Ladrones

Matías Tombolini

Ladrones

Grandes estafas de la historia económica mundial

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Dedicatoria

Agradecimientos y algo más

Prólogo

1. Carlo Ponzi, un artista de la confianza

2. Texas: cuando los Estados Unidos se quedaron con parte de México y sobre cómo comprar tierra barata

3. Enron, ¿estafa o consecuencia de leyes permisivas?

4. El Banco Ambrosiano, una historia de pecados

5. El caballo de Troya económico o cómo Grecia entró a la Unión Europea

6. Tasa LIBOR, una estafa de alcances universales

7. Los Juegos Olímpicos, los grandes eventos deportivos y el podio de los perdedores económicos

8. De Graham Bell a Bill Gates: cuando lo importante no es tener la idea sino saber usarla

9. La compañía South Sea y las modernas burbujas del siglo XVIII

10. Bernard Madoff y por qué la codicia es mala consejera

Conclusiones

Bibliografía

Tombolini, Matías

Ladrones : grandes estafas de la historia económica mundial . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Paidós, 2015.

E-Book.

ISBN 978-950-12-0258-8

1. Historia Económica. 2. Economía. I. Título

CDD 330.9

Diseño de cubierta: Gustavo Macri

Todos los derechos reservados

© 2015, Matías Raúl Tombolini

© 2015, de todas las ediciones:

Editorial Paidós SAICF

Publicado bajo su sello PAIDÓS®

Independencia 1682/1686,

Buenos Aires – Argentina

E-mail: difusion@areapaidos.com.ar

www.paidosargentina.com.ar

Primera edición en formato digital: junio de 2015

Digitalización: Proyecto451

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Inscripción ley 11.723 en trámite

ISBN edición digital (ePub): 978-950-12-0258-8

A mis hijas Cami y Sofi, ellas son el combustible de mi alma, el impulso vital que me inspira.

Agradecimientos y algo más

La idea nació en un programa de radio. Diego Iglesias, conductor de Días como estos en FM Metro, me pidió que hiciera diferentes columnas sobre “historias de grandes afanos” para intentar repasar cómo los estafadores también fueron protagonistas de la historia económica. Más allá de la coyuntura de cada país, estos personajes se repitieron una y otra vez. Así, conté casos como el de Ponzi, el de Madoff o la historia de las promesas incumplidas alrededor de los grandes eventos deportivos. Fue el puntapié, la chispa original que disparó la idea trasladada después al papel.

Es a Diego, entonces, a quien le debo el principal agradecimiento por haber sido mentor de un concepto que luego de mucho esfuerzo se convirtió en mi nuevo libro.

No es una paradoja, por lo tanto, que Ladrones. Grandes estafas de la historia económica mundial se haya originado en la idea de alguien que no es exactamente el autor del libro. A vos, querido amigo, ¡gracias!

Editorial Paidós, del Grupo Planeta, volvió a confiar en mí para este proyecto, de modo que va mi agradecimiento para el sello, personificado en la editora responsable de mi libro, y quien ya es una amiga, Vanesa “la Rusa” Hernández.

A Brenda González, fotógrafa, artista visual y dueña de una mirada que solo quien combina sensibilidad con profesionalismo puede lograr.

El equipo que colaboró conmigo en esta oportunidad estuvo compuesto por Verónica Liporacci y Cintia Saporito, historiadora y socióloga respectivamente, ambas con una fantástica capacidad de trabajo, envidiable prosa y un profesionalismo que representa una de las tantas muestras de talento que tenemos en la Argentina.

A Alejandra Becco, portadora de una sonrisa a prueba de adversidades, con paciencia y mucho tesón, con cariño y una pluma que, cual varita mágica, transforma mis limitaciones en textos fluidos. Ya es una amiga con todas las letras, lo cual no es poco para una mujer a quien las letras han guiado a lo largo de su vida.

A los medios de comunicación con los que colaboro regularmente, FM Metro, AM Belgrano y AM Del Plata, así como FM Del Sol en Mendoza, a los canales América TV, Telefé, Metro y Canal 9 de Mendoza; al programa Intratables, con la conducción de Santiago del Moro, que me brindó la oportunidad de participar cotidianamente en un espacio donde todas las voces son oídas por igual.

A mi querida Universidad de Buenos Aires y en particular a la Facultad de Ciencias Económicas, lugar en el que me formé y donde me desempeño como profesor hace ya muchos años, que representa un espacio obligado de encuentro con las generaciones futuras.

A los amigos, esos hermanos que se eligen, que no tienen nada que ver con el libro pero tienen todo que ver con mi vida: Alejandro Chueke, Alejandro Taszma, Pablo Pristupin, Leonardo Coca, Walter Keiniger y Demetrio Rosenthal, a quienes conozco hace treinta años.

A mi madre, Matilde Bumaguin, quien, además de ser una muestra de enorme coraje, representa la mejor versión que conozco de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En un mundo donde sobran habladores que saben decir lo que hay que hacer antes que ponerlo en práctica, ella es una mujer de acción.

A mi padre, Raúl Tombolini, polemista genético, crítico incansable, pero sobre todo un buen tipo.

A mi ángel de la guarda, Leonor Capua, mi abuela, portadora de la llave del lugar adonde acudo cuando necesito refugio. A vos, abu, que te fuiste demasiado pronto pero no sin antes sembrar la semilla de tu cariño en mi alma.

A Segundo Stroman, ese niño que se cruzó en mi vida hace unos años, que solo sabe dar afecto y que se transformó en quien elijo proteger todos y cada uno de los días de mi vida. A vos, Segu, porque sin tu amor este libro tampoco hubiera sido posible.

A María Stroman, mi compañera, la mujer que me ayudó a descubrirme, dueña de la luz que ilumina mis días, sin su amor, su apoyo y su interminable paciencia, sin su sonrisa que encandila mi alma, yo sería mucho menos de lo que soy.

A mis hijas, Cami y Sofi, quienes me constituyen como persona y le dan sentido a cada amanecer. Ellas y yo hemos relegado tiempo juntos por este proyecto. Sin su comprensión y generosidad, este libro no hubiera pasado del índice.

A los destinatarios de todo el esfuerzo, los lectores de este libro: la vida me puso en un lugar cuya rueda gira gracias al empuje que le brinda cotidianamente tu elección y gracias a la oportunidad que me regalás de acercarme a vos.

Prólogo

La historia económica puede ser entendida desde múltiples ángulos. Cierta mirada lineal y más bien escolar sobre los hechos como una sucesión ordenada de acontecimientos suele prevalecer como relato predominante en el saber popular.

Así, tendemos a ordenar los hechos de manera que dicho esquema se adapte a nuestros preconceptos y paradigmas vigentes. Colocamos los sucesos y los clasificamos junto con protagonistas que resultan disgregados en buenos y malos. Luego, a dichos personajes les asignamos características personales que deben coincidir con su rol según nuestra previa concepción de la “historia”.

La construcción del relato colectivo sobre nuestro pasado es determinante para la construcción de sentido, de pertenencia, que tenemos cada uno de nosotros porque somos parte resultante de un proceso, de una historia común, que es mucho más que un discurso escolar y que surge de la interacción de personas comunes que protagonizaron hechos determinantes en la vida del resto.

Esos hechos son resignificados con el paso del tiempo de acuerdo al sesgo ideológico de quien lo haga y según los intereses a los que responda quien sea el encargado de escribir la historia en ese momento.

La verdad de los hechos no es única; nunca lo es. El lugar desde donde miramos determina gran parte de nuestra percepción de los sucesos, del mismo modo que nuestros intereses son determinantes al momento de tomar partido sobre el curso de la historia.

En este aspecto, el desafío que representa este libro supone contar diferentes historias en las que la versión relatada depende de quien la cuente. El caso de Texas quizás represente el más polémico de todos porque implica un conflicto entre dos Estados soberanos, y en él se ve claramente cómo cada uno va redactando su propia historia de manera tal que se adapte a su presente. De esta forma, veremos el carácter contradictorio de la doctrina Monroe en su aplicación para con la potencia colonial británica y cómo es de alguna manera vulnerada en la invasión al territorio mexicano que terminó por anexar más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi la mitad de la tierra de ese país, a los Estados Unidos.

En otros casos, el consenso es muchísimo más amplio. Esto sucede cuando se trata de historias de estafas tradicionales, en las que un particular actúa contra un conjunto de personas, como es el caso de Ponzi o de Madoff. Lo curioso es que cuando se trata de este tipo de estafas, de robos que indudablemente fueron probados, el consenso es más bien uniforme sobre el curso de los acontecimientos, y normalmente se basa en el relato que construye la prensa, que en más de una oportunidad cumplió el rol de investigar aquello que la justicia no vio o no pudo resolver. Es la misma prensa que también cometió errores en algunas oportunidades y condenó al escarnio público a inocentes que luego pasaron al olvido.

La propuesta de este libro es recorrer historias puntuales que describen cómo, independientemente del tiempo y el espacio, el ordenamiento político y social de los últimos trescientos años –si bien ha probado ser eficiente a la hora de mejorar la calidad de vida promedio de los seres humanos– no ha podido impedir y, en todo caso, ha facilitado, procesos donde grupos de privados operan vulnerando la ley, o aun dentro de ella (como en el caso de Bell), capturan recursos de otros –ya sea dinero o ideas–, a fin de construir fortunas a partir de allí.

Cada una de las historias que aquí se cuentan representa una asimetría diversa, desde relaciones entre particulares y estafas puntuales hasta relaciones entre países, pasando por vínculos entre individuos que afectan a miles de personas y Estados soberanos como, por ejemplo, la estafa de la Tasa Libor; o relaciones entre particulares y Estados que operan sobre el curso de los hechos y tienen consecuencias imposibles de medir, como sucedió con el ingreso de Grecia a la zona Euro a partir de datos falsos.

Resultaría un error tratar de clasificar a los estafadores en grupos ordenados según sus puntos sobresalientes, ya que una característica común de todas las estafas es la manifiesta colaboración de quienes terminan siendo perjudicados: las víctimas.

Por ignorancia, codicia o impericia, vemos cómo una y otra vez, en los diferentes casos, hay una complicidad clara para que estos hechos puedan fluir, que parte de actitudes –a la distancia incomprensibles– de aquellos que iban camino al desastre.

No es nuevo el vínculo necesario entre engañador y engañado. Tampoco es privativo de las relaciones económicas, sino que es una característica particular de la interacción humana. En cierto punto, elegimos creer y lo hacemos desde nuestra propia mirada en relación a quien nos tima en nuestra buena fe, pero, sobre todas las cosas, desde la percepción que tenemos de nosotros mismos.

En la Argentina, cotidianamente asistimos a diversos foros virtuales de la cultura popular, como la televisión, los medios digitales, la radio y los diarios, en los cuales existe cierto lugar común sobre el modo que tenemos los argentinos de procesar nuestros conflictos. Esto suele basarse en la autopercepción de ser un país donde los ladrones no solo circulan –en su versión popular delictiva: motochorros, pungas y arrebatadores, entre otros–, sino que también se encuentran instalados en lujosas oficinas públicas y privadas, y son estos los que sacan la mejor tajada.

De esta manera, construimos una mirada que termina por ser complaciente respecto de comportamientos que deben ser perseguidos y castigados por la justicia. Hemos naturalizado el robo porque nos ubicamos en el lugar desde el cual parece que nada se puede hacer.

Cada una de las historias sobre las que se asienta este libro replica en cierta forma este tipo de relaciones en las que por acción u omisión los perjudicados, en algún punto, parecen adormecidos. Cuando despiertan, es demasiado tarde.

La propuesta radica entonces en recorrer juntos los casos y formarse un juicio propio de cada uno. Ante cada suceso, he intentado retratar los hechos en el marco del contexto histórico, cultural y político en el que se desarrollan.

Estoy convencido de que los verdaderos maestros del robo están diseminados por el mundo en forma encubierta, que asientan su actividad en un sistema que tiende a permitirla y, en cierto modo, la promueve institucionalmente al consentir que determinadas relaciones subsistan sin ningún tipo de verificación o intervención.

La forma más efectiva para progresar en la vida sigue siendo aquella que incentiva nuestra curiosidad y nos invita a mantener viva la pasión por formularnos preguntas. Desde ese lugar está escrito este libro: el de una persona que nunca creyó que la verdad fuera absoluta ni que cambiara con el movimiento coyuntural, que entiende que el secreto radica más allá de suponer haber hallado la verdad; lo que debemos pretender es mantener vivas las ganas de preguntarnos a diario sobre todo aquello que se parece al orden establecido. Porque cuando algo se instala en ese lugar es cuando se crean las condiciones necesarias para que nos roben de manera simple y sistemática.

Matías Tombolini

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Carlo Ponzi, un artista de la confianza

A principios del siglo XX, la ciudad de Boston, capital del estado de Massachusetts, en la región de Nueva Inglaterra, se destacaba por ser uno de los primeros lugares de los Estados Unidos donde trescientos años antes se habían asentado los primeros colonos ingleses y por haberse transformado en uno de los principales centros universitarios de ese país. Su arquitectura colonial de estilo británico reflejaba esos antecedentes históricos y también el prestigio académico que le daban instituciones como Harvard, el Boston College y la universidad homónima.

Ahí, en la costa este del país de América del Norte, con fuerte presencia de inmigrantes irlandeses, polacos e italianos, todos los 17 de marzo se celebraba la fiesta de San Patricio, se practicaba béisbol y se disfrutaba de tradicionales platos a base de mariscos. Sin dudas, Boston era la tierra de las oportunidades, en la que cada individuo podía prosperar dependiendo exclusivamente de sus propias habilidades. Y, como en toda sociedad en desarrollo, hubo quienes se ganaron honestamente la vida y se esforzaron al máximo en busca de sus objetivos y quienes, reacios a realizar el mínimo esfuerzo, recurrieron a las malas artes para cumplir con sus metas.

Carlo Ponzi perteneció al selecto club de los estafadores. Era un inmigrante italiano que se había instalado en esa promisoria urbe y, en poco tiempo, se enriqueció exponencialmente al crear una empresa que recaudaba fondos de ahorristas particulares con el fin de utilizarlos para comprar, en grandes cantidades, cupones postales en Europa y cambiarlos luego en las oficinas del Correo de los Estados Unidos. Un cupón que en Italia costaba un centavo de dólar, en el país norteamericano podía cambiarse por un valor seis veces mayor dada la depreciación de las monedas europeas respecto del dólar en la posguerra.

Ponzi logró convencer a miles de inversores para que le prestasen significativas sumas de dinero con la promesa de que él se las reintegraría, junto con el pago de inmensos intereses, en plazos muy cortos de tiempo. Sin embargo, no invirtió en la compra de aquellos cupones postales, sino que, fiel a su estilo, especuló y generó una nueva estrategia financiera.

Se encargó de conseguir que cada vez más inversores entrasen en el negocio. El dinero de los intereses que debía pagar a los primeros inversores lo obtenía del que los segundos le prestaban. De esta manera, sin realizar ninguna inversión real en el mercado, Ponzi seguía consiguiendo sumas de efectivo que le permitían cumplir con los pagos, siempre que la cadena de financiación no se quebrara. Pero un día su suerte cambió, sus mentiras salieron a la luz y sobrevino el caos que sacudió fuertemente las finanzas y la confianza de gran parte de los inversores que creyeron en su propuesta de negocio y perdieron todo. El caso resonó muy fuerte y puso en alerta a la sociedad y sus autoridades sobre una modalidad delictiva que sentó precedente.

Las sospechas sobre la monumental e inédita estafa que el inmigrante italiano estaba realizando a gran parte de los bostonianos –personas e instituciones– fueron lanzadas desde la primera plana de The Boston Post, el diario fundado en 1831, el más popular de la ciudad. Por entonces Edward J. Dunn era el director de la publicación. Él observaba con atención los movimientos financieros del italiano devenido repentinamente en millonario e inició una investigación.

EXHIBIDO EN PRIMERA PLANA

El 2 de agosto de 1920, desde su primera plana, The Boston Post lanzó la piedra que despertó a miles de inversores estadounidenses. El titular era categórico: “Declara Ponzi. Ahora es irremediablemente insolvente”. Y avanzaba aún más sobre el tema:

Experto en publicidad empleado por el “hechicero” dice que este no tiene fondos suficientes como para cumplir con sus compromisos. Afirma que no ha enviado ningún dinero a Europa y que tampoco ha recibido dinero de Europa recientemente.

El “hechicero” era Carlo Ponzi, el hombre que había logrado transformar su imagen gracias a su cuidado y estudiado carisma y se había convertido en un conocido millonario de Boston por obra y arte de su gran astucia en el mundo de los negocios. La inquietud periodística empezaba a desentrañar su gran farsa, su negocio comenzaba a caerse y el mundo se asomaba a la historia del gran ilusionista del mundo de las finanzas.

Las autoridades federales de los Estados Unidos también estaban algo inquietas por el meteórico ascenso de Ponzi y habían comenzado a investigarlo. En ese país, los delitos respecto del Correo tienen carácter federal. Necesitaban despejar toda sospecha acerca de un fraude a la Oficina de Correos.

De esta manera, promediando el año de la revelación, ya eran varias las vías de investigación que lograron demostrar al público estadounidense que Ponzi había estafado a unos cuarenta mil inversores que, tras apostar a su propuesta, habían quedado sin dinero ni esperanzas. A partir de ahí, todos en Boston quisieron saber quién era realmente el “hechicero”, con qué tipo de estrategia había logrado convertirse en uno de los hombres más ricos de la ciudad y con qué artilugios había conseguido encandilar a sus inversores y colocarse en el bando de los más selectos estafadores, es decir, en el lado oscuro de la sociedad.

MUCHACHO ITALIANO BUSCA FORTUNA

Un observador agudo podía descubrir en el pequeño Carlo Ponzi el germen del mal que lo animaría durante el resto de su vida a andar por el camino que le marcaba su sombra. Había nacido el 3 de marzo de 1882, en Lugo, una pequeña localidad del norte de Italia, en el seno de una familia muy humilde. Era muy joven cuando abandonó su pueblo natal rumbo a Roma, en busca de una vida de riquezas y de reconocimiento social, lejos de la rutina de esfuerzos que sostenían día a día sus padres.

En la capital italiana comenzó a estudiar en la Universidad La Sapienza, la más reconocida de ese país y la más grande de Europa en cuanto a la cantidad de alumnos que recibía por año. Sin embargo, las luces de la gran ciudad no lograron deslumbrar a Carlo Ponzi; él sentía que tenía que ir por mucho más. Tenía en mente un destino que creía mucho más prometedor: los Estados Unidos de América. En 1903, se embarcó en el SS Vancouver, en un viaje transatlántico con destino a la ciudad de Nueva York. Tenía 21 años, y, como el resto de sus compatriotas, viajaba a una tierra que, creía, era la de las grandes oportunidades.

En el imaginario social de la época, y especialmente entre los habitantes de los países más pobres de Europa, los Estados Unidos se dibujaban como una nación donde el trabajo abundaba y en la cual, si un individuo se esforzaba, podía enriquecerse de verdad y convertirse en un miembro acomodado de la sociedad. Sin embargo, muchos de los que se embarcaban en ese largo viaje que terminaba en la costa este de la tierra de la libertad guardaban también la esperanza de amasar una pequeña fortuna que les permitiese regresar a su país natal para sacar a su familia de la pobreza.

Por su característica y natural ambición, Carlo Ponzi claramente se ubicaba en el grupo de los buscadores de fortuna, es decir, entre aquellos que deseaban sacudirse el polvo de las viejas ciudades italianas que los habían visto nacer, para renacer justamente en las jóvenes, libres y prósperas tierras estadounidenses. En el mismo momento en que inició su travesía, pudo tomar conciencia de que ese camino hacia la riqueza no iba a ser sencillo. Ya durante el viaje experimentó las ásperas condiciones en las que entraría al nuevo mundo porque, según contó mucho más tarde, participó de un juego de cartas, lo estafaron y perdió todos sus ahorros. En una entrevista que le hizo un reportero de The New York Times, publicada mucho después, en el verano de 1920, él mismo recordó aquellos primeros pasos casi heroicos: “Llegué a este país con dos dólares y medio en el bolsillo, pero con la esperanza de ganar un millón. Nunca abandoné la esperanza”.

No obstante, el camino hacia la consagración económica no le fue sencillo. Tuvo que afrontar muchas dificultades; eso sí, siempre con una actitud orientada hacia el triunfo, bajo cualquier circunstancia. El talento y la inteligencia de Carlo le permitieron aprender rápidamente el inglés. Sin embargo, esto no le abrió más puertas a la hora de conseguir oportunidades laborales significativas. En aquellos primeros tiempos, tuvo que resignarse a realizar diversos trabajos manuales y esporádicos, que no le agradaban y le reportaban mucho menos dinero que el que aspiraba a ganar.

Así, el joven inmigrante viajó por toda la costa este de los Estados Unidos, desde Pittsburgh hasta Boston, aventura que lo llevó a concluir que el famoso “sueño americano” no era viable para la mayoría de las personas que, como él, provenía de países pobres y que, por lo tanto, no tenía recursos con los que comenzar algún tipo de negocio propio. Trabajó como lavaplatos, camarero, vendedor y botones, pero sabía que con ese tipo de actividad no llegaría lejos. Años más tarde, lo reconoció: “[Eran] trabajos que detesté y que me daban asco, trabajos en los que me pagaban menos de lo que necesitaba pero más de lo que merecía”.

Mientras hacía cosas que no le gustaban, intentaba sacar provecho realizando pequeños robos y estafas. Así, cuando en uno de los restaurantes donde trabajó, en cuyo piso dormía, lo ascendieron a camarero, comenzó a adicionar pequeñas sumas en las cuentas de los clientes para luego quedárselas. Poco tiempo después, los clientes lo acusaron con el dueño del restaurante, quien lo atrapó robando de la caja y lo echó. Siguió encontrando trabajos de ese tipo y los pocos dólares que ganaba (como retribución por su trabajo o por los hurtos que realizaba) los invertía en gran parte en construir su imagen. Pensaba que para parecer exitoso debía vestirse como un burgués.

Ponzi era un verdadero hechicero. De baja estatura, bien parecido, con mucho carisma y con un vestuario adecuado a las circunstancias, logró convertirse en un “artista de la confianza”: un hombre consciente de su talento y de su capacidad de conquistar con su simpatía y seguridad en sí mismo, que sabía cómo manipular a las personas para que actuasen en su beneficio. Y siguió perfeccionando su plan en busca de nuevas y suculentas oportunidades para triunfar sin demasiado esfuerzo.

Con ese pensamiento y con su imagen de ganador, decidió buscar nuevos horizontes para continuar con su plan de encontrar nuevas oportunidades a fin de poner en práctica sus habilidades para el engaño. Por eso, hizo las valijas, las llenó de sus mejores aunque escasos trajes y en 1907 partió rumbo a Canadá, directo a la fría Montreal, en la provincia de Quebec.

Por entonces, Montreal, ciudad en la que se hablaba tanto inglés como francés, era el principal centro financiero de ese país. Y ahí estaba Carlo Ponzi, a la caza de la gran oportunidad. Comenzó a trabajar como asistente de cajero en el Banco Zarossi, fundado por el italiano Luigi Zarossi con el supuesto objetivo de atender las necesidades de la comunidad italiana de Canadá, que se acrecentaba a un ritmo acelerado. Esto beneficiaba ampliamente al banquero italiano, que atraía clientes por la confianza que generaba en sus coterráneos el pertenecer a la misma comunidad y porque se comprometía a darles un 6% de interés a aquellos que estuviesen dispuestos a dejar sus ahorros en su banco: una tasa muy alta en comparación con la que ofrecían otros bancos de la época y que impulsaba el crecimiento de su clientela.

Para Ponzi fue sencillo ascender en aquel banco. Su natural predisposición y su rapidez para entender cuál era el negocio de Zarossi pronto lo convirtieron en la mano derecha del banquero. Descubrió que la clave de su enriquecimiento residía en que, a pesar de que no estaba realizando buenas inversiones con el dinero de los ahorristas italianos (había otorgado una serie de malos préstamos hipotecarios), Zarossi se las estaba arreglando para pagar los intereses que debía con el dinero que nuevos ahorristas depositaban en el banco. Comprender esto le permitió crecer dentro del negocio. Fue así que, para empezar a operar, se cambió el nombre. Bajo el seudónimo de Charles Bianchi ayudó a gestionar el banco y a abrir varias sucursales en otras localidades.

El éxito de Ponzi fue efímero. El banco tuvo graves problemas financieros porque la inversión de sus fondos no le daba ganancias, y entonces comenzaron a utilizar gran parte del dinero de todos los clientes para pagar las deudas. No solo se utilizó el dinero de los ahorristas, sino que también manipularon el que los inmigrantes enviaban a sus familiares de Europa. Desde el viejo continente las noticias hablaban de los envíos que no llegaban, mientras que Zarossi no podía seguir pagando el fantástico interés que había prometido a sus inversores. El caos se avecinaba.

El banco quebró y su mentor huyó a México llevándose el dinero de sus clientes. Ponzi, enmascarado y protegido bajo el nombre de Charles Bianchi, vivió una temporada con la familia de Luigi Zarossi. Sin embargo, no permaneció quieto por mucho tiempo: su nueva meta era conseguir dinero para volver a los Estados Unidos.

A su estilo, en 1909, fue tras su gran objetivo. Falsificó la firma de Damien Fournier, uno de los directores de una empresa cliente de Zarossi y así cobró un cheque por 423,58 dólares canadienses. El delito fue denunciado a la justicia y la policía investigó a Ponzi porque llamó su atención la cantidad de gastos que realizó inmediatamente después de haber cobrado el cheque falsificado. El “hechicero” se declaró culpable y fue condenado a tres años de reclusión en San Vicente de Paul, una prisión en las afueras de Montreal.

EL RETORNO A LA TIERRA PROMETIDA Y A LOS VIEJOS VICIOS

Carlo Ponzi jamás se daba por vencido. Iba tras su sueño de conseguir fortuna sin esfuerzo. Regresó a los Estados Unidos en 1911 y ese mismo año, volvió a las andadas, y a la cárcel. Esta vez, las autoridades federales lo pescaron en otro tipo de delito. El inmigrante experimentado se había involucrado en una red que ayudaba a italianos indocumentados a cruzar la frontera estadounidense. Fue arrestado y condenado a pasar dos años en la prisión federal de Atlanta.

Esta vez, Ponzi supo aprovechar muy bien su estadía en la cárcel. El director del establecimiento lo tenía como intérprete de las cartas que le llegaban a uno de los más célebres huéspedes de esa prisión: el mafioso Ignazio Lupo o Ignazio Saietta, más conocido como “Lupo, el lobo”. Este delincuente era sospechoso de más de sesenta asesinatos y estaba recluido desde 1910, acusado de solo algunos de los crímenes que se le adjudicaban. Era un criminal de quien el “artista de la confianza” podía aprender mucho.

Sin embargo, fue otro el personaje que influyó en Ponzi. Charles Morse, reconocido empresario y especulador de Wall Street, recluido en la cárcel de Atlanta también desde 1910, resultó un verdadero modelo a seguir para el estafador italiano. En prisión, Morse no dejó de seguir conectado con la sociedad estadounidense gracias a su actividad financiera habitual: manipulación de fondos de pequeños y grandes inversores en función de la generación de ganancias. Cuando en 1913 Ponzi dejó aquella prisión, salió más convencido aún de que la mejor manera de obtener dinero era encontrar un negocio relacionado con la circulación y manipulación del dinero de otros; todo ello gracias a las amistades cultivadas entre rejas.

Su próximo e inmediato destino fue Boston, una de las ciudades más antiguas y europeizadas de los Estados Unidos, con una selecta clase alta a la que Carlo Ponzi no renunciaba a pertenecer en un futuro cercano. Desde su punto de vista, tenía lo necesario para lograrlo: gran inteligencia para los negocios, elegancia natural y la suficiente clase para encajar a la perfección en aquel apretado clan burgués. Es que en contraste con lo que ocurría en la populosa y ruidosa Nueva York, la gran masa de inmigrantes que ingresó a la ciudad no hizo que perdiera su perfil aristocrático, ni cambió su fisonomía.

Boston era un polo cultural bastante elitista en el que se destacaban importantes instituciones educativas que le daban prestigio internacional, y atraía a gran cantidad de inmigrantes. El “artista de la confianza” no tenía recursos para comenzar ningún tipo de negocio propio ni tenía idea de cómo salir de su situación, que ya sentía como desesperada. Para 1917, caminaba las calles de esta ciudad sin dinero ni contactos, pero con la esperanza de enriquecerse y con un nuevo nombre: Charles Ponzi.

Poco tiempo después de su regreso, consiguió trabajo como empleado. Era uno de esos empleos que despreciaba por su escasa remuneración, ya que cobraba unos 16 dólares por semana. Lo bueno de aquella etapa de su vida, cuando transitaba los 35 años, es que conoció a Rosa Guecco, mecanógrafa, hija de un mayorista de frutas y verduras. Se enamoró perdidamente de ella y un año más tarde se casaron. Tiempo después, en 1920, Carlo dijo de Rosa: “Es la mujer más bella del mundo. Todo lo que hacemos es para su felicidad”. Y a partir de esa vida de felicidad que empezó a construir con su compromiso amoroso, hizo todo lo posible para darle los lujos y las comodidades que su mujer merecía.

Desde su llegada a Boston probó suerte en varios empleos temporarios en su búsqueda de “ese negocio redituable” que no le acarreara esfuerzo. Inclusive, trabajó en la tienda de su suegro. Pero ninguno de esos trabajos era la plataforma adecuada para conseguir lo que deseaba. Soñaba con convertirse en un agente de comercio internacional. Y pronto se dio cuenta de que esa actividad requería de cierto tipo de contactos que él no poseía.

En 1919, Ponzi estaba empleado en una empresa de corredores de comercio de exportación e importación. Su labor consistía en promocionar en el exterior una novedosa guía de comercio internacional (una lista de empresas que venden diferentes productos). A pesar de que no tuvo éxito en esa tarea, responder rutinariamente las cartas que llegaban a la empresa para solicitar un ejemplar de la lista le dio una idea que, en muy pocos meses, lo llevó a convertirse en uno de los hombres más acaudalados de la ciudad.

Un día, como muchos otros, Charles abría y respondía cartas, y de pronto despertó su interés una de entre todas las que tenía acumuladas sobre su escritorio. Esa epístola no tenía nada en especial; era un pedido que llegaba desde Europa en el que solicitaban el envío de un ejemplar del producto que vendía Ponzi. Sin embargo, a él algo le llamó particularmente la atención: dentro del sobre encontró un cupón internacional de respuesta. ¿Qué era esto? Se puso a investigar inmediatamente. Así se enteró de que aquellos cupones eran muy utilizados por los europeos para enviar cartas a sus familiares en América, ya que funcionaban como estampillas pagas que los del viejo continente enviaban a los del nuevo.

Se trataba de un servicio internacional que la Unión Postal Universal había creado en 1906 y que permitía que el destinatario que recibía la carta con ese cupón enviara su respuesta sin tener que pagar por ello. El remitente ya había pagado con la compra del cupón de respuesta internacional, y este podía canjearse por un sello postal del país en el que se encontraba el destinatario, siempre que ese país perteneciese a la Unión Postal Universal. El servicio era muy utilizado en la época porque, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y con el reordenamiento de las fronteras, había muchas corrientes migratorias.

Ponzi no solo se enteró de para qué servían aquellos cupones, sino que se detuvo en un detalle más que importante respecto del funcionamiento del sistema que los ponía en circulación en aquellos años. Allí estuvo la clave del negocio que lo catapultó a la cima del poder económico. El italiano observó que el remitente había pagado en Madrid un centavo de la moneda local por el cupón, pero que quien recibía la carta con el cupón dentro lo cambiaba por un sello postal en cualquier oficina de los Estados Unidos, por el que le daban seis centavos. En concreto, los sellos postales que se vendían en Europa eran muy baratos en relación con el tipo de cambio estadounidense debido a la crisis económica y a la inflación que había dejado la Primera Guerra Mundial en aquel continente.

Cuando Ponzi se percató de esto, comenzó a investigar con más profundidad acerca de tipos de cambio y de todo lo que estuviese relacionado con el sistema de circulación de los cupones de respuesta internacional. Imaginaba que podía hacerse rico si conseguía comprar grandes cantidades de cupones en Europa para cambiarlos en las oficinas de correo de los Estados Unidos por sellos postales de un valor más elevado y, luego, venderlos. Muy rápido se dio cuenta de que el negocio que había pensado presentaba muchos problemas. El principal era que no se producían la cantidad de cupones de respuesta internacional al ritmo necesario para que él pudiese vender la cantidad suficiente como para hacerse rico. Otra dificultad radicaba en que, para comenzar con una compra que pudiese ser viable, necesitaba un capital inicial y él no tenía ni un solo dólar para invertir.

El “hechicero” no se detuvo; comenzó a darle vueltas al tema, tratando de pensar de qué manera podía utilizar en su favor aquella diferencia en los valores de los sellos postales que había descubierto. Para entonces, ya no trabajaba en la empresa de comercialización y estaba muy preocupado por conseguir dinero. Además, su esposa no paraba de quejarse por su situación económica y esto lo torturaba. Algo tenía que ocurrírsele y así fue.

¿LA PIRÁMIDE DEL ÉXITO O UN CASTILLO DE NAIPES?

Carlo Ponzi vivía en Boston junto con una importante comunidad de inmigrantes italianos que se encontraban más o menos en su misma situación. Todos tenían que ganarse a diario el dinero necesario para mantener a sus familias realizando trabajos que les dejaban salarios miserables. Todos también soñaban con que algún día, finalmente, ellos mismos o sus hijos lograrían concretar el sueño americano y saldrían de la pobreza. Por esta razón, quizás, no le resultó difícil embaucar a quienes se convertirían en las primeras víctimas de su negocio.

Después de deslumbrarse con la posibilidad de lucrar con los cupones postales, empezó a pensar en cómo sacar alguna ganancia de aquella situación que se le presentaba tan prometedora como endeble. Y pronto vio que la respuesta estaba también ante sus ojos. Una tarde del verano de 1919, sentado en la puerta de su casa, miraba pasar a sus vecinos cuando volvían de trabajar. Y se detuvo a escuchar lo que dos de sus compatriotas intercambiaban acerca de qué harían si fuesen millonarios. Como siempre, lo sedujo una idea: pedir prestado dinero a quienes, como él, deseaban salir de la situación de pobreza endémica en que vivían, a los mismos vecinos a quienes veía a diario mientras salían de sus hogares para dirigirse a sus aburridos trabajos. Él los iba a convencer de que el negocio sí era viable y los conminaría a participar.

Para comenzar esta nueva aventura financiera, necesitaba dos cosas. Por un lado, pedir sumas de dinero no demasiado importantes. Pensaba, con lógica, que sus vecinos no tenían mucho efectivo y no arriesgarían sus ahorros en un negocio que en principio desconocían. Por otra parte, tenía que generar un incentivo para que le cediesen el monto que precisaba. Y creó uno que no podía fallar. Así explicó a aquellos dos vecinos conocidos la oportunidad que había vislumbrado, los convenció de que no había ningún tipo de riesgo en tomarla y les prometió que si participaban en el “Plan Ponzi” les devolvería su capital en muy poco tiempo y con elevadísimos intereses. Mientras, les mostraba la Guía Postal de los Estados Unidos, donde figuraban los precios oficiales de los cupones y de los sellos, y los periódicos del día, que anunciaban los tipos de cambio monetarios.

En concreto, Ponzi ofreció a sus primeros clientes cifras que, en aquella época, en ningún otro tipo de inversión se podían conseguir: prometió ganancias de un 50% si le prestaban el dinero por cuarenta y cinco días, y de hasta un 100% si el plazo del préstamo se extendía a noventa. Y sus vecinos mordieron el anzuelo: entraron de cabeza al plan de su coterráneo.

Con la firma de pagarés a personas de su confianza, el negocio empezó a rodar. Eso sí, para mantener esa fidelidad debía devolver los intereses acordados. ¿Cómo lo hizo? Las sumas que Ponzi se había comprometido a pagar fueron conseguidas por medio de las inversiones que realizaron otros conocidos, a quienes embaucó con el mismo relato. Cuando pudo pagarles los intereses correspondientes a los que se atrevieron a invertir en un primer momento, el rumor de su éxito y de las ganancias que podían obtenerse por invertir con él se esparció rápidamente en toda la ciudad de Boston.

De esta manera, sin realizar ningún trabajo manual, solo poniendo en juego su agilidad mental y su habilidad para generar confianza en la gente, el consumado artista logró que el dinero fluyera, casi naturalmente y en grandes cantidades, hacia él. En muy poco tiempo ya estaba trabajando con sumas mucho más importantes que aquellas con las que había iniciado su negocio. Su horizonte estaba plagado de clientes. Los arriesgados inversores no solo eran inmigrantes italianos, también hubo muchos ciudadanos acomodados de la ciudad que apostaron al “Plan Ponzi”.

El éxito vertiginoso del negocio necesitaba de un marco estructural, por lo que en diciembre de 1919 Charles fundó Securities Exchange Company, la empresa ubicada en el número 27 de School Street (una de las calles más importantes de Boston), de la cual él era el accionista principal y el único empleado. Hasta aquel momento. Para entonces, el negocio que había propuesto originalmente a sus inversores ya había mutado, aunque estos no lo supieran.

Una vez que el dinero comenzó a llenar los bolsillos del italiano –aún no nacionalizado estadounidense–, consideró que no era necesario pagar a agentes en Europa para que comprasen los cupones de respuesta internacional. Es que mientras más inversores siguieran recurriendo a él para prestarle su dinero, tendría el suficiente efectivo para pagar los intereses a quienes se lo habían prestado anteriormente.

Cuando Ponzi pudo pagar a los primeros inversores, llegaron otros con la esperanza de obtener las mismas ganancias que los pioneros. Pero una vez que el “artista de la confianza” consiguió nuevos inversores, no puso el dinero al servicio de ningún negocio concreto: lo empleó en pagar a quienes debía efectivo en primera instancia. Entre estos movimientos, él obtenía importantes ganancias. Es decir, se dedicaba a movilizar sumas de dinero cada vez más grandes, con la esperanza –esa que nunca perdió– de poder agilizar y acrecentar el sistema de manera tal que siempre pudiese conseguir más y más efectivo para pagar a sus inversores.

En los Estados Unidos, explotar la diferencia de cambios –que es lo mismo que comprar barato para vender caro– no era ilegal. Por eso, Ponzi pudo convencer a miles de personas para que le prestasen dinero con el supuesto fin de adquirir cupones de respuesta internacional en Europa y cambiarlos en las oficinas postales estadounidenses. La diferencia iba a ser la ganancia del inmigrante y de sus prestamistas.

Sin embargo, se trató de una estafa. Ponzi no invirtió el dinero de los inversores en la compra de aquellos cupones, sino que se encargó de que cada vez más clientes entrasen en el negocio, porque la clave del fraude radicaba en que el dinero de los intereses que debía pagar a los primeros inversores lo obtenía del efectivo que los segundos le prestaban. Y un método de estas características solo podía funcionar en tanto y en cuanto lograse seguir convenciendo a nuevos inversores de entrar en el plan. Si no aparecían nuevos clientes, no tendría dinero para pagar a los que ya estaban dentro del sistema. La lógica dictaba que iba a llegar a un punto en el que no podría ampliar la base de inversores y por lo tanto, tampoco podría devolver el dinero a todos. De esta manera, los últimos en entrar en el negocio no solo perderían la posibilidad de ganar intereses; tampoco podrían recuperar la inversión inicial. Si se abría una sola duda sobre Ponzi y su plan, el sistema entraría en crisis.

Pero nada de eso estaba ocurriendo, sino todo lo contrario: a principios de 1920, la imagen de Ponzi y su empresa estaban en su apogeo. Securities Exchange Company se había convertido en una compañía reconocida y estaba creciendo rápidamente. Para el mes de febrero de ese mismo año ya tenía cuatro empleados y había contratado agentes a quienes pagaba comisiones significativas para que atrajesen nuevos clientes. Ellos se encargaban de anunciar en otras localidades (en el resto de la región de Nueva Inglaterra y en el estado de Nueva Jersey) que Charles Ponzi era un exitoso empresario que sostenía toda una red de agentes comerciales en el viejo continente que se ocupaban de comprar moneda europea depreciada con los dólares que el italiano les enviaba y que luego utilizaban para comprar los cupones de respuesta internacional, que reenviaban a su turno a Ponzi a los Estados Unidos.

La mentira de Ponzi no tenía límites. No solo convencía sobre la actividad que decía realizar, sino que, además, le daba mayor énfasis a su tarea al comentar que los grandes magnates estaban haciendo lo mismo, entre ellos, nada más ni nada menos que el ultra poderoso Rockefeller. Y que la única diferencia que había en los planes de unos y otros era que él compartía esa oportunidad con aquellos menos favorecidos por el sistema económico, lo que se puede catalogar como “un estafador con estilo”. Además de cometer el fraude, logró crear una imagen de sí mismo que lo presentaba ante una parte considerable de la opinión pública como un exitoso empresario preocupado por la gente común y especialmente por sus compatriotas.

Para las personas que habían confiado en él, era un héroe. Les había permitido ganar algunos dólares y, sobre todo, habían creído que así podrían salir definitivamente de la pobreza. Para julio de 1920, el “hechicero” era uno de los selectos miembros de la clase alta de una de las ciudades más elegantes y tradicionales de los Estados Unidos. Su sueño parecía haberse cumplido: tenía millones de dólares y era respetado en la comunidad en la que vivía. Gastaba grandes sumas de dinero en lujos y comodidades. Llegó a comprar una mansión en Lexington para compartirla con Rosa. El inmueble contaba con aire acondicionado y una piscina climatizada, símbolos de ostentación para la época.

La prosperidad parecía haberse instalado para siempre en la vida de Ponzi. Se podía ver cómo cada día cientos de personas de todas las nacionalidades hacían cola para invertir en su empresa o para retirar las ganancias por su préstamo. Muchos no se llevaban el efectivo porque astutamente eran incentivados a reinvertirlo, de manera que lo que se llevaban a sus casas era la ilusión de que tenían más dinero que antes. Y quienes depositaron su confianza y su dinero en el plan no eran especuladores financieros, sino individuos pobres que realizaban pequeñísimas inversiones que iban de los cinco a los diez dólares. Hubo también quienes entregaron al “hechicero” los ahorros de toda su vida. Y muchos hipotecaron sus casas para invertir el dinero resultante en el negocio de Ponzi. Por supuesto, todos ellos fueron las principales víctimas del fraude.

Sin embargo, a mediados de 1920, esas personas aún no se sabían víctimas de una estafa. Por lo tanto, Ponzi seguía su carrera ascendente dentro de la comunidad. En tan solo seis meses, el inmigrante italiano llegó a abrir treinta y cinco sucursales dentro de los Estados Unidos. El sueño americano se le estaba cumpliendo y con creces. Todos los días llegaba a su empresa en una limusina (a pesar de tener tres autos) y se dedicaba a expandir su negocio financiero y a contar sus extraordinarias ganancias. Era un ganador.

Para febrero, había logrado amasar una pequeña fortuna de 5000 dólares (el equivalente a unos 58.000 actuales); en marzo, había facturado 30.000 y, en julio, ya tenía millones. Con el viento a favor y las arcas llenas, Ponzi se mostraba como un hombre acaudalado, lo que en realidad era. Lucía costosísimos trajes a medida y bastones enchapados en oro. A su esposa le regalaba pieles y joyas muy valiosas. Eso sí, jamás descuidaba su negocio. Diariamente depositaba sus ganancias en el Hanover Trust Bank of Boston, un banco ítalo-estadounidense ubicado en la calle homónima. Sus depósitos eran cada vez más suculentos y comenzó a comprar acciones hasta que logró convertirse en el principal accionista de la institución y, en junio de 1920, en su presidente.

Y sí, creer es crear. Esto era lo que animaba a Ponzi. Empezó a creer no solo que podría ganar aún más dinero del que ya había logrado, sino que podría mantenerse de manera estable como uno de los principales representantes del capitalismo financiero de Boston. No solo deseaba tener dinero, sino ser dueño de entidades bancarias para poder controlar mejor el mercado de las inversiones.

EL FRAUDE SALE A LA LUZ

Muy pronto tanta expansión y el enriquecimiento desmesurado generaron sospechas y Ponzi empezó a ser investigado por periodistas y por el gobierno estadounidense. El recelo contra el empresario surgía porque se habían dado cuenta de que no podía estar invirtiendo todo el dinero que ingresaba en su compañía en la compra de los sellos, ya que simplemente, no había tantos sellos emitidos como los que se podrían comprar con esas sumas exorbitantes.

Unos seis meses antes de la caída estrepitosa de su empresa, Ponzi había empezado a dar algunas señales de debilidad. Cuando aún estaba encumbrado en lo más alto de la sociedad de Boston y era propietario de varios millones, fue demandado por un hecho curioso: un comerciante le reclamaba el pago de algunos muebles que le había vendido un tiempo atrás.

A pesar de que la demanda no prosperó y de que Ponzi arregló el asunto rápidamente, la situación generó algunas sospechas acerca de su rápido enriquecimiento. Muchos se preguntaron cómo había pasado de no poder pagar unos muebles a ser millonario en un período de tiempo tan corto. Esto alimentó las dudas de algunos integrantes de aquella sociedad. Uno de los que más desconfiaban del “artista de la confianza” era Edward J. Dunn, el director del periódico The Boston Post, cuya oficina estaba situada frente al Hanover Trust Bank. El periodista observaba cómo Ponzi depositaba diariamente su dinero en ese banco y no podía entender cómo se había convertido en millonario tan rápido. Tenía la intuición de que no podía ser legal la manera que había encontrado de enriquecerse y comenzó a investigarlo.

Con ese objetivo, Dunn encomendó a Clarence Barron, uno de los analistas financieros más reconocidos de Boston, y persona de su extrema confianza, que pusiera en marcha la investigación. Claro que Barron no era un simple periodista dedicado a las finanzas; a esa altura de su carrera estaba construyendo un imperio con el desarrollo de su actividad. En 1903, había comprado la emblemática empresa Dow Jones, que se dedicaba a publicar información financiera y de la cual dependía la publicación The Wall Street Journal. En 1912, Barron se había convertido en el presidente de la compañía y controlaba también la información de esta última publicación. Por eso, cuando Dunn le propuso el desafío de desentrañar el negocio de Ponzi, el especialista consideró el trabajo como importante y fue a fondo con su investigación.

Por otro lado, las autoridades que se encargaban de vigilar el sistema postal de los Estados Unidos informaron al gobierno federal sobre la imposibilidad de que Ponzi estuviese comprando la cantidad de cupones de respuesta internacional que sostenía adquirir en Europa, simplemente por la razón ya expuesta: que en el viejo continente no se emitían en tan grandes cantidades.

No obstante, la principal línea de acusación provino de los periodistas, ávidos cazadores en busca de la verdad sobre el caso. En este sentido, el director de The Boston Post estaba seguro de que no era posible enriquecerse de la manera en que lo había hecho Ponzi con el negocio que decía realizar diariamente. Y los datos que iban surgiendo de la investigación empezaban a demostrarlo.

Solo en 1919 se habían emitido cupones por 58.000 dólares. Y el número de los emitidos en 1920 no podía ser tan elevado como para que Ponzi pudiese ganar los millones de dólares que estaba cosechando. No daban los números. De todos modos, solo con estos datos Dunn no podía demostrar que el negocio del italiano era ilegal. Se trataba de estimaciones propias, por lo que continuó hurgando en la historia del inmigrante. Así descubrió que Ponzi había vivido en Canadá, información que fue clave en esta pesquisa.

Dunn sospechaba que Charles Ponzi ocultaba algo sobre su estadía en el país vecino y puso en acción a sus contactos y a periodistas canadienses para que pudiesen reconstruir los pasos del inmigrante en ese país. Pidió que fuesen a cuarteles y a comisarías con el objetivo de verificar si Ponzi tenía antecedentes criminales.

Movido por su intuición y los pocos datos con que contaba, Dunn sostenía que Ponzi no era un hombre de fiar. Y le comunicó sus inquietudes a Richard Grozier, hijo de Edwin Grozier, el dueño del periódico para el que trabajaba. Decidieron entonces comenzar a publicar notas referentes al empresario italiano para alertar a la población sobre sus maniobras fraudulentas. Y pensaron que, con un poco de suerte y con la movilización de ciertos contactos, la pesquisa periodística podía derivar en una investigación judicial.

El 17 de julio de 1920, The Boston Post publicó en su primera página una nota acerca del negocio de Ponzi. No se lo acusaba en forma directa de cometer delito alguno, pero el artículo deslizaba algunos cuestionamientos que dejaban pensando a los lectores sobre cómo hacía Ponzi para pagar esos intereses y cuál era su secreto. Ese día los bostonianos pudieron leer en el diario: “Duplica el dinero en tres meses; 50% de intereses pagados en cuarenta y cinco días por Ponzi. Tiene miles de inversores”.

Ponzi sintió el artículo como un ataque y amenazó con demandar a Dunn, pero como este era un hombre tanto o más inteligente que el “artista de la confianza” decidió aprovechar la ocasión para dialogar con él.

Durante el reportaje, Dunn obtuvo un dato que lo puso muy cerca de conocer la verdadera historia de Ponzi. Avanzada la charla, cuando la conversación se volvió amena, Dunn le pidió al empresario que hablase sobre el problema que había tenido en Canadá. Ponzi optó por las evasivas, pero ofreció un dato fundamental. Dijo algo así como: “Ah, sí, ese asunto en Montreal…”.

El dato resultó fundamental, Montreal era la ciudad donde tenía que buscar los antecedentes. Dunn envió allí a sus mejores periodistas para que fueran a fondo con la investigación. Mientras tanto seguía hostigando a Ponzi desde las noticias que diariamente publicaba en el periódico. Quería instalar el tema en la opinión pública. La idea era que la gente se preguntase al menos por el origen de su negocio.

Ponzi preparó su contraataque y respondió a la actitud tomada por The Boston Post. Contrató como su jefe de prensa a William McMasters, un reconocido periodista que anteriormente había trabajado en ese periódico. Su tarea era manejar las relaciones públicas de la empresa de Ponzi, en aquel momento, una labor extremadamente delicada.

McMasters tenía mucha experiencia y lo primero que hizo fue lograr que Ponzi se entrevistase nuevamente con el Post para que sus autoridades pudieran ver que no tenía nada que ocultar. Así, por boca del dueño de Securities Exchange Company, todos se enteraron de que, además de invertir en los cupones, con el dinero que recibía realizaba otras inversiones que no podía revelar porque se trataba de un secreto profesional. Estas declaraciones lo favorecieron ampliamente. No generaron dudas en la opinión pública y los inversores siguieron confiando en él ya que seguían cobrando los intereses prometidos. Y como el periódico continuaba publicando artículos que acusaban a Ponzi de cometer ciertas irregularidades, fue cuestionado severamente por sus lectores.

EL ENEMIGO CERTERO ESTABA ADENTRO

La suerte de Ponzi cambió cuando su propio jefe de prensa comenzó a dudar acerca de la legitimidad de los negocios que realizaba la empresa para la que trabajaba. La inquietud de McMasters, tal como años más tarde le contó al periódico, surgió cuando el inmigrante italiano le preguntó cuál sería la forma más rápida y segura de enviarle 1000 dólares a su madre, que aún estaba en Italia. El periodista se sorprendió y se preguntó cómo podía ser que un exitoso empresario dedicado a las finanzas consultara con él cómo hacer un envío de dinero o que se entusiasmara con ofertas de ventas muy poco significativas. Tal vez Ponzi no fuera quien decía ser.

McMasters decidió empezar a disipar sus dudas entre amigos. Así, recurrió a un banquero que no fue muy halagador con Ponzi. La mayoría de los dueños de los principales bancos de la ciudad no entendían muy bien cómo funcionaba el sistema del italiano y notaban que, si bien repartía las ganancias que obtenía en las diferentes instituciones bancarias, no parecía estar reinvirtiendo en el supuesto negocio que promovía.

El jefe de prensa afinó la puntería y fue por todo, directo a desentrañar la estafa que olfateaba. Entonces, le pidió a Ponzi que se sometiera un escrutinio legal que ayudaría a limpiar su nombre de las acusaciones que se le seguían haciendo diariamente. McMasters tenía la convicción de que no iba a salir ileso de una auditoría. Era su oportunidad de desenmascararlo.

Y Ponzi confió en su empleado, se entrevistó con el Fiscal General de Boston y luego con el Procurador General del estado de Massachusetts. Llevó en algunas maletas millones de dólares en efectivo y trató de convencerlos de los beneficios de sus negocios. Todo para “probar” su solvencia. De todas maneras, McMasters logró que se concertase una auditoría a Securities Exchange Company y convenció a Ponzi de que todo saldría bien y que sería positivo para su empresa.

Las autoridades federales se metieron de lleno en la investigación y tomaron referencia también de los anteriores informes de la Oficina Postal de los Estados Unidos. La auditoría tenía el objetivo de esclarecer cuáles eran los movimientos que estaba realizando la empresa y, mientras esto ocurría, se dictaminó que no podría recibir nuevos depósitos.

En cuanto estas maniobras salieron a la luz, crecieron los rumores acerca de Charles Ponzi. Sin embargo, pudo hacer frente a la situación porque aún contaba con dinero suficiente para pagar a los ahorristas que, temerosos, corrían a retirar su ganancia ni bien terminaba el plazo de su inversión. Y la empresa tenía registros contables muy ordenados y detallados, en los que quedaba claro que las entradas y salidas de dinero de los ahorristas estaban funcionando normalmente.

Pese a los resultados favorables de la auditoría, al menos hasta ese momento, las autoridades federales no lograban entender cómo Ponzi conseguía tan grandes ganancias, es decir, cómo podía pagar los intereses que, efectivamente, ellos podían corroborar que estaba pagando. Le preguntaron directamente al empresario cuál era el origen de aquellas ganancias. Él se limitó a responder que se trataba de un secreto profesional y que no estaba obligado a rendir cuentas acerca de este tema mientras no se le pudiera probar que había cometido un ilícito.

Nada por aquí, nada por allá. Todo parecía favorecer a Ponzi. Entonces, McMasters tomó la decisión de revisar por sí mismo los libros y los documentos de la empresa. Después de varios días de pesquisa y de hacer sus propias cuentas, llegó a la conclusión de que si todos los inversores pidiesen su dinero a Ponzi, se encontraría con un faltante de dos millones de dólares, una cifra sideral para la época.

El periodista guardó en su mente las cifras y buscó a los primeros interesados en acusar al “hechicero”, es decir, a sus colegas de The Boston Post. Lo escucharon, le dieron un adelanto de 5000 dólares y le pidieron que escribiera un artículo acerca de su descubrimiento.

Este fue el origen de la noticia delatora que se publicó aquel 2 de agosto de 1920 y que causó gran impacto en la opinión pública. Como si esto resultara poco, a la hora de marcar un antes y un después en la honorabilidad y reputación del inmigrante italiano, las autoridades de la Oficina Postal anunciaron que no cambiarían más los cupones de respuesta internacional para evitar todo posible fraude a partir de aquel momento. Se avecinaba el final.

EL DESENLACE

Charles o Carlo Ponzi parecía inmutable. Con firmeza, seguramente ficticia, seguía respondiendo con efectivo a los inversionistas que se agolpaban en las puertas de su empresa para que les devolviesen sus ahorros. Las noticias corrían rápido, pero el “hechicero” tenía aún fondos acumulados que le permitían hacer frente a sus compromisos y a los embates de The Boston Post.

En su interior, Ponzi sabía que los números que mostraban los periodistas hablaban de un problema real y que si se presentaban todos los inversionistas, no podría pagarles. Perseguido por la idea de que su fraude saliera a la luz y tratando de escapar de aquella situación, tomó dos millones de dólares de sus cajas y se fue tres días de la ciudad para realizar diferentes apuestas a fin de obtener dinero con el cual pagar a sus clientes. Sin embargo, su estrategia no prosperó y sus problemas crecieron. Aunque todavía contaba con apoyo porque jamás había dejado de pagar.

Dunn no se rindió y continuó con su investigación. Quería acabar con el tema Ponzi y lo logró cuando dio con nuevos datos. Herbet Baldwin era el encargado de las pesquisas en Montreal y solía llevar una foto del empresario italiano, por si alguien lo reconocía. Finalmente, un individuo identificó en ese retrato a un tal Charles Bianchi, quien, según comentó, había sido el socio de Luigi Zarossi. Era todo lo que el director del periódico necesitaba para dar su estocada final.

El 11 de agosto, pocos días después de que acusara públicamente a Ponzi de ser insolvente, Dunn publicó una nueva nota en la que se contaba la historia del arresto por estafa en Canadá y cómo el “artista de la confianza” había cambiado su nombre posteriormente.

Poco después, se descubrió la condena que lo había llevado a prisión en Atlanta. La imagen positiva de Ponzi seguía derrumbándose. Al mismo tiempo, todos los inversores, desesperados, y tal como temía el dueño de Securities Exchange Company, solicitaron que se les devolviera su dinero. Fue su ruina. Inmediatamente, tuvo que declararse insolvente, como realmente era.

La justicia terminó de dilucidar qué había pasado en este caso. Así pudo establecer que la empresa de Ponzi no había realizado las inversiones en la compra de los cupones de respuesta internacional y que el dinero de los ahorristas no se había invertido en ningún otro negocio o actividad productiva. Se calculó que para pagar las deudas que el “hechicero” había contraído, habría necesitado unos ciento sesenta millones de cupones de respuesta internacional en circulación, cuando en realidad, a mediados de 1920, tan solo había unos veintisiete mil alrededor del mundo. Se estimaba que en ese momento Ponzi dejaba un agujero de unos cinco millones de dólares de la época. Todo ese dinero era el efectivo que pequeños, medianos y grandes ahorristas le habían prestado y que él había dilapidado de diversas formas.

Declarada la bancarrota, los bienes de Carlo Ponzi fueron confiscados y el 13 de agosto fue arrestado, acusado de ochenta y seis cargos por fraude. La cifra oficial de los clientes afectados por las acciones delictivas del inmigrante italiano fue de unas diecisiete mil víctimas. Sin embargo, si se consideran todos los inversionistas que tuvo desde que comenzó su negocio, el número ascendería a unos cuarenta mil damnificados.

El “hechicero” fue arrestado, pero logró salir en libertad condicional tras pagar una fianza de 25.000 dólares. Una vez más, empleando su carisma, se había ganado la confianza del juez de la causa quien, con el justificativo de que “había colaborado con la justicia”, le abrió las puertas de la cárcel. Sin embargo, poco después, la prensa, su peor enemigo, hizo pública la auditoría realizada sobre Securities Exchange Company. Esto enardeció a la gente y la presión pública sobre el juez fue tan grande que tuvo que cambiar de opinión y ordenó que recluyeran al estafador.

Finalmente, fue sometido a juicio y condenado por fraude postal a cinco años en una prisión federal tras haberse declarado culpable con el objetivo de aminorar la pena. El monto del desfalco que se le probó fue de siete millones de dólares.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL “ARTISTA DE LA CONFIANZA”

En 1924, Ponzi salió de prisión antes de lo que la ley le había marcado, ayudado por su buena conducta y por su incesante capacidad de ganarse la amistad de todos aquellos con los que interactuaba. Pensó que era su liberación, pero aún tenía más por purgar.

Una vez en libertad, tuvo que enfrentar nuevos juicios por fraude. Una de las acusaciones más importantes fue la del estado de Massachusetts (antes había sido también condenado por las autoridades federales), que logró imputarlo por “apropiación indebida” y por la que fue condenado a otros nueve años de prisión. Ponzi apeló y quedó en libertad bajo fianza, hasta que se resolviese esta nueva instancia jurídica.

Libre nuevamente, aprovechó la ocasión para huir hacia Florida, donde intentó iniciar una nueva estafa, del estilo de la anterior. No se daba por vencido; creía que podía ser eternamente impune. En ese caso, las autoridades lo encontraron intentando vender propiedades, la mayoría terrenos pantanosos, a inversores incautos, prometiendo un 200% de intereses en sesenta días a aquellos que depositasen el dinero para la compra de esos espacios. Enseguida fue descubierto y condenado a un año de prisión en aquel estado. Fiel a su estilo, presentó una nueva apelación y otra vez quedó libre bajo una fianza de 1500 dólares.

Ponzi tenía pendientes dos resoluciones de la justicia y cuando se enteró de que la primera que había presentado en Boston había sido desestimada y que era concretamente un fugitivo de la justicia, su situación se tornó crítica. Seguía sumando causas que le generarían negras consecuencias. Entre tanta investigación, la justicia advirtió que Carlo Ponzi nunca se había nacionalizado como ciudadano estadounidense, por lo tanto oficialmente era un inmigrante ilegal que debía ser deportado a su país de origen.

Ante esta situación, el inmigrante siguió despuntando uno de sus vicios: huir. Esta vez se le ocurrió que lo mejor era irse a Italia, su tierra, donde podía contar con la ayuda de su familia. Rosa, su esposa, no lo siguió; no la entusiasmaba la idea de convertirse en la mujer de un fugitivo y le pidió el divorcio, que se efectivizó en 1937.

Por entonces, Carlo Ponzi, ya separado, se afeitó la cabeza y se dejó crecer el bigote. Así camuflado, emprendió la huida, pero esta vez la estrategia no le funcionó. Fue descubierto y sometido a la justicia de Boston, que volvió a condenarlo a otros nueve años de cárcel. Imposibilitado de apelar, y quizás algo cansado, decidió cumplir su condena.

Salió de la cárcel en 1934. Afuera lo esperaba una multitud que no había olvidado la estafa y quería hacer justicia por mano propia. La policía tuvo que protegerlo de esa multitud furiosa. Por entonces tenía 52 años y, una vez liberado, fue inmediatamente deportado a Italia. No pudo con su genio y, en su propia tierra, volvió a intentar realizar pequeñas estafas con las que no logró tener éxito económico.

Seguía siendo un hombre astuto en las finanzas, con muy buen dominio del inglés, cualidades que lo condujeron a vincularse con el poder. El mismísimo Benito Mussolini, el dictador que gobernaba la Italia fascista, lo contrató como su asesor financiero. Se ilusionó pensando que volvería a vivir una época dorada. Sin embargo, rápidamente quedó en evidencia su incapacidad para manejar los asuntos que Mussolini le había delegado. En el poco tiempo que duró el nuevo empleo, realizó algunas “mágicas inversiones” que luego se esfumaron por completo, por lo que fue despedido por el Duce y tuvo que volver a buscar un trabajo con el cual subsistir.

En 1939, comenzó a trabajar en LATI Airlines, una aerolínea comercial italiana, por la que fue destinado a Brasil. Y así Carlo Ponzi se fue a vivir a la calurosa ciudad de Río de Janeiro como agente comercial de esa compañía. Allí intentó participar del negocio que habían abierto algunos pilotos, que consistía en el contrabando de diamantes y monedas. Pero como no fue aceptado en el grupo, denunció a los pilotos, lo cual, paradójicamente, le valió un ascenso en la aerolínea. Llegó a pertenecer a la gerencia de las oficinas en el país tropical.

Mientras se desempeñaba en ese trabajo de oficina por el que era muy bien remunerado, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial. Como en 1941 Brasil entró a este conflicto como aliado de los Estados Unidos y, por lo tanto, como enemigo del gobierno italiano, la aerolínea para la que trabajaba Ponzi fue intervenida y posteriormente desmantelada. Y se quedó nuevamente sin trabajo.

A partir de aquel momento, se ganó la vida dando clases de inglés en Río de Janeiro, pero ese trabajo no le daba el dinero que necesitaba para llevar el tipo de vida que siempre había deseado. Unos años después, a causa de un accidente cerebral, quedó casi ciego y paralítico. No tenía amigos en aquella tierra y no hablaba un portugués fluido. Entonces, se dedicó a escribir una autobiografía, en la que expresaba que estaba muy arrepentido de todo lo que había hecho, algo que muchos no creyeron. ¡Y lo bien que hicieron en no creerle! En sus últimos años, dio una entrevista en la que le dijo al periodista que estaba muy orgulloso de lo que había hecho en los Estados Unidos, porque aquello había sido un espectáculo digno de verse. En esa misma línea, declaró que él había merecido ganar todo el dinero que había cosechado mediante la estafa de los cupones de respuesta internacional.

El “artista de la confianza”, el hombre que supo engañar a todos con una imagen trabajada esmeradamente, con un discurso agradable y prometedor, el “hechicero” que haciendo magia supo vivir en el lujo y también pisó el territorio de la pobreza más absoluta, transitaba sus últimos años sin arrepentimientos ni remordimiento por el tendal de víctimas que había dejado. Seguía en Brasil, viviendo de un seguro de desempleo y hospedado en un hospital de caridad. En ese lugar muy poco glamoroso murió el 18 de enero de 1949. Bajó el telón, se acabó el hechizo, aunque desde el mismo momento en que Carlo Ponzi expiró, comenzó otra etapa de su protagonismo absoluto dentro de la historia de los mayores estafadores de la humanidad.

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Texas: cuando los Estados Unidos se quedaron con parte de México y sobre cómo comprar tierra barata

El 1º de enero de 1846, los ciudadanos mexicanos interesados en los avatares de la vida política de su nación podían informarse acerca de las últimas novedades leyendo el Diario del Gobierno de la República Mexicana. En la página 4 de la edición de aquel jueves, podía leerse:

Al comenzar la grande obra de nuestra reorganización social, van a ser muchos y de inmenso tamaño los obstáculos que a ella se opongan: el estrago consiguiente a veinticuatro años de continuas revueltas, que completó una administración sin principios, sin aptitud ni patriotismo, es lo que tienen delante los que toman a su cargo tan difícil empresa […].

No debemos, sin embargo, de tan tristes experiencias, abandonar la patria en su conflicto: por el contrario, todos los mexicanos tienen un deber estrecho de reunir sus esfuerzos para salvar a la nación: acaba de ser destruido un gobierno soñoliento y perezoso, para quien nada era la independencia nacional ni la integridad de su territorio, y que solo ha bullido para caer del lecho en que estuvo dormido un año entero: los lamentos de las víctimas sacrificadas por la ferocidad de los bárbaros en los departamentos fronterizos eran para los funcionarios que acabaron unos sordos ecos que apenas llegaban a sus oídos; la parte perdida del territorio nacional, estuvo para hacerse materia de un vergonzoso contrato […]. Pero ya que, como hemos dicho, el ejército, de acuerdo con la nación, se ha desembarazado de ese gran mal, cuyo remedio era el de más urgencia, como el principio de los demás que tanto hemos sentido y lamentado, deben renacer las esperanzas nacionales.

A lo largo de la época contemporánea, el Diario del Gobierno de la República Mexicana había sufrido grandes transformaciones, tanto respecto de su denominación, como de su ideología y organización.

De todas maneras, una constante había en la historia de esta publicación, y era que desde principios del siglo XIX había sido el instrumento que el Estado utilizaba en México para informar al pueblo acerca de sus disposiciones legales. En 1810, nació con el nombre de Gazeta del Gobierno de México. Respondía a las necesidades del gobierno colonial, que poco tiempo después colapsó. Más tarde, la publicación fue resignificada en función de los cambios en el gobierno mexicano. En enero de 1846, modificó su nombre debido al reciente cambio de gobierno.

En diciembre de 1844, José Joaquín de Herrera había sido nombrado presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Durante su gobierno se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia del México contemporáneo: el 28 de febrero de 1845 los Estados Unidos de América resolvieron anexionar como un estado más el territorio de Texas, unión que se concretaría el 29 de diciembre de aquel año.

La tierra texana era, desde hacía años, un espacio en disputa entre México y los Estados Unidos, pero cuando en aquel momento el país azteca consideró que su territorio había sido invadido por su vecino del norte, el presidente Herrera puso a cargo del ejército defensor al general Mariano Paredes y Arrillaga con el objetivo de asegurar la soberanía mexicana sobre la región. Pero este rápidamente aprovechó esa nueva cuota de poder que se le otorgaba para realizar un golpe de Estado contra Herrera, y convertirse en el nuevo presidente de los mexicanos. Este nuevo gobierno asumió el poder en enero de 1846 y cambió el nombre del órgano oficial de publicaciones del Estado.

La edición del 1º de enero era la primera que salía a la luz como el Diario del Gobierno de la República Mexicana. En ella, la voz del gobierno anunciaba a los ciudadanos mexicanos que los hombres “ilustrados” que a partir de aquel momento se hacían cargo de la gestión estatal resolverían todos los problemas dejados por la administración anterior.

Por supuesto, esto no era ninguna novedad dentro de lo que conocemos como discursos políticos de la época contemporánea. Lo que nos interesa aquí se refiere a la ocupación estadounidense de un territorio que México consideraba como propio. Así, el nuevo presidente apelaba a los ciudadanos mexicanos para que renaciera en ellos la esperanza patriótica que les permitiese recobrar una parte significativa de su suelo.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por ganar este conflicto contra los estadounidenses, que tuvo como capítulo final una guerra que involucró a ambos estados entre 1846 y 1848, y que no tardó mucho tiempo en resolverse a favor de los Estados Unidos, el Estado mexicano perdió un territorio de alrededor de 2.200.000 kilómetros cuadrados.

La firma de los tratados de paz que dieron por terminada la guerra no solo convalidó las pretensiones estadounidenses sobre Texas, sino que también implicó la cesión hecha por parte del Estado mexicano a los Estados Unidos de un inmenso territorio hacia el oeste, que actualmente corresponde a los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y parte de los de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo esto, a cambio de la enigmática suma de 15 millones de dólares.

México perdió más de la mitad del territorio que poseía por entonces, además de inmensas fuentes de riqueza para su población. De esos parajes, la nación estadounidense obtuvo grandes recursos que le permitieron convertirse, a lo largo de los siglos XIX y XX, en una de las principales potencias del mundo: inmensas cantidades de oro y petróleo fueron extraídas de California y Texas, respectivamente. Estos son solo algunos datos, a los que debemos sumarles muchos otros, como la pérdida de la población mexicana que vivía en los territorios cedidos a los Estados Unidos.

A lo largo del capítulo, observaremos que esta coyuntura histórica en la que México sufrió tan grande e injusta pérdida estuvo enmarcada en el proceso de expansión estadounidense, que se había iniciado inmediatamente después de la independencia de las trece colonias en 1776.

UN CONFLICTO CON HISTORIA

El territorio que México perdió frente a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX ya tenía para aquel momento una larga historia. Tribus americanas nativas, franceses, españoles, mexicanos, texanos y estadounidenses fueron los protagonistas de un proceso que debemos relatar desde los inicios del siglo XVI, si es que deseamos comprender los orígenes y las causas del conflicto por Texas entre México y los Estados Unidos de América.

Y si de orígenes se trata, no podemos dejar de empezar por hacer una mención a las tribus nativas que habitaban la región al momento de la llegada de los primeros europeos. Situémonos, entonces, en el siglo XVI y detengámonos en el territorio del actual estado de Texas, al sur de los Estados Unidos.Allí habitaban tribus que se ganaron un lugar en la historia de Occidente debido a su feroz lucha por la defensa de territorios que les fueron poco a poco arrebatados, primero por los europeos y luego por sus descendientes norteamericanos. Nombres como apache, comanche y cherokee nos traen a la mente situaciones de luchas armadas en el lejano –y en el no tan lejano– oeste de América del Norte.

Si nos adentramos en la historia de estos pueblos, veremos que, a la llegada de los europeos, algunos de estos grupos ya estaban asentados en las tierras que hoy conforman las lindes del río Bravo o Grande, la actual frontera entre los Estados Unidos y México. Uno de estos pueblos era el de los apaches, cuyo nombre les había sido adjudicado por una tribu del actual estado de Nuevo México, los zuñi, y significaba “enemigo”.

Los “apachus” de los zuñi, es decir, sus enemigos, se habían ganado esa denominación debido a que constantemente hostigaban a esta población, que convivía con ellos en la misma región, poniendo en disputa la ocupación del territorio. Ya para esta época podemos observar que incluso las tribus americanas luchaban entre ellas para obtener los recursos de esa zona y poseerla. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la llegada de los europeos haya sido, a fin de cuentas, un hito más en la historia de la disputa por esas tierras.

Cuando llegaron exploradores provenientes de la costa del Atlántico, estas tribus pelearon por defender aquello por lo que ya habían luchado antes. Los apaches, en particular, fueron conocidos por haber sido una tribu guerrera muy poderosa –con un nivel de estrategia reconocido por sus enemigos–, que resultó capaz de hacer frente a los embates europeos por varios siglos. Su rendición final se produjo en 1886, después de haber hostigado por siglos a las autoridades externas a ellos que habían ido ocupando su territorio: a las del virreinato de Nueva España, a las de la población mexicana, a las texanas y a las estadounidenses.

Esta defensa, que tanto los apaches como las otras poblaciones nativas llevaron a cabo frente a los europeos, tuvo como fecha de inicio el momento en el que los españoles comenzaron la conquista de las tierras del actual estado de Texas.

La Corona española había llegado en 1492 a América y, desde aquel momento, comenzaron a llegar a este continente nuevos exploradores que deseaban conquistar tierras en nombre de España para obtener beneficios personales.

Así, el 17 de junio de 1527, una nueva expedición partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en España, rumbo a América. En esa expedición, dirigida por el gobernador Pánfilo de Narváez, compuesta por unos seiscientos hombres distribuidos en cinco barcos, se encontraba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Juntos iban en busca de la conquista del territorio de la península de la Florida.

Pero al igual que tantas otras, esta incursión tenía también como objetivo la búsqueda de yacimientos de oro. Fue así que, cuando estos exploradores llegaron a Florida y se encontraron con nativos que les sugirieron que el oro de aquellas tierras se encontraba más allá, en la Provincia de Apalache, se decidieron a adentrarse en aquel territorio hostil.

A partir de entonces se produjeron los primeros encuentros entre los nativos de la zona de Texas y los europeos que buscaban el “país del oro” hasta la zona ocupada por los apaches. La suerte corrió a favor de los nativos americanos. Eran muy superiores numéricamente, mucho más altos y fornidos que los europeos y conocían muy bien la zona en la que enfrentaban al enemigo, mientras que para este el terreno era totalmente desconocido. Además, esta primera expedición española no estaba bien armada ni había tenido como objetivo original adentrarse en el territorio más allá de Florida, por lo cual no estaba debidamente preparada para la misión.

Después de este primer acercamiento infructuoso de los españoles, el intento formal por colonizar aquella región provino de los franceses. Más de un siglo después de aquel primer encuentro entre los nativos de la zona y los europeos, en 1684, una expedición salió de Francia con el objetivo de fundar una colonia en el Golfo de México, en la desembocadura del río Misisipi. Esta vez, fueron cuatro los barcos que llevaron a trescientos hombres decididos a colonizar estas tierras al mando de René Robert Cavelier de la Salle, quien ya había explorado la zona en expediciones anteriores.

La misión de La Salle tampoco tuvo éxito. Así, si bien logró fundar el Fuerte de San Luis –el nombre hacía honor al legendario rey francés– y reclamar entonces el territorio de Texas para Francia, el tránsito hasta el momento en el que la colonia pudo finalmente establecerse le costó la vida a la mayor parte de los miembros de su expedición. Uno de los barcos desapareció en las Antillas a causa de un ataque pirata, otro se hundió cuando se acercaba al destino y un tercero encalló allí mismo.

Con estos antecedentes, no era probable que la expedición tuviese demasiado éxito y fue así que, en una de las ocasiones en las que La Salle dirigió una caminata para tratar de encontrar la ruta más corta entre el Fuerte de San Luis y el río Misisipi, sus subordinados se amotinaron por no creerlo competente y lo asesinaron.

Después de aquel fatídico hecho, hacia 1688, en el fuerte solo quedaban unos pocos pobladores que fueron masacrados por los karakawa, un grupo de nativos americanos.

Fue el fin de la efímera presencia francesa en Texas, ya que los posteriores movimientos que allí se hicieron solo tuvieron el objetivo de buscar a posibles sobrevivientes: una búsqueda que no tuvo ningún resultado positivo y que se canceló en 1689. A partir de aquel año, quedó el camino abierto para que los españoles intentaran conquistar y colonizar el territorio. Sin embargo, Francia continuó proclamando que aquellos territorios le pertenecían. Recién abandonó formalmente sus reclamos casi un siglo después, en 1762. A pesar de que esto no implicaba acciones concretas por parte del gobierno francés, este poseía en aquel momento el control sobre el territorio de Luisiana, ubicado al este de Texas, lo que implicaba que podían adentrarse desde allí hacia las tierras que ahora formaban parte del virreinato de Nueva España. Esto generó un fuerte temor en España. Por ese motivo, se volvió de vital interés para la Corona española colonizar el territorio, es decir, establecer allí una población permanente que respondiese al gobierno español para que aquellas tierras no pudiesen ser reclamadas legítimamente por el reino de Francia.

Por esto, inmediatamente después del fracaso de los franceses en el Fuerte de San Luis, España envió al gobernador de la población vecina de Coahuila a eliminar todo vestigio de lo que, para entonces, ya eran solo ruinas del fuerte francés. Después de esto, comenzó la historia de la colonización española en la zona, que durante el siglo XVIII se caracterizó por la construcción de estructuras defensivas a lo largo de las fronteras y de “misiones” en las que se intentaba evangelizar a los nativos americanos y asimilarlos a la cultura española.

Esta región tuvo para el Imperio español una importancia geopolítica desproporcionada en relación con la cantidad de población que allí habitaba y los recursos económicos que se extraían en aquel momento de Texas. Si en un primer momento, entre fines del siglo XVII y fines del siglo XVIII, España tuvo que enfrentarse con Francia por la posesión de Texas, luego –durante el siglo XIX– tuvo que hacer frente a la política expansionista de la flamante nación estadounidense.

DOS NUEVAS NACIONES, UN MISMO CONFLICTO

El conflicto por la zona del actual territorio de Texas no involucró solo a México y a los Estados Unidos de América, sino que mucho tiempo antes de que esos dos países existiesen, aquellas tierras habían sido disputadas por diferentes naciones. Nativos americanos, franceses, españoles, entre otros, habían reclamado para sí la tierra de Texas, y otros siguieron sus pasos durante el largo siglo XIX.

Adentrémonos entonces en los inicios de ese siglo para observar cuál era la situación respecto de este conflicto en aquel momento, y cómo fue tomando forma la coyuntura que permitió que terminase de resolverse a favor de los Estados Unidos de América, unos cincuenta años después.

Alrededor del año 1800, Texas todavía era parte del imperio de la dinastía de los Borbones, que gobernaba en España. Bajo su mandato comenzaron a observarse las primeras pretensiones expansionistas de los estadounidenses. Ya en 1803, esta nación compró a Francia el territorio de Luisiana, motivo por el cual el gobierno del virreinato español empezó a tomar precauciones respecto del nuevo país americano.

Ahora era del gobierno estadounidense de quien debía cuidarse, ya que no solo había adquirido Luisiana sino, junto con ella, las viejas pretensiones francesas sobre Texas.

Con la mira puesta en esto, el virrey había iniciado negociaciones con el gobierno de Washington con el objetivo de precisar las fronteras entre los Estados Unidos y el virreinato de Nueva España.

Poco tiempo después, en toda América Latina, comenzaron a estallar las guerras por la independencia, tanto respecto de España como del resto de las potencias europeas que aún contaban con enclaves coloniales en el nuevo continente. El puntapié inicial lo dio Haití.

Desde fines del siglo XVIII, en la mayoría de las colonias europeas y al calor de los ideales de la Ilustración y de la Revolución francesa, afloraron nuevas ideas fundamentadas en los principios de la razón y de la libertad de todos los hombres para actuar y, en consecuencia, para tomar decisiones respecto de las autoridades que los gobernaban.

En las colonias españolas, un nuevo factor se sumaba a la crisis del orden colonial: la participación de España, primero como oponente y luego como aliada de la Francia revolucionaria, produjo una crisis en la monarquía española. Y esta crisis no solo fue económica, por los grandes gastos que se tuvieron que afrontar durante la guerra, sino que también tuvo un costado institucional gravísimo porque la oposición de gran parte de la nobleza española a la alianza con Napoleón Bonaparte propició la invasión de España por parte de Francia, lo que generó una crisis que hizo peligrar a todo el Imperio español.

En estas circunstancias, las comunicaciones que España podía establecer con las colonias se redujeron cada vez más, así como también se debilitó su capacidad de controlar lo que efectivamente sucedía en sus territorios al otro lado del océano. Esta coyuntura permitió a la mayor parte de las colonias españolas dar inicio a las guerras por sus respectivas independencias, y el territorio de Nueva España no quedó exento de esta corriente revolucionaria.

Poco más de una década después, en 1821, México logró su independencia y se constituyó como el Imperio mexicano: una efímera monarquía católica que, si bien solo existió hasta 1823, marcó los inicios de la historia contemporánea del México libre.

A partir de ese momento, estaban ya constituidas, a grandes rasgos, las dos naciones que no tardarían en enfrentarse por el territorio de Texas: México y los Estados Unidos de América, país que había logrado su independencia de Inglaterra en 1776.

LOS AVATARES DE LA COLONIZACIÓN

Imaginemos la situación del territorio texano a principios del siglo XIX. Por entonces, Texas era un inmenso paraje en el que no había grandes asentamientos humanos. La población era una mezcla de indígenas hispanizados que estaban concentrados en misiones creadas por los españoles; soldados y oficiales del ejército provenientes de España; descendientes de españoles que habían nacido en Nueva España y habitaban allí con sus familias, y algunas comunidades de colonizadores británicos, franceses, alemanes, italianos y estadounidenses. A estos colectivos se sumaban, además, los grupos de nativos que no habían podido ser reducidos por los españoles. Pero el conjunto de todas estas personas no conformaba un grupo numéricamente significativo, y, por otro lado, reunía hacia su interior amplias diferencias culturales.

Constituía, entonces, una zona de frontera en la que la mayor parte de la población se dedicaba a la ganadería o tenía pequeños ranchos en los que desarrollaba actividades agrícolas en escala minifundista. En consonancia con esto, había solo unos pocos texanos que se dedicaban a ejercer oficios como la herrería o la sastrería. Fuera de estos y de algunos comerciantes, la sociedad era típicamente rural y no poseía ninguno de los atractivos que las ciudades del siglo XIX podían ofrecer.

El interés de las naciones que se disputaban la zona estaba ligado a cuestiones de estrategia geopolítica. Así, si en un primer momento el gobierno del virreinato español había deseado poblar la zona para que los franceses no pudiesen acceder a ella desde Luisiana, la situación no había cambiado demasiado cuando, en 1803, ese territorio pasó a manos del gobierno estadounidense.

Esta última adquisición dejó a la parte del territorio norteamericano que estaba bajo la jurisdicción del Imperio español divido ahora por la presencia de la nueva nación continental. Recordemos que en aquel momento Florida era también parte de Nueva España, por lo cual el Imperio colonial español contaba con ese territorio y con el de Texas, entre los que mediaban las tierras de Luisiana.

Con este marco geográfico de fondo, las relaciones entre los Estados Unidos y el virreinato se tensionaban cada vez más. Los puntos clave eran los derechos de navegación sobre el río Misisipi y el avance de los colonos sobre la frontera de Florida.

A esta fotografía de la situación de la época hay que agregar que aún no habían cesado las incursiones de los nativos americanos en todo el territorio, tanto el estadounidense como el español. En especial, las tribus comanches y apaches, que estaban acostumbradas a una vida nómada, solían caer por sorpresa durante las noches en las guarniciones militares y en las misiones cristianas.

Todo esto convertía a la zona de Texas en un punto muy conflictivo que el gobierno español intentó organizar de la mejor manera que pudo. En este sentido, una de las últimas medidas que llegó a tomar, cuyo objetivo era hacer una lectura coherente de la situación para poder actuar de manera eficiente, fue realizar un censo de la población del territorio en 1804, año significativo porque, tras un año de posesión de Luisiana por los Estados Unidos, el gobierno colonial español buscaba evaluar las fuerzas y los recursos con los que contaba en Texas para hacer frente a la agresiva política de los vecinos del este.

Ese censo permite dimensionar cuán pequeña era la población de la cual estamos hablando. Para 1804, incluyendo solo a la población hispanoparlante, Texas tenía 3605 habitantes. El gobierno virreinal no censaba a los indígenas que vivían en las reducciones asentadas en el territorio, ya que con esta población no contaba evidentemente para la posible defensa del territorio español de Texas.

A fines de la década de 1810, varios fueron los elementos que se conjugaron para que el ya tambaleante gobierno español comenzara a realizar algunas concesiones a los Estados Unidos. Así, el gobierno virreinal, que afrontó el estallido del proceso revolucionario a escala continental sin contar con importantes refuerzos por parte de España, que se encontraba atravesando una de sus peores crisis, se tuvo que hacer cargo de la defensa del territorio asediado por las naciones comanches, entre otras, con escasa población propia. Sumado a esto, se contaban las constantes presiones estadounidenses para conseguir facilidades de acceso a los territorios españoles, anexionarse directamente determinadas jurisdicciones y obtener derechos de navegación absolutos de los ríos que se encontraban en medio de sus fronteras.

Dos fueron las líneas de acción del entonces exhausto gobierno español. Por un lado, en 1819 se llevó a cabo la firma del Tratado de amistad, arreglo de diferencias y límites entre Su Majestad Católica el Rey de España y los Estados Unidos de América, también conocido como Tratado de transcontinentalidad o Tratado Adams-Onís, en honor a Luis Onís, representante de Fernando VII, y a John Quincy Adams, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Por medio de este tratado se fijó la frontera entre los norteamericanos y el todavía existente virreinato de Nueva España. España terminó cediendo definitivamente sus derechos sobre el territorio de Florida, pero obtuvo el compromiso por parte del gobierno de los Estados Unidos de que se respetaría su soberanía sobre el territorio de Texas. A su vez, España renunciaba por completo a sus pretensiones de antiguo sobre Luisiana, y a los derechos de navegación sobre el Misisipi, y cedía también el territorio de Oregón, lo cual era fundamental en el plan de expansión estadounidense porque le permitía constituirse como un Estado transcontinental, es decir, que su territorio se extendía ahora de costa a costa por el continente americano.

Con este tratado, el gobierno español creyó asegurar para sí la estabilidad fronteriza en un momento en el que la situación de crisis de la monarquía española requería que las colonias volviesen a estar en calma. Particularmente, la cuestión radicaba en que los Estados Unidos se comprometieran a no seguir avanzando sobre el territorio de Texas.

Esa fue una de las medidas tomadas por el gobierno virreinal, que pronto llegó a su fin, para tratar de resolver la cuestión de la inestabilidad de la frontera de Texas.

Por otro lado, con el compromiso por parte del gobierno estadounidense de que no continuaría con su política expansionista sobre el territorio texano, el virreinato de Nueva España comenzó a dar facilidades a colonos provenientes del país vecino para poblar la zona y convertirla en una región más estable y productiva económicamente.

Mediante negociaciones encabezadas por el gobierno de los Estados Unidos –que se comprometía a fomentar la creación de agrupaciones de colonos estadounidenses en Texas que serían leales a la Corona española, profesarían la fe católica y pondrían en producción las tierras de aquella región–, el virreinato comenzó a permitir la entrada de colonos provenientes del país vecino y a otorgarles importantes beneficios.

Pero muy pronto, el Imperio español colapsó en América y ya no pudo tomar más decisiones respecto de la ocupación de Texas. En 1821, México se independizó de España y tomó la forma de un Estado soberano, con lo que Texas se convirtió en uno de sus estados constituyentes y pasó a formar parte del estado de Coahuila y Texas.

En lo que respecta al desarrollo de nuestra historia, esta situación no trajo consigo grandes cambios. De allí en más, fue el gobierno libre de México el que tuvo que relacionarse con los Estados Unidos. El patrón de las relaciones continuó siendo sustancialmente el mismo que se había ido formando desde fines del siglo XVIII. Así, los Estados Unidos pronto retomaron sus iniciativas respecto del territorio texano.

No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno estadounidense reconociese la independencia de México, lo cual fue fundamental para establecer relaciones diplomáticas equilibradas que permitiesen una convivencia pacífica entre ambos países y el surgimiento de las negociaciones deseadas por los Estados Unidos de América.

En 1822, el vecino del norte reconoció la independencia de México y, acto seguido, envió a Joel Roberts Poinsett como representante del gobierno para firmar un tratado de “amistad y comercio” con la flamante nación. Por medio de este tratado se fijaron los límites entre ambas naciones. En el proceso de elaboración y negociación, volvió a resultar evidente que los Estados Unidos aún deseaban anexarse el territorio de Texas. Pero por el momento, se reconoció a México su soberanía sobre esas tierras y se procedió a buscar otras formas de lograr una futura anexión del territorio disputado.

El nuevo gobierno mexicano, por un lado, se encargó de establecer claramente los límites entre su Estado y los Estados Unidos y, por otro, comenzó también a incentivar la llegada de colonos provenientes de aquel país con el objetivo declarado de poblar la zona y explotar, por medio del trabajo humano, todas las riquezas que la zona poseía y que en gran parte todavía eran territorios vírgenes. De esta manera, y mediante la intermediación de los llamados “empresarios” de los Estados Unidos, desde principios de la década de 1820 comenzaron a llegar cantidades cada vez más significativas de estadounidenses a la zona.

La necesidad del gobierno mexicano de poblar la zona para finalmente lograr pacificarla y obtener de ella rendimientos económicos, y la renuencia del resto de la población mexicana a trasladarse a una zona de frontera, que continuaba siendo asediada por los comanches y apaches, beneficiaron a los inmigrantes estadounidenses, que se vieron muy favorecidos por las condiciones que se les ofrecían para instalarse en el lugar.

Una de las figuras que más se destacaron en este proceso de “colonización” pautada que muchos estadounidenses realizaron en Texas desde aquel momento fue Stephen Fuller Austin, quien había nacido en Virginia en 1793. Austin es conocido actualmente como “el Padre de Texas” y la capital del estado hace honor a su nombre.

Austin dedicó su vida a los negocios. Siguiendo los pasos de su padre, Moses Austin (quien había intentado establecer ya una colonia en Texas en 1821), Stephen realizó una serie de gestiones diplomáticas y comerciales, tanto con el gobierno de los Estados Unidos como con el mexicano, para que se le permitiese coordinar la creación de un asentamiento de colonos estadounidenses en el territorio texano.

Su padre no había logrado completar anteriormente la empresa debido a que el cambio de gobierno en 1821 provocó que la nueva gestión modificase las políticas de inmigración del virreinato de Nueva España, con quien Moses Austin había llevado adelante sus negociaciones.

México, que se había constituido como una monarquía independiente, había decidido promulgar una ley general de inmigración, por lo que se debería esperar a que esta funcionase para continuar con las negociaciones acerca de la instalación de las colonias. Pero esto comenzó a demorarse por la gran cantidad de cuestiones que el nuevo Estado debía de resolver. Entonces, Stephen Austin se encargó de viajar a la Ciudad de México, sede del poder de la nueva monarquía, y de lograr que el emperador Agustín de Iturbide firmase finalmente la nueva ley de inmigración, el 3 de enero de 1823.

Esa ley pautaba que se podrían dar condiciones favorables de asentamiento a aquellos que deseasen poblar los territorios de México que el Estado considerase demográficamente débiles, pero que los nuevos colonos deberían de ser leales al gobierno mexicano a través de su nacionalización y conversión a la fe católica, dado que la monarquía de México la había tomado como religión oficial de la nación.

En una primera colonización, llegaron con Austin unas trescientas familias y luego organizó la llegada de otras miles de personas. Concretamente, consiguió que el Estado de México le concediera a cada una de estas familias un total de 4605 acres de tierra –lo que equivale a unos 5500 metros cuadrados–. Estas tierras fueron cedidas a perpetuidad y estos inmigrantes solo tuvieron que pagar unos exiguos gastos correspondientes a cuestiones notariales por su adquisición. Aún más, México concedió una exención en el pago de impuestos por varios años, con el fin de que los colonos pudiesen invertir su dinero en la puesta en producción de la tierra que recibían.

Con estas condiciones favorables, que permitían el acceso a grandes cantidades de tierra casi en forma gratuita, no es de sorprender que cientos y luego miles de estadounidenses decidiesen aventurarse hacia el territorio texano.

Este fenómeno generó entonces que tan solo unos pocos años después de que el gobierno mexicano comenzase a dar estas facilidades de acceso a la tierra, la población de Texas creciera exponencialmente y llegara en 1832 a veinticuatro mil setecientos habitantes.

Desde la perspectiva de los objetivos iniciales del gobierno mexicano –al promover la inmigración–, la política llevada a cabo quizás podría verse como positiva. Pero tomemos el siguiente dato en cuenta: solo tres mil cuatrocientas de estas personas eran de origen mexicano para ese momento, y el resto, estadounidense.

Si bien entre las condiciones de entrada al país y de acceso a la tierra impuestas a los nuevos colonos se había indicado que estos debían nacionalizarse, de más está decir que la mayor parte de ellos, aunque efectivamente se nacionalizasen como ciudadanos mexicanos, no habrían cambiado su sentimiento respecto de los Estados Unidos en tan solo unos años, menos aún si es que algunos de ellos habían llegado a la zona a sabiendas de que una inmigración masiva a Texas podría, en un futuro no muy lejano, facilitar las cosas a su gobierno para finalmente obtener dicho territorio y sumarlo como uno más de sus estados constituyentes.

Dichas intenciones se profundizaron con el transcurso de los años. La evidencia más concreta que tuvo el Estado mexicano fueron las ofertas contantes y sonantes que los Estados Unidos realizaron para comprar Texas en 1825 y en 1829. Primero, se había ofrecido un millón de dólares, y luego cinco millones. Ambas ofertas fueron rechazadas.

Con todo lo dicho, es evidente que el gobierno mexicano no podía ignorar lo que estaba pasando: el territorio de Texas se estaba convirtiendo en un enclave estadounidense de facto y los Estados Unidos comenzaban a presionar cada vez más para quedarse con aquellas tierras.

Un creciente malestar, tanto de parte de los colonos estadounidenses como de los mexicanos en general respecto de esta política inmigratoria del Estado de México, incrementaría las tensiones existentes, y, finalmente, llevaría a la lucha por la independencia de Texas.

Por su parte, los ciudadanos mexicanos protestaban porque su Estado ofrecía muchas facilidades de acceso a la tierra a personas provenientes de los Estados Unidos. Estos, a su vez, no tardaron en comenzar a quejarse por la forma en la que el gobierno mexicano los trataba y por las medidas que tomaba.

En este sentido, no nos cuesta comprender el reclamo de los mexicanos que, viviesen o no en el territorio de Texas, entendían que la cesión a perpetuidad de grandes territorios fértiles a ciudadanos extranjeros no era una política justa. Muchos mexicanos vivían en la pobreza en otras zonas del país; no tenían por qué verse obligados a irse de sus lugares de origen para que el Estado se hiciese cargo de ellos, mientras estadounidenses que tenían una cultura muy diferente a la mexicana y que no mostraban reales deseos de asimilarse a la cultura del país que los recibía eran ampliamente favorecidos en términos económicos.

No era lo único que preocupaba a algunos mexicanos, sino la amenaza de una posible invasión de los Estados Unidos que podría contar con la ayuda de estos colonos previamente instalados.

Quizás sea un poco difícil entender cuáles eran los reclamos que tenían los colonos estadounidenses para con el Estado mexicano. Varios elementos se conjugaron para generar su malestar. En primer lugar, esos colonos, acostumbrados a la utilización de esclavos como fuerza de trabajo, no estuvieron de acuerdo con la promulgación de la Constitución mexicana de 1824, que abolía la esclavitud en la nueva nación. No solo no estuvieron de acuerdo, sino que violaron sistemáticamente esta medida, lo cual les generó constantes choques con las autoridades. La mayor parte de estos colonos estadounidenses provenían de los estados esclavistas del sur, donde predominaban las grandes plantaciones de algodón en las que el trabajo era realizado por esclavos.

En segundo lugar, otra de las cuestiones que desde un inicio generaron tensión en los colonos fue que tuviesen que profesar la religión católica, cuando la mayor parte de ellos eran protestantes. Esto en el contexto de la sociedad mexicana, que era probablemente una de las comunidades católicas más devotas de la América Latina de aquella época.

Por otro lado, deberíamos también hablar acerca de cuestiones que, como la primera, estaban relacionadas con el ámbito de lo económico. En este sentido, hay que decir que, acostumbrados a un gobierno federal como el de los Estados Unidos, muy permisivo respecto del accionar de los individuos en la esfera económica, cuando los colonos debieron lidiar con un gobierno que, cada vez más, tuvo un carácter centralista y que buscaba controlar lo más posible el territorio, consideraron injustas las medidas que aumentaron sus impuestos una vez finalizado el período inicial de gracia que se les había concedido, y que limitaban sus posibilidades de comercio con el exterior.

Frente a esto, la reacción fue desconocer el pago de los impuestos al Estado mexicano y fomentar el contrabando con comerciantes estadounidenses que les ofrecían productos mucho más baratos que los que se podían conseguir mediante el curso legal del comercio dentro de México.

Por supuesto, todas estas situaciones aumentaron cada vez más la tensión entre el gobierno central de México y la población de Texas. Por último, hubo cuestiones relacionadas con el ámbito político que, de todas maneras, no estaban desligadas de las enumeradas anteriormente. El gobierno central de México intentó controlar cada vez más a la población texana originaria del país vecino, frente a la constante ola de reclamos, tanto de estos últimos como del resto de la población mexicana y, por supuesto, ante el evidente peligro de una posible anexión de Texas por parte de los Estados Unidos. Una de las medidas que más contribuyeron a acrecentar el clima de tensión fue el intento del gobierno de que las milicias estatales se desarmasen, en clara alusión a las posibilidades de un levantamiento armado en su contra.

El territorio de Texas en 1830 nos muestra la imagen de una sociedad en ebullición. Había muchas tensiones e intereses en juego, por lo cual no tardaría en estallar el conflicto que desencadenó el comienzo del fin de esta disputa.

“AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS”

El 2 de diciembre del año 1823, en su séptimo discurso anual al Congreso de los Estados Unidos, el por entonces presidente de ese país, James Monroe, pronunciaba estas palabras:

Se ha juzgado la ocasión propicia para afirmar, como un principio que afecta los derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea […]. Por consiguiente, al candor y a las amistosas relaciones existentes entre los Estados Unidos y esas potencias, debemos declarar que consideraremos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. Con las colonias o dependencias existentes de potencias europeas no hemos interferido y no interferiremos. Pero con los Gobiernos que han declarado su independencia y la mantienen, y cuya independencia hemos reconocido, con gran consideración y sobre justos principios, no podríamos ver cualquier interposición para el propósito de oprimirlos o de controlar en cualquier otra manera sus destinos, por cualquier potencia europea, en ninguna otra luz que como una manifestación de una disposición no amistosa hacia los Estados Unidos.1

James Monroe, quien se había formado en la disciplina del Derecho con Thomas Jefferson como uno de sus principales tutores, había nacido en Virginia en 1758, en el seno de una familia de bajos recursos y de ascendencia escocesa. A pesar de ser hijo de un agricultor de madera y tabaco que tenía una pequeña plantación en la que trabajaba con la ayuda de su familia, fue educado en academias de su estado local en las que obtuvo una formación que luego le permitió desenvolverse en las más altas esferas del poder estatal.

Después de una brillante carrera militar, y tras haber participado de la guerra por la independencia de los Estados Unidos bajo las órdenes de George Washington, comenzó una igualmente brillante carrera política, que lo llevó a convertirse en el quinto presidente de los Estados Unidos de América en el año de 1817.

Este fue uno de sus discursos más famosos, porque sentaba las bases de la que poco tiempo después sería llamada la “doctrina Monroe”, que enaltecería el famoso lema de “América para los americanos”.

Esta doctrina fue, y continúa siendo, relevante a escala mundial y los fragmentos citados resultan claros. Los Estados Unidos no permitirían que las potencias europeas –Inglaterra, Francia, España, Portugal, Rusia y Austria– invadiesen nuevamente el continente americano, dado que la mayoría de sus colonias ya habían declarado su independencia. Tampoco dejarían que esas potencias interviniesen en los gobiernos latinoamericanos o que interfiriesen de maneras indirectas en el devenir histórico de las naciones americanas, y cualquier tipo de acción europea que fuese en contra de estas advertencias debería enfrentarse con la oposición de los Estados Unidos, nación que se autoproclamaba como defensora de los intereses de todo el continente americano.

Pero una segunda lectura del discurso permite plantear otro nivel de análisis que, por supuesto, no pasó desapercibido a los contemporáneos del presidente Monroe. Así, “América para los americanos” también podía significar “América para los Estados Unidos de América”. Y, de hecho, eso significaba. Quedaba en claro, tanto para los europeos como para los habitantes del suelo americano, que el discurso “anticolonialista” de los Estados Unidos estaba dirigido a las naciones imperialistas europeas. Eran ellas las que no podían intervenir en los asuntos americanos, pero nada se decía acerca del anticolonialismo como política de los propios Estados Unidos hacia el resto de América.

De esta manera, el gobierno estadounidense dejaba ver cuáles serían las líneas principales de su política exterior respecto de sus vecinos latinoamericanos. Los Estados Unidos aspiraban a convertirse en la nueva potencia del continente, es decir, en una nación hegemónica que controlase los destinos de América en su conjunto, de manera tal que estos concordasen con los principios que guiaban a su sociedad, y, fundamentalmente, con sus intereses económicos y políticos.

Bajo la justificación de que los Estados Unidos debían proteger al resto de América de las potencias europeas, la nación norteamericana interpretó, de aquí en adelante, que una manera de defender los intereses de los americanos era intervenir en sus asuntos para ayudarlos a que los resolvieran de la mejor manera posible (?).

Y si en este punto se pueden presentar algunas dudas acerca de las intenciones del gobierno estadounidense al postular el lema de “América para los americanos”, tomémonos tan solo un momento para recordar que este discurso data de 1823. Para aquel año, los Estados Unidos ya se habían apropiado de los territorios de Luisiana, Florida y Oregón, entre otros; así, quedaba claro que deseaban continuar expandiendo su territorio para convertirse en la principal potencia americana.

Ese año también había comenzado la inmigración masiva de los estadounidenses al territorio texano, algo que, por supuesto, era bien visto por la administración del presidente Monroe. Tanto los discursos como las acciones de su gestión demostraban este contundente ideal en materia de política exterior.

Por supuesto, el hecho de que los Estados Unidos tuvieran intenciones expansionistas no significaba que en aquel momento pudieran realizar sus ideales, dado que todavía no contaban con las herramientas necesarias para lograrlo. Pero el hecho central es que ya habían comenzado a transitar ese camino y ansiaban que los condujese a nuevos destinos.

Cabe preguntarse entonces cuál era la mirada del gobierno mexicano acerca de estas advertencias estadounidenses. En una fecha tan temprana como 1825 –menos de dos años después de la emisión del citado discurso de Monroe–, los Estados Unidos ya estaban ofreciendo comprar el territorio de Texas. Desde 1823 fue perfilándose una tendencia demográfica en esa zona que demostraba que la población de origen anglosajón comenzaba a superar a la de procedencia mexicana.

Aunque lo más lógico hubiera sido tomar medidas para prevenir una futura invasión en el territorio, sin embargo, dadas las turbulencias políticas que vivió México en aquella época, y el hecho de que Texas era una zona fronteriza en la que todavía había que hacer frente a ataques comanches y apaches, el gobierno mexicano tendió a seguir incentivando la llegada de inmigrantes anglosajones, sin reparar en las consecuencias que traería incluso a muy corto plazo.

Por supuesto, esto no significa que no hayan existido voces que se opusieran a esta política –si se quiere, un tanto descuidada– y que propusieran posibles medidas para transformar la situación. Así, uno de los personajes que más energía dedicó a que se hiciese algo al respecto fue el eminente general Manuel Mier y Terán, quien logró que en el bienio de 1830-1832 se tratasen en el Congreso mexicano una serie de propuestas orientadas a resolver esta problemática, entre las que figuraba fomentar la ocupación de Texas por habitantes mexicanos y construir fortines entre el territorio texano y el de los Estados Unidos. Pero estas y otras ideas fueron olvidadas en las salas del Poder Legislativo de México.

De todas maneras, los intentos que sí se realizaron, como tratar de impedir que continuasen llegando nuevos colonos estadounidenses –incluso mediante la promulgación de una ley explícita acerca de esto en 1829–, no tuvieron éxito por la perseverancia de los inmigrantes y por la falta de compromiso y la incapacidad de las autoridades mexicanas que aún estaban en proceso de formación.

Para el momento en que en México comenzaba a debatirse más seriamente qué hacer respecto de la política expansionista estadounidense, James Monroe ya había fallecido, víctima de un paro cardíaco y de la tuberculosis que desde hacía tiempo lo aquejaba. Muy convenientemente, lo había hecho el 4 de julio de 1831 en la ciudad de Nueva York, de manera que la fecha de su muerte coincidiría para siempre con la fecha más importante de la nación estadounidense, que se había independizado un 4 de julio pero de 1776.

La muerte de Monroe de ningún modo implicó un retroceso en las líneas generales de la política exterior de los Estados Unidos. Nuevas administraciones controlarían el poder en aquel país, pero coincidirían en los objetivos que debían cumplir respecto de la consolidación de su nación como la potencia económica y políticamente dominante en el hemisferio occidental. Quizás, las medidas tomadas para alcanzar dichos objetivos podían variar, pero eso no comportaba una merma del interés expansionista.

EL CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA

Después de casi una década de inmigración hacia el territorio de Texas, a principios de 1830, la comunidad anglosajona que allí se había asentado continuaba considerándose a sí misma como tal. Esto es, no se había asimilado a la cultura mexicana y no se sentía parte del país. Así, podemos decir que Texas se había “norteamericanizado” durante esos años: el idioma, las costumbres y las tradiciones de los colonos continuaban siendo afines a los estadounidenses.

Este fenómeno traería funestas consecuencias para el gobierno de México. Y es que en la mente de muchos de estos colonos, existían tanto el ideal como la posibilidad real de que ese territorio que ellos ya estaban ocupando pudiese anexarse a su país de origen cuando las condiciones así lo permitiesen. Por supuesto que esta era también una meta que tenía presente la administración estadounidense.

El paso previo a la anexión directa por parte de los Estados Unidos fue la declaración de independencia de la denominada “República de Texas”.

En lugar de terminar formando parte de los Estados Unidos, esta nueva república podría haber seguido otros derroteros. Lo cierto es que, en las altas esferas del poder estadounidense, desde hacía tiempo se creía que, ya que el gobierno mexicano se negaba a vender el territorio, la forma más fácil de llegar a su anexión sería que los habitantes de Texas luchasen por separarse de México. Al ser libres, podrían decidir por sí mismos su anexión a los Estados Unidos, y, de este modo, ese país no pasaría por encima del Estado mexicano.

En principio, esta era una alternativa más que viable para que los Estados Unidos cumplieran su objetivo de quedarse con el territorio texano “legítimamente”. Si bien se logró la independencia de Texas, el gobierno anglosajón debería enfrentarse con México cuando realizaran finalmente la tan ansiada incorporación.

Antonio López de Santa Anna, quien llegó a ocupar once veces el cargo presidencial, fue una de las figuras más polémicas de la historia mexicana. Este político y militar que había nacido en Veracruz en 1795 era miembro de la aristocracia mexicana. De familia con ascendencia española, sus padres ansiaban que tuviese una vida tranquila y acomodada. Pero esta no era la visión que él tenía acerca de cómo vivir su vida, y desde muy temprano se embarcó en lo que bien podríamos denominar como una serie de grandes aventuras políticas y militares.

A los 16 años había logrado ingresar en el ejército real de Nueva España, como cadete del Regimiento de infantería fijo de Veracruz. Corría el año 1810 y comenzaba el proceso revolucionario mexicano que culminaría con la independencia de aquel país del que Santa Anna sería presidente en tantas ocasiones. Pero, por el momento, Santa Anna se encontraba aún alineado con los realistas y luchó contra los insurgentes. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que se pasase de bando y se uniese a la lucha independentista.

Habiendo sido condecorado en 1821 por el virrey de Nueva España y ascendido a teniente coronel por su defesa de la ciudad de Orizaba, que se encontraba sitiada por los rebeldes, pocas horas después se unió a ellos y se levantó en armas contra el gobierno español. Este tipo de cambios políticos y estratégicos no serían nada raros en la vida de este mexicano que fue conocido por cambiar de partidos y facciones políticas en muchas ocasiones según su propia conveniencia.

Después de haber adherido a diversas posturas ideológicas durante el transcurso de su vida política, Santa Anna fue construyendo su lugar en las esferas de poder del México independiente, lugar que cobró aún mayor importancia cuando, en 1829, fue el principal responsable de la defensa militar frente a la expedición española que ese año había arribado a México para reconquistar el territorio. La batalla principal se dio en Tampico, donde habían desembarcado los españoles. Desde aquel momento, Santa Anna se hizo llamar “el héroe de Tampico”. Gracias a todo esto, en el año 1833, el militar logró llegar a la presidencia de México.

Para ese año, la situación en Texas comenzaba a tensionarse cada vez más, tensión que la llegada de Santa Anna al poder potenció.

El gobierno mexicano comenzó a tratar de controlar más de cerca no solo lo que pasaba en Texas, sino también lo que ocurría en todo el territorio. La tendencia centralista se iba haciendo cada vez más presente, a medida que el gobierno independiente se consolidaba y obtenía más herramientas para gobernar con eficacia el territorio sobre el que tenía jurisdicción. En este sentido, Santa Anna se convirtió en uno de los principales exponentes del centralismo, aun cuando había comenzado su carrera política presentándose como un defensor del federalismo.

Pero ¿cuáles eran entonces las medidas del gobierno mexicano que generaban reclamos por parte de la población texana? En primer lugar, al igual que muchos otros de los estados mexicanos, Texas se quejaba abiertamente de que estaba perdiendo su antigua autonomía para tomar decisiones por sí misma que implicaran cuestiones solo referidas a sus intereses. Estas quejas fueron de hecho expresadas por medio de las llamadas “Convenciones” de 1832 y 1833, las primeras reuniones políticas de los colonos extranjeros de Texas dedicadas a reflexionar acerca de las reformas tomadas por el gobierno central y que esperaban sofocar los rumores independentistas. Los documentos redactados por dichas convenciones planteaban los desacuerdos con el gobierno mexicano y cuáles eran las posibles soluciones que encontraban los colonos texanos. Fundamentalmente, la principal consecuencia de estas convenciones fue el pedido de los texanos al gobierno central en 1833 de separarse de Coahuila y formar un estado por sí mismos. Pero este pedido tuvo como contrapartida un aumento de la presión del gobierno central por tratar de controlar a la población texana, al punto de que para abril de 1835 se había prohibido la entrada de nuevos colonos estadounidenses, lo que se sumaba a las expulsiones que se venían realizando de quienes eran considerados inmigrantes “ilegales” provenientes de los Estados Unidos.

Por todo esto, tras una serie de negociaciones fallidas de los texanos –no solo de los de origen estadounidense– con el gobierno central de México, la situación desembocó en la declaración de independencia de la “República de Texas” y en la consiguiente lucha armada con el gobierno mexicano.

En aquellos años, el gobierno central mexicano fue cuestionado no solo por la población de aquel territorio, sino por muchos otros grupos en diferentes estados de aquel país. Los estados que habían comenzado a desarrollar su propia dinámica política y económica en términos de autonomía respecto del gobierno central se sintieron enormemente afectados en cuanto este decidió implementar un control mucho más riguroso sobre cada gobierno local, que implicó una gran merma del poder de las jurisdicciones para tomar decisiones respecto de lo que consideraban sus propios asuntos.

Desde que Santa Anna, en 1834, promulgó una nueva Constitución, en la que se le daban importantes poderes al presidente de la nación, es decir, él mismo, se crearon las condiciones para que se encendiesen varios focos de rebelión frente a este tipo de poder. Localidades como San Luis de Potosí, Durango, Jalisco, Zacatecas y Yucatán se verían envueltas en luchas armadas entre federalistas y representantes del poder central, por lo que la rebelión de Texas puede enmarcarse en un momento muy particular de la historia de México en el cual la población mexicana estaba discutiendo y enfrentándose entre sí respecto del modelo de país que se deseaba construir. Este conflicto se replicaba en otros territorios latinoamericanos, como el del Río de la Plata, donde unitarios (centralistas) y federales se embarcaban en un enfrentamiento que tardaría varias décadas más en resolverse.

A este marco general se suman algunos datos más de importancia respecto del escenario local en México, que nos permitirán comprender mejor el estallido de la revolución en Texas. Y es que la acción del gobierno central frente a los reclamos y a los posteriores levantamientos y rebeliones acrecentó los ánimos de los pobladores de Texas en su contra. Así, la acción represiva, cuya máxima expresión fue quizás la masacre desatada en la localidad de Zacatecas, mostró a la población texana que el gobierno central no admitiría ningún tipo de desavenencias respecto de la política que estaba desarrollando.

Por otro lado, otros estados comenzarían también la búsqueda de su independencia del presente Estado mexicano, por el cual no se sentían representados. Este es el caso de Yucatán, que lograría convertirse, aunque efímeramente, en la República de Yucatán para 1841.

El hecho de que no solo Texas se encontrara en una encrucijada en la década de 1830 también nos permite entender por qué los texanos hispanos participaron en el movimiento revolucionario. Finalmente, que el Estado central tuviese que lidiar con varios frentes de rebelión al mismo tiempo favoreció a los pobladores de Texas, dado que se enfrentaban con un gobierno debilitado por el continuo desgaste económico y militar.

TEXAS INDEPENDIENTE

Durante las convenciones que se realizaron en Texas en los años 1832 y 1833, cuyo objetivo era lograr un acuerdo entre la población texana respecto de las líneas de acción a seguir frente a la política centralista del gobierno, un personaje comenzó a destacarse: Samuel Houston. ¿Quién era este hombre?

Samuel o Sam Houston no había nacido en México, al igual que casi el 80% de la población de Texas en aquella época, sino en las afueras de Lexington, en el estado de Virginia, allá por el año 1783. Luego de la muerte de su padre en 1807, se había mudado junto con toda su familia de la plantación que lo había visto nacer para establecerse en el estado de Tennessee, donde pasaría parte de su vida adulta. Pero ya desde aquel momento comenzaba a verse que no era un joven como muchos otros, dado que en 1809 huyó de su casa para ir a vivir con una tribu perteneciente a la nación de los cherokees, tribu que llegó a adoptarlo y a darle el nombre de colleneh [el cuervo].

Años más tarde, se fue de la tribu y se insertó en el ámbito militar y político de los Estados Unidos, donde su experiencia anterior le serviría de mucho, dado que fue nombrado “Agente de asuntos indios para los cherokees”.

Para 1832, era alguien con mucha iniciativa que contaba con amplia experiencia militar y que, además, se había recibido de abogado. A su vez, había llegado a convertirse en un hombre de confianza de Andrew Jackson, quien llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1829 y que ocuparía el cargo hasta 1837.

Pero ¿por qué se encontraba Houston en las convenciones de los pobladores de Texas en 1833? Luego de pasar por una serie de reveses políticos y judiciales en los Estados Unidos, Houston arribó a Texas en diciembre de 1832. Probablemente, haya decidido que ese sería su nuevo destino gracias a la influencia de Jackson, quien creía que él podía ser un agente de la independencia de Texas y de la futura anexión del territorio a los Estados Unidos.

En 1833 lo encontramos como un miembro respetable de la comunidad anglosajona de Texas, abogando en las disputas políticas que allí se estaban desarrollando por la total independencia de Texas frente a México y por la posibilidad, a futuro, de anexar ese territorio a los Estados Unidos. En noviembre de 1835 fue nombrado mayor general del ejército de Texas y, para marzo de 1836, cuando la guerra con el gobierno central de México ya había comenzado, era el comandante en jefe de las fuerzas texanas que peleaban por su independencia.

El origen virginiano del ahora general del ejército de Texas no inhibió que la mayoría de los pobladores locales –inclusive los de origen mexicano– estuviesen decididos a luchar con él por su independencia, al menos hasta que aquel país volviese a tener una constitución federalista.

De todas maneras, no deja de ser significativo que un personaje desvinculado de Texas hasta ese momento fuese quien dirigiese sus ejércitos y llegase a convertirse luego en el primer presidente de la flamante república que vería la luz en 1836. Un personaje típicamente sureño que compartía la visión de quienes consideraban que los Estados Unidos debían seguir creciendo hacia el oeste, de manera tal de poder expandir el sistema económico esclavista que hacía funcionar las grandes plantaciones de la región que había visto nacer a Houston. El gobierno de los Estados Unidos no intervino directamente en la lucha por la independencia de Texas, pero envió apoyo militar en forma de soldados, armamento y financiamiento económico general. A estos refuerzos, Houston sumaría más tarde el reclutamiento de más soldados originarios de los estados de Luisiana y Misisipi: más estadounidenses sureños participando de la búsqueda de la independencia de Texas.

La guerra comenzó el 2 de octubre de 1835 con la llamada “Batalla de González”, que a pesar de haber sido un enfrentamiento menor en la localidad texana homónima, implicó la ruptura entre los texanos y el gobierno central porque se originó debido a que los primeros desobedecieron la orden que acababa de dar el presidente Santa Anna de desarmar las milicias estatales.

Después de esto, los texanos aún no habían declarado abiertamente que deseaban su independencia, sino que postulaban que se defendían de los ataques de un Estado centralista que no permitía márgenes de autonomía para los elementos constituyentes del Estado mexicano. Quizás con esto se buscaba obtener el apoyo militar del resto de los federalistas en México. Pero lo cierto es que, después de los primeros enfrentamientos con el ejército regular de la nación mexicana, los márgenes de acción se fueron reduciendo para los rebeldes, por lo que a fines de aquel año crearon un gobierno provisional que el 20 de diciembre de 1835 redactó la primera declaración de independencia de Texas en la localidad de Goliad, al sur del estado. De todas maneras, la declaración considerada “oficial” por los texanos, y que pronto fue reconocida por los Estados Unidos, se promulgó poco tiempo después, el 2 de marzo de 1836, cuando se creó la “República de Texas”.

Entre diciembre de 1835 y mayo de 1836 se sucedieron varios enfrentamientos armados entre el ejército de Texas y el de México, debido a que Santa Anna decidió enviar tropas a la región para acabar con la insurrección.

Alrededor de seis mil hombres fueron reclutados por Santa Anna, quien, respecto de las medidas a tomar frente a los rebeldes, anunció que no se tomarían prisioneros de guerra –hecho que, significativamente, comunicó a Jackson por carta–. Al mismo tiempo, cuando salió hacia el norte a combatir a los texanos, habría dicho al embajador británico en México: “Si los yanquis interfieren cuando venza la rebelión, los aniquilaré y pondré la bandera de México en Washington”.

Si bien la guerra que tuvo lugar en el territorio texano no se libró entre México y los Estados Unidos, sí fue lo que podríamos denominar “el preludio” de aquella que finalmente los enfrentaría cara a cara tan solo una década después.

Siguiendo el derrotero de este conflicto desatado en 1835, entre los acontecimientos más importantes que se sucedieron durante la guerra por la independencia de Texas, uno de los que más ha sido destacado por la posteridad fue la famosa batalla de “El Álamo” en marzo de 1836. Este lugar, tan conocido por innumerables alusiones cinematográficas, era en realidad una antigua misión religiosa que los españoles habían establecido durante las primeras épocas de su gobierno, y que más tarde se había convertido en una fortaleza reformada de manera que pudiese resistir el ataque de los nativos americanos que quisiesen realizar incursiones en el territorio texano.

Allí los texanos pusieron una pequeña guarnición militar a la espera de la llegada del ejército de Santa Anna. Pero hubo discusiones dentro del ejército texano acerca de si permanecer o no en aquella fortaleza, debido a que algunos consideraban que no era posible defenderla por mucho tiempo y, por ende, que no tenía sentido perder hombres en ella. Entre aquellos que incluso deseaban destruirla para que no lo hiciesen los mexicanos se encontraba Samuel Houston, aunque su posición no fue la adoptada. Hacia febrero de 1836, cuando llegó el ejército centralista, en El Álamo había unos ciento cincuenta y cuatro soldados texanos, algunos de los cuales se encontraban con sus familias.

El 23 de febrero de aquel año comenzó el asedio de la guarnición por parte de las tropas de Santa Anna, que estaban formadas por un cuerpo de mil quinientos soldados mexicanos.

Después de varios días, en la madrugada del 2 de marzo, mil doscientos de estos soldados atacaron la fortificación de manera simultánea por los cuatro puntos cardinales, de forma tal que los texanos no pudieron resistir el ataque final. Una vez que los mexicanos lograron entrar, mataron a todos los soldados supervivientes debido a que tenían la orden de no tomar prisioneros de guerra. Por esto mismo, poco tiempo después se fusiló también a un pequeño grupo que pareció rendirse luego de la caída de la guarnición, lo cual habría sido una orden expresa del presidente Santa Anna.

Este episodio de la guerra ha sido muchas veces comentado, fundamentalmente debido a la matanza por parte de los mexicanos de todos los texanos que se encontraban en El Álamo, que, según la tradición texano-estadounidense, habrían combatido heroicamente.

Hasta ese momento, el desarrollo de la guerra parecía favorecer a México, pero una serie de acontecimientos relacionados tanto con la confianza desmesurada que demostró Santa Anna en su posición ventajosa, como con la ayuda que los texanos recibieron de los Estados Unidos, posibilitaron que el conflicto bélico cambiase de rumbo y fuesen los texanos quienes acabasen obteniendo la victoria.

Así, el 21 de abril de 1836 Santa Anna dividió a sus tropas y se dirigió él mismo hacia la ciudad de San Jacinto en persecución de los rebeldes que se estaban fugando hacia aquella localidad. Pero allí tuvo que enfrentarse con la parte del ejército texano dirigida por Samuel Houston, que contaba en aquel momento con unos ochocientos hombres. Y si bien Santa Anna opuso una tropa de alrededor de mil seiscientos soldados, el ejército texano logró una victoria definitiva sobre México. Por esto, Samuel Houston se convertiría en una de las figuras centrales de la república naciente.

Tras esta batalla, se firmó el Tratado de Velasco, por el cual Santa Anna, que había sido capturado, reconocía de facto la independencia de Texas y se comprometía a no continuar luchando en contra de la nueva república. Además, se fijaban los límites entre Texas y México en el río Bravo. La anterior división del estado de Texas dentro de México estaba fijada un poco más al norte, en el río Nueces, de modo que Texas ganaba territorio con el nuevo pacto.

Solo después de firmar estas condiciones Santa Anna fue liberado y pudo regresar a la Ciudad de México, de donde partiría luego hacia el exilio por algunos años.

Sin embargo, el gobierno mexicano no reconoció lo estipulado en el Tratado de Velasco, ya que aducía que tenía un carácter ilegítimo por haber sido firmado por Santa Anna bajo presión. Por esto, las disputas entre México y la República de Texas continuaron durante los años siguientes. El gobierno central mexicano realizó varias incursiones en el territorio texano y, aunque todas terminaron siendo rechazadas, los texanos no lograron controlar la zona que habían obtenido entre los ríos Nueces y Bravo, que se convirtió en uno de los ejes centrales de los posteriores conflictos.

EL ESTADO NÚMERO 28

“¡Recuerden El Álamo!” se convirtió en Texas en una de las frases reivindicativas de la lucha por su independencia. Hacía clara referencia a no olvidar que el Estado central de México estaba dispuesto a eliminar a todos aquellos que se interpusieran en el camino de la construcción de lo que los contemporáneos opositores consideraban una “dictadura” en aquel país.

Pero lo cierto es que, más allá de las tendencias políticas que se desarrollaban en México –que luego volvieron a girar hacia el federalismo–, aunque solo fuese por unos años, la gran mayoría de los texanos que habían participado en la guerra tenían la intención de volver a ser ciudadanos de los Estados Unidos de América.

Durante los pocos años de vida de la República de Texas, las disputas que tuvieron lugar en su seno estuvieron marcadas por la división entre dos facciones políticas. Una de ellas proponía que Texas continuase siendo independiente, que los nativos americanos fueran expulsados del territorio de forma definitiva y que la nueva nación comenzase su propia expansión hacia el océano Pacífico. Frente a esta facción, denominada “nacionalista”, se encontraba la que lideraba Samuel Houston. Esta proponía que Texas solicitase al gobierno norteamericano su anexión como un estado más de los Estados Unidos y , a su vez, que se fomentase en el territorio la coexistencia pacífica con los nativos americanos.

Después de algunos años de disputas internas dentro de la república texana, la tendencia política liderada por Houston logró imponerse, y uno de los argumentos finales que decidieron la cuestión a favor de la anexión fue aquel que implicaba que, debido a que Texas no podía pagar las deudas en las cuales había incurrido durante la guerra de independencia, el gobierno de los Estados Unidos las asumiría si se concretaba la anexión.

De este modo, el 28 de febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley que autorizaba la anexión, pero con la particularidad de que entraría en vigencia el 29 de diciembre de ese mismo año. Mientras tanto, en octubre, los texanos terminaron de confeccionar la que deseaban que fuese su Constitución como un estado más de la Unión.

Dicha Constitución, que específicamente aprobaba la esclavitud y la trata –al igual que las de los restantes estados sureños–, fue aprobada por la mayoría de los votantes de la República de Texas y luego refrendada por el Congreso estadounidense. Houston, que para ese momento ya había sido dos veces presidente de la República de Texas, sería elegido en 1846 como senador por el flamante estado y representaría entonces a los texanos pero ahora en el Congreso de los Estados Unidos.

Volviendo a los hechos que tuvieron lugar durante 1845, aquel año no solo se tensionó la relación entre México y los Estados Unidos por la ley que sancionaba la anexión de Texas, sino también porque el gobierno estadounidense ofreció a México pagar la deuda que el Estado mexicano tenía con los colonos anglosajones si aceptaba vender los territorios de Alta California y Nuevo México.

Esa deuda era la que se suponía que el Estado mexicano debía a los colonos estadounidenses por las pérdidas que estos habían sufrido durante la guerra por la independencia de Texas. Esto es, los colonos a quienes México inicialmente había invitado a poblar, dándoles, casi gratuitamente, las tierras para ser habitadas y explotadas.

Cuando la ley de la anexión fue firmada, el presidente estadounidense era John Tyler, pero su mandato terminó ese mismo año y fue sucedido por James Polk, quien se haría cargo del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1849. Es decir que este último fue presidente de los Estados Unidos durante la guerra con México.

A decir verdad, el apellido original de su familia era Pollock, o sea, un nombre de ascendencia escocesa. A fines del siglo XVII, poco después de su llegada, se habían instalado en Carolina del Norte .

Polk se graduó en Derecho y ejerció durante su vida adulta en el estado de Tennessee; llegó a ser tan reconocido que se convirtió en gobernador de ese estado en 1839. Pero su carrera política había comenzado antes, cuando entre 1835 y 1839 se había desempeñado en el cargo de presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Mientras ejercía estos cargos comenzó sobresalir por sus ideales expansionistas, de manera que, cuando llegó a ocupar la presidencia, la cuestión de la anexión de Texas a los Estados Unidos había sido uno de sus principales ejes de campaña.

Para esa época, por supuesto, ya había toda una tradición destinada a justificar la política expansionista de los estadounidenses, pero en este momento se combinó el hecho de que había llegado a la presidencia un sólido defensor de estos ideales con la realidad de que el fenómeno del nacionalismo y del ideal expansionista había comenzado a crecer en gran parte de la población de los Estados Unidos.

Un síntoma de este fenómeno fue la llamada doctrina del “Destino manifiesto”, desarrollada por el periodista John O’Sullivan, quien en 1839 escribió un artículo justificando la expansión territorial de los Estados Unidos.

Este periodista postulaba en términos generales lo que probablemente muchos políticos estadounidenses estaban ansiosos por escuchar: que la expansión territorial de los Estados Unidos no era una opción para sus habitantes, dado que ellos eran “el pueblo elegido por Dios” para expandir por todo el territorio de Norteamérica los ideales de la libertad y de la democracia. A su vez, esto debía hacerse por medio de la educación de las “razas inferiores” que habitaban el resto de la región. Había que ayudarlas ya que los Estados Unidos eran una nación excepcional destinada a civilizar a los pueblos atrasados en ese proceso.

Para el momento en que el gobierno estadounidense logró finalmente anexionarse el territorio de Texas, tenía ya las herramientas para justificar ante sí mismo y ante su población la utilización de métodos bélicos para consolidar la adquisición.

Así fue que, a principios del año 1846, cuando “legalmente” (al menos para los Estados Unidos), Texas ya era parte de su territorio, el presidente Polk decidió enviar tropas allí para asegurar la anexión. Las órdenes de Polk fueron sencillas: el ejército debería apostarse a lo largo de la frontera que la antigua República de Texas había determinado que la separaba de México, es decir, a lo largo del río Bravo.

Pero esa zona no había dejado nunca de estar en disputa entre Texas y México, ya que el gobierno mexicano, además de no reconocer la independencia de los texanos, tampoco había reconocido como su supuesta frontera el río Bravo, sino el río Nueces, que se encontraba más al norte. Por lo tanto, en cuanto las tropas estadounidenses ingresaron en el territorio en disputa, fueron atacadas por los mexicanos, quienes, el 25 de abril de 1846, emboscaron a una misión estadounidense que se encontraba explorando el territorio.

Si bien este enfrentamiento fue menor, porque la misión emboscada no contaba siquiera con cien hombres, sirvió de excusa al presidente Polk para solicitar al Congreso de los Estados Unidos que firmase la declaración de guerra contra México.

“Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense.” Estas fueron las palabras del presidente Polk cuando se dirigió al Congreso. De esta manera dejaba asentada su postura frente al caso de México, posición que compartía la mayor parte de los estados sureños, a los que Texas pronto se sumaría.

Aunque frente a aquellos que deseaban ir a la guerra contra México se encontraban los representantes de los estados del norte de la Unión, que tildaban esa guerra de “imperialista” y veían en ella una búsqueda por parte de los estados sureños de consolidar su posición dentro de la Unión norteamericana mediante la expansión del sistema esclavista que defendían, el Congreso cedió ante las presiones presidenciales y del fuerte poder económico del sur y declaró la guerra al Estado mexicano el 13 de mayo de 1846.

De todos modos, el general Zachary Taylor, quien había sido enviado por Polk a la frontera del río Bravo, ya había iniciado para entonces las hostilidades contra los mexicanos. Es decir que no había esperado a tener en sus manos la declaración oficial de guerra. Pero esto es fácilmente explicable dadas las órdenes con las que había sido enviado y el hecho de que era consciente de cuál era el objetivo de Polk. Debido a sus grandes logros en aquella guerra y a su fidelidad, Zachary Taylor llegaría a ser muy pronto el nuevo presidente de los Estados Unidos, aun sin haber ocupado cargos políticos anteriormente.

México también declaró la guerra el 23 de mayo, de manera tal que las hostilidades quedaban oficialmente enmarcadas. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se habían roto un tiempo antes cuando México había rechazado la oferta por la compra de Alta California y Nuevo México. Las fuerzas que se enfrentarían eran muy desiguales: mientras que el ejército regular estadounidense tenía alrededor de setenta y nueve mil soldados bien armados , el número de combatientes del bando mexicano rondaba los cuarenta mil, con la desventaja de que no todos ellos eran soldados –muchos eran milicianos, es decir, no tenían formación militar regular–. Otro dato no menor al respecto es que el arma por excelencia que usó el ejército mexicano fue el mosquete de chispa con bayoneta Brown Bess, modelo británico de 1822 que podía realizar entre tres y cuatro disparos por minuto. En tanto, los soldados del norte utilizaron un fusil de percusión con mayor cadencia de disparo (con más disparos por minuto), lo que les daba una gran precisión.

A este panorama se sumaba el hecho de que los Estados Unidos se encontraban en una posición económica mucho más ventajosa que la de México, por lo que estaban mejor preparados para hacer frente a los gastos necesarios durante una guerra.

Finalmente, durante la guerra México atravesaría varios cambios en las altas esferas del gobierno, lo cual no permitía una coordinación estable de sus ejércitos y de las órdenes que se les daban. Cuando México declaró oficialmente la guerra a los Estados Unidos, el presidente de turno era Mariano Paredes y Arrillaga. Como posteriormente fue nombrado comandante en jefe del ejército mexicano, decidió partir hacia el norte para defender la frontera, por lo que en julio de ese año dejó la presidencia en manos de Nicolás Bravo, su vicepresidente. Pero Bravo solo se quedaría en el poder hasta agosto debido a que una insurrección en contra de las pretensiones monárquicas de Paredes y Arrillaga puso en el poder a José Mariano Salas, quien ocupó la presidencia hasta diciembre de 1846, cuando la guerra todavía no había terminado.

Pero dejemos aquí la historia de los sucesos políticos en México, que nos permite comprender que este país aún no había consolidado una visión nacional acerca de la forma de gobierno que más le convenía.

Así las cosas, comenzó entonces la invasión estadounidense en el territorio mexicano, que se realizó en varios frentes. Desde el norte y desde el océano Pacífico, México fue invadido, y una sucesión de estados fueron ocupados al paso del ejército de los Estados Unidos. Los territorios de Nuevo México, Alta California, Baja California y los estados de Veracruz, Puebla y Coahuila cayeron uno a uno en manos del ejército invasor.

A su paso por algunos de esos territorios, los estadounidenses hicieron que otras fuerzas se desatasen. Así, cuando el ejército llegó al territorio de Alta California, se unieron a él los colonos anglosajones que allí residían y proclamaron la República independiente de California, que luego sería, por supuesto, anexada a los Estados Unidos de América. Este caso, junto con muchos otros, demuestra la complejidad de la situación norteamericana de la época, dentro de la cual Texas fue un punto neurálgico.

En consecuencia, Yucatán volvió a declarar su separación de México por segunda vez, al tiempo que en la Ciudad de México se levantaba una insurrección que produciría un nuevo cambio en el Poder Ejecutivo.

Tras ese levantamiento, en diciembre de 1846, llegó a la presidencia Valentín Gómez Farías, quien luego cedió el poder a Santa Anna para que este pusiese fin a la guerra. De esta manera, Antonio Santa Anna llegaba nuevamente a la presidencia en marzo de 1847, aunque no sería él quien diese por terminada la guerra, ya que aún restaba que otros tres individuos ocuparan la presidencia de México hasta 1848.

Queda claro, entonces, que México no se encontraba en condiciones políticas para hacer frente a esta guerra: una interminable serie de discusiones entre facciones y de levantamientos, tanto en la ciudad capital como en el resto del país, generaron durante el período en que duró el conflicto con los Estados Unidos una situación tal de ingobernabilidad que era poco probable que lograse salir airoso del conflicto. Por supuesto, los Estados Unidos estaban muy al tanto de esos conflictos y los fomentaban.

Su ejército logró llegar a la Ciudad de México, ayudado por la Compañía de espías mexicanos, un grupo de locales que actuaron como guías. Uno de los hitos de esta llegada al centro neurálgico de México fue la toma del castillo de Chapultepec, el único real en todo el continente americano.

En aquel palacio, que fue construido a fines del siglo XVIII para oficiar de residencia de los virreyes de Nueva España, los estadounidenses izaron su bandera el 13 de septiembre de 1847, día en el cual los llamados “niños héroes” murieron defendiendo el castillo. Se trataba de cadetes que se encontraban en aquel momento cursando sus estudios, porque en aquella época el castillo era la sede del Colegio Militar de México.

Ese mismo día, también murieron cerca de allí algunos de los integrantes del batallón estadounidense San Patricio, formado por inmigrantes católicos, en su mayoría irlandeses, que se habían alistado en el ejército de los Estados Unidos, pero que, desde los primeros momentos de la guerra, se habían pasado en bloque al bando mexicano. A los que fueron capturados se los marcó como desertores, para luego separar a aquellos que se habían unido a los mexicanos antes de que comenzase la guerra de los que lo habían hecho después. Los primeros fueron condenados a trabajos forzados y los segundos, ahorcados, no sin tomar la precaución de que lo último que vieran fuese el cambio de banderas en el castillo de Chapultepec. Años más tarde, México levantaría un monumento de tributo al batallón de los irlandeses en un jardín en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México.

Después de la toma de la ciudad, hubo varios levantamientos de civiles, pero nada pudieron hacer frente al ya instalado ejército estadounidense. De este modo, con algunos de sus militares más importantes en prisión, el gobierno mexicano perdió el control del país. Santa Anna renunció a la presidencia y huyó con rumbo a Venezuela. Sus sucesores, que establecieron el gobierno de México en la ciudad de Querétaro, no tendrían más alternativa que negociar la paz.

Al mismo tiempo que el Tratado de Cahuenga, firmado el 13 de enero de 1848 en la ciudad de Los Ángeles, terminó con el conflicto en el territorio de California, el gobierno central –ahora a cargo de Manuel de la Peña y Peña– firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en la Ciudad de México, y las tropas de los Estados Unidos comenzaron su retiro de la capital.

EL DESENLACE: EL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO Y UNA PÉRDIDA INMENSA PARA LOS MEXICANOS

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, un documento elaborado en su totalidad por las autoridades estadounidenses, supuso un cierre definitivo a las hostilidades entre los países beligerantes y a un conflicto que se había llevado la vida de alrededor de veinte mil mexicanos (entre soldados y civiles) y de aproximadamente quince mil estadounidenses, aunque la mayoría de estos no murieron en combate (más de trece mil fallecieron a causa de enfermedades).

Sin embargo, el precio que México tuvo que pagar para que los Estados Unidos le permitiesen terminar la guerra y se retirasen fue muy elevado. En primer lugar, el país azteca reconocía la independencia de Texas, por lo cual debía aceptar su decisión soberana de anexarse a la nación vecina. A su vez, México reconocía que la frontera del ahora estado de Texas se situaba en el río Bravo y no en el río Nueces como se había establecido anteriormente. Esto le daba aún más territorio a Texas, ya que el río Bravo se encuentra más al sur en el territorio norteamericano.

Pero los Estados Unidos, además, utilizaron este momento de extrema debilidad para obligar a México a ceder otros territorios sobre los cuales la administración estadounidense tenía puesta la mirada hacía tiempo. Así, el gobierno mexicano entregó como “indemnización” por la guerra los territorios de la Alta California y de Santa Fe de Nuevo México. Por supuesto, los Estados Unidos pagarían una “compensación” de 15 millones de dólares. Cabe preguntarse qué era exactamente lo que estaban adquiriendo de México y por lo que pagaban esa cifra. Los Estados Unidos se adueñaron de lo que comprenden los actuales territorios de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, en total, unos 2.100.000 kilómetros cuadrados –que por entonces suponía cerca de la mitad del territorio mexicano– por la módica suma 4,76 dólares estadounidenses el kilómetro cuadrado.

Antes de pensar en las consecuencias a largo plazo de esta apropiación, observemos por unos momentos quiénes fueron las víctimas más directas de este movimiento que realizó el gobierno de los Estados Unidos. Y es que más allá de los miles que murieron por intentar defender el territorio mexicano, quedaba el problema de los ciudadanos de México que habitaban los territorios que a partir de 1848 pasaban a transformase definitivamente en suelo estadounidense.

Miles de personas se encontraron con que, si bien en un primer momento el gobierno estadounidense se había comprometido a que los ciudadanos mexicanos podrían conservar por un año sus derechos civiles originales, y a que luego serían incorporados a la ciudadanía estadounidense en condiciones de igualdad jurídica respecto del resto de la población del país, el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue modificado para permitir que el Congreso de los Estados Unidos pudiese ser discrecional a la hora de admitir a los mexicanos en el país.

Esta enmienda al tratado fue hecha por los Estados Unidos antes de que el Congreso de su país lo ratificase plenamente, por lo cual se ha considerado como uno de los movimientos más deshonestos de todo el conflicto, ya que no estaba presente en el tratado que firmaron originalmente los mexicanos.

Aún más, otras modificaciones fueron hechas solo a cuenta de los Estados Unidos, como la eliminación de la posibilidad de que México eligiese el medio de pago de las indemnizaciones por la cesión de territorios efectuada. Una cesión de territorios que no terminaría ahí, ya que, cuando Santa Anna fue reelegido nuevamente como presidente de los mexicanos, resolvió vender a los Estados Unidos el territorio de La Mesilla, de unos 76.845 kilómetros cuadrados, con el objetivo de conseguir dinero rápido para su administración.

La venta de La Mesilla fue en 1853, fecha en la que se completó el proceso mediante el cual los Estados Unidos lograron apropiarse, utilizando diferentes recursos, de más de la mitad del territorio mexicano. Un territorio que hoy en día comprende algunos de los estados más ricos de los Estados Unidos, entre ellos, Texas y California.

La posesión de estos territorios implicó contar con una serie de recursos y riquezas invaluables que, explotados desde el mismo momento de la apropiación, permitieron que este país creciera exponencialmente en términos económicos. Estamos hablando fundamentalmente del oro extraído de California y del petróleo obtenido de Texas. Pero, más allá de esto, de cientos de miles de kilómetros de tierra fértil, de ríos, de riqueza en términos de la fauna de aquellos territorios perdidos por México.

Estas adquisiciones, a su vez, les permitieron a los Estados Unidos mejorar de manera invaluable su posición estratégica en el hemisferio occidental, una posición desde la cual continuarían avanzando hacia otros territorios. Pensemos en ejemplos conocidos, como Alaska y Hawái.

Así, a mediados del siglo XIX, muchos estadounidenses creían estar viendo la realización del “destino manifiesto” de su nación. De todas maneras, el nacionalismo y la celebración de ese destino pronto vendrían acompañados de una nueva guerra, solo que esta vez se enfrentarían entre sí los propios estadounidenses. En 1861 comenzaba la Guerra de Secesión que enfrentaría a los estados del norte con los del sur en una cruenta guerra civil. Para algunos contemporáneos, el conflicto con México fue uno de los detonantes de la guerra, ya que había evidenciado las discrepancias entre las diferentes regiones económicas de los Estados Unidos.

Más allá de esto, no podríamos pensar que este fue el precio que, a su turno, tuvieron que pagar los Estados Unidos por la invasión que realizaron en México. La Guerra de Secesión se resolvería para formar un Estado cada vez más fuerte y decidido a imponerse como una nación hegemónica en el continente americano, y esto fue posible en gran medida gracias a la anexión de territorios que hasta hacía poco tiempo habían pertenecido al Estado mexicano. Una anexión que los Estados Unidos lograron concretar por medio de la implementación de diversas estrategias que tenían en común la presión constante sobre el Estado mexicano, tanto en términos militares como económicos, y la consecución de un objetivo final: el crecimiento territorial y por tanto, económico de los Estados Unidos, sin importar a costa de quién fuese realizado ni a qué precio.

Después de la finalización del conflicto con México a principios de 1848, ya no hubo instancias para este país mediante las cuales recuperar el territorio perdido.

Las constantes luchas intestinas, que persistieron en la historia política mexicana, y el crecimiento económico, la continuidad y el reforzamiento de la política exterior expansionista de su rival consolidaron las posiciones tomadas por los Estados Unidos en su favor, obturando cualquier sueño que la nación azteca pudiera tener sobre el territorio de antaño.

Con todo lo dicho, podemos observar que este es uno de los casos de estafas cuya resolución no ha llevado a ninguna compensación real para los damnificados. A pesar de que voces de ayer y hoy reclamaron y reclaman justicia, no fueron escuchadas en su momento y, por supuesto, es improbable que en la actualidad pueda hacerse algo al respecto más que no olvidar. Esta es la tarea que le queda al gobierno del pueblo mexicano.

El hecho de que la anexión del territorio texano haya sido solicitada por la República independiente de Texas podría presentársenos en estos términos, de manera tal que la guerra iniciada por los Estados Unidos pudo incluso parecer justificada. Más complicado sería encontrar una explicación al hecho de que México fuese obligado a “ceder” partes de su territorio que no estaban directamente relacionadas con la cuestión texana y, además, por una ínfima cifra monetaria. Nos quedaría por justificar también por qué el Congreso estadounidense modificó los términos del Tratado de Guadalupe Hidalgo de forma completamente unilateral, en claro perjuicio para la población mexicana.

Estas y otras acciones estadounidenses fueron realizadas en un momento de extrema debilidad del Estado mexicano y fueron violatorias de la soberanía de ese país. Dejan en claro asimismo que el discurso anticolonialista de los Estados Unidos, basado en la famosa doctrina Monroe, se aplicaba para el invasor europeo, pero no es evidente que haya tenido el mismo efecto en el continente americano.

1. El texto completo del discurso se puede encontrar en <www.filosofia.org>.

3

Enron, ¿estafa o consecuencia de leyes permisivas?

Todo comenzó con un niño y su tractor. Corrían los años cincuenta en el estado de Missouri, Estados Unidos, y Kenneth Lay, hijo de un pastor bautista de clase baja, debía renunciar a los juegos infantiles para trabajar y ayudar a su familia. Sin embargo, el niño tenía sueños que nadie podría quitarle. Durante las largas horas que debía pasar montado en un tractor arando la tierra, fantaseaba con el mundo empresarial y con que llegaría un día en que podría encontrar allí un futuro mejor para él y los suyos.

Fueron pasando los años y pudo estudiar economía. Y cuando menos lo esperaba, se convirtió en el protagonista de su propio sueño. El tractor había quedado atrás y aquel presente lo tenía como la máxima figura de negocios en una de las empresas más grandes del planeta, Enron. Sin embargo, lo que el niño no había sabido tampoco lo supo el Kenneth adulto: se “encontraba en la cima de un castillo de naipes construido sobre un charco de nafta”. (1)

EL COMIENZO

Acérrimo partidario de la liberalización, Kenneth Lay había comenzado a pensar acerca de la importancia de acabar con el control estatal sobre los recursos naturales que, hasta los años ochenta, había caracterizado a la política oficialista en los Estados Unidos. Lay ansiaba, sobre todo, la liberalización del gas natural. Estaba convencido de que “la magia del mercado” era la única capaz de hacer crecer un proyecto de negocios y no, como promulgaban otras voces, los recursos o el control gubernamental.

Inspirado en esa idea, en julio de 1985 puso en marcha un proyecto ambicioso y creó en Houston, Texas, la compañía Enron, que fusionaba redes de gasoductos. Se trataba de la unión entre Houston Natural Gas e InterNorth Inc. Para entonces, solo le faltaba lograr que el gobierno dejara finalmente flotar los precios del gas natural con las corrientes del mercado para que su plan diera resultado. Su objetivo era claro: presionar a Washington para que cambiara su actitud respecto del tema.

Afortunadamente para él, los magnates del petróleo norteamericano estuvieron de acuerdo en excluir al gobierno del negocio de la energía. Sus contactos en lugares estratégicos del aparato estatal fueron en su auxilio. Entre ellos, Lay contaba con vínculos estrechos con la familia Bush que, por entonces, se encontraba bien arriba en la pirámide del poder político estadounidense. En consecuencia, no había tenido mayores dificultades en lograr, por ejemplo, que George W. Bush, durante su mandato en la gobernación de Texas, hiciera unas cuantas llamadas telefónicas por él. ¿A cambio de qué? En primera instancia, habría sido por la módica suma de unos cuantos millones para contribuir en sus diversas campañas políticas, entre ellas, la carrera a la presidencia.

Inicialmente, Enron se había beneficiado con la promesa de entregar a precio de mercado una determinada cantidad cúbica de gas a distintos servicios públicos o negocios particulares en días específicos. Sin embargo, ya desde el comienzo la compañía estuvo signada por el escándalo. Lay estaba decidido a hacer dinero y encontró que el mundo del petróleo era el ideal para conseguirlo. Aunque había sido advertido respecto de la posibilidad tanto de ganar como de perder en este mercado, el entonces presidente y director ejecutivo de la compañía no se dejó amedrentar. Pronto el país entero era testigo de algo insólito: Enron siempre presentaba utilidades positivas, incluso cuando otros habían perdido millones. ¿Cómo era esto posible? Algo raro estaba pasando, y hasta el propio CEO había comenzado a sospechar.

Tras una investigación interna, en 1987, la verdad salió a la luz. Gracias al trabajo de los auditores se confirmó que los operadores de petróleo de la filial neoyorkina, conocida como “Valhalla”, estaban desviando fondos de la compañía a cuentas personales abiertas en paraísos fiscales. Con Lou Borget, el responsable de esta oficina, y Tom Mastroeni, el tesorero, a la cabeza se estaban destruyendo informes de intercambio, se llevaban libros contables paralelos y se manipulaba la contabilidad con el objetivo de dar la impresión de que Valhalla obtenía beneficios estables. Incluso se encontró un misterioso rastro bancario que iba desde el tesorero de la compañía hasta un supuesto especulador libanés que nadie conocía, un tal M. Yass, de quien algunos se preguntaron si no sería una especie de chiste con el que se mofaban de todos, ya que ese nombre también se puede leer como my ass [mi culo]. Los ejecutivos responsables de esa oficina no fueron despedidos; estaban haciendo demasiado dinero como para perderlos. En consecuencia, no solo no se tomaron medidas contra los responsables, sino que, en cambio, se los alentó a “ganar más” al ampliarles los límites de negociación.

Pronto la maniobra apareció en las primeras planas de los diarios. En octubre de ese mismo año, Borget y Mastroeni llevaron sus operaciones demasiado lejos y la compañía corrió peligro de caer en bancarrota. Pero la fortuna jugó del lado de Enron y uno de sus ejecutivos, Mike Muckleroy, consiguió engañar al mercado y reducir las pérdidas de 1000 millones a solo 140 millones de dólares. Aunque la compañía había sido salvada, Kenneth Lay no pudo evitar hacerse cargo de la situación y alegar públicamente un supuesto shock causado por las operaciones fraudulentas. Entonces sí despidió a ambos líderes de la oficina neoyorkina.

Tres años después, tanto Borget como Mastroeni fueron juzgados por fraude y declarados culpables; mientras que el primero fue encarcelado durante un año, el tesorero recibió una condena en suspenso. Cuando la justicia estadounidense tomaba cartas en el asunto, a Lay se le presentó una nueva incertidumbre: ¿quién conseguiría ahora el dinero para Enron? Sin saber que estaba sellando su destino, Lay se dejó cautivar por Jeffrey Skilling, quien era más ambicioso que él.

Oriundo de Pittsburgh, Pennsylvania, Skilling había nacido en 1953 y era el segundo de cuatro hermanos. Se había formado en ciencias aplicadas en una universidad metodista y de allí había pasado a Harvard, donde obtuvo su Master in Business Administration (MBA). Como recién graduado, consiguió un puesto en el área de consultoría energética y química para la empresa McKinsey & Co. Fue precisamente allí donde, en 1990, lo encontró el fundador de Enron.

Tras varias conversaciones, Skilling, que ya desde joven mostraba un espíritu emprendedor, propuso a Lay una nueva fórmula para suministrar energía: en lugar de limitarse al fluido del gas por un gasoducto (como la compañía venía haciendo), Enron debía convertirse en un mercado de valores para el gas natural. Es decir, se trataba de transformar la energía en un instrumento financiero que pudiera cotizar en bolsa como las acciones y obligaciones.

Sin embargo, para ello hacía falta concretar de una vez y para siempre aquello que Lay venía propugnando desde el comienzo: la liberalización del gas natural. Era momento de profundizar la presión. Para ello, Enron puso en movimiento sus más altas influencias en la política nacional. Finalmente, el tan anhelado objetivo se concretó. La desregulación de los mercados de la energía eléctrica permitió que la compañía se expandiera, convirtiéndose así en un agente comercial que intercambiaba electricidad y otro tipo de mercancías.

Gracias a su iniciativa, en 1990, Skilling fue nombrado presidente y director ejecutivo de Enron Finance Corporation y, un año más tarde, se convirtió en el presidente de Enron Gas Services Company. Antes de presentar su renuncia en McKinsey & Co. para unirse definitivamente a la multinacional, puso una condición: tendría que permitírsele usar un tipo especial de valoración de inversiones llamado “valuación a precios de mercado”. Sin muchas vueltas, el pedido le fue concedido. Era el principio de la caída de un imperio.

¿En qué consistía este mecanismo mundialmente conocido como market-to-market? Se trata de una medida del razonable valor de las cuentas que pueden cambiar a través del tiempo, como los activos y pasivos. La valuación a precio de mercado tiene el objetivo de proveer una apreciación realista de la situación financiera presente de una institución o compañía. De la definición podemos desprender uno de los aspectos centrales de esta medición: es posible ajustar diariamente el precio de cada título según la situación que comande el mercado en dicho momento. (2)

Navarrete, Alpiste y Brundich (2012) explican que el sistema introducido por Skilling permitía hacer modificaciones permanentes de los balances y “calcular el valor de un activo según una estimación de rendimiento hipotético”. Quedaba así abierta la puerta a la manipulación: por muy pocos ingresos que tuviera realmente, la compañía podía aparentar otra cosa. Desde ese 17 de mayo de 1991, en que la valuación a precio de mercado fue aprobada por el Comité de Auditoría de Enron, la compañía y su auditor, la firma Arthur Andersen, llevaron adelante las tratativas para que la agencia reguladora del sector financiero estadounidense, la Securities and Exchange Comission (SEC) aceptara el método deseado para comercializar los futuros contratos de gas natural.

EL ASCENSO

El 30 de enero de 1992, la SEC autorizó finalmente a Enron a usar las valuaciones a precio de mercado propuestas por Skilling y así quedó abierta la posibilidad de que se concretaran grandes fraudes. La empresa “podría manipular su valor real con el aval de la autoridad regulatoria” (Navarrete, Alpiste y Brundich, 2012). Así, desde aquel año, la compañía pudo establecerse como el mayor comprador y vendedor de gas natural de los Estados Unidos. De ese modo, se había convertido en un enorme intermediario que, en lugar de limitarse a reunir a compradores y vendedores, como hubiera ocurrido tradicionalmente, firmaba un contrato con el vendedor y otro con el comprador, ganando dinero en la diferencia entre los precios de compra-venta. Como la compañía mantenía sus libros cerrados, era la única parte de la transacción que conocía ambos valores.

Skilling estaba convencido de que el dinero era lo único que motivaba a las personas y su objetivo para la multinacional era dar rienda suelta a la supervivencia de los más fuertes, lo que aplicaba tanto para la compañía como para cada uno de sus empleados.

Siguiendo dicha premisa, introdujo el llamado “Sistema de Revisión de Rendimiento” (SRR), según el cual cada uno de los empleados era clasificado anualmente por sus compañeros de trabajo en una escala de 1 a 5. Quienes hubieran obtenido la calificación más baja (5) como promedio (lo que representaba aproximadamente al 10% de la plantilla) eran despedidos. En contrapartida, quienes hubieran logrado un buen resultado conseguían una prima millonaria. Era un proceso violento conocido internamente como “clasificar y arrancar”.

Como lo relata el documental Enron, los tipos que estafaron a América, entre todos los empleados, los operadores bursátiles eran los más agresivos. Pronto la compañía se había vuelto la más importante de Houston y cualquiera que quisiera hacer dinero debía necesariamente hacer negocios con ella. Entre los operadores, Skilling y la libertad económica fueron abrazados como una nueva religión. Y no era para menos. Aunque más no fuera en apariencia, este era un hombre que había sabido reinventarse a sí mismo.

Y de eso sí sabía. Cuando lo nombraron CEO era gordo, iba camino a la calvicie y usaba anteojos “culo de botella”. Con mucho esfuerzo y tratamientos, adelgazó, pobló su cabellera y dejó definitivamente los anteojos tras operarse con láser. Era tal el fanatismo que sentían por aquel hombre “intocable” que, entre los empleados, se había puesto de moda operarse la vista. Dentro de la empresa, prácticamente ningún trabajador volvió a usar lentes.

Skilling era un hombre fascinado por el riesgo, no solo en el sentido monetario, sino en todos los ámbitos de la vida. Ansiaba, por ejemplo, realizar viajes en los que, literalmente, podía dejar su vida. Tal vez porque había comenzado a sentirse omnipotente, organizaba travesías de aventuras para un grupo selecto de miembros y clientes de Enron en las que, repetidas veces, algunos de sus participantes habían resultado heridos. En poco tiempo, los viajes se convirtieron en leyenda dentro de la compañía y más de uno hubiera dado cualquier cosa por ser invitado. Tal y como cuentan algunos de sus testigos, por entonces los aires de “macho” que se respiraban en Enron fueron en aumento. Es que, como él mismo solía jactarse, a Skilling le gustaba juntarse con lo que llamaba “tipos incisivos”. Fue así que comenzó a rodearse de personajes como Kenneth Rice, el vendedor del grupo, Clifford Baxter, un maníaco depresivo pero muy habilidoso para cerrar tratos, o Lou Pai, quien sería responsable de poner en marcha el negocio bursátil de la compañía.

Con ejecutivos fascinados por el riesgo, era solo cuestión de tiempo para que ese espíritu se trasladara a la manera de hacer negocios. En consecuencia, Enron comenzó a diseñar cada vez más variados y complejos contratos. Los clientes podían asegurarse contra todo tipo de eventualidades, tales como un incremento o disminución de las tasas de interés, un cambio en el clima o la incapacidad de pago de un comprador. Al final, el volumen de este tipo de contratos sobrepasó por mucho a aquellos en los que, efectivamente, debía entregarse una mercancía. Y la multinacional, que no quería perderse su porción de la torta, empleó a un pequeño ejército de doctores en Matemática, Física y Economía para ayudarse a administrar el riesgo en el que estaba incurriendo.

Al momento de su nacimiento, a mediados de la década de los ochenta, la actividad de Enron había estado acotada al transporte del gas por una red de gasoductos. En aquellos tiempos, el mercado del gas estaba fuertemente regulado en los Estados Unidos y el negocio dependía de la cantidad de gas que las compañías administradoras de gasoductos pudieran vender a sus clientes. Sin embargo, el mismo año en que Houston Natural Gas e InterNorth se fusionaron para dar lugar a Enron, tuvo lugar una modificación de la normativa regulatoria que permitió el acceso abierto para el transporte de gas natural. Precisamente de este negocio la nueva compañía buscó extraer ganancias: permitió que otras empresas transportaran ese recurso natural por sus tuberías. Paralelamente, Enron se dedicó a distribuir electricidad y gas dentro de los Estados Unidos, y a la construcción y operación de plantas en el Reino Unido, por lo que en pocos años llegó a ser el principal comerciante de gas natural en ambos territorios.

En coincidencia con la llegada de Skilling a la compañía, en diciembre de 1992, adquirieron la transportadora de Gas del Sur en la Argentina, con lo que establecieron la primera presencia de la multinacional en Sudamérica. “Enron creció de manera exponencial mediante la incursión y el desarrollo de nuevos mercados en el área de la electricidad y el gas”, relatan Navarrete, Alpiste y Brundich (2012).

Ya establecido como el mayor comercializador de los Estados Unidos, hacia los años 1993 y 1994 pudo expandir sus negocios a Europa, el Caribe, Sudamérica y Asia. Entre todas estas iniciativas, se destacó tempranamente un acuerdo con el gobierno del estado de Maharashtra, India, para construir una monumental planta de electricidad por un valor de 2800 millones de dólares. Tres años más tarde, la firma continuó su avanzada oriental con un acuerdo que le cedía los derechos de explotación de once campos de gas en Uzbekistán, cuyo objetivo último era vender gas en el mercado ruso y unificar el gasoducto Unocal, que cruzaba Turkmenistán, Uzbekistán y Afganistán.

Poco después, en 1997, se crearon, por un lado, Enron Energy Service (EES), que pasaría a ser el único proveedor de energía para industrias y comercios en los Estados Unidos y, por otro, Chewco, que fue la primera Sociedad de Propósito Especial. Desde entonces, la multinacional comenzó a alejarse de los que fueron sus principales negocios asociados a los recursos naturales para, mediante la adquisición de empresas de distintos rubros, pasar a ser una compañía de servicios diversificada; con el tiempo llegó a tener una plataforma de aplicaciones de Internet (Enron Intelligent Network), administró fondos de inversión privados (Enron Investment Partners) y lanzó un sitio digital de transacción de commodities (Enron Online; EOL).

Cuando en junio de 1997 se produjo una escalada alcista en la bolsa de Nueva York, Kenneth Lay consiguió ganar mucho dinero para Enron. Durante toda esa década, la estrategia bursátil de la compañía consistió en un juego de “hinchar y retirar”; siempre que la compañía excedía las expectativas de los analistas de bolsa, las acciones subían. Con este objetivo en mente, pronto los altos ejecutivos de Enron estaban moviendo los hilos para acrecentar la cotización y poder cobrar luego sus opciones multimillonarias. (3)

Como los empleados recibían gran parte de sus salarios en acciones, todo el mundo tenía gran interés en que se dispararan los valores. Llegado un punto, en los ascensores internos de la compañía había pantallas que informaban acerca de la cotización en bolsa de los títulos.

No solo los empleados y ejecutivos tenían especial interés en los movimientos bursátiles de sus acciones; Enron había prometido a sus clientes que estas tendrían un incremento del 10 al 15% anual y, para lograrlo, se estaban tomando toda clase de riesgos. Estaban jugando a un nivel vertiginoso cuando la realidad distaba mucho del beneplácito general. Lo que nadie quería ver era que los beneficios no aumentaban sino que, en verdad, iban en la dirección opuesta.

¿Qué estaba sucediendo? Si bien la compañía podía utilizar sus artimañas para hacer que las acciones se inflaran en la bolsa, los ingresos reales, esos que permitirían saldar las deudas, eran más que escasos. Enron tenía compañías de gas repartidas por todo el planeta. Había costado miles de millones de dólares montarlas y ponerlas en funcionamiento, pero el rendimiento de la mayoría era desastroso.

En India, por ejemplo, se había establecido una de las centrales más importantes de Asia. Sin embargo, una vez en marcha, la experiencia puso en evidencia que la población local no poseía el dinero necesario para costear la energía que allí se estaba produciendo. Es decir, se estaban vendiendo las acciones de dicha inversión, pero nada hacía suponer que se pudieran generar los dividendos esperados.

Las ansias de dinero condujeron incluso a que los ejecutivos de la compañía sobrepasaran todas las barreras éticas. En este sentido, un caso emblemático fue lo ocurrido en mayo de 1999 cuando Tim Belden, responsable de las oficinas en Portland, Oregón, llevó a cabo un primer experimento para explotar el recientemente desregulado mercado energético californiano. Se lo conoce como “los incidentes de Silverpeak”, y ocurrió cuando Belden creó congestión en las líneas de energía haciendo que aumentaran los precios de la electricidad. Este fue tan solo el primero de los muchos “juegos” que Enron encabezó para explotar las “oportunidades” que brindaba este mercado.

Al año siguiente, la multinacional fue responsable de la severa crisis energética que dejó a cien mil comercios y viviendas de California a oscuras. La situación, que comenzó en junio de 2000, con dos días consecutivos de apagones, fue producto directo del comercio manipulativo de energía por parte de Enron. Al mismo tiempo que se producían los cortes y las restricciones en el suministro, los precios de la electricidad se dispararon.

¿Cómo era esto posible? La compañía texana creaba excesos de demanda o congestiones artificiales en el suministro debido a que su solución le generaba ganancias millonarias. La estrategia consistía en comprar electricidad en California al precio de 250 dólares el megawatt por hora, para venderlo en otras regiones de los Estados Unidos a cinco veces su valor original. Así, los lugareños padecían la falta de luz, y al mismo tiempo, la compañía les quitaba y exportaba la energía que necesitaban. Como otros estados contaban con precios topes más altos para la electricidad, Enron estaba jugando con la diferencia de dicha compra-venta.

Mientras esto ocurría a causa de la inescrupulosidad de sus ejecutivos, en las oficinas centrales de Enron se festejaban que había sido elegida, por sexto año consecutivo, como la compañía más innovadora del país. Se sentían en lo alto y sus máximos responsables lo demostraban inclusive en la práctica. En la sede de Houston, Lay y Skilling habían hecho construir sus oficinas en un piso superior con grandes escaleras de acceso. Era como estar en la cima del monte Olimpo viendo actuar a los mortales. Lo que no sospechaban todavía era que, desde los cielos, su caída sería aún mucho más estrepitosa.

Si bien había comenzado como una compañía asociada a los servicios eléctricos, con el correr de los años lo central para el funcionamiento de Enron, y lo que supuestamente estaba dejando millones, consistía en actuar como comercializador. Es decir, funcionar como un agente económico cuyo objetivo principal consistía en comprar un bien en mercados mayoristas para venderlo a sus consumidores finales sacando el máximo beneficio de la diferencia de precios y aprovechando todas las ineficiencias del sistema. Si bien el comercializador, en este caso Enron, asumía ciertos riesgos de mercado, las ganancias que podía obtener con ello podían llegar a ser millonarias si eran bien gestionadas.

En este sentido, lo central ya no era el mercado de la electricidad, sino encontrar oportunidades de negocio sin importar de qué bien o servicio se tratara. Fue así como Enron se volvió, como ya se mencionó, una compañía diversificada. Poseía plantas de energía, compañías de agua, distribuidoras de gas y, cuando esto ya no proporcionó las utilidades deseadas, se avanzó hacia nuevos mercados, por ejemplo, la banda ancha o “el video a la carta” mediante acuerdos con empresas como Telecom o Blockbuster. La visión de Enron consistió, aun en los proyectos que acabaron luego en el fracaso, en considerar cualquier tipo de servicio como una mercancía que podía ser comprada, vendida o almacenada en forma de bonos o acciones.

En el mercado de la energía, el tamaño de las operaciones financieras puso a Enron en las ligas mayores con ventas billonarias. Como resultado, llegó incluso a entrar en competencia directa con empresas como Shell y Exon. Con los mercados norteamericanos en su poder, no dudó en cruzar el océano hacia nuevos destinos y adquirió empresas como la planta de energía de Teesside o Wessex Water, ambas en el Reino Unido.

Sin embargo, Enron no era un mero productor y comercializador de energía (o cualquier otro producto). Estaba actuando como un operador más en bolsa y ello, indefectiblemente, suponía riesgos y volatilidades. Tal y como estaba planteado el escenario, el final era anunciado. Lo que había tardado dieciséis años en erigirse como un imperio millonario, en tan solo veinticuatro días habría de quedar en ruinas.

LA CAÍDA

Hacia la segunda mitad de la década de los noventa, claramente el interés de Enron había dejado de ser primariamente el mercado de la energía y tenía puesta la mirada en un negocio mucho más amplio: la intermediación financiera a partir de la combinación del gas natural, la electricidad, Internet y los mercados bursátiles.

Independientemente del producto subyacente, la compañía estaba actuando como “creador de mercados”, lo que conlleva riesgos muy diferentes a la mera producción y comercialización de energía eléctrica.

La principal debilidad de este negocio residía en que la actividad no estaba sometida a la supervisión de un organismo independiente. Algunos años antes, la desregulación del mercado energético había abierto las puertas para que conglomerados como Enron actuaran sin necesidad de tener que dar explicaciones. En consecuencia, los balances internos empezaron a ser manejados de forma privada, lo cual impedía que los accionistas y otros tenedores de bonos, como los propios empleados de la compañía, conocieran el panorama real en el que cada vez era más necesaria la financiación externa para sostener esa actuación “bancaria”.

Pero para actuar en el negocio de la intermediación, Enron requería de una enorme liquidez con amplio acceso a los mercados crediticios. Sin embargo, no estaban teniendo ganancias suficientes para sostener por sí solos semejante estructura. Algo estaba claro: la deuda iba en aumento y ello afectaba las calificaciones bancarias que permitían conseguir nuevos préstamos. ¿De dónde obtener el dinero entonces? Para dar respuesta a esta restricción, los ejecutivos utilizaron un recurso legal según la normativa de los Estados Unidos, las llamadas “entidades de propósito especial”. La maniobra consistía en endeudarse y cederles activos a estas entidades que eran financiadas por recursos captados mediante deuda externa. De esta forma, los números rojos ya no figuraban en los balances de Enron. Adicionalmente, el entramado financiero, por cierto nada sencillo, se sostenía sobre cláusulas de garantía que estaban basadas en el rating crediticio y en el precio de las acciones de la compañía.

El responsable de llevar adelante dichas operaciones fue el entonces director financiero, Andrew Fastow. Su misión era clara: debía encubrir que la compañía se estaba convirtiendo en un fantasma financiero. Por entonces la deuda de Enron ascendía a 30.000 millones de dólares y Fastow, un hombre sin convicciones morales, no dudó en llevar adelante su cometido usando todos los medios posibles, fueran o no legales. Su inescrupulosidad llegó a tal punto que, por cada transacción que realizaba, se guardaba un porcentaje para sí.

Hacia 1999, la necesidad de encontrar nuevos mercados con los que amasar dinero se volvió imperativa. Una vez más, Enron dio con un negocio innovador en su época: creó EOL, un sitio web que negociaba con bienes electrónicos y conseguía el beneficio adicional de tener acceso a valiosa información empresarial. Se sumaba a ello la construcción de una red de telecomunicaciones de banda ancha de alta velocidad. De la misma forma en que en los ochenta había comenzado a negociar con el gas, lo hacía ahora con la amplitud de banda.

Para la misma época, mediante un contrato con el entonces popular Blockbuster, formó además el sistema digital de “video a la carta”. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, Enron se estaba quedando sin recursos para hacer creíble el negocio de la banda ancha. Buscó entonces incursionar en el mundo de la meteorología pero, como vaticinando lo que se vendría, nubes tormentosas comenzaron a avanzar sobre sus cabezas.

El desastre estaba cerca y los altos ejecutivos de la compañía no lo dudaron; empezaron a vender sus participaciones en la empresa. Cuando el 2 de diciembre de 2001 finalmente fue declarada la quiebra, hacía tiempo ya que sus principales ejecutivos habían retirado sus proporciones de dinero, salvando así sus ganancias: Kenneth Rice se había llevado 23 millones de dólares; Kenneth Lay, 300 millones; Clifford Baxter, 35 millones, y Jeffrey Skilling, 200 millones.

En el mismo período en que las deudas se hicieron públicamente evidentes y la conducta de los directores ejecutivos era claramente la de dejar el barco sin timón, las acciones de la empresa empezaron a perder valor. Fue este el contexto en el que, el 14 de agosto de 2001, Skilling abandonó su puesto de director general. Sabía que la compañía no podría soportar mucho más tiempo y optó por aquello que era más conveniente para él: renunciar. Poco le importó que miles de personas perdieran sus puestos de trabajo o las jubilaciones que habían invertido en la empresa en la que trabajaban.

Meses antes de la caída definitiva, Fortune, la misma revista que por tantos años los había elogiado, puso la atención sobre ciertas cuestiones de las finanzas de Enron que no cuadraban. Si bien de los balances financieros no se deducía que la compañía estuviera cometiendo un fraude, sí había elementos que no cuajaban. Hasta entonces, los analistas financieros habían tomado la situación como una cuestión de fe y no habían hecho preguntas respecto del origen del dinero. Mientras las ganancias fueron enormes, a nadie parecieron importarle los entretelones que habían conducido a ellas.

Sin embargo, a comienzos de 2001, la periodista Bethany McLean empezó a preguntarse acerca de cómo ganaba exactamente Enron su dinero. La respuesta le resultaba clara: estaban sobrevalorando las acciones. Aunque en primera instancia los enviados de la compañía intentaron persuadirla respecto de lo que publicaría, cuando finalmente se reconocieron expuestos, lo único que les interesó fue salvar su propio pellejo aun si todo el resto iba en caída.

El año final estuvo cargado de acontecimientos extraordinarios. Mientras que en febrero las acciones cotizaban alto y Enron mantenía la máxima calificación crediticia de las agencias de rating, con el correr de los meses la evolución de los precios de productos como la banda ancha se volvió muy negativa. El modelo de negocios comenzó a desmoronarse.

En ese contexto tuvo lugar la crisis energética californiana causada tanto por la subinversión en infraestructura como por la especulación y ambición de Enron. Para octubre de 2001, la compañía hizo públicas pérdidas por 1000 millones de dólares en sus operaciones del primer trimestre y una reducción de 1200 millones en su capital como resultado de operaciones fallidas en un fondo de inversión. El agujero negro había quedado al descubierto y la confianza no hizo más que debilitarse. En apenas cuatro semanas, las acciones de Enron perdieron el 95% de su valor. Entre tanto, Lay, desesperado por salvar su compañía, mantuvo numerosas e infructuosas comunicaciones telefónicas con algunos de los escalafones más altos del aparato político de turno, incluyendo a Paul O’Neill, secretario del Tesoro, y a Donald Evans, secretario de Comercio.

La compañía tenía prestigio dentro de los Estados Unidos. Por eso, muchos de los periodistas especializados sostuvieron que se trataba de una mala jugada y que pronto iría en recuperación. El 3 de noviembre, la revista The Economist publicaba un artículo en el que se afirmaba que, dada su posición central en los mercados energéticos y financieros, “difícilmente Enron quiebre”. Una semana más tarde, el 10 de noviembre, se anunció la compra de la compañía por parte de su rival Dynegy, una subsidiaria de Chevron-Texaco, como la única vía para evitar la quiebra. Los bancos acreedores colocaron 1000 millones de dólares en la empresa, lo que facilitó su absorción. El objetivo era evitar que la situación se degradara aún más, lo que posiblemente hubiera frustrado la venta. Inicialmente, Dynegy había ofrecido comprar Enron por 9000 millones de dólares, cuando su valoración de mercado era, en realidad, de 12.000 millones. Sin embargo, en apenas diez días, su precio se derrumbó a 3500 millones. Finalmente, la compra-venta fue suspendida. ¿Qué sucedió?

Chuck Watson, responsable de Dynegy, parecido a un hombre de negocios de antaño más interesado en el funcionamiento de las tuberías que en la negociación con acciones, se encontró con que la deuda ejecutable de Enron era mucho mayor que la que le habían informado inicialmente. En un comienzo, había estado interesado en comprar Enron, la damisela en peligro, que se encontraba a tan solo una cuadra de distancia en el centro de Houston. Sin embargo, con el correr de las negociaciones (que eran revisadas diariamente debido a la velocidad con la que Enron se estaba devaluando), Watson se dio cuenta de que ninguno de los banqueros acreedores estaba dispuesto a poner el dinero por las deudas próximas a expirar. El 19 de noviembre se le sumó una deuda por 690 millones de dólares que tenía que saldar casi de inmediato. Frente a esta situación, en una entrevista que concedió a la revista Time, el propio Watson reveló que había entrado en pánico y que la única respuesta que estaba recibiendo por parte de sus vecinos era “confía en nosotros”. La nueva deuda, provocada por las alianzas problemáticas de Enron, no aparecía en los documentos de la fusión original y Watson, un hombre con experiencia en rescatar empresas en peligro, sabía que el barco era ya insalvable. Finalmente, la confianza no alcanzó y la venta se cayó.

A comienzos de diciembre de 2001, Enron se declaró en quiebra. Atrás quedaban ya las promesas de grandeza y ganancias descomunales. La explosión producida durante su estrepitosa caída dejó a cielo abierto los manejos oscuros y la conducta poco ética de los altos ejecutivos. Se hicieron evidentes las trágicas consecuencias de las expectativas infundadas no solo de los accionistas con los que la compañía hacía sus negociados, sino incluso de sus propios empleados, quienes habían sido incentivados a comprar acciones de la multinacional. Tal vez para estos últimos, personas trabajadoras a quienes les habían prometido buenas rentabilidades y que, en cambio, se encontraron en la calle, el panorama era más negro que para quienes vivían habituados a manejar las volatilidades del mercado. Finalmente, con el despido de veintiún mil empleados en todo el mundo, terminaba de derrumbarse un símbolo económico estadounidense.

Más allá de las maniobras encabezadas por los directivos y financistas de Enron, la estafa no hubiera podido efectivizarse sin la complicidad de Arthur Andersen, la empresa responsable de auditar a la compañía. ¿Acaso los auditores no deberían haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en los libros contables de Enron?

En este caso, a la hora de investigar a Enron, la empresa auditora no fue totalmente independiente. Por aquellos años, Arthur Andersen no solo gestionaba como auditora, sino que, además, ofrecía servicios de consultoría financiera para ciertos clientes, entre los que se encontraba este conglomerado empresarial. En consecuencia, mientras que, por un lado, aseguraba a los inversores que podían confiar en los estados financieros de Enron, por el otro, asesoraba a la compañía y llevaba parte de su contabilidad interna. Sin ir más lejos, varios ejecutivos de Arthur Andersen fueron empleados por Enron.

Cuando el derrumbe definitivo se había vuelto inevitable, David Duncan, jefe auditor en Arthur Andersen, ordenó que se destruyera toda la documentación de la que se desprendiera la verdadera situación contable de la compañía. Fue luego despedido y su jefe, Joseph Berardino, director ejecutivo y responsable de auditar a Enron, renunció a su puesto meses después de que la compañía se declarara en quiebra. Parte fundamental del proceso judicial que se inició consistió precisamente en la reconstrucción de la documentación destruida. Los miembros de Arthur Andersen, por su parte, fueron acusados de obstrucción a la justicia y de recibir grandes sumas de dinero para desviar conscientemente su atención respecto de los estados financieros reales de la multinacional.

LAS LEYES QUE LO HICIERON POSIBLE

Un factor importante que brindó a Enron la oportunidad de realizar semejante estafa fue la desregulación del mercado eléctrico en los Estados Unidos. Precisamente en ella se enfocó la estrategia de negocios que convertiría a la compañía en la principal comercializadora de energía del país. El principio de libre mercado de la economía estadounidense brinda a las empresas el poder de crear sus propias políticas, que determinan el comportamiento del mercado. En ese contexto, el gobierno se limita a supervisar las acciones.

El mercado energético norteamericano se encuentra, por tradición, caracterizado por una importante diferencia en los precios entre los estados. Así, mientras que en algunos de ellos, como California, es posible obtener energía a valores muy reducidos, en otros el kilovatio por hora se paga mucho más. En ese contexto, muchos economistas y participantes de ese mercado comenzaron a pensar en las posibles ventajas de la competencia sobre los hasta entonces sistemas monopólicos regulados, entendiendo que los mercados libres podían generar una reducción en los costos y precios.

Como la competencia entre productores por ganar una porción del mercado era más favorable para los clientes, los legisladores estadounidenses introdujeron una serie de modificaciones a la normativa que había estado vigente. De este modo, se sancionaron algunas de las leyes federales que afectaron a la industria contemporánea de la energía eléctrica.

La primera fue la National Energy Act, firmada como ley en noviembre de 1978, que comprende cinco aspectos principales: Public Utility Regulatory Policies Act, Energy Tax Act, National Energy Conservation Policy Act, Powerplant and Industrial Fuel Use Act y Natural Gas Policy Act.

Esta legislación fue producto de la prohibición de exportación de petróleo que los productores árabes impusieron a los Estados Unidos en los años setenta. En ese marco, los legisladores norteamericanos se propusieron asegurar un desarrollo económico sostenido y que la economía nacional entrara en una nueva fase que dejara atrás los recursos energéticos baratos, que pasarían a ser más costosos.

Un aspecto importante de esta legislación es que, entre otras cosas, simplificó los contratos, agilizó el proceso de venta de la energía e incrementó la certeza financiera de los acreedores.

La Energy Policy Act, también llamada EPACT, fue sancionada en 1992, durante la presidencia de George Bush y creó una nueva categoría de productor de electricidad: el generador al por mayor exento. Esta reforma de la legislación previa facilitaba que los productores de energía independientes, por ejemplo, las corporaciones, se incorporaran al mercado mayorista. Además, se les brindaron facilidades para que pudieran competir construyendo nuevas centrales eléctricas.

SE CAEN LAS MÁSCARAS

A medida que sus servicios se volvieron más complejos y sus acciones en bolsa remontaron, Enron creó toda una constelación de asociaciones que les permitían a los ejecutivos girar las deudas fuera de la contabilidad oficial de la multinacional. Las pérdidas dentro de alguna de estas sociedades tendrían que ser pagadas con acciones de Enron o en efectivo, lo que volvía a dejar la deuda sobre el tapete de entrada.

Según se desprende de la investigación judicial, existían indicios de que ya un año antes del desenlace final, los ejecutivos de Enron y los auditores de Arthur Andersen tenían advertencias de los problemas que se cernirían sobre sus cabezas. Como parte de las evidencias, en el expediente se incluye un correo electrónico interno con fecha del 6 de febrero de 2001 en el que la empresa auditora considera perder a Enron como uno de sus clientes. Más aún, en agosto de ese mismo año, la entonces vicepresidenta de Enron, Sherron Watkins, escribió un memo anónimo dirigido a Kenneth Lay en el que detallaba las razones por las que creía que la compañía estaba “por implosionar en una ola de escándalos contables”.

Watkins no estaba equivocada. Tres meses más tarde, el 16 de octubre, la compañía anunció una pérdida de cientos de millones de dólares para el tercer trimestre y tiempo después reconoció públicamente que había exagerado sus ganancias en los últimos cuatro años por más de 500 millones de dólares. Ante estas declaraciones, la SEC comenzó a investigar a la empresa.

Con la quiebra se presentaron decenas de demandas contra la compañía por parte de una serie de fondos de pensiones que resultaron perjudicados. Además, se inició una cantidad similar de acciones legales contra Kenneth Lay, Jeffrey Skilling y Andrew Fastow. Este último, en particular, fue acusado de fraude postal, lavado de dinero y conspiración para inflar las ganancias de Enron.

Dando impulso al resto de los casos, a finales de agosto de 2002 el exdirector de la unidad de financiamiento global de Enron, Michael Kopper, arquitecto responsable de muchas de las asociaciones fuera de balance que contribuyeron a ocultar la deuda de la compañía, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Había dejado Enron en junio de 2001.

Al comenzar los juicios, Lay y Skilling adoptaron posiciones idénticas: se declararon inocentes y acusaron a sus subordinados de la megaestafa que habían llevado adelante. Sin embargo, el primero al mando no habría de vivir para cumplir su condena, que le fue anunciada en mayo de 2006. Tan solo dos meses más tarde, en julio, Lay falleció de un ataque al corazón. Skilling, por su parte, tras un juicio que duró cuatro meses, fue sentenciado en octubre del mismo año a veinticuatro años y cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable de diecinueve de los veintiocho cargos en su contra, incluyendo conspiración, fraude y abuso de información confidencial. El veredicto contra Skilling fue el más severo contra un exejecutivo de Enron. Hasta aquel momento, otros quince miembros de la compañía ya se habían declarado culpables o habían sido condenados por su participación en la estafa.

El director financiero Andrew Fastow fue condenado a tan solo seis años de cárcel luego de que llegara a un acuerdo con la fiscalía a cambio de su declaración contra sus antiguos jefes. En su testimonio bajo juramento, sostuvo que Skilling había aprobado la creación y uso de sociedades irregulares para esconder las pérdidas de la compañía. Según afirmó Fastow, él mismo había sido el encargado de comenzar, en 1999, la trama del fraude con la creación de una sociedad pequeña, LJM, que le permitió ocultar pérdidas. Con el tiempo, había expandido el mecanismo para sacar de la contabilidad de la multinacional cientos de millones de dólares en pérdidas.

Actualmente el caso Enron se considera el peor escándalo corporativo en la historia de los Estados Unidos y dejó al descubierto profundos vínculos entre el poder económico y político de aquel país. No solo durante años los máximos ejecutivos de la multinacional hicieron aportes a las distintas campañas políticas, tanto del partido demócrata como del republicano, sino que, además, poseían importantes vínculos de amistad con algunas de las más importantes figuras políticas del país, hasta en la mismísima Casa Blanca.

Por otro lado, y como resultado directo de la experiencia Enron, el Congreso estadounidense aprobó una ley que imponía medidas más duras a los auditores de empresas entre las que se establece que, en caso de fraude, son los directivos de las corporaciones quienes deben hacerse responsables frente a la justicia.

En el caso específico de la auditora Arthur Andersen, la consultora tomó inicialmente la decisión interna de no volver a brindar servicios de asesoría a aquellas empresas que tuvieran la responsabilidad de auditar, como sí había hecho con Enron. Pero, sobre todo, fue enjuiciada y condenada por obstrucción a la justicia. Se convertía así en la primera firma contable en ser encontrada culpable de un delito. Como parte de su castigo, no podría volver a ofrecer servicios de auditoría, lo que movió las relaciones de poder en dicho rubro. Hasta entonces Arthur Andersen había sido incluida entre las cinco mayores firmas contables, los llamados “Big Five”, junto con Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG International y Pricewaterhouse Coopers.

Para disgusto de varios, en junio de 2010, tras presentar un recurso de apelación en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Jeffrey Skilling consiguió la anulación de su juicio tras afirmar que el proceso original que lo había llevado a la cárcel había sido irregular. Según los argumentos del tribunal, se había tratado de un juicio justo pero basado en una legislación equivocada. Durante el enjuiciamiento de 2006, la fiscalía había utilizado una legislación para perseguir sobornos o extorsiones que no correspondía aplicar en el marco del caso Enron. Así, tras un nuevo juicio, en junio de 2013, el juez comunicó a Skilling, quien ya llevaba varios años en prisión, que solo debería cumplir catorce de los veinticuatro años de cárcel a los que había sido condenado en primera instancia. De este modo, el Departamento de Justicia estadounidense sufrió un duro revés a su política de tomar el caso contra Skilling como ejemplificador para futuras situaciones de fraude corporativo.

1. Extraído del documental Enron, los tipos que estafaron a América (Alex Gibney, 2005).

2. Véase Investopedia: <www.investopedia.com>.

3. La opción, según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es siempre un contrato entre dos inversores que consiste en otorgar a una de las partes el derecho de comprar o vender un activo en un plazo determinado y a un precio previamente pactado. Las opciones son de gran utilidad como instrumentos de cobertura. Mediante el armado de una estrategia que combine opciones con otros títulos, el inversor puede limitar las pérdidas y acotar el riesgo de su inversión.

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El Banco Ambrosiano, una historia de pecados

Julio de 1982. La noticia conmocionó a toda Italia e impactó fuerte en los mercados: el Ambrosiano, uno de los bancos privados más grandes de ese país, quebraba y su ruina arrastraba no solo a otras instituciones financieras, también sacudía fuerte la impoluta estructura de la Iglesia católica y dejaba al descubierto una profusa red de corrupción en la que estaban involucrados banqueros, religiosos, organizaciones mafiosas y grandes corporaciones dedicadas a negocios non sanctos.

En aquel verano, la ciudad de Roma, la capital del país, ardió y no solo por las altas temperaturas que la sofocaban: desde los titulares de los diarios se lanzaban llamaradas de información sobre la imposibilidad del Ambrosiano de justificar ante el Banco de Italia, el órgano contralor, la procedencia de 1287 millones de dólares, y se encendía la investigación sobre un complicado entramado en el que quedaban expuestos el Instituto para las Obras de Religión (IOR) –más conocido como “Banco del Vaticano”–, principal accionista de la institución en desgracia y una serie de oscuros personajes de la política, del empresariado y de la mafia. Una bancarrota que resonaba dentro y fuera de Italia, porque la onda expansiva de su colapso llegaba más allá de las fronteras europeas y tocaba también el territorio americano.

El escándalo había estallado y no había vuelta atrás: se hablaba de fraude, de operaciones poco transparentes vinculadas con la política nacional e internacional, de autoridades eclesiásticas sospechadas; se sucedieron las muertes dudosas y muchos hombres de poder terminaron tras las rejas. También hubo impunidad, mucha impunidad y una gran cuota de misterio.

LA HISTORIA

Enraizado en el último cuarto del siglo XX y no totalmente revelado hasta el presente, el relato de este fraude es un clásico en los anales de los grandes delitos de guante blanco, es decir, una estafa de antología. Para poder entender el “blanqueo” de semejante defalco, es necesario ir hacia atrás en el tiempo, a los orígenes de la institución cuya caída hizo tanto ruido como la destrucción del muro de Berlín.

Y con ese objetivo emprendemos un viaje hacia fines del siglo XIX, directo al próspero norte de Italia. En esta región, en 1896, Giuseppe Tovini, político y empresario de la ciudad de Milán, creó un banco católico al que llamó “Ambrosiano” en honor a San Ambrosio, un obispo local que vivió allí durante el siglo IV. Tovini, quien en 1888 ya había fundado en Brescia (municipio en el que más de un siglo después, en 1998, el papa Juan Pablo II lo santificó) el Banco Católico de San Paolo, abrió el Ambrosiano porque consideraba que era necesario que existiesen bancos apostólicos con importantes recursos económicos para que, a la hora de satisfacer sus necesidades, la Iglesia no se viese obligada a recurrir al financiamiento de entidades laicas que impusiesen condiciones “pecaminosas” a los religiosos. Bajo estas premisas, desde su fundación, el “banco de los sacerdotes”, tal como se lo conocía, se dedicó a fomentar la autonomía financiera de la Iglesia católica en la región que lo vio nacer, proveyendo subvenciones a entidades religiosas con fines caritativos y educativos.

El banco creció rápidamente hasta convertirse en una de las entidades financieras privadas más grandes de Italia y, poco a poco, fue expandiendo su horizonte comercial. En 1963, bajo la presidencia de Franco Ratti –sobrino del papa Pío XI–, se creó en el Ducado de Luxemburgo el Banco Ambrosiano Holding, la matriz de un grupo de sociedades que le permitió a esta institución operar por fuera de las regulaciones y el control obligado del Banco de Italia. Esta expansión estaba amparada por los grises de la legislación del sistema financiero internacional. Es que, en aquella época, no existían aún claras normativas acerca de cómo debían proceder los bancos centrales respecto de los nacionales que tuviesen a su vez empresas en el exterior. Y estas indeterminaciones favorecían el establecimiento y crecimiento de organizaciones que no eran vigiladas de la misma manera que aquellas que se encontraban situadas en su país de origen, entidades como el holding del Banco Ambrosiano en Luxemburgo. Este pequeño país era un Estado soberano e independiente, pero no contaba con un banco central y, aún más, era desde hacía varios años uno de los centros financieros conocidos como “paraísos fiscales”.

DESTINOS PARADISÍACOS

En el horizonte del Banco Ambrosiano comenzó a haber nuevos destinos. El Ducado de Luxemburgo fue el primero, un paraíso fiscal que ofrecía variados beneficios para el establecimiento del holding. Por un lado, en este país los inversionistas extranjeros podían radicar cuentas bancarias o formar sociedades y estaban eximidos de pagar impuestos o, al menos, muchos de ellos. Además, como ocurre en este tipo de destinos, existían leyes estrictas relacionadas con el secreto bancario y con la protección de datos personales, es decir que en los registros públicos no aparecían los nombres de los accionistas ni de los directores de las empresas.

Con tanta variedad de posibilidades, el banco de los sacerdotes comenzó a comprar empresas en paraísos fiscales, que al pasar a ser extranjeras porque las adquirió una entidad italiana, pudieron funcionar como empresas offshore, es decir, extraterritoriales que quedaban bajo el sistema de fiscalidad preparado especialmente para estos tipos de entidades. De esta manera, el Ambrosiano pasó a contar con entidades financieras con mayor privacidad y libertad de movimientos de capitales y menores impuestos.

La idea de ampliar el holding hacia otras latitudes era tentadora. Por eso, la onda expansiva del Ambrosiano no se detuvo en Europa, cruzó el océano y llegó a los paraísos fiscales de América Latina de la mano de Roberto Calvi, un viejo empleado del banco. Había entrado a trabajar en 1947; en 1963 lo ascendieron a gerente general y pocos años más tarde, en 1975, alcanzó la presidencia. Durante su gestión, este hombre calvo y de estatura pequeña creó nuevas compañías extranjeras en las islas Bahamas y en Panamá, que se conformaron como empresas “fantasma”. Una de las principales características es que estas empresas no tenían una cantidad de dinero importante como respaldo, no se correspondían con una actividad económica en concreto en el ámbito de la producción ni con una entidad física y existían solo “en los papeles”. Fueron las claves para poder desarrollar ciertas actividades delictivas utilizando herramientas del sistema financiero internacional, como la movilización de grandes sumas de dinero con procedencia y fines ilegítimos y su blanqueo, transformándolas en factibles de ser utilizadas en cualquier actividad económica. Sintéticamente, este fue parte del trabajo de Calvi, un protagonista que para entonces ya era uno de los poderosos miembros de la logia masónica Propaganda Due (más conocida como “P2”), una de las más conocidas de la Italia contemporánea, vinculada directamente con este gran fraude y con otros delitos.

Fiel a su misión, Roberto Calvi siguió extendiendo los alcances del banco. En la década de los setenta, creó en la ciudad de Lima, Perú, el Banco Ambrosiano Andino. Esta nueva entidad sirvió, como todo lo que el banquero emprendía, a una finalidad oculta y no tanto. En ese momento, la central del Ambrosiano necesitaba movilizar capitales al exterior sin que el Banco de Italia interfiriese en esas operaciones mediante su sistema de control de cambios, ya que las normas italianas restringían las transferencias de los bancos italianos a sus sedes en el exterior. Para evitar estas regulaciones y, también, la vigilancia sobre los orígenes y los destinos de las sumas movilizadas, Calvi diseñó un sistema de transferencia del capital del Ambrosiano que implicaba la implementación de la herramienta financiera conocida como “préstamos paralelos” [back to back].Nacido en Inglaterra también en esa década con el objetivo de evitar la rigidez de los controles de cambio de divisas, este instrumento implica un acuerdo en el cual dos entidades financieras realizan préstamos entre sí, cada una a las filiales de la otra. Y como los bancos son clientes entre sí, no suelen necesitarse más garantías que los fondos preexistentes en las cuentas que cada entidad puede mantener en la otra. Por otra parte, en este tipo de crédito no importan los destinos de los fondos, por lo que son aptos para realizar todo tipo de inversiones.

Con el sistema a favor, el Banco Ambrosiano transfería grandes sumas de dinero desde Italia al Banco de la Nación del Perú, que eran catalogadas como préstamos, pero que, efectivamente, resultaban ser solo transferencias. A su vez, el Banco de la Nación del Perú –agente financiero de la nación peruana– realizaba oportunamente “préstamos” al Banco Ambrosiano Andino por las mismas cantidades que habían recibido desde Italia. Luego, la filial andina del Ambrosiano movilizaba nuevamente estas sumas hacia las compañías fantasma latinoamericanas ya mencionadas, dado que ahora el dinero estaba ya libre de las regulaciones del Banco de Italia.

SECRETOS VERDADEROS, VERDADES PECAMINOSAS

Durante siglos, la Iglesia católica exhortó a sus fieles a que no practicasen la usura. Sin embargo, según fueron pasando los años y las necesidades del sistema, los términos cambiaron y las medidas se suavizaron. En los inicios, el pecado estaba relacionado con el cobro de intereses percibidos después de la realización de un préstamo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia redefinió el término “usura”: se consideró que aquel que prestase dinero a otro individuo incurría en pecado solo si las ganancias que percibiese por el préstamo resultasen exorbitantes. El terreno se estaba preparando para sembrar más actividad capitalista. En 1929, el primer ministro de Italia, Benito Mussolini y el papa Pío XI, firmaron los Pactos de Letrán, por los que la Santa Sede fue reconocida como un Estado independiente y soberano cuyos funcionarios tuvieron inmunidad diplomática y por lo que, entre otros beneficios, contó con la exención de impuestos tanto para sus propiedades como para sus ciudadanos. Gracias a estas ventajas piadosas, el IOR, fundado en 1942 por el papa Pío XII, nació como una entidad extraterritorial respecto del Estado italiano, condición que lo volvería más que atractivo para los personajes e instituciones que buscaban realizar negocios con este tipo de entidades “privilegiadas”, sin controles estrictos.

