Juan March nació en 1880 en una familia de comerciantes de un pueblo de Mallorca. Cuando murió en 1962 era uno de los hombres más ricos del mundo. Su vertiginoso enriquecimiento le hizo estar desde muy pronto en boca de jueces, políticos y periodistas. Su posterior salto a la política le sometió al escrutinio público de manera ya irremediable. Se presentó como un «hijo del pueblo», hecho a sí mismo, ejemplo de un capitalismo moderno frente a las clases tradicionales. Rompió moldes, fue acusado de contrabando ante los tribunales y de delitos de sangre entre sus convecinos. Fue perseguido por la Dictadura de Primo de Rivera y también por la República, que lo encarceló. Financió a los militares sublevados en julio de 1936, conspiró luego desde Lisboa con los monárquicos y defendió la aproximación a Gran Bretaña. Su último gran negocio, la quiebra y adquisición de la Barcelona Traction, recibió el amparo del Tesoro británico y el apoyo del ministro Juan Antonio Suanzes. En 1955 creó la Fundación que lleva su nombre, a la que dotó con 2.000 millones de pesetas para la defensa de la cultura y la ciencia españolas. Aunque su trayectoria ha recibido más atención que la de otros hombres de negocios en este país, su vida —como escribió a su muerte Josep Pla— sigue siendo una leyenda.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Juan March (1880-1962)

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Titivillus 19.09.18

Título original: Juan March (1880-1962)

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, 2011

Editor digital: Titivillus

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Presentación

Cuando Jean Strouse tenía a medias el borrador de su monumental biografía del financiero americano Pierpont Morgan pensó que no iba a funcionar. Desde que comenzó su tarea le habían parecido más convincentes los argumentos de los detractores de Morgan que los de sus defensores. Morgan fue uno de aquellos capitalistas, de aquellos capitanes de industria norteamericanos, constructores de ferrocarriles, fundadores de las grandes acerías, de las industrias eléctricas y de las compañías petrolíferas, y creadores de bancos. Tras la guerra civil americana, en lo que Mark Twain llamó la «Gilded Age», protagonizaron la transformación de una sociedad agraria y mercantil en una economía de grandes industrias y producción en masa, pusieron en pie gigantescos monopolios rompiendo las leyes del mercado, se hicieron con el control del poder económico y corrompieron el poder político. De su mano se hizo evidente la creciente desigualdad social y de riqueza que aquella cultura empresarial, individualista y competitiva producía. Su acción filantrópica no les salvó de las críticas[1].

Décadas más tarde, cuando la economía americana se vio sacudida por la Gran Depresión, Matthew Josephson los bautizó como robber barons. Así había llamado el New York Times en 1852 al comodoro Vanderbilt, el «rey» del ferrocarril, el primero quizás de aquellos grandes emprendedores. El periódico neoyorquino le colocó aquel apelativo con el que se conocía a los barones medievales que cobraban un peaje por cruzar el Rin. Vanderbilt había abierto la ruta desde Nueva York a California atravesando Nicaragua, cruzando la selva y pilotando un barco por los rápidos del río San Juan, para crear después una compañía de transporte a vapor. Desde sus primeros duelos y peleas hasta el proceso judicial a que fue sometido su testamento por parte de sus herederos en 1877, su vida se convirtió en fuente de anécdotas y comentarios, como las del resto de aquellos capitanes de empresa, pero también de biografías, más populistas y escandalosas unas, exhaustivas y analíticas otras[2].

Algunos de aquellos barones salieron al paso de los comentarios. Lo hizo Andrew Carnegie, el gran empresario del acero, justificando la iniciativa individual y la competencia, así como las leyes que llevaban a la concentración de riqueza en manos de quienes eran capaces de producirla. Fue contundente al hablar y al escribir, y consecuente con su convicción de que los más ricos tenían la obligación de devolver en vida a la sociedad parte de su fortuna mediante la acción filantrópica. Fue consejero de presidentes y ministros, trabajó por la paz, escribió artículos que tuvieron gran impacto en la opinión y las notas que había ido acumulando sobre sus propias experiencias se publicaron como autobiografía en 1920, al año siguiente de su muerte.

John D. Rockefeller fue otro de aquellos capitanes de industria sobre quien más tinta vertió la prensa en el paso del siglo XIX al XX, mientras la Standard Oil se hacía con el monopolio de la industria petrolífera hasta ser juzgada por incumplimiento de la legislación anti-trust. Menos dado a opinar en público, Rockefeller decidió, sin embargo, publicar una autobiografía para contrarrestar el impacto que en la opinión popular tenían las denuncias de la periodista y escritora Ida Tarbell. A partir de 1917, a petición de su hijo, que quería liberar su nombre de la controversia, todas las mañanas y durante muchas horas respondió a las preguntas de quien la familia había decidido que fuera su biógrafo, William O. Higgins. Como Carnegie, también él se volcó durante sus últimos años en las actividades filantrópicas[3].

También fueron los hijos de Andrew Mellon quienes quisieron que se escribiera la biografía de su padre, pese a que nunca fueron buenas sus relaciones. Mellon, el banquero que impulsó la industrialización de Pensilvania, republicano y controvertido secretario del Tesoro estadounidense, cuyas empresas fueron llevadas a los tribunales por prácticas monopolistas en más de una ocasión y él mismo llevado a juicio por problemas fiscales, legó su inigualable colección de arte al pueblo americano poco antes de su muerte, en 1937. La biografía que encargaron sus hijos al premio Pulitzer Burton H. Hendrick, que ya había escrito la de Andrew Carnegie, nunca vio la luz. Pusieron a su disposición los libros de correspondencia y muchos otros materiales, pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial desaconsejó la publicación. Luego quedó obsoleta y sólo recientemente el historiador británico David Cannadine recibió de nuevo el encargo, que esta vez se cumplió[4].

Los «tycoons» norteamericanos no se libraron de las críticas, pero algunos salieron personalmente a la palestra y muchos legaron instituciones culturales y científicas que contribuyeron de manera decisiva a la prosperidad de su país. Dejaron, además, voluminosos archivos privados y abundante correspondencia que han permitido a los historiadores acercarse una y otra vez a sus biografías, ayudando así a un mejor conocimiento de la gran transformación de la economía y la sociedad norteamericanas.

Si de Estados Unidos nos trasladamos a Europa, el período que ha centrado la atención y la polémica sobre los grandes empresarios y banqueros han sido los turbulentos años de entreguerras y la actitud empresarial ante el surgimiento y la expansión de los regímenes autoritarios y totalitarios, sobre todo en Alemania. Las preguntas surgieron ya en los procesos de Nuremberg, donde veintitrés directivos y propietarios de grandes empresas —entre ellas IG Farben, Flick y Krupp— fueron juzgados por crímenes contra la paz, la humanidad y los derechos de propiedad; trece fueron condenados a distintas penas. Las comparecencias e interrogatorios, las más de 16.000 páginas de trascripción de los juicios y el archivo que los grandes industriales movilizaron para su defensa se convirtieron más tarde en una fuente inapreciable, aunque de compleja utilización, para los historiadores. Los propios industriales alemanes pusieron todo su empeño en distanciarse de la connivencia con el ascenso del nazismo y, sobre todo, con la utilización de mano de obra forzosa en los países ocupados. Una vez cerrados los procesos e iniciada la Guerra Fría diseñaron una nueva imagen del empresario —der Unternehmer— como protagonista del renacimiento económico y cultural de la sociedad alemana. En las décadas siguientes, algunas grandes empresas industriales y entidades financieras promovieron la investigación de su propia trayectoria y contrataron historiadores de prestigio para ello. Se abrieron archivos, se multiplicaron las publicaciones, y se mantuvo viva la polémica que incluyó la de la responsabilidad ética de quienes aceptaron el encargo[5].

Al calor del cincuentenario del final de la Segunda Guerra Mundial, la presión de quienes padecieron la persecución y el Holocausto, especialmente de las organizaciones judías, amplió la dimensión de la polémica y desbordó las fronteras de Alemania. Adquirió nuevos ímpetus el interés por los comportamientos empresariales también en los países ocupados y en los neutrales, y se desarrolló una abundante bibliografía, en ocasiones ligada a la revisión de las interpretaciones más tópicas y patrióticas de la resistencia al fascismo. Lo que hasta entonces se había mantenido en un ámbito académico con puntuales estallidos en los medios de comunicación, se convirtió también en problema de Gobiernos. La asociación de la banca y el Gobierno suizos, por un lado, y, por otro, la Administración demócrata norteamericana del presidente Clinton pusieron en marcha comités internacionales de expertos para el estudio de las responsabilidades de empresas y bancos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. La Comisión Bergier y el Comité Volcker sacaron a la luz una abundantísima documentación que dio pie a informes voluminosos[6].

En España no hemos tenido debates similares. Las historias empresariales o las biografías de los empresarios y hombres de negocios han sido escasas hasta hace relativamente poco tiempo. Dicho con trazo grueso, desde la historia social y política hubo que vencer los tópicos derivados del «fracaso de la revolución burguesa» en el siglo XIX para adentrarse de manera más ajustada en las actitudes de propietarios, empresarios y patronos. Las primeras aproximaciones tuvieron que ver con momentos críticos de nuestra historia, los que precedieron a las dos dictaduras de nuestro siglo XX, el período de entreguerras, enlazando así con lo que venía ocupando a la historiografía europea, pese a las peculiaridades de la historia española. Desde la historia económica y empresarial hizo falta abandonar, o al menos matizar, la idea de «fracaso» al hablar de la revolución industrial en España para que se suscitara el interés por la historia empresarial. Surgieron entonces las preguntas sobre las razones de la escasez de empresarios españoles en el siglo XIX y de su tendencia a buscar la protección del Estado y a huir de la competencia, así como su mayor abundancia en el siglo XX y su contribución al despegue y después a la modernización del país. Hoy disponemos de algunas excelentes biografías e historias de empresas. No ha sido fácil porque, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos o en algunos países europeos, aquí no ha habido escritos personales ni autobiografías; tampoco archivos privados, salvo excepciones contadas y muy de agradecer. Sí ha habido, aunque no tantos, archivos de empresas y de bancos, resultado del empeño de algunos por recuperar la historia. Pero esas historias parecen no estar integradas en el relato histórico general de nuestros siglos XIX y XX[7].

Sin duda, de entre los hombres de negocios españoles, Juan March Ordinas ha recibido mucha más atención que ningún otro, aunque haya sido muchas veces más sensacionalista que académica. Eugenio Torres, en un breve pero muy completo apunte, ha escrito que la vida de Juan March, pese a ser «el empresario español más importante del siglo XX, se halla instalada, todavía hoy, en el terreno de la leyenda más que en el de la investigación histórica rigurosa»[8].

Esto ha sido así por varias razones. Unas tienen que ver con su trayectoria vital. Nació en 1880 en una familia de comerciantes de un pueblo de Mallorca, Santa Margarita, y terminó convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, con casas en Madrid y en Palma, y residencia legal en Ginebra. Era capaz de mover, en horas, la banca de Gran Bretaña y de Estados Unidos juntas, comentó asombrado Juan Antonio Suanzes, ministro de Industria a finales de los años cuarenta. De ese imparable enriquecimiento tuvieron noticias sus contemporáneos porque March estuvo desde muy pronto en boca de jueces y políticos, que fueron los primeros en pergeñar la leyenda. Pero, además, él mismo decidió dar el salto a la política convirtiéndose en 1923 en diputado y sometiéndose así, inevitablemente, al escrutinio público. No sólo eso sino que, por distintas razones, se ganó ya en los años veinte la enemistad de dos grandes políticos de la época, el conservador Antonio Maura y el regionalista catalán Francesc Cambó. Repitió escaño en 1931 y su procesamiento por la comisión de responsabilidades de las Cortes Constituyentes republicanas se convirtió en una fuente inagotable de escándalos hasta que dio con sus huesos en la cárcel. La prensa republicana le convirtió durante la guerra civil en el «banquero de la rebelión», rematando su polémica imagen. Su fama fue, como dijo el escritor Ernesto Giménez Caballero, la más «diabólica» en una España que nunca supo bien lo que era el dinero[9].

El nombre de Juan March estuvo asociado, y lo sigue estando, a cifras millonarias obtenidas con malas artes y utilizadas sin escrúpulos. En 1979, la revista New Yorker le dedicó un largo artículo bajo el título de «Privateer», un término que podríamos traducir por «corsario». Se hacía eco el autor, John Brooks, del calificativo que más éxito había tenido al hablar de Juan March, el de «pirata», para puntualizar la diferencia entre uno y otro. Piratas habrían sido en el Mediterráneo durante los siglos XVI, XVII y XVIII aquellos musulmanes que surcaron sus aguas abordo de sus barcos desde el norte de África, y a los que los Gobiernos europeos prefirieron muchas veces pagar en lugar de intentar acabar con ellos. «Privateers» fueron los que recibieron formalmente el permiso y el encargo de saquear en beneficio propio, pero también de los Gobiernos, los barcos de las naciones enemigas. Es decir, los que tenían patente de corso, un documento firmado y sellado por monarcas o gobernadores de las ciudades que les concedía ciertos derechos para fondear en puertos y avituallarse, para ser incluso considerados miembros de las marinas reales o, todavía más, para librarse de ser colgados del palo mayor en caso de ser apresados. Las patentes de corso fueron prohibidas en 1856 en el tratado de París que puso fin a la guerra de Crimea[10].

Es sugerente la distinción entre pirata y corsario si bien, como el propio Brooks reconoce, no podría aplicarse con todo rigor a Juan March. Su relación con los Gobiernos, con los españoles en primer lugar pero también con los de otros países, fue determinante en sus negocios. Es cierto que obtuvo patente de corso en más de una ocasión, aunque nunca firmada ni sellada en un papel, pero también lo es que fue perseguido y encarcelado. Fue un ejemplo de capitalismo «depredador» a la americana, añade Brooks, un robber baron con un toque de genio financiero, que actuó en un país atrasado sin temor a enfrentarse con los mayores hombres de negocios de las grandes naciones. Tenía paciencia y nervio, ingenio en la negociación, una cruda maestría en el soborno y una prodigiosa adaptabilidad política. March consideraba natural la corrupción y la utilizaba despreocupada y abiertamente. A lo largo de cincuenta años, se decía en New Yorker, su sello personal pudo percibirse en todas sus actuaciones, aunque su nombre no apareciera explícitamente o se conociera cuando todo estaba ya en marcha.

Ésta es otra de las razones que alimentaron la leyenda: no ha habido ninguna fuente de información consistente que contraponer a ella. No es fácil acercarse a la actividad empresarial y a los negocios de Juan March porque actuó con mucha frecuencia a través de agentes que representaban sus intereses, desplegando sus actividades en silencio e impidiendo que quedaran testimonios escritos. Al menos hasta los años veinte presumió de su capacidad para romper moldes y vencer la resistencia de las clases más tradicionales y acomodaticias, presentándose como ejemplo de un capitalismo nuevo, moderno, que no debía nada a nadie. Prestó dinero a los aristócratas mallorquines y se quedó con sus tierras, denunció el discurso patriótico de los notables, buscó el apoyo y los votos de las clases populares y obreras sin renunciar a las prácticas clientelares. Sufrió el desprecio de quienes le consideraron un nuevo rico que no sabía coger los cubiertos en la mesa y carecía de educación, por un lado y, por otro, padeció el estigma de haber acumulado su fortuna con el contrabando, de haber comprado jueces y electores, de haberse beneficiado de los favores del poder político a cambio de dinero. Salió indemne de los procesos judiciales que se le abrieron, los más persistentes en los primeros años de la Dictadura de Primo de Rivera, pero no pudo vencer el gran procesamiento político de la República. La última vez que se oyó su voz para defenderse fue desde su escaño como diputado en las Constituyentes, en noviembre de 1931. Luego hablaron por él sus abogados y la prensa. Nadie le creyó. Nunca más volvió a hablar en público y su habitual empeño en borrar sus huellas condujo a una ausencia casi absoluta de información sobre sus actuaciones como empresario y financiero. Ni papeles privados, ni escritos personales, ni archivo.

Un enorme silencio que contribuyó a alimentar la leyenda acuñada en los años treinta. Fue entonces cuando Manuel Domínguez Benavides publicó su libro, El último pirata del Mediterráneo, como le había llamado Cambó. Aunque los protagonistas aparecían camuflados bajo seudónimos, a nadie se le escapó de quién se trataba. Se dijo que Juan March hizo todo lo posible por comprar las sucesivas ediciones para destruirlas, pero se quedó para siempre con el calificativo de «último pirata». Lo había usado él para referirse a sí mismo, pero otra cosa era el uso que ahora se le daba. Benavides, un periodista gallego y socialista, bebió de las memorias de Francisco Bastos, director gerente de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Tabacos entre 1922 y 1925. En esos tres años, mandatado por Francesc Cambó, entonces ministro de Hacienda, se enfrentó al contrabando de tabaco y Juan March no cejó hasta conseguir su salida de la Arrendataria. Enfermo y ávido de justicia, Bastos escribió sus memorias y Benavides ahondó sin piedad en su pasado y en sus relaciones políticas.

El libro se publicó el mismo año que el de Matthew Josephson sobre los robber barons norteamericanos, pero Benavides se encargó de marcar las diferencias entre el mallorquín y los grandes capitanes del otro lado del Atlántico. Lo de March era «habilidad» para los negocios. Nunca había tratado de organizar industrias, ni de poner en marcha aquellos «siniestros ejércitos de obreros» que, dirigidos por Ford o por Rockefeller, se machacaban los huesos y se rompían los nervios como eslabones de una cadena industrial. Los méritos de March eran, por el contrario, «los de un traficante sin probidad que especula sobre un Estado débil con servidores fácilmente sobornables y caza las liebres del dinero en cotos que no parecen lícitos ni aun en los medios financieros más turbios…»[11].

Juan March murió en 1962. A mediados de los años setenta, el libro de Benavides se reeditó en México y en los años siguientes se publicaron otras dos biografías de Juan March, esta vez completas porque llegaban hasta el final de sus días, la de Ramón Garriga Alemany, Juan March y su tiempo (Barcelona, Planeta, 1976), y la de Bernardo Díaz Nosty, La irresistible ascensión de Juan March (Madrid, Sedmay, 1977). Una década más tarde, con la aportación novedosa de los fondos de archivos británicos, Arturo Dixon publicó Señor monopolio. La asombrosa vida de Juan March (Barcelona, Planeta 1985). Desde su isla natal, Mallorca, ha llegado recientemente la última biografía: Juan March. El hombre más misterioso del mundo, del historiador Pere Ferrer Guasp, que cierra y compila con ella sus dos libros anteriores, Joan March. Els inicis d’un imperi financer (Mallorca, Edicions Cort, 2000, con traducción al castellano en 2001 con el título Juan March. Los inicios de un imperio financiero) y Joan March, la cara oculta del poder 1931-1945 (segona part) (Mallorca, Edicions Cort, 2004). Además de los estudios biográficos, en la abundante bibliografía sobre la guerra civil española las referencias a Juan March son innumerables, y también es un ingrediente imprescindible en toda la publicística que en los últimos años ha versado sobre las connivencias, más oscuras que transparentes, entre el poder económico y el poder político. No han faltado incursiones en la saga familiar, la última de ellas, Los March. La fortuna silenciosa, del periodista Esteban Urreiztieta (Madrid, La Esfera de los Libros, 2008).

Silencio. Misterio. Asombro. Irresistible ascensión. No es fácil escribir sobre Juan March porque no es fácil encontrar novedades destacables en las fuentes, más allá de las utilizadas hasta ahora por sus biógrafos. En el retrato que Josep Pla hizo de él, señaló que la leyenda aumentaba en la medida en que uno se alejaba de su isla natal y que, por tanto, era imprescindible volver a las Baleares para hallar «noticias auténticas». Es muy probable que haya que insistir en sus primeros años, en las útiles enseñanzas que le brindaron las actividades comerciales de su familia y el eficaz aprovechamiento que hizo de las relaciones que por entonces estableció. Eso requeriría un mejor conocimiento de la economía y la sociedad mallorquina de la época. Por este motivo es encomiable el esfuerzo de recogida de material que ha hecho uno de sus descendientes, Miguel Monjo Estelrich. Junto a otros materiales, ha incorporado a su colección muchas de las fuentes que pueden hallarse en la isla, como el archivo de la familia Qués depositado en el Ayuntamiento de Alcudia o el de Gabriel Alomar del Archivo del Consell de Mallorca. Fue él quien descubrió en la casa de Santa Margarita los primeros libros de la sociedad familiar, que corroboran la dedicación al comercio y también al contrabando, puesto que allí aparecen los pagos hechos a la Guardia Civil y a los Carabineros. Confirman también la aceptación social de aquella actividad, de la que se dejaba constancia sin más en los apuntes de la contabilidad. Como escribió Josep Pla, en el litoral mediterráneo algunas de las actividades de Juan March fueron consideradas naturales porque, cuando en un país hay un monopolio, es perfectamente plausible que surja alguien que intente burlarlo[12].

Fue también Miguel Monjo quien localizó y se hizo con el archivo de Juan Carreras Nadal, el que fue director de la fábrica de tabaco que March tenía en Orán. Lo que allí aparece, junto con la gran cantidad de materiales que la Compañía Arrendataria de Tabacos fue acumulando contra él en los sucesivos procesos a que fue sometido, permite hilar más fino en el funcionamiento de aquella actividad que tan lucrativa le resultó. En el archivo de Juan Carreras hay un buen número de cartas y telegramas escritos por March, cosa poco frecuente. Siempre negó la autoría de las que aparecieron en las numerosas diligencias judiciales que salpicaron su vida. Esos procesos son una de las fuentes esenciales de este libro. Reúnen cientos de páginas en las que hay numerosos informes, dossieres, declaraciones y escritos en los juicios que le llevaron ante los tribunales, desde 1909, el primero de los que tenemos noticia, hasta el largo y tortuoso procesamiento, político en este caso, de las Cortes republicanas. Es un material imprescindible, conservado en el Archivo Histórico Nacional, que se completa con el que se guarda en el del Congreso de los Diputados sobre la comisión de responsabilidades.

Imprescindible es, también, el archivo de Juan Antonio Suanzes, que, junto con el Archivo Histórico del Banco de España y el del Ministerio de Asuntos Exteriores, permite seguir con detalle el último gran empeño de Juan March, el que le permitió hacerse con la compañía eléctrica Barcelona Traction, la mítica Canadiense, entre 1948 y 1952. Este libro se abre con aquel primer proceso ante los tribunales en Mallorca, en 1909, y casi se cierra con el asunto de la Barcelona Traction. Las incomparables dimensiones de uno y otro permiten hacerse una idea de la distancia recorrida por aquel joven contrabandista, Juan March, alias el Verga, como se le conocía entonces en su isla natal, hasta convertirse en el financiero afincado entre la City londinense y la banca de Ginebra, capaz de doblegar a una de las mayores multinacionales de la industria eléctrica con intereses en Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Bélgica.

De la leyenda forma parte la seguridad de que March multiplicó su fortuna durante las dos guerras mundiales, comerciando con unos y con otros. También que sin su dinero no habría sido posible la sublevación militar de julio de 1936. Hizo negocios con los aliados y también con los alemanes, pero resulta claro que sus relaciones y sus connivencias más estrechas estuvieron con los británicos. Por razones económicas, sin duda, pero también por convicción: no podía comulgar con el nazismo y estaba convencido de que el futuro de España pasaba por estar lo más cerca posible de Gran Bretaña. Así se lo dijo tras una larga conversación en la primavera de 1944 al embajador inglés en España, sir Samuel Hoare. Es cierto que contribuyó de manera decisiva a la sublevación militar de julio de 1936. ¿Con cuánto dinero? A Hoare le dijo que veinte millones de pesetas y un crédito por otros cinco, en libras. Puede ser. Era una cantidad considerable, aunque algunos han arriesgado a cifrarla en mucho más. Los avatares del crédito que avaló en libras pueden seguirse en el Archivo del Banco de España y en el del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo hizo a través del Kleinwort Bank de Londres, del que era uno de los principales clientes. El Kleinwort, junto a la Banca de Italia, fue pieza clave en el movimiento de oro y divisas requisados por el Gobierno de Burgos, así como para la adquisición de material bélico para los sublevados. Tenemos noticias sueltas suficientes para asegurar la participación de Juan March, pero no para cuantificarla. Hay, por ejemplo, dos depósitos de oro realizados a comienzos de septiembre de 1936 de los que no queda rastro ni en el archivo del Kleinwort ni en el de la Banca de Italia. Pero sí tenemos suficientes datos como para aventurar que Juan March apostó por un triunfo inmediato de la sublevación y se desesperó al contemplar que se convertía en una larga guerra civil. Sus relaciones con el régimen franquista en los primeros años cuarenta no fueron fáciles. Decidió trasladarse, primero, a Lisboa y, en 1947, fijó su residencia legal en Ginebra, aunque vivía entre la ciudad suiza, Madrid y Palma de Mallorca[13].

La información disponible no se agota en los archivos citados. Encontramos noticias de Juan March desperdigadas por otros muchos. La prensa, cuya importancia supo apreciar el mallorquín y por eso fundó o financió varios periódicos, es en algunos momentos determinante como fuente para entender su imagen pública, pero poco más. Fue especialmente pródiga en los escándalos y muy eficaz para alimentar aquella leyenda que aumentaba en sus dimensiones según se alejaba de su isla. Pla colaboró en el periódico que Juan March lanzó en Mallorca, El Día. Fue en 1922, cuando March tenía cuarenta y dos años, una importante fortuna y una cierta relevancia pública, aunque ni de lejos la que llegaría a tener. Le conoció al aire libre, en una tertulia peripatética que algunos amigos tenían antes de comer en la plaza de Cort, en la acera del palacio del Ayuntamiento de Palma. Los amigos eran generalmente comerciantes que pasaban a aquella hora por allí, a los que solía agregarse algún periodista y el pintor Gelabert, que tenía una peluquería en la misma plaza y que, entre servicio y servicio, salía a dar cuatro pasos. March vestía siempre de oscuro. En cierta manera, escribió Pla, parecía un intelectual, no un comerciante; sólo piel y huesos, flaco y curvilíneo, seco y un poco cargado de espaldas, como si estuviera siempre de perfil, pálido, de frente amplia, cráneo importante y calvo, cabeza alargada, con el sombrero siempre inclinado hacia la nuca, unas gafas sobre su nariz, porque era muy miope, y detrás unos ojos llenos de vida, prodigiosamente intencionados. Fumaba siempre un habano, cuya ceniza desprendía con el dedo meñique, en un gesto nervioso. Hablaba un mallorquín delicioso, dialectal y popular, difícil de seguir. En castellano resultaba «horripilante», fibroso y áspero, de léxico muy pobre. Resultaba más ligado cuando hablaba en francés[14].

Pla tuvo con él grandes discusiones. La dialéctica y la tendencia al sarcasmo del ampurdanés hicieron saltar muchas veces de su asiento a Juan March en los salones del Hotel Palace de Madrid, lugar de encuentro de políticos y hombres de negocios. «¿Cómo quiere usted entender de política?», le dijo en una ocasión con un gran puro temblándole en la boca. «¿Cómo quiere usted entender de política si no tiene un céntimo?». Luego, las relaciones entre ambos se enfriaron[15].

También trató a Juan March el escritor Ernesto Giménez Caballero. Le conoció en 1931, tras la caída de la Monarquía y antes de la proclamación de la República. Ambos coincidían en la sede del periódico Informaciones, en el que el escritor colaboraba y del que era entonces propietario Juan March. El saludo del mallorquín, siempre con los pulgares en los bolsillos de los pantalones, el puro mordido y apagado en la boca, era a diario: «¡Noticias, noticias!». Fue una de las claves de sus éxitos: tener todas las noticias, toda la información, antes que nadie y, a ser posible, la que nadie conocía o nadie confesaba. Eso, y el dinero. Confiaba demasiado en el dinero, y nunca pensó que aquel «poderoso caballero» pudiera fallarle, pensó Giménez Caballero cuando le vio dar con sus huesos en la cárcel.

No hay muchas fotografías publicadas de Juan March y abundan más las de sus últimos años. En los años treinta, su paso por la cárcel y su fuga posterior le llevaron a ocupar las primeras planas en los periódicos y la prensa humorística —por ejemplo, Gracia y Justicia— le caricaturizó en varias ocasiones. Tenemos dos importantes representaciones suyas posteriores. Un retrato pintado por Ignacio Zuloaga en 1941 y una escultura en bronce de Pablo Serrano de 1974, realizada después de su muerte. En el retrato de Zuloaga, con un suave paisaje al fondo, Juan March aparece sentado, con su puro en la mano derecha, reclinado sobre el respaldo, la cabeza hacia el cielo con los ojos velados por sus gafas, y un cierto porte aristocrático. La escultura, que puede verse al entrar en la sede de la Fundación que creó en los años cincuenta, es casi antagónica: también sentado, pero con las manos agarradas a los brazos del sillón, Juan March aparece inclinado hacia delante, cóncavo el pecho, inquietante, casi como una gárgola. La Fundación Juan March fue su última gran actuación. Una Fundación sin comparación posible en la España de la época, a la que dotó con dos mil millones de pesetas y con la que quiso contribuir al desarrollo cultural y científico del país, abriendo las fronteras. Una Fundación por cuya creación March fue calificado de «ilustre filántropo» y equiparado a Carnegie y Rockefeller, e incluso a Alfred Nobel.

Juan March no fue sólo hábil en sus negocios, con los que hizo una enorme fortuna, sino que creó riqueza. Compró tierras, pero su objetivo no fue emular los comportamientos tradicionales y convertirse en un gran terrateniente. Sumó fincas en propiedad repartidas por todo el territorio y construyó casas, pero el negocio era comprar y vender, mover propiedades. No fue un hombre ligado a una sola gran empresa o a un único sector de la economía, y se aventuró en todos los que despuntaban: el comercio internacional, las compañías navieras, la banca, la industria eléctrica y química, y el petróleo. Era el futuro, como decía cuando criticaba la pasividad de las fuerzas vivas de su isla. Fueron sectores económicos que tuvieron estrecha relación con el Estado y, por tanto, con decisiones políticas. Hizo todo lo posible porque le fueran favorables pero, contra lo que se dijo, no buscó los monopolios del Estado. El único por el que dio la batalla fue el del tabaco en Ceuta y Melilla y en el Marruecos español, porque con eso aseguraba su negocio. No quiso hacerse con la Compañía Arrendataria; tampoco con el monopolio del petróleo cuando la dictadura de Primo de Rivera lo creó. No le gustaban los asuntos sometidos estrechamente a la tutela del Estado, y ése era el caso de ambos.

Hizo y recibió favores, pero mantuvo su independencia. También en sus relaciones con los políticos. Conoció y trató con todos. Le persiguió Primo de Rivera, que acabó convirtiéndose en su gran defensor, pero no rompió sus contactos con los políticos a los que el dictador atacó y menospreció. No huyó cuando se proclamó la República a pesar de las querellas que se abrieron contra él y, estando en París, volvió a Madrid cuando la comisión de responsabilidades pidió el suplicatorio a las Cortes Constituyentes para proceder contra él. Ante esas Cortes presumió de sus «ideales de izquierda» y de ser un «hijo del pueblo», y no se privó de contar que el comité revolucionario le había pedido dinero para financiar la llegada de la República. Pero no olvidó los diecisiete meses que pasó en la cárcel sin que se sustanciara la acusación contra él. Se fugó y volvió en 1934. Dos años más tarde, cuando el Frente Popular ganó las elecciones, puso definitivamente tierra de por medio y apoyó sin dudarlo a quienes conspiraron contra aquella República. No le quisieron los falangistas y decidió apostar por la alternativa monárquica en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, hasta que estuvo claro que el régimen franquista se hacía un hueco en el orden internacional de la posguerra.

El protagonista de este libro es Juan March y el objetivo central es mostrar las relaciones entre su poder económico y el poder político durante un largo y conflictivo período de nuestra historia. El primer capítulo está dedicado a explicar cómo se convirtió en el principal enemigo de la Compañía Arrendataria de Tabaco hasta que, en 1916, se habló por primera vez en el Senado de aquel «gran empresario que vive en Mallorca». Movía capitales de millones y millones e inundaba de tabaco las costas del mediterráneo y de Levante, como una red de coral, poniendo en jaque al Estado. Pero March no sólo hizo contrabando. Fue también un importante fabricante en el norte de África. Aunque es el tema central de este primer capítulo, la relación con el monopolio y los conflictos con su socio inicial en el negocio fueron una constante en su vida, el origen de la leyenda y de los procesos judiciales y políticos que tuvo que afrontar. Aparecerá, por tanto, una y otra vez en los capítulos siguientes.

El segundo capítulo, «la conquista de la isla», es el relato de su ascenso en Mallorca, de la expansión de su banca y de su actividad comercial al amparo de las circunstancias excepcionales de la Primera Guerra Mundial. También del desafío a las clases tradicionales al hacerse con la principal compañía naviera de la isla, para convertirse después en el hombre fuerte de la Transmediterránea, una de las mayores navieras de la época. La construcción de un puerto y de una fábrica de superfosfatos y fertilizantes en la rada de Porto Pi, donde tenían sus residencias veraniegas muchos de los notables de la isla, provocó un conflicto que llegó hasta el Consejo de Ministros y del que se defendió presentándose como ejemplo de un «fecundo industrialismo» en contraste con la «calma tradicional» de los mallorquines. Entró en política, se hizo con el control del Partido Liberal en Baleares, buscando además el apoyo de los clases populares, y dio la batalla a los conservadores, obteniendo un acta de diputado. Lo hizo para defender sus negocios y su imagen, sin duda; para poder explicarse en público, dijo él.

En el tercer capítulo se abordan los años de la Dictadura de Primo de Rivera. Durante varios meses se vio sometido a una dura persecución, fruto de las denuncias de su antiguo socio que aprovechó las promesas del dictador de llevar ante la justicia a quienes hubieran «corrompido y deshonrado» a la patria. Entabló su última batalla contra el director de la Compañía Arrendataria de Tabaco, que ganó dentro del Consejo de Administración. Absuelto ante los tribunales y cesado el director de la Arrendataria, March estrechó sus lazos con Primo de Rivera y consiguió la concesión del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla, la pieza que le faltaba para redondear su control del negocio, así como el derecho a acudir al rescate del monopolio español en Marruecos en lugar del Estado. Lo hizo ofreciendo a Primo de Rivera todos sus recursos para ponerlos al servicio de su campaña de penetración española en el norte de África, especialmente en Tánger. Fue eso, y no otros favores, lo que le valió a March el reconocimiento público que le brindó el dictador.

El cuarto capítulo se detiene en el proceso contra Juan March durante los primeros años de la República. Es un período de tiempo corto pero que merece atención detenida por dos motivos. El primero, porque permite acercarse a la política republicana desde una perspectiva poco frecuente. Sin pretender convertir el caso de Juan March en más de lo que fue, deja ver en qué quedó la exigencia de responsabilidades a la Dictadura y qué conflictos políticos no menores contribuyó a enrarecer. En segundo lugar, porque sólo aquella experiencia permite entender cómo Juan March se embarcó en la conspiración contra una República, cuya llegada pudo provocarle cierta incertidumbre pero no un rechazo de antemano. A diferencia de otros capítulos, en los que negocios y política se combinan, en éste toda la atención está centrada en la política.

El quinto capítulo, el más extenso, «tiempo de guerras», abarca un período más largo y muy convulso: desde la vuelta de Juan March a España en 1934 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. He tratado de contrastar la imagen de «banquero de la sublevación» que proliferó en la prensa republicana durante la guerra civil con las noticias que ofrecen las fuentes contrastables. No hay duda del papel decisivo que Juan March desempeñó en la preparación y en los primeros meses de la guerra, pero parecen claros sus recelos frente al modelo de nuevo Estado que se configuró en Burgos, como ya he comentado más arriba. Esas dudas se confirman al tratar de desentrañar su comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial. No me cabe ninguna duda, como ya he señalado, de que los intereses y las convicciones de Juan March estuvieron con los británicos. Política e intereses económicos vuelven a ser el eje de este capítulo. March hizo negocios, pero estuvo siempre pronto a acudir en ayuda del Gobierno de Londres, al que salvó de alguna situación apurada. Eso afianzó su peso ante el Tesoro británico, que le fue muy útil en su última gran batalla, la compra de la Barcelona Traction.

El último capítulo comprende los últimos años de vida de Juan March, desde 1945 hasta su muerte en 1962. Tiene dos temas centrales. Uno de ellos, la quiebra y la subasta de la Canadiense, se lleva el grueso de las páginas. Fue un asunto largo y muy complejo, que arrancó en 1940 y terminó en 1970 ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y se llevó por delante otra histórica compañía eléctrica, la Compañía Hispano Americana de Electricidad, la CHADE, de la que había sido presidente Francesc Cambó. Aquel proceso hizo conocido a Juan March en los círculos de las finanzas internacionales. Constituye el caso mejor documentado de las maneras de actuar del financiero mallorquín y de sus relaciones con el poder político. March tenía que asegurarse el apoyo del Gobierno de Franco para conseguir sus propósitos, pero al mismo tiempo necesitaba que le dejaran las manos libres para actuar. Era una combinación que se mostró eficaz pero exigió una estrategia bien definida y unos movimientos tácticos arriesgados. Justo lo que tenía March y de lo que carecían los poderosos contrincantes.

El otro asunto incluido en este último capítulo es la creación de la Fundación Juan March, la culminación imprevisible de toda una vida, una iniciativa excepcional en la España de los años cincuenta, con un capital fundacional muy cuantioso, 300 millones de pesetas y 1.200.000 más en dólares, que se convirtieron en 2.000 millones por decisión de Juan March, en el hospital, pocos días antes de su muerte. Una Fundación de cuya independencia frente a toda intromisión exterior, de su flexibilidad en la adaptación a las necesidades cambiantes y de la seguridad de disponer de los recursos necesarios se preocupó personal y cuidadosamente el fundador. Como decía al comenzar esta presentación, a los robber barons norteamericanos no les salvó de las críticas su generosidad filantrópica, pero sus nombres permanecen hoy tanto o más ligados a sus fundaciones culturales y científicas que a su actividad empresarial o a las críticas que recibieron. Que Juan March decidiera hacer en vida ese legado nos dice cómo quería pasar a la historia.

Este libro se basa, como ya he comentado, en los sumarios judiciales conservados en el Archivo Histórico Nacional, en diversos fondos del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, del Archivo del Banco de España, del Archivo del Congreso de los Diputados, del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, del Archivo de Juan Carreras Nadal y del Archivo de Juan Antonio Suanzes. Hay también referencias del Archivo de la Prefectura de París, de los fondos del Public Record Office en Kew Gardens, del Archivo Antonio Maura, del Archivo Santiago Alba y del Archivo Pedro Sainz Rodríguez. A todos quienes trabajan en ellos y me facilitaron mi investigación quiero mostrarles todo mi agradecimiento, muy especialmente al personal del Archivo Histórico Nacional, del Archivo del Congreso de los Diputados y del Archivo del Banco de España, en los que pasé largas horas de trabajo, aunque haga de eso bastante tiempo.

Han sido muchas las personas con las que he hablado de Juan March y que me han ayudado de muy diversas maneras a localizar fuentes y referencias y, lo que es más importante, a hacerme preguntas. Francisco Comín y Pablo Martín Aceña me lo contaron todo sobre la Compañía Arrendataria de Tabaco. Pablo Martín Aceña, además, me puso en la pista del archivo de Juan Antonio Suanzes y de los fondos del Instituto Español de Moneda Extranjera en el Archivo del Banco de España, donde conté con toda la ayuda de Teresa Tortella. Eugenio Torres me brindó la información disponible del archivo de la Arrendataria y su excelente conocimiento de la historia empresarial española. Socorro Thomas me desbrozó el camino en Mallorca, cuando yo empezaba mi investigación, e hizo una primera aproximación a muchos materiales allí disponibles. Su ayuda fue imprescindible. Con Rafael Sánchez de la Peña hablé mucho de la Transmediterránea. Elena Martínez me puso sobre la pista de las actividades comerciales de Juan March en los primeros años cuarenta, y también me proporcionó referencias de archivo. Inés Roldán me prestó una ayuda inestimable para localizar en Londres el archivo del Kleinwort, Sons and Co., en cuya prospección conté con la colaboración de Lewis Mates. Agradezco también la atención que me prestó Alfredo Gigliobianco, director del Archivo Histórico de la Banca de Italia. A José Ángel Sánchez Asiaín, a su enorme curiosidad y a su incesante trabajo de investigación sobre la financiación de la guerra civil, le debo muchas opiniones y también algunos importantes descubrimientos. Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, me remitió las memorias y la escrituras de donación conservadas en el archivo de la Fundación. Con Miguel Monjo tengo una deuda impagable, porque puso a mi disposición los abundantes materiales que iba localizando y almacenando en su casa, en la colección Canverga, y porque pude conversar con él largo y tendido sobre Juan March.

Miguel Martorell me brindó las referencias del archivo de Santiago Alba, de la Prefectura Superior de Policía de París y muchas fuentes bibliográficas de quienes, en sus memorias, escribieron sobre March. Fernando del Rey me proporcionó muchas pistas hemerográficas y me llamó persistentemente la atención para que no olvidara la consulta de la prensa y de otras fuentes que podían añadir nuevas perspectivas a mi trabajo. Los dos, Miguel Martorell y Fernando del Rey, leyeron el manuscrito y tuvieron la santa paciencia de anotarlo y hacerme las mejores recomendaciones. Tanto ellos dos como Pablo Martín Aceña, que también lo leyó y me lo comentó, aguantaron mis monólogos sobre Juan March hasta convertirlo en un convidado más en nuestras comidas y cenas. Otro tanto le debo a mi amigo Jorge Martínez Reverte, generoso como el que más, siempre entusiasta y provocador, un historiador apasionado. También él leyó el manuscrito y por su culpa tuve que rehacer todo un capítulo que, de todas maneras, no sé si estará a la altura de lo que él esperaba.

Mi familia, Carlos y mis hijos, Alfredo y Zita, me han visto pasar horas y horas delante del ordenador, haciendo y deshaciendo páginas. Lo han aguantado y, además, me han animado. Mil gracias.

Por último, a Carlos Pascual y a mis amigos de la editorial Marcial Pons les guardo el mayor de los reconocimientos por haber esperado tanto tiempo a que terminara este libro, cuyo cumplimiento se retrasó por razones que ninguno pudimos prever en su momento.

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Tabaco

La aprehensión de un alijo

En marzo de 1909, cuando contaba veintiocho años, Juan March Ordinas, alias el Verga —o Juanito Verga, como se le conocía en Santa Margarita—, era ya un «opulento contrabandista» o, al menos, por tal lo tenían sus convecinos y los carabineros, con los que aquel año tuvo un encontronazo público que lo llevó por primera vez ante la justicia.

En la noche del día 9, el teniente de carabineros de La Puebla, Valentín Fernández Ruiz, aprehendió, en la playa de Santa Margarita, a seis marineros y más de setenta bultos de tabaco de contrabando. Ya de mañana, al pasar la comitiva por Santa Margarita, camino de La Puebla, el vecindario, «como si hubiera obedecido a una consigna», asaltó los carros sin dejarse amedrentar ni por sus intimidaciones ni por algunos disparos hechos al aire. La muchedumbre sujetó al teniente, al cabo comandante y a un carabinero del puesto, mientras desde los balcones de las casas circundantes les arrojaban botellas, sifones de agua de seltz y piedras, de las que el teniente recibió varios golpes haciéndole caer en tierra. Mientras tanto, la multitud abrió los bultos de tabaco, desparramándolos y repartiéndolos. En el asalto desaparecieron dos carros. El ataque se repitió un poco más allá, en el pueblo de Muro, donde le arrebataron algunos bultos más. El teniente no quiso hacer uso en ningún momento de las armas reglamentarias para evitar las «innumerables víctimas» que se podían haber producido entre aquella «masa humana compacta»[1].

Así lo contaba el teniente en su escueta declaración inicial al dar conocimiento del hecho al capitán ayudante de la comandancia de Baleares, Carlos Romeo, quien, como juez instructor, quedó encargado de instruir el sumario correspondiente. A la declaración le acompañaba un anónimo en el que se citaba con nombre y apellidos, bien es verdad que no siempre correctos, a los protagonistas de lo que se calificaba de hecho «salvaje». Según el autor del anónimo, había sido Juan March Monjo [sic] quien proporcionó un cuchillo a un hombre diciéndole que destripara uno de los bultos de tabaco y, al hacerlo, el teniente le pegó. Juan March gritó entonces que matasen al teniente y le tiraran piedras. No tenía empacho el autor del anónimo en identificar a varios de los vecinos que respondieron a la llamada de March. Después, los carros fueron perseguidos durante más de dos kilómetros y el teniente, el único entre los carabineros que había resistido con valentía, probablemente había sido herido. Los de la Arrendataria de Tabacos, por su parte, habían recuperado alguno de los bultos de tabaco robados. Como ratificó el capitán de la segunda compañía de carabineros, a La Puebla llegaron 44 de los 76 bultos, unos mutilados y deshechos, otros enteros.

El juez instructor se presentó a los cuatro días en Santa Margarita y comenzó a tomar declaración a los carabineros y a los vecinos. Pudo saber que aquel 9 de marzo era domingo, tocaba mercado y, además, talla de quintos. Había, pues, mucha más gente de la habitual en la plaza principal, en la que se encontraba la iglesia. Había corrido la noticia de la aprehensión de un importante alijo de tabaco de contrabando en la desembocadura del torrent Son Real, en la bahía de Alcudia, porque de madrugada se presentó en el pueblo un carabinero, un tal Ribot, para alquilar por encargo del teniente cinco carros en los que cargar los fardos. El carabinero estaba implicado en el desembarco porque, si bien dijo que había llegado a aquel lugar en su ronda habitual, junto con su compañero, lo cierto es que estaba solo y charlando con los contrabandistas cuando llegó el teniente. Éste había recibido un soplo acerca del desembarco y también de la complicidad del carabinero. Cuando llegó, dio el alto, y parte de los marineros salieron corriendo, mientras Ribot balbuceaba: «sin novedad». Aunque el teniente le «afeó su conducta», fue el mismo Ribot el encargado de acercarse a Santa Margarita para hacerse con los carros necesarios y cargar los fardos de tabaco.

La comitiva emprendió la marcha y llegó a Santa Margarita hacia las once de la mañana. Todo el pueblo esperaba su llegada. El teniente paró los carros en la plaza delante de la expendeduría de tabaco, que era, además, café, para, según dijo, enviar por telégrafo a sus superiores el parte de la aprehensión. Fuera quedaron los carros vigilados por los carabineros. Entonces comenzó el tumulto. Sobre los carros y los carabineros cayeron todo tipo de objetos lanzados desde la terraza del café. Hubo tiros al aire y en la huida desordenada dos carros fueron volcados y saqueados.

El farmacéutico dijo que cuando se acercó junto con otros dos vecinos a la plaza vio al barbero, Bartolomé Alomar, alias Tomeu Sach, al que se tenía por contrabandista, gritando muy acalorado: «pegad fort que dins la població no podem tirar». Uno de los vecinos afirmó que no vio nada porque tenía problemas de vista, pero sí oyó la frase, como también que Juan March Ordinas, Verga el contrabandista, invitaba a todos a tirar piedras contra los carabineros y que, incluso, había enviado a alguien para obligar al teniente a entregarle los papeles de los marineros presos. Un tercer testigo dijo que había escuchado las conversaciones pero no había visto nada. Los que conducían los carros tampoco habían reconocido a ninguno de los participantes y dijeron que dos de ellos habían volcado incidentalmente. El carabinero Ribot, pese a llevar más de veinte años destinado en el pueblo, no fue capaz de dar ni un solo nombre. Declararon también dos vecinos llamados Juan March: Juan March Monjo y Juan March Molinas. Reconocieron que andaban por la plaza, que vieron el tumulto y oyeron cosas, pero no pudieron identificar a nadie.

El inspector de la Compañía Arrendataria de Tabacos, teniente retirado de infantería, se enteró pronto de la aprehensión del alijo y fue hasta la playa con otro agente para ofrecer su colaboración al teniente de carabineros, que rehusó la ayuda. Volvió a ofrecérsela en la plaza del pueblo y advirtió al teniente de que había ido a dar aviso al cuartel de la Guardia Civil. Al parecer, el teniente de carabineros rechazó de nuevo la colaboración. Consiguió, eso sí, recuperar algunos bultos de tabaco dispersos por los campos, aunque tampoco pudo reconocer a nadie. El cabo de la Guardia Civil confirmó que fue avisado por el inspector de la Arrendataria de que el pueblo se estaba amotinando en la plaza. Salió para allá con otro guardia pero sólo vio corros de gente comentando lo ocurrido y vislumbró los carros que se alejaban a un par de kilómetros. Pudo ayudar a recuperar algún bulto, pero tampoco reconoció a nadie.

Por su parte, el teniente de carabineros se ratificó en que fue agarrotado por un «sinnúmero de brazos» al salir del café, mientras la muchedumbre provista de navajas rompía los bultos distribuyéndose el tabaco entre gran griterío. Desde el balcón del estanco y desde la casa inmediata a éste, la del veterinario, les arrojaban todo tipo de proyectiles que le hicieron caer al suelo. Quedó preso entre muchas personas que le sacaron del pueblo hasta que, ya a buena distancia, pudo desembarazarse de ellos y hacerse cargo de la defensa de los carros, uno de los cuales fue efectivamente volcado y otro empujado por el terraplén. No pidió auxilio a la Guardia Civil por no disponer de una persona que fuera a hacerlo, aunque le costaba trabajo creer que el griterío de la multitud y los disparos no se oyeran en el cuartel, situado no muy lejos de los hechos. No le chocaba la pasividad de las autoridades locales, «dado el carácter de este país que tan descarada protección presta al contrabandista».

En vista de los acontecimientos, el capitán de carabineros decidió personarse en Santa Margarita para confirmar los informes del teniente. No le extrañaba que apareciera el nombre de Juan March Ordinas, «contrabandista de mucha influencia sobre sus convecinos». Aquel día estaba en el pueblo. Aunque el tabaco aprehendido no fuera suyo, era probable que llevara participación en él porque hacía tiempo que los contrabandistas se habían unido, recibiendo los unos el género de los otros para despistar a la fuerza represora y burlar su vigilancia. Era previsible que Juan March hubiera inducido a «las masas» a apoderarse de viva fuerza del convoy, pero, dada la unión entre los vecinos de aquel pueblo contrabandista, le fue imposible saber el nombre de quienes habían cometido aquel desacato. Del alcalde y del secretario municipal sólo consiguió muestras de asombro ante el comportamiento de un pueblo que ambos calificaban de «pacífico».

Eso fue todo lo que el juez instructor consiguió averiguar en Santa Margarita, antes de volver a Palma. Decidió llamar a declarar al capitán y al teniente de carabineros. El primero se ratificó en los partes enviados y comentó que el teniente hizo lo que pudo, aunque quizás hubo «falta de tacto» en su decisión de detenerse con los carros en día de fiesta y de talla. Fue una provocación innecesaria, pues podía haber seguido hasta La Puebla donde también había telégrafo. Quizás también la defensa fue débil y no estuvo a la altura del ataque. El teniente, por su parte, aclaró que había recibido la «confidencia» del alijo el día anterior y que a la una de la madrugada vieron la llegada del falucho y cómo descargaba los bultos bajo la mirada de quien resultó ser un carabinero. Sólo cuando salió de su escondrijo disparando al aire logró que los paisanos abandonaran los bultos y salieran huyendo. En la aprehensión comprobó que el barco, un llaud llamado «Antonia», era propiedad del contrabandista Torró, de Alcudia, por lo que remitió el rol, único documento que se incautó, al ayudante de marina de dicho puerto.

El Juzgado de Inca, del que dependía Santa Margarita, había abierto también causa por los delitos de contrabando y robo de tabaco. Se interrogó al encargado de la expendeduría y a su hijo, a algunos testigos y a los carreteros, sin que sus declaraciones ofrecieran nada nuevo. El 29 de marzo, la jurisdicción ordinaria se inhibió a favor de la militar por el delito de agresión o resistencia a fuerza armada. El expediente, unido al abierto por la comandancia de carabineros, pasó a la Capitanía General de Baleares, cuyo auditor emitió el 17 de abril un dictamen muy duro. Los hechos revestían, en su opinión, extrema gravedad. Era un caso que tocaba «los linderos de la anarquía» y lo que se había obtenido hasta el momento no era sino una «sucesión de causalidades eslabonadas por el error o de errores eslabonados por la casualidad, torpeza o debilidad». Debía nombrarse juez instructor al que lo era permanente en Capitanía, trasladarse de nuevo si fuera necesario a Santa Margarita y solventar las equivocaciones cometidas. Había pruebas suficientes para procesar a varias personas: al barbero, Bartolomé Alomar; a Mateo Monjo, que había herido con una piedra a uno de los testigos; a Martín Muntaner, identificado por el teniente; al veterinario, desde cuya casa vecina a la expendeduría se habían arrojado objetos, y a «Juanito Verga, llamado Juan March Ordinas». Había pruebas y testimonios. Debían ser citados, ingresados en prisión e incomunicados. El teniente debía aclarar por qué rechazó las ayudas que se le ofrecieron y las autoridades locales el porqué de su actitud. El nuevo juez inspector tenía que desplegar toda su habilidad con los vecinos, pues parecía haber empeño «en negar hasta los hechos más claros y probados». Debía imponerse un correctivo al juez por su «escaso interés y celo», tanto más si se tenía en cuenta que los pasos decisivos en una causa eran los primeros y no se han sabido aprovechar.

Dicho y hecho. El capitán general, conforme con el dictamen, impuso una pena de quince días de arresto al juez instructor. Fue designado nuevo juez el permanente de Capitanía, Pablo Espejo, quien inmediatamente reclamó la presencia del teniente. En su nueva declaración, afinó más. Dijo que había visto al veterinario arrojando botellas desde el balcón de la casa pegada al estanco. Le reconoció por su larga barba, aunque le llamó con un nombre equivocado. También dijo que durante la refriega conoció a «una persona muy tildada de contrabandista», Juan March Verga, y que al pasar cerca de su casa dejaron caer a su lado una olla que se hizo pedazos en el suelo y que suponía que fue arrojada por March. También dijo conocer al tal Martín Muntaner, que suponía estuvo ayudando a saquear el tabaco y quizás a arrojar piedras. Le vio bajar por la calle por la que salieron los carros, azuzando a la gente, aunque al verse reconocido por el teniente se retiró. Negó, sin embargo, que nadie le hubiera amenazado o arrebatado algún papel. El rol del falucho fue remitido a la guardia del puerto de Alcudia y el acta de la aprehensión junto con el tabaco al delegado de Hacienda.

Al día siguiente, 21 de abril, el nuevo juez instructor se trasladó a Santa Margarita. Había pasado mes y medio desde los acontecimientos. Todos los testigos dijeron que se ratificaban en sus declaraciones, pero se quitaron de en medio, especialmente en lo relativo al supuesto protagonismo de Juan March. Mateo Monjo dijo que había estado en un café con otra gente, entre ellos el alcalde del pueblo, pero que no tomó parte en el motín ni vio ni oyó nada, y que a las doce se fue a su casa. El carretero Martín Muntaner dijo que ni siquiera había estado en la plaza; que sólo sabía que su carro había volcado en las afueras del pueblo y que lo conducía su sobrino. El veterinario había estado pasando visita hasta que a las once se encontró con el juez del pueblo, quien le invitó a acompañarle a misa. Se excusó porque ya había ido. Se dirigió entonces a su casa, al lado del estanco, cuyo balcón estaba lleno de gente, entre quienes pudo ver al maestro de escuela, Martín Roca, arrojando objetos, y se dio cuenta de que el teniente, al alzar la vista y con gesto de desagrado, también le reconoció. El barbero dijo que había tenido gente para afeitar en su casa, donde estuvo hasta las doce y media. Luego se fue a dormir a una caseta de su propiedad cerca del pueblo. No entendía lo que se le preguntaba, no sabía nada. Los tres, sin embargo, fueron detenidos y trasladados, por orden del juez, a la cárcel de Palma. No les acompañó Juan March Ordinas porque el día antes, según explicó en su casa la criada cuando fueron a detenerlo, había salido del pueblo.

El nuevo juez también decidió revisar las declaraciones de las autoridades locales. El segundo teniente de alcalde resultó ser pariente de Juan March. No sabía nada de nada. Dijo que estaba dentro del Ayuntamiento, ocupado en la talla de quintos, con puertas y ventanas cerradas, y que no oyó ni se enteró de nada, a pesar de que la muchedumbre tuvo que pasar al lado de la casa consistorial. El secretario había visto algo y decidió enviar al guardia jurado a hacer averiguaciones, pero sólo encontró ya grupos de mujeres que comentaban lo ocurrido. No sabía dónde estaba el alcalde, relevado por enfermedad el año anterior y de baja todavía. El cabo de la Guardia Civil, a su vez, confirmó que había sido avisado por el inspector de la Arrendataria, pero tarde. Sólo vio alejarse a los carros. Como ratificó el inspector, cuando llegaron a la plaza ya no estaba la comitiva y decidieron separarse cuando supieron que había sido atacada a la salida del pueblo.

El alcalde, pese a su baja, le dijo al juez que aquel día estaba en un café con otros dos paisanos, hablando de caballos, y que se marchó a comer a su casa. Tampoco creyó que debiera dar parte a su sustituto, porque el tumulto ya había acabado. Luego preguntó a varios, pero nadie quiso decirle nada. Si alguno decía haberle visto en la plaza, sería por «tener rencores de su administración en la alcaldía». El juez municipal, por su parte, confirmó que había ido a misa de once. Cuando entró en la iglesia comenzaba a arremolinarse gente alrededor de los carros que, según le dijeron, iban cargados de tabaco de contrabando. Pero su ademán era pacífico y pensó que lo que les movía era la curiosidad. Cuando al volver a casa le dijeron lo que había ocurrido intentó averiguar algo, pero nadie quiso hablar. Es decir, que ni el alcalde ni el juez vieron ni supieron nada. Sin embargo, otro anónimo recibido aquellos días decía que ambos estaban en la plaza cuando Juan March y otro paisano, Rafael Garau, incitaban a tirar piedras, asegurando a la muchedumbre que la fuerza pública no podía disparar dentro del pueblo. Desde el corral de la casa del abuelo de March, Juan March Rosselló, tiraban piedras, y en la cochera de dicha casa —continuaba el anónimo— Juan March, revolver en mano, amenazaba con disparar al teniente, mientras las criadas trataban de disuadirle.

A la vista de todo ello, el juez reclamó la detención de Juan March, por ser «el mayor contrabandista de la isla». Pero Juan March seguía sin aparecer. El juez había averiguado —y así se lo comunicó a la Guardia Civil— que solía ir a la cárcel de Palma a visitar a los detenidos. La cocinera de la familia le dijo al juez que, efectivamente, había acompañado al matrimonio March a Palma. La señora y ella habían vuelto, pero Juan March se quedó en la ciudad. Solía ir a comer a la fonda del Replá. Cuatro días más tarde, el juez dictó requisitoria con orden de busca y captura contra Juan March Ordinas, alias Verga, contrabandista. El 28 de abril, la Comandancia de Carabineros, a petición del juez, ratificaba que Juan March era el único que en la relación de vecinos reputados como contrabandistas aparecía como traficante de tabaco y propietario de faluchos. De otros cuatro se decía que «llevaban parte» en faluchos con otras personas y se encargaban de recibir tabaco para correrlo a varios puntos, mientras que otros nueve —entre ellos el barbero Bartolomé Alomar— eran tenidos como vendedores de tabaco a pequeña escala.

Sin embargo, fue inútil recabar pruebas o testimonios que corroboraran aquellas afirmaciones, más allá de los anónimos. En segundas y terceras rondas de interrogatorios a carabineros y conductores de los carros, el juez siguió tropezando con idéntica oscuridad: nadie podía reconocer a nadie. Se produjo, sin embargo, una nueva detención, la de José Estelrich Roca, alias Maco, de quien uno de los carreteros dijo que lo vio, junto con su hijo, agarrando al teniente en medio del tumulto. Maco aseguró que aquel día había salido al amanecer camino de La Puebla, a una casita que distaba un cuarto de hora de Santa Margarita. Que no pudo, por tanto, ver nada. Su hijo José declaró que había estado en cama, con un fuerte resfriado, y que llevaba meses padeciendo del pulmón, como luego confirmó el médico. El otro hijo aseguró que había salido de La Puebla camino de Santa Margarita a las doce y media y se cruzó con la comitiva de carros. Uno de los carabineros, por cierto, le pidió un látigo.

El 30 de abril, en rueda de detenidos, el teniente de carabineros identificó al maestro, pero no así al veterinario que fue puesto inmediatamente en libertad. Había sido la barba que ambos llevaban lo que, probablemente, le indujo a confusión. Costaba trabajo aceptarlo ya que, según la descripción de los detenidos, el maestro, Martín Roca, tenía inutilizado el brazo izquierdo lo que hacía difícil confundirle con nadie. Unos días más tarde salía también a la calle el otro Estelrich, José, alias Maco.

Por fin, el 13 de mayo, más de dos meses después de los acontecimientos, se presentó a declarar Juan March Ordinas. Según constó en su ficha, había cumplido veintiocho años. Medía un metro seiscientos ochenta centímetros. Tenía el pelo castaño, los ojos negros, la nariz aguileña, la boca pequeña, barba poblada y una pequeña dificultad en el ojo izquierdo, frente espaciosa y color bueno. Estaba casado y se declaraba comerciante. Justificó el retraso en su comparecencia explicando que desde el 22 de abril, día en que salió de Santa Margarita hacia Palma, había pasado por Barcelona y Valencia para regresar a la Ciudad Condal y marchar de allí a Marsella. El 2 de mayo se fue a Argel. Nadie le había dicho nada hasta que, ya en el norte de África, recibió carta de su familia avisándole de que cuanto antes tenía que volver a Palma a declarar.

En relación con los acontecimientos en Santa Margarita, declaró al juez que aquel día oyó disparos desde su casa, en la esquina de la plaza. Bajó al portal pero la distancia de unos trescientos metros le impidió distinguir a nadie. Marchó desde allí a casa de su pariente, Miguel Monjo, en la calle Nueva, porque le reclamaba su padre. No pasó por la plaza, ni estuvo en casa de su abuelo, ni incitó a nadie, ni arrojó nada. Como vecino del pueblo lamentaba muchísimo lo ocurrido, por ser «un acto de salvajismo impropio de personas bien educadas». Nada más terminar su declaración, el juez le comunicó que quedaba procesado pero en libertad provisional, con obligación de presentarse cada diez días.

El teniente había sido llamado a declarar de nuevo poco antes de que March apareciera. De testigo y acusador, pasó a acusado. Su indumentaria el día de autos se había convertido en un problema. Al parecer, aquella noche llovía y el teniente, considerando que tenía por delante cuatro horas de marcha hasta la playa, salió de La Puebla con un viejo uniforme y un impermeable, aunque con teresiana. Con la precipitación en su salida de la expendeduría, ya en Santa Margarita, se dejó la capa que llevaba y se le cayó la teresiana. No se dio cuenta hasta un kilómetro más allá de la salida del pueblo, pidiendo entonces un sombrero de paño con el que se protegió del frío en la cabeza. Llevaba revolver, pero no sable. Era su quinta declaración y dijo ahora que vio a Juan March en la plaza, a una distancia de treinta o treinta y cinco metros en dirección a su casa, de pie y hablando con unos paisanos a quienes no reconoció. Su actitud no parecía agresiva. No vio que se moviera alentando a las masas ni que tirara piedras ni objetos.

Con la nueva declaración del teniente, el segundo juez instructor dio por cumplida su tarea. En su informe llegó a la conclusión de que la fuerza con la que el teniente de carabineros contó al entrar en la plaza de Santa Margarita había sido escasa, dada la concentración de gente aquel día. Durante hora y media había reinado en el pueblo «la anarquía y el salvajismo», sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo ni brindaran después información alguna. Tampoco proporcionaron al sumario datos sobre quienes protagonizaron los acontecimientos. Su pasividad estaba en el origen del escaso número de procesados. Se había tardado tanto en profundizar en la investigación que había habido tiempo sobrado para que los testigos pudieran confabularse y ponerse de acuerdo en sus declaraciones. Tampoco habían aportado nada los tres carabineros.

El mismo auditor que había reclamado un mes atrás el cambio de juez instructor, y un correctivo para el que había actuado en primer lugar, encontró de nuevo que faltaban diligencias por completar. El teniente de carabineros debía aclarar lo de su indumentaria y remitir el anónimo al que había aludido en su primer escrito. Pero, sobre todo, tenía que explicar la contradicción existente en sus declaraciones respecto a la actuación de Juan March Ordinas. Faltaba por declarar el abuelo de éste, en cuya casa no se sabía si había estado o no el Verga. Recordó además al juez de instrucción que no era competencia suya la puesta en libertad de los procesados. Debió solicitar la de Juan March a la autoridad judicial. Tampoco faltó una reprimenda al teniente coronel primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, de quien reclamó el auditor que excitara el celo del comandante de Santa Margarita para que hiciera cuanto estuviera en su mano y aclarara los hechos. No era creíble que no se hubiera escuchado nada desde la casa cuartel.

El propio comandante en jefe de la Guardia Civil en las islas decidió trasladarse a Santa Margarita, sólo para recibir las mismas explicaciones y comprobar la inutilidad de todo intento de averiguación. Nadie quería denunciar a los autores. A mediados de junio volvieron a declarar los carabineros, pero apenas hicieron otra cosa que ratificar sus manifestaciones anteriores y abundar en lo de la indumentaria. Iban uniformados y armados reglamentariamente con sus máuser. El teniente llevaba el impermeable puesto, quizás se veía la raya reglamentaria del pantalón por debajo, y, en la cabeza, la teresiana con los galones, aunque la perdió al salir de la expendeduría.

El teniente no pudo declarar hasta el 20 de junio, porque se había marchado con permiso a su pueblo, en la provincia de Santander. Era la sexta vez que se le citaba. No veía contradicción entre sus primeras declaraciones y la última. Insistió en que cuando vio a Juan March no hacía gestos hostiles. Que bien pudo ir después a casa de su abuelo y que, teniendo en cuenta que era uno de los dueños del género aprehendido, había de ver con malos ojos a quien lo conducía. Pero todo eran suposiciones. Él no le vio arrojando nada. En cuanto al anónimo que había trascrito y que ahora se le reclamaba, dijo que no había podido encontrarlo en su habitación.

Ya no hubo más traslados a Santa Margarita, pero el juez ofició al de Inca para que se interrogara al propietario de la expendeduría y a su hijo, y a uno de los carreteros: interesaba sobre todo ahora el asunto de la indumentaria del teniente. También fue interrogado el abuelo de Juan March y las cuatro personas de las que dijo que estuvieron con él en su casa aquella mañana: todos coincidieron en que el Verga no estuvo allí. El 3 de julio recibió el juez instructor las declaraciones y remitió el sumario comentando la «alarmante poca seguridad» del teniente de carabineros. A mediados de mes, el auditor constató que tres de los procesados —Martín Muntaner, Pedro Estelrich y Juan March—, a quienes el rumor acusaba, no producían pruebas. Ninguno tenía antecedentes y su conducta se calificaba de intachable, por mucho que la comandancia de carabineros tuviera a March «tildado de contrabandista». Hubo razones para procesarlos, pero no las había para condenarlos. No quedaba sino sentenciar el sobreseimiento provisional, a la espera de que en un futuro aparecieran testigos «con el valor cívico suficiente, con la necesaria sinceridad», y salvaran las «deficiencias que el más inexperto observa en lo que hasta la fecha han depuesto». Sin embargo, no adoleciendo lo actuado de vicio de nulidad y habiendo motivos para suponer la existencia de un delito de carácter militar procedía dar por concluido el período sumarial y elevar las actuaciones a plenario contra los cuatro restantes: Mateo Monjo, alias Silis; Bartolomé Alomar, alias Tomeu Sach; Martín Roca Alós, y José Estelrich Roca, alias Maco, que continuaban en libertad provisional.

El 14 de octubre se celebró en Palma consejo de guerra contra los cuatro. Previamente tuvo que ratificarse en sus declaraciones el teniente. Dijo que sólo había estado ocho o nueve veces en Santa Margarita, siempre de noche, y apenas había visitado la casa del cabo comandante del pueblo y la expendeduría. No conocía personalmente al veterinario y del maestro sólo tenía referencias. Había hecho memoria después y había recordado a alguien con barba que voceaba desde el balcón, pero que pudo confundirse de persona.

El defensor de los acusados, un capitán de infantería, lo tenía claro. Con una retórica florida preguntó cómo era posible que se hubiera sobreseído por falta de pruebas a Juan March, después de haber sido citado por el capitán, por el teniente en sus primeras declaraciones y en todos los anónimos, y siendo considerado además el propietario del tabaco aprehendido y al que el auditor dedicó un párrafo expreso en su dictamen. Sin embargo, se había mantenido la acusación contra otros, apoyada en testimonios contradictorios y dudosos.

Dos de los cuatro acusados, Mateo Monjo y José Estelrich, fueron puestos en libertad, pero al barbero se le consideró el «alma del salvaje insulto, el instigador, el autor por inducción», y al maestro autor material del delito. Ambos fueron condenados a dos años de prisión correccional. El teniente de carabineros fue reconvenido por no aceptar el ofrecimiento de ayuda del inspector de la Arrendataria, cuando a todas luces la fuerza de que disponía era insuficiente, y por prestar servicio con alguna prenda no reglamentaria. Fue condenado a quince días de arresto por cada una de las faltas, leves. Juan March salió indemne.

Del comercio de los cerdos al «negocio del trasbordo»

¿Quién era aquel Juan March al que el juez había calificado de mayor contrabandista de la isla? Los March eran una de las familias principales de Santa Margarita, una villa situada en el noreste de la isla de Mallorca, que pertenecía al partido judicial de Inca. Dedicada a la agricultura, tenía por entonces alrededor de 3.400 habitantes, muchos de ellos jornaleros del campo, y el nivel de analfabetismo era elevado. La familia March tenía propiedades y se dedicaba también al comercio, primero de harina, después de ajos, almendrón y sobre todo de cerdos.

Juan March Rosselló, el abuelo de Juan March, tuvo ocho hijos, de los que sobrevivieron seis: tres mujeres, Margarita, Catalina y Rosa, y tres varones, Juan, Francisco y Sebastián March Estelrich. Juan se casó con Maciana Ordinas y tuvo dos hijos: Rosa y Juan March Ordinas. Un tercero, Martín, falleció prematuramente. Juan March Ordinas nació el 3 de octubre de 1880. Hizo sus estudios primarios en la escuela de Santa Margarita y con siete años perdió a su madre, que murió muy joven. Fue un golpe duro. Su padre volvió a casarse y lo hizo con la viuda de su hermano Francisco. Juan nunca se llevó bien con ella. Su padre decidió enviarle a hacer estudios de comercio a un internado en Pont d’Inca, cerca de la capital, donde iban los hijos de las familias de la burguesía comercial de la isla. Allí demostró una asombrosa facilidad para los números, pero no llegó a terminar sus estudios. Fue expulsado, según algunos, por haber desafiado a uno de los profesores; según otros, por haber mostrado excesiva debilidad por una joven.

Su padre optó entonces por mandarle a aprender contabilidad a casa de unos amigos de Alcudia, la familia Qués Ventayol, que en mayo de 1893 habían constituido la sociedad Qués Hermanos-Compra y venta al por mayor de toda clase de género-Mercancías-Comisiones y consignaciones-Despacho de buques. El patriarca de la familia, Antonio Qués Mudoy, murió a los pocos años, en 1897, y quedaron al frente de la sociedad los tres hijos, Antonio, Francisco y Jaime Qués Ventayol. Alcudia tenía puerto y eso dotaba a la villa de una gran importancia en las actividades comerciales. Algo más de un año más tarde, en agosto de 1894, Juan March Rosselló hizo lo propio en Santa Margarita y creó la sociedad March Hermanos, una sociedad mercantil dedicada a la comercialización y exportación de productos agrícolas y ganaderos[2].

Juan March lo aprendió todo sobre el comercio de su abuelo, hasta que falleció en 1910, de su padre y de sus tíos, Sebastián y Francisco, así como de Antonio Qués y sus hermanos y, por supuesto, de su experiencia directa. La familia March encontró en su amistad con los Qués la ocasión de afianzar y ampliar sus negocios y de establecer relaciones con agricultores, ganaderos y otros comerciantes de la isla. En aquellos años finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX, además del comercio de productos agrícolas y de sus derivados dentro de Mallorca, una de sus actividades más relevantes fue la compra de cerdos para su exportación a Barcelona, actividad en la que Juan March Rosselló, el patriarca, había conseguido hacerse un hueco ya en los años ochenta. Muchas familias de Santa Margarita y de los pueblos de alrededor engordaban un cerdo para consumo propio y algunos más para vender. La puesta en marcha del ferrocarril hasta el pueblo de Muro facilitó el trasporte de los animales y de otros productos. El vecino puerto de Alcudia permitía la salida por mar hacia el sur de Francia, aunque la exportación de cerdos hacia Valencia y Barcelona se realizaba fundamentalmente desde el puerto de Palma[3].

En los meses de la matanza, cuando tuvo edad para ello, el joven Juan March Ordinas y su tío Sebastián viajaban por los distintos pueblos de la isla para pesar cerdos y negociar su precio, un trabajo en el que el primero destacó pronto. Su padre y su abuelo presumían de su habilidad para aprovechar las mejores ocasiones de compra. Procuraba también comprometer a otros compradores para mantener un determinado precio, y se indignaba ante las «indecentazas» de los que no mantenían después el acuerdo. «No compraré ni uno fuera de precio», afirmaba rotundo en octubre de 1899, después de haber convenido no pagar un cerdo «por más de 40 reales por bueno que sea». Tío y sobrino enviaban noticias casi a diario sobre lo que habían comprado y el coste de sus adquisiciones. Eran muchos los cerdos comprados cada año: 784 en 1896, por un valor de 97.745 pesetas, por ejemplo; 1.146 por 168.054 al año siguiente.

Desde Barcelona, por telégrafo y también por carta, su padre, Juan March Estelrich, mantenía al tanto a Antonio Qués de la situación de la plaza, de las existencias de animales y de su procedencia, de su calidad, de la previsión de llegada de vapores con más cargamento y de los precios de venta. Aconsejaba comprar o parar las compras según calibraba la abundancia de cerdos y la evolución de los precios. Tenía muy a gala acertar en sus previsiones, aunque su padre, Juan March Rosselló, siguió vigilando sus pasos e incluso, cuando hizo falta, viajó a Barcelona para vigilar el negocio. No tenía demasiada confianza en su hijo. A Juan March Estelrich no sólo le llegaban y vendía cerdos comprados por la familia, sino también por otros ganaderos y comerciantes mallorquines. Había que conseguir acuerdos para poder sacar el mayor provecho: acuerdos entre quienes habían comprado en la isla, para su transporte con la compañía naviera que los embarcaba, habitualmente La Isleña, y también con aquellos a quienes se vendía en Barcelona. Había un Sindicato barcelonés para el consumo de cerdos y una asociación más o menos laxa de los ganaderos mallorquines, que procuraban pactar sus precios y el orden de embarque para evitar que llegaran cerdos mallorquines a la capital catalana por otra vía. Lo habían puesto por escrito y lo habían firmado, porque siempre había quien trataba de beneficiarse a costa de los demás.

«Aquí no estamos para rencillas ni ambicios [sic] de ninguna clase. Lo que estamos sí es para hacer negocio y ganar, y el que opina el contrario que se retire», escribía Juan March Estelrich en octubre de 1901, después de negociar para que entrara en los acuerdos uno de los ganaderos que pretendía actuar por su cuenta. «Estos señores este asunto lo llevan muy callandito», dijo en relación con otro comerciante cuando descubrió que desde Valencia estaban saliendo para Barcelona, vía Sabadell, cerdos que habían sido comprados en Inca, en Mallorca. Había que dar parte a la comisión de Palma y a la junta general de ganaderos a fin de que fueran castigados «con toda rigurosidad». Algunos tenían también a Juan March Estelrich por el «verdugo del sindicato», dada su firmeza en las negociaciones con los compradores catalanes. Sin embargo, cuando a finales de 1903 se decidió disolver el sindicato, hizo todo lo posible por quedar a bien con todos, a pesar de que «del árbol caído todos hacen leña», como escribió a Antonio Qués contándole que al abrir la caja se vio que había 50.000 pesetas pendientes de atrasos de los que se cobrarían «pocos».

Juan March Ordinas aprendió el negocio recorriendo desde muy pronto los pueblos de su isla natal para encontrar los mejores cerdos al mejor precio. Cumplió dieciocho años, el 3 de octubre de 1898, pesando y comprando cerdos. Eso le permitió, sin duda, conocer de cerca la realidad económica y social de la isla, los problemas y aspiraciones de pequeños jornaleros, agricultores y ganaderos, y también la manera de actuar de los grupos de interés y redes de influencia. Una buena escuela. Además, desde muy pronto se hizo cargo de la contabilidad de la sociedad March Hermanos. Su abuelo confiaba más en él que en sus hijos para aquello de los números. Juan March Estelrich enviaba a Antonio Qués desde Barcelona las facturas y el dinero recaudado con la venta de los cerdos. Su hijo se encargaba de revisar las cuentas de lo que les correspondía a unos y a otros. No siempre estaban conformes. En más de una ocasión los números de unos y otros no cuadraban, y se pedían explicaciones. En diciembre de 1896, el padre de Juan March había sorprendido a su hijo con una sustracción de 1.495 pesetas de la caja familiar. Era una cantidad considerable. El jornal de un trabajador agrícola oscilaba por entonces entre 1,50 y 2 pesetas. Le dio una paliza. Un año más tarde, cuando al cerrar una factura de cerdos los Qués advirtieron que había una diferencia de 140 pesetas, el padre les dijo que el joven Juan la había repasado muy deprisa, pero les prometió que la revisarían más despacio. Unas semanas más tarde, a finales de enero de 1898, el problema eran dos cajones de calderilla, uno con 110 duros y otro con 104, recibidos por los March. No eran aquéllas las cantidades que les constaba a los Qués que hubieran salido de Alcudia hacia Santa Margarita y, en sus explicaciones, los March llegaron a mencionar la palabra «desfalco», aunque luego explicaron que debían haber cometido los Qués algún error: no cabían los 120 duros que decían en el primero de los cajones y en el otro estaban seguros de que había 104 y no 105; lo habían contado varias veces. En marzo de 1900, Antonio Qués avisaba a los March que le había entregado 1.100 pesetas, que con las 1.400 anteriores hacían 2.500, pero al hacer el recuento le faltaban 100. Cualquiera puede equivocarse, contestaron alguna vez los March; la cuestión era rectificar[4].

También se encargaba el joven March de pedir dinero a los Qués de la caja común para determinadas compras, cuando había que comprar urgentemente un cargamento de ajos, por ejemplo, otro de los productos que comercializaban. Eran, por ejemplo, 3.500 o 4.000 pesetas para la temporada de ajos en 1895, una cantidad considerable. También vendían aceite junto con otros comerciantes de la isla, los Qués, por supuesto, pero también José Alonso de Inca, Antonio Bisquerra de Campanet y Juan Alzina de Alcudia: 16.135 pesetas de beneficios obtuvieron con aquel negocio en 1897; 3.227 para cada uno. No siempre acertaron en sus iniciativas. En 1901 decidieron embarcarse en la fabricación de albaricoques en lata. Los de Alcudia eran los mejores, escribía entusiasmado el joven March al tiempo que decía que había que encargar en Binisalem 5.000 latas más de las que habían pedido. Fue un fracaso. Los albaricoques fermentaron. Las notas y los envíos de dinero en una u otra dirección eran muy frecuentes, sobre todo en determinadas épocas como las de la matanza y exportación de cerdos, o también las de la vendimia y la exportación de vino y alcohol. Porque decidieron aventurarse también en ese negocio, exportando a Barcelona, a través de un comisionista llamado Pedro Pagés, y al sur de Francia, a Cette, donde comercializaba sus productos un amigo de Antonio Qués, Barthelemy Tous. Esta actividad les trajo algunos problemas, comos las quejas de Pagés respecto a la calidad del alcohol que le remitían, y también algunos disgustos con la Hacienda pública. Ni los March ni otros muchos que se dedicaban a fabricar alcohol en sus casas tenían los correspondientes permisos. El joven Juan March estuvo dispuesto a impedir que entraran en su fábrica los «investigadores». La inspección de Hacienda precintó las máquinas de algunos e impuso cuantiosas multas. A los March les cayó una de 13.500 pesetas en septiembre de 1900. A través de Antonio Qués y de sus contactos políticos, llegaron hasta el líder del partido conservador, Antonio Maura, en su empeño por evitar el castigo. Maura se disculpó aludiendo al mayor rigor imperante contra los delitos de defraudación, pero finalmente consiguieron que el Tribunal de lo Contencioso del Consejo de Estado fallara a su favor, gracias a la mediación de un diputado por Almería.

El joven March consiguió ganarse la confianza absoluta de Antonio Qués. Fue él, a partir de un cierto momento, quien invitaba a los hermanos de Alcudia a las fiestas de Santa Margarita o a celebrar la de San Juan en la finca de su abuelo, Son Fiol. Aquella amistad fue determinante en su ascenso. Antonio Qués era casi veinte años mayor que él, pero se convirtió en su socio más próximo durante mucho tiempo; casi hasta su muerte en 1925. Qués tenía una importante «representación social» en Mallorca, como le decía un amigo, agradecido porque a la solicitud de una recomendación para su hijo le habían contestado el conde de San Simón y el conde de Sallent. «Cuando un hombre tiene un dote es que se ha hecho acreedor de él», le escribía, reconocido por el favor. El mismo conde de San Simón, que había sido senador por Baleares en 1901, le escribía como «querido amigo» dos años más tarde, después de ser nombrado director general de prisiones, remitiéndole una carta del director general de aduanas ante quien había mediado a petición de Qués. Prometía éste «mirar con cuidado» un expediente instruido contra el director de aduanas de Baleares a instancias del comerciante de Alcudia. Si había faltado, le castigaría como mereciera, pero si le había insultado, le llevaría ante los tribunales.

No es de extrañar, por tanto, que los March acudieran a Antonio Qués en petición de consejo y de ayuda cuando se embarcaron en asuntos políticos. Porque también en esto tuvo el joven March un buen rodaje. Aprendió pronto cómo se organizaban las elecciones locales y provinciales, cómo había que pelear por los votos y cómo podían comprarse. Su padre, Juan March Estelrich, fue asiduo en el Ayuntamiento de Santa Margarita, como concejal y como alcalde. En una ocasión le pidieron a Antonio Qués que les ayudara a redactar un recurso contra la decisión de dicho consistorio de no admitir las dimisiones presentadas por varios concejales, entre ellos la de Juan March Estelrich. Estaban muy desanimados porque todos sus planes habían fracasado. En abril de 1899, los March le comunicaban al de Alcudia que «después de muchos esfuerzos» habían conseguido «arreglar las elecciones de la manera siguiente: Sureda, 450 votos; Sallent, 400; San Simón: 400; Maura: 250; Ribot: 270; Socias: 260; Fabriqués: 120». Se referían a las elecciones provinciales. Aquel mismo año, Antonio Qués y Juan March Estelrich fueron elegidos, respectivamente, alcaldes de Alcudia y Santa Margarita.

Dos años más tarde, en una nota que podría referirse a las elecciones generales de abril de 1903, Juan March padre suponía a los hermanos Qués enterados de los resultados: ellos habían llevado 390 electores a las urnas, pero «a 13 no los admitieron valiéndose de la mayoría». Los contrarios llevaron 400. «Nunca se ha[bía] visto una lucha tan encarnizada». En 1905, las elecciones municipales se presentaban también «reñidísimas». Juan March Estelrich escribió a los hermanos Qués para que mandaran dos propios a buscar a los hijos de un vecino para traerlos a votar. Los gastos corrían de su cuenta, pero les pedía «actividad en esto». Con el cambio en el Ayuntamiento, en enero de 1906, Juan March Ordinas, junto con su tío Sebastián y otros dos vecinos denunciaron ante el alcalde el incumplimiento por parte del consistorio anterior del pago de determinadas rentas, por lo que había una amenaza de embargo. El pago había sido en su momento incorporado a los presupuestos, pero quienes pasaron a dirigirlo después no lo habían hecho efectivo. La penalización no debía perjudicar al municipio, a los vecinos, sino a los culpables por «incuria, negligencia o abandono», que debían responder personalmente de ello.

Para entonces, los dos hermanos March Ordinas se habían casado. Rosa lo hizo en 1895 con José Monjo Roca, quedando así emparentadas dos de las familias principales de Santa Margarita. Tuvieron cinco hijos. Diez años más tarde, en mayo de 1905, Juan se casó en la iglesia de Capdepera con Leonor Servera Melis. Los March habían conocido, a través de los hermanos Qués, a su padre, Bartolomé Servera, un importante comerciante de Manacor, fundador de la sociedad La Palmera, una de las primeras sociedades exportadoras de la isla, y de la central eléctrica Hijos de Servera y Melis, la primera de Manacor. De los negocios se había pasado a la amistad y de ésta al matrimonio de los hijos. El 24 de mayo, Juan March Estelrich invitó a los hermanos Qués a la celebración de la boda: «Por encargo de Juanito me dirijo a Vds. participándoles que sin excusa ni pretexto de ningún género, paséis mañana en esta con el fin de ser obsequiado junto con su futura esposa, con vuestra presencia esperando no olvidéis participar a vuestras familias y en especial a los hijos de Antonio. Para él se presenta mañana el día que no puede volver por consiguiente de doce mañana a una tarde espera os veréis reunidos». La pareja hizo su viaje de novios a Barcelona. Allí escribía March a Juan Grau, un comisionista de ganado y amigo de la familia, que habían estado en el Tibidado y que irían a cenar a su casa antes de su vuelta a Mallorca[5].

Aquél fue, en opinión de muchos, un matrimonio de conveniencia. El suegro de Juan March, Bartolomé Servera, se rindió pronto a sus artes y fue desde entonces un importante socio en sus negocios, brindándole el apoyo del Banco Popular de Manacor, del que fue socio fundador unos años más tarde, y constituyendo la sociedad March Servera a través de la cual Juan March se inició también en el negocio eléctrico. Del matrimonio de Juan March con Leonor Servera nacieron tres hijos, aunque uno de ellos murió a los pocos meses. Al primogénito le llamaron Juan y al tercero, que sobrevivió, Bartolomé.

Con su boda consiguió Juan March casa propia, en el centro de Santa Margarita. Fue un regalo de su padre. Un edificio señorial construido en un amplio solar, ocupado hasta entonces por dos casas, una bodega y una parte del jardín de lo que había sido la mansión del conde de Formiguera. Todo un símbolo de los nuevos tiempos y del ascenso de la familia March. En los bajos de aquella casa, con los muebles que le regaló su abuelo por la boda, instaló Juan March sus oficinas para dedicarse a prestar dinero y a hacer operaciones de crédito. Fue el origen de la banca March. No se registró. La legislación española tardaría muchos años en obligar a ello. De momento era una actividad comercial más, muy útil en otra de las que había aprendido de su familia: la compra de tierras para parcelarlas y venderlas. Ya en 1900 había llamado la atención a Antonio Qués sobre una finca en un pueblo cercano, en María, de la que le decía que sería «fácil venderla a 750 o 800 libras la cuarterada» porque habían aparecido inmediatamente tres o cuatro compradores. Pero la primera parcelación, amparada por la sociedad familiar, fue la del predio de Son Fluxá, en Santa Margarita. Lo compró en 1903. Medía 42 cuarteradas, algo más de 22 hectáreas. Las condiciones de venta de las parcelas eran el pago anual de una cantidad a lo largo de siete años, y de un 5 por 100 de interés sobre lo no pagado. La propiedad no se trasmitía formalmente hasta el final, pero a todos los efectos el comprador se hacía cargo de ella y también de todos los gastos de notaría, papel sellado y de las contribuciones[6].

Juan March era ambicioso y no iba a pararse en barras. Miraba mucho más allá del horizonte al que se limitaban su padre o sus tíos. Eso le causó conflictos familiares muy tempranos, de los que supo Antonio Qués. En dos cartas del 2 de octubre de 1905 y de 5 de junio de 1906, Juan March le confesó lo dolido que estaba por la desconfianza que le mostraba su progenitor. Hacía votos de cumplir con su deber y de «ceder en todo a la voluntad de mi padre», pero «con toda humildad y respeto» también estaba dispuesto a mostrar lo «desairado» que se sentía. El enfrentamiento más duro se produjo tras haber conseguido que su padre y su abuelo, que era realmente el propietario, pusieran a su nombre el predio de Son Fiol para utilizarlo como aval en sus actividades como comprador y prestamista. La finca era parte de la herencia de su hermana, pero March no lo entendió así y se resistió a devolverla. Incluso le pidió a Antonio Qués que, sin que se enterara su padre de que habían hablado, intercediera y mostrara su extrañeza ante tanta desconfianza. Juan March le pedía que dijera a su padre que nunca había pretendido incautarse de lo que no le correspondía. De no ceder, decía March mostrando cierto arrepentimiento, sería una demostración de que estaba dispuesto a hacerle «cumplir la penitencia de los pecados que he cometido». Aquel conflicto marcó un punto de no retorno en las relaciones entre padre e hijo[7].

En aquellos ambientes en los que se movía y dispuesto a aprovechar cualquier negocio posible, Juan March descubrió las posibilidades que brindaba el contrabando de tabaco. Sabía cómo se «iba de tabaco». Sabía lo fácil y rentable que era venderlo. Se lo pedían muchos de aquellos con los que comerciaba en otros productos. Conocía también las debilidades en el funcionamiento de la Compañía Arrendataria del monopolio estatal, entre otras razones porque los hermanos Qués estaban encargados de la venta del tabaco oficial en Alcudia. En alguna ocasión tuvieron problemas con la Arrendataria a la hora de cuadrar las cuentas y también por el comportamiento de algún agente del Resguardo, el servicio de vigilancia de la propia compañía, que, por cierto, fue separado de su puesto. Juan March sabía cómo se hacía el contrabando y cómo burlar a la Arrendataria. Decidió lanzarse a aquel «Nuevo Negocio», como lo llamaba encubiertamente en sus notas a Antonio Qués, a quien embarcó en el asunto. En poco tiempo se convirtió en su actividad fundamental, abandonando el comercio de cerdos que hasta entonces le había ocupado.

Dedicarse al «negocio de trasbordo», como era conocido entre quienes lo practicaban, no era en la isla de Mallorca, ni en otros muchos lugares de la costa mediterránea y del norte de África, nada excepcional ni socialmente condenado. En aquel tráfico participaban muchos, desde quienes establecían las redes de aprovisionamiento y fijaban fechas, trasbordos y desembarcos, a quienes llevaban y descargaban por la noche los barcos y faluchos, y quienes vigilaban, distribuían y vendían al por menor. Indudablemente, también se incluían miembros de los cuerpos de carabineros y de la Guardia Civil, encargados legalmente de su represión, muchos de los cuales cobraban regularmente por hacer la vista gorda, añadiendo así un dinero a sus bajos sueldos.

El contrabando se practicaba con naturalidad en Mallorca y creaba una economía oculta, origen de importantes rentas para un puñado de personas y de ingresos adicionales para muchos más. Todo el mundo lo sabía. La complicidad estaba garantizada por lo extenso de la red, aunque ello no impedía el estallido eventual de conflictos, bien con las fuerzas encargadas de evitarlo, reprimirlo y juzgarlo, bien entre los propios contrabandistas por su peculiar modo de ejercer la competencia. Lo que habitualmente ponía en alerta a las autoridades eran soplos, aunque más tarde resultara difícil, por no decir imposible, atar cabos, conciliar declaraciones y proceder judicialmente contra los culpables. A lo sumo, la persecución del delito desembocaba en unas pocas y cortas condenas, casi nunca de los jefes, y en amonestaciones, multas o traslados de las autoridades complicadas. La intervención policial o judicial, lastrada también por insuficiencias, recursos escasos y una confusa delimitación de competencias, irrumpía en un mundo de relaciones y dependencias personales basadas en una fidelidad endeble, derivada siempre de las esperadas recompensas. Si se quería el silencio o la complicidad había que pagar por ellos, en dinero o en favores, aunque ni tan siquiera de esa manera había seguridad absoluta frente a cambios en las lealtades y traiciones sonadas, que eran castigadas duramente, con palizas o incluso con una muerte disfrazada de accidente.

La trascendencia del contrabando estaba en directa relación con las ineficiencias de la Compañía Arrendataria que gestionaba el monopolio fiscal del tabaco, de gran importancia para los ingresos de la Hacienda pública. La Arrendataria se había fundado en 1887, aunque el monopolio fiscal del tabaco existía desde 1637. La ideología liberal de los Gobiernos decimonónicos impuso finalmente el modelo de arrendamiento del monopolio a una compañía privada, aunque el objetivo prioritario seguían siendo los resultados para el fisco. De ahí que la historia de la Arrendataria fuera desde sus comienzos una sucesión de tiras y aflojas con la Administración pública cada vez que se renegoció su contrato.

En las décadas finales del siglo XIX, el negocio del tabaco había iniciado en todo el mundo una verdadera revolución con el comienzo de la mecanización en la fabricación de cigarrillos y el inicio de su consumo masivo, que se generalizaría durante la Primera Guerra Mundial. Para estar a la altura de los tiempos era necesario modernizar la explotación del negocio, evitar la rigidez y carestía en la adquisición de la materia prima, mecanizar una producción todavía en gran parte manual, diversificar y anunciar convenientemente los productos. Sólo así podría competirse con el tabaco importado y contrarrestar las razones del contrabando. Pero todo ello era difícilmente compatible con la burocracia, los controles y las exigencias que suponía el arrendamiento de un monopolio del Estado que debía rendir frutos a la Hacienda pública.

La fijación oficial de los precios, así como el escaso margen de maniobra en la política salarial y de ajuste de plantillas en las fábricas, obligaba a perseguir mejores resultados para la renta negociando la adquisición de las materias primas o reduciendo costes mediante innovaciones tecnológicas. La Arrendataria, además, no contaba con toda la demanda interior. Hacienda nunca fue capaz de asegurar a la compañía el monopolio, porque no se combatió con decisión el fraude y el contrabando. Tampoco permitió que la Arrendataria lo hiciera, como en alguna ocasión propuso su Consejo de Administración. La compañía disponía de su propio Resguardo, la fuerza encargada de vigilar y reprimir el contrabando, con sus apostadores en el litoral y en las tripulaciones, costeados por los beneficios de la empresa y de las rentas de aduanas y de tabacos, según decía el Reglamento dictado por los Ministerios de Hacienda y Marina. La Arrendataria quiso reforzar su servicio de vigilancia y que se le reconocieran más facultades en la represión del contrabando. Hubo algún gesto por parte del Estado: se facultó a la compañía para que pudiera personarse en las juntas administrativas en las que se juzgaran delitos de contrabando y se agilizó la satisfacción de premios de aprehensión de alijos, pero las relaciones con la Marina y los carabineros no fueron fáciles y tampoco se consiguió que los gastos que suponía el Resguardo pudieran cargarse en la renta[8].

Juan March no quería ser uno más en el negocio del tabaco. Quería ser el primero y se aplicó a conseguirlo con tal éxito que ya hacia 1905 o 1906 la Compañía Arrendataria de Tabacos tenía noticias sobradas de su existencia. Desde unos años antes, según reflejan sus libros de contabilidad, la sociedad March Hermanos contaba entre sus gastos con pagos regulares a carabineros, guardias civiles y diversos «espías». El comercio entre las Baleares y la costa norteafricana, especialmente con Argel, era muy notable desde tiempo atrás. Los barcos y faluchos que trasportaban viajeros y mercancías desde las islas al norte de África, así como los que se dedicaban a la pesca en aquellas aguas, volvían cargados con toda suerte de productos, muchas veces también de tabaco de contrabando embarcado en alta mar. Entre los casi doscientos mil españoles que residían en la colonia francesa había muchos mallorquines y a comienzos de siglo había importantes fábricas de elaboración de tabaco propiedad de españoles. La ciudad de Orán, menos vigilada, y también Argel eran centros neurálgicos de estas actividades. Juan March dio un paso más allá al fabricar tabaco. En 1904 compró en Orán una fábrica que pertenecía a una familia alicantina, los Jorro. Unos años más tarde, en 1909, se convirtió en copropietario de la que en Argel tenía su convecino de Santa Margarita, José Garau.

Desde ambos puertos, desde Orán y desde Argel, March y Garau, como otros tantos dedicados a lo mismo, embarcaban legalmente su tabaco en barcos, habitualmente de pabellón francés, con despachos en regla hacia Malta, Génova o algún puerto del país vecino. Aprovechando las noches sin luna, el oscuro, una vez en alta mar se trasladaba el tabaco a algún falucho dedicado aparentemente a la pesca. Los barcos volvían a puerto argelino y declaraban que habían tenido que arrojar la carga al mar por el mal tiempo. En la documentación de Aduanas constaban como arrojadas al mar cada año centenares de toneladas de tabaco. Mientras tanto, los faluchos con los alijos se dirigían a la costa andaluza y levantina, y a Baleares, donde descargaban en playas bien conocidas por los contrabandistas y escondían los alijos en cuevas. Había que evitar las noches de lunario, cuando la luz de la luna podía hacer más fácil que se les descubriera. Esos días se aprovechaba para limpiar los barcos y ponerlos a punto.

Eran muchos los que se dedicaban al trasbordo en los primeros años de siglo. La Arrendataria lo sabía. Le resultaba fácil averiguar qué barcos y qué faluchos se dedicaban a ello. Más difícil era demostrar quiénes eran los propietarios de las embarcaciones y más todavía quiénes los contrataban y decidían las operaciones. Con los escasos recursos de que disponían y el frágil apoyo, cuando no el conflicto, con otras autoridades, el Resguardo de la Arrendataria poco podía hacer salvo reunir información, y eso lo hacía con bastante eficacia.

Para sacar el tabaco al trasbordo, March utilizó al principio la balandra «Inés», propiedad de un vecino de Orán, Rafael Bonet. Descontento, sin embargo, con las exigencias de éste, a quien tildaba de «explotador», en noviembre de 1906 contrató a Jaime Ruiz, también en Orán, para que le hiciera estas operaciones con su balandra, «León». Le nombró además su agente para las compras de tabaco en Gibraltar, una importante fuente de aprovisionamiento. Le dejó claro lo serio de su oferta y lo que había meditado antes de meterse en un negocio de esa envergadura, ya que sabía que una vez dentro no se podía retroceder. Firmado un compromiso, había que cumplirlo. March controlaba por carta que Jaime Ruiz respondiera exactamente a los encargos de los distintos tipos de tabaco, en las condiciones en las que se los había encomendado. Le exigía confirmación a vuelta de correo y que le presentase las cuentas con atención y regularidad.

No era suficiente con la vigilancia a distancia. Había que hacerlo personalmente y Juan March le visitaba periódicamente para comprobar que todo se hacía con seriedad. Como explicó a quien iba a ser su socio, José Garau, por rentable que fuera el negocio, cualquier competencia bien manejada podía causarles graves trastornos. Para estar a la altura requerida era imprescindible contar para el trasbordo con barcos y faluchos rápidos y con personas de confianza, asegurándose su fidelidad. Había que ser exigente en los pagos, pero a cambio era necesario ofrecer a los destinatarios en las costas peninsulares e isleñas un producto en buenas condiciones, de calidad y a buen precio, cumpliendo fielmente con los encargos y las fechas comprometidas. Cuando en 1909 murió Jaime Ruiz, Juan March y José Garau firmaron un contrato con la viuda, Concepción López, y con su hijo Gaspar Ruiz. Éste continuó las tareas que desempeñaba su padre, por lo que recibía un sueldo de 200 francos mensuales. March asignó, asimismo, una pensión de otros 200 a la viuda, en agradecimiento por los servicios prestados por su marido. Fue ésta una práctica repetida en adelante pues con ella se aseguraba la lealtad de quienes sabían demasiado del «negocio del trasbordo»[9].

Desde 1905, año en el que la Arrendataria contempló con estupor el incremento del contrabando y la consiguiente disminución en la renta, la compañía trató de ponerle remedio. Especialmente cuantioso era el contrabando que salía de Argel y el que se hacía en el campo de Gibraltar y en Baleares. Tanto, que la Arrendataria decidió enviar a aquella ciudad africana al jefe de vigilancia de Baleares para que comprobara in situ las dimensiones del asunto. Se solicitó al ministro de Hacienda que permitiera actuar a los barcos de la Arrendataria fuera de la bahía de Cádiz y a hacer aprehensiones de noche, y que se gestionase con el Gobierno francés la prohibición de las salidas de Argel del balandro «Inés», porque se sabía que hacía contrabando con los faluchos españoles que salían a pescar. Como incentivo para carabineros y para el Resguardo, se propuso aumentar los premios estipulados por la aprehensión del tabaco de contrabando y declararlos exentos de impuestos.

El Gobierno pareció atender los ruegos de la Arrendataria y en 1907 ordenó una ofensiva contra el contrabando que llevó a la captura de más de una treintena de faluchos. Fue un momento difícil para el negocio. Juan March decidió protegerse simulando la venta de los suyos a un tal John García, alias the younger, vecino de Gibraltar. A partir de entonces, las embarcaciones circularon bajo pabellón inglés y los conflictos por las aprehensiones se convirtieron en un quebradero de cabeza para las autoridades británicas y españolas. La Arrendataria, tras un minucioso estudio sobre el alcance del contrabando, reorganizó el servicio de vigilancia en tierra y volvió a pedir autorización para actuar con mayor libertad y coordinación con los Resguardos oficiales. Lo único que logró fue que se les recordara que debían abstenerse de detener, registrar y aprehender embarcaciones con bandera extranjera fuera de las aguas jurisdiccionales para evitar incidentes «lamentables». Después de las aprehensiones, los tribunales fallaban a menudo a favor de los acusados, que resultaban absueltos, y la Arrendataria quedaba obligada a devolver el tabaco y las embarcaciones, con el agravante de que, dado el tiempo transcurrido entre la aprehensión y la sentencia, el tabaco había sido muchas veces vendido o usado, y las embarcaciones subastadas. Tampoco le era fácil a la compañía conseguir permiso para comprar nuevos vapores para su servicio de vigilancia, y eso que resultaba del todo evidente la insuficiencia de los medios del Resguardo marítimo, que más de una vez se quejó de la imposibilidad de seguir y vigilar los faluchos que enarbolaban bandera inglesa, ni de avisar a los guardacostas.

Pese a todas las dificultades con las que actuaba la Arrendataria, la lucha contra el contrabando provocó dificultades a quienes se dedicaban a ello. El acuerdo de Juan March con Gaspar Ruiz no funcionó tan bien como había funcionado con su padre. Por ello, a comienzos de 1910, March y Garau, que habían formalizado su relación con la creación de la sociedad tabaquera March y Garau, decidieron terminar con la competencia que, pese a todo, seguía planteándoles Bonet desde que rompieron con él. Los tres firmaron un contrato en toda regla que supuso obligaciones respecto a la utilización de los respectivos balandros, el tipo de tabaco a comerciar por unos y otro y sus precios, así como el respeto a los clientes respectivos, y qué hacer en caso de que surgieran nuevos competidores. Se garantizaron a Bonet unos ingresos mínimos, y éste puso a disposición de los firmantes la colaboración de un tal Bidault, personaje clave, pues su trabajo en la aduana argelina le permitía hacer todas las formalidades respecto al embarque y desembarque, entradas y salidas. El compromiso entre Bonet, March y Garau se respetaría e incluso tendría sus efectos respecto a los posibles herederos en caso de fallecimiento antes de cinco años. Eso sí, se rompería si se incumplían los pagos y Bonet podría rescindirlo si no se trasbordaban 6.000 bultos un año, o si la suma de bultos trasbordada no diera para sostener el balandro.

No era práctica habitual llegar a compromisos escritos en el mundo del contrabando, pero sin duda el acuerdo permitió a Juan March consolidar la red que había ido tejiendo por el norte de África, desde Gibraltar a Argel, y por distintos puntos de la costa mediterránea hasta llegar a las Baleares. Se movían grandes cantidades de tabaco y mucho dinero. En Mallorca, Juan March contó, para el tabaco y para otros negocios, con la colaboración en Alcudia de Antonio Qués. En esa misma ciudad mallorquina estableció relaciones comerciales con los hermanos Ramis, y en muchos pueblos de la isla sus hombres de confianza eran conocidos por todos. La Compañía Arrendataria tenía pruebas más que suficientes de ello y conocía los nombres de otros muchos implicados a lo largo de la costa mediterránea: los hermanos Juan y Ramón García Morillas, de Puerto Lumbreras; Salvador Ruiz Llanes y Francisco Alemán, de Algezares; Baltasar y Ambrosio Asensio, alias los carboneros, de Almería; José Llorca, de Alicante; Pascual Martínez, Tomás Rubio, Vicente Benedito y Vicente San Vicente, de Valencia. Todos ellos recogían letras por valor de miles de pesetas que les giraba March cada mes, forma en que pagaban el importe del tabaco que recibían de su fábrica y que colocaban en el mercado de las diferentes provincias, una vez introducido delictivamente por sus costas. Si March protegió con la bandera inglesa sus balandros y faluchos, buscó también abogados que defendieran a todos aquellos que, por distintos motivos, pudieran caer en manos de las fuerzas del orden y de la justicia.

El monopolio de tabaco en Marruecos

En 1911, Juan March dio un paso más para asegurar su posición preeminente en el negocio. Supo aprovechar las oportunidades brindadas por la política de expansión de las potencias europeas en el norte de África. Al hilo de las crecientes relaciones comerciales y de la instalación de una cada vez mayor población proveniente de Europa, la sociedad tradicional marroquí se veía sacudida por grandes cambios. Aumentó la inestabilidad y la debilidad de la autoridad del sultán se tradujo en rebeliones tribales y mayor violencia. Las potencias europeas trataron de aprovechar la necesidad de «protección» que tenía el sultán para afianzar su autoridad en el territorio del majzen mediante una sucesión de tratados.

Francia, dueña de Argelia y protectora ocupante de Túnez, estaba decidida a jugar a fondo también la carta de Marruecos. Gran Bretaña, por su parte, consideraba inaceptable que Francia se instalara sobre la costa marroquí enfrente del peñón de Gibraltar. Alemania tampoco estaba dispuesta a abandonar la batalla. España, aunque potencia menor en el orden internacional, no podía dejar de defender sus intereses estratégicos, y los más concretos de sus dos plazas de soberanía: Ceuta y Melilla. El proyecto de tratado de 1902 entre Francia y España para repartirse zonas geográficas de influencia en Marruecos no salió adelante por el temor de la diplomacia española a decidir a espaldas de Gran Bretaña. El protagonismo quedó así en manos de franceses e ingleses, quienes aceptaron tener en cuenta los intereses de España y dispusieron que el Gobierno francés concertase con el español un eventual acuerdo que sería oportunamente comunicado a Londres. Se llegó así al tratado de octubre de aquel año y al protocolo adicional y secreto de 1905, que preveía una eventual partición territorial de Marruecos entre los dos países. El sultán ni tan siquiera había sido invitado a participar en las negociaciones, lo cual no hacía sino alimentar la beligerancia de las tribus que lo acusaban de estar dominado por los cristianos. España, por su parte, veía disminuir los límites que se le habían ofrecido en el acuerdo non nato de 1902[10].

La Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 significó la internacionalización de la cuestión marroquí y la mediatización de la autoridad del sultán, que se plasmó más tarde en el Tratado de Protectorado entre Francia y Marruecos de 1912. Marruecos quedó dividido en dos zonas de influencia, una francesa y otra española. Ésta, especialmente accidentada y conflictiva, procuró continuos quebraderos de cabeza a España, obligándola a aumentar la presencia militar para hacer frente a repetidos ataques de las cabilas rebeldes.

El reparto estuvo acompañado del compromiso de ambas potencias de colaborar en la reorganización de distintos servicios (policía, régimen de aduanas e impuestos, funcionamiento de la administración…) y diversas instituciones en Marruecos. El Banco de España participó, por ejemplo, en la creación del Banco del Estado de Marruecos. La Compañía Arrendataria de Tabacos fue requerida por el Ministerio de Hacienda para que decidiera si tenía interés en la contratación del monopolio de tabacos. El director de la Arrendataria informó al Consejo de Administración de que el asunto merecía «especial consideración», ya que permitiría aumentar la influencia española en la región impidiendo que pasara a manos extrañas. Además, si la Arrendataria se hiciera con el monopolio en Marruecos ensancharía su mercado y sería más fácil reprimir el contrabando. La junta de accionistas manifestó inicialmente su voluntad de prestar su «patriótico concurso» al estrechamiento de relaciones con el imperio vecino. El consejo delegó el asunto en el presidente, el marqués de Aldama, y en el director, Eleuterio Delgado, y envió un ingeniero a Marruecos para estudiar el terreno.

La conflictividad en la zona retrasó la resolución y mientras tanto murió el marqués de Aldama, que había ejercido una emprendedora presidencia de la Arrendataria. Un mes más tarde falleció también Eleuterio Delgado. Fueron sustituidos por Alejandro Pidal y Mon y José Echegararay, personajes ambos con larga trayectoria política. Echegaray recibió del ministro de Estado, en abril de 1909, el pliego de condiciones para la subasta del arriendo del monopolio en Marruecos y lo trasladó al Consejo de Administración. Las opiniones no eran las mismas. Ahora pensaban que el negocio no permitía abrigar esperanzas de éxito mercantil y preferían abstenerse de ir al concurso, salvo que lo requiriesen «altos motivos». Ocupaba la presidencia del Gobierno el conservador Antonio Maura, empeñado en una mayor intervención del Estado en la política económica e industrial. El Gobierno presionó a la Arrendataria para que se integrara en un consorcio internacional constituido en Francia para hacerse cargo del monopolio marroquí del tabaco, pero los consejeros insistieron en que no era un «negocio suficientemente atractivo», si bien estaban dispuestos a atender lo que hiciera falta por razones de Estado. Ni siquiera el requerimiento que hicieron el Banco de París y el de los Países Bajos a través del Banco de España consiguió convencerles.

La Arrendataria quedó, pues, al margen de la Société Internationale de Régie Co-interessée des Tabacs du Maroc (la Régie) que se hizo con el monopolio del tabaco en todo el territorio de Marruecos, por decisión francesa. Pero eso, con ser grave para los intereses del monopolio español, no lo fue tanto como el hecho de que, un año más tarde, Juan March se hizo con la concesión del arrendamiento en la zona española para un período de diez años, a cambio del abono de un canon fijo de 800.000 francos anuales sobre los beneficios obtenidos por las ventas hasta una cantidad de dos millones de pesetas; a partir de esa cantidad, abonaría a la Régie el 20 por 100 sobre el exceso de venta líquida.

Juan March estaba bien asentado en la zona. No sólo se dedicaba a la fabricación de tabaco y a su comercialización y venta, legal e ilegal. Había ido abriendo almacenes en los que vendía a la población marroquí otros productos, como arroz, harina o azúcar. La compra venta de armas, especialmente provechosa en un territorio inestable y belicoso como aquél, formaba parte también de sus actividades. La posibilidad de hacerse con la concesión del monopolio de tabaco representaba una gran oportunidad, no tanto por el negocio que suponía la venta de tabaco en una zona poco poblada y conflictiva como era la española, sino porque reforzaba sus posiciones y le convertía en una fuerza viva, permitiéndole hacer uso de una posición perfectamente legal y protegida internacionalmente. Lo tuvo tan claro que removió cielo y tierra para hacerse con él. Hizo valer todas sus influencias, que eran ya muchas, y que a raíz de la concesión se afianzaron más todavía. Conseguida ésta, pactó con su socio, José Garau, el cambio de edificio de la sociedad que compartían, así como la ampliación y la modernización de la fábrica de tabacos en Argel. Cuando se negoció el convenio global de 1912 entre Francia y España sobre el protectorado de Marruecos, no le quedó a España sino aceptar el hecho consumado, si bien Francia admitió que cuando llegara el momento de la revisión del arrendamiento del monopolio de tabaco, en 1933, podría España ejercer el rescate parcial avisando con dos años de antelación al Gobierno francés.

Juan March tenía, pues, a partir de ese momento, el monopolio de tabaco en la zona del protectorado español en Marruecos. La Compañía Arrendataria española lo mantenía, sin embargo, en las plazas de Ceuta y Melilla, donde el consumo era, sin duda, mayor que en el territorio del protectorado, y tanto más cuando se recrudecía el envío de tropas. No tardaron en ponerse de manifiesto las dificultades de este reparto. La Régie —es decir, Juan March— solicitó autorización para introducir por el puerto de Melilla el tabaco que como concesionario debía vender en el territorio que se le había adjudicado, fuera de la ciudad. Pidió que se le permitiera establecer allí un depósito y solicitó también la cooperación de las fuerzas militares españolas para impedir el desembarco de tabacos ajenos a los del monopolio marroquí, comprometiéndose a su vez a salvaguardar los derechos de la Arrendataria. Tras la campaña militar que España había realizado en 1909 en Melilla, España tenía allí un cuerpo de ejército que suponía una importante cifra de fumadores, que compraban tabaco de todas las procedencias menos de la renta española. La Arrendataria trataba de que las autoridades militares persiguieran el contrabando y ayudasen en las gestiones a favor del consumo de sus labores. Admitir las peticiones de la Régie iba en contra de sus intereses y se negaron a aceptar. En vista de ello, March decidió utilizar sus armas y ahogar en la práctica a la Arrendataria. Comunicó a los expendedores de ésta que no sería permitida en adelante la venta de tabaco español en ciudades como Nador, por considerarlo contrabando. Fue el propio Ministerio de Estado quien trasmitió a la Arrendataria la orden de que suprimiese la expendeduría de Nador. Iban a comenzar las negociaciones para la firma del convenio de 1912 y no se querían conflictos con el país vecino.

Nador fue sólo el principio. Distintos expendedores de la Arrendataria fuera de Ceuta y Melilla renunciaron a su trabajo por la escasez de ventas y las reducidas indemnizaciones que cobraban. Mientras tanto, Juan March, como concesionario de la Régie, multiplicaba sus depósitos a escasos kilómetros de Ceuta, en Nador y en Tetuán, desde los que surtía de tabaco a unas tropas españolas que se acercaban a los 100.000 hombres, y que no sólo lo fumaban sino que lo introducían en pequeñas cantidades cuando volvían a España, con la tolerancia de las autoridades aduaneras españolas. En junio de 1912, Juan March dio un paso más allá y solicitó que se le concediese el arriendo de la venta de tabaco en Ceuta y Melilla. Por supuesto, la Arrendataria se manifestó absolutamente contraria a la petición, no ya porque vulneraba su contrato con Hacienda, sino porque, en su opinión, semejante concesión redundaría en un aumento del contrabando. March no tuvo éxito en su petición, pero no cejó en ella.

Dos años más tarde, en 1914, las circunstancias internacionales cambiaron de manera radical. Estalló la Primera Guerra Mundial. Todas las actividades comerciales se vieron pronto afectadas y el control del tráfico por el Mediterráneo se convirtió en un objetivo prioritario. Alemania trataba de dificultar el comercio de las potencias aliadas, mientras que Francia y Gran Bretaña hacían todo lo posible por impedir el abastecimiento de los submarinos alemanes. El afán de control dificultó las actividades de contrabando. Los barcos y faluchos que traficaban por las costas mediterráneas se vieron sometidos a mayor vigilancia por temor al espionaje y a que pudieran aprovisionar de petróleo y dar avisos a los submarinos alemanes. El nuevo director de la Compañía Arrendataria, el político conservador Manuel Allendesalazar, trató de aprovechar las circunstancias y quiso poner de acuerdo a los ministros de Hacienda y de Estado para que se ocuparan de la cuestión del contrabando, el cual, en su opinión, tenía en aquellos momentos importantes implicaciones internacionales. Decidió viajar a la costa levantina para conocer directamente los problemas de la renta, rompiendo las costumbres de los directores de la Arrendataria que no solían salir de las oficinas centrales.

Atónito y muy preocupado por lo que pudo comprobar, el 5 de julio de 1916, Allendesalazar planteó en el Senado una interpelación al ministro de Hacienda, Santiago Alba, aprovechando que estaba en pleno debate su propuesta de reforma del monopolio de tabacos. El Gobierno liberal que presidía el conde de Romanones había anunciado un ambicioso programa económico y financiero presentado por el joven ministro de Hacienda, que trataba de hacer frente al déficit presupuestario creciente. Entre las reformas anunciadas por Santiago Alba estaba la relativa al régimen de los monopolios del Estado, con el fin de mejorar su funcionamiento y, sobre todo, incrementar los ingresos que aportaban a las arcas públicas. En el caso del monopolio de tabaco, la Arrendataria pagaba al Estado un canon fijo de 95 millones de pesetas, más una participación en los beneficios. En correspondencia, obtenía un porcentaje sobre la recaudación, un interés sobre el capital arriesgado y la exención del pago de las contribuciones industrial y de utilidades, así como de los aranceles sobre importación y exportación del tabaco y de los materiales destinados a la fabricación.

En 1909, el Estado se había comprometido a no modificar unilateralmente esas condiciones a cambio de una reducción del interés percibido por la compañía sobre el capital invertido. Ahora, el ministro de Hacienda se proponía acabar con las exenciones tributarias de que disfrutaba, reducir los premios por la cobranza de labores y establecer una participación para el Estado del 46 por 100 de los beneficios. Pretendía, además, reformar los tipos y calidades de las labores de tabaco para adecuarlas a los gustos de los consumidores, y autorizar el cultivo del tabaco aunque con las restricciones necesarias para evitar que la renta sufriera daños. A Santiago Alba no le parecían peticiones exageradas, pues significaba para la Arrendataria sólo una renuncia al exceso de sus ganancias. Pero la compañía, con su director gerente a la cabeza, se movilizó para recordar que el compromiso de 1909 impedía cualquier cambio en el contrato hasta 1921. Santiago Alba tuvo finalmente que renunciar a la participación estatal en los beneficios de la sociedad, si bien a cambio la Arrendataria lo hizo a la exención del impuesto de utilidades y disminuyó su porcentaje sobre la recaudación[11].

En su interpelación a Santiago Alba en el Senado, el presidente de la Arrendataria y senador del Partido Conservador, Manuel Allendesalazar, dijo que había otras vías para mejorar los ingresos del Estado en el caso de los monopolios estatales: la lucha contra la defraudación de aduanas y el contrabando, que suponían una merma del 30 por 100 de los ingresos que éstos deberían procurar. Hacía falta mano firme por parte del Gobierno, especialmente en el asunto del contrabando de tabaco, una verdadera «podredumbre», pues de todos era sabido que circulaba más tabaco de contrabando que de la renta oficial. «Atufaba» y hería a la dignidad del poder público la «protección infame» que tenía el contrabando, denunció el senador. Esa protección era consecuencia del abandono de la Administración y de la indiferencia o incluso el aprecio que en la mentalidad popular existía hacia la figura romántica del contrabandista, a quien se veía como un héroe que arriesgaba su vida. La realidad distaba mucho de eso. Lo que había era unas pocas «grandes empresas contrabandistas», con capitales millonarios, barcos e influencia. Incluso los funcionarios encargados de reprimirlo se subían al carro, creyendo que nada malo hacían con ello, pues sus superiores no ponían ningún empeño en hacérselo comprender.

Por primera vez se oyó en el Parlamento español, en el salón de sesiones del Senado, el nombre de Juan March, a quien Allendesalazar presentó como el «gran empresario que vive en Mallorca». No se trataba de uno de aquellos contrabandistas que la imaginería popular admiraba. March tenía tal red, tal capital, tales medios, que abarrotaba barcos garantizándoles ganancias positivas, y con ellos inundaba de tabaco las costas de Levante y del Mediterráneo. Poco podían hacer los británicos, bajo cuyo pabellón navegaban muchos de los barcos contrabandistas, porque eran los propios tribunales españoles los que, al amparo de la testificación de cualquier cómplice, sentenciaban que los apresamientos se habían hecho fuera de las seis millas fiscales españolas. Los contrabandistas acababan consiguiendo que se les devolvieran los barcos apresados y el tabaco, e incluso se atrevían a pedir indemnizaciones y el procesamiento de las autoridades de la Marina española por falsedad en documento público.

El senador conservador estaba convencido de que la guerra ofrecía la ocasión propicia para dar la batalla. Había que aprovechar la buena disposición de las autoridades británicas y francesas por la neutralidad española en la conflagración europea. Londres podía ofrecer listas de barcos contrabandistas y París la colaboración efectiva en la represión. Nada se conseguiría, como había dicho el representante de la Arrendataria en el norte de África, Luis Fajardo, mientras no se pudiera dejar los faluchos apresados «varados en Argel hasta que el sol, el viento y el agua los pudriera desde la quilla hasta las tracas y cuadernas»[12].

El presidente del Gobierno, el conde de Romanones, contestó a Allendesalazar que el contrabando era un «mal muy añejo» y que mucho más que carabineros, resguardos y demás medios de represión, su desaparición dependía de que la conciencia colectiva del país comenzara a considerarlo un delito. Le pareció admirable, por ello, que el senador hiciera pública la denuncia e incluso que nombrara a uno de los mayores protagonistas del negocio. Ahí quedó todo. La interpelación no tuvo mayores consecuencias. Ni el conde de Romanones ni Santiago Alba pusieron mayor empeño. Pero el nombre de Juan March quedó escrito en el Diario de Sesiones del Senado, identificado como el «gran empresario» del contrabando del tabaco. Todavía aquel año iban a añadirse más eslabones en la leyenda que comenzaba a construirse sobre él.

El asesinato del Grao

El 29 de septiembre de 1916, en Valencia, en el camino hondo del Grao, frente al huerto llamado de La Campana donde la vía del ferrocarril se bifurcaba, una pareja de la Guardia Civil encontró un cadáver tumbado boca abajo. Era de un hombre de unos treinta años, de estatura regular, afeitado y bien trajeado, con botas de charol y sombrero de fieltro verde. Tenía una veintena de heridas de arma blanca en pecho, espalda y cuello. No llevaba cédula de identificación alguna, pero un telegrama guardado en su bolsillo permitió identificarle como Rafael Garau. Llevaba mucho dinero, unas 900 pesetas en billetes, veinte en monedas de plata y calderilla, además de un reloj de oro, por lo que el móvil del robo quedó casi de inmediato descartado.

El juzgado inició las diligencias y en el registro de la habitación del hotel en que se hospedaba se confirmó su identidad: tenía veintiocho años, era natural de Santa Margarita, Mallorca, e hijo de José Garau, un «hombre de negocios importante» con fábricas de tabaco y alcohol en Argel, como dijo la prensa valenciana, que inmediatamente se hizo eco del caso. Fue El Mercantil Valenciano, uno de los más importantes diarios de la ciudad, quien relacionó pronto el crimen con el contrabando de tabaco del que vivían numerosas familias de la costa, burlando a las fuerzas de los carabineros y a los agentes de la Arrendataria. Desde los jefes, los capitalistas, hasta el expendedor que ofrecía la lliura por los cafés, eran muchos los implicados en el negocio.

Hubo, en opinión de la prensa, desidia inicial en la investigación del crimen por parte de la policía. Fueron el juez de primera instancia y la Guardia Civil quienes llevaron a cabo las primeras actuaciones y detenciones. Cuando se nombró juez especial a Antonio Delgado Curto el procedimiento se aceleró. Pero, como era habitual en estos asuntos, fue casi imposible encontrar testimonios. Un guardabarrera de casi setenta años y con mala vista, que pasaba a diario por aquel lugar, dijo que oyó voces detrás de él, pasos apresurados, como de alpargatas, y golpes como de puñetazos de piedra. Luego, el ruido de un cuerpo al caer de rodillas. Se acercó, pero era de noche y estaba oscuro. Tuvo miedo al escuchar un lamento en valenciano: «M’han mort; mals amics». Asustado, no avisó a las fuerzas del orden, aunque no pudo dormir.

