Una crítica demoledora, sobre la actividad de la multinacional norteamericana Monsanto, la más importante empresa en la producción de alimentos, hormonas de crecimiento animal, transgénicos etc.

Monsanto, la multinacional de Saint Louis, es una de las empresas responsables del desastre alimenticio mundial. Productores de dioxinas, hormonas de crecimiento animal y transgénicos varios y controladores, a su vez, de una parte importante de la producción mundial de alimentos, es la típica empresa que vende el bien y la salud cuando en realidad están “contaminando” el planeta con sus productos y estrategias.

Esta obra, documentada y polémica, de una de las periodistas de investigación más prestigiosas del panorama internacional, ofrece, por vez primera, un compendio de las estrategias del terror y las técnicas científicas que llevan a cabo desde la asepsia de Saint Louis.

Marie-Monique Robin

El mundo según Monsanto

De la dioxina a los OGM: una multinacional que les desea lo mejor

ePub r1.1

Titivillus 18-08-2018

Título original: Le Monde selon Monsanto

Marie-Monique Robin, 2008

Traducción: Beatriz Morales Bastos

Imagen de portada: Sr. García

Diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

A mis padres agricultores,

Joël y Jeannette,

que me dieron el gusto

por las cosas bellas de la tierra

y, por lo tanto, por la vida…

Índice

Agradecimientos

Introducción. El caso Monsanto

I. Uno de los grandes contaminadores de la historia industrial

1. PCB: El crimen de guante blanco

2. DIOXINA: Un contaminador que trabaja con el pentágono

3. DIOXINA: Manipulaciones y corrupción

4. ROUNDUP: Una vasta operación de intoxicación

5. El caso de la hormona de crecimiento bovino (1): la food and drug administration bajo influencia

6. El caso de la hormona de crecimiento bovino (2): el arte de hacer callar las voces discordantes

II. OGM: la gran maquinación

7. La invención de los OGM

8. Los científicos manipulados

9. 1995-1999: Monsanto teje su telaraña

10. La ley de hierro de la patente del ser vivo

11. Trigo transgénico: la batalla perdida

III. Los OGM de Monsanto al asalto del Sur

12. México: apropiarse de la biodiversidad

13. En Argentina, la soja del hambre

14. Paraguay, Brasil, Argentina: la «república unida de la soja»

15. India: las semillas del suicidio

16. Cómo controlan las multinacionales

Conclusión. Un coloso con pies de barro

AGRADECIMIENTOS

Quiero dar las gracias a todos aquellos y a todas aquellas que me han ayudado a escribir este libro y en particular a Bernard Vaillot y Agnès Ravoyard (Galaxie), que me permitieron realizar los tres primeros documentales que desencadenaron la investigación sobre Monsanto (Los piratas del ser vivo; Trigo: ¿crónica de una muerte anunciada?; Argentina: la soja del hambre), difundidos en el canal de televisión Arte gracias a Annie-Claude Elkaim, Sylvie Jézéquel y Marco Nassivera; a Christilla Huillard-Kann, que me permitió hacer el documental El mundo según Monsanto con Image et Compagnie; a Pierre Merle, Pierrette Ominetti y Thierry Garrel d’Arte, sin los cuales este documental nunca habría visto la luz y que siempre han sabido manifestarme su benévolo apoyo; a Françoise Boulègue, que montó los cuatro documentales con paciencia y convicción; a William Bourdon, por sus sagaces consejos; a François Gèze de la editorial La Découverte; a David Charrasse y a nuestras tres hijas, Fanny, Coline y Solène, que siempre me han alentado, incluso en los momentos más difíciles de esta investigación.

Igualmente doy las gracias a los muchos testigos que aceptando responder a mis preguntas o que abriéndome sus archivos han contribuido de manera decisiva a aclarar la historia de Monsanto.

INTRODUCCIÓN

EL CASO MONSANTO

«Debería usted investigar a Monsanto. Necesitamos saber qué es realmente esta multinacional estadounidense que se está apropiando de las semillas y, por lo tanto, de la comida del mundo…». Esta escena transcurre en el aeropuerto de Nueva Delhi en diciembre de 2004. Mi interlocutor, Yudhvir Singh, es el portavoz del Bharatiya Kisan Union, un sindicato campesino del norte de India que tiene unos 20 millones de afiliados. Acabo de pasar dos semanas recorriendo con él Punjab y Haryana, los dos Estados símbolo de la «revolución verde» en los que se produce la casi totalidad del trigo indio.

UNA INVESTIGACIÓN NECESARIA

En aquel momento estoy haciendo dos documentales para la cadena franco-alemana de televisión Arte en el marco de un programa Thema dedicado a la biodiversidad y titulado «Saquear la naturaleza».[1][a] En el primero de los documentales, Los piratas de la vida,[2] cuento cómo la llegada de las técnicas de manipulación genética han provocado una verdadera carrera de genes en la que los gigantes de la biotecnología no dudan en apropiarse de los recursos naturales de los países en vías de desarrollo por medio de un uso abusivo del sistema de patentes. Así es como un agricultor de Colorado, que se presenta como un «electrón libre», obtuvo una patente del «frijol amarillo» que se cultiva en México desde la noche de los tiempos: pretendiendo ser su «inventor» estadounidense, reclama royalties a todos los agricultores mexicanos que quieran exportar sus cosechas a Estados Unidos. También es así como una empresa estadounidense llamada Monsanto obtuvo una patente europea de una variedad india de trigo utilizada para elaborar el célebre pan chapati (pan indio sin levadura)…

En el segundo documental, titulado Trigo: ¿crónica de una muerte anunciada?, reconstruyo la historia de la biodiversidad y de las amenazas que pesan sobre ella a través de la gran saga del cereal dorado, desde su domesticación por parte del hombre hace 10.000 años hasta la llegada de los organismos modificados genéticamente (OGM), cuyo líder mundial es… Monsanto. Al mismo tiempo estoy haciendo un tercer documental para Arte Reportage titulado Argentina: la soja del hambre que establece un balance (desastroso) de los cultivos transgénicos en el país de las vacas y la leche. Resulta que los OGM en cuestión, que cubren la mitad de la superficie cultivada del país, son de una soja llamada «Roundup Ready» porque ha sido manipulada por… Monsanto para resistir al Roundup, el herbicida más vendido del mundo desde los años setenta y fabricado por… Monsanto.[3]

Para hacer estos tres documentales —que presentan tres facetas complementarias de una misma problemática, es decir, las consecuencias que tienen las biotecnologías para la agricultura mundial y, más allá, para la producción de la alimentación humana— recorrí el mundo durante un año: Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Israel, la India… Y en todas partes rondaba el espectro de la empresa Monsanto, que se percibía como el Gran Hermano del nuevo orden agrícola mundial y suscitaba una enorme inquietud…

Ésta es la razón por la que la recomendación de Yudhvir Singh en el momento en que yo me iba a marchar de India venía a consagrar definitivamente un sentimiento difuso de que, efectivamente, tenía que interesarme más de cerca por la historia de esta multinacional estadounidense creada en 1901 en Saint Louis, en el Estado de Missouri, a la que hoy pertenecen el 90% de los OGM cultivados en el mundo y que en 2005 se convirtió en la primera empresa productora de semillas del planeta.

Nada más volver de Nueva Delhi (apenas había regresado…) me precipité sobre mi ordenador y tecleé «Monsanto» en mi buscador favorito. Descubrí más de siete millones de referencias que dibujaban el retrato de una empresa que, lejos de provocar unanimidad, es considerada una de las más controvertidas de la era industrial. De hecho, si a la palabra «Monsanto» se añadía la palabra «contaminación» —que se escribe igual en inglés y francés, pollution— se obtenían 343.000 resultados… Con «criminal» —palabra a la vez inglesa y española— había 165.000. Con «corrupción», 129.000; y si se tecleaba «Monsanto falsified scientific data» (Monsanto manipuló datos científicos), se obtenían 115.000 respuestas.

Como buena internauta, a partir de ahí me sumergí en la red durante semanas navegando de una página a otra, consultando multitud de documentos desclasificados, de informes o de artículos de prensa que me permitieron reunir pacientemente todas las piezas de un puzzle extremadamente polémico que la empresa prefiere ocultar en su página web. En efecto, cuando se entra en la página de inicio de Monsanto.com, se descubre que ésta se presenta como una «empresa agrícola», (an agricultural company), cuyo objetivo es «ayudar a los campesinos del mundo a producir alimentos más sanos, […] al tiempo que se reduce el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente». Pero lo que no dice es que antes de interesarse por la agricultura, fue primero una de las mayores empresas químicas del siglo XX, especialista, principalmente, en plásticos, poliestirenos y otras fibras sintéticas.

En su apartado «¿Quiénes somos?/Historia de la sociedad» no se encuentra una sola palabra sobre todos los productos extremadamente tóxicos que, sin embargo, durante décadas han creado su fortuna: los PCB (policlorobifenilos), aceites químicos utilizados durante más de cincuenta años como aislantes en los transformadores eléctricos y vendidos bajo las marcas de Aroclor en Estados Unidos, de Pyralène en Francia o de Clophen en Alemania, cuya nocividad ocultó Monsanto hasta su prohibición a principios de los ochenta; el 2-4-5-T, un potente herbicida que contiene dioxina, la cual constituía la base del agente naranja, el defoliante utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, cuya toxicidad negó hábilmente Monsanto presentando estudios científicos trucados; el 2-4-D (el otro componente del agente naranja); el DDT, hoy prohibido; el aspartamo, cuya inocuidad está lejos de haber sido probada; las hormonas de crecimiento bovino (prohibidas en Europa debido a los riesgos que suponen para la salud de seres animales y humanos).

Tantos productos extremadamente controvertidos que, simplemente, han desaparecido de la historia oficial de la empresa de Saint Louis (a excepción de la hormona del crecimiento lácteo, sobre la que volveré por extenso en este libro). Cuando se examinan con atención sus documentos internos se descubre, sin embargo, que este sulfuroso pasado sigue pesando sobre su actividad y le obliga a destinar sumas considerables a afrontar los procesos judiciales que regularmente ennegrecen sus resultados.

CIEN MILLONES DE HECTÁREAS DE OGM

En todo caso, estos descubrimientos me llevaron a proponer a Arte otro documental titulado El mundo según Monsanto, cuyas investigaciones constituyen la base de este libro. La idea era contar la historia de la multinacional y tratar de comprender en qué medida su pasado podía esclarecer sus prácticas actuales y lo que hoy pretende ser. En efecto, con 17.500 empleados, un volumen de negocios de 7.500 millones de dólares en 2007 (de los cuales mil millones son de beneficios) y una implantación en cuarenta y seis países, la empresa de Saint Louis afirma haberse convertido a las virtudes del desarrollo sostenible, el cual pretende promover gracias a la comercialización de semillas transgénicas supuestamente causantes de que reculen los límites de los ecosistemas para bien de la humanidad.

Desde 1997, con una gran profusión de publicidad y un eslogan eficaz —«Food, Health and Hope», comida, salud y esperanza— logra imponer en vastos territorios sus OGM, principalmente de soja, maíz, algodón y colza. En 2007 los cultivos transgénicos (el 90% de los cuales, lo recuerdo, presentan unas características genéticas cuya patente posee Monsanto) cubrían cien millones de hectáreas: más de la mitad se sitúan en Estados Unidos (54,6 millones), seguido de Argentina (18 millones), Brasil (11,5 millones), Canadá (6,1 millones), la India (3,8 millones), China (3,5 millones), Paraguay (2 millones) y Sudáfrica (1,4 millones). A excepción destacada de España y Rumanía, Europa se ha librado de esta «escalada de las superficies OGM».[4] Hay que indicar que un 70% de los OGM cultivados en el mundo eran entonces resistentes al Roundup, el herbicida estrella de Monsanto y que la empresa siempre ha pretendido que era «biodegradable y bueno para el medio ambiente» (lo que, como veremos, le costó dos condenas por publicidad fraudulenta) y un 30% fueron manipulados para fabricar una toxina insecticida llamada «Bt».

Por supuesto, desde que empecé esta compleja investigación contacté con los directivos de la multinacional para solicitarles una serie de entrevistas. La sede de Saint Louis me remitió a Yann Fichet, agrónomo y director de cuestiones institucionales e industriales de la filial francesa, instalada en Lyon. El 20 de junio de 2006 me citó en París en un hotel cercano al Palacio de Luxemburgo (sede del Senado francés), donde me confesó que pasaba «mucho tiempo». Me escuchó durante un buen rato y se comprometió a transmitir mi petición a la sede de Missouri. Esperé tres meses, al tiempo que insistía a mi interlocutor de Lyon, que acabó por decirme que mi petición había sido rechazada. Cuando estaba rodando en Saint Louis llamé a Christopher Horner, responsable de las relaciones públicas de la empresa, que en una conversación telefónica mantenida el 9 de octubre de 2006 me confirmó que mi petición había sido rechazada: «Apreciamos su insistencia en solicitar una entrevista, pero hemos mantenido varias conversaciones internas y no hemos cambiado nuestra postura. No tenemos ninguna razón para participar en su documental…».

—¿Es que tienen miedo de las preguntas que yo podría hacerles?

—No, no… No se trata de saber si tenemos o no las respuestas a sus preguntas, sino de la legitimidad que aportaríamos al producto final, que sospechamos que no será positivo para nosotros…

Ante este rechazo no renuncié, sin embargo, a dar la palabra a la empresa procurándome todos los archivos escritos o audiovisuales disponibles en los que se expresan sus representantes, pero también, y sobre todo, sirviéndome ampliamente de los documentos que la empresa ha colgado en internet y en los que justifica los beneficios que se supone que los OGM aportan al mundo: «Los campesinos que han plantado cultivos surgidos de las biotecnologías claramente han utilizado menos pesticidas y obtenido beneficios económicos significativos en comparación con la agricultura tradicional», se leía, por ejemplo, en 2005 en The Pledge (la promesa), una especie de carta ética que la multinacional publica regularmente desde 2000 y en la que presenta sus compromisos y resultados.[5]

Hija de agricultores, muy sensible a las dificultades por las que atraviesa el mundo agrícola desde que nací en 1960 en una granja de Poitou-Charentes, imagino perfectamente el impacto que puede tener semejante discurso en unos campesinos que tanto en Europa como en otros lugares luchan cada día para sobrevivir. Además, si he escrito este libro es en primer lugar por ellos, los trabajadores de la tierra que en el momento en que la globalización empobrece los campos tanto del sur como del norte ya no saben a qué santo encomendarse. ¿Salvaría sus vidas el genio de Saint Louis? Quise conocer la verdad porque lo que está en juego nos concierne a todos, ya que se trata de saber quién producirá mañana el alimento de los seres humanos.

«La compañía Monsanto ayuda a los pequeños campesinos en todo el mundo a ser más productivos y autosuficientes», dice también The Pledge.[6] O también: «La buena noticia es que la experiencia práctica demuestra claramente que la coexistencia entre los cultivos transgénicos, convencionales y biológicos no sólo es posible, sino que se desarrolla apaciblemente en todo el mundo».[7] Y, por último, esta frase que atrajo particularmente mi atención porque toca una de las cuestiones principales que plantean los OGM, a saber, la de su eventual peligro para la salud humana: «En todas partes del mundo los consumidores son la prueba viva de la inocuidad de los cultivos surgidos de las biotecnologías. Durante la temporada 2003-2004 compraron el equivalente a 28.000 millones de dólares en productos transgénicos producidos por agricultores de Estados Unidos».[8] Tratando de verificar esta hermosa afirmación, yo pensaba en todos los consumidores que se alimentan del trabajo de los agricultores y que al elegir determinados productos pueden tener un peso en la evolución de las prácticas agrícolas y, más lejos, del mundo. Siempre y cuando estén informados. Por lo tanto, este libro también lo he escrito por ellos.

Todas estas citas del The Pledge de Monsanto están en el centro de la polémica que opone a los defensores de las biotecnologías y a quienes las rechazan. Para los primeros, la empresa de Saint Louis efectivamente ha pasado página de su pasado como químico irresponsable para proponer unos productos capaces de resolver los problemas del hambre en el mundo y de la contaminación medioambiental siguiendo unos «valores» que guiarían su actividad: «Integridad, transparencia, diálogo, reparto y respeto», tal como lo proclama su The Pledge de 2005.[9] Para los segundos, lo único que hacen todas estas promesas es enmascarar un vasto proyecto hegemónico que amenaza tanto la seguridad alimentaria del mundo como el equilibrio ecológico del planeta y que se inscribe en la línea de la sulfurosa historia de Monsanto, de la que incluso constituiría su apogeo.

Por consiguiente, quise saberlo a ciencia cierta. Y para ello adopté un doble enfoque. En primer lugar, trabajé noche y día en internet porque, de hecho, la gran mayoría de los documentos que cito en este libro están disponibles en la red. Basta con buscarlos y relacionarlos, cosa que invito a hacer al lector, ya que es verdaderamente fascinante: todo está ahí y nadie puede decir de manera razonable que no sabía y, todavía menos, pueden decirlo quienes se ocupan de escribir las leyes que nos gobiernan. Pero, por supuesto, esto no es suficiente. Y por eso retomé mi bastón de peregrina. Fui a Estados Unidos, Canadá, México, Paraguay, la India, Vietnam, Francia, Noruega, Italia y Gran Bretaña. En todas partes contrasté la palabra de Monsanto con la realidad sobre el terreno al encontrarme con decenas de testigos a los que previamente había identificado en la red.

En efecto, son muchos quienes en los cuatro extremos del mundo han dado la voz de alarma denunciando una manipulación aquí, una mentira allá, o incluso incontables dramas humanos, a menudo a costa de graves dificultades personales o profesionales. Porque —el lector lo irá descubriendo al hilo de esta páginas— no es fácil oponer la verdad de los hechos a la de Monsanto, cuyo objetivo es, efectivamente, «apropiarse de las semillas y, por lo tanto, de la comida del mundo», como me decía Yudhvir Singh en 2004. Un objetivo que la empresa parecía estar a punto de alcanzar efectivamente en 2008. A menos que los campesinos y consumidores europeos decidan otra cosa arrastrando en su surco al resto del mundo…

I

UNO DE LOS GRANDES CONTAMINADORES DE LA HISTORIA INDUSTRIAL

1

PCB: EL CRIMEN DE GUANTE BLANCO

«No podemos permitirnos perder un solo dólar de negocio».

«Pollution letter», documento desclasificado de Monsanto,

16 de febrero de 1970.

Anniston (Alabama), 12 de octubre de 2006. Con una mano temblorosa David Baker introduce la cinta en el vídeo: «Es un recuerdo inolvidable», murmura desde lo alto de su metro ochenta de estatura enjugándose furtivamente una lágrima. «El día más grande de mi vida, aquel en que la gente de mi comunidad decidió reconquistar su dignidad haciendo que se doblegara una de las mayores multinacionales del mundo que siempre les había despreciado…». Sobre la pantalla de la televisión desfilan imágenes rodadas el 14 de agosto de 2001 en Anniston, en el Estado de Alabama. Luz dorada de fin de jornada. Visiblemente desbordado, el cámara aficionado ya no sabe a dónde dirigir su objetivo: por todas partes afluyen racimos de afroamericanos que con paso decidido y silencioso llegan al inmenso complejo cultural de la calle 22. «Eran 5.000», informará al día siguiente el Anniston Star. «Fue la mayor concentración de la historia de la ciudad».

DAVID CONTRA GOLIAT

—¿Por qué viene usted? —pregunta el aprendiz de periodista.

—Porque mi marido y mis hijos murieron de cáncer —explica una mujer de unos cincuenta años.

—¿Y usted?

—Por mi hija —responde un hombre señalando a una niña que lleva a hombros—. Tiene un tumor en el cerebro. Habíamos perdido la esperanza de hacer pagar a Monsanto por todo el mal que nos ha hecho su fábrica, pero si Johnnie Cochran se ocupa de nosotros, entonces es diferente…

«Johnnie Cochran»: el nombre está en boca de todos. En 1995 esta figura del Colegio de Abogados de Los Ángeles había tenido a Estados Unidos en vilo defendiendo a Orenthal James Simpson, la ex estrella del fútbol americano reconvertida al cine y acusada de haber asesinado a su ex mujer y al amante de ésta una noche de 1994. Tras un largo proceso extremadamente mediatizado, O. J. Simpson fue absuelto gracias al talento del abogado, bisnieto de un esclavo negro, que había luchado denodadamente para presentar a su cliente como la víctima de una manipulación policial y racista. Desde entonces y hasta su muerte en marzo de 2005 Johnnie Cochran fue un héroe de la comunidad negra estadounidense: «Un dios», me dijo David Baker, «por eso yo sabía que casi había ganado la partida convenciéndole de que se desplazara hasta Anniston, de la que ignoraba incluso que existiera…».

«¡Johnniiiiiiiie!», gritó la multitud cuando el abogado subió a la tribuna, muy elegante con su traje impecable. Y Johnnie habló en medio de un silencio religioso. Supo encontrar las palabras que hicieron eco en esta pequeña ciudad del sur de Estados Unidos que durante mucho tiempo se desgarró debido a la lucha por sus derechos civiles. Evocó el papel histórico de Rosa Parks, una hija de Alabama, en la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos.[a] Citó el Evangelio según San Mateo: «Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis…». Después recordó la historia de David y Goliat en homenaje a David Baker, el hombre gracias al cual se había podido producir el improbable encuentro. «Miro a este público y veo que está lleno de Davides», se entusiasmó. «No sé si ustedes son conscientes del poder que tienen… ¡Cada ciudadano tiene derecho a vivir libre de contaminación, libre de PCB, de mercurio o de plomo, es un principio de la Constitución! ¡Van a alzarse contra la injusticia que Monsanto ha cometido contra ustedes porque la injusticia cometida aquí constituye una amenaza contra la justicia en todas partes! ¡Éste es un favor que ustedes hacen al país que ya no debe ser gobernado por los intereses privados de los gigantes de la industria!».

«¡Amén, aleluya!», exclamó la multitud exultante aplaudiendo a rabiar. Durante los días siguientes 18.233 habitantes de Anniston, de los cuales 450 niños sufrían una parálisis cerebral, desfilaron por el pequeño despacho del colectivo «Community against Pollution», creado en 1997 por David Baker para poner una denuncia contra la empresa química. Se añadían a otros 3.516 demandantes, incluido David Baker, que ya se habían unido en una class action (acción colectiva ante los tribunales) presentada cuatro años antes. Después de medio siglo de sufrimientos mudos la casi totalidad de la población negra de la ciudad desafiaba a uno de los mayores contaminadores del planeta y pronto le iba a obligar a pagar las mayores cantidades por daños y perjuicios jamás desembolsadas por una compañía industrial en la historia de Estados Unidos: ¡700 millones de dólares!

«Fue un combate duro», comenta David Baker todavía agitado por la emoción. «Pero ¿cómo imaginar que una empresa tenga un comportamiento tan criminal? ¿Comprende usted? Mi hermano pequeño Terry murió a los diecisiete años de un tumor cerebral y de un cáncer de pulmón…[1] ¡Murió porque comía las verduras de nuestro huerto y el pescado que pescaba en un río muy contaminado! Monsanto ha convertido Anniston en una ciudad fantasma».

EN LOS ORÍGENES DE MONSANTO

Sin embargo, Anniston había conocido su momento de gloria. Apodada durante mucho tiempo la «ciudad modelo» o la «capital mundial de los sumideros» por la calidad de sus infraestructuras municipales, la pequeña aldea sudista, rica en hierro, fue considerada durante años una ciudad estrella de la revolución industrial. Creada oficialmente en 1879 en homenaje a la mujer del propietario de una próspera fundición, «Annie’s Town» es celebrada como la «ciudad magnífica de Alabama» en la Constitución de Atlanta de 1882. Dirigida por una minoría de industriales blancos que saben reinvertir localmente su dinero y favorecer así la paz social, la ciudad atrae a los empresarios en perjuicio de Birmingham, la capital del Estado que, sin embargo, está muy cerca. Así es como en 1917 la Southern Manganese Corporation decide abrir ahí una fábrica de obuses para la artillería. En 1925 la empresa es rebautizada como Swann Chemical Company y cuatro años más tarde se lanza a la producción de los PCB, unánimemente recibidos como «milagros químicos» que pronto harán la fortuna de Monsanto y la desgracia de Anniston.

Los PCB, o policlorobifenilos, son unos derivados químicos clorados que encarnan la gran aventura industrial de finales del siglo XIX. Perfeccionando las técnicas de refinamiento del petróleo bruto para extraer de él la gasolina necesaria para la naciente industria del automóvil, unos químicos identificaron las cualidades del benceno, un hidrocarburo que será ampliamente utilizado como disolvente para la síntesis química de medicamentos, de plásticos o de colorantes. En los laboratorios de la química conquistadora los aprendices de brujo se esfuerzan por mezclarlo con cloro y obtienen un nuevo producto que presenta una estabilidad térmica y una resistencia al fuego considerables. Han nacido los PCB y durante cincuenta años colonizarán el planeta: servirán de líquidos refrigerantes en los transformadores eléctricos y aparatos hidráulicos industriales, pero también de lubrificantes en aplicaciones tan diversas como los plásticos, las pinturas, la tinta o el papel.

En 1935 la Swann Chemical Company es comprada por una empresa en auge instalada en Saint Louis, en el Estado de Missouri: Monsanto Chemicals Company. Creada en 1901 por John Francis Queen, un químico autodidacta que, él también, quiso rendir homenaje a su mujer, Olga Méndez Monsanto, la pequeña empresa, montada gracias a un préstamo personal de 5.000 dólares, empieza fabricando sacarina, el primer edulcorante de síntesis que entonces vende exclusivamente a otra empresa en auge de Georgia: Coca-Cola. Pronto le suministra también vainilla y cafeína antes de lanzarse a la producción de aspirina, de la que seguirá siendo el principal suministrador en Estados Unidos hasta 1980. En 1918 Monsanto efectúa su primera adquisición comprando una sociedad de Illinois que fabrica ácido sulfúrico.

Este giro hacia los productos industriales de base lleva a la compra de varias empresas químicas en Estados Unidos y también en Australia después de su entrada en la Bolsa de Nueva York en 1929, un mes antes del gran crack de Wall Street, al que sobrevive la empresa de Saint Louis rebautizada como «Monsanto Chemical Company». En los años cuarenta se convierte en uno de los grandes fabricantes mundiales de caucho, y después de plásticos y de fibras sintéticas, como el poliestireno, pero también de fosfatos, al tiempo que refuerza su monopolio del mercado internacional de los PCB, garantizado por una patente que le permite vender licencias por todo el mundo: tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, donde la empresa posee una fábrica (en el País de Gales), los PCB son comercializados bajo el nombre de Aroclor, mientras que en Francia se les conoce con el nombre de «Pyralène», piraleno, en Alemania con el de «Clophen» o con el de «Kanechlor» en Japón.

«Así es como Anniston se ha convertido en la ciudad más contaminada de Estados Unidos», me explica David Baker, mientras me invita a dar una vuelta por el lugar con su coche. Primero el centro, con la avenida Nobles, que en los años sesenta era el orgullo de los habitantes, con sus muchos comercios y sus dos cines, hoy cerrados. Y después, la prolongación, el «eastern side», la parte oriental, llena de casas coquetas en las que vive tradicionalmente la minoría blanca. Por último, al otro lado de las vías del tren, el «western side», la parte occidental, en la que están confinados los pobres de la ciudad, negros mayoritariamente, en plena zona industrial. Ahí es donde nació David Baker hace cincuenta y cinco años.

Entramos en lo que con toda justicia él había llamado «una ciudad fantasma». «Todas estas casas están abandonadas», comenta mientras me muestra a ambos lados de la calle unas casuchas de madera deterioradas o completamente en ruinas. «La gente acabó marchándose porque los huertos y el agua están muy contaminados». De pronto, a la vuelta de una ruinosa callejuela, una carretera grande con un letrero: «Monsanto Road». Bordea la fábrica donde la sociedad fabricó los PCB hasta 1971. Una alambrada rodea el lugar que hoy pertenece a Solutia (Applied Chemistry Creative Solutions): una empresa «independiente», con sede también en Saint Louis, a la que Monsanto cedió en 1997 su división química por medio de un truco de prestidigitador cuyo secreto posee la firma y que se supone que fundamentalmente la protegía de la tormenta que pronto iban a desencadenar sus irresponsables maniobras en Anniston.

«Nosotros no nos dejamos engañar», masculla David Baker, «para nosotros Solutia o Monsanto es lo mismo… ¡Mire! Éste es el canal de Snow Creek, al que la sociedad ha estado arrojando sus residuos durante más de cuarenta años. Salía de la fábrica y atravesaba la ciudad antes de verter sus aguas en los ríos locales. Era un agua envenenada. Monsanto lo sabía, pero nunca dijo nada…».

Según un informe desclasificado, elaborado secretamente en marzo de 2005 por la Environmental Protection Agency (EPA, la agencia estadounidense de protección del medio ambiente a la que con frecuencia tendré ocasión de nombrar en este libro), entre 1929 y 1971 se fabricaron en Anniston 308.000 toneladas de PCB.[2] De este total, 27 toneladas se emitieron a la atmósfera, especialmente durante el traslado de los PCB ardiendo en diversos depósitos, 810 toneladas se vertieron a canalizaciones como Snow Creek (después de las operaciones de limpieza de las instalaciones) y 32.000 toneladas de residuos contaminados se depositaron en un vertedero a cielo abierto situado en el propio emplazamiento, lo que equivale a decir en el centro de la comunidad negra de la ciudad.

500.000 PÁGINAS DE DOCUMENTOS SECRETOS

Cuando emprendemos el paseo a pie por el lugar, nos cruzamos con un coche fúnebre que toca el claxon y se detiene a nuestro lado. «Es el reverendo William», me explica David. Dirige la funeraria de Anniston. Sustituyó a su tío, muerto recientemente de un cáncer muy raro, característico de la contaminación del PCB.

—Por desgracia, no es el único —interviene el reverendo William—; este año he enterrado al menos a un centenar de personas que han muerto de cáncer, muchos jóvenes entre veinte y cuarenta años…

—Gracias a su tío fue como descubrí el drama que nos afectaba a todos —prosigue David Baker—. Durante décadas hemos aceptado la muerte de nuestras personas cercanas como una fatalidad inexplicable…

Cuando Terry, su hermano pequeño de diecisiete años, se desploma muerto a la puerta de la casa familiar, David Baker vive en Nueva York, donde tiene un trabajo fijo en la Federación Estadounidense de Empleados Municipales y Territoriales. Después de veinticinco años de buenos y leales servicios, en 1995 decide «volver a su tierra», donde su experiencia de dirigente sindical pronto le servirá de preciosa ayuda. El azar quiere que sea contratado por… Monsanto, que en aquel momento recluta a «técnicos de medio ambiente», encargados de descontaminar el emplazamiento de la fábrica. «Era a mediados de los noventa», cuenta, «todavía no estábamos informados de los peligros de la contaminación, pero la empresa empezaba a hacer limpieza discretamente. Fue entonces cuando oí hablar por primera vez de los PCB y empecé a sospechar que había gato encerrado…».

En ese momento Donald Stewart, un efímero senador estadounidense que ejerce como abogado en Anniston, es contactado por un habitante negro del western side, que le pide que acuda a la iglesia baptista de Mars Hill, situada justo enfrente de la fábrica de PCB. Rodeado de sus fieles, el pastor le informa de que Monsanto ha propuesto a la comunidad comprarle el lugar de culto, así como muchas casas del barrio. El abogado también comprende que hay gato encerrado y acepta representar los intereses de la pequeña iglesia. «De hecho», comenta David Baker, «la empresa estaba haciendo el vacío a su alrededor para evitar tener que indemnizar a los propietarios, ya que se daba cuenta de que la contaminación saldría a la luz tarde o temprano».

En todo caso, las lenguas empiezan a desatarse en Anniston. El ex sindicalista de Nueva York organiza una primera reunión en los locales de la funeraria de Tombstone William, el tío del reverendo con el que nos encontramos, en la que participan cincuenta personas. Hasta bien entrada la noche se evoca por fin a los muertos y enfermos que abaten a las familias, incluidos los niños, los continuos abortos naturales y las dificultades escolares de los más pequeños, a las que todavía no se sabe dar un nombre médico. De este encuentro nace la idea de crear un colectivo bautizado «Community against pollution», comunidad contra de la contaminación, presidido por David Baker.

Mientras tanto ha evolucionado el asunto de la iglesia de Mars Hill: Monsanto ha propuesto un acuerdo amistoso poniendo sobre la mesa un millón de dólares. Durante una reunión con la pequeña comunidad baptista, el abogado Donald Stewart descubre que la empresa se ha puesto en contacto con muchos de sus miembros y les ha propuesto comprarles sus casas a cambio del compromiso de no llevarla nunca a los tribunales. El abogado comprende que el gato encerrado es muy gordo. Y sugiere emprender una acción judicial colectiva. El comité de David Baker se ocupa de reunir a los demandantes, cuya cantidad máxima ha sido fijada por Donald Stewart en unos 3.500.

Éste ha intuido el caso de su vida, pero también sabe que puede ser largo y costoso. Para hacer frente a los gastos de la justicia decide contactar con el bufete neoyorquino Kasowitz y Benson, célebre por su acción contra la industria del tabaco. La aventura común durará más de siete años y supondrá una inversión de quince millones de dólares, con unos gastos en abogados que alguna vez llegarán a ascender a 500.000 dólares al mes. La primera etapa consiste en organizar los análisis de sangre y de los tejidos grasos de los 3.500 demandantes para medir su tasa de PCB. Ahora bien, estos análisis, que sólo los pueden llevar a cabo laboratorios especializados, cuestan unos mil dólares cada uno…

Mientras se organiza la querella, bautizada «Abernathy vs. Monsanto», Donald Stewart mueve cielo y tierra para echar mano a documentos de la empresa de Saint Louis que prueben que estaba al corriente de la toxicidad de los PCB. Sabe que la batalla será difícil de ganar sin este cuerpo del delito, porque la compañía siempre podrá defenderse diciendo que no sabía nada. Intuitivamente está convencido de que una multinacional repleta de científicos con un espíritu cuadriculado y disciplinado funciona de un modo muy burocrático, con una jerarquía que controla todo gracias a una cultura del documento muy sofisticada: el menor acontecimiento, piensa, la menor decisión deben dejar indefectiblemente huellas escritas. Se sumerge entonces en las declaraciones de los representantes de Monsanto, que escudriña escrupulosamente. Y encuentra la perla: según un jurista de la sociedad, se habría depositado una «montaña de documentos» en la biblioteca de una consultora de Monsanto en Nueva York. Esto es, 500.000 páginas que, casualmente, han desaparecido de las oficinas de Saint Louis…

Donald Stewart solicita consultar estos documentos, pero le responden que no se puede acceder a ellos ya que están protegidos por lo que en Estados Unidos se llama la «work product doctrine»: instituida en 1947, esta especificidad del derecho civil estadounidense permite a un abogado embargar unos documentos hasta la apertura del proceso judicial para evitar proporcionar municiones a la parte contraria. Stewart acude entonces al juez Joel Laird del tribunal de Calhoun Country, que instruye la querella Abernathy vs. Monsanto: en una decisión capital ordena a Monsanto abrir sus archivos internos.

MONSANTO LO SABÍA Y NO DIJO NADA

Hoy la «montaña de documentos» está disponible en la página web del Environmental Working Group[3], una organización no gubernamental especializada en la protección del medio ambiente y dirigida por Ken Cook, que en julio de 2006 me recibe en su despacho de Washington. Antes de la entrevista, me sumí literalmente durante noches enteras en esta masa de notas de servicio, correos y actas redactados durante décadas por representantes de la empresa de Saint Louis con una meticulosidad y una frialdad verdaderamente kafkianas.

A decir verdad, hay algo que me sigue costando comprender y que no ha dejado de mortificarme durante toda mi investigación: ¿cómo unos seres humanos como yo pueden conscientemente correr el riesgo de envenenar a sus clientes y el medio ambiente sin pararse a pensar ni por un instante que ellos mismos o sus hijos serán, quizá, víctimas de sus negligencias (por emplear un término mesurado)? Ni siquiera estoy hablando de ética o de moral, conceptos abstractos ajenos a la lógica capitalista. Pienso simplemente en el instinto de supervivencia: ¿estarían desprovistos de él los responsables de Monsanto?

«Una empresa como Monsanto es un planeta aparte», me explica Ken Cook, que confiesa haberse planteado las mismas preguntas. «La búsqueda del beneficio a cualquier precio anestesia los espíritus que tienen un único objetivo: hacer dinero». Y exhibe un documento que resume él solo este modo de funcionamiento. Titulado «Pollution Letter», está fechado el 16 de febrero de 1970. Redactado por un tal N. Y. Johnson, que trabaja en la sede de Saint Louis, esta nota interna se dirige a los agentes comerciales de la empresa para explicarles cómo responder a sus clientes, alertados por las primeras informaciones públicas sobre la potencial peligrosidad de los PCB: «Adjunta encontrarán una lista de preguntas y respuestas que pueden plantear nuestros clientes, los cuales recibirán nuestra carta concerniente al Aroclor y los PCB. Pueden responder oralmente, pero no den nunca respuestas por escrito. No podemos permitirnos perder un solo dólar de negocio».

Lo que es absolutamente vertiginoso es que desde 1937 Monsanto sabía que los PCB representaban un grave riesgo para la salud. Pero la sociedad hizo como si no pasara nada hasta la prohibición definitiva de los productos en 1977, fecha del cierre de su fábrica de Krummrich, en Sauget, Illinois (el segundo centro de producción de PCB de Monsanto, situado en la zona este de las afueras de Saint Louis).

En efecto, en 1937 el doctor Emett Kelly, que dirige el servicio médico de Monsanto, es invitado a una reunión en la Universidad de Harvard en la que participan también usuarios de PCB como Halowax y General Electric, así como representantes del Ministerio de Sanidad. En el curso del encuentro, Cecil K. Drinker, un científico de la venerable institución, presenta los resultados de un estudio que ha llevado a cabo a petición de Halowax: un año antes tres obreros de esta empresa habían muerto tras haber estado expuestos a vapores de PCB y varios habían desarrollado una enfermedad de la piel extremadamente desfigurante y entonces desconocida, que más tarde se bautizará como «cloracné». En el próximo capítulo volveré sobre esta grave patología característica de una intoxicación con dioxina que se traduce en una erupción de pústulas por todo el cuerpo y que puede perdurar durante varios años, e incluso no desaparecer nunca.

Agobiados, los directivos de Halowax habían pedido entonces a Cecil Drinker que probara los PCB en ratas. Los resultados, publicados en el Journal of Industrial Hygiene and Toxicology, fueron inapelables: las cobayas habían desarrollado unas lesiones muy graves en el hígado. El 11 de octubre de 1937 una acta interna de Monsanto constata de forma lacónica: «Estudios experimentales llevados a cabo en animales demuestran que una exposición prolongada a los vapores de Aroclor provoca efectos tóxicos en todo el organismo. Un contacto físico repetido con el líquido Aroclor puede llevar a erupciones cutáneas tipo acné».

Diecisiete años más tarde el problema del cloracné es objeto de un informe interno de una frialdad que provoca escalofríos: «Siete obreros que trabajan en una fábrica que utiliza Aroclor han desarrollado el cloracné», informa un ejecutivo de Monsanto que, sin emocionarse, precisa: «Unos análisis que medían la calidad del aire habían detectado cantidades desdeñables de PCB: aparentemente, una exposición débil pero continua no es inofensiva».

El 14 de febrero de 1963 el responsable de fabricación de Hexagon Laboratories, otro cliente de Monsanto, dirige una carta al doctor Kelly en Saint Louis: «Tras nuestra conversación telefónica le confirmo que los dos obreros de nuestra fábrica que habían estado expuestos a vapores de Aroclor 1248 durante la ruptura de un tubo han desarrollado los síntomas de una hepatitis, como usted había predicho, y han tenido que ser hospitalizados. […] Me parece que en el prospecto debería figurar una descripción más rigurosa y clara de los peligros que presenta su producto».

No sólo la compañía de Saint Louis no seguirá la recomendación de su cliente, sino que incluso ejercerá resistencia cuando en 1958 se vote una ley con el objetivo de reforzar las precauciones en el empleo de los productos tóxicos: «Nuestro deseo es respetar la necesaria reglamentación, pero haciendo justo lo mínimo y no dando una información demasiado especializada que podría perjudicar nuestra posición comercial en el dominio de los hidráulicos sintéticos». Eso sí que es hablar claro.

Ante las apremiantes preguntas de sus clientes los responsables de Monsanto a veces se pierden en circunloquios que, si se olvidara lo que está en juego, podrían provocar una sonrisa. Así es como en agosto de 1960 un tal M. Facini, fabricante de compresores en Chicago, se preocupa por las consecuencias medioambientales que podría suponer verter en los ríos residuos que contienen PCB: «Yo diría que si se vierte accidentalmente en un río una pequeña cantidad de estos materiales, probablemente no tendrá efectos graves», le responde un ejecutivo del departamento médico. «En cambio, si se vertiera una gran cantidad, probablemente se originarían daños identificables…». Eso sí que apenas es explícito…

Sin embargo, con el curso de los años el tono va cambiando, sin duda porque el espectro de una acción judicial emprendida por sus propios clientes se cierne cada vez más sobre la empresa de Missouri: en 1965 una nota interna informa de una conversación telefónica con el responsable de una empresa eléctrica que utiliza en sus motores el Aroclor 1242 como refrigerante. Al parecer, el industrial contó que a veces sucedía que chorros de PCB ardiendo inundaban el suelo de su fábrica. «Fui de una franqueza brutal diciéndole que aquello tenía que cesar antes de que matara a alguien debido a daños provocados en el hígado o en los riñones…».

UN «COMPORTAMIENTO CRIMINAL»

Frente a las informaciones alarmantes que van surgiendo sobre el terreno, ocurre que algunas voces (raras) rompen con la inercia ambiental, como la del doctor J. W. Barrett, un científico de Monsanto que trabaja en Londres y que en 1955 sugiere que se lleven a cabo estudios para evaluar de manera rigurosa los efectos tóxicos del Aroclor: «No veo qué ventaja particular podrías obtener tú de hacer más estudios», le responde secamente el doctor Kelly… Dos años después el responsable del departamento médico comenta con la misma seguridad los resultados de una experiencia llevada a cabo por la Marina con el Pydraul 150, un PCB utilizado como fluido hidráulico en los submarinos: «La aplicación cutánea ha provocado la muerte de todos los conejos con los que se ha probado. La Marina ha decidido no volver a utilizar nuestro producto debido a sus efectos tóxicos. No hemos logrado hacerle cambiar de opinión».

Leyendo estos documentos sorprende ver hasta qué punto nada puede hacer cambiar la línea que se ha fijado la empresa. Acumula concienzudamente los datos alarmantes, que se apresura a encerrar en un cajón, con los ojos fijos en las ventas. «Dos millones y medio de libras al año» (esto es, un poco más de mil toneladas), se felicita el autor de un documento de 1952. A veces uno se pone a soñar con un posible cambio de rumbo.

Así, el 2 de noviembre de 1966 llega a Saint Louis el acta de una experiencia llevada a cabo a petición de Monsanto por el profesor Denzel Ferguson, biólogo de la Universidad de Mississippi. Su equipo sumergió veinticinco peces enjaulados en el agua del canal de Snow Creek, donde se vierten los residuos de la fábrica y que, como hemos visto, atraviesa la ciudad de Anniston. «Todos perdieron el equilibrio y murieron en tres minutos y medio escupiendo sangre», constata el científico, que precisa que en ciertos lugares de la canalización el agua está tan contaminada que «mata a todos los peces, incluso diluida trescientas veces». A continuación hay dos recomendaciones: «¡No viertan más residuos sin tratar! ¡Limpien Snow Creek!». Y subraya una conclusión: «Snow Creek es una fuente potencial de futuros problemas legales… Monsanto debe calcular los efectos biológicos de sus vertidos para protegerse de eventuales acusaciones…».

A finales del mismo mes las oficinas de Monsanto Europa en Bruselas reciben una carta de Estocolmo en la que se da cuenta de un encuentro científico dedicado a las investigaciones realizadas por un investigador sueco, Soren Jensen. Publicadas en The New Scientist[4], habían provocada una enorme conmoción en Suecia: analizando el DDT en muestras de sangre humana el doctor Jensen había descubierto fortuitamente una nueva sustancia tóxica, que resultó ser el PCB. Lo irónico de la historia es que el DDT, un potente insecticida descubierto en Suiza en 1939, es también un producto químico clorado muy vendido por Monsanto hasta que se prohibió definitivamente a principios de los años setenta, fundamentalmente debido a sus efectos sobre la salud humana… Resulta que el doctor Jensen descubre que los PCB ya han contaminado enormemente el medio ambiente, aun cuando no se fabriquen en Suecia: ha encontrado cantidades importantes en los salmones pescados cerca de sus costas e incluso… en los cabellos de su propia familia (en sus dos hijos de tres y seis años y, sobre todo, en su mujer y su bebé de cinco meses, que se ha debido de contaminar a través de la leche materna). Llega a la conclusión de que los «PCB se acumulan a lo largo de la cadena alimenticia y especialmente en los órganos y tejidos grasos de los animales y de los mamíferos, y que por lo menos son tan tóxicos como el DDT».

Con todo, la dirección de Monsanto no cambia de actitud: un año después aprueba un crédito suplementario de 2,9 millones de dólares para desarrollar la gama de los productos Aroclor en Anniston y Sauget… «La irresponsabilidad de la empresa es absolutamente alucinante», comenta Ken Cook. «Tiene todos los datos en la mano, pero no hace nada. Por eso digo que su comportamiento es delictivo». De hecho, en la fábrica de Anniston no se toma ninguna medida específica para proteger a los obreros. «No se proporciona a nuestros operarios ropa de protección», indica un documento de 1955. «Se hacía antes de la guerra, pero esta práctica se interrumpió». La única recomendación que se hace claramente es la de «no comer en el taller Aroclor»…

Sin embargo, la compañía va acumulando discretamente datos que veinte años después se volverán contra ella. «Los efectos sobre nuestros obreros de la exposición a los PCB han sido analizados por nuestro departamento médico y un consultor independiente del Instituto Eppley, de la Universidad de Nebraska», explica William Papageorge, apodado el «zar de los PCB», ya que él es quien supervisará su producción durante varias décadas. «En resumen, no se ha demostrado claramente que, efectivamente, nuestros obreros hayan sido afectados por los PCB». Del mismo modo, con observaciones de primera mano los técnicos de Saint Louis confirman que los productos tóxicos permanecen en el medio ambiente durante al menos treinta años. En efecto, en 1939 se había enterrado PCB en unas parcelas de terreno para probar su eficacia como producto antitermitas: «La presencia de Aroclor sigue siendo visible», indica un «funcionario» en 1969.

«Lo peor de todo esto», suspira Ken Cook, «es que Monsanto nunca previno a los habitantes de Anniston de que el agua, los suelos y el aire de la parte occidental de la ciudad estaban muy contaminados. Por lo que se refiere a las autoridades gubernamentales o locales, no sólo cerraron los ojos, sino que encubrieron las artimañas de la empresa. ¡Es verdaderamente escandaloso! Creo que una de las explicaciones de este drama es el racismo de los dirigentes de aquel momento: al fin y al cabo, no eran más que negros…».

