación del encuentro. Además, sucedía que la legalización había sido tratada en Consejo de Ministros, donde había sido aceptada por todos los miembros del gabinete, incluido el almirante Pita da Veiga.

Se supo que ningún almirante en activo aceptaba la cartera de Marina y hubo que encomendársela a Pascual Pery Junquera, que había pasado a la reserva. Los rumores desatados por la legalización del PCE incluían la dimisión del ministro del Aire, Carlos Franco Ibarnegaray, finalmente descartada, y un acuerdo venenoso del Consejo Superior del Ejército integrado por todos los tenientes generales con mando, del que se tuvo noticia oficial el jueves, día 14, mediante una nota del gabinete de prensa del Ministerio del Ejército que ofrecía una versión oficial de los acuerdos tomados por unanimidad en la reunión del martes 12 y donde se aseguraba que la legalización del PCE había producido una repulsa general en todas las unidades del Ejército, no obstante lo cual, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admitía disciplinadamente el hecho consumado.

La frustración derivada del sentimiento de haber sido engañados impulsaba a los militares a defenderse intentando salvaguardar a toda costa una pretendida autonomía de las Fuerzas Armadas como institución. Por ahí lograron instalar, como señala el historiador Santos Juliá, la ambigüedad en la definición de «la cadena de mando militar» en la Ley Orgánica 6/1980 de 1 de julio, donde se atribuye al presidente del Gobierno «la dirección y coordinación» de la política de defensa, y al ministro de Defensa «la ordenación y coordinación» inmediatas de la política de defensa y la ejecución de la política militar correspondiente. Mientras constituye a la Junta de Jefes de Estado Mayor en «órgano colegiado superior de la cadena de mando de los tres Ejércitos», es decir, su primer eslabón. La terminología delataba la manera en que se contemporizaba, porque frente a la contundencia de la «cadena con eslabones» se fue definiendo mucho más difuminada la «rama político-administrativa» donde se acoplaba a las autoridades civiles con responsabilidad en estas áreas.

Todo se hacía con gradualidad. Después de las primeras elecciones generales libres, Adolfo Suárez, confirmado como presidente del Gobierno, decidió eliminar los ministerios del Ejército, Marina y Aire, de los que siempre fueron titulares tenientes generales y almirantes en activo, y en sustitución creó el Ministerio de Defensa y puso a su frente, a partir del 5 de julio de 1977, al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, quien ya era desde septiembre del año anterior vicepresidente para Asuntos de la Defensa. El primer civil en asumir esa cartera fue Agustín Rodríguez Sahagún, que llegó cuando la remodelación del 15 de enero de 1979. Después del «23 de Tejero», lo sustituyó Alberto Oliart. Ambos debieron ejercer sus cargos en la trashumancia. Cada seis meses fijaban su despacho siguiendo un turno riguroso en los cuarteles generales, donde el jefe del Estado Mayor correspondiente le hacía un hueco al ministro sin techo. Tampoco era un gran trastorno, porque el acompañamiento civil del ministro era una secretaria. La situación solo cambió con el presidente Felipe González, cuyo ministro de Defensa, Narcís Serra, instaló la sede del departamento en el paseo de la Castellana, en el edificio construido para sede del desaparecido Ministerio de Información y Turismo.

El combustible de la frustración militar a que se ha hecho referencia fue encadenando intentos de diferente intensidad y solvencia, que reiteraban a veces los mismos protagonistas nunca escarmentados y siempre incentivados a reincidir y probar suerte de nuevo por la levedad inexplicable de las sanciones. Uno de los más nombrados fue el descubierto el 17 de noviembre de 1978, conocido como Operación Galaxia, que habían urdido el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina y el capitán de Infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas, con destino en la Academia Especial de la Policía Armada, que…

[…] preocupados por los ataques a los componentes de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, perpetrados principalmente en las provincias del Norte, pensaron en la posibilidad de poner fin a tal estado de cosas, para lo cual llegaron a preparar un «golpe de mano» que habría de ocupar el Palacio de la Moncloa, en el momento en que estuviese reunido en él el Consejo de Ministros para, posteriormente, someter la nueva situación a S. M. el rey.

Así lo declara la sentencia dictada en el consejo de guerra del 8 de mayo de 1980 que los condenó, como autores de un delito de conspiración y proposición para la rebelión, a la pena de siete meses de prisión al primero y seis meses y un día al segundo.

El fallo del consejo de guerra suponía una desautorización en toda regla para el Gobierno que era fácil de barruntar, dado que el general Miguel Vega, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, llevaba meses diciendo que «eso fue una tontería». Expresión que sirvió de estribillo a la campaña emprendida por El Alcázar y El Imparcial para encumbrar como héroes a Tejero e Ynestrillas. En ese mismo altar de la patria colocaron al general Atarés, quien —la misma noche en que se descubría en Madrid la Operación Galaxia— insultó al ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno, general Gutiérrez Mellado, en Cartagena, llamándole traidor ante más de doscientos generales, almirantes, jefes, oficiales y suboficiales. Una hazaña por la que fue absuelto en el consejo de guerra que le juzgó el 28 de mayo de 1979 en Marines (Valencia). Puede suponerse en qué medida todas estas indulgencias plenarias animaban a nuevos intentos.

Queda probado que entre los elementos que hacían de fulminante para lanzar a los militares por el tobogán del golpismo figuraba, además del terrorismo separatista, de la legalización del PCE y de la retirada de los símbolos de la victoria en la Guerra Civil, el irritante de las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Su elaboración se hizo en paralelo a la propia Constitución bajo el impulso del vicepresidente primero y ministro de Defensa, general Manuel Gutiérrez Mellado. Su propósito era la adaptación de las Fuerzas Armadas al Estado de derecho y, entre otros aspectos, introdujo el conocimiento, acatamiento y subordinación de estas a la Constitución. Se adoptaron por Ley 85/1978, promulgada el 12 de enero de 1979, pero los militares del búnker procuraron ignorarlas. Suponían, como ya he adelantado, la homologación con las Fuerzas Armadas de otros países europeos que, después de los Juicios de Núremberg, incorporaron a su doctrina los límites estrictos de la obediencia debida y de la responsabilidad personal indeclinable de quienes no pueden aducirla para eximirse del acatamiento a la Constitución o incurrir en delitos. Así, el artículo 11 dispone que «la disciplina, factor de cohesión que obliga a todos por igual, será practicada y exigida como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución, a la que la Institución militar está subordinada». El artículo 26 preceptúa que «todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constitución». Y el artículo 34 precisa que, «cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso, asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión».

El 4 de enero de 1979, una semana antes de que tuvieran fuerza de ley las Reales Ordenanzas, tuvo lugar el entierro del general Constantino Ortín Gil, gobernador militar de Madrid asesinado la víspera por ETA. Tras el funeral corpore insepulto en el patio del palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, militares de uniforme abandonaron su formación reglamentaria y estallaron en graves disturbios con violencia sobre las autoridades y gritos contra el Gobierno: «Suárez, cabrón, cantaste el Cara al Sol», «Suárez, traidor, irás al paredón», «Gutiérrez Mellado, estás acojonado» y «Gobierno, dimisión»; mezclados con mueras a ETA y vivas al general Atarés. La bronca arreció cuando los féretros eran sacados por la puerta que da a la calle de Alcalá y después durante el recorrido hasta el cementerio. Dos días más tarde, en la celebración de la Pascua Militar, el rey se veía obligado a advertir sobre «el espectáculo francamente bochornoso de la indisciplina».

El último irritante que no puede dejar de mencionarse era la reincorporación a filas de los jefes y oficiales que habían sido condenados por pertenencia a la Unión Militar Democrática. Los mandos militares más recalcitrantes intentaron bloquear a toda costa que les fuera de plena aplicación la Ley de Amnistía. El caso es que, durante años, buscaron la manera de impedir que se les anularan las penas accesorias, así como que pudieran reintegrarse al servicio activo.

La Transición solo se vio libre de amenazas golpistas cuando la mayoría de los profesionales de las Fuerzas Armadas transfirieron sus lealtades al rey y a sus conciudadanos. Porque según ha escrito Rafael Sánchez Ferlosio[30]:

El hecho mismo de que el Ejército sea precisamente la institución que tiene a su cargo y sostiene con sus manos la ultima ratio constrictiva, sustentadora del derecho y del poder, hace que su corporación sea a la vez la única cuyos miembros, no teniendo de sí ningún otro posible instrumento de constricción física alguna, sean frente a los demás, los únicos que se hallan, al menos en sentido inmediato, exclusivamente sujetos al Estado bajo la sola fe de su palabra. Y «estar bajo palabra» es justamente la situación que aísla en toda su pureza la conducta por la que se define la imagen misma del honor.

Intentona militar abortada

El 25 de enero de 1980 informamos en Diario 16 de la «intentona militar abortada en Madrid», que parecía haber sido inicialmente reconocida por el Gobierno al destituir de modo fulminante al general Luis Torres Rojas del mando de la División Acorazada Brunete, puesto para el que había sido designado apenas seis meses antes. Pero, en una línea acomplejada muy habitual, el Ministerio de Defensa optó por el disimulo destinando al destituido gobernador militar de La Coruña y emplazándome a mí ante la jurisdicción castrense, en cuyo Juzgado Militar número 5 quedé procesado de inmediato por destapar la noticia.

A la salida del Juzgado Militar n.º 6 en el paseo de la Reina Cristina, entre los letrados Gonzalo Rodríguez Mourullo y Rodrigo Uría Meruéndano, a uno y otro extremo de la fotografía.

Aquel viernes 25 de enero, al terminar el Consejo de Ministros, el titular de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, pronunció ante las cámaras de TVE las siguientes palabras:

Estoy sorprendido e indignado por las noticias aparecidas hoy en Diario 16, en las que, de forma que considero absolutamente irresponsable, se hacen afirmaciones inexactas que pueden afectar al prestigio de altos mandos militares, a la propia institución e incluso a los intereses nacionales.

No ha habido ninguna «intentona militar» como pretende el citado periódico. Las Fuerzas Armadas y sus miembros merecen la máxima consideración y no hay que mezclarlas con rumores ni fantasías.

Las combinaciones y reajustes de mandos militares, como consecuencia de los ascensos y vacantes que se producen, son algo habitual y que entra dentro de la discrecionalidad de la administración militar. Esta combinación en concreto se viene realizando desde los dos últimos meses.

Por tanto, hacer especulaciones sin ningún fundamento sobre tales combinaciones y relacionarlas con unas manifestaciones igualmente irresponsables de un miembro de una unidad de la guarnición de Melilla solo puede entenderse como producto de una precipitación o de afanes de sensacionalismo periodístico.

De una vez por todas, me gustaría pedir, como ministro de Defensa, que se respete al máximo a las Fuerzas Armadas por parte de todos los españoles. Que nadie trate de mezclar a los Ejércitos en planteamientos absurdos y alarmistas.

El semblante y los ademanes del ministro en su intervención impresionaron tanto a mi entorno de colegas y amigos que llamaban a casa pensando que ya habría sido encarcelado y querían que Juby les dijera adónde deberían enviar los bocadillos.

Esa misma tarde del 25 de enero de 1980, Felipe González, entonces líder de la oposición, sostuvo ante los periodistas «la posibilidad de que en el fondo se tratara de una cortina de humo montada desde el Ejecutivo para infundir miedo y frenar no solo el referéndum andaluz, sino la avalancha crítica desencadenada contra UCD por su decisión de retrasar el proceso autonómico». Todo trucos suaristas para garantizarse la continuidad en momentos apurados.

Dos días después, el domingo 27, era de obligada lectura el editorial con el que se pronunciaba sobre el asunto el periódico El País. Se titulaba «El Golpe» y empezaba así: «Decía Manuel Azaña que era peligroso poner en la Villa y Corte en circulación una tontería, porque en Madrid las tonterías arraigan mejor que las acacias». Señalaba que «la posibilidad de una intervención militar que interfiera el proceso político debe ser descartada» y concluía que «en España no se concitan ninguno de los condicionantes para que fragüe golpe alguno».

Ser cesado de pie o dimitir de rodillas

El lunes 28 de enero, Juan Tomás de Salas, editor de Diario 16, acudió a mi despacho y, aduciendo los problemas que podrían derivarse de este asunto para el periódico, me pidió que dimitiera. Salí unos minutos al pasillo para reflexionar, lo recorrí de un lado a otro, volví a entrar y le dije a Salas que dimitir me situaría en una posición más vulnerable ante los militares, porque lo interpretarían en términos de confesión de culpabilidad respecto a la información de la «intentona militar», en cuya elaboración tenía conciencia de haber procedido con toda corrección y con todas las pruebas. Al mismo tiempo le manifesté mi negativa a aceptar el nombramiento ofrecido de adjunto a la presidencia, porque no me consideraba apto para ser un burócrata, y prefería seguir ejerciendo el periodismo sin más. Aclaré a Salas que estábamos ligados por un contrato y que tenía en su mano resolverlo con mi abogado, que a efectos civiles era Rodrigo Uría Meruéndano. Si tenía que caer, prefería hacerlo de una vez, de pie, sin genuflexiones intermedias.

Las primeras declaraciones concordantes con lo publicado llegaron el 31 de enero de la mano de Santiago Carrillo, quien confirmó tener información sobre la intentona en que se hallaba metido el general Torres Rojas. El ministro Rodríguez Sahagún se apremió a desmentirle de manera tajante.

En ese clima fue un gesto prócer que Fernando Abril Martorell, vicepresidente segundo del Gobierno, me invitara a comer la semana siguiente en un lugar tan visible entonces como La Nicolasa de la calle Velázquez. Cuando entré, él ya estaba sentado a la mesa, me parece que con el subsecretario Federico Ysart. Al vicepresidente le llamó la atención que me hubiera cortado el pelo más de lo habitual. Le expliqué que los militares consideran que el cuello empieza donde termina la gorra y que les gustaba que hasta ahí llegara el peluquero. Señalé mi preocupación por el lío en que se había metido el Gobierno con mi procesamiento y añadí que me gustaría ayudarles para salir de la situación. Luego, al enterarse de que Salas me había pedido que dimitiera del puesto de director de Diario 16, quiso ofrecerme la jefatura de prensa del Banco de España. Se lo agradecí, pero rehusé indicándole que tenía decidido seguir en el oficio de periodista.

Cuatro meses después, el lunes 26 de mayo de 1980, la editora Inpresa me cesaba en el cargo de director para el que había sido nombrado el 16 de marzo de 1977. Es decir, cuando había cumplido tres años, dos meses y diez días en el puesto. El cese me llegaba por carta, entregada por motorista (en este caso chófer), a la manera en que Franco se deshacía de sus ministros. Al día siguiente, martes 27 de mayo, Diario 16 publicaba una nota que decía:

La empresa editora de Diario 16 comunicó el lunes al director del mismo, Miguel Ángel Aguilar, su decisión de nombrarle adjunto a la presidencia, lo cual lleva consigo el abandono de sus actuales funciones de director. Esta medida se inscribe en un proceso de renovación del periódico.

La nota apareció con el título «Miguel Ángel Aguilar deja la dirección de Diario 16». De momento se hizo cargo como director en funciones el redactor jefe Justino Sinova, habida cuenta de que el subdirector, José Vicente de Juan, por lealtad rehusó la propuesta de sustituirme. Los periódicos, que están reclamando transparencia a los demás de modo permanente, solo ofrecen opacidad cuando se trata de asuntos propios. De ahí que por lo general, para informarse de lo que sucede en un medio, sea preferible atender a lo que publican los de la competencia. En este caso, mi reacción fue recogida por El País indicando que el lunes 26 había recibido una carta del presidente de la sociedad editora, Juan Tomás de Salas, que comunicaba mi cese como director desde ese mismo día, y me ofrecía el puesto de adjunto a la presidencia. Una vez conocida la decisión de la empresa y rechazada su propuesta, di cuenta de la carta recibida a los miembros del consejo de redacción y a toda la redacción. Se abrió un compás de espera mientras algún representante de la editora ofrecía explicaciones. Mi propuesta era publicar un artículo en el que pudiera despedirme de los lectores, concluida la etapa al frente de Diario 16, y repasar tanto los logros como los propósitos.

La empresa editora consideraba que el motivo del cese era que mi posición como director de Diario 16 no era la mejor para el relanzamiento del periódico. Según las mismas fuentes, este consistiría en hacerlo más popular, con el fin de que aumentaran sus ventas, en restringir el número de temas o de noticias de las que se diera cuenta en sus páginas y en acercar la línea política de Diario 16 a la que tenía en ese momento Cambio 16, el semanario editado también por Salas. En los primeros días recibí numerosas muestras de adhesión procedentes de dentro y de fuera del periódico. Pero tampoco tuve dudas de la duración efímera de esas manifestaciones. Yo tenía un contrato que me proponía hacer valer y el resto de la redacción estaba montada al aire pese a la cláusula de conciencia incorporada a la Constitución española.

«Enorgullécete de tu fracaso»

Agradecido quedé con el homenaje que, convocado por Pedro Altares, me ofrecieron días después algunos amigos de distintos ámbitos de la cultura y la sociedad como Federico Abascal, César Alonso de los Ríos, el propio Altares, Germán Álvarez Blanco, Luis Apostua, Julio Busquets, Pedro Bofill, Pilar Brabo, José Caballero Bonald, Pedro Calvo Hernando, Ignacio Camuñas, Rafael Canogar, Luis Carandell, Juan Luis Cebrián, Gabriel Celaya, Francisco Fernández Ordóñez, Jesús Fernández Santos, José Luis Fajardo, Guillermo Galeote, Juan Antonio García Díez, Juan García Hortelano, Felipe González, Ángel González, José Luis Gutiérrez, José Vicente de Juan, Manu Leguineche, Miguel Logroño, Víctor Márquez, Carmen Martín Gaite, José Luis Martínez, José Luis Martín Prieto, Guillermo Medina, Enrique Múgica, Julia Navarro, José Antonio Nováis, Alberto Oliart, José Oneto, Gregorio Peces-Barba, Ramón Pi, Pedro J. Ramírez, Miquel Roca, Javier Rupérez, Juan Ignacio Sáenz Díez, Rafael Sánchez Ferlosio, Simón Sánchez Montero, Félix Santos, Joaquín Satrústegui, Eduardo Sanz, Pablo Serrano, Javier Solana, Luis Solana, Ignacio Sotelo, Rosa Villacastín, Isabel Villar, Eulàlia Vintró, Ángel Viñas, Rodrigo Uría y Federico Ysart.

Emocionaron los versos del poema de Agustín García Calvo que recitara Carmiña Martín Gaite y que empiezan diciendo: «Enorgullécete de tu fracaso, / que sugiere lo limpio de tu empresa»[31].

De la jurisdicción militar a la ordinaria

Mi situación procesal mejoró meses después, cuando, como informaba el diario El País en su edición del 22 de noviembre de 1980, entraba en vigor la ley orgánica que reformaba el Código de Justicia Militar. La disposición transitoria cuarta de la nueva ley determina que el Consejo Supremo de Justicia Militar y las autoridades militares de los Ejércitos, por propia iniciativa, a instancia del fiscal o a petición del procesado o su defensor, se inhibirán de inmediato a favor de los tribunales y juzgados de la jurisdicción ordinaria de los procedimientos en que no hubiere recaído sentencia y de los que se hallaren conociendo por hechos que hayan dejado de ser de su competencia, con arreglo a las modificaciones introducidas en el Código de Justicia Militar por la ley que entraba en vigor.

Entre las modificaciones citadas figura la del artículo 317, en aplicación del cual fuimos procesados, entre otros, Pilar Miró, por entender la jurisdicción castrense que su película El crimen de Cuenca contenía injurias contra clase o cuerpo determinado de Ejército —concretamente, la Guardia Civil—, y yo mismo por el supuesto delito de injurias al Ejército, por esa información del 25 de enero de 1980, publicada bajo el título «Intentona militar abortada en Madrid».

La nueva redacción del artículo 317 del código castrense no amparaba procesamientos militares como los citados, ya que establecía que «incurrirá en la pena de prisión hasta seis años el que de palabra, por escrito o por cualquier medio de publicidad injurie a los ejércitos o instituciones, armas, clases o cuerpos determinados de los mismos, siempre que el culpable fuese militar o el hecho se produzca ante un mando en presencia de sus tropas o en acuartelamiento, recinto o lugar militar». Lo que no era nuestro caso.

Al comunicar el Juzgado Militar Permanente número 6 mi procesamiento, el letrado Gonzalo Rodríguez Mourullo planteó ante la jurisdicción ordinaria la petición de que requiriera a la castrense para que se inhibiera. Así lo acordó el Juzgado número 3 de Madrid, al que correspondió el recurso, por auto de 26 de febrero. La autoridad judicial militar —el capitán general de la I Región Militar— no aceptó inhibirse, por lo que surgió la cuestión de competencia ante la sala especial de competencias del Tribunal Supremo (compuesta por el presidente de la Sala Segunda, un magistrado de esta misma sala y un representante de la jurisdicción militar).

El 25 de junio último, el fiscal informó favorablemente la inhibición, y hacía varias semanas que la citada sala de competencias había resuelto favorablemente la petición. La entrada en vigor de la reforma del Código de Justicia Militar significaba, para mí, el paso de la causa a la jurisdicción ordinaria mediante doble vía jurisdiccional y legislativa.

Incorporado al equipo de El País

En su edición del 6 de julio de 1980, El País daba cuenta de mi incorporación al equipo del periódico como corresponsal político. Se refería a mi trayectoria profesional, que declaraba conocida y respetada, y la resumía mencionando que había sido redactor jefe del diario Madrid, que intentara una apertura liberal antes de ser cerrado por el régimen franquista; corresponsal en Bruselas y Londres, cronista parlamentario de Posible y Cambio 16 y director durante tres años de Diario 16. Concluía El País señalándome como uno de los periodistas que simbolizaba los esfuerzos por la implantación de una verdadera libertad de expresión en nuestro país y dando cuenta de que me hallaba procesado por la jurisdicción militar a causa de informaciones publicadas en mi antiguo periódico sobre una supuesta intentona de golpe castrense. En la redacción de El País estuve, primero como corresponsal político y luego como corresponsal diplomático desde el 6 de julio de 1980 hasta febrero de 1984, cuando acepté una oferta de la North Carolina University en Chapel Hill.

Entre otros momentos vividos durante mis años en la redacción de El País tiene especial relieve el seguimiento del ruido de sables que culminó en el golpe del 23 de febrero de 1981, cuando seguía desde la tribuna de prensa del Congreso la sesión de investidura del candidato Leopoldo Calvo Sotelo, que merece capítulo aparte.

10

El «23 de Tejero» en tribuna

¡Fuego, fuego!

Veníamos de celebrar el viernes anterior, 20 de febrero de 1981, la primera votación en el Pleno del Congreso para investir como presidente del Gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo. Le habían dado el sí 169 diputados, es decir, le habían faltado siete para que obtuviera los 176 votos exigidos con los que alcanzar la preceptiva mayoría absoluta del Congreso. En consecuencia, el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, anunció la insuficiencia, suspendió la sesión y al tiempo convocó su reanudación el primer día de la semana siguiente por la tarde, conforme al plazo fijado en el artículo 99 de la Constitución, para celebrar una segunda votación, en la que al candidato le bastaría obtener la confianza de la mayoría simple. O sea, que la suma del sí superara a la del no.

Eran las cinco menos cuarto de la tarde del 23 de febrero de 1981, lunes, cuando se abría la sesión. El turno de intervenciones lo inició el candidato reiterándose en sus manifestaciones de días anteriores y pidiendo de nuevo a la Cámara su voto de confianza. Lo hicieron a continuación los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para fijar su posición definitiva antes de la votación. Hablaron, en el siguiente orden, los diputados Miguel Ángel Arredonda Crecente (Grupo Parlamentario Andalucista), Carlos Solchaga Catalán (Grupo Parlamentario Vasco), Marcos Vizcaya Retana (Grupo Parlamentario Vasco-PNV), Miquel Roca i Junyent (Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana), Manuel Fraga Iribarne y Alfonso Osorio García (Grupo Parlamentario de Coalición Democrática), Antonio Torres Salvador y Andrés Fernández Fernández (Grupo Parlamentario Mixto), Ernest Lluch Martín (Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña), Santiago Carrillo Solares (Grupo Parlamentario Comunista), Felipe González Márquez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) y Agustín Rodríguez Sahagún (Grupo Parlamentario Centrista).

El presidente de la Cámara anunció que se iba a proceder a la votación, que se haría en la modalidad de nominal y pública por llamamiento. Antes de iniciarla se introdujeron en una bolsa 350 bolas numeradas del 1 al 350, de la que se extrajo una, que resultó ser la 114, correspondiente al diputado Antonio García Miralles, a partir del cual continuó el llamamiento de los restantes miembros de la Cámara siguiendo el orden alfabético. El secretario primero del Congreso, Víctor Carrascal, iba nombrándolos para que cada cual, puesto en pie, dijera en voz alta «sí», «no» o «abstención».

Habían votado ochenta diputados, de los cuales cuarenta y tres respondieron afirmativamente, treinta y uno dijeron «no», cuatro se abstuvieron y dos no contestaron por encontrarse ausentes. Y en ese momento, sobre las seis y veinte, como refleja la acotación final del Diario de Sesiones:

tras escucharse en el pasillo algunos disparos y gritos de «¡fuego, fuego!» y «¡al suelo todo el mundo!» irrumpe en el hemiciclo un número elevado de gente armada y con uniforme de la Guardia Civil, que se sitúa en lugares estratégicos, amenaza por la fuerza a la Presidencia y, tras un altercado con el vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, conmina a todos a tirarse al suelo, sonando ráfagas de metralleta. Queda interrumpida la sesión.

Lo que siguió se consideró ajeno a la sesión y, en todo caso, los taquígrafos dejaron de transcribirlo.

Pero rebobinemos. Se trataba de una sesión de investidura donde se descartaba la sorpresa porque la mayoría simple requerida estaba de sobra asegurada. La probabilidad de que esa votación fracasara tendía a cero. Comenzaba a apoderarse de todos el tedio de la votación nominal por llamamiento. Solo los periodistas más curiosos y ávidos de detalles seguían aún en la tribuna de prensa por si surgiera algún detalle reseñable. La mayoría procedió a desertar en masa encaminándose hacia el conocido como Bar del Cojo, así llamado porque fue Álvaro de Figueroa —conde de Romanones y cojo por haberse caído de un coche de caballos— quien, siendo presidente de la Cámara, asignó ese espacio tras las puertas solemnes de bronce que se abren a la plaza de las Cortes para las instalaciones del establecimiento. Más de veinte años después, en 1934, otro presidente, Julián Besteiro, otorgó la contrata a Perico Chicote, que la mantuvo hasta finales del franquismo.

En la tribuna de prensa resistíamos apenas ocho o diez. Desde luego, Pedro Calvo Hernando, Pilar Urbano, Susana Olmo, Víctor Márquez Reviriego, Julia Navarro, Pilar Narbona y Rafael Luis Díaz, de la Cadena SER, con sus micrófonos de ambiente, porque los periodistas de radio trabajaban entonces a campo abierto sin encerrarse en cabinas acondicionadas como hacen ahora para escuchar en directo la banda sonora de la sesión. También estaba un camarógrafo de cuyo nombre no puedo acordarme, de TVE —que era la única televisión en funcionamiento—, plantado de pie detrás del trípode con la Betacam, atendiendo las indicaciones del realizador para lograr los mejores enfoques de la retransmisión.

Llega el momento en que es llamado a votar «Núñez Encabo, Manuel» cuando eran las seis y veintidós de la tarde. Suenan voces. Unos entendieron: «¡Fuego, fuego!», y otros, con más acierto: «¡Al suelo, al suelo!». Las puertas del hemiciclo, cerradas por orden de la presidencia, como corresponde cuando ha de celebrarse una votación, cedieron a los empellones e irrumpió el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina en uniforme de paseo, con tricornio y correajes, empuñando con la derecha la pistola reglamentaria y rodeado de guardias civiles. Me pregunta Pilar Urbano quién es y se lo digo sin dudar, porque lo he reconocido inmediatamente después de años de seguir a los golpistas y de que la redacción de Diario 16 que dirigí de 1977 al 1980 compartiera el mismo edificio que la del diario El Alcázar, donde todos los ultras tenían su asiento. Vuelven los gritos: «¡Al suelo todo el mundo!». Salta de su escaño el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa. Se siente humillado al ver a gente de uniforme entrando al salón de sesiones del Congreso y disparando sus armas. En un arranque de vergüenza torera y militar, el general, yéndose directo a por Tejero, le ordena que deponga su actitud y retire a sus hombres. Tejero desobedece, forcejea e intenta tirarle al suelo. Al fin, Gutiérrez Mellado regresa a su escaño.

Estigmas gloriosos de sus propias heridas

Suenan ráfagas de los subfusiles Star y Cetme. Cesan cuando Tejero ordena: «Basta ya, no vayamos a darle a alguno de los nuestros». Se hace un absoluto silencio. Los proyectiles alcanzaron la cúpula y otros lugares del hemiciclo, según prueban los impactos registrados en las tribunas de prensa y del público, tanto en la parte delantera inferior como en el techo de las mismas. Impactos que se han conservado con el esmero de un relicario. Porque, como escribe Jean-Yves Jouannais, «toda cultura aspira a los estigmas gloriosos de sus propias heridas»[32]. Yeso desprendido a causa de alguno de esos proyectiles erosionó mi muñeca izquierda que apenas necesitó una tirita.

Pasados los primeros momentos de incertidumbre, poco a poco, de la misma forma que escampa después de la tormenta, los diputados se fueron levantando y recuperando la vertical para volver a sentarse de nuevo en sus escaños. Lentamente volvían los eventos consuetudinarios que acontecen en el Salón de Plenos. La nariz del diputado Fernando Sagaseta, de Unión del Pueblo Canario, reclamaba un médico. Los diputados tenían urgencias fisiológicas que atender. Tenían que orinar, tenían que abrevar…, igual que los periodistas.

En los primeros momentos, un guardia alcanza la tribuna de prensa y desde arriba pregona su soledad: «¡Estoy solo, subid alguno a ayudarme!». Entonces propuse a Pedro Calvo ponerle la zancadilla, arrebatarle el arma y gritar desde la barandilla: «¡Tejero, ríndete, que han llegado los leales!». Momento en que tomándome del brazo me hizo salir diciendo que eran ideas de bombero y que mejor nos fuéramos al bar. El guardia civil estaba nervioso. Los micrófonos de ambiente de la Cadena SER, que Rafael Luis Díaz había dejado abiertos, seguían en el suelo conectados de modo que permitían que algún sonido de lo que estaba pasando se escuchara en la emisora. El operador de la cámara de televisión, al cumplir la primera orden de «¡al suelo!», la abandonó dejándola enfocada a la tribuna de oradores, así que las imágenes de cuanto allí sucedía seguían siendo capturadas y llegaban al realizador del programa. Hasta que el guardia de la Tribuna de Prensa dio un culatazo con el Cetme en el visor, rompió el cristal y desvió el tiro de cámara sin interrumpir su conexión, de modo que pasó a recoger imágenes procedentes de otro ángulo carente de interés.

Apenas media hora después del asalto, la Guardia Civil dijo a los periodistas que quienes quisieran podían marcharse. La mayoría se fue sin esperar a repartirse los papeles. Por ejemplo, del diario El País estábamos cinco y quedé yo solo. En total permanecimos en el ruedo menos de una docena de espontáneos. Los que abandonaron siguieron también el mismo impulso instintivo. En aquellos momentos tenía conmigo el índice de un libro sobre los militares en la Transición pedido por Pedro Altares para la editorial Alhambra, que naturalmente despedacé y metí en un calcetín.

Un capitán sube a la tribuna de oradores y se dirige con tosquedad a todos: «Tranquilos, no va a pasar nada. La autoridad, militar por supuesto, a la que estamos esperando, dirá lo que debe hacerse. Será cosa de un cuarto de hora, de media hora». No piensa que sea más. El plazo se ha rebasado muy ampliamente cuando otro oficial de igual graduación procede desde la tribuna de oradores a la lectura de algunas noticias difundidas por el teletipo de la agencia Europa Press. Lo interrumpe otro capitán para indicarle que deje de informar de la ocupación de Televisión Española y lea el bando de Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia, donde proclama el estado de sitio, asume todos los poderes de las autoridades civiles de la zona y despliega las unidades de la División Maestrazgo número 3 por la capital del Turia. En el hemiciclo se alternan periodos de inmóvil congelación y otros de deshielo. Falta información del exterior. Se ignora el comportamiento que hayan adoptado las regiones militares.

