La presente obra, más que un intento de reconstrucción histórica, pretende germinar la reflexión a través de seis ensayos escogidos de grandes intelectuales peruanos, quienes meditan sobre el restablecimiento de la democracia de una de las dictaduras más perversas, abyectas y corruptas de la historia reciente latinoamericana: el fujimorato.

Recopilado en el 2001, este libro aún conserva los matices sobre los cuales debemos reflexionar: la perversión de la política, la destrucción de las instituciones, la desnaturalización de la moral, etc.

Los sucesos del 2000 y 2001 (el fraude electoral, los videos en que Montesinos, brazo derecho de Fujimori, entregaba ingentes fardos de dólares a congresistas, dueños de canales de televisión, militares, personajes de la farándula, arzobispos, etc., a fin de comprar sus anuencias) destaparon la corrupción de la dictadura, que sin embargo, se sabía desde años anteriores, mas la dictadura acallaba cualquier protesta en voz alta.

AA. VV.

Cómo Fujimori jodió al Perú

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Duard 04.06.2021

Título original: Cómo Fujimori jodió al Perú

AA. VV., 2001

Editor digital: Duard

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NOTA EDITORIAL

Este libro recoge seis ensayos de personalidades de muy alta solvencia moral y política a quienes invitamos a reflexionar sobre la muy grave crisis política que ha ocasionado a la república el destape y derrumbe de la nefasta dictadura de Alberto Fujimori Fujimori y su perverso asesor Vladimiro Montesinos Torres que jugó a presidente del Perú, dada la ineficacia e irresponsabilidad del primer gobernante para dominar la escena política que comenzó a agravarse desde el autogolpe de abril de 1992 en que se instaura una verdadera dictadura que violó sistemáticamente la constitución, las libertades civiles, los derechos humanos, desencadenando una vasta y profunda corrupción en todos los órdenes oficiales e institucionales, tal como lo testimonian centenares de videos y grabaciones que el poder judicial y el congreso de la república se han preocupado en demostrarlos a la ciudadanía, antes de las elecciones generales del 8 de abril del presente año 2001.

Lo más sobresaliente de este desastroso periodo político de la insólita década del fujimorato es la inverosímil corrupción que tanto ha escandalizado al país y al mundo al comprobarse cómo se avasallaron conciencias a cambio de dinero. Solamente el putrefacto asesor presidencial, sórdido criminal y ladrón, Vladimiro Montesinos Torres, arrebató al estado peruano la increíble cantidad de más de mil millones de dólares, como fehacientemente está demostrado, aparte de las desbordantes cantidades de dinero que despilfarró este viboresco personaje en nombre del estado peruano, comprando políticos degradantes, empresarios del mundo de las comunicaciones, parlamentarios, jueces, militares del alto mando y personajes de las más altas instituciones, amparado por el déspota presidente, su gran socio en los viles negociados de armas, narcotráfico, operaciones financieras, préstamos internacionales, etc. hasta llegar al paroxismo en que Fujimori terminó fugándose cobardemente del Perú, bien pertrechado de millones de dólares efectivos y barras de oro, refugiándose en su país de origen el Japón que lo acoge en el colmo del cinismo.

No podemos bajo ningún concepto silenciar tan vergonzosos hechos, no solamente por su descarada brutalidad sino porque el pueblo peruano ha sido lesionado en su honor por sus propios representantes que lo hundieron con su desastrosa aventura política que tantos daños económicos y sociales ha ocasionado. Si calláramos nos convertiríamos en cómplices de un satánico régimen que pisoteó la dignidad histórica de la república, al montar un terrorismo de estado que vino a suplantar al feroz terrorismo de Sendero Luminoso que le permitió organizar sucesivos fraudes electorales para perpetuarse en el mandato y vivir en una permanente orgía de poder y latrocinio.

Los autores que participan en este libro han sido los francos representantes de una abierta y sólida oposición combativa, enormemente valerosa. Esta obra es un fiel testimonio de denuncia y esclarecimiento histórico y político de la criminal actuación del nefasto gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, censurado por el congreso de la república de incapacidad moral permanente, declarando la vacancia de la presidencia y acusándolo constitucionalmente de una serie de delitos perpetrados durante su deplorable mandato.

Lima, 22 de mayo de 2001

CARLOS MILLA BATRES
editor

MARIO VARGAS LLOSA

LA LIBERTAD RECOBRADA

El Colegio de Abogados de Lima fue una de las escasas instituciones en el Perú que, en estos años turbios, resistió a la dictadura y defendió contra ella, con gallardía principista, el Estado de Derecho que ella destruyó. Si todas las instituciones de la sociedad civil hubieran actuado en el Perú como lo hizo el Colegio de Abogados de Lima que, durante los ocho años de la dictadura (1992-2000), se enfrentó al régimen en nombre del Estado de Derecho, el golpe artero contra la libertad del 5 de abril de 1992 no hubiera prosperado, y no lamentaríamos ahora tantos crímenes contra los derechos humanos, el secuestro de la justicia y la libertad de expresión, el desmantelamiento de las instituciones y la corrupción generalizada a cuya sombra Fujimori, Montesinos y los cuarenta ladrones amasaron fortunas que producen vértigo.

Esta no es una endecha masoquista. Si queremos que el Perú no vuelva a padecer una dictadura, es indispensable un examen de conciencia para identificar qué hizo posible a la que acaba de desplomarse, y para evitar que la historia se repita, como viene ocurriendo desde los albores de la República, sucesión de intervalos democráticos dentro de una robusta tradición de espadones, caudillos y regímenes autoritarios. Esa es una tradición incivil, y si no se acaba con ella para siempre ella acabará con las posibilidades de que el Perú sea alguna vez un país moderno, libre y próspero.

Ahora tenemos una nueva oportunidad, como en 1945, 1956 o 1980, fronteras históricas en las que la descomposición y caída de un régimen de fuerza hizo posible la alternativa democrática. En esas tres ocasiones, la reconstrucción del Estado de Derecho, pese a haber sido recibida con alborozo por la gran mayoría de los ciudadanos, fue frágil, impotente para resistir, al cabo de pocos años, una nueva subversión cuartelera.

¿Qué falló, cada vez? Ante todo, la memoria de los peruanos. Porque, no lo olvidemos, tanto el general Odria como el general Velasco Alvarado y como Fujimori y los militares felones del 5 de abril de 1992 contaron, al principio, con un importante respaldo de opinión pública, millares, acaso millones, de peruanas y peruanos a quienes la frustración y los quebrantos económicos, la violencia política y el desorden social, o la simple desesperación por la falta de soluciones a los enormes problemas, llevaron a creer que una dictadura, no entrabada por las formas puntillosas de la legalidad, podía ser más eficaz que un gobierno representativo. A esa falacia, que tantas veces en nuestra historia ha permitido a los regímenes autoritarios instalarse y durar, debe el Perú, pese a sus ingentes recursos y a su pasado de país de vanguardia, ser, hoy, una de las sociedades más atrasadas y pobres de América Latina.

Ahora, que tenemos tan vivos en el recuerdo estos ocho años de vergüenza, grabemos ciertas imágenes en nuestra conciencia para no olvidar nunca más el precio que paga el pueblo que se deja arrebatar la ley y la libertad. Los miles de desaparecidos, los torturados y asesinados, los inocentes sepultados en las cárceles por jueces sin voces y sin rostros, que dictaban sentencia en sótanos muy parecidos a las cámaras donde los agentes del Servicio de Inteligencia (SIN) violaron y destrozaron a Leonor La Rosa, descuartizaron a Mariella Barreto, secuestraron, asesinaron y calcinaron a los estudiantes y al profesor de La Cantuta, o a los vecinos de los Barrios Altos y a tantas otras víctimas cuyos suplicios no llegaron a la luz pública y quedarán para siempre en la tiniebla y el olvido. Los torturadores, recordemos, ahora se pasean alegremente entre nosotros, ya que fueron amnistiados por esos congresos serviles que Montesinos y Fujimori hacían bailar a su aire, como el titiritero a sus fantoches. Algunos congresistas que votaron por aquella amnistía para los criminales van a ser candidatos a la reelección. A quienes vayan a votar por ellos hay que hacerles saber que los que asesinaron y torturaron ayer pueden volver a hacerlo mañana y que ninguna sociedad está segura si por sus calles deambulan, como pesadillas vivientes, quienes tienen las manos llenas de sangre y el corazón emponzoñado por el odio.

Recordemos los medios de comunicación envilecidos por el soborno y por el miedo, instrumentando las campañas de manipulación de la opinión pública generadas desde el SIN por el capitán de marras y sus planificadores psicosociales, entre ellos un célebre psiquiatra, ex asesino y ex loco, para convertir las verdades en mentiras, las mentiras en verdades, y para aniquilar con infamias y calumnias a sus críticos, que no tenían cómo ni dónde defenderse. Ahora que tenemos la fortuna de que haya unos diarios, unas estaciones de radio y unos canales de televisión donde se difunden distintas ideas, se hacen críticas, se cotejan divergencias y se fiscaliza al poder, recordemos que hasta ayer, o antes de ayer, lo que reinaba en el campo de la información en el Perú, con contadísimas excepciones, era un monólogo propagandístico embrutecedor, manufacturado por mercenarios de la pluma, de la voz y de la imagen, cuyo designio era mantener enajenado al pueblo peruano en la idolatría de un régimen que, de creer aquellos sahumerios, batía récords de crecimiento económico, generaba a diario miles de nuevos empleos y había disparado al Perú como un cohete hacia la modernidad. Ha bastado una leve brisa de libertad para que toda esa neblina de embustes autocomplacientes y pagados se eclipsara y apareciera la macabra realidad: una economía paralizada por la recesión y el endeudamiento, miles de fábricas cerradas, un desempleo canceroso y unos niveles de pobreza que, ellos sí, baten todas las marcas de nuestra historia reciente.

Es triste, también, que tantos países democráticos se dejaran embaucar por la dictadura peruana, o, sin dejarse engañar, a sabiendas de lo que hacían, le sirvieran de celestinas en la OEA y otras organizaciones internacionales, con el argumento de que no había que inmiscuirse en los asuntos internos de las naciones hermanas latinoamericanas. La dictadura no era tan escrupulosa con esta noción de la soberanía, pues no vaciló un segundo en contrabandear armas compradas en Jordania para las guerrillas que aspiran a derribar al gobierno colombiano. ¿Habrá advertido el señor César Gaviria, nefelibata pertinaz, lo desairado de su posición profujimorista en los mismos días en que Fujimori y Montesinos, para embolsarse algunos millones más, lanzaban diez mil fusiles sobre su soberano país para que las FARC mataran y aterrorizaran a los colombianos?

Pero, sobre todo, tengamos siempre presente, como una obsesión, la parodia en que se convirtió en esos años la justicia, con jueces digitados por el poder político, cuya función principal pasó a ser la de legitimar, con artimañas leguleyas, las peores arbitrariedades cometidas por el dictadorzuelo y sus cómplices, además de subastar las sentencias y suministrar coartadas y amparos legales para los tráficos de los hombres y mujeres del régimen con los carteles de la droga, los contrabandistas y los traficantes de armas. Lo primero que hizo la dictadura fue cambiar a los jueces titulares por jueces provisionales. Sabía lo que hacía: de este modo, con el ochenta por ciento de los magistrados balanceándose en una cuerda floja, se aseguró el control del Poder Judicial. Si hay una demarcación nítida entre la civilización y la barbarie, ella se encarna en la clásica figura del justo juez, al que tanto honraron los escritores del Siglo de Oro, empezando por Cervantes, la del magistrado que administra justicia con sabiduría y probidad. Todo puede andar mal en una sociedad, pero si los tribunales funcionan con un mínimo de independencia y equidad todavía hay esperanza. Una justicia digna de ese nombre es el fundamento más sólido de la libertad, una palanca que puede remover montañas, un ariete contra las murallas del despotismo. Pero cuando la Justicia se pervierte, y torna a ser un mero instrumento del poder político, todo está amenazado y tarde o temprano será víctima de la arbitrariedad, la violencia y la corrupción. Por eso, la dictadura se apresuró desde el primer momento en avasallar al Poder Judicial, marginando y expulsando a los mejores y confiando los cargos clave a jueces con librea, verdaderos domésticos del régimen. Sin ese envilecimiento de la Justicia, al que, por desgracia, muchos magistrados se prestaron de buena gana, jamás hubiera alcanzado la corrupción en estos años esa dimensión alucinante que nos revelan los destapes y escándalos de cada mañana.

En estos años, no hubo prácticamente una sola repartición o dependencia del poder que no fuera mancillada —los funcionarios honestos sustituidos por venales—, a fin de que constituyeran piezas clave de la maquinaria de coacción del Estado, orientada a garantizar la perpetuación del régimen, y a facilitar el saqueo de los recursos públicos. La SUNAT, oficina recaudadora de impuestos, es un ejemplo típico. Como dijo aquel célebre ministro de Odria —«Para los amigos, todos los favores; para los enemigos, la ley»—, la tributación se convirtió en un instrumento de chantaje, a fin de ganar adeptos para el régimen, o aniquilar económicamente a sus adversarios políticos, sometiendo sus empresas a investigaciones y acosos asfixiantes, o, simplemente, quebrándolas. Por lo demás, cada día aparecen en la prensa nuevos ejemplos de cuál era la manera expeditiva que tenía un hombre de negocios de desfacer estos entuertos: recurriendo a jueces espurios, o abriendo la cartera y untando las manos ávidas de Vladimiro Montesinos.

¿Alguna vez ganó una licitación pública un empresario no adicto al régimen? Tal vez algunas veces, pero esa fue la excepción, no la regla. Por eso, sería más adecuado recordar que los ministros, asesores, parlamentarios y miembros de las mafias gubernamentales las ganaron casi siempre, para las empresas que manejaban a través de testaferros y que, gracias a ello, un puñado de deshonestos mercaderes hicieron fortunas ahora inexpugnables, porque, aunque producto de contubernios y privilegios, sus negocios guardaban, gracias al maquiavélico sistema entronizado para ese fin, la apariencia de la legalidad.

Las listas de exacciones, abusos, atropellos y acciones dolosas podrían prolongarse por horas, por días. Pero estas muestras bastan y sobran. Lo que de ningún modo debemos olvidar es evidente. Por imperfecta, ineficiente y poco honesta que una democracia sea —y las nuestras lo han sido a veces, nadie lo podría negar—, una dictadura es infinitamente peor. Porque, a diferencia de una democracia, ella sí puede silenciar las críticas y atajar toda forma de freno a sus excesos, y puede también eternizarse mediante la fuerza y el engaño, y de este modo perpetuar los atropellos, violencias y robos hasta convertirlos en una forma de existencia, a la que el conjunto de la sociedad debe resignarse como algo fatídico, igual que a los fenómenos de la naturaleza.

La verdad, sin embargo, es otra. Una dictadura no es nunca fatídica, como un temblor o un ciclón. Es una empresa humana, una aventura urdida en las sombras por conspiradores amparados en la fuerza de las armas, una acción que puede ser sofocada en embrión por un pueblo consciente del precio que, tarde o temprano, deberá pagar por la destrucción del Estado de Derecho. Esa conciencia debemos crearla y fortalecerla, de manera sistemática, ahora, hasta inmunizarnos contra la aventura golpista. La primera obligación de la renaciente democracia peruana es tomar cuentas a los que, hace ocho años, aniquilaron nuestra libertad y nos arrastraron al desvarío del que solo ahora salimos. La política del borrón y cuenta nueva que los cómplices de Fujimori y Montesinos quieren vendernos, disfrazada con la piel de cordero de la reconciliación nacional, es éticamente inaceptable y políticamente suicida. No alienta en esto que digo el menor espíritu de venganza, solo la estricta justicia. Quienes cometieron el mayor crimen que se puede cometer contra un pueblo (privarlo de su libertad) deben ser sancionados, luego, claro está, de un proceso legitimado por todas las garantías necesarias. Simplemente, no es tolerable que esos politicastros y militares sin honor que el 5 de abril de 1992 nos regresaron al viejo sistema oscurantista de la brutalidad, la censura y la mentira, a cuyo amparo se han cometido crímenes nefandos y robos multimillonarios, gocen ahora, en la impunidad, del uso discrecional de los botines de sus fechorías, y se dispongan a repetirlas apenas se presente una nueva ocasión. Así ha ocurrido en el pasado, cierto. Pero por eso nuestro sistema democrático ha sido socavado, una y otra vez. Si queremos romper el ciclo infernal, hay que empezar esta alborada democrática sancionando ejemplarmente, a manera de escarmiento preventivo, a los golpistas del 92.

La lucha contra la corrupción, que es, en estos momentos, la ambición más cara del pueblo peruano, pasa por una limpieza a fondo de las instituciones. Ellas estaban lejos de ser perfectas, desde luego. Pero en estos años fueron envilecidas y desnaturalizadas de una manera profunda, para que sirvieran los designios delictuosos de la pandilla gobernante. Prácticamente todas, pero, sobre todo, las Fuerzas Armadas y la Justicia, fueron objeto de purgas y reorganizaciones encaminadas a marginar o destituir a los oficiales constitucionalistas, a los jueces probos y a los funcionarios honestos y competentes, para reemplazarlos por dóciles, prevaricadores e ineptos, a los que el régimen podía instrumentalizar para sus operaciones punibles. Si el gobierno democrático, debidamente mandatado en las elecciones del próximo abril, no emprende una reforma radical de esas instituciones, que las pode de la cizaña que ha quedado enquistada en ellas, y no les devuelve la credibilidad y el prestigio poniendo al frente de ellas a profesionales dignos, respetuosos de la ley y capaces, en vez de ser ellas lo que son las Fuerzas Armadas y los tribunales en los países libres —bastiones de la legalidad—, las bayonetas seguirán gravitando, como espada de Damocles, sobre el porvenir de nuestra democracia.

Sin embargo, con ser tan graves las lesiones infligidas por ocho años de dictadura a nuestra vida política e institucional, acaso el daño peor, el de más pernicioso y demorado efecto, sea el que ha causado en el ámbito de los valores y las ideas, introduciendo en él la confusión y una sarta de prejuicios y estereotipos que hacen las veces del pensamiento. Este es el corolario que me entristece más de lo sucedido en el Perú en este último ochenio, porque estoy convencido de que las ideas influyen en la historia y encarrilan el devenir de una sociedad. Nuestra cultura política ha retrocedido de manera considerable, por razones que las circunstancias explican, sin duda, pero que igual pueden tener efectos devastadores sobre el proceso de desarrollo y modernización. Por culpa de este régimen liberticida, la palabra liberalismo ha pasado a ser una mala palabra en el Perú, un concepto que gran número de peruanos asocia de manera automática a los tráficos mercantilistas que, en los procesos de privatización de empresas del Estado o licitaciones de obras públicas, sirvieron para que los dignatarios de la dictadura y un grupo de banqueros y empresarios nacionales y extranjeros hicieran pingües negocios, defraudando la fe pública y dilapidando los recursos del Estado. El colmo del escarnio, para los valores liberales que yo y muchos defendemos, es que, en estas elecciones, aparezca como el «candidato liberal», o «neoliberal», nada menos que Carlos Boloña, ex ministro, por dos veces, de la dictadura. Si eso se llama ser liberal —palabra indisociable de la libertad política— estamos, en lo que a ideas y valores se refiere, en la confusión más absoluta, en una suerte de galimatías jeroglífico.

Que inmundos negociados hayan tenido lugar muchas veces en estos años, es una verdad como un templo. Pero que semejantes prácticas inmorales e ilegales sean consecuencias fatídicas de la filosofía liberal, o de su praxis, o que todos los empresarios sin excepción delinquieran solo por serlo, es, desde luego, una falsedad, algo así como atribuir la responsabilidad de un incendio no solo al incendiario, también a sus parientes, amigos, conocidos, vecinos, colegas y contemporáneos. Por fortuna, hubo empresarios honestos que no participaron de estas prácticas, y que por ello, más bien, se vieron perjudicados y despojados por el gobierno impostor. Sin embargo ¿cómo persuadir de ello a un pueblo al que, a lo largo de una década, la propaganda embustera quería hacer creer que toda la política económica reflejaba aquella filosofía de la libertad y constituía su praxis? El resultado de esa desnaturalización es que la doctrina y el pensamiento más modernos, el que preside los procesos más efectivos de crecimiento de la riqueza y las oportunidades en el mundo de hoy, despiertan en nuestro país recelo y hostilidad, como consecuencia de la caricatura de política liberal con que Fujimori, Montesinos y los bandidos a su servicio etiquetaron los saqueos y derroches que en estos años hicieron, en el Perú, más pobres a los pobres y más ricos a un puñadito de ricos y de ladrones.

El resultado de todo ello podría ser el retorno a nuestro país del populismo de triste recordación, es decir, el retorno de la irresponsabilidad financiera, la demagogia política, la caída del empleo y los niveles de vida, y la cancerosa inflación acumulada de dos millones por ciento en cinco años (1985-1990) que tuvimos, algo que, como un íncubo, debería siempre desasosegar la memoria de los peruanos. Durante los ocho años que ha durado la dictadura de Fujimori y Montesinos, no he escrito una palabra contra el ex presidente Alan García y la catástrofe que significó su gobierno porque se trataba de un perseguido político, y porque, pese a todos los errores gravísimos que cometió como mandatario y que entonces combatí, respetó la libertad de expresión y preservó la democracia. Pero ahora que ha vuelto la libertad al Perú, y vuelve él a la arena política —en buena hora que lo haga si se pone en paz con la justicia y si ha aprendido la lección—, es indispensable, una obligación moral, recordar los desastres económicos, sociales y políticos de aquellos años, en cuyos polvos se gestaron, no lo olvidemos, los lodos del fujimorismo y la tolerancia de muchos peruanos para el poder autoritario. No hay, en este ejercicio de la memoria política, el menor ensañamiento contra el aprismo, que en estos años ha batallado con firmeza por el retorno de la libertad. Solo una llamada de atención, para que el Perú no caiga, de nuevo, ni en una dictadura, ni en las miserias del populismo en las que aquella se engendró. Sin el empobrecimiento que trajo al pueblo peruano la hiperinflación de los años ochenta, y la insensata declaratoria de guerra a la comunidad financiera internacional que nos marginó de los circuitos de crédito y la inversión, Fujimori, Montesinos y los militares golpistas jamás hubieran asaltado el poder con la aprobación de tantas peruanas y peruanos obnubilados por la inseguridad, la pobreza y la desesperación.

Que el disgusto por lo que acaba de ocurrir en la historia inmediata no nos vuelva amnésicos para la mediata. Tampoco nos dejemos embaucar por los pases de prestidigitación con que algunos buscan la inmunidad con el argumento de que si todos somos culpables, todos resultan inocentes. Ese es un razonamiento falaz. Es verdad que una dictadura carece de legitimidad para tomar cuentas por los delitos cometidos en democracia, ya que su justicia carece de independencia, de garantías elementales, y es a menudo un simple remedo, viciado por la arbitrariedad. Pero no es cierto que los robos cometidos en estos años, gracias a la dictadura, sean menos graves, o dejen de ser robos, porque en el pasado, durante los gobiernos democráticos, hubiera casos de deshonestidad, evidentes o presumibles. Cada cosa en su lugar, a su tiempo y en su debida jerarquía. En el intervalo democrático de 1980 a 1992 hubo, sin duda, mucho que criticar, pero recordemos que fue criticado ampliamente, gracias a la libertad de expresión que reinaba en el país y de la que se hacía uso, y a veces abuso, en los medios y en todas las instancias de la vida política. Que algunas, o acaso bastantes, acciones punibles quedaran a medio investigar y sin sanción es una deficiencia de nuestro sistema democrático y de sus imperfectas instituciones, desde luego. Pero nada de ello puede servir de atenuante, ni mucho menos de eximente, a la insultante vesania delincuencial con que los dueños del régimen espurio y sus allegados civiles y militares se llenaron los bolsillos e inundaron los paraísos fiscales con sus robos. En las democracias que tuvimos algunos robaron, sí, por desgracia, pero aquello fue excepcional; en la dictadura de Fujimori y Montesinos robar fue la respiración del régimen, su manera de gobernar, su razón de ser, una regla casi sin excepciones. Jamás, antes, vimos en la historia del Perú esa procesión de parlamentarios, dueños y directores de medios, ministros y jueces yendo a colectar sus salarios clandestinos —y a recibir órdenes— en la oficina donde un ex capitán expulsado del Ejército por traidor decidía los asesinatos y las torturas y dirigía el contrabando y el narcotráfico. Esta distinción entre democracias deficientes y dictaduras logradas no es académica: separa lo perfectible de la imperfección petrificada, lo vivible de lo invivible, lo que anda a medias o mal de la absoluta iniquidad.

Si queremos que la democracia, que ahora, como el ave Fénix, renace de sus cenizas, no vuelva a desmoronarse con la facilidad con que lo hizo en 1992, tenemos la obligación de reconstruirla sobre bases firmes, y depurarla de los vicios, taras y debilidades que la hicieron tan vulnerable. Ninguna democracia es sólida si se erige en un verdadero océano de miseria extrema y de vasta pobreza, con aislados islotes de prosperidad, como es la realidad peruana. Pero la peor manera de combatir la pobreza es cediendo al populismo, mentira irresponsable que sirve a veces, a políticos sin visión de futuro y sin conciencia, para ganar una momentánea popularidad, pero que, luego de un corto fuego de artificio de aparente bonanza, destruye el sistema de creación de riqueza, pervierte la moneda y deja tras de sí aquel desconcierto y caos que el caballo de Troya del autoritarismo aprovecha para infiltrarse en la ciudad, enajenar la lucidez de los ciudadanos y dar el zarpazo.

Detesto a los intelectuales que juegan a ser Casandras y que gozan profetizando desgracias. No hay razón alguna para el pesimismo, en las circunstancias actuales, en el Perú. Por el contrario, vivimos un momento histórico en el que podemos empezar a materializar aquello que Jorge Basadre llamó «La promesa de la vida peruana», esa vocación antigua y generosa, tantas veces frustrada pero nunca aniquilada del todo, de alcanzar una existencia digna, próspera, creativa y libre para el pueblo peruano. Repitamos, con Albert Camus, que, como en el dominio de la historia todo depende de nosotros —no de un dios caprichoso o de un determinismo fatídico, sino de nuestro querer y nuestro actuar—, de lo que decidamos en estos días dependerá que esta ocasión no sea desperdiciada y sirva para liquidar definitivamente el pasado ominoso y, también, aquellos resabios, prejuicios, prácticas malsanas y deficiencias que estropearon nuestra democracia, hasta dejarla sin defensas contra la peste autoritaria.

Que esta vez renazca libre de adherencias populistas, de retrógrados prejuicios y ansiosa de aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mundo abierto e interdependiente de nuestros días a un país con la diversidad de recursos naturales y humanos del Perú. Una democracia en la que la controversia y la diversidad de ideas, opciones, partidos y doctrinas no rompa el denominador común de respeto a la legalidad y a la libertad que es el sustento de la civilización y que, cuando se deshace, nos arrastra sin remedio a la barbarie.

En estos días vivimos un hermoso espectáculo, al que estábamos desacostumbrados. En el Ejecutivo, en el Parlamento, en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, en la vida política y cultural, corre un viento refrescante, rejuvenecedor. A izquierda y derecha, se multiplican los esfuerzos para que las cosas cambien, para que la sucia experiencia padecida quede atrás. Por primera vez, desde que yo nací —y soy un hombre que pronto cumplirá 65 años— muchos intocables de antaño —los generales, por ejemplo— son investigados, citados a comparecer ante los jueces, y hasta encarcelados. Y, con ellos, poderosísimos empresarios, directores de medios o profesionales a quienes su fortuna e influencia volvían antes intocables. Estamos inmersos en una enérgica campaña electoral, y, oh maravilla, todos los peruanos tenemos la seguridad de que el resultado de los comicios próximos reflejará esta vez de veras el fallo de los electores. Las divergencias políticas no se resuelven a balazos ni bombas, ni exclusiones, sino con debates televisivos, y a pesar de que las rivalidades son grandes, y a veces acérrimas, reina un amplísimo consenso de que esta es la manera sensata, este el modo civilizado, estas las reglas de juego que deben presidir la vida de la sociedad peruana y crear un marco de coexistencia para nuestra lucha por una vida mejor.

Sin olvidar, desde luego, la gravísima crisis económica, las penurias de tantos millones de peruanos que ella causa y los arduos problemas por resolver, regocijémonos. Esto que ahora ocurre en nuestro país es ese bien precioso entre todos que se llama libertad, la más fértil de las virtudes de una sociedad y la aspiración más ardiente de la condición humana. Esa libertad la reconquistaron las mujeres y los hombres del Perú, de todos los partidos e innumerables independientes, en las grandes movilizaciones cívicas con que respondió el pueblo peruano al fraude electoral de abril pasado y que culminaron en la gesta inolvidable de Los Cuatro Suyos, en el mes de julio. Ahora que la hemos recobrado y disfrutamos de ella, y sabemos qué estimulante es ser de nuevo libres, prometamos no bajar nunca más la guardia cuando en el horizonte se delinee una nueva conjura que la ponga en peligro mortal.

(Texto leído por el autor en el Colegio de Abogados de Lima el 17 de enero de 2001).

CÉSAR ARIAS QUINCOT

LA INFAME DÉCADA DEL FUJIMORISMO

«Las pequeñas faltas serán castigadas y los grandes crímenes serán recompensados».

(Nicolás Maquiavello)

«Es lamentable que Dios, habiendo puesto un límite a la inteligencia del hombre, no limitara también su estupidez».

(Konrad Adenauer)

PRESENTACIÓN

La «década infame» es una tipificación tomada de la historia argentina del siglo XX; allá fue la mezcla de intervencionismo militar y fraudes electorales lo que generó la imagen de ese período en la historia del país hermano; en nuestro caso, la década final del siglo XX puede ser calificada de infame por diversas razones: el autoritarismo que convirtió las instituciones democráticas en una burla y las libertades escritas y proclamadas en textos legales y constitucionales en un sarcasmo; la corrupción, denunciada por los más altos voceros del régimen de aquel tiempo como una lacra a combatir, pero que ellos protegieron y alentaron llegando hasta niveles siderales en comparación con las etapas anteriores, tan ligera y cínicamente cuestionadas y censuradas.

Analizar este período tan complejo no es fácil. El objetivo principal de las páginas que siguen es examinar el modelo político que combinó formas democráticas y esencia autoritaria. Lo anterior supone no solo explicar su funcionamiento sino relatar la evolución del mismo. A ello hay que sumar una comprensión de las fuerzas de oposición al régimen fujimorista, y, cuáles sectores de oposición tuvieron un rol decisivo en la caída del régimen.

Pero existe también un aspecto ético, una cuestión moral que no puede ser soslayada ni evadida. Nicolás Maquiavello decía que la razón de estado, es decir, la grandeza, de la patria, justifica la crueldad y la mentira.

Hay entonces en Maquiavello no solo un apasionado patriotismo y una profunda y sincera preocupación por la eficacia política del gobernante, sino también un toque de cinismo y un estilo sádico que desenmascara Irving Kristoll (ver KRISTOLL, Irving, Maquiavello y la profanación de la política, México, 1987). Como sabemos, la política es imposible sin un toque de maquiavelismo, pero si la dosis maquiavélica es muy fuerte, caemos en el más crudo y amoral de los cinismos, y, la historia, muy en especial la del siglo XX, ha mostrado que el desprecio por la moral en nombre de la eficacia conduce al fracaso: a partir de 1989 la historia le dio la razón a Kautsky contra Lenin.

De allí podemos deducir que el incomprendido Mario Vargas Llosa estuvo en lo cierto cuando escribió, en ese brillante artículo titulado «El pueblo y la gente decente» (reproducido en Arias, César, La modernización autoritaria, Lima, 1994), que el pueblo peruano algún día comprendería que quienes lo gobernaban no eran sus salvadores sino: «una pandilla de cínicos que sirvieron al régimen militar».

Vargas Llosa fue vilipendiado por los mismos que cinco años antes lo aplaudieron y se entusiasmaron con el Fredemo, sin haber entendido jamás la vocación democrática del escritor. Y no lo pudieron entender porque no eran demócratas; recordemos ese día del 87 cuando en plena plaza San Martín lanzaron la consigna golpista: «… y va a caer, y va a caer, Caballo Loco va a caer». Vargas Llosa tuvo que aclararlos diciendo: «este gobierno no va a caer».

En efecto, ese espontáneo golpismo mostraba que nuestros derechistas tenían una fijación pinochetista, a partir de la mitología construida en torno al dictador chileno. Esta actitud los convertía en lo que T. W. Adorno llamaba «fascistas inconscientes»; es decir, un grupo de autoritarios esperando a su Duce. Como el Perú de los 90 no era la Italia de los 20, el conductor de nuestras derechas autoritarias no fue un periodista brillante, ex socialista y gran orador, sino un rector tecnocrático, oscuro profesor de matemáticas de la universidad Agraria e incapaz de balbucear un discurso medianamente coherente.

Una reflexión acerca del fujimorato revela la importancia de la moral en la política y nos muestra que en ese régimen sus peores excesos, legicidios, corrupciones y crímenes tenían como raíz aquel gran mal del siglo XX que el historiador inglés Paúl Johnson señala como el siniestro fundamento implícito de todos los totalitarismos: el relativismo moral. (Ver Johnson, Paúl, Tiempos modernos, Caracas, 1988).

Fue Lenin quien inició el terrible ciclo del relativismo moral. Como ateo, rechazaba los absolutos morales y colocó al progreso histórico liberador de la humanidad como el único absoluto. Con una lógica implacable y demoledora, explicaba que si el futuro de una humanidad liberada de la explotación y de las clases era noble y valioso, esa meta podía y debía convertirse en un dios sanguinario que devoraba millones de víctimas en cruentos sacrificios.

Convertido en líder revolucionario, Lenin no dudó en plantear la toma violenta del poder y, más adelante, justificó el terror rojo con todos sus excesos en nombre de la futura humanidad liberada. Aquí Maquiavello era potenciado y se abrían posibilidades para nuevas y mucho más sangrientas explosiones de terror.

Fue Lenin, en sus meses finales de vida, quien sintió temor por el futuro de la obra revolucionaria. Ese peligro estaba encarnado en la persona del ex seminarista georgiano, secretario general del Partido Bolchevique, que empezó aislando al Lenin enfermo para, más adelante, utilizar el culto leninista como justificación para buscar aplacar su sed insaciable de poder absoluto y culto a su persona.

La historia posterior es conocida: el relativismo moral condujo a la colectivización forzosa de la agricultura, a las grandes purgas, la adoración a Stalin, la censura de las obras de arte. En resumen, la falta de ética condujo a millones al sufrimiento, la degradación y la muerte.

Aquí tuvimos un hombre fuerte del régimen autoritario que no por casualidad se llamaba Vladimiro Ilich, que supo pasar de la simpatía por el leninismo (y cierto espíritu estalinista) a pilar de un fascismo lumpenesco y corrupto. Este tipo de cambios extraña y horroriza a muchos progresistas, pero si se observan bien las cosas, no existe razón para escandalizarse mucho.

En efecto, los cambios entre totalitarismos de uno y otro extremo no son tan extraños. ¿Acaso Mussolini no fue socialista de línea dura antes de crear el fascismo?, ¿no aceptaban en su partido los nazis (ya en el poder) a ex militantes comunistas antes que a ex socialdemócratas o ex socialcristianos?, ¿no fueron los oficiales rendidos en Stalingrado fácilmente convertidos al estalinismo?

«Pardos por fuera, rojos por dentro» se dice que gritaban muchos militantes de la siniestra SS hitleriana; «queríamos una revolución y la tuvimos», le dijo a S. Koch la viuda de uno de los más importantes propagandistas de Stalin, al hablarle del triunfo de Hitler en 1933.

Cuando se conocen estos hechos, no resulta demasiado sorprendente el viraje de nuestro Vladimiro; tampoco ese cambio de un insigne historiador que de rabiosamente izquierdista capaz de condenar al velasquismo por burgués, y simpatizar con el maoísmo, pasó casi bruscamente a servidor de ese fascismo chicha que fue el fujimorismo.

Pero no solo hablaremos de los que manejaron ese poder despótico y corrupto, de sus áulicos y periodistas genuflexos; también tenemos que hablar de aquellos que estuvieron siempre al frente que, desde un inicio de aislamiento y soledad, remaron contra la corriente y terminaron derrumbando el edificio construido sobre los frágiles cimientos de la manipulación y la mentira.

Para poder explicarnos el desarrollo del fujimorato, su apogeo, decadencia y caída, es necesario que comprendamos la estructura y la racionalidad del modelo político construido sobre el «Plan Verde» diseñado por un grupo de oficiales favorablemente impresionados por el desarrollo chileno y decididos a crear una especie de «velasquismo al revés», es decir, construir un régimen tutelado por los mandos militares con el propósito de efectuar un cambio estructural que, en vez de estatista y populista, sería una trasformación socioeconómica inspirada en el neo-liberalismo.

Como en los días de la posguerra fría no hay espacio para los gobiernos de facto, tendría que construirse un modelo político de formas democrático-liberales (elecciones plurales, prensa de oposición, debates en el Congreso, normas jurídicas inspiradas en la concepción demoliberal), pero con una esencia autoritaria (superpoder presidencial, congreso servil, poderes fácticos no controlados, manipulación informativa).

Fue esta propuesta militar la que cayó en manos del capitán (r) doctor Vladimiro Montesinos. Este personaje ingresó al entorno del entonces candidato Alberto Fujimori, en el período entre la primera y la segunda vuelta, en 1990. Quien presentó al doctor fue el sociólogo Francisco Loayza. (Ver Arias, Op. Cit.).

Montesinos ingresó al entorno de Fujimori como asesor jurídico para enfrentar dos acusaciones promovidas por los adversarios políticos del ingeniero Fujimori. Después de sustraer los documentos en que se basaban las acusaciones, el Dr. Vladimiro Montesinos pasó a dirigir la campaña de la segunda vuelta.

Luego del triunfo electoral en junio del 90, el asesor atemorizó al presidente electo diciéndole que el MRTA quería atentar contra él; la solución montesinista fue trasladar al ingeniero Fujimori al Círculo Militar. Una vez cumplido este propósito, el asesor aisló a Fujimori impidiendo que conversara con cualquier persona no autorizada por él.

Cuando Fujimori asumió la presidencia, Montesinos incrementó su poder. El primer signo de ello fue la defenestración de Francisco Loayza, a quien arrojó del entorno presidencial mediante las intrigas en las que es un verdadero maestro. Más preocupante fue la decapitación de la cúpula de la marina encabezada por el almirante Alfonso Panizo.

Los jefes navales, preocupados por la presencia de un personaje de tan turbio pasado en el entorno presidencial, presentaron un texto al jefe del estado. Allí se informaba, entre otras cosas, de la expulsión del capitán por falsificar la firma del general Morales Bermúdez para viajar a Estados Unidos; su defensa profesional de destacados narcotraficantes, entre ellos Evaristo Porras, integrante del cártel de Medellín, dirigido por el tristemente célebre Pablo Escobar; sus extraños contactos con servicios de inteligencia extranjeros.

Fujimori respondió a esta información disponiendo el pase al retiro del almirante Panizo y de buena parte de la cúpula de la marina. A los pocos días el presidente reunió a los mandos de las fuerzas armadas y les dijo que no se dirigieran jamás a él y que debían tratar todo asunto, por importante que fuera, con el «doctor». (Información oral que proviene de oficiales generales en retiro.).

De este modo el doctor Montesinos pasó a convertirse en el único puente entre el jefe del estado y los mandos de las fuerzas armadas. Eliminado Loayza y decapitada la cúpula de la marina, el doctor le dio un sentido diferente al «Plan Verde». En efecto, este había sido concebido para que las fuerzas armadas, como instituciones, tuvieran un peso decisivo en un futuro gobierno civil. Montesinos no asumió esta parte del plan; por el contrario, se dedicó a utilizar el reforzado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para debilitar la institucionaíidad militar e imponer su poder personal omnímodo, mediante una combinación de control, temor y corrupción.

De este modo se iniciaba, en julio de 1990, el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Pero el nuevo mandatario tenía preocupaciones muy importantes, además de sus relaciones con las fuerzas armadas: debía enfrentar la subversión, encarar la hiperinflación y las relaciones con nuestros acreedores, decidir qué hacer con las empresas públicas.

Durante su campaña, el candidato trató de distinguirse del Fredemo y atraer los votos de la izquierda y el Apra. Por ello habló de «no shock», dando a entender un programa antiinflacionario gradualista y no traumático; y, se opuso al programa fredemista de privatizaciones masivas.

Una vez elegido presidente, Fujimori viajó a Estados Unidos, donde conversó con Hernando de Soto y este logró que accediera a una reunión con el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. A partir de estas reuniones el ingeniero Fujimori pudo tomar contacto con funcionarios del FMi y el Banco Mundial. (Ver Boloña, Carlos, Cambio de rumbo, Lima, 1996).

Como resultado, el presidente electo cambió su equipo económico aproximándose a los liberales que habían estado cerca del Fredemo, combinándolos con personas que venían del Apra o la izquierda. Lo que es interesante como tema de análisis es considerar que Fujimori jamás trató de negociar una alianza con alguna fuerza política, sino solo atraer a personalidades individuales de diversos orígenes.

El 8 de agosto de 1990 el presidente del consejo de ministros y ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller (que venía de Acción Popular) se presentó en televisión para anunciar el rnás feroz ajuste de nuestra historia: la gasolina subió 33 veces y la mayoría de los precios siguieron un camino similar. Con el fuijishock el régimen mostró su voluntad política de ser ortodoxo.

Los medios de comunicación que habían sido fredemistas apoyaron la medida y lo propio hicieron los parlamentarios de Libertad, AP y PPC; en oposición al ajuste solo estuvieron el sector «alanista» del Apra y los radicales de la izquierda. En el gabinete las carteras de Agricultura y Energía y Minas estaban en manos de economistas pertenecientes a la izquierda moderada, los cuales salieron a todos los medios de comunicación que pudieron a defender la medida.

De este modo se empezó a configurar el nuevo régimen. Superficialmente se trataba de un mandatario responsable que había dejado atrás la demagogia de campaña para gobernar con realismo. A esto se añadía un espíritu de concertación manifestado en el primer gabinete. Al fin y al cabo, decían algunos, ¿acaso el ingeniero Fujimori no dirigió, en canal 7, un programa llamado «concertando»?

Pero esos supuestos entendidos ni la mayoría de la opinión pública recordaron lo que decía Maquiavello acerca de la credulidad de la gran mayoría de las personas. Cuando se pudieron ver los primeros signos ominosos, a través de lo que Pedro Planas llamó «discurso antisistema», muchos no quisieron pensar ni alarmarse, tampoco cuando se produjo el autogolpe, ni siquiera con la cuestionable campaña del 95, ni con las aberraciones posteriores: chuponeo telefónico, ingresos de Montesinos, despojo a Baruch Ivcher, defenestración de tres magistrados del Tribunal Constitucional. Algunos esperaron hasta la falsificación de firmas de Perú 2000, otros hasta ver el cinismo de los tránsfugas, algunos solo dudaron al ver el video en que Vladimiro sobornaba a un tránsfuga, y hubo quienes creyeron hasta que fugó Fujimori.

Es lamentable, pero la estupidez es un mal muy extendido, y, además es universal: si no fuera así, no hubieran vibrado muchedumbres con los discursos de Hitler o Mussolini.

Pero los autoritarios y totalitarios exageran este problema, creen que los pueblos son estúpidos, ingenuos y manipulables, a grados que realmente son inverosímiles. No olvidemos la frase de Lincoln: «Es posible engañar a pocos mucho tiempo o a muchos poco tiempo, pero es imposible engañar a todos todo el tiempo».

Los líderes democráticos confían en el pueblo, parten de una visión optimista acerca del ser humano, porque allí está la base de la concepción democrática. Los autoritarios y totalitarios creen, como Maquiavello, que los hombres son egoístas, inescrupulosos, rapaces; pero además ingenuos y manipulables por un príncipe hábil y un pequeño grupo de consejeros con ideas claras.

Pero, además, mientras los demócratas creen en la justicia, Maquiavello (que es de una era predemocrática) tuvo una actitud cínica frente al valor de la justicia, tan caro a los demócratas. Esa frase maquiavélica con que iniciamos estas líneas se aplicó casi textualmente en nuestra década infame: aquellos empresarios que cometieron alguna irregularidad tributaria sufrieron todo el rigor represivo si discrepaban del régimen o eran vistos como amenaza para él; en cambio, los masacradores y torturadores del Grupo Colina estuvieron protegidos; algunos corruptos de menor cuantía que tuvieron influencia en los 80 fueron enjuiciados y perseguidos, en tanto que el mayor corrupto de nuestra historia era loado por la fiscal de la nación como si fuera el salvador de la patria.

En verdad se engañó a muchos durante casi una década, pero al final el tinglado se derrumbó porque los millones de inocentes y crédulos tuvieron las claras evidencias de la montaña de putrefacción que estaba oculta en el régimen, cuyas más altas autoridades no solo denostaban a los corruptos de tiempos anteriores, sino llegaron al poder prometiendo: «Honradez, Tecnología y Trabajo».

I. LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

1. DEL DESGOBIERNO AL AUTORITARISMO

En julio de 1990 el Perú vivía una crisis muy grave: en lo económico la inflación llegaba a niveles siderales, el crecimiento estaba paralizado, existía una ruptura de hecho con los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, y por tanto no existía acuerdo sobre la deuda externa. A esto se añadía un conflicto que hacía más serios esos problemas: desde julio del 87 el gobierno del presidente Alan García estaba en problemas con la Confiep (debido al intento de estatizar la banca y el sistema financiero) y, por tanto, el empresariado estaba en la más dura oposición, habiendo optado muchos empresarios por participar directamente en política, uniéndose al Fredemo (Fren te Democrático, conformado por el Movimiento Libertad, Acción Popular y el PPC), que lanzó como candidato a Mario Vargas Llosa.