COMPLICIDAD Y MANIPULACIÓN

En la primavera de 1970, cuando la administración de Washington acaba de anunciar a bombo y platillo la creación (en julio) de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente para responder a la «creciente demanda del público de tener un agua, un aire y unos suelos limpios», tal como lo explica hoy la página web de la EPA, Monsanto toma la delantera: una nota del 7 de mayo calificada de «confidencial» relata la visita efectuada por unos ejecutivos de la sociedad a Joe Crockett, director técnico de la Alabama Water Improvement Commission (AWIC), el organismo público encargado del suministro de agua en el Estado. El objetivo de la gestión era «informar al representante de la AWIC de la situación» y «hacerle confiar[a] en que Monsanto trata de colaborar con las agencias para definir los efectos de los PCB sobre el medio ambiente». En definitiva, se trataba de una operación de relaciones públicas que, además, tuvo éxito, puesto que Joe Crockett recomendó «no dar a conocer al público estas informaciones». «Podemos contar con la colaboración total de la AWIC en una base de confidencialidad», concluye la nota.

En el mismo momento, la Food and Drug Administration (FDA), la agencia federal que se encarga de la seguridad de los alimentos y de los medicamentos —cuyo papel tendré ocasión de evocar con frecuencia—, estaba haciendo unas pruebas a los peces pescados en la confluencia del Snow Creek y otro río (Choccolocco Creek): concluía que sus tasas de PCB se elevaban de media a 277 ppm[b], cuando el nivel tolerado para su consumo era de… 5 ppm. Curiosamente, la FDA no toma ninguna medida para prohibir la pesca en los ríos ni contra Monsanto, que así tuvo la oportunidad de poner a prueba la «colaboración» de la AWIC: «Actualmente vertemos en Snow Creek unos dieciséis litros de PCB al día (frente a los doscientos cincuenta en 1969)», revela un documento de agosto de 1970 que lleva la mención «Confidencia, destruir tras su lectura». «Joe Crockett intentará solucionar este problema discretamente, sin informar al público». Así es como los habitantes de Anniston siguieron consumiendo los peces de los ríos contaminados hasta… 1993, fecha de la primera prohibición de pescar emitida por la FDA…

Pero el laxismo —algunos lo llamarían cinismo— de Monsanto no se detiene ahí. Como hemos visto, la empresa vertía una parte de sus residuos en un vertedero cercano a la fábrica que en época de lluvia se desbordaba sobre los jardines de los obreros que había a su alrededor. En diciembre de 1970 un vecino del barrio paseaba a uno de sus cerdos por un amplio terreno lindante con el vertedero. Entonces se le acercó un representante de Monsanto, que le propuso comprarle el animal. Tal como lo atestigua un documento interno, se abatió al animal y después se analizó: su grasa contenía 19.000 ppm de PCB…[5] Pero tampoco en este caso se proporcionó información alguna a los vecinos, que durante muchos años siguieron haciendo pacer a sus cerdos en el amplio terreno…

De hecho, todo indica que la sola y única obsesión de la compañía de Saint Louis era continuar con su negocio contra viento y marea. En agosto de 1969, cuando los PCB atraen cada vez más la atención de los medios de comunicación, la dirección decide crear un comité ad hoc encargado de hacer balance de la situación. El comité publica un informe, clasificado de «confidencial», que empieza enumerando sus objetivos: «Proteger las ventas y los beneficios del Aroclor, así como la imagen de la compañía…». Sigue una larga enumeración de todos los casos de contaminación registrados en el país. Así es como se descubre que un investigador de la universidad de California detectó tasas elevadas de PCB en los peces, las aves y los huevos de la región costera;[6] un estudio realizado por la FDA reveló que se había encontrado PCB en leche procedente de rebaños de Maryland y de Georgia; otro llevado a cabo por el laboratorio de la Oficina de Pescas Comerciales de Florida demostró que unas crías de camarón no sobrevivían en un agua que contenía 5 ppm de PCB, etc. Leyendo el informe también se comprende que los PCB estén en todas partes: sirven de lubrificantes en las turbinas, las bombas o los distribuidores de alimentos para vacas, entran en la composición de las pinturas para las paredes de los depósitos de agua, de los silos de cereales, de las piscinas (especialmente en Europa) y en el marcaje de las autopistas o en la formación de los aceites de corte para el tratamiento del metal, las soldaduras, los adhesivos, los papeles autocopiantes sin carbono, etc.

«A medida que vaya aumentando la alerta en relación con la contaminación del medio ambiente, es prácticamente seguro que se acusará a algunos de nuestros clientes o de sus productos. La compañía podría ser considerada delictiva, moralmente si no es legalmente, si no informa a TODOS sus clientes de la posible implicación», indica el comité, que concluye: «Frente a esta situación de urgencia que pone en peligro una línea de productos muy rentable, hay que destinar medios financieros y humanos para protegerse…».

Dicho claramente, lo que propone Monsanto no es entonar el mea culpa retirando simple y llanamente su gama Aroclor del mercado, sino, por el contrario, hacer todo lo posible para mantenerla en venta gracias a un plan de batalla cuya primera etapa consiste en financiar un estudio toxicológico que se supone que prueba los PCB en ratas. Para ello la empresa firma un contrato con los Industrial Bio-Test Labs (IBT) de Northbrook (Illinois), uno de cuyos (nuevos) directivos es el doctor Paul Wright, un toxicólogo de… Monsanto, contratado para la ocasión. Unos meses después llegan a la sede de la compañía los primeros resultados del estudio: «Los PCB demuestran un grado de toxicidad todavía más elevada de lo previsto. […] Tenemos otros resultados provisionales que quizá sean aún más desalentadores», comenta uno de los representantes del departamento médico de Monsanto. Sigue una carta a Joseph Calandra, el director de IBT: «Nos han decepcionado los altos niveles de toxicidad constatados. Esperamos que la próxima muestra dé unos efectos menos elevados». En julio de 1975 se envía un informe preliminar al mismo departamento, el cual se afana por corregirlo, sugiriendo encarecidamente que la conclusión «puede llevar a tumores benignos» sea sustituida por la fórmula «no parece ser cancerígeno»…

El «informe», destinado a desactivar la polémica, que no deja de aumentar en los años setenta, será publicado y tres años después quedará relegado en un armario de Monsanto: tras una investigación llevada a cabo conjuntamente por la FDA y la EPA, los directivos de IBT (entre ellos Paul Wright que, mientras tanto, había vuelto a su puesto en Saint Louis) fueron duramente condenados por «fraude» al final de un largo proceso que hizo correr mucha tinta. Habían manipulado manifiestamente los resultados de cientos de estudios para satisfacer a sus clientes. Curiosamente, el proceso no aborda específicamente el estudio sobre los PCB, pero más tarde se descubrirá que el 82% de las ratas alimentadas con comida que contenía 10 ppm de Aroclor habían desarrollado un cáncer (para 100 ppm el resultado era del 100%)…

A pesar de todos sus esfuerzos los directivos de Monsanto no pudieron evitar lo «irreparable»: el 31 de octubre de 1977 se prohibía definitivamente la producción de PCB en Estados Unidos. Pero no en Gran Bretaña, donde la multinacional tenía una filial en Newport, en el País de Gales, ni en Francia, donde la empresa Prodelec no paró su producción hasta 1987, ni en Alemania (Bayer), ni en España. El 29 de septiembre de 1976 las oficinas de Saint Louis dirigen una carta a Monsanto Europa con un modelo de preguntas-respuestas para el caso de que se solicite una entrevista. En él se puede leer especialmente: «Si se plantea una pregunta sobre la cancerigenidad de los PCB, utilicen la respuesta que ustedes atribuirán a George Roush, director del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Monsanto: “Los estudios sanitarios preliminares que hemos llevado a cabo en nuestros obreros que fabrican PCB, lo mismo que los estudios a largo plazo realizados en animales, no nos permiten pensar que los PCB sean cancerígenos”».

UN VENENO TAN TÓXICO COMO LA DIOXINA

«Todos nosotros tenemos PCB en el cuerpo», me dice el profesor David Carpenter, que dirige el Instituto para la Salud y el Medio Ambiente de la Universidad de Albany, en el Estado de Nueva York. «Pertenecen a una categoría de doce contaminantes químicos muy peligrosos llamados “contaminantes orgánicos persistentes” (POP, por sus siglas en francés) debido a que, por desgracia, resisten a las degradaciones biológicas naturales acumulándose en los tejidos vivos a lo largo de la cadena alimenticia».

«Los PCB han contaminado todo el planeta, desde el Ártico al Antártico, y una exposición regular a ellos puede provocar cánceres, especialmente de hígado, de intestinos, de mama, de los pulmones, del cerebro, y también enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, una reducción de las defensas inmunitarias, disfunciones del tiroides y de las hormonas sexuales, problemas para la reproducción, así como daños neurológicos graves, porque algunos PCB pertenecen a la familia de las dioxinas…».

Y me explica que los PCB son moléculas de bifenilos en las que uno o varios de los diez átomos de hidrógeno son reemplazados por átomos de cloro. Así existen 209 combinaciones posibles y, por lo tanto, 209 PCB diferentes —se habla de «congéneres»— cuya toxicidad varía según el grado de cloración relacionado con el lugar y del número de átomos de cloro presentes en la molécula.

Cuando escribo estas líneas, no puedo evitar ojear Le Nouvel Observateur del 23 de agosto de 2007, que tras Le Monde, Libération o Le Figaro dio cuenta de lo que el Dauphiné libéré había llamado «el Chernobil a la francesa»:[7] «El Ródano está contaminado hasta el mar», escribe el semanario. «Presenta unas tasas de PCB ¡entre cinco y doce veces superiores a las normas sanitarias europeas![a] Análisis tras análisis, las órdenes gubernativas van cayendo como guillotinas: la prohibición de consumir sus peces decretada en primer lugar en el norte de Lyon y aplicada después hasta los confines de Drôme y de Ardèche, se extendió el 7 de agosto a los departamentos de Vaucluse, Gard y Bouches-du-Rhône. Muy pronto podría afectar a las albuferas de Camarga, alimentadas por el agua del río, e incluso a la pesca costera en el Mediterráneo y a la de los moluscos y crustáceos a la orilla del mar…».

Un pescador profesional que cayó en la trampa de su buena fe dio la alarma fortuitamente: «A finales de 2004 se encontraron pájaros muertos río arriba de Lyon», explica éste a mi colega. «Cuando se hicieron análisis, los servicios veterinarios prohibieron por precaución todo consumo de pescado. No era más que un caso de botulismo estrictamente aviario, pero ya nadie quería mis peces. Pedí unos análisis completos para demostrar que eran buenos. Y entonces, ¡bingo!: ¡estaban atiborrados de PCB!».

A partir de ese momento los servicios del Estado se empeñaron en determinar el origen de la contaminación que afectaría a centenares de miles de toneladas de sedimentos del Ródano. Como hemos visto, la venta y adquisición de PCB o de aparatos que los contengan están prohibidas en Francia desde 1987. Un decreto del 18 de enero de 2001 transcribió al derecho francés una directiva europea del… 16 de septiembre de 1996[8] (¡cinco años después!) concerniente a la eliminación de los PCB existentes, que tienen que haber desaparecido definitivamente a más tardar el 31 de diciembre de 2010. Un plan nacional de descontaminación y de eliminación de aparatos que contengan PCB se estableció en… 2003. Según el ADEME, 545.610 aparatos que contenían más de cinco litros de PCB se habrían inventariado en el Hexágono el 30 de junio de 2002 (450.000 de los cuales pertenecían a EDF, Electricidad de Francia), lo que representa un peso de 33.462 toneladas de PCB que habría que eliminar. Pero para France Nature Environnement sin duda se está lejos de la realidad, puesto que la declaración de los aparatos que habría que tratar era voluntaria. «Nuestro temor ha sido ver contaminaciones difusas de PCB en el medio ambiente debido a eliminaciones no controladas de estos residuos, con el riesgo de verlos abandonados en solares industriales en desuso o en depósitos no autorizados o durante la simple eliminación por ferralla», escribe la asociación en su informe de febrero de 2007.[9]

«El problema», me había explicado el doctor David Carpenter, «es que los PCB son muy difíciles de destruir. El único medio es quemarlos a temperaturas muy altas en incineradoras especiales capaces también de tratar la dioxina que provoca su combustión». En Francia están homologadas dos fábricas para llevar a cabo esta delicada misión: una está situada en Saint-Auban, en los Alpes-de-Haute-Provence, y la otra en Saint-Vulbas, en Ain, al borde del Ródano. Ahora bien, según informaciones recogidas por Le Nouvel Observateur, hasta 1988 esta fábrica estaba autorizada a verter al río tres kilos diarios de residuos de PCB (hoy la cantidad máxima es de tres gramos al día)… A esta fuente posible de contaminación sin duda se añaden también los vertidos efectuados por las muchas empresas que utilizan el piraleno en el «pasillo de la química», que han dejado que sus aceites al PCB se infiltren en el suelo, después en las capas freáticas y los ríos vecinos. «Durante décadas, tanto en Estados Unidos como en todas las partes del mundo, los poderes públicos han tomado el relevo al silencio organizado por Monsanto sobre la toxicidad de los PCB», comenta el profesor Carpenter; «todo el mundo ha cerrado los ojos sobre los efectos de este veneno tan peligroso como la dioxina».

Basta con leer el documento transmitido al Congreso estadounidense en 1996 y redactado por el Ministerio de Sanidad y la EPA para comprender, en efecto, que las «implicaciones sanitarias de la exposición a los PCB» son gravísimas.[10] El documento tiene una treintena de páginas y presenta nada menos que 159 estudios científicos realizados en Estados Unidos, Europa y Japón, que llegan todos a la misma conclusión: las tres fuentes principales de la contaminación humana por los PCB son la exposición directa en el lugar de trabajo, el hecho de vivir cerca de un lugar contaminado y, sobre todo, la cadena alimentaria, ya que el consumo de pescado es, con mucho, lo más arriesgado… Además, todos los investigadores constataron que las madres contaminadas transmitían los PCB a través de la leche materna y que éstos podían provocar daños neurológicos irreparables en los recién nacidos, que se veían afectados por lo que los médicos llaman un «desorden de la atención» y tenían un coeficiente intelectual claramente inferior a la media.

La devastadora toxicidad de los PCB se ha podido estudiar minuciosamente debido a un accidente que ocurrió en Japón en 1968: 1.300 personas de la región de Kyushu consumieron aceite de arroz contaminado por los PCB tras una fuga sobrevenida en un sistema de refrigeración. Se vieron afectadas por una enfermedad que en un primer momento se denominó «Yusho» (lo que significa «enfermedad dermatológica procedente del aceite»), caracterizada por graves erupciones cutáneas, decoloración de los labios y de las uñas, e inflamación de las articulaciones. Cuando se reveló que el origen de la misteriosa enfermedad eran los PCB unos investigadores empezaron a hacer un seguimiento médico de las víctimas a largo plazo. Los resultados mostraron que los niños nacidos de madres contaminadas durante su embarazo presentaban una tasa de mortalidad precoz y/o un importante retraso mental y de comportamiento; además, los índices de cáncer de hígado eran quince veces mayores en las víctimas que en la población normal, mientras que la esperanza de vida media se reducía considerablemente. Por último, veintiséis años después del accidente se seguían detectando los PCB en la sangre y en las secreciones sebáceas de las personas contaminadas.

Estos resultados fueron confirmados por un estudio realizado en 2.000 personas de Taiwan contaminadas en 1979 en las mismas condiciones que sus vecinos japoneses («accidente de Yu-Cheng»).[11] Estos dos acontecimientos dramáticos explican el pánico que se apoderó de los poderes públicos belgas cuando en enero de 1999 estalló el escándalo de los «pollos a la dioxina». Su origen era también la mezcla accidental de PCB con aceites de freír, que después se introdujeron en alimentos destinados tanto a los pollos como a las vacas de crías intensivas.

De la letanía de estudios presentados en el documento de la EPA retengo otros dos particularmente dramáticos. El primero concierne a 242 niños nacidos de madres (de origen amerindio o mujeres de pescadores aficionados) que habían consumido regularmente los peces del lago Michigan, seis años antes de su embarazo y durante éste: todos los niños presentaban un peso muy bajo al nacer y un déficit persistente del aprendizaje cognitivo. El segundo concierne a los esquimales de la bahía de Hudson, particularmente expuestos: en efecto, la contaminación máxima se registró en la cima de la cadena alimentaria, en los mamíferos marinos como las focas, los osos polares y las ballenas; algunas especies de mamíferos, como las orcas, están amenazadas de extinción a causa de los PCB…[12]

NEGARLO TODO, POR SISTEMA

«No existen pruebas consistentes y convincentes de que los PCB estén asociados a unos efectos sanitarios graves a largo plazo»[13], declaraba John Hunter, presidente y director general de Solutia, el 14 de enero de 2002 durante una conferencia a la que habían sido invitados investigadores y representantes de la prensa. Trataba así de anular el impacto de un artículo de The Washington Post titulado «Monsanto ha ocultado la contaminación durante décadas»[14] y publicado el 2 de enero de 2002, el día en que se abría el proceso Abernathy vs. Monsanto. «A pesar de la magnitud del expediente científico, de los documentos internos y de los testimonios, los fabricantes de Saint Louis han seguido negando la responsabilidad de la empresa en el desastre ecológico y sanitario de Anniston», comenta el profesor Carpenter, citado como experto científico durante el proceso. «Nunca han demostrado la menor compasión por las víctimas», me confirma Ken Cook, «ni una palabra de disculpa o una señal de arrepentimiento, ¡negarlo todo, por sistema! Su línea de defensa se puede resumir así: hasta finales de los sesenta nosotros no sabíamos que los PCB eran peligrosos, pero en cuanto lo supimos, reaccionamos rápidamente para solucionar el problema con las agencias gubernamentales».

Cuando se hojea el expediente del proceso uno se siente verdaderamente helado por la arrogancia de algunos representantes de la empresa que, efectivamente, están lejos de reconocer su error. He aquí, por ejemplo, un extracto de la declaración en el tribunal de Calhoun County de William Papageorge, el «zar de los PCB», que tuvo lugar el 31 de marzo de 1998 en el marco de la instrucción: «¿Informó Monsanto a los habitantes de Anniston de que la fábrica arrojaba cada día 27 libras de residuos procedentes de la fabricación del Aroclor?», pregunta el juez.

—No había ninguna razón para hacerlo, estas cantidades eran insignificantes —responde William Papageorge.

—Por lo tanto, ¿la respuesta es no?

—Exacto.

—¿Informó alguien a los habitantes de que Monsanto hacía pruebas en Snow Creek y Choccolocco Creek para determinar los efectos de los PCB en el agua de las canalizaciones procedentes de la fábrica?

—Es como si usted pidiera a un mecánico que informara a sus vecinos de que su gasolinera vierte aceite de motor en el suelo, sería completamente no productivo…

—¿La respuesta es no?

—Eh… sí.

—¿Proporcionó Monsanto a los habitantes de Anniston información concerniente a los riesgos que plantean los PCB para la salud humana?

—¿Por qué habríamos tenido que hacerlo?

El 23 de febrero de 2002 el jurado emite su veredicto tras cinco horas de deliberación: por unanimidad declara a Monsanto culpable de haber contaminado «el territorio de Anniston y la sangre de su población con los PCB».[15] Los motivos de la condena son «negligencia, abandono, fraude, atentado contra las personas y los bienes, y perjuicio». El veredicto va acompañado de un severo fallo sobre el comportamiento de Monsanto, que «ha superado de manera extrema todos los límites de la decencia y que puede ser considerado atroz y absolutamente intolerable en una sociedad civilizada». Inmediatamente la empresa apela al Tribunal Supremo de Alabama solicitando que el juez Joel Laird sea declarado incompetente, pero su petición será rechazada. Los jurados se ponen entonces a hacer un difícil trabajo: evaluar tanto los daños y perjuicios que cobrará cada una de las víctimas basándose en la tasa de PCB cuantificada en su sangre como el montante del programa de descontaminación del lugar. Un quince por ciento de los 3.516 demandantes presentan una tasa superior a 20 ppm en la sangre cuando la tasa aceptable es de 2 ppm, con unos picos de 60 ppm, incluso de 100 ppm. David Baker tiene una tasa de 341 ppm y debido a ello recibirá 33.000 dólares por daños y perjuicios; la indemnización más alta se eleva a 500.000 dólares.

Un mes después de la decisión de la justicia la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que desde hace más de veinte años ha brillado por su inacción, anuncia que ha firmado un acuerdo con Solutia para descontaminar el lugar. Esta decisión, muy favorable al contaminador y que reduce a la nada el trabajo de los jurados, provoca la cólera de Richard Shelby, senador de Alabama, que consulta al comité encargado de la vigilancia de las agencias gubernamentales. Se descubre entonces que la número dos de la EPA, Linda Fisher, es una ex ejecutiva de Monsanto…

Al mismo tiempo, el tribunal de Birmingham anuncia que el proceso Tolbert vs. Monsanto, la acción colectiva llevada a cabo por Johnnie Cochran, se abrirá en octubre de 2002. En la Bolsa de Nueva York se desmorona la cotización de Solutia. Comienza entonces un largo trabajo de persuasión por parte de la juez federal U. W. Clemon, que quiere evitar un proceso costoso convenciendo a las partes para que negocien un acuerdo amistoso global y que reúna los dos casos en curso, Abernathy vs. Monsanto y Tolbert vs. Monsanto. Hasta ese momento la empresa de Saint Louis siempre había rechazado esta solución, sin duda con la esperanza de agotar financieramente a la acusación multiplicando los recursos técnicos jurídicos y las medidas dilatorias. «De hecho», me explica David Baker, «la perspectiva de un proceso extremadamente mediatizado, con Johnnie Cochran como abogado de las víctimas, hizo rendirse a Monsanto, que prefirió negociar para limitar la publicidad». Finalmente el contaminador propone 700 millones de dólares: 600 millones que se repartirán en dos fondos iguales destinados a indemnizar a las víctimas y 100 millones para descontaminar el lugar y financiar una clínica especializada.[16]

«¿Quién va a pagar?», se pregunta el St. Louis Post-Dispatch el 7 de febrero de 2004. De hecho, el caso constituye un verdadero quebradero de cabeza: como hemos visto, Monsanto se había desembarazado de su división química en 1997, vendida a Solutia. Y en diciembre de 1999 la empresa, que cuenta entonces con una rama farmacéutica y una rama agroindustrial (semillas transgénicas y Roundup), anunció su fusión con Pharmacia&Upjohn para formar Pharmacia. En verano de 2002 Monsanto recuperaba su independencia no conservando más que su división agroindustrial, mientras que Pharmacia era comprada por el gigante farmacéutico Pfizer… Por ello, finalmente los 700 millones de dólares los pagarán Solutia (50 millones), Monsanto (390 millones) y Pfizer (75 millones). El suelo estaba cubierto por los seguros.

Los abogados se embolsan el 40% de la suma reservada a las víctimas, lo que provoca que unos cuantos rechinen los dientes. «Así es como funciona el sistema estadounidense», me explica David Baker. «En este tipo de asuntos los abogados sólo cobran si ganan y Johnnie Cochran, por ejemplo, había gastado 7 millones de dólares para preparar el proceso. Esto quiere decir que si no se da con un Johnnie Cochran, no hay nada que hacer contra una compañía como Monsanto. Pero lo que yo siento es que ningún directivo de la compañía haya sido condenado a la cárcel…».

De hecho, en Estados Unidos el estatuto jurídico de lo que se llama una corporation la convierte en una persona moral de pleno derecho, lo que protege a sus directivos de toda persecución a título individual. «En el sistema jurídico estadounidense», comenta Ken Cook, «es muy raro que ejecutivos o directivos de empresa sean considerados responsables penalmente. En cambio, se tiene la posibilidad de atacar a las empresas por lo civil. Se les hace pagar. En realidad los daños y perjuicios pagados décadas más tarde por las sociedades sólo representan un fracción de sus beneficios. Por lo tanto, resulta rentable guardar el secreto… Podemos preguntarnos qué secretos guarda Monsanto ahora. Nunca se puede confiar en que una gran empresa como Monsanto nos diga la verdad, sobre un producto o sobre un problema de contaminación. Nunca…».

LOS PCB ESTÁN EN TODAS PARTES

Según estimaciones coincidentes, entre 1929 y 1989 se produjeron 1,5 millones de toneladas de PCB, una parte importante de las cuales habría acabado en el medio ambiente. ¿Cuánta exactamente? Es difícil de saber. Pero lo cierto es que los PCB están en todas partes y constituyen una pesadilla para los ciudadanos que somos todos nosotros, pero también para Monsanto (y su empresa de paja, Solutia, que se declaró en quiebra en 2003 debido fundamentalmente a los litigios que heredó).

Una pequeña revisión no exhaustiva: en enero de 2003 el departamento medioambiental de Oslo ponía una multa de 7 millones de euros a Bayer, Kaneka y Solutia por haber contaminado el fiordo donde está instalado el puerto con PCB utilizados en la pintura de los barcos (indiquemos de paso que muchos expertos, entre ellos el profesor David Carpenter, desaconsejan fuertemente consumir salmones de cría noruegos y escoceses…). En enero de 2006, 590 empleados de una fábrica de General Electric de Nueva York denunciaban a Monsanto por contaminación con PCB.[17]

En 2007, cuando Francia descubría que el Ródano estaba contaminado por los PCB, el País de Gales se veía sacudido por un escándalo que había sido acallado durante más de cuarenta años.[18] Como hemos visto, Monsanto poseía en Newport una filial que hasta 1978 producía el 12% de los PCB fabricados en el mundo. De 1965 a 1971 la fábrica hizo descargar en una antigua cantera calcárea extremadamente porosa situada en Brofiscin unas 800.000 toneladas de residuos contaminados de PCB. El caso había sido denunciado en su momento por unos campesinos que habían constatado que su ganado moría misteriosamente. La descontaminación del lugar podría costar más de 200 millones de euros. Por ahora Monsanto y Solutia echan la culpa a la empresa con la que la fábrica de Newport tenía un contrato para transportar y descargar los residuos…

En el momento en el que la preocupación medioambiental está en las portadas de los periódicos, hay muchas posibilidades de que el espectro de los PCB ronde durante mucho tiempo a la empresa de Saint Louis, al igual que las dioxinas, de las que ella fue una productora avezada.

2

DIOXINA: UN CONTAMINADOR QUE TRABAJA CON EL PENTÁGONO

«Pensamos que una política de derechos humanos debe guiar nuestro comportamiento de empresa global y ciudadana para demostrar la importancia que concedemos al respeto a nuestros empleados, así como a las personas que se han visto afectadas por nuestras acciones».

MONSANTO, The Pledge Report 2005

[la promesa], p. 25.

«¿La dioxina? Este veneno me atormenta por las noches desde hace veinticinco años», suspira Marilyn Leistner mientras aparca su coche delante del «Museo de la Carretera 66», a unos treinta kilómetros de Saint Louis. «Mire», reniega, «no queda ni rastro de Times Beach. ¿Quién pensaría que aquí había una comunidad de 1.400 habitantes en la que vivían más de 800 familias?».

Difícil de imaginar, en efecto. Ante nosotros, en este mes de octubre de 2006, un edifico completamente reformado alberga un memorial kitsch dedicado a la historia de la mítica «US Route 66» que cantaron los Rolling Stones y Eddy Mitchell. Primera carretera asfaltada de Estados Unidos, la «Mother Road» salía de Chicago, en Illinois, para llegar 4.000 kilómetros después a Santa Mónica, en California, atravesando ocho Estados, entre ellos el de Missouri. Al lado del museo un cartel de madera muy a lo Far West anuncia «Route 66 State Park». «Han borrado Times Beach del mapa creando un parque nacional sobre el emplazamiento del lugar descontaminado para hacer olvidar uno de los mayores escándalos de la dioxina en Estados Unidos», me explica Marilyn Leistner, que fue la última alcaldesa de la ciudad desaparecida.

UNA CIUDAD BORRADA DEL MAPA

«Times Beach» y «dioxina»: durante mucho tiempo estos dos nombres aparecieron juntos en los periódicos estadounidenses para desgracia de los habitantes de esta pequeña aldea, creada en 1925 como lugar de vacaciones para los ejecutivos y empleados que trabajaban en Saint Louis. «Al principio nadie vivía ahí», cuenta Marilyn. «La gente había instalado caravanas; venían los fines de semana a bañarse en el río Meramec, a pescar o a hacer picnic». Apodado Beach, playa, el entorno atrae la atención de residentes permanentes que construyen casas de madera sobre pilotes porque la idílica zona se inunda regularmente. Poco a poco Times Beach se convierte en una «verdadera ciudad» con comercios, un taller mecánico —que lleva el marido de Marilyn Leistner—, una iglesia, trece saloons y un ayuntamiento.

A principios de los años setenta el municipio, «que no tiene mucho dinero», se enfrenta a un «problema irresoluble de polvo» que recubre sus calles no asfaltadas y «apesta la vida» de sus habitantes. Para tratar de solucionarlo el municipio decide acudir a los servicios de la Bliss Waste Oil Company, una empresa especializada en la recuperación de aceites procedentes de los cambios de aceite de los coches y de los residuos industriales recogidos en los talleres mecánicos y las fábricas químicas del Estado de Missouri: para eliminar el polvo, el director de la compañía, Russell Bliss, propone esparcir por las calles de Times Beach barros elaborados con aceites residuales.

«Desde el verano de 1971 constatamos la muerte de muchos gatos, perros, pájaros e incluso de un mapache», cuenta Marilyn. «Uno de los habitantes se puso en contacto con la EPA, que le dijo que congelara algunos animales muertos y que pasaría a recogerlos un empleado. Pero nunca vino nadie…». Sin embargo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente ya había sido alertada. En marzo de 1971 la propietaria de una ganadería de caballos situada al nordeste de Saint Louis estaba preocupada por la muerte inexplicable de unos cincuenta caballos después de la intervención de los hombres de Russell Bliss, que habían recubierto el suelo de su picadero con barros de color pardo. Unas semanas después sus dos hijos, que tenían la costumbre de jugar en el picadero, habían caído gravemente enfermos y habían tenido que ser hospitalizados. Se llamó al Center for Disease Control, que tomó muestras del revestimiento sospechoso que revelaron unas tasas muy alarmantes de productos tóxicos: 1.590 ppm de PCB, 5.000 ppm de 2,4,5-T (un potente herbicida) y 30 ppm de dioxina.[1]

«Literalmente, había cestos enteros repletos de pájaros salvajes muertos», informará al New York Times el doctor Patrick Phillips, un veterinario del Departamento de Sanidad de Missouri, con el que se habían puesto en contacto desde diferentes lugares del Estado en los que la empresa había procedido a esparcir los barros.[2] En 1975 la revista Science publica un artículo sobre esta misteriosa contaminación mortífera[3], pero durante años las autoridades no actúan. La EPA, sin embargo, lleva a cabo discretamente su investigación. Ésta concierne especialmente a las fábricas de Missouri, productoras de residuos tóxicos, tal como lo atestigua un intercambio de cartas en septiembre de 1972 entre autoridades de la agencia y William Papageorge, el «zar de los PCB» de Monsanto: al parecer se han tomado muestras de los depósitos de aceite de Russell Bliss y se ha comunicado el resultado de su análisis a la empresa de Saint Louis…

Llega el «otoño negro» de 1982. «Una pesadilla», murmura Marilyn Leistner, que entonces era concejala. «El 10 de noviembre un periodista local me informó de que Times Beach formaba parte de una lista de cien lugares contaminados por la dioxina inventariados por la EPA. El 3 de diciembre unos técnicos de la agencia vinieron a tomar muestras de los suelos. Dos días después la ciudad conocía la peor inundación de su historia y muchas familias tuvieron que ser evacuadas. El 23 de diciembre, cuando los habitantes comienzan a instalarse de nuevo en sus casas, la EPA nos informó de que la tasa de dioxina detectada en las muestras era trescientas veces superior a la tasa considerada aceptable…».[4]

Se desata el pánico en Times Beach. Mientras que hordas de técnicos provistos de monos y de mascarillas de gas acordonan la ciudad, los periodistas afluyen de todo el país. «En aquella época teníamos muy poca información sobre la dioxina», recuerda Marilyn Leistner, «y viendo los telediarios fue como descubrimos que se trataba de la molécula más peligrosa que haya inventado el hombre nunca. Pero eso era todo. Nadie era capaz de decirnos qué podía significar aquello para nuestra salud». Y es que, como vamos a ver, quienes entonces producían la dioxina y, muy particularmente, cierta empresa de Saint Louis, habían silenciado intencionadamente sus efectos altamente tóxicos…

Mientras tanto, el Center for Disease Control organiza un gabinete de emergencia en Times Beach. Se invita a los habitantes a presentarse para hacerles un chequeo. En los telediarios de la época que he podido ver se ve la angustia reflejada en las caras. Las crisis de llanto. La cólera impotente frente al mutismo de los médicos que eluden las preguntas. «Examinaron a toda mi familia», cuenta Marilyn Leistner. «Mi marido padecía “porfiria cutánea tardía”, una enfermedad persistente de la piel.[a] Dos de mis hijas, mi hijo y yo misma padecíamos hipertiroidismo. Me habían operado de varios tumores no cancerígenos. Una de mis hijas padecía alergias graves que le provocaban crisis de urticaria por todo el cuerpo; mi hija segunda era extremadamente delgada, padecía vértigos y se le caía el pelo. Cuando pregunté a los representantes del Center for Disease Control si aquello tenía que ver con la dioxina me respondieron que no lo sabían…».

En todo caso, en Times Beach el pánico llega al límite. El alcalde dimite, víctima de una grave depresión. Al mismo tiempo uno de sus adjuntos desaparece, lisa y llanamente: «Era un ejecutivo de Monsanto que trabajaba en la sede de Saint Louis», comenta Marilyn Leistner. «Cuando supo que la EPA había detectado los PCB, se marchó…». Así es como Marilyn Leistner se encuentra a la cabeza del pequeño municipio para «afrontar la tormenta». El 22 de febrero de 1983 Anne Burford, la administradora de la EPA, anuncia que el gobierno ha decidido «comprar Times Beach por 30 millones de dólares». El plan, excepcional, prevé indemnizar y realojar a todos sus habitantes, arrasar la ciudad y después descontaminar el lugar quemando los suelos contaminados en una incineradora.

MONSANTO SE LIBRA DE LOS TRIBUNALES

«Mire, aquí es donde están enterradas nuestras casas», me dice Marilyn Leistner, que por unos instantes se queda ensimismada ante un enorme montículo de tierra recubierta de un verdoso césped. «Todo cuanto poseíamos ha quedado aplastado, los muebles, los electrodomésticos, hasta los juguetes de los niños, porque la inundación había dispersado por todas partes la dioxina y los PCB. Nos fuimos como refugiados apestados porque nadie nos quería: la gente estaba convencida de que éramos contagiosos».

—¿No presentaron una denuncia?

—Claro que sí, pero nos la desestimaron porque la justicia consideró que no podíamos aportar la prueba de que los males que padecíamos estuvieran relacionados con la contaminación por la dioxina.

—¿Y los PCB?

—¡Ah! Oficialmente la EPA nunca pudo llegar hasta el origen de los PCB que Russell Bliss había mezclado con sus barros…

Cuando menos es sorprendente que la Agencia de Protección del Medio Ambiente no haya «podido llegar hasta el origen de los PCB» cuando, como hemos visto, el solo y único fabricante de estos productos disponía de una fábrica de producción en Sauget, a las afueras de Saint Louis, a unos treinta kilómetros de Times Beach… «En realidad», me explica Marilyn Leistner, «después supimos que Rita Lavelle, que era la asistente de Anne Burford, la número uno de la EPA, había destruido unos documentos que hubieran podido implicar a Monsanto».

De hecho, el caso saltó a los titulares estadounidenses en 1983. Investigando una malversación del «Superfund Program», un presupuesto asignado a la EPA para inventariar y descontaminar los lugares contaminados por residuos industriales, una parte del cual había servido para financiar fraudulentamente las campañas electorales de los candidatos republicanos, el Congreso descubre entonces que habían desaparecido unos documentos comprometedores para las empresas. La investigación demostrará que el gobierno de Ronald Reagan, famoso por su apoyo incondicional a los grandes grupos industriales, había ordenado a Anne Burford «congelar» el expediente de Times Beach. Nombrada para dirigir la EPA poco después de la llegada a la Casa Blanca del ex actor secundario de Hollywood, se vio obligada a dimitir tras el escándalo en marzo de 1983. Su adjunta, Rita Lavelle, tuvo menos suerte: fue condenada a seis meses de cárcel por «perjurio y obstrucción a una investigación del Congreso».[5] La investigación reveló que ella había destruido cierta cantidad de cuerpos del delito y que con demasiada frecuencia almorzaba con representantes de Monsanto. Pero la empresa de Saint Louis no lo perdió todo con el cambio: en mayo de 1983 el nuevo director de la EPA es William Ruckelhaus, que la había presidido cuando se creó la agencia en 1970, antes de convertirse brevemente en acting director en el FBI en 1973, y de entrar después en el consejo de administración de Monsanto y de Solutia…

«El problema», me explica en octubre de 2006 Gerson Smoger, un abogado de San Francisco especializado en medio ambiente que defendió a algunos habitantes de Times Beach, «es que nunca pudimos echar mano a los contratos que Russell Bliss había firmado con Monsanto, que tenía dos fábricas en Missouri, una en Sauget, otra en Queeny, ambas a las afuera de Saint Louis. Siempre sostuvieron que no existían…».

—¿Se dijo que le habían pagado para hacerlos desaparecer?

—Todo es posible —admite Gerson Smoger—. Lo que es seguro es que en varias ocasiones testificó que Monsanto era uno de sus clientes, pero no tenemos pruebas escritas.

Y me enumera las diferentes piezas convergentes del expediente: el 21 de abril de 1977 Russell Bliss confirma en una declaración bajo juramente que Monsanto es su principal suministrador de residuos industriales; el 30 de octubre de 1980 Scott Rollins, un camionero de Bliss, testifica ante el fiscal general de Missouri que cargaba regularmente toneles procedentes de las fábricas de la empresa, etc. «Monsanto siempre negó haber trabajado con Russell Bliss», comenta el abogado. «Además, la empresa se defendió diciendo que los PCB provenían de otras fábricas que utilizaban sus fluidos hidráulicos. Se plantea entonces el problema de la responsabilidad: en aquel momento todavía no sabíamos que Monsanto había ocultado la toxicidad de los PCB a sus clientes; por consiguiente, éstos eran responsables de sus residuos. Así es como los PCB se fueron simplemente al garete en el expediente de Times Beach y los poderes públicos sólo se interesaron por la dioxina, olvidando de paso que la mayoría de los productos de Monsanto también estaban contaminados por ésta…».

De hecho, sólo una empresa asumirá la responsabilidad de la contaminación: Syntex Agribusiness, instalada en Verona, Missouri. Esta filial de la Northeastern Pharmaceutical and Chemical Company (NEPACCO) fabricaba el herbicida 2,4,5-T, un potente herbicida contaminado por la dioxina, del que Monsanto era también un importante productor. Pero afortunadamente para la empresa de Saint Louis, no fabricaba el defoliante en el Estado de Missouri. Tras firmar un acuerdo con la EPA, Syntex aceptó pagar 10 millones de dólares para participar en la descontaminación de veintisiete vertederos tóxicos del este de Missouri, entre ellos Times Beach. «Lo irónico de la historia», comenta Gerson Smoger, «es que en el momento en que Syntex fue considerada culpable, Monsanto publicaba unos estudios falsificados para ocultar los efectos tóxicos de su herbicida 2,4,5-T…».

EL HERBICIDA 2,4,5-T Y LA DIOXINA

Para comprender la trágica «ironía» de este drama de la época moderna hay que remontarse a los orígenes de la dioxina, una sustancia tóxica producida durante el proceso de fabricación de algunos compuestos químicos clorados o durante su combustión a alta temperatura. El término «dioxina» abarca una familia de 210 sustancias emparentadas (como en el caso de los PCB, se habla de «congéneres»), la más tóxica de las cuales responde al nombre científico de «tetracloro-p-dibenzodioxina», o «2,3,7,8-TCDD», más brevemente, «TCDD». Ignorada por el público durante mucho tiempo, la existencia de la dioxina salió del secreto de los laboratorios industriales y militares el 10 de julio de 1976 durante lo que ha quedado en la historia como la «catástrofe de Seveso».

Aquel día ocurrió un accidente en la fábrica química italiana de Icmesa, perteneciente a la multinacional suiza Hoffmann-La Roche. El accidente provoca la formación de una nube extremadamente nociva que se extiende por la llanura de Lombardía y muy particularmente en el municipio de Seveso. Algunos días después más de 3.000 animales domésticos mueren intoxicados, mientras que decenas de habitantes contraen el cloracné, esa enfermedad de la piel crónica y desfigurante cuyas víctimas conmocionan a todo el planeta. Ante la magnitud de la catástrofe y la emoción que suscita, los responsables de Hoffmann-La Roche se ven obligados a revelar el agente responsable: se trata de la dioxina, un producto derivado de la fabricación del herbicida 2,4,5-T, el producto estrella de la fábrica de Icmesa.

Ahora bien, la identificación de esta molécula, producto puro de la fabricación industrial, está íntimamente ligada a la historia del herbicida, inventado más o menos a la misma vez en los laboratorios británicos y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. En efecto, a principios de los años cuarenta, varios investigadores consiguen aislar la hormona que controla el crecimiento de las plantas, cuya molécula reproducen de manera sintética.[a] Constatan que, inyectada a pequeñas dosis, la hormona artificial estimula enormemente el desarrollo vegetal y que, a grandes dosis, provoca la muerte de la planta. Así es como nacen dos herbicidas muy eficaces que desencadenan una verdadera «revolución agrícola y el inicio de la ciencia de las malas hierbas», por citar las palabras del botánico estadounidense James Troyer:[6] son los ácidos 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) que, junto con abonos e insecticidas como el DDT, acompañan la revolución verde tras la Segunda Guerra Mundial. Su descubrimiento simultáneo por parte de cuatro laboratorios diferentes provoca una guerra de patentes nunca resuelta que explica que muchas empresas químicas se aprovechen de este vacío jurídico para lanzarse a producirlos a uno y otro lado del Atlántico, ya que rápidamente su demanda es enorme. Estos herbicidas, llamados «selectivos», suponen una ventaja considerable para los trabajadores del campo: dosificados correctamente destruyen las malas hierbas (dicotiledóneas) y dejan intactos los cereales como el maíz o el trigo (monocotiledóneos).

Así es como en 1948 Monsanto abre una fábrica de 2,4,5-T en Nitro, Virginia occidental. El 8 de marzo de 1949 una fuga en la línea de fabricación provoca una explosión que acarrea la emisión de un material no identificado que recubre el interior del edificio y se fuga en forma de nube. Durante las semanas siguientes, los obreros presentes cuando se produjo el accidente o que fueron movilizados para limpiar el lugar desarrollan una enfermedad de la piel completamente desconocida entonces y padecen además persistentes náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Los directivos de Monsanto piden entonces a Raymond Suskind, un médico del Instituto Kettering de la Universidad de Cincinnati (Ohio), que efectúe discretamente un seguimiento médico del personal afectado. El 5 de diciembre de 1949 este médico entrega un informe, que sólo será desvelado a mediados de los años ochenta durante el proceso Kemner vs. Monsanto (del que hablaré en seguida). «Setenta personas empleadas en la fábrica desarrollaron problemas cutáneos y otros síntomas debidos probablemente al accidente», indica el concienzudo médico, que adjunta una serie de fotos verdaderamente impactantes: en ellas vemos a unos hombres con el torso desnudo, la cara desfigurada por grietas y pústulas, y el cuerpo recubierto de quistes purulentos.

En abril de 1950 el doctor Suskind elaboró un segundo informe concerniente a seis obreros particularmente afectados que un año después del accidente seguían padeciendo tanto la misteriosa enfermedad dermatológica como problemas en las vías respiratorias, el sistema nervioso central y los tejidos hepáticos, así como impotencia sexual. El médico llega incluso a recomendar un «tratamiento especial» para un obrero que ha desarrollado una patología psicológica grave porque se le había ennegrecido de tal manera la piel que «lo tomaban por un negro y, por consiguiente, le obligaban a adaptarse a las normas segregacionistas en los autobuses o en los teatros».[7]

En 1953 Suskind amplió su estudio a treinta y seis obreros, diez de los cuales se expusieron al accidente de 1949 y veintiséis trabajaban en la unidad de producción. Constata que treinta y uno de ellos presentan lesiones dermatológicas muy graves que van acompañadas de irritabilidad, insomnio y depresión. Veintitrés años después, en un informe confidencial revelado durante el proceso Kemner vs. Monsanto, Suskind indicará, siempre con la misma indiferencia, que de los treinta y seis obreros, trece ya han muerto a una media de edad de cincuenta y cuatro años…

Durante todos estos años la empresa de Saint Louis adopta la misma actitud que con los PCB: encierra los datos en un cajón y no dice nada a las autoridades sanitarias ni, sobre todo, a sus obreros. Sin embargo, parece muy improbable que sus directivos no se hubieran enterado de un estudio publicado en 1957 por Karl Heinz Schultz, un investigador de Hamburgo que, después de un accidente ocurrido el 17 de noviembre de 1953, similar al de Nitro, había hecho un seguimiento de los obreros de una fábrica de la empresa alemana BASF que fabricaba 2,4,5-T.[8] Sus trabajos habían permitido identificar la molécula de la TCDD (dioxina) y poner un nombre definitivo a la enfermedad que la caracteriza, esto es, el cloracné.

¡VIVA LA GUERRA!

Monsanto no sólo no pone en tela de juicio la fabricación del 2,4,5-T, sino que la empresa no duda en trabajar estrechamente con los estrategas del Pentágono para desarrollar su uso como arma química. Tras una solicitud dirigida a los archivos del Pentágono en virtud de la Freedom of Information Act (una ley que, bajo ciertas condiciones, autoriza a los ciudadanos a acceder a los archivos del Estado), la St. Louis Journalism Review reveló en 1988 que desde 1950 la empresa de Saint Louis mantiene una correspondencia regular con el Chemical Warfare Service (Departamento de Guerra Química) concerniente al uso militar del herbicida.[9] Según Cary Conn, responsable de los archivos, el expediente contiene 597 páginas divididas en cuatro secciones, entre ellas una dedicada a su «desarrollo en laboratorio» y una «demostración piloto sobre las plantas». Pero por un «azar» de lo más curioso, estos documentos que, sin embargo, no ponen en peligro la seguridad inmediata de Estados Unidos, no se pueden consultar, porque han sido clasificados de «secreto de defensa» tras una decisión del ejército del 4 de mayo de 1983. Veremos que la fecha está lejos de ser anodina…

Tal como subraya Brian Tokar, cofundador del Institute for Social Ecology y autor de un número especial de The Ecologist dedicado a la historia delictiva de Monsanto[10], no es sorprendente que los directivos de Saint Louis hayan estado en contacto con los militares del Pentágono. En efecto, ocurre lo mismo con todas las grandes empresas químicas del siglo XX, que se han beneficiado enormemente de ambas guerras mundiales. En un artículo titulado «Agrobusiness, biotecnología y guerra», Tokar escribía en 2003: «En realidad, el puñado de multinacionales que dominan el mercado de los abonos y de los pesticidas químicos hicieron fortuna durante la guerra. Son las mismas que hoy controlan la biotecnología y las semillas y, por lo tanto, la producción de alimentos».[11] Así, durante la Primera Guerra Mundial, DuPont (que se convertirá en una de las mayores empresas semilleras del mundo) suministró a los aliados pólvora de cañón y explosivos. En la misma época Hoechst (que en 1999 se fusionará con la francesa Rhône-Poulenc para crear Aventis, un gigante de la biotecnología) aprovisionó al ejército alemán de explosivos y gas mostaza. Junto con BASF y Bayer, Hoeschst formó en 1925 IG Farben, el mayor conglomerado químico del mundo, que produjo el gas Zyklon (utilizado en los campos de la muerte para exterminar a los judíos). Por lo que se refiere a Monsanto, creada al principios de siglo para producir sacarina, multiplicó sus beneficios por cien durante la Primera Guerra Mundial vendiendo productos químicos utilizados en la fabricación de explosivos o de gas de combate.

A veces es la propia guerra la que permite lanzar nuevos productos que a continuación proporcionarán beneficios a las multinacionales de la química durante décadas. Así, el DDT, cuya molécula había sido sintetizada en 1874, sale del olvido durante la Segunda Guerra Mundial gracias al ejército estadounidense, que decidió servirse de este insecticida, hoy prohibido, para acabar con una epidemia de tifus propagada por los piojos y que diezmaba sus tropas en Europa del Este, y para erradicar a los mosquitos portadores del paludismo en el sur del Pacífico.

Desde 1944 Monsanto se lanza a la producción a gran escala de DDT en un momento en que sus relaciones con los estrategas del Pentágono se volvieron extremadamente privilegiadas: en efecto, en 1942 el general Leslie R. Groves se pone en contacto con Charles Thomas, director de investigación de Monsanto, para participar en un proyecto ultrasecreto que llevará a una de las mayores catástrofes humanas y ecológicas de la época moderna. Bautizado como «Manhattan Project», el objetivo de este programa es fabricar lo más rápidamente posible la primera bomba atómica de la historia, la misma que se lanzará sobre Hiroshima y después sobre Nagasaki en agosto de 1945. Dotado de un presupuesto de dos mil millones de dólares, el «Manhattan Project» reunió a los mejores físicos estadounidenses en el laboratorio de armas nucleares del Pentágono situado en Oak Ridge, Tennessee, mientras que a los químicos de Monsanto, bajo la dirección de Charles Thomas, se les encarga una misión delicada: aislar y después purificar el plutonio y el polonio que servirán para alimentar el detonante de las bombas atómicas. Al gozar de la confianza absoluta del Pentágono, la compañía consigue que estos trabajos capitales se lleven a cabo en su laboratorio de investigación situado en Dayton, Ohio.

Tras la guerra Charles Thomas, ascendido a vicepresidente de Monsanto, dirigirá los laboratorios Clinton, donde se encargará de desarrollar las aplicaciones civiles de lo nuclear para el gobierno de Washington, al tiempo que conserva su puesto en Saint Louis. Acabará su carrera como presidente y director general de Monsanto (1951-1960), en un momento en que su empresa, que se ha convertido en uno de los grupos químicos más poderosos del mundo, está a punto de obtener el mayor contrato de su historia: la producción del «agente naranja» para la guerra de Vietnam…

LA OPERACIÓN RANCH HAND Y EL AGENTE NARANJA

«La operación Ranch Hand fue única en la historia del ejército estadounidense y probablemente seguirá siéndolo. En abril de 1975 el presidente Ford renunció públicamente al empleo de herbicidas en las guerras futuras llevadas a cabo por Estados Unidos. Mientras prevalezca esta política, nunca más se producirá ninguna otra operación como Ranch Hand…».[12] Esto es lo que escribió el mayor William Buckingham en una obra publicada en 1982 por el departamento de historia del ejército del aire estadounidense y dedicada al «uso de herbicidas en el sudeste asiático de 1961 a 1971».

La ventaja de este libro, que evita cuidadosamente abordar las consecuencias sanitarias y ecológicas de las fumigaciones generalizadas con defoliantes en el sur de Vietnam, es que presenta con una tecnicidad clínica la génesis de la guerra química llevada a cabo por Estados Unidos bajo el púdico nombre de Ranch Hand (literalmente, «obrero agrícola»), para mayor beneficio de multinacionales como Dow Chemicals y, por supuesto, Monsanto. Aprendemos así que «los productos químicos que matan las malas hierbas se utilizan desde hace mucho tiempo en la agricultura estadounidense» y que la primera fumigación con insecticidas por vía aérea se experimentó el 3 de agosto de 1921 cerca de Troy, en Ohio. Su objetivo era luchar contra la infestación de una plantación de catalpas por parte de orugas de mariposa esfinge. Hay que indicar que el avión estaba pilotado por el teniente John Macready y que a su lado iba un entomólogo llamado J. S. Houser. El ensayo se repitió al año siguiente en una plantación de algodón de Louisiana para exterminar los gusanos de las hojas y en las mismas condiciones: es la prueba, si es que fuera necesaria, de que la agricultura industrial nunca habría nacido sin la estrecha colaboración entre el ejército y la ciencia, cuyos respectivos oficios no son, sin embargo, producir alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente…

En los años cuarenta la aviación pone a punto los depósitos preparados para verter el líquido que, instalados en los aviones militares, servirán para esparcir DDT en el oeste de Europa y en el Pacífico, «para salvar vidas», subraya el autor del departamento de historia del ejército del aire, y precisa: «Los aliados y las potencias del eje se abstuvieron de utilizar esta arma contra el enemigo debido a restricciones legales o para evitar medidas de represalia».[13]

En realidad, parece que el hecho de que se levantaran los tabúes se debió a un doble factor: la emergencia de la Guerra Fría, que justifica todos los medios para acabar con la amenaza terrorista, y el descubrimiento de los herbicidas revolucionarios 2,4-D y 2,4,5-T. Como hemos visto, ambos fueron inventados simultáneamente en laboratorios británicos y estadounidenses. Rápidamente los investigadores se dieron cuenta del potencial que representan en tiempos de guerra, porque permiten destruir los cultivos y, por lo tanto, matar de hambre a los ejércitos y poblaciones enemigas. Desde 1943 el Consejo para la Investigación Agrícola del Reino Unido lanza un programa secreto de pruebas que en los años cincuenta se realizará en Malasia, donde por primera vez en la historia el ejército británico utilizará los herbicidas para destruir las cosechas de los insurgentes comunistas. En el mismo momento, en Estados Unidos el Centro de Guerra Biológica de Fort Detrick, en Maryland, hace pruebas con el dinoxol y el trinoxol, constituidos por una mezcla de 2,4-D y 2,4,5-D precursora del agente naranja. Después de salir a la luz los archivos secretos del Pentágono es razonable pensar que estas pruebas preliminares se llevaron a cabo con la estrecha colaboración de la empresa de Saint Louis.

Pero lo cierto es que las primeras pruebas de gran envergadura tuvieron lugar en el sur de Vietnam a partir de 1959. Al parecer, constituyen una novedad tal que el departamento audiovisual del ejército estadounidense consideró conveniente filmarlas durante un periodo de dos años. En este documento excepcional que pude consultar se ve un avión militar descender a baja altitud por encima de la selva virgen, y después lanzar una nube lechosa que va trazando un pasillo rectilíneo a medida que avanza el aparato. «Al cabo de dos semanas es evidente que el tratamiento es eficaz», indica con satisfacción el comentarista militar: «el 90% de los árboles y matorrales quedaron destruidos durante dos años». Unos planos aéreos muestran entonces un claro que desgarra varios kilómetros de vegetación lujuriosa. La imagen de las fumigaciones con herbicidas, junto con las de las víctimas del napalm, como la de la pequeña Kim Phuc corriendo desnuda por una carretera de Vietnam, se convertirán en uno de los símbolos de una de las guerras más controvertidas del siglo XX.

La operación Ranch Hand empieza oficialmente el 13 de enero de 1962, esto es, un año después de la llegada de John F. Kennedy a la Casa Blanca. Según el libro del departamento de historia del ejército del aire, es el propio presidente quien tomó la decisión después de que se produjeran duras discusiones entre los asesores del departamento de Defensa, dirigido por Rober MacNamara, los cuales incitan a utilizar «técnicas y artilugios»[14], y los del departamento de Estado, que temen las reacciones internacionales y el hecho de que el programa de defoliación sea utilizado por la «propaganda comunista» para volver a la población contra Estados Unidos. En aquel momento el compromiso estadounidense todavía es limitado: oficialmente consiste en asesorar al ejército de Vietnam del sur, presidido entonces por el dictador Ngô Dinh Diêm, para contener el avance del Viet-Cong, apoyado por el Vietnam del norte comunista de Ho Chi Min. El objetivo de la operación Ranch Hand es, en primer lugar, «despejar» las carreteras principales, los ríos y las fronteras de Vietnam del sur para «controlar más fácilmente los movimientos del Viet-Cong» y, en un segundo momento, «destruir las cosechas» que supuestamente abastecen a los «rebeldes».

En julio de 1961 llegan a la base militar de Saigón los primeros cargamentos de defoliantes. Se suministran en barriles de doscientos litros ceñidos por una banda con alguno de los colores del arco iris, y destinada a facilitar el reconocimiento de los productos: el «agente rosa» contiene 2,4,5-T puro, el «agente blanco», 2,4-D, el «agente azul», arsénico, mientras que el más tóxico de ellos, el «agente naranja», introducido en 1965, está constituido a medias por 2,4,5-T y 2,4-D.

El 10 de enero de 1962 todos los periódicos del país publican un comunicado del ejército survietnamita: «La república de Vietnam ha anunciado hoy un plan para llevar a cabo una experiencia destinada a limpiar varias carreteras clave de la densa vegetación tropical. Se ha solicitado el asesoramiento estadounidense para que el personal vietnamita lleve a cabo esta tarea. Para estas experiencias se utilizarán herbicidas comerciales, ampliamente utilizados en Estados Unidos, Europa, África y la URSS. […] A petición del gobierno vietnamita Estados Unidos suministrará los productos químicos. El gobierno subraya que ninguno de los dos productos químicos es tóxico ni constituye un peligro para la vida salvaje, los animales domésticos, los seres humanos ni los suelos».[15] Lo que no dice la propaganda del presidente Diem, al que la Casa Blanca pidió que asumiera la responsabilidad de la operación Ranch Hand, es que las dosis de herbicida por hectárea utilizado por el ejército estadounidense serán hasta treinta veces superiores a las utilizadas en Estados Unidos, donde el 2,4,5-T y el 2,4-D se diluían cuidadosamente antes de ser utilizados en la agricultura.

El 13 de enero de 1962 un aparato Fairchild C-123 de las fuerzas aéreas estadounidenses abandona la base militar de Tan Son Nhut con un cargamento de más de ochocientos litros de agente violeta. Se estima que desde aquel día hasta 1971 se han vertido 80 millones de litros de defoliantes sobre 3,3 millones de hectáreas de selvas y de tierras. Más de 3.000 pueblos fueron contaminados y el 60% de los defoliantes utilizados eran de agente naranja, lo que representa el equivalente a cuatrocientos kilos de dioxina pura.[16] Ahora bien, según un estudio de la Universidad de Columbia (Nueva York) publicado en 2003, la disolución de 80 gramos de dioxina en una red de agua potable podría eliminar a una ciudad de ocho millones de habitantes…[17]

LA CONSPIRACIÓN

El hombre que me recibe en octubre de 2006 tiene la mirada demacrada de los enfermos graves al final de su vida. A los sesenta y siete años parece quince años mayor. Instalado en su silla de ruedas me enseña las dos piernas que ya no tiene. Alan Gibson es el vicepresidente de la asociación Vietnam Veterans of America, que cuenta con 55.000 miembros. «Cuando volví de Vietnam empecé a tener problemas oculares», me explica. «Y luego, tres años después, los primeros síntomas de lo que los médicos llaman una neuropatía periférica. Se me empezaron a fosilizar los huesos y a salírseme de los dedos de los pies. Un día me estaba lavando los pies y se me quedó un trozo de hueso en la mano».

—Primero dijeron que era gota —interviene su mujer Marcia—. Después le cortaron los dedos de los pies, luego los pies y por último ambas piernas.

—¿Es frecuente esta enfermedad entre los veteranos de la guerra de Vietnam? —pregunté.

—Sí —responde Marcia—. Trabajo de enfermera en el hospital de veteranos, las enfermedades más frecuentes son los cánceres, en especial de pulmón y de hígado, las leucemias, las patologías neurológicas. En nuestra asociación también hay muchos veteranos que tienen hijos, incluso niños pequeños, que padecen discapacidades físicas o mentales.

Alan Gibson no sabe exactamente cuándo vio por primera vez una fumigación con defoliantes. «¡Era tan frecuente!», nos dice. «Estábamos en la selva y entonces, de pronto, una sensación de lluvia… Un ruido de motor… Nos decían que eran los herbicidas que utilizan nuestros agricultores todos los días… Tenía compañeros que se lavaban en los barriles vacíos de agente naranja o que los utilizaban de barbacoa. Nunca nos dijeron que los herbicidas tenían dioxina. Sin embargo, el gobierno lo sabía».

¿Quién lo sabía exactamente y desde cuándo? Más de treinta años después del final de la guerra de Vietnam la pregunta sigue dividiendo a los expertos. Según un informe elaborado en noviembre de 1979 por la General Accounting Office, la oficina de investigación del Congreso, «el departamento de Defensa no consideraba el agente naranja tóxico o peligroso para el hombre y por ello tomó pocas precauciones para prevenir los efectos de una exposición a él».[18]

Regularmente se cita un testimonio que aclara… la ceguera de las autoridades militares. Es el del doctor James Clary, un científico que trabajaba en un laboratorio perteneciente al departamento de armas químicas del ejército del aire, en Florida. Él es quien concibió el depósito ADO 42 destinado a esparcir el agente naranja: «Cuando en los años sesenta iniciamos el programa de los defoliantes, éramos conscientes de los daños potenciales debidos a la contaminación de los herbicidas a causa de la dioxina», escribe en una carta destinada al senador Tom Daschle. «También éramos conscientes de que la fórmula “militar” contenía un nivel de concentración en dioxina más elevado que la fórmula “civil” debido a su coste reducido y a unos plazos de fabricación muy cortos. Sin embargo, como el material iba a ser utilizado contra el “enemigo”, a ninguno de nosotros le preocupó verdaderamente. Nunca imaginamos un escenario en el que nuestro propio personal se iba a contaminar con el herbicida».[19]

Otro testimonio parece indicar que los responsables militares destinados en Vietnam no estaban informados de la extrema toxicidad de la dioxina contenida en el agente naranja: es el del almirante Elmo Russell Zumwalt Jr. ascendido en septiembre de 1968 a comandante de las fuerzas navales en Vietnam. Dirigía la flota de los barcos que patrullaban en el delta del Mekong. Para proteger a los marines de las emboscadas tendidas por el Viet-Cong en esta zona estratégica, ordenó fumigar las costas de agente naranja. Resulta que el comandante de uno de los barcos era su propio hijo, Elmo Russell Zumwalt III, que murió de un cáncer y de leucemia a los cuarenta y dos años dejando un huérfano afectado de diversas discapacidades. Desde entonces el almirante Zumwalt remueve cielo y tierra para que se levante por fin el secreto que rodea a la dioxina. Será nombrado consejero especial del secretario encargado de los veteranos, Edward J. Derwinski, y luchará incansablemente por conseguir la cobertura social de las víctimas del agente naranja.

«Creo que las autoridades gubernamentales no fueron informadas de la nocividad de la dioxina antes de finales de los sesenta», me asegura Gerson Smoger, abogado de muchos veteranos de la guerra de Vietnam. «Por una razón muy simple: los dos principales fabricantes, Dow Chemicals y Monsanto, ocultaron deliberadamente los datos que tenían por no perder un mercado muy sustancioso. No tengo miedo de decir que se trata claramente de una conspiración».[a]

Instalado en las afueras de San Francisco, Gerson Smoger está especializado en casos de contaminación medioambiental —como hemos visto, defendió a los habitantes de Times Beach— y también se ha distinguido en class actions presentadas contra los gigantes de la farmacia o de la industria del tabaco. Pero el caso de su vida es el agente naranja. En el sótano de su estudio almacena desde hace años miles de documentos cuidadosamente clasificados en unos ficheros numerados que dan vértigo. «Se necesitan meses para consultarlos todos», sonríe ante mi cara descompuesta. «Pero he podido establecer la prueba de que la actitud de Dow Chemicals y Monsanto fue delictiva: en primer lugar, contrariamente a lo que afirmaron sus directivos, probaban regularmente el contenido en dioxina de sus productos, pero nunca comunicaron sus resultados a las autoridades sanitarias o militares. El caso de Monsanto es particularmente grave, porque el agente naranja que la empresa producía en su fábrica de Sauget contenía la tasa más elevada de dioxina».

Y el abogado cita un documento fechado el 22 de febrero de 1965: se trata de memorándum procedente de Dow Chemicals que relata una reunión mantenida entre trece directivos de la empresa en la que se debatió la toxicidad del 2,4,5-T. Juntos deciden organizar un encuentro con los demás fabricantes del agente naranja, entre ellos Monsanto y Hercules, para «discutir acerca de los problemas toxicológicos causados por la presencia de algunas impurezas altamente tóxicas» en las muestras de 2,4,5-T. «La reunión tuvo lugar en el mayor de los secretos», comenta Gerson Smoger. «Dow habló en especial de un estudio interno que demostraba que los conejos expuestos a la dioxina desarrollaban lesiones graves en el hígado. La cuestión era saber si había que informar al gobierno. Como lo demuestra una carta, de la que también tengo copia, Monsanto reprochó a Dow querer desvelar el secreto. Y el secreto se mantuvo durante al menos cuatro años, aquellos en los que las fumigaciones con agente naranja llegaron al máximo en Vietnam…».

A finales de 1969 las autoridades gubernamentales ya no pueden decir que no están informadas: un estudio realizado por Diane Courtney para el Instituto Nacional de Salud revela que las ratas sometidas a dosis importantes de 2,4,5-T desarrollan malformaciones fetales y paren crías muertas.[20] La noticia suscita mucha emoción e inquietud. El 15 de abril de 1970 el secretario de Agricultura anuncia en todas las cadenas de televisión y emisoras de radio «la suspensión de la utilización del 2,4,5-T en torno a lagos, albuferas, zonas de recreación, casas y cultivos destinados a la alimentación humana debido al peligro que el herbicida supone para la salud…».[21]

Es el fin del agente naranja y, para los veteranos estadounidenses, el inicio de un largo combate por el reconocimiento de los perjuicios que han sufrido…

MONSANTO ORGANIZA SU IMPUNIDAD

En 1978 Paul Reutershan, un veterano enfermo de cáncer de intestino, demanda a los fabricantes del agente naranja. Pronto se le unen miles de veteranos para constituir la primera class action presentada contra Monsanto y compañía. Un año después, el 10 de enero de 1979, un tren de mercancías que transportaba 70.000 litros de clorofenol (una sustancia que se utiliza en la fabricación de productos para tratar la madera) descarrila en Sturgeon, Missouri, lo que provoca que se derrame toda la carga. Resulta que ésta proviene de la fábrica de Sauget, donde hasta hacía poco Monsanto fabricaba sus PCB. Muestras tomadas por la EPA revelan que el producto químico contiene dioxina… Sesenta y cinco habitantes de Sturgeon, entre ellos Frances Kemner, que dará su nombre a la class action (Kemner vs. Monsanto), demandan a Monsanto.

Para la compañía de Saint Louis el caso es grave, tanto más cuanto que tras la catástrofe de Seveso (1976) el TCDD es objeto de una atención particular por parte del público y de los medios de comunicación. La empresa comprende que debe reaccionar si no quiere verse implicada en una multitud de procesos en los que no se dejarán de abordar los efectos a largo plazo de la dioxina sobre la salud humana, especialmente en materia de cánceres. Pero también sabe que cuenta con dos bazas, que no dejará de utilizar a partir de finales de los setenta.

En primer lugar, como subraya Greenpeace, uno de sus oponentes más acérrimos, en un informe hecho público en 1990, sea cual sea su origen «la dioxina es omnipresente en la población estadounidense, el medio ambiente y los alimentos».[22] Así pues, es difícil probar que la tasa de dioxina registrada en el organismo de un individuo esté relacionada precisamente con su exposición durante un accidente como el de Surgeon o durante una fumigación en Vietnam. Para prevenirse ante eventuales acusaciones los dirigentes de Monsanto no se arredran ante nada: gracias a la complicidad del personal de la morgue de Saint Louis, hacen que se tomen en secreto muestras de cadáveres de personas muertas en accidentes de carretera y las hacen analizar. ¡Bingo!: los tejidos grasos de los difuntos contienen dioxina… El asunto, que dice mucho de las prácticas de la casa, se revelará durante el proceso Kemner vs. Monsanto[23], sobre el que volveré en el capítulo siguiente.

En segundo lugar, como reconoce también Greenpeace, «dada la omnipresencia de la dioxina, es difícil llevar a cabo un estudio epidemiológico», porque es prácticamente imposible encontrar un grupo control (es decir, personas de las que se está seguro que nunca han estado expuestas). En otras palabras, «en vez de comparar un grupo expuesto con otro no expuesto, sólo se puede comparar un grupo más expuesto con otro menos expuesto, a condición de que los grados de exposición sean suficientemente diferentes y que el tamaño de los grupos sea suficientemente grande para que los efectos sanitarios constatados sean estadísticamente significativos». Y la organización ecologista concluye que «las poblaciones humanas que pueden servir para un estudio epidemiológico son las que han sido expuestas a una alta concentración de dioxina, como:

—las comunidades contaminadas accidentalmente o durante mucho tiempo, como en Seveso (Italia) o Times Beach;

—las personas expuestas a pesticidas contaminados con dioxina como el 2,4,5-T, como los usuarios de herbicidas o los veteranos de la guerra de Vietnam;

—los obreros que trabajan en fábricas que producen dioxina, como los de Monsanto o BASF».

Desde 1978 la multinacional de Saint Louis comprende que es precisamente ahí donde tiene una carta que jugar: en efecto, ella es la única institución que dispone de datos sanitarios que se remontan a 1949, fecha del accidente de la fábrica de Nitro. La idea es sencilla: si la dioxina es cancerígena, entonces para verificarlo basta con encontrar a los obreros que habían sido examinados por el doctor Suskind y comparar su estado de salud, treinta años después, con el de las personas escogidas de entre la población normal. Así es como se le encarga al doctor Suskind supervisar tres estudios epidemiológicos, con ayuda de dos científicos de Monsanto. Tal como revelará el proceso Kemner vs. Monsanto, es el doctor George Roush, director médico de la sociedad, quien controlará su contenido, antes de publicarlos en 1980, 1983 y 1984 en unas revistas científicas de referencia.[24] Como es de imaginar, los estudios llegarán a la conclusión de que no existe una relación directa entre la exposición al 2,4,5-T y el cáncer. En otras palabras: ¡Muchas gracias, ya pueden marcharse!…

«Así es como se desestimó la demanda de indemnizaciones de los veteranos de la primera class action», me explica Gerson Smoger. «Cuando se publicaron, estos estudios fueron considerados la referencia absoluta. Y ante su incapacidad para demostrar que los cánceres que padecían estaban relacionados con su exposición a la dioxina, los veteranos se vieron obligados a aceptar un acuerdo amistoso».

De hecho, a las cuatro de la mañana del 7 de mayo de 1984, cuando es inminente la apertura del proceso iniciado en 1978 por Paul Reutershan, los fabricantes del agente naranja ponen encima de la mesa 180 millones de dólares como liquidación. El juez Jack Weinstein ordena que Monsanto pague el 45,5% de la suma debido al gran contenido de dioxina de su 2,4,5-T.[25] Colocado en un fondo de compensación, se supone que el dinero indemnizará a los veteranos que aporten la prueba de que padecen una incapacidad laboral total no vinculada a las heridas de guerra en un plazo máximo de diez años. Así es como 40.000 veteranos de guerra recibirán una ayuda de entre 256 y 12.800 dólares, según los casos. «Una minucia», comenta Gerson Smoger. «Hasta que se descubra que los estudios de Monsanto habían sido manipulados…».

3

DIOXINA: MANIPULACIONES Y CORRUPCIÓN

«Todas las pruebas científicas fidedignas demuestran que el agente naranja no provoca efectos sanitarios a largo plazo».

JILL MONTGOMERY, portavoz de Monsanto, 2004.

Por un curioso azar del calendario, en febrero de 1984, en el momento en que los veteranos de la guerra de Vietnam se van a ver obligados a renunciar a verdaderas indemnizaciones, se abre el proceso Kemner vs. Monsanto en Illinois. Durante más de tres años catorce jurados escucharán a ciento treinta testigos e intentarán valorar el perjuicio sufrido por los habitantes de Surgeon, así como la responsabilidad de la empresa de Saint Louis. Fue el «proceso más largo de la historia nacional», escribe el Wall Street Journal, que precisa que «Monsanto está representado por diez abogados que cada cuatro horas se turnan en la defensa para mantenerse en forma. […] Observadores del proceso afirman que, estableciendo una reputación de adversario intratable y disponiendo aparentemente de un presupuesto ilimitado, el objetivo de Monsanto es disuadir para que no se interpongan demandas similares en el futuro».[1]

ESTUDIOS CIENTÍFICOS FALSIFICADOS

Los medios desplegados por la empresa están a la altura de lo que está en juego: si todos los usuarios de sus productos que contienen huellas de dioxina se vuelven contra ella, la empresa sabe que va derecha a la quiebra. Por ello no duda en utilizar todas las técnicas dilatorias, a riesgo de exasperar al juez. «Retrasar a la justicia es negarla; así, ésta deja fuera de examen un último recurso interpuesto por los abogados de Monsanto. Creo que el tribunal debería negarse a ser utilizado como un peón en semejante exceso de recursos judiciales».[2]

El 22 de octubre de 1987, tras haber deliberado durante… ocho semanas, los jurados emiten un extraño veredicto: no se atribuye a los demandantes más que un dólar simbólico de daños y perjuicios debido a que no han podido demostrar la relación entre sus problemas de salud y el accidente, y se impone a Monsanto 16 millones de dólares de «punitive damages» (daños y perjuicios punitivos) porque el jurado está indignado por su comportamiento irresponsable en su gestión de los riesgos sanitarios vinculados a la dioxina.[a]

De hecho, a lo largo de tres años los jurados han ido de descubrimiento en descubrimiento. Gracias al trabajo riguroso del abogado de los demandantes, Rex Carr, se enteraron de que la empresa «sabía que destilando sus clorofenoles podía eliminar o reducir considerablemente la presencia de dioxina», pero que «no lo había hecho antes de 1980». Además, «hubiera podido deshacerse de la dioxina sometiendo a una prueba cada lote de sus productos y retirando de la venta aquellos que estaban contaminados».[3]

Según el testimonio de Donald Edwards, ingeniero de la empresa, ésta «vertió en el Mississippi de treinta a cuarenta libras de dioxina al día (1970-1977) de su fábrica de Krummich (Sauget), que pudieron entrar en la cadena alimentaria», sin informar a las autoridades. Peor: tal como se deduce de las declaraciones de tres ejecutivos, entre ellos un químico y el responsable del servicio de marketing, la empresa sabía que el Santophen, que formaba parte de la fórmula del Lysol, un producto de limpieza recomendado para limpiar los juguetes de los niños, estaba contaminado por la dioxina. Por temor a perder el mercado prefirió no informar a sus clientes (las empresas Lehn y Fink), aún a riesgo de mentirles cuando éstas planteaban preguntas. Una carta dirigida por Clayton F. Callis, un ejecutivo de Monsanto, a uno de sus colegas confirma el desparpajo con el que la empresa trata el problema de la dioxina: «Dow monta un escándalo a causa de la dioxina contenida en el Penta», escribe el 3 de marzo de 1978 a propósito de una gama de productos de tratamiento de la madera. «Nuestro producto tiene un contenido en dioxina más elevado que el suyo. Por lo tanto, nos tocará a nosotros demostrar que las dioxinas son aceptables. Lo que implicaría hacer estudios toxicológicos no de una sola molécula, sino de varias. Lo que equivale a decir que es una misión imposible».

Se podrían multiplicar los ejemplos, pero el colofón del proceso fue la revelación de que los tres estudios antes citados supervisados por el doctor Suskind (publicados por Monsanto entre 1980 y 1984) habían sido amañados… Y que si se hubieran llevado a cabo correctamente, habrían llegado a una conclusión diametralmente opuesta, a saber, que la dioxina es un potente cancerígeno. Demostrado por el abogado Rex Carr, el fraude será confirmado más tarde por varios organismos científicos, como el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)[4] o el National Research Council, que constatará que los estudios de Monsanto «adolecían de errores de clasificación entre las personas expuestas y no expuestas, y que habían sido tergiversados con el objetivo de obtener el efecto buscado».[5] En 1990 Greenpeace también le dedicará un dossier muy detallado, ampliamente citado por la prensa, a pesar de que las revelaciones hechas durante el proceso Kemner vs. Monsanto habían pasado prácticamente desapercibidas.[6]

En este dossier se descubre que el estudio publicado en 1980 por Raymond Suskind y su colega de Monsanto, Judith Zack, pecaba, cuando menos (por decir las cosas sobriamente), de falta de rigor en la definición de las personas consideradas «expuestas» o «no expuestas» (grupo control). Según las explicaciones proporcionadas a la justicia por Raymond Suskind, en efecto, ambos investigadores habían retenido como hipótesis de partida que «los obreros que habían estado expuestos durante el accidente [de 1949] y que habían desarrollado el cloracné probablemente constituían el grupo más expuesto entre la población que trabajaba en la fábrica de Nitro».[7] Por ello, en el grupo de «expuestos» sólo se había incluido el grupo de obreros presentes el día del accidente y que habían contraído el cloracné: por lo tanto, se excluyó del grupo a aquellos que estaban presentes pero que no habían sido víctimas de la enfermedad, aunque el doctor Suskind sabía a ciencia cierta que la ausencia de cloracné no implica necesariamente una ausencia de exposición.

A la inversa, toda persona que presentara problemas de piel (psoriasis, acné, etc.) se incluyó en el grupo de los «expuestos», mientras que los obreros que trabajaban en la línea de fabricación y que estaban ausentes el día del accidente se incluyeron sistemáticamente en el grupo control de los «no expuestos», aunque padecieran cloracné. En una carta enviada a Nature en 1986, los toxicólogos Alastair Hay y Ellen Silberger indican que «todos estos obreros hubieran debido formar parte de un único y mismo grupo, sin hacer distinción entre aquellos expuestos durante el accidente y aquellos que trabajaban en la línea de fabricación del 2,4,5-T»; tanto más cuanto que los datos reunidos por el doctor Suskind en su estudio de 1953 demostraban que «la incidencia del cloracné era más o menos similar en ambos grupos» y que «enfermedades graves que presentan un tiempo de latencia largo como el cáncer pueden ser el resultado de una exposición lenta y crónica».[8]

Por lo que se refiere al estudio publicado en 1983 por Judith Zack y William Gaffey, dos empleados de Monsanto, deja simplemente atónito… Se suponía que comparaba el estado de salud de 884 empleados de la fábrica, entre ellos los que trabajaban en la línea de producción de 2,4,5-T (grupo de los «expuestos») y «todos los demás» (grupo control), incluidos «los empleados que tenían una responsabilidad concerniente a la unidad de producción con una exposición potencial, que no se consideraron expuestos por necesidades del estudio», tal como reconocen ambos autores.[9] Resultado: la tasa de cáncer era menos elevada en el grupo de los expuestos que en el de los no expuestos… El truco consistía en incluir en el estudio únicamente a los obreros que trabajaban en la fábrica y/o fallecidos entre el 1 de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 1977. En otras palabras: se excluyó a aquellos que habían trabajado en Nitro entre 1948 y 1955, lo mismo que a aquellos que murieron después de 1977. Este protocolo arbitrario permitió excluir del estudio a veinte obreros que Monsanto sabía que habían estado expuestos (especialmente durante el accidente de 1949), nueve de los cuales habían muerto de cáncer y once de enfermedades cardíacas. Además, cuatro obreros muertos de cáncer y clasificados como «expuestos» en el estudio publicado en 1980, en el de 1983 se encontraban en el grupo control…[10]

Pero el colmo es el último estudio, publicado en 1984 por Raymond Suskind y Vicki Hertzberg, una colega del Instituto Kettering, en la prestigiosa revista The Journal of The American Medical Association. En una declaración hecha en el marco del caso Kemner vs. Monsanto el doctor Roush, director médico de la empresa, reconocerá que en vez de los cuatro cánceres censados en el grupo de los expuestos, había… veintiocho (por lo tanto, se omitieron deliberadamente veinticuatro casos).[11] Al declarar, a su vez, el doctor Suskind, fue desenmascarado hasta tal punto por la prueba de su «fraude que rehusó volver al Estado de Illinois para terminar su contra-interrogatorio».[12]

LA CAZA A LOS «LANZADORES DE ALERTA»

Mientras tanto, Greenpeace transmite su dossier a Cate Jenkins, una química que trabaja en la Agencia de Protección del Medio Ambiente desde 1979. Esta científica de cuarenta y tres años tiene entonces como misión detectar los vertederos industriales tóxicos y elaborar una reglamentación para controlarlos. Famosa por su intransigencia con los contaminadores, esta indiscutida especialista en la dioxina ya había tenido problemas con su jerarquía, que consideraba que llevaba un poco demasiado lejos sus investigaciones sobre el Penta (pentaclorofenol), un producto para el tratamiento de la madera fabricado, como hemos visto, por Dow y Monsanto. La producción del Penta «libera setenta y cinco dioxinas diferentes, entre ellas TCDD y hexadioxina, 5.000 veces más tóxica que el arsénico», explica en la revista canadiense Harrowsmith en 1990, en el momento en que la trituradora se pone en marcha.[13]

Desde el momento en que conoce el dossier elaborado por Rex Carr y retomado por Greenpeace, Cate Jenkins mide las implicaciones que estas revelaciones pueden tener en relación con la reglamentación estadounidense sobre la dioxina. En efecto, basándose en los únicos estudios epidemiológicos entonces disponibles, a saber, los realizados por Monsanto, en 1988 la EPA había concluido que «no se ha aportado la prueba humana que confirme una relación entre la 2,3,7,8-TCDD y el cáncer».[14] Por consiguiente, la agencia había decidido clasificar la dioxina como un cancerígeno de tipo B2, es decir, un «cancerígeno humano probable», en la jerga de la EPA, para el que sólo existen «pruebas animales».[a] El resultado es que la dioxina no se consideró un contaminante prioritario y escapó así a la reglamentación sobre las emisiones atmosféricas prevista por la Clean Air Act (ley sobre la calidad del aire). Para Cate Jenkins es evidente que si no se hubieran manipulado los estudios de Monsanto, las conclusiones de la EPA (pero también las del resto del mundo, calcadas de la postura estadounidense) habrían sido diferentes.

Ésta es la razón por la que, siendo como era una funcionaria concienzuda, decide elaborar un informe confidencial titulado «Fraude de Monsanto revelado recientemente y concerniente a un estudio epidemiológico utilizado por la EPA para evaluar los efectos sanitarios de las dioxinas», que el 23 de febrero de 1990 envía al presidente del comité ejecutivo del consejo científico de la agencia, así como a la oficina del administrador.[15] Adjunta las distintas piezas del proceso Kemner, solicitando que se lleve a cabo una auditoría científica de los estudios de Monsanto. Una iniciativa que en seguida le causará los mayores tormentos de su carrera…

Por desgracia, no pude conocer a Cate Jenkins, que me denegó una entrevista. Cuando contacto con ella en mayo de 2006, se ocupa de coordinar la acción de la EPA sobre el análisis de los residuos tóxicos en las ruinas de la Zona Cero, el emplazamiento de las dos torres gemelas del World Trade Center de Nueva York destruidas en el atentado del 11 de septiembre. «Es un expediente muy delicado», me explica en una carta un tanto enigmática, «y prefiero concentrarme en él». Me recomienda encarecidamente ponerme en contacto con William Sanjour, que fue uno de los ejecutivos más visibles de la EPA antes de ser «arrinconado» hasta su jubilación en 2001. En septiembre de 2007, en el momento en que escribo estas líneas, es portada del Fraud Magazine, ya que acaba de obtener el premio de la Association of Certified Fraud Examiners, que le consagra como el «centinela de la EPA».[16]

«Cate tiene miedo», me dice cuando hablo con él por teléfono la primavera de 2006. «Cuando se sabe lo que ella ha vivido, se comprende…». William Sanjour, como Cate Jenkins, es lo que en Estados Unidos se llama un whistle-blower. Literalmente «soplador del silbato», un «lanzador de alerta», según la denominación francesa reconocida en adelante a partir del «Grenelle del Medio Ambiente» de otoño de 2007.[*] En Estados Unidos son legión, hasta el punto de haber creado una organización, la National Whistleblowers Center, instalada en Washington desde 1988. Los whistleblowers son hombres y mujeres que trabajan en una institución pública o en una gran empresa privada y que en un momento dado constatan que su patrón pone en peligro el interés público violando una ley o una reglamentación, un delito que a veces va acompañado de fraude o de corrupción. Al provocar las iras de sus superiores, son entonces acosados, arrinconados, difamados y muy frecuentemente despedidos por haberse tomado demasiado en serio el trabajo que se les había confiado. Para ellos la caída es tanto más dura cuanto que estaban verdaderamente convencidos de que su trabajo tenía sentido. Unos «idealistas», dirán los pragmáticos; para empresas como Monsanto, unos «aguafraudes».[*] Desde este punto de vista, la historia de William Sanjour es absolutamente ejemplar.

Tras estudiar física en la Universidad de Columbia, se incorpora a la EPA cuando ésta se crea en 1970. En seguida es nombrado director de la Hazardous Waste Management Division, el departamento que se encarga de supervisar el tratamiento y almacenamiento de los residuos industriales tóxicos. Su acción lleva al Congreso a votar en 1976 la ley Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Pondrá todo su empeño en hacer respetar esta ley, aun a riesgo de atraer sobre sí las iras de los contaminadores, pero también las de su propia jerarquía. «Por desgracia», dice hoy, «la EPA se preocupa más de proteger los intereses de las empresas que se supone regula que de defender el interés general». De hecho, sus superiores se opondrán duramente a William Sanjour, ya que no soportan sus intervenciones en el Congreso o en reuniones públicas, donde denuncia abiertamente la connivencia de la agencia con los grandes grupos industriales.

Gran amante de la vela, William Sanjour me cita el 14 de julio de 2006 en un pequeño puerto deportivo no lejos de Washington. «¡La EPA elaboró una ley especialmente para mí!», me cuenta con una satisfacción asumida. En efecto, para hacer callar a su oveja negra, la EPA promulgó, con la oportuna colaboración de la Office of Government Ethics, un reglamento que prohibía a sus agentes cobrar las dietas de desplazamiento cuando eran invitados a hablar, voluntariamente y fuera de sus horas de trabajo, por organizaciones militantes y ciudadanas. «Regularmente se solicitaba mi valoración en los cuatro rincones de Estados Unidos», comenta William Sanjour. «De la noche a la mañana tuve que declinar todas las invitaciones porque me habrían costado demasiado caras». Lleva entonces el caso ante los tribunales con ayuda del National Whistleblowers Center, que en 1995 obtiene la anulación de la «ley infame» y una jurisprudencia que afirma el derecho de los lanzadores de alerta a denunciar a su patrón cuando éste viole manifiestamente la ley.[17]

Así es como en julio de 1994 el «centinela de la EPA» —que desde hace varios años ocupa un dorado puesto de segundo orden destinado en el Policy Analyst— decide utilizar sus funciones al pie de la letra para redactar un informe sobre el caso de Cate Jenkins y la dioxina titulado The Monsanto Investigation.[18] Es un implacable «análisis del fracaso de la EPA en investigar las acusaciones según las cuales la compañía Monsanto falsificó estudios científicos sobre la cancerigeneidad de la dioxina».

«Escudriñé todo el expediente», me explica. «¡Aquí está!». Saca de un maletín un fajo de documentos de al menos cincuenta centímetros de espesor obtenidos en el curso de los diferentes procedimientos judiciales contra Monsanto (como Kemner vs. Monsanto) o contra la EPA (denuncia de Cate Jenkins en la secretaría de Trabajo). Ante mí se extienden cientos de cuerpos del delito, entre ellos muchos correos internos de Monsanto, que demuestran cómo la empresa ha hecho todo lo posible para ocultar la toxicidad de uno de los productos más peligrosos nunca emitidos en el planeta, aun a riesgo de tratar de aplastar a aquella que osaba denunciar este escándalo…

LA EPA OBEDECE ÓRDENES

«He aquí la prueba de que Monsanto está infiltrado en la EPA», me dice William Sanjour tendiéndome una carta de cinco páginas enviada por James H. Senger, vicepresidente de Monsanto, a Raymond C. Loehr, presidente del consejo científico de la EPA. Está fechada el 9 de marzo de 1990, apenas dos semanas después de que Cate enviara al consejo su informe confidencial. «¿Cómo podía saberlo la empresa?».

«Monsanto ha sabido que la EPA ha recibido informaciones extremadamente provocativas y erróneas a propósito de estudios epidemiológicos que conciernen a la fábrica de Monsanto en Nitro», escribe el dirigente de Saint Louis. «[…] Las afirmaciones de fraude no son creíbles. […] Estamos muy trastornados por las acusaciones infundadas contra Monsanto y el doctor Suskind». Menos de tres semanas después es el propio presidente y director general de Monsanto, Richard J. Mahoney, quien se digna escribir una carta a William Reilly, el administrador de la EPA, a la que adjunta un artículo publicado en la Carleston Gazette.[19] «Desgraciadamente, este memorando interno de la EPA ha hecho su camino en los medios de comunicación y se considera la postura oficial de la agencia», comenta molesto. «Comprenderá usted que esto causa a Monsanto un grave problema que no merecemos. Por ello exigimos que su oficina haga rápidamente una declaración precisando que la señora Jenkins no habla en nombre de la EPA, sino en su propio nombre». Sigue una respuesta de Don R. Clay, el administrador adjunto, cuyo tono servil deja perplejo: «Las opiniones expresadas en el informe interno de la EPA eran las de la doctora Jenkins y no las de la EPA», se excusa. «Lamento los problemas que pueda causar a Monsanto la explotación de este memorando por parte de los medios de comunicación. Si puedo servirle de alguna ayuda, no dude en contactar conmigo».

Hay que decir que, siendo como era una sagaz lanzadora de alerta, la propia Cate Jenkins había organizado la filtración de su informe a los medios de comunicación para que quedara una huella en caso de que la EPA decidiera echar tierra sobre su investigación. El caso había provocado cierto revuelo, incluido en la dirección del Journal of the American Medical Association (JAMA), el semanario médico más leído del mundo, que seis años antes había publicado sin pestañear el tercer estudio de Monsanto. Transcribo a continuación un extracto de una carta muy instructiva del vicepresidente de la American Medical Association, que edita el muy respetado JAMA, publicada el 13 de abril de 1990 en respuesta a las preguntas de un médico al que preocupaba la fiabilidad de los estudios publicados por este semanario científico, considerado la biblia de la investigación médica: «JAMA se siente muy comprometido con la fiabilidad de los artículos científicos que publicamos; sin embargo, cuando se suscitan afirmaciones de un posible fraude, los editores de periódicos científicos no tienen medios para llevar a cabo las investigaciones necesarias. No tenemos acceso a los datos necesarios ni a los individuos implicados[a]. Llevar a cabo tales investigaciones es una responsabilidad de las autoridades para las que trabajan los autores de los artículos (generalmente, universidades), de los organismos privados o de las agencias gubernamentales que han financiado sus trabajos, o de ambos a la vez».[b]

En otras palabras: JAMA publica lo que se le envía sin verificar la validez de sus datos, incluso cuando el autor del artículo está pagado por un gran grupo industrial. Sin embargo, el hecho de que este artículo esté publicado en el summum de la investigación médica constituye una prueba de seriedad de la que no duda en valerse el vicepresidente de Monsanto en su carta del 9 de marzo de 1990, en la que para defender al doctor Suskind subraya que sus conclusiones han sido peer-reviewed, es decir, examinadas por colegas independientes antes de su publicación… Así es como se propagan las mentiras en el seno de la comunidad científica internacional gracias a un sistema viciado que, lo veremos, concierne a todos los ámbitos de la investigación, incluidas las biotecnologías…

Mientras tanto, dentro la EPA el informe de Cate Jenkins se convierte en una patata caliente de la que ya no saben cómo librarse. Curiosamente, el consejo científico de la agencia que, sin embargo, se había servido de los estudios de Monsanto para recomendar en 1988 la clasificación de la dioxina en la categoría B2, se confiesa incompetente para llevar a cabo la auditoría científica solicitada por Cate Jenkins y endosa el expediente a otra institución, el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). En el mismo momento, sin duda para dar buena imagen ante la presión de los medios de comunicación, la dirección de la agencia solicita a la Office of Criminal Enforcement (OCE), su oficina encargada de las investigaciones criminales, evaluar la validez de las acusaciones de fraude.

«Era la mejor manera de enterrar el caso», se subleva William Sanjour, «porque, ¿quién va a arriesgarse a pronunciarse sobre un eventual fraude si previamente nadie lleva a cabo la auditoría científica que Cate había reclamado?». El 20 de agosto de 1990 se abre oficialmente la investigación criminal y se nombran dos detectives, John West y Kevin Guarino, especialmente designados en Denver. Se supone que tienen que verificar las «supuestas violaciones de leyes medioambientales federales por parte de la compañía Monsanto Chemical, sus empleados y sus ejecutivos», que habrían infringido la Toxic Substances Control Act, la ley sobre el control de sustancias químicas que obliga a las industrias a informar a la EPA de la toxicidad de sus productos, y que serían culpables de «conspiración para engañar a la EPA» y de «falsas declaraciones».[20]

«La investigación nunca se llevó a cabo», comenta William Sanjour. «Nadie verificó nunca si estaba probado el fraude de Monsanto; ¡la única investigación que se hizo fue a Cate Jenkins, la whistleblower, que fue acosada, maltratada y cuya vida se convirtió en un infierno!». Gracias al expediente que me remitió el ex alto cargo de la EPA pude consultar los informes de actividad mensuales elaborados por los dos detectives de la agencia. La mayoría consisten en una página en blanco con esta mención: «No hay ninguna actividad de investigación significativa sobre la que informar en este mes». Un «informe de entrevista» de dos simples páginas fechado el 14 de noviembre de 1990 atestigua que estos dos inútiles se han entrevistado con Cate en su despacho. A la mañana siguiente, claramente preocupada por su falta de curiosidad, ésta les remite un segundo informe en el que razona sus argumentos sobre el «fraude de Monsanto». Y para que las cosas queden bien claras, precisa en la última página que ha enviado una copia a dieciséis organizaciones o personalidades, como Greenpeace, el almirante Zumwalt o la Coalición Nacional de Veteranos de Vietnam (CNVV), que reagrupa a sesenta y dos organizaciones de veteranos.

Tres días después, la impertinente lanzadora de alarma es invitada a una ceremonia de la CNVV en la que recibe la medalla de la asociación que honra su valor y la calidad de su trabajo. Cate confirma públicamente que la EPA lleva a cabo una investigación criminal sobre los estudios fraudulentos de Monsanto, lo que precipitará su descenso a los infiernos. «A partir de ese momento», comenta William Sanjour, «Monsanto no dejará de intervenir ante la EPA para que la investigación fracase y Cate sea sancionada, incluso despedida. Lo demuestran todos estos documentos internos», dice exhibiendo un fajo de cartas con el membrete de la empresa de Saint Louis. «¡Y esto sólo es la punta del iceberg! Monsanto es una de las empresas más poderosas de Estados Unidos: tiene libre acceso a la Casa Blanca, al Congreso, en la prensa… ¡Figúrese que no sólo se enterrará la investigación, sino que un abogado de Monsanto acabará redactando un borrador en nombre de la EPA en el que ésta presenta sus excusas!».

He leído muy atentamente las cartas en cuestión y debo decir que me ha dejado estupefacta la desfachatez de los directivos de Monsanto: lejos de reconocer su error, dan muestras de una arrogancia ciega situándose como víctimas, con un tono de vírgenes amedrentadas o dejando traslucir amenazas apenas veladas, como si se dirigieran a un simple subalterno. «Monsanto reconoce que, efectivamente, la agencia ha hecho pública una corrección que indicaba que su empleada había actuado en su propio nombre y que […] su informe no reflejaba la postura oficial de la Agencia», escribía el 1 de octubre de 1990 el vicepresidente, James Senger, a Donald Clay, administrador adjunto de la EPA. «Sin embargo, esta corrección no acabó con los problemas causados por las continuas alusiones a las repetidas acusaciones en este memorando preparado en el seno de la agencia. Dadas las estrechas relaciones de nuestra sociedad con la ciencia, es primordial para nuestro negocio y nuestras operaciones de investigación preservar nuestra reputación concerniente a la calidad irreprochable de los estudios científicos de alto nivel que llevamos a cabo…».

Y después entra en escena James Moore, el abogado de Monsanto. No fue elegido al azar: en efecto, trabaja para el bufete Perkins & Cía, que pertenece a William Ruckelshaus que, como hemos visto (véase el capítulo 1), fue dos veces administrador de la EPA, con un paso prolongado por la dirección de Monsanto y Solutia. «Por todos los motivos que evoqué ante usted por teléfono, no hay ningún motivo para pensar que se haya cometido un fraude», insiste James Moore el 12 de marzo de 1992 ante Howard Berman, director adjunto de la oficina de investigaciones criminales de la EPA. «La investigación llevada a cabo por sus servicios debería concluir lo antes posible para que Monsanto pueda por fin lavar su nombre y cese toda afirmación de comportamiento criminal».

La amonestación dará sus frutos: el 7 de agosto de 1992 un último «informe de investigación» concluye: «La investigación ha terminado. Se han examinado las afirmaciones según las cuales Monsanto habría transmitido a la EPA estudios fraudulentos. La [palabra borrada] Oficina de Evaluación Sanitaria y Medioambiental de la EPA [palabra borrada] ha concluido que incluso si se hubieran falsificado los estudios, éstos han tenido pocas consecuencias, puesto que no han sido tomados en cuenta durante la elaboración de la reglamentación de la dioxina». Una vez más: ¡Muchas gracias, ya pueden marcharse!…

Pero para Monsanto nunca es suficiente, como lo demuestra una nota escrita el 26 de agosto de 1992 por un responsable de la EPA (cuyo nombre está borrado), en la que da cuenta de su última conversación telefónica con James Moore: «Ahora a Jim Moore le gustaría que se hable de lo que la EPA debería decir para volver a poner las cosas en orden y recuperar la imagen de la compañía», informa. «Comprende que su demanda es delicada… Como mínimo, creo que tiene derecho a una carta en la que la EPA anuncie que se ha cerrado la investigación por falta de pruebas suficientes para basar una investigación criminal, pero es probable que esto no baste. […] Le he sugerido a Jim que escriba a [palabra borrada] un borrador mostrando lo que Monsanto quiere que se diga y por qué…».

LA COLUSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS INDUSTRIALES

Mientras que Monsanto dicta sus órdenes a la EPA, Cate Jenkins conocía el tormento del lanzador de alerta. El 30 de agosto de 1990 es arrinconada y permanecerá así hasta el 8 de abril de 1992, fecha de su traslado a un puesto administrativo —«de chupatintas», dirá ella— creado especialmente para ella. De hecho, su suerte había quedado sellada desde finales de febrero de 1990, tal como se deduce de un memorando elaborado por Edwin Abrams, su superior jerárquico: «No se deberían confiar a Cate misiones que la pongan en contacto con la comunidad encargada de la reglamentación ni con el público», recomienda, «porque tiene unos puntos de vista demasiado extremistas sobre la dioxina. […] Si verdaderamente debemos conservarla, entonces se la debería destinar a un puesto administrativo o jerárquico (como Bill Sanjour) y poco importa si está contenta o no».[21] La alusión hace reír suavemente a Bill Sanjour, cuya mirada, no obstante, se vela brevemente: «En este país hemos criticado mucho los métodos soviéticos», dice en un tono en el que se trasluce la cólera. «Pero yo afirmo que en el seno de la EPA reina un ambiente de KGB…».

El 21 de abril de 1992 Cate Jenkins presenta una denuncia contra la EPA ante el departamento de Trabajo. Un mes después el juez ordena que sea reintegrada en su servicio de origen debido a que su traslado era discriminatorio e ilegal. La EPA recurre. La orden de reintegración será confirmada dos años después por el secretario de Trabajo que, de paso, no dejará de denunciar el comportamiento de la EPA, que «en más de una ocasión ha castigado a sus whistleblowers trasladándolos a puestos no deseables»…[22]

«A pesar del calvario que padeció, Cate puede estar orgullosa de su trabajo», afirma hoy Bill Sanjour. «Gracias a ella se escuchó por fin a los veteranos de la guerra de Vietnam y se descubrió la colusión entre el gobierno y Monsanto». Y añade tras un emotivo silencio: «Por desgracia, era demasiado tarde para mi amigo Cameron Appel, que murió de cancer en 1976, con treinta años recién cumplidos y dejando dos huérfanos. Fue capitán de las fuerzas aéreas estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Le dediqué mi informe sobre la dioxina porque creo que hay que poner rostros humanos a esta historia. Algo que parece olvidar Monsanto, a quien sólo interesan los dólares…».

Como afirma el «centinela de la EPA», el valiente memorando de Cate Jenkins abrió la caja de Pandora y provocó una cascada de revelaciones y decisiones de las que en primer lugar se beneficiaron las víctimas estadounidenses del agente naranja. «Gracias a ella obtuvimos una nueva legislación en 1991», manifestó John Thomas Burch, que preside la Coalición Nacional de Veteranos y al que el 29 de septiembre de 1992 escuchó el juez de la secretaría de Trabajo. «El estudio de Monsanto nos bloqueaba porque lo citaban constantemente como referencia aquellos que controlan la legislación. Una vez que pudimos demostrar que este estudio tenía defectos, cayó el obstáculo y miles de hombres pudieron obtener asistencia médica».[23]

De hecho, el primero en reaccionar ante el informe de Cate fue el almirante Elmo Zumwalt Jr que, como hemos visto, tras la muerte de su hijo había sido nombrado consejero especial del secretario encargado de los veteranos, Edward J. Derwinski. En una entrevista concedida a The Washington Post afirma estar sorprendido por «los estudios deshonestos financiados por la industria química» y por «la incapacidad del Center for Disease Control para llevar a cabo un estudio sobre los veteranos que padecieron más la exposición a la dioxina».[24] Y concluye: «Nunca hubiera sospechado hasta qué punto era difícil conocer la verdad». El 5 de mayo de 1990 el almirante entrega un informe confidencial en el que afirma que el fraude de Monsanto forma parte de una vasta maquinación gubernamental destinada a impedir la indemnización a las víctimas del agente naranja y, más allá, de la dioxina.[25]

Se descubre así que en 1982 el Congreso había asignado 63 millones de dólares a la Administración de los Veteranos (AV) para que ésta llevara a cabo un estudio sobre los efectos de la dioxina en los veteranos. Al considerarse incapaz de hacerla, la AV había confiado esta misión al Centre for Disease Control (CDC), al que supuestamente el Pentágono había suministrado los programas de fumigación de la aviación y los archivos concernientes al movimiento de tropas durante la guerra de Vietnam. Ahora bien, cuatro años después el doctor Vernon Houk, director del CDC, anuncia que ha anulado el estudio por «razones puramente científicas», porque sus servicios no han podido encontrar ¡una «población expuesta suficientemente importante» para poder llevarlo a cabo![26] El almirante Zumwalt denuncia en su informe un «esfuerzo intencionado de sabotear toda posibilidad de llevar a cabo un análisis serio de los efectos de la exposición al agente naranja», antes de añadir: «Desgraciadamente, la interferencia política en los estudios financiados por el gobierno ha sido la norma y no la excepción. En efecto, se puede constatar un esfuerzo sistemático para suprimir datos críticos o modificar resultados a fin de demostrar lo que se suponía que tenían que encontrar los presuntos estudios científicos».

Para apoyar su crítica, el almirante Zumwalt cita otro ejemplo de fraude manifiesto que el senador Thomas Daschle reveló en noviembre de 1989 durante una sesión del Congreso dedicada al agente naranja.[27] Se descubre así que las fuerzas aéreas estadounidenses habían ocultado deliberadamente los resultados de un estudio que ellas habían llevado a cabo para estudiar los efectos de las fumigaciones sobre sus pilotos destinados en la operación Ranch Hand: contrariamente a las conclusiones «tranquilizadoras» que ellas mismas habían publicado en 1984, resultó que los hijos de los militares implicados presentaban dos veces más malformaciones congénitas que en el grupo control.

Y el ex jefe de la Marina en Vietnam insiste: «Por desgracia, los estudios llevados a cabo por investigadores independientes […] tampoco se libraron del engaño, el fraude y la interferencia política que caracterizaron a los estudios financiados por el gobierno, lo que no hizo sino reforzar las conclusiones erróneas proporcionadas por las instancias gubernamentales…». Y cita, desde luego, los estudios de Monsanto, pero también los llevados a cabo por su alter ego, BASF, en una de cuyas fábricas había habido una explosión similar a la de Nitro en noviembre de 1953. Por un efecto de inquietante mimetismo, científicos pagados por la empresa alemana habían publicado en 1982 una investigación afirmando que los obreros presentes durante el accidente no presentaban ninguna patología particular.[28] Siete años después un artículo del New Scientist revelaba que se había falsificado el estudio con las mismas artimañas burdas que las de Monsanto: se había incluido en el grupo de expuestos a veinte ejecutivos que no habían estado expuestos al 2,4,5-T, con lo que se ocultaba la elevada tasa de cánceres de pulmón, de tráquea y del sistema digestivo.[29]

Por último, pero no menos importante, es el hecho de que, en el momento en que el almirante redacta su abrumador informe, dos estudios le vienen a dar aún más la razón: el primero, publicado en la revista Cancer, constata que unos campesinos de Missouri que habían utilizado herbicidas clorados como el 2,4,5-T o el 2,4-D presentan una tasa anormalmente elevada de cánceres (de labios, de huesos, de las cavidades nasales, de los senos, de la próstata), así como linfomas no hodgkinianos (cáncer del sistema linfático) y mielomas (cáncer de la piel).[30] Una investigación similar llevada a cabo en agricultores canadienses y publicada en el mismo momento confirma estos resultados.[31]

CORRUPCIÓN: EL CASO RICHARD DOLL

Frente a esta avalancha de revelaciones aportadas por uno de los oficiales más prestigiosos de la armada estadounidense, el gobierno republicano de George Bush (padre) no puede menos que inclinarse. El 2 de febrero de 1991 el Congreso vota una ley (Act PL 102-4) solicitando a la Academia Nacional de Ciencias que establezca una lista de las enfermedades que se pueden atribuir a una exposición a la dioxina. Dieciséis años después, ésta cuenta con trece patologías graves, esencialmente cánceres (aparato respiratorio, próstata), algunos de ellos muy raros, como el sarcoma de los tejidos muertos o el linfoma no hodgkiniano, pero también la leucemia, la diabetes (de tipo 2), la neuropatía periférica (que padece Alan Gibson, el veterano al que conocí) o el cloracné. Esta lista evolutiva permitió al Departamento de Ex combatientes indemnizar a miles de veteranos y hacerse cargo médicamente de ellos (de los aproximadamente 3.100.000 soldados estadounidenses que habían servido en la guerra de Vietnam).

La EPA no se libró de este radical cambio de rumbo. Tuvo que cambiar de política en un momento en que la comunidad internacional tenía los ojos fijos en un estudio muy esperado relativo al primer balance sanitario de la catástrofe de Seveso. Dirigido por el doctor Pier Alberto Bertazzi, confirmaba una tasa inusual de sarcomas, de linfomas no hodgkinianos y de mielomas entre la población expuesta.[32] Este nuevo estudio constituye «un clavo más en el ataúd de la dioxina», declara sin temor al ridículo la doctora Linda Birnbaum, una de las directoras de la EPA, que anuncia que la agencia está reconsiderando su clasificación de la sustancia, susceptible de pasar a la categoría A (cancerígena para el hombre), dadas las «pruebas aplastantes» que existen. El colmo de la ironía: para apoyar sus palabras, Linda Birnbaum cita cuatro estudios publicados por científicos suecos entre 1979 y 1988 hasta entonces concienzudamente ignorados por la EPA para mayor felicidad de Monsanto que, una vez más, tiraba de los hilos entre bastidores…

La historia es tan increíble que merece que nos detengamos en ella, ya que dice mucho de las prácticas de la empresa, dispuesta a todo para garantizar su impunidad. Por pura casualidad un joven investigador sueco llamado Lennart Hardell descubre la existencia de la dioxina y sus efectos funestos sobre la salud humana. En efecto, es consultado por un hombre de sesenta y tres años en el hospital universitario de Umea: padece un cáncer de hígado y de páncreas y se presenta como un agente forestal del norte de Suecia encargado durante veinte años de pulverizar una mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T sobre los bosques caducifolios. Comienza entonces una larga investigación en colaboración con otros tres científicos suecos que llevará a la publicación de estudios, que subrayan especialmente la relación entre los sarcomas de los tejidos blandos y la exposición a la dioxina.[33]

En 1984 Lennart Hardell es invitado a testificar en el marco de una comisión de investigación establecida por el gobierno australiano, que entonces se enfrentaba a las demandas de indemnizaciones de los militares que habían participado en la guerra de Vietnam junto con los estadounidenses. En 1985 la comisión real sobre «el uso y los efectos de los productos químicos en el personal australiano en Vietnam» entrega su informe, que provoca una viva polémica.[34] En un texto publicado en la revista Australian Society, el profesor Brian Martin, que enseña en el departamento de ciencia y tecnología de la Universidad de Wollongong, denuncia las manipulaciones que habían llevado a la comisión a pronunciar la «absolución del agente naranja».[35] En efecto, haciendo gala de un optimismo alucinante, el informe concluye que «ningún veterano ha sufrido por la exposición a los productos químicos utilizados en Vietnam. Es una buena noticia y la comisión expresa su ferviente deseo de que se pregone a los cuatro vientos»…

El profesor Martin cuenta en su artículo cómo los expertos citados por la asociación de veteranos de Vietnam fueron «duramente atacados» por el abogado de Monsanto Australia. «En su informe», escribe, «la comisión evaluó el testimonio de los expertos en los mismos términos que Monsanto. Todos aquellos que no excluían la posibilidad de que los productos químicos tuvieran un efecto tóxico vieron sus contribuciones científicas y sus reputaciones denigradas. En cambio, la comisión reconoció a todos los expertos que exoneraban a los productos químicos». Los autores del informe no dudaron en copiar casi in extenso doscientas páginas suministradas por Monsanto para desmontar el resultado de los estudios de Lennart Hardell y Olav Axelson.[36] «El efecto de este plagio es presentar el punto de vista de Monsanto como si fuera el de la comisión», comenta Brian Martin. Por ejemplo, en el volumen fundamental concerniente a los efectos cancerígenos del 2,4-D y del 2,4,5-T, «cuando el texto de Monsanto dice “se sugiere que”, el informe escribe “la comisión ha llegado a la conclusión”, pero lo demás simplemente se copió todo».

Cuestionado muy duramente por el informe que insinúa que ha manipulado los datos de sus estudios, Lennart Hardell escudriña a su vez la famosa obra. Descubre «con sorpresa que el profesor Richard Doll apoya el punto de vista de la comisión en una carta dirigida el 4 de diciembre de 1985 al honorable M. Justice Phillip Evatt, presidente de la comisión», en la que escribe: «Las conclusiones del doctor Hardell no se pueden defender y en mi opinión ya no se debería citar su trabajo como prueba científica. Está claro […] que no hay ninguna razón para pensar que el 2,4-D y el 2,4,5-T son cancerígenos para los animales de laboratorio y que incluso la TCDD (dioxina) que se ha presentado como un contaminante peligroso contenido en los herbicidas es, como mucho, débilmente cancerígena para los animales».[37]

Ahora bien, Richard Doll no es cualquier persona: muerto en 2005, durante mucho tiempo fue considerado uno de los mayores oncólogos del mundo. Ennoblecido por la reina de Inglaterra, este epidemiólogo británico se había distinguido por haber demostrado la relación entre el tabaquismo y la génesis del cáncer de pulmón. Como había osado denunciar las mentiras de las industrias tabaqueras, tenía una reputación de incorruptible. En 1981 Sir Richard Doll había publicado un artículo muy citado sobre la epidemiología del cáncer en el que afirmaba que las causas medioambientales desempeñan un papel muy limitado en la progresión de la enfermedad…[38] Sólo que la leyenda voló en pedazos en 2006 cuando The Guardian reveló que ¡el honorable Richard Doll había trabajado secretamente para Monsanto durante veinte años![39] Entre los archivos que había depositado en la biblioteca del Welcome Trust figuraba una carta fechada el 29 de abril de 1986 con el membrete de la empresa de Saint Louis. Escrita por William Gaffey, uno de los autores de los estudios controvertidos sobre la dioxina, confirmaba la renovación del contrato a razón de 1.500 dólares diarios. En realidad, la (enorme) liebre la habían levantado Lennart Hardell y sus colegas, autores de un artículo muy instructivo publicado en el American Journal of Industrial Medicine y titulado «Los vínculos secretos de la industria y los conflictos de intereses en la investigación sobre el cáncer»…[40]

Pero mi investigación sobre la ocultación de los daños del agente naranja y de la dioxina no ha agotado su cuota de sorpresas. Lo que voy a descubrir, esta vez en Vietnam, es también puro horror…

LOS CONDENADOS DE VIETNAM

Vestida de uniforme azul cielo, la enfermera saca un manojo de llaves del bolsillo y abre la puerta sin decir una palabra. Entramos en una sala abarrotada de estanterías sobre las que descansan decenas de tarros salidos directamente de una película de horror. Se trata de fetos conservados en formol. Fetos monstruosos. Un cementerio de bebés deformados por la dioxina. Un pene en medio de la frente. Unos hermanos siameses que comparten una cabeza desproporcionada. Un tronco con dos cabezas. Una masa informe unida a un pequeño tronco sin miembros. «Anencefalia, 1979» (ausencia de cerebro), dice una etiqueta. «Microcefalia» (cerebro pequeño), dice otra, o «hidrocefalia». La mayoría de los tarros no tiene etiqueta, porque las deformaciones son tan aberrantes que siguen sin tener nombre médico.

Estamos en el hospital Tû Dû, en la ciudad de Ho-Chi-Min (antiguo Saigón), en diciembre de 2006. El «museo de los horrores de la dioxina», como lo apodan los vietnamitas, fue creado a finales de los setenta por la doctora Nguyen Thi Ngoc Phuong, una obstetra que durante mucho tiempo dirigió la maternidad del hospital, la mayor del país, hasta jubilarse recientemente. Hoy esta reconocida especialista de la dioxina sigue ocupándose del «Pueblo de la Paz» instalado en el primer piso del hospital, uno de los doce centros abiertos por Vietnam para ocuparse de los niños discapacitados, víctimas del agente naranja. La doctora Phuong, una mujer pequeña de aspecto frágil dentro de su blusa inmaculada, hace su visita semanal a los pequeños pacientes que ocupan cinco salas de una limpieza inmaculada. Algunos están clavados en sus lechos porque han nacido sin brazos ni piernas. Otros corretean por el suelo bajo la mirada atenta de una enfermera sentada entre juguetes de plástico. Me siento profundamente impresionada por la serenidad que emana de estos cuerpecitos tullidos, prueba de que son objeto de una atención médica (y afectiva) de gran calidad. «La mayoría padece problemas neurológicos y anomalías orgánicas graves», me dice la doctora Phuong, que se ha puesto sobre las rodillas a un niño nacido sin globos oculares. Me cuesta apartar la vista de esta cabeza de feto unida a un cuerpo de niño que acaba de acurrucarse entre los brazos de la ginecóloga…

La doctora Phuong todavía era estudiante de medicina cuando asistió por primera vez al nacimiento de un bebé con malformaciones en la maternidad del hospital Tû Dû. «Era en 1965», me explica en un casi perfecto francés. «Entonces nunca había oído hablar de la dioxina. En los años siguientes constatamos un importante aumento de los niños nacidos muertos, con graves malformaciones, y de niños nacidos con graves deficiencias. Y esto continúa: en 2005 censamos a casi ochocientos niños nacidos con malformaciones en este hospital, lo que está muy por encima de la media internacional».

—El fumigado con defoliantes cesó hace más de cuarenta años, ¿cómo ha podido afectar la dioxina a estos niños? —pregunté.

—Sabemos que la dioxina se acumula en la cadena alimentaria y que es lipófila, es decir, que se fija en las grasas —me responde la ginecóloga—. Las madres de estos niños pudieron contaminarse por los alimentos o por la leche de sus propias madres. Se sabe también que la dioxina puede provocar anomalías en los cromosomas, lo que también puede explicar que se transmita de generación en generación.

—¿Han verificado ustedes si los padres de estos niños tienen dioxina en su organismo?

—Según las hojas de admisión, el 70% de los niños acogidos aquí tienen padres que viven en zonas que han sido fumigadas con defoliantes. Por desgracia, los análisis para detectar la dioxina cuestan muy caros —unos mil euros— y en Vietnam no hay laboratorios capaces de hacerlos. La única vez que organizamos un análisis semejante fue para la madre de Viet y Duc, dos niños siameses que tenían tres piernas, una pelvis, un ano y un pene comunes, y a los que operamos con éxito para separarlos. Encontramos una tasa de dioxina bastante elevada en su grasa. Las autoridades médicas de mi país estiman que 150.000 niños padecen hoy malformaciones debidas al agente naranja y que 800.000 personas están enfermas.

—¿Existen malformaciones congénitas características de la dioxina?

—No, pero la dioxina actúa en el interior de las células como una hormona que favorece el desarrollo de malformaciones y de enfermedades que ya existen por otra parte.

—¿Cómo explica usted que una empresa como Monsanto e incluso algunos científicos estadounidenses sigan negando la existencia de una relación entre la exposición a la dioxina y las malformaciones genéticas?

—Es la historia que se repite —se subleva la doctora Phuong—. Primero negaron la relación con el cáncer; ahora, para eludir sus responsabilidades, niegan la relación con las malformaciones congénitas…

En efecto, de las trece enfermedades congénitas reconocidas en Estados Unidos como relacionadas con la dioxina, sólo una concierne por ahora a una malformación congénita, a saber, la espina bífida.[41] «El problema», me explica el profesor Arnold Schecter, presente en la ciudad de Ho-Chi-Min durante mi visita, «es que nos faltan datos científicos. Los únicos estudios realizados conciernen a animales: demuestran que cuando una hembra se expone a la dioxina, la probabilidad de que para crías con discapacidades o malformaciones graves, incluidas las cerebrales, aumenta considerablemente». Profesor de la Universidad de Texas, Arnold Schecter es uno de los mejores especialistas mundiales de la dioxina. A principios de los años ochenta desafió el embargo estadounidense a Vietnam y se puso en contacto con científicos de Hanoi, con los que hizo una investigación a largo plazo sobre la diseminación de la dioxina en el medio ambiente.

Entre estos científicos está el profesor Hoang Trong Quynh, un ex coronel del ejército vietnamita que participó en «dos guerras de liberación, primero contra Francia y después contra Estados Unidos», me aclara en un francés impecable. Desde hace treinta años ambos investigadores recorren juntos el campo vietnamita para tomar muestras de sangre o de los tejidos grasos de hombres o animales para estudiar su tasa de dioxina. Sus trabajos han dado lugar a muchas publicaciones, la última de las cuales relativa a cuarenta y tres habitantes de la ciudad de Bien Hoa, una ciudad sudvietnamita situada cerca de una antigua base aérea utilizada para las misiones de fumigación con el agente naranja.[42] Los resultados demostraron la existencia de unas tasas elevadas de dioxina en la sangre, superiores a 5 partes por trillón (ppt), con unos picos que van hasta 413 ppt, incluido en niños pequeños.[a] Además, algunas muestras del suelo o de los sedimentos tomadas en la región de Bien Hoa, especialmente cerca del lago Bien Hung, han dado concentraciones de TCDD excepcionales, superiores a un millón de ppt…

«Lo que es urgente en Vietnam», me explica el profesor Schecter, «es descontaminar lo que llamamos los hot pots, es decir, lugares que presentan una concentración muy fuerte de dioxina, como la antigua base aérea de Bien Hoa. Porque aunque la dioxina no se acumula en los vegetales, penetra en los suelos, donde su vida media [el tiempo necesario para que desaparezca la mitad de una sustancia] podría llegar hasta cien años. Lavada por las lluvias, se introduce después en las capas freáticas, los lagos y los ríos. Ahí permanece unida a los sedimentos y contamina el fitoplancton, el zooplancton, los peces, las aves y a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. Una vez en la sangre se distribuye a las células, donde se adhiere a los tejidos grasos. Su vida media es entonces de siete años en el cuerpo humano. Sólo se puede excretar por medio del adelgazamiento o a través de la leche materna. El problema es que en el último caso también contamina al bebé».

En aquel día de diciembre de 2006 ambos octogenarios hacen un viaje a la provincia de Binh Duong, situada a unos cien kilómetros de la ciudad de Ho-Chi-Min, que fue una de las zonas más fumigadas con agente naranja.

Tienen una cita con una familia, tres de cuyos hijos de una veintena de años son deficientes mentales. El padre vivió en Bien Hoa de 1962 a 1975. La madre nunca ha salido de la provincia de Binh Duong.

—¿Vio usted cómo se esparcía el agente naranja? —pregunta el profesor Schecte.

—Sí —responde el padre—. Olía a guayaba madura…

«En el caso de esta familia», comenta el científico estadounidense, «si resultara que la tasa de dioxina de los padres es elevada, se podría decir que existe una fuerte probabilidad de que las deficiencias de los hijos estén relacionadas con el agente naranja. Si no, no se sabe. Nunca se ha llevado a cabo una investigación epidemiológica sobre la relación que existe entre la dioxina y las malformaciones congénitas.

—No es cierto —interviene el profesor Quyn. Unos colegas vietnamitas publicaron unos estudios en los que se demuestra que en los pueblos fumigados con el agente naranja, la tasa de abortos naturales y de malformaciones congénitas es mucho más elevada que en los pueblos que no fueron fumigados. Pero como estos estudios no fueron supervisados por occidentales, los científicos estadounidenses no quieren tenerlos en cuenta.[43]

—¿Cómo lo explica usted? —pregunto, consciente de que la conversación ha entrado en un terreno delicado.

—La dioxina se ha convertido en un tema fundamentalmente político —responde el eminente profesor estadounidense con un tono claramente confuso—. Es una pena porque, al fin y al cabo, nos concierne a todos: todos nosotros tenemos dioxina en el cuerpo y es importante saber cuáles son los efectos de esta molécula en los organismos humanos. Por desgracia, los científicos son esclavos de retos que los superan…

Mientras tanto, una cosa es segura: el 20 de marzo de 2005 el gobierno Bush anunció la anulación de un programa binacional de investigación que se había decidido dos años antes tras un acuerdo entre Estados Unidos y Vietnam.[44] Dotado de un presupuesto de varios millones de dólares, este estudio debía ser dirigido por el profesor David Carpenter, de la Universidad de Albany, al que conocí para mi investigación sobre los PCB (véase el capítulo 1). «Este estudio debía tratar sobre las poblaciones vietnamitas y, principalmente, sobre la relación que se establece entre la exposición a la dioxina y las malformaciones congénitas», me explica. «Oficialmente se anuló por falta de colaboración del gobierno vietnamita. Es cierto que se le puede reprochar su lentitud burocrática, pero creo que la decisión convenía sobre todo a los fabricantes de agente naranja, contra los que se habían presentado nuevas demandas…».

De hecho, el 9 de junio de 2003 el Tribunal Supremo de Estado Unidos resolvía a favor de Daniel Stephenson y Joe Isaacson, dos veteranos de Vietnam que desde finales de los noventa padecían respectivamente un cáncer de la médula espinar y un linfoma no hodgkiniano. Considerando que no les concernía el acuerdo amistoso de 1983, habían decidido perseguir a Monsanto y compañía. Las empresas habían recurrido, pero el Tribunal Supremo lo había desestimado y había abierto así el camino para una nueva class action, en la que volvemos a encontrar a Alan Gibson (como demandante) y Gerson Smoger (como abogado). Cuatro años después el proceso aún no había tenido lugar.

A su vez, la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja presentaba por primera vez en febrero de 2004 una demanda en el Tribunal Federal de Nueva York. Pero en marzo de 2005 fue rechazada por el juez Jack B. Weinstein, el mismo que había negociado el acuerdo amistoso de 1983, debido a que el uso militar de herbicidas no estaba prohibido por ninguna ley internacional y, por lo tanto, no podía ser considerado un crimen de guerra. Citando un tratado de 1925 que prohíbe el uso de gas durante la guerra por sus «efectos asfixiantes y tóxicos en el hombre», el anciano juez (de ochenta años) precisa que este texto no concierne a «los herbicidas concebidos para afectar a las plantas y que pueden tener efectos secundarios en los seres humanos»… Antes de concluir con esta alucinante frase: «Si el hecho de vender herbicidas constituyera un crimen de guerra, entonces las compañías químicas se hubieran podido negar a suministrarlos. Somos una nación de hombres y mujeres libres, habituados a alzarse en cuanto el gobierno supera los límites que le confiere su autoridad…».[45]

La frase debió de alegrar a Monsanto que, por su parte, no varió un ápice su defensa. «Sentimos compasión por las personas que creen haber sido dañadas y comprendemos que traten de conocer la causa», declara en 2004 Jill Montgomery, uno de los portavoces de la empresa. «Pero todas las pruebas científicas dignas de credibilidad demuestran que el agente naranja no provoca efectos sanitarios a largo plazo».[46]

Negarlo todo, por sistema. La misma negación que caracteriza hoy la postura de la empresa en relación al Roundup, el herbicida que lanzó al mercado en el mismo momento en que a mediados de los setenta se prohibía definitivamente en Estados Unidos el 2,4,5-T (y después en el resto del mundo)…

4

ROUNDUP: UNA VASTA OPERACIÓN DE INTOXICACIÓN

«El glifosato es menos tóxico para las ratas que la sal de mesa ingerida en gran cantidad».

Publicidad de Monsanto.

«Si, como Rex, usted detesta tener malas hierbas en su jardín, he aquí Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde el interior hasta sus raíces y no contamina ni la tierra ni el hueso de Rex. Roundup, ¡el herbicida que da ganas de utilizarlo!». Los amantes de los telediarios seguramente recuerdan este jovial anuncio de televisión en el que se ve a un perro pulverizar alegremente Roundup sobre las malas hierbas en medio del césped, antes de desenterrar el hueso que había escondido en el mismo lugar en el que el herbicida se ha cargado las raíces de las plantas. No se ve lo que pasa después, pero los entusiastas ladridos de Rex sugieren que va a degustar su hueso con toda confianza porque, como es de imaginar, el Roundup es absolutamente inofensivo. Sería perfecto si no imagináramos al amable perrito regando su festín glotonamente con los restos de su bidón de «herbicida biodegradable»…

EL HERBICIDA MÁS VENDIDO DEL MUNDO

Difundido trescientas ochenta y una veces en las principales cadenas de la televisión francesa entre el 20 de marzo y el 28 de mayo de 2000, esta campaña publicitaria costó a Monsanto la bagatela de 20 millones de francos. En el mismo momento anuncios similares se difundían por todo el mundo porque el momento era grave para la empresa de Saint Louis: ese mismo año expiraba su patente del Roundup, lo que ponía fin a su monopolio sobre el herbicida más vendido del mundo y abría la puerta a la fabricación de genéricos y, por lo tanto, a la competencia. Algo como para provocar sudores fríos a Monsanto que, como veremos (véase más adelante, el capítulo 7), ponía entonces su futuro en el desarrollo de los cultivos transgénicos bautizados como «Roundup ready», porque han sido manipulados genéticamente para resistir precisamente a las fumigaciones con Roundup. Lo que equivale a decir que para la multinacional lo que estaba en juego era colosal y que iba a defender su producto estrella con uñas y dientes.

El Roundup —una palabra que en inglés significa «redada»— es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida derivado de un aminoácido (la glicina) que los químicos de Saint Louis descubrieron a finales de los años sesenta. La particularidad de este herbicida «no selectivo» o «total» —a diferencia del 2,4-D o del 2,4,5-T— es que acaba con todas las formas de vegetación gracias a su modo de funcionamiento: es absorbido por la planta a nivel de las hojas y transportado rápidamente por la salvia hasta las raíces y rizomas, afectando al mismo tiempo a un enzima esencial para la síntesis de los aminoácidos aromáticos, lo que acarrea una disminución de la actividad de la clorofila, así como de ciertas hormonas. Su acción bloquea el crecimiento vegetal y provoca una necrosis de los tejidos, que acaba en la muerte de la planta.

Desde que salió al mercado en 1974, primero en Estados Unidos y después en Europa, el Roundup tuvo un «éxito espectacular», por retomar los términos de la página web publicitaria de Monsanto y del grupo Scotts, que distribuye el producto en Francia.[1] De hecho, cuando Monsanto estaba metida en el escándalo ecológico y sanitario del 2,4,5-T, paró el golpe con esta nueva innovación, cuyos méritos elogian las cajas de cartón en las que está embalada: «Respeta el medio ambiente», «100% biodegradable» y «No deja residuos en el suelo».

«La materia activa de Roundup se desactiva en contacto con el suelo, lo que preserva las plantaciones circundantes y permite sembrar o replantar una semana después de su aplicación», precisa la publicidad en internet. Estas tentadoras promesas explican que el glifosato se haya convertido en el niño bonito de los agricultores, que lo utilizan en masa para limpiar sus campos de malas hierbas antes de sembrar los siguientes cultivos. Con la aureola de su reputación ecológica, el Roundup se convierte también en el favorito de los gestores de espacios públicos (zonas verdes, campos de golf, autopistas, trenes «desherbadores» de la compañía de ferrocarriles francesa, etc.). ¿Quién no ha visto en primavera a estos equipos de técnicos vestidos de astronautas —mono hermético que los cubre de los pies a la cabeza, máscara de gas y botas protectoras— recorriendo las calles de nuestras ciudades con un bidón a la espalda?

Un día de mayo de 2006 acompañé en el sur de la región parisina a uno de estos equipos encargados de erradicar las desafortunadas «advenedizas», término que los profesionales emplean para designar a las malas hierbas. Me había impresionado el color verdoso y poco agradable de los botes de «desherbadores», que me habían explicado que tenían que cambiarlos «cada dos meses» porque «el Roundup devora el caucho». «Tengo mucho cuidado con el equipo de mis empleados», había afirmado el director de la empresa, precisando que prefería conservar el anonimato. «También exijo que respeten escrupulosamente las dosis prescritas por el fabricante, algo que, por desgracia, no siempre hemos hecho…». Y añade con aire de entendido: «Parece que el producto no es tan limpio como se han empeñado en hacernos creer…». El director no dirá más y se contentará con recordar la publicidad recurrente en la pequeña pantalla, donde se ve a unos niños jugando en el césped mientras papá, en pantalón corto, se ensaña con las malas hierbas con un bidón de «Roundup caminos y terrazas» en la mano.

«En 1988», explica la página web de promoción, «Monsanto crea su división Jardín para ampliar el acceso de Roundup al jardinero aficionado. Nace una nueva gama Roundup destinada al gran público». El glifosato entra así en todos los jardines de Francia y España, donde se utiliza abundantemente, sin protección alguna, antes de sembrar las verduras y lechugas que harán las delicias de las familias. «Todos nosotros lo utilizamos», me explicó el arrendatario de un huerto familiar[*] situado cerca del Estadio de Francia, en Saint Denis, al Norte de París. Instalado en su cobertizo, el joven jubilado estaba preparando la «mezcla» que iba a pulverizar sobre su trozo de terreno para preparar la siembra. «¡Mire!», había insistido exhibiendo su bidón de Roundup de color verde suave con el logotipo de un pájaro que supuestamente aprueba lo que dicen las instrucciones del producto: «Si se utiliza siguiendo las instrucciones, Roundup no presenta riesgos para el hombre, los animales y su medio ambiente».

En Estados Unidos la pasión por el simpático herbicida es tal que en 1993 quince ciudades aceptan participar en un programa de «embellecimiento de la ciudad» patrocinado por Monsanto. Reclutados por la empresa, un grupo de voluntarios se reúnen en unos Spontaneous Weed Attack Team (SWAT), unos «equipos espontáneos de lucha contra las malas hierbas» para recorrer las calles… y desherbar. «La idea es desarrollar una fobia a las malas hierbas y hacer que el Roundup se posicione como una marca socialmente responsable»[2], explica Tracy Frisch, una de las dirigentes de la coalición de Nueva York por una alternativa a los pesticidas que colabora entonces en una campaña para denunciar la «publicidad engañosa» de Monsanto.

UN DOBLE CASO DE FRAUDE

De hecho, muy pronto pesan graves sospechas sobre el nuevo niño bonito de la empresa de Saint Louis. Y, una vez más, ésta conseguirá escurrirse entre el entramado de la red gracias al laxismo de la incorregible agencia estadounidense de protección del medio ambiente. A decir verdad, la «constancia» de la EPA no tiene nada de sorprendente: todos los hechos de los que informo en este libro —ya conciernan a los PCB, la dioxina o el Roundup— cubren el mismo periodo, que grosso modo se extiende desde 1975 a 1995. Por lo tanto, no hay nada de sorprendente en el hecho de que de un producto a otro encontremos el mismo autismo protector…

Recordemos que a principios de los años ochenta (véase el capítulo 1) había acaparado las portadas un proceso concerniente a los Industrial Bio-Test Labs (IBT) de Northbrook, un laboratorio privado uno de cuyos directivos era el doctor Paul Wright, un toxicólogo de Monsanto contratado para supervisar un estudio sobre los efectos sanitarios del PCB. Ahora bien, la EPA conocía bien IBT, puesto que era uno de los principales laboratorios norteamericanos encargado de realizar pruebas sobre pesticidas por cuenta de las empresas químicas para obtener la homologación de sus productos. Así es como, registrando en los archivos del laboratorio, los agentes de la EPA descubrieron que se habían «amañado» decenas de estudios y que presentaban «graves deficiencias e incorrecciones», por decirlo en el lenguaje prudente de la casa. Fundamentalmente constataron una «falsificación rutinaria de los datos» destinada a ocultar una «cantidad indefinida de muertes entre las ratas y ratones» a los que se habían hecho las pruebas.[3]

Ahora bien, resulta que entre los estudios incriminados había treinta pruebas sobre el glifosato.[4] «Es difícil no dudar de la integridad científica del estudio», indicaba así en 1978 un toxicólogo de la EPA, «especialmente cuando los investigadores de IBT explican que han hecho un examen histológico de úteros extraídos de… conejos machos».[5]

En 1991, ¡más de lo mismo!: esta vez son los laboratorios Craven los que son acusados de haber falsificado unos estudios que se suponía evaluaban los residuos de pesticidas, entre ellos el Roundup, en ciruelas, patatas, uvas y la remolacha azucarera, así como en el agua y los suelos.[6] «La EPA explicó que estos estudios eran importantes para determinar los niveles de pesticida autorizados en los alimentos frescos o transformados», escribe el New York Times. «El resultado de la manipulación es que la EPA declaró sanos unos pesticidas que ella nunca había demostrado que lo fueran verdaderamente».[7] El fraude generalizado costó al propietario de los laboratorios una condena de cinco años de cárcel, mientras que Monsanto y las demás empresas químicas que se habían aprovechado de los complacientes estudios nunca fueron investigadas. Hay que decir que, una vez más, la EPA había elegido la política del avestruz: «No creemos que exista un problema medioambiental o sanitario», declaró Linda Fisher, la directora adjunta de la división de pesticidas y sustancias tóxicas. «Aunque no sean más que afirmaciones, vamos a tomar medidas preventivas desde este mismo momento. ¡Es un gran reto para mí!».[8]

Y es que, tras diez años de buenos y leales servicios a la EPA, en 1995 Linda Fischer será contratada por Monsanto, para la que dirigirá la oficina de Washington, que se ocupa de presionar a quienes toman las decisiones políticas, antes de volver a la EPA en mayo de 2001, donde ocupará el puesto de número dos… Un buen ejemplo de lo que en Estados Unidos se llama revolving doors («puertas giratorias»), que ilustra la colusión entre las grandes empresas y las autoridades del país (volveré sobre ello más adelante)…

Mientras tanto, Monsanto midió cuidadosamente el impacto que podía tener este doble caso de fraude sobre su imagen. En junio de 2005, catorce años después de incoar el proceso contra laboratorios Craven, la empresa publicaba una nota en la que afirmaba con su aplomo habitual: «Son difíciles de calcular los daños causados a la reputación de Monsanto después del tratamiento dado por los medios de comunicación a este tema y de su utilización por parte de activistas que se han servido de ello para poner en duda la integridad de los datos suministrados por Monsanto. Todos los estudios sobre los residuos que se habían puesto en duda se repitieron después y sus resultados son fiables, están al día y han sido aceptados por la EPA».[9]

Es cierto. En efecto, tras el doble escándalo, la agencia de protección del medio ambiente exige que se «repitan» las pruebas incriminadas pero, como subrayó en 1998 Caroline Cox en el Journal of Pesticide Reform, este «fraude echa una sombra sobre todo el proceso de homologación de los pesticidas».[10] En cambio, lo que resulta sorprendente es que esta «sombra» no afectó en absoluto a Monsanto, que prosiguió como si no ocurriera nada con sus operaciones de promoción que ensalzaban el Roundup como un herbicida «biodegradable y bueno para el medio ambiente»…

«MENSAJES PUBLICITARIOS ENGAÑOSOS»

Sin embargo, en 1996, una serie de denuncias presentadas en la Oficina de Represión de Fraudes y de Protección del Consumidor habían obligado a la empresa a negociar un acuerdo amistoso con el Ministerio de Justicia del Estado, que había abierto una investigación por «publicidad engañosa concerniente a la seguridad del herbicida Roundup (glifosato)». En un fallo muy detallado[11] el ministerio, bajo la pluma de Dennis C. Vacco, hacía una revisión de los muchos anuncios pagados por Monsanto en los periódicos o en la televisión. Algunos son edificantes: «El glifosato es menos tóxico para las ratas que la sal de mesa ingerida en gran cantidad»; «El Roundup se puede utilizar en lugares en los que juegan los niños y los animales de compañía porque se descompone en materias naturales».

Son «mensajes engañosos», zanja Dennis Vacco, que prohíbe a Monsanto bajo pena de multa proclamar que su herbicida es «biodegradable, bueno para el medio ambiente, no tóxico, inofensivo y conocido por sus características medioambientales». Dos años después la empresa es condenada a pagar 75.000 dólares por haber sugerido en una nueva publicidad en la que aparecía un horticultor californiano que el herbicida se podía pulverizar cerca de fuentes de agua.[12]

Curiosamente, estas decisiones judiciales estadounidenses nunca inquietaron a la Comisión Europea y, menos aún, a las autoridades francesas, que toleraron sin rechistar la campaña publicitaria lanzada por Monsanto en la primavera de 2000. Pero la imagen del simpático Rex dispuesto a degustar un hueso empapado de Roundup indignó a la Asociación de Aguas y Ríos de Bretaña, que en enero de 2001 llevó a juicio a la filial francesa del gigante estadounidense por publicidad engañosa.

«Estudios científicos demostraron una presencia generalizada de glifosato en las aguas de los ríos bretones», me explica Gilles Huet, delegado de la asociación bretona, durante una conversación telefónica en la primavera de 2006 y citando un informe publicado en enero de 2001 por el Observatorio Regional de la Salud de Bretaña.[13] De hecho, muestras tomadas en 1998 de las aguas bretonas demostraron que el 95% de ellas presentaba una tasa de glifosato superior al umbral legal de 0,1 microgramos/litro, con picos de 3,4 microgramos en el Seiche, un afluente del río Vilaine. «Ahora bien», precisa Gilles Huet, «en 2001 la Comisión Europea, que había rehomologado el glifosato, lo clasificó de “tóxico para los organismos acuáticos” y afirmó que “podía acarrear efectos nefastos a largo plazo para el medio ambiente”. Pedimos un mínimo de coherencia: ¡un producto “biodegradable” y “respetuoso con el medio ambiente” no puede acabar siendo “tóxico y nefasto” en las aguas bretonas!».

En efecto… El 4 de noviembre de 2004 la Sala de lo penal de Lyon, donde se encuentra la sede de la filial francesa de Monsanto, abre el proceso por «publicidad engañosa o susceptible de inducir a error». Aprovechándose de la lentitud de la instrucción de la demanda de la asociación bretona, la empresa agroquímica había podido seguir difundiendo hasta 2003 su campaña publicitaria. Y con motivo del proceso de Lyon va a ganar incluso dos años de prórroga, optando simplemente por la política de la silla vacía: los representantes de la empresa brillan por su ausencia en la audiencia. Mantendrán que no recibieron el correo «a falta de una dirección en el Hexágono»[*], por decirlo en los términos del ministerio fiscal, que decide aplazar el proceso hasta junio de 2005. «¿Error administrativo o maniobra de la empresa para librarse de una condena infamante en términos de imagen de marca?», se pregunta entonces la asociación de consumidores UFC-Que Choisir, que en 2001 se había unido a la demanda de Aguas y Ríos de Bretaña. Las malas lenguas susurran que el aplazamiento permite a la empresa salvar la campaña de desherbado de primavera, capital para su volumen de negocios: en 2004 Monsanto Francia poseía el 60% del mercado del glifosato, lo que representaba una venta anual de 3.200 toneladas de Roundup, puesto que entre 1997 y 2002 el consumo del herbicida se había multiplicado por dos.

Finalmente la audiencia del tribunal penal de Lyon se celebró el 26 de enero de 2007, exactamente seis años después de que se presentara la denuncia… Los directivos de la sociedad Scotts France y de Monsanto fueron condenados a 15.000 euros de multa que, a fin de cuentas, valían algunas maniobras dilatorias. El tribunal consideró en su fallo que «la utilización combinada en las etiquetas y envases [de los herbicidas de la gama Roundup] de los términos y expresiones “biodegradable” y “deja el suelo limpio” […] podían dejar creer falsamente al consumidor en la inocuidad total e inmediata de dichos productos a consecuencia de una degradación biológica rápida tras el uso, […] cuando, por el contrario, pueden permanecer de forma duradera en el suelo e incluso extenderse a las aguas subterráneas».

Más embarazoso todavía para Monsanto, que recurrió, es que la justicia francesa consideró que el industrial sabía «previamente a la difusión de los mensajes publicitarios litigiosos, que los productos en cuestión presentaban un carácter ecotóxico», puesto que, «según los estudios efectuados por el propio grupo Monsanto, sólo al cabo de veintiocho días se puede obtener un nivel de degradación biológica del 2%». Una vez más, la empresa disponía de datos contrarios a lo que afirmaba públicamente, pero se cuidó mucho de comunicarlos. Además, ¿por qué habría de hacerlo? Como me dijo Ken Cook, director del Environment Working Group de Washington a propósito de los PCB (véase el capítulo 1), «por consiguiente, es rentable guardar el secreto porque, a fin de cuentas, las sanciones son muy leves»…

EL MUY PROBLEMÁTICO PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PESTICIDAS

«Queremos recordar que el conjunto de las indicaciones de nuestras etiquetas se basa en estudios científicos publicados o comunicados a las instancias reglamentarias del Ministerio de Agricultura que se ocupan de la expedición de las autorizaciones para su salida al mercado», escribía el 8 de junio de 2000 un ejecutivo de Monsanto Francia a la Dirección General de la Competencia del Consumo y de la Represión de Fraudes. Y en este punto tenemos que dar la razón al representante de la empresa: defendiéndose de este modo, pone el dedo en la llaga en el centro del problema, es decir, en el proceso de homologación de los productos químicos en Francia (pero también en muchos de los países desarrollados), del que, efectivamente, hay que decir que abre la puerta a todo tipo de abusos y fraudes, en perjuicio de los consumidores.

Para ser más precisa, incluso diría que el famoso «proceso de homologación» constituye una verdadera impostura: contrariamente a lo que las autoridades sanitarias querrían hacer creer, el proceso se basa completamente en la buena voluntad de las empresas químicas que suministran los datos de los estudios que se supone que ellas han realizado para probar la inocuidad de sus productos. A continuación dichos datos son examinados por «expertos» más o menos competentes, más o menos valientes y más o menos independientes. Basta con leer el libro Trust us, we’re experts! (Confíen en nosotros, ¡somos expertos!) de los británicos Sheldon Rampton y John Stauber[14] o el de Français Fabrice Nicolino y François Veillerete, Pesticidas, revelaciones sobre un escándalo francés[15], para darse cuenta de que muchos productos tóxicos han hecho una larga carrera después de haber sido debidamente aprobados por los famosos «expertos», cuyos nombres quedan recubiertos de un opacidad muy poco democrática gracias a los procedimientos burocráticos.

En este sentido, la historia de Monsanto constituye un paradigma de las aberraciones en las que se ha involucrado la sociedad industrial, obligada a gestionar como puede —es decir, obligatoriamente mal— la proliferación de sustancias químicas tóxicas que han invadido el planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La solución razonable sería prohibir pura y simplemente toda molécula que presente algún problema para el hombre y el medio ambiente. Pero, en vez de ello, para satisfacer los intereses de los grandes grupos químicos —y algunos dirán de los consumidores de la vida moderna—, se afanan en reglamentar sustancias peligrosas para limitar sus daños más aparentes. Fuera de eso, después de nosotros, ¡el diluvio![*]

La historia de los pesticidas es una ilustración perfecta de este mecanismo muy retorcido cuyo funcionamiento hay que tratar de comprender, aun a riesgo de entrar en detalles un tanto áridos, para cuantificar mejor su absurdo. Como subraya Julie Marc en una tesis doctoral de biología defendida en 2004 en la Universidad de Rennes[16], «el empleo de pesticidas se remonta a la Antigüedad», pero hasta mitad del siglo XX los «asesinos de pestes» eran de origen natural: los campesinos y jardineros utilizaban los derivados naturales, como el cobre del tradicional «caldo bordolés», para tratar las plantas afectadas por determinadas enfermedades o parásitos. El desarrollo de la agricultura industrial fue acompañado del uso masivo de pesticidas químicos que, como hemos visto, pertenecen a la familia de los organoclorados, el primero de los cuales fue el DDT. Bautizados como «productos fitosanitarios» (bella proeza retórica que sustituye la noción de «asesino» por la eufemística de «medicamento»), recubren tres categorías: los fungicidas (para luchar contra los hongos), los insecticidas (para acabar con los parásitos) y los herbicidas (para eliminar a los competidores herbáceos de los cultivos).

Cada pesticida está constituido de una «materia activa» —el glifosato en el caso del Roundup— y de muchos coadyuvantes, todavía llamados «sustancias inertes», como los disolventes, dispersantes, emuladores y surfactantes, cuyo objetivo es mejorar las propiedades fisioquímicas y la eficacia biológica de las materias activas y que no tienen actividad pesticida propia. Así es como los diferentes productos de la gama Roundup están constituidos por entre un 14,5% y un 75% de sales de glifosato y el resto de la fórmula cuenta con una docena de coadyuvantes principales «cuya composición con frecuencia se mantiene en secreto», como subraya Julie Marc. El papel de estos coadyuvantes es permitir la penetración del glifosato en la planta, como el polioxietileno (POEA), un detergente que favorece la propagación de las gotitas pulverizadas en las hojas.

En Francia, tercer usuario mundial de pesticidas (tras Estados Unidos y Japón), con 100.000 toneladas vendidas cada año, de las cuales el 40% son herbicidas, el 30% fungicidas y el 30% insecticidas, se calcula que actualmente están homologadas 550 materias activas y 2.700 formulaciones comerciales. A semejanza de lo que se acostumbra a hacer en el resto del mundo, y especialmente en Europa, todo producto fitosanitario nuevo debe ser homologado antes de salir al mercado, con lo que se obtiene una autorización de venta por diez años concedida por el Ministerio de Agricultura. Para obtenerla, la empresa debe demostrar la eficacia e inocuidad de su formulación gracias a un dossier técnico que comprende análisis en laboratorios sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas del producto, pero también sobre su posible toxicidad para el hombre, los animales y el medio ambiente. Cuando se lee la lista realizada por Julie Marc de los análisis que se supone que constituyen este «dossier toxicológico», uno se dice que es lo mejor en el mejor de los mundos industriales y que a priori no hay ninguna razón para preocuparse.

De hecho, las pruebas exigidas por las autoridades reglamentarias tanto en Francia como en el resto de la Unión Europea son múltiples: su objetivo es evaluar primero en ratas (y a veces en otros animales) los efectos de la sustancia cuando se asimila por vía oral, cutánea o por inhalación. Se mide fundamentalmente la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de la molécula por parte del organismo y se calcula lo que se llama la «dosis letal», es decir, la cantidad o la concentración del producto necesaria para provocar la muerte del 50% de un lote de cobayas («DL50» o «CL50») con el objetivo de evitar accidentes graves durante las manipulaciones. A continuación se evalúa lo que se denomina la «toxicidad subcrónica», es decir, los efectos de una absorción repetida del producto sobre los órganos, principalmente el hígado y los riñones. Realizados en general durante un período de noventa días a un año (incluso dos años si aparece un problema), estos estudios permiten establecer lo que los expertos llaman el NOEL (nivel sin efectos observables), a saber, la cantidad máxima de sustancia cuya absorción cotidiana no implica ningún efecto sobre los animales testados. El NOEL se expresa o bien en miligramos de sustancia activa por kilogramo de peso corporal del animal testado al día, o bien en miligramos de sustancia por kilogramo de comida (la famosa «ppm») si se trata de un componente alimentario. Por último, unas pruebas deben verificar si el producto presenta un «potencial oncogénico» (cancerígeno), «teratógeno» (capaz de provocar malformaciones congénitas) o «mutágeno» (capaz de modificar de manera permanente y transmisible el ADN de los sujetos expuestos).

El conjunto del dossier toxicológico permite establecer unos valores reglamentarios, como la ingesta diaria admisible (IDA), que designa la cantidad de sustancia que se supone que el usuario o el consumidor puede ingerir cotidianamente y durante toda su vida sin que se vea afectada su salud. Dicho de otro modo y para que quede claro lo absurdo del proceso: se sabe que una sustancia es tóxica para los mamíferos y se calcula la dosis que se les puede aplicar cotidianamente antes de que caigan enfermos, incluso de que se mueran… A continuación se extrapola al ser humano. Pero ¿cómo se sabe que la dosis calculada para una rata o un conejo nos protege efectivamente de un envenenamiento? Misterio… Y ¿qué hay de la acumulación y la interacción entre las diferentes sustancias tóxicas que ingurgitamos diariamente?, porque la famosa IDA (la «ingesta diaria admisible» de veneno) no sólo concierne a los (muchos) pesticidas, sino también a los aditivos alimentarios, como los colorantes y los conservantes. Esta pregunta se ignora… En cualquiera de los casos resulta perturbador saber que el cálculo de esta inquietante IDA descansa en estudios llevados a cabo por los fabricantes, cuyo objetivo es ante todo vender sus productos…

A los análisis de toxicidad cuyo objetivo es evaluar el peligro que puede constituir para el ser humano una nueva molécula se añaden los que aprecian su comportamiento en el medio ambiente (como su persistencia, su movilidad, su absorción por parte de la cadena alimentaria o su capacidad para biodegradarse), así como su potencial ecotóxico (para las aves, las abejas, los peces o las plantas acuáticas).

Al final el dossier toxicológico es examinado por la «Comisión de Estudio de los Productos Antiparasitarios de Uso Agrícola», que transmite una recomendación al Ministerio de Agricultura. En general éste se muestra conforme con las decisiones tomadas a nivel europeo por el «Comité Fitosanitario Permanente», que se ocupa de la inscripción en una lista evolutiva de las sustancias activas autorizadas clasificándolas según su grado de toxicidad (irritante, corrosivo, nocivo, tóxico y muy tóxico), con la obligación de etiquetarlo. «Según las instancias francesas e internacionales, se considera que el glifosato es irritante, puede provocar lesiones oculares graves y es tóxico para los organismos acuáticos», informa Julie Marc. «Según la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos y la Comunidad Europea, la utilización del glifosato de acuerdo con las instrucciones del fabricante no plantea, pues, ningún problema en materia de salud humana. […] Sin embargo, varios estudios epidemiológicos demuestran la existencia de una correlación entre la exposición al glifosato y la presencia de cánceres…».

«EL ROUNDUP DESENCADENA LA PRIMERA ETAPA QUE CONDUCE AL CÁNCER»

De hecho, mientras que las agencias reglamentarias siguen clasificando los herbicidas a base de glifosato como «no cancerígenos para el hombre», una serie de investigaciones epidemiológicas tiende a demostrar exactamente lo contrario. Así, un estudio canadiense publicado en 2001 por la Universidad de Saskatchewan demuestra que los seres humanos expuestos al glifosato más de dos días al año en dos veces más «posibilidades» de desarrollar un linfoma no hodgkiniano que los que nunca han estado expuestos.[17] Estos resultados fueron confirmados por un estudio sueco publicado en 2002 por Lennart Hardell (el especialista de la dioxina) y sus colegas, que compararon el estado de salud de 442 usuarios de herbicidas a base de glifosato con un grupo control de 741 no usuarios[18], así como por un estudio epidemiológico de unos campesinos del Midwest estadounidense hecho por el National Cancer Institute.[19] Además, un estudio epidemiológico realizado en los Estados de Iowa y Carolina del Norte, en Estados Unidos, con más de 54.315 usuarios privados y profesionales de pesticidas, sugiere que existe una relación entre el uso de glifosato y el mieloma múltiple.[20]

En Francia el equipo del profesor Robert Bellé, de la estación biológica de Roscoff, que depende del CNRS[*] y el Instituto Pierre y Marie Curie, estudió el impacto de las formulaciones de glifosato en las células de erizo de mar. «El desarrollo precoz del erizo de mar forma parte de los modelos reconocidos para el estudio de los ciclos celulares», explica Julie Marc, que hizo su tesis doctoral sobre los trabajos del laboratorio bretón. De hecho, el descubrimiento del «modelo del erizo de mar», capital para la comprensión de las fases precoces de la cancerogénesis, les valió el Premio Nobel de fisiología y medicina de 2001 a los británicos Tim Hunt y Paul Nurse, y al estadounidense Leyland Hartwell.

A principios de la década actual el profesor Robert Bellé decide utilizarlo para analizar los efectos sanitarios de los pesticidas. Entonces está preocupado por el nivel de contaminación constatado tanto en las aguas francesas como en los alimentos: «Los datos concernientes a la calidad de las aguas subterráneas dejan constancia en Francia de una contaminación considerada sospechosa en un 35% de los casos», indica Julie Marc, que ha consultado todos los estudios disponibles. «También las aguas marinas dejan constancia de una contaminación generalizada y perenne por herbicidas. […] La ingestión de frutas y verduras contribuye también a los aportes en pesticidas entre los humanos. Las cifras al respecto son inquietantes, puesto que el 8,3% de las muestras de alimentos vegetales de origen francés contiene residuos de pesticidas superiores a los límites máximos y el 49,5% contienen residuos».[21]

«Dentro de este panorama poco tranquilizador la región bretona ostenta una tasa récord de contaminación, que afecta particularmente a las aguas destinadas al consumo humano», continúa Julie Marc: «La norma reglamentaria para el cúmulo de sustancias se supera en el 75% de los casos y a veces se descubren en la misma muestra más de diez sustancias, con unas concentraciones respectivas que superan los 0,1 microgramos/litro reglamentarios. El origen de esta contaminación son los usos agrícolas, pero también la utilización de pesticidas en zonas no cultivadas». Y señala, ella también, una de las aberraciones de la reglamentación: ésta ha fijado la tasa aceptable de residuo en las aguas en 0,1 microgramos/litro, pero no concierne más que a un solo herbicida y no dice nada del efecto acumulado de los diferentes pesticidas (lo que es muy frecuente) ni de su interacción…

Así, a principios de la década actual el profesor Bellé propone al consejo regional de Bretaña llevar a cabo un estudio con el objetivo de evaluar el impacto de los herbicidas en la división celular. «Lo irónico de la historia», me explica el investigador en su laboratorio de Roscoff el 28 de septiembre de 2006, «es que ¡habíamos decidido tomar el Roundup como control en las experiencias, ya que estábamos persuadidos de que este producto era totalmente inofensivo tal como lo sugería la publicidad del perro con su hueso! Y, evidentemente, la sorpresa mayúscula fue que este herbicida nos daba unos efectos mucho más importantes que los productos que estábamos probando. Así fue como cambiamos el objeto de nuestra investigación y nos consagramos únicamente a los efectos del Roundup».

—¿Cómo procedieron ustedes? —pregunté.

—Concretamente, hicimos «poner» a unos erizos de mar, cuya característica es producir grandes cantidades de óvulos; pusimos estos ovocitos en presencia de espermatozoides y situamos a los huevos fecundados en una disolución de Roundup. Especifico que la concentración era muy inferior a la que generalmente se utiliza en la agricultura. Y después observamos los efectos del producto en millones de divisiones celulares. Muy rápido nos dimos cuenta de que el Roundup afectaba a un punto clave de la división de las células, no a los mecanismos de la propia división celular, sino a los que la controlan. Para comprender la importancia de este descubrimiento, hay que recordar el mecanismo de la división celular: cuando una célula se divide en dos células hijas, la copia en dos ejemplares del patrimonio hereditario, bajo la forma del ADN, da lugar a muchos errores. Hasta 50.000 por célula. Normalmente se activa automáticamente un proceso de reparación o de muerte natural de la célula atípica (lo que se llama «apoptosis»). Pero puede ocurrir que la célula escape a esta alternativa (muerte o reparación) porque el punto de control de los daños del ADN está afectado. Es precisamente este checkpoint el que resulta afectado por el Roundup. Y por esa razón nosotros decimos que el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. En efecto, escapándose a los mecanismos de reparación, la célula afectada va a poder perpetuarse bajo una forma genéticamente inestable; y hoy sabemos que ella puede constituir el origen de un cáncer que se desarrollará treinta o cuarenta años más tarde.

—¿Pudieron determinar ustedes lo que en el Roundup afectaba a la división celular?

—¡Ésta es una pregunta fundamental! En efecto, también hicimos la experiencia con el glifosato puro, es decir, sin los coadyuvantes que constituyen el Roundup, y no constatamos ningún efecto; por consiguiente, es el propio Roundup el que es tóxico y no su principio activo. Ahora bien, cuando examinamos las pruebas que habían servido para la homologación del Roundup descubrimos con sorpresa que se habían hecho con glifosato puro. De hecho, el glifosato puro no tiene ninguna función, ni siquiera herbicida, puesto que él solo no consigue penetrar en las células y, por lo tanto, afectarlas. Por esa razón creo que existe un verdadero problema con el proceso de homologación del Roundup y que habría que interesarse más de cerca tanto en los muchos coadyuvantes que lo componen como en su interacción.

Entre los coadyuvantes sospechosos está fundamentalmente el polioxietileno (POEA), cuya toxicidad aguda ha sido confirmada por numerosos estudios, pero también las sustancias inertes de las que no se puede decir nada porque en nombre del «secreto comercial» el fabricante no comunica su identidad;[22] sin olvidar el principal producto de la biodegradación del glifosato, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), cuya vida media es elevada.

Frente a estas disfunciones manifiestas del proceso de homologación, algunos científicos valientes, como el doctor Mae-Wan Ho (Reino Unido) y el profesor Joe Cummins (Canadá), miembros del Institute of Science and Society, reclaman una revisión urgente de la reglamentación relativa al herbicida más utilizado del mundo.[23] Digo «valientes» porque la historia del profesor Bellé demuestra, si es que fuera necesario, que no se toca impunemente el producto estrella de una empresa como Monsanto…

«Evidentemente, en seguida comprendimos la importancia que nuestros resultados podían tener para los usuarios de Roundup», explica, «puesto que la concentración del herbicida en el origen de las primeras disfunciones es 2.500 veces inferior a la recomendada en pulverización. De hecho, una gotita basta para afectar al proceso de división celular. Esto quiere decir concretamente que para utilizar el herbicida sin restos no sólo hace falta llevar un mono y una máscara, sino también asegurarse de que no hay nadie en quinientos metros a la redonda… Un tanto ingenuamente, nos dijimos que Monsanto no debía de estar al corriente, porque si no, estas recomendaciones figurarían en las instrucciones de empleo, y les comunicamos nuestros resultados incluso antes de publicar el estudio.[24] Hay que decir que su reacción nos sorprendió mucho: en vez de estudiar seriamente nuestros resultados, respondieron un tanto agresivamente que todas las agencias reglamentarias habían concluido que el producto no era cancerígeno para el ser humano y que, de todos modos, ¡a nadie le interesaba el cáncer del erizo de mar! ¡Es todo excepto un argumento científico! Se diría que ni siquiera saben que si el “modelo del erizo de mar” ha valido un Premio Nobel a sus descubridores, es precisamente porque se sabe que los efectos medidos en una célula de erizo de mar son perfectamente extrapolables al ser humano…».

—¿Y cómo reaccionaron sus organismos de tutela, el CNRS y el Instituto Pierre y Marie Curie?

—A decir verdad, su reacción fue más sorprendente todavía —responde el profesor Bellé tras un silencio—. Algunos representantes se desplazaron hasta Roscoff para pedirnos instantáneamente que no lo comunicáramos a los medios de comunicación o al público con el pretexto de que se iba a crear una psicosis…

—¿Cómo se lo explica usted?

—Esta cuestión me obsesionó durante mucho tiempo… Hoy creo que no se querían crear rumores para no perjudicar al desarrollo de los OGM que, como usted sabe, han sido manipulados para resistir al Roundup…

—¿No teme por su carrera?

—Ya no temo nada —murmura el investigador—. Me voy a jubilar muy pronto y ya no dirijo el laboratorio. Por eso hoy me puedo permitir hablar…

UN «ASESINO DE EMBRIONES»

«No estorbar el desarrollo de los OGM»: es también el único argumento que encontró Gilles-Éric Séralini para explicar la inercia de los poderes públicos frente a la toxicidad del Roundup. Profesor en la Universidad de Caen, este bioquímico es miembro tanto de la Comisión de Genética Biomolecular de Francia, que se encarga de instruir los expedientes de demanda de análisis en pleno campo de los organismos genéticamente modificados, como del CRII-GEN, el Comité de Investigación y de Información Independientes sobre Ingeniería Genética, que no deja de reclamar estudios más exhaustivos sobre el impacto sanitario de los OGM.

El profesor Séralini ha dirigido varios estudios para evaluar el impacto del Roundup y sus efectos sobre la salud humana, como me explica cuando lo conozco el 10 de noviembre de 2006 en su laboratorio en Caen: «Si me interesé por el Roundup fue porque con los OGM, que han sido manipulados para poder absorberlo sin sucumbir, se ha convertido en un producto alimenticio, puesto que se encuentran residuos de él en los granos de soja o de maíz transgénico. Además, había leído estudios epidemiológicos realizados en Canadá que demostraban que había más abortos naturales y partos prematuros entre las parejas de agricultores que utilizaban Roundup que entre la población en general».

De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Carleton con familias de campesinos de Ontario reveló que el uso de glifosato en los tres meses anteriores a la concepción de un niño estaba asociado a un riesgo mayor de abortos naturales tardíos (entre la semana duodécima y la decimonovena).[25] Es interesante indicar que tras un estudio realizado con familias campesinas de América del Norte, el 70% de los agricultores presentaban una orina contaminada por el Roundup el día de la aplicación del producto en sus campos, con una concentración media de 3 microgramos/litro y unos picos de 233 mg/l.[26]

Igualmente, un laboratorio de la Universidad Tech de Texas estableció que la exposición al Roundup de células de Leydig, alojadas en los testículos y que desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del aparato genital masculino, reducía un 94% su producción de hormonas sexuales.[27] Por último, investigadores brasileños constataron que las hembras de rata preñadas en el momento de la exposición al Roundup parían más frecuentemente crías con malformaciones en el esqueleto.[28]

Todos estos resultados fueron confirmados por dos estudios llevados a cabo por el profesor Séralini y su equipo, que cuantificaron el efecto tóxico del Roundup primero en células de la placenta humana y después en células de embriones[29] «surgidos», quiere precisar, «de una línea de células de riñones de embrión cultivada en el laboratorio, lo que no requiere la destrucción de ningún embrión».

—¿Cómo procedieron ustedes? —le pregunté.

—Situamos las células en soluciones de Roundup, variando la concentración del producto, desde la más ínfima, es decir, 0,001%, hasta las dosis que se utilizan en agricultura, a saber, el Roundup diluido al 1% o al 2%, —me responde el biólogo. Variamos así la tasa de exposición para determinar en qué momento el herbicida producía un efecto en lo que llamamos la «respiración de las células», que condiciona su producción de hormonas sexuales. Constatamos que a tasas que la reglamentación autoriza como niveles de residuos aceptables en productos alimenticios tales como las plantas transgénicas, en unas horas el Roundup mataba literalmente las células de placenta humana y de manera aún más sensible, las células salidas de embriones humanos.

Y el profesor abre su ordenador portátil para enseñarme las fotos que su equipo hizo de las pruebas. En ellas se ve una retahíla de células muy distintas y transparentes que tienen cada una de ellas en el centro una pequeña sombra negra, que es el núcleo. Tras una jornada de exposición al Roundup se disuelven para formar un cúmulo oscuro informe, una «especie de puré», por retomar los términos de Gilles-Éric Séralini. «De hecho», me explica, «bajo los efectos del producto las células empiezan a contraerse y después, como ya no pueden respirar correctamente, mueren asfixiadas. Y especifico que este resultado se obtiene a dosis claramente inferiores a las utilizadas en la agricultura porque en el caso de esta foto, por ejemplo, la concentración era del 0,05%. Ésta es la razón por la que afirmo que el Roundup es un asesino de embriones. Cuando se utiliza una concentración aún más débil (diluyendo 10.000 o incluso 100.000 veces el producto comprado en una tienda) se constata que ya no mata las células, pero bloquea su producción de hormonas sexuales, lo que también es muy grave, porque gracias a estas hormonas los fetos pueden desarrollar los huesos o formar su futuro sistema de reproducción. Por lo tanto se puede afirmar que el Roundup también es un perturbador endocrino».

—¿Compararon ustedes los efectos del Roundup con los del glifosato solo?

—¡Por supuesto! Y constatamos que el Roundup es mucho más tóxico que el glifosato, aunque las pruebas en las que se basa la homologación del Roundup se hicieron con la materia activa sola. Entonces nos pusimos en contacto con el comisario europeo encargado de la agricultura, que reconoció que aquello era un problema, pero desde entonces no ha ocurrido nada…

—¿Y qué dijeron las autoridades francesas?

—¡Ah! —suspira el biólogo—. De entrada hay que saber que es imposible obtener créditos institucionales para llevar a cabo este tipo de investigación. En Francia, como en la mayoría de los países industrializados, no hay interés y, por consiguiente, tampoco dinero para que los laboratorios lleven a cabo estudios epidemiológicos o peritajes científicos de comprobación sobre la toxicidad de los productos químicos que han invadido nuestra vida cotidiana. Sin embargo, me parece que desde el punto de vista de la salud pública es verdaderamente urgente hacerlo, porque nuestros organismos se han convertido en verdaderas esponjas de contaminantes. Como he podido constatar, pegadas a todo el genoma de fetos humanos se encuentran varios cientos de sustancias tóxicas, como hidrocarburos, dioxinas, pesticidas, residuos de plástico o de pegamentos… Estos productos, que han sido concebidos para no ser solubles en agua, se acumulan y se concentran en nuestras grasas y nadie sabe qué efectos tienen a largo plazo. El problema es que los poderes públicos no tienen en absoluto ganas de saberlo. Están dispuestos a financiar un estudio para mejorar las pajuelas que sirven para inseminar a los cerdos in vitro, pero no uno sobre los efectos tóxicos del herbicida más vendido del mundo. En mi caso tuve que buscarme financiación privada, especialmente de la Fundación para una Tierra Humana, pero ¿qué científico joven se va a lanzar a semejante aventura sabiendo que se va a enemistar con sus tutelas institucionales?

Además, el día que fui a Caen para entrevistar y grabar al profesor Séralini sus laboratorios estaban extrañamente vacíos: «Ninguno de mis alumnos de doctorado quiere aparecer a mi lado», me explicó, «porque tienen miedo de que se les asocie a mis declaraciones y de poner en peligro sus carreras…».

¡Bienvenida al reino de la ciencia independiente! Es evidente que «la atmósfera de KGB» que había denunciado William Sanjour, el lanzador de alerta de la EPA, no concierne sólo a la venerable agencia estadounidense… Una prueba de ello es la reacción que suscitó entre las filas de la Asamblea Nacional francesa la publicación del artículo del profesor Séralini en la revista Environmental Health Perspectives en enero de 2005. El ponente de la «Misión de información sobre los retos de las pruebas y de la utilización de los OGM», Christian Ménard, médico y diputado por Finisterre, lo criticó duramente en su informe hecho público en abril de 2005: «Tratándose más particularmente del carácter tóxico del glifosato y de los productos formulados a base de glifosato, las recientes conclusiones del estudio realizado por el profesor Gilles-Éric Séralini deben ser matizadas. […] El enfoque y las conclusiones de este estudio son muy controvertidos. […] El concepto mismo de perturbador endocrino es particularmente vago y la comunidad científica internacional está actualmente de acuerdo en constatar la falta de pruebas experimentales para establecer unas relaciones de causa efecto entre ciertas moléculas sospechosas de ser perturbadores endocrinos y la aparición de enfermedades en el hombre…».[30]

Por otra parte, aunque el ponente «subraye […] la necesidad de llevar a cabo estudios epidemiológicos, en particular sobre el empleo de herbicidas, para establecer comparaciones entre los diferentes herbicidas», en cierto modo es la pescadilla que se muerde la cola: los poderes públicos no animan a los laboratorios a llevar a cabo los estudios sobre los efectos tóxicos de las «moléculas sospechosas», por lo tanto, efectivamente existen pocas «pruebas experimentales» (y cuando las hay, se ponen en entredicho), lo que permite concluir que «no existe ningún problema»

EL AGENTE NARANJA DE COLOMBIA

Mientras tanto, gracias a la colusión incondicional entre los políticos, los gigantes de la química y la comunidad científica internacional, el uso de pesticidas no deja de progresar en todo el mundo: se calcula que cada año se esparcen dos millones y medio de «productos fitosanitarios» sobre los cultivos del planeta y que sólo «un 0,3% entra en contacto con los organismos a los que van dirigidos, lo que significa que el 99,7% de las sustancias vertidas va a parar “a otra parte”, al medio ambiente, los suelos y las aguas», indica Julie Marc en su tesis doctoral.[31] Así es como la contaminación de los ríos y puntos de agua por el herbicida más utilizado del mundo podría estar en el origen de la desaparición de las poblaciones de ranas, tal como lo revela un estudio publicado en 2005 por Rick Relyea, un investigador de la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania).[32] Observó los efectos de dos insecticidas (Sevin y Malathion) y de dos herbicidas (Roundup y 2,4-D) en una población de veinticinco especies animales procedentes de una charca (caracoles, renacuajos, crustáceos e insectos) que fueron colocadas en cuatro recipientes con su agua originaria. Se añadió a cada recipiente una dosis de pesticida siguiendo la concentración recomendada por los fabricantes. Los resultados fueron espectaculares: «En el recipiente en el que habíamos puesto Roundup constatamos desde el día siguiente que la superficie del agua estaba llena de renacuajos muertos», informa Rick Relyea. «Resultaba chocante ver que el Roundup, que había sido concebido para matar a las plantas, era hasta ese punto letal para los anfibios».[33] Hay que señalar que el 2,4-D y los dos insecticidas no produjeron ningún efecto sobre los pequeños habitantes de las charcas…

Pero no sólo los animales sufren las consecuencias de la contaminación debida a los «productos fitosanitarios». «La cantidad de contaminaciones accidentales por pesticidas se calcula en más de un millón al año en el mundo y en 20.000 el de los casos mortales», revela Julie Marc. «Añadiendo los casos de suicidio se llega a la cifra de tres millones de envenenamientos, con 220.000 muertos entre ellos». El Roundup ocupa un lugar destacado en este cuadro sombrío, porque es el herbicida favorito de los candidatos al suicidio por intoxicación. Según un estudio realizado en Taiwan sobre 131 casos de suicidio por absorción de Roundup, la mayoría de ellos habían muerto tras sufrimientos atroces que se traducían en edemas acompañados de insuficiencia respiratoria, vómitos y diarreas violentos.[34] Un estudio similar llevado a cabo en Japón permitió evaluar la dosis letal del herbicida: aproximadamente 200 mililitros, lo que supone tres cuartas partes de una taza…

De manera más general, el Roundup representa la causa más corriente de denuncias por envenenamiento registradas, por ejemplo, en el Reino Unido o en California, tal como informaba en 1996 la revista Pesticide News[35]. Según fuentes coincidentes, los síntomas de la intoxicación son siempre los mismos: irritación de los ojos, problemas oculares, dolor de cabeza, irritación dermatológica, irritación de la piel, náuseas, sensación de tener la garganta seca, asma, dificultades respiratorias, nariz sangrante y vértigo.

Mientras escribo estas líneas no puedo evitar pensar en el calvario que viven cada día las comunidades indias y campesinas de Colombia, sometidas a lo que los estrategas de Washington llaman el «Plan Colombia». Elaborado en junio de 2000 con el apoyo activo del gobierno de Bogotá, el objetivo de este programa es erradicar los cultivos de coca que suministran el mercado internacional de cocaína y sirven en parte para financiar los movimientos de la guerrilla. Principal medio para esta erradicación: las fumigaciones aéreas de… Roundup. Así, se calcula que de 2000 a 2006 se fumigaron cerca de 300.000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo (que se extienden hasta la frontera de Ecuador), cuyas poblaciones se ven también afectadas por lo que algunos llaman el «agente naranja de Colombia». Sólo en el departamento de Putumayo, donde viven varias comunidades indias, se han intoxicado 300.000 personas.

La situación es tan dramática que en enero de 2002 una ONG estadounidense, Earthjustice Legal Defence Found, acudió a la Comisión de Derechos Humanos y al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. La ONG establecía en su informe una lista de todos los males que había podido constatar sobre el terreno: «Problemas gastrointestinales (hemorragias graves, náuseas, vómitos), inflamación de los testículos, fiebre alta, vértigos, insuficiencia respiratoria, irritaciones cutáneas y graves irritaciones oculares. Las fumigaciones también habrían causado abortos naturales y malformaciones en el momento del nacimiento».[36] Además, «las fumigaciones destruyeron más de 1.500 hectáreas de cultivos alimentarios (mandioca, maíz, plátano verde, tomate, caña de azúcar, prados) y de árboles frutales, y provocaron la muerte de animales (vacas y aves de corral). […] En resumen, la situación ilustra claramente la relación entre medio ambiente y derechos humanos, porque las fumigaciones que causan graves daños al aire, el agua, la tierra y la biodiversidad constituyen una violación de los derechos humanos».

En ese informe nos enteramos de que el herbicida utilizado es el Roundup Ultra, al que se han añadido dos surfactantes fabricados en Colombia, el Cosmos flux-411f y el Cosmo-in-D, cuya función es multiplicar por cuatro la «eficacia» del producto suministrado por la empresa de Saint Louis. Además, las concentraciones utilizadas en las preparaciones realizadas por el ejército colombiano bajo la dirección de colegas estadounidenses son «cinco veces más elevadas que las recomendadas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos para las pulverizaciones aéreas». Por último, «los métodos de aplicación no respetan las recomendaciones del fabricante, que desaconseja esparcir el producto a más de tres metros por encima de las copas de las plantas más altas, cuando, según la policía antidroga colombiana, los aviones vuelan a diez o quince metros». Lo que, por supuesto, acarrea que el herbicida se expanda por varios centenares de metros…

¿Qué decir ante este nuevo escándalo del que, una vez más, se beneficia la empresa de Saint Louis? Nada, excepto recordar las instrucciones de uso del Roundup Ultra tal como aparecen actualmente en los bidones vendidos en Estados Unidos: «El Roundup matará casi todas las plantas verdes que están en fase de crecimiento. No se debería aplicar el Roundup a reservas de agua, como mares, lagos o ríos, porque el Roundup puede ser tóxico para los organismos acuáticos. Las personas y animales domésticos (perros y gatos) deben permanecer fuera de la zona en la que se ha aplicado el Roundup mientras no esté completamente seco. Recomendamos que durante dos semanas no se permita pastar al ganado, como caballos, vacas, ovejas, cabras, conejos, tortugas. Si se utiliza el Roundup para controlar plantas indeseables situadas cerca de los árboles frutales o de frutos secos, así como de las viñas, aconsejamos no comer sus frutos antes de veintiún días».

Arrancadas a la empresa gracias a la vigilancia de organizaciones de consumidores norteamericanas, estas advertencias no valen, por supuesto, para los pequeños campesinos e indios colombianos. Y se podría concluir, un tanto precipitadamente, que la empresa de Saint Louis ha aprendido la lección de su poco glorioso pasado y que hoy es más cuidadosa desde el momento en que se trata de la salud de sus conciudadanos. Pero con la historia de la hormona de crecimiento bovino vamos a ver que es mentira…

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EL CASO DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO BOVINO (1): LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION BAJO INFLUENCIA

«Como el uso de Posilac no altera la composición química de la leche, sus propiedades y su sabor no cambian».

Página web de Monsanto.

«Este caso fue un auténtico descenso a los infiernos… Yo había entrado en la Food and Drug Administration pensando que obraba para el bien de mis compatriotas y descubrí que la agencia había traicionado su papel de guardián de la salud pública para convertirse en la protectora de los intereses de las empresas industriales». Cuando lo conozco en Nueva York el 21 de julio de 2006, casi veinte años después del «caso», al doctor Richard Burroughs le sigue costando hablar de ello. «Es demasiado doloroso», dice con un nudo en la garganta, «cada vez que lo evoco es como si el suelo se volviera a hundir bajo mis pies y yo fuera a desaparecer con él. Todavía hoy me resulta difícil admitir que fui despedido de la célebre FDA ¡porque me oponía a que saliera al mercado un producto que yo consideraba peligroso! Y, sin embargo, ¡ésa era mi misión!».

Al observar el desconcierto del doctor Burroughs pienso en Cate Jenkins, la científica de la EPA que había elaborado un informe cuestionando la validez de los estudios de Monsanto sobre la dioxina, en William Sanjour (véase más arriba, capítulo 2) y en todos aquellos a los que vamos a conocer a lo largo de estas páginas: Shiv Chopra de Health Canada, Arpad Pusztai del Rowett Institute, Ignacio Chapela de la Universidad de Berkeley o los periodistas Jane Akre y Steve Wilson. A todos ellos se les entrecorta la voz en cuanto empiezan a evocar su experiencia de whistleblower. En este sentido la historia de Richard Burroughs es un caso ejemplar.

«DESPEDIDO POR INCOMPETENTE»

Este veterinario, licenciado por la Universidad Cornell, trabajó primero como facultativo liberal en el Estado de Nueva York, donde sus padres tenían un rebaño de vacas lecheras: «Me encantan las vacas», dice con una sonrisa que ilumina repentinamente su rostro de sexagenario. «¡Elegí este oficio por ellas!». En 1979 lo contrata la Food and Drug Administration, que le propone una formación en toxicología. «¡Acepté abandonar el campo en el que había nacido por Washington, porque para mí verdaderamente era el no va más!». Para él y para todo el mundo. ¿Quién no ha oído, al menos una vez en su vida: «El producto ha sido autorizado por Estados Unidos, por lo tanto, no hay problema»? ¿Autorizado por quién? Por la FDA, precisamente.

Creada oficialmente en 1930, la agencia se encarga de autorizar la salida al mercado de los productos alimentarios o farmacéuticos destinados al consumo humano o animal. Su biblia es la Food Drug and Cosmetic Act, una ley firmada por el presidente Franklin Roosevelt en 1938. Una ley exigente, de la que emana la autoridad de la FDA, y que quería ser una respuesta a un drama nacional: un año antes, un centenar de personas había muerto tras haber ingerido elixir de sulfamida, un medicamento fabricado con un disolvente que resultó ser mortal. La Food Drug and Cosmetic Act exigía que en el futuro todo producto que contuviera sustancias nuevas fuera probado previamente por las empresas y sometido a una autorización previa de la FDA antes de su salida al mercado. En 1958 la ley fue completada por la «enmienda Delaney»[a], que estipula que si un producto presenta el menor riesgo cancerígeno, no debe ser homologado. En todo caso es importante señalar que la agencia no realiza ella misma estudios toxicológicos, como pruebas con animales, sino que se contenta con examinar los datos suministrados por los fabricantes.

Así es como en 1985 el doctor Burroughs, que trabaja en el Centro de Medicina Veterinaria (CVM) de la FDA, recibe la misión de analizar la petición de autorización de salida al mercado de una hormona de crecimiento bovino, la somatotropina (BST), fabricada por manipulación genética por Monsanto[b] y destinada a ser inyectada a las vacas dos veces al mes para aumentar su producción de leche al menos un 15%. «Para el CVM era un producto absolutamente revolucionario», explica Richard Burroughs, «porque era el primer medicamento transgénico que teníamos que estudiar».

La somatotropina es una hormona natural que secreta abundantemente la hipófisis de las vacas tras un parto y que estimula la lactancia, permitiendo la movilización de las reservas corporales del animal gracias a una acción sobre los tejidos. Desde que en 1936 científicos soviéticos habían descrito su función, los laboratorios vinculados a la agro-industria habían tratado de reproducirla para aumentar el rendimiento de los rebaños. En vano: había que sacrificar veinte vacas al día para poder componer a partir de sus hipófisis la dosis diaria de la hormona láctea requerida para un solo animal… A finales de los setenta, investigadores financiados por Monsanto logran aislar el gen que produce la hormona. Lo introdujeron por manipulación genética en una bacteria, la Escherichia colli (o «colibacilo», bacteria común que puebla la flora intestinal de los mamíferos, incluido el ser humano), lo que permitió su fabricación a gran escala. Monsanto bautizó esta hormona artificial compaginando los términos Bovine Somatotropin (rBST) y Bovine Growth Hormone (rBGH).[c] Desde principios de los ochenta la empresa organiza pruebas en granjas experimentales de su propiedad o en colaboración con universidades, como la de Vermont o Cornell.

«El dossier proporcionado por Monsanto era tan alto como yo», me explica Richard Burroughs, que mide su buen metro ochenta… «Ahora bien, el reglamento de la FDA nos impone no superar un plazo de ciento ochenta días para analizar los datos. De hecho, es una técnica de las empresas para desanimar y no realizar un examen minucioso: envían toneladas de papel esperando que uno se contente con mirarlo por encima. En seguida comprendí que el objetivo de los datos era solamente probar que, efectivamente, la rBGH estimulaba la producción láctea. Los científicos que trabajaban para Monsanto no se habían interesado en absoluto por responder a preguntas cruciales: ¿qué significa psicológicamente para las vacas producir leche por encima de su capacidad natural?, ¿cómo habrá que alimentarlas para que sobrevivan a esta hazaña?, ¿qué enfermedades puede provocarles esto? Ni siquiera habían pensado que con toda seguridad las vacas iban a desarrollar mamitis, es decir, inflamaciones de las ubres, una patología corriente entre los rebaños de alto rendimiento».

—¿Y la mamitis supone también un problema para el consumidor?

—Por supuesto, ya que se traduce en un aumento de los glóbulos blancos, es decir, ¡que hay pus en la leche! Hay que tratar a las vacas con antibióticos, que pueden permanecer en la leche en forma de residuos. Todo ello es, por lo tanto, muy grave… Además, hay que comprender que la hormona transgénica trastorna el ciclo natural de la vaca. Normalmente ésta se pone a producir somatotropina tras un parto, lo que le permite alimentar a su cría. A medida que el ternero va creciendo, se ralentiza la secreción de la hormona hasta detenerse definitivamente. Por consiguiente, para relanzar la producción láctea es necesario que la vaca tenga otro ternero. La rBGH permite mantener artificialmente la fabricación de leche más allá del ciclo natural. Por esa razón puede suponer para la vaca problemas de reproducción y, por lo tanto, acarrear un perjuicio financiero para el ganadero. Cuando vi que faltaban todos estos datos, pedí a Monsanto que revisara su informe, lo que llevó entre dos y tres años, porque para que el estudio sea válido hay que seguir la evolución de las vacas durante al menos tres ciclos…

—¿Y cuáles fueron los resultados de los nuevos estudios?

—¡De entrada debo decir que eran de una muy baja calidad científica! Por ejemplo, si se quiere cuantificar el impacto de la hormona transgénica en la mamitis, hay que determinar en cada rebaño un grupo de vacas tratadas con la hormona y un grupo control sin tratamiento, que será criado estrictamente en las mismas condiciones que el primero. Ahora bien, Monsanto había dispersado las vacas tratadas y las no tratadas entre diferentes centros experimentales mezclando a continuación todos los resultados. Una vez más me vi obligado a corregirlo. Del mismo modo, me acuerdo de una visita sorpresa que hice a uno de sus laboratorios, en el que se suponía que analizaban el efecto de la hormona en los órganos y los tejidos de las vacas: ¡descubrí que habían desaparecido unos riñones! A pesar de todos estos defectos técnicos, de todos los estudios se deducía que la frecuencia de las mamitis era mucho más elevada…

—¿Advirtió a sus superiores de la FDA?

—Sí —me responde el doctor Burroughs—, en un primer momento reaccionaron correctamente…

De hecho, un documento fechado el 4 de marzo de 1988 atestigua que Richard P. Lehmann, director de la División de la Producción de Medicamentos en el CVM, transmitió las inquietudes de su agente a Terrence Harvey, de Monsanto:[d] «Hemos examinado su demanda y encontramos que está incompleta», escribe. «Las pruebas son insuficientes. […] No ha identificado claramente la incidencia clínica de las mamitis en los rebaños en los que se han hecho las pruebas. […] Debería aclarar qué tratamientos van a utilizar para curar las mamitis. […] Le recordamos que el uso de gentamicina y de tetraciclina no está autorizado para el tratamiento de las mamitis de los rebaños lecheros. […] Ha comprometido la utilidad de sus datos sobre la reproducción utilizando progesterona y prostaglandinas. No es posible evaluar los efectos de la somatotropina bovina en la reproducción si pruebas realizadas simultáneamente con otras hormonas reproductoras ocultan o alteran los efectos del medicamento». Por último, el responsable del CVM es tajante en lo que se refiere al estudio toxicológico hecho con ratas: las ratas estudiadas son demasiado pocas (siete), sólo hay hembras, la duración del estudio es demasiado corta y las dosis ingeridas por las cobayas demasiado débiles…».

Es a partir de esta carta cuando empieza el descenso a los infiernos del doctor Burroughs. «Súbitamente, se me dejó al margen», cuenta. «Me bloquearon el acceso a los datos que yo mismo había solicitado hasta que fui completamente desposeído del expediente. Y después, el 3 de noviembre de 1989, mi jefe me acompañó a la puerta, para mí se había acabado…».

——¿Lo despidieron?

—Sí, por incompetencia —murmura Richard Burroughs.

El veterinario denuncia a la FDA por despido improcedente. Gana en primera instancia, la agencia apela, pero finalmente es condenada a readmitir a su agente. «Me trasladaron a la división porcina», comenta. «¡No sabía nada de cerdos! En cualquier momento podía cometer una falta grave, así que preferí dimitir. Fue un periodo muy negro… No entendía lo que me estaba pasando. Estaba arruinado porque el proceso me había costado muy caro y no tenía trabajo. Afortunadamente, estaban mi mujer y mis dos hijos…».

—¿Lo amenazaron?

—Pues… ¿físicamente? Prefiero no hablar de ello… Moralmente, sí. Cuando apelé, los abogados de Monsanto amenazaron con perseguirme si revelaba informaciones confidenciales referentes a la rBGH. Es típico de Monsanto…

—¿Cree usted que la FDA fue engañada por Monsanto?

—«Engañada» no es la palabra exacta, porque significa que aquello habría ocurrido a espaldas de ella. No, la agencia cerró intencionadamente los ojos sobre los datos molestos porque quería proteger los intereses de la empresa favoreciendo cuanto antes la salida al mercado de la hormona transgénica…

LOS DATOS SECRETOS DE MONSANTO Y DE LA FDA

En el momento en que el doctor Burroughs inicia su descenso a los infiernos, un científico reputado por su valor iconoclasta da casualmente con el tema que se convertirá en una de las batallas de su vida. Se trata de Samuel Epstein, hoy profesor emérito de medicina medioambiental de la Universidad de Illinois. Autor de muchas publicaciones y de libros destacados, especialmente sobre el cáncer (cuyo recrudecimiento afirma que está relacionado con la contaminación medioambiental)[a], recibió, un día de primavera de 1989, una llamada telefónica de un granjero que había aceptado probar la rBGH en su rebaño.

«Montó en cólera cuando comprendió que yo nunca había oído hablar de la hormona transgénica», me cuenta el 4 de octubre de 2006 en su despacho de Chicago. «Me dijo: “Debería ocuparse de ello, ¡es su trabajo! Esta hormona enferma a mis vacas y tengo miedo de que las personas que beban mi leche enfermen también”. Así es como el profesor Epstein se sumerge en las ediciones de 1987 y 1988 de la revista profesional The Journal of Dairy Science, donde descubre muchos «artículos promocionales» publicados por investigadores estadounidenses, pero también europeos, que han probado la rBGH para Monsanto.[b] «Todos estos artículos afirmaban que la hormona no planteaba problemas mayores de salud», recuerda Samuel Epstein, «pero había muy pocos datos serios en los que se basara esta afirmación. Las pruebas se habían hecho en grupos reducidos de una docena de vacas, lo que mermaba su valor estadístico, y además, sobre todo eran de una duración muy corta. A pesar de estos ardides, revelaban un aumento significativo de las mamitis y una baja de la fertilidad de las vacas tratadas, así como cambios importantes en la calidad nutricional y la composición de la leche».

El profesor Epstein descubre entonces que la leche y la carne salidas de las ganaderías experimentales estadounidenses se integran en la cadena alimentaria, aunque oficialmente la hormona sigue sin estar autorizada. El 19 de julio de 1989 escribe una carta al doctor Frank Young, el administrador (commissioner) de la FDA[c], para hacerle partícipe de sus inquietudes, las cuales revela poco después en un artículo publicado en Los Angeles Times.[1] El 11 de agosto de 1989 la agencia se digna escribir un derecho de réplica firmado por Gerard B. Guest, director del CVM y, por lo tanto, jefe del doctor Burroughs: «Las pruebas en profundidad de la BST autorizan a la agencia a afirmar que la carne y la leche procedentes de vacas tratadas con rBST no son nocivas para la salud humana», escribe en un ejemplar lenguaje estereotipado. «Los científicos de la FDA son de los más informados y competentes del mundo en lo que concierne a la evaluación de los medicamentos veterinarios y cuidamos mucho a las personas a las que servimos, es decir, a los consumidores de carne, leche y huevos».

Unas semanas después, «hacia finales de octubre», el profesor Epstein recibe lo que él denomina «un regalo caído del cielo»: un desconocido que trabajaba en la FDA le hace llegar una caja que contiene todos los datos veterinarios registrados en una granja experimental de Monsanto, situada cerca de la sede de la sociedad, en Saint Louis, Missouri. «No era la primera vez que me pasaba», me explica con una gran sonrisa. «En los últimos treinta años he recibido regularmente archivos internos procedentes de las agencias de reglamentación o de empresas industriales, enviados por empleados que preferían mantenerse en el anonimato por temor a las represalias. ¡Pero aquello realmente era una magnífica oportunidad!».

El oncólogo contacta en seguida con Pete Hardin, director de The Milkweed, una revista mensual especialista en producción láctea y muy respetada por el rigor e independencia de su línea editorial. Pasan juntos horas escudriñando, contrastando e interpretando cientos de páginas repletas de cifras y de datos brutos. «Era vertiginoso poder trabajar con los documentos originales de Monsanto», se entusiasma todavía hoy Pete Hardin, que me recibe el 6 de octubre de 2006 en su casa de Brooklyn, en Wisconsin. «Mire, la mayoría de ellos están clasificados como “confidencial”: este documento pertenece a la sociedad Monsanto. […] Contiene informaciones confidenciales que no pueden ser reproducidas, reveladas a personas no autorizadas ni enviadas al exterior de la sociedad sin su autorización explícita». ¡Es exactamente lo que a un periodista de investigación le gusta publicar!

Los dos colegas se ponen a redactar un artículo, publicado en The Milkweed de enero de 1990, que hace mucho ruido.[2] En él se descubre que el estudio de Monsanto trató sobre ochenta y dos vacas, a las que se siguió durante un periodo de lactancia, esto es, cuarenta semanas. El rebaño se dividió en cuatro grupos: un grupo control (no tratado), otro al que se le inyectó cada quince días una dosis normal de hormona, un tercero tratado con el triple de dosis y el último, al que se le inyectó cinco veces la dosis. Al final de la experiencia se abatió a la mitad de las vacas y se analizaron sus órganos y tejidos. Los resultados son edificantes:

—Los órganos y glándulas de los animales inyectados (tiroides, hígado, corazón, riñones, ovarios, etc.) son mucho mayores que en el grupo control, aunque el peso total de estas vacas en el momento de ser abatidas es significativamente más bajo. Por ejemplo, el ovario derecho es de media un 44% más pesado en el grupo que recibió cinco veces la dosis que en el grupo control;

—las vacas tratadas presentan importantes problemas de reproducción: aunque el 93% de las vacas del grupo control pudieron ser inseminadas durante ese periodo, sólo se pudo inseminar al 52% de las de los grupos a las que se les inyectó.

—de un animal a otro el nivel de hormonas presente en la sangre varía considerablemente y la tasa más elevada es hasta 1.000 veces superior a la registrada en el grupo control.

Curiosamente, los científicos de Monsanto no suministraron ningún dato estadístico sobre las mamitis. En cambio, de los documentos se deduce que las vacas inyectadas fueron tratadas con mucha más frecuencia que las del grupo control con antibióticos, algunos de los cuales no están autorizados por la FDA en los rebaños lecheros.[d] Así, una pobre vaca (n.º 85.704) recibió… ciento veinte tratamientos diferentes… Finalmente la leche producida en los grupos experimentales se vendió a una red de distribución de Saint Louis. No hay beneficio pequeño…

«Mire», me dice Pete Hardin exhibiendo un documento de una abultada carpeta «son fotos de piezas de vacas después de haber sido despellejadas. En ellas se ven zonas negruzcas: se trata de tejidos muertos que corresponden a los puntos en los que fueron inyectadas. ¡Es un producto muy potente! Me acuerdo de haber hecho un reportaje en un matadero en el que se dedicaban a transformar estos trozos poco apetitosos en carne para hamburguesas…».

UN ARTÍCULO MANIPULADO EN LA REVISTA SCIENCE

En este momento de la historia, uno imagina muy ingenuamente que los contrapoderes estadounidenses van a desempeñar su papel y van a obligar finalmente a Monsanto a guardarse su producto. ¡Ni pensarlo! Pero el profesor Epstein no suelta su presa. Contacta con John Conyers, presidente del House Committee on Government Operations y que en 1979 le había pedido que declarara en el Congreso en el marco de un proyecto de ley sobre el «crimen de guante blanco». «Yo había mencionado el caso de Monsanto, que había ocultado datos sanitarios sobre el ácido nitrilotriacético, que ella fabricaba como sustituto de los detergentes a base de fosfato», recuerda el oncólogo. «Finalmente, los trabajos de la comisión habían definido dos categorías de sociedades culpables de crimen de guante blanco: las que disimulan intencionadamente datos, como los efectos cancerígenos de un producto y siguen vendiéndolo como si no pasara nada, y las que ocultan o destruyen informaciones y que, además, afirman que su producto es sano.[3] Monsanto pertenece a ambas categorías: ¡a la primera por los PCB y a la segunda por la dioxina y la rBGH!».

El 8 de mayo de 1990 John Conyers solicita oficialmente a Richard Kusserov, inspector general del Department of Health and Human Services, que abra una investigación sobre la hormona de crecimiento lácteo argumentando que «Monsanto y la FDA han suprimido y manipulado los datos resultantes de las pruebas veterinarias para hacer que se apruebe el uso comercial de la rBGH». La petición provoca una investigación de la General Account Office (GAO), la oficina de investigación del Congreso. Los miembros de la GAO escuchan testimonios como el del doctor Richard Burroughs, cuyo caso acaba de revelar el New York Times[4], o el del profesor Samuel Epstein.

Pero muy rápido la FDA y Monsanto preparan cortafuegos. En agosto de 1990 la agencia decide romper el deber de reserva al que, sin embargo, está obligada por sus estatutos. Por primera vez en la historia toma públicamente postura a favor de un producto que todavía no ha autorizado publicando un artículo en la famosa revista Science, en el que afirma que la leche procedente de vacas tratadas con la rBGH es «sana para el consumo humano».[5] Oficialmente, esta publicación de diez páginas está redactada por dos científicos de la casa, Judith Juskevich y Creg Guyer, que no dejan de precisar en el preámbulo: «La FDA exige a las empresas farmacéuticas comunicar todos los estudios realizados sobre el producto en curso de homologación. […] Igualmente las empresas suministran todos los datos brutos de los estudios en relación con el impacto sobre la salud que constituyen la base para la autorización del producto». En este caso, los autores hacen referencia a dos estudios toxicológicos dirigidos por Monsanto: en el primero, unas ratas recibieron inyecciones de la hormona transgénica durante un periodo de veintiocho días; en el segundo, que duró ochenta días, las cobayas ingirieron rBGH para probar los efectos de la molécula, en especial en el sistema gastrointestinal. En ambos casos la conclusión es la misma: «No hay cambios significativos».

«Esta publicación es, simplemente, una manipulación», dice molesto el doctor Michael Hansen, al que conozco en julio de 2006 en Nueva York. El doctor Hansen es un experto que trabaja para el Consumer Policy Institute[a] y que junto con Samuel Epstein se ha convertido en una de las bestias negras de Monsanto. «En primer lugar, el principal revisor de este artículo era el doctor Dale Bauman, de la Universidad Cornell, al que Monsanto había pagado para que probara la rBGH en las vacas. Está claro que ahí había un auténtico conflicto de intereses que Science nunca hubiera debido dejar pasar».

Esta historia del «revisor» le puede parecer anecdótica al neófito, pero es fundamental. El modo de funcionamiento es el mismo en todas las revistas de renombre: cuando un investigador propone un artículo para su publicación, el comité editorial nombra un equipo de reviewers (dos como mínimo) elegidos por su competencia científica y que se encargan de evaluar la calidad del artículo. Estos revisores, no remunerados, pueden solicitar consultar los datos brutos en los que se basa la investigación si lo consideran necesario. Si su opinión es favorable, el editor da entonces luz verde para su publicación. Es importante indicar que tanto la identidad de los reviewers como el contenido del artículo se mantienen en secreto hasta el día de su publicación para evitar presiones de todo tipo, un principio que, como veremos, no siempre se respeta… Mientras tanto, la mención peer-reviewed (revisado por colegas) constituye una prueba de calidad y de independencia.[b]

«El segundo punto», continúa el doctor Hansen, «es que la FDA mutiló los resultados del estudio de noventa días. Contrariamente a lo que éste afirma, la absorción de la rBGH por parte de las ratas sí tuvo efectos significativos, puesto que de un 20% a un 30% de animales desarrollaron anticuerpos, lo que significa que su sistema inmunitario se movilizó para detectar y neutralizar a los agentes patógenos». Hecha pública en 1998 gracias a unas revelaciones hechas en Canadá (véase el capítulo siguiente), esta información obligó a un representante de la agencia, John Scheid, del CVM, a reconocer que ésta nunca había tenido acceso a los datos brutos del estudio, sino que se había contentado con evaluar un resumen proporcionado por Monsanto…[6] «Estos resultado hubieran debido provocar otros estudios a largo plazo sobre el efecto de la hormona de crecimiento y, sobre todo, de la IGF1, sobre la calidad y composición de la leche procedente de vacas tratadas», comenta Michael Hansen, «pero la FDA prefirió cerrar los ojos».

La IGF1 (por Insulin-like Growth Factor 1, todavía llamado «factor de crecimiento insulítico tipo 1») está en el centro de la polémica sobre la rBGH. En todos los mamíferos esta sustancia hormonal la produce el hígado bajo el efecto de la hormona de crecimiento. En los seres humanos se presenta en gran cantidad en el calostro de la leche materna, lo que permite al bebé crecer. Su producción llega a un pico en la pubertad y después declina con la edad. La IGF1 producida por la hormona de crecimiento humano es estrictamente idéntica a la producida por la hormona de crecimiento bovino, aunque ambas hormonas son muy diferentes… Éste es, efectivamente, el problema y también el origen de uno de los juegos de manos científicos utilizados por los promotores de la rBGH para acreditar su inocuidad. Dicho de otra manera y para que quede bien claro: la hipófisis de la vaca y la del ser humano producen, cada una de ellas, una hormona de crecimiento específica, las cuales, sin embargo, provocan la producción de la misma sustancia, la IGF1, cuya función es estimular la proliferación de las células para hacer crecer los organismos. Cuando, por ejemplo, Jean-Yves Nau escribe en Le Monde «esta hormona es específica de la especie animal de la que proviene y, por lo tanto, no puede tener efecto sobre el metabolismo humano, tanto si está presente en la leche como si lo está en la carne consumida»[7], pues buen, se equivoca…

El «detalle» es tanto más importante cuanto que es un dato sobre el que todo el mundo está de acuerdo: el nivel de IGF1 es notablemente superior en la leche producida por vacas tratadas con la hormona de crecimiento transgénica que en la leche natural. Según un artículo publicado en Science, ¡este aumento puede llegar al 75%![8] Pero la FDA añade: «La rBGH es biológica y oralmente inactiva en los seres humanos» porque «no puede ser absorbida en la sangre» y «es de esperar que una vez ingerida sea destruida en el sistema gastrointestinal humano como las demás proteínas». «Es completamente falso», replican al unísono Samuel Epstein y Michael Hansen. «Varios estudios han confirmado que la IGF1 no es destruida por la digestión porque está protegida por la caseína, principal proteína de la leche».[9]

Manifiestamente muy conscientes de lo que está en juego, los científicos de la FDA aventuran un último argumento: «También se ha demostrado que el 90% de la actividad de la rBGH es destruida por la pasteurización de la leche. Por ello los residuos de rBGH no presentan ningún problema para la salud humana». «¡Es el colmo de la mala fe!», suspira el periodista Pete Hardin, que me muestra el estudio sobre el que se supone que se basa esta afirmación. Lo ha dirigido un tal Paul Groenewegen, un doctorando canadiense al servicio de Monsanto, que calentó la leche de origen transgénico ¡a 162º Fahrenheit (unos 90º Celsius) durante treinta minutos! «El tiempo normal de pasteurización es de quince segundos», ironiza Pete Hardin. «La leche pasteurizada en esas condiciones ya no tiene ningún valor nutritivo y, sin embargo, ¡el 10% de la IGF1 no se destruye!».

UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

No nos engañemos: la disputa en torno a la IGF1 es más que una simple batalla de expertos, particularmente en Estados Unidos, tercer consumidor de leche del mundo.[a] Cuando, además, se sabe que los niños son los mayores bebedores de leche, entonces se comprenden las inquietudes de los oponentes a la rBGH. Más allá de ello, este caso es sintomático de una evolución del gobierno estadounidense que deja atónito y que, de rebote, también cuestiona las prácticas de los europeos: ¿cuántos productos dudosos han acabado en el mercado del viejo mundo gracias a un proceso de homologación que es tan opaco como expeditivo?

En lo que concierne a la rBGH, el expediente es simplemente abrumador: «Desde hace varias décadas sabemos», me explica el profesor Epstein, «que una tasa elevada de IGF1 en el organismo puede provocar una enfermedad llamada acromegalia o gigantismo. Estos enfermos tienen una esperanza de vida muy corta y, en general, mueren en torno a los treinta años de cáncer. No es extraño en absoluto: la IGF1 es un factor de crecimiento que estimula la proliferación de todas las células, tanto las buenas como las malas… Ésa es la razón por la que la rBGH representa un verdadero peligro para la salud pública: unos sesenta estudios han demostrado que una tasa elevada de IGF1 aumenta de manera sustancial los riesgos de contraer cáncer de mama, de colon y de próstata».

Y el oncólogo me muestra la pila de publicaciones cuidadosamente clasificadas en las estanterías de su biblioteca. Los estudios más antiguos datan de los años sesenta: por lo tanto, la FDA no podía ignorarlos y, cuando menos, hubiera debido aplicar el principio de precaución previsto por la «enmienda Delaney». Los estudios más recientes se publicaron en los noventa. Uno de ellos, realizado por un equipo de investigadores de Harvard, siguió a un grupo de 15.000 hombres y concluyó que una tasa elevada de IGF1 en la sangre multiplicaba por cuatro el riesgo de tener cáncer de próstata.[10] Igualmente, un estudio publicado en The Lancet reveló que las mujeres premenopáusicas de menos de cincuenta años que presentaban una concentración elevada de IGF1 tenían siete veces más «posibilidades» de desarrollar un cáncer de mama que las que tenían una tasa normal.[11]

«Mire», me dice por su parte Pete Hardin, «recientemente he publicado dos estudios que confirman nuestras inquietudes. El primero fue realizado por Paris Reidhead, que escudriñó las estadísticas nacionales y constató que la tasa de cáncer de mama entre las mujeres estadounidenses de más de cincuenta años aumentó un 55,3% entre 1994, el año en que salió al mercado la rBGH, y 2002.[12] Igualmente, un estudio dirigido por el doctor Gary Steinman, del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, demostró que las estadounidenses que consumen cotidianamente productos lácteos tienen cinco veces más posibilidades de tener gemelos que las que no los consumen y que la tasa de embarazos de gemelos ha aumentado un 31,9% entre 1992 y 2002. Todo ello es obra de la IGF1…».[13]

—De acuerdo —digo bastante desconcertada—, pero la GAO, la oficina de investigación del Congreso, llevó a cabo una investigación. ¿Cuál fue el resultado?

—Poca cosa —sonríe Pete Hardin—. Por decirlo sobriamente diría que acabó capitulando ante la ausencia de colaboración de la FDA y, sobre todo, de Monsanto…

De hecho, instigado por la GAO, el Congreso pidió al National Institute of Health (NIH) que evaluara el expediente científico de la rBGH. Del 5 al 7 de diciembre de 1990 el venerable instituto celebró una conferencia ad hoc cuyas conclusiones son muy prudentes, aunque no deja de recomendar «llevar a cabo más investigaciones» sobre los «efectos sobre el sistema gastrointestinal de un aumento de la tasa de IGF1».[14] Tres meses después le tocó a la American Medical Association (AMA) publicar un artículo: «Se necesitan estudios suplementarios para determinar si la ingestión de una concentración más elevada de IGF1 no presenta peligro para los niños, los adolescentes y los adultos», escribe el Consejo de Asuntos Científicos de la AMA.[15]

«La FDA y Monsanto ignoraron completamente estas recomendaciones», se enfurece el profesor Epstein. «Por eso afirmo que su actitud es criminal. Peor: por lo que concierne al problema de los residuos de antibióticos, se hizo lo imposible para obstruir la búsqueda de la verdad». En efecto, recordemos que una de las principales inquietudes del doctor Richard Burroughs era la incidencia de la hormona transgénica en la frecuencia de las mamitis. Ahora bien, decir «mamitis» es decir «infección» y, por lo tanto, tratamiento con antibióticos, los cuales pasan a la leche en forma de residuos. El bebedor de leche ingurgita estos residuos que, a su vez, son absorbidos por las bacterias que pueblan su flora intestinal. Si a todo esto se añade el hecho de que este mismo bebedor de leche es un gran consumidor de antibióticos, con frecuencia prescritos de manera excesiva, se comprende por qué se han vuelto resistentes a los antibióticos gran cantidad de bacterias que se creía haber dominado desde que Arthur Fleming descubrió la penicilina en 1928. El resultado es, por supuesto, el recrudecimiento de enfermedades que, sin embargo, la medicina creía haber erradicado. Así es como desde 1983 trescientos destacados científicos dirigieron una petición a la… FDA para que controlara más rigurosamente el uso de los antibióticos en las ganaderías.[16]

A partir de entonces se multiplicaron las publicaciones sobre los perjuicios de la resistencia a los antibióticos: en 1992, cuando la polémica sobre la rBGH hacía furor, dos científicos escribían en Science: «Tras un siglo de declive en Estados Unidos, la tuberculosis está en plena recrudescencia. […] Un tercio de los casos detectados en la ciudad de Nueva York en 1991 se deben a cepas resistentes a uno o varios medicamentos».[17] Ese mismo año, el Center for Disease Control constataba que 13.000 pacientes hospitalizados en el país habían muerto a consecuencia de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los medicamentos que les habían prescrito los médicos.[18]

PRESIONES GENERALIZADAS

Ésta es la razón por la que la GAO se tomó en serio el problema de las mamitis.[19] Cuando tuvo conocimiento de un estudio realizado por la Universidad de Vermont, que había sido pagado por Monsanto para probar la hormona transgénica en cuarenta y seis vacas, el brazo investigador del Congreso solicitó que se le comunicaran los resultados. Pero los científicos se negaron… El Vermont Public Interest Research Group, una organización de consumidores de Vermont (primer Estado de Estados Unidos en producción de queso), tomó el relevo del caso, que hizo mucho ruido y obligó a la FDA a romper el silencio: se descubrió entonces que el 40% de las vacas tratadas habían tenido que ser curadas de mamitis, frente a menos del 10% del grupo control…

En ese mismo momento Monsanto iniciaba un pulso con cinco científicos británicos, entre ellos el profesor Eric Millstone, de la Universidad de Sussex, que, al contrario que los demás, no cedieron. La historia merece que nos detengamos en ella porque ilustra perfectamente la actitud de la empresa de Saint Louis frente a la investigación independiente. Lo que está en juego sigue siendo la mamitis, cuya gravedad se mide por lo que se denomina la «numeración celular» (en inglés somatic cells count o SCC). Para evaluar el estado inflamatorio de las ubres se cuentan los leucocitos o glóbulos blancos que contiene la sangre de las vacas: si la numeración celular es elevada es que hay pus en la leche. También hay que saber que en el momento en que la FDA trabajaba en la autorización de la salida al mercado de la rBGH, Monsanto había hecho a los países europeos una demanda similar. Así es como la sociedad había asociado a veintiséis centros de investigación internacional a las pruebas sobre la hormona transgénica. El 4 de octubre de 1989 el profesor Millstone se entrevista con Neil Craven, representante de Monsanto en Bruselas, que acepta transmitirle los datos brutos de las pruebas realizadas en ocho centros de Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña, Alemania y Francia (donde fueron dirigidas por el Instituto Técnico de Ganadería Bovina). Una semana después una carta —que pronto constituirá el quid del «caso»— precisa el marco del acuerdo: «Nos interesa mucho conocer su punto de vista sobre los datos cuando los hayan analizado», escribe Neil Craven. «Como ustedes saben, pedimos que estos datos brutos sean confidenciales y esperamos que ustedes discutan con nosotros su interpretación antes de revelarlos a un tercero…».

El profesor Millstone desmenuza entonces los datos transmitidos por los ocho centros internacionales, que conciernen a 620 vacas, a 309 de las cuales les inyectaron la hormona. Descubre que cierta cantidad de animales fueron «retirados prematuramente de las estadísticas», lo que, desde luego, tergiversa los resultados. Por ejemplo, en Dardenne (Estados Unidos) es el caso de la vaca «321», a la que encontraron muerta el 28 de marzo de 1986: ¡se la echa de la prueba! O la «391»: retirada de la prueba a causa de una mamitis. En Arizona lo mismo sucede a la «4.320», muerta de una peritonitis; en Utah, la «5.586» sucumbió a una linfosarcosis; o en Holanda, la «701» fue eliminada a causa de una anemia aguda provocada por la ruptura de los vasos sanguíneos de las glándulas mamarias, etc. Haciendo un meta-análisis de los datos, el científico concluye que la tasa de SCC es de media un 19% más elevada en las vacas tratadas que en los grupos control. Al saber que el Comité de los Productos Veterinarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está estudiando la demanda de salida al mercado de la rBGH, le envía un informe de sus resultados subrayando que «algunas cifras publicadas por Monsanto no coinciden con las que nosotros hemos proporcionado directamente» y que «el uso comercial de la sBST podría ser responsable de una disminución de la calidad de la leche».

Después, el 5 de diciembre de 1991, se pone en contacto con Doug Hard, el nuevo representante de la sociedad en Bruselas, para pedirle autorización para publicar en una revista científica un artículo, del que le manda un borrador, conforme al acuerdo previo. «Todos los datos brutos son confidenciales y, por consiguiente, también lo es su análisis», le responde un mes después Doug Hard que, sin embargo, se muestra conciliador: condiciona su posible publicación a la aparición inminente y prioritaria de un artículo firmado por los consultores de Monsanto en el Journal of Dairy Science. Pasan dos años sin noticias… El profesor Millstone escribe entonces al Journal of Dairy Science para sugerirle que publique conjuntamente su artículo y el de Monsanto. ¡Descubre que la compañía nunca ha enviado a la revista ningún artículo sobre la rBGH y la SCC![a]

Harto de estas maniobras, el investigador británico inicia entonces un auténtico recorrido de combatiente, que dice mucho de la famosa «independencia» de las revistas científicas… Contacta con el Veterinary Record, que acepta publicar su artículo a condición de que obtenga el consentimiento de Monsanto. Eric Millstone se dirige entonces al British Food Journal, que le da luz verde sin el consentimiento previo de Monsanto, aunque finalmente el editor renuncia porque la sociedad amenaza con atacarle por «plagio». «Cuando se toman los datos de alguien y se utilizan sin la autorización de esa persona, eso es plagio», argumenta Robert Collier, el «señor rBGH» de Monsanto. Finalmente el artículo del profesor Millstone, co-firmado por Eric Brunner, del University College de Londres, e Ian White, de la London School of Tropical Medicine, se publicará el 20 de octubre de 1994 en Nature, la competencia británica de Science, donde revelará todo el caso.[20] La publicación se acompaña de una aclaración en la que el investigador explica que la multinacional no tiene ningún derecho sobre los análisis realizados por su laboratorio, sino sólo sobre los datos brutos que él ha mantenido confidenciales conforme a su compromiso. Es interesante indicar que para bloquear la difusión de un artículo que cuestiona sus resultados, Monsanto no duda en blandir sus derechos de propiedad intelectual sobre unos datos. Lo que está en juego en ellos, lo recuerdo, es la salud de los consumidores…

¡BIENVENIDA AL PAÍS DE LAS «PUERTAS GIRATORIAS»!

Pero volvamos a Estados Unidos y a los trabajos de la GAO. El 2 de marzo de 1993 sus miembros escriben a Donna Shala, secretaria de Sanidad: «No se debería autorizar la rBGH antes de que se hayan evaluado cuidadosamente los riesgos relacionados con los antibióticos. Las recomendaciones que hemos hecho a la FDA a este respecto siguen sin tener efecto». No lo tendrán nunca… El 5 de noviembre de 1993 la FDA da luz verde a la salida al mercado del Posilac, nombre comercial de la rBGH. Una pequeña «restricción» nada más: ¡el prospecto debe indicar que el producto puede tener veintidós efectos secundarios en las vacas! Entre ellos: una tasa de reproducción reducida, quistes en los ovarios y un desorden del útero, una reducción del tiempo de gestación y del peso de los terneros, una tasa más elevada de el número de gemelos, un aumento de las mamitis y de la SCC, abscesos de entre 3 y 5 centímetros y que pueden llegar a los 10 centímetros en el lugar donde se inyecta la hormona. ¡Nada más ni nada menos…!

«La rBGH representa el producto más controvertido que haya autorizado nunca la FDA», me explica Michael Hansen, del Consumer Policy Institute. «Hay que comprender bien que la hormona transgénica no es un medicamento destinado a curar una enfermedad del ganado, sino que es un producto cuyo objetivo es estrictamente económico y que no presenta ningún beneficio ni para los animales ni para los consumidores. Por consiguiente, la agencia debería haber exigido su inocuidad total antes de aprobar su salida al mercado. En vez de ello, reconoce que puede plantear numerosos problemas para la salud, creando un nuevo criterio que viola la Food Drug and Cosmetic Act: el de “riesgo controlable” [manageable risk]». De hecho, un documento interno de la FDA revela que durante una reunión celebrada el 31 de marzo de 1993 el CVM concluyó que los riesgos que la hormona transgénica hacía correr a la salud humana y animal eran «controlables» y que, por lo tanto, la agencia debía proceder a su homologación. «De hecho», continúa Michael Hansen, «la agencia modificó subrepticiamente sus criterios de reglamentación para satisfacer las necesidades de Monsanto, que supo maniobrar muy bien situando en puestos clave de la agencia a algunos de sus representantes».

Es lo que en Estados Unidos se denomina revolving doors, las «puertas giratorias», una versión estadounidense del «juego de las sillas» francés o del conocido paso de abandonar la administración pública para pasar a trabajar en el sector privado. El término revolving doors designa la contratación por parte de las agencias gubernamentales de empleados surgidos de la empresa privada y viceversa. Volveremos más extensamente sobre este deporte nacional, en el que destaca incuestionablemente la sociedad de Saint Louis y aquí no evocaremos más que el caso de la rBGH. Así es como se descubre que uno de los autores ocultos del controvertido artículo publicado por la FDA en Science era Susan Sechen, una ex alumna del profesor Dale Bauman (el principal revisor del famoso artículo), el cual, lo recuerdo, había sido pagado por Monsanto para que probara la hormona transgénica en la Universidad Cornell. Tras escribir su tesis sobre la rBGH Sechen fue contratada por el CVM para evaluar los datos suministrados por la empresa. Su superior jerárquico era Margaret Miller, que había trabajado en Monsanto de 1985 a 1989 antes de convertirse en la adjunta del doctor Robert Livingston, director de la oficina de evaluación de los nuevos medicamentos en el CVM.

Además, la presencia de esta última en un puesto tan estratégico había causado cierto revuelo, puesto que el 16 de marzo de 1994 —en el momento en el que el Posilac llegaba al mercado— unos agentes del CVM escribían una carta anónima al doctor David Kessler, el administrador de la FDA, con copia al inspector de la GAO y a la unión de consumidores: «Tenemos miedo de hablar abiertamente a causa de las represalias del director, el doctor Robert Livingston, que acosa a toda persona que exprese una opinión opuesta a la suya», previenen los whistleblowers. «El origen de nuestra inquietud es que el doctor Livingston ha hecho escribir al doctor Miller una reglamentación sobre el uso de los antibióticos en la leche. De manera arbitraria y sin base científica, ésta ha fijado la tasa de residuo permitido en 1 ppm [parte por millón], sin que exista ninguna prueba previa sobre sus efectos en la salud del consumidor. Esta tasa sería válida para un antibiótico. Pero una vaca puede ser tratada con varios antibióticos y, por consiguiente, se autorizaría cada uno de ellos a una tasa de 1 ppm sin prueba previa. Los efectos de diferentes antibióticos pueden acumularse, pero esto no se ha tenido en cuenta».

«Desde que nos enteramos de la existencia de esta carta, recuperamos la esperanza», me explica Jeremy Rifkin, el muy mediático presidente de la Foundation on Economic Trends, que me recibe en julio de 2006 en su despacho de Bethesda, a las afueras de Washington. Autor del exitoso libro El siglo biotécnico[21], este economista fue sin lugar a dudas el intelectual estadounidense que midió antes lo que estaba en juego con la rBGH, el primer producto OGM puesto en el mercado por Monsanto. En febrero de 1994 lanza una campaña nacional bautizada como «Pure Food Campaign». En los archivos audiovisuales se le ve vaciando bidones de leche en las alcantarillas de Nueva York mientras una joven activista se dirige a los viandantes con un megáfono: «La hormona de crecimiento transgénica es una prueba para hacernos aceptar los OGM», se desgañita blandiendo una pancarta: «¡No a la leche transgénica!». Basándose en la carta anónima de los lanzadores de alerta del CVM, Jeremy Rifkin logra convencer a tres miembros del Congreso para que pidan que se abra una investigación en… la GAO. La oficina de investigación del Congreso, que acaba de enterrar piadosamente su primera investigación sobre los daños sanitarios de la rBGH[a], abre una segunda, esta vez sobre un posible «conflicto de intereses» que mancille el tratamiento del expediente de la FDA. El objeto de la investigación son Susan Sechen, Margaret Miler y sobre todo un tal Michael Taylor…

Debo reconocer que casi renuncio a conocer a quien encarna él solo todo el sistema de las revolving doors y, más allá de ello, las relaciones entre Monsanto y las agencias de reglamentación estadounidenses. En efecto, la doble función que desempeñaba hizo correr mucha tinta. Según su curriculum vitae, este abogado nacido en 1949 trabajó primero en la FDA (de 1976 a 1980), donde participó en la redacción de documentos concernientes a la seguridad alimentaria para el Federal Register (que en cierto modo es el Diario Oficial de la FDA en el que se publican todos los textos reglamentarios producidos por la agencia; hoy se puede consultar en su página web). En 1981 entra en el prestigioso bufete King y Spalding de Atlanta, cuyos clientes se llaman Coca-Cola y… Monsanto. El 17 de julio de 1991 es nombrado número dos de la FDA, que le crea un puesto a medida: administrador adjunto, que se ocupa de la política de la agencia (Deputy Commissioner for Policy). Permanecerá tres años en ese puesto, el tiempo de supervisar la redacción de los textos fundamentales concernientes a la reglamentación de la rBGH y, más allá de ello, de los OGM —volveremos sobre ello por extenso—, antes de darse una vuelta por el USDA, el Ministerio de Agricultura, y de ser contratado a finales de los noventa como vicepresidente de Monsanto…

Cuando consigo localizarlo por fin en julio de 2006 es director de Resources for the Future, un «instituto independiente» con base en Washington y dedicado al «análisis de los recursos naturales, medioambientales y energéticos». Este hombre en la sombra, de una discreción legendaria, nunca ha aceptado entrevistarse conmigo, «con o sin cámara». Pero, curiosamente, me dio una cita telefónica en mi habitación de hotel en Washington, lo que me permitió grabar nuestra conversación. Recuerdo que, presa de un ataque de paranoia, me dije que él por su parte había debido de hacer lo mismo… Era la época en que yo estaba esperando que Monsanto me respondiera respecto a unas entrevistas en Saint Louis y sabía que la sociedad me investigaba, sopesando cuidadosamente los pros y los contras…

—¿Nunca le ha planteado un problema ético el hecho de que usted haya trabajado durante siete años como consejero de Monsanto y de que a continuación usted supervisara el proceso de homologación de uno de sus productos más controvertidos? —pregunté prudentemente.

—No, no —me responde Michael Taylor—; existen reglas y yo las he respetado…

—¿No cree usted que ahí había un conflicto de intereses?

—De ninguna manera, además la GAO llevó a cabo una investigación muy exhaustiva y me exculpó completamente…

Para enorme desilusión de Jeremy Rafkin, la GAO concluirá de hecho su investigación negando la existencia de un conflicto de intereses. «¡Bienvenida a Washington!», bromea el analista estadounidense. «En su declaración Michael Taylor y Margaret Miller afirmaron que ¡se habían retirado voluntariamente de todas las reuniones concernientes a la rBGH! En virtud de lo cual, ¡muchas gracias, ya pueden marcharse!».

«La investigación de la GAO fue una pantomima», retoma el profesor Samuel Epstein. «¿Cómo pudo creer a pies juntillas semejante excusa cuando era Michael Taylor quien había firmado una directiva de la FDA recomendando no etiquetar la leche natural como “sin rBHG” o “sin hormonas”? ¿Entiende lo que eso significa? La agencia encargada de la seguridad alimentaria publicó un texto absolutamente sin precedentes que impide a los consumidores elegir la leche que desean beber y, sobre todo, permite a Monsanto llevar a los tribunales a todos los vendedores de productos lácteos que rechacen públicamente la leche con hormonas. ¿No le parece a usted que en este país se hacen las cosas al revés?».[22]

6

EL CASO DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO BOVINO (2): EL ARTE DE HACER CALLAR LAS VOCES DISCORDANTES

«La rBGH es el producto más estudiado de la historia de la FDA».

Película promocional de Monsanto.

Samuel Epstein tiene razón: cuanto más se avanza en esta increíble historia, más hay que pellizcarse para estar seguro de no estar soñando, ya que parece salida directamente de la imaginación de un autor de ciencia ficción… El 5 de noviembre de 1993 la FDA concedió, pues, la autorización para la salida al mercado del Posilac. Noventa días más tarde —el plazo legal—, exactamente el 4 de febrero de 1994, las camionetas de Federal Express surcaban los campos estadounidenses para entregar las primeras dosis de la hormona transgénica. En efecto —y esto es otra curiosidad—, la rBGH no se compra en farmacias veterinarias, sino que se encarga directamente a Monsanto gracias a un número de teléfono gratuito.

¡PROHIBIDO ETIQUETAR BAJO PENA DE DEMANDA JUDICIAL!

Seis días después el Federal Register publicaba una normativa titulada «Directiva sobre el etiquetado voluntario de la leche y los productos lácteos procedentes de vacas que no han sido tratadas con rBST», cuyo objetivo es «prevenir las informaciones falsas o que llevan a error en relación con la rBST».[1] Pase todavía en relación con la primera parte en la que el «autor» constata sin pestañear: «La agencia ha encontrado que no había diferencia significativa entre la leche procedente de vacas tratadas y no tratadas» y por ello «no tiene ninguna autoridad para exigir el etiquetado de la leche procedente de vacas tratadas con rBST». En otras palabras: la FDA no exigirá a los productores de leche que utilicen la hormona transgénica de crecimiento que lo indiquen a los cooperativistas o a los distribuidores de productos lácteos; por consiguiente, la leche salida de la rBGH se mezclará con la leche natural, sin ninguna mención especial. Y, ¿qué pasa con quienes desean a toda costa beber leche natural? Pues bien, quienes se la suministran no tendrán derecho a poner una simple etiqueta «sin rBGH». El argumento de la FDA no deja de ser sorprendente: «Dado que la leche contiene naturalmente la BST, ninguna leche puede ser declarada “sin BST” y, por consiguiente, un etiquetado indicando “sin BST” sería erróneo. Además, la FDA considera que el término “sin BST” implica que la leche procedente de vacas no tratadas es más sana y de mejor calidad que la procedente de vacas tratadas, lo cual es falso y engañoso».

Es cierto que esta directiva no tiene valor de ley y la agencia no prohíbe formalmente la etiqueta «sin rBST», pero sugiere encarecidamente que vaya acompañada de una frase corta que se supone «informa al consumidor» y que ella llama una «declaración contextual» (contextual statement): «La FDA no ha constatado ninguna diferencia significativa entre la leche derivada de vacas tratadas con la rBST y de vacas no tratadas».

Y ¿quién firmó la directiva? Michael Taylor…[2] «Por supuesto que fui yo quien firmó el texto, yo era quien firmaba todos los documentos que publicaba la FDA, pero no fui yo quien lo escribió», me asegura durante nuestra entrevista telefónica el interesado, a quien el tema parece incomodar. «¿Por qué volver sin parar a esta historia que ocurrió hace quince años?». ¿Por qué? Porque aclara la manera en que los OGM acabarán imponiéndose finalmente en todo el planeta, bajo la influencia de una multinacional que lo había planificado todo con una lógica implacable. Ésa es la razón por la que nos interesamos por los «pequeños detalles», porque dicha multinacional no dejó ningún cabo sin atar.

Seamos, pues, precisos: es verdad que no fue el propio Michael Taylor quien escribió la directiva. Y es fácil de entender: en tanto que número dos de la FDA, tenía otras cosas que hacer. Como reconoció durante nuestra entrevista, su misión era «enmarcar el proceso reglamentario». La persona que redactó el texto es… Margaret Miller, la ex empleada de Monsanto convertida en uno de los jefes de CVM. En cualquier caso, eso es lo que afirmaban los whistleblowers del CVM en su carta anónima de 1994: «Nos preocupa la reciente decisión de la FDA de no etiquetar la leche tratada con la BST. Ahora bien, esta recomendación la escribió la doctora Margaret Miller, asistente del director. […] No obstante, antes de entrar en la FDA la doctora Miller trabajó para la compañía Monsanto como investigadora de la BST. Cuando redactó la recomendación de la FDA sobre el etiquetado seguía publicando artículos sobre la BST con los científicos de Monsanto. Nos parece que es un caso flagrante de conflicto de intereses. Como usted sabe, si la leche se etiqueta como procedente de vacas tratadas con la BST, los consumidores no la comprarán y Monsanto perderá mucho dinero».

Si bien Michael Taylor no redactó la directiva, en cambio él es quien inspiró su contenido: para convencerse de ello basta con leer atentamente un documento confidencial dirigido el 28 de abril de 1993 a la FDA por el bufete King y Spalding. Recordemos que, según se afirma en su curriculum, Michael Taylor había ejercido durante siete años como consejero de Monsanto con relación al food labelling, es decir, precisamente al etiquetado de los alimentos, sobre todo los de origen transgénico (volveremos sobre ello). Titulado «El etiquetado de la leche y de los alimentos procedentes de vacas lecheras tratadas con somatotropina sería ilegal e imprudente», el memorando de King y Spalding, que «se sometió a la FDA a petición de Monsanto», desarrolla unos argumentos que volvemos a encontrar literalmente en la famosa directiva: «Además de ser ilegal, el etiquetado induciría a los consumidores a error, puesto que sugeriría que existe una diferencia entre la leche procedente de rebaños lecheros tratados con la BST y la procedente de animales no tratados, cuando no existe diferencia significativa…».[3]

«Esta directiva de la FDA es el colmo», se sofoca Michael Hansen, experto del Consumer Policy Institute que desde el 14 de marzo de 1994 había dirigido a la agencia una crítica circunstanciada. En primer lugar —y la FDA lo sabe muy bien— la leche procedente de vacas tratadas no es idéntica a la leche natural; en segundo lugar, hace mucho tiempo que la agencia autoriza etiquetas como “producto biológico”, “queso de Wisconsin”, “producido por los Amish” o “Angus beef” y ¡nunca ha considerado que pudiera inducir a los consumidores a error al implicar una diferencia en términos de calidad o de seguridad alimentaria! ¿Por qué habría de ser diferente para la leche etiquetada como “sin rBST”? Una vez más, este texto se hizo a medida de Monsanto, que sabe muy bien que si se etiqueta la leche los consumidores harán lo posible para evitar los productos procedentes de la hormona transgénica». Y cita once sondeos realizados en los noventa: todos confirman que la inmensa mayoría de los consumidores preferirían comprar leche sin rBGH si tuvieran la posibilidad de hacerlo.[a]

Mientras tanto, la directiva sirvió muy bien a la sociedad de Saint Louis, que la esgrimió para llevar ante los tribunales a todos aquellos que osaban poner la etiqueta «sin rBGH». La primera víctima fue en 1994 la Swiss Valley Farm de Danvenport, una cooperativa lechera de Iowa que informó a sus 2.500 ganaderos de que no compraría su leche si utilizaban la rBGH. «Si se reproducen estas cosas, eso causaría daños irreparables a Monsanto», justificó Tom McDermott, portavoz de la sociedad.[4] Finalmente el caso acabará en un acuerdo amistoso, exigido por la justicia y autorizando a la cooperativa a etiquetar su leche a condición de que añadiera una pequeña «declaración contextual» vivamente «recomendada» por la directiva de Michael Taylor: «La FDA no ha constatado ninguna diferencia significativa entre la leche derivada de vacas tratadas con la rBST y la de vacas no tratadas». «Todos los profesionales de la leche están aterrorizados», declaraba poco después un director de una cooperativa del noreste de Estados Unidos que exigió el anonimato por temor a las represalias.[5]

En 2003 le tocó a la mayor compañía lechera de Nueva Inglaterra, Oakhurst Dairy Inc., encontrarse en el banquillo de los acusados. Esta empresa familiar había aumentado claramente sus ventas (85 millones de dólares) etiquetando sus productos con la mención: «Nuestros granjeros se comprometen a no utilizar la hormona de crecimiento artificial». En contrapartida pagaba una bonificación a sus productores. Monsanto no dudó en perseguirla escudándose en que la etiqueta constituía «una denigración del uso de las hormonas de crecimiento en el ganado». «No cederemos», había declarado Stanley T. Bennett, presidente de la Oakhurst Dairy Inc., «porque consideramos que nuestros clientes tienen derecho a saber qué hay en su leche».[6] Sin embargo, lo mismo que su colega de Davenport, la empresa tuvo que transigir añadiendo la famosa frasecita.[7]

En febrero de 2005 Tillamook, uno de los mayores productores de queso de Estados Unidos, atraía a su vez las iras de la multinacional. Ante la creciente demanda de leche natural por parte de sus consumidores, la cooperativa lechera había pedido a sus ciento cuarenta y siete ganaderos que dejaran de utilizar la hormona transgénica. Inmediatamente Monsanto envió a Oregon un abogado de… King y Spalding para convencer a una parte del consejo de administración de que dieran marcha atrás en su decisión. La cooperativa se extrañaba en un comunicado de «estos métodos especialmente contundentes», cuyo objetivo era «sembrar la cizaña» entre sus miembros…[8]

A decir verdad, no vemos por qué la empresa se iba a privar de este tipo de práctica, puesto que puede jactarse de haber recibido siempre el apoyo sin fisuras de la FDA. Como prueba, basta esta carta del doctor Lester Crawford, administrador adjunto de la agencia, dirigida en 2003 a Brian Lowry (que durante mucho tiempo se ocupó del expediente rBST en Monsanto antes de convertirse en el responsable de la política de derechos humanos de la empresa), carta que la página web de la International Dairy Food Association (IDFA), un poderoso lobby lechero pro-rBGH[b], se apresura a publicar: «Usted ha atraído mi atención sobre estas prácticas engañosas que inducen a los consumidores a error sobre la calidad y seguridad de la leche procedente del uso de la rBST. Compartimos su inquietud y actualmente estamos examinando las etiquetas redactadas de manera falsa y engañosa».

PROPAGANDA ILEGAL

«Mire, a su izquierda tiene una de las mayores explotaciones lecheras de la región, que con toda seguridad utiliza la hormona transgénica de crecimiento», me dice John Peck, secretario de la asociación Family Farm Defenders. «Si desea grabarla, sea discreta, nunca se sabe…». El joven agricultor aparca prudentemente el coche en el arcén. Se nos ha contagiado su inquietud y rodamos los tres planos lo más rápidamente posible. Ante nosotros, una enorme instalación lechera que acoge a varios centenares de vacas, alineadas a lo largo de filas rectilíneas. Los animales no salen nunca, son alimentados exclusivamente con complementos alimentarios, residuos de soja (OGM) o harinas. Obreros de tez morena circulan por el lugar. «Son mexicanos sin papeles», me explica John Peck, «este tipo de explotación funciona como una fábrica que emplea mano de obra barata y explotada».

En este mes de octubre de 2006 estamos en el Estado de Wisconsin, al noroeste de Chicago, que durante mucho tiempo fue el primer Estado lechero de Estados Unidos antes de ser superado por California, donde en los últimos diez años se han multiplicado las granjas como la que tenemos ante nuestros ojos gracias a la rBGH. «Las granjas de Wisconsin tienen hoy una media de cincuenta vacas, frente a las cuatrocientas en California, pero somos el primer Estado en la producción de leche biológica», me explica John Peck.

Retomamos la carretera y atravesamos un paisaje verde y ondulado tachonado de granjas presididas regularmente por un cartel: «Producto amish». En efecto, Wisconsin alberga a la cuarta comunidad amish del país, que sigue siendo fiel a las reglas de vida prescritas por el orden antiguo (old order) y que no han cambiado desde que esta secta religiosa de origen alsaciano se instaló en Estados Unidos a finales del siglo XVII: barbas para los hombres y cofias para las mujeres, todos vestidos con ropas tradicionales y, sobre todo, rechazo de las técnicas surgidas del «progreso», empezando por la electricidad. Los amish se alumbran con velas, se desplazan en carros tirados por caballos y trabajan sus tierras con un par de bueyes.

«Los productos agrícolas amish tienen hoy un gran éxito porque son necesariamente biológicos», me explica John Kinsman, presidente de la Family Farm Defender, con quien nos acabamos de reunir en su casa. «Venden su leche directamente a la granja, lo que les permite evitar las iras de Monsanto». De unos locuaces sesenta años, John Kinsman es una de las figuras de la oposición a la hormona transgénica, contra la que se movilizó muy pronto, en primer lugar por razones económicas y sociales. «La rBGH representa una verdadera aberración», afirma exponiendo un grueso expediente en la mesa de la cocina. «En el momento en que Monsanto la sometió a la FDA, ¡el gobierno estadounidense pagaba a los ganaderos por abatir sus vacas porque teníamos sobreproducción de leche desde hacía ya un cuarto de siglo!». De hecho, en 1985, para acabar con el excedente de leche que cada año costaba al presupuesto federal la bagatela de dos mil millones de dólares, el Congreso votó la Food Security Act, que se suponía iba a reducir el coste del programa de apoyo a los precios disminuyendo el número de explotaciones lecheras. Unos 14.000 granjeros aceptaron ser subvencionados para mandar al matadero a más de un millón y medio de vacas (este programa costó 1.800 millones de dólares)… «La hormona de crecimiento se inscribe en la lógica industrial de la agricultura que empuja a la concentración de la producción y, por consiguiente, a la desaparición de muchas unidades agrícolas incapaces de hacer frente a los gastos que engendra este modelo de explotación intensiva», me explica John Kinsman. «Consideramos que este modelo va en contra del desarrollo sostenible y de la producción de una alimentación de calidad, que sólo puede proporcionarla la agricultura familiar y biológica».

Volvemos a la carretera para conocer a un campesino que utilizó la rBGH durante un tiempo antes de renunciar a ella debido a graves problemas veterinarios. «Es muy difícil encontrar a un granjero que acepte dar testimonio de sus sinsabores», comenta John Kinsman. «En primer lugar, porque la mayoría se avergüenza de haber infligido semejantes malos tratos a sus animales al tiempo que ponía en peligro la salud de sus clientes; y además, para poder procurarse la hormona hay que firmar un contrato que comprende una cláusula de confidencialidad en caso de problemas. He conocido campesinos que han sido perseguidos por Monsanto porque se habían expresado públicamente…».

El granjero que nos recibe se llama Terry y explota un rebaño de unas cuarenta vacas Holstein que pastan tranquilamente no lejos de su casa. Los animales blancos y negros son cuidados por dos… llamas peruanas. «¡Son excelentes, mejores que los perros!», explica, divertido por mi sorpresa. Después, retomando de pronto un tono grave, me previene de entrada: «He aceptado recibirla porque John me ha convencido de su buena fe y de que es necesario que alguien dé testimonio para que sociedades como Monsanto dejen de aumentar su influencia sobre la agricultura de este país. Por desgracia, mi historia es absolutamente banal: un día, hacia 1992 o 1993, mi veterinario me habló de un medicamento milagroso que pronto iba a salir al mercado y que, según él, iba a aumentar considerablemente mis ingresos. Como tenemos un trabajo en el que financieramente solemos estar sobre el filo de la navaja, acepté probarlo en cuanto fuera posible».

—¿Era frecuente que los veterinarios hicieran publicidad de la rBGH? —pregunté un tanto sorprendida.

—Sí —responde John Kisman—. ¡Monsanto no dejó de hacer propaganda de su producto, a pesar de que todavía no estaba autorizado! La compañía proponía una prima de 300 dólares a cada veterinario que convenciera a un campesino para que la utilizara. Además, organizaba banquetes promocionales en todos los Estados lecheros, donde distribuía un vídeo elogiando los méritos de la hormona de crecimiento.

Es exacto. Conseguí uno de estos vídeos producidos por Monsanto. En él se ve a un gentleman con aire muy profesional que deambula por una explotación lechera al tiempo que departe sobre las ventajas de la rBGH, «el producto más estudiado de la historia de la FDA». «El medicamento ha sido probado durante años, ¡y funciona!», asegura, mientras que a su lado un hombre inyecta concienzudamente a una fila de vacas extrañamente dóciles. Este vídeo se distribuyó entre los agricultores desde finales de los ochenta provocando las iras de… ¡la FDA!. Así es como el 9 de enero de 1991 Gerald B. Guest, director del CVM, dirigía una carta a David Kowalczyk, de Monsanto: «En el curso de estos últimos años su compañía ha organizado una cantidad importante de eventos, incluyendo folletos, vídeos y reuniones patrocinadas que promovían la BST como sana y/o eficaz para aumentar la producción láctea, […] a pesar de que todavía se está estudiando para determinar si se puede comercializar legalmente en Estados Unidos», escribe el representante de la FDA. «El artículo 21 CFR.1 (b) (8) (IV) no autoriza este tipo de actividad mientras que no se autorice el medicamento». Un poco más abajo nos enteramos de que entre los festejos figuraban «cócteles-cena» organizados para los veterinarios y el personal del CVM, que «siempre se negó a participar en ellos». ¡El honor está salvado! Mientras tanto, el representante de la FDA ordenaba cortésmente a Monsanto que cesara estas prácticas publicitarias ilegales, bajo pena de sanción…

HECATOMBE EN LAS GRANJAS

«Mire», me dice John Kisman, «he guardado una octavilla publicitaria de Monsanto elogiando las maravillas del Posilac». Y el dirigente campesino lee: «Las vacas tratadas con Posilac gozan de muy buena salud. […] Los rendimientos de los terneros nacidos de vacas tratadas son excelentes». «¡Es falso!», se subleva Terry. «Utilicé la hormona de crecimiento en doce vacas de mi rebaño. En seguida me di cuenta de que perdían mucho peso. Yo no paraba de aumentar sus raciones alimenticias, pero no había nada qué hacer, adelgazaban a ojos vista. Al final del periodo de lactancia quise inseminarlas, lo intenté cuatro o cinco veces, pero nunca funcionó. Ninguna de las vacas a las que había inyectado me dio terneros. Al final las vendí al matadero. Afortunadamente había salvado al resto del rebaño, si no lo habría perdido todo…».

«Eso es lo que le ocurrió a varios granjeros de Wisconsin», comenta John Kinsman, que me remite a un estudio publicado en 1995 por Mark Kastel, un consultor independiente que trabajaba entonces para la Wisconsin Farmers Union.[9] A finales del verano de 1994, es decir, seis meses después de la salida al mercado del Posilac, la organización campesina, en colaboración con la National Farmers Union de Denver (Colorado), decide poner en funcionamiento un número de teléfono gratuito destinado a los usuarios de la hormona. En el origen de esta iniciativa está el testimonio de John Shumway, un granjero del Estado de Nueva York que había contado sus sinsabores al semanario local.[10] Al cabo de apenas dos meses de inyecciones tuvo que sacrificar a una cuarta parte de su rebaño, es decir, a unas cincuenta vacas, debido a problemas agudos de mamitis. Cuando se volvió a contactar con él un año después, en septiembre de 1995, el granjero confesó que la rBGH había diezmado 135 vacas de 200, y que la hormona le había costado 100.000 dólares, entre las pérdidas debidas a la caída de su producción de leche y la compra de nuevos animales.

En seguida el teléfono gratuito está desbordado: llaman ganaderos de todos los rincones de Estados Unidos. Por ejemplo, Melvin Van Heel —70 vacas en Minnesota— cuenta que ya no sabe cómo curar a las vacas que padecen de mamitis y unos abscesos enormes en los puntos en los que se las inyecta; Al Core —150 vacas en Florida— constata que sus vacas ya no pueden andar debido al peso de las ubres, que se han vuelto enormes, y que cojean debido a heridas en las patas y en las pezuñas; además, tres vacas tratadas han parido terneros monstruosos (con patas por encima de la cabeza o con el estómago salido); Jay Livingston —200 vacas en el Estado de Nueva York— cuenta que tuvo que reemplazar 50 vacas (algunas de ellas muertas de manera brutal) y que una vez que dejó de inyectarlas hizo que se inseminara a todo el rebaño: 35 vacas parieron gemelos, la mayoría de ellos de constitución muy débil y «que no servían absolutamente para nada»…

Leyendo este informe apocalíptico, me acuerdo de la emocionada reflexión que había hecho el doctor Richard Burroughs, el veterinario despedido de la FDA. «Lo que se inflige a las vacas es terrible», había murmurado. «Para poder transformarlas en una fábrica de leche, se las obliga a tirar de su reservas sin cesar, lo que les provoca fragilidad ósea. Sobrecargadas por unas ubres monstruosas, cojean y apenas se mantienen de pie…».

Todos los granjeros citados en el estudio de Mark Kastel enviaron informes a Monsanto, tal como lo prevé el contrato que habían firmado, pero la sociedad nunca dio señales de vida. Peor: aunque legalmente debe dar cuenta de los efectos secundarios que su producto provoca sobre el terreno, según Kastel nunca transmitió algunos de los informes a la FDA… Y de todos modos, ¿de qué serviría? El 15 de marzo de 1995, cuando se encuentra acosado por informaciones alarmantes, Stephen Sundlof, el nuevo director del CVM, constata fríamente: «Tras la lectura de los informes, la FDA considera que no hay ninguna razón para preocuparse…».[11]

A día de hoy, aunque los principales distribuidores agroalimentarios tratan de proveerse de leche si no biológica, cuando menos natural para satisfacer la creciente demanda de los consumidores[a], nunca se ha hecho ningún balance oficial del uso de la hormona transgénica. «La FDA sigue con su política del avestruz», suspira John Kinsman, «pero sin saberlo, su comportamiento irresponsable favoreció de hecho el desarrollo de la agricultura biológica. Al tratar de evitar a toda costa la leche procedente de la rBGH, los consumidores se conformaron con los productos lácteos biológicos y por eso empezaron a preguntarse sobre la calidad de los alimentos. Creo que ninguna decisión oficial prohibirá nunca el uso de la hormona, pero a la larga serán los consumidores quienes la harán desaparecer de nuestras granjas. Y eso será una masacre…

—¿Por qué una masacre? —pregunto desconcertada.

—Porque la rBGH es una verdadera droga —responde el perro viejo del activismo campesino. Cuando se deja de inyectar a las vacas, les entra el mono y literalmente se derrumban. Es lo que se llama el «crack de la vaca». El día en que los grandes ganaderos se vean obligados a dejar de inyectarlas porque nadie querrá su leche, tendrán que mandar a sus rebaños al matadero, lo que según nuestros cálculos representa una tercera parte de las vacas lecheras del país…

—Es asombroso —murmuro—, pero ¿cómo se ha podido llegar a semejante locura?

—El poder del dinero ciega —me responde John Kinsman—. Monsanto ha sabido apoyarse en una verdadera máquina de guerra para hacer callar todas las voces discordantes…

PRESIÓN DEL LOBBY Y CONTROL DE LA PRENSA

«Estas líneas son para agradecerle, tanto a usted como al AMA, sus esfuerzos por mantenerme informado de los progresos de la BST y del ambiente que la rodea. Es impresionante la magnitud de la comunicación realizada por Monsanto respecto a este producto. […] No veo ninguna razón por la que la comunidad médica no se fuera a convencer de la seguridad del producto para las personas y para la leche (sic). Continuemos en contacto con relación a la BST y ¡buena suerte en Monsanto!». Esta encantadora carta la envió el 30 de junio de 1989 el doctor Roy Schwartz, uno de los vicepresidentes de la American Medical Association, a la doctora Virginia Meldon, vicepresidenta de Monsanto, encargada de las cuestiones científicas. Ilustra muy bien la «máquina de guerra» hecha de don de gentes y de influencia que montó la empresa de Saint Louis para cortar de raíz toda crítica a sus productos.

Porque ¡no es cualquier cosa, el AMA! Creada en 1847, esta asociación reagrupa a unos 250.000 médicos estadounidenses, esto es, una tercera parte de los médicos del país. Para «ayudar a los médicos a ayudar a sus pacientes» (su consigna oficial), publica el Journal of the American Medical Association, el semanario médico más leído del mundo. «El AMA siempre ha militado en favor de la rBGH», explica el profesor Samuel Epstein, «lo mismo que la American Cancer Society[a] o la American Dietetic Association, que forman parte de las coartadas científicas de la Dairy Coalition, un poderoso lobby lechero creado como por casualidad en 1993, cuando la FDA homologó el Posilac, y que reagrupa a representantes de la industria láctea, grandes cadenas de la distribución de alimentos, la asociación de secretarios de Agricultura de los cincuenta Estados estadounidenses, científicos patrocinados por Monsanto, etc. Basándose en todas estas redes, la Dairy Coalition inundó la prensa de informaciones falsas con relación a la rBGH y organizó campañas de difamación contra todos aquellos que, como yo, no dejaron de alertar sobre los peligros de la hormona transgénica».

—¿Y cómo se comportó la prensa en todo esto? —pregunté.

—¡Ah, la prensa! —suspira el profesor Epstein—. Se mojó muy poco, bien porque no entendía nada de esta historia de la hormona transgénica, bien porque estaba cegada por la aureola de respetabilidad que rodea a la FDA: es verdad, ¿cómo imaginar que la célebre agencia haya traicionado hasta ese punto su misión? Los pocos periodistas que verdaderamente hicieron su trabajo fueron duramente sancionados, como Jane Akre y Steve Wilson.

Convertida en uno de los símbolos de la censura de la prensa estadounidense[12], esta pareja de periodistas fue contratada el 18 de noviembre de 1996 por el Channel 13, que pertenece al grupo WTVT (New World Communication of Tampa) para trabajar en un programa de investigación anunciado con gran profusión de publicidad como la nueva emisión impactante de la cadena: «Los investigadores. ¡Ellos desvelan la realidad! ¡Ellos les protegen!», promete un tráiler difundido sin parar. Jane Akre y Steve Wilson son figuras del periodismo de investigación que les ha hecho ganar, a la una o al otro, varios premios prestigiosos, como tres premios Emmy y una recompensa del National Press Club.

«Estábamos encantados de poder trabajar juntos en un programa que nos daba carta blanca para investigar los temas que nosotros eligiéramos», me explica Jane Akre, que me recibe en julio de 2006 en su casa de Jacksonville, en Florida. «El primer tema que propusimos se refería a la rBGH, porque habíamos oído hablar de la polémica que rodeaba al producto. Yo me ocupaba de la investigación periodística y Steve de la producción. Siempre me acordaré del primer reportaje que hice: había conseguido grabar a un granjero en el momento en que inyectaba a sus vacas; éstas se sacudían violentamente cada vez que la aguja de nueve centímetros de largo penetraba en su flanco». Jane me enseña las imágenes, de las que guarda copia en una caja almacenada en su bodega: en ellas se ve al granjero apretar la enorme ubre de una vaca, un chorro de líquido espeso y marronuzco brota sobre su mano: «¿Ve usted estos grumos pequeños?», dice tendiendo la mano hacia la cámara, «¡es lo que se llama mamitis!». Unos minutos después una larga panorámica barre una estantería en la que se amontonan todo tipo de antibióticos…

Jane Akre rueda durante un mes: se entrevista con defensores de la hormona transgénica, como un científico de la Universidad de Florida o Robert Collier, un representante de Monsanto, pero también con oponentes, como Samuel Epstein o Michael Hansen; entrevista al representante de una pequeña central lechera perseguido por la compañía por haber puesto a su leche la etiqueta «sin BST»; la FDA, en cambio, se niega a concederle una entrevista. «Entonces yo era todavía muy ingenua», sonríe, «y me sorprendió esta negativa, tan convencida estaba de que la agencia seguramente tenía buenas razones para haber homologado un medicamento que, sin embargo, parecía muy peligroso, hasta el punto de que Steve y yo habíamos decidido dar solamente leche biológica a nuestra hija pequeña Alix».

Mientras tanto, un «detalle» importante, el grupo New World Communications of Tampa y, por lo tanto, Channel 13, ha sido comprado por Fox News, que pertenece a Rupert Murdoch, el magnate de la prensa australo-estadounidense, famoso por su, digamos, concepción muy mercantil (y muy conservadora) del periodismo…

Una vez acabado el montaje la pareja enseña el reportaje a Daniel Webster, director de información, que, entusiasmado, decide difundirlo en cuatro partes y anunciarlo con una campaña publicitaria radiofónica muy cara. Se fija la primera emisión para el lunes 24 de febrero de 1997 en hora de máxima audiencia…

«El viernes anterior a la emisión Daniel Webster nos llamó a su despacho y nos tendió una carta» enviada por fax, cuenta Jane. Estaba firmada por John Walsh, representante de un bufete de abogados muy célebre de Nueva York (Cadwalader, Wickersham & Taft) y dirigida a Roger Ailes, presidente y director general de Fox News: «Le escribo para atraer su atención sobre una situación que preocupa enormemente a Monsanto concerniente a su emisora de Tampa», empieza el abogado, que, sin embargo, nunca vio el reportaje. «Existen serias dudas respecto a la objetividad de sus periodistas y a su capacidad para hacer un reportaje sobre un tema científico tan complejo como la rBST. […] El hecho es que todos los organismos científicos o médicos que han examinado y homologado este producto, como la FDA o la Organización Mundial de la Salud, han llegado a la misma conclusión: la leche procedente de vacas tratadas con la rBST no comporta riesgos para la salud humana. […] Lo que está en juego en Florida es importante, no sólo para Monsanto, sino tanto para Fox News y su propietario como para el pueblo estadounidense, que puede beneficiarse enormemente del uso de la rBST y de otros productos surgidos de la agricultura biotecnológica». Después, conocedor de los puntos sensibles de su interlocutor, el abogado de la multinacional recuerda que el comportamiento de los dos periodistas de Tampa es tanto más lamentable cuanto que se produce «tras el fallo del caso Food Lion». Se sobrentiende: tenga cuidado porque usted podría pasar las mismas penalidades.[b]

Bob Franklin, director general de la cadena, pide ver el reportaje: «Le pareció que estaba muy bien», recuerda Jane Akre, «y de común acuerdo decidimos proponer a Monsanto una nueva entrevista. La compañía nos pidió que le enviáramos previamente una lista de preguntas, lo cual hicimos, pero finalmente se negó a recibirme».

Unos días después llega otra carta a la sede de Fox News. Esta vez el tono es claramente amenazante: «Estoy muy sorprendido de ver que una semana después de mi primera carta detallada concerniente a las inquietudes de mi cliente, Monsanto […], me veo obligado a escribirle una segunda vez para advertirle de que la situación no ha mejorado y que incluso se ha deteriorado claramente, dado el enfoque irresponsable de la señora Akre», escribe el abogado, que vilipendia las ocho preguntas planteadas por la periodista, en particular una sobre el «crack de las vacas». «Estos puntos son difamatorios», prosigue, «y si se divulgaran por la televisión podrían causar un grave perjuicio a mi cliente y tener graves consecuencias para Fox News».

—¿Qué podía temer Fox News? —pregunto después de leer atentamente ambas cartas.

—¡Perder la publicidad! —me responde Jane—. Monsanto es un importante anunciante, especialmente del Roundup y de Nutrasweet, sus dos productos estrella, lo que supone un presupuesto considerable.

—¿Así es como Steve y usted se convirtieron en whistleblowers?

—¡Sí! —suspira Jane—. Nunca hubiéramos imaginado que viviríamos semejante experiencia en un país que se jacta de ser la primera democracia del mundo…

A partir de ese momento la guerra es abierta. En Tampa la dirige Dave Boylan, que aprovechando la compra de Channel 13 acaba de ser nombrado director general. Pide a ambos periodistas que revisen su trabajo y propongan una nueva versión del reportaje, cuya emisión ha sido anulada y aplazada sine die. «¡Volvimos a escribir el guión ochenta y tres veces!», dice divertida Jane, que ha conservado el borrador de todas las versiones.[13] «Pero nunca convenía. Por ejemplo, no podíamos utilizar la palabra “cancerígeno”, sino que debíamos sustituirla por “posibles implicaciones para la salud”. O teníamos que minimizar las competencias del doctor Samuel Epstein, etc. Más tarde descubrimos que la Dairy Coalition había inundado Fox News de documentos que se suponía probaban la inocuidad de la rBGH. Carolyn Forrest, la abogada de Fox News, revisaba atentamente cada versión y un día, exasperada, lanzó: “¿No lo entienden? ¡Lo que importa no es la veracidad de los hechos! Este reportaje no merece que nos arriesguemos a gastar varios cientos de miles de dólares en un proceso frente a Monsanto…”».

El 16 de abril de 1997 Dave Boylan amenaza con echar a los dos periodistas por «insubordinación» si se niegan a volver a montar el reportaje siguiendo al pie de la letra las «recomendaciones» de Fox News: «Hemos pagado tres mil millones de dólares para comprar estas televisiones», se enfurece Dave Boylan. «¡Nosotros somos quienes decidimos cuál debe ser el contenido de una información!». Steve Wilson replica que si el reportaje se difunde sin su consentimiento, lo denunciarán ante la Federal Communication Commission por violación de la Communication Act de 1934.[c]

El 6 de mayo el nuevo director de Channel 13 cambia de táctica: propone a los dos periodistas pagarles un año de salario íntegro, beneficios incluidos (es decir, 200.000 dólares), destinándolos a unos puestos ficticios de asesores. A cambio de este «retiro dorado» deben comprometerse a no contar nunca cómo censuró Fox News el reportaje ni lo que han descubierto de la rBGH. «¡Ponga su propuesta por escrito y la examinaremos!», responde Steve para gran sorpresa de Jane, que no tardará en comprender…

El precioso documento constituirá un cuerpo del delito durante la demanda que interpondrá la pareja contra Fox News tras su despido «sin motivo oficial» el 2 de diciembre de 1997. Para basar su acción ante los tribunales Jane y Steve invocan una reciente ley de Florida sobre los whistleblowers[d], haciendo valer que las diversas mentiras que su jefe ha querido obligarles a integrar en su reportaje van contra el interés general y violan la reglamentación de la Federal Communication Commission. Es la primera vez que unos periodistas recurren a esta ley y Fox News se toma el caso muy en serio, contratando a una docena de abogados, entre ellos los del famoso bufete Williams & Connolly, que fueron los defensores de Bill Clinton en el caso Monica Lewinsky…

Durante dos años los abogados multiplican las demandas de nulidad para impedir que se celebre el proceso. Jane y Steve tienen que vender su casa para asegurar su defensa, pero obtienen una primera victoria: el caso será juzgado por un tribunal de Tampa en julio de 2000. Tras cinco semanas de audiencia, los jurados tienen que responder a una pregunta: «¿Consideran ustedes que la demandante, Jane Akre, ha demostrado, aportando pruebas suficientes y convincentes, que el demandado […] ha puesto fin a su contrato de trabajo porque ella amenazó con revelar bajo juramento y por escrito a la Federal Communication Commission la difusión de un reportaje de información falsificado, deformado o tendencioso…?». La respuesta del tribunal es afirmativa y Jane obtiene 425.000 dólares de daños y perjuicios.[e]

«¿Los apoyó la prensa?». La pregunta entristece claramente a Jane, que murmura: «¡No! Los grandes medios de comunicación nacionales ignoraron el proceso. 60 Minutes, el programa de CBS, y el New York Times habían prometido hacer algo, pero nunca tuvimos noticias de ellos. ¡Incluso hubo manipulaciones increíbles! Por ejemplo, tuvimos una larga entrevista con la periodista del Saint Petersburg Times, un diario muy respetado de Florida. Había seguido asiduamente el proceso. Cuando leímos su artículo, ¡nos quedamos atónitos! Había una frase corta que decía: “El jurado no ha creído las alegaciones de la pareja, que pretendía que la cadena había cedido a las presiones de Monsanto para falsificar un reportaje”. De hecho, ¡el redactor jefe había añadido esta frase a espaldas de la periodista! Después fue reproducida literalmente en el informativo de CNN, que nunca quiso concedernos el derecho de réplica… Pero lo peor es que nuestras penas no acabaron ahí…».

En efecto, Fox News apela. El 14 de febrero de 2003, golpe de efecto: ¡el tribunal de apelación de Florida revoca su decisión! Los jueces consideran que ninguna ley prohíbe a una cadena de televisión o a un grupo de prensa mentir al público… Es verdad, las reglas fijadas por la Federal Communication Commission lo proscriben, pero no tienen fuerza de ley. En consecuencia, el tribunal considera que la ley sobre los whistleblowers no se puede aplicar en el caso de Jane y Steve. Así pues, tras un fallo muy técnico que no aborda la cuestión de fondo —a saber, la falta de honestidad por parte de Fox News con relación a sus telespectadores—, ambos periodistas son condenados a pagar a la cadena sus gastos de abogados, que se elevan al menos a ¡dos millones de dólares!

«De hecho», insiste Jane, «el tribunal siguió los argumentos de los abogados del grupo, que no tuvieron el menor empacho en afirmar que ninguna ley prohíbe deformar una información… Apelamos y finalmente el Tribunal Supremo de Florida desestimó la demanda de Fox News de que pagáramos sus gastos judiciales. Pero, bueno, con lo que nos pasó se comprende que el periodismo de investigación esté muerto en este país y que ningún periodista trate de ponerse en el camino de Monsanto…».[f]

INTENTO DE CORRUPCIÓN EN CANADÁ

Abandoné Florida bastante revuelta por el testimonio de mi colega. Ingenuamente, yo creía haber examinado desde todos los ángulos los métodos cuando menos «especiales» que la sociedad de Saint Louis no duda en utilizar para imponer sus productos. Pero las sorpresas no se habían agotado. Mientras mi avión se dirige a Ottawa, me vuelvo a sumir en el dossier de prensa que me he preparado sobre el proceso de homologación de la rBGH en Canadá. «Científicos de Sanidad de Canadá acusan a una empresa de corrupción por hacer que se apruebe un producto veterinario dudoso», afirma un titular del The Ottawa Citizen del 23 de octubre de 1998. «El testimonio de unos científicos ante el comité del Senado parecía una escena de la serie de televisión Expediente X», afirma el Globe and Mail del 11 de noviembre de 1998.

Descubro así que en 1985 Monsanto presentó ante la Health Canada, el homólogo canadiense de la FDA, una demanda de autorización de salida al mercado de su hormona transgénica. Generalmente Health Canada calca sus decisiones de las de la agencia estadounidense, pero esta vez la muy bien engrasada maquinaria se gripó… Tres científicos de la Oficina de Medicamentos Veterinarios (BVD) asumieron el poco cómodo papel de lanzadores de alerta, denunciando públicamente la autorización inminente de la rBGH. En junio de 1998 fueron convocados a testificar en una comisión del Senado reunida desde hacía varios meses, antes de publicar un informe pidiendo que no se autorizara en Canadá el producto de Monsanto. Conseguí una transcripción y una grabación audiovisual de las sesiones de la comisión, cuya atmósfera recuerda, efectivamente, a la de un episodio de Expediente X…

La sesión de apertura adquiere rápidamente un tono muy solemne porque los tres whistleblowers piden prestar juramento ante la Biblia o ante la Constitución canadiense. Se trata de los doctores Shiv Chopra, Gérard Lambert y Margaret Haydon, que trabajan en Health Canada desde hace respectivamente treinta, veinticinco y quince años. Uno tras otro se levantan, visiblemente emocionados, alzan la mano y juran decir «la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad»…

Entre el público un tanto solemne se instala un largo silencio en el que se mezclan el malestar y la sorpresa, y a continuación toma la palabra el senador Stratton: «Ustedes han pedido prestar juramento», dice, «pero ¿están seguros de que su vida profesional no corre peligro? En otras palabras, ¿temen ustedes que se emprendan acciones contra ustedes? […] El ministro ha enviado una carta a la comisión asegurando que su grupo podía testificar honesta y directamente sin temor a represalias, ¿están ustedes seguros?».

—Si hablo bajo juramento, en presencia de Dios, debo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad —responde el doctor Shiv Chopra—. Pero mi problema es saber qué verdad debo decir, ¿la que conozco o la que el ministro quiere que diga? Éste es mi dilema. […] Se nos ha garantizado que no habrá repercusiones, pero nosotros pedimos verlo. En lo que a mí concierne, he recibido orden de callarme hasta el punto de que no tengo derecho a participar en ninguna reunión sobre la rBGH. Si me expreso durante una cena y alguien informa a la División de lo que he dicho[a], puedo tener problemas…

—Finalmente no tengo la impresión de que usted confíe en el procedimiento en curso —replica el senador Stratton—. Quisiera que supiera que si tiene algún problema o recibe amenazas de su dirección, esta comisión estaría encantada de ser informada de ello…

—La División no deja de decir que ahora el cliente —y está escrito— es la industria y que debemos servir al cliente —explica Shiv Chopra—. El conflicto que nos preocupaba en la BVD, particularmente en la División de Seguridad Humana, se debía al hecho de que sufrimos presiones y coacciones para autorizar productos veterinarios de dudosa seguridad, como la rBST. […] Finalmente decidí escribir al actual ministro de Sanidad y a su predecesor, así como al ministro adjunto, para quejarme de un grave problema de secreto y de conspiración, y para pedir que se hiciera algo. Les urgí a intervenir para salvaguardar el interés público. Nunca recibí respuesta… En noviembre de 1997 nos entrevistamos con el doctor Paterson, uno de los altos cargos de Health Canada, y le dijimos que queríamos que se hiciera un análisis científico exhaustivo del expediente. […] Cuando se nos transmitió el expediente, constatamos que se trataba nada más que de resúmenes proporcionados por la FDA o por la Comisión Europea, pero no de datos brutos. […] Éstos se encuentran encerrados bajo llave y bajo la vigilancia exclusiva del doctor Ian Alexander, que ha sido designado como el examinador de referencia de la rBST. Ninguna otra persona tiene derecho a consultarlos…

Entonces se interroga a Margaret Haydon, a quien se le había confiado el examen de la petición de autorización de 1985 a 1994, antes de ser desposeída de ella… «En mayo de 1994 me robaron los documentos de mi despacho, que, sin embargo, estaba cerrado con llave», cuenta con voz débil. «Descubrí que faltaban muchas cosas. Estaba muy afectada. […] Había desaparecido la mayor parte del trabajo que yo había hecho desde hacía diez años sobre la rBST. Cuando volví después del fin de semana, algunos documentos habían reaparecido. […] El grupo de seguridad de Health Canada llevó a cabo una investigación. El sargento Fiegenwald tomó algunos documentos para verificar las huellas digitales. Me pidió que redactara un memorando sobre todo lo que había desaparecido y que escribiera todo lo que me parecía que explicaba este acontecimiento. Le entregué el original del memorando y me guardé una copia. […] Unos meses después, en noviembre de 1997, yo estaba en casa de baja por enfermedad cuando me llamó un miembro de seguridad y vino a casa para pedirme la copia del memorando. Ya no volví a ver el texto ni hubo nunca un seguimiento. Era muy sorprendente…».

—¿Los documentos que le robaron eran pro o anti rBST? —pregunta el senador Taylor.

—Yo planteaba muchas preguntas —responde Margaret Haydon—, y lo que nosotros llamamos «cartas adicionales», que piden al fabricante que proporcione informaciones complementarias. Digamos que entonces yo no recomendaba autorizar el producto debido a los problemas de seguridad y de eficacia que planteaba…

—Supongo que si alguien le hubiera ofrecido un vaso de leche tratada con rBST, usted no la habría bebido, ¿no es así? —pregunta el senador Taylor.

—Sí, personalmente habría declinado la oferta.

—¡Escuchando a todos ustedes, me cuesta creer que estemos en Canadá! —interviene el senador Eugen Wheelan—. ¿En qué sistema estamos? He sido ministro de Agricultura durante once años y la investigación era mi tema favorito. […] Tengo todas las razones para mostrarme escéptico cuando cada vez hay menos investigación pública y cada vez dependemos más de sociedades como Monsanto, que hacen los estudios por nosotros y cuya única preocupación es hacer dinero. Quisiera preguntar a cada uno de ustedes, ¿se ha puesto Monsanto en contacto con ustedes?

—Esto es lo que yo he vivido —cuenta Margaret Haydon—. No sé si la expresión «hacer presión» es la adecuada, pero en 1989 o 1990 asistí a una reunión en la que había representantes de Monsanto, mi supervisor, el doctor Drennan, y mi director, el doctor Messier. Durante esta reunión la sociedad propuso entre uno y dos millones de dólares. No sé qué pasó después, pero mi director me había dicho que iba a contárselo a sus superiores…

—La doctora Haydon ha hablado de entre uno y dos millones de dólares ofrecidos por Monsanto durante esta reunión —insiste el doctor Shiv Chopra—. La cadena Fifth State emitió un programa de televisión sobre ello. Entrevistaron al doctor Drennan, hoy jubilado. Le preguntaron: ¿verdaderamente tuvo lugar esta oferta? Él respondió: «Sí». Le preguntaron: «¿Considera usted que era un intento de corrupción?». Dijo: «Yo diría que sí». Le preguntaron: «¿Qué hizo usted después?». Respondió: «Reírme». Le preguntaron: «Y después de reír, ¿qué hizo usted? ¿Hizo usted un informe?». Respondió: «Sí». «Y, ¿qué ocurrió después?». «No lo sé»…

En la sala de audiencias la tensión es total. Un largo silencio recorre a los miembros de la comisión, roto finalmente por el senador Spivak, que pone el dedo en la llaga de un tema eminentemente importante: «En Estados Unidos la FDA autorizó el producto basándose en resúmenes que resultaron ser incorrectos, porque los datos brutos o bien no estaban disponibles o no se habían transmitido. Hoy el JECFA, que es el comité común de la OMS y de la FAO, afirma que no hay problema con la rBST. Pero, aparentemente, el JECFA también se pronunció basándose en resúmenes, lo que no tiene nada que ver con los datos brutos. ¿Debemos confiar en él?».

Para comprender la importancia de esta pregunta hay que saber que el JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives) es un comité científico consultivo creado en 1955 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Food and Agriculture Organization (FAO), dos organismos de la ONU. Este comité se reúne regularmente para examinar la solicitud de salida al mercado de nuevos productos alimentarios. Para ello apela a expertos ad hoc, supuestamente elegidos por los países miembro debido a sus competencias e imparcialidad. Las recomendaciones del JECFA se transmiten a la comisión del Codex Alimentarius —volveremos sobre ello—, dependiente también de la OMS y de la FAO, y creada en 1962 para uniformizar las normas de los productos alimentarios y emitir recomendaciones internacionales en materia de higiene y de seguridad de las prácticas tecnológicas vinculadas a la alimentación. Los textos publicados por el Codex tienen una aureola de peritaje científico internacional, con el imprimátur de Naciones Unidas…

Los trabajos de la comisión del Senado canadiense han sido muy instructivos en lo que concierne al modo de funcionamiento del JECFA y del Codex Alimentarius, porque han permitido confirmar lo que algunos se olían, es decir, el bloqueo de los trabajos por parte de Monsanto. En efecto, el 7 de diciembre de 1998 por la mañana los senadores escucharon el testimonio de Michael Hansen, el experto del Consumer Policy Institute, que conoce bien a los arcanos de los organismos de la ONU por haber participado en varias reuniones como representante de las organizaciones de consumidores. Éste reveló que el primer panel de científicos reunidos por el JECFA en 1992 para evaluar la hormona transgénica de crecimiento comprendía a seis representantes de la FDA, entre ellos Margaret Miller —la tránsfuga de Monsanto— y los doctores Greg Guyer y Judith Juskewitch, autores del controvertido artículo publicado en Science. En 1998 el ponente del segundo panel no era otro que… Margaret Miller. En estas condiciones se comprende que el JECFA haya emitido una opinión favorable sobre la rBGH, como no dejó de subrayar, con todo el énfasis requerido, Ray Mowling, vicepresidente de Monsanto, encargado de asuntos gubernamentales y públicos, que declaró poco después de Michael Hansen: «El informe de la ONU reafirmó que el tratamiento de las vacas con la BST no plantea problemas de salud. Concluyó que no existe ningún problema de seguridad o de salud relacionado con los residuos de BST en los productos, como la carne o la leche, procedentes de animales tratados», etc.

UN BANCO DE PRUEBAS PARA LOS OGM

Sólo que esa misma tarde del 7 de diciembre de 1998 también se escuchó a David Kowalcyk, encargado de asuntos reglamentarios en Monsanto, que se deja atrapar con las manos en la masa… «Hemos obtenido informes en los que usted sugería a Health Canada quién debía estar en el panel del JECFA», declara el senador Spinak mirando fijamente a los ojos de su interlocutor. «¿No le parece que usted supera los límites de su relación con Health Canada sugiriendo quién debería representar a Canadá en el panel del JECFA?

—Es la primera vez que oigo hablar de ello. Nunca he recomendado a nadie para el JECFA —balbucea el representante de Monsanto.

—Existen actas e informes que dan testimonio de varias conversaciones que usted mantuvo al respecto con Ian Alexander, que tenía el control exclusivo de los datos brutos suministrados por su compañía y que, como usted, también lo ha negado —insiste el senador.

«Mantengo que debemos hacer más investigaciones nosotros mismos», concluyó el senador Wheelan tras la declaración de los tres lanzadores de alerta de Santé Canada. «Por ejemplo, en este momento Monsanto ha dado 600.000 dólares a Agriculture Canada para trabajar sobre un trigo resistente al Roundup (véase más adelante, capítulo 11). He escrito a diez universidades. Una de ellas me dijo que me ocupara de mis asuntos cuando traté de saber cuáles eran las contrapartidas de estos subsidios. Dos de ellas me llamaron para decirme: “Va usted por buen camino, pero no podemos darle información”. Están muertos de miedo. Estoy muy orgulloso de ver que ustedes no están muertos de miedo. Manténganos al corriente si tratan de hacerles cualquier cosa…».

El ex ministro de Agricultura no creía tener tanta razón… Tras la operación de catarsis nacional provocada por la comisión del Senado, las aguas volvieron a su cauce… Es cierto, Canadá prohibió definitivamente la rBGH en su territorio, arrastrando con ello el rechazo definitivo de la hormona por parte de la Comunidad Europea que, sin embargo, estuvo a punto de seguir la recomendación del JECFA y levantar la moratoria en vigor desde 1990.[a] Acto seguido Australia y Nueva Zelanda enterraron también el producto. Y a continuación se fueron recuperando las buenas y viejas costumbres en Santé Canada: en julio de 2004 Shiv Chopra, Margaret Haydon y Gérard Lambert fueron despedidos por desobediencia… «Después de testificar ante la comisión fuimos acosados, dejados de lado, marginados», me explica Shiv Chopra, que me recibe en julio de 2006 en su hermosa casa hindú-canadiense situada a unos cincuenta kilómetros de Ottawa. «¡Ocurrió todo lo que temíamos y nadie movió ni un dedo! Llevamos el caso ante los tribunales pero en Canadá ninguna ley protege a los whistleblowers… Este país está corrompido hasta la médula y, de hecho, ¡éste es el título del libro que estoy escribiendo!».

—¿Cree usted que Monsanto ha desempeñado algún papel en su desgracia?

—Tengo que tener mucho cuidado con lo que le voy a responder —sonríe Shiv Chopra—. Digamos que nuestro testimonio llegó en un muy mal momento para la sociedad, que entonces estaba lanzando sus OGM en Canadá. Estaba claro que la hormona transgénica de crecimiento era un banco de pruebas, que en parte funcionó mal, pero que le permitió experimentar lo que yo llamaría sus técnicas de conquista del mercado…

II

OGM: LA GRAN MAQUINACIÓN

7

LA INVENCIÓN DE LOS OGM

«La salud y la seguridad de los productos OGM no son sujeto de discusión: se debe demostrar la seguridad alimentaria y medioambiental de los productos antes de que se integren en el sistema de producción agrícola y de distribución».

MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 31.

«La hormona de crecimiento bovino representa la primera aplicación de la biotecnología a la producción de alimentos y Monsanto es una multinacional muy poderosa que tiene muchas relaciones en las más altas esferas del Estado», me explica Pete Hardin, el periodista del Milkweed. «Para el gobierno federal el desarrollo de la biotecnología representaba una apuesta tan importante que prefirió ignorar estas cuestiones, digamos, secundarias, que son la salud de las vacas o de los consumidores, y la hormona se autorizó a pesar de los peligros que representaba…».

De hecho, en el momento en que la Food and Drug Administration homologa la rBGH, decenas de productos OGM se están desarrollando en los laboratorios de las empresas biotecnológicas y principalmente de Monsanto, que entonces acaba de presentar el expediente para comercializar su soja Roundup ready, manipulada genéticamente para resistir a las fumigaciones de Roundup. La relación entre las maniobras de la empresa para hacer que se apruebe contra viento y marea la controvertida hormona y su proyecto de imponerse en el mercado como «la Microsoft de la biotecnología» es confirmada, contra todo pronóstico, por Michael Taylor que, recordémoslo, trabajó como consejero para Monsanto antes de ser nombrado en 1991 comisario adjunto de la FDA y de convertirse unos años después en uno de los vicepresidentes de la empresa de Saint Louis.

«Creo que hemos acumulado meteduras de pata con relación a los consumidores», suelta durante nuestra entrevista telefónica. «Si se tiene una estrategia para hacer que el público acepte una nueva tecnología, el hecho de que la primera aplicación que sale al mercado esté relacionada con la leche, cuya producción supera ya con mucho nuestras necesidades, contribuye a crear un clima de…».

—¿Sospecha? —le soplo, completamente pasmada por lo que estoy escuchando.

—Sí, eso es, de sospecha —continúa Michael Taylor—. De igual modo creo que el Congreso debería cambiar la ley votando un texto que garantice que la FDA evalúa verdaderamente la seguridad de cada nuevo producto transgénico…

Todavía hoy me cuesta entender por qué Michael Taylor hizo esta sorprendente confesión. ¿Acaso es un remordimiento tardío o un intento de redimirse en relación con la reglamentación estadounidense de los OGM, cuya redacción él supervisará, como vamos a ver, e inspiró a todos los gobiernos y organismos internacionales, incluida la Unión Europea? Misterio…

LA AVALANCHA SOBRE LOS GENES

Antes de contar en detalle la génesis de lo que se puede considerar una de las mayores maquinaciones de la historia agroindustrial conviene trazar a grandes rasgos la increíble saga de la ingeniería genética. Y, una vez al año no hace daño, debo decir que se puede reconocer la tenacidad y el entusiasmo a prueba de bomba de Monsanto, que ha sabido buscarle las vueltas a sus (muchos) competidores para convertirse en el líder incuestionable de este sector de vanguardia.

Como es sabido, la historia empieza en 1953, cuando el estadounidense James Watson y el británico Francis Crick descifran la estructura en doble hélice del ADN (el ácido desoxirribonucleico), esa molécula que anida en las células de cada ser vivo, cuyo código genético firma. El descubrimiento valdrá a ambos genetistas y bioquímicos el Premio Nobel de medicina en 1962 y sellará el nacimiento de una nueva disciplina: la biología molecular. Como subraya mi colega Hervé Kempf en su obra La guerra secreta de los OGM, provoca también la emergencia de un «credo» según el cual «el organismo es una máquina» completamente tributaria de unos únicos genes, convertidos en la clave suprema para la comprensión de los mecanismos del ser vivo. Este «credo» —por no decir este «dogma»— lo resume perfectamente el Premio Nobel Edward Tatum en 1958: «(1) Todos los procesos bioquímicos en todos los organismos están bajo el control genético. (2) Estos procesos bioquímicos son reductibles a unos encadenamientos de reacciones individuales. (3) Cada reacción aislada es controlada por un simple gen. […] La hipótesis subyacente, que ha sido confirmada experimentalmente en una gran cantidad de casos, es que cada gen controla la producción, la función y la especificidad de una enzima particular».[1]

En otras palabras: cada reacción biológica que caracteriza el funcionamiento de un organismo vivo está dirigida por un gen que expresa una función, desencadenando la producción de una proteína específica. Esta concepción exclusiva de lo que algunos llaman el «todo gen» está en el origen de uno de los mayores malentendidos que sustentan el desarrollo de la biotecnología hasta hoy: «En realidad», subrayaba desde 1999 Arnaud Apotheker, doctor en biología y responsable del expediente sobre los OGM de Greenpeace, «los fenómenos se revelan cada día más complejos: un mismo gen puede codificar para unas proteínas que tienen unas estructuras primarias y unas propiedades biológicas muy diferentes según los tejidos de un organismo o según los propios organismos. La maquinaria molecular del ser vivo es de una complejidad que apenas empezamos a entrever».[2] Por ejemplo, hoy se sabe que algunos genes actúan en interacción con otros y que no basta con extraerlos de un organismo y transferirlos a otro para que expresen la proteína y, por consiguiente, la función seleccionada, a riesgo de provocar una reacciones biológicas inesperadas en el organismo huésped.

Desde principios de los años sesenta los biólogos moleculares se dedican a poner a punto técnicas que permiten manipular el material genético para fabricar unos organismos quimera que la naturaleza nunca habría podido producir sola. Para ello se desvelan por cortar y pegar trozos de ADN, por copiar y multiplicar los genes con el objetivo de transferirlos de una especie a otra. Con frecuencia este bricolaje genético se justifica con una visión generosa y humanitaria, tal como lo expresa desde 1962 Caroll Hochwalt, vicepresidente encargado de la investigación en Monsanto, durante una conferencia en la Universidad Washington de Saint Louis: «Es totalmente concebible que por medio de la manipulación de la información genética a nivel molecular se pueda “instruir” a una planta como el arroz para fabricar una tasa elevada de proteínas, lo que literalmente provocaría un milagro para aliviar el hambre y la desnutrición».[3] Hay que indicar que en aquel momento los secretos del ADN constituyen la última de las preocupaciones del gigante de la química, que está haciendo fortuna en las selvas vietnamitas…

Por consiguiente, no es en Saint Louis, sino en la Universidad de Stanford, en California, donde tienen lugar las primeras manipulaciones genéticas: en 1972, en el momento en que Monsanto prepara el lanzamiento del Roundup, Paul Berg logra «recombinar», según el término consagrado, es decir, pegar en una molécula híbrida dos trozos de ADN surgidos de especies diferentes. Poco después su colega Stanley Cohen anuncia que ha logrado transferir un gen procedente de un sapo al ADN de una bacteria, capaz de reproducir el intruso en gran cantidad. Estos descubrimientos, que quebrantan una ley entonces considerada intangible, a saber, la imposibilidad de franquear lo que se denomina «la barrera de las especies», provocan una enorme excitación en el seno de la comunidad científica internacional, pero también enorme inquietud. Esta inquietud se convierte en un evidente clamor cuando Paul Berg anuncia su intención de insertar un virus cancerígeno, el SV40, procedente de un mono, en una célula de Escherichia coli, una bacteria que coloniza el estómago humano. «¿Qué ocurriría si por desgracia el organismo manipulado se escapa del laboratorio?», se preocupan algunos científicos importantes como Robert Pollack, un especialista en virus cancerígenos.[4] La protesta generalizada lleva a una moratoria provisional sobre las manipulaciones genéticas y a la celebración, el 25 de febrero de 1975, del primer congreso internacional sobre la recombinación de las moléculas de ADN. Durante dos días, en Asilomar, un balneario de la costa pacífica californiana, las figuras de la joven disciplina en ascenso trabajan sobre los riesgos de la ingeniería genética, centrando el debate en la seguridad de las experiencias y en las reglas que hay que fijar, como las medidas de confinamiento de los organismos manipulados, pero en ningún momento abordan cuestiones éticas, eliminadas de entrada. Todo sucede como si los biólogos hubieran querido «reducir al mínimo la implicación del público o del gobierno en sus asuntos»[5], tal como lo relata Hervé Kempf. Un mensaje que pronto será perfectamente recibido por el futuro líder mundial de la biotecnología…

Tras el congreso de Asilomar las experiencias de ingeniería genética proliferan en Estados Unidos, donde el Instituto Nacional de Sanidad censa más de trescientas desde 1977. Mientras se entierran uno tras otro los intentos de encuadrar legalmente estas nuevas actividades científicas, altamente arriesgadas[a], florecen las empresas nacientes y de capital de riesgo, principalmente en California, donde otra tecnología prometedora, la informática, acaba de dar a luz al «Silicon Valley». Ya se llamen Calgene o Plant Genetics System, son creadas por biólogos que han trabajado hasta entonces en las universidades públicas y que, llevados por un extraordinario frenesí de investigación y la perspectiva de unas jugosas perspectivas financieras, se lanzan a la arena económica y recaudan millones de dólares en la Bolsa de Nueva York, u obtienen intereses de empresas privadas de cuyos consejos de administración forman parte.

Esta verdadera «carrera de los genes» provoca un acercamiento inédito entre la ciencia y la industria que conmocionará profundamente las prácticas de la investigación, tal como lo explica la socióloga Susan Wright: «Cuando se percibió la ingeniería genética como una oportunidad de inversión, se produjo una adaptación de las normas y de las prácticas científicas a las normas de las empresas», escribe en un libro de referencia sobre la historia de la biotecnología publicado en 1994. «El despertar de la ingeniería genética coincide con la aparición de una nueva ética, radicalmente definida por el comercio».[6] Como veremos, Monsanto estimuló de manera muy clara esta evolución gracias al sistema de patentes que bloquean la investigación y los productos resultantes de ella.

EL TRIUNFO DEL BRICOLAJE GENÉTICO

Mientras que las empresas nacientes californianas son la comidilla de la crónica bursátil, en Saint Louis un hombre emprende un combate solitario. Se llama Ernest Jaworski y entró en Monsanto en 1952. Este investigador especialista en el glifosato, cuyo modo de actuar sobre las células vegetales ha desentrañado, tiene una idea que parece totalmente descabellada a sus colegas de la vieja casa química: en vez de tratar de fabricar nuevos herbicidas, ¿por qué no crear plantas selectivas manipulando su patrimonio genético para que puedan sobrevivir precisamente a la pulverización de herbicidas?

Animado por John Hanley, nombrado presidente y director general en 1972 y también convencido de que la biología representa el futuro de… la química, Jaworski se inicia en el cultivo de células vegetales en un laboratorio canadiense antes de dirigir a un equipo de treinta investigadores, entre ellos jóvenes ambiciosos de la biología molecular como Robert Fraley, Robert Horsh o Stephen Rogers: «Algunos de estos jóvenes genetistas creían realmente que su trabajo era bueno para el planeta y que iba a permitir producir más alimento reduciendo al mismo tiempo la dependencia de la agricultura de los productos químicos», informa el periodista Daniel Charles, autor de Lords of the Harvest (Los señores de la siega), que pudo entrevistar a los pioneros de la biotecnología antes de que éstos decidieran parapetarse en un terco silencio. «Con frecuencia se consideraban revolucionarios “verdes” que, al tiempo que trabajaban en el seno de empresas químicas, luchaban contra el mezquino poder de los químicos, a los que consideraban unos anticuados».[7]

Reunido en el cuarto piso del edificio «U» de la sede de Monsanto en Creve Coeur, a las afueras de Saint Louis, adonde acaba de mudarse la empresa, el equipo es apodado «Uphoria» por los escépticos de la casa, que consideran a esta banda de jóvenes excitados unos extravagantes, además de económicamente irresponsables. Hay que decir que la política voluntarista llevada a cabo por el «Kremlin», como se apoda al edificio «D» donde está instalada la dirección, rompe las costumbres de la empresa, la cual, por primera vez en su historia, se lanza a cuerpo descubierto a la investigación fundamental sin saber en qué aplicación concreta desembocará todo eso. «La prioridad era la excelencia científica», testimonia Robert Horsh. «No había presión para realizar un producto. Por ejemplo, se trabajaba sobre las petunias. Nadie venía a decirnos: “¿Cómo? ¡Petunias! ¿Qué creen ustedes que somos, una universidad?”. De hecho éramos una especie de unidad empresarial protegida por la dirección».[8]

En efecto, los investigadores de Uphoria eligieron la petunia como modelo experimental. A semejanza de los laboratorios californianos, belgas o alemanes, que se lanzaron a una increíble carrera contrarreloj, su programa de investigación comprende tres etapas: en un primer momento, se trata de manipular el ADN para extraer los genes que pueden presentar una utilidad, de ahí su nombre de «gen de interés»; a continuación, de transferir estos genes a células vegetales; y, por último, de desarrollar cultivos de tejidos para reproducir y cultivar estas células embrionarias manipuladas. La primera etapa se solucionó gracias al descubrimiento de los «enzimas de restricción», que en cierto modo son las «tijeras» de los biólogos moleculares que les permiten cortar el ADN para extraer de él los genes de interés.

Pero la segunda etapa es harina de otro costal. Porque, contrariamente al argumento con el que salen regularmente los promotores de la biotecnología, las técnicas de manipulación genética no tienen absolutamente nada que ver con la selección genética tal como la practican los seleccionadores desde los trabajos de Louis de Vilmorin a mediados del siglo XIX. En efecto, lo que han hecho las semilleras no ha sido sino racionalizar y sistematizar las prácticas ancestrales de los campesinos, quienes, desde que surgiera la agricultura en Mesopotamia hace 10.000 años, se han esmerado en conservar las mejores espigas de sus cosechas para sembrar sus campos al año siguiente. La contribución de los seleccionadores profesionales consiste en provocar el cruce entre dos plantas —los «padres» de la descendencia—, seleccionadas por unas cualidades agronómicas complementarias (como la resistencia a las enfermedades o el rendimiento de los granos), esperando que sus descendientes presentarán los mismos caracteres gracias a las leyes de la herencia. Se elige entonces a los mejores sujetos de la segunda generación, después se les fuerza a cruzarse y así sucesivamente durante varias generaciones. Como se habrá comprendido, la selección genética se basa en unas leyes naturales, en este caso la reproducción sexual de los organismos vegetales, y el objetivo de la acción del hombre no es más que orientar todo el rango de posibilidades en el seno de un mismo depósito genético, pero, a fin de cuentas, la vieja madre naturaleza habría podido perfectamente crear la planta «mejorada» (según el término al uso) en los campos. Más adelante (véase el capítulo 11) volveré sobre las consecuencias de la selección genética para la biodiversidad, pero, por ahora, es conveniente comprender que este procedimiento agronómico no puede ser asimilado a las técnicas de manipulación genética, las cuales, lejos de respetar las leyes naturales del desarrollo vegetal, tratan, por el contrario, de quebrantarlas por todos los medios.

De hecho, los biólogos moleculares están muy bien situados para saber que los organismos vegetales poseen unos mecanismos de defensa que se encargan de rechazar los cuerpos extraños que tratan de penetrar en ellos provocando una fractura y, por supuesto, esto vale para los genes procedentes de otras especies del mundo de los seres vivos. Esto es tan cierto que desde el principio los mismos biólogos comprendieron que la manipulación genética no podía hacerse sin recurrir a un intermediario, o a una «mula», capaz de transportar el gen seleccionado y de hacerlo entrar por la fuerza en la célula elegida. Así es como todos ellos se conformaron con una bacteria que prolifera en el suelo, llamada Agrobacterium tumefaciens, que presenta la facultad de insertar algunos de sus genes en las células vegetales para provocar en ellas… tumores.[a] En otras palabras, esta bacteria es un agente patógeno que modifica el patrimonio genético de las células infectándolas.

En 1974 un equipo de investigadores belgas logra identificar el plásmido (un anillo del ADN) que constituye precisamente el vector gracias al cual se transfiere de la bacteria a la planta el gen que provoca el tumor. En Saint Louis, como en todos los laboratorios de la época, se esfuerzan entonces por aislar en el plásmido el gen responsable de los tumores para sustituirlo por el gen «de interés», añadiéndole un «promotor», es decir, una secuencia de ADN que permite desencadenar la expresión del gen. Veremos que a menudo se trata de un gen llamado «35S», surgido del virus del «mosaico de la coliflor» y emparentado con el de la hepatitis B, de ahí la inquietud de algunos «agua-chapuzas…».[*]

Pero eso no es todo: si se suprime el gen que induce el tumor, ¿cómo saber que el plásmido ha hecho su trabajo insertando el gen de sustitución en la célula vegetal? La única solución que encontraron los aprendices de brujo fue añadir a la estructura genética lo que ellos llaman un «marcador de selección», en este caso un gen de resistencia a los antibióticos (generalmente la kanamicina). Para verificar que la transferencia se ha producido correctamente se rocía las células con una solución antibiótica y las «elegidas» son aquellas que sobreviven a este tratamiento de choque, lo que suscita otras inquietudes sanitarias (en el momento en que la resistencia a los antibióticos está a punto de convertirse en un grave problema de salud pública, algunos Casandra temen que el «marcador de selección» sea absorbido por las bacterias que pueblan la flora intestinal de los seres humanos y reduzcan la capacidad de luchar contra los agentes infecciosos).

Mientras tanto, el 18 de enero de 1983, durante el simposio de genética molecular de Miami, los representantes de tres laboratorios —uno belga y dos estadounidenses, entre ellos Robert Horsch para Monsanto— anuncian que han logrado insertar una estructura genética, en este caso un gen de resistencia a la kanamicina, en unas células de petunia o de tabaco (dos plantas sensibles a la bacteria Agrobacterium tumefaciens). Los tres laboratorios depositaron patentes sobre sus descubrimientos simultáneos. Para la empresa de Saint Louis empieza lo serio y llega verdaderamente la hora de la guerra…

1993: EL «CASETE ARTIFICIAL» DE LA SOJA ROUNDUP READY

«Nunca olvidaré la primera vez que dije: nuestro negocio no es desarrollar el saber, sino productos. Se hubiera podido oír el ruido de una mosca, ¡estaban furiosos!».[9] Quien así habla es Richard Mahoney, que desde su nombramiento como presidente y director general de Monsanto en 1984 (puesto que ocupará hasta 1995), se propone agitar a las tropas de Uphoria. Acabada la época de la investigación a fondo perdido en la que se hace bricolaje con las petunias, el objetivo está claro a partir de ese momento: ¡fabricar plantas transgénicas que producirán dinero! Clasificado por la revista Fortune como uno de los «jefes más duros de Estados Unidos», Mahoney es un hombre de negocios sin complejos que no duda en declarar: «Las excusas y las tergiversaciones están pasadas de moda. Lo único que cuenta es lograr el propio objetivo a tiempo».[10]

Sometido a un estrés sin precedentes, el equipo de Ernest Jaworski comprende que el éxito del laboratorio es una cuestión de vida o muerte y que un fracaso significaría la victoria de los químicos puros y duros. A partir de ese momento toda la investigación se concentra en la producción de plantas resistentes al Roundup, que diez años después de su lanzamiento se ha convertido en el herbicida más vendido del mundo. Además, el implacable jefe no ha dejado de recordar que en 2000 la patente que garantiza el monopolio sobre los derivados del glifosato pasará a dominio público y que los OGM, a los que pronto se les llamará «Roundup ready» (literalmente, preparado para el Roundup), serían un buen medio de adelantarse a los fabricantes de genéricos. ¡Eso sí que es un objetivo concreto! Jaworski está en la gloria porque, al fin y al cabo, ésta era su idea de partida: manipular las plantas para que sobrevivan a las fumigaciones de herbicida, que, por lo tanto, se podrá pulverizar en cualquier momento sobre los cultivos (de maíz, soja, algodón o colza y —¿por qué no?— de trigo) para destruir únicamente las malas hierbas.

Pero todavía no se ha llegado a ello. En este año de 1985 los investigadores de Saint Louis no tienen más que una obsesión: encontrar el gen que inmunizará a las células vegetales contra el Roundup. Es tanto más urgente cuanto que Calgene, una empresa naciente californiana, acaba de anunciar en una carta publicada en Nature que ha conseguido hacer el tabaco resistente al glifosato.[11] Se habla ya de un acuerdo entre la empresa francesa Rhône-Poulenc para desarrollar cultivos resistentes al glifosato. En ese mismo momento la alemana Hoechst redobla los esfuerzos para encontrar el gen de resistencia a su herbicida Basta, sin olvidar a Dupont (glean) y Ciba-Geigy (atrazina). En resumen, todos los gigantes de la química persiguen el mismo objetivo, y a partir de entonces la competencia es a muerte, porque el desafío no es sólo científico, sino que es, sobre todo, económico: se imaginan ya las patentes que se podrán registrar sobre todos los grandes cultivos de plantas comestibles del mundo…

En todo caso, en Saint Louis el estrés se instala de forma permanente, porque siguen sin encontrar el famoso gen. Los investigadores de Jaworski están estancados. Es cierto que algunos han conseguido identificar el gen de la enzima que, como hemos visto (véase el capítulo 4), bloquea la acción de las moléculas de glifosato provocando la necrosis de los tejidos y la muerte de la planta. La idea es manipularla para desactivar la reacción al herbicida e introducirla después en las células vegetales, pero no se consigue. «Era como el proyecto Manhattan», cuenta Harry Klee, uno de los investigadores del equipo. «La antítesis de la manera de trabajar en un laboratorio: normalmente, el científico hace un experimento, lo evalúa, saca una conclusión y después pasa a otra variable. Con la resistencia al Roundup se probaban veinte variables a la vez: los mutantes, los promotores, múltiples especies vegetales; se probaba todo al mismo tiempo».[12]

La búsqueda durará más de dos años, hasta este día de 1987 en que a los ingenieros se les ocurre ir a rebuscar en… las basuras de la fábrica de Luling, situada a más de setecientos kilómetros al sur de Saint Louis. En este lugar a las orillas del río Mississippi es donde Monsanto produce cada año millones de toneladas de glifosato. Se supone que unos estanques de descontaminación tratan los residuos de la producción, parte de la cual ha contaminado a pesar de todo los suelos y las charcas de los alrededores. Se tomaron muestras para recoger miles de microorganismos, detectar aquellos que habían sobrevivido naturalmente al glifosato e identificar el gen que les confiere esa preciosa resistencia… Habrá que esperar todavía dos años para que un robot que analiza la estructura molecular de las bacterias recogidas dé, por fin, con la rara perla: «Un momento inolvidable, un verdadero eureka», cuenta Stephen Padgette, uno de los «inventores» de la soja Roundup ready, que hoy es uno de los vicepresidentes de Monsanto.[13]

Sin embargo, la cuestión está todavía lejos de ser cosa hecha: a partir de ese momento hay que encontrar la estructura genética que permitirá al gen funcionar una vez que haya sido introducido en las células vegetales, soja en este caso, porque, después de los primeros intentos hechos con el tomate, es con esta oleaginosa con la que se supone que va a trabajar el equipo. Un reto formidable: junto con el maíz, la soja domina la agricultura estadounidense y está proporcionando en aquel momento 15.000 millones de dólares anuales a la economía nacional. Hasta 1993, fecha del nacimiento oficial de la soja Roundup ready, Stephen Padgette y sus colegas del programa «resistencia al Roundup» repartirán su tiempo entre el laboratorio y los invernaderos que cubren el techo de Chesterfield Village, a las afueras encopetadas de Saint Louis, donde Monsanto ha instalado su actividad biotecnológica. Se necesitarán «700.000 horas y una inversión de 80 millones de dólares»[14] para llegar al resultado: una estructura genética que comprenda el gen de interés («CP4 EPSPS»), el famoso promotor «35S» del mosaico de la coliflor, así como otros dos fragmentos de ADN procedentes especialmente de la petunia, que se supone controlan la producción de la proteína. «El casete génico[*] de la soja Roundup ready es completamente artificial», indica el biólogo japonés Masaharu Kawata, de la Universidad de Nagoya, «no ha existido nunca en el reino natural de la vida ni la habría podido producir ninguna evolución natural».[15]

Esto es hasta tal punto cierto que los investigadores de Saint Louis se las ven y se las desean para introducirla en las células de soja. Tuvieron que renunciar a la «mula» Agrobacterium tumefaciens, porque siempre se topaban con el mismo problema: cada vez que inundaban las células de antibiótico, las que no habían incorporado el «casete» morían, pero envenenaban a las «buenas» según un fenómeno que Robert Horsch llamó la «muerte coloperativa»[16], un neologismo fúnebre que une «colateral» (como daño colateral) y «cooperativo», y que tiene el mérito de la claridad…

Ante esta resistencia de la naturaleza, el equipo decide sacar la artillería pesada: un «cañón de genes», inventado por dos científicos de la Universidad Cornell y desarrollado en colaboración con Agracetus, una empresa biotecnológica de Wisconsin (que Monsanto comprará en 1996). Cuando John Sanford y su colega Tedd Klein tuvieron la idea de esta arma de la última oportunidad, se les tachó de locos, aunque en aquel momento los laboratorios están dispuestos a todo para obligar al ADN seleccionado a penetrar en las células seleccionadas, prueba, si es que fuera necesaria, de que la biotecnología no tiene nada que ver con la vieja técnica de la selección genética: algunos investigadores utilizan agujas microscópicas, otros cargas eléctricas para provocar pequeños agujeros en las paredes de las células y permitir entrar al ADN… ¡Pero nada funciona!

Hoy el cañón de genes es la herramienta de inserción más utilizada por los «artilleros» de la ingeniería. Su principio: se fijan las construcciones genéticas en una bolas microscópicas de oro o de tungsteno, después se bombardean sobre un cultivo de células embrionarias. Para comprender bien la imprecisión de la técnica, cito aquí lo que Stephen Padgette le contó sobre ella en 2001 a mi colega Stephanie Simon, de Los Angeles Times: «El problema era que el cañón de genes insertaba el ADN al azar», escribe ésta. «A veces estallaba un “paquete” antes de aterrizar en una célula; o dos paquetes de genes hacían el mismo trabajo. Peor: el ADN podía caer en un lugar que interfería con el funcionamiento de la célula. El equipo tuvo que disparar el cañón decenas de miles de veces antes de obtener unas escasas docenas de plantas que tuvieran un aspecto prometedor. Después de tres años de pruebas en campos con estos especímenes, sólo una descendencia de soja manipulada parecía superior. Podría resistir a fuertes dosis de glifosato, tal como lo confirmaron las pruebas realizadas en invernadero. […] “Estaba blindada [bulletproof]”, recuerda Stephen Padgette orgulloso. En 1993 Monsanto la declaró ganadora».[17]

Pero ¡a qué precio! Como destaca Arnaud Apotheker en su libro Du poisson dans les fraises (Veneno en las fresas), «en su voluntad de someter a la naturaleza el hombre utiliza tecnologías guerreras para obligar a las células a aceptar genes de otras especies. Con algunas plantas utiliza el arma química o bacteriológica para infectar las células con bacterias o virus; con otras se contenta con armas clásicas y utiliza el cañón de genes. En ambos casos las pérdidas son considerables, porque de media una célula de cada mil se integra en el transgénico, sobrevive y puede generar una planta transgénica».[18]

En todo caso, en 1994 Monsanto presenta una solicitud de salida al mercado de su soja Roundup ready (RR), que representa el primer OGM de gran cultivo. Y vamos a ver que también aquí la empresa lo ha «blindado» todo, por retomar el término utilizado por su vicepresidente…

MANIOBRAS EN LA CASA BLANCA

Mientras que el equipo de Chesterfield Village persigue desesperadamente al gen de resistencia al glifosato, la dirección de la empresa demuestra una capacidad de anticipación que podría causar admiración si se ignoraran sus consecuencias. Como informará en 2001 el New York Times en un artículo extremadamente documentado, «hacia finales del año 1986 cuatro dirigentes de Monsanto visitaron al vicepresidente Georges Bush en la Casa Blanca, donde hicieron un camelo inusual».[19]

Para comprender bien la sutileza de la gestión dirigida por Leonard Guarraia, entonces director de los asuntos reglamentarios (regulatory affairs) de la empresa, hay que recordar que en aquel momento George Bush (padre) es vicepresidente de Ronald Reagan, elegido en noviembre de 1980 y reelegido cuatro años después. La consigna de este dúo republicano de choque es la «desregulación», que se supone «libera las fuerzas del mercado» reduciendo la «hidra estatal». El objetivo de este credo ultraliberal es favorecer la industria estadounidense reduciendo al máximo lo que los halcones de la Casa Blanca llaman las «trabas burocráticas», que a sus ojos representan sobre todo las pruebas sanitarias y medioambientales exigidas por las agencias de reglamentación antes de la salida al mercado de un nuevo producto: la Food and Drug Administration (FDA) para los alimentos y medicamentos, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) para los pesticidas y la secretaría de Agricultura (USDA) para las plantas de cultivo.

Estados Unidos lleva a cabo entonces una lucha sin piedad para imponer su supremacía frente a Japón y, en menor medida, frente a Europa, sobre todo en el dominio de las nuevas tecnologías, pero también en el de los productos agrícolas. En este contexto de competencia exacerbada la biotecnología representa un desafío considerable. Por ello el 26 de junio de 1986 la Casa Blanca promulga una directiva titulada «Marco coordinado para la reglamentación de la biotecnología», cuyo objetivo es en primer lugar evitar que el Congreso se inmiscuya en esta delicada cuestión proponiendo una ley específica para la reglamentación de los OGM. En efecto, dirigida a las tres agencias reglamentarias del país (FDA, EPA y USDA), la directiva estipula que los productos procedentes de la biotecnología serán regulados en el marco de las leyes federales ya existentes, en la medida en que «las técnicas desarrolladas recientemente» sólo representan una «extensión de las manipulaciones tradicionales» de las plantas o de los animales.[20] En otras palabras: los OGM no justifican un tratamiento particular y estarán sometidos al mismo régimen de aprobación que los productos no transgénicos.

Y, sin embargo, este texto no le conviene a Monsanto, que claramente tiene otra idea en mente: «Todavía no había productos [OGM] disponibles, pero dimos la lata a Bush para que fueran regulados», explica Leonard Guarraia, que insiste: «Le dijimos que teníamos que estar regulados».[21] Por consiguiente, ¿qué oculta este «camelo», en efecto «muy inusual», por retomar las palabras de mis colegas del New York Times?

«De hecho», me explica en julio de 2006 Michael Hansen, el experto de la Unión de Consumidores al que hemos citado por extenso a propósito de la hormona de crecimiento bovino, «Monsanto quería una apariencia de reglamentación. En efecto, la empresa sabía que tras los escándalos de los PCB y del agente naranja, en los que había mentido u ocultado datos, no sería creída si se contentaba con decir que los productos OGM no representaban un peligro para la salud o para el medio ambiente. Quería que fueran las agencias gubernamentales, principalmente la FDA, quienes dijeran que estos productos eran seguros. Así, en cuanto surgiera un problema podría decir: “La FDA ha establecido que los OGM no representan ningún riesgo”. También era una forma de cubrirse en caso de que las cosas se pusieran mal…».

Según los periodistas del New York Times, la cita de Washington dio sus frutos: «Durante las semanas y meses que siguieron la Casa Blanca obedeció, trabajando entre bastidores para ayudar a Monsanto […] a obtener la reglamentación que quería la empresa. Este escenario se iba a repetir una y otra vez bajo tres administraciones sucesivas: lo que Monsanto deseaba de Washington, Monsanto —y, por extensión, la industria de la biotecnología— lo obtenía».[22]

Para comprender bien hasta qué punto era, efectivamente, «inusual» el proceder del gigante de Saint Louis hay que saber que en aquel momento algunos altos responsables de la FDA se oponían rotundamente a la idea de regular los OGM, aunque fuese en la forma de un texto que fuera una «apariencia de reglamentación». Éste era especialmente el caso de Henry Miller, el portavoz de la Agencia para las Biotecnologías, que no dudaba en considerar como «trogloditas» o «intelectuales nazis» a quienes se oponían a los OGM y contra el que la Casa Blanca iba a tener que luchar mucho…[23]

Pero eso no es todo: los periodistas del New York Times consiguieron hacerse con el borrador de un texto secreto fechado el 13 de octubre de 1986 en el que los directivos de la empresa establecían un auténtico plan de batalla para imponer los OGM en Estados Unidos. Entre los objetivos prioritarios se podía leer: «Crear un apoyo a la biotecnología tanto a los más altos niveles de la reglamentación estadounidense» como «en el estado-mayor republicano y en el demócrata para la elección presidencial de 1988».[24]

De hecho, encontré la prueba filmada del inconmensurable aplomo de la empresa, capaz de proferir amenazas apenas veladas ante… George Bush cuando siente que la administración se le resiste. En efecto, pude ver un archivo excepcional rodado el 15 de mayo de 1987 por la agencia Associated Press. En él se ve a la mano derecha de Ronald Reagan, entonces en campaña electoral, deambular vestido con una bata blanca por los laboratorios de Monsanto en Saint Louis. Seguido de una horda de periodistas, el futuro presidente de Estados Unidos participa primero en unas clases prácticas sobre la manipulación genética.

«Me gustaría enseñarle las etapas que se siguen para desplazar unos genes de un organismo a otro», le explica con una probeta en la mano Stephen Rogers, uno de los tres «jóvenes ambiciosos» de Uphoria de los que hablé hace poco. «Tomamos el ADN, lo cortamos en trozos, después mezclamos las diferentes partes para pegarlas juntas. Esta probeta contiene ADN que proviene de una bacteria. Tiene el mismo aspecto, venga de una planta o de un animal».

—Ya veo —dice George Bush con los ojos fijos en la probeta—. ¿Para qué les servirá esto? ¿Para tener una planta más fuerte o una planta que resista…?

—En este caso, resiste a un herbicida —responde Rogers.

—Tenemos un herbicida fabuloso —se entusiasma una voz en off.

Después Bush recorre los invernaderos que están en el techo de Chesterfield Village, donde un directivo de Monsanto con traje de chaqueta y corbata le enseña unas plantas transgénicas de tomate que resultan ser el verdadero objetivo de esta muy interesada visita guiada. Sigue una conversación absolutamente alucinante: «Hemos solicitado al Ministerio de Agricultura poder probar las nuevas plantas por primera vez en Illinois este año», explica el encorbatado directivo.

—¡Todos estamos soñando con ello! ¡Seguimos invirtiendo dinero, pero no ocurre nada! —se lamenta Stephen Rogers.

—No podemos quejarnos del Ministerio de Agricultura, siguen el proceso normal —continúa el encorbatado directivo—. Tiene mucho cuidado con estas nuevas tecnologías, pero si en septiembre no hemos recibido la autorización, ¡quizá cambiemos de tono!

—Recuérdemelo, mi trabajo es la desregulación —responde George Bush con una gran carcajada—. Puedo ayudarles…

El 2 de junio de 1987, exactamente dos semanas después de la sorprendente visita guiada, los investigadores de Monsanto hacen su primera prueba en pleno campo de cultivos transgénicos, en Jerseyville, Illinois. En una foto se ve a Stephen Rogers, Robert Fraley y Robert Horsch posar para el fotógrafo con una gorra de granjero en la cabeza delante del tractor. Frente a ellos, cajas que contienen brotes jóvenes de tomates manipulados gracias al poder mágico de la bacteria Agrobacterium tumefaciens…

UNA REGLAMENTACIÓN «POLÍTICA» HECHA A MEDIDA

En enero de 1989 George Bush accede al despacho oval de la Casa Blanca. En marzo confía a Dan Quayle, su número dos, la presidencia del Consejo de la Competitividad, cuya misión es «reducir el fardo reglamentario que pesa sobre la economía».[25] El 26 de mayo de 1992 el vicepresidente hace pública la política estadounidense en materia de OGM ante un público de directores de empresa, altos funcionarios y periodistas: «Esta decisión forma parte de la segunda fase del programa presidencial para aligerar la reglamentación», declara de entrada. «Estados Unidos es ya el líder mundial de la biotecnología y tenemos intención de continuar siéndolo. En 1991 la biotecnología reportó 4.000 millones de dólares. Contamos con 50.000 millones para el año 2000 a condición de no saturarse de una reglamentación inútil…».

Tres días después, el 29 de mayo de 1992, Monsanto ha ganado: la Food and Drug Administration publica en el Federal Register su reglamentación concerniente a los «alimentos derivados de las nuevas variedades de plantas».[26] Hay que indicar que el título de este texto fundador de una veintena de páginas, considerado una «biblia» prácticamente por todo el mundo, evita cuidadosamente toda referencia a la biotecnología, presentada desde la introducción como una simple extensión de la selección genética conforme a las recomendaciones dictadas por la Casa Blanca seis años antes: «Los alimentos […] derivados de variedades vegetales desarrolladas según los nuevos métodos de modificación genética se regulan en el mismo marco y según el mismo enfoque que los surgidos del cruce tradicional de las plantas».

Se invita a quienes deseen «más información» a contactar con un tal James Maryanski. Tengo que decir que tuve que luchar duramente para dar con quien ocupó el puesto clave de «coordinador para la biotecnología» en la FDA desde 1985 hasta 2006. Este microbiólogo que entró en la agencia en 1977 disfrutaba de una jubilación activa en 2006 trabajando como «consultor independiente» sobre la «seguridad de los alimentos OGM» para diferentes gobiernos, tal como lo estipula el curriculum vitae que me envió.[a] A modo de anécdota: como perdía la esperanza de contactar con él, había solicitado a un representante de la FDA una entrevista en relación con la reglamentación de 1992, precisando que estaba haciendo un documental sobre Monsanto, en especial sobre la homologación de la soja Roundup ready. Éste es el correo electrónico que recibí como respuesta el 7 de julio de 2006 de Mike Herndon, uno de los miembros del servicio de prensa de la agencia: «Debo declinar respetuosamente su solicitud de entrevista filmada. La FDA está obligada a mostrarse neutra en su relación con las industrias de la agroalimentación. Parecería inapropiado el hecho de ser entrevistado en un documental concerniente a una empresa cuyos productos regula la FDA…».

No le falta sal a esta respuesta, cuando se sabe que la directiva de 1992 se elaboró en estrecha colaboración con Monsanto, que quería precisamente que la agencia publicara una «apariencia de regulación», por retomar las palabras de Michael Hansen. Y fue precisamente a James Maryanski a quien se le confió esta delicada misión bajo la dirección de… Michael Taylor, entonces número dos de la FDA y cuyo papel en la hormona de crecimiento bovino hemos visto (véase el capítulo 5), antes de convertirse a finales de los años noventa en uno de los vicepresidentes de Monsanto (volveré sobre ello).

Finalmente pude conocer al ex directivo de la FDA un día de julio de 2006 en Nueva York, cuando él volvía de una consulta en Japón. A decir verdad, no esperaba encontrarme con este hombre pequeño y tímido de ojos claros, con una voz dulce y tranquila. Revisando más tarde esta entrevista grabada de tres horas, pude evaluar el pánico controlado que se apoderó de él en varias ocasiones, perceptible únicamente por el temblor nervioso de sus ojos…

Le pregunto de entrada por las consignas transmitidas por la Casa Blanca para redactar la reglamentación de los alimentos transgénicos. «Grosso modo, el gobierno tomó la decisión de no crear nuevas leyes», me explica con prudencia. «Pensaba que, para la FDA, se podía aplicar a las nuevas tecnologías la Food Drug and Cosmetic Act, que regula la seguridad de los alimentos excepto la carne, las aves de corral y los huevos, los cuales dependen de la secretaría de Agricultura. En la FDA el comisario David Kessler creó un grupo que incluía a científicos a los que yo supervisaba y juristas: este grupo se encargaba de examinar cómo podíamos regular los alimentos procedentes de la biotecnología en el marco de la Food Drug and Cosmetic Act…

—Pero esta decisión de no someter los OGM a un régimen específico no se basaba en datos científicos, ¿era una decisión política? —pregunté, provocando una ligera crispación por su parte.

—Pues… Sí, era una decisión política… que tocaba muchos dominios, no sólo la alimentación… Se aplicaba a todos los productos de la biotecnología —suelta el ex responsable de la FDA, al que le costó mucho acabar la frase.

EL INCREÍBLE JUEGO DE MANOS DEL «PRINCIPIO DE LA EQUIVALENCIA EN SUSTANCIA»

Procedo después a la lectura de un parágrafo de la reglamentación que constituye el centro de la polémica que rodea a los OGM: «En la mayoría de los casos, los componentes de los alimentos procedentes de una planta modificada genéticamente serán los mismos que o similares en sustancia a [will be the same as or substantially similar to] aquellos que se encuentran comúnmente en los alimentos, como las proteínas, las grasas, los aceites y los hidratos de carbono».[27]

Estas pocas líneas, aparentemente anodinas, firman un concepto retomado prácticamente en todo el mundo como la base teórica de la reglamentación de los OGM: el del «principio de equivalencia en sustancia». Antes de desmenuzar por qué representa el quid de lo que antes he calificado como «una de las mayores maquinaciones de la historia agroindustrial», cedo la palabra a James Maryanski, que sigue defendiéndolo obcecadamente: «Sabemos que los genes que se introducen en las plantas por medio de la biotecnología producen unas proteínas muy parecidas a las que hemos consumido durante siglos», me explica. «Si se toma el ejemplo de la soja Roundup ready, de hecho contiene una enzima modificada que es prácticamente la misma que la que existe naturalmente en la planta: la mutación es muy mínima, por tanto, en términos de seguridad, no existe diferencia importante entre la enzima manipulada y la enzima natural…»[28] (la cursiva es mía).

En otras palabras, los OGM son grosso modo idénticos a sus homólogos naturales. Y es precisamente este grosso modo, al fin y al cabo sorprendente en un microbiólogo, lo que convierte al principio de equivalencia en sustancia sospechoso a ojos de aquellos que denuncian su vacuidad, como Jeremy Rafkin, director de la Fundación para las Tendencias Económicas que, como hemos visto, fue uno de los primeros en oponerse a la biotecnología: «En aquellos días, si en Washington se frecuentaban los mismos bares que aquellos a los que iban los miembros de los grupos de presión, se les podía oír reírse de todo aquello. Todo el mundo sabía que este “principio de equivalencia en sustancia” era una auténtica tontería. Era simplemente una manera de que estas sociedades —y, sobre todo, Monsanto— metieran rápidamente sus productos en el mercado con la menor interferencia gubernamental posible. Y debo decir que supieron defender muy bien sus intereses».[29]

Y Michael Hansen, el experto de la Unión de Consumidores, insiste: «El principio de equivalencia en sustancia es una coartada que no se basa en ningún fundamento científico y que fue creada ex nihilo para evitar que los OGM sean considerados al menos como aditivos alimentarios, lo que permite a las empresas de biotecnología librarse de las pruebas toxicológicas previstas por la Food Drug and Cosmetic Act, pero también del etiquetado de sus productos. Por esa razón decimos que la reglamentación estadounidense de los alimentos transgénicos viola la ley federal».[30] Para apoyar su demostración el científico me presenta un documento concerniente a una enmienda a la Food Drug and Cosmetic Act votada en 1958 por el Congreso y titulada «Food Additive Act». Como su nombre indica, el objetivo de este texto es regular los aditivos alimentarios como los colorantes y los conservantes o «toda sustancia cuya utilización intencional induce o parece que induzca razonablemente, directa o indirectamente, que constituye un componente que afecta a las características de cualquier alimento (incluida toda sustancia utilizada intencionadamente para producir, transformar, condicionar […] tratar, embalar o transportar la comida)».

Con esta definición son muchas las sustancias que se pueden considerar aditivos alimentarios y cuya seguridad entonces debe ser rigurosamente evaluada en el curso de un procedimiento obligatorio que comprenda fundamentalmente pruebas toxicológicas que pueden durar, según los casos, de veintiocho días a dos años. Respondiendo al «principio de precaución», como lo exigía el Congreso, estas pruebas deben demostrar que hay una «certidumbre razonable, según el veredicto de científicos competentes, de que la sustancia no es nociva en las condiciones previstas de utilización». Se excluyen de la categoría de «aditivos alimentarios» y, por consiguiente, no están sometidas a las pruebas toxicológicas, las sustancias llamadas «Generally Recognized as Safe» (GRAS, literalmente «generalmente reconocidas como seguras»), bien porque «ya se utilizaban en los alimentos antes del 1 de enero de 1958», bien porque unos «procedimientos científicos» han demostrado que, efectivamente, no planteaban ningún problema sanitario.

«¿Me puede poner un ejemplo de un aditivo alimentario considerado “GRAS”?», pregunté a James Maryanski.

—Sí… Son, por ejemplo, las enzimas corrientes de producción alimentaria, o la sal, la pimienta, el vinagre, sustancias utilizadas desde hace años o que la comunidad científica ha establecido que eran seguras…

—Y, ¿cómo pudo decidir la FDA que el gen introducido en una planta por manipulación genética era «GRAS»? —dije mirando a mi interlocutor fijamente a los ojos.

Hemos llegado al centro del debate que opone a partidarios y adversarios de los OGM. En efecto, aunque no se había llevado a cabo ningún estudio científico para verificarlo, la FDA decidió a priori que los transgénicos no entraban en la categoría de aditivos alimentarios y que, por consiguiente, se podían comercializar los OGM sin una evaluación toxicológica previa. Lo cual es tanto más curioso cuanto que en el momento en que la agencia publicaba su «reglamentación» se le había presentado una solicitud que demostraba, precisamente, que era urgente… ¡esperar! En efecto, la empresa biotecnológica californiana Calgene (la misma que había provocado sudores fríos a Monsanto al anunciar en Nature que había logrado obtener un tabaco resistente al Roundup) había depositado un expediente para la homologación de un tomate bautizado como «Flavr Savr» y manipulado para ralentizar su proceso de maduración.

No le daré más vueltas al interés de un tomate manipulado para permanecer durante más tiempo en los estantes de los supermercados. Lo importante es saber que contenía el famoso gen de resistencia a la kanamicina y que sus inventores habían considerado muy justamente que debía ser considerado un «aditivo alimentario». Por consiguiente, habían pedido a un laboratorio (la International Research Development Corporation de Michigan) que realizara estudios toxicológicos destinados a evaluar el impacto sanitario de los tomates transgénicos en las ratas. Ahora bien, la FDA no conocía todavía los resultados de este estudio en el momento de publicar su reglamentación. Más tarde se descubrirá que, de cuarenta cobayas, siete habían muerto de manera no explicada al cabo de dos semanas y que una cantidad importante había desarrollado lesiones en el estómago. Sin embargo, aferrada a su dogma, el 18 de mayo de 1994 la agencia había dado luz verde a Calgene…

Antes de volver a James Maryanski debo contar el final de esta (lamentable) historia. El cultivo de este tomate transgénico que parecía tan prometedor en el laboratorio resultó ser una catástrofe: en California los rendimientos fueron tan bajos que los propietarios decidieron trasladar la producción a Florida, donde la cosecha fue diezmada por las enfermedades. «Existen tantas cosas que pueden matar a una planta», explicó uno de los horticultores reclutados por Calgene. «Todo es cuestión de detalle…».[31]

Así pues, el Flavr Savr se fue a México, donde los resultados, distaron mucho de estar a la altura, como comentaba sobriamente en 2001 un estudio de la FAO (Food and Agriculture Organization): «Desde 1996 los tomates Flavr Savr fueron retirados del mercado de productos frescos en Estados Unidos», escribe la organización de la ONU. «Al parecer, la manipulación del gen de maduración había tenido unas consecuencias imprevistas, como una piel blanda, un gusto extraño y cambios en la composición del tomate, que además costaba más caro que los tomates no transgénicos».[32]

Mientras tanto Calgene había ido a parar a manos de Monsanto, que enterró definitivamente el tomate maldito…

EL CASO DEL L-TRIPTÓFANO: UNA EXTRAÑA EPIDEMIA MORTAL

¿Comprendió a dónde quería ir yo a parar? Lo cierto es que las pupilas de James Maryanski temblaron claramente cuando le pregunté en qué datos científicos se había basado la FDA para declarar como «GRAS» los transgénicos: «La agencia decía: si se introduce un gen en una planta, este gen es ADN… Como llevamos mucho tiempo consumiendo ADN, podemos concluir por lo tanto que esta planta es “GRAS”», argumentó midiendo sus palabras.

—Si tomamos el ejemplo de la soja de Monsanto, ¿significa eso que la agencia considera que un gen procedente de una bacteria que confiere la resistencia a un potente herbicida es a priori menos peligroso que un agente colorante? —insisto observando cómo aumentan los temblores.

—Exacto —responde el ex «jefe de la biotecnología».

El «argumento» de la FDA, defendido por Maryanski, hace sobresaltarse a Michael Hansen, que va a ilustrarme poniendo el dedo en la cuestión que precisamente siempre han querido evitar Monsanto y compañía: «Actualmente, cuando se quiere añadir a un alimento una gota microscópica de un conservante o de un producto químico, se considera un “aditivo alimentario” y, por consiguiente, se debe hacer todo tipo de pruebas para demostrar que hay una “certidumbre razonable de que no es perjudicial”. En cambio, cuando se manipula genéticamente una planta, lo que puede engendrar innumerables diferencias en el alimento, ¡no se pide nada! De hecho, todo el malentendido, por no decir el lío, procede del hecho de que la FDA siempre se ha negado a evaluar la técnica de la manipulación genética y no sólo el producto final; partió del principio de que la biotecnología era intrínsecamente neutra, aunque había tenido una señal de alerta que hubiera debido invitarla a tener mucha más prudencia».

Y el experto de la Unión de Consumidores me cuenta el dramático caso del L-triptófano, bien documentado por Jeffrey Smith, director del Institute for Responsible Technology, que tiene su base en Fairfield, Iowa, y crítico riguroso de los OGM. Sintetizo a continuación los resultados de su investigación.[33] El L-triptófano es un aminoácido que se encuentra de forma natural en el pavo, la leche, la levadura de cerveza o la manteca de cacao. Reconocido por favorecer la producción de serotonina, se prescribía como complemento alimentario para luchar contra el insomnio, el estrés o la depresión. A finales de los ochenta miles de estadounidenses padecieron una enfermedad misteriosa que será bautizada como «síndrome eosinofilia-mialgia» («EMS», en inglés), principalmente porque los dolores musculares (mialgia) eran un síntoma común en todas las víctimas. Éstas sufrían además una retahíla de males recurrentes: edemas, tos, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, endurecimiento de la piel, úlceras en la boca, náuseas, problemas visuales y de memoria, pérdida de cabello y parálisis.

La extraña epidemia fue advertida por primera vez el 7 de noviembre de 1989 por Tamar Stieber, un periodista del Albuquerque Journal, que había constatado que todas las víctimas habían consumido L-triptófano (su investigación le valdrá el Premio Pulitzer en 1990). Cuatro días después, las autoridades médicas señalaban ciento cincuenta y cuatro casos, y la FDA pedía al público que dejara de consumir el complemento alimentario. Pero la lista de las víctimas aumentará: un primer balance establecido en 1991 dejará constancia de treinta y siete muertos y 1.500 discapacitados de por vida.[34] Y según las estimaciones proporcionadas después por el Center for Disease Control, el EMS habría matado en total a un centenar de pacientes, y enfermado o convertido en paralíticas a entre 5.000 y 10.000 personas.

Ahora bien, como informa Jeffrey Smith, en Estados Unidos el L-triptófano se importaba de Japón, donde seis fabricantes se repartían el mercado. La investigación de las autoridades sanitarias reveló que sólo el producto fabricado por Showa Denko K. K. estaba relacionado con la epidemia. Así es como los investigadores descubrieron que en 1984 la empresa había modificado su proceso de producción utilizando la biotecnología para aumentar los rendimientos: se había introducido un gen en el interior de las bacterias de donde se extraía la sustancia después de la fermentación. Progresivamente el fabricante modificó la estructura genética, hasta el punto de que resultó que la última cepa («Strain V»), producida en diciembre de 1988, contenía cinco transgénicos diferentes y una gran cantidad de impurezas.[35]

Empieza entonces una extraña pelea sobre el origen de la enfermedad, y todo indica que sobre todo tenía como objetivo eliminar la hipótesis de que se hubiera podido desencadenar por la manipulación genética. Algunos investigadores argumentaron que el problema podía provenir de un cambio de filtro operado por Showa Denko K. K. para purificar el producto; pero después se demostró que esta modificación sólo se produjo en enero de 1989, es decir, después de que se desencadenara la epidemia. Otros sugirieron que era el propio L-triptófano el que planteaba problemas; pero, como subrayará el experto Gerald Gleich: «La causa del EMS no es el triptófano, puesto que los individuos que consumieron los productos que no procedían de Showa Denko, sino de otros fabricantes, no desarrollaron el EMS».[36] De hecho, sólo se llevará ante los tribunales a la empresa Showa Denko, y tras los acuerdos amistosos negociados en 1992, ésta pagará más de dos mil millones de dólares por daños y perjuicios a más de 2.000 víctimas.

Pero lo cierto es que la FDA decidió en 1991 prohibir definitivamente la venta de L-triptófano, incluido el fabricado de manera convencional. Y también es cierto que en los informes oficiales que publicó después ni siquiera evoca el hecho de que las cepas incriminadas fueran transgénicas…[37] Sin embargo, en la FDA hay un hombre que considera muy seriamente la hipótesis de que el EMS pudiera estar provocado por la técnica de manipulación genética. Este hombre se llama… James Maryanski.

Según un documento desclasificado del que guardo celosamente una copia, en septiembre de 1991, seis meses antes de que la FDA publique su reglamentación sobre los OGM, James Maryanski se entrevistó con representantes del GAO, el brazo investigador del Congreso, «a petición de éste»: «Querían discutir los problemas relacionados con los alimentos transgénicos en el marco de los estudios que estaban llevando a cabo sobre las nuevas tecnologías», afirma. «Me preguntaron sobre el L-triptófano y la posibilidad de que estuviera implicada la manipulación genética. Les dije que […] no conocíamos la causa del EMS y que no podíamos excluir que fuera la manipulación del organismo».[38]

Cuando me entrevisto con el ex directivo de la FDA en julio de 2006, él no sabe que conozco este documento. «La FDA estudió el uso de la manipulación genética, pero no tenía ninguna información que indicara que la propia técnica pudiera crear productos que fueran diferentes en términos de calidad o de seguridad», me explica con seguridad.

—¿Recuerda usted qué pasó con el L-triptófano en 1989? —le pregunto con cierta aprensión.

—Sí… —balbucea en un susurro.

—Era un aminoácido manipulado genéticamente. A priori, conocemos muy bien los aminoácidos…

—Exacto…

—Provocó la epidemia de una enfermedad desconocida llamada EMS…

—Es cierto… —suelta James Maryanski, cuyos ojos de repente son presa de tics nerviosos.

—¿Cuántas personas murieron?

—Sí, pero tenemos muchos…

—Al menos treinta y siete… Y más de 1.000 discapacitados —digo—.[a] ¿Se acuerda?

—Lo recuerdo…

—Según un documento desclasificado de la FDA, usted dijo: «No sabemos cuál es la causa del EMS, pero no podemos excluir la hipótesis de que se deba a la manipulación del organismo». ¿Dijo usted la frase que acabo de leer?

—Sí…

Sin embargo, seis meses después de su declaración ante los representantes del GAO, James Maryanski no tendrá inconveniente en estampar su nombre en el texto de la FDA que homologaba los OGM y que afirma bien claro: «La agencia nunca ha recibido información que demuestre que los alimentos derivados de los nuevos métodos difieren de manera significativa o uniforme de los demás alimentos, ni que en tanto que categoría los alimentos derivados de las nuevas técnicas sean objeto de preocupaciones diferentes o mayores en lo que concierne a su seguridad que los desarrollados por medio del crecimiento tradicional».[39]

Más allá de lo que revela sobre la «ceguera» de la FDA, el caso del L-triptófano es ejemplar por varias razones. Como subraya Jeffrey Smith en su libro Genetic Roulette, «se han necesitado años para identificar la epidemia. Si finalmente se descubrió se debe únicamente a que concernía a una enfermedad rara, aguda, que sobrevino rápidamente y cuya fuente era única. Si hubiera faltado una de estas cuatro características, puede que nunca se hubiera descubierto la epidemia. Del mismo modo, si unos ingredientes contenidos en los alimentos transgénicos crean unos efectos secundarios, es posible que nunca se detecten los problemas y sus fuentes».[40]

Vamos a ver que, contrariamente a lo que afirma James Maryanski, los científicos de la FDA eran perfectamente conscientes de las incógnitas y de los riesgos vinculados a la biotecnología y a los OGM, pero la agencia prefirió ignorar sus advertencias…

8

LOS CIENTÍFICOS MANIPULADOS

«La composición de los granos de soja resistentes al glifosato es equivalente a la de los granos de soja convencional».

Título de un estudio publicado por Monsanto en The Journal of Nutrition en abril de 1996

«Cuando acabamos de escribir la reglamentación [relativa a los OGM] todos los científicos de la agencia estaban de acuerdo con el texto», me dice James Maryanski con un repentino aplomo.

—¿Quiere usted decir que había un consenso sobre el principio de equivalencia en sustancia?

—Pues… En todo caso, la decisión final de la agencia tuvo en cuenta todas las opiniones expresadas sobre la manera en que debíamos proceder…

FALTA DE CONSENSO EN LA FDA

Hay que decir que James Maryanski no tiene suerte. La víspera de nuestro encuentro yo había visitado la página web de la Alianza para la Biointegridad[1], una ONG con sede en Fairfield, Iowa. Dirigida por el abogado Steven Druker, la Alianza llevó a la FDA ante los tribunales por violación de la Food Drug and Cosmetic Act.[2] Un grupo de científicos, personalidades religiosas y consumidores, en colaboración con el Centro para la Seguridad Alimentaria (Center for Food Safety, una ONG creada en 1997)[3], presentó la denuncia en mayo de 1998 en el Tribunal Federal de Washington. