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Mario Amorós

Argentina contra Franco

El gran desafío a la impunidad de la dictadura

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RAG

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© Mario Amorós, 2014

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Lo peor fue, sin embargo, que no solo se acordó la amnistía, sino que se decretó el olvido.

Josep Fontana

Presentación

En este momento solo hay un proceso judicial por los crímenes del franquismo abierto en el mundo. Lo dirige, desde hace cuatro años, la jueza argentina María Servini de Cubría y ya ha proporcionado unos frutos impactantes, puesto que el 18 de septiembre de 2013 solicitó la extradición a su país del antiguo capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar y de uno de los más emblemáticos agentes de la Brigada Político-Social, Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), quienes el 5 de diciembre tuvieron que comparecer en la Audiencia Nacional acusados de gravísimos casos de tortura.

En aplicación de la jurisdicción universal para perseguir los crímenes contra la humanidad, como hiciera España a partir de 1996 con las denuncias contra las juntas militares de Argentina y Chile y después con varias causas más (Guatemala, Sáhara Occidental, José Couso, Guantánamo, Ruanda, Tíbet), la conocida como «Querella Argentina» ha adquirido la dimensión de un verdadero proceso judicial e histórico al franquismo. Más de trescientas personas se han sumado como querellantes a la iniciativa, más de cien organizaciones sociales y políticas la respaldan desde CEAQUA (la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo, creada el 21 de junio de 2012) y los consulados argentinos repartidos por el mundo están a disposición de quienes desean agregar su denuncia. Todas las expresiones de la represión desplegada por el fascismo español entre julio de 1936 y junio de 1977 están confluyendo en un juzgado de Buenos Aires: los fusilamientos, la tortura, la prisión política, el exilio, el trabajo esclavo, el robo de bebés, los desaparecidos, los depurados… Argentina ha sentado a Francisco Franco y a su régimen en el banquillo de los acusados.

Cuando acaban de cumplirse 75 años del fin de la Guerra Civil, este trabajo examina el origen y el desarrollo de la Querella Argentina y el horizonte que abre: el fin de la impunidad de los responsables y ejecutores de la política sistemática, continuada e implacable de terror de la dictadura. Argentina contra Franco se centra, fundamentalmente, en los testimonios de diez militantes antifranquistas que fueron detenidos por la Brigada Político-Social y torturados en la Dirección General de Seguridad, en la mismísima Puerta del Sol de Madrid, entre 1956 y 1975. Tortura. Brigada Político-Social. Dirección General de Seguridad. Ecos lejanos, voces marginadas, excluidas de la historia sagrada, que sin embargo han conquistado desde septiembre el espacio público, huecos en los medios de comunicación de masas, de la mano de la Querella Argentina y la lucha tenaz de muchos colectivos que reivindican la verdadera Memoria Democrática de este país.

Así nos han descubierto la Transición «inmodélica», adjetivo acertadamente adjudicado por el profesor Vicenç Navarro¹. El mito de la Transición, la narración edulcorada de aquel tiempo histórico como un pacífico y exitoso proceso de ingeniería política pilotado por la monarquía y los sectores «reformistas» de la dictadura («demócratas de toda la vida»), con Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda al timón, que propició el reencuentro entre los españoles². Un ejemplo para el mundo, nos contaron y pregonaron, durante años y años.

Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a quienes me han ayudado a escribir este libro. En primer lugar, por supuesto, a las diez personas que me han relatado los días y las horas más terribles de sus vidas. Su memoria, unida al compromiso de los abogados y los valiosos testimonios de muchas otras, es semilla de un futuro mejor.

También expreso mi reconocimiento, por distintos motivos, a María Arcenegui, responsable de prensa de CEAQUA, al historiador Antonio Ortiz, a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a Fran Pérez, secretario de Paz, Solidaridad y Derechos Humanos de Izquierda Unida, y a los abogados Carlos Slepoy, uno de los impulsores en 2010 de la Querella Argentina, y Enrique Santiago, quien representa en esta causa al Partido Comunista de España.

Por otra parte, durante estos meses de intenso trabajo no he podido apartar de mi pensamiento a mis abuelos, que fueron parte de aquel pueblo que trajo la II República y la defendió con el valor y el heroísmo que ningún otro demostró contra el fascismo. Mi abuelo José conoció la represión y las cárceles franquistas en los años cuarenta y murió tempranamente a causa de aquel sufrimiento. Mi abuela Isabel padeció las humillaciones que la dictadura reservó para quienes creía vencidos. Y mi padre, Francisco Amorós Ribelles, perteneció a la misma generación que la mayor parte de las personas que he entrevistado, a aquella juventud trabajadora que en los años setenta se comprometió, en su caso desde el Partido Comunista de España, con la lucha por la libertad, la democracia y el socialismo. La Querella Argentina también les hace justicia a ellos.

Mario Amorós

Madrid, 15 de marzo de 2014

1 V. Navarro, El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, Barcelona, Anagrama, 2006.

2 Véase al respecto el trabajo de Ferran Gallego, El mito de la Transición, Barcelona, Crítica, 2008.

I. Proceso a una dictadura criminal

«EL FUTURO ESTÁ ASEGURADO

Respecto a la sucesión a la Jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro Movimiento, todo ha quedado atado, y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de Rey del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esta decisión trascendental.»

Francisco Franco, 30 de diciembre de 1969¹

El holocausto español: algunas cifras

El 22 de julio de 1936, el diario Abc de Sevilla proclamó que el conflicto militar que se extendía por todo el país tras la sublevación que había estallado la tarde del 17 de julio en el Protectorado español del norte de África era «una guerra a muerte entre la Rusia roja y la España sagrada»². Con esta mentalidad se alzaron en armas los militares que traicionaron su obligación de respetar al Gobierno constitucional, nacido de las elecciones democráticas del 16 de febrero que otorgaron la victoria al Frente Popular. Empezó entonces lo que en 2011 Paul Preston describió minuciosamente, en un libro impactante, como «El holocausto español».

Estas son las cifras fundamentales que dio Preston. Entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 cerca de doscientos mil hombres y mujeres fueron asesinados lejos de los frentes de batalla (el 75 por 100 de ellos cayó bajo las balas de los facciosos). Al menos trescientas mil personas perdieron la vida durante los combates. Ese medio millón de personas «murieron a raíz del golpe militar contra la Segunda República». Además, un número desconocido de hombres, niños y mujeres fueron víctimas de los bombardeos y los éxodos que siguieron a la conquista del territorio por parte de las tropas de Franco. En las semanas posteriores a su victoria militar, en la primavera de 1939, cerca de veinte mil republicanos fueron asesinados. Carme Molinero, por su parte, apunta que alrededor de cuatrocientos mil hombres estuvieron internos en campos de concentración y centenares de miles en las cárceles. Según cifras oficiales, en 1940 estas acogían a doscientos ochenta mil republicanos³.

«Otros», prosigue Preston, «sucumbieron a las condiciones esclavistas de los batallones de trabajo». Y más de medio millón de republicanos tuvieron que emprender los caminos del exilio tras la más amarga de las derrotas. Muchos perecieron en los campos de concentración habilitados por el Gobierno francés en las playas transpirenaicas⁴.

La dictadura franquista no tuvo piedad con aquellos sectores sociales y políticos que catalogó como «la anti-España», la quiso aniquilar para siempre. Solo así se explica que durante la Segunda Guerra Mundial permitiera que miles de españoles fueran conducidos a los campos de exterminio nazis, como también registró Preston. Respecto a los más de cien mil republicanos sepultados aún hoy en miles de fosas clandestinas a lo largo del país, su opinión remite inevitablemente a la segunda mitad de los años setenta: «Evidentemente –nos explicó en 2011–, parte del proceso de la Transición fue el acuerdo de amnistía, de no buscar responsabilidades judiciales por lo que pasó ni en el establecimiento de la dictadura, ni en la resistencia contra la dictadura, pero es curioso que la única persona que ha sufrido consecuencias judiciales de eso es quien ha intentado aclararlo: el juez Baltasar Garzón»⁵.

Por último, una magnitud que solo permitiría cuantificar una Comisión de la Verdad como la que hoy propugna Garzón, al menos aproximadamente, es el del número de personas que entre 1939 y 1977 sufrieron tortura⁶, un instrumento esencial de la represión política en «la España de Franco».

«El régimen de Franco», escribió Julio Aróstegui, «se encuentra entre los regímenes políticos que de forma más permanente, sistemática, institucionalizada y eficiente para sus fines, practicaron la coerción, la violencia política y la exclusión entre todos los que se instituyeron como poder totalitario». «El sistema represivo que los vencedores en la Guerra Civil de 1936 pusieron en ejecución es la característica más destacada de aquel régimen porque acompañó, determinó, todas las etapas atravesadas por su configuración política y social»⁷. Como subraya Abdón Mateos, sin esa violencia institucionalizada y persistente la dictadura no hubiera sobrevivido hasta la muerte de su caudillo⁸.

Y Carme Molinero señala algo esencial. La magnitud de la represión franquista y su impacto en la población, «en la que la sufría y en la que la contemplaba», no puede entenderse sin tener presente que, en la mayoría de los casos, los centenares de miles de personas que fueron represaliados no lo fueron por lo que hubieran hecho, sino por lo que eran: «Personas que tenían unos ideales y unas propuestas de organización de la sociedad distintas de las de aquellos que dieron apoyo al golpe de Estado»⁹.

Una vez instalado el Estado franquista, destruidas la democracia y las libertades, revertido el programa democrático y modernizador del Frente Popular, el «eslabón fundamental», en palabras de Juan José del Águila, del aparato represivo fue una sección policial creada en 1941: la Brigada Político-Social.

Los «hijos» de Himmler: la Brigada Político-Social

El 23 de septiembre de 1939, casi cinco meses después del fin de la Guerra Civil, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley, firmada por el general Franco, que reorganizó la Dirección General de Seguridad (DGS), creada en 1886 como parte del Ministerio de la Gobernación¹⁰. Aquella norma le entregó amplias atribuciones e incluso los gobernadores civiles provinciales quedaron sometidos a su director general en los asuntos de su competencia. Entre las principales funciones de la DGS estuvieron la Comisaría General de Fronteras, de Información, de Orden Público y de Identificación.

La Dirección General de Seguridad instaló su sede en el principal edificio de la madrileña Puerta del Sol, hoy llamado pomposamente Real Casa de Correos y que acoge la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Con el tiempo se convirtió en «el mayor centro policial de la dictadura» y, junto con otros organismos policiales y judiciales, evidenció «la preocupación constante de los militares, con Francisco Franco a la cabeza, por organizar los mecanismos de limpieza política. Nadie debía escapar a la depuración y para ello era necesario extender el conflicto; una guerra larga que diera el tiempo necesario para crear y mejorar las “instituciones” y las “infraestructuras” necesarias para la purificación de la sociedad española»¹¹. En ese mismo edificio tenía también sus dependencias en Madrid la Brigada de Investigación Social, más conocida (y así la llamaremos en este trabajo) como la Brigada Político-Social (BPS).

La Brigada Político-Social fue creada formalmente en 1941 a través de la Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad. Estaba integrada en el Cuerpo General de Policía, que a su vez dependía de la Dirección General de Seguridad. Su actividad se fundamentó inicialmente en la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social o la Ley de Vagos y Maleantes. Seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia, detenciones, confiscación e incautación de bienes, allanamiento y registro de viviendas y, como les enseñaron los nazis, la tortura como método recurrente para «ampliar» la información o simplemente como forma de castigo. Así actuaba la Brigada Político-Social. Y lo hacía con una impunidad indiscutida, absoluta, avasalladora. Para sus efectivos, plenamente imbuidos de la ideología y el espíritu del «Movimiento Nacional», cualquier conducta que pudiera afectar al orden público convertía a un ciudadano en sospechoso y por tanto podía ser detenido de manera preventiva en dependencias policiales para su posterior puesta en libertad o a disposición judicial.

En su trabajo de referencia sobre el Tribunal de Orden Público, Juan José del Águila señala que la BPS era «el eslabón fundamental del aparato represivo del régimen franquista». Y recuerda que la principal norma que la reguló, la Ley de 8 de marzo de 1941, afirmaba en el primer párrafo de su exposición de motivos: «La victoria de las armas españolas al instaurar un régimen que quiera evitar los errores y defectos de la vieja organización liberal y democrática exige de los organismos encargados de la defensa del Estado una mayor eficacia y amplitud, así como aquellas modalidades que impone la necesidad de una vigilancia rigurosa y tensa de todos sus enemigos»¹².

Está pendiente la investigación de la huella nazi en los orígenes de la BPS. En 1940, después de su visita a España, Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS y uno de los grandes responsables del Holocausto, envió a un asistente suyo, Paul Winzer, para que instruyera a la nueva policía política española. Y este oficial de las SS y la Gestapo se dedicó a ello hasta 1944, además de dirigir durante un tiempo el campo de concentración para los prisioneros republicanos de Miranda de Ebro (Burgos).

El 17 de julio de 1945 la dictadura aprobó el llamado Fuero de los Españoles, que tenía la pretensión de ser un remedo de declaración de derechos fundamentales. Pero, en la práctica, legalizó la tortura ya que su artículo 18 estableció la posibilidad de que los aparatos policiales mantuvieran detenida a cualquier persona durante un plazo máximo de tres días, 72 horas exactas, antes de ponerla a disposición judicial o dejarla en libertad. No por casualidad aquella reforma cosmética coincidía con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y el desmoronamiento del fascismo en Europa, a excepción de la península Ibérica.

En cualquier caso, Julián Casanova señala que la limitación de los periodos de detención fue en muchos casos una falacia. «Los detenidos permanecían en comisaría días y días, a veces semanas, humillados y torturados. La Brigada Político-Social realizaba las “diligencias” en famosos lugares que quedaron para siempre en la memoria antifranquista, como la comisaría de policía de Via Laietana en Barcelona o la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid. Había ocasiones en que la detención ni siquiera se registraba. Así transcurrían esas interminables “diligencias”: sin asistencia letrada, sin médicos, sin el más mínimo derecho de defensa»¹³.

La aplicación del Fuero de los Españoles cedió siempre ante las funciones de «prevención del delito» que la legislación asignaba a la BPS y que permitían a sus agentes actuar de manera absolutamente arbitraria. Además, los frecuentes estados de excepción declarados por el régimen en una parte o todo el territorio nacional consentían las detenciones sin límite de tiempo y una actuación aún más implacable y arbitraria. Alfaya y Sartorius recuerdan, por ejemplo, que a veces incluso mostraban a la persona detenida una partida de defunción por causas naturales firmada por un supuesto o real médico de guardia, con lo cual se le advertía de que cualquier «exceso» en el interrogatorio estaba ya cubierto e incluso legalizado previamente¹⁴.

Jorge Marco y Gutmaro Gómez Bravo han aportado un documento muy valioso e ilustrativo. Se trata de un informe elaborado por el departamento de investigación del Foreign Office (el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, con excelentes «antenas» en Madrid desde hacía décadas), fechado el 9 de agosto de 1949, que describía en estos términos la Dirección General de Seguridad y la Brigada Político-Social: «Los archivos de la DGS están basados en el modo nazi. Están cabal y extremadamente bien organizados, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado»¹⁵.

El informe añadía que «los puntos negros de la justicia española» eran por norma general más las comisarías que las prisiones. «Todos los casos políticos caen dentro de la Brigada Político-Social, que actúa por orden del jefe superior de Policía. El interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles artefactos, tendentes a forzar las declaraciones posteriormente llamadas “confesiones”. Como reciben un extra, los mal pagados policías tienden a usar métodos más violentos cada vez y a prolongar cuanto sea posible el aislamiento de los prisioneros para obtener una confesión.»

Lo que más ha perdurado en la memoria de los antifranquistas es la identidad de algunos de los agentes o mandos de la Brigada Político-Social que destacaron por su especial saña en la tortura, como los hermanos Antonio Juan y Vicente Juan Creix en Barcelona, Melitón Manzanas en San Sebastián y Manuel Ballesteros en Valencia. O, como veremos en la parte central del libro, Roberto Conesa, José Sainz y Juan Antonio González Pacheco en Madrid.

En su trabajo clásico sobre la BPS en Barcelona, Antoni Batista aportó los testimonios sobre las torturas sufridas a manos de los Creix, entre otros, de los dirigentes comunistas Miguel Núñez y Gregorio López Raimundo y del nacionalista Jordi Pujol en la comisaría de la Via Laietana. Miguel Núñez relató que a fines de 1958 Antonio Juan Creix le propinó palizas infinitas, le sometió a «la bañera» (se introducía la cabeza del detenido dentro del agua hasta que casi no podía respirar, una y otra vez) o le amarró durante todo un día por las muñecas a los tubos de la calefacción del techo. Por su comportamiento heroico y su negativa a entregar información sobre la actividad clandestina del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Núñez llegó a estar hasta treinta días seguidos en la comisaría y después tres meses incomunicado en las celdas de castigo de la cárcel Modelo. En los primeros momentos de aquella detención, Creix le espetó: «Bien, Miguel, has perdido». Él le respondió: «¿Cuánto ganas?». Sorprendido y furioso, el represor le citó su sueldo… «¿Y por este precio haces lo que haces?»¹⁶.

Por su parte, Jordi Pujol declaró ante un juez el 27 de junio de 1960 que en la comisaría Vicente Juan Creix y otro agente le obligaron a someterse al método de tortura que denominaban «la cigüeña» (en Madrid, en la DGS, lo llamaban «el pato»): «Descalzo y esposado con las manos detrás de las rodillas, queda en posición de semiflexión forzada, teniendo ambas manos detrás de las rodillas, que en esta posición estaría unos 55 minutos, durante los cuales y a intervalos, le pegaban con una porra en los dorsos de los pies y que el autor de esto era el sr. Creix; que como la posición era forzada y se cayera varias veces, tres o cuatro de ellas, estando en el suelo, fue golpeado por todo el cuerpo y principalmente en la región glútea»¹⁷.

Debido a su «brillante» hoja de servicios, Antonio Juan Creix fue nombrado jefe superior de la Policía en el País Vasco después de que en 1968 ETA acabara con la vida del jefe de la Brigada Político-Social en San Sebastián, Melitón Manzanas. Creix se encargó de la detención de quienes fueron acusados de la muerte (y que, como Mario Onaindía, denunciaron haber sufrido violentas torturas), que serían juzgados y condenados en el Proceso de Burgos. Después, fue destinado a Sevilla como jefe superior de Policía de Andalucía, donde agudizó la represión y detuvo a los principales dirigentes de Comisiones Obreras.

Antoni Batista también ofreció una documentación excepcional. Creix fue cesado en agosto de 1974 por el último director general de Seguridad nombrado por un gobierno presidido por Franco, Francisco Dueñas Gavilán. Con el dictador gravemente enfermo y tras la Revolución de los Claveles, la incertidumbre se adueñaba también de los jerarcas franquistas y un tipo como Creix era ciertamente impresentable ante cualquier posible operación cosmética o estética del régimen. Fue, en palabras de Batista, «el cabeza de turco que permitió que la gran mayoría de los otros miembros de la Brigada Social continuaran en activo».

Entre septiembre y diciembre de 1974, Creix mantuvo un intercambio epistolar con el gobernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, a quien pidió su ayuda y ante quien presentó por escrito una extensísima hoja de servicios al régimen para lograr su readmisión. El 2 de octubre de 1974 Martín Villa le respondió con unas diez líneas en las que, después de saludarle como «mi querido amigo», le explicó: «Con mucho gusto tengo hechas gestiones en tu apoyo y bien puedes suponer lo que me agradaría poder contribuir, de este modo, a una solución que te resulte satisfactoria»¹⁸.

En Valencia, la Brigada Político-Social actuaba desde la Jefatura Superior de Policía, situada (aún hoy) en la Gran Vía de Fernando El Católico. Fueron centenares los luchadores antifranquistas que sufrieron allí torturas, principalmente militantes del PCE y de Comisiones Obreras y estudiantes universitarios de los partidos de extrema izquierda y nacionalistas. El Primero de Mayo de 1967 Juan Montalbán y otros compañeros fueron detenidos en la primera manifestación por el Día del Trabajo que tuvo lugar en la ciudad desde el fin de la Guerra Civil. Fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía y allí les tomaron declaración. «Nos preguntaron si pertenecíamos al Partido Comunista y nos exigieron que delatáramos a otros compañeros. Nosotros no dijimos nada. Nos pegaron mucho», recuerda Montalbán. «A mí me dieron dos palizas, la última me rodearon entre siete u ocho y hasta me pisaron la cabeza. Cuando me tiraron al suelo, una bota me pisó por la parte del cerebro y noté cómo me crujían los huesos de la cabeza. Entonces se me cayeron unas monedas que llevaba en los bolsillos. Intenté recogerlas, pero uno de ellos, el inspector Manuel Ballesteros, me dijo: “No las recojas que te van a hacer falta para la tumba”». Fue condenado a cuatro años de cárcel por un consejo de guerra celebrado en Valencia el 25 de agosto de 1967.

A fines de marzo de 1969, los agentes de la BPS asaltaron su domicilio familiar en la calle Plus Ultra de Valencia y se llevaron detenidos a sus hermanos Antonio y Paco, militantes comunistas y de Comisiones Obreras. Fueron torturados, incluso con descargas de corrientes eléctricas. «Yo padezco de úlcera y hubo un momento en que, entre los golpes y las corrientes, me reventaron, empecé a vomitar sangre…», explica Antonio Montalbán, primer secretario general de Comisiones Obreras en el País Valenciano¹⁹.

El TOP: apuntes básicos sobre la represión legal

La Ley creadora de la Jurisdicción Especial de Orden Público de 2 de diciembre de 1963 instauró el Tribunal de Orden Público (TOP). Heredero del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, al TOP, que empezó a funcionar en marzo de 1964, le correspondía la persecución de la actividad política antifranquista, mientras que los tribunales militares mantenían la atribución exclusiva de los delitos calificados como «terrorismo»²⁰. Su sede se estableció en Madrid, en el Palacio de las Salesas, donde también estaban el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, la Audiencia Provincial y el Juzgado de Guardia.

El procedimiento incluía la instrucción del sumario a cargo del Juzgado de Orden Público y era el TOP, previa celebración de juicio, el que dictaba la sentencia. Durante sus trece años de actividad abrieron 22.660 procedimientos y dictaron 3.798 sentencias, de las que 2.839 fueron condenatorias e impusieron, en total, unas condenas que sumaron 11.731 años de cárcel. La mayor parte de los procesados fueron militantes del PCE y de Comisiones Obreras.

En su estudio de referencia, Juan José del Águila destaca que a fines de 1972 el régimen tuvo que duplicar la plantilla de magistrados del TOP a causa del aumento del número de procedimientos incoados. Efectivamente, el 60 por 100 de los procedimientos, 13.010, se tramitaron en sus tres últimos años (1974-1976), dato muy relevante acerca de la intensificación de la lucha por la libertad y de la represión.

El vínculo entre la Brigada Político-Social y el TOP era muy estrecho ya que la jurisdicción de Orden Público concedía un valor esencial al contenido de los atestados enviados por la BPS en la instrucción del sumario, en el auto de procesamiento y en la sentencia. «En aquellos atestados quedaban consignadas las declaraciones autoinculpatorias, así como las denuncias o reconocimientos de terceros, normalmente prestadas por el reo en condiciones irregulares y, en ciertas ocasiones, tras recibir malos tratos físicos y de palabra», apunta Del Águila. También otorgaba mucha importancia a los informes sobre la «mala conducta social» realizados por los funcionarios de la BPS con criterios absolutamente políticos²¹.

La jurisdicción de Orden Público desapareció el 5 de enero de 1977. Fue reemplazada por la Audiencia Nacional, a la que se traspasó también la competencia jurisdiccional en materia de terrorismo²².

Amnistía versus jurisdicción penal internacional

El 5 de febrero de 1976 el pabellón polideportivo de la desaparecida ciudad deportiva del Real Madrid, en los confines del Paseo de la Castellana, fue testigo de un memorable concierto de Raimon. El creador de Al vent no cantaba en la capital del Estado desde su legendario concierto del 18 de mayo de 1968 en la Facultad de Ciencias Económicas. En 1976 programó cuatro veladas, pero solo pudo ofrecer la primera. La audición de su maravilloso disco El recital de Madrid lo hace comprensible: cada una de las veinte canciones que interpretó estuvo precedida y clausurada por un clamor de voces que coreaban las grandes consignas de la resistencia democrática. Al inicio del concierto, particularmente, conmueve escuchar durante varios minutos un grito unánime y multitudinario: «¡Amnistía! ¡Amnistía! ¡Amnistía!».

La exigencia de «libertad» y «amnistía» (unidas a la de «autonomía» en las nacionalidades históricas) acompañó la larga lucha antifranquista. Por ejemplo, desde 1966 todos los llamamientos, programas y manifiestos de Comisiones Obreras incluían la amnistía como un requisito ineludible en el proceso de superación de la dictadura y construcción de la democracia. Esta demanda llegó incluso a organizaciones de la Iglesia católica, como Justicia y Paz (presidida por Joaquín Ruiz-Giménez), que en 1974 recogió en todo el país cerca de 150.000 firmas en favor de la amnistía²³.

Tras la muerte del dictador, su sucesor en la Jefatura del Estado, Juan Carlos I, promulgó su primera medida el 25 de noviembre de 1975, tres días después de su coronación: un indulto (solo para el delito de «pertenencia a asociación ilegal») que supuso la excarcelación de 688 presos políticos y la reducción de penas para otros 85²⁴. Fue una medida claramente insuficiente; el PCE, por ejemplo convocó protestas contra ella tan solo dos días después. Durante 1976 y 1977 las fuerzas democráticas se movilizaron intensamente por la amnistía. Varias personas murieron abatidas por las fuerzas represivas o la extrema derecha en el transcurso de aquellas manifestaciones. Los sacrificios de Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, José Luis Cano… no pueden ser olvidados.

Sin embargo, el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro (conocido como el «Carnicerito de Málaga» y ex director general de la DGS) negó cualquier gesto. Incluso en marzo de 1976 el ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, declaró a la prensa italiana: «No existe la posibilidad de que haya una amnistía porque no hay razones para ella, ni existen tampoco las bases jurídicas»²⁵. La sustitución de Arias Navarro por Adolfo Suárez llevó a la aprobación de sendas amnistías por el Real Decreto-Ley de 30 de julio de 1976 y el de 14 de marzo de 1977, que beneficiaron a 287 presos políticos. Después de esta fecha permanecían en prisión alrededor de un centenar, que finalmente se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977²⁶.

El 7 de octubre los grupos parlamentarios en el Congreso de la UCD, el PSOE, el PCE, CiU y el PNV presentaron una proposición de Ley de Amnistía por el trámite de urgencia. El 14 de octubre fue debatida y aprobada (con la abstención de Alianza Popular) en el pleno de la Cámara Baja y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 17 de octubre (solo una semana después, el 25 de octubre, llegaría otro hito de la Transición: los Pactos de La Moncloa).

Sin duda alguna, de los cinco diputados que tomaron la palabra en aquel pleno el más simbólico fue el comunista Marcelino Camacho, preso político del franquismo durante más de una década. El secretario general de Comisiones Obreras inició su discurso recordando que la primera propuesta de amnistía presentada en la Cámara fue hecha por su grupo parlamentario el 14 de julio de 1977, el mismo día que se constituyeron las Cortes Constituyentes, y que ello era «el resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la Política de Reconciliación Nacional de nuestro Partido, ya en 1956». «Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta Política de Reconciliación Nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos este pasado de una vez para siempre»²⁷.

Su discurso se extendió de manera genérica sobre una exigencia, la amnistía, que durante largos años, aseguró, había sido casi una exclusiva del PCE. El ya veterano luchador no entró a analizar el articulado y las consecuencias de aquella ley. «Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la Amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso.»

Y desde entonces la Ley 46/1977 de Amnistía está en vigor. Solo tiene doce artículos. El primero concernía a los luchadores por la libertad, al declarar amnistiados «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas» realizados antes del 15 de diciembre de 1976. También «todos los actos de la misma naturaleza» realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977 «cuando en la intencionalidad política se aprecie, además, un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España». Y los actos «de idéntica naturaleza e intencionalidad» que los del punto anterior hasta el 6 de octubre de 1977 siempre que no hubieran supuesto «violencia grave contra la vida o la integridad de las personas».

Sin embargo, rápidamente, en su artículo segundo, señala que «en todo caso están comprendidos en la amnistía» seis supuestos de delitos más, entre ellos, en su apartado e), «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley». Y en su apartado f) también declaró amnistiados «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas». 52 palabras. Con eso bastó para sepultar hasta hoy bajo una enorme losa de impunidad, como la que cubre la tumba del dictador en el Valle de los Caídos, los crímenes del franquismo.

En otro trabajo, la historiadora Carme Molinero rebate este tipo de argumentación: «Se podrá decir: ¡qué inocentes!, les estaban colando la impunidad de los responsables y agentes de la dictadura por los crímenes cometidos a lo largo de tantos años. Es cierto, pero puede ser considerado ahistórico en el sentido de que aquella no era una prioridad de 1977, como tampoco lo era en 1956. (…) Para los actores políticos de aquel momento la cuestión fundamental no era mirar al pasado; necesitaban todas las energías para construir el futuro, en el que tenían tantas esperanzas. Su gran objetivo era negar la legitimidad de la legislación franquista y construir el sistema democrático sobre bases consistentes»²⁸.

En cambio, Josep Fontana es muy contundente y crítico en su valoración de las consecuencias de aquella ley: «La forma en que se realizó la Transición, en que los partidos de izquierda renunciaron a sus principios, a cambio de que se les permitiera participar en el juego parlamentario que reiniciaban los mismos que lo habían asaltado y destruido en 1936, permitió que se amnistiasen los crímenes cometidos en los cerca de cuarenta años de gobierno dictatorial –sin que a nadie se le ocurriese pedir su opinión a las “víctimas del terrorismo franquista”, sistemáticamente marginadas– y, lo que es mucho más grave, hizo posible que siguieran administrando justicia los mismos que habían sancionado los abusos ahora perdonados. Lo peor fue, sin embargo, que no solo se acordó la amnistía, sino que se decretó el olvido»²⁹.

Hasta hoy la Ley de Amnistía de 1977 ha servido a la justicia española para abortar cualquier investigación judicial de los crímenes franquistas. El 10 de enero de 2014 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió en apenas dos horas el debate planteado por uno de sus integrantes, el magistrado José Ricardo de Prada, para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si esta norma vulnera el artículo de la Constitución sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación del Estado de investigar de «modo suficiente». Según las fuentes consultadas por la periodista Natalia Junquera, la propuesta fue rechazada por mayoría³⁰.

Por otra parte, en un documento difundido en 2013, Amnistía Internacional rechazó la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero de 2012, que estableció que la justicia española no debe investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. AI rebatió las razones del Supremo y las considera contrarias al Derecho Internacional³¹. Por ejemplo, según el Tribunal Supremo, al haber transcurrido más de veinte años desde la comisión de los hechos que pudieran denunciarse, habría expirado con creces el tiempo máximo de prescripción previsto por el Código Penal español. Para Amnistía Internacional este argumento contraviene el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de Derecho Internacional que marca el artículo 29 del Estatuto de Roma de 1998, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.

En cuanto a la invocación por el Supremo, tan recurrente, de la vigencia de la Ley de Amnistía, AI recordó en su documento que, como estipula el preámbulo del Estatuto de Roma, «los Estados tienen el deber de poner fin a la impunidad, ejerciendo su jurisdicción penal contra los responsables». Los crímenes de Derecho Internacional no prescriben y tampoco puede ser amnistiados.

Pero no cabe duda de que para los partidarios de la impunidad la Ley de Amnistía se trata, sin duda alguna, de la «coartada perfecta» en términos jurídicos y también históricos. Así lo planteó el 8 de octubre de 2013 en el Senado el ministro de Justicia cuando le preguntaron acerca de las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que había visitado España la última semana de septiembre y que solicitó al Gobierno que garantice que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. Porque España es, después de Camboya, el país con más personas desaparecidas, más de 150.000, según declaró Baltasar Garzón ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desapariciones Forzadas³².

Aquel día, en la Cámara Alta, al ser preguntado por el senador de Izquierda Unida Jesús Iglesias acerca de si el Ejecutivo pensaba cumplir estas recomendaciones, Alberto Ruiz Gallardón se gustó en la respuesta. Habló, por supuesto, de la Ley de Amnistía como «el gran acuerdo de la Transición». Citó a destacados dirigentes del PCE, como Santiago Carrillo, Rafael Alberti y Jordi Solé Tura, que la votaron. Evocó las palabras de Marcelino Camacho: «Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos…». Y todo ello para exhortar al senador asturiano de IU a escuchar a «quienes, teniendo su misma ideología, tuvieron una altura histórica en este país, una altura que los que ahora pretenden echar por tierra la Transición lamentablemente no tienen»³³.

Un mes después de aquel debate, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas aprobó sus «observaciones finales» para el Gobierno español, después de escuchar a la delegación que este envió³⁴. Recomendó a España la creación de un organismo específico para la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura y de una Comisión de la Verdad, con expertos independientes, para investigar las violaciones de los derechos humanos entre 1936 y 1977. En definitiva, que deje de ampararse en la Ley de Amnistía de 1977 para no juzgar los crímenes del franquismo³⁵.

Desde Ginebra, el uruguayo Álvaro Garcé, encargado de examinar la situación de España, explicó: «La búsqueda de la verdad nunca es un ejercicio de revancha. La verdad es sanadora, reparadora. Indispensable. Y no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el Derecho, debe prevalecer la justicia»³⁶.

Así lo han interpretado también durante muchos años las máximas instancias judiciales españolas cuando, inspirándose en el legado del Tribunal de Núremberg en cuanto a la exigencia de responsabilidades por crímenes contra la humanidad³⁷, abrieron unos sumarios históricos para investigar los crímenes de las dictaduras militares de Argentina y Chile. Hagamos un poco de memoria hoy, sobre todo porque el Partido Popular ha promovido un proyecto de ley orgánica para poner severos límites al ejercicio de la jurisdicción universal por parte de nuestros tribunales.

El 13 de octubre de 1998 el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cursó dos peticiones (una por vía ordinaria a través del Ministerio de Justicia y otra de urgencia a través de la Interpol) para interrogar al general retirado y senador vitalicio Augusto Pinochet, quien en aquellos días, tras emprender un viaje de placer con su esposa, se encontraba internado en una clínica londinense recuperándose de una operación de hernia inguinal que le habían practicado cuatro días antes. García Castellón investigaba la denuncia presentada contra los antiguos miembros de la junta militar chilena (1973-1990) por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) el 3 de julio de 1996. Tres meses antes la UPF había presentado una querella similar contra los principales responsables de la última dictadura argentina (1976-1983), que en octubre de 1998 era instruida por Baltasar Garzón, quien cursó solicitudes similares en función de la participación decisiva de Pinochet en la llamada Operación Cóndor.

Aquellas iniciativas, a las que muchos entonces atribuyeron un carácter meramente simbólico, fueron trascendentales para la evolución posterior de Chile y Argentina. La madrugada del 16 al 17 de octubre agentes de Scotland Yard arrestaron a Pinochet en su habitación de la clínica londinense. La noticia conmovió a Chile y al mundo. Se inició entonces un largo proceso de 503 días en el que las instituciones británicas debatieron si correspondía extraditar a Pinochet a España para que fuera juzgado por crímenes contra la humanidad. Aquí, en una decisión histórica, el 30 de octubre de aquel lejano 1998 los once magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declararon, por unanimidad, que España era competente para juzgar a Pinochet. El 3 de noviembre, Garzón solicitó a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, que pidiera al Gobierno británico la extradición y una semana después procesó al ex dictador chileno por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas³⁸.

Solo las maniobras oscuras de los gobiernos de Chile, Reino Unido y España frustraron la extradición de Pinochet y permitieron su regreso a Chile, donde fue investigado y procesado por diversas causas relacionadas con los crímenes de su dictadura, aunque falleció el 10 de diciembre de 2006, Día Internacional de los Derechos Humanos, sin haber sido condenado. Pero su detención en Londres sí abrió paso a una catarata de querellas en su país contra los represores de la dictadura cuya investigación terminó por superar el aún vigente Decreto-Ley de Amnistía de 19 abril de 1978. En la actualidad, en Chile decenas de represores cumplen condena en prisión, entre ellos los principales mandos de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

En el caso de Argentina, la querella de España permitió, por ejemplo, la detención, juicio y condena de Adolfo Scilingo a 1.084 años de prisión por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Supremo en julio de 2007 y la extradición desde México del torturador Ricardo Miguel Cavallo, que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Además, la causa abierta en España contribuyó a la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y a los juicios de los principales represores y también de los miembros de las juntas militares, entre ellos Jorge Rafael Videla, quien murió en mayo de 2013 en el penal de Marcos Paz, donde cumplía condena por crímenes de lesa humanidad. La llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003 impulsó también unas políticas públicas ejemplares en favor de la Verdad, la Justicia y la Reparación. La Escuela de Mecánica de la Armada, el centro de detención, tortura y desaparición de personas más simbólico de la dictadura, es hoy un Lugar de Memoria.

Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino desde 2003 hasta su fallecimiento en 2012, lo explicaba así en 2009: «No puede haber un proceso de profundización de la democracia escindido de la defensa de los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, y en relación con las secuelas del terrorismo de Estado que asoló a mi país, se ha puesto fin a la impunidad de la que gozaron durante tres décadas los culpables de infinidad de crímenes de lesa humanidad y se los está juzgando con todas las garantías del debido proceso legal y condenando por sus responsabilidades probadas. (…) Es preciso el ejercicio de la memoria: los pueblos que olvidan y no recuerdan sus experiencias trágicas corren el riesgo de repetir aquellas situaciones»³⁹.

En cambio, en España la impunidad del franquismo permanece. Aunque la Historia empezó a cambiar el 14 de abril de 2010 precisamente en Argentina…

La Querella Argentina

Todo comenzó en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, a 79 años de la proclamación de la II República Española… y cuando en España el juez Baltasar Garzón sufría el acoso que terminó por apartarle de la carrera judicial tras dictar en octubre y noviembre de 2008 dos históricos autos sobre los crímenes de la dictadura franquista en los que fundamentaba las razones por las que procede investigarlos judicialmente. Aquel día en la capital argentina dos familiares de víctimas del franquismo (Darío Rivas Cando, hijo del alcalde socialista de la localidad lucense de Castro de Rei fusilado por los falangistas el 29 de octubre de 1936, e Inés García Holgado, quien tiene un tío desaparecido y dos tíos abuelos fusilados en la Guerra Civil), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y algunas de las organizaciones locales de derechos humanos más importantes⁴⁰ presentaron una querella criminal por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad que tuvieron lugar en España en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 en ejercicio del principio de jurisdicción universal. Los abogados que la pusieron en marcha son Carlos Slepoy y Ana Messuti, desde Madrid, y David Baigún, Máximo Castex, Ricardo Huñis, Beinusz Szmukler, Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg desde Argentina⁴¹.

Entre las personalidades argentinas que apoyan desde entonces la iniciativa está Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, quien después de toda una vida dedicada a la lucha por la memoria y contra la impunidad en su país declaró la víspera de la presentación de la querella: «Nos llama la atención que la Justicia española trate de impedir la investigación de los crímenes del franquismo». Y auguró que, si se aplicaba el Derecho Internacional, saldría adelante para buscar «la verdad, la justicia y la reparación». «El interrogante es qué se quiere ocultar en España. Los delitos de lesa humanidad en Argentina también están siendo juzgados en países como Francia o Alemania, pero en España no se quiere investigar por intereses políticos y para ocultar lo que sucedió durante la dictadura»⁴².

Así empezó la Causa N.o 4.591/10 caratulada «N.N S/ Genocidio», que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.o 1 de Argentina, cuya titular es la jueza María Servini de Cubría, quien años atrás tuvo a su cargo el juicio por el asesinato de Carlos Prats (antecesor de Pinochet en la jefatura del ejército chileno) y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974, en el que condenó a un agente de la dictadura chilena a cadena perpetua.

A principios de 2014 ya eran más de 350 personas, víctimas o familiares de víctimas de la represión, las que se habían hecho parte de la única causa abierta hoy en el mundo para investigar los crímenes de la dictadura del general Franco. Más de cien organizaciones sociales y políticas apoyan el trabajo de los abogados a través de CEAQUA y numerosas instituciones han expresado, a través de mociones, su apoyo a la Querella Argentina⁴³. Por ejemplo, el 20 de junio de 2013 el Parlamento vasco aprobó, con los votos a favor del PNV, el Partido Socialista y EH Bildu y la oposición del Partido Popular y UPyD, una proposición no de ley en la que mostraba su «apoyo y adhesión» a la causa abierta en Buenos Aires⁴⁴.

Después de tres años y medio, la primera decisión relevante de la jueza Servini de Cubría llegó el 18 de septiembre de 2013, cuando, como había solicitado seis meses antes la acusación, pidió a España la extradición de cuatro policías reclamados por torturas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y el ex comisario José Ignacio Giralte González. No obstante, pronto se supo que los dos últimos ya habían fallecido. «Es una decisión sin precedentes que abre una esperanza a las víctimas», declaró el abogado Máximo Castex. «Es un primer paso que agrieta la impunidad del franquismo», subrayó Emilio Silva, presidente de la ARMH⁴⁵. «Es un día histórico. La resolución de la jueza es, además, fundamental no solo por lo que representa, sino porque nos permite entrar en la segunda parte del proceso: el juicio contra el franquismo», declaró la letrada Ana Messuti⁴⁶.

Por su parte, Amnistía Internacional difundió un comunicado en el que instó al Gobierno español a extraditar «con prontitud» a Argentina a los acusados y calificó como «decisión judicial histórica» la resolución de la jueza⁴⁷. AI destacó que Servini de Cubría fundamenta su competencia para investigar en el principio de jurisdicción universal, «según el cual todos los Estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de Derecho Internacional, con independencia de donde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios». España, argumentó AI, está «obligada» por el Derecho Internacional a conceder la extradición y, si no lo hace, «está obligada a proceder con la investigación de tales crímenes ante sus propios tribunales de justicia». «Amnistía Internacional ha documentado extensamente y expresado de manera reiterada su preocupación por la ausencia de investigación de la justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y posteriormente durante el franquismo por integrantes de las fuerzas estatales de seguridad. Esto constituye un incumplimiento por España de sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en el caso de crímenes de Derecho Internacional»⁴⁸.

La resolución de la jueza señalaba que los delitos que en la causa se atribuyen a estas cuatro personas son sancionables con penas que oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión según el Código Penal argentino. Una buena parte de las 204 páginas que firmó el 18 de septiembre estuvieron destinadas a fundamentar por qué esos delitos son crímenes de lesa humanidad y a explicar que estos no pueden amnistiarse, ni tampoco prescriben, y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal⁴⁹.

En el caso del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar (Daroca –Zaragoza–, 1939), condenado a cinco años de cárcel por su participación en el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, le imputó haber tomado parte en las torturas infligidas a Andoni Arrizabalaga Basterretxea en 1968. En el de Celso Galván Abascal (ex escolta del dictador y de la Casa Real), le acusó de haber participado en las torturas sufridas por José María Galante en 1969 y por Acacio Puig Mediavilla en mayo de 1973 en la Dirección General de Seguridad. A José Ignacio Giralte González le responsabilizó de las torturas padecidas por José María Galante en marzo de 1972 y Alfredo Rodríguez en febrero de 1975 cuando era agente de la Brigada Político-Social también en la DGS.

Y, por último, en el caso de González Pacheco, identificado en la resolución judicial también con el sobrenombre del que hizo gala en aquellos años tenebrosos, Billy el Niño, le acusó de participar en las torturas sufridas por trece personas entre 1971 y 1975: José María Galante, Miguel Ángel Gómez Álvarez, Andoni Arrizabalaga Basterretxea, Antonia Hernández Cofrades, Francisca Villar del Saz y Aragonés, Luis Suárez Carreño Lueje, Silvia Carretero Moreno, Acacio Puig Mediavilla, Alfredo Rodríguez Bonilla, Antonio Chapera Varela, Felisa Echegoyen Castanedo, Francisco José Fernández Segura y Jesús Rodríguez Barrio.

En su escrito del 11 de marzo de 2013 los abogados de la acusación también habían solicitado la imputación y la emisión de órdenes internacionales de detención contra tres ex ministros de la dictadura y dos juristas, pero la jueza no ha respondido aún a esta petición. A Rodolfo Martín Villa le atribuyen, de acuerdo con la Asociación de Víctimas 3 de Marzo de Vitoria (querellante en la causa), responsabilidad, como ministro de Relaciones Sindicales en aquel momento, en la violencia policial desplegada en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976 que causó la muerte de cinco obreros (Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral) y más de cien personas heridas. El 9 de octubre, al término de un coloquio organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición, en el que obviamente participó como ponente destacado, Martín Villa respondió a las preguntas de los periodistas acerca de la Querella Argentina de manera muy escueta: «Secreto de sumario».

De José Utrera Molina (suegro de Alberto Ruiz-Gallardón) señalaron que formaba parte, como ministro Secretario General del Movimiento, del Gobierno del general Franco que firmó la sentencia de muerte, por el método crudelísimo del garrote vil, de Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974, «siendo por tanto colaborador necesario de ese crimen», señala el escrito. Las hermanas de Puig Antich se han unido a la Querella Argentina.

A Fernando Suárez González, vicepresidente tercero y ministro de Trabajo en septiembre de 1975, quieren imputarle por haber firmado la condena a muerte de los cinco antifranquistas fusilados el 27 de septiembre de 1975 (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui). Por último, también solicitaron idénticas medidas contra Rafael Gómez Chaparro (juez de instrucción del Tribunal de Orden Público entre 1972 y 1977) y Jesús Cejas Mohedano (vocal auditor en uno de los consejos de guerra que sentenciaron los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975).

El 23 de septiembre, al tener conocimiento de la orden de detención internacional dictada por la jueza Servini de Cubría y cursada a través de la Interpol, la fiscalía de la Audiencia Nacional consideró «innecesaria» la detención de los acusados, en un escrito dirigido al juez de guardia de la Audiencia Nacional⁵⁰. No obstante, el proceso de extradición de González Pacheco y Muñecas Aguilar siguió su curso por los cauces oficiales que marca la legislación y así el 29 de noviembre el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, dio vía libre a la Audiencia Nacional para que tramitara la petición.

Una semana después, una delegación de 16 ciudadanos españoles que se han personado en la causa viajó a Argentina, recorrieron diez mil kilómetros para demandar la justicia que aquí se les ha negado durante décadas. Entre otros, Mercedes Puig Antich, Andoni Txasco (testigo de la masacre obrera de 1976 en Vitoria) o Pablo Mayoral (condenado a treinta años de cárcel por uno de los cuatro consejos de guerra del verano de 1975) declararon ante Servini de Cubría⁵¹. También lo hizo Ascensión Mendieta, que a sus 88 años no dudó en subirse al avión para hablarle a la jueza de su padre, Timoteo, dirigente de la Unión General de Trabajadores (UGT) fusilado en noviembre de 1939 y sepultado en una fosa común en Guadalajara, para contarle de una familia que desde entonces, hace casi 75 años, aguarda justicia.

Tras la declaración de Andoni Txasco, la jueza solicitó a la acusación que le entregara, lo antes posible, «todas las cosas que se puedan presentar como hechos de imputación a Rodolfo Martín Villa», aseguró desde Buenos Aires José María Galante, otro de los querellantes que emprendió aquel viaje⁵².

Un día histórico

El 5 de diciembre de 2013 por primera vez desde la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977 dos policías acusados de torturas durante el franquismo debieron comparecer ante la justicia española. Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar tuvieron que cumplir aquel día de invierno con el primer trámite del proceso de extradición. Llegaron hasta la Audiencia Nacional ocultando su rostro con bufandas y gafas. Eso sí, no se taparon los oídos y tuvieron que escuchar al piquete de personas que, alejado forzosamente unas decenas de metros por la Policía Nacional, les recordaban su prontuario represivo y exigían su envío a Argentina.

El juez Pablo Ruz les informó formalmente de la petición de extradición y les preguntó si la aceptaban. Ambos, lógicamente, se negaron. Ruz pudo haber dictado su ingreso en prisión de manera preventiva, pero aceptó la petición del fiscal Pedro Martínez Torrijos y decretó su libertad provisional aunque con las siguientes medidas cautelares mientras se sustancia el proceso: la entrega del pasaporte para neutralizar el riesgo de fuga, la prohibición de abandonar el territorio nacional, la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado más próximo a su domicilio y la comunicación de una dirección postal y un teléfono donde puedan ser localizados. Por su parte, Muñecas Aguilar leyó un escrito en el que negó su participación en los hechos que se le imputan y tanto su abogado como el de González Pacheco se remitieron a la Ley de Amnistía de 1977 y a los plazos de prescripción para rechazar la extradición⁵³.

El 31 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a la Sala de lo Penal que rechace la extradición a Argentina de González Pacheco y esgrimió dos motivos. En primer lugar, argumentó que, según el Código Penal español de 1973, los delitos de tortura prescribían en un plazo de diez años; por tanto, señaló el fiscal Pedro Martínez Torrijos en un escrito de diez páginas, el plazo de prescripción «habría transcurrido con creces». En segundo lugar, alegó que los tribunales españoles tienen preferencia sobre la justicia argentina para el conocimiento de estos hechos. Así lo señala la Convención contra la Tortura de 1984, que establece la obligación de perseguir los hechos en el Estado donde se han cometido. Por tanto, el fiscal propuso que, en el caso de que la Audiencia Nacional deniegue la extradición, Argentina remita el expediente judicial para que la justicia española estudie la posibilidad de investigar los hechos allí denunciados⁵⁴. El 13 de marzo, la Agencia EFE informó de que el fiscal Martínez Torrijos se había posicionado también en contra de la extradición de Muñecas Aguilar por idénticos motivos.

Sin embargo, al igual que para Amnistía Internacional, para Naciones Unidas, muy preocupada en los últimos años por la impunidad de los crímenes franquistas, la disyuntiva está absolutamente clara. A fines de enero, su relator especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, el colombiano Pablo de Greiff, aseguró en Madrid que, si finalmente España no extradita a González Pacheco y Muñecas a Argentina, deben ser juzgados aquí. «Ese es el principio: o extraditas, o juzgas. Esa es la obligación. (…) Sería una pena que un país que ha sido líder en la implementación de la jurisdicción universal ahora niegue la extradición de alguien requerido para bloquear un proceso.» Tampoco tuvo dudas al referirse a la Ley de Amnistía de 1977: «Comenzó a aplicarse como una ley de punto final y el argumento de que fue adoptada por un Parlamento democrático solo la diferencia de una autoamnistía de las que los generales se concedían a sí mismos, pero no ha de utilizarse para archivar todos los casos. Me sumo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo y el Comité contra la Desaparición Forzada para que España la deje sin efecto»⁵⁵.