A este difícil panorama económico se sumaba una gran incertidumbre generada por lo que aparecía como creciente avance de la subversión del partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Decimos «lo que aparecía» porque los pocos que conocían la marcha de la lucha antisubversiva sabían que la policía especializada, en especial el GEIN, que dirigía el coronel Jiménez, caminaba tras los pasos del máximo líder senderista. En junio del 90 se allanó una casa y se encontraron videos y objetos personales de Abimael Quzmán.

Pero políticamente existía la sensación de que el estado estaba perdiendo la guerra contra los subversivos y esa imagen era confirmada por la manera en que los medios de comunicación adversarios del gobierno de entonces (y simpatizantes del Fredemo) presentaban y analizaban las noticias vinculadas al tema de la lucha antisubversiva.

Pero había no solo imagen sino también algunas cuestiones muy reales: principalmente, el estado carecía de una estrategia integral para enfrentar a ese terrible enemigo. Si bien la policía especializada había progresado y, en las zonas rurales, las rondas estaban, aislando a los subversivos y arrojándolos a las ciudades (lo cual implicaba conducirlos a una trampa mortal), pese a ello, habían muy graves limitaciones en todo lo referente a la lucha antisubversiva, sobre todo, en los aspectos legal y penitenciario.

El estado peruano carecía de normas adaptadas a la amenaza de una subversión cuya meta no era otra que la captura del estado mediante una «guerra popular prolongada del campo a la ciudad». La legislación dictada a inicios de los años 80 penalizaba las acciones subversivas, pero no castigaba ni la pertenencia a la organización criminal ni el ser parte de los niveles dirigenciales de dichas organizaciones. Tampoco existía una «ley de arrepentimiento» ni tribunales que protegieran a los jueces, fiscales y magistrados de las amenazas y represalias de los subversivos.

Como complemento, tampoco se hacía nada frente a grupos de subversivos organizados como los abogados llamados, en el orwelliano lenguaje de Sendero, «democráticos». Como era muy difícil castigar a los subversivos, existía, de un lado, una sensación de delito impune, y, de otro, la tentación de utilizar métodos ilegales de represión.

Como es fácil de imaginar, ambas situaciones contribuían a dar una imagen negativa de la democracia: este sistema no permitía un enfrentamiento eficiente con los subversivos, y tampoco generaba las condiciones para enfrentar los graves problemas económicos. Entonces la tentación autoritaria se iba fortaleciendo en forma sorda y silenciosa, pero real, en los años finales de la década de los 80.

El autoritarismo ha sido parte de la sociedad peruana desde los remotos tiempos prehispánicos, y, saldría a la luz en cuanto hubiera un líder político que lo alentara desde una ubicación tan importante como la máxima jefatura del estado.

En las elecciones de 1990 el candidato favorito era Vargas Llosa. Contaba con el respaldo de los más poderosos grupos empresariales y con un naciente «sentido común» popular que consideraba que las políticas estatistas y populistas, iniciadas en 1962, habían generado el colapso del estado y una terrible hiperinflación; por tanto, es a partir de ese nuevo «sentido común» que muchos aceptaron la prédica neoliberal del candidato fredemista.

El problema sicosocial era que el Fredemo, siendo una organización de ricos y blancos, bien vestidos y mejor hablados, era visto como muy distante por las grandes masas mestizas y pobres; además, los candidatos fredemistas hicieron gala de una carísima campaña en televisión que superó los niveles de la saturación publicitaria. Vargas Llosa podía quizá imponerse a los candidatos de los «partidos tradicionales» (el Apra y los dos candidatos izquierdistas), vistos como responsables del desgobierno reinante. Pero de pronto, a casi un mes de la primera vuelta electoral, empezó a despuntar el casi desconocido Alberto Fujimori. (Ver Daeschner, Jef, La guerra del fin de la democracia, Lima, 1993).

Utilizando su alianza con grupos evangélicos que hicieron campaña «puerta por puerta», Fujimori pudo ser conocido en ciertos barrios populares urbanos de importantes ciudades; más adelante incursionó en los mercados. Su lenguaje coloquial de mala sintaxis (al estilo de la mayor parte de los migrantes de origen campesino), su original campaña, usando el tractor y su lema «Honradez, Tecnología y Trabajo», impactó a sectores populares y empezó a subir rápido en las encuestas.

El gran contraste con el Fredemo no era tanto de ideas y programas, pues Fujimori solo tenía un lema y algunas ideas vagas, carecía de programa y de principios sólidos; por tanto, fue el estilo de Fujimori lo que empezó a resultar atractivo para un vasto sector que no solo no le tenía confianza a Vargas Llosa y su gente, sino que también se estaba hartando de las figuras políticas provenientes de lo que, posteriormente, un Fujimori en el poder bautizaría como «política tradicional».

En efecto, dada la tradición autoritaria del Perú, la crisis económica y la violencia subversiva hicieron que ese autoritarismo resurgiera de modo inconsciente y se manifestara contra la política vista como una actividad de incompetentes, charlatanes y mentirosos. Grandes masas querían orden y soluciones técnicas. Fujimori hablaba de «tecnología» y mostraba su ascendencia y apellido japonés en una sociedad donde existía una imagen positiva de los orientales vistos como eficientes, trabajadores y honrados, en un mundo sociocultural en el cual la mayoría siente que forma parte de los ineptos, flojos e inescrupulosos.

En la primera vuelta, Vargas Llosa no llegó al tercio de los sufragios y el hasta muy poco antes desconocido Fujimori superó el 20 %. El candidato del Fredemo quiso renunciar y dejarle la presidencia a su rival, pues pensaba que, al no tener un «mandato claro» del pueblo, le sería muy difícil llevar a la práctica las reformas liberales que eran el eje de su programa. Convencido por su entorno, Vargas Llosa se lanzó a la pelea.

Pese a que la mayor parte de los medios de comunicación simpatizaban con el Fredemo, Fujimori contó con el respaldo explícito de la izquierda e implícito del Apra. Según Daeschner (Op. Cit.), el presidente García le envió información de inteligencia a Fujimori y el ex jefe del Sinacoso Hugo Otero le preparó las fichas que el candidato de Cambio 90 utilizó en la polémica con Vargas Llosa.

En la etapa de campaña previa a la segunda vuelta, el sociólogo Francisco Loayza le habló al candidato Fujimori de un «abogado ex militar» llamado Vladimiro Montesinos quien, según Loayza, enfrentaría brillantemente los problemas judiciales que tenía Fujimori (el autor fue testigo presencial de esta conversación en la casa de Fujimori).

Cuando Montesinos sustrajo los expedientes, impidiendo que los juicios prosiguieran, Fujimori lo calificó como «el hombre más inteligente que he conocido». A partir de ese momento Montesinos comenzó a dirigir la campaña; y, luego del triunfo electoral, convenció al presidente electo de que el MRTA quería matarlo.

Por consejo del capitán (r) doctor Vladimiro Montesinos, Fujimori se trasladó al Círculo Militar. A partir de ese momento es que el doctor Montesinos construyó un sólido muro invisible para impedir que accedieran al presidente electo personas que no habían sido autorizadas por él o su gente. Después vino el desalojo de Loayza, la decapitación de la cúpula de la marina y el reforzamiento del SIN.

A ello se añadió el nombramiento de personas ligadas al SIN en cargos como el ministerio de Trabajo y la jefatura del Sinacoso. Si a esto le sumamos la vigilancia interna en las fuerzas armadas, podremos apreciar que, al poco tiempo de iniciado el nuevo gobierno, se empezó a construir la estructura del golpe de estado.

Pero Fujimori no solo tenía que controlar las fuerzas armadas y avanzar en la lucha antisubversiva; debía, como punto quizá más urgente, terminar con la hiperinflación, porque ello creaba una situación de total incertidumbre que impedía la gobernabilidad. Cuando era candidato, Fujimori leyó una propuesta del economista Jorge Chávez en la cual se planteaba una salida al problema sin la brusquedad del shock planteado por el Fredemo.

Para la campaña de la segunda vuelta rodeó a Fujimori un conjunto de economistas unidos por sus discrepancias no solo con el shock sino con la rigidez neoliberal del Fredemo: Santiago Roca, Martha Rodríguez, Bruno Seminario, Guillermo Runciman, Oscar Ugarteche se unieron a Chávez y ellos fueron el sustento técnico del «no shock». Que era posible bajar una elevada inflación sin medidas tan traumáticas, lo demostraría Cardoso como ministro de Economía de Sarney, luego del fracaso del shock antinflacionario del hoy tristemente célebre Fernando Collor de Mello.

La idea de Fujimori fue convincente porque la propaganda del Apra había satanizado el ajuste traumático y aterrorizado al pueblo con el shock: un comercial en que un rostro terrorífico marcaba el inicio de un cruel experimento que terminaba generando «desempleo total», preparó el terreno para el lanzamiento de la idea del no-shock. Esto no quiere decir que ese comercial fuera preparado para Fujimori, el Apra lo preparó para su candidato (Luis Alva Castro), pero la idea central no fue levantarlo sino satanizar la propuesta económica fredemista, y eso terminaría favoreciendo a Fujimori. En política, a veces, nadie sabe para quién trabaja.

Una vez que triunfó en las elecciones, Fujimori viajó a Estados Unidos y allí se reunió con Pérez de Cuéllar (entonces secretario general de la ONU) y, más adelante, con funcionarios del FMI y el Banco Mundial. Fue en ese viaje que el presidente electo decidió cambiar su equipo económico, eliminando a los «heterodoxos» y dando apoyo a los más liberales de su entorno.

A Fujimori le era necesario ampliar su equipo económico incluyendo personas dispuestas a seguir los consejos del FMI y del Banco Mundial, aplicando un fuerte y drástico ajuste, es decir, justamente aquello que Fujimori anunció que no haría y, lo más importante, promesa que fue decisiva para su triunfo en las elecciones.

Cuando tuvo que elegir gabinete, nada indica que el mandatario electo pensara en los integrantes de Cambio 90; por el contrario, buscó personalidades independientes e integrantes de otros partidos, pero llamados a título individual, sin hacer compromiso alguno con los partidos: el presidente del consejo de ministros y ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller venía de AP (agrupación que había sido parte del Fredemo); el presidente del BCR fue Jorge Chávez, quizá el único sobreviviente del original equipo económico.

Fujimori prefirió permanecer en la sombra mientras el premier y titular del MEF anunciaba las durísimas medidas aquel 8 de agosto. No hubo reacciones violentas porque la población pareció sumirse en una especie de sopor depresivo.

El nuevo gobierno no quiso aceptar las propuestas de diversos sectores (incluso de la cooperación extranjera) para que aplique un programa de emergencia social con apoyo de la ONU y dirigido por técnicos de amplia solvencia.

En los días finales del 90, sectores de la iglesia católica señalaron la falta de un programa de apoyo social; el asunto tocaba una fibra sensible para muchos pobres del Perú y, en especial, para numerosas madres de familia. Sabiendo que estaba en falta, Fujimori aplicó un método que repetiría muchas veces a lo largo de la década: pasar a la ofensiva y fijar la atención en otro tema.

Conociendo que la venida al mundo de niños no deseados es un problema muy real para muchas mujeres humildes, el presidente habló de la planificación familiar y atacó a la iglesia acusándola de «medieval», por resistirse a este tipo de programas. En verdad, todo parece indicar que a Fujimori más le interesaba poner a la iglesia a la defensiva, porque luego de 1992, cuando recibió el apoyo de los grupos católicos más conservadores, no tuvo problema alguno para bajar el tono en lo referente a la planificación familiar (durante el período de la conferencia de El Cairo), para retomarlo en una etapa más conveniente políticamente.

Pero el ministerio de Hurtado, si bien aplicó el ajuste, no significó la llegada del neoliberalismo. En el verano de 1991 renunció el presidente del consejo de ministros, el nuevo premier fue el Dr. Carlos Torres y Torres Lara, abogado, profesor en una universidad de Lima, de formación socialcristiana, experto en cooperativas, no era un ortodoxo del monetarismo ni del neoliberalismo. Torres asumió la cancillería, al MEF ingresaría el ortodoxo de los ortodoxos, Carlos Boloña. (Ver Boloña, Carlos, Cambio de rumbo, Lima, 1996).

El nuevo ministro no hizo ningún anuncio dramático, a su ingreso no hubo ningún «paquetazo» pero con él se iniciaron los más profundos cambios estructurales de signo neoliberal: privatizaciones masivas, reducción de aranceles, creación del sistema privado de pensiones, ruptura con el Grupo Andino, fin de las exoneraciones tributarias, eliminación de los beneficios a la inversión en zonas de selva y frontera, eliminación de los impuestos que favorecían al cuerpo de bomberos, al Senati y a las fuerzas armadas. De otro lado, el gobierno no solo empezó a pagar la deuda externa sino llegó a acuerdos muy favorables con empresas extranjeras como la Beico o Japeco.

En el aspecto político la situación de caos económico y de violencia subversiva fue generando un sentimiento autoritario en grandes sectores de la población. Pero hasta julio del 90 ese sentimiento no era canalizado políticamente, por no existir ningún líder ni organización política que planteara específica y abiertamente una estrategia autoritaria para combatir la subversión y modernizar el país aplicando un programa neoliberal. En resumen, no existía nadie que planteara el «pinochetismo», es decir, dictadura y represión antizquierdista en lo político y neoliberalismo a lo Chicago boys o Hernán Buchi en lo económico.

Las cosas empezarían a cambiar cuando el presidente Fujimori inició lo que Pedro Planas llamó «discurso antisistema», es decir, un conjunto de ataques al «parlamento paquidérmico», al «palacio de la injusticia», y a otras instituciones fundamentales para el estado de derecho. Lo realmente significativo de este discurso es que no era algo aislado; por el contrario, formaba parte de una estrategia destinada a debilitar las instituciones democráticas con el fin de lograr que las grandes mayorías aplaudieran un futuro gobierno autoritario.

El autoritarismo atávico, con raíces andinas e hispanas, reforzado por las estructuras discriminatorias y racistas del virreinato y, más adelante, por las dictaduras que han predominado en nuestra historia republicana, estaba resurgiendo entre el estrépito de los coches-bomba, las imágenes de jueces amedrentados por los abogados «democráticos» y los sanguinolentos titulares de la prensa sensacionalista; a todo esto se añadía la hiperinflación, la imagen de falta de autoridad, y la sensación de anomia que se vivía a inicios de los 90.

Sabiendo perfectamente estos hechos, el presidente y su súperasesor capitán (r) doctor Vladimiro Montesinos comenzaron a preparar un cambio de modelo político. El primer paso fue controlar las fuerzas armadas para usarlas posteriormente como instrumento político. Para lograr este propósito captaron a los mandos claves pues, dada la verticalidad que es el eje de la disciplina militar, controlando las cúpulas se obtiene la obediencia del resto. Para reforzar su dominio, Montesinos no solo utilizó el SIN como instrumento de control interno, sino comenzó a dar prebendas, como dinero extra, y tuvo actitudes permisivas frente a situaciones de corrupción.

En este contexto un paso fundamental fue la captación del general Nicolás de Bari Hermoza, un comandante general del ejército quien no dudó en proferir loas públicas al doctor Montesinos en ceremonias militares y a quien Fujimori mantuvo en el cargo una vez que estaba retirado con el pretexto de que era «un general victorioso».

Para poder tomar decisiones tan inauditas desde el punto de vista militar, Fujimori y Montesinos cambiaron la legislación sobre la situación militar: el congreso ya no ratificaría a los generales, pero el jefe del estado tendría un rol discrecional, colocándose al poder político por encima de las decisiones institucionales de cada una de las fuerzas armadas.

De este modo se pasó a controlarlas y utilizarlas para el proyecto político autoritario. Pero no se trataba solo de las fuerzas armadas; disuelto el Sinacoso, los operadores del SIN diseñaron y llevaron a la práctica numerosos operativos sicosociales destinados a distraer y a generar el deseo de una salida autoritaria. Para completar el panorama, el presidente Fujimori pronunciaba, generalmente en recintos militares, duros discursos atacando al congreso, al poder judicial, el ministerio público, y de este modo se difundía por todo el país un conjunto de ideas que, por ser antisistema, era también promotor de la «antipolítica».

Si la política equivale a gobierno o dirección de la sociedad, es imposible eliminarla, a no ser que logremos la utopía anarquista o marxista de la desaparición del estado. Mientras exista estado habrá política. Entonces no tendría sentido cuestionar la política. Lo que ocurre es que la «antipolítica» no es un pensamiento utópico, sino un pensamiento antidemocrático.

En efecto, lo que se cuestiona con el nombre de «política» es, en verdad, la democracia. Es así que se considera que debe seguir habiendo gobierno pero no elecciones, partidos, ni disputas, es decir, en buen romance, lo que se cuestiona es el orden democrático y el estado de derecho (limitación de poderes, gobierno de la ley, respeto por los derechos humanos, elecciones libres, libertad de expresión). No se trata de una alternativa totalitaria fascista o leninista, es una alternativa tecnocrática muy cercana a la de las dictaduras latinoamericanas inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional.

En efecto, estos regímenes dictatoriales proscribieron partidos y libertades anunciando soluciones técnicas a los problemas políticos. Este toque tecnocrático estuvo muy presente en el discurso fujimorista que oponía «politiquería» a «técnica»; mientras la primera era presentada como símbolo de irresponsabilidad, demagogia e ineficacia, la segunda aparecía como sinónimo de eficacia, orden y seriedad.

En la cultura peruana ha existido a lo largo de muchas décadas una prédica constante contra la política y las instituciones como el parlamento; dado el clima favorable al renacimiento del autoritarismo, el presidente y los medios filofujimoristas incrementaron los sentimientos antidemocráticos, autoritarios y antipolíticos. (Ver Degregori, Carlos Iván, La década de la antipolítica, Lima, 2000; y Arias, César, La modernización autoritaria, Lima, 1994).

2. EL NUEVO ORDEN: VALORES Y PODERES FÁCTICOS

El domingo 5 de abril de 1992 el presidente Fujimori apareció sorpresivamente en cadena de televisión. Horas antes se había reunido con los propietarios de los principales medios de comunicación (es decir, los electrónicos), dándoles la primicia. En ese discurso el jefe del estado, luego de lanzar duros ataques al congreso y al poder judicial., anunció el golpe de estado con las palabras: «disolver… disolver temporalmente el congreso de la república», señalando además que se modificaría la estructura del legislativo mediante reformas aprobadas por un «plebiscito nacional».

Un hecho que hoy, cuando conocemos el final del trágico drama, nos llama la atención es que una de las justificaciones más importantes para el autogolpe fue la acusación de que tanto el poder legislativo como el poder judicial y el ministerio público eran «corruptos»; y lo que es increíble es que la inmensa mayoría del pueblo le creyó.

El autogolpe fue preparado en secreto, sin que los ministros ni los parlamentarios oficialistas supieran nada. Tampoco los vicepresidentes. El operativo golpista fue planificado en estricto secreto por Fujimori y Vladimiro Montesinos junto con el equipo reclutado por este y ubicado en el SIN (Ver Arias, Op. Cit.). Este hecho reveló el estilo informal del nuevo régimen, donde un asesor podía ser mucho más poderoso que los comandantes generales de las fuerzas armadas y que todo el consejo de ministros; del mismo modo, el secretario del consejo de ministros tenía más poder que el presidente del consejo de ministros y canciller de la república. (Ibídem).

Lo interesante del sistema era que los personajes poderosos que no ejercían cargos formales no daban cuenta a nadie, es decir, no tenían que comparecer ante el congreso ni eran investigados por la prensa porque se trataba de personalidades misteriosas: Vladimiro Montesinos, Rafael Merino, Luis Silva Santisteban, Santiago Fujimori. De ellos solo Vladimiro Montesinos generó el interés de los medios de comunicación. Pero en 1992 mucha gente dudó de la existencia real de Montesinos, sosteniendo que era un invento de la oposición. (Recuerdo una presentación en TV donde el Dr. Alfonso Grados Bertorini sostenía, con su característico énfasis, que Vladimiro existía realmente y no era una ficción).

El golpe se justificó por la lucha contra la corrupción, la necesidad de tener condiciones para un enfrentamiento eficaz con la subversión, y la necesidad de terminar con el sabotaje del legislativo, trabando la acción del gobierno. De los tres argumentos, el segundo (la lucha eficaz contra la subversión) es el más serio. En efecto, los congresos peruanos fueron incapaces de dictar una legislación coherente que permitiera la lucha antisubversiva dentro del estado de derecho. Dada la naturaleza de la subversión, si las fuerzas del orden no tenían instrumentos legales adecuados, lo que ocurría era la eliminación extrajudicial de senderistas y emerretistas.

Luego del autogolpe el gobierno dictó el decreto ley 25 475 que estableció 20 años de pena privativa de la libertad a quienes perpetraran acciones terroristas, y cadena perpetua a los líderes, cabecillas y otros equivalentes, así como a los que participaban en pelotones de aniquilamiento; con 20 años se penaba la simple pertenencia a una organización terrorista. De este modo se llenaban los vacíos de la legislación anterior.

Lo defectuoso de esta norma es que no establece una adecuada gradación de penas, estableciendo sanciones demasiado severas para los casos de colaboración o apología, y, para simple pertenencia a la organización subversiva (Art. 4 y Art. 7), por ejemplo. En la parte procesal, el artículo 15 establece la «identidad secreta» de todos lo que intervienen en el juzgamiento de terroristas, lo cual significa que comenzaron a funcionar los «jueces sin rostro».

La falta de gradación y los jueces sin rostro generaron críticas dentro y fuera del Perú, pero sin esta drástica disposición los jueces no se hubieran atrevido a castigar con penas severas y es muy probable que hubiéramos soportado una acción más cruenta por parte de grupos paramilitares, porque ninguna organización armada, al servicio de un estado que combate grupos terroristas, puede aceptar que los jueces liberen subversivos porque ello pondría en riesgo sus vidas, las de sus familiares y pondría en gravísimo riesgo el sentido mismo de su misión.

El decreto ley 25 499 estableció lo que se conoció como «ley de arrepentimiento», medida muy utilizada por los sistemas anglosajones para combatir mafias y otros grupos de delincuencia organizada. Con respecto al terrorismo, este sistema fue empleado con muy buenos resultados por los británicos en Malasia y por los italianos en su lucha contra las Brigadas Rojas.

Esta norma fue también un avance importante. Los problemas derivados de su aplicación obedecieron a la torpe actitud de muchos policías, fiscales y jueces empeñados en considerar las palabras de los arrepentidos como pruebas de culpabilidad para los denunciados. Una importante proporción de inocentes fueron condenados a prisión víctimas de «arrepentidos» que, deliberadamente, los denunciaban para crear problemas políticos.

El otro argumento fue el sabotaje opositor en el congreso. Esto es simplemente falso: la mayoría de ambas cámaras deseó el diálogo y la concertación con el nuevo gobierno. (Ver Arias, Op. Cit.). Los grupos del ex Fredemo, AP, PPC y Libertad coincidieron con los lineamientos del programa económico; un sector del Apra y otro de la izquierda mostraron también su espíritu de colaboración. Pero el jefe del estado se negó a cualquier diálogo, al punto de fingir estar dormido durante un viaje en avión (conversación con Roberto Ramírez del Villar, ex presidente de la cámara de diputados).

Con respecto a los decretos legislativos hay que recordar que se dictaron porque ese congreso obstruccionista autorizó al poder ejecutivo a dictarlos y que solo en un 12 % o 14 % fueron objetados, pero ello desató la furia de un presidente que no tenía la menor voluntad de concertar ni de llegar a acuerdos.

El autogolpe fue apoyado por las grandes mayorías en forma pasiva, principalmente respondiendo a encuestas. Lógicamente podemos deducir que buena parte de las empresas encuestadoras fueron, por lo menos, cómplices de ese asesinato de la democracia. La razón es simple: violar el estado de derecho es algo repudiable en sí, al igual que el asesinato, el robo o la venta de drogas; preguntar a los encuestados si esto les parece bien o mal, es como inquirir si está bien o mal robar o matar. La opinión de la gente no cambia las cuestiones que son esenciales y una de ellas es el respeto al estado de derecho.

Al día siguiente de la noche en que, con sospechosa rapidez, una encuestadora presentó el gran apoyo al autogolpe en la población, los columnistas Patricio Ricketts y Manuel d’Ornellas, del diario Expreso, comenzaron a utilizar este argumento para justificar lo injustificable. El diario Expreso, que había sido quizá el medio más duramente opositor a Alan García y que en 1990 fue fredemista acérrimo y, por tanto, participó en la «guerra sucia» contra el candidato Fujimori, comenzó a defender la naciente dictadura.

En cambio, el diario La República, que había apoyado la candidatura de Fujimori y había mantenido una línea de aproximación hacia el nuevo gobierno, se colocó en una dura oposición, al extremo que varias columnas aparecieron en blanco al ser vetadas por los censores militares.

Los políticos defenestrados del legislativo manifestaron su oposición radical, lo mismo hizo el Colegio de Abogados de Lima, la contraloría, las revistas Caretas y Oiga, así como la mayor parte de las organizaciones políticas. Pero el más duro opositor fue el escritor y ex candidato presidencial Mario Vargas Llosa, quien no solo repudió el golpe sino criticó con mucha dureza a sus ex aliados de Expreso y a los empresarios, calificándolos de «geishas del nuevo dictador» y planteando sanciones económicas internacionales contra la dictadura. (Ver «El pueblo y la gente decente», artículo de MVLL citado como anexo en Arias, Op. Cit.).

El ex presidente Alan García, gran adversario de Vargas Llosa, resultó estando en el mismo lado de la barricada: el mismo 5 de abril tropas del ejército asaltaron su casa, pero este se escondió en el tanque de una casa en construcción y luego escapó protegido por la Dra. Judith de la Matta.

Otro de los críticos del autogolpe fue Luis Miró-Quesada Garland, quien en sendos artículos publicados en El Comercio los días 13 y 20 de abril utilizó la clásica defensa de la democracia y rechazó los argumentos presidenciales considerándolos típicos razonamientos de políticos ansiosos de poder omnímodo. De este modo la pugna política estaba marcada por la frontera de la democracia: quienes creían en ella y aquellos que la relativizaban; era entonces muy claro que no había enfrentamiento entremderechas e izquierdas.

El problema es que hay demócratas de derecha e izquierda y autoritarios de ambos signos. Por esto aquellos analistas de izquierda que priorizan lo económico no entendieron muy bien este conflicto. Por ejemplo, para Mirko Lauer (en La República), MVLL era una especie de «demócrata ingenuo»; en cambio, D’Ornellas y Ricketts expresan el sentir verdadero de la «clase dominante». Cierto, pero quizá esa «clase» estaba compuesta por empresarios poco cultos en política e incapaces de entender que en los 90 era imposible la persistencia de una dictadura en nuestro continente. Quizá el escritor fue más agudo y entendió mejor el entorno internacional del Perú que esos empresarios que él había tipificado como «geishas».

En verdad Vargas Llosa fue lúcido y agudo ideológica y políticamente. El consideraba, con razón, que el liberalismo es no solo una concepción económica, sino una visión del hombre y la sociedad. El liberalismo parte de la filosofía de la Ilustración (siglo XVIII) y reivindica la autonomía del individuo frente a los gremios, la familia extensa o el estado y, a partir de aquí, es que levanta los derechos humanos y la economía de mercado como un todo coherente.

El fujimorato, como el pinochetismo, deseaba combinar autoritarismo político con reformas del mercado. Se trataba de un liberalismo cojo: solo en lo económico. Fujimori, en un discurso que recuerda a los marxistas más rígidos, cada vez que le recordaban la mala imagen de su gobierno en el exterior se refería a los empresarios y a los burócratas del FMI y el Banco Mundial.

Se trataba de una especie de nueva visión del materialismo histórico: no interesaba la clase política de Washington sino los banqueros y altos funcionarios de las trasnacionales. Esto lo expresó crudamente un funcionario de JP Morgan al declarar que no le debían hacer caso a las críticas del embajador Jett (quien representaba a Estados Unidos) pues él no invierte y los banqueros estaban felices con el fujimorato.

No solo los empresarios y los políticos fujimoristas fueron liberales cojos, también lo fueron muchos tecnócratas y economistas encandilados por las «reformas del mercado» que marcaron la década. Ellos despertaban la furia de Vargas Llosa porque eran la refutación viviente de uno de los argumentos centrales de él y de otros liberales: el libre mercado es la mejor garantía y el mejor sustento para las democracias; el estatismo económico es el primer paso para una dictadura. Pinochet y Fujimori, como los laboristas ingleses y los socialdemócratas suecos (estos últimos desde el lado opuesto), eran la demostración de que esa teoría era cuestionable. En Chile y Perú hubo liberalismo económico con dictadura política, mientras en Suecia y Gran Bretaña las políticas económicas socializantes coincidían con la democracia.

A partir del autogolpe hubo también una línea de ruptura en las fuerzas de oposición: de un lado estaba la oposición liberal (básicamente muchos ligados al ex Fredemo), que cuestionaba el autoritarismo y no la esencia del modelo económico; y del otro lado quienes cuestionaban el neoliberalismo y sostenían que el costo social de ese modelo era lo que terminó engendrando la dictadura.

Pero, en los primeros meses post cinco de abril hubo un gobierno con metas claras y una oposición dividida y vacilante, incapaz de recuperarse del terremoto que le significó el golpe, la pérdida de su condición de parlamentarios y, sobre todo, el apoyo que el pueblo le daba al presidente autogolpista.

En los primeros tiempos el problema más serio que tuvo que afrontar el nuevo régimen autoritario, autodenominado «de emergencia y reconstrucción nacional», fue la muy negativa imagen que proyectó en EE. UU., la Comunidad Europea, y en los países hermanos del continente. Este asunto se agravó porque desde 1991 estaba vigente en la OEA la resolución 1080, que convierte en requisito real la democracia representativa al interior de la organización, y establece la obligatoriedad de una reunión de consulta en el caso que se quiebre el orden democrático; de aquí se pueden derivar sanciones. Para los golpistas peruanos se trataba de un asunto grave: el Perú era, y es, muy vulnerable a sanciones económicas, y esto se veía agravado por una política neoliberal que hacía del aperturismo un pilar fundamental. (Ver Ferrero, Eduardo y OTROS, El proceso de retorno a la institucionalidad democrática en el Perú, Lima, 1992).

Por ello tenían que encontrar un camino para conciliar con la OEA y los Estados Unidos. Por consejo de Hernando de Soto, el presidente fue a la reunión de cancilleres en Bahamas y allí planteó la apertura democrática: el CCD. La OEA aceptó y estableció un sistema de vigilancia que, para suerte de Fujimori, fue presidido por un ex canciller uruguayo que mostraría en los meses siguientes una blandura impresionante y una ceguera casi total cuando se trataba de ver los atropellos del régimen.

Aquí empezó a construirse lo que podemos denominar el modelo político del fujimorato, es decir, esa curiosa mezcla de elementos democrático-liberales y esencia autoritaria, de contradicción entre el sistema formal (congresistas, ministros, poder judicial) y el manejo real del poder (Vladimiro Montesinos hacía que jefes militares y ministros despacharan con él en el SIN).

La principal formalidad democrática del régimen fue la constitución del 93, una carta política que reproducía las normas de derechos humanos establecidas en la constitución del 79 y cuya estructura del estado no se apartaba de la establecida en esta. La relección inmediata del presidente y la constitucionalización del neoliberalismo eran las más importantes novedades. (Ver Planas, Pedro, Rescate de la Constitución, Lima, 1992). Justamente aquí está una de las claves del autogolpe. Para algunos defensores a ultranza del modelo neoliberal, la constitución del 79, por su énfasis en los derechos sociales, abría grietas peligrosas en el modelo económico. En términos concretos, el tribunal de garantías podría declarar inconstitucionales algunas disposiciones tomadas por el gobierno y que perjudicaban a los trabajadores; por ejemplo, ya se había declarado inconstitucional el D. L. 650, que establecía el «efecto cancelatorio» en los depósitos hechos para fines de indemnización por tiempo de servicios.

En consecuencia, jugó un papel importante en la imposición del autoritarismo la decisión de establecer un sistema de capitalismo salvaje, arrasando con los derechos de los trabajadores y convirtiendo a estos en «cholos baratos», empleados por services, precarios, sin seguridad social, con salarios miserables, carentes de derecho a sindicalizarse y permanentemente aterrados por la pérdida de su trabajo.

En conclusión, una carta que en muchos artículos reproducía textualmente las disposiciones de la constitución del 79, una carta que eliminó derechos sociales, sacralizó el neoliberalismo, reforzó el poder presidencial e impuso la relección inmediata. Pese a todo esto, no se trató de una constitución dictatorial o totalitaria; los elementos antidemocráticos del régimen fujimorista se dieron al margen de la carta del 93 y en no pocos casos contra ella.

En efecto, al poco tiempo de aprobarse la constitución por el congreso constituyente y por el referéndum, el mismo congreso (CCD) violó la carta política con la tristemente célebre «Ley Cantuta»; las violaciones seguirían en años posteriores, con la defenestración del Tribunal Constitucional, el despojo a Baruch Ivcher, la «ley de interpretación auténtica», que permitía la re-relección. De este modo la carta política fue violada abiertamente en los casos mencionados y en otros fue sutilmente distorsionada.

Un ejemplo de esto último fue la creación de las comisiones ejecutivas del poder judicial y el ministerio público, comisiones cuyo objetivo real era reducir a niveles ínfimos la autonomía de esas instituciones para poder utilizarlas como instrumentos de presión política contra los disidentes.

El congreso constituyente democrático (la reiterativa denominación «democrático» es parte del lenguaje orwelliano del régimen) nació después de un acto de fuerza, por tanto, un importante grupo de partidos y movimientos políticos consideraron que ir a ese congreso era legitimar un acto dictatorial.

Esta decisión dividió a los opositores pues un sector de la izquierda, el PPC, el FIM y el SODE acordaron ir a las elecciones. Ellos argumentaron que, dada la situación objetiva, el fujimorato había logrado estabilizarse y que abstenerse era dejarle la cancha libre. El hecho de que el régimen estuviera a punto de perder el referéndum habla bien del trabajo de los opositores en el CCD.

Pero el principal problema del modelo político no derivó de la carta del 93. Con todas sus limitaciones y defectos, la oposición pudo, como el Apra a partir de 1933, invocar una constitución a cuyo texto se opuso, y, esgrimirla frente a un gobierno que, al poco tiempo que la promulgaba, empezaba a violarla. «Nuestra constitución es la voluntad del führer», dijo una vez Hermán Goering, uno de los más importantes esbirros de Hitler; y, en cierto modo, tuvo razón.

Nuestros fujimoristas jamás se atrevieron a decir, con la brutal franqueza de los seguidores de Hitler, que la verdadera constitución era la voluntad de Fujimori, pero de hecho actuaron muchas veces como si pensaran así. Una constitución es una conquista de la ideología liberal para limitar el poder de los gobernantes; por tanto, quienes carecen de mentalidad democrática no entienden la esencia de lo que es una constitución.

En verdad, lo que los fujimoristas entendían por democracia era, vistas las cosas con claridad, cesarismo plebiscitario, complementado por un astuto e inteligente uso de las encuestas: una opinión pública pasiva y despolitizada que votaba por Fujimori y sus listas parlamentarias, y, lo favorecía en las encuestas. En la estructura del estado, el jefe del estado, el SIN, el súperasesor, algunos viceministros y pequeños equipos de tecnócratas ubicados en ciertas áreas clave dominaban el poder ejecutivo.

El congreso acataba lo que ordenaba el presidente o lo que disponía el doctor Montesinos. El 2000 supimos que muchos congresistas recibían órdenes del SIN y la gran mayoría del oficialismo votaba según lo ordenado sin cuestionamientos.

El poder judicial fue intervenido, esto permitió la sustracción de expedientes, la eliminación de magistrados y jueces incómodos, así como el • predominio de jueces y magistrados provisionales. Algo parecido ocurrió con el ministerio público, donde, además, se violó el estado de derecho para nombrar y mantener como fiscal de la nación a la Dra. Colán. (Ver Arias, César, Op. Cit.).

De este modo, con nueva constitución, referéndum, y, bendición de la OEA, se inició la construcción de un nuevo tipo de autoritarismo, que mantenía las formas democráticas y le daba un papel a la oposición. Esta debía criticar al gobierno pero en el recinto parlamentario, donde perdía sistemáticamente todas las votaciones; así mismo, debía participar en procesos electorales, para ser satanizada por la TV y la prensa amarilla, pero jamás debió salirse de las reglas que tácitamente le planteó el fujimorato.

Idealmente, la prensa de oposición debía ser escrita o radial; la TV era peligrosa, por ello ningún opositor duró mucho allí.

3. LOS SICARIOS MEDIÁTICOS

Fue Carlos Iván Degregori (ver Degregori, Op. Cit.) quien habló de «sicarios mediáticos» para referirse a la prensa amarilla subsidiada por el SIN y a los programas basura también utilizados por el poder. Degregori describe el comportamiento de la más destacada conductora de la TV basura (Laura Bozo) como un tipo de acción sicológica comparable a los «juicios populares» de Sendero. La diferencia es que, en este caso, no existen muertos ni heridos; lo que ocurre es una aniquilación sicológica y moral. Pero los efectos sicosociales son similares.

Aquí podemos apreciar la cercanía de actitudes entre el poder del fujimorato y el senderismo. No olvidemos que el súperasesor era un hombre llamado Vladimiro Ilich, con lo cual podemos imaginar cuál era la orientación ideológica de su padre; también constituye otro hecho interesante el que dos primos hermanos del Dr. Montesinos hayan sido líderes del PCP y diputados por dicho partido.

Otro hecho importante ha sido la facilidad con que el «doctor» pudo establecer un diálogo fluido con Abimael Guzmán. Pero no se trata del diálogo entre dos arequipeños sino de algo más complejo: las similitudes existentes (pese a estar en las antípodas ideológicas) entre fujimoristas y senderistas; ambos militarizaron el concepto de política, ninguno creyó en la democracia, los derechos humanos o los escrúpulos morales.

Existió algo más que el quizás olvidado leninismo juvenil de don Vladimiro. En verdad lo que ocurre, y muchas veces se olvida, es que los autoritarios y totalitarios de diferentes signos pueden entenderse mejor entre ellos que con cualquier demócrata. (Ver Koch, Stephen, El fin de la inocencia, Barcelona, 1997).

En efecto, Stalin tuvo una actitud extremadamente compleja con el fascismo y en especial con su variante alemana, el hitlerismo. Stalin utilizó una retórica antifascista y un conjunto de actos políticos de apariencia antifascista, pero en la política real, su primer interés era llegar a un pacto con Hitler.

El antifascismo aparente le sirvió para engañar a las elites democráticas, humanistas y progresistas de Occidente, haciéndoles creer que el estalinismo era la forma más consecuente de antifascismo (ibíd.). En nuestra patria el espantajo hitleriano fue remplazado por un monstruo bicéfalo cuyas dos cabezas eran la subversión encarnada en Abimael Guzmán y el caos de la política tradicional, cuya cabeza era el «reo contumaz» Alan García.

Pero al igual que Stalin, los máximos jefes del fujimorato no tenían ninguna razón para ser consecuentes en su prédica contra esos monstruos. Aquí está la explicación de fondo que tiene el autor de estas líneas para interpretar la torta de cumpleaños a Elena Iparraguirre, las extrañas liberaciones de mandos subversivos (incluido Arana Franco, el que dirigió el atentado en la calle Parata), la incorporación de ex mandos subversivos a cargos de confianza en el aparato estatal del fujimorismo e incluso a las listas de Perú 2000.

Algo similar ocurrió con el otro espantajo: Alan García. En primer lugar, es necesario recordar que el Sr. Fujimori adoptó una actitud proaprista cuando era rector de la UNAM y Alan García era presidente. Más aún, fue la influencia del entonces presidente la que logró convertirlo en conductor del programa «Concertando».

Durante la campaña del 90, los medios de prensa alanistas levantaron al candidato Fujimori y el presidente García dispuso que se diera información del SIN al candidato Fujimori. En la segunda vuelta es notorio que los apristas votaron por Fujimori.

Cuando se planteó la acusación contra Alan García, la mayor parte de los representantes de Cambio 90 votó contra ella. Más tarde, luego que García lograra evadir el asalto militar a su casa y asilarse en la embajada de Colombia, el gobierno fujimorista no cuestionó ese asilo y no quiso luchar en ninguna instancia jurídica internacional. Odría fue hasta el Tribunal de La Haya porque se resistió a que Haya de la Torre fuera considerado perseguido político. La diferencia es evidente.

Por ello resulta incoherente armar un ridículo tinglado con un poder judicial y un ministerio público carentes de autonomía, para decirle a los inocentes del Perú (se puede suponer que uno de los primeros sería el congresista Olivera) que el gobierno fujimorista deseaba capturar a Alan García, cuando era poco menos que imposible que en algún país donde hubiera estado de derecho (Colombia o Francia) harían caso a los pedidos de un poder judicial intervenido por lo que a ojos del mundo era una dictadura.

Para que este tipo de maniobras manipulatorias funcionara era indispensable que el régimen tuviera un control predominante sobre los medios. Esto se logró pero de una manera hábil y sutil, de modo que, en apariencia, existía una «irrestricta libertad de expresión».

En verdad, cualquier observador foráneo difícilmente admitiría que se manipulaba la información, pues había múltiples diarios y revistas, una notable pluralidad de informativos radiales, y, lo más importante: muchos de estos medios eran abiertos y radicales críticos del fujimorato.

En los 90 no hubo ni el control estatal de los medios (modelo velasquista), ni el método de las dictaduras anteriores: represión a los que eran muy críticos (mediante la clausura del medio y la deportación de los periodistas díscolos). Durante el fujimorato lo primero fue el control de la TV, es decir, del medio más impactante, y, se empezó por los canales con más audiencia y llegada nacional.

El punto de partida era bueno, pues los empresarios de la TV, como la mayor parte de los hombres de negocios peruanos, se sintieron aliviados con las medidas económicas del 90 y 91, y ello los aproximó al régimen. Su discurso autoritario y primeras medidas que mostraban una mayor decisión y coherencia en la lucha antisubversiva los aproximaron aún más al mismo.

Por ello estuvieron de acuerdo con el autogolpe y solo Genaro Delgado (quien parece ser el único que aprendió la lección del velasquismo) se manifestó en favor del sistema democrático como única garantía a la libertad de expresión. (Ver Arias, Op. Cit.). Incluso Baruch Ivcher, quien años más tarde tendría un grave conflicto con el régimen, fue uno de los defensores del autogolpe y Frecuencia Latina fue el canal que más se ligó a la lucha antisubversiva y a la labor de las fuerzas armadas. El señor Ivcher declaró en varias ocasiones que él creyó en el discurso del presidente Fujimori, pero nunca explicó claramente cuáles fueron las razones reales del abrupto cambio de actitud de los directivos de Frecuencia Latina en su percepción del fujimorato.

Las primicias otorgadas por el aparato estatal, la presencia dosificada del jefe del estado en diversos canales y los avisos del estado irían consolidando esta buena relación. Un punto importante es que los empresarios de la TV no son periodistas y sus intereses y preocupaciones van mucho más allá de los aspectos informativos. A ello se añade que es difícil nadar contra la corriente, y, en 1992 o 1994 la gran mayoría del empresariado, de la tecnocracia, la alta clase media eran fujimoristas, y el fujimorato contaba con el respaldo (pasivo pero real) de las grandes mayorías, como las encuestas lo recordaban a cada instante, hecho que columnistas venales como Patricio Ricketts utilizaban de insumo para mostrar la solidez invencible del régimen.

De este modo se tenía el control de la TV; a ello se sumó el autosometimiento del diario Expreso, un periódico ex fredemista y neoliberal desde la década del 80, cuya identificación con el modelo económico lo condujo no a un apoyo parcial y crítico a un régimen que mostraba cosas turbias, sino a una entrega absoluta y total, quizá por temor a que un fracaso fujimorista condujera a una revancha del populismo (hoy se sabe que hubo un apoyo económico directo a ese diario). Sea por lo que fuere, es objetivo que, al igual que en tiempo de Velasco, ese diario (esta vez controlado por sus propietarios) se convirtió en el mastín de un nuevo autoritarismo.

El siguiente paso sería comprar a ese conjunto de diarios amarillos de ínfima calidad, dedicados a los crímenes, chismes de farándula e historias truculentas y utilizarlos como punta de lanza para la liquidación moral y política de sus rivales. El SIN pagaba las portadas injuriosas como si fueran avisos, por ello es que muchas veces se podían ver titulares casi idénticos en El Chino, La Yuca, El Chato y otros diarios semejantes. (Ver DEGREGORI, Op. Cit.).

En los primeros tiempos, es decir entre 1992 y 1996, muchos medios mantuvieron un prudente compás de espera (cadenas radiales y diarios como El Comercio); la línea de dura oposición solo la mantuvieron César Hildebrandt (cuando tuvo acceso a la TV), Caretas y La República.

Es indiscutible que los medios de comunicación que mantuvieron viva la llama del espíritu contestatario y crítico en los años más duros (los iniciales del autoritarismo fujimorista) ocupan ya su lugar en la historia. Sin poder hacer una ucronía detallada, podemos simplemente imaginar qué hubiera pasado si los directivos y periodistas de La República y Caretas hubieran mirado a otro lado e informado de un modo que no incomodara a los fujimoristas, manteniendo una actitud de oposición pero asumiendo lo esencial del modelo: la legitimidad del 5 de abril y sus consecuencias; si esto hubiera ocurrido, la historia pudo ser diferente.

El régimen se hubiera fortalecido al mostrar al mundo la existencia de una prensa de oposición pero «sensata y patriota». Lo mismo puede decirse de César Hildebrandt, quien también pudo mantener una línea de oposición «light» y librarse del «Plan Bermuda», los intentos de asesinato, las presiones, amenazas y chantajes a que estuvieron sometidos todos los periodistas que se enfrentaron frontalmente al régimen. (El autor como periodista ha tenido numerosas conversaciones con colegas que le han relatado las amenazas telefónicas, los seguimientos, las agresiones físicas).

