A las 7.36 del 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, se produjeron diez explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de cercanías de Madrid. El resultado fueron 192 muertos, 1857 heridos y un terremoto político cuyas reverberaciones aún marcan la sociedad española. Mercedes Cabrera, prestigiosa historiadora y candidata al Parlamento en esas elecciones, narra desapasionadamente el atentado, la guerra informativa que siguió, la persecución y muerte de los terroristas y el largo epílogo político y judicial de un atentado brutal que sacudió España y fracturó muchos de los consensos previos.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

11 de marzo de 2004

El día del mayor atentado de la historia de España

La España del siglo XX en siete días 07

ePub r1.0

Titivillus 10.06.2021

Título original: 11 de marzo de 2004

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, 2020

Director de la colección: Jordi Canal

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

La España del siglo XX en 7 días

LA ESPAÑA DEL SIGLO XX EN 7 DÍAS

Jordi Canal

En toda historia de un país, unas fechas resultan más importantes que otras. Unos días empiezan o concluyen periodos, mientras que la mayoría no entran a formar parte del calendario a recordar. En algunos casos, un día es mucho más que un día, puesto que representa una época. A veces ello es evidente desde el mismo momento en que tienen lugar los hechos, en otras ocasiones no se asume hasta mucho tiempo después. El papel de la prensa y la radio, pero sobre todo de la televisión —el siglo XX analógico va a abrir las puertas de un siglo XXI que construye fechas-acontecimiento, de forma sensiblemente distinta—, no es menor.

Esta colección de libros reconstruye la historia de la España del siglo XX a partir de siete días decisivos, una semana. No son cien años, puesto que hemos optado por un siglo XX algo más largo de lo normal, empezando en 1898, con la batalla que supuso el final del viejo imperio español moderno, y terminando en 2004, cuando, en un país modernizado y de consolidada democracia, se produce el mayor atentado de su historia. Unos son días de guerra, mientras que en otros casos se privilegian atentados terroristas o conatos de golpe de Estado, sin olvidar momentos clave para la sociedad española tanto en el terreno cultural como en el deportivo.

A partir de la narración de lo ocurrido en un día concreto de la historia de España se propone una aproximación al periodo, a las implicaciones nacionales e internacionales de los hechos y, asimismo, a la historia y a la memoria de aquella jornada. La aproximación micro se convierte en la clave de una comprensión macro. En los libros de esta colección se recupera una historia con fechas y acontecimientos —sin que ello represente un retorno a maneras del pasado—, en la que los hombres y mujeres de carne y hueso son los auténticos protagonistas y que, asimismo, sin ninguna merma de crítica y rigor, está sobre todo pensada para ser leída y disfrutada.

Tomás Pérez Vejo, José-Carlos Mainer, Pilar Mera, Antonio Rivera, Juan Francisco Fuentes y Mercedes Cabrera, todos historiadores conocidos y reconocidos, se unen a quien firma estas líneas para contar y analizar en siete libros, dedicados a otras tantas fechas, un centenar de años de nuestro pasado.

Dramatis personae

DRAMATIS PERSONAE

1. ISLAMISTAS RADICALES EN TORNO A SARHANE EL TUNECINO

ABDELMAJID FAKHET, SARHANE BEN, alias EL TUNECINO, se unió a la célula de Abu Dahdah y fue uno de los protagonistas centrales de la organización de los atentados, junto con Jamal Ahmidan, el Chino. Ambos murieron en el asalto al piso de Leganés.

AFALAH, MOHAMED, marroquí. Se sumó al grupo de Maymouni y Sarhane. Huyó a Bélgica junto con Mohamed Belhadj al tener noticia de los atentados del 11M, y murió en un atentado suicida en Irak en 2005.

ALMALLAH DABAS, MOUHANNAD, amigo del Tunecino. Simpatizante de los Hermanos Musulmanes. En el juicio fue condenado a doce años de prisión por pertenencia a la estructura de Al Qaeda. Tras recurrir ante el Tribunal Supremo, fue absuelto en julio de 2008.

ALMALLAH, MOUTAZ, hermano de Mouhannad, hombre de confianza de Abu Dahdah y de Setmarian, reclutador y adoctrinador de yihadistas, considerado una pieza esencial en la organización de los atentados. Fue detenido en Londres y extraditado a España durante la celebración del juicio por el 11M. Fue finalmente absuelto en 2011.

AZIZI, AMER, discípulo radicalizado del imán Moneir, con el que rompió. Se incorporó a la célula de Abu Dahdah, huyendo antes de que esta fuera desarticulada. Murió en el asalto al piso de Leganés, aunque su cuerpo tardó en ser identificado.

BELHADJ, MOHAMED, hermano de Yusef, alquiló el piso de Leganés, huyó tras los atentados y se creía que había muerto en un atentado en Irak, pero fue extraditado desde Siria y encarcelado en Marruecos en 2009.

BELHADJ, YUSEF, personaje central en la relación de los autores de los atentados con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y considerado uno de los cerebros de la organización de los atentados, contra quien se pidió una de las mayores penas en el juicio del 11M. Sin embargo, fue condenado solo a doce años por pertenencia a organización terrorista yihadista, porque no existieron pruebas suficientes de su calidad de dirigente o inductor. Salió de prisión en 2017 y fue extraditado a Marruecos.

BERRAJ, SAID, alias EL MENSAJERO, miembro destacado del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, identificado como uno de los autores de los atentados del 11M y huido tras ellos, sin haber sido nunca localizado.

BOUCHAR (o BUCHAR), ABDELMAJID, marroquí, huyó del piso de Leganés antes de la explosión. Fue detenido en Serbia en 2005 y entregado a las autoridades españolas. Condenado a dieciocho años de cárcel en el juicio del 11M por pertenencia a organización terrorista, como mero integrante, y por tráfico y depósito de explosivos con fines terroristas. Se prevé el cumplimiento de su condena en 2022 o 2023.

BOUJARRAT (o BOUHARRAT), MOHAMED, albañil, detenido, liberado y nuevamente detenido en 2005, juzgado y condenado en el juicio del 11M a doce años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.

BOUSBAA, NASREDDINE, detenido en julio de 2004; acusado de facilitar documentos falsos a muyahidines venidos desde Irak, fue condenado a tres años de prisión en el juicio del 11M.

GHALYOUN, BASEL, sirio, considerado miembro del grupo de Rabei Osman el Egipcio, conocía al Tunecino y a los hermanos Oulad, detenido tras los atentados como presunto autor material de los atentados. Fue condenado a doce años de cárcel por pertenencia a banda armada, pero no hubo pruebas de su participación directa en los atentados. Tras recurrir ante el Tribunal Supremo, fue absuelto por este en julio de 2008.

HASKI, HASSAN EL, marroquí, presunto jefe en España del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y tenido por uno de los cerebros de los atentados del 11M. Con una de las mayores peticiones de pena en el juicio del 11M como autor material (casi 39 000 años), fue juzgado y condenado a quince años por pertenencia a organización terrorista yihadista en grado de dirigente y partícipe-inductor en los delitos de homicidio, aunque no partícipe en los atentados por no haber pruebas de su intervención directa. El Tribunal Supremo rebajó la condena a catorce años. En 2019 salió de la cárcel y fue extraditado a Marruecos para cumplir condena por su participación en los atentados de Casablanca de 2003.

LAMARI, ALLEKEMA, argelino, perteneciente a una célula adscrita al Grupo Islámico Armado desmantelada en Valencia en 1997, en 2001 fue condenado a catorce años de cárcel pero fue liberado por un error formal en 2002; desde entonces estaba en paradero desconocido. Considerado «cabecilla» del comando terrorista y uno de los mayores responsables de los atentados por el CNI. Murió en el asalto al piso de Leganés.

LARBI BEN SELLAN, MOHAMED, marroquí, considerado el «mensajero» de Rabi Osman el Egipcio, fue detenido en junio de 2005 en la Operación Sello y procesado también en la Operación Tigris en Cataluña. Ayudó a escapar a Mohamed Belhadj y Mohamed Afalah tras los atentados del 11M. Fue condenado en el juicio del 11M a doce años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. Liberado en 2014, fue extraditado a Marruecos.

MAYMOUNI, MUSTAFÁ, marroquí, fundó una célula en Madrid para captar y formar yihadistas. Participó en los atentados de 2003 en Casablanca y fue detenido y encarcelado en Marruecos. Su hermana se casó con Sarhane el Tunecino.

MORABIT ANGHAR, FOUAD EL, hijo de un notario de Nador y estudiante de ingeniería, muy cercano a Mohamed el Egipcio y conocido del Tunecino, fue detenido tras los atentados del 11M, liberado y vuelto a detener. Fue condenado a doce años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. Salió de prisión en 2016 y fue extraditado a Marruecos.

MOUSSATEN, BRAHIM, hermano de Mohamed Moussaten, acusado de ayudar a escapar a Afalah y Belhadj, fue absuelto en el juicio por retirarse las acusaciones contra él.

MOUSSATEN, MOHAMED, sobrino de Yusef Belhadj, acusado en el juicio del 11M de ayudar a escapar a Afalah y Belhadj. Fue absuelto en el juicio del 11M por no considerarse que fuera colaboración con banda armada.

ZOUGAM, JAMAL, marroquí, uno de los primeros detenidos tras los atentados, propietario de la tienda de telefonía de la calle Tribulete. Conocía a Abu Dahdah y había trabado amistad en el barrio de Lavapiés con Sarhane y Maymouni. Condenado en el juicio del 11M por homicidio terrorista como autor directo de los atentados e integración en organización terrorista a 42 922 años de cárcel (191 homicidios terroristas, 1856 asesinatos frustrados, 4 delitos de estragos terroristas, 4 por integración en organización terrorista), confirmados por el Tribunal Supremo. Se prevé el cumplimiento de su condena en 2044.

2. EL MUNDO DE LA DELINCUENCIA EN TORNO A JAMAL AHMIDAN, EL CHINO

AGLIF, RACHID, amigo del Chino y de Zouhier del trapicheo de drogas. Juzgado en el juicio del 11M y condenado a dieciocho años por pertenencia a organización terrorista y depósito de armas y explosivos. Se prevé el cumplimiento de su pena en 2022 o 2023.

AHMIDAN, HAMID, marroquí, detenido tras los atentados del 11M, primo del Chino y, según algunos, su hombre de mayor confianza. Fue condenado en el juicio del 11M a veintitrés años de cárcel por pertenencia a organización terrorista y por tenencia y tráfico de drogas. Salió de prisión en 2017 y fue extraditado a Marruecos.

AHMIDAN, JAMAL, marroquí, alias EL CHINO y MOWGLI, traficante de drogas, conocido por la policía, con un importante historial delictivo. Se radicalizó desde el punto de vista religioso mientras cumplía condena en Marruecos, acusado de asesinato. Cuando volvió a España, fue uno de los principales artífices de los atentados del 11M, pues fue él quien estableció contacto con los traficantes de dinamita asturianos, a los que conocía porque les suministraba droga. Murió en el asalto al piso de Leganés.

AHMIDAN, SAID, hermano de Hamid, detenido y puesto en libertad.

FADOUAL, ABDELILAH EL, amigo íntimo del Chino, falsificador de documentos y ladrón de coches, en uno de los cuales se trasportaron los explosivos de Asturias a Madrid. Fue condenado a nueve años de cárcel en el juicio del 11M por colaboración —que no pertenencia—, con organización terrorista. Tras recurrir ante el Tribunal Supremo, este le absolvió en julio de 2008.

GNAOUI, OTMAN EL, albañil, marroquí amigo de Jamal Ahmidan, el Chino, ayudó al traslado de los explosivos desde Asturias junto con Rachid Oulad. Condenado en el juicio del 11M a 42 922 años de cárcel por 191 homicidios terroristas, 1856 asesinatos frustrados, 4 delitos de estragos terroristas e integración en organización terrorista, es decir, intervención directa en los atentados. Confirmado por el Tribunal Supremo en 2008. Se prevé el cumplimiento de su condena en 2044.

HARRAK, SAED EL, albañil, trabajaba para Kounjaa y era amigo de Mohamed Oulad. Fue juzgado en el juicio del 11M y condenado a doce años por pertenencia a organización terrorista. Salió de prisión en 2017 y fue extraditado a Marruecos.

KOUNJAA, ABDENNABI, alias ABDALLAH, marroquí, obrero de la construcción en la misma empresa que Rachid Oulad. Participó en el transporte de los explosivos desde Asturias hasta Madrid. Fue uno de los primeros identificados tras los atentados y autor de la masacre. Murió en el asalto al piso de Leganés.

OULAD AKCHA, MOHAMED, tunecino, amigo de Jamal Ahmidan, el Chino. También conocía a Sarhane y Maymouni. Participó en el transporte de los explosivos desde Asturias a Madrid y en los atentados. Murió en el asalto al piso de Leganés.

OULAD AKCHA, RACHID, tunecino, obrero de la construcción, hermano de Mohamed, participó en los atentados y murió también en el asalto al piso de Leganés.

RIFAAT ANOUAR, ASRIH, marroquí, amigo de Jamal Ahmidan, el Chino. Fue uno de los terroristas que participó en los atentados y en el intento de atentado del AVE. Murió en el asalto al piso de Leganés.

SLIMANE (o SLEIMAN) AOUN, MAHMOUD, libanés, amigo del Chino en el trapicheo de drogas. Juzgado en el juicio del 11M, fue condenado a tres años de cárcel por falsificación documental, que el Tribunal Supremo rebajó a dos.

ZOUHIER, RAFÁ, marroquí, portero de discoteca y traficante de drogas, confidente de la Guardia Civil e intermediario en la venta de explosivos de la «trama asturiana» al Chino. Fue condenado en el juicio del 11M a diez años de cárcel por colaboración con organización terrorista y tenencia y transporte de explosivos, sin pruebas de inducción o colaboración necesaria. Liberado en marzo de 2014, fue extraditado a Marruecos.

3. SUPUESTOS PROMOTORES O AUTORES «INTELECTUALES»

BARAKAT YARKAS, IMAD EDDIN, alias ABU DAHDAH, sirio, cuyo emir era Abu Qutada, residente en Londres. Fue detenido en Madrid dos meses después de los atentados del 11S en Estados Unidos, como presunto responsable de la célula de Al Qaeda en España, y se le consideró representante de Bin Laden en España. Fue condenado en 2005 a veintisiete años de prisión. De la célula islamista que fundó salieron varios de los partícipes en los atentados del 11M, a cuyo juicio asistió desde la cárcel como testigo.

SAYED, RABEI OSMAN EL (en la sentencia), MOHAMED EL EGIPCIO, miembro de la Yihad Islámica Egipcia y experto en explosivos, estuvo en Afganistán, conocía a Mohamed Atta y cuando llegó a Madrid aglutinó a un grupo de fundamentalistas y se unió al grupo de Abu Dahdah. Tres meses después de los atentados del 11M fue detenido en Milán y entregado a las autoridades españolas. Considerado uno de los cerebros de los atentados del 11M, fue juzgado y absuelto por falta de pruebas de su intervención directa y para no interferir con la acción de la justicia italiana.

SETMARIAN NASER, MUSTAFÁ, sirio, simpatizante de los Hermanos Musulmanes, huyó de Siria y viajó por varios países antes de afincarse en España, conoció a Bin Laden, fue instructor en Afganistán y se instaló después en Londres, donde le visitó Abu Dahdah. Volvió a Afganistán en 1998. Se dictó auto de procesamiento contra él en la Operación Dátil del juez Garzón tras los atentados del 11S en Estados Unidos. Considerado un intelectual estratégico de la lucha armada yihadista, su nombre apareció posteriormente vinculado al atentado contra el restaurante El Descanso en 1985.

4. OTROS. DETENIDOS EN ALGÚN MOMENTO, PERO PUESTOS EN LIBERTAD

AHBAR, KAMAL, detenido en la Operación Sello por enviar suicidas a Irak y testigo de la defensa de Rafá Zouhier en el juicio del 11M.

BAKKALI (o BEKKALI) BOUTAHILA, MOHAMED, marroquí, uno de los primeros detenidos tras los atentados por su supuesta participación en ellos; puesto en libertad por falta de pruebas.

BENSMAIL, ABDELKRIM, argelino, detenido junto con Allekema Lamari en abril de 1997 por pertenecer al Grupo Islámico Armado argelino y condenado en 2001 a nueve años de cárcel. Fue detenido de nuevo cuando estaba encarcelado en Villabona en el marco de la Operación Nova del juez Garzón contra quienes planeaban un atentado contra la Audiencia Nacional en 2004.

BERRAK, ABDELOUAHID, regentaba una peluquería de Lavapiés de la que era socio Zougam y conocía a Abu Dahdah. Detenido tras los atentados y encarcelado, fue excarcelado unos días más tarde.

CHAOUI, MOHAMED, marroquí, hermanastro de Jamal Zougam y propietario de la tienda de telefonía de la calle Tribulete. Detenido tras los atentados por considerársele autor material, fue puesto en libertad por falta de pruebas. Declaró en el juicio, pero no fue acusado.

CHEDDADI, MOHAMED, regentaba junto con su hermano una tienda de ropa, también en el barrio de Lavapiés, y tras los atentados fue detenido por orden del juez Del Olmo, pero fue puesto en libertad.

ZBAKH (o ZABAK), ABDERRAHIM, marroquí, detenido poco después de los atentados del 11M por supuesta autoría material. Fue puesto en libertad.

5. «TRAMA» ASTURIANA EN TORNO A SUÁREZ TRASHORRAS

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, SERGIO, alias AMOKACHI, uno de los jóvenes que transportó explosivos en un autobús de línea desde Asturias a Madrid. Fue juzgado y condenado a tres años de cárcel por suministro de explosivos.

GONZÁLEZ DÍAZ, JAVIER, alias EL DINAMITA, amigo de Suárez Trashorras. Fue absuelto en el juicio del 11M.

GONZÁLEZ PELÁEZ, RAÚL, alias EL RULO, trabajador de Caolines de Merillés, la empresa que gestionaba la mina La Conchita. Fue condenado a cinco años de cárcel en el juicio del 11M por suministro de explosivos y absuelto en julio de 2008 por el Tribunal Supremo.

GRANADOS, IVÁN, alias EL PIRAÑA, uno de los jóvenes a los que Suárez Trashorras propuso transportar explosivos desde Asturias a Madrid en autobús de línea, pero se negó. Fue absuelto en el juicio del 11M.

LLANO, EMILIO, vigilante de la mina La Conchita, de donde se robaron los explosivos utilizados en los atentados. Juzgado en el juicio del 11M y absuelto.

MONTOYA VIDAL, GABRIEL, alias EL GITANILLO, BABY, menor de edad y compinche de Suárez Trashorras en el tráfico de explosivos con los terroristas. Juzgado y absuelto en el juicio del 11M.

REISS (o REIS), ANTONIO IVÁN, alias JIMMY, otro de los jóvenes a los que Suárez Trashorras encargó el traslado de explosivos desde Asturias hasta Madrid en autobús. Condenado finalmente a cuatro años de prisión en el juicio del 11M, que el Tribunal Supremo rebajó a tres.

SUÁREZ TRASHORRAS, JOSÉ EMILIO, exminero asturiano, proveedor de los explosivos con los que se llevaron a cabo los atentados del 11M. Detenido en 2001 en la Operación Pipol contra el tráfico de drogas y explosivos, se hizo confidente de la Guardia Civil. Condenado en el juicio del 11M a 34 715 años, por 191 homicidios terroristas y 1856 asesinatos frustrados, 4 delitos de estragos terroristas y falsificación de matrículas. Se prevé el cumplimiento de su condena en 2044.

TORO, ANTONIO, cuñado de Suárez Trashorras e implicado en la venta de explosivos a los terroristas. Fue absuelto en el juicio del 11M, pero el Tribunal Supremo lo condenó a cuatro años de prisión. Había sido condenado en otra causa, en enero de 2007, a once años de prisión por tenencia, depósito y tráfico de explosivos.

TORO, CARMEN, hermana de Antonio Toro y mujer de José Emilio Suárez Trashorras. Fue absuelta en el juicio del 11M.

6. MINISTERIO DEL INTERIOR

CARGOS POLÍTICOS:

ACEBES, ÁNGEL, ministro del Interior del Gobierno de José María Aznar.

ASTARLOA, IGNACIO, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de José María Aznar.

DÍAZ DE MERA, AGUSTÍN, comisario director general de la Policía Nacional con el Gobierno de José María Aznar (diputado y luego eurodiputado del PP).

POLICÍA:

CUADRO, SANTIAGO, comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional con el Gobierno de Aznar.

DÍAZ PINTADO, PEDRO, subdirector general operativo de la Dirección General de la Policía Nacional durante el Gobierno de Aznar.

FERNÁNDEZ RANCAÑO, MIGUEL ÁNGEL, jefe superior de la policía de Madrid, responsable de la investigación desde los atentados hasta el 13 de marzo, bajo la tutela del comisario general. Depende del subdirector general operativo.

GÓMEZ MENOR, RAFAEL, inspector de la UCIE de la Comisaría General de Información.

MORENA, JESÚS DE LA, comisario general de Información de la Policía Nacional.

RAYÓN RAMOS, MARIANO, comisario jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

SÁNCHEZ MANZANO, JUAN JESÚS, comisario jefe de los Tedax, que dependen del comisario de Seguridad Ciudadana.

SANTANO SORIA, MIGUEL ÁNGEL, exjefe de la policía científica de Madrid y comisario general de la policía científica con el Gobierno de Zapatero.

7. GUARDIA CIVIL

ÁLVAREZ SOLA, FAUSTINO, teniente coronel, jefe de la Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil, cuya unidad n.º 2 estaba dedicada a otros terrorismos distintos de ETA, de la que se ocupaba la unidad n.º 1.

GARCÍA PELLICER, VICENTE, general, subdirector de operaciones de la Guardia Civil.

GARCÍA VARELA, JOSÉ MANUEL, general (teniente general en 2007), jefe de los servicios de información y de la policía judicial de la Guardia Civil, dependiente de la Subdirección General de Operaciones. Nombrado subdirector general de Operaciones de la Guardia Civil en mayo de 2004.

HERNANDO MARTÍN, FÉLIX, coronel, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, perteneciente al servicio de policía judicial de la Guardia Civil, dedicada a la persecución de bandas organizadas de delincuentes.

LÓPEZ VALDIVIESO, SANTIAGO, director general de la Guardia Civil hasta las elecciones del 14 de marzo de 2004.

8. GUARDIA CIVIL Y POLICÍA EN ASTURIAS

ALDEA, FERNANDO, teniente coronel, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Oviedo y jefe interino de la Guardia Civil de Asturias en sustitución de Pedro Laguna.

BÚRDALO, LUIS ANTONIO, coronel, nombrado jefe de la Guardia Civil de Asturias en sustitución de Pedro Laguna.

CAMPILLO, JESÚS, agente de la Guardia Civil que grabó la cinta con la conversación con el confidente Francisco Javier Villazón Lavandera.

CARRETERO, JUAN, jefe superior de policía del Principado de Asturias.

GARCÍA RODRÍGUEZ, MANUEL, MANOLÓN, inspector jefe de estupefacientes de la Guardia Civil de Asturias.

LAGUNA, PEDRO, coronel, jefe de la Guardia Civil de Asturias, nombrado después jefe de la zona de Castilla y León.

RODRÍGUEZ BOLINAGA, ANTONIO, jefe de la comandancia de Gijón, destituido por ocultar supuestamente la cinta de la conversación de Campillo con Lavandera.

Prólogo

PRÓLOGO

La mañana del 11 de marzo de 2004 me desperté en un hotel en Palma de Mallorca. La tarde anterior había participado en un mitin electoral. Por primera vez en mi vida había decidido pasar de contemplar la política a tomar parte activa en ella. Iba de número dos en la lista por Madrid del PSOE, que encabezaba José Luis Rodríguez Zapatero. En mi decisión tuvo que ver la agotadora experiencia de una legislatura con mayoría absoluta del PP y las propuestas de renovación y reforma que había anunciado el candidato socialista, sobre todo las relativas a la educación y al impulso a la ciencia y a la investigación.

Cuando sonó el teléfono y tuve las primeras noticias de lo que estaba ocurriendo en Madrid pensé en ETA, pero mi marido, Carlos Arenillas, que me acompañaba en aquellas lides y trabajaba en los mercados financieros, no tardó en recibir otras opiniones, que apuntaban al terrorismo islamista. No recuerdo cómo llegamos a Madrid, pero sí muy bien la manifestación del 12 de marzo, bajo la lluvia, con las calles atestadas de gente, el silencio inicial y, después, los gritos de «Quién ha sido». El domingo 14 de marzo ganamos las elecciones. De pronto, todo cambió. Acudí, como otros muchos, a la calle Ferraz para celebrarlo.

Dejé la universidad y me convertí en diputada y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, que iba a tener una ardua tarea con el debate y aprobación de una nueva Ley de Educación, impulsada por la ministra María Jesús Sansegundo. Dos años más tarde, nada más aprobarse esa ley, fui nombrada ministra de Educación y Ciencia. Por delante tenía su aplicación, así como la reforma de la Ley de Universidades y un nuevo plan nacional de ciencia. Todo era nuevo para mí: el Congreso y el trabajo de los diputados, el funcionamiento del grupo parlamentario, el ministerio, las conferencias sectoriales, las comparecencias públicas, la importancia decisiva de los medios de comunicación.

Menciono todo esto solo para explicar que no tuve mucho tiempo de reflexionar entonces sobre lo que había pasado el 11 de marzo y los días siguientes. Sí lo tuve para asistir a algunas de las sesiones de la Comisión de Investigación del 11M que se formó en el Congreso de los Diputados, y a algunas de las interpelaciones o preguntas en las sesiones de control que dieron vueltas a aquello. También, por supuesto, viví en primera persona el ambiente político de aquella primera legislatura del Gobierno socialista, lo que algunos han llamado la «legislatura de la crispación».

Este no es un libro de memorias, aunque por supuesto han influido los recuerdos de aquella experiencia política, para mí inolvidable y que siempre agradeceré haber tenido. Para escribir este libro he recurrido a una parte de la abundantísima literatura que se publicó, algunos libros y artículos que en algunos casos cito, en particular al final, aunque la información que brindan está dispersa por los diferentes capítulos. He consultado la prensa del momento y algunas de las grabaciones y documentales que se conservan en la red, también muy abundantes, así como el Diario de sesiones de la comisión de investigación sobre el 11M. No he hecho entrevistas, aunque sí he hablado someramente con algunas personas. Con otras, con las que pensaba hacerlo, por desgracia no pude porque han muerto. Me refiero a Alfredo Pérez Rubalcaba y a José Antonio Alonso. Por eso, todo lo que digo es de mi exclusiva responsabilidad.

Los dos primeros epígrafes del libro están dedicados a narrar los acontecimientos entre el 11 y el 13 de marzo, el horror y el duelo, las reacciones políticas, la gestión del Gobierno y la movilización social, el paso de la convicción de que había sido ETA a las dudas crecientes, sin anticipar los innumerables comentarios e interpretaciones a los que dieron lugar. A continuación, me detengo en las elecciones del 14 de marzo, en cómo se interpretó la victoria del PSOE, el «vuelco electoral», como muchos lo llamaron, y las primeras reacciones del PP. Sigo con la explicación de cómo se produjo el suicidio colectivo en Leganés, en el que murieron al menos siete de los autores de la masacre, con una primera descripción de quiénes eran, aunque para ello he utilizado, además de lo que se publicó en la prensa en su momento, la información que fue surgiendo más tarde. A continuación, me detengo en la formación del primer Gobierno de Zapatero y en el debate parlamentario de su investidura, un anuncio de lo que iba a ser la legislatura. Termino ese capítulo explicando cómo surgió la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, a la que dedico los dos siguientes. Los diarios de sesiones de esa comisión, contrastados con las noticias que iban publicando los medios de comunicación y el levantamiento parcial del secreto del sumario dirigido por el juez Del Olmo, constituyen una excelente fuente de información de los avances de la investigación, así como de las opiniones de las distintas fuerzas políticas y las dificultades insuperables para lograr la unanimidad. En el capítulo siguiente, inserto las conclusiones del trabajo de aquella comisión en el contexto de la legislatura, con las diferentes cuestiones que, junto con el 11M, marcaron el enfrentamiento político.

Los siguientes tres capítulos están dedicados al juicio que comenzó en febrero de 2007 y se cerró con la sentencia del 31 de octubre, que confirmó las conclusiones del sumario del juez Del Olmo, la autoría en exclusiva del islamismo radical, y condenó a veintiuno de los veintinueve acusados a distintas penas de cárcel, que sumaban más de ciento veinte mil años de prisión. Termino con un capítulo dedicado a las «herencias» del 11M.

No ha sido fácil escribir este libro. En parte por la imposibilidad de recoger la inmensa bibliografía y la inabarcable colección de documentación de todo tipo, susceptibles de ser consultadas. En parte también por la muy distinta calidad e intención de esas fuentes, inmersas en una cuestión que despertó pasiones encontradas y que convirtió los atentados del 11M y sus consecuencias en motivo de batalla política. En parte, asimismo, porque de esa contienda formaron parte esencial y beligerante los medios de comunicación. Y, finalmente, por haber sido testigo de los acontecimientos desde mi posición como diputada socialista, primero, y ministra, después. No ha sido fácil hacer compatible todo eso con el necesario rigor con el que debe trabajar una historiadora, que es lo que era y sobre todo soy.

Tengo que reconocer, sin embargo, que lo que ahora creo saber es mucho más de lo que entonces viví. También es más profunda mi convicción de que si aquellos atentados fueron uno de los momentos más trágicos de nuestra historia reciente, que tuvo como víctimas principales a los ciento noventa y dos muertos y los más de mil ochocientos heridos, y a sus familiares, la polarización y la crispación que provocaron durante al menos una legislatura han dejado también en herencia una importante huella en nuestra cultura política.

1. El día de los atentados. Ha sido ETA

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EL DÍA DE LOS ATENTADOS. HA SIDO ETA

El jueves 11 de marzo de 2004, a las 7.37 de la mañana, se produjo en la estación de Atocha una explosión en el vagón número 4 del tren que acababa de cerrar sus puertas para seguir su trayecto. Apenas un minuto después, cuando los viajeros se amontonaban en las escaleras de salida sin saber qué había ocurrido, hubo otras dos explosiones en los vagones 5 y 6. Cundió el pánico. Casi simultáneamente, allí al lado, en la calle Téllez, se producían otras cuatro explosiones en el convoy que aminoraba la marcha para hacer su entrada en Atocha. Los viajeros, despavoridos, no podían saber que a esa misma hora, en otras dos estaciones de cercanías, la del Pozo del Tío Raimundo y la de Santa Eugenia, tres vagones más saltaban por los aires. Todos los trenes habían salido de Alcalá de Henares. Era la hora punta de la mañana, cuando cientos de personas se encaminaban al centro de Madrid para incorporarse a sus trabajos, a sus clases, a sus quehaceres diarios.

Una de las primeras noticias la dio la Dirección General de Tráfico (DGT): se advertía a los conductores que evitaran la zona de Atocha porque estaba prácticamente tomada por peatones que deambulaban por la calzada. Las cadenas de radio y televisión comenzaron a recibir información muy confusa, pero a todas luces alarmante. La cadena de televisión Telecinco decía que estaba tratando de averiguar qué había ocurrido e Iñaki Gabilondo hablaba en la cadena SER de una explosión en las vías del AVE, sin heridos, porque había ocurrido en un vagón vacío. Poco después, sin embargo, contactó con alguien allí, un joven que con voz entrecortada, llorando, comenzó a hablar de vagones reventados, de amasijos de hierros, de cuerpos apoyados contra las ventanas rotas, de personas que no se movían, de muertos, de muchos muertos. Y lo que todavía sobrecogía más, de gente que se estaba muriendo.

Parecía, como dijo más tarde un testigo, un baile de sonámbulos, de gente moviéndose en silencio, sin apenas hablar, sin siquiera mirarse los unos a los otros. Comenzaba a vislumbrarse la magnitud del horror. Cientos de heridos yacían por los suelos, muchos de ellos mutilados; los que podían corrían, aterrorizados. Al principio se hablaba de una decena de muertos, enseguida de más de cincuenta, y pronto de más de ciento ochenta. Se quedaron cortos: en Atocha murieron treinta y cuatro personas; en la calle Téllez, sesenta y tres; en El Pozo, sesenta y cinco; en Santa Eugenia, catorce; en los hospitales, quince. Y casi mil novecientas personas resultaron heridas, algunas muy graves; pero esas cifras se conocieron más tarde.

Las noticias volaron y las emisoras de radio y televisión detuvieron su programación habitual, para volcarse en la búsqueda de novedades e imágenes de lo ocurrido; la prensa llegaría más tarde. Había sido una cadena de atentados, ya no cabía duda. Todos aquellos ciudadanos que vivían cerca de alguna de las estaciones y pudieron oír las explosiones, pero también quienes escuchaban la radio y tenían amigos, conocidos o familiares que habitualmente cogían aquellos trenes, se lanzaron a llamar a sus móviles y, cuando no consiguieron establecer contacto, se imaginaron lo peor. Todo el mundo necesitaba saber más. La angustia, el terror y el desconcierto se adueñaron de la ciudad.

En las estaciones de tren comenzaron a concentrarse coches de policía, bomberos, equipos de emergencia y ambulancias, médicos voluntarios, taxis, coches particulares e incluso autobuses que se ofrecían para trasladar heridos, y también decenas de ciudadanos de a pie que querían ayudar como fuera. Todos los servicios de Renfe habían quedado suspendidos. Quienes llegaron a las estaciones difícilmente podían imaginar lo que iban a encontrarse. Los vagones destripados, el olor picante de los explosivos, los objetos desparramados por el suelo, los cuerpos sin vida y destrozados, la gente perdida, algunos con miembros amputados; todos despavoridos o noqueados, muchos en el suelo, algunos quejándose, gritando y pidiendo ayuda, otros sin moverse, mudos. Los que podían hablar preguntaban quién iba en aquellos trenes. No podían aceptar que el objetivo de aquel horror fueran solo ellos, los cientos de trabajadores, estudiantes, ciudadanos anónimos que a aquella hora llenaban los trenes de cercanías que los llevaban al centro de Madrid. Las sirenas de las ambulancias, de los coches de policía y de los bomberos llenaron el espacio, junto con los gritos y los lamentos de dolor, las peticiones de auxilio, las llamadas de ayuda, la angustia de quienes no sabían a quién acudir. Móviles que durante un tiempo sonaron y que nadie podía contestar. Imágenes que nadie olvidaría.

No se sabía a quién atender primero. Era difícil adivinar el grado de urgencia de cada uno y decidir por dónde empezar. Los bomberos trataban de sacar los cuerpos entre el amasijo de hierro de los vagones y los sanitarios intentaban clasificar la gravedad de los heridos, improvisaban torniquetes con cinturones de pantalón y de gabardinas, y hacían camillas con lo primero que encontraban. En el polideportivo Daoíz y Velarde, cerca de la calle Téllez, se instaló un hospital de campaña. Fueron muchos los heridos atendidos allí antes de que los camilleros consiguieran trasladarlos a las ambulancias. Desde las ventanas de las casas los vecinos tiraban mantas, que se pedían a voces. También el Samur improvisó otro hospital de campaña cerca de la estación de Santa Eugenia. El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, declaró más tarde que se movilizaron más de setenta mil sanitarios entre médicos, enfermeros, celadores y técnicos. Todos los hospitales de Madrid, que a aquella hora cambiaban el turno nocturno, suspendieron permisos e intervenciones quirúrgicas no urgentes, convocaron a todos sus médicos y personal, y abrieron los quirófanos para atender a los heridos que llegaban, y que pronto desbordaron su capacidad. Desde otras ciudades y comunidades autónomas, médicos y hospitales ofrecían su ayuda.

La policía municipal de Madrid había acordonado la zona y despejado las vías de salida de las estaciones, y trataba de impedir la entrada a ellas. El comisario jefe de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), Juan Jesús Sánchez Manzano, había llegado a Atocha a las ocho de la mañana, y organizó la presencia de unidades en las otras estaciones, que ayudaron a desalojar a los heridos, mientras buscaban otros posibles artefactos explosivos. De hecho, se encontraron dos bolsas sospechosas, una de ellas en la estación de El Pozo y otra en Atocha. Fueron detonadas porque no se consiguió desarmarlas. Solo después, con la ayuda del servicio municipal de limpieza, comenzaron a «barrer» vías y andenes, recogiendo todos los restos y objetos desperdigados, que iban metiéndose en bolsas para ser llevados en furgonetas a la unidad central de la policía.

En Atocha estaban también desde muy temprano el director general de la Policía Nacional, Agustín Díaz de Mera, el subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, y el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro. No era fácil comunicarse, porque, además de la saturación de llamadas, la policía había instalado inhibidores en previsión de posibles artefactos que pudieran activarse con detonadores a distancia. Pronto llegaron los equipos de forenses, organizados por el juez Juan del Olmo, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, de guardia aquel día, y por la fiscal Olga Sánchez. Se personaron en Atocha y se hicieron cargo de las diligencias, en coordinación con otros jueces y magistrados de la Audiencia Nacional, que se ofrecieron a colaborar; más de sesenta personas. El levantamiento de los cadáveres fue una penosa tarea, debido al destrozo ocasionado por las explosiones y a la dificultad de recomponer los cuerpos. Iba a prolongarse hasta mediada la tarde.

Mientras los madrileños empezaban a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el silencio, el miedo y la incertidumbre se extendían por calles, casas y lugares de trabajo, y la necesidad de saber dónde estaban sus familiares y amigos se apoderaba de muchos. El número de fallecidos pronto superó las instalaciones del Instituto Anatómico Forense, a donde se estaban trasladando los cuerpos. Se pensó en habilitar el aeropuerto militar de Torrejón para acogerlos, pero finalmente se optó por convertir el pabellón número 6 de la Feria de Madrid, Ifema, en una gran morgue improvisada. Allí comenzaron a trabajar los forenses en las autopsias de unos cuerpos muchas veces irreconocibles. Cuando terminaban su trabajo, los pasaban a la policía científica para su identificación, tarea que hacían con extremo cuidado. También se fueron acumulando allí los objetos y pertenencias diseminados por las estaciones de tren.

El pabellón número 10 se habilitó para recibir a quienes habían peregrinado por los hospitales, a aquellos que se negaban a aceptar que sus familiares o amigos estuvieran entre las víctimas mortales, y que acababan allí. Una legión de psicólogos los atendía. En aquellos pabellones iban a convivir durante muchas horas con miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, forenses, sanitarios, psiquiatras, traductores —porque entre las víctimas había extranjeros— y voluntarios a los que hubo que pedir que dejaran actuar a quienes trataban de poner orden en medio de la conmoción. Se instalaron veinte mesas cubiertas con manteles azules, con sillas alrededor y ceniceros, y rollos de papel higiénico que servían para enjugar las lágrimas. Había que recoger datos, pedir que se rellenaran formularios, hacer listas, informatizar y comprobarlo todo, y, al mismo tiempo, tranquilizar y dar ánimos.

Un gran número de periodistas de distintos medios de comunicación, españoles y de otros países, iban llegando en tromba. Venían buscando, en las estaciones y en el recinto ferial, las imágenes del horror, y las encontraron. También descubrieron la generosidad y la entrega no solo de los profesionales, sino de muchos madrileños que querían ayudar, quizá para aliviar las sensaciones provocadas por el desconcierto. Las estaciones de Atocha, de El Pozo y de Santa Eugenia no tardaron en llenarse de velas encendidas, de flores, de textos escritos, de juguetes y de muchos otros presentes. De todo aquello que a los cientos de personas que se acercaron les parecía que era la mejor manera de mostrar su dolor y su solidaridad.

Fueron varios los escenarios de la tragedia. Las estaciones de tren y sus inmediaciones, los hospitales, los pabellones de Ifema. Allí la masacre presentaba su cara más atroz, la más dura, la que semanas y meses más tarde, años en muchos casos, siguieron arrastrando las víctimas, no los muertos, sino los heridos y los traumatizados, los mutilados de por vida; los que no podían recuperar el oído tras el estruendo de las explosiones, horrorizados por el pánico, trágicamente incrédulos al tratar de buscar razones para lo ocurrido. Sus familiares y conocidos, sin aliento hasta que averiguaban el destino de aquellos a los que buscaban; inconsolables si lo que finalmente sabían era que habían muerto, o felices si comprobaban que habían sobrevivido, aunque las secuelas físicas y psicológicas resultaran en muchos casos terribles.

Los vecinos, los que a diario se saludaban tan temprano por la mañana camino del trabajo o del colegio de los niños, se preguntaban quiénes iban en aquellos vagones reventados. No conocían sus nombres, pero sabían que todos los días, a aquella hora, tomaban uno de aquellos trenes y, de pronto, sintieron la urgencia de saber qué había pasado. Cientos de personas encadenadas por la durísima realidad, por la quiebra repentina de los hábitos diarios, de la seguridad a la que probablemente estaban acostumbrados. En medio del espanto, todo el mundo quería saber qué había pasado, cuántas y quiénes eran las víctimas, creían quizá que esa información podría paliar la sensación de inseguridad y la dislocación de la conciencia que semejante brutalidad causaba.

Las autoridades, locales, autonómicas y nacionales, abandonaron sus compromisos. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, desvió su coche oficial y se presentó en Atocha. Allí estaba el concejal de Seguridad, Pedro Calvo. Pronto llegaron también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, así como el de Interior, Ángel Acebes. La policía tuvo que obligarlos a desalojar porque se temieron nuevas explosiones. Algunos de ellos se trasladaron después a los otros escenarios de los atentados, a El Pozo y a Santa Eugenia. También fue a Atocha el juez Baltasar Garzón, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que se encontró allí con el fiscal jefe de Madrid y los jueces y fiscales que habían acudido para ayudar en el levantamiento de cadáveres. Aunque los heridos ya habían sido retirados cuando él llegó, el espectáculo era todavía espeluznante.

Poco después de las 8.00 se había constituido un gabinete de crisis en la Comunidad de Madrid, integrado por el vicepresidente y los consejeros de Transporte, Educación, Sanidad y Consumo, Familia y Asuntos Sociales. Hubo también una reunión de urgencia en el Ministerio del Interior para coordinar las tareas, a la que asistieron Agustín Díaz de Mera, Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón, junto con el vicealcalde Manuel Cobo y el delegado del Gobierno, Francisco Javier Amusátegui. El ministro, Ángel Acebes, después de pasar por Atocha, encargó al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, que convocara a los mandos policiales, los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Agustín Díaz de Mera y Santiago López Valdivieso; a los subdirectores operativos de los dos cuerpos, Pedro Díaz Pintado y Faustino Pellicer; a los responsables de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Jesús de la Morena y el general José Manuel García Varela, y al jefe superior de la policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Tras dejar encauzada esa reunión, el ministro se dirigió a La Moncloa. Fue el último en llegar a la reunión para la que el presidente, José María Aznar, había llamado a los dos vicepresidentes del Gobierno, Rodrigo Rato y Javier Arenas, al portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, al secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans, y al secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos. No era una reunión formal de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de crisis. No estaban el ministro de Asuntos Exteriores ni el de Defensa. Tampoco se encontraba Jorge Dezcallar, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Aquel 11 de marzo era jueves. El domingo siguiente, 14 de marzo, estaban convocadas unas elecciones generales. Todos los candidatos se hallaban en campaña cuando comenzaron a llegar las noticias. José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE y cabeza de lista, estaba en la sede de Radio Televisión Española (RTVE); desde allí había hecho una breve entrevista para la COPE y habló también con la SER. Su aparición en Los desayunos de TVE se redujo a diez minutos, para que la cadena pudiera hacerla compatible con el seguimiento de la información. Sus palabras fueron contundentes: «ETA ha intentado intervenir en la campaña. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo, en reacción a ETA, acudan masivamente a las urnas». Pidió, además, una respuesta unánime, sin divisiones entre los demócratas. Al salir de allí, camino de la sede del partido en la calle Ferraz, ya se sabía que el número de víctimas era elevadísimo. Llamó al presidente Aznar para expresarle su solidaridad y apoyo, y encargó a Alfredo Pérez Rubalcaba que se mantuviera en contacto permanente con el Gobierno, con Javier Zarzalejos, y a José Blanco, secretario de organización del partido y encargado de la campaña, que hiciera lo propio con su homólogo en el PP, Gabriel Elorriaga.

Todos apuntaron a ETA. No en vano, los españoles habían convivido con el terrorismo etarra durante décadas y, en más de una ocasión, la banda había irrumpido de una u otra manera en los procesos políticos y electorales. Casi sin excepción, todas las intervenciones públicas de las primeras horas coincidieron. El líder de Convergència i Unió (CiU), Josep Antoni Duran i Lleida, había comparecido muy temprano para decir que la masacre formaba parte del guion diseñado por ETA para distorsionar la campaña electoral. El coordinador de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, condenó también la «barbarie nazi» de ETA y afirmó que la mejor respuesta estaba en las urnas. Mayor expectación despertó, sin duda, la declaración del lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe: «No son vascos de ninguna manera quienes cometen estas atrocidades; no son vascos. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. Y yo quiero trasladar a la sociedad vasca, pero también a la sociedad española, mi convencimiento de que ETA está escribiendo sus últimas páginas». Era el mensaje más duro que un lehendakari había pronunciado nunca contra la banda terrorista.

No tardó en llegar, sin embargo, la declaración de Arnaldo Otegi, líder del partido de la izquierda abertzale, Batasuna. Manifestó su solidaridad con todas las víctimas, pero señaló que no había habido aviso previo, como era habitual en los atentados de ETA, y que era una acción indiscriminada contra la población civil, algo que tampoco formaba parte de sus modos habituales. «La izquierda abertzale —dijo— no considera ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos ni por el modus operandi se puede afirmar que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid». Y apuntó a la posible autoría de «sectores de la resistencia árabe». Nadie le creyó. Algunos medios, como RTVE, ni siquiera emitieron su comparecencia. Todo el mundo pensó que trataba de encubrir la responsabilidad de la banda terrorista. Incluso Iñaki Gabilondo, que recibió una llamada de Otegi para insistir en que no había sido ETA, le dijo al líder abertzale que, si eso era cierto, saliera públicamente a condenar el atentado. Otegi no lo hizo.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, fue uno de los primeros presidentes de las comunidades autónomas en aparecer en público. Tras mostrar su solidaridad con las víctimas dijo: «Hoy todos somos madrileños». También se oyeron las condenas de los secretarios generales de las organizaciones sindicales, de las cámaras de comercio, del defensor del pueblo, de los representantes de muchos organismos e instituciones públicas y privadas. Desde fuera de España, llegó la voz del presidente del Consejo de Europa, el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, y del presidente del Parlamento Europeo, el también irlandés Pat Cox, quien declaró que era el peor acto de terror en la memoria de cualquier país europeo. Tenía razón.

Los partidos decidieron suspender la campaña electoral. El primero en hacerlo fue el PP, y detrás fueron los demás. Eran horas de serenidad, firmeza y determinación, dijo su candidato, Mariano Rajoy. Aquello no podía afectar a las elecciones, declaró a Telecinco; sería una «baza terrible» para los terroristas. El presidente del Gobierno, en una breve conversación telefónica con Rodríguez Zapatero, le había comunicado su voluntad de convocar para el día siguiente manifestaciones en todas las grandes ciudades con el lema «Con las víctimas, por la Constitución y para la derrota del terrorismo». La decisión se había tomado en aquella reunión en La Moncloa. A algunos de quienes acompañaban a Zapatero en Ferraz no les cayó bien la comunicación del presidente, como confesarían más tarde, pero Zapatero se mantuvo firme en su apoyo al Gobierno. Eso sí, llamó al candidato popular, Mariano Rajoy, para decirle que quizá convenía convocar la comisión permanente del Pacto Antiterrorista o, en su caso, a los grupos parlamentarios.

Mientras en las calles se extendía el silencio, los ciudadanos se concentraban espontáneamente en Madrid y en otras muchas ciudades, y guardaban minutos de silencio en las puertas de sus lugares de trabajo, ante las sedes institucionales, los parlamentos regionales, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos y los ministerios. En Madrid, en la plaza de la Villa, donde estaba entonces el ayuntamiento, hubo una concentración a las 12.00 a la que acudieron el alcalde, la concejala Ana Botella, del PP, Inés Sabanés, concejala de Izquierda Unida, y Trinidad Jiménez, del PSOE. Muchos ciudadanos confesaban que se sentían incapaces de cumplir con su trabajo diario, atentos a cualquier noticia, con una mezcla de miedo, indignación y coraje. Según iban pasando las horas, se multiplicaban los comentarios, las llamadas de teléfono, la atención a cualquier noticia, la necesidad de saber. Todo el mundo se sentía obligado a contar dónde estaba en el momento de los atentados y cómo se enteraron de la noticia.