También se habló de un hombre de blusa negra, a quien se había visto algunos días a la misma hora en aquel lugar, pero resultó que iba a entregar sus cartas al tren correo. No vio nada, como tampoco vio nada una pareja que pasó muy cerca del lugar. Trascurrieron más de dos semanas hasta que se encontró el arma: un estoque de tres cuartos, una especie de florete con punta y filo, cortado por la mitad y con un mango añadido. Lo habían lavado para quitarle las manchas de sangre. Lo encontró por casualidad, hundido en el barro, otro obrero que volvía a su casa desde unos talleres del Grao. Lo cogió y se lo llevó. Cuando se enteró de lo ocurrido también tuvo miedo y no dijo nada a nadie. Sólo cuando los compañeros de trabajo le convencieron, mucho más tarde, decidió entregarlo y confesar cómo lo había encontrado. Fue puesto en libertad.

Quienes de inmediato intuyeron que serían buscados e interrogados tuvieron tiempo para preparar sus explicaciones y coartadas. Hubo un revuelo general en el Grao y en el barrio de El Cabañal, donde vivían muchos de los que se dedicaban al contrabando. No se hablaba de otra cosa por los bares del puerto, y pronto quedó claro que no sería fácil atar cabos. Fueron llamados a declarar quienes de todos era sabido que estaban en el negocio y tenían relación con Rafael Garau: Isidro Darder y su hermano José, Tomás Rubio, Vicente Garsando, Vicente Benedito, Joaquín García y Elías Llovet fueron interrogados al día siguiente del crimen. Decían tener diversos oficios: guantero uno, empleado otro, marinero alguno, barbero y comerciante de pescado otros… Uno de ellos, Joaquín García, había sido carabinero, hasta que fue expulsado del cuerpo por un asunto de contrabando. Isidro Darder, que dijo ser abastecedor de carbones, tenía fama de ser el hombre de confianza de Garau, a cuyo servicio se ponía cuando éste viajaba a Valencia. No creía que esta vez lo hubiera hecho por ningún alijo porque, cuando lo hacía, procuraba esconderse en su casa. Rafael Garau era muy conocido y en cuanto se le veía se movilizaba todo el cuerpo de carabineros. Esta vez, sin embargo, se había hospedado en la fonda Roma. Tampoco se le conocían amores en Valencia. No debía descartarse ninguna causa posible de su muerte[13].

El 1 de octubre pasaron por el juzgado Vicente de Vicente, maquinista, y su hermano Francisco, marinero, como Pascual Martínez Sala, y Vicente Planells, jornalero. Todos vivían en Valencia, muchos de ellos en el barrio de El Cabañal. No era el caso de Bartolomé Monjo, mallorquín, natural de Santa María, a pocos kilómetros de Santa Margarita. Había llegado desde Madrid unos días antes y se acercó al Cabañal, dijo a la prensa, buscando hacer algún negocio, de arroz o vino, «para ver de buscarse la vida». Conocía a Rafael Garau, aunque más a su padre. Estaba en el puerto cuando llegó desde Mallorca en el barco correo. Estuvo con él en varias ocasiones en los días siguientes, aunque a la última cita, la tarde de autos, Garau no acudió. Dijo Bartolomé Monjo que se había enterado del «horrible asesinato» al oír vocear la prensa. El muerto era un «perfecto caballero. Bueno, generoso y de carácter excelente». Su familia, «inmensamente rica», gozaba en Mallorca de grandes influencias políticas. El padre solía residir en Argel, donde tenía «importantísimos negocios»[14].

Todos los que pasaron a declarar ante el juez conocían a Rafael Garau desde hacía tiempo, aunque alguno pretendió negarlo de entrada. Todos lamentaron su muerte y, por supuesto, negaron de manera contundente haber tenido nada que ver. No se resistieron excesivamente a hablar del contrabando, y acabaron explayándose en las idas y venidas de unos y otros. Eso sí, casi todos dijeron que hacía meses que no participaban en ningún alijo. Podía ser cierto. El negocio atravesaba momentos difíciles como consecuencia de la guerra europea y de una política más decidida por parte de las autoridades. Probablemente también por la mayor abundancia de soplos. Todos habían visto a Rafael Garau en aquella visita a Valencia. Habían tomado café con él, habían comido o lo habían visitado en su hotel, pero ninguno reconoció saber con anticipación de su venida. Todos explicaron dónde estaban aquella noche y dijeron haberse enterado por el periódico, al día siguiente, de lo que había ocurrido. Sin embargo, entre los papeles encontrados al difunto aparecieron al menos tres cartas dirigidas por alguno de ellos a Rafael. Alguna era amenazante, otras le prevenían de peligros y alguna le proponía negocios.

Las declaraciones, difíciles de seguir, nunca claras, reflejaban la realidad de una de aquellas redes del contrabando, historias de encuentros y desencuentros, de acuerdos y traiciones, de denuncias, de pagos no hechos y deudas pendientes, de viejas historias y ajustes más recientes. Pronto quedó claro que se habían producido reagrupamientos en las filas del contrabando y, tras una época de cierta armonía, una «nueva sociedad» amenazaba los equilibrios establecidos. Un año atrás, Rafael Garau había cambiado de «encargado», abandonando a Vicente San Vicente para buscar apoyo en Isidro Darder. Unos decían que San Vicente le había dejado porque le pagaba poco; otros, que Vicente San Vicente había tratado de engañar a Garau y éste le había despedido. Había cambiado también la manera de trabajar. Con San Vicente, era éste quien decidía los alijos, y Garau quien le enviaba el tabaco desde Argel. Al llegar, se valoraba y pagaba mediante letras. Otros implicados en el negocio aportaban una cantidad alzada e iban a pérdidas o ganancias. Darder, sin embargo, tenía dinero por anticipado de Rafael Garau para atender a los gastos y luego le presentaba las cuentas. De vez en cuando viajaba a Mallorca para ello. La última vez, Garau le dijo que no había ningún negocio en perspectiva porque la guerra había parado todo. Era imposible sacar género de Argel. El último cargamento que se había intentado fue por Jávea, pero los carabineros lo habían apresado. Todavía no se había hecho la liquidación de aquel alijo perdido, que había dado lugar a resquemores y sospechas de soplo entre los contrabandistas.

No había manera de averiguar el motivo del viaje de Rafael a Valencia. Pudo haber ido a recuperar un dinero que algunos le debían; pudo ir a hacer algún nuevo trato. Cabía pensar que aquel joven, que caía bien porque era simpático, alegre, confiado y generoso, y que pese a su juventud llevaba muchos años en el negocio, podía estar intentando asegurar una red propia que amenazaría a las existentes. Hasta entonces Rafael Garau había venido actuando como un cliente más de la sociedad March y Garau, a la que compraba el tabaco, eso sí, a buen precio, para luego venderlo.

Antonio Qués, amigo, socio y hombre de confianza de Juan March, se personó en Valencia por orden de éste nada más conocerse el asesinato. Uno de los primeros en saberlo fue Juan March, aunque luego se quejó de que había tenido que preguntar al oír rumores en Palma. Se lo confirmaron por telegrama el mismo día 30 Isidro Darder y Bartolomé Monjo: «Rafael muerto. Prepare familia y que venga don Lorenzo y Bernat con todos los datos de correspondencia. Conteste que hago cadáver. Mañana autopsia». Vicente San Vicente también le telegrafió: «Rafael lo han muerto ignorando quien. Telegrafíe qué hago». Más detalles le dio Ramis, uno de sus hombres en Barcelona, a quien March ordenó que se trasladara inmediatamente a Valencia, mientras llegaba Qués desde Palma, y le remitiera detalles sobre el «accidente», si era conocido el agresor y qué juzgado instruía diligencias. Le encargó también que gestionara todo lo que fuera necesario en relación con el cadáver, corriendo todos los gastos de su cuenta. Ramis realizó activísimas gestiones con el juez del distrito del Mar, al que había correspondido el caso. Supo que no había cámara frigorífica en Valencia y quiso saber si se embalsamaba el cadáver. Estaba en «confidenciales relaciones», le dijo a Juan March, con la policía y con el juez, que agradecerían cualquier detalle que pudiera esclarecer el hecho. March confesó a Antonio Qués que se encontraba falto de datos. Suponía que los autores debían de ser del «oficio», ya que no tenía referencias de que hubiera mujeres de por medio, que podía ser otra razón. San Vicente se apresuró a informarle de que habían sido detenidos e incomunicados los «amigos» Rubio, Benedito, Garsando y García. Él mismo había sido citado en el juzgado y estaba seguro de que sería detenido. Pero de esa forma no se sacaría nada en claro[15].

Tras su llegada a Valencia, Antonio Qués se mostró contrariado al telegrafiar a Juan March. Estaba convencido de que, por la vía que iba, el crimen quedaría impune a pesar del interés mostrado por las autoridades. Convenía ayudar en todo lo posible o, al menos, eso fue lo que dijo a March. Éste, a su vez, telegrafió a Vicente San Vicente avisándole de la llegada de la familia Garau a Valencia, y pidiéndole que acudieran a recibirles, acompañarles y consolarles, y que procuraran aclarar el misterio ofreciendo toda su colaboración al juez. Él llegaría al día siguiente. Fueron ellos, Antonio Qués y los hombres de March, por encargo de éste, quienes consiguieron autorización para el traslado del cadáver en vapor a Mallorca. Fue March, en la isla, quien consiguió su admisión, preparó un tren especial, movilizó al clero para que lo acompañara, y organizó que la noticia saliera en la prensa para que lo supieran todos sus amigos y conocidos. La llegada fue espectacular, la comitiva grandiosa, con todas las autoridades civiles y eclesiásticas recibiendo el féretro de Rafael Garau, cuya capilla ardiente se instaló en la consigna de la Compañía Marítima Terrestre. Presidieron el acto el gobernador civil y el presidente de la Diputación Provincial, el alcalde de Palma y uno de los concejales. Un tren especial de cinco vagones lo trasladó hasta Muro. Desde allí hasta Santa Margarita se preparó un coche mortuorio, seguido de una comitiva de automóviles, carros y carretas. Todo el pueblo se lanzó a la calle a recibirlo. La prensa calculó que habían asistido más de 15.000 personas. Todo un acontecimiento social en la isla.

Antonio Qués había dicho al juez que conocía perfectamente a Rafael Garau, pero que era muy reservado. Se dedicaba al negocio del tabaco y trataba de demostrar su independencia respecto de su padre, en cuya fábrica compraba con precio preferente como otros clientes. Varias veces había oído a March recomendarle que se olvidase de sus negocios en Valencia, pues tropezaba siempre con problemas. Quizás había ido para liquidar sus asuntos, pero no era ésa la impresión de otros interrogados. Francisco San Vicente levantó la liebre acerca del soplo que podía haber dado su hermano sobre un cargamento que resultó aprehendido. En la noche del crimen, en la playa del Cabañal, se había preparado un alijo. El «Winter», el barco de un tal Pepe el malagueño, había sido visto en aquellas aguas. Francisco San Vicente no sabía si había alijado o no, pero cuando se preparaba un alijo solían reunirse los contrabandistas, y aquella noche lo habían hecho. ¿Cuántos y dónde? Eso no lo sabía. Cuando había dos «sociedades» en la rivalidad del negocio solían denunciarse los unos a los otros, reconoció su hermano Vicente. Ahí podía estar la clave: una nueva sociedad, en la que quizás hubiera querido involucrarse Rafael estaba poniendo en peligro el control que hasta entonces había ejercido March.

Semanas más tarde, el crimen seguía sin aclararse. La prensa valenciana lo comentaba en sus primeras páginas y había saltado también a la madrileña. El periódico republicano España Nueva envió a Valencia corresponsales que hicieron noticia titular de aquel «sombrío, intrincado», crimen, con crónicas sacadas de aquí y de allá, algunas más ciertas que otras. Visitaron el lugar del crimen y los cafés del Grao donde solían reunirse los contrabandistas, y trataron de sonsacar al juez, a la Guardia Civil, a los abogados y a todo el que tuviera algo que decir. Los periodistas quedaron sorprendidos de que no hubiera comparecido ante el juez el padre de Rafael Garau, quien, conmocionado tras el traslado del cadáver y el entierro, se había retirado a Argel y había ofrecido, eso sí, una recompensa a quien diera noticias fiables. Al juez le extrañaba también, pero no había conseguido que José Garau compareciera[16].

Sí compareció, y en dos ocasiones, Juan March, a quien España Nueva atribuyó una fortuna de más de seis millones de duros, acumulados en tan sólo seis años. March explicó al juez sus negocios con el padre del muerto, José Garau. Tenía con él desde hacía once años la fábrica de tabaco en Argel, independiente de la que él mismo tenía en Orán y de su gestión del monopolio de tabacos en Marruecos, en los que José Garau no tenía participación alguna, como tampoco la tenía su hijo Rafael. Cinco años atrás, Rafael llegó por primera vez a Valencia con el propósito de vender tabaco de Argel a quienes el propio March le indicó. Tres años más tarde, sin embargo, decidió independizarse, por lo que ellos le vendían el tabaco argelino como a cualquier otro cliente.

March había intentado hacer sus propias averiguaciones acerca del asesinato, y había hablado con sus tres clientes directos en Valencia —Rubio, San Vicente y Garsando—, cada uno de los cuales representaba «compañías» de veinte o veinticinco hombres. En el mes de mayo le había sorprendido la noticia de que alguno de ellos había decidido comprar tabaco directamente en Gibraltar. Les convocó a una reunión en Madrid para advertirles de las consecuencias, una reunión de las que frecuentemente celebraba allí o en Barcelona con miembros de su red. Poco después, pese al aviso, March supo de la salida del «Winter» desde Gibraltar, y mandó recado al patrón de que si volvía a aceptar un flete de tabaco desde allí, no contara con ninguno suyo en el futuro. Se lo contó todo a Rafael Garau antes de su partida a Valencia, y le dijo que sería una buena ocasión para que rompiera con los valencianos porque, en su opinión, tenía a su servicio gente sin una peseta y que le pagaba malamente. No sabía Juan March si finalmente el «Winter» había alijado o no, pero aquel barco no había sido contratado por sus cuatro clientes, sino por una «nueva sociedad» en la que no participaba ninguno de ellos. Seguía pensando que el crimen no podía ser imputado ni a quienes trabajaban con Garau ni a los contrarios. Tampoco debió ser por causa de una mujer, y no porque Rafael no fuera mujeriego. Al Grao, aquella noche debió llevarle un amigo, una persona de confianza, para proponerle algún negocio.

March pareció desconcertado y colaborador ante el juez. El corresponsal de España Nueva no tuvo acceso a la declaración de aquel «poderoso millonario, dueño de varias fábricas y explotador del monopolio de tabaco en Marruecos», como le describió. El mallorquín eludió las entrevistas con la prensa, pero dijo que se enorgullecía de ser amigo de la víctima, a quien tenía por honrado y muy rumboso con sus amigos. La noticia del asesinato le había afectado tanto como si le hubieran pegado un tiro en la cabeza. «Tu hijo ha sido asesinado horriblemente» fue lo que telegrafió a José Garau.

Casi un mes más tarde del crimen, el 22 de octubre, estaban detenidas tres personas. Dos de ellas con auto de procesamiento: Joaquín García y Vicente Benedito. El tercero, un tal Justo Gisbert, alias el Llauraor, había sido apresado por equivocación. Vendía tabaco de contrabando y había sido amigo en otro tiempo de Benedito, pero era un «pobre diablo» que fue pronto puesto en libertad. Levantada la incomunicación de Joaquín García y de Vicente Benedito, el corresponsal de España Nueva se entrevistó con ellos en el patio de la cárcel. Benedito era joven y esbelto, de buena estatura y complexión, pero demacrado y sin afeitar, vestido con descuido. Por supuesto, aseguraba que era inocente. Era verdad que conocía y había hecho negocios con Rafael Garau, a quien efectivamente había escrito, pero no con amenazas, sino diciéndole simplemente que él era una persona seria con la que no se jugaba. Se había ganado la vida como había podido, conocía a los Darder, a Tomás Rubio y a San Vicente, como conocía a mucha otra gente. Lo negó todo. Su prisión y procesamiento eran obra de la fatalidad. Se le notaba incómodo y quiso dar pronto por terminada la entrevista. Algunos declarantes habían mencionado que Benedito acudía a un gimnasio porque era aficionado a las armas blancas y a la esgrima. En su casa tenía una panoplia con un par de sables, un florete, un cuchillo y una navaja que se abría en forma de cruz. Él lo había reconocido, negando por supuesto que hubiera ninguna relación con el crimen.

A Joaquín García los periodistas le vieron en su celda, sereno y afable. Había sido carabinero, pero fue expulsado del cuerpo. Conocía a Garau desde que tenía quince años: un muchacho entero y despejado, dijo, al que había escrito muchas veces, la última en agosto, avisándole de los peligros de quienes «venden y asesinan por la espalda»; también por si podían hacer algún alijo. Isidro Darder, sin embargo, no perdió la ocasión de echar leña al fuego. Entrevistado también en España Nueva, afirmó que Rafael Garau era el único posible competidor de March, y no sólo en Valencia sino también en Mallorca donde March «estaba a la baja». En Barcelona, Alicante y otros puertos también trabajaba con suerte Rafael Garau. La armonía que hacía un año pareció existir entre las diversas «sociedades de contrabando» se había roto. Rafael Garau vino a tiro hecho, y al Grao debieron llevarle prometiéndole alguna entrevista con un «pez gordo».

Picado por la curiosidad, el corresponsal de España Nueva decidió viajar a Mallorca, para hacer sus propias averiguaciones. No le fue fácil entenderse, hasta que encontró un intérprete que le tradujo del mallorquín. En La Puebla le tomaron por policía, en Muros por un agente de la Arrendataria, en Santa Margarita por un implicado en el asesinato de Garau y en Santa María por un contrabandista del Grao de Valencia. No pudo entrevistarse ni con el padre ni con el hermano de Rafael. Pese a la requisitoria del juez, se habían ido a Argel. Tampoco consiguió entrevistarse con March, «el personaje preeminente de esta novela que mana sangre», porque, dueño de todos los negocios de Palma, el de los tranvías, el del gas, Crédito Balear, Isleña Marítima y no se sabía cuántas más, estaba en Madrid empeñado en importantes diligencias. ¡Qué ingenuidad la suya! ¡Ir a investigar a Mallorca un crimen de contrabando! ¡Un castellano sin cartas de recomendación! En Mallorca nadie se asustaba del oficio de contrabandista. Mucha gente poderosa había labrado su primera fortuna con el contrabando. Prometía seguir hablando con detalle de todo ello en futuras crónicas, y también de la última pasión de Rafael Garau, una «nueva Margarita Gautier» vestida de payesa, con todos los encantos y seducciones de las mujeres aristocráticas de Romero de Torres. Era frágil y de poca salud. Rafael Garau la había llevado a veranear a un pueblo costero donde alquiló una casa con flores y pájaros. Ella le había acompañado a Valencia y allí conoció a quienes trataban con él. Es todo lo que los lectores supieron de ella. No hubo más noticias sobre aquel amor de dieciocho años.

Las crónicas prometidas por el corresponsal de España Nueva no vieron la luz. La noticia del crimen desapareció de la primera página de España Nueva casi al mismo tiempo que el juez Delgado Curto era removido del cargo y se nombraban nuevo juez y nuevo fiscal. El proceso entró en dique seco. La prensa dejó de hablar del asunto. El nuevo magistrado decidió separar de la causa de asesinato lo relativo al contrabando de tabaco para incoar con ello un proceso independiente. El corresponsal de España Nueva, que dijo haber recibido todo tipo de anónimos durante el proceso, en un último artículo, el 29 de noviembre, expresó su convicción de que nada en limpio saldría de allí, pues andaban complicados elementos influyentes «que lo mismo tienen entrada en la cámara del jefe de Gobierno que en el consejo de administración de cualquier sociedad de crédito». Efectivamente, cuando dos años más tarde se celebró el juicio no hubo condenas.

La disolución de la sociedad March y Garau

La muerte de Rafael Garau dejó de ocupar espacio en los periódicos, pero tardó mucho en desaparecer de la vida de Juan March. Resurgió una y otra vez en los años veinte y treinta, con nuevos datos que parecían cargar cada vez más sobre su cabeza la culpabilidad, eso sí, desligándola del contrabando y acercándola a las relaciones que su mujer, Leonor, había mantenido con el fallecido. Unas cartas comprometedoras, que alguien vio encima del cadáver y que luego desaparecieron, fueron rescatadas algunos años más tarde para tratar de encausar de nuevo a Juan March. En Santa Margarita, la opinión de los vecinos se inclinó a favor de los Garau. En el entierro ya se habían oído voces y gritos llamando asesino a Juan March. Éste escribió indignado a José Garau porque se hubiera lanzado la «vil y repugnante» calumnia de que él había tenido relación con el asesinato de Rafael. Sólo un «reptil indigno» podía atreverse a mezclarle en aquel acontecimiento odioso, a sabiendas de que era falso. Por eso había decidido a acudir a declarar ante el juez en Valencia y había explicado todo lo que pudiera contribuir a esclarecer los hechos. Si la familia Garau había prestado crédito a la infamia, aunque fuera indirectamente, no le quedaría más remedio que romper toda relación con ellos.

Diez días más tarde, José Garau le contestó, aparentemente sorprendido. Decía no conocer la calumnia de la que March era objeto. Él no tenía la más mínima sospecha de quién podía haber sido el asesino de su hijo. A la justicia le correspondía aclararlo y esperaba que se encontrara a los culpables. Las circunstancias del crimen le llevaban a pensar que los asesinos habían sido pagados por alguien. Ignoraba quién pudiera ser esa persona ni sus motivos. Lo mejor que podía hacer March era despreciar la calumnia. Garau aprovechaba la carta para pedirle que le enviara 30.000 pesetas en moneda española porque había vendido las que había en caja en la sociedad de ambos, en Argel[17].

La evolución de los acontecimientos poco tuvo que ver con los comentarios y la actitud que reflejaban aquellas misivas. Juan March decidió irse de Santa Margarita y nunca volvió. La sociedad March y Garau de Argel se rompió. Había sido creada en octubre de 1909 con una vida prevista de nueve años, hasta octubre de 1918. No llegó a cumplirla. Las 300.000 pesetas del capital inicial aportado al 50 por 100 por cada uno de los dos socios habían aumentado hasta 800.000 a comienzos de 1917. José Garau había venido encargándose de la fabricación en Argel, mientras que March lo hacía de las ventas con entera libertad. Era March también quien llevaba la contabilidad general y efectuaba los pagos; quien contrataba créditos y proporcionaba fondos a Garau, aunque éste tenía derecho a revisar las cuentas siempre que quisiera. Las letras y los efectos a descontar se giraban a nombre exclusivo de Juan March[18].

El negocio había marchado bien. Permitió a la sociedad comprar, en 1912, un terreno para edificar su propia fábrica y las dependencias necesarias, saliendo de las estrecheces en las que habían vivido hasta entonces, en locales alquilados. Los dos socios habían estado de acuerdo en que el propietario del nuevo edificio fuera Garau, que lo pagó y por cuyo arrendamiento cobraba un alquiler a la sociedad. A nombre de Garau estaba también el derecho de entrepôt o depósito franco que consiguió de las autoridades francesas, aunque fuera para exclusivo uso de la sociedad y con amplios derechos de utilización para el otro socio, Juan March. De la sociedad eran también el material, las máquinas y utensilios de todas clases, así como las existencias de tabaco en rama o elaborado.

Resulta imposible calcular los beneficios que a lo largo de aquellos años produjo la sociedad March y Garau. Con ocasión de la muerte de Rafael Garau, la prensa habló de los «seis millones de duros» que March se había embolsado. La única información disponible fue un inventario realizado en enero de 1917 y unos libros de contabilidad, dispersos e incompletos, que aparecieron milagrosamente más tarde, al hilo de uno de los interminables conflictos y pleitos en que se vieron envueltos Juan March y la familia Garau. Según estos documentos, la sociedad tenía, en enero de 1917, un pasivo de 2.109.779 francos y un activo de 1.519.338, del que 800.000 eran el capital y el resto cuentas corrientes individuales. La correspondiente a Garau era de algo más de 97.000 francos, y la de March de 420.611. La cuenta de pérdidas y ganancias arrojaba unos beneficios de 590.441 francos, a repartir entre ambos. Las cifras no cuadraban. En inventarios anteriores, los beneficios habían ido aumentando desde los 280.945 francos en el primer ejercicio de 1911, los 368.631 en 1912, 401.146 en 1913, 182.865 en 1914 y 599.841 en 1915[19].

El inventario de enero de 1917 fue el comienzo del fin. En una larga nota final se decía que en adelante los socios se repartirían mensualmente por mitades lo que fuera recaudándose, y harían frente también a medias a la provisión de los fondos necesarios. Quedarían sin valor ni efecto los libros y correspondencia anteriores. En aquellos momentos, había en la fábrica de Argel 5.800 kilos de mercaderías por un valor de 825.045 pesetas. Unos meses más tarde, el 24 de septiembre, se firmó ante notario el documento de liquidación de la sociedad por «recíproca conveniencia». Juan March se hizo cargo del activo y pasivo sociales, quedando como único liquidador. Ambos quedaban libres de responsabilidades y sin derecho a reclamarse cuentas, créditos, bienes o alcances derivados de la sociedad. El edificio de la fábrica, propiedad de Garau, permanecía a disposición de March hasta finales de 1918, pudiendo además disfrutar hasta ese momento de la autorización de entrepôt de las autoridades francesas a nombre de José Garau. Hasta finales de diciembre de 1918, éste no podría dedicarse en Argel, directa ni indirectamente, a la fabricación de tabaco.

La disolución de la sociedad no fue pacífica. Unos meses más tarde, March demandó a Garau ante los tribunales de comercio franceses en Argel para que le reconociera como único propietario del activo de la sociedad y, por tanto, con el derecho en exclusiva a actuar en su nombre en razón de los términos en que se había efectuado la disolución. Garau debía entregarle las mercancías pertenecientes a la antigua sociedad y las llaves del local en que estaban depositadas. March reclamaba el derecho a expulsarle de allí, incluso haciendo uso de la fuerza pública. En espera de una solución, pidió un embargo provisional. Garau se defendió diciendo que el acta de disolución era falsa. ¿Cómo iba él a consentir en disolver un negocio que marchaba viento en popa?

Ambos trataron de utilizar en su favor las suspicacias de los países beligerantes. A las pocas semanas de interpuesta la demanda, la policía francesa se presentó en el domicilio de Argel de José Garau, donde vivían también su otro hijo, Francisco, y su yerno, Juan Tous. Tras un registro, los tres quedaron detenidos. El Gobierno general de Argelia había recibido dos cartas del ministro del Interior francés, remitidas a su vez por el cónsul francés en Valencia. En ellas se acusaba a los Garau, padre e hijo, así como a su representante, de espionaje en favor de Alemania a través del cónsul de éste país en Mallorca.

Semejante acusación en tiempos de guerra era, sin duda, muy grave. José y Francisco Garau estuvieron semanas en prisión. Sin embargo, el capitán francés que se encargó del proceso no sólo concluyó que no había lugar a la acusación, sino que puso en cuestión la autenticidad de las dos cartas y declaró probado que el «instigador» de la acusación era Juan March. Basó su veredicto en los comentarios del vicecónsul de Francia en Valencia y en ciertas informaciones del servicio de policía francés en Baleares. Coincidían ambos en que la familia Garau era una víctima de Juan March. Un experto dactilógrafo certificó además que el autor de las misivas no era el representante de los Garau, con lo que parecía demostrada una «maquinación criminal» que no tenía otro objeto que perjudicar a José Garau. March habría logrado el encarcelamiento de sus «enemigos» sólo para obligarles a darle todo lo que pretendía. La sentencia francesa fue publicada en la prensa mallorquina, que agotó sus ediciones en pocas horas[20].

Juan March recurrió y, años más tarde, en mayo de 1923, el Tribunal de Apelación de Argel le dio la razón. Consideró verdadera el acta de disolución de la sociedad March y Garau y a March único propietario de la totalidad del activo con todas sus consecuencias. Pero el enfrentamiento entre ambos no se cerró. Iba a perseguir a Juan March durante mucho tiempo.

2
La conquista de la isla

La conmoción de la Gran Guerra

La Primera Guerra Mundial trajo consigo profundos cambios en la economía, la sociedad y la política españolas, a pesar de que el país no tomó parte en el conflicto. A los pocos días de desencadenarse, el Gobierno conservador que presidía Eduardo Dato proclamó la neutralidad española, que se mantuvo hasta el final de la guerra, no sin discrepancias y tensiones. España carecía de compromisos internacionales que la forzaran a intervenir, aunque no dejaba de tener intereses en el exterior, especialmente en el norte de África, punto estratégico y sensible para los países beligerantes.

Los políticos coincidieron en que ni la potencialidad económica ni la militar del país permitían la entrada de España en la guerra. Temían también las imprevisibles reacciones sociales. Pese a la coincidencia en la neutralidad, no todos tenían las mismas preferencias. El conde de Romanones, que habría de suceder a Dato en el Gobierno en diciembre de 1915, estaba convencido de que el futuro del país exigía afianzar las relaciones y alinearse con franceses y británicos. Precisamente en Palma de Mallorca había hablado el conde en el mes de abril, refiriéndose a la oportunidad que tenía España de engrandecer sus posiciones en Marruecos. Pese a sus manifestaciones de estricta neutralidad, durante su Gobierno se llevó a cabo, con sigilo, el mayor esfuerzo diplomático cerca de Francia y Gran Bretaña para conseguir las compensaciones que justificaran el abandono de la neutralidad, aunque eso no implicara una entrada en la guerra. Tánger, Gibraltar y un acuerdo con Portugal eran los objetivos básicos. Romanones provocó con ello una furibunda reacción de los intereses alemanes, muy fuertes en España y con gran capacidad de maniobra en medios periodísticos. Se desencadenó una campaña contra él, en la que se le acusó de buscar exclusivamente la defensa de sus intereses particulares y de sus negocios en el norte de África, que fueron aireados y exagerados. El Gobierno de Romanones cayó en abril de 1917 y su sucesor, el también liberal Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, se apresuró a garantizar la neutralidad, pese al recrudecimiento de la guerra submarina desencadenada por Alemania, que había costado hasta ese momento el hundimiento de treinta barcos españoles. Cada vez resultaba más difícil defender que la neutralidad era tal, y no una implícita actitud favorable a Alemania[1].

No sólo la clase política se alineó en apoyo de unos o de otros. También lo hicieron los intelectuales y la opinión pública, agitada por una prensa engrasada con los dineros de los contendientes. Aliadófilos y germanófilos debatieron cuestiones de política exterior, pero al calor de ésta dirimían alternativas de política interior. Hubo discrepancias incluso dentro de los dos grandes partidos de la Monarquía, el Conservador y el Liberal, que venían turnándose pacíficamente en el poder. Esa división brindó la ocasión a las fuerzas políticas que pugnaban por romper el control ejercido sobre la vida política por los viejos partidos de notables. Los regionalistas catalanes liderados por Francesc Cambó, los republicanos reformistas de Melquíades Álvarez y los republicanos radicales de Alejandro Lerroux, así como el Partido Socialista, entraron en el debate y pidieron una reforma constitucional y un estatuto de autonomía para Cataluña, al amparo de las expectativas de un triunfo aliado en la guerra.

Casi por primera vez en la historia de aquella Monarquía, hubo una cierta movilización política. Se celebraron multitudinarios mítines en la plaza de toros de Madrid y en otros lugares. En el verano de 1917 se vivió una profunda crisis política, al converger la actuación de las Juntas de Defensa en el seno del ejército con la convocatoria de una huelga general por los dos mayores sindicatos, el socialista y el anarquista. Aunque resuelta favorablemente por los partidos del régimen, la crisis puso de manifiesto las hondas transformaciones que estaban teniendo lugar en la vida política. Como en casi todos los países europeos, la guerra rompía con el constitucionalismo liberal del siglo XIX y abría las compuertas a la política de masas, aunque en España fuera todavía con timidez.

Aquella crisis del verano de 1917 no fue sólo consecuencia de la «guerra de ideas». La conflagración mundial estaba teniendo un importante impacto económico y social. Pasados los primeros momentos de pánico e incertidumbre, la neutralidad propició una suerte de protección artificial para la economía española. La necesidad de sustituir la importación de bienes tradicionalmente comprados en países ahora en guerra, así como el extraordinario aumento de la exportación de productos que a duras penas habían tenido salida al exterior en épocas de normalidad, supusieron para algunos sectores de la economía española una ocasión única. Se crearon empresas y sociedades, y se acumularon beneficios extraordinarios, que duplicaron, triplicaron y cuadriplicaron los de años anteriores.

Junto a las cuantiosas ganancias de familias y empresas ya consolidadas, la guerra propició también la aparición de nuevos ricos, gentes que hicieron fortuna al amparo de la coyuntura favorable y también de la circulación de dineros poco limpios que los países en guerra introducían en el país de una u otra manera, con la finalidad de atraer simpatías y apoyos. La sensación de mayor riqueza corrió pareja a cambios en los modos de vida, que se dejaron sentir más en las ciudades que en las zonas rurales. La llegada del alumbrado, la apertura de cafés y lugares de reunión, los teatros, la proliferación de la prensa diaria y de nuevas revistas, junto con el crecimiento económico y las incesantes noticias sobre el devenir del conflicto bélico contribuyeron a dar la sensación de que el siglo XIX terminaba y se iniciaba un nuevo capítulo en la historia. La imagen de una sociedad eminentemente rural y anquilosada se alejaba en beneficio de unas ciudades que crecían y de la expansión de todo tipo de actividades industriales y de servicios. Hasta el propio rey, Alfonso XIII pareció convertirse en un hombre de negocios[2].

La euforia económica tuvo, sin embargo, su lado crítico. La distorsión y el enrarecimiento de los tradicionales circuitos comerciales pusieron en dificultades a distintos sectores económicos que se vieron privados de sus mercados. Hubo, además, un aumento generalizado de precios y una creciente carencia de ciertas materias primas y productos finales, que encontraban ahora una excelente acogida en los países en guerra, pero cuya exportación afectaba a los consumidores españoles. La así llamada cuestión de las subsistencias puso en aprietos a los Gobiernos, que arbitraron sin demasiado éxito medidas encaminadas a evitar tanto la carestía como la escasez. Ni las prohibiciones de exportación ni el control de precios surtieron efecto. La ineficacia de las medidas provocó enfrentamientos entre distintos sectores económicos y suscitó también estallidos y revueltas sociales. A las movilizaciones y motines populares, en muchas ocasiones espontáneos, se sumaron los conflictos laborales, más organizados y dirigidos por los sindicatos que reivindicaban mejoras salariales con las que hacer frente al alza de precios. Mientras duró la bonanza, los empresarios prefirieron hacer concesiones y el éxito contribuyó a engrosar las filas de las organizaciones sindicales, que alcanzaron tasas de afiliación hasta entonces desconocidas.

Eran muchas las cosas que se estaban moviendo en el país y Juan March, atento a los cambios, no despreció ninguna ocasión de la que sacar provecho. No había nacido en ninguna de las grandes familias acaudaladas españolas de gran tradición empresarial, pero sí tenía una importante experiencia como comerciante, como prestamista y también como contrabandista. Había desarrollado sabiduría y olfato para cualquier negocio. La red que había ido tendiendo desde los tiempos de la sociedad March Hermanos, así como la flota de barcos y faluchos que empleaba en el negocio del tabaco resultaron ser de extrema utilidad. La política de subsistencias, el bloqueo económico y la guerra submarina le obligaron a afinar sus métodos, pero también le brindaron la oportunidad de acumular importantes beneficios en su actividad comercial. No se quedó ahí. Apostó fuerte en los negocios en alza. Su banca se afianzó y creció dedicándose especialmente al préstamo agrícola, a la adquisición y venta parcelada de tierras. Se incorporó como importante accionista a la junta de gobierno del Crédito Balear, una de las instituciones señeras en la Baleares, fundada en 1872. Entró de lleno en el negocio naviero hasta hacerse fuerte en la compañía Transmediterránea y se aventuró en la industria química, de fertilizantes y petrolífera. Su irrupción imparable conmocionó las estructuras de poder económico y social tradicionales de la isla, desafió a las grandes familias aristocráticas terratenientes y conservadoras y buscó el apoyo de las clases populares en defensa de un capitalismo moderno capaz de romper las inercias isleñas. Veámoslo.

Durante los años de la Gran Guerra, sus negocios se vieron afectados por el conflicto desatado en aguas del Mediterráneo. A los cambios producidos en el tráfico comercial habitual se sumaron las medidas de control de las actividades comerciales y también del contrabando puestas en marcha por las potencias aliadas al desencadenarse la guerra económica y el desafío de los submarinos alemanes. Los países beligerantes procuraron hacerse con todas las ayudas posibles en su empeño por dificultar al máximo el avituallamiento de los buques enemigos. El Ministerio de Exteriores británico estaba preocupado por las noticias que le llegaban sobre el abastecimiento clandestino de submarinos alemanes en las costas españolas. El agente de los servicios secretos británicos en Valencia, James Macnaughten, conocía bien la red de barcos y contactos de Juan March y creía que podía serles extremadamente útil si se conseguía ponerla a su disposición. A finales de mayo de 1915, pidió a través del consulado en Barcelona una reunión secreta con el jefe de los servicios secretos en Gibraltar, el mayor Charles Julian Thoroton, y con Juan March. Argumentaba Macnaughten que March estaba de acuerdo («general agreement») con sus propuestas de cooperación y que ofrecía su «apoyo incondicional». Era urgente una acción inmediata. Ese mismo día, al recibir la noticia, el cónsul británico en Barcelona remitió una carta cifrada a G. Nicolson, en la embajada británica en Madrid, mostrándole su sorpresa por la buena disposición de March, que contradecía los informes previos en relación con su actitud inicial, tenida por favorable a los alemanes. La única explicación era que el mallorquín había llegado a la conclusión de que sus intereses estaban del lado aliado. De hecho, aunque se comprometía a ayudar sin pedir nada a cambio, el propio Macnaughten sugirió que, para agradecerle el ofrecimiento y garantizar su conducta futura, se mediara frente a las autoridades francesas que tenían embargados dos barcos suyos en Orán y en Argel[3].

No fueron fáciles las relaciones entre las dos potencias aliadas al tratar de la colaboración con Juan March. Los franceses nunca se fiaron. Los servicios secretos británicos, el Almirantazgo y el mayor Thoroton le defendieron sin fisuras. A comienzos de febrero volvieron a mediar ante las autoridades galas para que se desbloqueara la ruta de un cargamento de tabaco de Juan March facilitando la salida del pago correspondiente que estaba detenido en la aduana de Orán. El Ministerio de Marina francés, a petición del Almirantazgo británico, solicitó que se hiciera todo lo posible para «dar satisfacción a March» en agradecimiento a sus «muy útiles servicios». Sin embargo, tanto el consulado francés en Barcelona y su agente en la isla, como el comandante en jefe de las fuerzas francesas en el norte de África abrigaron siempre dudas. Los comentarios e informes que recibían acerca de Juan March y de sus actividades le tildaban de germanófilo y de hacer negocio con el aprovisionamiento clandestino de submarinos alemanes en las costas de Baleares y del Levante español. Le precedía su fama de dirigir una gran red de contrabando y carecer de escrúpulos. Se consideraba que sus proclamas en favor de los aliados respondían a meros intereses económicos y no hacían sino ocultar sus verdaderas simpatías[4].

Las sospechas llegaron al extremo de convocarle en París, a comienzos de junio de 1916, a una reunión con el jefe del Bureau número 5 del Estado Mayor del ejército, el coronel Goubert, a la que March se presentó en compañía del mayor Thoroton. Al parecer, hubo un completo acuerdo después de pedirse a Juan March que extremara su colaboración con los servicios secretos aliados. Éste no desaprovechó la ocasión para entregar una nota relativa a dificultades con otro cargamento de tabaco, aunque el Estado Mayor del ejército galo declaró su incompetencia en la cuestión. Hubo que deshacer algunos malentendidos entre los Ministerios franceses de la Guerra, de Asuntos Exteriores y de Finanzas, implicados todos ellos en aquellas complejas cuestiones relativas a la «guerra económica». March, «un hombre de negocios particularmente astuto», como se le calificaba, contribuyó a enmarañar a su favor el contenido de aquella reunión en relación con un asunto que por entonces tenía ocupadas a las fuerzas vivas mallorquinas y a las autoridades galas en la isla.

El Crédito Balear trataba de recuperar la corresponsalía del Crédit Lyonnais, después de que sus relaciones se rompieran al negarse el banco mallorquín a contribuir al empréstito de la Victoria lanzado por el Gobierno francés. Estaba en juego el prestigio galo. Desde Mallorca, el cónsul francés abogaba por darle ese servicio a Manuel de Salas, al que el tenía por importante industrial y, sobre todo, por francófilo sincero. Manuel de Salas era, efectivamente, un importante industrial con empresas como La Petrolera, en Molinar, y La Salinera Española, en Ibiza y San Pedro del Pinatar, en Murcia. Había sido un vocal importante en el Crédito Balear, del que al parecer se fue en 1911 por desacuerdo con los créditos concedidos a Juan March. Era, en gran medida, su más cercano competidor. Ése era el candidato de la diplomacia francesa. Nadie en la isla entendería, dijeron, que se le diera la corresponsalía de uno de los bancos nacionales franceses al Crédito Balear. Su verdadero «amo» era Juan March, que había nombrado director a Gabriel Mulet, un íntimo amigo del cónsul alemán, Alfred Muller, y se negaba a destituirle. Se suponía que no se había hablado de aquel tema en la reunión en París pero, a su vuelta, March se detuvo en Barcelona y se entrevistó con el cónsul francés. Le aseguró que los estatutos del Crédito Balear impedían que se suscribiera el empréstito, pero él había prometido al coronel Goubert que forzaría una reconsideración o un cambio de estatutos.

Quienes desde Baleares informaban a las autoridades francesas insistían en la nula fiabilidad que les merecía March. Se le acusaba también de las supuestas connivencias entre el cónsul alemán y la compañía naviera mallorquina La Isleña, controlada también por él. El cónsul Muller había establecido una lista arbitraria de artículos supuestamente de contrabando, que incluía calzado civil, y que La Isleña se había negado a trasportar a Francia. Todavía más les indignaban las bravatas de March. Había presumido en público de que conseguiría la corresponsalía del Crédit Lyonnais sin tomar ninguna medida contra su director, que desbloquearía un cargamento de yute que le había sido detenido en Marsella y que no se le aplicaría a su tabaco el decreto del Gobierno francés, publicado a comienzos de agosto, por el que se prohibía la salida de mercancías salvo las que fueran con destino bien a los países aliados, bien a Túnez, Tánger y la zona francesa de Marruecos. Aquella manera de presumir de su poderío sacaba de sus casillas a muchos en Baleares, que pedían que se le aplicara la ley como a todos.

Unas semanas más tarde, la comisión de control postal de Orán interceptaba una carta que Juan March enviaba desde Madrid a su socio Vicente Jorro. March le tranquilizaba acerca de la presencia de submarinos alemanes en las costas de Baleares. Era inevitable, pero no conseguirían avituallarse en ningún lugar. Lo había prometido en París cuando fue llamado por el Estado Mayor del ejército francés. Era imposible que lo consiguieran sin que él lo supiera previamente. Las cuarenta mil familias que vivían en las costas españolas estaban interesadas en que cumpliera su compromiso, porque sabían que era la única manera de poder seguir trabajando con él. Al terminar la guerra pocas personas podrían sentir el orgullo de haber prestado una ayuda tan eficaz a la causa aliada, en la que no le movía afán de lucro alguno puesto que había renunciado a cobrar por un servicio tan complicado.

Así se lo decía a Vicente Jorro en aquella carta, enviada sin duda con la intención de que fuera interceptada. La comisión de control postal se preguntaba si se había encargado a March alguna misión que el Gobierno francés debiera conocer. El general de división Moinier, comandante en jefe de las fuerzas de tierra y mar en el norte de África, no sabía bien a qué atenerse. No dejaba de recibir informes sobre las actividades de contrabando atribuidas a Juan March, mientras, por otro lado, se le decía que no tomara medidas al respecto. A mediados de octubre escribió al Ministerio de la Guerra en París para que se le dijera claramente qué línea de actuación debía seguir. Desde París se preguntó al agregado militar en la embajada en Madrid si no cabía creer que su labor de información no era sino una maniobra para ocultar sus actividades sospechosas y lograr la indulgencia aliada. Debía insistirse ante el servicio secreto en Gibraltar si los informes de March eran tan interesantes como para justificar la tolerancia con la que se le trataba, y si tendrían inconveniente en que se actuara más duramente para controlar el contrabando entre Argelia y España. El 13 de noviembre de 1916, el agregado militar contestó que las autoridades inglesas no querían que se tomara ninguna medida grave contra March porque tenían sumo interés en conservar su «neutralité bienveillance» y en que se siguiera protegiéndole. Unos días más tarde le fue comunicada al general Moinier la orden de que no se tomara ninguna medida de rigor.

No fue la última vez que los franceses pidieron aclaraciones. El 10 de marzo de 1918 se abrió ante el Juzgado de Instrucción del distrito de Palma un sumario como consecuencia de la aprehensión por los carabineros de una docena de latas conteniendo petróleo, un producto de exportación prohibida en aquellos años. Un soplo había avisado que iban a cargarse en Cala Ratjada, en el falucho «Nelson» procedente de Alcudia. El «Nelson» tenía fama de contrabandista, aunque el patrón y los marineros que iban en él aseguraron que marchaban de pesca. La Dirección General de Aduanas pidió un informe al teniente coronel de carabineros, Conrado Pujol, que remitió una lista de barcos dedicados habitualmente al contrabando, entre ellos el «Nelson». El monopolio de ese contrabando, dijo, lo ejercían Juan March Ordinas, alias Verga, y Antonio Qués Ventayol, alias Torro, a cuyas oficinas acudían los contrabandistas para ajustar envíos y fletes[5].

Las noticias llegaron a la embajada francesa en Madrid, que pidió otra vez informes. Era cierto, confirmaron desde Baleares los servicios de inteligencia, que los «rumores públicos» seguían acusando a March de aprovisionar a los barcos alemanes, pero nunca se les había pillado en flagrante delito. Todos aquellos barcos sobre los que se acumulaban las denuncias por contrabando, el «Pepita», el «Nelson», el «San Francisco», eran de Juan March. Pero todos viajaban bajo pabellón inglés y ninguno de ellos había favorecido nunca a los submarinos alemanes como predicaba la «ridícula leyenda» que había corrido durante meses y años por Mallorca, y que nunca se había podido probar. Juan March era un importante contrabandista que había hecho una fortuna con el tabaco y por eso se le envidiaba de manera excesiva. En la aduana de Palma, en la que no había más que germanófilos según el autor de aquel informe, se hacía todo lo posible para inmovilizar sus barcos porque se sabía que estaban a disposición de los aliados. Juan March estaba en muy buenas relaciones con la embajada británica en Madrid y organizaba, de acuerdo con los ingleses, un servicio de vigilancia por todas las costas españolas a fin de impedir los escándalos suscitados por la venalidad de los pescadores españoles, que se comunicaban en todas partes con los submarinos alemanes. Quien informaba conocía personalmente a March y tenía la convicción de que los ingleses le acaparaban. Hacían bien porque March era una «potencia efectiva». Al comienzo de la guerra sus sentimientos habían sido más que dudosos y habría sido un error dejar que fuera controlado por los alemanes. Ésa era la mayor de las razones: evitar que sirviera al enemigo. En resumen, aunque bajo vigilancia, había el mayor interés en que sus poderosos medios de acción estuvieran al servicio de la causa aliada.

Así de claras parecían las cosas para los servicios de inteligencia aliados. En Palma de Mallorca continuó el proceso abierto por el apresamiento del «Nelson», más allá del final de la guerra. Antonio Qués fue llamado a declarar. Dijo que era «falso de toda falsedad» que alguna vez se hubiera dedicado al tráfico ilícito y que lamentaba que se hubiera prestado oído a semejante calumnia. Jamás había oído hablar del un falucho de nombre «Nelson». El 28 de marzo de 1919 compareció Juan March. Dijo que no era dueño del «Nelson». No había participado en su flete, nunca se había dedicado directa ni indirectamente al contrabando y en su despacho nunca había tenido lugar conferencia alguna con persona que se dedicara al comercio ilícito. Sí era cierto que tenía en Orán y en Argel fábricas de tabaco en las que podía surtirse cualquier persona que lo deseara mediante el pago de las mercancías, y no era asunto suyo qué ocurría después con ellas. Las marcas de sus labores estaban legalmente registradas en España por mandato del Ministerio de Estado. Meses más tarde, en Figueras a donde había sido destinado, declaró Conrado Pujol. Se ratificó en su anterior informe que, si bien estaba basado en noticias y confidencias difíciles de retener con el paso del tiempo, eran fáciles de confirmar a través de los patrones de los barcos abanderados ingleses, bien conocidos en Mallorca. Pocos días más tarde, el 29 de julio de 1919, el juez decidió remitir al abogado del Estado las declaraciones de los tres por si pudieran ser constitutivas de delito de contrabando, independiente del que había sido objeto inicial del sumario.

Banquero y propietario

Juan March hizo negocios al calor de la guerra aprovechando sus relaciones, pero lo más destacable de su actividad durante aquellos años fue el ascenso y la consolidación de su poder en Mallorca. Las raíces de ese ascenso no fueron sus idas y venidas con los países en guerra, sino sus negocios bancarios, la compra venta de propiedades agrícolas, su entrada en negocios navieros e industriales y su irrupción en la vida política isleña[6].

En 1916, Juan March se había trasladado definitivamente a la capital, a Palma, y se instaló en un palacio, la antigua casa Dezcallar en la calle de San Miguel, que había comprado y en la que había hecho grandes obras. La inauguración fue todo un acontecimiento en la ciudad. March había incluido cuartos de baño, un estudio, gabinete telegráfico y una salita para el teléfono. El patio y la escalera, típicos mallorquines, estaban cubiertos por una claraboya. Uno de los salones comunicaba por una puerta acristalada con el jardín construido sobre la azotea, con una columnata de piedra de Santanyi. Las paredes del comedor fueron decoradas con frescos del pintor Darío Vilas. March instaló las oficinas de su banca en los bajos del palacio. Su despacho remedaba la arquitectura del siglo XVII, con un artesonado de roble tallado y un salón estilo Luis XVI, junto a las oficinas más modernas de los empleados. Desde allí, March dirigía todos sus negocios, también los bancarios, que durante aquellos años se desarrollaron extraordinariamente.

A las más importantes entidades financieras surgidas en España a comienzos de siglo —el Hispano Americano, el Vizcaya y el Español de Crédito—, se sumaron en esos años el Banco Urquijo y el Banco Central. Eran sociedades anónimas que respondían al modelo de banca mixta. Sus sedes centrales estaban en Madrid, Bilbao y Barcelona, pero durante la guerra mundial y la posguerra desplegaron una importante política de expansión de sucursales. Junto a ellos se desarrolló también una red de bancos y banqueros de alcance local y regional, de diverso peso y tamaño, en algunos casos meros prestamistas personales. La mayoría de ellos actuaban como simples comerciantes, bajo formas distintas a las de una sociedad anónima. Así había empezado sus actividades Juan March, en 1905, cuando inauguró su casa de préstamos en Santa Margarita, instalando su oficina en los bajos de su vivienda. Se dedicaba a la custodia de pequeños ahorros, pero sobre todo al préstamo, habitualmente con garantía hipotecaria. De su padre y de su abuelo consiguió que pusieran a su nombre la finca de mayor extensión de la familia, Son Fiol. Nunca la devolvió. Con ella como aval, con el apoyo de su tío Sebastián y después de su suegro, consiguió los créditos que le permitieron dedicarse al préstamo. Con el traslado a Palma, las actividades en Santa Margarita quedaron en manos de su primo, Juan Monjo March, cuyo padre ya se había dedicado a ello.

Tanto en su ciudad de nacimiento como después en la capital, sus oficinas bancarias se dedicaron especialmente al crédito agrícola. Conocía bien las aspiraciones de los jornaleros y pequeños campesinos isleños a convertirse en propietarios, y también la apurada situación de endeudamiento de muchas viejas familias aristocráticas, propietarias de extensas fincas y obligadas a entrar en la dinámica de una economía más comercializada. March vio en seguida las posibilidades que ofrecía la situación y comenzó a comprar terrenos poco o mal cultivados, primero en la isla y después por Levante y La Mancha. Su amigo y socio, Antonio Qués, era el encargado de la compra venta de propiedades, y quien casi siempre figuraba en los registros. Años más tarde, en 1931, Juan March se jactó de haber contribuido a la prosperidad de «una legión de pequeños propietarios», gracias a la adquisición de latifundios y grandes fincas, para parcelarlas y venderlas a los cultivadores directos. Se atribuía la firma de más de cuarenta mil escrituras públicas de venta a plazos, y presumía de no haber tenido que recurrir nunca a los tribunales para reclamar pagos. Tampoco negaba los pingües beneficios que le había reportado. De hecho, sostuvo que había sido uno de los pilares más sólidos de su fortuna[7].

Su actividad financiera prosiguió y prosperó en la década siguiente, cuando la banca española volvió a tener uno de sus momentos de mayor crecimiento. La Banca March quedó formalmente constituida y separada del resto de sus negocios en 1926. Se anunció desde entonces como una «entidad personal, de la que es único propietario su titular D. Juan March Ordinas». Tenía su casa central en Palma de Mallorca y sucursales en Felanitx, Inca, Lluchmayor y Manacor. Decía contar con corresponsales en todas las plazas de Baleares y sostener relaciones directas de corresponsalía con los principales bancos y banqueros de España y del extranjero. Bartolomé Servera, su suegro; Antonio Qués, su hombre de confianza; Sebastiá Simó López y Luis Alemany recibieron poderes para actuar conjunta o mancomunadamente[8].

No consiguió sacar adelante, sin embargo, su proyecto de Banco Territorial Nacional. Su experiencia en la compraventa y parcelación de grandes propiedades le había mostrado que faltaba en España un gran banco agrícola. Comunicó su proyecto al Gobierno de entonces, el que presidía el general Primo de Rivera, para que tuviera sanción e intervención del Estado. Tenía el visto bueno del Ministerio de Trabajo. Su idea era implicar a los grandes capitalistas españoles, como los Urquijo, y también a políticos como el conde de Romanones, que le había pedido una participación del 25 por 100 y un sillón de consejero. March creía que podía ser el gran negocio de su vida. Tenía tal confianza en ello que estaba seguro que cuadruplicaría o quintuplicaría su fortuna. El proyecto no salió adelante, pero la Banca March continuó dedicando su atención «preferente» a la compra de terrenos para subdividirlos en parcelas y efectuar la venta de éstas a plazos, «hasta diez años, y al interés corriente», tal como anunciaban sus anuncios en la prensa[9].

En 1903, como vimos, había comenzado bajo el amparo de la sociedad March Hermanos aquella actividad de compra y parcelación con el predio Son Fluxà en Santa Margarita; entre 1913 y 1914 parceló la finca La Taulada, también en Santa Margarita; Son Mulet, en Llubí, y Sa Barraca, en Campos. Por esas mismas fechas inició una larga relación con Mariano Gual y Togores, conde de Ayamans. Era el último miembro de una de las dinastías aristocráticas de mayor arraigo en la isla, con extensas propiedades en el término de Lloseta. Los tratos entre ambos terminaron en 1930 con el traspaso definitivo de casi el total de sus propiedades. Todo había empezado en 1913 con un préstamo por parte de Juan March de un millón y medio de pesetas, mientras el conde de Ayamans procedía a parcelar y vender algunas fincas con el objeto de sanear su patrimonio, operaciones en las que March se quedaba con un 20 por 100. En contrato privado complementario, March obtuvo como garantía el otorgamiento de las escrituras de venta de las tierras[10].

El conde de Ayamans fue vendiendo parte de sus tierras y entregando las cantidades correspondientes a March, que las abonaba en la cuenta abierta al conde en su Banca. Cuando hubo de liquidarse la operación en 1920, después de cobrados los intereses y comisiones, aún quedaba un saldo de 40.000 pesetas a favor de March, que el conde de Ayamans satisfizo. Tres años más tarde, sin embargo, volvió a encontrarse en situación apurada y decidió solicitar un nuevo préstamo a March. Firmaron entonces un contrato de venta de la finca rústica S’Estorell, situada entre los términos de Lloseta (unas 520 hectáreas y cuatro casas), Alaró (43 hectáreas y una casa) y Selva (80 hectáreas), dedicadas al cultivo de cereales, olivos, algarrobos, almendros y pinar. La otra propiedad vendida era una casa, con zaguán y dependencias en la planta baja, en la calle Zanglada de Palma. Las dos propiedades permanecieron cedidas en arrendamiento al conde de Ayamans por un plazo de diez años, a cambio del pago semestral de una renta, incluyéndose una cláusula de opción de compra a favor del anterior propietario.

Las dificultades crecientes de Mariano Gual y Togores para hacer frente a los pagos, así como las nuevas condiciones que en sucesivos contratos le fue imponiendo Juan March sobre otras fincas, llevaron finalmente a que el financiero le comunicara que había caducado su derecho a recuperar sus propiedades. De poco le sirvió al conde de Ayamans entablar pleito contra Juan March, argumentando que nunca fue intención suya desprenderse de sus tierras, en las que había ido introduciendo toda suerte de mejoras. Los pactos «envolventes y leoninos» habían tenido, en opinión del conde de Ayamans, características de verdadera usura. Pero era tarde. La finca S’Estorell pasó a manos de Juan March, incluido el palacio en el centro de Lloseta.

Aquello eran negocios, pero Juan March también adquirió propiedades para su disfrute personal. En 1919 había comprado a Jordi Dezcallar i Gual, marqués de Palmer y décimo sexto señor de Sa Vall, su finca en Ses Salinas, al sur de la isla, enfrente de la isla Cabrera. El palacio de S’Avall se enclavaba en una propiedad de 1.500 hectáreas, la más grande de la isla, con más de cinco kilómetros de litoral. Aquella propiedad fue, desde entonces y hasta hoy, seña de identidad de la familia. Distinto origen tuvo el palacio de Sa Torre Cega en Cala Ratjada, en el norte, en el municipio de Capdepera. El suegro de Juan March, Bartolomé Servera, había levantado un caserón en la cima de la colina que presidía la cala. En 1916, March hizo obras de reforma y lo convirtió en palacio. A sus pies, hacia la izquierda, estaba el caserón de veraneo del líder del Partido Conservador, Antonio Maura, quien acabó haciendo una réplica de la torre de lo que empezó a ser conocido como el palacio March[11].

Un capitalista moderno

Era el símbolo de los tiempos. Juan March desplazaba de sus propiedades más emblemáticas a las familias de la aristocracia y emulaba los modos de vida de los notables de la isla. Había aprovechado la coyuntura de la Primera Guerra Mundial para sus actividades comerciales, burlando la ineficaz legislación sobre las subsistencias. La prensa sostuvo que era uno de los mayores beneficiarios del impulso comercial y exportador de aquellos años, la cabeza de lo que empezó a llamarse el trust de los comerciantes. Los libros de aduanas registraron su importante actividad en la importación de harina, arroz y otros productos coloniales, que eran luego exportados a los países en guerra. Era muy capaz de conseguir los permisos de exportación para actuar legalmente, pero cuando se capturaban faluchos o barcos con contrabando de vituallas también se decía que eran de Juan March. Era él, según contaba la prensa, quien desviaba partidas que salían de la península con destino a la isla y que, sin pasar por la aduana, eran reenviadas al extranjero; y era él también quien ocultaba en los barcos, debajo de productos de libre exportación declarados en la aduana, otros en los que la isla no era excedentaria y cuya exportación, por tanto, estaba prohibida. En algunos puertos de la península se adoptaron medidas para bloquear la salida de productos con destino a Mallorca, porque se sospechaba que alimentaban el contrabando y no solucionaban nada. En una isla en la que el contrabando había llegado a formar parte de las pequeñas economías tampoco era fácil conseguir que se denunciaran las actividades ilegales. Los llamamientos en este sentido desde distintos periódicos o medios oficiales caían las más de las veces en saco roto. El trigo desaparecía por la noche de las eras, pero nadie sabía nada[12].

El invierno de 1918 fue especialmente duro en la isla. No había carbón. Mallorca era tradicionalmente importadora del mineral inglés para sus industrias y transportes. Interrumpido el suministro por las dificultades del bloqueo marítimo y el aumento de precio, se reemplazó el carbón mineral por carbón vegetal en las fábricas, a costa del consumo de los hogares. En las sesiones del Ayuntamiento, los concejales de la oposición denunciaron la incompetencia del gobernador civil y reclamaron del poder central el envío de una persona «de inteligencia reconocida y de honorabilidad reconocida y probada» para ocupar el puesto. El alcalde y el gobernador civil se pasaban uno a otro la responsabilidad, hasta que en la mañana del 18 de febrero se produjo un motín. Un grupo de mujeres detuvo un carro cargado de carbón y cuando el carretero se negó a vendérselo se apoderaron de la mercancía. Mientras tanto, otros grupos interceptaron un tren con el mismo suministro, que se dirigía al puerto. Cuando llegó la Guardia Civil y trató de impedir el saqueo, la muchedumbre se defendió arrojándoles trozos del mineral. La guardia disparó e hirió a un militante socialista que murió una semana más tarde. Las autoridades militares impidieron la celebración multitudinaria del sepelio y el Partido Socialista convocó una manifestación en la que miles de personas reclamaron la dimisión del gobernador. Aunque éste respondió que nada justificaba la violencia, las algaradas y los motines contra la fuerza pública, encargada de mantener el orden, pocos días más tarde anunció su dimisión[13].

Juan March había estado en boca de los amotinados, pero no se arredró y se lanzó a la arena pública con un discurso provocador. Negó tajantemente su participación en el acaparamiento y en la exportación ilegal y ofreció gratuitamente el dinero que se quisiera y para la obra que se deseara, si alguien demostraba que había intervenido, directa o indirectamente, en algún negocio de compra venta o exportación de aceite, patatas, judías, alubias, arroz, trigo, harina, verdura, vino, almendras, carbón vegetal, madera, higos y otros productos de Mallorca que interesaban a la «vida del pueblo». No negó que fuera un comerciante que trataba de hacer negocios, pero tan respetables como los intereses de los consumidores eran, en su opinión, los de los productores, muchos de ellos pobres o modestísimos. Era abiertamente partidario de eliminar los controles y dejar en libertad a productores y vendedores como única manera de evitar las actividades especulativas y la escasez. Junto a esa libertad de comercio, March abogó por el crecimiento de sueldos y jornales, así como por el fomento de obras públicas que crearan empleo. Si el Ayuntamiento carecía de medios para hacerlo, que se convocara una reunión de las fuerzas vivas para solicitar la emisión de un empréstito público, a amortizar en su día mediante gravámenes sobre el lujo y cualquier manifestación de riqueza. Él sería el primero en colaborar en la medida en que le obligaba su «posición»[14].

Intentaba contrarrestar la imagen que resultaba de las habladurías y los comentarios en la prensa, dejando al mismo tiempo en evidencia a las clases conservadoras. Hizo circular la noticia de que estaba dispuesto a invertir parte de sus ganancias en beneficio de las clases trabajadoras, y se ofreció para construir escuelas, cooperativas de viviendas o incluso una Casa del Pueblo que sirviera de lugar de reunión de las asociaciones de trabajadores. Encontró el eco que esperaba. Las sociedades obreras decidieron visitarle y March se comprometió con la construcción de la Casa del Pueblo. La obra correría de su cuenta, el edificio sería usufructuado por las sociedades obreras y la titularidad sería del Ayuntamiento, a cambio de la cesión gratuita de un solar. Esta vez fue en el periódico el Obrero Balear donde afirmó que no lo hacía por temor ni por halagar a nadie, sino porque creía que era «un deber de los ricos gastar parte de su dinero en bien de los proletarios». Sus palabras y su gesto suscitaron comentarios irónicos de la prensa. No era altruismo lo de March, dijo La Vanguardia Balear, sino frío cálculo para conseguir relaciones cordiales con las masas obreras y, con ello, amparo para poder seguir tranquilamente con sus negocios. La aceptación de la oferta de March convertía a los obreros en «monárquicos del Rey del tabaco»[15].

La oferta de March complicaba al Ayuntamiento de Palma y puso inmediatamente al descubierto las discrepancias en el consistorio. En una tormentosa sesión celebrada el 18 de marzo de 1918, los conservadores se opusieron y los reformistas y el concejal socialista, Lorenzo Bisbal, lo apoyaron, mientras los liberales se dividieron. La concesión del solar fue finalmente rechazada por veinte votos contra nueve. Bisbal acusó a quienes se habían opuesto de fomentar con su intransigencia las actitudes revolucionarias entre la clase obrera, aunque él tuvo que encajar la acusación de haberse plegado a March. Fuera, en la calle, se habían concentrado centenares de obreros que, a la salida, insultaron a los concejales conservadores. Juan March, por su parte, recibió al día siguiente a una delegación de las sociedades obreras y les anunció que si el Ayuntamiento no lo hacía, él cedería uno de sus solares. Además, desde aquel momento y hasta la inauguración de la Casa del Pueblo, puso a disposición del comité obrero una cantidad de dinero suficiente para pagar un local que pocos meses más tarde comenzó a funcionar. Otra vez se publicó una entrevista suya en el Obrero Balear y, además, envió una carta al órgano central del Partido Socialista en Madrid, El Socialista, en la que decía que no le había movido sino el deseo de procurar a las clases trabajadoras una base de cultura que pudiera trocarse en arma de progreso y de independencia social, como requerían las corrientes modernas[16].

El ofrecimiento de March a las organizaciones obreras causó enorme revuelo entre las clases propietarias y las fuerzas políticas más tradicionales. Llovía sobre mojado. Justo en aquellos meses concluía un asunto que había provocado grandes tensiones, pues afectó a la más importante compañía marítima de Mallorca, La Isleña, fundada en 1891. Todos los notables de la isla tenían intereses en ella. A diferencia de lo que estaba ocurriendo con las grandes navieras, que acumulaban beneficios debido al alza en el precio de los fletes y la relativa seguridad que ofrecía navegar bajo pabellón neutral español, otras compañías más pequeñas atravesaban por dificultades. La Isleña, en concreto, vivía gracias a la protección ofrecida por el Estado al amparo de la Ley de Comunicaciones Marítimas que en 1909 aprobó el Gobierno Maura. Había conseguido hacerse con las comunicaciones regulares entre las Baleares (con excepción de Menorca que tenía su propia compañía, la Mahonesa de Vapores), así como entre Mallorca y Barcelona, y con otros puertos del levante español, además de Marsella y Argel. Pero la subvención que recibía del Estado implicaba que el Gobierno fijaba el precio de los fletes y del pasaje y, por tanto, no podía aprovechar el alza de éstos ni tampoco variar sus recorridos. La compañía sufría la elevación del precio del carbón y las incertidumbres de la navegación por la guerra submarina desencadenada por Alemania. El resultado fue una depreciación considerable de las acciones de La Isleña y el temor a una crisis financiera inminente[17].

A las dificultades económicas se sumó la amenaza de ser absorbida por la Transmediterránea. Esta compañía había surgido en 1916 como consecuencia de la fusión de las empresas de cuatro armadores catalanes y valencianos, dedicados al transporte marítimo por el Mediterráneo. Prestaban todos ellos servicios entre la costa levantina y las islas Baleares, así como con la costa mediterránea francesa y el noroeste de Italia, y también con el norte de África, las Islas Canarias, el norte de España, la costa atlántica francesa y Gran Bretaña. Con la fusión se proponían eliminar itinerarios dobles o triples, poner en marcha una política de abastecimientos común, establecer delegaciones en los distintos puertos y contribuir a la nacionalización de la construcción naval mediante la aportación de astilleros y talleres. La nueva compañía nació con un capital social de cien millones de pesetas y 44 buques a los que pronto se añadieron otros cinco. Fueron promotores de la iniciativa José Juan Dómine, un médico albaceteño afincado en Valencia, donde había creado la Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, y Ernesto Anastasio, un valenciano capitán de la marina mercante y a la sazón práctico del puerto de Barcelona. Los primeros momentos no fueron fáciles, pero cuando en 1917 Alemania anunció el bloqueo marítimo en el Mediterráneo, los fletes se incrementaron y la nueva compañía supo aprovecharlo. Los beneficios se dispararon y, además, consolidó el control sobre las comunicaciones regulares y rápidas con África y con Canarias. Le faltaba hacerse con el tráfico regular interinsular en Baleares, que estaba en manos de La Isleña mallorquina y la menorquina Marítima Compañía Mahonesa de Vapores. Ahí entró Juan March, que ya había tomado posiciones[18].

En las primeras conversaciones entre la Transmediterránea y La Isleña, los accionistas de ésta se mostraron dispuestos a vender, pero lo que quería la Transmediterránea era un intercambio de acciones. No hubo acuerdo. El director de La Isleña, Manuel Guasp, era uno de los grandes caciques, de los «amos», en la isla. Jefe del conservadurismo, había sido alcalde de Palma y diputado provincial, y era abogado del propietario, armador, industrial y comerciante Manuel Salas Sureda, competidor por antonomasia de Juan March. Guasp dimitió de la dirección de La Isleña y Juan March se postuló como su sucesor. No sólo no obtuvo el apoyo suficiente, sino que la prensa avisó sobre los riesgos de aceptar su oferta. En su contra se apostaron no ya los viejos conservadores, sino también el prestigioso diario La Vanguardia Balear. March había hecho un préstamo importante que la compañía mallorquina no podía cancelar y, además, había comprado acciones. En aquellos momentos tenía el 40 por 100. En octubre de 1917 lanzó de nuevo su candidatura y esta vez ganó. Le acompañaban su amigo y socio Antonio Qués, y el senador liberal Bernat Amer Pons, otro de los grandes «amos» de la isla, industrial y presidente de la sociedad de alumbrado por gas. A poco de hacerse con el control de la naviera, March viajó a Madrid con Bernat Amer para buscar la supresión de alguno de los trayectos de La Isleña, la reducción de otros y el aumento de los fletes y precios de los pasajes. Era la única solución que veía para la supervivencia de la compañía.

El anuncio de semejantes propósitos desató un terremoto entre la gran burguesía tradicional mallorquina, que repentinamente hizo de la defensa de La Isleña un símbolo de patriotismo. En el plenario del Ayuntamiento se propuso movilizar a las fuerzas vivas y sacarlas a la calle. Un bando municipal avisó de la amenaza que suponía el incremento en los costes del transporte para el precio de las subsistencias. El 21 de aquel mismo mes, con el alcalde y los concejales a la cabeza, desfilaron en manifestación más de mil vecinos de la capital. La Guardia Civil tuvo que proteger el «regio palacio» de Juan March ante el temor de que las turbas se desbordaran y trataran de tomar la justicia por su mano para «castigar una evidente traición», como decía La Vanguardia Balear. March replicó en la prensa que si el Ministerio no aprobaba la subida solicitada, la compañía iría a la quiebra. Entendía las razones de quienes habían acudido a la manifestación, pero denunció a quienes hacían gala de un supuesto orgullo isleño sin saber defender sus propios intereses. Al enterarse del conflicto, el Ministerio de Hacienda no se atrevió a aceptar la subida.

Los plenos del Ayuntamiento se convirtieron en campo de batalla contra Juan March, quien, a la vista de la situación, decidió rematar su intervención y vender a la Transmediterránea las 3.000 acciones que tenía de La Isleña. Las acusaciones de traición arreciaron, olvidándose que el resto de los accionistas habían estado dispuestos a vender sus acciones en un primer momento. Algún concejal conservador y gran propietario pidió que el Ayuntamiento encabezara una campaña para que La Isleña continuara siendo una entidad «genuinamente mallorquina». Mientras Juan March se ofrecía públicamente para comprar las acciones que quisieran venderle los pequeños accionistas, las fuerzas vivas vinculadas al Partido Conservador se reunieron en el Teatro Lírico para hacer profesión pública de ardiente mallorquinismo, con gran apoyo de la prensa. El director del periódico Última Hora, José Tous, el senador Pou y el diputado José Socias, el líder de los conservadores, Guasp, el presidente de la Diputación y el alcalde de Palma levantaron los aplausos del público que llenaba el teatro, mientras quienes justificaban la actuación de Juan March eran abucheados. «¡Qué feo es el dinero! ¡Qué bello es el ideal!», les replicó un senador liberal vinculado a March: si tan patriotas eran ¿por qué no compraban las acciones a precios superiores a los que ofrecía la Transmediterránea? ¿No habían vendido ellos también? ¿A qué precio?

Era un proceso imparable. Se abrió una suscripción para recomprar las acciones vendidas a la Transmediterránea y Manuel Salas aportó un millón de pesetas pidiendo un mes de prórroga para conseguir lo que faltaba. March puso una condición: si durante ese tiempo algún barco sufría un siniestro, él estaba dispuesto a correr con una tercera parte de los gastos, pero quienes se oponían al proceso lo harían con el resto. Nadie quiso afrontar el desafío. Al mismo tiempo, March ofreció una pensión anual de 5.000 pesetas a todos los directivos de la compañía. La venta de acciones fue inmediata. A comienzos de 1918, La Isleña se convirtió en filial de la Transmediterránea. Juan March y Antonio Qués se habían hecho también con la mayoría de las acciones de la Marítima de Mahón, que también cedieron a la Transmediterránea.

March nunca negó que había hecho un gran negocio. Había comprado las acciones de La Isleña en los momentos más difíciles para la compañía. Sabía que pagaba por ellas un precio inferior al real. Pero la campaña «patriótica» sólo se lanzó cuando quienes hasta entonces habían monopolizado la sociedad y se habían beneficiado de ella se dieron cuenta de que March tenía el 40 por 100. No se recató en acusarles de estar representando una farsa. La realidad era que ninguno quería «aventurar una peseta». Por contra, March sostenía con firmeza que Mallorca había ganado en la jugada: no sólo La Isleña no había salido de allí, sino que había conseguido traer a la Transmediterránea. Él, por supuesto, había ganado mucho[19].

No era de extrañar que las fuerzas conservadoras mallorquinas más tradicionales se revolvieran contra March. Las organizaciones obreras contemplaban el espectáculo y algunos socialistas comenzaron a ver en él al capitalista moderno, destructor de la aristocracia y azote de los «butifarras». La relación con Juan March sembró polémicas en el seno del socialismo mallorquín, y entre socialistas y anarquistas, muy críticos estos últimos de cualquier subordinación al financiero. En los dos extremos, anarquistas y conservadores, coincidían en las acusaciones de acaparador, contrabandista, especulador y, en definitiva, explotador disfrazado de benefactor, mientras los socialistas se movían, dubitativos, entre las matizaciones y las condenas. El conflicto de La Isleña había sacado a la calle a las fuerzas vivas y la casa de March había tenido que ser protegida.

Las fuerzas de seguridad tuvieron que acudir en su auxilio de nuevo en febrero de 1919, esta vez por otro motín de subsistencias. El final de la guerra mundial no terminó con las tensiones sociales. La inflación y la escasez de productos de primera necesidad continuaban en todo el país, pero ahora, además, comenzaba a dejarse sentir el ajuste a la normalidad, con la consiguiente pérdida de aquella extraordinaria protección que se había vivido. Se perdieron mercados exteriores, sociedades creadas al amparo de la expansión se vieron obligadas a reducir actividad, disminuyeron las plantillas, se rebajaron salarios y, en el peor de los casos, algunas empresas cerraron. Propietarios y hombres de negocios acusaron la depresión, tanto más cuanto mejor les había ido en la coyuntura anterior. Las organizaciones obreras entraron en una dinámica de reproches mutuos, de acusaciones y enfrentamientos con los que trataban de evitar la pérdida de afiliados y el mantenimiento de su poder. Esa deriva se tiñó en algunos lugares de violencia y desembocó en terrorismo y pistolerismo obrero y patronal. En 1919 se adivinaba el comienzo de una posguerra muy dura.

Los motines de febrero de aquel año en Mallorca no fueron tan espontáneos como un año antes. Se originaron por una pelea en la plaza del mercado de Palma, donde una vendedora, al parecer, pretendía vender a precios abusivos. La gente comenzó a saquear los puestos, hasta que se presentó el gobernador civil, incitado por el concejal socialista, Lorenzo Bisbal, para prometerles la adopción de medidas radicales e inmediatas para contener el alza de precios. Aunque pareció que la situación se controlaba, a lo largo del día se reprodujeron los amotinamientos y el saqueo de tiendas y almacenes, especialmente en la zona portuaria. El gobernador declaró el estado de guerra y traspasó el mando a las autoridades militares, que ordenaron cargar repetidamente contra la multitud. La casa de Juan March fue apedreada y sólo la intervención de las fuerzas del orden evitó males mayores. Antonio Qués fue atacado en la calle cuando se dirigía a su despacho. Tampoco escapó La Isleña a la furia popular que pretendía que los empleados de la compañía marítima dejaran de trabajar y cerraran la sede. Los almacenes de las sociedades exportadoras fueron asaltados y allí se descubrió el ocultamiento en cajas de higos secos de otros productos cuya exportación estaba prohibida. «El público señala como principales acaparadores y contrabandistas de subsistencias a los señores March, Ques y Pomar Kléber», aseguraba el periódico republicano La Voz del Pueblo. Se sabía que March, el «multimillonario», tenía fletado un vapor que transportaba comestibles a Amberes. El apedreamiento de su casa no había sido fortuito.

Las fuerzas vivas reaccionaron con sorpresa y desconcierto ante el nuevo brote de violencia, y se enzarzaron en una polémica acerca de las medidas que debían adoptarse. Los industriales afirmaban que la causa de la crisis era la exportación abusiva de productos agrícolas y ganaderos, y se negaban a aceptar la propuesta de los comerciantes de que subieran los salarios. Denunciaron además a quienes se dedicaban al contrabando y ofrecieron su ayuda a las autoridades para su represión. Los comerciantes «honrados», por su parte, hicieron alarde de su respeto a la ley, desmarcándose de los especuladores y acaparadores. La situación en la isla estaba muy lejos de la violencia que la crisis estaba desencadenando en los campos andaluces o en Barcelona, pero se había extendido la influencia del anarco-sindicalismo y se habían multiplicado las convocatorias de huelgas. La Cámara de Comercio de Palma solicitó al Gobierno que permitiera la creación de un cuerpo de somatenes similar al que funcionaba en Cataluña. Antonio Qués, miembro de la Cámara, pidió que se castigase a los cabecillas de los amotinamientos y se persiguiera judicialmente a los responsables directos, lo que permitió a La Vanguardia Balear insinuar que quizás quien hacía semejante petición acabara siendo acusado por acaparador[20].

Verguistas y antiverguistas

Los años de la guerra y la posguerra fueron muy agitados. En la política mallorquina, el conflicto entre el verguismo y el antiverguismo, es decir, entre los aliados y defensores de Juan March, el Verga, y sus enemigos, dislocó el tradicional juego político entre conservadores y liberales. Como correspondía a una sociedad todavía rural, con grandes propietarios y una masa de pequeños campesinos, la política de notables se apoyaba en las redes clientelares de amos y caciques, con papeles claramente distribuidos, desde los jefes provinciales y los «principales» con posición desahogada y presencia en las instituciones, hasta los caciques con influencia en pueblos pequeños. Ellos controlaban las elecciones en Ayuntamientos y Diputaciones, y enviaban diputados al Congreso, en Madrid. En la isla, eran los dos grandes partidos de la Monarquía quienes tradicionalmente habían dirigido la vida política.

En Mallorca había nacido uno de los más importantes y controvertidos políticos de la Monarquía, Antonio Maura. Comenzó su trayectoria política en el Partido Liberal para convertirse en líder indiscutible del Partido Conservador en los primeros años de siglo con un discurso regeneracionista y defensor de la necesidad de una «revolución desde arriba». Instalado en Madrid, su tránsito desde el liberalismo al conservadurismo había significado también el final de la hegemonía liberal en la isla y el paso a un predominio de las fuerzas conservadoras. En 1913, Maura perdió la jefatura del Partido Conservador, que se vio sacudido por la división entre quienes permanecieron fieles al político mallorquín, una minoría en la península, y quienes se situaron detrás del nuevo líder, Eduardo Dato, la mayoría. Los liberales, por su parte, tras el asesinato de su jefe, José Canalejas, en 1912 no fueron capaces de resolver la disgregación entre quienes aspiraban a sucederle: el conde de Romanones, Manuel García Prieto o el más joven Santiago Alba.

La fragmentación de uno y otro partido a nivel nacional dificultó cada vez más la obtención de mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados y, con ello, la estabilidad de los Gobiernos, que se sucedieron unos a otros en plazos cada vez más cortos. Nuevas fuerzas políticas trataron de encontrar su hueco, denunciando el clientelismo tradicional de conservadores y liberales. Estos cambios tuvieron también su manifestación en las distintas regiones y provincias. En Mallorca, la división del conservadurismo tuvo especial trascendencia dada la relevancia del viejo líder, Antonio Maura, que tenía tradicionalmente reservado allí uno de los cinco escaños que correspondía a la isla. Durante la guerra mundial, la voluntad de cambio y regeneración democrática estuvo protagonizada por intelectuales, profesionales y clases medias. En Mallorca, crearon una sociedad llamada Fomento del Civismo y lanzaron el periódico La Vanguardia Balear, una publicación empeñada en la denuncia del caciquismo político y de prácticas muy arraigadas, como el contrabando. Fomento del Civismo se arrogó la paternidad de un movimiento regionalista que algunos querían vincular al catalanismo mientras otros afirmaban su «mallorquinismo». Como en el resto del país, los años de la guerra incrementaron la afiliación en las organizaciones obreras en la isla. En las elecciones municipales de noviembre de 1917, surgió un Bloque Asambleísta, mimético del que se organizó en la península por la confluencia de regionalistas, reformistas, republicanos y socialistas. Esa alianza permitió llevar al Ayuntamiento de Palma dos concejales reformistas y uno socialista, junto a los cinco conservadores, tres mauristas, cinco liberales y un carlista. Ese año, los seguidores de Maura perdieron la alcaldía en Palma, que pasó a manos de los conservadores fieles a la jefatura de Eduardo Dato[21].

Juan March estaba listo para jugar sus bazas y lo hizo sin recato. Lo suyo no era cuestión de ideologías al uso, pero eso no quería decir que le faltara discurso. Algunos lo llamaron marchismo para contraponerlo al maurismo. Según La Vanguardia Balear, March había debutado en el Partido Conservador en 1914 junto a su suegro, Bartolomé Servera, jefe del partido en Manacor, y un año más tarde era ya «influyente». Para asombro y desconcierto de los conservadores mauristas, se le vio en entrevistas con personajes poderosos del conservadurismo, acompañando incluso al presidente de la Diputación Provincial. Pero March no tuvo empacho en tender puentes al mismo tiempo con los líderes liberales. El conflicto de La Isleña contribuyó a convencerle de que había en el conservadurismo intereses demasiado arraigados, fidelidades difíciles de romper. Decidió probar suerte en las filas liberales, más dispersas y susceptibles por ello de dejarse utilizar. Maniobró para marginar al general Valeriano Weyler, representante en Mallorca de Manuel García Prieto, y ganarse a Bernat Amer y Alejandro Rosselló, seguidores ambos del conde de Romanones. Juan March aplicó tácticas y utilizó recursos de la vieja política caciquil, que conocía bien desde muy joven, pues tanto su padre como su tío habían ocupado cargos en el Ayuntamiento de Santa Margarita. Pero ahora se trataba de otra cosa. Había que adaptarse a los nuevos tiempos y para ello no escatimó esfuerzos ni dinero. No rehuyó contactos con cualquiera que pudiera serle útil en su objetivo fundamental: colocar gentes fieles en todos los niveles del poder, desde los Ayuntamientos a la Diputación Provincial, desde la Delegación de Hacienda al Gobierno Civil. Combinó, además, su estrategia local con el afianzamiento progresivo de lazos a mayor altura, en Madrid, porque entendió que no era suficiente la isla, aunque le resultara imprescindible. Tenía que saltar a la capital de España[22].

A finales de octubre de 1919, como consecuencia de una carta que le remitieron algunos liberales, el exministro Alejandro Rosselló convocó una reunión en el Círculo Liberal de Palma. La concurrencia no fue mucha, porque se negaron a asistir los seguidores del general Weyler, los de García Prieto y los de Romanones. A pesar de ello, Rosselló insistió en la necesidad de reorganizar el partido y se nombró para ello un comité que presidió Bernat Amer y del que formó parte, entre otros, Juan March. Los comentarios no se hicieron esperar. En los círculos políticos mallorquines se corrió la noticia de que Rosselló, romanonista hasta entonces, se había rendido a otro de los líderes del dividido partido liberal, Santiago Alba, cuyos seguidores en Mallorca acaudillaba Juan March[23].

Aquellos movimientos coincidieron con un nuevo altercado político fruto de las actividades económicas de March. En 1920 comenzó las obras para levantar una fábrica en Porto Pi, una rada al lado de la capital en la que hasta entonces sólo había casas residenciales de la aristocracia y de la gran burguesía isleña. No dejaba de ser una provocación, por mucho que hubiera otras razones para aquel emplazamiento. Pretendía fabricar superfosfatos y fertilizantes, así como almacenar carburantes para su distribución. Eran negocios en alza. Entraba con ello en competencia directa con el influyente Manuel Salas, dueño del complejo petroquímico en el Molinar, el único existente en la isla[24].

«Adquirí aquellos terrenos y empecé la construcción e instalación en momentos en que la crisis obrera empezaba a sentirse, y gracias a esta obra, durante dos años, pudieron sostenerse en Mallorca más de 2.000 trabajadores», explicó más tarde March, cuando creyó oportuno poner de manifiesto las «injusticias y vejaciones» de que había sido objeto como consecuencia de su iniciativa. Lo primero que se construyó fue un puerto, para el que se solicitó la exención de arbitrios al tráfico comercial a que tenía derecho por tratarse de un puerto construido con capital privado, sin que el Estado asumiera gasto alguno de mantenimiento de las instalaciones. La petición suscitó debate en la Junta de Obras del Puerto, aunque finalmente se decidió conceder la exención. Más agria fue la discusión en el Ayuntamiento, en el que era entonces alcalde un cuñado de Manuel Salas. Sin embargo, la propuesta de conservadores y mauristas de que se obligara a pagar en Porto Pi los mismos gravámenes que existían en el puerto de Palma resultó derrotada. El voto de un conservador, que rompió la disciplina de su partido, deshizo el empate entre los dos bloques en los que se había dividido el consistorio: conservadores y mauristas, por un lado, frente a los liberales y los dos concejales reformista y socialista.

Fue este último, Lorenzo Bisbal, quien criticó el intento de los conservadores de dificultar las obras de Porto Pi, y dijo que prefería mil veces «ser víctima de la murmuración y de la calumnia que hacer el juego a los sapos de la reacción». La posición de Bisbal no era cómoda porque la construcción del complejo estuvo salpicada de conflictos laborales. Cuando March propuso una ampliación de la jornada para acabar más rápidamente las obras, los dirigentes socialistas de la Casa del Pueblo negociaron y aceptaron. Los anarquistas, sin embargo, se opusieron. La protesta de La Metalurgia, la sociedad obrera que agrupaba a los trabajadores del metal, desencadenó una huelga por haber contratado March dos obreros no afiliados. Las distintas organizaciones obreras se tiraron los trastos a la cabeza, acusándose mutuamente de estar vendidos: los socialistas a Juan March y los anarquistas a Manuel Salas.

La huelga fue muy dura y estaba abierta cuando se encendieron por primera vez los hornos de la fábrica de productos químicos en Porto Pi. Hubo un periódico en la isla que saludó con entusiasmo la inauguración. Se trataba de El Día, un diario que dos meses antes había visto la luz bajo el patrocinio de Juan March, convencido de la importancia de contar con un periódico afín. El Día apostó por los nuevos tiempos, por el futuro y el cambio en Mallorca. Se definió como un «diario a la altura de las complejas necesidades de nuestra isla», un diario que debía responder al ansia de trabajo y prosperidad, de modernidad, que se percibía en toda la «Mallorca viva»; un diario sin pretensiones sectarias y sin las estrecheces de los intereses particulares, presidido por un «criterio noblemente liberal» sin exclusiones, contrario a la reacción y a los dogmatismos. Juan March llamó para dirigir el periódico a Joan Estelrich, quien, unos años antes, había fundado La Veu de Mallorca, un diario defensor de un mallorquinismo regionalista frente al provincianismo castellano. Estelrich marchó luego a Barcelona, donde se afilió a la Lliga y trabajó con Cambó, colaborando en La Veu de Catalunya. De allí se lo trajo March y le colocó al frente de un periódico que quería convertir en foro de intelectuales y artistas, y en defensor de iniciativas modernizadoras. Con Estelrich viajó a Mallorca Josep Pla para poner en marcha El Día[25].

En su número del 23 de julio, el periódico de March saludaba el encendido de los hornos en Porto Pi como una fecha histórica. Era la muestra de que algo empezaba a morir en la isla: «la calma tradicional, la fama inmensa de gandules, la extendida consideración de gente falta de iniciativas que sobre los mallorquines pesaba». La nueva fábrica era una señal de «fecundo industrialismo». Era una de las más importantes de España y la más hermosa, no ya del país sino de toda Europa porque había sido pensada y diseñada por un excelente arquitecto, Guillermo Forteza, y un plantel de conocidos ingenieros. El puerto, en el que podían atracar vapores de cien mil toneladas, daría movimiento a un volumen cuatro veces mayor que toda la exportación agrícola y seis veces mayor que la exportación industrial de la isla. Todavía faltaban por rematar algunas instalaciones para que el complejo funcionara a pleno rendimiento. Pero la sala de hornos para quemar piritas, el edificio de fabricación de ácido sulfúrico con sus ocho torres, el edificio de fabricación de superfosfatos, el más pequeño para la fabricación de ácido nítrico y el edificio de la central eléctrica componían un conjunto imponente y, además, bello[26].

La inauguración coincidió, para desgracia de Juan March, con la crisis política que desencadenó el desastre de Annual en Marruecos. El nuevo Gobierno presidido por Antonio Maura se hizo eco de la protesta de los vecinos de Porto Pi y envió una comisión de técnicos a visitar la fábrica. En su informe sostuvieron que los gases que desprendía suponían un grave riesgo y afirmaron que no se disponía de los correspondientes permisos de apertura. El 21 de septiembre de 1921, el gobernador civil decretó el cierre. La reacción de Juan March fue inmediata. En el periódico El Día declaró que había encargado a sus ingenieros que dotasen a la fábrica de todos los perfeccionamientos modernos porque eso suponía para él un mejor aprovechamiento, pero también para causar una mínima molestia a los vecinos. Entre ellos, sin embargo, había veraneantes que pasaban allí «tres o cuatro meses contemplativos» y que, además, eran contrarios a él, a su significación política y a su importancia económica e industrial. No tenía necesidad de meterse en nuevas explotaciones porque su fortuna le bastaba para vivir con lujo y sosiego, pero le resultaba «tristísimo» ver cómo resultaba inútil preocuparse por negocios que afectaban al bien común. March encontró nuevamente apoyo entre los socialistas, que lanzaron una encendida defensa de su carácter emprendedor y calificaron el cierre de «crimen industrial». El Círculo Liberal, del que era miembro Juan March, aprovechó para denunciar la «declarada hostilidad» que Maura había mostrado siempre hacia ellos desde el Gobierno y que de nuevo se manifestaba en la ofensiva contra la fábrica Porto Pi[27].

La movilización de instituciones y asociaciones alcanzó tales proporciones que la mayoría conservadora en el Ayuntamiento de Palma tuvo que dar marcha atrás en su decisión inicial de dar carpetazo al asunto. El caso había llegado hasta el Consejo de Ministros en Madrid y, aunque el ministro de Fomento había propuesto enviar dos técnicos para estudiar el problema in situ, el presidente del Gobierno, Antonio Maura, dijo que él lo arreglaría. Uno de los concejales liberales en Palma propuso que se autorizara el funcionamiento de la fábrica en período de prueba para que el consistorio pudiera, en su caso, formular las medidas que se considerasen oportunas para autorizar el funcionamiento definitivo. La propuesta, que se aceptó por unanimidad, fue rechazada por el gobernador civil. Juan March decidió que se reanudasen los trabajos, pero la Guardia Civil desalojó a los obreros y el gobernador lo denunció ante el Juzgado de Guardia por desacato a la autoridad.

Un telegrama del Ministerio de Fomento fue lapidario: el cierre de la fábrica obedecía al incumplimiento de los preceptos de la instrucción general de Sanidad y frente a ello no cabían decisiones municipales. No hubo nada que hacer mientras duró el Gobierno que presidía Antonio Maura. Sin embargo, a los pocos días de su caída, el 15 de marzo de 1922, el nuevo Gobierno, también conservador pero presidido por José Sánchez Guerra, autorizó la reapertura con las únicas condiciones de que dejase de fabricarse ácido nítrico y se hicieran inspecciones sanitarias periódicas.

El escándalo de Porto Pi había agitado de nuevo las aguas de los intereses y la política mallorquina, con un nombre propio a la cabeza: el de Juan March. Había puesto a prueba el poder de las viejas fuerzas conservadoras mallorquinas esgrimiendo el discurso de la modernidad industrial y emprendedora frente al inmovilismo isleño. Según dijo, aquel puerto franco tenía como objetivo actuar como un imán sobre las corrientes de tráfico más importantes, para que las ganancias obtenidas echaran raíces en la isla. Pero cada vez que pretendía hacer de Mallorca algo más que un «motivo de recreo para el turista ocioso y despreocupado, una desaprensiva minoría de políticos se le echa[ba] encima con alborotos y estruendos». Si se empeñaban en no dejarle trabajar en su tierra, llegó a decir, no tendría más remedio que ensayarlo en otra parte[28].

Más tarde, en una operación similar a la que había hecho con La Isleña, March vendió el complejo químico Porto Pi a la Transmediterránea. La compañía naviera no atravesaba por su mejor momento, pues el final de la guerra europea había traído consigo una contracción de los intercambios y una reducción de los fletes. La adjudicación de nuevas subvenciones del Estado le supuso un cierto alivio y optó por dedicar la mitad de sus barcos a los servicios oficiales, imponiendo serias restricciones en los intercambios comerciales. Juan March le ofreció la explotación del puerto construido en la rada de Porto Pi, así como la fábrica de ácido sulfúrico y de superfosfatos, y las instalaciones para el almacenamiento y reexpedición de combustibles. También el 68 por 100 de las acciones de la compañía La Fertilizadora. Valoraba todo ello en diez millones de pesetas y aceptaba el pago en acciones de la compañía naviera al precio de cotización.

Algunos accionistas de la Transmediterránea no veían razonable embarcarse en negocios que poco tenía que ver con su actividad, y se decidió enviar una comisión para inspeccionar las instalaciones. La promesa de asegurarse el transporte del comercio que Porto Pi generaba pareció convencerles y se llegó a un acuerdo. Juan March consolidó así su posición en la Transmediterránea, convertida ya en una pieza clave de sus negocios. No quiso ningún cargo directivo, pero reclamó para sí la responsabilidad de los negocios que había aportado a la compañía. La venta de fertilizantes se organizó como una sección comercial, que pronto rindió beneficios; para la venta de petróleos se creó, como veremos, una sociedad anónima: Petróleos Porto Pi. Juan March avanzaba posiciones en nuevos negocios, como el del petróleo, y además se aseguraba el control de una importante compañía naviera, la Transmediterránea que había conseguido la adjudicación oficial de las comunicaciones entre la península y Baleares, el norte de África y Canarias[29].

De nuevo el tabaco

El conflicto desencadenado por el asunto Porto Pi, que llegó hasta Madrid y el Consejo de Ministros, hizo aparecer por primera vez a Juan March en los ficheros de la policía, cuando Antonio Maura presidía el Gobierno. March aparecía en el informe como propietario de fincas importantes en Mallorca y del periódico El Día, así como defensor de la política liberal y, más en concreto, de Santiago Alba, con quien le unía una «amistad extrema». Se decía que en una comida ofrecida en Palma en honor del político liberal, March había enviado a la esposa de Santiago Alba el ramo de flores que adornaba la mesa, con diez billetes de mil pesetas dentro. Fue desde entonces una de tantas anécdotas que acompañaron al financiero mallorquín. La influencia política de March en la isla era grande, decía el informe policial, porque era, de hecho, jefe del Partido Liberal, mientras que su suegro, Bartolomé Servera, lo era del Conservador en Manacor. Sus relaciones con el jefe del conservadurismo en Palma, José Socias, decano del Colegio notarial, habían sido malas hasta que March llevó a su despacho el negocio de las escrituras de compra venta de numerosísimas parcelas, procurándole así importantes beneficios profesionales.

En el registro policial quedaron recogidas sus idas y venidas de Palma a Madrid durante el asunto Porto Pi, así como los nombres de quienes frecuentaba en la capital. Figuraban en la lista un abogado, empleado en el Ministerio de Fomento, que había llevado años atrás un asunto de March en Palma; también un secretario del líder liberal, García Prieto, que le visitaba con frecuencia, y el subsecretario del Ministerio de Hacienda, además del director general de comercio, a quien supuestamente se había metido en el bolsillo insinuándole que en su puesto era fácil hacer negocios lícitos, siempre que contara con la «cooperación de personas prácticas». Pero las referencias eran deslavazadas y hasta el supuesto informante ponía en duda ciertos rumores, como el de que Juan March pudiera dedicarse al contrabando de armas, que no tenía más base que «el mal concepto de este señor en estas materias, su osadía y fiebre de oro». También se recogían noticias del contrabando efectuado con Alemania durante la guerra europea, y otras relacionadas con su vida privada.

Se aseguraba que estaba separado «moralmente» de su mujer. De ella se decía que tenía relaciones con su chófer, y de él que era mujeriego, que buscaba sus amantes entre la clase media modesta y que no era en absoluto espléndido con ellas. No tenía buena salud, era neurasténico y al parecer planeaba un viaje a Suiza para visitar algún médico. Tampoco atravesaba sus mejores momentos en los negocios. Desde hacía un tiempo, cuando venía a Madrid —y lo hacía con frecuencia—, se hospedaba en el Hotel Palace, uno de los mejores de la capital, situado enfrente del Congreso de los Diputados, y lugar en el que coincidían políticos, hombres de negocios, periodistas y ciertos hombres de pluma. Pues bien, de las dos o tres habitaciones y salón que habitualmente ocupaba, por un valor de 800 pesetas diarias, había pasado a una sola habitación e interior, que le costaba la mitad[30].

El informe policial acertaba en lo de que los negocios de Juan March no estaban en su mejor momento, no sólo por el asunto Porto Pi, sino también por las amenazas que se cernían sobre su negocio del tabaco. En 1921 debía renovar la concesión de su arrendamiento del monopolio de tabacos en Marruecos y ese mismo año concluía el contrato entre el Estado español y la Compañía Arrendataria de Tabacos. No tuvo demasiadas dificultades para suscribir un nuevo acuerdo con la Sociedad Internacional por un período de diez años más. Lo hizo, además, con apoyo del Gobierno. Pero no tuvo tanto éxito en la batalla que emprendió para arrebatar a la Arrendataria el monopolio del tabaco en las dos plazas de soberanía del norte de África, una vieja aspiración de March. Creyó posible hacerlo aprovechando la renegociación del contrato entre Tabacalera y el Estado. Quizás, incluso, trató de hacerse con el control de la Arrendataria. Eso, al menos, afirmaron algunos.

Los principios básicos de la negociación del nuevo contrato entre la Arrendataria y el Estado los había marcado precisamente Santiago Alba unos años antes: una reducción de la comisión que cobraba sobre el producto líquido y un aumento de la participación del Estado en los beneficios. Pero le tocó llevarla al Parlamento a un Gobierno conservador presidido por Manuel Allendesalazar, que había sido director de la Tabacalera y había denunciado en 1916 en el Senado el contrabando, señalando con el dedo a Juan March. Aunque las bases de la negociación del nuevo contrato entre la Arrendataria y el Estado seguían siendo los mismos, Santiago Alba, ahora en la oposición, puso en duda la idoneidad del nuevo Gobierno para acometer la reforma, dadas las implicaciones personales del presidente. Las izquierdas aprovecharon para exigir la incompatibilidad entre el servicio al Estado y el servicio a compañías o empresas que disfrutaban de situaciones de monopolio. La discusión parlamentaria se alargó tanto que llegó la fecha final del contrato y el Gobierno tuvo que recurrir a la «guillotina» para que se votara. Era aquél un método introducido en la reforma del Reglamento de 1918 para evitar el bloqueo en los debates parlamentarios mediante la fijación de un límite temporal. En señal de protesta, las izquierdas abandonaron el Hemiciclo. El proyecto pasó al Senado, que no introdujo modificaciones[31].

La Arrendataria lo ratificó a regañadientes, aunque los consejeros respiraron aliviados. Habían temido un trato todavía más duro e incluso que el arrendamiento cambiara de manos. No ocurrió tal cosa, pero se habló de todo. Durante el debate parlamentario, un diputado conservador, abogado también de la Arrendataria, denunció a los liberales —a Santiago Alba— por defender los intereses de un grupo de «contrabandistas» con sede en Gibraltar y en la frontera con Argelia, que lo que pretendían era hacerse con el arrendamiento del monopolio. Tuvo que rectificar y retirar sus acusaciones, pero en los corrillos políticos y periodísticos se decía que Alba quería influir para que el arriendo se le otorgara a Juan March, su «representante» en Mallorca. Era una «calumnia», aseguró el exministro de Hacienda, que trató de buscar el apoyo de los otros líderes del Partido Liberal[32].

El debate se calentó por el enfrentamiento entre dos periódicos. Un grupo nutrido de redactores de El Liberal, uno de los diarios más antiguos y de mayor tirada, decidieron abandonarlo para lanzar uno nuevo, La Libertad, que se identificó con el partido creado por Santiago Alba, Izquierda Liberal. La Libertad negó que el exministro de Hacienda ocultara intereses detrás de sus críticas al contrato del monopolio de tabacos, pero El Liberal aseguró que lo único que pretendía era «dar residencia legal a quien hasta aquí anduvo a salto de mata, sin domicilio conocido por las autoridades»; es decir, al contrabando, un negocio de explotación ilegal hecho por grandes financieros, con el apoyo de influyentes y maleables políticos y la colaboración de periódicos sin escrúpulos de moralidad. En opinión de El Liberal, lo que estaba detrás de los manejos parlamentarios era la obtención de la concesión del monopolio de tabacos en las posesiones españolas en África, una concesión que sólo podía ser negocio para quien contrabandeaba en la zona libremente, no sólo en territorio africano sino en la península[33].

A los pocos meses de renovarse el contrato de la Arrendataria con el Estado, Antonio Maura asumió la presidencia del Gobierno y nombró ministro de Hacienda a Francesc Cambó. Era uno de los políticos que había dado el salto a la escena de la política nacional durante los años de la Guerra Mundial. Como líder de la Lliga catalana, fue protagonista de la campaña en pro de un estatuto de autonomía para Cataluña. Era también un hombre de negocios conocido dentro y fuera del país, y uno de los más relevantes miembros de la gran burguesía catalana. Participó por primera vez como ministro en el Gobierno de unión nacional que presidió Maura en 1918, un Gobierno que por unos meses concitó las esperanzas de muchos al romper el tradicional turno entre conservadores y liberales. Cambó fue entonces ministro de Fomento. Tres años más tarde, en 1921, después del desastre que el ejército español padeció en Annual, en el norte de Marruecos, Maura volvió a convencerle para que se incorporara a otro Gobierno, esta vez de concentración, porque quedaron fuera los liberales de Santiago Alba. Junto al propósito de recuperar el prestigio perdido en el norte de África, el objetivo de Maura era la política económica. La presencia de Cambó adquirió, por tanto, una relevancia especial. Su paso por el Ministerio de Hacienda dejó en herencia una nueva ley de ordenación bancaria, unas nuevas bases arancelarias y diversas reformas tributarias, amén de importantes medidas para disciplinar y hacer eficaz al personal del propio Ministerio.

Cambó nombró subsecretario a José Bertrán i Musitu, que recibió el encargo de reforzar los ingresos del Estado. El ministro le llamó especialmente la atención sobre el escandaloso tráfico de tabacos en las costas mediterráneas, y le dijo que debía hacer cuanto creyese conveniente para evitarlo, prometiéndole llevar al Parlamento y a La Gaceta todas las medidas necesarias. Lo primero que hizo Bertrán i Musitu fue ponerse al día en el asunto. Calculó entonces que el contrabando de tabaco alcanzaba los veinte millones de pesetas anuales, aunque más tarde rectificó para elevarlo a cincuenta. En su poder tuvo pronto toda la información disponible sobre las fábricas de tabaco existentes en Argel y Orán, los barcos y faluchos que traficaban y su manera de actuar, la red coordinada en el interior de la península y Baleares, con sus «arrendatarias» de zona, organizadores de alijos y distribuidores, pescadores y vendedores al por menor. También supo de la permisividad de las autoridades francesas, tanto en la concesión de almacenes francos a los fabricantes más importantes con el pretexto de dar salida al tabaco argelino, como en las maniobras de «trasbordo» de tabaco en aguas territoriales francesas. Por intermediación del ministro de Estado, trató de conseguir mayor vigilancia y durante un tiempo se prohibió la salida de barcos menores de 200 toneladas, pero luego se olvidó. Los faluchos de los contrabandistas era más rápidos que la escuálida flota de la marina, integrada por cuatro vapores viejos, siete embarcaciones sin motor y cinco más pequeñas que, además, no tenían muchas veces consignación suficiente para moverse[34].

El nombre de Juan March aparecía repetidamente, tanto en los listados de barcos sospechosos que el subsecretario recibía como en las referencias a los más importantes fabricantes de tabaco en el norte de África. Sin embargo, la sociedad March y Garau se había disuelto en 1917 y Juan March desapareció aparentemente de Argel. La fábrica en Orán también había cambiado de titular. En 1918, una sociedad de nombre Anglo-Algerienne compró a Vicente Jorro su fábrica de tabacos en dicha ciudad, sita en el mismo edificio de la de March. A cambio de un préstamo, Jorro había actuado hasta entonces como fiador de March ante las autoridades francesas y esa función pasó ahora a la Anglo-Algerienne. Dos años más tarde, fue March quien decidió vender a esa misma sociedad su propia fábrica, a precio ventajoso y a cambio de que elaborara todos los tabacos que pudiera necesitar para abastecer el monopolio que arrendaba en Marruecos. Así, era la Anglo-Algerienne la que figuraba en las guías de exportación que los empleados de March utilizaban siempre que les era necesario[35].

Bertrán i Musitu se puso al habla con los delegados de Hacienda, los administradores de aduanas y los carabineros para comunicarles la firme resolución del Gobierno de acabar con el contrabando. Convocó una reunión de coroneles de carabineros en su despacho y les amenazó con disolver el cuerpo si no se actuaba con más determinación. En una carta a Maura, Cambó mostró su satisfacción por el castigo ejemplar que había conseguido imponer a varios mandos, expulsándolos del cuerpo. «Dentro de pocos días, decía Cambó, se dictarán nuevos castigos con lo cual espero que la organización de March sufrirá un serio quebranto». También solicitó Cambó la colaboración del ministro de Gracia y Justicia para actuar contra los jueces que ponían en libertad a quienes se detenía alijando. No podía aceptarse que la influencia de Juan March fuera mayor que la presión oficial. Era necesaria una rectificación inmediata en las costumbres[36].

La labor de Bertrán i Musitu desde la subsecretaría permitió un seguimiento más estrecho de los barcos y la aprehensión de importantes alijos. El contrabando se hizo más difícil, casi imposible. Se publicaron sendas órdenes ministeriales para agilizar el pago del premio por denuncias y se modificó su reparto para favorecer a la tripulación que hubiera hecho la aprehensión. Se propició la destrucción de los barcos y faluchos apresados para evitar que, al salir a subasta y ser rechazados por la Arrendataria, fueran recuperados por los contrabandistas. Se propuso también la reforma de la Ley de Contrabando, una modificación considerada «indispensable» por el ministro de Hacienda para conseguir el éxito en su campaña contra ese comercio[37].

Esta campaña se acompañó de una política de modernización para hacer más competitivo el funcionamiento del monopolio y de la Arrendataria. Para ello, el 18 de febrero de 1922 fue nombrado director Francisco Bastos, un ingeniero con experiencia en la empresa privada que contaba con todo el apoyo de Francesc Cambó. El ministro estaba convencido de que la compañía no estaba bien dirigida. El nuevo director informó inmediatamente al Consejo de Administración de que tenía intención de enfocar aquel negocio como una industria. Anunció que viajaría, que visitaría fábricas y estudiaría mercados. Pidió un amplio voto de confianza para adoptar medidas a corto plazo que sentaran las bases de un cambio profundo de más largo alcance. Los sucesivos representantes del Estado en la compañía le prestaron su confianza y apoyo total. También encontró eco entusiasta en el Consejo de Administración, presidido entonces por el marqués de Amurrio e integrado por personas relevantes, pero poco conocedoras del negocio. La fabricación era desordenada y estaba muy lejos de lo que el público pedía; cada fábrica era un «cantón independiente» que nadie visitaba nunca, y todas ellas eran establecimientos viejos y mal conservados. El personal, entre el que había de todo, había llegado casi siempre por recomendación, aunque había un puñado de entusiastas y algunos ingenieros inteligentes y deseosos de trabajar[38].

Bastos puso en marcha un programa que iba desde la reconsideración de la política de abastecimiento a la mecanización y reforma de las fábricas, la construcción de dos nuevas, la racionalización del transporte y de la comercialización, una política de personal y de simplificación de la contabilidad, y también de represión del contrabando. El Consejo de Administración de la Arrendataria dio el visto bueno y también lo hizo el Ministerio, interesado como el propio Bastos en mejorar el rendimiento del monopolio. No hubo variación en este sentido al producirse a los pocos meses el relevo de Cambó y su sustitución por el conservador Francisco Bergamín, cuando Maura fue reemplazado por José Sánchez Guerra al frente de un nuevo Gobierno. Bastos siguió en su puesto[39].

El director de la Arrendataria no tardó mucho en saberlo todo sobre el funcionamiento del contrabando. Para acabar con él propició dos tipos de medidas, unas encaminadas a «vigilarlo» y otras a «arruinarlo». Para vigilarlo renovó la flota y constituyó seis bases navales en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Cartagena, Málaga y Cádiz. Reorganizó el servicio del Resguardo, poniendo a su frente a Luis Fajardo, y reorientó los servicios de policía y de confidentes, de tal manera que tuvieran que rendir cuentas sin por ello ponerlos en peligro. Para «arruinar» el contrabando, buscó la manera de cerrar los mercados donde se abastecía. A los productores cubanos que quisieran vender tabaco a la Arrendataria, les prohibió hacerlo en determinadas franjas de la costa del norte de África y de la península. En el caso de los canarios, garantizó a los fabricantes la compra de su producto, siempre que no la incrementaran, a condición de prohibirles la venta a los contrabandistas. A partir de septiembre de 1922, los fabricantes canarios recibieron precintos especiales para sus mercancías y sus productos se dedicaron a abastecer especialmente las plazas de soberanía del norte de África.

Un Real Decreto de 23 de mayo autorizó la creación de dos nuevas fábricas, la contratación directa en el extranjero de labores de cigarrillos iguales a los nacionales para suplir la escasez, y la fabricación o adquisición de labores similares a las nacionales para venderlas en las plazas de Ceuta y Melilla a precios inferiores a los vigentes en la península. Era un conjunto de medidas que ponía en serios aprietos al contrabando. De ellas, la más amenazadora era la que anunciaba una rebaja de precios en las dos plazas de soberanía del norte de África. Bastos sabía que la Arrendataria no conseguía vender un kilo de tabaco en Ceuta y Melilla donde, sin embargo, con el beneplácito de las autoridades, tenía almacenes la concesionaria gestionada por Juan March. Era éste quien vendía el tabaco, más barato. Bastos calculaba que la venta en dichas plazas le suponía a March un beneficio neto de 200.000 pesetas al mes. En su opinión, era ahí y no en lo que March pudiera vender en el territorio del protectorado, donde residía el gran negocio del mallorquín. El decreto de mayo con la rebaja de precios y, en realidad, todo el programa anunciado por Francisco Bastos para la Arrendataria constituían una amenaza seria para el mallorquín. March lo sabía y se preparó para dar una respuesta en toda regla.

Antes de que la rebaja de precios de las labores de la Arrendataria se aplicara, March movilizó todas sus amistades e influencias. Advirtió por escrito al ministro de Hacienda, Francisco Bergamín, de que podía producirse un gravísimo conflicto en la zona pues, al irradiar inevitablemente fuera de las plazas semejante reducción de precios, él se vería obligado a rebajar también los suyos, infringiendo así su compromiso con la Sociedad Internacional de la que era concesionario. El tratado de 1912 con Francia prohibía cualquier modificación de precios sin acuerdo previo de ambos países[40].

El ministro recibió a Juan March, que llegó acompañado de dos de los políticos con los que había estrechado lazos, los diputados Natalio Rivas, liberal, y Salvador Canals, conservador. Le dijo a Bergamín que había intentado ver a Bastos, pero éste no había querido recibirle. Enterado de este comentario, el director de la Arrendataria también visitó al ministro. Circulaban rumores sobre la posibilidad de que se optara por ceder las plazas de soberanía a March. Bergamín le sorprendió con la noticia de que su «medicina» había hecho efecto y que March quería vender su monopolio. Pedía treinta millones de pesetas, una cifra a la que había llegado multiplicando el beneficio obtenido durante los seis meses de prórroga de su contrato por los diez años que le quedaban. A Bastos le pareció que el cálculo no podía hacerse sobre aquellos meses que habían sido, tras el desastre de Annual, los de mayor concentración de tropas españolas en la zona y, por tanto, los de mayores ganancias para March. Informó, sin embargo, al Consejo de Administración. Ni el director ni la Compañía Arrendataria se mostraron favorables a la venta, a menos que el precio fuera «reducidísmo».

Juan March sabía que su concesión internacional apenas tenía valor si se comparaba con el tabaco que, gracias a ella pero ilegalmente, colocaba entre los militares y en Ceuta y Melilla. La rebaja de precios le dejaba sin mercado, pero no era fácil encontrar argumentos contra aquella decisión. En el Ministerio de Estado se decía que March había interpretado erróneamente los términos del decreto, ya que no tenía por qué sentirse afectado por una medida que no alcanzaba más que a las plazas de soberanía españolas. Era absolutamente «intolerable» que un súbdito de España, que se había beneficiado de la acción en Marruecos haciendo «fabulosos negocios» para su fortuna particular, se atreviera a recordar al Gobierno español sus obligaciones derivadas del tratado de 1912.

Pero March no iba a cejar. Se jugaba demasiado. Decidió apelar a la Sociedad Internacional y su administrador, el marqués de Caviedes, envió una nota al ministro. No se ponía en cuestión la legalidad ni el derecho a decidir del Gobierno español en lo referente a las plazas, pero la medida generaría inevitablemente una corriente de contrabando hacia el territorio circundante, con las consiguientes pérdidas para el monopolio de cuyos beneficios, por otro lado, el Estado español recibía una parte. La Sociedad Internacional no tendría más remedio que contener dicho contrabando estableciendo en torno a Ceuta y Melilla un cordón de agentes de vigilancia que, sin duda, sería una fuente inagotable de conflictos entre la población indígena y las autoridades. ¿No sería mejor ponerse de acuerdo para fijar las tarifas en las plazas de soberanía y el territorio marroquí, evitando entrar en una guerra comercial que perjudicaría a ambos países? El presidente de la sociedad se encargó de remitir copia de la carta al mismo presidente de la República francesa, advirtiéndole del envío a Madrid de un ingeniero de la Sociedad Internacional con la intención de negociar. Las repercusiones del decreto, advertía, afectarían no sólo a la compañía, sino al propio protectorado francés, pues era el Gobierno cherifiano quien obtenía los mayores beneficios del monopolio.

Embajadas y Ministerios se movilizaron. La trascendencia del asunto era mayor porque, tras el desastre de Annual, la situación española en la zona era muy delicada. Todo lo que acentuara la inestabilidad y enrareciera las relaciones entre Francia y España debía ser tomado con extrema precaución. En la entrevista con el enviado de la Sociedad Internacional, Francisco Bastos dejó claro que la compañía era muy dueña de su casa y que nada podía impedirle vender su tabaco como tuviera a bien. El Gobierno español tenía la obligación de proporcionar a sus soldados tabacos baratos y de calidad. A título personal le dijo que la Arrendataria no tendría ningún inconveniente para entenderse con la Sociedad Internacional si ésta no tuviera como concesionario a Juan March. El ingeniero francés le respondió que no podía hacerse a la Sociedad Internacional responsable de cuestiones personales relacionadas con March.

En el Ministerio de Estado, en su sección de Marruecos, se temía que el conflicto disminuyera hasta extremos inquietantes los ingresos del Tesoro del califa. El Gobierno debía evitarlo por todos los medios y facilitar un acuerdo. El ministro de Hacienda aseguró que la Arrendataria se había comprometido a tomar las medidas necesarias para evitar el contrabando y que él, por su parte, estaba dispuesto a llegar a acuerdos con la Sociedad Internacional sobre tarifas antes de la aplicación del decreto.

A comienzos de diciembre de 1922, el Gobierno de José Sánchez Guerra hizo crisis como consecuencia del debate parlamentario sobre las responsabilidades por el desastre de Annual. El Partido Conservador salió muy dañado. Llegó el momento de la alternancia y se alzó con el poder un Gobierno de concentración liberal presidido por Manuel García Prieto, en el que Santiago Alba ocupó la cartera de Estado. Justo aquel mes de diciembre comenzó a aplicarse la reducción de precios del tabaco en Ceuta y Melilla. La embajada francesa volvió a quejarse al nuevo ministro, advirtiéndole que el tabaco a bajo precio no se distribuía sólo entre los civiles de ambas plazas, sino que competía con los de la Sociedad Internacional en la zona española del protectorado e incluso se distribuía por la península. No se ponía en duda el derecho del Estado español a decidir, pero estaba condicionando la actuación de la Sociedad Internacional. Si se creaba el cordón de agentes encargados de la vigilancia habría detenciones de soldados españoles.

En una carta que entonces no se hizo pública y que años más tarde, en plena República, haría mucho ruido, March se encargó de explicar a la embajada francesa los perjuicios que estaba acarreando la aplicación del decreto. Camiones militares salían de Melilla cargados de tabaco de la Arrendataria para distribuirlo entre los soldados que defendían sus posiciones. Su vigilancia resultaba ineficaz para impedir un contrabando que contaba con el beneplácito de las autoridades militares españolas. Ellas mismas recomendaban a los soldados el consumo de tabaco de la Arrendataria, argumentando que era una falta de patriotismo consumir el de la Sociedad Internacional. La campaña empezaba a dar sus frutos, extendiéndose el consumo de tabaco de la Arrendataria hasta el punto de amenazar a la propia zona francesa y, lo que era más grave, tomando cuerpo la impresión, entre los soldados españoles e indígenas, de que la Sociedad Internacional había venido explotándoles al venderles tabaco más caro. Se estaban sembrando odios en un país aún no pacificado. Se estaba haciendo de cada soldado, un enemigo.

Alertado, Santiago Alba pidió opinión al ministro de Hacienda, el reformista Pedregal, quien se reunió con el director de la Arrendataria. Bastos replicó que las medidas adoptadas no suponían vulneración alguna del tratado de 1912 y que el Estado español tenía perfecto derecho a adoptarlas. No sólo no se tenían noticias de un aumento del contrabando de tabaco, sino que se habían apresado no menos de una docena de barcos contrabandistas a lo largo de 1922. Francia no debía quejarse porque, por primera vez, se había comprado tabaco elaborado en Argel por valor de 50 millones de francos. Debía esperarse a ver los resultados de las medidas adoptadas. En estos mismos términos contestó el ministro al embajador francés, lo que no evitó que el embajador español en París, Quiñones de León, le anunciara una visita del marqués de Caviedes para quejarse en los mismos términos que lo había hecho March.

La presión siguió mientras, en el Ministerio de Hacienda, Manuel Villanueva sustituía a Pedregal. A Santiago Alba seguían llegándole las reclamaciones francesas. El residente general de Francia en Rabat comunicó que el propio mariscal Lyautey había afirmado que de continuar aquella situación «intolerable» se pondría en peligro el monopolio de tabacos en Marruecos y con él la hacienda cherifiana. El embajador francés recordó al ministro que había quejas planteadas ante tres Ministerios, todas ellas sin contestación. Había llegado el momento de que el caso se llevara al Consejo de Ministros. El alto comisario en Marruecos se hizo eco por escrito de las quejas que le trasmitió el director de la Sociedad Internacional, pero el Ministerio de Hacienda seguía pensando que era prematuro formar ninguna comisión ni revisar la política de precios.

En la primavera de 1923, March emprendió una nueva ofensiva. Propuso al ministro de Hacienda un plan alternativo basado en la unificación de precios, al tiempo que sembraba dudas sobre la eficacia de Francisco Bastos. Sostenía que el monopolio español podía rendir mayores beneficios al Estado si se introducían criterios industriales distintos a los burocráticos por los que venía rigiéndose. Lo que se estaba haciendo para mejorar el abastecimiento abría la puerta a contratos y adquisiciones de terrenos, materiales, maquinaria y labores que podían resultar perjudiciales. La rebaja de los precios en las plazas equivocaba las razones del contrabando, que no respondía a un problema de precios sino de calidad y variedad en el servicio en el que la Sociedad Internacional aventajaba siempre a la Arrendataria. No era extraño, por eso, que sus productos penetraran en Melilla, aunque no en Ceuta, donde tanto la Sociedad Internacional como la Arrendataria tenían el enemigo común del tabaco que llegaba de Gibraltar. Las medidas propuestas no sólo no harían disminuir el contrabando hacia la península, sino que permitirían a los militares que se licenciaban aprovisionarse de tabaco más barato a plena luz del día e introducirlo en España.

Al ministro de Estado, Santiago Alba, le planteó la cuestión en otros términos. El decreto envolvía una infracción en los compromisos internacionales firmados en 1912 y, además, él había obtenido el apoyo del Gobierno de España para la renovación de su concesión en 1921. Estaba dispuesto a retomar unas negociaciones rotas por «extrañas gestiones» que no tenían otro fin que hacerle ceder en su negocio. Le constaba que en el Consejo de Administración de la Arrendataria había elementos propicios a sus planteamientos, pero la dirección de la Compañía no estaba dispuesta a ninguna solución que no fuera la de acabar con él. La Administración de Hacienda, presionada por la Arrendataria, había perturbado su «posesión tranquila y respetada en la zona del Protectorado de Marruecos», posibilitando un «contrabando efectivo» para hacer frente a un «contrabando imaginario».

El 21 de junio de 1923, el embajador francés insistía en que había evidencias más que sobradas de que el tabaco de la Arrendataria se encontraba en muchas cantinas de la zona que correspondía al monopolio de la Sociedad Internacional. El ministro de Hacienda, sin embargo, sostuvo que todos los comentarios que llegaban acerca del contrabando, desde los del residente francés a los del alto comisario, se habían hecho al dictado de la Sociedad Internacional. Sólo se había dado noticia de una filtración concreta y de una cantidad insignificante de tabaco. Se habían tomado medidas sin precedentes para evitarlo. La unificación de precios tendría que hacerse, en todo caso, sobre los precios españoles. El rendimiento de lo que se vendía en las dos plazas de soberanía en aquellos momentos cuadruplicaba los beneficios que el Estado español recibía del monopolio marroquí.

Francisco Bastos estaba convencido del éxito de su política. No sólo había conseguido un espectacular aumento en la renta de tabacos, sino que había «aniquilado» el contrabando: cerraron fábricas y oficinas, se licenció a patronos y marineros, los barcos se dedicaron a otra cosa. Había conseguido que el 13 de septiembre de 1923 las autoridades francesas prohibieran efectivamente la salida de Argel de barcos menores de 500 toneladas, impidiendo así el contrabando que se hacía en faluchos veloces y fáciles de ocultar, y que en caso de apresamiento no suponían pérdidas graves a los contrabandistas. Bastos había logrado vencer la resistencia francesa ofreciendo a cambio la compra de importantes cantidades de tabaco fabricado en Argelia. Con ello no sólo pretendía crear intereses en el mismo campo donde actuaban los contrabandistas, sino restarles a éstos parte de su abastecimiento. El negocio de March corría serio peligro[41].

March, diputado

March se sentía perseguido. Tanto el conflicto en torno a Porto Pi como la batalla por los precios del tabaco en Ceuta y Melilla le decidieron a hacerse más fuerte en la política nacional. Hasta entonces le habían bastado las estrechas relaciones que había establecido con la clase política, pero ahora decidió presentarse a las elecciones. Más tarde dijo que su intención había sido defender su honor y sus actividades, pública y personalmente, en el Congreso. Nadie le creyó. Muchos pensaron que lo que buscaba era la inviolabilidad y la protección que brindaba un escaño en el Parlamento.

El camino para llegar a la carrera de San Jerónimo se inició en Baleares, en las elecciones locales de febrero de 1922. March no escatimó ni esfuerzos ni dinero para colocar a sus hombres en los puestos clave. Muchos caciques conservadores y liberales rompieron fidelidades tradicionales pero, pese a la pujanza del verguismo, los resultados no fueron los esperados, en parte por la extremada fragmentación a que habían llegado los partidos dinásticos y las lealtades personales. La batalla fue especialmente dura en Palma, donde salieron elegidos cinco concejales conservadores seguidores de Antonio Maura, dos liberales seguidores de Valeriano Weyler, tres conservadores, cinco liberales y un republicano. El alcalde, conservador, obtuvo el apoyo de los fieles a Maura, así como de los liberales weyleristas, integrantes todos de la candidatura antiverguista. No duró mucho en su puesto. Era práctica habitual en aquel sistema que al cambiar el partido político en el poder cambiaran también los alcaldes de las grandes ciudades, nombrados por el Gobierno. En diciembre, cuando la coalición de liberales y reformistas sustituyó a los conservadores en el Gobierno, una real orden nombró alcalde de Palma a Guillermo Forteza, un arquitecto liberal con veleidades regionalistas, bien conocido por March pues había reformado y construido la sede de la Banca March en Palma y las instalaciones de Porto Pi.

El alcalde conservador se resistió a abandonar su puesto y la mayoría municipal elevó su protesta al ministro. También recriminaron a Forteza que se prestara a semejante intromisión del poder central. En el acto de toma de posesión, al que no asistieron ni conservadores, ni mauristas ni weyleristas, el nuevo alcalde negó con especial énfasis que el Partido Liberal estuviera al servicio de Juan March. Su prestigio profesional compensó hasta cierto punto la irregularidad de su nombramiento[42].

Para entonces ya se había desencadenado la gran batalla por las elecciones generales. El Gobierno de concentración liberal que presidía en Madrid Manuel García Prieto había suspendido las sesiones parlamentarias, como era habitual, a los pocos días de llegar al poder. El Parlamento siguió cerrado al comenzar el año 1923, mientras el Gobierno liberal trataba de conseguir el tan ansiado decreto de disolución que le permitiera convocar elecciones y hacerse con una mayoría parlamentaria suficiente y estable. El rey, Alfonso XIII, que cada vez se recataba menos en mostrar su desconfianza hacia los políticos, se resistía a concederlo. La concentración liberal en el poder había atravesado, además, por varias situaciones críticas. Uno de sus mayores quebraderos de cabeza era Marruecos. La campaña por la exigencia de responsabilidades por el desastre de Annual se había llevado por delante al Gobierno conservador anterior, pero amenazaba ahora a la concentración liberal. El Gobierno, muy especialmente su ministro de Estado, Santiago Alba, pretendía convertir el protectorado en un protectorado esencialmente civil. A muchos militares no les gustó que, por primera vez, el Alto Comisariado no fuera uno de los suyos. Aunque la intención era reducir las operaciones militares, la situación en la zona no estaba en absoluto pacificada y estaba pendiente el rescate de los prisioneros retenidos por el líder de las cabilas rebeldes, Abd-el-Krim.

Las disensiones en el seno del Gobierno y en la propia coalición liberal retrasaron la concesión del decreto de disolución de las Cortes hasta abril, pero desde comienzos de año se hacían cábalas sobre los próximos comicios. Difícilmente podían ser unas elecciones limpias, como había anunciado la coalición gobernante. Antes de su celebración, como era tradicional en aquel régimen, se buscó acomodo a la representación de las distintas fuerzas políticas. La negociación del encasillado de los candidatos de los diferentes partidos en sus respectivos distritos volvió a funcionar. Hubo quejas y denuncias, y las elecciones se caracterizaron por un número desacostumbradamente alto de actas obtenidas por el famoso artículo 29, aquel que prescribía que en los distritos donde hubiera un solo candidato no se celebrarían elecciones sino que se designaría automáticamente a éste. Su aplicación era, en opinión de muchos, la máxima demostración de la ausencia de competencia política y de verdadera representación.

En Mallorca, el encasillado no fue fácil. A la isla le correspondían cinco diputados, tres por la mayoría y dos por las minorías. Las negociaciones y pactos previos empezaron muy pronto. Los hubo entre conservadores, mauristas y liberales weyleristas, que luego se rompieron. Los candidatos por este lado acabaron siendo Antonio Maura, José Socias y el conde de Sallent. Entre los liberales, la mayor novedad fue la inclusión de Juan March en la candidatura. Junto a March, se presentó Luis Alemany, un abogado con una larga carrera política, pues había sido concejal y alcalde de Palma, presidente de la Diputación Provincial y diputado en 1920. Alemany había sido el propagador de un regionalismo balear de un cierto auge en 1917 y, desde esas posiciones, se dejó tentar por March, convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza en Mallorca. El tercer liberal era Alejandro Rosselló, pieza esencial en el proceso que había llevado a Juan March a hacerse con el control del Partido Liberal. El discurso balearista de Alemany y el programa de preocupación social y apertura hacia la izquierda que había encarnado Rosselló expresaban el tono con el que el propio March quería irrumpir en el Partido Liberal, imprimiéndole una nueva imagen[43].

En un sistema de partidos de notables y clientelas como aquél, eran, sin embargo, las lealtades personales las que había que ganarse, y eso se hacía engrasando bien las relaciones y ofreciendo más seguridades que otros en la obtención de victorias. No era todo cuestión de dinero o de amenazas. También lo era de habilidad para medir al adversario y acertar con las personas más adecuadas. De eso también sabía mucho Juan March. Puso todo su empeño en combinar sus virtudes personales, sus recursos y su manera de actuar, su aplomo irreverente, con los modos de aquel sistema político. No era uno más entre políticos y caciques. Era desconcertante e irritaba a las clases propietarias y a los notables de toda la vida. Una verdadera provocación. No lo era sólo por su comportamiento y la utilización de la fortuna que había acumulado, sino también por su costumbre de presumir de ello. No pertenecía a ninguna de las grandes familias, pero las había humillado con su poder económico. No había seguido el cursus honorem político al uso, pero se atrevió con unas elecciones generales. No le parecía contradictorio predicar la más absoluta libertad de mercados y beneficiarse al mismo tiempo de las injerencias del Estado o de la Administración pública, siempre que él las controlara. Tampoco le parecía incompatible acumular una enorme riqueza y presentarse a la vez como un «hijo del pueblo», hacer alarde del dinero conseguido y volcar sus promesas hacia los más necesitados. O jugar al clientelismo político a escala desconocida y presentarse a la vez como azote de los viejos caciques.

Cuando se supo de su posible candidatura, se desencadenó la polémica no sólo en la isla, sino también en Madrid. En la capital, la voz cantante la llevaron algunos seguidores radicales de Antonio Maura y su periódico, La Acción, fundado en 1916 por Manuel Delgado Barreto. Era un diario de tirada corta, con problemas económicos recurrentes y muy escandaloso. La Acción la emprendió contra Juan March y Santiago Alba, dentro de su campaña de «moralización y saneamiento» contra la «podredumbre política y social» en que vivía el país. Producía «rubor», decía el periódico, que se pusieran uno junto a otro los nombres de Maura, candidato insigne y gloria de España, y el de March, famoso por la industria con que había llegado a la opulencia: el contrabando[44].

Desde Mallorca, algunos electores mostraron su indignación por la candidatura de Juan March y añadieron rumores a los datos ya conocidos. La fortuna que le calculaban sus paisanos, le convertía en «una potencia superior a las más considerables de España», con los más de 400 millones anuales que le llegaban desde Marruecos. March se había adueñado de grandes empresas, de hombres y de colectividades, pero no podía consentirse que pudiera llegar a representarles. El director de La Acción, que firmaba como el «duque de G.», se escandalizó de que Juan March tuviera abiertas las puertas de los Ministerios. Él mismo era testigo de ello, puesto que le había visto salir del despacho del ministro de Hacienda, Bergamín. Le parecía inverosímil que un personaje como aquél pretendiera medirse con uno de los políticos más prestigiosos de la nación, Antonio Maura. Causaba sonrojo[45].

Juan March respondió a la campaña amenazando con acusar por difamación ante los tribunales a Delgado Barreto. En una carta enviada a La Libertad y reproducida por los más importantes periódicos de Madrid, aclaró que la concentración liberal no pensaba dejar a Maura sin su acta de diputado por Mallorca. Los liberales aspiraban a los tres escaños de la mayoría y si Maura se quedaba sin acta no sería culpa suya sino de las disensiones en el interior de la oposición conservadora. La respuesta de Delgado Barreto fue la esperada. Por las páginas de La Acción desfiló toda la historia de Juan March. Se reprodujo la intervención de Manuel Allendesalazar ante el Senado en 1916, en la que tildó a March de contrabandista, y con una prolija introducción se publicó también la sentencia íntegra de la división militar de Argel de enero de 1919, en la que se acusaba a March de falsificación de documentos. Días más tarde, se exigió al ministro de Gracia y Justicia que reabriera el proceso abierto en 1916 en Valencia por la muerte de Rafael Garau. Se aireó también la reclamación francesa por la queja de March respecto a la rebaja de precios del tabaco en Ceuta y Melilla[46].

El periódico maurista preguntó en sus páginas a Santiago Alba, al conde de Romanones y a Melquíades Álvarez si era cierto que habían acogido a March como representante de la concentración liberal en Mallorca. Arremetió sobre todo contra Alba: «Un ministro de Estado no puede ser amigo político ni jefe de March». La Acción aprovechó para poner en cuestión la actuación del ministro en el rescate de los prisioneros españoles en manos de Abd-el-Krim y consideró humillante su política civilista en Marruecos. Pero, por encima de todo, lo que le hacía moralmente incompatible con su puesto era aquel binomio «Alba-March» o «March-Alba». Estaba claro que había «un poder superior al de los ministros, un poder de carácter tal que influía en los destinos de la nación»[47].

Delgado Barreto creyó apuntarse un triunfo, porque se dijo que March se retiraba. La Acción se mostró de pronto condescendiente. March era joven y tenía aptitudes financieras excepcionales, escribió. Bien podía esperar un tiempo para saltar a la vida pública mientras cambiaba de costumbres, reconocía públicamente sus errores y transformaba sus negocios en beneficio del país. Conseguiría el respeto de todos. Pero el periódico maurista se engañaba. A los dos días de escrito lo anterior, el director de La Acción recibió una citación judicial. March había denunciado al periódico. Habían sido once las querellas interpuestas hasta entonces por Santiago Alba y March anunciaba veintiocho más[48].

El 6 de abril se disolvieron las Cortes y el Gobierno convocó elecciones para el 29. El comité provincial del Partido Liberal en Mallorca había ratificado a finales de marzo la candidatura. March dijo que habían sido las «iras» y «calumnias» despertadas por su presencia, las «campañas inauditas» y los «odios concentrados» los que le habían obligado a aceptarla. No tenía ambiciones de ninguna clase y estaba convencido de no estar dotado de cualidades para la política. Lo suyo era el trabajo incesante, sus negocios. Pero el Partido Liberal se veía «arrollado» por la potencia económica de los conservadores y él, personalmente vejado. Por eso decidió aceptar el reto. Sus adversarios habían hecho imposible que su nombre fuera eliminado[49].

Participó muy activamente en la campaña electoral. Movilizó todo lo que consideró conveniente, hizo correr el dinero y, por supuesto, dio pie a toda suerte de comentarios en la prensa. También provocó un encendido debate en las filas del socialismo mallorquín, que, en el congreso celebrado en septiembre de 1922, había aprobado la colaboración con cualquier partido comprometido con el restablecimiento «del imperio de las libertades públicas y el derecho de los trabajadores». Cabía, pues, la posibilidad de un acercamiento a los liberales. El presidente del comité elegido en el congreso era Lorenzo Bisbal, que había apoyado el acercamiento al verguismo hasta que en las elecciones municipales de 1922 perdió su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Palma. Con ocasión de su asistencia al congreso nacional de la Unión General de Trabajadores en Madrid, probablemente discutió con los líderes nacionales la política de alianzas en la isla. Montserrat i Parets, otro de los dirigentes en Mallorca, había justificado la alianza con los liberales con tal de acabar con el dominio de las derechas, frente a la opinión de Bisbal, que insistía ahora en la necesidad de denunciar el «contenido de clase» de todos los capitalistas, fueran conservadores o liberales. La permanencia de las derechas en el poder no era responsabilidad de ellos, sino de la tradicional componenda entre conservadores y liberales.

En la asamblea de los socialistas mallorquines celebrada en enero de 1923 se nombró una comisión para que tomara alguna decisión. A nivel nacional, los socialistas habían acordado acudir en solitario a las elecciones. La comisión mallorquina no consiguió llegar a un acuerdo: mientras unos defendían la presentación de una candidatura propia, otros abogaban por dejar a los afiliados que votaran libremente. En una nueva asamblea regional, se aprobó la abstención como una actitud de compromiso entre las dos actitudes, decisión con la que discrepó Bisbal por temor a que eso se convirtiera en un apoyo activo a los liberales, como efectivamente ocurrió. La discrepancia se convirtió en ruptura abierta y los socialistas llegaron a las elecciones en una situación caótica y con una importante disminución en sus efectivos. Los socialistas verguistas fueron expulsados[50].

El 16 de abril la candidatura liberal celebró un multitudinario mitin en el Teatro Balear de Palma. Juan March se presentó como el prototipo de capitalista emprendedor, creador de progreso y de riqueza, desmarcándose de los «patrioteros» que no sabían vivir más que de la usura y la mezquindad, cultivando el vicio y evaporando las riquezas heredadas de sus antepasados; fariseos que, considerándose hijos de una raza privilegiada, se creían con derecho y obligados a cometer todas las maldades ante el riesgo de perder la hegemonía política, social y principalmente económica. Él representaba todo lo contrario. Ése era su pecado, el más grande, imperdonable: que él, «hijo del trabajo», no se sometiera a la persecución ni al encasillado de monopolizadores y usurpadores de prebendas y señoríos. Él representaba la «revolución desde arriba», dijo tomando para sí la expresión que, a comienzos de siglo, había utilizado Antonio Maura para definir su irrupción en la vida política[51].

La «revolución desde arriba» era ahora Juan March, no Antonio Maura. Los seguidores del viejo líder conservador eran conscientes de la amenaza. Nunca habían visto peligrar el escaño que su jefe venía disfrutando por Mallorca desde hacía más de cuarenta años. Las presiones que recibieron para llegar a acuerdos que aliviaran el enfrentamiento fueron rechazadas por el propio Maura. No quería «conciertos ni cambalaches». Había que hacer el máximo esfuerzo en la denuncia de escándalos y corrupciones, movilizando el voto en los pueblos. Hasta llegó a decir que renunciaría al acta si no tenía voto popular[52].

Los liberales habían anunciado su voluntad de respetar el acta de Antonio Maura, pero fueron más allá. A las dos de la tarde del día de las elecciones, circuló la orden de que se combinase el voto a Maura con la candidatura liberal. Se prestaron sus votos allí donde hizo falta para que el veterano político no perdiera su escaño, como también se hizo lo posible para que el conde de Sallent saliera a costa del tercer candidato conservador, José Socias. Maura pudo perder su acta y Socias la perdió efectivamente. La candidatura liberal ganó las elecciones. Juan March fue quien más votos obtuvo: 30.152 frente a 21.730 de Maura. Fue el más votado en todos los distritos de Palma excepto en uno, y abrumadoramente en los barrios obreros. También aventajó a Maura en la mayoría de los pueblos. La prensa conservadora achacó su victoria a las coacciones y amenazas, y al dinero vertido a raudales en la preparación de los comicios. El conservador José Socias recibió un acto de desagravio por la dura campaña que los liberales habían desplegado contra él. El político conservador denunció que toda la política en la isla estaba perturbada por la contienda entre quienes se sentían marchistas y quienes se resentían de su invasión en todos los campos, incluido el conservador.

Socias utilizó el derecho que permitía la legislación electoral, y entabló una reclamación poniendo en duda la compatibilidad de March para ser investido diputado por ser uno de los tres directores gerentes de la compañía Transmediterránea y delegado de ésta en Mallorca. El artículo 7 de la Ley Electoral proclamaba incompatible el cargo de diputado con quien ocupara puestos directivos en compañías concesionarias del Estado. Como era preceptivo, el acta reclamada pasó a informe del Tribunal Supremo, que no halló impedimento para la proclamación de March. Aun así, al leerse el informe del tribunal en la Cámara, un diputado liberal ibicenco insistió en que todos sabían que Juan March era efectivamente uno de los directivos de la Transmediterránea, aunque su nombre no apareciera como tal. También recordó las palabras de Allendesalazar y señaló la gravedad de aceptar al «contrabandista D. Juan March Ordinas» como miembro del Parlamento.

Al exigirse votación nominal, hubo una huida generalizada del Hemiciclo. Se retiraron del salón la mayor parte de los conservadores, así como los seguidores de Maura, y también muchos liberales fieles a Romanones y García Prieto, los reformistas y los republicanos. Ante el temor de que no hubiera suficiente número de diputados en el salón, el ministro de la Gobernación salió a los pasillos para obligar a entrar a los diputados que encontró. Sometido a votación, el dictamen fue aprobado por 77 votos contra 8. Entre quienes apoyaron a Juan March estaba el conde de Sallent y el jefe del Partido Conservador, José Sánchez Guerra. En contra votaron el hombre de confianza de Francesc Cambó y miembro destacado de la Lliga regionalista catalana, Juan Ventosa i Calvell, y el director de la Compañía Arrendataria de Tabacos, Francisco Bastos. Juan March Ordinas era ya diputado en el Parlamento español[53].

3
Benemérito de la patria

La moralidad catoniana de Primo de Rivera

El 13 de septiembre de 1923, la vida constitucional española se vio interrumpida por un golpe militar encabezado por el capitán general de Cataluña, el general Miguel Primo de Rivera. Fue para muchos un golpe anunciado. La reclamación de responsabilidades por el desastre de Annual y las discrepancias sobre la política a seguir en relación con la delicada situación existente en el protectorado de Marruecos habían deteriorado las relaciones entre ciertos sectores del ejército y la clase política. Por otro lado, las dificultades económicas derivadas de la vuelta a la normalidad tras el final de la guerra europea provocaron movimientos de protesta y peticiones de protección en círculos empresariales y patronales, al tiempo que se cerraban empresas, se reducían jornadas y se ajustaban o bajaban los salarios. La conflictividad social y laboral derivada de esta situación se enquistó y provocó enfrentamientos entre distintas organizaciones sindicales, así como estallidos de violencia entre la patronal y los obreros.

El propio rey, Alfonso XIII, había manifestado en público su desconfianza en la capacidad de los políticos y, en privado, había insinuado la posibilidad de asumir él mismo poderes extraordinarios. Más de un político había suscrito lo que aconsejó Antonio Maura para evitar males mayores: que gobernaran quienes no dejaban gobernar, es decir, los militares. No faltaron, sin embargo, las voces de quienes, desde las mismas filas de los partidos monárquicos, avisaron del riesgo que para la Monarquía supondría el abandono de la normalidad constitucional y parlamentaria, y la caída en el «oprobio» de un régimen dictatorial.

El golpe de Estado de septiembre de 1923 no fue una nueva edición de los pronunciamientos militares del siglo XIX. Aunque la intervención se diseñó para dar paso a un Gobierno de civiles, ese propósito quedó desbaratado. El rey recibió la noticia del golpe mientras se encontraba de veraneo en San Sebastián. Habló con el Gobierno, pero también le llamó Primo de Rivera. Alfonso XIII se tomó su tiempo antes de volver a Madrid. Mientras tanto, el gabinete se había reunido con urgencia. Cuando el presidente, el liberal Manuel García Prieto, acudió a la estación para recibir al rey, le comunicó que habían decidido detener a los militares implicados en la intentona y reunir en una semana a las Cortes. Alfonso XIII dijo que tenía que pensarlo. Entendiendo que había perdido la confianza de la Corona, elemento imprescindible para el Gobierno en aquel régimen, García Prieto presentó su dimisión. El rey le dijo que pensaba llamar a Primo de Rivera y ofrecerle la presidencia de un Gobierno de políticos, técnicos, militares y marinos, que disolvería las Cortes y convocaría nuevas elecciones en plazo. Pero el Directorio estuvo integrado exclusivamente por militares, que procedieron a ocupar todos los escalones del poder[1].

Apenas hubo protestas. La mayoría del país, incluidos importantes sectores de la oposición y muchos intelectuales, se alegró de ver desaparecer un sistema que aborrecían y por cuya continuidad no estaban dispuestos a hacer nada. El general Primo de Rivera había afirmado que sólo estaría en el poder el tiempo necesario para pacificar la situación en Marruecos, afirmar el orden interno y enderezar la economía. Dijo que venía a intervenir quirúrgicamente el cuerpo enfermo de la nación y a barrer a los políticos «profesionales» y a sus comparsas oligarcas, culpables de todos los males de la patria. Uno de los primeros señalados fue Santiago Alba, que era ministro de jornada con el rey en San Sebastián al producirse el golpe. Cuando conoció las acusaciones personales contra él no sólo dimitió, sino que decidió abandonar el país y se refugió en París, desde donde padeció una sañuda persecución, que nunca consiguió demostrar nada. Santiago Alba intentó durante aquellos años rehabilitar su nombre, pero no consiguió la autorización del dictador para hacerlo públicamente. El político liberal, como otros muchos políticos monárquicos, nunca perdonó a Alfonso XIII que no saliera en defensa de quienes habían sido miembros de sus Gobiernos[2].

Primo de Rivera arrancó su Gobierno prometiendo el procesamiento y castigo implacable de todos aquellos que hubieran delinquido contra la patria, «corrompiéndola o deshonrándola». Comenzaba un período de «severidad y moralidad catonianas», dijo. El general anunció que sería bien acogida toda denuncia de prevaricación, cohecho o inmoralidad «debidamente fundamentada» y llamó a la ciudadanía a revelar los casos que conocieran, garantizándoles el anonimato. La burocracia militar se puso al servicio de la tarea.

Juan March tenía muchas razones para temer por su suerte. En la tarde del 13 de septiembre, había estado en la estación de tren de San Sebastián despidiendo al rey que marchaba a Madrid. Allí estuvieron el capitán general y gobernador militar, el obispo de Vitoria, el presidente de la Audiencia, numerosos jefes y oficiales. Uno de los pocos civiles que apareció en la prensa fue Juan March, que pasaba también sus vacaciones estivales en San Sebastián. Se esperaba al ministro de jornada, Santiago Alba. Pero cuando llegó Alfonso XIII y fue saludando a los presentes, se paró ante Aguirre de Cárcer, funcionario del Ministerio de Estado, y le dijo con ironía: «No esperes a tu ministro. Le he dispensado de venir a la estación». Quizás le oyó Juan March. Su destino había estado ligado al de Santiago Alba durante la última campaña electoral y su imagen pública respondía a aquellas conductas que el Directorio iba pronto a calificar de condenables. Había concitado la enemistad de muchas personas, que vieron la ocasión perfecta para ajustar cuentas pendientes. Durante los primeros meses del nuevo régimen se vio sometido a una dura persecución en la que se cruzaron distintos procesos. Alguno venía de antes y otros se desencadenaron como consecuencia de la apelación del dictador a las denuncias de los ciudadanos. Tuvieron que ver con el contrabando de tabaco y la batalla entablada por el director de la Compañía Arrendataria contra él y, a su calor, resucitó con nuevos contenidos el viejo pleito con la familia Garau[3].

Desde antes del golpe, March tenía reabierto en el Juzgado de la Catedral de Palma el sumario de 1918 entablado contra él y contra Antonio Qués por delito de contrabando. A los pocos días de instaurarse el nuevo Gobierno militar fue llamado a declarar Antonio Qués. El juez, Antonio Sereix, le preguntó por sus relaciones con Juan March, por el negocio del tabaco y por la familia Garau. Juan March estaba en aquellos momentos en Madrid, hospedado, como era habitual, en sus habitaciones del Hotel Palace. Allí se personó un alguacil para reclamar su presencia en el Juzgado de Palma. En el hotel le dijeron que March se había ido. Dos semanas más tarde, el juez recibió una carta de puño y letra de Juan March comunicándole que había solicitado una entrevista con el presidente del Directorio militar para «resolver cierta cuestión en beneficio del interés nacional». Tenía que presentarse en la Corte precisamente el día señalado para su comparecencia. Fue citado de nuevo para el 22 de octubre. Ese día remitió otra carta en la que mostraba su «extrañeza» por la reapertura de un caso que se había dado por concluido años atrás. Dada su condición de diputado, impugnó la competencia del juzgado que le reclamaba. No estaban todavía las cosas claras respecto al futuro desarrollo político, y el juez creyó oportuno retrasar su comparecencia hasta que se cumplieran otras diligencias[4].

Comenzaron a circular los rumores. El Diluvio, un periódico de Barcelona, dijo que Juan March había desaparecido después de situar en el extranjero un millón de libras esterlinas que, al cambio, suponía la friolera de treinta y cuatro millones de pesetas. Otros diarios desmintieron que March hubiera huido. De hecho, se publicó una entrevista con él en la que lamentaba la nueva situación política, pero confiaba en que el «régimen severo de justicia» anunciado le permitiría rehabilitar su imagen[5].

March estaba convencido de que la reapertura del proceso era una verdadera «persecución personal», desencadenada a instancias de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Luis Fajardo, jefe del Resguardo de Tabacalera, se había personado ante el juez Seriex y había aportado una cuantiosa documentación sobre March. Incluía cartas remitidas por éste a Jaime Ruiz, en Argel, en 1906, con todo lujo de detalles sobre compras y alijos de tabaco, pagos y giros, así como un contrato entre ambos ese mismo año, y con Rafael Bonet en 1910. Figuraban nombres de compradores en distintos puntos de la costa española, sobre todo en Levante, así como características de los encargos y barcos utilizados, y poderes concedidos a John García en Gibraltar. Había varias cartas cruzadas entre Francisco Garau y Gaspar Ruiz, en 1916, que mostraban las relaciones cada vez más difíciles entre los Garau y March, y alguna otra en la que se vertían insinuaciones sobre la muerte de Rafael Garau[6].

A la vista de aquellas evidencias, el 12 de noviembre de 1923, el juez reclamó de nuevo la presencia de March. Éste recibió la notificación seis días más tarde en el Hotel Palace, y esta vez tuvo que presentarse en Palma. El interrogatorio siguió puntualmente la información brindada por los documentos de Fajardo y duró cuatro días. March se defendió. Negó haberse dedicado nunca al contrabando de tabaco y dijo que no tenía ninguna fábrica ni almacén en Argel. Sí era propietario de un edificio en Orán, en el que fabricaba tabaco la Sociedad Anglo-Algerienne para el abastecimiento de sus depósitos en Marruecos, donde era concesionario. Afirmó ante el juez que la suma de los beneficios obtenidos podía averiguarse fácilmente contrastando las cifras que tuviera el consulado y las de la Sociedad Internacional de la que era concesionario, puesto que se pagaban impuestos de aduana. En doce años, dijo, había obtenido más o menos 25 millones de pesetas. El precio del tabaco que vendía en Marruecos le dejaba por lo menos una utilidad de un 300 por 100 sobre el coste de fabricación. En cuanto a lo que vendía a particulares, eran cantidades «relativamente poco importantes». No suponía más de un 10 por 100 de sus beneficios. No tenía excesivo interés en esa parte del negocio y negó haber vendido tabaco en plazas del sur, de Levante o de Baleares.

No podía negarlo todo. Por eso, en sus declaraciones reconoció el nombre de algunas personas y embarcaciones, aunque dijo que no representaban negocio ilegal alguno. Había utilizado el barco «San Francisco», por ejemplo, pero sólo para llevar tabaco a Marruecos, por lo que no tenía noticias de ningún apresamiento. El trasporte de Orán a Marruecos lo había hecho siempre en el falucho español «Hi-Africa». Cuando por necesidades de abastecimiento había tenido que recurrir a otros, lo había hecho preferentemente con barcos españoles y sólo en contadas ocasiones con faluchos ingleses, propiedad algunos de John García. Con éste había tenido tratos comerciales, pero difícilmente podía haberle vendido unos barcos que no eran suyos. No sabía nada de la supuesta propiedad del «San Bartolomé», el «Nelson» o el «Invencible». No sabía si el «Winter» era propiedad de Bonet, con quien había hecho negocios y del que tenía buena opinión. Sí era verdad que utilizó la balandra «León» de Jaime Ruiz muchos años atrás en los trasbordos de tabaco que enviaba a Marruecos, pero no recordaba haber firmado ningún contrato. No sabía lo que significaban palabras como «oscuro» o «lunario», pero reconoció que había pasado una pensión a la viuda de Jaime Ruiz, en atención a los servicios prestados por su marido. El comportamiento de su hijo Gaspar, a quien tuvo contratado en Argel, fue sólo «regular». No recordaba haber tenido correspondencia alguna con ninguno de ellos.

Cuando el juez le presentó las cartas incorporadas al sumario, puso en duda su autoría. No era su papel ni su membrete. Negó que las firmas que aparecían al final de las misivas o de cualquier documento fueran suyas, y dijo que bien podía ser todo un invento de Gaspar Ruiz, de acuerdo con el director de la Arrendataria, ya que había firmado con él un contrato de compraventa de tabacos. Todavía más, March estaba convencido de que el mismo abogado del Estado actuaba al dictado de Francisco Bastos.

El sumario siguió su curso. A comienzos de diciembre de 1923, el juez Sereix recabó información de otras instituciones y organismos: de los comisarios regios para la represión del contrabando, del Juzgado Instructor de la Capitanía General de Mallorca para que le remitiera el sumario de 1909 relacionado con March, de la Dirección de Aduanas y de la Compañía Arrendataria de Tabacos pidiendo datos sobre barcos contrabandistas apresados. Se tomó declaración al coronel de carabineros, Conrado Pujol, que había intervenido en el proceso de 1918; a Luis Fajardo, de nuevo; al jefe de investigación de la Compañía Arrendataria en Orán, buen conocedor de los movimientos de tabaco que hacía Juan March, etcétera. El último día del año, el 31 de diciembre, Juan March volvió a comparecer ante el juez. Ese mismo día, el delegado regio para la represión del contrabando en el noroeste de España declaró que en los registros de su delegación figuraban los nombres de Antonio Qués y de Juan March como contrabandistas, y que en la conciencia pública estaba que Juan March se había dedicado toda su vida al negocio, que poseía fábricas en Orán y en Argel, y que era propietario de varios barcos, apresados más de una vez, aunque no estuvieran inscritos a su nombre. Le constaba la existencia de varios informes de la policía en los que se recogían entrevistas celebradas frecuentemente por March con profesionales del contrabando en Barcelona para la preparación de alijos en las costas de Levante.

La dirección de la Compañía Arrendataria, por su parte, tras pedir información a sus representaciones en Baleares, Barcelona, Valencia y Algeciras, remitió al juez una lista de embarcaciones contrabandistas aprehendidas entre 1915 y 1922: de las siete capturadas en Baleares —seis bajo abanderamiento inglés—, tres eran propiedad de Juan March y una cuarta de propiedad compartida de March y Ramis; de tres aprehendidas en Barcelona, dos se suponía que eran propiedad de March. Mucho más larga era otra lista de faluchos apresados entre febrero de 1922 y enero de 1924, buena muestra de la lucha contra el contrabando que había tenido lugar aquellos años. En la mitad de los más de treinta barcos detenidos, el tabaco encontrado era el fabricado por March. También apareció una carta del gerente de la Anglo-Algerienne, en la que reconocía que la sociedad se había hecho cargo del aval que venía prestando a March ante las autoridades francesas, pero ni él ni el personal bajo sus órdenes habían sabido que encubría operaciones fraudulentas. Se llamó a peritos caligráficos para identificar las firmas de Juan March en las cartas y en la documentación presentadas por Fajardo, pero su testimonio no fue concluyente.

Los testimonios parecían abrumadores. Un mes más tarde, sin embargo, el juez Sereix fue sustituido por un nuevo magistrado, nombrado directamente por el Directorio. Se dictó auto de terminación del sumario por ausencia de pruebas y por no haber diligencias pendientes. Las protestas del abogado del Estado llevaron a revocar el auto de terminación, pero no hubo más actuaciones, el proceso entró en dique seco y unos meses más tarde se sobreseyó.

Cartas comprometedoras

La Compañía Arrendataria había echado el resto en aquel sumario, pero no fue la única acción que emprendió en persecución de Juan March. La otra fue más comprometedora. A oídos de Francisco Bastos llegaron oscuras denuncias contra March provenientes de quienes decían conocerle bien y haber trabajado para él. La impunidad ofrecida por el dictador había despertado el apetito de muchos. Un tal Angelo Guirelli, confidente al servicio del Alto Comisariado en Marruecos y buen conocedor de los ambientes próximos al contrabando en zonas rebeldes, pensó que podía sacar partido de lo que sabía, e hizo llegar a los militares encargados de la tarea de depuración un informe con lo que le habían contado dos antiguos socios de March, los hermanos Ramis, Jaime y Damián, a los que había ido a ver en Mallorca.

Jaime Ramis, antiguo alcalde de Alcudia, confesó a Guirelli que March había intervenido en el contrabando de armas desde muchos años atrás junto con la familia Jorro de Argelia, cuando dicho contrabando se hacía con faluchos y sin que la tripulación supiera muchas veces cuál era la carga que transportaban. En los últimos años, el contrabando se hacía en vapores holandeses o daneses, y por eso Juan March había tenido en Bélgica, entre 1919 y 1920, un agente llamado Sebastiá Simó. Jaime Ramis sabía todo aquello porque había sido hombre de absoluta confianza de March, a quien acompañaba a todas partes hasta 1921. Luego se pelearon. Esa cercanía le había permitido comprobar la participación en el contrabando de armas que desarrollaba March, supuestamente de acuerdo con Santiago Alba. Según Ramis, March estaba al tanto de todo lo que pasaba en Marruecos y de las relaciones entre Alba y Abd-el-Krim, aunque reconoció que nunca hablaron de ello delante de él ni tenía prueba alguna. March había quemado papeles en varias ocasiones, la última tras la huida del exministro de Estado. Guirelli añadía por su cuenta más datos sobre movimientos de armas, de los que decía haber informado en su momento al general Silvestre, así como de la agitación de Abd-el-Krim formando harkas con dinero venido de España para hacer fracasar la ocupación de Alhucemas[7].

Los militares no le prestaron credibilidad. Pero Francisco Bastos decidió recibir a Damián Ramis, quien le dijo que había en Mallorca un individuo que tenía pruebas completas de los manejos de los contrabandistas y que las entregaría a una persona de confianza. El individuo en cuestión resultó ser José Garau. En vista de ello, Bastos envió a la isla a un excapitán de la Guardia Civil y agente de la Arrendataria, de nombre José Garzón, con la intención de ponerse en contacto con él y hacerse con aquellas pruebas. Fue una decisión arriesgada. El director de la Arrendataria dijo más tarde que no sabía de qué documentos se trataban. Las supuestas pruebas eran unas cartas de Leonor Servera, mujer de Juan March, a Rafael Garau, de quien, al parecer, había sido amante. Nada se había dicho de ellas durante el proceso que se siguió en 1916 tras el asesinato en Valencia. No se sabía cómo ni cuándo aparecieron; según el padre, José Garau, se encontraron poco después del asesinato, entre las pertenencias de su hijo. El caso es que Juan March y la familia Garau decidieron depositarlas en manos de un tal Guillermo Santandreu, vecino de Santa Margarita, del que ambos se fiaban, comprometiéndose los dos a no hacer uso de ellas. Allí estuvieron durante más de siete años, hasta que el agente de la Arrendataria se presentó con José Garau y las reclamó a Santandreu. Se produjo un gran revuelo. El depositario no quería entregarlas sin testigos y sin que Garzón se identificara, pero terminó cediendo las cartas.

Nada más saberlo, Juan March ordenó a su hombre de confianza, Miguel Ordinas, que pusiera los acontecimientos en conocimiento del presidente del Consejo de Administración de la Arrendataria, el marqués de Amurrio, advirtiéndole que los documentos requisados nada tenían que ver con la renta de tabacos ni con el contrabando. March no sólo quería recuperar las cartas, sino también poner a Francisco Bastos en una posición difícil ante el presidente de la Arrendataria. Sabía que Bastos no tenía el apoyo incondicional de todo el Consejo de Administración y que incluso había recibido «reproches amistosos» de algunos consejeros por haberse negado a recibir a Juan March. El marqués de Amurrio se apresuró a mostrar su desconocimiento de todo aquello, y Miguel Ordinas le pidió que las cartas fueran devueltas a su depositario, ya que sólo tenían que ver con el honor de terceras personas[8].

Santandreu, probablemente por presión de March, decidió al cabo de dos semanas presentar una denuncia ante el juez permanente de la Capitanía General de Baleares, pero por mucho que acusó al «alto personal» de la Arrendataria de haber maquinado con Ramis para hacerse con las cartas, el juez se pronunció a favor de Garau y defendió la actuación de Garzón, dio por terminadas las diligencias previas y el capitán general de Baleares, el general Fontán, corroboró la decisión[9].

March no se dio por vencido. Por indicación suya, Miguel Ordinas se dirigió directamente a Primo de Rivera denunciando los hechos. Era una maniobra originada en la Compañía Arrendataria, como demostraba el hecho de que Ramis hubiera sido recibido por su director en un par de ocasiones. La queja al dictador cayó en manos del general Vallespinosa, quien atendía las acusaciones por corrupción y prevaricación. Pidió aclaraciones al capitán general de Baleares, quien, mientras tanto, había sido relevado. Por carta personal y manuscrita, el nuevo capitán general comunicó al presidente del Directorio que su antecesor no había informado «con la lealtad debida» y pasó a detallar toda una sarta de rumores y especulaciones que tenían en «estado de efervescencia a la opinión pública» en la isla. El auditor de guerra, recién nombrado también, pidió la reapertura del caso. Garzón fue detenido e internado en el Hospital Militar de Carabanchel, desde donde se dirigió, sorprendido, al presidente del Directorio. Nadie le había comunicado de qué se le acusaba, aunque sospechaba que tenía que ver con aquellas famosas misivas a cuya recuperación había ayudado. Eran, efectivamente, cartas dirigidas por Leonor Servera, «mujer del conocido contrabandista Juan March», a Rafael Garau. Demostraban que entre aquélla y la víctima había habido relaciones íntimas, de lo que cabría deducir «indicio de gran valor para demostrar más o menos directa participación del [sic] Juan March en el delito que produjo la muerte de Rafael Garau»[10].

A la vista de toda aquella confusión, el general Vallespinosa decidió tomar cartas en el asunto. Las influencias de Juan March habían llegado demasiado lejos. El auditor fue destituido por telégrafo. Había durado bien poco en el cargo. Su sustituto se apresuró a decir que la historia era un verdadero «delirio» sin más finalidad que llegar al procesamiento de Francisco Bastos. Decretó la libertad provisional del capitán Garzón y dictaminó que la causa estaba fuera de su cauce y la inducción era una quimera[11].

Juan March buscaba por todos los medios minar la posición de Francisco Bastos, que en los primeros momentos pareció gozar de la confianza del dictador. A los pocos días del golpe, Primo de Rivera había llamado al director de la Compañía Arrendataria para que le informara sobre el monopolio del tabaco. El general demostró estar muy al tanto de las actividades de March, sobre el que se pronunció en términos muy duros. En aquella primera conversación, Primo de Rivera le comentó a Bastos incluso la posibilidad de que la Arrendataria de Tabacos se hiciera cargo de la renta de aduanas para corregir fraudes y abusos, lo que Bastos no pudo entender sino como un espaldarazo a su actuación en Tabacalera. Tras preparar unas bases sobre cómo podrían encargarse de esa nueva renta, volvió al cabo de un tiempo a ver a Primo de Rivera. Le notó cambiado. El presidente del Directorio se limitó a recibir el documento y guardarlo, diciendo a Bastos que lo meditaría y le contestaría. Nunca llegó esa respuesta, pero sí le llegaron noticias de que Primo y otros generales del Directorio recibían a amigos y apoderados de Juan March. Incluso se decía que éste preparaba una acusación formal contra él por malversación de fondos. Bastos decidió hablar con algunos generales a los que conocía bien, pero el general Vallespinosa le comunicó que, efectivamente, había una denuncia contra él que debía ser tramitada y a la que habría de responder. El denunciante era persona que «pagaba cédula», es decir, un contribuyente, y por lo tanto había que atender su petición. Bastos explicó a los generales, y a Vallespinosa en particular, que en la Compañía Arrendataria había una representación del Estado que debía conocer la denuncia, por si estimara que los motivos eran falsos, y pidió la intervención de un juez[12].

A finales de octubre, la prensa había recogido la noticia de que Juan March había interpuesto una denuncia contra Francisco Bastos. La denuncia era «grave», pues se hablaba de la «distracción de 40 o 50 millones de pesetas» y de unos perjuicios para el Estado que podían ascender a 150 millones. Bastos estaba en Barcelona y se enteró leyendo el periódico. A su vuelta a Madrid, recibió el apoyo del personal de la compañía y el Consejo de Administración decidió visitar a Primo de Rivera para manifestarle su total apoyo al director. El dictador les dijo que sabía perfectamente quién era Bastos. Sabía que la acusación era una calumnia, pero había ordenado una investigación para que no se le tildara de parcialidad. También le pidió audiencia el director de la Arrendataria, quien tuvo que oír de nuevo aquello de que March «pagaba cédula» y, por tanto, había que investigar. De todas maneras, Primo hizo pública una nota mandando callar a la prensa, que se había lanzado a una campaña desconsiderada e incontrolada[13].

La acusación de March era implacable. Sostenía que la política de reformas y modernización del monopolio de tabacos que Bastos había emprendido, así como su pretendida lucha contra el contrabando, había supuesto para la Hacienda pública un quebranto de más de 100 millones de pesetas. Afirmaba, además, que tenía intereses personales o amistades en las sociedades que habían participado en la provisión de maquinaria utilizada en las nuevas fábricas, en la adjudicación de motores para los nuevos barcos, en la contratación del trasporte por mar y en la adquisición de labores, decisiones que se habían tomado sin los imprescindibles concursos públicos. Le acusaba de pretender arruinarle con el único objetivo de hacerse con el negocio a bajo precio, y desvelaba unas supuestas relaciones entre el director general de la Arrendataria y una Compañía General de Tabacos de París, muy interesada en el arrendamiento del monopolio de cuya concesión venía disfrutando él. Las cifras de aumento de ventas en las plazas de soberanía del norte de África eran, en su opinión, engañosas. No habían supuesto un incremento real en la renta del monopolio por la rebaja en los precios y se había propiciado el contrabando. Resultaba imposible que todo el tabaco comprado a bajo precio se hubiera consumido en dichas plazas. Por otro lado, el incremento en la compra de labores había beneficiado sobre todo a una red de pequeñas fábricas en Argel y Orán, pero no en la península. El único fin era ahogarle a él a costa de pagar muy caro un tabaco de muy mala calidad. Todo aquello se había hecho para poner fin a un contrabando que no tenía la importancia que Bastos le había dado: apenas 5 millones al año. Podían haberse buscado otras soluciones. Ahora estaba seguro de que conseguiría que se le escuchara porque quienes ocupaban el poder no atenderían «compromisos ni artificiosas conveniencias políticas, ni mucho menos la amenaza de la calumnia»[14].

El Directorio decidió nombrar un juez especial y designó para el caso al magistrado Díaz de la Sala. Juan March se apresuró a enviarle dos escritos ampliando la información apuntada en la denuncia y abundando especialmente en las pretendidas irregularidades cometidas por Bastos. Según March, lo que menos importaba al director era el contrabando y su eliminación, mera tapadera para sacar adelante negocios ilícitos en perjuicio de la Hacienda pública, por un lado, y para arruinar a March y obligarle a ceder su negocio, por otro.

Al juez no le gustó la interferencia de March. El procedimiento especial que seguía aquel proceso no permitía la instrucción, pero el mallorquín estaba empeñado en hacerse oír. Díaz de la Sala no contestó a sus misivas y March insistió: se habían cometido infracciones en la adjudicación del suministro de etiquetas y envolturas, y se había comprado tabaco argelino a precios inusualmente elevados por mediación de la Compañía de Tabacos de París. Cuando March supo que había terminado el período de exposición de hechos y pruebas, se ofreció para dilucidar cualquier «asunto nebuloso». Trascurrió un mes sin noticias y March decidió dirigirse directamente al dictador. Aquel «respetable» magistrado del Tribunal Supremo había enfocado el proceso más como un sumario judicial que como un «expediente gubernativo». Era un abogado del Estado para el que los problemas de la Hacienda se contemplaban sólo desde el punto de vista jurídico. March temía que el juez buscara asesoramiento en la propia Compañía Arrendataria en lugar de hacerlo en medios industriales y empresariales. Por eso se había ofrecido a aclarar los hechos denunciados, pero el juez no lo había llamado. Quizás cabría alguna intervención o decisión que impidiera el fracaso de la investigación «por equivocación en el camino a seguir». Por si hiciera falta, March acompañó su escrito de la documentación que consideró necesaria[15].

Todavía trató March de que se le diera vista de las actuaciones. Pero el juez se mantuvo firme. No era necesario porque la información era muy clara. No había prueba alguna que hiciera sospechar la existencia de «confabulaciones». Todos los trámites realizados por la dirección de la Arrendataria habían sido impecablemente reglamentarios y no cabía exigir responsabilidad administrativa porque Bastos no era un funcionario público. La denuncia había sido refutada en todos sus extremos, era improcedente e infundada, y no cabía sino reconocer como brillante la labor de Francisco Bastos. El 27 de febrero de 1924, el fiscal general del Estado remitió al representante del Estado en la Arrendataria el expediente para que fuera archivado.

La sentencia absolvió totalmente a Bastos pero éste no consiguió que se hiciera pública en la prensa. Primo de Rivera no había atendido la petición de March contra el juez, pero el director de la Arrendataria tampoco tuvo suerte. Cuando pidió audiencia al dictador para quejarse de su indefensión, sólo consiguió que el general le aconsejara que no hiciera caso de los periódicos. A él le importaba poco lo que decían, se permitió comentarle a Bastos[16].

Amenaza de cárcel

No pararon ahí los primeros reveses de Juan March. El mallorquín se enfrentó a una nueva acusación ante los tribunales. El origen fue una denuncia directa de José Garau al dictador. Solicitaba la reapertura del caso que siguió a la muerte de su hijo en Valencia en 1916, así como la iniciación de un nuevo sumario contra March por un delito de falsificación en relación con las cartas que en 1918 les habían acusado a él y a su otro hijo, Francisco, de espionaje. Garau había estado esperando la «ocasión propicia». La llegada de Primo de Rivera al poder se la brindó. Había, en su opinión, nuevos elementos de juicio. Las cartas de Leonor Servera a su hijo probaban la existencia de un adulterio. Habían sido «hábilmente secuestradas», pero ya estaban en su poder y José Garau remitió, junto a la denuncia, una copia mecanografiada prometiendo el original. Por otro lado, adjuntaba la Sentencia del Tribunal Militar de Argel de enero de 1919 que absolvía a los Garau de la acusación de espionaje y afirmaba la falsedad de las cartas que había servido de pretexto para ella. Garau hablaba explícitamente de la existencia de una «maquinación criminal» y de la «mala voluntad» que Juan March sentía contra la familia. Aunque no hubiera prueba acabada de culpabilidad en el crimen de Valencia, como el propio Garau reconocía, las nuevas pruebas constituían un gran delito de falsificación de documentos privados[17].

La denuncia fue a caer también en manos del general Vallespinosa, que la envió al teniente fiscal del Tribunal Supremo, quien, tras estudiar el asunto, lo expidió al fiscal de la Audiencia de Valencia. Fue nombrado juez especial para el caso Francisco Serra, quien consideró prescrito el caso del asesinato de Rafael Garau, pero apreció indicios suficientes de delito en la sentencia del tribunal francés. Su decisión fue contundente: el 9 de abril ordenó la detención e incomunicación de March y su traslado a prisión celular. Era la primera vez que un juez llegaba tan lejos. La orden, sin embargo, no pudo cumplirse. Juan March había pasado la frontera de Francia por Port Bou en tren.

El juez Serra dictó auto de procesamiento, prisión sin fianza y un embargo de 500.000 pesetas e inició las diligencias. Ordenó que se tradujera el documento militar francés y reclamó las cartas por conducto diplomático y «urgentísimamente». Pidió también un informe al que fuera entonces vicecónsul de Francia en Valencia, a través del cual aparecieron las susodichas cartas. Era necesario disponer de algún documento del que no cupiera duda respecto a la firma de Juan March, para hacer la prueba dactilográfica cuando llegaran las cartas reclamadas. Para ello, se ordenó el registro de las oficinas de Juan March en Palma de Mallorca y de su casa particular. En las oficinas no apareció ningún documento, y el criado que abrió la puerta en la casa dijo que Juan March no estaba, ni tampoco su esposa que hacía tiempo se había trasladado a Manacor con su hijo menor, Bartolomé. El mayor estaba en Bélgica. Por allí sólo aparecía de vez en cuando el suegro, Bartolomé Servera. Mientras se procedía al registro, en el que no se encontró nada, y se precintaban algunos muebles que estaban cerrados con llave, apareció Antonio Qués, quien se comprometió a avisar a la familia. En una segunda visita les recibió Bartolomé Servera, que les abrió los muebles precintados sin que apareciera documento alguno. Fue finalmente Antonio Qués quien entregó tres cartas, originales, de 1923, con membrete del Congreso de los Diputados y firmadas por March. No decían nada de interés.

Por orden del juez Serra fueron convocados a declarar José Garau y su hijo Francisco. José Garau tenía ya sesenta y siete años. Contó que en 1918 había estado preso ochenta y seis días por culpa de aquellas cartas entregadas por Juan March, cuyos originales estaban en Francia. No había habido más motivo que el odio que les tenía March desde el asesinato de su hijo, del que fue «instigador» por ser amante de su mujer. Habían tenido catorce o quince años de relaciones de «negocio de contrabando», pero tras la muerte de Rafael, March quiso liquidarlo. Su hijo, Francisco Garau, corroboró todo y añadió algunas insinuaciones más acerca de muertes misteriosas que habían acompañado y seguido tanto al asesinato de su hermano como a las acusaciones de espionaje.

El juez Serra tenía fama no sólo de competente, sino de actuar con una moralidad intachable. Había dejado temporalmente el Juzgado de Ayora al haber sido llamado a Valencia para hacerse cargo de diversos casos, entre los que se incluyó el sumario sobre Juan March. En las semanas siguientes, Serra fue testigo privilegiado de cómo cambió la apreciación del caso March en las altas instancias del nuevo régimen. Recibió la visita «secreta» del banquero catalán Manuel Girona. Venía con la pretensión de que la orden de prisión contra March, a quien dijo que conocía bien, se sustituyera por la de libertad provisional con fianza, y mostró al juez un salvoconducto firmado por el general Primo de Rivera. El juez, indignado, le despidió sin dejarle continuar.

En la misma dirección fue presionado el fiscal del caso, a quien el teniente fiscal del Tribunal Supremo pidió que se interesara por la declaración de prisión bajo fianza. Si se hacía así, March estaba dispuesto a comparecer. Pero la fianza que sugirió Serra para sustituir la orden de prisión incondicional fue tan elevada que la hacía imposible. El presidente de la Audiencia de Valencia, Eduardo León y Ramos, había sido llamado también a Madrid, donde el presidente del Tribunal Supremo le recriminó el abandono en que estaban los asuntos de los Juzgados de Ayora y Chiva, por la ausencia del juez Serra. El presidente de la Audiencia valenciana regresó de Madrid con instrucciones claras: el juez Serra debía volver a su destino previo[18].

El 21 de junio se reunió la Sala de Gobierno de la Audiencia y decidió que Serra volviera a su Juzgado de Ayora para poder atender al trabajo allí pendiente, que era mucho. De poco valió la opinión de uno de los jueces asistentes, que lamentó que sumarios tan importantes y voluminosos como los que estaba instruyendo con gran celo, diligencia e independencia, pasaran a otro magistrado, Juan Arnet, probablemente «no menos digno», pero poco indicado para la tarea. El juez Serra fue relevado del cargo. Apenas dos días más tarde, sin que mediara ninguna novedad en el sumario, el nuevo juez decidió que Juan March era «persona de opulenta posición», que había ejercido el cargo de diputado a Cortes y era propietario, como lo demostraba el habérsele embargado tres propiedades. Era, además, persona de buena conducta según testimoniaba la alcaldía de Palma. Era necesario hacer lo posible para que el procesado fuera oído y juzgarlo. En vista de todo ello, se decretó la libertad provisional de Juan March con fianza de 100.000 pesetas[19].

Al día siguiente, Antonio Qués, que estaba preparado en Valencia, depositó la fianza y once días más tarde, el 5 de julio de 1924, Juan March reapareció y se presentó ante el juez. Se declaró «absolutamente ajeno» a aquellas cartas entregadas al vicecónsul francés en Valencia en 1918. La sentencia del Tribunal Militar de Argel había sido utilizada por los Garau contra él en múltiples ocasiones, habían repartido ejemplares impresos por todo el país y se había publicado en la prensa con el propósito deliberado de causarle un daño moral y de desprestigiarle.

Para contrarrestar las declaraciones y actuaciones de los Garau, Juan March entregó al juez una copia de la escritura de disolución de la sociedad March Garau en 1917, y otra sentencia francesa, de la Corte de apelación de Argel de 3 de mayo de 1923, condenando a Garau a pagar las mercancías que según aquella escritura eran propiedad de March y que, pese a ello, su exsocio había vendido. Esta sentencia, dictada en tiempos de normalidad por un tribunal civil, sostuvo March, era una rectificación completa de la que había servido de base a la denuncia de Garau, y su explicación de los hechos el reverso de la de aquéllos. La enemistad, el odio y las maquinaciones circulaban en sentido inverso: de los Garau hacia él. Sus buenas relaciones con las autoridades francesas habían permitido urdir toda la trama y beneficiarse de la enemistad que el Gobierno francés tenía hacia March. Había tenido que recurrir en varias ocasiones a su excelente relación con el Gobierno británico para deshacer entuertos. En una situación de guerra como la que se vivía en 1918 era fácil y tentador jugar con esas influencias.

Tras aquella declaración, el procurador de Juan March solicitó que se dejara sin efecto el auto de procesamiento. La publicación en la prensa española y extranjera de las requisitorias que atribuían a March un «vergonzoso delito de falsedad» le había producido enormes perjuicios en su posición económica y en sus muchos negocios en todo el mundo. La sentencia francesa de 1919 no tenía valor alguno mientras no tuviera las garantías de autenticidad que la Ley española exigía. No había datos, no había pruebas, las cartas no habían aparecido. En resumen, debía dejársele en libertad.

Eso fue lo que ocurrió. El juez dejó sin efecto el procesamiento, las fianzas y los embargos. El 12 de julio, la Sala de Gobierno recibió comunicación del juez Arnet informando del estado de los distintos sumarios, unos terminados y otros próximos a su terminación. En vista de ello y de la inminencia de las vacaciones, se dio por finalizada la comisión que se le había encomendado y se remitieron a los juzgados correspondientes los procesos pendientes. Dos días más tarde se daba por concluido el sumario contra March. El fiscal no recurrió. Al presidente de la Audiencia no le quedaron dudas: las famosas cartas no habían aparecido después de varios meses y habían transcurrido años desde los acontecimientos, sin que los perjudicados lo hubieran denunciado hasta aquel momento. El 4 de agosto, la Sala de Vacaciones de la Audiencia de Valencia confirmó el sobreseimiento y la cancelación de los embargos.

No le había parecido necesario a Juan March esperar hasta entonces. El 7 de julio desembarcó en Palma de Mallorca, donde fue recibido por numerosos amigos políticos así como por los líderes más significados del Partido Liberal, que celebraron una reunión en casa del propio March. Los procesos a los que estaba siendo sometido no le habían impedido unos meses antes, el 20 de enero, apuntarse el tanto en la isla de la inauguración de la Casa del Pueblo en Palma de Mallorca, cuya construcción había prometido a las organizaciones obreras mallorquinas al final de la guerra mundial. El edificio era impresionante. Se accedía a él por tres grandes entradas que daban paso a un vestíbulo redondo. En la planta baja había un café, varias secretarías y los locales del patronato, de una escuela y de una cooperativa. Subiendo las escaleras se accedía a un primer piso en el que había un salón de lectura y una biblioteca, la secretaría de la agrupación socialista, la de la federación local de las organizaciones y dos grandes salones de reuniones. La Casa del Pueblo contaba, además, con un teatro de considerables dimensiones.

A la ceremonia habían acudido representaciones obreras de distintos pueblos de la isla, muchas de ellas socialistas, mientras el Orfeó Republicà tocaba la Internacional en medio de grandes aplausos. Estaban invitados políticos de distinta significación: Luis Alemany, exdiputado liberal y hombre de total confianza de Juan March; Antoni Pou, exsenador, y Jaime Mora, expresidente de la diputación; Miquel Oliver y Josep Piña, republicanos y exconcejales. También estaba Antonio Qués, como delegado de la Transmediterránea. El acto comenzó a las once y media de la mañana. Habló primero el socialista Lorenzo Bisbal y después, tras descubrir una placa conmemorativa, le tocó el turno a Juan March: «Os confieso que vuestra noble actitud, que vuestros elevados sentimientos, me proporcionan una de las emociones más fuertes que he sentido. Tan acostumbrado estoy, en mi vida agitada y azarosa, a tropezar con ingratitudes y bajezas y hasta con ruindades que vuestro acto de hoy, generado por los más puros y elevados sentimientos, me conmueve, a la vez que me compensa con creces de todas aquella miserias despreciables»[20].

March se presentó a sí mismo como un trabajador más. Había conocido los sinsabores y amarguras de la inseguridad de la vida. No debía nada a la herencia; todo lo que tenía se lo había procurado con su trabajo. Por eso no podía compartir las ideas de un sector muy importante de las fuerzas conservadoras, derechistas, que confundían «las ideas de orden y de autoridad, con las de su absoluto e indiscutible predominio social; y la de la libertad, con la de una facultad privilegiada y sin límites para hacer lo que a ellos mejor les plazca». No podía negarse a los trabajadores lo que era suyo, y tanto mejor les iría si, apartándose de «hueros dogmas políticos», orientaban sus esfuerzos a obtener en la organización del Estado el puesto que les correspondía por su peso social. Las ideas que defendían iban abriéndose camino incluso en la actuación de los Gobiernos. Con toda seguridad, terminó March, en el futuro nadie recordaría sus palabras, pero ahí seguiría para siempre aquella Casa del Pueblo, la casa de la gente que trabajaba. Era su mejor ejecutoria, su mayor orgullo.

La fiesta siguió hasta la tarde y después de las palabras de Gabriel Alomar, en nombre de la Unió Socialista de Catalunya, hubo una representación en el teatro. March había pretendido que asistiera una delegación de más alto nivel del socialismo español. Había invitado a Indalecio Prieto, pero los dirigentes del Partido Socialista se negaron a acudir. Suficientes divisiones había causado ya en las filas del socialismo mallorquín su relación con March.

Ganándose al dictador

March había salido con bien de las acusaciones y los procesos abiertos contra él, pero seguía abierto el frente contra la Arrendataria. Había limado el prestigio de su director, Francisco Bastos, pero su denuncia ante el juez no había conseguido acabar con él. No estaba dispuesto a rendirse, pero debía andar con cuidado. Decidió llevar la batalla al seno de la Compañía y aprovechó la celebración de la junta general de accionistas a finales de septiembre de 1924. Poco antes de que finalizara el plazo de presentación de acciones para concurrir a ella, Juan March y otros once acólitos presentaron el número mínimo requerido para asistir. Bastos temió lo que podía ocurrir. Algún periódico había caldeado el ambiente denunciando la situación de desabastecimiento de tabaco que se padecía en algunos lugares y la atribuyó a la voluntad de repartir un dividendo sustancioso. Bastos trató de evitar la publicidad que se daba a escritos que, en su opinión, venían de March. Recurrió al jefe de censura de prensa del Directorio militar, pero el coronel encargado de ella le dijo que tenía órdenes directas de Primo de Rivera desde Tetuán para que no interviniera[21].

Llegado el día, la junta se reunió en el salón de actos del Banco de España. March intervino dos veces en la sesión de la mañana, en la misma línea en la que había basado su acusación contra Bastos ante el juez. Afirmó que la Compañía debía reaccionar ante una orientación que la llevaba de cabeza a una grave crisis. El balance mostraba colocaciones excesivas de capital fruto de una mala administración, gastos indeterminados que exigían una explicación y, lo que era más grave, la existencia de un stock de labores extranjeras para quince meses, adquiridas a precios muy altos y que habían frenado la producción. Se había perjudicado a la industria nacional y se había debilitado la economía española. Francisco Bastos actuaba a bombo y platillo pero sus resultados ponían en graves aprietos a la compañía, afirmó March.

También intervino un representante de los obreros, que por primera vez acudía a la junta. Denunció las penosas condiciones de trabajo en algunas fábricas y depósitos de la Arrendataria y arremetió duramente contra el traslado de pedidos a fábricas no españolas. Pese a aquellas críticas, que por la tarde repitieron dos de los acompañantes de Juan March, Bastos consiguió que a las diez de la noche quedara todo aprobado.

La prensa del día siguiente sólo se hizo eco de los reproches a la labor de la dirección. El Consejo de Administración de la Arrendataria acordó no contestar para evitar la polémica, aunque no renunció a acudir a los tribunales si se consideraba oportuno. Por una sola vez y para que constara su opinión, publicó un suelto oficioso apoyando la labor del director. Se solicitó, además, una audiencia con el presidente del Directorio para recordarle que el Consejo de Administración actuaba siempre en defensa de los intereses del Estado, intervenido por éste y autorizado a tenor del contrato que le unía con la compañía. Estimaba, por tanto, que contaba con la confianza del Gobierno y se pedía que, de la manera que lo considerara conveniente, manifestara esa aprobación. Se decidió también que fuera preparándose un folleto relativo al contrabando y a la labor realizada por la Arrendataria para su persecución y extirpación[22].

Sin embargo, en contra de la opinión de Bastos, el Consejo de Administración recibió a Juan March. Francesc Cambó, buen amigo del director de la compañía, le recomendó que abandonara, que dimitiera. Ya había demostrado con creces su valía. Los generales del Directorio que conocían y apreciaban a Bastos le avisaron también del creciente ascendiente de March sobre Primo de Rivera. Se sabía que le visitaba. Otras gentes le contaron que algunos consejeros de la Arrendataria mantenían relaciones con el mallorquín porque no querían nuevas campañas públicas contra la compañía. Bastos les explicó que lo de March no era un asunto personal con él; que iba por la Arrendataria. Finalmente, hubo dos consejeros que le rogaron que presentara la dimisión. La presión pudo con él. Dimitió en carta dirigida al presidente, pero dejó constancia de que su desaparición no aplacaría a March. La batalla del financiero mallorquín contra la Arrendataria continuaría. A Bastos no le cupo duda de que su salida había sido un intento de complacer a March[23].

En cuanto se conoció la noticia de la dimisión de Francisco Bastos, el general Primo de Rivera dio orden de que se proveyera el puesto y sugirió nombres. Algún general le advirtió del mal efecto que tendría semejante intromisión en las decisiones de una compañía privada. El Consejo de Administración se había reunido en secreto y había acordado resistirse a las presiones del Directorio, aunque no faltó quien apuntó que era peligroso. El nuevo director no fue el candidato del presidente, José Lladó, del Banco Urquijo, pero tampoco fue un militar como había pretendido Primo de Rivera. El 5 de octubre de 1925 fue nombrado rector-gerente el anterior subdirector, Luis de Albacete[24].

Juan March había ganado su batalla contra Bastos. El manejo de la prensa había sido de enorme utilidad, aunque estuviera sujeta a censura previa. Poco más tarde se supo que March había comprado dos periódicos, Informaciones y La Libertad. Un crédito impagado le permitió hacerse con el control de Informaciones. Era el segundo diario vespertino madrileño por su tirada, aunque estuviera muy lejos de alcanzar las cifras del primero, La Voz. Vendía mucho más en provincias que en la capital y mantenía una posición conservadora, que le llevó a aceptar la Dictadura, «un fenómeno político como tantos otros», bien acogido por una mayoría de la población y ante el que no había por qué hacer aspavientos, según sostenía su director, Juan Sarradell.

La Libertad se situaba en el otro lado del espectro político. Había nacido, como sabemos, del sector más a la izquierda del veterano El Liberal y se le consideraba el órgano oficioso de Santiago Alba. Se opuso sin matices al golpe de Estado y se mantuvo en esa oposición mientras se convertía en el matutino de mayor tirada en la capital. Su director era Luis de Oteyza y contaba entre sus redactores con periodistas bien conocidos. Entre sus colaboradores había republicanos como Marcelino Domingo, Eduardo Ortega y Gasset y Rodrigo Soriano, y allí escribían también Gabriel Alomar y socialistas como el propio Pablo Iglesias, hasta su muerte, o Julián Besteiro. Algunos de ellos colaboraban también en el periódico mallorquín de Juan March, El Día. En la ampliación de capital lanzada en marzo de 1925, Juan March se hizo fuerte en el periódico. Oteyza fue sustituido como director por Joaquín Aznar. No todos los liberales vieron con buenos ojos aquel movimiento. A algunos les pareció un disparate que se asociaran aún más por ese motivo los nombres de Juan March y Santiago Alba. Se sospechaba que la maniobra la había dirigido el político liberal desde París, de quien se decía que vivía gracias a las ayudas del financiero mallorquín. March se había dejado ver en varias ocasiones por la capital francesa, donde se habían refugiado muchos políticos, como Eduardo Ortega y Gasset y Marcelino Domingo, además de intelectuales, artistas, escritores y periodistas, como Josep Pla. Algunos de ellos fueron invitados a comer en su restaurante favorito en el Bois de Boulogne, donde March dejaba unas propinas imponentes. La policía tuvo constancia de aquellos viajes[25].

March no era un político, sino un hombre de negocios. No estaba dispuesto a cerrarse ningún camino ni a perder ninguno de sus contactos, ni el de quienes se habían exiliado ni el de los políticos dinásticos que, con Primo de Rivera, habían pasado a un segundo plano. Ante todos ellos, además, hacía gala de sus relaciones cada vez más extensas y poderosas. En el verano de 1925, en una comida en casa de los condes de Creixell, conoció a José Sánchez Guerra, el expresidente de Gobierno y líder del Partido Conservador tras el asesinato de Eduardo Dato en 1921. Sánchez Guerra era un convencido defensor del parlamentarismo, y desde la presidencia del Congreso de los Diputados avisó en más de una ocasión de las funestas consecuencias que podía acarrear la quiebra del orden constitucional. Había sido manifiesta su oposición a la Dictadura, lo que le llevó dos años más tarde a optar por el exilio en París y después incluso a participar en conspiraciones revolucionarias para derrocar a Primo. En aquella comida, March le pareció un hombre «cauto y prudente», y el mallorquín le agradeció su intervención en el asunto Porto Pi[26].

A Natalio Rivas, uno de los políticos liberales a quienes frecuentaba March, le contó que había comprado los dos periódicos, Informaciones y La Libertad de acuerdo con Primo de Rivera, y que el propio rey le había mandado recado preguntándole qué pensaba hacer con ellos. March le tranquilizó, asegurándole que todo lo hacía «inspirado en su adhesión a la Monarquía». También le hizo saber que La Libertad seguiría siendo un periódico liberal avanzado, aunque no le molestaría en nada. Cuando volviera Santiago Alba, eso sí, tendría el periódico a su disposición para defenderse, siempre y cuando Alba siguiera afecto al rey[27].

March buscaba su proximidad a Primo de Rivera, pero no a cualquier precio. Desde Palacio se le había solicitado que colaborara económicamente para permitir la reaparición de La Correspondencia Militar, uno de los periódicos militares de más larga historia, convertido en diario en 1887. Había mantenido actitudes críticas respecto a conservadores y liberales en distintas ocasiones y, en 1917, se había convertido en portavoz de las Juntas Militares con una defensa sin paliativos de la escala cerrada para los ascensos. Ninguno de los periódicos militares tenía una economía saneada. Su corta tirada y escasa publicidad les mantenía siempre al borde de la quiebra. Aunque constituían una clara anomalía en el mundo periodístico, su supervivencia estaba ligada a la presencia política del ejército[28].

Cuando Juan March fue requerido para ayudar a La Correspondencia Militar se sintió obligado a aceptar, pero no estuvo dispuesto a invertir sin control alguno en una iniciativa periodística que ni era suya, ni le procuraba nada positivo, más allá de facilitar su aproximación a Primo de Rivera. Éste le había pedido que, dada la penosa situación en que se encontraba el periódico y la provechosa labor que realizaba como «válvula» de la opinión militar, hiciera un «sacrificio» y acudiera a remediar su situación. March hizo que uno de sus empleados de confianza revisara la administración del periódico y confirmó que, efectivamente, la situación de La Correspondencia Militar no podía solucionarse sin sacrificios. Muy diplomáticamente dijo que aceptaría contribuir a su sostenimiento si así se le pedía, pero no quiso hacerlo hasta después de un cambio de impresiones con el dictador para que su sacrificio no fuera estéril. Tenía mucho empeño en que Primo de Rivera advirtiera personalmente sus más «sinceros deseos de complacerle y de servirle». Las sucesivas cantidades entregadas para sostener La Correspondencia Militar ascendieron en total a unas 100.000 pesetas, pero no fueron un donativo a fondo perdido, sino un crédito con la garantía de la maquinaria que poseía el rotativo. Cuando unos meses más tarde, en noviembre de 1926, March estuvo seguro de que el negocio era ruinoso, decidió poner fin a su ayuda[29].

Para entonces tenía ya acceso directo al presidente del Directorio. Luchó por ello desde el primer momento, cuando estaba envuelto en los procesos que se le incoaron. Fueron muchos los que hablaron en su nombre a Primo de Rivera. El conservador Juan Vitórica y el general Saro, partícipes ambos en el golpe de Estado, lograron por fin la deseada entrevista entre March y el dictador, que no se celebró hasta que fueron sobreseídos los sumarios. Luego, las citas se sucedieron. El mallorquín estuvo encantado de facilitar el aprovisionamiento de tabaco a las tropas en África que le solicitó el dictador, aunque eso le supuso casi medio millón de pesetas al año. De la frecuencia de sus encuentros es buena prueba que, a finales de julio de 1925, March escribía a Primo de Rivera diciéndole que sentía mucho tener que volver a Baleares sin verle. No quería molestarle ni robarle su tiempo. No deseaba nada que «no fuera lo más conveniente para mi país y lo más grato para usted en cuyas manos me he puesto para aceptar el camino que quiera trazarme»[30].

Primo de Rivera había olvidado sus propósitos de abandonar el poder. Tenía grandes planes y para sostenerlos emprendió la tarea de organizar políticamente los apoyos a la Dictadura. Al calor de la Unión Patriótica, el partido único puesto en pie por el dictador, una nueva clase política se asentaba en los distintos escalones del poder, desplazando en ocasiones a la vieja, fusionándose con ella otras veces. Se nutría de clases medias situadas hasta entonces en los márgenes del poder, funcionarios locales y provinciales, profesionales del caciquismo rural, pequeños y medianos propietarios rurales y también pequeños comerciantes e industriales, aunque no faltaron algunos grandes nombres de empresarios y políticos. Algunos provenían de las filas del maurismo, muchos del catolicismo. En octubre de 1925 vio la luz el periódico La Nación, órgano de prensa de la Unión Patriótica. Su director fue Manuel Delgado Barreto, el antiguo director de La Acción que tanto empeño puso en combatir a March en las últimas elecciones de la Monarquía. No fue óbice para que se solicitara su ayuda financiera para lanzarlo[31].

A finales de aquel año, Primo de Rivera cosechó un éxito que contribuyó de manera decisiva a afianzar sus propósitos de continuidad: el desembarco en Alhucemas y la pacificación del protectorado en Marruecos. El general había mantenido hasta las vísperas del golpe militar una actitud abandonista respecto a la «desatinada empresa africana». Esa actitud le había granjeado enemistades en medios militares africanistas. Su primer viaje a Marruecos, siendo ya presidente del Directorio, estuvo salpicado de conflictos y los mandos militares hicieron un plante en el banquete de Ben-Tieb, en el que el entonces coronel Franco pronunció un discurso abiertamente desafiante. El dictador, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de retirarse a Ceuta, Melilla y Larache, y mantener lo que se llamó la «línea Primo de Rivera». Abd-el-Krim, convencido de que los españoles estaban definitivamente derrotados, avanzó hacia el protectorado francés, amenazando Fez. Hubiera sido o no ésa la intención de Primo de Rivera, el resultado fue que Francia cambió su política y se abrió la posibilidad de una acción conjunta hispano-francesa. El 8 de septiembre de 1925 se inició el desembarco en la bahía de Alhucemas y un mes más tarde se dieron por finalizadas las operaciones, aunque Abd-el-Krim no se rindió a los franceses hasta seis meses más tarde[32].

La pacificación del protectorado y la previsible disposición de mayores recursos para las políticas nacionales, una vez aliviada la carga del presupuesto marroquí, animaron definitivamente las intenciones de Primo de Rivera de liderar un cambio más profundo. En diciembre sustituyó el Directorio militar por un Directorio civil, al que incorporó varios ministros: Eduardo Aunós fue al Ministerio de Trabajo, con el encargo de institucionalizar una organización corporativa que regulara las relaciones laborales e impulsara una nueva legislación social; José Calvo Sotelo fue al Ministerio de Hacienda, y el conde de Gualdalhorce al de Fomento. En los dos últimos confiaba para lanzar sus planes de un nuevo orden económico intervenido y regulado, libre de las servidumbres de la competencia y apoyado en un ambicioso programa de obras públicas. Unos meses más tarde se anunció un presupuesto extraordinario y el empréstito que lo acompañó se cubrió con creces. En el orden internacional, tras el éxito en Marruecos, Primo de Rivera decidió que había llegado el momento de que España fuera oída y se le reconociera el papel que le correspondía. Amparado en una retórica de exaltación patriótica, concentró sus esfuerzos en la exigencia de la plena incorporación de la ciudad internacional de Tánger al protectorado español, y para ello lanzó una ofensiva diplomática en varios países.

Cómo conseguir un monopolio

Juan March había estado al tanto de la preparación del desembarco en Alhucemas. Se lo había contado a Sánchez Guerra en aquella comida que compartieron. Le anticipó noticias sobre el desembarco español en Marruecos que, en su opinión, estaba a punto de producirse. Tenía requisados los barcos de la Transmediterránea en previsión de ello. De hecho, Juan José Dómine, presidente de dicha compañía, informó en más de una ocasión al rey de cómo iban los preparativos y le contó que la moral del ejército era muy alta. La compañía marítima se había puesto al servicio de aquella empresa. Era la contraprestación al excelente trato que recibió la Transmediterránea de la Dictadura, aunque March no dejara de quejarse, en privado, del agobio que suponía el gran número de militares que el Directorio le había obligado a colocar[33].

March consideró que había llegado el momento de rematar la victoria que se había apuntado con la dimisión del director de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Necesitaba lograr la concesión del monopolio de tabaco en las plazas de soberanía del norte de África, Ceuta y Melilla, para sacar su negocio de los apuros a los que la política de Francisco Bastos le había conducido. Sin la venta de tabaco en las plazas de soberanía, donde se producía el mayor consumo, la concesión del monopolio en el protectorado rendía poco. Ya lo había intentado antes del golpe de Estado. Asentado el poder de los generales, reemprendió la ofensiva a través de uno de ellos, el general Mulera. En marzo de 1926 presentó por escrito una propuesta formal para encargarse del monopolio en las plazas mediante el pago de un canon fijo anual, equivalente al doble del promedio anual de lo obtenido por la renta de tabacos durante los últimos años. Añadía un canon supletorio en función de los incrementos en las ventas con arreglo a la escala que se determinara. La propuesta tenía una segunda parte, si cabe de mayor alcance: March ofrecía también aportar los medios necesarios para ejercer el rescate cuando llegara el momento. Según el convenio entre Francia y España, la fecha era enero de 1933, con un preaviso de dos años, es decir, 1931. El derecho le correspondía al Estado español pero, para evitar el riesgo de que su concesión fuera revisada, March ofrecía hacerlo él y que se extendiera hasta 1941.

Primo de Rivera tardó unos meses en acusar noticia de su petición. Le dijo que tanto él como el ministro de Hacienda la veían con buenos ojos y aprovechó para pedirle nuevas a ayudas para La Correspondencia Militar. March contestó a vuelta de correo. Estaba dispuesto a trasladarse a Madrid para hablar del asunto en cuanto el dictador lo considerara oportuno, pues si se quería que la reforma comenzara a regir pronto no había tiempo que perder. No hubo contestación y March insistió. Le urgía una respuesta para poder hacer sus planes de verano[34].

Hacienda había decidido pedir los informes preceptivos, entre ellos a la Compañía Arrendataria que, aun reconociendo el derecho del Ministerio a privarla del monopolio en las plazas, se había opuesto tajantemente a la «transmisión directa» a Juan March. Especialmente enjundioso y pormenorizado fue el informe elaborado por el subdirector de la Dirección General de Marruecos y colonias, Aguirre de Cárcer. Faltaban datos para poder apreciar los beneficios que se derivarían para el Majzen y para el propio March, pero había base para concluir que serían mucho mayores los de éste que los del Erario jalifiano. La oferta que hacía March para aumentar los ingresos de la renta de tabacos podía mejorarse. Aguirre de Cárcer estaba convencido del enorme negocio que hacían March y la Sociedad Internacional, pero los resultados del monopolio en la zona española eran escasos: 250.000 pesetas para el Majzen, frente a los 16 millones de francos de la zona francesa. March pagaba a la sociedad un canon fijo de 800.000 pesetas, más el 20 por 100 sobre lo que excediera de dos millones. A partir de las cifras de venta y de lo pagado a la Sociedad Internacional cabía achacarle a March unas ganancias de 4 millones en un ejercicio. En resumen, su oferta no era tan beneficiosa como a primera vista podía parecer, «aun dentro de la confusión y oscuridad» en que se movía la administración por carecer de datos suficientes. March nunca los proporcionaba.

El subdirector de la Dirección General de Marruecos y Colonias afirmaba que el Estado español tenía derecho a desglosar del monopolio las plazas de soberanía, pero el cambio tenía que hacerse por ley y mediante concurso público, como venía renovándose el contrato en la Arrendataria y el Estado. Dadas las circunstancias políticas y la ausencia de Parlamento, habría de hacerse por decreto ley, pero el interés fiscal del Estado exigía el requisito del concurso o subasta. Además, Aguirre de Cárcer consideraba «inadmisible» la petición de March de que se le concediera el derecho de tanteo para el día en que terminara la concesión de la Sociedad Internacional. Al Estado español no le convenía en absoluto coartar su libertad de acción para lo que pudiera ocurrir.

March estaba al corriente de estas opiniones y el 3 de diciembre de aquel mismo año, 1926, mantuvo una conversación con el nuevo ministro de Hacienda. José Calvo Sotelo era un absoluto convencido del discurso moralizante y regenerador del manifiesto inicial y de las proclamas recurrentes de Primo de Rivera. Había sido director general de administración local durante el Directorio militar y aspiraba al Ministerio de Gracia y Justicia en el Directorio civil, pero se encontró propuesto para ministro de Hacienda. Asumió el compromiso y se puso manos a la obra para reformar el sistema tributario, poner fin al fraude fiscal y fortalecer los ingresos del Estado. Quiso promover desde el Estado el crecimiento económico de la nación española, aunque no era un intervencionista desaforado. Respetaba la iniciativa privada, la legalidad y las reglas del mercado. Eso le llevó a discrepar en varias ocasiones de las intenciones de Primo de Rivera, pero coincidía con el dictador en su nacionalismo y en la defensa de la economía nacional[35].

Al ministro le inquietaba lo que pedía March. Suponía abandonar en manos privadas lo que hasta entonces había formado parte de un monopolio del Estado. A favor de la propuesta del mallorquín contaba su promesa de incrementar la renta de tabacos. Pero, en aquella entrevista con Juan March, el ministro le anunció que no podía redactarse ningún real decreto sin antes oír el dictamen del Consejo de Estado y anunciar la licitación pública de la concesión del monopolio. A March no le gustó. Replicó que había hecho importantes concesiones en su propuesta. Había aceptado que se elevara el canon que él propuso inicialmente y había admitido que su oferta respecto al rescate no implicara compromiso para el Estado español. Se había «allanado a todos los quebrantos» que para sus intereses suponían dichas transacciones, en aras del interés que el presidente del Directorio había mostrado en el asunto. Pero si después de todo lo dicho y hecho, y porque un funcionario de la dirección de Marruecos, «saliéndose de su cometido e invadiendo el del ministro», todavía consideraba necesario el informe del Consejo de Estado, prefería desistir y retirar su demanda. Con las mismas se lo comunicó a Primo de Rivera. El asunto había alcanzado una complejidad y delicadeza extraordinarias y, aunque seguía pensando que su propuesta era beneficiosa para el Estado, prefería retirarse.

Pero el expediente siguió su trámite. En febrero de 1927 pasó al Consejo de Estado, que pidió informe de las direcciones generales de aduanas y carabineros. Ambas reconocieron que el régimen de bajos precios en las plazas era un incentivo para el contrabando, pero que bastaría con elevarlos. Quiso también el Consejo de Estado que emitiera nuevo informe la Arrendataria. Ésta había dado por buena la retirada de la propuesta de Juan March pero, en cualquier caso, insistió en que el sistema seguido hasta entonces era «inmejorable» por la seriedad y solvencia de la compañía, y por el enorme margen de beneficios que el contrato le atribuía al Estado. Podían, eso sí, introducirse cambios en los precios.

Juan March había sabido convencer a Primo de Rivera, sumándose a los planes que éste tenía para los intereses españoles en el norte de África. Como escribió el dictador sin rebozo al presidente del Consejo de Estado, tenía interés personal en el asunto y asumía toda la responsabilidad. Estaba decidido a sacarlo adelante con la mayor urgencia posible. Tenía muy claras las cosas y también por qué tenía que ser Juan March, y no cualquier otro, el adjudicatario. No iba a pararse en «escrúpulos de monja», pues su conciencia estaba libre de todo provecho personal. La concesión a March del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla tenía detrás un objetivo mucho más ambicioso para favorecer el asentamiento español en la zona. Había exigido al mallorquín la adquisición de terrenos en Tánger por valor de tres millones de francos, y también que pasara a manos españolas la fábrica de tabacos de esa ciudad. El temor al «qué dirán» no iba a paralizar los beneficios que podían derivarse para España. March, «cuya lamentable historia no ignoro», decía Primo de Rivera, era acaso el único capaz de afrontar semejante tarea por su necesidad de reivindicación, por lo aventurero de su carácter, por el conocimiento que tenía de los negocios en que trataban de implicarle y por los derechos que tenía ya adquiridos en empresas de aquella índole. A Primo de Rivera no le importaba que el resto de los miembros del Consejo de Estado conociera su opinión, ni tampoco que se publicara en la prensa. El rumor y la murmuración sólo le merecían un «desdén olímpico».

El presidente del Consejo de Estado se apresuró a apuntarse a ese mismo desdén hacia las «insinuaciones calumniosas», y le tranquilizó. El 13 de julio, en una nota, comunicó a Primo de Rivera que, después tres horas de reunión, había habido unanimidad. El Consejo de Estado no veía problema legal en la separación de las plazas de soberanía del monopolio del tabaco. Desde el punto de vista económico no parecía haber duda del considerable aumento de los beneficios del Estado que supondría. Eso sí, era necesaria una «disposición de carecer legislativo» que definiera el procedimiento que, salvo que la disposición dijera otra cosa, debía ser el concurso público[36].

El presidente del Directorio quiso anticiparse a las previsibles reacciones mediante una nota oficiosa de las que solía utilizar para comunicarse directamente con la opinión pública. Decía en ella que el Consejo de Ministros, tras un prolijo examen y tras evacuar informes —algunos de ellos, reconocía, absolutamente contrarios—, había aprobado «en principio» el traspaso a la sociedad concesionaria en el Rif de los servicios que en las plazas venía desempeñando hasta entonces la Compañía Arrendataria de Tabacos. Se había tenido en cuenta no sólo el pago de un canon mayor que el que ofrecía la Arrendataria, sino la necesidad de acabar con la «lucha de intereses» entre la Administración española y la de la parte del protectorado español asignado por concesión internacional a Juan March. Esa lucha tenía como consecuencia el contrabando entre ambas zonas, así como entre ellas y la península, y había que terminar con ello. Además, aunque en esto debía ser discreto el Gobierno por el momento, se perseguía el desarrollo de los intereses españoles en Marruecos. «Lo expuesto —concluía la nota— debe ser bastante para que las personas sagaces y discretas se den por bien informadas y se tengan prevenidas contra posibles intentos de difamación, que sólo hubieran sido justificados si la cobardía moral se hubiera impuesto a la convicción del servicio que se cree presta»[37].

El director general de Marruecos y colonias, el conde de Jordana, no pareció demasiado feliz con la idea de publicar la nota y previno a Primo de Rivera contra anuncios demasiado entusiastas sobre planes futuros en el norte de África. Era partidario, eso sí, de que se dieran a March las mayores facilidades en el desarrollo de la «patriótica actuación» en Tánger, ya que con «esplendidez poco usual» había propuesto un plan genial para hacerlo español. Unos meses atrás habían cenado en privado el presidente del Directorio; el periodista Víctor Ruiz Albéniz, conocido por sus crónicas de Marruecos bajo el nombre de Tebib el Arrumi; Juan March, y el mismo Jordana. Allí se desplegó el ambicioso plan sobre Tánger. March trató de convencer al dictador de que abandonara por el momento la negociación sobre la ciudad en el escenario internacional, y esperara tres o cuatro años mientras se desarrollaba el plan de «españolización» que tenía en marcha. Había comprado todo un sector de la ciudad, tenía allí un gran número de obreros españoles y pensaba comprar todos los cafés, teatros, kursaales y negocios públicos, ocupándolos con personal español. Construiría también una fábrica de tabacos con 1.500 operarios, todos ellos españoles, y tenía intención de abrir un banco con 60 millones de francos. Estaba dispuesto a pasar allí largas temporadas, a involucrarse en todos los asuntos y conseguir en esos tres o cuatro años que todo lo que se respirase en Tánger fuera español: capital, intereses, negocios y servicios públicos. Con ese plan encandiló a Primo de Rivera, al que visitaba cada vez con mayor frecuencia.

El director general del Timbre, Andrés Amado, pasó el expediente al ministro Calvo Sotelo, quien, visto el informe positivo del Consejo de Estado, lo elevó al Consejo de Ministros. El 29 de julio, March escribía entusiasmado a Primo de Rivera. Todavía no estaba en La Gaceta, pero podía dar por felizmente concluido aquel asunto que tantos quebrantos y sinsabores le había producido en los cinco años anteriores. Aunque la resolución respondiera a una visión acertada del problema, no por ello dejaba de dar testimonio de su gratitud, mayor aún porque le permitía dejar su nombre asociado a una obra de tal trascendencia para España. El honor que entonces recibía le vinculaba para siempre a «sus altos alientos y a sus nobilísimos esfuerzos en servicio de España». Tres días más tarde, el real decreto se publicó en La Gaceta. Aquel verano, el general Francisco Aguilera, exministro de la Guerra, protagonista de la polémica reclamación de responsabilidades por el desastre de Annual antes del golpe de Estado y conspirador ahora contra la Dictadura, escribía al exministro conservador Manuel Burgos y Mazo: «Hoy March es una de las primeras figuras financieras, y han llegado a mí noticias de que han proyectado hacerlo título de Castilla; bien dice usted que cómo cambian los tiempos…»[38].

Había sido un empeño personal del dictador, por encima de la opinión de su ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, reticente al asunto por lo irregular del procedimiento. Pero March no pensaba detenerse ahí. Quedaba la segunda parte: asegurarse el rescate. El 10 de diciembre presentó una nueva instancia. Presumía de haber conseguido con sus solos medios la concesión internacional en 1911, excepto en las ciudades de Larache, Alcazarquibir y Arcila. En 1920, el Gobierno español le apoyó en la petición de prórroga. Ahora le había sido otorgado el monopolio en las plazas de soberanía española y había abierto negociaciones con la Sociedad Internacional para conseguir la explotación en las tres ciudades citadas. Tenía ya una oferta en virtud de la cual, si España aplazaba hasta 1941 el ejercicio del derecho de rescate, la Sociedad Internacional renunciaría al derecho de tanteo y limitaría a cinco las anualidades a pagar. Aceptaba, además, que fuera él, en lugar del Gobierno español, quien lo hiciera, además de acceder a la prórroga del arrendamiento hasta 1941 y sumarle las ciudades de Arcila, Alcazarquibir y Larache.

En su negociación con la Sociedad Internacional, March había tenido el apoyo del mismísimo Primo de Rivera, quien, ya desde antes de que se le concediera el monopolio en las plazas de soberanía, había instado al embajador español en París, Quiñones de León, para que recibiera a Juan March y le apoyara en todo. Las presiones llegaron hasta el Consejo de Administración de la Sociedad Internacional. Se recibió una llamada del Banco de París y Países Bajos cuyo presidente, a su vez, había recibido un emisario del ministro Louis Malvy, pidiéndole que influyera para conseguir una decisión favorable a March. Louis Malvy tenía buena amistad con Primo de Rivera. Tiempo atrás, al terminar la Gran Guerra, Malvy había sido juzgado por «negligencia criminal» en su país, como consecuencia de su política proclive a buscar la paz mientras fue ministro. Condenado en 1918 a abandonar Francia durante cinco años, pasó su exilio en España, donde estableció lazos con personajes relevantes de la vida económica, financiera y política, entre ellos Juan March, de quien fue invitado en Mallorca en más de una ocasión. Pese a su tormentosa trayectoria política, a su regreso volvió a ser elegido diputado y en 1926 era ministro del Interior[39].

En contraste con lo que había tardado la concesión del monopolio en Ceuta y Melilla, el asunto del rescate se aceptó con rapidez, pese a su trascendencia. La Dirección General de Marruecos y Colonias dijo que, desde el punto de vista político, tenía toda la lógica, pues venía a completar el pensamiento que animaba la anterior concesión en las dos plazas de soberanía. Pero desde el punto de vista económico, las cosas eran menos claras. Las condiciones que ofrecía March eran peores para el Majzen que las que había ofrecido al reclamar el derecho de tanteo, pese a que los beneficios que él obtenía eran mayores. El general Jordana señaló las ventajas derivadas de la unidad de explotación en manos españolas y la posibilidad de lograr la de la zona de Tánger, pero tampoco tenía claras las consecuencias económicas y decidió que estudiara el caso una comisión. Ésta se reunió inmediatamente con March y se llegó al compromiso de que éste garantizara unos ingresos mínimos al Majzen de 800.000 pesetas. Esa cantidad se fijó sin saber qué ingresos podría proporcionar el comercio de tabaco en el futuro. Pero se aconsejó la aprobación y Jordana lo ratificó. El presidente del Directorio anotó de su puño y letra: «Después de estudiado este expediente y sin necesidad de aprobación del Consejo de ministros, que por otra parte conoce el sentido de la negociación, quede aprobado y comuníquese sin pérdida de tiempo para su ejecución». Dicho y hecho. El alto comisario en Marruecos emitió dos dahires aplazando el ejercicio del derecho de rescate hasta 1941, y se firmó el contrato entre Juan March y las representaciones del alto comisario y del Gobierno en la zona. March pasaba a satisfacer las anualidades del rescate en sustitución del Gobierno jalifiano y garantizaba al Majzen una percepción mínima de 800.0000 pesetas hasta 1941. Era el año en el que terminaba también el contrato en vigor entre la Compañía Arrendataria y el Estado.

Lo que no traslució en ningún momento es que, mientras sacaba adelante aquellas concesiones fundamentales, March se batía otra vez ante los tribunales franceses contra otro recurso de José Garau que podía haber salpicado y frustrado su éxito. La familia Garau no estaba dispuesta a cejar en su ataque. Fracasada la denuncia que habían planteado ante los tribunales españoles, decidieron recurrir a la justicia francesa. La Audiencia de Aix en Provence aceptó, en julio de 1926, el recurso que José Garau interpuso por considerarse perjudicado en el reparto establecido en 1917 al disolverse la compañía que había tenido con March. El tribunal francés opinó que se habían lesionado sus derechos y nombró tres expertos para que determinaran la existencia o no de la pretendida lesión y su cuantía. Un mes más tarde, Garau consiguió que el Tribunal de Comercio de Orán decretara el embargo de mercancías y cuentas corrientes de la fábrica de tabacos que Juan March tenía en aquella ciudad. Era director de la fábrica en aquel momento Juan Carreras Nadal[40].

A March no le cabía en la cabeza cómo era posible que se decretara semejante medida a resultas de unos hipotéticos perjuicios causados por la disolución de aquella sociedad. Estaba probado que Garau sustrajo la parte principal del capital y el resto se vendió en subasta pública. Era para volverse loco. Si se hiciera una liquidación, no le tocaría a Garau ni una peseta. Estaba seguro. March se movilizó inmediatamente. Aquel conflicto llegaba en el peor momento. Dio órdenes a Carreras de que recurriera de inmediato la medida y cerrara la fábrica hasta que se autorizara libremente la salida de mercancías. Envió al director de Informaciones, Juan Sarradell, a Francia para que, previo paso por Biarritz para recoger a Santiago Alba y al abogado de la embajada española, se dirigieran a París. Se trataba de conseguir que el Ministerio de Gracia y Justicia telegrafiara a Argel pidiendo explicaciones[41].

El Tribunal de Orán levantó el embargo en la aduana pero no en los bancos y la fábrica reemprendió sus actividades. Pero a comienzos de 1927, los expertos designados por la Audiencia de Aix reconocieron a Garau como acreedor de la sociedad por 1.200.000 francos y a March deudor por una cantidad de 700.000. Los abogados de Juan March en Orán, en Argel y en París se quedaron perplejos. Garau había presentado unos libros de la sociedad que ellos no habían podido ver. March decidió tomar personalmente las riendas del asunto. Ordenó a Carreras que concentrara todos sus esfuerzos en el caso y que dejara en segundo plano los problemas de la fábrica. No se podían escatimar recursos para preparar la defensa. La sociedad March y Garau estaba prácticamente quebrada en 1917, explicó a Luis Alemany, su abogado en Argel en aquellos momentos. Por eso decidió disolverla. Los libros presentados eran falsos. Los créditos que figuraban en el activo respondían a deudas que se arrastraban desde años atrás y que nunca se cobraron. Los faluchos eran propiedad de ingleses. La maquinaria y los utensilios se habían vendido en la subasta por un precio muy inferior y hubo que pagar giros protestados[42].

March decidió contratar a un abogado de prestigio en París, Paul Boncour, exministro de Trabajo y miembro destacado del socialismo galo. Fue en persona a visitarle a la capital francesa y ordenó a Carreras que se mantuviera en contacto permanente con él. A petición de Boncour y para acreditar quién era, March le remitió copia de su acta de diputado y de su contrato con la Sociedad Internacional, así como un certificado sobre su colaboración con los aliados durante la Primera Guerra Mundial firmado por el coronel Thoroton, jefe encargado del servicio inglés de informaciones de Gibraltar y la parte oeste del Mediterráneo. A comienzos de junio se reunieron en París el abogado Boncour, Luis Alemany, Santiago Alba y el propio March. Quince días más tarde se producía el fallo de la Audiencia de Aix. Un nuevo varapalo. El tribunal sostuvo que se había comprobado la veracidad de los libros y que se había tenido en cuenta el balance de la sociedad de enero de 1917, firmado por ambos socios, así como los datos de aduanas. La Hacienda francesa reclamaba a la sociedad 600.000 francos por el impuesto de beneficios extraordinarios de la guerra, lo cual venía a demostrar que su situación económica era buena.

La alarma cundió de nuevo. March advirtió a Carreras para que, en previsión de lo que pudiera ocurrir, activara la fabricación de tabaco y aprovisionara al máximo los depósitos en Marruecos. La batalla por la concesión del monopolio en las plazas de soberanía del norte de África estaba entonces en su momento final. March decidió cambiar su línea de defensa frente a Garau. Los abogados le habían sugerido meses atrás que si los tribunales franceses entendían que se estaba hablando de un negocio de contrabando, se inhibirían. Era una opción arriesgada. Nunca antes ni después reconoció que la actividad de la sociedad March y Garau había sido el contrabando. Siempre lo había negado, pero ahora decidió aceptarlo. No había otra solución si quería que el tribunal francés entendiera que era un dislate hacer liquidación de un negocio que desde que se constituyó estuvo dedicado al contrabando. No podía haber libros fiables de la sociedad. En los libros podía comprobarse el nombre de los faluchos utilizados, muchos de los cuales fueron apresados por contrabando en España. Todas las mercancías fabricadas en el entrepot por José Garau y embarcadas con rumbo desconocido probaban el fraude. Todas las cuentas eran ficticias y podía testificarse fácilmente mediante declaraciones de patronos y tripulantes apresados y condenados.

March estaba dispuesto a inundar con pruebas al liquidador. A petición suya comenzaron a llegar declaraciones ante notario y ante los consulados franceses de todos los antiguos clientes de la sociedad March y Garau: Vicente Garsando, de Valencia; José Llorca, de Alicante; Baltasar Asensio, de Almería; Vicente Llorca, Enrique Bartoli y Miguel Palau, de Barcelona; José Jorro, de Melilla; Antonio Amengual, de Santanyi; Cristóbal Ripio, de Alaró; Salvador Frontera, de Soller… Todos reconocían sus deudas, de mayor o menor cuantía, pero también que venían de años atrás y que se habían negado a pagarlas porque sabían de los pleitos que había entre los dos socios. No consiguió, sin embargo, la declaración de Rafael Bonet, pieza central de aquella red puesto que con él habían firmado un contrato los dos socios, como ya vimos. Su hijo le dio largas, pensando probablemente que podía sacar de aquello algo más que la mensualidad que March seguía enviándole. En aquel trance, Rafael Bonet enfermó y murió[43].

El 21 de julio de 1927, el mismo día que comunicaba lacónicamente a Carreras que Primo de Rivera le había concedido el «traspaso de ventas en Ceuta y Melilla», March escribía al abogado en Orán para que viajara a París y, de acuerdo con Boncour, se recurriera el nuevo fallo. En aquel asunto, él perseguía «más que una cuestión material una resolución moral». No podían regatearse esfuerzos. No confiaba en los recursos de casación; sólo servían para gastar dinero en abogados. Lo importante era convencer al liquidador. No lo consiguió. El caso siguió abierto y rebotando por distintos tribunales franceses durante más de dos años. En octubre de 1929 estaba en el Tribunal de Apelación de Montpellier, que designó otros tres expertos para que dictaminaran otra vez sobre la situación de la sociedad March y Garau en septiembre de 1917 y la posible existencia de lesión en los derechos del segundo. Los dos exsocios tuvieron que comparecer pero, sorprendentemente, José Garau renunció a la demanda y al dictamen de los expertos, reconoció que la sociedad dejó de existir como consecuencia del acta tantas veces mencionada sin que ello le perjudicara. Dijo ahora que tanta perseverancia en su demanda había sido consecuencia de un error de interpretación de cuentas y de registros infundados. El 14 de enero de 1930, el Tribunal de Apelación de Montpellier recogió esta declaración. Garau desistió de su denuncia, reconoció la validez del acta de septiembre de 1917, y también la justicia de la demanda de March respecto a la entrega y restitución de activos mobiliarios. En vista de ello, el tribunal condenó a José Garau al pago de 375.994 francos, valor de dichos bienes, y de otros 10.000 por daños y perjuicios, amén de los gastos del proceso.

¿Qué había ocurrido? March había firmado con Garau dos acuerdos privados. En uno de ellos se comprometió a no hacer cumplir el fallo del Tribunal de Montpellier, en aras de un «espíritu de conciliación y considerando la edad y la situación familiar» de José Garau. En el otro se comunicaba a Francisco Garau, hijo del demandante, que tendría a su disposición la cantidad de 540.000 francos desde el momento en que el Tribunal de Apelación de Montpellier fallara recogiendo el desistimiento de Garau a su demanda y el reconocimiento de la validez del acta de septiembre de 1917. Aquel asunto que tantas vueltas había dado estaba definitivamente resuelto. March había pagado un buen dinero por ello[44].

Negocios y petróleos

El proceso ante los tribunales franceses en el que March admitió su dedicación al contrabando durante años no se conoció en España. Juan March seguía su camino ascendente. Asegurado su negocio de tabaco, continuó consolidando su intervención en otros sectores de la vida económica al calor de la buena coyuntura de aquellos «felices años veinte», y también de la política de desarrollo y obras públicas de la Dictadura. Después vendrían las consecuencias de los aspectos más reglamentistas y corporativos de aquella política, pero de momento el horizonte no podía ser más atractivo. El transporte marítimo, la banca, la industria eléctrica y el petróleo fueron los principales objetivos de Juan March.

A finales de octubre de 1924, había sido nombrado consejero de la compañía Transmediterránea, junto con sus fieles Luis Alemany y Antonio Qués, aunque nadie había dudado antes de la posición preeminente de March. Las compañías navieras se recuperaron con creces de los apuros vividos en la posguerra, después de ver atendida su reivindicación de que se les reconociera mediante derramas los servicios prestados a flete reducido durante la conflagración mundial. En agosto de 1925, un real decreto concedió nuevas primas a la navegación y estableció un régimen protector para un período de diez años, cuya aplicación era controlada por una comisión en la que estaban presentes las propias compañías. Poco después, el 8 de septiembre, se produjo la operación de desembarco en la bahía de Alhucemas del ejército y la marina españoles en combinación con las fuerzas francesas. Fue un éxito. El transporte de las fuerzas y el material de guerra, como sabemos, corrió a cargo de la Transmediterránea. Su contrato con el Estado le obligaba a prestar servicios auxiliares a la Armada en caso de guerra o alteración del orden público, pero el esfuerzo fue más allá del simple cumplimiento. Se pusieron a disposición del Gobierno 24 vapores, que llegaron a 36 en algunos momentos, con el consiguiente perjuicio en otros servicios. El dictador no lo olvidó.

1928 fue el año más próspero de la historia de la Transmediterránea. Se incorporaron barcos de nueva factura, como el «Infanta Beatriz», el primero de corte trasatlántico construido en Alemania, o el «Plus Ultra», que salió de los astilleros de la Unión Naval de Valencia. En el comedor de primera del «Infanta Beatriz», atracado en Barcelona, tuvo lugar en marzo de ese año un almuerzo de agasajo al presidente del Directorio, que se hallaba en la Ciudad Condal con los ministros de Trabajo y de Instrucción Pública. Al día siguiente de un «acto de afirmación patriótica» en el que intervinieron representantes del partido del Gobierno de distintas provincias, el general Primo de Rivera y sus dos ministros fueron recibidos en el muelle de España por el director de la Transmediterránea, Joaquín María Tintoré; por Juan March, y por el capitán del barco, Vicente Sensat. Tras el almuerzo, los invitados realizaron una detenida visita al buque[45].

Fue un espaldarazo a la Transmediterránea y a su proceso de crecimiento y renovación. Además de los barcos de nueva construcción se incorporaron a la compañía algunos adquiridos a otras navieras. En total, unos treinta buques, aunque otros causaran baja como consecuencia de la renovación. El valor de la flota a finales de los años veinte alcanzaba los 71,5 millones de pesetas. Poco después llegó a los 85, como consecuencia de la absorción de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, una aspiración de la Transmediterránea y de Juan March que por fin se vio cumplida. El mallorquín fue uno de los partícipes en el homenaje que la marina mercante española dedicó al ministro en octubre de 1928, por su «actuación en pro de los intereses marítimos»[46].

También aprovechó March el excelente momento para el negocio bancario. Entró en una operación de conversión del Banco Español del Río de la Plata en una nueva sociedad de crédito netamente española, que liquidó los negocios por cuenta de la casa matriz en Buenos Aires. La entidad anunció que, además de hacerse cargo de la clientela, pretendía impulsar empresas industriales españolas. Del capital suscrito, 15 millones de pesetas fueron de un grupo catalán; otro tanto puso Juan March, 10 el Banco Español del Río de la Plata y otros 20 se reservaron a los accionistas. No salió adelante, por contra, su proyecto de crear un Banco Nacional Agrícola, como ya vimos, pero la Banca March quedó formalmente constituida y separada del resto de los negocios. Dedicó una atención preferente a la compra venta de tierras, pero también a otros sectores en rápida expansión, como la industria eléctrica.

Mientras en la península se consolidaban empresas muy concentradas y vinculadas entre sí, Juan March impulsó la unión de varias pequeñas compañías existentes en Mallorca para dar nacimiento, en junio de 1927, a Gas y Electricidad, S. A. (GESA). Se canjearon las acciones de las sociedades fusionadas por las de la nueva compañía y Emilio Tramullas, gerente de la Banca March, se sentó en el Consejo de Administración. La intervención en este sector puso a March en contacto con una compañía americana, la United Utilities and Service Corporation de Filadelfia, que había desarrollado estas industrias en Filipinas, Puerto Rico y Santo Domingo. Se había especializado en el desarrollo de la industria eléctrica en islas, porque constituían un ámbito cerrado y susceptible de control, dadas las dificultades de conexión con empresas de ámbito continental. La United comenzaba adquiriendo las compañías existentes, en general no demasiado prósperas, para ampliarlas y copar por último el mercado. Había puesto sus ojos en Baleares y March acabó vendiéndole la casi totalidad de las acciones de GESA, con créditos acumulados en la Banca March. Walter Whetstone fue elegido presidente de la compañía aunque, de hecho, era Juan March quien controlaba las decisiones[47].

Los planes del financiero mallorquín no se redujeron a las Baleares. De la mano de la United y de Whetstone dirigió la mirada a las islas Canarias. Un abogado de aquellas islas, Andrés Arroyo, les presentó un ambicioso plan para crear una gran empresa que impulsaría el crecimiento de todo el archipiélago. Estaba por hacer el tendido para la electrificación completa de las islas y era imprescindible intensificar el transporte. La mejora de las comunicaciones marítimas en manos de la Transmediterránea, así como el proyecto de servicio semanal rápido con Barcelona y parada en Málaga, podría convertir Canarias en un importante destino para el turismo español e internacional. Había que comenzar fusionando las dispersas compañías de servicios públicos (electricidad, gas y tranvías) en las que había capitales belgas y suizos, además de españoles[48].

De vuelta a Mallorca, en su palacio de Cala Ratjada, March hizo sus cálculos financieros. Le resultó de enorme ayuda la intervención de Carlos Montañés, un ingeniero industrial catalán con muchos e importantes contactos en el negocio eléctrico, dentro y fuera del país. Había comenzado su carrera en Tranvías de Barcelona y más tarde, tras fracasar en su búsqueda de financiación entre la banca catalana para sus proyectos ferroviarios, contactó con Frank Stark Pearson, a quien visitó en su oficina del Bank of Scotland, en Londres. De la relación entre ambos surgió, en 1911, la más importante empresa eléctrica en Cataluña, la Barcelona Traction, Ligth and Power, la Canadiense. Montañés tenía también buenas relaciones políticas. Había sido diputado desde 1916 a 1923 y, como gobernador civil de Barcelona, hizo frente a la huelga general desencadenada por el conflicto de la Canadiense en 1919. En 1922 presentó ante las Cortes un proyecto de ley para orientar la necesaria colaboración del Estado en la electrificación del país. Pocos años después llegaba a vicepresidente de la Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas[49].

March deslumbró a Montañés con sus planes eléctricos. El proyecto canario tenía futuro, pensaba el financiero mallorquín, y era el momento de abordarlo porque las compañías instaladas allí atravesaban grandes dificultades. Era buen momento para comprar. Había una competencia «feroz» entre los intereses españoles, reunidos en la sociedad CICER, y los intereses belgas. CICER se había creado en 1926. El presidente era Antonio Goicoechea, un político conservador vinculado al mundo bancario. El vicepresidente era el marqués de la Frontera. Contaba entre sus consejeros al conde de Limpias, que lo era también del Banco de España; al banquero Ignacio Bauer, y al abogado y exalcalde de Valladolid, Luis Gutiérrrez Maneses. March pensaba comprar las propiedades belgas en electricidad y tranvías en Las Palmas, las de electricidad y gas en Santa Cruz de Tenerife, y la concesión de gas en Gran Canaria. Había que hacerlo con extremado sigilo porque sólo una vez hecho sería posible adquirir CICER a su «verdadero precio»[50].

Confirmado el interés de Whetstone y de la United Utilities, se organizó a las islas un viaje de apariencia meramente turística pero, en realidad, con la intención de observar sobre el terreno la realidad de las empresas e instalaciones. Arroyo quedó encargado de realizar un estudio previo, lo más exhaustivo posible, pero sin despertar sospechas. Mientras tanto, Juan March tanteaba a la compañía belga, sin destapar del todo sus cartas aunque dejando el terreno preparado. La expedición, de la que formó parte el propio March, embarcó en Sevilla en el barco «Plus Ultra» de la Transmediterránea y llegó a La Palma. Recorrieron las tres islas mayores del archipiélago, pudiendo comprobar las deficiencias de las instalaciones eléctricas y la guerra de tarifas, verdaderamente ruinosas, entablada entre belgas y españoles.

A la vuelta se firmó un protocolo de compromiso para la compra de acciones de las distintas sociedades y la Banca March abrió una cuenta a nombre de la United. March se impacientaba. No se actuaba con la suficiente diligencia. En Mallorca todavía estaba por cerrarse la fusión de GESA y las compañías de Inca y Manacor. «Yo pago todo», llegó a decir en una reunión. Había que ir a la creación de una Unión Eléctrica de Canarias para la absorción total, empezando por CICER y siguiendo por Gas, la compañía belga y las subsidiarias. La United debía adquirir todas las acciones de CICER que pudiera dentro de su escaso valor en aquel momento. Después se liquidaría CICER y la Unión se quedaría con todas sus propiedades, pagando las deudas y quizás una cantidad a los accionistas minoritarios. Se aportarían a la Unión todas las instalaciones y proyectos, para lo que March prestaría el dinero que fuera necesario, quedándose mientras tanto como garantía con la titularidad de dichas propiedades. En cuanto a la compañía belga y sus subsidiarias, se comprarían todas las acciones que fuera posible, y una vez hecho eso se procedería a su fusión en la Unión.

La Unión Eléctrica de Canarias quedó constituida poco después, pero no resultó tarea fácil conseguir los libros de contabilidad y aclarar las cuentas de las diversas sociedades que entraron en el proceso de compra y fusión. Montañés servía de intérprete técnico. Las cifras de negociación se basaban en la rentabilidad de las unidades de operación, pero el fraude en las islas era considerable y tuvo que dedicar grandes esfuerzos a poner orden en las cuentas. La conquista de CICER no culminó hasta los primeros meses de 1930. En febrero, el presidente Goicoechea anunció la entrada en el consejo de Carlos Montañés y Luis Riera, representantes de un «nuevo grupo» de accionistas. Poco después, Goicoechea presentó su dimisión irrenunciable al considerar que debía presidir la compañía alguien de aquel grupo, puesto que tenía mayoría del capital. El informe de Montañés fue contundente. La gestión había sido desastrosa. Sólo cabían dos opciones: la bancarrota o la aceptación de la oferta del grupo financiero que él representaba y que estaba dispuesto a solucionar el problema, siempre que los tenedores de acciones las cedieran a un precio justo.

Algunos consejeros, minoritarios, mostraron su enorme asombro al descubrir una realidad de la que no tenían la menor noticia. En la junta general de accionistas del 30 de junio, Montañés y Riera representaron un capital de casi 9 millones de pesetas y 1.773 votos. La memoria y el balance se aprobaron con el voto en contra de seis consejeros. El cambio de manos se había cumplido. Unos meses antes, la Eléctrica de Tenerife había celebrado también junta general en la que se aceptó la dimisión de cargos y el nombramiento de los hombres de March: Emilio Tramullas, Andrés Arroyo, Luis Riera y Luis Alemany. El 10 de mayo se produjo el relevo definitivo y Andrés Arroyo fue elegido presidente. El último paso fue el desalojo de la United, atrapada por las consecuencias de la crisis de 1929 y sus deudas acumuladas con March, y su sustitución por otra sociedad americana, Consolidated Electric and Gas Company. March era un «hombre de empresa excepcional». Fue la conclusión a la que llegó Carlos Montañés[51].

Más cauto fue March en relación con una de las grandes apuestas de la Dictadura: la creación del monopolio de petróleos. Fue una de las iniciativas más sonadas del ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo. El petróleo ya no era simplemente un aceite utilizado para la iluminación, como había ocurrido en el siglo anterior, sino que se había convertido en un combustible que, junto con la electricidad, era la fuente energética de una nueva revolución industrial. Para entonces, hacía tiempo que la Standard Oil norteamericana había hecho millonario a Rockefeller. Junto con Royal Dutch-Shell, fruto de la fusión de la holandesa Royal Ducth y la británica Shell, dominaban un mercado internacional en el que, sin embargo, se descubrían nuevos yacimientos y surgían competidores en Oriente Medio, México y Venezuela, y en Rusia. En opinión de Calvo Sotelo, la industria petrolífera se hallaba en manos de unas pocas grandes empresas multinacionales. Se trataba de sustituir lo que el ministro consideraba «un monopolio de hecho» por otro en beneficio del Estado español. Además de cumplir con sus objetivos de consolidar nuevos ingresos para el Estado, el proyecto satisfacía su ideario nacionalista. La administración del monopolio, que no el usufructo, sería arrendado a una compañía privada. La adjudicación se haría por concurso público, con un apretado conjunto de exigencias y de obligaciones para quienes aspiraran a hacerse con él. El nacionalismo que inspiraba la medida llevaba a reclamar que tanto el capital como la gestión de la compañía arrendataria debían ser españoles, y la capacidad de intervención que se reservaba el Ministerio de Hacienda era mucha. Previamente se procedería a la expropiación e indemnización de las compañías petrolíferas existentes[52].

El consumo de petróleo como fuente de energía era todavía escaso en España, pero estaba en rápida expansión. El aumento del parque automovilístico contribuyó a dispararlo desde 35.000 toneladas anuales antes de la guerra mundial a 200.000 en 1925. La Standard Oil y la Royal Dutch Shell, controlaban el 50 y el 35 por 100 del mercado español, respectivamente, junto a una docena de pequeñas compañías españolas. Las grandes compañías habían entrado en el mercado a través de sociedades ya constituidas o creando las suyas propias, como la Sociedad Petrolífera Española en la que participaban el Banco Urquijo, el Banco Español de Crédito y empresarios como Horacio Echevarrieta y Ramón de la Sota. Un 15 por 100 del negocio lo controlaba Petróleos Porto Pi, que Juan March había vendido a la Transmediterránea. La compañía naviera compartía el capital a partes iguales dicha compañía y la Banca Bauer, Marchal et Cie. de París, cuya sucursal en España era la Banca Arnús, radicada en Barcelona. Petróleos Porto Pi se había hecho con el suministro de la nafta rusa mediante un acuerdo de la Transmediterránea con la Banca Arnús, que tenía la exclusiva de la venta del petróleo ruso en España, Portugal y África por un plazo de tres años, prorrogable indefinidamente, a partir de enero de 1926.

El anuncio del monopolio de petróleos agitó inmediatamente las aguas en el sector y suscitó un importante debate en la prensa, que se mostró contraria al monopolio casi de manera unánime. Eran muchos los que opinaban que en aquel momento se vivía a nivel mundial, y también en España, una «competencia mayor que nunca» entre las compañías petrolíferas, por lo que no cabía hablar de «monopolio de hecho». Además, mientras España no tuviera yacimientos petrolíferos propios y dependiera para el suministro de las grandes compañías, no se entendía qué ventaja podría traer el monopolio y por qué iban a ser superiores los ingresos del Estado por esta vía que los derivados de los impuestos que pagaban aquéllas. Tampoco se confiaba en el Estado metido a empresario, en un mercado que no conocía y que exigía rapidez y flexibilidad en la toma de decisiones, difícilmente alcanzables por una estructura burocratizada e intervenida como la que se diseñaba. Por otro lado, dadas las condiciones que se ofrecían para la adjudicación del arriendo, se corría el riesgo de que los postores buscaran sólo privilegios y favores de todo orden.

Las voces contrarias fueron tan unánimes que Primo de Rivera publicó en La Nación una nota animando a que los discrepantes enviaran sus proposiciones, y mandó otra a Calvo Sotelo para que las admitiese a título de información. Sin embargo, Primo de Rivera puso punto final a la polémica al afirmar que, después de leer todo lo que se había escrito, no encontraba razones para cambiar de opinión. Si otros países no seguían la misma orientación era porque no podían vencer todos los obstáculos que, para un Gobierno como el suyo, sólo tenían un valor relativo. Por tanto, el proyecto siguió adelante y a finales de junio de 1927 se publicó el decreto correspondiente[53].

Al concurso convocado para adjudicar el arrendamiento del monopolio se presentaron seis pliegos, cuatro de los cuales fueron descartados por diversos motivos. Los dos socios de Petróleos Porto Pi se presentaron por separado. La Banca Arnús lo hizo en solitario, para hacer prevalecer su contrato con la nafta rusa. Estaba segura de que tras la creación del monopolio las grandes multinacionales cerrarían el grifo del suministro y no habría más remedio que recurrir a los soviéticos. Pero su pliego fue eliminado por la debilidad financiera de la oferta y porque no se creía conveniente depender de una única fuente de suministros. La Transmediterránea, por su parte, se presentó junto con las compañías petrolíferas subsidiarias de las multinacionales: la Sociedad Petrolífera Española, es decir la Shell; y la Sociedad de Compras y Fletamentos, es decir la Standard. Pero la oferta no se ajustaba en absoluto a los requisitos de la convocatoria porque pretendían conservar su autonomía comercial y fiscal, incompatible con las condiciones del arrendamiento y control por parte del Estado.

Quedaron al final dos propuestas. Una de ellas la firmaba el Banco Central, la Sociedad Francisco Novela y el empresario Horacio Echevarrieta. La otra era de un consorcio de los grandes bancos: Urquijo, Bilbao, Hispano Americano, Herrero, Vizcaya, Español de Crédito, de Cataluña, Hispano Colonial y Marsans. Ambas mejoraban incluso algunos de los requisitos y obligaciones del decreto. La junta técnica decidió que era mayor la solvencia financiera de la última y en cuanto al aprovisionamiento ofrecía una diversidad de fuentes, aunque aportaba sólo extractos de contratos de opción a compra, y no los contratos mismos. La propuesta del consorcio bancario fue votada por unanimidad, decisión ratificada por el Consejo de Estado, si bien advirtió que antes de su adjudicación debía asegurarse el suministro. A pesar de ello, el 17 de octubre de 1927 se formalizó la adjudicación.

Muchos creyeron ver la mano de Juan March detrás de la iniciativa de crear un monopolio, del que esperaría ser adjudicatario dada su proximidad al presidente del Directorio. Hacía poco que había conseguido el monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla. Pese a los rumores, no había jugado a hacerse con la Arrendataria española de tabaco. Conocía bien sus problemas de funcionamiento y las servidumbres de la sujeción a la intervención del Estado. El monopolio del petróleo pintaba todavía más complicado. March tenía muchas dudas de que saliera adelante por el poder de las compañías a las que se enfrentaba. No le gustaban las estrictas condiciones de la concesión y la estrecha fiscalización estatal. Según confesó a su amigo Natalio Rivas, creía que el proyecto sería ruinoso para el país y nada beneficioso para el Tesoro. Estaba convencido de que el concurso de adjudicación quedaría desierto porque, dadas las rigurosas condiciones y los acuerdos con los trusts extranjeros, no habría postor. De hecho, en vísperas de la publicación del decreto, su primer paso en tanto que representante de Petróleos Porto Pi había sido buscar un acuerdo de reparto de mercado con las multinacionales. Pero tampoco estaba dispuesto a que aquello deteriorara sus relaciones con el dictador. Por eso, en la misma carta en la que le agradecía la concesión del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla, le solicitó una entrevista para escuchar de sus labios la orientación que se esperaba de él en el asunto del monopolio de petróleos. «Mis convicciones y los intereses que junto con los míos he de defender —decía March— me dictan en este asunto un camino; pero como para mí es ya ley de conducta el acatamiento y el servicio a las obras del Gobierno que en usted se encarna, nada puedo decidir sin escuchar antes a usted»[54].

La entrevista tuvo lugar en El Escorial y es probable que March mostrara a Primo de Rivera su disconformidad con los planes de Calvo Sotelo, porque el dictador decidió volver a llevar el tema a Consejo. El ministro de Hacienda era consciente de la oposición de Juan March desde que éste tuvo la evidencia de que el monopolio iba a ser adjudicado sin alterar la esencia del proyecto ministerial, sin concesiones a las petroleras. La propuesta descartada en la que participó la Transmediterránea proponía la constitución de una sociedad con autonomía financiera de la que sólo podrían formar parte quienes llevasen dedicándose al menos un año al negocio del petróleo. Nada que ver con lo que Calvo Sotelo tenía en mente y por eso se descartó[55].

March quedó, pues, al margen del monopolio, aunque todas las evidencias y testimonios señalaban el papel central desempeñado por la Transmediterránea y Petróleos Porto Pi en la iniciativa. El marqués de Cortina, presidente del Banco Español de Crédito, contó más tarde que la primera noticia que tuvo de la posibilidad de un monopolio del petróleo fue por una visita de Juan José Dómine, presidente de la Transmediterránea, y de Ernesto Anastasio, dos hombres de Juan March. Fueron ellos dos quienes estuvieron detrás de la formación del consorcio bancario y utilizaron su cercanía al ministro de Hacienda para resultar favorecidos en la adjudicación. De hecho, que la Transmediterránea no fuera en la propuesta del consorcio bancario fue una sorpresa de última hora, causante además de que el pliego ganador no pudiera asegurar el suministro.

En la primera reunión del Consejo de Administración de la Arrendataria, el 24 de octubre de 1927, se firmó la escritura de constitución de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), y se aprobaron los estatutos. Dómine y Anastasio fueron nombrados presidente y director general de la compañía, respectivamente. En el Consejo de Administración se sentaron los representantes de los distintos bancos. El delegado del Gobierno fue Andrés Amado, director general del Timbre, persona absolutamente afín a Calvo Sotelo y celoso cuidador de los intereses del Estado en el monopolio. Anastasio ejerció efectivamente de director y, aunque contó en sus decisiones con el respaldo del Consejo de Administración, chocó repetidamente con la representación del Estado. Andrés Amado sospechaba que Anastasio amparaba en exceso los intereses de las compañías petrolíferas y más en concreto los de Petróleos Porto Pi. Se vio obligado a dimitir al año de su nombramiento, en octubre de 1928. Dómine fue un presidente más bien honorífico, porque le resultó difícil hacer compatible las dos presidencias, la de CAMPSA y la de la Transmediterránea. Dimitió en 1930.

El arranque del monopolio no fue fácil. Los problemas más graves fueron la fijación del precio de las expropiaciones y el abastecimiento. Las negociaciones para la expropiación de las compañías petrolíferas que controlaban el mercado agudizaron el malestar creado por la creación del monopolio. No les preocupaba la pérdida del mercado español, dijeron, porque era raquítico todavía, pero no podían permitir que cundiera el ejemplo en otros países. Sir Henry Deterding, director de la Shell en Londres, viajó a Madrid al mes de producirse la adjudicación y se entrevistó con Calvo Sotelo. No llegaba para negociar, como creyó el ministro, sino para intentar que el Gobierno español cejara en su propósito. Ante la contundente negativa y con toda su corrección británica, Deterding auguró que el monopolio aguantaría como mucho dos años porque durante ese tiempo podría encontrar suministros aquí y allá; pero después no habría quien le abasteciera. A Calvo Sotelo no le preocupó porque estaba convencido de que en dos años CAMPSA se convertiría en una entidad petrolífera de rango internacional[56].