Pero ¿cuál era la misión del IOR (más conocido como “Banco del Vaticano”)? Como fue creado para administrar y conservar los bienes de la Iglesia católica (donaciones de personas físicas o jurídicas u óbolo de San Pedro, ganancias por la venta de recuerdos a turistas y entradas a los museos, por beneficios obtenidos gracias a las publicaciones religiosas y por las inversiones financieras y las rentas inmobiliarias), no podía tener fines de lucro, ni prestar dinero, ni realizar inversiones directas. Sin embargo, como su función era conservar los bienes de la Iglesia y de sus clientes, sí podía, por ejemplo, concretar inversiones en bonos del Estado, en obligaciones y en el mercado cambiario.

Este banco, cuya condición privilegiada fue una verdadera tentación para algunos hombres de finanzas, entró en la historia del Ambrosiano, en 1971. Por entonces, el papa Pablo VI nombró a Paul Marcinkus, obispo estadounidense, presidente de la institución. Marcinkus, de un metro noventa, nacido en Illinois, en 1922, fue guardaespaldas de Pablo VI y se lo conocía como “el Gorila”. No tenía formación en finanzas, pero contaba con la confianza del Papa y era conocido por su fama de seductor entre las mujeres de la nobleza romana y por sus gustos por el whisky bourbon, el tenis y el golf; también había sido un funcionario importante del Banco Ambrosiano, en Nassau, Bahamas. Todas estas “cualidades” le otorgaban cierto charme que lo hacía sumar puntos entre los candidatos a banqueros. En pocas palabras, tenía muchos contactos con miembros de la banca privada católica en Italia, atributo relevante para alcanzar la cima del IOR.

Bajo la gestión de Paul Marcinkus, el IOR se convirtió en el principal accionista del Ambrosiano y acrecentó enormemente la capacidad del banco milanés –presidido en esos momentos por Roberto Calvi– para movilizar grandes sumas de dinero a empresas fantasma, principalmente en América Latina y también en Europa. El Banco del Vaticano concedió avales a la entidad dirigida por Calvi, que los presentaba en el exterior como garantías para conseguir la concreción de operaciones financieras y la exportación de grandes sumas de capitales. A la vez, las empresas fantasma creadas por el Banco Ambrosiano radicaban cuentas en el IOR para tener mayor legitimidad. Esa institución, además, no estaba sometida a las mismas regulaciones que el resto de las entidades bancarias italianas.

Calvi y Marcinkus tenían un vínculo que se afianzaba desde sus respectivos lugares de trabajo y se basaba en la confianza de dos que conocían el lado más oscuro del laberinto de los negocios financiero. Eran “buenos muchachos” que desarrollaron su tarea bajo cierta protección divina. Y, amparados en ese manto celestial, expandieron sus maniobras más allá de lo bursátil. Es que además del respaldo incondicional que el IOR daba a las operaciones que realizaba el Ambrosiano, existió un aspecto oculto del intercambio, que ligaba a ambas entidades con actividades vinculadas a la violencia y el crimen internacionales. Algunas de estas acciones fueron operaciones de lavado de dinero que favorecieron a grandes empresarios italianos relacionados con la mafia. Otras estaban directamente conectadas con la política externa, como el financiamiento a diferentes y enfrentadas fracciones políticas de Nicaragua, como eran la dictadura de Anastasio Somoza y la del Frente Sandinista de Liberación, su oposición. Y la lista fue aún más abultada: gran asistencia económica al Movimiento Solidaridad de Polonia y a actividades ilegales de miembros de P2.

Pero, como nada es eterno, los tiempos de bonanza comenzaron a flaquear y las maniobras financieras que parecían invisibles a los ojos expertos de los controles bancarios empezaron a hacerse evidentes. La punta del ovillo que escondía la gran estafa “religiosamente” pergeñada se asomaba. Del hilo que despuntaba comenzaron a tirar quienes siguieron con fe los nuevos caminos que se abrían a partir de una crisis en el mercado de divisas, los que los llevaron cerca de Roma, directo a Ciudad del Vaticano.

Antes de emprender este viaje, sin embargo, hubo que transitar un tiempo de recesión e incertidumbre. En 1974, el mundo bursátil tembló. Operaciones especulativas en el mercado de divisas habían desatado una crisis internacional. Salir de este riesgo implicó operaciones de salvataje con fondos públicos, como ocurrió con el Franklin National Bank de Nueva York, en aquel momento uno de los mayores bancos de los Estados Unidos. También se realizaron otras operaciones de intervención, como apoyo financiero a una serie de bancos que tenían fondos insuficientes o de orígenes sospechosos.

Tuvo lugar una crisis que generó pánico mundial respecto de la estabilidad del sistema bancario. Quedaba en evidencia que las normas que regulaban este mercado eran insuficientes para garantizar su solidez y legitimidad. Por eso, se imponían cambios radicales y las nuevas normativas que comenzaron a regular la actividad de este sistema fueron estipuladas por el Concordato de Basilea de 1975. Este había surgido de una reunión de gobernadores de los bancos centrales del G-10, quienes, ante la gravedad de la crisis bancaria, crearon el Comité de Regulación Bancaria y Prácticas Supervisoras, más conocido como el Comité de Basilea. Una de sus primeras acciones fue redactar un acuerdo que establecía las responsabilidades de los países de acogida y las de los países de origen respecto de la supervisión de los bancos extranjeros establecidos en un país. De esta manera se intentaba controlar el tipo de actividades y operaciones que realizaban gran cantidad de entidades financieras, como las del Banco Ambrosiano. No obstante, dado que estas normativas eran producto de un concordato, los países no estaban obligados a aplicarlas.

Lo cierto es que la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (Federal Bureau of Investigation; FBI) y el mismo Banco de Italia comenzaron a investigar lo que consideraban una serie de irregularidades respecto de los manejos de los bancos Ambrosiano y del Vaticano.

EN CAPILLA

Las sospechas de irregularidades en el ámbito financiero se hicieron extensivas a otros espacios considerados sagrados e intocables, al menos hasta ese momento. Así, los movimientos que fueron desencadenándose dentro de la Santa Sede eran observados con mucho detenimiento, especialmente los vinculados con los diferentes papas que se sucedieron en 1978. Ese año fue muy particular en la historia de la Iglesia católica: el trono de San Pedro fue ocupado por tres vicarios de Cristo diferentes. Y esa historia comenzó en agosto de 1978 con la muerte de Pablo VI, quien había iniciado su pontificado en el caluroso junio italiano de 1963. Un cónclave muy breve, reunido en la Capilla Sixtina, eligió como nuevo ministro de la Iglesia católica a Albino Luciani, cardenal de Venecia, quien tomó el nombre de Juan Pablo I en homenaje a sus dos antecesores, Juan XXIII y Pablo VI.

Juan Pablo I tuvo un paso efímero como jefe soberano de los católicos: según un comunicado de la Santa Sede, a las once de la noche del 28 de septiembre, treinta y tres días después de haber asumido, el recién electo Papa moría víctima de un infarto agudo de miocardio. En algunos despertó tristeza y desconsuelo; en otros, la sospecha de que se trataba de un asesinato. Todos sabían que Luciani tenía la intención de sanear la situación financiera del Vaticano porque hacía mucho tiempo que sospechaba sobre ciertas maniobras fraudulentas, vinculadas también al mundo de la mafia.

En 1972, Luciani era arzobispo de Venecia y había puesto bajo la lupa la venta del Banco Católico del Véneto, que se había realizado ese año y en la que intuía una transacción ilegal. En aquel momento, al frente de la Santa Sede estaba el papa Pablo VI y el IOR tenía el 52% de las acciones del banco veneciano. Paul Marcinkus, quien presidía el banco de los sacerdotes, decidió vender al Ambrosiano el 37% de esas acciones sin consultar con el obispado metropolitano de Venecia. El arzobispo vio la maniobra, pero no la denunció formalmente porque estaban involucrados Paul Marcinkus y Michele Sindona, los dos muy próximos a Pablo VI. En tanto, Luciani, como muchos otros obispos de la región, elevaron sus protestas, pero no se jugaron a descubrir la verdad. Por su parte, Pablo VI vio la actitud del arzobispo de Venecia como una prueba de su fidelidad.

La escena que se presentaba tenía un nuevo protagonista: Michele Sindona, un hábil banquero de la ciudad de Milán que se vinculaba con Dios y con el diablo al mismo tiempo. En 1946, Sindona trabajó en Milán para una empresa consultora de negocios y contabilidad, donde logró desarrollar una especial capacidad para manejar el complicado sistema fiscal italiano. Esta cualidad lo asoció rápidamente con grupos de la mafia, para los que comenzó a cumplir servicios como “contador”. Esto le trajo mucho crecimiento y pronto pudo ver el fruto de su popularidad como experto financista no solo en el mundo de lo ilegal: en 1957, por la necesidad creciente de lavar cada vez más grandes cantidades de dinero, compró su primer banco. Fue el inicio de su próspera carrera como “consultor financiero”, con inmejorables conexiones dentro del mundo de los negocios y, también, de la fe. En 1954, su perfil versátil lo conectó con Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, arzobispo de Milán (más tarde Pablo VI), para quien trabajó. A través de sus funciones dentro de la Iglesia católica conoció a Paul Marcinkus y a Roberto Calvi.

¿Encuentros celestiales? En realidad, destinos muy oscuros que pronto salieron a la luz. Mientras los banqueros de esta historia se vinculaban y pergeñaban su red de negocios, los escándalos explotaban. En los sesenta, el IOR estuvo envuelto en su primer colapso. Este instituto era accionista del Banco Privado Financiero, entidad que había sido comprada por Sindona, y era investigada por el Banco de Italia por presuntas irregularidades contables. En 1973, luego de que se detectara una fuga de capitales, el banco de Sindona fue obligado a una liquidación administrativa forzosa y el Poder Judicial de Milán pidió la primera orden de arresto contra el banquero. Una punta del ovillo que se empezaba a desmadejar.

Un detalle a tener en cuenta: Michele Sindona no era un banquero cualquiera, y esto, de alguna manera, lo protegía y le permitía realizar todo tipo de actividades sin control. El banquero tenía estrecha vinculación con los principales miembros de Democracia Cristiana, el partido político que más gobernó en Italia durante la segunda mitad del siglo XX. El “Tiburón”, tal como se lo conocía en el ambiente, también era miembro de P2, a la que pertenecían políticos, periodistas y militares de la época.

Aunque parecía blindado a las críticas e investigaciones más exhaustivas, Sindona y toda la red de corrupción no pudieron resistir las sospechas y el descrédito. La verdadera debacle comenzó en 1974, producto de esta sociedad inescrupulosa entre los banqueros “divinos” y de los negocios que dejaron de funcionar aceitadamente. Se sabía que el asesoramiento que el Tiburón le había brindado a Pablo VI, y que Marcinkus había puesto en práctica desde su función en el IOR, estaba relacionado con un cambio de política que la Santa Sede quería llevar adelante. De esa forma, y bajo la premisa del Santo Padre de mejorar la imagen de la Iglesia católica, a la que muchos tildaban de “opulenta”, se decidió reinvertir la riqueza del Vaticano en el extranjero y diversificar las inversiones colocando dinero en diferentes países, entre ellos, los Estados Unidos.

Una movida tentadora para los especuladores de siempre. Marcinkus permitió la apertura de miles de nuevas cuentas corrientes en el Banco del Vaticano. Los titulares de esas cuentas eran personas de la elite italiana, ajenas a la jerarquía de la Iglesia católica, que buscaban beneficiarse con operaciones exentas de impuestos. Esta práctica se popularizó y tanto grandes banqueros como empresarios comprendieron que con poseer una cuenta en el IOR podían sacar su dinero de Italia, evadiendo impuestos y restricciones nacionales. Un gran negocio.

Las consecuencias directas de todas estas medidas generaron nuevos y graves problemas para la economía italiana: la fuga de capitales y un proceso de desinversión nacional, con caída en la recaudación impositiva. Todas estas dificultades, más la crisis bancaria internacional, alertaron al Estado italiano. Mientras tanto, en los Estados Unidos estaban en marcha las investigaciones sobre Michele Sindona. El Tiburón empezó a nadar en aguas cada vez más turbulentas y a sentir en su áspera piel los efectos de la crisis financiera mundial. Sus pérdidas económicas se acrecentaban y arrastraban en su caída al Banco del Vaticano, íntimamente relacionado con las empresas de Sindona. Los fraudes del banquero, tanto en Europa como en los Estados Unidos (especialmente en la administración del Banco Franklin de Nueva York) quedaban expuestos. Las autoridades estadounidenses iniciaron su búsqueda; querían apresarlo. Él huyó a Ginebra, Suiza, pero lo encontraron y lo arrestaron en los Estados Unidos, donde fue declarado culpable por malversación de fondos. Y como si esto fuera poco, un tribunal de Milán también lo condenó e iniciaron los trámites para extraditarlo. Fue un mal 1974 para Sindona, aunque lo peor llegó años después. En la década de los ochenta, acumuló más y más condenas: llegó a sumar sesenta y cinco cargos por, entre otros, estafa y apropiación indebida de fondos bancarios, tanto en los Estados Unidos como en Italia. Poco más tarde, el gobierno italiano lo extraditó y fue juzgado por el asesinato de Giorgio Ambrosoli, un abogado muerto en 1979, mientras se investigaba al banquero. En 1984, lo condenaron a veinticinco años de prisión. Sin embargo, dos años más tarde, el 22 de marzo de 1986, murió envenenado en su celda del penal de Voghera.

“SANTITÀ… È GIUSTO?”

Con ese titular, el periódico económico Il Mondo abría la edición del 31 de agosto de 1978. Y a pesar de que los italianos, como todos los días, desayunaban su café con croissants, empezaron a sentir cierto sabor amargo. El periódico realizaba una serie de planteos al flamante Juan Pablo I, todos relacionados con la dudosa moralidad de los fines perseguidos por el Banco del Vaticano. Desde sus páginas se denunciaba que las finanzas de la Santa Sede estaban inmersas “en la especulación y en aguas insalubres” y, especialmente, se le hacían ciertos planteos al Santo Padre: “¿Es correcto que el Vaticano posea un banco cuyas operaciones incluyen la transferencia de capitales ilegales de Italia al extranjero? ¿Es correcto que dicho banco ayude a los italianos a evadir impuestos?”. Terrible sacudida para la moral pública y, más aún, para los creyentes católicos. El papa Albino Luciani escuchó y comenzó su mandato sagrado con las mejores intenciones de sanear la situación financiera y “cambiar radicalmente la relación del Vaticano con el capitalismo”.

Esta decisión papal encendió una alarma entre una serie de personajes que se verían muy perjudicados e involucrados si Juan Pablo I llevaba adelante las reformas. Pero el Papa no pudo cumplir con su misión porque murió un mes más tarde, en medio de confusas y contradictorias informaciones sobre la causa de su deceso. Inmediatamente después de su muerte, Jean Villot, por entonces chambelán de la Iglesia católica (funcionario que se encarga de administrar los bienes e ingresos de la Santa Sede y que se desempeña como cabeza mientras queda vacante la sede del papado), emitió una orden anunciando que no se le practicaría autopsia. Sin embargo, otras voces confirmaron que sí se le habría practicado una autopsia y que de ella se desprendía que había muerto por la ingestión de un fuerte vasodilatador, un medicamento que no podía tomar porque era hipotenso. Se habló de una presunta conspiración para asesinarlo y, día a día, aparecían datos que aportaban a esta teoría. Llamaba la atención, por ejemplo, un corrillo que aseguraba que Paul Marcinkus había oído que sería reemplazado como presidente del IOR. Y no era un dato menor.

UN ROSARIO DE DELITOS

Es probable que Juan Pablo I haya estado al tanto no solo de los delitos financieros, sino también de las operaciones de lavado de dinero relacionadas con la mafia. En este sentido, las sumas movilizadas desde el Banco Ambrosiano a sus empresas fantasma eran operaciones que implicaban directamente el lavado de dinero de la Cosa Nostra. Para tal fin, Roberto Calvi y, anteriormente, Michele Sindona se habían dedicado a la compra de bancos que les facilitasen realizar este tipo de actividad. Pero el “Banquero de Dios” era insaciable y siniestro. Por eso, también involucró a las empresas fantasma latinoamericanas ligadas al Banco Ambrosiano en el financiamiento de actividades militares y paramilitares de diferentes partes del mundo. Y en estas cuestiones supo hacer alianzas fructíferas para sus negocios, en las que quedaba bien con el gobierno de turno y con la oposición.

Una de las operaciones más resonantes fue la que Calvi llevó adelante en la República de Nicaragua, país centroamericano que vivió un siglo XX signado por los gobiernos de facto. Entre 1936 y 1979, esta nación fue gobernada por los miembros de la familia Somoza, que pudo mantenerse mucho tiempo en el poder gracias a una fuerte represión sobre cualquier tipo de oposición, con el apoyo del gobierno estadounidense y de un fuerte financiamiento proporcionado por especuladores como Roberto Calvi. Pero, el banquero italiano no jugaba para un solo equipo o mejor dicho siempre abonaba al propio, por eso, al mismo tiempo que ayudaba a la dictadura de los Somoza, financiaba mediante préstamos otorgados por las mismas compañías –la mayoría situadas en Panamá– a los grupos armados de la oposición nicaragüense. Concretamente, Calvi financió el accionar del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en 1979, después de años de una sostenida lucha armada, destituyó al dictador Anastasio Somoza Debayle.

En el muestrario de inversiones y préstamos movilizados por el Banquero de Dios a través del Banco Ambrosiano y el del Vaticano hubo otros destinos un poco más lejanos, americanos también, como la República Argentina. ¿Cómo llegaron hasta el sur del continente los fondos bendecidos? Muy sencillo, se dispararon como misiles: Bellatrix, una de las empresas controladas por Marcinkus, habría obtenido un préstamo del Banco Ambrosiano por 184 millones de dólares, lo que sería un milagro ya que tenía un capital declarado de 10 millones de pesos, es decir, ningún respaldo financiero que justificara semejante crédito. Esta empresa habría utilizado ese dinero para comprar misiles Exocet, un modelo antibuque desarrollado entre fines de los sesenta y principios de los setenta, que terminaron de salir al mercado en 1975. Bellatrix vendió estos misiles a la Argentina, liderada en ese momento por un gobierno de facto.

EN ESCENA

La transacción entre el Estado argentino y Bellatrix habría sido facilitada por el previo contacto entre el militar Emilio Eduardo Massera –miembro de Junta Militar argentina entre 1976 y 1978– y Licio Gelli, más conocido como “el Hombre de las Mil Caras”, político cuyo teatro de operaciones era bien amplio. El “Titiritero Siniestro”, como también se lo llamaba, sobrevivió a casi todos los actores de esta negra historia de fraudes y tuvo una carrera ligada a su militancia dentro de diversas instituciones. En los primeros tiempos adhirió a los Camisas Negras de la Italia fascista y, entre 1936 y 1939, fue enviado a España para apoyar al general Francisco Franco, quien más tarde ganó la Guerra Civil de ese país. Tiempo después, fue el interlocutor del gobierno de Benito Mussolini en Alemania, donde desarrolló actividades relacionadas con la inteligencia del Estado italiano. Se convirtió en un hombre muy experimentado en temas de espionaje y esta cualidad hizo que, luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Gelli fuera contratado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (Central Intelligence Agency; CIA) creada en 1947, encargada de, entre otros temas, la vigilancia y el control del avance del comunismo, principalmente en los países de Europa Central y del Este, porque, después de la guerra, la Unión Soviética empezó a conformar un bloque de países adscriptos a su sistema ideológico.

La misión del Titiritero Siniestro dentro de la CIA estaba clarísima: investigar acerca de la influencia de la Unión Soviética en los antiguos países del Eje, principalmente en Alemania e Italia. Todo enmarcado dentro de la Guerra Fría, enfrentamiento ideológico, económico y militar entre los bloques occidental-capitalista y oriental-comunista, liderados respectivamente por los Estados Unidos y la Unión Soviética. En este período hubo conflictos, no armados, en la búsqueda de ambas facciones por consolidar sus posiciones dentro del escenario mundial. Para esto resultaba fundamental el desarrollo de programas y agencias de inteligencia internacional que les permitieran a ambos bandos discernir los movimientos del otro y poder actuar en consecuencia.

En este entramado, durante la segunda mitad del siglo XX el Hombre de las Mil Caras tuvo una participación muy activa porque estaba muy capacitado para su rol como agente en las tareas de espionaje. Después de trabajar en Europa, Gelli viajó a la Argentina gobernada por Juan Domingo Perón. Existen muchas versiones sobre su tarea en este país, pero lo que sí se sabe es que estaba relacionado con el presidente, quien lo habría iniciado en la masonería. Licio Gelli, al igual que la mayoría de los personajes de esta historia, era miembros de P2, agrupación que contaba con el apoyo de la CIA.

La P2, como se la conocía, había sido fundada en 1887 como una logia irregular que tenía como objetivo nuclear en Italia a los visitantes que se ausentaban de sus propias logias, pero su propósito real era frenar el avance del comunismo en Italia y lograr la consolidación de un gobierno de derecha en ese país, en el marco de lo que se conoció como “Operación Gladio”. El Titiritero Siniestro ingresó a la P2 en 1963, y a partir de ese momento, la logia creció rápidamente. Para 1981, cuando la justicia italiana recibió información importante sobre su accionar, la agrupación contaba con novecientos sesenta y dos miembros regulares, todos personajes muy reconocidos y poderosos en aquel momento. Gelli era el Gran Maestre, la autoridad máxima, y desde ese lugar y gracias a su trabajo en actividades de inteligencia, reclutó a una serie de individuos muy influyentes de la sociedad italiana.

En los setenta, esos “años de plomo” para la política italiana, ahí estaban Roberto Calvi, Paul Marcinkus y Michele Sindona. A ellos se sumaban miembros del Parlamento italiano, ministros, periodistas, generales del ejército, jueces, editores de prensa, dueños de medios masivos de comunicación y hombres de negocios, entre ellos, miembros de la mafia. P2 contaba con respaldo económico más que suficiente y, además, tenía garantizada su llegada a los estratos más altos del poder político y de la Iglesia. Era por demás apta para financiar las actividades de la Operación Gladio.

Sin embargo, cuando en esa misma década la opinión pública empezó a sospechar sobre el accionar de esta logia, en 1975 sus autoridades quisieron disolverla. Gelli se rebeló contra esa decisión y mantuvo la organización por su cuenta. No podía perderse ese lugar de reunión de personajes que lo respaldaban en todo sentido. Es que esas relaciones poderosas posibilitaban, por ejemplo, que el Banco Ambrosiano prestara dinero a los partidos políticos relacionados con la logia.

LOS CAMINOS DEL SEÑOR

Las sospechas aumentaban, las investigaciones judiciales se aceleraron, los medios se hicieron eco del fraude. Las operaciones financieras ilícitas que implicaban graves consecuencias para Italia eran vox pópuli. En 1978, después de la muerte de Juan Pablo I, se impuso la elección de otro prelado para ocupar su lugar. El 16 de octubre, la chimenea instalada en el techo de la Capilla Sixtina lanzó su fumata blanca: la grey católica ya tenía su nuevo pontífice, el cardenal polaco Karol Józef Wojtyla, elegido para ocupar el trono de San Pedro. Tomó el nombre de Juan Pablo II en honor a su antecesor. Con 58 años, fue el Papa más joven del siglo XX.

Había gran expectativa y bastante inquietud popular por conocer cuáles serían los pasos del nuevo prelado. Pronto esos cuestionamientos se disiparon. A grandes rasgos, Wojtyla realizó su gestión en línea con Pablo VI, por lo que el Banco del Vaticano continuó operando de la misma manera, aunque ya con la ausencia de algunos personajes, por ejemplo, Michele Sindona, quien por entonces ya estaba tras las rejas. La decisión de retomar los viejos lineamientos no fue caprichosa. Juan Pablo II era un declarado anticomunista y estaba determinado a hacer lo que fuese posible desde su posición para frenar el avance de esta ideología tanto en Europa como en América Latina. Algunas fuentes periodísticas denunciaron que Wojtyla aceptó mantener en los principales cargos de la gestión económica del Vaticano a aquellos que habían estado allí durante el pontificado de Pablo VI con el objetivo de tener el financiamiento necesario para poder contrarrestar movimientos como la Teología de la Liberación en América Latina y respaldar el accionar de Solidaridad en su Polonia natal.

¿Por qué apoyar a Solidaridad? Desde la segunda posguerra, la República Popular de Polonia era un Estado socialista, uno de los países satélites del poder soviético en Europa del Este. Estaba gobernada por el Partido Obrero Unificado de Polonia hasta que, en esos últimos años de la Guerra Fría, se impuso un cambio. Esa transformación estuvo en parte impulsada por la Iglesia católica, encabezada por Juan Pablo II y también porque Solidaridad, la federación sindical polaca, autónoma e independiente respecto de los partidos políticos de la época, empezó a cobrar fuerza. Había sido fundada en 1980 y se convirtió en un partido político opositor al gobierno comunista. Muchas veces tuvo que actuar en la clandestinidad, pero siempre empleó una estrategia de no violencia. Un porcentaje de los fondos que permitieron su accionar provenía de fuentes sospechosas, particularmente del Banco Ambrosiano. Y si de ideologías y políticas opuestas se trataba, ahí debía estar el rey del espionaje, Licio Gelli, quien habría funcionado como un agente de inteligencia para el Vaticano.

No hay información certera sobre si Juan Pablo II estaba al tanto de la situación financiera del Banco del Vaticano y de sus relaciones con el Ambrosiano. Lo cierto es que, a pesar de las denuncias que habían empezado a caer sobre la red ilícita que integraban, mantuvo en sus puestos a personajes como Marcinkus, Gelli y Calvi, entre otros.

EL FIN DE LOS TIEMPOS

El apocalipsis había comenzado lentamente y en ese 1978, marcado por la presencia de tres pontífices en el trono de la Santa Sede y por el rebrote de la tensión entre los bloques enfrentados en la Guerra Fría, el colapso del Banco Ambrosiano y su escandalosa relación con el Banco del Vaticano empezaban a vislumbrarse y a tomar un ritmo vertiginoso. Por entonces, el Banco de Italia presentó un informe a la justicia italiana en el que entregaba su predicción sobre la posible quiebra del Banco Ambrosiano debido a su presunta insolvencia. De inmediato, se iniciaron las investigaciones criminales y, casi al mismo tiempo, comenzaron los artilugios para impedir el accionar de la justicia. Tiempo de muertes y de chicanas políticas.

El 29 de enero de 1979 se produjo el primer atentado mafioso: Emilio Alessandrini, el funcionario de Milán que investigaba el caso, fue asesinado. En marzo del mismo año, Mario Sarcinelli, director general adjunto del Banco de Italia, fue arrestado, acusado por la fiscalía de Roma de anteponer intereses privados a la hora de tratar asuntos oficiales del Banco Central del país. Desde su puesto, Sarcinelli también se ocupaba de controlar a las entidades de crédito italianas y habría sido acusado gracias a la intervención de miembros de P2, que tenían lugares de poder en el sistema judicial, con el fin de evitar que continuase con la vigilancia sobre el Ambrosiano. Y como el lado oscuro de esta historia necesitaba seguir obstaculizando las investigaciones, nadie mejor que Licio Gelli para encargarse de impedir que fueran por Roberto Calvi, el presidente del banco. El Titiritero Siniestro movió sus hilos dentro de la Guardia di Finanza, una fuerza especial de la policía italiana que aún hoy forma parte de las Fuerzas Armadas de ese país y depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas y del Interior. La fuerza tiene funciones relacionadas con la seguridad pública en el ámbito económico y financiero.

De nada sirvió que el Gran Maestre y todo su arsenal de estrategias intentaran cambiar el destino de la causa. La investigación sobre el Banco Ambrosiano continuó y en marzo de 1979 Luca Mucci, el juez que la llevaba adelante, logró tener acceso a la lista de los principales accionistas del Ambrosiano. Y ahí estaban el IOR y toda una serie de empresas, la mayoría ubicadas en paraísos fiscales como Panamá, en América, y el Principado de Liechtenstein, en Europa. La pesquisa adquirió velocidad y en junio de 1980, Mucci recibió un informe de la Guardia di Finanza en el que se planteaba que existían pruebas que demostrarían que Roberto Calvi y otros funcionarios del Ambrosiano estaban incriminados en la consecución de varios delitos: entre ellos, la exportación ilegal de capitales, la falsificación de documentos bancarios (muchos de ellos, avales del IOR) y el fraude.

De inmediato Mucci le ordenó a Calvi que entregara su pasaporte. Gracias a la ayuda de Gelli pudo recuperarlo temporalmente, pero el banquero y la institución que presidía tenían los días contados. En octubre de 1980, Beniamino Andreatta, de 52 años, era el nuevo ministro de Hacienda de Italia. Desde hacía algunos años, andaba sobre la pista de Calvi y aconsejó al cardenal Casaroli, por entonces secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, que el IOR rompiese sus lazos con el Ambrosiano. Luego, sería muy tarde.

Las advertencias de Casaroli no se escucharon. En enero de 1981, un grupo de inversores del propio Banco Ambrosiano habría enviado una carta, escrita en polaco, a Juan Pablo II. El periodista y escritor español Santiago Camacho publicó lo que, según él, era un fragmento de esa carta:

El Instituto para las Obras de Religión no es solo un inversor del Banco Ambrosiano. Es también socio y compañero de Roberto Calvi. Las acciones judiciales, en número cada vez mayor, revelan que Calvi es hoy uno de los principales vínculos entre el sector más degenerado de la masonería (Propaganda Due) y los círculos de la mafia, como heredero de Sindona. Ello fue posible gracias a la implicación de personas generosamente mantenidas por el Vaticano (Camacho, 2005: 266).

La carta fue una bomba que no se pudo desactivar a tiempo aunque se hicieron algunos intentos para mejorar la posición de la Santa Sede frente a estas revelaciones y, especialmente, para despegarse de personajes ligados a la masonería. En este sentido, a principios de marzo y para sorpresa de la gran mayoría de los fieles católicos, el Vaticano publicó un documento en el que se recordaba a la comunidad católica que pertenecer a cualquier sociedad de índole secreta implicaba el castigo de la excomunión. El mensaje fue directo para los masones vinculados, lícita e ilícitamente, con la Iglesia.

¿EL JUICIO FINAL?

El ábside de la Capilla Sixtina exhibe una de las obras de arte más admiradas por la humanidad: El juicio final. Sin saberlo, el artista estaba mostrando la matriz del caso del Banco Ambrosiano, en la que el bien y el mal una vez más se enfrentaban en su lucha eterna. Sin embargo, esta vez, el manto de piedad no cubrió las espaldas de los corruptos.

Licio Gelli fue el primero en caer bajo el peso de la justicia y, junto con él, comenzaron a desmoronarse el resto de los implicados. Pocos días después de la promulgación del documento de la Iglesia, la policía italiana, por orden de Gherardo Colombo y Giuliano Turone, jueces de Milán, realizó un allanamiento en la casa del Gran Maestre. El motivo eran las pruebas que lo involucraban en el simulacro de secuestro que Michele Sindona había realizado en los Estados Unidos para eludir a la justicia de ese país.

En la mansión del Hombre de las Mil Caras se encontraron documentos que lo ligaban al accionar de P2 y que revelaban un supuesto plan para construir un gobierno neofascista en Italia. Los actores de ese plan eran la CIA, la propia P2 y la mafia local. También se hallaron listas de los miembros de P2, en las que podía comprobarse cómo la logia estaba infiltrada en los más altos cargos de poder de la república. Desde ese momento, comenzó la búsqueda de Gelli para encarcelarlo y enjuiciarlo.

Cual caja de Pandora, la casa de Gelli guardaba otros secretos nutritivos para la justicia: más documentos que implicaban seriamente a Roberto Calvi, el banquero que había disfrutado de una importante cuota de impunidad. El juez Gerardo D’Ambrosio ordenó su captura y el 20 de mayo de ese 1981, fue encarcelado y condenado a cuatro años de prisión. Nuevamente, usando sus contactos, el banquero logró salir bajo fianza de la cárcel y mantener su puesto en el Ambrosiano.

Mientras las pesquisas seguían su curso legal, la lista de los miembros de P2 cayó en manos del periodismo y se hizo pública. Así, el entramado de relaciones y las peligrosas maniobras financieras que restaban credibilidad a las instituciones iban saliendo a la luz. El escándalo se avecinaba. Los protagonistas aceleraron sus pasos y, obviamente, intentaron salvarse contraatacando. Así, Calvi solicitó a Marcinkus que redactase un documento bajo la tutela del IOR que le sirviese para demostrar ante las autoridades y los funcionarios e inversores del Ambrosiano que todas las operaciones financieras llevadas a cabo con las empresas radicadas en Panamá estaban avaladas por el Banco del Vaticano y que muchas eran propiedad del IOR. Y Marcinkus cumplió con el pedido (algunas versiones dicen que después de haber cobrado unos 20 millones de dólares por el trámite) y, en septiembre de 1981, emitió el documento.

Nada detuvo las investigaciones. El 31 de mayo de 1982, el Banco Central de Italia le pidió al Ambrosiano más detalles sobre las compañías de Panamá. Con esta auditoría, el Banco de Italia descubrió que esta entidad no podía demostrar la procedencia de 1287 millones de dólares. La situación de Calvi se complicó aún más.

Roberto Calvi envió una carta personal a Juan Pablo II en la que le advertía que en el futuro la Iglesia podría enfrentarse a una “catástrofe inimaginable”. No recibió respuesta. Afeitó su bigote, tomó su pasaporte falso a nombre de Gian Roberto Calvini y huyó. Se fue a Venecia y desde allí a Inglaterra. Mientras tanto, en Italia los testimonios seguían acumulándose, aunque trágicamente. El 16 de junio, Graziella Corrocher, de 55 años, secretaria personal de Calvi en la sede del Ambrosiano de Milán, saltó por una ventana del banco. Había dejado una sospechosa carta en la que acusaba a su antiguo jefe de haber causado profundos daños financieros a la institución. Dos días después, el 18 de junio de 1982, a las siete y media de la mañana, un empleado del diario Daily Express encontró al Banquero de Dios colgado del Puente de los Frailes Negros, uno de los tantos que cruza el Támesis. Los bolsillos de su ropa estaban llenos de ladrillos y portaba alrededor de 15.000 dólares en diferentes monedas.

“Suicidio por ahorcamiento”, catalogó la justicia inglesa. Sin embargo, unos diez años después, sus pares italianos comenzaron nuevas investigaciones y, en 2003, la fiscalía forense lo caratuló como homicidio. El caso se reabrió oficialmente. Las pesquisas habían arrojado que el cuello de Calvi no tenía lesiones a causa de la soga de la que pendía cuando se lo encontró. Tampoco tenía rastros de ladrillos en sus manos. Llegó un tiempo de rumores en los que varias teorías parecían darles un sentido a estas últimas conclusiones. Se relacionó la muerte del banquero con su pertenencia a la logia P2 porque reproduce un ritual masónico ordenadamente establecido en los protocolos de la obediencia inglesa, que determina, entre otros elementos, que como castigo por su deslealtad, el cuerpo de un traidor debe ser cubierto por la marea. También circuló la versión de que haberlo encontrado pendiendo del Puente de los Frailes Negros sería como un mensaje encubierto dentro de los códigos masones porque se sabe que en las reuniones secretas de la logia los miembros usan habitualmente casacas negras, similares a la de los frailes dominicos.

Entre tanto rumor, misterio y muerte, la justicia italiana actuó. Acusó a varios individuos relacionados con la mafia y P2 de matar a Calvi a modo de venganza por haber malversado fondos de sus organizaciones y para salvaguardarse de que presentase documentos en su contra. Los llevó a juicio. Sin embargo, en junio de 2007, el Tribunal Penal de Roma los absolvió por falta de pruebas en su contra.

Llegó julio de 1982, cuando el Banco Central de Italia interrumpió el flujo de fondos del Ambrosiano hacia el extranjero y, como consecuencia, se suspendió la cotización en bolsa de ese banco. La bancarrota fue inevitable, pero un mes más tarde, fue sustituido por el Nuevo Banco Ambrosiano, entidad que comenzó a funcionar bajo el control de Giovanni Bazoli. El reemplazo de una institución por otra no evitó los problemas que dejó el desfalco. El banco presidido por Calvi había dejado suculentas deudas. El IOR no quería quedar pegado al escándalo y, por eso, en un principio argumentó que solo era un accionista minoritario del Ambrosiano. Más tarde tuvo que ceder en su posición: se encontró en los archivos del banco un documento suscrito por el Banco del Vaticano en el que se respaldaban las operaciones de Calvi en el Ambrosiano. Aunque no reconoció la validez del documento ni su responsabilidad formal en el caso, el banco de los sacerdotes no pudo dejar de sentir un “compromiso moral” y, en 1984, pagó 406 millones de dólares a distintos acreedores bajo el extraño concepto de “contribución voluntaria”.

El Vaticano asumió su obligación y puertas afuera la procesó como un acto discrecional, una acción de bien a favor de los perjudicados. Puertas adentro, varios miembros de la jerarquía eclesiástica fueron citados durante la investigación italiana. Sin embargo, ninguno de ellos compareció ante las instituciones judiciales porque se ampararon en su inmunidad diplomática como miembros de la Santa Sede. Paul Marcinkus fue uno de los señalados por esta causa y uno de los grandes protegidos por pertenecer a la elite secular. En 1987, la policía italiana emitió una orden de arresto contra Marcinkus; él pudo defenderse a causa de su inmunidad diplomática y liberarse del embargo cautelar que se decretó respecto de sus bienes en el territorio italiano. También el Gorila fue sospechado de haber participado de la muerte de Juan Pablo I, pero todas estas causas fueron literalmente archivadas y licuadas porque, en 1988, el Tribunal Constitucional italiano sentenció que ningún tribunal de ese país tenía el poder para juzgar a los miembros eclesiásticos del Banco del Vaticano, por la inmunidad que les concedían los Pactos de Letrán (acuerdos firmados en 1929 entre la Santa Sede y Benito Mussolini, primer ministro de Italia, por el que la Santa Sede era reconocida como un Estado soberano, dotado de facultades de autogobierno y con opción a establecer relaciones diplomáticas). Así, la Santa Sede le permitió a Marcinkus regresar a los Estados Unidos y jubilarse, en 1990. Murió allí en 2006.

El destino de los otros implicados fue bastante diferente al de Marcinkus. Michele Sindona, condenado en los Estados Unidos y extraditado a Italia, fue juzgado por la justicia italiana y recibió una condena de veinticinco años de prisión por el asesinato de Giorgio Ambrosoli, abogado que lo investigaba. Y siguió sumando delitos a su prontuario: en Sicilia lo acusaron por ser partícipe, junto con miembros de la mafia (de las familias Gambino, Inzerillo y Spatola), de una red de comercio de heroína entre Sicilia y los Estados Unidos, que facturaba alrededor de 600 millones de dólares por año. Sin embargo, no llegó a cumplir su condena porque, en 1986, bebió un café envenenado (se dice que se lo habrían hecho llegar los miembros de la mafia) y murió en su celda.

A Licio Gelli le fue mejor. En 1982 lo detuvieron en Ginebra, Suiza, mientras, con pasaporte falso, pretendía realizar una transferencia de 55 millones de dólares hacia su cuenta. El Titiritero Siniestro movió sus contactos, logró evadir a la justicia helvética y, un año después, se escapó a Uruguay. Este no fue su último destino. Finalmente, en 1998, después de que el Tribunal de Milán lo condenara a doce años de prisión por estar implicado en la quiebra del Ambrosiano, fue arrestado. Volvió a fugarse y se encargó de dejar bastante mal parada a la Fiscalía de Milán: en 2007, pese a estar prófugo, tuvo el descaro de enviar un trabajo sobre mitología griega al Concurso Internacional de Poesía San Dominichino (para participar en la edición 2008). Su obra se llamaba Mitos en la poesía y constaba de tres volúmenes.

Gelli quedó absuelto de todo cargo respecto de una supuesta conspiración dentro de P2 para derrocar al gobierno. Desde entonces, el Hombre de las Mil Caras tiene arresto domiciliario, aunque suele pasear libremente por las calles de Italia y aún es muy influyente en la vida política de su país.

UN MANTO DE PIEDAD

Esta historia de pecados bursátiles tuvo otros protagonistas, si bien de segunda línea en cuanto a la exposición, de primera a la hora de recibir el castigo por la actividad fraudulenta del Banco Ambrosiano. Entre esos personajes estaba Carlo de Benedetti, vicepresidente del banco en 1981 (antes director general de Olivetti y Fiat), quien en 1992 fue condenado por fraude en Milán junto con otras treinta y dos personas. Lo sentenciaron a seis años de prisión, pero en 1998 el fallo fue revocado.

Para el Vaticano, se trató de un escándalo que le dejó un aura oscura a su inmaculada estructura. La preocupación de quienes lo presidían era cómo lograr recuperar su luminosidad y demostrar a sus fieles y a sus acreedores que el IOR era una entidad confiable. Los titulares de la época fueron impiadosos: “La logia P2 y el Banco del Vaticano implicados en un mismo escándalo” (El País, 23 de enero de 1982); “Los pecados capitales del Banquero del Papa” (El País, 4 de julio de 1982); “El gobierno italiano decidido a investigar a fondo las conexiones del Vaticano con el banquero Calvi” (El País, 7 de julio de 1982). Había que rezar, y mucho, para lograr recuperar la imagen de las instituciones santas.

La cruzada de limpieza de imagen comenzó oficialmente bajo el papado de Juan Pablo II, cuando este pontífice modificó los estatutos del IOR. Sin embargo, los verdaderos pasos hacia cambios promisorios comenzaron a realizarse en este siglo XXI. En 2010, con Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) en el trono de San Pedro, se creó la Autoridad de Información Financiera (AIF) como el organismo regulador financiero del Vaticano. A su vez, el 30 de diciembre de ese mismo año, el IOR promulgó una ley del Estado del Vaticano “relativa a la prevención y la lucha contra el blanqueo de los ingresos procedentes de actividades criminales y la financiación del terrorismo”. Esta ley fue posteriormente modificada para ampliar su alcance no solo a

las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades financieras relevantes en el Estado, sino también a todas las entidades dependientes de la Santa Sede en la medida en que desarrollen profesionalmente actividades financieras, incluidos los dicasterios de la Curia romana, instituciones, organismos y agencias relacionados, por lo que respecta a las alertas sobre actividades sospechosas. (1)

Francisco I, heredero de Benedicto XVI, continúa el trabajo de sus antecesores con medidas cada vez más ajustadas para hacer que la Iglesia católica y sus instituciones sean más transparentes a los ojos de todo el mundo. Recientemente, en una misa celebrada en la capilla Santa Marta del Vaticano, el pontífice afirmó que los corruptos son “un peligro, ya que son adoradores de sí mismos. Solo piensan en ellos y consideran que no necesitan a Dios”. Para él, son “el anticristo”. En esta línea de pensamiento, y ante la necesidad de continuar librando de todo pecado a la Santa Sede, desde su pontificado se han tomado medidas encuadradas dentro de la política de Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT; anti lavado de dinero/combate del terrorismo financiero) que, en la actualidad, rige el sistema financiero internacional. Entre las medidas adoptadas, se encuentran la que somete al IOR a la auditoría de Promontory Financial Group, una consultora independiente; la implantación de un programa de formación en AML/CFT para los empleados de la entidad; y el análisis y la verificación de datos de clientes.

Como el escándalo del Ambrosiano traspasó el ámbito de las instituciones, en 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó por primera vez al Vaticano en su lista de “países vulnerables al lavado de dinero” y lo ubicó en la categoría “preocupación”. Quizás por eso Francisco I creó una nueva comisión para investigar el Banco del Vaticano, una decisión relevante que permite un mayor control de la entidad y una especie de red para evitar que nuevos delitos financieros sigan ensuciando a toda la Iglesia católica y dejándole manchas indelebles.

La pavura y el asombro que generó la caída del Ambrosiano alertaron también al Estado italiano, que rápidamente comenzó a agudizar los sistemas de vigilancia y control. Para mejorar la regulación bancaria y fortalecer el sistema, adscribió a los acuerdos de Basilea I, II y III de 1988, 2004 y 2010, respectivamente, en los que entre las principales recomendaciones se establecía que toda entidad bancaria radicada o relacionada con el país debía contar con un capital mínimo con el que hacer frente a los riesgos del sistema financiero.

Muchos veranos pasaron desde aquel julio de 1982, momento en que estalló el escándalo. Después de todas las investigaciones, el caso del Banco Ambrosiano se convirtió en un referente paradigmático a la hora de prevenir los peligros de la banca offshore y también generó la necesidad de transparentar el sistema financiero internacional.

1. Véase “Política AML/CFT”, en <www.ior.va/es-es/acercadelior>.

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El caballo de Troya económico o cómo Grecia entró a la Unión Europea

Un fantasma recorría Europa: el miedo de que la economía griega quebrara y arrastrara consigo al euro en su conjunto. No era para menos. Desde finales de la primera década del siglo XXI y comienzos de la segunda, el país atravesó una crisis con niveles de inflación exorbitantes, falta de fuentes de empleo y una profunda caída del consumo, por citar tan solo algunos de los serios problemas que enfrentó.

Los países fuertes de la Unión temían que la tormenta que se cernía sobre la tierra helénica de pronto se transformara en un tsunami continental, y ese pánico los llevó a tomar medidas de rescate drásticas y poco planificadas. Allá por 2012, la deuda pública griega se reestructuró pero, contra todas las expectativas, fue la fuente de una nueva recesión.

Parece que a alguien se le olvidó que el país necesitaba crecer para finalmente estabilizar la situación. Tanto era así que resonaban cada vez más fuerte las opiniones de quienes vislumbraban la solución en una urgente salida de Grecia de la llamada “zona euro”, lo que le permitiría al país devaluar, reestructurar su deuda y reinventar su modelo económico, político y social. ¿Era previsible esta situación? Más de uno estará pensando: “Yo se los dije”.

PARIS SEDUCE A HELENA (O DE CÓMO GRECIA SE DEJÓ ATRAPAR POR LAS PROMESAS EUROPEAS)

Mucho antes de que el Euro fuera siquiera una palabra corriente entre los pobladores del viejo continente, los mandatarios de Francia y Alemania Occidental comenzaron a mentar la idea de un territorio común que les permitiera aprovechar conjuntamente el carbón y el acero de ambos países. En aquel 1950, los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial estaban todavía demasiado frescos en la memoria de los ciudadanos.

A fines de julio de 1952, el plan se puso finalmente en marcha por primera vez, con la participación de Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Media década más tarde, lo que había comenzado como un proyecto asociado a escuetos recursos naturales fue ampliado para otras materias económicas y para la energía nuclear. Cobraba cada vez más fuerza la idea de un espacio donde fuera posible la libre circulación de personas y bienes.

Se formaron organismos políticos comunes; se incorporaron Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda; se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio directo; se creó la Unión Monetaria Europea. En definitiva, el tiempo hizo lo suyo. Llegó el día en que las radios empezaron a tocar música disco, los peinados se volvieron abultados y las hombreras estuvieron de moda. Mientras el mundo occidental se dejaba contagiar por la “fiebre de sábado por la noche” y la platea femenina enloquecía con el regreso a los escenarios de Elvis, en Grecia eran cada vez más promisorias las ideas de progreso y fortalecimiento de la democracia.

El país venía de siete años de dictadura militar a partir de que, el 21 de abril de 1967, la llamada “Junta de Coroneles”, liderada por Georgios Papadopoulos, tomara el poder por la fuerza. El golpe de Estado, que concluyó en 1974 con la proclamación de la Tercera República Helénica, estuvo enmarcado en la disputa entre las fuerzas capitalistas y comunistas que caracterizaron a la Guerra Fría. Por aquellos años, Grecia no era el único país de Europa atravesado por los ideales anticomunistas de los sectores armados que creían así estar evitando la avanzada “roja”. Más aún, el golpe de Estado había sido posibilitado por la inestabilidad económica y política en la que había quedado el país tras la Segunda Guerra Mundial, y que había desembocado incluso en una guerra civil entre los sectores procomunistas y procapitalistas.

A pesar de tratarse de un gobierno de facto, aquellos años de mandato militar habían sentado las bases de lo que sería la política de desarrollo económico regional que caracterizaría los años venideros. Los militares habían llegado al poder con desmedidos planes de desarrollo económico entre los que primó la perspectiva regional.

Esta consistía en incentivar a las regiones que contaran con recursos inexplotados para acotar las brechas entre los distintos sectores nacionales, pero, sobre todo, para ponerlas al servicio del desarrollo que el país necesitaba. La nación tenía la clara necesidad de descentralizar a una Atenas que, ya por entonces, estaba excesivamente congestionada de personas e industrias.

Sin embargo, con el advenimiento de la democracia, la política de desarrollo regional presentó un macroobjetivo claro: preparar al país para su ingreso a la Comunidad Económica Europea. En principio, en 1976 el gobierno del entonces presidente Konstantinos Tsatsos introdujo nuevas medidas legislativas que preveían un conjunto de incentivos dirigidos al desarrollo regional, prestando especial atención a las zonas fronterizas más alejadas. De este modo, desde el punto de vista de la distribución de los estímulos, el país quedaba dividido en cinco regiones. Hasta fines de 1980, este sistema de incentivos comprendía, entre otros, exenciones de impuestos, asignaciones por depreciación, subsidios a la construcción industrial y reducciones en las contribuciones a la seguridad social.

La perspectiva del ingreso de Grecia a la Unión Europea había puesto en evidencia un importante desequilibrio interno, inédito en el resto de los países miembro: una excesiva concentración económica y demográfica en la región metropolitana de Atenas y, en menor medida, de Salónica. Por entonces, esas dos zonas representaban más de la mitad del PBI y de la producción industrial y de servicios del país. No obstante, la renta per cápita en estos lugares rondaba la mitad de la media de los ingresos en la llamada Europa “de los diez”, en referencia a los países comunitarios. Era evidente el desequilibrio helénico en relación con sus vecinos, con quienes pretendía aliarse.

La adhesión de Grecia a la Comunidad Europea, el 1º de enero de 1981, llegó con enormes expectativas de progreso; se esperaba que las naciones más desarrolladas del viejo continente trajeran consigo un envión positivo. Aunque la historia ha probado que las cosas no resultaron como se esperaba, no podrá decirse que los socios no aportaron (y en grande) para modernizar la economía griega y ponerla a la par del resto de los miembros. Desde el principio, comenzaron a llegar al país importantes subsidios que, para 2012, año de debacle, huelgas y represión, tenían un valor acumulado de 120.000 millones de euros. (1)

¿De qué sirvió tanto empeño? Hay quienes críticamente sostienen que los subsidios no hicieron más que maquillar las falencias estructurales que Grecia traía consigo y que, para peor, el ingreso a la Comunidad Europea supuso para el país una total pérdida de su base productiva, industrial y de exportaciones. La situación no hizo más que empeorar a partir del ingreso a la zona euro, que creó una gran ficción monetaria según la cual el país podía pedir prestado dinero a bajísimas tasas de interés. En consecuencia, por mucho tiempo los gobiernos creyeron que era posible vivir de los excesos.

No hay que olvidar que, por tradición, Grecia ha sido un país prestatario. Sin embargo, nunca antes las tasas de inflación habían crecido como lo hicieron a partir de la década de los ochenta. Las estadísticas son claras en este sentido: mientras que el gasto público a comienzos de aquellos años era del 30% del PBI y la deuda no superaba el 25% de su economía, para 1990 habían saltado al 50% y al 71%, respectivamente.

Pero no fueron solo las ventajas económicas las que constituyeron un atractivo para Grecia (y para otros países comparativamente menos desarrollados que los hasta entonces miembros de la Comunidad). La pertenencia suponía, además, una manera de garantizar las instituciones democráticas que, en el caso particular de Grecia, se habían visto debilitadas por guerras civiles y dictaduras; la defensa de los derechos humanos y la pertenencia al universo político, jurídico y cultural europeo. En este sentido, el “pequeño” país se encontraba de pronto en situación de participar como “un igual” en el diseño de la política externa común.

Lo que se conoce como “la integración de socios desiguales” (2) había comenzado ya con la incorporación de Irlanda a mediados de la década de los setenta y, años más tarde, avanzó hacia la región del Mediterráneo. Estos nuevos miembros, llamémoslos “desfavorables”, encabezados por Grecia, venían a imponer un nuevo foco de atención para los integrantes originarios: era preciso encarar cuanto antes medidas de cohesión económica y social.

Aunque las promesas eran grandes, a diferencia de lo que ocurrió en otros países mediterráneos, la posibilidad de ser parte del sueño de la Europa unida encontró a la República griega dividida. Se dio un fuerte debate que tuvo como protagonistas a los dos partidos más importantes: el conservador Nueva Democracia y el Movimiento Socialista Panhelénico.

En aquellos años de reencuentro con la democracia, el gobierno estaba en manos de la derecha conservadora. Al frente del aparato estatal, el ingreso a la Comunidad Europea pasó a ser el eje central de la política exterior de Constantinos Karamanlís, quien permaneció en el poder entre 1974 y 1981. Mientras que hasta entonces Grecia había ocupado un lugar secundario en el acontecer continental, la posible adhesión fue entendida como una garantía del funcionamiento democrático en el país y una escapatoria a la cada vez mayor influencia estadounidense (no hay que olvidar que, como buenos estudiantes de las doctrinas norteamericanas, los líderes de la dictadura de los coroneles habían seguido las pautas estadounidenses). En este sentido, Grecia podría fortalecer su posición internacional sin alterar su abierta pertenencia a la política occidental, en un claro momento de puja entre los intereses contrapuestos este-oeste.

Frente a la postura conservadora, la izquierda griega ofreció una fuerte resistencia al ingreso del país a la Comunidad Europea. Entre sus argumentos se destacaron las diferencias básicas que existían entre los procesos económicos y socioculturales de la nación helénica y el resto de los países miembro, y la escasa capacidad de la Comunidad para responder a las necesidades de los países menos desarrollados. Al tratarse de sectores comunistas, su interpretación de las relaciones de poder centralismo-periferia los llevaba a asegurar que Grecia estaría ocupando un lugar de dependencia política frente a los intereses capitalistas. En este sentido, eran partidarios de una alianza con países con un nivel de desarrollo similar.

Mientras el debate entre los distintos sectores políticos estaba aún en su apogeo, el 1º de enero de 1981, el Parlamento griego, dominado por la mayoría conservadora, aprobó el tratado de adhesión. Pocos meses después, cuando la izquierda consiguió invertir las relaciones de poder y alcanzó el gobierno, no se empeñó en cuestionar la decisión. El costo político de semejante medida hubiera sido sin duda alto en un contexto en que las presiones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se hacían sentir. Más aún, muchos sectores dentro del partido comenzaron a defender los supuestos beneficios económicos de la membresía comunitaria. Y allí avanzó Grecia, siguiendo la zanahoria que tenía delante.

MENELAO VA TRAS LA BELLEZA (EL SUEÑO DE PERTENECER A LA ZONA EURO)

Hay quienes roban para la Corona y no les pasa nada. Sienten entonces que todo lo que hacen es válido, aunque ello implique engañar a los países más poderosos del mundo y, a largo plazo, llevar a la bancarrota a una nación entera. Goldman Sachs (GS), uno de los grupos norteamericanos de inversiones y valores más grande del planeta, se encuentra entre ellos. Pero no nos adelantemos.

Para la década de 1970, muchas voces en Europa anhelaban profundizar aún más la entonces ya no tan reciente unidad continental. Comenzó a hablarse de la posibilidad de unificar las economías nacionales; no se trataba simplemente de facilitar los intercambios entre los países. El primer paso en este sentido tuvo lugar en 1975, con la creación de la Unidad de Cuenta Europea (European Unit of Account; EUA), que no llegó a ser una moneda propiamente dicha. Se trató, en cambio, de una forma de las denominadas “monedas cesta”. ¿De qué estamos hablando? Sencillamente, de una divisa que no cotizaba internacionalmente, es decir que no “competía” con el resto de las divisas del mundo, y que era una moneda cuyo valor constituía una media entre los valores del resto de las monedas de los países miembro (claro que algunas de estas se tenían más en cuenta que otras, según su peso en el mercado). ¿Para qué servía? Solo había sido pensada para uso interno del Banco Europeo de Inversiones.

Cuatro años más tarde, en 1979, la EUA fue reemplazada por Unidad Monetaria Europea (European Currency Unit; ECU) –también conocida como “Sistema Monetario Europeo” (European Monetary System; EMS)–, cuya finalidad era dar mayor estabilidad a las monedas del continente. Era un claro avance hacia la introducción de una efectiva moneda única. Aunque todavía se trataba de una moneda cesta, resultó mucho más atractiva que la anterior. Claro que no por su valor económico, sino por ser monedas de coleccionistas, raras, creadas generalmente en oro y plata. Un detalle: en España, por ejemplo, durante la EXPO Sevilla 1992, incluso se emitieron billetes para uso interno de la exposición. ¡Realmente muy útil!

Sin embargo, la Unión Europea ya no era la misma. Los ochenta no solo habían traído la firme influencia de la música pop; supusieron, además, la ampliación “al sur” de la comunidad. Llegaría pronto a ser “la Europa de los quince”. En consecuencia, con la incorporación de Grecia, España y Portugal entre 1981 y 1986, el ECU pasaría a depender mucho más del resto de las divisas continentales que su predecesora.

Como dicen, la práctica hace a la experiencia. Finalmente, el viejo continente estaba preparado para embarcarse en un proyecto aún más ambicioso: la moneda única. El euro hacía su flamante aparición en escena. Corría por entonces 1999 y, con la llegada del nuevo milenio, el planeta se debatía entre predecir el fin del mundo y explicar cómo hacer para convertir la peseta o la lira, solo por dar algunos ejemplos, al euro.

Las ventajas, al menos teóricas, de la adopción de una moneda común impactarían sobre todo en el comercio internacional. En primer lugar, se eliminarían definitivamente los tipos de cambio, cuyas fluctuaciones periódicas entorpecían la capacidad de compra-venta de los países comunitarios. Podrían finalmente abandonarse los costos de conversión de una divisa a la otra, al menos al interior de la zona euro, y, al ser utilizada en un gran número de países, el valor de la moneda sufriría menos el impacto de las crisis económicas particulares.

Claro que el cambio no se dio de la noche a la mañana. Si bien desde el 1º de enero de aquel año las antiguas divisas dejaron de cotizar en el mercado, sus monedas y billetes siguieron en circulación durante los siguientes tres años. En aquella primera etapa, el euro funcionó como una divisa virtual que se usaba en la contabilidad y en los negocios empresariales, con la certeza de que los tipos de cambio eran fijos.

Sin embargo, el euro no era para todos. Allá por el año 1999 fue tan solo adoptado en reemplazo de once de las quince monedas vigentes en los Estados miembro. Con ayuda de los bancos centrales nacionales, se había puesto en marcha el proceso de transición hacia la oficialización de la moneda y su uso obligatorio en todo el territorio comunitario.

Para adoptar la circulación de la moneda a partir del 1º de enero de 2002 era imprescindible que cada Estado cumpliera con los llamados “criterios de convergencia” establecidos por el Tratado de Maastricht, en los Países Bajos. Este había sido firmado en la ciudad del mismo nombre el 7 de febrero de 1992 y había supuesto el inicio de una nueva etapa de integración continental. No solo la Comunidad había adoptado oficialmente el nombre “Unión Europea”, sino que, además, formalizaba los planes de unidad política y económica basada en tres pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común, y la cooperación policial y judicial en materia penal. Así, el tratado establecía una ciudadanía europea, reforzaba las competencias del Parlamento Europeo y ponía en marcha la unión económica y monetaria. En este último sentido, el acuerdo instaba a que los países que desearan integrar la zona euro cumplieran fundamentalmente con cuatro requisitos:

Las divisas tendrían que permanecer dentro de los márgenes fijados por el Mecanismo de Tipo de Cambio (MTC) durante al menos dos años.

Los tipos de interés a largo plazo no podrían exceder en más de un 2% los de los tres Estados con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios.

La inflación tendría que mantenerse por debajo de un valor de referencia: durante tres años los precios no podían superar el 1,5% de los del Estado con mejor comportamiento.

La deuda pública tendría que ser inferior al 60% del PBI y el déficit público tendría que mantenerse por debajo del 3%.

Pero Grecia, tal vez el país que más deseaba sumarse a este proyecto transnacional, fue el primero cuya entrada se impidió: la nación estaba lejos de cumplir los criterios de convergencia. Sin embargo, tan solo dos años después, en junio de 2000, el Consejo Europeo tomó la decisión final de permitirle sumarse al euro. Los economistas Bernhard Herz y Angelos Kotios son muy elocuentes al respecto:

La membresía de Grecia al euro tiene un amplio simbolismo. A comienzos de los noventa, se había puesto de moda retratar a Grecia como el compañero desaliñado o incluso como la oveja negra de la Unión Europea, debido a sus desmanejos económicos y su usual falta de espíritu cooperativo en materia económica. La admisión griega a la zona euro indica que tras un largo proceso de democratización y reformas económicas, Grecia se ha convertido –en términos políticos y económicos– en un país semejante a cualquier otro miembro de la Unión Europea. Grecia finalmente llegaba a casa, a Europa. (3)

¿Qué cambió en aquellos escuetos meses? ¿Estaba Grecia realmente lista para semejante compromiso comunitario? Si hoy tenemos la certeza de que se trató de la gran estafa griega, ya por entonces empezaban a oírse rumores respecto de que algo no andaba bien. Pero tengamos paciencia; aún falta para ese punto de la historia.

En 1992, cuando se negociaron los términos del Tratado de Maastricht que daban el marco legal a la implementación de una moneda única, Grecia se presentaba como el país con los mayores problemas de adecuación: la inflación y los déficits fiscales estaban por entonces muy por encima del promedio europeo. Como si aquello fuera poco, la economía nacional crecía a un nivel comparativamente menor. La política expansionista griega en los años previos había tenido sus costos. Las presiones sobre el dracma, la moneda local, no eran pocas, y la perspectiva dominante entonces sostenía que los déficits contables solo podrían subsanarse a través de grandes transferencias y préstamos por parte del resto de la Comunidad Europea.

Para el momento en que Maastricht estaba aún en debate, en la tierra de Helena (y en el resto del continente) algo parecía certero: la política económica de la década de los ochenta no solo había fracasado en generar estabilidad, crecimiento y trabajo, como se había propuesto, sino que, además, había implicado alta inflación, estancamiento económico, desempleo y déficits fiscales crecientes.

Algo tenía que cambiar, y así sucedió. En 1993, con la llegada de un nuevo gobierno, Grecia modificó radicalmente su política económica. El país en su conjunto estaba decidido a cumplir con los requisitos del tratado. De pronto, la adopción de la moneda única y la política monetaria común empezaron a ser vistas como la manera de hacer el corte final con el pasado. El riesgo fundamental era ser dejados atrás como un país de segunda clase, y los griegos, con tanta historia a sus espaldas, no estaban dispuestos a ello.

En consecuencia, a través del llamado “Programa de Convergencia”, se pusieron todas las energías en reducir la inflación, entre otras cosas. Y algo pudo lograrse: entre 1993 y 1999 los valores pasaron del 10,8% al 3,3%. Pero no era suficiente. ¿Qué hacer? Los criterios de Maastricht eran claros al respecto. No era para menos, una política económica unificada suponía que tanto los logros como las derrotas serían compartidas, las cargas de un país cuesta abajo tendrían que ser remontadas por todos y, peor, la crisis en una región se trasladaría con certeza al resto.

La respuesta encontrada fue sencilla: si no se lograba llegar a los valores necesarios, había que aparentar que sí se lo había hecho. Finalmente, el gobierno socialista de turno hizo público el esperado anuncio: los niveles de déficit eran del 1,8%, lo que volvía a Grecia un candidato acorde para sumarse al euro. ¡Lo habían logrado! ¿Lo habían logrado?

LO QUE EL CABALLO ESCONDÍA

Los años pasaron, pero las dudas, incertezas y cuestionamientos respecto de cómo había hecho Grecia para conseguir mejorar sus cifras económicas tan rápidamente nunca se acallaron. “Eso es envidia”, dirían las malas lenguas; “Eso es una estafa”, afirmamos nosotros. Es tiempo de presentar a la mano maestra detrás del gran engaño que supuso el ingreso del país helénico a la zona euro.

GS es más que una empresa. Se trata de todo un grupo económico especializado en banca de inversión, valores y gestión de inversiones. Fundado en 1869, tiene su sede central en la ciudad de Nueva York y entre algunos de sus antiguos empleados se cuentan tres secretarios del Tesoro de los Estados Unidos, entre ellos, Henry Paulson, quien sirvió en los mandatos de Bill Clinton y George W. Bush. Como si esto fuera poco, figuran también Romano Prodi (dos veces primer ministro de Italia y presidente de la Comisión Europea) y Mario Draghi, quien fue presidente del Banco Central Europeo.