Las radios y las cadenas de televisión seguían buscando las últimas noticias, nuevas imágenes, y recogían las declaraciones de los políticos. Las redacciones de los periódicos alimentaban sus páginas digitales y se apresuraban a preparar ediciones especiales en papel, que salieron a la calle a la una del mediodía. «Matanza de ETA en Madrid», fue la portada que preparó El País. Menos contundente fue El Mundo con su titular «Más de 130 muertos en la mayor masacre de nuestra historia», sin que la palabra «ETA» apareciera en primera plana, salvo en un pie de foto. El editorial que figuraba debajo rezaba: «Nuestro 11S», y aunque decía que en algunos medios internacionales se especulaba con la autoría del terrorismo islámico, acababa inclinándose hacia la banda terrorista etarra. El Periódico de Catalunya tituló «El 11M de ETA». Apenas horas antes su director, Antonio Franco, en Radio Nacional, había dicho que todavía no sabía cuál sería el titular, que tenía dudas sobre la autoría, entre ETA y Al Qaeda.

Luego se supo que el presidente Aznar había hablado con los directores de los principales periódicos, y les había asegurado que se trabajaba con el supuesto de la autoría de ETA. Eso llevó a cambiar la portada de El País, que inicialmente era «Matanza terrorista en Madrid», como más tarde explicó Jesús Ceberio, su director. A Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, según él mismo dijo después, la llamada lo llevó, por el contrario, a dudar. También hubo por la tarde comunicaciones desde La Moncloa a algunas televisiones privadas, como Telecinco, y a algunos corresponsales de la prensa internacional, muchos de los cuales quedaron desconcertados ante semejante intromisión. Aquello dio lugar más tarde a opiniones y desmentidos de todo tipo.

A las 13.30, cinco horas después de los atentados, se produjo la primera comparecencia oficial del Gobierno, la de Ángel Acebes, ministro del Interior. Fue la primera de una sucesión de ruedas de prensa en los días siguientes. En aquella primera informó de que eran ya ciento ochenta y dos los muertos y más de ochocientos los heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. De las trece mochilas con explosivos solo explotaron diez: tres en Atocha, cuatro cerca de la calle Téllez, una en Santa Eugenia y dos en El Pozo. A preguntas de un periodista sobre la posible autoría de Al Qaeda, Acebes respondió que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior no tenían ninguna duda sobre la culpabilidad de ETA. Nadie había reivindicado el atentado, pero ETA no siempre lo hacía, ni lo hacía inmediatamente, y las declaraciones de Arnaldo Otegi no eran sino una «miserable» maniobra de intoxicación. Todos lo habían oído decir en los últimos meses, aseveró, y sobre todo en los últimos días, que ETA buscaba una masacre, y lo había conseguido. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo habían evitado en al menos cuatro ocasiones. Unas semanas atrás, se había detenido a un comando con una importante carga de explosivos, y la semana anterior, en Cuenca, se había detenido también a dos terroristas etarras en un coche que transportaba quinientos kilos de explosivos. Los precedentes hablaban por sí mismos. No cabía ninguna duda, insistió Acebes.

Hacia esa misma hora se produjeron las comparecencias de los candidatos de los dos mayores partidos. Ambos coincidieron en las manifestaciones de solidaridad con las víctimas y en la condena sin paliativos de los atentados. Rajoy dijo que no era el momento de hablar, sino que eran horas de dolor y de rabia, pero también de serenidad, firmeza y determinación, y de aparcar todas las diferencias. Los terroristas no iban a doblegar a nadie. Todo apuntaba a que había sido ETA, dijo, pero había que esperar la confirmación. «Estamos ante el crimen más horrendo de ETA», dijo el candidato socialista, Rodríguez Zapatero. Se dirigió al Gobierno y a todas las fuerzas políticas para decirles que aquel era más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo. Añadió que había hablado con el presidente Aznar y que le había ofrecido su apoyo y su colaboración en todas las medidas que se adoptaran. Dijo también que confiaba en que el domingo hubiera una participación masiva en las urnas.

Para entonces terminaba el recorrido de la reina Sofía, del príncipe Felipe y de su prometida, Letizia Ortiz, cuya boda se había anunciado para el 22 de mayo, por los hospitales madrileños: el Gregorio Marañón, el Clínico, el Doce de Octubre, el Ramón y Cajal. En todos ellos había heridos.

A la hora de los telediarios, pasadas las dos de la tarde, fue el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien compareció ante los periodistas, con corbata negra. «El 11 de marzo de 2004 ocupa ya un lugar en la historia de la infamia», dijo. Sentía como propia la terrible angustia de las víctimas y sus familias. Agradeció la abnegación y la solidaridad de los servicios de emergencia sanitarios, de los bomberos, de la policía municipal, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las autoridades judiciales. El Gobierno había tomado todas las medidas para garantizar la seguridad y los servicios públicos. Había informado al rey y a los líderes de los partidos políticos, y había recibido llamadas de solidaridad de los gobernantes de los países aliados y amigos. Anunció tres días de luto oficial. Los terroristas, añadió, habían querido causar el mayor daño posible, habían matado a muchas personas «solo por el hecho de ser españolas». Y que nadie lo dudara: «Lograremos acabar con la banda terrorista con la fuerza del Estado de derecho y con la unidad de todos los españoles hasta conseguir su derrota final, completa y total». No había negociación posible ni deseable. España era una gran nación y quien decidía era el pueblo español. Por todo ello, el presidente pidió a los españoles que se manifestaran al día siguiente en las calles de toda España, con el lema: «Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo».

Mientras tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comenzaban su investigación, al mismo tiempo que temían nuevas explosiones y trataban de asegurar la situación. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, había presidido la reunión con los mandos policiales en la sede del Ministerio del Interior. El subdirector general operativo de la Policía Nacional, Pedro Díaz Pintado, había llamado desde allí al comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, que estaba en la estación de El Pozo, y le había preguntado si había alguna pista sobre el explosivo utilizado. Todavía no, contestó, desbordado por lo que estaba viviendo, pero dijo que preguntaría a Juan Jesús Sánchez Manzano, comisario de los Tedax. Hacia las 13.00 horas le devolvió la llamada. Cuál era entonces la impresión de Sánchez Manzano y qué le dijo exactamente Santiago Cuadro a su superior, si hubo mención explícita al titadine, fue una cuestión que dio muchas vueltas después, porque era un argumento de peso para la atribución de la autoría. El titadine era el explosivo utilizado habitualmente por ETA. A las 14.30, algunas agencias de noticias dijeron que el ministro del Interior había comunicado al presidente del Gobierno que el explosivo utilizado era ese, y una hora más tarde Europa Press, citando fuentes policiales, informó de que las mochilas que habían sido explosionadas tenían alrededor de diez kilos de explosivos y que en su composición había titadine y nitroglicerina.

No tardó mucho en saberse que, hacia las 17.30, del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Ana Palacio, había salido una carta dirigida a todos los embajadores españoles en la que se les ratificaba la autoría de ETA y se les instaba a que, en sus comunicados y ante las autoridades de otros países, disiparan cualquier duda frente a la confusión que estaban provocando las declaraciones de algún partido político, en clara referencia a las de Arnaldo Otegi. La movilización en el exterior no se quedó ahí: menos de una hora después, también por vía diplomática, se consiguió una condena unánime del Consejo de Seguridad de la ONU contra los ataques «perpetrados por el grupo terrorista ETA» en Madrid. Fue una reunión convocada de urgencia, cuando ya se había cerrado la sesión, y que se resolvió muy rápido, pese a las reticencias de algunos países a mencionar de forma explícita a ETA. Rusia, por ejemplo, tenía muy presentes las masacres provocadas en su país por el terrorismo checheno y habría preferido incluir el adverbio «supuestamente» al adjudicar la autoría. El embajador español ante la ONU, Inocencio Arias, ausente por encontrarse en Viena en una reunión, explicó más tarde por carta que en aquellos momentos existía un firme convencimiento por parte del Gobierno español. Kofi Annan aceptó la explicación.

En las redacciones de los periódicos, en las radios y en las televisiones, en las sedes de algunos partidos y también entre los ciudadanos comenzaban a surgir dudas. Mal que bien, lo que decía la prensa internacional estaba al alcance de cualquiera, y también lo que opinaban amigos y conocidos que llamaban desde otros países. Aquella tarde, además, se produjo la primera novedad importante en la investigación. Lo contó el ministro del Interior, Ángel Acebes, en una nueva comparecencia a las 20.00 horas, pero, cuando apareció en las pantallas de los televisores, muchos ya sabían de qué iba a hablar. De hecho, el propio presidente del Gobierno había llamado previamente a los directores de los periódicos y a Rodríguez Zapatero, que estaba en aquel momento visitando a los heridos en el hospital Gregorio Marañón.

La noticia era que aquella mañana había aparecido una furgoneta sospechosa cerca de la estación de trenes de Alcalá de Henares. El portero de la calle del Infantado número 15, Luis Garrudo, creyó ver a tres personas con pasamontañas saliendo de una furgoneta cuando se dirigió muy temprano a recoger la prensa gratuita en la estación. Se lo comentó al presidente de la asociación de vecinos de la casa, quien hacia las 10.00 horas se decidió a llamar a la comisaría de policía, y desde allí se dio parte a los Tedax. Como todas las unidades estaban ocupadas, fue la policía científica la que acudió y, con la ayuda de un perro entrenado en la identificación de explosivos, realizó una primera inspección ocular de una furgoneta Renault Kangoo. No se descubrió nada, y hacia las 14.00 horas se decidió trasladarla con una grúa a la comisaría de Tacona, en Moratalaz, sede de la policía científica. Sin embargo, por el camino se recibió la orden de llevarla a Canillas, sede de la Comisaría General de Información, que centralizaba las investigaciones de terrorismo. Allí llegó hacia las 15.30 y Jesús de la Morena, comisario general de Información de la policía, se acercó para ser testigo de una inspección más pormenorizada. Debajo del asiento del conductor se descubrió una bolsa de plástico azul con siete detonadores, restos de un cartucho de dinamita y una cinta de casete con caracteres árabes.

Se informó inmediatamente al director general de la policía y se procedió a la traducción de la cinta, que no se terminó, según se dijo después, hasta las 18.00 horas. Resultó contener pasajes recitados de la sura 2 del Corán, en los que se describía la batalla del islam contra sus enemigos. Los Tedax comprobaron que los detonadores no eran los habituales en los atentados de ETA y que los restos de explosivos no eran de titadine, sino de otro tipo de dinamita, el mismo que probablemente había en las dos mochilas explosionadas en las estaciones. Tampoco estas habían resultado ser bombas trampa preparadas para explotar después de los atentados, como solía hacer ETA, sino que por motivos que no se conocían no habían estallado cuando lo hizo el resto. Ni siquiera estaban «dobladas» las placas de la matrícula de la furgoneta, algo habitual en los vehículos robados por ETA, ni había instalada ninguna bomba en los bajos que pudiera explotar en caso de manipularse.

Los periodistas tenían gran parte de la información cuando se celebró la rueda de prensa de Ángel Acebes, quien notificó el hallazgo de la furgoneta, mencionó que el explosivo era dinamita, pero que todavía no se sabía de qué clase, y explicó que la cinta era una de las que se vendían en muchos lugares para la enseñanza del Corán, y que no constituía ninguna reivindicación. En cualquier caso, había ordenado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no descartaran ninguna línea de investigación. A preguntas de los periodistas, sin embargo, insistió una y otra vez en que la línea prioritaria seguía siendo ETA.

La rueda de prensa del ministro se transmitió al mismo tiempo que en las televisiones internacionales se emitía un mensaje del rey Juan Carlos, en el que quiso manifestar su dolor y solidaridad con las víctimas, y condenar sin paliativos los atentados y el terrorismo. El mensaje se había grabado de antemano, pero en España solo se emitió después de la comparecencia de Ángel Acebes, y no lo hicieron todas las cadenas de televisión a la misma hora. Era la primera vez que el monarca hacía una intervención así desde el intento de golpe de Estado del 23F. El suyo fue sobre todo un mensaje de condolencia y dolor, sin mencionar explícitamente a ETA, pero sin que sus palabras dieran a entender nada más.

En Ferraz las dudas no paraban de aumentar. Miguel Sebastián, uno de los asesores más próximos a Zapatero, había hablado con un amigo que trabajaba en un banco de inversiones y tenía buenos contactos en Washington y el Pentágono. Le había dicho que allí se daba por hecho que había sido Al Qaeda. Además, a la sede del PSOE habían llegado noticias sobre la existencia de al menos un terrorista suicida entre los muertos. A las diez de la noche, la cadena SER dio la noticia. Sus fuentes policiales, afirmaron, eran las mismas que les estaban diciendo que la dinamita no era titadine y que les habían anunciado el hallazgo de la cinta con los versos coránicos. Las conversaciones entre directores de periódicos y políticos, entre responsables de los equipos de campaña, las llamadas a La Moncloa para pedir confirmación de los rumores y los desmentidos desde presidencia contribuían a sembrar la incertidumbre. Una hora antes, se supo por un teletipo de la agencia Reuters que en el periódico árabe Al Quds Al Arabi, que se publicaba en Londres, se había recibido un correo electrónico enviado por las Brigadas Abu Has al Masri en el que se reivindicaban los atentados de Madrid. La noticia la dio en España CNN+, pero expertos internacionales en terrorismo no tardaron en manifestar sus dudas sobre la fiabilidad del documento.

A las 24.00 horas el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, apareció en las pantallas de televisión para desmentir categóricamente la existencia de terroristas suicidas en los atentados. Sin embargo, a las 6.00 horas Iñaki Gabilondo lo repetía en la cadena SER, aunque con cautela, dado el desmentido oficial. La noticia resultó ser una falsedad y dio pábulo a quienes empezaron a hablar de una campaña mediática, premeditada, contra el Gobierno, encabezada por el grupo Prisa y muy especialmente por la cadena SER.

2. Del día de la duda al de la reflexión

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DEL DÍA DE LA DUDA AL DE LA REFLEXIÓN

Los titulares de los principales periódicos del día 12 de marzo se hacían eco, con mayor o menor énfasis, de las dudas crecientes. «Infierno terrorista en Madrid: 192 muertos y 1400 heridos. Interior investiga la pista de Al Qaeda sin descartar a ETA», decía El País. El Mundo titulaba: «El día de la infamia. Casi 200 muertos y más de 1400 heridos en el cuádruple atentado contra los viajeros de trenes de cercanías. El Gobierno halla una furgoneta con detonadores y versículos del Corán tras acusar “sin ninguna duda” a ETA». El diario recogía también en portada la noticia de Reuters, aunque añadía que los gobiernos de Londres y Washington no habían dado credibilidad al supuesto comunicado. ABC, por su parte, afirmaba: «Asesinadas 200 personas en una matanza terrorista en Madrid. El Gobierno atribuye a ETA los cuatro atentados, pero no descarta otras líneas de actuación». La Vanguardia, a su vez, titulaba en portada: «11M en Madrid. Casi 200 muertos y más de 1400 heridos en la mayor matanza terrorista de Europa. Cuatro trenes abarrotados estallan a primera hora. Al Qaeda se atribuye la masacre, pero Interior sigue apuntando a ETA. La campaña electoral se cierra dos días antes en señal de duelo». Inequívoco fue, sin embargo, La Voz de Galicia: «Infamia. Al Qaida [sic] perpetra en Madrid la mayor matanza terrorista de la historia».

A lo largo de la mañana, en las emisoras de radio y en las televisiones, algunos líderes políticos, desde el socialista José Blanco hasta los nacionalistas vascos Josu Jon Imaz o Emilio Olabarria, o el propio lehendakari Ibarretxe, hablaron de «dudas razonables». Algunos políticos catalanes y miembros de Izquierda Unida reclamaban una información más rápida y veraz por parte del Gobierno.

José María Aznar había convocado un Consejo de Ministros extraordinario y al terminar hubo una rueda de prensa en la que informó de que se había aprobado una ayuda a las víctimas de ciento cuarenta millones de euros, así como la concesión de la nacionalidad española a las víctimas que no la tenían. A preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno dijo que se había dado toda la información de la que se disponía, y que el Gobierno iba a cumplir con su compromiso de transparencia. No cabía prestar oídos a «palabras miserables» de dirigentes de organizaciones ilegales, en clara alusión a Arnaldo Otegi, ni dar tampoco credibilidad a la reivindicación de la noche anterior en el periódico árabe Al Quds Al Arabi. El Gobierno no descartaba ninguna línea de investigación, pero «¿es que alguien piensa que un Gobierno con dos dedos de frente en España, después de treinta años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que pueda ser esa banda su autora?», replicó a la pregunta de un periodista. Que no le pidieran que jugara a las quinielas sobre la autoría de ETA. El Gobierno no iba a trabajar sobre hipótesis, sino sobre información segura.

A las 11.00 hubo una condena pública de los atentados en el Senado, y a las 12.00 la presidenta del Congreso de los Diputados leyó un comunicado conjunto de todos los grupos de la Cámara Baja, que guardaron unos minutos de silencio en la escalinata de la Carrera de San Jerónimo. Los ciudadanos, mientras tanto, volvían aquel mediodía a hacer paradas en sus lugares de trabajo, en las instituciones oficiales y en muchos colegios y centros educativos. Los conductores detenían sus coches y se sumaban a los minutos de silencio. En Madrid, a las 12.00, hubo otra concentración en la plaza de la Villa, menos numerosa que la del día anterior, quizá debido al mal tiempo. Más emotiva fue, sin duda, la que tuvo lugar en Atocha, un espacio convertido en reclamo para expresar el dolor y la solidaridad de todos.

Las declaraciones de los políticos continuaron. A primera hora Rodríguez Zapatero, desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, había llamado a concentrar la energía para dar a los familiares de las víctimas consuelo y amor. Ensalzó el admirable testimonio de los ciudadanos y apeló a la mayor firmeza frente a cualquier forma de terrorismo, más allá de las ideas de cada uno; había que acudir a las manifestaciones convocadas aquella tarde. Unas horas después pedía al Gobierno que pusiera a disposición de los ciudadanos toda la información «con la mayor diligencia». Gaspar Llamazares, en nombre de Izquierda Unida, también había manifestado que seguirían detrás del Gobierno, con todas las fuerzas democráticas. Mariano Rajoy había insistido en que lo más importante eran las víctimas y sus familias, y mostró su confianza plena en las informaciones del Gobierno; lo repitió más tarde, al confesar que era el más interesado en que se aclarara la autoría.

Sin embargo, había nuevos acontecimientos importantes. Algunos ya los conocían porque incluso se habían mencionado en las noticias de mediodía en Telecinco, pero no se hicieron oficiales hasta que se produjo una nueva comparecencia del ministro del Interior, pasadas las 18.00 horas. Hacia las dos de aquella madrugada había aparecido una bolsa de deportes entre las pertenencias de los fallecidos y heridos que se habían acumulado en la comisaría de Vallecas. Contenía un artefacto sospechoso. Se avisó a los Tedax, que inmediatamente dieron órdenes de desalojar la comisaría y, con enormes precauciones, trasladaron la mochila al vecino parque Azorín, donde procedieron a desactivarla. Esta vez se consiguió, después de unas cuantas largas horas. El artificiero que lo logró recordaría siempre el silencio, la oscuridad y la soledad que rodearon la delicada maniobra. Descubrió un mecanismo muy simple: un móvil que actuaba como un temporizador a la hora prefijada, y cuya alarma emitía un amperaje que se transmitía a los cables conectados al explosivo. El detonador era de los antigrisú que se utilizaban en las minas de carbón y el explosivo era una masa con olor a almendras amargas, característico de la dinamita. Aquella mañana, veinticuatro horas después de los atentados, lo que los Tedax escribieron en el informe que elevaron a sus superiores descartaba la utilización de titadine.

De la mochila habló Ángel Acebes a las 18.00 horas, después de una nueva reunión con los mandos policiales, en una rueda de prensa en la que informó acerca de los fallecidos y sus nacionalidades. Más de cuarenta no eran españoles; había muchos latinoamericanos, también de Europa del Este, y algún norteafricano. Se habían identificado ciento cincuenta y tres cadáveres, ciento treinta habían sido entregados a las familias y veinte, enviados al Instituto Anatómico Forense para realizar pruebas de ADN. El tanatorio improvisado en Ifema se cerró. Había casi ciento noventa heridos todavía hospitalizados, dieciocho de ellos en estado crítico.

El ministro informó también de los avances en la investigación y de la apertura de «nuevas vías» después de lo encontrado en la furgoneta hallada en Alcalá y en la mochila bomba desactivada durante la madrugada anterior. Se estaba analizando el modus operandi de las organizaciones terroristas, y muy en concreto de ETA, dijo Acebes, mencionando como precedentes sus cinco atentados frustrados en varios centros comerciales madrileños en la Nochevieja de 2002, o los de la Nochebuena de 2003 en la estación de trenes de Chamartín y en la estación de esquí de Baqueira Beret. Se había confirmado que el explosivo era dinamita Goma 2 de la marca ECO, dijo el ministro, fabricado en España, y reforzado con metralla para multiplicar su efecto. Había un detonador, igual al encontrado en la furgoneta de Alcalá de Henares, y un teléfono móvil de tarjeta prepago (marca Trium), programado para que la alarma sonara a una hora determinada con el fin de provocar la explosión. Sin embargo, al ministro no le cabían dudas. «¿Cómo puede ser que después de treinta años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad en la investigación? ¿Esto significa que se desatienda cualquier otra vía de investigación? No».

La rueda de prensa terminó bruscamente porque el ministro dijo que salía hacia la manifestación convocada por el Gobierno para las 19.00 horas. Pocos minutos más tarde, a las 18.30, se recibió una llamada en el diario Gara y después en Euskal Telebista, en la que alguien en nombre de ETA negaba que tuviera responsabilidad alguna en los atentados. El portavoz de la banda terrorista dijo que compararan su voz con la de quien llamó el 18 de febrero para anunciar la tregua en Cataluña. Era la misma. La televisión vasca concedió total credibilidad a la llamada. A las 19.00 horas, Carlos Llamas abrió su programa en la cadena SER con el desmentido de ETA. Algunos políticos, como José Bono, rechazaron tajantemente que pudiera darse veracidad a un comunicado de la banda terrorista, mientras Jesús Caldera afirmaba que por desgracia ETA no solía mentir.

Aquella tarde salieron a las calles y plazas de las mayores ciudades más de once millones de españoles, convocados por el Gobierno con el lema «Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo». En la de Madrid, en la cabecera iban el presidente del Gobierno, José María Aznar, el príncipe Felipe y las infantas; José Luis Rodríguez Zapatero, Gaspar Llamazares y los expresidentes Felipe González y Leopoldo Calvo-Sotelo; Jordi Pujol, Josep Antoni Duran i Lleida, Xavier Trias, Iñaki Anasagasti y Paulino Rivero; los secretarios de Comisiones Obreras y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez; el presidente del Tribunal Supremo, José Francisco Hernando; el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela; el de la Comisión Europea, Romano Prodi; el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y los de Francia, Jean-Pierre Raffarin, y Portugal, José Manuel Durão Barroso; Javier Solana, representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común y el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox.

Llovía y hacía frío, pero eso no fue óbice para que todo el centro de la capital se llenara de gente: más de dos millones de personas bajo los paraguas, que muchos acabaron cerrando porque era imposible mantenerlos abiertos. No había espacio para moverse. La manifestación debía avanzar desde la plaza de Colón hasta la de Cibeles, pero desde Atocha y mucho más allá de Colón, hasta los nuevos ministerios y las calles adyacentes, sobre todo Goya, Serrano y la Gran Vía, todo estaba atestado. Había pancartas que decían «Paz», «Contra el terror y la guerra», «Asesinos», «No a la violencia», «Todos los españoles contra el terrorismo», «Todos con las víctimas», y también «Comunidad árabe contra el terrorismo». También había lazos negros sobre lienzos blancos y algunas banderas españolas. Muchos levantaban las manos teñidas asimismo de blanco. Entre los asistentes, sobre todo más allá del centro de la manifestación, podía apreciarse toda la diversidad de la población madrileña, no solo de los barrios cercanos, sino también de la que llegaba en metro hasta Alonso Martínez o hasta Atocha, desde el norte y desde el sur, ciudadanos de las barriadas más alejadas del centro, latinos y magrebíes. Muchos jóvenes. Predominaba el silencio, sobre todo al principio, pero de vez en cuando se oían gritos: «Todos íbamos en esos trenes», «No estamos todos, faltan doscientos». Algunas voces, desde grupos en las aceras que fueron aumentando, comenzaron a preguntar: «¿Quién ha sido?», y aquella pregunta se extendió. El viento que soplaba desde el sur no se parecía mucho al del barrio de Salamanca, escribieron algunos testigos más tarde. Hubo incluso imprecaciones al presidente del Gobierno. La llegada y disolución de la cabecera al entrar en Atocha fue un tanto precipitada, y los dirigentes políticos se apresuraron a subirse a los coches oficiales.

Fueron también cientos de miles los ciudadanos que salieron a la calle detrás de sus representantes políticos y sociales en Bilbao, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Almería, Castellón, Alicante, Santander… En Barcelona, más de un millón de personas recorrieron el paseo de Gracia. En cabeza iban el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el presidente del Parlament, Ernest Benach, y el alcalde de la ciudad, Joan Clos, detrás de una pancarta que decía: «Cataluña con las víctimas de Madrid. Contra el terrorismo. Por la democracia y la Constitución». Lo habían pactado todos los partidos del Parlamento catalán, incluido el PP, después de una cierta discusión. El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y el presidente del PP catalán, Josep Piqué, habían decidido no ir en la cabecera. También fueron increpados y tuvieron que ser sacados de allí por las fuerzas del orden.

Las radios y las televisiones habían ofrecido crónicas e imágenes de las manifestaciones. A la mañana siguiente, 13 de marzo, día de reflexión, la prensa recogía con gran aparato gráfico las multitudes en la calle. «España se echa a la calle», titulaba El País a cuatro columnas bajo una gran foto de una concentración ante la estación de Atocha: «Atocha, zona cero». «Aznar y Acebes insisten en apuntar a ETA y la banda lo desmiente», recogía en portada la crónica de las dos comparecencias del día anterior, y el periódico anunciaba también, con el título de «Vidas rotas», una serie de artículos de homenaje a las víctimas. Había coincidencia en las portadas de la prensa nacional y autonómica. La Vanguardia publicaba una gran foto de la manifestación en Barcelona («Todos contra el terror») y un comentario sobre las últimas declaraciones: «Las pruebas apuntan a Al Qaeda, pero el Gobierno insiste en ETA», e incluía una primera entrega de «En memoria de las víctimas». El Periódico de Catalunya decía: «Repulsa histórica. El Gobierno insiste en responsabilizar a ETA. Los especialistas en islamismo acusan a AQ». «Todos íbamos en ese tren», era el titular de La Voz de Galicia.

No fue solo la prensa española, sino que también los más importantes periódicos internacionales (europeos, latinoamericanos, estadounidenses) recogieron fotografías de las manifestaciones. Más allá de los corresponsales habituales, los atentados habían concentrado en Madrid a una gran cantidad de periodistas de otros países que seguían día a día los acontecimientos y que habían asistido a las manifestaciones. La unanimidad en destacar la asistencia de más de once millones de personas no impedía los comentarios. Los atentados del 11M en Madrid habían despertado el recuerdo de los terribles ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono.

The New York Times respetaba la cautela de las fuentes oficiales de Estados Unidos sobre la posible implicación del terrorismo extremista islámico, pero mostraba sus dudas sobre la transparencia del Gobierno español, reacio en su opinión a la hora de valorar las pruebas que se iban reuniendo. Había indicios de que pudiera haber sido ETA, pero la disminución de su operatividad en los últimos años parecía negarlo. The Washington Post sostenía que había pruebas circunstanciales, pero que era pronto para asegurarlo. El Financial Times afirmaba que la policía española investigaba la relación con Al Qaeda, aunque los servicios secretos europeos no habían tenido aviso previo de la inminencia de un atentado de aquel tipo. Le Monde decía que Europol e Interpol estimaban que se trataba de una gran operación de Al Qaeda, pero incluía también un artículo en el que se sostenía la posibilidad de que la autoría fuera de ETA. Y, por supuesto, no faltaban los artículos, como los de The Daily Telegraph británico o el Corriere della Sera italiano, que reflexionaban acerca de lo que ya estaba en boca de todos: las implicaciones que para los resultados electorales del día siguiente podría tener que hubiera sido ETA, en cuyo caso el PP saldría reforzado, o el terrorismo islámico, lo que podría hacer sufrir en las elecciones al partido hasta entonces en el Gobierno.

«La desunión de los partidos marca la jornada de reflexión del 14M» era uno de los titulares que añadía el diario ABC, debajo de una gran fotografía de la manifestación en Madrid. El Mundo era el único que dividía su portada. A la derecha presentaba una imagen de la manifestación a su paso por la estación de Atocha: «Millones de españoles se movilizan contra el terrorismo». A la izquierda, a doble columna, la crónica política se titulaba: «Acebes, convencido de que las nuevas pistas probarán la autoría de ETA», y añadía que se trabajaba contra reloj en la investigación sobre el móvil y la tarjeta prepago encontrados en la bolsa de deportes en la comisaría de Vallecas.

En esa primera plana de El Mundo se remitía también a una entrevista de la periodista Victoria Prego con Mariano Rajoy, candidato del PP. «Tengo la convicción moral de que ha sido ETA», entrecomillaba el diario. En páginas interiores, Rajoy afirmaba que los responsables de la lucha antiterrorista sostenían que la vía principal de investigación era ETA, aunque no descartaban «otras posibilidades». «Ahora y en cualquier circunstancia, creeré lo que digan los responsables de la investigación», contestaba tras referirse también a los precedentes de otros atentados de ETA, citados por el ministro del Interior y el propio presidente del Gobierno. El candidato del PP añadía: «Ahora sería bueno que hubiera un Gobierno con mayoría absoluta».

Izquierda Unida denunció la entrevista ante la Junta Electoral Central por publicarse el día de reflexión, y en su programa matutino en la SER, A vivir que son dos días, el periodista Fernando Delgado lamentó tener que comentarla en un día como aquel. Eduardo Haro Tecglen fue mucho más contundente: el Gobierno deseaba que fuera ETA porque su objetivo desde siempre había sido culparla de todo lo que pasaba en el país; en parte lo era, pero no era la única. Algunos empezaban a hablar de las mentiras del Gobierno. A las 13.30 fue el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, quien compareció en La Moncloa para agradecer, «emocionado», a los más de once millones de españoles su asistencia a las manifestaciones del día anterior. A la pregunta de un periodista de si el Gobierno mantenía la autoría de ETA, contestó que algunos parecían querer descartarla, pero que todo apuntaba en esa dirección. Había «líneas de investigación en marcha […], que desde luego no nos debería causar ninguna sorpresa que fueran los criminales de ETA».

En la sede socialista de la calle Ferraz, aquella doble irrupción pública del PP en el día de reflexión encendió los ánimos y, tras alguna discusión, a las 14.00 horas Alfredo Pérez Rubalcaba leyó ante los medios un comunicado del comité electoral del PSOE: «Los ciudadanos reclamaron ayer información sobre la barbarie cometida en Madrid. Reclamaban información, pedían seguridad. Necesitaban confianza y se la tenemos que dar». Media hora después, volvía a las pantallas el ministro del Interior para afirmar que no había ninguna información más acerca de Al Qaeda, que las líneas de investigación seguían abiertas y que la prioridad era ETA. La banda terrorista pretendía atentar antes de las elecciones, no debía descartarse una colaboración entre bandas terroristas y nunca se había ocultado información.

A las 15.00 horas, la cadena SER irrumpió con un nuevo comentario: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pensaba desde el mismo viernes que los atentados del día anterior habían sido perpetrados por terroristas islámicos, por un comando de entre diez y quince terroristas. Citando fuentes de Inteligencia, la cadena de radio sostuvo que el CNI trabajaba en esos momentos al «99 por ciento» sobre esa posibilidad, aunque no podía atribuirse directamente a Al Qaeda, debido al gran número de organizaciones vinculadas con la red terrorista de Osama bin Laden. Dos horas más tarde, el CNI remitió un comunicado a la agencia EFE en el que se decía que se estaban cumpliendo con todo rigor las obligaciones del centro y que, por tanto, no era cierto ni tenía sentido lo afirmado en la cadena SER de que se hubiera abandonado totalmente una línea de investigación en favor de otra. Luego se supo que el director del CNI, Jorge Dezcallar, había recibido una llamada de Alfredo Timermans, de parte del presidente del Gobierno, para que desmintiera públicamente, en televisión, a la cadena SER. Dezcallar creía que una comparecencia así del director de un servicio secreto no era algo que encajara en sus funciones y, tras mucha discusión se avino, incómodo, a cumplir a medias con el requerimiento del Gobierno con aquel comunicado.

La cadena SER, sin embargo, insistió en la solvencia de sus fuentes y añadió más comentarios. Según la cadena de radio, en 2003, en una reunión confidencial en Madrid de jefes de Inteligencia Militar de la OTAN, el director del CNI había adelantado el peligro creciente de que en España se produjeran atentados islámicos tras el estallido de la guerra de Irak. No se hicieron públicas en su momento ni la celebración de la reunión ni sus conclusiones, añadía la cadena SER. También dijo que existía un informe de diciembre de 2003 en el que el Instituto de Investigación de la Defensa noruego revelaba la existencia de un documento, detectado en internet, de un grupo del área de Al Qaeda, en el que se advertía del riesgo de un atentado en España, por ser el «flanco débil de la coalición» que sustentó la invasión de Irak.

En aquella guerra de informaciones contradictorias, la agencia oficial de noticias EFE insertó en la portada de su web un teletipo que decía: «Las pistas apuntan a ETA y descartan a Al Qaeda». El PP emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que las declaraciones de algunos líderes del PSOE, de Izquierda Unida y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en las que hablaban de la confusión y el engaño, incluso de la existencia de un «golpe de Estado informativo» por parte del partido del Gobierno, vulneraban la ley electoral. Izquierda Unida solicitó la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de las Cortes para que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior informaran.

En la jornada de reflexión las noticias, los comentarios, los rumores, las dudas y las preguntas se expandieron sin control posible. Los ciudadanos buscaban información por todos los medios a su alcance, pegados a la radio, a sus ordenadores y a las pantallas de sus teléfonos móviles. Hacia las cinco de la tarde comenzó a llegar a algunos de ellos un mensaje que decía: «¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18 h. Sede del PP c/Génova, 13. Por la verdad. ¡Pásalo!». Alfredo Urdaci era el director de los servicios informativos de RTVE, muy cuestionado por quienes se habían movilizado. Aquel mensaje que llamaba a concentrarse ante la sede del PP iba a dar mucho que hablar. Lo que algunos llamaron después «la noche de los móviles» hizo del «¡Pásalo!» el comienzo de una movilización que el PP atribuyó a las maniobras de los partidos de la oposición, del PSOE y de Izquierda Unida, y de los medios de comunicación del grupo Prisa.

El joven que más tarde dijo haber sido el autor confesó que no se imaginó lo que iba a desencadenar. Se lo envió a algunos amigos y estos lo rebotaron. No adivinaron el eco que iban a tener. Cuando llegaron a la calle Génova, a las 18.00 horas, apenas eran un centenar de personas, pero fueron llegando muchas más. Las cadenas de televisión apostadas ante la sede del PP para hacer el seguimiento de las elecciones, Canal+ y CNN internacional, comenzaron a transmitir imágenes, a las que enseguida se sumaron las emisoras de radio y otras cadenas de televisión, y se convirtieron en un reclamo que multiplicó el número de asistentes. Los policías que custodiaban la sede del PP habían pedido inicialmente a los allí concentrados su DNI, y trataron de evitar que ocuparan la calzada, pero pronto se limitaron a proteger el edificio. A algunos les preguntaron quién los había convocado, y la contestación fue que habían sido Movistar y Vodafone.

Se multiplicaban las pancartas y se coreaban consignas: «Antes de votar, queremos la verdad», «Aznar no se entera, ha sido Al Qaeda», «También estuvimos en la manifestación de ayer», «Televisión, manipulación», «En Europa ya lo saben», «Mañana votamos, mañana os echamos». Por sus móviles y las radios que muchos llevaban pegadas a sus oídos, sabían que estaba ocurriendo algo similar en otras muchas ciudades de España: en Barcelona, Bilbao, Gijón, Oviedo, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Pudieron escuchar también una nueva comparecencia del ministro del Interior, Ángel Acebes, a las 20.00 horas, en la que anunció que a primera hora de aquella tarde se había detenido a cinco sospechosos, tres marroquíes y dos indios, y que otras dos personas, de nacionalidad española pero de origen hindú, estaban prestando declaración. Todas las detenciones se habían producido en Madrid por su supuesta implicación en la venta del móvil y la tarjeta prepago encontrados en la bolsa desactivada en la comisaría de Vallecas.

A preguntas de los periodistas acerca de la posible vinculación con el atentado que había tenido lugar el año anterior contra la Casa de España en Casablanca, en Marruecos, Acebes contestó que todavía era pronto para establecer aquel tipo de conexiones, pero reconoció que alguno de los detenidos podía estar relacionado con grupos extremistas marroquíes, aunque eso no suponía que se hubiera abandonado la investigación sobre ETA; no se debía descartar nada. Había una línea de investigación muy buena, dijo, por la que se estaba avanzando, pero no se renunciaba a ninguna otra ni a posibles conexiones o colaboraciones, insistió una y otra vez, al tiempo que destacaba el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en sesenta horas ya había hecho aquellas detenciones. «Veremos adónde nos lleva esta vía».

El ministro no dio nombres, pero pronto se supieron. Los tres marroquíes detenidos eran Jamal Zougam, Mohamed Bakkali Boutahila y Mohamed Chaoui. La tarjeta prepago del móvil encontrado en la bolsa de Vallecas se había vendido en una tienda de decomisos propiedad de Sindhu Enterprise, S. L., en la calle Virgen de Icíar de Alcorcón. Sus propietarios, de origen indio y paquistaní, fueron puestos en libertad pronto y reconocieron que habían vendido trece móviles y cincuenta y siete tarjetas a una tienda de telefonía, Nuevo Siglo, en la calle Tribulete, 17, de Lavapiés, que regentaban Jamal Zougam y su hermanastro, Mohamed Chaoui. Zougam era conocido en medios policiales y judiciales. Había estado implicado en el sumario 35/2001 abierto por el juez Baltasar Garzón, que desmanteló una célula islamista radical dirigida por un tal Abu Dahdah. Los tres tenían antecedentes por lesiones y receptación de objetos robados. Tenían regularizada su situación en España y regentaban una tienda de telefonía en Lavapiés, el barrio «más multicultural de Madrid», como se dijo en la prensa. Los detalles se sabrían más tarde.

Todas las cadenas de televisión, salvo Telemadrid, y las emisoras de radio interrumpieron sus emisiones para dar noticia de las detenciones. La cadena SER lo había dicho unos minutos antes de que Acebes compareciera públicamente. La noticia se sabía en las redacciones de los periódicos, en las radios y televisiones, que, por prudencia, se habían mantenido a la espera para no poner en peligro la operación policial. También se sabía en las sedes de los partidos políticos. Rodríguez Zapatero había llamado al ministro del Interior, que no pudo ponerse y tardó una hora en responderle. Tras la comparecencia de Acebes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) señaló que las detenciones confirmaban las sospechas de que la autoría era del terrorismo islámico y que en cuanto se abrieran las Cortes pediría una comisión de investigación. Gaspar Llamazares felicitó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y dijo que el ministro podría haber aprovechado su comparecencia para dimitir.

Todo aquello lo oían quienes seguían concentrados ante las sedes del PP, con las radios encendidas y las pantallas de los móviles recibiendo las noticias. A Génova había llegado en coche, por el garaje, el candidato Mariano Rajoy. Tras sopesarlo con las personas que lo acompañaban, realizó una comparecencia pública a las 21.15 horas, junto con el vicepresidente Rodrigo Rato y otros dirigentes del partido. Salió en todas las cadenas de televisión. Se estaba produciendo, dijo Rajoy, «una manifestación ilegal» que acusaba al PP de graves delitos; eran hechos gravemente antidemocráticos, que nunca antes se habían producido, y cuyo objetivo era influir en la voluntad del electorado el día de reflexión. Exigió a los convocantes que depusieran su actitud. «A lo largo del día —añadió—, dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar han realizado manifestaciones públicas que sin duda han influido en esta convocatoria que está teniendo lugar».

No tardó en llegar la respuesta. Un cuarto de hora más tarde, a las 21.30, Alfredo Pérez Rubalcaba, en nombre del comité electoral del PSOE, apareció en las pantallas de las cadenas de televisión, aunque no en RTVE. Dijo que Rodríguez Zapatero había decidido no hacerlo por respeto a la jornada de reflexión. El PSOE conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aseguró Rubalcaba, pero por sentido de Estado y por respeto a la memoria de las víctimas habían estado callados mientras desde el Gobierno se hacían afirmaciones y descalificaciones que no siempre se habían correspondido con la verdad. «Nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política», subrayó. Nunca habían convocado ni convocarían manifestaciones ante las sedes de otros partidos, pero los ciudadanos españoles «se merecían un Gobierno que no les mintiera, que les dijera siempre la verdad». Las detenciones confirmaban que la pista islamista era la más probable. Aquellas palabras de Rubalcaba retumbaron en la sede del PP, que no le perdonaría las acusaciones.

A las 22.00, también por llamadas y SMS en los móviles, quienes se habían concentrado en Madrid ante la sede del PP llamaron a hacer una cacerolada. Dijeron que fue impresionante en barrios como Lavapiés, La Latina, Vallecas, Mediodía. Desde distintos lugares, también desde la calle Génova, muchos de los concentrados fueron a la Puerta del Sol, donde, según ellos, no cabía ni un alfiler. No había partidos ni organizaciones sindicales. Entre quienes sí estaban circulaba toda suerte de rumores sobre un posible aplazamiento de las elecciones. A las dos de la madrugada, unos cuantos cientos de personas, la mayoría jóvenes, bajaron hasta la estación de Atocha. Si durante varias horas se habían oído gritos y coreado consignas, ahora reinó el silencio durante unos minutos; luego hubo aplausos.

En ese momento, el pabellón número 6 de Ifema en el que se habían concentrado los cuerpos de los fallecidos estaba ya cerrado. Quedaban treinta y siete sin identificar, que fueron trasladados al cementerio de La Almudena. Muchas familias se habían llevado a sus allegados a sus pueblos y lugares de origen, donde se organizaron los funerales. Aquella mañana, en Alcalá de Henares, el tanatorio improvisado en un polideportivo para dos vecinos se convirtió en un homenaje al que acudieron bomberos, policías, psicólogos, militares; una de las víctimas era teniente del Ejército del Aire. Cuarenta muertos vivían en Alcalá de Henares. El obispo de la localidad pronunció una homilía ante más de mil amigos, familiares y vecinos.

Había sido un día muy largo, y la noche también iba a serlo. RTVE estaba emitiendo la película de Eterio Ortega Asesinato en febrero, sobre el asesinato cometido por ETA del político socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez Elorza, en el año 2000. La misma película había sido emitida por Telemadrid la noche anterior, tras alterar la programación anunciada. La de RTVE en la noche del 13 de marzo fue interrumpida por una nueva comparecencia de Eduardo Zaplana, portavoz del Gobierno. Parecía emitirse desde La Moncloa, pero se trataba de un escenario preparado en la agencia EFE. Zaplana replicaba a las palabras de Rubalcaba: el Gobierno había actuado y seguía haciéndolo con total transparencia; no había mentido. Lamentaba tener que realizar aquella declaración institucional en la jornada de reflexión, pero lo hacía obligado por las «graves imputaciones» del portavoz del PSOE.

Una hora más tarde, a las 00.45, se asomaba a las pantallas Ángel Acebes. Venía a informar de una importante novedad que, otra vez, algunos ya conocían. A las 19.40 se habían recibido en la policía noticias de una llamada a Telemadrid, de un varón, con acento árabe, en la que avisaba de que había una cinta de vídeo en una papelera cerca de la mezquita de la M30, la más importante de Madrid. Explicó el ministro que se había localizado, pero que se había tardado en conocer su contenido por la necesidad de tomar las medidas de precaución y la búsqueda previa de huellas, antes de visionarla y transcribir su contenido. La cinta contenía una reivindicación de los atentados del día 11, hecha por un hombre que hablaba en árabe con acento marroquí, en nombre de quien decía ser el portavoz militar de Al Qaeda para Europa, Abu Dujan al Afgani. La identidad no había podido ser acreditada por los servicios de inteligencia, ni españoles ni internacionales, cuya colaboración se había pedido. Los servicios policiales le habían dicho que se trababa de un «varón vestido de árabe», porque él no había visto el vídeo. El ministro repitió que se estaba estudiando su fiabilidad, con todas las reservas, y que había que tomárselo con cautela. La información que estaba dando era una muestra más de la transparencia informativa del Gobierno.

El texto transcrito de la cinta, de poco más de dos minutos de duración, se repartió entre los periodistas presentes en la rueda de prensa. Casi nada más se supo en aquel momento. La grabación pasó al juez instructor, Juan del Olmo, que la retuvo sin permitir que se visionara ni un fotograma. Sin embargo, el texto era conocido por los periodistas: «Declaramos nuestra responsabilidad de lo ocurrido en Madrid, justo dos años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán y habrá más si Dios quiere. Vosotros queréis la vida y nosotros queremos la muerte, lo que da un ejemplo de lo que dijo el profeta Mahoma, si no paráis vuestras injusticias la sangre irá más a más y estos atentados son muy poco con lo que podrá ocurrir con lo que llamáis el terrorismo. Esto es un aviso del portavoz militar de Al Qaeda en Europa».

3. ¿Un vuelco electoral?

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¿UN VUELCO ELECTORAL?

El 14 de marzo se celebraron las elecciones. Las encuestas arrojaban una victoria del PP. Eso decían aquellas de las que disponía este partido, aunque discrepaban en los puntos de ventaja sobre el PSOE: entre siete y ocho los más optimistas; entre cinco y seis los menos. Quizá no se conseguiría la mayoría absoluta, pero todo dependía de los restos. Si se confirmaba el pronóstico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de una participación del 75,1 por ciento, podría llegarse a los ansiados ciento setenta y seis escaños, frente a los ciento treinta y uno del PSOE. Otras encuestas habían elevado el listón del PSOE, aunque sin negar la victoria de los populares, como la de El País, que le daba entre ciento sesenta y ocho y ciento setenta y dos escaños, frente a los del PSOE, entre ciento treinta y cuatro y ciento cuarenta y uno. La más favorable para el PSOE, la del Instituto Noxa, dejaba al PP entre ciento sesenta y dos y ciento sesenta y siete escaños, mientras que elevaba a los socialistas a entre ciento cuarenta y tres y ciento cuarenta y siete.

No habían sido muchas las voces que habían puesto en duda estos posibles resultados. Una de ellas fue la de Belén Barreiro en El País, que, manejando los datos del CIS, se atrevió a hablar de «empate técnico» si se atendía a las cifras de la intención directa de voto y si la predicción de votos de los indecisos se calculaba a partir de la pregunta sobre qué partido despertaba más simpatía entre los encuestados. Según eso, la diferencia entre el PP y el PSOE caía hasta un punto; eso era un empate técnico. Apuntaba Barreiro otra circunstancia que introducía incertidumbre: los dos principales competidores, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, tenían una larga trayectoria política a sus espaldas, pero era la primera vez que presentaban su candidatura a la presidencia del Gobierno. Teniendo en cuenta que uno de ellos, Rajoy, se había negado a celebrar debates electorales, la clave de los resultados estaba en los votos de los indecisos, que sumaban más de cinco millones de electores. En aquellas elecciones, que aparentemente no parecían reñidas, todo dependía de si los indecisos de la izquierda, que eran muchos más que los de la derecha, se movilizaban en favor de Zapatero. Si eso ocurría, el candidato socialista podía alcanzar la presidencia, había escrito Belén Barreiro el 9 de marzo, dos días antes de los atentados.

El PP llegaba a las elecciones de 2004 después de ocho años de gobierno de José María Aznar, que en 1996 había conseguido poner fin al largo periodo de gobierno del PSOE bajo el liderazgo de Felipe González. Aquella primera legislatura fue «amable», como escribieron algunos. El PP no obtuvo la mayoría y tuvo que buscar el apoyo de la Convergència i Unió de Jordi Pujol, que quedó sancionado en el Pacto del Majestic. El Gobierno alcanzó los criterios de convergencia europea fijados en el Tratado de Maastricht y España fue uno de los primeros países en incorporarse a la nueva moneda europea, el euro. La economía española iba viento en popa, por mucho que algunos índices, como el de productividad, no levantaran el vuelo, y culminó el proceso de privatizaciones de las grandes empresas públicas.