Arma al brazo y pagando las copas

El espectáculo insólito es el que ofrece el bar, tapizado con el verde de los uniformes. Agrupados en mesas los primeros en llegar o esperando su turno para ser atendidos en la barra los restantes, los guardias civiles del asalto se entregan a sus libaciones a base de escocés y ginebra. Pagan con escrúpulo sus consumiciones. Asombro produce verlos con sus Cetmes y subfusiles Star y munición al completo reclamando del camarero el importe de sus copas. Se va formando una fila larga que desde la barra del bar llega hasta la mitad del pasillo central. La fila tiene una composición muy heterogénea. La forman ujieres, diputados, guardias civiles asaltantes, escoltas ya desarmados para ese momento, periodistas, asesores varios formando una aglomeración. Cuando a cada cual le llegaba el turno, pedía su consumición —un gin-tonic, dos vinos, una cerveza— y pagaba el importe. Un guardia civil miembro de la hueste asaltante muy adelantado en la fila, al advertir muy atrás al periodista Pedro Altares, adscrito a la jefatura de prensa de la Secretaría de Estado de Turismo, le hizo hueco delante de sí, porque como prestaba servicio de vigilancia en la puerta de la sede de dicha institución lo venía a considerar un compi.

—Don Pedro, don Pedro, venga aquí —le dijo.

Y Altares, sin dudarlo, allá fue aceptando la ventaja que se le ofrecía. Eran los primeros momentos y predominaba cierta camaradería y una estricta corrección. La prueba: todos, incluidos los guardias civiles asaltantes, pagaban sus consumiciones. En la entrada aparece un capitán que se dirige a quienes ocupan la primera mesa: «Vosotros, ayudad a llevar sillas», es su orden imperativa. Enérgico, un sargento se pone en pie y, mientras con su mano derecha palmea sobre sus galones del antebrazo contrario, responde con voz acalorada: «No me sale de los c…, yo soy sargento». El capitán prueba fortuna con los de la mesa de al lado, que optan por colaborar en el traslado de unas sillas isabelinas al hemiciclo para ponerlas junto a la mesa de los taquígrafos.

Se inicia lo que parece una breve ceremonia sacrificial. Provisto de una navaja cabritera, un oficial rasga en profundo círculo la tapicería de damasco rojo de una de las sillas. Luego, recoge la borra del relleno y la deposita sobre la mesa. Averiguamos que los asaltantes temen un corte del fluido eléctrico y que Tejero ha ordenado a quienes tiene apostados junto a las salidas que en ese caso disparen sin previo aviso sobre cualquier bulto que se les aproxime. Se descubre el sentido de la pira que están formando: prenderle fuego para obtener iluminación. Sería una incineración en vivo de cuatrocientas personas. Todo el recinto son maderas nobles y alfombras de las que arden de forma voraz.

El buen porte y los buenos modales decayeron con el paso de las horas y aquellos guardias, después de haber estado pagando las copas arma al brazo, al retirarse y levantar el secuestro se llevaron consigo la recaudación del bar y todas las cajas de whisky y de ginebra que encontraron en el almacén. O sea, que los asaltantes empezaron muy correctos guardando la fila y pagando las copas, pero terminaron entregados a la rapiña.

Sin encuadramiento, ¡sálvese quien pueda!

Los diputados y los periodistas coincidíamos en los mingitorios. Aquel libro de José María Pemán Mis almuerzos con gente importante[33] hubiera podido escribirlo aquella noche citando, en vez de a los que compartieron ágapes sentados alrededor de una mesa, a los que se alinearon haciendo la fila ante los mingitorios. En algún momento llegué a coincidir simultáneamente en esa faena con Francisco Fernández Ordóñez, Agustín Rodríguez Sahagún, Juan José Rosón y Fernando Abril Martorell. Otra coincidencia hizo que orinara en paralelo con el general Manuel Gutiérrez Mellado.

El vicepresidente, a partir de lo que todos veían, hacía deducciones que a los demás se les escapaban. Porque no hay una realidad transparente. Así, partiendo de ciertos elementos como la heterogeneidad indumentaria de los guardias civiles, advirtió lo que en la terminología militar se denomina «falta de policía». Los hombres de Tejero lucían emblemas de distintas unidades, algunos se presentaban con anoraks, otros en uniforme de camuflaje; unos con tricornio, otros con gorra de visera, otros con boina; unos con bota alta, otros con bota campera, otros con zapatos. Los había que actuaban con soltura y aparente convicción. Otros, más bien tripones y torpes de movimientos, no daban la imagen que se espera encontrar en acciones de comando de este tipo. Llamaba la atención la preeminencia que en las órdenes de despliegue tiene un individuo ajeno a la uniformidad del cuerpo, con pantalones vaqueros y anorak verde.

Para Gutiérrez Mellado quedaba claro que los guardias no pertenecían a una misma unidad orgánica, que eran un aglomerado reclutado de ocasión, adecuado para un festín, pero carente del encuadramiento preciso para resistir en la adversidad. La exactitud de esa deducción quedó probada después, al saberse que se trataba de voluntarios alistados tras un fervorín en el patio de la Agrupación de Tráfico de la calle Príncipe de Vergara, donde habían sido convocados por el coronel Miguel Manchado García para una rutinaria revista de armas, y que acabaron sumados a la misión de salvar a España con solo subirse a unos autobuses furtivos y liberar o secuestrar al Gobierno y a los diputados. Venían así a dar cumplimiento a la apreciación de Ortega según la cual «cuando el Ejército no tiene cota que tomar, ocupa el Parlamento».

Las improvisaciones empezaron a segregar consecuencias. La primera, la debilidad del encuadramiento, a falta del cual se produce la quiebra del automatismo mecánico de la obediencia, básico en situaciones comprometidas cuando el cumplimiento de las órdenes ha de ser instantáneo. Por el déficit de encuadramiento se abre paso la duda, la resistencia, cunde el «se obedece, pero no se cumple» y, por último, estalla el «¡sálvese quien pueda!». En ausencia de los mandos naturales, desde el cabo al coronel, el encuadramiento deja de funcionar. Quienes obedecen dicen «mi» cabo, «mi» sargento, «mi» teniente, «mi» capitán, «mi» comandante o «mi» coronel, porque son precisamente los de su unidad. Son los suyos, con los que conviven, los que los instruyen, los que comen el mismo rancho, los que comparten el mismo riesgo y fatigas. En este caso los guardias civiles que suben a los autobuses, algunos llevados con engaño, conocen a quienes van a ser sus mandos durante el trayecto hacia el Congreso de los Diputados. No eran los de su unidad, habían sido asignados de forma improvisada para la ocasión.

Visita a la División Acorazada Brunete. El rey Juan Carlos I pasó revista a la unidad el 26 de noviembre de 1982 (fotografía de Marisa Flórez).

El dictamen del general Gutiérrez Mellado era que la intentona solo podría salir adelante si conseguía imponerse de modo fulminante, que si se producía a toda velocidad estábamos perdidos; pero que en caso de demorarse fracasaría, porque en la dificultad se quebraría la disciplina y los así reclutados dejarían de obedecer y optarían por el escaqueo, como terminamos viendo cuando los guardias civiles escaparon saltando por las ventanas del edificio de la ampliación del Congreso que dan a la plaza de las Cortes.

Héroes de la retirada

Se ha subrayado que bajo la amenaza de las armas solo rehusaron tirarse al suelo quienes estaban más preparados psicológicamente para resistir. Son los que Javier Cercas identificó, en Anatomía de un instante[34], como héroes de la retirada, siguiendo la expresión de Hans Magnus Enzensberger[35]. Así, el presidente Adolfo Suárez, gracias a su entrenamiento de meses para enfrentarse a lo peor, se mantuvo impávido, sentado en la cabecera del banco azul. A su lado, Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, y más arriba, a la izquierda, justo debajo de la tribuna de prensa, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España. Los tres se sintieron invadidos de ese último sentimiento de dignidad que sobreviene cuando se sabe que todo está perdido y se mantuvieron erguidos en sus escaños. El teniente general era del arma de Artillería, sus oídos estaban hechos a las descargas, y escrito está que la inteligencia de los líderes militares se aviva en el estruendo del combate que a tantos ensordece y bloquea. Por eso se mantuvo en pie con los brazos en jarras, impasible el ademán mientras duraron las ráfagas.

La primera saca de líderes políticos se hizo en breves minutos a partir de las ocho y diez de la noche. Hubo un momento tenso cuando nombraron a los diputados Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Felipe González y Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa en funciones, quienes abandonaron sus escaños y salieron del salón de sesiones conducidos por los asaltantes. ¿Qué pretendían hacer con ellos? Entró en el hemiciclo José Luis Gorostegui, comandante de Caballería, ayudante del general Gutiérrez Mellado, y se sentó en las escaleras junto al escaño del presidente. Apareció también el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, único componente naval del golpe, aunque comparecía sin barco y el Palacio del Congreso carecía de atraques disponibles. En sentido contrario se incorporó Antonio Jiménez Blanco, a la sazón presidente del Consejo de Estado, dispuesto a correr la misma suerte que los secuestrados. La diputada Ana Balletbó alegó que estaba embarazada y pudo salir sobre las siete de la tarde, no sin antes recoger sus cosas del ropero. Una vez fuera, habló con el rey y pudo darle noticia del ambiente.

A las diez, periodistas fuera

Sobre las diez de la noche fuimos llamados los periodistas que quedábamos, que no llegábamos a la docena. Nos reunieron en el pasillo central y nos dijeron: «Tienen ustedes que irse». Creo que nuestro interlocutor era el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar. Fuimos a parlamentar con él María Antonia Iglesias, Pedro Calvo Hernando y yo. «Hagamos un pull», propuse. «Deje usted que nos quedemos aquí nosotros tres en nombre de todos y que los demás se vayan. Así se hace cuando hay muchos periodistas acreditados en un acontecimiento y no caben, no hay sitio para todos». La propuesta empezó a perturbar a Muñecas. Preguntaba qué era eso del pull. Cuando se enteró más o menos, indicó que ni pull ni nada, que nos fuéramos todos. Pero luego se paró para añadir:

—Usted se puede quedar. A usted lo tenemos procesado.

Era verdad. Me tenían procesado por el artículo «La Guardia Civil no se rinde», publicado en enero de 1977 y que firmé cuando era redactor jefe del semanario Cambio 16, antes de recalar en El País. Me hubiera quedado porque estaba bajo uno de esos ataques de frialdad que a veces se tienen, pero aquellos compañeros y en particular Pedro Calvo dijeron que no, que me iría con ellos, que allí no me quedaba, y me arrastraron a la plaza de las Cortes. Esto debió de ser sobre las diez o diez y media.

Confusión en la orilla del Palace

Todavía tuvimos que superar un cordón de Policía Nacional y otro concéntrico de Guardia Civil hasta ganar el vestíbulo del Hotel Palace, a rebosar de fotógrafos, cámaras de todas las cadenas, periodistas, jerarquías militares. En el despacho del gerente del hotel saludo uno por uno a quienes parecen al frente de la operación exterior: al general José Sáenz de Santamaría, jefe de la Policía Nacional; al general José Luis Aramburu Topete, director de la Guardia Civil; a Mariano Nicolás, gobernador civil de Madrid; y a una buena colección de ayudantes, así como al general de la Guardia Civil en situación de disponible Manuel Prieto López. Se analizaban las posibilidades de liberar a los secuestrados mediante un asalto. Entre los condicionantes que ponderar figuraba la existencia en el interior de trescientas bocas de fuego hostiles y de cuatrocientos rehenes, cuyas vidas debían preservarse. Todo ello aconsejaba a los responsables de la Policía Nacional demorar esa intervención.

Los efectivos de la Guardia Civil desplegados en primera línea parecían en trasvase permanente con sus compañeros golpistas del interior del Congreso. Había quienes les manifestaban simpatías no disimuladas. Cuando horas antes llegó a las puertas del Congreso el director de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, todavía algunos de los efectivos de la hueste de Tejero no habían bajado de los autobuses que los transportaban y parecían poco dispuestos a participar. Solo la intervención pistola en mano de un teniente resolvió sus dudas con precipitación. El director del Instituto Armado intentó parlamentar con Tejero, quien reaccionó amenazándole de muerte: «Primero te mato y luego me pego un tiro», aseguró el golpista. Entonces, el coronel Félix Alcalá Galiano, que acompañaba a Aramburu y que tenía el mando de las unidades de la Policía Nacional desplegadas en segunda línea, forcejeó con uno de los acompañantes de Tejero, ante lo cual otro de los rebeldes, el capitán Muñecas, puso su pistola en la espalda del jefe de la Policía.

Pasé la noche en el vestíbulo del Palace, rebosante de curiosos, demócratas, golpistas, esperando el desenlace. Se hacía notar algún tipo pintoresco, subido al techo de un automóvil, presa del entusiasmo que suele invadir a los periodistas cuando hay una catástrofe. El aludido se regodeaba pensando que iba a tener la gran exclusiva y que sería el primero en entrevistar a Tejero. Si estaba dando un golpe era lo de menos, lo importante era que le diera la primera entrevista.

En la orilla del Palace, la noche del 23-F. Formando un triángulo, el teniente general José Luis Aramburu Topete, director de la Guardia Civil; el general José Antonio Sáenz de Santamaría, inspector general de la Policía Nacional, y Miguel Ángel Aguilar.

En breve, la situación en la orilla del Palace era confusa y desordenada en plena correspondencia con la «chapuza» de Tejero. El entrecruce de responsabilidades, sin una estructura de mando bien definida, la anarquía del despliegue, donde se daban cita unidades de todas las procedencias, armamentos ligeros de todos los calibres, permitió el hecho increíble de que toda una compañía de Policía Militar de la División Acorazada Brunete incorporara sin dificultad sus efectivos a los golpistas. Procedía del acuartelamiento de El Goloso, sede del mando de la división. Era un convoy formado por jeeps. Al llegar, se estacionó en el centro de la calzada de la plaza de las Cortes frente al Palace. Pensábamos que con esa fuerza militar todo cambiaría de color. Suponíamos que venían a liberar a los sitiados. Craso error, venían a sumarse a los sitiadores. Y al mando de esa unidad se encontraba el comandante Ricardo Pardo Zancada, quien al parecer, al verlo todo perdido, queriendo hacer gala de su condición de hombre de honor, se unió a quienes estaban empezando a quedar señalados como perdedores.

«Conmigo estarán a salvo»

Reservé una habitación en el hotel, desde donde dicté una crónica y supongo que hablaría con Sol Álvarez Coto, que era la jefa de Nacional, es decir, mi superior más directo. Estábamos todavía en el Congreso cuando llegaron los primeros ejemplares del periódico al Palace, con un titular en primera que devolvió la esperanza: «El País con la Constitución. Golpe de Estado». Que el periódico saliera a la calle fue muy importante. No viví el primer momento de emoción, pero sí vi mucha gente con el periódico en la mano. La aparición de esa edición quería decir que no todo estaba perdido. Había al menos una voz que no había sido acallada y que se pronunciaba de manera rotunda.

Nunca tuve la idea de que nos fueran a fusilar, pero sí pensé que saldríamos del Congreso hacia un centro de detención. Impregnados como estábamos todavía por el golpe de Pinochet en Chile del 11 de septiembre de 1973, calculábamos que nos llevarían a un campo de fútbol donde nos tomarían la filiación y después tendríamos que dedicarnos a hacer de albañiles, o a lo que fuese, porque lo del periodismo se habría terminado para nosotros, salvo que nos marcháramos fuera. Como director de Diario 16, había recibido a muchos colegas, sobre todo de Chile y de Argentina, que llegaban aquí huyendo de esas dictaduras, gente con prestigio, con años, con dedicación, que se veían en la situación de empezar a explicar quiénes eran. Me veía teniendo que pasar por lo mismo: marchar lejos y empezar a explicar quiénes éramos y lo que habíamos hecho como profesionales a ver si alguien nos escuchaba y nos daba algún trabajo de lo que fuere.

En el Palace, no sabía cómo ni de qué manera tomar contacto con mi familia. Me parece que lo hicieron desde el periódico. Mi mujer, Juby Bustamante, era periodista y estaba en el paseo del Prado, entre la gente a la espera de ver qué pasaba. Un cordón policial les impedía llegar al Palace y les hacía replegarse hacia el Café Gijón. Ella sabía que yo estaba dentro del Congreso y temía que me hubiera podido pasar cualquier cosa. Teníamos dos hijos, uno de cinco años recién cumplidos y la otra a falta de un mes para cumplir los tres. Teníamos todas las competencias transferidas, salvo Hacienda y Exteriores, a la chica que los cuidaba, Victorina Martínez Abanades, de Ablanque (Guadalajara), con cuatro hermanos guardias civiles y uno policía nacional. Todavía recuerdo con emoción que en esos momentos, según me contó Juby, Victorina le dijo: «No se preocupe, si les pasara algo a ustedes, conmigo estarán a salvo».

Victorina Martínez Abanades, natural de Ablanque (Guadalajara, en la linde con Aragón), con mis hijos Miguel y Andrea, de cinco y tres años, cuando el golpe del 23-F. Le dijo a Juby: «No se preocupe, si les pasara algo a ustedes, conmigo estarán a salvo».

Escapar por la ventana

Alrededor de las cinco de la mañana del martes 24 quedó asegurada la lealtad de todas las capitanías generales de las regiones militares y paralizado definitivamente el intento de que la DAC Brunete hiciera en Madrid lo que la División Maestrazgo había cumplido en Valencia. El golpe quedaba desactivado cuando a las seis de la mañana se lograba de Milans la revocación de su bando, aunque fuera en términos equívocos por las medidas extemporáneas que continuaba imponiendo en la III Región Militar. Faltaba resolver la situación que en el Congreso aún mantenía Tejero, con más de cuatrocientos rehenes —todo el gobierno y todos los diputados— en sus manos y bajo sus armas. Con el sol pegando ya sobre la fuente de Neptuno, Tejero aceptaba la salida de las mujeres diputadas que lo desearan. Hasta el Palace fueron llegando Soledad Becerril, Victoria Fernández España, Carmen Solano, Carmen García Bloise… Solo dos prefirieron quedarse haciendo guardia junto a sus compañeros: Pilar Brabo y María Izquierdo.

El teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar perfila por escrito con Tejero los últimos pormenores de la entrega de los golpistas, el llamado «pacto del capó», así llamado porque el general Alfonso Armada lo firma apoyándose en el capó de un vehículo militar aparcado fuera del Congreso. Los oficiales piden entregarse a los mandos superiores de sus propias unidades de procedencia y, para los suboficiales y números, Tejero quiere plena exculpación de responsabilidades. Algunos números de la Guardia Civil se descuelgan por las ventanas del edificio de la ampliación del Congreso y ganan la carrera de San Jerónimo, abandonando unas horas antes de que todo termine al jefe del asalto: son treinta y uno. Sorprende que con sus armas suban a un autobús sin que nada anticipe que vayan a ser arrestados. Esa misma sorpresa se repite cuando llega la hora de la entrega final. Hay una merma considerable en las cifras que se dan. Se dijo que con Tejero entraron más de doscientos guardias civiles. La cifra que se maneja a la salida se queda en ciento cincuenta. Son trasladados al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro. Los últimos en salir —porque previamente han hecho desalojar la Cámara a los diputados— son los oficiales asaltantes y señaladamente el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, el comandante Ricardo Pardo Zancada y el propio teniente coronel Antonio Tejero, quien ante las cámaras de televisión aparece sonriente y distendido.

Alguien hubiera tenido que explicar por qué se dio a Tejero la oportunidad de entregarse, cuando ya todo estaba terminado, con la grandilocuencia retórica de la rendición de Breda. Cierto que está en la mejor tradición española «la consideración y aún la honra del enemigo vencido», pero Tejero no se había batido en el campo de batalla, se había limitado a intimidar con armas a unos rehenes indefensos. No hubiera revestido mayor dificultad hacer que una gran parte de los esbirros de Tejero lo abandonaran y entonces, solo y desarmado, debería haber salido antes que los diputados. De lo que cabe colegir que alguien quería preservar la imagen de Tejero. Pero se hizo el «pacto del capó» y cada uno de los oficiales implicados fue llevado a su unidad, donde, en vez de ingresar en el calabozo, quedó en la sala de banderas. Además, al llegar a los acuartelamientos en los que se les daba ese trato tan deferente eran aplaudidos como héroes. De manera que los militares que habían sido leales empezaron a temer por sí mismos.

La música militar, señal de humillación

El rey, informado en los primeros instantes, después de hablar telefónicamente con algunas autoridades militares de la cadena de mando desde Zarzuela, pidió que lo pusieran con el director general de RTVE, Fernando Castedo, para solicitar el vídeo de la sesión del Congreso y reclamar los elementos necesarios para efectuar una grabación con el propósito de dirigirse a los españoles a través de la pequeña pantalla. Fue entonces cuando supo por boca de Castedo que una sección de carros del Regimiento Villaviciosa, al mando del capitán Jesús Martínez de Merlo, había ocupado la sede de Prado del Rey. Una ocupación que en la orilla del Hotel Palace era explicada por las autoridades militares como la puesta en marcha de la alerta 2 dentro de la Operación Diana. Estaba diseñada para «casos de emergencia nacional», pero presentaba muchos puntos oscuros. El principal era por qué, para una cobertura protectora de esta naturaleza, el oficial al mando del destacamento consideró dentro de sus atribuciones reservarse el control de la programación, instalándose armado en el despacho del director general, para decidir la supresión del telediario de las nueve y ordenar la emisión de marchas militares.

Más aún cuando nos tiene dicho Gonçalo M. Tavares que «si quien ha llegado impone su música es porque el mundo ha cambiado, y mañana serás un extranjero en el lugar que antes era tu casa»[36]. Porque «ocupan tu casa cuando ponen otra música». Y también dice que «cada pueblo tiene derecho a su música y al silencio. Tiene derecho a decidir de qué modo quiere interrumpir el silencio. Derecho a elegir qué sonidos quiere: qué palabra y qué nota musical». Cosa distinta es que «no hay silencios populares» y «cómo asusta eso».

El hecho es que para que todo diera la vuelta fue decisivo que el rey hablara. Lo hizo a las 01.14 horas, madrugada del martes 24 de febrero, en uniforme de capitán general tras la mesa de su despacho, con gesto preocupado. Estaba claro que el golpe no podía darse sin el rey. Los acontecimientos del 23-F aclaraban que tampoco podía darse con el rey y, por tanto, que quienes pretendieran otro intento habrían de hacerlo contra el rey. Alguna gente decía que don Juan Carlos había reaccionado tarde. Pero haber reaccionado en caliente hubiera sido peor. El argumento que daban —como siempre cuando se sublevan— era que lo hacían para evitar que fueran asaltados los cuarteles. Porque siempre el poderoso alega legítima defensa frente al inerme y, en este caso, habría pasado eso. La reacción popular fue a partir del día siguiente hasta culminar en aquella manifestación colosal del viernes 27 de febrero, la mayor que he visto en Madrid. Fue acertado mantener inicialmente la calma y después que la gente diera salida a sus emociones y a sus adhesiones. Los medios de comunicación, que muchas veces enredan, otras veces son decisivos para coagular la reacción y para que sea en la línea de la concordia, del entendimiento, del civismo y no del antagonismo y de la barbarie como suele suceder.

Hablar, escuchar y asentir

Señalemos que el «23 de Tejero» los obispos españoles se hallaban celebrando su trigésima cuarta Asamblea Plenaria y, como Micifuz y Zapirón, trataron en conferencia si obrarían con prudencia esperando el desenlace del secuestro antes de pronunciarse. De modo que, solo tras constatar su fracaso, redactaron un comunicado cauteloso que evitaba condenar a los rebeldes y se limitaba a la mera reprobación de «hechos tan graves» que dejaban pendientes de calificar. En cuanto a nuestros aliados norteamericanos, se supo que sectores golpistas habían sondeado en noviembre anterior a miembros del equipo de Ronald Reagan, entonces presidente electo, sobre la actitud esperable de la nueva administración estadounidense ante un golpe militar en España. Al parecer, la respuesta que obtuvieron eludía cualquier compromiso previo, pero no descartaba buena cooperación en caso de que el éxito acompañara el intento. En esa línea, la primera reacción del secretario de Estado, Alexander Haig, ante los periodistas fue que el 23-F era un asunto interno. Otra cosa es que diarios norteamericanos como el New York Times sí cubrieran de manera fidedigna la información, e incluso en el caso del corresponsal en Madrid, James Markham, mencionara en su crónica las informaciones que yo había ido publicando sobre las intentonas golpistas abortadas con anterioridad y que me acarreaban entonces graves problemas legales.

Aquí, acreditando una vez más su sectarismo, los medios de información del entorno golpista ponderaban con descaro la valentía de Tejero por la hazaña de haber sometido a los diputados inermes encañonados por la hueste armada que lo acompañaba. Si las armas hubieran estado en el bando contrario y Tejero privado de ellas, se habría conseguido sin problemas que el valeroso teniente coronel fuera reptando desde el Congreso por la carrera de San Jerónimo adelante hasta la Puerta del Sol y vuelta. Solo habría habido que decírselo sin necesidad de levantarle la voz.

Todo indica que los pasos programados del golpe estaban dispuestos de la siguiente manera:

Primero, toma del Congreso por Tejero.

Segundo, confirmación de la toma al capitán general de Valencia. Se hace por el teléfono en estos términos: «Mi general, objetivo cubierto, sin novedad».

Tercero, marcha de las unidades de la División Acorazada Brunete sobre Madrid para ocupar los centros oficiales de comunicación y de información.

Cuarto, con la ocupación de Madrid asegurada, llegada de las adhesiones al golpe por parte de las restantes regiones militares.

El golpe fracasa en su tercera fase. El rey, al saber la presencia de unidades militares en RTVE, habla con el general José Juste, jefe de la Brunete, quien pregunta: «Majestad, ¿no le ha informado Armada?», y a partir de ese momento se logra inmovilizar la división en cuyo Estado Mayor se había personado su antiguo jefe, el general Luis Torres Rojas, llegado de La Coruña para intentar que la Brunete se sumara al golpe. Se ha querido dudar del rey sin tener en cuenta que traía una doble vacuna. La primera procedente de su abuelo, el rey Alfonso XIII, que ligó su suerte a la de Miguel Primo de Rivera y perdió el trono cuando el general cayó. La segunda, la de su cuñado, el rey Constantino de Grecia, que fue arrastrado en su caída por la Junta de los Coroneles. Los generales son de temporada, pero los reyes buscan permanecer y transmitir la corona a sus sucesores.

En mi opinión, las gentes de la vida política pueden dividirse entre los que piensan que se comprometen con lo que dicen y, por eso, procuran no decir nada y los que consideran que les compromete lo que escuchan y, en consecuencia, nada se dejan decir. A esta segunda categoría pertenece, por ejemplo, Felipe González. Muy capaz de hacer un uso bloqueante de la conversación. Así que cuando algunos colegas contaban las horas que habían pasado en Moncloa con el presidente, mi pregunta invariable era si ellos habían dicho algo, para descubrir que por lo general solo habían escuchado a González.

El caso del rey Juan Carlos era el inverso. Se lo deja decir todo por aquellos a quienes recibe. Se comporta en ocasiones como el confesor que pregunta: «¿Cuántas veces, hijo mío?». Esa actitud de escuchante activo, interesado en que le cuenten detalles, le ha mantenido informado, pero ha podido generar problemas, porque quienes decían algo delante de don Juan Carlos a veces deducían de modo interesado un asentimiento que para nada se había obtenido. Confundían escuchar con asentir o, peor aún, escuchar con aprobar.

Del brazo de Pedro J.

La vista oral del juicio a los encartados en el golpe —el juicio de Campamento— se celebró en la sala del Servicio Geográfico del Ejército a partir del 19 de febrero de 1982 y quedó visto para sentencia el 24 de mayo. El País acreditó para seguir el juicio a Martín Prieto, según me dijo con rechifla hiriente el teniente coronel Manuel Monzón, jefe de prensa del Cuartel General del Ejército. Entonces acudí a Luis María Anson, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que yo era el último vocal, el número 14. Le dije que el Colegio de Abogados y otras instituciones habían acreditado representantes para seguir el juicio. Llamó al ministro de Defensa, Alberto Oliart, y así tuve mi acreditación como representante de la Asociación de la Prensa.

El 23 de febrero de 1982, un año exacto después del golpe y en pleno juicio, Diario 16 publicaba bajo el título «Así asaltamos el Congreso» una entrevista con un soldado raso que participó en la toma del Parlamento, en la que afirmaba haber sufrido presiones y amenazas de disparos por parte del capitán Carlos Álvarez-Arenas si rehusaba sumarse a la compañía de la Policía Militar que iba a salir del acuartelamiento de la División Acorazada en El Goloso hacia el Congreso de los Diputados, en apoyo a quienes lo habían asaltado. Molestos con esa entrevista, los encausados hicieron un plante y advirtieron que no saldrían a la sala del juicio a menos que se expulsara antes de ella a Pedro J. Ramírez, entonces director de Diario 16. El presidente del tribunal, teniente general Federico Gómez Salazar, cedió al plante y ordenó la expulsión del periodista, con el sobresalto consiguiente de sus colegas, que permanecieron impávidos. Consciente de estar acreditado en nombre de la Asociación de la Prensa y a pesar de la pésima relación que manteníamos, cogí del brazo a Pedro J. y lo acompañé a la salida de la sala hasta que abandonó el acuartelamiento. Al día siguiente la foto era portada del Diario 16.

En la puerta del Servicio Geográfico del Ejército el martes, 23 de febrero de 1982, con Pedro J. Ramírez, que había sido expulsado de la sala donde se celebraba la vista del juicio por el golpe intentado un año antes.

El juicio continuó y, unos días después, el letrado Gerardo Quintana, defensor del general Torres Rojas, lanzó una furibunda diatriba contra el rey interrumpida por aplausos cerrados de familiares de encausados y miembros de comisiones militares presentes en la sala. Reacción contraria a la norma que preceptúa que el público asistente debe abstenerse de cualquier manifestación favorable o contraria, siendo responsabilidad del presidente del Tribunal velar por el cumplimiento de esa prescripción.

Quedé abochornado, abandoné la sala y mostré mi indignación en la barra del camión transformado en bar a cuantos militares y periodistas andaban repostando. Nadie me interrumpió. Incluso se dejaron invitar, pero apareció un teniente acompañado por dos soldados que procedieron a expulsarme del recinto. A la salida le dije: «Volveré y me formarán la guardia».

Me fui directo a la agencia EFE para dar cuenta a Anson, quien de nuevo telefoneó al ministro Oliart. A la mañana siguiente me recogía en mi casa el general Antonio Rodríguez Toquero, jefe de Prensa del Ministerio de Defensa. En su coche oficial, con banderín incluido, fuimos al Servicio Geográfico del Ejército, donde a la entrada, al general le formaron la guardia y así se cumplió mi bravata.

Pude volver a la sala del juicio, pero con la prohibición de salir al patio. De hecho, tuve prohibida la entrada en cualquier acuartelamiento militar hasta que me la levantó el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, capitán general de Madrid, pasado algún tiempo.

Carlos Abella, que era la antena en la sala del jucio del secretario de Estado de Comunicación, Ignacio Aguirre Borrell, había dado cuenta de lo sucedido al director de El País, a lo que Juan Luis Cebrián había contestado: «Eso os pasa por acreditar a Miguel Ángel Aguilar».

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Trayectoria en diente de sierra

El País, monopolio de los juicios morales

Como ha sido contado, desde julio de 1980 venía ejerciendo como corresponsal político de El País. Alguna vez le dije a Javier Pradera, uno de sus fundadores, que el periódico en aquellos años tenía el monopolio de los juicios morales. Nadie se atrevía a opinar sobre asuntos delicados de la política sin conocer la posición editorial de El País. Así quedó de manifiesto de manera palmaria en Toledo en ocasión de un seminario organizado por El País y el Instituto Internacional de Prensa (IPI) los días 17 y 18 de diciembre de 1982, cuyas sesiones se hacían en el Palacio de Fuensalida, antes de que se convirtiera en sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Acababa de ser condenado José Félix Azurmendi, director del diario aberzale Egin, por apología del terrorismo, a sendas penas de un año de prisión como responsable de la publicación de esquelas dedicadas a presuntos miembros de ETA. La víspera paseábamos por la ciudad imperial sin que ninguno de los participantes y ponentes se atreviera a fijar posición sobre la condena. Pero cuando al día siguiente se inauguró, ya había podido leerse el editorial de El País donde fijaba posición, de modo que en las sucesivas intervenciones todos hicieron referencia para señalar que coincidían con esa doctrina. Los turnos de intervención se sucedían en el sentido contrario al giro de las agujas del reloj, y cuando el mío llegó, casi al final, dije que aspiraba a vivir en un país tan libre que fuera posible discrepar de los editoriales de El País. De todas formas, la nota más destacada de la primera jornada del seminario fue la coincidencia física, sentados a la misma mesa, de José Javier Uranga, director de Diario de Navarra, víctima de un gravísimo atentado de ETA Militar que atravesó su cuerpo con cerca de veinte balazos, y cuyo periódico hacía solo dos meses había recibido el impacto de varias granadas de mortero enviadas por la misma organización, y del mencionado Azurmendi, director de Egin.