A comienzos del nuevo milenio, era evidente para el gobierno griego que ni la mejor política económica sería capaz de mejorar las cifras nacionales en el corto plazo. Aunque hubo ciertos logros, estos no eran suficientes y el oficialismo no estaba dispuesto a dejar pasar su oportunidad de ingresar a la zona euro. Fue así que, mediante la mano hábil de GS, los helénicos consiguieron engañar a todos los gobiernos europeos que participaban en la creación de la moneda única, a cambio del botín de 600 millones de euros con que el grupo estadounidense llenó sus arcas.

Si bien estas no son noticias nuevas, los entretelones de cómo fue esto posible salieron a la luz recién en los últimos años. No caben dudas de que GS actuó protegido por sólidas complicidades en el propio seno de las instituciones bancarias europeas y dentro del poder político. Así, no solo consiguió su cometido, sino que, además, logró impedir las investigaciones posteriores al respecto.

Como ocurrió en otros grandes escándalos políticos, que se hicieron públicos gracias a las declaraciones de algunos de sus protagonistas, los “garganta profunda” de este caballo de Troya fueron Christoforos Sardelis, jefe de la oficina de gestión de la deuda griega entre 1999 y 2004, y su sucesor hasta 2010, Spyros Papanicolaou. Fueron ellos quienes, ante la atenta sorpresa del mundo, relataron cómo Atenas había escondido la magnitud real de su deuda.

Lo que para los griegos fue el gran motivo de festejo se trató en realidad de una megaestafa que llevaría a que el entonces considerado salvador, GS, fuera en realidad uno de los responsables del hundimiento financiero de Grecia (y, por efecto dominó, de buena parte de Europa).

El montaje fue astuto. El Tratado de Maastricht, como vimos, era claro respecto de los requisitos que debía cumplir cualquier país que quisiera ser incluido en la zona euro; y Grecia estaba lejos de lo allí estipulado. Mientras que el acuerdo establecía que bajo ningún concepto la deuda pública nacional podía superar el 60% del PBI, en junio de 2000, la deuda griega ascendía al 103%. ¿Cómo conseguir entonces el cometido? GS no tardó en encontrar la solución: trasladó la deuda, que estaba cotizada en dólares y yenes, a euros. ¡Claro que lo hizo a una tasa de cambio ficticia!

Todo parecía marchar bien; la inclusión griega había sido aceptada por las principales potencias europeas. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de actividades ilícitas, es imposible no dejar algún cabo suelto. Y la iniciativa de GS no fue la excepción a la regla: para disimular el acuerdo, el megagrupo financiero estableció un contrato con el Estado griego bajo la forma de lo que se conoce como un “swap”, es decir, un contrato de cambio para los flujos financieros que puede ser equiparado a un crédito. En consecuencia, este esquema llevó a que, como resultado de los “productos derivados”, en apenas cuatro años la deuda que el gobierno había contraído con GS se duplicara. Pasó de 2800 millones de euros a 5100 millones.

Tal como en su momento Sardelis, principal responsable de gestionar la deuda griega en los años en cuestión, declaró a la prensa, la arquitectura de la propuesta de GS se le “escapó de las manos”. Meses más tarde, los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron en jaque las economías globalizadas, regando las semillas del desastre. Las consecuencias del deficiente manejo de la cuestión y la inescrupulosidad de GS son hoy evidentes: el porvenir del pueblo griego había sido hipotecado y, tan solo una década más tarde, los costos sobre la sociedad serían dantescos.

Mientras que los responsables griegos parecen hoy no tener dudas del error que cometieron, los representantes legales de GS, probablemente la parte más beneficiada de esta historia, se afanan en defender lo indefendible. Según ellos, se trató de una estrategia legal y en firme respeto por las directivas del organismo europeo de estadísticas, Eurostat. Si bien allá por 2004 un informe de dicho organismo postulaba una “falsificación de los datos sobre el déficit y la deuda por parte las autoridades de Grecia”, en la actualidad sostiene que fue recién en 2010 cuando tomó noticias de la verdad de la situación. Al parecer, cuando la impunidad es la regla, nadie fue, es ni será condenado.

Para hacer aún más enredada la situación, los hilos de la falsificación de las estadísticas griegas parecen tejerse hondo en varias de las instituciones de la Unión Europea. Entre ellas, aparece como una de las figuras principales el Banco Central Europeo, que tiene como uno de sus personajes más emblemáticos en el ocultamiento de la verdad a Mario Draghi, su presidente. No es solo un personaje decidido a poner fin al modelo social europeo, sino que, además, proviene de las filas de GS.

Poco después de que la financiera estadounidense concretara para Grecia la controvertida estafa, Draghi asumía como vicepresidente de GS para Europa. ¿Podría alguien en semejante rol afirmar que nada sabía de los negociados que se habían gestado? Fueron las principales instituciones europeas las responsables de proteger a su más fiel soldado obstaculizando las auditorías e investigaciones. Cuando en 2010 fueron finalmente establecidas comisiones en el Parlamento Europeo para investigar la verdad acerca de la adhesión de Grecia a la zona euro, el entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, se negó a entregar los documentos requeridos.

El desenlace de esta historia está en la agenda pública desde hace media década: casi un continente en crisis y su principal protagonista, Grecia, de rodillas a la espera de una mano salvadora que lo saque de la recesión y le permita revertir el duro escenario social. Mientras tanto, la Odisea contemporánea relata los despidos masivos, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, las huelgas y represiones, la caída de los beneficios sociales y los planes de ajuste. Aquello que, como Aquiles, parecía tener tan solo un talón endeble, finalmente recibió el flechazo que amenaza con conducir a la destrucción de todo un país. Mientras tanto, los millones que GS se llevó en su tajada se siguen multiplicando como buen producto del capitalismo. Una verdadera tragedia griega.

LOS APRENDIZAJES

La crisis económica que desde 2010 azotó a los países más débiles de la Unión, entre los que se encuentran no solo Grecia, sino también España y Portugal, puso en vilo a todos los países miembro de la zona euro. Entre ellos, Francia y Alemania –liderados en su momento respectivamente por Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, quienes, en comparación, estaban ubicados en el lugar de mayor estabilidad–, que tomaron la iniciativa de ponerse al frente del barco de rescate. Es que desde el comienzo, el proyecto del euro fue un sueño tan económico como político. Como la propia canciller alemana afirmó en un discurso del 13 de mayo de 2010: “Si el euro fracasa, no solo la moneda fracasa. Europa fracasa también, así como la idea de unificación europea”.

Desde entonces, y con el claro objetivo de apuntalar su moneda, los países han tomado profundas medidas que, aunque puedan no salvarlos de la embestida presente, tienen el objetivo de que la historia no vuelva a repetirse. Así, por ejemplo, Alemania ha demandado sanciones más estrictas para aquellos países que no cumplan con las pautas presupuestarias en la zona euro. El gobierno francés, a su turno, ha solicitado una enmienda constitucional para afianzar el compromiso de reducir el déficit público. En este mismo sentido, los recortes y una política pública mucho más conservadora se encuentran a la orden del día aquí y allí en territorio europeo. Parece estar claro para los líderes continentales que no solo es fundamental revertir el escenario actual, sino, además, no repetirlo.

¿Qué pasa entre tanto con los países más afectados por la crisis? En Grecia, protagonista de nuestra historia, los recortes presupuestarios tendientes a reducir el déficit fiscal y la deuda pública tuvieron como contraparte negativa el aumento desmedido del desempleo que, en 2010, alcanzó su pico máximo en una década, con los profundos costos sociales que una situación semejante conlleva tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

Si bien el aparato sindical no escatimó energías en manifestar su descontento y las huelgas se masificaron en todo el territorio nacional, especialmente en las principales ciudades, el poder político no se inmutó al adherir a las políticas de ajuste impulsadas por Francia y Alemania. Evidentemente, la voluntad de pertenencia supera cualquier nacionalismo y/o conciencia social. Entre tanto, las voces disidentes hablan desde hace años de la necesidad de ponerle fin (para siempre) a la utopía del euro en Grecia, que fue la causante de la tragedia en primera instancia.

En consecuencia, mientras que para las potencias europeas el mensaje de afianzamiento y cumplimiento de la norma parece estar claro, en Grecia los sectores gobernantes parecen haber aprendido poco y nada. Entre tanto, el pueblo, principal víctima de las decisiones que se tejen en lo alto, busca la luz al final del camino. ¿Podrá encontrarla?

1. Valor estimado por algunos académicos griegos teniendo en cuenta los subsidios desde 1981 y actualizados por la inflación. Según un informe de la Comisión Económica Europea, entre 1986 y 2012 el país recibió un total nominal de 81.000 millones de euros.

2. Portugal, Irlanda, Grecia y España, reunidos en inglés bajo el acrónimo PIGS, que forma la palabra “cerdos”.

3. La traducción me pertenece. Véase <intereconomics.eu/archive/author/angelos-kotios/>.

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Tasa LIBOR, una estafa de alcances universales

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.

ABRAHAM LINCOLN

Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores de esa nación, tenía una visión muy clara respecto de las derivaciones que sufriría el mundo con el crecimiento de las ciudades y la proliferación de las finanzas y sus ejecutores, que para él no representaban la riqueza de un Estado. Levantando la bandera de los agricultores independientes y sosteniéndolos como virtuosos republicanos, el 28 de mayo de 1816, envió una carta al senador John Taylor que demuestra su clara actitud frente a los sectores dedicados a las finanzas. “Sinceramente, creo que las entidades bancarias son más peligrosas que los ejércitos listos para el combate, y que el principio de gastar dinero para ser pagado por la posteridad, bajo el nombre de financiación, es sin embargo una estafa futura a gran escala”, decía un fragmento de su mensaje epistolar.

Thomas Jefferson era un gran visionario ya que, casi dos siglos después, se sucedieron diversos delitos financieros, la mayoría escandalosos. Uno de esos grandes fraudes se desató el 28 de junio de 2012 en el corazón del sistema financiero internacional. Ese día se dio a conocer públicamente que Barclays, una de las principales instituciones bancarias del Reino Unido, había firmado un acuerdo extrajudicial con entidades reguladoras de su país de origen y de los Estados Unidos, mediante el cual se comprometía a abonar una multa de 453 millones de dólares. El pago se realizaría a cambio de que se detuviesen las investigaciones judiciales que la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido [Financial Services Authority; FSA] y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habían comenzado en su contra. Las acusaciones, que fueron admitidas como ciertas por los directivos de la institución, estaban relacionadas con la manipulación hecha por Barclays de los valores de la tasa LIBOR (y de su equivalente europeo, Euribor) entre los años 2005 y 2009. Y esta no fue la única entidad involucrada. Una vez más, ese mundo de negocios colapsaba y hacía mucho ruido, demasiado.

LA TASA DEL ACUERDO

LIBOR es un acrónimo que significa “London Interbank Offered Rate” [tasa de oferta interbancaria de Londres]. Su cuna es el mercado financiero de Londres. Allí, en la capital del Reino Unido, surgió y se generó su protagonismo en esta estafa de alcance internacional. Todo comenzó en 1984, cuando los agentes que operaban en el mercado financiero local observaron que un número cada vez más grande de entidades bancarias estaba empezando a utilizar asiduamente nuevos y variados elementos sobre los cuales no había una regulación específica y que, dada su variedad y novedad, comenzaban a traer una serie de inconvenientes a ese mismo mercado.

Así, a comienzos de los ochenta, los swaps de tasas de interés eran los principales instrumentos que empezaban a asomar (un swap es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras, referenciadas a un determinado tipo de tasas de interés). Este y otros flamantes productos generaban inseguridad entre los bancos en la forma en que se fijaban las tasas relacionadas con ellos. Entonces, buscaron una medida de uniformidad, la tasa LIBOR, que desde el 1º de enero de 1986, se comenzó a utilizar de manera oficial en el mercado interbancario.

A partir de aquel debut, esta tasa pasó a ser el instrumento que usaron los protagonistas de esta historia para urdir una gran mentira que acabó impactando directamente en el corazón de la city financiera del planeta y la hizo estallar en un nuevo escándalo. El rol asignado a LIBOR fue el de una tasa de referencia que se elabora como una “media” de la tasa de interés que día a día tienen los préstamos interbancarios en el mercado de Londres; allí, cotidianamente, todos los bancos concurren para ofrecer y solicitar préstamos a corto plazo –no más de dieciocho meses– a otras entidades bancarias, de manera que todos los agentes del mercado financiero internacional estén al tanto de cuál es entonces el precio de estos préstamos. Esto permite unificar criterios en el mercado respecto de las tasas de interés.

En la elaboración de esta tasa interviene la Asociación de Banqueros Británicos [British Bankers’ Association; BBA], agrupación comercial que reúne a los principales agentes bancarios que operan en el Reino Unido (conformado por Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia), y representa comercialmente a doscientas cuarenta entidades bancarias que operan en la capital inglesa, muchas de ellas con una proyección internacional, y forman una red presente en más de sesenta países del globo. Según esta asociación, esos bancos son de diferentes tipos y tamaños, y solo en el Reino Unido emplean alrededor de cuatrocientas cincuenta y un mil personas y aportan al Estado 60.000 millones de libras en concepto de impuestos. La BBA es la que se encarga de calcular diariamente la tasa LIBOR, es decir, de crear una tasa estándar que sirva de referencia para realizar todo tipo de operaciones en el mercado financiero.

La tasa LIBOR ha llegado a ser muy importante. Más allá de su rol en los créditos interbancarios, se la utiliza también como referencia para elaborar gran cantidad de tasas de interés en todo el mundo. Como el mercado financiero de Londres es central y los bancos radicados en el Reino Unido operan en muchos países, en realidad, no hay una sola tasa LIBOR, sino ciento cincuenta. Cada una de estas se corresponde con un tipo de divisa –se toman en cuenta diez monedas diferentes incluyendo el dólar estadounidense, el euro, el yen, la libra de Gran Bretaña, entre otras– y con un determinado plazo temporal de préstamo (se tienen en cuenta quince plazos diversos, que van desde una noche hasta doce meses).

Firme en su misión, cada día de la semana laboral, justo antes de las once de la mañana, la asociación británica ejecuta su ritual para elaborar esta tasa: realiza una encuesta a algunos de sus miembros en la que básicamente se pregunta a qué tasa podría pedir prestados fondos, si lo fuera a hacer pidiendo, y después aceptando, ofertas interbancarias en un mercado de tamaño razonable.

Esta consulta es realizada a un panel de bancos de entre seis y dieciocho entidades que son elegidos por el Comité de Cambio y Mercados Financieros [Foreign Exchange and Money Markets Committee; FX & MM Committee], una especie de consejo encargado de supervisar el proceso de elaboración de la tasa, integrado por miembros de la BBA, incluyendo a los propios bancos que responden las encuestas para la formación de la tasa. Los bancos a consultar son seleccionados a partir de tres criterios: su tamaño, es decir, la escala de su actividad en el mercado, y cuánto representa en el mercado bancario de determinada divisa; qué tan seguro es según las agencias que califican el riesgo crediticio, y, finalmente, el nivel de expertise en los mercados de divisas para los cuales se los podría elegir. Esta selección se realiza dos veces por año.

En cada jornada bancaria, las instituciones seleccionadas reportan las tasas a la BBA. Esto se realiza de forma confidencial, de manera tal que ninguno de los bancos puede ver las cifras que informan los demás miembros del grupo, sino que se entera solo del valor final de la tasa, fijado por la BBA. Una vez que esta cuenta con toda la información adecuada, elimina el 25% más alto de las cifras de la lista informada, suprime a su vez el 25% correspondiente a las cifras más bajas y luego realiza una “media” entre el restante 50% de las tasas recabadas.

Al terminar este rápido relevamiento diario, la BBA publica la tasa LIBOR, que se utiliza como referencia de créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, entre otras cosas.

EL ÁGUILA NEGRA PROYECTA SU SOMBRA SOBRE EL MERCADO

La LIBOR es solo una herramienta. El protagonista de este relato es un banco, pero no uno cualquiera sino uno de las más antiguos del Reino Unido: Barclays es su nombre más actual y, también, como la tasa que supo manipular, tiene una profusa historia.

Para conocer su origen, necesitamos emprender un largo viaje hacia la Londres de fines del siglo XVII. En 1666, cuando un incendio dantesco devoró gran parte de sus edificios, la ciudad –bautizada por los romanos en el año 43 d. C. como “Londimium”–, enmarcada por las antiguas murallas de aquella época, mostraba orgullosa su arquitectura medieval. Después de la catástrofe, se salvaron pocas construcciones, entre ellas la Torre de Londres y algunos edificios del período Tudor (1485-1603). Todo lo demás hubo que reconstruirlo para poder albergar nuevamente a ochenta mil almas que habían quedado sin hogar. El Parlamento de Inglaterra le dio esta misión al arquitecto sir Christopher Wren, quien la convirtió en una ciudad moderna.

Para 1690, Londres conservaba su entramado medieval con nuevos edificios de ladrillos y piedras, mejores accesos y sistemas sanitarios. En la zona más céntrica, estaba localizada Lombard Street, una ajetreada calle, muy conocida porque allí estaban asentadas las principales casas bancarias. El nombre de esta vía se originó a principios del siglo XIV, cuando orfebres provenientes de Lombardía (actual norte de Italia), a quienes la Corona inglesa les había cedido algunas tierras en la zona para que se radicasen y trabajasen, se asentaron allí. Estos lombardos, dueños de tiendas de oro y orfebrería, no tardaron en convertirse en prestamistas, ya que, desde una época muy temprana, el arte del trabajo en oro estuvo asociado a las finanzas.

Sobre esta arteria estaba el negocio de John Freame, uno de esos orfebres dedicado a las finanzas. Se distinguía por tener un cartel de madera con el dibujo de un águila negra con sus alas extendidas, símbolo de señorío y de la victoria. Por entonces, la mayor parte de los pobladores no sabía ni leer ni escribir y era necesario crear ideogramas para que los habitantes pudieran identificar fácilmente los lugares. Lo cierto es que el atelier de Freame, en la calle Lombard, era bastante conocido y visitado, y que en 1728, al orfebre y a Thomas Gould, su socio, los trasladaron al número 54 de esa misma calle, donde pocos años después nació Barclays.

En 1736, uno de los hijos de Freame se hizo cargo del manejo del negocio y sumó como socio a su cuñado, un tal James Barclay, quien inspiró el nombre definitivo del lugar. A partir de ese momento, la institución comenzó a crecer rápidamente bajo diversas formas. El águila negra desplegó sus alas: primero adquirieron otras propiedades en la misma calle y, con el tiempo, otras entidades bancarias. Barclays empezó a volar muy alto: el banco se fusionó con instituciones que quedaron subsumidas en él y creció vertiginosamente a lo largo de los años.

Avanzado el siglo XX, Barclays iba camino de convertirse en uno de los más grandes y reconocidos bancos del Reino Unido. Aún más: a mediados de siglo, en 1965, se inauguró en San Francisco, Estados Unidos, el Barclays Bank of California, primera sede de la entidad en el país norteamericano. Barclays ya era parte de la banca internacional y poco tiempo después se convirtió en un holding que incluyó las diversas filiales en todas partes del mundo.

El crecimiento impuso algunos cambios. En 2005, Barclays ya era una empresa de dimensiones extraordinarias y la sede de Lombard Street le quedó pequeña; tuvo que mudarse. En 2007, la famosa revista Forbes la ubicó en el número dieciocho entre las mayores empresas del mundo, y cuarta si se tenían en cuenta solo las que se desempeñaban como proveedores internacionales de servicios financieros. En 2012, era el tercer banco más importante del Reino Unido, miembro de la respetable BBA y realizaba operaciones y actividades diversificadas. El águila extendía su hábitat: tenía intereses en Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, América Latina, Australia, Asia y África.

UN PERIODISTA EN ACCIÓN: A LA CAZA DEL ÁGUILA NEGRA

En 2008, el mundo atravesaba una crisis financiera de vasto alcance, generada desde la burbuja inmobiliaria que se vivió en los Estados Unidos a comienzos del siglo XXI. El 16 de abril de ese mismo año, una noticia sumó preocupación al mercado. Ese día, el periódico neoyorkino Wall Street Journal publicó un artículo firmado por el economista Carrick Mollenkamp, y sembró la sospecha sobre una posible manipulación de la tasa LIBOR.

La señal de alerta salió del News Corp., el rascacielos ubicado en Avenida de las Américas 1211, uno de los más imponentes de Nueva York, y se esparció por todo el mundo financiero. Allí tienen sus sedes algunas de las empresas más conocidas de los Estados Unidos, entre ellas, el Wall Street Journal, uno de los diarios más leídos. Ícono de la sociedad neoyorkina desde 1889 –año de su fundación–, conocido por defender los ideales del libre mercado, el capitalismo y, en términos generales, el liberalismo económico, desde principios de 2008 fue también la punta de flecha que impactó en el mercado por señalar posibles irregularidades en la elaboración de la tasa LIBOR.

Por entonces, Carrick Mollenkamp, quien sembró la duda con su artículo, se desempeñaba como corresponsal del periódico en Londres (donde trabajó hasta octubre de 2011) y estaba dedicado a cubrir la actividad de los bancos del Reino Unido y, específicamente, de la elaboración de la tasa LIBOR.

Desde su lugar de trabajo, este economista comenzó a denunciar lo que él consideraba una situación sospechosa que debía ser investigada por las autoridades competentes. “Uno de los más importantes barómetros de la salud del mundo de las finanzas podría estar enviando falsas señales”, escribió.

Pero lo que este periodista denunciaba no era solo su opinión, sino que planteaba que banqueros y comerciantes, a los que tenía acceso, estaban expresando también sus dudas acerca de que las cifras de la tasa fuesen tan fiables como en otros tiempos.

Desde Londres, el reportero informaba que había llegado a saber que ya en una reunión realizada en noviembre de 2007, en el Banco de Inglaterra (el Banco Central de esa nación), habían circulado dudas acerca de la confección de la tasa LIBOR. Aquella reunión, celebrada entre las autoridades del Banco Central y diversas entidades bancarias del Reino Unido, fue justamente para analizar los elementos de la crisis financiera que ya comenzaba a experimentarse y para intentar darle una solución. Según el periodista estadounidense, en las actas de la reunión constaba que varios representantes del mundo financiero londinense habían tomado la palabra para expresar su preocupación acerca de lo que creían era un tasa LIBOR desfasada de los valores reales a los que ellos estaban tomando los préstamos interbancarios.

Para la misma época, un informe de dos economistas del Banco de Pagos Internacionales también hacía alusión a que los bancos podrían estar informando tasas deliberadamente bajas cuando eran consultados en las encuestas que diariamente realizaba la BBA.

Una crisis que venía golpeando fuerte y una supuesta estafa vinculada al valor de la tasa LIBOR sacudían los cimientos del mercado financiero internacional. El mundo presenciaba una nueva debacle generada por la falta de previsión, el descontrol y las maniobras pícaras y poco inocentes de los manipuladores.

EL SURGIMIENTO DE LA BURBUJA FINANCIERA, MARCO IDEAL PARA EL VUELO DEL AVE RAPAZ

Promediando la primera década del siglo XXI, se empezó a armar una burbuja originada en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Esta plaza se caracterizaba por ofrecer a los clientes distintos tipos de créditos hipotecarios. Entre estos estaban los llamados “créditos subprime”, aquellos préstamos que se daban a clientes considerados de alto riesgo respecto de sus posibilidades de pago. Se les otorgaba el dinero a una tasa de interés más alta que al resto de los clientes, comprometiendo a los beneficiarios a más gastos en términos de comisiones bancarias. Esta tasa de interés se determinaba observando cuál era la LIBOR que se correspondía con el dólar estadounidense a un plazo de seis meses.

Si la tasa LIBOR para este tipo de moneda y plazo era alta, los beneficiarios de los créditos hipotecarios en los Estados Unidos pagaban intereses aún más elevados.

Durante la primera década del siglo XXI, el volumen de los préstamos hipotecarios de tipo subprime creció vertiginosamente. Así, en 2002, estos créditos representaban un 7% del mercado hipotecario, mientras que en 2007 comportaban un 12,5%. Este crecimiento exponencial brindó algunas de las condiciones necesarias sobre las que se asentó la “burbuja inmobiliaria”. Es decir que una importante proporción de los créditos hipotecarios del momento tenían un alto riesgo de insolvencia.

A grandes rasgos, esto se habría permitido dada la búsqueda de ganancias por las elevadas tasas de interés que se podían establecer para los clientes que calificasen como beneficiarios de créditos subprime y por la posibilidad que tenían las entidades bancarias de ceder estos créditos, empaquetados junto con otros de menor riesgo, y por lo tanto, ocultando su verdadero peligro.

Comenzó a subir la tasa de interés y estos préstamos empezaron a quedar impagos, porque su valor era superior al monto de las casas para las cuales habían sido solicitados. Los prestatarios sencillamente abandonaban sus hogares y se ejecutaron las hipotecas que tenían dichas casas como garantía, las cuales, sin embargo, no llegaban a cubrir el monto adeudado. Esto generó enormes pérdidas a los bancos y, por otro lado, aumentó la oferta de viviendas que de este modo bajaron de precio, complicando aún más la situación.

No solo se generaron problemas de insolvencia en los bancos, sino que también tuvieron dificultades financieras empresas dedicadas a diferentes tipos de actividades, sea porque habían comprado estos créditos o porque no conseguían a su vez tomar créditos por la falta de liquidez de los bancos. Esta crisis se expandió inmediatamente a todo el planeta dado el altísimo grado de globalización del funcionamiento del mercado financiero internacional.

En los Estados Unidos y gran parte del mundo, la crisis hipotecaria creada por el afán de ganancias de las entidades financieras generó a su vez una importante merma en la liquidez de los bancos, lo que conllevó la falta de dinero en el mercado. Para resolver esto se necesitó, como nunca antes en la historia económica de la humanidad, del accionar coordinado de los principales bancos centrales del mundo.

Así, para septiembre de 2008, se produjeron varias situaciones de “rescates” o “salvatajes” de empresas privadas por parte de los gobiernos de distintos Estados, con el fin de resguardar a sus respectivas naciones de una oleada de quiebras de importantes empresas y de las nefastas consecuencias que esto podría tener sobre sus sociedades.

La “burbuja financiera” había explotado y su estallido dejó ver sus consecuencias. Centenares de empresas y de entidades financieras de diferentes tamaños decretaron la quiebra, debido a que el sistema no podía salvar a todos los agentes participantes del mercado. Toda esta situación produjo pérdidas masivas de empleos y de viviendas para muchos ciudadanos estadounidenses, de ahorros personales de miles de individuos que los habían confiado a empresas que quebraron en medio de la crisis, y de millones de dólares de los contribuyentes que los gobiernos debieron inyectar en los mercados de sus países para que la situación no fuese tan grave.

En su famoso artículo de abril de 2008, Carrick Mollenkamp lanzaba su sospecha. El periodista sostenía que, si bien la crisis de liquidez había disparado el alza de los índices de la tasa LIBOR, de todas maneras, parecían estar relativamente más bajos de lo que arrojaba un estudio de mercado acerca de las efectivas tasas a las cuales se encontraban los créditos interbancarios en Londres.

Frente a una crisis de liquidez como la que se estaba gestando desde 2007, era lógica una suba de las tasas de interés de cualquier tipo de préstamos. Esta es la mecánica del juego de la oferta y la demanda en un mercado relativamente libre de restricciones. Si muchos bancos están necesitados de dinero en efectivo, resultará lógico que aquellos que tomen el riesgo de prestarles lo hagan con altas tasas de interés, o al menos más altas que las que estaban en vigencia antes de la entrada en la crisis. Por esto, era de esperar que la tasa LIBOR, siendo la principal referencia internacional de las tasas de interés interbancarias, subiese. Y, en efecto, lo hizo, pero no de la manera esperada por el mercado.

Según Mollenkamp, algunos bancos no deseaban informar las altas tasas de interés que estaban pagando en el mercado por comprar dinero en efectivo, porque no querían que se dudase de su solvencia y capacidad financieras en el mercado internacional. Por este motivo, cuando se les consultaba cuál era el precio que pagaban a diario por los préstamos que necesitaban, informaban tasas más bajas. Y es que cualquier entidad que estuviese dispuesta a endeudarse a altas tasas de interés, aunque fuese a corto plazo, para comprar dinero a otro banco, demostraría que estaba, en términos del periodista, “desesperada” por obtener aquel dinero. Y si estaba desesperada por conseguir dinero era porque, a su vez, lo necesitaba para pagar las deudas que había contraído para tener liquidez de caja, para responder a las demandas diarias de sus clientes, pagarles a sus empleados y mantener toda su estructura en una época signada por las quiebras de entidades bancarias.

Los préstamos interbancarios se hicieron más caros y la mayoría de las entidades se volvieron reacias a vender este tipo de créditos a más de una semana de plazo. El panorama financiero internacional de aquel momento estaba muy lejos del ideal: los bancos necesitaban el dinero en efectivo y no querían prestar a otras entidades, pero no solo porque ellos mismos necesitaban el dinero, sino también porque en la situación de crisis, cualquier operación bancaria resultaba riesgosa. Muchas entidades empezaron a pensar en tener en cuenta como referencia no solo la tasa LIBOR, sino también otras herramientas de la misma índole para lograr más seguridad acerca de cuáles eran las condiciones reales del mercado.

Mientras los bancos tomaran como referencia una tasa que estaba manipulada artificialmente por algunas pocas entidades en su propio beneficio, y que no reflejaba las condiciones reales del mercado interbancario, miles de actores sociales se verían afectados por esto. Las consecuencias se observaron pronto: las tasas de interés más bajas, referenciadas por la LIBOR, obligaron a los bancos a cobrarles a sus clientes menos de lo que debían. Esto, lógicamente, generó menos ganancias para las entidades bancarias y caídas en las ofertas de créditos hipotecarios, estudiantiles o a pequeñas y medianas empresas.

John Ewan, vocero de la BBA, hizo la promesa: investigarían acerca de este caso y vigilarían a los bancos que los informaban diariamente para lograr mantener la fiabilidad de la tasa. No fue mucho lo que se hizo, al menos en aquel momento.

LA OTRA CRISIS DESPUÉS DE LA CRISIS

Las sospechas trascendieron el ámbito bancario y diversos organismos oficiales del Reino Unido y los Estados Unidos profundizaron las investigaciones que ya estaban realizando. Este trabajo exhaustivo los llevó a encontrar que las manipulaciones sobre la tasa LIBOR, que se suponía databan de la época de crisis, en realidad tenían una historia mucho más larga.

Las pesquisas arrojaron datos más que interesantes, inquietantes. En 2012, se descubrió que varias de las entidades que eran consultadas por la BBA para formar la LIBOR establecían acuerdos previos acerca de las cifras que informarían a diario, de manera de formar ellos mismos la cifra final de la tasa. A mediados de aquel año, Barclays fue la primera entidad acusada de comunicar tasas irreales y de incitar a otros bancos para que hiciesen lo mismo. Más tarde, se descubriría que aquellas entidades habrían seguido, en efecto, el mismo camino, permitiendo la elaboración “artificial” de la tasa. Las investigaciones revelaron también conversaciones bastante comprometidas.

–¡Hola chicos! Tenemos una posición importante en la LIBOR a tres meses para los próximos tres días. ¿Podemos, por favor, mantenerla o fijarla en 5,39 para los próximos días? Sería de gran ayuda. No queremos que se fije en un nivel mayor a ese. ¡Mil gracias!

–Por ti, cualquier cosa.

–Amigo, te debo una grande. Pasa un día después del trabajo y abriré una botella de Bollinger (cit. en Doyle, 2012).

Esta conversación la mantuvieron dos agentes de Barclays en octubre de 2006. Uno de ellos estaba en Nueva York; el otro, en Londres. Ambos coordinaban, vía e-mail, las tasas que informarían a la BBA en cuanto fuesen interrogados acerca de la tasa de interés a la que el banco británico estaba tomando y ofreciendo préstamos a otras entidades en el mercado de Londres. Esta armoniosa coordinación, que implicaba a su vez muchas otras instancias, les permitía obtener grandes ganancias para el conglomerado para el cual trabajaban. Y, por supuesto, festejaban esa complicidad descorchando un Bollinger, champagne muy exclusivo, producido en Ay, Francia.

Lo cierto es que muchos correos electrónicos y conversaciones privadas entre agentes de diferentes entidades que operaban en el mercado financiero de Londres demostraban que desde hacía años la tasa LIBOR subía o bajaba según los intereses de algunos de los grupos bancarios más grandes y poderosos del mundo. Desde 2005 se habrían modificado los valores de manera tal que redundaran en importantes ganancias para los implicados. Una vez iniciada la crisis financiera de 2008, las manipulaciones se habrían centrado en informar tasas bajas para intentar convencer al mercado de que las instituciones que las comunicaban continuaban siendo solventes y, en apariencia, relativamente inmunes a la crisis internacional.

A todo esto se sumaba la manera como se establecía la cifra de la tasa LIBOR. Uno de los criterios para elegir a los bancos que informarían los precios a los que compraban los préstamos interbancarios consistía en que las entidades tuvieran un determinado nivel de participación en el mercado internacional.

En estas primeras investigaciones, Barclays, el águila negra, aparecía como la principal implicada. Sin embargo, durante las pesquisas que se realizaron para revelar otros delitos financieros cometidos por otras entidades durante la primera década del siglo XXI, saltaron datos que involucraron a distintos bancos.

Uno de los fragmentos de las comunicaciones entre un operador de Barclays y otro de una entidad no mencionada, que la Autoridad de Servicios Financieros británicos permitió divulgar, es una pequeña muestra de cómo los diferentes bancos estaban involucrados y mancomunados en la manipulación de la tasa LIBOR.

–Si sabes guardar un secreto, te lo comparto. Vamos a empujar hacia abajo […]. Conozco el poder de mi tesorería […]. Por favor, no lo divulgues. De lo contrario, no funcionará.

Este y muchos otros secretos fueron guardados por años, hasta que llegó la crisis y, con ella, un nuevo incentivo para manipular la tasa hacia abajo. Con el objetivo de no generar dudas acerca de su solvencia en el mercado financiero, informaban a la BBA que pagaban tasas de interés no demasiado altas a sus colegas en el mercado interbancario. Si Barclays u otras entidades admitían cuáles eran las tasas reales a las que compraban dinero a otros bancos, esto demostraría que tenían problemas de liquidez porque estaban pagando altas tasas para conseguir a toda costa el efectivo que necesitaban para saldar sus cuentas.

Por otro lado, cuanto más a la baja pudieran inducir la LIBOR, informando tasas irreales, lograrían que otros bancos bajasen quizás sus tasas de interés, consiguiendo para ellos mismos mejores posibilidades de crédito en el mercado interbancario.

La manipulación de la tasa LIBOR no implicaba siempre lograr que bajara. En los momentos previos a 2008, cuando a Barclays y otras entidades les convenía que subiera porque los beneficiaba enormemente, entonces informaban tasas similares a la de la BBA.

En este tipo de operaciones, algunas entidades ganan y otras pierden. Y esto ocurrió en 2008 cuando muchas instituciones quebraron con terribles consecuencias económicas para el entorno: pérdida de dinero de pequeños y medianos ahorristas y de puestos de trabajo, caída de la oferta de créditos en los mercados y en la inversión. Es decir, se generó un período de recesión económica.

Por otro lado, cuando este tipo de fraudes quedan a la vista y cuando se esclarece que son este tipo de operaciones las que producen crisis económicas que afectan a la sociedad en su conjunto, crece cada vez más la desconfianza general sobre el sistema financiero.

EL ESCÁNDALO ESTALLA

En septiembre de 2008, meses después de que Wall Street Journal anunciase públicamente sus dudas acerca de la elaboración de la tasa LIBOR, un exmiembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra pedía también públicamente el reemplazo de la tasa LIBOR, argumentando que era la “tasa a la cual los bancos no se prestan entre sí”. Claramente hacía alusión al hecho de que las cifras indicadas por la LIBOR no se correspondían con la realidad.

En 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores y la Bolsa de este mismo país abrían también sus investigaciones. Al mismo tiempo, del otro lado del Atlántico, la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido hacía lo mismo. Y a partir de ese momento, comenzaron a recopilar las pruebas necesarias para demostrar que las sospechas y dudas acerca de la manipulación de los valores de la tasa LIBOR eran reales.

El Wall Street Journal, medio que seguía el caso bien de cerca, se anticipó a los informes oficiales de los entes reguladores y publicó, en marzo de 2011, una nota en la que afirmaba que las autoridades estaban investigando a diversas entidades, entre ellas, The Bank of America Corp., el Citigroup Inc. y la UBS AG (Unión de Bancos Suizos). Todos ellos operaban tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. En ese mismo artículo se mencionaba que las sospechas sobre la especulación financiera estaban siendo muy difíciles de probar porque la elaboración de la tasa no se realizaba mediante un intercambio abierto entre los bancos, pero que, de todas maneras, las entidades ya habían recibido citaciones judiciales.

Enseguida, la BBA salió a desmentir al periódico neoyorquino y sostuvo que la tasa LIBOR continuaba siendo fiable, aun en tiempos de crisis. Sin embargo, no pudo sostener esta afirmación por mucho tiempo. Un año después, salía a la luz el acuerdo extrajudicial que Barclays había firmado con las autoridades británicas y estadounidenses en el que se admitía que la entidad había manipulado la información respecto de las tasas de interés tomadas en el mercado de Londres. Esta información corrió por todo el mundo a través de los diferentes medios de comunicación. Y aparecieron los primeros inculpados.

LOS IMPUTADOS

El entonces presidente de Barclays, Marcus Agius, fue el primero en caer. En la mañana del 2 de julio de 2012, menos de una semana después de la firma del acuerdo con las autoridades reguladoras, renunció a su cargo.

Presionado por la situación, Agius, formado académicamente en Cambridge y Harvard, expresó que asumía la máxima responsabilidad “por el daño causado a la reputación del banco”. Había llegado a esa institución en la primera década del siglo XXI, luego de haber trabajado en el Banco de Inversiones Lazard, que le había permitido posicionarse como uno de los personajes más importantes de la banca británica. Más allá de su trabajo en el mundo de las finanzas, el banquero era coleccionista de arte, cultor de la jardinería, y especialmente, un miembro reconocido de la comunidad católica en Inglaterra (en 2010, la revista confesional The Tablet lo había nombrado como uno de los católicos más influyentes de Gran Bretaña). Sin dudas, con este escándalo, su reputación estaba en juego. Por eso, decidió colaborar con las autoridades.

Agius renunció, pero, al día siguiente, fue reincorporado por Barclays porque lo necesitaban para realizar la búsqueda de alguien que cubriese su cargo. Esta persona fue sir David Walker, quien comenzó a desempeñarse en aquel puesto en noviembre de ese mismo año. Y como suele ocurrir en el “mágico” mundo de las finanzas, donde nada cambia, en la actualidad, Agius se desempeña como miembro de la Junta Directiva de la BBC. Por allí nada ha pasado.

El vendaval justiciero que barrió a Agius movió también a otros dos importantes ejecutivos del banco a presentar sus respectivas renuncias. Los aires de limpieza siguieron soplando y expulsando implicados.

Mervyn King, director del Banco de Inglaterra, y Adair Turner, presidente de la Autoridad de Servicios Financieros, estaban muy preocupados por el rol que desempeñaba en esta crisis Robert Diamond, entonces jefe ejecutivo de Barclays. Otros representantes del mercado y de la política británicos presentaban sus dudas sobre la idoneidad de Diamond a la hora de sanear la institución después de la estafa. A los cuestionamientos de las autoridades reguladoras del Reino Unido se sumó el deseo del primer ministro David Cameron de “llegar hasta lo más alto” en el momento de exigir responsabilidades. Todos sabían que estaba alentando la renuncia del banquero mejor pago de todo el Reino Unido (solo en 2011 había ganado 22 millones de dólares). Por su parte, Ed Miliband, representante del Partido Laborista, opositor a la política de Cameron, sostuvo que no era suficiente con la renuncia del ejecutivo de Barclays.

Diamond no tuvo salida. Frente a la presión pública, el 3 de julio, renunció. Y como suele ocurrir en estas circunstancias, su historia dentro y fuera de Barclays fue revelada. Había llegado a la entidad en 1996 y se había desempeñado en diversos cargos. Un año antes del escándalo, ocupó el sillón de jefe ejecutivo. Claro que antes también había detentado lugares de poder dentro del banco: fue su presidente entre 2005 y 2010.

Bob Diamond nació en Massachusetts, el 27 de julio de 1951, en el seno de una familia de católicos irlandeses, y comenzó su carrera, alrededor de 1976, como profesor de economía en la Escuela de negocios de la Universidad de Connecticut, como sus padres. Entró al mundo de las finanzas en 1979 y, desde entonces, se dedicó a evolucionar en ese ámbito, en el que llegó a descollar.

Se distinguió por su falta de humildad y modestia en el trato con aquellos que lo conocían, característica que lo colocaba en la categoría de los desagradables. Además, era el banquero más criticado por su alto nivel salarial, incluso dentro de la empresa en la que se desempeñaba.

Diamond ya venía enfrentando algunos problemas antes de su dimisión forzada: había muchos personajes importantes que deseaban verlo partir de Barclays y, si era posible, del mercado financiero de Londres. Esa sensación de malestar hacia el ejecutivo quedó reflejada en las declaraciones que en 2010 realizó el barón Peter Mandelson, quien por aquel entonces era presidente del Board of Trade y secretario de Estado para los Negocios, Empresas y Reformas del Reino Unido. Para este miembro eminente del Partido Laborista y de la Cámara de los Lores, Diamond era “el rostro inaceptable” de la banca británica del momento.

Frente a todas estas acusaciones, quizás no resulte extraño que Diamond, después de renunciar, decidiera denunciar a aquellos que lo estaban acusando de ser un criminal: las autoridades reguladoras del Reino Unido.

El escándalo crecía y crecía. El 4 de julio, Diamond se presentó ante la comisión multipartidista del Tesoro en el Parlamento británico y realizó declaraciones que complicaban a Barclays, a otras instituciones rivales y, peor aún, al Banco de Inglaterra y a las entidades reguladoras del Reino Unido. Nadie quedó a salvo; la venganza fue terrible.

Estas declaraciones estaban en consonancia con un documento que Barclays había hecho público tan solo unas pocas horas antes de la entrada de Diamond en el Parlamento. La entidad bancaria londinense señalaba que un alto ejecutivo de la firma había dado a entender que el Banco de Inglaterra aprobaba que Barclays informase cifras artificiales a la baja durante la época de crisis para tratar de no generar pánico acerca de la solvencia de los bancos británicos y, de esta manera, mantener estable el mercado hasta que se pudiesen tomar mejores medidas al respecto.

En ese mismo documento, Barclays aseguraba que, más allá de que los dichos de este ejecutivo pudiesen ser ciertos o no, el mismo banco había alertado no solo a las autoridades del Reino Unido, sino también a las estadounidenses, de que varias entidades bancarias estaban indicando cifras falsas durante la crisis, por lo que la cúpula de Barclays decía que resultaba decepcionante que no se tomara ninguna acción efectiva.

Muchas voces intentaron desmentir las acusaciones comprometedoras. Entre ellas, la de Alistair Darling, quien en la época de la crisis se desempeñaba como ministro de Finanzas, y que manifestó que era imposible que durante su gestión hubiesen sucedido tales manejos.

Flechas iban, flechas venían. A medida que la verdad salía a la luz, las partes protagonistas aportaban más datos y esgrimían argumentos que comprometían exponencialmente a sus enemigos. Tanto las declaraciones públicas de Barclays como corporación (puesto que ya había pagado una multa, no continuarían las imputaciones judiciales), como las de Diamond frente a la justicia británica, hacían recaer la mirada de la opinión pública sobre las autoridades encargadas de regular el sistema financiero.

Y si bien Diamond admitió que había informado falsas tasas bajas con el supuesto fin de atraer inversiones, también declaró que en el transcurso de 2008, el año de la crisis financiera mundial, en el que admitía que se había realizado la manipulación más clara de la tasa, muchos otros bancos importantes habían informado cifras aún más bajas que las de Barclays. A su vez, declaró que se respiraba cierto aire de temor en la entidad porque las autoridades considerasen que estaban en problemas, por lo que se hizo lo posible para salir de la crisis sin pedir ayuda al gobierno, cosa que la entidad habría logrado, según Diamond, para octubre del año trágico.

Por otro lado, el antiguo ejecutivo de Barclays señalaba que si bien algunos operadores de la entidad habían llevado a cabo procedimientos indebidos, estos no eran representativos de la institución que tanto amaba, y a la cual destacaba en su papel de colaboradora hacia las autoridades británicas por hacerse cargo de lo que había hecho e intentar ayudar con la resolución del caso y el saneamiento del sistema. En concreto, Diamond sostenía que Barclays se estaba utilizando como un “chivo expiatorio” en ese momento, pero que pronto debería salir a la luz que muchas otras entidades habían operado de la misma manera.

El águila negra seguía estando en la mira de los investigadores. Y más ejecutivos caían fulminados. Jerry del Missier, director de operaciones de Barclays, nombrado el 22 de junio, es decir, pocos días antes de que estallara el escándalo, tuvo que renunciar y dejó su cargo en la institución el 3 de julio. Este funcionario era tranquilo y modesto, muy diferente a Diamond, y quizás inocente. Su lealtad y compromiso con la entidad supo llegar bien alto: en 2007, escaló el Mera Peak, en el Himalaya, y al llegar a su cima, a 6476 metros de altura sobre el nivel del mar, plantó una bandera gigante con el logo del banco, el águila negra con sus alas desplegadas. Cuando tuvo que declarar ante la comisión del Tesoro en el Parlamento británico, obviamente desconoció lo referido a la manipulación de la tasa LIBOR.

El águila y sus pichones seguían en picada y cada vez a mayor velocidad. Se dio a conocer una jugosa conversación que Bob Diamond y Paul Tucker, el subgobernador del Banco de Inglaterra, habían sostenido el 29 de octubre de 2008. En ella se podía escuchar cómo Tucker le decía al banquero que varios miembros del gobierno estaban preocupados porque Barclays estaba reportando tasas de interés interbancario “demasiado altas” para fijar la LIBOR. Cuando Diamond tuvo que declarar respecto de este diálogo, dijo que él había sobrentendido que el funcionario del gobierno le insinuaba que bajase las cifras informadas a la BBA.

La polémica acerca de la manipulación se acrecentaba. Si bien las pruebas no fueron contundentes respecto de la connivencia de las autoridades británicas, estas se vieron inmersas en el escándalo y, por lo tanto, trataron de actuar con firmeza a la hora de resolverlo. Mientras tanto, las acciones de Barclays comenzaron a caer.

EL DESENLACE FATAL

La tasa LIBOR fue creada en la década de los ochenta como herramienta para que el sistema fuera más seguro y confiable. Sin embargo, se la utilizó para manipular el mercado a favor de los intereses de los grandes conglomerados financieros que operaban en él. Un periodista especializado encendió la alarma que recorrió el mundo sembrando dudas bursátiles, alertando sobre las consecuencias de una gran estafa y moviendo a las autoridades a la investigación. Barclays, uno de los bancos más antiguos de Londres, fue señalado como la nave insignia en este gran fraude. Sus principales ejecutivos fueron obligados a dimitir y a declarar. Y hablaron, mucho. Intervino el Parlamento del Reino Unido y autoridades de los Estados Unidos. Esa era la situación general.

Se crearon comisiones que realizaron sus investigaciones. Mediante la toma de declaraciones a los responsables de Barclays, el gobierno británico esperaba obtener más información acerca de todo el caso y acercase de esta manera a otros posibles implicados. Pero esto no fue lo único que realizó para tratar de esclarecer el caso. Durante el mes de julio de 2012 se anunció que se formaría una nueva comisión ad hoc en el Parlamento para investigar acerca de lo ocurrido, la cual debería presentar sus informes a fines de ese año.

Y hubo más. En el documento dado a conocer el 28 de junio, en el que se hacía público el acuerdo extrajudicial hecho con Barclays, las autoridades británicas y las estadounidenses informaban que otros siete bancos eran sospechosos de haber estado involucrados en este caso de fraude. Si bien no estaban señalados sus nombres, investigaciones periodísticas del momento llevaron a una serie de bancos a admitir frente a la opinión pública que estaban siendo investigados. Entre ellos, el Deutsche Bank, el Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Citigroup, JP Morgan Chase y el UBS. Numerosas fuentes señalaban que The Bank of America era la séptima entidad, pero, por entonces, las autoridades de este banco no admitieron que estuviese siendo investigado.

MUCHOS BANCOS INVOLUCRADOS Y DEMASIADAS PREGUNTAS

¿Por qué motivos se acusó primero públicamente a Barclays? ¿Era el principal implicado? ¿O simplemente habría sido, de entre toda las entidades bancarias, la que más pronto se decidió a declarar? Un dato significativo es que las autoridades habrían hecho en su momento un 30% de descuento en la multa a Barclays por haber cooperado.

De todas maneras, a inicios del mismo mes de julio, la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido informó que establecía una multa por 200 millones de euros al Royal Bank of Scotland –que, significativamente, era propiedad del Estado británico en un 84%–, al tiempo que anunciaba que había dado un determinado plazo al HSBC y al Lloyds para que facilitasen toda la información que creyesen pertinente respecto del desempeño de dichas instituciones en los tres años previos a 2008. De esta manera quedaba en evidencia que la investigación se abría más allá de los primeros siete bancos anunciados y que el fraude era de proporciones inmensas.

Al mismo tiempo, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido informó que iniciaría formalmente una investigación criminal, algo que también se llevó adelante en los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia de aquel país y en otros países, entre los cuales estaban Suiza y Canadá.

Poco tiempo después del estallido del escándalo, en septiembre de ese mismo año, se dieron a conocer los resultados del informe oficial confeccionado por la Autoridad de Servicios Financieros que en aquel momento se encontraba a cargo de Martin Wheatley. En ese informe se recomendaba que se realizasen profundas y significativas modificaciones en el proceso de elaboración de la tasa LIBOR, así como en la administración del proceso. Sin embargo, no se proponía que la tasa dejase de existir ni que fuera reemplazada por otra herramienta financiera. Dado que una parte muy significativa del mercado financiero internacional se basaba en la tasa LIBOR, sacarla del sistema habría implicado graves dificultades, al menos en el corto y mediano plazo.

Con el fin de llevar adelante los cambios necesarios para la mejora del funcionamiento de la tasa LIBOR, la Autoridad de Servicios Financieros anunció que crearía una nueva entidad: la Autoridad sobre la Conducta Financiera, que, a partir de 2013, se encargaría específicamente de supervisar todo lo referente a la tasa. Es decir que no se les quitó a los bancos el control sobre el proceso de formación de la tasa, pero sí se comenzó a supervisar más de cerca cómo se realizaba. En este sentido, a partir de ese momento los responsables de fijarla tuvieron que corroborar los datos enviados por los bancos encuestados y controlar cualquier tipo de actividad que pudiese resultar sospechosa. Además, se instaría a los bancos a que estableciesen políticas claras respecto de los conflictos de intereses y de los sistemas de control apropiados para realizar los informes cotidianos.

A su vez, también en 2013, la BBA perdió su rol de contralor bancario, porque había decaído su prestigio. Desde ese año, el control sobre el proceso de elaboración de la tasa lo tiene la empresa estadounidense Intercontinental Exchange (ICE).

En esta misma línea, también Barclays había anunciado que realizaría una auditoría interna que tendría como objetivos principales no solo investigar las irregularidades, sino también elaborar un nuevo código ético y la consecuente puesta en práctica de una política de “tolerancia cero ante cualquier acción que pueda dañar la reputación del banco” (esto sostuvo Agius cuando aún era presidente de la institución).

En junio de 2013, la Oficina de Fraudes Graves acusó penalmente a un exoperador tanto del UBS como del Citigroup, Tom Hayes, y en julio a Terry Farr y a Jim Gilmour, dos empleados de la compañía RP Martin de Londres. En mayo de 2014, esta misma oficina señaló a tres extrabajadores de Barclays por el delito de conspiración para cometer fraude.

Es decir que, hasta nuestros días, están abiertas las investigaciones acerca del caso, y no solo en el Reino Unido, ya que en todo el mundo han surgido cientos de denuncias a diferentes entidades bancarias en relación con este caso.

Desde 2012, el Reino Unido multó a cerca de veinte entidades bancarias, que se encuentran todavía enfrentando procesos judiciales. Estas demandas tienen como oficiantes a todo tipo de inversores de los bancos involucrados, que consideran que han perdido su dinero debido a las manipulaciones de la tasa. Entre los perjudicados hay gobiernos, como el de la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, y miles de inversores particulares. Se estima que la estafa implicaría pérdidas millonarias relacionadas con hipotecas de viviendas particulares, préstamos de diversos tipos –incluidos los estudiantiles, muy populares en los Estados Unidos– y deudas de tarjetas de crédito.

Este es un nuevo capítulo negro en la historia de la evolución financiera del mundo. El relato acerca de cómo una sombra oscura cubrió nuevamente el cielo de los negocios, lo sacudió y dejó al descubierto las múltiples dificultades que existen para hacer de este sistema un mercado eficiente y transparente en el que las águilas, del color que sean, puedan generar beneficios equitativos para toda la humanidad, todavía tiene un final abierto.

EL FIN DE LA INGENUIDAD

Al hacer una recapitulación acerca de lo ocurrido como parte del desenlace de este caso, debemos decir que, en primer lugar, está la cuestión referida a las medidas tomadas tanto en términos de sanciones como de precauciones para que no vuelva a suceder algo semejante.

Con respecto a las sanciones, alrededor de veinte entidades bancarias fueron multadas. Sin embargo, esto no implicó que se haya hecho justicia, porque a su vez generaron sus propios efectos sobre la economía internacional, ya que las pérdidas de dinero que sufrieron los bancos sancionados debido a las multas afectaron sus operaciones y, por lo tanto, nuevamente a sus clientes. De más está decir que estas consecuencias no hacen dudar acerca de la necesidad de dichas penalidades, pero la realidad es que estas traen a su vez una serie de secuelas no deseadas que también es necesario tener en cuenta.

Hubo acusaciones contra personalidades particulares, pero lo más significativo de la resolución criminal de este hecho han sido las penalidades impuestas a las instituciones y no a sus miembros individuales.

Por otro lado, y en relación con las medidas tomadas para tratar de mejorar el sistema de elaboración de la tasa LIBOR, se modificó su mecanismo de control, pero no ha sido reemplazada por otra herramienta financiera.

De todas maneras, sí hay indicios en el escenario internacional de que, dada la desconfianza en diferentes países acerca de dicha tasa, se está comenzado a pensar en una serie de alternativas posibles al uso de la LIBOR. Ejemplo de esto es el caso de Canadá: a comienzos de 2014 el gobierno anunció que deseaba hacerse cargo del control sobre la fijación de la tasa LIBOR en dólares canadienses. Pero aún hay otras propuestas mucho más radicales que implicarían la modificación del sistema de manera tal que ya no se tuviese en cuenta la tasa LIBOR, y que buscan crear nuevas herramientas financieras más fiables. Un ejemplo es la propuesta presentada por economistas del Banco Central Europeo, quienes indicaron que podría reemplazarse la tasa LIBOR por el OIS, la tasa de referencia de las operaciones de intercambio diario de tasas de interés.

Más allá de las sanciones y medidas tomadas, en segundo lugar está la cuestión de quiénes fueron las víctimas de esta gran estafa. Con respecto a esto, habíamos establecido que fueron miles de ciudadanos particulares de todo el mundo los que se vieron afectados por la manipulación de la tasa LIBOR. Cuando se la “maquilló” hacia arriba, muchísimas personas pagaron tasas de interés altas por sus préstamos hipotecarios, sus deudas de tarjetas de crédito o sus préstamos estudiantiles, por mencionar algunos de los damnificados más visibles.

Pero también sufrieron grandes pérdidas aquellos que, habiendo invertido su dinero en el sistema financiero, tuvieron después que enfrentarse a escasos rendimientos por las bajas tasas de interés, cuando los conglomerados bancarios decidieron bajar artificialmente la LIBOR.

De esta manera, no solo se vieron afectados individuos particulares, sino también pequeñas y medianas empresas, entidades bancarias que perdían tras haber invertido en swaps de tasas de interés que luego serían manipulados por sus contrapartes en los contratos, y hasta gobiernos que habían tomado créditos para invertir dinero en sus países, a tasas de interés manipuladas al alza por las entidades bancarias fraudulentas.

Finalmente, un último punto relacionado con el problema planteado al inicio del capítulo: la dificultad que se presenta constantemente a la hora de encontrar herramientas financieras confiables que permitan hacer de este sistema uno eficiente y transparente.

Nuestra condición humana nos invita a desconfiar, pese a lo moralmente reprochable que esto pueda parecer, y la realidad nos demuestra que no es una mala costumbre. La desconfianza siempre será parte del juego económico y no deja de ser una instancia más en la cual se juega precisamente nuestra subjetividad.

Más allá de cualquier valoración que podamos hacer, el resultado parece replicar un patrón de conducta en el que el capital concentrado establece mecanismos de funcionamiento que exigen transparencia a todos menos a sí mismo.

Y es que el principal problema parece ser que, en gran medida, el sistema financiero internacional se encuentra autorregulado por las mismas entidades que operan en él, como quedó demostrado en el presente caso. Quizás, la solución ideal sería un mayor control estatal sobre estas mismas entidades sin que ello implique ceder la potestad de una persona a otra, sino que permita ayudar a darnos cuenta de que el mercado y el Estado no son santos, como pudimos ver en la interacción entre autoridades y poderosos bancos en los años precedentes.

7

Los Juegos Olímpicos, los grandes eventos deportivos y el podio de los perdedores económicos

Los Juegos Olímpicos (JJ. OO.) y otro tipo de eventos internacionales suelen comenzar mucho antes de su celebración concreta. La carrera por alcanzar el podio se inicia en el mismo momento en el que se presentan las ciudades candidatas a ser sede. Ese es el tiempo de la puja entre los dirigentes por el negocio que atraerá dinero e incrementará el turismo y actividades afines, y que mantendrá alegre a todo un pueblo. Una fiesta que se sueña con final feliz. Sin embargo, no todos los eventos deportivos acaban en el estrellato.

Todos conocemos muy bien el desarrollo de estos acontecimientos internacionales: es como una película que se repite una y otra vez. Basta con que se acerque “la época del mundial” o “de los Juegos Olímpicos” para que en el mundo entero estalle la euforia. Los colores nacionales inundan las tiendas, los balcones y las ventanillas de los autos; los deportistas se vuelven el centro de la mirada pública y las apuestas se aceleran. Pero no solo las personas comunes se dejan embeber por el espíritu triunfalista; existe una elite que lo vive desde otra perspectiva: los políticos, economistas y gente de negocios del país anfitrión empiezan a fantasear con el festín de dinero que se darán.

La voz popular empieza a hablar acerca de las oleadas de dinero que llegarán a aquellos países que tengan la suerte de hospedar al resto del planeta. Según los pronósticos, muy auspiciosos, la hotelería y la gastronomía tendrán su momento de gloria; la medalla dorada irá para las líneas de transporte, que tendrán la suerte de acercar a los fanáticos, y lloverá champagne sobre los comerciantes locales, quienes gozarán del beneficio de ser la ventana del mundo. Sin embargo, como muchos otros mitos, no todos los grandes eventos deportivos acaban conquistando la gloria. Un buen porcentaje de ellos, en cambio, será un dolor de cabeza para las economías nacionales y condenará a los ciudadanos a impuestos abultados para solventar la fantasía colectiva. El sueño olímpico y mundialista de la rentabilidad en muchos casos no llega y los sueños de gloria se tornan preocupaciones duraderas.

Sin embargo, nada es tan determinante. Los JJ. OO. de Los Ángeles de 1984 y los de Atlanta de 1996 fueron muy positivos para las finanzas de las ciudades organizadoras. En cambio, los que se realizaron en Montreal en 1976, en Seúl en 1988, en Barcelona en 1992 o en Atenas en 2004 dejaron muy endeudados a los Estados sede. Dos caras de una misma moneda, o dos resultados muy diferentes que, desde siempre, han puesto en duda lo beneficioso que puede resultar ser sede de cualquier megaevento deportivo.

A cambio de unos escasos momentos de alegría para unos pocos, las grandes mayorías se encuentran obligadas a pagar por las acciones u omisiones de otros. Frente a las cuentas en rojo que supusieron los grandes eventos deportivos, en buena parte de los casos la solución más sencilla fue aplicar impuestos que sirvieran para compensar el déficit fiscal. Así, mientras que los beneficios de ser el flamante país anfitrión quedan en la rentabilidad positiva de quienes pudieron sacar algún provecho de la situación (como los contratistas responsables de la construcción de los estadios), los costos pesan en la mochila de tantos otros que no recibieron ninguna tajada en el reparto de la torta.

Si el objetivo es estimular la economía, algunas investigaciones muestran que organizar un juego olímpico o un mundial (de cualquiera de los deportes populares) no es precisamente la mejor idea. La comparación de la situación anterior, simultánea y posterior a, por ejemplo, una olimpiada, indica que el PBI crece considerablemente durante la planificación del evento, pero cae durante su desarrollo o con posterioridad a este; en el mejor de los casos, se mantiene constante. De este modo, aparecen pocos indicios de que la inversión realizada para llevarlo a cabo contribuya a aventajar la situación del país. Por el contrario, pareciera que tiende a empeorarla.

Muchas de las nuevas instalaciones y estadios acaban abandonados y sin fines útiles, resultando una completa pérdida de recursos. El estadio olímpico londinense construido para los JJ. OO. de 2012 se transformó en un “elefante blanco” cuando una inspección determinó que no cumplía los requisitos para que se jugaran allí los partidos de la primera división del fútbol local por no contar con la calefacción subterránea que la liga inglesa exige a sus equipos. A pesar de haber costado 767 millones de dólares y de ser la obra central del parque olímpico, debió ser sometido a importantes mejoras, con los costos que se le sumaron. Y no fue el único; es sorprendente la cantidad de estadios que tras millones de dólares y miles de horas de trabajo invertidos, quedan convertidos en lugares fantasma a los pocos meses. Fue el caso de los centros de los JJ. OO. de invierno de Sarajevo en 1984, y también de los de Berlín en 1936, Helsinki en 1952, Múnich en 1972, Atenas en 2004 y Pekín en 2008.

Mientras que al momento de ser elegido como país anfitrión los gobernantes de turno presentan, entre otras cosas, discursos rosas sobre los increíbles ingresos que supondrá la venta de entradas y encargan informes a consultoras que reflejen atractivas estadísticas, las investigaciones independientes tienden a dar cuenta de beneficios no tan abultados y, ciertamente, mucho más difíciles de determinar. Las olimpiadas de Pekín 2008, por tomar un caso, fueron consideradas un éxito, no por sus ganancias monetarias, sino precisamente porque permitieron mostrar al mundo que China se había convertido en una potencia. Y esto al módico costo de 2000 millones de dólares.

ORO A LOS IMPUESTOS: MONTREAL 1976

Por cuarta vez en la historia moderna, el continente americano era elegido como sede de un juego olímpico, y Montreal fue la protagonista. Se trataba de un sueño hecho realidad porque la ciudad canadiense ya había solicitado infructuosamente ser sede de los juegos de invierno de 1944 (suspendidos a causa de la guerra) y de 1956, y de los de verano de 1972. Para aquel 1976, el Comité Olímpico Internacional (COI) parecía determinado a que ninguna de las superpotencias oficiara como sede (los otros dos candidatos eran Los Ángeles y Moscú), por lo que Montreal resultó beneficiada. Sin embargo, era una época controvertida. La Guerra Fría estaba en su plenitud, al igual que distintos movimientos de liberación.

El primer incidente se presentó cuando el gobierno canadiense no permitió que el equipo de la China Nacionalista (también conocida como Taiwán) portara su bandera ni que se tocara su himno nacional durante la celebración de las competencias. Así, le quitaba al país el reconocimiento como nación soberana, estatuto que sí había otorgado a la China Popular o Continental. Frente a esta situación, la delegación comunista se retiró.

Un segundo suceso, tal vez más grave aún, involucró a la mayoría de los países africanos, encabezados por Tanzania, que solicitaron la exclusión de Nueva Zelanda de las competiciones por haber permitido que uno de sus equipos de rugby jugara en Sudáfrica, incumpliendo de este modo con las sanciones internacionales impuestas al gobierno de aquel país por su política de apartheid, que implicaba la segregación de la mayoría negra por la población blanca, que controlaba el poder económico y político del país. Cuando Canadá se negó a cumplir estas demandas, treinta y un países fueron protagonistas de un boicot que consistió en retirarse de los juegos en solidaridad con las delegaciones africanas. Esto dejó tan solo a noventa y dos naciones participando del encuentro, lo que configuró el marco de tensión que puso en alerta al comité organizador canadiense.

La memoria del sangriento ataque de Múnich, en el que once miembros de la delegación israelí habían sido secuestrados y asesinados por una organización palestina, estaba todavía demasiado viva. En consecuencia, se tomaron serias medidas de seguridad que implicaron inclusive seguir día y noche a aquellos deportistas y periodistas que podían ser vistos como posibles blancos de ataque.