La segunda legislatura, por su parte, fue muy distinta. En la campaña de las elecciones del año 2000, José María Aznar había pedido a los ciudadanos que le concedieran una mayoría para cumplir con la tarea que se había marcado. La consiguió. La participación fue baja, un 68,71 por ciento, pero el PP superó la cifra de diez millones de votos; ganó en todas las comunidades autónomas, excepto en Andalucía, en Cataluña y en el País Vasco. Aznar había convertido su partido en una máquina engrasada y cohesionada; su mandato era ya indiscutible. Rodrigo Rato, que ya había sido vicepresidente económico durante la primera legislatura, se mantuvo en su puesto, mientras que Mariano Rajoy ascendía a vicepresidente primero y ministro de la Presidencia. Con la mayoría absoluta de sus ciento ochenta y tres escaños, Aznar hizo de la lucha contra el terrorismo de ETA y de la afirmación de la unidad nacional los ejes de su mandato. La cuerda se tensó tanto en el País Vasco como en Cataluña.

En las elecciones autonómicas vascas de la primavera de 2001, Aznar había echado el resto, tratando de aprovechar los movimientos perceptibles entre las fuerzas políticas del País Vasco desde unos años atrás. La repulsa provocada por el asesinato en 1997 del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, facilitó un acercamiento entre el PP y el PSOE, mientras el PNV rompía el acuerdo de Ajuria Enea con los partidos democráticos y anunciaba el Pacto de Lizarra con Eusko Alkartasuna (EA), Herri Batasuna (HB) e Izquierda Unida (IU). ETA declaró una tregua indefinida. En las elecciones autonómicas del mes de octubre aumentó el voto nacionalista, sobre todo el de la izquierda abertzale, pero el partido que más avanzó fue el PP. El Gobierno de Aznar trató entonces de explorar la posibilidad de que la tregua de ETA pudiera convertirse en definitiva, pero las negociaciones terminaron pronto. La impaciencia del terrorismo etarra llevó al anuncio del final de la tregua, y en febrero de 2000 asesinó al portavoz de los socialistas vascos, Fernando Buesa, y a su escolta. Ibarretxe declaró roto el pacto con Euskal Herritarrok, pero resultó imposible restablecer la relación con los socialistas, muy divididos acerca de la actitud que se debía tomar. Unos meses más tarde, en noviembre, fue el exministro socialista Ernest Lluch quien murió en un nuevo atentado. Cuando llegaron las elecciones autonómicas en 2001, José María Aznar colocó como cabeza de lista al hasta entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. El «bloque constitucionalista» de populares y socialistas no logró vencer a la coalición del PNV y Eusko Alkartasuna, aunque la izquierda abertzale perdió la mitad de sus votos. El PP hizo de la lucha contra el terrorismo etarra uno de sus mayores objetivos, al tiempo que denunciaba lo que consideraba el juego engañoso del PNV.

En Cataluña se celebraron elecciones autonómicas en noviembre de 2003, que confirmaron el desgaste de Convergència i Unió (CiU), entre otros motivos por su política de apoyo al PP durante la legislatura anterior. Era la primera vez que Jordi Pujol no se presentaba, y la lista la encabezó Artur Mas. Aunque con un número mayor de escaños, quedó algo por detrás en votos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ningún partido podía gobernar en solitario, y la llave la tuvo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que había pasado de doce a veintitrés escaños bajo la dirección de Josep-Lluís Carod-Rovira. El Pacto del Tinell, que pasaría a la historia por la exclusión explícita de cualquier posible pacto futuro con el PP, llevó al socialista Pasqual Maragall a presidir un Gobierno tripartito del PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), con Carod-Rovira como conseller en cap. Se puso fin a veintitrés años de gobierno de CiU, y Maragall anunció la elaboración de un nuevo Estatuto para ampliar el autogobierno y conseguir el reconocimiento del «hecho diferencial».

La tensión política durante aquella segunda legislatura de Aznar no se circunscribió a la cuestión territorial. La Ley Orgánica de Universidades, primero, y la Ley de Calidad de la Enseñanza, después, habían provocado grandes manifestaciones en los campus universitarios y en las calles contra el Gobierno del PP. Las organizaciones sindicales, por su parte, convocaron el 22 de junio de 2002 una huelga general, en protesta por la nueva regulación del mercado laboral, aprobada sin negociación previa. Unos meses más tarde, en noviembre, se produjo el hundimiento de un gran petrolero, el Prestige, frente a las costas gallegas, y una marea negra de chapapote inundó las costas del norte. Tras una errática gestión por parte de la Xunta que presidía Manuel Fraga Iribarne y del propio Gobierno, que estuvo ausente durante semanas del escenario de la tragedia, su vicepresidente, Mariano Rajoy, se permitió comparar el vertido de petróleo con unos «hilillos de plastilina». La movilización ciudadana volcada en la limpieza de las playas se convirtió en una protesta nacional bajo el lema «Nunca máis». Tampoco ayudó a la imagen del PP, por desmesurada, la boda de la hija del presidente, Ana Aznar, con Alejandro Agag, un enlace que se celebró en El Escorial el 5 de septiembre de aquel año y al que asistieron, entre los más de mil invitados, los reyes, Juan Carlos y Sofía, junto con la plana mayor del Partido Popular y del mundo empresarial, o políticos como Tony Blair y Silvio Berlusconi.

Mayor relevancia tuvo el acercamiento cada vez más estrecho de la política exterior española a la Administración de Estados Unidos, sobre todo a raíz de los atentados del 11S de 2001, una tragedia que hizo temblar los cimientos del mundo occidental y que puso encima de la mesa la amenaza del terrorismo radical islámico y el nombre de Al Qaeda y de su líder, Osama bin Laden. El presidente George W. Bush declaró la guerra al «eje del mal» y en octubre lanzó la Operación Libertad Duradera contra el régimen de los talibanes en Afganistán, refugio de Al Qaeda. Fue un éxito, salvo que Bin Laden logró escapar y no tardó en utilizar el ataque para extender su discurso contra la potencia estadounidense y su guerra abierta contra el islam, un discurso que pronto despertaría ecos donde hasta entonces no los había tenido.

A finales de enero de 2003, apareció en varios periódicos internacionales una carta en la que ocho países europeos, con Gran Bretaña y España a la cabeza, junto con Italia, Portugal, Hungría, Polonia, la República Checa y Dinamarca, pedían al Consejo de Seguridad de la ONU que se mantuviera firme frente a los incumplimientos por parte de Irak de los requerimientos en relación con las armas que estaba desarrollando. Ese mismo día, en una comparecencia en La Moncloa junto con Tony Blair, Aznar afirmó que decir que Irak contaba con «armas de destrucción masiva no era ninguna fantasía». La «carta de los ocho» fue entendida como un intento de romper el eje franco-alemán para propiciar un nuevo liderazgo en la Unión Europea. Europa estaba muy dividida, al igual que el Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro francés Dominique de Villepin no daba por agotada una salida dialogada con el presidente Sadam Huseín, frente a los partidarios de un ultimátum. Las dudas sobre la existencia de aquellas armas de destrucción masiva y la amenaza de un conflicto sin el respaldo de una resolución de Naciones Unidas provocaron manifestaciones multitudinarias en muchos países, que culminaron con una convocatoria internacional el 14 de febrero. Millones de ciudadanos salieron a la calle en Nueva York, Londres, París, Berlín o Roma. En Madrid, detrás de una pancarta que decía «No a la guerra», los organizadores cifraron en dos millones los asistentes (seiscientos mil según el Gobierno), que colapsaron el centro de la ciudad; en Barcelona fueron más de un millón. En el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno tuvo que responder a los duros ataques de la oposición. Había dudas en las filas del PP, incluso en algunos miembros del Gobierno, pero los populares cerraron filas tras una intervención muy dura de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, en la que exigió a Rodríguez Zapatero que aclarara su posición respecto a Irak, preguntándole si mantendría su oposición a cualquier resolución de la ONU que incluyera el recurso a la fuerza contra Sadam Huseín.

El 16 de marzo de 2003, Aznar había acudido a la reunión convocada por el presidente portugués, Durão Barroso, en las islas Azores junto con George W. Bush y Tony Blair. Lanzaron un ultimátum, no ya a Irak, sino al Consejo de Seguridad de la ONU, donde no llegó a presentarse la resolución que defendían porque parecía claro que no saldría adelante. Dos días más tarde, José María Aznar compareció ante el Congreso de los Diputados para ratificar su deseo de que el presidente de Irak, Sadam Huseín, respondiera y para anunciar que, en caso de que se produjera una intervención, España no participaría en misiones de ataque o de carácter ofensivo. El 19 de marzo, a las 22.16 hora española, se produjo el primer bombardeo sobre Bagdad y un día más tarde, en una declaración institucional, el Gobierno afirmó que España había asumido sus responsabilidades.

Según las encuestas, no llegaban entonces a un 10 por ciento los españoles que se mostraron conformes con la intervención en Irak, y la decisión del presidente del Gobierno dio lugar a la aparición de distintas plataformas y asociaciones contrarias a la guerra. Fueron muchos, también simpatizantes del PP, quienes participaron en manifestaciones multitudinarias. Entre ellos figuraban muchos nombres y caras conocidas del mundo del cine y del teatro; artistas, escritores e intelectuales, profesionales y representantes del mundo estudiantil y universitario, junto con muchos jóvenes, pero también gente de todas las edades. La popularidad del presidente Aznar había estado entonces bajo mínimos. Sus temores, sin embargo, se disiparon el 25 de mayo de 2003, cuando las elecciones municipales y autonómicas no acusaron el malestar. El propio Aznar se implicó de manera muy personal e intensa en la consulta, resumiendo en tres los grandes enemigos: el nacionalismo, el socialismo y el aislacionismo. El «eje castizo del mal» lo representaba un PSOE encadenado a los comunistas.

Al día siguiente, un nuevo acontecimiento pareció ensombrecer otra vez el panorama para el Gobierno. Un avión, un Yak-42 exsoviético con miles de horas de vuelo que transportaba a sesenta y dos militares españoles que regresaban a casa después de más de cuatro meses en Afganistán, se estrelló en Turquía. Fue la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas en tiempos de paz. Murieron todos, además de la tripulación. El Gobierno declaró dos días de luto oficial y el funeral, celebrado en Torrejón de Ardoz, contó con la presencia de los reyes y del príncipe de Asturias. El dolor de los familiares se vio pronto empañado por la manera en que se llevó a cabo la identificación de los militares fallecidos y las noticias sobre el estado del avión en el que viajaban. Los propios militares se habían quejado de sus pésimas condiciones. El ministro de Defensa, Federico Trillo, fue increpado en el funeral, pero recibió el apoyo del presidente.

En cualquier caso, eso fue al día siguiente. En las elecciones municipales y autonómicas, la participación había sido baja, pero el PP recibió un espaldarazo, por mucho que algunos quisieron ver un cierto cambio de tendencia. Hubo un ascenso moderado del PSOE en las municipales, pero el PP mejoró sus resultados en cinco comunidades autónomas. En la de Madrid, las elecciones estuvieron marcadas por el escándalo del «tamayazo». El PP había obtenido cincuenta y cinco escaños, el PSOE, cuarenta y siete, e Izquierda Unida (IU), nueve. Sumados socialistas e IU alcanzaban la mayoría. Sin embargo, la incomparecencia de dos socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, impidió que su correligionario, Rafael Simancas, se convirtiera en presidente de la comunidad autónoma. La izquierda defendió que Tamayo y Sáez habían recibido dinero, mientras que los populares achacaron lo ocurrido a disensiones internas dentro del PSOE madrileño. Hubo que convocar nuevas elecciones, que dieron el triunfo a Esperanza Aguirre, candidata del PP. Fue el broche final que hizo concebir al partido que las grandes movilizaciones pertenecían al pasado y que la victoria en las generales del 14 de marzo estaba al alcance de la mano.

En el debate del estado de la nación celebrado entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2003, el último que iba a protagonizar José María Aznar, el presidente del Gobierno se sirvió de aquella guerra interna en las filas del socialismo madrileño para arremeter contra el candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. «Yo sé que no seré el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones, pero lo que no sé es si lo será usted [de su partido]», le espetó. En el XIV Congreso del PP, celebrado en Madrid en enero de 2002, Aznar había confirmado su compromiso de no volver a presentarse a las elecciones. Hasta finales de agosto de 2003 no reveló el nombre de su sucesor, que no sería Rodrigo Rato, como muchos habían pensado, sino Mariano Rajoy, vicepresidente primero y ministro del Interior desde febrero de 2001. «Mariano, te ha tocado», le dijo entonces Aznar, con aquella manera suya de anunciar las cosas.

Rajoy había entrado en la campaña de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 con el eslogan «Juntos vamos a más» y bajo la consigna «España va bien», repitiendo los logros acumulados durante la legislatura. El equipo de campaña había primado la tranquilidad para dar mayor eficacia a los mensajes, y también para evitar la movilización de las izquierdas. De ahí la negativa a un debate cara a cara con Rodríguez Zapatero. Aznar no estaba conforme, como contó después en sus memorias, y se inclinó por una campaña más dura. En el mitin con el que abrió la campaña, en Tomelloso, convertido en un homenaje al todavía presidente, fue bronco en sus ataques: si España tuviera la desgracia de ser gobernada por Zapatero, Llamazares y Carod-Rovira, dijo, podía prepararse «para saber lo que es el paro y la falta de crecimiento». El PP era la garantía del bienestar económico, y asimismo de la unidad nacional. «A los que se quieren largar de España —dijo—, o se les hace frente o se pacta con ellos como hacen los socialistas». Zapatero estaba jugando con las reglas básicas de la convivencia y con la prosperidad, afirmó. Mientras él veía con orgullo ondear la bandera española, otros se dedicaban a «liquidar España». En los últimos actos de campaña, como el multitudinario mitin en Valencia, Rajoy se soltó al calificar de «gran empanada» un hipotético Gobierno del PSOE, que tendría a Carod-Rovira como ministro del Interior y a Gaspar Llamazares de «Medio Ambiente».

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se estrenaba como candidato en aquellas elecciones, tras conseguir alcanzar la secretaría general del PSOE en el XXXV Congreso del partido, que puso fin a una larga crisis en la sucesión de Felipe González. Zapatero se convirtió en secretario general frente a otros tres candidatos: el inicialmente apoyado por el partido, José Bono, que quedó muy cerca; Matilde Fernández, exministra de Trabajo, y Rosa Díez. Fue una lucha reñida, larga y complicada. Finalmente, Manuel Chaves ocupó la presidencia del partido y José Blanco, la secretaría de Organización.

El PSOE llegaba a las elecciones, pues, con un nuevo líder. Rodríguez Zapatero tenía cuarenta años y venía de la mano de una corriente llamada Nueva Vía, un grupo de jóvenes con trayectoria dentro del partido, aunque no demasiado conocidos por la opinión pública. Prometían un «cambio tranquilo» y exhibían un aire moderno, alejado de la imagen de corrupción que había castigado los últimos años de gobierno de Felipe González. Tenían, además, el apoyo del PSC que lideraba Pasqual Maragall, y hablaban de una «España plural», abierta a las reformas de los estatutos de autonomía; también de una ciudadanía cívica y de nuevos derechos sociales. El grupo de Economistas 2004, en torno a Miguel Sebastián, defendía a su vez la necesidad de un cambio de modelo económico, con importantes inversiones en investigación, desarrollo e innovación. Como líder de la oposición durante la segunda legislatura de Aznar, Zapatero había anunciado que haría una «oposición útil», que abriría la posibilidad de acuerdos de Estado con el partido en el Gobierno.

Fue él quien propuso un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que firmaron en diciembre de 2000 el secretario del PP, Javier Arenas, y el del PSOE, bajo la mirada de José María Aznar, que estampó también su firma. Los dos grandes partidos declaraban que el terrorismo era un problema de Estado, que le correspondía al Gobierno en cada momento dirigir la lucha antiterrorista, pero que combatirlo era tarea de todos los partidos políticos democráticos. Manifestaban su voluntad de «eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral» las políticas para acabar con la violencia. El acuerdo suponía una colaboración permanente entre el PP y el PSOE, que implicaba el intercambio de información, la actuación concertada en reformas legislativas, en política penitenciaria, la cooperación internacional y la movilización ciudadana. También se decía en aquel pacto que las víctimas eran la mayor de las preocupaciones para ambos partidos.

El texto del preámbulo había hecho imposible que se sumaran otros partidos políticos. En él se responsabilizaba al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de haber roto el Pacto de Ajuria Enea al haber optado por un acercamiento a la izquierda abertzale y haber puesto «un precio político al abandono de la violencia»: la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco. La Ley de Partidos Políticos de junio de 2002, que declaraba ilegales a los que mantuvieran vínculos orgánicos con organizaciones terroristas, tampoco contó con el apoyo del PNV ni del resto de los partidos nacionalistas, pero sí del PSOE, de Convergència i Unió, de Coalición Canaria (CC) y del Partido Andalucista (PA). En marzo de 2003 el Tribunal Supremo ilegalizó las organizaciones de la izquierda abertzale. Aunque hubo voces discrepantes, la aplicación de la ley y la eficaz acción policial, junto con la deslegitimación abrumadora de ETA ante la opinión pública, contribuyeron al debilitamiento de la banda terrorista. El número de atentados mortales disminuyó hasta casi desaparecer, y se puso coto también a la kale borroka.

Aznar había hecho de la lucha contra el terrorismo etarra uno de los objetivos prioritarios de su segunda legislatura. Él mismo había sido objeto años atrás, en abril de 1995, de un grave atentado del que salió ileso gracias al blindaje del coche en el que iba, que resistió la tremenda explosión de un coche bomba colocado a su paso. En enero de 2004, antes de que comenzara formalmente la campaña electoral, por una filtración al diario ABC de un documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), saltó a la prensa la noticia de que el conseller en cap del tripartito catalán, Carod-Rovira, se había reunido en secreto en Perpiñán con varios dirigentes de ETA. Aunque la filtración era un asunto grave, que provocó mucho malestar en el CNI, los asesores de Aznar consideraron que era una baza política. El PP exigió a Pasqual Maragall la ruptura con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en aplicación del pacto antiterrorista. El president de la Generalitat no aceptó, pero sí obligó a dimitir a Carod-Rovira. El escándalo se acentuó cuando ETA anunció una tregua parcial en Cataluña, que el dimitido Carod-Rovira negó haber negociado en su entrevista secreta.

El PSOE consideró aquella filtración una abierta deslealtad por parte del PP, pero no por ello dejó de acudir unas semanas más tarde, el 10 de febrero, a la entrega en el Palacio de la Moncloa de la medalla de la Orden del Mérito Constitucional a ochenta personas y entidades destacadas en la defensa de las libertades y contra el terrorismo en el País Vasco, entre ellas el Foro de Ermua y la Fundación para la Libertad, así como a concejales de ambos partidos, socialistas y populares, y a diferentes personalidades. Junto con el presidente del Gobierno, José María Aznar, estaban los dos principales candidatos, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. El todavía presidente, Aznar, posó en solitario con los galardonados, defendió la vigencia del Pacto Antiterrorista e insistió en la necesidad de mantenerlo, porque «las fisuras entre los constitucionalistas suponen un arma más en manos del terror». Los socialistas se mostraron conformes con el tono institucional de su discurso, aunque algunos recordaran las acusaciones al PSOE de «vulnerar el pacto» durante el asunto Carod-Rovira y criticaran la «monopolización» del acto por parte de Aznar. Rodríguez Zapatero, sin embargo, se alegró de la defensa de un pacto del que, durante su gestación, Rajoy había dicho que parecía «un conejo sacado de la chistera» por los socialistas.

Mientras los populares no pudieron evitar que la campaña electoral de 2004 tuviera un doble protagonismo, el de Rajoy y el de Aznar, la del PSOE fue muy presidencialista. Zapatero, ZP, como apareció en los carteles electorales, comenzó con una valoración inferior a la de su competidor en las encuestas, pero terminó por delante de Rajoy. El candidato socialista hizo alarde de su «talante» dialogante y conciliador, aunque no escatimó las críticas al PP por su modo avasallador de gobernar en la última legislatura, su menosprecio a las instituciones y la falta de respeto al pluralismo. Zapatero había llamado a movilizarse contra la guerra de Irak, había asistido a la manifestación de febrero de 2003 y se comprometió a retirar las tropas españolas de Irak; también había estado en la gran manifestación convocada por Nunca Máis, en respuesta a la tragedia del Prestige.

«Merecemos una España mejor» fue el lema de una campaña que se volcó en recuperar la movilización ciudadana contra los errores del Gobierno del PP y el «retroceso democrático». Se puso el énfasis en los problemas pendientes de resolver, como la vivienda y la sanidad o la educación. También en la necesidad de crear un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la investigación y la innovación. No faltaron los guiños a las reivindicaciones nacionalistas y el compromiso de atender la petición de nuevos estatutos de autonomía, en particular en Cataluña. Y al mundo de la cultura, a actores y actrices, a cantantes, que acompañaron la campaña socialista en muchas ocasiones. Muchos de ellos se habían movilizado y habían brindado sus nombres en las movilizaciones contra la guerra de Irak, cosechando también comentarios despectivos por parte del Partido Popular. ZP y su ceja fueron los símbolos de un nuevo estilo que los populares menospreciaron, tildándolo de «bambi».

La campaña no careció de enfrentamientos. Los medios de comunicación fueron más beligerantes que los propios candidatos y los partidos. Aznar estaba convencido de que el apoyo del grupo Prisa a los socialistas había sido esencial para que estos se mantuvieran en el poder, y en su primera legislatura desencadenó una ofensiva contra el grupo de Jesús Polanco, que culminó en el llamado caso Sogecable. En aquella guerra mediática, los populares contaron con el apoyo de otros periódicos, como El Mundo, que dirigía Pedro J. Ramírez, así como de algunos medios digitales y cadenas de radio, como la COPE, en las que los tertulianos cerraron filas contra Prisa. Durante su segunda legislatura, el PP reforzó sus apoyos y, además, se hizo fuerte mediante el control de las televisiones públicas, sobre todo de RTVE y Telemadrid. Alfredo Urdaci, director de Informativos de RTVE, concentró gran parte de las críticas. Estudios posteriores demostraron que, si bien durante el 11 de marzo, el día de los atentados, los españoles recurrieron sobre todo a la televisión pública para informarse, los días 13 y 14 esa audiencia se desplomó en favor de los medios más críticos con el Gobierno, como Telecinco o la cadena SER, así como de los medios internacionales por medio de internet, una novedad radical respecto a las consultas electorales anteriores.

Los españoles votaron bajo la conmoción de lo ocurrido, sin duda. Aunque habían soportado durante muchos años el sufrimiento causado por el terrorismo de ETA, nunca se habían visto obligados a enterrar a tantas víctimas en un solo día, ni habían tenido que sustituir los mítines de final de campaña por los funerales. El impacto electoral de unos atentados obra de terroristas islámicos era una incógnita, tras las importantes movilizaciones y la repulsa que había provocado la intervención en Irak. La confusión generada sobre la autoría durante los tres días que mediaron entre el 11M y el 14M había dado lugar a un enfrentamiento entre la información oficial, empeñada en sostener la autoría etarra, y los medios más críticos, que apostaron casi desde el primer momento por la del islamismo radical.

Cuando el domingo 14 abrieron los colegios electorales, los periódicos del día comenzaban con las fotografías de los funerales de las víctimas celebrados el día anterior y, en algunos casos, de las concentraciones ante las sedes del PP. También se recogían las detenciones que habían tenido lugar y la aparición del vídeo encontrado en la mezquita madrileña de la M30. El País, a cuatro columnas, titulaba: «Tres marroquíes y dos indios, detenidos en Madrid en relación con el 11M. Un autodenominado portavoz de Al Qaeda en Europa reivindica en un vídeo el brutal atentado», y, junto a una gran foto de los rostros dolientes de familiares de las víctimas en Alcalá, añadía: «España vota bajo el síndrome del peor atentado de su historia. Miles de ciudadanos exigen en la calle que se les diga la verdad antes de ir a votar». La Vanguardia decía: «Al Qaeda confirma la autoría del 11M en víspera de la jornada electoral», sobre una fotografía de un niño desconsolado en el funeral de Alcalá de Henares; debajo se leía: «Cruce de acusaciones en la jornada de reflexión. Dura crítica de Rajoy a las concentraciones ante la sede del PP. El president de la Generalitat llama a la calma y el PSOE pide transparencia». ABC, por su parte, incluía también una foto de uno de los funerales, pero titulaba arriba: «El Gobierno y el PP acusan al PSOE de alentar el acoso a sus sedes en toda España», y debajo: «Un vídeo sin verificar atribuye a Al Qaida [sic] la masacre». El Mundo sostenía: «Las primeras detenciones vinculan la masacre con el terrorismo islámico», incluía una fotografía de la concentración del día anterior ante la sede del PP de la calle Génova y editorializaba: «Si no hubiera un mandato claro, Gobierno de gestión PP-PSOE».

Las elecciones trascurrieron sin incidentes, aunque hubo imprecaciones contra el presidente, José María Aznar, y el candidato del PP, Mariano Rajoy, cuando acudieron a votar. A las seis de la tarde lo había hecho el 63 por ciento de los ciudadanos, 7,6 puntos más que en las elecciones anteriores del año 2000; la participación estaba siendo especialmente alta en Andalucía y Cataluña. A las nueve de la noche, el ministro del Interior ofreció las cifras definitivas: habían votado más de veintiséis millones y medio de españoles, el 77,2 por ciento del censo, cifra solo superada por las primeras elecciones de 1977 (78,8 por ciento) y por las de 1982 (79,9 por ciento). José Luis Rodríguez Zapatero estaba en la sede de Ferraz y José María Aznar en La Moncloa, y Mariano Rajoy se había trasladado desde su casa hasta la calle Génova.

Pasadas las diez, con el recuento ya muy avanzado, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, anunció desde Ferraz que habían ganado. Unos minutos después lo llamó Gabriel Elorriaga para felicitarlo. Media hora más tarde, Rajoy bajó a la sala de prensa de la sede de Génova. «Acabo de llamar al señor Rodríguez Zapatero para felicitarle por su victoria electoral», dijo. Estaba acompañado a derecha e izquierda por José María Aznar y Rodrigo Rato, pero estaban allí también el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Gabriel Elorriaga y Ana Pastor. «Dejamos el Gobierno con las manos limpias y dejando las cuentas muy claras», dijo Rajoy, que apareció durante breves minutos en el balcón de Génova, junto con Aznar, ante unas decenas de seguidores, desinflados, que no podían creer el resultado y que repetían: «Esto es una injusticia».

En la calle Ferraz, por el contrario, todo era euforia después de una espera contenida. Allí sí que se iban congregando cientos de personas, agitando banderas del partido y gritando: «Presidente, presidente», hasta que Zapatero salió al balcón junto con José Blanco, Jesús Caldera, Carme Chacón y Trinidad Jiménez. «Quiero expresar un recuerdo a las familias que aguardan a sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales y a quienes lloran a los suyos todavía. En este momento pienso en las vidas rotas el jueves por el terror y pido que guardemos aquí un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca», fueron sus primeras palabras. Tras el silencio, tendió la mano a su «digno» rival, Mariano Rajoy, para cooperar en los asuntos de Estado. Su primera iniciativa sería buscar la unidad de todas las fuerzas políticas para concentrar sus esfuerzos en la lucha antiterrorista. Se proponía impulsar la España social, actuar desde el diálogo, la responsabilidad y la transparencia, y trabajar por la cohesión, la concordia y la paz. El cambio de «talante» que venía anunciando comenzaba aquella misma noche. Se comprometía a «encabezar el cambio tranquilo y gobernar para todos. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar», concluyó mientras quienes le escuchaban gritaban: «¡No nos falles!».

La prensa del día siguiente sancionó los resultados y cada periódico avanzó su propia opinión. «Zapatero derrota a Rajoy en un vuelco electoral sin precedentes», tituló El País; «El PSOE ganó las elecciones bajo la conmoción del 11M», decía ABC; «España castiga al PP y da su confianza a Zapatero», resumía El Mundo. Con más de once millones de votos, el mayor respaldo en número de votos de la historia de la democracia, el PSOE había obtenido ciento sesenta y cuatro escaños en el Congreso; no era una mayoría absoluta, pero sí suficiente para abrirle la puerta del Gobierno. El PP, con algo más de nueve millones y medio de votos, tenía ciento cuarenta y ocho escaños. Entre los dos sumaban más del 80 por ciento de los votos. Izquierda Unida (IU) pasaba de nueve a cinco diputados, aunque solo perdía un punto en el porcentaje de votos. Convergència i Unió (CiU) bajaba de quince a diez, mientras que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) subía de uno a ocho. El PNV mantenía sus siete escaños y Eusko Alkartasuna (EA), el suyo. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) también mantenía los dos que tenía. Nafarroa Bai (NaBai) entraba en el Congreso con una diputada, al igual que la Chunta Aragonesista (CHA), mientras que el Partido Andalucista (PA) perdía el suyo. En las elecciones autonómicas andaluzas celebradas ese mismo día, el PSOE mantenía su mayoría absoluta por quinta vez consecutiva, con el 50,24 por ciento de los votos.

El resultado fue una sorpresa. Lo fue para el PP, pero también para el PSOE. Pasado el 14 de marzo, llegaron los comentarios y los análisis. A lo largo de los meses siguientes se publicaron casi una treintena de libros y artículos, en España y también fuera. Muchos lo calificaron de «vuelco electoral». Algunos sostenían que la situación se habría ido decantando en favor de los socialistas ya durante la campaña electoral, porque si bien seguían siendo mayoría quienes en las encuestas decían que ganaría el PP, sumaban cinco puntos más los que preferían la victoria del PSOE. Se había producido una movilización del voto abstencionista y la participación había sido elevada, aunque no excepcional. Tampoco se produjo un importante cambio de signo en las decisiones de voto, según algunos analistas. En el estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se concluyó que un 6 por ciento de electores se decidió a votar tras el atentado, y un 4 por ciento cambió su voto. Lo notable fue que esa mayor participación no había reforzado al partido en el Gobierno, como sí ocurrió con la reelección del presidente George W. Bush en Estados Unidos tras el 11S, sino al mayor partido de la oposición. Y eso había tenido más que ver con las movilizaciones durante la segunda legislatura del PP, que se reactivaron ante la gestión que el Gobierno hizo de los atentados. El «deseo latente» de un cambio de Gobierno, junto con la equivocada gestión de los atentados, sería la explicación. El PSOE tuvo el mayor apoyo popular jamás logrado en términos absolutos. En términos relativos, el segundo después de la victoria socialista de 1982. Si ese apoyo no se tradujo en una mayoría absoluta se debió a la fortaleza del PP, que, pese a todo, logró casi diez millones de votos y solo dieciséis escaños menos que el PSOE.

A la vista de esos datos, difícilmente podía sostenerse que los terroristas hubieran paralizado la voluntad democrática de los españoles. Hubo, sin embargo, quienes, tanto dentro de España como fuera, achacaron el resultado al voto del miedo y hasta afirmaron que los terroristas habían conseguido su objetivo, máxime cuando al día siguiente, el 15 de marzo, un comunicado al mismo periódico londinense, Al Quds Al Arabi, de las Brigadas Abu Has al Masri, ofreció una tregua porque el pueblo español, decía, había elegido al partido que se había manifestado en contra de la alianza con Estados Unidos en la invasión de Irak. Tres días más tarde, Rodríguez Zapatero quiso dejar las cosas claras, saliendo al paso de un comentario del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, John Kerry, acerca de la retirada de las tropas españolas de Irak. Quizá no sabía, dijo Zapatero, que ese había sido un compromiso anterior a los atentados del 11M, y que se cumpliría si la ONU no tomaba las riendas y no había un replanteamiento de la caótica situación de Irak. Sin embargo, en España iba a haber un Gobierno inflexible en la lucha contra el terrorismo, insistió Zapatero. La victoria en las elecciones no había sido fruto del miedo, y las concentraciones ante las sedes del PP el sábado no habían sido en absoluto promovidas por el PSOE. El 26 de marzo, ante el comité federal del partido, se ratificó en lo mismo: era «sencillamente indecente» considerar al pueblo español «acobardado».

El Partido Popular nunca negó explícitamente la legitimidad de los resultados electorales, pero puso todo su empeño en la defensa de la gestión que se había hecho entre el 11 y el 14 de marzo. La reacción inmediata fue salir al paso de las acusaciones de haber mentido. El día posterior a las elecciones, el exdirector de El País, Juan Luis Cebrián, había escrito una dura tribuna en ese periódico, titulada «De la mentira». «Cualquiera [que] sea la lectura que se haga de las elecciones de ayer en España, no cabe la menor duda de que uno de los motivos —y quién sabe si uno de los más poderosos— que ha facilitado el vuelco electoral a favor del PSOE reside en la inevitable sensación de manipulación y engaño que por parte del Gobierno ha percibido el electorado». Ese mismo día, quien había sido candidato del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista en Telecinco afirmó rotundo que el Gobierno había dicho en todo momento la verdad, y en la COPE al día siguiente afirmó que se habían perdido las elecciones por la «fuerte carga emotiva» con la que se fue a votar.

En el Consejo de Ministros celebrado el 18 de marzo, Aznar hizo un breve balance de los comicios y entregó a los medios de comunicación un conjunto de documentos bajo el título «11M: toda la verdad, en tiempo real». En el primero de ellos, el Ministerio del Interior establecía una secuencia de los hechos y de las comparecencias entre el 11 y el 13 de marzo, y en el segundo, elaborado por el subdirector general de la policía, Pedro Díaz Pintado, se establecía una cronología de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares. También se incluía el telegrama enviado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores el 11 de marzo a las embajadas españolas, y un informe de la directora del Instituto Anatómico Forense dirigido al director general de Justicia, Carlos Lesmes, en el que afirmaba que no se había encontrado ningún dato ni signo indiciario que permitiera suponer la existencia de terroristas suicidas entre las víctimas. Se añadían dos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): una nota del 11 de marzo a las 15.00 horas, en la que se consideraba casi segura la autoría de ETA en los atentados, y otra del día 12 en la que se valoraba el comunicado reivindicativo de Al Qaeda, que el CNI consideraba efectuado probablemente por una persona vinculada con la yihad internacional, pero carente de predicamento para hablar en su nombre. La selección de los documentos tenía como objetivo desmontar algunas de las noticias propagadas, salir al paso de las acusaciones de falta de transparencia en la comunicación y apoyar la adjudicación de la autoría a ETA en los informes de los servicios de inteligencia.

El director del CNI, Jorge Dezcallar, había sido advertido por el presidente en funciones de la desclasificación de aquellos documentos. No le gustó. Creía que comprometía al centro y que afectaba a su credibilidad ante los servicios de inteligencia de otros países. De hecho, presentó su dimisión, aunque al final accedió a la petición de Aznar de que la retirara para no complicar más la situación. Sin embargo, la noticia saltó a los medios de comunicación y, en una entrevista con el director de informativos de Telecinco, Aznar tuvo que contestar a alguna pregunta sobre ello. «¿Por qué iba a dimitir el primer presidente civil del CNI, que estaba haciendo un trabajo excelente? —respondió—. Yo no les exijo la perfección a las personas que trabajan para el Gobierno. Les exijo que pongan todo su empeño y el CNI lo pone». Ese mismo día, aparecía en La Vanguardia una caricatura de José María Aznar, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, desnudos y tapándose las vergüenzas con informes desclasificados del CNI.

El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, había dicho en el acto de entrega a los periodistas de aquellos documentos que se podían «perder las elecciones, pero no la honorabilidad», y que las «acusaciones falsas» habían superado todos los límites de la moralidad. El propio Aznar, en unas declaraciones públicas pocos días más tarde, dijo que la victoria del PSOE era legítima, pero que dirigentes de aquel partido «y un poder fáctico claramente reconocible» violentaron el luto y la reflexión de los españoles para llevar el agua a su molino. Su Gobierno estaba tranquilo, pues sabía que había hecho de la lucha contra el terrorismo su principal impulso y que nunca mintió, que pensaron que había sido ETA y que actuaron honradamente; que aceptaba la crítica, pero no la calumnia ni la vileza.

El «poder fáctico» aludido era el grupo Prisa, y la respuesta de Cebrián fue todavía más dura. En una nueva tribuna titulada «El honor perdido de José María Aznar», afirmaba el exdirector de El País que podía imaginar «su decepción y su amargura, rodeado como está hoy de cuerpos destrozados, víctimas del odio y la sinrazón, abucheado por quienes él mismo convocó a manifestarse, criticado por sus colegas y por la prensa internacional, derrotados sus colegas en las urnas cuando nadie daba un ápice por la victoria de la oposición». En lugar de defender su política, de explicar sus acciones, de debatir los problemas de España, infundir confianza y seguridad en los españoles o explicarles por qué fallaron las autoridades, si es que lo hicieron, había salido a decir que él era un «hombre de honor» y que no podía «quedarse arrumbado en un rincón de la historia con esa fama de mendaz y manipulador que algunos le estaban echando encima».

El 24 de marzo se celebró en la catedral de La Almudena de Madrid el funeral de Estado por las víctimas de los atentados. La ciudad estaba blindada, una tarea añadida más a las fuerzas de seguridad del Estado, que todavía temían un nuevo atentado porque los autores del 11M seguían libres. Asistieron mil quinientas personas. Junto con los familiares acudió la familia real al completo, el ejecutivo en funciones, con José María Aznar a la cabeza, y los presidentes de las comunidades autónomas, representantes de todos los partidos y miembros de otras casas reales, como el príncipe Carlos de Inglaterra, Alberto de Mónaco y el hermano del rey Mohamed de Marruecos, Mulay. Allí estaban los presidentes Jacques Chirac (Francia); Carlo Azeglio Ciampi (Italia); Jorge Sampaio (Portugal); Tarja Halonen (Finlandia); Arnold Rüütel (Estonia); el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell; el primer ministro británico, Tony Blair; el canciller alemán, Gerhard Schröder; los jefes de Gobierno polaco (Leszek Miller) y checo (Vladimír pidla); el presidente del Consejo Europeo, el irlandés Bertie Ahern, y el del Parlamento Europeo, Pat Cox, así como los vicepresidentes de la Comisión Europea, Loyola de Palacio y Neil Kinnock. Fue una ceremonia católica, oficiada por el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, lo que molestó a algunos porque había víctimas de otras confesiones religiosas. Justo antes de empezar la ceremonia, se oyó una voz que gritó: «Señor Aznar, le hago responsable de la muerte de mi hijo». No hubo más, salvo muchas escenas de dolor, especialmente cuando los miembros de la familia real, muy emocionados, se acercaron a dar su pésame a los familiares de las víctimas.

4. Los suicidas de Leganés

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LOS SUICIDAS DE LEGANÉS

El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, habían convocado el 16 de marzo en La Moncloa al comisario general de Información de la Policía Nacional, Jesús de la Morena, y al teniente general José Manuel García Varela, director general operativo de la Guardia Civil. Fue la primera reunión de una célula de crisis que se comprometió a verse diariamente bajo la presidencia de Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad. Esta vez también estaba Jorge Dezcallar, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que se incorporaba de lleno, ahora sí y a petición propia, a la cúpula decisoria.

En los medios de comunicación, junto con los artículos de fondo que seguían analizando lo ocurrido entre el 11M y el 14M, y las crónicas personales de las víctimas, comenzaron a aparecer noticias sobre la marcha y los resultados de la investigación policial. El 18 de marzo saltó una primicia, la detención del exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras. Gracias a la rápida investigación de los Tedax, se había sabido que la única empresa a la que se había servido el tipo de detonadores encontrados en la mochila de Vallecas era Caolines de Merillés, cerca de Tineo, en Asturias. Suárez Trashorras tenía treinta años y llevaba cinco retirado de su trabajo debido a un trastorno de personalidad. Tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas y había sido investigado por presunta implicación en el negocio ilegal de la dinamita. Vivía en Avilés y se había entregado voluntariamente en una comisaría de Oviedo, según información procedente de La Nueva España. Era sospechoso de haber facilitado explosivos y detonadores a varios marroquíes implicados en los atentados del 11M, decía la prensa, aunque se creía que desconocía el uso que se había hecho de ellos. Se sabía que habían mantenido al menos dos reuniones, y que quizá todo había comenzado por conversaciones entre algunos prisioneros en la cárcel de Villabona, cerca de Avilés. Uno de ellos, detenido pocos días más tarde, era Antonio Toro, cuñado de Trashorras.

El 23 de marzo, el juez Del Olmo decretó prisión incondicional contra tres marroquíes: Abderrahim Zbakh, nacido en Tánger en 1971 y químico de formación; Abdelouahid Berrak, que negó su intervención en los atentados, aunque reconoció su amistad con Jamal Zougam porque trabajaba en una peluquería del barrio de Lavapiés, de la que este era socio, y que conocía también al presunto responsable de la célula islamista desactivada en 2001 por el juez Baltasar Garzón, Abu Dahdah; el tercero era Mohamed Cheddadi, que regentaba una tienda de ropa, también en el barrio de Lavapiés, junto con su hermano. Eran nueve ya los detenidos por orden del juez Juan del Olmo.

Pocos días más tarde, esta vez gracias al seguimiento de la información encontrada en la tarjeta del teléfono móvil de la mochila desactivada en la comisaría de Vallecas, la policía localizó una casa entre Morata de Tajuña y Chinchón, en la que se sospechaba que se habían fabricado las bombas. Allí se hallaron restos de Goma 2 ECO y detonadores similares a los utilizados en los atentados, así como huellas de alguno de los detenidos, en concreto de Jamal Zougam. La prensa contó que la casa estaba vigilada desde el mismo día 14, porque se sabía que era frecuentada por Zougam. No se había entrado en ella a la espera de poder detener al «jefe» del comando, pero tras dos semanas de espera infructuosa se procedió al registro.

Los detenidos se elevaban a veinte a finales de marzo. Se habían sumado Rafá Zouhier, un marroquí portero de discoteca y traficante de drogas, que había coincidido en la cárcel de Villabona con Antonio Toro; el sirio Basel Ghalyoun y el marroquí Hamid Ahmidan, cuyo hermano, Said, fue puesto en libertad junto con otros dos, Fouad el Morabit y Mouhannad Almallah Dabas, aunque El Morabit volvió a ser detenido casi inmediatamente. En la prensa comenzaron a aparecer historias y datos de sus vidas cuando el juez levantó su incomunicación y sus familiares, como la madre y las hermanas de Zougam y Chaoui, concedieron algunas entrevistas en las que mostraban su sorpresa y lamentaban lo que estaba sucediendo.

El 31 de marzo el ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, declaró que, además de la primera línea de investigación, gracias a la cual se habían producido las detenciones, se había abierto una segunda que apuntaba al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Hasta diecinueve de los arrestados habrían participado en la organización de los atentados, aunque ninguno de ellos se había confesado su autor. Varios de ellos habían realizado viajes frecuentes a Marruecos, y uno fue detenido en aquel país. Alguno había mantenido un contacto «muy intenso pero muy reciente» con el islamismo radical. Al día siguiente, el Ministerio del Interior hizo públicas las fotos de seis sospechosos y pidió la colaboración ciudadana para su localización. Se trataba del marroquí Jamal Ahmidan, alias el Chino y Mowgli; el marroquí Said Berraj; el tunecino Sarhane ben Abdelmajid Fakhet; el marroquí Abdennabi Kounjaa, alias Abdallah; y los hermanos también marroquíes Mohamed y Rachid Oulad Akcha. Algunos apellidos coincidían con los de los ya detenidos.

El 2 de abril, el servicio del AVE de Madrid a Sevilla tuvo que ser suspendido. Un empleado de Renfe había descubierto hacia las once de la mañana una bolsa de plástico en el kilómetro 61, entre los pueblos de Mocejón y Algodor. Lo comunicó a la Guardia Civil y esta avisó a los Tedax, que consiguieron desactivar el contenido hacia las dos del mediodía. La bolsa resultó contener doce kilos de Goma 2 ECO y un detonador, similar a los utilizados en los atentados del 11M, así como un cable largo al que le faltaba el iniciador. Debía de haber sido colocada por la mañana y el artefacto estaba a medio instalar, probablemente porque quienes lo estaban activando tuvieron que interrumpir su tarea. El Gobierno en funciones puso en marcha un operativo de seguridad para revisar toda la línea. El servicio quedó pronto restablecido.

Un día después llegó por fax al periódico ABC un comunicado firmado de nuevo por Abu Dujan al Afgani, el mismo que se había identificado en el vídeo encontrado en la mezquita de la M30 de Madrid. Amenazaba con convertir España en un «infierno» y hacer «fluir vuestra sangre como ríos» si no se cumplía con la retirada inmediata y completa de las tropas de Irak y Afganistán. Reivindicaban los «benditos» cuatro atentados del 11M y la colocación de la bomba en el AVE Madrid-Sevilla, que habría podido explotar, pero no habían querido hacerlo. Había sido una advertencia de que tenían la fuerza y la capacidad de atacar cuando y como quisieran.

Aquel fax llegó a la sede del diario madrileño hacia las 18.00 horas, cuando se estaba llevando a cabo una gran operación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Leganés. En el rastreo de las llamadas efectuadas desde el móvil hallado en Vallecas, la policía había descubierto que Mohamed Belhadj había alquilado un piso en la calle Carmen Martín Gaite, 40, de Leganés. A las 11.00, Ángel Acebes e Ignacio Astarloa llamaron a Teresa Fernández de la Vega, cuyo nombre había saltado ya a la prensa como futura vicepresidenta del Gobierno de Rodríguez Zapatero, y a Alfredo Pérez Rubalcaba para comunicarles que se iba a llevar a cabo una importante operación policial de «gran calado».

Desde primera hora de la mañana habían sido alertados los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) y las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, y a las 12.00 horas había policías de paisano apostados en torno al edificio de la calle Carmen Martín Gaite. Hacia las 16.00 horas creyeron ver a tres presuntos terroristas que lograron entrar en el edificio por el garaje, mientras que otro, que bajó con una bolsa de basura y comprobó que los vigilaban, salió huyendo y probablemente avisó a quienes estaban en el piso. Luego se le identificó como Abdelmajid Bouchar. Desde la ventana del piso comenzaron a disparar, lanzando gritos en árabe e invocando a Alá. Cientos de policías se habían desplazado hasta el barrio de Leganés, con tanquetas y helicópteros, y agentes del CNI instalaron un dispositivo vía satélite para detectar llamadas.

A las 18.00 horas, quienes estaban en el piso amenazaron con volar el edificio si entraba la policía, lo que llevó a desalojar todo el inmueble y las dos manzanas colindantes. Durante dos horas siguieron oyéndose voces y disparos intermitentes. A las 20.00 horas cesaron. Se estaba intentando negociar para que salieran, pero se negaron. Media hora más tarde, Díaz Pintado dio la orden de entrar. Los GEO subieron por la escalera. Apenas pasadas las 21.00 horas se produjo una enorme explosión, una inmensa nube de polvo y humo. Luego unos segundos de silencio y, enseguida, nuevos gritos y ruidos de sirenas. La explosión con la que se habían inmolado los terroristas había derribado los tabiques de tres plantas de la parte anterior y posterior del edificio. La inspección de lo que quedaba del piso fue lenta porque se descubrieron otras dos bolsas con explosivos, que hubo que desactivar. Un GEO, Francisco Javier Torronteras, que había encabezado la entrada en el piso y había arrojado una bomba de humo dentro, fue trasladado en camilla, todavía vivo, pero con la femoral seccionada por la metralla de la explosión. Murió poco más tarde. El estado de los cuerpos de los terroristas era tal que se tardó en averiguar cuántos y quiénes eran. A las 23.00 horas, el ministro del Interior confirmó que al menos eran tres los muertos. Los restos de un cuarto terrorista aparecieron en la piscina del edificio, que tuvo que ser vaciada para recuperar el cadáver. Tenía un cinturón bomba que fue desactivado pasadas las 3.00.

A las 10.00 de la mañana siguiente hubo una reunión de los máximos responsables policiales en el Ministerio del Interior. Dos horas más tarde, Ángel Acebes informó de que tres GEO continuaban hospitalizados en estado grave y de que se habían localizado veinte detonadores y diez kilos de dinamita entre lo que quedaba del piso. Los terroristas identificados hasta ese momento eran Asrih Rifaat Anouar, del que hasta entonces se ignoraba su implicación en los atentados; Sarhane ben Abdelmajid Fakhet, alias el Tunecino, supuesto jefe del comando, y Abdennabi Kounjaa, Abdallah, uno de los autores materiales del 11M y del intento de atentado contra el AVE de Madrid-Sevilla. A las 18.00 horas los investigadores hallaron los restos de uno más, Jamal Ahmidan, alias el Chino, considerado junto con el Tunecino uno de los jefes y organizadores de los atentados. No pudieron obtener huellas ni identificación facial, pero sabían que estaba en la vivienda porque los vecinos lo confirmaron y, además, había hecho una llamada a un hermano poco antes de la explosión. Fueron varios los que contactaron con sus familiares antes de inmolarse.

Unos días más tarde se supo que en aquel piso se había encontrado un vídeo, grabado poco antes de saltar por los aires. En él, dos personas armadas y con atuendos árabes acompañaban a derecha e izquierda a un tercero, en el centro, que leía un comunicado en nombre de las Brigadas Al Mufti y Ansar Al Qaeda. Daban a España una semana para retirar sus tropas de Irak y Afganistán. En caso contrario, amenazaban con más matanzas. «En cualquier lugar y en cualquier momento. Sangre por sangre, destrucción por destrucción».

«El núcleo central del 11M está detenido o ha muerto en un suicidio colectivo», había dicho el ministro en su rueda de prensa. Hasta el 20 de abril no se identificaron otros dos cadáveres, los de los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akcha. Quedaba un séptimo cuerpo que no pudo ser reconocido hasta meses más tarde, en octubre, gracias a complicados análisis de ADN a partir de una oreja encontrada en un amasijo de carne tras la explosión; era el argelino Allekema Lamari, el «cabecilla» del comando, como lo calificaron los medios, el que leía el comunicado en el vídeo. Lamari había sido condenado por la Audiencia Nacional en 2001 a catorce años de prisión por pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas, pero el Tribunal Supremo le rebajó la pena porque el tribunal sentenciador incumplió el deber de motivarla, y en junio de 2002 salió de la cárcel. Desde entonces se encontraba en paradero desconocido.

De los siete suicidas de Leganés, solo la madre y las hermanas del Chino reclamaron sus restos para darles sepultura. Los otros seis fueron enterrados en un cementerio en las afueras de Madrid, en nichos sin nombre. Los únicos testigos fueron los funcionarios judiciales que acudieron a levantar acta. La tumba de Francisco Javier Torronteras, el GEO que murió en el asalto al piso de Leganés, fue asaltada el 29 de abril. Su féretro fue trasladado a un lugar apartado del Cementerio Sur de Madrid. Le clavaron una pala en el pecho y un pico en la cabeza. Mutilaron varios de sus miembros y le prendieron fuego.

Periodistas y expertos comenzaron a desvelar las redes que constituían la «retaguardia del terrorismo islámico» en España, como la había llamado el periodista José María Irujo en El País, ya a comienzos de octubre de 2001; la «principal base de Al Qaeda en Europa», como escribió al explicar «el rastro silencioso» de los viajes por España de Mohamed Atta, uno de los autores del ataque a las Torres Gemelas el 11S, y cómo, tras el 11M, España había pasado de retaguardia a «vanguardia» del terrorismo islámico. Ahora, tras los atentados en las estaciones madrileñas y el suicidio en Leganés, comenzaba a ponerse nombre a sus protagonistas. España descubrió la existencia de un terrorismo muy distinto al que por desgracia conocía desde hacía décadas, el de ETA. Algunos se empeñaron en decir que todos los terrorismos eran iguales, pero eso no siempre ayudaba a entender lo ocurrido. Precisamente algunas de las diferencias entre las peculiaridades de sus integrantes, y su modo de organizarse y de actuar, les habían permitido cometer aquella masacre. La vinculación entre el radicalismo religioso y la delincuencia común era una de las características que señalaron los expertos acerca de aquel nuevo entramado terrorista del islamismo radical, una relación que desconcertó a quienes estaban acostumbrados a trabajar contra el terrorismo etarra, en el que semejante vinculación era impensable. El islamismo radical terrorista se financiaba con algunas grandes donaciones de ricos personajes del mundo árabe, pero también y sobre todo por medio de aquella delincuencia, muchas veces transnacional, vinculada con el tráfico de drogas y otros negocios ilegales.

Se había identificado a Sarhane ben Abdelmajid Fakhet, alias el Tunecino, como supuesto jefe del comando; a Jamal Ahmidan, alias el Chino, considerado junto con el Tunecino como uno de los jefes y organizadores de los atentados, y al argelino Allekema Lamari, el «cabecilla» del comando. Pasaría tiempo antes de aclararse aquel entramado. Los dos supuestos cabecillas de la célula autora de los atentados, el Tunecino y el Chino, tenían treinta y cinco y treinta y tres años, respectivamente, y pertenecían a mundos muy distintos. Al del extremismo religioso el primero; al de la delincuencia y el crimen el segundo.

El Tunecino era un estudiante aplicado. Había nacido en 1968 en una familia de clase media en Túnez, y había llegado a Madrid en 1994 con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para estudiar Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Era tímido y correcto, hablaba francés, se comunicaba en inglés y aprendió pronto español. No se integró en la vida madrileña, era religioso, crítico con la permisividad de la sociedad española, especialmente hacia las mujeres, pero también con el Gobierno tunecino, país al que por eso mismo no viajaba. Al terminar su beca en 1998, comenzó a trabajar como contable en el restaurante Alzahra de la mezquita de la M30, que había inaugurado en 1992 el hermano del rey Fahd de Arabia Saudí, con la presencia de los reyes de España, y cuyo imán, muy admirado, era el doctor Moneir Mahmoud Alí el Messery. Sarhane asistía a los rezos de la mañana, y al principio apenas participaba en las discusiones. Era retraído y se sabía poco de su vida privada, pero todo el mundo le conocía, y hacía gala de la hospitalidad musulmana al acoger en su casa del barrio de Tetuán a quienes no tenían donde dormir.

La vida en la mezquita de la M30 cambió desde finales de la década de 1990, como consecuencia de la radicalización en ciertos sectores del islamismo. Todo había empezado en la década de 1980 en Afganistán, donde Osama bin Laden, un saudí de familia rica, se había dedicado al reclutamiento, entrenamiento y adoctrinamiento de miles de jóvenes musulmanes para luchar contra el ejército soviético, entonces bajo los auspicios de Estados Unidos, Pakistán o Arabia Saudí. Cuando este fue expulsado, aquellos jóvenes reorientaron su lucha contra sus antiguos protectores y contra los gobiernos musulmanes amparados por ellos, acusados de traicionar al verdadero islam. Lo hicieron primero desde Sudán y después desde el Afganistán de los talibanes, hasta que la Operación Libertad Duradera lanzada por el presidente Bush los obligó a buscar nuevos asentamientos. Había nacido Al Qaeda, La Base, que iba a convertirse en una estructura compleja y descentralizada, global y multiétnica, que lanzó una yihad con la aspiración de lograr la reunificación de los musulmanes y de instalar el dominio del islam en el mundo.

En 1998, Bin Laden declaró la guerra a Estados Unidos en un comunicado al periódico Al Quds Al Arabi, de Londres, y anunció la aparición del Frente Mundial contra Judíos y Cruzados. En el mes de agosto tuvieron lugar los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. No fueron los primeros contra intereses estadounidenses, pero sí la demostración de una escalada que culminó el 11 de septiembre de 2001, esta vez en el corazón de Estados Unidos. Unos meses más tarde, el 13 de noviembre, en una reunión en Estambul de grupos islámicos combatientes libios, marroquíes y tunecinos, entre los que se contaba alguno de los protagonistas del 11M en Madrid, se acordó que la yihad o «guerra santa» debía realizarse en los lugares en los que se residía, cualquiera que fuese el país, sin necesidad de desplazarse a aquellos en los que había un conflicto abierto con el islam, como Cachemira, Chechenia, Afganistán, Bosnia o Irán. En países con mayoría musulmana se instalaron campos de entrenamiento; en los que eran una minoría, como España, había estructuras de apoyo, que movilizaban hombres y recursos, reclutaban voluntarios, se convertían en refugio de huidos o en lugares de tránsito y sostenían redes de financiación. Se conocía la existencia de células durmientes en más de cuarenta países, con autonomía para atentar contra objetivos que se consideraran vulnerables y con capacidad para financiarse a sí mismas, aunque hubiera toda una red de ayudas que funcionaba en internet además de mensajes encriptados. Las nuevas tecnologías se convirtieron así en un arma imprescindible.

Aquella deriva del islamismo radical introdujo el conflicto en la mezquita del doctor Moneir. Uno de sus alumnos, Amer Azizi, que trabajaba como traductor y estaba casado con una española, fue detenido en octubre de 2000 en Estambul, junto con Saledin Benyaich y Said Berraj, miembro destacado este último del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), como luego se supo. Fueron expulsados de Turquía y siguieron su camino a Irán y Afganistán. Cuando Azizi volvió a Madrid en 2001, con el aura de haber pasado por un campo de entrenamiento, empezó su influencia sobre Sarhane el Tunecino en las discusiones de la mezquita. Moneir no era para ellos sino un funcionario pagado por Arabia Saudí, un país musulmán, pero corrupto. Rompieron con él en el verano de 2001 y se incorporaron a la célula liderada por Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, un sirio de treinta y ocho años, comerciante bien conocido, que trataba de hacerse con el control de la mezquita de Lavapiés. Abu Dahdah viajaba mucho y su emir era el jordano Abu Qutada, residente en Londres, muy crítico con el moderantismo de Moneir. Colaborador de Qutada era también Mustafá Setmarian Naser, un sirio casado con una española en 1986 e instalado en Granada. Setmarian conoció a Bin Laden en Pakistán y fue instructor en Afganistán, para instalarse después en Londres, donde se convirtió en una especie de jefe de prensa de Al Qaeda; fue visitado en varias ocasiones por Abu Dahdah. En 1998 volvió a Afganistán y, tras la caída del régimen de los talibanes, circularon por internet muchas grabaciones suyas en las que impartía clases y sentaba las bases de una estructura mucho más laxa, difícil de detectar y desmantelar.

A aquella célula de Abu Dahdah en Lavapiés llegó Sarhane, el Tunecino, poco antes de que la desmantelara la Operación Dátil, puesta en marcha por el juez Baltasar Garzón después del 11S, cuando cambió la actitud de simple vigilancia de las fuerzas de seguridad y de la justicia españolas. Abu Dahdah fue detenido y se le acusó de ser el representante de Bin Laden en España, así como de haber organizado una reunión en julio de 2001 en Tarragona, a la que acudió Mohamed Atta, líder del comando de los atentados de Nueva York y de Washington. Las acusaciones contra Abu Dahdah se apoyaban en muchos indicios, que llevaron a la fiscalía a pedir más de sesenta mil años de cárcel, pero eran difíciles de probar y la Audiencia Nacional lo dejó en veintisiete; el Tribunal Supremo lo redujo a doce. Junto con Abu Dahdah, en la Operación Dátil hubo más de treinta procesados y varios huidos, en busca y captura, como Setmarian y Azizi. Con Azizi huido y Abu Dahdah en prisión, el Tunecino quedó en primera fila junto con Mustafá Maymouni, con cuya hermana de quince años acabó casándose el 11 de noviembre de 2002 en la mezquita de Estrecho. Tras el inicio de la guerra de Irak, Maymouni regresó a Marruecos y fue parte activa en los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, cuatro acciones coordinadas, una de ellas contra la Casa de España, llevadas a cabo por doce suicidas, que se saldaron con cuarenta y tres muertos, cuatro de ellos españoles. Maymouni fue detenido y su encarcelamiento en Marruecos convirtió a Sarhane, alias el Tunecino, en el líder de la reconstrucción de la célula de Abu Dahdah. Ya entonces había conseguido trabajo como vendedor en una inmobiliaria en el barrio de Tetuán, cuyo director estaba encantado con su diligencia.

Jamal Ahmidan, alias el Chino, tenía una biografía muy diferente. Era un traficante de drogas conocido entre los marroquíes del centro de Madrid. Había llegado a España en 1991 huyendo de Marruecos, donde había sido condenado a veinte años de cárcel por haber matado a un hombre. Jamal Ahmidan había nacido en 1970 en Tetuán, en una familia trabajadora. El padre se había ganado la vida durante once años en Ámsterdam, y a la vuelta montó un negocio. Quería que sus hijos estudiaran, pero tres de ellos emigraron a España; uno tenía un bar en Vallecas; el otro trabajaba en un restaurante de comida rápida. Jamal vivía del trapicheo de drogas, tenía un historial de violencia y carecía de documentación. Disfrutaba desafiando a la policía, a la que burló en varias ocasiones. No mostraba inquietudes intelectuales ni religiosas, pero sí habilidades «comerciales» y un cierto carisma entre quienes trabajaban para él. Tenía fama de valiente, de provocador, y había protagonizado muchos incidentes en la calle.

Sin embargo, también podía ser cariñoso. Se casó con una muchacha española a la que había conocido cuando tenía quince años, Raquel, enganchada a la heroína y traficante. Jamal la acogió, cuidó y embarazó, y trató de desengancharla de la droga, aunque él cayera también. El Chino pasó dos años en la cárcel de Carabanchel y luego en la de Valdemoro. Cuando salió en 1995 amplió su actividad delictiva con el tráfico ilegal de coches y otros bienes robados, creando una verdadera red entre el País Vasco, Baleares, Levante y Madrid. Ganaba dinero y se instaló con su mujer en un piso de Lavapiés. Fue detenido de nuevo, esta vez en Francia, cuando volvía de Holanda. Estuvo otro año en prisión, y allí crecieron sus preocupaciones religiosas. Aunque con barba y rezando cinco veces al día, rehízo y aumentó sus negocios. Vivía en la contradicción porque quería ser un buen musulmán y le preocupaba que sus actividades estuvieran reñidas con el islam, una cuestión que los islamistas radicales justificaban en aras de su objetivo principal, la yihad. Jamal dejó el mundo de los yonquis y de los golfos, y comenzó a moverse entre gente más «seria», como los falsificadores de documentos y los que alimentaban el movimiento de pastillas de éxtasis. Era un traficante en toda regla, con contactos en Ámsterdam, donde vivía un hermano suyo, y donde visitaba la mezquita cuando iba a verlo. Se convirtió en uno de los distribuidores más importantes del centro de Madrid y amasó una fortuna. A la vez, hacía donativos y exigía a sus hombres que cumplieran con su religión. Volvió a ser detenido en 2000 y pasó por el centro de acogida de Moratalaz, donde se convirtió en imán de marroquíes y argelinos. Se fugó y en diciembre decidió irse a Marruecos a cumplir la pena que tenía pendiente. Creía que con su dinero conseguiría un trato de favor.

Los tres años que pasó allí en la cárcel fueron decisivos. En el reino alauita, el rey Mohamed VI había iniciado una cierta apertura al islamismo moderado del Partido Justicia y Desarrollo, pero recibía críticas de los sectores más radicales, de gentes retornadas de Afganistán, que formaban una maraña de pequeños grupos. De ellos nació en 1993 el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), que seguía las huellas de su homónimo argelino y que se sumó a la red de Al Qaeda. El GICM iba a tener un importante protagonismo en el entramado organizativo del 11M, al proporcionar infraestructura al grupo heredero de la célula de Abu Dahdah y al intervenir incluso en la decisión final del atentado y en la fecha en la que este debía llevarse a cabo.

Jamal Ahmidan, alias el Chino, estaba en la cárcel en Marruecos cuando se produjeron los atentados del 11S en Estados Unidos. Su religiosidad aumentó. Empezó a vestir túnica blanca al estilo afgano, ayunaba los lunes y jueves, y hablaba mucho de Palestina, pero estaba cada vez más nervioso porque no acababa de salir de prisión. Lo consiguió, no se sabe bien cómo, en junio de 2003, un mes después de los atentados de Casablanca, cuando el régimen marroquí detenía a cientos de miembros del GICM. A su vuelta a Madrid, Jamal se reencontró con sus amigos más fieles, como Asrih Rifaat, un obrero de la construcción muy religioso, o los hermanos Rachid y Mohamed Oulad. Rachid trabajaba también en la construcción, en la misma empresa que Abdennabi Kounjaa, un tangerino que llevaba quince años en España y que vivía con los Oulad, aunque de vez en cuando compartía casa con el sirio Basel Ghalyoun. Ambos habían mantenido contacto con Sarhane y Maymouni mientras el Chino estuvo en la cárcel en Marruecos, y, quizá a través de ellos, Jamal debió de conocer a Sarhane, que actuaba como imán en la mezquita de Lavapiés.

En su labor de proselitismo en el barrio de Lavapiés, Sarhane y Maymouni habían trabado también amistad con Jamal Zougam, aquel marroquí de treinta y un años, dueño del locutorio y de la tienda de telefonía; era un joven «con posibles», socio de un gimnasio, con aspecto moderno y triunfador. El nombre de Zougam había aparecido en alguna investigación sobre el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en Bélgica, y se sabía que tenía amistad con Abu Dahdah. Al grupo se sumaron otros, como Abdelmajid Bouchar, un marroquí de veinte años, excelente atleta, que escapó de Leganés cuando la casa fue rodeada por la policía y que fue detenido más tarde en Serbia, o Mohamed Afalah, marroquí también, casado con una mujer de la familia de Yusef Belhadj, miembro y personaje central en la relación con el GICM. Su hermano Mohamed Belhadj fue quien alquiló el piso de Leganés, pero huyó con Afalah a Bélgica al tener noticia de los atentados; acabó siendo juzgado en Marruecos y condenado por su implicación en los atentados del 11M. Afalah se despidió de su padre desde Irak en 2005, antes de morir en un atentado suicida.

Allekema Lamari, considerado en aquellas primeras noticias del atentado como el «cabecilla» del grupo y por el CNI como uno de los mayores responsables de los atentados, había nacido en Argel y pertenecía a la célula adscrita al Grupo Islámico Armado (GIA) en Valencia, que fue desmantelada en 1997. Lamari fue detenido y condenado a catorce años de cárcel, pero quedó en libertad en junio de 2002 por un error judicial. Cargado de inquina por su detención y deseoso de venganza, Lamari entró en contacto con Mustafá Maymouni, Sarhane y Driss Chebli. Localizarlo fue uno de los principales objetivos de la policía y de los servicios de inteligencia, que estaban convencidos de su participación y liderazgo en la planificación de los atentados.

En resumen, los componentes de la red del 11M fueron, por un lado, los miembros de la célula de Abu Dahdah, desarticulada en 2001, reconstruida por Mustafá Maymouni y liderada por Sarhane, y, por medio de Yusef Belhadj, del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), presente en varios países, especialmente en Bélgica. Por otro lado, el grupo de delincuentes en torno a Jamal Ahmidan, alias el Chino. Sarhane y Jamal Ahmidan se conocieron apenas seis meses antes de los atentados. Aunque la decisión y planificación fueran anteriores a la irrupción del Chino y de su banda, estos resultaron fundamentales. Estuvieron dispuestos a implicarse y lo hicieron hasta el final; cuatro de ellos se suicidaron en Leganés. Llevaron a cabo tareas de infraestructura, de logística y de financiación a partir de las ganancias de sus actividades delictivas.

El tráfico de drogas fue lo que los puso en contacto con la llamada «trama asturiana», con el exminero José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, la tercera pata de aquel entramado que les permitió hacerse con los explosivos utilizados. Otro personaje del mundo de la delincuencia, aquel traficante de poca monta y portero de discoteca, Rafá Zouhier, que había conocido a Antonio Toro en la cárcel de Villabona, fue quien actuó de intermediario con los asturianos traficantes que ofrecían dinamita a cambio del hachís de los «moritos». Se reunieron en Madrid cuando Suárez Trashorras volvía con su mujer, Carmen Toro, hermana de Antonio, de pasar su luna de miel en Canarias, y organizaron los primeros envíos de dinamita, pequeños, con tres jóvenes amigos de Trashorras, que viajaron en autobús desde Asturias hasta Madrid, sabiendo o no lo que llevaban. Sin embargo, el transporte final de varios cientos de kilos de explosivos tuvo lugar el último fin de semana de febrero, en coche. Fueron Jamal, alias el Chino, Kounjaa y Mohamed Oulad quienes viajaron hasta Avilés y cargaron el grueso de la dinamita en las mochilas y en las bolsas de deporte, en idas y venidas a la mina durante una noche de frío y nieve. Volvieron en dos coches, en caravana, a Madrid. Jamal tuvo problemas con el suyo, pero a la Guardia Civil no le pareció suficientemente sospechoso que el vehículo fuera robado, ni el pasaporte belga de Jamal, ni que pagara al contado la triple multa que le impusieron. Fueron ellos, junto con Otman el Gnaoui, al que llamó el Chino para que fuera a su encuentro en la carretera de Burgos, quienes llevaron la dinamita a la casa que en 2002 había alquilado Maymouni en Morata de Tajuña y que Jamal Ahmidan estaba acondicionando, tras asegurarle a su mujer, Raquel, que era para disfrutarla los fines de semana.

La mayoría de los magrebíes eran inmigrantes económicos, llevaban años en España, algunos con su situación regularizada, otros no; muchos eran pequeños delincuentes y tenían antecedentes policiales; algunos eran muy religiosos desde hacía mucho tiempo, otros lo eran hacía poco. Desde mediados de la década de 1990, España se había convertido de manera muy rápida en un país de inmigración de orígenes diversos, que suponían un 10 por ciento de la población. Los inmigrantes procedían sobre todo de América Latina y de Europa del Este, pero también del norte de África. El perfil de la sociedad española había cambiado, sobre todo en las grandes ciudades. El número de musulmanes, en concreto, se había triplicado, y se repartían por todo el territorio; pero los núcleos más numerosos estaban en el arco levantino, en Barcelona y en Madrid, en barrios como El Raval o Lavapiés. En Madrid había más de cincuenta mil y más de veinte mezquitas; en Lavapiés, el 22 por ciento de los niños escolarizados eran musulmanes. No se habían producido grandes conflictos por ello. El caso de El Ejido, en la provincia de Almería, en febrero de 2000, fue una excepción, cuando algunos vecinos armados con barras de hierro se lanzaron sobre las viviendas de los magrebíes, después de que uno de ellos, en tratamiento psiquiátrico, asesinara supuestamente a una joven.

Aquello no tuvo que ver con el yihadismo, que los agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía Nacional, la dedicada al terrorismo internacional, creían tener controlado. Habían tenido lugar en el pasado acontecimientos puntuales, el más lejano en 1985, cuando una potente bomba que explotó en el restaurante El Descanso causó dieciocho muertos y casi ochenta heridos. Aquel lugar estaba muy cerca de la base estadounidense de Torrejón de Ardoz, y el restaurante era frecuentado por militares de aquel país. Varias organizaciones reivindicaron entonces el atentado, entre ellas la Waad palestina y la Yihad Islámica, inclinándose finalmente la opinión hacia esta última. El caso se archivó para reabrirse a principios de la década de los noventa, dentro de otras investigaciones sobre terrorismo islamista, que tampoco dieron fruto, aunque apareció entre los sospechosos el nombre del sirio Setmarian. Durante la investigación y el juicio sobre el 11M, años después, un testigo protegido lo identificó como uno de los autores materiales del atentado de El Descanso.

Desde 1995 se había producido en España la detención de un centenar de personas relacionadas con el terrorismo yihadista, sobre todo argelinos y marroquíes acusados de prestar apoyo logístico, documentación falsa y cobertura a terroristas en tránsito. En abril de 1997, fueron detenidos once argelinos con pasaportes falsos en Valencia, acusados de formar parte de la infraestructura del Grupo Islámico Armado (GIA), y dos años más tarde Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, procesó a siete por terrorismo, falsedad y robo. Entre ellos estaban Allekema Lamari y Abdelkrim Bensmail.

Tras los atentados del 11S en Nueva York y en Washington todo cambió, también en España. En noviembre el juez Baltasar Garzón ordenó once detenciones, en Madrid y en Granada, en la llamada Operación Dátil, cuya investigación había iniciado cinco años antes. La mayoría eran españoles de origen árabe y se sospechaba que constituían una infraestructura terrorista relacionada con Al Qaeda. Ocho de ellos ingresaron en prisión, acusados de haber participado en la organización del 11S. Entre ellos estaba Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah. En aquella causa se dictó auto de procesamiento también contra Setmarian. El entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, informó de las detenciones al presidente Aznar, que precisamente aquel día recibía en España al presidente italiano, Silvio Berlusconi. El comando estaba vinculado con Al Qaeda, le dijo, pero se descartaba que se produjera un atentado en España. Sin embargo, como se demostró en el largo sumario del 11M, la desarticulación de aquella célula fue en gran medida el origen de los atentados de 2004. Quienes tomaron el relevo de Abu Dahdah, Amer Azizi y Mustafá Maymouni, primero, y después Sarhane, acabaron decidiendo, en parte por venganza, actuar en España. El director del CNI, Jorge Dezcallar, en una conferencia pronunciada en la Casa de América en el primer aniversario de los atentados del 11S, previno ya de la existencia de una «nebulosa islamista policéntrica», que carecía de dirección única y que ofrecía un entramado logístico y financiero difícil de detectar. Se trataba de células desconectadas, con personas aparentemente integradas en sus respectivas sociedades, y que «despertaban» cuando llegaba la hora de actuar.

La Operación Dátil tuvo otros dos episodios, con nuevas detenciones en el mes de abril de 2002 en Sant Joan Despí y en Madrid, relacionadas con un supuesto entramado de empresas y financiación del terrorismo islamista, y en el mes de julio con la detención de otros tres presuntos miembros de Al Qaeda, uno de ellos Ghasoub al Abrash Ghalyoun, Abu Musab. El 24 de enero de 2003 una nueva operación, Lago, llevó a la detención en Barcelona y en Girona de dieciséis argelinos y marroquíes con abundante material electrónico y temporizadores para la fabricación de explosivos, así como productos químicos, documentación falsa y tarjetas de crédito. Al parecer facilitaban infraestructura a grupos terroristas y tenían conexiones con Reino Unido y Francia. El propio Aznar anunció desde A Coruña aquellas detenciones, que habían sido fruto de la colaboración de los servicios de inteligencia de varios países. Sin embargo, las pruebas eran endebles, las sustancias intervenidas no parecían ser peligrosas e incluso en una de ellas se mezclaba detergente. De ahí que el socialista Jesús Caldera o el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acusaran al Gobierno de utilizar aquello para justificar el apoyo a la intervención en Irak y llamaran a los detenidos «el comando Dixan». Cuatro años después fueron juzgados por la Audiencia Nacional, que condenó a cinco de ellos a trece años de prisión por pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos, pero no encontró pruebas suficientes de que las sustancias encontradas pudieran servir para construir «napalm casero», como había declarado en el juicio un químico del FBI. El Tribunal Supremo rebajó posteriormente las penas.

El acontecimiento que más tarde fue considerado un claro precedente de la masacre del 11M fue el quíntuple atentado del 16 de mayo de 2003 en la ciudad marroquí de Casablanca, en el que hubo más de cuarenta muertos, entre ellos dos empresarios españoles con negocios en el país norteafricano, además de diez terroristas suicidas. Los objetivos fueron restaurantes, un hotel de lujo, la sede de la Alianza Israelí y el cementerio judío. Uno de ellos fue la Casa de España, un club social donde se jugaba al bingo, con un restaurante en la terraza, abarrotado de marroquíes y españoles. El ataque fue similar al ocurrido unos días antes en Arabia Saudí. Marruecos había sido acusado por Osama bin Laden de practicar la apostasía. En España no se dio mayor relevancia a que uno de los blancos fuera la Casa de España y se atribuyó a que allí se jugaba y se bebía, no a que fuera «de España». La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, declaró que no había sido un ataque contra intereses españoles. La represión que se desencadenó en el país magrebí tras los atentados llevó a que activistas expulsados de Afganistán y retornados a Marruecos decidieran huir de este país y buscaran refugio en España. La Guardia Civil avisó sobre los riesgos de aquel trasiego en el estrecho que separa Marruecos de España.

Hubo otros dos ataques islamistas radicales contra españoles aquel año, pero ambos tuvieron lugar fuera del país, algo que los servicios de inteligencia sí habían valorado como factible. El 9 de octubre de 2003 fue asesinado en Bagdad José Antonio Bernal, un agente del CNI, agregado de la embajada. Los asesinos fueron delincuentes comunes, aunque quizá pagados por la resistencia iraquí. Un mes más tarde, también en Irak, en Latifiya, murieron en una emboscada otros siete agentes. El director del CNI y el ministro de Defensa, Federico Trillo, viajaron hasta allí para recoger los cadáveres, y, aunque el ministro pretendió organizar el funeral al día siguiente, Dezcallar se negó a ordenarlo hasta que se identificaran los cuerpos. Solo después se organizó un funeral en la sede del centro, al que asistieron el rey Juan Carlos y el príncipe Felipe, vestidos de civiles como les había pedido Dezcallar.

Unas semanas más tarde, el CNI emitió un informe en el que se hacía eco de un comunicado de Bin Laden contra los «cruzados» que participaron en la guerra de Irak, señalando directamente a España. El CNI alertaba de la visibilidad creciente de nuestro país en medios de comunicación árabes, que se relacionaba con el apoyo de España a la invasión de Irak en los debates del Consejo de Seguridad de la ONU, con el despliegue de tropas en el sur de Irak, con la desarticulación de la célula islamista radical de Cataluña o con la celebración en Madrid de la Conferencia de Donantes para la Reconstrucción de Irak. Bin Laden afirmaba que España estaba haciendo el trabajo sucio a los estadounidenses y, aunque las tropas españolas en Irak realizaban tareas de seguridad civil, participaban de la «ocupación militar del territorio». La nota aludía a la presencia en España de elementos islamistas radicales, algunos de ellos escapados de la represión en Marruecos tras los atentados de Casablanca, cuyas actividades aparecían ligadas a la delincuencia común. Esa nota del CNI no se desclasificó hasta septiembre de 2005, pero el Gobierno de José María Aznar, destinatario de los informes del servicio de inteligencia, tuvo que conocerla en su momento.

5. La comisión parlamentaria

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LA COMISIÓN PARLAMENTARIA

El 2 de abril de 2004 se habían constituido las nuevas Cortes, y el debate de investidura del candidato a presidente del Gobierno se celebró los días 15 y 16 de abril. La política antiterrorista fue uno de los puntos de fricción.

José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su discurso recordando a quienes habían sufrido los atentados y encomiando el coraje de los madrileños y de todos los españoles. Anunció su propósito de reforzar las ayudas a las víctimas y de hacer de la lucha contra el terrorismo un objetivo prioritario de su Gobierno. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarían mejor equipados y se crearía un mando único operativo para lograr una coordinación más eficaz, también con los servicios de inteligencia e información, así como con los de otros países. Todo ello sin caer en el «error de proponer, en aras de la seguridad, restricciones en nuestro sistema de libertades», ni iniciativas que violaran la legalidad nacional o internacional. Condenó toda utilización política del terrorismo, porque el elemento esencial de la lucha debía ser la unidad de los demócratas, «una unidad que se rompe cuando se trata de sacar rentabilidad política del terrorismo». Había sido esa necesidad, dijo, lo que le llevó en 2001 a proponer el pacto por las libertades y contra el terrorismo, que suscribieron el PSOE y el PP, y que para él seguía vigente. Sin embargo, creía también que era posible y necesario ir más allá, y ampliar la base del acuerdo. Por ello se proponía convocar de inmediato a todas las fuerzas políticas parlamentarias a una reunión para compartir información y definir una estrategia común. Aunque recordó sus discrepancias con el Gobierno anterior, mantuvo su oferta de diálogo tanto con el PP como con el resto de las fuerzas políticas, para una renovación de la vida pública mediante la recuperación del prestigio de las instituciones, empezando por el Parlamento.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, mantuvo un tono moderado, que Rodríguez Zapatero le agradeció, aunque no faltaran las críticas, en algunos momentos muy duras. También comenzó renovando su solidaridad con las víctimas de los atentados y la voluntad de honrar su memoria, así como felicitando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y agradeciendo la generosa reacción ciudadana. El grueso de su discurso y de sus réplicas se encaminó, por un lado, a acusar de «falta de precisión» en los propósitos del Gobierno anunciados por Rodríguez Zapatero, y, por otro, a poner en duda la fortaleza de un Gobierno que se sostenía en el apoyo de fuerzas políticas y probables compromisos que no había confesado. En relación con lo primero, preguntó cómo, cuándo y con quién tenía intención de llevar a cabo la reforma de la Constitución y los estatutos de autonomía, porque tendría que contar con ellos.

Sin embargo, su primera obligación, le recordó a Rodríguez Zapatero, era la lucha contra el terrorismo, tanto el de ETA como el islamista, que eran lo mismo, como iba a sostener el PP en adelante. El pacto firmado tres años atrás continuaba vigente y no debía modificarse. Estaba abierto a otras fuerzas políticas, pero, si el propósito era desvirtuarlo, que no contaran con ellos. No podían tomarse decisiones políticas con el ánimo de evitar actos terroristas y era un principio irrenunciable el que con los terroristas no se jugaba. El candidato necesitaba para gobernar el apoyo de otros grupos que no asumían la Ley de Partidos y que incluso hacían caso omiso de las sentencias de los tribunales y querían pactar con ETA. En resumen, Rajoy le echó en cara que pidiera la confianza de la Cámara para un Gobierno débil e inestable, con socios potenciales no conocidos y concesiones no confesadas. Lo que necesitaba España era un Gobierno sólido, capaz de defender sus convicciones. «No tiene usted nuestra confianza para formar Gobierno, pero en cambio cuenta, como cuentan todos los españoles, con nuestro sentido de la responsabilidad».

En sus réplicas, Rodríguez Zapatero le dijo que la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista eran elementos de la lucha contra ETA, pero no contra los nacionalistas ni contra ninguna fuerza política. Sus dos ideas esenciales eran que ETA y los violentos supieran que el Estado no iba a ceder al chantaje de la violencia y, en segundo lugar, que no se utilizara el terrorismo en el debate político. Que nadie dudara de su firmeza y contundencia. Lo que pretendía era abrir esa política a la participación del mayor número posible de fuerzas políticas, porque el surgimiento del terrorismo internacional tenía perfiles muy distintos. Respecto a Irak dijo que aquello había sido un inmenso error para la paz y seguridad en el mundo. Naciones Unidas estaba más debilitada y la Unión Europea, más dividida. En su segunda réplica insistió: «Le voy a decir qué va a hacer mi Gobierno sobre Irak: sacar a España de la foto de las Azores, sacar a España de la guerra ilegal e injusta que produjo», y no cabían dudas sobre el apoyo mayoritario en la Cámara. Era al PP al que le habían faltado votos para mantener la foto de las Azores.

En las intervenciones del resto de los grupos, abundaron las críticas al último Gobierno del PP, sobre todo desde los partidos nacionalistas. La posición más moderada, pero no menos clara, fue la de Josep Antoni Duran i Lleida en nombre de Convergència i Unió (CiU), que se alegró del fin de la mayoría absoluta del Gobierno de José María Aznar, que había «destrozado para mucho tiempo su confianza en la derecha española». Agradecía también el espíritu de diálogo del candidato, aunque no se trataba solo de talante. Uno de los grandes errores del Gobierno saliente había sido «el fustigamiento de los partidos nacionalistas democráticos», que esperaba ver enmendado, y confiaba en que avanzara en el reconocimiento de la «plurinacionalidad» del Estado y en la aprobación de un nuevo Estatuto para Cataluña. En relación con la lucha antiterrorista apoyó un nuevo pacto que recompusiera el consenso y sentara las bases para que no se pudiera utilizar políticamente. Joan Puigcercós, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se refirió al «pensamiento único» que se había querido imponer en los años anteriores, y, pese a sus diferencias ideológicas con el partido del candidato, dijo confiar en un «pasado compartido» y en el cumplimiento de su palabra acerca del texto de un futuro Estatuto para Cataluña.

Josu Erkoreka, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), fue el más duro, una muestra de las tensas relaciones entre el PP y el nacionalismo vasco. Se refirió al anterior Gobierno como el «periodo más aciago de la política española desde que la muerte del dictador, en 1975, hizo posible devolver el poder al pueblo»; un «cuatrienio negro para la democracia y las libertades», una legislatura cargada de despropósitos de una «derecha autoritaria e intolerante», que había recuperado expresiones como «rojo», «comunista» y «separatista», con el mismo tono peyorativo con el que las utilizaban los franquistas. La prepotencia, la soberbia, la arrogancia, con oscuras notas de rencor, y la satanización del diálogo habían acabado hastiando a los ciudadanos. Confiaba Erkoreka en que no hubiera solo un cambio de «talante», sino que se abordaran los graves problemas pendientes. «Solo desde la asimetría y la multilateralidad puede abordarse en el Estado español una gestión eficaz de los asuntos públicos», dijo. Zapatero le agradeció sus comentarios y le ofreció diálogo, pero también le dijo que se sentiría profundamente satisfecho si en la nueva etapa se reconstruía un mínimo diálogo entre el PP y el PNV. Estaba convencido de que aquella legislatura iba a ser de gran trascendencia para el futuro del País Vasco y para el final de la violencia.

Aquella sesión de investidura se cerró pasados diez minutos de la medianoche. A la mañana siguiente, tras las intervenciones de Coalición Canaria (CC) y del grupo mixto, integrado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Chunta Aragonesista (CHA), Eusko Alkartasuna (EA) y Nafarroa Bai (NaBai), cerró el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que insistió en la necesidad de más unidad frente al terrorismo, y reclamó también una mayor participación de todas las fuerzas políticas en materia de política exterior o de inmigración, de reforma de la Constitución y de los estatutos; o en el cambio de orientación en educación y en políticas sociales, así como en política económica. Y, sobre todo, un cambio en el clima político. «El Parlamento es el primer ámbito para llevar a cabo este propósito», el centro de la vida política. «Sabemos lo que significa ser el grupo que apoya al Gobierno. Quizá, en mi opinión —añadió el portavoz socialista—, el principal error del anterior Gobierno es que fue un Gobierno que nunca dejó de ser un Gobierno de partido. Es más, su condición de partido se impuso en muchas ocasiones a la de Gobierno, y eso ha impedido a muchos millones de españoles el sentir al Gobierno como suyo, al margen del voto de cada cual».

En la votación que siguió, José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo ciento ochenta y tres votos favorables, los del PSOE, IU, ERC, CC, BNG y CHA; en contra votaron los ciento cuarenta y ocho diputados del PP y hubo diecinueve abstenciones, de CiU, PNV, EA y NaBai. Dos días más tarde, los ministros que componían el nuevo Gobierno tomaron posesión de sus cargos y el presidente anunció la retirada de las tropas de Irak, «en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad posible». Así se lo había comunicado personalmente al rey, al líder de la oposición, Mariano Rajoy, y al de IU, Gaspar Llamazares, y también al alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana. Alfredo Pérez Rubalcaba había hablado con los líderes del resto de los partidos. El ministro de Defensa, José Bono, se reunió con la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor. En declaraciones públicas, Rodríguez Zapatero dijo que no suponía el más mínimo abandono de la lucha contra el terrorismo, ni de la colaboración en la estabilidad y democratización de la situación política en Irak dentro de la legalidad internacional.

Ni el debate sobre los atentados del 11M ni la política antiterrorista eran temas cerrados para el PP, que, ante la derrota electoral, no hizo sino reforzar la defensa a ultranza de la gestión del último Gobierno de Aznar. Halló campo abonado en el apoyo entusiasta del periodismo de investigación, amparado por el periódico que dirigía Pedro J. Ramírez, del que se hicieron eco otros medios como la COPE y Telemadrid. Pocas semanas después de la sesión de investidura, el 23 de abril, el periódico El Mundo publicó un artículo titulado «Los agujeros negros del 11M. Una versión policial repleta de incongruencias». Fue el primero de una serie. Lo firmaba Fernando Múgica. Hablaba de «nuevos elementos» que ponían en duda muchas de las conclusiones de la investigación policial en marcha. Durante el 11M y en los días posteriores, sostenía el autor, se manipularon informaciones, se desviaron pistas, se ocultaron datos vitales para el esclarecimiento de los hechos; «agujeros negros», «flagrantes incongruencias» que hacían ineludible la exigencia de que se llegara al fondo de la verdad. El Gobierno habría caído en una trampa y cometido «el mayor error de su mandato», porque no sabía que ya estaba trabajando un «grupo de mandos policiales y algunos agentes del CNI, de la cuerda más dura y leal al partido socialista». Todos los indicios que fueron apareciendo, sostenía Múgica, fueron miguitas hábilmente colocadas para encarrilar la investigación, que llevó a descartar una operación preparada contra la cúpula de ETA y que culminó con la «farsa» de Leganés, enterrando definitivamente «la esperanza de conocer toda la verdad sobre el 11M».

Unos días más tarde, el 29 de abril, El Mundo irrumpió con la noticia de que «Los dos cómplices clave de los atentados del 11M eran confidentes policiales». El marroquí Rafá Zouhier lo era de la Guardia Civil y el exminero Suárez Trashorras, de la policía. Aquella noticia, lanzada con gran aparato por el periódico de Pedro J. Ramírez, le permitió sostener reiteradamente que, gracias a su periodismo de investigación, se iban descubriendo «revelaciones», «elementos clave». Esa misma línea argumental iba a servir para poner en cuestión la labor del juez instructor del sumario, Juan del Olmo, en una escalada de descalificaciones que pasaron de poner en duda su capacidad profesional a reclamar su sustitución, para no incurrir en un «clamoroso fracaso del Estado». Al mismo tiempo, contribuyó de manera decisiva a dirigir una mirada plagada de desconfianza hacia la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Lo cierto es que no solo aquellos dos personajes eran confidentes, sino que otros muchos participantes en la trama de los atentados, tanto entre los delincuentes comunes como entre los radicales islamistas, habían estado sometidos a vigilancia por las fuerzas del orden en algún momento, e incluso figuraban en investigaciones judiciales pasadas o todavía en marcha. La rapidez con la que se produjeron las primeras detenciones fue consecuencia de ello. La policía tenía fotografías suyas y conversaciones grabadas. Sin embargo, como se demostró más tarde, falló la coordinación entre los distintos cuerpos, algo que sucedió porque no existía la convicción de que hubiera una amenaza real por parte del radicalismo islamista. Se conocía su presencia, se habían llevado a cabo operaciones importantes y detenciones, pero se creía que España era a lo sumo un país de refugio, de tránsito, en todo caso de redes de financiación, pero no un objetivo de posibles atentados. El terrorismo que se investigaba, el que se perseguía y en el que se volcaban medios y recursos era el de ETA.

Unas declaraciones del ministro del Interior del Gobierno socialista, José Antonio Alonso, que habló de una «clara imprevisión política» en la actuación del Gobierno de Aznar frente al terrorismo islamista, provocaron una reacción furibunda en el PP. Ángel Acebes le llamó «miserable», «vil», «mediocre» e «incompetente», y exigió una rectificación en toda regla si se quería mantener el Pacto Antiterrorista. No se quedaron atrás en sus calificativos otros dirigentes del partido, como Eduardo Zaplana, Jaime Mayor Oreja o José María Michavila. Mariano Rajoy, más contenido, expresó por carta a Zapatero su «indignación» por unas declaraciones que consideraba una «tropelía» y un «atentado al buen talante», un insulto no solo al PP, sino a «todas las personas de bien, decentes y honorables». El ministro del Interior no quiso entrar en un cruce de insultos y ataques personales, y dijo que si el PP pedía una comisión de investigación en el Parlamento, no tendrían inconveniente en apoyarla.

A raíz de aquello, se presentaron en el Congreso de los Diputados dos solicitudes para la creación de dicha comisión. La que firmaba el PP proponía «el restablecimiento de la verdad», el esclarecimiento de «la verdad de los hechos sucedidos del 11 al 14 de marzo, así como de los antecedentes o consecuentes». La otra, apoyada por el PSOE, ERC, PNV, IU-ICV y el grupo mixto, añadía el de «las actuaciones que han realizado sobre esto los poderes del Estado, así como las implicaciones que para la seguridad pública han tenido y tienen». Según el artículo 76 de la Constitución, el objetivo de las comisiones parlamentarias de investigación era determinar las responsabilidades políticas en asuntos en los que hubiera podido producirse una mala gestión de los servidores públicos.

Iba a ser la primera comisión parlamentaria de investigación sobre un atentado terrorista que, además, corrió paralela a la investigación del juez Del Olmo, una coincidencia que no podía por menos de suscitar problemas. Los miembros de la comisión eran políticos en activo, nombrados por sus respectivos grupos políticos, cinco por cada uno de los dos mayores y uno por cada uno de los minoritarios, presididos por Paulino Rivero, de Coalición Canaria (CC), tal y como se decidió en la sesión constitutiva, celebrada el 17 de mayo. El portavoz del grupo socialista fue Álvaro Cuesta, aunque también tuvieron un protagonismo importante Juan Luis Rascón, que había sido portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, y Antonio Hernando. Por el grupo popular, actuó como portavoz el abogado navarro Jaime Ignacio del Burgo, que cosechó algunas de las intervenciones más duras y controvertidas. Cuando hizo falta un refuerzo especial, intervino también Vicente Martínez-Pujalte. Alicia Castro y Manuel Atencia asumieron algunos interrogatorios. El portavoz de CiU fue Jordi Jané y, en alguna ocasión, Josep Maria Guinart; los de ERC fueron Agustí Cerdà y Joan Puig Cordon; por el PNV, Emilio Olabarria y, en ocasiones, Margarita Uria; la voz de IU fue Gaspar Llamazares; por el grupo mixto participaron Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, y José Antonio Labordeta, de la Chunta Aragonesista. Ninguno de ellos tenía dedicación exclusiva a las tareas de la comisión, lo que en ocasiones dificultó su tarea.

Poco tenía que ver con comisiones como la creada en Estados Unidos para investigar los atentados del 11S, ni por sus atribuciones, ni por su composición, ni por los medios y recursos de que dispuso, ni tampoco por el contexto político en el que realizó sus tareas. La comisión estadounidense estuvo integrada por cinco republicanos y cinco demócratas, políticos retirados y de prestigio, «independientes, imparciales, exhaustivos y no partidistas», como dijeron en su informe final después de entrevistar a más de mil personas repartidas por diez países. El ambiente de confrontación que precedió a la creación de la comisión en España hizo temer desde el principio una politización de sus trabajos y despertó por ello desconfianza.

Las primeras comparecencias en la comisión tuvieron por objeto dilucidar la secuencia de los hechos tras los atentados y la aparición de los primeros indicios sobre la posible autoría. Abrieron las sesiones Luis Garrudo, el portero de la vivienda de Alcalá de Henares que avisó sobre la furgoneta encontrada cerca de la estación, y cuyas declaraciones el PP quiso confrontar con las del comisario jefe de la policía de aquella ciudad. Los avatares de la furgoneta, de su hallazgo e inspección, de lo que se supo y cuándo, todavía dieron pie a comparecencias posteriores y a un debate que no parecía tener fin. También compareció el primer día la directora del Instituto Anatómico Forense, con cuyas declaraciones quiso el PP rebatir y denunciar las noticias que se dieron acerca de la existencia de suicidas entre los terroristas.

Las largas declaraciones de los altos mandos y responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil los días 7 y 8 de julio despertaron la mayor atención porque, manteniendo en todo momento la prudencia y la corrección institucional, pusieron de relieve la presión a la que todos se vieron sometidos durante aquellos días, tanto por el temor a nuevos atentados como por la exigencia de información por parte del Gobierno y de los medios de comunicación, y los cientos de llamadas que tuvieron que atender. Para quien quiso oírlo, después de sus respuestas a los comisionados quedó claro que hubo dudas desde un principio acerca de la autoría; que la afirmación de que el explosivo era titadine fue determinante para algunos de ellos, aunque pronto quedó desmentida; que ningún indicio de los que fueron apareciendo apuntaba a ETA, y que no había aparecido nada que hiciera sospechar su relación con los autores de la masacre.

Juan Jesús Sánchez Manzano, comisario jefe de los Tedax, fue el primero en comparecer. Acabó convertido en cabeza de turco de los teóricos de la «conspiración», que le acusaron de manipulación de pruebas, y contra ellos escribió años más tarde un voluminoso y documentado libro, Las bombas del 11M. Relato de los hechos en primera persona (2013). Ante la comisión explicó pormenorizadamente la actuación del cuerpo que dirigía y los informes que fueron emitiendo, y negó la posibilidad de que nadie de los suyos dijera que el explosivo utilizado en los atentados fuera titadine. Jesús de la Morena, que era entonces comisario general de Información, contestó al portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, que la reunión del día 11 a las 12.00 horas de los mandos policiales con el secretario de Estado de Seguridad fue una «tormenta de ideas», y que «lo cierto es que no lo tenía nada claro». Fue determinante la noticia de que el explosivo era titadine, aunque también aseguró que desde las 17.00 horas del mismo día 11 ya se sabía que no lo era, que la prioridad exclusiva de ETA duró «pocas horas» y que se tuvo la certeza definitiva sobre Al Qaeda la mañana del sábado 13.

Pedro Díaz Pintado, anterior subdirector general operativo y, por tanto, número dos de la policía, aseguró que Santiago Cuadro, excomisario general de Seguridad Ciudadana, le dijo desde la estación de El Pozo, con «cierta acritud porque le metía prisa» en momentos de enorme agobio, que el explosivo era titadine, y que esa fue la «guinda» que apuntó a ETA. Sin embargo, también dijo que la misma tarde del 11 informó al Ministerio del Interior de que había sido un error y que la línea de investigación sobre ETA no avanzó en ningún momento, «hasta el día de hoy». No se descartó nada en ningún momento, añadió, pero no hubo una línea prioritaria. Una semana más tarde, el 14 de julio, la comisión citó a Santiago Cuadro, quien explicó que a la vista de los daños y de la manera de segar los hierros de los vagones, el explosivo tenía que ser dinamita con cordón detonante, pero que él nunca dijo que fuera titadine. Podía entender que en la confusión del momento alguien cometiera un error, y defendió la profesionalidad de Díaz Pintado, pero el error no fue suyo, como le repitió hasta tres veces a Jaime Ignacio del Burgo.

Hubo momentos de tensión en las comparecencias de aquellas primeras semanas de julio, cuando el portavoz del PP trató de que el mensaje lanzado en las sucesivas ruedas de prensa por el ministro Acebes encajara con la información que estaba recibiendo de los mandos policiales, a la vista de lo que estos declaraban. Mariano Rayón, jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la policía, uno de los mayores expertos en las redes del terrorismo islamista, afirmó tener el «convencimiento moral» de que no hubo presencia de ETA en los atentados, a lo que Jaime Ignacio del Burgo replicó que no había «investigado absolutamente nada» acerca de los posibles contactos entre islamistas radicales y etarras en las cárceles. O cuando el mismo portavoz le preguntó al nuevo comisario general de Información, Telesforo Rubio, si era militante del PSOE y si había ido a la sede socialista de la calle Gobelas a preparar su comparecencia, acusándole, además, de «sequía informativa» desde que accedió a su puesto, en contraste con la «transparencia» anterior. Tampoco fue agradable que el mismo portavoz del PP llamara «defensor de ETA» a Emilio Olabarria, ante lo que el portavoz del PNV anunció que pediría amparo al presidente del Congreso de los Diputados.

Las conclusiones que cabía extraer de las declaraciones de los mandos policiales no impidieron, sino que más bien provocaron, la reacción del PP. Ángel Acebes hizo declaraciones públicas en las que dijo que, en realidad, aquellas comparecencias avalaban que, hasta la tarde del sábado 13, la prioridad en la investigación había sido ETA, y que el Gobierno no mintió en ningún momento. Eduardo Zaplana, por su parte, amenazó con abandonar la comisión porque el PSOE había hablado previamente con dos de los comparecientes, el portero Luis Garrudo y el comisario Rubio. También anunció ya el que iba a ser caballo de batalla del PP a partir de aquel momento: la petición de comparecencia de los confidentes que formaban parte de la «trama asturiana», sobre quienes El Mundo había dado la primicia. Ningún otro grupo parlamentario estuvo de acuerdo en que pudieran declarar ante la comisión delincuentes imputados en el sumario del juez Del Olmo, como Rafá Zouhier o Emilio Suárez Trashorras, que estaban en la cárcel. El PP no mostró, por el contrario, ningún interés en las comparecencias de los expertos en el mundo islámico, que dijeron haber sido «impuestas por la mayoría». No les parecía relevante lo que explicaron Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el sociólogo Manuel Castells, especialista en redes sociales, Xavier Picaza Ibarrondo, profesor de Historia de las Religiones, o Gema Martín Muñoz, profesora universitaria de Sociología del Mundo Árabe e Islámico.

El 15 de julio le tocó el turno al juez Baltasar Garzón, que había encabezado la Operación Dátil contra el terrorismo islamista y había desmantelado la célula de Abu Dahdah. Su comparecencia estaba condicionada por el secreto que debía guardar acerca de los sumarios que tenía abiertos, pero no dejó de mencionar sus sospechas iniciales sobre la autoría de Al Qaeda y sus dudas cuando se mencionó el titadine, pronto despejadas porque le mereció fiabilidad el desmentido de ETA y por sus conversaciones con algunos mandos policiales, como el propio Díaz Pintado. La siguiente comparecencia, la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, provocó sorpresa y rechazo porque no se recató en mostrar su menosprecio, no ya hacia la comisión, sino hacia otras instituciones del Estado. Hizo alarde de su desconocimiento sobre los acontecimientos ocurridos tras los atentados, al confesar que no leía periódicos ni escuchaba noticias y que de algunos extremos, como el hallazgo de la furgoneta en Alcalá de Henares, se había enterado allí mismo. Tampoco parecía haber seguido con demasiado interés el trabajo del que le informaba la fiscal encargada del sumario, Olga Sánchez. «Me ha roto todos los esquemas», le dijo Margarita Uria, diputada del PNV, ante aquellas afirmaciones. «Estupefacción», fue el comentario en algunos medios de comunicación al día siguiente, mientras Gaspar Llamazares pedía la destitución de Fungairiño. Aunque el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no encontró motivos, ni disciplinarios ni penales, para ello, sí decidió que debía dar explicaciones a los grupos parlamentarios que se sintieron ofendidos por sus palabras, y solo después decidiría sobre posibles acciones legales.

El 19 de julio le llegó el turno a Jorge Dezcallar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La comisión había pedido una veintena de documentos de la inteligencia española, a los que el Gobierno había dado finalmente luz verde para ser examinados en sesión a puerta cerrada, lo que no fue óbice para que algunos se filtraran. Se trataba de informes recibidos de servicios de inteligencia extranjeros sobre la existencia de amenazas de atentados islamistas radicales, así como los enviados por el CNI al Gobierno entre el 11 y el 14 de marzo, y en los días que siguieron. Su comparecencia era muy esperada. Dezcallar estuvo cuatro horas contestando las preguntas de los comisionados, a quienes previamente avisó de que no podría responder nada sobre los documentos sujetos todavía a secreto. Sí tuvo ocasión de explicar la reciente reforma del CNI y de insistir en la independencia que le había reclamado a Aznar cuando este le ofreció el cargo. Fue muy respetuoso al referirse a la lucha antiterrorista del Gobierno del PP y en sus comentarios sobre lo que ocurrió después del 11M, aunque afirmó que el CNI no fue llamado a ninguna de las reuniones convocadas por el Gobierno. Él hablaba por las mañanas con el presidente del Gobierno, y el CNI creyó inicialmente en la autoría de ETA, cuando ni siquiera tenían conocimiento de la furgoneta encontrada en Alcalá, cuyas imágenes solo vieron cuando aparecieron en televisión y pudieron apreciar que las placas de la matrícula no estaban «dobladas». Era un indicio importante del que no habían tenido noticia. La realidad era que el CNI había estado «fuera de juego» aquellos tres días, una expresión que él mismo quiso retirar después.

No fue una comparecencia fácil, como le reconoció a Margarita Uria. Dezcallar había llegado a la dirección del CNI por decisión de José María Aznar, con el apoyo también del entonces principal partido de la oposición, el PSOE. Su seriedad y contundencia en la comparecencia chocaron con los intentos de Jaime Ignacio del Burgo de ponerle en aprietos, pretendiendo que reconociera la incompatibilidad entre el islamismo radical y las «francachelas» que los terroristas celebraban en la casa de Morata de Tajuña, a lo que el director del CNI replicó que Mohamed Atta había estado en una discoteca el día anterior a los atentados del 11S en Nueva York; o con la pregunta de si no creía que había demasiadas «incógnitas», a lo que contestó, tajante, que no, al igual que no le aceptó al diputado popular que pusiera comillas a los presuntos suicidas de Leganés. «Nada de comillas; se suicidaron», replicó contundente. Muchos años más tarde, Dezcallar publicó un libro autobiográfico, Valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías (2015), en el que reconoció la labor del Gobierno de Aznar en su lucha contra el terrorismo de ETA, pero también su «creciente ensimismamiento», que le llevó a tratar los atentados del 11M como un problema de partido, reuniéndose solo con un pequeño núcleo de gentes de su máxima confianza, un inmenso error en opinión de Dezcallar. No lo dijo así en su comparecencia, pero ahora sí escribió que se había sentido engañado y manipulado cuando se le presionó para emitir aquel desmentido a los comentarios de la cadena SER, o cuando el Gobierno, ya en funciones, decidió el 18 de marzo desclasificar y publicar dos informes del CNI, uno de ellos con un párrafo tachado, como justificación de su gestión de los atentados.

En la maratoniana sesión del día siguiente, tocó el turno de los mandos de la Guardia Civil. Fueron convocados el coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), el subdirector de operaciones, el teniente general José Manuel García Varela, y su antecesor, el general Vicente García Pellicer. Las declaraciones de los dos primeros versaron sobre las noticias que tenían acerca del tráfico de explosivos, el perfil de los confidentes y su escasa fiabilidad, y las conversaciones con Rafá Zouhier después del 11 de marzo, en las que en ningún momento hizo alusión a los atentados, hasta que el 16 vio en televisión la fotografía de los implicados y se asustó. Ante la insistencia en sus preguntas de Martínez-Pujalte, el socialista Rascón recordó que lo desvelado hasta entonces por el juez encargado del sumario, Juan del Olmo, concluía que en ningún momento los confidentes transmitieron dato alguno que permitiera afirmar que tenían conocimiento de la perpetración de un atentado terrorista. García Varela, también a preguntas de Martínez-Pujalte, volvió a confirmar que no había aparecido nada que hiciera sospechar la participación de ETA.

Aquella larguísima sesión, que terminó a las 23.00 horas, acabó con las comparecencias del exdirector de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso, y del nuevo director, Carlos Gómez Arruche. López Valdivieso, militante del PP y diputado por ese partido durante diez años, defendió la gestión de Ángel Acebes y sus ruedas de prensa, pero respondió «sin comentario» cuando Margarita Uria le hizo ver la contradicción entre lo que el ministro dijo en su momento y muchas de las declaraciones recogidas en las comparecencias en la comisión. López Valdivieso tampoco avaló la tesis de que el objetivo del atentado fuera «derrotar al PP», como demostró el intento frustrado en las vías del AVE, cuando ya habían pasado las elecciones. Y afirmó que, si bien en una investigación sobre terrorismo no podía descartarse nada, no había ningún indicio de una posible colaboración de ETA.

El 22 de julio cambió el tono de los interrogatorios. Compareció el anterior director general de la policía, Agustín Díaz de Mera, diputado del PP en tres legislaturas y en aquellos momentos eurodiputado, que se refirió al portavoz en la comisión como su «admirado amigo Del Burgo», quien a su vez hizo una encendida loa del compareciente. El interrogatorio fue muy tenso cuando llegó el turno de intervención del resto de los partidos, que le preguntaron por sus declaraciones en la emisora de radio Onda Cero, en las que había hablado de «la torpeza o la deslealtad corporativa» de algún policía por filtrar información al PSOE, que se negó a explicar, o las que había hecho en el periódico La Razón sobre vínculos entre ETA y el terrorismo islamista, entre el «norte» y el «sur», que también se negó a aclarar, aunque eso no le impidió decirle al portavoz de ERC que ellos sabrían más de eso, porque tenían mejores relaciones con ETA que él. Reconoció que se había reunido con miembros del PP para preparar la comparecencia, y Jaime Ignacio del Burgo, en un texto que llevaba escrito, llegó a donde nadie lo había hecho todavía en la comisión: dijo tener la sensación de que el atentado quizá habría podido evitarse si no hubiera existido «una infame conspiración» dirigida a alterar la normalidad democrática.

Tras abandonar el relato de los acontecimientos entre el 11 y el 14 de marzo, el foco de atención del PP se desviaba ahora hacia el mundo de los confidentes y de las actuaciones de la policía y la Guardia Civil, alimentando una teoría conspirativa para la que contó con el apoyo de los medios de comunicación afines. Ya que no conseguía la comparecencia de los confidentes, el PP pidió la de los agentes de la UCO directamente relacionados con Rafá Zouhier, que comparecieron bajo nombre supuesto, así como del inspector jefe de Estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, del que era confidente Suárez Trashorras. Fue esta vez Martínez-Pujalte quien preguntó pormenorizadamente. Otros comisionados, como Margarita Uria, mostraron su extrañeza por aquellas comparecencias, que, más que con los objetivos de la comisión, parecían tener que ver con «la trama en paralelo urdida en medios de comunicación», y la pretensión de contrastar la labor profesional de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con lo que decían unos confidentes, malhechores o no. El socialista Rascón insistió en lo mismo, denunciando la «trama conspiratoria de carácter exclusivamente mediático y que parece querer implicar a policía, Guardia Civil y, si nos apuramos, a fiscales y jueces». Del Burgo fue implacable en su intervención final, explotando la cercanía de aquellos agentes con quienes formaron parte de la logística del atentado. Con profunda «tristeza», le dijo al inspector jefe de Estupefacientes, «a usted se le escapó; estaban preparando un atentado ante su vista y no lo vio», «ustedes no se enteraron, ni sus compañeros de la Guardia Civil ni usted». Y reclamó que se investigara si hubo una «escandalosa negligencia» en la actuación de la policía y la Guardia Civil antes del 11M.

Fue el primer episodio del desvelamiento de aquella supuesta trama, que todavía daría una vuelta de tuerca más adelante. Las últimas comparecencias habían puesto de manifiesto, en efecto, una descoordinación preocupante entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado en el seguimiento de las actividades de sus confidentes y de las redes de delincuencia y tráfico de drogas y explosivos, descoordinación que no haría sino confirmarse, convirtiéndose en una de las ocupaciones de la comisión durante largas sesiones. Sin embargo, eso era una cosa, y otra muy distinta levantar sobre ello la existencia de una supuesta trama con el objetivo político de desbancar al PP.

Se avecinaba el final del mes de julio, y en agosto no habría sesiones de la comisión. Las comparecencias fijadas para antes de las vacaciones elevaron el listón hacia los responsables políticos: iban a intervenir Ángel Acebes y Ana Palacio, exministros de Interior y de Asuntos Exteriores, respectivamente, y, aunque en un principio hubo dudas, también los portavoces de los dos grandes partidos, Eduardo Zaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE quería que se terminara con la del ministro del Interior, José Antonio Alonso, y desde luego se oponía a que se cerrara con la de José María Aznar. El expresidente popular se había manifestado desde un principio dispuesto a hacerlo para «esclarecer toda la verdad», y los grupos minoritarios lo apoyaban, no así el PSOE, convencido de que su intención era dinamitar la comisión. En la clausura de los cursos de aquel verano de la fundación FAES, Aznar dijo que, si no hubiera sido por la «desgracia» de los atentados, estaría dando la mano al presidente del Gobierno, en referencia a Mariano Rajoy, a su lado. Este, por su parte, aseguró que si algo estaba claro en los trabajos de la comisión era que el Gobierno nunca mintió, y que en los próximos días quedaría claro quién había convocado las concentraciones ante la sede del PP el sábado 13 y quién inventó la especie de que el PP quería suspender las elecciones. El PP aprovechaba las dudas para repetir hasta la saciedad que el PSOE quería cerrar «en falso» la comisión porque no estaba interesado en conocer la verdad. De todas maneras, el PP tampoco estaba muy seguro. En el mes de octubre tenía que celebrarse el congreso del partido, y había quienes no querían que la comparecencia del expresidente coincidiera con él.

El 28 de julio comparecieron Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio. La sesión duró diez horas y terminó a la 1.30 de la madrugada. El exministro del Interior hizo en su larga intervención inicial una defensa sin fisuras de la actuación del Gobierno, de sus ruedas de prensa, que se ajustaban siempre a la información proporcionada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la «sospechosa» secuencia de los hechos que se iban sabiendo, de las mentiras sobre los suicidas y sobre la intención del Gobierno de suspender las elecciones, de que él hubiera entorpecido alguna investigación policial, de las llamadas a los directores de los periódicos simplemente para informar, del perfecto derecho del presidente Aznar a reunir a quienes consideró conveniente, porque aquello fue «una reunión en Moncloa»; respecto al CNI dijo que nadie tenía que decirles lo que debían hacer. Más que responder a los comisionados, Acebes se dedicó a lanzarles preguntas acusatorias, muy especialmente al portavoz socialista, a cuyo partido, junto con los medios del grupo Prisa, acusó de una «participación directa» en las concentraciones ante las sedes del PP durante la jornada de reflexión.

Eduardo Zaplana, que también hizo una larga intervención inicial, dijo que mientras el Gobierno atendía a las víctimas y garantizaba la seguridad y los servicios públicos, «otros» se dedicaron a evaluar el atentado desde el punto de vista de su rédito electoral, y criticó que la comisión se negara a llegar al fondo del asunto. Si Acebes en su comparecencia había recuperado la sospecha sobre ETA, pese a los testimonios contrarios acumulados ya en el trabajo de la comisión, Zaplana le secundó y reclamó que se buscara al «autor intelectual» de los atentados. Dijo también el portavoz popular que tuvieron durante aquellos días la sensación de que alguien «estaba jugando» con ellos. Los grupos políticos minoritarios protestaron por el tono de «superioridad moral» desde el que hablaba el exportavoz del Gobierno, cuando todos habían asistido a la manifestación del día 12 mientras el Gobierno se negaba a reunirlos, como le recordó Gaspar Llamazares. El socialista Rascón se negó a aceptar que fuera la comisión la que fallaba; había sido el Gobierno, con sus «desajustes informativos», quien había incumplido, un término al que Zaplana se agarró para manifestar su alegría de que por fin se hablara de «desajustes» y no de «mentiras». A eso mismo se sumó después la exministra Palacio, quien justificó el telegrama enviado a las embajadas porque fueron estas las que reclamaron información y porque había que salir al paso de manifestaciones como las de Otegi, afirmación que sorprendió a algunos comisionados, ya que el Gobierno negó haberle dado relevancia en su momento.

Al día siguiente le tocó el turno a Alfredo Pérez Rubalcaba. Su presencia había sido reclamada por el PP, y él la aceptó exclusivamente para salir al paso de «insidias y calumnias», dijo al comenzar, no porque se sintiera obligado, ya que su partido estaba entonces en la oposición y, por tanto, difícilmente se le podían reclamar responsabilidades políticas en la gestión de los atentados. Su intervención fue en gran medida una respuesta a las acusaciones de Ángel Acebes. A partir del jueves 11 por la noche, explicó Rubalcaba, cuando llamaron a La Moncloa para mostrar sus dudas sobre la autoría de ETA, dejaron de recibir información del Gobierno hasta el sábado a última hora de la tarde, y tuvieron que informarse como todos los ciudadanos, a través de los medios extranjeros e internet. No hubo conversaciones con ningún policía; sí, por supuesto, con el grupo Prisa, pero también con el resto de los medios, nacionales y extranjeros, que el portavoz del PSOE citó profusamente. Todos tenían expertos en lucha antiterrorista tras tantos años contra ETA, y él mismo lo era también. En su opinión, la lógica del atentado se parecía más a la del 11S que a la de los precedentes de ETA, que tanto se citaban. Estaba planificado para que hubiera miles de muertos, muchos más que los que, por desgracia, hubo. No era lo habitual en ETA. Así se lo dijo al secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, la misma noche del 11, y por eso dejaron de recibir información.

Comenzaron pronto a dudar, dijo Rubalcaba, pero apoyaron en todo momento al Gobierno y solo salieron a discrepar públicamente —y salió él, no el candidato— para desmentir cualquier participación en la convocatoria de las concentraciones en las sedes del PP, que vieron con gran preocupación y a las que llamaron a no acudir. No supieron prever la magnitud de la indignación. Salieron a hablar después de que ese día lo hiciera Mariano Rajoy con su entrevista en El Mundo, Zaplana al mediodía, Acebes después y, por último, de nuevo Rajoy desde la sede de Génova. «Teníamos la obligación de decir que no habíamos convocado las manifestaciones y que el Gobierno mentía». Por supuesto que quedaban cosas por resolver, pero lo de la autoría era un «constructo», no había ninguna prueba de relación entre ETA y el terrorismo islamista, y calificó de «miserables» las afirmaciones surgidas de una asociación de la Guardia Civil, en las que subyacía la idea de una «mafia» policial que conspiraba con el PSOE. «La realidad es que ustedes mintieron y por eso están en la oposición. Cuanto antes se den cuenta, mejor para todos; para ustedes y para esta Cámara», fue el contraataque de Rubalcaba.

A Rubalcaba no le preguntaron ni Jaime Ignacio del Burgo ni Martínez-Pujalte, sino Alicia Castro. En cierto sentido, la intención era rebajar su declaración. Tampoco fueron ellos quienes preguntaron al siguiente compareciente, el ministro del Interior José Antonio Alonso, al que el PP había tratado de obligar a comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso para que aclarara las relaciones de los confidentes con la policía y la Guardia Civil. Pujalte, exaltado, dijo entonces que tendría que explicar quién era la X en el atentado de Madrid, y acusó al ministro Alonso de haber impuesto un «apagón informativo» tras su llegada al ministerio. En lo mismo insistió ahora en la comisión del 11M Manuel Atencia, al que el PP encomendó el interrogatorio. Acusó al PSOE de no querer llegar al fondo, para luego preguntar por la investigación en marcha, dejando traslucir opacidades y carencias. José Antonio Alonso le remitió al sumario. «El juez es el dueño exclusivo y excluyente de la investigación», dijo. El ministro mostró un cuidado exquisito en no criticar a su antecesor en Interior, como le reconoció Margarita Uria, y se centró en las medidas puestas en marcha por su ministerio, como la creación de un Comité Ejecutivo de Mando Único y del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, encaminados a resolver el problema descubierto en las comparecencias de los mandos policiales. Atencia pretendió ser el último en intervenir, pero Alonso replicó que le correspondía cerrar a él. La «infamia» de la que el PP hablaba, le dijo, había sido el atentado, y la respuesta a semejante infamia «culminó en unas elecciones libres en las que votaron legítimamente millones de ciudadanos a ustedes, a nosotros, a CiU […] de manera soberana. Esa es la cuestión de la democracia».

Con el ministro Alonso se cerraron las sesiones de la comisión antes del verano. Habían sido once a lo largo de tres semanas, con treinta y ocho comparecientes. Los comisionados se emplazaron para primeros de septiembre, con una propuesta de conclusiones por parte de los grupos. Nadie quería ser el que diera por finiquitada la comisión, y a lo largo del verano circularon múltiples rumores. El PSOE pretendía que en las conclusiones se aprobaran por unanimidad medidas de atención a las víctimas, así como propuestas para evitar en el futuro los problemas detectados y un nuevo pacto antiterrorista que incorporara la lucha contra el terrorismo islamista. Para conseguirlo estaban dispuestos a no incluir un capítulo dedicado a la actuación del Gobierno de José María Aznar, a cambio de que el PP retirara las acusaciones contra la participación del PSOE en las concentraciones del sábado 13. Decía El País que se detectaban tendencias encontradas en el PP, e incluso que había quien prefería dar carpetazo a la comisión sin que declarara Aznar, pero en las declaraciones públicas el sector más duro se mantenía en sus trece, y no estaba en absoluto dispuesto a que pareciera que el PSOE «perdonaba la vida a la oposición». Los grupos minoritarios, por su parte, se resistían a aceptar un acuerdo como aquel, anunciaban unas conclusiones mucho más duras respecto a la actuación del Gobierno del PP, antes y después de los atentados, y eran partidarios de la comparecencia del expresidente del Gobierno.

En la fiesta anual que el partido celebró aquel verano en Villalón, Mariano Rajoy dijo que el Gobierno no quería que la comisión investigara, sino que se votara por mayoría lo que ya había decidido de antemano. Sin embargo, «una cosa es que todo eso se decida por mayoría y otra que sea verdad». Eduardo Zaplana parecía convencido de que no habría unanimidad en la comisión del 11M, sino dos tipos de conclusiones, unas sobre quién mintió, en las que no habría acuerdo, y otras sobre las medidas que había que tomar, en las que se buscaría el consenso. Se conocía ya el borrador de algunas fuerzas políticas. Las del PSOE se dividían en tres partes: los antecedentes, lo que ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo, y una detallada propuesta de medidas que se debían adoptar. Cuando en septiembre se reunieron los comisionados quedó claro que la comisión no se cerraba. Hubo nuevas peticiones de comparecencias y de documentación. Las del PP se referían a las conexiones entre ETA y Al Qaeda, la trama de policías y confidentes en torno al tráfico ilegal de explosivos, y la sospecha ahora abierta sobre una supuesta implicación del reino de Marruecos. Las del PSOE se centraban en la posible imprevisión del Gobierno de Aznar al valorar la amenaza islamista, en la descoordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en las propuestas para el futuro.

Los dos portavoces de los mayores partidos seguían negociando un acuerdo, sin querer asumir ninguno de ellos el cierre de la comisión. Pero una cosa era lo que se discutía en privado y otra, las declaraciones públicas. Rodríguez Zapatero, en una entrevista en la radio el día 7 de septiembre, dijo que lo esencial ya se conocía, que una comisión parlamentaria no era un procedimiento judicial y que había que saber cuándo ponerle fin. Cuando una semana después la comisión volvió a rechazar las comparecencias de los confidentes, el PP pretendió dejar fuera del orden del día la del propio presidente del Gobierno, que ni siquiera se discutió. Zaplana descalificó los trabajos de la comisión como «una burla y una mentira», y Martínez-Pujalte pidió amparo al presidente del Congreso, mientras Mariano Rajoy instaba al presidente del Gobierno a que dejara de «esconderse» y explicara qué hizo el PSOE el 13 de marzo. Rubalcaba replicó que aquello era una pataleta patética y que Zapatero no comparecería porque quien gobernaba el 11 de marzo era Aznar. Sin embargo, amparándose en las declaraciones del propio presidente del Gobierno, en las que se mostraba dispuesto a acudir a la comisión, el PP pidió formalmente su comparecencia.

El presidente de la comisión, el canario Paulino Rivero, instó a los dos partidos a que rebajaran la tensión, pero el congreso anual del PP, celebrado el 4 de octubre, no hizo sino contribuir a enardecer los ánimos. José María Aznar fue elegido presidente de honor, desdiciendo así su compromiso anunciado de no aceptar ningún cargo en el partido. En medio del homenaje en el que acabó convertido el congreso, el anterior presidente del Gobierno llamó a denunciar la «causa general» abierta contra él por el Gobierno socialista, un Gobierno del «revanchismo», como lo calificó. Proclamó que iría a la comisión de investigación a decir la verdad y a dar la cara, porque si el PP perdía la coherencia de su trayectoria quedaría incapacitado para gobernar. Estaba clara la llamada a cerrar filas. El remate final fue la proyección de un vídeo titulado «1995. Nadie informó de las circunstancias del atentado», con imágenes de aquel atentado de ETA contra José María Aznar. El congreso del PP confirmó, además, a Ángel Acebes como secretario general y a Eduardo Zaplana como portavoz. Mariano Rajoy hizo gestos para desligarse del equipo dirigente anterior, introduciendo en la nueva dirección del PP algunas caras nuevas.

6. Una unanimidad imposible

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UNA UNANIMIDAD IMPOSIBLE

En la comisión, por tanto, iba a haber comparecencia de Aznar y de Rodríguez Zapatero, que quedaron fijadas a partir del 21 de octubre. Se discutió si entre las dos habría otras, y varios grupos minoritarios se opusieron a la del presidente del Gobierno, porque en su opinión distorsionaba los objetivos propios de la comisión. Zapatero, sin embargo, confirmó su asistencia incluso en contra de la opinión de varios miembros de la directiva de su partido. Iba a hacerlo por «obligación moral» y por responsabilidad ante las víctimas y el país, afirmó. Sin embargo, antes de que aquello ocurriera, en la comisión se examinó nueva documentación recibida del CNI y del Ministerio del Interior, y se aprobó una reprobación formal de Jaime Ignacio del Burgo por haber enviado un cuestionario de setenta preguntas a Rafá Zouhier, que estaba en la cárcel, parte de las cuales fueron publicadas por El Mundo. Lo había hecho saltándose los trámites establecidos por Instituciones Penitenciarias. Aquel cuestionario lo incluyó el diputado popular, junto con la reproducción de varios artículos de El Mundo, diversas intervenciones suyas y su interpretación de los acontecimientos, en el libro que publicó unos meses más tarde, 11M. Demasiadas preguntas sin respuesta.

De acuerdo con lo aprobado por la comisión, las siguientes sesiones se dedicaron a las comparecencias solicitadas por el PP de los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Asturias, en lo tocante a sus actuaciones y su relación con los confidentes y la trama del tráfico ilegal de explosivos; también a las pedidas por el PSOE para averiguar el grado de conocimiento de la amenaza islamista previo a los atentados. Así, el 14 de octubre la comisión recibió al teniente coronel de la Guardia Civil de Oviedo, Fernando Aldea, desde el 12 de junio jefe interino de Asturias en sustitución de Pedro Laguna Palacios, que también compareció, así como de Juan Carretero, jefe superior de la Guardia Civil del Principado. Dos semanas más tarde comparecería el fiscal jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Asturias. Los interrogatorios acerca de las operaciones llevadas a cabo en aquella comunidad autónoma en 2001 y 2003 contra el tráfico de drogas y también de explosivos, en las que estuvo implicado Suárez Trashorras, fueron largos y minuciosos. Fernando Aldea sostuvo que no se encontró nada y que por eso no se remitió a la autoridad judicial.

Aquella cuestión dio, sin embargo, otra vuelta de tuerca un mes más tarde, cuando El Mundo anunció el 10 de noviembre la existencia de una cinta grabada en Asturias, en agosto de 2001, cuya transcripción publicó al día siguiente. Era una conversación entre un agente de la Guardia Civil, Jesús Campillo, y un confidente, Francisco Javier Villazón Lavandera, alias Lavandero, en la que este decía que Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro buscaban a alguien que supiera montar bombas con teléfonos. La cinta desapareció durante dos años en medio de investigaciones cruzadas entre distintos cuerpos, hasta que la encontró en octubre de 2003 otro guardia civil, que la tuvo en su poder hasta que oyó las comparecencias en la comisión de Fernando Aldea y Pedro Laguna. Decidió volver a escucharla y la trasladó a su superior, Antonio Rodríguez Bolinaga, jefe de la comandancia de Gijón. Según declaró este cuando el asunto estalló, él también la había oído, pero no creyó que tuviera valor policial ni judicial, y volvió a guardarla. Aquella decisión le había costado a Bolinaga el cese en noviembre de 2004 por supuesta ocultación de pruebas, aunque ahora dijo que no había tenido intención de ocultar nada, que no se sentía responsable del atentado.

El coronel Pedro Laguna, recientemente ascendido a general, volvió a ser convocado a la comisión de investigación el 22 de noviembre. El PP no iba a dejar pasar la oportunidad. Fue una comparecencia durísima, con un agrio enfrentamiento verbal de Jaime Ignacio del Burgo, quien sostuvo que, con algo más de diligencia, de coordinación y de «suerte», habría podido evitarse el atentado «más sangriento que ha tenido este país». Laguna, con la voz entrecortada, defendió su actuación y dijo que «ni los mandos de la Guardia Civil de Asturias, ni la Guardia Civil, han formado parte de una corrupción de trapicheo de drogas, prostitutas, tráfico de coches y explosivos, y es prueba de ello que el Gobierno anterior ha condecorado a su representante anterior por su lucha contra la delincuencia. Y ni mucho menos han formado parte de esa maquinaria de una conspiración política que, sin capacidad de defensa, se está extendiendo con insidias y sin prueba alguna». Eran «barbaridades que nadie en su sano juicio puede defender, salvo mentes enfermizas de algunos medios. Lo que hemos hecho es trabajar con seriedad, lamentando más que nadie el no haber tenido éxito en la investigación».

El PP explotaba la manifiesta descoordinación de los diferentes cuerpos de seguridad y de la propia Guardia Civil asturiana para alimentar la «teoría de la conspiración», olvidando, como señaló el socialista Álvaro Cuesta, que «ante las narices del Gobierno había cosas que no se veían porque estaban en otra cosa». En todo caso, en última instancia era aquel Gobierno el responsable. El también socialista Diego López Garrido se había mostrado públicamente «asombrado y consternado» por el número de fallos en la actuación policial previa al 11 de marzo. Unos días antes, el 18 de noviembre, había comparecido ante la comisión el antiguo secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, una comparecencia largo tiempo reclamada por el PP que, sin embargo, no le resultó tan favorable. Fue una sesión larga, precedida de una intervención inicial en la que Astarloa defendió la gestión del Gobierno, que nunca mintió, dijo, y de la que estaba orgulloso, para concluir que, en su opinión, estaban al principio de la investigación, no al final. Las preguntas de Jaime del Burgo le sirvieron para apuntalar su discurso e insistir en las medidas tomadas antes y después de los atentados. Él comenzó a pensar en la autoría del terrorismo islamista solo tras las detenciones del sábado 13, señaló, y más claramente a partir del 16 de marzo. De hecho, no había descartado todavía la participación de ETA, aunque también reconoció no saber por qué el ministro del Interior siguió hablando de «línea prioritaria», cuando no lo era. Fue, en resumen, una comparecencia más amable que las de otros responsables políticos del PP. El antiguo secretario de Estado hizo una defensa cerrada de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como de la investigación judicial. Eso sí, ante la concatenación de actuaciones policiales que relataron los portavoces de ERC y del PNV, no pudo por menos de reconocer que no habían sido un modelo de eficiencia, y llegó a hablar de «desastre». Hubo cierta autocrítica en sus palabras; negó que hubiera imprevisión en la política antiterrorista, pero reconoció fallos y asumió su responsabilidad por no haber apreciado en todo su alcance los indicios que iban surgiendo.

Las otras comparecencias celebradas aquellas semanas iban en otra dirección. Respondían al interés del PSOE en aclarar el conocimiento previo sobre la amenaza a España del terrorismo islamista, así como apuntar las medidas para el futuro que podrían tomarse y la política europea al respecto. El 25 de octubre compareció Rafael Gómez Menor, inspector de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), en la que había trabajado durante más de veinte años y en la que había participado a la hora de desmantelar la célula de Abu Dahdah. Era un buen conocedor de las conexiones internacionales de los implicados, como demostró al referirse a Setmarian, a Benyaich o a Lamari. Todos eran conocidos, habían sido seguidos o buscados, pero no era fácil localizarlos, pinchar sus teléfonos o detenerlos, porque España era un Estado de derecho. Fue su unidad la que identificó la tarjeta del móvil que condujo al piso de Leganés. No le cabía ninguna duda de que el «autor» intelectual de los atentados era Abu Dahdah. Sus seguidores eran completamente autosuficientes para cometer atentados. No hubo falta de previsión, y la prueba fueron las cuatro operaciones de detención de islamistas en 2003, pero los medios eran insuficientes e iban todos para ETA. Ellos eran el «pariente pobre».

En el mes de noviembre declararon ante la comisión tres responsables de organismos europeos relacionados con la lucha antiterrorista. El primero, Mariano Simancas, era director en funciones de Europol. La comisión había estudiado tres de esos informes, supuestamente secretos, aunque uno de ellos se filtró a la prensa, en los que se aludía a amenazas explícitas a España por parte de Osama bin Laden, en enero de 2002, diciembre de 2003 y enero de 2004. Simancas explicó que los informes se basaban siempre en los que ofrecían los distintos estados miembros. El segundo, Gijs de Vries, era coordinador europeo de la lucha contra el terrorismo y se extendió en las decisiones y propuestas que se habían hecho después de los atentados del 11S en Estados Unidos y de los del 11M en España, encaminadas a mejorar los intercambios de información y coordinación entre los distintos países europeos. Por primera vez, afirmó, los diferentes estados europeos habían accedido a aunar sus servicios de inteligencia y de seguridad, aunque la capacidad operativa seguiría siendo de cada uno de los gobiernos. La tercera y última comparecencia de aquella serie fue la del antiguo comisario europeo de Justicia e Interior, António Vitorino, el 25 de noviembre, que volvió sobre lo que la Unión Europea había hecho en materia de terrorismo antes y después del 11S y del 11M, señalando las diferencias entre Estados Unidos y Europa: allí los terroristas venían de fuera, aquí no. Coincidió con De Vries en la necesidad de mejorar la coordinación a escala europea, pero para ello era necesario que mejorara también a escala nacional. También insistió, como lo habían hecho los anteriores comparecientes, en la necesidad de un cambio cultural en las sociedades para tratar de entender la nueva situación creada por aquel terrorismo sin estigmatizar el islamismo.

Poco tenía que ver el ambiente que reinó en aquellas últimas comparecencias con el que iba a producirse cuatro días más tarde, el 29 de noviembre, día para el que estaba fijada por fin la del expresidente Aznar. Hasta aquel momento, solo CNN+ había emitido en directo las sesiones. Ese día, todas las emisoras generalistas conectaron con el Congreso de los Diputados y anunciaron, además, la celebración de tertulias para comentarla. La sala de comisiones en la que habitualmente se celebraban las sesiones fue sustituida por la sala internacional del Congreso de los Diputados, reservada para los actos más solemnes. Aznar llegó con la plana mayor del grupo parlamentario, aunque la dirección había tratado de restringir la asistencia. No estaba Mariano Rajoy, para dar normalidad al acto, dijeron. Aznar se sentó en la presidencia de la mesa, con los comisionados sentados delante, un escalón más bajo. Daba la impresión de ser él quien los examinaba, y así fue el tono de su larga comparecencia. El portavoz del PP fue Eduardo Zaplana, quien le sirvió en bandeja la ampliación de su larga intervención inicial. El PSOE mantuvo a Álvaro Cuesta, con quien Aznar discutió durante más de una hora, con interrupciones permanentes desde la bancada del PP. Al terminar, después de diez horas de comparecencia, los populares, puestos en pie, le dedicaron una ovación cerrada.

Aznar se ratificó en todo. Afirmó que el 11 de marzo convocó un gabinete de crisis, no la comisión delegada, porque no lo creyó necesario y no había obligación legal. Asumía plenamente su decisión. Tampoco se lo reclamó el líder de la oposición, dijo, ni le pidió que reuniera el Pacto Antiterrorista. Sí hubo una declaración institucional del Congreso y del Senado, con todos los grupos parlamentarios. Fue él, junto con el ministro del Interior, quien dio la orden de abrir una segunda línea de investigación, y en todo momento hubo transparencia en la información, en contraste con la «opacidad» que se vivía desde que llegaron los socialistas al poder. Nunca había puesto en duda la legitimidad de los resultados electorales ni la legitimidad democrática del nuevo Gobierno. «Simplemente dije y sostengo que partidos de la oposición y medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el Gobierno del PP mintieron, fabricaron una gran mentira sobre la gestión del Gobierno, jugaron a desestabilizar y tuvieron un papel en la jornada de reflexión utilizada para alentar el acoso organizado contra un partido democrático, responsable todavía del Gobierno de la nación en uno de los momentos más difíciles que podemos recordar y a unas horas de unas elecciones generales».

Se les había exigido que demostraran su inocencia frente a «una acusación agresiva, sectaria, antidemocrática y falsa», no ya sobre su gestión, sino también sobre su respeto a los principios democráticos, a la Constitución, al proceso electoral y a las instituciones. Aquella comisión «buscaba la pistola humeante de la supuesta mentira del Gobierno que yo presidía», pero después de meses de investigación no había aparecido. Por el contrario, la verdad se iba abriendo paso. La relación entre terroristas islámicos y no islámicos, que se había descartado, quedaba ahora demostrada como «un hecho incontestable». No tenía dudas de lo minuciosamente organizado que estuvo el atentado, y muchas veces se había preguntado qué habría pasado si hubiera convocado las elecciones el 7 de marzo. Estaba seguro de que el atentado habría sido el 4, porque con ello no solo se buscaba causar víctimas, sino «volcar las elecciones». Sinceramente, le contestó a Zaplana, no creía «que los autores que usted llama intelectuales de esos atentados, los que hicieron esa planificación, los que yo antes he preguntado cuándo, quién y por qué deciden ese día, precisamente ese día, anden en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas, no lo creo».

«No voy a pedir perdón ahora ni nunca —le respondió al diputado de ERC Joan Puig— por haber hecho de la desaparición de ETA uno de los objetivos de mi Gobierno. […] La responsabilidad de pactar con los terroristas les corresponde a ustedes», le espetó en medio de aplausos. Y a Emilio Olabarria, del PNV, le dijo: «De ustedes no acepto ninguna lección», aunque se alegraba al oírlos condenar el terrorismo. Llamazares le dijo que no estaba allí por iniciativa de su grupo, sino por petición de todos, y que se equivocaba sobre los objetivos de la comisión; no era una causa general contra quienes estaban fuera del Gobierno o contra los medios de comunicación. Le exigió que aclarara lo que había dicho sobre montañas y desiertos, el sur y el norte. ¿Acaso estaba acusando al reino de Marruecos o al Estado francés?, preguntó. Uxue Barkos le exigió concreción en las contestaciones, un «sí» o «no», y Margarita Uria dijo que le haría tres preguntas, «a ver si consigo hacerlas sin que usted me regañe y sus fieles me abucheen». El portavoz socialista le dijo que no había aportado nada nuevo, que no había estado a la altura como expresidente del Gobierno, que había ido a «saldar cuentas», a responder a lo que ya habían decidido después de las elecciones: «Poner en marcha el ventilador de sospechas, de infamias, de insinuaciones», echar la culpa a los de abajo y mantener una situación de intoxicación buscando el desprestigio de las instituciones, de la Cámara y del poder judicial. «Usted está aquí porque el 11 de marzo hubo un atentado y usted era presidente del Gobierno», le aclaró. Había perdido una oportunidad histórica de hacer un gran servicio a su país, como había hecho el presidente Bush. «Los que sí han mentido y manipulado, y no han estado a la altura —le respondió Aznar—, han sido ustedes».

Pese a la dureza de la comparecencia, tras los aplausos de los diputados del PP, todos los portavoces fueron dándole la mano a Aznar para despedirse. Fuera, en la calle, ante el Congreso, se habían concentrado dos grupos, uno de familiares de las víctimas, con las palmas pintadas de rojo y exigiendo responsabilidades, y el otro con gritos de «Siempre serás mi presidente», «Zapatero embustero», «Grupo Prisa, España no se pisa». Al día siguiente, los medios de este grupo de comunicación salieron en tromba. «Maestro de insidias», tituló El País su editorial, y recordó el artículo que escribió su director, Jesús Ceberio, el 27 de marzo sobre la llamada de Aznar el día 11 y el cambio de portada. La cadena SER, por su parte, replicó a las acusaciones repitiendo la cobertura dada aquellos días y la invitación que habían hecho a Aznar para que acudiera el viernes 12 al programa Hoy por hoy, que no aceptó. El exministro de UCD Alberto Oliart escribió que él estaba en la cadena SER aquella mañana, y que Iñaki Gabilondo no dejó de repetir «todos somos el Gobierno». «¿De qué nos amenaza?», tituló su artículo Miguel Ángel Aguilar, mientras Máximo Cajal se preguntaba: «¿Tan débil era el Gobierno y el PP como para derribarlo una cadena de radio?». En la junta directiva del PP que se celebró al día siguiente, Mariano Rajoy felicitó a Aznar por su «brillante» intervención y por demostrar la falsedad de las tres imputaciones: que el atentado se produjo como consecuencia de la guerra de Irak, que hubo imprevisión política y que el Gobierno mintió.

Había sido la primera vez que un expresidente del Gobierno comparecía ante una comisión de investigación parlamentaria e iba a ser la primera también que lo hacía un presidente. El 13 de diciembre estaba anunciada la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Había anunciado que haría una intervención «constructiva», con apoyo a las víctimas, medidas para el futuro y el ofrecimiento a todos los partidos de un pacto contra el terrorismo. Mientras, Rajoy avisaba de que daría nombres de los militantes socialistas que convocaron las manifestaciones del día 13 y Ángel Acebes exigía al PSOE que aclarara qué hizo entre el 11 y el 14 de marzo, porque estaba seguro de que las concentraciones se convocaron desde su sede de Ferraz. El mismo día de la comparecencia, El País comentaba que el Gobierno socialista no había encontrado ninguna información sobre el 11M al producirse el traspaso de poderes, porque los archivos de Presidencia habían sido borrados, y que tampoco había actas de las reuniones del «gabinete de crisis». Fuentes del Ministerio del Interior afirmaban, sin embargo, que existían copias de dichos documentos, volcadas en discos duros, porque habían sido utilizados posteriormente para la elaboración de algunos libros.

A las 9.00 del 13 de diciembre llegó el presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados. También esta vez estaban todas las televisiones generalistas para retransmitirlo en directo, y habían anunciado sus tertulias. La sesión se celebró en la sala internacional y duró más de catorce horas. Rodríguez Zapatero dedicó sus primeras palabras a las víctimas que murieron «sin saber por qué», a unos ciudadanos españoles que ni se amedrentaron ni se plegaron, y a reivindicar su firmeza en la lucha contra el terrorismo y su lealtad al pacto que él mismo propuso. Tras proclamar su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la investigación judicial en marcha, proporcionó datos y cifras de las acciones, registros y detenciones realizados, de los que se desprendía que los autores procedían «en exclusiva» del terrorismo internacional de corte islamista radical; fue ese terrorismo el que ideó, planificó y cometió los atentados. Y pasó a explicar las actuaciones del Gobierno para corregir las deficiencias observadas: un incremento de los medios y recursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del CNI; la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, integrado por miembros de la policía, la Guardia Civil y el CNI, reforzado por un Comité Ejecutivo del Mando Único; la activación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, creada en 2003 y que solo se había reunido dos veces; la obligatoriedad de llevar libros y un registro de control de la venta, uso y almacenamiento de explosivos, y el anuncio de una revisión del Código Penal, así como la reforma de la Ley Orgánica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Junto con ello, insistió en el necesario refuerzo de la coordinación internacional, que ya había dado muestras de eficacia en la lucha contra ETA. En resumen, afirmó que España estaba en aquellos momentos mejor protegida, que se tenía mayor conciencia de una amenaza que claramente había sido subestimada, y que el instrumento imprescindible era la unidad de los ciudadanos libres y de las fuerzas políticas. Ese había sido el comienzo del fin de ETA, y el Gobierno estaba dispuesto a amparar un gran pacto con el que deslindar islam y terrorismo e involucrar en ello a la Unión Europea. Zapatero quiso dejar para el final de su intervención el balance de lo hecho en la atención a las víctimas, el presupuesto dedicado, las residencias concedidas y las ayudas, y cerró confesando su obsesión: poner todos los medios para evitar un nuevo atentado y defender al mismo tiempo la libertad y la democracia.

No era la intervención que esperaba el PP, y en las cuatro horas que duró el interrogatorio de Eduardo Zaplana el presidente fue tajante en sus contestaciones. El portavoz popular calificó de «indecente» una frase de Zapatero en la que responsabilizaba al Gobierno de los atentados, frase que este negó haber pronunciado. «Seguimos en situación de riesgo —le dijo a Zaplana—, y atribuir efectos políticos a los atentados no ayuda a disminuir la amenaza». «Deberían ir superando el trauma de la derrota electoral —añadió—, deberían buscar la explicación del trauma electoral en sus propios errores». «El error del PSOE fue apoyar al Gobierno», añadió, y lo hizo sin fisuras hasta la manifestación del día 12. Respecto a las concentraciones del sábado 13 ante las sedes del PP, dijo que todas las denuncias ante los juzgados contra militantes del PSOE habían sido rechazadas. Los socialistas aceptaron la comisión parlamentaria de investigación en cuanto el PP la propuso y, aunque les acusaban de querer dar carpetazo, ahí estaba él, compareciendo. Se estaba investigando a fondo y era una irresponsabilidad difundir lo contrario, dijo Zapatero, y para demostrarlo leyó dos informes pedidos por su Gobierno a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, uno de ellos sobre posibles conexiones entre proveedores de explosivos utilizados por ETA y la trama asturiana, y otro sobre las llamadas «caravanas de la muerte». Eran dos largos informes que dejó para consulta de la comisión. «Piensen en el futuro, dejen de pensar en las elecciones que perdieron».

Las preguntas del resto de los comisionados le sirvieron a Zapatero para abundar y aclarar algunas de las cosas que se habían dicho: no había habido más que una línea de investigación desde que desapareció lo del titadine porque no hubo ningún indicio que señalara a ETA, y nadie desde el Gobierno podía ordenar el inicio o detención de una investigación, porque eso no respondía al deseo de un político. Ni una sola de las veinticinco mil evidencias obtenidas en los atentados, de las ochenta inspecciones oculares, de las mil trescientas huellas analizadas, de los ochenta perfiles genéticos y de los más de cien informes enviados al juez presentaba un solo indicio que apuntara a ETA. En la lucha antiterrorista era muy importante saber que no había conexión entre los dos terrorismos. El argumento de los antecedentes para justificar la autoría de ETA no era ni profesional ni técnico, continuó, y también se refirió a las conversaciones con Aznar el día 11. A Mariano Rajoy le había dicho que era necesaria una foto unitaria, un comunicado unánime de todos los partidos. No se podía aceptar que el Gobierno decidiera una manifestación conjunta. Si el Gobierno anterior reconocía que hubo fallos y errores, él diría que no había habido imprevisión; pero si se empeñaban en que no había habido fallos, no quedaría más remedio que hablar de imprevisión. «Primero hemos vivido el proceso de deficiencias objetivas antes del 11M, luego el engaño, y ahora estamos en el momento de la confusión masiva», apuntó.