La condición de corresponsal político de El País me daba acceso al consejo editorial de los martes, en la tercera planta del edificio del periódico en la calle de Miguel Yuste. Presidía Juan Luis Cebrián y formaban parte los directores adjuntos, subdirectores, redactores-jefes y otros seniors como Javier Pradera, Eduardo Haro Tecglen, el cura José María Martín Patino, tantos años vicario del Arzobispado de Madrid y mano izquierda del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, y el gerente Javier Baviano. El director abría la reunión del consejo con un resumen del momento político y la propuesta de algunos temas sobre los que estimaba conveniente editorializar. Recuerdo en una ocasión que Juan Luis señaló la necesidad de exigir al gobierno que explicara a los votantes su cambio de posición sobre la cuestión de la Alianza Atlántica, habida cuenta de que uno de sus lemas más sonoros cuando la campaña electoral de octubre de 1982 había sido «OTAN, de entrada, no» y de que, un año después, era perceptible el viraje efectuado en favor de la permanencia.

Las intervenciones que siguieron se alinearon en ese mismo sentido, añadiendo énfasis y modulaciones diversas. Cuando llegó mi turno estuve de acuerdo con la propuesta de Juan Luis y añadí que además el periódico podía hacer algo por sí mismo sin exigírselo a nadie: explicar a sus lectores su propio cambio. Porque El País había cambiado de opinión sobre la OTAN y se había situado a favor de la permanencia. Hablaba con conocimiento de causa, porque en calidad de corresponsal político había tenido oportunidad de seguir muy de cerca el asunto. Al inicio del primer gobierno de Felipe González, fui enviado a Bruselas para cubrir la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, al Consejo Atlántico de invierno que se celebraba los días 9 y 10 de diciembre del 82. De regreso en Madrid, firmé una serie de tres artículos sobre la cuestión. El primero, el 5 de enero, «La OTAN no quiere que Madrid adopte una solución a la francesa»; el segundo, el día 6, «El gobierno mantiene su presencia en los comités de la OTAN»; y el tercero, el día 7, «Dentro de dos años el gobierno puede verse obligado a solicitar el “sí” en el referéndum sobre la OTAN». De manera que desde muy primera hora percibí el cambio que se preparaba y di cuenta del mismo en las páginas del periódico, que a su vez acompañaba sin escándalo esa mutación. Recuerdo que en aquel consejo el director rebatió mi punto de vista, negó que El País hubiera cambiado en esta materia y se pasó al tema siguiente. En esos años todos aprendíamos enseguida que disentir en público de la autoridad no era el camino más indicado para prosperar en ese equipo.

Las reuniones del consejo editorial apenas duraban treinta minutos, pero luego se prolongaban en los corrillos que se formaban de pie. Hubo un momento en que cundió una epidemia de separaciones matrimoniales. Jesús de Polanco, Juan Luis, Martín Prieto, Baviano, Haro Tecglen, todos se separaron en fechas muy próximas, de forma que me era imposible pegar la hebra en ninguno de los corrillos porque en todos se hablaba de las venganzas que se tomaban las ex. Por eso un día le dije a Juby que iba a tener poco recorrido en el periódico a menos que nos separáramos y pudiera tener conversación con la mayoría. Como alternativa le sugerí la posibilidad de hacer una simulación, como alguno de la cúpula directiva, que había salvado así la situación. Pero Juby se negó a cualquiera de las dos fórmulas, la real o la simulada.

Entre los encargos encomendados estaba el de la cobertura informativa de los viajes de los reyes y del presidente del Gobierno, tanto de Adolfo Suárez como de Felipe González. Con Suárez estuve por ejemplo en La Habana, como he referido en otra parte. También en Brasil y Colombia. Con González, en Rabat, París y Washington. Los diplomáticos conceden mucha importancia a cuál sea el destino del primer viaje de un presidente del Gobierno. Y el primero de González fue a Rabat. Recuerdo que después de casi dos días la visita estaba saliendo de cine, sin incidente alguno. De modo que los periodistas parecían desolados. De pronto, por la tarde, al cruzar el vestíbulo del Hotel Rabat Hilton, el primer ministro Mohammed Maati Bouabit fue detectado por uno de los periodistas españoles. Corrió la voz y terminamos en el bar de la última planta rodeando la mesa a la que supimos acudía con alguna asiduidad para beberse un whisky. Aceptó entrar en conversación y a las tres primeras preguntas sobre Ceuta y Melilla respondió que no estaban en la agenda de la visita. Pero al final, ante la insistencia acabó repitiendo la doctrina oficial sobre la marroquinidad de ambas ciudades. Oírlo y salir disparados hacia un teléfono fue todo uno, convencidos los periodistas españoles de que al fin tenían crónica punzante capaz de abrirse camino hasta la primera página. Di en imaginar, por contraste, un experimento que consistiría en situar a un grupo de periodistas británicos tan amplio como se quisiera junto al presidente del Gobierno español o a cualquiera de los ministros. Puede asegurarse que, con independencia del tiempo que se prolongara ese contacto, ninguno preguntaría por Gibraltar porque, conociendo el invariable punto de vista hispano, prefieren ahorrarse la cuestión. Pero si por despiste impensable de alguno surgiera, puede garantizarse que la respuesta no alcanzaría las páginas de los periódicos o lo haría de forma invisible.

Fui también enviado a informar de la visita de los reyes al País Vasco. Recuerdo su llegada al aeropuerto de Foronda en Vitoria una mañana de baja temperatura meteorológica y ambiental. Esperaban unas cuantas señoras de mediana edad con sus abrigos de pieles y una veintena de niños que agitaban banderitas de papel. La misma imagen que había visto en algún país de Oriente Medio sin apenas colonia española, donde las esposas de los diplomáticos y los delegados de las constructoras allí establecidas eran todo el comité de recepción a los reyes. Marcelino Oreja, después de ser ministro de Asuntos Exteriores, teniéndolo todo demostrado, se ofreció para ser gobernador general del País Vasco. Había instalado su residencia en Vitoria en un modesto chalet de reducido jardín, donde estaba plantado un mástil de doce metros en el que izaba la bandera española. Eran tiempos de plomo en los que algunos, como el empresario y abogado Luis Alberto Salazar Simpson o el diplomático Antonio de Oyarzábal, tomaron riesgos y dieron la cara, convencidos de que ser vascos obliga.

El segundo día de la visita, 4 de febrero de 1981, el rey Juan Carlos comparecía ante el Parlamento Vasco convocado en la Casa de Juntas de Guernica. Estaba en pie ante un atril y, apenas empezado su discurso, un grupo de aberzales conchabados se alzaron puño en alto cantando a voz en cuello el Eusko gudariak. La respuesta fue una improvisación muy preparada. Ertzainas de paisano procedieron al desalojo de los revoltosos mientras los diputados se unían en un aplauso al rey, el primero que recibía desde su llegada al País Vasco. Un ayudante militar pasó por detrás de la presidencia y puso sobre el atril un texto de respuesta a la interrupción, que era una hipótesis verosímil y que el rey leyó como si fuera una reacción espontánea, evitando cualquier desborde emocional. En un balconcillo a media altura que seguía el perímetro elíptico de la sala estábamos los periodistas siguiendo la sesión, sin perder detalle, como el del rey que con la mano derecha hacía un gesto.

Al filo de la noticia. Con Javier Pradera en La Rioja, con ocasión de haber sido invitados por el bodeguero Juan Alcorta hacia 1988.

La prohibición del alcohol dispara el alcoholismo

Ya hemos advertido con anterioridad que las noticias están en los bares, y estos eran lugares de socialización facilitada por el alcohol y entonces también por el tabaco, que estaba permitido. El mundo de la literatura y el del periodismo están en deuda con ambos estímulos, según probaría un somero repaso a Joseph Roth, a Ernest Hemingway y a muchos de los mejores. Cuenta Alfonso Palomares que, cuando estaba hablando de su proyecto de la revista Leer al «viejo profesor» Enrique Tierno Galván, este le sugirió toda una cantera de reportajes o crónicas sobre el alcohol como elemento esencial del teatro, la novela y el periodismo.

Es conocido cómo la promulgación de la ley seca en el diario El País disparó los índices de alcoholismo. Sucedió hacia 1982. Una mañana apareció, en el lugar reservado a los avisos de la empresa, una nota advirtiendo de que en adelante pasaría a considerarse falta muy grave «ingerir alcohol en los locales del periódico». De modo que no solo dejarían de expenderse bebidas alcohólicas en el bar de los empleados, sino que tampoco se aceptaría que lo trajeran de casa en aquellas petacas de bolsillo según era costumbre entre los periodistas chapados a la antigua. El Comité de los Trabajadores respondió sin contemplaciones con otro comunicado lamentando la radicalidad de una prohibición desproporcionada cuando la plantilla hacía un consumo morigerado de alcohol y los únicos excesos detectados se habían producido en la tercera planta, que era la de los dirigentes de redacción y gerencia.

A partir de ese día había que salir a beber a los bares cochambrosos de un entorno despoblado sin apenas oferta. Y recuerdo cómo uno de los jefes con el que había bajado a tomar una copa pidió al camarero que le pusiera tres gin-tonics para él solo, que se bebió en los veinte minutos que allí estuvimos. Cualquiera puede imaginar el efecto multiplicador que producían esos tres gin-tonics bebidos de manera súbita respecto al que hubiera causado la ingestión de esa misma dosis alcohólica espaciada poco a poco a lo largo de una jornada laboral de ocho o diez horas, donde de vez en cuando los seniors pedían a los becarios una bebida inocua a la que agregaban una dosis del contenido de sus petaquillas de cristal. Es decir, que se confirmaba cómo las prohibiciones de la ley seca promovían una vez más el alcoholismo.

En esa línea vienen al recuerdo los años del diario Madrid, cuando rendía visita a la redacción el corresponsal en Londres, Jesús Pardo, quien nada más sentarnos a la mesa en el restaurante pedía tres botellas de vino en vez de que las sirvieran una detrás de otra según se fueran terminando, temeroso de que sucediera como en Inglaterra, donde al dar las cinco caía el cierre metálico sobre la barra del pub impidiendo que se siguiera sirviendo alcohol alguno. Subrayaré además que ese cierto grado de inconsciencia derivado de la ingesta de alcohol favorece el atrevimiento a la hora de escribir sobre asuntos delicados y alivia la consideración temerosa de los peligros inductora de la autocensura. En cualquier caso, desde entonces acá los periodistas en las redacciones viven inmersos en un cambio climático que altera el medio ambiente: allí no se fuma, no se bebe, no se juega a las cartas, han desaparecido las broncas lingüísticas, no se habla, todos musitan en tono imperceptible a su teléfono móvil, desconectados de los compañeros que los rodean e hipnotizados por las pantallas de sus ordenadores, nada comparten con el entorno insonorizado y permanecen semiocultos en una especie de cubículos que los aíslan fuera de la vista de los demás.

En Chapel Hill, la distancia clarificadora

En febrero de 1984 acepté una oferta de la North Carolina University en Chapel Hill, en el este de Estados Unidos. Se trataba de impartir seis lecciones sobre la Transición, sin que fuera posible acordar con el periódico unos meses sin sueldo. Cuando por indicación del director adjunto, Augusto Delkáder, subí a despedirme del director, Juan Luis Cebrián, a su despacho de la tercera planta, solo le pedí que el periódico depositara las fianzas requeridas en los autos de libertad condicional dictados en los dos procesos instados respectivamente en los Juzgados 21 y 6 de Madrid por los entonces coroneles Armando Marchante Gil y Joaquín Villalba Sánchez de Ocaña a raíz de la información que había firmado en El País el 3 de marzo de 1981, es decir, ocho días después del golpe del 23-F, con el título «Un extraño clima de admiración se fomenta en torno a los sediciosos. Altas personalidades militares leales al poder constitucional expresan su inquietud». El texto daba cuenta de que los golpistas estaban siendo recibidos en los acuartelamientos de sus unidades donde quedaban arrestados casi como héroes. Entre otras cosas decía: «El País ha podido saber que, con sorpresa de una entidad bancaria, que los financiaba, varios jefes y oficiales —entre ellos el coronel Marchante y el teniente coronel Villalba— trabajaban desde un servicio de información muy especial de esa entidad en favor del golpe militar».

A Juan Luis le indignó que siguiera procesado. Pidió a Nancy, su secretaria, que le pusiera al teléfono con el ministro de Defensa, Narcís Serra, a quien recriminó que me encontrara en esa situación. El ministro, después de dejar que se desahogara, le indicó que las querellas de ambos jefes estaban planteadas ante la jurisdicción ordinaria y que, por tanto, quedaban fuera de su alcance. Juan Luis recordó entonces que yo había decidido ir por libre rechazando que me defendiera el letrado del periódico, Diego Córdoba Gracia. Alegué que Córdoba había sido su defensor en el proceso que se le siguió por el editorial titulado «Prensa y democracia» donde se establecían analogías entre la sentencia dictada contra la periodista Mayte Mancebo y la justicia de Idi Amín Dadá, el sanguinario tirano ruandés, y que de ahí resultó una condena a cuatro meses y un día. Le expliqué también que Diego Córdoba me había tomado declaración como juez titular del Juzgado número 2 de Orden Público cuando fui procesado como autor del editorial «La protesta no es siempre moralmente condenable», publicado en el diario Madrid el 30 de enero de 1967. Le reiteré que mi defensor permanente en todas las vicisitudes procesales había sido Gonzalo Rodríguez Mourullo, en quien había depositado una vez más mi confianza cuando sobrevinieron las querellas de los coroneles. Me fui sin que el periódico depositara las fianzas.

Luis Carandell, mi agente literario

Javier Solana fue ministro de Cultura desde diciembre de 1982, al formarse el primer Gabinete socialista de Felipe González. Además, le fue asignada a partir de julio de 1985 la función de portavoz del Gobierno. Quiso incorporarme a su equipo como director general de Información, entre cuyas misiones figuraba la de coordinar a los jefes de prensa de los ministerios para que emitieran en la misma longitud de onda. Cuando me llamó para ofrecerme el cargo, le pedí tiempo pretextando que debía consultar con mi agente literario, condición que atribuí sin darle aviso previo a Luis Carandell. La oferta a Luis le parecía interesante, aunque me advirtió severamente de que era inasumible a menos que tuviera el rango de subsecretario, porque en la Administración pública el coordinador debe tener siempre un grado más que aquellos a quienes coordina. Se lo hice saber así a Javier Solana, pero sucedió que mi exigencia desbordaba su organigrama dado que ya había ofrecido la subsecretaría a Santiago Varela.

Rosa Conde, nombrada ministra portavoz en 1988, pasó a relevar a Solana en esa encomienda. El caso es que, al reorganizar su departamento, me ofreció la Secretaría de Estado. Quise saber si la propuesta tenía las aprobaciones requeridas, en particular la de Alfonso Guerra. Entonces Rosa aclaró que era el vicepresidente quien le había sugerido mi nombre. Volví a consultar con Carandell, quien esta vez dictaminó que ya era tarde para ser secretario de Estado y que el único nombramiento aceptable para mí era el de ministro. Como eso estaba fuera del alcance de Rosa Conde, tampoco esta vez hubo trato. Dos años después, cuando Josep Borrell estrenaba el superministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, me quiso como director general de Comunicación en un momento de descoloque, sin empleo fijo, tras haber sido centrifugado de Tele 5. Pero rehusé porque prefería seguir del otro lado de la barra en el oficio de periodista. Ya he mencionado que el primer puesto oficial que me brindaron fue el de jefe de Prensa del Banco de España. La oferta, que tampoco acepté, me la hizo Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, después de que me hubiera sido incoado un consejo de guerra el 25 de enero de 1980 y me pidieran la dimisión como director de Diario 16.

En 1976, siendo redactor jefe del semanario Cambio 16, tuve otra oferta tentadora. Me la hizo Alfonso Fierro, entonces presidente del Banco Ibérico, en su despacho de la sede central ubicada en la calle María de Molina. Me habló de dos periodistas que colaboraban desde hacía muchos años, Alfonso Sánchez, columnista del vespertino Informaciones y comentarista cinematográfico de TVE, y Salvador López de la Torre, del diario ABC. Quería contar además conmigo, que entonces tenía treinta y tres años, porque representaba otra generación a la que consideraba necesario aproximarse. El Banco tenía su servicio de Prensa y mi función quedaba fuera de ese organigrama sin horario alguno. Debería acudir una o dos veces al mes para tomar un café y comentarle la situación política, y debería supervisar algunos de sus discursos como el de la Junta de Accionistas. La retribución triplicaba mi nómina en Cambio 16. Comenté que para aceptar entendía necesario dimitir del semanario, pero Alfonso Fierro estimaba por el contrario que era fundamental que continuara con las responsabilidades periodísticas que estaba desempeñando. Quedamos amigos aunque sin compromiso alguno. El caso es que Fierro hubiera podido ser mi padrino y, sin embargo, pasados los años me correspondió a mí ser padrino de Omar, un nieto de Fierro.

El premio al Tonto Contemporáneo

Como hemos comprobado, habíamos salido adelante tras la intentona del 23-F. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo había sentado en el banquillo a los golpistas y los socialistas habían ganado las elecciones. Se fortalecía por momentos el tejido social. Cundían los clubes, las asociaciones, los foros y también las tertulias de esas que crean afición. Así surgió en 1985 la Tertulia del Alabardero, que se reunía a cenar los lunes en la taberna del mismo nombre sita en la calle Felipe V. Su mantenedor era Luis Carandell y la frecuentaban José Antonio Gabriel y Galán, Manuel Gutiérrez Aragón, Andrés Berlanga, Ángel Fernández Santos, Manu Eléxpuru, Ángel García Pintado, Fernando Castelló, Víctor Márquez, Vicente Verdú, José Luis Pérez Cebrián, Félix Santos, Pedro Altares, Alberto Moncada, el cura Lezama (don Luis para el servicio) y yo mismo.

En el restaurante José Luis de la calle Rafael Salgado, el 15 de diciembre de 1986, celebrando la boda de Rafael Sánchez Ferlosio con Demetria Chamorro. Sentados alrededor de la mesa (de izquierda a derecha): Juan Benet, José Luis, Miguel Ángel Aguilar, Rafael Sánchez Ferlosio, Manuel Matji, Clemente Auger, Juby Bustamante, Jesús Aguirre, Sancho Gracia, Elías Querejeta, Patxo Unzueta, Demetria Chamorro, Perico Moreno, Natalia Rodríguez Salmones y Javier Pradera.

Es momento para recordar una de las iniciativas más temerarias promovida por la Tertulia del Alabardero, «decidida a procurar el fomento de la inteligencia, ilustración y cultura que hacen la felicidad de las naciones y por lo mismo el vituperio y sacudimiento de la tontería, ruina de los pueblos», como reza la convocatoria del extraordinario concurso para la concesión del premio El Tonto Contemporáneo con arreglo a las bases que a continuación se transcriben:

Podrán optar al premio El Tonto Contemporáneo todos los españoles que reúnan las condiciones básicas siguientes:

Ser tonto.

Ser contemporáneo.

Siendo el premio El Tonto Contemporáneo de ámbito nacional, las personas propuestas para ser aspirantes al título deberán ser conocidas en toda España, a fin de que sea así más provechosa y generalmente entendida la enseñanza que de su elección se derive. Y, en consecuencia…

Los tontos locales, provinciales o autonómicos deberán esperar a los concursos que oportunamente se convoquen en sus respectivas comunidades.

Las corporaciones, asociaciones, organismos, clubs, tertulias y otras entidades así como cualquier ciudadano podrán proponer a la Tertulia del Alabardero el nombre o nombres de la persona o personas que, a su juicio, sean acreedoras al premio.

Las propuestas deberán ir acompañadas de una relación circunstanciada de las razones por las cuales el proponente o los proponentes sostienen tales candidaturas, haciendo mención de las obras, hechos o dichos de carácter público de las personas propuestas.

El Jurado admitirá igualmente las autopropuestas. En tal caso no será obligatorio que los aspirantes expongan las razones por las que se consideran con méritos para aspirar al premio, bastando la pieza de convicción declaratoria de reunir las condiciones exigidas.

Los proponentes, antes de presentar las correspondientes candidaturas, deberán estudiar concienzudamente las bases de este concurso de manera que acierten a proponer a los que, sobre ser realmente tontos, sean además contemporáneos.

Deberán mirar también los proponentes no caer en el vicio de la obviedad. La elección de un tonto demasiado obvio privaría al concurso de su propósito aleccionador, al no añadir nada al común conocimiento y archivo de la tontería.

A estos efectos, el Jurado mantiene en secreto tres listas abiertas: la de los que, aún pareciéndolo, no son tontos; la de los que, aun siéndolo, no son contemporáneos, y la de los tontos contemporáneos obvios. La propuesta de una persona que figure o pueda figurar en una de estas tres listas secretas será desestimada por el Jurado.

El premio El Tonto Contemporáneo se regirá en su concesión por criterios objetivos y no por el principio del sufragio. Si bien serán tenidas muy en cuenta las propuestas recibidas y la frecuencia de los nombres propuestos, el Jurado es libre de elegir al tonto contemporáneo que considere oportuno, haya sido propuesto o no.

La composición del Jurado, formado por los contertulios del Alabardero, será anunciada oportunamente.

El fallo del Jurado será inapelable, sin que quepa contra él recurso alguno.

El premio consistirá en una tiza, distintivo este que, a juicio del Jurado, hará la máxima felicidad del tonto contemporáneo elegido.

Las propuestas deberán enviarse a Taberna del Alabardero, calle Felipe V n.º 5, Madrid, hasta el 31 de julio de 1985. El Jurado deliberará durante los tres meses siguientes, anunciándose el nombre de la persona premiada en los medios de comunicación social.

La ceremonia de imposición de la tiza se celebrará con la máxima solemnidad dentro del mes de diciembre de 1985, en la fecha y lugar que el Jurado oportunamente determine.

Una vez concedido y anunciado el premio, el Jurado, aun careciendo de poderes y facultades para remediar la tontería intrínseca, podrá sin embargo modificar sus conclusiones acerca de la persona premiada si esta, por el buen humor con que recibe el premio, demuestra una inteligencia hasta entonces desconocida en ella. En tal caso, el Jurado expresará esta circunstancia modificativa en el acto de imposición de la tiza.

En ningún caso el premio podrá ser declarado desierto salvo que, abrumado el Jurado por el gran número de fundadas propuestas y por el resultado de sus propias investigaciones, se vea en el caso de tener que suspender el fallo, acumulándose entonces la tiza, símbolo y premio del tonto contemporáneo, a los concursos que puedan convocarse al mismo efecto en años sucesivos.

La tertulia se celebraba los lunes durante la cena, y en la época en que los contertulios actuaban como Jurado del premio El Tonto Contemporáneo sus deliberaciones adquirían a veces temperaturas de incandescencia. Afluían las candidaturas remitidas desde los lugares e instituciones más insólitos. En todo caso, como el premio se convocó cuando gobernaban los socialistas, se convino de manera informal que en sus primeras convocatorias recayera en personajes del sector del cambio, renunciando a la facilidad de otorgarlo a quienes formaban en la oposición. Los de la Tertulia del Bar José Luis, que tenía sesión los sábados alrededor de Javier Pradera, Clemente Auger, Juan Benet, Sancho Gracia, Elías Querejeta, José Luis Leal, Perico Moreno, el doctor Manuel Varela, Alberto Oliart, Manolo Matji, Jorge Lozano y otros fijos discontinuos, como Jesús Aguirre o Juan García Hortelano, querían hacer una OPA para quedarse con el premio, pero los del Alabardero resistimos, si bien aceptamos incorporar la sugerencia de Benet de que el premio tuviera el propósito adicional de «truncar una carrera».

Las actas de concesión del premio en las tres convocatorias celebradas fueron redactadas en colaboración por Luis Carandell y Manuel Gutiérrez Aragón. Sine ira et studio, al cabo de treinta años se publican por primera vez en estas páginas. Hubo diversos intentos de recuperar el premio, pero todos se probaron imposibles, a falta de un personaje como Luis, que sumaba al ejercicio de las más exquisitas cortesías el de las más decididas y desinteresadas resoluciones.

El acta de la Tertulia del Alabardero reunida en sesión extraordinaria el día 6 de enero de 1986 señala:

Se procede a revisar las candidaturas presentadas por los contertulios, así como por diversos ciudadanos y reconocidos miembros de otras tertulias debidamente autorizados por estas como portavoces. Se recuerda que, según las bases hechas públicas anteriormente, solo pueden optar al premio aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Ser español o española.

Ser tonto. A estos efectos, se entiende por tonto el que lo sea de una forma pública y obstinada, aceptada como tal por la sensibilidad media.

Ser contemporáneo, es decir, una persona que aunque haya perdido el tren de la Revolución Industrial no esté dispuesta a perder el de la Revolución Tecnológica.

No ser obvio.

A la votación final llegan don Ramón Tamames, don Juan Antonio Vallejo Nájera, don Luis Solana, monseñor Ángel Suquía, don Plácido Domingo y don Julián Marías. Algunos de ellos son rechazados por el Jurado por no reunir las condiciones exigidas; otros, por obvios; y uno, por no ser contemporáneo.

El Jurado extrema su rigor en la búsqueda de una persona que posea por lo menos estas características y condiciones:

Que haya hecho afirmaciones como: «¿Es que los socialistas no podemos divertirnos y llevar zapatos?».

Que, siendo presidente de una empresa pública de ámbito nacional, sea además miembro de la Trilateral.

Que haya escrito una novela, preferiblemente sobre la guerra atómica.

Que se considere a sí mismo como «ciclista de la transición»; y que explique dicha transición como la feliz confluencia de antiguas camisas rojas y azules.

Que no pierda en ningún momento la sonrisa. Y que se haya fotografiado al menos una vez en la Costa del Sol, bailando con Gunilla von Bismarck.

Que piense retirarse a criar mastines a la provincia de Segovia.

A la vista de estos puntos y condiciones, el Jurado se siente irremediablemente obligado a conceder y concede el galardón a la única persona que de manera clara y distinta reúne y cumple con creces estas y otras muchas de las cualidades y aptitudes requeridas. Por ello, el Jurado se considera libre de toda responsabilidad al emitir un fallo tan inevitable.

El Jurado de la Tertulia del Alabardero, aún a riesgo de perder el tren de la Revolución Tecnológica, declara solemnemente que en la persona del Excmo. Sr. Don Luis Solana Madariaga, empresario, presidente-director general de la Compañía Telefónica Nacional y «Lord España», concurren sobrados méritos para que se conceda como se le concede el premio Tertulia del Alabardero al Tonto Contemporáneo.

Se acompañan votos particulares y peticiones de clemencia en favor del galardonado de algunos contertulios. Y se hace constar que la Tertulia del Bar José Luis se adhiere de manera tan entusiasta como rotunda a la elección del premiado.

El Tonto Contemporáneo 1985 puede pasar a recoger la tiza, signo y premio de su condición, en cualquier día de tertulia, sin perjuicio de que se celebre un acto para su solemne imposición cuando el Jurado lo estime conveniente.

Madrid, día de Reyes de 1986

Al día siguiente, Luis Carandell se presentó preocupado en mi despacho de director de la agencia EFE. Temía que el premiado la noche anterior se enterase de manera indirecta y consideraba que deberíamos decírselo nosotros mismos para evitar incurrir en una descortesía. Decidió que debíamos proceder a telefonearle. Marqué el 004 que era entonces el número de la Compañía Telefónica. Pregunté por el presidente de parte de don Luis Carandell. La comunicación fue pasando por toda una cascada de secretarias hasta que tuvimos al habla a la decisiva. Nos dijo que el presidente estaba reunido con el comité de huelga en su despacho. Dejamos recado y número para que nos llamara de vuelta. Minutos después ocurrió su llamada. Carandell le iba explicando:

—Te queríamos contar que hemos creado una tertulia…

Solana lo interrumpía permanentemente:

—Eso es lo que hace falta, tejido social.

—La tertulia ha creado un premio… —continuaba Carandell.

—¡Maravilloso! Porque en este país todas las pompas acostumbran a ser fúnebres.

—Hemos buscado un ángulo diferente, se trata del premio al Tonto Contemporáneo…

—Buena idea, porque aquí prevalece la seriedad del burro y estamos faltos de sentido del humor —replicaba Solana, convencido como parecía de que pretendíamos pedirle el patrocinio de Telefónica para la tertulia.

—Luis, queríamos decirte que te lo hemos concedido a ti.

Unos instantes después contestó:

—Eso me pasa por subirme al tren de las nuevas tecnologías.

Le invitamos a acudir a la tertulia para recibir la tiza con su lazo, símbolo del premio. Como correspondía a su puesto, prefirió mostrar su agradecimiento por vía telefónica al siguiente lunes.

El premio se fue afianzando y su segunda convocatoria fue fallada también en 1986, esta vez en favor de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España. El acta no he podido encontrarla, pero aparecerá y será incluida cuando se haga la segunda edición de este libro.

Quienes sin querer llegaban a saberse candidatos orquestaban maniobras de todo tipo para impedir ser galardonados. Recuerdo cómo Jesús Aguirre, el duque de Alba, me citó en el palacio de Liria con el propósito de desactivar su candidatura. Llamaba la atención la austeridad de la alta nobleza. Preguntó si quería tomar algo y le dije que una cerveza como la que él iba a pedir. Pulsó un teléfono de la época en que se inventó y el duque solicitó dos cervezas con hielo. Era una suma desconcertante para mí, pero carecía de enigma: sencillamente las cervezas estaban del tiempo y el añadido del hielo tenía la función de enfriarlas. Era marzo avanzado y a las seis de la tarde entraba una luz espléndida por los dos balcones del gabinete, pero se abrieron las puertas y dos criados con sus monos azules de faena procedieron sin mediar palabra a cerrar las contraventanas dejándonos a oscuras.

Jesús Aguirre culpaba a Eloísa Jaeger, la mujer de Luis Carandell, de haber promovido que fuera incluido en la lista final de candidatos. Hice cuanto pude en su favor, pero fue inútil. El Jurado reunido el 31 de enero de 1987 le concedió al duque la tercera y última edición del premio por reunir los requisitos recogidos en la siguiente acta:

Que habiendo sido embajador espiritual de la Escuela de Frankfurt, se presentara en la Real Academia para su discurso de toma de posesión con el pecho abrumado de condecoraciones.

Que siendo un intelectual crítico y uno de los más cualificados representantes del pesimismo habermarsiano, pudiera declarar públicamente: «Mi esposa, la duquesa, me acerca al pueblo».

Que habiendo defendido a ultranza su mismidad, pudiera proponer la dispersión geográfica de su nombre que suponen las siguientes declaraciones a un periódico: «En algunas tarjetas, he mandado imprimir los dos títulos, el de duque de Alba y el de conde de Aranda. Pero cuando estoy en Sevilla utilizo otras tarjetas donde pone duque de Alba-conde-duque de Olivares, de la misma forma que, cuando estoy en Salamanca, me gusta utilizar otras en las que pone duque de Alba-conde de Monterrey; si estoy en Galicia, duque de Alba-conde de Lemos, y si estoy en Aragón, duque de Alba-conde de Aranda, o duque de Híjar, según».

Haber descrito en su discurso a su predecesor el duque de Alba como un «mendigo de la libertad y de la Ilustración» durante los primeros años del franquismo, añadiendo que «mientras tanto, el director de la Academia, don Pedro Laín Entralgo (que estaba presente en el estrado), era consejero del Movimiento».

Haber afirmado en su discurso que «el gobierno de Aragón y yo dimos al conde de Aranda digna sepultura».

Haber empleado la palabra métier y la palabra tenue en declaraciones públicas en la misma fecha de su toma de posesión del sillón de la Real Academia Española.

Haber hablado de Adorno al hacer la presentación de una revista del corazón ante mil invitados que comían canapés.

Emplear habitualmente expresiones como: «Cuando tomamos Flandes…».

Haber contestado en griego a un comentario al terminar el acto de toma de posesión. Que cuando un amigo le dijera, al verle bajar las escaleras de la Academia: «Es la primera vez que le vemos bajando», él respondiera citando a Heráclito en griego: «Camino que sube, camino que baja, el mismo camino».

Que habiendo sido el ilustre predicador de los Sermones en España, se disfrazara de rey mago para la cabalgata de Sevilla.