Los acontecimientos de índole política se agregaban a una seguidilla de huelgas de trabajadores que, entre otras cosas, habían dejado inconclusa la pileta olímpica donde se disputaron las competencias de natación. Sin embargo, no todo fue tensión. La decimonovena edición de los JJ. OO. de Montreal pasó a la historia por ser aquella en la que la gimnasta rumana Nadia Comăneci, de tan solo 14 años de edad, mostró su excelencia al conseguir la calificación perfecta en la disciplina de barras.

Aquel 1976 fue también el año en el que hicieron su debut el handball, el básquet y el remo femenino y, en el que el hockey se jugó por primera vez sobre una cancha de césped artificial.

A pesar de estos logros, los beneficios que los juegos dejaron para Montreal fueron escasos. La ciudad tardó más de treinta años en pagar los 6000 millones de dólares que implicaron los gastos de organización y que tan solo dejaron como recompensa un estadio olímpico, hoy obsoleto e inutilizado.

Eufórico por lograr que su ciudad fuera elegida como sede, el entonces alcalde de Montreal, Jean Drapeau, llegó incluso a afirmar que la posibilidad de que se perdiera dinero con el evento era tanta como la de que un hombre pudiera parir. Solo hizo falta tiempo para demostrar que estaba equivocado.

La mala gestión y los excesivos gastos dejaron a los ciudadanos de Montreal con una deuda de 1500 millones de dólares, que recién se terminaron de pagar en 2006, décadas después de que la antorcha olímpica se hubiera extinguido. Para entonces, los vecinos del alguna vez esplendoroso estadio olímpico, reconvertido en un campo de béisbol, habían rebautizado el lugar como “The Big O” (juego de palabras con el término owe [deuda]).

El proyecto del estadio olímpico de Montreal había sido presentado en 1970. Las previsiones iniciales estimaban que el costo total de su construcción sería de 134 millones de dólares canadienses. Sin embargo, ya para el comienzo de los juegos, con el estadio sin concluir, la suma ascendía a 264 millones. Treinta años más tarde, cuando finalmente logró saldarse esa deuda, los gastos de las reparaciones, los intereses y la inflación habían implicado un costo total de 1610 millones. El estadio olímpico de Montreal pasaba a ser así el segundo más caro de la historia después de Wembley, en Londres.

Al haber costado más de ocho veces lo calculado, fue imposible para los organizadores de los JJ. OO. de Montreal recuperar la inversión. Esto supuso tal desastre financiero que, cuando la competencia terminó, los empresarios locales se encontraron con los llamados “impuestos olímpicos especiales”, que debían pagar por las siguientes décadas. La provincia de Quebec, donde se encuentra la ciudad, cargó con el resto del déficit, que procuró saldar con impuestos adicionales al tabaco y con la creación de una lotería. Para peor, al concluir los juegos, el estadio olímpico y dos hoteles para la concurrencia aún no habían sido terminados.

¿Quién era responsable de la situación? Se culpó a los problemas sindicales, al mal tiempo y a la sencilla planificación. Las deficientes estimaciones habían supuesto que las instalaciones se solventarían a sí mismas, inclusive una vez que los atletas internacionales se hubieran marchado.

En consecuencia, se habían realizado inversiones escandalosas como la construcción de un velódromo con capacidad para diez mil espectadores, por la módica suma de 50 millones de dólares, y que, durante los primeros campeonatos nacionales, atrajo tan solo a trescientas personas.

Como esta, las extravagancias fueron el signo distintivo de los JJ. OO. de Montreal. Entre otras cosas, se invirtieron un millón y medio de dólares en aparatos de transmisión para las fuerzas de seguridad, un millón de dólares para el alquiler de trescientas grúas (lo que resultó aún más caro que haberlas comprado nuevas), otro millón y medio pagado al coro y la orquesta sinfónica de Montreal, que se dedicaron a hacer playback con grabaciones pasadas por altoparlantes.

Apenas terminados los juegos, toda la indumentaria, los dispositivos electrónicos y materiales sobrantes fueron rematados, en un débil intento por recuperar algo de la inversión inicial.

Más aún, los escombros llenaban depósitos del tamaño de estadios de fútbol y solo el ejército canadiense contaba con medios suficientes para transportarlos. El propio ministro de Deportes provincial, Claude Charrori, estimó que el costo de mantener el complejo polideportivo después de los juegos dejaría un déficit abultado. “Un gasto desafortunado que no tiene justificación social ni realidad económica”, afirmó el gobernante.

A pesar de estos valores negativos, las olimpiadas de Montreal dejaron algunas enseñanzas. Concluida la ceremonia de cierre, la Asociación Olímpica Canadiense se cuestionó seriamente su desempeño y puso en marcha programas para mejorar el desempeño de los atletas locales. Muchos jóvenes canadienses, que hasta entonces solo habían realizado deportes en forma amateur y habían sido meros espectadores televisivos de los JJ. OO., sintieron que ellos también podían escalar hasta el podio de los mejores. Este es el caso de Sylvie Bernier y Mark Tewksbury, ambos ganadores de medallas doradas.

A comienzos de la década de 1970, muy pocos canadienses estaban acreditados por sus respectivas federaciones para desempeñarse como jueces o árbitros en eventos deportivos internacionales. Tras los juegos, en cambio, muchos de estos organismos iniciaron programas de entrenamiento que permitieron incrementar la cantidad de personas formadas para desempeñarse en los más altos niveles competitivos.

La experiencia de Montreal acabó por reducir drásticamente las postulaciones para elegir la sede de 1984. Solo el municipio de Los Ángeles, en los Estados Unidos, hizo una oferta para esos juegos, tras lo cual sus ciudadanos votaron en contra de la financiación pública de las infraestructuras olímpicas. El COI no pudo hacer más que acatar estos designios; no contaba con ningún otro candidato.

LAS RUINAS GRIEGAS: ATENAS 2004

Hasta los dioses del Olimpo celebraron aquel julio. ¿Era cierto? Grecia, uno de los países más débiles del campeonato se consagraba campeón de la Eurocopa y lo hacía de una forma memorable: derrotando nada más y nada menos que al propio anfitrión, Portugal, y dejando en lágrimas al mismísimo Cristiano Ronaldo. Tal vez ninguna otra manera hubiera sido más ideal para acabar de promocionar uno de los mayores espectáculos del mundo, los JJ. OO. de Atenas 2004. De pronto, todas las miradas volvían a estar en Grecia y resonaban alrededor del globo promesas de grandeza.

La historia había comenzado allá por el 776 a. C. en Olimpia, donde se habían realizado los primeros JJ. OO. Por entonces, el ansiado premio consistía en una corona de olivos, signo de la victoria. Sin embargo, once siglos más tarde, el emperador romano de turno, Teodisio I, tomó una decisión dura para el pueblo y los atletas: suspendió las competencias por considerarlas un espectáculo pagano. Y transcurrió el tiempo. Fue recién en 1894 cuando, gracias al impulso del barón francés Pierre de Coubertin, y en asociación con la universidad parisina de La Sorbona, renacieron las olimpiadas en su versión moderna. La sede elegida para los primeros juegos, dos años más tarde, fue la célebre Atenas, donde participaron catorce países y doscientos cuarenta y un deportistas, todos ellos hombres.

Veinte ediciones después, llegó finalmente el centenario y, al momento de elegir la sede para 1996, estalló una dura puja entre Atenas y Atlanta. A pesar del apoyo de buena parte del resto del mundo y de que tan solo doce años antes otra ciudad estadounidense, Los Ángeles, había sido anfitriona, la decisión acabó por favorecer a los norteamericanos. La ansiedad griega por lograr ser sede resultó en decepción.

Así, cuando finalmente Grecia fue el país elegido para celebrar la vigesimoctava edición de los JJ. OO., la expectativa se extendió por la nación y emergieron grandes discursos motivacionales acerca de los beneficios que el evento traería consigo, a corto y largo plazo.

Lo que muchos no pudieron o no quisieron ver fue que la situación económica griega no era la ideal para afrontar semejante gasto, cuando la historia abundaba en ejemplos de fracasos financieros tras los esfuerzos de costear un evento deportivo de esta índole; las epopeyas económicas únicamente las habían contado aquellos que tuvieron una rigurosa y consciente planificación. En la edición de Los Ángeles 1984 había primado la racionalidad: se utilizaron los estadios ya existentes, a excepción de dos nuevas construcciones. Solo de este modo se consiguieron ganancias millonarias. ¿Estaba Grecia en condiciones de emprender un compromiso semejante?

La economía griega era, por tradición, endeble y se había caracterizado siempre por estar sustentada en deudas internacionales. Considerada una “nación prestataria”, subsistía sobre la base de pedir dinero prestado. Si bien la situación financiera del país se había mantenido controlada durante décadas, en los años ochenta los niveles de endeudamiento habían comenzado a dispararse. Esto coincidió en buena medida con el sueño del euro que, hacia fines del siglo pasado, comenzaba su camino para hacerse realidad. Para que un país pudiera sumarse a este proyecto precisaba cumplir determinados requisitos.

Sin embargo, como vimos en el capítulo 5, Grecia incumplía la mayoría de los criterios de Maastricht relacionados con la inflación, el tipo de interés y los niveles de la deuda pública. A pesar de ello, en junio de 2000 el resto de los mandatarios europeos aceptaron la inclusión de Grecia a la llamada “zona euro”.

Con la puesta en circulación de esta moneda, en enero de 2001 un bienestar general aparente llevó al gobierno griego a no realizar reformas estructurales que aumentaran la entonces muy baja competitividad económica del país. Cuando Grecia se comprometió a organizar los JJ. OO. de 2004, los cuantiosos gastos recayeron sobre una economía cada vez más debilitada. El pronóstico no podía ser bueno.

Por otra parte, el nuevo milenio había llegado con un nuevo fantasma internacional: el terrorismo fundamentalista. La voladura de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y de la estación de tren madrileña, Atocha, el 11 de marzo de 2004, impactaron con fuerza en los planes del comité organizador. Así, los gastos en seguridad que Grecia se vio obligada a contraer para llevar a buen puerto cada uno de los eventos asociados al encuentro deportivo fueron los más elevados en la historia de las olimpiadas hasta aquel momento: 1080 millones de euros.

Ya en 2004, recién terminados los JJ. OO. de Atenas, los allegados al entonces ministro de Economía por el partido demócrata, George Alogoskoufis, se enteraron de que llevaría al menos una década pagar los gastos que el espectáculo deportivo había implicado. Los JJ. OO. supusieron un costo demasiado elevado para una economía débil y con graves signos de deterioro.

En su momento, según anunció públicamente el propio ministro, los gastos por la organización tanto de los JJ. OO. como de los Paraolímpicos de Atenas, celebrados en agosto y septiembre, respectivamente, ascendieron a 8954 millones de euros (aunque las fuentes independientes indicaban que ascenderían a 13.000 millones); esto sin incluir los costos de las obras de construcción que fueron completadas o aceleradas para estar concluidas al momento de la ceremonia de apertura, como el nuevo aeropuerto internacional de Atenas, el tranvía y el tren de cercanías. De este modo, los valores previstos para la planificación quedaban ampliamente superados, aunque los representantes del gobierno consideraban “innecesario hablar del asunto”.

Al momento de realizarse los JJ. OO., el gobierno conservador de turno llevaba tan solo cinco meses en el poder y la planificación de estos había sido responsabilidad del ejecutivo socialista saliente, que había estimado los gastos de los preparativos en 4600 millones de euros. Así, los costos reales quedaban muy por encima de las estimaciones. ¿A qué se había destinado el dinero extra? Siempre según las versiones oficiales, debieron realizarse grandes obras de infraestructura, incluyendo la modernización de hospitales, transporte público, estadios e instalaciones deportivas, mobiliario, gastos en seguridad y actividades culturales.

La economía griega era –y es– débil y con fuertes tendencias al endeudamiento. En consecuencia, la organización de los JJ. OO. tuvo un fuerte impacto en la deuda pública nacional. Desde que Grecia entró en su actual crisis económica, muchos han sido los debates para tratar de dilucidar cuál fue la influencia del evento deportivo en el presente escenario. Así, por ejemplo, hace algunos años Jacques Rogge, el presidente del COI, explicaba que entre el 2 y el 3% de la deuda externa griega debía atribuirse a los gastos contraídos durante aquel 2004. Según el belga, el presupuesto se vio considerablemente inflado producto del retraso que presentaban las obras de infraestructura (lo que supuso mayores gastos en mano de obra), que, en muchos casos, fueron terminadas tan solo una semana antes del inicio del evento. De hecho, durante el último mes, los trabajos de construcción se realizaron durante las veinticuatro horas del día.

¿Valió la pena tal esfuerzo? ¿Qué sucedió con todo lo edificado? Actualmente, el descontento de la ciudadanía griega es muy grande y los líderes de la campaña “anti-juegos” sienten cumplidos sus augurios. El uso de la mayoría de las sedes y estadios olímpicos es hoy escaso o nulo, y siguen suponiendo costos monetarios para el país debido a que las fuerzas de seguridad continúan siendo movilizadas para patrullar estas instalaciones y evitar el vandalismo. La lista de instalaciones desiertas incluye un campo de béisbol, una enorme pista de canotaje y arenas construidas para que se disputaran los partidos de tenis de mesa, hockey sobre césped y judo. Los proyectos que pretendían reutilizar estos centros como sedes recreativas se encuentran cajoneados en tribunales o impugnados por los vecinos y/o las reglamentaciones de construcción locales. Las únicas excepciones son tal vez los estadios de fútbol, básquet y bádminton, que fueron convertidos en teatros. En el resto se van borrando las letras y anillos que majestuosamente supieron publicitar Atenas 2004.

Si bien es cierto que una deuda externa de más de 320.000 millones de euros, como la que Grecia debe enfrentar en el presente, no puede ser atribuida en su totalidad a los costos de un evento deportivo (sin importar la magnitud o el derroche que este haya supuesto), sí parece cierto que su influjo en la economía no fue favorable como sostenía el discurso previo a los JJ. OO.

La esperanza reinante, por aquel entonces, suponía que los beneficios del evento se disfrutarían también a largo plazo gracias al incremento del turismo, entre otros factores. Sin embargo, estas expectativas parecen haber subestimado los costos reales de los gastos. Al parecer, los griegos son muy buenos para sumar y multiplicar, pero no tan precisos para restar.

Entre 2001 y 2004, la deuda griega creció más allá de toda previsión. Se consolidaba la tendencia a financiar el endeudamiento pidiendo más dinero prestado.

Ya en el año de los JJ. OO., los niveles de déficit estaban muy por encima de las exigencias de la Unión Europea. El esfuerzo realizado para las olimpiadas (incluyendo la construcción de un aeropuerto completamente nuevo cuando el viejo yace hoy abandonado sin saber qué hacer con él) fue sin duda faraónico, pero la imagen que quiso proyectarse, la de un país moderno y a la vanguardia, fue pronto desestimada por la realidad económica y social. Los deseos de grandeza quedaron lejos y, una década más tarde, el precio a pagar es sin duda muy elevado.

“Los récords se hicieron para romperse”, publicaban los periódicos del planeta. No era para menos. Con el regreso de los JJ. OO. al lugar que los vio nacer muchos récords fueron superados: participaron doscientos un países, se realizaron trescientos un eventos deportivos y casi cuatro mil millones de personas siguieron las competencias por televisión. Por primera vez en el programa olímpico hubo disciplinas como la lucha grecorromana femenina, y el nadador Michael Phelps hizo historia por ser el mayor ganador de medallas en una sola edición. Así, los griegos sintieron saldada su deuda real luego de que, según afirman fuentes no oficiales, una conocida marca de gaseosas cola les quitara la posibilidad de organizar la centenaria edición que finalmente se realizó en Atlanta.

A pesar de estos logros, la improvisación parece haber sido el sello distintivo de aquel retorno a las raíces. La villa olímpica, que debía contar con servicios adecuados y ser un modelo de estructura bioclimática, está lejos de ser hoy un reflejo del progreso. Concluidas las competencias, el complejo fue entregado como viviendas sociales a familias sin recursos y diez años más tarde es una suerte de gueto distante del centro de Atenas. Los carteles son lienzos para el grafiti, las fuentes están secas, las calles poco recuerdan las glorias pasadas y las casas se inundan por las goteras y grietas. Las viviendas fueron entregadas, pero la población pasó al olvido; tal como sucedió con las promesas de un futuro mejor que los JJ. OO. traerían consigo.

Los discursos hablaban de una Atenas con zonas verdes. Y aunque se plantaron cinco millones de árboles y plantas, la falta de riego durante los últimos años ha llevado a que poco quede de ello en la villa olímpica. De la misma manera de las treinta tiendas que había para los atletas, hoy solo se conservan media docena de negocios para diez mil habitantes.

Los servicios de limpieza rara vez pasan, en la escuela local no hay suficientes cupos para todos los niños del lugar y el suministro eléctrico falla cada dos por tres.

Lo que parecía ser la gloria frente a los ojos del mundo, con el tiempo devino en una de las más serias crisis económicas en la historia de Grecia. Ya en 2010 comenzó a circular en la Unión Europea el temor de que el país mediterráneo cayera en la bancarrota. Las medidas propuestas tanto por el gobierno local como por los organismos internacionales requerían una importante disminución del déficit fiscal. ¿Cómo lograrlo? Con profundos recortes de sueldos y jubilaciones, reducción del gasto público y un considerable aumento de los impuestos. Entonces, ante la mirada atenta del planeta, la población griega se manifestó contra las medidas de austeridad y las graves consecuencias sociales que la situación dejaría: una generación entera sepultada en la pobreza.

De este modo, lo que en un principio fue presentado como un camino hacia la salvación económica de Grecia se convirtió en un arma de doble filo. Según un informe elaborado por Alpha Bank, el gasto que supuso para el gobierno la organización de los JJ. OO. fue la inversión pública más grande de la historia moderna del país. La mayor parte del presupuesto, que terminó saliendo de las arcas estatales, no fue compensado por los ingresos obtenidos durante las competencias, que solo lograron cubrir el 15% de los gastos. Por lo tanto, aquel mismo año la deuda acumulada ya superaba el 110% del PBI y los gastos de mantenimiento de unas instalaciones deportivas infrautilizadas suponían una cuenta pendiente a largo plazo.

¿MEDALLA DE ORO O DE PLOMO?

Al pensar en los JJ. OO. o en cualquier otro gran evento deportivo, como un mundial de fútbol, a menudo se parte del supuesto de que es un sinónimo de boom económico. Sin embargo, la dimensión económica de un acontecimiento semejante no puede ser reducida a una mera cifra. En realidad, sus efectos dependerán de cuáles hayan sido los motivos que en primera instancia la ciudad haya tenido para postularse como sede. En consecuencia, analizar el éxito o fracaso del evento dependerá fundamentalmente de considerar si dicho objetivo logró cumplirse o no.

Sin duda, no es lo mismo perseguir la idea de demostrar el grado de desarrollo que ha alcanzado un país (como sucedió en Pekín 2008), que buscar desarrollar determinados sectores urbanos (como en el caso de Barcelona, Atlanta o Londres), o procurar simplemente hacer una diferencia económica a largo plazo aprovechando un encuentro deportivo relativamente breve.

Por otro lado, el nivel de desarrollo y el tamaño de la ciudad anfitriona, con anterioridad a dicho encuentro, ejercerán una influencia decisiva. No resulta igual una ciudad pequeña y poco industrializada, que deberá realizar inversiones considerables para ampliar su infraestructura, como ocurrió por ejemplo con los JJ. OO. de Montreal, que aquellos centros urbanos donde dichas instalaciones ya existen, lo que permite reducir considerablemente la inversión inicial; los JJ. OO. de Los Ángeles son un excelente modelo. En ese caso, las autoridades responsables de la organización maximizaron el uso de los estadios existentes y evitaron así el déficit. Es en este sentido que lo “caro” o “barato” de ser ciudad anfitriona estará directamente relacionado con que haya o no que construir estadios y viviendas para los deportistas, ampliar carreteras para poder albergar mayor cantidad de visitantes y/o mejorar los sistemas de comunicación.

Sin embargo, vale la pena hacer una distinción sustancial. Ciertamente, no es lo mismo llevar esto adelante de forma planificada y con miras a largo plazo que hacerlo de manera azarosa. En los casos de Londres, Atlanta o Barcelona, los JJ. OO. de 2012, 1996 y 1992, respectivamente, estuvieron centrados en áreas urbanas que, hasta entonces, habían tenido menor desarrollo (por encontrarse en la periferia) o cuya reputación entre la población local era negativa.

Si bien es cierto que mirando los números se podría rápidamente afirmar que se trató en todos los casos de “Olímpicos caros”, esto implicaría una perspectiva muy estrecha de la situación. Esta inversión permitió no solo mejorar las condiciones de vida de muchas personas, sino que, además, los barrios donde fueron construidos los estadios, como el East Side londinense o vastas zonas de Atlanta, consiguieron revitalizar la región y mejorar considerablemente su valoración social.

¿Podemos entonces seguir diciendo que se trató de JJ. OO. caros? ¿Acaso la inversión no valió la pena? Haber realizado los trabajos de forma planificada permitió también que mejoraran los niveles de empleo en el corto plazo. En Barcelona, por ejemplo, entre octubre de 1986 y agosto de 1992, la tasa de desempleo se redujo del 18,4 al 9,6% cuando, en España en su conjunto, había aumentado: pasó del 10,9 al 15,5%.

Los esfuerzos económicos que supone el ser sede de un juego olímpico o mundial son muchos y comienzan ya desde el proceso de presentación de las candidaturas, para aumentar exponencialmente durante la fase de preparación. Sin duda este es el motivo por el que la ciudad sede es elegida con casi una década de anticipación. Las repercusiones económicas que tendrá este proceso de organización varían entre un evento y el siguiente y dependerán, recordemos, de los objetivos que cada ciudad anfitriona tenga.

A pesar de estas diferencias, los grandes eventos deportivos modernos parecen tener una base común en cuanto a lo que a los ingresos se refiere. En pleno auge de las telecomunicaciones, cada vez más los derechos de televisación constituyen una importante inyección monetaria. A esto se debe sumar el marketing, merchandising y la venta de entradas. En muchas olimpiadas, además, el gobierno del país sede proyectó la posibilidad de ganancias a partir de lo que muchos especialistas en el tema llaman “modos de financiación especiales”. Se consideran aquí monedas conmemorativas, sellos postales y loterías.

Al momento de celebrarse el primer juego olímpico moderno (1896) o el primer mundial de fútbol (1934), su financiación dependía fundamentalmente del comité organizador local y del gobierno. Así, la nación anfitriona cargaba en su espalda una enorme mochila. Sin embargo, la globalización ha dado lugar a modificaciones, tanto en la financiación del evento deportivo como en las ventajas que puede disfrutar el país organizador. El desarrollo de la tecnología hace posible la retransmisión en directo de los partidos y competencias, e Internet viene condensando información deportiva desde hace ya dos décadas.

¿En qué beneficia que el mundo se haya convertido en una “aldea global”? En que las principales fuentes de financiación contemporáneas (derechos de televisación, patrocinios y venta de entradas) ya no provienen de las arcas del país sede, sino, por el contrario, de los consumidores de todo el planeta. Esto hace posible que la ciudad anfitriona obtenga ingresos autónomos capaces de crear un impulso económico positivo.

Así planteado, podría pensarse que la planificación de un gran evento deportivo es un negocio rentable que, bien administrado, conlleva beneficios a largo plazo a través de la maximización de la demanda durante el período que dure el evento. Sin embargo, a lo largo de este capítulo conocimos la historia detrás de las catástrofes financieras vinculadas directamente con la organización de las olimpiadas. ¿Qué sucedió? ¿Los representantes griegos y canadienses, por ejemplo, no conocían los costos de sus decisiones cuando las tomaron? ¿Priorizaron el beneficio de unos pocos (contratistas y otros grupos de presión) a costa del pueblo en su conjunto? ¿Vendieron a los contribuyentes “espejitos de colores” que luego se convirtieron en millonarios “elefantes blancos”?

La catástrofe que supusieron los JJ. OO. de Montreal y Moscú impulsaron el cambio, a la fuerza, claro. La falta de candidatos para la edición de 1984 llevó a que los ciudadanos de Los Ángeles, la única ciudad dispuesta a correr con el riesgo de oficiar como sede, pudieran imponer sus condiciones y no acabar con una deuda millonaria para varias de las siguientes generaciones. Nacieron así los primeros JJ. OO. con mentalidad comercial de la historia. Por haber usado los pabellones y estadios ya existentes, y por haber solicitado financiación privada (Coca-Cola, Fuji y General Motors fueron algunas de las empresas patrocinantes), este fue el primer evento olímpico en dejar ganancias para los anfitriones. Los grandes acontecimientos deportivos pasaban a ser, además, un negocio potencial y una suerte de campaña publicitaria a gran escala para las empresas.

Lo que tuvo Los Ángeles, y que había faltado con anterioridad, fue una estructura que generó ventas no solo durante los escuetos días de competiciones, sino también durante los cuatro años que van desde unos JJ. OO. a los siguientes. ¿Qué falló entonces, por ejemplo, en Atenas 2004? Según las versiones oficiales, nada. En palabras del presidente del COI, Jacques Rogge, atribuir a los JJ. OO. la responsabilidad por la crisis griega es “injusto, ya que la ciudad se benefició; la situación sería hoy peor de no haberse producido las inversiones que originaron las olimpiadas”.

Las perspectivas son encontradas. Lo único que parece certero es que, al menos en el caso de Atenas y Montreal, los beneficiados fueron los dirigentes y algunos de los pocos involucrados en la construcción de la infraestructura, mientras que la ciudadanía en su conjunto, en especial los habitantes de las ciudades directamente implicadas en la organización, fue la más perjudicada.

A fin de cuentas, organizar un evento de estas características solo parece ser rentable para aquellas ciudades o países que cuentan con un desarrollo previo de su infraestructura, que permite achicar enormemente los costos de organización y captar el beneficio social derivado de las mejoras que se implementan sobre lo ya existente.

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De Graham Bell a Bill Gates: cuando lo importante no es tener la idea sino saber usarla

En la actualidad, la tecnología marca el ritmo de nuestras vidas. Cientos de aparatos nos ayudan a alivianar las tareas más tediosas, nos complementan y nos permiten abreviar tiempos y distancias. Todas estas creaciones que nos facilitan la vida cotidiana tienen su historia, y su origen puede remontarse a tiempos lejanos o a otros más cercanos a la época contemporánea.

Estos inventos son producto de mentes sumamente prolíficas y voluntades inquebrantables, que probaron una y otra vez hasta hacerlos funcionar y, luego, evolucionar. Estos inventores supieron de destierros creativos, de esfuerzos sostenidos y de búsquedas desesperadas del capital que les permitiera concretar sus sueños y patentarlos. Pasaron más de una noche de desvelo, se cansaron de experimentar con peor y mejor suerte, y lucharon contra los prejuicios y las costumbres más arraigados de cada época.

Muchos de estos seres creativos, aventureros en un amplio sentido, lograron disfrutar de las mieles que les reportó su invención. Otros, mucho menos afortunados, dejaron este mundo sin haber sido reconocidos como los verdaderos creadores, sin haber visto plasmada su obra e, injustamente, en la ruina. Existen también esos otros que, sin saber el desarrollo futuro, entregaron a cambio de una magra suma de dinero su invención, la que desarrollada y explotada por otros creativos, mucho más hábiles a la hora de hacer negocios, se convirtió en el pilar sobre el que se construyeron las más grandes empresas del mundo.

Entre los grandes inventos cuyo origen ha generado disputas legales, fraudes éticos y confusiones varias se encuentran el teléfono y el despegue de Microsoft, uno de los imperios informáticos más poderosos del planeta. La historia de estas dos creaciones muestra cómo, aun en el terreno de lo creativo, el hombre despunta sus aspiraciones y sus ambiciones económicas casi simultáneamente, y compite con diferentes armas, algunas más legales y otras bastante menos lícitas, dentro de un sistema en el que la verdad tarda en revelarse, pero cuando sale a la luz, se impone de tal manera con la fuerza de la razón que exige justicia.

LA CONTROVERTIDA HISTORIA DE LA INVENCIÓN DEL TELÉFONO

A fines del siglo XIX, en los tiempos en que se utilizaba el telégrafo para transmitir a distancia palabras escritas, un nuevo invento produjo una verdadera revolución en el mundo de las comunicaciones: el teléfono. El 26 de febrero de 1876, Alexander Graham Bell, escocés, fisiólogo y profesor en la Universidad de Boston, patentaba “su más reciente creación”: un sistema que hacía que la voz humana se propagara a través de los circuitos telegráficos basados en el código Morse, y permitía que tanto el emisor como el receptor pudieran mantener una conversación aunque los separara un gran trayecto.

Así, desde la ciudad más grande y poblada del condado de Suffolk, en el estado de Massachusetts, al noreste de los Estados Unidos, un joven Bell proponía con su reciente invención una nueva forma de comunicarse. A partir de ese momento, y por más de cien años, la humanidad reconoció al escocés como el inventor del teléfono, sin saber que la historia que lo entronizaba como el creador de uno de los avances tecnológicos más importantes de la época, origen de la telefonía actual, era una de las tantas falacias del siglo XX.

Y tal como sucede con toda mentira basada en principios perfectamente formulados, se sostuvo en el tiempo y, en este caso, generó un relato en el que el tramposo se hizo rico y el honesto murió pobre y sin reconocimiento social. Una historia que guarda tres relatos de vidas iluminadas por la luz de la creatividad y oscurecidas por la trampa, la miseria y la estafa.

El ambiente sociocultural de la época resultaba ideal para desarrollar nuevos proyectos porque estaba enmarcado por los efectos productivos de la Revolución industrial. En aquella sociedad en plena ebullición, la mujer era “la reina del hogar”, madre por sobre todo y capaz de lucir con encorsetada elegancia los vestidos “estilo polisón”, dos piezas que se usaban con una prenda interior que tenía una almohadilla para realzar la parte posterior de la falda. La literatura del siglo XIX reflejó los cambios en la sociedad. Se impusieron las corrientes reconocidas como realismo y naturalismo, cuyos autores mostraron en sus textos costumbres, sentimientos y el ideal cientificista del momento.

En Europa y en los Estados Unidos, la población crecía y se movilizaba hacia las zonas urbanas, y también se producían fuertes oleadas migratorias transoceánicas, desde el viejo continente hacia el nuevo, especialmente hacia los países del norte de América.

En un clima auspicioso, la humanidad avanzaba al ritmo de nuevos inventos que simplificaban la vida: la máquina de coser, la lámpara de querosén, el daguerrotipo, el refrigerador, la locomotora de vapor, el telégrafo, por nombrar algunos. Con este último antecedente, el físico alemán Johann Philipp Reis creó en 1861 un dispositivo capaz de convertir los sonidos en corriente eléctrica y de reproducirlos en otro lugar, a un máximo de 100 metros de distancia. En la primera prueba piloto, Reis envió un mensaje de voz: “El caballo no come ensalada de pepinos”. La frase era original y graciosa, pero lamentablemente nadie la escuchó. Este “teléfono”, como lo bautizó (del griego “hablar a lo lejos”), solo tenía un inconveniente: era incapaz de transmitir la voz humana con claridad. A pesar de recorrer Europa tratando de difundir su invento, el físico tuvo poca acogida; estaba, sin dudas, demasiado adelantado a su época.

Pocos años después, en otras latitudes del planeta, otros científicos retomaron la idea, con mayor éxito, aunque con el tiempo, la adjudicación del nuevo y revolucionario invento llegó a entrar en una zona de conflicto. Diversas voces se atribuían su creación; las genuinas no fueron correctamente escuchadas hasta más de un siglo después, cuando la tecnología y las pruebas hicieron justicia.

BELL, EL INVENTOR EXITOSO

El por mucho tiempo considerado padre del teléfono –hasta que las evidencias expresaron lo contrario– dejó un legado de dieciocho patentes a su nombre y doce más en conjunto con sus colaboradores. Era un hombre prolífico en imaginación, un investigador voluntarioso que consiguió el respaldo económico para poder concretar el fruto de su trabajo.

A pesar de haber generado la mayoría de sus inventos en el norte de América, Bell no era oriundo de allí. Había nacido el 3 de marzo de 1847 en Edimburgo, la capital de Escocia. Su familia se dedicaba a la locución y la corrección de la pronunciación, actividades que marcaron su camino. Su madre fue su primera maestra; luego recibió un año de educación formal en una escuela privada y dos años en la Royal School de Auld Reekie o “la ciudad de las chimeneas”, tal como se conocía a Edimburgo. Aunque curioso, Alexander fue un alumno mediocre que, sin embargo, tenía una poco común habilidad para resolver problemas. Observaba todo lo que ocurría a su alrededor y luego intentaba plasmarlo en alguna invención.

Cursó algunas clases en la universidad local y también en el University College de Londres. Sin embargo, era sobre todo un autodidacta. En 1864, fue residente en la Weston House Academy de Elgin, donde hizo sus primeros estudios sobre sonido. Cuatro años más tarde, fue asistente de su padre en Londres.

Pasaron dos años más y en 1870, después de la muerte de dos de sus hermanos a causa de la tuberculosis (enfermedad letal en aquella época), se mudó a Canadá junto con su familia. Un año más tarde, ya recuperado, Alexander fue a Boston a trabajar en una escuela de sordomudos para reemplazar a su padre, con la idea de difundir su sistema de aprendizaje por lenguaje de señas. Estaba entusiasmado con su nuevo desafío, al que le sumó sus propios métodos. Su trabajo tuvo buena aceptación. Sin embargo, después de un primer semestre de colaboración, no siguieron financiando su proyecto, pero él no se rindió fácilmente. Bell se quedó en Boston; estaba enamorado de la “Atenas de América”, como se conocía a esa ciudad por su atmósfera intelectual, y decidió convertirse en el tutor de George Sanders y Mabel Hubbard, niños sordomudos. También, en 1873, ayudado por su sólida reputación y conocimiento en el tema del sonido, pudo incorporarse al plantel de la Universidad de Boston como profesor en fisiología vocal.

Mientras tanto, trabajaba en un telégrafo múltiple, apoyado económicamente por los padres de sus estudiantes. Así desarrolló algunas ideas básicas de lo que sería su propio prototipo de teléfono. Sin embargo, no perseguía la idea de generar un nuevo medio de comunicación; trataba simplemente de crear instrumentos que le facilitaran su trabajo como fisiólogo y ayudaran a quienes tenían problemas auditivos severos.

En aquella época, y durante tres décadas, el telégrafo fue el medio de comunicación por excelencia, aunque era limitado en su capacidad de, simultáneamente, enviar y recibir mensajes, ya que estaba basado en el código Morse. A la hora de “inventar” el teléfono, Bell contaba con ciertas ventajas: sus conocimientos sobre el sonido y la música le permitieron idear la posibilidad de enviar una mayor cantidad de mensajes por el mismo cable. Así, la casualidad llevó al inventor a dar con el dispositivo telefónico que lo conduciría a la fama. ¿Sabía él acaso de los trabajos que una década antes había realizado Reis en Europa? No hay evidencias concretas, pero se cree que el escocés habría asistido a una de sus presentaciones en el Reino Unido.

NACE EL TELÉFONO

Bell siguió trabajando día y noche en su invento. Se cree que Gardiner Green Hubbard, el padre de Mabel (quien sería esposa del escocés), tenía un dato fundamental para el futuro del proyecto que querían desarrollar. Le habría llegado la información de que en Ohio, Elisha Gray, profesor del Oberlin College, estaba también trabajando en un telégrafo múltiple y decidió conseguir un refuerzo para apuntalar el trabajo de su protegido. Decidido a ganar la batalla por el invento, lo contactó con Thomas Watson, un joven electricista que contaba con los conocimientos e instrumentos para que el proyecto pudiera continuar. A la nueva dupla de inventores le llevó cerca de dos años poder diseñar un aparato que convirtiera la voz en impulsos eléctricos.

Para mediados de 1875 el teléfono era casi una realidad. Distintos tonos variaban la fuerza de la corriente eléctrica de un cable, para lo que era necesario un trasmisor con una membrana capaz de alterar las corrientes electrónicas, y un receptor que las reproducía. Finalmente, las pruebas realizadas en marzo de 1876 fueron un éxito. Del otro lado de la línea, en la habitación contigua, Thomas escuchó la voz de Bell a través del nuevo dispositivo: “Señor Watson, venga aquí, quiero verlo”, le dijo. Y, seguramente, Watson le hizo caso y fue corriendo a festejar el funcionamiento del dispositivo. Al poco tiempo, una presentación pública del llamado “teléfono de caja”, en un experimento de ocho kilómetros, definiría la situación. Quedaba así ampliamente superado el telégrafo.

Este aparato primitivo funcionaba básicamente como un dispositivo actual: las palabras emiten una onda sonora que es absorbida por

una fina membrana de acero que comienza a vibrar en correspondencia con la modulación de esas ondas. La membrana convierte el patrón de las ondas sonoras en vibraciones análogas de corriente cuya intensidad fluctúa según la modulación original. En el receptor, los impulsos eléctricos son recogidos por un electroimán que hace que otra membrana vibre. Esta emite entonces las ondas sonoras que la persona al otro lado recibe a través del oído (EPEC, s. f.).

Más tarde, esta primera versión fue estudiada y perfeccionada por otros innovadores como Thomas Edison.

UNA CARRERA POR LA PATENTE

El 14 de febrero, Bell realizó una jugada maestra. Fue rápidamente a patentar su dispositivo en un registro de los Estados Unidos. Ese mismo día, en Ohio, la historia daba un giro particular. Elisha Gray concurrió a la oficina de patentes para asentar un dispositivo prácticamente igual al de Bell. Y no podía creer lo que le estaba sucediendo, porque un aparato semejante había sido ingresado, solo dos horas antes, en la ciudad de Boston. En la planilla de ingresos, la presentación de Gray figuraba con el número 39 de ese día y la de Bell con el 5. Por eso, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le concedió al escocés la patente nº 174.465 por su invento.

Nacido en Barnesville, Ohio, Gray pertenecía a una familia humilde de religión cuáquera. Había pasado su niñez en una granja, hasta que se le presentó la oportunidad de estudiar en el Oberlin College. Fue allí donde pudo dar sus primeros pasos en el trabajo con la electricidad. Al momento en que se dispuso a patentar su dispositivo telefónico, Gray contaba ya con experiencia en la invención de nuevos dispositivos. En 1867 había conseguido la patente por un sistema que mejoraba los de transmisión telegráfica. Además, en 1869, había fundado junto con Enos Barton la empresa Gray and Barton Manufacturing, que, cuando un año más tarde incluyó entre sus socios a Anson Stager, fue reorganizada y rebautizada como Western Electric Manufacturing Company (1871).

Tres años después de reorganizada su compañía, y hasta 1876, Gray se dedicó fundamentalmente a hacer investigación por cuenta propia, alejándose de su rol empresarial. Quizás fue este el rico período en el que consiguió mejorar sus conocimientos respecto de la comunicación. Los hechos demuestran este avance en su trabajo creativo. En los salones de una iglesia presbiteriana que había ayudado a fundar, hizo la primera demostración pública de un novedoso invento que empleaba un cable para trasmitir tonos musicales. Este dispositivo incluía, además, un sintetizador musical que usaba las vibraciones de distintos circuitos electromagnéticos, los cuales se activaban a través de una serie de teclas de piano. El dispositivo era el telégrafo eléctrico para la transmisión de tonos musicales, por el que el 27 de julio de 1875 Gray obtuvo la patente nº 166.096.

Apasionado por investigar, crear y producir objetos útiles para la humanidad, encontró en el teléfono uno de sus grandes inventos. Luego de haber dedicado muchos años a este dispositivo para trasmitir la voz, no dudó ni un minuto en emprender acciones contra Bell por la titularidad del invento en juego. Hubo que investigar cómo fue que coincidieron en la presentación de ambos inventos: hubo que recurrir a las fuentes y desandar los caminos que hicieron ambos inventores, empezando por la Oficina de Patentes. Por entonces, al momento de solicitar un registro era preciso que el interesado realizara una breve descripción de su invento. Al presentar sus formularios, Gray había consignado:

Sépase que yo, Elisha Gray, he inventado un nuevo arte para trasmitir los sonidos vocales telegráficamente. El objeto de mi invención es trasmitir tonos de la voz humana a través de circuitos telegráficos y reproducirlos en el polo receptor de la línea de modo que puedan realizarse conversaciones reales entre personas separadas por largas distancias. La obvia aplicación práctica de mi innovación será posibilitar a personas a cierta distancia conversar mutuamente a través del circuito telegráfico justo como lo hacen en el presente de cada uno o a través de un tubo para hablar (Cybertelecom, s. f.).

Por su parte, la aplicación a la patente de Bell, titulada Innovaciones en telegrafía, también mencionaba la telefonía mediante la voz pero, curiosamente, solo lo hacía en una nota manuscrita en un margen, como si se hubiera tratado de un pensamiento de último momento. Fue a partir de esta información que los defensores del caso de Gray argumentaron que, de algún modo, se le habría permitido a Bell mirar la solicitud presentada en Ohio, y este agregó a último momento esas aclaraciones, una vez que ambas aplicaciones habían sido entregadas. A pesar de estos alegatos, y luego de dos años de intercambios y juicios, la sentencia quedó firme en favor de Alexander Graham Bell, quien madrugó, se adelantó y ganó, al menos hasta ese momento.

ANTONIO MEUCCI, EL VERDADERO INVENTOR

Pasaron más de cien años y la patente nº 174.465 se había convertido en la piedra basal de un gigantesco conglomerado económico. Bell era reconocido mundialmente como el padre de uno de los medios de comunicación más revolucionarios y de la empresa dedicada al rubro más importante de los Estados Unidos. Sin embargo, el 11 de junio de 2002, el Congreso de ese país dio un golpe de gracia a la creencia popular y científica. En una jornada memorable reconoció a Antonio Meucci, inmigrante italiano, como el verdadero inventor del teléfono. “Es el sentir de la Cámara de Representantes que la vida y logros de Antonio Meucci deben ser reconocidos, y que sus trabajos en la invención del teléfono deben ser acreditados”, decía la declaración que tuvo una repercusión limitada en el país del norte y generó alegría en Italia, país natal del hasta entonces olvidado inventor.

Meucci había nacido en 1808, en Florencia, en el corazón de la región Toscana. Allí estudió ingeniería y luego, en la década de los treinta, emigró a Cuba en busca de mejor suerte. En 1849, en esa isla caribeña, comenzó a desarrollar el diseño de un “telégrafo parlante”. Por entonces, trabajaba con enfermos reumáticos y al aplicar a sus pacientes pequeñas descargas eléctricas para calmar el dolor, notó que era posible la transformación de vibraciones sonoras en impulsos eléctricos y que esto permitía trasmitir la voz a distancia a través de un cable.

Un año más tarde, se mudó con su esposa a Staten Island, Nueva York, donde continuó con sus trabajos en un laboratorio hogareño. En 1855, dos décadas antes que Bell y Gray, consiguió construir su primer prototipo telefónico. Según el relato detallado en la Resolución nº 269 de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, a poco de instalarse en la ciudad de Nueva York, Meucci logró establecer un enlace comunicativo rudimentario que conectaba el sótano con el primer piso de su vivienda. Más tarde, cuando su mujer comenzó a sufrir de una artrosis incapacitante, instaló un enlace permanente entre su laboratorio y el dormitorio de su esposa, en el segundo piso.

A pesar de haber agotado los ahorros de su vida en el intento de concretar su trabajo, el inventor italiano no consiguió comercializar su dispositivo. Sin embargo, en 1860, hizo evidente su invención cuando publicó una descripción del funcionamiento del aparato en un periódico neoyorquino de tirada en italiano.

Unos once años después de aquella publicación, cuando Graham Bell dejaba Canadá para establecerse en Boston, el verdadero inventor presentaba un registro para una versión mejorada de su dispositivo. Por entonces, Meucci volvió a encontrar en la falta de dinero su principal limitación para poder registrar su invento. No pudo solicitar una patente porque tenía que pagar unos 250 dólares anuales. Entonces, optó por una prepatente, que le permitía proteger legalmente su invención. Renovar este registro implicaba pagar 10 dólares anuales. Durante los dos primeros años, cumplió con esta obligación, pero luego la salud de su mujer se deterioró, necesitó mucho dinero para costear el tratamiento y su escueto conocimiento del inglés no le permitió moverse con libertad en el mundo laboral local. Su situación financiera estaba al límite y, en 1874, por no poder conseguir el dinero solicitado por el gobierno, Meucci perdió los derechos sobre su invento.

En 1876 se tocaron y se repelieron los destinos. Era el tiempo en que el florentino buscaba apoyo económico para sostener su prepatente, cuando descubrió que Bell había registrado un invento semejante al suyo. Entonces, a los reclamos de Elisha Gray se sumaron los de Meucci. En 1887, como consecuencia de las demandas, la patente de Bell fue puesta en duda frente a los tribunales y se presentó un pedido de anulación basado en “el fraude y la tergiversación”. A pesar de la evidencia, la Corte Suprema de Justicia evaluó que el caso era discutible y fue discontinuado en favor del escocés. Meucci murió en Nueva York en 1889, dependiendo de la asistencia estatal, sumido en una profunda pobreza y siendo completamente desconocido para los estadounidenses, pero con la certeza de que era el verdadero creador del revolucionario teléfono.

EL FRAUDE Y LA GLORIA

Antes de concederle la gloria eterna a Meucci, los investigadores se preguntaron cómo Bell pudo conocer el prototipo creado por el florentino. El misterio se fue desentrañando gracias a las declaraciones recibidas por el Congreso de los Estados Unidos durante los debates más contemporáneos acerca del origen intelectual del teléfono. Entre estas revelaciones se encuentran las de la empresa Western Union, a la que el inventor italiano había solicitado asistencia financiera para su dispositivo. Esta había desestimado la importancia del invento y, además, no le había devuelto los materiales de su prototipo. Esos materiales habrían quedado almacenados en una dependencia en la que Bell trabajó en sus experimentos. Sin duda lo que jugó a favor del escocés fue que Meucci no pudo sostener económicamente la patente; de lo contrario, nunca le habría sido concedida. Pero esa historia no fue la que se escribió.

Aunque la verdad se esclareció, ninguno de los protagonistas se encontraba con vida entonces para defender su causa. Y mientras que algunos murieron sin fama ni gloria, otros, como Graham Bell, dejaron este mundo con el sabor de haber conocido la grandeza. La gran repercusión que recibió por el teléfono lo condujo a escribir otra página en la historia que nuclea a los genios de la creación. Así el 9 de julio de 1877, el inventor escocés fundó la Compañía de Teléfonos Bell.

No estaba solo: en ese emprendimiento lo acompañó su suegro, Gardiner Greene Hubbard, quien además tuvo gran participación en el establecimiento de la New England Telegraph Company. Menos de dos años después, el 17 de febrero de 1879, ambas empresas se fusionaron y un año más tarde esta nueva compañía se unificó con otras para formar la American Bell Telephone Company, que con el tiempo se convirtió en la American Telephone & Telegraph Company (AT&T), devenida en una de las empresas de telefonía más grandes del mundo del siglo XX.

Y como si tuviera un imán para atraer toda la suerte del mundo, en 1880, Bell se hizo acreedor del prestigioso premio Volta, lo que le aportó una importante suma de dinero para trabajar en un nuevo proyecto: el “grafófono”, uno de los primeros sistemas de grabación de sonidos que desarrolló en colaboración con Charles Sumner Tainter. Más allá de las controversias y deslices éticos derivados del invento del teléfono, Bell fue un gran creador: se le atribuye la invención del audiómetro, usado para medir la agudeza de oído; la balanza de inducción, para detectar objetos metálicos en el cuerpo humano, y el primer cilindro de cera para grabar.

Elisha Gray también fue un inventor serial. En la década de 1880, trabajó con el “teleautógrafo”, un aparato para reproducir a distancia textos o dibujos (se sumaba al telégrafo musical). Por entonces fue nombrado profesor de electricidad dinámica en Oberlin College y en 1878 publicó su obra Investigaciones experimentales en telegrafía y telefonía, 1867-1876. Fue también autor de otros tres libros: Telegrafía y telefonía, Electricidad y magnetismo y Milagros de la naturaleza: una discusión no técnica de la ciencia y la tecnología para el público en general.

Murió en enero de 1901 dejando un profuso legado: setenta inventos patentados entre los que se incluye un altavoz para hacer audible la transmisión de la voz, un indicador de aguja para ascensores, una impresora telégrafo que tenía un teclado de máquina de escribir y mensajes impresos en la cinta de papel. Concibió también un primitivo sistema de circuito cerrado de televisión al que llamó “telefoto”. Al momento de su fallecimiento, estaba desarrollando un dispositivo de señalización submarina. Tras su muerte, en su domicilio se hallaron evidencias de estos trabajos y, después de algunos años de pruebas, fue reconocido como el inventor de ese dispositivo.

Antonio Meucci fue también un inquieto inventor, aunque mucho menos afortunado que sus coetáneos. Entre sus creaciones más significativas se encuentran un sistema de filtros para la depuración del agua, el uso de la parafina en la fabricación de velas, un proceso para la fabricación de papel de alta calidad. Llevó adelante, además, una multiplicidad de experimentos en la búsqueda de una sustancia o proceso eléctrico capaz de petrificar los cuerpos humanos después de la muerte.

Y, por supuesto, este florentino fue el inventor de aquel primer teléfono, dispositivo que a la par de revolucionar la comunicación, permitió conectar los hilos de una de las más grandes mentiras de la historia. Y, con el tiempo, dejar al descubierto que en todas las épocas existió la puja de poder entre lo creativo y lo económico. La conclusión termina siendo dual: por un lado, este es un caso en el que la verdad salió a la luz y, por el otro, a fin de cuentas, Bell fundó uno de los imperios más importantes de los tiempos modernos, la conocidísima AT&T, sobre la base de una mentira, donde lo que primó fue estar en el momento indicado en el lugar justo y contar con el capital necesario.

BILL GATES Y EL ARTE DE TRIUNFAR CON IDEAS AJENAS

En nuestros días, la computadora, en sus diferentes variantes, es parte de nuestra cotidianidad. No podríamos imaginarnos la vida sin ella. Todo pasa por los sistemas que se organizan dentro de circuitos informáticos, muy inteligentes, casi mágicos. Sin embargo, hubo un tiempo, al comienzo de los setenta, en que el mundo informático estaba aún gateando. Había mucho por hacer y crear y algunos jóvenes se sentían atraídos por ese universo inexplorado. El hoy multibillonario Bill Gates fue uno de esos adolescentes atrapados en la red informática, que unió su pasión a la de Paul Allen y, ambos, en poco tiempo, crearon Microsoft, un gran emporio. Estos pioneros supieron ser lo suficientemente astutos para construir los pilares de este castillo informático, basados en la genialidad de un programador anónimo al que incorporaron esporádicamente a sus huestes. Así, aun en las grandes epopeyas, nada es lo que parece y amerita el relato revelador de su historia, escrita desde el moderno teclado de una computadora, por supuesto.

DOS ADOLESCENTES AUDACES

William Henry Gates III nació un 28 de octubre de 1955 en Seattle, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. Esta ciudad, ubicada a 155 kilómetros al sur de la frontera con Canadá, está flanqueada por montañas y las frías aguas del Pacífico y, por pertenecer al “Cinturón de Fuego”, suele tener una actividad sísmica muy intensa. “Bill”, como lo llamaban cariñosamente, creció con este entorno, en el seno de una familia acomodada y dio sus primeros pasos en la escolaridad en un instituto público de su ciudad natal. Sin embargo, su gran indisciplina y bajo rendimiento decidió a sus padres, el abogado William Gates II y la profesora universitaria Mary Maxwell, a buscar una institución capaz de alinear a su segundo hijo (eran tres) con los mandatos familiares. Así, el pequeño Bill acabó en Lakeside, una escuela prestigiosa por los grandes logros académicos de sus estudiantes.

Los orígenes sociales de Paul Gardner Allen fueron diferentes. Dos años mayor que Gates, nació un 21 de enero de 1954 también en Seattle, ese gran centro cultural, económico y educativo del noroeste estadounidense. No fue una acomodada situación económica la que determinó su formación en Lakeside, sino una fuerte tradición familiar ligada a la educación, ya que era hijo de una maestra y de un bibliotecario. Paul fue un alumno brillante.

Y como suele ocurrir durante la vida escolar, las afinidades entre los niños no entienden de dinero ni de vínculos sociales; solo importan los intereses compartidos. Y tanto Bill, que por entonces cursaba el octavo grado, como Paul, en décimo, eran apasionados por las computadoras y pronto lo descubrirían. Ese momento no tardó en llegar.

Aquel día de 1968 lloviznaba, nada nuevo para la ciudad de Seattle. Los zapatos se humedecían al atravesar el campus de la escuela; pero no importaba. Finalmente, había llegado el tan ansiado instante, ya estaban en Lakeside las esperadas computadoras. En realidad, no se trataba de una, sino de toda una red conectada por una línea telefónica. Para muchos estudiantes debe haber resultado tan solo un elemento más de distinción, algo a lo que los tenía acostumbrados la renombrada institución educativa, siempre a la vanguardia. Nada volvería a ser igual para Bill y Paul. Aunque eran adolescentes, a partir de aquel primer contacto con la nueva tecnología, se unieron en un emprendimiento y se introdujeron, de cabeza, en el complejo mundo de la programación. En 1969, mientras todavía cursaban sus estudios secundarios, fundaron, junto con otros dos compañeros de Lakeside, una empresa encargada de monitorizar y testear equipos informáticos de la compañía Computer Center Corporation. Esta tarea, que realizaron durante cerca de un año, si bien no era remunerada, les permitió acceder a su pasión, las computadoras. Bill también llegó a conseguir algunos trabajos como programador.

Tres años más tarde, Allen aprobó el SAT (el exigente examen de ingreso a la universidad) con un impecable puntaje, y esto le valió una pronta admisión en la Universidad Estatal de Washington, en la región de Palouse, en el noroeste del Pacífico. Gates, en cambio, pudo acceder a la Universidad de Harvard. A pesar de encontrarse en extremos opuestos del país, Paul y Bill mantuvieron su amistad y su entusiasmo.

En 1975, durante su paso por Harvard, Gates se asoció con su antiguo compañero –quien un año antes había abandonado la universidad– para desarrollar una versión del código simbólico de instrucciones de propósito general para principiante, más conocido como “BASIC” (por su sigla en inglés), un lenguaje de programación diseñado originalmente a mediados de la década de 1960 en Dartmouth College, Estados Unidos, con el objetivo de hacer más fácil la programación de una computadora a los estudiantes y profesores que no fueran especialistas en ciencias. Por entonces, usar una computadora suponía tener que codificar un software a medida, quedando así su empleo restringido solo a quienes fueran científicos o matemáticos. Así, BASIC fue diseñado originalmente como un instrumento de enseñanza.

Aunque hoy nos resulte difícil de imaginar, en los setenta las computadoras no se parecían en nada a las actuales. Había que ensamblarlas, estaban limitadas a los “fanáticos” o expertos, y requerían de un lenguaje específico. Sin embargo, para 1975, hubo un modelo, el Altair, que dio el puntapié inicial a lo que sería el crecimiento exponencial de las computadoras hogareñas. Durante su época de estudiantes universitarios, Gates y Allen desarrollaron el lenguaje BASIC para ese dispositivo. Fue un éxito. Hasta entonces, la mayoría de los lenguajes de programación habían sido demasiado grandes para ser albergados en las reducidas memorias de los equipos de la época. BASIC, en cambio, era considerablemente más pequeño y resultaba una alternativa interesante.

NACE MICROSOFT

Con la notoriedad que comenzaron a darles BASIC y la realización de otros programas que eran luego vendidos a empresas o administraciones públicas, en 1975 los amigos tomaron una decisión que habría de cambiarles la vida. Fundaron en Albuquerque, Nuevo México, Microsoft Corporation, una empresa de software informático. Entre los primeros lanzamientos de la recién nacida organización se encuentra Basic Altair, que marcó el primer paso de lo que sería el consecuente desarrollo de los ordenadores hogareños, la competencia con Apple y el primer gran acuerdo comercial de Microsoft con IBM, en aquellos años la compañía de servicios informáticos más importante de los Estados Unidos.

El éxito alcanzado con Altair llevó a Bill Gates a tomar la decisión de dejar Harvard en 1977 para dedicarse por completo a lo que era el sueño mentado para Microsoft: “una computadora en cada despacho y en cada casa”, una idea tan grande como lejana para la época.

Inicialmente, Microsoft se dedicó a crear programas adaptados a los nuevos microordenadores del momento, que luego vendía a las empresas fabricantes a un precio menor que si los hubieran desarrollado ellas mismas. Para 1979, Microsoft se encontraba negociando con varios vendedores de microcomputadoras (entre ellos IBM) para que incluyeran en sus ordenadores un intérprete de BASIC. En este contexto, Gates decidió llevar la compañía al siguiente nivel y dejar de ser un mero desarrollador de lenguajes de programación para encarnar una empresa diversificada de software que produjera tanto sistemas operativos y aplicaciones como herramientas de programación.

UN NUEVO PASO, UNA NUEVA SEDE

La transición de Microsoft comenzó en 1981 con la mudanza de la empresa a Seattle, cuna de sus fundadores y una de las ciudades más desarrolladas de los Estados Unidos. Un cambio fundamental. Ahí estaba el futuro gigante, emplazado en la misma metrópoli que la Space Needle, de 184 metros de altura y construida en 1962, y entre el Pacific Science Center y el Columbia Center Sky View Observatory. Con la llegada al nuevo destino se produjo también el ingreso de un nuevo miembro a la compañía: Steve Ballmer, antiguo compañero de Harvard de Bill Gates. Sin embargo, en forma individual, ninguna de estas acciones habría de alcanzar para colocar a Microsoft en el podio empresarial. Algo más tendrían que crear.

Sonaban Guns N’ Roses, Aerosmith, Cyndi Lauper, Madonna, Michael Jackson, Prince… Despuntaba el rap, se bailaba breakdance y aparecían los primeros grafitis. El arranque de los ochenta fue contundente y desafiante, también para la renovada y reforzada Microsoft. Los socios tenían que lanzarse al mercado y, de alguna manera, el negocio les imponía un salto al vacío. La competencia con Apple los obligaba a vender lo que no poseían. Con gran habilidad, Gates consiguió que los representantes de IBM, ese cliente tan codiciado, les compraran un sistema operativo que podía funcionar en una nueva computadora personal. Después de varias reuniones, en las que Microsoft incluso pudo lograr que le concedieran los derechos de licencia, el mantenimiento y hasta la facultad de vender dicho sistema operativo a otras compañías (IBM consideraba que lo que generaría ganancias sería el hardware y no el software), los miembros de Microsoft no contaban aún con el producto que habían vendido. El milagro estaba por suceder.

Mientras esto ocurría en las dependencias de la compañía, en otra parte de la ciudad, el joven programador Tim Paterson, de tan solo 24 años, se encontraba trabajando en la Seattle Computers Products. Su gran capacidad intelectual lo había llevado a crear un sistema operativo al que llamaba 86-DOS, conocido durante su fase desarrollo como “Quick and Dirty Operating System” (Q-DOS). A contrarreloj, pues, se cumplían los plazos acordados con IBM, Bill Gates y Paul Allen decidieron comprarle a Paterson los derechos sobre su sistema operativo por la escueta suma de 50.000 dólares, que entregaron a IBM luego de que fuera el propio programador quien hiciera la adaptación del software al microprocesador usado en la computadora de esta empresa, el 8088 de Intel.

Así, contrariamente a lo que se piensa, el Microsoft Disk Operating System (MS-DOS), como fue renombrado más tarde, el primer empeño hacia el desarrollo de las computadoras modernas no fue obra de Bill Gates. A pesar de que se quedó sin la fama ni la gloria, Paterson, quien hoy es dueño de la compañía de hardware Paterson Technology, volvió a trabajar para Microsoft en distintos momentos de su vida. Participó, por ejemplo, durante la creación de Visual Basic.

Otro de los hechos llamativos respecto del negociado con IBM fue que la compañía, siendo una de las más importantes de la década, decidiera no comprar el MS-DOS. En cambio, acordó pagar a Microsoft un porcentaje por cada copia del sistema que se vendiera junto con una IBM-PC. Según afirman algunas fuentes, esto se habría debido a que, por aquella época, Mary Maxwell, la madre de Gates, se encontraba al frente de la empresa United Way junto con John Opel, CEO de IBM.

Paralelamente a ese éxito, los socios convencieron a otros fabricantes de computadoras para que realizaran una versión estándar del MS-DOS y, de esta forma, el software se volviera compatible con distintos dispositivos computacionales. Lograron así estar a la altura del gran crecimiento que la industria informática experimentó durante los ochenta.

Esta década fue también la de la introducción de los procesadores de texto, como el famoso Microsoft Word, lanzado al mercado con las computadoras de IBM. Más aún, la creciente competencia con Apple llevó a un estratégico movimiento por parte de Bill Gates: aceptó desarrollar una aplicación de software para la Apple Macintosh antes de que, en 1984, saliera al mercado la primera versión de Mac.

Por otro lado, los primeros pasos que la compañía había dado con su piedra fundamental, el sistema BASIC, siguieron dando sus frutos. Pronto hubo millones de computadoras en el mundo ejecutando este lenguaje. Muchos programas, como los de la Apple II y el IBM-PC, dependían de contar en sus ordenadores el intérprete de BASIC desarrollado por Microsoft, sin el cual no podían ejecutarse. La posesión de dicha licencia permitió que Allen y Gates negociaran a su favor con otros vendedores de computadoras. Así, los primeros avances de Microsoft, si bien certeros, dependían aún de conseguir el apoyo de otras compañías inversoras.

LOS TIEMPOS SE ACELERAN

En menos de diez años la compañía había logrado posicionarse en el mercado, pero los reveses personales comenzaron a impactar en la sociedad que tan eficientemente había aunado a Gates y Allen, primero, y a Ballmer, después. En 1982, con tan solo 29 años, Paul Allen fue diagnosticado con el grave linfoma de Hodgkin, un cáncer del tejido linfático que se encuentra en los ganglios, el bazo, el hígado y la médula ósea. La necesidad de enfocarse en un severo tratamiento contra la enfermedad lo llevó a alejarse de Microsoft, un año más tarde. Si bien lenta, la recuperación llegaría meses después. A pesar de esta situación, las acciones de la empresa, que todavía tenía en su poder, lo convirtieron en millonario.

Durante los años setenta, la herramienta de escritura por excelencia había sido la máquina de escribir. Pocos habían escuchado sobre los microequipos y, mucho menos, pensaban que estaban a su alcance. Sin embargo, la década siguiente resultó revolucionaria en ese sentido; y allí estaba Microsoft cada vez más cerca de liderar el mercado informático. Aunque el “proyecto Chess” [ajedrez], como había denominado IBM a la idea de incluir el MS-DOS como sistema de cabecera, había resultado un éxito comercial, el lenguaje empleado, aunque eficiente, resultaba todavía complicado para el público en general, quien nunca antes había tenido que escribir “C:” o teclear una barra diagonal invertida (\) para poder introducir una información.

Hoy sostienen internamente que tenía que haber una mejor forma de desarrollar un sistema operativo. Y durante tres años, entre 1982 y 1985, la corporación trabajó en la primera versión de un nuevo sistema operativo, el Interface Manager, según su nombre técnico. Comercialmente se lo empezó a conocer como “Windows”, ya que ese nombre describía las “ventanas” que empleaba. Aunque anunciado en 1983, su desarrollo fue muy lento y pudo comercializarse recién dos años más tarde, en 1985.

Con la llegada del “Windows 1.0” ya no fue necesario escribir los comandos del MS-DOS; un práctico mouse permitía desplazarse por la pantalla, apuntar y hacer clic. Fue esta la época en que empezaron a hacerse conocidos el Paint y el Notepad, entre otros programas. Desde entonces, y con el correr de casi tres décadas, Microsoft ha desarrollado catorce versiones de Windows (1.0; 2.0; 2.11; 3.0; NT; 95; 98; 2000; Me; XP; Vista; 7; 8 y 8.1). Windows 8 se destaca como el más compatible con el actual contexto de proliferación de dispositivos que han reemplazado, en muchos casos, a las computadoras de escritorio.

El crecimiento exponencial que experimentó la compañía en la primera mitad de la década llevó a una nueva mudanza de la empresa; así, desde el 26 de febrero de 1986, las oficinas centrales se ubican en el llamado “Campus Microsoft”, nombre informal para las universidades privadas localizadas en la calle One Microsoft Way, en Redmond, Washington.