La existencia de este periodismo, radicalmente comprometido con la democracia y los derechos humanos, permitió que no se apagara la débil llamita de la resistencia, que en 1992 y 1993 era muy pequeña y estaba reducida (aparte de los periodistas) a un pequeño grupo de intelectuales, políticos desplazados por el autogolpe, sindicalistas y dirigentes populares, muchos de estos con muy poco eco en sus bases. A ellos se sumaron militares que fueron pasados arbitrariamente al retiro.

El Comercio, con su estilo ponderado y prudente, la antítesis del sensacionalismo, desde los primeros momentos tomó distancias: uno de los primeros gestos fue no solo la publicación de los ataques frontales al régimen (en abril del 92) escritos ni más ni menos que por Luis Miró-Quesada Garland, hermano del director del diario, y, la publicación de los duros ataques lanzados por Vargas Llosa contra el autogolpe.

El diario decano, que mantuvo una línea complaciente con regímenes autoritarios como los de Sánchez Cerro, Benavides y Odría, saludó el golpe de Velasco, pero entendió el peligro que significaba ese régimen a partir de 1971. En 1974 la dictadura tomó ese diario al igual que los demás periódicos de circulación nacional. Luego de 1980 los directores de El Comercio entendieron perfectamente que una dictadura era un salto al vacío. Esta lección no fue entendida por el Sr. D’Ornellas y los directivos de Expreso, que no dudaron en colocar a dicho diario como sicario del fujimorato.

En 1995, canal 11 RBC pasó a convertirse en el medio electrónico más crítico del régimen; en ese período la Dra. Laura Bozo dirigía un programa radicalmente crítico, en el que se atacaba frontalmente las políticas gubernamentales. Ricardo Belmont no solo era ya opositor, de vuelta de una ingenua complacencia con el régimen, según sus propias y reiteradas declaraciones en diversos programas periodísticos, sino candidato opositor a la presidencia.

Podemos decir, a manera de conclusión (más adelante veremos los cambios ocurridos en el mundo mediático), que hacia mediados de la década el gobierno fujimorista ejercía un control indirecto en la mayor parte de la TV, había logrado reducir la oposición radical a una minoría de medios que no llegaban a las grandes mayorías pobres del país, mientras existía asimismo un conjunto de medios que mantenían una prudente distancia, no comprometidos con el régimen, pero que aún no se habían decidido a jugarse por la oposición. En la segunda mitad de la década se verían virajes dramáticos: Frecuencia Latina pasaría del compromiso con el régimen a la oposición radical, El Comercio radicalizaría su actitud crítica hasta liderar la oposición mediática en el primer semestre del 2000 y la prensa amarilla jugaría un papel político hasta entonces ni siquiera imaginado.

II. EL APOGEO DEL FUJIMORATO

1. CONTROL DE LAS FF.AA. Y POLÍTICA ANTISUBVERSIVA

Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia de la república en julio de 1990, una de sus primeras acciones fue defenestrar a la cúpula de la marina de guerra, encabezada por su comandante general el almirante Alfonso Panizo. La razón de esta acción ya la conocemos: esos oficiales cometieron el pecado mortal de hablar acerca de los delitos cometidos por el asesor Montesinos. Este hecho revelaba mejor que miles de palabras el poder que ya tenía el capitán (r) doctor Vladimiro Montesinos.

El primer trabajo importante efectuado por el «doctor» fue el control de las fuerzas armadas, y, principalmente del ejército. El mecanismo fue asumir de facto la dirección del SIN, reforzar este organismo y utilizarlo como un instrumento de vigilancia y sometimiento de los oficiales de las fuerzas armadas mediante el seguimiento, el espionaje, los chuponeos telefónicos, la instalación de micrófonos en oficinas y residencias, etc.

En los primeros meses el SIN siguió siendo dirigido por el general Edwin Díaz (conocido por sus amigos como «Cucharita»), un jefe militar de gran habilidad que había dirigido este organismo de seguridad en tiempos de Alan García. Posteriormente, los generales que siguieron a Díaz en la jefatura del SIN serían autoridades meramente formales, pues el poder real lo tendría el doctor Montesinos.

Pero no solo Vladimiro pasó a controlar el SIN sino que dicho organismo se trasformó, adquiriendo un creciente poder. En tiempos anteriores era una simple estructura que coordinaba a los diferentes servicios (del ejército, la marina, la fuerza aérea, la policía) que dependían de las diversas armas, y, de la policía. Como se puede apreciar, en nuestro país la tarea de inteligencia es básicamente castrense, cosa que no ocurre en países más avanzados, donde los civiles ejercen funciones muy importantes e incluso de jefatura (esto ocurre, por ejemplo, en la CIA norteamericana y el MI-6 británico).

A partir del reinado de Montesinos, la superestructura SIN se reforzó a costa de los demás servicios y pasó, como ya vimos, a servir para controlar cualquier disidencia dentro de las fuerzas armadas. Después del auto-golpe, una nueva legislación le daría al jefe del estado el poder de nominar a voluntad a los oficiales generales, despojando de esta facultad a los institutos militares. También pasó a ser legítimo que el presidente prolongara en el cargo a un comandante general cuando este pasaba a retiro.

Estos hechos fueron presentados por el presidente Fujimori como muestras de control civil sobre las fuerzas armadas, pero implicaron, en términos reales, la legalización de una casi permanente humillación de las mismas, porque este gran poder presidencial y del SIN fue utilizado con el subalterno fin de convertir a los institutos armados en partido político del gobierno fujimorista y, lo que es más grave, en guardia pretoriana del régimen.

Nunca en la historia del Perú ocurrió un hecho tan patético como aquel que protagonizó un comandante de la primera región militar sorprendido repartiendo personalmente almanaques de propaganda para la relección del ingeniero Fujimori en la campaña del 95. El que un general del ejército se rebajara a propagandista de bajo nivel del jefe del estado y ni siquiera tuviera la delicadeza de encargar semejante tarea a un sargento o un cabo, constituye una muestra terrible de servilismo ante un poder que tenía copados los institutos militares.

Una confirmación de lo dicho se puede apreciar en los discursos pronunciados por los comandantes generales del ejército y la marina en los cuales olvidaron casi totalmente a nuestros héroes para dedicarse a ensalzar en forma casi absoluta al doctor Vladimiro Montesinos. Una vez logrado el control de las fuerzas armadas, aspecto en el cual se avanzó bastante cuando asumió la comandancia general del ejército el general Nicolás de Bari Hermoza, el Dr. Montesinos decidió avanzar en el dominio de la burocracia del poder ejecutivo para, más adelante, dominar el poder judicial y el ministerio público.

En 1990 el primer gabinete del nuevo gobierno tenía como ministro de Justicia a un abogado ligado al SIN, el Dr. Antoniolli (analista de inteligencia), y como jefe del Sinacoso (equivalente a un ministerio de comunicaciones) a Jorge Sosa Miranda, también ligado al SIN y que había trabajado en la OCI, el antecedente velasquista del Sinacoso. Cuando el primer ministro Hurtado Miller decidió disolver el Sinacoso para complacer a los directivos de los más importantes medios de comunicación indignados por el nombramiento de un ex velasquista como Sosa en una institución muy ligada con la libertad de expresión, el equipo del SIN decidió operar directamente desde allí, pues la desaparición del Si nacos o no los inhibiría en su intento de manipular los medios de comunicación.

Con el autogolpe del 5 de abril del 92 se inició el copamiento del ministerio público, defenestrando al fiscal de la nación mediante un espúreo decreto-ley que violaba la constitución porque estaba hecho solo para esa persona. Posteriormente se dictó otro decreto-ley para privarlo de su derecho legítimo a defenderse en los tribunales. (Ver Arias, La modernización autoritaria, Op. Cit.). El gobierno de facto nombró, también de modo ilegítimo, a la Dra. Blanca Nélida Colán, quien de allí en adelante manejaría con mano de hierro el ministerio público puesto al servicio del doctor Montesinos.

El poder judicial también fue intervenido, cesándose a jueces y magistrados y reconstruyéndose el aparato judicial con jueces provisionales, los cuales, por razón de su falta de estabilidad en el cargo, estarían sometidos a los deseos del poder ejecutivo y, principalmente, del doctor Montesinos, quien conocía bastante del poder judicial por su experiencia profesional como abogado de importantes narcotraficantes.

En términos políticos, lo anterior significó que el poder ejecutivo pudo utilizar un poder teórica y legalmente independiente y autónomo para garantizar la impunidad de los suyos y dirigirlo como ariete contra sus adversarios. Podemos citar como ejemplo de lo primero cómo la prensa amarilla que, a fines de la década, injurió, difamó y calumnió a los adversarios políticos del fujimorato, tuvo una total impunidad. Con respecto a la segunda reflexión, más adelante veremos cómo se utilizó el poder judicial para despojar a Baruch Ivcher y abrirle procesos de tinte estalinista no solo a él sino a su esposa y sus dos hijas mayores.

No habían pasado 24 horas del discurso presidencial anunciando el autogolpe, cuando se pudo ver a soldados del ejército sacando paquetes llenos de expedientes, amontonarlos en camiones y llevarlos con rumbo desconocido.

El 5 de abril generó también la adhesión servil de los medios de comunicación que simpatizaban con el modelo económico neoliberal y que, como muchos timoratos (incluyendo a generales de nuestro ejército), pensaban que sin medidas muy drásticas sería imposible ganar la guerra contra la subversión: el autogolpe era necesario. La mayor parte de los demás medios se sometió por temor.

La coyuntura posgolpista permitió dictar los decretos que modificaban la penalización del delito de terrorismo, estableciendo la cadena perpetua a dirigentes de grupos terroristas y a integrantes de «pelotones de aniquilamiento»; asimismo, se dictó la «ley de arrepentimiento»; se establecieron los tribunales militares para juzgar los casos de terrorismo agravado, tipificados como «traición a la patria». De este modo fue posible encarar con más seriedad la lucha legal contra la subversión.

En el plano de la contrasubversión el gobierno de Fujimori heredó lo avanzado durante la década de los 80, etapa en la cual si bien se cometieron gravísimos errores, también hubo indiscutibles progresos. En primer lugar, la subversión en 1990 estaba muy debilitada en el campo debido principalmente a la acción de los ronderos y grupos de autodefensa apoyados por las fuerzas armadas y la policía nacional. Este punto era muy importante porque la guerra popular maoísta se centra en la conquista del campo, para luego aislar las ciudades e irlas tomando una a una.

Las rondas se iniciaron, muy débilmente, en tiempo de Belaunde, fueron reforzadas en el período de García y consolidadas por Fujimori. Con respecto a la policía especializada en contraterrorismo, en 1982 (gobierno de Belaunde) se creó, en la entonces PIE, la Dirección Contra el Terrorismo. Este grupo policial sería el que, en setiembre de 1992, obtendría la victoria decisiva en esta guerra al capturar a Abimael Guzmán, el máximo cabecilla subversivo. La policía especializada había capturado importan tes mandos subversivos durante los 80, pero al permanecer oculto Guzmán era factible para SL seguir renovando su organización. Esto fue comprendido por los mandos policiales a fines de los 80 y se decidió constituir el GEIN, un grupo especial de inteligencia, encabezado por Benedicto Jiménez. Este grupo tenía un solo objetivo: capturar a Abimael Guzmán. (Ver Arias, Op. Cit.).

En junio de 1990, faltando muy poco para el cambio de mando, la policía allanó una casa donde vivía el cabecilla senderista, capturando sus anteojos, numerosos videos y documentos, con lo cual se avanzó mucho en las investigaciones. En setiembre del 92 fue capturado Abimael Guzmán. Esta victoria fue obra de un paciente trabajo de inteligencia de la policía nacional y de personas como Benedicto Jiménez y Ketín Vida. En los meses siguientes la policía especializada capturó a la mayor parte de la cúpula subversiva.

El presidente Fujimori estaba de pesca en la región amazónica cuando ocurrió la «captura del siglo» y mostró un visible desagrado cuando los medios de comunicación informaron la verdad, es decir, que fue la policía y no el SIN el autor de este gran logro en la lucha antisubversiva. En la práctica, el SIN fue un eficaz instrumento para controlar las fuerzas armadas y efectuar operativos sicosociales manipulando a la población, también pasa avasallar el poder judicial y el ministerio público, pero su contribución a la derrota de la subversión no fue decisiva.

Pese a ello, el discurso oficialista quiso (en el mejor estilo estalinista) cambiar los hechos del pasado y construir otra historia. El circo elaborado luego de la captura de Ramírez Duran, «Feliciano», tuvo el propósito de colocar al Dr. Montesinos como el director de la lucha antisubversiva. En un programa trasmitido por el «Canal de las Estrellas» y dirigido por la otrora antifojimorista Laura Bozo, se presentó un programa especial aparentemente destinado a ensalzar al «doctor» y su impresionante genialidad, quien «personalmente» dirigió la exitosa lucha antisubversiva.

2. DEBATE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y OPERATIVOS SICOSOCIALES

El tema de los derechos humanos (DD. HH.) se tornó muy sensible para el Perú de los 90 por diversas razones. En primer lugar, el mundo exterior se había vuelto mucho más sensible sobre el tema, pues los gobiernos de los países desarrollados, sobre todo después del fin de la guerra fría, consideraron que esa victoria era, entre otras cosas, un triunfo ideológico y, por tanto, las banderas de la democracia y el respeto por los DD. HH. debieran ser levantadas contra todos aquellos regímenes que no las tomaran en cuenta, sin que importara mucho la ideología en que se fundamentaba aquella práctica considerada repudiable.

Esta evolución se tradujo en normas jurídicas internacionales destinadas a velar por el respeto a los DD. HH. y el castigo a los violadores de los mismos. En el continente americano, la creación de la Comisión Interamericana de DD. HH. y de la Corte Interamericana de DD. HH. significó que, de modo cada vez más concreto y menos lírico, los gobiernos del continente debían cumplir obligaciones internacionales en esta materia.

A lo anterior hay que añadir que, a lo largo de las últimas décadas y, facilitado el camino por la creciente democratización de la región, se fue fortaleciendo una compleja red de organizaciones no gubernamentales (ONG) cuyo eje central de preocupación era velar por la defensa de los DD. HH. en las Américas. Por tanto, es lógico que un gobierno latinoamericano de tipo autoritario, que además tenga entre sus concepciones centrales un profundo desprecio por la temática jurídica y, en especial, por todo aquello que se relaciona con los mecanismos de protección de los DD. HH., tendría serios problemas con el mundo exterior.

De allí es fácil concluir que, durante la década de 1990, las relaciones entre el gobierno peruano y los organismos internacionales dedicados a la defensa de los DD. HH. (en especial la Corte Interamericana de DD. HH. y ONG como Amnistía Internacional, y, a nivel gubernamental, el departamento de Estado de EE.UU. y los gobiernos de algunos países de la Comunidad Europea) serían muy difíciles y conflictivas. Por las mismas razones, la imagen que presentaba la prensa internacional más influyente era predominantemente negativa.

En el Perú existen problemas estructurales, de tipo sociocultural, que inciden en que sea muy difícil practicar un cabal respeto por los DD. HH. Un ejemplo de ello es la práctica de la tortura. (Ver Arias, César, Perú: Entre la utopía y el cinismo, Lima, 1996).

El Perú, pese al liberalismo proclamado desde 1821, ha conservado por mucho tiempo estructuras socioeconómicas coloniales; por ejemplo, la esclavitud y el tributo solo se abolieron a mediados del XIX y el trabajo gratuito en las haciendas de la sierra (un tipo de relación laboral que en Europa es medieval) rigió hasta después de 1960 en muchas zonas del Perú. Por tanto, ha perdurado hasta fines del siglo XX el racismo y un conjunto de actitudes socioculturales basadas en el desprecio a ciertos grupos de la sociedad considerados «inferiores». En una sociedad de este tipo la tortura y los tratos degradantes no llaman la atención, salvo que sean aplicados a personas que se considera «respetables». Por ello la tortura, pese a su ilegalidad, fue tolerada socialmente mientras fuera aplicada como rutina en las investigaciones policiales y utilizada contra sospechosos que eran pobres, «cholos» y con antecedentes dudosos.

El asunto de la tortura estalló al inicio de la lucha antisubversiva cuando la policía torturó a un sospechoso que era de clase media, apellidos extranjeros y sobrino de un obispo. Pese a la airada reacción de la prensa y los políticos que estaban ligados o simpatizaban con el gobierno de inicios de los 80, la jerarquía insistió en sus denuncias y, más adelante, diversas instituciones hablaron sobre el tema. El problema es que la cuestión de la tortura no nació con la lucha antisubversiva, es una cuestión tan antigua como el país, pero que en esta coyuntura adquirió un nuevo sentido.

Algo parecido ocurre con otros aspectos del problema de los DD. HH. y así el racismo subyacente en diversos sectores de la sociedad llevó a que la aplicación de la estrategia francesa de contrainsurgencia en la sierra del Perú generara formas especialmente brutales de represión, como masacres en aldeas campesinas, matando a toda persona que se pudiera atrapar.

De modo que estas cuestiones son socialmente muy complejas y no sería justo pretender considerarlas responsabilidad del fujimorato. Aquí no se vivió una situación comparable a la de Chile, en que una dictadura impuso sus brutales métodos luego de décadas de democracia y respeto por los DD. HH.

En el Perú de los 90 el problema de graves violaciones de DD. HH. se venía arrastrando desde 1981, es decir, desde que se inició la lucha antisubversiva. Ello implica que en regímenes plenamente democráticos hubo excesos represivos. Lo característico de los 90 es que esos excesos se dieron en un contexto diferente: el de un régimen que no respetaba las formas jurídicas demoliberales y dirigía un conjunto de acciones que implicaban violar DD. HH. no solo contra los subversivos alzados en armas, sino contra opositores democráticos que actuaban dentro de los límites de la tradición de las oposiciones parlamentarias y periodísticas.

Para precisar y aclarar los hechos, se debe decir que en tiempos de Belaunde y García hubo excesos represivos cometidos por sectores de la policía y las fuerzas armadas y, en todo caso, hubo negligencia y falta de control civil, por no existir una coherente estrategia contrasubversiva. Bajo el fujimorato lo que se hizo fue trasladar la metodología militar de lucha contra la subversión para el copamiento de la sociedad civil. (Ver Degregori, Op. Cit.).

Esto último fue posible debido a que Fujimori fue elegido luego de una etapa de gran desorden, en la cual la gobernabilidad fue puesta en tela de juicio e incluso algunos temieron que los subversivos, y en especial Sendero Luminoso, pudieran derrotar a las fuerzas del orden y tomar el poder, o, generar una especie de «libanización» del Perú.

Aprovechando este clima de miedo, incrementado hasta el paroxismo por los medios de comunicación (en especial la televisión), que hacían de sicarios del régimen, fue renaciendo una actitud sociocultural autoritaria, alentada por los discursos públicos de un jefe de estado que no tenía rubor alguno en lanzar duras críticas no solo contra los otros poderes del estado sino que atacaba duramente (generalmente en recintos castrenses) a las organizaciones defensoras de los DD. HH. a partir de la idea, difundida por cierta prensa desde mucho antes, de que ellas solo se preocupaban de los derechos de los subversivos.

A partir de aquí le fue relativamente fácil al presidente empezar a satanizar el concepto mismo de derechos humanos en nombre no solo de una eficaz lucha antisubversiva sino del patriotismo, debido a que muchas organizaciones extranjeras se quejaban por las violaciones de DD. HH. en el Perú. Entonces un régimen que vendió, a veces a precio vil, el patrimonio nacional, que sobrepagó deuda y cuyo máximo caudillo y presidente del Perú era japonés, se colocaba el uniforme de patriota y nacionalista solo cuando se trataba de defender su «derecho» a perpetrar violaciones de DD. HH. En esta política el régimen tuvo importantes aliados. El primero de ellos fue el ala conservadora de la iglesia, liderada por monseñor Cipriani (del Opus Dei), cuya locuacidad contra los críticos del régimen, y en favor de las medidas autoritarias y antidemocráticas, jugó un rol muy importante en la satanización de los defensores de los DD. HH. Con el obispo estuvieron laicos ligados a diversas organizaciones católicas tradicionalistas, los cuales, debido a su mentalidad autoritaria, tendían a considerar la defensa de los DD. HH. como un estorbo en la lucha contra la subversión.

Es necesario precisar que la actitud del sector conservador de la iglesia no la comprometió institucionalmente. Entre los defensores de los DD. HH. destacaban grupos ligados a los sectores progresistas de la iglesia. En el caso de los campesinos de San Ignacio, vejados por defender 49 mil hectáreas de bosque, apresados injustamente y torturados para que se autoinculparan del delito de terrorismo (en verdad se buscaba defender el interés de una compañía maderera que pretendía arrasar el bosque de San Ignacio), jugó un rol muy importante el obispo de Jaén, monseñor Igúzquiza S. J., quien se comprometió íntegramente en su defensa. Podemos hablar asimismo de monseñor Cantuarias en Piura, monseñor Bambarén en Chimbote, los obispos del sur andino, los sacerdotes Gustavo Gutiérrez y Juan Julio Wicht S J. Por último, el arzobispo de Lima, cardenal Augusto Vargas Alzamora, pese a su conservadurismo, tuvo (quizá por su formación de jesuita) la suficiente capacidad crítica y la perspicacia como para descubrir, desde los primeros tiempos, el verdadero carácter del régimen, y, asimismo, la suficiente formación evangélica que le permitió tener como primera preocupación a los pobres, sufrientes y vilipendiados; por ello su actitud fue siempre crítica, y, en algunas ocasiones, fue bastante duro en sus declaraciones.

El problema durante los años 90 fue que los grandes medios filofujimoristas destacaban las afirmaciones públicas de los católicos conservadores como si fueran el punto de vista de «la iglesia», lo que distaba mucho de ser verdad, pero contribuía a crear una confusión entre los sectores menos informados y más numerosos. Esta situación se hacía más grave porque los sectores conservadores de la Iglesia eran más propensos a hablar públicamente y sus declaraciones fueron recogidas en forma más amplia por los medios. (Ver Arias, El Perú entre la utopía y el cinismo, Op. Cit.).

El apoyo intelectual al autoritarismo y la manga ancha para violar DD. HH. fue dado por la Dra. Beatriz Ramacciotti, embajadora del Perú ante la OEA. Ella defendió en su integridad la legislación antiterrorista y cuestionó el rol de las organizaciones defensoras de los DD. HH., así como cualquier tipo de cuestionamientos en este tema específico o en las críticas que se harían posteriormente al autoritarismo del régimen; el último canciller del gobierno fujimorista (destacado jurista y profesor de filosofía del derecho) defendió el relativismo cultural como justificación para el pobre desempeño del fujimorismo en estas materias, señalando que las normas de DD. HH. obedecen a la tradición cultural de Occidente, lo cual es cierto. Lo que habría que preguntarse es si el Perú es o no un país occidental, tal y como lo sostuvo durante décadas la derecha peruana para criticar el «tercermundismo» de Velasco. Sí somos occidentales, globalizados e insertados en el mundo en casi todos los temas, y, contradictoriamente, no seríamos occidentales en un solo asunto: los DD. HH. Este tipo de argumentaciones huele a «teoría de la justificación», cuyo objetivo es no solo bendecir las acciones del régimen sino la actuación del propio canciller que avaló con entusiasmo los legicidios y atropellos del régimen.

También otro ex ministro de Relaciones Exteriores, que además fue congresista y vicepresidente, ensayó una defensa del autoritarismo a partir de una crítica a las ONG, a las cuales señaló como poderes no elegidos y que no dan cuenta a nadie de sus acciones. Estas organizaciones, unidas a ciertas instituciones internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de DD. HH., constituirían una auténtica amenaza para los gobiernos (estos sí elegidos) y, lo que es más grave, la soberanía de los estados.

Lo interesante es que los defensores de un régimen cuyo máximo caudillo se declaró «fondomonetarista» en tono desafiante y en un acto tan solemne como es un mensaje leído ante el congreso de la república, se proclamen soberanistas. Si aceptamos que tuvieron un liberalismo cojo (solo aceptaron la pierna económica), lo mismo ocurre con la globalización (solo es buena cuando se trata de economía).

El problema es que esas formas parciales, y por tanto curiosas, de liberalismo y globalización no son invento del Perú de los 90. Un antecedente muy cercano fue el Chile pinochetista, fuente casi abierta de inspiración para muchos defensores ideológicos del autoritarismo peruano.

Como era fácil de imaginar, este debate llegó a los medios de comunicación y la mayoría de ellos evitó tocar un asunto tan conflictivo, limitándose a reproducir las opiniones de quienes formaban parte o simpatizaban con el oficialismo; esa fue la actitud de casi la totalidad de la TV (los programas de César Hildebrandt constituyen un caso aparte), la mayor parte de los informativos radiales y la gran mayoría de la prensa escrita.

Casos especiales fueron algunos medios escritos cuestionadores (Caretas y La República, sobre todo) que rechazaron de modo permanente el autoritarismo y las violaciones de DD. HH. En un momento (cuando fue dirigida por Ricardo Uceda) la revista Sí jugó un rol muy importante al descubrir las fosas donde estaban enterrados los semicalcinados restos de las víctimas de La Cantuta. Estos medios sufrieron presiones económicas dirigidas a las empresas que avisaban allí; y, chuponeos telefónicos, seguimientos y amenazas a sus periodistas.

Así como en el caso de los campesinos de San Ignacio, la iglesia (el sector progresista de ella) jugó un rol decisivo, junto con el diario La República, en el caso de la masacre de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), fue el propio CCD (Congreso Constituyente Democrático), y, dentro de este cuerpo legislativo, el congresista Henry Pease, quien hizo la denuncia y los congresistas Roger Cáceres y Gloria Helfer quienes investigaron los hechos.

La tragedia ocurrió en pleno 1992, cuando Sendero Luminoso inició una ofensiva en la capital haciendo explotar coches-bomba. La lucha contrasubversiva, como sabemos, era dirigida en forma paralela por la Dincote (dependiente de la policía) y el SIN (dependiente de las fuerzas armadas). Mientras la Dincote buscaba capturar terroristas con pruebas para presentarlos a los jueces, el SIN se guiaba por sus informantes y actuaba como en una guerra, es decir, al margen de la legalidad. (Ver Arias, Op. Cit.).

De acuerdo a las versiones de diversos testigos, lo que parece haber ocurrido se puede resumir así: un grupo militar ingresó de noche al campus, algunos de sus miembros llevaban consigo listas de sospechosos y, de este modo, capturaron a los nueve estudiantes y un profesor. Hubo el caso de una estudiante que fue secuestrada y sin embargo regresó al cabo de un tiempo, golpeada y llorosa, según los testigos. (Ver ibídem).

Luego los estudiantes y el profesor habrían sido ejecutados sumaria e ilegalmente en las proximidades de la carretera Ramiro Prialé y sus cadáveres enterrados en una zona cercana. Posteriormente los restos de las víctimas habrían sido trasladados a Cieneguilla y quemados. La revista Sí, cuyo director era Ricardo Uceda, hizo un detallado trabajo de investigación, en el cual destacó Edmundo Cruz. Cuando la publicación de lo investigado salió a la luz, se destapó este hecho terrible y, como reacción, se alzaron voces como la de la congresista Martha Chávez, señalando que en vez de descubrir el contenido macabro de esas fosas, la revista debió haber informado al ministerio público, institución que ya estaba siendo manejada con mano de hierro por la Dra. Blanca Nélida Colán y cuya objetividad era más que relativa.

Mientras la prensa crítica mostraba el lógico espanto por semejante descubrimiento, la mayor parte de la TV callaba, y los diarios gobiernistas acogían la increíble tesis del «autosecuestro». Al final se descubrió casi toda la verdad, los cuerpos fueron identificados gracias a un examen de ADN hecho en Inglaterra, los culpables fueron identificados y procesados por la justicia militar. Posteriormente una ley de amnistía los liberaría.

Quizá la mayor muestra de obscena mezquindad por parte de las autoridades del régimen fue entregar a los parientes de las víctimas los restos de sus seres queridos en cajas de leche Gloria, como si se deseara humillar a los deudos, que habían logrado conocer una verdad que era molesta a las autoridades fujimoristas. En una manifestación de protesta, efectuada al poco tiempo, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica se colocó como sombreros cajas de leche Gloria, como signo de muda y simbólica protesta.

La masacre de Barrios Altos, en la que murieron 16 personas asesinadas por un grupo de hombres que portaban armas automáticas con silenciador y que descendieron de dos vehículos con circulinas, no ocasionó tanto eco sociopolítico, por lo menos en los primeros tiempos. Quizá la razón principal pueda estar en que fue el primer atropello violento efectuado en los tiempos aurorales del régimen que presidía Alberto Fujimori. Las investigaciones posteriores apuntaron también al denominado Grupo Colina, compuesto por militares en actividad que dependían de los servicios de inteligencia.

Luego de 1995 se producirían nuevos hechos que, aparte de constituir atropellos a los DD. HH., generaron graves consecuencias políticas: el asesinato y mutilación de la agente del SIE Mariella Barrete y las torturas a Leonor La Rosa; el despojo al empresario Baruch Ivcher; y la defenestración de tres magistrados del Tribunal Constitucional. (Ver más adelante).

Un complemento de las violaciones de los DD. HH. fue el conjunto de operativos sicosociales, operativos que son parte de lo que Degregori llama utilización de métodos de guerra en la pugna política (ver Degregori, Op. Cit.); por ello, en los regímenes influidos fuertemente por las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia generan artificialmente temas intrascendentes para distraer al pueblo de cualquier situación que pueda debilitar al gobierno.

El primer operativo, atribuido a un siquiatra que asesoró al gobierno militar en estos temas, fue la virgen que llora. El escándalo mediático duró varias semanas, en tanto que la jerarquía de la iglesia, prudente como siempre, prefirió el silencio. El asunto se desmoronó cuando un sacerdote, que es también bioquímico, hizo llorar un huaco en un programa matinal de TV.

El siguiente operativo tuvo que ver con la captura, en Colombia y por la Interpol, del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias «Vaticano», quien podía actuar gracias a que sobornaba a las autoridades de la zona y, al parecer, también al hombre más poderoso del Perú. El operativo buscaba ocultar estas incómodas verdades.

El gobierno acusó a «Vaticano» de terrorista (por financiar a los subversivos) y lo envió al fuero militar, porque allí el juicio era reservado. Para evitar cuestionamientos, la Dinandro comenzó a citar a Susan León, el estilista «Choco», el cómico «Chibolín» y a varias ex reinas de belleza. Este solo hecho movilizó a los medios de comunicación como si se hubiera arrojado una pierna de cerdo a un río lleno de pirañas. Los temas de fondo no fueron tocados.

Un operativo casi permanente fue el caso del ex presidente Alan García, cuya eventual extradición era planteada siempre que el gobierno tenía cuestiones que ocultar. El operativo tenía un formato muy parecido: algunos medios de comunicación filofujimoristas entrevistaban al procurador encargado del caso o al congresista Olivera (obsesionado por el mismo) y destacaban la noticia que inmediatamente «rebotaba» en la gran mayoría de los medios.

El asunto tenía un carácter farsesco porque era muy claro que la tan mentada extradición era poco menos que imposible. Si bien existían indicios, no habían pruebas concluyentes para que un tribunal extranjero decidiera enviar a un ex mandatario ante la justicia peruana; más grave aún era que el poder judicial que reclamaba a Alan García carecía de autonomía luego de abril del 92 y, por tanto, no ofrecía garantías de imparcialidad y seriedad; a esto se sumó la «ley de contumacia», norma legal que anulaba el plazo de la prescripción a los acusados por delitos de corrupción que no comparecen ante la justicia.

El problema fue que esa ley era posterior al caso García y los tribunales peruanos se la aplicaron retroactivamente. Cualquier estudiante de primer ciclo de derecho sabe que ninguna ley tiene efecto retroactivo, y, en el derecho penal, solo es posible aplicar una norma de este modo si favorece al reo, cosa que no ocurría con García en este caso. Pretender aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un acusado es un hecho que no iba a ser aceptado por ninguna corte de ningún país civilizado.

Pero, conociendo que la inmensa mayoría del pueblo ignora estas cosas, era posible hacerles comulgar con semejantes ruedas de molino. Pero la cúpula del fujimorato sabía perfectamente que le era imposible extraditar a Alan García, se trataba simplemente de otro engaño dirigido a los millones de inocentes e intonsos que pulularon en el Perú de aquel tiempo. Era, como en el caso de los subversivos, una manipulación de inspiración estalinista como aquellas que describió S. Koch en un libro ya citado.

En el segundo quinquenio fujimorista vendrían otros operativos: el retiro peruano de la competencia contenciosa de la CIDH con el pretexto de que esta instancia supranacional quería liberar a cuatro emerretistas chilenos. En verdad la corte, a partir de serias fallas procesales, no planteó ninguna liberación sino un nuevo juicio, algo perfectamente razonable. La razón real del retiro era evitar el cumplimiento de una sentencia posterior disponiendo la devolución de Frecuencia Latina a Baruch Ivcher. La gran mayoría de los medios y políticos de oposición cayó en el juego y defendió la necesidad de cumplir la sentencia, solo el caricaturista Heduardo señaló que es imposible tolerar que: «se le devuelva su canal al terrorista Baruch Ivcher», mostrando así mayor capacidad de análisis político que la mayor parte de la oposición política y periodística.

La ligazón entre un régimen que, por trasladar los métodos de la guerra a su conflicto con la oposición democrática, despreció los DD. HH., y, la habilidad mostrada por los jerarcas del mismo para efectuar operativos sicosociales, es clara: los operativos servían para ocultar los problemas políticos reales, entre los cuales destacaban las violaciones de los DD. HH. y del estado de derecho.

3. EL CONFLICTO DEL CENEFA

Para poder ver claramente los graves problemas que afrontó nuestro país a consecuencia de este enfrentamiento, es necesario empezar diciendo algo acerca de las actitudes del régimen con relación a la política exterior. En julio de 1990, el Sr. Fujimori desconocía casi totalmente las cuestiones ligadas a la política externa y al cuerpo diplomático, y algo parecido ocurría con la gran mayoría del entorno presidencial.

Un caso especial fue el de uno de los intelectuales que se aproximó a Fujimori en la etapa de la segunda vuelta electoral: doctorado en filosofía, de pasado izquierdista y formación marxista, el primer secretario del consejo de ministros era un conocedor de la problemática internacional y de las relaciones del Perú con su entorno externo. El problema de este personaje era su profunda animadversión hacia el cuerpo diplomático.

Por ello es que, pese a que Fujimori nombró como primer canciller a un diplomático tan destacado como el embajador Marchand, este ministro de Relaciones Exteriores se sintió en la obligación de renunciar por el maltrato del entorno presidencial al cuerpo diplomático, al demorar excesivamente y sin justificación los ascensos correspondientes. En los meses siguientes, durante la etapa en que el Sr. Blacker ejerció la cancillería, el clima de hostilidad y presiones hacia los diplomáticos se multiplicó, pero fue el Dr. Oscar De La Puente quien tiene el más que dudoso honor de haber firmado la infame resolución que, sin motivo alguno, cesó a 117 diplomáticos (muchos de ellos, los más brillantes de sus promociones), con lo cual Torre Tagle quedó fuertemente debilitada. Naturalmente, los tecnócratas, empresarios y analistas de inteligencia que dañaron de modo tan irresponsable a una institución fundamental de la república, no pensaron jamás que antes de tres años el Perú viviría un conflicto externo.

En el caso de las fuerzas armadas ya conocemos el proyecto montesinista de convertirlas en una especie de guardia pretoriana al servicio del régimen, con los consecuentes pases al retiro de oficiales capaces y de alto nivel profesional. A esto se suma el que los servicios de inteligencia, preocupados en espiar a la oposición democrática, descuidaron casi totalmente el frente externo.

Por tanto, en 1995 el Perú tenía problemas preocupantes en la cancillería y en las fuerzas armadas; y la causa era la misma: el autoritarismo de un régimen que además parecía sentir un olímpico desprecio por las instituciones del Perú.

En lo referente a material bélico, el Perú carecía de armamento de última generación, pues la mayor parte del que disponía había sido adquirida en la década de 1970. En términos exclusivamente cuantitativos, existía superioridad sobre el Ecuador, pero el gran problema para nuestras fuerzas armadas era la operatividad del material. Esto significaba que una proporción de nuestros tanques, buques y aviones no podía funcionar por falta de mantenimiento y repuestos.

Pero lo central de los problemas del Perú estaba en la expulsión de mandos capaces y de alto nivel, el escaso conocimiento de lo que haría Ecuador y la falta de claridad en las máximas autoridades políticas. Estos hechos merecieron las críticas de algunos sectores de la oposición (el Perú vivía los inicios de la campaña electoral) y de algunos analistas políticos. El periodista César Hildebrandt, en su columna del diario La República, criticó con mucha dureza al inexperto canciller Goldemberg y al servicio de inteligencia.

El oficialismo respondió a través de sus voceros políticos y periodísticos que las críticas de cualquier signo favorecían al Ecuador y que no se debía «politizar» el conflicto. Estos argumentos eran consistentes con la mentalidad autoritaria del fujimorismo. En todas las democracias las guerras son parte del debate político, periodístico y parlamentario; los ejemplos de Clemenceau en la I Guerra Mundial y de Churchill en la II Guerra Mundial son elocuentes.

De otro lado, es imposible «politizar» un conflicto bélico porque siempre es político; más aún, la clásica definición de la guerra es: «la continuación de la política por otros medios»; esto quiere decir que los objetivos de toda guerra son políticos y que los militares están subordinados a los políticos. Por tanto, es un sinsentido acusar a alguien de politizar lo que, en su esencia misma, es político.

Los críticos tuvieron, por lo menos, parte de razón porque en ese conflicto el Perú perdió cinco aviones y, al momento del cese de fuego, no quedó claro si las tropas ecuatorianas habían sido desalojadas del territorio peruano, pese a que Fujimori anunció la toma de Tiwinza al momento de hacer público el cese de fuego. El Sr. Fujimori nunca fue a Tiwinza y no demostró con su presencia que ya no habían tropas ecuatorianas en territorio peruano.

El contraste con el conflicto de 1981 no pudo ser más elocuente. En aquel tiempo las tropas peruanas expulsaron a los soldados ecuatorianos de «Falso Paquisha», y, posteriormente el presidente Belaunde levantó la bandera en el territorio recuperado. Recién después de este operativo militar exitoso, el Perú aceptó el cese de fuego.

En el aspecto diplomático, en 1981 el gobierno belaundista resistió los cantos de sirena que pedían la purga de diplomáticos velasquistas y el canciller Arias Stella, pese a ser médico patólogo (lo que generó ácidas críticas de los opositores de aquel tiempo), era un político experimentado, pues había sido fundador de AP en la década de 1950. Arias Stella fue a una reunión de la OEA y refutó brillantemente a su colega ecuatoriano.

En 1995 un canciller desconocedor de la problemática y, sobre todo, carente de experiencias política, fue el trágico complemento de una Torre Tagle mutilada y desmoralizada. Felizmente el embajador Eduardo Ponce pudo lograr la intervención de los garantes del Protocolo de Río y, de este modo, se inició el camino hacia el arreglo que parece definitivo.

Aquí se pudo apreciar la falacia que se escondía en algunos aspectos centrales de la esencia misma del fujimorato: en primer lugar la idea de que las relaciones exteriores deberían centrarse en lo económico porque, en la era de la globalización, los conflictos fronterizos carecen de sentido. Por ello se cerró temporalmente la Academia Diplomática y posteriormente se la reabrió con criterios tecnocráticos y economicistas.

Una segunda falacia fue la idea del «empresario sabio»; bastaba serlo para merecer, por ese solo hecho, ocupar un cargo político (al parecer ese fue el mérito de Goldemberg). Era la misma lógica del velasquismo, solo que en los 90 los sabios eran empresarios y no militares.

La esencia de ambos errores es la visión tecnocrática y autoritaria de la política. En verdad la política debe ser manejada por políticos, es decir, por una élite proveniente de partidos sólidos y estructurados, con una formación generalista y con experiencia previa en la política. Así funcionan las grandes democracias estables y bien gobernadas.

Las dictaduras siempre difunden la animadversión hacia la política. Pero como es imposible que esta actividad desaparezca porque ella estará presente mientras haya estado y gobierno, lo que se desacredita es la política democrática. Una de las críticas más extendidas es anteponer técnica a política; la primera es presentada como seria y eficiente, y, la segunda como demagogia, irresponsabilidad y resultados desastrosos.

El problema de todas las dictaduras es que la clase política es necesaria porque no existen soluciones técnicas a los problemas políticos. Justamente este asunto se demostró brutalmente en el conflicto del Cenepa: no tuvimos un manejo político ni de las relaciones exteriores ni de la defensa nacional.

En conclusión, el Perú pudo ahorrarse un conflicto fronterizo, y los muertos, heridos y mutilados que este generó, si Torre Tagle no hubiera sido debilitada y si nuestra cancillería hubiera tenido una conducción política de alto nivel, lo cual hubiera significado el plantearse la posibilidad de un conflicto de este tipo. Asimismo, el Perú hubiera necesitado tener unas fuerzas armadas bien comandadas, altamente profesionalizadas, con material operativo y con un SIN dedicado a conocer lo que planeaba nuestro vecino del norte en vez de convertirse en una especie de gestapo peruana dedicada a espiar a la oposición democrática y a manipular al pueblo mediante los tristemente célebres operativos sicosociales.

III. EL AFÁN CONTINUISTA

Y LAS PRIMERAS GRIETAS

1. LA ESTRUCTURA DE LA CORRUPCIÓN

En el Perú la corrupción constituye un problema estructural y sabemos algo de ella desde que se organizó el régimen colonial (de la época prehispánica no tenemos fuentes que nos hablen de esta materia). En aquella época la gran mayoría de las estructuras administrativas de los gobiernos europeos era corrupta: los funcionarios estaban mal pagados y se beneficiaban con el cobro a las personas que requerían hacer algún trámite en oficinas estatales; a ello debe sumarse que el sistema económico mercantilista, con intervencionismo estatal y su obsesión por patentes y permisos, fomentaba aún más la corrupción.

La guerra de independencia (en gran medida una guerra civil) debilitó las estructuras administrativas coloniales, pero no eliminó el estilo corrupto de administrar que era ya una tradición entre los criollos, que terminaron dueños casi indiscutidos del estado republicano.

Cuando se incrementó la riqueza del estado, gracias al guano, fue ese aparato estatal el que otorgó las famosas concesiones a un grupo de empresarios que se enriquecieron gracias al favoritismo estatal. Pero quizá lo más grave es que en las obras positivas hechas gracias a esa riqueza, la emancipación de los esclavos, la construcción de los grandes ferrocarriles, la corrupción estuvo presente.

En efecto, sea inflando con fallecidos las planillas de esclavos (para cobrar indemnizaciones) o con las clásicas coimas cobradas en las obras públicas, el asunto es que el período de riqueza, avances sociales (fin de la esclavitud y el tributo) y grandes obras públicas (ferrocarril central y ferrocarril del sur) fue también un período muy corrupto.

La primera modernización del siglo XX, el «oncenio» de Leguía fue una etapa autoritaria de relecciones sucesivas, endiosamiento del Júpiter presidente, obras públicas, modernización institucional y corrupción impune. Pero, como lo anota Jorge Basadre en su Historia de la República, Leguía personalmente no se benefició de esa corrupción. El mandatario ingresó rico al poder y fue derrocado teniendo mucha menos fortuna.

Lo que al parecer ocurrió es que Leguía no quiso lucrar personalmente, pero consideró que la corrupción era un mecanismo efectivo para obtener áulicos serviles a los caprichos del poder autoritario.

En las etapas siguientes fueron sobre todo los gobiernos autoritarios o dictatoriales los que crearon el clima para la corrupción impune; en las frágiles democracias del siglo XX, pese a las oposiciones parlamentarias y a la prensa libre, hubo notorios casos de corrupción porque el cobro de porcentajes en la construcción de obras públicas, por citar un ejemplo, se fue convirtiendo casi en una costumbre.

La creciente presencia social del narcotráfico, a partir de los años 70, fue generando nuevas formas de corrupción que afectaron a gobiernos y grupos políticos. En el segundo gobierno de AP fue el caso del traficante «Mosca Loca» el que complicó a un senador del partido de gobierno y a parte de la policía; algo similar ocurrió a mediados de esa década con otro narcotraficante: Reinaldo Rodríguez López. El gobierno del APRA fue acusado de vínculos con Carlos Lamberg.

En tiempo de Belaunde hubo célebres destapes periodísticos en torno a la compra de los buques Mantaro y Pachitea, y al pago de la deuda al grupo venezolano Vollmer. Durante el gobierno de Alan García se acusó incluso al mandatario, vinculándolo con supuestas coimas ligadas a la construcción del tren eléctrico para la ciudad de Lima, se habló de múltiples negociados con los «dólares MUC» por parte de algunos empresarios ligados al régimen, y a parti r de una recompra de deuda externa, así como por la reducción de la compra de aviones Mirage 2000, donde algunos ligaron al entonces presidente con el supuesto traficante Abderramán-El-Assir.

Hubo otras acusaciones contra el presidente García pero la acusación de la cámara de diputados no presentaba pruebas sino solo indicios (el autor leyó el texto de esa acusación cuando trabajaba en la unidad de investigación de Panamericana Televisión); más adelante, el autogolpe, al quitarle independencia y seriedad al poder judicial, eliminó toda posibilidad de procesar al ex mandatario, porque en esas condiciones una extradición sería poco menos que imposible.

Fujimori utilizó, desde la campaña, la muletilla de la lucha contra la corrupción: él sabía que era un tema popular, dada nuestra historia en esa materia. Una vez en el poder, esa temática fue empleada para atacar despiadadamente a las instituciones que son pilares del estado de derecho. El discurso golpista se cubría con la piel de cordero de la moralización.

En marzo de 1992 se habían agriado las relaciones entre ejecutivo y legislativo, porque este último revisó algunos decretos legislativos vinculados al tema de pacificación (en especial aquellos que pretendían darle poderes omnímodos al SIN). En este contexto, la Sra. Susana Higuchi, esposa del jefe del estado, dio una conferencia de prensa en la cual acusó a miembros de la familia de su esposo de hacer mal uso de la ropa donada por el Japón y destinada a los pobres del Perú.

El diputado Fernando Olivera planteó constituir una comisión investigadora. Pero esta idea, si bien tuvo respaldo, no pudo materializarse pues el 5 de abril el presidente Fujimori se presentó en cadena de televisión y anunció el autogolpe. Las fuerzas armadas ocuparon los medios de comunicación e impusieron la censura; se arrestó en sus domicilios a los presidentes de las cámaras legislativas. Además se detuvo al periodista Gustavo Gorritti, al ex ministro Agustín Mantilla, al diputado Yehude Simón y a dirigentes sindicales y populares. La vivienda del ex presidente García fue asaltada por tropas, pero el ex mandatario logró escapar. En la persecución las tropas penetraron en el jardín de la residencia del embajador de la CE Sabato de la Monica.

El presidente anunció el golpe un domingo en la noche. Al día siguiente, lunes, había tanques y soldados armados en las calles de diversas ciudades. Ese mismo día se ocupó militarmente el poder judicial y se pudo filmar y fotografiar a soldados arrojando en camiones militares numerosos expedientes judiciales. Para algunos observadores, el ex abogado de narcotraficantes Vladimiro Montesinos trataba de curarse en salud. Los hechos demostrarían que esa interpretación fue demasiado parcial, pues en el fondo Montesinos quería no solo proteger su turbio pasado sino impedir cualquier futura investigación seria a cargo del poder judicial o del ministerio público. El ex capitán y abogado Vladimiro Montesinos quería mucho más: se preparaba para dirigir un complejo y sofisticado imperio de corrupción jamás visto en nuestra historia republicana.

Solo un pueblo ingenuo y con reflejos autoritarios se pudo tragar una rueda de molino como esa del dictador que moraliza. No hubo golpe en la historia latinoamericana que no invocara la corrupción y la necesidad de moralizar el país para justificar sus ilegítimas acciones. La historia de esta región ha mostrado una y otra vez que las dictaduras engendraron mayor corrupción que la existente en los regímenes democráticos. Casi nadie pensó sensatamente, porque desde 1987 la gran mayoría estaba deseando un Pinochet, inspirada en una mitológica visión del dictador chileno.

Vistas las cosas con la perspectiva que da el tiempo, es fácil coincidir con los autores del documento «Libro abierto de la corrupción fujimorista» (ver http:www.geocities.com/aprodeh), quienes sostienen que el objetivo central del autogolpe fue tomar por asalto el poder judicial y el ministerio público no solo para borrar huellas del pasado y protegerse de eventuales acciones judiciales en el futuro, sino para utilizar esos poderes otrora autónomos como instrumentos contra sus adversarios.

A partir de allí se construyó una sofisticada red de corrupción que tenía dos ejes principales: el dinero del narcotráfico y los negociados ligados a la compra de armas. Con respecto a lo primero, las autoridades del fujimorato persiguieron a los narcotraficantes que no estaban ligados al «Doctor», pero le dieron carta blanca a sus protegidos. Es esto lo que explica el caso «Vaticano» (es decir, la denuncia de ese traficante diciendo que le pagaba 50 mil dólares mensuales a Montesinos), el «narcoavión», los «narcobuques» y el hecho casi increíble que se encontrara cocaína en el avión presidencial en vísperas de un viaje de altas autoridades a Rusia.

La compraventa de armas fue la segunda fuente de dinero corrupto. Ello explica no solo la venta de armas a las EARC a fines del régimen, sino la compra de aviones Mig-29 a Bielorrusia, sin posibilidad de obtener repuestos y a un precio mucho mayor que el de mercado; incluso se dijo que solo unos pocos aviones estaban operativos (ibídem). Ello también explica casos menos notorios como la compra de cañones Ottomelara (a través de Sergio Siragusa, representante de esa firma italiana, el mismo personaje comprometido en una acusación de soborno en el caso del tren eléctrico de Lima); otros casos notorios fueron la «donación de aviones Antonov» y el doloso alquiler de un helicóptero peruano a la ONU, cuyo monto fue pagado a una cuenta privada en Suiza.

Con estas fuentes de dinero negro, que sumaban millones de dólares anuales, el «Doctor» no solo se hizo de una fortuna de más de mil millones de dólares, sino que pudo disponer de una «caja chica» para utilizarla en la corrupción de funcionarios de los más variados niveles.

De este modo jefes militares, fiscales, jueces, altos funcionarios del poder ejecutivo, periodistas, congresistas y empresarios corruptos fueron creando una compleja red de impunidad y complicidades, mientras a través de los medios de comunicación se escuchaba una y otra vez el discurso presidencial acusando a los «políticos tradicionales» de estar ligados a la corrupción y de oponerse a su gobierno justamente por esa razón.

Al lado de esa «gran corrupción» hubo casos menores ligados a otras estructuras de poder; por ejemplo, negocios con la deuda externa como la inclusión de acreedores comerciales en el Plan Brady: deudas por los buques Mantaro y Pachitea, deudas de Ferrostal (submarinos) y la AIG, la aseguradora que pagó a la Belco por la expropiación. A lo anterior se suma la extraña situación de las reservas del Perú (más de ocho mil millones de dólares), colocadas en el exterior sin que nadie sepa dónde. A ello es posible sumar el «caso Popular y Porvenir», es decir, el dominio casi total de esa compañía de seguros de propiedad estatal por parte de la familia Miyagusuku, ligada a lo largo de décadas a la familia Fujimori. Curiosamente, la fiebre privatizadora lo llevó a esa compañía.

2. LA LEY DE INTERPRETACIÓN AUTENTICA Y LA DEFENESTRACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En agosto del 96, poco tiempo después de la relección del presidente Fujimori, el congreso aprobó la «ley de interpretación auténtica», promulgada luego con sorprendente celeridad por el jefe del estado. En su parte medular, dicha norma establece: «la reelección a que se refiere el Art. 112 está referida y condicionada a los mandatos iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional»; en resumen, la elección de 1990 no cuenta porque Fujimori había sido elegido de acuerdo a la carta de 1979 (la cual prohibía la relección inmediata). Es necesario recordar que, durante el debate en el CCD, el presidente de la comisión de constitución, Dr. Carlos Torres y Torres Lara, hizo una interpretación diametralmente opuesta, según fue destacado en los diarios de oposición al aprobarse esa ley.

La aprobación de dicha norma fue la base para todos los atropellos y legicidios cometidos durante el segundo mandato de Fujimori. La razón era simple: el jefe del estado y la cúpula que gobernaba con él habían optado por la perpetuación del régimen; en ese momento se hacía una forzada interpretación constitucional, y más adelante se trataría de remover todos los obstáculos que pudieran oponerse al proyecto re-releccionista.

1997 sería un año decisivo. El congreso destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) porque ellos habían declarado inaplicable la ley de interpretación auténtica; ese mismo año el gobierno, utilizando al sometido poder judicial, despojó de su nacionalidad y su propiedad (Frecuencia Latina) al empresario Baruch Ivcher.

En diciembre de 1996 el régimen fujimorista recibió un tónico inesperado: la toma de la residencia del embajador de Japón por un comando del MRTA, un grupo terrorista casi eliminado que contaba solo con unas cuantas decenas de combatientes en la ceja de selva y que, como acto desesperado, efectúa esa toma para llamar la atención mundial y negociar la liberación de sus líderes presos mediante el criminal método de la toma de rehenes.

Una acción terrorista de semejante magnitud conmovió al país y lo llevó, casi instintivamente, a cerrar filas con el gobierno. Esto lo hizo buena parte del sector político de la oposición, parte de los medios de comunicación, y, sobre todo, un gran sector de la población poco politizada, que consideraba de buen tono cerrar filas frente a una amenaza tan seria. Fujimori aprovechó bien el momento y lució como le gustaba mostrarse: duro, implacable, decidido e incluso, aunque hoy parezca una broma, «valiente».

El rescate de los rehenes mediante la «operación Chavín de Huántar», elevó la popularidad del jefe del estado, quien ese mismo mismo día se lució ante el pueblo y los medios de comunicación parado en la puerta del bus que conducía al hospital militar a los rehenes liberados. Vladimiro Montesinos apareció ante cámaras en la residencia, paseando con el presidente al lado de los cadáveres de los emerretistas, luciendo un polo color guinda.

Casi inmediatamente, entre mayo y junio del 97, estalló el escándalo del TC. A principios de 1997, el TC resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la ley que hacía posible la re-relección, presentada por el Colegio de Abogados, representado por el decano Vladimir Paz de la Barra. La resolución no fue publicada debido al problema de la toma de la residencia del embajador de Japón. Cuando salió a la luz la resolución, causó escándalo en el oficialismo.

En efecto, como para declarar la inconstitucionalidad se requerían seis de los siete votos, tres magistrados optaron por el «control difuso» y declararon la norma «inaplicable» para el proceso electoral del 2000; de este modo los tres magistrados (Aguirre, Revoredo y Rey Terry) no dijeron que la ley era «inconstitucional», pues solo con seis votos podrían haberlo hecho; para algunos observadores fue una «leguleyada» para escapar a la exigencia de los seis votos. Esto fue posible debido a que los otros cuatro magistrados se abstuvieron. Si ellos votaban en contra, no se hubiera declarado inaplicable esa norma.

La mayoría del congreso decidió impedir en el futuro cualquier tipo de control constitucional y castigar a quienes osaron poner trabas a la re-relección. En consecuencia, la mayoría fujimorista decidió expulsar del cargo a los tres magistrados que votaron por la inaplicabilidad de la ley para la elección del 2000. Lo preocupante era que esos tres magistrados no eran adversarios ideológicos del fujimorismo; es más, ellos contaron con los votos del fujimorismo en el congreso para ser elegidos. Quizá por esta razón la mayoría parlamentaria se sintió traicionada.

Como verdugo supremo de los magistrados Aguirre Roca, Revoredo Mar sano y Rey Terry fue designado Enrique Chirinos Soto, jurista y amigo personal de Aguirre Roca desde los años 50, cuando ambos formaban parte del equipo del diario La Prensa.

Como acusador, Chirinos fue el primer orador; habló desde un podio especial, citó a Vigil, a Zola, al almirante Nelson y a Catón, usó frases en latín y francés, y, concluyó pidiendo no solo la defenestración de los magistrados sino su inhabilitación por 10 años para ejercer la profesión. El debate fue uno de los más duros de ese congreso; el Dr. Aguirre se defendió personalmente y lo hizo con brillantez; los otros magistrados fueron defendidos por los abogados Valentín Paniagua y Raúl Ferrero.

La gris mayoría fue impermeable a los razonamientos jurídicos y políticos, muchos de los miembros de este grupo leyeron textos que evidentemente no habían elaborado, y votaron por la defenestración. El congresista Olivera fue suspendido por decirle «miserable» a su colega Víctor Joy Way porque este ordenó colocar a los magistrados en un rincón del hemiciclo; y, Lourdes Flores tuvo sus más duras frases al expresar el «asco moral» que le producía el actuar del gobierno.

Esta acción gubernamental generó un despertar ciudadano: de modo espontáneo, grupos de estudiantes de universidades privadas (Católica, Lima, San Martín) salieron a las calles a expresar su repudio. En días posteriores se les unieron estudiantes de universidades estatales y de otras privadas. Se iniciaba un conjunto de movilizaciones muy diferentes a las de décadas anteriores.

En el pasado las protestas estudiantiles fueron dirigidas por federaciones cuyas dirigencias pertenecían a partidos políticos (Apra, PC u otros grupos de izquierda). En la década de 1990 la FEP apenas sobrevivía, la militancia de extrema izquierda se había diluido, los dirigentes moderados que tomaron la FEP casi no tenían fuerza dentro de las universidades que nominalmente representaban.

Lo interesante fue que en universidades ajenas a la FEP, y en otras nominalmente ligadas a ella, pero al margen de las debilitadas estructuras de ese organismo, se iniciaron protestas al principio casi espontáneas, con direcciones carentes de formalidades y estructuras organizativas. Un segundo aspecto fue la falta de ligazón con los partidos y la carencia de discursos ideologizados.

La única ideología que parecía movilizar a estos jóvenes era la defensa de los valores de la democracia liberal: estado de derecho, independencia de poderes, derechos humanos; es decir, los mismos ideales de nuestros precursores y próceres a inicios del siglo XIX, ideales que habían sido muchas veces mancillados a lo largo de vida republicana, pero que estos jóvenes quisieron defender del vilipendio y el fariseísmo.

No solo se protestaba contra las violaciones al estado de derecho sino contra el discurso mentiroso que repetía ad nausean que estábamos viviendo en democracia y que se respetaba la constitución. Los estudiantes no querían, como los jóvenes de 1968, «tomar los cielos por asalto» proclamando como en París: «seamos realistas, exijamos lo imposible», sino pedían cosas muy posibles, lógicas, fáciles de hacer, que a los jóvenes de la generación de sus padres les habrían parecido metas despreciables por «burguesas».

Por último, la sencillez de los planteamientos («cumplan la constitución que ustedes impusieron») hacía mucho más fácil la unidad. Entre esos jóvenes «posgeneración X» no habían disputas entre trotskistas, maoístas, verracos o moscovitas para imponer consignas y proclamas. Todos podían actuar unidos repitiendo consignas sencillas en favor de la democracia.

Otro aspecto interesante fue la resurrección del humor, la ironía y las simbologías arruinadas por décadas de solemnidad sobreideologizada. El barrer calles, las colectas para comprar un burro y enviar en él hacia Bolivia a la congresista Martha Chávez (quien afirmó: «me voy del Perú», si se comprobaban las torturas a Leonor La Rosa), los muros de la vergüenza, los lavados de banderas, todos estos gestos y actuaciones iniciados o impulsados por estudiantes revelaban un espíritu crítico, poco solemne y antiautoritario. Las protestas juveniles de los 60 estaban inspiradas en el marxismo, eran solemnes y respondían al autoritarismo leninista; las de los 90 eran democráticas en el sentido «burgués» de la palabra, según dirían los marxistas.

Estas movilizaciones se iniciaron el 97 contra la destitución de los tres magistrados, continuaron contra el despojo a Baruch Ivcher, las violaciones de derechos humanos, la lucha por el referéndum y las protestas contra la «ley Siura», para terminar conectándose con las grandes manifestaciones contra el fraude el año 2000.

«El día que deje de indignarme habré iniciado mi vejez», dijo una vez André Gide, escritor considerado, allá por los años 30, la conciencia intelectual de Francia. Nuestros jóvenes le demostraron a un país sometido y silencioso, como si estuviera no solo espiritualmente viejo sino esclerótico, que habían peruanos que, al margen de mezquinos cálculos políticos y de ese parlamentarismo que merecería el adjetivo de «cretinismo» (según la muy recordada frase de Lenin), era posible expresar indignación y jugar fuera de las reglas del fujimorato.

Lo que empezó a mostrar la coyuntura de 1997 es que a un régimen autoritario que copa poderes e instituciones no se le puede combatir del mismo modo que a los gobiernos «normales», es decir, respetuosos de la constitución y las reglas del estado de derecho. Las protestas del 97 anticiparon las victoriosas jornadas del 2000, porque ya en ese momento empezaba a ser claro un asunto fundamental: si el fujimorato era una dictadura, no se la derrotaría con elecciones ni a través del congreso, sino en las calles y plazas.

Lo anterior fue, pues, el preludio de las acciones que derribaron al régimen. En su esencia, ambos tipos de movilizaciones partían de una ruptura con el modelo político fujimorista instaurado a partir del CCD y consolidado con la relección: elecciones plurales pero con una dosis importante de manipulación y operativos sicosociales, prensa de oposición, oposición parlamentaria pero minoritaria, control indirecto de los más importantes medios de comunicación (los que llegan a los sectores C, D y E), corrupción institucionalizada, interferencia del SIN en toda la sociedad civil, desestructuración del tejido social. Si todo esto no funcionaba bien, se recurría al fraude y la compra de tránsfugas.

Si las cosas eran así, si era casi imposible imaginar una victoria contra el régimen autoritario utilizando los mecanismos del propio sistema creado en 1992 y 1993, entonces se requería otro tipo de liderazgo y diferentes mecanismos. Una vez más los jóvenes dieron la pauta: la batalla decisiva sería en las calles. Ningún líder político de oposición hasta el Alejandro Toledo de abril del 2000, fue capaz de entender esto y extraer las lógicas conclusiones.

La razón es fácil de comprender, la mayoría de los políticos democráticos carecía de formación marxista; en consecuencia, no tenía los instrumentos intelectuales adecuados para entender la lógica del derrocamiento de un régimen (recordemos la formación marxista de quien, no por casualidad, se llama Vladimiro).

Toledo tampoco tiene (que sepamos) formación marxista, pero sí tuvo el suficiente olfato, la intuición y el asesoramiento necesarios como para entender estas cosas, y, lo más importante, el coraje y la habilidad para movilizar al pueblo buscando deslegitimar al régimen.

3. LAS AGENTES DEL SIE Y BARUCH IVCHER

El empresario Baruch Ivcher Bronstein tuvo una buena relación con el régimen fujimorista desde 1990. Quien escribe recuerda que, antes de las elecciones en segunda vuelta, vio personalmente la llegada del Sr. Ivcher a la casa del entonces candidato Alberto Fujimori. Instalado el gobierno, Canal 2 adoptó una línea informativa progobiernista y, muy especialmente, de estrecha ligazón con las fuerzas armadas en todo lo referente a la lucha antisubversiva.

En este contexto no era de extrañar que Contrapunto fuera el programa predilecto de sectores militares y que los subversivos de SL lanzaran un coche-bomba contra ese canal en un criminal y terrible atentado que causó muertos, heridos, y una gran destrucción en las instalaciones y los alrededores del mismo.

Después de la relección presidencial de 1995 se inició un cambio en la línea informativa del canal. Las razones de este viraje nunca fueron explicadas claramente por el señor Ivcher. Lo significativo es que este cambio de línea coincidió con manifestaciones de malestar al interior del aparato de inteligencia que manejaba, con mano de hierro, el Dr. Montesinos.

Como ya vimos en acápites anteriores, una de las primeras tareas del gobierno del ingeniero Fujimori fue reforzar los servicios de inteligencia no solo para la lucha antisubversiva sino para controlar las fuerzas armadas (convirtiéndolas en poco menos que guardianas del fujimorato), las instituciones y los poderes del estado peruano, y, por último, someter a la sociedad civil.

Si uno analiza esta cuestión con cierta profundidad, concluye que el proyecto tenía una esencia totalitaria: se quería individuos aislados, sin sindicatos, federaciones estudiantiles, partidos políticos, ni organizaciones autónomas de ningún tipo. Lo que no se copaba, se infiltraba o se destruía.

Los sindicatos fueron debilitados terriblemente con el modelo de capitalismo salvaje, la recesión y el predominio de los services: los pocos que tenían empleo eran mal pagados, no tenían estabilidad laboral y vivían temerosos del despido. Las federaciones estudiantiles fueron reprimidas al intervenirse las universidades de mayor tradición política; a ello se sumó el temor que inspiraba SL; y la caída del muro de Berlín y el fin de la URSS trajeron como consecuencia el desprestigio del marxismo.

Las organizaciones populares como los comités del vaso de leche y comedores populares fueron manipuladas mediante presiones económicas. Por último, se habló en medios políticos de que el gobierno fujimorista se interesó en que fuera designado arzobispo de Lima monseñor Cipriani (del Opus Dei), cuyo autoritarismo lo hacía muy cercano a la mentalidad de quienes tenían el poder real en el régimen fujimorista.

En este proceso de copamiento el SIN tenía un rol fundamental: no solo pagaba y digitaba la prensa amarilla, manejaba grupos paramilitares, alquilaba matones o delincuentes para acciones violentas de provocación, sino que también espiaba, grababa, filmaba clandestinamente y chuponeaba teléfonos. (Ver Arias, César, Perú: Un original modelo político, en Socialismo y Participación, 84).

Como sabemos, el SIN era una superestructura basada en los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y la PN. Como era lógico, el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) tenía un rol muy importante; esto era así porque allí era más fuerte el poder directo del «Doctor».

Fue en este servicio (el SIE) donde aparecieron fuertes signos de descontento y desmoralización que, al trascender públicamente gracias a Canal 2 (hoy Frecuencia Latina), se convirtieron en casos de gran impacto político. Estos casos fueron protagonizados por agentes de sexo femenino (Mariella Barreto, Leonor La Rosa, Luisa Zanatta), hecho que tiene su explicación.

Se trataba de suboficiales mujeres que trabajaban con oficiales de sexo masculino, en una institución marcada por la rigidez de las jerarquías y los valores patriarcales y machistas; a ello se debe sumar el nivel socioeconómico promedio de estas agentes y sus escasos ingresos, para completar un cuadro de vulnerabilidad. En esas condiciones era fácil que las relaciones entre oficiales y agentes se tornaran agrias y difíciles. Todo esto se hizo más grave cuando el sistema impuesto por el «Doctor» institucionalizó el dinero negro que era repartido de modo diferenciado.

Al parecer, fueron problemas personales entre la agente del SIE Mariella Barrete y el mayor Santiago Martín Rivas (con quien tuvo una hija) los que impulsaron a dicha agente a dar información acerca del Plan Bermuda, dirigido a manipular los medios de comunicación. Esta infidencia le costaría la vida: su cadáver descuartizado, sin cabeza y sin manos fue descubierto cerca de Lima.

Este hecho monstruoso motivaría una actitud similar en la amiga de Mariella, Leonor La Rosa. Según se conoce hoy, Leonor La Rosa fue llevada al sótano del ministerio de Defensa y torturada por varios oficiales que eran sus jefes; cuando su estado de salud fue muy afectado, la llevaron al hospital militar. No conocemos las intenciones últimas de quienes ordenaron las torturas y el traslado al hospital; decimos esto porque es posible que desearan su recuperación para luego seguirla torturando y, una vez obtenida toda la información que considerasen útil, hacerla desaparecer.

Es indiscutible que hechos de esta naturaleza estaban generando un clima muy enrarecido al interior del SIE; es decir, hablando en términos militares, tenían la «moral» muy baja. A esto hay que sumar otro hecho: sucesos como el asesinato de una agente y las torturas a otra tuvieron que incrementar ese clima de degradación de la moral de combate al interior del SIE, bajo el imperio montesinista.

El que una situación de este tipo coincidiera con el no explicitado cambio de actitud del Sr. Ivcher para con el gobierno, fue una coincidencia nefasta para el fujimorismo. De modo casi casual, una llamada telefónica ingresó a las oficinas de Contrapunto: se trataba de parientes de Leonor La Rosa que informaban de su paradero en el Hospital Militar; los directores del mencionado programa decidieron investigar el caso. La Rosa fue entrevistada por Pamela Vértiz de modo semiclandestino. (Conversaciones con protagonistas de los hechos).

El problema no fue solo la difusión de un hecho interno tan grave ocurrido dentro de una institución como el SIE, sino que la denuncia fuera propalada a través de un medio que llegaba a sectores de los niveles C y D. Veamos la secuencia.

El 6 de abril (1997) apareció la denuncia por las torturas a Leonor La Rosa; al día siguiente la SUNAT inició una investigación tributaria en el canal; el 9 de abril el general Guevara (del Consejo Supremo de Justicia Militar) anuncia que se abrirá proceso a la torturada Leonor La Rosa; el 13 de abril canal 2 hace públicas las facturas que muestran elevados e inexplicables ingresos declarados por el Dr. Montesinos; el 19 de abril se hace pública una denuncia de Mesmer Caries Talledo: el grupo Colina y no SL asesinó a Pedro Huilca; el 13 de mayo, mientras el congreso decide mutilar el TC, el comando conjunto publica un comunicado contra el «ciudadano naturalizado» Baruch Ivcher, en un estilo que permite recordar el siniestro precedente del «caso Dreyffus».

El 29 de mayo los hermanos Winter, accionistas minoritarios de Frecuencia Latina, se dirigen al comando conjunto expresando que no comparten la línea informativa impuesta por Ivcher. El 2 de junio el presidente declara, en una reunión con invitados extranjeros, que el periodismo que se opone al régimen lo hace para «Proteger la corrupción». Los reporteros presentes, en gesto jamás visto, lo abuchearon.

El 3 de junio se inician las marchas estudiantiles. El 19 de junio Leonor La Rosa confirma la existencia del plan Bermuda. El 13 de julio Frecuencia Latina difunde un video acerca del chuponeo telefónico. Al día siguiente la dirección de migraciones le quita la nacionalidad a Baruch Ivcher.

El 5 de agosto el juez Percy Escobar declara fundada la acción presentada por los hermanos Winter, reclamando el control de la empresa. El 5 de setiembre el juez ordenó la entrega del canal a los Winter; el 15 la sala de derecho público confirmó el fallo y el 19 los hermanos Winter ingresaron a Frecuencia Latina, amparados por el juez y la fuerza pública. Así terminó lo que los periodistas bautizaron como: «Operación Chavín de Winter».

De este modo el régimen eliminó un factor de perturbación; el equipo de Contrapunto se retiró del canal y si bien durante los primeros meses se quiso dar muestras de objetividad periodística, pronto ese canal sucumbió ante las presiones oficialistas. Los Winter tenían la plena certeza de que el fin del fujimorato implicaría el retorno de Ivcher, entonces jugaron con desesperación en favor del régimen.

Los opositores políticos de las más diversas tendencias coincidieron en considerar lo evidente: el despojo de la nacionalidad de Baruch Ivcher era ilegítimo. Formalmente, una resolución de inferior jerarquía (resolución directoral) no puede anular una de superior jerarquía (resolución suprema); de otro lado, la constitución del 93 establece cuándo un peruano pierde su nacionalidad (Art. 53) y esto no se cumplió en el caso Ivcher.

Entonces, si era nulo el despojo de la nacionalidad, todo lo demás era nulo. Solo en el Perú del fujimorato podían haber jueces, fiscales, congresistas y abogados capaces de sostener tesis distintas. Por tanto, Ivcher tenía ganada la batalla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está para muchos la razón real del retiro peruano de la competencia contenciosa de la CIDH, lo cual implicaba que el fallo de la misma decidiendo la realización de un nuevo juicio a cuatro terroristas del MRTA no era la razón verdadera de la actitud gubernamental. Basta imaginar un nuevo juicio, trasmitido al país entero, donde quedaran al desnudo las acciones que esos cuatro chilenos del MRTA jamás negaron: sería más que probable que se les declarara nuevamente culpables.

El «caso Ivcher» contribuyó en no poca medida a la mala imagen del gobierno peruano en el congreso de Estados Unidos y en los gobiernos europeos. La presencia del ex subsecretario de estado Elliot Abrams como abogado de Ivcher ganó para su causa a la extrema derecha republicana; de este modo, prácticamente todo el espectro político de Estados Unidos comenzó a ver mal al régimen de Alberto Fujimori.

A esas alturas comenzó a ser cada vez más irreal aquella visión de «materialismo histórico neoliberal», según la cual los únicos que tenían importancia eran los empresarios del mundo desarrollado, los banqueros acreedores y los tecnócratas del FMI y el Banco Mundial. En verdad, la política está influida por las fuerzas económicas, pero es una simple expresión de esos poderes, eso no lo dijo ni Marx.

Entonces los congresistas, los funcionarios del departamento de Estado, los periodistas, los dirigentes de organizaciones de derechos humanos, tenían su juego propio y también un notable peso propio. Despreciarlos, por obra y gracia de la mentalidad tecnocrática, fue quizá el mayor error del fujimorato en su trato con el mundo exterior.

EPÍLOGO: LA CRISIS FINAL

Como el gigante del sueño del rey Nabucodonosor, interpretado por el profeta Daniel, el fujimorato era tan imponente que a muchos parecía todopoderoso, pero tenía los pies de barro: bastó un líder con capacidad de movilización y dispuesto a jugar contra las reglas impuestas en 1993, para que el coloso se derrumbara con más pena que gloria.

EL «CHOLO DE HARVARD» JUEGA DIFERENTE

Alejandro Toledo es un hombre de origen muy humilde que llegó a ser becado en Estados Unidos; enseñó en prestigiosas universidades y en ESAN y, desde la segunda mitad de los 80, supo aproximarse a los medios de comunicación para opinar sobre las políticas económicas aplicadas en las diversas coyunturas.

A partir de aquí Toledo pudo saltar a la arena política. En 1995 postuló a la presidencia liderando un nuevo movimiento, pero no pudo con la arrolladora aplanadora fujimorista. Cinco años más tarde había reorganizado su movimiento (Perú Posible) y tenía como refuerzo indiscutible a su esposa, con quien se había reconciliado. Eliane Karp es una judía cuya familia tiene origen polaco, pero criada en la cultura francoparlante de valores humanistas y progresistas; parientes suyos lucharon en la resistencia, por tanto, tiene una gran claridad acerca de lo que significa el fascismo, aun en sus versiones chicha, y posee una decisión y un lenguaje directo que son extraños en nuestra cultura de herencia virreinal y cortesana, amante de los circunloquios. Toledo supo aprovechar los excesos y errores del régimen y la carencia de lucidez en el resto de los opositores, los cuales trataban al gobierno como lo hace un opositor en una democracia; de este modo se hablaba de «dictadura», pero, al aceptar sus reglas, se jugaba a ampliar el número de curules en el congreso sometido. Así no se derrocan dictaduras.

Andrade y Castañeda (entonces líderes opositores punteros en las encuestas) empezaron a sufrir los ataques feroces de la prensa amarilla dirigidos a desprestigiarlos y a causarles sensibles bajas en las encuestas. El gobierno, además, provocó que sus «sicarios mediáticos» (en especial Expreso atacaran con fuerza a la universidad de Lima, casa de estudios cuyas encuestas daban menor preferencia popular a Fujimori. Al poco tiempo, esta anunció que no haría públicos los resultados de sus sondeos).

Por su parte, el oficialismo sufrió un golpe cuando El Comercio hizo pública la existencia de una verdadera fábrica de falsificación de firmas (más de un millón y medio) para el movimiento oficialista Perú-2000. Lo que debilitó el golpe fue que, al lado del diario decano, los periódicos opositores y un canal de cable hablaron de este asunto, pero los canales de señal abierta y la prensa amarilla se mantuvieron férreamente al lado del presidente-candidato e ignoraron o deformaron esa información.

A mediados de marzo no solo las encuestas marcaban el gran aumento de preferencias hacia Toledo, sino que eso mismo era percibido en calles, mercados y, en general, en lugares donde se reúne gente.

Los ataques contra Toledo cayeron con furia de aluvión: se movilizó a altos oficiales de la PN para traer del norte del país a una señora que decía tener una hija de Toledo y que este no habría reconocido. La madre y la hija fueron presentadas en el programa de Laura Bozo (una abogada que de conductora de un programa político de radical oposición pasó a dirigir un talk-show amarillista, escandoloso y cínicamente profujimorista).

Se habló de un «porno-video» con Toledo de protagonista (la esposa de este anunció que si se hacía público, ellos se retirarían del proceso electoral); también se hizo correr el rumor que Toledo golpeaba a su esposa, que ella tenía amantes y que era «comunista» (esto último debido a que vivió por breve tiempo en un kibutz).

El 9 de abril las encuestas a boca de urna le daban una clara ventaja a Toledo. Esto provocó que se fueran congregando multitudes de jóvenes en el paseo de la República, frente al cuartel general del candidato opositor. Mientras esto ocurría, la TV pasaba dibujos animados o películas antiguas. Solo un canal de cable informaba acerca de estas encuestas.

A eso de las 19 horas aparecieron los primeros resultados de los escrutinios, los cuales invertían la tendencia de las encuestas y le daban ventaja a Fujimori. Toledo, apoyado por todos los candidatos opositores, organizó una manifestación y una marcha rumbo a la Plaza Mayor. De este modo se inició un conjunto de movilizaciones populares en las calles de las principales ciudades del Perú, reclamando contra el supuestamente «fraudulento» triunfo de Fujimori en primera vuelta.

Los expertos en estos temas dicen que las encuestas a boca de urna no son confiables, por ello no se utilizan en todas partes (información obtenida en una reunión con expertos de Transparencia el 16 de enero), pero este asunto era desconocido por la inmensa mayoría de los peruanos. En el Perú, desde que se introdujo la modalidad de encuestas a boca de urna, los medios de comunicación daban la primicia apenas se cerraban los escrutinios, desapareciendo la tradicional emoción de ver cómo avanzaban los diversos candidatos en diferentes lugares del país.

A las manifestaciones se sumó la total carencia de credibilidad de la oficina encargada de dirigir el proceso electoral: el gobierno fujimorista había fraccionado el Jurado Nacional de Elecciones en tres órganos (JNE, ONPE y RENIEC), debilitándolo, al crearse dos organismos que por ser «técnicos» no requerían de autonomía. La ONPE dirigió el proceso y, a partir del comportamiento de su jefe cuando se denunció la falsificación masiva de firmas (declarar que «todos falsifican» y disponer la investigación de todos los padrones), perdió credibilidad. Si a esto sumamos la forma de entregar resultados a cuentagotas y sus apariciones públicas balbuceando ideas confusas, todo se agravó. Resumiendo, es posible afirmar que en la opinión pública hubo una profunda desconfianza por la forma en que se dirigía el proceso.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Las protestas callejeras, de políticos opositores y medios de comunicación críticos se centraban en un pedido: segunda vuelta. En esas horas decisivas, a la presión interna se sumó la actitud de los embajadores de la Comunidad Europea y de Estados Unidos, Horas más tarde, el jefe de la ONPE anunció que por un escaso margen el presidente Fujimori no había llegado al 50 %.

Pero no hubo tampoco un proceso normal. Cuando la ONPE se negó a postergar las elecciones por breves días para que los técnicos de la OEA revisaran el sistema, los observadores anunciaron su retiro. Toledo siguió ese camino y pidió no votar o viciar el voto. Con ello le quitaba legitimidad al proceso y al futuro gobierno re-releccionista.

Como consecuencia, se discutió la situación peruana en una reunión de cancilleres de la OEA; allí Estados Unidos propuso sancionar al Perú de acuerdo a la Resolución 1080, pero se vio obligado a retirar su propuesta debido a la falta de consenso pues países tan importantes como México, Venezuela y Brasil adoptaron una línea más blanda.

El Perú no fue sancionado, pero debía ser monitoreado por una misión de la OEA para su redemocratización. Leyendo el mandato con el cual llegó el embajador Latorre, vemos que lo que la organización internacional planteaba era el desmontaje del modelo político fujimorista. En efecto, la OEA planteaba la eliminación de la comisiones interventoras del ministerio público y del poder judicial, la restructuración de los servicios de inteligencia y del sistema electoral, así como la solución de los casos de afectaban la libertad de expresión (casos de canales 2 y 13).

El régimen respondió burlándose de la autonomía del legislativo, al comprar 17 tránsfugas. Mientras la mayor parte de los analistas daba como hecho indiscutible un tercer fujimorato (hasta el 2005), la mayoría de los opositores parlamentarios empezó a ver cómo coexistir con el régimen, y el ex candidato Federico Salas se pasó a las filas del régimen al aceptar ser presidente del consejo de ministros; Toledo no solo siguió planteando nuevas elecciones sino organizó la «marcha de los cuatro suyos» como protesta contra un régimen al que tipificaba como «ilegítimo».

Esa marcha fue la mayor protesta masiva vivida en el Perú. El 26 de julio hubo una marcha de mujeres a cuyo término habló el ex presidente Belaunde Terry; al día siguiente enormes multitudes convergieron en el Paseo de los Héroes Navales, allí el orador de fondo fue el ex candidato Alejandro Toledo.

El 28 los manifestantes fueron atacados con bombas lacrimógenas, mientras pandilleros infiltrados incendiaban oficinas públicas. Extrañamente, se prohibió el vuelo de helicópteros civiles ese día, para impedir que el único canal de TV que informaba de esos hechos pudiera trasmitir desde el aire lo que ocurriría.

Los ministros, los congresistas oficialistas, la prensa gobiernista, la amarilla por supuesto, y el propio mandatario culparon a Toledo de los muertos y lo tipificaron como terrorista. Voceros fujimoristas amenazaron con encausar a los organizadores de la marcha. En medio del delirio semántico-autoritario, la congresista Martha Chávez llegó a decir por TV que era justificado, según la iglesia católica, utilizar las armas de fuego (en vez de bombas lacrimógenas) contra los manifestantes.

El régimen mostró que se tambaleaba cuando Fujimori apareció acompañado por Montesinos en una conferencia de prensa anunciando que el gobierno había descubierto y desarticulado una banda de traficantes de armas que abastecía a las FARC.

Los desmentidos de Jordania y Colombia no tardaron en llover. Pronto circuló entre periodistas un rumor siniestro: quien dirigía ese tráfico de armas era el doctor Montesinos y que EE. UU. sabía de esto. Antes que se investigara este asunto, el congresista Olivera hizo público el video que terminó de derrumbar al régimen. Allí aparecía Alberto Kouri, congresista tránsfuga, recibiendo dinero de las manos del mismísimo Vladimiro Montesinos.

A los pocos días el presidente Fujimori apareció en la televisión anunciando el acortamiento de su mandato y convocando a nuevas elecciones en las cuales él no sería candidato. Esa noche (era un sábado) en los barrios de clase media hubo centenares de jóvenes que celebraron el hecho como una victoria.

El anuncio de las nuevas elecciones aceleró la descomposición del régimen: el primer signo fue la fuga del Dr. Montesinos a Panamá. Montesinos se había resistido a que Fujimori retrocediera; según lo relató ante una comisión del congreso el ex ministro Federico Salas, Montesinos le dijo que un video no derrumba gobiernos, y, añadió que lo amenazó diciendo: «ningún presidencillo de consejo puede conmigo».

Posteriormente corrió el rumor de un golpe montesinista destinado a colocar en la presidencia al Dr. Boloña; el temor al golpe fue utilizado para que el secretario general de la OEA presionara a Panamá con el propósito que este país diera asilo al temido «doctor». Pero no duró mucho el dorado exilio del súperasesor, que a casi un mes de su partida regresó en una avioneta privada que aterrizó en una base de la FAP en Pisco. A partir de ese momento el «doctor» pasó a la clandestinidad y, al poco tiempo, el jefe del estado inició una patética búsqueda que pareció extraída del guión de una mala película policial norteamericana.

Los acontecimientos repercutieron en el congreso: la prepotente presidenta Martha Hildebrandt fue censurada y en su lugar se eligió al brillante jurista Valentín Panlagua. Esa misma noche el congreso aprobó la restitución en sus cargos a los tres magistrados del TC destituidos en 1997.

A los pocos días el congresista Barba Caballero anunció que el presidente fugaría del país pretextando un viaje oficial a Brunei. Fujimori llegó a Brunei, abandonó la reunión rumbo a Malasia y de allí viajó a Japón, desde Tokio envió por fax su renuncia a la presidencia de la república.

El congreso rechazó la renuncia y lo destituyó por «incapacidad moral permanente». Posteriormente se hizo público que Fujimori tenía nacionalidad japonesa, lo cual es irregular pues el Perú no admite doble nacionalidad con Japón y este último país no acepta esta figura en ningún caso.

La presión de la opinión pública, los medios de comunicación e incluso el congreso de la república condujeron a la renuncia del segundo vicepresidente (el primer vicepresidente Francisco Tudela había renunciado poco antes) y ello abrió el camino para que el presidente del congreso, Dr. Valentín Paniagua, asumiera la presidencia de un gobierno provisional cuya principal tarea será efectuar una elección realmente democrática.

De este modo se derrumbó, felizmente sin mayores violencias, un régimen autoritario y corrupto que había logrado copar, vía corrupción, intimidación o manejo sicosocial a la sociedad peruana. Como en Europa oriental, el régimen cayó sin guerra civil ni lucha armada; aquí como allá (y en Filipinas e Indonesia) se utilizaron los métodos que describió Samuel Huntington: movilizaciones pacíficas, pero cuidando siempre que los corresponsales extranjeros estén presentes cuando la represión llegue.

No fueron solo Alejandro Toledo, los sindicalistas y frentes regionales quienes movilizaron a un pueblo otrora indiferente, también lo hicieron los improvisados e inexpertos dirigentes estudiantiles, artistas como Víctor Delfín, Mónica Sánchez y Vanessa Robianno lavando la bandera en la Plaza Mayor o alentando cacerolazos y muros de la vergüenza, todos ellos pusieron su cuota en la tarea colectiva de terminar con el régimen autoritario.

Unas palabras finales merecen los periodistas. Fue Luis Miró-Quesada de la Guerra quien definió al periodismo como: «el más vil de los oficios o la más noble de las profesiones». En el Perú de los 90 se vio como pocas veces el sentido real de esa frase. Hubo de todo: desde aquellos que se dedicaron a lo light y miraron a otro lado, hasta quienes se comprometieron a fondo en la lucha por rescatar las libertades y el estado de derecho. Hubo también aquellos que hicieron amarillismo mercenario recibiendo dinero del SIN a cambio de portadas infamantes, también aquellos que defendieron tesis como el «autosecuestro», la «autotortura», o, el casi imposible «autoserruchamiento» del propio brazo. Meses después del derrumbe del régimen supimos que, en la mayoría de los casos, esa defensa parece haber sido mercenaria. Finalmente, creemos que el Perú le debe un agradecimiento a esos comunicadores sociales que supieron actuar con nobleza y valor.

Los diarios La República y Liberación, el primero desde el 6 de abril de 1992 con sus columnas en blanco por la censura, y más adelante, con sus excelentes investigaciones; y, el segundo en los meses finales del régimen como respuesta de César Hildebrandt a la cerrazón de una TV cautiva; la revista Sí cuando la dirigió Ricardo Uceda, y Edmundo Cruz descubrió las fosas de La Cantuta; Caretas con su estilo sutil, irreverente y muy limeño; El Comercio que supo defender principios y descubrió la gigantesca falsificación de firmas y dio a luz a Canal N, el único bastión de periodismo informativo en una TV sojuzgada; Hildebrandt cuando tuvo presencia en la TV; Contrapunto cuando se enfrentó al poder e hizo públicos hechos que el pueblo debía conocer; radios como 1160 y CPN que fueron brechas en el edificio del conformismo y la sujeción.

A todos ellos el país les debe un agradecimiento. Esto es importante porque las sociedades deben tener memoria. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores. En el Perú tuvimos una «historia oficial» que falseó u ocultó hechos para justificar dictaduras y no nos vacunó contra el autoritarismo. Conocer lo que realmente pasó es la mejor vacuna para prevenir males futuros.

Si es cierto que conocer la verdad de nuestro pasado nos ayudará a preservar la libertad en el futuro, queremos terminar estas líneas citando al Nuevo Testamento: «La verdad nos hará libres».

WALTER PEÑALOZA RAMELLA

EZCORZO IDEOLÓGICO EN TORNO AL PERÚ: ¿PADECE DE ENFERMEDAD MORAL?

Los graves acontecimientos registrados en nuestro país como secuela de la caída del fujimorato vienen sumiendo al común de nuestra población en estupor y sorpresa por lo que muchos consideraban imposible. Diversos sectores de la sociedad peruana, desde los más altos socioeconómicamente hasta los más humildes, juzgaban que el gobierno fenecido había alcanzado logros importantes y que las advertencias y las críticas de la oposición eran enteramente injustificadas, y, más aún, constituían aberraciones dignas del más rotundo rechazo. Por ello, al surgir ahora pruebas indubitables de que lo que se denunciaba era cierto, y aun supera a todo lo imaginable, la conmoción y la incertidumbre están arrasando la confianza, la certeza, las ideas positivas que se habían afincado en las mentes de tantos ciudadanos.

No obstante, un análisis más detenido de los sucesos en nuestro país nos sugiere que esta desestabilización que hoy ocurre no es un hecho que ha caído del cielo inesperadamente. Algunos —en realidad, muchos— pueden pensar que lo acontecido es un hecho sí, muy grave, pero diríamos aislado y casi como que no lo merecíamos, un engaño en el que unos cuantos delincuentes con poder nos envolvieron. Pero el reflexionar sobre las peripecias que el Perú ha venido viviendo desde hace décadas nos revela que los acontecimientos de los 10 últimos años son la culminación de un extenso proceso de deterioro en todos los niveles, especialmente en el campo de la ética.

OSCILACIÓN ENTRE CONTRARIOS Y UNA NOTA CONSTANTE

Por décadas y décadas nuestro país ha estado atado a un vaivén entre contrarios. En el siglo XIX vacilamos entre liberalismo y conservadurismo, entre quienes ambicionaban una constitución con todos los derechos y preceptos de un país avanzado y quienes ponían en entredicho semejante pretensión, señalando la realidad humilde de nuestro atraso, y quizás escondiendo bajo sus frases mesuradas la defensa de intereses poco santos: fue en verdad la pugna entre la barbarie y la esperanza. Andando el tiempo vino la lucha entre militarismo y civilismo, que con variantes diversas ha llegado hasta los albores del siglo XXI y se perfiló el debate entre la costa y la sierra, entre el centralismo de Lima y las provincias, el cual no ha concluido todavía. Al finalizar el siglo XIX y comenzar el nuevo siglo alcanzó forma definida el antagonismo entre españolizantes e indigenistas, con un pujante movimiento en las ideas y las artes que representaron José Carlos Mariátegui, Uriel García, Emilio Romero, Luis Valcárcel, José Sabogal, Julia Codesido, Alicia Bustamante, Camino Brenty, ya entrada la centuria, Ciro Alegría, Luis Fabio Xammar, José María Arguedas, Manuel Scorza y tantos otros. En el orden económico, desde principios de la república hemos asumido un permanente cambio entre dos extremos opuestos: primero nos embarcamos en una creciente orgía de empréstitos que nos condujo a la bancarrota; pasamos luego con entusiasmo al sistema de las inversiones extranjeras y prácticamente entregamos nuestras riquezas a empresas foráneas, que nos esquilmaron y trataron mal a los peruanos; el exceso nos condujo luego a la nacionalización de los bienes casi perdidos e inauguramos una nueva ola de empréstitos que culminó en una deuda externa impagable; ahora ha venido otra vez el movimiento de resaca y estamos vendiendo incluso lo que, por su carácter estratégico, no debiera privatizarse y de nuevo hemos ingresado al sistema de las inversiones extranjeras.