Después de detenidos estudios sobre las candidaturas presentadas, el Jurado declara que cumplen con las condiciones exigidas arriba transcritas las siguientes personas: Excmo. Sr. duque de Alba, Excmo. Sr. duque de Híjar, Excmo. Sr. duque de Berwick, Excmo. Sr. conde de Aranda, Excmo. Sr. conde de Lemos, Excmo. Sr. conde de Monterrey, Excmo. Sr. conde-duque de Olivares, Excmo. Sr. marqués del Carpio, Excmo. Sr. marqués de Coria, Excmo. Sr. conde de Miranda del Castañar… y don Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate.

Abrumado el Jurado por los méritos que concurren en las personas de los mencionados señores, decide conceder con carácter ex aequo el premio El Tonto Contemporáneo 1986 al Excmo. Señor don Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, XVIII duque de Alba.

Vistas las condiciones y requisitos exigidos, el Jurado se declara irresponsable de tan inevitable fallo. Sin embargo, analizados los méritos que le hacen acreedor al premio, la fina percepción de que en todo tiempo ha dado muestras el Jurado le hace apreciar que la condición por la que este acreditado galardón se le concede no es de carácter definitivo, sino transitorio. Reflexionando el Jurado acerca del sutil matiz que en la lengua patria, a diferencia de otras lenguas, distingue el «ser tonto» del «estar tonto», declara que el premiado se halla en este segundo y pasajero estado y espera que sea por poco tiempo, a fin de que no pierda España el tren de la Ilustración; pudiendo el Jurado, si tal situación se prolonga, considerarla no ya como «estar» sino como «ser»; o por decirlo en expresión grata al premiado, no ya «in der Welt sein» sino pura y simplemente «sein».

El Tonto Contemporáneo 1986 puede pasar a recoger la tiza, símbolo de esta condición, cualquier día de tertulia.

En Madrid, a 31 de enero de 1987

En la agencia EFE cuando cumplía cincuenta

Fui nombrado director de Información de la agencia EFE a finales de octubre de 1986, nada más ser designado el día 24 Alfonso S. Palomares como presidente-director general por el consejo de administración, es decir, por la Dirección General del Patrimonio del Estado, es decir, por el Ministerio de Hacienda, es decir, por el Gobierno, es decir, por el presidente Felipe González. Había conocido a Palomares a comienzos de 1972 en el Pub Dickens, en la esquina de General Pardiñas y Maldonado, enfrente del diario Madrid, ya cerrado poco antes de que la voladura del edificio hiciera permanente su recuerdo. Luego, al regresar de Bruselas en enero de 1974, no hubo lugar para mí en el semanario Cambio 16 para el que había escrito como corresponsal durante dos años. Yo estaba disponible, y Alfonso Palomares me incorporó al proyecto que había empezado a pergeñar en julio para lanzar un semanario que acabó apareciendo a finales de octubre con el nombre de Posible. Allí coincidíamos en tareas preparatorias con Eduardo Delgado, Félix Bayón, José María Izquierdo, Cuco Cerecedo, Manuel Merchán, Onésimo Anciones y María Antonia Iglesias.

En la agencia EFE permanecí mil doscientos días, pero las primeras impresiones y el primer objetivo, «que EFE dejara de parecerse a un ministerio y se asemejara a Reuter», se probaron certeros. Otra cuestión es que haya de tenerse en cuenta que la afirmación de Clausewitz según la cual las doctrinas militares son válidas únicamente para el ejército que las crea resulte aplicable a las doctrinas periodísticas y las organizaciones mediáticas. Se trataba de que los profesionales de la agencia ahuyentaran los reflejos burocráticos, desterrando la mentalidad y los comportamientos funcionariales que les venían de otros tiempos, y avivaran los reflejos periodísticos. Porque el momento político de su origen y las acumulaciones históricas subsiguientes habían dado como resultante en EFE una cultura de empresa que dificultaba la adaptación de la agencia al medio ambiente en el que había de competir. Que el Patrimonio del Estado fuera propietario de más del 98% de las acciones inducía el anclaje de la plantilla en la idea de la perennidad garantizada sin relación alguna con la eficiencia.

La animadversión y la reticencia que los abonados dispensaban a EFE debían dar paso, sin dilación, a la estima y al reconocimiento hacia un servicio que valorasen por su imparcialidad, ponderasen por su neutralidad multidireccional, aceptaran sin sombra de sospecha de progubernamentalismo y consideraran imprescindible para sus redacciones. Enseguida advertí que la existencia de la agencia solo se explicaría en el futuro por sus abonados. Porque fuera o lejos de ellos degeneraría en un apéndice administrativo anexo al Ministerio del Portavoz del Gobierno, que se haría innecesario y terminaría por ser desguazado como sucedió con los diarios y emisoras de la Cadena del Movimiento durante un gobierno del PSOE.

Para EFE representaba una ventaja añadida el idioma español, que identifica una comunidad de más de cuatrocientos millones de hispanohablantes. Pero la posibilidad de hacer impacto informativo sobre un contingente de tal dimensión resulta tan atractiva que todas las grandes agencias —AP, Reuter, AFP, UPI— y otras no tan grandes —DPA, Ansa, Kyodo, JiJi Press, Tanjug, Tass— ofrecen sus servicios en español. De modo que EFE queda así sometida a la competencia que no tienen las agencias alemanas, holandesas, danesas, griegas, turcas, polacas, húngaras, checas, suecas, noruegas o lituanas, porque a ninguna de las nombradas les compensa difundir un servicio de noticias en idiomas de tan corto radio de acción.

La Constitución dispone, en su artículo 20.3, que «la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España». Pero, por lo que se refería a la agencia EFE, todo estaba en barbecho. La observación del panorama y de las capacidades que ofrecía la competencia me confirmaba la conclusión de que el carácter internacional de EFE era irrenunciable para que la agencia tuviese sentido y que debía trascender del país que la abanderaba y ganarse el liderazgo informativo en la comunidad hispanohablante. El objetivo final era que, si hubiera de mantenerse como empresa de propiedad pública, habría de garantizarse que en modo alguno degenerara en servicio doméstico del gobierno o extensión de sus oficinas de prensa. «El mayor éxito tuyo como presidente de EFE —le dije a Palomares— sería ser el último de la serie de los nombrados por el gobierno».

Imaginaba también otro futuro para EFE fuera de la órbita de la empresa pública, incorporando como accionistas a los medios de prensa, radio y televisión tanto españoles como de otros países del área hispanohablante. Para ese caso consideraba preferible que los accionistas privados fueran instituciones donde se agruparan los diarios, las emisoras o los canales de televisión en España o en América. La ventaja de EFE para su expansión en América es la afinidad inmediata de España con cada uno de los países del área y a la vez su condición extracontinental que la sitúa fuera de las rivalidades y desavenencias vecinales, de las que está exenta. Entendí que EFE no podría alcanzar el liderazgo en la comunidad iberoamericana si se limitaba a «informar A esa comunidad» de cuanto sucedía, aunque lo hiciera en concordancia con la sensibilidad y los intereses de los hispanohablantes, necesitaría también «informar DE esa comunidad» al resto del mundo. Pero la agencia solo podría cumplir esa segunda parte de su misión si difundía sus noticias también en inglés. Porque mientras EFE no lanzara un servicio de noticias en inglés, comparable y competitivo con el de las grandes agencias, la única información de la comunidad hispanohablante capaz de rebasar la frontera lingüística seguiría siendo la distribuida por sus competidoras en inglés.

Advertí que la oportunidad de los acontecimientos de 1992 sería informativamente una oportunidad perdida si, de la Expo de Sevilla, de las conmemoraciones del Quinto Centenario y de los Juegos Olímpicos de Barcelona o de la capitalidad cultural europea de Madrid, EFE no fuera capaz de informar en inglés. Fue en vano porque se decidió suprimir el servicio en inglés incluso en la modesta dimensión que ofrecía un promedio de cuarenta noticias diarias. Hubiera querido iniciar un servicio en portugués que en mi opinión tenía con Brasil asegurada la rentabilidad y una proyección en el África portuguesa de gran interés estratégico.

Dejé en sus inicios un proyecto de agencia hispano-árabe de noticias, ALAN-EFE, que extraería información de esos países para sumarla al servicio internacional de EFE, el cual se difundiría en lengua árabe a los medios informativos que se sirvieran de esa lengua. Teníamos la experiencia de la Agencia Centro Americana de Noticias (ACAN-EFE), de la que eran socios casi todos los medios de prensa, radio y televisión del área de alguna relevancia, cualquiera que fuese su posición en el espectro político-ideológico. Pensaba que, a través de ALAN-EFE, los árabes podrían compensar la inferioridad internacional que padecían a consecuencia de la implantación de los israelíes en el mundo de los medios de comunicación. El éxito de la cadena Al Jazeera, fundada diez años después, en 1996, y otros proyectos en esa línea vendrían a demostrar que había base para lo que hubiera podido intentar EFE.

La primera fase de ALAN-EFE requería identificar a un conjunto de periodistas, o en su defecto de licenciados en lenguas semíticas con buen conocimiento del árabe moderno, y facilitarles el perfeccionamiento de ese idioma mediante estancias en algunos medios de comunicación de esos países, y, al mismo tiempo, becar a jóvenes periodistas árabes con conocimientos de español para entrenarlos en los procedimientos informativos y periodísticos de la agencia. Para impulsar la puesta en marcha de esta primera fase, el 27 de diciembre de 1989 se llegó a un acuerdo entre la agencia EFE y el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (ICMA), perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), por el cual esta última se comprometía a sufragar doce becas al año, la mitad para españoles y la otra para árabes que se integrarían en el conjunto de periodistas que se iría formando.

El propósito era crear un clima atrayente para los periodistas valiosos, cuyo esfuerzo y dedicación queríamos incentivar sin demora, al tiempo que favorecíamos la intemperie más inclemente para disuadir y centrifugar tanto a los incapaces como a los adictos a la ociosidad sin descanso, cuya ostentosa presencia en las redacciones de cualquier medio informativo, al abrigo de todos los vientos, contraviene el compañerismo, sobrecarga las tareas de los demás y desmoraliza a quienes se aplican. Con fecha de 1 de septiembre de 1988 promulgué las Normas Básicas para los Servicios Informativos, cuya cuidada observancia había de contribuir a incrementar la credibilidad, incentivar el interés y hacer patente la independencia que debía garantizar la agencia EFE. Las Normas querían ser una referencia racionalizadora para el proceder de todos los servicios de EFE, reducir el coeficiente de arbitrariedad en la realización y evaluación de las tareas periodísticas de la agencia y conseguir un mejor entendimiento con los abonados.

En los mil doscientos días comprendidos desde finales de octubre de 1986, fecha de mi nombramiento, hasta comienzos de 1990, fecha de mi destitución, EFE dio cuenta de ocasiones de gran tensión política —como la huelga general del 14 de diciembre de 1988, las elecciones europeas del 15 de junio de 1989 o los comicios generales del 29 de octubre siguiente— sin que ningún partido, grupo, sindicato o patronal impugnara el comportamiento íntegro e imparcial de la agencia. Entiendo que era el reconocimiento de que EFE se comportó con la neutralidad e imparcialidad debidas. Mayor mérito tiene que alcanzara esa reputación cuando una de las cuestiones más controvertidas en todas esas campañas fue la actitud de algunos medios de propiedad pública como TVE.

Valdría la pena revisitar algunos de esos mil doscientos días y recuperar, por ejemplo, la bronca estudiantil que le daba «el cojo Manteca» al ministro de Educación, José María Maravall, en enero de 1987, con destrozo del mobiliario urbano delante de la sede del Ministerio en la calle de Alcalá. La noche del martes, día 27, había invitado a cenar en Casa Lucio a un vicepresidente de la agencia Associated Press que enseguida se fue para su hotel, de modo que busqué acomodo en la mesa de al lado que compartían Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general de Educación, y Elena Salgado, directora general en el Ministerio de Economía y Hacienda. Allí fuimos divisados por Jesús de Polanco, presidente de Prisa, que insistió en añadirnos a su mesa donde estaban Mari Luz Barreiros, Plácido Arango y Cristina Macaya. Unos whiskys en copa de balón estimularon la conversación, que enseguida derivó hacia la virulenta protesta estudiantil. Rubalcaba aducía la incomprensión y el maltrato del periódico El País. Señaló cómo dos días antes, el domingo 25, habían publicado en la misma página una tribuna firmada por él y otra de Juan Ignacio Ramos, portavoz del Sindicato de Estudiantes, pero dando preferencia a este último. Polanco se enfureció, dijo que esas tribunas se las enviara directamente a él para que no volviera a pasar. Rubalcaba pensaba que sería inútil. En el summum de la indignación, Polanco dijo que Juan Luis estaba destituido desde ese momento. Se hizo un silencio del que salió Rubalcaba para decirme que había pensado que yo era periodista, pero que acababa de darse una noticia de primera sin que procediera como cabía esperar de un auténtico profesional, que se habría dirigido de inmediato a un teléfono para difundirla. Repliqué negando que se hubiera producido noticia alguna, que la destitución del director de El País era un mero desahogo de sobremesa. Entonces Polanco estalló contra mí en un lenguaje soez. Cuando concluyó, presa de un ataque de frialdad le dije que pensaba salir por la puerta y no por la gatera y que me dijera cómo. Su respuesta fue aplicarse a sí mismo todo cuanto había dicho de mí. Éramos los últimos que quedábamos en el comedor, pero por momentos pensé que terminaríamos con la vajilla hecha añicos.

Meses más tarde, el 19 de junio de 1987, el atentado de Hipercor en Barcelona con 21 muertos y 45 heridos fue muy revelador sobre la desmotivación de algunos directivos. Hacia las cuatro de la tarde, nada más conocer las primeras esquirlas de la noticia, quise tomar contacto con el delegado de EFE en Cataluña, pero todo eran excusas. Hasta que supe que se encontraba en la ciudad de Lérida haciendo campaña para ser elegido presidente del Club Lleida Esportiu que militaba en la Segunda División B de la Liga de Fútbol. Podía haberle pasado a cualquiera, aunque mejor si hubiera pedido permiso para ausentarse. Pero estaba tan solo a 160 kilómetros, que podían recorrerse en menos de dos horas. El atentado se había producido poco antes de las cuatro de la tarde y el delegado no apareció ni siquiera al día siguiente. Decidí actuar en caliente y me presenté en la delegación acompañado de uno de los subdirectores de EFE, Guillermo Solana, y de un cerrajero. Lo dejé instalado como director interino mientras procedía al despido de Ramón Pedrós, quien para ahorrarse la vergüenza y dignificarse incorporándose al victimato ha preferido atribuir su destitución a mi pertenencia al Opus, del que había dejado de formar parte más de quince años antes. De cualquier manera, para Pedrós hubo lugar en la posada y reconocimiento a los servicios prestados porque pasó a ser jefe de Prensa del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Pasadas unas semanas, nombré delegada en Cataluña a Margarita Rivière y descubrimos una placa en la sede de EFE dando cuenta de que el Molt Honorable Jordi Pujol nos había honrado con su visita en esa oportunidad.

Pinochet en la Moneda y González en la Moncloa

Otro momento de interés fue la entrevista con Augusto Pinochet en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, con ocasión de celebrarse la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyo objetivo es la defensa de la libertad de prensa. La SIP no encontró mejor autoridad para la inauguración de dicha asamblea el 18 de noviembre de 1987 en el Hotel Crown Plaza de Santiago de Chile que el general Pinochet. Allí propuse y se acordó que la Asamblea General de la SIP del año 1992 se celebrara en Madrid, bajo la presidencia del rey Juan Carlos, el 28 de septiembre. La agencia EFE era entonces el único medio español que formaba parte de la SIP, la cual incluía medios de prensa de todo el continente, desde Canadá a la Patagonia.

Pensé que la visita obligaba a intentar una entrevista para EFE con Pinochet. El delegado de la agencia hizo las gestiones previas, pero solo aceptaban responder un cuestionario por escrito. El encuentro en la Moneda sería para recibir las respuestas. Pero fui con una grabadora. Al ir a entrar en su despacho había una nube de fotógrafos que inmortalizaron el momento en que me estrechó la mano. Tenía que desquitarme de semejante oprobio y empecé con preguntas sobre los disturbios universitarios en todo el país y la legalización de los partidos políticos incluido el comunista. Me dijo que la audiencia anterior había sido con Ricardo de la Cierva, que le había dejado un dosier con los argumentos en contra. Aludí a su formación en las academias militares donde se inculca el sentido del honor y me remonté a Carlos V, que supo retirarse a Yuste para ser el espectador de su propia sucesión. Replicó diciéndome: «Usted quiere que sea el espectador de mi propio funeral», y se acabó la conversación. Una versión de la entrevista se publicó en el diario La Tercera de Santiago de Chile y otra más completa en el semanario Tiempo.

En enero de 1989 se cumplía el cincuentenario de la agencia EFE. Para conmemorarlo ideamos el proyecto Efemérides, una exposición de fotografías, seleccionadas de entre los más de doce millones y medio de negativos. Se encomendó la tarea a Beatriz de Laiglesia y a Pirucha Cano. Efemérides fue inaugurada por los reyes Juan Carlos y Sofía en la plaza de Colón de Madrid, itineró después de manera sucesiva por ciudades españolas, europeas y americanas, y llegó a Washington, a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero la entrevista que pudo haber tenido consecuencias fue la que le hice a Felipe González antes de las elecciones de 1989, en la que anunciaba que no sería candidato. Pero ese anuncio de retirada hubo de suprimirse del texto que se iba a transmitir por imposición de la ministra portavoz, Rosa Conde. Cabe imaginar cómo hubiera cambiado el itinerario político de nuestro país de haberse producido y cumplido el anuncio, pero de contrafactuales libera nos Domino. También la ruptura de las conversaciones de Argel en las que andaban empeñados el gobierno de González y ETA, anunciada en un comunicado de la banda la madrugada del miércoles 29 de marzo de ese mismo año. Me llamaron a casa desde la redacción sobre las cuatro de la madrugada y en diez minutos estaba en EFE. Todos los intentos de obtener una reacción del gobierno fueron inútiles, nadie pudimos encontrar en el Ministerio del Interior, ni en Presidencia, ni en el Partido Socialista, ni en parte alguna que ofreciera una reacción. Hice por mi cuenta un análisis del texto y lo enviamos por línea. Y esa misma acotación es la que fue leída en el telediario de las tres de la tarde.

Cena en «la bodeguilla» de la Moncloa en 1987, el presidente Felipe González nos convidó a la célebre «bodeguilla» en el sótano del Palacio de la Moncloa, donde invitaban a amigos, periodistas, intelectuales y otra gente. En primer término: Natalia Rodríguez-Salmones; en primera fila: Miguel Ángel Aguilar, Aida del Campo, Demetria Chamorro, Carmen Romero, Rafael Sánchez Ferlosio y Juby Bustamante; detrás: Felipe González, Carlos Luis Álvarez, Isabel Pérez, Clemente Auger y Javier Pradera.

Al mes siguiente viajé con Alfonso S. Palomares a Tokio, Pekín, Hong Kong y Manila. Alfonso, que es muy puntilloso tomando apuntes, ha contado en su libro Siempre llega la noche[37] que el 17 de abril de 1989 a primera hora de la tarde acudimos al palacio de Tsugi para visitar al príncipe heredero Naruhito. En sus notas figura que le hablamos a Su Alteza Imperial de la agencia EFE y de las relaciones que buscábamos mejorar con la agencia Kyodo. Por su parte, Naruhito dio cuenta de sus dos viajes a España, donde había visitado Madrid, Mallorca y Sevilla. Alfonso me atribuye haberle dicho al príncipe que conocíamos las presiones que estaba recibiendo desde la prensa para que contrajera matrimonio y diera un heredero al Imperio y que le ponderé a las infantas Elena y Cristina, y cómo un enlace hispano-nipón favorecería la amistad entre ambos países. Sin desmentir a Palomares, debo reconocer que en mis libretas para nada figuran apuntes ni notas de ese calibre.

En Tokio, el 17 de abril de 1989. El príncipe heredero Naruhito saluda a Alfonso Palomares, presidente de EFE. Detrás, Miguel Ángel Aguilar, director de Información de la agencia. En un segundo plano, la intérprete, porque Naruhito no hablaba español.

La escala siguiente del viaje era Pekín, donde había estado por primera vez a mediados de junio de 1978 siguiendo informativamente la visita oficial de los reyes Juan Carlos y Sofía cuando era director de Diario 16 y después, en septiembre de 1985, como enviado especial de La Gaceta del Norte, entonces dirigida por Carlos Humanes, para cubrir la visita del presidente Felipe González. Los cambios, medidos en términos de sustitución de bicicletas por automóviles y del atuendo uniformado de color gris aviación en indumentarias conformes al libre albedrío, eran muy notables. Estábamos alojados en uno de los hoteles con fachada a la principal avenida que desemboca en la plaza de Tiananmen, donde se estaba fraguando la protesta que sería masacrada apenas quince días después por los tanques del Ejército Popular, desmintiendo así su pretendida «popularidad». Íbamos por los corrillos, y cuando les decíamos que éramos españoles nos recitaban la alineación del Real Madrid, haciendo hincapié en Emilio Butragueño.

Volamos después a Hong Kong, que seguiría aún bajo soberanía británica ocho años más, hasta su entrega a la República Popular China en 1997, sin invocar ninguno de los principios que les obligan a retener Gibraltar en uno de esos ejercicios de aceptación de la realidad en dosis masivas que Londres sabe administrarse oportunamente, en línea con la fábula de la zorra y las uvas fuera de su alcance declaradas inmaduras. El delegado de EFE era Josep Bosch, que había estado antes en las delegaciones de Pekín y Tokio, y con él constituimos una sociedad que desde entonces debió quedar paralítica. El hotel estaba junto a Aguilar Street, pero faltó tiempo para indagar cómo habíamos llegado a insertarnos en el callejero. La última etapa del viaje era Manila, la ciudad donde había nacido mi madre, María Luisa Tremoya Nacarino-Bravo, en 1906, y donde mi abuelo Cecilio había formado parte del Ayuntamiento y tenido responsabilidades en la naviera Ibáñez de Aldecoa, en manos de su madre, Isabel Pallet, al enviudar por primera vez. Los Zóbel nos recibieron como solo ellos saben. Volví a comprobar que una de las características definitorias de las ciudades es el lugar donde queda fijada la residencia del prestigio. En Sevilla recae en los maestrantes; en Biarritz, en los titulares de las cabannes que rodean la piscina del Hotel du Palais; y en Manila, en el núcleo de las veinte familias de origen español que hablan el castellano de Ávila sin mezcla de acento alguno.

Asunto liquidado

La dirección de EFE fue sin duda una de las tareas profesionales más apasionantes que he cumplido. La agencia escribía la partitura informativa que luego cada uno de los medios interpretaba a su modo. Intentaba ser periodismo químicamente puro. Exigía una dedicación exhaustiva en el plano periodístico y en el del equipo desplegado en más de ciento cincuenta ciudades de todo el mundo. Estaba obligada a un servicio permanente, sin fiestas que guardar. Implicaba la renuncia a todo vedetismo. Cada día, a las ocho de la mañana y en mi despacho, la primera reunión se dedicaba a examinar críticamente la jornada anterior. Era la ocasión de evaluar el comportamiento de la agencia, el servicio prestado y en qué medida los medios habían acreditado las noticias con la firma de EFE. Y también el momento para observar cómo la tarea de algunos consistía en eliminar la mención a EFE y apropiarse de la noticia como si la hubiera generado su redacción, «agenciándose» lo que no habían hecho.

En la reunión se revisaban también las previsiones del día, aunque ya se sabe que son los acontecimientos inesperados, fuera de programa, los que por esa misma razón multiplican su valor noticioso y exigen su cobertura sin posible aplazamiento. Visité todas las delegaciones de la agencia en España y convoqué a los delegados de otras capitales por áreas geográficas para contrastar su visión con la de los editores en Madrid. Reclamé a los medios que dieran el crédito a la agencia de las noticias que publicaban y me esforcé por escuchar sus quejas y sus demandas. Rechacé que aludieran a los orígenes de la agencia EFE fechados en enero de 1939 ni a su finalidad de servir de aparato de propaganda al servicio de la «verdad de España», es decir, de la España nacional, que derivaría en la España franquista, como si el servicio de noticias no tuviera bien ganado su crédito y como si los abonados no hubieran convivido con el régimen pasado, disfrutando de prebendas varias y sin sufrir el menor rasguño. Solo de El País, que había nacido después, o del diario Madrid, que ya no estaba para contarlo, podían aceptarse lecciones de purismo.

Juby, también periodista, me veía tan entregado que en alguna ocasión me dijo: «Miguel Ángel, que no vas a heredar EFE». Y así llegó el 7 de febrero de 1990, cuando una nota oficial de la agencia, de peregrina redacción, daba cuenta de que se había suprimido el puesto de director de Información que ocupaba desde octubre de 1986. Palomares, el presidente, me llamó a su despacho para comunicármelo. Habíamos tenido algunos desencuentros, pero quedé sorprendido. Más aún porque la tarde anterior había estado conversando en Moncloa con el presidente del Gobierno, al que visitábamos Carlos Luis Álvarez, Cándido, y yo con cierta asiduidad. Lo hacíamos algunos viernes por la tarde. Nunca tratamos asuntos profesionales ni de nuestras empresas. Estaba encantado de escucharnos, en especial cuando exponíamos puntos de vista enfrentados. Recuerdo, por ejemplo, que Carlos Luis consideraba un disparate que se convocara el referéndum sobre la permanencia en la OTAN, mientras que yo argumentaba que el incumplimiento de otras promesas podía atribuirse a que se habían probado imposibles, pero que la del referéndum era insoslayable, dado el énfasis con el que se presentó en la campaña electoral y el efecto que había tenido.

El caso es que Palomares me había despedido. Volví a mi despacho. Llamé a mi amiga Piluca Navarro, secretaria del presidente Felipe González. Le pregunté si había estado la tarde anterior en Moncloa:

—Claro que sí. Te dejé en la sala de columnas sobre las siete y el presidente debió de aparecer en cinco o diez minutos.

—¿Sabes a qué hora me fui?

—No, pero me marché a casa sobre las diez y allí seguías.

Le conté que, una media hora después, el presidente González me acompañó al coche que tenía aparcado junto al Palacio. Allí le dije que la memoria es muy traidora, pero que en mi recuerdo era él quien había querido que estuviera en EFE. Me confirmó que así había sido. Me dijo que algo le había llegado de desavenencias con Palomares, pero que quien estaba haciendo EFE era yo y que ahí debía seguir. Que a Palomares lo había nombrado para cumplir con el partido, lo mismo, añadió, que había sucedido con la Expo, que quien la estaba haciendo era Pellón, aunque hubiera tenido que nombrar comisario general a Manuel Olivencia para cumplir con la ciudad. Y concluyó: «Dile a Palomares…». Ahí se detuvo, aunque prosiguió: «Mejor no le digas nada, ya se lo diré yo». Subí al coche, cerré la puerta y volví a casa. Terminada esta narración, dije a Piluca que sin interrumpir al presidente, solo para evitar que se enterase por la radio, le hiciera saber que acababa de ser destituido.

Minutos después me llamó la ministra portavoz, Rosa Conde, para decirme que no me moviera de mi despacho, que no saliera ni a comer, que prevalecería la palabra del presidente González y que si alguien se iba de EFE sería Palomares. Señores del jurado, como gustaba repetir Javier Pradera, no diré más. Fueron horas críticas donde mi hermano Paco se constituyó en médico de guardia y mi amiga la letrada Lourdes Menéndez en abogada de cabecera. También el magistrado Clemente Auger hizo de consejero áulico. Asunto liquidado. Con la música a otra parte. Las conversaciones aclaratorias que hubieran podido despejar incógnitas siempre han seguido pendientes.

En Goya se ha puesto El Sol

En una de las épocas en que manteníamos buen trato Pablo Sebastián y yo, dimos en pensar en línea con el Génesis que no era bueno que el diario El País estuviera solo. Hicimos el retrato robot de quien pudiera ser el empresario que se lanzara a darle la réplica. El que nos salía era Germán Sánchez Ruipérez, el competidor más directo de Jesús Polanco en el área editorial. Sánchez Ruipérez nos parecía un empresario de verdad, en medio de tanto pirata aventurero en las aguas infestadas de los mares mediáticos. Le pedimos una cita. Nos recibió en su despacho de la calle de México. Se dejó contar el proyecto. Nos pareció que le atraía y que lo habíamos dejado convencido, pero enseguida vimos que le faltaba atrevimiento. Años después, en 1990, hizo su apuesta, dicen que empujado por Alfonso Guerra, que le habría instado a corresponder por haber sido beneficiado con la concesión de Tele 5, uno de los canales que se adjudicaron cuando el advenimiento de las televisiones privadas en tiempos del gobierno de Felipe González. Ruipérez se retiró de la compañía adjudicataria y al venderla obtuvo unas plusvalías de más de 4000 millones de pesetas, sin haber corrido riesgos ni efectuado desembolsos.

El 22 de mayo de 1990 salió El Sol a la calle. El acontecimiento se celebró con una fiesta en la plaza de Colón, a la que se abrían los balcones de la redacción del periódico instalada en el número 14 de la calle Goya. Su director era José Antonio Martínez Soler, que había trabajado en el proyecto desde muchos meses antes. Todo era modernidad. Por primera vez los talleres de impresión, Integral Press, dejaban de ser contiguos y se situaban a 30 kilómetros de distancia en el polígono del Señorío de Illescas, en la carretera de Toledo. Esta separación permitía que la redacción estuviera en el centro, donde está el latido de la ciudad, como había sucedido siempre con los periódicos —Heraldo de Madrid en Marqués de Cubas, El Sol en Larra, Ahora en la Cuesta de San Vicente, ABC en Serrano, Ya en Mateo Inurria—, en ubicaciones prohibidas hace tiempo a las instalaciones industriales, sin que suponga problema alguno el desplazamiento de las imprentas adonde mejor convenga. De modo que los redactores de El Sol, en vez de moverse en un ambiente poligonero, podían entrar en conexión directa con realidades de mucha mayor densidad cívica. Los de El Sol en la calle Goya llevaban ventaja de largo a sus colegas con sedes en el extrarradio como los de El País en la calle Miguel Yuste, los de Diario 16 en San Romualdo, también en Vicálvaro, o los de ABC por detrás de la pista de Barajas. Pero tampoco las nuevas tecnologías resisten el dislate permanente.

Semanas antes de mi nombramiento como director, que cobró efecto el 1 de agosto de 1990, había sido incorporado al consejo editorial donde tenían asiento Pedro de Vega y Fernando Lázaro Carreter, quienes trataban a Germán Sánchez Ruipérez desde los tiempos de Salamanca y la librería Cervantes de su familia e incluso antes, cuando en Peñaranda de Bracamonte habían coincidido los padres de Pedro y de Germán destinados como maestros durante la II República, lo cual les dejó la señal del desafecto al terminar la guerra. También estaban en el consejo, por ejemplo, César Alonso de los Ríos, Pedro Altares, Rafael Conte y Carlos Berzosa. En el lapso de tiempo en que fui director, el dueño vino en dos ocasiones a la reunión del consejo. En la primera, quiso marcar territorio e insistió en que él era el amo de la burra. Habían transcurrido ya un par de meses desde mi incorporación y le dije a Germán que la notable mejora del periódico le permitía decir ya que era el amo del caballo. No le gustó nada esa acotación. En la segunda oportunidad se mostró aún más rotundo al afirmar: «Yo donde pago, cago».

Por entonces prendía el lenguaje soez que impregnaba la novela San Camilo 1936 de Cela y hacía estragos la propensión blasfema de este al referirse a la Santina. Algunos de los columnistas de El Sol cristalizaban en ese sistema, así que los reuní para aclarar que en periodismo no se cumple la propiedad conmutativa de la suma, de manera que el orden de los sumandos altera la suma. Es decir, que primero debían ganar el Premio Nobel y solo después se les permitiría el uso de las interjecciones de las que tanto gustaban. Parece que en la aparición de El Sol pudo influir el interés de Alfonso Guerra por hacer un cultivo propio con un grupo mediático, de la misma manera que Felipe González había logrado una alianza interesante con El País.

Siempre había denostado la resistencia de los periódicos españoles a publicar las réplicas de los afectados por una información. Entre nosotros, el que calla, otorga; el que replica, ratifica; y el que acude a los tribunales consigue que la afrenta se amplíe y se reitere cada vez que pasa por una de las infinitas vicisitudes procesales. Al final resultaba la indefensión del afectado, y lo había padecido cuando el afectado había sido yo.