El proceso de las expropiaciones estuvo salpicado de presiones diplomáticas. Provocó incluso la intervención del rey para suavizar la actitud del Gobierno. La Shell fue la primera que capituló. Firmó en agosto de 1928, aunque protestó porque la cantidad recibida era menor de la que consideraba justa. A finales de 1929, el monto total de las expropiaciones negociadas alcanzó la cifra de 144 millones de pesetas, muy superior a los 60 que la Arrendataria había previsto para ello. La única compañía que no había llegado a un acuerdo era Petróleos Porto Pi. El comienzo de la negociación para su expropiación había sido amistoso. Dómine y Anastasio acudieron a París para concertar con Bauer&Marchal el suministro de la nafta rusa, que había devenido imprescindible para el arranque del monopolio. Anastasio trató de sacar ventaja y dijo que una resolución favorable a Petróleos Porto Pi en la expropiación facilitaría las negociaciones con los soviéticos. Pero Porto Pi exigía una indemnización previa de 21 millones, que previsiblemente March quería convertir en acciones de la compañía arrendataria. No hubo acuerdo y la necesidad de asegurar el suministro provocó la incautación inmediata de la compañía. La cuantía quedó diferida por no estar conforme Porto Pi. El propio Calvo Sotelo reconoció más tarde la excepcionalidad de la medida. Se incautó la sociedad entera, con apoderamiento de su personalidad jurídica. Se retuvieron los libros de contabilidad, los archivos y toda la documentación. Mientras Bauer&Marchal, copropietaria de Petróleos Porto Pi, con la colaboración más o menos explícita de March, iniciaba acciones de protesta y recursos contra la Arrendataria, la mayor parte de su personal pasaba a ésta. El director de Petróleos Porto Pi, Luis Ribas, se convirtió en subdirector de CAMPSA[57].

La incautación incluyó el suministro ruso. Las condiciones del nuevo contrato firmado por CAMPSA eran menos favorables, el compromiso era sólo para tres años y la compañía rusa traspasó a la Arrendataria todas las consecuencias jurídicas posibles de la anulación de su contrato con la Banca Arnús, cedido por ésta a Petróleos Porto Pi. Los rusos tenían sus dudas sobre la legalidad del nuevo contrato y querían evitar los posibles recursos. Tres barcos de la nafta que venían desde la Unión Soviética hacia España y que debían llegar a comienzos de enero de 1928, día fijado para la inauguración de CAMPSA, fueron desviados por Bauer&Marchal hacia Argel, embargándose su contenido. Se dijo que había sido Juan March, acompañado del cónsul francés, quien los esperó en el puerto africano. Tras complicadas gestiones diplomáticas en Francia, CAMPSA recuperó el petróleo, pero el pleito no había hecho sino empezar. Petróleos Porto Pi denunció la irregularidad del proceso de incautación y no aceptó la valoración de 7 millones de pesetas en que se fijó finalmente la expropiación. Reclamó al Gobierno el reintegro de los beneficios de 1927, más 15 millones de pesetas en acciones de CAMPSA. Al mismo tiempo, March demandó al Gobierno de la Unión Soviética ante los tribunales franceses. Ejerció de abogado en el caso Santiago Alba. March reclamaba 200 millones de francos por la ruptura de contrato. Ganó el caso, pero sólo le concedieron 50 millones. De ellos, CAMPSA sólo aceptó pagar 35, una cantidad de todas maneras considerable. Juan March decidió mantener el pleito abierto.

Despedida sin honores

Los conflictos que acompañaron la puesta en pie del monopolio de petróleos se produjeron en momentos difíciles para la Dictadura, tanto desde el punto de vista económico como político. El intento de institucionalizar el régimen hizo aguas. La redacción de una nueva Constitución por una Asamblea Nacional, cuyos miembros fueron designados por el dictador, provocó todo tipo de discrepancias y chocó con la resistencia del propio rey, Alfonso XIII, cuyo apoyo a Primo de Rivera flaqueaba. Incluso dentro del propio ejército surgieron voces críticas. Los militares temían unas reformas anunciadas que afectaban sobre todo al arma de artillería, alguno de cuyos miembros se embarcó en una conspiración contra Primo de Rivera encabezada por el político conservador, José Sánchez Guerra, en enero de 1929. Los intereses económicos, que se habían beneficiado tanto de la bonanza de los primeros años como de los planes económicos que vinieron después, venían advirtiendo de los riesgos del excesivo gasto público y de los estrangulamientos que se derivaban del intervencionismo y el reglamentismo del Directorio civil. El Directorio había decidido desde 1927 intervenir el cambio exterior para detener una caída de la peseta que se atribuyó a especulaciones internacionales. La prensa extranjera multiplicaba los comentarios críticos respecto a la continuidad de la Dictadura, contribuyendo así a socavar la confianza interna. En opinión de Primo de Rivera, la campaña tuvo un «origen petrolífero».

Juan March vigilaba de cerca los acontecimientos. Su estrecha relación con el dictador era conocida. En la primavera de 1928, junto a las autoridades locales, March recibió en el puerto de Palma de Mallorca a Primo de Rivera y al hijo del rey en el viaje inaugural del barco «Infante don Jaime». Era uno de los tres grandes navíos que la Transmediterránea botó en aquellos años, coincidiendo con la prórroga de la concesión oficial. El financiero mallorquín aprovechó la visita para llevarles al gran centro sanitario antituberculoso que se estaba construyendo en la finca de Caubet, comprada en 1919 al marqués de Campo Franco. El sanatorio era resultado de una promesa hecha a la reina y la primera piedra se había puesto, solemnemente, un año antes. March había comprometido 6 millones de pesetas en un proyecto que estaba previsto para atender a cien niños y las treinta personas necesarias para atenderlas. Toda la prensa había comentado entonces su generosidad, su disposición a honrar la riqueza poniéndola al servicio de quienes más lo necesitaban. No faltó quien le comparara con los magnates norteamericanos Carnegie, Ford o Rockefeller. «Vuestra Alteza puede, pues, comunicar a su augusta madre con satisfacción justísima que la promesa hecha por el señor March en Marruecos está en vísperas de total cumplimiento», dijo Primo de Rivera al infante don Jaime, después de ensalzar el «espíritu patriótico» del financiero mallorquín, plasmado en aquella obra «fruto de su filantropía». March agradeció la visita y se felicitó porque pudiera verla el presidente del Directorio, «que tan amistosamente me ha estimulado siempre al cumplimiento de estos deberes sociales»[58].

Unas semanas antes, Primo de Rivera había salido al paso de los comentarios sobre su estrecha relación con el financiero mallorquín, que explotaban desde el exilio Miguel de Unamuno y Eduardo Ortega y Gasset. «Podrá ser cualquiera el origen inicial de la cuantiosa fortuna del señor March —decía Primo de Rivera en una de sus notas oficiosas—, pero lo cierto es que desde que advino el Directorio la puso a su disposición para cuantos fines patrióticos o benéficos se le solicitara, y que en tal sentido ha atendido sin titubeo requerimientos que significan importantes sacrificios, pues unos han sido donaciones puramente benéficas y otros intervenciones en asuntos de interés público, que sólo pueden liquidarse con pérdida, pero siempre en beneficio del prestigio nacional». El nombre de March era entonces de los más discutidos en España y había tenido asuntos con la justicia, pero de todos salió absuelto libremente y con pronunciamientos favorables. «A nadie ha cerrado el régimen el camino de la restitución de su buen nombre —concluía Primo de Rivera haciendo alarde de su talante—, y menos si por alcanzar la digna aspiración de legarlo a sus hijos limpio de toda imputación, se impone sacrificios compensadores para el interés público de posibles daños inferidos anteriormente». March le hizo llegar su más vivo agradecimiento por salir al paso de aquellas «despreciables campañas», consagración pública de la bondad con que venía distinguiendo a su «humilde persona»[59].

Sin embargo, March estaba preocupado. Aunque había peleado por conseguir los favores de Primo de Rivera, no había querido abandonar nunca sus amistades y relaciones anteriores. Algunos contemplaron con asombro sus éxitos. No estaba mal para alguien a quien la Dictadura recién implantada había querido poco menos que «ahorcar», según decía su amigo Natalio Rivas. Algunos de los viejos políticos monárquicos no podían por menos de manifestar su admiración ante la capacidad de Juan March. Les había parecido escandalosa la concesión del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla, pero se asombraban del poder que el financiero mallorquín había acumulado. Mariano Marfil, el hombre de Sánchez Guerra en el diario conservador La Época, contaba que cuando se trató en Consejo de Ministros el asunto del tabaco en Ceuta y Melilla, el ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, manifestó sus discrepancias y fue el presidente del Directorio quien se impuso violentamente, diciendo que aquello se aprobaba por unanimidad. Entonces se rumoreó que Calvo Sotelo podía dimitir y que Juan March estaba trabajando para que le sustituyera uno de sus hombres más próximos, el conservador Salvador Canals. José Sánchez Guerra, habitualmente tan ecuánime, confesaba que cuando fue presidente de Gobierno y afrontó aquel conflicto con el cierre de la fábrica de Porto Pi, comprendió que March era un «hombre de una inteligencia privilegiada». Estaba convencido de que iba a desempeñar un papel equivalente al que tuvo en su día el marqués de Salamanca. El reconocimiento era mutuo, porque Juan March no se recataba en decir que siempre estaría agradecido a Primo de Rivera y Sánchez Guerra, que le «salvó de las garras de los Maura haciendo un acto de justicia». No sería de extrañar, por tanto, que Juan March fuera uno de aquellos banqueros que «jugaba graciosamente a dos paños», es decir, que servía a la vez a la Dictadura y a quienes conspiraban contra ella, contribuyendo por ejemplo a la conspiración fallida que, en enero de 1929, encabezó José Sánchez Guerra desde Valencia contra Primo de Rivera[60].

A finales de aquel año todo se precipitó. Primo de Rivera hizo saber informalmente a sus ministros su voluntad de dejar el poder y de organizar una transición mediante un Gobierno, «ni dictatorial ni constitucional», dirigido por un político conservador. No hubo acuerdo ni entre los miembros del propio Directorio ni por parte del rey, que trataba desde hacía tiempo de deshacerse de él pero no conseguía suficiente apoyo de sus viejos políticos, reacios a aceptar un recambio sin una previa convocatoria de Cortes. La peseta seguía su desplome y a las razones económicas que pudiera haber para ello había que sumar, sin duda, la incertidumbre política. La caída de las Bolsas lo corroboraba. El 4 de diciembre, Calvo Sotelo lanzó un empréstito de 350 millones de pesetas oro para hacer frente al pago de los resultados de la política de intervención para mantener el valor de la moneda. Aunque la prensa habló de éxito, fue un fracaso. No se cubrió. Juan March, sin embargo, suscribió 10 millones de pesetas[61].

El 20 de enero de 1930 dimitió Calvo Sotelo. A la depreciación de la peseta y las críticas al presupuesto extraordinario y la política de gasto público, se sumó el desacuerdo del ministro de Hacienda con la salida política que el dictador proponía. En realidad, pese a su lealtad personal al dictador y su comunión con el programa regeneracionista de Primo, Calvo Sotelo había discrepado en aspectos básicos de su política económica intervencionista. No suscribía, desde luego, sus proyectos de institucionalización política. Los ecos de movimientos conspirativos entre políticos conservadores y algunos militares, como el general Goded, llegaban a Palacio. Se había decidido un nuevo golpe para el 15 de febrero. Primo jugó una última baza: anunció una consulta a los capitanes generales, que no hizo sino indisponer aún más al rey sin reforzar sus propias posiciones. El 27 de enero, decidió irse. Por aquellos días, en uno de sus frecuentes viajes a París, Juan March habló con Santiago Alba. El político liberal confesó al conde de Romanones que el mallorquín estaba «muy inquieto —acaso con razón— por las cosas de España…»[62].

Fueron muchos quienes en los últimos meses se movieron entre pasillos y despachos, o se movilizaron abiertamente en la calle contra el general: desde los estudiantes, profesores universitarios e intelectuales, hasta sectores importantes del ejército, de las clases medias e intereses económicos relevantes. Otros simplemente le dejaron caer. No era buena la situación económica, aunque lo que más alarmaba fuera la devaluación de la peseta. Tampoco eran buenos tiempos para la economía internacional, sorprendida por una crisis cuya magnitud estaba aun por llegar. Los viejos partidos monárquicos estaban desmantelados y sus líderes guardaban mal recuerdo del desamparo al que les había sometido Alfonso XIII. Faltaba por comprobar su lealtad a la Monarquía. La formación de un Gobierno presidido por el general Berenguer desilusionó la confianza que algunos habían puesto en una salida más rotunda y condenatoria de la reciente experiencia dictatorial. El transcurrir de las semanas y los meses hizo ver las dificultades para recobrar la normalidad política y constitucional. Había que convocar elecciones, pero nadie confiaba en los resultados[63].

Juan March estaba, efectivamente, inquieto. Trataba de adivinar el futuro y buscar seguridades. Tan pronto reunía en su casa de Cala Ratjada a la diferentes personalidades políticas de Mallorca, como acudía a despedir a Santiago Alba, que marchaba de nuevo a París, o visitaba al presidente del Gobierno, el general Berenguer, y al ministro de la Gobernación. Eso no le impedía cultivar las relaciones con algunos políticos que se incorporaban a la marea creciente de republicanismo. Junto a los líderes consagrados, como Alejandro Lerroux y su partido republicano radical, sonaban nombres como el de Manuel Azaña, al frente de Acción Republicana, o Marcelino Domingo, que apadrinó el surgimiento de un nuevo partido, el Radical-Socialista. En abril, en la sociedad El Sitio de Bilbao, el antiguo liberal y exministro de la Corona, Niceto Alcalá Zamora, sentenció que la Monarquía de Alfonso XIII no cumplía las condiciones que hacían viable una Monarquía en tiempos modernos y era deber suyo, por tanto, invitar al rey a que, por el bien del país, se marchara. En agosto, en San Sebastián, viejos y nuevos republicanos, representantes del catalanismo y algún socialista a título individual acordaron la formación de un comité revolucionario que había de traer la República. Unos meses más tarde, el 15 de noviembre de 1930, José Ortega y Gasset, uno de los más renombrados intelectuales del momento, publicó en el periódico El Sol un artículo que provocó un terremoto político. Bajo el título de «El error Berenguer», decía Ortega que no se trataba de que el Gobierno hubiera cometido errores, sino que era un error en sí mismo. No cabía pretender que España volviera a la normalidad por cauces normales después de siete años de anormalidad: «¡Españoles, vuestro estado no existe! —terminaba— ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia»[64].

Para mediados de diciembre se quiso traer la República por la fuerza, mediante una huelga general combinada con un pronunciamiento militar. La anticipación del capitán Galán al frente de las fuerzas militares de la guarnición de Jaca fue derrotada y se condenó a muerte a los dos cabecillas, los capitanes Galán y García Hernández. El comité revolucionario fracasó en su intento de generalizar el movimiento, como fracasó la arenga de los aviadores del aeródromo de Cuatro Vientos el día previsto para la intentona. Alcalá Zamora, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz y otros miembros del comité fueron detenidos y recluidos en la cárcel Modelo de Madrid, que se convirtió en lugar de peregrinaje. Otros lograron escapar. Aprovechando el momento, el general Berenguer anunció la convocatoria de elecciones para el 25 de marzo, sólo para encontrar reacciones abstencionistas o muy críticas. El conde de Romanones y García Prieto anunciaron que irían a las Cortes que salieran de los comicios sólo para pedir la convocatoria de Cortes Constituyentes. Francesc Cambó llamó a aclarar de una vez por todas el problema político. El 14 de febrero dimitió el Gobierno y el rey encargó la formación de uno nuevo al liberal Santiago Alba, que se negó, y al conservador José Sánchez Guerra, que se plantó en la cárcel Modelo para pedir a algunos miembros del comité revolucionario que se incorporaran al gabinete. Fracasó y desistió.

Alfonso XIII acabó pasando el encargo al almirante Aznar, que incorporó al Gobierno a algunos de los políticos de mayor peso de los partidos monárquicos. Entre ellos estaba el regionalista catalán, Juan Ventosa, que ocupó el Ministerio de Hacienda. Desde allí puso en marcha la negociación de un empréstito de la Banca Morgan para estabilizar la peseta. El Gobierno había anunciado la convocatoria de elecciones municipales, que no generales, para el 14 de abril y, en un clima pre electoral, el empréstito se convirtió en objeto de debate. Socialistas y republicanos, pero también algunos banqueros y expertos en la cuestión, lo denunciaron en la prensa y en mítines cada vez más multitudinarios, unos porque consideraron que se había negociado en la sombra y que un asunto de tal envergadura debía pasar por las Cortes, mientras otros entraban a valorar los aspectos más técnicos y dudaban de la probabilidad de que alcanzara sus objetivos. El ministro tuvo que salir a la palestra y defenderlo públicamente frente a la acusación de ilegalidad. Josep Pla llegó a escribir más tarde que la «explotación melodramática» del empréstito fue lo que hizo caer a la Monarquía y que uno de quienes más activamente trabajó en contra de los planes de Ventosa fue Juan March, una batalla de la que se arrepintió más tarde[65].

4
El gran corruptor

La llegada de la República

El 14 de abril de 1931 se proclamó la República. Llegó como resultado de las elecciones municipales convocadas por el Gobierno que presidía el almirante Aznar. No se esperó al recuento total de los votos. El triunfo en las grandes ciudades de una gran coalición de republicanos y socialistas fue suficiente. La Monarquía se desplomó como un peso muerto, minada por todas partes, por la altura y por la base, escribió Josep Pla mientras contemplaba el entusiasmo que se extendía por las calles de Madrid. Los retratos y símbolos monárquicos desaparecían de escaparates y portalones cuando Niceto Alcalá Zamora, exministro con Alfonso XIII y ahora presidente del comité revolucionario, se asomó al balcón del Ministerio de la Gobernación y proclamó la República. El general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, anunció que tanto el ejército como el instituto armado se abstendrían de cualquier intervención. No todos los ministros del Gobierno de la Monarquía estuvieron de acuerdo, pero tras algún intento de resistir primó la opinión de quienes aceptaron los resultados electorales y la exigencia de que el rey debía abandonar el país. «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo», rezaba el manifiesto que Alfonso XIII dirigió al país al tiempo que salía de Madrid rumbo a Portugal[1].

Los miembros del comité revolucionario, vencido el desconcierto inicial, llenaron el vacío y se convirtieron en Gobierno provisional de la República, un Gobierno de amplia coalición. Lo presidía Niceto Alcalá Zamora, quien, junto al ministro de la Gobernación, Miguel Maura, hijo del viejo líder del conservadurismo monárquico, dirigían la recién constituida Derecha Liberal Republicana. En el centro, Alejandro Lerroux, el antiguo Emperador del Paralelo, desempeñaba la cartera de Estado, y su correligionario, Diego Martínez Barrio, la de Comunicaciones. El Ministerio de Economía lo ocupaba Nicolau d’Olwer, miembro del Partit Catalanista Republicà. Manuel Azaña, en nombre de la Alianza Republicana, fue al Ministerio de la Guerra; mientras el de Marina iba a parar a Santiago Casares Quiroga, de la Organización Republicana Gallega Autónoma. Dos dirigentes del casi recién creado Partido Radical Socialista, Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, se encargaron de Fomento e Instrucción Pública. Por último, tres carteras ministeriales fueron adjudicadas a tres socialistas: a Fernando de los Ríos le correspondió Justicia; a Largo Caballero, Trabajo, y a Indalecio Prieto, Hacienda.

Todo el mundo se felicitaba por lo pacífico del cambio. Las primeras semanas fueron las de la luna de miel de la República. La República moderada, que parecía de momento encarnar el Gobierno era mirada con recelo, sin embargo, por el radicalismo «ultrarrepublicano» que hablaba de la República «barata». La exigencia de responsabilidades por el golpe de Estado de 1923 y por lo ocurrido durante la Dictadura había sido pieza central de la marea republicana del año 1930 y de la campaña electoral que había llevado al poder a la coalición republicano-socialista. Las elecciones municipales pasaron factura al rey por su aceptación del golpe, pero estaba por ver si la República recién proclamada decidiría ajustar cuentas con el pasado inmediato. Desde el Ateneo de Madrid, el socialista Indalecio Prieto había denunciado la «conculcación descarada de la ciudadanía» que significó el golpe de 13 de septiembre de 1923, y la «serie de latrocinios» que lo siguieron. No habría ejemplo más demoledor para la conciencia del país que la impunidad de todas las tropelías cometidas, había afirmado el líder socialista, ahora ministro[2].

Primo de Rivera había muerto en París. Algunos exministros de su Gobierno abandonaron España. José Yanguas, el conde de Guadalhorce y José Calvo Sotelo salieron por la provincia de Salamanca rumbo a Portugal en la mañana del día 15 de abril. Tres días después, el expresidente de Gobierno, el general Dámaso Berenguer, se presentó en Madrid ante el director general de seguridad, quien se negó a firmar su orden de prisión. Sí lo hizo el fiscal general, el radical socialista Ángel Galarza. Berenguer ingresó en prisiones militares, y también lo hizo el general Emilio Mola, que se presentó voluntariamente en el Ministerio de la Guerra. Fue también Ángel Galarza quien anunció a la prensa que estaba recogiendo datos para abrir desde la fiscalía un gran proceso contra las prevaricaciones de la Dictadura. Se instó a los diversos departamentos ministeriales a revisar la obra legislativa de aquellos años y clasificar sus decretos leyes.

La proclamación de la República pilló a Juan March en Palma de Mallorca. Pocos días más tarde se trasladó a Barcelona, y de allí a Madrid. El 29 de abril fue detenido en la frontera francesa por orden del director general de seguridad, Carlos Blanco, quien, al parecer, seguía órdenes del ministro, Miguel Maura. March viajaba con su mujer y unos amigos. Tenía, según dijo, una de sus reuniones de negocios en la capital francesa. Sus dos hijos se quedaron en España y él había anunciado su vuelta para unos días más tarde. No tenía ninguna intención de huir. La noticia de la detención saltó a la prensa. La Libertad se apresuró a señalar lo que el diario había hecho por la llegada del nuevo régimen, sin que Juan March se entrometiera en las ideas del periódico. También se recordó que en las páginas de El Día, otro de los diarios de March, se habían publicado artículos de destacados republicanos e intelectuales de izquierda, como Luis Araquistain, Marcelino Domingo, Luis de Zulueta y Gabriel Alomar. El 15 de abril, el diario mallorquín había saludado a la República con respeto y esperanza, anunciando que aguardaba, sin estorbar, que los republicanos asumieran sus responsabilidades[3].

Desde San Sebastián, March viajó a Madrid en automóvil, con su familia y un agente de policía. Al llegar, tuvo que presentarse en la Dirección General de Seguridad, donde se le comunicó que debía permanecer en la capital hasta que los jueces resolvieran. Según declaró a la prensa el ministro de la Gobernación, Juan March estaba siendo vigilado como otras personas de las que se sospechaba que pudieran estar incursas en posibles responsabilidades por su actuación durante la Dictadura. Si no hubiera tratado de salir de España, nadie se le hubiera acercado, dijo Maura. Disponía de absoluta libertad hasta tanto la autoridad judicial hubiera despejado el asunto. El fiscal general explicó que desde hacía días se venían acumulando encima de su mesa expedientes relativos a Juan March, y a éste le dijo que se le había impedido salir del país «preventivamente», mientras se estudiaban dichos expedientes[4].

Entre las querellas iniciadas por el fiscal general aquellas primeras semanas, había dos que afectaban a Juan March. La primera, iniciada el 5 de mayo, se dirigió contra los jueces que le habían absuelto en el sumario de Valencia de 1924. El «clamor de la opinión pública entonces aherrojada», decía el fiscal general en su justificación, obligaba a reabrir el caso. Se acusaba a jueces y magistrados de prevaricación, una acusación que debía hacerse extensiva al financiero mallorquín si se comprobaba que con su «opulenta situación económica» pudo corromper a funcionarios públicos para conseguir su absolución. A finales de mayo de 1931, el Tribunal Supremo admitió la querella por considerar que podía haberse cometido un delito de prevaricación pero, tras las primeras diligencias, limitó la apertura de procedimiento a uno de los jueces. El recurso del fiscal general llevó la decisión a la Sala de Vacaciones del Supremo, porque era ya entrado el mes de julio, y se decidió proceder también contra quien era en 1924 presidente de la Audiencia de Valencia.

La segunda querella fue contra el gobierno de la Dictadura por la concesión a Juan March del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla. Para cuando se interpuso, Galarza había dejado la fiscalía general para ocupar la Dirección General de Seguridad. Su sucesor en la fiscalía creía que podía haber indicios de culpabilidad para decretar prisión y se nombró un juez especial. Ninguna de aquellas dos querellas antes los tribunales de justicia salió adelante, pero para Juan March empezó un largo calvario. Que el cambio de régimen podía traerle complicaciones no era difícil de colegir, pero el rumbo que tomarían los acontecimientos no era previsible. Ni su nombre ni sus negocios habían sido mencionados cuando se habló de responsabilidades durante la campaña electoral y él había hecho todo lo posible por mantener sus buenas relaciones. Estaba por ver, además, hacia dónde evolucionaría la política republicana.

El 9 de mayo, Juan March estaba en Barcelona y fue uno de los que acudieron a recibir al ministro de Economía y al subsecretario, de visita en la ciudad. Al día siguiente salió rumbo a Mallorca, donde fue recibido apoteósicamente. En el muelle donde atracó la motonave que le conducía desde la península le esperaban sus familiares, amigos, y los dirigentes del círculo liberal. No menos de cinco mil personas, según El Día, subieron al barco a saludarle. Una larga fila de coches le acompañó hasta su domicilio, por donde desfiló lo más destacado de Mallorca, felicitándose por tenerlo de nuevo entre ellos[5].

Unos días más tarde celebró asamblea el Partido Liberal mallorquín, del que era miembro Juan March. Se habían presentado a las elecciones municipales de abril con una campaña de denuncia del «artificio regionalista» de los antiguos caciques conservadores, reconvertidos ahora en seguidores de Francesc Cambó. Ganaron los liberales, pero los resultados electorales fueron anulados tras proclamarse la República y convocaron aquella asamblea para decidir el camino a seguir. El acto, muy concurrido, fue presidido por los miembros del comité provincial, entre ellos el propio March. Luis Alemany pronunció el discurso principal. Manifestó su respeto por las izquierdas que habían ganado en España. Les correspondía la responsabilidad de gobernar. Ellos ofrecían su colaboración leal, pero pedían que no se les «humillara», porque entonces irían a la lucha. El suyo era un «partido de evolución» y la prueba era su cambio de nombre. A partir de aquel momento, en la puerta se colgó el distintivo de Círculo Republicano de Centro[6].

Cuando se convocaron de nuevo elecciones municipales, la conjunción republicano-socialista obtuvo la mayoría en el Ayuntamiento de Palma, desbancando al antiguo consistorio. A pesar de ello, el nuevo Círculo Republicano de Centro se consideró satisfecho con la «minoría nutrida» conseguida. Para entonces, Juan March había regresado a Madrid. En medio de aquel movimiento de revisión de actuaciones durante la Dictadura, habían aparecido unos telegramas del embajador de España en Francia haciéndose eco de los comentarios oídos en el Consejo de Administración de La Régie, en 1927, cuando se discutía la concesión del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla a Juan March. Se había dicho allí que el mallorquín había pagado catorce millones de pesetas de una deuda de la reina en alhajas. Se temió otra vez que March decidiera huir, y el comisario jefe de la primera sección de la Dirección General de Seguridad fue enviado a su casa de la madrileña calle de Núñez de Balboa número 56 para detenerle. Se encontró a March en la cama, por prescripción de sus médicos, uno de ellos Gregorio Marañón, ilustre médico e intelectual, miembro prominente de la Agrupación al Servicio de la República. Le habían dicho a March que no debía abandonar el lecho de ninguna forma y se negó a acompañar al comisario, amenazándole con las posibles consecuencias de su empeño. En vista de ello se decidió establecer vigilancia en la puerta[7].

Al día siguiente, se presentó en la casa un abogado fiscal del Tribunal Supremo, que a lo largo de tres sesiones tomó declaración a Juan March. Repitió éste lo que tantas veces había dicho y repetiría en los meses siguientes. Presumió de haber actuado siempre, antes y después del golpe de Estado, con el apoyo del Gobierno español y con las miras puestas en los intereses generales del país. Negó que la concesión del monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla hubiera obedecido a presiones de ningún tipo. Conocía, por supuesto, a varios miembros del Consejo de Administración de La Régie, y también al ministro francés Malvy, de quien era amigo personal desde hacía años. Pero esa amistad nada tuvo que ver con la concesión. Tampoco hubo negociación «oficiosa» alguna y menos aún había fundamento para la acusación de un supuesto pago millonario por las joyas de la reina. Lo que le había ofrecido era la construcción de un sanatorio cuyo proyecto tenía él desde hacía tiempo, según podía acreditar con diversos documentos. La reina se impacientó por la tardanza en el cumplimiento de aquella promesa y Juan March, por consejo de Primo de Rivera y para disipar recelos en la Corte, expidió dos talones para dos acciones benéficas, el Instituto del Cáncer y la construcción de una iglesia en Tetuán. Cincuenta mil duros en total. Eso era todo. El juez consideró que no había lugar a procesamiento ni detención, el fiscal no apeló y la sala del Supremo tampoco. En vista de todo ello, se suspendió la vigilancia que se había instalado en su casa[8].

El 6 de junio, March volvió a Mallorca. Ese mismo día se publicó un decreto del ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, anulando la concesión del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla. Las razones eran que se había infringido la obligatoriedad de que la concesión se hiciera por ley y que tampoco se había convocado subasta ni concurso público. El artículo 3 del decreto decía que las responsabilidades en que hubieran podido incurrir el entonces director general del Timbre, Andrés Amado; el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, y Juan March, se harían efectivas en el modo y forma que las leyes prescribieran.

Fue también el día en que se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Palma: junto a diecisiete republicanos y ocho socialistas, había nueve republicanos de centro, los antiguos liberales de Juan March, además de cinco regionalistas y dos conservadores. La prensa comentó que March llegaba para preparar su presentación a las elecciones generales, una candidatura aparte de la coalición de conservadores y derechas encabezada por José Socias. Juan March y Luis Alemany se desmarcaban frente a ellos como republicanos de centro.

Efectivamente, el Gobierno republicano había decidido convocar elecciones generales. Se anunciaron a comienzos de junio, para celebrarse la primera vuelta el día 28. La difícil situación económica, consecuencia en parte de la crisis mundial, así como la conflictividad social habían comenzado a complicar el ambiente. Las fuerzas económicas advirtieron de los riesgos que podían derivarse de una legislación poco atenta a las dificultades del momento. El enrarecimiento del mercado laboral contribuyó a deteriorar las relaciones entre las dos grandes organizaciones sindicales, mientras la CNT se lanzaba al insurreccionalismo y el ataque frontal contra la República, a la que acusaban de privilegiar al sindicato socialista, la UGT. La cuestión religiosa y la quema de conventos, que a mediados de mayo sucedió a la inauguración del Círculo Monárquico en la madrileña calle de Alcalá, pusieron de manifiesto serias discrepancias en el seno del Gobierno sobre la política de orden público.

La cuestión del régimen apenas asomó en la campaña electoral. Muy pocos hicieron bandera de la defensa de la Monarquía. La conjunción republicano-socialista fue unida a las elecciones, pero dejó entrever divergencias internas. La Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora y Miguel Maura fue tachada por sus compañeros de «nido de caciques» y se desmarcaron de ella los socialistas y los radical-socialistas, que se autoproclamaron «guardianes de la revolución». El Partido Radical de Alejandro Lerroux, empujado a ocupar el centro, comenzaba a acoger en sus filas a quienes buscaban refugio desde los desmantelados partidos monárquicos, lo que contribuyó a reforzar su fama de corrupción y a brindar argumentos a quienes desde la izquierda desconfiaban de ellos.

La Ley Electoral favoreció el triunfo abrumador de republicanos y socialistas. En la traducción de votos en escaños, el mejor resultado fue para el Partido Socialista, que formó el grupo parlamentario más numeroso. Le seguía el Partido Radical, que consolidaba su espacio de centro. A distancia estuvieron los partidos republicanos de izquierda: los radical-socialistas, la Esquerra catalana y Acción Republicana. La Derecha Liberal Republicana del presidente del Gobierno obtuvo muy malos resultados. El conjunto de las derechas apenas contaba con cincuenta diputados en una Cámara que llegaba casi a los quinientos.

El 14 de julio, en medio del jolgorio popular y la celebración en las calles, tuvo lugar la solemne apertura de las Cortes. Las gentes apostadas en las aceras y encaramadas en los árboles pudieron contemplar cómo entraban en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo los representantes de la nación. Eran nuevos la inmensa mayoría, porque apenas un puñado de ellos habían sido antes parlamentarios. Había muchos abogados, pero también maestros y profesores, intelectuales, médicos y profesionales, y también, por primera vez, un número considerable de obreros. Mujeres, sólo tres. El entusiasmo era grande. Todos los símbolos de la Monarquía habían desaparecido del hemiciclo. Desde el extremo del banco azul, en pie, Niceto Alcalá Zamora proclamó aquella fecha como «una suprema cima, una cresta en la historia de España». En nombre de la «revolución triunfante», el Gobierno presentaba como ofrenda a la Cámara la «República intacta y la soberanía plena»; una República segura, afirmada, sin peligros que la perturbaran, y una soberanía libre de toda influencia exterior y de todo caudillaje militar; libre de oligarquías políticas; sin mediatización del capital usurario, libre y dueña de sus destinos económicos[9].

Dos semanas más tarde, el 27 de julio, tras examinar las actas, las Cortes quedaron constituidas. Alcalá Zamora rindió cuentas de la labor del Gobierno y se presentó al voto de confianza de la Cámara. Había sido un Gobierno heterogéneo y provisional que recibió plenos poderes del pueblo. Había hecho lo que correspondía: ni una revolución violenta en los medios ni una revolución extremista en las tendencias. Había cumplido con su compromiso de iniciar la revisión de la obra de la Dictadura y de asentar un poder plenamente civil. Tras la intervención de todos los grupos, el Gobierno recibió la confianza por aclamación. Entre grandes aplausos se dieron vivas a la República, contestados con gran entusiasmo.

Juan March Ordinas era uno de aquellos diputados. Su credencial hacía el número 270 y se aprobó sin protestas. Era la segunda vez que llegaba al Congreso. En Baleares habían ganado las izquierdas. Obtuvieron más votos en las mayores ciudades. Frente a la candidatura republicano-socialista se habían presentado dos grupos: los verguistas, con el propio Juan March a la cabeza, junto con sus fieles Luis Alemany y Pere Matutes, y el de los antiverguistas. March tuvo sus mejores resultados en Mallorca, en los pueblos más que en la capital, y en Ibiza. No así en Menorca, donde tuvo una mala experiencia durante la campaña electoral. El 16 de junio había llegado a la isla, a Mahon, a bordo del correo «Bellver» para celebrar una comida con un centenar a amigos. Fue recibido con una pitada de noventa personas que quisieron subir a bordo. Lo impidió la fuerza pública, que tuvo que decir al capitán que arriara y fondeara el barco en la bahía. Con la llegada del gobernador y de la Guardia Civil pudo finalmente atracar y March se dirigió precipitadamente a la sede de la Transmediterránea. La comida tuvo que suspenderse y hubo amenaza de huelga hasta que March volvió al barco.

Pero eso había sido en Menorca. En Mallorca consiguió 26.436 votos de los 31.510 que tuvo en total. Por delante salieron el socialista Alejandro Jaume, con 35.138 votos; el federal Francisco Juliá, con 34.494, y el republicano Teodoro Canet, con 34.348. March obtuvo más votos que Gabriel Alomar, que formaba parte de la candidatura republicano-socialista. Había hecho una campaña de centro, alejándose tanto de su vinculación anterior al liberalismo monárquico como de la candidatura de las derechas, que no obtuvo ningún diputado. Con aquellos votos, March se convirtió en diputado de las Cortes Constituyentes[10].

Las responsabilidades de la Dictadura

En su discurso de rendición de cuentas del Gobierno ante las Cortes, Alcalá Zamora había dicho que la revisión de la obra de la Dictadura era una de las primeras directrices que había guiado su actuación. La Dictadura había sido una «verdadera ignominia» que rompió por completo la tradición del sentido jurídico español. Esa revisión, sin embargo, se había mostrado una cuestión delicada y compleja porque en ocho años los preceptos ilegítimos habían creado situaciones jurídicas firmes y realidades indestructibles. Correspondía a las Cortes dar cauce a la tarea de hacer efectivas las responsabilidades y nombrar el órgano pertinente para ello, que estaría así dotado de la suprema autoridad que emanaba de la soberanía plena[11].

El reglamento provisional de las Constituyentes recogió el compromiso y anunció la elección de una comisión de responsabilidades encargada de depurar las que quedaron en suspenso por la disolución de las Cortes en 1923, es decir, las derivadas del desastre de Annual, así como las contraídas posteriormente por «las Dictaduras», la de Primo de Rivera y la de Berenguer. La comisión fue elegida de manera inmediata y se le habilitaron unas habitaciones en el piso alto del Palacio del Congreso, donde fueron amontonándose papeles y expedientes, vigilados durante las veinticuatro horas del día por la Guardia Civil. En presencia del hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera, diputado en las Constituyentes, se abrió el archivo del padre y los documentos quedaron en manos de la comisión.

Pero el dictamen que elaboró la propia comisión para definir sus funciones provocó un grave conflicto. Decía que las Cortes juzgarían, definirían las penas y sentenciarían. «Convención. Confusión de poderes. Peligro de la República. Amenaza de terror», escribió Azaña en su Diario, temiéndose un enfrentamiento del Gobierno con las Cortes, dispuestas al parecer a aprobar el dictamen. Algunos ministros lamentaban no haber puesto más cuidado en elegir a los miembros de la comisión, y dudaban de su capacidad para convencer a sus respectivos grupos parlamentarios para que suavizaran la propuesta. Alcalá Zamora y Lerroux amenazaron con dimitir si no se lograba controlar la opinión de los grupos que apoyaban al Gobierno. Algunos partidos, como Acción Republicana, decidieron dejar en libertad absoluta a sus miembros. Muchos temían las consecuencias, pero nadie quería pasar por impunista[12].

El dictamen fue defendido por el socialista Manuel Cordero, quien opinaba que aquellas Cortes eran «consecuencia de una revolución» y que el problema de las responsabilidades tenía «extraordinaria gravedad». Nadie tenía intención de convertir el Parlamento en una convención, pero sí de recabar «las máximas facultades» para buscar pruebas, analizar responsabilidades y, cuando llegara el momento, juzgar con toda generosidad y justicia. Por el contrario, Felipe Sánchez Román, eminente jurista y miembro de la Agrupación al Servicio de la República, opinaba que la comisión se extralimitaba al no atenerse a las responsabilidades políticas y atribuirse competencias en «todas» las responsabilidades, incluidas las de derecho común y de gestión. Más que en una convención, se convertiría en un comité de salud pública con facultades judiciales para «penetrar por todos los domicilios, por todas las sendas, por todos los caminos» con poder irrefrenable. Tanto Pedro Rico como Salvador de Madariaga advirtieron que si los delitos comunes no se remitían a las leyes y a los tribunales, se corría el riesgo de «cambiar el rumbo» de la República. Sus palabras provocaron una encendida intervención del radical-socialista Ángel Galarza, quien afirmó que no cabía fiarse del poder judicial porque los magistrados se habían plegado a la Dictadura. La comisión no estaba dispuesta a renunciar a los principios fundamentales de su propuesta: la concesión de amplias facultades en materia depurativa y de instrucción, y el reconocimiento de la soberanía absoluta de la Cámara no sólo para los procesos políticos, sino para cuando en la instrucción se encontraran otra clase de delitos[13].

Cuando le llegó el turno al Gobierno, tuvo que intervenir el propio presidente, Niceto Alcalá Zamora. «No he arrostrado ni he visto Cámara más hostil que la de aquella tarde, con caras que anunciaban derribarme», escribió después. Las Cortes le escucharon en silencio, hasta que presentó una cuestión de confianza encubierta y se desataron los rumores. El presidente dijo que la Cámara debía ser constituyente y legislativa, soberana, pero que nunca se había pensado que se constituyera en tribunal. A las Cortes debían ir los delitos de alta traición, pero todo lo demás debía remitirse a los tribunales de justicia. «¿No os parece, señores diputados, bien?». Los bancos estaban llenos, aunque algunos diputados tardíos se quedaron de pie en la entrada para no molestar al orador. Al terminar de hablar, el presidente de la comisión de responsabilidades, Carlos Blanco, pidió unos minutos para deliberar sobre lo que podía aceptarse de la propuesta del presidente del Gobierno, y lo que no[14].

Se suspendió la sesión. En los pasillos algunos ministros declaraban a los periodistas su solidaridad con el presidente. Otros, como Azaña, no ocultaban su sorpresa e incomodidad por el hecho de que Alcalá Zamora hubiera planteado la cuestión de confianza sin haberse aprobado en consejo. Pesimista y previendo un conflicto entre el Gobierno y las Cortes, el ministro de la Guerra escribió: «Yo me persuado de que el Gobierno está en el suelo y me preocupa mucho el caso porque no veo solución. Puede ser el fin de la República». El radical-socialista Albornoz no estaba de acuerdo con lo que el presidente había sostenido. Otros ministros se reunían con sus grupos mientras la comisión seguía discutiendo. Se temía que no rectificara. Medió el presidente de la Cámara, el socialista Julián Besteiro. Por fin, llegó la decisión. Se reanudó la sesión y el presidente de la comisión dijo que estaban dispuestos a aceptar las enmiendas que recogieran los extremos capitales del discurso del presidente del Gobierno y que, «sin alterar lo esencial del dictamen», pudieran perfeccionarlo. No se sabía bien qué quería decir aquello pero, en la sesión siguiente, Ángel Galarza dijo que no hacía falta ni más discusión ni tampoco imprimir de nuevo el dictamen, al que se habían incorporado las enmiendas que no iban en contra de su espíritu. Aunque hubo voces que volvieron a advertir de los riesgos, el debate del articulado fue muy rápido. El veterano político monárquico, José Sánchez Guerra, se quejó de no disponer de un texto claro. Finalmente, se acordó que la futura comisión de responsabilidades podría prescindir de todos los aspectos engorrosos de la tramitación establecidos por la Ley de Enjuiciamiento, excepto los que suponían garantías para testigos y encausados. Se incorporó también la propuesta de que las Cortes decidieran en cada caso.

El 25 de agosto, las Cortes aprobaron la ley reguladora de la comisión. No tardaron en llegar los problemas. Pocos días después, por iniciativa de la comisión y sin que el Gobierno lo supiera de antemano, la prensa dio a conocer la detención de los generales implicados en el golpe de 1923 que aun permanecían en España. Manuel Azaña asistió con estupor a una medida que no podía por menos de acrecentar el malestar que en ciertos círculos militares estaban produciendo sus reformas. Temió incluso que se atrevieran con el general Sanjurjo. Los miembros de la comisión habían prometido solemnemente no informar de sus debates y decisiones ni siquiera a sus propios partidos o ministros. Cualquier mañana, lamentaba Azaña, podían encontrarse con unas decisiones de las que, sin embargo, serían responsables.

Las cuestiones que quedaron sometidas a la actuación de la comisión de responsabilidades eran cinco: el desastre de Annual en 1921 y sus consecuencias; la represión por la conflictividad y el terrorismo en Cataluña tras la Primera Guerra Mundial; el golpe de Estado de 13 de septiembre de 1923; la gestión y las responsabilidades políticas de la Dictadura, y el proceso contra los sublevados en Jaca en diciembre de 1930. Para hacer frente a cada una de ellas, la comisión creó sendas subcomisiones. La cuarta, presidida por el diputado radical Simó Bofarull, asumió las causas relacionadas con las responsabilidades bajo la Dictadura. A ella llegó, entre otros muchos expedientes, la concesión del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla a Juan March.

Trascurrió un mes y Ángel Galarza llamó la atención del diferente trato que estaban recibiendo los militares y los civiles por parte de la comisión. Varios generales acusados por su participación en el golpe de 1923 habían sido encarcelados o sufrían arresto domiciliario. Sin embargo, las subcomisiones que entendían de la gestión civil bajo las Dictaduras no habían actuado de manera igualmente contundente, a pesar de que había asuntos muy claros. Uno de ellos era, en su opinión, el de Juan March. Debía dársele prioridad porque no sólo implicaba al financiero mallorquín, sino a todos los ministros de la Dictadura. Los sumarios y las querellas proporcionaban información más que suficiente. La comisión quedaría en entredicho si dejaba escapar a March, que tenía dinero sobrado para comprar un aeroplano y escapar por el aire, o desaparecer en una de tantas travesías por mar en un barco de la Transmediterránea. El presidente de la subcomisión tuvo que recordar que March era diputado y que, por tanto, era necesario solicitar un suplicatorio y fundamentarlo. Pidió mientras tanto el mayor de los silencios. La subcomisión se puso manos a la obra y reclamó que se le remitiera el expediente sobre la concesión del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla[15].

Juan March fue llamado a declarar y lo hizo durante tres días. Negó tajantemente que la concesión del monopolio hubiera obedecido a favores dispensados a la Dictadura, a maniobras o a presiones. Pidió que constara en su declaración que, desde que había prosperado en los negocios y por su propia iniciativa, había contribuido siempre y sin reparar en sacrificios en todo lo que las autoridades y el poder público le habían sugerido como de conveniencia general o de carácter benéfico. La única decisión que había aceptado de la Dictadura había sido aquélla. No había realizado ningún otro negocio, ni tan siquiera alguno que se le había ofrecido o que era públicamente sabido que podía haber obtenido, como el monopolio de petróleos.

Fue el primer encuentro de Juan March con la comisión de responsabilidades. Para entonces, las Cortes estaban inmersas en el debate de la Constitución, en sesiones interminables que se prolongaban en muchas ocasiones hasta la madrugada, con las tribunas llenas de público. En una de esas se puso fin al duro debate sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y la regulación de las órdenes religiosas. La discusión tensó las relaciones entre los partidos de la coalición gobernante y acabó provocando la salida del Gobierno de su presidente, Alcalá Zamora, y de su correligionario, Miguel Maura, mientras las derechas abandonaban el hemiciclo en señal de protesta. El hasta entonces ministro de la Guerra, Manuel Azaña, fue proclamado presidente del Gobierno.

La prioridad del debate constitucional desplazó a un segundo plano la atención a las tareas de la comisión de responsabilidades. Su presidente, Carlos Blanco, de la Derecha Republicana, había sido sustituido por el socialista Manuel Cordero. El 22 de octubre, el también socialista Jerónimo Bugeda manifestó su extrañeza por la lentitud de sus trabajos y el radical Simó Bofarull, molesto, dijo que ni él ni ninguno de los otros cuatro miembros de la subcomisión habían encontrado motivo alguno para proceder contra Juan March. Para socialistas y radical-socialistas los indicios eran, por el contrario, sobrados, y propusieron que fuera el pleno de la comisión el que tratara el asunto. Es más, anunciaron que, en caso de que se inhibiera en el asunto, ellos estaban decididos a plantear un voto particular. Los miembros de la comisión habían sido apremiados por su presidente para que guardaran el secreto de sus deliberaciones, pero los periodistas apostados a la salida de sus reuniones siempre sacaban algún comentario. Lo más alarmante, sin embargo, como supo Manuel Cordero, era que Juan March estaba al tanto de las deliberaciones.

Al acercarse el final del debate constitucional, el presidente del gobierno, Manuel Azaña, reunió informalmente a sus ministros en el restaurante Lhardy de Madrid para preguntarles su opinión acerca de lo que debía hacerse una vez que se aprobara la Constitución, si debían o no disolverse las Cortes y si debía o no continuar la misma coalición de Gobierno. La opinión más dudosa era la de Alejandro Lerroux, pues de todos era sabido que aspiraba a presidir un Gobierno estrictamente republicano, prescindiendo de la colaboración socialista. Pero Lerroux abogó por la continuación del Gobierno y de las Cortes hasta que se aprobaran las grandes leyes derivadas de la Constitución. Dos días más tarde, en las Cortes, un diputado de su mismo partido, Emiliano Iglesias, se permitió preguntar, «a título personal», si aquel pacto de Lhardy, como empezaba a llamársele, significaba la consagración de la «hipoteca socialista» sobre la República. La interpelación fue desautorizada por el propio jefe de la minoría radical y también salió al paso el presidente de Gobierno, Manuel Azaña, para desmentir los rumores sobre supuestas disensiones en el Gobierno. El ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, fue más contundente. Nada se había hecho a hurtadillas o con desconocimiento de Alejandro Lerroux, como había insinuado Emiliano Iglesias. El almuerzo en Lhardy había sido «honestísimo». «No hubo allí nada nefando; nos reunimos al servicio de la República en torno a la mesa de un restaurante y no creo que pudiéramos despertar ninguna sospecha como si estuviéramos de sobremesa en el comedor de un contrabandista convertido en banquero»[16].

Era evidente la alusión a Juan March y no era la primera por parte de Indalecio Prieto. Meses atrás el ministro de Hacienda trató de hacer retornar a las arcas del Estado las derramas a la navegación que tan generosamente había concedido Primo de Rivera a las compañías navieras, entre otras a la Transmediterránea. El diario Informaciones, propiedad de March, fue uno de los que más protestó y Prieto lo llamó la «jaca de un contrabandista». No contestó entonces March a las acusaciones de «aventurero de los negocios y de contrabandista» que le lanzó el ministro, pero ahora solicitó al presidente de la Cámara un turno de intervención para defenderse de los ataques y de sus frases hirientes. El 5 de noviembre, desde su escaño en el último banco del hemiciclo, se levantó para rechazar por inexactas e injuriosas todas las imputaciones. Disculpaba, sin embargo, a Prieto porque se hacía cargo de que no era «el autor de la leyenda que se ha forjado alrededor de mi persona; el señor Prieto se ha encontrado esa leyenda en la calle y la ha recogido para lanzármela en el Parlamento, salpicada de ingeniosas y mordaces crueldades».

Juan March pretendía desmontar esa leyenda. Se presentó ante aquellas Cortes republicanas como un «hijo del pueblo», de una familia modestísima que nada le había dejado en herencia. Lo único con lo que había contado había sido su capacidad de trabajo que, sin jactancia, podía calificarse de «formidable», y «quizá algo del instinto de la realidad en cuestiones mercantiles y financieras». Se había dedicado a la parcelación de terrenos, a lo que debían su prosperidad una legión de pequeños propietarios, y simultáneamente al negocio del tabaco. Sería pueril por su parte aparentar ignorancia sobre la posibilidad de que el tabaco fabricado por él en Argelia y vendido a particulares podía haberse dedicado por estos al contrabando. Eso mismo les ocurría a otros muchos fabricantes sin que se les acusara de nada. Su habilidad en el negocio le valió la concesión internacional del monopolio en la zona española del protectorado marroquí, habiendo contado siempre con el apoyo de las autoridades españolas. A eso, a sus «acertadas inversiones» en negocios industriales y a los pingües beneficios en la compraventa de compañías eléctricas en Mallorca les debía haber llegado donde estaba. No eran ciertos los rumores de que tenía millones de pesetas en el extranjero o de que hubiera hecho negocios multimillonarios con la Dictadura. No era verdad ni una cosa ni la otra. Los cinco millones de dólares que había obtenido de la venta de sociedades eléctricas los había traído a España para invertirlos en el empréstito de oro con el que, por cierto, no había estado de acuerdo. Lo hizo por patriotismo. No tenía dinero fuera y había rechazado todos los negocios que le propuso la Dictadura. El monopolio de tabacos en las plazas del norte de África lo obtuvo pagando al Estado cuatro veces más de lo que éste había recaudado en los cinco años anteriores.

«Es triste, Sres. diputados, tener que reconocer que en todo momento la sociedad española estableció distingos entre la riqueza de abolengo y la conquistada por el trabajo del hombre», concluyó March. «Hasta la proclamación de la República ha sido la primera de estas riquezas causa bastante para considerar de mejor condición al poseedor. Yo espero, me permito esperar, todavía espero, que en un régimen democrático de República sea lo contrario o, al menos, que aquellos que, consagrando toda nuestra vida al trabajo, hayamos logrado destacarnos en una elevada posición, seamos objeto del respeto de los demás como cualesquiera otros ciudadanos»[17].

Así terminó. Quienes le oyeron en medio de un silencio glacial, indescriptible, se preguntaban quién se lo había escrito porque nadie pensó que pudiera ser suyo. Según algunos, había sido el viejo político conservador Salvador Canals, hombre de confianza y abogado de March desde hacía tiempo. Según otros, el autor era el mismísimo Santiago Alba, muy próximo a Juan March. El médico y periodista Víctor Ruiz Albéniz, que había sido corresponsal de la guerra del Rif y llevaba ya un tiempo a la sombra del financiero mallorquín, presumía de haber sido el autor. Fue la primera y única intervención de March en el pleno de las Cortes Constituyentes. Una audacia nada vulgar, reconoció el presidente del Gobierno en su Diario. Sin embargo, la réplica de Ángel Galarza le sacó de sus casillas. Sacó a relucir, de la peor manera posible, todas las viejas historias de Juan March, y puso a la Cámara al tanto de lo que en la comisión de responsabilidades se estaba discutiendo, sin que les asustaran las amenazas, ni los recuerdos de célebres procesos, ni la evocación de un «infeliz que se llamó Garau, y que murió asesinado en Valencia».

Si durante el discurso de Juan March la Cámara había mantenido silencio, las provocadoras palabras de Galarza fueron acogidas con rumores, que se convirtieron en reprobaciones cuando March pidió la palabra para responder al diputado radical socialista «en los términos que merecía». La segunda intervención de March, en un tono muy distinto a la primera, se vio interrumpida por risas y comentarios, y por protestas airadas de muchos diputados. El presidente Besteiro tuvo que agitar varias veces la campanilla llamando al orden. Galarza le acusaba pero no ofrecía ni una sola prueba, le espetó March. Los sumarios incoados contra él habían sido urdidos siempre por sus enemigos personales, sin cuerpos de delito ni pruebas. Otro tanto ocurría en la comisión de responsabilidades, pues él sabía muy bien que no había sesión en la que Galarza no se ocupara exclusivamente de los expedientes que guardaban relación con él.

March, entre cohibido y furioso, parecía un «gallo viejo y desplumado», escribió Azaña. Sus últimas palabras causaron estupefacción en el hemiciclo y varias voces pidieron a gritos que explicara por qué conocía los debates en el seno de la comisión, si eran secretos. El propio Besteiro se hizo eco de la pregunta desde la presidencia de la Cámara, pero March no contestó. Arremetió contra Galarza aludiendo a supuestos asuntos turbios en los que el diputado se habría visto mezclado. Besteiro cerró la discusión en medio de aplausos, rumores y desorden general[18].

El asunto trajo cola. Aunque no había trascendido públicamente, algunos miembros de la comisión, en concreto Ángel Galarza y Eduardo Ortega y Gasset, afirmaban que habían recibido amenazas, incluso de muerte. Al propio presidente, Manuel Cordero, le habían llegado anónimos a los que no había hecho caso. No era fácil vigilar a una persona como Juan March, que tenía recursos suficientes para salir de paseo por el Mediterráneo como si fuera el pasillo de su casa, como se había llegado a decir en alguna reunión de la comisión. Tampoco era sencillo enjuiciarle, pese a todo lo que contra él se decía. El socialista Cordero coincidía con quienes pensaban que no debía actuarse a la ligera, dado quién era el personaje, pero tampoco podían dormirse en los laureles. La cuestión pasó a mayores cuando supo, de boca de Simó Bofarull, que un diputado de su propio partido, el radical Emiliano Iglesias, le había ofrecido dinero si no se hallaban motivos para encausar a March. Le había dicho también que éste estaba al tanto de todos los debates porque se los contaba otro diputado radical, Rafael Guerra del Río.

La confesión de Simó Bofarull era grave. El asunto apuntaba directamente a elementos significados del Partido Radical. Guerra del Río había sido abogado de los tabaqueros de Canarias y por eso conocía a March, pero era un hombre respetado no sólo en las filas radicales, sino en todo el espectro político. Había sido protagonista, junto con Lerroux, de las negociaciones que llevaron a la gran alianza republicana en 1930. El caso de Emiliano Iglesias era muy distinto. Aquel gallego, lugarteniente histórico de Lerroux en Barcelona, no tenía buena fama. De su proximidad al financiero mallorquín se tenía noticias desde hacía tiempo, pues había ejercido de abogado de March en Barcelona. Manuel Cordero decidió que se informara privadamente al jefe de la minoría radical acerca de Guerra del Río, y al presidente de las Cortes y al del Gobierno de lo sucedido con Emiliano Iglesias. «Supongo que Lerroux tendrá un disgusto tremendo —escribía Azaña—. El caso daña a su partido y confirma el descrédito del lerrouxismo. Martínez Barrio no dice nada pero está pálido como un muerto»[19].

Recogía bien Azaña los problemas internos del Partido Radical, la distancia entre un grupo que circulaba en la órbita de Juan March y otros muchos, empezando por su portavoz Martínez Barrio, muy alejados de las prácticas supuestamente corruptas de los primeros. El escándalo echaba leña al fuego y no ayudaba en nada a mejorar las relaciones entre los distintos partidos en el Gobierno. Al día siguiente, en sesión secreta de las Cortes, se nombró una comisión depuradora que se reunió de manera inmediata. Besteiro decidió que no podía terminar la sesión secreta mientras no se hubiera aclarado el asunto. La comisión llamó a declarar a Simó Bofarull y a Emiliano Iglesias. El primero, muy trastornado, confirmó su acusación. Iglesias, un tanto bruto, trató de demostrar que su correligionario padecía una confusión. Intervinieron también Guerra del Río, Bugeda y Galarza, y fue llamado a declarar Juan March. Aunque Guerra del Río lo negó de plano, March no se apuró al decir que el diputado canario le había prometido enviarle a su pasante para que le informara de los debates en la comisión. Pero las más de las veces, aseguró March, las noticias de lo que ocurría en la comisión las supo porque se decían en todas partes y eran del dominio público.

La comisión depuradora se retiró a deliberar y la sesión se suspendió mientras los diputados se iban a cenar. Hasta las doce de la noche no se reanudó. La votación con bolas blancas y negras declaró a Emiliano Iglesias moralmente incompatible con las Cortes Constituyentes de la República y tuvo que abandonar su escaño. Ossorio y Gallardo propuso que se hiciera inmediatamente lo propio con Juan March, pero se optó por que la comisión depuradora siguiera sus trabajos. Así se lo comunicó Besteiro a los periodistas. Eran casi las cuatro de la madrugada. Al salir, el ministro del Interior, Casares Quiroga, preguntó a Azaña si detenía a March, porque seguramente trataría de escapar. El presidente del Gobierno le mandó consultar con la comisión de responsabilidades, porque March era diputado y las Cortes podían tomárselo a mal. Casares no encontró a nadie en la comisión y, aunque dio la orden de vigilancia, luego la limitó al comprobar que March seguía en Madrid. No tenía ninguna intención de irse[20].

La prensa se hizo eco al día siguiente con gran detalle y extensión de todo lo ocurrido. Se especuló con una supuesta nueva orden de detención contra Juan March, que luego se desmintió. Mientras El Socialista arremetía contra aquel «millonario sin conciencia» que se permitía el lujo de declararse hijo del pueblo, los dos periódicos de Juan March —La Libertad e Informaciones—, así como La Nación y alguno más sorprendente como el filoanarquista La Tierra, salieron en defensa del millonario mallorquín. Criticaban una persecución que encontraba sus razones en inquinas personales, especialmente por parte de Ángel Galarza, de quien, amén de otras historias, se afirmaba su amistad con el antiguo director general de la Compañía Arrendataria de Tabacos, Francisco Bastos. La polémica enturbió la escena pública y contribuyó a deteriorar las relaciones entre el Partido Radical y sus socios de Gobierno. En la comisión de responsabilidades, el radical Simó Bofarull declaró su intención de inhibirse en el expediente del monopolio de tabacos después de aquel escándalo. La comisión depuradora nombrada por las Cortes no se decidía a proceder contra Guerra del Río, y esa dejación deslegitimaba y ponía en entredicho a la de responsabilidades. Hubo incluso quien propuso que presentaran todos la dimisión[21].

Por fin, la comisión depuradora presentó un dictamen declarando también la «absoluta incompatibilidad» de Juan March con las Constituyentes. A diferencia de Emiliano Iglesias, March no acudió a la sesión secreta en la que se discutió. Le defendieron su correligionario Luis Alemany y Santiago Alba. Por 191 bolas negras contra cuatro blancas, la incompatibilidad fue aprobada. No hubo, sin embargo, votación sobre Guerra del Río porque se corría el riesgo de romper la coalición gubernamental. El Socialista publicó un suelto diciendo que el Partido Radical estaba incapacitado para gobernar por su falta de ética. El portavoz parlamentario de los radicales, Martínez Barrio, fue al despacho de Azaña para comunicarle que si Guerra del Río era finalmente considerado culpable, lo examinarían con atención y no lo defenderían. Pero no estaban dispuestos a dejar pasar lo dicho por el periódico socialista. Quería saber si los ministros de ese partido compartían su opinión acerca de la participación en el Gobierno. En caso de que lo confirmaran, abrirían una crisis. Azaña tuvo que llamar a los tres ministros socialistas. Ninguno había leído El Socialista. Había que evitar que un diputado radical se levantara para exigirles una toma de postura. Era mejor que los socialistas lo hicieran por iniciativa propia[22].

La sesión secreta para tratar el asunto de Guerra del Río fue, en opinión de Azaña, «muy lastimosa». Ninguno de los diputados que declararon ante la comisión depuradora creía que hubiera habido «infidelidad» por su parte. El único que sostuvo que la información le había llegado por Guerra del Río, aunque a través de un tercero, fue el propio March. Añadió que sólo habían hablado una vez en casa del diputado radical, pero que se habían visto muchas más en la sede de Transmediterránea, a la que acostumbraban a acudir los diputados canarios. Algunos vocales de la comisión creían imposible que Guerra del Río hubiera sido quien contara a March las deliberaciones. Las relaciones entre ambos nunca habían sido buenas desde que el canario defendió los intereses de los fabricantes de tabaco de sus islas. Había sido el primero en denunciar que March conocía lo que se discutía en la comisión. Algún miembro de ésta incluso aventuró que podía haber sido todo un invento del mallorquín para incriminar al diputado radical, en connivencia con Emiliano Iglesias[23].

En cualquier caso, el dictamen de la comisión depuradora declaró «honorable» la conducta de Guerra del Río, aunque reconoció «indicios de indiscreción» por su parte y aconsejó que dejara de formar parte de la de responsabilidades. Aquello pareció a algún diputado radical una cobardía. Los ánimos se encresparon cuando se supo que se había tomado declaración a las criadas y al portero de Guerra del Río, y que el director general de seguridad, Galarza, había enviado un policía para averiguar si March le había visitado. Manuel Cordero intervino para poner paz entre socialistas y radicales y, aunque poco convincentes, sus palabras bastaron para que Martínez Barrio se diera por satisfecho. Algún diputado, indignado, abandonó el salón al absolverse a Guerra del Río. Eduardo Ortega y Gasset quiso dimitir de la comisión de responsabilidades y otros miembros de la misma se levantaron para marcharse del salón, aunque desistieron cuando Besteiro les dio unos gritos.

«¿Ha hablado usted alguna vez con don Juan March?», escribía el cronista parlamentario Wenceslao Fernández Flórez al hilo de aquellos acontecimientos. «En ese caso corra usted en busca de una comisión depuradora que le informará de su salud moral, como se va a la consulta de un médico cuando se recela de un contagio. En el Congreso no se hace otra cosa. Se ha declarado una epidemia, el marchismo y todas las familias políticas envían a sus miembros sospechosos a examen de una comisión de técnicos, de especialistas en honorabilidad…»[24].

Años más tarde, el líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, escribió que en el apogeo de la «innoble persecución» contra Juan March todos huyeron del contacto con él como de un espanto. Ambulaba por los pasillos del Congreso con el chicote en la boca y «los ojos como dos saetas detrás de los espejuelos, solo, vacilante, como un fantasma». Muchos de quienes le debían favores hacían recortes y regateos para atajar el camino y no encontrarse con él. Al menos sentían un poco de rubor. Otros se cruzaban con él, cínicamente, sin mirarle las manos, «acaso generosas en otro tiempo»[25].

El «gran proceso político»

Había sido un espectáculo poco edificante. Más allá de sus implicaciones políticas, el asunto había sacado a la luz comportamientos y actuaciones poco ejemplares. Juan March había sido declarado moralmente incompatible con las Cortes Constituyentes. No volvió a sentarse en su escaño de diputado. Para muchos no era suficiente. Había que ir más allá aunque para ello hubiera que recurrir a métodos poco ortodoxos. De nuevo apareció en escena la familia Garau. Francisco, hermano del asesinado en Valencia en 1916, se presentó en Madrid. Dijo que había venido espontáneamente por su deseo de cooperar en la exigencia de responsabilidades. Fue recibido por el mismísimo director general de Seguridad, Ángel Galarza, acompañado del ministro de la Gobernación, Casares Quiroga. Garau les dijo que estaba dispuesto a plantear varias querellas ante los tribunales españoles contra March, aunque se le habían hecho ofertas de dinero para que desistiera de su actitud y también se le había amenazado.

A pesar de la irregularidad que suponía el procedimiento, Manuel Cordero se avino a recibirle y Garau prestó declaración ante la comisión. Afirmó contundente que fue March quien envió en 1916 a su hermano Rafael a Valencia y que estaba convencido de que le mandó matar. Sólo después aparecieron las famosas cartas de su mujer, y March no tuvo reparos en urdir una trama para enviarles a la cárcel, donde estuvieron a punto de ser fusilados. No cejó hasta que puso las cartas a buen recaudo. Él había recibido ofertas sustanciosas de dinero para desistir de su empeño acusador, pero allí estaba y traía los libros de contabilidad e inventarios de la vieja sociedad March y Garau. Los puso a disposición de la comisión, pero no los dejó depositados sino que se los llevó con él[26].

Eran los mismos libros que la familia Garau había llevado ante los tribunales franceses para tratar de demostrar que la disolución de la sociedad March y Garau les había perjudicado. Hacía poco más de un año que el pleito en Montpellier había terminado y que José Garau había renunciado a su recurso. Había recibido una buena recompensa de Juan March. Ahora, su hijo volvía a la carga[27].

El presidente de la comisión de responsabilidades comunicó todo al ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, quien encargó al director general de lo contencioso que examinara los libros traídos por Garau. Pero cuando éste se personó en el hotel en el que residía Garau, se encontró con la noticia de que había abandonado precipitadamente la ciudad. La desaparición recibió toda suerte de explicaciones: que si había recibido amenazas, directas o indirectas, de Juan March; que si había sido traído a Madrid engañado, y así se lo hizo saber a March para excusarse antes de irse. Un oscuro personaje, un expolicía, Honorio Inglés, le había traído desde Marruecos y le acompañó en Madrid a todas sus entrevistas. Fue Honorio Inglés quien declaró ante la comisión de responsabilidades que Francisco Garau había recibido ofertas de dinero de un alto empleado de la Transmediterránea, mezcladas con amenazas de que Lerroux estaba a punto de subir al poder y era muy amigo de March. Inglés confesó que fue él quien al cabo de un tiempo recibió el tan buscado libro de contabilidad de la sociedad March y Garau y, por indicación de Prieto, lo llevó al Ministerio de Hacienda. El director general de lo contencioso que lo examinó había sido abogado del Estado en Castellón entre 1916 y 1919 e intervenido en varios asuntos de contrabando. Conocía bien la existencia de la sociedad y, en su opinión, el libro constituía una prueba indiciaria evidentísima de contrabando, máxime para un tribunal como la comisión de responsabilidades. La personalidad del inculpado y sus actuaciones públicas lo corroboraban. Después de aquello, parece que Honorio Inglés se instaló en Madrid y vivió de la subvención de Galarza en agradecimiento a los servicios prestados[28].

Mientras en la comisión de responsabilidades se escuchaba a Francisco Garau, la situación política en el país había cambiado. El 9 de diciembre, las Cortes aprobaron entre aclamaciones y por 368 votos el texto definitivo de la Constitución. José María Gil Robles, el joven diputado que despuntaba como líder de la nueva derecha, Acción Popular, la calificó de «disparate técnico» y le colgó los adjetivos de tiránica, persecutoria y bolchevizante. Con la Constitución aprobada, se procedió a la elección de presidente de la República y, aunque con grandes reticencias en los partidos republicanos y de izquierda, las Cortes eligieron por 410 votos a Niceto Alcalá Zamora. Se estrenó en el puesto encargando a Azaña la formación de un nuevo Gobierno. La negociación no fue fácil y tuvo sorpresa final: Alejandro Lerroux, que en un principio pareció dar su conformidad a la participación en el nuevo gabinete, dijo finalmente que no, por no estar conforme con la presencia de los socialistas. Éstos conservaban tres ministerios: Largo Caballero seguía en Trabajo, Fernando de los Ríos se quedó con Instrucción Pública e Indalecio Prieto pasó a Obras Públicas, dejando en Hacienda al catalán Jaume Carner. El Ministerio de la Gobernación siguió en manos de Casares Quiroga, correligionario de Azaña. Los radical-socialistas mantenían dos carteras: Marcelino Domingo la de Agricultura, Industria y Comercio, y Álvaro de Albornoz la de Justicia.

El nuevo Gobierno, dijo Azaña en su presentación, no era ya la coalición heterogénea de los comienzos, sino una «mayoría constante». A la salida de la Derecha Republicana durante el debate constitucional se sumaba ahora la del Partido Radical. El espectro político se recortaba. Por primera vez, señaló Azaña, había también una oposición, la que encarnaba el Partido Radical, con una misión importantísima: evitar que el Gobierno fuera derrocado por una coincidencia momentánea de un grupo republicano con otro antirrepublicano, y hubiera que disolver las Cortes. Porque éstas tenían por delante todavía la tarea de aprobar las grandes leyes que debían desarrollar el texto constitucional[29].

Al día siguiente de la formación del nuevo Gobierno, el 14 de enero de 1932, la subcomisión cuarta de la comisión de responsabilidades envió al presidente de las Cortes una petición de suplicatorio contra Juan March y José Calvo Sotelo. Se había llegado a la conclusión de que había «indicios» de un delito de cohecho en la concesión del monopolio de tabacos. Aunque March había sido declarado incompatible con las Cortes, seguía conservando el fuero de diputado y, por tanto, era necesario también el suplicatorio. No había sido la subcomisión sino el pleno de la comisión quien decidió pedirlo. Eduardo Ortega y Gasset, Galarza y Bugeda consideraban que había pruebas más que suficientes para proceder contra él y contra el ministro de Hacienda que le concedió el monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla. Cabía englobar todo en un mismo procedimiento y procesar al Gobierno que hizo la concesión y al concesionario, sostuvo exultante Ángel Galarza. Era un «gran proceso», corroboró Bugeda. El entusiasmo lo había provocado el informe del director general de lo contencioso sobre los libros de contabilidad traídos por Garau. Pero, como señalaron algunos, el delito de contrabando que se desprendía de los libros y que pretendía incorporarse a la acusación contra March no era de la competencia de la comisión, sino de los tribunales ordinarios. No convenía en absoluto remitir a las Cortes una decisión poco meditada. Sin embargo, Eduardo Ortega y Gasset fue expeditivo: la comisión no debía actuar sólo con espíritu jurista. No había que olvidar que se trataba de «jueces políticos»[30].

La petición de suplicatorio a las Cortes se acompañó de una orden de la Dirección General de Seguridad a puertos y fronteras para impedir la salida del país de Juan March. Desde Port Bou, sin embargo, se comunicó que éste había cruzado la frontera apenas una hora antes en el rápido camino de París. Pero March no había huido. Por mucho que alguno de sus allegados le recomendara que no volviera a España, cuando tuvo noticia de la petición volvió a Madrid y envió un escrito a la comisión de suplicatorios explicando su «detención aparatosa» a comienzos de la República y las dos querellas abiertas por el fiscal general. Ambas habían terminado en sendas declaraciones de irresponsabilidad absoluta. Cuando ya creía zanjado el asunto, la comisión de responsabilidades, con la irregularidad que suponía volver sobre lo ya juzgado, había retomado las mismas acusaciones y había añadido la de contrabando, que no era atribución suya, sustentándola en los libros aportados por Francisco Garau, falsos y obtenidos por procedimientos «tortuosos e inquisitoriales». No habían sido examinados por peritos ni se le había interrogado a él sobre ellos. Las responsabilidades por la concesión del monopolio, si las hubiera, corresponderían en todo caso a Calvo Sotelo, pero de ninguna de las diligencias practicadas se derivaba conexión alguna entre supuestas responsabilidades suyas y del exministro. En definitiva, el procedimiento era «artificioso», se entrometía en hechos que pertenecían a la vida privada y sobre los que sólo tenían competencia los tribunales de justicia. Sólo se pretendía conseguir la «complicidad» de las Cortes[31].

March trató de aprovechar que la comisión de suplicatorios se había inhibido por entender que el asunto era competencia de la de responsabilidades. A la de suplicatorios le correspondía dictaminar en caso de que la petición viniera por la jurisdicción ordinaria, que no era el caso. Por eso insistía March en que había sido absuelto por los tribunales. En el seno de la comisión las opiniones se dividieron. El radical Rey Mora señaló que March no había sido escuchado en relación con el segundo motivo de procesamiento que se le imputaba, el de contrabando. Miguel Maura se inclinó por que se le escuchara de nuevo y cometió el error de reconocer que le había «perseguido» cuando fue ministro de la Gobernación. Los radicales se opusieron a la concesión del suplicatorio y lograron noventa votos a su favor, suficientes como para que, por consejo del presidente del Gobierno, se decidiera aplazar la decisión, con gran disgusto de los socialistas.

Esta vez, el affaire March tenía un nuevo protagonista: el exministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, en el exilio. Con ocasión de una petición anterior de suplicatorio, Calvo Sotelo había pedido garantías, como diputado constituyente electo, para volver a España y defenderse sin amenaza de prisión preventiva. No hubo lugar. Se aprobó y Calvo Sotelo permaneció en su exilio. Ahora, ante la nueva petición, cogió la pluma para defenderse de las acusaciones relacionadas con la concesión del monopolio de tabacos. Aunque había abogado en su momento por la celebración de un concurso público para la adjudicación de dicho monopolio, en vista del informe de la dirección general de Marruecos y de los intereses de la política africana, y teniendo en cuenta que habría sido una ficción, aceptó. Calvo Sotelo no acataba ni el órgano ni el procedimiento en la nueva demanda de suplicatorio; menos aún el fallo que pudieran dictar «hombres recusables por su odio vesánico» que, después de seis meses de investigación, sólo hablaban de «indicios»[32].

March consiguió que la comisión de responsabilidades le llamara de nuevo a declarar, esta vez sobre los famosos libros de contabilidad de la sociedad March y Garau. Estuvo varias horas el primer día y otras tantas en una segunda vuelta, el 3 de marzo. Sostuvo que todas las persecuciones contra él habían obedecido a enemistades personales. Galarza había hecho lo mismo que hizo su amigo Francisco Bastos años atrás: enviar a un expolicía a Argel y traer a Francisco Garau para que declarara en su contra. Presentó varios documentos que lo probaban. Los libros de contabilidad que trajo consigo eran falsos, como había quedado demostrado en el largo pleito que terminó en Montpellier y cuya sentencia aportó como prueba. Nunca se había probado nada contra él. Habían sido otros los que manipularon, nombraron y destituyeron jueces.

El careo de March con Galarza fue suficiente para que los miembros de la comisión reacios al proceso se cargaran de razones. Alguno lamentó la «gran pasión política» que rodeaba el caso y varios abogaron porque se olvidara lo del contrabando ya que era asunto de la justicia ordinaria. Incluso pidieron que Galarza se inhibiera. Pero pesó más la opinión de éste y de quienes le seguían. El problema con March, dijo, era que se trataba de un «enemigo terrible» y se le tenía miedo. Pero no debía recibir un trato especial. El diputado agrario Antonio Royo Villanova votó en contra de la petición de suplicatorio, y los radicales Centeno y Cordero Bel se abstuvieron. Aun así, la comisión se dirigió a las Cortes ratificando la petición del suplicatorio, pues la nueva declaración de Juan March no sólo no había modificado sus criterios anteriores, sino que los habían confirmado y aumentado: al delito de cohecho podría sumarse el de prevaricación[33].

Pese a que ya había dicho que sí al suplicatorio, la comisión de responsabilidades tenía que llegar a una sentencia condenatoria. Por eso continuó recibiendo declaraciones. Ante ella desfiló Francisco Bastos, quien hizo una encendida defensa de su gestión al frente de la Compañía Arrendataria de Tabacos y negó conocer a Ángel Galarza. Los miembros de la comisión escucharon asimismo las declaraciones de Bergamín, ministro de Hacienda en 1922, que defendió el decreto publicado aquel año en la lucha contra el contrabando de tabaco, y de Andrés Amado, director general del timbre en 1927, que defendió la legitimidad y legalidad de la concesión del monopolio en Ceuta y Melilla a Juan March. No faltó la declaración, por escrito y desde París, de Francesc Cambó, quien consideró una «burla» lo que Juan March repetía acerca de la supuesta persecución de que era objeto por un grupo de financieros y políticos. Nunca hubo nada de eso. Como ministro de Hacienda, intentó poner fin al contrabando que había alcanzado proporciones gigantescas. Eso era todo. Por eso nombró a Francisco Bastos, un director «con arrestos»[34].

Mientras las dos comisiones discutían sus competencias respectivas, la Dirección General del Timbre abrió concurso público para adjudicar definitivamente el arrendamiento del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla, del que se había privado a Juan March un año atrás. Se presentaron dos pliegos. Uno lo firmaba Juan March y el otro un tal señor Bastos. El exdirector de la Arrendataria se apresuró a aclarar que ni él ni nadie de su familia tenían que ver con aquello; que desde que abandonó la Arrendataria no se había dedicado a nada relacionado con el tabaco. Luego se supo que había sido un error, que el nombre era Antonio García Bustos, no Bastos, presidente del Consejo de Administración de la Compañía Canariense Marroquí de Tabacos.

March no estaba dispuesto a renunciar al monopolio en las plazas de soberanía. Creía que podía recuperarlo y no consideraba que se le hubieran cerrado las puertas por estar inmerso en el proceso abierto en la comisión de responsabilidades. Había visitado al director general del Timbre para mostrar su mejor disposición a colaborar y, a través de él, mandó recado oficioso al ministro de Hacienda, Carner. Quería saber si el Gobierno vería bien que se presentara al concurso. Al ministro le había parecido que, pese a ser quien era Juan March, quizás pudiera ser útil a la República. Era, además, en su opinión, el «único» que podía hacerse cargo de aquel negocio, un argumento similar al que se había utilizado en plena Dictadura de Primo de Rivera. Apartarlo, creía Carner, supondría un quebranto para el Tesoro público. Pero el presidente del Gobierno, Manuel Azaña, opinó que resultaría escandaloso que se le adjudicara, y en ese sentido se hizo saber a March la opinión del Gobierno.

Se había acariciado alguna vez la posibilidad de aprovechar los dineros de March. El mismo día en que se discutió en sesión secreta de las Cortes la petición del suplicatorio, Azaña supo que se estaba buscando su ayuda financiera para apoyar las pretensiones de Mario García Kolhy a la presidencia de Cuba. Unos días más tarde, se le informó que March estaba dispuesto a gastarse cinco millones de pesetas en cualquier asunto internacional, siempre y cuando el Gobierno tuviera interés en ello. Trataba, sin duda, de repetir la maniobra que tan buen resultado le había dado con Primo de Rivera y la intervención en Tánger. La actitud de March le «fastidiaba» a Azaña, que pensaba en lo útil que podría ser su ofrecimiento para empujar a los republicanos portugueses contra la consolidación de Oliveira Salazar. Pero no podía ser. El presidente del Gobierno consideraba imposible cualquier trato con el mallorquín porque sería comprometerse «peligrosamente». Nunca podría confiar en una intervención desinteresada por parte de March[35].

A pesar de no conseguir acceder al presidente del Gobierno y de haber recibido el mensaje contrario a sus pretensiones en Ceuta y Melilla, March se presentó al concurso de adjudicación del monopolio. No sólo eso, sino que trató por todos los medios de disuadir al otro candidato, la Compañía Canariense Marroquí de Tabacos. Hubo conversaciones, amenazas mezcladas con buenas ofertas, incluso una reunión en casa de Juan March en la que éste acabó supuestamente gritando que les arruinaría porque en ocho días Alejandro Lerroux estaría en el poder, y él tenía a Lerroux en el bolsillo[36].

El líder radical había roto el silencio que muchos de sus seguidores le reprochaban desde que había salido del Gobierno. No lo había hecho en las Cortes, sino en una sucesión de grandes mítines durante aquellas semanas: en la plaza de toros de Madrid el 21 de febrero, y en los días siguientes en Barcelona, de nuevo en Madrid, en Ciudad Real… Lerroux aspiraba al Gobierno y clamaba por la salida de los socialistas. Afirmaba una y otra vez que los españoles habían votado «republicano» y no querían un Gobierno de clase. Sus discursos le sonaban bien a Juan March. Incluso se dijo que respondían a la misma pluma. Pero, de momento, eran eso, discursos. La realidad era que la adjudicación del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla se falló a favor de la Compañía Canariense. El monopolio no volvió a manos de March, pero tampoco de la Arrendataria, lo cual no dejaba de resultar paradójico.

El 8 de junio de 1932 estaba fijada la sesión secreta para que se discutieran en las Cortes el suplicatorio contra Juan March y Calvo Sotelo. El primero había solicitado defenderse personalmente y ausentarse una vez expuestos los hechos. José María Gil Robles actuaba como defensor de Calvo Sotelo, y en su nombre pidió que la sesión fuera pública. Se accedió a la petición de March, pero no a la de Gil Robles. Eran las seis y media de la tarde cuando comenzó la sesión, y duró hasta las cuatro de la madrugada.

A poco de empezar, los acontecimientos sobrepasaron todas las previsiones. Se leyó un telegrama de Calvo Sotelo en el que decía que, para sonrojo de los diputados españoles, mientras la Cámara francesa había concedido el perdón a cuatro diputados comunistas, a él no se le permitía intervenir con todas las garantías que le correspondían como diputado electo. El escándalo que siguió sólo pudo ser acallado por los campanillazos del presidente de la Cámara. El diputado radical Rey Mora defendió a continuación su voto particular, en el que negaba la existencia de la figura de delito, y provocó otra ruidosa interrupción de los diputados socialistas. Besteiro tuvo que suspender momentáneamente la sesión. Cuando se reanudó, Rey Mora retiró su voto particular. Le tocaba después al líder de la derecha católica, José María Gil Robles, que optó por el ataque y acusó a los ministros de Hacienda, Prieto y Carner, de haber cometido irregularidades. Dijo que Indalecio Prieto había optado por la gestión directa del monopolio en contra de la opinión del Consejo de Estado, que abogaba por la devolución del monopolio a la Compañía Arrendataria. Meses más tarde, en la subasta fallada para la adjudicación del monopolio, había resultado beneficiada una sociedad francesa que, como podía demostrar con cartas, estaba previamente enterada de las condiciones del concurso. El líder católico anunció su voluntad de exigir la apertura de un expediente investigador para depurar las responsabilidades y entregó al presidente de la Cámara toda la documentación.

Miguel Maura se consideró obligado a intervenir. Era la primera vez que se ponía en duda la conducta de dos ministros y el «honor» de la República exigía que no se levantara la sesión sin que la Cámara acordara dar una respuesta adecuada. El presidente de las Cortes, Julián Besteiro, decidió salvar la situación llamando a Juan March para que se defendiera. Mientras por los pasillos y en el banco azul cundía la preocupación por el rumbo que había tomado el debate, el mallorquín se levantó para denunciar la «incesante y enconada persecución» de que era objeto desde hacía un año. Se permitió, además, recordar sus «ideales de izquierda». La mejor prueba era que, en 1930, varios miembros del entonces comité revolucionario le habían pedido dinero para financiar la intentona revolucionaria. Lo había contado en la comisión de responsabilidades semanas atrás. El primero en proponerle que ayudara financieramente al comité revolucionario había sido uno de sus hombres, Ernesto Anastasio, secretario general de la Transmediterránea, quien le abordó para hablarle de las reuniones del comité, a las que había asistido. Le aconsejó que diera dinero. Durante el verano, en San Sebastián, se le habían acercado en distintos momentos Miguel Maura e Indalecio Prieto. Poco más tarde, ya en Madrid, fue Alejandro Lerroux quien le quiso vender unas tierras y entregar el dinero así obtenido al comité revolucionario, sin que nadie lo supiera. Tuvo una nueva entrevista con Miguel Maura, y Marcelino Domingo le abordó en presencia del director de La Libertad. Ninguno de ellos lo negó. Tanto Azaña como Prieto dijeron, sin embargo, que sospechaban que March informaba de todo al Gobierno de la Monarquía y que fue el financiero quien se ofreció a ayudar, no al contrario. «Patrañas» tanto una cosa como la otra, dijo March[37].

Luego, continuó diciendo, como si se tratara de una película, llegó la República y con ella las querellas del fiscal general, archivadas ambas; el asunto Iglesias en la comisión de responsabilidades y, por último, la aventura de Galarza lanzándose a la búsqueda de Garau para traerle desde Marruecos. Sus amigos le avisaron de que no se metiera en la boca del lobo cuando, en París, se enteró de la petición de suplicatorio, pero él decidió volver a Madrid. Estaba convencido de que en todos los partidos republicanos, también en el Partido Socialista, había hombres de Gobierno, espíritus rectos. La investigación que llevó a cabo la Dictadura con más de cuatrocientos registros domiciliarios, recogiendo libros y papeles durante un año, había terminado en nada. La sociedad March y Garau se disolvió en 1917 y los delitos de contrabando prescribían a los cinco años. Todos los hechos que se invocaban contra él habían pasado ya por el «cedazo» de la justicia y estaban fuera de las materias propias de la comisión. No podía entender que el proceso por responsabilidades de gestión de la Dictadura se concentrara en su persona. Llevaba un año de «persecución», de sumarios, expedientes, investigaciones, declaraciones, aportaciones de documentos falsos, detenciones, vigilancias policíacas y toda suerte de vejámenes. ¡Un año de persecución para terminar hablando, como se decía en la petición de suplicatorio, de «supuestos indicios», de «posibles cohechos y prevaricaciones»! No le asustaban las amenazas, ni le animaban a marcharse de España. Permanecería allí dispuesto a sacrificarlo todo: su fortuna, su libertad y, si fuera preciso, su vida.

Después de las palabras de Juan March, se aprobaron los suplicatorios por 144 votos contra 79 y al día siguiente se comunicó a la comisión de responsabilidades. Por los pasillos del Congreso habían circulado profusamente los textos de las intervenciones de Juan March y de Gil Robles, ya durante la misma sesión y pese a ser secreta. Varios periódicos publicaron casi íntegramente sus discursos, a pesar de que la sesión había sido reservada. Informaciones reprodujo, además, una carta de Gregorio Marañón a Juan March. Se excusaba de no haber podido estar presente en la sesión por motivos profesionales, y rompía una lanza en su defensa: «Ya sabe usted que mi voto está con los de sus amigos, y lo tengo a mucha honra. He leído su discurso, que me parece totalmente demostrativo…, si pudiera demostrarse algo a la pasión, que es inconmovible. Pero el ambiente le es a usted tan favorable, que no debe importarle». Marañón no ocultaba sus ideas, su adhesión a la República y, «en general», al Gobierno. Pero eso no impedía que considerara un error la persecución de la que March era objeto[38].

La sesión secreta tuvo su continuación en otra pública el 14 de junio, en la que Gil Robles efectuó su interpelación relativa a la gestión del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla. Acusó a Prieto de haberlo adjudicado provisionalmente a una sociedad extranjera, Le Nil, a la que preparó para la adjudicación definitiva después de que ésta creara ficticiamente una sociedad española, la Compañía Canariense Marroquí. Y a Carner le acusó de no haber tomado las precauciones necesarias para asegurar que el capital de la compañía fuera efectivamente español, como explícitamente exigía la convocatoria de adjudicación definitiva, además de haberla dispensado de ciertas obligaciones que se había comprometido a cumplir, como hacerse cargo de los stocks de tabaco existentes o la construcción de una fábrica en Melilla. Todo se había hecho, añadió, privándose al Ayuntamiento de esta ciudad de su derecho de tanteo previo. Llevaba consigo Gil Robles dieciocho cartas que lo demostraban y que leyó ante la Cámara[39].

Le replicó Indalecio Prieto, que hizo un discurso muy largo y muy duro. Acusó al diputado católico de rendirse a los argumentos de Juan March y de manipular unos documentos que, además, habían desaparecido sospechosamente de la mesa del director general del Timbre. No se había hecho nada a escondidas, sino a la luz pública y con todas las garantías. El Estado había decidido contratar directamente cuando no tuvo más remedio, porque March propició el desabastecimiento y luego inundó las plazas de tabaco de contrabando. Las 800.000 pesetas cuya pérdida le atribuyó Gil Robles no se habían dilapidado, las había «robado» Juan March. Su único pecado había sido pecar de ingenuo.

Prieto no se detuvo ahí. Contestó también a las insinuaciones sobre un supuesto trato de favor al empresario vasco, Horacio Echevarrieta. Era un «buen amigo suyo», reconoció el ministro; un amigo noble y caballeroso. Le había pedido un único favor, que recibiera a Juan March, y él se había negado. Sabía que Echevarrieta se encontraba en un apuro porque no podía devolver un préstamo de dos millones de pesetas que le había hecho el mallorquín. Prieto lo sabía «porque lo propalaba ese cortejo que va en torno a la carroza dorada del señor March, salpicada de lodo, de boñiga, de sangre…». Él no quería formar parte de un cortejo entre cuyas vestimentas igual se encontraba «la casaca de un ex ministro, que el bicornio de un ex subsecretario, la toga del legislador, la clámide del forense y algún que otro indumento de asesino». Tampoco había querido asistir años atrás a la inauguración de la Casa del Pueblo en Mallorca. No quería quedarse con el sambenito de ser amigo del señor March si le llevaba en su automóvil, le invitaba a comer o le daba un paseo por la isla. Así se lo dijo a Pablo Iglesias, que intercedió en el asunto.

Era verdad que le pidieron dinero en 1930, pero fue March quien les buscó y pretendió jugar con ellos o, cosa peor, entretenerles y contárselo después al Gobierno de la Monarquía. March era un personaje «tétrico», precedido siempre de una «estela venenosa». El Gobierno de la República necesitaba dar la sensación, dentro y fuera de España, de que no estaba controlado por él. Por eso se anuló la concesión del monopolio de tabacos. Aunque supusiera un perjuicio económico, había razones de «inexcusable decencia». La República haría muy mal, dijo Prieto, si recorría un ciclo idéntico al de la Dictadura, que pasó de considerarle un «peligro de carácter estatal» y perseguirle más sañudamente de lo que lo estaba haciendo la República, a olvidar y perdonarle todo, incluso a bendecirlo. Con todo, terminó Prieto, lo más grave no era la concesión del monopolio en las plazas, sino el rescate en la zona del protectorado. March se había hecho con él también en 1927 «con menos estrépito, con muchísima menos publicidad». Aquel «gran patriota» no había dudado, remató Prieto, en apelar a la embajada francesa acusando a las autoridades militares y a la marina españolas de ir sembrando el odio en Marruecos. Ahí estaba para demostrarlo la carta escrita por March el 16 de diciembre de 1932, que Prieto leyó íntegra[40].

Las últimas palabras del ministro socialista fueron acogidas en el hemiciclo con grandes aplausos y vivas a la República. Le tocó el turno a Jaume Carner, que acusó al líder católico de falsedad. Contó el ministro cómo había llevado a consejo la pregunta de March acerca de sus posibilidades de obtener de nuevo la concesión, la contestación negativa que se le dio y las violentas presiones que hizo a los directivos de la Compañía Canariense Marroquí. Carner se puso serio. No era para risas el asunto, dijo Carner. March no era enemigo ni amigo de la República; tampoco fue amigo ni enemigo de la Dictadura, ni de la Monarquía. Porque March no era amigo ni enemigo de nadie. March era March; un hombre excepcional, un alma de la Edad Media con los medios e instrumentos modernos. Ni amaba ni odiaba, siempre iba por su camino, a lograr lo suyo, su poderío. Su único enemigo era todo aquel que se opusiera a su voluntad. Lo importante en el caso de March no era el contrabando, sino aquella «ciudad misteriosa e invisible» que se extendía desde el cabo Creus hasta Gibraltar. Aquel entramado de gentes dedicadas al contrabando, se decía cuando él era joven, tenía un alma, un propietario, «un mallorquín misterioso llamado Juan March». Llegó sin embargo March al Parlamento, y dijo que eso era un error, una falsedad, una leyenda. No fue una muestra de cinismo ni de audacia. March se sentía siempre en posesión de la verdad. Cuando un hecho no le convenía lo daba por no existente; amontonaba papeles, aportaba actas notariales y disfrazaba el hecho real. Era un «hombre formidable»: el primer propietario territorial de España, propietario de un banco, subarrendador del monopolio de tabacos en la zona española de Marruecos. No cabía enumerar todos sus negocios, pero el que se discutía no era el único asunto pendiente con el Estado. «El caso March es muy serio y debo deciros, señores diputados —concluyó Carner— que la República deberá afrontarlo resueltamente, no para acometer una injusticia, sino para considerarlo muy serio y muy atentamente. El señor March, en este nuevo régimen está en la misma situación que en los tiempos de la Monarquía y o la República le somete o él somete a la República»[41].

Así terminó Carner. Al presidente del Gobierno, sin embargo, no le preocupaba tanto la amenaza que supuestamente encarnaba Juan March como la situación creada al Gobierno por las acusaciones de Gil Robles. Carner y el propio Prieto aceptaban una comisión de investigación, pero Azaña no estaba dispuesto a que una comisión de carácter extraordinario se reuniera para examinar si se había cometido una inmoralidad o una ilegalidad. No podía aceptarlo de ningún modo, dijo de pie en el hemiciclo, cortando el debate. Él había propuesto que el asunto fuera a la comisión de Hacienda, con toda la publicidad que fuera necesaria. Ése era el camino, pero Gil Robles no había querido. Ni aquel Gobierno ni ningún otro podía vivir ni cinco minutos bajo la sospecha de una acusación, de una instigación a la duda como aquélla. Si había la más mínima posibilidad de que el líder de la CEDA hubiera probado sus acusaciones, dijo, no sólo debían irse los dos ministros, sino todos. No podía dejarse pasar la noche ni levantarse la sesión dejando al Gobierno bajo aquella «artimaña» de Gil Robles. Estaba planteando a las Cortes la cuestión de confianza, cuya formalización hizo Sánchez Román. Miguel Maura anunció que no podría votarla, no porque dudara de los ministros, cuyo trabajo aplaudía, sino porque se había planteado como una cuestión de confianza a todo el Gobierno. La opinión que todos esperaban era, sin embargo, la de Alejandro Lerroux. Para desencanto de quienes esperaban que rompiera públicamente con el Gobierno, el líder radical anunció su apoyo. Dijo que Gil Robles no sólo había querido herir a dos ministros o al Gobierno, sino que había querido «herir a la República», una afirmación a la que Azaña se sumó calurosamente. Por 272 votos a favor y ninguno en contra se aprobó la moción de confianza.

Mientras duró el debate, los pasillos del Congreso permanecieron vacíos. Al terminar, los diputados ministeriales salieron en tromba felicitándose por el gran éxito de Prieto, Carner y Azaña. Maura se paró a hablar con los periodistas: Gil Robles tenía razón al hablar de infracciones en el trámite del concurso, pero también tenía razón Prieto en sus razones para despojar a Juan March del monopolio. Los radicales, que habían permanecido en silencio, sin aplaudir, durante todo el debate, celebraron la aparición de Lerroux, que con su «generosidad» había salvado al Gobierno en un momento dificilísimo[42].

Los vuelos que adquirió aquel debate terminaron de apuntalar la condena de Juan March ante la opinión pública. Que Gil Robles hubiera actuado a su dictado, como abiertamente dijeron tanto Prieto como Carner, al tiempo que la interpelación del líder católico derivaba en una votación de confianza al Gobierno, convirtieron a Juan March en el gran responsable del ataque a la República. Hasta tal punto que Calvo Sotelo pasó a segundo plano. Lo que había quedado claro era que la República no iba a dejarse hacer como le había ocurrido a Primo de Rivera. La comisión de responsabilidades se reunió con ánimos enardecidos. Jerónimo Bugeda dijo que debía considerarse a March como el «gran corruptor nacional»; había que embargarle todos sus bienes y dedicarlos a conjurar el paro obrero o el déficit del Estado, dándole un plazo prudencial para que justificara los medios que había utilizado para labrar su enorme fortuna. Galarza se resarció: se trataba de un gran proceso, no por cohecho ni prevaricación, sino «por grandes delitos financieros, por honestidad de la República». En el sumario que se estaba instruyendo se hallarían todo tipo de delitos, incluso de sangre. Había que tomar medidas precautorias porque estaba interviniendo en bancos y bolsas. Fue el diputado radical, Rodríguez Piñero, el más contundente: la carta del embajador francés que había leído Prieto daba pie a juzgarle como «traidor a la Patria». Se acordó nombrar una ponencia especial para el caso, que quedó integrada por el socialista Teodomiro Menéndez; el radical Rodríguez Piñero; Suárez Uriarte, miembro de la Agrupación al Servicio de la República, y el radical-socialista Martín de Antonio. Debían dedicarse a entender en todo lo relativo a Juan March.

El presidente de la comisión, Manuel Cordero, urgió la formación del «gran proceso político» contra March, al tiempo que rogaba a todos que se abstuvieran de dar información a los periodistas. Por último, la comisión acordó el procesamiento de Calvo Sotelo y de March, así como la prisión e incomunicación de éste. Pese a la petición de silencio, varios diputados comentaron a la prensa que la detención tenía carácter preventivo, para que March no se fuera de España. Había que proseguir las investigaciones. El Socialista salió a la calle preguntándose a qué esperaba el Gobierno para meter en la cárcel a quien había estafado al Gobierno e incurrido en alta traición. No se fiaban de la justicia. A March debía juzgarle un tribunal especial nombrado por las Cortes, sumarísimamente.

Ese mismo día, en cumplimiento de la decisión de la comisión, el comisario jefe de brigada de investigación criminal de la Dirección General de Seguridad se había dirigido a la casa de Juan March en la calle Núñez de Balboa. Le dijeron que se encontraba en el edificio contiguo, en las oficinas. Los periódicos comentaron después que estaba preparando su escrito de contestación a las acusaciones. No se esperaba lo que iba a ocurrir. El comisario le comunicó el objetivo de su visita: su detención por mandato de la comisión de responsabilidades. De entrada, March pareció dispuesto a acompañarle. Se levantó y cogió el sombrero, pero se le acercaron varias personas que estaban con él, entre ellas su hijo Juan. Cambiaron impresiones en voz baja, aunque no tanto como para que no pudieran oírse los nombres de Canals y Gil Robles. March se separó del grupo y le dijo que había cambiado de opinión, que no iba a acompañarle. El comisario insistió, pero March replicó que como diputado en Cortes no tenía por qué obedecer las órdenes del director general de seguridad, y menos de él. Sólo saldría de sus habitaciones a requerimiento de la comisión de responsabilidades. Alguien dijo incluso que quien debía marcharse era la policía. Volvieron a hacer grupo y March mandó a uno de ellos para que fuera en coche a buscar a Canals o a Gil Robles. Mientras tanto, el comisario había llamado a la Dirección General de Seguridad, y al cabo de unos minutos llegó la orden de detención escrita. Se la leyó a March y éste se dispuso a acompañarle, aunque le pidió un momento de espera para ver si volvía la persona que se había ausentado. Volvió, pero solo. No había encontrado a quien buscaba. March se puso a disposición del comisario, que le trasladó a la Dirección General de Seguridad. De allí, a la cárcel Modelo, incomunicado[43].

La vigilancia que había en su casa desde el día 12 de junio se trasladó a la prisión, para controlar las visitas. La primera fue la de los dos miembros de la comisión encargados de leerle el auto de procesamiento que imputaba los delitos de prevaricación y cohecho a José Calvo Sotelo, en rebeldía, y a Juan March Ordinas. Se le informó que tenía cinco días para recurrir y se le requirió para que en un plazo de cuarenta y ocho horas prestase fianza en metálico por valor de seis millones de pesetas, cifra en que se calculaba por el momento los perjuicios sufridos por el Estado. Preguntado si los cargos eran ciertos, March dijo que no. A si tenía algo más que declarar, contestó de nuevo que no, que ya lo haría en su momento[44].

March había ingresado en prisión por primera vez en su vida. Su detención era la actuación más sonada de la comisión de responsabilidades, después de la acusación de alta traición contra el exrey Alfonso XIII, debatida y aprobada por el pleno de las Cortes en noviembre del año anterior, un espectáculo que Manuel Azaña calificó entonces de «bochornoso». La comisión seguía sin ponerse de acuerdo sobre la calificación o no de delitos «políticos» en relación con quienes ocuparon cargos durante la Dictadura de Primo de Rivera y los Gobiernos del general Berenguer y del almirante Aznar. La persecución de los militares había remitido y ninguna acusación de corrupción de carácter económico había salido adelante. March había confiado en que su caso corriera una suerte parecida, pero se convirtió en el castigo ejemplarizante. La prensa recogió de inmediato y profusamente la noticia de su detención, que sorprendió a los diputados por el sigilo con el que actuó la comisión de responsabilidades. La prensa de izquierdas se jactó de que la República hubiera metido en la cárcel a un millonario. El Socialista, que desarrollaba una abierta campaña contra las «habilidades leguleyas» que obstaculizaban el proceso, denunciando a la par a los «mercenarios defensores» de March, había sostenido que sobraban pruebas para que le juzgara un tribunal especial nombrado por las Cortes, porque no se podía confiar en la justicia. La Libertad, por contra, se preguntaba si estaría en prisión March de haber contribuido con su dinero a las peticiones de los republicanos revolucionarios en 1930. ABC buscaba razones para medidas tan rigurosas, incluso «vejatorias», como la incomunicación o la misma prisión preventiva para delitos que, en caso de ser ciertos y probados, no llevaban consigo la pena de reclusión. No cabía sino achacarlo a su negativa a financiar la revolución republicana, después de acaecidos los hechos de los que se le acusaba. Su figura, escribía Honorio Maura, adquiría «proporciones insospechadas desde el punto de vista ético y de gallardía, en comparación con la masa de acusadores más o menos encubiertos y de espectadores más o menos complacidos de la fiesta de acoso y derribo»[45].

Unos meses antes, en pleno debate parlamentario sobre los suplicatorios de Juan March y José Calvo Sotelo, el escritor Ernesto Giménez Caballero había escrito sobre Juan March en La Gaceta Literaria, preguntándose si era tan «poderoso caballero» como se decía. Giménez Caballero colaboraba, como sabemos, en Informaciones, el periódico de Juan March. En España, decía, sólo había tres caballeros «don dinero»: don Juan March, don Francisco Cambó y don Álvaro de Figueroa, conde de Romanones. Don Juan, don Álvaro y don Francisco. Don Álvaro tenía un dinero «tradicional»; don Francisco tenía un dinero-catalano-argentino, «protector de intelectuales». Sólo el «pobre don Juan tenía un dinero romántico y misterioso, de corsario, de capitán de aventuras… Un dinero colonial y pirata». La España de entonces no podía perdonárselo. Debió nacer en otra época, pero comenzó a tener dinero cuando España ya no era grande, ni colonial, ni aventurera, ni donjuanesca. March ofendía con su dinero a la España «pobre, digna, pacifista, socialista, culturizante…». Aquel hombre, nacido para virrey, para encomendero, para adelantado de un Imperio, había desatado las peores furias. Todo el país se había lanzado contra él. ¿De qué se le acusaba? De tener dinero, claro. ¿Que él decía que era suyo? ¿Que presumía de que, mientras todos los que tenían dinero lo sacaban fuera, él había traído seis millones de dólares? ¡Intolerable! Seis meses después de que Giménez Caballero escribiera aquello, Juan March estaba en la cárcel[46].

Más comedido fue Josep Pla. Era un error pensar que Juan March era antirrepublicano. A March le importaba lo mismo la República que la Monarquía. Había sido indirectamente uno de los causantes de la caída de la Monarquía por la feroz campaña que lanzaron sus periódicos en 1930 contra la política de estabilización del entonces ministro de Hacienda, Juan Ventosa. De aquel fracaso se derivó en la situación presente. Pero March se reiría si se le dijera que contribuyó decisivamente a la caída de la Monarquía. March era un republicano como tanta gente. Pero era sobre todo un «hombre completamente escéptico frente a todas las formas pensables de gobierno». Lo único que le interesaba era hacer negocios, amasar el dinero que tanto esfuerzo le había costado ganar. Envuelto en el asunto de las responsabilidades, se habían desenterrado acusaciones que tuvieron que ser abandonadas hasta llegar a aquella de la concesión del monopolio de tabacos. Prieto también había concedido el monopolio a una sociedad, y sin concurso. ¿Qué ocurría entonces? Simplemente que entre los señores Prieto y March había entablada una «lucha a muerte». Aquello era el primer episodio. March estaba lanzado y trabajaba «con poderosos medios». Prieto luchaba con su inteligencia, sus dotes parlamentarias y su vitalidad formidable. Lo único que cabía desear era que, como otros choques humanos violentísimos, aquél también redundara en favor de los intereses generales[47].

En la cárcel

Juan March no quiso ver a nadie durante los primeros días en prisión. Se dedicó a organizar su defensa y a tratar de salir inmediatamente de allí. No le servían para ello sus abogados y apoderados habituales. Nombró defensor al diputado a Cortes del Partido Radical, Tomás Peire, y a José Antonio Canals, hijo del político conservado Salvador Canals. También dio un poder especial al procurador de los tribunales, Eugenio Ruiz Gálvez. El 18 de junio presentó un escrito solicitando a la comisión de responsabilidades la libertad provisional y ofreciendo como fianza su casa de Madrid y una finca que había comprado hacía poco tiempo en Baeza. Sobraban las medidas precautorias, dijo, porque como había demostrado al volver de París no tenía intención de irse de España.

Las opiniones en el seno de la comisión se dividieron. El radical Rodríguez Piñero se declaró favorable a la concesión de la libertad provisional, y también lo hizo Suárez Uriarte, miembro de la Agrupación al Servicio de la República. Se negaron rotundamente a ello los radical-socialistas y los socialistas. Serrano Batanero no sólo propuso que se ratificara la orden de prisión, sino que exigió que no se autorizara a March más que un solo defensor y se cuestionara el valor de la finca propuesta como fianza. El socialista Teodomiro Menéndez pensaba que poner en libertad a March daría una pésima imagen de la comisión. Entre unos y otros, inclinó la balanza el presidente, Manuel Cordero. Había recibido una llamada de Azaña comunicándole la aparición de la carta de Juan March al embajador francés a la que había aludido Indalecio Prieto en las Cortes, y apoyó la denegación de la libertad provisional. Se rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Juan March, no se aceptó la representación múltiple, quedando como único defensor Tomás Peire, y se instó a hacer hipoteca de las fincas ofrecidas como fianza[48].

Hasta el 8 de julio no conoció March la decisión. Protestó por la tardanza en comunicársele y se negó en redondo a hipotecar sus fincas. No estaba dispuesto a correr con los gastos que implicaba la gestión. Mientras tanto, la ponencia especial nombrada en el seno de la comisión para convertir el auto de procesamiento en acusación comenzó sus trabajos. Volvió a declarar Francisco Bastos y también lo hizo Manuel Delgado Barreto, antiguo director de La Acción y después de La Nación. La ponencia reclamó también la voluminosa documentación que el caso arrastraba. Desde Palma de Mallorca debían llegar los sumarios instruidos contra Juan March en 1918 y en 1923. También se recibieron más de cuarenta documentos de la Dirección General de Marruecos con el expediente formado a raíz de la rebaja de precios del tabaco en Ceuta y Melilla en 1922. Entre ellos estaba la carta en la que Juan March le hablaba al embajador francés del «beneplácito» de las autoridades militares españolas hacia el contrabando y de la «deliberada siembra de odios» que esta actitud producía en una zona aún no pacificada. El 13 de julio, una representación de la comisión se personó en la cárcel para que March ratificara si la carta era suya. Dijo que recordaba haber escrito al embajador con el único objetivo de que lo trasladara a las autoridades españolas, y aprovechó para dar toda suerte de explicaciones. Hubo que interrumpirle y se pospuso el final de la declaración para nueve días más tarde. Como solía hacer, para entonces tenía preparado un amplio dossier de documentos que entregó a los comisionados.

March no acababa de aceptar que la cárcel pudiera durar tiempo. Confiaba en sus abogados, pero también en sus influencias y en un posible cambio político. Denegada la prisión provisional, tras mes y medio en la Modelo, Peire pidió prisión atenuada para que March pudiera atender a su «precaria salud» y ocuparse de sus negocios. ¿Cómo explicar que disfrutaran de ella los generales Berenguer, Fernández Heredia, Vallespinosa, Muñoz Cobos y Cavalcanti, todos ellos cercanos colaboradores de Primo de Rivera, y no se le concediera a Juan March? Aquel «encono pasional» sólo podía redundar en desprestigio de quienes pretendían juzgarle. La prensa publicó el voto particular en el que Rodríguez Piñero había plasmado su discrepancia con la decisión adoptada por sus compañeros de comisión. Cordero volvió a desesperarse con las filtraciones. No estaba dispuesto a soportar un nuevo escándalo en las Cortes. O se mantenía el compromiso del secreto en las deliberaciones o él dimitiría. En cualquier caso, el 9 de agosto, la subcomisión correspondiente volvió a denegar unánimemente la petición de prisión atenuada para Juan March.

Los periódicos se hicieron eco de la denegación, pero otro asunto pasó a ocupar al día siguiente las primeras páginas: la intentona militar de «rectificar» la deriva de la República encabezada por el general Sanjurjo. El golpe fracasó. Bastaron pocas horas y una compañía de asalto para evitar en Madrid la entrada de los conspiradores en el Ministerio de la Guerra, en el que se había atrincherado durante la noche el presidente del Gobierno, Manuel Azaña. Más tiempo se tardó en controlar la situación en Sevilla, donde estaba Sanjurjo, que fue finalmente detenido.

De la existencia de la conspiración tenía noticias el Gobierno desde hacía tiempo. Lo sabía Martínez Barrio, que se lo comunicó a Azaña sin darle nombres. Se hablaba de los generales Barrera, Goded y Sanjurjo, y de algunos políticos civiles, como el antiguo conservador Burgos y Mazo y el reformista Melquíades Álvarez. Al descontento provocado en ciertos sectores del ejército por las reformas militares de Azaña se sumaba el del propio Sanjurjo, que había sido relegado desde la dirección de la Guardia Civil a la del cuerpo de carabineros. También se sospechaba de la implicación del líder radical Alejandro Lerroux, quien, un mes antes, en un multitudinario mitin en Zaragoza, culminó su campaña de actos públicos afirmando que había llegado la hora del relevo de un Gobierno que tenía enfrente a la mayoría del país. Lerroux apeló al presidente de la República para que pusiera fin a aquella situación. Los socialistas contestaron con un manifiesto en el que calificaban dicha apelación de verdadero golpe de Estado al que estaban dispuestos a oponerse por todos los medios, por violentos que fueran.

El líder radical, que se había refugiado en su casa de San Rafael, en la provincia de Segovia, al conocer que la intentona militar se anticipaba, fue, sin embargo, uno de los primeros en felicitar a Azaña por el éxito en su represión. Hubiera secundado o no los planes conspirativos iniciales, había prevenido al presidente del Gobierno y se había desmarcado. El protagonismo había sido de los militares, aunque hubo políticos que les buscaron, sondearon y animaron. Había habido reuniones en casas de conocidos monárquicos y tradicionalistas en Madrid, en Barcelona y también en Biarritz, donde residían muchos exiliados. Creían que el malestar creado por el debate parlamentario de la Ley de Reforma Agraria y del Estatuto de Cataluña ofrecía un escenario propicio para el intento. Fracasado el golpe, algunos huyeron. Hubo detenciones, deportaciones, confiscaciones de tierras y suspensiones de periódicos como ABC, El Debate, Informaciones y La Nación. El Gobierno salió reforzado y se consiguió que las Cortes aprobaran las dos grandes leyes pendientes. Los partidos republicanos cerraron filas en apoyo del Gobierno, mientras los socialistas, gracias a los esfuerzos de Indalecio Prieto aunque no sin discrepancias internas, ratificaron su compromiso gubernamental. El Partido Radical, por su parte, celebró su primer gran congreso nacional para dar imagen de unidad, aunque no se pudo evitar la sensación de que se alejaba de nuevo la posibilidad de hacerse con el Gobierno[49].

También en las filas de la derecha hubo movimientos relevantes. Los partidarios de las tesis «accidentalistas», que no hacían cuestión prioritaria de la forma del régimen y proclamaban su acatamiento a las reglas del juego político, se encuadraron en la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA), bajo el liderazgo de José María Gil Robles. Quienes mantuvieron a ultranza su lealtad monárquica acabaron militando en las filas de Renovación Española, bajo la batuta de Antonio Goicoechea, una vez que salió de la cárcel.

Se dijo que Juan March había puesto dinero para animar la sanjurjada, aunque lo desmintieron sus periódicos, La Libertad en Madrid y El Día en Mallorca. Juan March conocía personalmente al general Sanjurjo. Ambos habían almorzado juntos en el palacio de March en Cala Ratjada, en Mallorca, el 1 de abril de 1929. También se dijo que había sido él quien empujó a Lerroux. Por los pasillos del Congreso corrió el rumor de que el líder radical había recibido unos miles de pesetas de Juan March para hacer frente al pago de dos letras que le habían protestado y que, desde la cárcel, el financiero mallorquín le urgía para que apresurara su llegada al poder. Quien sí participó en las reuniones preparatorias y fue, al parecer, el redactor del manifiesto del general Sanjurjo fue el periodista Juan Pujol, a quien Juan March había nombrado director de Informaciones un año antes[50].

Años más tarde, en 1958, el entonces abogado madrileño y director general de prisiones durante el segundo bienio republicano, Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado, contó su participación en la conspiración y señaló el apoyo de March. Hipólito Jiménez visitaba a diario en su oficina al general Goded, jefe del Estado Mayor Central, y fue testigo de una conversación entre éste y el general Sanjurjo a poco de ocurrir los sangrientos acontecimientos de Castilblanco el 31 de diciembre de 1931, en los que fueron asesinados un cabo y tres guardias civiles. En aquella conversación, Goded se puso a las órdenes de Sanjurjo e Hipólito Jiménez sirvió de emisario. Concertó también la entrevista que Sanjurjo le pidió con Melquíades Álvarez, para darle a conocer el manifiesto que había preparado. Fue José Antonio Canals, siempre según la narración del abogado Jiménez, quien puso al corriente a Juan March y le pidió ayuda económica. El mallorquín puso 25.000 pesetas a disposición de Goded. Cuando fracasó el golpe, quiso devolvérselas, pero March no lo aceptó. No quiso que se le devolviese el automóvil, un Hispano, que Canals había comprado para que Goded hiciese el viaje desde el Escorial, donde veraneaba con su familia, hasta Sevilla[51].

March fue un contribuyente destacado al «fondo de guerra» que, a poco de la sanjurjada y con una carta del propio Alfonso XIII, organizaron algunos monárquicos tras entrevistarse en Biarritz con Calvo Sotelo. Se formaron dos comisiones para recaudar dinero con el que continuar las actividades conspirativas, una en el exterior y otra en el interior. La primera estuvo presidida por el conde de los Andes y la del interior por el marqués de Arriluce de Ibarra. Juan March contribuyó con dos millones de pesetas. Le seguían en la lista José Luis de Oriol, los marqueses de Pelayo, el marqués de Larios y el marqués de Portazgo con un millón; más lejos, con cantidades más reducidas, el marqués de Aranda, el propio Arriluce de Ibarra, el marqués de Urquijo, Juan Tomás Gandarias… En total, doce millones de pesetas. Podía sorprender ver el nombre de Juan March en una compañía poco compatible con la imagen de capitalista moderno y azote de la aristocracia que algunos socialistas mallorquines le habían atribuido unos años atrás. ¿Se había dejado envolver Juan March en un pasado anacrónico para su temple, en un monarquismo que no podía sentir, como escribió por entonces Ernesto Giménez Caballero? También afianzó sus lazos con el joven líder del catolicismo político, Gil Robles, a pesar de que muchos tenían a March por ateo e incluso masón[52].

Juan March comprendió que su salida de la cárcel se complicaba. Desistió del recurso de apelación contra el auto de procesamiento y prisión, y trató de aliviar su situación llamando la atención sobre el deterioro de su salud. El médico de la Modelo advirtió del empeoramiento de una antigua dolencia, una uretra-prostatitis crónica, cuyo tratamiento en la cárcel había provocado, además de dolores, fiebre, y había tenido que interrumpirse. Por consejo del médico habían visitado a Juan March tres especialistas, los doctores Peña y Sánchez Covisa, diputado éste de la derecha republicana, y también su amigo Gregorio Marañón. Confirmaron la dolencia y coincidieron en que, dadas las malas condiciones de la enfermería, de tener que continuarse con el tratamiento haría falta hospitalización en el exterior. Enterada la comisión de responsabilidades, decidió que visitaran a March dos médicos forenses. Su informe ratificó la enfermedad, aconsejó aplicar electrolisis o una uretromía interna, así como un plan curativo que por las deficientes instalaciones carcelarias resultaba difícil en la prisión, por no decir imposible. No era urgente, pero diferirlo agravaría el estado del enfermo y podía acarrear graves complicaciones[53].

La comisión de responsabilidades quiso saber si sería posible y cuánto costaría trasladar a la enfermería de la prisión los aparatos necesarios. No estaban dispuestos a que Juan March entrara y saliera de la cárcel. Los forenses dijeron que no era posible. El médico de la prisión insistió: todos los casos «de importancia» se mandaban al hospital. Además de la dolencia diagnosticada, March padecía insuficiencia cardiovascular, tenía la tensión alta y acusaba un «agotamiento orgánico» consecuencia de cincuenta y dos años de «mucha actividad». La comisión se declaró incompetente. Volvió a denegar la petición de libertad provisional, que eso sí era atribución suya, y dijo que sólo el director de la cárcel, previo informe preceptivo del médico, podía permitir la salida de Juan March en caso de empeoramiento. No hubo más. Ni el director ni el médico de la Modelo volvieron sobre el asunto. Juan March, sí. Dos meses más tarde, el día de Navidad, insistió por escrito. Tras seis meses de prisión, quebrantado física y moralmente, en vísperas de las vacaciones parlamentarias, solicitaba un momento de «benévola atención». La escasa diligencia con la que actuaba la comisión no podía ser sino demostrativa de la «insignificancia» del problema. En los seis meses sólo se habían ocupado de él en dos momentos: para comunicarle el auto de procesamiento y para interrogarle sobre un asunto «completamente extraño» a dicho auto, la ratificación de la autoría de una supuesta carta suya del año 1922[54].

A medida que pasaba el tiempo, la complicación de la política republicana fue dejando el asunto de las responsabilidades cada vez más en un segundo plano. Para Juan March tan malo era que se ocuparan de él en exceso como que le olvidaran. El resto de las obligaciones políticas y parlamentarias atraía más la dedicación de los diputados que integraban la comisión. La asistencia a las reuniones era escasa e irregular. March podía pudrirse en la cárcel. La escasa diligencia fue denunciada por el diputado radical Ricardo Samper. Incluso el presidente, Cordero, había mostrado su desesperación. Los miembros de las subcomisiones no encontraban nunca el momento de reunirse y los expedientes se paralizaban. De todas las subcomisiones, sólo la primera había terminado su tarea. La cuarta, la que afectaba a Juan March, era la más cargada. Se decidió reorganizar los trabajos en seis subcomisiones nuevas, integrada cada una por tres diputados, y con un reparto determinado de expedientes. El de Juan March cayó en la primera; era, con mucho, el de mayor enjundia de los tres casos que se le atribuyeron. Formaban parte de la subcomisión Serrano Batanero, de Acción Republicana, que quedó nombrado ponente para el caso March; Martín de Antonio, radical-socialista, y Rodríguez Piñero, radical.

El 27 de diciembre volvió a discutirse la petición de Juan March de prisión atenuada. Se denegó. Rodríguez Piñero presentó su dimisión irrevocable como miembro de la nueva subcomisión. Ricardo Samper repetía que si March fuera un «pobre diablo» ya estaría en la calle. Aunque llegara a probarse la existencia de un delito de cohecho, la sanción que pudiera corresponderle sería menor que la pena ya cumplida. Desde el mes de agosto no se había realizado ninguna diligencia. La acusación de «traición» derivada de la tan traída y llevada carta al embajador francés en 1922 era un asunto que no entraba en las competencias atribuidas por la ley a la comisión de responsabilidades. Un largo informe sobre el caso March elaborado por el abogado del Estado, Fernández Roguera, vino a dar nuevos aires a los acusadores. Había leído la voluminosa documentación acumulada y, con gran despliegue de referencias y citas, venía a concluir que había habido cohecho en las donaciones que March hizo a petición de Primo de Rivera. Aunque el nuevo Código Penal aprobado durante la Dictadura señalaba que aquel tipo de delito prescribía a los cinco años, el procedimiento contra March había comenzado antes, y eso interrumpía el plazo. No se decía nada sobre el pretendido delito de traición derivado de la carta al embajador francés. El Socialista se hizo eco del informe rápidamente: la comisión ya tenía base para ultimar la acusación[55].

«March, todavía preso, nos hace todo el daño que puede, sobre todo en Marruecos», anotaba Azaña entrado ya 1933. Se dijo que había comprado al responsable de la Compañía Canariense Marroquí, que trabajaba ahora para hundir a su propia empresa. La abogacía del Estado decidió abrir un expediente contra Juan March por contrabando de tabaco en Ceuta y Melilla, y el 28 de marzo, el subsecretario de Hacienda entregó a la comisión de responsabilidades un expediente gubernativo abierto por dicho Ministerio para depurar el contrabando. A nadie debía sorprenderle. El propio March había amenazado con eso cuando perdió la subasta para la nueva adjudicación del monopolio de tabaco. Ese mismo día, Juan March recibió en la cárcel la visita de dos miembros de la comisión de responsabilidades, que llegaban para interrogarle acerca de sus donativos a La Correspondencia Militar y de los dos talones que habían ido a la Liga contra el Cáncer y a la Iglesia de Tetuán. Repitió lo ya sabido, pero aprovechó para protestar enérgicamente porque en más de nueve meses de encarcelamiento no habían considerado conveniente tomarle declaración y no habían tenido en cuenta los daños irreparables que en su imagen y en sus negocios le estaban produciendo[56].

Unos meses más tarde se publicó la noticia de que, a petición del director general del Timbre, se había nombrado un juez especial para el asunto del contrabando, que estaba dispuesto a exigir catorce millones de pesetas a Juan March por las responsabilidades en que podía haber incurrido, así como a determinar el procesamiento y prisión de su apoderado en África, el señor Jorro. La comisión de responsabilidades declaró que no tenía nada que ver con aquel expediente[57].