La Audiencia Nacional deberá tomar la decisión sobre la extradición a Argentina. «Los casos de González Pacheco y Muñecas Aguilar están en dos expedientes independientes y en secciones diferentes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El de González Pacheco está más avanzado. El fiscal se ha opuesto a su extradición y plantea un juicio en España, aunque admite que no se haría debido a la vigencia de la Ley de Amnistía y por la prescripción de los delitos de los que se le acusa», explica el abogado Carlos Slepoy.

El procedimiento impide a la acusación estar presente en las vistas públicas sobre la extradición, pero el Estado argentino sí puede personarse para defender la posición de su Poder Judicial. Si la sección competente de la Sala de lo Penal aprueba su extradición, es previsible pensar que los abogados de la defensa plantearán un recurso que elevará el asunto al pleno de la Sala de lo Penal. Si este órgano ratifica esa hipotética decisión anterior, corresponderá al Consejo de Ministros darle luz verde o denegarla. Si deniega la extradición, los abogados de la acusación, al tratarse de crímenes contra la humanidad, podrían presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si González Pacheco y Muñecas Aguilar no son finalmente extraditados a Argentina, a la justicia de este país le queda la opción de requerir a los tribunales españoles que les abra un procedimiento.

1 Abc, 31 de diciembre de 1969, p. 17.

2 M. Amorós, 75 años después. Las claves de la Guerra Civil española. Conversación con Ángel Viñas, Barcelona, Ediciones B, 2014, p. 133.

3 C. Molinero, «¿Memoria de la represión o memoria del franquismo?», en S. Juliá (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Fundación Pablo Iglesias-Taurus, 2006, p. 222.

4 P. Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Madrid, Debate, 2011, p. 17.

5 Entrevista a Paul Preston, Pasajes de pensamiento contemporáneo, Valencia, otoño de 2011, n.º 36, pp. 79-87.

6 La Convención contra la Tortura de 1984 la define como «todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia», P. Verdugo (ed.), De la tortura no se habla. Agüero versus Meneses, Santiago de Chile, Catalonia, 2004, p. 151.

7 J. Aróstegui (coord.), Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2012, p. 21.

8 A. Mateos, Historia del antifranquismo. Historia, interpretación y uso del pasado, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2011, p. 152.

9 Molinero, op. cit., p. 227.

10 Desapareció justo un siglo después, en 1986, cuando se convirtió en la actual Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

11 G. Gómez Bravo y J. Marco, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950), Madrid, Península, 2011, pp. 171-177.

12 J. J. Del Águila, El TOP. La represión de la libertad, Barcelona, Planeta, 2001, pp. 232-234.

13 J. Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, p. 24.

14 N. Sartorius y J. Alfaya, La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa, 1999, p. 238.

15 A fines de los años noventa se conservaban en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, 1.238 cajas procedentes de la Dirección General de Seguridad que almacenaban 53.924 expedientes políticos y 83.775 expedientes político-sociales. La mayor parte de los expedientes eran colectivos y a estos habría que sumar «los procedentes de la Dirección General de la Guardia Civil, de los servicios de información militar y otros». Sartorius y Alfaya, op. cit., pp. 261-262.

16 Véase el relato sobre este mismo diálogo en el excepcional libro de memorias de este gran luchador, que incluye un prólogo de otro militante antifranquista, Manuel Vázquez Montalbán. M. Núñez, La revolución y el deseo, Barcelona, Península, 2002, pp. 110-111. De sus páginas hemos tomado la cita de Brecht que abre el segundo capítulo del libro.

17 A. Batista, La Brigada Social, Barcelona, Empúries, 1995, pp. 24-28.

18 A. Batista, cit., pp. 32-45. Hace tres años este periodista amplió su análisis con el libro: La carta. Historia de un comisario franquista, Madrid, Debate, 2011.

19 M. Amorós, El hilo rojo. Memorias de dos familias obreras, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2012, pp. 108 y 121.

20 S. Vega Sombría, La política del miedo. El papel de la represión en el franquismo, Barcelona, Crítica, 2011, p. 298.

21 Del Águila, op. cit., p. 256.

22 Del Águila, op. cit., pp. 17-18.

23 P. Aguilar Fernández, «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la Transición a la democracia», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Universidad, 1997, p. 332.

24 Sartorius y Alfaya, op. cit., p. 261. A diferencia de la amnistía, el indulto no cancela los antecedentes penales de la persona beneficiada.

25 A. Sabio Alcutén, Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política, Madrid, Cátedra, 2011, p. 323.

26 Sartorius y Alfaya, op. cit., p. 261.

27 Véase aquel debate en la página del Congreso de los Diputados: http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1977_024.PDF

28 C. Molinero, «La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en la Transición», Ayer 66 (Madrid, 2007), p. 219.

29 Prólogo a C. Jiménez Villarejo y A. Doñate Martín, Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el Poder Judicial, Barcelona, Pasado y Presente, 2012, p. 15. Sobre su análisis del papel del PCE en la Transición, véase su trabajo: «Los comunistas en el final de la dictadura», en M. Bueno Lluch y S. Gálvez Biesca (eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Sevilla, FIM / Atrapasueños, 2009, pp. 405-418.

30 El País, 11 de enero de 2014, p. 12.

31 Amnistía Internacional, El tiempo pasa, la impunidad permanece. La jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, Resumen Ejecutivo, Madrid, junio de 2013, p. 4. https://www.es.amnesty.org/uploads/media/AI-El_tiempo_pasa__la_impunidad_permanece._Resumen_ejecutivo.pdf

32 El País, 16 de noviembre de 2013, p. 13.

33 Público.es, 8 de octubre de 2013. http://www.publico.es/politica/473487/gallardon-recurre-a-carrillo-y-a-alberti-para-defender-la-ley-de-amnistia

34 Véase este documento de siete páginas en Público.es: http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/11/15/1384534232572onu.pdf

35 Público.es, 15 de noviembre de 2013. http://www.publico.es/internacional/482582/la-onu-exige-a-espana-que-deje-de-ampararse-en-la-ley-de-amnistia-para-no-juzgar-al-franquismo

36 El País, 16 de noviembre de 2013, p. 13.

37 J. Garcés, «La dictadura en Chile, 1973-1990. Responsabilidades políticas y penales», Tribuna americana, primer semestre de 2006, p. 69.

38 M. Amorós, Chile. La herida abierta, Madrid, Paz con Dignidad-AHIMSA, 2001, pp. 54-56.

39 Frontera Cero. Publicación trimestral de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Madrid, primavera de 2009, n.º 7, p. 12.

40 Apoyaban la querella las Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Provincial de la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica.

41 Véase la querella del 14 de abril de 2010 que ha dado lugar a la causa de Argentina contra el franquismo en el diario Público.es: http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/4/14/1271262002312Argentina%20Querella.pdf

42 Público.es, 13 de abril de 2010. http://www.publico.es/espana/305644/el-interrogante-es-que-se-quiere-ocultar-en-espana

43 Las organizaciones de ámbito estatal que enero de 2014 estaban adheridas a CEAQUA eran: la Asociación Memoria Histórica del Partido del Trabajo de España y la Joven Guardia Roja, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación de Descendientes del Exilio Español, ATTAC, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, la Fundación 1.º de Mayo, la Fundación Andreu Nin, la Fundación Domingo Malagón (vinculada al PCE), Izquierda Anticapitalista, el Sindicato de Estudiantes, Sodepaz, la asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños, la Unión de Asociaciones Familiares, la Unidad Cívica por la República y la Unión de Actores. Además, ya había plataformas territoriales organizadas en Andalucía, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Euskadi y Madrid.

44 Público.es, 15 de junio de 2013. http://www.publico.es/espana/457265/el-parlamento-vasco-se-adhiere-a-la-querella-contra-el-franquismo-con-el-rechazo-del-partido-popular-y-upyd

45 El Periodico.com, 18 de septiembre de 2013. http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/una-juez-argentina-pide-extradicion-cuatro-exaltos-funcionarios-policiales-por-torturas-franquismo-2670594

46 Público.es, 18 de septiembre de 2013. http://www.publico.es/469218/billy-el-nino-un-comisario-un-golpista-del-23-f-y-un-escolta-de-franco-en-busca-y-captura

47 Véase el comunicado: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-extradicion-tortura-franquismo/

48 Véase su último informe al respecto, de junio de 2013: El tiempo pasa, la impunidad permanece. La jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España. Disponible aquí: https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/EUR4140013-25119%20El%20tiempo%20pasa%20la%20impunidad%20permanece%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=32463093939

49 Véase esta resolución en la página de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo: http://www.ceaqua.org/resolucion-ordenes-de-detencion-contra-4-torturadores/

50 El País.com, 24 de septiembre de 2014. http://politica.elpais.com/politica/2013/09/24/actualidad/1380016266_058074.html

51 El País, 8 de diciembre de 2013, p. 27.

52 Público.es, 5 de diciembre de 2013. http://www.publico.es/politica/486977/la-justicia-argentina-pide-un-listado-de-victimas-imputable-a-martin-villa

53 Eldiario.es, 15 de enero de 2014. http://www.eldiario.es/politica/Ruz-comparecencias-Billy-Nino-Munecas_0_204029841.html

54 El País.com, 31 de enero de 2014. http://politica.elpais.com/politica/2014/01/31/actualidad/1391176062_467953.html

55 El País, 4 de febrero de 2014, p. 14.

II. El infierno de Sol

«Vosotros, que surgisteis de la corriente en la que nosotros nos hundimos, pensad también, cuando habléis de nuestras debilidades, de los oscuros tiempos de los que os habéis librado.»

Bertolt Brecht

La Real Casa… de Tortura

El edificio donde aquel luminoso 14 de abril de 1931 se proclamó la II República fue el principal centro de tortura de la dictadura franquista en Madrid. Donde ayer estuvieron la siniestra Dirección General de Seguridad y la Brigada Político-Social hoy se asienta la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero nada lo recuerda en la Puerta del Sol. En el lugar donde confluyen las principales manifestaciones ciudadanas, donde se percibe el latido de la villa, el cruce de caminos para los jóvenes, los visitantes, la referencia cada 31 de diciembre, cuando las miradas se dirigen hacia el bello reloj que corona la majestuosa Real Casa de Correos, pomposo nombre recuperado recientemente, tal vez, para lavar el tenebroso pasado de un edificio construido en la segunda mitad del siglo XVIII.

A un costado de su puerta principal, una austera lápida de piedra recuerda a quienes atendieron a las víctimas del brutal atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 y ensalza para «siempre» el comportamiento ejemplar del pueblo de Madrid. Al otro, una inscripción ya centenaria recuerda a «los héroes populares» que el 2 de mayo de 1808 libraron ante ella el primer combate contra las tropas de Napoleón. Ni una palabra solemne sobre el martirio que allí mismo sufrieron miles de luchadores durante cuatro décadas. Ni una sola. Tampoco en la calle Correo, ni en su puerta situada a unos veinte metros de Sol. Ni siquiera en la calle de San Ricardo, donde aún existen doce tragaluces del sótano donde estaban una parte de los calabozos. Menos aún en la calle Carretas, adonde «miraban» algunas de las dependencias de «la Social».

Gracias a su acreditación como eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer pudo visitar el sótano del edificio el pasado año. Apenas dos o tres de los espacios que entonces fueron calabozos se conservan como entonces, uno de ellos ha sido habilitado como almacén de productos de limpieza. Como tantos prisioneros del franquismo, Willy no puede evitar que las imágenes de aquellas horas tan difíciles regresen del tiempo cuando se acerca por allí. Tampoco su camarada Víctor Díaz-Cardiel, quien cada jueves, a las siete en punto de la tarde, forma parte del piquete que da vueltas en el centro de la plaza exigiendo el fin de la impunidad del franquismo, a imitación de las Madres de la Plaza de Mayo. «Es una vergüenza que en Sol no haya nada que recuerde lo que allí sucedió y que hayan derribado la vieja cárcel de Carabanchel, incluso su simbólica cúpula», sentencia Julia Hidalgo, también militante del PCE.

Para Felisa Echegoyen, militante en aquella época de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), es especialmente duro pasar por la calle de San Ricardo, la arteria de unos cincuenta metros que comunica Correo y Carretas. «Intento evitar caminar por allí, muy pocas veces he pasado. En aquella parte, abajo, estuvimos detenidos mis compañeros y yo y permanecen los respiraderos. Recientemente, algunos periodistas que nos han entrevistado nos han llevado allí para hacernos fotografías y no ha sido fácil. Y cuando hemos colocado una placa sobre lo que fue este lugar en dos minutos ha aparecido un guardia civil para quitarla.»

«Sería una prueba de madurez democrática reconocer públicamente que hoy esa es una casa de la democracia, pero que para llegar a ella muchas personas, en ese mismo lugar, pagaron con mucho sufrimiento», señala el periodista Paco Lobatón, quien estuvo allí detenido en 1972, cuando militaba también en la LCR.

El edificio fue rehabilitado en los últimos años del siglo pasado, cuando el hoy ministro de Justicia presidía la Comunidad de Madrid. En el prólogo del libro editado por esta institución para conmemorar su remodelación, Alberto Ruiz-Gallardón escribió, probablemente sin sonrojarse: «Podemos decir con orgullo que este edificio ha constituido históricamente una realidad importante para la vida cotidiana de los madrileños. Primero como Real Casa de Correos, más tarde como Ministerio de la Gobernación y Dirección General de Seguridad y hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, esta Casa ha sido espectadora –y en ocasiones escenario a la vez– de grandes avatares que marcaron los pasos vivos de la Historia, como aquel Dos de Mayo de 1808 en el que los españoles se alzaron por la libertad». En todo este libro, solo el catedrático Antonio Bonet hizo una mínima mención a su función «siniestra» durante la dictadura¹.

Normalmente, los agentes de la Brigada Político-Social introducían a los detenidos por la parte lateral del imponente edificio que preside la Puerta del Sol, por la puerta situada en la calle Correo, en vehículo hasta una especie de garaje. En ese mismo nivel estaba la dependencia destinada a ficharles: tomarles las huellas dactilares, fotografiarles y registrar su ingreso. Después de ese trámite, eran conducidos a los calabozos, que, numerados, se distribuían a lo largo del inmenso sótano. Existían todo tipo de celdas; algunas eran muy amplias, capaces de albergar a decenas de detenidos, otras eran individuales. Algunas tenían una puerta de reja, pero la mayoría se cerraban con una puerta metálica que tenía una rendija para que los carceleros (funcionarios de la Policía Armada, los «grises») pudieran verles. En su novela Tiempo de silencio, Luis Martín-Santos (detenido varias veces como dirigente del PSOE a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta) hizo una descripción magistral de las catacumbas de la Dirección General de Seguridad.

Todos los testimonios lo describen como un lugar sórdido, tétrico, oscuro, evidentemente destinado a causar terror entre los detenidos, a prepararles para lo que les aguardaba en los interrogatorios, que tenían lugar en el primer piso. Las condiciones existenciales eran verdaderamente penosas. La mayoría de celdas no tenían retrete, sino un simple e inmundo agujero. Había una colchoneta envuelta en hule, muy sucia, y unas mantas que prácticamente caminaban por las cucarachas e insectos que alojaban. Estaban iluminadas tenuemente durante las 24 horas del día, de tal modo que los presos perdían el sentido de la orientación y además los policías podían verles en cualquier momento del día. Los detenidos apenas podían intuir la hora por el tipo de comida que les servían, alimentos espantosos que llegaban en un plato de estaño o aluminio y que normalmente rechazaban, convencidos de que iban a sentarles mal. La mayoría solo tomaba agua durante la detención.

El abogado comunista Manolo López, detenido en noviembre de 1959, evocó así en su autobiografía el ingreso en el histórico edificio de Sol: «Conservo nítido en la memoria el viaje de aquella noche: marchamos por la calle de Alcalá, atravesamos la Puerta del Sol recién regada y entramos en la Dirección General de Seguridad por un portalón de la calle del Correo a un patio interior poco iluminado con aspecto lúgubre. Después de aparcar allí la furgoneta, los cuatro policías me rodearon y me indicaron que subiera por una escalera hasta un piso en cuyo rellano de nuevo me estremecí al leer el letrero que había sobre el dintel de la puerta: Brigada Político-Social»².

«¿Por qué este país es tan extraño?»

«Yo me llamo igual que mi padre, Victoriano Díaz-Cardiel González, y esto supuso un problema en la dictadura…». Víctor Díaz-Cardiel, dirigente histórico del Partido Comunista de España, incansable luchador por la Memoria Democrática, evoca su compromiso antifascista, su larga lucha por la libertad junto a sus camaradas. Entre 1956 y 1976 fue detenido en cinco ocasiones por la Brigada Político-Social. La mitad de ese largo periodo lo vivió en las cárceles franquistas.

Víctor nació en Fuensalida en agosto de 1935, once meses antes del golpe de Estado cívico-militar contra la II República. En su pueblo toledano la familia era reconocida por su militancia obrera. A principios del siglo XX, su abuelo materno había sido un destacado dirigente socialista local; después sus padres se unieron a las filas del PCE. Su progenitor fue carabinero de la República y tras la derrota estuvo preso hasta 1946. Llegó a estar condenado a muerte, pero le conmutaron la pena capital. «Cuando salió en libertad, en diciembre de 1946, yo tenía ya once años. Parecía que venía de un campo de concentración: medía casi 1,90 y entonces no pesaba ni siquiera 50 kilos.» Fue desterrado, le impidieron volver a su pueblo. Por eso emigraron a Madrid y se instalaron en Carabanchel Alto. En la capital sus padres continuaron vinculados al PCE, que era sometido a una represión despiadada por la dictadura, golpeado por una caída tras otra, pero siempre, de nuevo, en pie otra vez.

En el otoño de 1956, la policía interceptó una carta dirigida a su madre escrita desde la emigración en Francia por su hermano. «Nuestro domicilio estaba súper fichado y entonces llegó la policía preguntando por Victoriano Díaz-Cardiel González. Muy asustada, mi madre respondió: “¿Por cuál de los dos pregunta?”.» La respuesta del policía no se hizo esperar: «¿Hay dos? Pues por los dos…». Entonces, cuando él tenía 21 años, les metieron en un coche que se dirigió hacia el centro de Madrid, a la Puerta del Sol. «Nos llevaron a la Dirección General de Seguridad. Allí a mi padre le dieron unas palizas soberanas. A mí, una manada de hostias y me tiraron al suelo. Me detuvieron solo porque me llamaba igual que él, me acusaban de ser comunista como él…».

Después de quedar en libertad, emigró al Reino Unido y en 1959 llegó a Francia, a casa de sus tíos. Fue allí donde ingresó en el Partido Comunista y conoció a Julián Grimau, con quien trabajaría en Madrid, en la clandestinidad, hasta el día de su detención, el 7 de noviembre de 1962.

Aquel fue el año de las grandes huelgas obreras «iluminadas» por los mineros de Asturias. Empezó a forjarse el nuevo movimiento obrero que desafiaría a la dictadura en los centros de trabajo y que encabezaría el largo combate por la libertad. En Madrid, la casa de la familia Díaz-Cardiel se convirtió en uno de los «depósitos» de la propaganda del PCE, dirigida a incentivar el apoyo y la solidaridad con los trabajadores en huelga. Entonces, Víctor trabajaba como obrero en la fábrica Euskalduna, cuya factoría madrileña se dedicaba a reparar material de la Renfe. «Un día, agentes de la Brigada Político-Social y los principales cargos del sindicato vertical del Metal de Madrid llegaron a mi casa para detenerme porque no me habían encontrado en la fábrica», recuerda. «Pero como tampoco estaba allí, se llevaron a mi padre y volvieron a propinarle auténticas palizas en la Dirección General de Seguridad. Le tuvieron preso tres meses para que pudiera recuperarse de los palos que le dieron. En aquel tiempo me escondí en casas de amigos y a partir de entonces trabajé en una clandestinidad absoluta, con plena dedicación al trabajo del Partido.» Hasta el 4 de abril de 1965.

Entonces, vivía con su esposa, Carmen Udaondo, y su hijo de ocho meses en el barrio de La Elipa, al este de Madrid, en la calle José Barbastro. Aquel día, a las cuatro de la madrugada, varios agentes de la Brigada Político-Social (Juan García Gelabert, Félix Mínguez González, Francisco Sánchez Campanero, Luis Muñoz Sáez, Carlos Río Miranda García y Alfredo Rivela Moreno) llegaron hasta su domicilio con una orden judicial de registro. El informe que elaboraron los agentes solo recogía que tuvieron que «forzar la puerta de entrada» y mencionaba, uno a uno, los 94 documentos y libros incautados.

Pero lo sucedido fue mucho más terrible. «Me negué a abrirles y estuvieron más de una hora fuera. Mientras tanto, alertaba a los vecinos y veía si podía escapar por la parte posterior, pero vivía en un quinto piso y era imposible. Al final, tumbaron la puerta de casa porque decían que salía humo de la cocina… Partieron la puerta y la echaron abajo. Aquello no fue una detención, fue un verdadero asalto, lo tiraron todo, lo rompieron todo, incluida la cuna de mi hijo Víctor. Al menos, sí pude destruir alguna documentación comprometedora para muchos militantes y simpatizantes del Partido».

Los agentes de la BPS le bajaron hasta la calle propinándole golpes, patadas y puñetazos. Pronto le quitaron también los cordones de los zapatos y el cinturón del pantalón para evitar que se ahorcara, según le dijeron. En términos físicos y psicológicos aquella fue la detención más dura para él. El destino ya lo conocía: la Dirección General de Seguridad. «Al llegar allí, ya estaba machacado, el registro de mi casa había sido violentísimo y la bajada a la calle también. Primero me tomaron la inscripción y luego me subieron rápidamente al primer piso para las palizas y los interrogatorios.»

Víctor Díaz-Cardiel regresó a la DGS nueve años después de su primera detención, pero en aquella ocasión el trato fue implacable porque sabían que era uno de los dirigentes comunistas que había contribuido a organizar Comisiones Obreras en el pujante sector del metal madrileño y que había trabajado con Julián Grimau. «Me pusieron de rodillas con las manos esposadas y colocadas en la espalda para que sufriera todo lo que pudiera. Me sometieron al método de tortura conocido como la “botella borracha”: te rodeaban entre seis u ocho agentes de la Brigada Político-Social y te golpeaban de manera brutal. Su actitud se caracterizaba por una mezcla de odio, crueldad y sadismo hacia nosotros. Nos decían cosas como esta: “¿Qué os habéis creído vosotros, mierdas, que perdisteis la guerra?”».

Durante las 72 horas de la detención, durante las tres jornadas que parecían interminables, los prisioneros políticos del franquismo vivían en una angustia permanente, en un trasiego continuo entre el calabozo del sótano y los interrogatorios de la primera planta. «No nos dejaban descansar, ni reponernos, ni mucho menos podíamos dormir. De este modo querían evitar que reflexionáramos, que nos fortaleciéramos psicológicamente.»

Los agentes de la Brigada Político-Social le exigieron que les describiera su actividad clandestina y sobre todo que delatara a sus camaradas bajo advertencias terribles. «Llegaron a amenazarme incluso con mi mujer, me dijeron que iban a llevarla allí y a desnudarla para que presenciara lo que hacían con ella y la llamaron puta. Este tipo de amenazas eran constantes. Pero, imitando el comportamiento que había tenido Julián Grimau, fui capaz de decirles: soy Victoriano Díaz-Cardiel González y me encuentro desarrollando la actividad que mi Partido me ha encargado…» En su cabeza prevalecían las instrucciones que la dirección del PCE transmitía a sus militantes clandestinos, que apelaban a la moral revolucionaria y exhortaban a un comportamiento digno frente al enemigo. «Las torturas se pueden soportar cuando se está plenamente convencido de la superioridad del hombre y de la mujer comunistas sobre los verdugos franquistas», leemos en un documento de agosto de 1962 titulado «Sobre el comportamiento ante la policía». «Sabemos, ¡y ellos también lo saben!, que los verdugos de la policía político-social habrán de rendir cuentas muy pronto de todos sus crímenes y bestialidades», concluía este documento³.

Víctor Díaz-Cardiel estuvo siete años seguidos en la cárcel. Cumplió la larga condena que le impuso el Tribunal de Orden Público en las prisiones de Carabanchel, Soria y Segovia y no recobró la libertad hasta el verano de 1972.

En diciembre de 1973 fue detenido por tercera vez. En aquellos días trabajaba en el despacho jurídico de María Luisa Suárez, Juan José del Águila y Manuela Carmena y desde la dirección del PCE en el interior preparaban diversas acciones de solidaridad con los dirigentes de Comisiones Obreras encarcelados y sometidos al Proceso 1.001. «Hacia el 10 de diciembre, a la una del mediodía, al salir del despacho, que estaba cerca de Sol, tres o cuatro hombres me detuvieron en medio de la calle. En aquellos días estaba preparando varias reuniones con compañeros del metal y de la construcción y llevaba encima varias notas de prensa. Les armé un follón, les pregunté quiénes eran, si eran unos mangantes… Lógicamente, había mucho trasiego de gente, pero rápidamente llegó un coche y me metieron en él para conducirme a la Dirección General de Seguridad. No me trataron tan mal como en las dos detenciones anteriores. El Tribunal de Orden Público me pidió una condena de cinco años de cárcel.»

Regresó a Carabanchel y se encontró con Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Nicolás Sartorius, Juanín… todos los compañeros del 1.001. «Allí nos pilló la voladura de Carrero Blanco.» En julio de 1974 fue absuelto. Antes de la histórica legalización del PCE el 9 de abril de 1977, aún fue detenido en dos ocasiones más. En noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte del dictador, «cayó» junto con otros ocho dirigentes, entre ellos Armando López Salinas y Simón Sánchez Montero. Les procesó el magistrado-juez del TOP Rafael Gómez Chaparro. Comparecieron ante el juez después de la muerte del tirano y este les confesó a Pepe Cabo, a López Salinas y a él: «A lo mejor, el día de mañana ustedes son diputados».