En los meses que estuve en Chapel Hill invitado por la North Carolina University había visto réplicas a informaciones sobre el caso Irangate a las que The New York Times concedía honores de primera página y pensaba que esa era la manera correcta de proceder. En El Sol se planteó un caso delicado de solicitud de réplica a propósito del dosier que publicamos sobre Banesto. El jefe de Economía, Pedro García Cuartango, me había anticipado que llevaban algún tiempo trabajando sobre ese asunto. Ninguna objeción por mi parte, pero advertí que si se hablaba «de» Banesto era imprescindible que se hablara «con» Banesto para incluir también sus puntos de vista, por lo que valieran sin compromiso alguno de darles preferencia. En las Normas Básicas para los Servicios Informativos que había promulgado año y medio antes para la agencia EFE, insistía en que una información debe considerarse incompleta si no recoge las diversas posiciones existentes acerca de un conflicto o no refleja los testimonios de las distintas partes concernidas en un suceso, y concluía que de una información incompleta podrían derivarse además acusaciones de parcialidad.

De los 171 días que estuve al frente del periódico solo me ausenté una tarde noche y esas horas se aprovecharon para publicar con amplia llamada en primera el dosier Banesto. A primera hora de la mañana llamó Mario Conde para clamar por las inexactitudes en las que, según su parecer, habíamos incurrido y señalar los perjuicios causados en su cotización en Bolsa. Le ofrecí que publicaríamos su réplica de manera honorable. Él prefería que pidiéramos su punto de vista a la inspección del Banco de España que dirigía Aristóbulo de Juan. Pero Aristóbulo dijo que pasara de él ese cáliz. Informé a Mario Conde, que me envió la réplica de Banesto. La publiqué con una llamada en primera análoga a la que se había hecho con el dosier. Ese criterio sublevó a García Cuartango, que lo consideró ofensivo. Tuve que aclararle que mientras fuera director del periódico me reservaría cómo graduar el relieve con el que se publicarían las réplicas.

Cuando fui destituido, Pedro de Vega, miembro del consejo de administración de la empresa editora, indicó que la decisión se había tomado en la reunión del consejo celebrada en la tarde del 18 de enero y que se comunicó de inmediato a la redacción. Por mi parte, comenté a Europa Press que desconocía las causas de la decisión y subrayé que en unos meses El Sol había pasado de ser un intento fallido a convertirse en un periódico en la pista de despegue. Por su parte, De Vega afirmó que la destitución obedecía a «la insatisfacción por determinadas formas de dirigir el periódico por Aguilar, quien —añadía— no siguió las directrices marcadas sobre la mecánica interna del diario». En realidad, el periódico había multiplicado su tirada y sus ventas impulsado por el acierto del seguimiento informativo de la primera guerra de Irak. Fue un éxito la forma en que publicó en la doble página central los mapas del área donde se libraban los combates, las líneas de avance y repliegue, las fuerzas contendientes, el número de efectivos, la artillería y la aviación que proporcionaba superioridad aérea.

Pero, entre tanto, De Vega me había hecho saber su disgusto porque el periódico siguiera informando sobre el caso Juan Guerra, el escándalo surgido a raíz de conocerse que, a finales de 1989, el hermano del entonces vicepresidente del Gobierno disponía de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno andaluza donde atendía sus asuntos privados. Mi respuesta fue que mientras fuera director del periódico pudiera ser que no fuéramos la punta de lanza de esa investigación periodística, pero tampoco dejaríamos de publicar una sola de las noticias al respecto que se averiguase cierta. Era el mismo comportamiento que había adoptado ante las advertencias que Palomares me había hecho siendo yo director de la agencia EFE. En todo caso, la dimisión de Alfonso Guerra como vicepresidente se produjo pocos días antes de mi destitución del periódico, el 12 de enero de 1991, en el transcurso de un congreso del PSOE de Extremadura ambientado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono, que lo arroparon.

El eclipse de El Sol fue muy extraordinario porque siguió apareciendo durante unos días más, cuando ya el dueño había declarado su cierre. El comité de empresa siguió imprimiéndolo en los talleres de Integral Press en Illescas utilizando las bobinas allí almacenadas. Era un fenómeno como el de las estrellas, de las que nos sigue llegando luz después de haberse apagado. El caso es que para el último número de esa serie posterior al cierre patronal me pidieron una columna, en la que recordé mi llegada al diario y mi trabajo junto a una redacción con valores excepcionales. Mi intento fue definirlo mejor y dotarlo de independencia, de modo que se hiciera acreedor al respeto de todos. Decía en esas líneas de la edición furtiva que había trabajado como director invitado durante un semestre, desde el 1 de agosto de 1990 hasta el 18 de enero de 1991. Señalaba que abominaba del ventajismo y que, por eso, me abstendría de prevalerme de la oportunidad que se me ofrecía para formular crítica alguna a quien pudiera considerarse privado de la capacidad de respuesta. Y seguía, más o menos, así:

Libremente fui contratado. Solo me incorporé después de haber comprobado que la parte contratante había cumplido con exactitud las obligaciones hacia mi predecesor, José Antonio Martínez Soler, que era quien había sacado el periódico a la calle dos meses antes, el 22 de mayo de 1990. Del mismo modo, libre y abrupto, fui destituido, la noche de un viernes, seis meses después.

Que durante los dos años que apenas duró el diario El Sol se sucedieran hasta seis directores distintos, superando a los entrenadores relevados en el Atlético de Madrid por Gil y Gil, era reflejo de otras inestabilidades. En aquellos meses nada fue fácil, en medio de una barahúnda de exégetas en pugna permanente por alcanzar la condición de predilecto del amo y demostrar ser el mejor intérprete de su verdadero pensamiento y el cumplidor más exacto de su voluntad.

Con El Sol a las espaldas. Los exdirectores Manuel Colomina, José Antonio Martínez Soler, Miguel Ángel Aguilar e Ignacio Alonso frente a la sede del rotativo en marzo de 1992.

Cerrado el periódico con un apéndice en cada mano, el predilecto en quien el dueño tuviera puestas todas sus complacencias podría dar infinitas vueltas al ruedo en la plaza de Colón o del Descubrimiento, después haberla regado con plusvalías varias por importe de más de 4000 millones de pesetas.

Sobrevendrían los silbidos del público en el arrastre y, como sucediera con aquel Partido Reformista Democrático en el que estuvieron entre otros Antonio Garrigues Walker, Florentino Pérez y Miquel Roca, volvería a probarse que el dinero —hasta 10 000 millones de pesetas— invertido en una campaña para nada garantiza obtener algún diputado. Su disponibilidad es condición necesaria pero no suficiente.

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Historias de la tele

Del Paseo de La Habana en adelante

Televisión Española nació en poco más que un chalé en los altos del paseo de La Habana en Madrid el 28 de octubre de 1956. Luis Ángel de la Viuda, que formaba parte de esa aguerrida hueste y pasados los años llegaría a ser su director general, recuerda cómo las emisiones empezaban a diario con la carta de ajuste y concluían al cabo de dos horas con la despedida y cierre a base de imágenes de banderas al viento y banda sonora con acordes del himno nacional. Parece que aquellos pioneros reclutados en fase experimental, exhaustos al concluir la jornada, acababan concentrados en el despacho del director Victoriano Fernández Asís, quien oficiaba de mantenedor de una tertulia que animaba con el relato de anécdotas y sucedidos de su vida profesional. De su precocidad daba idea que hubiera sido secretario de Santiago Casares Quiroga en la presidencia del Gobierno cuando el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y de su extrema habilidad camaleónica, que hubiera transitado hasta la posición que ocupaba. En la tertulia lucía su retranca galaicoportuguesa y sus rasgos de humor, que eran muy celebrados y reídos. Una tarde, Fernández Asís se dirigió inquisitivo a uno de los asistentes que se mantenía serio:

—Alcañiz, ¿qué le pasa a usted, que ya no se ríe?

—Es que yo ya soy fijo, señor director.

Ser fijo de televisión española era una ambición muy extendida. Significaba entrar en el reino de un empleo seguro, para toda la vida, como el que entonces querían las madres que fuera el de sus hijos. Los fijos de TVE eran una formación geológica constituida por estratos superpuestos que fueron aportando los sucesivos directores generales siempre solícitos en la incorporación de sus dóciles y afines. En Televisión Española había series de producción propia a partir de obras literarias que podían ir de Los gozos y las sombras (1982), con Charo López, a Teresa de Jesús (1984), concursos, entretenimiento, documentales y todo lo demás. Pero en el plano de la información periodística TVE era un instrumento siempre disponible para la manipulación del gobierno, que gozaba de la ventaja de ostentar el monopolio sin que ningún otro canal pudiera hacerle sombra o darle la réplica. Era también cátedra para el aleccionamiento, que ejercían con severidad desde la pequeña pantalla figuras del régimen como Adolfo Muñoz Alonso, Roberto Reyes, Emilio Romero y tutti quanti se nos aparecían en forma de bustos parlantes.

Hay que mencionar un único programa de debate en directo, La Clave, de José Luis Balbín, en el que recuerdo haber participado en dos ocasiones comprometidas.

González nombra Gobierno, y Guerra, director de RTVE

Al día siguiente de la victoria socialista en las elecciones de octubre de 1982, el número dos del PSOE, Alfonso Guerra, nos recibía a varios redactores del diario El País, encabezados por el jefe de Nacional, Daniel Gavela, en la habitación del Hotel Palace donde había vivido la jornada electoral y la noche del escrutinio de las urnas. El primer intento de nuestra parte se centraba en averiguar la composición del gobierno que debían formar. Pero el vicesecretario se mostraba impenetrable. Cambiamos el tercio para preguntar por quién sería el nuevo director general de RTVE, que considerábamos más relevante que conocer los miembros del gabinete ministerial. A Guerra, la cuestión le parecía sencilla y la respondió diciendo que el nuevo director general sería una persona de RTVE. Le manifestamos que aquello nos parecía una broma escapista y una injusticia. Escapismo porque la plantilla de RTVE se contaba por millares y la adivinanza se hacía imposible. Además, considerábamos injusto que quedaran fuera de concurso los ajenos a ese privilegiado perímetro por carecer en el momento oportuno de la condición de adictos franquistas que tanto favorecía para quedar incorporado. Estábamos convencidos de que la condición de fijos de RTVE, más que suponer un mérito profesional, infundía una sospecha de sumisión. Pensábamos que, para la nueva etapa que se abría, sería más pertinente anunciar a toda la plantilla de estricta obediencia que todos quedarían despedidos, aunque sin cuestionar su aptitud para continuar por su cuenta en el ejercicio de la profesión periodística. A partir de ahí, cada uno podría solicitar que se reconsiderara su caso particular para ser reincorporado. Al final, el nombrado director general de RTVE fue el abogado José María Calviño, nadie fue despedido y la televisión pública siguió siendo el servicio doméstico del gobierno de turno cualquiera que fuese quien accediese a esa función.

Cuando José Luis Balbín pasó a ser director de Informativos de TVE, Pablo Sebastián influyó para que me nombrara subdirector. Antes de incorporarme quise saber en qué consistiría mi trabajo, cuáles serían mis funciones y qué responsabilidades me serían exigibles. Estuve una semana en esas averiguaciones, acudiendo cada día a la sede de Prado del Rey, pero nunca llegué a conocer qué se esperaba de mí, ni cuáles serían, por ejemplo, mis relaciones con los directores de los telediarios. De manera que preferí retirarme con orden, sin devengar cantidad ni formalizar contrato alguno. Años después Pilar Miró, siendo directora general de RTVE, me ofreció dirigir y presentar un programa de debate. Entonces era director de Información de la agencia EFE y consideraba que todas las horas del día eran pocas para esa tarea, de manera que rehusé. Nunca compatibilicé mi encomienda en EFE con ningún otro empeño periodístico.

Entrevista a Felipe González. El entonces presidente del Gobierno respondió a las preguntas de Carlos Luis Álvarez (i.), Miguel Ángel Aguilar (c.) y José García Abad (d.).

Todavía estaba en esas responsabilidades y ajeno a mi próxima defenestración de la agencia cuando el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, me ofreció la presidencia de Telemadrid. Enseguida, desde el Centro Democrático y Social (CDS) que presidía Adolfo Suárez surgieron voces discordantes como la de Fernando Castedo. Por eso, presagiando que me convertirían en el pim-pam-pum de sus disputas políticas, y pensando que mis hijos pequeños empezarían a estar señalados en el colegio por las broncas públicas que me caerían encima opté por la retirada sin dejar de agradecer educadamente la oferta.

Lazarov prefiere figurantes en la redacción de Tele 5

Valerio Lazarov, director de Tele 5, contrató a Luis Mariñas, uno de los rostros más conocidos de TVE, como jefe de los informativos que empezaron a emitirse el 3 de mayo de 1990. Junto a Mariñas aparecían situados en semicírculo una batería de comentaristas a los que daba la palabra para el asunto que fuera de su competencia. Allí fui incorporado para cubrir el área de Nacional, junto a J. J. Armas Marcelo para Cultura, Antonio Remiro Brotons para Internacional, Carmen Tomás para Economía, Marisa Sánchez Vicario para Deportes y Andrés Aberasturi para Sociedad. Años más tarde, en 1985, Mariñas me llamó de urgencia para que me hiciera cargo de los informativos del fin de semana porque Felipe Mellizo había sido requerido por el oficial mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores para que se reincorporase de inmediato, una vez vencido el plazo de su excedencia. La versión me pareció inverosímil. Hablé con Inocencio Chencho Arias, entonces director general de la Oficina de Información Diplomática (OID), quien aclaró que Felipe nunca había tenido plaza alguna en el ministerio y que solo tuvo el encargo de hacer un informe sobre la República Dominicana concluido y entregado muchos meses atrás. En todo caso, el abandono de Felipe Mellizo era irrevocable. Comparecí el sábado siguiente junto a él al comienzo del programa, me dio el relevo y se marchó. Todo fue en caliente, sin ensayo alguno. De manera que la cámara me tomaba desde arriba y debía alzar los ojos para leer el teleprónter, causando tal efecto que Javier Pradera me decía: «Miguel Ángel, pareces un pastorcito de Fátima mirando a lo alto a la Virgen aparecida». El equipo de redacción era mínimo y los elementos y agencias disponibles también. Los textos de las piezas se preparaban muchas veces a partir de lo publicado en los periódicos, que naturalmente eran de la víspera, y sin más ayuda que el teletipo de EFE me esforzaba en actualizarlos.

Para cambiar la imagen que identificaba a Tele 5 con las «mamachichos» a la manera del Canale 5 de Silvio Berlusconi, a base de entretenimiento, desenfado y frivolidad, Valerio Lazarov decidió que aquella sería la cadena que daría más noticias. De manera que instaló en la redacción un pódium desde el que una presentadora leía una última noticia que se adosaba a cada bloque publicitario. Ese formato para dar noticias dejaba ver al fondo una imagen dinámica de la redacción, pero presentaba problemas en los informativos de fin de semana porque, con un equipo tan exiguo, lo que se apreciaba era una sala vacía. Lazarov, para no desmerecer, buscó la solución. Nadie me había avisado, de manera que un sábado al llegar pensé que la cadena había decidido poner remedio a la escasez de redactores. Hasta que me acerqué al más próximo que estaba entregado a la tarea de resolver el crucigrama. Le hice un encargo, pero me sacó del engaño aclarándome que estaban allí por el bocadillo y 1200 pesetas, aunque sin disponibilidad alguna para las funciones periodísticas. Eran sencillamente figurantes de relleno. Intenté convencer a Lazarov de que, sin mayor gasto, las facultades de Ciencias de la Información le proporcionarían becarios para ser adiestrados, pero se mostró irreductible. Al figurante solo le veía ventajas sin que se creara equívoco alguno, mientras que sospechaba de los becarios, siempre propensos a deslizarse hacia posiciones estables que acabarían demandando ser incluidos como fijos en plantilla.

De la dirección y presentación del informativo de fin de semana pasé a esa misma posición en el informativo nocturno Entre hoy y mañana, que llamábamos Entre mañana y pasado. Una de sus características definitorias era la de carecer de hora fija de emisión. Según fuera la duración de la película precedente y otros compromisos adicionales, ese último informativo podía emitirse en la franja de las doce de la noche o en la de las dos de la mañana. Nunca se anunciaba cuál sería la hora de emisión y en esa incertidumbre era imposible que se hiciera con un público determinado. Las limitaciones del equipo seguían siendo extremas. Para aliviarlas introduje, por ejemplo, una entrevista en directo que nunca sobrepasaba los dos minutos de duración. Aceptaban venir ministros, obispos, sindicalistas, gentes de la farándula como Carmen Sevilla, de la cultura, de los toros como Julio Aparicio —después de cortar dos orejas una tarde de la Feria de San Isidro—, o el coronel estadounidense de origen croata Oscar Kolombatovich, que fue profesor de esgrima en la Academia Militar de West Point, adiestró como espadachines para cumplir con las exigencias del libreto a figuras de la ópera como Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, y terminó haciéndose con una fundición en Olías del Rey (Toledo) donde le surtían de espadas.

Ley de la gravitación informativa

En televisión observaba un fenómeno que pudiera denominarse «vértigo de la imagen», entendido como la resistencia que generaba el intento de dar noticias, incluso si eran de primera importancia, en el caso de que se careciera de imágenes apropiadas para acompañarlas y, a la inversa, la presión favorable a emitir imágenes que sin peso noticioso alguno aportaban sin embargo un atractivo componente de originalidad visual. Otro fenómeno observable era el afán de los directores de los programas informativos por coincidir con sus colegas de la misma franja horaria en la valoración noticiosa de la actualidad. Es decir, la tendencia hacia el «todos a una, Fuenteovejuna». Buen ejemplo fue la coincidencia de los medios al valorar la información de la vista oral en la Audiencia de Sevilla del juicio a Rafael Medina, duque de Feria, por el caso de abusos en el baño a las menores, cuyas sesiones se iniciaron a las diez de la mañana del lunes 21 de febrero de 1994. Aquella tarde todas las cadenas coincidieron en abrir con esa información, también lo hizo Luis Mariñas en su programa de noticias de las 20.30 horas en Tele 5. De vuelta a su despacho pasé a presentarle como cada día la escaleta del informativo Entre hoy y mañana que entonces dirigía. Manifestó su sorpresa de que nada se incluyera del duque de Feria. Aduje que me atenía a la Ley de la Gravitación Informativa según la cual lo del duque carecía de valor noticioso. Se abstuvo de objetar mi criterio. Aquella noche abrí el informativo creo recordar que con un episodio de la peligrosa ebriedad del presidente ruso Boris Yeltsin y, haciendo una inflexión de voz, añadí: «quienes estén interesados por los avatares judiciales del duque de Feria, por favor, cambien de canal». Sabía que podía permitirme semejantes descaros convencido como estaba de que a esas horas de la madrugada nadie responsable de Tele 5 estaría siguiendo la emisión del programa. El martes 22 volvió a repetirse la jugada. Mariñas se alineó con los colegas de la tarde dando en su informativo honores de apertura a la vista que se seguía en la Audiencia de Sevilla, yo la mantuve fuera de la escaleta de Entre hoy y mañana. El tercer día, miércoles, Luis confesó su error de cálculo. Al parecer las encuestas probaban que solo el 18% de la audiencia se interesaba por el caso judicial al que habían concedido atención prioritaria. Entonces pasé a explicarle la Ley de la Gravitación Informativa que escribí sobre la pizarra de su despacho:

Siendo r el coeficiente de rareza, es decir, el inverso de la probabilidad de que ocurra el acontecimiento; Ih, los intereses afectados en el lugar donde han sucedido los hechos; ie, los intereses afectados en el lugar del centro emisor; y d, la distancia entre el lugar del suceso (h) y el del centro emisor (e).

Analizando en detalle el caso particular en el que estábamos, hice una evaluación somera. Primero, indiqué que el coeficiente r no alcanzaba un gran valor porque tampoco era tan improbable que a un duque le gustaran las menores. Luego, señalé que ni en Sevilla —lugar de los hechos— ni en Fuencarral —sede de Tele 5, desde donde se emitía la información— se habían visto alterados intereses relevantes, I hh e i e; que d, la distancia entre ambos lugares, era de cierta magnitud a pesar del AVE que los unía. De manera que N, la noticiabilidad resultante, era muy reducida. Luis Mariñas escuchó, apuntó la ley en un cuaderno, fuese y no hubo nada.

Fui incorporando a Entre hoy y mañana algunos expertos como colaboradores habituales. Por ejemplo, a Pepe Dominguín, que en menos de un minuto daba cuenta de lo mejor de cada tarde de toros en la Feria de San Isidro de la plaza de Las Ventas en unas intervenciones que, a falta de imágenes televisivas de la lidia, se ilustraban con apuntes del natural firmados por Onésimo Anciones. Otro colaborador diario para temas económicos era Carlos Humanes. Cada madrugada le daba entrada diciéndole: «Por favor, don Carlos, suba al encerado». Entonces Humanes descodificaba las informaciones confusas en beneficio de la audiencia. Así lo hizo, por ejemplo, el 10 de febrero de 1993 con una enrevesada nota de JP Morgan a propósito de un grupo inversor que iba a constituirse en el primer accionista de Banesto, pero que se utilizó para dar la impresión de que había sido JP Morgan —con su directora general Violy de Harper por medio— quien entraba como accionista en el Banco presidido por Mario Conde. Otro momento culminante de Humanes estuvo enfocado a Javier de la Rosa, administrador en España de las inversiones del grupo kuwaití KIO, declarado en febrero de 1994 «empresario modelo» por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y que meses después, en octubre, ingresaba en prisión por el caso Grand Tibidabo. Carlos ponía sobre la mesa una miniatura de un tiovivo de verbena y desentrañaba lo que denominaba «el tiovivo del Tibi-Gardens», un parque de ocio en el área de Salou que hoy se llama Port Aventura. Al cabo de unos días, Mariñas me llamó a su despacho para hacerme saber que De la Rosa era accionista muy principal de Tele 5. Huelga decir que a partir de ese día cambiamos de diversión, advertidos como quedamos de que peligraba la vida profesional de los artistas.

El himno nacional, propiedad privada

Estábamos de sobremesa después de una cena al aire libre, una noche de otoño de 1993, en el jardín de la casa del arquitecto José Luis Ramón-Solans. Entre los comensales se encontraba el musicólogo y compositor Alejandro Massó, que había recibido el encargo de componer la banda sonora de la película de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona. Contaba que, para insertar cualquiera de las músicas que habían sonado en las ceremonias de inauguración y de clausura, había que pagar a un japonés diligente que había comprado los derechos. El culmen para él fue cuando, al incorporar algunos acordes del himno nacional, fue advertido de que también tenía que pagar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) porque la partitura de la Marcha Real estaba registrada a nombre de un particular, Bartolomé Pérez Casas. A todos nos pareció inverosímil semejante historia y la consideramos una fantasmagoría que atribuimos a lo avanzado de la hora y a la generosa ingesta de alcohol, es decir, al don de la ebriedad. Al día siguiente, a primera hora de la tarde, un Alejandro abstemio llamó para ratificarse plenamente en sus afirmaciones sobre la propiedad privada del himno nacional y precisar que el titular de los derechos había sido director de la Banda de Alabarderos en el reinado de Alfonso XIII y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Llegué a la redacción de Entre hoy y mañana sintiéndome en posesión de una noticia y ansioso de completar los detalles para compartirla con la audiencia del programa, que sería la primera en conocerla. Enseguida comprobé que nadie compartía mi entusiasmo en aquel exiguo equipo donde no había costumbre de ofrecer exclusivas, hacia las que se profesaba recelo por las consecuencias que pudieran acarrear. Algo así como lo que había observado años antes entre los veteranos de la agencia EFE que decían a los recién incorporados a filas aquello de «muchacho, esa noticia en la papelera no te habría hecho ningún daño». Pasaron semanas antes de que los redactores tomaran el contacto que les recomendé con Alfredo Mañas en la SGAE. Así supimos que el rey Alfonso XIII encargó en 1907 la instrumentación de la Marcha Real a Pérez Casas, siendo director de la Banda de Alabarderos, y que en 1942, después de que se convirtiera en himno nacional, la había registrado a su nombre para devengar los derechos correspondientes, que cuando murió en 1956 pasaron a quienes se los había legado: su amigo José Andrés Gómez y su fiel servidora María Benito Silva. Todos estos extremos fueron resumidos en una pieza, como se dice en el argot de los profesionales de televisión, de poco más de un minuto de duración, emitida en el informativo Entre hoy y mañana la madrugada del 12 de noviembre de 1993.

Para completar esa pieza añadimos los resultados de la búsqueda en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de referencias al himno nacional. Porque contrastaba de modo hiriente que los himnos de las comunidades autónomas estuvieran todos ellos publicados —letra y partitura— en el BOE, desde el Asturias patria querida a Els segadors o el nunca entonado de Madrid, mientras que sobre el himno de todos nada se había dispuesto en la Constitución ni en las leyes que la desarrollan, si se exceptúa la breve mención que hace el artículo 18 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas promulgadas en 1978. Allí se le menciona junto a la bandera, para señalar que ambos símbolos merecen el máximo respeto y veneración. Con anterioridad hay dos referencias en el BOE con la firma de Francisco Franco. La primera corresponde al Boletín del 23 de febrero de 1937, donde se insertó el decreto 226 cuyo preámbulo indicaba que «las músicas nacionales volvieron por lo que era español y tradicional y la Marcha Granadera alzó sus notas en las plazas, iglesias y catedrales recogiendo el entusiasmo de lo que por ser Himno de España no debió jamás adscribirse a formas de gobierno a que no estaba unido». Digna de observar en este punto es la puñalada lateral asestada a la monarquía, a tono con el momento falangista que se vivía. Su coloración azul resalta también en el artículo 2 del mencionado decreto en el que «se declaran cantos nacionales… los Himnos de la Falange Española, de Oriamendi [carlista] y de la Legión». Así como al disponer que en adelante el himno y cantos nacionales debían ser escuchados en pie con «el brazo derecho extendido en dirección al frente, con la mano en prolongación del mismo, sus dedos unidos y algo más altos que la cabeza», como correspondía a la definición del «saludo nacional».

La segunda referencia aparece en el BOE del 17 de julio de 1942. Tenía la intención de repetir lo anterior para los que, por permanecer «bajo dominio rojo», desconocían lo dispuesto cinco años antes. Pero el nuevo decreto se presentó como una refundición innovadora porque desarrollaba el concepto de «saludo nacional». Luego detallaba que al toque del himno nacional y de los cantos nacionales en los actos de carácter nacional o popular a los que concurrían elementos civiles y militares todos deberían hacer el «saludo nacional». Este saludo fascista se prescribía también para «los generales, jefes, oficiales y suboficiales en desfiles y solemnidades, cuando mandando fuerzas desfilen sin armas», y se precisaba que «la persona ante quien se desfile contestará con igual saludo aunque sea militar». Para evitar equívocos, el artículo noveno aclaraba que «el saludo de todo el personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, cuando se encuentre descubierto, será siempre el “saludo nacional”». Nada se decía del personal eclesiástico, tal vez por juzgarlo innecesario, dada la espontaneidad con la que el episcopado adoptó el saludo brazo en alto, según atestiguan las fotos de la época. A partir de ese momento resultaba clamoroso el silencio normativo sobre el himno nacional y aún más su insólito registro desde 1942 en la SGAE a nombre de un particular, lo cual revestía caracteres escandalosos sin posible analogía alguna en el Derecho comparado.

Así lo denunciamos en el informativo Entre hoy y mañana, pero lo hicimos a altas horas de la madrugada y calculamos que la noticia pasaría inadvertida y nadie la tendría en cuenta. De modo que redacté una nota de prensa para remitir a las agencias, a los diarios, a las emisoras de radio y a los canales de televisión de la competencia, los cuales se apresuraron a difundir la noticia, y en algunos casos a ampliarla con entrevistas a los titulares de los causahabientes que habían sucedido a Bartolomé Pérez Casas en el cobro de los derechos de propiedad intelectual. Por mi parte rogué a mi amigo Diego López Garrido, a la sazón diputado del grupo de Izquierda Unida dentro del sector de Nueva Izquierda, que formulara una pregunta al Gobierno para dar a la cuestión estado parlamentario. La respuesta a cargo del ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó un 17 de enero de 1994 y confirmaba todos estos extremos. A partir de ahí el Gobierno constituyó un grupo de trabajo, se tomó contacto con la Guardia Real y con la Real Academia de Bellas Artes y se estudió la cuestión de los derechos de propiedad intelectual de los herederos de Pérez Casas. Así se llegó a un borrador de decreto acompañado de un nuevo arreglo musical encargado al director de la Banda de la Guardia Real, teniente coronel Francisco Grau Vergara.

A esta situación se puso límite mediante los Reales Decretos 1543/1997, de 3 de octubre, «sobre adquisición por el Estado de los derechos de explotación de determinadas obras musicales», y 2027/1998, de 18 de septiembre, «de aceptación de la cesión gratuita efectuada por el maestro don Francisco Grau Vergara de los derechos de explotación por la revisión y orquestación del Himno Nacional y atribución de la administración de tales derechos al Ministerio de Educación y Cultura». Para entendernos, el Estado adquiría los derechos a los herederos de Pérez Casas mediante el abono de 200 millones de pesetas de las de entonces y el maestro Grau —al que se recompensó en 2007 con su elevación al generalato tras una oportuna reforma de la Ley de la Carrera Militar— cedía los suyos que le correspondían por la nueva orquestación, con lo cual la propiedad del himno pasaba a ser enteramente pública. Estábamos sumidos en un proceso global imparable de privatizaciones, pero en España hubimos de hacer un paréntesis para abordar un caso inverso: la nacionalización insoslayable del himno nacional que estaba en manos privadas. En carta que me dirigió el 21 de octubre de 1998 el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ramón González de Amezúa, decía: «Como tú fuiste el promotor de la necesaria normalización del himno nacional y de sus derechos, tengo el gusto de comunicarte el feliz resultado de todo el proceso seguido», y concluía adjuntándome un ejemplar de las partituras así como un CD de sus interpretaciones y confiando en que su difusión evitara la cacofonía que reinaba.

Pero si se trata del himno nacional de España es inevitable referirse al hecho de que carezca de letra. Una situación que quienes la consideran anómala querrían remediar adoptando una de manera oficial, bien abriendo un concurso o por encargo. Bastaría remitirse al libro del profesor Francisco J. Bobillo de la Peña Nacionalismo e himnos políticos[38], para caer en la cuenta de la ventaja que representa esa carencia de la que algunos propugnan deshacerse cuanto antes. Por lo general, fuera de los momentos de exaltación nacionalista, las letras de los himnos producen sonrojo y no resisten el más ligero análisis conceptual. Sus estrofas ensartan una serie de cursilerías y disparates ridículos o desaforados. De ahí que la superioridad del himno nacional español resida precisamente en que no tiene letra, lo cual nos evita a los españoles cantar tonterías en actitudes solemnes. Valdría comentar La Marsellesa, el de los Países Bajos —que canta a Guillermo el Taciturno y sostiene que siempre ha honrado al rey de España— o, a otra escala, la barbarie de Els Segadors, el himno adoptado en Cataluña. Así que un himno nacional como el de España, que por carecer de letra no puede ser cantado, solo pitado cuando las finales de Copa, es imbatible, tiene una superioridad garantizada a la que en modo alguno se debiera renunciar.

A lomos de quién avanza la causa de la libertad

En una ocasión Luis Mariñas me pidió que lo acompañara a un encuentro con Valerio Lazarov para convencerlo de la conveniencia de que la cadena estableciera corresponsalías y reaccionara a los acontecimientos con enviados especiales al foco de la noticia. El primer ensayo fue Moscú, donde un equipo de Tele 5 fue a cubrir los sucesos desencadenados en la madrugada del 4 de octubre de 1993, cuando el primer presidente elegido democráticamente en Rusia, Boris Yeltsin, ordenó bombardear el Parlamento heredado de la URSS para desalojar a los diputados que se habían atrincherado allí, un asalto que marcó el final de una época. Los destacados en Moscú llamaban una hora antes de entrar en conexión para informarse de lo que allí estaba pasando y luego buscaban un encuadre apropiado para contarlo. Se cumplía el principio de que la proximidad confunde y la distancia esclarece y que estar en el lugar de los acontecimientos para nada garantiza un mejor conocimiento.

Llegó la campaña electoral que precedió a los comicios de 3 de marzo de 1996 y con el director de Informativos, Luis Mariñas, y Fernando Ónega entrevistamos a los cabezas de cartel, incluido el todavía presidente Felipe González y el aspirante José María Aznar, que llevaba en su programa la cadena perpetua sin redención alguna de pena. Le hice una pregunta objetando con la Constitución que en su artículo 25 apartado 2 declara que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Argumentó con alguna sentencia del Tribunal Supremo. Para rebatirle esgrimí un montón de folios que tenía sobre la mesa y le hice creer que eran otras sentencias del Supremo en sentido contrario de la que él citaba. Fuera como fuese, Aznar ganó las elecciones y fue nombrado presidente del Gobierno con el apoyo pactado de los nacionalistas vascos, catalanes y canarios.