LA FILANTROPÍA, EL CRECIMIENTO Y ALGUNOS TRASPIÉS

Sus tres miembros principales, por estar al frente de la empresa y por contar con sus acciones, amasaron una gran fortuna. Sin embargo, no todo se resumió en tener una vida de placeres, riquezas y gustos banales. Tanto Allen como Gates buscaron devolver a la sociedad parte de lo conseguido. Al recuperarse del linfoma, el primero tomó la decisión de redirigir parte de su fortuna e ideas al desarrollo de la ciencia: desde la primera nave espacial financiada privadamente (SpaceShipOne) hasta un avance histórico en la neurociencia como fue el “Atlas Cerebral Allen”. Más aún, en 1988, estableció la Fundación Familia Paul G. Allen para administrar sus contribuciones filantrópicas. Producto de estas acciones, según la prestigiosa revista Forbes, el empresario se destaca actualmente entre las personas más filantrópicas de los Estados Unidos (ya lleva donados 1,5 billones de dólares destinados a la investigación de la inteligencia artificial, formación científica y preservación ambiental, entre otras cuestiones).

Por su parte, el camino que guio a Gates hacia la beneficencia estuvo vinculado a la realidad más cruda. Se sintió conmovido al leer en un diario un artículo acerca de las alarmantes muertes de niños pobres en países subdesarrollados a causa de enfermedades ya erradicadas en los Estados Unidos. Entonces, junto con Melinda, su esposa, y William H., su padre, en 1997 creó la Fundación Bill y Melinda Gates. Su consistente labor solidaria, dedicada a reequilibrar las oportunidades de salud y educación a nivel local, lo hizo merecedor, en 2006, del premio Príncipe de Asturias.

Aunque su enfermedad lo había obligado a alejarse de los requerimientos de la empresa, en 1990, ya recuperado gracias a un intenso tratamiento de radioterapia y un trasplante de médula ósea, Paul Allen regresó a Microsoft en un cargo directivo. Durante sus años lejos de la compañía que había fundado con Gates, Allen levantó su propia empresa de productos software, Asymetrix, que se dedicó a las presentaciones web y al mercado del e-learning, hasta que en 2004 se volvió parte de SumTotal Systems.

Aquellos años del regreso de Allen a Microsoft coincidieron con la explosión de Internet. Fue en esa época cuando la ya millonaria compañía lanzó la primera versión de un clásico, Internet Explorer, que se sumó a otros exploradores que ya circulaban en la World Wide Web. Simultáneamente, en 1990 Allen creó Vulcan Ventures, un fondo de capital de riesgo especializado en servicios de cable y banda ancha. A pesar de los nuevos logros conquistados, a comienzos de 2000, decidió abandonar completamente la compañía y vendió muchas de sus acciones (pasó del 36% que tenía en 1976 a tan solo el 4%).

Al comenzar el segundo milenio, Microsoft Windows era usado en casi todas las computadoras personales del mundo. Sin embargo, no todo fueron glorias para la compañía. En 1998, el gobierno de los Estados Unidos llevó a juicio a la empresa bajo acusaciones de monopolio y quebrantamiento de las leyes nacionales. Según los alegatos, el gigante informático estaba aprovechando su dominio en el mercado para forzar a sus socios y clientes a adquirir otros de sus productos. El caso giraba centralmente en torno de la distribución de Explorer.

Frente a estas acusaciones, Microsoft argumentó que, al existir competencia, no estaban monopolizando el mercado y, en consecuencia, no se encontraban en condiciones de aumentar sus precios de forma unilateral. A pesar de su defensa, un primer fallo adverso ordenó la división de la compañía en dos empresas diferentes: una, dedicada exclusivamente a Windows, y otra, a aplicaciones y programas diferentes. No obstante, a partir de la apelación, un segundo fallo de 2001 revocó la partición y, si bien mantuvo la culpabilidad de la empresa, la sanción estipulada consistió en que, a partir de un acuerdo entre Microsoft y el gobierno federal, la compañía quedaba obligada a difundir algunos de los procesos internos de Windows y a dar a los fabricantes de computadoras mayores libertades para incluir el software de otras empresas en los productos que vendiesen.

Pronto quedaría poco de la compañía original. Al temprano ir y venir de Allen se sumó, en 2006, el anuncio de Bill Gates de que comenzaría progresivamente a alejarse de la empresa que lo había tenido entre uno de sus pilares. Según sostuvo, se dedicaría de lleno a las actividades benéficas al frente de su fundación. Finalmente, el 27 de junio de 2008 entregó el control de Microsoft a Steve Ballmer. Por años considerado el hombre más rico del mundo, en mayo de 2014 Gates dejó de ser el principal accionista de la empresa al ser reemplazado por el ahora ex–CEO, Ballmer. Desde febrero de 2014, Microsoft está presidida por Satya Nadella, un ejecutivo que entró a la compañía en 1992.

Así, la compañía que a mediados de la década de 1970 había comenzado como el sueño de dos jóvenes universitarios acabó siendo la mayor empresa de software del mundo, de la que ninguno de sus mentores forma parte hoy. Sin embargo, los beneficios que tanto Gates como Allen recibieron por su paso por la compañía los posiciona actualmente como dos de las figuras más influyentes del mundo de la informática.

9

La compañía South Sea y las modernas burbujas del siglo XVIII

Puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente.

ISAAC NEWTON

Isaac Newton fue el primer hombre en demostrar que las leyes naturales que rigen el movimiento de la Tierra son las mismas que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes del universo. En sus Principia describió la “ley de gravitación universal” y se consagró como uno de los científicos más importantes que haya tenido la humanidad, ya que mediante sus descubrimientos ofrecía una explicación del funcionamiento del mundo que era coherente y podía ser demostrada empíricamente.

Sin embargo, este genio de la física y de la matemática que estableció el “teorema del binomio” y, junto con Leibniz, desarrolló el cálculo integral y diferencial, fue uno más entre aquellos que, en septiembre de 1720, descubrieron que habían perdido gran parte de sus fortunas tras haber invertido en una compañía comercial cuyas acciones acababan de caer estrepitosamente.

Se dice que cuando un criado le acercó a Newton el informe de sus acciones, el científico tuvo que leerlo varias veces para poder dar crédito a lo que estaba viendo. Aquella comunicación le informaba que acababa de perder casi todo su capital tras haberlo invertido en la compra de acciones de la compañía comercial South Sea [Compañía del Mar del Sur].

Según lo que tiempo después diría Catherine Conduitt, la sobrina de Newton, habrían perdido alrededor de 20.000 libras, lo cual representaba una inmensa fortuna para la época. En la actualidad, la suma sería el equivalente de unos 2,4 millones de libras. Y, aunque no queda en claro si esta cifra se correspondía con lo que él en efecto había invertido o con lo que esperaba ganar gracias a su inversión, sí sabemos que Newton nunca se recuperó de esta pérdida y que murió pocos años después, en 1727, frustrado por no haber podido reconocer que el comportamiento de los hombres muchas veces no responde a lo que dictan las leyes de la lógica y de la razón.

South Sea, aquella compañía comercial cuyas acciones a la baja llevaron a la ruina a miles de británicos en 1720, era una empresa británica privada fundada en 1711 por Robert Harley, entonces ministro de Hacienda de Gran Bretaña. La empresa había nacido con el fin de crear una nueva herramienta de reestructuración de la deuda pública del gobierno británico, debido a que, hasta aquel momento, el Estado dependía del Banco de Inglaterra para manejar su deuda, pero no estaba satisfecho con lo que esta institución estaba realizando.

En concreto, el objetivo de crear una empresa privada fuertemente ligada al Estado era lograr que la mayor cantidad posible de los titulares de deuda pública británica cambiasen sus bonos por acciones de esta nueva empresa. El plan consistía en que, una vez que la compañía adquiriese los bonos de deuda estatales y se constituyese como acreedora del Estado, los refinanciase a mayor plazo y con menores intereses, favoreciendo de esta manera a la Corona británica. A cambio de esto, el Estado daría una renta anual determinada a la empresa –a distribuir entre los accionistas– y también el monopolio del comercio británico en América del Sur y el Caribe.

El negocio suponía que quienes cambiasen sus bonos de deuda pública por acciones de la compañía lo hacían convencidos de que, gracias a los beneficios comerciales otorgados por la Corona a la empresa, el valor de sus acciones crecería a tal punto que obtendrían más ganancias que con los bonos que poseían anteriormente.

La suposición de los flamantes tenedores de acciones de South Sea resultó ser infundada. En el primer semestre de 1720, la compañía propuso un nuevo plan de compra de acciones al público que tuviese bonos de deuda pública. A pesar de que South Sea no estaba teniendo éxitos comerciales significativos, se la promocionó como si tuviese un gran y próspero porvenir en el ámbito del comercio transatlántico. Y, gracias a que la empresa estaba trabajando con el Estado –muchos personajes relevantes del gobierno británico tenían acciones o trabajaban en ella–, contaba con gran prestigio entre los ciudadanos de la Corona. Además, en aquel momento, Gran Bretaña parecía poder imponerse militarmente sobre España, lo que generó la expectativa de que se quebraría el sistema comercial monopólico que esta última potencia tenía establecido en el continente americano.

Por todo esto, la confianza en South Sea creció tan rápidamente que, en el plazo de un año, las acciones subieron casi 1000%. Como resultado de esto, miles de personas se arruinaron e importantes funcionarios fueron procesados e incluso arrestados. Así, más allá de la cuestión netamente económica, el gobierno británico salió muy mal parado de este escándalo, ya que había avalado el accionar de esta empresa para su propio beneficio. Y la historia de esta estafa tiene un origen vinculado a los reyes, los imperios y sus luchas y las burbujas financieras.

EL REY HA MUERTO… ¡VIVA EL REY!

Después de la revolución política de 1688 –llamada “la revolución gloriosa” por muchos historiadores–, Gran Bretaña se convirtió en lo que actualmente denominamos una “monarquía constitucional”. En 1689 se estableció la Declaración de Derechos que, si bien permitía que el rey continuase nombrando a sus ministros y a los principales funcionarios del gobierno, limitaba de derecho los poderes del monarca. A partir de ese momento, el Parlamento británico se transformó en una institución clave. Para tomar cualquier medida administrativa, el rey debía contar con el apoyo de dicha institución, que estaba dividida en dos cámaras: la de los Lores (cuyos miembros provenían de la nobleza) y la de los Comunes. Así, la Declaración de Derechos establecía la supremacía del poder parlamentario, ese que representaba al pueblo británico.

A su vez, la Declaración de Derechos establecía algunas prerrogativas básicas de los ciudadanos del reino, como la de no tener que pagar impuestos que no hubiesen sido aprobados por el Parlamento.

A principios del siglo XVIII, una de las principales cuestiones políticas y económicas que preocupaban tanto al rey como a los miembros del Parlamento era la de la intervención británica en la guerra de sucesión española. Aquel conflicto se había iniciado tras la muerte del rey español Carlos II, también conocido como Carlos “el hechizado” pues se decía que su deplorable estado físico podía deberse a la acción de algún maleficio lanzado sobre su persona.

Al morir, Carlos II no había dejado ningún heredero (era estéril), por lo que con él se extinguió la rama española de los Habsburgo. A partir de ese momento comenzó en España un fuerte conflicto por la sucesión al trono, del que participaron las principales potencias europeas de la época, tratando de imponer al candidato que mejor conviniese a sus intereses. Así, entre 1701 y 1713, Gran Bretaña participó de una guerra que contó también con la participación de Francia y el Sacro Imperio romano-germánico.

La participación en este conflicto demandó a los países beligerantes la utilización de grandes sumas de dinero y de todo tipo de recursos. Para darnos una idea de las dimensiones de esta guerra, podemos decir que se estima que dejó un total de entre cuatrocientos mil y setecientos mil muertos, en una época en la que esta última cifra representaba la cantidad total de los habitantes de una ciudad como Londres, una de las urbes más grandes de la Europa occidental de aquellos años.

Gran Bretaña mostraba a sus ciudadanos el conflicto por la sucesión de la Corona española como de suma importancia para el crecimiento y la prosperidad del Reino británico, ya que, si conseguía quebrar la hegemonía española en los mares y en el continente americano, podría posicionarse como la principal potencia de Europa.

Para lograrlo, era necesario participar de una guerra en la que se podrían negociar territorios y derechos comerciales con España y en la que se podía concertar quién sería el próximo gobernante de aquel país.

Al entrar en el conflicto de la sucesión española, la Corona británica incrementó fuertemente sus gastos, lo que derivó en problemas financieros. Por las constantes inyecciones de dinero que se necesitaban para sostener al ejército en armas en el continente, el gobierno británico comenzó a ver crecer su deuda.

De este modo, personajes importantes de la sociedad británica comenzaron a pensar en cómo podían sanear la situación del Estado respecto de sus deudas y, al mismo tiempo, en cómo conseguir nuevas fuentes de financiación sin que esto constituyese importantes pérdidas para el fisco estatal.

LA PELIGROSA SITUACIÓN FINANCIERA DEL REINO DE GRAN BRETAÑA

A principios del siglo XVIII, el gobierno británico se encontraba en una situación económica agobiante debido a los gastos que estaba realizando para costear la participación de Gran Bretaña en la guerra de sucesión española.

Frente al problema de cómo continuar financiando aquella participación en el conflicto bélico internacional, así como otras necesidades de la Corona, se encontraba Robert Harley, el entonces ministro de Hacienda del reino de Gran Bretaña.

Harley, quien provenía de una rica familia que tenía propiedades en el condado de Herefordshire, había comenzado su carrera política cuando, durante la gloriosa revolución, había tomado partido –junto con su padre, sir Edward Harley– por Guillermo de Orange quien, al año siguiente, se convertiría en Guillermo III de Inglaterra.

A partir de ese momento, y como se había posicionado del lado triunfante, Harley empezó a ascender políticamente. Su carrera se inició oficialmente cuando, en 1689, fue elegido como representante de la localidad de Tregony en la Cámara de los Comunes del Parlamento. Poco tiempo después, se convirtió en el presidente de la cámara, cargo en el que se desempeñó entre 1701 y 1705. Para entonces ya era uno de los personajes políticos más importantes de la época.

Detrás de este rápido ascenso, estaba la habilidad política de Harley. Fue un adelantado en el uso de los medios de comunicación con fines políticos. Utilizó los servicios de importantes escritores de la época, como Daniel Defoe (autor de Robinson Crusoe) y Jonathan Swift (autor de Los viajes de Gulliver), para que elaborasen algunos escritos en su favor y otros en contra de sus opositores políticos.

Harley se desempeñó posteriormente como secretario de Estado de Gran Bretaña (hasta 1708) y, luego, como ministro de Hacienda desde agosto de 1710. Para ese momento había llegado a uno de los lugares de poder más prominentes del reino, y desde allí, intentó sanear las finanzas de la Corona.

En particular, él consideraba que era necesario modificar el sistema de control de las finanzas públicas, que por entonces se encontraba bajo el monopolio del Banco de Inglaterra. A pesar de que esta entidad, fundada en 1694 como una empresa privada, había obtenido dicho monopolio tras comprometerse a garantizar la organización y el otorgamiento de préstamos al Estado británico, Harley consideraba que el Banco de Inglaterra no estaba cumpliendo con su parte de la labor y que era necesario mejorar las finanzas estatales por medio de la búsqueda o de la creación de nuevos instrumentos financieros.

Cuando, en noviembre de 1710, el Parlamento se reunió para tratar el tema de las finanzas públicas, Harley se encargó de llevar a las sesiones un informe acerca de su estado y el de los gastos innecesarios que se habían hecho. Frente a esto, en enero de 1711, el Parlamento decidió nombrar una comisión especial que se encargaría de investigar el tema con más profundidad, haciendo hincapié en determinar a cúanto ascendía la deuda pública, cómo estaba compuesta, y en qué consistía la conformación del gasto público que venía realizando el Estado, por medio del cual se erosionaban los recursos financieros obtenidos por la toma de deuda. Por supuesto, en la comisión se encontraba Harley, con su hermano y su cuñado, junto con otros políticos prominentes del momento, como William Lowndes y John Aislabie.

Como resultado de la investigación de esta comisión creada ad hoc, Harley demostró que dentro de la composición de la deuda pública existía una preocupante suma de nueve millones de libras que el Estado no estaba preparado para afrontar.

Pero, por el momento, la necesidad que Harley veía como más acuciante era que debían encontrarse aún nuevas fuentes de financiación para el gobierno, ya que a principios de 1711 era de vital importancia mantener a los ejércitos británicos en combate en la guerra de sucesión española. En concreto, Harley calculaba que la Corona necesitaba 300.000 libras para los siguientes meses, y consiguió que un consorcio privado prestase ese dinero al Estado. Esto no resolvía la situación; en realidad, se acrecentaba la deuda estatal porque, cuando el Estado contraía una nueva deuda, se comprometía a nuevos intereses a pagar en un futuro no muy lejano.

Frente a esta situación cada vez más peligrosa de las finanzas públicas de Gran Bretaña, Harley decidió comenzar a modificar su sistema del control, y de ese modo, pudo ir construyendo su liderazgo dentro del Partido Conservador británico.

Una de las primeras decisiones significativas estuvo relacionada con el manejo de la lotería estatal. Hasta entonces, esta institución había estado controlada por el Banco de Inglaterra. Harley decidió que la manejara John Blunt, conocido y carismático empresario de la época. Le concedió los derechos de venta de los billetes de lotería con el objetivo de que se vendiese la mayor cantidad posible (bajo el control del Banco de Inglaterra no solían venderse todos).

Blunt era un reconocido agente económico de Gran Bretaña, director de la empresa Hollow Sword Blade Company, una sociedad anónima que participaba del mercado británico de espadas, pero que en los hechos también funcionaba como una entidad bancaria no oficial. Conocido por su habilidad para ganarse la confianza de importantes políticos de la época, Blunt había conseguido entonces de Harley el derecho a vender la lotería, y no desperdició aquella oportunidad: en tan solo cinco días (entre el 3 y el 7 de marzo de 1711) logró vender la totalidad de los billetes, asegurando tanto un importante éxito económico para el Estado, como la confianza que el ministro de Hacienda había depositado en él.

Este acierto le permitió hacerse cargo de una nueva emisión especial de la lotería británica denominada “el clásico”. Las cantidades que la Corona británica podía obtener por medio de la puesta en venta de billetes de lotería eran pequeñas e inestables en comparación con las constantes e importantes sumas de dinero que el Estado necesitaba para hacer frente a sus compromisos y cubrir sus gastos.

Ante esto, Harley proyectó crear una empresa con entidad bancaria que pudiese funcionar como alternativa al Banco de Inglaterra, pero este intento fue bloqueado por los whigs (antiguo nombre del Partido Liberal británico) –que controlaban el banco en ese momento– y por la Corona. Por esto, Harley, junto con Blunt, quien ya era un hombre de su confianza, elaboraron una nueva estrategia que, según ellos, le permitiría al Estado británico sanear sus finanzas, no solo obteniendo nuevos créditos con bajos intereses y con largos plazos de pago, sino también reestructurando la deuda pública ya existente. Este era el plan que llevaría a la creación de la empresa comercial South Sea Company.

En términos concretos, este era entonces el objetivo de la fundación de la compañía: crear una institución que pudiese rivalizar de manera exitosa con el Banco de Inglaterra en el terreno del control de las finanzas públicas, permitiendo la reestructuración de la deuda pública del Estado de Gran Bretaña.

La “deuda pública” la formaban el conjunto de títulos emitidos por el Estado, que eran comprados por inversores particulares. Mediante la emisión de esos títulos, el Estado se comprometía a pagar a sus acreedores una determinada cantidad de dinero en un período de tiempo acordado, a cambio de recibir el dinero en efectivo que el inversionista estaba dispuesto a prestarle. Este era ya en aquella época uno de los principales mecanismos de financiación de los Estados soberanos y, si bien había diferentes tipos de títulos de deuda pública, la principal diferenciación que existía entre estos se refería a si eran títulos de deuda “consolidada” o “no consolidada”.

Cuando el Estado británico emitía títulos para vender a los ahorristas/inversores interesados, tenía dos grandes opciones: comprometerse a pagar una renta a perpetuidad que beneficiase a los inversores –o una renta a pagarse sin una fecha de vencimiento específica o con una muy extendida en el tiempo–, o bien determinar un plan de pagos con un vencimiento a corto plazo.

Si el Estado elegía por la primera opción, otorgaba títulos de “deuda consolidada”; si optaba la segunda, otorgaba títulos de deuda “no consolidada”.

De todas maneras, también podía suceder, y de hecho sucedía muy a menudo, que cuando el Estado veía acercarse la fecha de vencimiento de un título de deuda no consolidada, buscase refinanciarlo y transformarlo en un título de deuda consolidada.

LA COMPAÑÍA DEL MAR DEL SUR

A principios de 1711, Robert Harley y John Blunt fundaron South Sea Company. La estrategia del ministro consistía en que el gobierno instaría a algunos sectores de los tenedores de títulos de deuda pública a que los cambiasen por acciones de la empresa South Sea. Es decir, si un individuo contaba con un bono de deuda estatal por 100 libras, esta nueva empresa se lo cambiaría por la misma cantidad de dinero pero en acciones; la realización de esta operación sería de carácter obligatorio para la mayoría de los tenedores de bonos estatales y, a largo plazo, se esperaba reestructurar toda la deuda de esta manera.

Para garantizar que aquella deuda se pagase a los antiguos tenedores de bonos estatales, el gobierno se comprometió a invertir la suma de 568.279 libras anuales en South Sea, que se distribuirían luego entre los flamantes accionistas de la empresa. Dicha suma representaba el pago de aproximadamente un 6% de interés anual por sobre el total de diez millones de libras de deuda del Estado que estarían cambiando los inversores por acciones de South Sea. De esta manera, el gobierno se comprometía a pagar intereses por la deuda que en un principio el propio Estado había asumido. Aquella suma, prometida anualmente a South Sea, representaba un valor inferior al monto que el Estado tendría que haber afrontado con los bonistas al finalizar los plazos pautados en la emisión de deuda original.

South Sea se hacía con los títulos de deuda pública que hasta ese momento habían estado en manos de particulares; era la misma empresa la que se convertía entonces en la principal tenedora de bonos estatales y, como estaba administrada por personajes del propio gobierno o muy afines a él, pasaba a realizar un proceso de “reestructuración” de la deuda que estaba contrayendo.

En concreto, estas negociaciones implicaban las reducciones de las tasas de interés y la extensión de los plazos de pago, de manera que el Estado pudiese refinanciar su deuda en un momento en el que se encontraba muy necesitado de dinero a causa de estar inmerso en un conflicto bélico de grandes proporciones.

En términos de la estructura que se le dio a la empresa, Blunt se encargó de elaborar una carta orgánica, en la que, entre otras cosas, se determinó quiénes serían las autoridades de la compañía, cómo debían accionar y cuáles eran las prerrogativas de los accionistas. Así, South Sea tendría un consejo de administración compuesto por directores elegidos cada tres años y un “gobernador” –cargo simbólico que sería otorgado luego de un tiempo al rey que estuviese en el trono. A su vez, el consejo de directores podría nombrar a una comisión más pequeña para que se encargase de la administración cotidiana de los asuntos de la empresa, ya que no podrían ser directores de la compañía aquellos individuos que al mismo tiempo se desempeñasen como director del Banco de Inglaterra o de la Compañía de las Indias Orientales, a causa del conflicto de intereses que aquello representaría.

A su vez, se crearon otros siete subcomités para manejar diferentes tipos de asuntos de la compañía y se dispuso que la empresa de Blunt –la Hollow Sword Blade Company– oficiara como el “banquero” de South Sea. Por su parte, los accionistas de la empresa se encontrarían dos veces por año para discutir los asuntos de la compañía.

El proceso de venta de los bonos de deuda por parte de los tenedores particulares se planificó en cinco fases. No se obligaría a vender sus bonos a todos los tenedores al mismo tiempo, sino que se pensó una venta pautada en diferentes instancias.

Inicialmente, South Sea se encargó de comprar los bonos de un grupo de grandes inversores que, conocedores de antemano de cómo funcionaría el sistema, se habían encargado de negociar los términos de la venta de sus bonos de una manera más rentable.

Y es que, antes de que el gobierno anunciase el plan de refinanciación de su deuda por medio de la creación de South Sea, en el mercado financiero abierto se podían comprar títulos de deuda consolidada del Estado al interesante precio de 55 libras por título, cuando su valor nominal era de 100 libras. De esta manera, quienes por sus conexiones con el gobierno sabían que este obligaría a vender los títulos de deuda estatal a South Sea se dispusieron a comprar bonos en el mercado abierto antes de que esta compañía pusiese en circulación sus acciones, para luego venderlas al valor nominal de la deuda.

Esta oportunidad fue aprovechada por varios funcionarios del gobierno y permitió que Harley tuviese más apoyo parlamentario para llevar a cabo sus planes de refinanciamiento. Poco después de que Harley y Blunt fundasen South Sea y cuando el gobierno ya observaba que el canje de la deuda le sería muy beneficioso, el primero fue ampliamente recompensado. En mayo lo nombraron barón Harley de Wigmore, conde de Oxford y Mortimer y Lord Tesorero, puesto equivalente al del actual primer ministro.

Con estos cargos y títulos, en septiembre de 1711, Harley lanzó al mercado las acciones de la empresa que había fundado junto con Blunt.

En las dos primeras fases del proyecto, el gobierno logró refinanciar nada menos que 2.750.000 libras. El mismo Harley “intercambió” a South Sea bonos por 8000 libras y fue nombrado gobernador honorífico de la compañía.

La empresa se llamó South Sea Company porque el gobierno le había concedido el monopolio del comercio británico con América del Sur. Es decir que la Corona daba como incentivo al funcionamiento de la empresa, y a que esta comprase los bonos de deuda pública, un beneficio en apariencia muy lucrativo: no autorizaría a ninguna otra empresa británica a que comerciase con las colonias españolas en América del Sur y el Caribe. A su vez, se hacía un especial hincapié en la promoción del comercio de esclavos negros.

Harley, junto con Blunt y el resto de los interesados en que la compañía tuviese éxito, se encargaron de promocionar este derecho que le había sido conferido a South Sea, afirmando que el comercio con las colonias españolas sería por demás lucrativo y que, debido a las fuertes ganancias que tendría la empresa, sus acciones no tardarían en crecer, de manera que aquellos que las poseyesen verían incrementado su capital.

Cuando pensaban en el “éxito” de su compañía, no estaban en realidad planificando el de las operaciones comerciales que pudiesen llegar a realizar por medio de ella, sino en la cantidad de deuda pública que en efecto lograsen refinanciar.

Por estos motivos, no dudaron en acrecentar las expectativas en el mercado de acciones acerca de cómo le iría a la nueva empresa en un futuro no muy lejano. Generando esas altas expectativas, no solo lograron convencer a aquellos que se veían obligados a canjear su deuda de que eso los estaba beneficiando, sino que también consiguieron atraer nuevos inversores directamente a la compra de acciones de South Sea.

Pero, desde un principio, quienes fundaron esta compañía tenían serias dudas acerca de qué tan bien podía irles comercialmente. Y es que, por un lado, el gobierno estaba siendo superado por las deudas y no podía por tanto invertir en una empresa comercial para financiar su expansión, y por el otro, aún no se sabía con seguridad qué pasaría con respecto a la situación del comercio con las colonias españolas en América.

En aquella época, España controlaba la mayor parte del territorio de América del Sur sobre la base de un sistema monopólico. Esto significaba que solo navíos españoles estaban autorizados a comerciar con los territorios americanos bajo la jurisdicción de la Corona española, y esto por medio de los únicos puertos que estaban habilitados por el gobierno castellano.

A pesar de que ese sistema tenía muchos defectos y generaba serias dificultades a España –el contrabando era moneda corriente–, las cuestiones legales impedían al gobierno británico enviar navíos comerciales a la América española, y, por ende, no tenía sentido montar toda una estructura administrativa que tuviese como único fin llevar adelante transacciones ilegales.

En este punto habría que preguntarse cómo fue que Harley y Blunt lograron convencer a los inversores y a los potenciales accionistas de South Sea de que tenía sentido formar parte de aquella empresa. Porque, a menos que una catástrofe aconteciera a España, este país no renunciaría a sus derechos legales a comerciar de manera monopólica con sus colonias americanas, y no dejaría que los británicos –uno de sus principales competidores en el comercio marítimo– tomasen parte del negocio que habían establecido en su propio beneficio a partir de la conquista de América.

Pero España estaba atravesando una fuerte crisis en aquellos momentos. Por esos años, la guerra de sucesión aún continuaba, y el reino de Gran Bretaña se encontraba bien posicionado para negociar importantes concesiones por parte de España. De hecho, a partir del momento en que Harley tuvo una posición más prominente en el gobierno como Lord Tesorero comenzó a negociar con las otras potencias beligerantes para concretar una paz que beneficiase ampliamente a Gran Bretaña.

Esas expectativas –generadas por el gobierno de Harley, que anunciaba que una vez terminada la guerra, Gran Bretaña obtendría importantes derechos comerciales sobre las colonias españolas– estimularon a los británicos a tener confianza en que las acciones de South Sea no harían más que crecer.

Si bien el gobierno podía prever una mejora en los términos comerciales con la América española, tanto Harley como Blunt sabían que no podían esperar inmensas ganancias de las futuras operaciones comerciales que pudiesen concretar a través de la compañía. Y, aun así, estimularon el crecimiento de la compra de las acciones de su empresa, toda vez que aquello beneficiaba a la Corona.

Sin embargo, había quienes desconfiaban de estas expectativas y expresaban sus dudas sobre qué pasaría una vez terminada la guerra en España.

Así, Daniel Defoe comentó:

A menos que los españoles hayan sido despojados de sentido común […], y se rindan, abandonando su propio comercio, arrojando la única inversión valiosa que les queda en el mundo, y, en fin, se empeñen en su propia ruina, nosotros no podemos sugerir que lo harán alguna vez.

Pero, a pesar de tener estas opiniones, por aquella época el autor de la famosa novela Robinson Crusoe trabajaba apoyando como periodista y panfletista político a Harley y a los tories (nombre con el que se denomina a quien pertenece al Partido Conservador británico), por lo cual no pasaron de aquí los comentarios de este genial novelista inglés.

Fuera de algunos círculos muy concretos, las expectativas sobre South Sea estaban creadas. Solo se esperaba a que terminase finalmente la guerra para que la empresa comenzara a crecer comercialmente y las ganancias empezaran a llenar los bolsillos de los accionistas.

LA PAZ DE UTRECHT Y SUS CONSECUENCIAS

Una vez que Harley logró consolidar su prominente posición en el gobierno británico, comenzó a llevar a cabo negociaciones diplomáticas con las otras potencias que en aquel momento se encontraban participando de la guerra de sucesión española, con el objetivo de terminar con dicho conflicto. Para 1710, tanto él como su partido, el Conservador, dominaban el Parlamento británico y se encontraban entonces en condiciones para hacer valer su postura pacifista en contra de la visión del Partido Whig, que deseaba continuar con la guerra.

Por supuesto que esta postura “pacifista” no implicaba que todos los tories tuviesen un interés humanitario en que la guerra terminase, sino que detrás de ella estaban los intereses económicos británicos: se consideraba que era necesario terminar con el fuerte gasto público de la Corona y generar condiciones de paz con España, que permitiesen expandir el sistema comercial británico. Estas eran, entre otras, las causas por las que Harley inició negociaciones de paz con Francia, nación con la que desde un principio Gran Bretaña había estado en discordia.

Para comienzos de la década de 1710, las piezas del tablero político europeo se estaban moviendo, de manera tal que Gran Bretaña tuvo que cambiar su política exterior para hacer frente a esos cambios de la forma en que le resultase más beneficioso. Entonces, el gobierno británico decidió que era tiempo de terminar con aquella guerra que se le presentaba ya como una carga y un obstáculo a superar.

Después de algunos meses de negociaciones y vacilaciones, las principales potencias beligerantes lograron reunirse con el objetivo de sellar la paz en la ciudad holandesa de Utrecht. Esto se hizo después de un pedido formal de la reina Ana de Inglaterra. Las negociaciones comenzaron en enero de 1712 y, en abril de 1713, llegó el primero de los varios tratados que sellarían el definitivo final de la guerra de sucesión española; ese tratado tenía como principales involucrados a los reinos de Francia y de Gran Bretaña.

A partir de entonces se vieron los resultados de las gestiones que Harley había llevado adelante con los representantes de Luis XIV, el “Rey Sol”, de Francia.

Según lo acordado por ambos países, el gobierno británico reconocía a Felipe V como rey de España. Felipe V provenía de la casa de Borbón, que en aquel momento gobernaba también el reino de Francia, y era el nieto de Luis XIV. A cambio de esto, Francia concedía a los británicos tierras en el actual territorio de Canadá y reconocía la sucesión protestante en la nación vecina. Más tarde, en julio de 1713, Gran Bretaña firmó otro acuerdo de paz, pero esta vez con España y por medio de una reunión con los enviados plenipotenciarios de Felipe V.

A pesar de que estos enviados del rey español tenían expresas indicaciones acerca de qué podían ceder ante el gobierno británico, la necesidad de los ibéricos de llegar a un acuerdo y la firmeza de los británicos hicieron que España terminase entregando más de lo que su rey hubiese deseado. Así, aunque Felipe V habría escrito expresamente que “nación ninguna ha de traficar derechamente en las Indias ni ha de llegar a sus puertos y costas”, y que si era absolutamente necesario ceder en esto, se tomaría la precaución de que los barcos utilizados fueran españoles y solo pudieran transitar entre puertos de España, sus representantes dispensaron finalmente importantes beneficios económicos a Gran Bretaña.

España transfería al gobierno británico los territorios de Menorca y de Gibraltar y, además, se comprometía a entregar por el período de treinta años lo que se denominaba el “asiento de negros”. Un “asiento” era un tratado muchas veces acordado como fruto de una concertación de paz al finalizar un conflicto bélico, por medio del cual un grupo de comerciantes –generalmente agrupados en una compañía– obtenía el monopolio del uso de una ruta comercial o del tráfico de un determinado producto.

En este caso, el tratado se establecía entre España y el gobierno británico, y lo que en efecto estaba cediendo la Corona española era el monopolio del tráfico de esclavos negros en las colonias que España tenía en América. La concesión era por un período de treinta años y por un tráfico de no más de cuatro mil ochocientos esclavos negros por año.

Si bien con este acuerdo Gran Bretaña lograba finalmente romper un poco más el control español sobre sus colonias americanas –lo cual, dentro de la política internacional, no era un dato irrelevante–, el comercio de esclavos negros en las colonias americanas no estaba generando muchas ganancias hasta el momento. En la mayoría de esas colonias la mano de obra más utilizada era la indígena, bajo diferentes sistemas de explotación que no entraban jurídicamente bajo la denominación de “esclavitud”.

En realidad, la mayor parte de los esclavos provenientes de África se encontraban en las colonias portuguesas en América y, especialmente, en las que se situaban en el norte del continente. Fuera de esos lugares, predominaba el sistema español basado en la explotación de la población autóctona por medio del sistema de castas.

De este modo, los británicos no podían esperar seriamente que la asignación del “asiento” de esclavos negros representase para ellos grandes ganancias: era un mercado poco rentable y con serias limitaciones.

De todas maneras, esto fue visto como un gran logro. Por sobre todo, implicaba la apertura de nuevas puertas. Y el gobierno sajón vio en esa concesión la oportunidad para introducir sus navíos comerciales en América de una manera legal. Esa era una de las principales claves de la euforia que se viviría en Gran Bretaña por aquella época, que ayudó en gran medida a que creciesen las acciones de South Sea.

Una vez concedido el asiento por España, la reina Ana otorgó su control a esta nueva compañía que estaba ayudando desde hacía ya dos años a reestructurar la deuda pública de su Estado. Con la esperanza de que el comercio con los esclavos africanos aumentase las ganancias de la empresa y con la visión de que Gran Bretaña podría, en un futuro cercano, acrecentar el contrabando por medio de los navíos que legalmente fuesen a América –autorizados como portadores de esclavos–, la reina otorgó a la compañía fundada por Harley y Blunt el derecho a manejar el comercio esclavista en la América española.

A partir de 1713 comenzaron a crecer, aunque muy lentamente, las expectativas de los tenedores de acciones de South Sea acerca de su rentabilidad en un futuro no muy lejano. Incluso otra concesión hecha por los españoles –también mediante el tratado firmado en Utrecht– acrecentaría todavía más esas expectativas: los representantes de la casa de Borbón concedieron que solo una vez por año un navío británico estuviera autorizado a traficar con productos de comercio general con las colonias españolas, con una carga no mayor a las 500 toneladas. A su vez, las mercancías que dicho navío llevase estarían libres de impuestos y podrían comerciarse en los puertos americanos de Veracruz o de Portobelo, donde se realizaban ferias mercantiles.

Este beneficio también fue asignado por la Corona británica a South Sea. No era extraño que un gobierno otorgase a una compañía privada este tipo de asientos o beneficios siempre que dicho otorgamiento redundase también en una ganancia para el mismo gobierno. South Sea estableció oficinas comerciales en distintas ciudades de América –en Buenos Aires, Caracas, Cartagena, La Habana, Panamá, Portobelo y Veracruz–, que le servirían para administrar este nuevo negocio.

El gobierno británico se beneficiaría tanto si South Sea obtenía verdaderas ganancias por medio de la apertura de estos nuevos negocios comerciales, como si, a pesar de que esto no sucediese, crecieran de todas maneras el precio y la venta de las acciones de la compañía debido a la oleada de expectativas creadas a su alrededor.

Por el interés que tenía el gobierno anglosajón en que subiesen las acciones de la compañía privada que había ayudado a fundar, no solo se le concedieron los derechos de administración del asiento de esclavos negros y del denominado “navío de permiso”, sino que también se ayudó a promocionar South Sea como una empresa pronta a convertirse en uno de los principales agentes de la expansión comercial británica.

En esta misma línea, los administradores de la compañía se encargaron de esparcir la idea de que por medio de las autorizaciones del gobierno español al británico para comerciar con las colonias americanas, los comerciantes de la isla podrían acrecentar el volumen del negocio por contrabando y el de sus ganancias.

Frente a un cierto descuido español –que, por ejemplo, hizo que en el año 1716 ni galeones ni flotas se despachasen de los puertos españoles–, los ingleses pudieron acrecentar el volumen de su comercio por medio del navío de permiso y por el contrabando que realizaban. Las mercancías que llevaban en el navío estaban libres de impuestos, eran más baratas y las preferidas de los habitantes de las colonias. Si a esto se le sumaba el hecho de que muchas veces los españoles no podían satisfacer las demandas de bienes de sus colonias, se observa que la situación para los comerciantes ingleses resultaba prometedora en términos económicos. Esto fue lo que la Corona británica y los directores de South Sea quisieron mostrar a los accionistas y a los potenciales inversores de la empresa: que estaban invirtiendo en un negocio en rápido crecimiento, muy rentable y de extrema confianza, porque contaba con el aval del gobierno y del propio Lord Tesorero de Gran Bretaña.

Debido a que las concesiones españolas en la paz de Utrecht fueron inferiores a las que la población británica suponía que se concretarían, las expectativas sobre los posibles éxitos de South Sea se mantuvieron limitadas. Muchos británicos habían supuesto que, después de una década de guerra, España cedería territorios americanos a la Corona británica o modificaría el sistema monopólico para permitir el establecimiento de un tráfico regular entre la isla y las colonias españolas.

LA COMPAÑÍA DURANTE LA DÉCADA DE 1710

A pesar de las expectativas que se habían creado sobre las futuras ganancias que generaría la compañía South Sea, después de la firma de la paz de Utrecht, los ministros del rey español lo instarían a que tomase medidas para controlar mejor lo que pasaba en sus colonias americanas. Entre las decisiones que España comenzó a tomar para regir más de cerca sus posesiones en América estaban aquellas relacionadas con cuestiones económicas y, en particular, con el sistema comercial. Entre otras cosas, se perfeccionó el cuidado militar de los envíos que se realizaban desde España, poniendo especial atención en que se hiciesen de manera regular y efectuando rebajas en los impuestos de las mercaderías que llevaban, para hacer más competitivo el comercio español frente al británico.

Sin embargo, estas medidas no lograban producir los efectos deseados, y el comercio español no haría más que declinar a largo plazo frente al contrabando de las restantes potencias europeas que también pugnaban por ser parte del comercio con las poblaciones americanas.

En sus primeros años South Sea no logró obtener grandes ganancias y esto quedó expuesto. Los primeros problemas se sintieron ya en 1713. A mediados de ese año, acordó con la Compañía Real Africana –empresa británica responsable de explorar ese continente en busca de recursos para Gran Bretaña y, en particular, encargada de la trata de esclavos– que sería la entidad comercial encargada de proveer a South Sea de los esclavos que se llevarían a Jamaica para, desde allí, venderlos a la América española. La compañía dirigida por Blunt le compró mil doscientos treinta esclavos durante el transcurso de 1713; abonó ocho libras por los que tuviesen menos de 10 años y diez libras por los mayores de 16, dado que estos tenían mejores condiciones físicas para el trabajo. Al mismo tiempo, otra de las condiciones de la compra había sido que los dos tercios de los individuos que se adquirían como esclavos debían ser hombres y que el 90% debían ser adultos.

Pero el problema para South Sea radicó en que, cuando llegaron los cargamentos de esclavos enviados desde Jamaica, las autoridades locales que respondían a la Corona española no habían recibido aún la autorización de permitir a los británicos realizar las transacciones que se disponían a hacer. Ante este primer impedimento, solo pudieron venderse algunos de los esclavos que se habían trasladado hasta allí, y a precios que dejaron, a fin de cuentas, un saldo negativo para la compañía.

Sin embargo, dado el apoyo estatal con el que contaba, la empresa continuó operando aun cuando durante sus primeros años de funcionamiento hubiesen dejado pérdidas. La poca experiencia de los agentes de South Sea en el negocio de la trata de esclavos hizo que la tasa de mortalidad durante los viajes de traslado fuese muy alta en comparación con otras empresas dedicadas al mismo negocio. Asimismo, se tomaron también algunas malas decisiones comerciales y estratégicas –también ligadas al poco conocimiento que de los mercados hispanos tenían los administradores de la empresa– que generaron más pérdidas.

A partir de 1714, una serie de acontecimientos provocaron un giro en la administración de South Sea. Estos cambios estuvieron ligados a la caída en desgracia de Harley en el gobierno y a la sucesión del trono británico. Ese año uno de los directores, muy ligado al Lord Tesorero, cometió un defalco enviando productos privados en los barcos de la compañía y esto afectó la imagen de su fundador.

Algunos cambios en la situación política británica también sacudieron a la empresa. La reina Ana murió en agosto de ese mismo año y dejó en el trono a Jorge I.

Como ya no era del agrado del nuevo gobierno, Harley fue enviado a prisión acusado de crímenes de alta traición y se modificó la junta de directores de South Sea. Los no conservadores entraron en escena. El príncipe de Gales, el futuro rey Jorge II, fue elegido como director de la empresa.

Con el nuevo gobierno y el cambio en la junta de directores, las expectativas sobre South Sea se recobraron. El gobierno se comprometió a pagar a los accionistas, aunque finalmente la deuda atrasada fue abonada a los inversores con más títulos de la misma empresa. Para ese momento, South Sea era la compañía de acciones más importantes de Gran Bretaña, aun cuando no generaba ganancias. De todas maneras, como todavía contaba con el apoyo del Estado, continuó comerciando con la América española, ya que el gobierno británico tenía el objetivo de realizar nuevos procesos de reestructuración de su deuda mediante la empresa.

Así, en 1715 se lanzó otro plan de refinanciación de la deuda. Nuevos bonistas debieron cambiar sus títulos de deuda pública por acciones de South Sea. Esto permitió a la empresa asumir otros dos millones de libras en bonos de deuda estatal, que refinanció a favor del gobierno. Pero como había ocurrido anteriormente, este nuevo plan no resultó sustentable ni siquiera a corto plazo debido a que la compañía no estaba obteniendo ganancias comerciales. Y a esto se sumó que el gobierno estaba teniendo cada vez más gastos. Al mismo tiempo que no podía abonar con tranquilidad los intereses que debía pagar anualmente a South Sea, continuaba necesitando refinanciar su deuda, por lo que, en 1717, lanzó un nuevo plan.

Pero esta situación no podía extenderse por mucho más tiempo, a menos que alguna de las variables de la ecuación se modificase significativamente: el Estado continuaba obligando a los bonistas que tenían títulos de deuda pública a que los cambiasen por acciones de una empresa que no estaba dando ganancias. El Estado estaba ejerciendo su poder para obligar a los agentes económicos de la sociedad sobre la cual ejercía su jurisdicción a que realizasen operaciones que probablemente los llevarían a perder sus inversiones primigenias. Y se seguía endeudando, de manera tal que continuaría necesitando cada vez más reestructuraciones de su deuda para compensar las cuentas.

Sin embargo, una situación en el escenario internacional modificó, al menos por un momento, esa ecuación: en 1717, las relaciones entre España y Gran Bretaña comenzaron a deteriorarse nuevamente. Para 1718 estalló un nuevo conflicto en el que ambos reinos se vieron enfrentados.

En un principio, esto redundó en un problema mayor para South Sea, ya que a causa del conflicto Gran Bretaña se vio privada momentáneamente de sus beneficios respecto del comercio con las colonias españolas en América y los bienes de la empresa que allí estaban fueron confiscados por las autoridades españolas. En 1719, Gran Bretaña logró varias victorias sobre España y las expectativas acerca de la actividad comercial que la empresa podría desarrollar a partir de entonces crecieron significativamente. Para ese momento, ya se habían realizado además nuevos cambios en la cúpula de la compañía. El rey Jorge I pasó a ser su nuevo director.

LA COYUNTURA QUE PERMITIÓ LA ESTAFA

En 1719 se abría una nueva situación que beneficiaría a los directivos de South Sea al ofrecerles la oportunidad de mejorar los precios de las acciones de su empresa.

La guerra de sucesión española había generado una crisis económica para el gobierno británico debido a las grandes erogaciones de metales preciosos que había tenido que realizar para costear su participación en la guerra. Pero esta situación se había replicado también en el resto de las naciones que habían participado en el conflicto, del cual el reino de Francia había sido uno de sus principales contendientes.

Para fines de la década de 1710, Francia se encontraba pasando por una situación económica complicada, caracterizada por la falta de metales preciosos en circulación. Esa limitación se debía a las grandes cantidades de metales que el gobierno de Luis XIV había utilizado durante la guerra y a los gastos que había tenido que hacer tras los tratados de paz firmados después de 1713. Una de las principales consecuencias de esa escasez era la fuerte limitación del comercio que la falta de circulación monetaria estaba generando. Como el comercio era uno de los pilares de la economía francesa, entró en recesión y esto hizo que se acrecentase la deuda del Estado.

En cierto punto, la situación francesa era comparable con la británica. En aquel momento ambos gobiernos buscaban medidas que les permitiesen salir airosos de la recesión en la que se encontraban sus respectivas naciones y mejorar las finanzas estatales.

En este escenario fue que se destacó John Law, un economista británico, quien con sus nuevas ideas económicas modificó la forma en la que el gobierno galo manejó sus finanzas e influyó en las ideas económicas del resto del continente.

John Law, nacido en Edimburgo, heredó a los 17 años la fortuna de su padre. Poco tiempo después participó en un duelo e hirió de muerte a su oponente, por lo que fue condenado por homicidio. Decidió huir de Gran Bretaña y se dirigió primero a Holanda, donde adquirió aún más experiencia en el mundo de los negocios y comenzó a desarrollar sus ideas acerca de cómo funcionaba la economía europea de la época. Resultó ser muy hábil a la hora de generar ideas innovadoras y realizó sus desarrollos más importantes en Francia, país que lo adoptó.

Instituyó en Europa el uso del papel moneda en lugar de los metales y de las facturas como medio de intercambio de mercancías, provocando la admiración de los financistas contemporáneos. En particular, Law comenzó a ser reconocido cuando, ya en Francia, creó el Banco General Privado, una institución desde la cual comenzó a forjar vínculos con importantes representantes del poder. Desde allí, Law empezó a plantear dos propuestas que, según él, podían reactivar la economía francesa.

Por un lado, creía que Francia tenía que fundar un banco nacional que se hiciese con el control total de las finanzas del Estado y que se encargase de sustituir el uso de los metales preciosos por el del papel moneda. El argumento principal era que si se emitía en forma cuidada papel moneda para el uso cotidiano, el Estado no solo controlaría más de cerca los avatares económicos de la nación –y podría prevenir futuras crisis–, sino que, principalmente, reactivaría el comercio y, con él, la industria. Por otro lado, Law sostenía que era necesario fundar una empresa comercial de índole estatal y que debían cambiarse los títulos de deuda pública de todos aquellos que los tuviesen por acciones de esta nueva empresa.

El especialista no solo enunciaba sus ideas; también logró concretar sus propuestas en acciones. Así, en 1717 fusionó varias compañías comerciales en una nueva empresa llamada Mississippi Company, de la cual fue director general y a la que el Estado francés otorgó el monopolio del comercio con América cuando la principal posesión francesa en esa región era la colonia de Luisiana.

En particular, Law hizo crecer fuertemente las expectativas acerca de la riqueza que había en Luisiana. Debido a esto, y a que quien lo publicitaba era una persona de la extrema confianza del gobierno, las acciones de la empresa crecieron enormemente en un corto período de tiempo. Para Law, los objetivos de acrecentar el precio de las acciones de esta empresa eran, por un lado, refinanciar la mayor parte posible de la deuda pública y, por otro, conseguir dinero para invertir en la economía francesa y así reactivarla.

Para 1718, la confianza del gobierno en los proyectos de Law era tan grande que convirtieron su banco en el Banco Nacional de Francia, cumpliendo de esta manera la primera de sus principales propuestas para reactivar la economía francesa. Aún más: en 1720, Law fue nombrado director general de Finanzas –uno de los cargos más importantes del gobierno–, lo cual le dio importantísimos poderes para controlar la economía de Francia. El banquero era un éxito en el país galo. Su rápida y contundente gestión de las finanzas de esta nación había llevado a que se reactivara la economía y a que, gracias a esto, hubiese importantes cantidades de papel moneda circulando por Europa.

Si bien ese éxito resultó efímero –debido sobre todo a que la especulación acerca de la suba de las acciones de la empresa fundada por Law generó un aumento desmesurado del papel moneda hasta un punto en el cual ya no pudo ser fundamentado–, durante el transcurso del bienio 1719-1720 Europa y, dentro de esta, aquellos que se desempeñaban a diario en el mundo de las finanzas, tomaron nota de aquel logro. En particular, estuvieron atentos a él los directivos de la compañía South Sea, que en aquel momento tenía el objetivo de refinanciar toda la deuda pública posible del Estado británico por medio del mismo sistema que Law estaba utilizando en Francia.

Así fue que, en Gran Bretaña, las noticias acerca del éxito financiero de la gestión del inglés se unieron a los éxitos que este reino obtuvo frente a España en el conflicto denominado “Guerra de la Cuádruple Alianza”.

Esta guerra, que enfrentó a España con Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas de los Países Bajos y el Sacro Imperio romano-germánico, fue iniciada por estos cuatro contendientes con el objetivo de obligar a Felipe V, el rey español, a cumplir con los compromisos adquiridos con el Tratado de Utrecht. Cuando en junio de 1719 las tropas británicas lograron derrotar a los últimos reductos españoles que quedaban en su propio territorio –al tiempo que terminaron también con las rebeliones nacionalistas en el reino de Escocia–, aumentaron nuevamente las expectativas acerca de qué pasaría con los negocios de South Sea, ya que Blunt hizo circular el rumor de que España cedería nuevos territorios al reino de Gran Bretaña tras firmar la paz. De esta manera, la coyuntura se presentaba propicia para que el gobierno británico lanzase un nuevo plan de refinanciación de la deuda pública por medio de South Sea: las condiciones internacionales parecían prometer grandes ganancias a esta empresa a la que el Estado avalaba con fervor, lo cual de inmediato incentivó el crecimiento del precio de sus acciones.

LA BURBUJA DEL MAR DEL SUR

En aquel contexto de optimismo a causa de las victorias británicas, South Sea anunció un nuevo plan de reestructuración de la deuda pública. El Parlamento comenzó a tratar oficialmente el proyecto a fines de enero de 1720. Consistía en intentar canjear la mayor cantidad posible de la “deuda nacional no consolidada”, es decir, de la deuda que tenía plazos de amortización cortos y que era la que más apremiaba al gobierno británico por los intereses que debía pagar a los tenedores de aquellos títulos. Esto era más de la mitad de la deuda estatal.

Este plan era por demás ambicioso dado que implicaba la reestructuración de alrededor de 30 millones de libras. Según el plan presentado por los directores de South Sea al gobierno, la empresa se comprometía a canjear la deuda que contraería con el Estado a un interés menor del que este había pactado con los anteriores titulares, y también se alargaban los plazos de pago.

Por su parte, el gobierno debería pagar a la empresa un interés anual del 5% por los siguientes cuatro años y, luego, del 4% por la posesión de los títulos de deuda. Pero, si bien el Estado se comprometía a pagar esos intereses, estos terminaban implicando una erogación de dinero menor que la que hubiese sido necesaria para pagar a los inversores a quienes el Estado debía antes. Hasta ese momento, el Estado británico gastaba 1,5 millones de libras anuales en el pago de intereses a tenedores de deuda pública.

Por otro lado, South Sea se comprometía a pagarle al gobierno importantes sumas de dinero en concepto de préstamos, mientras que era compensada por este con la rebaja de impuestos y con la confirmación de los derechos monopólicos sobre el comercio con la América española. A su vez, el dinero que South Sea debía dar al Estado saldría de la venta de nuevas acciones que este autorizaba a emitir a la empresa.

Para el momento en que South Sea realizó este plan, ya se había convertido en la empresa privada que poseía mayor cantidad de títulos de deuda pública, junto con el Banco de Inglaterra y la Compañía de las Indias Orientales.

En un primer momento, el canje de los títulos de deuda pública no favorecía a la mayor parte de los individuos o empresas que los poseían y que debían aceptar cambiarlos por acciones de la empresa de Blunt. Y es que, a pesar de que estaban recibiendo acciones por el mismo valor nominal de los títulos de deuda nacional que poseían anteriormente, los intereses pactados ahora eran menores a los que ellos habían acordado en un primer momento con el Estado.

Por esto mismo fue tan importante que la compañía estuviese ligada a la institución estatal, porque esto les dio confianza a los inversores acerca de que, dados los beneficios comerciales y el respaldo otorgados por el Estado a South Sea, la empresa sería exitosa y podrían terminar ganando más dinero debido al aumento de los precios de las acciones que ahora poseían. Así, para aquel momento en el que Gran Bretaña parecía anunciar uno de sus mejores períodos económicos, invertir en las acciones de esta empresa respaldada por el Estado nacional parecía ser una de las opciones más seguras.

A causa de estos factores, comenzó entonces a aumentar el precio de las acciones de South Sea. No solo grandes inversionistas decidieron comprar acciones de la empresa, sino que incluso pequeños ahorristas decidieron, o bien canjear sus títulos de deuda pública por acciones –si es que tenían títulos que no era obligatorio canjear–, o bien directamente comprar acciones en el mercado abierto. De esta manera, el capital de South Sea comenzó a verse incrementado por la compra de acciones por parte de todo tipo de inversores, sin necesidad de que se obtuviesen ganancias en el negocio que supuestamente estaba desarrollando la empresa. Aquí podemos ver un atisbo del tipo de estructura piramidal a la que hicimos referencia en otros capítulos de este libro: en ese momento, South Sea podía pagar los intereses que debía no porque obtuviera ganancias de su participación en la economía real, sino porque adquiría dinero de nuevos inversionistas atraídos por las expectativas de ganancias que supuestamente tendría la empresa en el corto plazo.

Por su parte, el gobierno británico obtenía importantes beneficios también en el corto plazo, ya que no solo debía pagar menos intereses por su deuda, sino que estos se extendían en plazos más accesibles y conseguía además una nueva fuente de financiación por medio de los préstamos que South Sea podía realizarle a causa de los ingresos de efectivo con los que contaba por la afluencia de nuevos inversores.

Así fue que el 7 de abril de 1720 se terminaron de definir los términos del plan de reestructuración entre la empresa y el Parlamento, que era la institución encargada de autorizar la emisión de los títulos de deuda pública por medio de leyes que posteriormente debían recibir la sanción real.

A partir de aquel momento se realizó el canje masivo propuesto por la compañía, ya que esta logró convencer a gran cantidad de tenedores de títulos de rentas fijas no redimibles de que los canjeasen por acciones. Estos eran los inversores que no estaban obligados a canjear sus títulos porque eran un tipo especial de bonos que tenían un rendimiento explícito y perpetuo. En cambio, los tenedores de títulos redimibles (con un vencimiento determinado) sí estaban obligados a canjearlos por acciones de South Sea.

Si ya a inicios de aquel año el precio de las acciones de la compañía había comenzado a subir a causa de las fuertes expectativas sobre las posibilidades comerciales que parecían abrirse con América y de los rumores acerca de este nuevo plan de reestructuración de la deuda pública por medio de South Sea, luego del anuncio oficial de que se concretaría el canje y de que este se pusiese en marcha, el precio de las acciones creció vertiginosamente. Hacia enero de 1720, las acciones de South Sea valían 128 libras; en febrero, 175 libras; 330 libras en marzo, y 550 libras para fines de mayo. Y sin que la empresa estuviese obteniendo ganancias comerciales en América. Lo único por lo cual estaba aumentando el valor de las acciones era por la desmesurada confianza que existía en el mercado acerca de que la compañía prosperaría con las nuevas oportunidades que brindaría la apertura para Gran Bretaña del comercio con la América española, una confianza que era conscientemente estimulada tanto por los directivos de la empresa como por los principales funcionarios del gobierno que, en muchas ocasiones, eran los mismos. Otro de los elementos que se sumó a los factores que hicieron crecer la oleada especulativa fue que se dio a conocer que el gobierno pondría a disposición de la compañía una línea de crédito de 70 millones de libras con el objetivo de fomentar su expansión comercial. Esta línea de crédito no llegó a abrirse.

En aquel entonces, otros importantes miembros del gobierno británico que no eran directores de South Sea y que no habían comprado acciones se encontraban estrechamente ligados a la empresa y terminaron fomentando también la creciente especulación. Cuando a fines de 1719 la compañía pareció trastabillar porque no podía pagar los dividendos anuales a sus accionistas sino en el plazo de un año, los directivos de la empresa se encargaron de encontrar la manera de que importantes miembros del Parlamento británico pasaran por alto esa situación. En esos momentos, aún estaba en juego la aprobación del futuro plan de refinanciación. Por esto, a los parlamentarios influyentes y de los cuales dependería la aprobación de la propuesta de reestructuración de deuda pública que South Sea planeaba hacer ante el mismo Parlamento, los directivos de la compañía les “concedieron” gratuitamente acciones al precio nominal de aquel momento, que los nuevos accionistas tenían la opción de vender a la misma empresa cuando lo deseasen.

Desde ya, esta maniobra ayudó a que el nuevo plan, que entró en vigencia en abril del año siguiente, pudiese ser aprobado. Así, cuando los precios de las acciones comenzaron a subir, muchos funcionarios gubernamentales se vieron beneficiados con una ganancia neta ya que no habían tenido que invertir una sola libra en la compra de los títulos de South Sea.

Varios factores confluyeron y elevaron cada vez más el precio de estas acciones. Por un lado, la necesidad financiera del gobierno lo llevó a crear la empresa y a fomentar el aumento del valor de sus acciones. Por el otro, muchos políticos importantes se ligaron de diferentes maneras a la compañía –como funcionarios o como accionistas– e incentivaron por su propia cuenta el crecimiento del precio de las acciones, porque les traería beneficios personales.

A su vez, personajes muy reconocidos y respetables de la época avalaban esta empresa (muchos de ellos desempeñaban altos cargos de gobierno) y esto le dio gran legitimidad. Blunt no dejaba de publicitar los nombres de los principales accionistas de South Sea.

Así fue que South Sea y el gobierno británico aprovecharon las condiciones internacionales antes mencionadas (la derrota de las tropas españolas en Gran Bretaña y el éxito que la compañía de John Law, similar a South Sea, estaba teniendo en Francia) para incentivar las expectativas sobre las futuras ganancias comerciales de la compañía, de manera que se canjeasen más títulos de deuda pública por acciones de la empresa y que esta lograse hacer subir el precio de sus propios títulos y venderlos en el mercado abierto. Si esto se lograba, ambos –la compañía y el Estado– se beneficiarían.

Otro elemento de esta historia nos demuestra cuán intrínsecamente ligados estaban en aquel momento los intereses de South Sea con el gobierno británico, que tenía como principal figura al ministro de Hacienda, John Aislabie, quien había sido convencido por Blunt de llevar adelante los nuevos planes de refinanciación de la deuda que South Sea había propuesto desde 1718. Por el crecimiento de las expectativas acerca de la prosperidad económica que se avecinaba para el reino –las expectativas de prosperidad que parecían estar siendo fuertemente incentivadas por el gobierno– y teniendo en cuenta que la participación en el mercado financiero podía redundar en importantes ganancias por medio de la adquisición de acciones de compañías privadas, comenzó en Gran Bretaña una oleada de especulación con la compra de títulos de todo tipo de empresas, que se ofrecían en el mercado tratando de aprovechar una situación que parecía ser inmejorable. Cientos de inversores de todo tipo entraron al mercado de acciones para comprar títulos de compañías que parecían proliferar ad hoc. La mayoría de aquellas empresas no contaba con respaldos reales en la economía que se correspondiesen con los títulos que estaban vendiendo. Si bien South Sea tampoco tenía un respaldo real, los miembros del gobierno que participaban de sus beneficios no estaban dispuestos a que otras compañías de la misma índole le disputaran el mercado de acciones. De este modo se comenzó a tratar en la Cámara de los Comunes la cuestión de estas empresas que, según denunciaban algunos miembros del Parlamento, no cumplían con los estatutos legales dispuestos para las compañías comerciales. Por este motivo fue que, irónicamente, el Parlamento comenzó a tratar la posibilidad de sancionar una ley que previniese la creación de lo que en aquel momento se denominó “burbujas financieras”. Esto sucedía en el momento en que las acciones de South Sea comenzaban a crecer rápidamente, a principios de 1720.

Después de algunos meses de negociaciones, en junio de ese mismo año el Parlamento británico sancionó una ley que regulaba la fundación de las empresas por acciones, disponiendo que todas deberían estar avaladas por el Estado (a estos fines, se crearon dos entidades, la Royal Exchange Assurance Corporation y la London Assurance Corporation, que se encargarían de verificar los proyectos de fundación de nuevas empresas). Paradójicamente, la posición de South Sea durante la investigación del comité parlamentario se vio complicada cuando algunos miembros del Parlamento notaron que una de las principales maniobras fraudulentas que este tipo de empresas llamadas “burbujas” realizaban era que no se dedicaban a operar en la actividad para la cual habían sido supuestamente creadas… Y es que, si tomamos el caso de South Sea, la compañía estaba estrechamente relacionada con la empresa de Blunt, que, se suponía, operaba en el mercado de las espadas aunque, en realidad, oficiaba como banco privado de South Sea. De todas maneras, Blunt logró que se desestimase la investigación parlamentaria acerca de esta cuestión por una importante mayoría. Había más de un interesado en que los bienes de South Sea no se viesen afectados.

EL ESTALLIDO DE LA BURBUJA

Después de la sanción de aquella ley, las acciones de South Sea se volvieron a disparar, porque su posición en el mercado de acciones era más firme desde que la ley de las burbujas financieras había limitado a su competencia. Para inicios de junio de 1720, el precio de las acciones ascendió a 890 libras (en enero valían 128 libras, por lo que se trataba de un alza exponencial).

Pero en ese momento comenzó a observarse una nueva tendencia en el mercado: algunos accionistas estaban comenzando a vender sus títulos. Varios inversionistas consideraron que los precios estaban tan altos que era probable que no continuasen así por mucho tiempo, es decir que había quienes intuían que aquello era lo que para la época ya se denominaba una “burbuja financiera”. Pero también hubo otros vendedores que, simplemente porque necesitaban el dinero, aprovecharon aquel momento en el que sus acciones valían mucho para retirarse.

Sin embargo, al comienzo, Blunt y el resto de los directores lograron frenar la tendencia a la baja del precio de las acciones que se estaba creando por la cantidad de accionistas que querían vender las suyas. La compañía misma se ofreció a comprar aquellas acciones y logró estabilizar su precio alrededor de las 750 libras.

Esta maniobra permitió que el proceso de alza de los títulos de South Sea continuase por un tiempo más, debido a que la capacidad de la empresa para estabilizar su precio a un valor muy alto proporcionó el último incentivo a invertir en esta compañía. En agosto, los títulos de South Sea llegaron a valer 1050 libras, lo cual implicaba un crecimiento de casi 1000% en menos de un año.

Pero esta situación no podía durar. Cuanto más creciese el precio de las acciones, menos individuos o empresas podrían continuar comprándolas y, por tanto, cuando algunos accionistas decidiesen vender sus títulos y no encontrasen compradores, la noticia se propagaría rápidamente. Eso fue lo que sucedió en septiembre de 1720, cuando en unos pocos días el precio de las acciones de desplomó, llegando a estar alrededor de las 150 libras.