Hemos oscilado, sí, entre contrarios desde el inicio de la república, profesamente para bien del pueblo. Mas lo grave es que, en términos generales, la inmensa mayoría de los peruanos no ha mejorado, y por el contrario se encuentra peor: sin trabajo, con las actividades económicas decaídas y el espíritu atribulado. Y esa ha sido la nota constante de nuestra historia independiente. Con un contrario, o con su opuesto, en las diversas facetas de nuestra vida (social, económica, política o cultural), nuestro pueblo no solamente no ha sido el beneficiario, sino ha sido también el gran ausente. Crecientes millones de peruanos desde hace tiempo vienen viviendo en la pobreza y la discriminación. Este es el núcleo terco de nuestros problemas, por lo demás no exclusivo de nuestro país, sino dominante en América Latina.

Desde la independencia una oligarquía de señores aristocráticos se consideró heredera de los privilegios de los españoles en las acciones de decidir y de mandar y asimismo de continuar con las exacciones al grueso de nuestra población. Se habían liberado del dominio colonial, pero no liberaron al pueblo peruano, y emplearon diversos medios —compensaciones por las guerras, sus latifundios y el trabajo de los indios—, y las riquezas del país para enriquecerse más y adquirir presencia política. Y lo grave es que la discriminación, apoyada en consideraciones étnicas y de situación económica, se difundió en nuestro caso por todo el cuerpo social, desde los estratos más altos hasta los más humildes. Los blancos —grupo minúsculo— y los que se blanquean —que son muchos— consideran despectivamente a los que juzgan menos blancos y de colores diferentes. Vivimos en estado de discriminación. Los discriminados discriminan a otros y estos a otros más, y así sucesivamente. Es el famoso pecking order. Somos el país que más se discrimina internamente en el contexto latinoamericano.

Un pueblo así escindido, en que unos a otros se menosprecian y hasta se sienten ofendidos por la presencia de los discriminados, los cuales, por coincidencia no sorprendente, se caracterizan por su pobreza —o por su mayor pobreza—, carece de las condiciones indispensables para emprender un proyecto conjunto que los beneficie en común. Por encima de todo, más allá de las consideraciones sociales y culturales, que son inescapables, esto representa un grave déficit ético, circunstancia muy peligrosa a nivel nacional. Y quienes dirigen son los que poseen mayor responsabilidad, pues han hecho muy poco o no han hecho nada para acabar o siquiera atenuar la pobreza y la discriminación que corroen a nuestra nación.

En esta situación general solo hay dos excepciones, a mi modo de ver. Primero fue el movimiento de «Cooperación Popular» que promovió y ejecutó Fernando Belaunde, acción honesta y seria en favor de los pueblos olvidados del Perú y que impulsó el espíritu de mucha gente citadina. El segundo —y puede parecer paradojal el que lo exponga a continuación de Belaunde— fueron las medidas que Velasco Alvarado estatuyó en beneficio de los campesinos y las comunidades indias (incluso el hacer del quechua el otro idioma oficial del Perú, lo menos que se puede admitir por un hermoso idioma que hablan ocho millones de peruanos, disposición lamentablemente derogada después a iniciativa aprista). Aunque estas normas se dejaron de lado más tarde o fueron diluidas, han sido el punto de partida para, de una parte, tonificar la conciencia de los peruanos marginados (aunque no se ha llegado aún al nivel de Bolivia y Ecuador) y, de otra, como lo ha señalado bien Carlos Aguirre (en la Introducción del libro Lo africano en la cultura criolla), ser el comienzo de la andinización del Perú, hoy evidente en muchas manifestaciones (incluso la difusión de la tecnocumbia, llamada así por una injustificable vergüenza ante lo propio, y no tecnowayno, como debiera ser).

De los dos graves males indicados, la pobreza se ha acentuado en el Perú —como también en América Latina— en los últimos años, y ha crecido en cifras absolutas y relativas el volumen de quienes viven en pobreza crítica. Y tal pobreza y sus consecuencias —la malnutrición, la muerte prematura de muchos niños, el abandono de otros en las calles, la educación plagada de carencias que reciben (cuando la reciben), las perspectivas sin horizontes en que viven— se han tornado, parafraseando a Josué de Castro, en enfermedades hereditarias de las mayorías nacionales. Y, por el contrario, es de admirar que algunos grupos de estas mayorías pelean con esfuerzo y persistencia un puesto digno en la sociedad, pese a los obstáculos.

En cuanto a la discriminación, por lo menos al nivel de las expresiones públicas y asimismo de las acciones de ciertos grupos de la sociedad civil, se encuentra bajo ataque, pero subsiste no declaradamente con poderosa resistencia… y a veces con voceada intolerancia. Todavía un juez ha defendido que se reserva el derecho de admisión (remedo del «Only for gold men»), so pretexto de la libertad de comercio. Todavía hemos oído a un fiscal afirmar: «No podemos tolerar que estos nativos protesten. Hay que poner mano fuerte sobre estos aguarunas».

Los actos discriminatorios privan a los discriminados de derechos, premios y privilegios que son, en principio, naturales para todos los ciudadanos. Los discriminados son los nativos de la selva, los indios y los serranos, los cholos, los negros y los mulatos, y las mujeres en general. Cierta vez, hace años, el sargento primero Ochoa, músico negro que dirigía la banda del regimiento 7 en Arequipa, vistióse muy alegre el uniforme de oficial, que una resolución dispuso en favor de los sargentos primeros. Y el mismo día, cariacontecido, debió dejar el uniforme porque los jefes y oficiales del regimiento pensaron que un negro no podía llevarlo. Muchos recordamos el escándalo que hubo en Lima cuando se eligió reina de belleza a una joven que no era lo blanca que se pensaba necesario y más tarde a otra joven con sangre negra en sus venas. Y los ácidos comentarios cuando se otorgó un premio nacional de cultura a un artista porque era popular y no pertenecía a las elites. Hace poco hemos leído en la entrevista que le hicieron a la notable cantante Susana Baca cómo con tristeza refiere que le negaron una beca en el Conservatorio Nacional de Música por ser de origen negro (El Comercio, edición del 9/01/01). Y, en términos amplios, mientras en algunos países de nuestro continente encontramos a mujeres, indios y negros en puestos especiantes, catedráticas y catedráticos, ejecutivas y ejecutivos, oficiales, comandantes y generales de las distintas fuerzas armadas, y pilotos de las empresas aéreas comerciales, todo ello en el Perú tiene una presencia con mucho menos brillo. Y, por supuesto, la cosa se vuelve abismática cuando no se trata de cargos importantes, sino de la vida corriente: entonces los que dizque no son blancos y las mujeres siempre reciben la peor parte, las últimas agraviadas aún más por el machismo.

Hay asimismo discriminación cuando instancias oficiales otorgan concesiones en diversos espacios geográficos sin miramiento ninguno por los perjuicios y daños que pueden causarse a los pobladores de esos lugares, y cuando más tarde hacen oídos sordos a las quejas de los damnificados. En nuestra memoria está, por ejemplo, lo ocurrido con los humos de La Oroya, que intoxicaban los pastos y aniquilaban los ganados de los campesinos, quienes se vieron paulatinamente obligados a vender sus tierras a la poderosa e invulnerable empresa, que entonces creó una importante ganadería propia, para lo cual, ahora sí, elevó la altura de sus chimeneas. Y en estos diez últimos años se han dado concesiones mineras y no se han atendido las reclamaciones por derrames de petróleo en los ríos de la selva, por las acciones contaminantes y dañinas a la salud de diversas empresas, como la que vertió mercurio en Choropampa y el fiscal designado no investigó nada y renunció después de meses dejando todo en suspenso; o los relaves que afectan a los comuneros y aun cerca de Lima, los relaves de la empresa Proaño, de triste recordación durante el leguiísmo, hoy en manos de la empresa Buenaventura, la cual, sin permiso, ha acumulado sus desechos y causado daños a los campesinos de Matucana (el permiso lo consiguió a posteriori y quién sabe con qué malas artes). Pareciera, pues, que nada ha cambiado desde la época en que llegaron los españoles al Nuevo Mundo y juzgaron, como agudamente ha escrito Leopoldo Chiappo, que estos lares eran, para ellos, no solo terra ignota, sino también terra vacua. Quienes los habitaban no existían, eran como las rocas o los árboles, parte del paisaje, el cual se hallaba, por tanto, vacío de humanidad. Así las concesiones que se brindan a empresas nacionales y extranjeras se efectúan como si los hombres de los territorios afectados estuvieran en la cuarta dimensión. Semejante no existencia es la forma más atroz de discriminación, porque posee un sinsentido antropológico profundo.

Durante muchos años hubo quienes especularon o advirtieron que este estado del país era un caldo de cultivo que presagiaba una explosión social, la cual, ciertamente, en más o en menos, era una posibilidad también para el resto de Latinoamérica. La reacción acostumbrada fue la indiferencia de las clases acomodadas y las políticas represivas de los gobernantes, que apostaron por el status quo y pusieron diques de contención al clamor popular.

CONSECUENCIAS EN EL ALMA NACIONAL

La opción indígena de la independencia, representada por Túpac Amaru, fue destruida inmisericordemente. Quedó la opción criolla, con sus reflexiones políticas, y el mantenimiento de la situación colonial. En los primeros años del siglo XX la clase media emergente, con nuevos intelectuales y escritores venidos de provincias, comenzó una efervescencia anticivilista y una cristalización de exigencias que procedían desde capas más profundas. Pero a diferencia de otros países, donde se produjeron cruentas rebeliones, en el Perú los golpes militares en el siglo XIX fueron luchas entre cúpulas las más de las veces, que terminaban en abrazos de Maquinhuayo, y en el siglo XX con Leguía comenzó la larga política de contención.

En el espíritu de muchos peruanos se forjó una suerte de resentimiento, esa respuesta equívoca, fruto de la frustración y de la imposibilidad de lograr ciertos propósitos o de la inadecuación de los esfuerzos para alcanzarlos, esa especie de venganza subjetiva contra los obstáculos, que termina aniquilando las capacidades propias. Este estado de ánimo se extendió bastante en el cuerpo social, como una actitud reactiva frente a la impermeabilidad de la clase dirigente, encerrada en su estilo de vida, impasible ante la marginación de millones de peruanos.

Dentro de la óptica de la minoría el resentimiento de grandes masas en el país constituía una manera de ser aceptable que reemplazaba la presentida explosión social y que tal vez la aniquilaba para siempre. Y ese fue un profundo error. Del resentimiento generalizado y castrador, fueron surgiendo brotes más agresivos, hasta que finalmente apareció la pesadilla de Sendero Luminoso, y asimismo del MRTA, que significaron largos años de sanguinarios atentados, y por un momento puso en jaque a las ciudades más importantes del Perú y a grandes partes de nuestro territorio. Solo que Sendero Luminoso y el MRTA no fueron en sí una explosión del pueblo, sino en lo esencial la furia de grupos de intelectuales, profesionales y universitarios, que quisieron movilizar al pueblo y, al no lograrlo, se volvieron contra él, fueran de la ciudad o comuneros del campo. Como casi todo movimiento intelectual, fueron extremosos en su crueldad fría y calculada.

Mas no nos engañemos. El resentimiento y la agresividad de los pasados años no eliminaron ni la pobreza ni la discriminación de las grandes mayorías. Todavía el país sigue en deuda con esas mayorías —una inmensa deuda—, que ha persistido mucho tiempo y que se ha incrementado considerablemente en los tiempos recientes. Lo que ha ocurrido con el fujimorismo es que el pueblo en general, y las minorías afluentes en particular —con diversos grados de afluencia— han estado obnubilados —y muchos siguen estándolo— por el impacto trágico del terrorismo. Llenos de pavor por lo acontecido, se encontraron —y se encuentran todavía— dispuestos a aceptar cualquier imposición a cambio de que haya paz, una paz que no lo es, sino solo silencio. Y por otro lado, desde el gobierno que acaba de concluir, avezado en las campañas sicosociales, se ha hecho uso del terrorismo, posible o imaginario, para amedrentar a la colectividad y prolongar su estado de shock. Ambas actitudes, la de los que anhelan que las olas no se muevan y la del fujimorismo, implican un palidecimiento aterrador del sentido moral. Lo realmente doloroso es que al parecer no son aún numerosos los que visualizan el verdadero horror flotando sobre nuestro país: la radical desigualdad socioeconómica, la inhumana discriminación de los millones de mujeres, hombres y niños marginados.

EL OTRO GOLPE CONTRA EL PAÍS

Del 85 al 90 el Perú tuvo otra experiencia que lo conmocionó por largos años. No solamente el terrorismo fue creciendo y derramándose por extensos ámbitos, sino en la vida económica de todos los días se entronizó gravísima inestabilidad. La gente vio cómo de un día para el siguiente los precios se iban por las nubes. Políticas económicas erradas desembocaron en inflación, pronto convertida en hiperinflación. La moneda se devaluó por horas en porcentajes que eran cientos de unidades, y que luego fueron miles. Jamás el Perú había experimentado una galopante subida de precios como entonces. Era similar a lo ocurrido en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y que no solo socavó al gobierno de Weimar, sino que acabó con las defensas síquicas del pueblo alemán. Después de esa hiperinflación, todos se hallaban esperanzados en lo que el nazismo hiciera y admitieron sus desmanes. Era una manera de ver sus éxitos, pero a la vez de cerrar los ojos a todo lo demás.

El período del 85 al 90, con su desastre económico y con sus lamentables fallas ante el avance del terrorismo, fue el preludio perfecto para la dureza y la permanencia del fujimorato. Las gentes se hallaban profundamente disgustadas con los signos de una rampante corrupción, estaban inermes ante el desmoronamiento de sus salarios y ansiosas de estabilidad a toda costa. De estabilidad que las hiciera olvidar de las colas, del encarecimiento de las cosas, del clientelismo abrumador, y de las bombas, de los sangrientos atentados, de la violencia y del terror de cada día. Internamente la mayoría había abdicado de ideales, de principios y de generosidades. El espacio se hallaba preparado para asumir cualquier gobierno fuerte y aún una dictadura, y mejor si se disfrazaba de procedimientos democráticos y legalistas. Ello apaciguaba las conciencias, pero indiscutiblemente significaba una disminución moral de las personas. Y eso fue lo que entonces aconteció.

EL REMACHE NEOLIBERAL

A los acontecimientos internos se sumó en ese momento la ola externa. Los dogmas del neoliberalismo triunfaban en los países avanzados y eran recomendados y, sobre todo, impuestos en los países subdesarrollados. La receta era privatizar todo lo estatal, reducir el estado a su mínima expresión, eliminar cuanto subsidio hubiera, abrir las puertas a la libre importación, entregarse al mercado que mágicamente enderezaría el tejemaneje económico, mantener cifras macroeconómicas aceptables. Es decir, la receta admirable para que las transnacionales arrasaran con nuestra economía, subieran las tarifas de los servicios públicos, se ensanchara el desempleo, los sueldos se estancasen o bajasen (con los services) y se recortase los derechos de los trabajadores, según los dogmas neoliberales, y para que volviéramos a ser exportadores de materias primas.

No habíamos constituido un estado respetuoso de los derechos mínimos de las gentes y eficaz en implementarlos, no habíamos amenguado la pobreza y la discriminación de más de siglo y medio de vida republicana, y nos inundaba ahora la marea neoliberal, con su decidido desprecio por los humildes. La prédica contra el «populismo» no hizo distingos. El estado preconizador de la dignidad humana, el estado manejador de empresas que no tenían nada que ver con el bien social y el estado realmente populista y demagógico, todo era lo mismo para la visión neoliberal. La etiqueta «populista» cubría interesadamente todos esos casos, en sí muy diferentes.

La pesada herencia del siglo XIX no logramos resolverla ni atenuarla, y estábamos con enormes porciones de nuestra población en el olvido, y mantenidas al margen de las preocupaciones citadinas. Y ya estaba, a principios del XX, en las zonas urbanas el reclamo de los obreros y de las clases medias por derechos como la salud y la educación y otros servicios, como agua, desagüe, transporte, redes de productos alimentarios y comunicaciones, lo que dejaba sin solución a las comunidades marginadas. Se implementaron entonces, como se pudo, instituciones e instalaciones para hacer frente a las demandas de las nuevas clases, las cuales funcionaron de medianamente a mal… Y ahora llegaba el neo liberalismo para cuestionarle al estado su labor en tales campos. No terminábamos de resolver ciertos problemas y nos sobrevenían exigencias nuevas, provenientes de visiones mundiales y locales, y teníamos que afrontarlas a como diera lugar, cerrando los ojos a las demandas precedentes, no resueltas e inconclusas. Una vez, conversando con Toynbee, el prominente historiador inglés, le dije que en nuestros países había otro desafío, que era el del tiempo. Estamos en un tiempo que se prolonga, cuyos asuntos están sin salida o saliendo a medias, y viene un tiempo nuevo con inéditas solicitaciones. Y los tiempos se suceden para nosotros en estratos, y los problemas se van acumulando, muchos de ellos insolutos. Somos países que no damos respuestas adecuadas a los desafíos que tiempos distintos nos plantean, y resultamos agobiados por la carga de los asuntos no resueltos, que los nuevos tiempos parecen desdeñar. Los desafíos de tiempos sucesivos nos encuentran a medias preparados o impreparados por entero y el gran lastre histórico crece sin cesar. Hacen mal quienes quieren asumir todo lo que el tiempo nuevo nos demanda, y olvidan lo que el pasado nos planteó y no pudimos solucionar, y que reviste el carácter de una deuda ominosamente pendiente.

Nadie puede negar que el estado populista y demagógico resulta nefasto porque dilapida los fondos públicos, infla la burocracia y entrega prebendas a los miembros del partido gobernante. Nadie puede negar tampoco que el estado no debe administrar una fábrica de alfileres, o de repuestos para automóviles, o de producción de conservas, y otras similares. Pero sí debe estar a cargo de las instituciones que garanticen un mínimo de servicios para el pueblo, especialmente el más humilde. El neoliberalismo no quiere reconocer esto. Uno de sus gonfaloneros, Carlos Alberto Montaner, ha escrito alguna vez que cuando los políticos se dejan arrebatar por raptos poéticos, se ponen a hablar de los derechos del hombre al trabajo, a la salud, a la educación, que realmente no son derechos —sostiene él con helada frialdad— y simplemente los califica de cosas deseables, por las cuales alguien debe pagar. De ello se deduce, lógicamente, que, si no hay fondos, es natural que tales cosas no se concedan, lo cual condena a los pobres, y a los de recursos escasos, y aún medianos. Esa es precisamente la terrible consecuencia que brota del neoliberalismo y que está a la vista en todas partes.

Tal liberalismo cerril fue el que Fujimori estableció en el Perú. Y, como en todas partes, lo que ha producido es la quiebra de nuestras industrias, el hundimiento de la agricultura, los millones de desempleados, la parvedad de las remuneraciones, la primarización de nuestra economía (como él mismo lo reconoció en su último discurso ante el congreso el 28 de julio del 2000). Lo que reina es el darwinismo en todos los ámbitos, desde el económico hasta la educación. Los principios supremos son la supervivencia del más apto (o sea, el más astuto, el más desaprensivo, el menos escrupuloso), la competitividad y la acumulación de las ganancias. Estos son los nuevos iconos.

Pero lo más serio y lo más profundo es que semejante visión neoliberal de la vida ha infiltrado en las gentes (predominantemente en las más altas y asimismo en las más urbanas y en las envueltas en la economía) un radical sentimiento individualista, un egoísmo impenetrable, que ha arrinconado el sentido ético, ya menoscabado por la hiperinflación y el terrorismo. A esto se aúna, tras largos años de vaivenes entre contrarios, sin lograr nada, la pérdida de las esperanzas. Los escasos momentos de vivo sentimiento de realización que han vivido el país y sus gentes, particularmente las más humildes, quedaron siempre, a la postre, y no mucho después, anulados y han dejado una sensación de vacío. Y en este vacío se arraigó la convicción del «todo vale», hay que sacar provecho de todo, cualquier cosa debe aceptarse. Por sobre todas las cosas, este daño moral es el que más nos afecta. Todo se ha entrelazado en fatal armonía: el desentendimiento frente a los discriminados, los recuerdos de la economía absurda del quinquenio 85-90, la memoria del insano terrorismo, el neoliberalismo, los anhelos no cumplidos. El resultado es la ceguera moral de muchísimos peruanos. Como leemos en el Shibumi de Trevanian: «Si nos olvidamos de la belleza en nuestra lucha desesperada por la vida, entonces el bárbaro ya nos habrá ganado». Nosotros diríamos la belleza y otros valores, señaladamente la honestidad, la justicia y la solidaridad.

Este bárbaro, sin embargo, está siendo combatido en todas partes por quienes sufren sus embates, que son los más desposeídos. Tras diversos actos ya impactantes por su disidencia en los años precedentes, este año se ha realizado el Foro Social Mundial, en Porto Alegre, en protesta contra la globalización, en fecha coincidente con el 3 Io Foro Económico de Davos, en Suiza, el cual reunió a los grandes poderes, y donde también se ventilaron quejas contra la política neoliberal. Nada menos que el director del Foro de Davos reconoció que la actual globalización no está distribuyendo el bienestar por igual, como se había pensado, y que no puede ser —como ocurre ahora— una calle de un solo sentido, que beneficie a una pequeña parte de la humanidad, precisamente a la de los países más ricos. Y el propio presidente del Banco Mundial aceptó que la pobreza en el planeta se ha incrementado y que por ello el banco se esforzará en combatirla. Al señor Wolfenson habría que contestarle lo que un participante le replicó al representante del BM en el «IV Seminario Interamericano sobre la Educación de los 0 a 6 años», reunido en Brasilia, en 1998, cuando ofreció la ayuda del Banco para la Educación Inicial: «¿Por qué el Banco Mundial, en lugar de apoyar la educación de los niños de privados, no toma las medidas económicas que impidan la pobreza de millones de personas, la cual justamente provoca la existencia de tantos niños carentes de todo? Son las políticas económicas del Banco Mundial las que están sumiendo a las gentes en la pobreza».

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

Y no podemos dejar de mencionar que a todo cuanto se ha dicho la educación del siglo XX ha contribuido gravemente con su sesgo cognoscitivista. Educar ha sido dar conocimientos. Desde la primaria, pasando por la secundaria y concluyendo en la universidad, niños, adolescentes y jóvenes lo que han recibido son constantemente asignaturas y más asignaturas, dadoras de conocimientos. La «educación» ha sido una educación sin valores; ergo, no ha sido educación. Y no se diga que ha habido cursos de arte o de ética, y otros similares, pues la belleza, el bien, la justicia, el sentido de Dios, la dignidad humana, el civismo, no son cuestión de asignaturas ni de exámenes ni de pruebas de aplazados. Los valores, como apuntaba Platón, son difícilmente enseñables, por lo menos no enseñables como los conocimientos, y por ello resulta un fracaso todo intento de enseñarlos mediante conocimientos.

Un texto de Shimon Peres es forzoso de tenerse en cuenta. La educación —dice en Oriente Medio, Año Cero— tiene dos aspectos fundamentales: la acumulación y transmisión de los conocimientos; y el desarrollo de la tradición y de los valores heredados. El primer elemento es universal: no existe diferencia alguna entre el conocimiento «árabe» de Avicena, el conocimiento «polaco» de Copérnico, o el conocimiento «judío» de Einstein. En contraste, las diferencias tradicionales acerca de los diversos valores tienen importancia nacional, religiosa, histórica y étnica. La pura dación de conocimientos es neutra, aséptica. Por sus leyes universales una formación cientificista es válida en el Perú, en la India y en Irlanda y también en Júpiter o en Plutón. Se encuentra, pues, desconectada de lo que nos es propio. La otra parte de una educación plena —y parte importante y decisiva— es la que nace de la cultura de los pueblos, es la que se apoya en los valores, es la que corresponde a la personalidad colectiva. Por eso toda auténtica educación es la que se funda como punto de partida en la cultura y las tradiciones de cada comunidad y cultiva sus valores. No es educación, en cambio, la que intenta imponer en todas las regiones y poblados la cultura y las tradiciones y la lengua de los grupos urbanos y la que quiere imponer a nuestro país los puros conocimientos con olvido de lo nuestro y de los valores. Una educación exclusivamente cognoscitiva nos quita raíces, nos despersonaliza. Y resulta la aliada perfecta del proceso de desmoralización que hemos venido padeciendo.

Sin cultura y sin vivencia de los valores, singularmente de lo que es justo y ético, han egresado de nuestros centros «educativos» millares y millones de personas que han salido a la vida no premunidos de defensas espirituales y proclives a que las decepciones o las tentaciones de un medio crecientemente desprovisto de ética los empujen hacia el escepticismo, el cinismo o la inmoralidad. No son descaminadas las voces que hoy se escuchan en nuestro país (y en muchos otros) pidiendo una educación con valores. Ojalá que estos valores, y la cultura en general, puedan brindarse como se debe y no cognoscitivamente.

Y ojalá que se entienda que la educación no consiste en ofrecer solo conocimientos. Esto es tanto más premioso hoy que oímos repetidamente discursos elocuentes sobre la brillante explosión de las ciencias y el ingreso a la «era del conocimiento», todo lo cual es verdad y resulta innegable. Pero que no puede ser excusa, como pretenden algunos, para aumentar aún más, en la educación, la cuota de conocimientos científicos y tecnológicos con olvido total de la cultura y de la orientación axiológica que la verdadera educación debe albergar. La «era del conocimiento» se presenta aliada con el neoliberalismo, proclamando más conocimientos y enseñanza de la competitividad, y resulta en nuestros países patrocinada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Este sesgo ha llevado en el Perú a que, con Fujimori, los ministros de Educación no hayan sido educadores ni guardado relación con la educación, y que de facto no hayan tenido mayor poder decisorio, sino que, como lo ha puntualizado Frahtenberg, las decisiones han estado en manos del ministro de Economía y de los representantes del Banco Mundial.

Felizmente parece que se ha abierto paso ahora la comprensión de que la educación es necesaria no solo para la vida y para acercarse al trabajo, no únicamente para mejorar tecnológicamente, no exclusivamente para saber más, sino para desarrollar personas en el pleno sentido de esta palabra y ciudadanos comprometidos con el bien y la justicia. Y se entiende que esto no se puede lograr con el 2.5 % del PNB que ha venido asignándose en el Perú a la educación, y que es casi la mitad de lo que otros países en Latinoamérica le dedican, teniendo nosotros mayor población.

EL FUJIMORATO

Una mirada superficial tildaría los 10 años de Fujimori como los de un gobierno autoritario, que en su haber tiene, sin embargo, haber acabado con la inflación y con el terrorismo y el haber realizado numerosas obras de infraestructura de carácter nacional y asimismo de carácter local. Podría añadirse que su visión limitada hacía de la infraestructura un sinónimo de progreso. En su contra se diría que el dogma neoliberal, al cual se adhirió devotamente, determinó una recesión general, en la cual, no obstante, se enriqueció una minoría de empresarios y de banqueros. Lo macroeconómico fue durante su gobierno como una religión del estado. Pero como informaron Standard & Poorer en 1999, las buenas cifras macroeconómicas del Perú no llegaron al pueblo ni aumentaron su bienestar.

Mas los descubrimientos realizados después de la caída de Fujimori, descubrimientos verdaderamente espantables, cambian esta perspectiva. Agustín Haya de la Torre en un artículo periodístico (en el diario La República, del 26/1/01) califica, con mayor exactitud, a este régimen como una cleptocracia. Pero robos y escándalos financieros y de financiación de políticos ha habido asimismo en muchos países con sólidas instituciones democráticas. Están los casos recientes de Kohl y luego de Sháuble en la República Federal de Alemania, y el del hijo de Miterrand, así como el del ex ministro Roland Dumas y el ex presidente de la Elf Alfred Sirven en Francia. Más sombríos fueron los manejos y los contactos mafiosos en Italia. Y la mafia introdujo sus tentáculos en diversas esferas del poder en Colombia y México. Pero lo sucedido en el Peni es único: aquí la mafia asaltó el gobierno, se posesionó de él y desde allí organizó el país para consolidarse. Una maraña de negocios turbios, de tráfico de armas y de narcotráfico se manejó desde las posiciones más altas, con la absorción de miles de millones de soles, y no a espaldas de las instituciones públicas, sino amparándose en ellas y a través de sus instituciones y sus procedimientos. El congreso con sus mayorías legalmente obtenidas, o bien ganadas a fuerza de sobornos, generales y jefes de las fuerzas armadas, jueces y fiscales del poder judicial, magistrados del poder electoral, del tribunal constitucional, de la magistratura, altos funcionarios del sistema tributario y aduanero, periódicos y empresas televisoras, todos contribuían con sus decisiones, con las presiones que ejercían, con amenazas y exacciones, con las resoluciones que expedían para legalizar lo ilegalizable, con sus publicaciones, sus comentarios y sus loas, a mantener el increíble régimen establecido, sin faltar —por otro lado— las golpizas, las torturas y los asesinatos y las persecuciones, cuando resultaba necesario. Todo se movía como un mecanismo bien aceitado al servicio de la mafia que, oculta a los ojos de todos, gobernaba el país.

Lo tenebroso del régimen fenecido es que, en los vericuetos escondidos de su sistema, civiles y militares claves eran corrompidos con un inagotable chorro de dinero o con puestos y cargos que los deslumbraban. Escrúpulos de conciencia y consideraciones éticas quedaban vencidos completamente. Y así tuvimos, sin saberlo, un equipo de altos empleados del estado, venales, y que actuaban plenamente conscientes de su desvergüenza, mientras pronunciaban discursos llenos de frases rimbombantes y lirismos en torno a la justicia y a la democracia.

Pero el efecto más deletéreo es que los actos sucios enmascarados de legalidad y el continuo predicar la necesidad del neoliberalismo fueron adentrándose en el espíritu de incontables ciudadanos que se sumaron al coro de la competitividad y la divinización de las ganancias y abominación de los derechos de todos los peruanos, especialmente de los pobres y discriminados. Contó asimismo con la aquiescencia honrada de muchos otros que no veían y no sospechaban que había actos reprobables, y con el apoyo culpable de quienes, por su vida sin sobresaltos, cerraban los ojos ante dichos actos. Tal situación general, que puede estimarse como horrenda, ha implicado la destrucción de toda ética en una parte grande de la población. Esta desmoralización extendida, largamente fraguada en muchos años, fue exacerbada por el fujimorismo y es su peor legado. Semejante desmoralización se propagó también en las capas más humildes. El gobierno defenestrado creó cientos de miles de desempleados, más aún, de menesterosos, y les dio un plato de comida diario para tenerlos atados. Y, ¿hasta qué punto la estabilidad de nuestra moneda es el efecto de que las escasas remuneraciones impiden a la gente la adquisición de bienes y, sobre todo, de alimentos?

EL APUNTAR DE UNA CONCIENCIA

Sin embargo, el oscurecimiento de la moral general, que ha venido ocurriendo desde hace décadas y que con el fujimorato tocó realmente fondo, ha permitido constatar la aparición de una luz cada vez más intensa nacida durante la lucha contra el régimen infame. Mujeres, hombres y jóvenes de todo el Perú, modestos y acomodados, protagonizaron a lo largo del año 2000 una acción pugnaz, con valentía y con ingenio, persistente y sin desmayo. Sin armas, contra las fuerzas policiales que tenían órdenes de arremeter contra toda expresión de protesta, la sociedad civil ganó una batalla crucial contra el despotismo. No importaron los gases lacrimógenos, los chorros de agua, las golpizas, las prisiones, las detenciones bajo el pretexto de terrorismo, ni el trato inhumano en las comisarías.

Esta expresión nueva representa una conciencia moral que está levantándose pujante y que ojalá no se adormezca y ojalá se extienda paulatinamente a todos. Porque el problema decisivo del Perú, el único que puede quebrar los tercos males que nos aquejan desde muy antiguo y los nuevos males que han venido añadiéndose, es el renacer ético de los peruanos. Esta es la lección final de nuestras vicisitudes.

Y NO OBSTANTE…

No obstante, no podemos ser triunfalistas. Ese nuevo sentir ético se encuentra contrabalanceado por la historia luenga de nuestras ineficiencias y por la historia reciente de la desvergüenza. En el país, en diversas esferas económicas y sociales el estrago efectuado por la miopía moral de unos y la ceguera moral de otros, agravada durante el último gobierno, es devastador. Son todavía millones los que creen que es mejor, de alguna manera, continuar con las metas del fujimorismo, porque son garantía de estabilidad, de prevención frente al terrorismo, de evitar caídas de nuestra moneda, de piso seguro para obtener ganancias. No importa ceder —piensan— en el terreno de los derechos humanos, en el respeto a las gentes, en las medidas para combatir la pobreza, en el anunciado civismo democrático. Con tal de seguir disfrutando lo que para una minoría creó el gobierno fenecido, no es desdoroso que las otras demandas se maquillen, o se difuminen, o sencillamente desaparezcan. Hay que permanecer, por consiguiente, sobria pero firmemente, alertas. El destino del Perú, al que se le ha abierto —una vez más— una posibilidad, se balancea en frágil equilibrio.

JORGE AVENDAÑO V.

LA PERPETUIDAD EN EL PODER A TRAVÉS DEL CONGRESO (LA CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL Y DEL SISTEMA ELECTORAL)

Recién reelegido Fujimori en 1995, el gobierno puso en marcha un plan para perpetuarse en el poder. Hoy sabemos por los videos, que el objetivo inicial era quedarse hasta el año 2010. Pero al parecer esta no era la fecha máxima de la patológica ambición de poder. En verdad lo que querían Fujimori y compañía era, al mejor estilo del PRI en México, perpetuarse sin plazo determinado, mientras las circunstancias lo permitieran.

La primera etapa del plan era ganar las elecciones del año 2000, a través de una segunda reelección que desde luego la Constitución no autorizaba. El objetivo inmediato era entonces hacerse reelegir el año 2000. El plan comenzó a implementarse en noviembre de 1995, a través de la captura del Poder Judicial por medio de la ley 26 695 del 20 de noviembre de ese año. El proyecto de ley había sido presentado al Congreso por el entonces presidente de la Corte Suprema don Moisés Pantoja, quien aparentemente ignoraba que según la Constitución la iniciativa legislativa correspondía a la Sala Plena de la Corte Suprema y no al Presidente. Cuando este hecho se puso de manifiesto en la Comisión de Justicia, el solícito congresista Medelius hizo suyo el proyecto. Así le dio vida y evitó que se lo devolviéramos a Pantoja.

El proyecto creaba la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, a la cual inicialmente se le atribuyeron solamente facultades administrativas, tan inocuas como evaluar al personal, elaborar el reglamento de organización y funciones y el escalafón del personal. Todo esto se hizo bajo la excusa de la necesaria «reforma» del Poder Judicial.

En la Comisión de Justicia el proyecto se discutió apenas 45 minutos. No hubo forma de hacer entender a la mayoría gubernamental que un asunto de esta trascendencia merecía un estudio más detenido y la opinión de especialistas y de la propia Corte Suprema. Obviamente la orden venía de fuera del Congreso (probablemente desde el Servicio de Inteligencia Nacional - SIN). Desde Medelius hasta Amuruz, todos los oficialistas presentes en la Comisión de Justicia acataron la orden con ejemplar disciplina…

La segunda etapa del plan consistió en capturar el Ministerio Público. Esto se produjo seis meses después a través de la ley 26 623. Vale la pena describir brevemente la forma como se aprobó esta ley para demostrar la actitud dolosa de la mayoría gubernamental, muchos de cuyos miembros pretenden hoy distanciarse de Montesinos. El proyecto original (que me parece era de Antero Flores Aráoz) tenía apenas 5 artículos y se limitaba a crear el Consejo de Coordinación Judicial, llamado a coordinar la política de desarrollo y organización de los órganos vinculados a la justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, las facultades de Derecho y eventualmente la Policía Nacional, el Instituto Penitenciario y el Instituto de Medicina Legal. Nada más razonable y políticamente inofensivo.

El proyecto se puso a debate en el pleno del Congreso alrededor de las 10 de la noche del 14 de junio de 1996. Cuando todo hacía suponer que no habría mayor debate, algunos representantes de la mayoría oficialista propusieron que al proyecto se le agregaran nada menos que doce «disposiciones finales», que en realidad constituían un nuevo proyecto de ley. Por cierto, ninguna comisión del Congreso había estudiado ni dictaminado estas normas adicionales, que aparecían como por arte de magia a la medianoche del último día de la legislatura y cuyo contenido nada tenía que ver con la coordinación judicial. En dichas disposiciones finales se creaba la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público bajo la presidencia desde luego de la inefable fiscal de la Nación doña Blanca Nélida Colán. En cuanto a sus facultades, a esta Comisión Ejecutiva se le otorgaron más que las que meses antes se había conferido a la del Poder Judicial. Por ejemplo, se autorizó que a través de la presidenta (Blanca Nélida) se aprobara el plan de reestructuración y reforma del Ministerio Público y a decidir sobre si se denunciaba o no a los jueces de primera instancia y vocales superiores por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (se configuraba así la amenaza de denunciar penalmente a cualquier juez o vocal superior que a juicio de Blanca Nélida Colán —léase Montesinos— no actuara conforme a ley).

Se ampliaron también las facultades que pocos meses antes se habían otorgado a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Aparentemente, la «eminencia gris» de todo este plan se dio cuenta de que la Comisión Ejecutiva, con las facultades que inicialmente se le confirieron, no servía para los objetivos políticos que se le tenían reservados. Así, la presidencia de la Corte Suprema y la Sala Plena quedaron prácticamente sin facultades. Todas estas pasaron a la Comisión Ejecutiva, la cual se convirtió en el verdadero órgano de gobierno del Poder Judicial.

La tercera etapa del plan fue la famosa interpretación auténtica de la Constitución. Un buen día de agosto de 1996, por obra y gracia del congresista Carlos Torres y Torres Lara, se abrió debate en el pleno sobre una ley que pretendía interpretar «auténticamente» la Constitución en lo relativo a la reelección presidencial. Aparte de las serias y numerosas consideraciones jurídicas que se invocaron ese día en contra del proyecto, en las que no quiero detenerme por la naturaleza de este trabajo, la llamada interpretación del artículo 112 de la Constitución es un insulto a la inteligencia de los peruanos. En efecto, la Constitución decía muy claramente: «El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional». La ley, sin embargo, «interpretó» que no debía tenerse en cuenta el período presidencial iniciado antes de que entrara en vigencia la Constitución. Como esta entró en vigencia el 1ro. de enero de 1994, no debía considerarse el período presidencial de Fujimori de 1990 a 1995. ¡Qué maravilla! Una ley decía no solamente lo que la Constitución no dice, sino que además esa ley decía que no había existido lo que en realidad existió. Es una ley increíble, producto de un singular Congreso fujimorista, según la cual Fujimori no fue Presidente del Perú entre 1990 y 1995. Todos los peruanos estábamos equivocados o locos. La conclusión era obvia: como el primer período de Fujimori era el iniciado en 1995, el período a iniciarse en julio del 2000 sería el de la primera reelección.

En rigor no se trataba de una «interpretación» sino de una verdadera modificación de la Constitución. Lo que ocurre es que la mayoría fujimorista no tenía los 80 votos necesarios para cambiar la Constitución. Había que llamar entonces «interpretación» a lo que en verdad era un cambio de la Constitución.

Todo esto —y mucho más— se dijo aquella noche en el Congreso de la República. Y se dijo en la prensa (la escasa prensa libre que había), en foros, debates, conferencias y clases universitarias. Las razones no contaban para nada. El Presidente Fujimori debía estar bien servido por su ingenioso asesor y por su obsecuente mayoría en el Congreso.

A pesar de que con esta ley ya nadie dudaba de las verdaderas intenciones del fujimorismo, teníamos sin embargo la esperanza de que hubiesen dos instituciones y un mecanismo constitucional que impidieran que la farsa llegara a culminar. Las instituciones eran el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. El mecanismo constitucional era el referéndum. El Tribunal Constitucional, pensábamos ingenuamente, no puede aplicar una ley indudablemente inconstitucional. Tampoco podía hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones, única y última instancia electoral, cuando se tache la candidatura de Fujimori. Y si ambos tribunales flaquean, pues entonces el pueblo, a través de un referéndum, impedirá la ilegal segunda reelección.

Pero, al igual que nosotros, Fujimori, Montesinos y compañía sabían que el Tribunal, el Jurado o el referéndum podían frustrar sus planes. Por tanto, había que neutralizarlos.

Como quiera que en el Jurado Nacional de Elecciones hay representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las facultades de Derecho de las universidades públicas, la captura del Jurado debía hacerse asegurando que los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las facultades de Derecho fuesen las personas adecuadas para los fines de la segunda reelección. Si bien el Poder Judicial y el Ministerio Público ya estaban a cargo de las respectivas Comisiones Ejecutivas, esto no garantizaba el resultado deseado porque los representantes ante el Jurado eran designados por la Sala Plena de la Corte Suprema y por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cómo lograr que en estos dos órganos colegiados hubiese una mayoría de magistrados adictos al régimen? Pues, dándole voto a los jueces y fiscales provisionales. Expliquemos esto brevemente.

Los magistrados titulares son los que tienen nombramiento emanado del Consejo Nacional de la Magistratura. Como en la Corte Suprema se habían creado varias salas llamadas transitorias y especializadas (para juzgar preferentemente asuntos de derecho público, como amparos, delitos de carácter tributario y de narcotráfico), era preciso recurrir a vocales provisionales dado que no había suficientes vocales titulares. Los provisionales son vocales de las Cortes Superiores que provisionalmente ocupan una plaza en la Corte Suprema. Pero estos vocales, por el simple hecho de no ser verdaderos vocales supremos, no tenían asiento en la Sala Plena. Tan solo desempeñaban función jurisdiccional, en forma transitoria. Lo mismo ocurría en el Ministerio Público.

Pues bien, en diciembre de 1997 se dictó una ley, la 26 898, que también fue presentada inocentemente al Congreso. El autor del proyecto fue Medelius. Digo «inocentemente» porque se dijo que era una norma tan solo administrativa que pretendía «regularizar» la situación de los vocales y fiscales provisionales. La ley les confería los mismos derechos que a los titulares y expresamente declaraba que integraban a partir de ese momento la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos.

Bueno es decir que el número de magistrados provisionales había aumentado considerablemente porque el Congreso se había encargado de aprobar otra ley, la 26 695, que autorizaba a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial a crear, conformar y reorganizar las salas especializadas transitorias de la Corte Suprema. La Comisión Ejecutiva, debidamente digitada desde el SIN, como ha quedado acreditado por los videos, creó dolosamente varias salas transitorias. El número de vocales provisionales llegó así a exceder el de los titulares.

En el Ministerio Público también la Comisión Ejecutiva tenía por ley la facultad de designar fiscales provisionales. Por consiguiente, el número de fiscales provisionales se incrementó significativamente.

Transcribo a continuación un fragmento del dictamen en minoría que presenté el 9 de diciembre de 1997 oponiéndome a la aprobación de este proyecto de ley:

«Es este el verdadero propósito del Proyecto de Ley de que se trata. El Jurado Nacional de Elecciones, que administra justicia en instancia final en materia electoral, se renovará parcialmente el año próximo. Cesarán en sus cargos, entre otros, el representante de la Corte Suprema, quien preside el Jurado, y el representante del Ministerio Público. Quien ha de elegir a los nuevos representante es la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente. Estos órganos, si se aprueba el Proyecto, estarán integrados por vocales y fiscales titulares y provisionales. Estos últimos, por su número, tendrán una participación decisiva. Y como los provisionales han sido designados a dedo, ellos responden generalmente a las instrucciones y simpatías del Poder Ejecutivo que controla las respectivas Comisiones Ejecutivas.

Es fácil comprender que el Poder Ejecutivo podrá contar así con dos representantes de su preferencia en el Jurado de Elecciones, lo cual podría viabilizar la inconstitucional segunda reelección del actual Presidente de la República.

Hay además un serio cuestionamiento constitucional al proyecto. Solo puede gozar de todos los atributos y derechos el vocal o fiscal que ha sido nombrado con arreglo a la Constitución, esto es, por el Consejo Nacional de la Magistratura. De lo contrario es un magistrado temporal, interino y de segundo orden, que no puede participar en elecciones que tienen significativas consecuencias políticas, y menos aún ser elegido para representar a sus respectivas instituciones. Es inconstitucional que por ley se equipare a los magistrados provisionales con los titulares, siendo así que los primeros no tienen nombramiento conforme a la Constitución.

Por la vía de la ley se pretende eludir el mandato constitucional de que todos los vocales y fiscales son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Se llegará al absurdo de que los provisionales gobiernen el Poder Judicial y el Ministerio Público»[1].

Claro, la pregunta que puede hacerse es por qué los magistrados provisionales eran necesariamente cercanos al régimen de Fujimori. ¿No había acaso jueces y fiscales provisionales independientes, que actuaban de acuerdo a su criterio? La respuesta es afirmativa. En efecto, había jueces provisionales autónomos, pero ciertamente no eran la mayoría. Las Comisiones Ejecutivas —que sin duda respondían a las directivas del gobierno— sabían muy bien a quiénes designaban como provisionales. No olvidemos, por otra parte, que el magistrado que llegaba provisionalmente a una vocalía o fiscalía suprema, percibía el sueldo y beneficios que correspondían a un magistrado supremo. Si no se «portaba bien», era regresado a la Corte o Fiscalía Superior (esto dependía de la Comisión Ejecutiva respectiva), con la consiguiente reducción de su sueldo. De otro lado, tampoco todos los magistrados titulares eran independientes. Ciertamente había, y los hay, jueces intachables, pero los había también muy permeables a los deseos de Montesinos, como lo han probado los videos recientes. Los cierto es pues que, hechos los cálculos de un lado y del otro, el gobierno contó con mayoría de votos tanto en la Sala Plena de la Corte Suprema como en la Junta de Fiscales Supremos. Por esto en un video vimos cómo Montesinos aseguró al vocal Alipio Montes de Oca que él sería elegido para representar a la Corte y presidir así el Jurado Nacional de Elecciones, como en efecto ocurrió.

Todo lo dicho anteriormente cuenta también para el Ministerio Público, donde la Comisión Ejecutiva presidida por Blanca Nélida Colán incorporó como fiscales provisionales a quienes resultaron necesarios para nombrar a la persona adecuada para integrar el Jurado Nacional de Elecciones. A los provisionales se sumaban además los votos incondicionales al SIN de la propia Colán y del fiscal titular Pedro Pablo Gutiérrez. Resultó así elegido como representante el fiscal provisional Carlos Bringas, cuyos votos en el Jurado de Elecciones claramente revelaron que estaba a favor de la segunda reelección de Fujimori.

Esta inconstitucional elección por magistrados provisionales de los representantes de la Corte Suprema y de los fiscales supremos en el Jurado Nacional de Elecciones, permitió al gobierno tener dos votos de cinco en este órgano llamado a decidir, en instancia final, si Fujimori podía o no ser candidato a una segunda reelección. Faltaba un voto más para alcanzar la mayoría. El gobierno puso entonces la puntería en el representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, para lo cual aprovechó la circunstancia de que varias de estas habían sido previamente declaradas en «proceso de reorganización», lo cual quiere decir que sus autoridades no eran elegidas por profesores y estudiantes sino designadas a dedo por el poder ejecutivo. Ahora entendemos perfectamente, después de haber visto los famosos videos, por qué las facultades de Derecho de las universidades públicas eligieron como su representante a Walter Hernández Canelo, quien por cierto se reunió con Montesinos y siguió sus instrucciones al pie de la letra.

El gobierno tuvo así tres votos asegurados en el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, la mayoría. Pero Fujimori y Montesinos no tenían la certeza absoluta de que los tres votos ya digitados se comportarían de acuerdo a sus instrucciones. Temían quizás que alguno de ellos se «torciera» o se enfermara en el momento preciso. Para evitar este riesgo nada mejor que recurrir nuevamente al fiel y sumiso Congreso de la República y hacer aprobar otra ley que asegurara del todo la candidatura a la segunda reelección. Se dictó así la ley 26 954 en mayo de 1998, por la cual se estableció que para rechazar la inscripción de un candidato (léase Fujimori), se requerirían no tres votos, que ya representaban la mayoría, sino cuatro. Era virtualmente imposible que los cuatro magistrados digitados votaran en contra de la inscripción de Fujimori como candidato a la presidencia.

Ocurrió sin embargo que a la hora de resolver sobre la inscripción de la candidatura de Fujimori, el Jurado la aprobó por unanimidad. Hoy ya conocemos por qué firmó esa resolución el representante del Colegio de Abogados Muñoz Arce. Simplemente se había vendido a Montesinos.

La otra institución constitucional que podía frustrar la segunda reelección de Fujimori era el Tribunal Constitucional. Podía eventualmente declarar la inconstitucionalidad de la ley de «interpretación auténtica». Cierto es que el gobierno fujimorista se había «curado en salud» y, previendo una situación como esta, había dictado desde el CCD una ley que estableció que para declarar una ley inconstitucional se requerían 6 votos de 7. Bastaban pues solo 2 votos para que la demanda de inconstitucionalidad fuese rechazada. Una vez más, la contundente lógica fujimorista: dos votos valían más que cinco. Por lo tanto, ¡ganaban! Y como el gobierno contaba siempre con el voto incondicional de los magistrados Acosta Sánchez y García Marcelo, podía estar seguro de que nunca habría 6 votos para invalidar una ley que fuese contraria a sus intereses políticos.

Durante el año 1996, varios congresistas planteamos ante el propio Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de esta norma que exigía los 6 votos. La razón fundamental era que este requisito tan exagerado desnaturalizaba el Tribunal y le impedía cumplir la función de control constitucional que la propia Constitución le asigna. Varios abogados hicimos uso de la palabra esa mañana de noviembre. Ante el pleno del Tribunal dimos todas las razones para que la exigencia de los seis votos no se mantuviera. Solo pudimos persuadir a tres magistrados probos, los Dres. Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry. Pero estos eran solo 3 de 7. La circunstancia feliz fue que los cuatro restantes se abstuvieron. Los tres jueces honestos aplicaron entonces lo que se conoce como el «control difuso» de la Constitución: en vista de la oposición existente entre la Constitución y la ley de «interpretación auténtica», había que preferir la primera y en consecuencia no se aplicaba esta última y Fujimori no podía postular nuevamente a la presidencia el año 2000.

La resolución del Tribunal, adoptada por los tres magistrados que aplicaron el control difuso, produjo una conmoción. El fujimorismo no podía perdonar semejante osadía de quienes querían interponerse entre Fujimori y su tercer mandato presidencial. Por esta razón meses después la mayoría en el Congreso se aprovechó de unas denuncias de acoso que había formulado Delia Revoredo, y luego de un proceso parlamentario vergonzoso, destituyó a Revoredo, ReyTerry y Aguirre Roca de sus cargos en el Tribunal. Los congresistas de Fujimori utilizaron para ello la excusa de que, al resolver un pedido de aclaración de la sentencia, la resolución aclaratoria había sido firmada únicamente por los tres magistrados destituidos, los cuales habían así «usurpado» el nombre del Tribunal. En esto había consistido la infracción constitucional. En el fondo, como todo el Perú supo, se trataba de una venganza contra los tres jueces honorables que se oponían, de acuerdo a la Constitución, a que Fujimori postulara por tercera vez.

Dos personas deben ser mencionadas por su penoso papel esa noche de vergüenza para el Congreso de la República. Se trata de Enrique Chirinos Soto y Luis Delgado Aparicio, a quienes les cupo la deplorable tarea de acusar falsamente y sin fundamento jurídico a los tres magistrados constitucionales. Ellos afirmaron que cumplían un encargo legal de la Comisión Permanente. Pero esta era solo la excusa. En realidad cumplían órdenes de más arriba o estaban de acuerdo con acusar, porque nadie puede ser obligado a hacerlo, menos aún tratándose de congresistas, quienes en general defienden a rajatabla su independencia de criterio.

Capturado el Jurado Nacional de Elecciones y descabezado el Tribunal Constitucional, lo único que quedaba para impedir la candidatura de Fujimori era el referéndum. De hecho, un grupo de ciudadanos demócratas, en el que estaban los miembros del Foro Democrático, había comenzado a recoger firmas desde meses antes. Hasta que en efecto hubo un millón quinientas mil firmas (este era aproximadamente el número de firmas requerido, ya que la ley señala como mínimo el 10 % del número total de electores).

Ocurre, sin embargo, que dos años antes, en 1996, aparentemente con la intención de impedir un referéndum que frustrara la privatización de Petroperú (aunque creo que el verdadero propósito era impedir cualquier referéndum), la mayoría en el Congreso había aprobado una ley aberrante, según la cual para que procediera un referéndum debía haber una previa iniciativa legislativa, que el Congreso desaprobara, pero que a pesar de ello mereciera cuando menos el voto favorable de 48 congresistas. Perdónenme estimados lectores por esta explicación tan complicada, pero así de confusa era la ley en cuestión. Lo cierto es que antes de llevarse a cabo un referéndum había que pasar la propuesta por el Congreso, la cual debía ser rechazada, pero cuando menos 48 congresistas debían votar a favor de ella.

En efecto, un día de agosto de 1998 se debatió en el pleno del Congreso la realización de un referéndum que consultara al pueblo si Fujimori podía postular a una segunda reelección el año 2000. Obviamente la propuesta iba a ser rechazada porque esas eran las órdenes de Fujimori y Montesinos. Pero eso no bastaba. Era necesario que por lo menos 48 congresistas votáramos a favor. Contamos los votos uno por uno. Ajustadamente alcanzábamos el número requerido, siempre que todos los que no éramos de la mayoría estuviésemos presentes y votáramos a favor de la consulta popular. El debate se prolongó durante varias horas.

Por segunda y última vez, transcribo algunos párrafos de la exposición oral que hice ese día:

«Creo que no exagero cuando digo que hoy está en juego el sistema democrático en el país. Esta no es una frase para las galerías. Arrasar con el más importante mecanismo de democracia directa es arrasar con la democracia y por tanto con el estado de derecho. En toda democracia el pueblo es soberano, eso nadie lo puede discutir: el poder emana del pueblo. Por consiguiente, atentar contra la voluntad popular es socavar los fundamentos del sistema democrático. Les ruego a todos los señores congresistas que piensen en esto y en la gran responsabilidad que tenemos el día de hoy.

Además, señores congresistas —y es muy importante destacar esto— el día de hoy también estamos aplicando una ley nula.

En esta segunda transparencia (que se proyecta en la pantalla) podemos apreciar el texto del artículo 31º de la Constitución Política, el cual señala: "Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum…", y el párrafo final, dice. "Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano en el ejercicio de sus derechos". ¿Qué derechos? Los que en dicha norma se señalan, incluido el referéndum.

Presidenta, yo no sé qué dice al respecto la Constitución de Uruguay, que el señor Ricardo Marcenare citó como ejemplo de otras legislaciones que limitan el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, pero la Constitución del Perú dice lo que hemos leído (artículo 31º) y dice además que cualquier límite que se ponga al ejercicio del referéndum, es nulo y punible; es decir, inexistente y sancionabie.

Por consiguiente, no cabe que este derecho sea limitado, porque se trata de un derecho irrestricto. En consecuencia, la ley famosa que establece este paso por el Congreso como filtro previo, es una ley que viola el artículo 31º de la Constitución. Rara vez la Carta Magna utiliza estos términos: "Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos". Esto es precisamente lo que hoy día está ocurriendo, porque estamos procediendo con arreglo a una norma que es nula porque limita el derecho al referéndum.

Se ha mencionado en el transcurso del debate que los congresistas somos los representantes del pueblo y que en esa condición vamos a adoptar la decisión final. Pero no olvidemos una regla elemental de representación: el representado puede desautorizar al representante en cualquier momento. En este caso, un millón y medio de personas quieren que el pueblo se pronuncie para ver si se nos desautoriza o no. Hay que darles la oportunidad para que se puedan pronunciar»[2].

Finalmente, solo 45 congresistas votamos a favor del referéndum, con lo cual dicha iniciativa fue rechazada. Cuando comenzó la sesión estábamos presentes 110 congresistas. Los ausentes fueron 4: Ciccia, Chu Rubio, Susana Díaz y Velásquez Ureta. Francisco Pardo estaba con licencia. De los ausentes, Velásquez Ureta era de la mayoría. Los tres restantes no lo eran. Con sus votos habríamos alcanzado los famosos 48 votos. Pero no estuvieron presentes. Chu Rubio desapareció no solo ese día sino toda la semana siguiente. Hoy, por los videos, sabemos por qué no estuvieron presentes. Se vendieron en el SIN.

Así murió el referéndum y quedó expedita la candidatura de Fujimori para la segunda reelección.

Entre todos los congresistas que montaron y aprobaron este andamiaje antidemocrático para perpetuar a Fujimori en el poder, están quienes hoy alegan ser víctimas de una persecución política…

La captura del Poder Judicial y del Ministerio Público sirvió no solamente para que Fujimori se perpetuara en el poder. Sirvió también para que Montesinos y otras personas (entre las cuales podría estar el propio Fujimori) se llenaran los bolsillos de dinero mal habido.

La utilización política del sistema judicial consistió básicamente en: (i) denunciar penalmente a los enemigos del régimen; (ii) no denunciar penalmente a los amigos del régimen (ambos asuntos los decidía el Ministerio Público); (iii) sentenciar penalmente a los enemigos y absolver a los amigos; (iv) resolver favorablemente al gobierno los casos de contenido político, preferentemente acciones de amparo que pretendían impedir el comportamiento abusivo del gobierno; (v) resolver favorablemente al gobierno los asuntos que pudieran llegar por violación de los derechos humanos; y (vi) resolver favorablemente las denuncias por tráfico de drogas que se formularan contra miembros del gobierno o de las Fuerzas Armadas. También se utilizó políticamente el sistema judicial para resolver en contra de los enemigos del gobierno casos aparentemente societarios como el del Canal 2.

Pero además, decíamos, hubo una utilización del aparato judicial para cobrar coimas a los litigantes, a cambio de un fallo favorable; o chantajear exigiendo el pago de una suma de dinero bajo la amenaza de una sentencia desfavorable.

Para estos efectos el gobierno de Fujimori creó todo un aparato de corrupción dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público. Se valió para ello de las famosas Comisiones Ejecutivas y de ciertos jueces y fiscales a los que colocó en puestos claves dentro de la estructura judicial.

En el Ministerio Público el instrumento fue Blanca Nélida Colán. En el Poder Judicial habría sido Alejandro Rodríguez Medrano, quien ya ha sido suspendido en sus funciones judiciales por la Corte Suprema en momentos en que escribimos estas líneas.

La Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, debidamente autorizada por una ley aprobada por la mayoría gubernamental, creaba las salas especializadas transitorias a nivel Supremo y Superior y los juzgados especializados transitorios que eran necesarios para juzgar los casos de drogas, contrabando, societarios, impuestos, otros delitos y asuntos de derecho público (ej. amparos). La Comisión Ejecutiva creaba la sala correspondiente a nivel Supremo y colocaba allí, casi invariablemente, a magistrados provisionales, por cierto que «confiables». Pero como había que cuidar lo que pasara en las instancias inferiores, a esa sala especializada transitoria se la autorizaba no solo para sentenciar sino además para designar las salas especializadas que fuesen necesarias en los niveles inferiores (juzgados y Corte Superior). Resultaba así que, en materia de drogas por ejemplo, había una Sala Suprema, otra Superior y un juzgado. Todo estaba controlado por el correspondiente vocal supremo provisional, que era el nexo con el SIN. No había pues forma de que el sistema judicial se saliera de la instrucciones impartidas: las tres instancias estaban bajo control externo en los juicios que interesaban. Un servicio tan eficiente, por cierto tenía un precio…

Se crearon así compartimentos estanco dentro del Poder Judicial, virtualmente autónomos. Para que esto fuese posible era necesario un presidente complaciente —hoy también suspendido por la Corte Suprema—; una Comisión Ejecutiva servil, a la cabeza de la cual operó en los últimos años el abogado Pezúa que aún no ha sido investigado; y una Sala Plena de la Corte Suprema que no se reunía nunca. Los vocales titulares quedaron así marginados de la gestión del Poder Judicial.

Juzgue usted, estimado lector, si los congresistas que con su voto montaron este andamiaje, violaron o no la Constitución que habían jurado cumplir…

DANIEL E. MORA ZEVALLOS

LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE AL RETO DEL SIGLO XXI

Pocos momentos de nuestra historia han sido tan traumáticos como lo que nos ha tocado vivir en esta última década. Si a la década de los 80 se le denominó la década perdida, la del 90 será recordada como la década de la corrupción, de la quiebra total de valores, de la frustración, del desencanto, del copamiento y destrucción de las instituciones del estado. Por primera vez siento que la realidad supera largamente lo imaginable, cada día nos sorprende más, nuestra adormecida imaginación es incapaz de superar los hechos.

He tratado reiteradamente de dar inicio a este honroso encargo de Carlos Milla Barres, reconocido intelectual, que exclama: ¡¡Cómo Fujimori jodió el Perú!! Y es que estamos nuevamente ante una década en que el Perú, después de las innumerables veces que se ha jodido, se vuelve a joder. Se ha tratado de dar múltiples explicaciones a este deterioro continuo, cada una no menos importante que las otras: que se trata de un problema de raza, del conglomerado racial (del indio, del cholo, del chino, del negro, del mulato, del criollo); o de la ausencia de una sólida arquitectura occidental del estado; del colapso de la sociedad andina; del fracaso del proyecto criollo de instalar una monarquía; que nacimos mal como república, que el estado creado no era el verdadero reflejo de lo que las naciones deseaban; de la falta de identidad, de autoestima; de nuestra diversidad geográfica, del clima, etc, etc.

Todos estos factores, en mayor o menor intensidad, consideramos, son la clave de nuestras desgracias. Sin dejar de ser importantes estas teorías, el problema parece ubicarse en el sistema imperante de nuestra sociedad y en cómo esta afecta al hombre peruano, en las características adquiridas por quienes hemos nacido en estas tierras durante el desarrollo de nuestras vidas, que dan el sello a nuestro comportamiento, conducta, moral, y valores.

Pocas veces se ha analizado el papel de las fuerzas armadas en el devenir de la vida nacional. Es difícil desarrollar una perspectiva aséptica en una situación de crisis como la que nos ha tocado vivir y en donde las fuerzas armadas han jugado un rol totalmente cuestionable y que ojalá logremos remontar; sin embargo, esta coyuntura nos abre la inmejorable posibilidad de realizar los cambios que permitan en el corto, mediano y largo plazo, reinstitucionalizarlas y plantear lineamientos de una política de defensa que permitan una verdadera modernización para hacer frente a los retos que nos plantea el siglo XXI.

Muchos intelectuales, profesionales y ciudadanos en general a menudo se plantean estas interrogantes: ¿realmente son las fuerzas armadas necesarias para el estado y la vida de la nación?, ¿son estas un obstáculo para el desarrollo democrático del país o pueden ser un elemento más de la democracia?, ¿realmente el poder civil debe estar obsesionado por el control del poder militar?, ¿realmente las fuerzas armadas son instituciones sólidas, o lo son porque las instituciones civiles son muy débiles?, ¿tiene vigencia el concepto de seguridad nacional, o, es un invento de los militares?, ¿son las fuerzas armadas un componente más o el elemento fundamental en este esfuerzo por joder al Perú?

I. EL NUEVO ORDEN Y LA SEGURIDAD

El llamado Nuevo Orden Internacional nos presenta un mundo con una sola superpotencia —los EE. UU.— como polo hegemónico, cuyo poder militar no tiene el contrapeso adecuado en otra potencia que tenga los recursos, medios y en general atributos económicos y tecnológicos. En suma, un país que asume el rol de mantener el orden y la estabilidad mundial.

Sin embargo, en este contexto han surgido grandes bloques geoeconómicos integrados, de dimensión continental, como la Unión Europea, EE. UU.-Canadá-México, y, el bloque asiático. En menos de dos años concluyó casi medio siglo de bipolarismo, colapso el comunismo, fracasó el bloque socialista, vino el desmembramiento de la Unión Soviética, se inició la expansión de la comunidad europea y consecuentemente aumentaron las democracias con economías de mercado, que han generado, según algunos intelectuales, un nuevo orden mundial donde ya no tienen cabida los conflictos globales, propios de las guerras ideológicas entre grandes potencias.

La atención a los países en vías de desarrollo por parte de las potencias se centraban fundamentalmente en razón de factores ideológicos. En el contexto actual, de ausencia de guerra ideológica, los países tendrán que revalorarse en función de sus propias potencialidades para participar con éxito en los mercados mundiales, tendrán que prestar mayor atención a factores más concretos para superar en forma eficiente las trabas al desarrollo, tales como competitividad, eficiencia y productividad; en otras palabras, tendrán que utilizar de mejor manera sus ventajas comparativas, tanto estáticas como dinámicas, para poder articularse adecuadamente a los circuitos políticos y económicos mundiales.

En este nuevo orden mundial, se presentan cambios sustanciales en la clase de conflictos bélicos que pueden desencadenarse. A las amenazas llamadas tradicionales, se agregan nuevas amenazas no militares como las violaciones a los derechos humanos, las agresiones al ecosistema, el narcotráfico, razones éticas, religiosas, y en general culturales que se trasforman en problemas o conflictos internacionales.

En este esquema no podemos dejar de mencionar la rivalidad comercial que se está generando entre los grandes bloques y que originará en las próximas décadas un nuevo orden internacional que gravitará, ante la ausencia de intereses estratégicos comunes, probablemente alrededor de cuatro bloques como EE. UU., China, la Unión Europea y Rusia —en ese orden—, con un nuevo modelo de relaciones que no estará exento de conflictos. En consecuencia, el poder hegemónico actual de los EE. UU., sustentado en el poder económico y militar, no parece que pueda contribuir decisivamente a construir una sociedad distinta, donde reine la paz.

La historia nos ha mostrado reiteradamente que el orden mundial se va construyendo sobre la base de alianzas e intensas relaciones de dos o más poderes. Asimismo, no es menos cierto que a medida que los países ponen más énfasis en la cooperación, sea política, económica, social o de cualquier otro tipo, los riesgos de confrontación se incrementan; en otras palabras, en esta interacción de los grandes bloques, en donde se genera una dinámica cada vez más intensa de cooperación, se producirá la confrontación e inevitablemente surgirán los conflictos.

No es menos cierto que otras potencias tratarán de ocupar los vacíos de poder que se producen en el mundo, como es el caso de la ex URSS. No podemos olvidar lo acontecido después de la segunda guerra mundial, cuando por ocupar los vacíos dejados por el derrotado Japón, se empeñarán las potencias en conflicto que llegaron a cruentos enfrentamientos bélicos.

En lo esencial, se aprecia que los conceptos de seguridad no han variado, y que, desgraciadamente, pensar en el momento actual en un enfoque global de la seguridad para la humanidad no parece ser lo más acertado. Según Alvin Toffler, desde que surgió la «paz» en 1945, el mundo ha conocido entre 150 y 160 contiendas armadas y conflictos civiles, y en este proceso perecieron unos 7 200 000 soldados, sin contar heridos, torturados ni mutilados.

Irónicamente, en toda la primera guerra mundial el número de soldados muertos fue de 8 400 000. Es decir, en términos de muertes en combate, admitiendo incluso un amplio margen de error, el mundo ha librado desde 1945 casi el equivalente a la primera guerra mundial.

Se han librado guerras en unos 60 países que conforman la ONU y, de hecho, durante las 2,340 semanas transcurridas entre 1945 y 1990, la tierra no padeció de guerras en solo tres de ellas.

Muchos intelectuales afirman que en un mundo globalizado las cuestiones comerciales y económicas prevalecerán sobre las cuestiones de seguridad; sin embargo, los conflictos y la violencia se han incrementado, los períodos de paz han sido cortísimos. A la primera guerra mundial siguieron voces optimistas de una paz duradera con la Sociedad de Naciones; igualmente sucedió luego de la segunda guerra mundial, se creó la ONU y se pensó en una paz definitiva, pero vino la guerra fría. Luego del derrumbe de la Unión Soviética nuevamente se pensó en una paz definitiva; sin embargo, en el mundo han estallado innumerables conflictos locales y no debe escapar a cualquier pensamiento estratégico que muchos de ellos arrastren a conflictos de mayor magnitud.

El problema parece clarificarse con las grandes potencias, sin embargo se plantean dudas en cuanto a si esto tiene el mismo valor para los países de menor desarrollo.

El tema es polémico y puede ser analizado desde distintas posiciones. Una de las grandes interrogantes en la actualidad es la referida a si son o no importantes las fuerzas armadas en los estados o países en vías de desarrollo, en los cuales los indicadores económicos y sociales son cada día más desalentadores. Hay quienes sostienen que de su existencia o inexistencia depende el superar estos indicadores y que es necesario redefinir el concepto de seguridad nacional, que son las propias fuerzas armadas, y en particular las latinoamericanas, las que han promovido conceptualizaciones en las que la seguridad viene a ser una conjunción de la defensa y el desarrollo, es decir, que la defensa es indesligable del desarrollo.

Es necesario precisar que cualquiera sea la ideología o doctrina de una organización política en un estado, esta siempre estará dirigida a alcanzar las finalidades de bienestar y seguridad. En América Latina prácticamente todos los estados persiguen estas finalidades, así que, en este contexto, es pertinente preguntarse si un tratamiento regional de la seguridad quizás sea lo más acertado.

La dinámica que se suscita a nivel global, necesariamente, se reproduce a nivel regional; las amenazas en los países de una región se perciben de manera similar a las que se producen a nivel global, con las particularidades propias de cada región.

Las tensiones que se producen en su interior, al igual que en el marco de la globalidad que se genera por la cooperación, generarán, más tarde o más temprano, confrontaciones que derivarán en conflictos; así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Es cierto que las amenazas tradicionales han disminuido en nuestra región; sin embargo, los conflictos históricos fronterizos siguen siendo una realidad, aunque la mayoría de ellos estén en vías de solución, a través de tratados bilaterales o de arbitrajes internacionales. Por otro lado, la subversión y el terrorismo, ligados a una ideología fenecida, son un hecho en algunos países; la pobreza y el desempleo son una realidad; subsisten las desigualdades económicas en el seno de las sociedades, al igual que una educación deficiente y no tecnológica, una deficiente atención de salud, problemática a la que se suman la delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, la falta de institucionalidad democrática, etc. Todos estos factores afectan la estabilidad y evidentemente la seguridad nacional.

Se han realizado diversos intentos por frenar, por ejemplo, la carrera armamentista en la región, como la Declaración de Ayacucho del 9 de diciembre de 1974, sin ningún resultado concreto.

Algunos países latinoamericanos han tratado formalmente aspectos específicos como las medidas de fomento de la confianza, el gasto militar, las características de los equipos militares, pero, las posibilidades de concordar sobre estos asuntos han sido, con honrosas excepciones, nulas. En el caso particular del Perú, después de 1981 generamos medidas de confianza con el Ecuador; sin embargo, se dio el conflicto del Cenepa en 1995. Estos esfuerzos que, de alguna manera, se han hecho en la región, también se han realizado en otras partes del mundo, donde la problemática en muchos casos es más compleja, sin resultados concretos que resaltar.

Es cierto que se está intentando encontrar nuevas formas de organización para la seguridad internacional; en este sentido, la propuesta de «Un programa de paz», planteada por el secretario general de la ONU en 1992, es hasta el momento el esfuerzo de mayor envergadura que propicia una diplomacia preventiva, de establecimiento y mantención de la paz, y una diplomacia flexible regional.

Sin embargo, no es menos cierto que enfrentamos nuevas tendencias en el ejercicio del poder internacional, que se manifiestan no solo mediante incentivos positivos, sino también a través de condicionamientos o de lo que se ha venido en llamar la diplomacia coercitiva, esto es, la amenaza del uso de la fuerza militar o de sanciones económicas, financieras, comerciales, entre otras, para tratar de darle gobernabilidad a la comunidad internacional y estabilidad a la globalización económica y política. Esta política es contradictoria con los conceptos que se quiere esgrimir afirmando que no existen más amenazas, que todos los grandes problemas están superados y que las fuerzas armadas deben reducirse o desaparecer, olvidando que los beneficios de la globalización no han alcanzado por igual a los países en el mundo, en particular a los de América Latina, donde, en su mayoría, no existen grandes cambios en términos de conflictos y efectividad en el tránsito al desarrollo después de la guerra fría.

Es cierto, una economía sólida y la estabilidad política y social son la base fundamental de la seguridad. Ningún país puede ser disuasivo si no cumple estas condiciones; no parece, pues, descabellado pensar en una reducción o redimensionamiento racional de nuestras fuerzas armadas que signifique economía y que al mismo tiempo nos permita dar un paso importante hacia la disuasión.

De manera general, en nuestra región seguirá predominando el concepto de estado-nación. Esto significa que la soberanía territorial y la seguridad nacional continuarán dependiendo de las instituciones nacionales, de los poderes y órganos del estado, de las fuerzas armadas y de la comunidad nacional. La seguridad y el desarrollo serán responsabilidad exclusiva de los países.

Por el momento, los intereses de seguridad seguirán teniendo un sello individual y es evidente que en este contexto cabe preguntarse cómo tener unas fuerzas armadas modernas y eficientes que no sean un obstáculo para el desarrollo y que no colisionen con el sistema político.

II. MODERNIZACION DE LAS FF. AA.

No puede abordarse un serio proceso de modernización de las fuerzas armadas, sin una modernización concomitante del conjunto del estado que permita maximizar nuestras potencialidades, recursos y eficiencia de nuestras instituciones.

¿Cómo hacerlo? En el caso de nuestras fuerzas armadas, es fundamental formular una política de defensa articulada a la política general del estado. Para los militares la política general del estado se sintetiza, en última instancia, en el desarrollo planificado de las potencialidades del país, condicionado por las necesidades de bienestar y seguridad de la nación.

A lo largo de nuestra historia, la república se ha debatido en la búsqueda de modelos de todo tipo que nos permitan arribar al desarrollo y ninguno de ellos ha funcionado. ¿Cómo encausar la responsabilidad del estado, si hoy la planificación es considerada como un atentado a la economía de mercado; si existen factores externos que afectan la soberanía, la búsqueda de la identidad nacional y la seguridad; si seguimos con pobreza extrema y desempleo; y si los servicios de salud y educación exigen replanteamientos urgentes?

¿Cómo debe enfrentar el estado estos grandes problemas? ¿Cómo organizarse para trazar nuevas estrategias que permitan enfrentar con solvencia los retos de este siglo? Creo que la esencia del problema es más simple: no hemos tenido objetivos claros, no se ha diseñado ni aplicado políticas eficaces para salir del subdesarrollo, cayéndose recurrentemente en el inmediatismo, en la visión de corto plazo y en la perspectiva segmentada de determinados grupos políticos o económicos, que han carecido de una visión integral del desarrollo, que mucho menos han forjado un proyecto nacional de largo plazo que articule los intereses y necesidades de los diferentes segmentos de la sociedad, en una perspectiva de bien común y que otorgue estabilidad política, económica y social, legal, etc. Ya en los inicios de los años 50, José del Carmen Marín expresaba: «¿Cómo proceder para realizar esta transformación vital para todos los peruanos; o en otros términos, cuál debería ser el proceso de planificación de nuestro desarrollo? La respuesta a este interrogante será el contenido de nuestra doctrina al respecto».

Independientemente de las ideologías, la planificación del desarrollo del potencial nacional constituye la fase final de la política general del estado. Cuando un país fija o actualiza sus objetivos nacionales y decide hacer factibles dichos propósitos, entonces asume una tarea más concreta, más viable, más operativa y sobre todo más cuantificable en costos y tiempos. Esta tarea, en la que deben participar todos los ciudadanos para edificar una nueva sociedad, que es la respuesta a sus necesidades y aspiraciones, la denominamos «proyecto nacional», que define una imagen nacional futura en los aspectos político, económico, sicosocial y militar, comprometiendo el esfuerzo de cuando menos una generación de sus habitantes.

Existen varios modelos que vale la pena mencionar.

En Suecia, país que es considerado benefactor en el sentido estricto de la palabra, la seguridad social es una de las más extensas de Europa, incluso superior a la de Francia. Los suecos aceptan las altas tasas que deben abonar para mantener el sistema, con la confianza que en la vejez, durante una enfermedad o ante la ineludible paso de la muerte, van a gozar de atención oportuna y eficiente. Esa actitud no impide que Suecia se afilie a la libre empresa, a las leyes del mercado y que ingrese al mercado internacional bajo las reglas de competencia. Se podría decir que es un régimen mixto, que no ha abandonado la seguridad del individuo, pero que tampoco elude las leyes de la oferta y la demanda.

El Japón, un estado capitalista pero a la vez dirigista, es otro ejemplo. Planifica el desarrollo, lo que puede parecer una herejía para los liberales. Planifica en términos rígidos. La tecnocracia que dirige el ministerio de Justicia recibe el apelativo de «samurai» por la dureza con que conduce sus planes. Este hecho ilustra que la planificación no es tan perversa como la califican sus adversarios. En todo caso, es una planificación de carácter capitalista, que si bien cierra la competencia hacia el interior, acepta la durísima competencia exterior y se somete a sus reglas. Y en cuanto al aspecto social, a diferencia de Suecia, hay una desatención total por parte del estado; cada individuo responde por sí mismo, por su salud y por los riesgos que puedan afectarlo. Pero el individuo puede aceptar esas condiciones porque tiene garantizado el trabajo, garantía de la ocupación que es parte de la política estatal, pero que es también filosofía del empresario, aspecto difícil de ser comprendido e imitado en otras latitudes.

El otro modelo es Estados Unidos. Allí sí se puede decir que ha prendido a fondo la ideología liberal. La iniciativa privada es la base del desarrollo. El estado solo se limita a fijar las políticas generales, dejando al individuo la libertad de desenvolverlas o desarrollarlas. Pero también existen preocupaciones de carácter social, como la educación estatal, los intentos de extender la salud a la población más necesitada, la preocupación por el medio ambiente, la protección de los derechos humanos, y la cada vez mayor intervención del gobierno federal, con perjuicio de la autonomía de los estados. Evidentemente hay un liberalismo «singular»: la Junta de Reserva Federal brinda protección a la industria; la educación se estima como inversión útil, no como gasto; el seguro social goza de subsidios fiscales.

En resumen, la empresa privada planifica, Japón planifica. ¿Por qué pretender excluir esta actividad del rol del estado?

Cuando el estado dice que en «x» años habrán tantos jóvenes en edad de trabajar y que deben crearse las condiciones para que tengan ocupación, planifica, piensa en su porvenir, aspira a ahuyentar los temores de jóvenes enfurecidos y enfrentados contra él.

¿Los objetivos estratégicos de un estado pueden estar sujetos a la ley de la oferta y la demanda? ¿Puede el estado olvidar su rol social?

El estado moderno no debe olvidar al hombre, única justificación de su existencia. Para nosotros los militares, la política general del estado se sintetiza, en última instancia, en el desarrollo planificado de las potencialidades del país, condicionado por las necesidades de bienestar y seguridad de la nación.

En síntesis, con la planificación del desarrollo se trata de trasformar la realidad nacional del país y de hacerla evolucionar convenientemente, con el fin de adecuarla al mejoramiento permanente de las condiciones de existencia humana y de alcanzar y mantener mejores niveles de vida para sus habitantes.

Ahora bien, las realidades nacionales son distintas unas de otras, porque lo son también sus factores esenciales: hombre, medio físico y cultura. Cada una es la resultante del valor y de la forma como se interrelacionan estos factores. Por consiguiente, la nuestra, al igual que las demás, es una realidad peculiar y la consecuencia lógica de esto es que la forma de acción para transformarla tiene que ser peculiar y propia. Quizás allí estribe el éxito de una planificación inteligente.

Son estas las razones que explican que la modernización de nuestras fuerzas armadas debe iniciarse formulando una política de defensa articulada a la política general del estado, que entre otros aspectos contemple la recuperación de la institucionalidad y que pueda hacer frente con éxito a los desencuentros que han afectado tradicionalmente las relaciones con el sistema político en general.

¿Cuáles son los elementos básicos que debe contemplar una política de defensa?

III. REINSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS FF. AA. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN MILITAR

En julio de 1990, en un inicio aparentemente auspicioso, el Perú asomaba como un país con verdaderas posibilidades de un futuro alentador en el marco de la globalización y como uno de los estados más optimistas del hemisferio. Sin embargo, lo que ha sucedido en la década pasada puso al descubierto, y en forma documentada, nuestras debilidades, nuestras miserias, el desprecio a las normas, a las leyes, el arribismo, la sumisión más abyecta al poder, todo utilizado hábilmente para la corrupción, tocando absolutamente a todas las instituciones del estado, demostrando lo frágil de nuestra democracia.

¿Qué pasó? ¿Cómo no fuimos capaces de percatarnos de este proceso corruptor?

Simplemente, el jefe de facto del SIN explotó en forma eficiente el sistema imperante y la informalidad en lo moral y en los valores para cooptar y corromper autoridades, eliminado toda forma de fiscalización y control.

El SIN se convirtió en el centro del poder, en el verdadero poder del estado, donde la cooptación como método de control, chantaje, extorsión y manipulación de las diversas instituciones del estado, de las fuerzas armadas en particular, jugó el rol fundamental.

Control de estas, en especial del ejército, era vital para la consolidación y perpetuación del poder, convirtiéndolas en el brazo político del gobierno, desnaturalizando completamente sus roles constitucionales. El SIN utilizó para ello, la incompetencia, las prebendas, el chantaje, la extorsión, el temor, sometiendo básicamente a las cúpulas y sus allegados, muchos de ellos «convencidos» de una «patria mejor», de la «estabilidad económica, política y social» que permitiría en el largo plazo el desarrollo del país, pero internamente sabían que el objetivo era el enriquecimiento ilícito, la corrupción. Todo esto socavó los principios básicos de la institucionalidad, como la obediencia, la disciplina, la jerarquía, el honor y el profesionalismo.

Para los «amigos», estableció y utilizó la impunidad; y para quienes osaban rebelarse o siquiera opinar ante la ruptura de la institucionalidad, la pérdida de valores y la crisis moral que se iba percibiendo ante esta situación, estaban la persecución, la soplonería, la interceptación telefónica, la presión, el acoso, el pase al retiro, la «legalidad».

Montesinos, Fujimori y una cúpula militar corrupta permitieron la manipulación y utilización de las fuerzas armadas como simple instrumento del perverso pacto político, donde el único interlocutor del jefe supremo era el SIN. Una cúpula militar sumisa, que sirvió como pantalla de poder a un régimen sin escrúpulos.

¿Qué hacer en nuestras fuerzas armadas para que esta vergonzosa historia nunca se repita y que tampoco la permitamos?

Las fuerzas armadas son estructuras piramidales que se articulan mediante principios básicos que les dan solidez institucional. Su vértice o cúpula la conforman, en una situación de normalidad institucional, aquellos que mediante un proceso de profesionalización, por méritos propios, logran llegar a la cúspide; la forma piramidal le da la jerarquía, y se mantiene por la obediencia y la disciplina. Es decir, los principios básicos de la organización militar son interdependientes; en otras palabras, no podemos tratarlos en su aplicación en forma aislada, o se potencian o se debilitan cuando cualquiera de ellos es afectado.

Un ejemplo puede clarificar este concepto. Si colocamos a un oficial de menor jerarquía comandando a uno de mayor jerarquía, es evidente que esta se resiente; igual sucede con la obediencia, la disciplina y la profesionalización. Quien no comprende esta situación, no entiende realmente a las fuerzas armadas como institución, que no son solo agrupaciones con armas bajo el mando absoluto de quien detenta el mando político. Por el contrario, el mando y la obediencia ya no son personales, son institucionales.

Las fuerzas armadas son profesionales porque sus integrantes siguen una carrera, con promociones y ascensos, que logran gradualmente según su rendimiento en el desempeño de su trabajo u ocupación, es decir, por el desempeño profesional, por sus propios méritos. Son profesionales porque exigen una especialización en la administración y el uso organizado, racional, legal y legítimo de la fuerza del estado; lo son también porque exigen de quien se consagra a ellas una forma de vida, un compromiso vital, total, como ocurre en pocas profesiones.

NO DELIBERANCIA

Adicionalmente a estos principios, en su artículo 169, la constitución señala textualmente que las fuerzas armadas y la policía nacional no son deliberantes. Las fuerzas armadas, como institución, no pueden debatir acerca de las problemas colectivos o de la sociedad, con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o crítica a los órganos del poder político, o hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto. En otras palabras, las fuerzas armadas no deben sonreír ni aplaudir a los actos de un gobierno. Asimismo, tampoco pueden expresar críticas o tratar de imponer soluciones que les parezcan deben adoptarse. En este último decenio, este principio constitucional ha sido permanentemente vulnerado, violado. Mencionaré algunos ejemplos que clarificarán este punto:

Cuando, en sus actividades de acción cívica, las fuerzas armadas utilizan maquinaria pintada con los colores y lemas alusivos al partido del gobierno, están siendo deliberantes.

Cuando hacen pintas, colocan tabladillos, registran personeros para el partido del gobierno, están siendo deliberantes.

Cuando las cúpulas militares van al congreso para ejercer presión, están siendo deliberantes.

Cuando prestan sus instalaciones y participan en las sesiones con congresistas del partido del gobierno, están siendo deliberantes.

Cuando proporcionan sus medios de trasporte para la realización de actividades proselitistas, están siendo deliberantes.

Cuando el 13 de noviembre del 2000 un video nos muestra irrefutablemente cómo el gobierno y las cúpulas militares utilizaron a las fuerzas armadas como su instrumento o brazo político y que pretextando la supervivencia de la democracia, la unidad nacional y la estabilidad del país se construyó la más grande red de corrupción de nuestros tiempos, constatamos con indignación cómo nuevamente se volvió a joder el Perú.

Sobran ejemplos del avasallamiento al principio de la no deliberancia, pero lo hasta aquí mencionado pone en evidencia que en este caso todo estuvo encaminado a presionar y a obtener el aplauso ciego; no hubieron las críticas correspondientes a esta colisión con la obediencia —que debe ser absoluta— a la constitución y las leyes.

Una explicación adicional puede aclarar aún más el principio de la no deliberancia. Las fuerzas armadas pueden expresar su opinión, y para ello tienen sus canales de comunicación, por ejemplo, a través del Consejo de Defensa Nacional, donde el presidente del comando conjunto o los comandantes generales, como miembros eventuales, tienen derecho a voz. No menos importante es el ministerio de Defensa, donde el ministro ejerce la política del estado para la defensa integral del país. Asimismo, tienen en el Consejo Supremo de Defensa, constituido por los comandantes generales, el más alto órgano encargado de recomendar los asuntos de importancia relacionados con la defensa nacional.

Como es obvio, en estos órganos sí pueden y deben manifestar su opinión las fuerzas armadas, previo análisis de la situación, discusión, conclusiones, etc… sin que esto pueda entenderse como violatorio del principio de la no deliberancia. Asimismo es pertinente resaltar que en los estados mayores de los institutos armados siempre se delibera sobre asuntos que atañen, por ejemplo, a la realidad nacional, deliberación que es inherente a las tareas propias de la defensa nacional, y en la que se analizan y discuten todos los factores que afectan su misión de garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial.

Pero, esto debe realizarse conforme a los reglamentos internos y sin perder su carácter específico. Debe entenderse claramente que la no deliberancia rige fundamentalmente para el tratamiento público de asuntos políticos, situaciones en las que pudieran tomar determinada posición o actitud con relación a una corriente partidaria o al gobierno, olvidándose que forman parte del estado, de la nación, y no de un gobierno en particular, olvidándose que son de todos los peruanos y por lo tanto no pueden ni deben tener posición partidaria alguna.

ELEMENTOS QUE HAN PERMITIDO VULNERAR LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN MILITAR

Nombramiento y Permanencia de los Comandantes Generales

Con la finalidad de lograr la cooptación de las cúpulas militares de las fuerzas armadas, el gobierno introdujo nuevos elementos, modificando la ley de situación militar y las leyes orgánicas respectivas, como por ejemplo la permanencia de los comandantes generales a criterio del presidente de la república. El artículo 7mo de la de la mencionada ley en el caso del ejército (y es similar para cada institución) señala: El Comandante General, es el responsable de la preparación y desarrollo del Ejército. Depende del Ministro de Defensa, integra el Comando Conjunto de las FEAA. y es designado por el Presidente de la República en su condición de Jefe Supremo de las FEAA., entre uno de los Generales de División en situación de actividad. El tiempo de permanencia en el empleo es determinado por el jefe Supremo de las FEAA.

Esta forma de designación («… entre uno de los Generales de División en situación de actividad») vulnera los principios de profesionalismo, jerarquía y disciplina en cuanto a que la designación recae en cualquiera de los generales de división en actividad, no respetándose la antigüedad, el orden jerárquico establecido y alterando la línea de mando.

Se respeta la obediencia en cuanto a que el nombramiento emana de una decisión del jefe del estado, y la no deliberancia en cuanto a que la decisión no puede ser discutida; sin embargo, otros principios son vulnerados y la obediencia y la jerarquía se resienten.

Asimismo, cuando se menciona que «El tiempo de permanencia en el empleo es determinado por el jefe Supremo de las FEAA.», la situación es grave, porque la permanencia del comandante general queda supeditada a la voluntad de quien lo nombra, y ve inhibida su función en razón que la autoridad puede destituirlo a su sola voluntad sin explicación alguna.

Esta situación es sumamente peligrosa, porque el comandante general pasa a ser dependiente de las fuerzas políticas del momento. En otras palabras, se ve obligado a ser parcial con el gobierno de turno.

En un estado moderno no cabe que una sola persona, por importante que sea su investidura, esté dotada de tales atribuciones que pueda desequilibrar o desestabilizar toda una estructura institucional.

En este sentido, una propuesta apropiada sería que los comandantes generales deben ser designados entre los tres (cuatro o cinco) generales de división de mayor antigüedad que reúnan los requisitos establecidos en los respectivos reglamentos, tendrán una duración que no exceda el tiempo máximo de servicios al estado, y gozarán de inamovilidad de su cargo, salvo violaciones flagrantes de la constitución y las leyes.

Esta recomendación es congruente con los principios básicos de institucionalidad, y debe ser acompañada por medidas adicionales; por ejemplo, si de la propuesta es designado el general de división de menor antigüedad, los restantes oficiales generales deben pasar a retiro. El no sobrepasar el tiempo de servicio es también importante, pues se mantiene la pirámide institucional y no se desalienta la natural aspiración de llegar a los más altos cargos.

La inamovilidad del comandante general es básica aunque, por lo demás, no es absoluta, sino relativa; también el jefe de la institución puede ser removido por el presidente de la república en casos calificados de violación a la constitución y las leyes.

NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS Y RETIROS

Como consecuencia lógica de lo anterior, los nombramientos, ascensos y retiros deben realizarse a propuesta del respectivo comandante general de la institución. En otras palabras, el comandante en jefe debe proponer y el presidente de la república debe disponer, pero ni esta ni otras atribuciones pueden ser ejercidas discrecionalmente, sino en función de las leyes y reglamentos respectivos. En este sentido, el D. L. 752 del 8 Nov. 91 «Ley de situación militar del EP, MGP, y FAP», en su artículo 18° señala que los cambios de empleo se producirán «por disposiciones del jefe supremo de las FF.AA.»; es decir, es totalmente discrecional.

El comandante en jefe no puede tampoco proponer un nombramiento o ascenso que no respete el profesionalismo, rendimiento, méritos que señale la ley de ascensos; del mismo modo, el presidente de la república no puede disponer un ascenso o nombramiento que no respete la ley.

ASCENSOS DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES

¿El problema de los ascensos debe estar solo en las manos del presidente de la república? El tema es de permanente discusión, sin embargo considero que la propuesta de ascensos debe ser realizada por las respectivas instituciones, presentada por sus respectivos institutos al presidente de la república, hasta el ascenso al grado de coronel o su equivalente.

En el caso de generales y almirantes, al igual que en la designación de altos funcionarios del estado, los ascensos se realizarán por el congreso de la república, y siendo los generales y almirantes altos funcionarios del estado, no se encuentra argumento que pueda invalidar esta propuesta; quizás pudiera argüirse que se politizarían los ascensos, pero lo mismo podría decirse de una designación exclusiva presidencial; la diferencia estribaría en el conocimiento público de la designación y fundamentalmente en la fiscalización.

PASES AL RETIRO POR RENOVACIÓN

El problema con esta ley lo plantean los famosos «pases al retiro por renovación» contemplados en el artículo 58º del DL 752. Con el pretexto de la renovación constante de los cuadros, y en atención a las necesidades reales del servicio, se ha pasado al retiro a generales simplemente por no estar de acuerdo con el manejo político de la institución o por ser probables problemas para la permanencia de la escogida cúpula militar, vulnerando inclusive el DS Nº 083 del 11.11.92, que en su artículo 3o precisa que la selección para el pase al retiro debe realizarse considerando las «necesidades del Instituto con relación a los efectivos de organización y en función del servicio», siendo un contrasentido la existencia de gran cantidad de generales destacados en el extranjero o el nombramiento de oficiales en retiro como agregados civiles, vulnerando el propio dispositivo legal.

En consecuencia, se debe derogar estos dispositivos legales en el marco de la construcción de la institucionalidad de las fuerzas armadas. La autoridad política no puede ni debe tener una incidencia mayor que lo estipulado en las leyes o los reglamentos, ni injerencia política para preferir un ascenso o retiro a determinado oficial, pues con esto se debilita la organización, que está basada en el profesionalismo, la jerarquía y disciplina. No puede concebirse una fuerza armada en la que la injerencia del poder político esté por encima del estricto criterio profesional.

FUERZAS ARMADAS: INSTRUMENTO NEUTRO DEL ESTADO

No sé si el término sea correcto, pero en la situación actual es fundamental referirnos a unas fuerzas armadas que constitucionalmente, aunque no se menciona explícitamente, no son representativas de corrientes partidarias. Como instrumento neutro, su compromiso es con la comunidad nacional y no con partido político alguno. Las fuerzas armadas son un actor político de características no partidistas, no deliberantes y obediente al poder civil.

VOTO DE LOS MILITARES

¿Son los militares ciudadanos de segunda categoría?

La naturaleza de la no deliberancia y la neutralidad de las fuerzas armadas hace del militar apolítico, es decir, ajeno a la política, o mejor aun, a la participación política; no puede participar en movimientos políticos, ni en proselitismo alguno, de acuerdo con lo estipulado en la constitución.

En países donde el militar vota, tiene también sus limitaciones:

No puede participar en movimientos políticos.

No puede hacer proselitismo político dentro de las instalaciones militares.

No puede participar uniformado en las manifestaciones políticas.

No puede influir en sus subalternos a favor o en contra de una corriente política, etc.

Es decir, se tiene tantas limitaciones que solo se deja el derecho al sufragio.

Cuando un ciudadano abraza la carrera militar, renuncia voluntariamente al derecho de sufragio y debe respetar la constitución, las leyes y los reglamentos.

Cuando concluye su servicio, recupera ese derecho.

En nuestro país no parece ser de naturaleza esencial el dar o no el voto a los militares, o si va a ser más o menos político partidario su accionar; el problema parece ser más de tipo educativo, de cultura cívica en nuestra sociedad, pero en lo fundamental no creo que el voto a los militares permita resolver el problema de la mayor o menor influencia del poder militar o los desencuentros en la relación civil-militar.

IV. DESENCUENTROS CON EL SISTEMA POLÍTICO

CORPORATIVIZACIÓN PROFESIONAL

Amos Perlmutter clasifica a los ejércitos en cuatro tipos fundamentales:

Los ejércitos profesionales, instrumentos del estado, sea cual fuere la tendencia política de los gobiernos, cuya fuerza se puede utilizar cuando los gobernantes lo consideren necesario, de modo que estén dispuestos a servir con eficiencia a su cliente como su brazo especializado.

Los ejércitos pretorianos, que se definen como aquellos en que la clase militar, dentro de determinadas sociedades, ejerce un poder político en virtud de un empleo real de la fuerza o de la amenaza de emplearlo.

Los ejércitos revolucionarios, cuya organización y estructura corresponden a los ejércitos profesionales, pero que son movidos en su interior por conceptos relacionados a compromiso, dedicación y finalidades específicas.

Los ejércitos corporativos, en los que la organización militar adquiere conciencia de clase y la idea de corporación, de comunidad con características específicas que dependen del estado, a condición que su corporativismo sea respetado.

En teoría, las fuerzas armadas de América del Sur son instituciones corporativas y profesionales insertas en la estructura del estado, no deliberantes y subordinadas al poder político, expresado a través de un régimen democrático. Se dice que los militares suramericanos no cuestionan la dependencia del poder civil en tanto se mantengan como organizaciones profesionales y corporativas; sin embargo, todo se derrumba cuando intervienen en política utilizando la fuerza. La historia nos muestra que estos momentos de crisis generalmente han terminado con la ruptura del sistema institucional.

En la actualidad estas oscilaciones parecen agonizar. Sin embargo, las fuerzas armadas siguen manteniendo su cuota de poder e influencia con los gobiernos, pero, a diferencia de las décadas pasadas, cada vez se hace más evidente la tendencia a lograr más autonomía respecto de la clase política, en razón de esta profesionalización y modernización crecientes, expresada en la existencia de doctrinas corporativas propias, con débiles controles por parte de la civilidad. Este desarrollo institucional le ha otorgado a las fuerzas armadas un peso político mayor en regímenes autoritarios y dictatoriales.

A pesar de esta agonía, todavía estamos lejos de hacer de la democracia un elemento vivencial al interior de las fuerzas armadas. En su gran mayoría, los gobiernos civiles han subsistido precariamente. ¿Por qué esta precariedad? ¿Por qué los militares se sitúan en una posición de árbitros de la vida nacional?

Las fuerzas armadas se constituyen en actores políticos no solo en razón de su tradición histórica (con muchos héroes a quienes se debe la independencia nacional, la defensa de la integridad territorial, la consolidación del estado constitucional, la pacificación, etc., etc.), sino que también, como instituciones corporativas y profesionales, sienten que encarnan los valores de la sociedad en su conjunto, de allí que las grandes convulsiones sociales y políticas de nuestra historia siempre han repercutido en ellas.

Los momentos de crisis han sido consecuencia muchas veces del «sentido del deber y del profesionalismo».

Durante sus experiencias gubernamentales, los gobiernos militares han tratado de plasmar muchas veces un proyecto político orientado al desarrollo de sus propias sociedades. Es pertinente señalar que en la segunda mitad del siglo XIX el rol de las fuerzas armadas estuvo orientado a restablecer el orden y favorecer la formación del gobierno constitucional. A diferencia del modelo europeo, en Latinoamérica las fuerzas armadas fueron conscientes de que habían sido estructuradas para lograr y mantener el orden político (Perlmutter, 1990).

Desde la década del 50, a través del CAEM, las fuerzas armadas del Perú, desarrollaron una clara doctrina castrense respecto al desarrollo nacional y su relación con la seguridad nacional, preconizando la edificación de una nueva sociedad que dé respuesta a las necesidades y aspiraciones del pueblo peruano mediante un proyecto nacional que comprenda el esfuerzo de por lo menos una generación. Ya en los inicios de los 50, José del Carmen Marín se preguntaba cómo proceder para realizar esta transformación vital para todos los peruanos, o en otros términos, cuál debería ser el proceso de planificación de nuestro desarrollo. La respuesta a esta pregunta —decía— será el contenido de nuestra doctrina al respecto. En otras palabras, los militares creemos que, independientemente de las ideologías de los gobiernos, la planificación del desarrollo del potencial nacional constituye la fase final de la política general del estado. De alguna manera se han manifestado presiones castrenses por imponer la visión del proyecto nacional.

No menos importantes son las consideraciones geopolíticas para el manejo de los términos internacionales, así como los requerimientos profesionales y tecnológicos, las adquisiciones, la capacitación y el perfeccionamiento de las fuerzas armadas. Un ejemplo puede clarificar este aspecto.

En el pasado siglo la política de los EE. UU. hacia los militares latinoamericanos estuvo centrada en el peligro alemán, luego en el soviético, con el argumento de la defensa hemisférica. Sin embargo, no funcionó, los apoyos de los EE. UU. estaban muy lejos de los requerimientos profesionales y tecnológicos que demandaban las fuerzas armadas de la región. En el caso de nuestro país, iniciamos en la década de los 60 un proceso de independencia en el plano militar, con las adquisiciones de material aéreo francés y otros importantes de procedencia soviética; es decir, la política restrictiva en lo militar, ideologizada en lo político, tuvo como contraparte la búsqueda internacional de nuevas relaciones, lo que nos permitió acceder a nuevos conocimientos y tecnologías que hubiera sido imposible lograr en los EE. UU.

Sin embargo, si bien EE. UU. no perdió el control militar del hemisferio, estas actitudes de profesionalización y modernización con vínculos extracontinentales conspiraba en contra de su aspiración hegemónica en la región y decidió en este contexto que su política debía privilegiar su relación con las fuerzas armadas del continente, con la convicción de que serían su mejor contraparte, capaces de asegurar la gobernabilidad de sus respectivos países; poco a poco ha ido flexibilizando su política de trasferencia de armamento a la región, lo que ha reforzado la tendencia hacia una mayor corporativización institucional y, se dice, genera mayores dificultades para mantener el control civil sobre las fuerzas armadas.

Igualmente, han establecido por propia iniciativa vínculos internacionales con las fuerzas armadas de la región, para generar intereses comunes en el campo militar, prácticamente sin gran control de los gobiernos. Esto demuestra una vez más la debilidad del control de la civilidad. ¿O, simplemente, el espíritu corporativo y profesional de las fuerzas armadas las hace tomar decisiones en concordancia con su misión constitucional?

Tradicionalmente podríamos afirmar que nuestras fuerzas armadas se han desarrollado con relativa independencia y autonomía funcional. Por ejemplo, tenemos la respuesta del ejército frente al caso de las Malvinas; nuestras relaciones con la ex URSS; nuestras reuniones bilaterales de inteligencia, de estados mayores, con los países de la región, y particularmente con los limítrofes, etc. Es también el caso de la asignación y uso de los recursos presupuéstales, donde el control civil ha sido prácticamente imposible. ¿La corporativización institucional por un proceso de profesionalización y modernización más intenso hace que el control civil sea deficiente? ¿O es que, más bien, el marco institucional de la sociedad es demasiado débil? Nunca en la historia del Perú hemos percibido que tengamos instituciones sólidas, la ausencia de institucionalidad en el país dificulta el control, no solo de las fuerzas armadas, sino de otros organismos del estado.

Proponer mayores niveles de profesionalización y modernización no es la aspiración natural de cualquier institución.

La sociedad civil tradicionalmente ha estado preocupada por evitar golpes de estado, recurriendo para este efecto a sistemas de control reñidos con lo moral; no se ha preocupado por hacer de la democracia un uso vivencial al interior de las fuerzas armadas; no se ha preocupado junto con ellas por su modernización y profesionalización; a pesar de ser sus fuerzas armadas, las del estado, las de la nación. Se requiere un trabajo coordinado, coherente, para lograr una política de defensa integrada armónicamente con la política general del estado.

Tener instituciones civiles fuertes, partidos políticos sólidos, estabilidad económica y social, facilita el control civil sobre las fuerzas armadas y diluye su participación en el terreno político.

GOBIERNO CIVIL EFICIENTE

El nuevo concepto de seguridad nacional en la década del 60 llevaba implícito el convencimiento de que era fundamental salir del subdesarrollo con un gobierno estable, eficiente y realizador. En su estudio empírico, Perlmutter confirma «El hecho histórico y político de que cuando el gobierno civil no es eficaz… resulta imposible mantener bajo control la institución militar». A lo largo de toda la edad moderna no ha habido en los pueblos de habla castellana más que dos grandes ideales de gobierno indiscutidos: uno el buen gobierno y el otro el gobierno eficiente y realizador. Los gobiernos como las leyes son buenos o malos según cumplan con su razón de ser: el bien común.

En la segunda mitad del siglo XVIII se añade a la noción del buen gobierno la de gestión eficiente y realizadora, se introduce el criterio de rendimiento, que se mide por logros o realizaciones. Estos ideales no son algo etéreo, jugaron un gran papel en la vida política de la época, contribuyeron a aglutinar a la población, se reflejan en las instituciones y en el gobierno mismo. Todo lo cual hace posible la estabilidad de la Península y de Iberoamérica en los siglos XVI, XVII, y XVIII.

Producida la independencia, desintegrada la monarquía española en una serie de estados sucesores, estos intentan adoptar el constitucionalismo y con ello hace su aparición un tercer ideal de gobierno: someter su gestión a la regulación de un parlamento.

Este ideal constitucional responde a una concepción racionalista de la política, se concibe al estado como una máquina, se distinguen tres poderes y se cifra su perfección en un equilibrio, si se quiere mecánico, entre ellos, y el quid del asunto está aquí justamente: ¿cómo conciliar el gobierno eficiente y realizador con el gobierno regulado por el parlamento? Muy pocos países lograron esta conciliación; en general, la regla fue el conflicto entre dos ideales de gobierno. Es cierto, todos los países tienen constituciones, y no una sino muchas, en algunos casos 10 o 20 en menos de 180 años; en general, desde la época de la independencia americana hasta hoy, se han tenido más de 200 constituciones y paradójicamente muy pocos gobiernos constitucionales.

Esta colisión de ideales empuja hacia el desgobierno y la anarquía.

No es nueva en América Latina la tónica dominante de la hipertrofia de los poderes presidenciales y la consecuente atrofia de los parlamentos. En este sentido, la experiencia reciente nos muestra un acatamiento mayor de la autoridad del presidente, en su calidad de jefe del estado, más que el sistema democrático. La población siente muchas veces que el parlamento es un obstáculo para un gobierno eficiente y realizador.

Según Perlmutter, el colapso del poder ejecutivo es condición previa para el pretorianismo. Luego, al señalar las condiciones en las cuales ello se produciría, indica: «Que las instituciones civiles carezcan de legitimidad, que el gobierno civil fracase en la búsqueda de objetivos tales como: unificación, orden, modernización… la existencia de corrupción, debilidad y desorganización estructural, la no existencia de símbolos significativos de carácter general que aglutinen a la sociedad… síndrome típico de un estado en el que se hayan descompuesto los modelos tradicionales de cohesión social; sin haber sido sustituidos por otros nuevos; que a los dirigentes civiles les falte experiencia política y símbolos de autoridad».

En estas circunstancias los hombres de armas pasan a primer plano, surge el militarismo como alternativa frente al constitucionalismo. Los ejércitos pasan a ser árbitros de la situación. Ningún gobierno ha podido subsistir sin su apoyo.

Esta situación ha sido descrita por García Calderón: «Se cree en la eficiencia de las constituciones políticas y se las multiplica, se aspira a su perfección ideológica. Se cree en la omnipresencia de los congresos y se desconfía del gobierno. Las constituciones separan los poderes, debilitan al ejecutivo, lo hacen efímero…». De allí derivan la anarquía y el militarismo.

Por su parte, Khale afirma que la cantidad de constituciones está en razón inversa de la calidad cívica de los países. Autores estadounidenses atribuyen los fracasos del constitucionalismo a la falta de madurez de los pueblos. La idea parece centrarse en el ideal del gobierno encarnado en los pueblos de Latinoamérica, en la presencia de una ideal, distinto al constitucional; como consecuencia, son las constituciones las que perecen y nuevamente triunfa el país real sobre el país legal.

Existen evidentemente muchos otros factores que podrían explicar de una u otra manera esta amenaza constante del conflicto político militar; el tema en general es demasiado complejo y abarca los ámbitos social, político, económico, militar, racial, etc. Sin embargo, pareciera que el tema se estaría planteando entre dos tipos de gobierno o una convergencia entre ambos que remplazaría a la forma histórica del estado, lo cual permitiría consolidar el gobierno civil y eliminar definitivamente el gobierno castrense como alternativa frente a él.

V. GASTO MILITAR

Es un tema bastante complejo, sensible, que tiene implicancias directas en cómo el país percibe las amenazas, su conceptualización de la defensa, y en cómo operativizarlas con políticas específicas.

En nuestro caso, hemos mencionado que la soberanía territorial y la seguridad nacional continuarán dependiendo, entre otras instituciones del estado, de las fuerzas armadas, y de la comunidad nacional.

Cada país en la región mantendrá su sello individual a este respecto y no se aprecia que puedan darse en el contexto regional cambios significativos en el mediano o largo plazo. Sin embargo, el tema sigue siendo de permanente discusión, pues casi siempre se lo presenta en pugna con el gasto social; es la eterna competencia entre gasto para la defensa y gasto para el desarrollo, donde se plantean iniciativas de diversa naturaleza como: mantenerlo, reducirlo y en caso extremo desaparecerlo.

El problema parece centrarse en cómo dotar a las fuerzas armadas de recursos indispensables para asegurar su eficiencia en un marco de grandes demandas sociales y escasos recursos económico-financieros. No es menos cierto que el crecimiento y el desarrollo son los principales factores para la defensa, para ser verdaderamente disuasivos, y a medida que se incrementa nuestro patrimonio necesitamos darle mayor protección. En otras palabras, tenemos que generar más y más riqueza para mejorar el nivel de vida de nuestra población, eliminar la pobreza y la pobreza extrema, manteniendo un adecuado poder de defensa del cada vez mayor patrimonio que vayamos produciendo.

Tratar de dar solución al problema de la pobreza de nuestro país reduciendo o eliminando el gasto militar es una solución simplista a un problema que va más allá de la simple reducción del presupuesto militar; por lo demás, en el caso de nuestro país, más del 90 % del presupuesto de defensa es destinado a gastos corrientes y de ellos el 70 % comprende remuneraciones y el 30 % restante a adquisición de bienes y servicios de consumo; solo un 10 % se destina a inversiones. En consecuencia, el marco presupuestario actual no es apto para desarrollar o modernizar las fuerzas armadas. En este contexto, se hace imprescindible articular la política de defensa con la política económica, desarrollando un sistema presupuestario de largo plazo que visualice un mayor rendimiento de los recursos asignados.

A título de ejemplo, fijemos nuestra atención en algunos rubros en los cuales debemos lograr una mayor eficiencia en el gasto asignado, como el de las adquisiciones de armamento.

IMPORTACIÓN Y GASTOS INTERNOS

El principal problema es que somos básicamente importadores de armas, lo que genera una dependencia asfixiante con relación al país proveedor, y esta dependencia se centraliza fundamentalmente en el gasto. El gasto, que inicialmente es controlado por el país, a medida que trascurre el tiempo se va saliendo de control, generándose una espiral de mayores gastos, tanto externos como internos, orientados al área logística, sea para el abastecimiento de repuestos, el mantenimiento, el entrenamiento, etc.

Si crece el gasto en las importaciones, crecerá también el gasto externo y el interno se incrementará sensiblemente a medida que se vaya alcanzando el límite de vida útil del armamento adquirido. Si pretendiéramos reducir o eliminar las importaciones, no podríamos eliminar el gasto interno, pues llegaríamos a la inoperatividad del armamento. El caso más saltante en nuestro país se dio durante el gobierno de Alan García, cuando por reducir el gasto interno se dejó inoperativo gran parte del arsenal de nuestras fuerzas armadas, con las consecuencias que todos conocemos en el conflicto del Cenepa.

El quid del asunto está en cómo lograr el equilibrio adecuado entre importaciones y gasto interno. En general, en las fuerzas armadas nunca se ha realizado estudios específicos sobre las implicancias de una importación con relación a los futuros gastos que se generan, tanto externa como internamente.

TIPO DE ARMAMENTO ADQUIRIDO

Otro aspecto no menos importante es el tipo de armamento que se adquiere, que en nuestro país, en una gran parte de casos, no guarda relación con las características de las zonas de operaciones donde aparentemente se va a actuar; o se adquiere por razones de prestigio profesional. El militar quiere las mejores herramientas o instrumentos de guerra, acorde con lo que debe ser un profesional de la guerra, y así vemos que se pretende usar tanques en la zona norte, cuando estos han sido diseñados para terrenos planos o semiondulados, y en el norte solo la carretera Panamericana u otras de menor importancia estratégica podían servir como vía de desplazamiento, siendo un blanco fácil para cualquier soldado con un arma antitanque medianamente entrenado, o detenida la columna de tanques con una zanja pequeña que tenga una profundidad del 0.4 L (longitud de tanque). En consecuencia, es probable que el tanque en cuestión sea utilizado como artillería ya que no es útil en esa zona de operaciones; en otras palabras, se adquiere un material costoso que no tiene utilidad real en esa zona.

En el caso de nuestra marina de guerra, se tiene los cruceros, que son imponentes y que en apariencia le otorgan dominio en el mar, pero estos exigen gastos que no puede soportar nuestra economía, su desplazamiento demanda miles de galones de petróleo mensuales, protección de varios barcos de la flota en su desplazamiento y además son sumamente vulnerables en un mar tan abierto como el nuestro. Es probable que sea más importante centrar nuestra atención en pequeños submarinos o lanchas misileras, más adecuadas a la reales necesidades que se plantean en la subregión. La adquisición de equipos de esta naturaleza hace que todo gire alrededor de dicho equipamiento, diseñado en principio para una realidad concreta, y nosotros tercamente pretendemos insertarlo en nuestra realidad.

En nuestra área suramericana, con grandes cordilleras y selvas amazónicas, aún no se ha intentado desarrollar estrategias de guerra para esos territorios que definitivamente nos conduzcan a estar preparados para la guerra en la selva o en la cordillera y con el armamento apropiado; lo hemos apreciado en el caso del conflicto del Cenepa.

Existen otros factores no menos importantes que condicionan las adquisiciones y que las hacen más costosas, como los créditos de países desarrollados, los precios de oferta, etc., que incrementan significativamente la deuda externa. Apreciamos, pues, la existencia de diversas direcciones que nos permitirían ser más eficientes en el gasto militar y realmente buscar el equilibrio adecuado para lograr una mejor relación costo-beneficio.

No podemos dejar de mencionar un factor importantísimo en nuestro país que hace que las adquisiciones de armamento en el extranjero alcancen proporciones realmente de escándalo: las famosas comisiones o coimas. Muchas veces la necesidad de estas comisiones ha llevado a «imponer» la necesidad de tales adquisiciones. En otras ocasiones, como el caso del gobierno de Fujimori, se han pagado por adquisiciones de 5 a 10 veces su valor original, sin ningún control y con total impunidad. Generar métodos de control más eficaces, tanto en lo tecnológico como en los costos asociados a las adquisiciones, es una tarea que es necesario articular.

Resulta imperioso, pues, lograr un mayor rendimiento de los recursos tanto de adquisiciones como de operación, y encontrar soluciones económicas, mediante la formulación de una política de aprovisionamiento, tanto nacional como internacional, con visión interinstitucional, de conjunto.

Por ejemplo, en la industria nacional no existe la coordinación necesaria para hacer posibles economías de escala, actividades de investigación y desarrollo, producción de tecnología civil-militar y manufactura, estandarización de equipos y materiales en las fuerzas armadas, y en fin para implementar una metodología de asignación de recursos en el ministerio de Defensa, reforzando las instancias de toma de decisiones conjunta. En nuestro país y en la región en general es el presupuesto el que determina la estrategia y no la estrategia la que determina el presupuesto, y así lo será por largo tiempo. Queda en nosotros emplear al máximo nuestra creatividad para lograr una planificación inteligente de nuestro desarrollo que armonice con los escasos recursos disponibles. No podemos descartar el continuar el esfuerzo para incrementar o generar intereses comunes con los países de la región con el fin de disminuir tensiones, fomentar medidas de confianza mutua y caminar hacia un sistema de seguridad subregional que nos permita reducir el esfuerzo en defensa.

VI. LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE CAMBIO

El tema es fundamental si deseamos un ejército profesional y democrático. Antes de teorizar, solo quisiera recordar que en 1962, en mi alma máter, la EMCH, el cadete muchas veces era sancionado por estudiar fuera de horas establecidas y tenía que ingeniárselas de mil maneras para hacerlo a escondidas, con una vela para alumbrarse; así, poco a poco, en muchos se internalizaba la idea de que estudiar era un «pecado», generaba problemas. Ya de oficial, percibía que el desear perfeccionarse en una área del conocimiento distinta a la militar originaba cierto rechazo en los jefes, que en el mejor de los casos consideraban estas inquietudes como propias de un «civil». Han trascurrido algunas decenas de años y ciertamente se ha evolucionado, pero no llegamos a obtener la masa crítica indispensable que sea la promotora del cambio. El conocimiento hoy en día es el recurso crucial para la eficiencia y eficacia de las fuerzas armadas, como lo es la productividad.

En nuestras fuerzas armadas generalmente se mira con cierto desdén el creciente papel de los conocimientos, aunque abunda en importancia en los discursos oficiales. La modernización de las fuerzas armadas no solo requiere de un cambio cuantitativo, sino fundamentalmente cualitativo, y para ello se tiene que luchar con la institución, que, como cualquier burocracia moderna, se resiste al cambio, alas innovaciones, que en última instancia definirán el nuevo modelo de fuerzas armadas que deseamos tener. Requerimos nuevas formas de organización, requerimos nuevos pensamientos. La supremacía de los EE. UU. no solo se debe a su material bélico de alta tecnología sino a sus ejércitos de investigadores, ingenieros y soldados con capacidad de decisión; es decir, el futuro está más determinado por factores intangibles que por factores tangibles, tan habituales en nuestras apreciaciones.

Necesitamos oficiales y soldados con conocimientos, capaces de asumir iniciativa, de inquirir, de reflexionar e incluso de poner en tela de juicio la autoridad. El valor, la fuerza y el sacrificio son importantes, pero muy poco valen en el mundo actual, donde las armas serán inteligentes solo si los que las utilizan lo son.

Un estudio del Centro de Dirección de Carolina del Norte ha revelado que mientras solo el 19 % de los ejecutivos norteamericanos tiene un título de posgrado, nada menos que el 88 % de los generales de brigada cuentan con una educación avanzada. No es extraño encontrar un general doctorado en Economía o administración en Harvard, y que haya conducido operaciones en Vietnam o en el golfo Pérsico.

En el caso de los soldados, de los voluntarios de la guerra del Golfo, más del 98 % habían concluido su enseñanza secundaria y muchos superaban ese nivel de instrucción. Estados Unidos envió al Golfo medio millón de soldados y los destinados a apoyo logístico eran cerca de 300,000; sin embargo, a decir del general Pierre Gallois, la guerra propiamente dicha fue ganada por 2,000 de ellos. Con mayores conocimientos y la tecnología apropiada, menos soldados pueden obtener mejores resultados que una gran cantidad de soldados que hagan gala de valor y fuerza extremos.

Pero, aunque parezca paradójico dentro de la verticalidad del ambiente militar, fundamentalmente la educación y los mayores conocimientos dan mayor libertad, mayor seguridad en uno mismo; la mayor esclavitud es la ignorancia, la falta de conocimientos; la falta de seguridad en sí mismos hace presa fácil de la cooptación a los oficiales y soldados en general, donde las prebendas, el chantaje, la extorsión, el arribismo, la sumisión, juegan el rol fundamental y donde la utilización de los incompetentes, de los menos capaces, de los menos seguros, de los menos libres, es el primer paso de esa perversa metodología de la cooptación.

Necesitamos oficiales con maestría, doctores, capaces de incorporar nuevas tecnologías, que hablen más de 2 idiomas, que dominen la computación y la informática entre otras áreas de las ciencias, las artes o las humanidades, comprometidos con la institucionalidad, convencidos de que el sistema democrático, a pesar de sus defectos, es el mejor que existe; solo así podemos caminar seguros hacia unas fuerzas armadas profesionales, democráticas.

VIL POLÍTICA DE DEFENSA PARA LA MODERNIZACIÓN

La política de defensa es la expresión de los criterios y lineamientos generales con que el estado organiza la defensa nacional, proporcionando las directrices fundamentales de orden político, económico, sicosocial y militar a los distintos sectores nacionales. Sin embargo, el proceso de globalización de la economía, con la extensión en el mundo de las economías de mercado y los sistemas políticos democráticos, genera nuevas condiciones que demandan definir nuevas variables y elementos para esta política de defensa, que debe estar enmarcada en la política general del estado.

Los retos que nos plantea la comunidad internacional cada día son mayores a lo que las capacidades del país pueden ofrecer, y por esta razón es fundamental optimizar nuestros escasos recursos. Pareciera que el problema radica, más que en medios, en una planificación inteligente.

OBJETIVO GENERAL

Disponer de unas fuerzas armadas modernas, eficientes, interoperativas, flexibles; adecuadas a las exigencias de los cambios que se producen en el mundo, al predominio del conocimiento, a los avances tecnológicos y a la aparición de otras causas y modalidades de conflictos y de guerras; dimensionadas de acuerdo a nuestras reales necesidades y posibilidades como país; con un alto nivel de entrenamiento, capacidad disuasiva-defensiva, y una estrecha vinculación comunicacional y cultural con la sociedad; que busquen el aumento de la cooperación internacional.

LINEAMIENTOS PARA EL LARGO PLAZO

Es deber del estado garantizar la seguridad externa e interna de la nación, manteniendo unas fuerzas armadas con un alto nivel de eficiencia, dimensionadas de acuerdo a las reales necesidades y posibilidades del país, con un alto nivel de entrenamiento y con un carácter preferentemente defensivo-disuasivo, de despliegue rápido y versátil, capaz de pasar rápidamente de la acción interna a la externa y viceversa.

Consolidar el compromiso de la ciudadanía con la defensa, que se tenga el convencimiento que la defensa es responsabilidad del estado, de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto.

Las fuerzas armadas deben estar comprometidas con el sistema democrático, el orden institucional, orientadas a su misión constitucional e integradas al quehacer de la sociedad.

Articular la política de defensa con la política económica, buscando lograr un adecuado equilibrio entre el gasto social y el gasto militar.

Articular la política de defensa con Relaciones Exteriores. En las próximas décadas y en el entorno subregional, la «diplomacia militar» debe jugar un rol fundamental en la limitación de armamentos y en el fomento de las medidas de confianza mutua y del intercambio profesional, científico y tecnológico —entre otras acciones—, que evitarán tensiones en la región y pueden servir de base para la protección de intereses comunes, dando origen a un sistema de seguridad regional de nuevo tipo. Asimismo, nuestras fuerzas armadas deben participar en las operaciones militares en resguardo de la paz en el mundo.

Articular una política de abastecimiento para nuestras fuerzas armadas, coherente, armónica, integrada en áreas perfectamente focalizadas que tengan ventajas comparativas con la empresa privada nacional y que permitan satisfacer gran parte de sus necesidades, acordes a nuestra realidad y promoviendo el desarrollo nacional. No se tiene una política de aprovisionamiento nacional e internacional con visión interinstitucional, de conjunto. Se debe alentar la producción civil-militar de tecnología y fabricación, etc.

Lograr eficiencia en el gasto y mayor rendimiento de los recursos asignados e introducir economías de escala en rubros de utilización conjunta por las fuerzas armadas.

Es deber de las fuerzas armadas responder con rapidez y eficiencia en el manejo de situaciones de tensión. No siempre las tensiones existentes se trasforman en conflictos abiertos, tendiendo a permanecer como situaciones de crisis; en este sentido, el país debe estar apto para manejarlas y superarlas.

Redimensionar los servicios de inteligencia del estado para la producción de inteligencia estratégica con propósitos de defensa, y someterlos a todos los controles que se establecen para otras entidades del estado, con las reservas que el caso amerite. Los servicios de inteligencia pueden ser mucho más eficientes en la actual sociedad de información, comunicación y conocimiento.

Considerar a las fuerzas armadas como elementos para el desarrollo nacional y contribuir con los otros sectores en la política de generación de fronteras vivas.

Considerar al servicio militar como una respuesta técnica y eficiente del estado para proveer en cantidad y calidad los recursos humanos que las fuerzas armadas requieren para la defensa. Desde la perspectiva de los recursos económicos, el sistema obligatorio es el menos costoso y sin duda el mejor mecanismo de redistribución de las obligaciones de la defensa en todos los ciudadanos. El sistema de voluntarios ocupacionales implicaría, entre otras cosas: el significativo incremento del presupuesto de defensa; que las fuerzas armadas dependan del mercado laboral. Desde la perspectiva de los valores, la formación que el ciudadano recibe reafirma principios, valores y capacidades para enfrentar con éxito los desafíos que plantea la sociedad, constituyendo un efectivo aporte al desarrollo socioeconómico del país.

Incrementar o generar intereses con los países de la región para disminuir tensiones, fomentar medidas de confianza mutua, y caminar hacia un sistema de seguridad subregional.

Estimular la cooperación civil-militar en las áreas científico-tecnológica y académico-militar, entre otras.

Asegurar una mayor interoperatividad entre las fuerzas armadas en sus distintos niveles y teatros de operaciones, articulando operaciones militares conjuntas.

Integrar las fuerzas armadas a la vida democrática del país. El ejecutivo, el parlamento y la civilidad deben involucrarse en la formulación de la política de defensa. Debe otorgarse el derecho al voto. Debe establecerse formas dinámicas y eficientes que favorezcan los vínculos con el sector político en otros campos del quehacer nacional, como su participación más activa en instancias académicas, en programas entre fuerzas armadas, universidades y centros especializados, con el propósito de enfrentar temas de interés mutuo y de utilidad para la defensa nacional.

Finalmente, el profesionalismo y la modernización de las fuerzas armadas son aspectos en los que deben confluir variadas opiniones y respecto de los cuales se requiere acuerdos suprapartidarios. Es la nación en su conjunto la que debe decidir qué fuerzas armadas tener, incluyendo la opinión de las propias fuerzas armadas.

En la formulación de la política de defensa se juega el control civil de las fuerzas armadas. La modernización del estado exige la modernización de las mismas y en esta tarea deben participar civiles y militares bajo un claro liderazgo del ejecutivo.

Es necesaria la integración militar a la estructura del estado democrático y caminar hacia unas fuerzas armadas profesionales y democráticas; para ello se requiere más educación, más profesionalismo, más identificación con los ideales democráticos, más estabilidad económica, política y social.

EJEMPLO SOBRE MISILES

Un ejemplo concreto de cómo las coimas afectan el gasto militar, es la escandalosa compra de armamentos por mil millones de dólares con fondos de la privatización, valiéndose de decretos de urgencia de carácter secreto, mecanismo legal que permitió esconder los más grandes negociados realizados durante los años 1995-1998.

En enero de 1995, una vez más a lo largo de los 165 años de vida del Ecuador, se produce un conflicto con nuestro vecino del norte, esta vez en el Cenepa. La situación del Perú en ese momento no era la mejor, pues estaba desplegado estratégicamente a lo largo y ancho del país para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y salía de una grave crisis económico-financiera con algunos logros: 15.9 % de inflación, 12 % de crecimiento en el PBI, inversiones extranjeras en 1994 por más de US$ 4 000 000 000 (cuatro mil millones de dólares), recuperación de nuestras reservas internacionales, inserción en la comunidad financiera internacional, llegada de misiones comerciales extranjeras para analizar posibilidades de inversiones, etc.

Pero en este panorama de logros, frente al conflicto, era extremadamente riesgosa una confrontación bélica, dada la bajísima operatividad de nuestro material y equipos por efecto de la grave crisis económica en los dos últimos gobiernos y la falta de una planificación que permitiera mantener, por lo menos, la operatividad del equipamiento que poseían las fuerzas armadas de la década del 70.

Alan García, en las postrimerías de su gobierno, crea el llamado FODENA (Fondo de Defensa Nacional), orientado a la recuperación y mantenimiento de la capacidad operativa de las fuerzas armadas, convencido de lo difícil de su implementación por el próximo gobierno, dada la situación calamitosa en que se dejaba el país.

En 1990, Fujimori elimina el FODENA, habla de implementar la política de cambio de tanques por tractores, se olvida de la responsabilidad política de la preparación y equipamiento de nuestras fuerzas armadas. Llegamos así a 1992 y frente a nuestra debilidad militar firmamos el famoso Pacto de Caballeros; no había duda que 1995 sería el corolario: el conflicto del Cenepa. Una vez más, fruto de nuestra desidia e improvisación, afrontamos la crisis bélica con un equipamiento inadecuado, mal mantenido, al límite de su vida útil y con un personal heroico y valeroso, pero mal comido, vestido y equipado.

En este contexto, como es lógico, Ecuador desarrolló una política tendiente a estimular el conflicto, pues se sentía mejor equipado y entrenado para actuar en esa zona de operaciones, en mejores condiciones que las nuestras; en fin, se había preparado para una guerra.

En cambio, para nosotros era vital enfriar el conflicto, la mesura informativa, pegarnos al derecho, focalizarlo para impedir que se extendiera, evitar otra crisis económica y la fuga de capitales y de inversionistas, seguir creciendo, que en resumen iba a ser nuestra mejor arma disuasiva; en otras palabras, a pesar del conflicto, debíamos mantener la estabilidad política, económica y social, todo esto en medio de un intenso clima político, en pleno período de elecciones. Vaya tarea, y así creí entenderlo. Había sido nombrado oficial general de enlace del Perú para negociar los puntos 2, 3 y 5 de la Declaración de Itamaraty, era general recién ascendido, reportaba al presidente de la república, al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y asistía con derecho a voz a las reuniones del Consejo de Defensa Nacional. Frente a tantas limitaciones, pensaba que simplemente había que recordar a Sunt Zu, que en El arte de la guerra, precisa: «Buen general es aquel que gana las batallas sin necesidad de librarlas». La única manera de hacerlo es engañando al adversario y hacer que se rinda antes de iniciar la batalla, había que ser disuasivos y al menor costo posible, ¡no teníamos dinero! Y el presidente así lo manifestaba o lo dejaba entrever en cada reunión del consejo de defensa. Meditó casi un año para entregar US$ 16 000,000 (dieciséis millones de dólares) para cubrir los gastos de las primeras semanas del conflicto originados por desplazamiento, alimentación y vestuario de nuestras tropas. El ministro de Economía o el viceministro dilataban también la entrega, aludiendo a la crítica situación económica del Perú.

Pensaba que realmente el presidente cuidaba celosamente los dineros del estado. No obstante las negociaciones diplomáticas, no podíamos descartar la recuperación de la capacidad operativa de nuestras fuerzas armadas, que nos permitiera tener una mejor capacidad negociadora, y por otro lado no podíamos descartar la alternativa de la solución militar.

Bajo esta apreciación, era necesario plantear fórmulas de solución económicas y eficientes, desde los niveles tácticos hasta los niveles estratégicos, con la tecnología necesaria para superar al adversario. Para los niveles tácticos, ya en 1994, siendo jefe de investigación y desarrollo del ejército, iniciamos el desarrollo del proyecto del cohete «Terra» con un alcance modesto de 6 a 8 Km, que podía ser utilizado fundamentalmente con helicópteros. En 1995, frente al conflicto, las múltiples carencias y la escasez de recursos, se desarrollaron lanzadores múltiples de 6 y 12 bocas, el cohete Sura (de 8 Km de alcance y accionamiento eléctrico), un avión pequeño de reconocimiento para los puestos de vigilancia (a control remoto, con un alcance de 5 Km y cámaras de televisión instaladas), entre otros ingenios, en coordinación con la empresa, ingenieros peruanos y hasta un parrillero magnífico técnico-mecánico. Muchos de estos ingenios fueron realizados utilizando materiales en desuso y los proyectos no superaban en promedio los US$ 5,000.00 (cinco mil dólares).

Para el nivel estratégico, los montos involucrados eran considerablemente superiores. La fuerza aérea reclamaba recuperar sus Mirage 2000 franceses, completando su electrónica, aviónica y armamento; recuperar la operatividad de los aeronaves rusas; y comprar nuevos aviones de combate para hacer frente con ventaja a la aviación ecuatoriana. Nuevas aeronaves, con precios que oscilaban entre US$ 25 000 000 y US$ 35 000 000 eran prohibitivas para el país, y así lo manifestaba reiteradamente el presidente.

En mayo del 95, en pleno proceso de separación de fuerzas, en el cual participaba directamente, planteamos al presidente del comando conjunto una solución no muy costosa, accesible al país y de un gran impacto tecnológico y sicológico, que en menos de dos años nos haría realmente disuasivos y que sería de verdadero valor en la negociación diplomática. Se trataba de hacer uso de la transferencia tecnológica para el ensamblaje inicial —con posibilidades de integración de partes por la industria nacional en el mediano plazo— de misiles de largo alcance (entre 600-800 Km, con posibilidades de llegar a los 1,000 Km), incorporando las tecnologías adecuadas. Ya había iniciado los contactos adecuados con científicos y técnicos, y un gobierno extranjero, articulando una propuesta para instalar tres bases de misiles tierra-aire-tierra, cada una con 15 misiles de precisión impresionante, con una altura de vuelo de más de 13,000 m y a un costo cercano a los US$ 58 000 000 (cincuenta y ocho millones de dólares), menor al de dos Mirage o dos Mig 29, nuevos.

Paralelamente debía recuperarse la operatividad de los Mirage 2000, con una inversión de US$ 1 500 000 a US$ 2 000 000 por cada uno. Es decir, no más de US$ 20 000 000 para recuperar dicha flota, suficiente para hacer frente con éxito a los K-Fir del adversario.

En total, la inversión ascendía a US$ 78 000 000 (setenta y ocho millones de dólares).

En cuanto a los misiles, solo el presidente, el canciller, el comandante general de la marina, el presidente del comando conjunto, el asesor Montesinos (el «Doc»), y yo, conocíamos el proyecto.

Inicialmente, el canciller se opuso, aduciendo que esto ocasionaría un impacto regional de proporciones, que probablemente Estados Unidos buscaría la destrucción de las bases misileras, a lo que respondí que era un buen negocio, pues a cambio exigiríamos la demarcación de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro, con el apoyo directo de ese país. Luego de otras reuniones, el canciller asintió.

En setiembre del 95, el presidente de la república aprobó el proyecto; previamente se realizaron las conversaciones con el viceministro de Economía y la delegación del gobierno extranjero, a la cual este trató de muy mala forma. No se quería el proyecto, ya los aviones rusos estaban en la cabeza del «Doc» y otros más.

Se dio inicio a los preparativos, se organizó equipos de variadas especialidades tecnológicas con ingenieros militares y civiles peruanos. En el más absoluto secreto, se hizo el reconocimiento de las zonas de instalación de las bases misileras, se planeó la forma de burlar la vigilancia satelital de los Estados Unidos, se elaboró los planos de las diferentes bases, un batallón de ingenieros iba a instalarse en cada zona durante el tiempo necesario para la construcción y la negociación diplomática con Ecuador, sin posibilidad de salir de los campamentos; en fin, todas las tareas propias que demandaba un proyecto de esta naturaleza y que nosotros los peruanos somos capaces de realizar.

En diciembre de 1995, en el más absoluto secreto, viaja el primer grupo de avanzada al exterior, nuestra marina estaba lista, todo estaba coordinado y planeado para cerrar los contratos. Cuando nuestro grupo pisaba otras tierras para el cierre de la negociación, el Washington Times publica que el Perú iba a adquirir supuestamente misiles Scud de última generación y se ordena que se aborte la operación. Era evidente que la CIA había sido alertada y nada menos que por el «Doc». Posteriormente llega una misión de los Estados Unidos con un político allegado a Peter Romero (por entonces embajador americano en Ecuador) y el jefe del comando sur; al parecer, presionaron al Perú y la operación definitivamente abortó.

En 1996, en plena lucha del «Doc» por imponer la compra de los aviones Mig 29, insistimos al presidente del comando conjunto, quien viaja personalmente para el reconocimiento de las futuras bases y luego se perfeccionan los planos de construcción civil, cada una de cuyas partes es realizada por un ingeniero distinto, para evitar la identificación.

Una vez más el presidente aprueba el proyecto y una vez más el «Doc» informa a la CIA, y probablemente sigue la presión norteamericana que impide su concreción. Oportunidad perdida de ganar en disuasión, mejorar nuestra capacidad negociadora y lograr transferencia tecnológica de punta.

Pasados unos días nos sorprende la asignación de mil millones de dólares para la compra de armas, defensa aérea, etc… ¡al contado y con intermediarios! La estafa del siglo, la coima del milenio. No existió amor a la patria, la lucha por un país mejor, etc… solo el afán gángsteril de lucrar con el país: 78 millones de dólares versus mil millones.

¿Qué hacer con mil millones de dólares en el campo de la defensa? ¡¡¡Muchísimo!!!

Podríamos haber instalado 17 bases de misiles de largo alcance con 260 misiles cada una, con trasferencia tecnológica.

Podríamos construir 50 satélites de comunicaciones. Uno de estos satélites no cuesta más de 20 millones de dólares y podría ser construido por la UNI, con la intervención de otros científicos.

Podríamos instalar entre 60-80 fábricas de diverso tipo de armamento en el país. Con una inversión no mayor de un millón de dólares y utilizando el poder de compra estatal, empresas privadas nacionales, además de su producción tradicional, podrían producir granadas de diverso tipo, con el consecuente ahorro de divisas y la generación de empleo.

Podríamos contar con 100 centros de investigación y desarrollo al nivel de los mejores de Latinoamérica.

Ejemplos no faltan. Sin embargo, en medio de esta abundancia, de este significativo desembolso al contado, estaba nuestra tropa con apenas S/. 2.70 para desayuno, almuerzo y comida, un solo uniforme y un solo par de zapatos para todo el año.

Si solo se hubiera gastado el 50 por ciento en el país, se hubieran generado muchos puestos de trabajo, con el consecuente ahorro de divisas. Pero, las empresas peruanas fueron dejadas de lado en la producción para la defensa, que es integral pues en ella participan todas las potencialidades de la nación: sus intelectuales, sus profesionales, sus universidades, etc. El Perú es capaz de realizar cosas superiores, debemos creer en nosotros mismos, alimentar nuestra autoestima. Tenemos ventajas comparativas para ser grandes, se trata más de una planificación inteligente que de medios.

La cifra nos sorprendió. Un presidente que cicatea 16 millones de dólares para alimentar y vestir a nuestra tropa, repentinamente se vuelve derrochador. La sorpresa es mayúscula, los recursos del estado no se gastaron adecuadamente, este gasto no se sujetó a la normatividad legal existente ni se realizó con total trasparencia, fue la estafa del siglo: ¡La gran traición a la patria!

Se pagó tres, cuatro y hasta diez veces el valor real por la adquisición de aviones y otros elementos de defensa aérea.

Se compró aviones usados con 10 años de fabricación, pagando por comisiones probablemente el 60 % del valor de lo adquirido, es decir, 600 millones de dólares de ¡coima! Y para más horror, se compró una flota inoperativa en su mayor parte.

El precio real de un avión usado de tales características oscila entre 4.5 y 5 millones de dólares, pero se pagó 15 millones por cada uno y al límite de su vida útil, lo cual demandará un gasto considerable para recuperar su operatividad. Su fabricación data de 1987-1988, así que en 1998 debió realizarse su overhaul (reparación general), cuyo costo puede llegar a los 2 millones de dólares por avión; si esto se hizo o no, podría comprobarse en las bitácoras correspondientes a cada aeronave, y debe existir registro en el país fabricante, es decir, Rusia. En cuanto a los aviones Sukhoi, su precio real debe estar entre 500 y 800 mil dólares cada uno, son para apoyo a la infantería, y el precio de toda esa flota no debió llegar a entre 10 y 15 millones de dólares; son aviones subsónicos y usados.

En nombre de la defensa de la soberanía del país, se robaron seiscientos millones de dólares solo con esta adquisición. El pueblo peruano tiene todo el derecho de conocer cómo fueron gastados sus recursos para la defensa, pues en esas condiciones no podríamos haber enfrentado con éxito una eventual reanudación del conflicto bélico, configurándose así la figura de traición a la patria.

Se incumplió toda la normatividad vigente para adquisiciones: uso de intermediarios; modalidad de la adquisición; recursos utilizados (pago al contado); relación costo-beneficio; control de normas de calidad.

En resumen, se impuso una adquisición y se generó necesidades para favorecer a los proveedores.

Es necesario, en primer lugar, sancionar ejemplarmente a los responsables, esto es ¡traición a la patria!, y que la comisión de defensa del congreso o una comisión especial muy técnica —con la confidencialidad que el caso amerita— realice un inventario de lo que se ha adquirido, y se contraste con los precios del mercado internacional —que en países de la ex Unión Soviética estaban entonces totalmente deprimidos, con los arsenales repletos de material y equipo, luego de la caída del muro de Berlín y la desaparición del pacto de Varsovia.

Una vez más el Perú se volvió a joder.

REINGENIERÍA EN LAS FUERZAS ARMADAS

El término reingeniería ha recibido muchos nombres e interpretaciones, como modernización, transformación, reestructuración; sin embargo, independientemente del nombre, el objetivo siempre es el mismo: aumentar nuestra competitividad y productividad a los menores costos.

Esto, que puede parecer aplicable solamente a los negocios, es particularmente útil para las fuerzas armadas, instituciones con muchas tradiciones y paradigmas que se resisten a los cambios. Hoy por hoy, el objetivo para las fuerzas armadas es adecuarlas a los tiempos actuales, al futuro, realizar los cambios que produzcan su mejoramiento y seguir mejorando de manera constante. El objetivo es cambiar. Pero ¿cómo alcanzar el cambio y cómo administrarlo?

Las soluciones de reducción de costos mediante la reducción de los presupuestos de defensa solo consideran el muy corto plazo, no visualizan mejoras, innovaciones dirigidas a configurar un sistema eficiente que permita mejorar realmente la calidad y optimizar el uso de los recursos. El reto es importante, sobre todo en el entorno en el que tiene que darse, es decir, en un marco de grandes demandas sociales y escasos recursos económicos.

Las fuerzas armadas son necesarias para el país, y pretender solucionar el problema del desarrollo o de la pobreza mediante la reducción del presupuesto, o eliminando el gasto militar, es una solución simplista, demagógica. El país requiere de sus fuerzas armadas y no existe, o al menos no se ha demostrado claramente que exista, una relación directa entre su eliminación y el desarrollo; en otras palabras, no se ha demostrado que eliminando o reduciendo drásticamente las fuerzas armadas, el crecimiento y el desarrollo asomarán en los países que así lo hicieran.

En esencia, se trata de ser más eficientes con los escasos recursos disponibles, redisefiar nuestros procesos, y asegurar la calidad de la organización y de sus hombres. Se trata de pasar de una organización tremendamente burocrática a una organización ágil, sumamente flexible. Esto supone analizar los procesos de la organización y posiblemente cambiar el tamaño, la composición y el número de sus unidades, grandes unidades, etc. Y esto inevitablemente producirá choques con quienes preconizan, por ejemplo, el empleo masivo de unidades o de grandes contingentes. Constituye una inmensa tarea, quizás la más difícil por la gran oposición que surgirá al interior de las fuerzas armadas, como en toda burocracia, a las innovaciones, más aún si esto va a implicar que se dejen de lado ciertas unidades de combate consideradas tradicionales o cuando se plantee una nueva organización, una composición y un tamaño diferente.

La guerra del Golfo es un ejemplo de cómo grandes masas de vehículos blindados y de soldados no sirvieron de mucho frente a los Estados Unidos, que destruyeron los objetivos militares con una precisión impresionante, y con mínimos daños colaterales.

No se trata en la actualidad —y así lo será en el futuro— de lograr la victoria con matanzas masivas, con el despliegue masivo de tropas, o de restarle la voluntad de lucha al adversario. Necesitamos unas fuerzas armadas sumamente competentes, flexibles, altamente especializadas, que alcancen la victoria o disuadan al adversario mediante la destrucción de objetivos vitales perfectamente definidos, que pueda realizarse a muchos kilómetros de distancia, con una precisión impresionante y con el menor daño posible a la persona humana, es decir, acciones perfectamente quirúrgicas y totalmente ajustadas al derecho internacional humanitario. Si actualmente en la medicina se emplea variadas técnicas para operar mediante una simple incisión puntos muy distantes en el interior del cuerpo humano, no parece difícil —y esto se ha probado en la práctica— la incorporación de este principio a la tecnología bélica, que permite atacar objetivos muy distantes y con una precisión casi quirúrgica.

En el caso del Perú, en nuestro entorno regional, no necesitamos grandes masas de carros de combate —que no fabricamos, que nos cuesta grandes recursos mantenerlos y que muy rápidamente llegan a su obsolescencia técnica—, o grandes barcos o cruceros, o gran cantidad de cohetes estúpidos. Necesitamos un número mucho menor de armas, pero de mayor tecnología, cuya operación requiere de un número mucho menor de oficiales y soldados, pero distintos de los tradicionales, basados fundamentalmente en el saber —que para todos los fines que pretendemos es lo único inagotable— e indudablemente con valores. Requerimos oficiales y soldados que apoyen los cambios, que sean capaces de asimilar y/o modificar tecnologías, tanto en el equipo bélico como en la administración.

El valor de las fuerzas armadas en la actualidad y en el futuro no se medirá por su mayor equipamiento, por la tradicional potencia de combate relativa —para atacar al adversario debo tener una relación de 3 a 1, de 5 a 1, etc.— o por una importante capacidad operativa —su infraestructura, sus inventarios, etc.—, sino por la utilización de medios bélicos basados en la información, aunque esta concepción pueda hoy parecer descabellada.

A título de ejemplo, durante la segunda guerra mundial los Estados Unidos requerían que sus bombarderos salieran cerca de 5,000 veces y dispararan unas 10,000 bombas para destruir un puente. Durante la guerra de Vietnam se redujo casi en 8 veces el número de salidas y en 50 veces el número de bombas para destruir dicho objetivo. En la actualidad un solo avión con una única salida y con una sola bomba puede lograr lo mismo. La^guerra del Golfo demostró que en el futuro la batalla en profundidad, la interdicción, las armas inteligentes y mucha información serán la clave del éxito.

En el conflicto del Cenepa carecimos por completo de información tanto estratégica como táctica; sin ella, de nada pueden servir los cañones, aviones, helicópteros ni soldados. ¿Cómo emplear los medios con tanta incertidumbre? ¿Cómo destruir las instalaciones del mando del adversario? ¿Cómo privarle de sus comunicaciones para romper la cadena de mando? ¿Cómo integrar la operación terrestre, aérea y marítima? ¿Cómo asumir la iniciativa? ¿Cómo saber qué hace el adversario?

No se requiere de una inteligencia superior para poder darse cuenta de que estos factores intangibles son mucho más importantes, aunque difíciles de cuantificar con relación a los que habitualmente están acostumbrados nuestros generales y almirantes, quienes generalmente tratan de comparar fuerzas en términos del número de efectivos, el material y el equipo.

La guerra del Golfo fue una con tienda en la cual la información y las computadoras tuvieron un efecto devastador para Irak. En la guerra, la informatización denota el auge del componente del conocimiento; las funciones del personal de abastecimiento y mantenimiento se dirigen en forma rutinaria por computadoras, que determinan y analizan la formación y fuerzas del adversario, que permiten un innumerable número de simulaciones que emplean la inteligencia artificial; prácticamente cualquier aspecto bélico está automatizado. Un ejemplo de un arma de información importante es el Awacs, que no es sino un Boeing 707 repleto de computadoras, equipos de comunicaciones, radares y detectores; que explora los cielos en 360º para detectar aeronaves o cohetes o misiles enemigos; y que permite el envío de datos de localización a los aviones de intercepción y a las unidades terrestres. Chile últimamente ha adquirido uno de estos sistemas.

La reingeniería para las fuerzas armadas tiene que adentrarse en la reformulación de una nueva doctrina militar para enfrentar con éxito el presente siglo, que involucre una auténtica revolución del pensamiento militar, que sea reflejo de las fuerzas económicas y tecnológicas actuales y esté en función de nuestra realidad, nuestro entorno, nuestras reales posibilidades. Ella dirá qué oficiales y soldados requerimos para este siglo.

Hombres con escasa capacitación pueden ser valerosos, entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, pero en el futuro pueden constituirse en un lastre. Necesitamos soldados valerosos, pero que utilicen su iniciativa con inteligencia, con conocimiento y creatividad. Ya las fuerzas armadas no pueden ser el lugar donde ingresen soldados analfabetos o con algunos años de primaria para ser alfabetizados o instruidos; es imposible alcanzar niveles de alta preparación tecnológica con soldados de esta calidad. El valor no es incompatible con la calidad profesional del soldado. El soldado no es solo un elemento armado, con municiones, debe ser un experto en diversas tácticas de combate y en tecnología de armas, operaciones de computadoras, empleo de explosivos y demoliciones, organización de abastecimiento y logística en general, trazadores láser, visores infrarrojos, equipos de comunicaciones satelitales, etc. Armas inteligentes requieren de soldados inteligentes.

Un aspecto, quizás el más importante, es la reingeniería en los recursos humanos; el factor humano no puede ser secundario a ningún otro factor en las fuerzas armadas. El éxito dependerá del desempeño de sus hombres, de sus oficiales, de sus soldados. Al igual que en una empresa, un trabajador o soldado de bajo rendimiento puede afectar el desempeño de todo el grupo. La reingeniería entra a funcionar para lograr un sistema más eficiente que el anterior.

Una primera variable que deberá examinarse es el costo de conservación del personal, aspecto central y principal motivación de la reingeniería. En otras palabras, cuánto nos cuesta mantener un volumen importante de personal no calificado, con algunos años de instrucción primaria, que podría constituirse en un lastre para el proceso de modernización que se pretende; fundamentalmente, se trata de lograr, con los mismos recursos, un soldado de mucha mejor calidad. Requerimos analizar si, con el personal actual, los procesos que se dan en nuestras fuerzas armadas son eficientes o no. Es seguro que no lo serán; en consecuencia, la reducción con una metodología apropiada podría incrementar la calidad.

Esta reducción tiene que enmarcarse dentro de un objetivo estratégico más amplio, que es la disminución del tamaño de la organización y la composición detallada de la fuerza, formulando una metodología de cambio de mediano plazo que no sea traumática, porque, aunque parezca paradójico, la mayor parte de personal de tropa del ejército proviene del servicio militar y está sujeto a propina, que en la situación actual es lo único que encuentran en el mercado laboral. En la marina y la fuerza aérea, el personal de tropa proveniente del servicio militar no tiene el mismo peso específico que en el ejército. Sin embargo, existe otra parte importante en el personal administrativo, oficiales y suboficiales, que afecta por igual a todas las fuerzas armadas.

No podemos tener escuelas militares de las cuales egresen 200 o 300 oficiales al año, mal remunerados, pero que fundamentalmente no reúnan los requisitos que los retos de la modernidad exigen. En el caso del ejército, por ejemplo, es probable que con 60 u 80 oficiales que egresen, bajo un riguroso sistema de selección, con una educación de primerísima calidad, podamos dar solución a sus reales necesidades de oficiales. Como complemento, debemos tener suboficiales también mejor capacitados, capaces de asumir nuevas funciones, inclusive algunas antes destinadas exclusivamente a los oficiales, revalorando así la función del personal auxiliar. Con el remplazo de conscriptos por soldados profesionales con educación secundaria completa o superior, en una relación de 3 a 1 o 4 a 1, estamos seguros que podríamos ser más poderosos de lo que podría sugerir exclusivamente el tamaño de las fuerzas armadas.

En el campo de las realizaciones, es el presupuesto el que configura la estrategia y no la estrategia la que determina el presupuesto. En consecuencia, con un presupuesto en el cual 70 % está destinado a gastos corrientes, 20 % a bienes de consumo y 10 % a inversiones, muy poco se puede hacer si no se visualiza su organización, tamaño y composición.

Unas fuerzas armadas sobredimensionadas para garantizar la seguridad no son ninguna ganga para el país. Si a esto agregamos un material y equipo anticuado, al límite de su vida útil y obsoleto tecnológicamente, no suficientemente inteligente, sin sistemas de información ni de administración integrados y automatizados, con soldados valerosos pero sin las destrezas y los conocimientos que los tiempos exigen, realmente no estamos asegurando la seguridad del país.

El tema es complejo y demanda analizar muchas variables. Sin embargo, los cambios son necesarios para enfrentar los nuevos desafíos. En la actualidad está ocurriendo un cambio paradigmático que afecta los paradigmas del pasado. Pero ¿qué representará en el futuro este nuevo paradigma, el desarrollo constante y sostenido de nuestras fuerzas armadas, eficientes, articuladas a la política económica y de relaciones exteriores del país, comprometidas con la institucionalidad y con el sistema democrático?

JULIO COTLER

NAVEGAR CONTRA EL VIENTO: LAS ELECCIONES Y LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ[3]

Hoy, por quinta vez en los últimos 50 años, el Perú está envuelto en un proceso electoral a fin de completar la transición a la democracia. Los reiterados fracasos motivan dudas sobre las posibilidades de que en esta nueva oportunidad se pueda llegar a buen puerto, a lo que se agrega una suerte de fatalismo sobre el irremediable peso de la tradición histórica autoritaria para bloquear la salida democrática de la sociedad peruana. Al igual que otros elementos semejantes, estos factores propician actitudes típicas de la «fracasomanía» peruana.

Sin embargo, contra esas difundidas creencias, para propiciar la renovación de las esperanzas y reforzar las acciones, se erigen los denodados esfuerzos de los ampliados sectores democráticos para que esta vez la travesía culmine definitivamente en la consolidación de las instituciones y de las prácticas democráticas, a pesar de las múltiples carencias y resistencias que debe enfrentar.

En las actuales condiciones internacionales estas actitudes y comportamientos tienen un carácter imperativo, puesto que la construcción del Estado de derecho democrático constituye el cimiento de la gobernabilidad y del desarrollo del país, al tiempo que representa la condición necesaria para contribuir a superar las difíciles circunstancias que atraviesan otros países del área andina. De lo contrario, si el Perú pierde esta nueva oportunidad que se le presenta, no solo el futuro del país estará en cuestión, sino que, además, podría atizar las convulsiones políticas que se suceden en esa región, con consecuencias impredecibles.

Es decir, en las actuales circunstancias, la suerte del Perú no solo compromete el futuro de su gente, sino también puede involucrar a las sociedades de la región andina; de ahí que estas contradictorias posibilidades constituyan motivos para que la situación peruana despierte el interés entre nacionales y extranjeros, en tanto responde a las preocupaciones que compartimos con nuestros vecinos en la histórica misión de asentar, a la vez, la democracia y la gobernabilidad en el conjunto de nuestros países.

1

Desde enero del año pasado, el Perú se ha visto en una convulsionada marea política que no cesa de crecer y de la que no parecen existir salidas fáciles y certeras. Como en ocasiones anteriores, la presente situación puede llevar a la dispersión de esfuerzos y a la agudización de los enfrentamientos con el consiguiente peligro de acabar engullidos por aguas turbulentas, pero esperamos que el aprendizaje acumulado durante la década infame del autoritarismo fujimorista sirva de advertencia y, navegando contra el viento, como decía Hirschman, podamos salir airosos de las amenazas que acechan la construcción de la democracia.

La primera fase de esta marea se inició a principios del año 2000 con la movilización y las protestas contra el gobierno, en el país y en el exterior, destinadas a impedir la ilegal re-relección y la continuidad indefinida del régimen autoritario que representaba la dupla Fujimori-Montesinos.

La lucha para que la competencia electoral fuera justa y libre, y para que sus resultados respondieran claramente a la voluntad popular sirvió para aglutinar y movilizar a los dispersos sectores democráticos alrededor de Alejandro Toledo, al tiempo que contribuyó a desvelar el carácter autoritario del fujimorismo. Esta emergencia política propició también que diferentes tipos de actores internacionales se sumaran a dichas acciones y fortalecieran los esfuerzos que realizaban los demócratas peruanos para defender los derechos humanos y ciudadanos.

Es así como la lucha por la democracia se vio favorecida por la formación de una coalición de actores nacionales e internacionales constituida por asociaciones civiles, medios de comunicación, dirigentes políticos e intelectuales peruanos, con organismos de defensa de los derechos humanos, órganos de prensa internacionales, algunos gobiernos extranjeros y, sorprendentemente, con la OEA.

La formación de esta coalición democrática a escala nacional e internacional logró contrarrestar el monopolio político que hasta entonces tenía la alianza de poderes fácticos que sustentaba la dictadura y en la que se combinaban los intereses articulados por Vladimiro Montesinos, de militares y agencias de seguridad peruanos y norteamericanos, de empresarios nacionales y extranjeros, de organismos multilaterales y, por si fuera poco, del Opus Dei.

De ahí que, durante la década pasada, llamada con toda razón la década infame, el Perú fuera escenario excepcional de la confluencia de distintas alianzas de actores internos y externos que definieron las «correlaciones de fuerzas» y el curso de acción del país, en circunstancias que a escala mundial los agentes de la globalización procuraban liberalizar las relaciones económicas, políticas y culturales con la consiguiente difuminación de las fronteras y el recorte de la soberanía nacional.

Mientras la alianza que Alejandro Toledo personificaba perseguía restaurar las libertades y, con ellas, las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos, la coalición fujimorista sostenía la necesidad de mantener el régimen autoritario y darle continuidad indefinida como medio para asegurar la gobernabilidad que había impuesto en el país, manifiesta en la estabilización y la ejecución de las reformas económicas, la derrota del terrorismo y la reducción del tráfico ilícito de drogas.

De ahí que los voceros nacionales y extranjeros del fujimorismo reiteraran la trajinada y falaz consigna de todas las dictaduras en el sentido que la singular constitución social, política, cultural y hasta racial de los peruanos impedía el desarrollo de la economía de mercado y la estabilidad institucional, motivo por el que era necesario un largo período dictatorial para que la expansión del mercado diera lugar a la emergencia de una «auténtica» democracia, en un futuro indeterminado.

Así, paradójicamente, los que sostenían e impulsaban el liberalismo económico —empresarios, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros— invalidaron su conocida retórica democrática al alentar la concentración del poder autoritario con el propósito de que los agentes del mercado y su mano invisible tomaran la dirección del aparato productivo, en tanto Fujimori delegaba en el poder oculto de Montesinos y de sus secuaces la ejecución de las tareas sucias en el ámbito político; vale decir, la extorsión, el espionaje, la difamación, la corrupción, y cuando así lo estimaban, la tortura y el asesinato.

Pero la realidad de los hechos se encargó de desmentir las expectativas reaccionarias de los encumbrados ideólogos del fujimorismo y de sus cómplices en las diferentes esferas de la acción social; como era de prever, la concentración del poder no solo derivó en sistemáticos abusos contra la oposición y la ciudadanía en general, sino que también facultó a la camarilla gobernante el manejo discrecional de la economía y de los recursos públicos, al tiempo que la red de corrupción y de espionaje montada por Montesinos creaba una situación de inseguridad jurídica que, al comprometer el marco de la acción empresarial, propició la prolongada recesión que sufre el país desde 1998.

De ahí que los mismos empresarios y organismos multilaterales que habían exaltado con tanto fervor el autoritarismo de Fujimori como medio excepcional para impulsar la ampliación de las fuerzas del mercado acabaran frustrados por las desviaciones del modelo económico liberal. De esta manera, una vez más, se evidenció que el autoritarismo político es incompatible con la economía de mercado.

En estas circunstancias, las incesantes denuncias contra el régimen por la manifiesta participación de los militares y de los organismos estatales, secundada a la dilapidación de los dineros públicos para forzar el voto ciudadano a favor de Fujimori contribuyeron a la desafección de la clase empresarial al gobierno.

Pero, el elemento decisivo que determinó el alejamiento de los empresarios de la coalición fujimorista lo propició el hecho que, a instancias de las influyentes comisiones de relaciones exteriores, el Congreso norteamericano emitiera resoluciones condenatorias contra el Perú, refrendadas por el Ejecutivo de dicho país, ante los reiterados atropellos a la libertad de expresión, a los derechos humanos y por la manipulación electoral. Además, esas resoluciones contenían claras indicaciones que si el gobierno de Fujimori no corregía tales situaciones, el Congreso de los Estados Unidos se vería en la obligación de adoptar decisiones más efectivas.

Como es de suponerse, estas resoluciones se acompañaron con el congelamiento de las relaciones y de los créditos de los organismos multilaterales. Al mismo tiempo, diferentes gobiernos europeos y la propia Unión Europea emitieron resoluciones del mismo tenor, que tuvieron consecuencias similares a las adoptadas por Estados Unidos, al tiempo que Japón y algunos gobiernos latinoamericanos dejaban ver su insatisfacción con el curso de los acontecimientos peruanos.

Por último, después de repetidas advertencias y recomendaciones, las críticas que expresara la misión de la OEA encargada de observar el proceso electoral ante las injustas condiciones en que este se desarrollaba y a las manifiestas irregularidades de los organismos encargados de procesar los comicios, desembocó en el retiro de los representantes de esa institución a fin de no avalar sus ilegítimos resultados, culminando así en el aislamiento internacional de Fujimori.

Es decir, a mediados del año 2000, las intensas movilizaciones políticas nacionales al articularse con las presiones políticas del exterior provenientes de gobiernos, organismos de derechos humanos y la prensa internacional contribuyeron a resquebrajar las bases del poder del fujimorismo y lo sometieron al aislamiento o al rechazo internacional.

El segundo momento de la marejada política se originó cuando, a pesar de las resistencias internas y externas, la camarilla gobernante interesada en mantener sus privilegios mediante la continuidad indefinida del régimen autoritario ordenó, literalmente, a sus funcionarios reconocer el espurio triunfo electoral de Fujimori; para sellar tal decisión, los mandos militares hicieron lo propio antes que el congreso de la república, como ordena la constitución, ratificara tales resultados, dejando claramente establecido el apoyo que concedían a un acto de factura ilegal.

Esto motivó que se intensificaran las marchas y las protestas por todo el país que culminaron en desmanes y el incendio de un edificio público en el centro de la capital que ocasionaron la muerte de seis personas. A este respecto y como resultado de los videos dejados por Montesinos, hoy sabemos que tales desmanes fueron organizados y ejecutados por operativos militares y policiales destinados a desprestigiar a la oposición democrática, culpándola de promover situaciones de ingobernabilidad, tal como se encargaron de difundir los medios de comunicación subordinados a los intereses del régimen.

A pesar de las reservas que albergaban sobre la legitimidad de las elecciones, la mayor parte de los gobiernos de la región reconocieron sus ilegítimos resultados a fin de mantener las apariencias de gobernabilidad del país; sin embargo, en contra de las formas acostumbradas, ninguno de sus presidentes se hizo presente a la hora en que Fujimori se colocara por tercera vez la banda presidencial, con excepción de los presidentes de Bolivia y Ecuador, dejando ver así el aislamiento y el rechazo internacional al gobierno peruano.

No obstante, a iniciativa de algunos gobiernos, la OEA convocó a los representantes de los países miembros para tratar de manera específica el problemático caso peruano, repitiendo la experiencia que se había dado después del golpe de abril de 1992. A pesar del fracaso de la propuesta para aplicar la resolución 1080, en virtud de la cual el Perú hubiera debido ser separado de dicho organismo en razón de su origen y comportamiento antidemocráticos, los países miembros de la OEA acordaron el envío de una misión especial para que, de acuerdo a las expresiones eufemísticas de sus diplomáticos, «facilitara» acuerdos entre el gobierno y la oposición a fin de contribuir a «perfeccionar» la supuesta institucionalidad democrática.

Esta resolución y la constitución de la mesa de negociaciones entre representantes del gobierno, de la oposición y de la sociedad civil constituyeron en los hechos un primer tímido paso destinado a forzar un pacto político que permitiera procesar una transición democrática bajo la tutela de la OEA. Entonces, se hizo evidente que el fujimorismo se encontraba arrinconado por las presiones internas y externas, por lo que no había que ser muy suspicaz para comprender que el gobierno tenía los días contados, tal como lo pronosticamos en su oportunidad.

Pero era claro que la camarilla gobernante no estaba dispuesta a abandonar el poder por las buenas debido a las consecuencias que ello podría acarrearle, en circunstancias que se enjuiciaba a Pinochet. Para contrarrestar y neutralizar las presiones internas y externas, y volver a aparecer como paladines de la gobernabilidad del Perú y de América del Sur, a mediados de agosto Fujimori, Montesinos y la cúpula militar hicieron alardes ante la prensa nacional e internacional de haber desbaratado una operación clandestina de tráfico de armas destinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No pasaron muchos días sin embargo, antes que la oposición descubriera, para sorpresa y escándalo generales, que Montesinos, los propios militares y otros miembros del entorno oficial se encontraban directamente involucrados en dichas operaciones. Fue así como la soberbia y la certeza de la impunidad de la que hacían gala les jugó esta vez una mala pasada en sus intento de mantenerse indefinidamente en el poder y, al contrario, los desnudó en toda su vileza.

Además del rechazo internacional y de las tensas relaciones diplomáticas con Colombia, este episodio fue decisivo para que se quebraran los lazos que los influyentes aparatos militares y de seguridad norteamericanos mantenían con Montesinos, los cuales hasta entonces habían constituido una de las más importantes bases de apoyo del ex asesor presidencial. En efecto, el descubrimiento de la participación del núcleo fujimorista en el tráfico de armas motivó que dichos aparatos y agencias abandonaran a Montesinos, después de haber hecho uso de sus eficaces servicios desde 1975; y no podía ser de otra manera, puesto que la mencionada operación clandestina violentaba los intereses norteamericanos puestos en el Plan Colombia.

Entonces, la burocracia del departamento de Estado de Estados Unidos, libre del freno que hasta entonces habían constituido los militares, la CIA y la DEA, enfiló sus baterías contra Montesinos y, en esa medida, contra Fujimori; en tanto, representantes del gobierno en el exterior defendían con denuedo la supuesta originalidad de la democracia peruana, después de haberse negado, junto con Cuba, China e Irán, a reconocer la validez universal de los derechos humanos y denunciaban «la existencia de una conspiración mundial de los poderes hegemónicos contra el Perú para imponer sus valores liberales».

Al tiempo que se denunciaba el escándalo del tráfico de armas, la prensa de oposición volvió a acusar al fujimorismo por otros casos de corrupción, como la interceptación telefónica a los opositores del gobierno, los fraudes cometidos en la negociación de la deuda externa y la compra de armamentos chatarra, la falsificación de un millón de firmas para inscribir la lista oficial en las elecciones y la participación en el tráfico ilícito de drogas de altos oficiales encumbrados por Montesinos.

En este clima de efervescencia, a mediados de setiembre se divulgó el primero de los llamados «vladivideos» en el que el ex asesor compra a uno de los varios tránsfugas parlamentarios. Como si hubiera sido insuficiente este nuevo escándalo, a los pocos días y de manera insólita, el embajador suizo en Lima hizo público que Montesinos y su familia tenían cuentas millonadas secretas en ese país, probablemente provenientes del lavado de dinero del narcotráfico y de las comisiones por compra de armamento.

La sucesión de escándalos y esta última información produjeron un terremoto político que determinó que VIadimiro Lenin Montesinos, el «asesor» del servicio de inteligencia nacional que de manera artera había organizado y dirigido una red mañosa que controlaba las distintas instancias del poder, huyera precipitadamente del país, al tiempo que las cancillerías de las principales naciones del continente solicitaban infructuosamente al gobierno de Panamá la concesión de asilo político al perseguido delincuente para impedir que, con su presencia en el Perú, la inestabilidad política degenerara en un golpe militar.

La fuga de Montesinos dejó un vacío político que puso de manifiesto el poder mañoso que había erigido y la precariedad institucional del presidente Fujimori. Por estas circunstancias y por las enérgicas presiones internas y externas, este se vio forzado a tomar distancias de aquel, efecto para el cual nombró a un procurador oficial conocido por su filiación democrática para investigar la conducta de Montesinos y para ponerlo a disposición de la justicia; pero, más aún, decidió recortar su propio mandato a un año, durante el cual se convocaría a nuevas elecciones en abril del 2001, en la esperanza de colocar a sus dependientes en las cámaras legislativas para que lo protegieran de posibles acusaciones, hecho que culminaría con la trasmisión de mando en julio del mismo año.

Nuevamente, a nombre de la gobernabilidad del país, la mayoría de los gobiernos americanos y distintos sectores sociales afiliados con el fujimorismo aceptaron esta transacción a título que ella podría permitir la fluida transición a la democracia; el entorno de Fujimori se inclinó igualmente por esta fórmula porque les aseguraba su presencia dominante en el próximo gobierno, mientras que la oposición democrática repudiaba tal propuesta, exigía la deposición inmediata y el enjuiciamiento del presidente.

Probablemente por el hostigamiento de la CIA y de la DEA, que hasta entonces lo habían auspiciado, el prófugo Montesinos retornó clandestinamente con el apoyo de los mandos militares para hacerse del poder. El peligro de que tal cosa se produjera y que Montesinos pusiera al descubierto las pruebas de la complicidad de Fujimori en sus fechorías determinó que el ex presidente emprendiera una histriónica y vana persecución, sobre todo, para rescatar las evidencias que lo pudieran incriminar.

Logrado este propósito, y mientras dejaba abandonados centenares de videos en los que aparecían testimonios de las mañosas actividades de Montesinos y sus secuaces, Fujimori aprovechó uno de sus acostumbrados viajes oficiales a los países asiáticos para renunciar a su cargo en el extranjero y haciendo valer su escondida nacionalidad japonesa recabar el amparo de sus autoridades, a pesar de haber sido acogido reiteradamente en ese país como presidente del Perú, hecho que es motivo de reclamo del actual gobierno provisional.

El desconcierto original por la cadena de escándalos dejó paso rápidamente al repudio general a Fujimori y Montesinos por los engaños, las mentiras y los abusos cometidos, sentimientos que contribuyeron al rápido y asombrosamente pacífico desmoronamiento del régimen: a falta de la cabeza que dominara mañosamente la organización del Estado, la que fuera disciplinada mayoría parlamentaria se fragmentó y los comprados tránsfugas a las filas fujimoristas no tardaron en desertar, hechos que permitieron un inesperado y feliz resultado con el nombramiento de un demócrata a carta cabal, como lo es Valentín Panlagua, para presidir el congreso.

Por el desprestigio del régimen y las presiones sociales, el primer y segundo vicepresidentes de la república renunciaron a sus cargos haciendo posible que, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, Panlagua ocupara la primera magistratura del país y culminara el primer tramo de la transición democrática con la nominación de un gabinete plural, encabezado por el embajador Pérez de Cuéllar al tiempo que la mesa de negociaciones auspiciada por la OEA suspendía sus funciones.

A fin de despejar cualquier duda, el mismo día de la instalación de la nueva administración, el flamante presidente Paniagua declaró que el gobierno provisional se sujetaría a las normas legales y aseguró su intención de contribuir firmemente a la realización de elecciones libres, justas y transparentes el 8 de abril para culminar con la trasmisión del mando el 28 de julio del 2001. Este mensaje alentador fue determinante para que se abriera la campaña electoral en la que el país se encuentra en la actualidad.

En resumen, tal como se mencionara anteriormente, la relación de estos sucesivos hechos y su inesperado desenlace han puesto de manifiesto la creciente importancia de la acción combinada de actores nacionales e internacionales a favor de la democratización del país, lo que da cuenta de otra cara del proceso de globalización.

II

El gobierno ha podido hacer efectivos sus propósitos, a pesar de varios intentos que perseguían sabotearlos, gracias a la relativa depuración que efectuara del personal fujimorista enclavado en distintos órganos del aparato estatal, especialmente en las fuerzas armadas, y de su remplazo por otro caracterizado por su independencia partidaria, reconocida honestidad y conducta profesional, pero, además, por haber implementado medidas que permiten observar de manera transparente el funcionamiento de la administración pública.

Después de tantos vicios del fujimorismo y de la exigencia pública para que el gobierno asumiera una conducta limpia y honesta, no es de extrañar que los mencionados cambios consientan al presidente y, en general, al gobierno contar con la aprobación de la mayoría de la población a pesar de no disponer del sustento de una organización política.

Los cambios del personal gubernamental se hicieron posibles, primero, por las pruebas descubiertas acerca de la complicidad de funcionarios, jueces y comandos militares fujimoristas en crasos actos de corrupción; pero, sobre todo, porque la continua exhibición por la TV de los vladivideos que Fujimori había abandonado acabó por desprestigiar al régimen al poner de manifiesto su naturaleza autocrática y corrupta, así como la ruindad e infamia de todos los que se coludieron con Montesinos y Fujimori.

En estos videos, Montesinos, en un marcado afán narcisista, registraba cuanta reunión tenía en el servicio de inteligencia con generales, propietarios de grandes empresas, jueces y fiscales, parlamentarios, funcionarios públicos, publicistas y propietarios de medios de comunicación, presentadores y cantantes de la TV, tránsfugas políticos y aspirantes a enriquecerse a costa del Estado en las que se acordaban toda clase de operaciones políticas ilegales y la compraventa de la adhesión de toda suerte de personas mediante la entrega de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que, en ocasiones, quedaban registrados también en compromisos escritos.

A raíz de la fragmentación política del fujimorismo y de la exhibición de estos espectaculares testimonios, el ejecutivo estuvo en condiciones de reorganizar la composición de la administración pública y, en particular, de los comandos militares. Así también, el congreso dispuso el levantamiento de la inmunidad de Fujimori y lo denunció por abandono de cargo y otros delitos, a la par que constituyó 17 comisiones parlamentarias encargadas de investigar las responsabilidades de Montesinos, ex ministros y otros funcionarios para ponerlos a disposición de la justicia, al tiempo que el poder judicial, el ministerio público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Superintendencia de la Administración Tributaria y otros organismos públicos, renovaban su composición y se sucedían las acusaciones contra los secuaces de Montesinos, tales como funcionarios, empresarios o propietarios de medios de comunicación.

Después de años en que la TV estuvo capturada por el montesinismo, el cambio del clima político ha propiciado que estos medios de comunicación hayan entrado súbitamente en una competencia tenaz para lavarse la cara y ganarse a los telespectadores mediante una información plural, en la que se destaca la hostilidad a los que encabezaron el régimen autoritario y autócrata, hoy prófugos de la justicia.

Ello y la continua exhibición de los nuevos vladivideos que incesantemente presentan al público ha propiciado un auténtico voyeurismo político que, contrariamente a lo que se podría pensar, no acaba de saciar la ansiedad de los televidentes por conocer los entresijos del pasado régimen y por encontrar explicaciones válidas de la extrema precariedad institucional del país que permitió a Montesinos apoderarse del poder.

III

En este ambiente cargado de diarias y escandalosas sorpresas se desarrolla la campaña electoral en la que el antifujimorismo desempeña un rol estelar; en su afán de diferenciarse y de ganar la simpatía popular, los diferentes candidatos y sus respectivos movimientos electorales se lanzan acusaciones por las actitudes complacientes o por la complicidad que habrían tenido con el régimen pasado, por la participación que habrían tenido sus miembros en el gobierno o por la distancia que guardan sus propuestas con las políticas de Fujimori.

Sumadas a los destapes del último año, estas acusaciones redundan en agudizar más la desconfianza del electorado hacia la política y los políticos, y en general, a «la clase dirigente».

Pero, de otro lado, los que compiten en estas elecciones parecen ser conscientes de la necesidad de orientar sus acciones hacia el futuro, clarificando las tareas y los mecanismos necesarios para superar la catástrofe moral, política y social en la que ha dejado al país el régimen autoritario, autocrático y corrupto. De ahí que para eliminar los vicios del pasado régimen y evitar su eventual reaparición se haya desarrollado entre las distintas fuerzas políticas la convicción acerca de la necesidad de crear y fortalecer instituciones democráticas, autónomas y descentralizadas; que sus autoridades se desempeñen de manera «trasparente» y estén dispuestas a rendir cuentas de sus actos como condición necesaria para asegurar el arraigo de comportamientos y valores democráticos en la sociedad.

A este respecto, una muestra evidente de este interés es el debate público sobre cómo instaurar el control democrático de las fuerzas armadas y policiales, y acerca del rol y el funcionamiento que deben tener; de igual manera, la polémica sobre la reorganización del aparato y el funcionamiento de la justicia, y del papel que cabe al Estado para impulsar el crecimiento económico y la distribución de sus beneficios.

Es decir, la llamada reforma del Estado constituye un objetivo compartido por los distintos candidatos, por lo que parece probable encarar la clásica debilidad y escasa legitimidad del Estado, ejes históricos del problema nacional. Sin embargo, se advierte que para lograr tan importante propósito, la naturaleza de la presentación política y las urgentes demandas sociales pueden, eventualmente, generar planteamientos y situaciones conflictivas que propicien la involución del proceso de democratización en curso y del crecimiento económico, y que en conjunto reviertan contra la frágil gobernabilidad del país, como en anteriores ocasiones.

En efecto, no obstante la confluencia de esos objetivos generales, al amparo de la crisis de representatividad y la fragmentación de los partidos «tradicionales», se han generado movimientos electorales fundados en el caudillismo de sus líderes que auguran dificultades para establecer acuerdos políticos destinados a ejecutar la reforma del estado, consolidar la democracia e impulsar el crecimiento económico.

Como se ha dicho, la debilidad de los partidos subsistentes y la carencia de un sistema político que articule sobre bases legítimas la representación y la canalización de los conflictos entre los heterogéneos y contradictorios intereses sociales han propiciado que figuras de distinto origen y naturaleza lideren movimientos con exclusivos propósitos electorales, lo cual puede resultar en la dispersión del voto para congreso e inhibir la formación de coaliciones mayoritarias que permitan establecer vínculos eficaces entre el ejecutivo y el legislativo.

Esta situación se complica porque dichos movimientos y sus representantes procuran ganarse los votos mediante desmedidas ofertas electorales con relación a las reducidas posibilidades estatales; más aún, debido a que en muchos casos dichas propuestas van en contra de los objetivos propuestos al favorecer, al mismo tiempo, el papel presidencialista del jefe del estado y del gobierno. De ser así el caso, la concentración del poder y el voluntarismo del presidente producirán nuevas y fatales consecuencias, tal como sucedió con los gobiernos de Alan García y de Fujimori, aunque con distintos grados de intensidad. A la falta de sólidas organizaciones, se suma que estas agrupaciones electorales se caracterizan porque sus líderes designan arbitrariamente a los candidatos al congreso. Dada la naturaleza misma de estas agrupaciones, puede esperarse que las posiciones que esgriman sus dirigentes sean inconsistentes, a lo que se agrega que también puede preverse la precariedad de la disciplina y la lealtad de los futuros parlamentarios a la dirección de sus respectivas agrupaciones.

Sin embargo, estos peligros podrían verse mitigados porque, a poco de iniciada la competencia electoral, de las 17 candidaturas que se han presentado a los comicios del 8 de abril solo tres —Perú Posible, Unidad Nacional y el Apra, liderados por Alejandro Toledo, Lourdes Flores y Alan García, respectivamente— concentran la mayoría de las intenciones de voto del electorado. De seguir esta tendencia, los resultados electorales podrían favorecer la constitución de bloques mayoritarios entre los cuales deberían establecerse mecanismos de colaboración.

Otro factor que permite esperar que los riesgos anteriormente mencionados puedan ser remontados radica en que entre los dirigentes más destacados de los movimientos que lideran las encuestas se encuentran empresarios y sindicalistas, profesionales y activistas de la sociedad civil, que comparten puntos de vista similares entre sí, al igual de lo que sucede entre los equipos técnicos encargados de diseñar los planes de gobierno.

Es decir, a diferencia de las anteriores experiencias tipificadas porque los parlamentarios se caracterizaban por su firme lealtad y disciplina a las jefaturas partidarias, y que los proyectos políticos resultaban contrapuestos e incompatibles, motivos de la polarización y enfrentamientos políticos cerrados que desembocaban en situaciones de ingobernabilidad, la participación y orientaciones plurales de las direcciones de las principales formaciones políticas dan ahora cabida al desarrollo de expectativas favorables para la concertación de futuros acuerdos políticos.

El aprendizaje que deben haber realizado las direcciones políticas durante la última década y, particularmente, en el curso del último año, así como las fuertes demandas de diferentes sectores de la sociedad para que las agrupaciones políticas acuerden fórmulas consensuales destinadas a resolver los urgentes problemas nacionales también constituyen motivos para contrarrestar los riesgos señalados y derrotar los ánimos que alientan la fracasomanía. Esto es así, porque una cuestión crucial de la transición es la necesidad de que se constituyan nuevas y consistentes elites políticas responsables y capaces de generar acuerdos para asegurar que el próximo gobierno acometa a la vez, la transición democrática, la construcción del estado y el inicio de la resolución de las acuciantes demandas de la sociedad.

Para esto es de esperar que los equipos técnicos y los dirigentes de las formaciones políticas que tendrán responsabilidades de gobierno logren armonizar sus propuestas económicas y sociales alrededor de fórmulas que conciben el fomento a la inversión con políticas sociales distributivas a fin de atacar, desde distintos ángulos, las urgentes demandas sociales de empleo e ingreso que agobian a las empobrecidas mayorías nacionales.

Los catastróficos resultados de las medidas populistas adoptadas por el gobierno de García durante los años 80, de un lado, y los resultados negativos de las políticas liberales del régimen fujimorista pueden ser motivos para que se desestime la adopción de un curso ortodoxo en algún sentido y, al contrario, se considere la necesidad de establecer políticas que, sin afectar el equilibrio macroeconómico, combinen las necesidades de acumulación y de distribución.

Pero, si el próximo gobierno tendrá la difícil tarea de (re) construir los organismos estatales de manera que respondan a los intereses sociales y de estimular la constitución de sistemas de partidos para incentivar la formulación de pactos entre sus dirigencias con el fin de avanzar en la consolidación del régimen democrático, el problema más complicado que deberá encarar es el de incentivar la formación de una cultura ciudadana.

La pesada herencia colonial y el trasfondo populista de la sociedad y de la política han fomentado el desarrollo de las relaciones patrimoniales y clientelistas que atentan contra el reconocimiento y la afirmación de derechos y responsabilidades ciudadanas, sin los cuales no pueden desarrollarse instituciones democráticas. Pero, como en otros países latinoamericanos, esta es una tarea de largo aliento y para la cual solo la continua práctica democrática logrará tal cometido.

Es así como, navegando contra el viento, el futuro depara a los peruanos múltiples problemas como posibilidades para avanzar en la construcción y consolidación democrática. En esas estamos, porque los peruanos estamos convencidos de que estamos condenados a ser optimistas.

Lima, marzo de 2001

Notas

[1] AvendañO V., Jorge, A la luz del Derecho, cinco años en el Congreso de la República, Editora Normas Legales, primera edición, Lima, octubre 2000, págs. 223 y 224. <<

[2] Diario de los Debates. Primera Legislatura Ordinaria 1998, tomo I, págs. 211-217. <<

[3] Exposición realizada el 6 de marzo de 2001 en la Cada de América, Madrid. <<