Fui relevado como director y presentador del informativo Entre hoy y mañana y pasé a colaborar en la sección «La solapa», donde cada día hacía un breve comentario editorial. Después en otra sección, «Cara y cruz», donde hice tándem con Federico Jiménez Losantos y después con Luis Herrero. La redacción de los informativos elegía una noticia y sobre ese pie forzado cada uno debía comentarla en el sobreentendido de que lo harían en sentido opuesto. Así llegamos al viernes 10 de enero de 1997, en el que el asunto que comentar era la destitución del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda. El texto del comentario que grabé decía:

Sublevación de los fiscales de la Audiencia Nacional contra su jefe Aranda. Destitución del desobedecido. Exaltación de los sublevados en las páginas del mundo mundial, donde se amenaza a quien se atreviera a sancionar a los expedientados. En breve, leídas las notas de los hermanos Amedo y escuchadas las cintas por ellos grabadas para «joder a los de arriba», según encargo de Pedro Zola y del Campeador, concluimos: si esta fuera la causa de la justicia, debemos aceptar que a veces avanza a lomos de hijos de puta.

El siguiente día hábil, lunes 13 de enero, Mariñas me comunicó la decisión de suprimir en adelante mis intervenciones en el programa, como consecuencia del desagrado producido por el comentario del viernes anterior sobre el director de El Mundo y el juez Garzón. Mariñas reconoció que la decisión procedía del subdirector general de la cadena, Luis Fernández, y que él hubiera asumido hacerme una advertencia pero sin prescindir de mi colaboración. La medida traía causa de la petición directa del portavoz del gobierno y secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. La cadena intentó hacer pasar el caso como un simple desacuerdo entre las partes para la renovación de un contrato. Pero en la redacción de Tele 5 todos sabían la llamada encendida que había hecho Rodríguez el viernes anterior, después de haber sido emitido mi comentario, que como siempre había sometido a la consideración de Mariñas, quien en esas horas de urgencia lo había aceptado sin observación alguna. Terminaba así por el momento una colaboración mantenida desde abril de 1990, solo interrumpida con breves ausencias esporádicas.

El primer café desde San José a San Sebastián

Ese mismo año de 1997, de la mano de José Oneto, director de Informativos de Antena 3 TV, llegué al programa de debate de primera hora de la mañana que dirigía Antonio San José. Mi llegada ocasionó la dimisión de la codirectora Consuelo Álvarez de Toledo, que argumentó considerarse incompatible.

Recuerdo que Jesús Hermida nos pidió a los colaboradores del programa que acudiéramos a un especial que la cadena había montado para analizar el cambio de un ministro del Gobierno que había hecho el presidente Aznar. Cuando llegó mi turno, hice una objeción formal porque el artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al rey «nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente», y a esa hora nada se sabía de que Aznar hubiera acudido al Palacio de la Zarzuela para despachar la cuestión. Dije además que la cartera era de muy escasa relevancia y que hubiera sido de más calado por ejemplo el relevo del presidente, iba a decir de Telefónica, pero el Espíritu Santo me tuvo de su mano y en el último segundo repenticé que esa compañía era la accionista mayoritaria de Antena 3 TV y mencionarla hubiera podido ser letal, así que acabé diciendo que el relevo interesante hubiera podido ser el de la presidencia de Endesa.

Era una referencia extravagante, sin sentido, que comenté al día siguiente con Rodolfo Martín Villa, que era quien ocupaba esa posición, haciéndole notar que la ocurrencia seguramente había garantizado mi permanencia en ese canal. Venía a confirmar que los periodistas que andan dando peonadas en fincas de distinta propiedad han de recordar permanentemente, igual que las asistentas, en qué casa están dando servicio y cuáles son los gustos de la señora de la casa. Porque mientras doña Juana insiste en que al señorito le gustan las camisas dobladas, doña Petra quiere que a su señor se las dejen colgadas en perchas. Equivocarse, perder la idea de en qué casa se está en cada momento, es asumir un riesgo a veces grave. Otra cosa es que la diversidad de medios en los que un free lancer colabora le permita ejercer la crítica touts horizons, pero sin olvidar en qué lugar se encuentra en cada momento.

El vuelco en la propiedad de Antena 3 TV, que estuvo en manos de Telefónica entre 1997 y 2003, produjo la salida de Oneto y de San José, quien fue relevado en El primer café por Isabel San Sebastián. Allí coincidía con frecuencia en la sala de maquillaje antes de entrar en el plató con Jesús Cacho, al que preguntaba invariablemente por Jesús de Polanco, empeñado en pregonar que no había cojones para tocarle el pelo de la ropa. Me contestaba diciendo que no, en efecto, no los había. Luego, ya en antena, iba pasando el tiempo y entonces le advertía a Cacho que se estaba terminando el programa sin que aún nos hubiéramos metido con Polanco. Una mañana, el invitado a El primer café fue monseñor José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara y responsable de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Fuera del plató le dije si le parecía bonito que desde los micrófonos de la COPE se tildara a una exministra socialista de «Mónica Lewinski de Felipe González». Dijo que no y que ya se lo habían advertido al periodista en cuestión. Repliqué que continuaba reiterando esa descalificación. Entonces aludió a la libertad de expresión. Le pregunté entonces si a quien hubiera defendido, por ejemplo, la legalización del aborto le permitirían volver a intervenir en los micrófonos de la emisora episcopal y respondió rotundamente que no. Mi eliminación de aquel programa transcurrió en la normalidad. Unas veces contratan y otras prescinden. Pero el relevo de Isabel San Sebastián fue distinto porque, al parecer, se trataba de un quebranto grave de la libertad de expresión.

Lo de Caín y Abel, sin aclararse

Años después, en 2004, cuando estábamos en la estela del 11-M con Pedro Zola al frente de la orquesta que interpretaba la partitura de la masacre terrorista en clave de atentado etarra, en la colaboración con los «rubalcabas» de Ferraz, participé en un programa de debate en Telemadrid que presentaba Isabel San Sebastián. En el plató estaban dispuestas dos filas de butacas enfrentadas. De un lado, tres periodistas incondicionales de la conspiración encabezados por Casimiro García Abadillo, vicedirector del diario El Mundo; del otro, tres periodistas fuera de estricta obediencia; en el medio, nuestra Isabel. En la primera intervención, Casimiro se explayó en presentar contradicciones e infundir sospechas sobre la versión de la policía a base de la furgoneta Kangoo, el explosivo de la mina de La Camocha, los fallos en la cadena de custodia y por ahí adelante, dejando siempre en puntos suspensivos marcado el itinerario con miguitas de pan hacia la sede socialista de la calle de Ferraz.

Con el propósito de descolocarlos consumí entonces un turno para señalar algunas dudas que planean sobre otros muchos atentados pendientes del necesario esclarecimiento. Me referí a un clásico, el asesinato del presidente Kennedy, para remontarme a continuación al asesinato de Abel atribuido a su hermano Caín. Porque los datos no casan. Veamos. ¿Cómo siendo el ganadero Abel y el agricultor Caín, era este en vez de su hermano el que tenía la quijada de asno que era el arma homicida? ¿Quién se la proporcionó o dónde fue adquirida? ¿Por qué Abel carecía de otra quijada para defenderse? Y, sobre todo, ¿quién tuvo el sentido de la anticipación de presentarse en la redacción del Génesis para dar la versión que ha quedado como definitiva?

Colaboré en otros programas como el de España a fondo de CNN+ a partir de octubre de 2000, donde se intentaba un análisis semanal de lo sucedido en el ámbito de la política nacional. La sede de aquella televisión tan moderna estaba en los bajos de Torre Picasso, sitio céntrico en el Azca madrileño con aire de submarino de bolsillo. El director del programa era Fermín Bocos y mi contraparte para el debate Luis R. Aizpeolea, redactor de El País.

También estuve en La mirada crítica de Tele 5, una tertulia de actualidad a primera hora de la mañana dirigida por Montserrat Domínguez, a quien sucedió Vicente Vallés. La víspera, a última hora de la tarde, solían anticipar los temas que se tratarían. En una ocasión el listado de previsiones incluía el incesto, lo cual me desconcertó. A la mañana siguiente, en un momento determinado hubo una conexión con La Coruña mediante el sistema que llaman dúplex. Aparecían un redactor y una mujer de mediana edad. Vicente Vallés quiso saber cuál era su reclamación. Ella respondió que se había educado en un orfanato y que llegada a la adolescencia conoció a un varón en una discoteca, del que se enamoró. Que fue a esperarle a la salida del trabajo y que allí comprobó que coincidían los mismos apellidos. Resultó que eran hermanos. Vivían en pareja y tenían dos hijos. «¿Cuál es el problema?», alcanzó a preguntar Vallés. «Que mis hijos no pueden llevar el apellido de su padre», dijo la señora desde La Coruña. Al escuchar la respuesta me parecía que para nada podía ser esa la cuestión, habida cuenta de la coincidencia de apellidos entre los dos miembros de la pareja.

A distancia, en el plató de Tele 5, los de la tertulia andábamos más bien desconcertados mirando al suelo. En ese momento, Vallés preguntó a Rafael Rubio, director entonces del semanario Inversión, que sin querer había cruzado con él la mirada: «¿A usted qué le parece?». Su respuesta instantánea fue: «Hay que hacer una ley», porque vivíamos en tiempos donde para el caso la solución era una ley. Cuando llegó el momento en que hube de dar mi opinión, me mostré menos resuelto y expresé algunas cautelas a propósito de la legalización del incesto, en línea, dije, con las reservas que suscita en todas las culturas y civilizaciones sin excepción geográfica alguna.

Cuando el domingo 14 de marzo de 2004 (tres días después de la masacre de los trenes de Atocha) pasó lo que pasó y fueron a votar aquellos a los que no se esperaba, según señaló certera la exministra de Educación, Pilar del Castillo, resultó que por la noche el escrutinio de las urnas dio el triunfo a los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, ZP, y hubo cambios relevantes en los medios de comunicación. El vencedor ZP se sentía poco querido por el diario El País, que había fungido hasta entonces como diario de referencia y se mostraba decidido a firmar la paz por separado con JotaPedro. En manera alguna nuestro Zapatero estaba dispuesto a adoptar como propios los odios anteriores. Así que, en prueba de deferencia, concedió la primera entrevista al instalarse en la Moncloa al diario El Mundo.

En cuanto a la televisión pública RTVE, los síntomas apuntaban hacia horizontes de independencia o al menos de ruptura con la obediencia partidista habitual. Los visitadores de la Moncloa que constituyeron la cofradía de la adoración nocturna —José Miguel Contreras, Miguel Barroso, Jaume Roures y compañía— se ofrecieron para articular y poner a disposición del presidente el equivalente al Grupo Prisa, con La Sexta, Onda Cero, el diario Público y lo que te rondaré morena. Todo un holding que también intentó José María Aznar cuando fue presidente a partir de la Telefónica de Juan Villalonga y El Mundo de Pedro Zola. En TVE la innovación más relevante en el área de informativos fue el programa 59 segundos, presentado por Mamen Mendizábal, a partir de septiembre de 2004, que se emitía desde el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Me invitaron advirtiéndome de que entre los comprometidos para participar se encontraba JotaPedro por si eso fuera inconveniente para mí. Dije que no, aunque tal vez pudiera serlo para él. Estuve apenas unos meses y desde entonces nunca jamás he vuelto a ser invitado en calidad de periodista a TVE. Ni con ZP ni con MR, es decir, Mariano Rajoy.

Mis colaboraciones en televisión se centraron entonces en El programa de Ana Rosa en Tele 5, donde Federico Jiménez Losantos dijo solo querer debatir conmigo y, a partir de abril de 2013, en Más vale tarde, que de manera exitosa dirigía Mamen Mendizábal en La Sexta y que para mí supuso una fórmula original por salirse del formato de tertulia cerrada y proponer que nos pronunciáramos sobre las informaciones que entraban en directo.

13

Historias de la radio

En los micrófonos de la Cadena SER

Cambios en la propiedad de la Cadena SER en 1985. Vendían su participación los Fontán Pérez y la compraba el Grupo Prisa encabezado por Jesús de Polanco, quien ya había adquirido por intermedio de Gregorio Marañón y Bertrán de Lis el paquete de acciones de la compañía radiofónica en poder del Banco Urquijo. Los Fontán Pérez eran familia implicada en la radiodifusión, a partir del padre, el coronel del arma de Ingenieros Antonio Fontán de la Orden, que en 1924 fue fundador de Unión Radio Sevilla y después director de la emisora durante largos años y vicepresidente de la Cadena SER hasta su muerte en 1948. Señala Antonio Burgos que al mencionado coronel se debe la invención del uso bélico de la radio, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y del micrófono de Churchill. Surge con la sugerencia que hace Fontán de la Orden a José Cuesta Monereo, jefe de Estado Mayor de Gonzalo Queipo de Llano, de que el general sublevado utilizara la vieja EAJ 5 Unión Radio Sevilla como arma de combate en sus charlas nocturnas. Sucedió cuarenta años después que un Fontán Pérez, Eugenio, hijo del promotor radiofónico de Queipo, desempeñaría un papel rompedor en la terminación del monopolio informativo atribuido a Radio Nacional de España (RNE), cuyo «parte» debían emitir en conexión obligatoria todas las demás emisoras. De modo que por su iniciativa o al menos con su amparo nació Matinal Cadena SER y después Hora 25, programas que abrieron los micrófonos a los primeros balbuceos de la libertad de información en las ondas.

Eugenio, tantos años director general de la Cadena SER, tenía síndrome de abstinencia al abandonarla y se lo curó haciéndose con el control de Cadena Ibérica de Radio, montada a partir de Radio España de Madrid con ayuda de algún inversor latinoamericano. Desde sus micrófonos en la calle Manuel Silvela, fui invitado a participar en el informativo nocturno ideado para hacer el seguimiento de la campaña de las elecciones generales de 1986. Para hacer la crítica de la puesta en escena de los mítines busqué el apoyo del inolvidable autor de La feria de Cuernicabra, el escritor y guionista Alfredo Mañas Navascués, quien una noche puso letra a La Internacional a partir de la conferencia de Pilar Brabo, candidata por la circunscripción de Alicante del PCE, donde glosaba los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La entonamos juntos para enfervorizar a nuestros oyentes:

¡Arriba, el treinta y tres por ciento!

¡En pie, el cero coma tres!…

En aquella Radio España carecíamos de los efectivos periodísticos y de los medios económicos que exhibían las emisoras de la competencia, pero intentábamos ingeniárnoslas para superar las dificultades, y con los medios artesanales disponibles logramos hacer un papel digno e incluso que se dejaran entrevistar en los estudios de la emisora o en la calle los cabezas de cartel de los principales partidos.

En 1994 con Augusto Delkáder, consejero delegado, y Daniel Gavela, director de la SER, se produjo un cambio relevante que supuso el abandono de la hostilidad, de la que había hecho bandera la emisora, al género de la «tertulia radiofónica», del que en su día la cadena había sido inventora con el programa Hora 25 encomendado a Manuel Martín Ferrand. La tertulia de actualidad política entendida como complemento de los magazines informativos volvió a la parrilla adosada a Hoy por hoy, que dirigía Iñaki Gabilondo en la mañana, y a Hora 25, bajo la batuta de Carlos Llamas. Una llamada de Daniel permitió que me incorporase con frecuencia semanal a ambos programas, hasta que mi participación quedó formalizada en la tertulia nocturna.

En el programa Hoy por hoy intentaba a veces romper la cadena de los indignados y adoptaba la posición de reclamar comprensión para el corrupto de turno. Entonces Iñaki advertía a la audiencia, para evitar su desconcierto, de que mis palabras debían entenderse en modo irónico. Al juez Joaquín Navarro Estevan, que entonces era una referencia, buscaba cómo romperle los argumentos e invalidar el mérito de sus citas indicando que utilizaba las que estaban escritas en las paredes del estudio. Recuerdo a Isabel San Sebastián encendiéndose en antagonismo conmigo, sobre todo con ocasión de que hiciera algún apunte crítico de Luis María Anson, del que era acérrima. Para que amainara su disgusto, alguna vez le enviaba flores de desagravio al día siguiente.

Según mis recuerdos, la primera noche de tertulia en Hora 25 coincidió con la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) inaugurada en Madrid el 4 de octubre de 1994. Carlos Llamas, al que llamábamos Carlitos Incendios, abrió el informativo refiriendo con asombro cómo dos activistas de Greenpeace habían conseguido escalar por una de las paredes laterales hasta el techo del auditorio del Palacio de Congresos del Parque Ferial, donde se estaba celebrando la inauguración solemne, y cómo lanzaron desde ahí una lluvia de dólares falsos sobre el patio de butacas en el que tenían asiento los reyes Juan Carlos y Sofía, el gobierno de Felipe González, los máximos ejecutivos del FMI y del BM, así como lo más granado de la banca internacional. Carlos Llamas dio cuenta de cómo se superó el desconcierto inicial, una vez comprobada la actitud pacífica de los escaladores, que descendieron haciendo el camino de vuelta y fueron detenidos por la policía sin que se registrara incidente alguno. Entonces, pasó a pedir opinión a los tertulianos y Carlos Mendo se adelantó a dar la suya al grito de:

—Intolerable, intolerable. En cualquier país civilizado la policía hubiera abatido a tiros a los activistas antes de que concluyeran su aventura.

Los demás escuchábamos sin adherirnos mientras imaginábamos que una intervención policial semejante hubiera hecho caer a plomo desde esos doce metros de altura los cuerpos ensangrentados de los activistas, cuyo impacto sobre los ocupantes de las butacas habría tenido resultados mortales.

La tertulia era un espacio de libertad, de improvisación, abierto a la insolvencia, donde no tener nada que decir tampoco operaba como razón suficiente para callar. Sin guion, ni temario conocido de antemano, la aparente levedad de las ondas, la idea establecida de que la palabra hablada se la lleva el viento, incita a la irresponsabilidad, mientras que prevalece la idea de que lo escrito, escrito está, y tiende a permanecer. Aunque, a partir de la invención de los magnetófonos y de su versión digital, la señal auditiva haya adquirido la inmutabilidad del mármol y la oralidad se haya transmutado en documento sonoro, siempre disponible en la fonoteca para ser consultado como referencia que confirma o desmiente lo que alguien pretenda alterar. Los avances tecnológicos han permitido además a los medios disponer de unos índices analíticos y onomásticos que localizan la cita que corrobora o desautoriza de modo tan certero como instantáneo y enfrenta a cada uno a sus propias palabras pronunciadas con anterioridad, sin que le quepa excusa alguna de mala interpretación atribuible a los periodistas. Al estudio de radio se accede directamente sin pasar por sala alguna de maquillaje. Recuerdo cómo me impresionó una mañana, cuando iba camino de la Asociación de Periodistas Europeos, ver maquillándose junto a las unidades móviles de televisión a las redactoras que iban a entrar en directo para dar cuenta del atentado de ETA que acababa de producirse en la madrileña plaza de Julio Ruiz de Alda. En sentido contrario, los oyentes nada perciben del atuendo de quienes intervienen en la radio, que además pueden comunicarse libremente entre sí de manera invisible para la audiencia y sin estar intervenidos por las cámaras, como sucede en el plató de televisión, donde cualquier gesto puede ser captado y expuesto a la consideración de los espectadores. Además, también estando a distancia la radio permite participar en programas de debate desde los micrófonos de alguna emisora local o desde el teléfono ubicuo, aunque nada equivalga a la participación presencial.

En la cultura mediática de la que veníamos, se pensaba que la radio era el medio con menor capacidad de pregnancia comparado con la televisión y, sobre todo, respecto a la prensa escrita. Por lo que valga, mi experiencia personal es la inversa. El público, en este caso la audiencia, es capaz de repetir lo que ha escuchado en una emisora con la misma exactitud que si tuviera delante el texto grabado en bronce y, además, como en las catas a ciegas, identifica con toda precisión la voz de quien lo ha dicho antes de haberle visto la cara. Cuántas veces el taxista al que doy la dirección de mi destino reconoce la voz porque es oyente de Hora 25 o seguidor de «El Telegrama» que emite el informativo Hora 14. En cuanto a las apariciones en televisión, lo más frecuente es recibir observaciones que se limitan a la indumentaria o a la postura y los ademanes, es decir, al lenguaje corporal, como si la imagen difuminase la palabra en vez de contribuir a fijarla.

A los colaboradores nunca nos dieron instrucciones, ni siquiera sugerencias, salvo el 11-M, día de la masacre de los trenes de Atocha, cuando recomendaron que nada se dijera sin contraste previo con el Ministerio del Interior. Pero percibíamos enseguida si el alto mando tenía alguna preocupación determinada. Por ejemplo, de tiempo en tiempo se notaba que arreciaba el interés por mejorar la sintonía con la audiencia a la que se consideraba que estábamos saturando con información política. Para desintoxicar, la receta era intensificar la información sobre cuestiones «de interés humano», que al final era el capítulo de sucesos.

Atendiendo esas recomendaciones, una noche Carlos Llamas abrió el informativo relatando un baño de sangre a cargo de un hombre que había comparecido en la vivienda de su expareja, a la que había asestado seis puñaladas, que después había acuchillado a los dos hijos y en la escalera había hecho lo mismo con el portero de la finca urbana, dejando cuatro cadáveres antes de que fuera reducido por la policía. Todos en el estudio estábamos mirando a la mesa para evitar que nuestras miradas se cruzaran con la del director. El caso es que, concluido el relato, Llamas me preguntó:

—Y a usted, señor Aguilar, ¿qué le parece?

—Mal —le contesté.

La concisión con la que me expresé le enojó, y replicó haciéndome notar que no estábamos allí para decir monosílabos, que no nos pagaban para eso.

Los tertulianos acudíamos a los estudios de la emisora para participar en el programa Hora 25 cuando los despachos de los directivos estaban vacíos. De manera que nunca teníamos una ventana de oportunidad para cambiar impresiones con el mando. Por eso, intentábamos una aproximación informal a Llamas y a su entorno periodístico convencidos de que la cercanía extralaboral nos facilitaría estar enterados, es decir, como escribe Jorge Wagensberg, ganar en «capacidad para anticipar la incertidumbre». Los periodistas necesitan pasar un tiempo en la cámara de descompresión antes de reintegrarse a la cotidianeidad y replegarse, por ejemplo, a sus domicilios. Por eso, al terminar el programa, cuando dábamos el relevo a los de El larguero, proponíamos una copa en la cafetería Nebraska situada en el portal contiguo de la Gran Vía. Ingresábamos pasadas las doce de la noche, cuando la camarería andante estaba intentando las maniobras previas a echar el cierre. Los de la SER nos resistíamos intentando una prórroga. El servicio prodigaba las señales acostumbradas precedentes al desalojo, subiendo las sillas encima de las mesas y procediendo al encendido y apagado de las luces, pero tampoco así nos desalentaban. Entonces entre dos de los operarios traían desde el fondo del local una reja con ruedas para instalarla al comienzo de las escaleras que daban acceso desde la calle a la puerta de cristales de la entrada. Nos manteníamos inconmovibles. En una ocasión, el jefe de sala se acercó para decirnos:

—Nosotros nos vamos.

—Pierdan cuidado —respondimos—, nos quedamos aquí al cargo de todo.

Durante años, lunes y miércoles coincidí en el estudio donde se hacía el programa de Hora 25 con Carlos Mendo, quien permanentemente encontraba una manera de mirar que absolviera cualquier desastre estadounidense. Siempre fui ajeno al antiamericanismo y me gustaba definirme como pronorteamericano del Norte, es decir, que reclamaba para mí la misma capacidad de discrepar de las políticas de Estados Unidos que mostraban los vecinos de Washington, Nueva York, Los Ángeles o Boston. Nunca quise contarme entre los pronorteamericanos del Sur, a la manera en que han de serlo los salvadoreños o costarricenses, quienes en caso de figurar en la lista de suscriptores del New York Times pasan a ser considerados por la embajada norteamericana como allegados al Partido Comunista. La diferencia de perspectivas con Mendo suscitaba enfrentamientos dialécticos que animaban la tertulia, donde un exceso de coincidencia resulta desolador para la audiencia.

Pero aquella noche del 21 de marzo de 2005 (mediodía en Minnesota) cuando el joven Jeffrey Weise, de dieciséis años, mató a su abuelo y a la abuela de su novia en la reserva de Red Lake y se dirigió al instituto del lugar, donde con 45 disparos terminó con la vida de cinco alumnos, un profesor y un guardia de seguridad y causó otros muchos heridos, pensé que al fin lograría que Mendo tomara partido contra el libre comercio de armas. Fue imposible. Hizo una defensa cerrada de la enmienda de la Constitución que concede ese derecho a todo ciudadano estadounidense y se alineó con los patriotas de la Asociación Nacional del Rifle (ANR). Además, se extendió en elogios al gobernador del estado de Minnesota porque durante su mandato se había reducido en un porcentaje apreciable la delincuencia. Mendo llevaba cuenta muy precisa de las unidades desplegadas en Irak y a veces yo lo desconcertaba poniendo en duda si la que tomaba el relevo de los marines era, por ejemplo, la 52 División Aerotransportada con sede en Virginia.

La tertulia de Hora 25 salía de gira invitada por las emisoras locales cuando tenían un pretexto o un aniversario que celebrar. Entonces se hacía el programa cara al público, cuyas reacciones de conformidad o discrepancia acababan condicionando las intervenciones de los participantes y de los invitados del lugar, ya fuera el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, en Santiago de Compostela; el alcalde de Ceuta; el de Vigo; la alcaldesa de Gijón, Paz Felgueroso, aún disgustada por el estreno de la película Los lunes al sol (2002), inspirada en la lucha de los trabajadores del agónico astillero Naval Gijón; o el del responsable del Consell de Ibiza. Luego, a deshora, nuestros anfitriones de la emisora en cuestión nos llevaban a cenar.

Brandy viejísimo de Jerez Conde de Garvey

Desaparecido muy joven Carlos Llamas, con poco más de cincuenta años, le sucedió al frente de Hora 25 Àngels Barceló, que estaba ya en la casa dirigiendo el programa de fin de semana A vivir que son dos días. También cambiaron los participantes en la tertulia. «Con la grande polvareda perdimos a don Beltrán» —dice el romance— y también a Carlos Carnicero y Santiago Belloch; continuaron algunos como José María Ridao, María Esperanza Sánchez, Emilio Contreras, Carmen del Riego y Cristina de la Hoz; y aparecieron otros como Fernando Vallespín, Alberto Pozas y Javier González Ferrari.

Con Àngels a los mandos, un martes por la noche entré en el estudio raspando la hora del comienzo de la tertulia de Hora 25 con un montón de papeles y libros bajo el brazo. Àngels quiso saber qué llevaba en ese amasijo. Entonces mencioné entre los recortes de prensa las dos páginas de publicidad de los pagarés de Nueva Rumasa que en aquellos días se prodigaban en todas las publicaciones impresas. Hice referencia a las falacias del texto. Señalé que estábamos bombardeados por anuncios donde se leía que «debido a la gran demanda de solicitudes por parte de los inversores, Nueva Rumasa lanzaba una nueva emisión de pagarés corporativos al 8 por ciento anual». Se aseguraba que era «una sólida oportunidad de inversión garantizada por un tesoro de valor incalculable». En la línea siguiente podía averiguarse que el tesoro consistía en unas «extraordinarias existencias de viejísimo brandy de Jerez, con certificado del Consejo Regulador de la Denominación Brandy de Jerez y con una valoración realizada por el insigne y prestigioso profesor del IESE y doctorado por Harvard, don Pablo Fernández López, de más de 1200 millones de euros, cifra muy superior al valor histórico que figura en los libros y libre de cargas».

Àngels interrumpió mis explicaciones para dar paso a la publicidad. Ya fuera de micrófono le pregunté si también en la SER estaban entrando los anuncios de Nueva Rumasa y, por tanto, era recomendable cambiar de tema. Àngels dijo que sí habían entrado esos anuncios, pero que podía seguir explicando el timo. Así lo hice. Me ocupé de dar lectura a la «letra pequeña» en la que estaba escrito que los pretendidos pagarés «tenían vencimiento a un año y eran con garantía real ante notario», que eran «una sólida oportunidad de inversión para seguir creciendo y continuar con nuestro compromiso con el empleo». Precisaba que existía documento informativo disponible, que eran «pagarés emitidos por Maspalomas Hoteles S. A.» e indicaba que «esta operación, conforme a lo establecido en el artículo 30 bis del Mercado de Valores, no requiere del registro previo de un folleto en la CNMV». Se hacía constar además «que la inversión mínima era de 50 000 euros y que los pagarés no estarían admitidos a negociación en ningún mercado secundario».

Llegados a este punto dije a los oyentes que había algunas preguntas inexcusables después de las que habíamos tenido con la Rumasa de 1983, con Afinsa y los filatélicos, con Gescartera y Pilar Valiente —exdirectora general de la inspección de la Agencia Tributaria, luego dimitida presidenta de la CNMV a raíz de ese escándalo y, tiempo después, aupada a la Oficina Antifraude por el ministro Cristóbal Montoro—, con el aceite de colza, con Sofico y Eugenio Peydró, y con tantos otros sobresaltos anteriores a 2009. Parecía un sinsentido que se diera pábulo a semejantes anuncios de «extraordinarias existencias» de «viejísimo brandy» valoradas por un Pablo Fernández López revestido de IESE y de Harvard para mejor perpetrar la engañifa. En modo alguno se entendía tanta tolerancia de la CNMV, de la Comisión Nacional de la Competencia, de las asociaciones de consumidores y usuarios, ni tampoco el silencio de los damnificados en los casos anteriores, mientras nadie salía a campo abierto para aclarar la falta de garantías reales de la emisión sin más cobertura que el viejísimo brandy. Imposible entender a qué esperaban el IESE y Harvard para salir al paso de la utilización espuria de sus nombres. Añadí que costaba entender por qué se enviaban periodistas a las guerras más lejanas y nadie en las redacciones, sin necesidad de desplazamientos costosos y arriesgados, procedía a leer y descodificar un texto que apenas encubría estafa semejante.

A la mañana siguiente, al llegar a mi despacho en la Asociación de Periodistas Europeos, la secretaria Pepi Peralta me entregó un paquete que, una vez abierto, resultó ser una caja de madera labrada forrada en raso rojo donde se encerraba un frasco de cristal de Bohemia con etiquetas donde se acreditaba que su contenido era brandy viejísimo de Jerez Conde de Garvey. El remitente era José María Ruiz Mateos, quien en una carta adjunta explicaba que me había escuchado en Hora 25, que había seguido mi trayectoria periodística desde años atrás con admiración, y que no le extrañaba mi desconcierto dada la originalidad de las garantías que ofrecían los pagarés de Nueva Rumasa. Se despedía con el ruego de que aceptara el obsequio y la invitación para que acudiera a Jerez a visitar las bodegas de Garvey. Hice una llamada a Lavinia, seguramente el establecimiento de vinos más prestigioso en Madrid, donde me dijeron que tenían ese brandy Conde de Garvey marcado a 750 euros la botella, pero que nunca habían vendido ninguna.

De toda esta estafa publicitada a doble página, era difícil escribir descodificando la letra pequeña en servicio a los lectores en las cabeceras que se beneficiaban de la campaña que pagaba el anunciante. Por eso opté por hacerlo en el semanario El Siglo donde, por lo que respecta a los pagarés de Nueva Rumasa, se cumplía aquel principio enunciado por la revista satírica La Codorniz según el cual «donde no hay publicidad resplandece la verdad». A El Siglo no llegaba la manga riega de esa publicidad y pude hacerlo sin problema alguno el 26 de octubre de 2009. Otras publicaciones optaron por insertar los anuncios y cerrarse a dar espacio en sus páginas a cualquier crítica que tanto hubieran agradecido los lectores. Solo cuando tiempo después estalló el escándalo y quedó patente la estafa, salieron valerosos para poner en su sitio a Ruiz Mateos. El conocido espectáculo de las lanzadas a moro muerto o de arrimarse a toro pasado.

¿Pero qué broma es esta?

Tras el formato de «Hablando en plata» en Hoy por hoy y «En voz baja» en Hora 14, a finales de agosto de 2007 José Antonio Marcos quiso acordar los detalles de la colaboración para la inminente temporada radiofónica. Mediante una llamada telefónica a mi casa de Ruiloba, en Cantabria, me adelantaba su preferencia por cambiar el formato del comentario que había venido grabando para ese espacio desde años atrás con el título «En voz baja». Su idea era que adoptara la forma de un «telegrama» remitido a un protagonista que convendríamos de común acuerdo. El recipiendario habría de ser alguien que se encontrara cabalgando la noticia esa misma mañana y lo mereciera por sus pensamientos, palabras y obras, ya fueran honrosas o delictivas, con tal de que estuvieran dotadas de capacidad de llamar la atención. Coincidimos en excluir los elogios o vituperios post mortem, sin concesión alguna tampoco a las pompas fúnebres.