Varias fueron las razones que determinaron este cambio en la conducta de algunos poseedores de títulos de South Sea, que los llevó a intentar venderlos. Por un lado, comenzaron a ceder sus acciones aquellos pequeños inversores que habían accedido a la compra de los valores mediante préstamos de la misma compañía. Es que, desde principios de 1720, Blunt había ideado una nueva forma de hacer crecer el precio de las acciones de su empresa: para fomentar su demanda, dio la posibilidad, a aquellos que no contasen con demasiado dinero en efectivo, de comprarlas a crédito a la empresa. Así, una persona podía pagar el 20% de lo que valía nominalmente la acción que compraba y el 80% restante a través de un plan. A su vez, la compañía utilizaba ese dinero en efectivo para ofrecer préstamos a nuevos inversores para que pudiesen comprar, a su turno, nuevas acciones de la compañía. Podemos observar aquí un mecanismo de tipo piramidal que le servía a la empresa para aumentar el valor de sus acciones.

En agosto, cuando se cumplía uno de los primeros vencimientos que los pequeños inversores habían acordado al comprar sus títulos por medio del crédito de la propia compañía, vieron que podrían saldar sus deudas con la empresa y, aun así, obtener una ganancia si vendían en ese momento sus títulos, y decidieron hacerlo. Cuando esto sucedió, se encontraron con que ya no había nadie dispuesto y/o económicamente capaz de pagar tan altos precios por esas acciones.

A partir de ese momento, los precios cayeron bruscamente. La compañía ya no tenía los recursos necesarios como para hacer frente a la recompra de todas las acciones que se estaban poniendo a la venta.

Otro factor que se sumó y determinó que la caída del valor de las acciones fuese más abrupta fue que en esos mismos días se dio a conocer internacionalmente la caída en desgracia de John Law en Francia; esta debacle se desató por el pánico que surgió allí cuando los accionistas de la empresa controlada por Law observaron lo que estaba pasando en el mercado británico. Es decir que ambas burbujas financieras se retroalimentaron y, por ende, ambas estallaron al mismo tiempo: un caso claro de contagio entre los mercados financieros que ya podía verse en el siglo XVIII.

Todo parecía indicar que los mecanismos financieros empleados por hombres como Harley, Blunt y Law con el supuesto fin de sanear las finanzas de los Estados nacionales habían redundado en un impresionante fracaso y que no habían sido más que sistemas fraudulentos.

LO QUE QUEDÓ

Tras la impresionante caída de los precios de los títulos de South Sea en tan solo unos pocos días, miles de personas perdieron los ahorros de toda una vida en la compra de acciones que nunca volverían a recuperar el valor al que habían sido adquiridas.

Pero no solo los pequeños ahorristas fueron perjudicados por el estallido de esta burbuja financiera. También se vieron damnificados los pequeños y medianos prestamistas que operaban en Gran Bretaña, muchos de ellos dedicados también al tradicional oficio de la orfebrería, debido a que se convirtieron en acreedores de individuos que no tenían forma de devolverles el dinero que les habían pedido prestado con el objetivo de comprar acciones en el mercado de valores.

Importantes compañías, como la de Law, y grandes bancos europeos se vieron afectados por la caída de los valores de South Sea, ya que estos se habían convertido en los grandes inversionistas de la compañía; los bancos habían invertido en la compra de acciones el dinero que los pequeños ahorristas les habían confiado.

Todo esto generó una espiral de bancarrotas de sociedades anónimas (empresas por acciones) y de recesión económica que provocó una ola de protestas en Gran Bretaña, principalmente en la ciudad de Londres.

Ante la fuerte presión de la sociedad civil, el Parlamento tuvo que hacerse cargo de iniciar una investigación acerca del accionar de South Sea. Para esta tarea, se formó una comisión especial que comenzó a funcionar en diciembre de ese mismo año, tras la disolución del Parlamento.

Como resultado de la investigación de esta comisión, se reveló a la opinión pública británica que los directores de South Sea habían organizado premeditadamente el fraude que había llevado al crecimiento del valor de las acciones de su empresa y a la posterior recesión económica que había sufrido el país. Pero el mayor agravante de la crisis era que destacados políticos y funcionarios habían participado de la consecución de la estafa. Salió a la luz que estaban implicados bajo cargos de corrupción John Aislabie (quien había sido el ministro de Hacienda durante las últimas reestructuraciones de la deuda nacional británica), James “el Viejo” Craggs (uno de los principales funcionarios de la época desde su cargo de director general de Correos) y su hijo, también James Craggs, que en aquel momento ostentaba el cargo de secretario de la compañía. Y estos eran solo algunos de los nombres destacados y ligados a la política británica. Entre otros imputados ilustres se encontraban lord Stanhope (quien ocupaba el cargo de “Secretario del Sur”) y sir Sunderland.

Muchos fueron acusados de cargos de corrupción y encarcelados durante algún tiempo en la famosa Torre de Londres y algunos de ellos, como los Craggs, murieron en desgracia en 1721 sin llegar a ser condenados, aunque como medida en su contra se confiscaron sus bienes después de su muerte (es probable que el Viejo Craggs se haya suicidado; su hijo murió un mes después). Por su parte, John Aislabie tuvo que renunciar a su puesto. Posteriormente fue hallado culpable de corrupción, lo desligaron de todos sus cargos y quedó apresado en la famosa torre de los castigos. En 1723, y sin dedicarse a la política, Aislabie ya estaba libre. Asimismo, arrestaron a los directores de la compañía y se confiscaron también los bienes de casi todos ellos con el objetivo de pagar algunas de las deudas que habían contraído.

Por otro lado, el nuevo Lord del Tesoro, Robert Walpole, anunció que tomaría una serie de medidas para salir de la recesión económica y restaurar la confianza de la sociedad civil en el gobierno. Y es que una de las principales consecuencias de este escándalo fue la caída en desgracia de algunos de los exministros, que ya no podrían volver a participar del juego político en Gran Bretaña, y por sobre todo, el deterioro de la imagen de Jorge I y de los encargados de controlar las finanzas públicas.

Así fue que, para tratar de hacer frente a esto, Walpole entregó las acciones de South Sea a su antiguo gran competidor en cuanto a la refinanciación de la deuda nacional: el Banco de Inglaterra y la Compañía de las Indias Orientales.

A fin de cuentas, el informe de la comisión parlamentaria encargada de descifrar aquel caso indicaba que la estafa había superado las diez millones de libras.

South Sea continuó comerciando con la América española hasta 1763, momento en el cual finalizó la Guerra de los Siete Años, en la que también se habían enfrentado Gran Bretaña y España. Es decir que el gobierno británico no quitó su confianza en el instrumento que implicaba la compañía, sino que se limitó a juzgar a aquellos individuos que se consideraron culpables de corrupción.

De esta manera, parecía querer señalarse que no era el sistema el que presentaba fallas, sino que había sido tan solo el factor humano el que había llevado a la crisis financiera vivida. Tanto era así que, antes de que la compañía dejase de operar, el gobierno la había beneficiado también con el monopolio del negocio de la caza de ballenas en el océano Ártico, pero, esta vez, South Sea se había retirado de manera temprana tras afirmar que era imposible conseguir ganancias en ese rubro.

Posteriormente, South Sea continuó desempeñándose como administradora de parte de la deuda pública del Estado británico hasta que fue disuelta en 1850, época en la que este contaba con otros recursos para manejar sus finanzas.

Como conclusión, aun cuando la población británica quedase fuertemente resentida por este escándalo, tanto el mecanismo utilizado por el gobierno para manejar las finanzas estatales como las maniobras realizadas por South Sea en el mercado de valores preanunciaban comportamientos que se harían cada vez más comunes en la época contemporánea.

Este caso en particular ha pasado a la historia como una de las primeras crisis financieras de la historia de Occidente. Y lo paradójico es que el gobierno británico había sancionado la “ley de la burbuja”, con el fin de cuidar a la ciudadanía de las empresas “burbuja”, lo que en definitiva, y casi irónicamente, permitió la consolidación de la principal de todas ellas y la crisis financiera que desató.

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Bernard Madoff y por qué la codicia es mala consejera

Como anticipándose a lo que vendría, Bernard Madoff, el mayor estafador en la historia de los Estados Unidos, daba cátedra acerca de cómo hacer negocios en Wall Street. “Es imposible violar las leyes sin ser pillado”, afirmó en una conferencia, apenas un año antes de ser descubierto.

Todo había comenzado cuatro décadas antes, en los años cincuenta, cuando en una casa de clase media judía del barrio de Queens, en la ciudad de Nueva York, un todavía universitario Bernie soñaba con, algún día, llegar a hacer mucho dinero. Claro que por entonces sus principales intereses giraban en torno a su amor de secundaria, la estudiante de finanzas Ruth Alpern, la ciencia política y la natación. Lejos estaban aún la vida glamorosa en Manhattan, la fama y la gloria que lo llevarían a prisión.

De chico, Bernie Madoff había tenido una vida sencilla. Sus padres se habían casado en plena depresión tras la caída de la bolsa neoyorkina de 1929 y las cosas no iban bien para esta humilde familia trabajadora. Su padre, Ralph, de ascendencia polaca, era un plomero de barrio y su madre, Sylvia, de origen rumano-austríaco, se había esmerado en ser un ama de casa dedicada.

Durante la preadolescencia de Bernie, los Madoff comenzaron a pensar que tal vez era hora de buscar nuevos rumbos y decidieron involucrarse en finanzas. Si la plomería no alcanzaba para sostener económicamente el hogar, tal vez los números les depararían mejor suerte. Por entonces, los Estados Unidos dejaban atrás la gran depresión y esta familia judía se permitió también dejarse atrapar por el sueño americano.

Sin embargo, Ralph y Sylvia no pudieron alcanzar su meta y darles a sus hijos una gran vida. A Bernie no le quedó más opción que conformarse con su modesto pasar. Las finanzas no florecían y pronto la familia estuvo tapada por las deudas. Esto no le impidió disfrutar como a cualquier adolescente promedio de los Estados Unidos de aquella época: era miembro del equipo de natación de su colegio y estaba enamorado. ¿Qué más se podía pedir?

Pero él quería más. Así, en 1960, tras graduarse en la Universidad de Hofstra, donde se había especializado en ciencia política, Madoff, con tan solo 22 años de edad, tomó una decisión que cambiaría para siempre su rumbo: junto con Ruth, su reciente esposa, fundó la compañía de inversiones Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. El capital inicial para instalar la empresa fueron 5000 dólares que había ganado trabajando como guardavidas en el club Silver Point Beach, de Long Island, y como instalador de sistemas de riego a presión. Empezaba, entonces, su asalto a Wall Street.

DE CORREDOR DE BOLSA A “VENDEDOR DE HUMO”

El trabajo de un corredor de bolsa consiste, fundamentalmente, en jugar con el dinero ajeno. Allí, en el corazón del capitalismo, fue donde nuestro protagonista creció como hombre de negocios hasta llegar a ser conocido y respetado por sus pares. Comenzaba así la leyenda del personaje que supo transformar la manera de manejar las finanzas en su país.

Los orígenes de Madoff en el mundo bursátil fueron comprando y revendiendo acciones, intercambio en el que hacía una diferencia positiva. Se trataba de operaciones rápidas que dejaban gran liquidez a sus clientes.

Sin embargo, en los años sesenta, la bolsa de Nueva York poco se parecía a lo que podemos ver en las películas contemporáneas. La totalidad de los negocios se repartían entre unas pocas familias adineradas. Entrar en ese mundo no era fácil y allí fue el joven Madoff para quedarse con las sobras del resto. En definitiva, debió conformarse con aquellos inversores pequeños que nadie más quería, dado que daban el mismo trabajo que los clientes ricos pero dejaban poco margen de beneficios.

Pero Madoff, que era un sujeto tan reservado como ambicioso, tuvo una “idea brillante”. Notó que no hacía falta tener a alguien sentado todo el día en una silla frente a una pantalla cerrando las operaciones; la tecnología permitía que una computadora lo hiciera fácilmente. Tal y como lo demostró la experiencia, eliminando el factor humano era posible aumentar la rentabilidad y hacer igual trabajo de forma más barata y rápida, concretando mayor cantidad de órdenes. Claro que a sus colegas, viejos y experimentados hombres de negocios, esto les sonaba impracticable y a Madoff no le quedó otra alternativa que buscarse otro lugar en el que poner en práctica su innovación.

Corría 1971 cuando impulsó un mercado paralelo que, con el tiempo, llegaría a convertirse en el National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), la bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos. Su sede se encontraba en el corazón de Times Square, mirando a la calle y con todas las operaciones controladas por computadoras. Esta bolsa especializada en empresas de tecnología llegó a ser el segundo gran mercado bursátil en los Estados Unidos y la competencia directa de Wall Street.

Con más de siete mil acciones de pequeña y mediana capitalización, el NASDAQ está integrado por las empresas de alta tecnología electrónica, informática, telecomunicaciones y biotecnología. Esta bolsa de valores tuvo su primera sesión el 8 de febrero de 1971 luego de que, tras un estudio solicitado por la comisión que regula la bolsa, el Congreso estadounidense detectara que los mercados no regulados eran poco transparentes, lo que dio por resultado la automatización del NASDAQ.

Al mismo tiempo que impulsó una alternativa a la bolsa tradicional, abrió las puertas a compañías pequeñas que buscaban capital y dio una oportunidad a que nuevas empresas pudieran generar recursos en bolsa. Más tarde, al convertirse en presidente del NASDAQ, hizo más que conseguir estima social; se afianzó definitivamente como un hombre respetado en el que se podía confiar: sin duda, el factor decisivo para lo que vendría.

Con dinero, los sueños se convirtieron finalmente en realidad. La familia, que para entonces ya estaba formada por Bernard, Ruth y sus tres hijos, se mudó a un penthouse en el número 133 de la calle 64. Pasaban entonces a ser parte de la zona más exclusiva de Manhattan, a tan solo unos metros de Central Park.

No se sabe muy bien cuándo –según él, a comienzos de los años noventa; desde la perspectiva de algunos expertos, ya una década antes–, después de otro gran escándalo bursátil, Madoff comenzó a tener un doble negocio. Por un lado, asistido por sus hijos, realizaba operaciones bursátiles legales. Por el otro, asesoraba financieramente a las personas. Es decir, tomaba su dinero y, si se lo confiaban, les prometía intereses porque, afirmaba, él iba a saber cómo invertirlo sabiamente. Así nacía la gran estafa del siglo.

Otro resonante escándalo tuvo consecuencias que beneficiaron el negocio paralelo que planeaba nuestro protagonista. La década de los ochenta fue mucho más que la época en la que reinó el pop y las hombreras marcaron la moda. Se trató además de años de descontrol en los que, entre los hombres de dinero, comenzó a primar la idea de que el problema económico del país era el gobierno. En consecuencia, el entonces presidente Ronald Reagan fue convencido de relajar las leyes y el control estatal. Ese fue el marco en que otro estafador, Michael Milken, llegó a ser el rey de los bonos basura: había conseguido convencer a muchas empresas de que emitiesen bonos sin que estuvieran respaldados por capital y a los inversores para que los compraran, bajo la promesa de una importante rentabilidad. Si bien las cosas no acabaron bien para Milken, quien terminó en prisión acusado de fraude y manipulación del mercado (hoy en libertad y convertido en un filántropo dedicado a la lucha contra el cáncer de próstata), el mercado financiero resultó fortalecido gracias a una regulación más estricta del de bonos.

Sin embargo, hubo otros productos que se libraron de tanto control: los fondos de cobertura o de inversión libre [hedge funds], que acabarían convirtiéndose en la pantalla perfecta para la estafa de Madoff. Se trata de una modalidad de inversión colectiva en bolsa que se organiza de forma privada y que tiene la misión de generar retornos absolutos. Esto significa que, independientemente de lo que ocurra con el mercado, el hedge fund siempre debería generar retornos positivos. No obstante, la única forma de hacerlo es arriesgando mucho; se invierte el dinero donde nadie más lo haría, para esperar sorpresas. Este tipo de fondo es gestionado por sociedades profesionales (como la empresa de Madoff), que cobran comisiones sobre los resultados obtenidos.

El funcionamiento de los hedge funds parecía sofisticado pero, en el fondo, era sencillo. Cualquiera con dinero podía crearlos. Los clientes eran ricos a los que no les preocupaba jugar con su dinero. Existía un mínimo de inversión que solía ser muy alto. Estos estaban respaldados por préstamos bancarios que aumentaban las arcas del fondo y así brindaban la posibilidad de jugar con más dinero. Estos operadores presumían de conocer como nadie las tendencias del mercado. Debido a estas características, no podía haber muchos. Se trataba de una gestión de riesgo inteligente y eficaz fundada en un uso superracional de la información donde nadie hacía demasiadas preguntas: el escenario perfecto para un estafador.

En su caso específico, Madoff ofrecía un mínimo del 10% de retorno a quien le confiara su dinero. Para hacer más creíble el negocio, trasladó sus oficinas al rascacielos Lipstick. Mientras que en los pisos 18 y 19 sus hijos Andrew, Mark y Roger (hasta su muerte en 2006), y su hermano, Peter, se ocupaban del negocio de bolsa legal, la verdadera acción ocurría en las oficinas del piso 17, donde Madoff, sin que nadie lo supiera, se encargaba de gestionar su engaño. En estas oficinas todo estaba decorado en color negro, las mesas estaban impolutamente limpias y había pantallas en línea en todas partes.

El edificio Lipstick es una construcción posmoderna del arquitecto Phillip Johnson ubicada en la Tercera Avenida de la cosmopolita Nueva York. Su nombre, que en español significa “lápiz labial”, lo debe a la elegante forma elíptica que le dan sus cuatro cilindros ovalados colocados uno sobre otro, lo cual lo diferencia del resto de los rascacielos de su entorno. Con 143 metros de altura, sus elipses no poseen vértices, característica que lo hace singular porque permite vender el concepto de “oficinas esquina”, que las vuelve más cotizadas.

Según lo describió ante la prensa Eleanor Squillari, quien fuera su secretaria durante veinte años, Madoff era un tipo “obsesivo del orden, un maniático brillante, ingenioso, divertido; era una persona compleja, con muchas caras”. Por fortuna para él, esa diversidad se convirtió en virtud. Incluso se pudo dar el lujo de rechazar clientes (actitud que luego resultaría parte de su estrategia).

A la artista neoyorkina Alexandra Penney, una de las miles de víctimas de Madoff, por ejemplo, le costó meses ser aceptada en el “club de los elegidos”. Junto con ella había grandes personalidades del espectáculo, como Kevin Bacon, Steven Spielberg, Kyra Sedgwick y Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz en 1986. Los clientes llegaban recomendados unos por otros y todos parecían estar conectados de algún modo. Esa era, precisamente, la base de la confianza.

A su vez, Madoff creó toda una red de intermediarios que lo ayudaban a captar inversores, y de bancos en todo el planeta, que le confiaron el dinero de sus clientes. Tan solo en América Latina hubo cincuenta mil afectados de este tipo.

Un hecho significativo en la manera como el financista hacía sus negocios y que lo diferenciaba de otros fondos de la misma clase era que, en plena época digital, enviaba sus balances impresos en papel sin posibilidad de consulta en línea. Pero más llamativo aún era que a nadie parecía importarle eso mientras la cifra final fuera positiva. Todos parecían haber olvidado la regla fundamental de los negocios: “Cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, seguramente no lo es”. Y, en este caso, todo era mentira. Lo que se escondía en realidad en la “fantasía” de Madoff era lo que se conoce como un “esquema de Ponzi” a gran escala.

Esta estructura lleva el nombre de Carlo Ponzi, de quien hablamos al principio de este libro, el primero en ponerla en práctica en los Estados Unidos en la década del veinte. Consiste en una pirámide financiera según la cual las ganancias que obtienen los primeros inversores provienen de los recursos aportados por nuevos clientes. En consecuencia, para que el esquema se sostenga, es necesario captar permanentes y crecientes flujos de dinero procedentes de nuevos inversionistas. El “negocio” colapsa cuando es imposible encontrar nuevos clientes. El operador huye con todo el capital o las autoridades intervienen deteniendo la estafa; lo que ocurra primero. En este tipo de estructura solo ganan dinero los primeros en entrar en el proceso, siempre que sepan retirarse a tiempo. Los últimos, por el contrario, acaban perdiendo sus fortunas.

Madoff iba acumulando lo que le entregaban sus víctimas en una cuenta corriente, sin invertirlo. Como marcaba la teoría, con el dinero de los recién llegados pagaba los intereses a sus antiguos inversores o devolvía el capital a quienes quisieran retirarse. Dentro de este esquema, como en otros de su tipo, para poder pagar a quienes están en las partes superiores de la pirámide, es necesario ir ampliando la base. Era aquí precisamente donde entraba en práctica la estrategia de rechazar clientes. Cuando alguien se retiraba o llegaba la hora de pagar, era también el momento de permitir que accedieran los interesados a los que se les había negado la entrada en primera instancia. Para esto le servía mantener siempre vigente el secretismo y la expectativa por ingresar al fondo. El sistema funcionaba: Madoff llegó a tener catorce mil quinientos clientes, listado que incluía a personas y entidades de todo el planeta. Esta cifra supone mucho más que esa cantidad de seres humanos, en tanto las entidades representaban, a su vez, a centenares de clientes más pequeños, lo que daba alcance global a la estafa del siglo.

En una exposición del 20 de octubre de 2007, Madoff explicó que el dinero en Wall Street “se hace arriesgando; los mayores ingresos llegan de operaciones en las que se arriesga mucho poniendo capital en compañías o concediendo liquidez a instituciones o individuos”. De esa manera justificaba que, aun sin cobrar grandes intereses, su compañía fuera capaz de generar capital.

EN UNA PLAYA JUNTO AL MAR

Si bien se trató de una estafa mundial y las oficinas centrales estaban en la ciudad de Nueva York, fue en Palm Beach, Florida, donde Madoff encontró buena cantidad de sus víctimas. La población local está integrada por estrellas de la televisión, actores jubilados y millonarios que hacían ostentación de sus campos de golf y autos de lujo de marcas clásicas. En este pueblo, que no llega a los diez mil habitantes, los blancos cristianos y los judíos dominaban la isla sin mezclarse. Unos y otros llevaban allí una vida tranquila y apartada del resto del país. En tan solo 20 kilómetros cuadrados, y a pesar de estar a media hora de Miami, Palm Beach se encuentra al margen de todo. Está física y psicológicamente apartada del resto de los Estados Unidos y es una fotografía de las desigualdades extremas que ha traído el capitalismo; aquí, los ricos se han creado una suerte de exclusivo “pequeño país”. Tal vez por ello se convirtieron en los incautos ideales para la estafa.

Bernard y Ruth llegaron allí en 1996. Lo primero que hicieron fue comprar una casa de 800 metros cuadrados y decorarla con artesanías étnicas y tapices de corte clásico, todo con un aire pacífico. Desde la ventana podían ver el embarcadero donde, por aquellos años felices, atracaba el barco familiar, un yate comprado en Francia por la módica suma de siete millones de dólares, al que bautizaron Bull. Cuando no estaban en el mar, la vida de los Madoff en Palm Beach alternaba entre juegos de golf y el descanso bajo el sol; una vida cómoda y tranquila lejos de las preocupaciones de Wall Street.

En su lugar de reposo, Madoff era una persona reservada. En el mundo de los ricos de Palm Beach, existían pocas maneras de lograr ser conocido: hacer donaciones en una serie de asociaciones de importancia, contratar un relacionista público o asistir a varias galas. Bernard no optó por ninguna de estas alternativas. Su deseo era alejarse del centro de atención, por lo que eligió mezclarse entre los de su comunidad judía, quienes paradójicamente se convirtieron en el principal blanco de su estafa.

El Palm Beach Country Club, más conocido como “el club de los judíos”, resultó el escenario del engaño. Se trata de un centro recreativo y deportivo de gran importancia en el pueblo, muy ostentoso, junto al océano y que cuenta con un importante campo de golf. Fue precisamente allí donde Madoff encontró a buena parte de sus inversores. ¿Cómo hizo para venderles humo? Afirmaba usar una estrategia de inversión conocida como “Split Strike”, que consistía en comprar acciones de grandes compañías y opciones de compra-venta de esos mismos títulos. Así, les explicaba, era posible hacer dinero sin importar si los mercados estaban en alza o en baja. Como sabemos, no llevaba nada de ello a la práctica.

Su padrino en el club de golf era Carl Shapiro, un viejo filántropo que alternaba su vida entre la ciudad de Boston y Palm Beach, quien lo recibió como si se tratara de su propio hijo e invirtió en él más que nadie: 545 millones de dólares (400 millones de ellos de su cuenta personal y los restantes 145 pertenecientes a su fundación). Además, le presentó a su yerno, Robert Jaffe, un administrador de dinero que con el tiempo se convirtió en captador de inversores para Madoff a cambio del 1% de cada operación.

En 1939, Shapiro había fundado, en New Bedford, Massachusetts, Kay Windsor Inc., una empresa que creció hasta ser una de las mayores compañías fabricantes de ropa para mujeres. La marca fue comprada por Vanity Fair Corp. en 1971, pero Shapiro continuó siendo su director hasta su retiro, cinco años más tarde. El anciano, que en febrero de 2013 superó el centenario, había visto por primera vez a Madoff en Palm Beach hacía cuatro décadas, cuando este tenía solo 22 años de edad. Un amigo le había pedido que lo conociera y, aunque al comienzo se negó argumentando que tenía ya muchas obligaciones, frente a la insistencia, acabó accediendo. Fue así como le confió los primeros 100.000 dólares, y le fue bien. Se iniciaba así una larga relación que, con el tiempo, llegó a ser más que puros negocios: asistían mutuamente a los cumpleaños familiares, festejos religiosos, salidas sociales… todo parecía marchar bien, hasta que el castillo de naipes se derrumbó.

A tal punto llegaba la confianza, que un mes antes de que la estafa se hiciera pública, Shapiro le había enviado a su “amigo” más dinero. Sin embargo, viéndolo retrospectivamente, algo parecía no andar tan bien. Madoff, conocido como un hombre discreto, se mostraba más ansioso que nunca, llegó incluso a reclamar por teléfono a su padre putativo si estaba seguro de haber hecho el envío de dinero, que aún no había recibido. En retrospectiva, esa conducta debería haber encendido la alarma. Al poco tiempo, el anciano supo del engaño mediante una llamada telefónica de su yerno, quien le indicó que prendiera la televisión para confirmar las peores noticias. “Fue una puñalada en el corazón”, contó luego el anciano en una entrevista periodística para el portal español El Economista.

Al descubrirse la estafa, tanto Shapiro como Jaffe afirmaron a las autoridades que habían actuado de buena fe, sin saber que todo era un engaño. Al menos un tercio de los habitantes de Palm Beach cayeron en la trampa. Quienes creyeron en Madoff pensaban que estaban haciendo algo conservador. Conseguían entre el 10 o 12% anual, incluso en las épocas en que la bolsa neoyorkina entregaba más.

Mucha gente le encomendó hasta su último centavo, incluidos sus ahorros de retiro. Desoyeron así una de las reglas fundamentales en este tipo de negocios: “Hay que diversificar las inversiones”. Sin embargo, Madoff era uno más entre ellos y muchos lo consideraban el lugar más seguro en el que poner sus ahorros. A Bernie nada de esto le interesaba y se lo llevó todo, incluidas las fortunas familiares y los fondos de muchas fundaciones de capital judío que ni imaginaban en quién estaban confiando. Según la investigación posterior del FBI, unas veinte instituciones estafadas tenían domicilio en Palm Beach y, en conjunto, habían perdido 1600 millones de dólares. Nadie podía sospechar de un hombre como ese, siempre jugando al golf, junto a su familia y amante del buen vivir.

Así como mantenía sus oficinas en Nueva York siempre prolijas y en orden, también cuidaba su aspecto personal. Durante al menos tres décadas compró toda su ropa en la tienda Trillion, ubicada en la calle más exclusiva de Palm Beach, y su vestimenta parecía un uniforme: pantalón marrón y jersey azul. Sin embargo, no se trataba de cualquier sweater: debía ser siempre azul marino y de la mejor cachemira, una de las lanas de cabra más escasas y extrañas del mundo, suave al tacto, sedosa y, aunque ligera, excelente aislante térmico. Este sello de distinción lo conseguía a un promedio de 1200 dólares la prenda. Según contó luego el propio dueño del local, David Neff, compraba las camisas por docena, todas iguales, y hacía que las prendas fueran arregladas a su medida por los sastres portugueses que trabajaban en la trastienda.

Dos semanas antes de ser arrestado, Bernard y Ruth habían pasado por la tienda tan alegres como siempre y, mientras hacían sus compras, habían charlado despreocupadamente acerca de sus próximas vacaciones. Elegido el nuevo vestuario, Bernie le pidió a Neff que tuviera todo listo para Navidad, sin sospechar que pasaría las fiestas en prisión. Llamativamente, cuando ya había sido detenido, Ruth llamó a Trillion y pidió que le enviaran por correo las prendas que habían comprado, ya que pasarían un tiempo sin ir a Palm Beach. Habían dejado sin pagar cerca de 2000 dólares de unos pantalones corte italiano que necesitaban arreglo, pero cuando el dueño del local trató de cargarlos en la tarjeta no pudo hacerlo. Le habían bloqueado todas sus cuentas; era el principio del fin.

EL FRAUDE MÁS GRANDE DEL MUNDO

Para diciembre de 2008 todo era caos en Wall Street. Había estallado la burbuja inmobiliaria y la bolsa perdía gran parte de su valor. Todo el sistema financiero estadounidense se estaba derrumbando y los ricos inversores de Madoff comenzaron a sentir el peso de sus mochilas; necesitaban liquidez en lo inmediato si querían saldar sus abultadas cuentas. Era hora de retirar el dinero. Sin embargo, el financista no se encontraba en condiciones de devolver lo que le reclamaban, cerca de 7000 millones de dólares, y menos aún todo junto. En consecuencia, hizo un pedido desesperado a quien había sido uno de sus más fieles amigos, Shapiro, quien le inyectó 250 millones que sirvieron para abultar las pérdidas del filántropo de Boston.

Según consta en la demanda que interpuso la Securities and Exchange Comission (SEC) y en la denuncia del FBI, en la primera semana de diciembre Madoff había confesado a un empleado que los clientes habían pedido reembolsos por 7000 millones de dólares y que estaba intentando conseguirlos. Días más tarde, el 9 del mismo mes, el financiero indicó a otro empleado que aquel año pagarían los extras en diciembre, dos meses antes de lo habitual. Fundamentó esa decisión afirmando que había conseguido beneficios anticipados y que aquel era un buen momento para repartirlos. Paradójicamente, parecía muy estresado con la que supuestamente era una buena noticia.

Sin embargo, en lugar de hacer lo anunciado y ya indudablemente ahogado por la situación, Bernard reunió a sus dos hijos, Andrew y Mark, y les confesó la verdad. Tal y como les explicó, solo disponía de unos 200 millones de dólares para pagar a los empleados. Estaba acabado. Sin pensarlo dos veces, estos se contactaron con el FBI.

Dos cosas llamativas sucedieron el día anterior al arresto, el 11 de diciembre de aquel año: intempestivamente, Ruth sacó de la cuenta familiar 10 millones de dólares y Madoff celebró la fiesta de Navidad de la empresa como si no estuviera pasando nada. Se había tratado de una celebración muy divertida y ansiada por todo el personal. El festejo tuvo lugar en Rosa mexicano, un lugar de elite donde servían buena comida y hacían unos margaritas excelentes. Hasta hubo baile. Nada hacía suponer que todo estaba por implosionar.

El día siguiente a la denuncia, los agentes federales se presentaron en la casa del Upper East Side, donde vivía la familia, y pidieron al magnate que les explicara qué estaba sucediendo. Este se limitó a responder: “No hay una explicación inocente”. Les confesó entonces que la estafa podía llegar a los 50.000 millones de dólares y se empeñó en tratar de convencerlos de que había actuado solo. Fue detenido.

Una semana más tarde, quien por entonces era solo un acusado de uno de los mayores fraudes que se recuerden en Wall Street, fue excarcelado bajo una fianza de 10 millones de dólares. Para ello requirió, además, de la firma de dos personas, quienes se comprometían a hacerse cargo de él: su esposa y su hermano, Roger. Según la orden redactada por el juez Gabriel Gorenstein, Madoff debía usar un dispositivo electrónico de vigilancia en todo momento y estar en su domicilio desde las siete de la tarde hasta las nueve de la mañana. A su vez, solicitaba que Ruth entregara su pasaporte a la justicia.

Paradójicamente, mientras los estafados recibían las malas nuevas, a Bernard solo parecía importarle el caos en que se había convertido la entrada al edificio donde vivía. La prensa llevaba días allí apostada y este, afligido, redactó una nota pidiendo disculpas a sus vecinos.

Mientras el Congreso de los Estados Unidos tomaba a su cargo la investigación del caso dentro de una amplia reforma de las leyes financieras nacionales, el periodismo internacional se empecinaba en dar respuestas al mundo. Se preguntaban entonces si había habido indicios de que podía pasar lo que en efecto estaba sucediendo. Según un documental de la televisión española, estos existían desde 1999.

La primera alarma se había prendido en un fondo de inversiones de Boston, competidor directo de Madoff. Esta compañía comenzó su propia investigación para intentar verificar la rentabilidad que el neoyorkino prometía a sus clientes. El responsable de esta tarea fue Harry Markopolos, un hombre cincuentón de ojos marrones y con un peinado que intentaba disimular su poco pelo, a quien sus colegas de trabajo describían como un “genio de las matemáticas” y un poco geek, ya que no le interesaban las aptitudes sociales, solo hacer aquello que amaba. Más allá de las apariencias, él mismo afirmó que tardó cinco minutos en darse cuenta de que copiar aquellos resultados era imposible si se cumplía la ley.

Markopolos se había criado en Erie, Pensilvania, donde había asistido a una escuela católica en la que se exaltaban la disciplina y la educación moral. De allí había pasado a un colegio jesuita gracias a una beca del Ejército y había servido en la Guardia Nacional del Ejército en Maryland. El coronel Michael Schleupner lo recuerda como alguien excesivamente trabajador y muy brillante. Harry, finalmente, dejó las fuerzas armadas para hacer una carrera en el mundo de las finanzas, para el que era mucho más apto. Sin embargo, la experiencia militar habría de dejar sus huellas en este hombre al que muchos reconocen por su particular modo al hablar: una obsesión por el esquema Ponzi.

Con estos antecedentes, cuando Markopolos dio con Madoff vio en él, por un lado, a alguien que estaba deteriorando el sistema financiero de los Estados Unidos, alguien que tenía millones de razones para no querer que se hicieran preguntas; por el otro, a un enemigo letal. Harry estaba convencido de que el neoyorkino estaba derivando dinero al crimen organizado y al narcotráfico. En consecuencia, empezó a sentirse un hombre amenazado.

Fue recién en 2009, tras recibir dos llamados telefónicos en los que sus amigos le comunicaban que Bernard Madoff se había declarado culpable, cuando Markopolos pudo volver a dormir una noche entera. Se enteró de la noticia mientras estaba frente a un estudio de artes marciales esperando a que sus hijos mellizos terminaran su clase de karate, y sintió como si fuera a desmayarse de la emoción. Después de diez años de lucha y espera, se sentía reivindicado.

Actualmente, Markopolos, quien ha dejado su antiguo trabajo como gestor de derivados, se desempeña como investigador de fraudes corporativos. Es decir, busca “soplones” cerca de las oficinas y los convence de que denuncien lo que saben bajo la Ley de Declaraciones Falsas. Por supuesto, él se lleva un porcentaje de cada acuerdo. Además, cobra por las regalías de su libro Nadie quería escuchar: un verdadero suspenso financiero, donde narra sus esfuerzos para exponer el fraude de Madoff.

Markopolos, quien compareció ante el Congreso en febrero de 2009, había llevado el caso ante la SEC, pero sin recibir una respuesta positiva. Con fecha del 7 de noviembre de 2005, había incluso entregado en el organismo estatal un documento que, bajo el título The world’s largest hedge funde is a fraud, presentaba un listado de veintinueve llamados de atención respecto del accionar de Madoff. Desesperado ante la inactividad de la oficina gubernamental, había contado al periodista Michael Ocrant los detalles de su investigación.

Frente a esta denuncia, el cronista se entrevistó con Madoff, quien pudo darle una respuesta a cada una de sus preguntas. Respecto de su estrategia para obtener siempre resultados positivos, el financista respondió que había estado en el negocio por cuatro décadas, que contaba con una excelente estructura para operar, con personal adecuado y con una experiencia que le permitía sus logros. Aun así, algo no cuadraba para Ocrant y publicó una serie de artículos en los que se cuestionaba la integridad del neoyorkino.

Finalmente, en 2006, tras años de denuncias, la SEC abrió una investigación. Meses después, quedaba todo archivado. El gobierno no lograba ver indicios de fraude. ¿Cómo era posible que una dependencia estatal no fuera capaz de averiguar aquello que un particular sí había visto? La explicación que brindaron los propios responsables de la agencia fue que se trató de un error humano, resultado de contar con personal poco calificado, recortes de presupuesto permanentes y falta de precisión en las investigaciones realizadas por personal joven recién salido de la universidad y mal pago. En consecuencia, su habilidad para identificar complejas estafas financieras era menor que la sofisticación que poseían aquellas personas a quienes ellos investigaban. Aunque estos argumentos suenan a excusas, lo único cierto, en definitiva, es que el gobierno tuvo a Madoff entre sus manos y se le escapó, con el enorme daño que aquello supuso.

En cuanto a los inversores, la señal más llamativa que podrían haber tenido eran los balances mensuales. Ya se mencionó que estos eran impresos en papel, sin posibilidad de ser revisados en línea. Se sumaba a ello el hecho de que no se parecían en nada a los cálculos presentados por otros brokers de Wall Street; parecían sacados del pasado, como si hubieran sido elaborados con la tecnología disponible en 1960. Ni siquiera informaban acerca de las transacciones que se habían efectuado, como la ley contemporánea indica. De hecho, muchos especialistas afirman hoy que es probable que no se realizara ninguna de las operaciones allí indicadas. De lo contrario, hubieran dejado rastros que nunca pudieron hallarse.

Tal vez porque las señales eran tan evidentes, los inversores no se molestaron en mirar en profundidad. En octubre de 2007, la abogada de Madoff dijo públicamente:

Lo cierto es que cuando la gente decide invertir, ver que la bolsa sube o baja varios puntos da miedo y hace pensar que algo anda mal. Pero, fíese de mi palabra, no hagan caso a ninguno de esos movimientos de la bolsa; no hay ninguna razón por la que el inversor medio se tenga que preocupar por eso.

Respaldados por estas palabras, ninguno de los clientes parecía preguntarse si se estaba utilizando información privilegiada para hacer dinero o si se estaba aprovechando de lo que sabía de sus inversores para sacarles dinero o, peor aún, si todo aquello que Madoff hacía era o no legal. Lo importante para todos parecía coincidir: la rentabilidad siempre positiva.

Para las entidades bancarias que confiaron ciegamente en las promesas del financista, esta negligencia dejó las puertas abiertas para que sus propios clientes de todo el mundo, quienes no habían sido consultados respecto de la inversión, pidieran ser resarcidos cuando estalló la estafa. Sucede que muchas personas invirtieron, por ejemplo, sus pensiones o ahorros de toda la vida en sus bancos de confianza, como el Santander (a través de Optimal Fund), HSBC, RBS, JP Morgan Chase, el Banco de Nueva York o el BBVA, los que luego, a su vez, confiaron en Madoff. Cuando este capital desapareció, los afectados indirectos buscaron recuperar lo que les correspondía. Muchas de estas personas nunca antes habían oído el nombre del estadounidense y no estaban dispuestas a perder lo suyo en sus manos.

Por su parte, el resto de los operadores de la bolsa de Wall Street afirmaron que muchos nunca creyeron en los resultados que Madoff obtenía y que, por esta razón, en el listado de sus víctimas es difícil encontrar otros brokers. Ante estos argumentos, la pregunta ineludible es por qué no denunciaron la estafa. Alegaron que no era su responsabilidad pues no eran ni la policía ni el gobierno.

Más allá de si hubo o no indicios previos, algo parece certero en este caso: de no haber estallado la crisis financiera de 2008, es probable que Madoff continuara hoy siendo considerado uno de los genios del dinero. Pero es imposible hacer historia contrafáctica y lo cierto es que la estafa fue revelada. Tras un juicio que duró tan solo unos meses, el 29 de junio de 2009, a sus 71 años de edad, nuestro protagonista fue sentenciado a ciento cincuenta años de prisión, la pena máxima para un delito semejante.

Inicialmente, Bernard debía cumplir prisión domiciliaria. Sin embargo, el 12 de marzo de 2009 tuvo lugar su última declaración ante el Tribunal Federal encargado de investigar el engaño y el juez debió decidir si era o no encarcelado hasta la decisión final.

Se trataba de una mañana como cualquier otra en el distrito de Manhattan. Frente a las puertas de los estrados, un grupo de orientales practicaban artes marciales. Adentro, en cambio, en lo que fuera leído retrospectivamente como la certeza de que iría a prisión, Madoff se presentaba sin anillos ni relojes de cualquier tipo. En las que fueron sus palabras finales, sostuvo que desde el comienzo sabía que aquel momento llegaría.

Tras esta declaración, su abogado defensor solicitó al juez que lo dejara regresar a su domicilio hasta la sentencia definitiva. El pedido fue denegado. El magnate caído en desgracia debía renunciar al lujo de su piso para pasar a lo que sería el comienzo del resto de su vida en prisión. Atrás quedaban los accesorios de marca, los jerseys de varios cientos de dólares, el golf y la tranquilidad que el dinero puede comprar.

Hay un dicho en el mundo del hampa estadounidense: “Si los federales te descubren en un delito financiero, se puede negociar con ellos a qué cárcel vas y durante cuánto tiempo; lo que es indeclinable es que vas a prisión”. Madoff sabía que su condena podía ser reducida si entregaba a sus cómplices. Sin embargo, las negociaciones con él fueron imposibles. En todo momento se afanó en sostener que había sido la única persona implicada en semejante estafa millonaria y que había sido gestada y concretada en solitario. De nada sirvieron los meses de prisión domiciliaria ni los otros varios meses que pasó encerrado en una cárcel en pleno Manhattan, el Metropolitan Correctional Center, para quebrar al estafador y moverlo a revelar la verdad.

El preso número 61727 debió esperar su sentencia en esa institución que, típicamente, aloja terroristas, gánsteres y traficantes de droga, y que tiene capacidad para albergar a setecientos cincuenta reclusos. En su celda de 5 metros cuadrados podía solicitar libros, recibir a su abogado y, día por medio, subir al patio ubicado en el techo de la construcción y acorazado con bloques de cemento. Como un presidiario más, debía iniciar su día a las seis de la mañana para tomar el desayuno servido media hora más tarde, reemplazar su vestuario hecho a medida por el holgado traje marrón de la cárcel y conformarse con ver las luces brillantes de la ciudad por la única ventana de su celda. Incluso en estas condiciones, tan distantes a sus costumbres, Bernard Madoff no cambió su historia. Siguió diciendo que era el único responsable de los hechos.

¿A quién podía estar encubriendo? En primer lugar, al amor de su vida, Ruth, que ni aun encerrado dejó de ir a visitarlo y quien, como ya dijimos, un día antes de la detención de su marido se hizo con una buena tajada de dinero. Aunque nunca se llegó a abrir una causa contra ella, algo era certero: estaba al tanto de cada uno de los movimientos de Bernard. Ambos se llevaban muy bien y ella solía pasar por la oficina del piso 17 donde se llevaban a cabo los negocios. Esta mujer menuda y coqueta, que incluso llegó a publicar un libro de recetas de comidas judías de su autoría cuyos ingresos donó para hacer caridad, debió ser defendida con uñas y dientes por sus abogados para que sus bienes fueran separados de los de su esposo. Entre ellos, la casa de la calle 64 en la que continuó viviendo mientras su marido esperaba la sentencia en prisión.

También figuraban entre los sospechosos el hermano de Bernie, Peter, quien durante décadas había trabajado codo a codo con él en la compañía como Chief Compliance Officer, y sus hijos, Andrew y Mark, quienes, pese a ocuparse del negocio legal de su padre, fueron los encargados de denunciarlo y en todo momento negaron saber algo de las actividades ilegales que se estaban llevando adelante en el piso inferior a sus oficinas.

De los empleados de Madoff, el contador de la empresa, David Friehling, quien por entonces tenía 49 años de edad, fue el único en declararse culpable por el caso, en noviembre de 2009. A cambio de una disminución de su pena, que podía ascender a cien años de cárcel, se comprometió a asistir a los agentes federales en su investigación. Según las autoridades, la responsabilidad de quien trabara relación con Madoff durante dos décadas había consistido en hacer la vista gorda ante los libros contables.

Por su parte, uno de los encargados de captar inversiones para el neoyorkino acabó suicidándose. El resto de las personas que realizaban esta tarea, incluidos aquellos que llevaron a la ruina a medio Palm Beach, afirmaron en todo momento que habían actuado de buena fe y que también habían perdido sus fortunas. Sea como fuere, la confesión de Madoff evitó que avanzaran las investigaciones, lo que liberó a todos de su plausible responsabilidad. Con el gobierno de los Estados Unidos incapaz de develar la trama de la estafa, la palabra del financista era la única versión de los hechos de la que aferrarse.

Entre tanto, la esperanza de las víctimas era y sigue siendo Irving Picard, un socio de la firma de abogados Baker Hostetler, quien en 2008 fue convocado por el juez Lawrence McKenna para llevar adelante la recuperación de los fondos robados por Madoff. El paso inicial para lograrlo fue la incautación de los bienes del financista por 1000 millones de dólares, incluidos el yate anclado en Palm Beach, las casas y las cuentas bancarias. De igual modo, se puso en contacto con cada uno de los bancos que invirtieron y ganaron dinero durante años para que se hicieran cargo de saldar las deudas con sus clientes.

El objetivo de Picard consistía en que, una vez reunida la mayor cantidad de dinero, la suma sería dividida según lo que cada individuo o fondo hubiese perdido. Se trataba, sin embargo, de un proceso tan arduo como lento. Entre tanto, en un pueblo habituado a los desastres naturales, pero que recibió la noticia de la estafa como un imparable huracán, algunas de las víctimas de Madoff no pudieron aguardar a ser indemnizadas. Con las cuentas bancarias en rojo y las tarjetas de crédito e hipotecas por vencer, muchos debieron salir a vender buena parte de sus posesiones para hacerse con efectivo inmediato. Así sucedió, por ejemplo, en Palm Beach donde los otrora ricos amigos de Bernie se acercaron a Subastas Kofski para entregar sus pinturas millonarias u objetos de decoración fabricados por diseñadores y artistas europeos, que fueron rematados al mejor postor. De este modo, quienes en el pasado habían tenido que conformarse con envidiar por la ventana a sus vecinos que paseaban en sus Ferraris, ahora se hacían con todas aquellas preciadas pertenencias sin importarles la historia detrás de ellas o la desgracia ajena.

Eso no fue todo. Más importante que los detalles de color de la estrepitosa caída de muchas de las históricas familias de dinero fue la pérdida de toda una generación de filántropos judíos en Palm Beach. Como ya se mencionó, muchos de los estafados fueron algunas de las organizaciones de caridad más importantes del mundo, cosa que, para muchos especialistas en el caso, supuso un impacto global enorme tanto para los miembros de aquella colectividad como para el resto del planeta.

El 29 de junio de 2009, a sus 71 años de edad y tras varios meses de juicio, Bernard Madoff fue condenado por el juez federal estadounidense Denny Chin a ciento cincuenta años de prisión. Se trató de una pena ejemplar y la máxima posible para un delito de su clase. A pesar de tener el derecho a apelar su sentencia en la Corte de Nueva York, el reo optó por tirar la toalla y aceptar la pena de siglo y medio que le había sido establecida. El convicto número 61727-054 se encuentra hoy cumpliendo su sentencia en una prisión federal en Butner, Carolina del Norte.

En el aniversario de su condena, durante una entrevista con The New York Magazine del 6 de junio de 2010, Madoff declaraba que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho ni siente los daños que han sufrido sus víctimas, a quienes considera “estúpidos y avaros”. Además, afirmó que todo el “negocio” había sido “una pesadilla” para él y que hubiese deseado que lo atraparan seis u ocho años antes.

Al destaparse la estafa salió también a la luz la verdad respecto del destino del dinero. Tal y como fue publicado en el diario británico Evening Standard, el número uno del NASDAQ poseía en Londres una pequeña oficina donde guardaba millones en efectivo. En dicha propiedad, ubicada en el nº 12 de la calle Barkeley, en un barrio elegante de Mayfair, se conservaban el equivalente a 88 millones de euros destinados a ciertas operaciones familiares. Al frente de esta oficina estaba Stephen Raven quien, a sus 70 años, era una de las figuras más respetadas de Inglaterra. Bajo su mando trabajaban otras veintiocho personas, incluidos analistas y especialistas.

Como si fuera una metáfora de lo sucedido, hasta el edificio en el que se encontraban las oficinas de Madoff, el Lipstick, cayó en desgracia tras el arresto del magnate. En 2010 la compañía propietaria del rascacielos, la Metropolitan 885 Third Avenue LLC, presentó la bancarrota tras haber pagado de más por la propiedad. Un año más tarde, el grupo inversor argentino IRSA recapitalizó el edificio y, tras tomar su control, volvió a incorporar al mercado muchas de las oficinas que allí se encuentran, incluyendo las que durante dos décadas fueron ocupadas por Madoff.

Tras la detención del padre, sus hijos no la pasaron bien. No solo no volvieron a verlo ni a hablar con él, sino que incluso se negaron a pagar su fianza para que pudiera pasar los primeros meses de detención en su domicilio. Como era de esperar, a comienzos de 2010 Mark y Andrew debieron enfrentar la realidad: ellos también estaban siendo investigados por cargos delictivos. Las demandas en su contra, al igual que la del hermano del estafador, Peter, fueron introducidas por la fiscalía de Manhattan. Aunque Madoff afirmaba haber actuado sin ayuda y sus hijos cooperaron en todo momento con los investigadores, no pudieron evitar que las sospechas recayeran también sobre ellos.

Sin embargo, Mark no habría de llegar a conocer cuál sería el desenlace de su presunta participación en la mayor estafa de la historia de los Estados Unidos. El sábado 11 de diciembre de 2010, fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York. Según informó la policía, se trató de un suicidio cometido el mismo día en que se cumplían dos años de la detención de su padre y en el que, además, vencía el plazo de Picard para liquidar los fondos del financista para reunir el dinero de la indemnización de las víctimas.

Sin duda, el escándalo había afectado profundamente a la familia en su conjunto, y aunque Mark no había tenido probada participación en el delito, sí al menos había disfrutado del lujo que le supo proporcionar el dinero mal habido de su progenitor. Meses antes de esta muerte, en febrero, la esposa de Mark había solicitado a la justicia que le fuera permitido cambiar su apellido, alegando que llevar el nombre de Madoff le había supuesto amenazas y humillación pública.

Esta no fue la única muerte relacionada con el caso, que se sumaba al ya mencionado suicidio del contador de Madoff dos años antes. Entre sus víctimas hubo también quienes no soportaron perderlo todo y optaron por quitarse la vida. Uno de ellos, tal vez el de mayor resonancia en la prensa local de la época, fue el suicidio, en diciembre de 2008, de René-Thierry Magon de la Villehuchet, un aristócrata francés de 64 años de edad que había confiado a Madoff 1400 millones de dólares. El monto pertenecía a los clientes de su firma Access International Advisors (AIA Group), con sede en la ciudad de Nueva York.

A pesar de haber sido ellos también víctimas de la estafa, muchos bancos internacionales fueron demandados en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos por Irving Picard. En esta situación se encontraron importantes entidades, como JP Morgan, HSBC y UBS, y destacadas personalidades del mundo financiero, como un banquero austríaco y dos contadores públicos a quienes se acusó de conocer el fraude, encubrirlo y haberse beneficiado con él. Muchísimas de las víctimas del caso no invirtieron directamente con el neoyorkino, sino que habían colocado su capital en fondos de terceros que fueron los encargados de hacer las transacciones con el empresario.

Es precisamente esta situación la que generó que miles de personas no calificaran para las protecciones económicas concedidas a los inversores directos. Entre estos individuos se encuentran tantísimos de los que presentaron las más de dieciséis mil demandas contra Madoff, en las que alegan haber perdido dinero con él. Sin embargo, cerca del 80% de estos reclamos fueron denegados debido a que los inversores habían invertido indirectamente a través de otros fondos.

La totalidad de los afectados por la estafa pueden ser distribuidos en tres categorías: bancos y aseguradoras; banca privada y fondos, y fundaciones y personas físicas. Entre ellos, muchos de los estafados recibieron a fines de marzo de 2011 una porción de los primeros 10 millones de dólares recuperados. Esa se convertía en la primera oportunidad en que las víctimas, aunque no en su totalidad, podían permitirse esperar un resarcimiento por los daños sufridos. Del conjunto de las demandas, solo dos mil cuatrocientas ocho denuncias fueron elegidas por Picard para recibir una parte de su capital.

En el afán por recuperar más activos perdidos, el fideicomiso ha denunciado a quinientos inversionistas de Madoff por haberse retirado con ganancias. Pero muchos alegan que también ellos fueron utilizados y que no se cuentan entre quienes perdieron todo solo por haberse retirado a tiempo.

En verdad, el fideicomiso había conseguido 2600 millones, pero 720 de ellos quedaron inmovilizados como consecuencia de dos demandas que objetaban la manera en que Picard estaba planeando distribuir los montos rescatados. El argumento de aquellas solicitudes judiciales consiste en que, dado que Madoff les había prometido un cierto retorno, la compensación debería ser por aquella cifra esperada.

Uno de los inversores que más contribuyó a indemnizar a las víctimas fue Carl Shapiro, quien tras meses de investigaciones contra él y varios miembros de su familia, en diciembre de 2010 finalmente logró un acuerdo legal que le permitió poner fin a los reclamos civiles del gobierno en su contra. El filántropo se comprometió a devolver 625 millones de dólares, de los cuales 38 millones deberán ser pagados por su yerno, Robert Jaffe. Aunque el pacto fue recibido con beneplácito por la opinión pública, la cifra acordada no alcanza los 1000 millones que el fideicomiso Picard esperaba conseguir de los Shapiro.

A un acuerdo semejante llegó el JP Morgan Chase, el principal banco involucrado en el escándalo, que a comienzos de 2014 estuvo de acuerdo en pagar 2000 millones de dólares a las víctimas siempre que no se iniciaran acciones legales en su contra. Se libró de este modo de las acusaciones por haber ignorado y no reportado las señales de alarma que a lo largo de los años habían identificado sus empleados.

Ya en 2009, el Banco Santander había optado por hacerse cargo de los 2300 millones de dólares que sus clientes habían perdido al colocar su capital en Optimal Strategic US Equity Fund, la gestora de inversiones del banco. Aunque en un comienzo la entidad había rechazado esta alternativa, acabó accediendo, y no sin rédito: con el anuncio consiguió que sus acciones subieran varios puntos. Según la notificación del banco, la solución consistía en una sustitución de activos mediante la cual los clientes de banca privada canjeaban sus inversiones en Optimal Strategic US Equity Fund por participaciones a emitir por el Grupo Santander con un cupón del 2% anual.

Antes de que las autoridades detuvieran a Madoff, la portada de la página en línea de su compañía estaba encabezada por la leyenda:

En una era de organizaciones despersonalizadas, Bernard L. Madoff Investment Securities evoca todavía un período anterior del mundo financiero: el nombre del propietario está en la puerta. Los clientes saben que Bernard Madoff tiene un interés personal en mantener el récord de valor intachable, negocios justos y normas éticas elevadas que siempre han sido el distintivo de la firma.

Hoy, la declaración ha desaparecido, al igual que la confianza y las fortunas de las víctimas. El caso está lejos de cerrarse y aunque el magnate sigue cumpliendo su condena, sus víctimas continuarán reclamando la restitución de sus inversiones.

Conclusiones

A menudo solemos ver cómo desde diferentes espacios se cuestiona cierta forma de proceder que tenemos como sociedad. Nos flagelamos con índices y rankings que nos colocan en el lugar de los países que prefieren tomar el atajo antes que cumplir con la ley. Cierto es que no estamos en posición de darles lecciones a otros países sobre aspectos esenciales del cumplimiento de las normas, aunque es verdad que quienes elaboran dichos índices tienen bastante más para aprender que para enseñar.

Con ello, si bien es correcto suponer que en los países centrales el nivel de sanción es elevado cuando se trata del castigo por el incumplimiento de las leyes, sería ingenuo dejar pasar aspectos que van desde el diseño de normas que habilitan operaciones para transferir recursos que favorecen la concentración, hasta el funcionamiento de aspectos del mercado que, sin control, terminan por administrar ganancias y socializar pérdidas.

Así, por ejemplo, las normas de gobernanza corporativa que habilitaron casos como el de Enron y la laxitud en los controles del Estado que favorecieron las condiciones para el estallido de la burbuja financiera internacional en 2008 y 2009 son sumamente ilustrativas.

Repasar la historia nos permite tomar distancia de los hechos y visualizar cómo grandes corporaciones que aún operan terminan por proteger auténticos amigos de lo ajeno que en más de una oportunidad acaban presos y en otras pasan desapercibidos tras un montaje armado para protegerlos.

Es que si bien se conocen ciertos aspectos de algunos casos relevantes, jamás podremos determinar las consecuencias, por ejemplo, que derivaron de maniobras tales como la manipulación de la tasa LIBOR o la alteración de datos para que Grecia forme parte de la zona euro.

Hoy, nos da lecciones de moral quien otorgaba patente de corso para surcar mares del mundo en busca de galeones llenos de oro, que otros imperios extraían de América Latina.

Vemos cómo algunas de las compañías más grandes del mundo se asientan sobre la base de inventos cuyos reales creadores quedaron en el olvido, mientras que los apropiadores de la idea sentaron las bases de los gigantes de las telecomunicaciones actuales.

Imaginar un mundo sin estafadores parece difícil, ya sean estos personajes pintorescos como Carlo Ponzi o estructuras armadas sobre una gigantesca falacia como Enron.

El mundo de hoy nos enfrenta a diario con situaciones en las que podemos ser estafados, timados, burlados en nuestra buena fe.

Luego de haber recorrido historias en las que tomamos contacto con verdaderos profesionales del robo, podemos comprender acaso cómo esto solo es posible con la colaboración explícita o tácita de las autoridades.

Carlo Ponzi no hubiera podido hacer de las suyas si quienes eran los encargados de investigarlo hubieran tomado nota de lo llamativo del crecimiento vertiginoso de su fortuna y ostentación. Cabe pensar que allí no existió corrupción en el sentido tradicional, del estilo que conocemos actualmente, pero es evidente que la impericia de los encargados de los controles terminó siendo el factor que permitió la consolidación de un modelo de negocios que perjudicó, como sucede habitualmente, a aquellos que menos tenían y depositaban sus esperanzas en el italiano timador.

Podríamos intentar repasar la legislación para evaluar si se generó algún aprendizaje social tanto en este como en los demás casos, pero la conclusión a la que llegaríamos sería bastante alarmante, ya que es imposible regular ciertas estafas para impedir que se establezcan relaciones comerciales en las que una de las partes ejerce su derecho pero no sus obligaciones, lo cual plantea una asimetría que termina en un daño económico constante.

El problema central es que si lo ponemos en perspectiva, veremos que la base del capitalismo y la forma que tiene el sistema de generar su acumulación son sencillamente parecidas a lo que debería ser castigado.

Cuando recorremos los diversos aspectos de la historia económica, observamos que la relación entre víctima y victimario tiene particularidades que se repiten una y otra vez.

Al tomar cierta distancia, algunas estafas parecen increíbles, como las de Ponzi o Madoff. Podemos comprender que en esos casos se desarrollan, junto con la estafa, relaciones que se establecen de un modo en el cual la víctima resulta ser quien tiene características particulares para caer en la trampa del victimario. Esto no justifica el accionar delictivo de los estafadores, sino que pone de relieve la necesidad preventiva del accionar del Estado para proteger a las víctimas antes de que el daño sea demasiado grande.

La credulidad por parte de quienes caen en las telas de araña es llamativa. Para que les quiten lo mucho o poco que tienen, los estafados se deslumbran con rendimientos fuera de lo común, exacerban su codicia y apuestan siempre un poco más. Esto también llama la atención de algunos de los protagonistas de los robos. Por ejemplo, al hacerse público su caso, Madoff dijo que no podía entender cómo nadie se había percatado de la estafa que estaba llevando adelante.

También resulta habitual que pueblos enteros caigan en mentiras inverosímiles por parte de sus líderes, quienes les venden, literalmente, espejos de colores y terminan por apropiarse de recursos de todos sobre la base de justificaciones más plausibles en géneros literarios como el fantástico o el realismo mágico que en el más básico sentido común.

Por otra parte, las víctimas reales no tienen el derecho de protegerse porque son timadas desde espacios superestructurales en los cuales la legitimidad es dudosa, ya que las consecuencias de sus actos son masivas pero su origen no es de carácter estrictamente democrático.

Esto se percibe claramente en los casos de la tasa LIBOR, donde un grupo de privados organizó de forma premeditada el control de información estratégica, como es la tasa de interés de referencia internacional, en función de sus intereses particulares, afectando el curso de la historia sin tener para ello el mandato de la sociedad. Nadie los había elegido, ni tampoco podían ser castigados por el mercado, pues nadie los controlaba.

En otro aspecto, se puede visualizar esta particularidad cuando se altera la información pública para obtener un beneficio concreto, es el caso del contubernio entre Goldman Sachs y Grecia. En ese incidente hay algo más de legitimidad porque estamos en presencia del accionar de un Estado democrático, el cual se rige por las reglas que otorga el voto popular. Claro que esto no excusa la estafa y los damnificados que sufren las consecuencias de este tipo de decisiones son siempre los mismos: el pueblo.

También hay casos en que el carácter asimétrico que plantea la estafa –unos ganan mucho y otros lo pierden todo– tiene base en el uso de la fuerza en función de un plan previo, como la apropiación del territorio de Texas. Allí, la lucha por el control del mensaje y la resignificación de la historia son absolutamente fundamentales porque permiten que invasiones de carácter imperial sean percibidas como resultado de un conflicto en el cual las víctimas se defendían, cuando lo cierto es que antes que víctimas parecen, de algún modo, los victimarios.

Tal es la relevancia del punto que, justamente en el caso de Texas, la enemistad que se generó entre México y su vecino del norte tuvo consecuencias impensadas hasta muchos años después. Por ejemplo, los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial luego de interceptar información que daba cuenta de la inminente participación de México en tal conflicto del lado alemán.

En más de una oportunidad, el rol de la prensa ha resultado de vital importancia al momento de desenmascarar los hechos. Esos periodistas que desde su propia subjetividad avanzaron con diversas investigaciones, que colocaron algunas estafas en el centro de la escena, han resultado sumamente valiosos, no solo respecto de la búsqueda de la verdad, tarea que les compete a los poderes formales del Estado, sino por brindar al gran público detalles que permitieron que las víctimas tuvieran conocimiento concreto de aquello que los estaba perjudicando. Esto no exime al cuarto poder de su responsabilidad en cientos de casos al ocultar o ignorar hechos cuando afectan los intereses de aquellos que poseen los medios masivos de comunicación.

La impericia, muchas veces, ha jugado y juega un rol central. Es habitual dotar de sentido acciones que lucen como cómplices cuando, en su origen, se deben a la falta de solvencia profesional de los encargados de controlar o aplicar justicia. Claro está que este accionar de incompetentes con cargo termina funcionando de modo cómplice a pesar de que no sea su intención.

Cuando comprendemos esto y nos damos cuenta del grado de indefensión relativo en el que nos encontramos, resulta central tomar conciencia de lo importante que es estar atentos al curso de los acontecimientos desde un lugar que es el único permeable para hacerlo: el de aquellos que se hacen cargo de su propio destino.

A fin de cuentas, la herramienta más útil para evitar caer en manos de los victimarios es no colocarnos, consciente o inconscientemente, en el lugar de víctimas, pero esa tarea no siempre es posible y mucho menos sencilla. Es por eso que el desafío sigue vigente, porque ha habido miles de estafadores a lo largo de la historia y los seguirá habiendo; al resto nos queda la tarea de observar la realidad y evitar caer en sus redes.

Si nos tomamos el trabajo de mirar con detenimiento, veremos que detrás de la vorágine en la que estamos inmersos a diario, la mayoría de nosotros trabaja por un salario que solo remunera una parte muy menor del valor que agregamos con nuestro esfuerzo; la gran parte se la queda alguien más.

Si miramos en profundidad, veremos que el tamaño de la economía financiera es varias veces el de la economía real. Habitamos un mundo donde derivados basados en complejos cálculos numéricos han dejado de representar la producción concreta de bienes y servicios para tener una existencia que se autojustifica y remunera muy por encima de la economía de las cosas.

Es decir, por un lado, un esquema de Ponzi de tamaño planetario podría estar rigiendo las finanzas globales y, por el otro, un capitalismo que paga a los trabajadores menos de lo que les corresponde. Ambos justifican así un proceso brutal de concentración económica que parece formar parte de lo correcto y normal, pero no es otra cosa que una estafa de alcances inimaginables. El día que esto sea percibido con claridad por el pueblo, llamaremos a los beneficiarios por su verdadero nombre: LADRONES.

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