Juan March había convertido la cárcel Modelo en un eficaz centro de trabajo. Allí recibía asiduamente no sólo a su familia y a sus abogados defensores, sino también a los numerosos apoderados que llevaban sus asuntos y a todos aquellos que podían suministrarle información sobre el devenir de la vida política. Estaba convencido de que únicamente un cambio en el Gobierno podría abrirle las puertas de la cárcel. Las perspectivas volvían a ser favorables. Los efectos de la sanjurjada habían pasado. El Gobierno que presidía Manuel Azaña se vio zarandeado a comienzos de 1933 por una nueva llamada a la insurrección de la CNT, que precipitó los sangrientos acontecimientos de Casas Viejas. En medio de la investigación que se abrió, varios capitanes de los guardias de asalto de Madrid suscribieron un acta en la que afirmaban que sus jefes les habían dado la orden de no hacer heridos ni prisioneros en aquel pueblo gaditano. Mientras Azaña trataba de averiguar lo sucedido, el acta llegó a manos de algunos políticos radicales, como Rey Mora y Guerra del Río, que quisieron enviarla a la prensa; Lerroux se opuso. El acta llegó también a manos de Peire, el abogado de Juan March, quien, como militar que era además de diputado radical, andaba envuelto en las conspiraciones que se producían en los cuarteles. El final del asunto de Casas Viejas no fue fácil para el Gobierno y Azaña tuvo que plantear a sus ministros la gravedad de una crisis de Gobierno por aquel motivo. Si el resultado era la formación de un Gobierno del Partido Radical, la reforma agraria se pararía, la política de conciliación con Cataluña retrocedería y se desembocaría en el predominio de los generales y en una amnistía para los participantes en la sanjurjada. Todo eso, y también la «rehabilitación de March y sus contrabandistas», una era de favoritismo y negocios[58].

Alejandro Lerroux aprovechó para insistir en el absoluto fracaso de aquel Gobierno que en catorce meses había perdido toda autoridad y fuerza moral, y anunció su intención de recurrir a la obstrucción parlamentaria. Aunque Azaña consiguió que el Parlamento ratificara la confianza en el Gobierno, la actitud del Partido Radical amenazaba con impedir la aprobación de dos nuevas leyes: la que creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Ley de Congregaciones Religiosas. El presidente del Gobierno consiguió finalmente el compromiso de que ambas recibirían el apoyo necesario, pero las minorías radical y conservadora advirtieron que no estaban dispuestas a conceder el «larguísimo crédito de confianza» que les solicitaba Azaña[59].

Los partidos políticos estaban tomando posiciones porque iban a celebrarse elecciones municipales en aquellos Ayuntamientos en los que en abril de 1931 se había aplicado el artículo 29 de la antigua Ley Electoral. El número de concejales a elegir era importante, aunque se trataba de pequeños municipios rurales de Aragón, de las dos Castillas y de Navarra, que apenas suponían un 13 por 100 del total de electores. Salieron elegidos más concejales de los partidos que formaban la coalición de Gobierno, pero fue el Partido Radical el que obtuvo el mayor número. La gran sorpresa, sin embargo, la constituyó el enorme empuje de la nueva derecha católica, de la CEDA liderada por Gil Robles, que en unos pocos meses se había convertido en una influyente fuerza política. El debate parlamentario de la Ley de Congregaciones Religiosas le había dado alas. La ley consiguió ser finalmente aprobada, tras aplicarle la «guillotina», pero provocó también una tensa situación con el presidente de la República, católico ferviente y notoriamente contrario a la ley. Alcalá Zamora apuró los plazos para estampar su firma hasta comienzos de junio, dos días antes de que el papa Pío XI hiciera pública su encíclica Dilectissima Nobis, en la que calificaba la ley de manifiesta injusticia y llamaba a todos los católicos españoles a mostrar su rechazo más tajante[60].

Tampoco el clima social era bueno. La depresión económica, el aumento del paro forzoso y el trato desigual desde el Gobierno agriaron las relaciones entre los dos grandes sindicatos y radicalizaron los conflictos laborales que se multiplicaron, enquistándose. La CNT se lanzó a un ejercicio de «gimnasia revolucionaria» convocando huelgas generales de carácter insurreccional, que acabarían debilitándola a ella pero también al Gobierno, mientras el sindicato socialista, la UGT, a duras penas podía contener el empuje de unas bases que habían llegado en aluvión a sus filas y no se sentían satisfechas de los frutos de la participación en el Gobierno. De otro lado, propietarios, patronos y empresarios padecían las dificultades económicas, la aplicación de la nueva legislación laboral y la puesta en marcha de la reforma agraria, sin que los mecanismos de negociación y arbitraje les libraran de la conflictividad y la violencia en aumento. Las asambleas y las manifestaciones de los pequeños agricultores y de los comerciantes e industriales de las ciudades se tornaron multitudinarias. Reclamaron orden, respeto a la propiedad y a la ley, y que se detuviera lo que algunos llamaban la «socialización en frío» de la economía española. O dicho de otra manera: que los socialistas abandonaran el Gobierno[61].

Juan March nunca había sido parte de una movilización corporativa, pero suscribía el apoyo a un Gobierno radical que desplazara a los socialistas del poder. A comienzos de mayo de 1933, el director general de prisiones comunicó a Manuel Azaña que era necesario trasladar a Juan March a otra prisión. En la Modelo había un exceso de personal recluso y un preso de «tanta consideración» como Juan March, amén de romper el régimen de igualdad y austeridad que debía regir la vida en la cárcel, mantenía una relación demasiado estrecha y preocupante con presos de matiz extremista. Una semana antes, los servicios de seguridad habían tratado de disuadir a Azaña de acudir a la inauguración de la Feria del Libro. Luego supo que se había detenido a varios miembros de la CNT dispuestos a atentar contra él, se dijo que pagados por Juan March. Hubiera fundamento o no para creerlo, se temía también que estuviera preparando un golpe para evadirse. El caso fue que el director de la cárcel Modelo solicitó su traslado a la Escuela de Reforma de Alcalá de Henares, donde podría mantener sus condiciones de estancia en prisión, pero aislándolo y sometiéndolo a una vigilancia que garantizara su seguridad. Azaña contestó que hicieran lo que pareciera conveniente[62].

Juan March había sido espléndido y generoso no sólo con guardias y vigilantes, sino también con los reclusos. Repartía obsequios, comida y dinero. Habían corrido rumores de su relación con los márgenes más turbios del movimiento anarquista. Por ejemplo, los que le relacionaban con el vespertino filoanarquista La Tierra, que había criticado duramente a Ángel Galarza mientras se tramitó el suplicatorio contra Juan March. La Tierra arremetió también contra los socialistas que en el pasado se habían dejado cortejar por Juan March y ahora le tildaban de contrabandista, chantajista, traidor y ladrón. Por supuesto que el periódico anarquista no iba a defender a March; no podría hacerlo quien preconizaba «el hundimiento del régimen capitalista», había dicho su director, Cánovas Cervantes, al tiempo que negaba la «ridícula» idea de que recibiera dinero del banquero mallorquín. Pero no se pararon en barras a la hora de afirmar que March estaba en la cárcel por el temor de los «plutócratas» que gobernaban la República a que contara todo lo que sabía[63].

El 5 de mayo de 1933, de madrugada, Juan March fue trasladado. Alguien había avisado a los periodistas, que se apostaron por la noche en los alrededores de la cárcel Modelo y pudieron ver cómo, hacia las once de la noche, llegaban tres coches. Uno de ellos pasó al interior y a eso de la una y cuarto de la mañana salió con las cortinillas echadas. Los otros dos le dieron escolta mientras atravesaba la ciudad y salía por la carretera de Aragón. Media hora más tarde llegó a Alcalá el director general de seguridad y dijo a los periodistas que había recibido órdenes de la comisión de responsabilidades, pero poco más. Ya entrado el día, en los pasillos del Congreso todo eran comentarios. La noticia fue una sorpresa. Un diputado radical comentó a la prensa que en la reunión de la comisión de responsabilidades del día anterior no se había hablado de nada.

Los periodistas se lanzaron a buscar explicaciones de quién y por qué se había decidido el traslado de Juan March. Ya a las cinco de la tarde apareció Manuel Cordero por el Congreso y les dijo que el director general de seguridad se había equivocado, que la orden había tenido origen gubernativo y obedecía a razones de régimen interno carcelario. La comisión de responsabilidades no había tenido nada que ver. Pero la prensa prefirió quedarse con el rumor de que se había intentado atajar un intento de fuga. El Socialista dijo que, si bien por razones de discreción elemental no podía ser más explícito, el traslado estaba relacionado con los rumores que circulaban «relativos a un supuesto complot de carácter bastante oscuro». Pero no entendía por qué se había armado tanto revuelo. Sólo se trataba del traslado a una prisión cercana de un preso sobre el que pesaban «graves acusaciones». Eso era todo. El problema era que se trataba de un «jerifalte de los negocios, capitán de la banca, financiador de grandes empresas, propietario de periódicos». No era ningún «perseguido». La República había actuado con toda legalidad y había dado «ejemplo novísimo de encarcelar a un millonario». El periódico socialista publicó dos días más tarde una entrevista ficticia con un Juan March que aparecía como un individuo carente de escrúpulos, astuto y convencido de que en el mercado podía comprarse y venderse todo, «una marta cebellina o una conciencia turbia». Cada día alguien le aseguraba que el Gobierno iba a caer, pero nunca caía. ¿Qué podía hacer? Insistir en la campaña que le presentaba como una víctima del odio eran «garambainas». March era un millonario que no podía inspirar compasión[64].

La prensa de derechas aprovechó la confusión provocada por el traslado, tachado de «incomprensible», para abundar en la injusticia cometida con March. Tan precario era su estado de salud que había tenido que ser levantado de la cama con grandes esfuerzos y colocado en un sillón. Su abogado, Tomás Peire, protestó ante el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, porque no se hubiera tenido en cuenta la enfermedad de March. Se le había instalado en Alcalá en una celda como si fuera un condenado por delito común, sin consideración alguna a su condición de diputado. Peire manifestó además su asombro de que los miembros de la comisión confesaran no haber tenido noticias del traslado, porque su presidente, Manuel Cordero, sí lo sabía. Era una muestra más de los «manejos socialistas». De qué iba a haber un complot para evadirse si, como sabía todo el mundo, pronto habría un nuevo Gobierno, llegó a decir La Nación[65].

Cargos, descargos y fuga

El mismo día 5 por la tarde se reunió en convocatoria extraordinaria la comisión de responsabilidades. Sólo acudieron seis vocales. Cordero dijo que había sabido del traslado por una conversación con el director general de prisiones en los pasillos del Congreso, y que no se opuso. Le había llamado después, sin embargo, para que rectificara sus afirmaciones respecto a la implicación de la comisión, cosa que hizo. Cuatro días más tarde, con más quórum, los vocales radicales se negaron a suscribir el voto de confianza al presidente por su actuación. Rodríguez Piñero fue más allá y esta vez dimitió de vocal. El ponente para el asunto March, Serrano Batanero, dio toda suerte de explicaciones sobre la marcha del expediente y poco después presentó al pleno la lista de diligencias practicadas, aunque no todavía unas conclusiones. Cordero le urgió a hacerlo y propuso que se ampliara la subcomisión con la presencia de Bugeda. Los socialistas habían manifestado su deseo de tener a alguien en ella y así podría acelerarse el final.

Por fin, el 13 de junio, la subcomisión presentó el pliego de cargos contra Juan March. A los relacionados con la adjudicación del monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla se añadía la carta al embajador francés con la que se había pretendido, se decía, eliminar la presencia de la Compañía Arrendataria en el norte de África. Al día siguiente le fueron comunicados en la cárcel a Juan March, que pidió una ampliación de plazo para contestar. En su pliego de descargos, sus abogados denunciaron la mezcla de hechos ciertos con suposiciones. Nada habían tenido que ver los donativos benéficos con la intención de influir en las decisiones del Gobierno de Primo de Rivera. Se ponía en duda la competencia de la comisión para tratar sobre la famosa carta, con la que March sólo había salido al paso del problema generado por el contrabando en tanto que concesionario de la Sociedad Internacional. En cualquier caso, el supuesto delito de cohecho sólo se castigaba con prisión correccional y estaba incluido en los indultos decretados por la República a poco de proclamarse. March llevaba más de un año en prisión y sólo había recibido tres visitas de la comisión.

El pliego de descargos fue conocido por la opinión pública a través de la prensa antes de que lo vieran los vocales de la comisión. Otra vez hubo quejas, protestas y disgustos. Todavía faltaba redactar el acta de acusación. Se acercaban las vacaciones parlamentarias. Los abogados de Juan March pidieron otra vez la libertad provisional y recusaron a varios miembros de la comisión por enemistad personal manifiesta. March se desesperaba, aunque la situación política le permitiera abrigar esperanzas. La tramitación de la Ley de Congregaciones Religiosas había deteriorado la relación entre el presidente del Gobierno y el de la República. Azaña quiso aprovechar la necesidad de remodelar el Gobierno por enfermedad de Jaume Carner para confirmar la confianza del jefe del Estado. Alcalá Zamora abrió consultas y, tras varios fracasos, volvió a encargárselo a Azaña. Le pidió que procurara ampliar las bases del Gobierno, pero Azaña no logró incorporar más que a Esquerra Catalana y a los federales. El Partido Radical-Socialista, además, arrastraba una crisis interna con anuncio de ruptura inminente. En la presentación del Gobierno ante las Cortes, los radicales anunciaron el fin de la obstrucción parlamentaria, pero no renunciaron a la reivindicación de un cambio de Gobierno. El más duro fue Gil Robles: no se había producido la «rectificación total» que se esperaba, se había mediatizado las facultades del presidente de la República, se había violado la Constitución y quedaba demostrado que el Gobierno era «faccioso»[66].

El Gobierno perdió, además, el apoyo de los periódicos que todavía le sostenían. Detrás estaba la mano de Juan March. Luis Miquel, un marino catalán en la reserva, se había convertido un año atrás en gran empresario periodístico. Se hizo con el control de El Sol, de La Voz y de Luz, tres de los más prestigiosos diarios madrileños en los que habían escrito los intelectuales de mayor relieve del país, comenzando por José Ortega y Gasset. Durante meses habían sostenido la política del Gobierno. Los cálculos de Miquel respecto al futuro del negocio se demostraron, sin embargo, errados. Confió en un aumento de precios de los periódicos que el Gobierno no autorizó, y decidió pasarse a un «moderado antigubernamentalismo» para ver si así aumentaba la venta. No lo consiguió. Comenzó a acumular crédito sobre crédito, alguno, al parecer, de Juan March. A Azaña le llegó la noticia de que Miquel le había contado al mallorquín que tenía influencia política como para conseguir su excarcelación. Al presidente del Gobierno se le encogió el corazón ante tamaña «enormidad». No quiso hacer nada para salvar a Miquel de las manos de Juan March: «Ni se puede ni se quiere», le dijo a un amigo que se acercó a interceder. También lo intentó Marañón, haciendo llegar al Gobierno la noticia de que March estaba dispuesto a poner la prensa que controlaba al servicio del Gobierno a cambio de su libertad[67].

Juan March debió gastar mucho dinero durante aquellos meses para intensificar la campaña en la prensa, pero encontró terreno abonado. El alejamiento crítico de algunos intelectuales respecto del Gobierno venía de antes. En octubre de 1932, Ortega había decidido disolver la Agrupación al Servicio de la República argumentando que había cumplido sus fines: la República estaba consolidada y había que dejar a sus componentes libres para retirarse de la vida política o para reagruparse bajo nuevas banderas. Muchos lo hicieron. Él decidió ocuparse preferentemente de sus tareas estrictamente intelectuales durante un tiempo. Cuando en junio de 1933 se le preguntó sobre la crisis del Gobierno Azaña, el filósofo dijo que había que «rectificar radicalmente los modos de gobierno». Propuso un ejecutivo que, «sin hostilizar a las fuerzas socialistas, con entera lealtad y frente a ellos», hiciera posible «una política orientada a ensanchar las bases de opinión», o lo que era decir lo mismo: un Gobierno sin los socialistas y con los radicales. «No sé qué envenenamiento del amor propio le lleva a Ortega a estas cosas, ni a responder más o menos personalmente a una campaña entablada por los móviles más bajos; y detrás de la cual está March», escribió Azaña el 27 de julio[68].

Ese mismo día, en la comisión de responsabilidades, el vocal radical-socialista Martín de Antonio se quejó agriamente de los comentarios que aparecían en la prensa acerca de la comisión, y más en concreto de los que publicaba Manuel Bueno en ABC. Eran verdaderas injurias. Más comentados todavía fueron la treintena de artículos que entre junio y diciembre de aquel año publicó Azorín, primero en Luz y después en La Libertad. El escritor, que en abril de 1931 había saludado al nuevo régimen como «la República de los intelectuales», se alzaba ahora en paladín de Juan March. En medio de enormes dudas, dijo, había decidido investigar por su cuenta sobre el caso. Hasta tal punto quedó convencido de la enorme injusticia cometida con March que, en el artículo que escribió el 11 de julio bajo el título «Yo acuso a Juan March», pretendió remedar el «Yo acuso» de Emile Zola en Francia cuando el affaire Dreyfuss. Más adelante, ya en septiembre, sostuvo que tendría para la República los mismos efectos que tuvo para la Monarquía la condena a muerte de Francisco Ferrer Guardia en 1909, por negarse la concesión del indulto. El Socialista le colocó el apelativo de «juglar de March»[69].

El semanario satírico Gracia y Justicia, inspirado por el consejero de la Editorial Católica, Francisco Herrera Oria, y dirigido por Delgado Barreto, mantuvo una campaña constante, hiriente y vejatoria contra algunos líderes republicanos, especialmente Indalecio Prieto y Manuel Azaña, quien acabó afeando su hipocresía a Herrera Oria. Juan March se convirtió en sus viñetas en la pesadilla permanente del ministro socialista. El semanario llegó a alcanzar una tirada de 200.000 ejemplares, un éxito sin precedentes en aquel tipo de publicaciones. En una de sus secciones, «Diez años después de hoy: 1943», se decía: «Esta mañana, al abrir una de las celdas de la Cárcel Modelo para meter a un preso que acababa de llegar, se encontró el empleado con que todavía estaba allí el acaudalado don Juan March, al que nadie se había acordado de poner el libertad desde el año 1932, siendo diputado. Se le va a dar un banquete por su rasgo de humorismo. El ofrecimiento lo hará don Inda, si llega a tiempo de su señorial residencia en París»[70].

Apenas tuvo eco en la prensa, por contra, un acontecimiento que revivió viejas pesadillas. El 25 de junio, en las oficinas de la fábrica de tabaco que tenía en Argel, Francisco Garau disparó su arma y mató a Jaime Ramis, exalcalde de Alcudia y antiguo socio de March. Ambos habían sido oscuramente traídos como testigos contra March en diferentes ocasiones: Ramis durante la Dictadura de Primo de Rivera; Garau, más recientemente, por la comisión de responsabilidades. En el tiroteo murió también un socio de Ramis, Bernardo Sureda. Garau agotó el cargador de su pistola y se presentó luego en comisaría. Dijo que March le perseguía y que si les mató fue porque pretendían complicarle en un atentado contra Indalecio Prieto y Manuel Azaña. «Se confirma —decía El Socialista— que las víctimas y March estaban en inteligencia». Alguien contó que Ramis había visitado en la cárcel a Juan March a poco de su traslado a Alcalá.

Pocos periódicos dieron relevancia a la noticia sobre el asesinato. En Mallorca lo hizo El obrero balear. Dio pie, sin embargo, a un abogado catalán, José María Pou y Sabater, defensor de causas de contrabando, para escribir unos meses más tarde un folleto titulado El doble crimen de Argel. El proceso que debe conocer España entera. Pou trató de llevar a March a juicio. La historia era, según él, que Ramis y March se habían reencontrado después de algunos años de franca hostilidad. Aquél había incluso cambiado su militancia en el Partido Radical-Socialista para facilitar su aproximación a las posiciones del financiero. Según Pou, Ramis era muy capaz de planear un atentado y March le habría convencido para que implicara a Garau y éste dispusiera un barco en el que pudieran huir los autores. Si el atentado triunfaba, se abriría la posibilidad de un cambio político favorable a March; si fracasaba, las sospechas recaerían sobre su viejo enemigo, Francisco Garau, que sería acusado de cómplice de los asesinos sin que nadie pudiera sospechar de March, dada su conocida enemistad. Ésos fueron también los argumentos que Garau esgrimió ante el tribunal que juzgó el caso en Argel, y que su abogado hizo llegar a la comisión de responsabilidades en pleno mes de agosto. No encontraron ningún eco. La denuncia de Pou, tras muchas vueltas, no prosperó, y Garau acabó en la cárcel[71].

La comisión de responsabilidades se reunió en varias ocasiones durante el verano. No lograba sacar adelante el acta de acusación contra Juan March. Los diputados radicales Samper y Villanueva opinaban que era una «monstruosidad jurídica» la inclusión del delito de traición y anunciaron un voto particular. Pero Samper no quería retrasar sus vacaciones y no daba tiempo a que los vocales leyeran su voto. Sin conocerlo no se podía aprobar el acta de acusación. El 30 de julio, sin embargo, los lectores de ABC supieron por los abogados de March que se pretendía acusarle de traidor, y pudieron leer, íntegra, su larga carta de diciembre de 1922 al embajador francés. Otra vez se le denegó la libertad provisional y tampoco se aceptó la recusación de algunos vocales de la comisión planteada por sus abogados.

March pasó otro verano en la cárcel. Estaba bien instalado en la Escuela de Reforma de Alcalá. Junto a la habitación en que dormía se le había acondicionado una antigua sala de oficiales, que ocupó con muebles traídos de su casa. La comida se la enviaban a diario desde la Hospedería del Estudiante, un conocido restaurante de Alcalá de Henares. Tampoco regía para él el horario oficial de la prisión. Con motivo de su estado de salud, no se levantaba hasta las once de la mañana, cuando llegaba su ayuda de cámara, Bernardo Pons. Solía acostarse tarde. Circulaba con gran libertad por el patio, pero también por el resto del edificio, con fácil acceso al despacho del director, donde incluso recibía visitas de mujeres, según decían las malas lenguas. Pero seguía en la cárcel.

A comienzos de septiembre, el horizonte se tornó más propicio. El día 3 se celebraron elecciones para cubrir las plazas de vocales de representación municipal en el Tribunal de Garantías Constitucionales. El tribunal, una de las últimas piezas del entramado institucional de la República, era el encargado de resolver los recursos de anticonstitucionalidad de las leyes y los recursos de amparo. También debía entender en los conflictos entre el Estado y las autonomías, y le correspondían los casos de responsabilidad criminal del jefe del Estado, de los ministros y de los altos cargos. Junto a los vocales natos, el tribunal tenía veintiuno electivos. De ellos, quince tenían que ser elegidos por los Ayuntamientos agrupados en otras tantas circunscripciones electorales, cuatro por las Facultades de Derecho y dos por los Colegios de Abogados. Aunque los partidos en el Gobierno trataron de presentar candidaturas conjuntas y de evitar que las elecciones se entendieran como un voto de confianza, no lograron ni una cosa ni la otra. Los resultados fueron muy negativos, y de poco sirvieron los comentarios del ministro de la Gobernación lamentando la «falta de tacto» y la imprevisión en la formación de muchas candidaturas. Después de las elecciones municipales, era la segunda consulta popular que se saldaba en contra de las fuerzas gubernamentales. De los quince vocales elegidos por los Ayuntamientos sólo cinco eran de la coalición; cuatro eran radicales y seis de los distintos partidos de la derecha. Salieron triunfantes, entre otros, Juan March por la representación municipal, y unos días más tarde José Calvo Sotelo por los Colegios de Abogados.

La candidatura de March por Baleares había sido apoyada por todas las derechas y había provocado un duro debate en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Los socialistas no podían creer que se presentara un candidato que estaba sometido a procesamiento. Tampoco lo comprendían los republicanos. No se trataba sólo de un problema legal, sino de orden moral. ¿Cómo podían apoyar a March las fuerzas conservadoras y mauristas que unos años antes le tachaban de contrabandista?, ¿cómo defendían los católicos a un ateo?, ¿cómo apoyaban los regionalistas a un amigo de Santiago Alba?, ¿por qué se habían dejado fascinar por el brillo del oro profesionales e intelectuales prestigiosos?, ¿cómo podía un personaje como aquel convertirse en vocal de un tribunal con tan altas competencias? Eran todas ellas preguntas surgidas al calor de la polémica. Las derechas replicaron que la compatibilidad era en todo caso un asunto que debía resolver después el propio tribunal. La dispersión de los votos republicanos y socialistas en dos candidaturas ayudó, y los resultados en el resto de las islas confirmaron el triunfo que March obtuvo en Palma. En total, 425 votos, frente a 165 del candidato socialista y 141 del republicano[72].

En cuanto se conoció la victoria de March, El Día reclamó su salida inmediata de la cárcel y La Libertad se preguntó si no significaba nada el voto de quienes le conocían bien. March agradeció públicamente el apoyo en una carta que reprodujo la prensa, sobre todo el de quienes en el pasado estuvieron lejos de él y ahora se habían sumado a sus amigos. Su confianza le compensaba las «mortificantes amarguras» que sufría. Tanto su espíritu como el de sus hijos quedaban para siempre vinculados al nombre y a la prosperidad de las islas. Se le había tomado como símbolo destacado del capital, una institución perfectamente natural pero blanco de los odios de una revolución que, contra lo que creía y opinaba la mayoría de los republicanos, se había apoderado de la República. En declaraciones al corresponsal del New York Times, se permitió dar la vuelta a la invectiva que Carner lanzó contra él en las Cortes: o la República se vuelve conservadora o no será República, dijo[73].

El líder radical Alejandro Lerroux aprovechó el resultado de las elecciones para presentarse a sí mismo ocupando el centro político. Él había evitado que el Tribunal de Garantías Constitucionales cayera en manos derechistas. A los tres días, pidió en las Cortes un cambio de Gobierno. Azaña se sometió al voto de confianza de la Cámara y ganó, aunque sólo había en el hemiciclo 149 diputados. De ellos, sólo tres votaron en contra. Pero cuando el presidente del Gobierno quiso recabar también la confianza del de la República, Alcalá Zamora le preguntó si era aquél el Gobierno de gran coalición que le había pedido en la crisis de junio. Cuando el político republicano le respondió que eso le correspondía juzgarlo al jefe del Estado, Alcalá Zamora decidió abrir consultas. Azaña entendió que había perdido su confianza y el 7 de septiembre dimitió.

El país acababa de vivir una enorme paradoja, escribió Josep Pla en El Día de Mallorca, ligando la crisis con la suerte del financiero. Lo único que quería March era salir de la cárcel. Estaba allí desde hacía meses, pendiente de un juicio que no llegaba, y de pronto se había convertido en alto magistrado sin haberlo pretendido nunca. Todo era un disparate que había desembocado en lo único en que podía terminar: en la caída del Gobierno de Azaña[74].

En pocos días Juan March había conseguido un enorme triunfo y el horizonte se despejaba. Con el fin del Gobierno desaparecía la coalición de republicanos y socialistas. La crisis política tardó varios días en resolverse. Por fin, el día 12 Alejandro Lerroux formó Gobierno. Su primera idea fue formar un gabinete de notables con figuras como Sánchez Román, Ortega y Gasset y Salvador de Madariaga, incorporando algunos políticos republicanos a título individual. Tuvo que desistir ante la llamada de atención del presidente de la República. Su Gobierno quedó finalmente integrado por cuatro ministros radicales, entre ellos Ricardo Samper y Guerra del Río; cinco republicanos de izquierda, y un independiente. Los socialistas no estaban, pero los radical-socialistas y la Acción Republicana de Manuel Azaña sí. Lerroux había tenido que plegarse a la formación de un Gobierno de partidos que pudiera obtener la confianza de las Cortes, tal como había defendido Azaña en más de una ocasión. Para los republicanos de izquierda y para los socialistas, la continuidad de las Constituyentes era la garantía de que la República conservaría su ser. El ahora presidente del Gobierno, por el contrario, las había proclamado reiteradamente divorciadas de la opinión.

Lerroux no presentó su Gobierno a la confianza de las Cortes hasta el 2 de octubre. El debate fue durísimo. El líder radical proclamó su voluntad de abrir cauces a los católicos «posibilistas» para que se integraran en la República, y también anunció una amnistía. Indalecio Prieto, primero, y Azaña, después, entendieron que avisaba la inminente disolución de las Cortes y replicaron con extrema dureza. El expresidente de Gobierno retiró su colaboración del Gobierno. Lerroux quiso abandonar el hemiciclo porque sabía que no tenía ninguna oportunidad frente a un voto de censura. Prieto le llamó al orden y Lerroux se resignó. Los 187 votos negativos sentenciaron a muerte su Gobierno. La derrota llevaba aparejada la imposibilidad de encabezar uno nuevo.

Todos los grupos parlamentarios se declararon constituidos en sesión permanente. Unos eran partidarios de dar por agotadas las Cortes; otros, de mantenerlas. Alcalá Zamora, con indignación de muchos, llamó primero a algunos independientes para ver si podían formar Gobierno. Por su despacho pasaron Felipe Sánchez Román, Adolfo Posada e incluso Salvador de Madariaga. Por fin, el encargo recayó en el radical Diego Martínez Barrio, que intentó recomponer la gran coalición de republicanos y socialistas. Hasta Lerroux, sacado de la cama de madrugada por Azaña, Marcelino Domingo y Martínez Barrio, acabó accediendo. Pero los socialistas, no. Habían anunciado hacía tiempo la ruptura de su compromiso gubernamental, aunque pretendieron que persistieran las Cortes. El 9 de octubre se anunció el nuevo Gobierno: tres radicales, tres radical-socialistas, dos miembros de la antigua Agrupación al Servicio de la República, un miembro de la Izquierda radical-socialista, otro del Partido Progresista y uno de Esquerra. Un mosaico de partidos republicanos que debería presidir unas nuevas elecciones. Porque el mismo día en que se formó el nuevo Gobierno se anunció también la disolución de las Constituyentes.

Juan March siguió con atención los acontecimientos políticos. Todos los días recibía la prensa en la prisión y por sus habitaciones pasaban muchos informadores. Necesitaba que el Tribunal de Garantías Constitucionales validase su elección. Con ello confiaba en obtener la libertad. De hecho, el diputado de Esquerra Eduardo Layret, que se había incorporado en la última remodelación de la comisión de responsabilidades, se inclinó por un voto favorable a la petición de March, que luego le costó una severa recriminación de su partido. Fueron más los vocales que apoyaron la concesión de la libertad, pero no fueron suficientes[75].

En plena crisis política, cuando Lerroux había dimitido y todavía no había formado Gobierno Martínez Barrio, se abrió la duda sobre el futuro de la comisión de responsabilidades en caso de disolución de las Cortes. Sus miembros decidieron preguntar su opinión por escrito a Besteiro porque la Constitución había concedido carácter constitucional transitorio a la ley creadora de la comisión de responsabilidades hasta que concluyera su tarea. Sólo se había cumplido en relación con las responsabilidades por el golpe militar de septiembre de 1923 y con las derivadas de la represión de los sublevados en Jaca en diciembre de 1930, pendiente todavía del tribunal nombrado por las Cortes. Pero el resto de los asuntos coleaban, con el agravante de que había detenidos a la espera de resolución. ¿Qué debía hacerse?

El 6 de octubre, sin que hubiera respuesta a la pregunta y sin que todavía se hubiera formado Gobierno, la comisión había aprobado el acta acusatoria contra Juan March. En la sesión había doce vocales presentes. Se votaron primero dos votos particulares del diputado agrario Cándido Casanueva. Uno de ellos ponía en cuestión la competencia de la comisión; el otro iba al fondo de la acusación. Ambos fueron rechazados. El acta fue aprobada con tres votos en contra: el del radical Justo Villanueva, el del agrario Cándido Casanueva y el del progresista José Álvarez Buylla, aunque éste sólo discrepaba en parte. A favor votaron los socialistas, los radical-socialistas y los diputados de Acción Republicana.

En nueve páginas apretadas, el acta acusaba a Juan March del delito de traición por su «terminante propósito de inducir a Francia la ruptura de relaciones con España, con todas sus consecuencias». Le correspondían por ello diez años de prisión mayor. Por el decreto de agosto de 1927 que concedió el monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla se acusó de cohecho tanto a Juan March como a Primo de Rivera. Por este segundo delito le correspondía una pena de dos años, once meses y diez días de presidio correccional y una multa de 300.000 pesetas. El acuerdo de diciembre de 1927 relativo al rescate del monopolio se consideraba también constitutivo de cohecho y le correspondía por ello a March otra pena de prisión igual a la anterior y una multa de 750.000 pesetas. Para José Calvo Sotelo se pedía la inhabilitación por el delito de prevaricación. La responsabilidad civil de Juan March se cifraba en 1.850.000 pesetas, correspondientes al perjuicio causado al Tesoro por el primer delito de cohecho, y en otros 29.750.000 pesetas, cifra en que se calculaba la ganancia líquida que habría obtenido March por el segundo. Eran cifras aproximadas porque el financiero mallorquín se había negado a proporcionar la información necesaria, pero estaban calculadas más por defecto que por exceso. La comisión consideraba que debían ser las propias Cortes las encargadas de juzgarle.

A los tres días de aprobada el acta de acusación, las Constituyentes fueron disueltas. La primera vuelta de las elecciones se fijó para el 19 de noviembre. La prensa más próxima a Juan March reclamó la disolución también de la comisión de responsabilidades y que los casos pendientes pasaran a la jurisdicción ordinaria. Pero la comisión sobrevivió a las Cortes. Al menos en el papel, porque de hecho dejó de reunirse.

El Tribunal de Garantías Constitucionales, por su parte, celebró en el Palacio de Justicia su reunión constitutiva el 20 de octubre, con gran expectación de público. La cola de curiosos que se quedó fuera llegaba hasta la calle de Marqués de la Ensenada. Después de toda una mañana de sesión secreta presidida por Álvaro de Albornoz para decidir sobre las actas, por la tarde se leyeron los dictámenes. Se declaró la incapacidad para formar parte de él tanto de José Calvo Sotelo como de Juan March. En los corrillos se comentaba que, con toda probabilidad, los dictámenes serían recurridos y el recurso tendría que ser visto favorablemente. Incluso se decía que, dado el mayor fuero del tribunal, en el caso de Juan March era previsible que se recibiera a la diputación permanente de las Cortes para que se hiciera entrega de lo actuado por la comisión de responsabilidades. «Este tribunal ha nacido para mandar, no para obedecer», se permitieron afirmar algunos vocales[76].

Los abogados de Juan March presentaron inmediatamente un recurso de súplica mientras movían sus influencias ante el nuevo fiscal general del Estado, el radical Antonio Marsá, quien publicó una circular instando a los jueces a evitar las prisiones preventivas. Quisieron presentar también un escrito al Tribunal de Garantías Constitucionales, pidiendo que amparase a March y decretase su libertad inmediata. Pero toparon con el ministro de Justicia, el radical-socialista Botella Asensi, para quien ni el fiscal general, ni el ministro ni el mismísimo presidente del Gobierno tenían jurisdicción sobre Juan March, ya que continuaba bajo la de la comisión de responsabilidades. Además, llamó al orden al fiscal general y le amenazó con cesarle[77].

Era más de lo que Juan March iba a soportar. El 3 de noviembre, comenzada ya la campaña electoral, Juan March se fugó de la cárcel de Alcalá de Henares. No se supo hasta el día siguiente, bien entrada la mañana. La revista diaria de las celdas a las seis y media no regía para él, ni tampoco el cambio de guardia a las nueve. Sólo cuando llegó su ayuda de cámara y fue hasta la celda se descubrió que estaba vacía. Corrió al despacho del director, que dio orden de que se le buscara por el edificio, pero no estaba. Inmediatamente comunicó la fuga al director general de prisiones, al de seguridad y al juez correspondiente, que llegó al cabo de unas horas y abrió diligencias. El oficial jefe del servicio el día anterior, un tal Martín Arnáiz, confesó que el prisionero le había llamado a su celda y se había lamentado de la tremenda injusticia que se estaba cometiendo con él y de las vejaciones de que era objeto. Le contó que incluso habían tratado de sacarle a la fuerza de la prisión para trasladarle a otra, pero él se había negado. Su estado de salud era cada vez más precario. Conmovido, el oficial prometió dejarle en libertad y, efectivamente, a las diez de la noche mandó al guardián a comprar tabaco, quedándose con sus llaves. Mientras iba y volvía, Martín Arnáiz abrió la puerta de la celda. Esto fue lo que contó después Juan March.

Aquel día, como era habitual, había recibido muchas visitas: de Salvador Canals y su hijo, su abogado José Antonio Canals; de Miguel Ordinas y de Rosendo Silva, que llevaba el control de sus periódicos; de José Jorro, su apoderado durante muchos años en Marruecos; de Manuel Cencillo, secretario de la Transmediterránea; también del procurador Ruiz Gálvez y de un vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. También le fueron a ver su mujer y sus dos hijos. Todos fueron llamados a declarar. Todos coincidieron en que no podían ni tan siquiera imaginar lo que iba a ocurrir. El único que no compareció ante el juez fue Ramón Burguera, administrador y persona de su absoluta confianza. Había acompañado a March en su huida, en uno de los coches que la familia había llevado y que había dejado aparcado frente a la Hostería del Estudiante. Con ellos desapareció también el encargado de su vigilancia, un tal Eugenio Vargas, un señor que simplemente había decidido «cambiar de oficio», como escribió Josep Pla[78].

Era la noticia sensacional del día. Mientras los periodistas se agolpaban ante la cárcel de Alcalá de Henares, el Gobierno se enteró de la noticia cuando estaba reunido en consejo. El ministro de Justicia, Botella Asensi, se encerró en su despacho toda la tarde y no quiso hacer declaraciones. El de Gobernación, Manuel Rico Avello, no sabía añadir nada a lo ya conocido. El presidente del Gobierno, Diego Martínez Barrio, se mostraba asombrado por la conducta de un señor que, aun considerándose injustamente perseguido, tenía un acta de vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales que iba a discutirse en breve y, además, iba a presentarse a las elecciones generales. La prensa más moderada decía que para mucha gente la noticia era motivo de enhorabuena. Tras diecisiete meses de cárcel, con la salud quebrantada, Juan March había decidido poner fin a su situación. De todas maneras, su actuación no le favorecía porque, independientemente de las dudas que el nuevo Gobierno pudiera tener respecto a la actuación de la comisión de responsabilidades, la justicia no podría por menos de actuar en consecuencia y perseguirle. Informaciones y La Nación titularon la noticia con un lacónico «Juan March abandona la cárcel», y Azorín escribía «el fin del proceso de Juan March», mientras El Socialista, con gran indignación, ponía en duda las explicaciones del Gobierno y denunciaba la facilidad con la que March se había fugado y había atravesado todo el país. El embajador norteamericano, Claude G. Bowers, informaba de que toda España reía entre dientes. En los cafés se contaba la historia entre carcajadas. En Londres, el Daily Telegraph y el Daily Mail se ponían del lado de Juan March, calificando de comunistas a quienes desde el Gobierno español se habían ensañado con él[79].

En una carta remitida a su abogado y publicada por casi toda la prensa el 4 de noviembre, el mallorquín se despedía de sus amigos y de la opinión pública, «que tanto le había apoyado». Llevaba año y medio esperando justicia, diecisiete meses de «cautiverio», encarcelado contra toda razón y todo derecho, con la consigna de que en la cárcel perecería o se volvería loco. Con el alma acongojada, contemplaba a diario cómo al otro lado de su reja una «horda salvaje, integrada por demagogos, sectarios, desalmados, venales y traidores a la patria estaban haciendo con la pobre España lo mismo que se hacía conmigo». Confiaba en que sus amigos sabrían disculparle aquel «gesto rebelde». Le faltaría tiempo para volver en cuanto España volviera a ser «habitable»[80].

5
Tiempo de guerras

Rehabilitación

Se dijo que Juan March había cruzado la frontera hacia Portugal; que estaba hospedado en el Hotel Estoril, en Lisboa. Pero pronto se desmintió. Estaba en Gibraltar, en el Hotel Rock. Había llegado en un coche propiedad de Raimundo Burguera, un automóvil con matrícula de Baleares. Burguera era administrador de una de las fincas de Juan March, «El Tesorillo», entre La Línea y Algeciras, y era bien conocido en la aduana porque solía hacer ese recorrido.

Allí, March estuvo dispuesto a atender las llamadas y visitas de periodistas e informadores y dio rienda suelta a sus quejas y resentimientos. Dijo que nunca había tenido intención de huir de España, como quedó probado sobradamente cuando se le pidió el suplicatorio. Había permanecido en la cárcel, pese al deterioro de su salud, porque al principio confió en que se deshicieran las acusaciones, a la vista de que los tribunales de justicia habían sobreseído las querellas planteadas al comienzo de la República, y de que aquellos asuntos no eran competencia de la comisión de responsabilidades. Descartó la idea de huir mientras estuvieron funcionando las Cortes Constituyentes porque temió que le embargaran sus bienes, y porque mantenía su esperanza en un cambio político. El cambio se produjo y llegó el Partido Radical al poder pero, pese a haber sido elegido vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, nada consiguió. Por el contrario, tuvo noticias de que era el mismo Gobierno quien presionaba al tribunal para que aplazara su resolución respecto a su acta de vocal, así como de que cuatro ministros habían amenazado con dimitir si la decisión le era favorable. Entonces sí decidió huir. Había padecido arbitrariedades y se habían falsificado documentos. Se manejaron declaraciones mutiladas contra él. Había sido una persecución en toda regla con el ánimo de expoliar su patrimonio, de confiscar sus bienes con cualquier pretexto, y de procurar algunos quedarse con sus negocios. Atribuyó a ciertos ministros del Gobierno Azaña las maniobras para conseguir que se le rescindiera la concesión del monopolio de tabacos en Marruecos. Estaba convencido de que pretendían mantenerle en la cárcel hasta que muriera.

La prensa española, especialmente la más conservadora, se hizo eco profusamente de aquellas andanadas que Juan March lanzaba contra el Gobierno republicano. Los periódicos ingleses también las recogieron. El Daily Telegraph y el Daily Mail le presentaban como un perseguido por una comisión parlamentaria que tenía los mismos poderes que la policía política rusa. El Times, más moderado, sostuvo que lo de March era una «persecución política»[1].

En Gibraltar se encontraba en territorio conocido; recibía numerosas visitas, incluidas la del capitán y el teniente de carabineros, así como del jefe de policía, que le eran en todo favorables y leales. La prensa británica había puesto en duda que pudiera prosperar la petición de extradición que el Gobierno republicano había cursado a Londres. A pesar de ello, decidió embarcarse hacia Francia. El 10 de noviembre partió rumbó a Marsella a bordo del trasatlántico inglés «Scrachard». Burguera se quedó en Gibraltar; a March le acompañaban Eugenio Vargas y Ruiz Albéniz, que no se separaba de él. Allí volvió a hacer declaraciones: lo único en que pensaba era en cuidarse. Tenía un grave ataque de reumatismo y por eso viajaría inmediatamente a París, donde se reunirían con él su esposa y su hijo Bartolomé[2].

El mismo día en que llegó a la capital francesa, pálido y con pasos morosos, casi renqueantes según el corresponsal de ABC, le recibió un batallón de fotógrafos y personalidades de la vida política y financiera. Se alojó en el Grand Hotel. En el mismo hall se despachó. Estaba seguro de que se haría justicia contra los ministros Indalecio Prieto, Jaume Carner y Marcelino Domingo, a quienes acusó de prevaricación. No se trataba ya de los dos millones que le pidieron para hacer la revolución, ni tampoco de los «auxilios morales y materiales» que alguno de ellos había recabado de él, sino de malversaciones públicas realizadas en provecho personal. A las dos semanas de ingresar en prisión, amigos de Carner —dijo March— encargaron un estudio de sus negocios en Marruecos, al mismo tiempo que los ministros negociaban oficialmente la rescisión de su contrato con la Sociedad Internacional. Al presidente de ésta le habrían dicho que no se preocupara por la conformidad de March porque iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Afirmó incluso que los grupos de Azaña y Domingo habían subordinado el apoyo al futuro Gobierno a su mantenimiento en prisión, porque tenían miedo de lo que pudiera descubrir en relación con la política económica del Gobierno[3].

La Surété francesa había recibido información de que la fortuna de «cientos de millones» de Juan March, amasada a partir del contrabando de armas y de tabaco, se había visto «engrosada por sus servicios a los alemanes durante la guerra» y que sus sentimientos eran abiertamente francófonos. Pero el prefecto de policía, a petición del exministro Louis Malvy, amigo íntimo del financiero mallorquín como sabemos, le asignó un inspector. March apenas se movió del hotel. Las primeras noticias fueron que tenía intención de pasar el invierno en la Costa Azul, recuperándose; también se habló de su posible estancia en una residencia suiza. Se especuló con que el tal Vargas había sido enviado a Grecia para preparar un posible traslado de March a aquel país, en el que la extradición era imposible. Porque, efectivamente, unos días más tarde, el 18 de noviembre, llegó también al Gobierno francés la petición de extradición. March, sin embargo, se sentía seguro en Francia. El ministro de Exteriores pidió a la Surété que no procediera al arresto, aunque sí a una estrecha vigilancia que garantizara el cumplimiento de la orden en caso necesario[4].

Juan March apostaba por presentarse a las elecciones y volver a España como diputado y, por tanto, inmune, en cuanto terminara la «tiranía socialista». Los elementos de la derecha gaditana que le habían visitado en Gibraltar le habían ofrecido presentarse a las elecciones por Cádiz, pero March decidió hacerlo por Baleares. Al día siguiente de su fuga, el Partido Republicano de Centro anunció en Palma de Mallorca que la candidatura anunciada de Juan March Servera pasaría a ocuparla su padre. Se decidió después de saberse que el Tribunal de Garantías Constitucionales no examinaría su acta hasta después de la constitución de la nueva Cámara y tras haberse nombrado la nueva comisión de responsabilidades. El hijo primogénito de Juan March se había quedado en Mallorca organizándolo todo[5].

Así, mientras March seguía en París, sin apenas salir del hotel más que para visitar a un especialista en reumatología, el 19 de noviembre se celebró la primera vuelta de las elecciones a Cortes. Se produjo un realineamiento espectacular del sistema de partidos. Los católicos de la CEDA irrumpieron con enorme fuerza, obteniendo 115 escaños, seguidos por el Partido Radical con 102. En Baleares triunfó la coalición de las derechas. El Partido Republicano de Centro, el antiguo Partido Liberal en el que militaba Juan March, se había presentado esta vez junto con los regionalistas y las derechas. Antiguos verguistas y antiverguistas hicieron piña contra republicanos de izquierda y socialistas, que acudieron por separado. Hubo protestas a la hora del escrutinio, porque se dijo que había diferencias entre las actas oficiales y las presentadas por los candidatos. Sin embargo, quedaron proclamados en primera vuelta los dos derechistas, el candidato regionalista y los dos republicanos de centro. La coalición había funcionado. Las izquierdas, por el contrario, tuvieron que acudir a la segunda vuelta. Juan March obtuvo su acta de diputado con 102.340 votos.

El 8 de diciembre se celebró la solemne apertura de las primeras Cortes ordinarias de la República. No hubo esta vez multitudes en la calle, ni paradas militares, ni vivas a la República. De hecho, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones, cuando se supo de la victoria de católicos y radicales, destacados elementos de la izquierda republicana y socialista pretendieron que se diera marcha atrás y que se formara un Gobierno capaz de garantizar la que ellos consideraban imprescindible continuidad de la República. No hubo tal, pero las izquierdas mantuvieron en todo momento su suspicacia respecto a aquellas Cortes. En el hemiciclo, la CEDA era ahora el grupo parlamentario más numeroso, seguida de cerca por el Partido Radical. Desaparecida la coalición de izquierdas, el Partido Socialista vio reducidos a la mitad sus diputados, mientras los partidos de izquierda republicana sufrían un serio descalabro. Muchas de las grandes figuras de las Constituyentes perdieron su escaño y la mayoría de los diputados volvían a ser nuevos. Fue elegido presidente de la Cámara Santiago Alba, quien, en plena campaña electoral, había fichado por el Partido Radical. Su discurso de toma de posesión fue acogido con frialdad. Habló «envuelto en cierta melancolía», queriendo entender su nombramiento como un reconocimiento a su larga trayectoria parlamentaria. Sabía que ni tan siquiera contaba con los apoyos de todo el grupo radical[6].

Eran, sin embargo, buenas noticias para Juan March, como lo fue el día 16 la formación de un Gobierno presidido por Alejandro Lerroux. En la comisión de actas, los socialistas quisieron impugnar la del mallorquín por supuestas incompatibilidades con la Hacienda pública. Su propuesta resultó derrotada. Les apoyaron los diputados de Esquerra, los republicanos gallegos y dos ministros; se abstuvieron algunos radicales, los regionalistas catalanes y el resto del Gobierno. Votaron en contra la mayoría de los radicales, los agrarios y los monárquicos. Llegó al pleno el 16 de enero. Indalecio Prieto pidió votación nominal, pero Juan March fue declarado diputado por 186 votos contra 54. La aceptación del acta de Juan March equivalía, en opinión de El Socialista, a la rehabilitación del «pirata de los negocios turbios», hecha por un Parlamento que no tenía la dignidad del que lo expulsó. Pero en aquellos momentos tenía mucho mayor interés político el debate sobre la compatibilidad del acta de José Calvo Sotelo, apoyado por los tradicionalistas y el Bloque Nacional monárquico, ansiosos por verle ocupar su escaño como nuevo líder de la derecha más radical.

Aunque saltó la noticia de que Juan March había regresado a Madrid, se desmintió inmediatamente. Había decidido quedarse a continuar su reposo en San Juan de Luz. No era la primera vez que acudía a aquella zona de la costa francesa, lugar de residencia de muchos exiliados. Allí se había entrevistado con Gil Robles y desde allí hablaron en varias ocasiones con Calvo Sotelo. El director general de seguridad había tenido noticias de la intención de Juan March de entrar en España y necesitaba saber si, dada su condición de diputado, debía detenérsele o no. Había preguntado al juzgado de Alcalá que instruía el sumario por la fuga de la cárcel, que se inhibió en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como consecuencia del carácter de vocal electo del Tribunal de Garantías Constitucionales. El Supremo contestó que March podía entrar en España y el presidente de las Cortes remachó que había sido elegido diputado, admitido y proclamado con todas sus consecuencias[7].

Las Cortes ordinarias habían elegido una nueva comisión de responsabilidades que se reunió el 31 de enero de 1934. La presidía el diputado agrario Cándido Casanueva. Allí llegó también la pregunta del director general de seguridad acerca de qué hacer con Juan March. Hubo un cierto debate, porque el socialista Luis Jiménez de Asúa defendió la opinión de su partido de que March no podía ser aceptado como diputado y que había que detenerlo. Primó, sin embargo, la de quienes creían que no se podía detener a un diputado por decisión de la comisión, sin el correspondiente suplicatorio. La conclusión fue rápida y contundente: «Detenido don Juan March y Ordinas por la comisión de responsabilidades de las Cortes constituyentes; elegido con posterioridad diputado a Cortes y admitido como tal por la Cámara, no puede ser ahora detenido sino mediante nueva autorización concedida por el Congreso». Pocos días más tarde, a petición del fiscal general, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó el sobreseimiento de la causa que todavía se seguía contra Juan March por el delito de contrabando en Ceuta y Melilla. El camino de vuelta estaba expedito[8].

En el mes de marzo, el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, remitió al de la República una controvertida Ley de Amnistía, que incluía a los responsables de la sanjurjada de agosto de 1932. Alcalá Zamora se resistió a firmarla pero aceptó. Lerroux pagó el precio. Perdió la presidencia del Gobierno que fue ocupada por el también radical Ricardo Samper. Diego Martínez Barrio abandonó el partido para formar más tarde la Unión Republicana. La amnistía permitió la vuelta a España de José Calvo Sotelo y del conde de Guadalhorce, así como la excarcelación del general Sanjurjo. Colofón también de la amnistía fue la decisión de la comisión de responsabilidades de que todas las causas sometidas a su estudio pasaran al Tribunal Supremo. Pese a los argumentos de Jiménez de Asúa sobre su carácter constitucional y el profundo error de remitir al Supremo causas que eran «puramente políticas», el agrario Royo Villanova afirmó que la comisión había tenido dos años para llevar los casos a la Cámara y no lo había hecho. El socialista Teodomiro Menéndez, airado, contestó que el propio Royo Villanova la había boicoteado. «Yo, no», replicó el diputado agrario, «no os ocupabais más que de don Juan March». «Porque era el pez más gordo», replicó el diputado socialista, un pez que aspiraba a conquistar el mundo porque no le bastaban sus negocios en España. Teodomiro Menéndez defendió con ardor la actuación de la comisión durante el primer bienio republicano y justificó sus acciones, especialmente las relacionadas con el monopolio de tabacos en el norte de África que había rendido tres millones de pesetas al año de beneficios a Juan March[9].

Cándido Casanueva dejó claro que la nueva comisión no tenía más competencia que proponer a la Cámara el tribunal que habría de juzgar cada causa. El presidente del Gobierno fue más allá. Las Cortes Constituyentes se habían permitido actuar como tribunal, dijo, pero aquellas Cortes ordinarias no debían salir de su esfera legislativa. Se cerraba una página. Ya no había ningún peligro. Unos días más tarde, Juan March pisaba por primera vez Madrid desde su fuga de la prisión. Llevaba algo más de un mes en Mallorca, adonde llegó perfectamente restablecido de sus dolencias.

Hubo pocas noticias sobre él en los meses que siguieron. Se dijo que se había desprendido de sus periódicos madrileños: Informaciones, que siguió su trayectoria cada vez más hacia la derecha de la mano de Juan Pujol, y La Libertad, en la que se anunció la salida del capital representado por Miguel Ordinas, y la de éste y de Rosendo Silva como gerente y administrador, respectivamente. La prensa se hizo eco de la querella que March entabló contra el abogado Pou y Sabater, por injurias incluidas en su libro El doble crimen de Argel. Aprovechó para hacer obras en su casa de la madrileña calle de Núñez de Balboa, conocida como palacio Gallo. Fue construida a comienzos de siglo siguiendo el gusto del clasicismo francés, con un edificio principal, cocheras y una casa para el guarda. Tenía un amplio jardín al que se abría la casa, con sus otras dos fachadas hacia la calle. Las obras de rehabilitación fueron realizadas por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto. En las páginas de sociedad apareció también la noticia de la petición de mano en Palma de Mallorca, para su hijo primogénito, de la señorita Carmen Delgado Roses. La boda se celebró en el palacio episcopal de Palma a mediados de noviembre de 1934. Bendijo la unión el obispo y ofició la misa el capellán de la misión española en París, Gabriel Palmer, antiguo confesor del rey Alfonso XIII, a quien March conocía desde comienzos de los años veinte y cuyos contactos en la capital francesa le habían sido de gran utilidad. Acudieron a la boda el exministro liberal y amigo de Juan March, Natalio Rivas; el médico e intelectual Gregorio Marañón, el presidente y el vicepresidente de la Transmediterránea, el director de Informaciones y muchas otras personalidades[10].

March había jurado su escaño el 5 de ese mismo mes de noviembre, el día que se reabrían las Cortes después de la revolución de octubre, de aquel «viento de locura que pasó por España y la hundió en el dolor, ensangrentándola», como dijo el presidente del Gobierno en su intervención en el hemiciclo. La revolución convocada por las izquierdas obreras ante la entrada de la CEDA en el Gobierno fue sangrienta, sobre todo en Asturias. Su represión también lo fue. Juan March contribuyó con 100.000 pesetas a la suscripción nacional abierta en favor de las fuerzas armadas; la Transmediterránea puso otras 50.000, cantidades muy superiores a las de otros particulares, como el banquero Pablo Garnica o el conde de Romanones, que dieron 5.000 pesetas[11].

A comienzos de 1935, el pleno del Tribunal de Garantías Constitucionales aceptó la renuncia de Juan March a su puesto de vocal, tras haber optado por la representación en Cortes. Unas semanas antes había ingresado en la minoría parlamentaria independiente, que sumaba doce diputados. Su presencia en el Parlamento fue prácticamente nula, aunque no descuidó sus visitas a ministros y al mismísimo presidente de Gobierno. No tuvo gran presencia pública, aunque tuvo que afrontar la publicación del libro del periodista socialista Manuel Benavides: El último pirata del mediterráneo. El libro utilizaba seudónimos, pero a nadie se le ocultó que el Juan Albert del que se hablaba era Juan March. Por sus páginas desfilaban las historias del contrabando de tabaco, las entradas y salidas en despachos y las interioridades del Partido Radical. Reproducía gran parte de las memorias inéditas del antiguo director de la Compañía Arrendataria de Tabacos, Francisco Bastos, y terminaba con la llegada de la República, el encarcelamiento y la fuga de la cárcel. Juan March presentó una querella por injurias y calumnias ante el Juzgado número 9 de la capital y se decretó por ello la retirada de la edición. Benavides pasó por la cárcel. No pudo evitarse, sin embargo, que tuviera muchos lectores. El Obrero Balear y El Socialista lo distribuyeron, ofreciéndolo a precio reducido[12].

La situación política no conseguía estabilizarse. Aunque había síntomas de recuperación económica, las secuelas de la represión tras la revolución de octubre de 1934 y la movilización de las izquierdas sembraban el horizonte de incertidumbres. La creciente intervención del presidente de la República en la vida política, consecuencia de su profunda desconfianza tanto en Lerroux como en Gil Robles, y de su empeño en promover una reforma de la Constitución, introdujeron todavía mayores elementos de desconfianza en las relaciones entre las fuerzas políticas que integraban el bloque gubernamental. Tras un efímero Gobierno en el que prescindió de los católicos, el 6 de mayo de 1935 Alejandro Lerroux formó uno nuevo, en el que la CEDA aumentó su presencia con cinco carteras, entre ellas la de Guerra, que fue a manos de Gil Robles. No sirvió para calmar las críticas desde la extrema derecha, al tiempo que la izquierda, muy especialmente Azaña, detenido y encausado tras la revolución de octubre, se lanzaba a una campaña de mítines multitudinarios y a la consolidación de una nueva gran coalición. En el otoño, el estallido del escándalo del estraperlo, que llegó a las Cortes provocando las sesiones parlamentarias más multitudinarias de aquel bienio, terminó con la vida política de Lerroux. El presidente de la República, que le había apartado ya de la presidencia del Gobierno para sustituirle por un independiente, Joaquín Chapaprieta, tampoco estaba dispuesto a confiar en la CEDA. Aprovechó una nueva crisis para expulsar a los católicos del Gobierno y continuar en su intento de promover una fuerza política de centro, cuya dirección encargó a Manuel Portela Valladares, aupándole a la presidencia. Cualquier combinación de Gobierno o la prolongación de la vida de las Cortes se demostraron pronto imposibles y el presidente de la República no tuvo más salida que firmar el decreto de disolución de las Cortes el 7 de enero de 1936.

Una semana más tarde, el 15 de enero de 1936, las izquierdas firmaron un nuevo pacto electoral, el Frente Popular, que se extendió desde la Unión Republicana de Martínez Barrio hasta los comunistas, las organizaciones juveniles y los sindicatos. Las derechas se presentaron ahora desunidas, con una CEDA zarandeada por su experiencia de Gobierno y su incapacidad para reformar la Constitución, y una extrema derecha crecida. La campaña y las elecciones fueron apasionadas. Los resultados, en número de votos, muy equilibrados: 4,7 millones para el Frente Popular y 4,4 millones para las diversas coaliciones de las derechas. Los grandes derrotados fueron los restos que quedaban del Partido Radical, así como la opción de centro encabezada por Manuel Portela Valladares y prohijada por el presidente de la República. La Ley Electoral convirtió la reducida diferencia en votos en una holgada mayoría parlamentaria para el Frente Popular, aunque en realidad eran ahora tres los grandes bloques en las Cortes: Izquierda Republicana y Unión Republicana, que sumaban 113 escaños, los socialistas con 88 y la CEDA con 101. El Gobierno de centro que presidía Portela Valladares no fue capaz de contener el entusiasmo popular, que desembocó en la ocupación de los Ayuntamientos disueltos después de la revolución de octubre de 1934 y aquellos en los que las izquierdas eran minorías, así como en la salida de las cárceles de los presos políticos que seguían en ellas desde entonces. El Frente Popular había prometido una amnistía inmediata. En lugar de proclamar el estado de guerra, como algunos generales y políticos de la derecha sugirieron, Portela decidió renunciar y dejar paso a un Gobierno exclusivamente republicano que presidió Manuel Azaña[13].

Juan March había decidido no presentarse a aquellas elecciones, aunque sí lo hizo su hijo Juan March Servera, por Baleares. El Socialista sostuvo que había sido el muñidor de aquellos comicios. Según este periódico, March había entrado y salido del Ministerio de la Gobernación como en los viejos tiempos, apoyando o deshaciendo combinaciones electorales, viajando a provincias para dar órdenes a los gobernadores civiles. Primero había manipulado a los radicales; después a la CEDA y al centro de Portela Valladares. Según el diario socialista, Juan March dirigía la República gracias a que su talonario era inagotable y no quedaba candidato de centro-derecha sin «viático». El propio Azaña le había dedicado atención en su discurso del 13 de febrero en el teatro Rojas de Toledo: «¿Recordáis aquella frase de nuestro Carner, aquel insigne republicano que un día en las Cortes, con escándalo de muchos que se dicen gentes pacatas y enemigas de desentonar, proclamó que si la República no acababa —se entiende políticamente— con March, March acabaría con la República?… Pues ahí tenéis a don Juan March encasillando a los diputados del Gobierno, dirigiendo las elecciones en tres o cuatro provincias, habiéndole entregado el Gobierno provincias enteras a su merced»[14].

El caso más aireado fue el del político radical Payá, candidato por Murcia y vetado por Juan March porque, siendo subsecretario en el Ministerio de Hacienda con Chapaprieta, se había opuesto a la reclamación de 18,5 millones por Petróleos Porto Pi. Así lo explicó al menos Payá. La reclamación venía de los tiempos de Carner, que se negó a satisfacer las exigencias de la compañía porque ya se había pagado por la expropiación en su momento. March no había cejado en el empeño y consiguió que Francia lo considerara condición inexcusable para firmar un nuevo convenio internacional. El exministro Malvy estaba personalmente interesado en ello. El ministro de Estado español salvó la situación, pero Payá sufrió en su despacho el asedio de los emisarios de Juan March hasta que se les negó el acceso. Así lo explicó el exsubsecretario en plena campaña electoral, en un manifiesto que reprodujo toda la prensa y que Azaña aireó. Payá removió cielo y tierra; habló con Federico Salmón, jefe de la CEDA en Murcia; pidió la intervención de Santiago Alba y del mismo Gil Robles, pero no consiguió nada más que una querella de Juan March contra él por las injurias y calumnias incluidas en su manifiesto[15].

Gil Robles achacó más tarde al «simplismo» de muchos españoles la afirmación de que los fondos que habían sostenido su campaña electoral procedían de la cuenta corriente de Juan March. Reconoció que el mallorquín había contribuido a los gastos electorales en Madrid y que entregó una cantidad importante para que se incluyera en las listas a Giménez Caballero, una inclusión, por cierto, que levantó revuelo porque en su lugar se había querido dar entrada a Julio Ruiz de Alda en representación de la Falange. Los acuerdos para cerrar la candidatura por Baleares los abordó personalmente Juan March, aunque el candidato fuera su hijo. Éste se presentó como «centrista», como portelista o independiente, etiquetas todas ellas que indignaron a la prensa derechista. La misma etiqueta presentaron sus compañeros de candidatura Jaime Suau, exalcalde de Palma, y Pedro Matutes, exdiputado. Juan March hizo varios viajes a Madrid con el líder de la CEDA en Baleares, Luis Laforteza, para negociar una alianza y acordar el número de representantes de las dos fuerzas. Aprovechó para visitar al menos en tres ocasiones al presidente del Gobierno. Se entrevistó también con Gil Robles. En los pasillos del Congreso, March ya había asegurado a los periodistas que no tenía intención de llevar al Parlamento un grupo de diputados «amigos» para formar una minoría, como se rumoreaba. Hacía seis meses que había decidido no presentarse. Lo que pretendía era apoyar con todos sus medios la elección de varios candidatos de la derecha[16].

La candidatura por Baleares quedó finalmente integrada por tres centristas o independientes: Juan March Servera, Jaime Suau Pons y Pedro Matutes; un regionalista o tradicionalista, Bartolomé Fons; y tres cedistas: César Puget, Tomás Salort y Juan Pujol. Éste fue el último nombre en decidirse y se hizo público después de la entrevista entre Juan March y Gil Robles. Había sido, como sabemos, el director de Informaciones con March. La candidatura fue al copo y, mientras las izquierdas celebraban en toda España la victoria del Frente Popular, en Baleares ganaron las derechas. Socialistas y republicanos pidieron la anulación de los resultados en el momento del escrutinio y, a los pocos días, convocaron una multitudinaria manifestación que recorrió varias calles de Palma y terminó ante el Gobierno Civil. Después de cantar la Internacional y de dar los «vivas» y «mueras» correspondientes, entregaron sus conclusiones por escrito al gobernador civil. Pedían la anulación de las elecciones y también la incautación de todos los bienes de Juan March. Poco más tarde, el Ayuntamiento de Palma exigió al Gobierno de Azaña que obligara a Juan March a terminar el sanatorio antituberculoso, tan aireado y prometido desde los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera, y todavía en obras. De no hacerlo, habría que incautarlo también.

No hubo incautaciones en Mallorca, pero March sufrió la política de «asentamientos» campesinos del Gobierno republicano. El 19 de abril, por decisión de la Junta Provincial de Reforma Agraria, se produjo la instalación de mil familias campesinas en la finca gaditana de Juan March, «El Tesorillo», aquella en la que se refugió tras su evasión de la cárcel en noviembre de 1933. Unas semanas más tarde ocurría lo mismo con dos fincas de la provincia de Jaén: «La Laguna» y «La Labor». El director general de reforma agraria y el gobernador civil asistieron al asentamiento de algo más de trescientas familias. «La Laguna» era también de Juan March[17].

La sublevación militar

Juan March no estaba en España desde hacía dos meses. El 18 de febrero, en vísperas de la formación del Gobierno que presidía Manuel Azaña, había salido del país. Pasó por Irún en el tren expreso camino de Francia, y desde Hendaya siguió viaje a París, donde se alojó en el Gran Hotel. Le acompañaban, según la policía francesa, su mujer y sus dos hijos. Juan March Servera, pese a su acta de diputado, temía «un encarcelamiento o un atentado». Mientras los refugiados en la región de París a raíz de los acontecimientos de octubre de 1934 volvían a España, llegaban a Francia personalidades «fieles al antiguo régimen»: el «millonario March», Francesc Cambó, el duque de Alba, el conde de los Andes, el marqués de Viana y Eduardo Aunós, entre otros. El 25 de mayo, el Ministerio del Interior francés decidió prohibir su presencia en la región de París porque temía las actuaciones de algunos de ellos. Juan March tenía orden de alejamiento de la frontera española «por razones de seguridad personal», y de la región de París «por motivos de orden interno». Se le ordenaba fijar su residencia en una localidad al norte del Loira. Pero el comisario de policía de la capital francesa comunicó a sus superiores el 13 de julio que a Juan March no se le pudo trasmitir la orden porque no se le había podido localizar, dados sus frecuentes desplazamientos entre París y su casa en Hendaya[18].

Fue una sublevación militar lo que puso punto final a la situación en España. El Frente Popular no pasó de coalición electoral a coalición estable de Gobierno. La quiebra del orden público corrió pareja con la incapacidad política de los dos grandes partidos, el socialista y la CEDA, para mantener el control de sus propias fuerzas. Las posiciones extremas contagiaron sectores enteros de ambos partidos. Las juventudes socialistas se acercaron a las filas comunistas y, en una espiral de movilizaciones obreras y de ocupación de fincas, el sindicato socialista se aproximó a la CNT aunque no cejaran los enfrentamientos entre ambas organizaciones. Mientras unos clamaban por la revolución, otras voces, como la del líder monárquico José Calvo Sotelo, reclamaban abiertamente una intervención del ejército. La destitución de Alcalá Zamora como presidente de la República por decisión de la Cortes obligó a Manuel Azaña a abandonar la presidencia del Gobierno al ser elegido presidente de la República. Todo esto ocurría en el mes de mayo, en medio de una oleada de huelgas que las derechas denunciaron como amenaza de una revolución.

Que había ruido y conspiraciones en los cuarteles lo sabía también el Gobierno desde el mismo día en que se conocieron los resultados electorales. Por eso decidió trasladar a los generales que se consideraban sospechosos. Francisco Franco, jefe del Estado Mayor Central, fue enviado a Canarias; Manuel Goded, a Baleares; Emilio Mola pasó de Marruecos a Pamplona. Los generales confiaron la jefatura del movimiento a Sanjurjo y su organización a Mola que, desde Pamplona, buscó el acercamiento a los carlistas y también a Falange. Comandantes y capitanes agrupados en la Unión Militar Española conspiraban por su cuenta. El asesinato de Calvo Sotelo en la noche del 13 de julio fue la espoleta. La sublevación comenzó en Melilla el 17, adelantándose a la fecha prevista. Casi toda la cúpula militar nombrada por el Gobierno republicano se mantuvo fiel, excepto los jefes militares de Canarias, Baleares, Zaragoza y del Cuerpo de Carabineros. Pero en tres días se sublevaron 44 de las 51 guarniciones militares más importantes, además de la marina de guerra, parte de la aviación, de la Guardia Civil y de las fuerzas de Seguridad y Asalto. Los intentos de acercamiento del Gobierno a los rebeldes fracasaron y tampoco se consiguió formar un Gobierno fuerte. La decisión de repartir armas a los sindicatos fue un punto de no retorno. Frustrada la sublevación como golpe de Estado y armadas las milicias obreras revolucionarias, la situación desembocó en guerra civil.

Si algunos pensaron que el conflicto se resolvería con rapidez, la realidad se encargó de demostrar lo contrario. El país quedó dividido en dos. La República doblegó la insurrección en las tres regiones industriales más importantes —Cataluña, País Vasco y Asturias—, y en las ciudades en las que se afincaban las sedes de las principales empresas, cámaras de comercio y entidades financieras: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La República tenía también las reservas de oro del Banco de España. En la zona rebelde se concentraba la mayor producción de cereales, leguminosas y leche, así como la mayor parte del ganado. El territorio republicano carecía de productos básicos de subsistencia y tenía problemas de abastecimiento en las ciudades. Los sublevados, por el contrario, carecían de base industrial y continuaron sin tenerla hasta que entrado 1937 cayó el País Vasco y después Asturias. En cualquier caso, pese a la desigual dotación de recursos en el inicio, la mayor eficacia del bando «nacional» en la creación de una economía de guerra centralizada y de un ejército regular resultó un factor decisivo en el desarrollo de la guerra. También lo fue, como veremos, la desigual ayuda desde el exterior[19].

En la zona leal a la República, el Estado se hundió y el poder se desintegró al tiempo que estallaba una revolución social. No fue tarea fácil construir un mando unificado y eficiente para un ejército disperso en milicias y regimientos. La defensa de Madrid, a cuyas puertas llegaron las tropas rebeldes en tres meses, forzó la militarización de las milicias y la creación de las primeras brigadas mixtas. El 1 de octubre de 1936, el socialista Francisco Largo Caballero presentó su Gobierno ante las Cortes republicanas y declaró urgente la reconstrucción del Estado, la formación de un verdadero ejército y la recuperación para el Gobierno del poder político. Ese mismo día, el general Francisco Franco era investido por sus compañeros de armas como jefe del Gobierno, del Estado y generalísimo de los ejércitos en el otro lado del conflicto. El general Sanjurjo había muerto en accidente de aviación el 20 de julio al tratar de trasladarse desde Portugal a España. Se formó una Junta Técnica de la que dependieron siete comisiones, embrión de futuros Ministerios. En aquellos momentos, de lo que se hablaba en el bando sublevado era de una dictadura militar, muy represiva pero escasamente definida. Hasta el 19 de abril de 1937 no se produjo la unificación política entre las diversas fuerzas que habían apoyado la sublevación: católicos, tradicionalistas, monárquicos y falangistas. Fue una unificación impuesta para acallar dudas y tensiones, aunque todavía el poder de Franco no era indiscutible. La muerte del general Emilio Mola el 3 de junio de aquel mismo año en otro accidente aéreo le despejó el camino.

La guerra española se internacionalizó enseguida. La posición de las distintas potencias estuvo ligada a su estrategia en política exterior, en unos tensos momentos marcados por la expansión de la Alemania nazi y el despliegue de la política de «apaciguamiento» encarnada por el primer ministro británico, Neville Chamberlain. Consecuencia de ello fue una actitud muy desigual hacia los dos bandos enfrentados en el conflicto español. El 1 de agosto de 1936, las principales potencias europeas suscribieron un acuerdo de no intervención, prohibiéndose la venta, envío y tránsito de armas y municiones con destino a ambos bandos. La decisión no impidió que Alemania e Italia, pese a integrarse formalmente en el comité de no intervención, se volcaran en la ayuda a los rebeldes y Portugal les ofreciera su apoyo logístico y diplomático. A comienzos de octubre, la Unión Soviética, que había suscrito también el pacto, inició su apoyo a la República con el envío de las primeras armas, lo que sirvió de excusa a las potencias fascistas para intensificar la suya[20].

Nadie en el lado republicano tuvo dudas sobre el protagonismo de Juan March en la sublevación militar. «El canalla March era el financiero del movimiento faccioso», escribió pronto El Socialista. Lo dejaba bien claro un comunicado de radio del general Franco al jefe de la comandancia de Baleares, interceptado y reproducido en la prensa republicana: «Preguntar a Palma de Mallorca, a la Banca March, las señas de Juan March en Biarritz, y comunicarlas urgentemente», decía. Para El Diluvio de Barcelona, March era, sin duda, el «financiador de la revuelta fascista». Había proporcionado los «recursos pecuniarios cuantiosísimos» necesarios para llevar a cabo la sedición. No había regateado porque creía segura una victoria que le convertiría en el hombre más poderoso de España. A su lado, los generales fascistas no habrían sido más que unos «peleles». «Por mucho que os repugne no olvidéis nunca este nombre: Juan March» —incluía en un recuadro El Sindicalista, también de Barcelona—. «Deberá ponerse sobre la tumba de todos nuestros muertos el siguiente epitafio: Aquí descansa uno de los asesinados en julio de 1936 por los millones de Juan March». «España no olvidará nunca, nunca, a uno solo de los hombres del bienio negro» —insertaba en su páginas el ABC madrileño, ahora republicano—. «Ellos han montado la máquina de crímenes fascistas. Y han sembrado de ruinas a España. Y han conseguido lo imposible: volver más odioso el nombre de Juan March»[21].

A comienzos de agosto de 1936 se dijo que se había detenido a un secretario del «banquero» mallorquín. En el registro de su domicilio se había encontrado una pistola, dos rifles y una «copiosa información» que se había trasladado a la Dirección General de Seguridad. El 11 de septiembre le tocó el turno al domicilio del secretario de la Transmediterránea, Cencillo de Pineda. Allí se encontró un archivo con documentos referentes a la preparación del «movimiento revolucionario» y comprobantes de que March había contribuido con cuatro millones de pesetas a la suscripción de los partidos de derecha para el levantamiento subversivo. También había una carta «afectuosísima» del general Cabanellas, uno de los protagonistas de la sublevación, así como una relación detallada de las fuerzas de guarnición en las plazas de soberanía del norte de África[22].

Los lectores de la prensa editada en zona republicana supieron que, a los pocos días de la sublevación, la policía francesa había descubierto en Biarritz una gran cantidad de proclamas e impresos editados por los rebeldes y había decidido expulsar de allí a varios «enemigos significados del régimen republicano», entre ellos al banquero Juan March. Unos días más tarde, se habló de las «andanzas misteriosas» de José María Gil Robles, quien, antes de partir en barco hacia Estados Unidos, se había entrevistado en Lisboa con Juan March. Un radiograma enviado esta vez desde Tetuán por el general Franco al general Mola en Burgos decía que Gil Robles disponía en Lisboa de dos millones en divisas que ponía a disposición de los sublevados. ¿De dónde habían salido? ¿Cuál era la relación entre la Compañía de Jesús, se preguntaba ABC en referencia al católico Gil Robles, y el «siniestro personaje de Mallorca», es decir, March? Se había descubierto el cuartel general que tenían los fascistas a la sombra del mallorquín en el Gran Hotel del Boulevard de los Capuchinos, en París. Allí estaba la «eminencia gris», el consejero que escribía y recibía visitas en nombre de Juan March, el que hablaba con Palma de Mallorca y Barcelona, pero también con Londres y Berlín: monseñor Palmer, el obispo de la misión católica en Francia, el «hombre de los jesuitas»…[23]

La policía francesa confirmaba esta información. Juan March estaba en París, con estricta vigilancia del Ministerio del Interior por su «activité suspecte». A la policía no le cabía duda del reiterado paso por la frontera de «emisarios» de March, con intervención personal de su primogénito y de Cencillo de Pineda. En la capital francesa, donde ya no parecía regir la orden de expulsión de unos meses antes, March entraba y salía de su hotel y recibía visitas, como la de Juan Pujol, su antiguo director de Informaciones y ahora director del servicio de documentación de Burgos, capital de los sublevados. Era asiduo en todas las reuniones el padre Gabriel Palmer, quien, codo con codo con Juan March, trabajaba sin tregua ni descanso, día y noche, a favor del generalísimo Franco, combatido «sañudamente» por toda la prensa de izquierdas francesa, como el mismo Palmer explicó más tarde. Había sido invitado a abandonar la misión cuando, en las primeras semanas de guerra, la embajada española llamó al superior de la orden para preguntarle si se identificaban con la actitud y la actuación de Palmer[24].

A comienzos de septiembre, ABC reprodujo una supuesta conversación entre Juan March y Gil Robles, que un testigo había escuchado en un café del paseo del Rocío, en Lisboa. March se habría quejado de que no sabía qué hacían los rebeldes con su dinero. Todos los días recibía llamadas urgiendo nuevas remesas, a ser posible en «plata española». Los del Tercio querían cobrar y los caídos pretendían recibir cantidades enormes. «Estoy viendo que la suerte nos es adversa», habría dicho March. Gil Robles le replicó que había tenido mal acierto en confiarse tanto con aquellos generales. Ya les había advertido Lerroux que con aquella gente el fracaso era seguro. El líder católico no se oponía a nada, pero tenía sus dudas y se sonrojaba al oír por radio las declaraciones de algunos militares, como Queipo de Llano. Había que tener más confianza. «Yo la he perdido en absoluto», habría respondido March. Había «derrochado sus millones sin resultado» y no estaba dispuesto a pedir limosna. Le inquietaba la cantidad de dinero que le harían gastar los militares. «Estoy preocupadísimo», habría concluido el mallorquín[25].

Este tipo de comentarios era, sin embargo, la excepción. Las noticias sobre Juan March fueron siempre a identificarle sin fisuras con la sublevación, cuando no a encabezarla. Era peor que los militares, a los que pagaba. A finales de septiembre de 1936, en la prensa republicana se reproducía un nuevo comunicado de radio entre el delegado de la Transmediterránea en Las Palmas y Juan March. Se le pedía el libramiento de 30.000 pesetas mensuales para pagar los sueldos de los tripulantes de los buques «afectos» y para que los bancos efectuaran diariamente los pagos según los compromisos adquiridos. Dos meses antes, el Gobierno de la República había incautado la compañía Transmediterránea. En el preámbulo del decreto se decía que la dirección de la compañía había abandonado el servicio público que tenía encomendado. Las dotaciones de algunos barcos, influidas probablemente por las personas que dirigían la empresa y que se habían colocado desde hacía tiempo en contra del régimen, habían roto las relaciones que legalmente las unían con las autoridades de marina en los distintos puertos. La consiguiente irregularidad en las comunicaciones entre Canarias, Baleares y Marruecos había obligado al Estado republicano a asumir el servicio, militarizando las dotaciones de los buques. Más aún, «consideradas las responsabilidades contraídas por los señores March en su participación y ayuda al movimiento sedicioso dirigido contra el Estado», el Gobierno de la República se incautó de todas las acciones y obligaciones de la compañía propiedad de los mismos.

Cuando estalló la insurrección militar, de los cincuenta y dos buques de la compañía Transmediterránea, veintitrés habían quedado en manos de los sublevados y veintinueve se mantuvieron leales a la República. Cencillo de Pineda se instaló en Salamanca y se puso a las órdenes del Estado Mayor de la sublevación. Alguno de los buques de la Transmediterránea brindó un servicio decisivo a la causa. La compañía controlaba las comunicaciones entre Canarias, la costa de África y la península. Se habían tomado medidas para situar estratégicamente algunos barcos a la espera de las primeras noticias de la sublevación. Fue un antiguo buque de la Canariense y ahora de la Transmediterránea, el «Vieria y Clavijo», el que, en la noche del 16 de julio, trasladó de Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas al general Franco, a los capitanes Francisco Espejo y José Gil León, así como a Manuel Lojendio, quien debía organizar desde Las Palmas la insurrección del ejército de África. El buque «Ciudad de Algeciras» se encontraba en Ceuta al iniciarse la guerra, suspendió su recorrido habitual y salió a las veinticuatro horas junto con el destructor «Churruca» camino de Cádiz, transportando entre los dos el Tabor del grupo de regulares indígenas de Ceuta. Volvió al día siguiente y el 5 de agosto, junto con el «Ciudad de Ceuta», el cañonero «Dato» y cuatro guardacostas trasladaron un gran contingente de tropas y material de guerra desde Ceuta y Algeciras. Tras una interrupción provocada por el atrincheramiento de la escuadra republicana en el estrecho, repitió el viaje con regularidad a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Por otro lado, los delegados de la compañía en las diferentes ciudades portuarias eran poderosas fuerzas sociales, con gran influencia local, y resultaron ser un gran apoyo en los puertos en los que triunfó la sublevación. Con ellos mantuvo contacto muy directo Juan March, a quien tuvieron en todo momento informado de los problemas de abastecimiento y de disponibilidad de fondos con los que hacer frente a las peticiones y necesidades de abastecimiento[26].

Para alguna prensa republicana, la implicación de Juan March fue mucho más personal. A finales de octubre, ABC reproducía un artículo del francés L’Humanité en el que se afirmaba que el mallorquín había dirigido «personalmente» el traslado de hombres y armas a los rebeldes. Pocos días después del golpe, March habría llegado a Palma en avión desde Italia. Quería organizar el traslado de armas y hombres y movilizó su antigua flota de contrabandistas, transformándose en «capitán de piratas». La mayoría de los «moros», decía el periódico comunista francés, había sido transportada por la banda en barcos de pequeño tonelaje hasta que llenó de armas y moros la zona rebelde del sur. Después, Juan March se lanzó al material de guerra por medio de barcos extranjeros desde las potencias fascistas: aviones, cañones, municiones… Había transportado de todo. «¿Hay alguien que haya trabajado más por el fascismo que el pirata Juan March?», se preguntaba el diario. Cuando la República terminara con él, habría triunfado plenamente[27].

Según la prensa, March habría intervenido en todos los preparativos de la sublevación y en la búsqueda de apoyos tanto en Italia como en Alemania. Habría viajado a Alemania a comienzos de 1936, seguido pocas semanas después por el general Sanjurjo. No se dio entonces gran importancia a aquella visita porque el militar español no se entrevistó con Goering ni con Hitler. Sí lo hizo con el coronel Strauss, representante de la fábrica de armas Krupp, y con Leman von Kellerman, representante del barón Thyssen, el gran empresario de la metalurgia alemana. También habría recibido la visita de algunos españoles, entre ellos de Juan March, que no daba dinero pero «lo encontraba». Sanjurjo habría vuelto a España en compañía de Kanaris [sic], quien habría tenido un papel central en las relaciones entre Alemania y España puesto que conocía bien nuestro país desde los años de la Primera Guerra Mundial, cuando buscaba vías de abastecimiento para los submarinos alemanes. Pues bien, había pruebas de que «Kanaris» conferenció con Juan March, con el general Mola y con Gil Robles en julio de 1936. Los pedidos de material de guerra habrían sido firmados por Gil Robles y financiados por Juan March. Entre los papeles requisados a un agente del servicio del espionaje alemán se habían encontrado «interesantísimos» documentos sobre las estrechas relaciones con Franco, Mola, Sanjurjo… y March[28].

También habría sido decisiva su intervención en las relaciones con la Italia fascista. Juan March era bien conocido en Italia, según se podía leer en alguna prensa republicana. Preocupado por lo que pudiera ocurrir en Mallorca, habría tenido negociaciones «de potencia a potencia» con Mussolini y le habría «vendido» parte de la isla con tal de que no cayera en manos republicanas, convenciéndole de la importante situación estratégica de las Baleares en el Mediterráneo. Sin embargo, el Gobierno de Mussolini tardó en aceptar las primeras peticiones de ayuda de los militares españoles rebeldes, porque no estaba seguro del carácter de la sublevación militar ni de sus apoyos. También ahí intervino Juan March, al parecer. La mayor urgencia de los sublevados era disponer de aviones para el traslado de tropas de Marruecos y para hacer frente a la aviación enemiga, muy superior en los comienzos de la guerra. Había que conseguirlos en Italia. El general Mola conocía el pacto que en marzo de 1934 habían suscrito los monárquicos españoles con el Gobierno italiano para que les prestaran auxilio en caso de un alzamiento contra la República. Antonio Goicoechea había sido uno de los firmantes, y a él le pidió Mola que viajara inmediatamente a Roma y se entrevistara con el ministro de Relaciones Exteriores y yerno de Mussolini, el conde Ciano. Goicoechea escribió a Mussolini diciéndole que el ejército dominaba la totalidad del territorio con la única excepción de Madrid, Barcelona y Bilbao. Era necesario un esfuerzo máximo para precipitar el final de la guerra[29].

El 25 de julio, en Roma, tras algunas explicaciones, se allanaron las dudas y Ciano le dijo a Goicoechea que había doce aviones Savoia disponibles en Cerdeña. Podrían llegar a Tetuán a primeros de agosto. Había que salvar otro escollo: el ministro italiano exigía el pago previo de un millón de libras esterlinas. Había que «convencer a cuantos tengan dinero que de su desprendimiento depende no ya la salvación de España, sino la de toda una civilización», había escrito Mola al conde de los Andes. «Ya sabe: sea como sea y al precio que sea “pajaritos”». Goicoechea resolvió el problema recurriendo a Juan March, quien, eso sí, exigió una orden escrita y firmada en la que constara la petición. A finales de julio ya se había recibido el pago en Roma y se dio la orden de enviar los aviones a Marruecos. Algunos pilotos cayeron en la zona francesa y fueron sometidos a proceso. Su abogado defensor dijo que había sido Juan March quien encargó con urgencia los aviones y, precisamente por esa urgencia, se enviaron pilotos voluntarios y aparatos armados la víspera con ametralladoras. Se dijo que, para evitar problemas en lo sucesivo, Juan March se había hecho con el control de la compañía Savoia[30].

En Roma se quedó otro monárquico destacado, Pedro Sainz Rodríguez, diputado en las Cortes republicanas y fundador del Bloque Nacional que dirigió Calvo Sotelo hasta su muerte. Había viajado a Roma con Goicoechea y permaneció un tiempo en la capital italiana para negociar el envío de armas y suministros de todo tipo a los sublevados. Todas las mañanas, muy a primera hora, se entrevistaba con el conde Ciano, a quien mantenía informado del desarrollo del conflicto. Sainz Rodríguez supo, por el hijo de Juan March, que la situación en la isla de Mallorca era complicada. Allí había triunfado la sublevación sin grandes dificultades, pero el Gobierno republicano de la Generalitat decidió recuperar la isla. El 17 de agosto se produjo el desembarco de fuerzas milicianas al mando del capitán Bayo.

Desde la isla, el marqués de Zayas, jefe de Falange, telegrafió a Sainz Rodríguez denunciando la «falta de mandos» y la carencia de Estado Mayor, al tiempo que urgía el envío de aviones: «Sono disposto dare bataglia definitiva comunismo e viva Italia e viva Duce», exclamaba al final de su misiva. Sainz Rodríguez viajó a Cáceres con el objetivo de solicitar el visto bueno de Franco para sustituir a quien estaba al frente de las tropas sublevadas porque se sospechaba que se disponía a negociar con los republicanos. Pronto llegaron al norte de Mallorca tres hidroaviones italianos y después, por barco, dos cazas, doce cañones antiaéreos, municiones, bombas y gasolina. Eran el fruto de los contratos firmados por Sainz Rodríguez y la Società Idrovolanti Alta Italia por valor de casi veinte millones de liras[31].

También se buscó en Roma el asesoramiento técnico que pedían desde Mallorca para afianzar sus posiciones. El 26 de agosto llegó a la isla un exescuadrista italiano, cónsul de la Milicia Voluntaria Sicurezza Nazionale, Arconovaldo Bonacorsi, pronto conocido como el conde Rossi. Inmediatamente y con extrema dureza se hizo cargo de la situación. La reconquista de la isla fue un hecho a comienzos de septiembre y el capitán Bayo ordenó la retirada de las fuerzas republicanas. La represión y el terror desatado en combinación con los falangistas, así como los desencuentros con algunos militares españoles, provocaron la protesta incluso del hijo de Juan March, que se negó a ponerse a las órdenes de la Falange. El conde Rossi exigió medidas contra Juan March Servera a las autoridades locales, aunque sin resultado. Finalmente, las relaciones se recompusieron. Según contaba un marino electricista al que la sublevación había sorprendido allí y que vivió la llegada del conde Rossi, semanalmente llegaba a Palma un avión desde Italia que volvía cargado de oro, joyas y valores cotizables cuya requisa era dirigida por el «hijito», como se conocía en la isla al primogénito de Juan March[32].

La represión en la isla de Mallorca fue muy virulenta desde los primeros momentos. Se llevó por delante a Antonio María Qués, el hijo del antiguo preceptor y socio de Juan March. La estrecha relación entre ambos se había truncado tiempo atrás. Al llegar la República, Antonio Qués se pasó al Partido Radical-Socialista que dirigía Marcelino Domingo y después a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, de cuya dirección en la isla llegó a formar parte. Era, además, presidente del Rotary Club de Mallorca y un hombre de negocios respetable. Fue detenido por los militares al día siguiente de la sublevación y se le abrió causa junto a Alexandre Jaume Rosselló, cuñado de Luis Alemany y sobrino de Alejandro Rosselló. Alemany había acompañado a March en su pelea en los años veinte para hacerse con el control del Partido Liberal en la isla y fue durante mucho tiempo uno de sus hombres de confianza. Rosselló fue con March en la candidatura liberal en 1923. Junto Antonio María Qués y Alexandre Jaume fueron detenidos los exalcaldes de Palma y de Inca, Emili Darder y Antoni Mateu. Los cuatro fueron encarcelados en el castillo de Bellver, donde permanecieron durante meses a la espera de juicio[33].

El fiscal les acusó de promover un «estado de subversión propicio a toda clase de violencias que habían de culminar en un movimiento de carácter revolucionario de tipo soviético». Solicitó la pena de muerte. De poco sirvió que Jaume fuera cónsul de Uruguay y tuviera la nacionalidad de aquel país, ni tampoco los intentos del defensor de Antonio María Qués para poner en evidencia la animosidad y deseos de venganza personal de los acusadores, lo incongruente de considerar bolchevique a un hombre de negocios, las contradicciones en las pruebas de un supuesto plan revolucionario o la ausencia del acusado cuando se redactó el manifiesto que convocaba la huelga general y cuya autoría se le achacó[34].

El teniente auditor, abogado y falangista, Luis Ramallo, desestimó los recursos presentados por los acusados. Dada la excepcionalidad de las circunstancias, sostuvo, no eran necesarias pruebas escritas o documentales que demostraran la existencia de un complot efectivo. Era suficiente con la militancia política de los acusados. No cabía el indulto. Todos los intentos de familiares y amigos por conmutar las penas fueron inútiles. El fusilamiento se celebró en la madrugada del 24 de febrero de 1937 en el exterior del cementerio de Palma. Manuel Benavides, el autor de El último pirata del Mediterráneo, insinuó que aquellas muertes se habían debido a la influencia de Juan March. Sin embargo, también hubo testimonios de que March hizo cuanto pudo por evitarlas, pero que su poder en aquellas circunstancias era limitado, pese a lo que muchos creían[35].

March continuó siendo para la prensa republicana el banquero del fascio, con dinero propio o ajeno; a veces como simple mensajero, otras como elemento decisorio. Así, en junio de 1937 habría salido de Gibraltar hacia territorio rebelde con la autorización de Franco para gastar trescientos millones de francos que se habían suscrito en el extranjero. La noticia servía también para reforzar su papel: Juan March «manda en la zona rebelde». El era el «avalador» y los otros los avalados. Los trescientos millones eran el más categórico de los imperativos. A ellos les debían obediencia sumisa los militares que se sublevaron. Eran su garantía en caso de derrota. Cuando llegara el momento del Juicio Final, los franquistas tendrían muy fácil rendir cuentas ante el Todopoderoso. No tendrían ni que abrir la boca. Hablarían por ellos «los administradores de March»[36].

En la primavera de 1937, el mallorquín pasó de «contrabandista a diplomático». La prensa republicana se había hecho eco del rumor de que Mussolini estaba pensando en retirar las tropas italianas ante la propuesta británica de reforzar la política de no intervención en la guerra española. Italia y Alemania aceptaron negociar la retirada de todos los combatientes extranjeros, pero lo hicieron con la clara intención de obstaculizar cualquier compromiso efectivo. En cualquier caso, a finales de mayo se publicó la noticia de que Juan March viajaba a Italia con el duque de Alba, «embajador de los militares sublevados en Londres». Ambos tendrían la misión de convencer al dictador italiano para que mantuviera su ayuda. En Gibraltar, antes de embarcar para Nápoles, el financiero mallorquín dijo a los periodistas que su intención era simplemente reunirse con su familia, instalada definitivamente en Roma[37].

Efectivamente, Juan March había llegado a la capital italiana hacía casi un año, a mediados de agosto de 1936, en tren desde París junto con sus dos hijos. Poco después lo hizo su mujer y algún otro de sus acompañantes habituales. También se trasladó a Roma la maitrese de March, como la llamaba la policía francesa, Matilde Reig Figuerola. Todos ellos obtuvieron certificados de «refugiados españoles en Italia con motivo de la guerra civil». Se instalaron en la capital italiana como otros muchos españoles huidos. Su casa en Madrid se iba a convertir en sede del comité de defensa republicano. Juan March y su primogénito viajaban con frecuencia a España, a territorio «nacional», y también a París y a Londres, pero la residencia de la familia durante la guerra civil estuvo en Roma. Eso no impedía que cada viaje del financiero a Italia se convirtiera para la prensa republicana española en una misión encargada por los «facciosos» para reforzar la ayuda que Mussolini prestaba al bando rebelde[38].

Hubo por esas mismas fechas un comentario sorprendente, del que se hizo eco algún periódico. A finales de junio de 1937 se publicó una carta del exministro radical Diego Hidalgo a un amigo en Suiza. Hidalgo había sido ministro de la Guerra desde enero hasta noviembre de 1934, con los Gobiernos radicales de Lerroux y Samper. El 18 de julio de 1936 le sorprendió en Valencia y tras muchas dificultades logró huir a Francia, donde se puso al servicio de la «gran cruzada» bajo la jefatura de Franco. A comienzos de mayo de 1937, según el ABC republicano, Diego Hidalgo estaba en Gibraltar y se entrevistó allí con March. En su carta de unas semanas después, el exministro se mostraba muy crítico con Franco. Escribía a su amigo que el general podía haber servido para el caso de un triunfo rápido en la guerra, como muchos esperaban. Pero no valía para una resistencia larga. Carecía del temperamento propio de un caudillo: los falangistas se burlaban de él, y ni los tradicionalistas ni los alfonsinos, ni los mismos militares tenían confianza en él. ¡Las cosas que le había contado Cabanellas apenas quince días antes! «Y March —continuaba—, que es el verdadero cerebro que tenemos, está trabajando para que se quede de Jefe de Estado, o sea figura representativa, y se nombre un Gobierno presidido por una verdadera capacidad. Pero lo malo es que esta capacidad no se ve por ninguna parte, de no ser el propio March, que ya comprenderá que es imposible». March sí que era inteligente de verdad; asombraba su capacidad de comprensión, de trabajo y hasta de resistencia física. Sin él se hubiera perdido todo ya. «Cuando algún día podamos hablar de palabra —seguía—, le explicaré por qué si Italia y Alemania siguen ayudando al movimiento se le debe a Juan March…»[39].

Era la opinión de Diego Hidalgo, suponiendo que la carta fuera cierta. La relevancia que otorgaba a March iba mucho más allá de la habitual en la prensa republicana. Lo habitual era la insistencia en que March había prestado servicios impagables al «generalísimo de bolsillo». Franco no era más que un «títere espléndidamente contratado». Eran otros los que tiraban de los hilos, los que ataban y desataban de verdad. Estaban en París, en Roma, en Londres y en Berlín, allí donde estuviera Juan March. Él sí que entendía de contratos y de nudos. Había anticipado dinero para cuantos gastos fueron necesarios en la organización del movimiento. Según había dicho el propio Franco, puso a su disposición veinte millones de pesetas. Pagó viajes, idas y vueltas a Roma y Berlín; pagó estancias en Estoril y en Berlín. Colocó a Ruiz Albéniz como cronista de la guerra en el cuartel del generalísimo. Sostuvo una carísima secretaría de propaganda y financió una red de agentes encargados de sobornar a los sobornables y de vigilar a los tibios. Pero era un «hombre de piedra», como se recordaba que había dicho de él Indalecio Prieto. No se fiaba de nadie[40].

El banquero de la rebelión

La guerra requería financiación y disponibilidad de oro y de divisas. Pero no sólo eso. También hacía falta poder utilizarlos para adquirir las armas, los aviones, los suministros y los materiales necesarios para sostener el esfuerzo bélico. La República contaba con las reservas en oro del Banco de España, unas de las más importantes del mundo en aquellos momentos: 707 toneladas en total, la mayoría (638) almacenadas en la cámara acorazada del banco de España, en Madrid. El resto, en manos de corresponsales y en el Banco de Francia en Mont de Marsan, donde en el verano de 1931 se habían depositado 59 toneladas para garantizar un préstamo con el que se quiso estabilizar la peseta, y que permanecían intactas. En septiembre de 1936, el oro del Banco de España fue trasladado desde Madrid a la base naval de Cartagena por temor a que cayera en manos del ejército rebelde, que avanzaba rápido hacia la capital. Se vendió casi todo: 633 toneladas de oro fino (704 de aleación). De ellas, un tercio se vendieron en Francia durante el primer año de la guerra. Los dos tercios restantes se vendieron en Moscú, a donde decidió trasladar el oro el ministro de Hacienda republicano, Juan Negrín, de acuerdo con el presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, en octubre de 1936. Además de colocarlo en lugar seguro, pretendían reforzar con ello el apoyo de la Unión Soviética, el único país que se había mostrado dispuesto a vender armas a la República. A cambio, la República recibió divisas con las que pagar los suministros civiles y militares. Nadie regaló nada, tampoco los soviéticos. La ayuda se pagó generosamente. Tener con qué pagar, además, no aseguraba los suministros. La política de no intervención sellada por los países europeos fue seguida por Francia y aún más a rajatabla por Gran Bretaña. La República tuvo que recurrir a un mercado internacional nada fácil hasta que no se materializó la ayuda soviética, irregular y condicionada[41].

Los sublevados no tenían oro. Tuvieron conocimiento inmediato de lo que estaba ocurriendo en el Banco de España y declararon delito de alta traición la exportación de las reservas. Enviaron mensajeros a París y a Londres. A la capital francesa fueron Santiago Alba y Juan Ventosa, quienes, a la vista de la actitud proclive a los republicanos del ministro de Finanzas y del gobernador del Banco de Francia, decidieron acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores. No tuvieron éxito. En Londres, el Banco de Inglaterra gobernado por Montagu Norman anunció una estricta neutralidad, aunque nadie acudió a él en demanda de créditos. El momento más difícil para París y Londres se produjo en diciembre de 1936, cuando italianos y alemanes presionaron en el comité internacional de no intervención. Pretendían que el control se extendiera a las transacciones financieras, de las que hasta entonces no se había hablado. El objetivo era dificultar la venta del oro del Banco de España por la República. Franceses y británicos estaban convencidos de la legalidad de la actuación del Gobierno republicano y los británicos se resistían a ir más allá del compromiso de que no habría ningún préstamo oficial, sin que eso interfiriera con las actuaciones de carácter privado. Las pretensiones alemana e italiana se frustraron[42].

Los sublevados no tenían oro y no pudieron impedir que la República utilizara el suyo. Contaron pronto, sin embargo, con la ayuda y aprovisionamiento desde Italia y Alemania. El 25 de julio, Hitler y, dos días más tarde, Mussolini accedieron a las peticiones de los militares y comenzó una ayuda sostenida y creciente, en armas y hombres, que convirtieron en papel mojado su compromiso de no intervención. Mientras las potencias europeas condicionaban su actitud hacia España por su política de «apaciguamiento» respecto al Tercer Reich, la guerra española fue entendida por Alemania como una buena manera de debilitar el flanco occidental en su política «revisionista» del statu quo internacional, así como un excelente campo de experimento para la política de rearme impulsada por Hitler desde su llegada al poder. Esa ayuda fue decisiva sobre todo en los primeros meses del conflicto y también en los ocho últimos. Se materializó en diferentes compromisos de pago, diferidos en el tiempo siempre que se pudo, y también en el establecimiento de relaciones comerciales privilegiadas, sobre todo con Alemania[43].

Poco antes de terminar la guerra, en marzo de 1939, el Banco de Inglaterra recibió desde Burgos un informe de David Eccles, entonces presidente de la Central Mining Corporation y unos meses después funcionario del Ministerio de Guerra Económica británico. Era un informe sobre la financiación de la guerra de Franco y la futura política económica que se esperaba de su Gobierno. No había sido una guerra cara la de Franco, decía Eccles, aunque era imposible tener cifras oficiales. Él calculaba que había costado 1.000 millones de pesetas al mes, un total de 30.000 millones. Poco se habría podido obtener de los impuestos, puesto que el bando nacionalista no los había subido. Tampoco había habido una emisión de billetes tan importante como cabía sospechar. No había habido préstamos públicos por parte de otros países. Algo se habría obtenido en el control del cambio exterior de la moneda. Se había jugado sobre todo con el retraso en el pago de los gastos militares a los proveedores. Las empresas recibían diferente trato según que el Estado considerara más o menos urgente su pago. Se decía que Alemania había cobrado en divisas y en pesetas, mientras que Italia tenía aún gran parte de su deuda pendiente. Los adelantos hechos al Tesoro por el Banco de España en Burgos cada quince días tenían que haber desempeñado un papel decisivo en la financiación de la guerra. Los depósitos de los bancos en el Banco de España se habían incrementado de manera notable como consecuencia de las reducidas posibilidades de un uso distinto, además de las limitaciones de uso privado como consecuencia de la política de «cuentas restringidas» y «cuentas bloqueadas» decretada por el Gobierno de Burgos[44].

También decía Eccles en su informe que había razones para creer que se habían producido donaciones particulares a Franco a gran escala, tanto en pesetas como en divisas. Toda empresa de importancia había hecho más de una y las contribuciones individuales habían representado un verdadero auto-impuesto sobre el capital («self-imposed capital levy»). Citaba Eccles un comentario atribuido a Indalecio Prieto, quien al comienzo de la guerra había dicho que las derechas no tenían dinero y no podían ganar. Un mes antes del final del conflicto, cuando la suerte estaba echada, el mismo Prieto dijo que la República había perdido la guerra porque los ricos sabían cómo ser pobres, pero los pobres no sabían cómo ser ricos. Desde las primeras semanas del conflicto, los militares sublevados desencadenaron una campaña patriótica para allegar recursos bajo el eslogan de «oro para la patria». En los primeros días fue Franco, desde sus responsabilidades al mando del ejército de África y sur de España, quien se adelantó en lanzar la iniciativa de una recaudación de donativos, en metálico, en oro o en especie. El 19 de agosto, la Junta de Defensa convirtió la propuesta en orden oficial. Se creó una pequeña organización que llevó la cuenta de las donaciones y puso especial empeño en la centralización de la recaudación del oro para que fuera más eficaz. La disponibilidad de divisas constituyó también una preocupación constante, porque no todo se podía comprar a crédito[45].

El coste y la financiación de la guerra civil hicieron correr ríos de tinta entonces y han dado lugar a multitud de escritos e investigaciones después. Según los datos de 1940 de José Larraz, que fue ministro de Hacienda en la inmediata posguerra, los pagos realizados por el Gobierno franquista ascendieron a 11.900 millones de pesetas, aunque a ellos habría que añadir los intereses de la deuda suspendidos en agosto de 1936 y el 60 por 100 aplazado del coste de los suministros. Los ingresos se vieron reforzados por nuevas figuras impositivas, como el «plato único», el «subsidio del combatiente» y, sobre todo, el descuento de dos días de haber de los sueldos de los funcionarios. En total, unos 3.700 millones que arrojaban un déficit de más de 8.000 cubierto, efectivamente, con el recurso al Banco de España. No tenemos datos fidedignos ni continuados de la cuantía de las aportaciones individuales que Ecless consideró tan importantes para los militares sublevados, aunque se han cuantificado en 400 millones de pesetas[46].

Tuvieron que ser decisivas en los primeros momentos, cuando la apuesta por su triunfo era arriesgada. Juan March fue entonces, probablemente, una ayuda insustituible. Tenía una inmensa fortuna, dentro y fuera de España, y tenía también una gran capacidad para movilizar divisas e influencias. Estaba dispuesto a emplearse a fondo porque guardaba una pésima memoria de su encarcelamiento por la República. No eran muchos los que reunían esas condiciones y esa predisposición. Ya había sido un importante contribuyente al fondo conspirativo de los monárquicos después del fracaso de la sanjurjada en agosto de 1932. Conocía bien a algunos militares desde los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera. Además, su abogado durante el encarcelamiento republicano, Tomás Peire, era comandante del Estado Mayor y fue su emisario en algunos contactos. Con el general Mola, Juan March se veía con frecuencia y le garantizó protección para su mujer e hijos, además de una cierta cantidad de dinero según algunas fuentes. También se ha dicho que se comprometió con el propio general Franco, que dudó hasta el último momento y cuyos recelos necesitaron ser disipados atendiendo a sus peticiones económicas así como al futuro nombramiento de alto comisario en Marruecos. Franco negó posteriormente que hubiera habido nada de aquello[47].

Fue desde luego un cheque de Juan March el que permitió financiar el avión que trasladó al general Franco desde Canarias a Marruecos, el «Dragon Rapide». Se decidió en una reunión a finales de junio de 1936 en la casa que tenía en Biarritz Juan Ignacio Luca de Tena, propietario de ABC. Era una más de las reuniones que venían celebrándose los fines de semana en el sur de Francia desde que abandonaron España. March solía asistir a ellas, y también lo hacía Gil Robles, quien les ponía al día de lo que ocurría en Madrid. Años más tarde el líder católico dijo que no tenía la impresión de que en aquellas reuniones estuviera la dirección del movimiento sedicioso. Otros pensaban justo lo contrario. A la reunión que se celebró a finales de junio asistieron el conde de los Andes y Juan March. Estaba también Francisco Herrera Oria, hermano del director de El Debate, recién llegado de Ceuta con la petición del general Yagüe de que se proporcionara un avión para trasladar al general Franco. Luca de Tena se comprometió a buscarlo si alguien lo financiaba y Juan March extendió inmediatamente un talón en blanco. Luca de Tena se puso en contacto con el corresponsal de ABC en Londres, Luis Antonio Bolín, que quedó encargado de organizarlo todo. Dos entregas sucesivas de 10.000 libras a cargo de Juan March hicieron posible la maniobra. El avión, pilotado por un inglés, el capitán Bebb, llegó a Casablanca el 12 de julio. Allí se enteraron los viajeros del asesinato de José Calvo Sotelo y decidieron actuar por su cuenta. Tres días más tarde aterrizaron en el aeropuerto de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria, y el 19 de julio, ya con el general Franco a bordo, volaron a Tetuán[48].

Aquel vuelo fue muy importante, como lo fue el transporte, por mar y por aire, de las tropas marroquíes a la península. También ahí desempeñó un papel relevante Juan March, poniendo a disposición de los rebeldes los barcos de la Transmediterránea, la experiencia de su flota tabaquera y sus relaciones comerciales, para eso y para cualquier tráfico comercial. Así, por ejemplo, cuando un tal José M. Galindo, desde Génova, ofreció al Gobierno de Burgos «parte de mi posición económica» y dos cargamentos de madera depositados en los muelles de Marsella, que podrían traducirse en moneda extranjera, se le contestó que lo más conveniente sería que intentara venderlos directamente. En caso de encontrar alguna dificultad, debía intentarlo con Juan March, que tenía negocios de esa índole en Mallorca y podría pagar en divisas.

March ya estaba en Roma cuando, a finales de agosto de 1936, llegó el marqués de Magaz como representante oficioso de los sublevados. Contó con la colaboración durante un tiempo de Pedro Sainz Rodríguez. Preocupado por la necesidad de reforzar la financiación de la guerra, abrió una suscripción «voluntaria». Los donativos en oro y la aportación de moneda extranjera que se hiciera en aquel momento podría deducirse de los impuestos de guerra. Entre quienes respondieron a la petición estaba, por ejemplo, Francisco Bastos, exdirector de la Compañía Arrendataria de Tabacos: había hecho tres entregas sucesivas, pequeñas eso sí porque eran de alguien que lo había perdido todo y vivía refugiado en una modesta pensión en Nápoles. Magaz estaba convencido, sin embargo, de que podía sacarse mayor partido de aquellas «donaciones». La suscripción debía seguir la técnica aplicada en Mallorca por Juan March, «un lince para estas cosas». De un par de millones, la contribución de la isla había pasado a veinte. El método había sido muy sencillo: para evitar que los donantes tuvieran que hacer cálculos y que aun así «quedaran mal», se les había «sugerido» una cantidad después de haber estudiado sus posibilidades. Era, en opinión del representante de los militares sublevados, la mejor manera de obtener la máxima ayuda. Había españoles que poseían una fortuna, «millones», refugiados en el extranjero, muchos de ellos en Suiza. Si se lo pedía alguien en nombre del Gobierno de Burgos, harían donativos importantes[49].

Desde Mallorca se había hecho a mediados de agosto un envío de tres cajas de oro con un peso neto de 248 kilos y un valor de casi tres millones y medio de liras, que se depositó en la Banca de Italia. Llegaron al puerto de La Spezia en el barco de guerra italiano «Mestrale». Venía con ellas Luis Ramallo. A finales de aquel mes, se creó en Mallorca un centro de incautación de oro y valores que dependía del auditor de la comandancia militar. Fue el instrumento para proceder a la recogida del oro amonedado y en pasta, así como de moneda extranjera y de los títulos y los valores nacionales en manos de mallorquines que pudieran ser negociados fuera. Para responder a la indemnización de lo incautado se abrió una suscripción pública en pesetas a la que debían contribuir todos los habitantes de la isla aportando el mayor esfuerzo. Para animar las entregas, a Manuel de Salas se le pagaron 254.000 pesetas por su donativo en oro valorado en 750.000; a la Banca March, que donó oro por valor de un millón de pesetas, se le pagaron 178.000, según la memoria del centro de abril de 1937[50].

En los archivos diplomáticos quedó constancia de la llegada a Roma, por avión, a finales de septiembre de 1936, de la contribución de quienes habían apoyado en Mallorca la sublevación. Se aconsejó que los billetes no se cambiaran de momento por el perjuicio que causaría el valor de la lira. Debían depositarse en la Banca de Italia a nombre de Juan March, para que dispusiera de ellos cuando conviniera. Los cheques únicamente estaban en tránsito a sus respectivos destinos para su abono en una cuenta en Londres. En cuanto a los valores, se especificaba que debían constituir parte de la garantía de los créditos que en la capital británica se concedían al Gobierno de Burgos y que para que fueran eficaces no debían estar sometidos a ninguna traba. Convenía hacer un depósito en cualquier banco de Italia a la libre disposición del banco Kleinwort en Londres. El 19 de septiembre, el marqués de Magaz se permitía molestar a Franco a instancias de Juan March para que diera las órdenes pertinentes de transferir en moneda italiana las cantidades recibidas provenientes de Baleares, con el objetivo de que March pusiera inmediatamente a disposición de la Junta Nacional de Burgos las cantidades correspondientes. El 20 de octubre, Luis Ramallo llegó con otro envío de valores y el encargo de que fueran reexportados por vía aérea al Kleinwort Bank en Londres[51].

March, cuya residencia familiar había quedado fijada, como sabemos, en Roma, actuaba desde la capital italiana en unos momentos en los que la ayuda de ese país era muy importante. Pero la ciudad era el enclave de un engranaje que tenía otra pieza fundamental en la Banca Kleinwort de Londres, un banco con una larga historia detrás, consolidado en las dos últimas décadas del siglo XIX por los hermanos Herman y Alexander Kleinwort. En los años treinta se había asentado como uno de sus ejecutivos José Mayorga, un español llegado a Londres en 1907 en busca de fortuna. Mayorga comenzó como simple encargado de la correspondencia en el Kleinwort dos años más tarde, con un sueldo de cinco libras al mes. Tras casarse y tener su primer hijo, tuvo que aumentar sus ingresos y se empleó como traductor en la embajada española, donde se ganó la confianza del embajador Merry del Val. Su gran oportunidad le llegó durante la Primera Guerra Mundial, cuando propuso al Kleinwort la ampliación de sus negocios en Cuba, a donde viajó después de pasar por Nueva York y entrevistarse con Goldman Sachs. Volvió con excelentes informes y nuevas operaciones en la isla caribeña. Se le subió el sueldo, se mudó de casa y comenzó su ascenso en el banco ampliando sus responsabilidades en América Latina, en España e Italia, hasta convertirse en uno de los más altos ejecutivos después de los dos socios[52].

En los años 1920, el Kleinwort aumentó sus negocios en España. Uno de los socios, Herman, se reunía con frecuencia con el rey Alfonso XIII y otros dignatarios españoles en su yate. Cuando llegó la República, el Kleinwort fue requerido por el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, para actuar en los mercados de cambios en defensa de la peseta y José Mayorga estableció una estrecha relación con él. En sus frecuentes viajes a Madrid conoció a Juan March, entonces en la cárcel, y le recomendó que sacara su dinero de España. Juan March se convirtió así en el cliente español más importante del Kleinwort. Fue este banco el que actuó en su nombre en el adelanto del dinero necesario para fletar el «Dragon Rapide» y el millón de libras para pagar los aviones a Italia. Fue también desde el Kleinwort desde donde se efectuaron los pagos a la compañía petrolífera Texaco después de que ésta interrumpiera repentinamente su abastecimiento a la Campsa republicana, de lo que cabría deducir que March, en absoluto ajeno al negocio petrolero, desempeñó también un importante papel en el aprovisionamiento de combustible a los sublevados. El Kleinwort tenía abierto, ya en el verano de 1936, un crédito a la Junta de Burgos cuya garantía eran los valores, cheques y monedas llevados a Italia desde Mallorca por Luis Ramallo, y reexportados a Londres a finales de octubre de 1936. Era también el Kleinwort quien adelantaba las ayudas que desde Lisboa pedía José María Gil Robles. La colaboración se inició con un crédito de 200.000 libras solicitado desde Mallorca y otro de 150.000 para Lisboa[53].

Cosa distinta fueron otros dos depósitos que quedaron registrados a comienzos de septiembre en la Banca de Italia: el día 3, veinticinco lingotes de oro con un peso de 49,5 toneladas y diversas monedas de oro por 24,5 toneladas más; el día 9 llegaron otras 72,5 toneladas en lingotes y 31,9 en monedas. Ambos depósitos estaban a nombre de Juan March, aunque no podían ser liquidados sin previa notificación al Ministerio de Asuntos Exteriores. En total, 178 toneladas, una cantidad fabulosa. El Kleinwort tenía entonces gran cantidad de oro. El encargado del departamento de exterior del banco, Leonard Steljes, venía haciendo acopio de dicho metal aprovechando el «sovereign boom» que siguió al abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña. Su mayor proveedor había sido una compañía de brokers en la India, país que había lanzado al mercado 173 millones de libras en oro en tres años y medio. Había tanto oro en el Kleimwort que uno de sus directivos recordaba que podía caminarse sobre un pasillo de aquel metal. Según la historia del banco, March depositó efectivamente en Roma, en aquellos primeros días de septiembre de 1936, una enorme cantidad de oro fijada en 122 toneladas métricas. Cada tonelada equivalía a 1.235.000 libras. Eso suponía que March era capaz de hacer depósitos en oro mayores que las reservas de muchos países[54].

Ésa era la cantidad que figuraba, en gramos, en los recibos de la Banca de Italia, aunque no encaja el número de lingotes declarado con su peso, ya que el lingote o barra estándar era de 13 o 14 kilogramos. Ni el archivo histórico del Kleinwort ni el de la Banca de Italia permiten saber más. No hay noticias que puedan aclarar si efectivamente fue esa la cantidad, ni tampoco cómo pudo transportarse hasta allí. Tampoco las hay acerca del uso que pudo tener aquella fabulosa cantidad de oro que, de ser cierta, equivalía, en su peso, al total del oro del Banco de España vendido por la República en Francia durante el primer año de guerra[55].

Sí hay documentación acerca de otras actuaciones de March a través del Kleinwort. En diciembre de 1936, pese a su «precario estado de salud», Juan March tenía planeado un viaje a Burgos para entrevistarse con Franco. No pudo acudir finalmente, según comunicaron desde Roma, pero lo hizo su hijo. En Burgos comenzaba a pensarse en consolidar una línea de crédito más continuada y para ello Juan March era imprescindible. Unos meses más tarde, el 6 de abril de 1937, se firmó un contrato entre el general Fidel Dávila, presidente de la Junta Técnica del Estado, y Juan March en tanto que titular único de la Banca March. Conocedor del interés del Estado español en disponer de libras, decía el contrato, March se había ofrecido «espontáneamente» a avalar un crédito del Kleinwort de 500.000 libras a favor de Alonso Olano, por seis meses, y sin que los intereses y comisiones pudieran superar el 4 por 100. El «Estado español» se comprometía a depositar como garantía en las cajas del Kleinwort valores extranjeros o cotizables en las Bolsas europeas por cantidad suficiente y tomaba a su cargo todas las obligaciones dimanantes de la operación. Autorizaba a la Banca March a gestionar con su aval nuevos créditos hasta un montante de 1.500.000 libras. Una semana más tarde, el Kleinwort comunicó a Olano que las libras estaban a su disposición, noticia que Juan March hizo llegar desde Roma a la Junta Técnica a través de Ruiz Albéniz para que se ratificara el acuerdo. Fue el propio Juan March, de paso por Londres unos meses más tarde, quien excusó ante el Kleinwort la demora que se estaba produciendo en el depósito de los valores ofrecidos en garantía. Por supuesto, en tanto que avalista, asumía su responsabilidad por el retraso[56].

La urgencia de disponer de aquel crédito estuvo relacionada con una importante operación en la que intervino Juan March. A mediados de abril de 1937, el encargado de negocios en la embajada de los sublevados en Roma, García Conde, recibió un telegrama del secretario del general Franco —su hermano Nicolás—, en el que se decía: «Busque D. Juan March y comuníquele de orden del generalísimo debe ordenar banco Kleinwort sitúe en el Chase National Bank de Nueva York cantidad en dólares equivalente a 34 millones de liras a favor del Instituto Nacional Cambi Italia de aquella plaza, al cambio de 19 liras por dólar. Avise Gobierno italiano de haberlo efectuado»[57].

Este cuantioso pago debía materializar la compra de dos submarinos. El asunto había empezado a comienzos de año como consecuencia de la preocupación del bando rebelde por su inferioridad en el mar. Los italianos ofrecieron cuatro submarinos que, además, les convenía vender para obtener divisas con las que pagar sus importaciones de trigo argentino. No podían incluir destructores en la venta porque en el tratado naval con Washington figuraban todos los destructores italianos y sería dificilísimo ocultar cualquier baja; los submarinos, por contra, podían ser cedidos en veinticuatro horas. Se iniciaron así unas negociaciones complicadas porque Italia quería obtener la mayor cantidad posible de divisas. García Conde redujo la petición a dos submarinos, pagando la mitad del valor en divisas y aplazando la otra mitad. El 6 de abril comunicó que el trato estaba cerrado y que la mejor manera de efectuar el pago era acreditar las divisas en un banco de Nueva York con instrucciones de transferirlas a un banco italiano en aquella plaza. Todavía surgieron algunos problemas porque los italianos pretendían decidir qué submarinos entregar, mientras que el acuerdo verbal había reservado ese derecho a los españoles. El día 15 de abril, García Conde telegrafió al secretario de Franco que los submarinos estaban disponibles para ser entregados siempre que se situaran en el Chase National Bank los 34 millones de liras. La salida se paralizó porque no llegaba el aviso de la transferencia de fondos, y de ahí el telegrama urgente con el requerimiento a Juan March. Éste acudió inmediatamente a ver a García Conde y le dijo que el día 6 había quedado ultimado por el Kleinwort el crédito de 500.000 libras a favor y disposición de Olano. Era éste quien tenía que ordenar la transferencia a Nueva York. Estaba indeciso porque había «deficiencia de fondos», pero recibió la orden de dar absoluta prioridad a aquel pago y a finales de junio se formalizó definitivamente el contrato.

Juan March había respondido, como tantos otros, al decreto de marzo de 1937 en el que se obligaba a todos los ciudadanos españoles a declarar la posesión de oro, divisas extranjeras y valores mobiliarios de cotización internacional al Comité de Moneda Extranjera, establecido por la Junta Técnica de Burgos. En su declaración, March enumeró una serie de valores, sin duda muchos menos de los que realmente tenía, pero afirmó que, al estar comprometida su firma en la apertura de créditos en Lisboa, Londres y Roma, no podía ofrecer moneda extranjera en liquidez. Pocos meses más tarde, en agosto, con la firma esta vez de Francisco Gómez Jordana, el crédito con el Kleinwort se amplió hasta 800.000 libras. Se aplicaban a las nuevas 300.000 las mismas condiciones, aunque ahora se especificaba que el crédito funcionaría en régimen de cuenta corriente con facultad para hacer ingresos en la misma y devengando interés sólo por los saldos deudores. March no se recató a la hora de exigir condiciones para los préstamos ofrecidos a través del Kleinwort, cosa que no gustó a alguno de los generales rebeldes[58].

En septiembre se negociaba la compra de otros dos submarinos y Juan March gestionó nuevos créditos con el Kleinwort hasta el total fijado en abril: 1.500.000 libras. Esa cantidad se dividiría en varias operaciones sucesivas, que no excederían de 500.000 libras cada una y que no se aplicarían hasta que no estuviera agotado el crédito inicial de 800.000 libras. La duración de cada una sería de tres meses, con un devengo único de los saldos deudores de un 3 por 100, modificable según las fluctuaciones del mercado. El plazo se renovaría tácitamente, aunque adeudándose los intereses. En garantía pignoraticia de los créditos el acreedor recibiría valores ingleses suficientes para cubrir el 90 por 100 de la cotización oficial de los créditos. Esa garantía quedaría integrada por los valores hasta entonces utilizados, pero los que se trasladaran desde el crédito inicial de 800.000 libras a los nuevos créditos serían sustituidos por Cédulas Hipotecarias de la República Argentina. Se reconocía al Kleinwort la facultad de repignorar dichos valores. Además de las causas habituales para que el acreedor procediera a la venta de valores, como el vencimiento no prorrogado o la no reposición de la garantía, el artículo 9 del contrato establecía que «por causa extraordinaria de carácter internacional o por decisión dimanante del Gobierno de S. M. Británica o de sus Autoridades», Kleinwort podría liquidar las operaciones en curso sin esperar el vencimiento y la suspensión de los créditos no abiertos. En un plazo de treinta días, podrían ejercer la garantía en los términos indicados si el deudor no hubiera liquidado[59].