Los «telegramas» se proponían una indagación de la realidad por el costado del laconismo. Se trataba de que dijeran menos para que se entendiera más, de suministrar chispazos de antagonismo para producir relámpagos de esclarecimiento, de escribir más cerca del punto final. Buscaban la brevedad de los aforismos de Elias Canetti en La provincia del hombre o la de los Pensamientos despeinados de Stanisław Jerzy Lec[39]. Su primera premisa partía del reconocimiento de que la atención del público es el recurso más escaso y más volátil.

«Me ha faltado tiempo para escribir más corto», se disculpa José Manuel Caballero Bonald en su Manual de infractores[40]. También una buena amiga de Nueva Delhi se refería hace algunos años en Nueva York a la inmensa fortuna que les había costado mantener a Gandhi pobre. La pauta empleada circunscribe los «telegramas» a un máximo de cuatrocientos cincuenta caracteres. En su redacción cuido el tratamiento protocolario correspondiente al cargo o posición social que tenga cada uno de los destinatarios: el Beatísimo Padre, las Eminencias Reverendísimas, las Majestades —ya fueren graciosas o lo contrario—, los Molt Honorables —en tanto que conservan esa consideración— y, de ahí para abajo, sin faltar al respeto debido a los distinguidos representantes del hampa, quienes con destreza admirable habían desvalijado las arcas públicas.

En el volumen ¿Pero qué broma es esta?[41], solo explicable por la tenacidad de Eva Serrano, editora de Círculo de Tiza, y la ayuda de Juan Oñate, se compendian algunas muestras de esos «telegramas» que prueban cómo han intentado eliminar los ruidos del sistema y encender alguna bengala de situación. Su selección se ha limitado al segmento cronológico comprendido entre el inicio de la crisis en 2008, con el presidente Zapatero a los mandos, hasta los primeros meses de 2016, una vez terminada la legislatura de holgada mayoría parlamentaria «pepera».

Frente al desbordamiento de las inundaciones, que dejan a los paisanos con el agua al cuello y sin agua de boca, con los «telegramas» se ofrecía la garantía del agua de manantial embotellada. Suministrarla es lo primero que los equipos de ayuda han de garantizar a los damnificados. El acceso al consumo de H₂O es imprescindible, sin que quepa aplazamiento alguno. En el plano informativo sucede también que nos encontramos inundados de fragmentos noticiosos inconexos, sin garantía ni verificación alguna, que al impactar sobre nuestro sistema sensorial lo bloquean privándole de su capacidad de anticipar la incertidumbre.

Cada mañana, incluso bajo condiciones ambientales adversas, había de cumplirse el ejercicio de elegir el destinatario al que adjudicar un telegrama pensado, redactado y grabado para ser emitido en el programa informativo Hora 14 de la Cadena SER. Una lacónica conversación a primera hora con José Antonio nos servía a ambos para precisar el destinatario al que remitírselo. Los médicos de antaño concluían sus fórmulas magistrales que habían de interpretar en las farmacias con las siglas h. j. s. a. f., es decir, «hágase jarabe, según arte farmacéutico», pero, en nuestro caso, correspondía proceder conforme a otro arte, el periodístico.

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Por Europa y las libertades

Golpe en la notaría

Como consecuencia de una reunión de periodistas convocados en la ciudad belga de Ostende, en octubre de 1963, por el Centro Internacional de Formación Europea, se llegó al acuerdo de crear la Asociación de Periodistas Europeos (APE, o AEJ por sus siglas en inglés), que en ese mismo año celebró un Primer Congreso Internacional en Bruselas con la asistencia de periodistas integrados en las ocho secciones nacionales recién constituidas (Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Holanda y Dinamarca). Dieciocho años después, en octubre de 1981, hicimos el registro legal en Madrid de la Sección Española de la APE, partiendo de un «compromiso por Europa y las libertades».

La ocasión surgía un año después de que fuera destituido de la dirección de Diario 16, momento de lucidez en que aprendí cómo quien despide preferiría que el despedido quedara borrado para siempre del mundo profesional y social. A partir de ahí di en pensar que en previsión de vicisitudes semejantes sería conveniente tener una red donde pudiéramos resistir y seguir activos en el mundo periodístico. Por entonces fui convocado junto a otros colegas como José Antonio Nováis, corresponsal del diario Le Monde, por Luis María Anson, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). En la sala de Juntas de la agencia EFE, que también presidía Anson, estaba todo el Consejo de la FAPE. Luis María nos contó que había aceptado el encargo del presidente internacional de la APE, Jean-Pierre Gouzy, de establecer la Sección Española. Varias convocatorias se sucedieron en la misma sede con el intento de acordar unos estatutos. El debate con un presidente de la Asociación de Licenciados en Periodismo se hacía tan interminable como inútil. Así que saturados de semejante pérdida de tiempo, Nováis sugirió que actuáramos por nuestra cuenta y decidimos dar un golpe de mano en una notaría.

Contaba Carlos Luis Álvarez, Cándido, en las memorias publicadas cuando celebrábamos el vigésimo aniversario de la APE por él presidida[42], que esta «nació cuando buena parte de la sociedad española estaba aún transida de psicología no europeísta —“España es diferente”— y teníamos fresco en la memoria el “contubernio de Múnich” y sus efectos. Hacía seis años que había muerto Franco. Éramos, con Portugal, una especie de pobres de pedir a las puertas de Europa».

Carlos Luis acudió ignorante a aquella cita en la notaría de la calle Génova, donde le esperábamos los que definió como «los primeros apóstoles», a saber, Pepe Oneto, Pablo Sebastián, Lorenzo Contreras, Julián Lago, José Antonio Nováis, César Alonso de los Ríos, Félix Santos, José Virgilio Colchero, Eduardo Sotillos, Jorge del Corral, Manuel Soriano y yo. Allí se enteró de que había sido elegido para la presidencia de la recién fundada asociación con el añadido de hacerse cargo de la organización y financiación de un congreso internacional que había de celebrarse en Oviedo el año siguiente.

Por esas fechas, nuestro país era candidato ardiente al ingreso en la Comunidad Europea y en esa condición se mantuvo hasta junio de 1985. Sin esperar al fin de las negociaciones, emprendimos la senda del europeísmo crítico y de ambientar las aspiraciones de que España se sumara al proyecto de construcción europea. Por eso asumimos la organización de ese XX Congreso Internacional de la Asociación, que clausuraron los reyes el 3 de octubre de 1982 en Oviedo. Meses antes, el 8 de mayo, el jefe de la Casa de S. M. el Rey, Nicolás Cotoner y Cotoner, marqués de Mondéjar, nos comunicó que este había aceptado la presidencia de honor para el entonces príncipe de Asturias don Felipe de Borbón y Grecia. En esa condición, el 12 de julio de 1983 nos recibía en el Palacio de la Zarzuela en la que fue su primera audiencia oficial.

Miguel Ángel Aguilar y Carlos Luis Álvarez, Cándido, con S. A. R. el príncipe de Asturias durante la inauguración de la sede de la Asociación de Periodistas Europeos en enero de 1984.

Los primeros tiempos estuvieron marcados por la incertidumbre y la precariedad. Recuerdo bien que en el principio fue el papel timbrado. Que fuimos acogidos en un pasillo de la redacción del semanario Sábado Gráfico en la calle de Covarrubias, donde Eugenio Suárez nos facilitaba el uso de una máquina de escribir. Que estuvimos asilados en la Gran Vía, en la sede de la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), y después del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Allí nos dieron asiento a una mesa y acceso a un teléfono gratuito que Telefónica instaló cuando las negociaciones para la liberación de Javier Rupérez, secuestrado en noviembre de 1979 por ETA, y que había olvidado desconectar.

Después tuvimos acceso a un bajo de la calle Seco, en Vallecas, procedente de un desahucio, cuyo uso nos cedió un banco, donde permanecimos en la vecindad de Santiago Carrillo hasta poner el primer pie en la sede de la céntrica calle de Cedaceros. Poco a poco ampliamos el espacio inicial anexionando los contiguos, a la manera de los imperios continentales, hasta tener acceso al agua y al alcantarillado.

Siempre hemos sido cuidadosos en cuanto se refiere a las cuentas, auditadas desde el primer ejercicio aunque no tengamos obligación legal alguna de someternos a esa supervisión. Ninguno de los miembros del consejo director recibe retribución alguna, salvo en las ocasiones excepcionales en las que se tiene el encargo de organizar algún seminario muy determinado.

Desde su creación, la APE se convirtió en un espacio de libertad sin otro compromiso que el invocado, «por Europa y las libertades». Ha sido siempre además una referencia de acogida y apoyo para los periodistas a la deriva, en especial en los interregnos que se abrían al dejar de colaborar en algún medio hasta pasar a otro. Enseguida se sumaron a sus filas algunos grandes del periodismo, como Luis Carandell, nuestro vicepresidente, o Diego Carcedo, que sucedió a Cándido en la presidencia cuando este nos dejó en agosto de 2006.

Desde 1981 la Sección Española de la Asociación de Periodistas Europeos ha recorrido un largo itinerario de programas, seminarios, foros, debates, jornadas, coloquios, premios y exposiciones. El sistema de trabajo parte de la identificación de una idea susceptible de generar interés, su plasmación en un programa —temario y ponentes— y la obtención de un patrocinio que permita llevarlo a cabo. En caso contrario se pasa al siguiente, porque la APE no es la CEOE o la Fundación Juan March. Carece de fondos para afrontar el coste de sus actividades.

Ha sido inevitable que los programas de la APE hayan reflejado aquellas cuestiones que más directamente interesan a los integrantes de su consejo director, a sus presidentes y a su secretario general, posición que he ocupado desde su fundación. Así sucedió, por ejemplo, con los Seminarios Internacionales de Defensa iniciados en 1983 en el Parador Nacional de Toledo. Allí intervino en diciembre de 1988, como ponente del V Seminario, la historiadora y política francesa Hélène Carrère d’Encausse, con su libro L’Empire éclaté[43], donde anticipaba en rigurosa exclusiva el fin del imperio soviético. Tuvimos también otras anticipaciones. Entre las más relevantes, la de la asesora de Defensa del Elíseo, Salomé Zouravichvili, quien en junio de 2001 pronosticó que la respuesta a la «guerra limpia» sin bajas propias y librada a distancia inalcanzable para el adversario sería el más sucio de los terrorismos. De manera que, después de tantos años haciendo frente a la amenaza de los fuertes, ahora serían los débiles quienes se convertirían en la más grave amenaza. También el 14 de junio de 2008, en el XIX Seminario, titulado «Las intervenciones internacionales y la nueva proliferación nuclear», Jiří Dienstbier —excanciller de Checoslovaquia y exrelator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la antigua Yugoslavia— anticipó que con el padrinazgo de Washington habría un Kosovo independiente antes de año y medio, como así sucedió.

Michnik-Jaruzelski: reconciliación de preso y carcelero

Otra serie original es la dedicada a Europa Central, aquí denominada Europa del Este, que recuperó su verdadero nombre en buena parte gracias a la reclamación permanente que hizo Milan Kundera. Fue Fernando Valenzuela, compañero de pupitre en Praga de Václav Havel, quien dio la primera pista para que empezáramos en junio de 1988, dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) programados en la sede del palacio de la Magdalena, en Santander.

Eran años de riguroso estreno. A principios de junio de 1991 tuvimos una llamada del jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo. Le interesaba saber qué día iba a intervenir en nuestro Seminario de Europa Central el general Wojciech Jaruzelski, que había recibido a los reyes en octubre de 1989 como presidente de la República con ocasión del primer viaje que hicieron a Polonia. La reina doña Sofía quería estar presente en el aula cuando interviniera. Fue el 24 de junio y en presencia suya se produjo la reconciliación entre Adam Michnik, director del diario Gazeta Wyborcza y uno de los líderes de la oposición clandestina antes de la caída del Muro de Berlín, y el general que lo había encarcelado varias veces. Reconciliación que anticipó un proceso generalizado después en toda Polonia.

S. M. la reina doña Sofía posa junto al general Wojciech Jaruzelski, expresidente de Polonia; Adam Michnik, editor de la Gazeta Wyborcza; y el exministro de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia, Jiri Dietsbier, entre otros, durante la celebración del III Seminario sobre Europa Central realizado en el Palacio de la Magdalena de Santander en 1991 en el que se produjo la reconciliación entre preso y carcelero.

A partir de la cuarta edición el Seminario de Europa Central se trasladó al palacio de Miramar de San Sebastián dentro de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Allí debatíamos haciendo una declinación temática o por áreas geográficas con enfoques centrados en los países, que al principio eran tres y luego cuatro al producirse la llamada «separación de terciopelo» entre Chequia y Eslovaquia. Pasamos revista a la economía, al cambio desde la planificación quinquenal al libre mercado; a la defensa europea tras la desaparición del Pacto de Varsovia; al nuevo panorama político de Centroeuropa y sus consecuencias en la escena internacional; a las especificidades de los casos de Polonia, Checoslovaquia y Hungría.

Esta iniciativa respondía a la idea que teníamos aprendida del filósofo alemán Ernst Bloch de que «la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza expresarse sin razón». Se trataba de favorecer y alentar estas esperanzas europeas de quienes habían soportado y seguían obsesionados con la gran sombra rusa.

Los suscriptores del NYT sospechosos de comunismo

Otra de las prioridades de la APE fue impulsar las relaciones de los periodistas de ambas riberas del Atlántico, europeos y latinoamericanos. Considerábamos que en ninguna otra parte del mundo se habían aclimatado mejor los modos y los principios europeos como en América Latina. Que entre ambas áreas geográficas había una continuidad que debía tenerse muy en cuenta para que todo aquello que compartimos no quedara anegado por la crecida demográfica de otras civilizaciones. Con ese propósito organizamos numerosos encuentros. El primero de esos foros fue coordinado por el periodista Fernando Valenzuela y se hizo en la Universidad Belgrano de Buenos Aires en octubre de 1995, coincidiendo con la V Cumbre Iberoamericana. Desde entonces los Foros Eurolatinoamericanos han acompañado a las cumbres, por lo general en la misma ciudad donde se celebran y en unas fechas anteriores.

Fuera de esa serie, uno de los que celebramos con anterioridad tuvo por sede San José de Costa Rica a la altura de febrero de 1985, bajo el título «La paz en Centroamérica, ¿una utopía?». En la sede diplomática española la embajadora Mercedes Rico Carabias nos ofreció una recepción de bienvenida. Allí el embajador estadounidense, Lewis A. Tambs, se acercó a los directivos de la APE para alertarnos contra la ingenuidad de que consideráramos a Costa Rica libre de la amenaza de los comunistas, quienes, a su parecer, suponían una gravísima plaga para el país. Quisimos saber el procedimiento de que se valía el embajador para detectarlos. Respondió señalando uno muy sencillo, que dijo tener a su alcance: la lista de los costarricenses suscriptores a The New York Times. O sea, que, según las coordenadas geográficas en que cada uno se halle avecindado, suscribirse al NYT tiene connotaciones muy distintas. Por ejemplo, en Nueva York, sería una señal de civismo irreprochable; en Costa Rica, un destape de afinidades subversivas. El mismo hecho puede ser signo de distinción para los pronorteamericanos del Norte mientras funciona como estigma de perversión comunista en el caso de los pronorteamericanos del Sur, siempre obligados a una adhesión permanente e inquebrantable a cuanto pudiera venir del gobierno de Washington.

Al Foro de San José de Costa Rica siguió en Cáceres, al año siguiente, 1996, otro titulado «Europa, agente de la paz en América Central». Ambos dan idea de cómo España se estaba convirtiendo en activador de la conciencia europea sobre América Latina. La serie «Cuba y la Unión Europea», que fue imposible continuar a partir de la tercera edición, es otra prueba de cómo intentábamos que la UE irradiara derechos, libertades y prosperidad en esas áreas que nos son tan próximas.

Algunos sucedidos en La Habana

Sucedió en La Habana, donde Carlos Humanes mantenía una interesante presencia periodística. Celebrábamos uno de los encuentros organizados por la APE bajo el título genérico de «Cuba y la Unión Europea». En la sesión inaugural de uno de ellos, intervine ante toda la nomenclatura periodística de la isla simulando estar alarmado por la noticia que me había llegado de las tensiones entre el diario Granma y el gobierno de Castro. Aclaré que solo íbamos a permanecer cinco días en la isla, que para nada queríamos injerirnos en asuntos internos, pero que, habida cuenta de que el Comandante nos recibiría al día siguiente, estábamos dispuestos a hacer cualquier gestión de buenos oficios que pudiera considerarse útil para aliviar el problema. Entonces, subió al estrado el director del periódico. Dijo que nunca en sus veinte años de oficio había escuchado una insidia mayor, que jamás desde su fundación el diario había tenido diferencias, ni siquiera milimétricas, con el gobierno, cuyas consignas había seguido con toda fidelidad de modo permanente. Me levanté para replicar señalando que sus palabras me habían parecido mucho más graves que las mías. Añadí que en España, en la precariedad de la posguerra, se decía que «cuando un obrero come merluza, uno de los dos está enfermo» y que, del mismo modo, cuando entre un periódico y un gobierno existe una sumisión o un idilio de esa naturaleza, hay que deducir patologías.

En otra ocasión, hubo un nuevo incidente con motivo del encuentro que organizamos coincidiendo con el semestre de la presidencia española de la Unión Europea. La víspera, ya en La Habana, uno de los panelistas invitados, Gerardo Galeote, a la sazón eurodiputado del PP, me advirtió que anduviéramos con cuidado porque en el vuelo desde Madrid había tenido como compañero de asiento a otro de los ponentes, el político e historiador Guillermo Gortázar, quien le había dejado leer la diatriba anticastrista explosiva que traía preparada. En efecto, llegado su turno, Gortázar se desmelenó condenando en bloque a los empresarios españoles que habían invertido en Cuba dando así oxígeno al régimen represor castrista y anunciando las represalias que les sobrevendrían en cuanto llegara un gobierno del PP, que las prospecciones demoscópicas daban por seguro para las próximas elecciones generales de 1996 bajo el caudillaje de Aznar.

Las amenazas tenían verosimilitud y los empresarios compatriotas nuestros al escucharlas reaccionaron allí mismo indignados, queriendo saber si Gortázar había hablado solo a título personal o se arrogaba alguna representación del Partido Popular. La bronca hispano-española hizo innecesario que los cubanos replicaran. Al concluir, Guillermo bajó del atril y quiso saber qué impresión me había causado. Le dije que excelente, aunque maticé que un detalle pudo deslucirla. «¿Cuál?», preguntó. «Que los compañeros de la seguridad cubana —le respondí— no te interrumpieran para conducirte al aeropuerto y expulsarte del país. El hecho de que pudieras desde el atril atacar a fondo al régimen y denostar la falta de libertades sin consecuencia alguna venía a ser una prueba que invalidaba el discurso».

En un tercer encuentro similar celebrado en 1998, Ramón Pérez-Maura, de ABC, vino a decirme indignado que los cubanos estaban impidiendo el acceso al corresponsal de su periódico. Acudí a quienes controlaban la entrada y me explicaron que el pretendiente carecía de esa condición, según podía comprobarse en los registros de prensa extranjera acreditada de que disponían. Le hice notar a Pérez-Maura esa circunstancia y le rogué que aclarara si era o no su corresponsal. Me dijo que sí, que lo acababa de nombrar en ese momento. Ya de regreso en Madrid, el 8 de junio, apareció en ABC a doble página una entrevista con el cardenal arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, que firmaba el corresponsal sobrevenido de modo tan fulminante unos días antes. Al verla admiré el acierto periodístico que representaba, porque el cardenal muy rara vez había hecho declaraciones a la prensa. La sorpresa definitiva surgió dos días después, tras el desmentido rotundo de la Conferencia Episcopal Cubana, fechado el miércoles 10 de junio, asegurando que «dicha entrevista nunca tuvo lugar, por lo cual las declaraciones atribuidas al cardenal Ortega son absolutamente falsas». La nota oficial señalaba que «el cardenal se comunicó con la dirección de ese medio para manifestarle su sorpresa, recibiendo las excusas pertinentes de los responsables del diario». Simultáneamente, la dirección de ABC en Madrid hacía saber mediante un lacónico recuadro que se sentía sorprendida en su buena fe, aclaraba que el cardenal nunca había concedido esa entrevista y comunicaba la destitución fulminante del fabulador. De manera que, por esta vez, a los cubanos que negaban la condición periodística del pretendido corresponsal pudiera asistirles alguna razón.

Siempre estuvo pendiente una visita oficial de Fidel Castro a Madrid y otra a La Habana del rey Juan Carlos, deseoso de visitarla. Entre tanto, la convocatoria para noviembre de 1999 de la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno permitió que el rey y el presidente José María Aznar acudieran por primera vez a la capital cubana. En vísperas de ese encuentro la Asociación de Periodistas Europeos organizó su habitual Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Quisimos ambientarlo con una exposición titulada Aquella guerra nuestra con los Estados Unidos, comisariada por el profesor Santos Juliá y el diplomático Jaime Ojeda. El proyecto había sido coordinado de manera formal y minuciosa con Eusebio Leal, historiador de La Habana Vieja. Se inauguró en el convento de San Francisco con todos los sacramentos y la bendición de las autoridades cubanas de alto rango en el gobierno y en el partido. Quedamos desconcertados al día siguiente, cuando advertimos que por sorpresa habían arrancado la exposición de aquellos nobles muros, sin ofrecer explicación alguna. Sin duda, alguien con mayor jerarquía que nuestros interlocutores la habría considerado improcedente y ordenado su retirada sin contemplaciones.

Misión en Eslovaquia: «nation building» y libertades

El Congreso de la APE reunido en Helsinki en 1994 me eligió secretario internacional. En esa condición recibí en 1996 en Madrid la visita indignada del embajador de Eslovaquia. Quería que le diera la lista de los periodistas eslovacos que integraban la delegación de su país, porque el Congreso Internacional de ese año había aprobado una moción de protesta promovida por ellos como sufrientes de las agresiones a la libertad de prensa por parte del gobierno de Bratislava, que presidía Vladimír Mečiar. Tras la negativa a entregar a los colegas para que les aplicaran represalias, pasó a invitarnos para que visitáramos el país, augurando que con el contacto directo se disiparían nuestros prejuicios. Acepté constituir una comisión que viajó a Bratislava en 1996 bajo la única condición de que pagaríamos por nuestra cuenta todos los gastos de viajes y estancias.

El primer encuentro convenido era con el ministro de Información. Acudimos puntuales. Nos pasaron a una sala a la que de vez en cuando se asomaba un funcionario. La demora rozaba ya los sesenta minutos y pedimos explicaciones. Después de algunos intentos de marear la perdiz, cantaron la gallina. El ministro aceptaría recibirnos siempre que se excluyera de la delegación al presidente de la Sección Eslovaca de la APE, Juraj Alner. Rehusamos tal imposición, primera prueba de que lo peor que se puede ser en Eslovaquia es eslovaco, al igual que cubano en Cuba, y continuamos el programa fijado. Tuvimos un almuerzo con la vicepresidenta del Gobierno y le dimos la queja sin efecto alguno. En resumen, la visita a la capital permitió observar que para las autoridades de Bratislava los eslovacos, sus compatriotas, resultaban sospechosos de no serlo con suficiente fervor o de no haberlo sido con la antelación debida. Es decir, de haber colaborado en algún momento anterior con el gobierno de Praga, que era el único existente. De ahí la exigencia exclusiva para que todos se entregaran, sin más, a la tarea de la construcción nacional (nation building). En cuanto a las libertades, por ejemplo la de prensa por la que se preocupaba la APE, constituían en opinión de la vicepresidenta, Katarína Tóthová, un inaceptable lujo desviacionista, según nos dijo mientras nos invitaba a almorzar.

Semejante sistema de sospechas y de prioridades algunos lo conocíamos bien porque estuvo vigente en España después de la Guerra Civil. En aquellos tiempos, el régimen dividía a los españoles en adictos y desafectos, respectivamente encuadrados en las filas de España y de la Antiespaña.

Cabe recordar aquella recomendación de Franco a uno de sus ministros que le hacía llegar quejas: «Haga como yo, no se meta usted en política».

En la senda de Francisco Cerecedo

Desde la temprana muerte de Francisco Cerecedo, Cuco, en la madrugada del domingo 4 de septiembre de 1977 en el Hospital Militar de Bogotá, nos propusimos que su nombre aureolara a los mejores del periodismo para rendir homenaje a su memoria. Pero cuando Cuco nos dejó se había roto la formación del diario Madrid y de Diario 16. Avanzábamos en orden abierto y el proyecto era inviable sin recursos. Hasta que por fin, en 1983, logramos instaurar el premio con su nombre. Contamos desde el principio con el respaldo de la familia Cerecedo: José Antonio, Puerto, Dolores, Roberto. Algunos amigos —no olvidamos a José Recio, a Manuel Bueno y a Luis Abril— nos llevaron hasta el entonces consejero delegado del Banco de Vizcaya (BV), Pedro Toledo, quien sumó el patrocinio del banco, luego convertido en Banco Bilbao-Vizcaya (BBV), con José Ángel Sánchez Asiaín y Emilio Ybarra, y después en Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria (BBVA), con Francisco González en la presidencia.

Visita de S. A. R. el príncipe de Asturias a la sede de la Asociación de Periodistas Europeos en junio de 1993. Sentados: José Vicente de Juan, Carlos Luis Álvarez (Cándido), S. A. R. el príncipe de Asturias, Luis Carandell y Miguel Ángel Aguilar. De pie: Raúl del Pozo, José Virgilio Colchero, Lola Aguilar, Fernando García Delgado, Asunción Valdés, Felipe Sahagún, Ángeles Caso, Ana Rosa Semprún, Concha García Campoy, Jorge del Corral, Rosa Paz, Diego Carcedo, Francisco Giménez-Alemán, Manuel Soriano, José Antonio Zarzalejos, Jesús Ceberio y Carlos Carnicero.

La entrega de las cinco primeras ediciones la hizo Felipe González siendo presidente del Gobierno. No olvidaba que Cuco, Eduardo Barrenechea y Joaquín Prieto eran todo su acompañamiento en aquel viaje, el cual hubo de limitarse a Santiago de Chile y Bogotá, una vez prohibida la entrada en Buenos Aires, y que compartían unas copas en el Hotel Hilton de la capital colombiana cuando un aneurisma cerebral derribó a Cuco. Desde la sexta convocatoria presidió la entrega don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias y presidente de honor de la APE, acompañado por la princesa Letizia desde 2004. A partir de 2014, fecha de su acceso al trono como Felipe VI, ha seguido haciendo entrega del trofeo a los premiados, ahora ya como rey.

Desde el primer ganador en adelante, puede decirse que todos los que figuran en la nómina han añadido prestigio al premio. Véase quiénes la integran: Rafael Sánchez Ferlosio, Javier Pradera, José Antonio Nováis, Nativel Preciado, Juan Cueto, Raúl del Pozo, Maruja Torres, Chumy Chúmez, Eduardo Haro Tecglen, El Roto, Manolo Vicent, Francisco Umbral, Carmen Rico-Godoy, Fernando Savater, Jon Juaristi, Adam Michnik, Arcadi Espada, Walter Haubrich, Sol Alameda, Iñaki Gabilondo, Antonio Tabucchi, Juan José Millás, Sylvain Cypel, Soledad Gallego-Díaz, Barbara Probst Solomon, Enric González, Pepa Bueno, Miguel Mora, Michael Ignatieff, Xavier Vidal-Folch, José Antonio Zarzalejos, Félix de Azúa, Claudio Magris y Florencio Domínguez y Rubén Amón.

Decíamos entonces que otros premios vendrían de más antiguas tradiciones, pero que el nuestro nacía afortunadamente más acá de una época que, carente de libertades públicas, ofrecía perfiles de envilecimiento junto a excepciones admirables. Lo fundábamos para que fuera un estímulo dignificador en el panorama de los medios de comunicación. En línea con el ingenio de Cuco, muchas veces aguzado por la precariedad, que era capaz de deslumbrar en los más altos salones, pero que nunca quedó embotado por la arrogancia y se mantuvo ajeno al «estado de saciedad del vencedor» del que abominaba Elias Canetti.

De Ferlosio a Cerón

Rafael Sánchez Ferlosio vivía entonces en la glorieta de Bilbao y paraba en el Café Comercial. Sin más información que la proporcionada por la lectura de la prensa nacional y algunos diarios extranjeros, preferentemente en italiano, francés e inglés, Rafael lanzó en una columna de El País publicada el 19 de noviembre de 1982 «La hipótesis del Belgrano», según la cual el hundimiento del crucero de la Armada argentina se ordenó por la primera ministra Margaret Thatcher a sabiendas de que estaba fuera de las aguas de exclusión prohibidas por la Royal Navy. Años después, la señora lo reconoció así en la Cámara de los Comunes, confirmando lo que Ferlosio había escrito sin encomendarse a nadie. Meses después conversamos y me confió que Ángel Sánchez Harguindey le tenía parada la publicación de su último artículo. Quise saber por qué y me dijo que lo consideraba muy largo. «¿Cuánto de largo?», pregunté. «Ya llevo 28 folios», fue la respuesta. Para dar salida a ese texto inventamos la I Lección Conmemorativa Pascual Madoz, donde en 1983 pudo dar lectura a ese texto que acabó titulando «El Ejército Nacional».

Luego lo seguiría en esa tribuna Julio Cerón, llegado en directo en tren a la estación de Chamartín procedente de su castillo de Caussade, en el Périgueux francés. La intervención de Cerón se titulaba «España le sienta bien a Europa, ¿le sienta bien Europa a España?». Aquello no fue una lectura, sino puro teatro, en consonancia con los recuadros que venía publicando en ABC. Casi al comienzo lanzó aquello de «cuando murió Franco el desconcierto fue grande, no había costumbre». Fue a recogerle al tren Francisco Paíto Díez del Corral, uno de los antiguos del Frente de Liberación Popular, a quien ordenó que le vendara los ojos para atravesar Madrid, donde no había vuelto desde que fuera condenado por un consejo de guerra el 23 de diciembre de 1959.

A propósito de Cerón, recuerdo cómo en otro momento le concerté una entrevista con Adolfo Suárez, que vivía entonces la travesía de la ingratitud. En la soledad de su despacho de la calle de Antonio Maura, le visitaba en esa época con regularidad. Allí no se movía un papel ni sonaba un teléfono. Junto a él solo permanecían su secretario —Inocencio Hernández Amores, capitán de la Policía Armada enclavado en los servicios de inteligencia del Servicio Central de Documentación (SECED)— y el camarada Eduardo Navarro. Recuerdo que Suárez vino a una cena en casa con Juby, Javier Pradera, Juan Benet, Elías Querejeta, Clemente Auger y Rafael Sánchez Ferlosio. Allí fue repasando a petición de los comensales todos los detalles del 23-F, cómo se levantó del escaño para exigir al teniente coronel Tejero que depusiera su actitud y obedeciera ordenándole que se cuadrara. Todos estaban presos de admiración con su relato, y en un momento Juan Benet dijo: «Mi obra por esa frase».

Con Julio Cerón en el despacho de Adolfo Suárez. El expresidente del Gobierno nos recibió en su despacho de la madrileña calle de Antonio Maura hacia 1984.

Volviendo a Suárez y a Cerón, una semana después de la cita que concerté el presidente me comentó el encuentro con mi amigo. Nunca, me dijo, había recibido una catarata interminable de elogios como la que este le prodigó. Pero lo más sorprendente fue que, al parecer, Julio se paró en seco para indicarle: «Presidente, ahora, elógiame tú a mí».

De Cerón recuerdo cuando quisimos traerle a los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Se hacía de rogar. Quiso antes invitarnos a los promotores de su viaje y nos citó en un bar de Burdeos donde acudió a recogernos en coche. Siguió un itinerario laberíntico para que no lo descifráramos. Al avistar el castillo, vimos cómo se izaba el pendón de Castilla y sonaba la Marcha de infantes mientras bajaba el puente levadizo para que pudiéramos entrar. Nos mostró las estancias. De una de traza rectangular con las cuatro paredes encaladas y en completo vacío dijo ser la biblioteca.

En la sobremesa de la cena, informados por Elvira, su esposa, de que el ministro de Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, lo había repuesto en el escalafón diplomático, se comentó la posibilidad de que aceptara alguna embajada. Primero, la de Tirana, porque estábamos a punto de restablecer relaciones con Albania, pero fue rechazada. Entonces se trató de la embajada en Santa Sede. Cerón, católico progresista en tiempos de Pío XII, inquirió cuál sería su misión. Le dije que conchabarse con los cardenales para lograr un papa español en 1992, coincidiendo con los fastos del V Centenario, porque solo así, había dicho Anson, se atornillaría para siempre el idioma castellano en el mundo. «Eso me ofende, creí que pensabas en mí para papa», replicó.