Alfredo Pérez Rubalcaba intervino esta vez como portavoz y aclaró que la presencia de Rodríguez Zapatero en la comisión obedecía exclusivamente a su respeto a las víctimas, y que no estaban en absoluto interesados en discutir sobre los comportamientos electorales. Pero no por ello dejó de contestar, en particular a Eduardo Zaplana. ¿Por qué buscaba razones el PP en los veintitantos mil ciudadanos que se manifestaron el día 13 ante las sedes de su partido, y no en los millones que se manifestaron contra la guerra de Irak y contra el Prestige? La comparecencia de Rajoy aquel día desde Génova fue la que realmente convocó a la gente. El presidente del Gobierno les había dicho que era peligroso hablar de terrorismo y de elecciones; que era un disparate. ¿De verdad creían que hubo una conspiración «universal» entre la oposición, algún medio español y los medios internacionales? Porque toda la prensa internacional había apostado por Al Qaeda, y eso era lo que ellos leían, como el resto de los ciudadanos, porque el Gobierno dejó de informarles desde la noche del día 11, cuando los socialistas manifestaron sus dudas. El PP intentó un «engaño masivo». Los antecedentes que citaban no eran ciertos, pero sí lo eran los atentados de Casablanca, y en las ruedas de prensa el Gobierno no dijo lo que sin duda ya sabían.

A Eduardo Zaplana, en su segundo turno, le pareció «triste» oír a Rubalcaba defender lo indefendible y a Rodríguez Zapatero comportándose no como el presidente del Gobierno, sino como un «agitador» al presentar informes que habían sido elaborados en la sede socialista de la calle Gobelas. «A ustedes no les va a valer ni la sentencia de la Audiencia Nacional —le replicó Rodríguez Zapatero—. Están atrapados en su propio laberinto, solo podrán salir de él asumiendo sus responsabilidades». Cerró la sesión agradeciendo el tono de las intervenciones de los comisionados y confiando en que los grupos políticos estarían a la altura de lo que los ciudadanos esperaban de ellos. Añadió un mensaje de confianza en la tarea de las instituciones, en el Estado de derecho, en la justicia, en la profesionalidad y dedicación de los policías; las víctimas tendrían su restitución en ello.

Poco después llegó la réplica desde la más alta instancia del PP. En unas declaraciones antes de una comida con el Círculo de Empresarios Vascos en Getxo, Vizcaya, Mariano Rajoy repitió que la intervención del presidente en la comisión había sido «sectaria, propia de un agitador», que había destruido su famoso «talante». Los socialistas, añadió, eran conscientes de cómo habían llegado al Gobierno y no lo habían asimilado.

Faltaba la comparecencia de las víctimas de los atentados. El PP había pedido retrasarla y que se estableciera la relación de asociaciones que las representaban. El mundo de este asociacionismo era complejo y no estaba exento de fricciones, cargadas a menudo de implicaciones políticas, consecuencia sin duda del doloroso motivo de su creación, de las dificultades para traducir la solidaridad social en protección y reconocimiento público, y de aunar voluntades. A raíz del Pacto Antiterrorista suscrito por el PSOE y el PP en 2001, nació la Fundación Víctimas del Terrorismo, promovida por los dos partidos, en la que se dio acogida a las asociaciones que habían ido surgiendo, con el objetivo de colaborar en la promoción de los valores democráticos y en la mejor comprensión del colectivo de las víctimas del terrorismo, así como de prestarles ayuda mediante subvenciones estatales y donaciones de empresas privadas y otras entidades. Sin duda, los atentados del 11M supusieron un terremoto en aquel mundo, hasta entonces marcado fundamentalmente por el terrorismo etarra. Entre las asociaciones existentes, la más antigua, nacida en 1981, era la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que reunía sobre todo a familiares de víctimas de ETA. En junio de 2004 se había elegido presidente a Francisco José Alcaraz, hermano y tío de tres víctimas del atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, al que se consideraba alineado con las posiciones del PP. Tras los atentados del 11M surgió una nueva asociación, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, cuya presidenta, Clara Escribano, había sido la inicialmente designada para comparecer en la comisión. Sin embargo, dimitió poco más tarde junto con una parte de la directiva, y acabó siendo sustituida por Pilar Manjón, madre de Daniel Paz, un joven muerto en los atentados del 11M. Pilar Manjón estaba afiliada a Comisiones Obreras.

El 14 de diciembre, la comisión parlamentaria decidió invitar a tres asociaciones: la del 11M Afectados del Terrorismo, la que se escindió de ella y que se llamó Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, y la AVT, no sin que el PP protestara por la presencia de Pilar Manjón, al considerarla militante de Izquierda Unida. Finalmente fueron dos representantes de las víctimas los que comparecieron, Pilar Manjón y Francisco Alcaraz. Los comisionados habían pensado en celebrar la comparecencia a puerta cerrada para preservar su intimidad y evitar la politización, pero ambos comparecientes reclamaron que fuera abierta, para que no diera la sensación de que querían callarles la boca, apostilló Francisco Alcaraz. La comisión dio marcha atrás y la sesión se convirtió en un aldabonazo público.

Pilar Manjón, vestida de negro y visiblemente emocionada, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas durante toda su comparecencia, fue la primera. Leyó un largo comunicado suscrito por su asociación. «Han hablado, señorías, de ustedes, fundamentalmente de ustedes», comenzó. Tras meses de no ser escuchados, sorprendentemente, en aquel momento la palabra era suya para hablar en nombre de «personas de carne y hueso, de cosas largamente meditadas en reuniones, foros, cafés, en la calle». Habían intentado quitarles la voz a los afectados, deslegitimarlos, someterlos «a su propio juego político y de intentar […] encasillarnos en tal o cual opción política». «Venimos a reprocharles —continuó—, como representantes del pueblo que son, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas comparecencias, como si de un partido de fútbol se tratara», dijo. De lo que estaban hablando, continuó, era de la muerte y de las heridas de por vida. «¿De qué se reían, señorías?, ¿qué jaleaban?, ¿qué vitoreaban en esta comisión?». Ellos no iban a someterse al discurso de la polarización. Nadie podría devolverles a sus seres queridos, y aunque les habría gustado que se les informara periódicamente del trabajo de la comisión, reconocían que se había demostrado que algunos elementos del engranaje para la previsión del peligro «fallaron estrepitosamente». Por eso querían saber qué pasó. Les interesaba saber, sobre todo, qué ocurrió antes del 11 de marzo. Ya sabían perfectamente lo que pasó entre el 11 y el 14.

Había habido fallos y descoordinación en la atención inmediata a las víctimas, sin control de la profesionalidad de quienes las atendían; faltó presencia institucional en Ifema, a donde algunos fueron a «hacerse la foto». Habían vivido, eso sí, la solidaridad espontánea de cientos de ciudadanos, y dio las gracias a bomberos, sanitarios, policías, taxistas, conductores de autobús, psicólogos. Que no siguieran prometiéndoles cosas, que no les dieran palmadas en la espalda ni los miraran con cara compasiva. Algunos de los miembros de la comisión habían intentado vetar su comparecencia, dijo Pilar Manjón, y nadie les había preguntado nunca si querían recibir homenajes, nadie les había consultado nunca la utilización de fotografías e imágenes «de la barbarie». Dejó constancia clara de que se oponían rotundamente a ello.

Durante meses, recordó, entre sesenta y ochenta personas se habían concentrado todos los martes en la Puerta del Sol de Madrid para pedir firmas que apoyaran su asistencia a la comisión. Llevaban camisetas en las que se podía leer: «Transparencia 11-M». No querían que la comisión siguiera con su formato actual, como un «espacio de riña entre partidos», y exigían de manera explícita otra comisión de expertos y figuras independientes. «Simplemente permítannos saber la verdad». Todas sus peticiones se resumían en tres: verdad, justicia y reparación. Ahora, «señorías, la pelota está en su tejado», concluyó antes de decir que, como la comparecencia era consensuada, la asociación había decidido no contestar preguntas.

Los comisionados no preguntaron. La realidad de las víctimas se les cayó encima, de golpe. Conmocionados muchos de ellos, al borde de las lágrimas también, hicieron lo posible por mostrar su solidaridad, su agradecimiento. Lo hizo Alicia Castro, diputada del PP, que no quiso entrar en las críticas a su grupo. «Mensaje recibido», dijo Jordi Jané. Cerdà, en nombre de ERC, pidió perdón. Olabarria convirtió la crítica recibida en autocrítica. Llamazares mostró su respeto a una comparecencia que calificó de imprescindible. Uxue Barkos pidió que se aceptaran sus disculpas, y lo mismo dijo Rubalcaba: «Hemos tomado nota de lo que han pedido. Puede irse satisfecha porque ha conseguido la unanimidad de la comisión». Y Pilar Manjón contestó: «Me van a perdonar una frase absolutamente personal. Son ustedes mi Parlamento porque, con el mayor dolor que puede tener una madre, el día 14, cuando aún no me habían dado todavía el cadáver de mi hijo, yo fui a votar. Ustedes me representan a mí y al resto de las víctimas. Tienen ustedes la obligación de hacer que los ciudadanos de este país, con su consenso, estemos seguros, porque los nuestros ya no van a volver. Eviten que vuelva a pasar en nuestro país otro atentado tan brutal como el que nosotros estamos sufriendo».

Hubo cinco minutos de descanso, en los que los comisionados, visiblemente conmocionados, se acercaron a Pilar Manjón para mostrarle su respeto. Después habló Francisco Alcaraz. Su intervención fue muy distinta. Destacó el trabajo de la asociación que presidía y pidió a la comisión que no hiciera agravios comparativos con las víctimas, que no permitiera homenajes cuando los terroristas salieran de las cárceles y que apoyara el cumplimiento íntegro de sus penas. Era posible gracias a una ley aprobada en marzo de 2003, que fue aplaudida en una concentración donde a ellos se les había ignorado, e incluso insultado. Eran contrarios a cualquier negociación o pacto con el terrorismo. Solo confiaban en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en los jueces, y nunca habían visto con buenos ojos una comisión «política» como aquella, aunque agradecía la comparecencia.

Los comisionados tampoco hicieron preguntas. La diputada del PP reconoció el trabajo de la asociación, y los grupos minoritarios, tras mostrar su respeto, puntualizaron que no era el momento de abrir un debate político, que cada uno tenía su opinión acerca de cómo acabar con el terrorismo y que no se coincidía con algunas de las apreciaciones políticas del compareciente. Rubalcaba señaló que no era la primera vez que Alcaraz iba al Parlamento, aunque sí a la comisión, que había mantenido reuniones con todos los grupos, especialmente con el socialista, que reconocía y apreciaba el trabajo de la asociación, y que él también creía que todas las víctimas eran iguales, trabajaran donde trabajaran y militaran donde militaran.

7. La legislatura de la crispación

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LA LEGISLATURA DE LA CRISPACIÓN

La comparecencia de las víctimas había pretendido poner un punto final, pero la comisión parlamentaria no se disolvió, aunque, como dijeron algunos comisionados, entró en una nueva fase. Se habían celebrado veintidós sesiones con cincuenta y siete comparecientes y ciento ochenta y seis horas de preguntas y respuestas. Se decidió poner a disposición de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo toda la documentación no clasificada, tramitar la solicitud de nueva documentación solicitada al juez Del Olmo, así como los informes citados por el presidente del Gobierno, rechazar cualquier nueva petición de comparecencias y solicitar a los servicios del Congreso de los Diputados que fueran haciendo un resumen de lo tratado para preparar las conclusiones. El PP dijo que eso no les correspondía a los letrados y Martínez-Pujalte volvió a anunciar que se había decidido que lo serio era no investigar y cerrar la comisión en falso. Mariano Rajoy criticó también que no se admitieran más comparecencias y propuso la elección de un relator independiente, elegido por dos tercios del Parlamento.

Se acercaba el primer aniversario de los atentados y los grupos parlamentarios de la comisión trataron de pactar un texto, al menos de recomendaciones para el futuro, que pudiera estar listo en ese momento. Trabajaban sobre un borrador elaborado por el PSOE, pero el PP declaró que no podía aceptarlo. El PSOE estaba dispuesto a retirar lo que hiciera falta con tal de llegar a un acuerdo, pero el PP se negó; solo aceptarían un texto muy escueto que se limitara a mostrar el apoyo a las víctimas, una declaración del pleno de la Cámara. No hubo manera. Mariano Rajoy había leído en Sevilla un documento que decía: «Queremos proteger a las víctimas. Queremos averiguar la verdad de los hechos y sus responsables. Y porque seguimos siendo vulnerables a los atentados terroristas, queremos que se adopten medidas dentro y fuera de España que nos protejan de semejantes salvajadas. Pero no estamos dispuestos a suscribir un documento que estimamos fraudulento, al servicio de un interés político partidista».

El 11 de marzo fue un día de luto nacional. A las 7.37, tañeron al unísono las campanas de las seiscientas cincuenta iglesias de Madrid. Con las banderas a media asta, la presidenta de la comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, depositó una corona de laurel ante la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, guardó un minuto de silencio en Atocha, rodeado de ciudadanos, y hubo un acto similar en la estación de Santa Eugenia. A las 10.00 se celebró un pleno extraordinario en el ayuntamiento, en el que Ruiz-Gallardón apeló a la unidad «inexcusable» de las fuerzas políticas. A las 12.00 se guardaron cinco minutos de silencio seguidos por millones de españoles, pararon las empresas y los trenes se detuvieron. A esa misma hora, en el parque madrileño de El Retiro, los reyes, acompañados de los príncipes, el Gobierno y otros jefes de Estado y de Gobierno, en silencio mientras sonaba El cant dels ocells, de Pau Casals, presidieron la inauguración del monumento a los fallecidos, ciento noventa y dos árboles que desde entonces debían conservar la memoria de las víctimas. En Vallecas, en El Pozo, los vecinos decidieron guardar los minutos de silencio a las 19.00 horas porque, al ser un barrio de trabajadores, a esa hora podía acudir más gente.

La víspera del aniversario, el Congreso de los Diputados, en sesión solemne, aprobó una declaración institucional suscrita por todos los partidos, en la que se apelaba también a la unidad de las fuerzas políticas, a la firmeza del Estado de derecho y a la solidaridad con todas las víctimas que durante años habían sufrido el azote del terrorismo, como pilares inquebrantables de la respuesta democrática. El Congreso de los Diputados renovaba su compromiso de hacer de la lucha antiterrorista «la prioridad de toda la acción política». Tras la lectura por el presidente de la Cámara, Manuel Marín, los diputados, puestos en pie, guardaron unos minutos de silencio.

El borrador de aquella declaración había sido pactado por los dos grandes partidos. Era todo lo que se había logrado consensuar con el PP. En la comisión de investigación, sin embargo, se siguió pidiendo la comparecencia de los confidentes, y ahora también de la fiscal encargada del sumario, Olga Sánchez, porque había hecho unas declaraciones en las que afirmaba que no había indicios de la participación de ETA. Los comisionados rechazaron nuevas comparecencias y se invitó a los grupos a presentar sus propuestas antes del 19 de abril, para poder ser llevadas al pleno a finales de mayo o primeros de junio. El PP continuó aireando sospechas. Ahora se trataba de unas entrevistas en la cárcel con Abdelkrim Bensmail realizadas por Fernando Huarte, un militante socialista y miembro de una ONG de amigos del pueblo palestino, del que luego se dijo que colaboraba con el CNI. De ello el PP deducía que el PSOE podía haber tenido información privilegiada. También preguntaba el PP por la afiliación al PSOE del sirio Mouhannad Almallah, detenido por su implicación en los atentados, y pidió la comparecencia de José Blanco. CiU, ERC y PNV aceptaron que la comisión pudiera escuchar las cintas de aquellas conversaciones en la cárcel, pero también reprocharon al PSOE que hubiera entrado en el juego del PP al pedirle explicaciones porque un concejal suyo había sido abogado de terroristas involucrados en el 11M.

Todo se complicó todavía más por la difusión de algunos vídeos y documentales elaborados con ocasión del primer aniversario de los atentados. Uno de ellos, Cuatro días que cambiaron España, fue emitido por Telemadrid el 14 de marzo, y el director de la televisión madrileña, Manuel Soriano, tuvo que comparecer más tarde ante la Asamblea de la comunidad autónoma, cuando se conocieron algunos mensajes cruzados con la presidenta, Esperanza Aguirre, en los que Soriano decía que el documental había quedado «bien cinematográfica e ideológicamente». El otro fue un vídeo de quince minutos elaborado para la fundación FAES, del PP, por Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario de Comunicación de José María Aznar en los dos primeros años de su Gobierno de mayoría absoluta. La mayor parte del vídeo estaba dedicada a ETA, a sus intentos de perpetrar un gran atentado. Se hablaba de terroristas y aparecían fotografías de los islamistas detenidos, pero con una voz en off que decía: «La matanza no fue tan distinta de las de ETA». Se recogían declaraciones de líderes socialistas antes y después del 11M, con mapas de España llenos de móviles y el lema «Pásalo», en alguno de ellos con la cara de Rodríguez Zapatero, e imágenes truculentas. También imágenes de Alfredo Pérez Rubalcaba el día 13 durante las concentraciones y una frase: «Cuando la izquierda llegó al poder enmudeció». El 5 de abril, el grupo vasco y el mixto exigieron a los servicios de la Cámara que se les proporcionara el vídeo. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, pidió que se retirara «por higiene democrática».

La intervención de los medios de comunicación, especialmente de los más beligerantes, no facilitaba el ambiente de diálogo y consenso, sino que formaba parte de la estrategia de la crispación. Fuera o no por el escándalo del vídeo de FAES, el presidente de la comisión parlamentaria, Paulino Rivero, creyó ver en el PP una actitud más positiva, y el propio Eduardo Zaplana reconocía que todo aquello estaba suponiendo un desgaste y que algunos los estaban colocando en la extrema derecha, lo que no era cierto. Sin embargo, aclaró que no tenían ningún interés en llegar a unas conclusiones consensuadas que podían ser rebatidas por nuevos descubrimientos dos meses más tarde, y denunció por «intolerable, sectario e infame» el documental 11 segundos, emitido por Documentos TV, de la televisión pública, exigiendo la comparecencia de su directora, Carmen Caffarel. La comisión siguió reclamando y recibiendo nueva documentación, que fue examinada en una sesión secreta, en la que se decidió también rechazar el documento del PP «Propuestas para la reflexión de la comisión del 11M», sobre asuntos que creían que no se habían aclarado.

No era solo la investigación sobre el 11M lo que el PP luchaba por mantener abierta en su política de desgaste del Gobierno. El debate sobre el estado de la nación que se celebró los días 11 y 12 de mayo fue muy bronco, y el presidente del Gobierno apenas pudo salirse de los grandes temas de confrontación abiertos, cuestiones transversales que no dejaban de provocar dudas en las propias filas del partido en el Gobierno. Uno de ellos era la política territorial y la reforma de los estatutos de autonomía, que había formado parte del programa del PSOE en las elecciones de 2004. El primero de ellos ya se había solventado: el Estatuto vasco, el llamado «plan Ibarretxe» que el Parlamento de Euskadi había aprobado el 30 de diciembre de 2004 y que pretendía convertir al País Vasco en una suerte de Estado libre asociado a España, había sido sometido a votación y rechazado en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de aquel año 2005, con los votos del PP y del PSOE. El nuevo Estatuto catalán, en proceso de elaboración, iba a proporcionar mayores quebraderos de cabeza, como se verá. En relación con la cuestión autonómica, el presidente del Gobierno afirmó en el debate del estado de la nación que el modelo territorial defendido por el Gobierno era el que España necesitaba y la Constitución «preveía y permitía». El líder de la oposición, Mariano Rajoy, le acusó de organizar «el mayor lío autonómico» desde la transición, que había «puesto en almoneda la idea de España y la estructura del Estado», enfrentando a unas comunidades autónomas con otras.

Sin embargo, fue en la política antiterrorista donde el cruce de intervenciones fue brutal. El presidente del Gobierno ratificó su firme compromiso en la lucha contra el terrorismo, pero también su voluntad de poner fin a la violencia de ETA, aprovechando el momento de debilidad de la banda y «sin pagar ningún precio político». Respondía así a los rumores propalados por algunos medios de comunicación y por el propio PP acerca de la apertura de negociaciones con la banda terrorista. Rodríguez Zapatero se comprometió a llevar el asunto al Parlamento y a buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Cuando el presidente del Gobierno recriminó a Rajoy su falta de colaboración en la política antiterrorista, el líder del PP le acusó de haber pagado un «anticipo» a ETA al permitir que sus representantes ocuparan escaños en el Parlamento vasco. Y le espetó: «Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento».

El presidente del Gobierno exigió al líder popular que retirara sus afirmaciones, pero Rajoy fue implacable. «Si su mandato terminara aquí —había dicho—, usted pasaría a la historia de España como el hombre que en un año puso al país patas arriba, detuvo los avances, creó más problemas que soluciones, hizo trizas el consenso de 1978, sembró las calles de sectarismo y revigorizó a una ETA moribunda». El presidente del Gobierno afirmó que el PP no había cesado de hacer uso político del terrorismo desde que perdió las elecciones en 2004, levantando primero «cábalas estrambóticas» sobre el 11M y después, durante los tres meses anteriores, haciendo «partidismo» con el terrorismo de ETA.

En cumplimiento de lo anunciado por el presidente del Gobierno, el pleno del Congreso del 17 de mayo aprobó, con los votos en contra del PP, una moción del PSOE que defendía un «final dialogado» con ETA, siempre que ocurriera en condiciones estrictas de ausencia de violencia; un final sin contrapartidas políticas y solo si la banda abandonaba el uso de las armas. El texto de la moción repetía textualmente párrafos enteros del Pacto de Ajuria Enea, que habían apoyado todos los partidos en 1988. Aunque el presidente del Gobierno había dicho que trabajaría para que el PP se sumara al acuerdo, el portavoz popular, Eduardo Zaplana, negó que hubiera ninguna mano tendida y dijo que difícilmente podía tenderla quien la tenía «atada».

Unos días más tarde, el 4 de junio, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convocó una manifestación de protesta contra cualquier posible diálogo. Ya se había celebrado una, el 22 de enero, a la que había asistido el ministro de Defensa, José Bono, a título personal, pero tuvo que abandonarla por los insultos que recibió. Ante la de junio el Gobierno declaró que no enviaría representación y que no cambiaría su política, y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que no todas las asociaciones de víctimas suscribían la convocatoria. Sí asistieron Mariano Rajoy y la plana mayor del PP, con José María Aznar a la cabeza, que fue recibido por la multitud al grito de «presidente, presidente». Hubo doscientas cincuenta mil personas según la Delegación del Gobierno (entre quinientas mil y un millón según los organizadores), que portaban pancartas en las que se leía «Zapatero, embustero», «Negociar es claudicar» o «Por ellos, por todos. Negociación en mi nombre, no». El presidente de la AVT, Francisco Alcaraz, leyó un manifiesto en el que volvía a acusarse al presidente del Gobierno de «traicionar» a las víctimas.

No era el ambiente más propicio para llegar a acuerdos en las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre el 11M, tarea en la que todos los grupos estaban embarcados. La presentación ante el pleno se había retrasado hasta el último día de sesiones antes de las vacaciones de verano. Los socialistas sostenían en un texto de cuatrocientas páginas que los únicos culpables de los atentados del 11M eran los terroristas, pero que hubo importantes disfunciones en la lucha contra el terrorismo internacional antes de la masacre, y que a ello se sumó después el engaño masivo. Las conclusiones del PP llenaban trescientas sesenta y una páginas y afirmaban que no hubo imprevisión, que el Gobierno informó con total transparencia y que hubo razones sólidas para la imputación a ETA, que el atentado tuvo una clara intencionalidad política y que la investigación aún no había concluido porque faltaba saber quién era el «autor intelectual». El PP aceptaba la existencia de fallos, pero daba a entender que podían haber sido «deliberados». El resto de los grupos políticos se mantenían en sus duras críticas hacia la gestión del PP y se mostraban recelosos ante la posibilidad de un pacto final entre los dos grandes partidos para las recomendaciones de cara al futuro, ya que el PSOE parecía dispuesto a rebajar sus críticas a la imprevisión.

El 22 de junio la comisión celebró la que iba a ser la última de sus sesiones. Hubo un primer turno de intervenciones en el que cada uno de los partidos expuso sus conclusiones. Tanto la de Álvaro Cuesta, del PSOE, como la de Martínez-Pujalte, del PP, fueron muy duras. Desde su despacho, Zaplana avisó de que no había nada de nada del acuerdo del que estaban hablando. En el segundo turno de intervenciones hubo explicaciones y una cierta moderación. Se abrió la posibilidad de consensuar los puntos relativos a la atención a las víctimas y las medidas que había que adoptar en el futuro. Los grupos se amoldaron, sin dejar de mostrar sus discrepancias. ERC fue el más radical y pidió la reprobación de José María Aznar, Eduardo Zaplana, Ángel Acebes y Ana Palacio. A Martínez-Pujalte aquello le pareció «un exabrupto calumnioso e injurioso». Con aire condescendiente añadió que, si bien no compartían ni la argumentación ni las conclusiones, el PSOE «no había cargado las tintas», no sabía si por conmiseración, por rebajar tensiones o porque no daba para más. No fue fácil decidir qué votar y, pese al acuerdo sobre las recomendaciones finales, el resto de los grupos pidieron votar las diferentes propuestas para poder defenderlas como voto particular en el pleno. Las medidas para el futuro se votaron párrafo a párrafo con el objetivo de incorporar al PP. Los portavoces de todos los grupos dieron ruedas de prensa para explicar el resultado de la reunión, y Martínez-Pujalte se mantuvo en sus trece. El dictamen era «ridículo», no respondía a la verdad, sino a las opiniones partidarias de la mayoría, y volvió a preguntarse qué quería esconder el PSOE.

Toda la prensa publicó en los días siguientes resúmenes y citas textuales del dictamen final de la comisión, que tenía doscientas cuarenta y ocho páginas, más doscientas dieciocho de anexos y cuarenta y dos de conclusiones. En la introducción se rendía tributo a las víctimas y se agradecía el trabajo de su presidente, el canario Paulino Rivero, así como el de los servicios de la Cámara y la «sensibilidad» del poder judicial, muy especialmente del juez Del Olmo. Sin ello no se habría podido conocer mucho de lo que ahora ya se sabía. Se incluía la reprobación del comisionado Jaime Ignacio del Burgo y se afirmaba que habían tomado buena nota de las advertencias de Pilar Manjón. También se señalaba la necesidad de regular las comisiones de investigación parlamentaria cuando coincidieran con un sumario abierto, añadiendo algunas sugerencias al respecto.

El texto del dictamen estaba dividido en tres partes. La primera se dedicaba al terrorismo internacional y se hacía un examen detenido de la novedad que suponía, de las conexiones del islamismo en España con las redes internacionales, de las operaciones y detenciones realizadas, de los precedentes —como el atentado de Casablanca— y de la amenaza contra España, directa y seria, como demostraban los informes ya conocidos del CNI, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como las reuniones de los grupos de colaboración y prevención europeos, a las que había asistido el ministro Acebes. A nada de aquello se le dio importancia y no se adoptaron medidas, no se investigaron los recursos logísticos ni la financiación y arraigo de las células durmientes, los lugares de tránsito, reclutamiento y los contactos en las cárceles del terrorismo islamista. Tampoco se había prestado atención a las relaciones con la delincuencia común y el tráfico de explosivos. Las investigaciones estuvieron parceladas, faltó coordinación y la puesta en común fue incorrecta. De todas maneras, aquella primera parte del dictamen concluía que, una vez cometidos los atentados, resultaba más fácil identificar carencias y errores, y que nada de eso quería decir que el atentado hubiera podido evitarse. Los únicos responsables eran los terroristas.

La segunda parte se dedicaba a los atentados y a la respuesta institucional y política para atender a las víctimas y para establecer lazos de comunicación con la sociedad. Dejaba claro que lo que la comisión tenía encomendado era dirimir las responsabilidades políticas, no las criminales, y que los autores eran terroristas islamistas, sin ninguna relación con ETA, como ponían de manifiesto los autos del juez Del Olmo y como unánimemente habían afirmado los comparecientes, a excepción del expresidente del Gobierno, el exministro del Interior y el antiguo secretario de Estado de Seguridad. En relación con la respuesta institucional, se concluía que el Gobierno actuó sin contar con la opinión del resto de las fuerzas políticas y parlamentarias, motivado por sus «exclusivos y excluyentes intereses de partido». Frente a toda evidencia indiciaria, el ministro Acebes afirmó entre los días 11 y 13 que la principal línea de investigación era ETA, cuando las informaciones que iba recibiendo apuntaban en otra dirección, que se abrió el mismo día 11 y se fue confirmando. «El ministro deformaba los datos que recibía y los hacía llegar sesgadamente a la ciudadanía», una actuación insólita consecuencia de intereses políticos del Gobierno. Los ciudadanos, que dieron muestras de su solidaridad con las víctimas y de su indignación por la información oficial, buscaron otras fuentes, y por eso en la manifestación preguntaron «quién ha sido». El Gobierno manipuló y tergiversó los datos que iba recibiendo de la policía y los adaptó a sus intereses, una actuación impropia de un Gobierno en democracia. No asumió la masacre como una cuestión de Estado, sino de partido.

La tercera parte, por último, recogía las recomendaciones para el futuro, un total de ciento cincuenta medidas en torno a cinco principios fundamentales: la solidaridad con las víctimas del terrorismo; la unidad de las fuerzas políticas democráticas; la cooperación multinivel; la actuación internacional y de las organizaciones multilaterales para erradicar las causas, y la protección de las libertades civiles de los derechos de los ciudadanos. Por último, el dictamen recomendaba un nuevo pacto contra el terrorismo internacional.

Ese fue el dictamen que presentó Paulino Rivero ante el pleno del Congreso el 30 de junio. No estaba en el banco azul el presidente del Gobierno, y solo había tres ministros, el de Interior, José Antonio Alonso, el de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Los escaños del PP estaban llenos. Tras la presentación, se produjo la intervención de los distintos grupos, en defensa de sus votos particulares. El grupo mixto agradeció la voluntad de consenso de los socialistas y Gaspar Llamazares apoyó el dictamen, no sin recordar las responsabilidades del anterior Gobierno. Más duro fue Olabarria, en nombre del PNV, que denunció la criminalización a la que estaba siendo sometida Pilar Manjón y criticó a los dos grandes partidos. Coincidió en ello Joan Puig, en nombre de ERC, que mantuvo sus peticiones de reprobación a los responsables del anterior Gobierno y su desacuerdo con que el PP hubiera podido introducir parte del documento después de haberse jactado de haber metido un gol a la comisión. Jané, en nombre de CiU, quiso hacer una valoración positiva del trabajo realizado porque, si bien ellos no fueron partidarios de crear la comisión, gracias a ella se había conocido la marcha de las investigaciones y se había conseguido un cierto acuerdo en las recomendaciones. Faltaba el gran pacto antiterrorista.

El PP se mantuvo en sus trece. Eduardo Zaplana repitió una vez más que aquella comisión se creó gracias a ellos, porque querían saber «toda la verdad». Los socialistas nunca la quisieron y aquel era un «día triste»: cuando la mayoría de la Cámara «impusiera» el cierre de la investigación, habrían fallado a las víctimas y a la sociedad; el Parlamento español habría claudicado, afirmó. Además, el Gobierno ofrecía ahora diálogo a los terroristas, en referencia a ETA, y había enfrentado a las asociaciones de víctimas. Pero el PP no iba a dar «carpetazo», pues demasiadas piezas seguían sin encajar. Había pasado un año desde aquel atentado «político» que cambió no solo el Gobierno, sino el rumbo del país. «No tengan ningún complejo —dijo a los socialistas—, su victoria electoral, influida o no, es legítima; pero quizá por ese complejo tienen miedo a saber qué pasó», y la votación del dictamen no disiparía las dudas. Le contestó el socialista Álvaro Cuesta: «Acabamos de ver el mejor ejemplo de lo que hemos vivido entre el 11 y el 14 de marzo», mientras desde la bancada popular se armaba un gran escándalo y se lanzaban gritos del ya famoso «pásalo», que acompañaron toda la intervención. Los votos particulares de los grupos no salieron adelante, y el dictamen fue aprobado por ciento ochenta y cuatro votos a favor, con los ciento cuarenta y cinco del PP en contra y una abstención.

La comisión de investigación del 11M dejó de ser el espacio de confrontación, pero no el propio 11M. Seguía abierto el sumario del juez Del Olmo y en el horizonte estaba pendiente el juicio. Mientras tanto, fueron otras las cuestiones que movilizaron la oposición del PP, que no abandonó su estrategia de sacar los temas de confrontación desde las instituciones políticas a los medios de comunicación y a la calle. Coincidiendo con la aprobación en el pleno del Congreso del dictamen de la comisión, por ejemplo, el Parlamento aprobó la modificación del Código Civil que permitía el matrimonio de personas del mismo sexo. Se produjo una intervención no prevista del presidente del Gobierno, y hubo una sonora protesta de la bancada popular cuando el presidente de la Cámara negó al líder de la oposición la posibilidad de intervenir. Votaron en contra los diputados populares, salvo Celia Villalobos, y algunos miembros de CiU; a favor todos los demás grupos, ciento ochenta y siete diputados.

Unos días antes, el 19 de junio, habían salido a la calle ciento ochenta mil personas —un millón y medio según los organizadores— para manifestar su oposición radical. La convocatoria fue del Foro Español de la Familia, en apoyo del lema «La familia sí importa». Detrás de la segunda pancarta «Por el derecho a una madre y un padre», iban dirigentes del PP. No estaba Mariano Rajoy, pero sí Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ana Pastor, Jaime Mayor Oreja y Vicente Martínez-Pujalte, entre otros, junto con el cardenal Rouco Varela y una veintena de obispos más. Unos meses más tarde, en noviembre, volvieron a las calles, esta vez contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación y la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Medio millón de personas, dos millones según los organizadores, se concentraron convocadas por una decena de organizaciones, apoyadas por el PP y con la asistencia también, entre otros, de Acebes, Zaplana, Esperanza Aguirre y media docena de obispos. Se gritaron con entusiasmo lemas como «Zapatero, dimisión», «Yo no quiero que me eduque ZP», «Obispos, sed valientes, no estáis solos» o «La LOE es una ley muy adecuada para una dictadura». «La COPE somos todos», lucían las pegatinas que llevaban algunos en el pecho, y varios periodistas de Radio Nacional fueron increpados.

No fue menor la movilización que acompañó al largo debate y a las negociaciones de la llamada Ley de Memoria Histórica (ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura), que se publicó como proyecto en diciembre de 2006. En el mes de abril, el Parlamento había aprobado la declaración de 2006 como el Año de la Memoria Histórica con los votos en contra del PP, para el que toda iniciativa en aquella dirección rompía el pacto constitucional, trataba de imponer una verdad oficial y revisar la transición democrática, al dividir a los españoles y abrir viejas heridas. Esa fue la opinión que mantuvo desde entonces, mientras el proyecto de ley desencadenaba enmiendas de casi todas las fuerzas políticas y, en los medios de comunicación, lo que dio en llamarse la «guerra de esquelas». La ley llegaría al Parlamento un año más tarde, en octubre de 2007, después de lograr el acuerdo con todos los grupos, excepto ERC y el PP, que se opusieron por motivos muy distintos. Mientras que el PSOE la defendió con el objetivo de reparar los daños a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, ERC se desmarcó porque la ley no anulaba las sentencias de los tribunales franquistas y el PP consideró que era el último eslabón del «ataque a la transición» orquestado por el Gobierno socialista, en su empeño por utilizar la historia como arma política.

La confrontación política encontró campo abonado durante aquellos meses también en el debate territorial, propiciado por el proceso de aprobación del nuevo Estatuto catalán. Dentro de su voluntad de abrir una nueva fase en la reforma del Estado de las autonomías, Rodríguez Zapatero había anunciado en un mitin de las elecciones catalanas de 2003, cuando todavía estaba en la oposición, que respetaría el Estatuto que viniera del Parlamento de Cataluña. Sin que los socialistas catalanes frenaran los aspectos más controvertidos impulsados por ERC, y con artículos de dudosa constitucionalidad, el Parlament lo aprobó el 30 de septiembre de 2005 por una mayoría abrumadora, aunque con discrepancias entre las fuerzas políticas que lo apoyaban y con el voto en contra de los quince diputados del PP. Cuando se supo, en Madrid saltaron las alarmas y hubo opiniones en contra desde todos los poderes, instituciones y organismos del Estado, desde los militares y la jerarquía eclesiástica hasta la patronal y los sindicatos, así como desde la mayoría de los gobiernos autonómicos.

El complicado recorrido parlamentario del Estatuto en el Congreso de los Diputados desembocó en una negociación personal entre el presidente del Gobierno y el líder de CiU, Artur Mas, cuyos votos resultaban imprescindibles para que saliera adelante. El objetivo era hallar fórmulas aceptables respecto a la financiación y la definición de Cataluña como «nación», término que se incorporó solo en el preámbulo, mientras que en el resto del texto se utilizaba «nacionalidad». El Congreso de los Diputados lo aprobó el 30 de marzo de 2006, con los votos a favor de CiU y en contra de ERC, muy crítica con la «timidez» del documento pactado y molesta por el protagonismo otorgado por el Gobierno al líder convergente. Pasó por el Senado el 10 de mayo y fue sometido a referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006, con resultado favorable, aunque con la abstención del 50,5 por ciento del censo. El desgaste de la tramitación tensó las relaciones dentro del propio PSOE y entre las fuerzas políticas gobernantes en Cataluña, donde forzó el adelanto de las elecciones, a las que Pasqual Maragall anunció que no se presentaría. El resultado dio paso a un nuevo Gobierno tripartito, aunque con pérdida de votos del PSC y de ERC, y convirtió a José Montilla en el nuevo presidente de la Generalitat.

El PP no solo había votado en contra en el Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados, sino que durante todo el proceso hizo de la cuestión territorial su segundo gran tema de confrontación con el Gobierno, al que acusó de estar desintegrando la unidad de España y de rendirse a ERC, cuyos votos necesitaba en el Congreso de los Diputados. Además, sacó la cuestión del ámbito parlamentario. El 3 de diciembre de 2005, a poco de comenzar la discusión en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, el PP convocó una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, en la que Mariano Rajoy dijo que no había más que una nación, la española, entre vítores y gritos de «España, España». También alentó una dura campaña de recogida de firmas en la calle, que pasaron de las cuatrocientas mil, en contra de un proyecto del que aseguraba que «rompía» España, y frente al cual se exigía la celebración de un referéndum a escala nacional. Una vez aprobado el Estatut, el PP planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que no se resolvió hasta cinco años después. De los nuevos estatutos de autonomía aprobados aquellos meses (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León), el único que se aprobó sin acuerdo entre el PP y el PSOE fue el catalán, aunque este sirviera como referente a los demás en las cuestiones competenciales y también en aspectos identitarios, con la introducción en el articulado del término «nacionalidad histórica».

El otro gran debate fue el de la política antiterrorista. El 22 de marzo de 2006, ETA anunció un «alto el fuego permanente». Atrás quedaban varios años de complicadas reuniones, iniciadas privadamente en 2002 entre el socialista Jesús Eguiguren y el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, a las que se incorporó el Centro de Diálogo Humanitario Henri Dunant, en Suiza primero y en Noruega después. El Gobierno socialista había exigido a ETA el cese de todas sus actividades, a cambio de relajar la presión policial y de que Batasuna se acogiese a la Ley de Partidos. Esta, por su parte, había exigido que, en un plazo de seis meses a partir del anuncio del alto el fuego, el Gobierno lograra un «pacto de Estado». El llamado Acuerdo de Oslo incluía el compromiso del Gobierno español de «respetar las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos», siempre «en ausencia de cualquier violencia o coacción, respetando las normas y los procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos». Era la tercera vez que se intentaba negociar con ETA, después de que lo hiciera Felipe González en 1989 en Argel y José María Aznar en 1998, por breve tiempo, cuando habló del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

A Mariano Rajoy, que fue informado por el presidente del Gobierno, no le había entusiasmado el alto el fuego, porque las condiciones impuestas a ETA no le parecían «las de siempre». En el debate sobre el estado de la nación de aquel año, la negociación con ETA no ocupó inicialmente mucho espacio, pero la sesión dedicada a las propuestas de resolución de dicho debate condujo a la ruptura entre el partido en el Gobierno y el principal partido de la oposición. Mariano Rajoy había avisado de que, si el Partido Socialista de Euskadi persistía en su intención de sentarse con Batasuna, se habrían superado las líneas rojas y volvería a oponerse a la política antiterrorista. El PP presentó una resolución en la que se afirmaba que el cese de cualquier actividad delictiva y la disolución definitiva de la banda terrorista debían ser condiciones necesarias y previas a cualquier otra iniciativa. El PNV trató de contrarrestarla presentando como texto alternativo otro idéntico al que se había aprobado en 1998 por unanimidad, y por tanto con los votos del PP, poco antes de que tres enviados por el entonces presidente, Aznar, se reunieran con una delegación de Herri Batasuna en la que estaba Arnaldo Otegi, sin debate previo pero con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Se lo recordó en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno a Mariano Rajoy, cuando el líder popular anunció su intención de romper toda relación con el Gobierno y retirar su apoyo al proceso abierto para el fin de la violencia terrorista. Era la primera vez en democracia que el principal partido de la oposición anunciaba la ruptura de relaciones en materia antiterrorista. Dejaba en el aire el compromiso del Pacto por las Libertades, que atribuía al Gobierno en cada momento la dirección de la lucha antiterrorista. Pocos días más tarde, el PP apoyó la concentración convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la cuarta contra las iniciativas del Gobierno y la primera después del alto el fuego. Acudió la plana mayor del partido, desde José María Aznar, acogido otra vez con los gritos de «presidente, presidente», Ángel Acebes y Esperanza Aguirre hasta el propio Mariano Rajoy. Dijo este que esperaba que el Gobierno «tomara nota» de que no se podía negociar ni «pagar un precio político» a una organización terrorista.

El 28 de junio, Rodríguez Zapatero hizo una declaración institucional para comunicar la apertura de negociaciones con la banda terrorista, manteniendo el «principio irrenunciable» de que las cuestiones políticas solo las resolverían los representantes legítimos de la voluntad popular. Pero ni Batasuna aceptó acogerse a la Ley de Partidos ni la mesa de partidos salió adelante. Las exigencias de ETA y de la izquierda abertzale respecto a Navarra y a la celebración de un referéndum en dos años transgredían las líneas rojas del Gobierno, que restringían las conversaciones al futuro de los presos, dejando para los partidos la negociación política. El 25 de noviembre, la AVT volvió a ocupar la calle; más de un millón de personas según la Comunidad de Madrid, ciento treinta mil según la Delegación del Gobierno, con José María Aznar y Mariano Rajoy en cabeza, repitieron su rechazo y sus consignas. El presidente del Gobierno proclamó su respeto a los manifestantes, pero lamentó no contar con el PP en el proceso de paz y que utilizara el terrorismo en su labor de oposición. Tampoco sirvió como gesto de buena voluntad hacia el PP la supresión del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, creado por el Gobierno tras la comparecencia de Pilar Manjón en la comisión del 11M, para el que fue nombrado Gregorio Peces-Barba. El PP había mostrado inicialmente su conformidad, pero después de que la AVT discrepara de él y de que el propio comisionado lo hiciera con algunas de las manifestaciones del Gobierno en la negociación con ETA, el organismo despareció.

El 30 de diciembre de 2006, estalló una bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos. El Gobierno anunció inmediatamente la suspensión de «todas las iniciativas para desarrollar el diálogo» con ETA. Al día siguiente, la AVT llamó a manifestarse otra vez en distintas ciudades. Hubo altercados en Madrid, con agresiones a periodistas de RTVE y Radio Nacional. Un centenar de personas se dirigieron después a la sede del PSOE en la calle Ferraz, gritando contra Zapatero y exigiendo su dimisión. La confrontación sobre la política antiterrorista continuó durante los meses siguientes. El 13 de enero de 2007, por iniciativa de la Federación Nacional de Ecuatorianos en España y de los dos grandes sindicatos, CC.OO. y UGT, se celebró en Madrid una gran manifestación contra el terrorismo, que se convirtió en un apoyo al presidente del Gobierno y un rechazo hacia la actitud de los populares. El PP, que no acudió, había calificado la convocatoria de «partidista» y había acusado al Gobierno de romper la unidad de los demócratas. Pocos días después, fue el Foro de Ermua, que también había condenado la anterior manifestación, el que llamó a manifestarse en la capital contra el diálogo con ETA, pero no pudo evitar que se convirtiera en una concentración contra el Gobierno. Los gritos más coreados fueron «Zapatero, dimisión». Esta vez no faltó nadie del PP, desde José María Aznar y el propio Manuel Fraga hasta Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón o Esperanza Aguirre. El 16 de enero, en el Congreso, Mariano Rajoy le había dicho a Zapatero: «No se puede negociar bajo el chantaje. Si usted no cumple con los terroristas, le pondrán bombas, y si no se las ponen, es que ha cedido».

En todas aquellas manifestaciones había estado presente el recuerdo de los atentados del 11M, y el grito «Queremos saber la verdad», en alusión a la autoría, se repitió en todas las convocatorias. «ETA, PSOE, Zapatero, ¿quién está detrás del 11M?», era una de tantas pancartas que podían verse. Quienes salían a la calle para impugnar cualquier negociación con ETA parecían participar de las teorías conspiratorias que habían acompañado a los trabajos de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, y que iban a continuar durante el juicio.

8. El juicio. Declaran los acusados

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EL JUICIO. DECLARAN LOS ACUSADOS

El 6 de julio de 2006, el juez Del Olmo había concluido el sumario por los atentados del 11M y había elevado la causa a la sala de lo penal para su enjuiciamiento. La instrucción había durado dos años y medio, y el auto tenía doscientos treinta y siete tomos y treinta piezas separadas; casi cien mil folios. El juez señalaba que la investigación no había terminado, porque existían personas que podían haber participado criminalmente en los hechos y a las que todavía no se conocía, pero se habían llevado a cabo todas las diligencias y esperar nuevos datos supondría un tiempo excesivo, entre otras razones porque había varios procesados en prisión provisional desde hacía dos años y otros estaban en libertad provisional. En el sumario, el juez Del Olmo hacía un relato de los hechos anteriores al 11M, en el que se incluía una explicación de cómo se gestó la célula terrorista, así como de lo que ocurrió ese día y después, hasta el suicidio colectivo en Leganés; afirmaba que la financiación de los atentados procedía básicamente de la actividad delictiva por tráfico de drogas y de aportaciones de los miembros de la célula, y que en esa financiación había desempeñado un papel central Jamal Ahmidan, alias el Chino. De los ciento veinte imputados inicialmente, eran veintinueve los finalmente procesados.

Terminada la fase de instrucción, el tribunal que juzgaría el caso llamó a juicio oral. La fiscal Olga Sánchez, que había sido la sombra del juez durante la instrucción, presentó sus conclusiones provisionales el 7 de noviembre. Coincidía plenamente con el juez Del Olmo en la autoría yihadista, enmarcaba la motivación en el apoyo a la guerra de Irak y no veía sombra de ETA, salvo algunos contactos esporádicos en la cárcel. Discrepaba del juez solo en considerar a uno de los procesados, Basel Ghalyoun, autor material de la masacre, mientras que Del Olmo mantenía que solo realizó labores de apoyo y de mantenimiento. La fiscal solicitaba penas por los ciento noventa y un asesinatos cometidos y los mil ochocientos veinticuatro en grado de tentativa: un total de doscientos setenta mil años de cárcel. De ellos, treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro le correspondían al exminero asturiano Suárez Trashorras por cooperación necesaria para cometer los atentados y por ser el autor material de los hechos que permitieron la adquisición de los explosivos. Le seguían Rabei Osman el Sayed Ahmed, el Egipcio, detenido en Milán el 7 de junio de 2004 y entregado a las autoridades españolas en diciembre; Hassan el Haski, marroquí, y Yusef Belhadj, marroquí también y detenido en Bélgica en febrero de 2005, ambos por inducción de los delitos de asesinatos terroristas y pertenencia a organización terrorista (se consideraba a los tres como autores intelectuales y se les pedían treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis años de cárcel); detrás venían los también marroquíes Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar, detenido en Serbia en agosto de 2005 y entregado a las autoridades españolas, y Basel Ghalyoun, sirio, acusados los tres de ser autores materiales de los atentados.