Y el 22 de diciembre de 1976 fue detenido con la Comisión Permanente del PCE, incluido Santiago Carrillo, quien ya vivía clandestino en Madrid. Fue la última vez que estuvo en los lúgubres calabozos de la Dirección General de Seguridad y desde la penumbra pudo escuchar el clamor de la movilización en el exterior con una demanda nítida: «¡Libertad! ¡Libertad!». Una semana después salió a la calle.

Durante sus tres detenciones en la DGS en los años 70 nunca fue interrogado ni torturado por Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Sí recuerda especialmente unas palabras proféticas de Roberto Conesa: «Yo he sido policía con Franco y lo seré con la democracia».

Víctor Díaz-Cardiel es un tenaz activista por la recuperación de la Memoria republicana y antifranquista. Además de su militancia comunista de toda una vida, participa activamente en la lucha por construir un Lugar de Memoria en los terrenos donde estuvo la cárcel de Carabanchel y en la Comisión de la Verdad que promueve Baltasar Garzón. «Hay que dar a conocer nuestra Historia. ¿Por qué este país es tan extraño?»

«Billy el Niño disfrutaba con su trabajo»

José María Galante, conocido afectuosamente como «Chato» por sus compañeros de luchas de ayer y de hoy, nació en Madrid en abril de 1948 en el seno de una familia muy conservadora, franquista y con una fuerte vinculación con el ejército. Para él, todo cambió cuando ingresó en la universidad en 1967. Allí se acercó al Frente de Liberación Popular (FLP) y participó en la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes, opuesto al sindicato oficial fascista, el SEU, de afiliación obligatoria.

Un suceso trágico cambió la orientación de su compromiso: el cruel asesinato del estudiante de Derecho Enrique Ruano en enero de 1969 por agentes de la Brigada Político-Social. «El crimen de Enrique me marcó profundamente. Le había conocido un poco puesto que él era delegado del Sindicato Democrático de Estudiantes en la Facultad de Derecho y yo estaba estudiando Telecomunicaciones; ambos militábamos en el FLP. Antes de ese asesinato mi concepción sobre el compromiso militante era más bien genérica: luchar por las libertades, por la construcción de un mundo más justo… A partir de aquel momento, mi objetivo en la vida fue acabar con el franquismo, ese era mi impulso vital.»

Meses después, cuando solo tenía 21 años, sufrió la primera de sus cuatro detenciones. «Mi primera detención, bajo la acusación de “actividades subversivas”, se produjo el 5 de octubre de 1969 a la una de la madrugada en mi casa familiar y la llevaron a cabo dos miembros de la Brigada Político-Social llamados Celso Galván y Conrado Delso, apodado El Gitano». Le condujeron a la Dirección General de Seguridad y allí le recibieron, con un pasillo de golpes, dos filas de agentes de la BPS y de la Policía Armada, que le golpearon con porras y vergajos y le propinaron patadas y puñetazos.

Fue encerrado en una celda y por ser hijo de un teniente coronel del arma de Ingenieros del ejército le interrogó el mismísimo Saturnino Yagüe, comisario jefe de la Brigada Político-Social. «Me explicó que él era un funcionario, que haría lo mismo bajo un gobierno de cualquier otro signo y me conminó a contarlo todo para evitar el disgusto y la vergüenza a mi familia. Como no estaba dispuesto a colaborar, me dejó en manos de sus sicarios con la recomendación de que me dieran “un repasito”. En efecto, me dieron alguna paliza, no mucha cosa porque no recuerdo haber perdido el conocimiento. Al no poder inculparme por no hacer ninguna declaración, fui puesto en libertad el 7 de octubre sin proceso, ni multa gubernativa»⁴.

El Frente de Liberación Popular se rompió en 1969. Una parte de sus militantes se mantuvieron cohesionados, formaron el Grupo Comunismo y después siguieron adelante con la intención de construir una nueva organización y así fundaron en enero de 1971 la Liga Comunista Revolucionaria, de orientación trotskista⁵.

Chato Galante formaba parte del Comité Provincial y del Comité Central de la LCR. Y como tal fue detenido, por segunda vez, el 24 de febrero de 1971, en pleno estado de excepción decretado por la dictadura a consecuencia de la movilización popular contra los consejos de guerra celebrados en Burgos, en los que pedían la pena de muerte para nueve miembros de ETA. «Fue una detención extremadamente violenta, llegué a la DGS con la cabeza abierta y sangrando abundantemente por la nariz, lo que no me libró de nuevo del clásico “pasillo”. El estado de excepción les permitió mantenerme detenido más allá del plazo legal de 72 horas; estuve diez días, hasta el 5 de marzo. La Brigada Político-Social tenía noticias del proceso de unificación entre la LCR y ETA-VI Asamblea, que por cierto se concretaría unos meses después, y estaba muy alarmada ante la que creían inminente extensión de la lucha armada desde el País Vasco a Madrid.»

Aquellos diez días en la Puerta del Sol fueron la peor experiencia de su vida. «Me torturaron repetidas veces, me desnudaron (como una forma de humillarme y dejarme desvalido) y estuve en la zona de interrogatorios especiales durante varios días, hasta el punto de que perdí la noción del tiempo. En el periodo entre los interrogatorios estaba en un pasillo, esposado a un radiador, y los policías me golpeaban al pasar. Me sometieron a brutales palizas en las que perdí el conocimiento en muchas ocasiones.»

Chato explica que los militantes antifranquistas eran conscientes del riesgo que implicaba su compromiso, asumían que ser detenidos les conduciría a la Dirección General de Seguridad y que allí serían inevitablemente torturados. «En la Brigada Político-Social todos torturaban a los presos políticos. Había torturadores compulsivos, que disfrutaban con la tortura y tenían una sensación de impunidad absoluta, como Billy el Niño, que era de nuestra misma edad. Incluso a mí me torturaron agentes que eran más jóvenes que yo y yo había nacido en 1948… Otros torturadores hacían todo lo posible por ocultar su identidad y en las declaraciones que nos exigían que firmáramos solo aparecía su número de policía. Algunos eran tan salvajes como Billy el Niño o más, había una amplia gama de subproductos. Y he de decir que ninguno de ellos mostró jamás un asomo de humanidad con nosotros. Todo lo que me encontré era desde gente que disfrutaba con su trabajo a funcionarios que lo hacían a conciencia.»

Tan solo hacía un año que Juan Antonio González Pacheco estaba destinado en la Dirección General de Seguridad. Nació el 6 de octubre de 1946 en Aldea del Cano, que entonces tenía unos dos mil habitantes (hoy apenas 700), situada en la Vía de la Plata, a 22 kilómetros de Cáceres. Su familia había heredado un estanco y un comercio de su abuelo y no tenían una mala posición económica. Su hermano mayor fue alcalde durante la dictadura y sería elegido en 1979 en las listas de la Unión de Centro Democrático (UCD). En 1966, al concluir el bachillerato, se marchó a Barcelona a estudiar Medicina, pero no aprobó ni una sola asignatura en dos años. Probó entonces suerte en la Academia Militar de Zaragoza, pero fue rechazado en la prueba preparatoria. El 1 de octubre de 1969 ingresó en la Escuela General de Policía y por sus relaciones políticas con el régimen logró ser destinado muy pronto a Madrid e ingresar en la Brigada Político-Social⁶. El Boletín Oficial del Estado del 3 de enero de 1970 publicó la resolución de la Dirección General de Seguridad que nombró subinspectores de segunda clase del Cuerpo General de Policía a una amplísima relación de alumnos, entre ellos González Pacheco.

Chato Galante también «conoció» a Roberto Conesa. «La Brigada Político-Social estaba construida alrededor de gente como Yagüe, los hermanos Creix, Conesa, Sáinz… policías con décadas de servicio al franquismo. Esa gente es la que educó y construyó este cuerpo represivo. Es una lástima que estos y otros hayan fallecido, merecían haber comparecido ante un tribunal de justicia.»

Fue en aquella segunda detención cuando le sometieron a las torturas especialmente crueles que ha descrito en su testimonio para la causa de Argentina y que la jueza Servini de Cubría menciona, al igual que otros casos, en su resolución del 18 de septiembre de 2013. Los métodos de los policías franquistas para destrozar física y moralmente a sus detenidos eran especialmente refinados en algunos casos. A Chato Galante le tocó sufrir dos de los más crueles: «la bañera» y «la barra»⁷. «En estas prácticas se turnaron bastantes policías, recuerdo por su especial ensañamiento a Roberto Conesa, Juan Ántonio González Pacheco y Juan García Gelabert⁸. Un compañero de detención, Luis Miguel Urban, presenció alguno de mis traslados arrastrado por los pies hasta las celdas.»

En aquella detención conoció la enfermería que había en el mismo edificio ya que perdió el conocimiento durante alguna de las sesiones de tortura. «Después otros compañeros detenidos me contaron que me habían bajado desde el primer piso al sótano a rastras y al parecer fui dándome cabezazos por todos lados. De repente, recobré el conocimiento ante aquel médico, quien me explicó que ya estaba bien y que en el parte de atención pondría que me había caído por la escalera… Ese fue mi contacto con la medicina en la Dirección General de Seguridad.» Tardó meses en recuperarse de las torturas.

En la reunión que representantes de CEAQUA mantuvieron el 16 de enero de 2014 con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, este les preguntó por qué en aquel tiempo no denunciaron las torturas que padecieron. No pocos detenidos lo hicieron, le explicaron, pero el resultado era en ocasiones contraproducente, como recuerda Chato: «El periodo de detención máximo en la DGS era de 72 horas, aunque la policía podía solicitar al juez su ampliación. El juez normalmente lo denegaba porque alegaba que el plazo de tres días les permitía hacer su trabajo. Pero sí nos sucedió a muchos que al denunciar las torturas ante el juez de Orden Público… este nos enviaba de vuelta a la DGS».

También la Liga Comunista Revolucionaria ofrecía instrucciones a sus militantes acerca de cómo resistir la tortura, principalmente de cara a la primera detención. «En todas las organizaciones había un conjunto de orientaciones sobre el comportamiento que debíamos tener en esas situaciones que creo que eran de una gran utilidad, porque así teníamos una idea de lo que podíamos sufrir», explica. «En la primera oportunidad que te detenían había un factor muy importante que era el desconocimiento absoluto de todo. Ellos sabían que en las siguientes disminuía su capacidad para infundir terror.»

Dos de las principales características de la represión franquista en los años 70 fueron la tortura y la prisión política. Fueron años en que decenas de miles de trabajadores participaron en huelgas de carácter sociopolítico, el movimiento estudiantil y el vecinal desafiaron a la dictadura en los centros de estudio y en los barrios y la incertidumbre ante el futuro asaltó también a los jerarcas franquistas. «Las movilizaciones sociales y políticas fueron acalladas con una represión brutal. La capacidad de integración de ese movimiento por parte de la dictadura era cero, porque eran absolutamente incompatibles. Solo podían reprimirlo y por ello produjeron muertes (en Granada, El Ferrol, Getafe…) e hicieron detenciones y a partir de ellas la tortura, debido a la obsesión por averiguar quiénes habían organizado las movilizaciones», señala.

Para su sorpresa, en aquella segunda detención fue puesto en libertad sin cargos, con la orden expresa de ser entregado a su padre. Pero seis meses más tarde tuvo que iniciar el servicio militar obligatorio y después de la instrucción fue destinado al Regimiento Pavía n.o 4, situado en Aranjuez. Era un batallón de castigo, «un lugar horrible donde hacíamos la “mili” quienes teníamos antecedentes políticos, los inculpados de delitos comunes que en su época tuvieron que ver con la guerrilla antifranquista y los acusados por la Ley de Vagos y Maleantes, fundamentalmente homosexuales».

El 10 de marzo de 1972, en la primera salida del cuartel, fue detenido por tercera vez mientras se dirigía con una amiga a pasear por el Retiro. «De nuevo fui sometido a vejaciones y torturas por miembros de la Brigada Político-Social, entre otros Juan Antonio González Pacheco y José Ignacio Giralte, pero debido al conflicto entre el Tribunal de Orden Público y la justicia militar sobre a quién correspondía juzgarme, el 13 de marzo me trasladaron a un regimiento de guardia a disposición del Gobierno Militar.» Terminó en la cárcel de Carabanchel, donde le comunicaron que sería procesado por ambas jurisdicciones: el TOP en el sumario 339 de 1972 y el Tribunal Militar en un consejo de guerra que después fue anulado. Permaneció en esta prisión hasta mediados de septiembre de aquel año y cuando finalizó el servicio militar, el 8 de enero de 1973, le dejaron en libertad condicional a la espera de los juicios.

«Mi cuarta detención se produjo el 11 de diciembre de 1973 en una cafetería de Madrid junto con otros miembros de la Liga. Fue una detención violenta, pero tras la paliza de rigor a la entrada de la Dirección General de Seguridad, solo el último día, justo antes del traslado a Carabanchel, me subieron a hacer una declaración en la que extrañamente hicieron constar lo que yo había dicho; en esta ocasión la firmé y me ratifiqué en ella ante el juzgado. Fui nuevamente pasado a la jurisdicción de Orden Público, en el sumario 986 de 1973, y me impusieron una multa gubernativa de doscientas mil pesetas, que al declararme insolvente “pagué” con dos meses de cárcel».

En su último paso por la DGS le encerraron en uno de los calabozos que estaba en la parte posterior del edificio, debajo de la calle de San Ricardo. Algunos detenidos no recuerdan haber oído los sonidos del constante trasiego de personas y vehículos que caracteriza la Puerta del Sol y sus inmediaciones, pero en aquella ocasión Chato Galante sí pudo escuchar una conversación ciertamente surrealista. «Me llevaron a la celda después de un interrogatorio y una paliza de muchísimo cuidado. Allí no se oían coches, pero sí los murmullos de la gente que pasaba y una de las veces dos mujeres se detuvieron encima del tragaluz y comenzaron a discutir. Sus voces me despertaron y escuché su alarmada discusión acerca del escándalo que les causaba las melenas del hijo de una de ellas…». Después, ingresó de nuevo en la tercera galería de la prisión de Carabanchel, donde coincidió con Víctor Díaz-Cardiel entre otros muchos presos políticos.

En 1974, fue juzgado en dos ocasiones por el Tribunal de Orden Público. En la primera, el 2 de mayo por el sumario 986 de 1973, ofició de presidente José Francisco Mateu Canoves y de magistrados, Antonio Martínez Carrera y Gabriel González Aguado; la segunda, el 24 de junio, por el sumario 339 de 1972, en una sesión también presidida por José Francisco Mateu Canoves, con José Redondo Salinas y Fernando Martínez Rodríguez como magistrados. «En ambos casos, como en todos los procesos del TOP, se trató de auténticos juicios-farsa en los que tanto las peticiones de condena como las sentencias dependían más de la “oportunidad política” o del capricho de los jueces que de las mismas leyes ilegítimas que decían aplicar.»

En julio de aquel año fue trasladado a la cárcel de Zaragoza, donde junto con otros compañeros organizó una huelga de hambre de 18 días para que la dirección aceptara el estatuto de presos políticos que se les reconocía de hecho en otras cárceles. Poco después, fue enviado a la de Segovia, donde participó en tres huelgas de hambre: «Una por una plataforma reivindicativa para la mejora de nuestras condiciones de vida; otra en apoyo a la campaña por la amnistía que realizaban las organizaciones democráticas y, finalmente, la más larga (47 días) y dolorosa por la conmutación de las condenas de muerte de los cinco compañeros que fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975».

En la primavera de 1976, tras dos intentos de fuga, fue trasladado al penal de Zamora, Topas, y el 26 de septiembre de aquel año quedó en libertad al aplicársele la amnistía aprobada por decreto-ley el 30 de julio.

Aún hoy sufre secuelas físicas de las torturas sufridas: «No volví a correr en mi vida como había corrido antes y al desplazarme tengo problemas de equilibrio por problemas en los oídos, en la cabeza. También perdí capacidad auditiva».

«La Dirección General de Seguridad era tétrica»

Tres generaciones de la familia de Willy Meyer conocieron la represión de la dictadura franquista. Su abuelo paterno, un ingeniero alemán antifascista, estaba trabajando en Madrid en el verano de 1936 y, aunque era extranjero, se acogió al decreto de movilización popular dictado por el Gobierno de la República tras el golpe de Estado. Participó en la Guerra Civil como capitán de Ingenieros en una unidad que estaba en la calle Goya y permaneció durante toda la contienda defendiendo «la capital de la gloria». En abril de 1939 fue procesado por el régimen franquista y condenado a muerte. Willy Meyer conserva el pliego de descargos que escribió de su puño y letra. Llegó a estar «en capilla», pero le conmutaron la pena capital por cuarenta años de cárcel. Estuvo recluido en el tenebroso penal de San Cristóbal, en Pamplona, y también en «colonias» de trabajo forzado en Montijo (Badajoz) y Cantabria. Falleció en 1947. En aquella misma década, su padre, militante del PCE, estuvo preso en la cárcel de Carabanchel.

Willy Meyer, nacido en Madrid en 1952, se unió al Partido Comunista de España al llegar a la universidad en 1970. Ha sido diputado en el Congreso y eurodiputado durante diez años y encabeza de nuevo la candidatura de Izquierda Unida y sus aliados para las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014.

Fue detenido varias veces durante la dictadura, la primera cuando aún no había cumplido 20 años. «El 4 de enero de 1972 distribuimos por la universidad propaganda del Partido. Un camarada que estudiaba Políticas y yo también hicimos la tirada en la estación de metro de Iglesia, en el barrio de Chamberí. Después me dirigí caminando hacia la calle Orense, pero sin darme cuenta un policía me siguió. De repente, me mostró su placa y me ordenó que entrara en un portal. Sin dudarlo, le pegué una hostia y salí corriendo. Me hice mucho daño en la mano.»

Al día siguiente, el PCE había planificado una acción de reparto de propaganda en el centro de Madrid, cuyas calles estaban atestadas de gente por las compras para la festividad del 6 de enero. «Tenía la mano vendada y en la reunión previa que los camaradas de la universidad tuvimos con una parte del Comité Provincial para preparar el reparto de propaganda, me dijeron que no fuera. María Luisa, una compañera del Comité Provincial, y yo nos quedamos en la plaza de Callao para ver si tenían algún problema.» De repente, alzó la mirada y vio que por la Gran Vía caminaba un compañero de la facultad… «Caminé para saludarle y cuando pude darme cuenta Billy el Niño estaba con él… Era un confidente. Ya conocía a González Pacheco, era un chulo, iba a la facultad con frecuencia y allí mostraba su pistola. Me quedé demudado y ellos reaccionaron rápido. En cuestión de segundos me cogieron, me esposaron y me metieron en un taxi que pararon a punta de la pistola de Billy el Niño. El lugar estaba lleno de gente y grité que era estudiante y que me estaban deteniendo sin motivo. Ellos me dijeron auténticas barbaridades.»

González Pacheco sabía todo lo que este joven militante comunista había hecho en los últimos meses gracias a la labor de ese infiltrado, que se había hecho pasar por estudiante desde el primer día del curso, cuando de manera casual se sentó a su lado. A los quince días de llegar a la facultad, este ya estaba organizado en el PCE y cumplía tareas como la distribución de propaganda o el reparto del periódico Mundo Obrero. «Billy el Niño tenía en la cabeza todo lo que yo había hecho desde octubre, todo: “saltos”, “comandos”, manifestaciones, reparto de propaganda. En el taxi me dijo verdaderos disparates y me amenazó de muerte, mientras me apuntaba con su pistola, si no le informaba de las actividades del movimiento estudiantil y del paradero de una multicopista clandestina. Estábamos en Callao y el taxista se puso tan nervioso que era incapaz de llevarnos a la Puerta del Sol. También le amenazó con detenerle si no llegaba pronto… Finalmente, entramos a la DGS por la puerta de la calle Correo. Me ficharon y me condujeron a los calabozos, que estaban completamente vacíos.»

El funcionario de la Policía Armada que estaba allí abajo, de guardia, se quedó muy sorprendido al verle. «Pero chaval ¿tú que has hecho? Si hoy aquí no hay ni prostitutas…» Willy Meyer le explicó que era estudiante y que sus compañeros y él luchaban por la libertad y la democracia en España. «No me cuente nada, no me cuente nada…», le interrumpió. Cuando le avisaban por teléfono el gris le subía a la primera planta para los interrogatorios.

«Aquel día llevaba una cazadora de un camarada en la que guardaba un manojo con muchas llaves que conducían a un aparato de propaganda del Partido. Me enseñaron todas las fotos que tenían en las que aparecía en actividades políticas y me empezaron a interrogar con la idea de que me desplomara pronto para empezar a delatar gente y a revelar el lugar al que correspondían las llaves». Participaban en el interrogatorio tres o cuatro agentes de la Brigada Político-Social, entre ellos el confidente y González Pacheco, quien en un momento determinado gritó: «¡Dejadme a mí, dejadme a mí! Hijo de puta… aquí fue donde machacamos a Julián Grimau»⁹.

Se quedó paralizado y observó cómo Billy el Niño sacó su pistola y al ponérsela en el pecho exclamó: «¡Te mato!». Fue una falsa ejecución, disparó sin haber montado el arma. «Y entonces reaccioné bien, porque vi unos radiadores de hierro fundido en la habitación y les dije lo que iba a hacer, y además pensaba hacerlo, si me volvían a amenazar de muerte: “Me tiro de cabeza contra los radiadores y se acabó”. Entonces sus propios correligionarios le contuvieron. Es verdad también que el decano de mi facultad, Osvaldo Nieto, ya había llamado a la DGS porque mis compañeros de estudios se habían movido. A partir de ese momento el interrogatorio ya se normalizó». Le impusieron una multa gubernativa de cien mil pesetas cuyo impago le supuso dos meses en la cárcel de Carabanchel, que su padre ya había conocido un cuarto de siglo antes.

En su facultad, sus compañeros se movilizaron y distribuyeron una octavilla en la que exigían su libertad. «Willy Meyer, estudiante de primero de Económicas, ha sido detenido, interrogado, multado y encarcelado. (…) El procedimiento es ya habitual. (…) La Ley de Orden Público es una ley en blanco para los torturadores de la Social, para poder encarcelar y castigar sin posibilidad de defensa alguna. (…) Si ante cada caso de represión nos movilizamos, si por cada multa y encarcelamiento como este de Willy Meyer desarrollamos una fuerte lucha e incorporamos a ella a nuevos sectores reacios a enfrentarse directamente a la dictadura, veremos que la represión, única arma eficaz que le queda al régimen, se mella, se vuelve contra los que la utilizan. (…) Que la exigencia de libertad de Willy Meyer esté presente en todos nuestros combates próximos. ¡Abajo la Ley de Orden Público! ¡Disolución de la Brigada Político-Social! ¡Amnistía para todos los presos y exiliados políticos! ¡Libertad!»

Después de su primer paso por los tenebrosos subterráneos de Sol un conocido relacionado con la DGS entregó a sus padres una hoja mecanografiada con el perfil que la BPS había trazado de él y que aún conserva. «Figura como el agitador más acusado en su curso. Ha participado en varias asambleas no autorizadas. Ha repartido propaganda de régimen comunista. (…) Reconoce haber presidido dos asambleas el 13 de diciembre de 1970. No autorizadas. Tiene antecedentes desde el 3 de diciembre de 1970 (…) [cuando] fue detenido como alterador del orden público y se le retiró el DNI».

Willy Meyer regresaría pronto a la Dirección General de Seguridad, aquel mismo año, cuando fue parte de una «caída» masiva de militantes comunistas y dirigentes de la construcción de Comisiones Obreras. Fue detenido junto con Julia Hidalgo. Poco tiempo después ambos emprendieron el camino del exilio.

Julia había llegado a Madrid en el convulso y emblemático año de 1968 para estudiar Ciencias Políticas desde la desembocadura del Guadalquivir, desde Sanlúcar de Barrameda, donde había nacido en 1950. Procedía de una familia sin vínculos con la izquierda, pero como a tantos estudiantes en aquel tiempo la universidad les abrió un horizonte de compromiso y lucha que les marcó para siempre. «El primer día que llegué me impresionó mucho ver la facultad tomada por la policía, por los “grises”. No lo esperaba. Fue una conmoción; imagínate, llegaba con la ilusión de iniciar una carrera universitaria, dejar la casa de mis padres… y me encontré con un campo de concentración. Pronto me vinculé al PCE, nos acercamos mutuamente, por afinidad, por amistad con compañeros de la facultad».

Casi medio siglo después, Julia Hidalgo sigue militando en el PCE, de cuyo Comité Ejecutivo forma parte. Sufrió tres detenciones durante la dictadura. La primera fue casi por casualidad. «Debió de ser en 1970 o 1971. Hubo una manifestación y detuvieron a cerca de seiscientos estudiantes, a mí me encontraron en el colegio mayor donde vivía. Nos llevaron a todos a la Dirección General de Seguridad. Allí estuve las 72 horas de rigor y me tomaron declaración, pero en esa ocasión no me pegaron.»

En la segunda ocasión no tuvo tanta suerte. Un día de 1972 se dirigió con su compañero Willy Meyer en autobús hasta el apartamento de la conocida actriz Julia Peña, también militante del PCE, situado en la zona de Diego de León. Estaban convocadas demasiadas personas y ya en el trayecto en autobús Willy Meyer intuyó lo peor: «Esta va a ser la “famosa” detención de universidad con Comisiones Obreras». Y así fue.

En aquel piso los dirigentes de Comisiones Obreras en la construcción guardaban el fondo de solidaridad para las familias de los compañeros que habían sido detenidos en el marco de unas recientes movilizaciones del sector. Al acabar la reunión, según salían, todos fueron detenidos en el umbral del edificio, introducidos en vehículos y llevados a la Dirección General de Seguridad. «Toda la zona estaba acordonada y un helicóptero de la policía la sobrevolaba. En el momento de detenerme un “gris” me pegó un golpe brutal en el estómago», recuerda Willy.

Julia Hidalgo y él fueron subidos al coche del mismísimo comisario Yagüe y relatan que la mayor parte del grupo entró en la DGS cantando, nada más y nada menos, que La Internacional comunista. «Yo no, porque no me salía la voz, pero mis compañeros sí», precisa Julia. Fueron fichados y conducidos a los calabozos. Al cruzarse con Willy Meyer, Billy el Niño le dijo con sorna: «Hombre, tocayo, no me digas que has caído con los albañiles…».

Cuando describe los interrogatorios que sufrió en la Puerta del Sol Julia Hidalgo parte con mucha prevención: «A mí me da mucho pudor hablar de todo esto, porque yo no sufrí torturas físicas y hubo compañeros y compañeras que sufrieron mucha tortura. Yo pasé malos ratos, pasé mucho miedo porque soy muy miedosa y lo pasé muy mal. Pero me da muchísimo pudor y mucho respeto porque hubo camaradas a los que destrozaron».

González Pacheco no le interrogó, pero sí apareció en varios momentos con su aire chulesco. En una ocasión le amenazó al ponerle una pesada máquina de escribir en la cabeza y exigirle que «cantara». En otro momento le apuntó con una pistola en el estómago. «Creo que no me derrumbé y me mantuve porque estaba segura de que fuera habría mucha fuerza, que los compañeros se estarían movilizando para exigir nuestra libertad. Billy el Niño era una persona esperpéntica. Presumía de ese apodo, de sus modos, de su forma de vestir, con aquellos ridículos pantalones de campana… Todos ellos eran unos personajes siniestros.»

No ha olvidado tampoco las dependencias de la Brigada Político-Social. «Los calabozos de la Dirección General de Seguridad eran un lugar muy sucio, lúgubre, oscuro», relata Julia Hidalgo. «Tenía mucho miedo, no me avergüenza reconocerlo, pasé mucho miedo. Allí no te trataban como un ser humano. Era una España negra.» «Era un lugar tétrico, pensado para asustar a quienes éramos detenidos. Todo era tétrico: la persistente oscuridad, los sonidos, con el abrir y cerrar de las celdas, hasta la comida, que no la probábamos», añade Willy.

Fueron procesados por el Tribunal de Orden Público y estuvieron varias semanas en Carabanchel, donde Willy Meyer coincidió en la galería de presos políticos con dirigentes de su Partido como Horacio Fernández Inguanzo (El Paisano) o Luis Lucio Lobato.

Después, Julia aún fue detenida una tercera vez, en este caso en la zona de Bravo Murillo, donde había quedado para recoger unos apuntes de alguna de las asignaturas que estudiaba. «Había habido una manifestación del FRAP, la policía me pidió la documentación y, como estaba en libertad condicional, me detuvieron. Fui conducida de nuevo a la DGS y allí el comisario Yagüe me dijo: “¿Qué dirá el camarada Santiago Carrillo… tú con los del FRAP?”. Estuve los tres días y me dejaron en libertad provisional. Entonces, el Partido nos dijo que debíamos dejar España. Willy y yo nos fuimos a Londres con pasaportes clandestinos hechos por Domingo Malagón con los nombres de Ángela y Mariano.»

Estuvieron allí casi un año y medio y, organizados en el PCE en el exterior, participaron en la solidaridad con la lucha por la libertad y la democracia en España.

«Fui afortunado, solo me pegaron “lo normal”»

Jesús Rodríguez acaba de jubilarse como profesor titular de Análisis Económico en la UNED. Su vida laboral ha estado dedicada al mundo universitario y fue allí también donde se unió a la lucha antifranquista. En el curso 1971/1972 empezó a estudiar Matemáticas en la Facultad de Ciencias. «La universidad entonces era un volcán, la resistencia a la dictadura era imparable por mucho control que el régimen fascista quisiera imponer. En aquellos años era uno de los bastiones de la oposición, aunque mantenía muchísimo del fascismo, sobre todo un aspecto que era especialmente repugnante para los estudiantes: el nacionalcatolicismo. Mi primer contacto con la lucha fue como el de todo el mundo: la asistencia a las asambleas, a alguna manifestación y también la pura y dura realidad de las cosas que veías… Por ejemplo, un día por la ventana de nuestra aula todos los de mi clase vimos cómo media docena de policías acorralaban y apaleaban a dos o tres chavales».

Nacido en 1954 en Madrid, no procedía de una familia republicana o izquierdista, pero su padre sí tenía unos valores cristianos ligados a la preocupación por la justicia social. Jesús no tardó en unirse a quienes desde la universidad luchaban contra la dictadura. Ni en sufrir su primera detención. El 13 de marzo de 1972 participó en una manifestación como protesta por el asesinato cuatro días antes a manos de la policía franquista de dos trabajadores de la empresa Bazán de El Ferrol: Amador Rey y Daniel Niebla. Aún no militaba políticamente, solo era un estudiante con la suficiente conciencia como para ir a una manifestación como aquella o participar en asambleas de los estudiantes democráticos. «Me detuvieron agentes de la Brigada Político-Social cuando ya había concluido y me llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde pasé 36 horas.»

En una declaración firmada el 20 de abril de 2012 para la causa de Argentina, Rodríguez Barrio describe con cuidada prosa su primer paso por allí: «La hermosa arquitectura de este edificio del siglo XVIII, al que ahora se denomina Real Casa de Correos (…) esconde en su interior unos sótanos que figuran, de forma indiscutible, en el centro de la más negra memoria de los crímenes del franquismo. En aquellos siniestros y malolientes calabozos el tiempo se detenía. No llegaba la luz del día y los detenidos éramos aislados del contacto con cualquier otra persona, salvo los interrogadores de la policía, mientras permanecíamos sin asistencia jurídica y privados de cualquier referencia temporal. Y, a pesar del carácter inhumano de aquellas celdas, veíamos con horror el momento en que los policías de guardia venían a buscarnos para conducirnos a interrogatorio».

En aquella ocasión no fue maltratado físicamente, no fue golpeado, solo recibió insultos o amenazas. «Fue la primera vez que me di cuenta de lo que era el franquismo. Estar 36 horas en la Dirección General de Seguridad y ver cómo actuaba la policía, sus métodos era un curso acelerado para entender la naturaleza de la dictadura. Lo primero que hacían era privarte de todo, reducirte a la nada. Entre otras cosas, desconocías la hora que era ya que te mantenían en un sótano con una luz eléctrica permanentemente encendida que te impedía dormir y perdías la noción del tiempo. Solo podías intentar mantener una secuencia porque alguna vez te daban alguna cosa para comer, pero era tan repugnante que era difícil saber si era el desayuno, la comida o la cena.» Le impusieron una multa gubernativa, en aplicación de la Ley de Orden Público, por importe de diez mil pesetas, contra la que presentó un recurso de súplica, que le fue aceptado el 8 de mayo al carecer de antecedentes policiales.

En lugar de arredrarse, al quedar en libertad Jesús Rodríguez concluyó que si iba a luchar contra la dictadura, y entonces estaba aún más convencido de ello, debía de hacerlo de manera organizada. Así empezó a contactar con militantes de distintos partidos políticos. «Había un gran efervescencia en la universidad; además del PCE, que estaba presente en todas partes, había múltiples grupos. Simpaticé con la gente de la Liga ya que ofrecía la imagen de una organización consecuentemente revolucionaria y muy atractiva desde el punto de vista intelectual. Obviamente, también sintonicé mucho con las personas de la LCR que conocí.»

Si la primera detención le llegó por expresar su fraternidad con los obreros gallegos masacrados por la policía franquista el 9 de marzo de 1972, la segunda tuvo lugar por la solidaridad con el militante libertario catalán Salvador Puig Antich. Se produjo el 11 de enero de 1974 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Madrid, donde se había matriculado recientemente, ya que «para alguien que se involucraba en la actividad revolucionaria los estudios de Matemáticas eran algo desconectado del mundo real, de la realidad económica y social». «El 20 de diciembre de 1973 había ocurrido algo fundamental y tremendo: el atentado contra Carrero Blanco. En esta situación, la atención se centró, sobre todo por parte de la llamada extrema izquierda, en luchar contra la ejecución de Puig Antich. Había un movimiento muy fuerte que organizaba todo tipo de movilizaciones, destinadas sobre todo a apelar a la opinión pública internacional.»

En su facultad habían creado un comité que se reunió aquella mañana del 11 de enero de 1974 en el vestíbulo con la intención de preparar una manifestación. Sin embargo, un policía infiltrado les había delatado y llegaron numerosos agentes de la Brigada Político-Social y de la Policía Armada que detuvieron a entre veinte y treinta personas. «Fui conducido de nuevo a la Dirección General de Seguridad, en cuyos calabozos permanecí recluido durante 72 horas», recuerda Jesús Rodríguez. «Fui interrogado varias veces sin asistencia jurídica y sufrí malos tratos. Como no me detuvieron como militante de una organización antifranquista, no me interrogaron con la finalidad de arrancarme información sobre esta. Me dieron tres o cuatro hostias al entrar y otras tantas en el intermedio, pero no fui interrogado para obtener información. Lo que recuerdo es que fue muy duro psicológicamente y anímicamente porque me encontraba enfermo.»

Le impusieron una multa gubernativa que ascendía a la considerable cantidad de doscientas mil pesetas, que, como ni podía ni deseaba pagar, llevaba aparejado el arresto sustitutorio que equivalía a dos meses de cárcel en Carabanchel, donde además conoció la ejecución de Salvador Puig Antich, ocurrida el 2 de marzo en la Modelo de Barcelona. «Me internaron en el reformatorio de menores porque tenía 20 años y entonces la mayoría de edad estaba en 21. Fue una estancia muy dura porque cuando me detuvieron tenía una bronquitis mal curada y me atendieron muy mal allí, me puse muy grave. El reformatorio era muy duro porque éramos un grupo pequeño de presos políticos, nos querían mantener aislados para ejercer una mayor presión represiva sobre nosotros. Durante el tiempo que duró mi arresto penitenciario mi estado de salud se fue deteriorando ya que en ningún momento recibí una atención médica adecuada. Esto motivó que el mismo día de mi excarcelación, el 12 de marzo de 1974, debiera acudir directamente a una consulta médica privada, donde me prescribieron un fuerte tratamiento debido al mal estado en que me encontraba.»

Después de su segunda detención ya se convirtió en militante de la Liga Comunista Revolucionaria, lo que imponía «unas obligaciones mucho más estrictas de dedicación, compromiso, entrega a la causa». Pronto cambió de ámbito de actividad, ya que en la Liga se plantearon que, además del movimiento obrero y del movimiento estudiantil, debían concentrarse también en un terreno muy fértil para el trabajo político y social en la época, los barrios populares, donde la vida era muy precaria y los servicios sociales básicos, inexistentes. «De alguna manera», señala Jesús Rodríguez, «mi militancia en la Liga tuvo lugar principalmente en Vallecas, en la zona de Palomeras, formada por viviendas chabolistas construidas en los años del aluvión masivo de inmigrantes. Allí hice mi trabajo político y social». Y allí fue detenido por tercera vez.

El 16 de abril de 1975 la Brigada Político-Social había preparado una detención colectiva de militantes de la LCR. «Billy el Niño y otros tres o cuatro agentes me detuvieron en el Puente de Vallecas, en la puerta de la casa donde vivía. Me estaban esperando escondidos y cuando llegué me dieron el alto. Eché a correr y entonces González Pacheco empezó a disparar. Obviamente, yo no podía saber si estaba disparando al aire para atemorizarme o contra mí, pero me detuve en seco. Me esposaron, me llevaron en coche a la comisaría del barrio y de allí a la DGS. Mientras tanto, un grupo de policías derribaron la puerta de mi casa, la registraron y se apropiaron de algunos documentos.»

En el mismo momento de ingresar en la Dirección General de Seguridad fue golpeado varias veces por los policías uniformados que estaban de guardia. Fue recluido en los calabozos y aquella misma noche ya fue sacado para ser interrogado. «En la sala se encontraban varios policías, entre ellos el conocido con el sobrenombre de El Gitano (Conrado Delso) y al frente de todos ellos estaba Billy el Niño, quien antes de formular pregunta alguna me propinó un fuerte golpe en los genitales que me obligó a doblar el cuerpo a consecuencia del dolor. A continuación se sucedieron los golpes en distintas partes del cuerpo, intercalados con amenazas y preguntas dirigidas a obligarme a reconocer mi pertenencia a la Liga Comunista Revolucionaria y a obtener información sobre sus actividades y militantes.»

Jesús Rodríguez explica que aquella última fue la detención más dura de las tres que sufrió, aunque reconoce que fue «un afortunado», ya que solo le pegaron «lo normal». No sufrió, como su compañero Chato Galante y otros muchos, métodos brutales como «la barra» o «la bañera». «Solo palizas». Cuando le preguntaron por su militancia en la LCR siguió la orientación que tenían: negarlo todo.

De aquellas horas en las dependencias de la DGS conserva vivos algunos sentimientos. Por una parte, la angustia a no resistir la tortura, a entregar información importante del partido que llevara a la detención de otros compañeros. «Lo peor no era el sufrimiento físico, sino el terror que aquello imponía y la aflicción que producía no saber cómo podía terminar. Aquel sufrimiento psicológico obedecía a la duda de si serías capaz de resistir durante las 72 horas de la detención, de resistir incluso si te sometían a cosas que aún no te habían hecho que podían causar un dolor inaguantable, de si te derrumbarías física o psicológicamente. Esto producía mucha angustia: el miedo a no resistir, a acabar hablando ante ellos y el hundimiento moral posterior.»

Pero frente a este temor absolutamente humano prevaleció la valentía y la dignidad: «El gran error de la policía y de la dictadura era que con este tipo de represión en general fortalecían la resistencia de quienes luchaban contra ellos. Cuando estaba allí detenido, pensaba: “No vais a poder conmigo”. Tenías esa determinación, esa firmeza. Y cuando volvías al calabozo, tras el interrogatorio y las palizas, en cierta medida regresabas también fortalecido».

Por supuesto, aquellas detenciones arbitrarias y el trato brutal que recibían originaba que sus familiares, incluso muchos allegados que no eran personas de izquierdas o antifranquistas, descubrieran la verdadera naturaleza de «la España de Franco». «Con mi primera detención, mi padre ya empezó a darse cuenta… En la segunda fue en varias ocasiones a Carabanchel a llevarme comida. Y en 1975, imagínate, derribaron la puerta de mi casa y me maltrataron duramente en la DGS… Ya no había que explicarle que aquello era una dictadura criminal que abusaba permanentemente de la fuerza, negaba todos los derechos y maltrataba a las personas. Acabó siendo una persona de ideas profundamente socialistas y claramente antifranquista.»

En aquella detención de 1975 sufrió un segundo interrogatorio violento y en el tercero, que tuvo lugar el 18 de abril, fue conducido a una sala donde le tomaron declaración. Allí le dijeron que por la documentación incautada y la declaración de otro detenido ya había evidencia suficiente para que el Tribunal de Orden Público le condenase por asociación ilegal. Le golpearon varias veces y fue entonces cuando Juan Antonio González Pacheco le amenazó de muerte con una pistola en el momento de firmar la declaración, exigiéndole que reconociera las acusaciones que le formulaban y que les diera la información que le reclamaban. Llegó a decirle que le podía pegar un tiro y que no sucedería «nada».

«Billy el Niño era quien llevaba la voz cantante en estos casos, le gustaba ser la estrella. No era corpulento, era más bien bajo, sobre todo comparado con algunos otros de los que me interrogaron, como Conrado Delso, que medía 1,90 y era una auténtica mole. De González Pacheco llamaba la atención su cara, que era repugnante, tenía cara de sapo. Era un individuo repulsivo y que, además, como hacía todo lo posible para ofendernos y humillarnos, causaba una profunda animadversión. Disfrutaba causando miedo, disfrutaba torturando psicológica y físicamente y disfrutaba humillando.» En cambio, otros agentes de la Brigada Político-Social, agrega, no tenían ningún interés en destacarse y ocultaban su identidad a los presos, porque, a pesar de su conciencia de impunidad absoluta en aquel tiempo, no descartaban que en el futuro les pudieran pedir cuentas.

Pasadas las 72 horas, fue conducido a la sede del TOP, en la Plaza de las Salesas, donde pudo hablar, por primera vez, con su abogado. «En el momento en que salías de la DGS y te reunías con otros compañeros ya era otra historia. Te devolvían tus pertenencias… aunque era muy frecuente que te robasen cosas; a mí, por ejemplo, me sustrajeron un reloj precioso que pertenecía a mi padre». Le notificaron la apertura de un sumario por asociación ilegal y el 20 de abril prestó declaración ante el instructor de la causa, el juez Rafael Gómez Chaparro, ante quien hizo constar los malos tratos y la violencia física y psíquica que había sufrido durante su detención. Le notificaron una sanción gubernativa en forma de multa por trescientas mil pesetas y la correspondiente orden de ingreso en la prisión de Carabanchel durante sesenta días como arresto sustitutorio por su impago. Llegó allí el 21 de abril de 1975.

«La tercera galería estaba a reventar de presos políticos. Había una comuna de presos en la que estábamos los militantes de la LCR. Teníamos una buena relación con los presos del PCE, hacíamos todo tipo de intercambios, nos apoyábamos unas comunas a otras. Además, en aquella época había mucho respaldo externo a los presos políticos por parte de las familias y las organizaciones. Había miedo a que pudieran pasar cosas graves porque sabíamos que una dictadura que se hunde aún podía dar coletazos terribles, pero también teníamos la sensación de que aquello no podía durar mucho, no solo porque sabíamos que Franco se estaba muriendo, sino también porque se veía que el régimen hacía aguas por todas partes. No obstante, tras la Revolución de los Claveles los elementos más fascistas tenían miedo a que aquello se hundiese y estaban por aplastar cualquier posibilidad de ruptura democrática.»

Salió en libertad provisional el 14 de junio después de que su padre pagara una fianza de 40.000 pesetas y en febrero de 1976 su causa fue archivada en virtud del indulto dictado por el Rey el 25 de noviembre de 1975.

«Sol era el epicentro de la represión en Madrid»

Paco Lobatón nunca había relatado públicamente la detención que sufrió en 1972, cuando estudiaba Ciencias Políticas y militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Ni mucho menos las palizas y los malos tratos que sufrió a manos de los agentes de la Brigada Político-Social, singularmente de Billy el Niño. «Duro e inolvidable, pero casi anecdótico comparado con las torturas sufridas por decenas de compañeros», escribió a fines de diciembre de 2013¹⁰.

El 26 de septiembre de 2013, ocho días después de que la jueza argentina María Servini de Cubría solicitara al Gobierno español la extradición de los cuatro policías franquistas, El Gran Wyoming, presentador del popular programa de televisión El Intermedio de La Sexta, entrevistó a Paco Lobatón, uno de los periodistas más conocidos de este país. Seguramente, muchos de quienes le escucharon aquella noche jamás habían conocido historias como la suya. «En los últimos meses los colegas de los medios de comunicación me han llamado para que cuente mi historia y como no quería fiarme solo de mi memoria hablé con Miguel Ángel Gómez, con Chato Galante y otros compañeros. Y, entonces, al revivir sus experiencias, que fueron más duras que las mías, tuve una conmoción emocional».

Originario de Jerez, donde nació en diciembre de 1951 en el seno de una familia conservadora, muy religiosa y de una adscripción incondicional al régimen franquista, se aproximó en su adolescencia a la Juventud Obrera Católica y a la Hermandad Obrera de Acción Católica. «Mi primera toma de conciencia, mi primer grado de compromiso fue en los ámbitos del cristianismo progresista.» Llegó a Madrid en el otoño de 1969 para estudiar Ciencias Políticas y su bautismo en la lucha antifranquista tuvo lugar con motivo del Proceso de Burgos, un año después. «De hecho, la primera vez que vi una manifestación como estudiante tenía relación con aquel consejo de guerra. Fue también mi primer motivo de movilización.»

Ya en la universidad, en el clima de efervescencia política y de lucha por la libertad, se unió a la Liga Comunista Revolucionaria. «Básicamente, mi actividad era como miembro del movimiento estudiantil, como un activista dentro de mi facultad, elegido como representante por mis compañeros de curso». Entre ellos estaba Marcel Camacho, el hijo de Marcelino, quien pertenecía al PCE.

«Siempre he puesto mucho énfasis en sostener que lo que ocurría entonces en el movimiento estudiantil en España era realmente importante y en términos absolutos incluso más radical que el Mayo francés, aunque obviamente este tuvo un glamour y una literatura fantástica», explica Paco. «Sin embargo, los estudiantes antifranquistas poníamos en juego mucho más, porque, por ejemplo, acciones como el boicot de exámenes implicaban que si, como era mi caso, te pagabas la carrera trabajando te jugabas el curso con el sacrificio personal que ello suponía. Pero si tus padres te pagaban los estudios, tenías que explicárselo también. Y, sobre todo, si te detenían ni te cuento… A mí me pasó todo.»

Un día de junio de 1972 fue detenido cuando se disponía a participar en una asamblea en su facultad para preparar acciones de protesta en respuesta al arresto de veinte estudiantes ordenadas por el presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco. En la antesala del lugar de la asamblea, Billy el Niño, «una persona muy conocida en la facultad», le detuvo y, después de un forcejeo mutuo y de que desalojaran completamente la zona, desenfundó su revólver y le apuntó delante de los profesores y los estudiantes. Le condujo de inmediato hacia una «mini comisaría» que tenían allí mismo, donde le propinaron la primera paliza. «Hay que recordar que entonces la Brigada Político-Social estaba instalada en las facultades donde había un mayor activismo político. Tenían allí sus despachos, sus dependencias propias».

Después, en el trayecto en coche desde la Ciudad Universitaria hasta Sol le amenazó de muerte. «¡Para, que a este lo liquidamos aquí!», barruntó cuando divisaron el Parque del Oeste. En ese recorrido también le golpeó dentro del vehículo, a plena luz del día. «En el camino las heridas que me causó con una porra en el esternón hicieron que de oficio el médico de la Dirección General de Seguridad levantara un informe que luego sirvió de base para el juicio que le hicimos.» En 1974, González Pacheco fue condenado, junto con otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid a dos pequeñas multas por una falta de malos tratos y otra de coacciones a Paco Lobatón¹¹. «Algo inaudito en aquel momento», señala.

Era muy consciente de cuál era su destino: «Cuando veías que te acercabas a la Puerta del Sol ya te quedabas muy impresionado, pero sobre todo es que inmediatamente te metían en unos calabozos y estabas ahí 72 horas. En aquella época considerábamos el edificio de Sol como el epicentro de la represión».

En los interrogatorios a que le sometieron los agentes de la Brigada Político-Social intentaron que delatara a sus compañeros. «Querían ampliar las detenciones, identificar a dirigentes de la Liga. Ellos me catalogaban como un militante estudiantil, pero también me vinculaban con la LCR. Llevaba encima un papel doblado con un número de teléfono anotado y eso hizo que detuvieran a dos personas, las únicas que cayeron tras mi detención». También portaba una pequeña llave que hizo sospechar a los represores que conducía a algo clandestino. «Las mayores palizas las recibí cuando quisieron identificar su procedencia y me mantuve en sostener que lo desconocía. Esa fue mi gran victoria moral, porque era de una consigna de la estación de Atocha donde unos días antes habíamos guardado mucha documentación, incluyendo numerosos pasaportes de compañeros, después de tener que desalojar la casa donde vivía. Había una documentación valiosísima detrás de esa pequeña llave, pero nunca lograron llegar hasta la consigna.»

El paso del tiempo, nada más y nada menos que 42 años, han borrado de su memoria la identidad de los agentes de la Brigada Político-Social que le interrogaron. Sí recuerda perfectamente que Billy el Niño, un personaje «inolvidable» para quienes le sufrieron, fue el responsable principal de sus interrogatorios. Incluso, González Pacheco siempre hizo el papel de «poli malo» cuando algún otro intentaba engañarle con el rol del «poli bueno». «Como anécdota, te diré que al indicarles mi nombre completo, Francisco de Asís Lobatón Sánchez de Medina, el que hacía de poli bueno me dijo: “Pero, coño, con unos apellidos casi nobiliarios y subversivo…”»

Su descripción de González Pacheco coincide con la de sus compañeros: «Era un tipo bajito, incluso parece que no llevaba muy bien su propia estatura puesto que era conocido que utilizaba botas con alzas. Era un tipo que fanfarroneaba un poco con sus “funciones” y que respondía a la caricatura del pistolero del Far West. No es que le llamaran Billy el Niño, es que él se hacía llamar así porque se consideraba un pistolero. A veces se hacía acompañar de una forma descarada de los Guerrilleros de Cristo Rey para hacer incursiones amenazadoras en las facultades».

Paco Lobatón no sufrió los métodos de torturas más crueles que sí infligieron a muchos otros detenidos y nunca quedó inconsciente tras los apaleamientos. «Ellos apuraban hasta que me veían un poco al límite de mis fuerzas. Eran series muy intensas de golpes, verdaderas palizas que solo cesaban cuando valoraban que estaba en el límite y entonces me bajaban al calabozo.»

Le impusieron una multa gubernativa de ciento cincuenta mil pesetas y le pasaron a la jurisdicción de Orden Público. Estuvo un mes y medio preso en Carabanchel hasta que logró salir en libertad condicional. En el juicio le pidieron unos cinco años de cárcel bajo la acusación de atentado contra la fuerza pública (por el forcejeo que mantuvo con Billy el Niño), de desórdenes públicos (por el escándalo que se armó en la facultad en el momento de su detención), de asociación ilícita y no recuerda si también le imputaban el delito de propaganda. Con el recurso que presentó su abogado lograron rebajar la condena a dos años, pero como este periodo se unía al servicio militar decidió partir al exilio. Llegó a Suiza y allí obtuvo el reconocimiento como exiliado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Vivió en el país helvético casi tres años y regresó a España a fines de 1975, acogiéndose al indulto real.

«¡De esta me encargo yo!»

«Importante servicio de la Policía.» Este título laudatorio y cómplice encabezaba la página 38 de la edición de Andalucía de Abc el domingo 13 de octubre de 1974. «Detenidos diez presuntos miembros de la “Liga Comunista Revolucionaria-ETA VI”», añadía el subtítulo. La «noticia» era fruto de un comunicado hecho público por la Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Madrid (es decir, por la BPS) y distribuida a la prensa sometida a la dictadura. Y este diario sostenía, destacado en un segundo subtítulo, que los detenidos habían preparado «un vasto plan destinado a la evasión de diez presos de la cárcel de Segovia», lo cual era completamente falso, como lo demuestra el hecho de que no se lo imputaran en el juicio a las personas detenidas. Otros periódicos, como el desaparecido Informaciones, también recogieron el comunicado del principal organismo policial de la dictadura destinado a la represión de las fuerzas democráticas.

Felisa Echegoyen y Roser Rius fueron dos de las militantes detenidas aquel 8 de octubre de 1974.

«Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño) y cuatro inspectores de la Brigada Político-Social entraron en mi casa tumbando la puerta el 8 de octubre de 1974. Estaba sola, en la cocina, aterrorizada. Al oírlos, me escondí detrás de la nevera. Tenía 26 años». Así empieza el testimonio aportado por Felisa a la causa abierta en Argentina contra el franquismo. Nacida en Madrid en enero de 1948, era empleada de una empresa del metal y participó en la lucha contra la dictadura desde que cumplió 20 años. A fines de septiembre de 1974 esta militante de la LCR había sido detenida por primera vez en una iglesia de Vallecas durante una asamblea de trabajadores. La policía invadió el templo y llevaron a decenas de personas a la DGS. Eran tantos que, como Felisa no estaba fichada, solo registraron sus datos y la dejaron en libertad. Pero el 8 de octubre vio en la céntrica plaza de Lavapiés al policía que le había tomado la declaración en Sol deteniendo a quien entonces era su compañero y se dirigió rápidamente a su casa para limpiar todo el material comprometedor que almacenaba.

Poco después, los agentes de la BPS tumbaron la puerta de su hogar y al encontrarla detrás de la nevera la sacaron tirando de su cabello entre empujones, patadas y bofetadas. Al detenerle violentamente le llevaron junto a una ventana. Creyó que le iban a arrojar al vacío y se puso a gritar pidiendo auxilio y entonces González Pacheco le introdujo un pañuelo en la boca hasta casi ahogarle y empezó a propinarle puñetazos. «Simultáneamente a los golpes que recibía, un reguero tibio se deslizaba por la parte interior de mis muslos hacia los tobillos calando a su paso mis pantalones hasta alcanzar mi calzado. Esto me ocurrió de forma incontrolada varias veces.» Mientras, le preguntaban con insistencia por el aparato de propaganda de la LCR y, como no hallaron allí ningún elemento técnico (ciclostil, multicopista), siguieron descargando toda su furia.

No logra recordar cómo bajó por las escaleras las cuatro plantas del edificio. Su memoria la sitúa ya en el calabozo de la Dirección General de Seguridad. «Me condujeron a una celda muy húmeda, tétrica, oscura, apenas con una tenue luz en el techo, manchas de sangre seca en las paredes, en el jergón, en el banco de obra a modo de catre; cucarachas deambulando a su antojo y una trampilla en la puerta por la que te metían, una vez al día, un plato de aluminio con algo que parecía comida y, a modo de desayuno, un cazo del mismo material con algo similar a la achicoria.»

Casi cuarenta años después, Felisa Echegoyen no tiene dudas al describir aquellas 72 horas en manos de los represores franquistas. «Fue una experiencia terrible ya que estabas allí en sus manos, absolutamente indefensa. No sabías lo que iban a hacer contigo. A pesar de que la celda era siniestra, prefería permanecer ahí tumbada, muy quieta, dormida, aparentemente muerta, a que me sacaran de ella porque eso significaba que me iban a interrogar y a torturar, lo cual hacían cada dos horas, más o menos, durante el día y la noche. Te llamaban continuamente.»

En los interrogatorios le preguntaban constantemente por el trabajo de propaganda de la Liga Comunista Revolucionaria y estaban convencidos de que ella había destruido la «vietnamita» poco antes de su detención. «Cuando entraron en mi casa olía mucho a quemado, yo les dije que había peleado con mi marido y que había destruido cartas personales… No se lo creyeron, claro. Querían que declarara que acababa de quemar la “vietnamita” y la propaganda, pensaban que había estado horas deshaciéndome de materiales por los restos que quedaban en el suelo.»

En la Dirección General de Seguridad sufrió violencia física, en forma de palizas, y psicológica. Describe el comportamiento de los agentes de la Brigada Político-Social como de gran agresividad. «Eran sicarios, fascistas, y bordaban su trabajo. Hacían todo aquello porque estaban convencidos de que era lo que les pedían sus jefes o para obtener los resultados que perseguían. Más de uno disfrutaba con su trabajo, desde luego a Billy el Niño le entusiasmaba.»

Al segundo día, durante uno de los interrogatorios González Pacheco se ensañó pegándole, insultándole e instigándole a que «cantara» por fin. En aquellos momentos creía que le querían destrozar, que le querían matar, y llegó a pensar en suicidarse antes de que lo lograran. «Ante semejante angustia me sobrevino tal ataque de nervios que me dejó completamente rígida sin poder mover ni un músculo. Las manos agarrotadas, como garfios, el cuello y la cabeza inclinados hacia atrás sin posibilidad de incorporarla a su estado natural, los pies anclados en el suelo como si se hubieran introducido en el pavimento. Al no conseguir de ninguna forma que mi organismo reaccionara, me trasladaron a una estancia, semejante a un consultorio médico, situada en uno o dos pisos inferiores». Allí le dejaron a cargo de un hombre con bata blanca que le administró una pastilla de aspecto similar a una aspirina.

«Después de este suceso, cada vez que Billy el Niño asomaba por la puerta mientras me interrogaban otros policías de la BPS que “hacían de buenos”, volvían a abordarme los mismos síntomas, por lo que sus compañeros le invitaban, con gestos, a salir de allí. En mi declaración prestada ante los inspectores Mariano Rojo de Pablos y Serafín Miranda Fernández figura la pregunta sobre si padecía alguna enfermedad de tipo nervioso por mi comportamiento en los interrogatorios. No volvieron a tocarme a pesar de haber negado todos los elementos que utilizaron como evidencias de sus acusaciones contra mí.»

Hoy Felisa aún sufre efectos físicos y psicológicos derivados de las torturas padecidas a manos de la Brigada Político-Social. «En cuanto a las secuelas, durante mucho tiempo también estuve bastante mal con el oído, perdí audición, pero al cabo de los años me operé y el problema quedó prácticamente solucionado. La peor secuela es de carácter psicológico, nunca me había caracterizado por mostrar reacciones inesperadas, pero a partir de entonces padecí muchas depresiones y otras alteraciones de mi estado de ánimo y tuve que medicarme.»

El viernes 11 de octubre ocho militantes de la LCR (Roser Rius Camps, María Dolores Rivera Menéndez, Lucía Vicente Lapuente, Lucio González de la Fuente, Joan Font Pérez, Martí Caussa Calvet, Juan María López de Sa de Madariaga y Felisa Echegoyen Castanedo) fueron trasladados a los calabozos de las Salesas, donde aguardaron hasta que les llevaron ante el juez de Orden Público el lunes 14. «Roser Rius tenía hematomas desde los pies hasta las nalgas por los golpes de porra recibidos de Billy el Niño», recuerda Felisa.

Roser también conserva muy vivos los recuerdos del reencuentro con sus compañeros detenidos. «Siempre digo que la sensación más satisfactoria de mi vida fue cuando nos sacaron de la DGS a todos juntos y nos metieron en una camioneta celular en dirección a la sede del TOP». Después de permanecer «72 horas en el infierno», la fraternidad, las miradas afectuosas, las palabras de reconocimiento mutuo por haber sabido resistir la tortura les devolvieron el ánimo. Y ello a pesar de que estaba demacrada: le dolían muchísimo los pies, como señala Felisa, tenía que caminar muy despacio y descalza porque los zapatos no le entraban a causa de los hematomas.

Desde que se unió a la lucha contra la dictadura y participó en la fundación de la Liga Comunista Revolucionaria Roser era plenamente consciente del riesgo que entrañaba su compromiso político. «Sabía que aquello me podía pasar y cuando me detuvieron, simplemente pensé: “Ya está, ya me han cogido”. No me extrañó…». Sucedió la mañana del 8 de octubre de 1974, temprano. Acababa de llegar a la glorieta de Embajadores desde su casa en el barrio de Usera para dirigirse a su trabajo como profesora de dibujo en el Colegio Sistema de Majadahonda. Descendió del autobús y cuando enfilaba las escaleras de la estación de metro escuchó el ruido de las esposas y no pudo reaccionar cuando cuatro agentes de la BPS se abalanzaron sobre ella. La introdujeron en un vehículo aparcado en la glorieta y la llevaron a Sol.

El 23 de octubre en la prisión de Yeserías escribió en una libreta que aún conserva un detallado relato en catalán sobre aquellos tres días terribles. Apenas hacía un año que había llegado desde su Barcelona natal a Madrid con su esposo, Martí Caussa. Tenía 27 años y hasta el momento «solo» había sufrido «palos en algunas manifestaciones, como todo el mundo». La policía se había presentado dos veces en su domicilio barcelonés, pero nunca logró averiguar si le buscaban a ella o a sus tres hermanos comprometidos también en la lucha antifranquista en distintas organizaciones, como el PSUC. En su ciudad natal había participado también, desde la Facultad de Bellas Artes, en la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona.

En la Dirección General de Seguridad, Roser no tardó en comprobar que habían detenido a otros compañeros, en realidad a una parte del Comité Local de la LCR, que coordinaba todas las células del partido en Madrid. «En los calabozos vi pasar a Martí, mi marido, entre otros, a quien ya le habían pegado mucho en la calle. Le vi pasar ensangrentado, con un ojo hinchado, y me puse a llorar de rabia. Y después vi a algunos compañeros más.»

Le subieron para interrogarle entre las ocho y las diez y media de la noche y de las once a la una de la madrugada. «Nada, golpes de puño, algún golpe de porra en los pies, en la cabeza», escribió en Yeserías. Le hicieron también «el número de la pistola»: colocarle el arma y disparar en falso. Y «el número del jefe»: la llevaron delante de un tipo más grande, con gafas oscuras, «puede ser el comisario Conesa». Le gritaron que hiciera «el pato», pero se negó porque tenían la orientación del partido de intentar evitar esta tortura tan humillante. Varios policías le golpearon por todo el cuerpo y con todo lo que encontraban a mano. Apenas le hicieron preguntas; pretendían, primero, destrozarla físicamente, quebrarla moralmente.

Casi cuarenta años después, Roser solo recuerda a uno de los agentes de la Brigada Político-Social: Juan Antonio González Pacheco. No le faltan razones. En una de las palizas que sufrió tuvo fuerzas para recriminarles con valor: «Ya podréis, tantos tíos con una joven…». Entonces, cómo no, Billy el Niño gritó: «¡De esta me encargo yo!». Le llevó a otro despacho y decidió encadenarle a un radiador, con las manos esposadas. Le descalzó y le empezó a pegar con furia con una porra de hierro deteriorada, con el metal asomando en alguna de sus partes, en las plantas de los pies. Una y otra vez. Él solo. Durante horas. «Toda esta sesión de golpes fue muy larga, no paraba hasta que se cansaba. Y cuando se cansaba, salía, se tomaba un coñac y volvía para continuar pegándome.» Al dolor se unía el miedo a no soportar tantos golpes y terminar hablando. Y se estremecía al escuchar los gritos de otros detenidos, tal vez Martí, en las habitaciones contiguas.

Durante aquella larguísima sesión de tortura, González Pacheco destrozó los pies de Roser Rius. «Se me quedaron hechos fosfatina. Cuando se cansó, me dijo que se iba a dormir… “Pero no te creas que te llevaré abajo…”, me dijo. “Abajo”, donde estaban los calabozos, era ya casi como un hotel comparado con aquello porque allí no nos pegaban. Billy el Niño me dejó en aquella habitación, de pie, de cara a la pared, frente a un mapa de Madrid que me aprendí de memoria, hasta la tarde. Tampoco tenía ganas de comer, incluso pensaba que era mejor no hacerlo porque si me desmayaba no me pegarían más. Estuve allí un día entero.»

La vigilaban efectivos de la Policía Armada. Horas después, entró otro agente de la Brigada Político-Social que quiso asumir el papel de «poli bueno». «Me preguntó si quería comer algo o necesitaba alguna cosa. Le pedí compresas, no porque tuviera la regla, sino porque me sentía muy sucia y pensaba que me sentaría bien ponerme algo limpio en el cuerpo. Asimismo, decidí comer y salió a comprarme un bocadillo.» Se lo tomó en otra estancia, donde le encontró González Pacheco. Indignado porque se habían incumplido sus órdenes, llevó de nuevo a Roser a la habitación donde le había maltratado.

«Hasta aquel momento tan solo me habían hecho preguntas generales. En aquella ocasión me ordenó que me sentara para interrogarme. Él también se sentó, sacó un fichero y empezó a mover las fichas de las personas que supuestamente habían hablado y me contaba historias de ellas. También pasaba otras que creo que correspondían a personas que no habían hablado. Me hizo preguntas muy concretas acerca de mi actividad en la Liga, si era miembro del Comité Local de Madrid… Le dije a todo que no y después firmé esa declaración.»

En aquellos momentos González Pacheco se comportaba de manera radicalmente diferente. Tenía una actitud amistosa, hacía incluso bromas y buscando una cierta complicidad con ella le contaba que años antes había estudiado Medicina en Barcelona. «Yo pensaba: “Este tío está tarado, me ha estado zurrando hasta hace ocho horas y ahora se comporta así…”. Entonces creía que era una persona mayor que nosotros, porque la gente de mi edad que trataba no era así, era gente normal, honesta, fresca… se les veía en la cara. Él era una persona muy de derechas, era un fascista, y le encantaba su trabajo. Salía a beber coñac, se le notaba mucho, volvía y apestaba a coñac. Tenía que beber para seguir con su tarea.»

Mentalmente, Roser Rius contaba el tiempo que faltaba para cumplir el suplicio de las 72 horas. Cada minuto de resistencia era un minuto ganado a la tortura. Cada minuto menos en las cloacas de la DGS era un minuto más para regresar a la vida. «A las ocho de la noche siento que he vencido», escribió días después en Yeserías. «Estoy como borracha. Solo tengo un temor. ¿Y los demás?» Sufría por Martí. Los médicos que salían de su celda no quisieron decirle nada y se indignó gritando: «¿Qué le ha pasado a mi marido? Tengo derecho a saberlo». Una médico le respondió tajantemente que allí no tenía «ningún derecho». Aquella última noche en la DGS le subieron y bajaron en infinidad de ocasiones.

El viernes 11 de octubre a las nueve de la mañana, de repente, escuchó un grito. «¡Recojan las mantas!» Todos salieron de sus celdas. También Martí. Fueron subidos al vehículo policial que les trasladó a la Plaza de las Salesas. El lunes siguiente cuando se dirigía, caminando con grandes dificultades, hacia la sala del juzgado se conmovió al descubrir allí a su hermano Oriol. No les dejaron ni tocarse, ni intercambiar siquiera una sola palabra, pero para Roser su rostro cálido y solidario en aquel contexto tan agresivo fue muy reconfortante. «Solo un instante antes de que el “gris” me haga desaparecer dentro del suntuoso despacho del juez, por supuesto franquista hasta las cejas, que creía que me merecía todos los malos tratos y más que hubiera sufrido. “¡A mí no intente engañarme, usted es la jefa de este grupúsculo!”»

Fue condenada a tres años de cárcel y estuvo en Yeserías desde mediados de octubre de 1974 hasta diciembre de 1975, cuando quedó en libertad por el indulto real. Desde la cárcel puso una denuncia contra la policía por torturas pero ningún agente fue condenado y los que comparecieron se atrevieron a declarar que ella misma se había causado aquellas lesiones, que tardaron mucho tiempo en curarse. González Pacheco ni siquiera fue llamado ante el juez.

Felisa estuvo dos meses presa en Yeserías ya que le impusieron una multa gubernativa de doscientas mil pesetas. «Una vez superada la inspección que nos hicieron las funcionarias de la prisión al entrar, obligándonos a desnudarnos por completo para llevar a cabo su exploración sobre nuestro cuerpo y tras mantenernos durante tres días en celdas de aislamiento, nos enviaron a las instalaciones donde se encontraban el resto de presas políticas. Fuimos bien acogidas. Recuerdo que un sentimiento muy contradictorio me invadió en aquel momento: recluida como estaba, me sentí libre, casi feliz.»

A principios de diciembre de 1974 le concedieron la libertad provisional hasta la celebración del juicio previo pago de 25.000 pesetas, que no le devolverían. El 25 de septiembre de 1975 fue procesada por el Tribunal de Orden Público presidido por José Francisco Mateu Canoves y los magistrados Fernando Méndez Rodríguez y Fernando Cid Fontán y condenada a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de asociación ilícita. El 3 de julio de 1976 el mismo tribunal dictó un auto por el que se le aplicó el indulto real.

«Cumplí los 18 años en la DGS»

«Mi abuela materna militó en la Asociación de Mujeres Antifascistas, un tío estuvo preso en un campo de concentración, otro fue condenado a muerte, mi madre militaba en el Partido Comunista en la clandestinidad; de pequeño iba a la cárcel de Carabanchel, que estaba cerca de nuestra casa, a visitar a mis primos mayores, que eran todos del Partido. Toda la familia militaba en el PCE, mi hermana Soledad estaba en la Juventud Comunista…» Y el Primero de Mayo de 1973 Alfredo Rodríguez participó con sus camaradas de la Unión de Juventudes Comunistas (UJCE) en su primera movilización, duramente castigada, como la dictadura acostumbraba en una fecha tan señalada. «Sí, éramos muy jóvenes, pero también plenamente conscientes de que nuestra opción era peligrosa porque la represión era brutal y palpable. No había que ser adulto para percibirla», explica.

En 1975, cuando era el secretario político de la célula de enseñanzas medias de la UJCE en Carabanchel, fue detenido en dos ocasiones, como ha relatado en un detallado testimonio aportado a la causa de Argentina. «Empezábamos a tener presencia en los institutos también, no solo en las universidades y en el movimiento obrero. Cuando era niño, las camaradas de mi madre venían a casa a reunirse con ella y recuerdo cómo hacían el reparto de propaganda. Todo aquel trabajo ya había dado sus frutos. Además, la caída de las dictaduras militares en Portugal y Grecia les podía poner un poco en alerta.»

El 20 de febrero de aquel año las fuerzas democráticas convocaron una «jornada nacional contra la carestía de la vida». «Habíamos pensado en un acto grande y central, pero a última hora se decidió que se iban a hacer «saltos» y otras acciones rápidas en todos los barrios de Madrid. Por ese motivo el colectivo de la UJCE de Carabanchel decidió colocar una cadena para cortar el tráfico con una pancarta que decía “No a la carestía de la vida”». «Fui detenido junto a quien era mi pareja, Francisca Villar, por varios policías de la Brigada Político-Social. Otros muchos jóvenes más fueron apresados y nos fueron trasladando en vehículos celulares a la comisaría de Los Cármenes, donde nos subieron a un autocar para llevarnos a la Dirección General de Seguridad.» En el trayecto hasta la Puerta del Sol una de sus compañeras, María Victoria Rumin, fingió un ataque de epilepsia para entretener a los policías y así el resto pudo improvisar y consensuar una mínima coartada.

«En la DGS, el ambiente era absolutamente sórdido, imagino que estaba previsto así para intimidar a los detenidos. Nunca olvidaré que, de inmediato, nos hicieron subir unas escaleras para atravesar la puerta gris que franqueaba el paso a las dependencias de la BPS. Nos pusieron a todos los camaradas de cara a la pared y mientras tanto los policías nos gritaban. Era muy desagradable, pasé mucho miedo, no te lo puedes imaginar…»

A los pocos minutos, Francisca Villar y él fueron separados del grupo y conducidos a un despacho, donde irrumpieron a gritos González Pacheco y otro agente de la BPS. Les sujetaron por el cabello, en el caso de Francisca lo tenía muy largo, y se llevaron a Alfredo por un pasillo que comunicaba distintas estancias. «Según iba avanzando, los policías que se encontraban ahí me golpeaban e insultaban; no puedo recordar el número ya que intentaba, con las limitaciones de estar esposado, protegerme la cara. A Francisca también le pegaban. Al final a mano izquierda, se encontraba una habitación que daba justo a la calle Carretas con la calle de San Ricardo y donde había dos mesas grises de metal y dos sillas.»

Allí, de pie, se encontraba un policía corpulento, probablemente José Sainz González –indica–, a quien reconocía porque le había visto «actuar» en alguna manifestación y que «sin lugar a dudas era el jefe de todos ellos, ya que era el que daba las órdenes». «En una de las mesas se encontraba sentado el inspector José Ignacio Giralte González y en la otra el inspector Jesús González Reglero; este último exhibía la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se encontraban Billy el Niño y otros dos miembros de la Brigada que no soy capaz de recordar. Entonces tenía 17 años, pero creo que aparentaba algunos menos: era totalmente barbilampiño, de hecho empecé a afeitarme después de salir de la cárcel. Era un niño.»

Le quitaron las esposas y le situaron a medio metro de la pared, con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre ella y la cabeza hacia abajo. Entonces, el agente que identifica con toda probabilidad con Sainz le golpeó en un costado con tanta fuerza que le derribó. Le volvieron a levantar y le obligaron a ponerse en la misma posición y a partir de ese momento a cada lado se situó un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero) y le ordenaban que bajara la cara. Cada vez que lo hacía le golpeaban en ella y también por la espalda recibió golpes, algunos con la cadena con la que fue detenido, además de patadas en la entrepierna. Por si fuera poco, le gritaban: «¡Di que tu madre es una puta! ¡Di que tu padre es maricón!». Se ensañaron especialmente con él porque estaban convencidos de que era el responsable de aquella célula juvenil comunista de Carabanchel y el enlace con la dirección madrileña de la UJCE.

«A medida que se prolongaba la sesión de tortura, iba perdiendo resistencia y me caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los policías se dirigió al que daba las órdenes y le advirtió del estado en que me encontraba. Entonces, este último me levantó, me empujó contra la pared, me golpeó en los riñones y dijo que a partir de entonces me golpearan en la espalda, el estómago o la cabeza para no dejarme marcado. No puedo recordar cuánto duró la sesión, ya que estuve noqueado durante un tiempo.» Coincide con la descripción general del comportamiento de Billy el Niño: «Era una persona histriónica, físicamente desagradable, sobreactuaba mucho, le gustaba destacar y sentirse temido; además, demostraba que se sentía inmune. Y lo hacía, más que por nosotros, por sus propios correligionarios. Físicamente, no era una persona fuerte, sus golpes no me hacían tanto daño».

Le sacaron completamente molido de aquel despacho y le condujeron a la enfermería. No podía ver bien, tenía los ojos muy borrosos, pero sí recuerda haber divisado a sus compañeros y tener las fuerzas mínimas como para hacerles una señal lo suficientemente gráfica a fin de que entendieran que no había hablado. «Era un mensaje importante, porque cuando te detenían el mayor temor que tenías era a delatar a tus camaradas.»

En la enfermería dos personas, «que seguramente eran médicos», intentaron curarle la boca y le pusieron antiinflamatorios en la cara, seguramente para atenuar las consecuencias de la tortura, porque antes o después tendría que comparecer ante el juez con sus abogados. Le reconocieron y tomaron notas. Nunca ha podido acceder al informe que prepararon pero que, por la burocracia de la represión, debiera conservarse en alguna parte. «Lo que sí recuerdo es que esos supuestos profesionales procuraban minimizar las lesiones que tenía. Intenté intercambiar algunas palabras con ellos, pero no podía hablar. Algunos familiares míos que me vieron más de dos semanas después me han contado que aún tenía los labios hinchados».

Después le bajaron a los calabozos, donde pudo ver a su hermana Soledad y a otros compañeros. Le introdujeron en una celda en la que se encontraba una persona que había aparentado ser militante comunista en su célula, pero que era un infiltrado de la policía. Para mantener la ficción, había sido detenida con todo aquel grupo y le dijo a Alfredo que también había sido torturado con la intención probable de conocer su estado de ánimo. «Era consciente de que me dirigía a un policía y no a un compañero y por eso le comuniqué que, una vez superada la primera “sesión”, no iban a lograr arrancarme ninguna información.»

A los pocos minutos volvieron a llamarle y le subieron de nuevo a las dependencias de la BPS. Ya era de noche. Solo se encontraba allí un policía de paisano que le ordenó que se pusiera firme y llamó a un agente uniformado para indicarle que le vigilara durante toda la noche e impidiera que se moviera. Como Roser Rius cinco meses atrás, tuvo que permanecer erguido durante horas hasta que a la mañana siguiente se presentó otro inspector, que le hizo algunas preguntas, que no respondió, y le envió de nuevo a los calabozos.

«A partir de ese momento y hasta el día de mi declaración, soy incapaz de recordar nada más. Sé que me conducían con bastante frecuencia a declarar, así me lo han contado después mi hermana y algunos camaradas, ya que escuchaban que me llamaban. El día de mi declaración subí al espacio de la Brigada Político-Social esposado junto con otro chaval que evidenciaba también las huellas de la tortura. Intenté hablar con él, pero no me respondió, supongo que tenía miedo de que yo fuera un policía a pesar de que estaba tan demacrado como él. El despacho estaba situado a mitad del pasillo a mano derecha, había una mesa pequeña con una máquina de escribir y tres sillas. Me hicieron sentar frente a la mesa y con las manos esposadas detrás del apoyo de la silla.»

Solo recuerda el nombre de dos de los cinco inspectores que se encontraban allí: José Ignacio Giralte y Jesús González Reglero. «El interrogatorio fue más suave que las anteriores sesiones, pero continuaron las vejaciones, los insultos, las amenazas y los golpes, aunque de menor intensidad puesto que estaba a punto de cumplir el tiempo reglamentario y posiblemente no querían que me presentara ante el juez en peor estado aún del que ya me encontraba.»

Cumplidas las 72 horas de plazo máximo de detención, fue trasladado ante el juez de Orden Público. Sus abogados fueron Ignacio Montejo y Javier Benavides, uno de los asesinados la trágica noche del 24 de enero de 1977 en el despacho de Atocha 55. El magistrado fue «muy desagradable» y prácticamente le disuadió de que presentara una denuncia por las torturas sufridas. «Y no la puse, creo que en aquel momento consideré que no serviría para nada. Pero tampoco pensé que la Transición iba a ser cómo fue, pensaba que algún día aquella gente tendría que responder por lo que habían hecho.»

Fue trasladado, con una multa de doscientas mil pesetas, a Carabanchel, donde estuvo una semana en el reformatorio de menores y siete en la tercera galería. A los pocos días de llegar a la prisión recibió la visita de unos tíos, que después le han relatado que aún entonces tenía las marcas de la tortura. El Partido Comunista había sacado de España a su madre para que diera testimonio en algunos países de Europa occidental acerca de la represión de la dictadura. Su causa fue archivada tras la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977 «cuando mi Partido ya tenía 19 diputados».

El 14 de junio de 1975 volvió a ser detenido cuando colocaba una pancarta que solicitaba a los trabajadores el voto para las candidaturas unitarias encabezadas por Comisiones Obreras en las que fueron las últimas elecciones del sindicato vertical. «De esta segunda detención solo destaco que nada más fui golpeado el día de mi entrada en la Dirección General de Seguridad, un solo golpe, con la mano abierta, en la cabeza por un inspector que desconozco. Y una bofetada que me propinó el funcionario que me tomó las huellas». Le interrogaron de nuevo los inspectores Giralte y Reglero.

Estuvo los tres días en la DGS, «allí cumplí los 18 años» el 16 de junio, y de nuevo el recorrido posterior: el juzgado de Orden Público, el reformatorio de Carabanchel y la tercera galería. Salió en libertad el 12 de agosto de aquel año.

«Fui condenado a muerte en septiembre de 1975»

Manuel Blanco Chivite nació el 4 de febrero de 1945 en San Sebastián. De familia republicana, su padre militó primero en la UGT y después, ya en la Guerra Civil, en las milicias locales de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Cayó prisionero en Santoña en 1937, cuando la República perdió toda la cornisa cantábrica, y estuvo preso. En 1969, cuando estudiaba Periodismo en Madrid, Manuel se aproximó al Partido Comunista de España (marxista-leninista), la primera organización que se creó de orientación maoísta, y empezó a militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) desde su proceso de fundación a partir de 1971.

El 17 de julio de 1975 fue detenido y conducido a la Dirección General de Seguridad, directamente a las dependencias de la Brigada Político-Social, sin que le realizaran el preceptivo parte de entrada. Estaba secuestrado, «desaparecido». Lo mismo les sucedió a los otros compañeros suyos que fueron incluidos en el mismo sumario y que «cayeron» a lo largo de aquella semana: Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda, Fernando Sierra Marco y José Humberto Baena Alonso. Les acusaron sin ninguna prueba de estar implicados en la muerte de un policía acaecida el 14 de julio y reivindicada por el FRAP. «No se avisó ni a abogados, ni a familiares. Incluso a los familiares que se interesaron en la DGS se les dijo que no estábamos detenidos.» Su esposa, Milagros Ponz, fue igualmente secuestrada sin acusación alguna y conducida a San Sebastián, cuya provincia estaba en aquellas fechas bajo estado de excepción, por lo que la BPS pudo mantenerla en sus manos, incomunicada, mientras que él estuviera en la misma situación en Madrid.

En la DGS, los militantes del FRAP fueron brutalmente torturados por Roberto Conesa y sus hombres, entre ellos Carlos Domínguez Sánchez y Tarsicio Casado Santos. Diez años después, una publicación lo recordaba así: «El sadismo de esos torturadores fascistas, que nunca fueron depurados ni castigados, no tenía límites; golpes en todas las partes del cuerpo con porras, varas y palos; a Manuel Blanco Chivite incluso le golpearon con una estufa de butano; la tortura del “pato” (andar en cuclillas con las manos esposadas atrás); a Fernando Sierra le pusieron una pistola en la boca e hicieron intento de dispararla; amenazas de torturar a la compañera detenida delante suyo; poner en carne viva la planta de los pies; intento de linchamiento por policías armados de forma organizada; tortura física y psicológica». Después de más de una semana de torturas ininterrumpidas, en sesiones que duraban hasta dieciocho horas seguidas, Conesa logró que Vladimiro, Pablo, Fernando, José Humberto y Manuel firmaran declaraciones comprometedoras que en el consejo de guerra no pudieron demostrar pues no se presentó ninguna prueba de carácter inculpatorio.

Un mes después, la Brigada Político-Social anunció la detención de otros cinco militantes del FRAP, a quienes presentó como responsables de la muerte de un efectivo de la Guardia Civil ocurrida el 16 de agosto: Ramón García Sanz, Luis Sánchez Bravo, Manuel Cañaveras, Concepción Tristán López y María Jesús Dasca¹². A ambos grupos se les aplicó, de manera retroactiva, el Decreto Ley Antiterrorista aprobado el 22 de agosto durante un Consejo de Ministros presidido por Franco en el Pazo de Meirás, su residencia estival gallega¹³.

Junto con sus compañeros, Manuel Blanco Chivite fue procesado por el Juzgado Militar Permanente número 2 en la causa 245/75 de la Primera Región Militar. El juez militar que la instruyó, el comandante Mariano Martín Benavides, le tomó declaración en un despacho de la propia DGS, entre interrogatorio e interrogatorio, siendo testigo directo por tanto de las torturas que sufrían en aquellos días.

A fines de julio, fueron trasladados a la cárcel de Carabanchel y encerrados en la galería subterránea denominada «Celdas de Prevención Bajas» durante quince días en régimen estricto de aislamiento e incomunicados, sin derecho a recibir visitas, ni asistencia jurídica. «Durante este tiempo comparecí de nuevo, en la misma cárcel, ante el juez instructor, Martín Benavides, quien ante mis denuncias de las torturas que había sufrido se limitó a desviar la mirada y guardar silencio. Los interrogatorios continuaron en la cárcel durante varios días y a altas horas de la madrugada. En ellos participaron miembros de la Brigada Político-Social y de los servicios de información de la Guardia Civil, al mando de un coronel. Querían involucrarme en no sé qué atentado contra la propia Guardia Civil que había tenido lugar una semana después de mi detención.»

Como ha relatado Alfredo Grimaldos, entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre la dictadura celebró cuatro consejos de guerra contra miembros de ETA y del FRAP en los que se condenó a muerte a once personas que no tuvieron la posibilidad de una defensa jurídica con las mínimas garantías. De nuevo, decenas de ciudades en todo el mundo acogieron protestas contra la crueldad de un dictador dispuesto a morir matando.

En el caso de Manuel y sus cuatro compañeros, les correspondió el consejo de guerra que se celebró el 12 de septiembre en el acuartelamiento militar de El Goloso, al norte de Madrid, sede de la División Acorazada Brunete, comandada ya entonces por el general Milans del Bosch, quien cinco años y medio después tuvo un papel principal en el fallido golpe de Estado. El juez instructor rechazó sin contemplaciones la petición de los abogados de los acusados de que se practicasen 124 pruebas testificales y periciales. El vertiginoso consejo de guerra se celebró en apenas unas horas y terminó aquel día a media tarde.

Dictó penas de muerte para José Humberto Baena, Vladimiro Fernández y Manuel Blanco, treinta años de prisión para Pablo Mayoral y veintitrés para Fernando Sierra. «Según el apuntamiento, basado directamente en la versión de los hechos presentada por la Brigada Político-Social, todos los encausados habíamos participado de alguna manera en un ataque a un miembro de la Policía Armada», ha explicado Manuel en su declaración escrita para la causa de Argentina. «Según tal versión, José Humberto Baena habría hecho varios disparos con una pistola que la policía afirmaba haberle incautado tras su detención. Pero tal pistola no pudo presentarse en el consejo de guerra, había “desaparecido” o se había “perdido”. Tampoco se presentó ninguna prueba dactiloscópica, no se presentó ninguna prueba balística, no se presentó ningún resultado de la autopsia presuntamente realizada al policía fallecido, no se presentó ningún testigo, ni de la defensa (también esta prueba había sido rechazada por el juez instructor), ni de la fiscalía militar, que afirmó que existían testigos de los hechos. Los propios abogados de la defensa pidieron que se presentasen tales testigos de cargo, pero el fiscal renunció porque “no eran de fiar” a pesar de que eran “sus” testigos. La descripción física de los participantes en el atentado al policía armado que incluso en algún caso figuraba en los informes policiales no coincidía con la de los encausados. Y así un largo etcétera de irregularidades por las que el propio consejo de guerra franquista se saltó incluso sus propias leyes y reglamentos. Tampoco se permitió, claro está, presentar las coartadas de los encausados.»

En la sala de este consejo de guerra logró estar presente un representante de la Liga Internacional de Derechos Humanos, el abogado suizo Christian Grobet, quien en su informe señaló las graves irregularidades, la absoluta arbitrariedad de aquel procedimiento: «El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso; en definitiva, una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusados».

El viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros conmutó la pena capital de seis personas por la de treinta años de cárcel y confirmó el fusilamiento al día siguiente de las otras cinco: Juan Paredes Manot (21 años), José Luis Sánchez Bravo (22 años), José Humberto Baena Alonso (24 años), Ramón García Sanz (27 años) y Ángel Otaegui (33 años). En su libro Notas de prisión, Manuel Blanco Chivite evocó a sus compañeros del FRAP asesinados «legalmente» y describió cómo vivieron en la cárcel de Carabanchel aquella noche, que inspiró a Luis Eduardo Aute su hermosísima canción Al alba, y los instantes de unos fusilamientos que conmovieron a los demócratas españoles y a la humanidad.

«Como pude saber después, los tres murieron de una manera ejemplar, sin cobardías, reafirmándose en todo lo que habían vivido y creído. José fue fusilado por un pelotón de guardias civiles, todos voluntarios. Un pelotón voluntario de la policía armada fusiló a Ramón y José Luis. Ocurrió en Hoyo de Manzanares a las 10:30 de la mañana. Cuando las balas alcanzaron a José, cantaba La Internacional, quizás recordando aquella vez que otros la habían silbado para nosotros. Desde las celdas, nos llevaron al patio de la sexta galería. Cuando aparecimos en la puerta, hubo un silencio absoluto. Todo lo que oíamos eran los pasos de los camaradas y amigos de otras organizaciones acercándose a nosotros. Nadie dijo una sola palabra. Uno por uno nos abrazaron.»

El 20 de abril de 2012 Vladimiro Fernández, Pablo Mayoral, Fernando Sierra y Manuel suscribieron una declaración conjunta, incorporada a la causa de Argentina, en la que expresaron su apoyo a las gestiones que desde hace años la familia de su compañero José Humberto Baena lleva a cabo para establecer la verdad sobre las circunstancias en que se desarrolló aquel consejo de guerra y obtener el reconocimiento de su inocencia.

Reciclaje e impunidad

Muchos de los principales agentes y mandos de la Brigada Político-Social lograron «reciclarse» sin problemas, e incluso con honores y beneficios económicos, en los años de la Transición. No pudo hacerlo, por estar ya jubilado, el comisario Saturnino Yagüe, su jefe máximo entre 1963 y 1975, quien falleció el 21 de enero de 1978 en su domicilio de Madrid por «una afección cerebral», según las informaciones periodísticas, «a los 68 años de edad»¹⁴.

A fines de enero de 1994 y a los 77 años, murió uno de sus subordinados más emblemáticos, Roberto Conesa, sin que tampoco tuviera que rendir cuentas jamás por su destacado papel en la represión de la dictadura franquista, que en su caso comprende desde su implicación en la detención de las «Trece Rosas» en 1939 hasta los últimos coletazos del régimen y después. Para colmo, se hizo incluso «popular» en la Transición cuando, siendo jefe superior de Policía en Valencia, el ministro Rodolfo Martín Villa¹⁵ le «recuperó» a principios de 1977 para que participara en la investigación de los secuestros por el GRAPO del teniente general Emilio Villaescusa y de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, lo que finalmente sus hombres (entre ellos Billy el Niño) y él lograron el 11 de febrero. Entonces recibió el apodo de «el superagente Conesa».

A fines de aquel mes, recibió a dos periodistas de Cambio 16, a quienes cínicamente negó que bajo sus órdenes se hubieran producido torturas: «No señor, nosotros no le pegamos a un detenido. Hay un caso entre diez mil. ¡Cómo no cometer errores!». Les relató que solo recurrían a la persuasión, a la dialéctica, aunque para esa «excepción» de la que habló recurrió a una imagen muy gráfica: «Pero en el peor de los casos también hay cirujanos que se dejan las gasas y las vendas dentro del cuerpo que operan. ¿Y qué? ¿vamos por eso a dejar de ir al médico?»¹⁶.

En 1978, la revista Triunfo cuestionaba su permanencia en la Dirección General de Seguridad. «Conesa continúa en su puesto –y con él todo el antiguo equipo– porque no ha existido ruptura con el régimen anterior. Es una de las secuelas, y no la más importante, de la reforma, del consenso»¹⁷. Próximo ya a la jubilación, sufrió un infarto en mayo de 1979 que le apartó de la jefatura de la Brigada de Información de la Policía, sucesora de la Brigada Político-Social.

Le sustituyó en ese puesto Manuel Ballesteros, uno de los más despiadados agentes de la Brigada Político-Social en Valencia. Ballesteros había sido comisario jefe de San Sebastián en 1974, jefe superior de Policía de A Coruña en 1976 y desde agosto de 1978 ocupaba el mismo puesto en Bilbao. Su «reciclaje» alcanzó la cima con José Barrionuevo y Rafael Vera porque llegó a ser director del Gabinete de Información del Ministerio del Interior. Fue condenado judicialmente dos veces por su implicación en la «guerra sucia» contra ETA, pero en ambas ocasiones fue finalmente absuelto por el Tribunal Supremo¹⁸. Falleció en enero de 2008 sin que ninguno de los medios de comunicación que le dedicaron un obituario citara su papel durante la dictadura¹⁹.

Otro de los represores de la Brigada Político-Social en Madrid señalado por las personas que se han hecho parte de la Querella Argentina es José Sainz González. De la misma generación que Conesa, su biografía aparece recogida elogiosamente en la Gran enciclopedia de Cantabria: «Se especializó en investigaciones policiales en general, con mayor incidencia en la de carácter social y, sobre todo, antiterrorista». Entre 1963 y 1968 fue el jefe de la BPS en Bilbao. Estuvo en el País Vasco, en importantes cargos policiales, hasta 1974, cuando fue asignado a la Dirección General de Seguridad, como comisario general de Investigación Social. El 2 de junio de 1977 el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, le nombró subdirector general de Seguridad. En 1979-1980 llegó a ser el primer director general de la Policía Nacional, el resultado de la metamorfosis de la Policía Armada franquista, el primero en ocupar este cargo recién creado. Aquel año fue nombrado «hijo predilecto» de su localidad natal²⁰. Falleció en enero de 1987 tras haber obtenido la Medalla de Oro al Mérito Policial y la Gran Cruz al Mérito Civil²¹.

Y por supuesto Juan Antonio González Pacheco. El 13 de junio de 1977, dos días antes de las primeras elecciones democráticas desde 1936, Martín Villa, le concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial al entonces inspector de primera clase del Cuerpo General de Policía por su contribución a la liberación de Villaescusa. En el otoño, la entrada en vigor de la Ley de Amnistía supuso que se archivaran definitivamente las 17 querellas en las que había sido denunciado por delitos de tortura²².

En junio de 1979, su nombre reapareció en los medios de comunicación con motivo de un sonado reportaje fotográfico²³ y, sobre todo, porque con una gran expectación mediática declaró como testigo en el juicio por la matanza de los abogados comunistas del despacho laboralista de Atocha²⁴. El céntrico hotel Victoria acogió «una cena-homenaje» en su honor el 29 de junio «en desagravio por los ataques de que viene siendo objeto en diversos medios informativos», según la nota difundida por una asociación de policías²⁵. En aquellas fechas un periodista de Madrid llegó a su pueblo y constató que su padre, que hasta entonces había estado muy orgulloso de él, respondía cuando le decían que era un torturador: «Son historias de los rojos»²⁶.

En 1981, cuando fue vinculado con la «guerra sucia» contra ETA en Francia y tuvo que declarar en la Audiencia Nacional²⁷, fue destinado a la Brigada Central de la Policía Judicial. Un año después, pidió la excedencia y durante años se empleó como jefe de seguridad en empresas muy importantes.

Hasta el 18 de septiembre de 2013 Juan Antonio González Pacheco llevaba una vida muy cómoda en Madrid, después de tres décadas en un cuidadoso anonimato. De repente, Billy el Niño aparecía mencionado en algún reportaje o libro sobre la Transición, incluso en la serie de televisión Cuéntame le citan. Pero sus días transcurrían apacibles entre los aperitivos en Casa Lucio, las cenas con los viejos compañeros de la Policía o los paseos por el centro de la ciudad impecablemente vestido²⁸. Y hasta entonces podía cultivar también dentro y fuera de España su afición por el atletismo, participando en cuatro ocasiones en la Maratón de Nueva York. Sus obligaciones profesionales se concentran en la empresa de seguridad que figura a nombre de su esposa, que facturó casi 110.000 euros en 2013.

González Pacheco tiene dos hijas, ambas juristas, y es abuelo²⁹. Tal vez, próximamente, tengan que ir a visitarle a Argentina…

1 VVAA, La Real Casa de Correos 1756/1998: sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Madrid, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1998, pp. 9 y 27.

2 M. López, Mañana a las once en la Plaza de la Cebada, Albacete, Bomarzo, 2009, pp. 416-417. En las treinta páginas siguientes, este abogado hizo un relato detalladísimo de sus días en la DGS, incluidas varias conversaciones con el comisario Saturnino Yagüe.

3 Archivo Histórico del PCE. Sección Represión Franquista. Jacquet 651.

4 En aquellos años, toda detención por motivos políticos llevaba aparejada de manera inmediata la reclusión en la DGS en el caso de Madrid y la más que probable imposición de una sanción gubernativa en forma de multa económica. No estaban sujetas al control de los tribunales, sino que las decretaba el director general de seguridad, previo informe de la policía, cuya palabra tenía el valor de un hecho probado. Y contra estas sanciones gubernativas era imposible ejercer la defensa jurídica, tan solo cabía elevar un recurso de súplica ante el director general de Seguridad o el ministro de la Gobernación, para lo que era preciso abonar previamente un tercio del importe de la sanción salvo en el caso de los detenidos insolventes o encarcelados.

5 C. Laiz, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, Madrid, Catarata, 1995, p. 143.

6 Cambio 16, 1 de julio de 1979, pp. 20-21.

7 Este tormento consistía en que esposaban las muñecas al detenido por delante de los tobillos y lo colgaban de una barra por la articulación de las rodillas. De esta forma, los glúteos, los genitales y las plantas de los pies quedaban expuestos para ser golpeados con porras o vergajos y el dolor producido por la acumulación de los golpes llegaba a ser insufrible. Aplicado en aquel mismo momento en el Cono Sur por los torturadores brasileños o chilenos, tenía la particularidad de que los represores unían los malos tratos con el interrogatorio, lo que era más duro para la víctima, que sabía que, si claudicaba y hablaba, cesarían los golpes.

8 En su declaración para la causa de Argentina, además de adjuntar varios documentos sobre sus detenciones, sus procesos en el TOP y su paso por las cárceles, incluyó una amplísima relación de presos políticos con quienes coincidió en las distintas cárceles y una lista de todos los «torturadores» que recuerda: «Saturnino Yagüe, Roberto Conesa, Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño), Celso Galván, Conrado Delso (El Gitano), José Ignacio Giralte, Juan García Gelabert, Francisco Luis Colino, Ricardo Algar Barrón, Jesús Simón Cristóbal, Enrique Maqueda de León».

9 El 10 de noviembre de 1962, al día siguiente de la publicación en la prensa española de la noticia sobre la caída de Grimau que hacía fácilmente comprensible que había sido atrozmente torturado, el Comité Ejecutivo del PCE hizo pública una declaración en la que llamó a salvar su vida. «Que Julián Grimau sea la última víctima de la tortura franquista! ¡Que la Brigada Político-Social, la Gestapo franquista, y los tribunales especiales militares sean disueltos», P. Carvajal, Julián Grimau. El último muerto de la guerra civil, Madrid, Aguilar, 2003, p. 110.

10 P. Lobatón, «María Servini de Cubría. El fin de la impunidad», El País Semanal, 29 de diciembre de 2013, p. 80.

11 El País, 9 de junio de 1979.

12 M. Blanco Chivite, Notas de prisión, Barcelona, Ediciones Actuales, 1977, p. 22.

13 A. Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, Barcelona, Oberón, 2004, p. 37.

14 Al día siguiente, como corresponde, Abc publicó dos esquelas en una misma página, que se reproduce en el apéndice documental.

15 En sus memorias, Martín Villa dejó constancia de ello: «Se me criticó por haber utilizado a algunos de los hombres, excelentes profesionales, que procedían de las antiguas brigadas sociales». No solo reconoció sus cualidades «profesionales», sino que además exaltó su contribución a la democracia: «En lo que sí participo, y creo que con cierta autoridad, es en proclamar los servicios que Conesa, Sainz y tantos otros, como el comisario Manuel Ballesteros (...) prestaron en la etapa del cambio político en el que su actuación posibilitó que España se constituyera como un auténtico Estado democrático de Derecho», R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 156.

16 Cambio 16, 28 de febrero de 1977, pp. 20-22.

17 Triunfo, 5 de agosto de 1978, p. 18.

18 La Marea, enero de 2014, p. 14.

19 Así le definió El País en la necrológica que le dedicó a su muerte: http://elpais.com/diario/2008/01/15/necrologicas/1200351601_850215.html. El texto ignoraba completamente su trayectoria en la Brigada Político-Social, principalmente en Valencia. Por ese motivo, dos días después este diario tuvo que publicar la carta de protesta (titulada «Nos negamos al olvido») que enviaron 18 militantes antifranquistas de Valencia recordando su actuación, singularmente en una de las caídas más duras, la detención en noviembre de 1968 de 35 militantes del PCE y de CCOO: http://elpais.com/diario/2008/01/17/opinion/1200524409_850215.html

20 Gran Enciclopedia de Cantabria. Tomo VII, Santander, Editorial Cantabria, 1985, p. 218.

21 Abc, 28 de enero de 1987, p. 32.

22 La Vanguardia, 5 de diciembre de 2013. http://www.lavanguardia.com/vida/20131205/54395204231/billy-el-nino-un-apodo-infantil-para-un-supuesto-torturador-franquista.html

23 Interviú, 21 de junio de 1979, pp. 11-12. Una de las tres fotografías publicadas le mostraba en 1976 junto al líder fascista Blas Piñar.

24 Véase: M. Sánchez Soler, La Transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Barcelona, Península, 2010, pp. 76-78.

25 El País, 28 de junio de 1979. http://elpais.com/diario/1979/06/28/espana/299368817_850215.html

26 Cambio 16, 1 de julio de 1979, pp. 20-21.

27 El Mundo, 6 de octubre de 2013. Suplemento Crónica. http://www.elmundo.es/cronica/2013/12/21/52b4814622601d40368b456f.html

28 El País, 27 de septiembre de 2013. http://politica.elpais.com/politica/2013/09/27/actualidad/1380299964_500014.html

29 El Mundo, 6 de octubre de 2013. Suplemento Crónica. http://www.elmundo.es/cronica/2013/12/21/52b4814622601d40368b456f.html

III. Hacia el fin de la impunidad

Un día de justicia conquistada en la lucha,
y vosotros, hermanos caídos, en silencio,
estaréis con nosotros en ese vasto día
de la lucha final, en ese día inmenso

Pablo Neruda, «Siempre», Canto general

La memoria florece de la mano de la Querella Argentina. Los diez testimonios presentados en la parte central de este libro son solo una gota de conciencia en el «océano» de la represión franquista. No obstante, para algunas de estas personas no ha sido fácil volver la mirada hacia aquel tiempo histórico de valientes luchas y de sentidas esperanzas, pero también de oscuridad en los calabozos de la Dirección General de Seguridad.

«Me costó mucho hacerlo», explica Felisa Echegoyen, «pero cuando lo hice me alegré mucho. Era algo que yo quería olvidar, ni siquiera mis hijos sabían lo que me había sucedido. Una vez que superas ese bache y te enfrentas a lo que te pasó sientes como un respiro. Además, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, deben saber qué fue la dictadura franquista porque en un momento dado esto puede volver a pasar en este país y deben tener herramientas para frenar el desarrollo de algo que les puede volver a ocurrir».

Su compañera Roser Rius, autora e ilustradora de bellísimos cuentos infantiles, se siente feliz por el desarrollo de la investigación judicial en Buenos Aires y por el trabajo de la asociación de ex presos políticos La Comuna, a la que Felisa, Manuel Blanco, Jesús Rodríguez, Chato Galante, Alfredo Rodríguez y ella misma pertenecen. «Ahora es un momento para denunciar todo esto, hace muchos años que todos lo sabemos y solo lo habíamos hablado en ámbitos familiares y de amigos. Pero lo hemos hablado poco. Había incluso un cierto pudor, al menos yo lo he sentido, porque no deja de ser algo íntimo, y lo siento menos desde que la Querella Argentina avanza. Si mi testimonio tiene sentido para una denuncia colectiva, lo daré y pienso que tengo que hacerme parte de la querella. Pero me gustaría que la gente pensara que fui y soy una persona luchadora, más que una víctima de la tortura.»

Por su parte, Alfredo Rodríguez ha experimentado sensaciones profundas en los últimos meses. Las viejas fotografías de archivo aparecidas en los medios de comunicación le hicieron evocar el sufrimiento de aquellos días. «Cuando me he sentido peor ha sido al ver las imágenes de Billy el Niño porque empecé a revivir aquellos momentos, esa sensación de que simplemente eres carne, de que pueden hacer con tu cuerpo lo que quieran. Algunas veces me cuesta contener hasta las lágrimas de la rabia que tengo.»

Otras personas ya dieron testimonio de las torturas sufridas a fines de los años setenta y lo han vuelto a hacer ahora. Enrique Aguilar Benítez de Lugo, catedrático de Fisiología jubilado de la Universidad de Córdoba, lo relató en 1979 a Cambio 16. En mayo de 1973 militaba en el FRAP y trabajaba como profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. «Nunca había visto a Billy, pero enseguida supe que era él. Se hablaba mucho de él y de sus interrogatorios y había torturado a muchos compañeros.» Enrique fue torturado brutalmente en la DGS y después tuvo que estar noventa días seguidos en la enfermería de la prisión de Carabanchel para recuperarse de las secuelas. «Billy es un sádico, un excelente policía para una dictadura», explicó en 1979, cuando aún conservaba, seis años después, las huellas físicas de las terribles palizas que sufrió¹.

En el pasado mes de diciembre recordó que en 1973 denunció por malos tratos a González Pacheco, quien fue condenado… a pagar una multa de mil pesetas. Sorprendido por la decisión de la jueza argentina de solicitar su extradición, señaló que, si finalmente esta se concreta, se personará en la causa y ofrecerá su testimonio. «Lo recuerdo pocas veces, pero con auténtico terror. A mí me detuvieron a las cuatro y media o cinco de la tarde y me interrogaron hasta las siete de la mañana del día siguiente. Fue una noche entera de tortura a manos de Billy el Niño y sus secuaces. Teníamos entrenamiento psicológico, lo que pasa es que el grado de magnitud de la tortura superaba lo imaginable. Me gustaría que pidiera perdón como se le pide que lo hagan los miembros de ETA a sus víctimas»².

Todos ellos inciden en que la Querella Argentina no se reduce a la solicitud de extradición a Argentina de González Pacheco y Muñecas Aguilar. Se ha convertido ya, y esto es lo esencial, en un verdadero proceso judicial e histórico a la dictadura franquista. Ahora bien, resaltan el simbolismo de las medidas cautelares que desde diciembre pesan sobre ambos. «38 años después de la muerte de Franco, por primera vez dos torturadores caracterizados, dos criminales de Estado, han tenido que comparecer ante un tribunal de justicia en España. El 5 de diciembre los vimos embozados como delincuentes, ocultos detrás de gafas y bufanda, como una caricatura de Mortadelo y Filemón, y, curiosamente, y esto tendría que explicarlo el ministro del Interior, llegando a la Audiencia Nacional en coche oficial», destaca Manuel Blanco, quien se ha sumado a la causa de Argentina.

Igualmente, Willy Meyer se felicita por la petición de extradición. El PCE, con el abogado Enrique Santiago, se ha hecho parte de la Querella Argentina. En su escrito de denuncia se alega que «de sus filas salieron muchos miles de fusilados, torturados, encarcelados y exiliados». Rafael Alberti, Marcelino Camacho, Concha Carretero, Víctor Díaz-Cardiel, Juana Doña, Horacio Fernández Inguanzo, Manuel García Caparrós, Cristino García Granda, Julián Grimau, Matilde Landa, Luis Lucio Lobato, Gregorio López Raimundo, Marcos Ana, José Sandoval, Pedro Patiño o Agustín Zoroa son solo algunos de los nombres que menciona el escrito de quince páginas que el PCE presentó para sumarse a la Querella Argentina.

En noviembre, además, el XIX Congreso del Partido Comunista de España aprobó una resolución que exigió «la inmediata adopción de las medidas legislativas necesarias para privar de todo efecto jurídico los contenidos de la Ley de Amnistía de 1977 que puedan ser interpretados en favorecimiento de la impunidad o como impedimento para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, en especial respecto a las torturas, la persecución política y las desapariciones forzadas».

Y la investigación judicial de Buenos Aires sigue adelante. A principios de enero, por ejemplo, la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina anunció la presentación de treinta querellas más de víctimas y que había unas doscientas en preparación, lógico en una comunidad autónoma que tiene nada más y nada menos que seiscientas fosas comunes y sesenta mil personas desaparecidas: el doble de los desaparecidos causados por la última dictadura argentina y treinta veces más que los causados por el régimen de Pinochet. «Argentina le ha dado a las víctimas del franquismo un espacio que aquí la justicia niega sistemáticamente», afirmó Paqui Maqueda, miembro de la Plataforma Andaluza. «Tienen que llover las querellas contra los crímenes del fascismo español», sentenció, para que la jueza Servini de Cubría disponga de «herramientas» para llevar adelante su investigación³. Así ha sucedido, por ejemplo, con seis asociaciones que buscan bebés robados durante la dictadura, que ya han presentado también su denuncia en la causa y tres más lo harán pronto.

A mediados de febrero, después de que el Gobierno español lo hubiera impedido en abril de 2013, trece víctimas del franquismo (entre ellos Víctor Díaz-Cardiel y Jesús Rodríguez) declararon por videoconferencia ante la jueza desde el Consulado argentino en Madrid. Y el 21 de febrero Servini de Cubría solicitó por primera vez la apertura de una fosa clandestina. Envió una comisión rogatoria a las autoridades españolas para que se ubique la fosa en el cementerio de Guadalajara donde pueden estar Timoteo Mendieta y otras 16 personas, se exhumen los restos y se practiquen las pruebas de ADN precisas para verificar si está allí el padre de Ascensión, que había declarado ante ella en diciembre en Buenos Aires. Además, indicó que desea estar presente en la exhumación, por lo que demandó que se le comunique su fecha con treinta días de antelación. «¡Qué alegría! Nunca, desde los 13 años –cuando le mataron–, me había sentido tan cerca de mi padre», afirmó Ascensión al conocer la noticia⁴.

De este modo, varias generaciones de víctimas de la represión franquista se dan la mano en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. El movimiento de recuperación de la Memoria Democrática, nacido a partir del año 2000 con las exhumaciones de las «fosas del olvido», ha adquirido un mayor vigor hoy al poner el foco también en una época, los años setenta, desvirtuada por el relato mítico de lo que Francisco Umbral llamó la Santa Transición. «Se ha unido la lucha de los familiares que exigen la exhumación de las fosas con una lucha contra el fascismo todavía hoy vivo y, por lo tanto, una lucha esencialmente democrática», señala Manuel Blanco. «Quienes estuvimos presos en los años setenta nos encontramos con que nuestros represores y los asesinos de quienes murieron en muchos casos aún están vivos y el régimen actual está buscando recovecos jurídicos para intentar cubrir a esta gentuza.»

Alfredo Rodríguez desea que sus torturadores sean extraditados a Argentina y que allí tengan lo que él no tuvo: «Derecho a un abogado, a un juicio justo, a que nadie les ponga la mano encima. Deseo que tengan estos derechos porque por eso luché».

«Apoyo la Querella Argentina, me parece una causa justa y necesaria, aunque sería preferible que la investigación judicial se desarrollara en España. Así como en la Transición vivíamos bajo muchas amenazas y con un sentimiento general de fragilidad, hoy ya no hay excusa para no revisar los asuntos pendientes con un tratamiento no revanchista, pero que sí aspira a restablecer el orden de las cosas, poner a cada uno en su sitio y pedir las responsabilidades», afirma Paco Lobatón. «La orden internacional de búsqueda y captura de los torturadores restaura el principio de la justicia universal. No en hora de venganzas añejas, sino en la grandiosa hora del fin de la impunidad», escribió en diciembre⁵.

No descartan que se repita lo que sucedió con las denuncias contra las juntas militares de Chile y Argentina presentadas en 1996. En esta dirección, Chato Galante apunta: «Tenemos preparado un nuevo listado de imputados e imaginamos que la jueza seguirá emitiendo órdenes de búsqueda internacional y peticiones de extradición dirigidas a España. Estamos intentando calcar el proceso que al revés se hizo desde aquí hacia Argentina. La judicatura argentina tuvo que entrar a juzgar los crímenes de la dictadura porque llegó un momento en que Garzón emitió más de trescientas órdenes de detención internacional y otros países hicieron lo mismo. Llegó un momento en que eso era inasumible por un Estado democrático».

Y así se lo expresaron en enero al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza: «Queremos juzgar a la dictadura, no estamos hablando de los casos concretos de dos personas. Pronto tendrán más solicitudes de extradición, y luego más, y más. Desde octubre en todo consulado argentino en cualquier país una persona puede denunciar crímenes del franquismo y a un criminal concreto. Es un proceso que no lo van a poder parar».

1 Cambio 16, 1 de julio de 1979, p. 22.

2 Córdoba, 7 de diciembre de 2013, p. 14.

3 Eldiario.es, 12 de enero de 2014. http://www.eldiario.es/andalucia/llover-querellas-crimenes-fascismo-espanol_0_217328558.html

4 El País, 22 de febrero de 2014, p. 20.

5 P. Lobatón, «María Servini de Cubría. El fin de la impunidad», El País Semanal, 29 de diciembre de 2013, p. 80.

Epílogo

La memoria como fuerza de la historia

¿Por qué la España democrática, en definitiva, ha sido incapaz de investigar y juzgar los crímenes del franquismo? Este es uno de los principales interrogantes que suscita la Querella Argentina. «Porque no hicimos una ruptura democrática como en Portugal con la Revolución de los Claveles», sostiene Willy Meyer. «En Portugal se depuró la policía política (la PIDE) y se desmanteló el aparato judicial de la dictadura fascista. Aquí no tuvimos la fuerza suficiente y se hizo una Transición sin depurar los aparatos del Estado y en ese paquete iba toda esta gente, que pasaron de ser unos torturadores a unas personas rehabilitadas e incluso condecoradas, como fue el caso de Billy el Niño».

«La Transición la hicimos lo mejor que pudimos, pero hoy, mirando hacia atrás, no fue la mejor Transición posible», reconoce Julia Hidalgo, dirigente también de uno de los partidos protagonistas de los pactos políticos y económicos de 1977-1978 y coautor de la Constitución vigente en un contexto sin duda desfavorable: el «ruido de sables» en las Fuerzas Armadas, el miedo de un sector importante de la población, oprimido aún por la memoria traumática de la Guerra Civil, y un resultado electoral en las primeras elecciones generales desconcertante e injusto.

Por su parte, Paco Lobatón evoca la Transición como un tiempo histórico «muy frágil», «lleno de amenazas». No ha olvidado, por ejemplo, el asesinato de la estudiante Yolanda González en 1980 a manos de la extrema derecha. «Y luego, a título individual, teníamos necesidad de expandirnos en la libertad recién conquistada más que recordar cada uno de los episodios que habían precedido a esa libertad.»

«La Transición fue un fraude, nadie tuvo que responder por nada de la dictadura», cree Alfredo Rodríguez. «Con la Querella Argentina estamos haciendo emerger una parte de la Historia que se ha hurtado a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, quienes más sufren las consecuencias de la crisis económica. La Transición fue un fraude y hoy pagamos las consecuencias de que hubo empresarios que se hicieron multimillonarios gracias a su red de relaciones dentro de las estructuras del franquismo. Esa corrupción ha seguido existiendo y ahora ha explotado.»

Confía en que la Querella Argentina contribuya a poner fin al blanqueamiento histórico de la dictadura, la relativización de sus crímenes y la exaltación de sus supuestos logros. «El franquismo no fue solo un sistema represivo, también era un estado sociológico, una forma de tener a la población embrutecida, silenciada, a través del miedo, miedo que se tenía incluso sin participar de manera directa en la lucha; recuerdo perfectamente que hacíamos una asamblea en nuestro instituto, en Carabanchel, y los compañeros de clase tenían miedo; y cuando tirabas propaganda, la gente no la cogía, tenías que darla en mano».

Chato Galante incide en la herida de la impunidad, en la diferencia entre España y otros países de Europa occidental: «Con la Querella Argentina reclamamos Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del genocidio sistematizado de una parte de la población que se prolongó durante cuarenta años. Recurrimos a Argentina porque en este país ha sido imposible y es vergonzoso comprobar como ahora, en enero de 2014, en Holanda están tomando un conjunto de iniciativas de persecución judicial por unos crímenes cometidos en 1944. En cambio, en España no pocas personas que cometieron asesinatos y torturas en 1974, 1975 y 1976 disfrutan de un régimen de impunidad absoluto. Y sobre esa impunidad se ha construido el aparato del Estado en la democracia. La policía actual es la heredera de una policía fascista y lo mismo la judicatura: los jueces del TOP coparon el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional».

Explica incluso que entre la enorme cantidad de organizaciones y personas que forman parte de CEAQUA hay opiniones muy diferentes sobre la Ley de Amnistía (para él fue una «ley de punto final del franquismo»), incluso sobre la Transición. «Nosotros queremos debatir, discutir sobre lo que sucede hoy: si unos torturadores, demostrados, pueden seguir estando en la calle impunemente gracias a una legislación que contraviene todos los principios del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Y más que a los torturadores queremos enjuiciar a la dictadura: pedir responsabilidades a la gente viva que las tuvo y aclararlas y sancionarlas penalmente para, a partir de ahí, construir de nueva planta sobre unas bases democráticas bastante más sólidas.»

Su compañero, ayer en la Liga Comunista Revolucionaria, hoy en la asociación La Comuna, Jesús Rodríguez coincide en la importancia de avanzar hacia el fin de la impunidad de los represores de la dictadura. «La Querella Argentina es fundamental porque significa justicia, no solo en el sentido legal sino también moral, para las personas que sufrimos la represión». Además, aspira también a la reparación para muchos compañeros y compañeras que la necesitan: «En nuestra asociación y fuera de ella hay personas que dieron todo lo que podían dar de su vida y de su persona y que a consecuencia de ello tuvieron una vida profesional, material e incluso personal muy complicada y hoy han llegado a una edad avanzada en condiciones precarias. Esta sociedad nunca hizo justicia con ellos y ellas. Todos necesitamos justicia moral, pero algunos también reparación material».

Sin embargo, en su opinión, la dimensión más trascendental de la causa abierta en Argentina es de carácter histórico: «Los juicios de Núremberg no solo condenaron a algunos de los principales jerarcas nazis, fundamentalmente establecieron una verdad histórica que impidió para siempre el negacionismo. Lo mismo queremos para el caso de España: la consolidación de una verdad histórica que impida para siempre el negacionismo de los crímenes del franquismo».

Jesús cree que la impunidad condicionó el devenir histórico. «Después de tanta lucha, en la Transición perdimos la ocasión de construir una democracia verdaderamente avanzada en lo económico y en lo social que hubiera eliminado las raíces de toda esta podredumbre que ha aflorado en los últimos años. El franquismo no fue una dictadura personal, sino una dictadura de clase, y aquella gente solo se movió cuando vieron que el régimen se tambaleaba, hacía aguas, y que hacía falta que cambiara algo… para que todo siguiese igual». La inmensa corrupción que hoy aflora casi por todas partes como parte de un modelo que ha explotado tiene sus raíces en aquellos años, considera. «La sensación de impunidad que cualquier delincuente económico en este país puede tener si tiene los “amigos” adecuados es lo mismo que pasó al final del franquismo: quien tenía “amigos” se sentía protegido. Billy el Niño se sentía protegido y se ha sentido así durante muchos años, se ha chuleado, ha alardeado de su pasado.»

La Querella Argentina proporciona ahora la posibilidad de avanzar hacia una sentencia judicial que deje constancia de la magnitud gigantesca, lacerante, casi indescriptible en sus contornos exactos, del terror franquista. Represión, crímenes que fueron, han sido y son olvidados, ocultados, disminuidos e incluso negados por la derecha política, mediática, confesional y social, por los poderes fácticos de este país. «Si no lo logramos, cuando nosotros estemos muertos, podrán atreverse a decir que aquello no pasó nunca», advierte Jesús Rodríguez. «Antes de morir tenemos que cumplir esta misión, tenemos la obligación moral de hacerlo.»

Apéndice 1

Documento inédito. «La Policía denuncia»

Este documento inédito, difundido el 3 de agosto de 1977 por el colectivo «Nueva Policía», procede del Archivo Histórico del PCE (Sección Represión Franquista, Caja 48, Carpeta 3.4).

Un grupo bastante numeroso de inspectores del Cuerpo General de Policía quiere hacer constar su descontento por la forma de actuar de sus altos mandos, que es marcadamente «política», cuando debería haber sido apolítica durante la época franquista y continuar siéndolo con mayor motivo en la era postfranquista.

Hemos de hacer hincapié en que nosotros éramos y somos apolíticos y es por esto que queremos destacar que ha transcurrido más de mes y medio desde que los españoles votaron por la democracia, depositando su voto en favor de uno u otro partido, pero con el ánimo de que les condujesen hacia una auténtica democracia. El país necesitaba de cambios profundos y era urgente sin lugar a dudas derrocar todo el aparato franquista y cuanto a él estuviese ligado. Y, sin embargo, en vísperas de las elecciones del 15 de junio, Suárez y los suyos, cuyo triunfo ya preveían de una forma o de otra, colocaron en los altos puestos de la Policía a los hombres más fanáticos del franquismo, de la más extrema derecha, que dirigieron durante muchos años las brigadas Político-Sociales (llamadas de Investigación Social), donde detuvieron, interrogaron, torturaron… a hombres que hoy están en las filas del PSOE, PCE, ORT, USO, MCE…, cuya legalización hoy les permite al menos obligar al Gobierno a apartar a estos «hombres» del servicio activo, pasándoles a la reserva, ya que con los premios en metálico de hasta doscientas mil pesetas, medallas y cruces retribuidas económicamente, pueden muy bien jubilarse con un buen sueldo.

Estos hombres de todos conocidos son los que por Real Decreto 1289/1977, de 2 de junio, fueron nombrados:

– José Sainz González, subdirector general de Seguridad.

– Roberto Conesa Escudero (el superagente Conesa), Comisario General de Información, cargo para camuflar la recién creada Brigada Antiterrorista, que equivale a la Político-Social. Hay que destacar que Roberto Conesa es el jefe supremo de la DGS (Dirección General de Seguridad).

– Francisco de Asís Pastor Giménez, jefe superior de Policía de Madrid.

Es obligado reseñar a otros hombres como estos, igualmente súper conocidos por su labor, antes en la Brigada Político-Social y ahora en la recién creada Brigada Antiterrorista, que no es sino la misma Brigada Político-Social de antes, a la que únicamente han cambiado el nombre para pretender camuflar sus investigaciones y cuyos hombres que la integran se les puede catalogar después de un examen psicológico a fondo como hombres sin vida familiar, sin cultura, con graves problemas psíquicos y mentales y con una educación al estilo de las peores brigadas nazis, sin escrúpulos y que tienen en su haber un largo historial muy desfavorable respecto a los detenidos que han pasado por sus manos.

Estos hombres son: Andrés Gómez Margarida, Manuel Gómez Sandoval, Antonio del Campo Cuéllar, Antonio González Pacheco (más conocido como «Billy el Niño»), Pedro Martínez Giménez, José Luis Fraile Ayuso, Francisco J. Tejedor Peña, Jesús González Reglero y Antonio García Navas.

Podríamos seguir con una lista numerosa, pero hemos querido destacar los más significativos en todos los conceptos a cuyas espaldas, como antes mencionábamos, llevan multitud de detenidos políticos en todos los sectores, laboral, estudiantil, profesional… con los consiguientes interrogatorios y torturas.

Otro cerebro gris de la DGS es el conocido Lorenzo Calatayud, jefe de la secretaría del director general de Seguridad, que se ha mantenido en su puesto o mejor dicho agarrado al sillón durante más de quince años.

Todos ellos marginan a la auténtica policía, acaparando toda clase de premios y condecoraciones. A ellos van a parar primas mensuales que oscilan entre treinta y cincuenta mil pesetas, cantidad esta última que es muy ampliamente rebasada por algunos de los anteriormente citados, como es el caso del superagente Conesa y del conocido Antonio González Pacheco (Billy el Niño).

Por todo lo anteriormente expuesto, la Policía que quiere ser auténticamente apolítica y democrática se ve en la urgente necesidad, moralmente, de denunciar estos hechos y pedir a todos los partidos políticos y gente democrática que obliguen al Gobierno a través de las Cortes, medios de difusión…, a efectuar con toda urgencia cambios profundos en la Dirección General de Seguridad, que hasta el momento sigue siendo igual que en el periodo franquista, con la existencia de una Brigada Antiterrorista (Político-Social) de la que es jefe el superagente Conesa, tan represiva, franquista y ultraderechista como en la peor época de Franco.

Madrid, 3 de agosto de 1977

«Nueva Policía»

PD.: Se adjuntan las condecoraciones, distinciones y premios concedidos a algunos integrantes de la citada Brigada Antiterrorista. No a todos, porque el superagente emplea el sistema de discriminación, al que está muy acostumbrado, dentro incluso de su Brigada.

Apéndice 2

Documentos reproducidos

Orden judicial que autorizó a la Brigada Político-Social allanar el domicilio de Víctor Díaz-Cardiel en abril de 1965.

Última hoja del informe de los agentes de la BPS sobre el allanamiento del domicilio de Víctor Díaz-Cardiel en abril de 1965.

Nota de la BPS sobre Willy Meyer tras su primera detención en la Dirección General de Seguridad en enero de 1972.

Orden de ingreso en prisión de Jesús Rodríguez en enero de 1974.

Dibujo hecho por Roser Rius en la prisión de Yeserías en el otoño de 1974.

Página del Boletín Oficial del Estado que recoge la condecoración otorgada por Rodolfo Martín Villa a Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño) el 13 de junio de 1977.

Esquelas publicadas en el diario Abc el 22 de enero de 1978 con motivo del fallecimiento del comisario Yagüe, ex jefe de la BPS.

Siglas

AI

Amnistía Internacional.

ARMH

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

BPS

Brigada Político-Social.

CCOO

Comisiones Obreras.

CEAQUA

Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo.

CNT

Confederación Nacional del Trabajo.

DGS

Dirección General de Seguridad.

FLP

Frente de Liberación Popular.

FRAP

Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.

LCR

Liga Comunista Revolucionaria.

PCE

Partido Comunista de España.

PSUC

Partit Socialista Unificat de Catalunya.

TOP

Tribunal de Orden Público.

UCD

Unión de Centro Democrático.

UGT

Unión General de Trabajadores.

UJCE

Unión de Juventudes Comunistas de España.

UPF

Unión Progresista de Fiscales.

Relación de testimonios

Blanco, Manuel (San Sebastián, 1945): militante del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y del Frente Antifascista y Patriota.

Díaz-Cardiel, Víctor (Fuensalida, Toledo, 1935): militante del Partido Comunista de España.

Echegoyen, Felisa (Madrid, 1948): militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

Galante, José María (Madrid, 1948): militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

Hidalgo, Julia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1950): militante del Partido Comunista de España.

Lobatón, Paco (Jerez, 1951): militante de la Liga Comunista Revolucionaria

Meyer, Willy (Madrid, 1952): militante del Partido Comunista de España.

Rius, Roser (Barcelona, 1947): militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

Rodríguez, Alfredo (Madrid, 1957): militante de la Unión de Juventudes Comunistas de España.

Rodríguez, Jesús (Madrid, 1954): militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

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Diarios citados: Abc, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, Córdoba.

Publicaciones periódicas no diarias citadas: Triunfo, Cambio 16, La Marea, Pasajes de Pensamiento Contemporáneo, Ayer, Tribuna americana, Frontera Cero, El País Semanal, Interviú.

Prensa digital citada: publico.es, eldiario.es.

Table of Contents

Portadilla

Legal

Dedicatoria

Presentación

I. Proceso a una dictadura criminal

II. El infierno de Sol

III. Hacia el fin de la impunidad

Epílogo. La memoria como fuerza de la historia

Apéndice 1. Documento inédito. «La Policía denuncia»

Apéndice 2. Documentos reproducidos

Siglas

Relación de testimonios

Bibliografía