Un día que toreaba Curro Vázquez en Las Ventas, trataba de convencerle de que viniera a la plaza diciéndole que Curro le brindaría un toro. Julio se negó a ir a menos que le brindaran los seis que iban a lidiarse.

La última vez que me llamó por teléfono indagó sobre la situación política, escuchó con atención y concluyó que iba a tomarse siete años sabáticos. Aún no habían concluido cuando nos dejó en 2014.

Todavía hubo una tercera Lección Pascual Madoz, encomendada al escritor Augusto Roa Bastos, y una cuarta, al economista Paolo Cecchini, que dio cuenta de «El coste de la no Europa». Quede su comentario, como tantas otras cosas de la Asociación de Periodistas Europeos, para otro momento y otro lugar.

La Fundación Carlos de Amberes, desde 1594

Entre los asuntos a los que he dedicado más atención, en los que he puesto mayor esfuerzo y que me han suscitado pasión más encendida se cuentan algunos por completo honoris causa, sin contrapartidas materiales, que me han dado grandes satisfacciones, aunque fueran de naturaleza incomunicable y tuvieran excluida la posibilidad de hacer alardes. Como señaló Bertrand Russell, «la noción de que las actividades deseables son aquellas que producen beneficio económico lo ha puesto todo patas arriba», mientras que hay momentos voluptuosos, no mancillados por la idea de la utilidad. Así me ha sucedido con la Fundación Carlos de Amberes, a cuya Real Diputación fui incorporado de la mano de mi padre en 1967. Para los que hayan llegado tarde, reitero que «la Carlos de Amberes» se estableció en Madrid en 1594 a partir del legado que hiciera un mercader flamenco enriquecido con el comercio de las Indias, disponiendo que se fundara un hospital donde recibieran asistencia los naturales y descendientes de las antiguas Diecisiete Provincias de Flandes.

En aquellos tiempos de los siglos XVII y XVIII, cuando Madrid era Washington, quienes venían a la corte a promover sus negocios se agrupaban conforme a su origen en instituciones asistenciales, como San Antonio de los Alemanes, San Luis de los Franceses o, en nuestro caso, San Andrés de los Flamencos. El primitivo Hospital de la Nación Flamenca tuvo su primera sede en la calle de San Marcos, junto a la plaza del Rey. Enseguida mereció el respaldo de Felipe III, quien, por Real Cédula de 11 de julio de 1609, aceptó «para Sí y los Reyes de Castilla que por tiempo fueren» el patronato de esta institución y convirtió su hospital en la Real Diputación de San Andrés de los Flamencos. A ella se incorporaron figuras relevantes de las armas y las letras. Así, los oficiales de las Reales Guardias de Corps Flamencas, reclutados entre la aristocracia de aquellos estados, y los de las Reales Guardias Valonas, que relevaron a las anteriores tras el cambio de dinastía. También los representantes de la imprenta Plantino-Moreto, uno de los cuales, Jean van Vucht, fue quien encargó a Rubens la pintura El martirio de san Andrés, patrón de Borgoña y de la Orden del Toisón, para el altar mayor del Hospital. El lienzo, que nunca ha cambiado de manos, es desde entonces una seña de identidad de la Fundación.

Ciento veintisiete años después, a la altura de 1721, aparecieron los Stuyck traídos de Amberes por Felipe V para poner en marcha la Real Fábrica de Tapices y se apuntaron a la cofradía de San Andrés de los Flamencos, a cuya continuidad han contribuido durante generaciones. Es lo que hubiéramos hecho nosotros de haber sido trasplantados en sentido opuesto, de Madrid a Amberes, si en la ciudad del Escalda hubiéramos detectado una capilla dedicada a san Isidro Labrador. Después de esplendores y precariedades, en 1848 el derrumbamiento parcial de la iglesia obligó a construir una nueva sede, ubicada en el incipiente barrio de Salamanca. El proyecto y la obra de la iglesia y hospedería estuvieron a cargo de los hermanos Agustín y Manuel Ortiz de Villajos, arquitectos muy apreciados en Madrid. Firmaron edificaciones tan significativas como el Circo Price, en la plaza del Rey, y la iglesia y Hospital del Buen Suceso, en la calle de la Princesa, posteriormente demolidas en aras de una mayor rentabilidad inmobiliaria para sus propietarios. Al fin, la nueva sede de los Flamencos quedó erigida en la calle Claudio Coello y pudo ser inaugurada el 21 de noviembre de 1877 por S. A. R. la princesa de Asturias, doña Isabel de Borbón, hermana de don Alfonso XII.

Al menos otra saga familiar, la encabezada por Francisco Silvela, presidente que fue del Consejo de Ministros en 1899 y en 1902, debe tenerse en cuenta para explicar que la Fundación haya llegado hasta nuestros días. Por ascendencia de su madre, Luisa Antonia de La Vielleuze, le vino esa afinidad, que derivó en un compromiso decisivo para mantener en pie la Fundación. De modo que la Real Diputación se sobrevivió a sí misma, aunque lo hiciera en condiciones de prolongado letargo una vez que en Flandes se puso el sol y que la evolución social desambientara sus fines originarios. De manera que, durante algunas décadas, el único rastro de actividad que subsistió fue el culto que proseguía en una capilla, cuyas dependencias anejas brindaban privilegiado alojamiento al beneficiado capellán. El Patriarca de las Indias que cuidaba esas designaciones hacía que recayeran en clérigos relevantes que, como don Santiago Monreal, habían recibido la dignidad de prelados domésticos y lucían, en prestigiosas esquelas de defunción, su calidad de directores espirituales de encumbradas personalidades, entre las que se contaba, por ejemplo, el doctor Gregorio Marañón.

Casi cien años después, a partir de 1967, la Fundación buscó incorporaciones que tuvieran algún punto de tangencia vital con las antiguas diecisiete provincias por razón de su ascendencia familiar, formación académica o trabajo profesional. Mi padre quería evitar que el deterioro del edificio hiciera que terminase en forma de cascotes y pensaba que mi dedicación periodística podría brindar alguna ayuda. Con Philippe de Schoutheete, ministro consejero de la embajada belga, imaginamos proyectos de recuperación, pero ninguna ayuda podía esperarse de Bélgica para lo que se hiciera en la España de Franco. Cuando en 1971 el Gobierno clausuró el diario Madrid sin posibilidad de encontrar trabajo aquí, me fui a Bruselas. A mi regreso en 1974, había caducado la concesión de la parcela de 5500 metros cuadrados que nos había cedido el Ministerio de Educación en el campus de la Universidad Complutense, mientras que a la sede de Claudio Coello el Ayuntamiento le había asignado el nivel de protección 1, como si se tratara de El Escorial.

En 1985 se constituyó en Bruselas una Asociación de Amigos al calor de Europalia-España que nos ayudó a levantar fondos. Dos años después, en 1987, se obtuvo la venia de Su Majestad para modificar el carácter benéfico-asistencial, de modo que pudo quedar inscrita en calidad de fundación cultural privada bajo el protectorado del Ministerio de Cultura, con el número 192, según orden de 22 de enero de 1988. Por fin, el 25 de noviembre de 1992 los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, en presencia del rey de los belgas Balduino I y de la reina Fabiola, inauguraron la sede rehabilitada y ampliada de la Fundación, según proyecto del estudio de arquitectura Solans-Briales-Del Amo, hecho realidad con fondos procedentes de entidades privadas españolas y de la Lotería Nacional Belga, así como otros aportados por el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de la Villa y el Banco de España.

Edificios que se rehabilitan hay muchos cada año, pero en buena proporción languidecen enseguida entregados a la parálisis. Por eso es aún más valioso el renacimiento que la Fundación ha logrado, pues se ha insertado en el circuito del prestigio cultural de la ciudad y ha sabido atraer el interés de ciudades e instituciones de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y la región francesa de Nord-Pas-de-Calais (hoy Hauts-de-France) con capital en Lille, que componen los territorios de las antiguas Diecisiete Provincias. Su intento es el de construir el futuro rescatando el pasado. De modo que, nacida del sueño y la fortuna de un flamenco amberino para prestar acogida hospitalaria y asistencia espiritual, desde su renacimiento la Fundación se dedica a promover las relaciones entre España y los países donde hoy se integran aquellos territorios con los que comparte el proyecto común de la Unión Europea.

Inauguración del edificio rehabilitado de la Fundación Carlos de Amberes. Durante el acto, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1992. En primera fila, de izquierda a derecha, estaban la reina Sofía, la reina Fabiola, el rey Balduino y el rey Juan Carlos.

15

Aquí y Ahora

Ni del victimato ni de la cofradía del Santo Reproche

Desde que en 1994 llegara Jesús Ceberio como director del periódico, El País decidió incorporar columnas diarias en cada una de las secciones: Internacional, Nacional, Economía, Cultura y Deportes. A ese título, sin rastro contractual alguno, mantuve desde entonces una columna los martes en las páginas de Nacional. Mi estreno como columnista semanal fue el 23 de noviembre de 1994 con una columna titulada «Corrupción y oxidación de los metales». La que se convertiría en la última apareció el 27 de octubre de 2015 con el título «Rajoy se despide de ustedes». Fueron, por tanto, veintiún años de columnas de periodicidad semanal, que pasó a quincenal en mayo de ese último año, apenas cinco meses antes de ser declarada en extinción. No recuerdo más incomparecencias que las de los meses de agosto, de modo que calculo que en el periódico se habrán publicado unas mil cien columnas con mi firma.

Una o dos semanas después del inicio de las columnas, todos los que las firmábamos fuimos invitados a comer en La Ancha, el restaurante de referencia. Fue un almuerzo muy grato, al modo de un reencuentro al comienzo de un curso escolar, que nos permitió cambiar impresiones y saber algo del periódico. Allí estaban Jesús Ceberio, Ángel Sánchez Harguindey, Javier Pradera, Patxo Unzueta, Miguel Herrero de Miñón, Javier Tussell y Emilio Lamo de Espinosa. Hubo amplio consenso en que sería bueno repetir la convocatoria al menos cada trimestre, pero nunca jamás volvió a producirse. El periódico era muy pudoroso en la manifestación de cualquier afecto. La frialdad siberiana con los colaboradores era una de sus características distintivas. Pasado el tiempo, he dado en pensar que ese modus operandi constituía también una ventaja comparativa. Facilitaba que nos abstuviéramos de practicar ejercicios de afinidad o de ensayar sintonías con la línea editorial. Así, era más difícil que nadie escribiera buscando agradar a la nomenclatura. En todo caso, reconózcase que nunca se nos instrumentalizaba como acompañamiento bajo disciplina orquestal, a la manera que sucedía en el ABC «verdadero» de Luis María Anson o en El Mundo «mundial» de Pedro José y mucho antes en el vespertino Pueblo de Emilio Romero. Los columnistas nunca fuimos el séquito, ni el cuerpo de operaciones especiales, ni la avanzadilla de zapadores que preparara los caminos del señor. Ni se nos sugirieron temas que abordar, ni se nos indicaron asuntos que eludir. Podíamos vivir en la desorientación, porque nunca supimos de efecto alguno causado por nuestros textos, pero esa carencia nos hacía más libres.

Pienso que las instituciones se hacen grandes cuando aceptan en su seno a gente crítica, cuando aceptan un cierto grado de disidencia inteligente, porque el cierre de filas suele conducir al cerrilismo y la adhesión inquebrantable, al camino de servidumbre descrito por Étienne de La Boétie, que es también de perdición. Pero estas reflexiones tienen difícil acogida, como tenía comprobado por un episodio sucedido cuando a Miguel, el mayor de mis hijos, lo expulsaron del colegio considerándole responsable de algún desorden en el aula. Llamado a capítulo por el director del British Council School, escuché sus quejas y, tratando de que lo readmitieran, expliqué que en casa siempre respaldábamos al colegio y que a Miguel, como a su hermana Andrea, les inculcábamos la necesidad de atenerse a la disciplina, imprescindible para el funcionamiento de una institución colectiva. Pero quise también señalar cómo engrandece a las instituciones su capacidad para integrar individualidades más allá de los dóciles promedios, con algún grado de rebeldía y excentricidad, que suele acompañar a quienes después a veces destacan. En aquel ambiente de reflexión me animé a poner el ejemplo de lo sucedido con el mariscal Montgomery, a quien estuvieron a punto de expulsar de la Real Academia Militar de Sandhurst por su conducta. Cuánto mejor que no lo hicieran, como pudimos comprobar en El Alamein, donde derrotó a Rommel. Esta excursión histórica agravó la situación y casi convirtió la expulsión en definitiva. En breve, que cuando en una organización se exalta como máximo valor la docilidad y se propugnan la fe del carbonero, el credo quia absurdum de Tertuliano o el «más a mi favor» de la abuela de Javier Pradera, acaban aflorando patologías degenerativas. Por eso, conviene identificar algunas arrogancias perniciosas y desactivarlas, atendiendo a la animadversión que suscitan.

La entrevista al NYT, fulminante

El caso es que, el 10 de noviembre de 2015, el diario El País decidió prescindir de la colaboración semanal que manteníamos desde el año 1994 como consecuencia de unas manifestaciones mías recogidas por el diario The New York Times en las que defendí que los grandes periódicos estaban en manos de sus acreedores, que trabajar en el diario de Prisa era el sueño de todo periodista y que en ese momento, sin embargo, había colegas que abandonaban el barco con la sensación de divisar horizontes de censura. Hablé unos cuarenta minutos con el corresponsal del NYT, Raphael Minder, quien estaba haciendo un retrato en crudo de la prensa de papel en nuestro país a partir de un informe crítico del Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés). La presentaba endeudada y sujeta a lazos empresariales que coartaban su independencia. Sentí que hubiera molestado, pero a veces estamos tan convencidos de que somos libres que actuamos como si lo fuéramos sin reparo alguno.

Cuando se habla largamente con un periodista, ya se sabe que se queda con lo más punzante, lo que estima de mayor peso noticioso. Los políticos y demás interlocutores revestidos de ingenuidad se dicen muchas veces sorprendidos en su buena fe por los periodistas e insisten en que los titulares con los que se presentan sus declaraciones prescinden de los matices, les hacen decir más de lo que deben y dan a sus declaraciones perfiles agresivos más allá de lo que hubieran querido. Reclaman al periodista porque se sienten tergiversados.

Al final todo se centra en dilucidar si lo atribuido se dijo o no, más allá de la capacidad de penetración o de pregnancia que la declaración tuviera, y en si hubo fraude para lograr potenciar su acción fulminante y suscitar mayor atención. Porque el periodista se queda con lo que puede empujar su texto hasta la primera página, que es su ambición y evita perder el tiempo. De modo que, en mi caso, no podía decir al periodista de The New York Times que me había tergiversado. Dije muchas más cosas y mucho más matizadas, pero lo que me atribuía lo dije. ¿Molestó? Sí, pero qué le iba a hacer. Lo sucedido confirmaba lo que me repite el director del informativo Hora 14 de la Cadena SER, José Antonio Marcos: «Miguel Ángel, si quieres que algo no se sepa, no lo pienses».

La decisión de interrumpir la publicación de las columnas era competencia indiscutible del director. Procuré encajarla con el mejor talante que supe. Reconocí haber hablado de forma desinhibida y ofrecí a la defensora del lector del periódico, Lola Galán, la misma versión de los hechos que repetí el 13 de noviembre de 2015 en la tribuna del Foro de la Nueva Comunicación, donde había sido invitado a presentar el proyecto del periódico semanal Ahora. Allí aclaré primero que no iba a formar parte del victimato, que dice Sánchez Ferlosio; segundo, que no me iba a apuntar a la cofradía del Santo Reproche, que canta Joaquín Sabina; y tercero, que no iba a reescribir en términos hostiles veinticinco años de trayectoria en El País, donde había experimentado muchas de mis mayores satisfacciones personales y profesionales.

«Siento defraudar, pero me resisto a ser una víctima», dije. Porque ser una víctima supone erigirse en criterio de verdad y desde la perspectiva del periódico me convertiría en un réprobo y, eso, de ninguna manera. Añadí que quería tener las mejores relaciones con la gente de El País, que me gustaría incluso ayudarles, porque pensaba que habían tomado un camino equivocado, ya que al prescindir de mi colaboración el diario abrió también hostilidades con quien hasta ese momento era su socio, The New York Times. Procedió a cancelar de inmediato el acuerdo para distribuir el suplemento semanal en castellano del NYT que encartaba los jueves. También un comunicado de la patronal del sector, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) —cuya presidencia rotatoria recaía en ese momento en José Luis Sainz, consejero delegado de Prisa, editora del diario El País—, criticó el reportaje del NYT motejándolo como «caricatura de la realidad informativa» de nuestro país. En todo caso, conforme al principio de que donde las dan las toman, el periódico dedicó una página entera a dar cuenta de los problemas del NYT, de sus debilidades económicas, de sus avatares para expandirse en Brasil o México y de la falta de independencia que puede acarrear la posición del mexicano Carlos Slim como principal accionista. Cuestión distinta es que Slim hubiera sido también, y en qué proporción, accionista de Prisa años atrás.

Sin discutir las atribuciones del director de elegir o prescindir de los colaboradores, el recurso a internet permite comprobar que, el 4 de febrero de 2013, El País rehusó publicar una columna sobre «El dinero perdido de Mariano Rajoy» que por error permaneció colgada durante unas horas en la versión digital, de forma que algunos internautas tuvieron acceso al texto y lo pudieron recuperar. El efecto de la retirada fue multiplicar el número de lectores por la atracción que despierta la excepcionalidad. También fue suprimida otra que hubiera correspondido publicar el martes 8 de marzo de 2011, supresión de la que fui advertido la víspera por la noche mediante una llamada del director, Javier Moreno. Se trata de la columna «Sin cobertura en el Congreso» que hacía referencia al presidente de la agencia EFE, Álex Grijelmo, muy pudoroso en ocultar el montante de su sueldo. También quedó sin publicar la columna «¿Desobediencia ingrávida?», enviada a Opinión y que hubiera debido aparecer el martes 10 de noviembre de 2015, el mismo día en que decidieron suprimirlas. En todo caso, dos columnas entre más de mil cien dejan el coeficiente de intolerancia por debajo del 0,002%. En las dos primeras ocasiones mencionadas el director era Javier Moreno. La tercera se suprimió dentro de una decisión más amplia de acabar de una vez.

Superpóngase a lo anterior la renuncia a emprender la reescritura de lo vivido durante veintiún años con la tinta negra de la hostilidad. Porque de eso, nada de nada.

Un cadáver exquisito

El 18 de septiembre de 2015 vio la luz el periódico semanal Ahora, del que fui presidente y editor. El empeño sumó la colaboración de algunos de los mejores que entendieron la necesidad del periodismo, a pesar de los pronósticos que aseguran su muerte y consideran que su ejercicio será asumido por los ciudadanos.

Partimos de la necesidad de mantener vigente el rol del periodismo, especialmente el impreso, de presentar una versión organizada y ponderada del alud informe de la actualidad y facilitar una visión más comprensible que la aportada por el flujo incesante de la red. También del error que supone la cultura del todo gratis, que enriquece a los agregadores que canibalizan las aportaciones originales y pauperizan a los medios que se esfuerzan en conseguirlas mientras sitúan a los periodistas como especie a extinguir.

Ahora trató de impedir que la actualidad tergiversara la realidad subyacente. Vivimos inundados de fragmentos noticiosos inconexos y muchas veces tóxicos, acuciados por la primera carencia de todas las inundaciones: la del agua potable en las riadas y la de la inteligibilidad cuando el alud es informativo. Quisimos atender a la angustia del sinsentido desorientador. Nos esforzamos en cumplir la tarea como planta potabilizadora respetuosa con los hechos para presentarlos en su integridad, sin sectarismos ni escamoteos, sin subordinaciones a los poderes, conscientes de que sin libertad no hay prensa que merezca ese nombre, y que sin prensa que cumpla sus deberes la integridad de las libertades y el juego democrático tampoco prevalecen.

El 14 de octubre de 2016 procedimos a la retirada, que siempre es la operación más difícil, más ingrata y menos reconocida tanto en el plano militar como en el político, el periodístico o el amoroso, porque, consumido el combustible acopiado procedente de energías limpias, la editora estaba incursa en causa de disolución con su patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social.

Una vez abierta la etapa post mortem, quedó el orgullo de que, si alguna vez Ahora llegara a ocupar la mesa de disección del Instituto Anatómico Forense —que a nuestros efectos son las facultades de Ciencias de la Información y las escuelas de negocios—, se le reconocería la consideración de cadáver exquisito. Entre sus logros figuraron no mezclar la crítica con el insulto; admitir que a nuestros oponentes pudiera asistirles la razón y que sus razones, aunque fueran malas, quizá eran desinteresadas; ser conscientes de que puede bastar el convencimiento de tener razón para que los partidos o los hombres cierren con violencia la boca de sus oponentes y la democracia deje de existir; considerar que la cobardía del adversario para nada disculpa que nos convirtamos en cobardes y que sus errores tampoco generan indulgencia para los nuestros.

Ni fuimos nostálgicos del papel ni profetas de su desaparición, conscientes del formato de la prensa internacional de calidad. Tratamos de ofrecer una visión ponderada en la que la actualidad no tergiversara la realidad, en defensa del periodismo de pago que solo se vende a sus lectores, favorables a la apertura de un espacio de reflexión pausada, en contraste con el vértigo de fragmentos noticiosos envenenados de sectarismo, convencidos como decía de que sin articulación del debate público las libertades se degradan.

Parafraseando al director de Combat (2006), Albert Camus, quisimos emplear la voz de la energía templada y no la del sectarismo odioso; la de la exigente objetividad y no la de la retórica altisonante; la de los injustamente tratados y no la de la mediocridad banal.

El periodista puede ayudar a la comprensión de las noticias mediante observaciones que le den su alcance exacto, dado que su origen e intención distan de ser siempre evidentes. Le incumbe el deber de la reflexión y de la escrupulosidad y, sobre todo, el de alertar el sentido crítico de su audiencia en vez de favorecer la inclinación hacia lo fácil.

El cierre fue doloroso, pero ni nos valió excusa alguna para la despedida ni se aceptaron condolencias. Fue un empeño maravilloso que había que realizar y que realizamos.

Menciones

En Cubas de la Sagra, debo mencionar a Atanasio Barrigüete, el Cano, a Pedro del Río, el Cabezón, a Manuel Bados, el Navarro, a Venancio Martín Crespo, a Santos López, a mis primos Estela y José Miguel Aguilar Aznar, Francisco, Virginia y Julio Stuyck, a Alfonso Sánchez del Río, a Quique Stuyck y a Mambi, otra Stuyck nacida en el exilio y siempre viniendo de Caracas.

También a Antonio Sacristán Colas, a Ángel Osorio y Gallardo, a los Pérez Maffei, empezando por Juan José, a los Martín Moreno, a los Montejo, a los Zabala, a los Isla. En Carranque, a Consuelo Fernández y a su hermana Antonia. En Santa Engracia, a mis hermanos, a Antonia Arroyo y a su hija Lola Pellón.

En la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense, a Maximino San Miguel de la Cámara, a Salvador Velayos, a Luis Bru, a García Santesmases, a Navarro Borrás, a Carlos Sánchez del Río, a Baltá, a Domínguez, y a compañeros como Juan Rojo Alaminos, Rosa de la Viesca, Javier Rein Duffau y Javier Solana. En Casaquemada, a Toni Hernando y a Asun.

En la Fundación Carlos de Amberes, a Miguel Satrústegui, a Fernando Checa, a Santiago Saavedra, a Francisco Silvela, a Santiago Stuyck y a Elena Alonso. En Bruselas, al que fue cónsul general Mariano Baselga, a Daniel de Busturia y a Belén Herbosch, a Joaquín Almunia y a Mila Candela, a la embajadora Cecilia Yuste, a Jaime Ojeda y a Carlos Miranda.

En Cedaceros, a Juan Oñate, a Pepi Peralta, a Carlos Luis Álvarez, Cándido, a Diego Carcedo, a José María Ridao, a Xavier Batalla, a Xavier Mas de Xaxàs, a Inmaculada Sánchez, a Felipe Sahagún, a Rafa Panadero, a Javier García, a Fernando Valenzuela, a Ángeles Bazán, a Javier Fernández Arribas, a Antonio Carrasco y a Julia Barrero. En la Asociación de la Prensa de Madrid, a César Alonso de los Ríos y a Jesús de la Serna.

En Roiz, a Toni López Lamadrid y Beatriz de Moura. En Valle de Cabuérniga, a Andrés Rábago y a Guadalupe Cosió. En Comillas, a Franqui Sert y María del Mar Arnús. En Tramalón, a los hermanos Vega y a Loli, y en Pando, a Curry. En Mazcuerras, a Susana Aldecoa e Isaac Escalante. En Gandarillas, a Javier Pradera, Natalia Rodríguez Salmones, Ana Rosa Semprún, José María Guelbenzu, Joaquín Estefanía, Ana Cañil, Monserrat Domínguez y Emilio Ontiveros. En Toñanes, a Chema Portilla, a Concha Giménez y a Ana.

En Anagrama, a Jorge Herralde y a Lali. En Harvard, a Juan Marichal y a Solita Salinas. En la puerta de los juzgados civiles y militares, a Gonzalo Rodríguez Mourullo y a Rodrigo Uría. En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a Raúl Morodo, a Santiago Roldán y a Ernest Lluch. En Varsovia, a Adam Michnik. En Kansas City, a Lorenzo Contreras. En Somosaguas, a Carlos Fernández Henestrosa y Carmen Serra y a Carmen Romero. En Cadima, al letrado Matías Cortes y a María Lavalle.

En el Servicio Geográfico del Ejército, a Lourdes Menéndez. En la calle Calas, a Miguel Muñiz y a Rosa Torres Pardo. En Alfonso XIII, a Anie. En la Quinta de Suero de Quiñones, a Claudio Aranzadi e Inés, a Miguel Aguiló y a Carmen, a Carlos Solchaga y Gloria Barba, a Tomás de la Quadra y Tere Janini. En Óvido, a José Recio y a Belén Martínez Fresneda. En Las Ventas, a Mónica Prado.

En el Bar Luz y luego en el Bar Universo, a Rafael Sánchez Ferlosio, a Demetria Chamorro, a Tomás Pollán y a Eugenio Gallego. En Consell de Cent, a María Lynch. En Granada, a Magoya Liñán y a Miguel Ríos. En la calle Larra, a Almudena Grandes y a Luis García Montero. En Kon-Tiki, a Ángel González. En La Rumbambaya, a Gabriel Celaya y Amparichu y a Pepe Caballero Bonald y a Pepa. En la librería Machado, a Miguel García. En la Florida, a Alberto Corazón y a Anichu Arambarri. Al doctor Luis Audibert. A Pili Moreno de Alborán, por aparecer en el Lobbo frente al Auditorio Nacional.

Notas

[1] Chaves Nogales, Manuel, El maestro Juan Martínez que estaba allí, Barcelona, Libros del Asteroide, 2015. <<

[2] Russell, Bertrand, Elogio de la ociosidad, Edhasa, Barcelona, 1986, p. 7. <<

[3] Grossman, Vasili, Vida y destino, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007, pp. 55-56. <<

[4] Esta breve nota se repite en la contraportada o solapa de muchos de sus libros. <<

[5] Leys, Simon, «Mentiras verdaderas. La paradoja del arte y de la literatura», La felicidad de los pececillos. Cartas desde las antípodas, Acantilado, Barcelona, 2011. <<

[6] Véanse mis libros Las últimas Cortes del franquismo (Barcelona, Avance, 1976) y Sobre las leyes de la física y la información (Barcelona, Espasa, 2009). <<

[7] Aguilar, Miguel Ángel, Las últimas Cortes del franquismo, Barcelona, Avance, 1976. <<

[8] Soler Serrano, Joaquín, e Irurozqui, José Antonio, Girón. Entre el ayer y el mañana, Barcelona, Jaime Solá, 1973. <<

[9] Redondo, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, 2 vols., Rialp, Madrid, 1993. <<

[10] Busquets Bragulat, Julio, El militar de carrera en España. Estudio de sociología militar, Barcelona, Ariel, 1967. <<

[11] Fonseca, Carlos, Mañana cuando me maten. Las últimas ejecuciones del franquismo. 27 de septiembre de 1975, Madrid, La Esfera de los Libros, 2015. <<

[12] López Rodó, Laureano, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, Noguer, 1977. <<

[13] Estapé, Fabián, De tots colors. Memòries, Edicions 62, Barcelona, 2000. <<

[14] Neruda, Pablo, España en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en la guerra, Santiago de Chile, Ercilla, 1936-1937. <<

[15] Pla, Josep, Madrid, el advenimiento de la República, Madrid, Alianza, 1986. <<

[16] Pozuelo Escudero, Vicente, Los últimos 476 días de Franco, Barcelona, Planeta, 1980. <<

[17] Cerecedo, Francisco, Figuras de la Fiesta Nacional, Madrid, Sedmay, 1977. <<

[18] Canetti, Elias, La provincia del hombre. Carnet de notas 1942-1972, trad. de Eustaquio Barjau, Madrid, Taurus, 1982. <<

[19] González, Ángel, Áspero mundo, Madrid, Rialp, 1956. <<

[20] Aguilar, Miguel Ángel, Las últimas Cortes del franquismo, Barcelona, Avance, 1976. <<

[21] Maravall, José María, La política de la transición 1975-1980, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. <<

[22] Oneto, José, «En el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas», Tiempo, 23 de junio de 2017. <<

[23] Grandes, Almudena, Inés y la alegría (Episodios de una guerra interminable I), Barcelona, Tusquets, 2010. <<

[24] Aguilar, Miguel Ángel, El vértigo de la prensa, Barcelona, Mezquita, 1982. <<

[25] Arias, Inocencio F., y Celada, Eva, La trastienda de la diplomacia. De Eva Perón a Barack Obama, 25 encuentros que cambiaron nuestra historia, Barcelona, Plaza y Janés, 2010. <<

[26] Se entiende por «cláusula de conciencia» el derecho que asiste al periodista de solicitar la rescisión de su contrato cuando se produzca un cambio de línea editorial percibiendo una indemnización como la del despido improcedente (Ley Orgánica 2/1997 de 19 de junio). <<

[27] Busquets, Julio, et al., El golpe. Anatomía y claves del asalto al Congreso, Barcelona, Ariel, 1981. <<

[28] Cabañero, Eladio, Marisa Sabia y otros poemas, Gráficas Halar, Madrid, 1963. p. 13. <<

[29] Azaña, Manuel, Obras completas, Giner, Madrid, 1990, vol. II, p. 96. <<

[30] Sánchez Ferlosio, Rafael, Campo de Marte 1: El ejército nacional, Madrid, Alianza, 1986. <<

[31] «Soneto teológico I», en el prólogo a la segunda edición de García Calvo, Agustín, Sermón de ser y no ser, Madrid, Visor, 1973. <<

[32] Jouannais, Jean-Yves, El uso de las ruinas, Barcelona, Acantilado, 2017. <<

[33] Pemán, José María, Mis almuerzos con gente importante, Barcelona, Dopesa, 1970. <<

[34] Cercas, Javier, Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009. <<

[35] «Los héroes del repliegue: Esbozo para una moral política del desmantelamiento», en Enzensberger, Hans Magnus, Zigzag, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 55-62. <<

[36] Tavares, Gonçalo M., Un hombre: Klaus Klump, Barcelona, Mondadori, 2006. <<

[37] Palomares, Alfonso S., Siempre llega la noche. Momentos estelares de medio siglo de periodismo, Barcelona, Ediciones B, 2014. <<

[38] Bobillo de la Peña, Francisco J., Nacionalismo e himnos políticos. El sonajero de los pueblos. Himnos oficiales de las Comunidades Autónomas españolas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013 (2.ª ed.). <<

[39] Lec, Stanisław Jerzy, Pensamientos despeinados, Barcelona, Península, 1997. <<

[40] Caballero Bonald, José Manuel, Manual de infractores, Barcelona, Seix Barral, 2005. <<

[41] Aguilar, Miguel Ángel, ¿Pero qué broma es esta? Telegramas urgentes para el fin de una era (2008-2016), Madrid, Círculo de Tiza, 2016. <<

[42] Álvarez, Carlos Luis, «El primer recuerdo», en AA. VV., Por Europa y las libertades. Veinte años de la Asociación de Periodistas Europeos, Madrid, APE, 2002, p. 10. <<

[43] Carrère d’Encausse, Hélène, L’Empire éclaté, París, Flammarion, 1978. <<