El ponente del tribunal iba a ser el juez Javier Gómez Bermúdez, aunque su presidencia estuvo pendiente de la confirmación definitiva de su nombramiento como presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que había sido hecho por el Consejo General del Poder Judicial en julio de 2004, pero que fue recurrido en dos ocasiones, y estaba todavía pendiente cuando comenzó el juicio. Durante la fase de instrucción, en el mes de octubre de 2006, Gómez Bermúdez había concedido varias entrevistas, que alimentaron la polémica. A José Yoldi, de El País, que no se recató en presentarlo como miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, recordándole lo controvertido de su nombramiento, le reconoció que en aquel juicio iba a haber un «exceso de presión». A Esther Esteban, de El Mundo, que le preguntó si se daban las condiciones para que comenzara el juicio, dada la cantidad de «agujeros negros» que habían aparecido, le contestó que sí, que se iba a juzgar a veintinueve personas y a decidir si habían intervenido en los «terribles hechos» del 11M, «pero sin ir más allá». Todavía había cuatro o cinco personas en busca y captura, y cuando aparecieran habría que celebrar un nuevo juicio. «No estamos hablando de un juicio universal, sino de un juicio concreto», añadió, pero estaba seguro de que se conocería la verdad. La justicia era lenta, pero segura. Esta segunda entrevista había levantado mucho revuelo, y hubo voces que incluso defendieron su recusación, que no salió adelante.

El juez tenía una importante experiencia en delitos de terrorismo relacionados con ETA y había sido también presidente del tribunal que juzgó, entre abril y septiembre de 2005, a los miembros de la célula yihadista de Abu Dahdah, detenida por la instrucción del juez Baltasar Garzón. Había habido una expectación internacional ante aquel juicio, porque fue el primero que se celebró en relación con los atentados del 11S en Estados Unidos. En él declaró, entre otros, Jamal Zougam. Allí se mostraron algunos de los problemas de la investigación e instrucción de los delitos relacionados con el terrorismo yihadista, que solían contar con muchos indicios, pero con pruebas endebles. Los más de sesenta mil años que pedía la fiscalía para Abu Dahdah se quedaron en veintisiete, aunque se puso de relieve la visita de Mohamed Atta a España pocos días antes del 11S, así como los vínculos de la célula española con Al Qaeda, pero no la participación directa.

El juez Del Olmo había hecho gala de su hermetismo durante la prolongada elaboración del sumario, lo que facilitó las descalificaciones desde los medios más críticos de todo el proceso. Gómez Bermúdez, por el contrario, se reunió a lo largo del juicio de manera sistemática con los periodistas, ya que consideraba necesario que la información se ajustara a lo que ocurría en la sala, aunque luego ellos publicaran lo que consideraban oportuno. Su preocupación no evitó que algunos lo convirtieran en un «juez estrella», ni que quienes al principio lo aplaudieron más tarde acabaran por criticarlo. Su voluntad informadora tampoco pudo impedir que hubiera un juicio «paralelo» por parte de los defensores de la «teoría de la conspiración», que consideraron que aquel juicio se estaba dejando demasiadas cosas fuera y trataron sistemáticamente de colar sus verdades alternativas. De hecho, como afirmó el fiscal general, Javier Zaragoza, en sus conclusiones definitivas, coexistieron dos juicios, el instruido por los tribunales, por un lado, y, por otro, el de los medios, al que contribuyeron paradójicamente algunos letrados de la acusación en nombre de dos de las asociaciones de víctimas.

Uno de los abanderados de la «teoría de la conspiración» fue Luis del Pino, que saltó desde una radio privada local, CityFM, a Libertad Digital, y de allí a la COPE, de la mano de Federico Jiménez Losantos, y a El Mundo, junto con el propio Pedro J. Ramírez. Había publicado ya dos libros, Los enigmas del 11M. ¿Conspiración o negligencia? y Las mentiras del 11M. Su blog había sido el origen de un supuesto «movimiento de investigación ciudadano» llamado «los peones negros», que reunía a unas decenas de personas en la calle en distintas ciudades todos los días 11 de cada mes desde agosto de 2006. Fue también el autor de algunos de los documentales más polémicos, producidos por El Mundo TV, Las sombras del 11 de marzo, emitido por Telemadrid el 9 de marzo de 2006, y 11M. 1000 días después, en marzo de 2007, que era una verdadera «recreación» de los hechos.

A los pocos días de comenzado el juicio, el 1 de marzo, Luis del Pino publicó un nuevo libro, 11M. Golpe de régimen, que presentó en la Asociación de la Prensa de Madrid, acompañado de Pedro J. Ramírez y de Federico Jiménez Losantos. Este se había hecho con el control de la COPE y desde allí venía hablando de «los pelanas de Lavapiés» o de los «moritos» traficantes de hachís, que entraban y salían tranquilamente de las dependencias policiales, y que costaba creer que pudieran ser los autores en solitario de la masacre. A aquellas alturas parecía claro que, a diferencia del otro medio adalid de la «teoría de la conspiración», Telemadrid, cuya batalla era eminentemente política, los motivos de la COPE y de El Mundo no eran ya solo esos, sino de mera estrategia comercial; habían encontrado un filón con el que sacar a sus respectivas empresas de sus apuros económicos y dar la batalla por hacerse con la hegemonía frente a otros periódicos, como ABC, dirigido entonces por José Antonio Zarzalejos, que se mantuvo muy alejado de aquellas teorías y que incluso las condenó con firmeza en varias ocasiones.

El juicio empezó el 15 de febrero de 2007, en el pabellón de la Audiencia Nacional de la Casa de Campo. Estaban acreditados para seguir la jornada inaugural ciento cincuenta emisoras de radio, televisiones, periódicos y agencias de noticias, muchos de ellos de otros países europeos y de Estados Unidos. Ocupó portadas de los periódicos españoles, pero también de la prensa internacional. Para el seguimiento de las sesiones solo hubo una señal, controlada por el tribunal, a la que tuvieron acceso televisiones y páginas web. Muchos medios, nacionales y de otros países, siguieron el juicio, y también lo hicieron ciudadanos particulares en internet, una absoluta novedad. Máxima transparencia e información, con las necesarias restricciones en las imágenes de testigos protegidos o de mandos policiales, había sido la decisión del juez Javier Gómez Bermúdez, que cuidó al máximo todos los detalles antes de que empezara el juicio. Hubo, además, traducción simultánea con el objetivo de garantizar la defensa de los acusados y de agilizar y acortar la duración de los interrogatorios (se hizo, aunque no fue fácil y no dejó de suscitar quejas y ajustes). También fue un trabajo complejo la digitalización del sumario, que incorporó un sistema de búsqueda que permitía una consulta más eficaz para todas las partes implicadas, incluso para los acusados, una decisión que puso en marcha Gómez Bermúdez en coordinación con Instituciones Penitenciarias.

A Javier Gómez Bermúdez le acompañaban en el tribunal los magistrados Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás. La fiscalía estaba representada por el fiscal jefe Javier Zaragoza y por los fiscales Olga Sánchez y Carlos Bautista. Asistían dos abogados del Estado de la Audiencia Nacional, ya que cabía la posibilidad de que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario de los atentados. Las acusaciones particulares eran dieciocho, entre ellas tres asociaciones de víctimas (11M Afectados del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo) y otras quince de víctimas no integradas en ninguna de ellas. Había más de cincuenta abogados; veintitrés representaban a las asociaciones de víctimas y veintiséis defendían a los acusados. Se habían pedido declaraciones a más de seiscientos testigos, que luego se quedarían en la mitad, y la comparecencia de más de cien peritos, que serían agrupados según hubieran emitido dictamen sobre un mismo asunto.

La sala de la Audiencia Nacional de la Casa de Campo donde se celebraba el juicio tenía un aforo para unas sesenta personas y una sala de prensa para otras tantas. En los sótanos había una oficina de atención a las víctimas, desde la que se podían seguir las sesiones por un circuito cerrado de televisión. En la sala, los procesados se sentaban dentro de una habitación de cristal blindado. A un lado solían hacerlo quienes supuestamente participaron directamente o fueron inductores en los atentados; al otro, los españoles que facilitaron la dinamita; en medio, Rafá Zouhier. Apenas los separaban unos metros de los familiares de las víctimas, una proximidad que no podía por menos de provocar gestos de estupor y de dolor en sus caras. «Oigan lo que oigan y vean lo que vean, síganlo con la dignidad que les caracteriza», les había pedido Gómez Bermúdez antes de comenzar el juicio.

Los primeros en declarar fueron los considerados inductores, autores materiales o cooperadores necesarios; tras ellos, los presuntos colaboradores, pertenecientes a organización terrorista, encargados de la captación y adoctrinamiento de los terroristas y de la financiación de los atentados, y, por último, los implicados en la trama asturiana y el tráfico de explosivos. Tras sus declaraciones vendría la fase testifical, la pericial y la documental de parte del sumario. Después, la fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas expondrían sus conclusiones finales, y, tras un último turno de palabra en el que los procesados podrían dirigirse al tribunal, el juicio quedaría visto para sentencia.

En un país acostumbrado a que los terroristas de ETA alardearan de sus actos en los juicios, constituyó toda una sorpresa que en este caso los acusados condenaran los atentados y que la mayoría se negaran a contestar a las preguntas de la fiscalía y de los abogados de las acusaciones, y solo respondieran a las pactadas con los suyos. La declaración el primer día de Rabei Osman, alias el Egipcio, para quien la fiscalía pedía más de treinta y ocho mil años de cárcel, se apoyaba en las grabaciones de varias conversaciones telefónicas, una de ellas con un amigo belga, Mourad Chabarou, y otras recogidas por los micrófonos que la policía italiana había instalado en su vivienda. Afirmaba en una de ellas que lo de Madrid había sido todo idea suya, que le costó «mucha paciencia y mucho estudio» y que sus «queridos amigos» cayeron «mártires». Entrenado en un campo de Al Qaeda en Afganistán, el Egipcio había llegado a España tres meses antes del 11M y era muy próximo a Sarhane ben Abdelmajid, el Tunecino. Osman estuvo vigilado por los servicios de inteligencia de varios países europeos y finalmente fue detenido en Milán. Ahora, en Madrid, sentado frente al juez Gómez Bermúdez, el Egipcio se presentó como un sufrido emigrante que se buscaba la vida como podía peregrinando por Europa. Lo negó todo, sostuvo que en esas conversaciones solo estaba comentando las noticias que había visto y condenó los atentados. En su favor jugaba que no se habían encontrado sus huellas en ninguno de los escenarios. Gómez Bermúdez decidió reanudar su declaración el 26 de febrero, después de que hubiera escuchado las grabaciones con su abogado. Su tono, esta vez más moderado, era el de un ulema. Días después perdió la compostura, sin embargo, y protestó airadamente porque la traducción de la declaración por videoconferencia desde Bélgica de Mourad Chabarou era, en su opinión, incorrecta.

En la segunda sesión declaró Yusef Belhadj, al que la fiscal Olga Sánchez preguntó si era el portavoz de Al Qaeda en Europa y el protagonista del vídeo encontrado en la mezquita de la M30. «Soy un musulmán normal, no he recibido nunca órdenes de Bin Laden, no tengo nada que ver con Al Qaeda, nunca he estado en Afganistán», contestó. Dijo que tampoco conocía a Hassan el Haski, presunto jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y otro de los supuestos ideólogos de los atentados, que declaró después de él. Su número de teléfono lo tenía el asesino del neerlandés Theo van Gogh, muerto recientemente en un atentado; «¿por qué?», le preguntó la fiscal. Ninguno de los acusados se atrevió en aquellas primeras sesiones a mirar de frente a los familiares de las víctimas. Ninguno contestó más que a sus abogados. Era una estrategia aprendida para cuando llegara el caso de una detención y un juicio, como demostraban los documentos y vídeos encontrados y los ordenadores registrados.

En aquella segunda sesión se «coló» la «teoría de la conspiración», y se encargó de ello el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Dejó caer tres preguntas sobre supuestas vinculaciones entre el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y ETA. No importaba que estuvieran basadas en hechos refutados por la investigación, como la utilización del mismo tipo de temporizadores o del titadine, o de coincidencias de unos y otros en entrenamientos en campos de Afganistán. Ninguno de los procesados quiso responder: «¿Cómo, si no hablo español? Tal vez en el cielo», contestó El Haski cuando su abogado le preguntó si tenía relación con ETA. El juez Gómez Bermúdez tuvo que cortar risas y gestos entre los acusados, y llamar la atención en varias ocasiones a los abogados para recordarles que su objetivo debía ser buscar la condena de los procesados, no desviar culpabilidades hacia la policía o hacia supuestas conspiraciones. No eran fáciles las declaraciones de quienes hablaban en árabe, que había que interrumpir por problemas de traducción. El juez Gómez Bermúdez aprovechaba aquellas interrupciones para acercarse a los familiares de las víctimas, desconcertados por la confusión, y tranquilizarlos.

La decisión de no responder más que a las preguntas de sus abogados permitió al juez tomar declaración ese mismo día, 16 de febrero, a Jamal Zougam, acusado de ser autor material de los atentados. Hasta cuatro testigos decían haberlo visto en los trenes. En su favor jugaba que no se habían encontrado huellas suyas, si bien constaba en su contra la venta de las tarjetas de los móviles utilizados en la preparación de los atentados. Zougam sí se mostró dispuesto a hablar y contestó a las preguntas de la fiscalía en español; fue el primero en hacerlo. Dijo que regentaba dos tiendas, una en la calle Tribulete y otra en la calle Almansa, que no conocía a Sarhane, el Tunecino, ni a Jamal Ahmidan, el Chino, ni a El Haski, pero sí a Abu Dahdah, aunque no sabía de sus actividades terroristas. Declaró que la mañana de los atentados estaba durmiendo en su casa, que se levantó a las 10.00 y se fue a trabajar, y que los testigos lo habían identificado porque su fotografía salió en televisión. Todo era una «venganza de la policía» contra él por no haber querido colaborar. También dijo que le habían torturado profesionales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que sabían hacerlo sin dejar marcas. Luis del Pino afirmó que Zougam era el «cabeza de turco».

Detrás de él llegó Abdelmajid Bouchar, apodado el Gamo por la policía porque logró escapar corriendo del piso de Leganés tras tirar una bolsa de basura y darse cuenta de la presencia policial. Sus huellas estaban en aquel piso y también en la casa de Morata de Tajuña, pero negó haber estado nunca en ninguno de los dos sitios. Huyó porque tenía miedo de la policía, no porque tuviera nada que ver con los atentados. Él solo quería ser un atleta y ganar una medalla de oro. Basel Ghalyoun contestó en español a las preguntas de la fiscalía, mirando un cuaderno de notas con referencias a las páginas del sumario. Ghalyoun era considerado por la policía un miembro del grupo de Rabei Osman, el Egipcio, y aceptó en el juicio que lo conocía, y también al Tunecino, a El Morabit y a los hermanos Oulad Akcha, de aquellas reuniones que celebraban los domingos en el río Alberche, pero no a Abu Dahdah ni al Chino, y a Zougam solo de vista. Negó haber estado en los trenes y afirmó que, en su identificación por uno de los heridos, este se había contradicho manifiestamente. ¿Pertenecía a Al Qaeda, a ETA, a los Hermanos Musulmanes?, le preguntó su abogado. «No pertenezco. Condeno los atentados», respondió. El abogado de Zougam y Ghalyoun, José Luis Abascal, conocido propagador de la «teoría de la conspiración» y el único abogado de los acusados que no era de oficio, sostenía en su escrito de defensa que se había encontrado en la casa de los islamistas un temporizador de los utilizados por ETA. Luego se supo que había cambiado la fotografía de uno de los encontrados en los registros por otro incautado por la Guardia Civil en una operación contra ETA.

De «cooperación necesaria» se acusaba a Otman el Gnaoui, marroquí, albañil de profesión y conocido de la policía por distintas actividades delictivas. Comenzó hablando en árabe dialectal, aunque luego abandonó sus auriculares para expresarse en español. Muy próximo al Chino, dijo de él que «era traficante de drogas por toda España», por lo que no podía ser un buen musulmán. Le conocía porque le llamó para hacer obras en la casa de Morata de Tajuña, en la que vivían o pasaban tiempo los dos hermanos Oulad, Abdennabi Kounjaa y Asrih Rifaat, tres de los suicidas de Leganés. Se le acusaba de haber ido a Burgos con otro coche, junto con Rachid Oulad, tras una llamada del Chino para ayudar en el traslado de la dinamita, y también de haber construido el zulo en el que se ocultó. El abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M se permitió preguntarle si no esperaban a nadie más aquel día, en alusión a la llamada «caravana de la muerte» de los dos etarras que transportaban explosivos y que fueron detenidos en Cuenca.

Había comenzado el turno de quienes no eran considerados inspiradores intelectuales, ni autores directos ni cooperadores necesarios, pero sí colaboradores en la organización o facilitadores de la huida de algunos implicados, o directamente delincuentes. El sirio Mouhannad Almallah Dabas, conocido como Abu Omar, se dedicaba a la reparación de electrodomésticos y reconoció que había ido a arreglar la nevera estropeada a casa del Tunecino, al que conocía, pero del que se fue separando cuando se radicalizó por su relación con Amer Azizi. Llegó a proponerle «robar bancos y matar policías», dijo. También reconoció que en el local de su propiedad, en la calle Virgen del Coro del barrio madrileño de La Concepción, vivían algunos de los procesados, además de uno de los suicidas de Leganés, pero a las preguntas más comprometidas respondió que eran infundios propagados por su exmujer, una bella tangerina a la que ya repudió y que le denunció por venganza. Dijo que el presidente de los Hermanos Musulmanes en Madrid, organización de la que era simpatizante, le había convencido para afiliarse al PSOE, algo que hizo dos meses después de los atentados, en mayo de 2004. Fue expulsado en cuanto se conoció su detención. Mouhannad había sido detenido el 18 de marzo de 2005 en Madrid, y un día más tarde lo fue su hermano Moutaz Almallah, en Londres. La policía española los consideraba un referente fundamental en la preparación del 11M por su labor de reclutamiento y de adoctrinamiento, así como por su vinculación directa con Al Qaeda. Se creía que estaban situados muy por encima de otros, a un nivel similar al de El Haski y Belhadj. Moutaz, uno de los hombres de confianza de Abu Dahdah y relacionado también con Mustafá Setmarian, era el emir que dirigía las reuniones en la calle Virgen del Coro, a las que asistían, entre otros, el Tunecino, Mustafá Maymouni y Basel Ghalyoun. Moutaz fue extraditado a España después de que la justicia inglesa rechazara su último recurso, en el que alegaba el riesgo de ser torturado.

Declaró después Fouad el Morabit, amigo y compañero de piso de Ghalyoun. Era hijo de un notario de Nador y había llegado a Madrid para estudiar ingeniería, aunque luego abandonó la carrera. Muy cercano a Mohamed el Egipcio, fue detenido y liberado tras los atentados, para ser detenido de nuevo y encarcelado el 12 de abril de 2004. Hablaba seis idiomas y tenía los modos de un joven educado y comedido. Para algunos periodistas que seguían el juicio, sin embargo, actuaba tras el cristal blindado de la sala como un verdadero líder; nadie se atrevía a quitarle su silla. Condenó rotundamente los atentados: «Yo pensaba que había sido ETA, como el resto de España». En absoluto los asoció con el comentario que les hizo Sarhane, el Tunecino, a él y a Mouhannad Almallah de que se marcharan de España porque iba a pasar algo «muy fuerte», respondió a la fiscalía. Sarhane era un radical, dijo para rebajar las acusaciones, pero decía muchas tonterías, y el Egipcio era un «fabulador». El día 11 de marzo, él se levantó a las 6.00 de la mañana para rezar con Asrih Rifaat Anouar y Basel Ghalyoun, y después volvieron a dormir. Era «patético» que intentaran vincularle con los atentados por el hecho de que Rifaat fuera uno de los suicidas de Leganés. Él era musulmán, no radical, sino pacífico, quizá demasiado pacífico, añadió. «Si fuera terrorista reivindicaría los atentados». Fueron una barbaridad, añadió. Las declaraciones de Mouhannad Almallah y de El Morabit fueron tan «inteligentes», escribió Pablo Ordaz en El País, que consiguieron sembrar dudas sobre su actuación, salvo que los testigos posteriores demostraran lo contrario.

Algunos de los procesados habían sido detenidos tiempo después del 11M. Era el caso de Mohamed Larbi ben Sellan, marroquí, al que algunos consideraban el mensajero de Rabei Osman, el Egipcio. Fue apresado en junio de 2005 dentro de la llamada Operación Sello, que la Comisaría General de Información emprendió para localizar a los huidos tras los atentados. En dicha operación cayeron cinco personas, entre ellas Larbi ben Sellan, que estaba procesado también por la Operación Tigris, desarrollada ese mismo año en Cataluña contra quienes se sospechaba que enviaban muyahidines a Irak. Supuestamente, Larbi ben Sellan ayudó a escapar a dos de los autores materiales de los atentados, Mohamed Belhajd y Mohamed Afalah, lugarteniente este último del inmolado en Leganés Allekema Lamari. Afalah murió en un atentado suicida, en Irak, un año más tarde. Llamó por teléfono a su padre poco antes para despedirse y rogarle su perdón. Nasreddine Bousbaa, con el que, según las investigaciones, habían tenido contacto algunos de los suicidas de Leganés, había sido detenido en julio de 2004, puesto en libertad bajo fianza en febrero del año siguiente y detenido de nuevo como consecuencia también de la Operación Tigris, acusado de facilitar la entrada de muyahidines desde Irak mediante falsificación de documentos. Aseguró que no tenía relación con ningún grupo islamista, aunque sí iba a la mezquita de la M30.

El 21 de febrero el juicio entró en el «minuto de la basura» con las declaraciones de quienes se movían en el mundo de la delincuencia. Rachid Aglif, alias el Conejo, conocía a Jamal Zougam y al Chino, así como a Rafá Zouhier, sobre el que añadió detalles más concretos, como que habían ido de fiesta juntos y «trapicheado con drogas», lo que provocó gestos de protesta de Zouhier desde detrás del cristal que llevaron al juez Gómez Bermúdez a expulsarlo de la sala. Aglif también confesó que había estado en una reunión del Chino con Suárez Trashorras y Carmen Toro en Madrid, en octubre de 2003, aunque él no se enteró de lo que negociaban porque se sentó a otra mesa; también estaba Rafá Zouhier, dijo. «Lo que ha hecho esa gente no tiene perdón», afirmó después de condenar el atentado, en su intento de desmarcarse. Lo único que consiguió dejar claro fue que él no era religioso.

Le siguió Abdelilah el Fadoual, amigo íntimo del Chino y, para algunos, su lugarteniente. Estaba acusado de ayudarlo a entrar en España procurándole documentación falsa y coches robados, uno de los cuales fue el que transportó la dinamita desde Asturias. Pero él se dedicaba al comercio de ropa, dijo, nada de drogas ni de falsificación de documentos. «El 11M me ha arruinado la vida», se lamentó. Después vino Saed el Harrak. Había dicho en una entrevista en el periódico La Razón que se quedó «flipado» cuando el 10 de mayo de 2006 salió de la cárcel, en la que estaba en prisión provisional. Había sido un error mecanográfico involuntario del juez Del Olmo, que le había costado entonces al juez instructor una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, denuncia que apoyaron de manera entusiasta algunos letrados y medios de comunicación, que pidieron el apartamiento del juez. Finalmente quedó en falta leve, involuntaria. El Harrak era albañil y trabajaba en una cuadrilla cuyo jefe era Abdennabi Kounjaa, pero sostuvo que apenas conocía a los hermanos Oulad, que se suicidaron también en Leganés. Entre sus pertenencias se había encontrado una carta de despedida de Kounjaa, en la que decía que «partía al martirio». «Ahora lo voy a contar todo, antes tenía miedo», dijo El Harrak en su declaración. Los atentados habían sido una «salvajada». Después llegó, acusado de «cooperación necesaria» en los atentados, Hamid Ahmidan, primo del Chino y para algunos una de las personas de su mayor confianza. Fue otro de los que trabajó como albañil en las obras de la casa de Morata de Tajuña en las semanas previas a los atentados, donde ayudó a ocultar los explosivos, aunque en el juicio alegó que le marginaban porque él no rezaba y que cuando vio un «objeto cilíndrico con unos cables» los demás corrieron a esconderlo. Mahmoud Slimane Aoun, libanés, amigo del Chino y conocido por la policía por tráfico de drogas, rompió a llorar tras recordar que su padre, ciego, su hermano y otros nueve familiares fueron asesinados en la guerra civil de su país. «No hay palabras para expresar el sufrimiento que sentí el 11M», dijo, tras basar su defensa en que él, a diferencia de los otros, era chií.

El 26 de febrero le tocó el turno a Mohamed Bouharrat, albañil también, del que se habían encontrado unas fotos en el piso de Leganés. «Todo es mentira», dijo en varias ocasiones. Aquellas fotos se las dio a un tercero. Él nunca había estado allí. Su declaración fue larga y tensa, con interrupciones de Gómez Bermúdez. Tanto Bouharrat como Mohamed Moussaten, sobrino de Yusef Belhadj, se retractaron de lo que habían dicho ante el juez instructor, alegando que habían sufrido torturas de la policía. Mohamed Moussaten y su hermano Brahim estaban acusados de ayudar a huir tras los atentados a su tío Belhajd y a Mohamed Afalah. Mohamed había dicho a la policía que su tío pertenecía a una organización terrorista y que había llevado gente a Afganistán; lo dijo entonces porque le amenazaron, afirmó ahora, negándolo. Su hermano Brahim resultó absuelto porque todas las partes retiraron las acusaciones contra él.

El 27 de febrero le tocó a Rafá Zouhier. Se esperaba un espectáculo, y cumplió. Zouhier se declaró «superinocente», lo que le valió una reprimenda del juez, que le dijo que hablara «lo justito para su derecho de defensa» o le enviaba al calabozo. Zouhier había llenado cientos de páginas del sumario con declaraciones, y también había colado en la comisión parlamentaria aquella entrevista que le valió la reprobación al diputado popular Jaime del Burgo. Aunque no le gustó nada que la fiscalía hablara de su vida de delincuente, en el juicio hizo gala de su labia una vez más, haciendo incluso sonreír a parte del público, lo que exasperó en varias ocasiones al juez. «¿Se quiere callar de una puñetera vez?», llegó a gritarle. En la sesión de la tarde, Gómez Bermúdez se vio obligado a interrumpir el interrogatorio y a llamar a su despacho al acusado y a su abogado. No sirvió de mucho. Zouhier siguió con el mismo tono. «Mi mundo eran el hachís y las fiestas […] nunca he pisado una mezquita», dijo. Confirmó la reunión en el McDonald’s de Madrid con Suárez Trashorras y su mujer, de la que había hablado Aglif, pero dijo que este también estaba sentado a la mesa, todos «juntitos». Su defensa giró en todo momento en torno a su calidad de confidente de la Guardia Civil, a la que dijo haber avisado de que Suárez Trashorras y Toro buscaban colocar la dinamita robada. Si no le hicieron caso no fue culpa suya, afirmó. Zouhier solo abandonó su aspecto festivo, de tipo bravo y pendenciero, cuando más adelante declaró una de sus novias como testigo de la acusación. Descubrió su faceta cruel y violenta, que la había llevado a denunciarlo por maltrato. Era verdad que Rafá iba a fiestas y bebía alcohol, dijo, «pero también guardaba el Ramadán y rezaba. Y ponía verdes a los americanos y a los judíos».

Luego vinieron los implicados asturianos. La declaración de Suárez Trashorras desmontó los intentos de Zouhier de quedar al margen, al convertirlo en pieza central del engranaje que puso en contacto a unos y a otros. El exminero se explayó. Ya lo había hecho con anterioridad, como dijo a sus padres al poco de ser detenido: si El Mundo pagaba bien estaba dispuesto a contar la Guerra Civil. Lo había hecho en dos largas entrevistas con Fernando Múgica, que publicó el periódico de Pedro J. Ramírez en septiembre de 2006. Entre otras cosas, Trashorras afirmó que él era una víctima de «un golpe de Estado» que se había tratado de encubrir. Había declarado hasta cuatro veces ante el juez Del Olmo, cada vez con una versión distinta, pero en ninguna dijo que hubiera informado acerca de los explosivos al policía del que era confidente.

Tanto Suárez Trashorras como Antonio Toro habían sido detenidos por tenencia y tráfico de explosivos y de drogas en la Operación Pipol desarrollada en 2001. Fue entonces cuando el primero se ofreció como confidente. No llegó a pisar la cárcel y consiguió sacar a Antonio Toro de su prisión preventiva, aunque este fue detenido de nuevo en junio de 2003 por tenencia de cocaína. El interrogatorio del exminero en el juicio duró cuatro horas y su defensa arrancó afirmando que actuó a título de confidente, por orden del inspector de estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, Manolón. Dijo Trashorras que en aquella reunión en el McDonald’s fueron los otros quienes preguntaron por los explosivos, al mismo tiempo que afirmaba que el Chino era una persona «totalmente occidental», que salía con él de copas y consumía cocaína. Por supuesto, sostuvo que nunca había tenido ninguna relación con ETA y que la policía le había dicho que la banda terrorista nunca se relacionaba con «traficantes». Se permitió decir que tanto el juez Del Olmo como la policía le ofrecieron ser testigo protegido y librarle de su condena por la Operación Pipol si implicaba en el 11M a Zougam y a los «moros». Además de las suyas, las respuestas de Antonio Toro y de su hermana Carmen, que vinieron después, dejaron constancia de su relación con policías y guardias civiles, escandalosamente compatibles con sus actividades delictivas. Antonio Toro, que estaba encarcelado por aquel delito de drogas cometido en 2003, había sido condenado a once años y seis meses en el mes de enero, por eso y por tráfico de explosivos. Dijo que fue Rafá Zouhier quien les pidió la dinamita y también se permitió una gracia: dijo que lo que desde luego abundaba en Asturias era la sidra.

Era aquel un submundo que no podía dejar de escandalizar a las víctimas, que escuchaban sobrecogidas todas sus historias y las acusaciones mutuas. Al igual que las declaraciones, días más tarde, del vigilante de la mina La Conchita, Emilio Llano, que hacía la vista gorda en el control de los explosivos y que rompía las anotaciones sobre entregas y consumos; o de Raúl González Peláez, el Rulo, trabajador de la mina de Caolines de Merillés, que proveía de explosivos a Trashorras y que hizo un relato del descontrol absoluto que había en la mina La Conchita, donde los mineros cogían la dinamita que les hacía falta, todo ello ilustrado con un vídeo que se proyectó en la sala. O las de quienes hicieron los primeros transportes de explosivos desde Asturias, viajando en autobús de línea, con una bolsa de deportes que se suponía que llevaba discos pirata, dijo Sergio Álvarez, alias Amokachi, que explicó cómo le recibió el Chino en la estación de Madrid. Iván Granados, el Piraña, dijo que se negó a hacerlo porque Suárez Trashorras le confesó que eran explosivos, y se enfadó cuando le dijo que no se lo pidiera a Gabriel Montoya Vidal, el Gitanillo, Baby, menor de edad, que sin embargo sí lo hizo. Como también lo hizo Antonio Iván Reiss, alias Jimmy, que trabajaba en La Conchita, aunque creyó que lo que transportaba era droga. Javier González Díaz, alias el Dinamita, reconoció que era amigo de Suárez Trashorras, pero que nunca había trabajado en una mina ni sabía nada de explosivos.

Fue el último acusado en declarar. Había quedado claro que de lo que se estaba hablando era de un grupo violento de radicales islamistas, con Sarhane, el Tunecino, como figura clave, al que se había sumado el Chino con sus colegas del mundo de las drogas y la delincuencia, algunos convertidos al fundamentalismo islamista y otros no; y de un traficante sin escrúpulos, Suárez Trashorras, y de su «fiel infantería», aquel grupo de chavales marginales, subyugados por el poderío y los contactos de los que hacía gala el exminero, que se sentía intocable; y de un intermediario, Zouhier. No había ninguna relación con ETA, salvo la que algunos abogados pretendieron poner en evidencia con sus preguntas.

9. El juicio. Policías, confidentes, testigos y peritos

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EL JUICIO. POLICÍAS, CONFIDENTES, TESTIGOS Y PERITOS

Habían pasado nueve días desde el comienzo del juicio. Tras los acusados vinieron los testigos, los de las acusaciones y los de los abogados de la defensa. Testigos protegidos que vieron a Zougam en los trenes y que no podían por menos de tener miedo, pero que mantuvieron la firmeza en su declaración, mientras Pilar Manjón sollozaba: «Ya sé quién mató a mi hijo». Otros se retractaron de haber visto a Bouchar y Ghalyoun. O la exmujer de Mouhannad Almallah Dabas, a la que este miraba fijamente desde detrás de la mampara de cristal mientras ella declaraba. Era aquella mujer a la que Almallah había acusado de mentir por venganza, por haberla repudiado. Contó cómo encontró y vio vídeos de Bin Laden que tenía su marido, cómo tuvo que peregrinar por diferentes domicilios y aguantar broncas y palizas que le provocaron un aborto, y, pese a estar encerrada, consiguió un día llamar al 091 para denunciarlo. Nunca más se supo. Declararon familiares, amigos y colegas de los acusados, que no podían por menos de decir que los conocían, que habían convivido con ellos, que habían ido a aquellas reuniones domingueras en el río Alberche, pero nada más; que nunca sospecharon nada.

También hubo sorpresas, como la declaración de Gabriel Montoya, el Gitanillo, aquel chaval menor de edad que se había convertido en la sombra de Suárez Trashorras en Avilés, pero que lo contó todo en el juicio: el viaje en autobús con los explosivos, las amenazas del exminero si contaba algo, cómo le acompañó en la excursión a la mina asturiana y cómo Trashorras explicó al Chino que no se olvidaran de coger clavos y tornillos, para la metralla, y el comentario posterior al 11M que le hizo a él: «Menuda la que ha armado Mowgli», que era como él llamaba al Chino. Una confesión definitiva contra el exminero.

Volvieron los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una vez desinflada la «conspiración» sobre la participación de ETA, la mirada de quienes la defendían se desplazó para poner en un aprieto a los jefes policiales. Uno de los primeros, el jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), declaró detrás de una mampara y desgranó profusamente todo lo que se sabía acerca del terrorismo islamista desde hacía más de una década, así como el conocimiento de la amenaza existente para España. Gómez Bermúdez tuvo que llamar la atención y cortar en seco al abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, José María de Pablo Hermida, que aprovechaba cualquier oportunidad para colar una «teoría de la conspiración» que se hundía. Era evidente la relación entre algunos abogados de las acusaciones y los comentarios en los medios de comunicación afines, hasta el punto de que Gómez Bermúdez tuvo que recordarle a De Pablo que tenía que atenerse a su escrito de acusación contra los veintinueve procesados, sin que se hubiera establecido en dicho escrito vinculación alguna con ETA. El País recogió esa frase del juez, mientras que en El Confidencial se le acusó de parcialidad.

El relato de la UCIE fue retratando a los partícipes en la preparación y en los atentados, al Chino, al Tunecino, a Ghalyoun. Los conocían, pero fueron siempre «un paso detrás», lamentó. Después de los atentados, aquellos policías estuvieron trabajando sin descanso, sin dormir, a la búsqueda de los sospechosos, y temerosos de un nuevo atentado. Sin embargo, como ya había ocurrido en la comisión parlamentaria, las declaraciones en el juicio volvían a poner en evidencia la existencia de un «agujero» en la seguridad del Estado, que infravaloró los informes sobre las amenazas existentes y no supo juntar todas las piezas que se conocían, muchas de ellas incluidas en otras investigaciones sobre los acusados, todavía en marcha. También se supo del juego sucio y poco fiable de los confidentes, que esta vez sí declararon. No solo Suárez Trashorras o Zouhier, sino también el imán de la célula islamista de Lavapiés, Abdelkader el Farssaoui, alias Cartagena, que compareció como testigo protegido. Se desdijo de todas sus declaraciones sumariales y afirmó que la única verdad era la que había dejado escrita en una carta remitida a la Audiencia Nacional en diciembre, en la que hablaba de encargos que le había hecho la UCIE, que le había llegado a amenazar si no los cumplía. Sus declaraciones habían sido un continuo tejer y destejer, del que finalmente resultaba imposible saber la verdad. Uno de los policías que dijo que le había extorsionado y que fue a Asturias a detener a Trashorras estaba en libertad bajo fianza, acusado de revelar información secreta a El Mundo sobre una supuesta mafia policial que traficaba con explosivos. Al día siguiente, un informe de la policía desmintió toda su declaración.

Juan Jesús Sánchez Manzano, el jefe de los Tedax en Madrid, que ya había sido objeto de descalificaciones y ataques cuando compareció ante la comisión parlamentaria, volvió a serlo, redobladamente, en el juicio, hasta el punto de que Gómez Bermúdez tuvo que pararle los pies esta vez a Emilio Murcia, abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En el libro que publicó años más tarde, Sánchez Manzano recordó que los abogados de las asociaciones de víctimas le lanzaron preguntas que nada tenían que ver con las cuestiones de las que había sido testigo directo, con el único objetivo de humillarlo, deslegitimarlo y poner en tela de juicio su profesionalidad, obedeciendo a los dictados de algunos medios de comunicación. Su objetivo no era sino demostrar que había manipulado indicios. Se sintió tratado como un delincuente, escribió, y citaba al periódico ABC, que tituló su crónica «Dos acusaciones populares convierten su interrogatorio en un proceso a la policía». Las acusaciones habían convertido en «benevolentes» los interrogatorios de las defensas de los procesados, comentaba con indignación el periódico que dirigía José Antonio Zarzalejos. Por el contrario, Pedro J. Ramírez en El Mundo y Jiménez Losantos en la COPE aprovecharon la declaración de Sánchez Manzano para abundar en sus descalificaciones y seguir propagando dudas.

Declararon policías que acudieron a las estaciones el 11M; el artificiero que desactivó la bomba encontrada en la comisaría de Vallecas, y que contó el silencio, la soledad y la adrenalina mientras hacía su trabajo en la madrugada del día 12; los agentes que trasladaron y custodiaron la mochila hasta allí, y que aseguraron, tajantes, que nunca se rompió la cadena de custodia; los que registraron la casa de Morata de Tajuña y la de los hermanos Ahmidan, primos del Chino; los GEO que entraron en el piso de Leganés, los que estuvieron en primera línea del asedio y contaron los minutos de conversación entrecortada con los terroristas y sus gritos exaltados. Todas las declaraciones desmontaban los «agujeros negros» que algunos se empeñaban en seguir manteniendo. No les sirvió de mucho a los teóricos de la «conspiración» la declaración tantas veces pedida en la comisión parlamentaria del confidente Lavandera. «Toro presumía de estas cosas —dijo refiriéndose a sus supuestos contactos con ETA—. Creo que fue un alarde. Una chiquillada». Pero algunos letrados siguieron intentándolo al llegarle el turno al inspector de estupefacientes de Avilés, Manolón, el que tenía de confidente y amigo, según él creía, a Suárez Trashorras. Cuando contó cómo este comenzó a hablar de sus amigos los «moros», que habían volado los trenes de Madrid, Abascal, el abogado de Zougam, le preguntó si ETA tuvo alguna participación en los atentados del 11S en Nueva York, a sabiendas de que inmediatamente el presidente de la sala le mandaría no seguir por ese camino. Sí fue una sorpresa lo que contó el guardia civil conocido como Víctor, al que informaba el confidente Zouhier: confesó que no había dicho ante el juez Del Olmo, ni ante la comisión parlamentaria, que llamó al comandante de Asturias en 2003 para que ocultara el aviso de Zouhier de que Antonio Toro estaba tratando de colocar ciento cincuenta kilos de explosivos. Más confusión en aquel mundo de policías y confidentes.

El antiguo director general de la policía, Agustín Díaz de Mera, protagonizó la sesión más complicada del juicio, como confesó después Gómez Bermúdez. Ya había sido muy comentada su comparecencia en la comisión parlamentaria, pero ahora en el juicio fue más allá. Díaz de Mera mantuvo la compostura hasta que le tocó el turno al abogado de la AVT, José María de Pablo Hermida. Le preguntó por unas declaraciones del ahora europarlamentario del PP en la COPE, en las que hablaba de un informe supuestamente encargado por él, en el que se mencionaba la relación entre ETA y el islamismo terrorista. «Señor Díaz de Mera —le recordó Gómez Bermúdez—, usted viene aquí como testigo y tiene que decir su fuente». Ante la resistencia de Díaz de Mera, le conminó: «Debe escribir el nombre de su fuente en ese papel y entregárselo al secretario. Si no, tendré que abrir un proceso contra usted por desacato». Tras darle cinco minutos para que lo meditara, el juez le impuso una multa y le abrió el procedimiento. Días más tarde fue citado el comisario Enrique García Castaño, la pretendida «fuente» informadora de Díaz de Mera, al que este le había pedido que confirmara sus afirmaciones. Le contestó que era su amigo, pero que no le pidiera que dijera lo que no era cierto. Al día siguiente llegó la venganza de Díaz de Mera. En los medios de comunicación salió una carta del antiguo director general de la policía en la que le acusaba de faltar en reiteradas ocasiones al juramento prestado.

Muy distinto fue lo que declaró Pedro Díaz Pintado, subdirector operativo de la policía, que acompañaba a Díaz de Mera la mañana del 11 de marzo, temprano, en el aeropuerto, y dio la vuelta con él cuando les llegaron las noticias de las explosiones. Fue él, acuciado por el secretario de Estado de Seguridad, quien llamó al comisario Santiago Cuadro para preguntarle si sabían el tipo de explosivo y quien transmitió que le dijo «titadine». Pero fue él también quien, poco más tarde, acompañando también a Díaz de Mera en Ifema, recibió la llamada del comisario general de Información, Jesús de la Morena, que le contó el hallazgo de la furgoneta de Alcalá, los detonantes y la cinta coránica. Y a las 17.00 horas, poco antes de reunirse con el ministro del Interior, fue también De la Morena quien le dijo que no era titadine y él, Díaz Pintado, quien se lo comunicó a Acebes. A esa hora, nada apuntaba ya a ETA y sí al terrorismo islamista. Nunca hubo ninguna relación con ETA, contestó sin dudarlo a uno de los abogados de la acusación. Unas sesiones más tarde, Santiago Cuadro volvió a decir lo que había repetido ante la comisión parlamentaria: él nunca dijo «titadine».

Las declaraciones de Díaz de Mera volvieron a ser aprovechadas por algunos medios de comunicación, como hizo en la COPE Jiménez Losantos, que agudizó sus críticas al juez cuando se negó a un careo del antiguo director general de la policía con su «fuente», aunque alejándose de la defensa de aquel. El incidente también provocó un terremoto en la cúpula del PP. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, declaró que, si hubiera relación con ETA, ya habrían aparecido indicios. El propio Mariano Rajoy le pidió públicamente que diera el nombre de su fuente.

Algunos abogados de la acusación, sin embargo, siguieron insistiendo. Se había solicitado la declaración de seis etarras, los dos detenidos en febrero de 2004 en Cañaveras con la carga de explosivos y otros cuatro que supuestamente habrían mantenido contacto en las cárceles con implicados en los atentados. El juez lo había denegado cuando lo pidió la AVT, pero aceptó cuando lo hizo el abogado de la defensa de Jamal Zougam para evitar su «indefensión», lo que no evitó las críticas en el El País, pero contó con el aplauso de El Mundo. Solo fueron tres etarras los citados. Uno de ellos, Henri Parot, contaba entre sus hazañas el coche bomba que explotó en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. El presidente de la sala lo llamó Parot después de que le quitaran las esposas, pero el abogado de la AVT, Rodríguez Segura, lo llamó «señor» Parot. Había reclamado su presencia la defensa de Zougam, porque en la celda de Abdelkrim Bensmail, considerado el lugarteniente de Allekema Lamari, apareció una nota con el nombre del etarra. El interrogatorio no dio para más de cinco minutos. Parot negó, tajante, cualquier relación con terroristas islamistas, en la calle o en la cárcel. El abogado Abascal preguntó también a los dos etarras detenidos con la furgoneta llena de explosivos el 27 de febrero de 2004, Gorka Vidal e Irkus Badillo: no sabían, no se acordaban, no tenían constancia, no conocían a Jamal Ahmidan ni a Bensmail… Otros diez minutos. Nada de nada. Llegaron a reírse de las preguntas y alguno dijo que no sabía qué hacía allí.

Nada sacaron tampoco de las declaraciones de dieciséis policías artificieros, convocados por la abogada de la AVT Manuela Rubio para demostrar que, como no había sangre en el piso de Leganés, los presuntos suicidas no eran tales, sino que sus cuerpos habían sido llevados hasta allí, congelados. Pese a ello, en las sesiones siguientes continuaron con su empeño de sacar a colación a ETA, viniera o no a cuenta. El juez Gómez Bermúdez dejaba hacer, daba margen por aquello de evitar comentarios recriminatorios, hasta que en algún momento se plantaba y sentenciaba: «No ha lugar a la pregunta». Los peritos de la Comisaría General de Información que declararon el 9 de mayo volvieron a dejar claro que nunca hubo prueba alguna de vinculación con ETA.

Hubo sesiones en las que se sucedieron hasta diecisiete declaraciones por la mañana y otras tantas por la tarde; personajes aparentemente secundarios porque sus declaraciones apenas ocupaban un folio del sumario. Como la del guardia civil que paró el BMW que conducía el Chino desde Asturias, en la caravana con los explosivos. Ni la cantidad de dinero que llevaba en la cartera, ni el pasaporte falso, belga, ni los tres cuchillos en la guantera, ni las dos maletas con ropa, evidentemente robada, en el maletero, ni el mal humor del Chino, que llegó a llamarlos «racistas», fueron suficientes sospechas para que decidieran detenerlo. Sobrecogedoras fueron, en aquel contexto, las intervenciones de las víctimas, que contaron cómo vivieron las explosiones en los trenes, en trenes de «trabajadores», como dijo el marido de una de ellas. Isabel Casanova, madre y esposa de dos víctimas, con la voz rota mientras sonaba un fuerte trueno sobre Madrid, reclamó cadena perpetua para los asesinos. Otros hablaron de sus heridas, de las secuelas de por vida en sus cuerpos.

No era un personaje secundario Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, bien conocido ya por cualquiera que hubiera seguido los comentarios y noticias sobre las redes islamistas. La venganza por el desmantelamiento de la célula que él creó como consecuencia de la Operación Dátil del juez Baltasar Garzón fue para muchos el origen de los atentados. Abu Dahdah, detenido en Madrid el 13 de noviembre de 2001, dos meses después del 11S, como presunto responsable de una célula de Al Qaeda en España, había sido juzgado y condenado a veintisiete años de prisión en septiembre de 2005. Desde la cárcel había pedido ver al juez Garzón para decirle que consideraba «inadmisible» lo que había ocurrido el 11 de marzo, que bajo el islam no se podía hacer eso. «Si eres musulmán no puedes matar seres humanos», corroboró en el juicio, aunque no le extrañó lo que había pasado, por la guerra de Irak; pero no contó nada. Le resultaba familiar la cara de Sarhane, de verle en la mezquita de la M30, y también conocía a Zougam y a Almallah Dabas, que fue a su casa a arreglarle el frigorífico, pero del resto nada. Sí reconoció que había visto alguna vez al emir Abu Qutada en Londres.

También testificaron familiares y amigos. Abdelkader Kounjaa, el hermano de uno de los suicidas, Abdennabi Kounjaa, al que este llamó para despedirse desde el piso de Leganés, y Mustafá Ahmidan, el hermano mayor del Chino. Y Rosa, su mujer. Su interrogatorio fue rápido, pero lo identificó como el que estaba en medio en el vídeo que apareció en la mezquita de la M30. No quiso decir que la llamó también desde el piso de Leganés. Alguien le había aconsejado que no lo dijera. Algunas declaraciones se deshicieron, como la de un tal Kamal Ahbar, detenido en la Operación Sello por enviar suicidas a Irak y ahora testigo de la defensa de Zouhier. Tras contestar al abogado de este que no le conocía, hiló una historia completa cuando le preguntó la fiscal Olga Sánchez; echó la culpa a los muertos en Leganés e implicó a los confidentes y a los de la trama asturiana, todo para salvar a los acusados que le escuchaban tras la mampara de cristal. Le había interrogado en Argel el juez Del Olmo, cuando estaba en marcha el sumario, pero no le dio credibilidad. Ahora, el juez Gómez Bermúdez cortó la sesión y la aplazó para el día siguiente. En los calabozos hubo una trifulca entre los acusados. Cuando Ahbar volvió a declarar, las casi cien preguntas del abogado Gonzalo Boye desmontaron toda su historia.