Juan March recibió el encargo de comunicar al Kleinwort la aceptación por parte de la Junta Técnica. Eran condiciones duras, con garantía de valores de gran calidad por una cantidad superior al principal, y con unas cláusulas de rescisión que otorgaban gran libertad al banco inglés. Se autorizó también a Juan March para que, en caso necesario, formalizara con su firma la contratación y apertura de otros créditos, tomando la Junta «todas las responsabilidades dimanantes de la operación, con absoluta indemnidad del Sr. March». El derecho al uso de los nuevos créditos fue atribuido ahora a Jacobo Stuart, duque de Alba, para entonces ya representante del Gobierno de Burgos en Londres, a cuyo nombre se abrió para ello una cuenta corriente. El Comité de Moneda Extranjera fue advertido de la ampliación del crédito para que ampliara paralelamente la garantía, disponiéndose lo necesario para ir sustituyendo los títulos ingleses por cédulas hipotecarias argentinas. Así, se le ordenó que hiciera lo necesario para que todos aquellos españoles que en virtud del decreto ley de marzo de 1937 hubieran declarado tener cédulas del Banco Hipotecario Nacional de la República Argentina las depositaran, bien en las sucursales del Kleinwort, bien en las del Banco Ernesto Torquisnt en Buenos Aires. Al Kleinwort se le avisó que dejara afectas a la garantía dichas cédulas y que tomara la suma de 550.000 libras nominales de los títulos ingleses que fueran quedando libres al ir siendo sustituidos.

El 10 de noviembre, Juan March comunicaba a Nicolás Franco que el Kleinwort estaba conforme, pero que para gestionar y concretar las condiciones de los nuevos créditos precisaba conocer la cuantía exacta de cada clase de valores depositados en garantía. A comienzos de diciembre, March personalmente recogió en la embajada española en Roma la relación pedida. Poco más tarde, el secretario del generalísimo le pedía que negociara con el Kleinwort una rebaja del margen solicitado para las cédulas argentinas de un 25 a un 15 por 100 porque se consideraba «excesivo». Por teléfono y tras hablar con el Kleinwort, March comunicó la conformidad de éste[60].

El primero de los nuevos créditos por 500.000 libras se firmó el 18 de diciembre de 1937. Desde comienzos del año siguiente, entre los valores extranjeros que llegaban desde España para ser depositados en el Kleinwort abundaron las cédulas argentinas. El 29 de marzo de 1938, la Banca Kleinwort informaba a Burgos sobre la situación de las cuentas abiertas a nombre del duque de Alba: 500.000 libras según contrato de abril del año anterior, aumentadas a 800.000, garantizadas por cédulas hipotecarias argentinas y con unos intereses de un 4 por 100; otras 550.000 por contrato de octubre del mismo año y 500.000 pendientes de firma, garantizadas por el resto de los títulos y a un interés del 3 por 100. Una semana más tarde se firmó el contrato entre Andrés Amado, ministro de Hacienda en Burgos, por un lado y, por otro, Juan March y José Mayorga en nombre de la Banca Kleinwort, unificándose el total de la deuda sin perjuicio de los vencimientos que correspondieran a cada crédito. De aquella cuenta reclamó el Comité de Moneda Extranjera diversas cantidades: 200.000 libras en agosto, otras 200.000 en septiembre, la misma cantidad en octubre, 100.000 en diciembre de 1938 y 50.000 en enero de 1939. De los 5.275.000 libras en créditos que el Gobierno de Burgos acumuló a lo largo de la guerra, 2.800.000 lo fueron con el Kleinwort[61].

En septiembre de 1938, la amenaza que se cernía sobre Europa como consecuencia de la agresiva expansión de la Alemania hitleriana llevó la incertidumbre a la City. Alarmado, el duque de Alba preguntó a Gómez Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, si tenían prevista la posibilidad de que la Banca Kleinwort se acogiera al artículo 9 del contrato relativo a su posible rescisión por causa extraordinaria. La respuesta de Gómez Jordana fue inmediata: debía apresurarse a trasladar las 450.000 libras de la cuenta corriente en el Kleinwort al Suiss Bank Corporation a favor de la Société de Banque Suisse de Zurich por cuenta del Banco de España en Burgos. Al intentar cumplir el mandato, el duque de Alba se encontró con la negativa del banco británico. Quedó sorprendido y reconoció que el clima en la City londinense no era precisamente tranquilo, aunque se había conseguido suavizar la exacerbación de ánimos provocada por el bombardeo de barcos ingleses por la aviación franquista.

Todavía el 27 de ese mes, Jordana decía al duque de Alba que, en caso de confirmarse la cancelación definitiva del crédito Kleinwort, procediera a vender los títulos ingleses afectos al aún no dispuesto y se trajeran los billetes a España. Caso de no poder realizarse los títulos contra dinero, debía remitirlos a Lisboa, al Banco Espíritu Santo. Ese mismo día, el Ministerio de Exteriores comunicó a los embajadores británico y francés la voluntad de permanecer «neutrales» en caso de conflicto y que ninguna fuerza militar atravesaría las fronteras españolas. Así se había comunicado a Alemania e Italia. El ministro instó al duque de Alba a que presentara ante el Foreign Office una declaración formal en este sentido. La alarma no llegó a provocar la cancelación del crédito del Gobierno de Burgos en el Kleinwort. Por consejo del duque de Alba, el director del Comité de Moneda Extranjera visitó a José Mayorga para distender los ánimos. Dos días más tarde, los primeros ministros británico y francés, Chamberlain y Daladier, sancionaron en Munich con Italia y Alemania la política de «apaciguamiento», aceptando la ocupación alemana de los Sudetes y la partición de Checoslovaquia. Las declaraciones que siguieron a la conferencia de Munich tranquilizaron momentáneamente el panorama internacional y alejaron la amenaza que para los militares sublevados suponía el inicio de un conflicto abierto en Europa[62].

En España, la guerra continuaba. La ofensiva republicana en el Ebro había mostrado una energía inesperada y había alejado las posibilidades de una victoria inmediata de los sublevados. El presidente de la República, Manuel Azaña, trataba de involucrar a Londres en una salida negociada, mientras el presidente del Gobierno, Juan Negrín, mantenía su decisión de resistir a toda costa, en la esperanza de que el inicio de una guerra en Europa ayudara a la República. Azaña sólo recibió de Londres palabras corteses, mientras los militares se negaban tajantemente a cualquier conversación. Después de Munich, la política británica hacia España se tiñó de pasividad expectante, cuando no de aceptación de la victoria inevitable de los sublevados. Hacía tiempo que en el bando «nacional» se habían resuelto los problemas de liderazgo. Desde enero de 1938, había en Burgos un Gobierno que, presidido por Franco, integraba, junto a varios militares, miembros de las distintas «familias» —católicos, falangistas, monárquicos y tradicionalistas—, eso sí, elegidos por él. Franco asumió la jefatura del Estado y la del Gobierno, así como la suprema potestad legislativa. En marzo se aprobó el Fuero del Trabajo, que consagraba los principios del sindicalismo vertical y del intervencionismo del Estado en la economía. Se apostaba por la autarquía. Era el momento de Falange y la estrella en ascenso era el cuñadísimo, Ramón Serrano Súñer.

Poco sabemos de las opiniones de Juan March o de su posición en los equilibrios de poder que se diseñaban en Burgos. Se le ha atribuido una significativa cercanía al hermano de Franco, Nicolás. Esa influencia habría impedido, por ejemplo, que Juan Ventosa i Calvell, representante oficioso de los regionalistas catalanes en Burgos, fuera nombrado ministro de Hacienda. Ventosa había llevado en su primer viaje a Burgos, en noviembre de 1936, una carta de adhesión a la Junta Militar firmada por más de un centenar de catalanes, y canalizó después las sustanciosas ayudas que llegaron a los sublevados desde las familias opulentas catalanistas. Pero nunca pudo despejar los recelos que despertaba entre los falangistas más nacionalistas. Lo cierto es que tampoco tenían demasiado aprecio los falangistas a Juan March, a quien José Antonio Primo de Rivera había dedicado acerbas críticas en su momento[63].

En 1938, en el Hotel Condestable de Burgos, March se entrevistó con Dionisio Ridruejo, un joven y entusiasta falangista, defensor de una transformación revolucionaria de España como tarea de una «minoría abnegada», según escribió más tarde. Nombrado director de los Servicios de Propaganda, Ridruejo era, entre aquellos jóvenes falangistas, uno de los más influyentes por su estrecha relación con Ramón Serrano Súñer. No le gustaba mucho el Hotel Condestable, que consideraba un escaparate de «peces gordos»: ministros del nuevo Gobierno de Franco, generales que llegaban a despachar asuntos, diplomáticos, algunas familias escapadas de Madrid y hombres de negocios «de gran tonelaje». Allí había conocido al conde de Romanones y al general y financiero Arsenio Martínez Campos. Ridruejo visitaba el hotel porque se alojaba en él Agustín de Foxá, un diplomático agregado al servicio exterior, que fue precisamente quien un día le dijo que había llegado Juan March y tenía mucho interés en conocerle. Ridruejo aceptó la invitación a almorzar, pese a la «mala disposición» que le inspiraban en general los grandes capitalistas, y Juan March en particular. Pero también le inspiraba curiosidad por la leyenda que le habían procurado sus lances durante la República[64].

Ridruejo pensaba que March no le necesitaba para nada, puesto que tenía todas las puertas abiertas después de haber prestado al alzamiento militar «algunos servicios de importancia». Juan March, por su parte, quería saber más acerca de los «radicales» de la nueva situación, entre los que Ridruejo era de los que más crédito tenía. Quizás sabía que por entonces trabajaba en su proyecto de organización sindical de la economía. Le preocupaba a March que quisieran de verdad llevar la política económica por el camino de las «socializaciones», las intervenciones «dirigistas» o los controles sindicales. Conocía bien la realidad italiana, donde, a su juicio, las cosas marchaban bien porque sabían que los hombres de negocios eran indispensables y no convenía tenerlos en contra. No había que poner límites a lo de ganar dinero, sino establecer después impuestos altos. Todo eso le dijo a Ridruejo. La conversación entre ambos fue amable; March evitó que sus palabras sonaran a advertencias de una persona mayor hacia alguien tan joven, y mucho menos que parecieran presiones o amenazas. A Ridruejo le pareció que, visto fuera de los negocios, March era «un hombre corriente, con su nariz, su boca gruesa y su cuerpo ya un poco blando», pero confirmó que no le necesitaba a él para nada. Tampoco le pareció que estuviera atemorizado. «Hubiera sido demasiado ingenuo por su parte». Le escuchó y apenas habló, aunque era muy discutidor. Nunca más volvieron a coincidir.

Aquel mismo año, en el mes de octubre, Juan March contestaba desde Lausanne a una carta de su amigo el doctor Marañón que, desde diciembre de 1936, se encontraba en París. Había salido horrorizado del Madrid de comienzos de la guerra civil, de las sacas de la cárcel Modelo y de fusilamientos como los de Melquíades Álvarez y Manuel Rico Avello, quien había pertenecido, como él, a la Agrupación al Servicio de la República. Marañón, como otros intelectuales, había dado por muerta la República liberal, en una deriva ante lo que consideraba una creciente amenaza comunista que le llevó a apoyar a los sublevados. En París coincidió con otros amigos, con Baroja, con Azorín, con Pérez de Ayala, y allí acabó también recalando José Ortega y Gasset, enfermo y con dificultades económicas, después de una estancia penosa y de grandes dudas en Grenoble. En octubre de 1938, su salud empeoró y sus amigos Marañón y Hernando convencieron a un famoso cirujano parisiense para que le operara de la vesícula, aunque no tenía garantías de que la intervención saliera bien[65].

El 13 de octubre de 1938, Juan March contestaba a Marañón, alegrándose también de que se hubiera «evitado la guerra europea». En cuanto a España, decía, «yo, que conozco su preocupación nobilísima para que pronto termine la guerra, participo de los mismos sentimientos que V. y desde luego estoy conforme con su idea de que la eliminación del comunismo es un propósito que nos une a todos. Tal vez habremos de añadir que, cuando se consiga aquello, se supriman también las causas que lo hicieron posible en España y se tomen garantías de que, nunca más, pueda rebrotar con ese nombre o con otro». Unos días más tarde, Marañón volvía a escribirle, pero esta vez para contarle en qué situación se encontraba Ortega y pedirle ayuda. March deseó «fervientemente su mejoría» y le dijo a Marañón que había hecho bien en recurrir a él. Se lo agradecía y le comunicaba que podía contar con su ayuda «no de modo temporal y transitorio, sino completamente definitivo». Sólo tenía que decirle «la fecha y la cuantía»[66].

Juan March siempre había procurado mantener todas sus relaciones y preservar su capacidad de maniobra y su independencia. No era fácil hacerlo en una situación de guerra, con la construcción en España de un nuevo Estado y en un contexto europeo cada vez más delicado. March tenía claro que la defensa de sus intereses exigía unas buenas relaciones con las instituciones financieras internacionales y también con los Gobiernos británico y francés. Había vivido con disgusto la prolongación extenuante de la guerra civil. Su ayuda financiera no era ya tan necesaria como en los primeros momentos. Otros muchos se habían sumado al bando que querían vencedor. En Burgos y en San Sebastián, los directivos y responsables de los bancos y entidades financieras que habían huido de la zona republicana reconstruyeron los principales bancos y alguna de las empresas de las que eran consejeros. El comité nacional de la banca privada fue sustituido en 1938 por un Consejo Nacional de Crédito, en el que se sentaban representaciones de banqueros, cajas de ahorros, agricultores, industriales y comerciantes. Lo presidía José Larraz, nombrado en el mes de febrero director general de banca, moneda y cambio.

Larraz venía del campo católico y había brindado colaboración técnica a los Gobiernos del segundo bienio republicano. Pasó los catorce primeros meses de la guerra civil entre el asilo diplomático y la cárcel. Cuando en septiembre de 1937 consiguió pasar a zona «nacional», el recibimiento no fue caluroso. No gustaban allí los recién llegados y menos todavía si habían colaborado con la República. Eran sospechosos si no habían muerto. Un amigo le dijo que se rumoreaba que había ayudado a sacar el oro del Banco de España. Larraz era un convencido de la causa «nacional», aunque no por ello dejaba de manifestar sus dudas respecto a determinadas decisiones de política económica y financiera. La recepción que le hizo el entonces presidente de la comisión de Hacienda, Andrés Amado, fue fría. También lo fue la de Serrano Súñer, instalado en la residencia del generalísimo. Al cabo de unos meses, sin embargo, cuando se formó el primer Gobierno franquista, supo que se contaba con él como director general de divisas, banca y moneda. Aceptó por sentido del deber, sólo para comprobar que sus proyectos de futuro poco tenían que ver con los que se diseñaban en las alturas.

Larraz pensaba que la reconstrucción económica que necesitaría España al terminar la guerra exigía créditos exteriores a gran escala. No creía imposible conseguirlos porque los atrasos del Centro Oficial de Moneda Extranjera no eran astronómicos y porque cabía recuperar 140 millones de pesetas oro que estaban todavía en Francia. Las deudas de guerra con Alemania e Italia podían posponerse. Pero Larraz no encontró eco ni en el Ministerio de Hacienda ni en el de Industria y Comercio; tampoco en el propio Franco. Le sorprendió por eso la noticia de que algunos banqueros, con el visto bueno de Andrés Amado, habían propuesto establecer contacto con la casa Mendelssohn de Amsterdam para un importante empréstito exterior. Le pareció bien, aunque la iniciativa se truncó porque el Gobierno consideró inaceptable la exigencia de que un experto internacional informara sobre la situación económica y financiera de España. «¿Cómo vamos a tolerar que venga aquí un extranjero a husmear nuestra situación financiera?», le dijo Amado. Aunque la muerte del director de la casa Mendelssohn y la suspensión de pagos subsiguiente frustraron la operación, Larraz pensaba que la idea había sido correcta[67].

A finales de 1938, Juan March viajó a París para tratar asuntos financieros con varios bancos franceses, según dijo la policía gala. Se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Georges Bonnet, y con su amigo Malvy, que era entonces presidente de la comisión de finanzas del Parlamento francés. En un almuerzo con un corresponsal de la agencia Havas confirmó que su misión era sobre todo financiera, pero no se descartaba que hubiera tratado también cuestiones relativas a las futuras relaciones entre Francia y la España sublevada. El 24 de diciembre, con su mujer, su nuera, su abogado Salvador Ferrandis y su ayuda de cámara partió de nuevo para Roma. Pero estaba de regreso en París el 1 de abril, cuando, tras la ocupación de Madrid por las tropas franquistas, se publicó el parte que daba por terminada la guerra civil. En aquellos momentos, en el país vecino era considerado el financiero más poderoso de España y uno de los más importantes de Europa. Su fortuna se elevaba a varios centenares de millones, tenía un Banco en la City —se decía— y agentes en todas las bolsas europeas. A la policía francesa no le cabían dudas sobre su protagonismo en la guerra que acababa de terminar. Incluso sostenía que había sido March quien «designó» a Franco para reemplazar al general Sanjurjo como cabeza de la sublevación cuando éste murió en accidente de aviación. Durante todo el conflicto había sido el «agente financiero» del Gobierno nacionalista, gracias a él encontró Franco apoyos en la City londinense y suyos habían sido los fondos que permitieron la campaña de opinión en la prensa europea y entre los políticos de todos los partidos para crear un clima favorable a los sublevados. El 26 de abril, March tuvo una nueva entrevista con Malvy, a la que asistió también José Felix de Lequerica, antiguo monárquico y ahora falangista, nombrado embajador en Francia. Juan March había estado negociando las bases de un empréstito a lanzar en Londres y París para la reconstrucción económica de España[68].

La economía española llegó exhausta e invertebrada al final de la guerra civil. Era imprescindible restablecer los lazos y la normalidad entre lo que habían sido dos economías separadas y desbloquear las masas monetarias inmovilizadas. Para hacer frente a la reconstrucción hacían falta importaciones y créditos exteriores. Ése era el diagnóstico de José Larraz, nombrado ministro de Hacienda en agosto de 1939. Era necesario un período de convalecencia para asentar las bases de una vuelta a la economía de paz. Pero Franco no lo veía así. Estaba convencido de que España podía engrandecerse en dos lustros y convertirse en una gran potencia europea. Confiaba para ello en una política autárquica y dirigista. No era proclive a buscar créditos en el exterior. Frente a ello, llamó a «¡producir!, ¡producir!, ¡producir!». Así se conseguiría aumentar las exportaciones para equilibrar la balanza de pagos y se lanzarían grandes planes agrícolas y de reindustrialización para los que no debía haber limitación en el gasto. En agosto de 1939, Franco explicó a sus ministros su gran plan.

Ese mismo mes se ratificó la ley que reunía en sus manos la jefatura del ejército, del Estado y del partido único. Se formó nuevo Gobierno, en el que alcanzaron su máximo poder los militares y la Falange, con Ramón Serrano Súñer en posición preeminente. Era el momento de la victoria total, de la rendición sin condiciones de los vencidos. Era el momento fascista, temperado por la voluntad de Franco de afirmarse como árbitro supremo entre las tendencias implícitamente existentes. La precipitación de los acontecimientos en Europa obligaba a reforzar el pragmatismo cauteloso del Gobierno español. El 3 de septiembre, tras la ocupación alemana de Polonia, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Hitler. En los días siguientes, Estados Unidos y Japón proclamaron su neutralidad. Un mes más tarde, tras aniquilar la resistencia en Varsovia, Polonia se rindió al ejército nazi y su territorio quedó repartido entre Alemania y la Unión Soviética, cuyos ejércitos habían penetrado también en territorio polaco como consecuencia del tratado firmado con Hitler en agosto de aquel mismo año. Mientras el ejército soviético desencadenaba su ofensiva sobre Finlandia, la confirmación de neutralidad de los países nórdicos no impidió que Hitler ordenara la invasión de Dinamarca y Suecia. En el Atlántico, los buques ingleses, declarados objetivo militar por Alemania, sufrían los ataques de los U-boat germanos[69].

Tras unos meses de «guerra simulada» (drôle de guerre), el 9 de abril de 1940, las tropas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega, expulsando de allí a los británicos. Un mes más tarde, el 10 de mayo, penetraron en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, defensor de la política de «apaciguamiento», dimitió y fue sustituido por Winston Churchill, hasta ese momento lord de Almirantazgo. La blitzkrieg, la «guerra relámpago», llevó a la rendición de Holanda en cinco días y el 28 de mayo el rey de Bélgica capituló y se entregó a los alemanes. El 3 de junio, la aviación nazi bombardeó París mientras las tropas británicas, rodeadas por el ejército alemán, abandonaban el continente desde Dunkerque rumbo a las islas británicas, en una dolorosa retirada. El 14 de junio, la capital francesa fue tomada por los alemanes. Cuatro días antes, Italia había entrado en la guerra al lado de Alemania. El 22 de junio, después de que el mariscal Petain asumiera el poder, se firmó el armisticio entre Francia y Alemania. Winston Churchill, que había viajado a París pocos días antes para sancionar la estrategia franco-británica frente a Hitler, proclamó la firme voluntad británica de resistir a toda costa, aunque fuera solos y contra todo: «La Batalla de Francia ha terminado —dijo ante la Cámara de los Comunes—. Creo que la Batalla de Inglaterra está a punto de comenzar». Londres y otras ciudades británicas sufrieron intensos bombardeos durante todo aquel verano de 1940 y los ingleses temieron una invasión nazi. El 27 de septiembre, Alemania, Italia y Japón firmaron el pacto tripartito.

«Nuestro amigo»

Había razones más que sobradas para temer una intervención española en la guerra. Era evidente la proximidad ideológica y política a los países del Eje y los compromisos derivados del apoyo de Italia y Alemania a los militares sublevados durante la guerra civil. Pero también era cierto que la penosa situación económica y social en el país no permitía aventuras. La estrecha vigilancia de Gran Bretaña obligó a España a encubrir su política de apoyo y suministro a los barcos alemanes, mientras el bloqueo económico de Alemania puesto en marcha por Gran Bretaña y, hasta su caída por Francia, creó serias dificultades tanto para la importación de cereales y otras materias primas, imprescindibles en una situación de escasez extrema como la que se vivía en el país, como para el mantenimiento del tráfico comercial con Alemania. De hecho, el Gobierno de Franco tuvo que negociar un acuerdo económico con Gran Bretaña, que se firmó en marzo de 1940 después de varios meses de negociaciones complicadas. La caída de Francia abrió nuevos horizontes y la actitud de España se convirtió en una amenaza. Al menos en dos ocasiones, en la segunda mitad de 1940, Franco estuvo a punto de dar el paso, convencido de una inminente victoria alemana y deseoso de participar en el reparto de influencias que le seguiría. Aun así, se tentó la ropa. La visita de Ramón Serrano Súñer a Berlín en septiembre de 1940, su nombramiento a la vuelta como ministro de Asuntos Exteriores y la célebre entrevista de Franco con Hitler en Hendaya un mes más tarde, no desembocaron más que en un compromiso de participación cuando España así lo decidiera. Franco planteó a Alemania ambiciosas reivindicaciones en el norte de África que al führer le parecieron excesivas porque podían provocarle un conflicto con la Francia de Vichy. Cuando a finales de año fue Berlín quien acució a Madrid para que se implicara abiertamente en un ataque frontal a Gibraltar, fueron Serrano Súñer, primero, y Franco, después, quienes dijeron que España no estaba preparada[70].

Para Gran Bretaña, la neutralidad española era una cuestión de supervivencia propia. La península Ibérica fue importante desde el inicio porque el control de sus puertos atlánticos era esencial para el tráfico oceánico, y después porque se convirtió en frontera del ejército alemán, con la amenaza de una posible invasión hacia Gibraltar, llave del Mediterráneo occidental. Pocas semanas antes de la caída de Francia fue nombrado embajador en Madrid sir Samuel Hoare, con la misión de mantener a España fuera de la guerra. No era un mero embajador, era una figura señalada del conservadurismo británico. Como ministro de Asuntos Exteriores suscribió, en 1936, el controvertido acuerdo con el ministro francés Laval, que sancionó el reparto de Etiopía tras la invasión italiana y le obligó a dimitir. Formó parte del círculo íntimo de Neville Chamberlain como ministro de la Gobernación (Home Office), primero, y del Aire, después. Había sido primer lord del Almirantazgo y fue lord del Sello Privado en el gabinete de guerra hasta la dimisión de Chamberlain. La propaganda franquista había hecho de Gran Bretaña un país enemigo, por mucho que su activa política de no intervención en la guerra civil española había jugado en favor del bando sublevado. Al llegar a Madrid, Hoare se encontró con una ciudad «en estado de sitio, con gran escasez de alimentos y a precios fabulosos, y cantidades ingentes de policía y tropa en las calles, por todos lados. Era evidente el rabioso esfuerzo que llevaban a cabo los alemanes para empujar a España a la guerra, al mismo tiempo que a Italia». Al día siguiente de su visita al ministro de Asuntos Exteriores, Beigbeder, quien le aseguró que Franco estaba decidido a mantenerse ajeno a la guerra, el jefe del Estado español anunció el paso de la neutralidad a la no beligerancia[71].

Con muchas dudas y temores sobre su capacidad de actuar y hacer frente a la omnipresencia de una Alemania a la que en España se le otorgaba un triunfo inminente en la guerra, Hoare se encontró con una embajada sin política definida y derrotista. Pidió manos libres y todo el apoyo necesario para una misión que calificó de trascendental para el futuro de la causa aliada. Suyo fue el diseño de la política a seguir en relación con el Gobierno franquista, una política de «palo y zanahoria», de firmeza, por un lado y, al tiempo, de búsqueda de acuerdos por la vía de la ayuda económica. En la persecución de ese objetivo fue pieza importante el agregado naval de la embajada, Alan Hillgarth, un exoficial de la Royal Navy de la total confianza de Winston Churchill y buen conocedor de España. La amistad entre Hillgarth y Churchill venía desde la primavera de 1936, cuando era cónsul en la isla de Mallorca y tuvo invitados en su casa a Churchill y a su mujer, de vacaciones camino de Marruecos. Cuando estalló la guerra civil española, Hillgarth intervino en la rendición de Menorca a los sublevados y en la salida de los ciudadanos británicos de las islas Baleares. Contaba también con la confianza del director de la inteligencia naval británica y, de hecho, actuó como jefe de los servicios de inteligencia en España durante la Segunda Guerra Mundial, ya que se encargó de supervisar y coordinar las actuaciones de los diversos servicios del espionaje británico, con acceso directo al primer ministro[72].

La política que Hoare puso en marcha obedeció a la necesidad de mantener a toda costa a España fuera de la guerra, utilizando para ello todos los medios posibles. Franco, convencido hasta muy tarde de la inevitable victoria del Eje y tentado a intervenir en más de una ocasión, era consciente sin embargo del coste de una entrada en la guerra. Quería mantener a España fuera del conflicto hasta que el final estuviera próximo. Sabía bien, además, que dependía de la benevolencia anglosajona para la importación de todas aquellas materias primas que urgía la situación de extrema escasez y penuria en España. Desde el 1 de agosto, Gran Bretaña había establecido el régimen de navicerts, en virtud del cual los barcos neutrales tendrían que obtener un salvoconducto como garantía de que no iban a suministrar al enemigo mercancías consideradas sensibles para el esfuerzo bélico.

Para reforzar su política, pensaba Hoare, Gran Bretaña debía contribuir a satisfacer las necesidades económicas españolas y mostrar simpatía hacia sus aspiraciones territoriales, al tiempo que fomentaba el nacionalismo español frente al temor a la proximidad de las tropas alemanas al otro lado de los Pirineos. No era tarea fácil porque había que vencer muchas resistencias y recelos, tanto en Inglaterra como en España. El ambiente en Madrid no era especialmente propicio. Lo fue menos aun cuando, a mediados de octubre, en una crisis de Gobierno, Demetrio Carceller reemplazó a Alarcón de Lastra en el Ministerio de Industria y Comercio, y el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, con quien Hoare mantenía una relación fluida, fue sustituido por Ramón Serrano Súñer. Dos ministros falangistas reemplazaban a dos militares más neutralistas. A los pocos días, el jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler, visitaba Madrid.

Hoare encontró apoyo en el ministro de Asuntos Exteriores británico, lord Halifax, quien le dio carta blanca. Le costó más convencer a su sucesor, Anthony Eden, más reticente, de la conveniencia de mantener aquella política, incluso cuando el Gobierno de Franco lanzara ataques y críticas a Gran Bretaña o se hacían desplantes y gestos de favor hacia los países del Eje. Hoare tuvo que hacer frente también a varias iniciativas de acción militar británica ante la amenaza de una posible entrada de tropas alemanas en la península. Churchill llegó a pensar en la necesidad de anticiparse a una posible pérdida de Gibraltar estableciendo bases alternativas en el Marruecos español o en las islas atlánticas portuguesas o españolas. En opinión del embajador, eso podría haber provocado justo lo que quería evitarse: la beligerancia española. Pese a su simpatía por el bando sublevado durante la guerra civil española, el embajador tenía muy mala opinión de Franco y todavía peor de Serrano Súñer, quien, a su vez, le consideraba un «agitador y un conspirador». Pese a ello, Hoare estaba convencido de que la permanencia del generalísimo al frente del Estado español era la mejor garantía del mantenimiento de la neutralidad. Hizo compatible esa opinión con un trabajo permanente para convertirse «en el centro del movimiento contra la entrada en la guerra». Utilizó todos los medios para reforzar a quienes, en el entorno del Gobierno franquista, se mostraron dispuestos a evitar cualquier aventura intervencionista, como tendremos ocasión de ver[73].

Juan March conocía bien los entresijos de la diplomacia, del espionaje y de los negocios de la guerra. La Primera Guerra Mundial había sido un excelente aprendizaje. No sólo le permitió ganar mucho dinero, sino también entablar relaciones con personajes tan diferentes y controvertidos como Basil Zaharoff o Wilhem Canaris. Zaharoff, «el hombre más misterioso» de Europa, como se le llamó en la Cámara de los Comunes en 1921, había sido el representante de la compañía naviera Vickers y el mayor comerciante de la industria de armamento de Europa. En nombre de la Vickers tuvo una estrecha relación con España y con la industria naval, y conoció a Juan March. Incluso alguien dijo que había sido él quien facilitó la huida de la cárcel del mallorquín en 1933[74].

El almirante Wilhem Canaris había estado en España durante la Primera Guerra Mundial, utilizando el seudónimo de Reed Rosas. Volvió a España en los años veinte, cuando los intereses británicos encabezados por la Vickers tuvieron que defenderse de la ofensiva alemana para sustituirlos como principales suministradores de la marina de guerra española. Canaris trató de aprovechar la admiración hacia la ingeniera alemana de Primo de Rivera y del propio rey Alfonso XIII para favorecer en tierra española el rearme alemán prohibido por el Tratado de Versalles, al tiempo que extendía la red de espionaje alemán en Madrid. Zaharoff y Canaris tuvieron que encontrarse y ambos conocieron a Juan March. Cuando tras la llegada de Hitler al poder se hizo evidente la política de expansión del Tercer Reich, Zaharoff creyó que tanto Canaris como Juan March, junto con el general Von Kleist del Alto Mando alemán, el barón Von Thysen y el teniente coronel español Juan Beigebder, eran piezas básicas para frenarla. Zaharoff no vio el desenlace de la amenaza que se cernía sobre el horizonte porque murió en 1936. Desde un año antes, el almirante Canaris era el jefe de la inteligencia alemana, mirado siempre con recelo por la Gestapo y las SS. Quizás forme parte de la leyenda, pero se ha escrito que fue Juan March quien presentó a Canaris y al general Franco, y que el jefe del espionaje alemán tuvo bastante que ver con las reticencias en España a entrar en la guerra[75].

Sin duda, la conflagración mundial brindaba oportunidades de negocio. Pero las circunstancias eran muy distintas a las de la Primera Guerra. El nuevo Estado franquista y sus relaciones con la Alemania nazi no tenían parangón con lo que ocurrió en 1914. Juan March no era ya el jefe de una red de contrabando de tabaco, sino un poderoso financiero y un gran comerciante que controlaba una de las mayores compañías navieras españolas, la Transmediterránea. Un mes antes del final de la guerra civil española, había constituido en Burgos la Compañía Auxiliar de Navegación (AUCONA), consignataria de las principales compañías marítimas. El presidente de AUCONA era Salvador Ferrandis y en el Consejo de Administración se sentaban sus dos hijos, además de Rosendo Silva, Raimundo Burguera y Ernesto Anastasio, los más próximos a Juan March. El consejero delegado era Tomás Peire, abogado defensor de March durante su encarcelamiento republicano. Juan March quería asegurar su control sobre las redes comerciales en el exterior y la compañía consignataria se convirtió en una pieza central para ello.

Con ese mismo fin, constituyó en Londres la sociedad J. March and Co. Ltd., con vocación de monopolizar el comercio entre España e Inglaterra y ampliar las redes a otros países. La práctica totalidad de las acciones de la compañía estaba a nombre de José Mayorga, y entre los directivos de la nueva sociedad estaba Arthur Frederick Loveday, ligado a los servicios secretos británicos. La sede estaba en las mismas oficinas del Kleinwort, en la calle Frenchurch de la capital británica. La compañía pretendía recibir divisas a cambio de las exportaciones españolas, pagando en pesetas a los fabricantes nacionales. De esta manera, como venía haciendo a lo largo de la guerra civil española, Juan March acumulaba moneda extranjera en bancos ingleses y suizos[76].

En septiembre de 1939, declarada ya por Gran Bretaña la guerra a Alemania, Juan March se puso en contacto con la embajada británica para hacerles una propuesta de colaboración. Habló con el embajador y también con el agregado naval, Alan Hillgarth. Después viajó a Londres. La necesidad de supervisar la actuación de la J. March and Co. constituía una justificación excelente. Acompañado de Mayorga, se entrevistó allí con George Mounsey, asesor del Ministerio de Economía de Guerra. Recordó que había estado al servicio del Almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial y ofreció sus servicios como principal accionista de la compañía Transmediterránea y también toda la información sobre los movimientos de barcos en los puertos españoles. A cambio, solicitaba permiso para comprar o arrendar los buques alemanes que habían quedado atracados en los puertos españoles. Se dedicarían exclusivamente al tráfico neutral con América. En ellos se reservaría un porcentaje del cargamento a Francia y Gran Bretaña. March, que presumía de ser amigo personal de Franco, decía que contaba con el apoyo tácito del Gobierno español que, por encontrarse en una posición difícil vis-a-vis con el Gobierno alemán, no podía aparecer abiertamente en las negociaciones. Mounsey le explicó cuál era la política del Gobierno británico en relación con la transferencia de barcos con bandera enemiga a países neutrales y que entendía que la compra se haría mediante negociaciones privadas sin intervención del Gobierno español. En cualquier caso, la cuestión necesitaba una cuidadosa atención y le pidió que pusiera la propuesta por escrito.

Al día siguiente repitió el mismo ofrecimiento al almirante John H. Godfrey, director del servicio de inteligencia naval, al que recordó su colaboración con el Almirantazgo británico durante la Primera Guerra Mundial, y ofreció toda su colaboración al Gobierno inglés y al francés sin ninguna compensación. Insistió en que podía brindar toda la información sobre el aprovisionamiento alemán y, más aún, dado su control de los suministros en Canarias y el norte de África, cortar el combustible a los submarinos alemanes. Repitió su plan acerca de los barcos alemanes, confirmando que sería estrictamente privado, que Francia y Gran Bretaña podrían utilizar parte de la carga y que el pago no se haría hasta el final de la guerra. Godfrey no tenía claro cómo funcionaría, pero le pareció sincero su deseo de ayudar a Gran Bretaña, aunque obviamente al hacerlo él también se beneficiaría.

Los informes de aquellas conversaciones llegaron hasta el entonces lord del Almirantazgo, Winston Churchill, junto con unas notas no demasiado favorables para March. Era sin duda el hombre más rico de España, se decía en ellas, pero también un «sinvergüenza de la peor calaña» por el doble juego que había practicado durante la Primera Guerra Mundial. Se reconocía, sin embargo, que había sido el primer español en tratar de convencer a Franco de la necesidad de reabrir el comercio con Gran Bretaña. Parecía, por tanto, dados sus propios intereses comerciales, que sus simpatías estaban con los aliados. A Churchill le pareció un personaje de gran importancia, que podía rendir «los mayores servicios» para reanudar las relaciones amistosas con España. Podía adquirir para ellos los barcos alemanes y también procurarles armas y municiones. Churchill, un convencido anticomunista, valoraba muy positivamente el riesgo que había corrido March apoyando al general Franco al comienzo de su lucha contra el «bolchevismo» en España, financiando al Gobierno rebelde con la totalidad de su fortuna personal. Al lord del Almirantazgo no le cabía duda de que March tenía que odiar tanto al régimen nazi como a los bolcheviques, y «de que los intereses del Sr. March y probablemente sus simpatías están ahora con nosotros». Incluso mostró su deseo de entrevistarse con él, aunque aquella entrevista no llegó a celebrarse porque el mallorquín había partido ya de Londres[77].

March había planteado efectivamente al Gobierno de Franco la posibilidad de sacar partido a los más de veinte barcos alemanes que habían buscado refugio en puertos españoles al declararse la guerra. Había solicitado una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, que se celebró el 5 de septiembre. A March no le costó convencerle de la gran oportunidad que suponía para la mermada marina mercante española incorporar al tráfico nacional los barcos alemanes inactivos. Beigbeder habló con los ministros de Marina y de Industria y Comercio, que aceptaron cuando les explicó que March se encargaría personalmente de que Gran Bretaña diera el visto bueno. Mientras el asunto iba a Consejo de Ministros y antes de emprender su viaje a Londres, el mallorquín había concertado una entrevista con el embajador alemán Stohrer, a quien le contó que, en contrapartida por el cambio de bandera de diez buques, Alemania podría restablecer su tráfico comercial con Sudamérica bajo pabellón neutral, puesto que se reservaría un espacio para mercancías alemanas. Sería una muestra más de la benevolencia con la que el Gobierno español estaba dispuesto a tratar a Alemania. Así pues, March viajó a Londres después de haber conseguido el apoyo del Gobierno español y también el beneplácito alemán, aunque prometiéndoles algo parecido a lo que iba a decirles a los británicos.

A su vuelta de Londres, volvió a entrevistarse con Alan Hillgarth. El agregado británico conocía bien a Juan March. Sabía que no cabía confiar plenamente en él, pero el mallorquín había puesto a su disposición su red en los puertos españoles. Era una red «extremadamente útil», como informó Hillgarth al Almirantazgo británico, porque era por entero española, March la manejaba de manera «implacable» y no suponía ningún coste económico para los británicos. Por ello, Hillgarth se convirtió en un defensor de March y buscó la manera de darle satisfacción en sus peticiones. Mientras March garantizaba a los alemanes que los buques no se utilizarían para el comercio aliado y aceptaba que la transferencia de los barcos se hiciera en varias fases —eso sí, cobrando un 5 por 100 de interés—, a los británicos les convenció del beneficio de disponer de un tonelaje mucho mayor del que hasta entonces tenían. Más allá de eso, les ofreció nombrar en secreto un director general de la Transmediterránea que gozara de la confianza británica. Sin embargo, Churchill no consiguió convencer a los Ministerios de Marina, Comercio y Asuntos Exteriores. Al Foreign Office no le parecía conveniente que fuera precisamente con España con quien se violentara la decisión ya tomada de no permitir transferencias de bandera.

Los británicos sabían que March no perdería oportunidades de negociar con los alemanes, no sólo porque pudiera interesarle, sino porque resultaba difícil negarse a ello dados los vientos que soplaban en el Gobierno franquista. Ya había sido reclamado su apoyo antes de que estallara la guerra en Europa para asegurar el suministro de combustible a los barcos y submarinos alemanes. En agosto de 1938, los nazis habían fijado su atención en la refinería de Santa Cruz de Tenerife, capaz de producir 5.000 barriles y propiedad de la compañía de petróleos CEPSA. Esta compañía se había fundado en 1929 con el objetivo de explotar los yacimientos de petróleo adquiridos en Venezuela y vender sus productos preferentemente en España. CEPSA no sólo tenía el monopolio de la venta de petróleo en Canarias y el Marruecos español, sino también del petróleo refinado de Estados Unidos, Rumania y Venezuela para CAMPSA.

Juan March tenía el control del 75 por 100 de sus acciones y el plan era que Alemania adquiriera en secreto el 50 por 100 a través de él, para lo que recibiría 25 millones de pesetas. El acuerdo se firmó en la embajada alemana. March se comprometió a introducir hombres de confianza en la dirección de la compañía. El agregado naval alemán no las tenía todas consigo porque el mallorquín quiso cobrar de inmediato aunque la transferencia de acciones se hiciera con posterioridad. El proyecto finalmente se abandonó pero cuando, meses después, la embajada alemana intentó recuperar el dinero para utilizarlo en una nueva operación de importación de materias primas burlando el bloqueo aliado, su petición fue denegada. Los fondos habían salido de las cuentas secretas (Sparpeseten) y la marina de guerra los consideraba decisivos para asegurar el abastecimiento de combustible de los barcos alemanes en España y las islas Canarias[78].

March hacía negocios en una y otra dirección, pero la relación con los británicos fue más estrecha. A comienzos de octubre, el Gobierno de Londres tuvo urgencia de proveer de armas a Turquía para la defensa de su frontera en Tracia. Se pensó que podrían estar disponibles en España. El director de la inteligencia naval, el almirante Godfrey, que recientemente se había entrevistado con Juan March, aconsejó consultar con él en lugar de recurrir formalmente al Gobierno de Franco. En aquella entrevista de septiembre en la que se habló de la compra de los barcos alemanes, March le había preguntado por las relaciones de Inglaterra con Yugoslavia y si habría alguna objeción a que les vendiera armas, de las que había en España en gran cantidad. Le había pedido la máxima discreción porque iba a recibir una delegación yugoslava la semana siguiente.

Godfrey recordaba aquella conversación y por eso pensaba que March era un buen intermediario. Era una persona «poco escrupulosa», pero era muy rico y estaba dispuesto a participar en cualquier negociación secreta. Debía pedirse al agregado naval que iniciara sus averiguaciones en Madrid y que actuara con extremada cautela. Al Foreign Office, sin embargo, no le parecía bien ponerse en manos de March y prefería que el sondeo se realizara a través de la compañía Vickers. Estaban dispuestos, sin embargo, a reconsiderarlo a la vista de que las relaciones del mallorquín con el Almirantazgo eran «más cercanas» de lo que habían pensado. No convenía enajenarse un intermediario tan útil en estas cuestiones. Godfrey insistió: aunque la cercanía de March no era tanta, debía evitarse que el asunto se convirtiera en una negociación entre ambos Gobiernos. Podía hablarse tanto con Vickers como con Juan March y ponerles en contacto. Aunque el asunto iría más rápido si quedaba en manos del segundo, puesto que representaba al Gobierno español en un sentido «semi oficial», tal como había informado Hillgarth a finales de septiembre[79].

El asunto de las armas para Turquía quedó finalmente en nada. El representante de Vickers terminó consultando con el ministro de la Guerra español. Como informó el embajador inglés al Foreign Office, en España no había disponibilidad de las armas que Turquía pedía. Apenas había el material que precisaba el propio ejército español. Sin embargo, unos meses más tarde, a comienzos de mayo de 1940, Juan March estaba en París negociando otra venta de armas, esta vez para el ejército francés. Iba acompañado de Matilde Reig. Según el servicio de inteligencia galo, aquel español «riquísimo bien conocido» había acordado con el jefe de la comisión de compras de armamento en España un grueso contrato de aprovisionamiento de armas (pólvora, fusiles, proyectiles, bombas, cartuchos para la infantería), que se elevaba a un millón de francos. Aunque el Ministerio de Armamento francés lo había encontrado muy caro, dada la insistencia del primer ministro, Paul Reynaud, y el deseo de no perder posibilidades «muy interesantes» desde el punto de vista militar y político, se había aprobado la propuesta. El Ministerio de Finanzas lo aprobaría en breve y sería sancionado por el Consejo de Ministros. La caída de Francia probablemente dejó en nada aquel acuerdo[80].

Los comentarios cruzados durante el asunto de la venta de armas a Turquía vinieron a confirmar la estrecha relación de March con las autoridades británicas, más con el Almirantazgo que con Exteriores. De hecho, durante aquellas idas y venidas, el almirante Godfrey comunicó al Foreign Office que probablemente habría que compensar de alguna manera las molestias ocasionadas al mallorquín. No lo decía en balde. Por su conducto, el Foreign Office supo que el 9 de octubre de 1939 un oficial del Almirantazgo había recibido a José Mayorga, a quien calificó de «agente de March» en Inglaterra. Mayorga le explicó que March, en representación del «Gobierno español», había negociado durante la guerra civil un crédito de 1.800.000 libras entre un banco privado inglés, el Kleinwort, y el Gobierno de Franco, con una cobertura de dos millones. El banco inglés había comunicado recientemente a March su deseo de cancelarlo y éste había intentado traspasarlo al Banco de Inglaterra, que se negó a aceptarlo. Había recurrido entonces al Foreign Office. Al parecer, lord Halifax se había comprometido a apoyarle. Mayorga venía a solicitar lo mismo del Almirantazgo, dada su «colaboración con March»[81].

El ministro de Hacienda español, José Larraz, sabía por Juan March que la Banca Kleinwort quería liquidar sus créditos. El propio ministro estaba convencido de que, una vez declarada la guerra en Europa, era un mal negocio mantener aquellos créditos que se sostenían mediante pignoración de títulos de ciudadanos españoles. O bien los propietarios decidían venderlos o bien se vendían por decisión del Gobierno, indemnizando a los dueños. Pero el propósito de Larraz tropezó con la resistencia del director del Instituto de Moneda Extranjera, del que dependía la decisión. Sólo consiguió que el ministro de Industria y Comercio publicara un decreto garantizando un cambio alto a los tenedores de títulos que decidieran vender, pero no hubo ninguna circular que lo anunciara, por lo que la respuesta fue casi nula[82].

Mientras tanto, el Kleinwort había intentado el traspaso al Banco de Inglaterra. Así se lo comunicó José Mayorga al duque de Alba, aconsejándole que, después de la negativa, no insistiera, sino que tratara de lograr directamente el apoyo del Gobierno británico. El embajador español visitó a lord Halifax e invitó a comer en la embajada a diversos consejeros del Banco de Inglaterra. La impresión que sacó fue que todos ellos tenían ganas de satisfacer las peticiones españolas, pero no querían sentar un precedente que pudiera ser luego reclamado por otros Gobiernos que tenían operaciones de crédito similares en la City. En opinión del embajador, el error lo había cometido el Kleinwort al intentar resolver el asunto por su cuenta. Ahora resultaba difícil que el Banco de Inglaterra, «organismo harto rígido y muy difícil de manejar», rectificara. Por fin se consiguió que aceptara la operación la Banca Baring, aunque su director se encargó de decir que no estaban dispuestos a apartarse ni un milímetro de las condiciones dictadas por el Banco de Inglaterra: en nombre de España debía figurar el Banco de España y no el Instituto de Moneda Extranjera. El 9 de noviembre, el duque de Alba envió una carta a la casa Kleinwort pidiéndoles que contra el pago de 1.850.000 libras que les adeudaba, entregaran a la casa Baring, por cuenta del Banco de España, los valores depositados en garantía[83].

A raíz de aquello, las relaciones con el Kleinwort se deterioraron. «El elemento judío de la City ha trabajado también en contra de nuestros intereses», decía el embajador español, sin que quedara claro a quién se refería. En opinión del duque de Alba, la razón de todas las complicaciones recaía en José Mayorga. Decía de él que estaba inmerso en la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, ya que, unos meses antes, había renegado de la nacionalidad española obteniendo la inglesa. Los «elementos sanos» de la colonia española en Londres habían cortado toda relación con él y la Cámara de Comercio española en Londres, de cuya directiva formaba parte, estaba considerando su expulsión[84].

Consciente de las difíciles relaciones con el embajador, Mayorga se dirigió al ministro de Hacienda español recordándole «la adhesión y el entusiasmo» con el que la Banca Kleinwort había contratado y mantenido sus créditos con el Estado español, incluso en los momentos más complicados. Sólo «las excepcionales circunstancias internacionales» les habían obligado a solicitar la liquidación del crédito de dos millones. Por mediación de Juan March, habían comunicado su deseo de liquidar también el otro crédito de 800.000 libras que vencía en octubre, aunque estaban dispuestos a renovarlo si al Gobierno español le interesaba, aunque estableciendo su equivalencia en dólares. «No hubo más remedio que ceder», escribió Larraz. El 23 de diciembre, José Mayorga y el ministro firmaron un nuevo contrato aceptándose la equivalencia por un valor de 3.232.000 dólares, con un 4 por 100 de interés, dejando al acreedor el derecho de optar por la liquidación en una u otra divisa. La Banca Kleinwort aclaró que el crédito renovado había sido firmado en su momento entre la Junta Técnica del Estado español y Juan March, pero que éste no figuraba ya como avalista, «por motivos de respeto para el Gobierno que regía ya un Estado en paz y consolidado», según aclaró más tarde[85].

En julio de 1940, la Banca Kleinwort pidió autorización para traspasar el crédito del Estado español a la Société de Banque Suisse. El mediador volvía a ser Juan March, que visitó con esta ocasión asiduamente al ministro José Larraz. El contrato provisional incluía el traspaso de los títulos en garantía y a comienzos de septiembre estaba a punto de firmarse el definitivo. Faltaba por efectuar el depósito de las cédulas hipotecarias argentinas, pero el Gobierno de aquel país se negó a transferir las que estaban depositadas en el banco Ernesto Torquinst de Buenos Aires, aludiendo a las medidas de control en materia de monedas y divisas en aquel país. El 16 de octubre, la operación de traspaso se frustró y ese mismo día el Kleinwort comunicó a Juan March su voluntad de liquidar acogiéndose a la cláusula de «causa extraordinaria de carácter internacional o por decisión dimanante del Gobierno británico». La embajada en Londres recibió aviso a mediados de octubre y aunque el Ministerio de Hacienda trató de que el banco británico lo retirara, éste sólo accedió a retrasar los plazos.

Pese a las dificultades que la guerra mundial entrañaba, a comienzos de 1941 Mayorga viajó a Madrid para entrevistarse con los ministros de Hacienda y de Industria y Comercio. Era, dijo, una muestra de buena voluntad para evitar la ejecución de la garantía. El Kleinwort estaba dispuesto a persistir en el acuerdo con la Société de Banque Suisse, cuyo incumplimiento había obedecido a causas ajenas y en su opinión «fáciles de obviar», siempre que hubiera una ampliación y mejora de la garantía. Juan March se apuntó ante los ministros de Industria y de Hacienda el tanto de haber convencido a Mayorga para que retirara la petición de ampliación. Se ofreció a mantener su «responsabilidad subsidiaria» ante la Société de Banque Suisse, siempre en su «deseo de ser útil al Gobierno». Carceller dio el visto bueno al aval ofrecido, pero José Larraz dijo que no.

El 30 de enero, Mayorga dirigió una larga misiva a Franco. Aunque no le parecía «moralmente elegante», le recordó que había sido el Kleinwort el «único establecimiento británico» que se adhirió sin condiciones en los primeros momentos a la sublevación militar, asumiendo toda clase de riesgos y compromisos, «influenciado por el hecho de que un viejo amigo de la casa, el español Sr. March» lo recomendase y ofreciese su aval. A pesar de ello, cuando llegó el triunfo, el Gobierno español se olvidó de la casa Kleinwort, tanto en las posibilidades de continuar aquella colaboración como en la utilización de sus servicios bancarios en Gran Bretaña, prefiriendo otros bancos que no habían hecho nada por España. En relación con el crédito de las 800.000 libras, consideraba que los argumentos del ministro de Hacienda podían ser jurídicamente «brillantes», pero distaban mucho de la realidad financiera. Mayorga pedía excusas por haber tenido que recurrir a la alta jefatura del Estado, pero su visita a España había sido un fracaso personal y no tenía más remedio que anunciar el inicio del procedimiento ejecutorio y, por lo tanto, la subasta y venta de la prenda que no era sino el conjunto de «miles de aportaciones de españoles»[86].

A finales de marzo, la casa Kleinwort anunció su decisión de adjudicar todos los valores y saldos a la sociedad anónima Manora de Ginebra, que se había creado con el objeto exclusivo de recoger la operación de crédito. Se concedía al Gobierno español un plazo de tres meses para rescatarlos. Aunque la operación era provechosa para el Kleinwort por realizarse el cobro en dólares, el abogado de la embajada en Londres aconsejó saldar el crédito antes de que expirara el plazo. No se hizo. En vista de eso, la casa Kleinwort traspasó el crédito a Manora por un valor de 3.232.000 dólares, aplicándoles la garantía de 17.148.282 pesos argentinos, al que añadió otro 1.309.889 pesos que el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) tenía depositados en el Kleinwort. El IEME perdió sus derechos sobre los valores de la garantía. Había que liquidar la situación de los tenedores españoles, que de otra manera se quedarían sin percibir los intereses y la amortización. Para ello, el IEME pidió al Ministerio de Hacienda 55.100.000 pesetas. El Tesoro, por su parte, apuntó que si se saldaba la operación en dólares las pérdidas para el erario serían de 17.285.659,56 pesetas, por lo que convenía negociar con Manora la recuperación de la prenda liquidando en dólares, a plazo, el importe del principal y de los intereses vencidos. La sugerencia del Tesoro fue aprobada en Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 1941[87].

Tampoco se hizo esta vez y seis meses más tarde el IEME tuvo que recordar al ministro de Hacienda la situación violenta en la que se encontraba ante las reclamaciones de los propietarios españoles de las cédulas argentinas. El Instituto asumió la obligación de pagar los intereses, sin recibir nada ni del Kleinwort ni de Manora, aunque no pagó las amortizaciones por ignorar cuándo se producían. De ahí las gestiones para recuperar la garantía del director general de lo contencioso a través de Ferrándiz de Luna, abogado de Juan March, primero, y, después, de Alfred Kern, administrador general de Manora. En junta extraordinaria de accionistas, Manora se declaró dispuesta a suscribir un nuevo acuerdo, siempre y cuando no sufriera ningún perjuicio por la venta de la prenda. Devolverían al Gobierno español los valores y saldos acumulados, a cambio del pago en oro del crédito y de los intereses vencidos, al contado, en Suiza o Buenos Aires, a elección de Manora. La junta pedía una contestación antes del 15 de agosto pero no llegó hasta el 21. El retraso dio pie a una serie de malentendidos y a un cruce de cartas muy desagradable, en el que el Gobierno español anunció su voluntad de emprender acciones judiciales porque nunca había aceptado la validez del traspaso de la garantía.

Fue Juan March, con plenos poderes de Manora, quien se ofreció a asumir unas negociaciones que no terminaron hasta tres años más tarde. En diciembre de 1945, Manora cedió al IEME la totalidad de los valores nominales y el saldo efectivo en pesos argentinos que había adquirido del Kleinwort en marzo de 1941, incluyendo los cupones cobrados y deduciendo todos los gastos en que se había incurrido. El IEME pagó por la liquidación 17.589.380,04 francos suizos. Larraz había dejado el Ministerio mucho tiempo atrás y no supo cómo terminó la operación. Aun así, las reiteradas negativas españolas a cumplir con los plazos que ofrecieron, primero, el Kleinwort y, después, Manora le llevaron a escribir que tanto uno como otra «nos hicieron la gracia de no provocar escándalo en torno a la ejecución»[88].

Terminaba así un largo pleito que dejó probablemente a March más sustanciosas ganancias.

La Caballería de San Jorge

March realizó negocios con los alemanes durante la guerra mundial, sin duda, pero su complicidad con la embajada británica fue mucho más lejos. En el verano de 1941, el agregado financiero en Madrid, Hugh Ellis-Rees, propuso al embajador la compra de varios buques españoles para evitar que los alemanes se quedaran con ellos y recompusieran así su flota mediterránea. Cuando el Ministerio de la Guerra británico comunicó que no había recursos para ello, Ellis-Rees le pidió a Juan March un anticipo en pesetas de un millón de libras esterlinas. March dijo inmediatamente que sí y ofreció que la compra la hiciera la Transmediterránea. A cambio recibiría libras esterlinas en una cuenta en el Kleinwort con nombre supuesto. Estaba dispuesto a invertir ese dinero en la adquisición de determinados productos del área de la libra. Al Banco de Inglaterra no le gustó que el acuerdo se mantuviera en secreto y que no se realizara a través de los cauces regulares con el Gobierno español, pero la operación se cerró a finales de año. March anticipó el dinero, se compraron los barcos y la primera amortización se pagó en la cuenta de March en el Kleinwort, sin conocimiento del IEME.

El asunto se complicó cuando a Juan March se le negaron en Madrid las licencias de importación para introducir en España los productos británicos acordados y el Gobierno inglés le retiró en consecuencia los cupos. March pidió entonces el reembolso de las cantidades anticipadas, poniendo en apuros al Tesoro británico. En contra de la opinión en Londres, Ellis-Rees propuso a Juan March un nuevo préstamo que elevaba el crédito hasta dos millones de libras, oferta que March aceptó. El Banco de Inglaterra se negó a seguir por aquel camino y obligó a liquidar la deuda con el mallorquín ofreciéndole una cantidad en oro equivalente a los dos millones de libras, aunque bloqueando la entrega hasta el final de la guerra. El acuerdo se firmó en noviembre de 1942, sin que las autoridades monetarias españolas tuvieran conocimiento de ello. El oro quedó depositado en el mismo Banco de Inglaterra sin que figurara el nombre de Juan March. Estaba seguro de que al terminar la guerra se produciría una devaluación de las monedas europeas y que el precio del oro subiría. Acertó. No solicitó la venta del oro hasta unos años después de que, en 1947, se devaluara la libra[89].

Eran negocios, pero también prestó Juan March su colaboración en otro asunto con alcance exclusivamente político y que se mantuvo en el mayor de los secretos. No hablaron de ello ni siquiera los protagonistas en sus memorias. No lo mencionó Winston Churchill en la historia de la guerra que escribió posteriormente, ni tampoco lo hizo el embajador Samuel Hoare, aunque algo se desprendía de sus palabras. El asunto trascurrió por los cauces de la diplomacia secreta y de los servicios de inteligencia. Sólo muchos años más tarde, con el levantamiento del secreto de los documentos británicos de aquellos años, ha llegado a saberse[90].

En el difícil verano de 1940, cuando España pasó de la neutralidad a la no beligerancia y en Londres temieron las consecuencias de la llegada de las tropas alemanas a los Pirineos, el embajador Hoare peleaba por afianzar su misión en Madrid y pedía manos libres para mantener a España fuera de la guerra, recurriendo a todos los métodos posibles. Como parte de esa estrategia, Alan Hillgarth viajó a Londres para pedir el libramiento de fondos con los que sobornar a la «right people», que resultaron ser alrededor de treinta generales y altos oficiales del ejército español. A su vuelta, contando con el visto bueno del Foreign Office y del Exchequer, Hillgarth se puso en contacto con Juan March. Era el candidato idóneo para poner la operación en marcha por su estrecha relación con algunos círculos militares y porque sólo él podía conseguir que el dinero británico llegara a los generales sin que supieran de dónde venía. Más aún, debían creer que era la contribución de un grupo de bancos y empresas españolas deseosas de evitar una nueva guerra.

La operación se bautizó con el nombre de Caballería de San Jorge, en recuerdo del patrón inglés que aparecía luchando contra el dragón en las guineas de oro con las que los británicos habían subvencionado a sus aliados en otros conflictos en el pasado. El Tesoro británico libró diez millones de libras que, a través de los servicios de inteligencia, se depositaron en una cuenta del Swiss Bank Corporation en Nueva York, desde donde se hacían los pagos en pesetas a las cuentas de los militares españoles. El encargado de las operaciones era José Mayorga y el acuerdo tenía una vigencia de seis meses. La lista de los militares la hizo Juan March y, aunque no se sabe con absoluta certeza quiénes la integraban, está claro que la encabezaba el general Antonio Aranda. Aranda había estado en 1925 en el desembarco de Alhucemas y en 1928 era capitán del Estado Mayor de las fuerzas en Marruecos. Participó en la represión de la revolución de octubre de 1934 y fue nombrado comandante de la brigada de montaña de Asturias. Cuando se produjo la sublevación de julio de 1936 se declaró fiel a la República para, en unas horas, cambiar de bando y denunciar a las tropas que salieron de la capital asturiana hacia Madrid, que fueron detenidas y sus jefes fusilados. Se atrincheró en una defensa de Oviedo frente a las fuerzas milicianas y revolucionarias que le mereció la Cruz Laureada de San Fernando tras la guerra. Fue nombrado primer director de la Escuela Superior del Ejército. El general Aranda era impetuoso y muy hablador. De él se decía en los círculos falangistas que era partidario de los aliados, íntimo de Samuel Hoare y también masón[91].

Juan March quedó implicado en aquella red de la inteligencia secreta británica, aunque fuera como intermediario financiero. También en las pugnas de poder entre la Falange de Serrano Súñer, los generales y los políticos monárquicos. La guerra mundial acentuó la presión sobre algunos generales que habían ganado la guerra civil con Franco pero que se quejaban de la penosa situación por la que atravesaba el ejército y de su pérdida de poder frente al partido único, la Falange, a la que reiteradamente acusaron de corrupción. No querían poner en peligro el régimen, aunque algunos, como el general Kindelán, pensaran que el reconocimiento de Franco como generalísimo había sido fundamental para el triunfo en la guerra civil pero que no tenía por qué prolongarse más. A finales de 1940, Kindelán presentó al Consejo Superior del Ejército una declaración, aprobada por unanimidad y remitida a Franco, en la que le pedía que resignara sus «poderes accidentales» en la Monarquía[92].

El 17 de abril de 1941, Franco acudió a inaugurar la Escuela Superior del Ejército y allí dijo que el ejército era el vencedor auténtico de la guerra civil y la columna vertebral de la patria. Un mes más tarde, recompuso su Gobierno. Además de aupar a la Subsecretaría de la Presidencia al capitán de navío, Luis Carrero Blanco, convertido en su consejero íntimo, desplazó a Serrano Súñer del Ministerio de la Gobernación y nombró en su lugar al general Valentín Galarza, reputado monárquico y otro de los generales probablemente incluido en la Caballería de San Jorge. Eso sí, nombró también tres ministros falangistas, aunque no de los incondicionales de Serrano Súñer. Éste había movilizado a sus huestes en contra de Galarza antes de que se produjera el relevo, y había tratado de mantener el control sobre la prensa y la propaganda. Fue Galarza, ya como ministro, quien firmó el cese de los falangistas Antonio Tovar y Dionisio Ridruejo, y también los nombramientos del teniente general Orgaz como alto comisario en Marruecos, de Fidel Dávila como jefe del Alto Estado Mayor y de Alfredo Kindelán como capitán general de Cataluña, otros tres nombres que pudieron formar parte de la Caballería de San Jorge.

El embajador británico había anunciado la crisis e incluso había dicho que Galarza era un claro partidario de los aliados, aunque nadie ponía en duda su lealtad a Franco. En su opinión, no suponía ningún cambio relevante en la política exterior española, ya que la crisis no era sino la expresión de la determinación de Franco de «aferrarse al poder y dirigir sus propios asuntos». Pero telegrafió al ministro de Exteriores, Eden, para decirle que, sin duda, los cambios se debían al «plan secreto del que usted y el Primer ministro tienen conocimiento», es decir, aunque sin nombrarla, la Caballería de San Jorge. Lo mismo opinaba el ministro de Economía de Guerra, Hugh Dalton, al que Churchill había puesto al frente del Special Operations Executive (SOE), una organización secreta para promover el sabotaje y la subversión detrás de las líneas enemigas. «In Spain —anotaba en su diario— the Cavalry of St George have been charging; hence some of the recent changes; hence also Attaché H’s concern for J. M.’s tinplate». «H’s» era Alan Hillgarth y «J. M.», Juan March[93].

El ministro de Exteriores británico era escéptico respecto a que la Caballería tuviera capacidad para determinar la política española. Los acontecimientos parecieron darle la razón. El 22 de junio, la guerra mundial dio un giro radical al ponerse en marcha la operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética por el ejército nazi. Ese mismo día, Churchill ofreció su ayuda a Stalin. Serrano Súñer lanzó su arenga de «Rusia es culpable» y anunció el envío de la División Azul, aunque sin aceptar la petición alemana de una declaración de guerra formal. El discurso de Franco conmemorativo de la sublevación española del 18 de julio fue, en opinión del embajador británico, una verdadera provocación. Dio por ganada la guerra por Alemania y puso en solfa las ayudas económicas inglesas. El ministro de Exteriores británico se mostró contundente en su condena ante la Cámara de los Comunes y el inmediato reforzamiento del bloqueo económico volvió a dejarse sentir sobre la maltrecha situación del país. Ese verano, cuando viajó a Londres, Hoare tuvo que emplearse a fondo para explicar que su estrategia no tenía nada que ver con la opinión que le merecía el régimen español, absolutamente condenatoria, sino con la defensa de los intereses aliados en la guerra.

Los generales españoles entendieron el discurso de Franco como fruto del aventurerismo irresponsable de Serrano Súñer y formaron una junta encabezada por el general Orgaz, de la que formaron parte Kindelán, Saliquet, Solchaga y Aranda. Fueron a ver a Franco y le pidieron que no se pronunciara sobre temas de política exterior sin consultarles previamente, y que Serrano Súñer fuera apartado de aquel Ministerio. Tomaron contacto con los monárquicos y llegó incluso a organizarse una posible evacuación en caso de invasión alemana, así como la formación de un Gobierno provisional en Canarias con apoyo británico. Pero también había militares ciegamente leales a Franco y otros, más templados, pero que en ningún caso estaban dispuestos a romper la coalición que había ganado la guerra civil.

En septiembre, la Caballería de San Jorge corrió peligro. El Tesoro de Estados Unidos había decretado la congelación de las cuentas bancarias de los países neutrales. Hillgarth, alarmado, recurrió a Winston Churchill para llamarle la atención del riesgo que corría con ello la operación. Ante la respuesta dubitativa del canciller del Exchequer, partidario de mantener los fondos congelados hasta el final de la guerra, el primer ministro, convencido de la importancia de lo que se había invertido en la operación, recurrió al Foreign Office. Anthony Eden habló con el embajador en Estados Unidos, lord Halifax. Mayorga viajó a Nueva York para entrevistarse también con él. El 4 de noviembre, el secretario del Tesoro americano, Henry Morgenthau, se reunió con Robert Stopford, consejero financiero del embajador británico en Nueva York, y con John Pehle, encargado en el Tesoro de los fondos extranjeros. Pehle había recibido una carta de Churchill pidiéndole que prestara atención a aquel secretísimo («top secret») asunto. En la reunión, Morgenthau conoció la historia de la Caballería de San Jorge. El secretario del Tesoro era responsable también de los servicios secretos y se hizo cargo rápidamente de la situación. Comprendió su importancia, pero pretendió que se le mantuviera informado en detalle hasta un punto que Anthony Eden consideró inaceptable. Tras complicadas negociaciones, los Gobiernos británico y americano acordaron en secreto transferir los fondos a bancos suizos y el compromiso se extendió hasta julio de 1942, añadiendo otros dos millones de dólares[94].

Por aquellos mismos días, el embajador británico tuvo que pedir la intercesión del Foreign Office ante el Gobierno americano para salvar las relaciones con Juan March. El buque «Isla de Tenerife» de la Transmediterránea había sido detenido en Staten Island por agentes federales que habían encontrado productos cuya exportación estaba prohibida: partes de radios, seda para paracaídas, galones de petróleo…, todo ello almacenado bajo el inocuo calificativo de «provisiones» de barco. Se sospechaba que iban destinadas a Alemania. El embajador telegrafió al Foreign Office mostrando su enorme interés en que cejaran los ataques en la prensa y la radio norteamericanas contra Juan March y sus empleados. La Transmediterránea había cooperado siempre con ellos y estaba dispuesta a nombrar los agentes que Gran Bretaña o Estados Unidos les dijeran. Podían confiar en que mantendría sus barcos fuera de los puertos españoles en caso de invasión alemana y que influirían en otras compañías para que hicieran lo mismo. Era de interés absolutamente prioritario conservar su amistad y su cooperación, y hacer el mejor uso de ellas. Unas semanas más tarde, después de entregar parte de la carga, declararse culpable por haber almacenado materiales prohibidos y pagar una pequeña multa, el «Isla de Tenerife» salía del puerto[95].

La intercesión británica había sido decisiva para vencer, una vez más, las reticencias estadounidenses frente a todo lo que tuviera que ver con la España de Franco, y hacerle comprender su importancia estratégica. En enero de 1942, Estados Unidos hizo una nueva propuesta para restablecer el comercio bilateral, imprescindible a España para el suministro de petróleo, con el compromiso formal de no re-exportarlo a los países del Eje. La operación Caballería de San Jorge, por su parte, podía seguir adelante: contaba con el desbloqueo de las cuentas bancarias y la colaboración de Juan March. Fueron trece millones los que se movilizaron en total para engrasar las opiniones contrarias a la entrada de España en la guerra, así como los planes de resistencia a una posible entrada de tropas alemanas camino de Gibraltar. No estaban del todo claras, sin embargo, las fronteras entre el fomento de aquella opinión y los movimientos en pro de una restauración monárquica que la muerte de Alfonso XIII y la candidatura al trono de su hijo, Juan de Borbón, propiciaron.

Se contaban entre los monárquicos un puñado importante de militares, entre otros los generales Vigón, Orgaz, Kindelán, Varela y, también, Aranda, así como quienes asesoraban al pretendiente, primero en Roma y luego en Lausanne, como López Oliván, o políticos como Pedro Sainz Rodríguez, Eugenio Vegas Latapié y el mismo José María Gil Robles, instalado en Lisboa. La embajada británica recibía puntual información, entre otros, de Pedro Sainz Rodríguez. Pero el camino para diseñar una estrategia que desembocara en la restauración de la Monarquía y definiera mientras tanto las relaciones a mantener con Franco y su régimen estuvo salpicado de desencuentros y temores. Franco supo jugar con ello. Los monárquicos y el propio pretendiente al trono dudaron si era oportuno romper abiertamente con el Caudillo o si debía ser él quien diera los pasos necesarios para el cambio. Dudaron también acerca de las alianzas políticas que debían promover con otras fuerzas de oposición, dentro y fuera de España. Los generales, que habían hecho la guerra y capitalizado la victoria, dudaron entre su compromiso monárquico y el deseo de mantener sus privilegios. La embajada británica dudaba de la solidez de la opción monárquica y, pese a las opiniones que pudieran merecer Franco y su régimen, temía las consecuencias para la marcha de la guerra mundial de cualquier conflicto interno en España[96].

En diciembre de 1941 se produjo el ataque del ejército japonés a Pearl Harbour y la entrada de Estados Unidos en la guerra. El primer ministro, Churchill, y el presidente norteamericano, Roosevelt, habían estado en estrecho contacto desde el principio de la guerra, aunque su primer encuentro no se produjo hasta el mes de agosto de aquel año. Más allá de las reticencias que en el presidente norteamericano despertara el imperialismo británico o de la desesperación que Churchill pudiera sentir ante las corrientes aislacionistas americanas, habían compartido información, secretos y estrategias. A comienzos de 1942, el teniente coronel Robert Solborg, de la división G-2 del ejército americano (la inteligencia), llegó a Lisboa como agregado militar. Un año antes había viajado ya por el norte de África, donde había apreciado la importancia de la zona. Solborg había sido nombrado jefe de la división de operaciones especiales en la agencia central de inteligencia que el presidente Roosevelt estaba reorganizando. Llegó a Lisboa para poner en marcha los planes para la península Ibérica, y se puso en contacto con los agentes británicos en Londres, Madrid y Tánger con el objetivo de impedir una invasión alemana. En abril de 1942 viajó a Madrid y fue huésped durante un mes de Alan Hillgarth. Allí se puso al día del asunto de la Caballería de San Jorge: «No hace falta decir —informó al Departamento de Guerra en Washington— que todas las negociaciones fueron dirigidas con la consumada habilidad de que es capaz Juan March, ocultando cuidadosamente las pistas británicas y haciendo aparecer todo como un movimiento exclusivamente español, financiado por bancos españoles y con el único objetivo de evitar a España los horrores de una nueva guerra»[97].

En aquellos momentos, la Caballería de San Jorge parecía apuntar más lejos. El general Aranda se había puesto en contacto con la embajada americana en Madrid. Había pedido apoyo y armas para el caso de que Alemania invadiera España y Franco fuera incapaz de organizar bien la resistencia, dejando pasar las tropas en dirección al norte de África. Según Solborg, quienes proponían esto también estaban deseosos de firmar un pacto escrito con el Gobierno británico para que les apoyara en el momento de derrocar al Gobierno y apostar abiertamente por los aliados. La animosidad entre el ejército y la Falange obligaría a Franco a elegir entre unos y otros, creía el agregado norteamericano. El todopoderoso Serrano Súñer era un declarado partidario del Eje, pero se decía que iba a ser pronto separado de su puesto de ministro de Asuntos Exteriores y enviado en misión diplomática fuera. La corrupción y el mercado negro eran la única fuente de ingresos de todas las clases sociales y la gente común sufría el hambre y la miseria. Solborg instaba a su Gobierno a no echar en saco roto la relevancia de aquella trama militar. Su fuente de información era absolutamente fiable y la importancia que le daba el Gobierno británico quedaba demostrada por la llamada que se había hecho a Hillgarth para que acudiera a Londres, visita a la que él había sido también invitado[98].

La fuente de información de Solborg bien pudo ser el propio Juan March, quien para entonces había decidido trasladar temporalmente su residencia a Lisboa. La capital portuguesa era centro de negocios y de conspiraciones. Juan March nunca había sido santo de devoción de los falangistas y tenía malas relaciones con el ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller. El ministro provenía de una familia modesta, había hecho estudios de ingeniería y comenzado su actividad profesional como director de la refinería de petróleo de Cornellá, para ser después subdirector de CAMPSA y uno de los fundadores de CEPSA. Seguidor de Serrano Súñer, mostraba sin embargo mayor flexibilidad a la hora de negociar acuerdos. Lo hizo con la embajada británica y Hoare tenía buena opinión de aquel falangista que había sabido aprovechar todas las oportunidades y acumulado una gran fortuna, comparable, según el embajador, con la del mismo Juan March. Pero no se llevaban bien. Fuera por la mayor facilidad para sus negocios, fuera por incomodidad política en Madrid o por prevención de lo que pudiera ocurrir, el caso es que Juan March se había trasladado a Lisboa e iba y venía entre Madrid y la capital portuguesa[99].

Franco y sus servicios de información conocían los movimientos de monárquicos y militares, aunque probablemente desconocían que estuvieran regados con dinero británico. En aquella primavera de 1942, el generalísimo decidió tomar alguna medida. Pedro Sainz Rodríguez supo, por el ministro de la Gobernación, que había orden de arresto contra él y de su confinamiento en Canarias. Como era algo que llevaba un tiempo temiendo, había tomado precauciones. Se encerró en un piso alquilado y al cabo de unos días pasó a pie la frontera con Portugal. También salió de España Eugenio Vegas Latapié, amenazado de detención y destierro. Juan March, que era asiduo de las reuniones en Lisboa en casa de Gil Robles, fue reclamado por la Dirección General de Seguridad y se le prohibió salir de Madrid. Como no estaba dispuesto a correr riesgos, prometió cumplir la orden aunque se quejó de que se hubiera dudado de su «afección al Movimiento y a los intereses de España». No tenía nada de lo que arrepentirse, dijo, y se reservó la exigencia de reparaciones por lo que consideraba una información inexacta y una medida «injuriosa». La prohibición duró poco tiempo[100].

A finales de aquel verano, Franco cerró el cambio político que había abierto en mayo del año anterior. La ocasión se la brindó el lanzamiento de dos bombas por un falangista durante la ceremonia tradicionalista en el santuario bilbaíno de la Virgen de Begoña, el 16 de agosto. Presidía el acto el ministro del Ejército, el general Varela, monárquico y probable miembro de la Caballería de San Jorge. Franco decidió actuar. Varela y Galarza, que habían decidido convocar una reunión de capitanes generales para pronunciarse contra Falange, fueron cesados como ministros del Ejército y de Gobernación, respectivamente. Pero Ramón Serrano Súñer tuvo que dejar también el Ministerio de Asuntos Exteriores. La cartera volvió a ocuparla Gómez Jordana, anglófilo y monárquico. Una de cal y otra de arena. Ni vencedores ni vencidos, como le había recomendado a Franco el almirante Luis Carrero Blanco. Se apoyó en los sectores más dóciles y antimonárquicos de Falange para contrapesar la presión de los generales que pedían una restauración inmediata de la Monarquía, sabiendo que los militares se calmarían y algunos incluso olvidarían sus ínfulas opositoras. Tras el cese de Serrano Súñer y durante un año, con la excepción de Kindelán, los generales permanecieron tranquilos. En Londres se acentuó la desconfianza hacia ellos. El propio Hoare reconocía que tenían miedo de perder sus puestos, su salario y su confort[101].

El 8 de noviembre, los aliados pusieron en marcha la operación Torch y desembarcaron en el norte de África. El embajador norteamericano tranquilizó a Franco asegurándole la intangibilidad del territorio español, al tiempo que Hoare lo hacía con Jordana. Si se temió alguna reacción española, pronto se vio que no la habría. Pese a la presión de alguno de sus miembros, el Consejo de Ministros decidió mantenerse a la expectativa. La operación aliada fue un éxito en poco tiempo y zanjó definitivamente las veleidades intervencionistas del régimen franquista. Casi coincidiendo con su inicio, Juan de Borbón, en una entrevista al Journal de Genève, hizo por primera vez pública su aspiración a ocupar el trono y expresó su convicción de que había llegado la hora de efectuar un cambio de régimen. Poco más tarde, José María Gil Robles se puso a sus órdenes. En España, el general Kindelán quiso discutir con Franco la importancia del desembarco aliado e insistió en la conveniencia de restaurar la Monarquía.

No había unanimidad, sin embargo, entre lo que los monárquicos decían en Lisboa, en Lausanne y en el interior sobre la estrategia a seguir. En julio de 1942, Franco había promulgado una Ley de Cortes, definidas como órgano supremo de participación del pueblo pero cuyos miembros eran de hecho una representación del propio Estado: ministros, consejeros de Falange, presidentes de los sindicatos verticales y otros organismos, alcaldes y otros procuradores nombrados por el jefe del Estado. Había llegado el momento de que los designados tomaran posesión de su cargo de procuradores. Entre ellos había significados monárquicos. En una de sus visitas a Gil Robles, Sainz Rodríguez y Juan March le trasmitieron la inquietud de éstos, que esperaban una señal para negarse a aceptar la designación. Le hablaron también de un grupo de generales «cada vez más hostil a la política franquista». March mencionó a Aranda, a Orgaz, a Varela y a Kindelán. Gil Robles era partidario de que Juan de Borbón hiciera pública una nota diciendo que la Monarquía no tenía nada que ver con aquellas Cortes ni con el régimen totalitario[102].

El 17 de marzo de 1943 se abrieron las Cortes, que Franco inauguró anunciando el inicio de una etapa decisiva en la que se establecería un «sistema institucional de plenitud jurídica». El pretendiente al trono había escrito una carta al generalísimo advirtiéndole de los peligros a que exponía a España con aquel régimen «provisional y aleatorio», instándole a dejar paso a la restauración monárquica antes de que llegara la victoria aliada, pero también aconsejó a los procuradores que aceptaran provisionalmente el nombramiento. El régimen franquista reaccionó tomando represalias contra algunos elementos monárquicos. Juan March fue de nuevo avisado para que no se mezclara en cuestiones políticas. Franco tardó dos meses en contestar por escrito al conde de Barcelona. Lo hizo irritado y despectivo. Acusó al pretendiente de estar mal informado y negó que el régimen fuera transitorio. Atendiendo a los principios que Carrero Blanco le había sugerido en defensa de una «Monarquía de tipo tradicional», Franco afirmaba la fortaleza de un régimen, ya instalado, que solo él podía interpretar y que tendría como sucesor al pretendiente al trono, siempre que aceptara los principios del Movimiento. Tres días más tarde, el jefe del Estado destituyó al general Galarza, como unos meses antes había apartado al general Aranda de la jefatura de la Escuela Superior del Ejército, en la que había colocado a Kindelán, privándole así del mando directo de tropas. Al mismo tiempo que separaba a los mandos monárquicos más antiguos, promocionó a los militares más jóvenes, apoyándose en los generales pro-falangistas y pro-alemanes. De nuevo una de cal y otra de arena.

Fueron meses de amagos, de esperanzas y también de dudas y temores. La evolución en los frentes confirmaba el giro de la guerra en favor de los aliados. El 10 de julio desembarcaron en Sicilia; el 25, Benito Mussolini era encarcelado y tres días más tarde se disolvió el partido fascista. Un día después, el Consejo de Ministros español ordenaba la vuelta de la División Azul. Unas semanas antes, Franco había recibido un documento firmado por veintisiete procuradores, entre ellos el duque de Alba, Juan Ventosa, Pablo Garnica, Antonio Goicoechea, Valentín Galarza y el teniente general Ponte, al que se sumaron otros muchos. En total, más de sesenta firmas. Pedían a «Vuestra Excelencia, Generalísimo de los Ejércitos y artífice de la Victoria», en vista de la pronta y previsible finalización de la guerra, que no pillara ésta a España en período constituyente, sino instalado ya el «régimen secular que forjó su unidad y grandeza histórica: la Monarquía católica tradicional». El tono era dócil. Franco expulsó a varios del Consejo Nacional de Falange y como consecuencia perdieron su escaño.

Mientras, el pretendiente seguía más preocupado por atraer a los elementos conservadores que a las izquierdas moderadas, como le aconsejaba Gil Robles. Éste luchaba para que don Juan se trasladara desde Suiza a Portugal con el objetivo de reforzar su posición, pero el conde de Barcelona prestaba más oído a los elementos «colaboracionistas» y se resistía a salir de Suiza por vía clandestina. Los británicos tampoco estaban conformes con aquel viaje, por temor a lo que pudiera pasar en la península Ibérica. Gil Robles se desesperaba: el documento de los procuradores le pareció un «monumento de bajeza» y el conde de Barcelona seguía sin reaccionar. Fue Juan March quien le contó que las «izquierdas» habían recibido instrucciones de Indalecio Prieto para que apoyaran a Franco, porque si éste se encontraba en el poder en el momento de la paz, el triunfo de la oposición sería seguro; por el contrario, si Franco caía y se establecía un sistema más abierto, las izquierdas perderían su oportunidad. La fuente era el general Aranda.

Durante el verano, pareció que Juan de Borbón se decidía a abandonar Suiza. Se lo contó también March a Gil Robles, después de hablar con López Oliván. El mallorquín se había ofrecido a correr con todos los gastos del traslado a Lisboa. Sesenta mil liras. Era sólo una parte de su compromiso con la causa monárquica, porque había puesto ya un millón de francos suizos. Era la única aportación, escribía Gil Robles. Trataba de compensarla con la creación de un «fondo monárquico» porque no le parecía «decoroso» que fuera sólo March quien pusiera dinero. Al mismo tiempo, recibían la noticia de que en la lista de los más fichados por la Dirección General de Seguridad figuraban Sainz Rodríguez, el duque de Alba, Juan Ventosa y también Juan March[103].

En septiembre se esperaba la llegada a Lisboa de Juan de Borbón. Un grupo de generales —Orgaz, Dávila, Varela, Solchaga, Kindelán, Saliquet, Monasterio y Ponte— solicitó al ministro de la Guerra que trasladara a Franco la petición de sus «viejos camaradas de armas y respetuosos subordinados» para que restaurara la Monarquía. El pretendiente al trono no llegó a Lisboa y Franco no se dio por enterado del escrito de los generales, pero fue llamándolos uno a uno, comenzando por Kindelán. Todo terminó en nada. A finales de año, Gil Robles estaba totalmente desesperanzado. A los británicos parecía haberles dejado de interesar la vuelta de la Monarquía española. Se mostraban, eso sí, dispuestos a facilitar la salida hacia Gran Bretaña de quienes habían contribuido a crear un ambiente de neutralidad y a contrarrestar la influencia alemana. En esta otra lista estaban los generales Aranda, Orgaz y Kindelán; entre los civiles, Sainz Rodríguez, Gil Robles y también Juan March.

El desinterés aliado por la alternativa monárquica corrió paralela, sin embargo, con un deterioro de las relaciones con el Gobierno de Franco. Estados Unidos decidió embargar sus exportaciones petrolíferas por la resistencia española a aceptar las condiciones de una efectiva neutralidad reprimiendo el espionaje y las exportaciones a Alemania, especialmente las de wolframio, una materia prima utilizada por los alemanes para endurecer las puntas de sus granadas antitanques y aumentar su capacidad de perforación de blindajes. La península Ibérica concentraba el 95 por 100 de la producción europea de aquel mineral, tan necesario para el ejército nazi. La «batalla del wolframio» provocó disensiones entre británicos y estadounidenses, e incluso entre el embajador norteamericano, Carlton J. H. Hayes, más templado, y la Administración de su país, partidaria de decisiones más intransigentes en relación con España. Dentro del Gobierno de Franco también hubo actitudes como la del ministro de Exteriores, Jordana, más proclives a buscar un acuerdo, y otras firmes en la defensa de la exportación a Alemania. Éste fue el caso del ministro de Industria, Demetrio Carceller, que sólo veía ventajas en aquel comercio y que llegó a promover su exportación «ilegal», de la que, según las malas lenguas, se beneficiada personalmente. Hasta el 1 de mayo de 1944 no se firmó un acuerdo, que Hoare capitalizó inmediatamente, provocando el enfado de Hayes y una reacción adversa en Estados Unidos. En la Cámara de los Comunes, Churchill agradeció la resolución española y declaró «enmendadas» las simpatías anteriores por el Eje. El primer ministro británico tuvo que dar explicaciones confidenciales de sus palabras al presidente Roosevelt, mientras Franco tomaba buena nota de ellas[104].

En medio de aquella delicada situación, Juan March había mantenido una larga entrevista con el embajador inglés en Madrid, que luego sir Samuel Hoare trasladó al papel. Hablaron del pasado, del presente y del futuro. El mallorquín le contó su vida. Le dijo que había contribuido con unos cientos de miles de pesetas a la llegada de la República, pero que se negó a poner más dinero después de que se proclamara. Su decisión le costó dos años de cárcel, de la que se fugó. No se contuvo a la hora de explicarle su protagonismo en la sublevación militar de julio de 1936. Dijo que su casa en Biarritz había sido el «centro» de la conspiración nacionalista y que fue a él a quien acudieron Antonio Goicoechea y otros entusiastas financieros y aristócratas españoles deseosos de un golpe de Estado. Le contó que, sin embargo, José Antonio Primo de Rivera le envió un mensaje desde la cárcel ocho días antes de la sublevación, advirtiéndole que no se fiara de los militares, que podía hacerse mucho sin una guerra civil y que la Falange no estaba preparada para ello; que en dos años ganaría ascendiente legal y se evitaría así un derramamiento de sangre. Pero a aquellas alturas March estaba convencido de que el enfrentamiento era inevitable. Le dio veinte millones de pesetas a Franco y crédito por otros cinco más, en libras. Estaba decidido a «poner toda su fortuna» a su servicio. Si hubiera perdido la guerra, se habría arruinado. Se guardó las espaldas ofreciendo a Mussolini la isla de Mallorca, que él controlaba, en caso de que la República ganara la guerra aun a costa de independizarse de España, y se atribuyó el mérito de haber conseguido el apoyo italiano.

Sin embargo, le confesó que los roces con el régimen se hicieron pronto evidentes. A medida que el general Franco ganaba en confianza en sí mismo se sentía más irritado por su deuda con el financiero, que se permitía opinar sobre cualquier cosa. Había respaldado el Movimiento por razones propias, pero muchos de sus adictos veían con recelo el poder del dinero. Había apoyado una victoria rápida en la Guerra Civil, pero sus finanzas nada podían hacer en una España arruinada por un conflicto prolongado. Empezó a sacar su dinero fuera. Se le atribuyó entonces la escasez de combustible y de otras materias primas esenciales. Fue denunciado en Consejo de Ministros por Demetrio Carceller. El ministro de Trabajo, el falangista José Antonio Girón, exigió que se le fusilara por alta traición en el patio del Pardo, y al ministro de la Gobernación, Galarza, se le ordenó que le retirara el pasaporte y le confinara en su casa. Gracias a la amistad con este último, tuvo tiempo de cambiar su residencia y conservar su pasaporte. Eso sí, envió una carta personal a Franco negando todas las acusaciones y ofreciéndose a demostrarlo si se le permitía hacerlo ante el Consejo de Ministros, donde tendría además el honor de denunciar por corrupción a dos o tres de ellos.

Juan March se explayó ante el embajador británico sobre el comportamiento corrupto de Carceller, no sólo en el comercio del wolframio, dijo, sino en todas las importaciones y exportaciones españolas, que le dejaban siempre una sustanciosa comisión en el bolsillo. Sin patrimonio al llegar al Ministerio, había conseguido amasar una importante fortuna. Hoare puntualizaba que era la crítica de un bank-robber a un pick-pocket, no por ello menos relevante. El mallorquín confesaba una fortuna de 300 millones de pesetas. Otras fuentes del embajador, como el anciano conde de Romanones, opinaban que se quedaba muy corto: eran por lo menos mil millones. Lo que no entendía el embajador era por qué la calculaba en pesetas, ya que estaba depositada en cualquier sitio menos en España. Juan March era pesimista acerca del futuro del país. Para alguien tan experto como él en el tema, la corrupción del régimen era absoluta. Veía al general Franco no tanto como un criminal sino como un loco, y a todos los de su entorno poco más que como aficionados enfrentados con España y con el mundo, buscando desesperadamente salvar la cara.

Tampoco se recató en abordar el futuro. March no tenía buena opinión ni de los monárquicos cortesanos ni de los «desprestigiados líderes» republicanos. Como no veía nadie destacado entre éstos, creía que el respeto inherente a la Monarquía la convertía en el único elemento de consenso, siempre que llegara y fuera sostenida por la izquierda. Era la opinión de Gil Robles, a quien March consideraba el mejor puente entre la Monarquía y las izquierdas. Mantenía un estrecho contacto con él y con el consejero «liberal» de Juan de Borbón en Lausana, López Oliván. De todas maneras, su escepticismo acerca de cualquier posible salida quedaba demostrado por el hecho de que estaba vendiendo propiedades en España y viendo la manera de instalarse en Inglaterra al terminar la guerra. Estaba convencido de que la única política posible para España, tanto desde el punto de vista económico como estrictamente político, era estar lo más cerca posible de Gran Bretaña[105].

Ahí terminó la conversación entre Juan March y el embajador británico. Pocas semanas más tarde, el 6 de junio de 1944, se produjo el desembarco aliado en las playas de Normandía. La reconquista de Francia alejaba el peligro alemán de la frontera española y permitía, por tanto, endurecer la actitud ante el régimen de Franco. Así se lo hizo saber Hoare al mismo jefe del Estado y al ministro de Exteriores, a quien incluso le mencionó una posible salida monárquica. Franco, impasible, optó por quedarse con las palabras de Churchill ante los Comunes e insistir en la amenaza comunista para el futuro de Europa. Al mismo tiempo, comenzó el cortejo a Estados Unidos. A Samuel Hoare le quedaban pocos meses en Madrid. Viajó aquel verano a Londres, y estaba allí todavía cuando, el 18 de octubre, el embajador español recibió una carta de Franco para que se la trasmitiera al primer ministro británico. Le decía que sólo un bloque anglo-español sería capaz de hacer frente a la amenaza soviética. El único obstáculo para ello eran las maquinaciones de los servicios secretos británicos y su apoyo a la oposición en España. Hoare se indignó. No podía comprender aquella desfachatez. La carta no fue entregada por el embajador hasta el 19 de noviembre.

El Gobierno británico se embarcó en un debate sobre la política hacia España despertado por un documento elaborado por el primer ministro adjunto, el laborista Clement Attlee, cuyo contenido trató de moderar el Foreign Office y, sobre todo, Churchill. Se descartó la opción más radical. En la carta de contestación del primer ministro al jefe del Estado español, que no se entregó hasta mediados de enero siguiente, se agradecía a Franco su ayuda en determinados momentos de la guerra mundial, pero se le recordaban también las continuas facilidades brindadas al espionaje alemán y la franca hostilidad de Falange. Gran Bretaña deseaba la caída de Franco, pero no intervendría en un asunto que los mismos españoles debían abordar con cautela para evitar cualquier movimiento revolucionario. Advertía a Franco que si se obstinaba en permanecer en el poder, las relaciones no podrían ser de amistad y se mantendrían en «estado de frialdad». Era imposible apoyar las pretensiones de España de participar en los acuerdos de paz o ser admitida en la futura organización mundial[106].

Se avecinaba el final de la guerra y el régimen franquista tenía que afrontar una complicada posguerra. Unas semanas después de la conferencia de Yalta, el 19 de marzo de 1945, Juan de Borbón lanzó el manifiesto de Lausanne en el que requería a Franco para que, «reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado», abandonara el poder y diera paso a la «restauración del Régimen tradicional de España», una Monarquía reconciliadora, justiciera y tolerante. La única reacción fue la dimisión de un pequeño número de monárquicos muy ligados al pretendiente. Franco, por su parte, reunió al Consejo Superior del Ejército y se aseguró su fidelidad. Promulgó el Fuero de los Españoles y anunció la configuración de España como reino, con él mismo como regente vitalicio. Pretendía ser una adecuación a los nuevos tiempos que incluyó la búsqueda del protagonismo de los católicos. En julio de 1945, Alberto Martín Artajo, exdiputado de la CEDA en la República y presidente de Acción Católica, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores[107].

En agosto, Franco enviaba instrucciones al duque de Alba: «No admita, en lo posible, conversación sobre asuntos interiores de España, diciendo ser cosa nuestra. Haga ver que nuestro régimen es de constitución abierta evolutiva en constante perfeccionamiento, alejado base partida por conveniencia pueblo y susceptible acomodarse fuera estructura Europa». La contestación del embajador al nuevo ministro de Asuntos Exteriores fue acompañada de su renuncia: «Hace ya mucho tiempo vengo aconsejando el cambio del régimen y el retorno a la tradicional Monarquía, por ser ésta la única capaz de dar la paz y la permanencia indispensables en el interior y el prestigio y la confianza en el exterior. Seguir aquí después del manifiesto sería para mí representar la dictadura personal del generalísimo con su Falange»[108].

Se avecinaban tiempos difíciles. En febrero de 1946, Juan de Borbón llegó a Lisboa y se instaló en Villa Giralda. La voluntad explícita de Franco de mantenerse en el poder había agudizado las diferencias en un bloque monárquico siempre dubitativo, debilitándolo definitivamente como alternativa. Juan March seguía visitando a Gil Robles en Lisboa, trasladándole noticias pesimistas sobre la situación en España —«cobardía, egoísmo y corrupción»—, y también las indicaciones del nuevo embajador inglés de que el candidato al trono se preocupara de llegar a un acuerdo con las izquierdas. Pero un año más tarde había decidido sustituir su casa en la capital portuguesa por una «residencia legal» en Ginebra. Allí, en presencia de López Oliván, a quien veía con asiduidad, Juan March le dijo a Eugenio Vegas Latapié que no entregaría más dinero para la causa monárquica. Habían terminado sus veleidades conspirativas. Estaba claro que, pese a las penurias y el aislamiento internacional, el régimen de Franco se consolidaba, aprovechando los delicados equilibrios internacionales entre quienes hasta hacía poco habían sido aliados: Estados Unidos y Gran Bretaña, por un lado, frente a la Unión Soviética, por otro, empeñada en mantener su zona de influencia en Europa oriental[109].

6
El filántropo

Dos compañías eléctricas en dificultades

El 12 de diciembre de 1946, el ministro de Industria y Comercio, Juan Antonio Suanzes, respondió en las Cortes a un ruego del procurador Pedro Lamata. Preguntaba éste por una operación financiera de la Barcelona Traction, Light & Co. para convertir obligaciones emitidas en libras en nuevas obligaciones en pesetas. La operación, en la que colaboraba la Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE) y en la que se había querido involucrar al Estado español haciéndole partícipe en los beneficios, había sido denunciada como fraudulenta por un accionista en la reciente junta general de esta compañía. Con la conversión se pretendían salvar las dificultades que tenía la Barcelona Traction para cumplir con sus compromisos de pago en libras a sus acreedores, en aquella época de escasez de divisas y rígido control de cambio. El procurador Lamata aprovechó para preguntar también al ministro si era cierto que entre los consejeros de las sociedades implicadas en la operación estaba el presidente de Naciones Unidas y ministro belga de Asuntos Exteriores, Paul Henri Spaak.

La referencia a la ONU no era inocua. En la asamblea fundacional celebrada en San Francisco en junio de 1945, el «caso español» había sido objeto de viva discusión. Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética acordaron rechazar la candidatura de España como Estado miembro. Pocas semanas más tarde, tras complicadas negociaciones, las tres grandes potencias mantuvieron esa misma decisión en la Conferencia de Postdam, marcada ya por los difíciles equilibrios entre el bloque anglosajón y la Unión Soviética. En ese contexto, la puesta en pie del nuevo orden internacional estuvo salpicada de manifestaciones antifranquistas e incluso, en conversaciones diplomáticas, de presiones escépticas para que se acelerara una transición política en España. Estados Unidos dejó sin cubrir su embajada en diciembre de 1945. Por esos mismos días, el ministro de Exteriores del nuevo Gobierno laborista británico pidió al embajador español que trasmitiera a Franco el mensaje de que «nuestra paciencia se está terminando». Durante el año 1946, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, empujados por sus respectivas opiniones internas, trataron de ponerse de acuerdo sobre la actitud a adoptar ante el régimen dictatorial español mientras, como temieron algunos diplomáticos extranjeros, Franco aprovechaba las campañas en el exterior y el cierre de la frontera francesa para reforzar su poder interno recurriendo a la dignidad patriótica y a la defensa de su soberanía.

El 12 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas, tras larga discusión, llegó a una solución de compromiso entre las opiniones extremas. Se rechazó cualquier intervención directa en España, pero se negó representatividad al «Gobierno fascista de Franco […] impuesto al pueblo por la fuerza, con la ayuda de las potencias del Eje». Se recomendó su exclusión de los organismos internacionales y la retirada de embajadores en Madrid. La diplomacia española puso todo su empeño en advertir sobre las consecuencias negativas que podría acarrear semejante política, pero el lenguaje utilizado, en flagrante contradicción con el ambiente político internacional del momento, no favorecía el acercamiento. La apelación al anticomunismo, que procuró algunas bazas en el conservadurismo británico, no fue argumento suficiente. En el interior, el régimen cerró filas detrás del caudillo. El 9 de diciembre, 300.000 personas habían aclamado a Franco en la plaza de Oriente bajo el lema de «ni rojos, ni azules, sólo españoles»[1].

El día antes de aquella intervención ante las Cortes, Suanzes consultó con Franco y cambió en algún punto el borrador de su discurso, introduciendo la referencia directa a Spaak. Explicó a los procuradores que era cierta la operación financiera orquestada por lo que llamó una serie de «sociedades en cadena», que escapaban a la fiscalización de los Gobiernos por su complejo entramado internacional. Había sido comunicada a su Ministerio y, tras ser sometida a las pertinentes averiguaciones, levantó sospechas. Existían tras ella intereses poco claros y unos beneficios mal justificados de los que, efectivamente, se había ofrecido una parte al Gobierno español. La autorización había sido denegada a sabiendas de las reacciones hostiles que podía despertar dentro y fuera de las fronteras. Aludió el ministro a las actitudes del presidente de la ONU, a ciertas declaraciones ofensivas a la patria y al caudillo, y sacó a relucir las «posibles concomitancias de los dirigentes rojos», de la oposición republicana en el exilio, con Spaak[2].

Otro procurador, Sancho Dávila, primo de José Antonio Primo de Rivera y aspirante derrotado a la jefatura de Falange a la muerte de éste, insistió sobre el asunto en otro ruego al ministro, pero en dirección opuesta. Había leído los abundantes documentos que la mencionada junta de la CHADE había generado. Estaba convencido de que la denuncia planteada por aquel accionista escondía otros intereses, bien distintos. Había «alguien» detrás, un grupo que desde 1940 venía comprando títulos de la Barcelona Traction con el objetivo de hacerse con su control. Ese «alguien» disponía de un domicilio formulario fuera del país, aunque tenía casa y desarrollaba sus actividades preferentemente en España. El Gobierno debía identificarlo y obligarle a traer a España los millones de libras que manejaba en el extranjero.

Aunque no mencionó su nombre, Dávila se refería a Juan March, de quien era testaferro el accionista que había intervenido en la junta de la CHADE. Esta vez, el ministro decidió contestar por escrito. No tenía noticias sobre ese supuesto «grupo constituido en el extranjero» y, en todo caso, la competencia sobre el asunto no era de su Ministerio, sino del Juzgado de Delitos Monetarios. También escribió al ministro el general Arsenio Martínez Campos, dolido porque no se le hubiera consultado. El general, dos veces Grande de España y nieto de quien encabezó el pronunciamiento de 1874 que restauró la Monarquía con Alfonso XII, era también un hombre de negocios, un miembro prominente del Banco Español de Crédito y consejero de la CHADE. En su opinión, las acusaciones de fraude procedían de agentes de una persona que, por razones de negocio, tenía enemistad manifiesta con algunos miembros del Consejo de Administración de dicha compañía. El general aprovechó para recordarle que, al iniciarse la guerra civil, la CHADE en bloque se había puesto al lado de los militares y había evitado que las acciones robadas a sus dueños cayeran en manos de los «rojos»[3].

Era lógico el revuelo en los medios financieros y políticos ante el fuego cruzado de acusaciones. La Barcelona Traction y la CHADE eran la tercera y la cuarta entre las diez mayores empresas españolas por el volumen de sus activos. Eran compañías eléctricas que habían sentado en sus Consejos de Administración a lo más granado del mundo económico y financiero español e internacional. También a muchos prohombres políticos. Ambas formaban parte de grandes entramados internacionales. Lo que ocurría en ellas repercutía en Toronto, Nueva York, Buenos Aires, Londres, Bruselas y Ginebra. El clima proteccionista y nacionalista que se extendió por el mundo en los años treinta y cuarenta, las políticas de control de cambios y de limitación de divisas, y el intervencionismo de los Estados —de los que, por otro lado, dependían en gran medida—, les habían creado dificultades, que se iban a ver acrecentadas por los vientos de autarquía que soplaban en España[4].

La Barcelona Traction era el complejo eléctrico más importante de Cataluña y representaba casi el 20 por 100 de la producción nacional de electricidad. Había sido creada en 1911 en Toronto, según la legislación canadiense, por iniciativa del ingeniero Fred Stark Pearson, prematuramente fallecido a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Por eso era conocida como la Canadiense. Se había incorporado a los procesos de concentración y expansión de las grandes sociedades eléctricas multinacionales, de organización «en cascada» (holding), con escasa aportación de fondos propios y captación de capitales a préstamo mediante la emisión de obligaciones como recurso básico. Al mismo tiempo, se crearon la sociedad promotora Spanish Securities, encargada de la dirección, financiación y administración del negocio, y Ebro Irrigation & Power, bautizada en España como Riegos y Fuerza del Ebro, sujeta a la legislación española e interpuesta entre la sociedad holding y los activos desarrollados en España. Un año antes de su muerte, Pearson vinculó la Barcelona Traction a la sociedad SOFINA, una multinacional de servicios técnicos y financieros de origen belga e incorporada a la AEG alemana por Dannie Heineman. Nacido en Estados Unidos de padres judíos alemanes emigrados, fue nombrado administrador de SOFINA en 1905 y hombre de confianza de AEG en Bruselas. Obra suya fue la conversión de SOFINA en eje financiero de una compleja red multinacional de la industria eléctrica. Convertido en un personaje de cada vez mayor relieve internacional, aunque muy celoso de su intimidad y poco dado a la presencia pública, Heineman se incorporó en 1926 al Consejo de Administración de la Barcelona Traction en representación de SOFINA, que, de hecho, controlaba la compañía. Los intereses canadienses eran prácticamente irrelevantes, aunque era canadiense el National Trust, fideicomisario o depositario de la mayoría de los bonos emitidos por la Barcelona Traction[5].

Por su parte, la Compañía Hispano Americana de Electricidad, la CHADE, se constituyó en Madrid en 1920 bajo la presidencia honorífica del marqués de Comillas y la vicepresidencia efectiva de Francesc Cambó, líder entonces de la Lliga Regionalista Catalana y uno de los políticos y hombre de negocios más relevantes de la época. Tras la Primera Guerra Mundial, las empresas alemanas huyeron de su país para evitar las posibles represalias derivadas del tratado de Versalles, y Heineman propuso a la Deutsch Überseeische Electrizitäts Geellschaft (DUEG) que fijara su domicilio en España, ya que desarrollaba sus negocios principalmente en Argentina, Chile y Uruguay. Así nació la CHADE, que se hizo con el activo y el pasivo de DUEG y centró sus negocios en Argentina tras conseguir la concesión del servicio de electricidad de Buenos Aires. En su Consejo de Administración se sentaban los representantes de los más importantes bancos y figuras señeras de la economía y las finanzas españolas, junto con directivos de grandes compañías y entidades financieras domiciliadas en otros países.

En los años treinta, la CHADE tuvo que hacer frente en España a las dificultades derivadas de la guerra civil y también a la oleada de nacionalismo económico desatada en Argentina, que obligó a las sociedades concesionarias de servicios públicos a convertirse en personas jurídicas constituidas allí. Como consecuencia de ello, se autorizó la transferencia de todas las concesiones e inmuebles a la filial Compañía Argentina de Electricidad (CAE), con lo que la compañía española se vació y se convirtió en una sociedad holding. Pablo Garnica, presidente del Banco Español de Crédito y miembro del Consejo de Administración de la CHADE, quiso que se informara de todo aquello al Gobierno de Burgos porque cabía entenderlo como una «desnacionalización» de la compañía española. En los años siguientes, al hilo del desarrollo de la guerra civil y del comienzo de la mundial, la CHADE fue firmando contratos con diversas sociedades interpuestas para proteger sus intereses: primero con la luxemburguesa SODEC, después con dos sociedades americanas y finalmente, tras la invasión nazi de Luxemburgo y la disolución de SODEC, se traspasaron los activos a SOVALLES. Ese mismo año, 1940, la CHADE volvió a celebrar su junta de accionistas en Madrid. Francesc Cambó, su presidente, se había exiliado en Buenos Aires y la dirigió el vicepresidente, Juan Ventosa, que agradeció expresamente a Franco el restablecimiento del orden en el país.

Las buenas relaciones entre la compañía eléctrica y el Gobierno español permitieron aplicar a las nuevas sociedades interpuestas las mismas exenciones fiscales de que disfrutaba la CHADE. Contó, además, con el apoyo del Gobierno de Franco para hacer frente a una dura campaña en Argentina, donde fue denunciada por prácticas monopolistas e irregularidades en el cobro de tarifas. Varios de sus directivos pasaron por la cárcel. Cambó fue partidario de mostrarse flexible y buscar interlocutores distintos a Heineman, con quien había tenido discrepancias relevantes, pero Ventosa y el Consejo de Administración decidieron dar la batalla. Contaban con el respaldo del Ministerio español de Asuntos Exteriores; del ministro de Industria y Comercio, Carceller, y del propio Franco. Consiguieron evitar la nacionalización gracias al apoyo del entonces vicepresidente argentino, Juan Domingo Perón. El informe acerca de la CHADE elaborado en 1943 por la comisión argentina que debía justificar la nacionalización, el denominado informe Rodríguez Conde, fue enviado a Madrid por valija diplomática y retirado de la circulación. Pero llegó también a manos de Juan March[6].

Hacía tiempo que el financiero mallorquín estaba interesado en la evolución de la CHADE y de la Barcelona Traction. Su objetivo no era la primera sino la segunda, de cuyas dificultades tenía también buena información. Durante sus primeros años de existencia, la Canadiense había incorporado otras sociedades —como Tranvías de Barcelona y Barcelona de Electricidad— y había puesto en marcha la construcción de nuevas instalaciones. Aunque hizo dos ampliaciones de capital, su financiación se sostuvo con la emisión de obligaciones en libras esterlinas. Al estallar la Primera Guerra Mundial se encontró sin recursos suficientes para hacer frente al pago de los cupones y a la continuación de sus proyectos. Entre 1914 y 1925 se produjeron cuatro arreglos financieros sucesivos con amortizaciones y rebajas de intereses, y con ofertas de conversión de obligaciones en acciones. Los obligacionistas, perjudicados por los arreglos, decidieron crear un comité para la defensa de sus intereses. En 1936, después de ser ocupadas las instalaciones por los comités obreros, la Barcelona Traction suspendió el servicio de las obligaciones en libras. Pese a ser la primera empresa española de energía eléctrica, con un crecimiento sostenido de la producción desde finales de los años veinte, sus beneficios eran difíciles de calcular y poco transparentes ante la Hacienda pública española. En enero de 1931 se le había abierto una investigación oficial que dejó claro que las empresas controladas por la Barcelona Traction no pagaban impuestos sobre beneficios ni dividendos, porque se basaban en capital obligaciones y formaban parte de un entramado empresarial complicado. Aquel informe, como alguno anterior, se metió en un cajón. La Barcelona Traction era capaz de mover altas influencias, antes y después de la guerra civil. Pero en mayo de 1940, cuando su filial Riegos y Fuerza de Ebro solicitó divisas para hacer frente al pago de sus obligaciones, el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) le pidió información sobre las condiciones de emisión de aquéllas[7].

Mientras los círculos empresariales y financieros en los que se incardinaba la Barcelona Traction comenzaban a estudiar un nuevo arreglo para hacer frente a las dificultades, Juan March hizo su primer movimiento. Los negocios eléctricos no le eran ajenos, ni tampoco lo era el mundo de intereses internacionales en los que se movían. Hasta entonces se había limitado a la fusión de pequeñas compañías en Baleares y Canarias, aprovechando momentos de baja cotización, para venderlas después con unas ganancias sustanciosas. Ahora apuntaba más alto e iniciaba un proceso que le llevaría a hacerse con una de las más importantes empresas eléctricas españolas, desgajándola de una poderosa red multinacional. Era otra dimensión. Tenía los recursos económicos para afrontarlo y tuvo en todo momento la información necesaria sobre los complejos intereses en juego. Contó con dos apoyos imprescindibles, el Gobierno español y el Tesoro británico, de los que obtuvo intervenciones puntuales decisivas, pero, sobre todo, de los que consiguió que se abstuvieran de hacerlo ante sus movimientos más arriesgados. Tuvo claro desde el principio cuál era su objetivo y fue implacable. Eso le permitió jugar con ventaja frente a los intereses que tenía enfrente, desconcertados por un ataque que no vieron venir y al que nunca quisieron dar la importancia que tenía. Quienes le acusaron de cometer ilegalidades y de jugar sucio tenían también mucho que ocultar. El resultado fue un largo y tortuoso proceso, nada fácil de seguir pero muy ilustrativo de las maneras de actuar del financiero mallorquín y también del nivel al que jugaba sus bazas, tanto en la vida política nacional como en el mundo de las finanzas internacionales.

Juan March tanteó el terreno por primera a través de Carlos Montañés, aquel ingeniero —y político— que había estado al lado de Pearson en la creación de la Barcelona Traction y que había trabajado codo con codo con Juan March a finales de los años veinte en sus proyectos eléctricos en las islas Canarias. Quedó entonces deslumbrado por el mallorquín, a quien consideraba un «excepcional hombre de empresa». Fue Montañés, desde Lisboa, quien se dirigió en 1940 al presidente del National Trust de la Barcelona Traction en Toronto, responsable de los obligacionistas, en nombre de un «grupo financiero europeo sólido». Demostró que conocía los aprietos por los que atravesaba la Canadiense, la acumulación de intereses impagados y el reducido valor de los títulos, además de las dificultades que le creaba la presencia del ejército alemán en la frontera con Francia. Ofreció comprar la mayoría de las acciones y obligaciones por 1.400.000 libras o dólares, a depositar en un banco suizo. Los directivos de la Barcelona Traction, desconcertados, quisieron saber los nombres de quienes hacían la oferta, pero Montañés, después de asegurar su absoluta solvencia, se negó a darlos. La propuesta murió[8].

La petición de divisas al IEME por parte de Riegos y Fuerza de Ebro resultó positiva, pese a que no se envió la información que se había solicitado a cambio. El problema, sin embargo, sólo se había aplazado. Tres años más tarde, en 1943, el Estado español se negó a seguir proporcionando divisas. Juan March lo sabía bien porque la embajada inglesa, el Tesoro británico y su amigo Alan Hillgarth estaban al corriente de todas las conversaciones. March había prestado por aquel entonces un favor impagable a los británicos como consecuencia de su batalla por el wolframio, en la que había interferido la Barcelona Traction. El acuerdo entre británicos y norteamericanos para hacer compras preventivas y evitar así que España lo vendiera al régimen nazi produjo una elevación del precio y puso en dificultades al Gobierno británico. Para obtener pesetas con las que pagar, Londres tenía que recurrir al único banco inglés en España, el Anglo-South American Bank, en el que tenían también sus saldos las filiales de la Canadiense. Se llegó a un acuerdo para que el Anglo South concediera al Gobierno británico un préstamo vinculado con el depósito de la Barcelona Traction y avalado confidencialmente por el Banco de Inglaterra. No era la primera vez que la compañía eléctrica se prestaba a ello. Accedió a la transacción pero, sin previo aviso y con una margen de veinticuatro horas, anunció la retirada de 35 millones de pesetas, dejando al Anglo South sin posibilidad de atender las necesidades del Gobierno británico. Quizás pensaron que era una buena manera de conseguir que el Gobierno británico intercediera ante el español para que se les concedieran las divisas solicitadas con las que satisfacer su deuda con los obligacionistas.

El embajador comentó ante Alan Hillgarth la difícil situación en la que se encontraba el Gobierno británico. Necesitaban el dinero en veinticuatro horas. Hillgarth llamó a Juan March. El mallorquín le pidió que le presentara al director del Anglo-South America Bank en Madrid y allí mismo abrió una cuenta dotándola con los fondos necesarios para paliar la retirada de pesetas decidida por la Barcelona Traction. Los británicos habían quedado de nuevo agradecidos a la ayuda de Juan March, que había evitado un escándalo político. Ese agradecimiento fue una de las más importantes bazas en la batalla que se disponía a dar[9].

Poco después, en 1944, March volvió a intentar la adquisición de la compañía, esta vez en una conversación con Heineman, la primera que ambos tenían, aprovechando el paso de éste por Madrid. Contó Heineman después que Juan March le dijo abiertamente que había estado comprando obligaciones de la Barcelona Traction porque quería hacerse con ella. Quería comprar acciones, pero le tranquilizó acerca de sus planes. Cuando se convirtiera en propietario de la compañía, SOFINA continuaría proporcionándole sus servicios como hasta entonces. Heineman le ofreció estudiar su posible participación en SODEC, la sociedad dependiente de SOFINA que tenía la mayoría de las acciones de la Canadiense, pero le dijo que la compañía no estaba en venta. Probablemente no sabía entonces Heineman con quién se enfrentaba y, además, tenía ya en marcha el nuevo arreglo financiero. Juan March también lo conocía.

El 11 de junio de 1945, el director del IEME recibió una propuesta de los grandes bancos del país, el Hispano Americano, el Español de Crédito, el Urquijo, el Vizcaya y el Hispano Colonial, para convertir en obligaciones en pesetas las obligaciones de la Barcelona Traction emitidas en libras. Habían acumulado intereses y amortizaciones imposibles de atender, primero por la anormalidad derivada de la guerra civil y después por las dificultades en la transferencia de divisas. Se había llegado, decían, a un acuerdo con los obligacionistas que exigía la disponibilidad de 3.700.000 libras, lo cual significaba una quita de un 50 por 100 en el valor de las obligaciones, ya que la deuda de la compañía ascendía a algo más de siete millones de libras. La CHADE aportaría un millón y el consorcio de bancos el resto, mediante la apertura de un crédito que estaba negociándose con un banco inglés. Los bancos españoles y la CHADE se reembolsarían en obligaciones en pesetas emitidas por Riegos y Fuerza de Ebro, que colocarían entre los ahorradores españoles. Era, según ellos, una operación de «nacionalización» de la compañía, ya que al sustituirse la deuda en libras por deuda en pesetas quedaría en manos españolas. El director del IEME tomó nota, dijo que no veía inconveniente «en principio» y que podían continuar las gestiones.

El ministro de Industria, Demetrio Carceller, también estaba al corriente porque se lo había contado el vicepresidente de la CHADE, Juan Ventosa. Éste era un hombre avezado en las lides financieras y políticas. Como sabemos, había cuidado sus relaciones con los militares sublevados ya durante la guerra, en Burgos, y tenía una buena relación con el ministro. No se había recatado, sin embargo, en sus críticas a la política autárquica del régimen, personalizándola en Juan Antonio Suanzes, presidente del Instituto Nacional de Industria. Ventosa había sido designado procurador en las nuevas Cortes franquistas. Era, sin embargo, un miembro prominente del círculo de apoyo al pretendiente al trono. Suya fue la iniciativa del escrito que los procuradores enviaron al caudillo en 1943 pidiéndole la restauración de la Monarquía. En octubre de 1945, Ventosa había informado al embajador británico de la composición del Gobierno que había de suceder al dictador y le había dicho que sólo faltaba convencer a Franco para que se retirara. Unos meses más tarde fue nombrado miembro del comité directivo de la causa monárquica en España, pero Gil Robles, con quien se veía asiduamente en Lisboa, lamentaba su falta de decisión y su permanente voluntad de buscar el acuerdo con el jefe del Estado español. Lo achacaba a la «falta de independencia» de Ventosa, derivada del «famoso expediente de la Canadiense». Franco, que tan bien sabía jugar con las debilidades del prójimo, decía Gil Robles, tenía en su poder comprobantes del «beneficio escandaloso» que la CHADE y SOFINA pensaban obtener de la operación en marcha, «con jugosas comisiones de varios millones». Podía explotar aquel asunto contra Ventosa y, por ende, contra el propio pretendiente[10].

En la crisis política de julio de 1945, Juan Antonio Suanzes sustituyó al ministro de Industria y Comercio. La salida de Carceller, que ni siquiera acudió a la toma de posesión del nuevo ministro, y la llegada de Suanzes fueron malas noticias para Ventosa y providenciales para Juan March. Juan Antonio Suanzes era militar e ingeniero naval. Había sido compañero de carrera de Nicolás Franco y conocía a la familia. La guerra les unió todavía más y entró a formar parte del círculo de personas próximas al jefe del Estado. Ya entonces defendía un extremo nacionalismo autárquico e industrialista que puso en marcha cuando en 1938 fue nombrado ministro de Industria y Comercio en el primer Gobierno franquista. Cuando Franco le comunicó su cese un año más tarde, le habló de «futuras responsabilidades», que se materializaron al ser nombrado en 1941 primer presidente del Instituto Nacional de Industria, el buque insignia de los planes autárquicos e industrializadores del nuevo régimen. Cuatro años más tarde volvía al Ministerio.

Juan Ventosa se apresuró a visitarle para explicar la operación propuesta por la Barcelona Traction. Suanzes no le dijo que no. En vista de ello, previa autorización de los tribunales canadienses, se publicó el anuncio en la prensa financiera internacional y se convocó en Londres la asamblea de obligacionistas que debía aprobar las condiciones de la conversión de obligaciones. Pero mientras tanto, a través del abogado Felipe Lafita, buen amigo del ministro, Juan March se encargó de hacer llegar a Suanzes informes que sacaban a la luz el complejo entramado de sociedades relacionadas con la operación. Se decía en ellos que, con el pretexto de las dificultades del Estado español para disponer de divisas y so capa de una pretendida «nacionalización», lo que se pretendía era salvar la situación de una sociedad extranjera, como era la Barcelona Traction, con un evidente perjuicio para sus obligacionistas y a costa del ahorro español. Además, el cambio de libras en pesetas propuesto, que no era el oficial, arrojaba un excedente de más de cien millones de pesetas cuyo único objetivo era obtener unas comisiones exorbitantes para los intermediarios de la operación. En resumen, había que investigar más[11].

Cuando los representantes de la CHADE y del consorcio de bancos remitieron la propuesta definitiva al Instituto de Moneda Extranjera, Suanzes les pidió más información. Ventosa solicitó audiencia al ministro. Le ofreció una nueva «fórmula» para que el IEME participara en el «excedente nominal», que cifraba en 137 millones de pesetas. Insistió en que no había nada oscuro y que sólo se trataba de liberar a la economía española de una deuda en libras. Era una operación de conversión como otras que se habían realizado en el pasado, cosa que no dejaba de ser cierta. Tampoco trató de ocultar al ministro que habría ganancias, pero el Estado tendría su parte: «A juicio de las entidades participantes —explicó Ventosa—, el beneficio que reporte la operación debe ser proporcionado a la naturaleza e importancia de ésta y debe ser suficiente para que pueda realizarse. Sobre esta base estamos dispuestos, como le dije, a examinar con usted una fórmula adecuada y equitativa de participación del Instituto, y para evitar toda duda y discusión la fórmula podría consistir en una participación en el excedente bruto. Mi convicción es que no ha de haber obstáculos graves que impidan llegar a un acuerdo». Ventosa urgió una contestación, pero Suanzes respondió que, para reconocer los compromisos en el mercado internacional de una compañía extranjera domiciliada fuera de España y pronunciarse sobre su posible nacionalización, hacía falta un «estudio a fondo y de detalle de la constitución y desenvolvimiento» de la sociedad en cuestión. La operación se suspendió. Ventosa se quedó estupefacto. Iba a ser difícil explicárselo a los organismos extranjeros[12].

En los meses siguientes hubo dos intentos de compromiso. Para defender el primero se presentaron en Madrid Arthur Budd, delegado especial de las compañías a propuesta del comité inglés de obligacionistas; Charles K. Wilmers, consejero de la Barcelona; William Menschaert, vicepresidente de Ebro Irrigation, y el abogado londinense, Kenneth Diplock. En su propuesta alternativa desaparecía la aportación de los bancos españoles y se reforzaba el papel de la CHADE. De nuevo el ministro recabó informes al IEME, a la Dirección General de lo Contencioso y a la Dirección General de la Banca y Bolsa. Con distintas argumentaciones, fueron todos negativos. Felipe Lafita echó más leña al fuego, calificando a aquella delegación como «de verdadera ONU financiera». Los ministros españoles de Exteriores y de Hacienda, sin embargo, abogaron por una posición más prudente[13].

Suanzes se mantuvo en sus trece. Había recibido una larguísima nota, muy confidencial, esta vez directamente de Juan March, con el ruego de que fuera exclusivamente conocida por él y por el jefe del Estado. Su único objetivo era evitar que el Gobierno español cediera al «chantaje» de la Barcelona Traction. March no ahorraba las más encendidas declaraciones de patriotismo y desprendimiento, ni evitaba la denuncia política. Un español patriota como él, decía, había decidido a sus sesenta y seis años cargar sobre sus espaldas la lucha contra «el más turbio de los sindicatos financieros del mundo», «una oligarquía político financiera», cuyas garras se encontraban clavadas en una porción de España, en Cataluña. La Canadiense era uno de los problemas más graves que tenía el país y contra el que ningún Gobierno se había atrevido. De allí brotaban fuerzas políticas y económicas incompatibles con la independencia y dignidad del Estado español. Otros intereses extranjeros se habían desarrollado en España sin intromisiones en la política nacional. Pero no era el caso de la Barcelona Traction, a la que March atribuía la financiación de la Lliga Regionalista Catalana, la única organización política que subsistía en España, aunque disfrazada ahora de intereses económicos. No era cierto lo que afirmaban los directivos de la Canadiense de que España estaba en deuda por las instalaciones y la riqueza creada en el país con capitales de fuera. Nunca había habido información ni trasparencia en sus actuaciones, ni en las comisiones pagadas o en los beneficios exportados al extranjero, tampoco en la emisión de unas obligaciones que no se adecuaban a las características del mercado español.

Había llegado el momento de librarse de aquella «pesadilla», de aquella «amenaza de 150 millones de dólares y su servicio en divisas», continuaba March. Él tenía la solución y estaba dispuesto a utilizar todos sus recursos y sus alianzas exteriores. La alarma que había cundido en la Canadiense era la prueba palpable del acierto en su estrategia. El rescate era posible y podía conseguirse a corto plazo. Era el momento propicio, la ocasión única de alcanzar ese «propósito patriótico». No pedía ni divisas, ni leyes, ni decretos. Solamente que el Gobierno estuviera convencido de que era un problema real, visible y tangible para la economía y el Estado; que considerase el rescate como un ideal español y no lo entorpeciese con medidas o acuerdos que robustecieran la posición de la Canadiense. La crítica posición de la compañía sólo podía resolverse con la ayuda directa o indirecta del Estado español. Había que rechazar de plano la intervención de «súbditos españoles» a favor de intereses extranjeros y de sus ofertas de última hora. Si el jefe del Estado estaba de acuerdo, él continuaría su camino y todo lo que hiciera o pensara lo conocería de antemano el Gobierno[14].

March anticipaba argumentos al ministro y le aseguraba el apoyo en Londres. Contaba con la presencia en el Tesoro de Ellis-Rees, un viejo conocido de sus tiempos en la embajada en Madrid. Cuando aquel verano los directivos de la Barcelona Traction presionaron al Foreign Office para que mediara, Ellis-Rees se mantuvo firme: era una cuestión que incumbía enteramente al Gobierno español y no cabía intervenir. No hubo nada que hacer. El presidente de la Barcelona Traction y vicepresidente de SOFINA, Henry Speciael, fue a Barcelona para recabar la información que el ministro les había pedido reiteradamente para desbloquear la situación. Insistió ante Suanzes en la supuesta deuda contraída por España con los capitales que la Barcelona Traction le había venido proporcionando desde sus orígenes. De ellos, sólo 65 millones de una emisión de obligaciones eran españoles, mientras que las instalaciones construidas se valoraban en 2.700 millones. No podía entenderse que el Gobierno español se negara a la operación propuesta[15].

Pero Suanzes volvió a decir que no. Lo afirmó, contundente, en su intervención en las Cortes y después por carta a Speciael. Las explicaciones y los datos brindados por la Barcelona Traction eran insuficientes. Hacía falta un estudio a fondo y en detalle sobre capitalización e instalaciones, realizado por elementos competentes designados por el Estado. Requeriría tiempo. Había pasado un año desde que le dijo eso mismo a Ventosa y las cosas seguían igual[16].

Una quiebra y una disolución

Tras el discurso de Suanzes en las Cortes, la Barcelona Traction dejó de proponer nuevos planes al Gobierno español. Se convenció de que sin la información pedida no se llegaría a nada, y esa información era delicada porque obligaría a dar explicaciones sobre las sucesivas operaciones de reconversión, así como de la salida de divisas. Se decidió cambiar de estrategia y dar cancha a Juan March, aunque sin dejarle realmente intervenir. El Consejo de Administración reunido en Toronto le ofreció la creación de un comité español de asesoramiento para la explotación del negocio en España. No duró mucho el compromiso. Lo suficiente para que Juan March, que no se dejó engañar por la maniobra de distracción, dedujera de ella que la posición de la compañía se debilitaba. Los miembros del comité que representaban al mallorquín ni siquiera llegaron a tomar posesión. En la primera reunión convocada en Barcelona el 27 de abril de 1947, dijeron, por boca del director del Banco Hispano Americano, Andrés Moreno, que las funciones que pretendía atribuírseles estaban muy lejos de las que se habían pactado[17].

Juan March aprovechaba el revuelo y el descenso en la cotización de los títulos de la Barcelona Traction para comprar. Su objetivo era convertirse en el mayor acreedor de la compañía. Al mismo tiempo, atacó por el flanco débil: la CHADE. Había informado al embajador suizo en Madrid de las acusaciones que se habían lanzado contra dicha compañía en Argentina. Se habían ocultado a los accionistas españoles, como se les mantenía ignorantes de la relación con SOFINA y la intervención de otras sociedades extranjeras y, por supuesto, de la desaparición de importantes cantidades de dinero de sus balances. La operación de reembolso de obligaciones de la Barcelona Traction les perjudicaba. Al embajador le cabían dudas de si aquellas acusaciones tan graves se debían exclusivamente a la «animosidad personal» de March, pero aconsejó a su Gobierno que informara a los bancos suizos implicados[18].

La intervención de Suanzes en las Cortes había provocado una conmoción en el Consejo de Administración de CHADE. Se envió a Franco una nota mostrando su asombro y aludiendo a los servicios prestados por la compañía durante la guerra civil. El marqués de Urquijo no la firmó y presentó la dimisión de los puestos que ocupaba el Banco. El vicepresidente, Juan Ventosa, le rogó que reconsiderara su decisión para no dar pábulo a una campaña en cuyo carácter insidioso coincidían todos. Pero el marqués de Urquijo no sólo no retrocedió, sino que en los meses siguientes se ratificó en su decisión. Le dijo a Ventosa que no lograba despejar la duda de si la compañía seguía defendiendo realmente los intereses de España. La transferencia de activos que había hecho desde 1936 con la intención de preservarla en las difíciles circunstancias de la guerra civil y de la guerra mundial había dado lugar a una proliferación de sociedades intermedias que carecía ya de sentido. La normalidad política en el país y la finalización de la contienda mundial obligaban a acometer una «valiente revisión de su pasado», aclarar todas las dudas y marchar con la frente bien alta si era cierto que la sociedad iba bien. Sólo así se respondería a la campaña desencadenada contra ella, dentro y fuera de España[19].

El abogado de March en Nueva York, Raimundo Burguera, había amenazado a Heineman con lanzar al Gobierno español contra la CHADE si no se llegaba a un acuerdo sobre la Barcelona Traction. Heineman no lo creyó posible pero, por si acaso, comenzó a insistirse en el carácter minoritario de la participación española en el capital y en el Consejo de Administración. Era lo que March esperaba para avisar a Suanzes de que peligraba la posición de España en la CHADE a la vista de aquellas reiteradas declaraciones. Su aviso fue eficaz porque el Consejo de Ministros tomó cartas en el asunto. El 17 de julio de 1946 se aprobó un decreto ley de regulación de las sociedades españolas. Se establecía la obligatoriedad del domicilio en territorio español y la celebración en el mismo de las juntas de accionistas y reuniones de sus órganos directivos, así como el permiso previo de la Hacienda pública para aumentar el capital, transferir bienes y valores o disolver la sociedad. En una disposición transitoria se preveía además la aplicación retroactiva a acuerdos adoptados desde 1936 por Consejos de Administración de empresas que tuvieran parte de sus negocios en el extranjero, o cualesquiera acuerdos que no hubieran sido sometidos a aprobación y que por su relevancia deberían haberlo sido. Unos días más tarde, por orden de la presidencia de Gobierno se creó una comisión investigadora encargada de la aplicación del decreto ley[20].

La imputación a la CHADE era evidente. «Después de haber escapado a la amenaza alemana, la CHADE se ve hoy amenazada por el Gobierno español», afirmaron desde SOFINA. La compañía era una sociedad de Derecho español, pero sus acciones se encontraban en primer lugar en manos suizas y belgas, y después holandesas, inglesas y americanas, mientras que los españoles poseían solo una «pequeña minoría en el capital». No tenía ninguna fábrica en España, limitándose su relación con ese país al pago de gastos generales e impuestos. Desde 1936 era una sociedad holding cuyos activos esenciales eran las acciones de la CADE argentina. A comienzos de agosto vino la reacción: un decreto del ducado de Luxemburgo restableció las sociedades que habían interrumpido su actividad tras la ocupación nazi, entre ellas SODEC. SOFINA y Crédit Suisse anunciaron que a partir de aquel momento SODEC sustituía a la CHADE, sustrayéndose así al control del Estado español. En los círculos financieros internacionales predominaba la idea de que el Gobierno español quería aliviar su falta de divisas manteniendo la posesión de la CHADE y de sus activos, a lo que el Gobierno de Franco replicó que siempre había tenido la mayor consideración hacia el capital extranjero y que CHADE disfrutaba de un tratamiento financiero y fiscal especial. El decreto sólo pretendía proteger intereses nacionales[21].

El Gobierno franquista esperaba que los consejeros españoles de la CHADE se desmarcarían de las decisiones adoptadas y se esforzarían en hacer cumplir el decreto. Pero había opiniones encontradas en el Consejo de Administración que presidía, desde la reciente muerte de Francesc Cambó, Dannie Heineman. Allí se sentaban, junto a Juan Ventosa, en representación de la banca española, Francisco Aritio, José Basterra, Jose Bertrán i Musitu, Luis Durán i Ventosa, José Garí, el conde de Cadagua, el marqués de Foronda, el conde de Gamazo, el duque de Alba, el marqués de Amurrio, Pablo Garnica, Santiago Muguiro, Valentín Ruiz Senén… La dimisión del marqués de Urquijo había provocado ya una fuerte polémica. Ahora, tras la publicación del decreto y la perentoria llamada de atención que les había dirigido el Gobierno, escribieron a Heineman rechazando la celebración de cualquier reunión fuera de España y amenazando con dimitir. No recibieron más contestación que el texto del decreto luxemburgués, la noticia del restablecimiento de SODEC y la confirmación en sus puestos[22].

Suanzes no se fiaba de los consejeros españoles. Representaban para él lo más criticable de la vieja oligarquía y alguno de ellos militaba en la conspiración monárquica. Le dijo al ministro de Hacienda, Joaquín Benjumea, que estaba convencido de que había un acuerdo tácito en la ofensiva entre los consejeros extranjeros y una parte de los españoles. Creía que debía dirigirse una carta tanto a él como a Juan Ventosa considerando «insuficiente e inoperante» su amenaza de dimisión. Lo que había que hacer era dar una respuesta contundente a las decisiones «ilegales» de la CHADE. Benjumea era más cauto. Le preocupaba conservar el domicilio español de la compañía por los impuestos y la importación de divisas que entrañaba. Pero endureció su comentario a Ventosa, a quien señaló que la retirada de los consejeros españoles sería entendida como dejación en sus deberes de defender los intereses españoles, públicos y privados. Los consejeros se declararon ajenos a las actuaciones de SOFINA, pero recordaron que SODEC se había constituido en 1938 ante la amenaza del peligro «rojo», con conocimiento y aprobación del Gobierno «nacional» español. Poco podían hacer ellos. Con arreglo a los estatutos, no podían convocar consejo y aunque pudieran necesitarían la presencia de los extranjeros. SOFINA y Crédit Suisse, en representación del 10 por 100 del capital, decidieron convocar una junta extraordinaria de accionistas en Luxemburgo para ratificar el restablecimiento de SODEC, en abierta confrontación con lo preceptuado en el decreto ley español[23].

Las actitudes más conciliadoras de los consejeros y de la propia asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dudaba de la eficacia de las leyes nacionales en un conflicto con el Derecho privado internacional y abogaba por una labor diplomática, chocaron con la insistencia de Suanzes. La asamblea de Luxemburgo se celebró el 18 de noviembre. Aunque hubo una voz discrepante, en nombre sin duda de Juan March, que denunció la irregularidad de la convocatoria y la caída en la cotización de las acciones como consecuencia de los errores cometidos, se aprobó el restablecimiento de SODEC. Ni qué decir tiene que el ministro Suanzes consideró ilegales tanto la junta como sus acuerdos y urgió la convocatoria de otra en Madrid, aunque fuera violentando los estatutos. Además, se había puesto en marcha la comisión de investigación anunciada por el decreto ley del mes de julio y su presidente había requerido a la CHADE los libros de actas, la escritura de constitución y sus reformas posteriores[24].

En las semanas que siguieron, altos directivos de SOFINA trataron de acceder al mismo jefe del Estado, utilizando ahora un mediador norteamericano, Perry George, dado el interés que España tenía en aquellos momentos de acceder a ayudas de Estados Unidos. Perry George conocía bien España porque había sido responsable del Iberian Desk del Departamento de Estado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Se entrevistó con el secretario particular de Franco, su primo, el general Francisco Franco Salgado-Araujo, y también con los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio. El objetivo era negociar un acuerdo conjunto para las dos compañías. La CHADE debía retirarse de España, donde no tenía activos, y reorganizarse en Argentina —dijeron—, mientras la Barcelona Traction se retiraría de Canadá para reorganizarse en España. Ofrecían facilitar la nacionalización de la segunda a cambio de los impuestos que la primera debía pagar en España por su disolución. También se acercaron a Juan March. Lo hizo Donald Duncan, alto directivo norteamericano de la CHADE. March le agradeció que por primera vez se mostrara respeto por la posición española, pero criticó duramente la actitud de algunos consejeros españoles, afirmó que por el camino iniciado en Luxemburgo se iba directamente a la quiebra de la CHADE y se manifestó dispuesto a colaborar en la búsqueda de una solución de conjunto siempre que se respetaran los intereses de España. Duncan le dijo que lo justo era que ni a Canadá ni a España se les castigara con impuestos exorbitantes[25].

Juan March tenía que manejar todos los hilos a la vez y con cuidado. Trataba de impedir que hubiera ningún acuerdo que vinculara la solución al problema de la CHADE con el de la Barcelona Traction, pero debía mostrarse dispuesto a negociar con quien hiciera falta porque en ámbitos oficiales españoles cundía la preocupación por la pérdida de la CHADE, la principal suministradora de divisas en aquellos años tan difíciles. Al mismo tiempo que enviaba un extenso y pormenorizado informe sobre la compañía a la comisión de investigación, se reunió con Suanzes para preparar la asamblea de accionistas que iba a celebrarse en Madrid. Agentes de policía asegurarían el orden y debía advertirse al presidente de que garantizara el uso de la palabra a todos los accionistas. La junta se celebró a finales de enero de 1948 bajo la presidencia de Ventosa, hablaron unos y otros, pero no se tomó ninguna decisión en relación con los puntos centrales en litigio. March volvió a advertir a Suanzes contra la «actitud de franca y obtusa hostilidad antigubernamental» de los directivos de la CHADE que, sin embargo, no tendrían más remedio que negociar cuando se presentara el informe de la comisión investigadora. Se verían obligados a aceptar una liquidación favorable a las arcas españolas. Estaban distribuyendo títulos de SODEC entre los accionistas, sustituyendo la deuda de CHADE por la de SODEC. Había que impedirlo. Estaba dispuesto a que la Banca March pagara durante cinco años la totalidad de los cupones de las acciones, obligaciones y bonos de caja de CHADE domiciliados en España, así como sus amortizaciones, para evitar las amenazas de SODEC a los accionistas que se resistieran a aceptar sus posiciones[26].

El 12 de febrero, la situación cambió radicalmente. A requerimiento de tres acreedores de la Barcelona Traction, que apenas sumaban un puñado de obligaciones, el Juzgado de Reus declaró la quiebra de la Canadiense por incumplimiento en el pago de su deuda. March había decidido actuar valiéndose de su posición de mayor acreedor. La declaración de quiebra permitía que prevalecieran los intereses de los obligacionistas sobre los de los accionistas. Ya estaba claro para los directivos de la Barcelona Traction por qué March se había opuesto tan denodadamente a los planes de compromiso. No lo había ocultado. Se lo había dicho en las últimas reuniones que mantuvo en Basilea en noviembre del año anterior con Charles Wilmers, un joven inglés que Heineman, ya en sus setenta años, había escogido como jefe de sus asesores. Wilmers había estudiado lenguas modernas en la Universidad de Cambridge. Era alto, bien parecido y con un aire aristocrático. Había pensado dedicarse a las lenguas, pero encontró que el mundo de las finanzas internacionales, con su variedad cultural, sus oportunidades de viajar y su alto nivel de vida, podía ser su campo natural de actuación. March alardeó ante Wilmers de sus éxitos en los negocios y, esgrimiendo sus argumentos patrióticos, dejó claro que su objetivo era el control de la compañía. Ahora ya estaba claro cómo pensaba hacerlo, por mucho que asombrara a los directivos de la Barcelona Traction. No podían entender cómo podía declararse en quiebra una compañía próspera por no poder cumplir con los pagos a los obligacionistas al no disponer de divisas. «Muchas otras compañías —decía meses más tarde un informe norteamericano— están en esta situación en todo el mundo debido a las barreras al libre movimiento de capitales. Pero en el caso de la BT esta situación, de la que son responsables las autoridades españolas, ha sido explotada por ciertos ciudadanos españoles para —por medio de los tribunales— producir una orden de embargo de una empresa extranjera, aunque fuera intrínsecamente próspera»[27].

March jugó sin recato con su estupor y su incredulidad, y con la sorpresa. El juez de Reus autorizó la ocupación de las sociedades filiales, Riegos y Fuerza de Ebro y Barcelona de Electricidad. El depositario, Adolfo Fournier, y el comisario, Francisco Gambús, nombrados por el juez, eran dos hombres de March. Gambús era presidente del banco Crédit i Docks, hasta 1946 concesionario de los almacenes del puerto franco de Barcelona. Ambos se personaron en las oficinas de Ebro y Barcelona de Electricidad, expulsaron a sus directivos y sustituyeron el Consejo de Administración por hombres de confianza. El 16 de marzo se nombraría a Joan Alegre i Marcet, otro hombre de March, presidente de todas las empresas del grupo.

A los pocos días de la declaración de quiebra, March envió una larga nota a Juan Antonio Suanzes para que la leyera en Consejo de Ministros. El mallorquín necesitaba que no hubiera dudas en el Gobierno. Aseguraba que la declaración de quiebra se había hecho con una fundamentación jurídica a prueba de toda consideración y que en pocos días se crearía un «estado posesorio procesalmente firme», garante de la nacionalización provisional del conjunto de empresas, así como de su normal funcionamiento. Su objetivo era ir a la subasta, pero no había que precipitarse. Necesitaba reforzar sus posiciones comprando más obligaciones. «Trabajos complementarios y sustanciales», los llamaba. Para ello celebraría en Londres una asamblea de obligacionistas, llegaría un acuerdo con los franceses que tenían bonos y negociaría con los depositarios de la emisión en pesetas para su adquisición. No había nada que temer porque los créditos con los que se enfrentaba la compañía ascendían a ocho millones de libras, liquidables forzosamente en dólares, cantidad imposible para ella. Con esa masa de crédito y con las asambleas de obligacionistas perfectamente controladas se provocaría la venta en pública subasta y la adjudicación a los acreedores, consiguiéndose así la nacionalización completa del grupo. De todas maneras, concluía Juan March, sería el jefe del Estado quien determinaría la forma y condiciones en que debería llevarse a cabo la operación, decisión que aceptaba de antemano y sin reservas. Lo único que solicitaba era que no se nombrara un juez especial, como había solicitado Riegos y Fuerza del Ebro, porque esa intromisión del Gobierno rompería la imagen de independencia del poder judicial y, además, aceleraría el procedimiento dificultando las operaciones indicadas. Costó trabajo que el Consejo de Ministros aceptara la petición de Juan March, pero se aprobó[28].

El 24 de febrero expiró el plazo de impugnación de la declaración de quiebra sin que la Barcelona Traction se personara. Los directivos argumentaron que no tuvieron noticias de lo que había ocurrido hasta que no recibieron una llamada telefónica de los gestores expulsados de sus puestos Después, cuando quisieron reaccionar, se encontraron con que al día siguiente de la quiebra un tal Francisco García Cid había interpuesto un recurso por incompetencia del Tribunal de Reus, paralizando así el proceso. Lo que parecía jugar a su favor se volvió en contra, puesto que, al pretender los abogados de la Barcelona Traction plantear su propio recurso, se les dijo que no podían hacerlo porque estaba pendiente la declinatoria de García Cid. Resultó ser también un hombre de March. Cuando retiró su demanda, justo al día siguiente de que se completara la ocupación de las compañías subsidiarias, el juez declaró expirado el plazo sin que la Barcelona Traction tuviera tiempo de presentarse. Eso dijeron sus directivos. Para quienes estaban en el lado contrario, la incomparecencia no era sino muestra de la debilidad de su posición y también de su prepotencia.

La única buena noticia que recibió la Barcelona Traction fue el nombramiento de un juez especial, aunque no se produjo hasta el 16 de abril por presión de los Gobiernos belga y canadiense. Para entonces, el juez depositario de la quiebra había dictado auto de procesamiento contra el presidente y el tesorero de Riegos y Fuerza del Ebro por evasión injustificada de dinero, y había pedido al juez de delitos monetarios que exigiera responsabilidades subsidiarias a la propia compañía. Las noticias, aunque esperadas, provocaron una conmoción en la City londinense, en las bolsas suizas e incluso el encargado de negocios norteamericano advirtió de los efectos negativos que la decisión tendría en la banca y en los círculos financieros de su país. La reacción en Londres se veía atemperada, sin embargo, por la preocupación de que aparecieran documentos sobre la salida de divisas durante la reciente guerra mundial, que calculaban en cien millones de pesetas y sobre la que, efectivamente, apareció correspondencia. Juan March, buen conocedor de aquellos movimientos porque había sido parte interesada de ellos, se había comprometido con los británicos a no utilizar su información.

En el Parlamento belga se pidió la intervención del Gobierno y el embajador español en Bruselas temió por las negociaciones del nuevo convenio entre ambos países. El Gobierno belga y el canadiense denunciaron la declaración de quiebra por ausencia de notificación previa e incompetencia de los tribunales españoles. El juez español de delitos monetarios, por su parte, informó a Suanzes, para que éste a su vez se lo comunicara a Franco, de que en sus primeras averiguaciones podía constatar que eran cuarenta los millones desaparecidos de los libros de contabilidad. Le dijo también que había decretado busca y captura de los directivos desaparecidos, que había fijado en 400 millones la garantía de la que debían responder subsidiariamente sus sociedades y había decretado el embargo de bienes de Ebro por aquel valor. La nota del Gobierno belga no recibió contestación hasta tres meses más tarde: el Gobierno español no podía intervenir porque el asunto estaba bajo la «rectitud y competencia de los tribunales»[29].

March y sus múltiples testaferros y abogados fueron planteando toda suerte de recursos que dilataron el proceso mientras cumplía con lo prometido al Gobierno. Bajo sus auspicios se celebró el 8 de abril la asamblea de obligacionistas en Londres, a la que asistió como portavoz Carlos Montañés para negar que los ingresos o los depósitos de la compañía fueran suficientes para satisfacer sus deudas. El problema no era, por tanto, la negación de divisas. Se acordó nombrar un comité de defensa de los intereses de los obligacionistas en el que estaban, entre otros, Juan March Servera, el primogénito de Juan March; Julio López Oliván, el diplomático español y registrador del Tribunal Internacional de La Haya, conocido de March de sus años de militancia en defensa de Juan de Borbón; Alan Hillgarth, el exagregado de la embajada británica en Madrid y ahora director de Helvetia Finance, una compañía creada por Juan March ex profeso para la compra de obligaciones de la Barcelona Traction, y C. H. Kleinwort, uno de los socios del banco Kleinwort con el que March seguía trabajando en Londres. Constituían un buen compendio de las relaciones que había ido tejiendo en los últimos años. Tanto la BBC como la prensa británica —el Financial Times, el Time y Daily Telegraph— se hicieron eco de la reunión y de sus decisiones. March llegó también a un acuerdo con los tenedores franceses de títulos. Quedaban pendientes los 2,6 millones de obligaciones en libras que tenía el Westminster Bank. El mallorquín había tranquilizado por escrito también al ministro de Justicia, Raimundo Fernández Cuesta: la totalidad de los créditos de la Barcelona Traction estarían pronto en unas solas manos, las suyas, y se había nombrado un comité de gran prestigio en la City. Había cumplido con creces su compromiso trayendo el asunto al alcance del Gobierno «para conseguir la desaparición de este enclave extranjero»[30].

El Gobierno español seguía acuciado por la escasez de divisas. El 4 de mayo de 1948 se publicó una ley que obligaba a los ciudadanos a declarar los valores, bienes y divisas extranjeras que tuvieran. March declaró 1.000 acciones de las series A, B y C, y 20.000 de la serie E de la CHADE; y un «mínimo» de un millón de libras en obligaciones de la Barcelona Traction adquiridas a través de organizaciones comerciales en el extranjero, «cuya existencia alguna de ellas tiene más de treinta años», dentro del grupo internacional constituido en Londres para la adquisición de valores de dicha sociedad canadiense. March afirmaba al final de su declaración que la compra tenía como objeto la «nacionalización de los negocios eléctricos actualmente pertenecientes a extranjeros que, en su oportunidad, serán sometidos a la aprobación de las autoridades económico-financieras de España». Estaba seguro de que merecía «la elevada consideración del Gobierno español». Recibida la declaración, el IEME le pidió que depositara en la Société de Banque Suisse las 21.000 acciones de CHADE a nombre del Instituto, cosa que hizo inmediatamente. Juan March dejó bien claro, sin embargo, que no tenía obligación de hacerlo por su condición de residente en el extranjero. De hecho, su declaración estaba presentada y sellada en el consulado español en Ginebra[31].

Juan March pasaba temporadas en aquella ciudad. Vivía en el Hotel des Bergues, donde se alojaban también su médico, su administrador, su chófer y su mayordomo. Allí recibía sus visitas y dedicaba la mayor parte de su tiempo al asunto de la Barcelona Traction. Allí se reunió, en el mes de mayo, con Wilmers. Éste encontró al financiero mallorquín satisfecho de la manera en que había llevado hasta entonces el proceso. Parecía dispuesto a negociar, según entendió Wilmers, que trasladó después a Heineman, en conferencia telefónica, una nueva oferta de March: dos millones de libras y el 25 por 100 de una nueva compañía a la que pertenecerían el conjunto de las propiedades de la Barcelona Traction. Siempre según Wilmers, Heineman aceptó, pese a la humillación que suponía la propuesta, pero entonces March puso como condición que se le concediera el derecho a nombrar a la mayoría de los directores de la CHADE. Por ahí no iba a pasar Heineman. A finales de aquel mismo mes de mayo, volvieron a verse, esta vez en la casa de Juan March en Madrid, de la que presumió ante su invitado diciéndole que el Gobierno argentino había querido comprársela por cien millones de pesetas. No hubo novedades sobre la Barcelona Traction[32].

Los norteamericanos Perry George y Donald Duncan escribieron a Suanzes para que recibiera una delegación de directivos extranjeros de la compañía, pero tras la entrevista el ministro les comunicó que las posturas estaban todavía demasiado alejadas. Fracasada la última mediación de los norteamericanos, Heineman decidió asumir personalmente las negociaciones y se trasladó a Madrid. Ofreció pactar a la vez la solución de los conflictos de la CHADE y de la Barcelona Traction. Pidió un período transitorio de tres años para que la CHADE procediera a disolver todas las sociedades intermedias, y solicitó un «régimen jurídico especial» durante ese tiempo, así como la aplicación de los beneficios fiscales de que venían disfrutando. La propuesta fue a Consejo de Ministros el 22 de julio con un informe absolutamente contrario de la comisión investigadora. Fue rechazado. La segunda propuesta, cuatro días más tarde, no tuvo mejor suerte. En relación con la CHADE, como dejó constancia por escrito Heineman después de una conversación con el ministro, creía posible llegar a un modus vivendi mientras se procedía a la disolución de las sociedades holding, siempre que el pago de los impuestos de liquidación satisficiera al fisco español. La solución dependería, por tanto, de la estructura financiera que se le diera a ésta y del valor que se atribuyera a sus acciones. Estaba dispuesto a atender los «deseos del Gobierno». Propuso la entrega de acciones de la Barcelona Traction, una vez nacionalizada, a cambio del pago de impuestos de la CHADE. Valoraba el activo de la Canadiense en 3.000 millones de pesetas, aunque estaba seguro de que aquel a quien el ministro había llamado «su amigo», es decir, Juan March, la consideraría una valoración muy elevada puesto que esperaba ganar con la operación 1.500 millones. Heineman exigía la retirada de la declaración de quiebra y de cualquier posibilidad de sanción[33].

Ni por el tono, ni por el contenido, ni por las alusiones, semejante propuesta tenía posibilidad de satisfacer a Suanzes, que no se privó de manifestar su extremado disgusto. Juan March le había servido una vez más los argumentos en su declaración ante la comisión de investigación sobre la CHADE. Era totalmente improcedente vincular ambas cuestiones porque lo único que haría sería reforzar el poder de SOFINA. March, efectivamente, valoraba la Barcelona Traction en unos mil millones de pesetas. Él poseía ya la mayoría de las obligaciones: 2.400.000 de libras de un total de 4.200.000 en circulación. El importe de esas obligaciones con sus intereses atrasados alcanzaba en números redondos los diez millones de libras. Ésa era la deuda de la Canadiense. La cotización de las acciones era de dos dólares por acción, sin que a este precio existieran compradores. El único procedimiento que existía para nacionalizar la compañía era constituir en Londres un sindicato de banqueros que la comprara en subasta pública, pagando a los obligacionistas y, una vez liquidados éstos, la cediera a los grupos españoles interesados. En cuanto a la CHADE, él era el accionista individual más fuerte ya que poseía 5.000 acciones que había traído a España para que corrieran la misma suerte que los de los demás. Existía, además, la posibilidad de un entendimiento con el grupo suizo. March calculaba el valor de la CHADE en 800 millones de pesos y reiteraba su ofrecimiento de pagar a los accionistas españoles los dividendos de sus acciones durante un plazo de cinco años. Eso venía a suponer una cifra de 100 millones de pesetas, muestra de su confianza absoluta en un resultado final favorable. Se comprometía a no concertar ninguna fórmula de arreglo sin contar previamente con la autorización del Gobierno. No le guiaba ningún móvil económico, sino simplemente el de «prestar un servicio a España». Aceptaba de antemano cualesquiera condiciones económicas que se fijaran para llevar a cabo la nacionalización y consiguientemente la parte de beneficio que a él le pueda corresponder. También en relación con la CHADE, March se comprometió a someter previamente al Gobierno cuantas iniciativas pudiera emprender en defensa de unos accionistas muy perjudicados por la actuación de los grupos mayoritarios extranjeros[34].

Pocos días más tarde, Suanzes despachó con el jefe del Estado en su residencia de verano en Galicia, el pazo de Meirás, con la declaración de Juan March en la mano. Franco se mostró totalmente conforme con la opinión del ministro, que llevó al siguiente consejo una contestación negativa a la propuesta de Heineman. Conforme al borrador de informe de la comisión de investigación, el consejo acordó considerar a la CHADE en proceso de disolución después de la transferencia de la totalidad de su activo y el canje de acciones por las de SODEC. Había sido una decisión totalmente ajena al Gobierno de España y voluntariamente provocada. Según las leyes españolas, ponía fin a los beneficios fiscales de que había disfrutado la CHADE. Había que iniciar la tramitación necesaria para la liquidación de los impuestos.

Suanzes, en una larga carta remitida a Heineman, le comunicó en términos muy duros la «deplorable impresión» que le había producido la misiva con la que acompañó su propuesta, después de toda una serie de conversaciones que él había aceptado por cortesía, no porque necesitara explicaciones sobre una cuestión bien clara. Siempre había lamentado la campaña en la que se había atribuido temerariamente a la Administración española objetivos incompatibles con su tradicional respeto a los intereses extranjeros. A la vista de las leyes españolas vigentes, sólo cabían dos soluciones: el restablecimiento de la CHADE en España en plena normalidad y uso de sus facultades, o su disolución en forma legal y liquidación de todos los impuestos. La primera sería no sólo satisfactoria, sino lógica y conveniente. Por todo ello se había rechazado la primera propuesta. La segunda era rechazable por los mismos motivos, pero merecía un comentario añadido: no se trataba de «dar satisfacción al Gobierno» sino de cumplir la legalidad, y si la CHADE no estaba en condiciones de soportar la carga, como reconocía Heineman, habría que explicar por qué se había llegado a esa situación. De su activo y su pasivo resultaba imposible deducir su situación real. «Crea Vd., Sr. Heineman, concluía Suanzes su carta, que ha sido para mí una verdadera desilusión el recibir estas propuestas cuando, teniendo en cuenta su gran inteligencia y después de las varias horas utilizadas en nuestras conversaciones, tenía derecho a esperar que habría sido bien comprendida por Vd. toda la elevada intención, integridad y firmeza de propósitos y actuaciones y deducido, en consecuencia, la necesidad de ofrecer, en cualquier caso, soluciones viables y atendibles»[35].

Se cerró la puerta, pues, a cualquier acuerdo vinculante entre ambas compañías. La decisión del Consejo de Ministros de declarar disuelta la CHADE volvió a desencadenar toda suerte de comentarios, presiones y de campañas de prensa, además de un conflicto irresoluble en el Consejo de Administración de la compañía. Lo más grave, sin embargo, era que no se había comunicado oficialmente la disolución y, lo que era peor, que el Consejo de Ministros no podía decretarla ya que ésta era una decisión privativa de sus accionistas y órganos directivos. Fue March quien dio la señal de alarma. La precipitación trató de subsanarse convocando una junta de accionistas para enero de 1949, y aclarando que lo decidido por el Consejo de Ministros era una disolución a «efectos fiscales», es decir, una reclamación de pago de impuestos. El marqués de Foronda, que había aceptado la presidencia de la compañía para tratar de facilitar un acuerdo entre los consejeros españoles y los extranjeros, trató de convencer al más sensible ministro de Hacienda, Joaquín Benjumea, para que intercediera y se dejara en suspenso la exigencia del pago, que causaría profundos perjuicios a la compañía y a los accionistas. Benjumea habló con Suanzes pero, ante la firmeza del ministro de Industria, contestó a Foronda que era éste quien debía darle respuesta. Suanzes se lo aclaró por escrito: el acuerdo de disolución de la sociedad era competencia exclusiva y excluyente de sus socios, y en su caso de los tribunales, pero la transferencia de activos y el canje de acciones equivalían a la «cesación» de la empresa en España y obligaban a considerarla «en estado de disolución, naturalmente a efectos fiscales». De acuerdo con ello, el Consejo de Ministros había acordado la práctica de las liquidaciones correspondientes[36].

A lo largo del año se vivieron distintos episodios en el enfrentamiento entre los consejeros españoles y extranjeros de la CHADE, desencuentros entre el ministro de Hacienda y el de Industria y Comercio, y apelaciones al juzgado. Después de que Suanzes recibiera el cálculo de los impuestos que CHADE debería pagar por su liquidación —370 millones de pesetas, le dijeron—, el 31 de mayo se hizo público el informe de la comisión de investigación nombrada por efecto de la ley de 1947. Era un texto de trescientas páginas en el que se recogían declaraciones exculpatorias de los consejeros españoles, pero que concluía con una condena en toda regla de las actuaciones acordadas en los años treinta, consideradas como subterfugios para eludir el ordenamiento jurídico español o cualquier otro. No cabía admitir como justificación la guerra civil y la guerra mundial, cuyos efectos, en todo caso, habían dejado de existir en 1945. Había que someter a junta de accionistas todas las decisiones adoptadas desde 1936 y existían responsabilidades propias de la legislación penal ordinaria, de la legislación en materia de divisas y también responsabilidades administrativas. Debía trasladarse todo al Tribunal Supremo, al Instituto Español de Delitos Monetarios y, en su caso, al Juzgado de Delitos Monetarios. El informe proponía la máxima pena administrativa a los consejeros extranjeros, declarándoles incapaces para puestos de gestión o dirección de sociedades españolas[37].

Los últimos intentos de llegar a acuerdos fueron inútiles. Uno de los consejeros españoles, José Luis de Achústegui, decidió «pasar a la acción» y, por consejo de Suanzes y con el apoyo del Banco Central y de Juan March, recurrió al juzgado para que convocara junta de accionistas. Se celebró en septiembre, presidida por el juez de primera instancia. Habían dimitido los consejeros que cumplían cuatro años: el marqués de Foronda, el duque de Alba, Jaime Gómez Acebo, Emilio Roy y el duque de la Seo de Urgel. Pablo Garnica, en nombre de los que no cesaban, se sumó solidariamente a los que salían. Se nombró un nuevo consejo presidido por Ignacio Muñoz Rojas e integrado por ingenieros, directores de otras compañías nacionales y algunos catedráticos. El nuevo presidente no tardó en acusar la insostenible situación de los accionistas españoles que no habían canjeado sus títulos por los de SODEC, y que no cobraban ni sus intereses ni la amortización de sus títulos. Un año más tarde, el Banco de España tuvo que asumir el pago.

La CHADE había dejado de existir. La manera en que había ocurrido no favorecía en nada las relaciones económicas con los países que más interesaba fomentarlas, sobre todo con Estados Unidos. José Félix de Lequerica, tras su paso por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1944, había sido enviado a Washington como «inspector de embajadas, legaciones y consulados», con la misión de desbrozar el camino de unas relaciones cada vez más importantes para la economía española. Llevaba tiempo enviando informes alarmantes sobre las repercusiones negativas del asunto Barcelona Traction-CHADE. Aunque los intereses directos de los estadounidenses en el asunto eran poco significativos, decía, en los círculos económicos en los que procuraba moverse y en los que Heineman era un personaje reconocido, se prestaba oídos a las acusaciones de parcialidad contra el Gobierno español y sus connivencias con Juan March. A finales de noviembre de 1948, fracasados los últimos intentos de compromiso, Lequerica le contaba al ministro de Exteriores que había estado con Heineman, en Nueva York. Tenía ya setenta y seis años, estaba cansado y enfermo pero también herido en su orgullo y muy dolido con el Gobierno español. Sus opiniones podían tener repercusiones muy negativas, ya que la reciente victoria de los demócratas en aquel país le permitía mayor influencia. Presumía de su relación familiar «indirecta» con el general Marshall, de su ascendiente en el Departamento de Estado y de su proximidad al presidente Truman. «Puedo hacer mucho por España si el Gobierno español me hace justicia», le dijo al despedirle. Lequerica recomendaba que, sin alterar la línea del Gobierno y sin hacer depender de ello las relaciones con Estados Unidos, se procurara guardar «cierta consideración» a quien tanto podía ayudarles[38].

La misiva de Lequerica fue llevada por Martín Artajo a Consejo de Ministros el 17 de diciembre, pero prevaleció la opinión de Suanzes. Se contestó a Lequerica que no era posible acceder a una propuesta que se calificaba «de tipo colonial». Pese a ello, todavía insistió aquél desde Washington sobre una posible visita negociadora a España de Messermith, exembajador norteamericano en Buenos Aires, muy próximo al presidente Truman y a la sazón encargado de los negocios petrolíferos de Heineman. Lequerica estaba convencido de que, pese a lo «dolidísimo» que estaba Heineman, había posibilidades de llegar a un acuerdo que podría suponer ayudas económicas de los grupos financieros que controlaba. La CHADE podía volver a España como una sociedad de crédito industrial que prestaría inmediatamente apoyo a la reconstrucción española, aprovechándose además para «romper el muro de hielo» en la negociación del empréstito norteamericano que por entonces se buscaba con enorme interés por el Gobierno español. Tampoco esta vez consiguió Lequerica el visto bueno del Gobierno. La CHADE se liquidó y en Washington se condenó la actuación del Gobierno español contra una compañía que había sido «magnífico ejemplo de cooperación internacional». La decisión de instalar su sede en España había reportado al país más de cien millones de dólares sin que hubiera ganado ni una sola peseta en España. Con la ley de julio de 1947, el Gobierno de Franco le había asestado un golpe mortal. El inquietante tratamiento a CHADE en España no era sólo disuasorio para futuras inversiones en España, sino que tenía «efectos adversos en el clima internacional inversor en general»[39].

El malestar por la liquidación de la CHADE venía a sumarse a la inquietud creada por el proceso abierto a la Barcelona Traction, cuya lentitud y complejidad sembraban también de incertidumbre la posible inversión de capitales en España. La campaña de prensa alentada por la compañía eléctrica llegaba en el peor momento por la escasez de divisas en el país y la urgencia de conseguir créditos en el exterior. Sobre la mesa de Suanzes se amontonaban las traducciones de artículos aparecidos en muy distintos periódicos extranjeros. Juan March aparecía como el gran magnate en la sombra que dictaba sus decisiones al Gobierno español. Los peritos del juzgado especial, sin embargo, le remitían informes en los que se denunciaban los juegos contables del grupo de la Barcelona Traction y la salida de España de cantidades importantes de dinero sin justificación posible. A finales de julio de 1949, Martín Artajo recibió una nota verbal del Gobierno norteamericano protestando contra el trato dado a la compañía eléctrica, con el consiguiente «efecto adverso» en medios bancarios e inversores. Los Gobiernos del Reino Unido, de Canadá, de Estados Unidos y de Bélgica dirigieron sus protestas al mismo ministro por el impasse en que se encontraba el asunto, y trataron de llegar directamente a Carrero Blanco y al propio Franco. En Canadá se nombró un receiver (síndico) de los accionistas de la Barcelona Traction, J. G. Glassco, que viajó a Bruselas y se reunió con directivos de la compañía y con el Gobierno belga. De ahí surgió la idea de formar una comisión internacional con representación de Bélgica, Canadá y Estados Unidos, y quizás de Gran Bretaña y España. Examinaría el estado de la cuestión y hasta que no llegara a conclusiones se impediría cualquier venta de bienes[40].

Juan March tenía noticias de todo. Ya había criticado ante Suanzes la «debilidad» de Lequerica y su vergonzosa incapacidad para defender los verdaderos intereses de España. Ahora se trataba de evitar la iniciativa internacional o, en caso necesario, de anticiparse a ella. Fue su penúltima batalla. Maniobró con el ministro Suanzes, reiterando sus compromisos y achacando toda la responsabilidad al grupo de la Barcelona Traction. Volvió a asegurarle que el Gobierno británico había apoyado siempre a los acreedores y al Gobierno español, que el Tesoro de aquel país nunca se había prestado a secundar las gestiones diplomáticas y que apoyaría la concesión de créditos importantes a España por parte de Estados Unidos. También se ocupó de neutralizar las prisas del Foreign Office, que ya no podía soportar la presión, y utilizó para ello al Tesoro británico, al que prometió el reembolso regular de las obligaciones en libras «de sus propios y abundantes recursos». La contra propuesta de March fue crear una comisión internacional de expertos más controlable, con presencia de delegados canadienses y británicos junto con los españoles, pero excluyendo al país más beligerante en aquellos momentos, Bélgica. Suanzes la llevó a Consejo de Ministros el 10 de marzo de 1950 y España consiguió adelantarse a la iniciativa canadiense. March se comprometió a no precipitar ninguna salida[41].

La comisión comenzó a trabajar en junio de 1950 y, mientras tanto, el receiver canadiense intentó reunir otra vez a Heineman y a March, buscando un nuevo acuerdo. Juan March tenía que mostrarse siempre dispuesto a la negociación, y lo hizo, aunque su objetivo era bien distinto: llegar a la subasta pública. Heineman, por su parte, estaba convencido de que el resultado del trabajo de la comisión obligaría a España a dar marcha atrás. De todas maneras, los intentos continuaron mientras los expertos trabajaban. Éstos eran sólo aparentemente independientes. Los dos españoles eran Ángel Andany, del Instituto Español de Censores Jurados de Cuentas, un hombre de confianza de March, y Juan Manuel Rozas Eguiburu, censor jurado de cuentas, muy próximo a Suanzes. El canadiense H. G. Norman, de Price, Waterhouse & Co, estaba a sueldo del National Trust de aquel país y el Tesoro británico intervino muy directamente en el quehacer del experto de su país, F. W. Charles, de Peat, Marwick Mitchell & Co.

Después de meses de trabajo, había un profundo desencuentro, las reuniones se interrumpieron y reanudaron sus trabajos en marzo de 1951. Los auditores españoles querían entrar a fondo en la contabilidad de la compañía para demostrar sus comportamientos irregulares y su posición deudora respecto a la economía española. Para ello contaban con el voluminoso estudio realizado por Ángel Andany. Los expertos extranjeros, por su parte, orientaban su trabajo fundamentalmente a valorar en libras el patrimonio de la Barcelona Traction, y afirmaban que no les incumbía entrar en la manera en que obtuvo sus capitales en el mercado internacional ni en los arreglos sucesivos con los obligacionistas. La profusa utilización de términos como «fraude» o «engaño» no era propio de una comisión de profesores mercantiles o expertos financieros como eran ellos. Los dictámenes de unos y otros discreparon[42].

Gran Bretaña se inclinó finalmente por una declaración conjunta que evitara la publicación indiscriminada de informes cuya utilización no querían. Pensaban que la investigación «resultaba en muchos sentidos un triunfo para el Gobierno español y para March». La declaración dejaría abierta la posibilidad de un acuerdo entre las partes. Los españoles querían algo muy distinto: una justificación pública de la actuación de la Administración que dejara la puerta abierta a la subasta. El 11 de junio de 1951, a las siete y media de la tarde, se reunieron con Suanzes el embajador británico, John Balfour; Henry Eggers, en representación del Tesoro del mismo país; E. A. Cote, delegado del Gobierno canadiense, y Jaime Alba, encargado de negocios en la embajada española en Londres. El ministro salió exultante. Al día siguiente, la declaración conjunta se convirtió en un acta tripartita firmada por los Gobiernos español, británico y canadiense. En su primer punto se reconocía que la compañía no había proporcionado la información que en su momento se le solicitó y que por ello estaba justificada la negativa del Gobierno español a proporcionarle divisas. Británicos y canadienses se daban por enterados de que no se proporcionarían divisas en el futuro mientras no se regularizara la situación, así como de la voluntad española de que se sustanciasen los procedimientos para exigir las responsabilidades derivadas de «irregularidades de todo orden», apreciadas en la actuación del grupo de compañías. Sin perjuicio de ello, España se comprometía a velar por la protección de los intereses legítimos afectados por dicha conducta y consideraba inadmisible la intervención en asuntos que cabía dirimir entre las partes dentro de la normativa vigente[43].

Fue un triunfo en toda regla, reconocido por la prensa nacional e internacional. Alguno achacó a la falta de pericia del embajador británico el que estampara su firma al final del documento. Pero ya estaba hecho. Suanzes recibió toda suerte de felicitaciones y pudo informar al Consejo de Ministros que había quedado claro el comportamiento irreprochable de España, su compromiso y la garantía de absoluto respeto a la inversión extranjera. Para mayor tranquilidad de los ministros de Hacienda y de Justicia, pero también para que pudieran deducir las responsabilidades pertinentes, les remitió copia del informe de los expertos españoles.

Mientras la Barcelona Traction clamaba que se habían violado los principios más elementales de la justicia, Juan March tomaba el té con el embajador inglés y con Eggers, que le preguntaron por sus intenciones. Les respondió que sólo cabían dos salidas: o la compañía cumplía sus compromisos con los obligacionistas o éstos acelerarían el procedimiento para la venta. Cuando March hablaba de los obligacionistas, estaba hablando de sí mismo. De hecho, mientras la comisión internacional de expertos trabajaba, March cerró la compra de las obligaciones emitidas en pesetas que estaban en manos del Westminster Bank de Londres. En febrero había ya informado de sus intenciones al IEME: el banco británico había decidido la cancelación y recogida de las obligaciones por valor de casi 62 millones de pesetas (2.640.000 libras). Éstas serían obtenidas por March mediante la venta de dólares americanos en la Bolsa de Madrid e ingresadas en el Westminster, según comunicó en el mes de marzo el Tesoro británico al IEME, solicitando su conformidad. El Instituto acogió como muy buena noticia la entrada de los dólares y dijo que no tenía nada que objetar a que tenedores españoles de títulos extranjeros los introdujeran en España, como era el caso. En agosto, es decir, después de la firma del acta tripartita, el IEME dio su autorización para la adquisición de las pesetas y para la entrada en España de las obligaciones. El 26 de noviembre, March comunicaba al Instituto que la cancelación y retirada de los títulos estaba siendo efectuada con toda normalidad por el Banco Central en Barcelona, designado por el Westminster para llevar a cabo la operación y, además, que la provisión de dólares había sido hecha por la Société de Banque Suisse de Ginebra. El Westminster le había hecho entrega de resguardos provisionales que serían canjeados por los originales depositados en Suiza para ser introducidos en España, momento en el que se comunicaría los nombres de los tenedores. Con aquella compra, Juan March había puesto fin a su objetivo de convertirse en el mayor acreedor de la Barcelona Traction[44].

El escenario para proceder al anuncio de la subasta estaba preparado. Una de las últimas operaciones, a finales de junio, había sido el aviso de que las acciones de la Barcelona Traction depositadas físicamente en Canadá quedaban anuladas y sustituidas por una emisión de títulos en España. El 13 de agosto, los síndicos de la quiebra solicitaron al juzgado la venta de los bienes de la quiebra y dos semanas más tarde el juez especial accedió a la petición y ordenó la tasación previa. A finales de septiembre, Juan March fue llamado a Londres, donde fue recibido amistosamente en el Tesoro. Se le pidió que pusiera por escrito su voluntad de seguir abierto a la negociación. La nota que la Barcelona Traction había hecho pública mostrando su asombro e indignación por el acta tripartita no había sentado nada bien en Londres. La compañía no reconocía más irregularidades que las transferencias de fondos en los años cuarenta, durante la guerra mundial, a petición del Gobierno británico, sin conocimiento del español. Después de aquello, March podía seguir confiando en el apoyo del Tesoro británico, aunque el cambio de Gobierno en Gran Bretaña al mes siguiente le provocó alguna inquietud. El 22 de diciembre, el nuevo Gobierno laborista de Londres envió una nota protestando por el «uso injustificable» que se había dado al acta tripartita[45].

Ya se había hecho pública la convocatoria de subasta de la Barcelona Traction para el 4 de enero de 1952. En el pliego de condiciones, el precio de las acciones se había fijado en un mínimo de diez millones de pesetas. El comprador tenía la obligación de asumir el pago del principal y también de los intereses de las obligaciones en libras esterlinas en un plazo de noventa días. Cabía la posibilidad de que los fideicomisarios decidieran posteriormente otras condiciones a cumplir por el comprador para que la venta se cerrara. Para quienes conocían el proceso, todo el pliego llevaba el sello de Juan March. En su nota de diciembre, el Gobierno británico había afirmado que quedaban muchos extremos sin aclarar, como era el caso de la duplicación de las acciones. Si se llevaba a cabo la subasta en los términos anunciados se cometería una «grave injusticia». March fue llamado de nuevo a Londres, pero sus explicaciones ante el Tesoro volvieron a recibir su confianza. Incluso se le autorizó la salida de obligaciones domiciliadas en Gran Bretaña para presentarlas ante los tribunales españoles, con la condición de que luego volvieran. No fue el único favor que le hicieron. Tras la adjudicación pudo ahorrarse una buena suma en impuestos en aquel país al permitírsele el traspaso de títulos a la compañía adjudicataria de la subasta desde una Sociedad Financiera Anglo Tangerina que, a su vez, las había adquirido de Helvetia, ambas sociedades de Juan March[46].

De todas maneras, el revuelo causado por el anuncio de la subasta y la actitud del nuevo Gobierno británico le obligaron a emplearse a fondo para garantizar el apoyo final del Gobierno español. En julio de 1951 se había producido también un importante cambio de Gobierno de España. Juan Antonio Suanzes fue sustituido por dos ministros, Joaquín Planell en Industria y Manuel Arburúa en Comercio. Era el principio del fin de la autarquía. El cambio perseguía mandar señales positivas a las grandes potencias, muy especialmente a Estados Unidos, en relación con una mayor apertura y flexibilidad en la política económica española. La necesidad de acceder a los mercados crediticios internacionales era prioritaria para hacer frente a las enormes dificultades por las que atravesaba el país. La urgencia de romper el aislamiento había llevado a la diplomacia española a jugar sus bazas de abanderada del anticomunismo en la nueva escena internacional desencadenada por el triunfo de la revolución en China y la guerra de Corea. La amenaza de un nuevo conflicto mundial no se confirmó, pero comenzaba la guerra fría y la España de Franco buscó su acercamiento al bloque occidental. En marzo de 1951 había presentado sus credenciales en Madrid el primer embajador norteamericano, Stanton Griffis, en una ceremonia grandiosa. Las negociaciones que culminarían en la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos meses más tarde entraron en su recta final.

Con aquel cambio de Gobierno, Juan March perdió a Juan Antonio Suanzes, su principal adalid en todo el intrincado proceso de la disolución de la CHADE y la quiebra de la Barcelona Traction. Necesitaba poner al día al nuevo responsable ministerial y, al mismo tiempo, suavizar la apariencia de enfrentamiento con intereses internacionales. Le contó a Arburua cuál había sido la actitud constante del Gobierno español, la campaña internacional de injurias y el «magnífico éxito» que había supuesto el acta tripartita de aquel mes de junio. Reiteró su permanente disposición a acatar lo que dispusiera el Gobierno. Le explicó también las «generosas» condiciones en que se anunciaba la subasta del 4 de enero al otorgar a la Barcelona Traction un plazo de nueve días para acudir al rescate en las mismas condiciones presentadas por el mejor postor. Le puso al corriente, enviándole también copia a Suanzes, de la constitución, el 31 de diciembre de 1951, de la compañía Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA), con la colaboración, junto a la Banca March, de un grupo de bancos con intereses en el sector: el Banco Central, el Pastor, el de Aragón, el Santander y el Banco de Valencia. Su único objetivo era concurrir a la licitación pero, como siempre había sostenido, la última palabra la tendría el caudillo: podía decidirse la estatificación de FECSA una vez cumplida la subasta pero, de no hacerse así, las acciones de la nueva sociedad se distribuirían entre el ahorro español[47].

La subasta tuvo lugar el 4 de enero y el único postor fue FECSA, es decir, Juan March. Ese mismo día, Antonio Rodríguez Sastre, consejero secretario de FECSA, comunicó a los directivos de SOFINA la adjudicación, su derecho de presentarse en igualdad de condiciones y la ampliación del plazo hasta finales de mes. Barcelona Traction rechazó la oferta utilizando los argumentos habituales acerca de la sucesión de ilegalidades que había presidido todo el proceso, e insistiendo en que la única causa había sido la negativa del Gobierno español a proporcionar las divisas solicitadas. Su protesta no tuvo el eco que esperaban. Aquellos que vaticinaron que el «audaz nacionalismo» de la actuación española redundaría en una retirada de capitales de España se equivocaron. El Congreso norteamericano aprobó un crédito de cien millones de dólares para asistencia técnica, económica y militar para España. La diplomacia política comenzó a retirarse del conflicto de la Barcelona Traction a medida que España rompía su aislamiento y empezaba a ser admitida como miembro de los organismos internacionales.

Juan March había pagado diez millones de pesetas por una compañía que él mismo valoraba en mil quinientos y Heineman en más de tres mil. La obligación de atender a la deuda acumulada con los acreedores se diluía puesto que era él mismo el mayor de ellos. Había empleado esfuerzo, mucho tiempo y también recursos en aquel largo pleito, pero había ganado. Todavía se apuntó otro tanto cuando, por fin, el Juzgado de Delitos Monetarios emitió sentencia por fraude fiscal contra los gestores de la Barcelona Traction. Los consejeros españoles fueron absueltos y los extranjeros fueron condenados a pagar una multa de 66.635.948 pesetas. Tras el reconocimiento de su insolvencia, FECSA fue declarada responsable subsidiaria. La exculpación de los consejeros españoles y la cuantía de la multa, muy por debajo de la cifra de 400 millones que se había barajado durante todo el proceso, provocó una durísima reacción del exministro Juan Antonio Suanzes, quien, tras abandonar su cartera, había vuelto a ocupar la presidencia del Instituto Nacional de Industria. La multa le pareció «irrisoria», justificable sólo si la empresa se hubiera nacionalizado, como reiteradamente había asegurado Juan March que era su intención. Si la empresa adjudicataria conservaba la propiedad, no cabía más conclusión que las cifras de las que se había hablado sólo habían tenido por objetivo rebajar el tipo de salida de la subasta. Suanzes estaba indignado. Si se había probado que el delito de fraude cometido por la Barcelona Traction era de 33 millones de pesetas y la ley preveía la posibilidad de una sanción de hasta diez veces la cantidad, ¿qué razones había habido para dejarla en el doble? ¿Qué habría pasado si la sentencia hubiera precedido a la subasta o si SOFINA hubiera ejercido el derecho de opción? ¿Habría sido mayor? No cabía aducir que el juez no quería perjudicar a una compañía que era ya española. No había tenido en cuenta los perjuicios causados al Tesoro. El Gobierno había permanecido al margen de las actuaciones judiciales en aquel proceso porque había estado convencido de estar defendiendo los intereses nacionales, no los de una compañía particular. La sentencia era, en opinión de Suanzes, «injusta, incomprensible, repudiable y altamente lesiva para el Erario nacional y en igual medida, extraordinariamente beneficiosa, en definitiva para una sola persona española, el señor March», que pagaba 264 millones menos: la diferencia entre la multa máxima y la efectiva. La indignación de Juan Antonio Suanzes provocó un enfriamiento de su relación con Juan March[48].

Se equivocaron otra vez los directivos de SOFINA y de la Barcelona Traction que creyeron ver en la reacción de Suanzes una caída en desgracia de Juan March. No hubo recurso oficial. Apelaron entonces a Ramón Serrano Súñer, el otrora poderoso cuñadísimo, retirado de la vida política pero al frente de un importante despacho de abogados. Pidió la anulación de las actuaciones siguientes a la subasta. No lo consiguió. Recurrió y el asunto terminó en una audiencia especial de la Sala de Justicia de Barcelona. Serrano Súñer lanzó una encendida diatriba pidiendo la recusación de los jueces que habían intervenido en el proceso llevados de un «patriotismo erróneo» y dejando a la justicia española en una penosa situación ante los ojos del mundo. Le respondió Rodríguez Sastre y el fallo fue contrario a la Barcelona Traction[49].

No cejaron en el empeño y trataron de acceder directamente a Franco. Lo hicieron Charles Wilmers, en quien a aquellas alturas Heineman había delegado totalmente, y Arthur H. Dean, una importante figura política norteamericana que había representado a su país y a otras dieciséis naciones en las negociaciones que pusieron fin a la guerra de Corea. André Meyer, consejero de SOFINA, y David Rockefeller, vicepresidente del Chase National Bank, le habían pedido que intentara una mediación en el asunto de la Barcelona Traction. Dean viajó a Bruselas y luego a Madrid. Junto con Wilmers, se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, Martin Artajo, quien les concertó una audiencia con el jefe del Estado, el 21 de julio de 1954, en el palacio del Pardo. Dean rompió el hielo contándole sus negociaciones para la paz en Corea, y Franco pareció interesado. El jefe del Estado habló después casi una hora. Dean planteó por fin el asunto de la Barcelona Traction y le dijo que el valor real de los activos adjudicados a FECSA por diez millones de pesetas excedía esa cantidad en varios miles de millones de pesetas. Al parecer, Franco le interrumpió y le hizo repetir las cifras. Wilmers insistió: estaban en la mejor disposición para llegar a un acuerdo de compromiso que permitiera al Estado español participar en la propiedad de la compañía, como muestra de su interés en el futuro de la economía española. Franco respondió fríamente que aquél era un asunto entre intereses privados y que, por desgracia, los directivos de la compañía no habían actuado inteligentemente. Eso fue todo[50].

SOFINA y la Barcelona Traction recurrieron a los más afamados abogados españoles del momento para que emitieran informes. Escribió sobre ello el exministro de Hacienda José Larraz, que guardó de aquel pleito el recuerdo más amargo. Le costó una campaña de prensa en contra, dentro y fuera del país. Como escribió en sus memorias, fue un caso de acumulación de las mayores infracciones al derecho de quiebras y una clara manipulación de la política de control de cambios que, mientras se utilizaba para negar divisas a la compañía eléctrica, miraba para otro lado cuando se trataba de las libras esterlinas que el «rematante» tenía en el extranjero. Fue, en opinión de Larraz, uno de los «affaires» del siglo que permitió a Juan March lucrarse con «miles de millones de pesetas». También levantó una polvareda en la prensa y en medios políticos y diplomáticos el informe del despacho de Garrigues Díaz Cañabate. Tras un concienzudo repaso de los precedentes, llegaba a la conclusión de que, como fruto de «tanta aberración jurídica», la sociedad rematante de la subasta había conseguido apropiarse de los ingentes bienes de la masa de la quiebra por un «precio irrisorio». Se había levantado una «inmensa barrera procesal, prácticamente inexpugnable, detrás de la cual se encuentra un fabuloso negocio». Con Garrigues, con Larraz y con Serrano Súñer se entrevistó Arthur Dean en su segundo viaje a Madrid, en el que pretendió, sin éxito, reunirse también con Juan March. Heineman había abandonado la batalla. Pero no consiguió ver a March, que contraatacó planteando a través de los síndicos de la quiebra un requerimiento notarial contra Garrigues recordando que era abogado de la CHADE. Le acusó, al igual que a Serrano Súñer, de dar argumentos al síndico de la Bolsa de Madrid, que venía dando largas a la salida a bolsa de las acciones de FECSA. March tuvo que recurrir al ministro de Hacienda para conseguirlo[51].

Una legión de abogados dirigidos por Antonio Rodríguez Sastre se movilizó dentro y fuera de España en defensa del proceso que había llevado de la quiebra a la subasta. Entraron en liza también José Luis Sureda, catedrático de economía política de la facultad de Derecho de Barcelona, y Fabián Estapé, catedrático a su vez de la facultad de Derecho de Zaragoza. En el exhaustivo estudio sobre la Barcelona Traction, Sureda se centró en el análisis de las complejidades del entramado empresarial internacional. Lo único que habían hecho las decisiones judiciales en relación con las filiales, sostuvo, había sido levantar «un velo ficticio». Fabián Estapé, por su parte, prestó especial atención a las relaciones del grupo con las autoridades españolas, rebatiendo los argumentos que había utilizado Larraz para criticar el acta tripartita. «No hay duda racional —afirmaba Estapé— de que los dirigentes de BT abusaron de la personalidad jurídica, burlando leyes, disimulando situaciones efectivas, evadiendo el pago de impuestos, creando deudas ficticias que permitían obtener transferencias de divisas, y que utilizando el abuso de la personalidad jurídica dejaron incompletas en numerosas ocasiones sus obligaciones ante terceros, ante sus acreedores obligacionistas». El 15 de abril de 1957 fue José María Gil Robles quien se pronunció. Aunque puntualizaba algunos extremos en relación con la forma de liquidación del pasivo de la Barcelona Traction, insistió en la coherencia del promotor de la quiebra frente a las vacilaciones y la ceremonia de la confusión creada por las campañas de la compañía. Anticipándose a lo que ya parecía inminente, negó el principio de indefensión alegado por la Barcelona Traction: no tenía sentido el recurso a la justicia internacional porque no se habían agotado las vías de la justicia interna y, además, la compañía no era belga, la mayoría del accionariado no era de ese país y, por tanto, el Gobierno belga no era competente como demandante[52].

En diciembre de 1955, España había sido admitida como miembro de Naciones Unidas y desapareció el último obstáculo para llevar el caso al Tribunal Internacional de La Haya. Hacía más de cuatro años que SOFINA venía intentando convencer al Gobierno belga para que lo hiciera. Utilizaron todos los medios, incluido el pago de 1,4 millones de francos a un director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel país que era, además, consejero de filiales de SOFINA. El soborno se conoció y las autoridades belgas llevaron ante los tribunales a Heineman, a Wilmers y a un tercer directivo de SOFINA. Heineman no pudo comparecer por razones de salud y su caso se abandonó. Wilmers y el otro directivo fueron condenados y luego exonerados. Wilmers dimitió en 1959. Unos meses antes, el 15 de septiembre de 1958, el Gobierno belga decidió finalmente llevar el asunto de la Barcelona Traction ante el Tribunal de La Haya. Se acusaba al Gobierno español, entre otras cosas, de haber usurpado las funciones de los tribunales de justicia y de falta de parcialidad, con el resultado de indefensión de los ciudadanos belgas. Se exigía el pago del 85 por 100 del valor neto de la compañía en el momento de la quiebra además de un 6 por 100 anual de intereses desde aquel momento hasta el desenlace del juicio. Eso suponía 140 millones de dólares si el juicio era rápido. Dos semanas más tarde, el embajador español en los Países Bajos informaba al Gobierno belga de haber sido nombrado agente del Gobierno español ante la Corte internacional[53].

El ilustre financiero y filántropo

La adquisición de la Barcelona Traction y la constitución de FECSA fue la última gran operación de Juan March. Había sido su obsesión durante más de una década, pero el resultado había merecido la pena. La compañía no se estatificó, aunque sí se españolizó. Juan March había escrito un capítulo sin precedentes en los anales de la prestidigitación financiera y había doblegado a quienes, menospreciando su poder, le habían hecho frente, dentro pero sobre todo fuera de España. No podía por menos de sentirse complacido. Tenía ya muchos años, pero ningún financiero español era capaz de manejarse como él en el ámbito nacional e internacional, ni había provocado semejante movilización de intereses políticos, diplomáticos y económicos. La marea de notas, informes y recursos hicieron de aquél un caso histórico, al que se sumaron en los años siguientes los miles de páginas que ocupó el expediente abierto ante el Tribunal de La Haya.

Juan March conservaba su residencia en Suiza, porque le permitía llevar adelante sus negocios sin las restricciones que se derivaban de la legislación española. Pero su vida estaba en España. Era una de las mayores fortunas del país, si no la mayor, y una de las más importantes del mundo. No estaba mal para aquel joven de Santa Margarita que comenzó sus actividades con el comercio de cerdos y el contrabando de tabacos. No había vuelto a pisar su pueblo de origen, pero su huella estaba en toda la isla, en la que pasaba largas temporadas. A las propiedades que ya tenía en Mallorca se había añadido otra. En 1945 logró terminar las obras de construcción de su nuevo palacio en Palma, encargadas a Guillermo Forteza en 1935 e interrumpidas durante la guerra civil. Lo culminó otro de los arquitectos más conocidos de la época, Gutiérrez Soto. El palacio se levantó en un lugar emblemático de la capital balear, entre el Círculo mallorquín, sede hoy del Parlamento balear, la catedral y la calle Palacio Real. Era un edificio magnífico de piedra caliza labrada con cuatro plantas. Trece años más tarde, el palacio se valoró en 36.022.850 pesetas[54].

La familia March, el padre y los hijos, se dedicó en los años cuarenta a realizar grandes obras en sus propiedades en Mallorca y también en las sedes de la Banca March. El encargado de llevarlas a cabo fue Gabriel Alomar, un arquitecto nacido en Palma en 1910 y al que, en 1940, el Ayuntamiento de esa ciudad adjudicó por concurso el plan de ordenación urbana. Durante la década siguiente, salvo dos años que pasó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts graduándose en planificación urbana y regional, se dedicó en gran medida a la familia March. Rehabilitó el Palacio Ayamans en Lloseta, reconstruyendo las fachadas e instalando en el interior una verdadera colección de obras de arte con la colaboración del anticuario José Costa. La parcela contigua al palacio, enfrente de la iglesia, fue ajardinada y donada al Ayuntamiento para uso público. También fue Alomar quien dirigió las obras de acondicionamiento del palacio y los jardines de Cala Ratjada, a petición de Bartolomé March Servera. Allí era donde el segundo hijo de Juan March y su madre, Leonor Servera, pasaban temporadas, casi siempre en verano.

Juan March Servera y su mujer, Carmen Delgado, se volcaron en la finca emblemática de S’Avall, en Ses Salines, en la costa sur de Mallorca. Las edificaciones originales tenían poco valor, y sólo se conservaron el patio y la torre medieval. «Mi idea para S’Avall, escribía en 1944 Gabriel Alomar, es la de un verdadero museo, a donde puede irse a estudiar historia del arte, sin encontrar la aridez o frialdad científica de un museo oficial, ordenado e instalado en forma de residencia “vivible” y viva, con la amabilidad para los dueños y huéspedes de un verdadero hogar». Así fue el edificio principal, al que se sumó otro para los niños y un conjunto de construcciones y almacenes necesarios para una propiedad agrícola que se explotaba y que también tenía ganado, establos, caballos y picadero. De las obras de ajardinamiento se encargó un especialista valenciano. Hacia 1950 pudo decir Alomar que lo principal estaba hecho.

La familia March tenía una de las mejores colecciones privadas de arte y antigüedades del país, distribuida por sus diferentes casas. En el nuevo palacio de Palma había, entre otras muestras de ello, retablos franceses y españoles de los siglos XV y XVI en el vestíbulo de la planta baja y en la capilla; tapices gobelinos, arquetas árabes y góticas, marfiles y esmaltes de Limoges en el despacho de Juan March; paneles flamencos en el comedor; cuadros de Ribera, de Valdés Leal y de Alonso Cano; una Anunciación de Zurbarán en el vestíbulo del primer piso; una bóveda de Sert en la escalera principal; y dos Goyas: la Celestina, en un salón dedicado a ella, y el retrato de la condesa de Benavente, en el dormitorio de Leonor Servera. Una colección que a finales de los años cincuenta se valoraba en algo más de 17 millones de pesetas. Algo menos, casi 13 millones, era la valoración de las obras de arte expuestas en el palacio de Madrid: tapices flamencos del siglo XVII, una veintena de vasos griegos y otros objetos en la vitrina arqueológica; tallas, esmaltes y relieves en la vitrina de objetos medievales y renacentistas, y, encima de ella, tallas policromadas, una virgen románica y otra gótica en el recibidor del primer piso; un tríptico de Van Orley en el despacho de Juan March; un tapiz flamenco del siglo XVI en el comedor; pinturas de Sert en el salón a él dedicado, los retratos de Juan March y de Leonor Servera pintados por Zuloaga en otro de los salones, y otro Goya, La Tirana, en un salón reservado para ella[55].

Ese palacio de la calle Núñez de Balboa, en Madrid, fue escenario de fiestas deslumbrantes, como la presentación en sociedad en 1954 de su nieta, Leonor March Delgado. Asistieron un millar de invitados, representantes de la «vida política, intelectual, aristocrática y económica de Madrid, Barcelona y otras capitales», entre ellos los marqueses de Villaverde, Nicolás Franco, varios ministros y embajadores. Para amenizar el festejo, Juan March trajo una orquesta de Nueva York, el ballet de la ópera de París, y también a la cantante Victoria de los Ángeles y a Pastora Imperio con su cuadro flamenco. Como «bello paralelo» de aquel magnífico acontecimiento, hizo un «cuantioso donativo» a la tómbola de la vivienda[56].

No menos espectacular fue la puesta de largo de otra nieta del financiero, Gloria March Delgado, segunda hija de su primogénito. Con ella entró en sociedad la hija de los marqueses de Valverde, de la casa de Medina Sidonia. El festejo se celebró en la finca S’Avall, en Mallorca, en junio de 1955. Allí fueron llegando desde días antes los más de mil invitados a la que se esperaba como «acontecimiento singularísimo en círculos mundanos de España y aun de Europa», una fiesta de «esplendor mediterráneo», de «riqueza ordenada por el buen gusto y muy acorde con los tiempos», como contaron los ecos de sociedad. La finca estaba espléndidamente adornada, con sus avenidas profusamente iluminadas y engalanadas con adornos vegetales y juegos de agua. Más de mil obreros habían trabajado en ello. Una multitud incalculable de ramos de flores inundaba toda la propiedad: «en Mallorca no quedó una flor», pero también llegaron por avión desde Barcelona y Holanda. Se había celebrado una exposición internacional de joyería y alta costura a la que acudieron los mejores modistos del mundo. La comitiva de coches fue contemplada por vecinos y curiosos que se agolparon en las carreteras de acceso. Guardias uniformados custodiaban los caminos dentro de la finca. En la meseta de la escalera principal que daba acceso a la casa, Carmen Delgado y su hija fueron recibiendo a los invitados, junto a Juan March y sus dos hijos, y la hermana de la festejada. Los marqueses de Villaverde llevaban ya unos días como huéspedes de la familia. Militares, gobernadores civiles, autoridades y fuerzas vivas de la isla, y varias familias de la aristocracia se codeaban con familiares, amigos y colaboradores de Juan March como el presidente de la Transmediterránea, Ernesto Anastasio, Felipe Lafita o Juan Pujol, el que fuera director de Informaciones con Juan March y que era ahora la voz de Radio Nacional. A todos atendía la familia en «ordenado trato democrático, dentro de las diferentes jerarquías». Todos ellos pudieron disfrutar de una exquisita cena, preparada por diez cocineros y servida por doscientos camareros llegados de Madrid. Hubo también baile, amenizado por orquestas y actuaciones de renombre: la cantante italiana Eleonora Carli, el francés Gilbert Becaud y el ballet «negro» de Claude Marchant llegado de Nueva York. Todos fueron presentados por el periodista Joaquín Soler Serrano. Un tablado flamenco y un grupo del folclore mallorquín amenizaban el patio de honor del palacio, mientras en una de las explanadas se instaló un bufet que acompañó toda la noche el baile amenizado por dos orquestas. Cuando comenzó a amanecer, se sirvió chocolate. Luego comenzaron las despedidas. En el puerto de Palma estaban atracados varios buques de Transmediterránea para trasladar a los invitados a la península. Juan March volvió a Madrid en avión. Con ocasión de la fiesta, la abuela de la joven, Leonor Servera de March, hizo una donación de un millón de pesetas al patronato de viviendas económicas de nuestra Señora de Lluch, iniciativa muy alabada en la prensa[57].

En aquella España que comenzaba a salir de la extremada penuria de la década anterior y que se consolidaba bajo el nacional catolicismo imperante del régimen, Juan March no perdió ocasión para apuntalar una nueva imagen benefactora, la que le permitía su inmensa fortuna en las múltiples convocatorias del régimen. En mayo de 1952, cuando se celebró la Fiesta de la Flor organizada por el patronato nacional antituberculoso, el segundo hijo de Juan March, Bartolomé, dejó un cheque de 10.000 pesetas en nombre de su padre en la mesa que presidía la esposa del ministro de Educación, Ruiz Giménez; 50.000 fue el donativo que dejó otra mesa, situada en la puerta del Casino de Madrid, presidida por la marquesa de Casa Pizarro y acompañada por la duquesa de Almenara, la marquesa de la Deleytosa, las condesas del Valle Suchill y de Motrico, y doña María Cencillo de March, mujer de Bartolomé. Otras 50.000 fueron a la que presidía la esposa del ministro secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta. Dos años más tarde, en 1954, en la misma fiesta, Juan March fue aún más generoso. En la mesa petitoria que presidía Carmen Polo de Franco frente a la fachada del Banco de Bilbao, entre la calle de Alcalá y Sevilla, y ante la cual se formó una cola que llegaba hasta la plaza de Canalejas, se recaudaron más de cinco millones de pesetas. El primer donativo, de mil pesetas, fue del ministro de la Gobernación, Blas Pérez; el jefe del Estado donó 25.000 pesetas y el Ayuntamiento de Madrid, 250.000. Allí llegó, de manos de su hija, un cheque de Juan March por un millón de pesetas. Repartió un total de dos y medio por diversas mesas, además de entregar un camión ambulatorio valorado en 2,8 millones más. Unos meses más tarde, en la fiesta de la Banderita de la Cruz Roja, también se pasearon Juan March y sus familiares por varias de las ciento veinte mesas repartidas por la ciudad. Visitaron sobre todo las del centro de Madrid, donde se concentraron ministros, diplomáticos, políticos y hombres de negocios. March dejó 25.000 pesetas en varias de ellas. Pagó 50.000 pesetas por una barrera en la plaza de las Ventas, unas semanas más tarde, como aportación al festival taurino en la campaña de Navidad patrocinada por la esposa de Franco. También aparecía el nombre de Juan March entre los mayores donantes de la comisión en beneficio de las casas residencia de viudas y huérfanos de los ejércitos de tierra, mar y aire. Las suyas eran siempre las aportaciones más cuantiosas[58].

Sin embargo, la noticia que acaparó la atención desde la primavera de aquel año de 1955 fue su Fundación. A comienzos de mayo, la prensa se hizo eco de la inminente creación de una fundación dedicada a la ciencia y la investigación, dotada con 350 millones de pesetas, cien de ellos en dólares. Una fundación, decía el diario Ya y corroboraban ABC y La Vanguardia, sin precedentes en Europa y equiparable a las más importantes fundaciones creadas en Estados Unidos, con una cuantía superior a la de los premios Nobel. Dada la importancia de la donación, decía La Vanguardia, la propuesta se encontraba en estudio en varios Ministerios. Se anunciaba una convocatoria de becas en el extranjero por una suma de 250.000 pesetas cada una de ellas, para investigar en cualquier campo de la ciencia. La Fundación estaría regida por un patronato del que formarían parte las personalidades más destacadas del mundo intelectual y financiero, encargado de decidir la adjudicación de las becas y también de administrar el cuantioso patrimonio. El fundador había hecho renuncia absoluta a intervenir en sus decisiones[59].

El 4 de noviembre de 1955, ante el notario de Madrid Alejandro Bérgamo, nació formalmente la Fundación. El otorgante, Juan March, llevaba muchos años madurando la idea, según decía la escritura fundacional. Pese a la formalidad jurídica en este tipo de documentos y con la retórica propia del momento, la escritura y los estatutos eran muy claros. El principal objetivo de la Fundación era contribuir a elevar el nivel de educación y formación, permitir el avance en el conocimiento científico abriendo las puertas al exterior, y afirmar la cultura española. La iniciativa individual no debía aplicarse sólo al ámbito de los negocios, sino también a actividades «altruistas». Juan March quiso dejar bien claro en las escrituras que sería él quien determinara, «dentro del ámbito de lo lícito y moral, las necesidades que qu[ería] aliviar, los beneficios que desea[ba] promover y la forma de atender a unas y otros», y que la ley le aseguraba la «intangible permanencia» frente a cualquier amenaza de «desnaturalización». El ordenamiento jurídico español garantizaba el respeto a esa voluntad individual. Contaba además con el pleno acuerdo de su mujer y de sus dos hijos, y ese apoyo familiar era garantía de continuidad en la iniciativa. Le guiaban dos motivos: «el convencimiento de que todo hombre, dentro de sus posibilidades y en proporción a sus méritos, de[bía] contribuir al bien del prójimo y al mejoramiento de la vida de sus semejantes», y el «anhelo profundo de dejar un testimonio permanente de su amor a España, a la cultura patria y a la civilización cristiana». Había decidido dar satisfacción a ambos en vida y para eso puso los cimientos de la Fundación y vinculó su futuro.

Ya no se trataba de otorgar cantidades de dinero a organismos y asociaciones benéficas, actuaciones que venía promoviendo Juan March y que su mujer, Leonor Servera, dirigía con frecuencia hacia instituciones eclesiásticas. La Fundación seguiría atendiéndolas, pero esto era otra cosa. Su fin era «la batalla contra el dolor y la ignorancia», pero March no quería vincularla a un objetivo único para evitar su anquilosamiento, ni tampoco dedicarla a atender peticiones innumerables y heterogéneas, porque su actuación se perdería entonces «como una gota de agua en el mar de las necesidades existentes». Debía «contribuir al conocimiento y solución de problemas que afectan al futuro de la humanidad». Ésa era la máxima aspiración de Juan March. Incluía la concesión de premios, el pago de matrículas o pensiones para estudiantes necesitados, el fomento de la educación e instrucción de los obreros, la propulsión de la investigación científica y la cultura, y la intensificación —incluso con intercambio de profesorado, profesionales, técnicos y estudiantes— de las relaciones científicas, culturales y artísticas entre España y los demás países. No había cantidad predeterminada para cada uno de esos fines, ni obligación de satisfacerlos todos cada año, con el fin de evitar rigideces y facilitar su adaptación a las demandas de la sociedad. El «riesgo de anemia, de empobrecimiento y consunción en el orden espiritual», es decir, de falta de iniciativa, se evitaría consiguiendo que los órganos directores y rectores fueran «órganos vivos y alertas», elegidos con todo cuidado, compenetrados con los fines de la Fundación, de probada capacidad y con visión de los problemas y las necesidades de los tiempos.

Para evitar, por último, el riesgo de que la Fundación perdiera capacidad económica, incluyó medidas de salvaguarda del patrimonio fundacional, al tiempo que dejaba abierta la posibilidad de ampliarlo en el futuro. Los 300 millones de pesetas serían ingresados en la Banca March, en una cuenta abierta a nombre de la Fundación, y 1.200.000 dólares en un banco exterior de solvencia a nombre de la Banca March, una vez que lo autorizara el Instituto Español de Moneda Extranjera. El fundador se reservaba el derecho de invertir el capital fundacional en la compra de valores mobiliarios que, en todo caso, debían rendir unos beneficios superiores a los de la deuda pública. Durante los cuatro años de plazo que se establecía para efectuar dicha inversión, el capital fundacional devengaría un interés de un 4 por 100, que empezaría a surtir efecto con fecha 1 de enero de 1955 y que se incorporaría al patrimonio de la Fundación. Para modificar las inversiones en razón de la coyuntura económica, el fundador, que era el patronato, necesitaba la autorización del consejo de patronato.

Los dos órganos de la Fundación eran el patronato y consejo. En consonancia con el carácter particular y privado de ésta, el patronato era ejercido por Juan March, con carácter vitalicio. El consejo estaba integrado por él mismo y por sus dos hijos, con carácter vitalicio también, y por un número de vocales no superior a diez, nombrados libremente por el fundador. Eran cargos de confianza y honoríficos, que se desempeñarían de manera gratuita, se ostentarían con supremacía, y se ejercerían con independencia. Sus actos serían definitivos e inapelables. Se prohibía toda intervención bajo el título que fuera o la imposición de requisitos distintos a los señalados en los estatutos. El orden sucesorio sería establecido por el fundador en su testamento.

Todo atado y bien atado. La Fundación era única en España no solamente por la cuantía de su dotación fundacional, incomparable con cualquier otra, sino también por sus objetivos y por la rotunda insistencia en su carácter particular y privado. Las disposiciones, estatutos y testamentarías relativas al orden de sucesión, se decía en la cuarta cláusula de la escritura, no podían ser revocados, alterados ni modificados por persona, autoridad o jurisdicción alguna. Si llegara el caso de que el «Estado u otro organismo, autoridad o tribunal» pretendiera interferir, el Patronato, es decir Juan March, «opondrá su negativa plena y absoluta», y si se insistiere en dichas pretensiones, «quedará automáticamente extinguida la Fundación»[60].

¿De dónde partió la idea? Tuvo que ver en ello probablemente el escritor y filólogo Joan Mascaró, a quien March conocía desde la infancia, porque nació también en Santa Margarita aunque unos años después. De familia campesina aunque criado y educado en Palma por su tío abuelo cuando su padre decidió emigrar a Argelia, Mascaró demostró pronto una gran inteligencia y unas excelentes dotes para las lenguas. En los años de la Primera Guerra Mundial, cuando trabajaba en el consulado británico en Palma, había servido a March de intérprete para comprar carburante a un barco alemán proveniente de Estados Unidos y refugiado en el puerto de Palma. Volvió a llamarle Juan March para pedirle que acompañara a su hijo Juan a estudiar en el extranjero. Mascaró aceptó. En Cambridge, donde finalmente se instalaron, obtuvo un Bachelor en literatura inglesa, sánscrito y pali. March le ofreció integrarse en su grupo financiero, pero la vocación de Mascaró era otra. Volvió a Inglaterra en 1930 a continuar sus estudios sobre el sánscrito y la cultura india. Allí, su gran amigo Joaquim Xirau le presentó a Salvador de Madariaga, residente en Oxford, que a su vez le presentó a Jorge Guillén. Estuvo una época en Ceilán y volvió a Cambridge, donde obtuvo un título de Master of Arts, que le permitió aceptar un puesto de profesor que Pompeu Fabra le ofreció en la Universidad de Barcelona. Su adhesión al catalanismo y a la legalidad republicana le llevaron a un exilio que, pese a las muchas dificultades económicas por las que atravesó y a la permanente añoranza de su isla, le afincó definitivamente en Inglaterra, donde se casó y sacó adelante una copiosa obra. Su decisión no le impidió visitar España, y sobre todo Mallorca, en múltiples ocasiones. Mantuvo contacto con escritores e intelectuales, también con la familia March, con los dos hijos, Juan y Bartolomé, que le ayudaron en alguno de sus empeños, y también con el padre.

En octubre de 1951, Joan Mascaró escribía a Juan March desde Cambridge: «Una cosa me surt del cor, i vos he de dir. Els millionaris d’Amèrica i molts d’Europa dediquen diners a algunes obres de cultura, o socials. Els anys passen, i hem de morir. No pensareu en alguna obra que sigui un monument vostre per tots el temps? Amb un milió de lliures esterlines podríeu deixar un interès per a donar beques d’estudis a nins de Mallorca, o fundar un hospital, o ajudar a alguns scriptors joves, o tantes y tantes coses bones! Déu vulgui que hi penseu: escollir dues o tres persones nobles i bones per administrar un patrimoni de béns per a fer bé. Això vos donarà l’alegria mes gran de la vida: això vos farà immortal davant Déu y davant els homes». Tres años más tarde de aquella carta, Juan March le escribió desde Ginebra diciéndole que a su regreso a España, en breve, comenzaría a estudiar los proyectos de los que le había hablado. Mascaró le contestó: «jo sent més endins del cor una simpatia i amistat gran per un home de la meva terra que ha sabut dominar la vida, crear i transformar grans empreses, enriquir els seus fills i els seus néts, crear i distribuir riquesses; i a la fi coronar la gran obra de la seva vida creant una Fundació que ha d’ésser font de cultura nacional, i a la llarga de benestar i riquesses materials o culturals»[61].

La fortuna de March estaba entre las primeras del mundo, y los millonarios de Estados Unidos y de Europa habían dedicado parte de su dinero a obras que les habían hecho pasar a la historia por el fomento de la del bienestar y la cultura nacional, le decía su amigo Joan Mascaró. Las raíces culturales de la actividad filantrópica eran, quizás, europeas, pero las grandes fundaciones estaban en Estados Unidos. Incluso su más reciente contrincante en los negocios, Dannie Heineman, parecía darle ejemplo. En 1948, el mismo año de la declaración de quiebra de la Barcelona Traction, puso en pie una fundación con su nombre, dedicada a la investigación en ciencias médicas. Se dijo también que, con la Fundación, Juan March saldaba una deuda de gratitud con el exministro Suanzes, tras el negocio que le había supuesto la Barcelona Traction. Al parecer, en aquel verano de 1955 hubo una conversación telefónica entre ambos en la que hablaron del proyecto y de la aportación inicial a la Fundación[62].

También por esas fechas Juan March obtuvo unos beneficios sustanciosos de la venta del oro que tenía depositado en el Banco de Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial, cuando anticipó dinero para que el Gobierno británico comprara barcos alemanes. Como sabemos, el Tesoro británico liquidó su deuda entregándole una cantidad de oro (236.686 onzas, unas 7,4 toneladas de oro fino) equivalente a dos millones de libras, con la condición de que quedase bloqueado hasta el final del conflicto. El oro fue depositado en el Banco de Inglaterra a nombre del Tesoro en seis entregas sucesivas, entre diciembre de 1942 y junio de 1943. En ninguna parte figuraba el nombre de Juan March. El oro continuó allí en unas condiciones tan poco usuales que, en el verano de 1950, el Tesoro y el Banco de Inglaterra se manifestaron preocupados por cómo responder a una previsible petición de Juan March de depositar más oro en aquella cuenta. El Banco estaba dispuesto a permitirlo, pero el Tesoro tenía sus dudas. La guerra de Corea amenazaba con convertirse en una nueva conflagración internacional y había inquietud en los mercados financieros internacionales. Las cantidades de dinero que podía mover Juan March, en oro o en distintas monedas, eran lo suficientemente importantes como para preocupar a las autoridades británicas, que pensaron en facilitarle su depósito en Sudáfrica. Aquello pasó, pero en junio de 1954 March quiso hacer por fin efectivo el oro que, gracias a la devaluación de la libra en 1947, había multiplicado su valor. El Banco de Inglaterra no quiso comprarlo y le dijeron a Juan March que lo vendiera en el bullion market de la City, cosa que hizo discretamente, obteniendo unas sustanciales ganancias[63].

Juan March, orgulloso de sus logros y propietario de una enorme fortuna, estaba dispuesto a dedicar una parte importante de ésta a la filantropía. Rompía así con la penuria existente en España en este tipo de iniciativas. La Fundación venía a irrumpir en un ambiente intelectual y científico en el que la guerra civil y la dura posguerra habían supuesto una quiebra dramática tras unas décadas de importantes avances y gran creatividad. Esa ruptura y el exilio de muchos intelectuales, artistas, científicos, profesores y catedráticos habían dejado campo libre a los distintos grupos y corrientes de pensamiento, falangistas de diversas tendencias y católicos de distinto signo, que habían apoyado a los militares sublevados. Unos y otros trataron de hacerse con el control de la vida intelectual, alguno de ellos con la pretensión de sentar los cimientos de una nueva España. Competían dentro de las universidades y de las academias, instituciones históricas aunque mermadas por la represión, y utilizaban las nuevas estructuras del régimen franquista: el Instituto de España, creado en 1937 para integrar y depurar a las reales academias, presidido desde 1942 por el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Garay; y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, levantado en 1939 por el católico José Ibáñez Martín desde el Ministerio de Educación sobre las cenizas de la Junta para Ampliación de Estudios. Era, pese a todo, el espacio en el que se hacía ciencia en la España de entonces. En la crisis de Gobierno de julio de 1951, Joaquín Ruiz-Giménez pasó a ocupar el Ministerio de Educación. Ibáñez Martín, que había compaginado hasta entonces ambos puestos, continuó como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mantuvo en la secretaría a José María Albareda. Representaban dos corrientes distintas dentro del catolicismo imperante: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en el caso del nuevo ministro, aperturista y negociador del Concordato que se firmó con Roma en 1953, y del Opus Dei el secretario del Consejo. En un contexto carente de libertades y pluralismo, muy alejado de las corrientes de pensamiento y de innovación científica de otros países, una iniciativa como la de Juan March era, sin duda, una novedad extraordinaria[64].

Hasta la prensa lo adivinaba y, con el reconocimiento de su carácter excepcional, vino también una nueva imagen del financiero convertido en filántropo. La Fundación March, decía ABC, respondía «no ya al peculio y a la sensibilidad, sino al entendimiento también de un español septuagenario, respetado y admirado en los más eminentes medios del mundo internacional de las finanzas, y que pertenece a la raza de productores de riqueza, con la cual hace Inglaterra sus lores y Norteamérica sus jerarcas». Aquella Fundación era, sobre todo, la culminación de la «vida intrépida, victoriosa y apasionada de un hombre solo». Una soledad en la intención que destacaron personajes tan del régimen como el benedictino y medievalista fray Justo Pérez de Urbel, capellán de la sección femenina de Falange y poco más tarde primer abad de la basílica del Valle de los Caídos. Pérez de Urbel se confesó «halagado y estremecido» por el gesto de aquel hombre «generoso y valiente», que acumulaba millones y que se había decidido a saltar sobre la «sima profunda entre el mundo de la cultura y el del negocio». Hasta aquel benedictino confesaba que la ciencia y la universidad españolas estaban necesitadas de una salida de su «acusado aislamiento», y que los investigadores españoles debían viajar. Era de esperar que otros hombres que se habían enriquecido siguieran el ejemplo de March[65].

La fundación «marquiana», escribió años después Giménez Caballero, se apartaba de la «tradición ajuglarada y misericordiosa del mecenazgo en España» porque respetaba a los beneficiados y sólo les exigía responsabilidad y eficacia para el progreso hispánico y humano. Era el producto de un «solitario», de un «gigantesco solitario»; de un «mecenas exento», un banquero renacentista como los existentes en otras culturas occidentales, pero que faltaba en la española porque siempre se había menospreciado el poder del dinero. Más que menospreciado, escribía Giménez Caballero repitiendo lo que ya había dicho en plena República, se había temido su «fama dineraria», la «más diabólica» para un país que nunca supo bien lo que era el dinero[66].

Las expectativas despertadas por el anuncio de la Fundación obligaban a actuar con rapidez, pero la novedad de su propósito aconsejaba prudencia. Se decidió salir a escena con una convocatoria de premios que dio pábulo a todo tipo de rumores y de listas de nombres de posibles agraciados. El consejo de patronato, formado en aquel momento por Juan March y sus dos hijos, y con Alejandro Bérgamo en la secretaría, se debatió entre distintas alternativas. Para conseguir el «golpe de efecto» requerido con rapidez y a la vez evitar que sobre el consejo recayeran posibles críticas, se decidió que los ocho premios de 500.000 pesetas cada uno fueran otorgados por las Reales Academias, «oficialmente, los organismos culturales de máximo rango del país». En aquella primera ocasión, se premiarían «hombres, vidas de trabajo, obras realizadas». Había que contar con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque no debía permitírsele la «interferencia sistemática en las cosas de la Fundación». Tampoco podía olvidarse el «aspecto religioso»: había que asignarle un premio. Así, de los ocho galardones (literatura; ciencias exactas, físicas y naturales; medicina; derecho; ciencias morales y políticas; bellas artes; investigación y teología), seis tendrían como jurado a las distintas Academias; uno, el de investigación, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y el de teología, que podría recaer sobre otras actividades eclesiásticas como filosofía, historia o derecho canónico, tendría un jurado designado por el cardenal primado de España[67].

La irrupción en la escena pública de la Fundación coincidió con un panorama en el mundo intelectual más agitado de lo que venía siendo habitual. En octubre de 1955 murió el filósofo José Ortega y Gasset, el de mayor renombre nacional e internacional entonces. Había salido de España durante la guerra civil y sus visitas intermitentes desde finales de los años cuarenta, así como sus cursos en el Instituto de Humanidades, habían despertado toda suerte de comentarios. Había rechazado educadamente el ofrecimiento del rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo, para pronunciar una lección magistral en 1953, año que correspondía a su jubilación. Entre quienes le miraban con recelo, unos le tenían por el mayor «descristianizador» de España, por su vinculación con la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza, y otros preferían entender su regreso como la vuelta del hijo pródigo. Cuando se conoció la noticia de su muerte, la prensa dijo que se había reconciliado con la Iglesia y había pedido la extremaunción. La familia renunció a acudir a los numerosos actos públicos religiosos organizados en su memoria para evitar más confusiones, y así se lo comunicó al ministro de Educación, Ruiz Giménez. Unos días después del entierro, un grupo de estudiantes le rindieron un homenaje espontáneo ante su tumba, donde leyeron un breve manifiesto y algunos textos del filósofo. Un mes más tarde, la Universidad de Madrid organizó un acto en su memoria y el rector afirmó que la cultura española no podía prescindir de tantos autores expurgados[68].

A la muerte de Ortega vino a añadirse la primera movilización estudiantil en la universidad. El 1 de febrero de 1956 se repartió entre los universitarios madrileños un manifiesto llamando a la formación de un consejo nacional de estudiantes, movido por un grupo recién formado de jóvenes comunistas. Las elecciones convocadas por el sindicato oficial, el SEU, se suspendieron y los estudiantes salieron en manifestación hacia el Ministerio de Educación. Al día siguiente, grupos de individuos con camisa azul, provistos de porras y armas, asaltaron la universidad. Los universitarios hicieron lo mismo en los locales del SEU. Hubo enfrentamientos y resultó herido un falangista. Para sorpresa de muchos, entre los detenidos había jóvenes falangistas que iban del brazo de jóvenes comunistas y socialistas. Era la primera agitación universitaria, protagonizada por una nueva generación que no había hecho la guerra y que llamaba a la reconciliación entre «los hijos de los vencedores y de los vencidos», como rezaba el manifiesto hecho público el 1 de abril por la Agrupación Socialista Universitaria, también de reciente creación. Ese mismo día, en su declaración personal sobre los sucesos universitarios, Dionisio Ridruejo se confesó demócrata ante la Junta Política de Falange. La Universidad de Madrid había sido cerrada, el rector Laín Entralgo fue cesado; el de la Universidad de Salamanca, Antonio Tovar, dimitió, y Franco cesó al mismo tiempo al ministro de Educación, Ruiz Giménez, y al ministro del Movimiento, Nemesio Fernández Cuesta.

En medio de aquel primer conflicto universitario, el 16 de febrero, la Real Academia Española concedió el primero de los premios de la Fundación Juan March, el de Literatura, a Ramón Menéndez Pidal. Era un premio indiscutible desde el punto de vista intelectual, aunque no dejaba de suscitar resquemores en los círculos más reaccionarios. Menéndez Pidal era una figura consagrada, dentro y fuera de España, pero su biografía intelectual había estado ligada a las instituciones emanadas de la Junta para Ampliación de Estudios, de la que había sido vicepresidente. Menéndez Pidal había sido director del Centro de Estudios Históricos y en 1925 de la Real Academia Española. Su vuelta a España después de la guerra civil no fue fácil, pues algunos militares se manifestaron en contra. No volvió a dirigir la Real Academia Española hasta 1947, después de conseguir que se le aceptase la presentación por escrito del juramento que, desde la creación del Instituto de España, se exigía a todos los académicos: un juramento «ante Dios y el Ángel custodio de servir perpetua y lealmente a España, bajo imperio y norma de tradición viva; en su catolicidad, que encarna el Pontífice de Roma; en su continuidad, hoy representada por el caudillo salvador de nuestro pueblo». Habían pasado unos años desde entonces, Menéndez Pidal había vuelto a la Academia. El premio que le concedió la Fundación Juan March fue unánimemente celebrado. Un tiempo más tarde, el galardonado decidió dedicar el dinero para crear su propia fundación. En los meses siguientes fueron apareciendo los nombres del resto de los premiados: Julio Rey Pastor, de ciencias exactas; José Castán Tobeñas, de derecho; Severino Aznar Embid, de sociología; Carlos Rodríguez Neira, de investigación; José Casares Gil, de química; Manuel Gómez Moreno de historia… Muchos de ellos recibieron el homenaje de sus respectivas Academias y fueron noticia en la prensa[69].

La Fundación echó a andar por todo lo alto. Era lo que el patronato había considerado más conveniente para empezar, aunque desde dentro y desde fuera se le recordara que bien estaban aquellos premios a figuras consagradas, pero que los más necesitados eran quienes comenzaban. A finales de marzo de 1956, el consejo de patronato anunció que el capital fundacional había producido unas rentas aproximadas de 20 millones de pesetas, que Juan March se comprometía completar en caso de que hiciera falta para cumplir con los objetivos marcados. Cinco millones se dedicarían a becas en España, dos y medio para fomentar la instrucción de los «productores» españoles, cinco millones irían a premios y ayudas para estudios en España, y se reservaba una cantidad para becas en el extranjero y para formular el plan de inversiones siguiente. Unos meses más tarde, en junio, la Fundación anunció la convocatoria de tres premios de 500.000 pesetas, uno para ciencias, otro para letras y un tercero para artes; cien becas de estudios de 50.000 pesetas, y siete ayudas para investigación de medio millón de pesetas. La decisión sobre los beneficiados por estas últimas se tomaría teniendo en cuenta la valía técnica y moral de los concursantes, la solvencia de la investigación propuesta y los presumibles resultados prácticos. Se concedían dos años para la realización del trabajo. La mitad del dinero se entregaría al principio, contra la presentación de una memoria que había que repetir cada seis meses para recibir el resto. Era una muestra de la «seriedad» de la Fundación y de que no era «dinero dado alegremente», como afirmó el catedrático de cristalografía de la Universidad de Madrid, José Luis Amorós Portolés[70].

El 16 de abril de 1957, ABC recogió dos noticias en una misma página. Una de ellas se refería a las aportaciones de la Fundación Juan March que, en poco más de un año, había distribuido 22.500.000 pesetas y 100.000 dólares. Quince millones se habían dedicado a las convocatorias de premios, ayudas a la investigación y becas de estudios en España. Los 7.500.000 restantes se habían destinado a fines benéficos, entre los que destacaba la compra de una bomba de cobalto para el tratamiento del cáncer en el hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, cuya utilización debía ser gratuita para todos aquellos que justificaran su precariedad económica. Medio millón de pesetas habían ido al Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, en Madrid, para la adquisición de un aparato de hibernación artificial y una instalación para angiocardiografía. Medio millón de pesetas habían recibido distinta instituciones educativas: las escuelas salesianas para la formación de maestros de taller, el Instituto madrileño Beatriz Galindo para impartir bachillerato a los obreros de un suburbio de la capital, a los talleres de aprendizaje profesional obrero de Vicálvaro y a las escuelas profesionales obreras «Hermano Gárate» de Ciudad Real. Casi un millón y medio de pesetas se habían repartido en atenciones asistenciales, sanitarias y benéficas de diferentes centros e instituciones de varias provincias. Las 864.000 pesetas destinadas a diferentes centros culturales y benéficos de la isla de Mallorca habrían satisfecho enormemente a quien ocupaba el titular de la otra noticia: Leonor Servera, la esposa de Juan March, que había fallecido en Palma.

Fervorosamente católica, había dedicado gran parte de su vida a tareas benéficas, muchas de ellas en Mallorca, que le valieron la medalla «Pro Ecclesia et Pontifice» concedida por la Santa Sede, y la medalla de oro de la Cruz Roja española. La noticia de su muerte apareció en la prensa. Desde primera hora de la mañana se venían celebrando misas en la capilla instalada en un salón del palacio residencia de los March en la capital balear. El obispo de Mallorca rezó un responso. Caravanas de coches trasladaban desde los distintos pueblos de la isla a los vecinos que querían asistir. Llegaron telegramas de condolencia de toda España, entre ellos del jefe del Estado, y también del extranjero. Después de rezarse el santo rosario en la iglesia de San Nicolás, cientos de personas desfilaron ante su capilla ardiente instalada en su palacio residencia de Palma y presidida por los familiares, hijos y nietos; las autoridades de la isla: el capitán general, el gobernador civil, el general jefe de la zona aérea, el alcalde de Palma y el presidente accidental de la Diputación Provincial; y los representantes de todas las entidades ligadas a la familia. Terminado el desfile y después de que el clero de la parroquia de San Nicolás cantara el responso, a las dos de la tarde salió la comitiva del palacio. Abrían la marcha los representantes del seminario, de las órdenes religiosas, del clero regular y de los ermitaños de la isla. La carroza funeraria llevaba la escolta de todos los servidores de la casa portando hachas encendidas. El desfile recorrió las calles principales de la capital y el cadáver recibió sepultura en el panteón familiar del cementerio de Palma. Juan March no asistió al entierro de su mujer. Se encontraba indispuesto, dijo la prensa. A los pocos días, el «ilustre financiero y filántropo» fue sometido a una «delicada» intervención quirúrgica en la clínica privada del urólogo doctor Puigvert, de la que se recuperó favorablemente en dos semanas[71].

Mientras tanto, la Fundación comenzaba a diversificar sus políticas. En junio de aquel mismo año se fallaron las ayudas de 100.000 dólares para realizar estudios, trabajos o investigaciones en el extranjero, en cualquier rama de las ciencias, las letras, las técnicas o sus aplicaciones. Los beneficiados habían solicitado estancias, entre otros destinos, en el Max Plank Institut de Munich, el Instituto Lazaro Spallanzanni de Milán, la Technische-Hochschule de Braunmschwerg en Alemania, el Cajal Laboratory vinculado a la Universidad de Nueva York, la Universidad de Harvard o el Hospital Salpetrière de París. En abril de 1958, Bartolomé March hizo balance de los primeros meses del año. El millón y medio de los tres premios a la labor de toda una vida habían ido al físico Julio Palacios, al escritor Azorín y al escultor José Clara. Tres millones y medio se habían dedicado a las ayudas a la investigación, entre otros, a Joaquín Catalá de Alemany, para su trabajo en aplicaciones de la energía nuclear; a Fabián Estapé, quien, junto a Enrique Fuentes Quintana y Ángel Alcaide, se proponía estudiar el papel de los capitales extranjeros en el desarrollo económico de España; a José Pascual Villa, que investigaba sobre antibióticos, y a Florencio Pérez Gallardo, sobre poliomelitis. Pero también había habido dos millones para pensiones en bellas artes y literatura que fueron, entre otros, a Miguel Delibes, Luis Rosales, Jaime de Armiñán y José Manuel Caballero Bonald. Estaban a punto de convocarse las becas para estudios en el extranjero, de las que el año anterior se habían beneficiado más de setenta becarios, y que, en el curso siguiente, irían para estancias en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Italia, Israel y Alemania. Había habido seis millones para lo que llamaba «atenciones benéficas», entre las que se incluían casi un millón para un laboratorio de espectrofotometría en el Instituto de Química de Sarriá, 1.400.000 para un equipo roentgenológico, y 650.000 para una fuente neutrónica y un microscopio electrónico en la escuela de ingenieros industriales de Barcelona. Dos millones y medio se habían destinado a los damnificados por la catástrofe ocurrida en Valencia como consecuencia del desbordamiento del Turia, que había causado múltiples muertes y destrucción de casas.

A lo largo de 1959, mientras seguían anunciándose las concesiones de premios y ayudas a la investigación, se supo también que había llegado al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona la bomba de cobalto para el tratamiento del cáncer fabricada por la empresa Toshiba, por un valor de 1.200.000 pesetas y, ese mismo mes, se celebró el curso de tecnología nuclear patrocinado por la Fundación en la escuela técnica superior de ingenieros industriales. Unos meses más tarde, el ministro de la Gobernación, Blas Pérez, recibió 856.000 pesetas para la escuela nacional de enfermedades del tórax. El broche de oro, un año después, se puso con la adquisición, por diez millones de pesetas, del códice del Poema del Mío Cid que el director de la Biblioteca Nacional y el director general de archivos y bibliotecas venían negociando desde tiempos atrás. Se habían acercado a la Fundación porque ni los recursos de la Biblioteca Nacional ni los del propio Ministerio permitían hacer semejante desembolso. La Fundación accedió a comprarlo y lo entregó a la Biblioteca Nacional en un solemne acto celebrado en el palacio de Juan March, en diciembre de 1960, con asistencia del ministro de Educación, Jesús Rubio. Ramón Menéndez Pidal, el mayor estudioso del Poema, fue el invitado principal, y en su discurso puso de manifiesto la importancia de aquel documento, no por su valor material, sino por ser «el primer monumento de nuestra literatura»[72].

La Fundación tuvo su sede en la misma casa de Juan March. Aquella casa palacio que Juan March había comprado en 1930 al conde de los Gaitanes, tenía dos edificios, amén de los casi 5.000 metros cuadrados de jardín. Uno de ellos era el de la vivienda principal, con sótanos, tres pisos —el principal o de honor, y otros dos de habitaciones— y un cuarto de mansardas. El otro edificio era el de cocheras y lavadero. En éste, se amplió el piso bajo y se construyeron otros dos encima, además de una terraza con una torre. Allí se instalaron las oficinas de la Fundación, con varios despachos y secretarías, una sala de reuniones y un cuarto de archivos. Ésa fue su sede hasta que, años más tarde, se construyó una sede propia en un terreno contiguo a la casa de Juan March, el antiguo palacio de Gamazo[73].

La Fundación también tuvo su emblema. Juan March le encargó a Gabriel Alomar que lo buscara. Hizo varios bocetos previos y, finalmente, se decidió por una urna cineraria romana traída a la isla de Mallorca por el cardenal Antonio Despuig, un ilustrado de finales del siglo XVIII. La urna había guardado la cenizas de Claudio Marcelo, sobrino y candidato a la sucesión de César Augusto, amante de las letras y las artes, que murió joven haciendo derramar lágrimas de pena a Augusto y a su madre, Octavia. Su ejemplo virtuoso, sumado a la belleza y sencillez de la urna, adornada con ramas de olivo, símbolo de la paz, y a la personalidad de aquel prelado mallorquín, llevaron a Gabriel Alomar a su elección. Se le añadió el lema latino compuesto por el sacerdote y humanista, Mossen Lorenzo Riber, miembro de la Real Academia Española: «Ad Maius Hispaniae Lumen». Por cierto, que aquel lema suscitó temores por parte de quienes temían que la palabra «lumen» se asociara con los intereses eléctricos de la familia y fuera objeto de comentarios. Riber se lo hizo saber a Alomar pero éste, después de consultar con la familia, le comunicó que consideraban «ridículo» aquel recelo y que se mantendría tal cual[74].

La muerte de Juan March

Para entonces, el consejo de patronato de la Fundación se había ampliado con la designación de vocales por parte de Juan March. Se incorporaron el médico, escritor y científico Gregorio Marañón, viejo amigo del fundador, que falleció en 1960; Leopoldo Eijo Garay, obispo de Madrid-Alcalá y miembro de la Real Academia Española y de la de Ciencias Morales y Políticas; el almirante y exministro de Marina, Salvador Moreno, y el jurista y catedrático Blas Pérez, exministro de la Gobernación, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de distintos Consejos de Administración, entre ellos de la Transmediterránea. Por escritura de 21 de diciembre de 1957, les concedió poderes para aceptar la adquisición de bienes y valores para la Fundación. La familia March había venido incrementando el capital fundacional desde el año siguiente a su puesta en pie. Juan March donó catorce millones en diciembre de 1957, otros cinco un año más tarde y cinco millones de dólares en noviembre de 1959. En esta misma fecha, de manera solidaria, el fundador y sus dos hijos aportaron otros 204 millones de pesetas. El capital de la Fundación ascendía ya a mil millones de pesetas, de ellos 628 en moneda española y 362 en dólares. Un capital semejante le pareció a Juan Antonio Suanzes una cantidad digna para corresponder a los beneficios obtenidos por el mallorquín en su adquisición de la Barcelona Traction[75].

Aquel asunto, por cierto, continuó ocupando su tiempo a Juan March. Seguía su tramitación ante el Tribunal Internacional de La Haya, al que había recurrido el Gobierno belga. Creado en 1945 como continuador de la Corte Permanente de Justicia de 1920, estaba integrado por quince jueces, cada uno de una nacionalidad distinta, elegidos por la asamblea de Naciones Unidas. Eran los Gobiernos de los distintos países quienes tenían derecho a reclamar ante el tribunal. Contra sus decisiones no cabía apelación, aunque tampoco tenía poder para imponer sus sentencias. Sólo cabía recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU para que castigara el incumplimiento. Fue el Gobierno belga quien decidió en 1958 llevar el asunto de la Barcelona Traction ante la Corte internacional. SOFINA, con Wilmers todavía a la cabeza, estaba convencida de que podría recuperar el dinero que, en tanto que accionistas, se les había negado en la quiebra y subasta de la compañía. Al parecer, había rechazado una oferta de 40 millones de dólares por las acciones, hecha por un operador financiero norteamericano con conexiones en España. Estaba seguro de que conseguiría el triple en La Haya.

Cuando un año más tarde Wilmers renunció a su puesto como consecuencia del soborno a un funcionario belga, fue sustituido por Maurice Frère, un financiero belga de renombre internacional. Frère decidió intentar un acuerdo con Juan March. Había sido gobernador del Banco Nacional de Bélgica y formaba parte del consejo de gobernadores del Fondo Monetario Internacional, en Washington, así como de la presidencia del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Confiaba en su experiencia en el mundo de las finanzas internacionales para triunfar allí donde sus antecesores habían fracasado, en una nueva negociación con Juan March. Recurrió como mediador a José María de Areilza, conde de Motrico, que era en ese momento embajador español en Francia. Areilza decía conocer al mallorquín desde los años treinta. Había mediado entre SOFINA y el grupo March en 1949, cuando era embajador en Buenos Aires, y también había mantenido conversaciones con el mismo objetivo, unos años después, en Nueva York con Arthur Dean. Se sentía, pues, preparado para intentarlo. De su primer contacto con March obtuvo tres condiciones que el mallorquín puso para sentarse a hablar: que las negociaciones se emprendieran de buena fe, que no hubiera ningún anuncio público por ninguna de las dos partes mientras no se llegara a un acuerdo definitivo y, en tercer lugar, como requisito previo, que se retirara la demanda ante el Tribunal de La Haya. Según el conde de Motrico, March estaba muy dolido por las descalificaciones y el trato recibido por el Gobierno belga. Su sentido del honor le impedía iniciar ninguna conversación sin el cumplimiento de esa condición.

Por aquellas mismas fechas, se había hecho pública una dura requisitoria de José María Gil Robles contra la Barcelona Traction y el Gobierno de aquel país, a quienes acusó de haber dicho que el régimen español había actuado por agradecimiento a la ayuda de Juan March durante la guerra civil. También se había argumentado con la supuesta «fobia tradicional» española hacia Bélgica y con el «exacerbado» nacionalismo de la legislación española de 1939. Gil Robles negó todo. Nunca se había probado la ayuda de March a los militares sublevados, mientras sí que estaba bien documentada la «simpatía» de los dirigentes de la Barcelona Traction. Nunca se había obstaculizado la inversión belga en España. Por contra, la Canadiense había dejado de pagar sus deudas y había defraudado a la Hacienda española ocultando sus ganancias. Su quiebra era resultado de una larga historia de insolvencias. No era de recibo, decía Gil Robles, la campaña de injurias y ultrajes de los representantes del Gobierno belga contra Juan March, que se había limitado a comprar con su dinero títulos de la Barcelona Traction, y cuyo único delito había sido exigir que se le pagara lo que se le debía[76].

El 12 de enero se celebró una reunión entre Juan March y Maurice Frère, con sus respectivos traductores, en la casa de Areilza en París. Según Frère, March pasó de la amenaza de utilizar documentos comprometedores para los antiguos directivos de la Barcelona Traction, a un tono más amistoso. Si se satisfacía su petición de retirada de la demanda belga, haría una oferta que SOFINA no podría rechazar. Se trataba de acabar con los pleitos pendientes y evitar más complicaciones. Tenía ochenta años y quería dejar el asunto zanjado. Pero el requisito previo era la retirada de la apelación belga[77].

En los meses siguientes, Frère convenció a los directivos de la Barcelona Traction y al Gobierno belga para que retiraran la demanda. A finales de marzo se anunció públicamente el desistimiento y el 8 de abril Juan March viajó otra vez a París, donde se celebró una nueva reunión en la embajada española. No había sido fácil llegar hasta aquella segunda cita. Según March, Frère había tratado en todo momento de presentar la retirada de la demanda como resultado de un acuerdo entre los dos Gobiernos, mientras el mallorquín insistía en que se trataba de una negociación entre las partes. El Gobierno español debía ser dejado al margen. March puso sobre la mesa un memorándum con su oferta. Siempre había considerado nula la reclamación belga y no tenía ningún temor a que pudiera plantearse ante los tribunales de justicia de ningún país. FECSA no tenía nada que comprar ni la Barcelona Traction nada que vender, puesto que sus bienes se habían subastado ya. En señal de buena voluntad, sin embargo, estaba dispuesto a aceptar la compra de las acciones al precio equivalente a la valoración media en la Bolsa de Bruselas en 1948 o en 1952, es decir, el año de la declaración de quiebra y el de la subasta. Eso suponía tres dólares por acción. En total, 5.400.000 dólares. SOFINA reclamó 20 dólares por acción, con el argumento de que los títulos habían llegado a alcanzar los 85 dólares en 1928. Un total de 36 millones.

A comienzos de septiembre, Frère volvió a convocar a Juan March a través del conde de Motrico a una reunión en el Hotel Miramar de Biarritz. March insistió una vez más en que la presencia de Areilza no podía significar la implicación del Gobierno español. Ante la recusación de Areilza, Frère decidió no acudir. Hubo una cuantas cartas cruzadas entre ambos en las que se acusaron mutuamente de haber roto las negociaciones. Frère llegó a la conclusión de que March nunca había querido llegar a un acuerdo. March, por su parte, terminó convencido de que lo único que había buscado Frère había sido una elevación del valor de las acciones de SOFINA cuando la prensa belga habló de la existencia de las negociaciones y, por otro lado, posibilitar la retirada de la apelación del Gobierno belga, que carecía absolutamente de base, para poder presentarla de nuevo. Su buena fe había sido traicionada porque había entendido que la retirada era definitiva.

Fue el último de una repetida serie de intentos de negociación que habían acompañado los sucesivos pasos de aquel larguísimo pleito, desde que en 1940 March hizo su primera oferta de compra de acciones. Ninguno de ellos había salido adelante. Fracasado el último, Bélgica decidió remitir de nuevo el caso al Tribunal de La Haya, elevando su demanda. Pedía ahora 150 millones para compensar el dinero perdido por los accionistas y cubrir los gastos que acarreaba el caso. Las objeciones preliminares españolas a la nueva demanda fueron cuatro: que la discontinuidad del proceso inhabilitaba su continuación; que la Corte internacional no era competente; que la Barcelona Traction no era una compañía belga y, por lo tanto, Bélgica carecía de capacidad jurídica para apelar, y que la compañía no había agotado los recursos legales en España. El Gobierno español sopesó una quinta objeción en la que se aludía a los delitos fiscales y monetarios cometidos por la compañía, así como al enjuiciamiento por soborno de un funcionario del Gobierno belga, pero finalmente la desechó. El tribunal descartó las dos primeras alegaciones y el procedimiento se puso en marcha. España presentó una memoria de más de 700 páginas, que fue contestada por el Gobierno belga, y España añadió dos volúmenes de documentación. Los años pasaban, algunos jueces fueron relevados de su puesto mientras decenas de abogados de reputación internacional emitían sus informes. El debate acabó centrándose sobre la tercera alegación española, la relativa a la competencia del Gobierno belga para representar una compañía canadiense[78].

En abril de 1969 comenzaron las sesenta y cuatro sesiones públicas y las declaraciones orales por ambas partes. Mientras tanto, Rodríguez Sastre, abogado jefe del equipo de Juan March, afirmaba en la Junta General de Accionistas de FECSA que, fuera cuál fuera el resultado del proceso, la compañía no tendría que pagar nada, pues el demandado era el Estado español. El 5 de febrero de 1970, en el último día viable, el tribunal emitió su sentencia, casi por unanimidad: quince de los dieciséis jueces la suscribieron. Sólo votó en contra el juez belga, incorporado al tribunal en cumplimiento de la normativa que permitía a los países implicados en un proceso nombrar un juez más, en el caso de que no hubiera ninguno de su nacionalidad. La Corte internacional no entró en la valoración de ninguna de las acusaciones mutuas sobre comportamientos irregulares y actos ilícitos. La competencia del Gobierno belga para demandar el derecho de protección era requisito previo para juzgar, y ese requisito no había sido demostrado. Es decir, el tribunal rechazó la reclamación por razones de incompetencia, sin entrar en los contenidos. Llegaba a su final el caso de la Barcelona Traction.

Mientras la sentencia provocaba de nuevo la protesta de quienes en el exterior habían confiado en una resolución favorable, en España apenas hubo reacciones. Juan Antonio Suanzes se sintió profundamente decepcionado por el hermetismo oficial. Recibió felicitaciones particulares, pero había esperado una nota oficial, algún comentario del Consejo de Ministros, mayor atención de la prensa. Nada de eso se produjo. En su opinión, los españoles no se habían enterado de nada o, peor aún, se habían formado una idea muy equivocada del asunto porque se había permitido la publicación de informes que habían sembrado la confusión. Suanzes no quiso aceptar la invitación de la familia March para celebrar el éxito. A pesar de ello, Juan March Servera, presidente de FECSA desde su creación, tuvo ante la Junta General de Accionistas unas palabras de encendido elogio para Suanzes, aquel hombre «de actitud inteligente, sagaz y decidida» que había sabido calar hondo en el «turbio trasfondo» de las maniobras del grupo de la Barcelona Traction. Lo único que les había guiado a su padre y a él mismo había sido la voluntad de «prestar un servicio a España». Habían tenido que padecer presiones y campañas internacionales contra España, pero el Gobierno había mantenido su actitud de respeto a la independencia de los jueces. La sentencia del Tribunal de La Haya había venido a corroborar la integridad de los tribunales y las autoridades españolas. Se había reconocido el «gran servicio» que había procurado su padre a la patria. Conseguido ese reconocimiento, y conseguido también el objetivo de haber situado FECSA en línea con las principales industrias eléctricas españolas, Juan March Servera presentó su dimisión. Le sustituyó su hijo, Juan March Delgado[79].

Para entonces, Juan March Ordinas llevaba ocho años muerto. Falleció como consecuencia de un accidente de coche ocurrido el 25 de febrero de 1962. Como otros domingos, se dirigía después de comer por la carretera de La Coruña hacia Torrelodones, a casa de Antonio Rodríguez Sastre. En dirección a Madrid viajaban en un Chevrolet Pedro Martínez Artola, subdirector de Iberduero, y su esposa. El chófer que les conducía tuvo que frenar, el coche derrapó y fue a estrellarse contra el Cadillac en el que iba Juan March, conducido por su chófer, Antonio Salón, y en compañía de su ayuda de cámara, Miguel Sagrera. Todos sufrieron golpes y contusiones, pero Juan March fue el más grave. Algunos coches que circulaban por la carretera se detuvieron. Pararon un autocar, tumbaron al financiero mallorquín en el suelo y le llevaron hasta la Clínica de la Concepción en Madrid. Los tres ocupantes del Chevrolet presentaban distintas fracturas de huesos y golpes. El ayuda de cámara que viajaba con Juan March sólo tenía lesiones leves en la barbilla y la frente; el chófer, pronóstico reservado. Juan March tenía fracturados la tibia, el peroné y la cabeza del fémur izquierdos, la rótula derecha y una doble fractura del húmero derecho, además de contusiones en la cara y un shock traumático. Tenía ochenta y un años y su estado se diagnosticó como de extrema gravedad.

Después de dos horas de intervención quirúrgica, March fue trasladado a su habitación, mientras el doctor Jiménez Díaz, director del hospital, que se había trasladado desde su finca de La Cabrera al ser avisado del accidente, tenía que ser atendido por una insuficiencia coronaria. Acudieron a la clínica Bartolomé March y su mujer, Ana María Cencillo, así como algunas de las personas más próximas a Juan March: Ernesto Anastasio, Alejandro Bérgamo y Rosendo Silva. A la mañana siguiente, desde Mallorca, llegaron su hijo Juan y su mujer. Ya habían pasado por la clínica para interesarse por Juan March el jefe de la Casa Civil de Franco, conde de casa de Loja; el marqués de Villaverde; el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón; Juan Antonio Suanzes y el conde de Mayalde, alcalde de Madrid. La lista de llamadas de teléfono desde distintos sitios de España y también desde el extranjero era interminable y obligó a instalar una centralita especial[80].

Dos días más tarde, las noticias de una cierta mejoría permitieron abrigar ciertas esperanzas. Seguían las visitas de ministros, exministros, representantes de la diplomacia, de las finanzas y de la industria, de los negocios. El 27, desde la cama, March llamó al notario y, en presencia de sus dos hijos, formalizó una decisión que había tomado días antes: entregar una nueva aportación de mil millones de pesetas a la Fundación, con lo que su capital se elevaba a 2.000 millones. «Pasarán décadas, tal vez siglos, antes de que la patria tenga otro súbdito como él», decía ABC ensalzando la decisión de aquel «patriarca de un linaje y emperador de finanzas». Máxime cuando, como recordaba el diario, no era él quién decidía los nombres de los beneficiados, sino los claustros universitarios, las academias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Era la «nación misma», a través de sus especialistas radicalmente independizados del donante, quien decidía y repartía los millones[81].

Un grupo de investigadores del Instituto de Física y Química «Rocasolano» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hizo pública una carta en la que señalaban la importancia de aquella donación, especialmente en aquellos momentos en los que comenzaba en España una etapa de desarrollo económico. La mejora del nivel de investigación en España era la única manera de lograr «una paulatina liberación de nuestra industria de su actual dependencia extranjera». Si se continuaba indefinidamente con la compra de patentes y procedimientos, España nunca podría competir en el mercado internacional como no fuera a costa de los salarios, es decir, del nivel de vida de los trabajadores. La investigación española estaba orgullosa del mecenazgo de Juan March y, además de desearle una pronta mejoría, confiaban en que cundiera su ejemplo[82].

Mientras las visitas a la clínica se multiplicaban, en la Fundación se recibían cartas y telegramas de investigadores, profesionales y estudiantes, así como de instituciones que se habían beneficiado de sus ayudas. En el hospital, Juan March era reconocido por distintos médicos llamados por la familia, como el doctor Trueta, llegado desde Londres, o el doctor Puigvert, que se trasladó desde Barcelona. Nadie se atrevía a ser optimista, aunque durante unos días la mejoría pareció clara. March resistía, pero el 4 de marzo se confesó y comulgó. Cuatro días más tarde la gravedad se acentuó, los síntomas de mejoría desaparecieron y se le dio la extremaunción. Entró en un estado delirante y después en coma. Era el final.

El 10 de marzo, la prensa publicó la noticia del fallecimiento. Había ocurrido a las cuatro horas y quince minutos de la madrugada, después de haber sido trasladado a su casa. Se le practicó la autopsia, fue embalsamado y el escultor Juan Ávalos hizo su mascarilla. Quedó instalada allí mismo la capilla ardiente y desfilaron políticos, diplomáticos y hombres de negocios. Muchos de ellos asistieron, desde una sala adyacente, a última hora de la mañana, a la misa corpore insepulto, al final de la cual el patriarca obispo de Madrid-Alcalá, Eijo Garay, rezó un responso. Varios exministros, el jefe de la Casa Militar de Franco, el embajador de Canadá, el presidente de la asociación de la prensa, los marqueses de Mondéjar, Torre Milanos, Bondad Real y Valdeterrazo, presidentes y directores de reales academias, directores de bancos, escritores y catedráticos, pasaron por la capilla durante la tarde. En la esquela publicada, la familia expresó su deseo de que no se enviaran flores ni coronas, excepto las de sus dos hijos y la de la Fundación.

A la mañana siguiente, temprano, se oficiaron dos misas y, a las diez y media, a hombros de familiares, el ataúd se depositó en una carroza fúnebre. La cantidad de público concentrado ante el palacio obligó a instalar un servicio de orden. Presidió el duelo el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, en representación del jefe del Estado, acompañado de los hijos y nietos, del presidente de las Cortes, Esteban Bilbao, el patriarca obispo de Madrid-Alcalá y el alcalde de Madrid. Entre los presentes, los exministros Blas Pérez y Ruiz Giménez, el teniente general Asensio, José Félix de Lequerica, el marqués de Suanzes, José María Gil Robles, Alejandro Bérgamo y todos los componentes del consejo de la Fundación. También estaban el presidente del Banco Hispano Americano, J. A. Basagoiti, y los directores del Banco Central, Ignacio Villalonga, el de Crédito Local y el del Exterior, muchos académicos y otras personalidades. A las once de la mañana, la comitiva partió por carretera hasta Valencia, donde llegaron a media tarde. En el puerto, junto a un gentío, esperaban el gobernador civil de la provincia, el alcalde, el presidente de la Diputación y el comandante de marina. El ataúd fue embarcado en el buque «Ciudad de Barcelona», de la Transmediterránea, junto a un centenar de personas y familiares. Allí estaban los almirantes Bastarreche y Jaúregui, el presidente del Banco Central y el del Santander, Emilio Botín, Alejandro Bérgamo y quienes más cerca de Juan Mach y de sus negocios habían estado: Silva, Burguera, Rodríguez Sastre, Alegre, Lafita… En otro barco de la misma compañía, el «Ciudad de Granada» viajaba personal directivo, administrativo y subalterno de las empresas vinculadas al grupo.

Después de los responsos, a las nueve de la noche, se emprendió el viaje hasta la isla. A las siete de la mañana llegaron a puerto. El féretro fue transportado hasta la capilla del palacio de los March, donde comenzó de nuevo el desfile de gentes venidas de toda la isla. La Banca March había cerrado sus puertas mientras que, en Barcelona, FECSA suspendió sus actividades. Tanto en su sede central, como en las de distintas ciudades de la costa, las banderas de la Transmediterránea ondeaban a media hasta. A las seis de la tarde, en la catedral de Palma se celebró un multitudinario funeral en la catedral, oficiado por el obispo de Palma, Jesús Enciso Viana, auxiliado por los capitulares. La Schola Cantorum del seminario y la capilla Seráfica de la catedral cantaron la misa requiem de Perosi a tres voces. Asistieron todas las autoridades de la isla y muchas venidas desde la península. Una hora tardaron los asistentes en dar el pésame a la familia. Desde allí, atravesando las calles principales de la capital balear repletas de gente, con trabajadores y servidores de la casa portando hachones encendidos, el cuerpo fue trasladado en una carroza hasta el panteón familiar en la parte nueva del cementerio de Palma. El panteón había sido un encargo que Juan March le había hecho años en 1953 al arquitecto Gabriel Alomar. Las obras habían terminado en 1959. Era una cripta semienterrada construida en piedra de Alis y situada al final de una escalinata en la parte nueva del cementerio de Palma. Tenía forma de cruz griega, con la parte central cubierta de una bóveda de aristas y los laterales con bóvedas de cañón. En ellas y en los muros, un mosaico reproducía escenas de la Biblia y de los Evangelios. Había también un bajorrelieve de Monjo, unos ángeles de Federico Marés y un Cristo de Xaumells. Dos grandes sarcófagos de piedra en el piso superior presidían el conjunto arquitectónico. En uno de ellos descansaba desde hacía cinco años Leonor Servera. En el otro se depositó el cuerpo de Juan March[83].

A la Fundación llegaron tarjetas, cartas y telegramas de pésame. Llegaron muchas de casas de caridad, orfanatos y residencias, escuelas y conventos regentados por órdenes religiosas. Todas ofrecían sus oraciones. Unas agradecían las ayudas recibidas, otras recordaban que las habían pedido y no se les habían concedido. No hubo muchas de políticos. Algunos habían desfilado por la capilla ardiente. Enviaron su pésame algunos gobernadores civiles, presidentes de Diputaciones o de cámaras de comercio; también fiscales o notarios, que acompañaban en el sentimiento a Alejandro Bérgamo, secretario de la Fundación. Se recibió una carta de Ernest Kleinwort, presidente del Kleinwort and Benson. Otras muchas provenían de catedráticos, profesores universitarios, investigadores, rectores y departamentos o instituciones investigadoras, divisiones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sociedades de amigos del país y reales academias, asociaciones de prensa. Todos encomiaban el compromiso de aquel «ilustre Mecenas» y lamentaban su desaparición, confiando en que la Fundación seguiría adelante con su compromiso. Algunos de ellos se identificaban como beneficiarios de sus ayudas. También había un puñado de pequeñas cartas de algunos becarios: «No conocí a d. Juan. Pero difícilmente olvidaré su nombre. Sin su ayuda nunca habría pisado la Universidad. Le ruego acepte esta pequeña nota de condolencia», escribía uno de ellos desde Barcelona. También llegaron cartas desde Mallorca[84].

Se habló de Juan March en la televisión. Lo hizo Jesús Suevos, director general de cinematografía y teatro, cuando March estaba todavía en el hospital. El 10 de marzo fue Ramón Escohotado, en su programa «A media voz», quien hizo la loa de aquel «español insigne» cuyo poderío galopaba por toda la tierra. «Sintamos el orgullo de nuestros grandes triunfadores», dijo. La prensa de Madrid, de Barcelona, de Palma y de muchas otras ciudades dio información de los actos y recogió palabras de despedida y homenaje. «A don Juan March no se le entiende sin el Mediterráneo» —escribió José María Pemán—. «Es en su perímetro donde se dan estos hombres que se enfrentan con el mar y su aventura, para acabar poniendo su fortuna al servicio de la Cultura y del Espíritu». «Ha muerto nuestro segundo Carlos V, es decir, nuestro segundo hombre universal», dijo Azorín. «Gravitaba en todas las Bolsas del mundo. Fui amigo suyo muy sincero, lamento de todo corazón su muerte». Fueron sobre todo académicos, responsables de instituciones de investigación y rectores de universidad los convocados por la prensa para fijar su imagen. El calificativo más repetido fue el de «gran filántropo». Algunos se aventuraron más allá y escribieron sobre su «imperial carrera de financiero», sobre su «vitalidad biológica» y su sustancia creadora de «vastas e intrépidas empresas». Lo notable y hasta anómalo de las grandes batallas que había emprendido y ganado era que habían sido suyas y de nadie más, se escribió. Él solo había vencido cartels y trusts, había creado industrias y fábricas, había comprado y fortalecido firmas ya establecidas, había edificado palacios, coleccionado obras de arte y parcelado grandes fincas, pero, sobre todo, había entregado a España y dotado con dos mil millones de pesetas una fundación de cultura y beneficencia que era la primera de Europa. Había cumplido con su patria[85].

El historiador Joaquín Arrarás contó cómo Juan March había pasado diecisiete meses encarcelado en los años treinta por el «odio» que le tenían republicanos y socialistas al haberse negado a ser el «banquero de la revolución», y cómo se fugó levantando un vendaval de discusiones y comentarios. Nada más acerca de su biografía; ninguna explicación del origen de su fortuna, ninguna referencia detallada a sus negocios. Alfonso Fierro, hijo primogénito del empresario y banquero Ildefonso Fierro, presidente del Banco Ibérico, dejó dicho que la muerte de Juan March, junto a las recientes de Ignacio Herrero, marqués de Aledo, y la de su propio padre, significaba el final de una serie de hombres de negocios excepcionales y «muy profundamente españoles», en la que Juan March había sido una «cumbre». El exministro de Comercio, Manuel Arburúa, administrador delegado ahora del Banco Exterior de España, dijo de él que había sido «un gran cerebro, emprendedor y luchador», que había sabido poner su genial clarividencia y sus grandes recursos al servicio de su país. Su desaparición dejaba un vacío difícil de llenar, sobre todo para quienes, como él, le habían tratado personalmente.

Pocos hablaron de los rasgos de carácter del fallecido, a no ser para alabar su generosidad y el carácter la excepcional de su Fundación. Arburúa mencionó la «humana y afectiva sensibilidad» de Juan March, pero fue Antonio Rodríguez Sastre quien se explayó al hablar de la «increíble moderación y parquedad» en sus hábitos de vida, de su huida de refinamientos y comodidades; de no haber pretendido nunca honores ni demostraciones de agradecimiento. Su gran preocupación, decía Rodríguez Sastre, había sido siempre moverse a impulso de lo justo y lo equitativo, reclamando atención al aspecto moral de los asuntos que trataba. Su gran capacidad de concentración y su resistencia física causaron asombro en quienes le conocieron. Trabajaba con velocidad y precisión maravillosas, y era capaz de mantener posiciones contrarias a las que estimaba acertadas, sólo para conocer en una discusión si estaba en lo cierto. Lo hacía siempre «con un exquisito respeto a la opinión de los demás, tanto de sus colaboradores como incluso de sus antagonistas». Podía llegar a ser violento en la defensa de sus colaboradores y respondía con absoluta lealtad a quienes le eran leales. Por encima de todo, «su grande, su apasionado amor a España», guía y motor de muchas de sus relaciones económicas con el extranjero e incluso de algunos litigios en los que puso en riesgo sus intereses. Juan March había entrado, para siempre, en el santuario de la historia de España[86].

Josep Pla se separó de la tónica general y, después de contar cómo le había conocido en los años veinte, cuando lanzó el periódico El Día en Mallorca, hizo un retrato de aquel hombre delgado, nervioso. Parecía más un intelectual «endeble, grisáceo, escurridizo y pálido» que un comerciante habitual «corpulento, famoso y amazacotado». Tenía ya mucho dinero y también muchos enemigos, sobre todo entre las clases tradicionales y en el pequeño mundo de la aristocracia, «dels botifarres»; entre el pueblo corriente y moliente tuvo, sin embargo, «una grande y cordial popularidad». Las verdaderas noticias sobre él había que buscarlas en Mallorca, porque en otros lugares la leyenda había «devorado» la realidad. March había sido un hombre de negocios «inhabitual» en un país tan pobre como España y era perfectamente lógico que sus métodos levantaran «tempestades de envidia» y crearan —como en la antigua Grecia— los inevitables sicofantes. No fue un comerciante «de papeles». Su mentalidad comercial había sido exactamente la «arcaica» mentalidad comercial caracterizada por una clara y sencilla simplicidad: nunca hizo ningún mal negocio, invirtió lo menos posible para obtener lo máximo. Su poder para «captar las circunstancias» de cada momento, siempre varias, fue extraordinario. Ése fue el March de Pla, convencido de la necesidad de separar la leyenda de la realidad y de sopesar las cosas con una fría objetividad[87].

Había hecho testamento ante notario en julio de 1960. Tenía entonces setenta y nueve años y se acogió a la legislación foral de Mallorca. Dejó dicho que su sepelio, funerales y sufragios se celebraran conforme a los ritos de la religión católica, apostólica y romana en la que vivía y deseaba morir. Su esposa, Leonor Servera, había hecho a su segundo hijo, Bartolomé, heredero universal. Juan March le dejó lo que le correspondía por la legítima. A su primogénito, Juan, le dejó en herencia, en pleno dominio, el 60 por 100 de todos sus bienes, derechos y acciones, y en usufructo el otro cuarenta, repartido en un 20 por 100 para cada uno de sus dos hijos, Juan y José Carlos March Delgado[88].

«Quiero dejar solemne testimonio de que las realizaciones de mi vida se han debido, en gran parte, tanto a mi esfuerzo personal como a la lealtad, inteligencia y trabajo de mis colaboradores íntimos. Toda mi vida ha sido una continua consulta con ellos». La permanencia de su «Casa» dependía de que sus hijos tuvieran siempre a su lado, como él había tenido, «un equipo de hombres buenos, leales y eficaces». A Rosendo Silva, José Luis de Anchústegui, José Luis Bas y Rivas, Antonio Rodríguez Sastre y Alejandro Bérgamo Llabrés les pedía que cumplieran con la misión de hacer perdurar su casa, incluso sacrificando sus propios asuntos. Que trabajaran unidos en el esfuerzo de cada día y ejercieran una función conjunta, directiva y activa. Les nombró albaceas, comisarios, contadores y partidores para que actuaran mancomunadamente y cumplieran con su cometido en un plazo de tres años.

En su testamento, March cumplió con lo que había dejado comprometido respecto al futuro gobierno de la Fundación y reguló el orden sucesorio del patronato. Insistió en que para una mayor eficacia en la consecución de sus fines, debía atribuirse a una persona física, con preferencia a cualquier otro sistema de cotitularidad o colegio; una sola persona de acuerdo con los principios de primogenitura y masculinidad, «tan arraigados, por otra parte, en los fueros y usos civiles de su tierra natal». En el futuro, la designación de sucesor, por acto inter vivos o en testamento de quien ocupara el patronato, tendría que hacerse entre los «parientes legítimos» y, de no haber testamento, sucedería en el puesto el pariente consanguíneo en grado más próximo. También deberían designar sucesores entre sus parientes legítimos quienes ocuparan los dos puestos de consejeros vitalicios, ocupados por sus dos hijos. El orden así fijado garantizaría la continuidad en el control familiar de la Fundación. De acuerdo con lo por él mismo establecido, nombró sucesor en el patronato a su hijo primogénito, Juan March Servera, quien, en consecuencia, debería designar sucesor en su puesto de consejero. «Excepcionalmente, en prueba de cariño a su hijo Bartolomé», le nombró vicepresidente del consejo del patronato con carácter vitalicio.

Unos días después de su fallecimiento, ABC publicaba una breve historia de la Fundación: «si el hombre se extingue queda como una luz perpetua su obra. En la batalla postrera, batalla entre la vida y la muerte, don Juan March, como siempre, ve claro. Y en el umbral de la gran sombra remata su obra: mil millones más para la Fundación. La obra de ésta será así más amplia y segura, más bellamente ambiciosa. Don Juan March puede morir ya, porque la tarea está cumplida». Más austero en su expresión, pero con el mismo sentir, había escrito Ramón Menéndez Pidal: la obra más querida de su vida toda, la Fundación, quedaba como la más alta honra para la memoria de Juan March, cuya desaparición lamentaba el «país donde es muy raro que tanto los más grandes como los más pequeños sientan el interés social que a todos nos obliga»[89].

Casi un siglo antes, en 1889, el gran empresario del acero norteamericano, Andrew Carnegie, había publicado un artículo, «Wealth», en la North American Review. Se reprodujo en Gran Bretaña con el título de «Wealth of Gospel» por petición del político liberal William Gladstone. El artículo provocó muchos comentarios. Fue uno más de los muchos que escribió. Carnegie no se distinguió de sus barones industriales contemporáneos de la Gilded Age por los medios con los que acumuló su fortuna. Muchas de sus actividades serían clasificadas de inmorales e ilegales. Pero se diferenció de muchos otros por el éxito que obtuvo y por los objetivos que se marcó. Quiso ser un hombre de letras, conocido y respetado por sus escritos y su intelecto, tanto como por su capacidad para hacer dinero. En 1901, cuando era probablemente el hombre más rico del mundo, decidió vender su empresa a J. P. Morgan y dedicar su fortuna a la construcción de escuelas y bibliotecas, a becas para estudiantes escoceses, a pensiones para profesores universitarios americanos, a la creación de un instituto de investigación científica en Washington… Preocupado por lo que pudiera ocurrir con su legado a su muerte, fundó la Carnegie Corporation para garantizar la continuidad de su labor. No hizo nada de aquello por vergüenza o por un sentimiento religioso de culpabilidad. Lo hizo, simplemente, según explicaba, para devolver a la sociedad lo que en justicia le correspondía, puesto que las grandes fortunas no eran el resultado de la acción puramente individual, sino el producto de una comunidad[90].

El eco del artículo fue tal que el editor de la North American Review le pidió que escribiera otro con recomendaciones sobre cómo debían los ricos utilizar sus fortunas. «The Best Fields for Filantropy» se publicó en diciembre de aquel mismo año. Carnegie justificaba plenamente la concentración de riqueza en manos de quienes tenían la habilidad y la energía para producirla. Nada malo debía desprenderse de ello. El gran problema era que el surgimiento de las grandes fortunas corría paralelo al aumento de la desigualdad entre ricos y pobres. Quienes por su talento y capacidad de gestión habían sido capaces de acumular tanta riqueza tenían la obligación de administrarla en beneficio de la comunidad y debían hacerlo en vida. Dejarla en herencia a los hijos no era bueno para su educación y, además, la experiencia demostraba que la dilapidaban en futilidades. Tampoco le parecía eficaz esperar hasta el momento de la muerte, porque nada garantizaba que se cumpliera su voluntad. Por eso hacían bien los Estados en gravar con impuestos las herencias y los legados. El deber de los «men of wealth» era dar ejemplo y considerar al menos una parte de sus rentas como un fondo a administrar de la mejor manera posible, para que produjera los mayores beneficios a la sociedad. Las mismas leyes de la competencia y la iniciativa individual que permitían la acumulación de riqueza debían amparar su distribución. No se trataba de ejercer la caridad de manera indiscriminada, porque eso alimentaba los males que se pretendía curar. El mayor beneficio para la comunidad era poner a su alcance los medios que facilitaran el ascenso social de quienes aspiraban y se esforzaban en lograrlo. Los millonarios tenían la obligación de ser, durante una parte de su vida, fiduciarios (trustees) de su fortuna, y administrarla en servicio de la colectividad, mejor incluso de lo que lo harían en beneficio propio. Sólo así evitarían morir «unwept, unhonoured, unsung»[91].

Es probable que Juan March no quisiera morir sin que se le llorase, se le honrase y se le cantase.

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Notas

[1] J. STROUSSE, Morgan. American financier, Nueva York, Random House, 1999. <<

[2] M. JOSEPHSON, The Robber barons, San Diego-Nueva York-Londres, Harcourt, Inc., 1962 (1.ª ed., 1934). Vanderbilt, en T. J. SILES, The First Tycoon. The epic life of Cornelius Vanderbilt, Nueva York, Alfred Knoff, 2009. <<

[3] Biografías recientes de ambos son las de D. NASAW, Andrew Carnegie, Nueva York, Penguin Books, 2007, y R. CHERNOW, Titan. The life of John D. Rockefeller, Sr., Nueva York, Random House, 1998. <<

[4] D. CANNADINE, Mellon. An American Life, Nueva York, Vintage Books, 2006. <<

[5] H. Ashby TURNER Jr., German Big Business and the Rise of Hitler, Oxford, Oxford University Press, 1985. P. HAYES, Industry and Ideology. IG Farben in the Nazi Era, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 (2.ª ed.). H. JAMES, The Deutsch Bank and the Nazi Economic War against the Jews, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. La participación de los industriales alemanes en el debate de Nuremberg y en la posguerra, en S. J. WIESEN, West German Industrialists and the Challenge of the Nazi Past, 1945-1955, Carolina, University of Carolina Press, 2003. El debate sobre la ética de los historiadores, en M. PINTO-DUSCHINSKY, «Selling the past. The dangers of outsider finance for historical research», Times Literary Supplement, 23 de octubre de 1998. <<

[6] Un compendio de estudios sobre el tema, en H. JAMES y J. TURNER (eds.), Enterprise in the period of fascism, Gran Bretaña-Estados Unidos, Ashgate, 2002. <<

[7] Entre los estudios de las organizaciones empresariales en momentos críticos, M. CABRERA, La patronal en la Segunda República. Organizaciones y estrategia (1931-1936), Madrid, Siglo XXI, 1983, y F. DEL REY, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992. Una colección de biografías, en E. TORRES (dir.), Los 100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid, LID, 2000. La escasez de empresarios en el siglo XIX y su importancia en el XX, en G. TORTELLA, «Prólogo», ibid. Un ensayo de incorporar a los empresarios a la historia general, en M. CABRERA y F. DEL REY, El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000), Madrid, Taurus, 2002. <<

[8] La afirmación de Eugenio Torres, en «Juan March Ordinas (1880-1962)», Los 100 empresarios españoles…, op. cit., p. 268. <<

[9] E. GIMÉNEZ CABALLERO, El dinero y España, Madrid, Afrodisio Aguado, 1965, p. 39. <<

[10] J. BROOKS, «Annals of Finance. Privateer I», New Yorker, 21 de mayo de 1979, p. 53. <<

[11] M. BENAVIDES, El último pirata del Mediterráneo, México, Ediciones Roca, 1976, pp. 270-271. <<

[12] J. PLA, «Don Juan March y Ordinas», Destino, 17 de marzo de 1962. Este artículo, escrito al morir Juan March, fue luego incorporado con un párrafo introductorio en Retrats de passaport, en Obras completas, vol. 17, Barcelona, Destino, 1982, pp. 527-533. <<

[13] La conversación con Hoare, en «Interview with J. March, 11 April 1944», Templewood papers, XIII (6)/28, Cambridge University Library. <<

[14] J. PLA, «Juan March», Retrats de passaport, op. cit. <<

[15] J. PLA, «De culpable a víctima», La Veu de Catalunya, 7 de noviembre de 1933; también en J. PLA, La Segunda República española. Una crónica 1931-1936, edición de X. PERICAY, Barcelona, Destino, 2006, p. 749. <<

[1] Todo lo que sigue, en «Causa instruida con motivo de los delitos de insulto a fuerza armada y robo de tabaco cometidos con ocasión de conducir una aprehensión efectuada por fuerza de Carabineros desde la Playa de Santa Margarita a la villa de la Puebla», Capitanía General de Baleares, año 1909, Plaza de Palma, Incorporado a Audiencia Territorial de Palma, Juzgado de la Lonja 1923, Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo. <<

[2] Pere Ferrer ha insistido en la saneada economía de la familia March, frente a quienes han afirmado que Juan March nació en una familia modesta. P. FERRER, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2008, pp. 11 y ss. <<

[3] M. MONJO ESTELRICH, «March-Ques: Història d’una atracción fatal», Periferia. Revista Cultural, año 1, núm. 1, marzo de 2006, pp. 4-7. Agradezco a Miquel Monjo la consulta de los fondos del Archivo de la familia Ques, depositado en el Ayuntamiento de Alcudia, así como de otros archivos provenientes de otros ayuntamientos e instituciones mallorquinas, que ha reunido en la colección Canverga. De ellos proviene la información de todo lo que sigue. <<

[4] El jornal medio, en A. M. BERNAL, «La llamada crisis finisecular (1872-1919)», en La España de la Restauración, Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 250-252. <<

[5] La invitación a la boda y la carta a Juan Grau, en el Archivo Qués ya citado. <<

[6] El contrato de venta de una parcela a Francisco Morey en junio de 1903, en Archivo Antoni Más i Forners, en la colección Canverga. La cuarterada era una medida agraria tradicional en las Baleares que equivalía a 7.103 metros cuadrados. <<

[7] Las cartas de Juan March a Antonio Qués, en colección Canverga. <<

[8] F. COMÍN COMÍN y P. MARTÍN ACEÑA, Tabacalera y el estanco del tabaco en España 1636-1998, Fundación Tabacalera, 1999, caps. 2, 3 y 4. <<

[9] Documentos entregados por Luis Fajardo, representante del Estado en la Arrendataria, el 10 de octubre de 1923, en el proceso que entonces se seguía contra Juan March. Entre los documentos hay cartas cruzadas entre March, Jaime y Gaspar Ruiz, entre 1906 y 1916. En su declaración, March reconoció haber conocido y tenido negocios con los Ruiz, con Bonet y con John García, pero manifestó su extrañeza de que hubiera documentación escrita sobre ello y se amparó bajo sus negocios legales de fabricación y venta de tabaco en Marruecos (Audiencia Territorial de Palma, Juzgado de La Lonja, 1923, Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo). <<

[10] A. DE LA SERNA, Al sur de Tarifa. Marruecos-España: un malentendido histórico, Madrid, Marcial Pons Historia, 2001. <<

[11] Para el programa de Santiago Alba, M. MARTORELL LINARES, El santo temor al déficit, Madrid, Alianza Editorial, 2000, pp. 179 y ss.; lo del monopolio de tabacos en pp. 198-199. También, M. CABRERA, F. COMÍN y J. L. GARCÍA DELGADO (dirs.), Santiago Alba. Un programa de reforma económica en la España del primer tercio del siglo XX, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1989. <<

[12] Diario de las Sesiones del Senado, núm. 44, 1916, pp. 678-687. <<

[13] Todas las declaraciones en la que se basa lo que sigue, en la causa número 277 del Distrito del Mar de Valencia en virtud del Auto de 30 de septiembre de 1916, incorporada en octubre de 1923 a la causa instruida por el Juzgado de la Lonja de Palma de Mallorca sobre contrabando de tabaco por denuncia del abogado del Estado (Archivo Histórico Nacional, Fondo reservado, leg. 49, caja 3, fols. 364-433). <<

[14] «Una tragedia entre sombras», España Nueva, 16 de octubre de 1916. <<

[15] Telegramas cruzados entre March, Ramis, Qués, Vicente San Vicente y otros, certificados por el jefe del Cuerpo de Telégrafos e incorporados al sumario antes citado. <<

[16] Crónicas de Antonio de la Villa en España Nueva a partir del 16 octubre de 1916. <<

[17] Copia mecanografiada de las dos cartas, en francés y sin firma manuscrita, en Archivo Juan Carreras, depositado en el Archivo de Miguel Monjo. <<

[18] Copia del contrato inicial, mecanografiada y traducida al francés en junio de 1917, en Archivo Juan Carreras. <<

[19] Estos datos, como todos los relacionados con la sociedad, hay que tomarlos como lo que son: la contabilidad de una sociedad que fabricaba tabaco pero se dedicaba al contrabando. Fueron aportados por José Garau en respuesta a la demanda interpuesta contra él por Juan March ante el Tribunal de Comercio de Argel en 1918 (reproducida en Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo, Fondo reservado, Sumario 149-124, Valencia, 1924). <<

[20] Traducción jurada del acta de la sentencia, incorporada al sumario citado: 149-124, Valencia, 1924, Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo. Documento reproducido en la prensa mallorquina del momento y por B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión de Juan March, Madrid, Sedmay, 1977, pp. 55-60. <<

[1] F. J. ROMERO SALVADÓ, España 1914-1918. Entre la guerra y la revolución, Barcelona, Crítica, 2002. G. MEAKER, «A War of Words: The Ideological Impact of the First World War on Spain, 1914-1918», en H. SCHMIT (ed.), Neutral Europe Between War and Revolution, 1917-1923, Charlottesville, The University Press of Virginia, 1988, pp. 31-32. <<

[2] S. ROLDÁN y J. L. GARCÍA DELGADO (con la colaboración de J. MUÑOZ), La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, 2 vols., Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1973. G. GORTÁZAR, Alfonso XIII, hombre de negocio, Madrid, Alianza Editorial, 1986. <<

[3] Ambos comunicados, con fecha 28 de mayo de 1915, en Public Record Office, FO 185/1237. <<

[4] La documentación que sigue sobre la actitud de las autoridades francesas hacia March, en Archivo Central Estatal Especial de la Unión Soviética, Moscú, 3.ª sección, 2.º Bureau del Estado Mayor de Francia, enero de 1916-octubre de 1917, fondo núm. 7, inventario núm. 1, asunto 1032, copia de esta documentación depositada en la colección Canverga de M. Monjo. <<

[5] Juzgado de Instrucción, Distrito de la Catedral Palma de Mallorca, Sumario sobre aprehensión por fuerza de carabineros de 12 latas conteniendo petróleo, valorado en 101,15 pesetas, y aforado en 85,51 pesetas, día 10 de marzo de 1918, en una ondulación natural del terreno, en Cala Gat, de Cala Ratjada, Incoado 26 de marzo de 1918, Terminado 26 de agosto de 1919, núm. 65-918 (Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo, Fondo reservado, expediente 49.3). <<

[6] El doble juego de March es sostenido por muchos autores, por ejemplo, por Pere Ferrer. A. DIXON también lo reconoce, pero insiste en que March fue partidario de los aliados y un «ferviente anglófilo» toda su vida (Señor monopolio. La asombrosa vida de Juan March, Barcelona, Planeta, 1985, p. 14, y caps. 3 y 4). C. GARCÍA SANZ afirma que March fue el hombre de confianza de Thoroton y que trabajó a las órdenes del Almirantazgo británico («Gibraltar y su campo, un estudio regional de las relaciones internacionales durante de Primera Guerra Mundial», Hispania, vol. LXVII, núm. 226, mayo-agosto de 2007, pp. 567-598). Las raíces del poder de March, en D. QUETGLÁS, «La Republica, poble a poble (6) Santa Margalida. Triptic sobre Joan March “en verga”», Sa Plaça, núm. 127, agosto de 2003, pp. 9-27. <<

[7] De la intervención de Juan March en las Cortes Constituyentes republicanas el 5 de noviembre de 1931, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 69, pp. 21833 y ss. <<

[8] Banco de España en Palma de Mallorca, Registro de Sociedades Mercantiles, Archivo histórico del Banco de España, Palma L. 12 (a 11.1985). Los anuncios de la Banca March, en la prensa nacional de los años veinte. <<

[9] El proyecto de Banca Territorial, en conversaciones con Natalio Rivas el 24 y el 30 de julio de 1927, Archivo Natalio Rivas, 11-8920. <<

[10] Las primeras parcelaciones en M. MONJO, «Cronología», en www.canverga.com. Documentación abundante aunque desordenada sobre el pleito Ayamans, en Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca, Documentación particular, caja 13, exp. 2. <<

[11] E. URREIZTIETA vincula la compra de Sa Vall al contrabando porque su extensión y emplazamiento la hacían especialmente útil para el desembarco ilegal (Los March. La fortuna silenciosa, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008, pp. 116 y ss.). <<

[12] P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 133-157. I. PEÑARRUBIA I MARQUÈS, Els partits polítics danvant el caciquisme i la qüestió nacional a Mallorca (1917-1923), Barcelona, Publicacions de Labadía de Montserrat, 1991, pp. 43-48. <<

[13] P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 164 y ss.; P. GABRIEL, El moviment obrer a Mallorca, Barcelona, Curial, 1973, p. 116. <<

[14] Citado por P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 137-138. <<

[15] P. GABRIEL, El moviment obrer…, op. cit., p. 112, nota 3. La Vanguardia Balear, 13 abril 1918, citada por P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., p. 377. <<

[16] Debate en el Ayuntamiento y entrevista, en P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 379-384; entrevista citada también por P. GABRIEL, El moviment obrer…, op. cit., p. 114. <<

[17] La coyuntura excepcional de la guerra y los beneficios de las navieras vascas, en J. M.ª VALDALISO GAGO, Los navieros vascos y la marina mercante en España, 1860-1935. Una historia económica, Bilbao, Instituto Vasco de Administración Pública, 1991. <<

[18] Para la Transmediterránea, M. GÓMEZ-SANTOS, Todo avante. Transmediterránea 1917-1992, Madrid, Transmediterránea, 1991. <<

[19] Declaraciones de March en un mitin electoral el 16 de abril de 1923, reproducido por P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 41-46. <<

[20] P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 172 y ss. <<

[21] P. FULLANA I PUIGSERVER, Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), Mallorca, Lleonard Muntaner Editor, 1998. <<

[22] B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 79 y ss. I. PEÑARRUBIA I MARQUÈS, «Baleares», en J. VARELA ORTEGA (dir.), Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 85-101, e ÍD., Els partits polítics davant el caciquisme…, op. cit. <<

[23] La crónica de la reunión en Palma, en La Vanguardia, 24 de octubre de 1919, que califica a Juan March de «multimillonario». <<

[24] Asunto de Porto Pi, en P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 73 y ss. <<

[25] «Consideraciones», El Día, 31 de mayo de 1921. <<

[26] «Consideraciones actuales», El Día, 23 de julio de 1921. <<

[27] Declaraciones en El Día, 25 de septiembre de 1921, citado por P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., p. 9. <<

[28] Entrevista en El Día, 14 de junio de 1922, citada por P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 93-97. <<

[29] M. GÓMEZ-SANTOS, Todo avante…, op. cit., pp. 75-76. En los libros de contabilidad figuraba en junio de 1922 como propietario de 12.760 acciones de la serie C por un valor de 6.380.000 pesetas, pero no eran las únicas que poseía. Relación de libros de contabilidad años 1916-1978 [Archivo General de la Administración, Hacienda (1. Catálogo 3.01/3.11), regs. 143.(1)3.4.1, libro 1.ªA, TOP 12/41.209; (1)3.4.1, libro 3.ºA, TOP 12/41.105, y (1).3.4.1, libro 4.ºA, TOP. 12/41.105]. <<

[30] «Antecedentes de don Juan March Ordinas», correspondientes a los días 3, 11 y 17 de octubre de 1921, reunidos en junio de 1932 por la Dirección General de Seguridad (Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Ministerio del Interior, exps. policiales H. 368). <<

[31] M. MARTORELL LINARES, El santo temor al déficit…, op. cit., pp. 227 y ss. <<

[32] Anotación de Natalio Rivas de 27 de mayo de 1921, «Sobre Alba y March», Archivo Natalio Rivas, 11-890. <<

[33] Sobre La Libertad, M.ª C. SEOANE y M.ª D. SAÍZ, Historia del periodismo en España, 3, El siglo XX, 1898-1936, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 260-263. Las discrepancias de algunos liberales, en Archivo Natalio Rivas, 11-8907. Las opiniones de El Liberal, «El negocio de los tabacos. ¿Cui prodest?», 29 de mayo de 1921; «Debate sobre los tabacos. Lo democrático que se ve y lo proteccionista que se oculta. Cosas de ayer y de hoy», 1 de junio de 1921; «Periodismo contrabandista. Alba y compañía», 3 de junio de 1921. <<

[34] Esto, y lo que sigue, de la declaración años más tarde de Bertrán i Musitu ante la Comisión de Responsabilidades de la República (Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo 49, Monopolio de Tabacos, trozo 2). <<

[35] March negó en 1923 semejante situación. Más aún, sostuvo que fue él quien decidió rescindir su acuerdo con la Anglo-Algerienne cuando se enteró de que desde sus instalaciones salía tabaco que no llegaba a su destino (Declaraciones de Fernando Cardona, jefe de investigación de la Compañía Arrendataria de Tabacos en Orán, el 19 de diciembre de 1923, y de Juan March, el 12 de septiembre de 1924, en sumario abierto por denuncia del abogado del Estado en septiembre de 1923). <<

[36] Cartas de Cambó a Maura y a Francos Rodríguez, en Archivo Maura, leg. 276/1. La reunión con los coroneles del cuerpo de carabineros, en F. CAMBÓ, Memorias, Madrid Alianza Editorial, 1987, p. 329. <<

[37] La modificación, con nota de Cambó a Maura, Archivo Maura, leg. 276/1. <<

[38] Visión de la compañía, en las Memorias de Francisco Bastos, 107 páginas mecanografiadas y escritas en 1926, con un prólogo de 1932, bajo el título de «La persecución del contrabando de tabaco en España y la lucha con su organizador Juan March». Copia depositada en el Archivo de Miguel Monjo. <<

[39] Memorias de Francisco Bastos, op. cit., p. 28. <<

[40] Nota de Juan March, de 31 de mayo de 1922, incluida en el expediente del proceso de 1932 instruido para depurar responsabilidades derivadas de la concesión del monopolio de tabacos (Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo, leg. 49, trozo 2). Todos los documentos que se citan a continuación provienen de la misma fuente. <<

[41] Texto del decreto y opiniones de Bastos, en sus Memorias, op. cit., pp. 39-42. <<

[42] Las municipales, en I. PEÑARRUBIA I MARQUÈS, Els partits politics…, p. 354. El nombramiento de alcalde, en P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 313-317. <<

[43] El ascenso de March en el Partido Liberal y una interpretación de lo que supuso en la política balear, en I. PEÑARRUBIA I MARQUÈS, Els partits politics…, op. cit., pp. 369 y ss., y conclusiones. <<

[44] «El simbólico caso March. Algunos ministeriales están avergonzados», La Acción, 19 de enero de 1923. La Acción, en M.ª C. SEOANE y M.ª D. SÁIZ, Historia del periodismo en España…, op. cit., pp. 234-235; el conservadurismo maurista, en M.ª J. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista, 1907-1923, Madrid, Siglo XXI 1990, pp. 122 y 132. <<

[45] Véase La Acción, «¡Así se gobierna! El contrabando y la política», 23 de enero de 1923; «Del mal vivir español. Los tenebrosos misterios del contrabando y la política», 24 de enero de 1923, y «Modos de combatir. Parcialmente y en conjunto», 25 de enero de 1923. <<

[46] Véase La Acción, «En el país de la paradoja. Los tenebrosos misterios del contrabando y la política» y «Comentarios del día. El señor Alba y el caso March», 26 de enero de 1923, y «El contrabando, la política y la diplomacia», 1 febrero de 1923. <<

[47] Véase La Acción, «Exquisiteces de la política. El marchismo triunfa», 21 de febrero de 1923; «Que se acaben las ridículas comedias», 22 de febrero de 1923; «Aspectos políticos. La Compañía Alba-March», 24 de febrero de 1923, y el artículo de F. VIDAL BURDILS, «La política en Baleares. El gobernador de March», 7 de marzo de 1923. <<

[48] Véase La Acción, «Ver para creer. ¿Desiste March de hacer política?», 8 de marzo de 1923; «March no será diputado», 17 de marzo de 1923, y «En el país de la paradoja. El honorable March nos entrega a la Justicia», 21 de marzo de 1923. <<

[49] El Día, 25 de marzo de 1923. Lo cita P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 327-328. <<

[50] P. GABRIEL, El moviment obrer…, op. cit., pp. 147-149. Más detalles de la polémica entre Bisbal y Montserrat i Parets, en P. FERRER, Juan March. Los orígenes…, op. cit., pp. 389-399. <<

[51] Discurso de March ante el comité liberal, en El Día, 25 de marzo de 1923. Lo cita P. FERRER, Juan March. Los orígenes…, op. cit., pp. 327-328. <<

[52] P. FULLANA I PUIGSERVER, Antoni Maura i el maurisme a Mallorca…, op. cit. <<

[53] P. FERRER, Juan March. Los inicios…, op. cit., pp. 338-346. Un buen resumen de cómo March se enfrentó con los intereses económicos y políticos en la isla, y triunfó, en P. GABRIEL, «A l’entorn de Joan March “en Verga”. II. Verguisme i antiverguisme, Mallorca en Guerra. Memoria civil», Baleares, 7 de diciembre de 1986. <<

[1] El golpe, sus antecedentes y consecuencias, en M. T. GONZÁLEZ CALVET, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar, Madrid, El Arquero, 1987; J. L. GÓMEZ NAVARRO, El régimen de Primo de Rivera, Madrid, Cátedra, 1991, y J. TUSELL, Radiografía de un golpe de Estado. El ascenso al poder del general Primo de Rivera, Madrid, Alianza Editorial, 1987. <<

[2] M. GARCÍA VENERO, Santiago Alba, monárquico de razón, Madrid, Aguilar, 1963. J. M. MARÍN ARCE, Santiago Alba y la crisis de la Restauración, Madrid, UNED, 1990. C. SECO SERRANO, «El cerco de la Monarquía. La ruptura de los partidos dinásticos con Alfonso XIII durante la Dictadura de Primo de Rivera», Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 188, Madrid, 1991, pp. 19-43. <<

[3] La despedida en la estación de San Sebastián, en M. AGUIRRE DE CARCER, Glosa del año 23, Madrid, Pace, 1944, p. 237. <<

[4] Las cartas de Juan March, en Archivo Histórico Nacional, Audiencia Territorial de Palma, Rollo núm. 378, Archivado bajo el núm. 258 de 1926, Juzgado de La Lonja, año 1923. <<

[5] Noticias en la prensa citadas por B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 114-118. <<

[6] Los documentos y la correspondencia, incorporados en el sumario citado de la Audiencia Territorial de Palma, Juzgado de La Lonja, del que extraigo todo lo que sigue. <<

[7] Informe mecanografiado y fechado el 18 de noviembre de 1923, Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 253, exp. 148. <<

[8] Copia de las cartas en «Miguel Ordinas Santandreu», Ponencia del general Vallespinosa, Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Presidencia del Directorio, leg. 253/177. <<

[9] Copia del informe del juez de 3 de diciembre de 1923, ibid. <<

[10] Escrito de 12 de enero de 1924 desde el Hospital de Carabanchel, ibid. <<

[11] Carta de Ramón Viala a Vallespinosa, de 17 de enero de 1924, en Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Ponencia Vallespinosa, exp. 252/1. <<

[12] Las conversaciones de Bastos con los generales, en su declaración ante la comisión de responsabilidades de las Cortes republicanas, el 22 de junio de 1932, Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo, Fondos reservados, leg. 49, Monopolio de Tabacos, trozo 2. Lo cuenta en sus memorias, «La persecución del contrabando de tabaco en España y la lucha con su organizador Juan March», op. cit. <<

[13] «Sobre una grave denuncia», ABC, 28 de octubre de 1923. El ABC del día 30 anunciaba que en adelante se abstendrían de cualquier comentario. <<

[14] Documentación relativa a esta denuncia incorporada al proceso abierto por la comisión de responsabilidades de las Cortes Constituyentes republicanas (Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo, leg. 49, «Monopolio de tabacos», trozo 2). <<

[15] Cartas de March al juez, de 7, 19 y 21 de noviembre, y 3 y 4 de diciembre de 1923; y a Primo de Rivera, de 7 de enero de 1924, ibid. <<

[16] Las palabras del juez Díaz de la Sala al presidente del Directorio el 28 de enero de 1924, en Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Ponencia Vallespinosa, exp. 252/1. <<

[17] La denuncia de Garau, junto con la copia de las cartas y de la sentencia del tribunal francés, en «Causa contra don Juan March Ordinas por falsedad», Sumario núm. 149-1924, Valencia 1924», encontrada en 1941, Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, exp. 1-2. <<

[18] Lo que sigue está basado en las declaraciones de todos los implicados incorporadas en el proceso que siguió la querella formulada en 1931 contra Eduardo León y Ramos y tres magistrados más por prevaricación (y subsidiariamente contra Juan March Ordinas por cohecho), Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, leg. 1-2. <<

[19] Las declaraciones y los autos citados, en el sumario citado, «Causa contra don Juan March Ordinas por falsedad», Sumario núm. 149-1924, Valencia, 1924, encontrada en 1941, Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, exp. 1-2. <<

[20] El discurso de March y la crónica de la inauguración, en P. GABRIEL, El moviment obrer…, op. cit., pp. 150-157. También en B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 130-135. <<

[21] Informaciones, «Lo que debe averiguar el Directorio», 9 de septiembre de 1924, y «Aviso a los fumadores», 13 de septiembre de 1924. <<

[22] La intervención obrera, en La Libertad, «Brillante defensa del elemento obrero», 3 y 4 de octubre de 1924; «La Arrendataria. Cargos abrumadores», 1 de octubre de 1924, y «La elocuencia de los números», 2 de octubre de 1924. Comentarios de Francisco Bastos en sus Memorias, op. cit., pp. 76 ss. <<

[23] Memorias de Francisco Bastos, op. cit., pp. 92-101. M. BENAVIDES, El último pirata del Mediterráneo, México, Ediciones Roca, 1976, pp. 265-268. Años más tarde, Manuel Azaña escribió que el Banco Urquijo «capituló con March» porque amenazó con hacer públicos unos pagos por parte de dicho Banco a los concejales del Ayuntamiento de Madrid para conseguir ciertas concesiones relativas a los servicios de tranvías y electricidad (M. AZAÑA, Diarios. Obras completas, edición de S. JULIÁ, t. 3, Madrid, Ministerio de la Presidencia-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 740). <<

[24] Rumores y entrevista del subsecretario de Hacienda con el marqués de Amurrio, contada por José Lladó, en Archivo Natalio Rivas, 11-8916. <<

[25] M. C. SEOANE y M. D. SÁIZ, Historia del periodismo en España…, op. cit., pp. 261-262 y 346-348. La comida en el Bois de Boulogne y la anécdota de las propinas, en F. MADRID, Los desterrados de la Dictadura, Madrid, Editorial España, 1930, pp. 28-34. <<

[26] Encuentro con Sánchez Guerra, en Archivo Natalio Rivas 11-8916. <<

[27] Conversación de March con Natalio Rivas el 23 de marzo de 1925, ibid. <<

[28] La anomalía de la prensa militar y el caso de La Correspondencia Militar, en M. C. SEOANE y M. D. SÁIZ, Historia del periodismo…, op. cit., pp. 130-141. <<

[29] Intervención en La Correspondencia Militar según declaración del apoderado de March, Rosendo Silva, el 4 abril 1933 ante la Comisión de Responsabilidades de las Cortes Constituyentes republicanas. <<

[30] Carta de March a Primo de Rivera, entre los papeles del Directorio incautados por la República, Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, leg. 49, «Monopolio de tabacos en Marruecos». <<

[31] La «segunda fase» de la Dictadura, en S. BEN AMI, La Dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 91 y ss., también en J. L. GÓMEZ NAVARRO, El régimen de Primo de Rivera…, op. cit., pp. 337 y ss. La nueva clase política, ibid., pp. 207 y ss. <<

[32] M. T. GONZÁLEZ CALVET, La Dictadura de Primo de Rivera…, op. cit., pp. 185 y ss. <<

[33] Encuentro con Sánchez Guerra y noticias sobre Dómine y la Transmediterránea, en Archivo Natalio Rivas 11-8916. <<

[34] Cartas de Primo de Rivera a March, de 5 de junio, y de March a Primo de Rivera, de 13 de junio y de 2 de julio de 1926, en los papeles del Directorio incautados por la República, en Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, leg. 49, «Monopolio de tabacos en Marruecos». De este legajo proviene casi todo lo que sigue. <<

[35] Una explicación del propio Calvo Sotelo de su actividad en la Dictadura en J. CALVO SOTELO, Mis servicios al Estado. Seis años de gestión. Apuntes para la historia, 2.ª ed., Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, 1976. <<

[36] Carta de Primo de Rivera a Cortezo, de 8 de julio de 1927, y contestación de éste, así como la de March a Primo, de 29 de julio, en Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, leg. 49, «Monopolio de tabacos en Marruecos». <<

[37] «Nota oficiosa de la reunión del consejo de ministros», Informaciones, 16 de julio de 1924. Carta de Jordana a Primo de Rivera, de 14 de julio de 1927, en Archivo Histórico Nacional, Fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, leg. 49, «Monopolio de tabacos en Marruecos». <<

[38] Carta de Aguilera, de 13 de agosto de 1927, citada por M. BURGOS Y MAZO, La Dictadura y los Constitucionalistas, t. II, Madrid, Javier Morata, 1934, p. 73. <<

[39] Visita de Malvy a Mallorca invitado por March, por ejemplo, a finales del mismo año 1927, en La Vanguardia, 30 diciembre de 1927. <<

[40] Toda la información sobre este caso, en el archivo de Juan Carreras Nadal conservado por Miguel Monjo. <<

[41] Carta de Juan March a Luis Alemany, de 20 de agosto de 1926, en Archivo Carreras Nadal. <<

[42] Carta de Juan March a Juan Carreras, de 22 de febrero de 1927, en Archivo Juan Carreras Nadal. <<

[43] Todas las cartas y certificaciones, en Archivo Juan Carreras. <<

[44] Copia de la sentencia, en Archivo Juan Carreras Nadal. <<

[45] «El jefe del Gabinete y los ministros de Trabajo e Instrucción Pública en Barcelona», La Vanguardia, 13 de marzo de 1928. <<

[46] M. GÓMEZ SANTOS, Todo avante. Transmediterránea…, op. cit., pp. 93 y ss. <<

[47] La electrificación de Mallorca, vol. I, Hasta 1927, vol. 2, Desde 1927, Mallorca, Gas y Electricidad, S. A., 1986 y 1987. <<

[48] Correspondencia entre Carlos Montañés, la Banca March y Emilio Tremulles, director de la misma, sobre asuntos bancarios y financieros en Archivo General de la Administración, Sección Cultura 3-IDD 65, Fondos Archivo Juan March, 2 cajas, topog. 22/40.501. <<

[49] B. ROIG AMAT, Orígenes de la Barcelona Traction. Conversaciones con Carlos E. Montañés, Pamplona, Colecciones IESE, Eunsa, 1970. <<

[50] Toda la información que sigue, en el fondo citado del Archivo General de la Administración. <<

[51] La opinión de Montañés, en B. ROIG AMAT, Orígenes de la Barcelona Traction…, op. cit., pp. 372-373. <<

[52] La justificación del monopolio en J. CALVO SOTELO, Mis servicios al Estado…, op. cit. Un análisis de su creación en G. TORTELLA, A. BALLESTERO y J. L. DÍAZ FERNÁNDEZ, Del monopolio al libre mercado. La historia de la industria petrolera española, Madrid, LID, 2003, pp. 53 y ss. <<

[53] M. D. SÁIZ, «La polémica en la prensa en torno al Monopolio del Petróleo, “El Sol” y “El Debate”», en La Hacienda pública en la Dictadura 1923-1930, Instituto de Estudios Fiscales, Monografía núm. 45, 1986, pp. 395-415. Para todo esto y mucho de lo que sigue, G. TORTELLA, A. BALLESTERO y J. L. DÍAZ FERNÁNDEZ, Del monopolio…, op. cit., pp. 65-67. La nota de Primo de Rivera en La Nación, 17 de julio de 1927, y la enviada a Calvo Sotelo, en Archivo Histórico Nacional, Presidencia, Directorio, leg. 46, exp. 8247. <<

[54] La carta de March a Primo de Rivera, junto con otros documentos del archivo de Primo de Rivera, en el sumario del proceso abierto contra March por la Comisión de Responsabilidades de la República en 1931, Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 616.1. <<

[55] La afirmación de J. CALVO SOTELO, en Mis servicios al Estado…, op. cit., p. 267. Lo recoge A. BULLÓN DE MENDOZA, José Calvo Sotelo, Barcelona, Ariel, 2004, p. 204. <<

[56] J. CALVO SOTELO, Mis servicios al Estado…, op. cit., pp. 202-203. <<

[57] G. TORTELLA, A. BALLESTERO y J. L. DÍAZ FERNÁNDEZ, Del monopolio al mercado libre…, op. cit., pp. 71 y ss. <<

[58] Comentarios en la prensa con la primera piedra, La Estampa, 31 de julio de 1928, y Nuevo Mundo, 3 de agosto de 1928. Lo de honrar la riqueza y la comparación con los magnates americanos, «Una obra ejemplar. El preventorio de Palma de Mallorca. La obra de Juan March», El Imparcial, 23 de julio de 1928. B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 150-151. <<

[59] Las razones de la nota, en A. DIXON, Señor monopolio. La asombrosa vida de Juan March, op. cit., p. 89. La nota de March a Primo, en el proceso abierto por la Comisión de Responsabilidades republicana por la concesión del monopolio de tabaco en las plazas de Ceuta y Melilla. <<

[60] Anotaciones de Natalio Rivas los días 17, 22 y 24 de julio de 1927, Archivo Natalio Rivas 11-8920. Lo de banqueros que jugaban a dos paños, en L. DE ARMIÑÁN, José Sánchez Guerra, Madrid, Pucalla, 1947, p. 154. <<

[61] «Los bonos de tesorería», La Voz, 20 de diciembre de 1929. <<

[62] El comentario de Alba a Romanones, citado por M. GARCÍA VENERO, Santiago Alba…, op. cit., p. 280. <<

[63] El final de la Dictadura, en E. GONZÁLEZ CALLEJA, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp. 373-379. <<

[64] Las reuniones en Cala Ratjada, en La Vanguardia, 12 de abril de 1930 y 12 de marzo de 1931. Las visitas a los presidentes de Gobierno, en La Vanguardia, 8 de julio, 16 y 22 de octubre de 1930; a los ministros de la Gobernación, en La Vanguardia, 14 de agosto y 27 de noviembre de 1930. El discurso de Alcalá Zamora en Bilbao, en Á. ALCALÁ GALVE, Alcalá Zamora y la agonía de la República, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2002, pp. 180-182. El artículo de Ortega, en El Sol, 15 de noviembre de 1930. <<

[65] Publicación del empréstito en La Gaceta, opiniones en contra y aclaraciones del presidente de Gobierno, en La Voz, 27 de marzo de 1931. Arrepentimiento de March, en J. PLA «De culpable a víctima», La Veu de Catalunya, 7 de noviembre de 1933, en La segunda República española. Una crónica, 1931-1936, Barcelona, Destino, 2006, p. 749. <<

[1] Crónica de Josep Pla, en Madrid, El advenimiento de la República, Barcelona, Destino, 2003, pp. 102-108. <<

[2] M. CABRERA, «Proclamación de la República. Constitución y reformas», en República y guerra civil, vol. XL de la Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 2004, pp. 3-57. La luna de miel, en J. PLA, «Vuit díes después, impressio general» (Madrid, 25 de abril de 1931), en Obra completa. Cròniques parlamentàries (1929-1931), Barcelona, Destino, 1982. La República «barata y el ultrarrepublicanismo», en E. UCELAY-DACAL, «Buscando el levantamiento plebiscitario, insurreccionalismo y elecciones», Ayer, núm. 20, pp. 49-80. El discurso de Prieto, en Textos escogidos, estudio preliminar de R. MIRALLES, Junta General del Principado de Asturias, 1999, pp. 67-92. <<

[3] L. DE ZULUETA, «Las responsabilidades de la Dictadura», El Día, 7 de marzo de 1931. G. ALOMAR, «Del momento. La nueva etapa», El Día, 10 de marzo de 1931. L. ARAQUISTAIN, «La democracia socialista», El Día, 11 de marzo de 1931, y «Las urnas de pandora», El Día, 17 de abril de 1931. M. DOMINGO, «Desde el destierro. La rehabilitación de España», El Día, 20 de marzo de 1931, y «Saludo. Se ha proclamado la República en España», El Día, 15 de abril de 1931. <<

[4] Declaraciones de Miguel Maura, en «En Gobernación. El asunto March», La Voz, 2 de mayo de 1931. <<

[5] El Día, 12 de mayo de 1931. <<

[6] La asamblea y sus decisiones en «orientación política», El Día, 19 de mayo de 1931. <<

[7] «Nueva orden de detención contra el señor March», La Voz, 25 de mayo de 1931. <<

[8] Declaraciones de Juan March en el sumario mandado instruir por el Tribunal Supremo los días 28 y 29 de mayo de 1931, Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 616.1. «De la querella contra el señor March. Se retira la policía de casa del señor March», La Voz, 1 de junio de 1931. <<

[9] M. CABRERA, «Las Cortes republicanas», Ayer, núm. 20, 1995, pp. 13-47. A. MORI, Crónica de las Cortes Constituyentes de la Segunda República española, t. I, Madrid, 1932. <<

[10] Elecciones generales en Mallorca, en B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 189 y ss. P. GABRIEL, El moviment obrer…, op. cit., pp. 189 y ss. <<

[11] C. BOYD, «“Responsabilities” and the Second Republic, 1931-1936», en M. BLICKHORN (ed.), Spain in conflict 1931-1939. Democracy and its enemies, Londres, Sage Publications, 1986, pp. 14-39. M. CABRERA, «Los escándalos de la Dictadura de Primo de Rivera y las responsabilidades en la República, el caso Juan March», Historia y Política, núm. 4, Madrid, 2002, pp. 7-30. <<

[12] M. AZAÑA, Diarios, en Obras completas, edición de S. JULIÁ, vol. 3, Madrid, Ministerio de la Presidencia-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 665. <<

[13] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 13, 18 y 19 de agosto de 1931. <<

[14] La sensación de Alcalá Zamora en Memorias, Barcelona, Planeta, 1998, p. 209. <<

[15] Las actas de la comisión, en Archivo General del Congreso de los Diputados, Comisión de responsabilidades, leg. 611-612. Todas las referencias a las reuniones de la comisión a partir de ahora tienen esa misma fuente. <<

[16] Las intervenciones de Azaña y Prieto, en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 4 de noviembre de 1931, pp. 2141-2149. <<

[17] Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, 5 de noviembre de 1931, pp. 2183 y ss. <<

[18] El comentario de Azaña, en Diarios, op. cit., pp. 805-806. <<

[19] Las relaciones de March con los radicales, en N. TOWSON, La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002, p. 115. Actas de la comisión de responsabilidades, en Archivo General del Congreso de los Diputados, cit., y declaraciones ante la comisión parlamentaria nombrada para depurar las denuncias formuladas por la comisión de responsabilidades, ibid., legs. 610-616. <<

[20] Comentario de Azaña, en Diarios, op. cit., p. 809. <<

[21] Noticias en el Heraldo de Madrid, 7 de noviembre de 1931; La Voz, 7 de noviembre de 1931, y Crisol, 9 de noviembre de 1931. <<

[22] Dictamen relativo a Juan March con la incompatibilidad con las Cortes, en Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 610-10. <<

[23] Las declaraciones de los diputados ante la comisión depuradora en relación con Guerra del Río, en Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 610-616. El comentario de Azaña, en Diarios, op. cit., pp. 813-815. <<

[24] «La hora hebdomadaria», La Vanguardia, 15 de noviembre de 1931. <<

[25] A. LERROUX, La pequeña historia, Buenos Aires, Cimera, s. f., pp. 65-67. <<

[26] Sesión de la comisión de responsabilidades del 3 de diciembre de 1931, Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 611. <<

[27] Veáse cap. 3, pp. 169-170. <<

[28] Declaración de Honorio Inglés ante la comisión de responsabilidades el 17 de marzo de 1932, Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 612. Lo de la subvención de Honorio Inglés lo dice Antonio Qués en carta de contestación a Ángel Galarza cuando éste, en enero de 1933, le pidió que le ayudara a localizarle. Qués, que por entonces militaba en el mismo partido que Galarza, le contestó que vivía en Madrid, que no se sabía con qué medios de vida contaba pero que se le había dicho que recibía algún tipo de subvención «en pago de sus servicios prestados a cierta persona, se me quiso dar a comprender que el subvencionador era precisamente Vd. Yo me limito a trasmitirle el informe», concluía Qués (Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca, PS, Madrid, leg. 1741 TS). <<

[29] S. JULIÁ, Manuel Azaña. Una biografía política, Madrid, Taurus, 1990, pp. 142-152. El discurso de Azaña y el debate consiguiente, en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 17 de diciembre de 1931, pp. 2936-2955. <<

[30] Petición de suplicatorio de 14 de enero de 1932, Archivo General del Congreso de los Diputados, Comisión de suplicatorios, leg. 541-11. <<

[31] Primer dictamen de la comisión de suplicatorios de 20 de enero de 1932, y escritos y documentos presentados por el Sr. March a la comisión de suplicatorios, de la misma fecha, Archivo General del Congreso de los Diputados, Comisión de suplicatorios, leg. 541-11. <<

[32] Lo del «error» de Maura se dice en M. AZAÑA, Diarios, op. cit., pp. 922-923. Las peticiones de suplicatorio contra Calvo Sotelo, en A. BULLÓN DE MENDOZA, José Calvo Sotelo, op. cit., pp. 304-308 y 317-326. El artículo de protesta contra la petición del segundo suplicatorio «Acoso a sangre y fuego», reproducido en En defensa propia, Madrid, 1932, pp. 45-51. <<

[33] Comunicado de la comisión de suplicatorios a la de responsabilidades y de ésta a las Cortes los días 11 y 17 de marzo de 1932, Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie general, leg. 541.11. <<

[34] Declaración de Francisco Bastos el 22 de marzo de 1932, de Bergamín el 23 de marzo, reproducidas en «testimonio de particulares mandado expedir para sustanciar ante la Cámara la apelación interpuesta por el procesado don Juan March Ordinas», Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 616.1. <<

[35] Los comentarios de Azaña sobre el asunto García Kohly, en Diarios, op. cit., pp. 922, 927-928, 933 y 955. Lo cuenta B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., p. 218. <<

[36] La visita a casa de March y sus amenazas, en M. AZAÑA, Diarios, op. cit., pp. 927-928. La denuncia de la Canariense, en documento leído por Carner en las Cortes, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 14 de junio de 1932. Lo cita B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 220-226. <<

[37] De la declaración de Juan March ante la comisión de responsabilidades en febrero de 1932, de Indalecio Prieto en la sesión parlamentaria de 14 de junio de 1932, reproducida también en Dentro y fuera del gobierno. Discursos parlamentarios, México Oasis, 1975, y de Azaña en Diarios, op. cit., pp. 956-957. <<

[38] Por ejemplo, «Discurso de Juan March», El Imparcial, 9 de junio de 1932. La carta de Marañón del 9 de junio, en Informaciones, 13 de junio de 1932. Comentarios en la prensa, en B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 237-238. <<

[39] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 182, 14 de junio de 1932, pp. 6179-6184. <<

[40] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 182, 14 de junio de 1932, pp. 6184-6197, reproducido en Dentro y fuera del gobierno, op. cit., pp. 195-227. <<

[41] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 182, 14 de junio de 1932, pp. 6197-6202. <<

[42] Crónica del debate y de los pasillos, en ABC, 15 de junio de 1932. Los comentarios de Maura, en ABC, 16 de junio de 1931. <<

[43] El relato de la detención, hecho por el propio comisario, en Archivo Histórico Nacional, Fondos reservados, Tribunal Supremo, exp. 49, trozo 2, Monopolio de tabacos. <<

[44] Auto de procesamiento de 16 de junio de 1932, en Archivo General del Congreso de los Diputados, Comisión de suplicatorios, leg. 541.11. El texto se reprodujo literalmente en la prensa, por ejemplo, en Heraldo de Madrid, 17 de junio de 1931. <<

[45] «¡De frente! ¡March!» y «March y Calvo», El Socialista, 10 de junio de 1932. «Sobre el “affaire” March», El Socialista, 12 de junio de 1932. «El asunto March. ¿Qué espera el Gobierno?», El Socialista, 16 de junio de 1932. H. MAURA, «Secretos a Voces», ABC, 14 de junio de 1932. «El diputado señor March ingresó anoche en la cárcel Modelo por orden de la comisión de responsabilidades», ABC, 16 de junio de 1932. <<

[46] E. GIMÉNEZ CABALLERO, «El paseante en Cortes», La Gaceta Literaria, 1 de diciembre de 1931. <<

[47] J. PLA, «Vida nacional. March-Prieto», Las Provincias, 21 de junio de 1932, reproducido en J. PLA, La segunda República española…, op. cit., pp. 361-363. <<

[48] Resolución de la comisión de responsabilidades de 29 de junio de 1932, Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 616-1. <<

[49] La sanjurjada, el Partido Radical y Lerroux, en N. TOWNSON, La República que no puso ser…, op. cit., pp. 163 y ss. Las conspiraciones monárquicas, en P. GONZÁLEZ CUEVAS, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998, pp. 165 y ss. <<

[50] March y la sanjurjada, en B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 247-253. P. FERRER, Joan March, la cara oculta del poder 1931-1945 (segona part), Palma-Illes Balers, Edicions Corts, 2004, pp. 163 y ss. La sustitución del director de Informaciones, en M. CRUZ SEOANE y M. D. SÁIZ, Historia del periodismo…, op. cit., p. 426. <<

[51] «10 de agosto de 1932», Blanco y Negro, 9 de agosto de 1932. <<

[52] La lista de contribuyentes al fondo, encontrada en el archivo del conde de los Andes, la publica P. GONZÁLEZ CUEVAS, Acción Española…, op. cit., pp. 173-174. E. GIMÉNEZ CABALLERO, Manuel Azaña. Profecías españolas, Madrid, Ediciones de la Gaceta Literaria, 1932, p. 185. <<

[53] El informe de los forenses, en Archivo General del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 612. <<

[54] Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo 49, Monopolio de Tabacos, trozo 2. <<

[55] «Un informe probatorio de la culpabilidad de March en su delito de cohecho», El Socialista, 26 de marzo de 1933. <<

[56] Los comentarios de Azaña, en Diarios, op. cit., vol. 4, pp. 582 y 622. <<

[57] Nombramiento de juez especial, en La Vanguardia, «El asunto March», 20 de julio de 1933, y «Rectificación de la Comisión de Responsabilidades», 21 de julio de 1933. <<

[58] Palabras de Azaña en conversación con sus ministros, en M. AZAÑA, Diarios, op. cit., pp. 636-637. <<

[59] Debate parlamentario como consecuencia de una interpelación de Lerroux, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 3 de febrero de 1933, pp. 10917-10962. J. SIMEÓN VIDARTE, Las Cortes Constituyentes…, op. cit., pp. 517-527. <<

[60] Resultados electorales, en N. TOWSON, La República que no pudo ser…, op. cit., pp. 198-199. <<

[61] M. CABRERA, La patronal ante la República. Organizaciones y estrategia (1931-1936), Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 152 y ss., y 196 y ss. <<

[62] Lo del atentado contra Azaña, en Diarios, op. cit., pp. 675-676, lo del traslado de March, en p. 684. <<

[63] Lo de que La Tierra, «revolucionarísima pero lerrouxista, porque está sostenida por March», en M. AZAÑA Diarios, op. cit., p. 594, «libelo de March», en p. 738, lo recoge B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 232-234. <<

[64] El suelto sobre el complot, en El Socialista, 6 de mayo de 1933, lo demás en «El caso March. La moral de la República», El Socialista, 7 de mayo de 1933, y «Entrevistas imaginarias. Media hora en la celda de Juan March», El Socialista, 9 de mayo de 1933. <<

[65] La Nación, 5 de mayo de 1933. Lo del nuevo Gobierno lo dice Gonzalo Latorre en La Nación del día 6 de mayo. La Época, 8 de mayo de 1933. El Siglo Futuro, 8 de mayo de 1933. <<

[66] Intervención de Gil Robles, en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 14 de junio de 1933, pp. 13413-13416. <<

[67] Los apuros de Miquel, en M. C. SEOANE y M. D. SÁIZ, Historia del periodismo…, op. cit., pp. 415-420. Los comentarios de Azaña, en Diarios, op. cit., pp. 788-789, 791-793 y 812. <<

[68] Las opiniones de Ortega, en J. ZAMORA BONILLA, Ortega y Gasset, Barcelona, Plaza y Janés, 2002, pp. 367-368 y 385-386. M. AZAÑA, Diarios, op. cit., p. 809. <<

[69] Comentario sobre los artículos de Azorín, en V. OUIMETTE, Los intelectuales españoles y el fracaso del liberalismo, vol. I, Valencia, Pretextos, 1998, pp. 425 y ss. Lo del juglar, en El Socialista, 3 de agosto de 1933. <<

[70] La caracterización de Gracia y Justicia, en M. C. SEOANE y M. D. SÁIZ, Historia del periodismo…, op. cit., p. 515. El artículo, en Gracia y Justicia, 11 de marzo de 1933. <<

[71] El folleto, incluido en el expediente del Tribunal Supremo, Recursos, leg. 144/539, Causa por denuncia del abogado señor Pou contra el diputado don Juan March Ordinas, núm. 539-34, año 1934. <<

[72] P. FERRER, Joan March, la cara oculta del poder…, op. cit., pp. 243 y ss. <<

[73] ABC, 5 de septiembre de 1933, reproducida ibid., pp. 250-251. La declaración al New York Times, en J. BROOKS, «Annals of Finance. Privateer I», New Yorker, 21 de mayo de 1979, p. 82. <<

[74] J. PLA, «Epitafio. “De nada, demasiado…”», El Día, 23 de septiembre de 1933, en J. PLA, La segunda República española…, op. cit., pp. 667-668. <<

[75] «El directorio de la Ezquerra catalana desautoriza a sus representantes en la Comisión de Responsabilidades», La Vanguardia, 12 de septiembre de 1933. <<

[76] Los comentarios, en «El Tribunal de Garantías Constitucionales. Las actas anuladas», La Vanguardia, 22 de octubre de 1933. <<

[77] Esto fue, al menos, lo que declaró en diciembre a El Socialista, el entonces ya exministro, en «El ex ministro de Justicia asegura que el señor March encontró expeditos todos los medios para llevar a cabo su evasión», El Socialista, 1 de diciembre de 1933. <<

[78] J. PLA, «Dues versions d l’evasiò del senior March» (4 de noviembre de 1933), en Cròniques parlamentèries (1933-1934), op. cit., pp. 416-418. Declaraciones ante el juez de quienes visitaron aquel día a March, en Archivo Histórico Nacional, Expedientes policiales, 1925-1951, H-368. <<

[79] «Nadie cree al Gobierno», El Socialista, 5 de noviembre de 1933. La opinión del embajador, en J. BROOKS, «Annnals of Finance. Privateer I», New Yorker, 21 de mayo de 1979, p. 85. <<

[80] La carta, en La Libertad, 4 de noviembre de 1933. <<

[1] Las declaraciones de March y las referencias de la prensa inglesa, recogidas en ABC, 5 y 7 de noviembre de 1933; La Época, 6 y 7 de noviembre de 1933, y Heraldo de Madrid, 4 de noviembre de 1933. <<

[2] Las visitas a March en Gibraltar, denunciadas por la logia masónica de la ciudad al gran maestro del Oriente en Madrid en una carta de 8 de noviembre de 1931, en Archivo General de la Guerra Civil, Salamanca, leg. 1204, exp. 63. <<

[3] «Interesantes declaraciones de Juan March», ABC, 11 de noviembre de 1933. <<

[4] Informes de la policía francesa, Archivo de la Prefectura de Policía de París, BA 2016. <<

[5] La Vanguardia, 12 de noviembre de 1933. <<

[6] Diario de Sesiones, 8 de diciembre de 1933, pp. 2-3. <<

[7] Oficio del director general de seguridad al presidente de las Cortes, 19 de enero de 1934, en Archivo Histórico Nacional, Expedientes policiales, 1925-1951, H-368. <<

[8] Acta de la comisión de responsabilidades de 31 de enero de 1934. <<

[9] «Jornadas parlamentarias. Se aprueban las actas de los señores Calvo Sotelo y Guadalhorce. La Comisión de responsabilidades. Todas las causas sometidas a su estudio pasan al Tribunal Supremo», La Vanguardia, 9 de mayo de 1934. <<

[10] La venta de los periódicos en «Tribulaciones de un contrabandista. March quiere liquidar sus caballerizas», El Socialista, 6 de marzo de 1934. M. C. SEOANE y M. D. SÁIZ, Historia del periodismo…, op. cit., pp. 423 y ss. Las relaciones de March con Gabriel Palmer, en P. FERRER, Juan March. El hombre más misterioso del mundo…, op. cit., pp. 143 y 145. <<

[11] La entrega del cheque de Juan March a Lerroux en presencia del presidente del Gobierno, Samper, en La Vanguardia, 18 de octubre de 1934. <<

[12] La renuncia de March a su puesto de vocal en el Tribunal de Garantías Constitucionales, en La Época, 4 de enero de 1935. La querella y la recogida de ejemplares, en La Vanguardia, 11 de enero y 14 y 17 de febrero de 1935. Lo de El Obrero Balear, y El Socialista, lo cuenta P. FERRER, Juan March. El hombre más misterioso…, op. cit., pp. 341-343. <<

[13] Elecciones apasionadas y su resultado, en S. JULIÁ, «El Frente Popular y la política de la República en la guerra», en S. JULIÁ (coord.), República y Guerra en España (1931-1939), op. cit., pp. 140 y ss. <<

[14] La referencia de Azaña, en Discursos, escritos, entrevistas, en Obras completas, op. cit., t. 5, pp. 510-511. <<

[15] El manifiesto de Payá lo publicó toda la prensa el 12 de febrero. Lo del convenio con Francia y la presión del «multimillonario y multicontrabandista», en N. ALCALÁ ZAMORA, Memorias, op. cit., pp. 374-375. <<

[16] J. M. GIL ROBLES, No fue posible la paz, Barcelona, Planeta, 1998, p. 459. Lo de Giménez Caballero y Ruiz de Alda lo contó años después J. I. LUCA DE TENA, «En propia defensa. Contestación a Giménez Caballero», 3 de diciembre de 1938, aunque sin aludir para nada a March. La «Primavera precoz del centrismo», suelto en La Época, 10 de febrero de 1936. Las elecciones en Baleares, en B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 290 y ss. <<

[17] Noticias de todo ello en La Vanguardia, 10, 16, 17, 19, 21, 26 y 31 de enero de 1936; 1, 8, 11 y 25 de febrero; 18 y 21 de marzo; 19 de abril, y 4 de julio de 1936. <<

[18] Comunicados de 7 y 24 de marzo, y 13 y 20 de julio de 1936, Archivo de la Prefectura de la Policía de París, BA 2016. La noticia de la expulsión de Biarritz el 25 de julio, en La Vanguardia, 25 de julio de 1936. <<

[19] P. MARTÍN ACEÑA, «La economía española de los años treinta», en República y guerra civil, vol. XL de la Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 2004, pp. 395 y ss. J. Á. SÁNCHEZ ASIAÍN, «La economía española durante la guerra civil, dos modelos enfrentados», en Economía y economistas españoles en la guerra civil, t. I, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas-Círculo de Lectores, 2009, pp. 425 y ss. <<

[20] E. MORADIELLOS, «El contexto internacional de la guerra civil: entre la intervención y la no intervención», en Economía y economistas…, t. I, pp. 299 y ss. <<

[21] «Contrabandistas y generales facciosos. El canalla March era el financiero del movimiento faccioso», El Socialista, 25 de julio de 1936, y «El destino de los traidores. El banquero y sus generales», El Socialista, 26 de julio de 1936. El artículo de El Diluvio, reproducido en ABC, 1 de agosto de 1936; «No se olvide», ABC, 2 de agosto de 1936, y «España no olvidará nuca», ABC, 12 de agosto de 1936. <<

[22] El registro en casa del secretario, en La Vanguardia, 7 de agosto de 1936. La casa de Cencillo, en ABC, 11 de septiembre de 1936. <<

[23] Las andanzas misteriosas de Gil Robles, en ABC, 1 de agosto de 1936. El cuartel general en París, en «Ya se conoce al verdadero factotum de March», ABC, 8 de agosto de 1936. <<

[24] La vigilancia de March, en Archivo de la Prefectura de Policía de París, BA 2016. Las opiniones de Palmer y la actuación de la embajada, en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R 1079, exp. 66. <<

[25] «Diálogo entre March y Gil Robles», ABC, 3 de septiembre de 1936. <<

[26] Información sobre los avatares de los diferentes buques, en Todo avante. Transmediterránea 1917-1992, op. cit. <<

[27] «El último pirata del Mediterráneo», ABC, 22 de octubre de 1936. <<

[28] «La ayuda de Italia y Alemania a los rebeldes», ABC, 18 de noviembre de 1936; «Cómo se organizó el espionaje en Barcelona y en Madrid», ABC, 27 de enero de 1937. J. DE AGUIRRE, «¿Quién fomenta y sostiene la rebelión fascista en España?», ABC, 9 y 14 de mayo de 1937. <<

[29] Lo de «potencia a potencia», en I. DE PEÑALVA, «Madrid, trinchera del mundo. Avaladores y avalados», ABC, 9 de junio de 1937. El viaje a Italia lo cuenta Pedro Sainz Rodríguez, que acompañó a Goicoechea, en Testimonio y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 232-233 y 385-387. La carta de Goicoechea a Musolini de 21 de julio, en Archivo Sainz Rodríguez, Gestión en Italia, Cartas y documentos. <<

[30] La carta de Mola al conde de los Andes el 31 de julio, en Archivo Pedro Sainz Rodríguez, Gestión de Italia, Cartas y documentos. «La sentencia de los aviadores. Juan March había hecho un pedido de aviones», La Vanguardia, 13 de agosto de 1936. <<

[31] El viaje de Sainz Rodríguez a Cáceres, en Testimonio y recuerdos, op. cit., pp. 239-240. Las cartas y telegramas del marqués de Zayas a Sainz Rodríguez de 13, 18 y 22 de agosto de 1936, en Archivo Sainz Rodríguez, Gestión en Italia, Cartas y documentos. Los contratos con la Società Idrovolanti y los recibos de depósitos en la Banca Commerciale italiana a favor de la misma, en Archivo Sainz Rodríguez, caja 66.4. <<

[32] Lo del enfrentamiento del hijo de Juan March con el conde Rossi, en John F. Coverdale, La intervención fascista en la Guerra Civil española, Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 138. Las requisas de oro y joyas, en «La sublevación militar fascista en Palma de Mallorca», La Vanguardia, 1 de octubre de 1936, aunque el testigo decía que el «hijito» era el yerno de March. <<

[33] Lo de la pertenencia de Qués al Rotary Club, en Archivo de la Guerra Civil, Salamanca, C10, exp. 93. J. MASSOT I MUNTANER, Guerra civil y repressió a Mallorca, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, y Aspectos de la guerra civil a les Illes Balears, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002. <<

[34] El proceso, contado detalladamente por P. FERRER, Joan March, la cara oculta del poder…, op. cit., pp. 377 y ss. <<

[35] Lo de Benavides, incluido en el libro Guerra y revolución en Cataluña, México, 1946, lo cita J. MASSOT I MUNTANER, Els escriptors i la Guerra Civil à les Illes Balears, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990, en nota al pie, p. 126. Él mismo duda de la veracidad de este testimonio. <<

[36] «March, banquero del fascio con dinero ajeno», ABC, 8 de junio de 1937. I. DE PEÑALBA, «Madrid, trinchera del mundo», ABC, 9 y 10 de septiembre de 1937. <<

[37] Noticias sobre los viajes a Italia, en La Vanguardia, 17 de febrero y 22 y 23 de mayo de 1937. La propuesta británica de retirada de combatientes extranjeros, en E. MORADIELLOS, La pérfida Albión. El gobierno británico y la guerra civil española, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 165 y ss. <<

[38] El viaje de March desde París y sus acompañantes, en Archivo de la Prefectura de Policía de París, BA 2016. Los certificados de refugiados, en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. 1466, exp. 9. <<

[39] La entrevista de Hidalgo y March en Gibraltar, en «La descomposición de la dictadura rebelde», ABC, 4 de mayo de 1937. La carta la publicó La Libertad, y la reproduce La Vanguardia, 27 de junio de 1937. <<

[40] Los veinte millones de Franco, en «Otros detalles de la sublevación en Marruecos», La Vanguardia, 20 de septiembre de 1936. Los hilos, en «Las mentiras en la Bolsa», La Vanguardia, 19 de enero de 1938. El generalísimo de bolsillo, en «El caos faccioso. Andanzas, milagros y picardías de Juan March», ABC, 3 y 4 de agosto de 1938. <<

[41] G. HOWSON, Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española, Barcelona, Península, 2000. Un balance reciente, en Á. VIÑAS, «Armas y hombres para España. Los apoyos exteriores en la guerra civil», en E. FUENTES QUINTANA (dir.), F. COMÍN COMÍN (coord.), Economía y economistas españoles en la guerra civil, vol. I, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas-Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, 2008, pp. 339-422. También, «La financiación exterior de la Guerra civil», en Guerra, Dinero, Dictadura, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 169-205. Sobre el «oro de Moscú», P. MARTÍN ACEÑA, El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus, 2001. <<

[42] Para todo ello, P. MARTÍN ACEÑA, El oro de Moscú…, op. cit., caps. I al IX. También, Á. VIÑAS, El oro español en la guerra civil, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1976, cap. 1. <<

[43] Á. VIÑAS, «Armas y hombres…», op. cit., y E. MORADIELLOS, «El contexto internacional de la guerra civil…», op. cit. También Á. VIÑAS, La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil, Madrid, Alianza Editorial, 1979, y Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Antecedentes y consecuencias, Madrid, Alianza Editorial, 2001. J. F. COVERDALE, La intervención fascista…, op. cit. <<

[44] Nota de David Eccles (presidente de Central Mining & Investment Corporation Ltd., London) a S. D. Haley (Treasury Whitehall) e informe «General Franco’s War Finance», 29 de marzo de 1939, Archivo del Banco de Inglaterra, Overseas and Foreign Department, Spain, OV 61(3). Años más tarde, en 1962, la Comisaría de los Planes de Desarrollo valoró el coste de la guerra de ambos lados en 300.000 millones de pesetas de aquel año, como recoge J. Á. SÁNCHEZ ASIAÍN, Economía y finanzas en la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, p. 92. <<

[45] Á. VIÑAS, El oro español en la guerra civil, op. cit., cap. V. <<

[46] M. Á. PONS, «La hacienda Pública y la financiación de la guerra», en P. MARTÍN ACEÑA y E. MARTÍNEZ (eds.), La economía de la guerra civil, Madrid, Marcial Pons Historia, 2006, pp. 377-382. La cuantificación de la suscripción nacional, en Á. VIÑAS, El oro español en la guerra civil, op. cit., 1976, cap. V. <<

[47] El papel de Juan March en las seguridades dadas a los militares lo sostiene G. CABANELLAS, La guerra de los mil días, vol. 1, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1975, pp. 332-333, 341-342, 413 y 436. Stanley Payne escribe que militares disidentes propalaron la noticia de que Franco pedía seguridades económicas, pero no cita a March, sí le cita como proveedor de «pequeñas cantidades» para financiar a Ledesma Ramos y «una insignificancia» para Falange, que José Antonio Primo de Rivera aceptó aunque le repugnara (Falange. Historia del fascismo español, Ruedo Ibérico, 1965, pp. 53, 71 y 77). <<

[48] La versión sobre el «Dragon Rapide» de Víctor Olmos, en Historia de ABC, Barcelona, Plaza y Janés, 2002, pp. 227-236, no coincide exactamente con la de J. I. LUCA DE TENA, Mis amigos muertos, Barcelona, Planeta, 1971, p. 164, aunque la financiación por March no es puesta en cuestión. También J. WAKE, Kleinwort Benson, The history of two families in banking, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 252. 49 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, leg. 1461, exp. 5. <<

[49] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, leg. 1461, exp. 5. <<

[50] Las tres cajas de 248 kilos en carta de Luis Ramallo a Pedro Sainz Rodríguez de 22 de agosto de 1936, y la carta del marqués de Magaz a Franco de 19 de septiembre de 1936, en Archivo Pedro Sainz Rodríguez, Gestión en Italia, Cartas y documentos. La información y los apéndices con la «Memoria del centro de incautación de oro y valores del 15 de abril de 1937» me los brindó José Ángel Sánchez Asiaín, quien cita a J. J. NEGREIRA PARETS, Mallorca. 1936. La sublevación militar y el desembarco republicano, Palma de Mallorca, Lloenar Muntaner editor, 2005, y a M. DURÁN PASTOR, 1936 en Mallorca, Palma de Mallorca, 1982. <<

[51] Los datos sobre los envíos de septiembre y octubre en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. 467, exp. 9. <<

[52] J. WAKE, Kleinwort Benson…, op. cit., pp. 220-222. En los archivos del Kleimwort depositados en la Guildhall Library de Londres no hay noticias de los movimientos de dinero de Juan March. <<

[53] Jehanne Wake dice que el hijo de José Mayorga, Pepe, le contó que, lejos de especular contra la República, su padre utilizó el dinero de Juan March con conocimiento del Banco de España para apoyar la peseta, autorizando a cambio a March para que pusiera parte de su fortuna en el exterior (ibid., pp. 250-252). Los pagos a Texaco, en T. BALLESTERO Y DÍAZ FERNÁNDEZ, Del monopolio al libre mercado…, op. cit., p. 148. Que March conocía personalmente al presidente de Texaco, Torkild Rieber, un apasionado defensor de los sublevados, y que se encontraron ambos en Roma lo sostiene A. DIXON, Señor monopolio…, op. cit., p. 144. <<

[54] Así lo cuenta J. WAKE, Kleinwort Benson…, op. cit., p. 252. No ha sido posible localizar ninguna noticia de este oro en el archivo del Kleinwort depositado en la Guildhall Library de Londres. <<

[55] Los recibos de los dos depósitos de 3 de septiembre por 49.562.000 gramos en lingotes y 24.589.500 en monedas; y de 9 de septiembre 72.558.000 gramos en lingotes y 31.994.000 en monedas, en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R 1466, exp. 9. El cálculo del total recaudado en la suscripción nacional, en Á. VIÑAS, El oro español en la guerra civil, op. cit., p. 424. El propio Viñas señala, sin embargo, que no todas las donaciones efectuadas a las autoridades nacionales figuraban en la contabilidad que se llevó de ellas, y dice que «aportaciones destacadas —en lo económico y en lo político— como las de Juan March o las recaudadas a través de la Junta Nacional Carlista de Guerra, serían objeto, en parte, de tratamiento diferenciado» (p. 395). Véase también, M. Á. PONS, «La Hacienda Pública y la financiación de la guerra», op. cit., pp. 379-380. <<

[56] La documentación sobre el crédito Kleimwort, en Archivo Histórico del Banco de España, IEME Secretaría, a.23.665, m. 125. <<

[57] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. 458, exp. 2. <<

[58] La declaración de March de marzo de 1937, en Archivo Histórico del Banco de España, Valores, C. 572. <<

[59] La documentación relativa al crédito Kleinwort, en Archivo Histórico del Banco de España, IEME Secretaría, a.23.662, m. 125. <<

[60] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores R. 1458. Exp. 2. <<

[61] Las cifras totales, en J. LARRAZ, Memorias, Madrid, Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2006, pp. 158-159. <<

[62] Los escritos de Alba y Jordana, en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R 834, exp. 21. La oferta de neutralidad de Franco, en E. MORADIELLOS, La perfidia de Albión…, op. cit., pp. 310-321. <<

[63] Lo de Ventosa y su presencia en Burgos, así como lo de las relaciones de Nicolás Franco y March, en B. DE RIQUER, L’ultim Cambó (1936-1947). La dreta catalanista devant la guerra civil i el franquisme, Barcelona, Eumo, 1996, pp. 164 y ss. <<

[64] Dionisio Ridruejo lo contó en «Un joven influyente», Destino, 28 de diciembre de 1974, p. 8, y después en Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 287-289. Lo recogen también R. GARRIGA, Juan March y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 382-384, y B. DÍAZ NOSTY, La irresistible ascensión…, op. cit., p. 337. <<

[65] La situación de Ortega, en J. ZAMORA BONILLA, Ortega y Gasset, Barcelona, Plaza y Janés, 2002, pp. 415 y ss. <<

[66] Cartas de Juan March a Marañón de 13 y 26 de octubre de 1938, Archivo de la Fundación Gregorio Marañón. <<

[67] J. LARRAZ, Memorias, op. cit., pp. 149 y ss. <<

[68] Informes de la policía francesa los días 20, 22 y 23 de diciembre de 1938, Archivo de la Prefectura de Policía de París, BA 2016. <<

[69] El apogeo fascistizante del régimen, en J. M. THOMÀS, La falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista, 1937-1945, Barcelona, Plaza y Janés, 2001, p. 171 y ss. Franco, árbitro supremo, y su pragmatismo cauteloso, en E. MORADIELLOS, Franco frente a Churchill, Barcelona, Península, 2005, pp. 86-87. <<

[70] Serrano Súñer cuenta su sorpresa y sus desencuentros ante la actitud alemana en su viaje a Berlín en Entre Hendaya y Gibraltar, Barcelona, Nauta, 1973, pp. 259 y ss. E. MORADIELLOS, Franco frente a Churchill, op. cit., cap. IV. <<

[71] La cita, en la carta a Winston Churchill de 12 de junio de 1940, en S. HOARE, Embajador ante Franco en misión especial, Barcelona, Sedmay, 1977, p. 35. <<

[72] Hilgarth y su acceso a Churchill, en E. MORADIELLOS, Franco frente a Churchill, op. cit., pp. 140-141. <<

[73] D. SMYTH, Diplomacy and Strategy of Survival. British Policy and Franco’s Spain 1940-1941, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. Las memorias de Samuel Hoare son una verdadera diatriba contra Serrano Súñer. La edición original inglesa de 1946 recibió cumplida contestación de Serrano Súñer en las suyas, en las que dedicó un capítulo a contestar las «truculencias imaginativas» y los «errores» y «falsedades» del exembajador. En la misma línea crítica puede verse el prólogo de Serrano Súñer a la primera edición en español de las memorias de Hoare. Según Serrano Súñer, Hoare intentó convertirse en «jefe oculto de la oposición» en España. <<

[74] La supuesta participación de Zaharoff en la fuga de la cárcel, en A. BALLESTERO, Juan Antonio Suanzes, 1891-1977. La política industrial de la posguerra, Madrid, LID, 1993, pp. 29-30. <<

[75] Canaris y España en los años veinte, en Á. VIÑAS, Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil, op. cit., cap. I. Las relaciones de March con Zaharoff y Canaris, difíciles de documentar con certeza, en R. BASSET, El enigma del almirante Canaris. Historia del jefe de los espías de Hitler, Barcelona, Crítica, 2006. Basset asegura que March era amigo tanto de Zaharoff como de Canaris desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial y que actuó como el principal canal de relación entre Canaris y Franco (pp. 65 y ss.). La opinión de Zaharoff sobre Canaris y March a la hora de frenar el avance alemán, en A. ALLFREY, Man of Arms. The life and Legend of Sir Basil Zaharoff, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989. Allfrey cita una carta atribuida a Juan March en la que éste consideraba a Canaris el principal aliado en Europa para impedir que Alemania volviera a perpetrar una guerra mundial, dada su posición en la inteligencia alemana (pp. 252-253). Canaris murió asesinado por las SS en 1945. <<

[76] Fundación de AUCONA y de J. March and Co. Ltd., en B. DÍAZ NASTY, La irresistible ascensión…, op. cit., pp. 338 y ss., y en A. DIXON, Señor monopolio…, op. cit., p. 151. Pere Ferrer toma información de Dixon y añade lo de las acciones de Mayorga y la presencia de Arthur Frederick Loveday basándose en un informe solicitado por el lendakari en el exilio, José Antonio Aguirre, al delegado del Gobierno vasco en Londres, en Juan March. El hombre más misterioso del mundo, op. cit., pp. 376-377. <<

[77] Public Record Office, NID/001383/39, Informe de 23 de septiembre de 1939 de John Godfrey al lord Almirall Winston Churchill, con dos anexos, el informe de George Mounsey de su entrevista con March el 22 de septiembre y otro con notas sobre Juan March. También la respuesta de Churchill del 26 de septiembre. Todo ello, también en M. ROS AGUDO, La guerra secreta de Franco (1939-1945), Barcelona, Crítica, 2002, pp. 86 y ss. A. DIXON, Señor monopolio…, op. cit., pp. 150 y ss. <<

[78] C. LEITZ, Economic relations between Nazi Germany and Franco’s Spain 1936-1945, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 20. M. ROS AGUDO, La guerra secreta de Franco, op. cit., pp. 84-86, explica que la operación de compra se abandonó. <<

[79] Los informes y cartas cruzadas entre el Almirantazgo, el Foreign Office, el agregado naval y la embajada española, en Public Record Office, ADM 1/9809. Véase también A. DIXON, Señor monopolio…, op. cit., pp. 159-161. <<

[80] Los visados para Juan March y Matilde Reig, de 9 de abril de 1940, y el informe de 9 de mayo del mismo año, en Archivo Central Estatal Especial de la Unión Soviética, 2.º bureau del Estado mayor de Francia, enero-junio de 1940, fondo 7, inventario 1, asuntos 1941, y 14 de febrero-2 de noviembre de 1940, fondo 7, inventario 1, asunto 229. Depositado en colección Canverga. <<

[81] Entrevista de Mayorga con Bradford el 9 de octubre de 1939, en Public Record Office, ADM 1/9809. <<

[82] J. LARRAZ, Memorias, op. cit., p. 330. <<

[83] Los entrecomillados, en carta del duque de Alba al ministro de Asuntos Exteriores de 1 de noviembre de 1939, Archivo Histórico del Banco de España, IEME, 23.662, m. 25. <<

[84] Copia mecanografiada de carta del duque de Alba al ministro de Asuntos Exteriores de 9 de noviembre de 1939, ibid. <<

[85] Carta de José Mayorga al ministro de 11 de diciembre de 1939 y contrato firmado en Madrid el 23 de diciembre, ibid. <<

[86] Carta de 30 de enero de 1941, Archivo Histórico del Banco de España, IEME, a. 23.662, m. 125. <<

[87] Expediente sobre el crédito de Manora, S. A., de Ginebra, Archivo Histórico del Banco de España, IEME, a. 23.662, m. 125. <<

[88] «Nota para el Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio» de 23 de noviembre de 1945, contrato y carta de 31 de diciembre de 1945 del presidente del IEME a Manora comunicando orden de pago, Archivo Histórico del Banco de España, IEME, a. 23.662, m. 125. La afirmación de Larraz, en sus Memorias, op. cit., p. 330. <<

[89] P. MARTÍN ACEÑA, El oro de Moscú y el oro de Berlín, op. cit., pp. 307-309. <<

[90] Las primeras referencias a este asunto, en A. MARQUINA, «Conspiración contra Franco. El Ejército y la injerencia extranjera en España: el papel de Aranda 1939-1945», Historia 16, núm. 72, Madrid, 1981. Lo contó Denis Smyth en «Les “Chevaliers de Saint-George”, La Grand Bretagne et la corruption des génereux espagnoles», Guerres mondiales et conflits contemporaines, núm. 162, 1991, pp. 29-54, aunque ya lo había avanzado en Diplomacy and Strategy…, op. cit., p. 35. David Stafford le dedicó dos capítulos de su libro, Roosevelt and Churchill. Men of Secrets, Londres, Abacus, 1999, y más recientemente lo han contado M. ROS AGUDO, La guerra de Franco…, op. cit., pp. 46-15, y P. FERRER, Juan March. El hombre más misterioso del mundo…, op. cit., pp. 387-395. <<

[91] Para Aranda, véase el artículo citado de Antonio Marquina. <<

[92] P. PRESTON, «Franco et ses géneraux 1939-1945», Guerres mondiales et conflits contemporaines, núm. 161, enero de 1991, pp. 7-28. E. MORADIELLOS, Franco frente a Churchill, op. cit., pp. 203 y ss. <<

[93] Las opiniones de Hoare y la anotación en el diario de Dalton, en D. SMYTH, Diplomacy and Survival…, op. cit., pp. 225-226. También en E. MORADIELLOS, Franco frente a Churchill, op. cit., pp. 226-227. Hugh Dalton como jefe del SOE, en D. STAFFORD, Roosevelt and Churchill…, op. cit., p. 38. <<

[94] D. STAFFORD, Roosevelt and Churchill, op. cit., pp. 97 y ss. <<

[95] La detención del «Isla de Tenerife», en D. STAFFORD, Churchill and Roosevelt…, op. cit., pp. 100-101. El telegrama de la embajada británica de 24 de diciembre de 1941, en Public Record Office, FO 954/27A. <<

[96] La gestación de esta oposición monárquica, en H. HEINE, La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 251 y ss. <<

[97] D. STAFFORD, Roosevelt and Churchill…, op. cit., pp. 73-74 y 101 y ss. Informe del agregado militar al general Raymond E. Lee del Departamento de Guerra en Washington, Papeles de Donovan, rollo de microfilm 93, Churchill Archives Centre, Churchill College, Cambrige. Informe citado por D. STAFFORD, Roosevelt and Churchill…, op. cit., p. 102, y recogido también por M. ROS AGUDO, La guerra secreta de Franco…, op. cit., pp. 150. <<

[98] El pacto escrito, en M. ROS AGUDO, La guerra secreta de Franco…, op. cit., pp. 150-151. <<

[99] La fortuna de Carceller comparable a la de March, en S. HOARE, Embajador ante Franco…, op. cit., pp. 106-107. <<

[100] Lo de Juan March, en «Informe del director general de Seguridad al ministro del Interior», 27 de junio de 1942, Archivo Histórico Nacional, Expedientes policiales, 1925-1951, H -368. <<

[101] Así recapitula D. SMYTH, «Les Chevaliers de Saint George…», op. cit., pp. 49 y ss. <<

[102] Kindelán, en P. PRESTON, «Franco et ses génereux…», op. cit., pp. 20-21. Las opiniones de Gil Robles en La Monarquía por la que yo luché (1941-1954), Madrid, Taurus, 1976. La visita de Sainz Rodríguez y March, en p. 28. <<

[103] J. M. GIL ROBLES, La Monarquía por la que yo luché, op. cit., pp. 57 y 71. <<

[104] La batalla del wolframio y las complejidades de la negociación, en J. M. THOMAS, La batalla del wolframio. Estados Unidos y España de Pearl Harbour a la guerra fría (1941-1947), Madrid, Cátedra, 2010. E. MORADIELLOS, Franco frente a Churchill, op. cit., pp. 345-362. <<

[105] Interview with J. March, 11 April 1944, Cambridge University Library, Templewood Papers, XIII (6)/28. <<

[106] La carta de Franco y la réplica de Churchill, en S. HOARE, Embajador ante Franco…, op. cit., apéndice, pp. 341-345. La discusión en Gran Bretaña sobre la política a seguir con España, en F. PORTERO, Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989, pp. 34 y ss., y E. MORADIELLOS, Franco frente a Churchill…, op. cit., pp. 384 y ss. <<

[107] El manifiesto de Lausanne, reproducido en J. M. GIL ROBLES, La Monarquía por la que yo luché…, op. cit., pp. 381-382. <<

[108] Ambos textos, citados por Á. VIÑAS, En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos, de Franco a Felipe González (1945-1995), Barcelona, Crítica, 2003, p. 32. <<

[109] La última anotación de Gil Robles de visita de March, el 13 de marzo de 1946, en La Monarquía por la que yo luché…, op. cit., p. 173. La residencia legal de March, en su declaración jurada de bienes de 9 de julio de 1948, Archivo Histórico del Banco de España, Departamento Extranjero, O-645 (Valores). Lo de Vegas Latapié, en su libro: Frustración en la victoria. Memorias políticas, Madrid, Actas, 1995, p. 400. <<

[1] F. PORTERO, Franco aislado…, op. cit., cap. 3. 2 Carta del presidente de las Cortes a Suanzes de 13 noviembre, remitiendo copia ruego Lamata, Archivo Suanzes, G. G53.4444. Nota anexa a la contestación del ministro al ruego de Lamata de 12 de diciembre 1946 y notas de S. E. el Generalísimo, entregadas en 11.12.46 para ser utilizadas en la contestación al ruego, Archivo Suanzes, G. 53.4446 y 4447. Manuscrito del discurso en Archivo Suanzes, G. G61.4991. <<

[2] Carta del presidente de las Cortes a Suanzes de 13 noviembre, remitiendo copia ruego Lamata, Archivo Suanzes, G. G53.4444. Nota anexa a la contestación del ministro al ruego de Lamata de 12 de diciembre 1946 y notas de S. E. el Generalísimo, entregadas en 11.12.46 para ser utilizadas en la contestación al ruego, Archivo Suanzes, G. 53.4446 y 4447. Manuscrito del discurso en Archivo Suanzes, G. G61.4991. <<

[3] El ruego de Sancho Dávila y la contestación por escrito de Suanzes, en Archivo Suanzes, G. 53.4450 y 74.5236. La junta de accionistas de la CHADE había dado pie a un folleto publicado por el accionista Ruiz Gálvez («Una intervención en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Hispano-Americana de Electricidad, S. A., celebrada el día 28 de septiembre 1946») y a tres largos requerimientos notariales a CHADE exigiendo a la compañía que contestara a las preguntas que quiso plantear en la junta sin que el presidente le dejara. La CHADE publicó también un folleto y una nota que fueron replicadas por Ruiz Gálvez. La carta de Arsenio Martínez Campos, en Archivo Suanzes, G. 74.5241. <<

[4] La posición de la Barcelona Traction y de la CHADE, en A. CARRERAS, «La gran empresa en la España contemporánea, entre el mercado y el Estado», en F. COMÍN y P. MARTÍN ACEÑA (eds.), La empresa en la historia de España, Madrid, Civitas, 1996, pp. 73-90. El cuadro de las mayores empresas, en p. 77. <<

[5] La bibliografía sobre los casos de la Barcelona Traction y la CHADE es abundantísima porque los mejores bufetes de abogados de la época y personajes políticos de relieve intervinieron en el largo proceso y escribieron sobre ello. El Archivo Suanzes, depositado en la SEPI es una fuente de información imprescindible. La más reciente publicación, que incorpora además los archivos internacionales, es la tesis doctoral de R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction». Politica i capital en el final de La Canadença, Barcelona, 2004. Véase también su artículo de balance, «El caso de la Barcelona Traction. Una revisión», Revista de Historia Industrial, núm. 36, 2008, pp. 1-83, y «Suanzes y March, en busca de “Barcelona Traction, Light & Power, Co” (1945-1970)», Ayer, núm. 60, 2005, pp. 259-283. <<

[6] La documentación sobre el conflicto de la CHADE en Argentina, en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, AR -24/43-1 (CADE), y también en Archivo Suanzes, G. 71. Un resumen, en M. CABRERA, «El asunto de la CHADE y de la Barcelona Traction», en Economía y cambio histórico. Estudios en homenaje a Luis Ángel Rojo, vol. 2, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004, pp. 175-204. R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., cap. 2. <<

[7] Para la historia financiera de la Barcelona Traction, R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., cap. 3. <<

[8] La relación de March con Montañés, en el capítulo 3. Para la biografía de éste, véase B. ROIG AMAT, Orígenes de la Barcelona Traction, op. cit. Los telegramas de Montañés en 1940, en el Archivo Suanzes, C. 58, los reproduce R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., pp. 120-122. <<

[9] La ayuda de March, en R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., pp. 123-124. La guerra del wolframio, en C. LEITZ, Economic relations…, op. cit., pp. 170 y ss. <<

[10] La afirmaciones de Gil Robles sobre Ventosa, en La Monarquía por la que yo luché…, op. cit., pp. 31 y 168. La conversación con el embajador británico y la composición del Gobierno futuro (Ventosa, Garnica, Navarro Reverter, Gil Robles, López Oliván, Marañón, Ortega y Gasset, Madariaga, el conde de Rodezno, García Valdecasas, el conde de los Andes y Kindelán), en F. PROTERO, Franco aislado…, op. cit., pp. 120-121. <<

[11] Nota entregada por el señor Lafita, apoderado de Juan March, el 25 octubre 1945 sobre operación de cambio de la Barcelona Traction, en Archivo Suanzes, G. 54.4469. <<

[12] «Nota relativa a la conversión de obligaciones de BT entregada por el Sr. Ventosa al Sr. Huete en 14/XI/945», copia mecanografiada y copia de la carta de J. Ventosa Calvell a J. A. Suanzes de 17 de diciembre de 1945, en Archivo Suanzes, G. G 54.4476 y en Archivo Histórico del Banco de España. IEME. (a. 48.542) m. 170. <<

[13] Lo de la ONU financiera, en informe de Laffita de 21 junio 1946, Archivo Suanzes, G. G 54.4487. <<

[14] Carta de March a Suanzes de 28 octubre 1946, en Archivo Suanzes, G. 53.4442 y 4443, y en G. 59.4877. <<

[15] Copia de cartas de Speciael a Suanzes de 6 y 7 de diciembre de 1946, en Archivo Histórico del Banco de España, IEME, Ca. 48.542, m. 70. <<

[16] Carta de Speciael de 6 de diciembre, Archivo Suanzes, G. G53.4453, 7 de diciembre, Archivo Suanzes, G. G53.4455 y 56. Carta del ministro de 14 de diciembre, Archivo Suanzes, G. G53.4459. <<

[17] Extracto del acta de la reunión del Consejo de Administración de la Ebro Irrigation & Power Co. Ltd., celebrada en Toronto el 29 de marzo de 1947, Archivo Suanzes, G. G54.4484. Acta de la reunión en Barcelona, extracto de la de Toronto y textos de los telegramas, ibid. <<

[18] La quita y la deuda acumulada, en R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., p. 84. Copia de la carta, en francés, de 4 de noviembre, del embajador suizo al Departamento Federal de Economía Pública, Archivo Histórico del Banco de España, IEME, Ca. 48.542, m. 70. <<

[19] Cartas del marqués de Urquijo a Ventosa de 26 de diciembre de 1946, Archivo Suanzes, G. 70.5132, y de 6 de junio de 1947, G. G54.4497. <<

[20] El anuncio provocador de March contra la CHADE, en R. ALCALDE, «Suanzes y March…», op. cit., pp. 268-269. <<

[21] «Comunicación a los acreedores y accionistas de la Chade» y «El asunto CHADE», copias traducidas, en Archivo Suanzes, G. 55.4608. «CHADE, Aviso a los accionistas», La Gazette de Lausanne, 11 de septiembre 1947, Archivo Suanzes, G. 55.4612. Carta anónima recibida y remitida por Benjumea a Suanzes el 19 septiembre de 1947, con «Crónica desde Zurich para el New York Times», Archivo Suanzes, G. 55.4547 y 57.4709. <<

[22] Proyecto de acta de la reunión del consejo de CHADE celebrado en Madrid el 7 de junio de 1947, Archivo Sunzes, G. 55.4554. Acta de la reunión informal de 2 de septiembre de Ventosa, Narciso de Carreras, marqués de Foronda, Jose Garí Jimeno y Pablo Garnica, Archivo Suanzes, G. 55.4341. <<

[23] Carta de Suanzes a Benjumea de 8 de septiembre, Archivo Suanzes, G. 55.4543. Carta de Benjumea, ministro de Hacienda, a Suanzes de 11 de septiembre, Archivo Suanzes, G. 55.4540. Carta de Ventosa y Garnica a Benjumea con acta de reunión extraoficial de 10 septiembre, Archivo Suanzes, G. 55.4545. Estuvieron presentes: Ventosa, conde de Cadagua, Garí Arana, Garí Jimeno, Muguiro-conde de Gamazo, Garnica, Jaime Gómez Acebo, marqués de Foronda, duque de la Seo de Urgel, Ridruejo. Representados, Bertrán i Musitu, Durán y Ventosa, Basterra. No asistieron por estar fuera de España los señores duque de Alba, Emilio Roy, José Luis de Anchústegui, Narciso de Carreras, Jesús Cambó. Carta de Ventosa y Garnica contestación a la D. G. de Contribuciones, Archivo Suanzes, G. G55.4546. <<

[24] Nota del Ministerio de Industria y Comercio de 3 de octubre sobre actuación de SOFINA y Credit Suisse en el asunto CHADE con posterioridad al decreto ley de julio de 1947 (sin fecha ni firma) Archivo Suanzes, G. G55.4556. Acta de la Asamblea de 18 de noviembre de 1947 en Luxemburgo, Archivo Suanzes, G. 55.4619. <<

[25] Carta de Perry George de 17 octubre de 1947, Archivo Suanzes, G. 55.4563. Carta de George (Hotel Ritz) a Suanzes el 10 de noviembre, Archivo Suanzes, G. 55.4567. Telegrama de March a Duncan el 8 de enero de 1948, Archivo Suanzes, G. 56.4644. Urgente y estrictamente reservada, del subsecretario de economía exterior y comercio al ministro 21 de enero 1948, conversación con Juan March, Archivo Suanzes, G. 55.4644. <<

[26] Informe sobre la CHADE de Ruiz Galvez a la comisión investigadora de 22 de diciembre de 1947, Archivo Suanzes, G. 55.4629. Nota de Juan March a Suanzes de 2 de febrero de 1948, Archivo Suanzes, G. 56.4660. <<

[27] El informe norteamericano, «Barcelona Traction y sus subsidiarias operantes en España», RG 56, Accesion 67.ª, 1804, Box 24, Spain, Commodities and Industries, 5 de junio de 1950, Washington. <<

[28] Nota de Juan March, entregada el 18 de febrero de 1948, leída en Consejo de 20 de febrero de 1948, Archivo Suanzes, G. 74.5270. El ministro anotó que la petición se aprobó después de una «amplia pero no fácil» discusión. <<

[29] Nota verbal de la embajada británica presentando la recibida de Canadá, 27 de marzo de 1948, Arhivo Suanzes, G. 55.4674. Nota el mismo día 27 de la embajada belga, Archivo Suanzes, G. 56.4676. Nota de 2 de julio contestando a la de 27 de marzo de la embajada belga, Archivo Suanzes, G. 56.4703. Nota sobre la actuación del juez de delitos monetarios (JDM) de 22 de mayo de 1948 (visto con S. E. en despacho 26.5), Archivo Suanzes, G. 56.4698. <<

[30] Informe sobre la asamblea de obligacionistas Prior Lien de BT celebrada el 8 abril 1948, Archivo Suanzes, G. 56.4655. Nota de 15 de abril de 1948 de don Juan March al ministro de Justicia, Fernández Cuesta, Archivo Suanzes, G. 56.4683. <<

[31] La declaración, en Archivo Histórico del Banco de España, C-645, Valores. Juan March declaraba además cinco millones de francos marroquíes en el capital social de Tabacos de Marruecos, S. A., una sociedad de derecho tangerino para el comercio en general y el suministro tabaco en particular a distintos países y monopolios en Europa; la fábrica de tabaco de Orán que poseía desde «remotos años», varios inmuebles en Tánger adquiridos a requerimiento del Gobierno en tiempos de Primo de Rivera, 1.000 acciones de una libra de la sociedad J. March&Co Ltd., de Londres, dedicada al comercio internacional. <<

[32] Las reuniones con Wilmers y sus impresiones, en J. BROOKS, «Annals of Finance. Privateer II», New Yorker, 28 de mayo de 1979, pp. 54-55. <<

[33] Carta de Heineman de 26 de julio de 1948 y anexo, «Bases para una nueva negociación», Archivo Suanzes, G. 57.4735. <<

[34] Conversación mantenida en el día de hoy —6 de agosto de 1948— por D. Juan March con los vocales de la Comisión Sres. Sánchez Cortés, Toral y Rozas, Archivo Suanzes, G. G74.5272; también en G. 57.4747. <<

[35] Copia de la carta de 14 de agosto de 1948, en Archivo Suanzes, G. 57.4740. <<

[36] Nota de Sánchez Cortés de 16 de marzo de 1948 sobre impuestos a la CHADE, Archivo Suanzes, G. 55.4663. Copia del acta de la reunión del Consejo de Administración de la CHADE celebrado en Madrid el 24 de septiembre de 1948, Archivo Suanzes, G. 57.4721. Carta de Benjumea a Suanzes de 7 diciembre remitiéndole carta recibida de Foronda, Archivo Suanzes, G. 57.4729. Carta de Suanzes a Benjumea de 15 de diciembre de 1948 y contestación de Benjumea del mismo día 15, Archivo Suanzes, G. 57.4728. <<

[37] Tarjeta de R. Botas de 2 de febrero de 1949 con el cálculo de los impuestos, en Archivo Suanzes, G. 58.4830. Dictamen de la comisión investigadora de 31 de mayo de 1949, Archivo Suanzes, G. 70.5132, y escrito remitiéndolo, Archivo Suanzes, G. 70.5134. <<

[38] «Carta de Lequerica al ministro de Asuntos Exteriores de 28 de julio de 1948, Archivo Suanzes, G. 57.4749, y otra, «Maximo secreto» de 26 de noviembre de 1948, Archivo Suanzes, G. 57.4714. Lequerica en Washington, en Á. VIÑAS, En las garras del águila…, op. cit., pp. 57 y ss. <<

[39] Carta de Lequerica a Artajo el 10 de enero de 1949, Archivo Suanzes, G. 57.4758. Informe «Barcelona Traction y sus subsidiarias en España», 5 de junio de 1950, RG. 56, Accesion 67.ª, 1804, Box 24, Spain, Commodities and Industries, Washington. <<

[40] Para esta última batalla internacional, véase R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., cap. VII. <<

[41] Nota de Juan March a Suanzes de 27 de febrero de 1950, Archivo Suanzes, G. 59.4875 y 59.4864. Cartas de March a Suanzes de 1 de marzo, Archivo Suanzes, G. G74.5273, y de 3 de marzo de 1950, Archivo Suanzes, G. 59.4879, haciendo votos de su voluntad negociadora y avisando de las maniobras de Heineman. <<

[42] Actas de las primeras reuniones comisión de expertos, entregadas a Suanzes el 24 de junio de 1950, Archivo Suanzes, G. 59.4907. Nota de Andany y Rozas el 7 de marzo de 1951 con plan de trabajo de la comisión de expertos que reanuda sus sesiones el 12 de marzo, Archivo Suanzes, G. 60.4922. Informes emitidos por la comisión internacional de expertos encargada de estudiar las actividades económicas y financieras de la Barcelona Traction, Light and Power, Archivo Suanzes, G. 69.5130.237. La falta de independencia de los expertos, en R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., p. 242. <<

[43] Acta de la reunión y nota conjunta, Archivo Suanzes, G. 74.5274 y 60.4939. <<

[44] Carta de Juan March al IEME de 20 de febrero de 1951. Nota sobre la recogida de obligaciones de 2 de marzo de 1951 y segunda nota de 4 de marzo de 1951, carta del Treasury Chamber al IEME de 21 de marzo de 1951, contestación del IEME de 23 de agosto de 1951, carta de Juan March al IEME de 26 de noviembre de 1951, Archivo del Banco de España, Departamento extranjero, IEME, Secretaría, A 48.542, Barcelona Traction, Light and Power, 1941-1969. <<

[45] La reacción de la Barcelona Traction en carta del embajador en Londres a la subsecretaría de economía exterior de 3 de julio de 1951, Archivo Suanzes, G. 60.4994; también en G. 72.5233. <<

[46] Documento entregado por don Juan March de 31 diciembre de 1951, «De todo interés», expone las razones y pruebas de la conformidad del Tesoro británico a toda la gestión española sobre BT, cuando el nuevo Gobierno inglés parece volverse atrás, Archivo Suanzes, G. 72.5221, 7 pp. La nota del Gobierno británico, en J. BROOKS, «Annals of Finance. Privateer II», op. cit., pp. 60-61. <<

[47] Dos cartas de Juan March a Arburúa de 17 de diciembre de 1951, Archivo Suanzes, G. 60.5223 y 72.5522. <<

[48] Boletín Oficial del Estado, 2 de diciembre de 1952, con la sentencia del juez de delitos monetarios de 28 noviembre contra los miembros del Consejo de Riegos y Fuerza del Ebro, Archivo Suanzes, G. 72.5220. R. ALCALDE, «Suanzes y March, en busca de la Barcelona Traction», op. cit., pp. 278-283. <<

[49] «La recusación de la Sala Primera a petición de “Barcelona Traction”. Informes pronunciados en el acto de la vista y Auto no dando lugar», texto taquigráfico, s. f. <<

[50] R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., pp. 300-301. J. BROOKS, «Annals of Finance. Privateer II», op. cit., pp. 61-62. <<

[51] El recuerdo «amargo» de José Larraz, en Memorias…, op. cit., pp. 530-531. Véase también, A. GARRIGUES DÍAZ CAÑABATE, Dictamen sobre la quiebra de la Barcelona Traction, Light & Power, Ltd., Madrid, Aguirre Torre, 1956. <<

[52] J. L. SUREDA, El caso de la Barcelona Traction, Light & Power, Ltd., Barcelona, Grafesa, 1956. F. ESTAPÉ, La quiebra de la Barcelona Traction, Light and Power, Barcelona, Grafesa, 1956, y también sus comentarios en De tots colors, Memòries, Barcelona, Edicions 62, 2000, pp. 129-132. J. M. GIL ROBLES, La quiebra de la Barcelona Traction, Light and Power, Barcelona, Mariano Galve, 1957. Resumen de los diferentes informes, en R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., pp. 312 y ss. <<

[53] R. ALCALDE, «El caso de la Barcelona Traction. Una revisión», op. cit., pp. 100-102. J. BROOKS, «Annals of Finance. Privateer II», op. cit., pp. 67-70. <<

[54] La valoración la hizo el arquitecto Gabriel Alomar en marzo de 1958. Véase certificación con esa fecha, en archivo Gabriel Alomar, Archivo del Consell de Mallorca, copia en la colección Canverga. De este archivo proviene la información que sigue. <<

[55] Valoración de las obras de arte de los palacios de Palma y de Madrid en 1958, en archivo Gabriel Alomar, Archivo Consell de Mallorca, copia en la colección Canverga. <<

[56] ABC, 13 de junio de 1954, y La Vanguardia, 16 de junio de 1954. <<

[57] Los entrecomillados, de las crónicas de ABC, 14 de junio de 1955, y La Vanguardia, 11 y 14 de junio de 1955. <<

[58] Diversas noticias en la prensa, ABC, 14 de mayo de 1952 y 23 de mayo de 1954, y La Vanguardia, 25 de octubre de 1952 y 23 de mayo, 5 y 23 de noviembre de 1954. <<

[59] ABC, 3 de mayo de 1955, y La Vanguardia, 3 y 4 de mayo de 1955. <<

[60] «Escritura de constitución y Estatutos», en Anales de la Fundación Juan March, 1956-1962, Madrid, Fundación Juan March, s. f., pp. 8-34. Parte de los Estatutos publicado en ABC, 11 de enero de 1956. <<

[61] Carta de Joan Mascaró a Juan March de 4 de octubre de 1951, en G. MIR, Correspondència de Joan Mascaró, vol. 1, Mallorca, Moll, 1998, p. 234. Años más tarde, muerto Juan March, cuando Joan Mascaró escribió a su hijo pidiéndole una ayuda de la Fundación, se encontró con la sorpresa de que no podía porque no tenía la nacionalidad española. Aunque respondió que sí la tenía y que se consideraba más español que nadie, no hay constancia de que recibiera ninguna ayuda. Véase, en la misma Correspondencia, las cartas de 1963 en pp. 255-259. <<

[62] Ramón Garriga es uno de los que atribuye la Fundación a la voluntad de «festejar» el éxito obtenido contra Heineman, Juan March y su tiempo…, op. cit., pp. 394-396. La conversación entre March y Suanzes, en A. BALLESTERO, Juan Antonio Suanzes…, op. cit., p. 268. <<

[63] Carta y memorándum de L. Steljes, que había sustituido a Mayorga como gestor de las cuentas de Juan March en el Kleimwort, a K. S. Weston, del Tesoro, de 5 de agosto de 1950, y contestación de Weston de 18 de agosto de 1950; carta confidencial de John Turner, del Banco de Inglaterra a K. S. Weeston, del Tesoro, de 2 de junio de 1954, PRO, Treasury, Overseas Fiance Division, Registered Files (OF and 20F Series), T 236. P. MARTÍN ACEÑA, El oro de Moscú…, op. cit., p. 309. <<

[64] El contexto intelectual e institucional, en J. CLARET, El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, y J. M. SÁNCHEZ RON, Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX), Madrid, Taurus, 1999, cap. 11. Las dos corrientes dentro del catolicismo, «comprensivos» y «excluyentes», en S. JULIÁ, Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, pp. 358 y ss. <<

[65] «La batalla de un hombre solo», ABC, 11 de enero de 1956. F. J. PÉREZ DE URBEL, «Congratulación y aplauso», La Vanguardia, 23 de junio de 1955. <<

[66] E. GIMÉNEZ CABALLERO, El dinero y España, Madrid, Afrodisio Aguado, 1965, pp. 11, 39, 47 y 244. <<

[67] Las alternativas de propuestas y las razones de la decisión, en J. M. SÁNCHEZ RON, Cincuenta años de cultura e investigación en España: la Fundación Juan March (1955-2005), Barcelona, Crítica, 2005, pp. 56-59. <<

[68] Los últimos años de Ortega, en J. ZAMORA BONILLA, Ortega y Gasset, op. cit., pp. 456 y ss. <<

[69] El juramento de los académicos y la negativa de Menéndez Pidal, en J. M. SÁNCHEZ RON, Cincuenta años…, op. cit., pp. 67-70. <<

[70] El comentario de José Luis Amorós Portolés, al que se concedió la ayuda para una investigación sobre la física del estado sólido y las propiedades térmicas en relación con la estructura, con estancias previstas en Gran Bretaña y Estados Unidos, en La Vanguardia, 5 y 10 de enero de 1957. <<

[71] ABC, 14 y 16 de abril de 1957. <<

[72] La compra del Poema de Mío Cid, en J. M. SÁNCHEZ RON, Cincuenta años…, op. cit., pp. 180-190. <<

[73] Las obras en la casa palacio de Juan March, en escritura de declaración de obra nueva de 30 de diciembre de 1957. La obra costó medio millón de pesetas. El edificio propio se inauguró en 1975. Véase J. SÁNCHEZ RON, Cincuenta años…, op. cit., cap. 6. <<

[74] La explicación del emblema, en Anales de la Fundación Juan March, op. cit., pp. 781-789. Los bocetos previos y las cartas cruzadas con Riber, en archivo Gariel Alomar, Archivo del Consell de Mallorca, copia en la colección Canverga. <<

[75] Las escrituras de las sucesivas donaciones, en el archivo de la Fundación. <<

[76] Gil Robles, en «La Haya, informe de Gil Robles en el litigio de la Barcelona Traction», La Vanguardia, 23 de mayo de 1960. <<

[77] Historia de aquella última negociación, en documentos con tarjeta de Juan March Ordinas entregados a Juan Antonio Suanzes el 22 de noviembre de 1961, en Archivo Suanzes, G. 72.5234. También en J. BROOKS, «Annals of Finance. Privateer II», 28 de mayo de 1979, pp. 71-72. <<

[78] R. ALCALDE, El cas de la «Barcelona Traction»…, op. cit., pp. 340 y ss. <<

[79] Las buenas noticias se vieron empañadas por el pleito entablado por lo que Antonio Rodríguez Sastre llamó un «grupo disidente», del que formaba parte una persona que había sido de la máxima confianza de Juan March. La historia venía de atrás y en aquellos días saltaron a la prensa las idas y venidas, las acusaciones mutuas, entre los directivos de FECSA y aquel grupo en el que, efectivamente, estaba Raimundo Burguera, más que un leal colaborador, como él mismo dijo, una persona «entregada en cuerpo y alma» a Juan March Ordinas. Carta de dimisión de Juan March Servera, intervenciones de Juan March Delgado y de Rodríguez Sastre en la junta de accionistas, en La Vanguardia, 10 de mayo de 1970. Carta de los señores Burguera, Ruiz Gallardón, Boto y Andrade, en La Vanguardia, 28 de mayo de 1970. <<

[80] Noticias en ABC y La Vanguardia, 27 de marzo de 1962, y Blanco y Negro, 31 de marzo de 1962. <<

[81] «El mecenazgo de March», ABC, 27 de febrero de 1962. También en La Vanguardia, del mismo día. <<

[82] La carta de los investigadores, en ABC, 1 de marzo de 1962. <<

[83] El proyecto de panteón, en archivo Gabriel Alomar, Archivo del Consell de Mallorca, copia en la colección Canverga. <<

[84] Las cartas y telegramas, en archivo de la Fundación Juan March. <<

[85] Pemán, Azorín y Menéndez Pidal, en ABC, 11 de marzo de 1962. La «imperial carrera de financiero», en «Su mejor negocio», La Vanguardia, 11 de marzo de 1962. <<

[86] «Juan March ha entrado en el santuario de la historia», ABC, 11 de marzo de 1962. <<

[87] El artículo de Pla se publicó en Destino, el 17 de marzo de 1962. Luego se incorporó en Retrats de passaport…, op. cit., con fecha 1964 y algún cambio, como la introducción de un párrafo primero en el que Pla decía que para evitar reticencias o hipótesis agriamente formuladas, la censura del Estado había dado una biografía oficial del difunto que los periódicos reprodujeron. <<

[88] Copia del Testamento otorgado por don Juan March Ordinas, ante don Luis Casanueva Usera. archivo Pedro Sáinz Rodríguez, caja 103.1. <<

[89] J. MONTERO ALONSO, «Breve historia de la Fundación Juan March. De la bomba de cobalto al “Poema del Cid”», ABC, 18 de marzo de 1962. <<

[90] D. NASAW, Andrew Carnegie, Londres-Nueva York, Penguin Books, 2006. Véase especialmente el cap. 20, «The Gospel of Wealth». <<

[91] A. CARNEGIE, «Wealth», North American Review, junio de 1889. <<