La semana del 7 de mayo, con las declaraciones de unas treinta personas concluyeron las de los testigos; habían sido en total trescientos, la mitad de los previstos, porque tanto acusaciones como defensas renunciaron a muchos de ellos. Se llegaba a la mitad del juicio. Estaban pendientes cuatro videoconferencias, dos con Francia, una con Italia y otra con Marruecos. Las acusaciones coincidían en que había pruebas sobradas en contra de los procesados, aunque con matices muy diferentes. A mitad de semana, el Egipcio colocó un papel amarillo en el cristal. «Nos ponemos en huelga de hambre para protestar por los años de cárcel que nos pide la fiscal». Probablemente los acusados veían peligrar sus esperanzas en que los supuestos «agujeros negros» de la masacre fueran a permitirles aliviar su condena. Los que tenían peticiones de pena más altas —el Egipcio, Belhadj, El Haski, Bouchar— estaban cada vez más nerviosos y decidieron ponerse en huelga de hambre. Mientras la sesión del juicio se dedicaba a los informes periciales de huellas, balística y tráfico telefónico, el juez Gómez Bermúdez tuvo que pedir que se llevaran a Rabei Osman para que lo vieran los médicos y, si era necesario, lo hidrataran. El resto de los procesados, salvo los asturianos y un par de árabes, se sumaron a la huelga sin que los abogados de oficio consiguieran convencerlos de que no lo hicieran, especialmente quienes afrontaban penas más reducidas, como Almallah Dabas, que llevaba tres años de prisión preventiva y al que la fiscal le pedía doce; habría salido pronto. Los recibió Gómez Bermúdez en su despacho para decirles que se estaban perjudicando y que el juicio no se detendría. Los procesados se quejaban de haber sido condenados ya por la prensa. A los trece días la huelga se deshizo.

La atención estaba puesta en la prueba pericial sobre los explosivos, decidida por el tribunal en respuesta a las peticiones realizadas por las partes, que especificaba que debía realizarse en los laboratorios de la policía científica y que señalaba los peritos que podrían participar. La investigación pericial había durado varios meses y el informe final, del que se había filtrado una parte, ocupaba dos mil trescientos noventa y siete folios. Había gran expectación y mucho ruido mediático. Se había intentado resucitar el caso del ácido bórico, que tanto dio que hablar antes de que comenzara el juicio, y ahora García-Abadillo afirmaba en El Mundo que se habían detectado componentes de titadine en uno de los focos, el de la estación de El Pozo.

El informe confirmaba que todos los restos intactos eran Goma 2 ECO, aunque no podía tenerse la misma seguridad sobre lo que estalló en los trenes. Aparecía en cantidades minoritarias una sustancia llamada dinitrotolueno, que no estaba presente en la dinamita Goma 2 ECO, pero sí en el titadine. Los peritos, salvo algunos nombrados por las acusaciones, lo explicaban como consecuencia de la contaminación ambiental. La sesión en el juicio fue agotadora, y Gómez Bermúdez puso todo su empeño en que quedara claro que las discrepancias se referían solo a una de las veintitrés muestras analizadas. Todos coincidían en que los explosivos intactos hallados en todos los escenarios eran Goma 2 ECO. Sin embargo, quedaba una puerta abierta a quienes seguirían bombardeando con las dudas durante años. En cualquier caso, el control de llamadas telefónicas no dejaba ninguna duda sobre el origen de la dinamita, la mina La Conchita, como sostuvieron los peritos al tiempo que afirmaban que no se había encontrado indicio alguno sobre relaciones entre etarras e islamistas radicales, cuyos métodos de actuación eran totalmente diferentes.

También hubo discusión, aunque sin la misma tormenta mediática, entre los peritos psiquiatras que opinaron sobre la enfermedad mental de Trashorras para atenuar su condena, aunque finalmente pareció imponerse la opinión de que el acusado tenía capacidad para comprender y decidir, y para distinguir el bien del mal, que era capaz de engañar y conocía bien los efectos de la dinamita, y que no estaba manipulado por nadie y tenía, por tanto, un alto nivel de peligrosidad. Los peritos forenses, por su parte, no dejaron lugar a dudas acerca de que lo de Leganés había sido un suicidio y los expertos en ADN lo confirmaron, como también la presencia de Bouchar y Ghalyoun en el piso, aunque no la del resto de los acusados.

Mayor atención de los medios mereció la pericial de los traductores sobre las pruebas que había contra el Egipcio: los traductores oficiales del juicio, a los que luego se sumaron los nombrados por la fiscalía, descalificaron la traducción que habían hecho los peritos italianos de las conversaciones grabadas, base de la acusación como uno de los autores materiales, y afirmaron que las frases más comprometedoras para el acusado no se habían pronunciado jamás. Estaba claro su conocimiento de la preparación del atentado, pero había desacuerdo entre los traductores, una duda entre dos palabras, mujattat y mosabaq. La primera significaba que había «planificado» el atentado y la segunda que «sabía previamente» que se estaba organizando, pero que no participó. De ello dependía sin duda su condena, complicada además porque estaba pendiente de juicio en Italia.

También parecían diluirse las pruebas contra El Haski; ni huellas ni contactos telefónicos, aunque tres testimonios corroboraron su pertenencia al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y, además, como dirigente. Fueron los de Bachir Ghoumid, Yusef M’Saad y Attila Turk, presos en distintos países y que coincidieron en sus declaraciones, las que habían hecho ante la policía cuando fueron detenidos, y las que al menos dos de ellos añadieron en videoconferencia en la sesión del 22 de mayo del juicio. M’Saad, desde Francia, contó sus encuentros y calificó a El Haski de cheij, «emir». Attila Turk confirmó lo que había confesado ante la policía belga: El Haski le dijo «que era su grupo de marroquíes en España el que había dado el golpe».

10. La sentencia

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LA SENTENCIA

El 2 de junio el fiscal general Javier Zaragoza elevó la petición de pena de cárcel de Zouhier y Gnaoui, de veinte y veinticuatro años, respectivamente, a casi treinta y nueve mil por considerarlos cooperadores necesarios, y rebajó la de Ghalyoun a doce años, por no haberse confirmado su participación como autor material. Subió de dos a cuatro años la de Carmen Toro, rebajó de ocho a cuatro las de los tres asturianos que transportaron explosivos y retiró la acusación, por falta de pruebas, contra Brahim Moussaten y Javier González. En su intervención final diez días más tarde, insistió en las pruebas «sólidas y abundantes» sobre la autoría y la inexistencia de relación alguna con ETA, a pesar de lo cual a lo largo de los tres últimos años se habían vivido «situaciones grotescas», con intercambio de papeles durante un juicio en el que las defensas de las acusaciones habían buscado absolver a los procesados. Había sido una verdadera «esquizofrenia procesal», dijo, un proceso paralelo sin ninguna base, en el que se habían extendido sombras de sospecha sobre las fuerzas de seguridad del Estado y se había utilizado a confidentes para ello, y culpó de los excesos a los medios de comunicación, con campañas de desprestigio incluso contra el propio tribunal. La lucha contra el terrorismo no era una guerra, dijo, sino una forma de criminalidad que debía atajarse con la aplicación estricta y justa del derecho. La fiscal Olga Sánchez fue más allá, al lanzar una acusación contra los medios de comunicación que no habían tenido «la altura y la grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática como la nuestra». El juez Gómez Bermúdez interrumpió su alegato y, al día siguiente, la prensa se hizo eco de lo ocurrido. El Mundo comentó que la fiscal pareció confundir la sala con el estudio de la cadena SER, y Pedro J. Ramírez calificó de «caradura» a Javier Zaragoza.

Las acusaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M siguieron planteando en sus conclusiones definitivas la posible presencia de ETA o de una trama policial detrás de los atentados. Las de la AVT sostuvieron que estos fueron fruto de la «confluencia» de organizaciones terroristas y que gran parte de los imputados estaban colaborando de una u otra manera con fuerzas policiales. José María de Pablo Hermida afirmó que su único objetivo había sido conocer «toda la verdad» y que, si bien no tenía duda sobre el hecho de que los veintiocho acusados perpetraron los atentados, había indicios suficientes sobre la existencia de una «cuarta trama», de la que la fiscalía había pretendido huir durante todo el tiempo. Pidió que se condenara a los acusados, pero que se reconociera que lo hicieron con la ayuda de otros, y que no se abandonara la investigación. Juan Carlos Rodríguez Segura creía que ETA estuvo ahí, pero que simplemente no había pruebas, y solicitó la retirada de la acusación contra Zougam, contra el Egipcio y contra los dos hermanos Moussaten, por falta de pruebas, así como contra los integrantes de la trama asturiana, por no saberse qué explosivo estalló en los trenes. La otra asociación, la de Ayuda a las Víctimas del 11M, defendió que fueron los acusados quienes pusieron las bombas, pero que tuvieron la ayuda de ETA, como demostraban la historia del temporizador y la supuesta existencia de restos de titadine en los explosivos.

Frente a ellas, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo no dudaba de la autoría yihadista y pidió prisión provisional inmediata para nueve de los acusados que estaban en libertad provisional, aunque rebajaba la petición de penas para los de la trama asturiana, salvo para Carmen Toro, para la que se pedía lo mismo que para su exmarido. Se elevaba la petición de años de cárcel para todos los demás, incluidos el Egipcio, El Haski y Belhajd, así como para Suárez Trashorras y Zouhier, al haber aumentado el número de damnificados. Su abogado Antonio Segura afirmó que aquello no había sido un accidente, sino el mayor atentado cometido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y lo vinculó con la intervención en la guerra de Irak. El abogado de dos de las víctimas, Gonzalo Boye, arremetió directamente contra el Gobierno del PP, que, en su opinión, incurrió claramente en «irresponsabilidad»; hubo errores, falta de medios y descoordinación. También hubo críticas a la AVT, a la que José María Fuster acusó de trabajar «para el equipo contrario».

Los defensores de los veintiocho procesados solicitaron la libre absolución, alegando indefensión por lo prolongado del sumario y por pruebas insuficientes, y pidieron la nulidad del juicio. El abogado de Rabei Osman, el Egipcio, exigió que no se tuviera en cuenta la comisión rogatoria de Italia. No faltaron abogados, como el de Aglif, que calificaron a los acusados de «mártires». José Luis Abascal, el abogado de Zougam y Ghalyoun, no se privó de decir que las «cloacas» del Estado habían entorpecido la investigación y comparó la actuación de la fiscalía con la del Ku Klux Klan en Alabama, por aquello de la segregación racial. No existían pruebas ni existirían, añadió, porque todo era una «novela histórica de ficción». El abogado de Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, que habló durante cuatro horas, basó su defensa en que su cliente en realidad no fue necesario en todo aquello: Zouhier ya utilizaba dinamita en sus robos y conocía a Antonio Toro de la cárcel de Villabona; quizá Trashorras le dio información al Chino sobre dónde encontrar explosivos, pero de ahí a ser «cooperador necesario» había un abismo; en todo caso había sido un «orientador». Además, sufría un trastorno mental. Pidió, por tanto, la libre absolución. El de Almallah Dabas volvió con lo de la exmujer despechada, que había declarado por venganza, y lo del odio policial contra su cliente, y el de Hamid Ahmidan, el primo del Chino, defendió que solo estuvo en la casa de Morata de Tajuña para trabajar y que los demás lo marginaban porque no era religioso. El de Bouchar afirmó que nunca recaló en el piso de Leganés, y llegó a sugerir que las pruebas incriminatorias contra él habían sido puestas allí por la policía. El abogado de Nasreddine Bousbaa, uno de los acusados menos citados en el juicio y que era considerado un buen falsificador de documentos, dijo que su defendido apenas podía ver. El de El Haski y Belhadj pintó a sus defendidos como meros albañiles, sin pruebas para acusarlos de nada. Señalaron como únicos culpables a los suicidas de Leganés.

Hablaron al final los acusados. Todos se declararon inocentes. Fueron en general escuetos, pero aquel turno último de palabra fue largo. Todos, menos los considerados autores «intelectuales» (Mohamed el Egipcio, Hassan el Haski y Yusef Belhadj), condenaron los atentados y algunos pidieron perdón a las víctimas. Zougam habló durante cuarenta minutos. Zouhier no pudo resistir montar un cierto espectáculo. Contra él arremetió Aglif. El Fadoual se consideraba una víctima; su mujer había tenido que volver a Marruecos, solo por haber sido amigo de joven del Chino. Mahmoud Slimane, con voz entrecortada, explicó que conocía a los autores de los atentados, pero que desde luego no sabía lo que pretendían hacer.

El juicio terminó. Los tres magistrados que componían el tribunal no habían hecho deliberaciones parciales durante las sesiones, pero lo hicieron en julio y las reanudaron en septiembre. Mahmoud Slimane fue puesto en libertad, de lo que se dedujo que se pediría para él una pena de entre tres y siete años. Había cumplido tres. El cuidado en impedir las filtraciones no evitó especulaciones en los medios de comunicación, algunas disparatadas, sobre supuestas presiones e incluso amenazas a los magistrados. El Mundo todavía insistía en que la atención estaba puesta en aspectos «rodeados de polémica» desde el mismo día 11: la ausencia en el banquillo de otros «posibles» autores; el tipo de explosivo encontrado en los trenes; el papel de las fuerzas de seguridad del Estado, su relación con los confidentes y la afirmación de «siempre fuimos un paso atrás»; la pregunta de si «mintieron» testigos policiales, y la relación que pudo haber con la guerra de Irak. Desde las páginas de Libertad Digital se acusaba al PSOE y al Gobierno de presionar al tribunal, al dar por seguro que la sentencia respaldaría la «tesis oficial», y de avisar al PP de que debería prepararse «psicológicamente» para aceptarlo y pedir disculpas. Sin embargo, decía, el PP no había hecho nunca una utilización política del juicio, ni Mariano Rajoy había alentado nunca la «teoría de la conspiración».

Por fin, el 31 de octubre, llegó la sentencia en audiencia pública, en el mismo local en que se había celebrado el juicio. El tribunal había tardado tres meses en redactarla. La expectación era grande y se habían instalado ocho carpas con sus correspondientes platós para RTVE, CNN Internacional, Al Yazira en sus emisiones para Europa y España, Eurovisión, que facilitaría la señal para las televisiones públicas europeas, Reuters, la Forta, que la daría a las televisiones autonómicas, Cuatro y la productora UBO.

El juez Gómez Bermúdez, como ponente, leyó un resumen de la sentencia, que tenía más de seiscientos folios, en presencia de los acusados y de sus respectivos abogados. El Egipcio asistió por videoconferencia desde Italia. La sentencia consideraba hechos probados que los siete suicidas del 3 de abril en Leganés, junto con un octavo no identificado y otros dos que se juzgaban ahora, Jamal Zougam y Otman el Gnaoui, fueron quienes colocaron los «trece artilugios explosivos» en los trenes. Tanto ellos como Rabei Osman el Sayed Ahmed, Hassan el Haski, Yusef Belhajd, Abdelmajid Bouchar, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun, Otman el Gnaoui, Mohamed Larbi ben Sellan, Rachid Aglif, Mouhannad Almallah Dabas, Fouad el Morabit, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak y Hamed Ahmidan eran miembros de células yihadistas que, mediante la violencia, pretendían «derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria». De los veintinueve inicialmente procesados, fueron condenados veintiuno, y sus penas sumaron más de ciento veinte mil años de cárcel. Las mayores fueron las de Jamal Zougam (cuarenta y dos mil novecientos veintidós años de cárcel) y Otman el Gnaoui (cuarenta y dos mil novecientos veinticuatro años de cárcel), las más altas impuestas nunca en España, por pertenencia a banda armada y homicidio terrorista, seguida por la de José Emilio Suárez Trashorras (treinta y cuatro mil setecientos quince años de cárcel), como autor por cooperación necesaria en los asesinatos, colaboración con banda armada y tráfico de explosivos. La pena fue algo menor por la circunstancia atenuante de padecer una psicopatía.

Abdelmajid Bouchar y Rachid Aglif fueron condenados a dieciocho años de cárcel por pertenecer a organización terrorista, como meros integrantes y depositarios de armas y explosivos. Hassan el Haski y Yusef Belhadj fueron condenados a quince y doce años por pertenencia a organización terrorista yihadista, el primero en grado de dirigente y partícipe-inductor en los delitos de homicidio, aunque no partícipe en los atentados; de Belhadj no existieron pruebas suficientes de su calidad de dirigente o inductor. A doce años fueron sentenciados Basel Ghalyoun, Fouad el Morabit, Mouhannad Almallah Dabas, Saed el Harrak, Mohamed Bouharrat y Mouhanned Larbi ben Sellan. Hamid Ahmidan sumó a esos doce años otros once por tenencia y tráfico de drogas. Rafá Zouhier lo fue a diez años por suministro de explosivos en colaboración con organización terrorista, pero no había pruebas que pudieran sostener la inducción o la cooperación necesaria. Abdelilah el Fadoual el Akil recibió una condena de nueve años por el delito de colaboración (no de pertenencia) con banda armada. Aclaraba la sentencia que los acusados no españoles se dedicaban al tráfico de estupefacientes, la falsificación de documentos y otros delitos con fines lucrativos, y los españoles, al tráfico de estupefacientes y de explosivos con la misma finalidad. Quienes después cometieron los atentados aprovecharon esa estructura delictiva previa. En el caso de El Fadoual había quedado probada su estrecha relación con Ahmidan. Nasreddine Bousbaa y Mahmoud Slimane Aoun fueron condenados a tres años por un delito continuado de falsificación documental.

También hubo absoluciones. No despertaron apenas comentarios las de Mohamed Moussaten y su hermano Brahim, por no considerar el tribunal que haber facilitado teléfonos de sus tíos a Afalah fuera constitutivo de colaboración con banda armada. Sí los tuvo la de Rabei Osman el Sayed, el Egipcio, que obedeció a razones muy distintas. Osman había sido considerado uno de los autores intelectuales de los atentados, pero el tribunal no juzgó probado el contenido incriminatorio de las conversaciones grabadas, aunque no cabían dudas sobre su pertenencia a células terroristas de tipo yihadista. Lo cierto es que el hecho de estar pendiente de juicio en Italia lo complicaba todo. La fiscalía estaba valorando recurrir al Tribunal Supremo.

De la llamada «trama asturiana», Raúl González Peláez fue condenado a cinco años por suministro de explosivos, sin que hubiera atisbo de colaboración con banda armada. Sergio Álvarez, uno de los que transportaron explosivos en autobús, fue condenado a tres años de cárcel, al no ser creíble que pensara que eran discos compactos, si bien se negó el delito de asociación ilícita y colaboración con banda armada que algunas acusaciones reclamaban. Parecido era el caso de Iván Reiss, condenado también a tres años. Las pruebas contra Carmen Toro no eran concluyentes, por lo que el tribunal la absolvió. A Javier González se le retiraron todos los cargos, porque el único testimonio en contra era el de Gabriel Montoya, no corroborado por nadie, y lo mismo ocurrió en el caso de Iván Granados. También fueron absueltos Emilio Llano y el propio Antonio Toro, porque las pruebas contra este último por tráfico de explosivos eran, según el tribunal, circunstanciales, alejadas en el tiempo y equívocas, aunque se recordaba que había sido detenido en 2001 y condenado en enero de 2007 a seis años de cárcel por el delito de tenencia, depósito y tráfico de explosivos.

La lectura de la sentencia despertó un gran eco en los medios de comunicación de muchos países. CNN y la cadena Al Yazira la emitieron en directo. La CNN creyó necesario explicar que en España no había pena de muerte, mientras que Le Monde señalaba que se había dictado la máxima condena para tres de los ocho principales procesados. La BBC tituló «Veredicto de culpables para los acusados», y coincidió con The Times y The Guardian en que, pese a considerársele el cerebro de los atentados, el Egipcio había quedado libre y en que, fundamentalmente, esa, pero también el resto de las absoluciones, así como algunas penas menores a las esperadas, habían decepcionado a las víctimas, que pensaban apelar. En España, El País tituló su editorial «El fin de la infamia». En opinión del periódico, la sentencia desmontaba clara y contundentemente todos los infundios, al afirmar que los atentados fueron obra «exclusiva» del yihadismo. Era una victoria del Estado de derecho frente al terrorismo y un reconocimiento expreso del buen hacer del juez instructor, Juan del Olmo. Las absoluciones, pese a no gustar a las víctimas, mostraban que había sido un juicio con plenas garantías. Criticaba el juicio paralelo de algunos medios de comunicación y afirmaba que el PP debería asumir sus responsabilidades políticas.

El periódico ABC, por su parte, titulaba «11M. Conspiración islamista contra España». Le había sorprendido la «contundencia» del respaldo de los tres magistrados a todas las pruebas de cargo del ministerio fiscal, que desarmaba todas las tesis sobre la supuesta falsedad de algunas. Las «fabulaciones extrajudiciales», «creadas para alimentar una estrategia de intereses inconfesables», se habían venido abajo. Era un auténtico logro de la justicia española. ABC aprovechaba para recordar la actitud del periódico durante todo el proceso, pero quiso destacar la «aportación decisiva» del PP y de Rajoy a la celebración del juicio y su resultado, frente a «determinados protagonismos, muy personalizados» en el partido, que habían quedado desautorizados por la sentencia y que no coincidían con la posición oficial. La Razón afirmaba también que la sentencia había desbaratado la teoría de la «conspiración», pero señalaba que desvinculaba los atentados de la guerra de Irak; excluía toda colaboración de ETA e insistía en la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la labor ejemplar del tribunal, aunque dejaba ver ciertas «deficiencias en la instrucción», sobre todo en la labor de la fiscal Olga Sánchez, como demostraba la reducción de las penas y las absoluciones. Ahora bien, decía La Razón, la batalla política seguía abierta.

Al conocer la sentencia, Mariano Rajoy no pareció dar nada por concluido y dijo que su partido apoyaría «cualquier investigación, sin límites», pero, tras la polémica que suscitaron sus palabras, rectificó para señalar que había que mirar hacia el futuro. La cúpula del PP no quería que aquel asunto se convirtiera en una prioridad, y suavizó el tono rehuyendo contestar a preguntas. Se iba a celebrar una convención para dar a conocer las líneas maestras de su programa, que para Rajoy era un asunto urgente. José María Aznar no se calló. Justo al día siguiente de conocerse la sentencia, presentó el segundo volumen de sus memorias, El compromiso del poder, en el que se mostraba muy crítico ya con la campaña electoral de 2004. Pensaba que el PP había perdido «gas». No se reivindicaban como era debido los ocho años de Gobierno, y denunciaba con dureza las intervenciones de Rodríguez Zapatero tras su victoria electoral, su insistencia en el «talante y el diálogo» frente a la «prepotencia y autoritarismo» que se le achacaban a él, en una clara estrategia de acoso que venía ya de antes. Pocos días después de la presentación, endureció el tono. En una entrevista concedida a Antena 3, el 7 de noviembre, dijo que mantenía íntegramente lo que había dicho en la comisión parlamentaria, que los que idearon los atentados no estaban en desiertos remotos ni en montañas lejanas, fueran quienes fueran. Todos los terrorismos eran iguales, y las conexiones, si es que las había, ya se sabrían. El 11M tuvo un «objetivo muy especial»: cambiar el curso de la historia de España, algo que desgraciadamente había conseguido. Además, de la sentencia no se deducía que los atentados respondieran a la intervención de España en Irak.

No tardó en llegar la reacción del PSOE. El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, había afirmado que la sentencia no hacía sino reflejar lo que sucedió, la «verdad material», y que era contundente. En una entrevista concedida al diario Público añadió que era «demoledora» para quienes habían mantenido la tesis de los «agujeros negros». El Gobierno había optado por pasar página, con una defensa a ultranza de la sentencia, pero las declaraciones de Aznar llevaron a los socialistas a «descongelar» un vídeo preparado pocos días antes. Recogía, sin comentarios, declaraciones de Mariano Rajoy, de Ángel Acebes, de Eduardo Zaplana, de Jaime Ignacio del Burgo, de Agustín Díaz de Mera y de Jaime Mayor Oreja, contrastando sus dudas y sospechas con la contundencia de la sentencia. El PP descalificó inmediatamente en su página web aquel «burdo largometraje». Los socialistas no podían soportar que la sentencia hubiera desmontado su patraña de que el motivo de la masacre fuera la guerra de Irak, ni que hubiera dejado abierta la incógnita sobre la autoría intelectual de los atentados. Lo único que demostraba era que se había podido hacer justicia gracias a las detenciones que en un tiempo récord llevó a cabo el Gobierno del PP. «Zapatero llegó por sus mentiras, ha gobernado con sus mentiras y se irá por sus mentiras».

«Le pido a Rajoy que repita conmigo, con los jueces y con las fuerzas de seguridad: ETA no ha sido», afirmó en rueda de prensa el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Le pedía que aceptara la autoría islamista para no «cerrar en falso» el caso y poder trabajar juntos para evitar una nueva masacre como aquella. El portavoz popular, Eduardo Zaplana, se apresuró a pedir al presidente del Gobierno que se desdijera de sus declaraciones anteriores y afirmara «clara y rotundamente» que no había sido Irak el motivo de los atentados. El PSOE había utilizado el 11M para ganar unas elecciones en 2004, añadió, y volvería a hacerlo para ganar las siguientes.

Pocos días más tarde, aprovechando una rueda de prensa en la Conferencia Iberoamericana que se celebraba en Santiago de Chile, el presidente del Gobierno español, sin mencionar al PP, llamó a dejar de sembrar dudas sobre la sentencia y pidió que el 11M quedara fuera del debate político, asegurando que no lo utilizarían en sus discursos preelectorales ni en la campaña para las elecciones que se celebrarían en el mes de marzo de 2008.

11. Las herencias del 11M

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LAS HERENCIAS DEL 11M

El 9 de marzo de 2008 se celebraron elecciones generales. Dos días antes, durante la última jornada de la campaña, ETA asesinó de cinco tiros al concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco frente al portal de su casa. La campaña se suspendió.

El PSOE ganó las elecciones con once millones de votos. Se había hecho una campaña de movilización muy centrada en el candidato («Si prefieres a Zapatero, vota a Zapatero»), recurriendo de manera destacada a la utilización de internet. Hubo además, por primera vez desde 1993, dos debates televisados entre los dos candidatos. Fueron duros y con fuertes ataques mutuos. Las encuestas parecieron dar como ganador a Zapatero, pese a las dificultades que los socialistas tuvieron a lo largo de la campaña para destacar las políticas desarrolladas durante la legislatura anterior. Un punto de subida en votos dio al PSOE cinco escaños más. Nunca se había producido tal concentración de votos entre los dos grandes partidos. Se celebró, aunque se esperaba un resultado mejor. Faltaban siete escaños para tener mayoría absoluta. Su victoria fue resultado, según explicaron después los analistas, de un corrimiento de votos hacia el PSOE desde la izquierda y desde algunos partidos nacionalistas, que perdieron apoyos, no tanto por el voto del centro. Quedó claro, en todo caso, que la victoria de 2004 no había sido un accidente, consecuencia de los atentados del 11M. «Quiero abrir una etapa que huya de la confrontación y busque el acuerdo en los asuntos de Estado», dijo Rodríguez Zapatero tras conocerse los resultados.

El líder del PP, Mariano Rajoy, salió al balcón de Génova y fue recibido con gritos de «presidente, presidente» y «Zapatero, embustero». Había cosechado su segunda derrota, aunque la distancia con el PSOE se había acortado. El PP subió algo más de dos puntos y sumó seis escaños más. Su campaña electoral, como había confesado Gabriel Elorriaga en una entrevista muy comentada en el Financial Times, estuvo enfocada a procurar la desmovilización de los votantes de izquierda y a atraer hacia el PP a los más moderados de quienes habían votado a Zapatero en 2004. De ahí la insistencia en los temas que introducían dudas y rebajaban apoyos para los socialistas: el debate territorial, especialmente el Estatuto catalán, aunque perdió fuelle y se diluyó con la aprobación de otros estatutos autonómicos, y, sobre todo, la política antiterrorista, el llamado «proceso de paz» en el País Vasco, que fue, en opinión de los ciudadanos tras las elecciones, el tema prioritario. El PP había conseguido convertir la lucha antiterrorista, utilizada por primera vez en democracia como arma política y electoral, en una confrontación entre los partidarios de la «negociación» con ETA y los partidarios de su «derrota», sin que el PSOE supiera contrarrestarlo.

En los últimos momentos de la campaña, el PP introdujo un tercer tema, la inmigración, que Rajoy resumió con una de sus frases, «No cabemos todos», para poner en cuestión el proceso de regularización iniciado por el Gobierno de Zapatero. La misma realidad hizo asomar otra cuestión: un rápido deterioro de la situación económica, el incremento del paro y el fantasma de una posible recesión, abierta por el colapso del mercado debido a las «hipotecas basura» en Estados Unidos y el comienzo de la gran crisis financiera, que estalló más tarde, en septiembre, con la quiebra de Lehman Brothers. Aquello estaba todavía por llegar, y el debate, también televisado al final de la campaña, entre el ministro de Economía, Pedro Solbes, y Manuel Pizarro, invitado por el PP como su portavoz en aquellos asuntos, se saldó con una victoria del primero. Las cosas iban a tener una deriva muy diferente en la siguiente legislatura.

Unos meses más tarde, en junio, Mariano Rajoy tuvo que hacer frente a un difícil congreso de su partido. La estrategia de crispación y confrontación con el Gobierno durante la anterior legislatura había tenido réditos, pero no los suficientes, y su liderazgo, tras una segunda derrota, estaba siendo puesto en tela de juicio por quienes en el partido lo tenían por demasiado moderado. En el congreso sufrió el desplante de la vieja guardia, encabezada por Esperanza Aguirre, que estuvo calibrando si presentarse frente a él, y del propio José María Aznar, que finalmente le dio su «apoyo responsable», pero que puso en pie a los compromisarios al decir que «nosotros tenemos que ser el partido en el que confía la mayoría de los españoles. No el partido que guste a nuestros adversarios». Aznar no se quedó a escuchar el discurso final de Rajoy.

Pese a todo, este salió reelegido con el 84 por ciento de los votos, después de decir que había que dejar de ser «monotemáticos» con el terrorismo y la unidad de España, y «dialogar con todos», incluso con los nacionalistas. No iban a cambiar de principios, pero debían «mejorar algunos procedimientos». Para ello, nombró un comité de dirección con caras nuevas: María Dolores de Cospedal, como secretaria general, y tres vicesecretarios, Javier Arenas, Ana Mato y Esteban González Pons. También incorporó al mayor enemigo de Esperanza Aguirre, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y se desprendió de Ángel Acebes y de Eduardo Zaplana, que ya habían pasado a un segundo plano durante la campaña electoral. La derrota en los comicios, que los críticos dentro del partido quisieron convertir en un fracaso de Rajoy, le permitió, por el contrario, cerrar una etapa y anunciar el comienzo de otra nueva. El apoyo de las organizaciones territoriales del PP, con Valencia a la cabeza, le avaló frente a quienes seguían confiando «en que la presión de agentes externos al partido, muy singularmente de unos medios de comunicación en obscena alianza con la Conferencia Episcopal, sería suficiente para obligar a un presidente en horas bajas a desistir de su empeño de volver a presentarse», escribió Santos Juliá en El País.

El 11M desapareció de la agenda política, aunque permaneció en los medios de comunicación más irreductibles y en las asociaciones de víctimas. Un año antes de las elecciones, el 11 de marzo de 2007, mientras todavía se celebraba el juicio, se había inaugurado el monumento a las víctimas del 11M en la plaza de Carlos V, frente a Atocha, un cilindro de cristal de once metros de alto y casi diez de diámetro al que se accedía desde la estación. La parte inferior era una sala diáfana subterránea con las paredes azul cobalto y desde ella, mirando hacia arriba, podía verse una gran burbuja de plástico que se mantenía gracias a un compresor de aire y en la que podían leerse mensajes en varios idiomas, recogidos tras los atentados. A su inauguración, en aquel tercer aniversario de los atentados, habían asistido los reyes y los príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Dos años después, en 2009, se resquebrajó la parte superior, y la burbuja cayó al suelo en varias ocasiones al fallar el compresor.

Fue desde el principio un monumento controvertido, como lo fue durante muchos años la relación de las asociaciones de víctimas entre sí y con los poderes públicos, especialmente en la Comunidad de Madrid. Fueron imposibles los actos conjuntos hasta que pasaron diez años, y en los que se celebraron mientras tanto siempre hubo acusaciones mutuas e inasistencias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que presidía Ángeles Domínguez y que contaba con el respaldo de la comunidad autónoma madrileña, pedía que se siguiera investigando sobre los atentados, porque no era un caso cerrado. Solo en 2013, en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebró en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, consiguió lo que no había logrado su antecesor, el socialista José Bono: que se sentaran juntas en la tribuna de invitados Ángeles Domínguez y Pilar Manjón y, entre las dos, Mari Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Al año siguiente, 2014, se cumplieron diez años desde los atentados, y las tres estuvieron juntas otra vez en la misa solemne que se celebró en la catedral de La Almudena. Pilar Manjón habría preferido un acto laico, porque muchas víctimas no eran católicas; pero acudió. Hubo cuarenta obispos, pero también representantes de otros credos y religiones, incluido el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary. El cardenal Rouco Varela, a punto de abandonar la presidencia de la Conferencia Episcopal, se permitió decir que en aquellos atentados murieron ciento noventa y dos ciudadanos «porque hubo personas que, con una premeditación escalofriante, estaban dispuestas a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder», y que todavía se estaba a la «búsqueda de la verdad y la justicia diez años después de los atentados». Cada asociación, eso sí, celebró luego su propio acto. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el Bosque del Recuerdo, en el parque de El Retiro; Pilar Manjón, en Atocha y en El Pozo. En una entrevista recordó que aquel año algunos de los «asesinos» iban a salir de la cárcel, pero que sus hijos no iban a volver.

Pilar Manjón se refería a Rafá Zouhier, que el 16 de marzo fue liberado y extraditado a Marruecos, a pesar de que en su estancia en la cárcel se había casado con una mujer española. Pocos días antes había escrito una carta en la que decía confiar en que algún día se supiera la «verdadera verdad» y que su condena había sido injusta. Tenía la conciencia «superlimpia» y no le importaba seguir siendo el «saco de boxeo» en el que algunos descargaban su ira. Unos días antes había cumplido su condena Mohamed Larbi ben Sellan, extraditado también a Marruecos.

El Tribunal Supremo había resuelto en julio de 2008 los recursos que las asociaciones de víctimas y las defensas de los acusados plantearon contra la sentencia de la Audiencia Nacional, así como el de la fiscalía contra la absolución de Rabei Osman, el Egipcio. Este había sido asimismo el gran objetivo de la asociación de víctimas que presidía Pilar Manjón. Pero el alto tribunal no quería interferir con el proceso que tenía abierto en Italia. Mantuvo la absolución, aunque después de corroborar su pertenencia a organización terrorista. El Tribunal Supremo había aprobado a su vez otras cuatro absoluciones, la de Basel Ghalyoun, la de Mouhannad Almallah Dabas, la de Abdelilah el Fadoual y la de Raúl González, pero mantuvo el resto de las condenas y añadió una más, la de Antonio Toro, que había sido absuelto por la Audiencia Nacional y que fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel.

Entre 2016 y 2017 salieron otros cuatro presos, El Morabit, Belhadj, Ahmidan y El Harrak, que fueron extraditados a Marruecos. En marzo de 2018 solo quedaban en prisión ocho, una mínima parte de los casi ciento cincuenta presos acusados de yihadismo que por entonces había en las cárceles españolas, dos terceras partes de los cuales lo eran por pertenencia al Estado Islámico. Ese año, Zougam y El Haski estaban siendo investigados como miembros del llamado «frente de cárceles» yihadista, una red de captación y adoctrinamiento liderada por Mohamed Achraf. En 2019 salió El Haski, pero solo para encadenar otra condena en una cárcel marroquí. Aglif, Bouchar y Antonio Toro cumplirán su condena entre 2022 y 2023. Los tres mayores condenados, Jamal Zougam, Otman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras, no lo harán hasta el año 2044.

El Tribunal Supremo había suscrito al cien por cien la esencia de la sentencia de la Audiencia Nacional, al atribuir a la célula islamista la responsabilidad en exclusiva de los atentados y su adscripción ideológica a Al Qaeda, como demostraban los vídeos reivindicativos y otro material encontrado. En una entrevista a los diez años del atentado, el juez Gómez Bermúdez afirmó que nunca le habían cabido dudas sobre lo justo de la sentencia. La única, si acaso, sería la posible participación directa en los atentados de alguno de los que habían sido condenados por pertenencia a organización terrorista, pero no había habido pruebas para mantenerlo. Las sospechas de las que algunos seguían hablando solo podían obedecer a la ignorancia o a la mala fe, insistió. Tampoco cabía ninguna duda sobre la inspiración de Al Qaeda, aunque no hubiera habido ninguna orden directa, concreta. Tanto la sentencia como, en realidad, todo el proceso, desde el sumario hasta la intervención del Tribunal Supremo, habían sido muy estudiados en todo el mundo, en universidades y en foros profesionales, pero aquel valor de la justicia española no se había sabido publicitar en España.

El lamento de Gómez Bermúdez obedecía a que la sentencia seguía siendo puesta en cuestión, aunque fuera por unos pocos. Todavía en 2009, uno de los peritos que había declarado en el juicio, Antonio Iglesias, publicó un libro titulado Titadyn, con un largo prólogo del entonces vicedirector de El Mundo, Casimiro García-Abadillo. A la presentación asistieron, aunque solo para saludar al comienzo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y Jorge Moragas. Allí Pedro J. Ramírez, emulando el famoso «Yo acuso» de Émile Zola en el caso Dreyfus, dio el nombre de dieciocho funcionarios que, según él, en lugar de esclarecer la verdad optaron por dejar hacer o por mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la «ocultación y manipulación de pruebas». Unos años más tarde, en el décimo aniversario de los atentados, el mismo periódico, El Mundo, publicaba un dosier en el que se incluía un artículo, firmado por Manuel Marraco y titulado «Sentencia firme, dudas firmes». El balance condenatorio del trío juez-fiscal-UCIE no era nada lucido, decía. La sentencia avaló la «versión oficial», pero dejó malparada la tesis de que Al Qaeda estuviera detrás. Jiménez Losantos, por su parte, sostenía entonces que fue Marruecos el que estuvo detrás de los atentados, en venganza por el desembarco de las tropas españolas en la isla de Perejil en aquel infausto acontecimiento de julio de 2002. Las cloacas del Estado, decía Losantos, hicieron todo lo posible y lo imposible por ocultarlo, porque habría significado la guerra. Esas opiniones continuaron existiendo. Aunque tuvieran menor repercusión pública, mantenían encendidos los ánimos de algunos.

Los atentados del 11M habían dado lugar, y seguirían haciéndolo, a una ingente cantidad de publicaciones de todo tipo, más académicas algunas, otras más periodísticas: artículos, colaboraciones en seminarios y actas de congresos, libros colectivos y monográficos, dosieres de prensa y reportajes, sobre todo en las fechas de los aniversarios del 11M, además de documentales de muy distinta calidad e intención. Si bien en un primer momento predominó la atención a la brutalidad de los atentados y sus imágenes, inmediatamente después, sin que desapareciera lo anterior, llegaron los relatos encontrados de lo que había ocurrido entre el 11 y el 14 de marzo, en particular la política de comunicación del Gobierno y las reacciones que provocó, como las concentraciones delante de las sedes del PP en la jornada de reflexión. Se escribió mucho sobre una de las novedades de aquellos días: la irrupción de los móviles y del acceso a internet, de las nuevas tecnologías como instrumento de información y movilización, que habían llegado para quedarse.

Tardó algo más en llegar la reconstrucción de las vidas de los autores de la masacre, aunque hubo desde muy pronto artículos en la prensa diaria. Un periodista, José María Irujo, publicó ya en 2005 El agujero. España invadida por la yihad, en el que descubría las redes yihadistas internacionales y sus conexiones en España, así como las biografías de sus principales protagonistas. Había escrito tiempo atrás largos artículos en El País, en solitario o con algún colega, como Pablo Ordaz, en los que advertía de que España era, al menos desde la década de 1990, la «retaguardia del terrorismo islámico». La policía sabía quiénes eran y a qué se dedicaban, afirmaba Irujo, pero no los detenía. La política había sido «ver, oír y callar», «no despertar a la fiera» mientras esta permaneciera inactiva. Tras el 11S en Nueva York todo cambió, y el periodista se detenía en la Operación Dátil del juez Garzón y en lo que entonces se descubrió.

La investigación del sumario del juez Del Olmo, las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación y el juicio en la Audiencia Nacional añadieron más información. La misma noche del día en que se dictó la sentencia, se pudo ver en dos cadenas de televisión, Cuatro y TV3, el documental The Madrid Connection. Lo había rodado durante dos años y medio un equipo dirigido por Justin Webster, en colaboración con The Danish Film Institute y la BBC, con el compromiso de que no se conociera hasta después de terminado el juicio. La BBC lo emitió dos semanas más tarde, al igual que las televisiones de otros países. Habían buceado en los cien mil folios del sumario y habían seguido detenidamente el juicio; también habían investigado en Túnez, Marruecos, Holanda, Inglaterra y Turquía. Reconstruían el entorno de los autores de la masacre, sobre todo de Sarhane, el Tunecino, y Hamid Ahmidan, el Chino, preguntándose cómo habían llegado a coincidir dos mundos tan distintos, un encuentro que se produjo apenas seis meses antes de los atentados. Hablaban familiares directos y amigos, pero también había intervenciones de investigadores policiales, de fiscales, de miembros de la comunidad musulmana, así como de algunas víctimas. En 2009 Justin Webster e Ignacio Orovio, un periodista de La Vanguardia, publicaron un libro con el mismo título. De la otra parte de la confabulación, la de los asturianos, supimos más por el libro de Manuel Jabois Nos vemos en esta vida o en la otra, basado en el relato de Gabriel Montoya, alias Baby o el Gitanillo, el más joven de los fieles escuderos de Suárez Trashorras.

También llegaron las reflexiones académicas. Un experto en terrorismo islamista, Fernando Reinares, autor ya de muchos artículos sobre ello, publicó en el décimo aniversario de los atentados un libro, ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España. Era un detenido análisis de cómo se formaron la célula yihadista de Abu Dahdah en España y la vinculada con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, y cómo conectaron con el Chino y sus amigos, en su tránsito de la delincuencia al yihadismo. De los veinticinco integrantes que acabaron identificados como miembros de la trama, escribió Reinares, quince habían recibido algún tipo de condena, once de ellos en España; siete murieron en Leganés y tres escaparon. Todos eran varones y, salvo tres, tenían entre veintiún y treinta años. La mayoría eran extranjeros: veintiún marroquíes, dos argelinos, un egipcio y un tunecino. Un 40 por ciento procedía de Tánger o había residido en aquella ciudad. Excepto dos, que eran estudiantes universitarios, todos habían sido inmigrantes económicos y habían recibido educación primaria o secundaria. La mitad había regularizado su situación, una tercera parte tenía antecedentes penales y casi todos habían estado en prisión alguna vez. Solo dos de ellos residían fuera de España; el resto, en Madrid o en las cercanías. La mitad estaban casados y tenían hijos. La mayoría se radicalizó en España, a veces con estancias en el norte de Marruecos. Un tercio de ellos eran salafistas desde la década de 1990; otro tercio se convirtió después del 11S y de la guerra de Irak; el último tercio, más tarde.

Para Reinares, la conexión con Al Qaeda era evidente, pero no la relación causal con la guerra de Irak, porque esta venía de antes. No había sido un atentado de una célula independiente, escribía, sino una expresión «temprana y compleja» de las capacidades de Al Qaeda en Europa, especialmente vulnerable por ser una sociedad abierta, año y medio después del 11S y antes de la invasión de Irak. Falló la coordinación entre los distintos gobiernos europeos, y también entre las fuerzas de seguridad españolas. Unos años más tarde, en 2017, cuando seguía dándose vueltas a la autoría de los atentados, Reinares escribió en El País que, a la vista del sumario incoado en España, así como de investigaciones de los servicios antiterroristas estadounidenses y de sus propias investigaciones, el «cerebro» del 11M había sido Amer Azizi, uno de los miembros más radicalizados de la célula de Abu Dahdah, muerto en 2005 en Pakistán como consecuencia de un ataque con drones estadounidenses, junto a Abu Hamza Rabia, entonces jefe de operaciones de Al Qaeda.

En su libro, Reinares decía también que, a diferencia de la reacción unánime en Estados Unidos después del 11S, o en Inglaterra tras los cincuenta y seis muertos en los atentados de julio de 2005 en Londres, el 11M dividió a los españoles, incluso a las víctimas. Así lo había sostenido Enrique Gil Calvo en uno de los primeros libros que se publicaron tras los atentados, en 2005, 11/14M, el cambio trágico. De la masacre al vuelco electoral. Muy pegado a la inmediatez de lo ocurrido, Gil Calvo lamentaba que las interpretaciones encontradas del impacto político y electoral de los atentados hubieran impedido el duelo colectivo y convertido a las víctimas en moneda de cambio. Si el atentado hubiese ocurrido en París, en Roma o en Lisboa, escribía, el Gobierno habría proclamado el estado de crisis de común acuerdo con la oposición, toda la prensa se habría situado en estado de emergencia nacional, la opinión pública se habría volcado en llorar a los muertos y pedir justicia de forma unitaria y, por último, los ciudadanos habrían votado masivamente al partido del Gobierno, como muestra de respaldo y demanda de protección. Pero aquí no ocurrió nada parecido.

No sucedió entonces y la estrategia de la crispación mantuvo viva la división, deslegitimando al Gobierno y al resto de las instituciones, desde el poder judicial hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como escribió Fernando Vallespín en una temprana reflexión sobre «realidad y ficción en la democracia», la mentira y la «teoría de la conspiración», el relativismo al mirar la realidad, entronizaron en el ambiente y en la conciencia de los ciudadanos la sospecha, la desconfianza hacia lo que se les decía y se escenificaba en el espacio público. «¿Quién de nosotros no tiene algún amigo que sigue dando verosimilitud a la teoría conspirativa? Algunos piensan incluso que el 11M fue un golpe de Estado en toda regla, otros prefieren mantener sus dudas sobre la versión oficial, aunque no se adscriban necesariamente a todos los detalles del relato ofrecido por la prensa que la divulgó. Y los más se han olvidado ya del asunto y prestan su atención a otros nuevos».

Los atentados del 11M fueron una inmensa tragedia, que golpeó de frente a las víctimas, hirió a familiares y amigos, conmocionó a la sociedad e irrumpió en la escena política, poniendo a prueba el funcionamiento de las instituciones y de los partidos políticos, especialmente las relaciones entre el PP y el PSOE, que en las últimas elecciones habían sumado el 83,75 por ciento de los votos. Habían sido desde la década de 1990 las dos alternativas de poder, pero la primera legislatura de Rodríguez Zapatero introdujo profundas rupturas entre ellos, al optar el PP por una estrategia de la crispación que tensó al máximo la relación entre ambos, hasta el punto de rozar la deslegitimación de la victoria socialista en 2004 y utilizar en la confrontación cuestiones que hasta entonces habían estado al margen de la competencia política: la política antiterrorista y la organización territorial del Estado. En la segunda legislatura, la que comenzó en 2008, esas dos cuestiones pasaron a un segundo plano frente al impacto de la crisis económica y sus consecuencias, y el PP se acomodó en la actitud de esperar y ver, dejando que el Gobierno socialista sucumbiera, abrasado por el giro obligado en su política económica, y confiando en que los ciudadanos creían más en la capacidad de gestión del PP para sacar al país de la crisis. Los réditos de aquella confrontación y los obstáculos para lograr amplios acuerdos sobre cuestiones de Estado permanecieron, sin embargo, anclados en la cultura política.

Referencias

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DOCUMENTOS

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MERCEDES CABRERA (Madrid, 1951) es política, politóloga e historiadora. Entre 2006 y 2009 fue ministra de Educación y Ciencia y fue diputada del Congreso por Madrid de 2004 a 2011. Entre sus libros cabe destacar La patronal ante la Segunda República. Organizaciones y estrategia (1931-1936), La industria, la prensa y la política: Nicolás María de Urgoiti (1869-1951), Juan March (1880-1962), Jesús de Polanco, capitán de empresas y El poder de los empresarios. Política y economía en a España contemporánea (1875-2010), coescrito con Fernando del Rey.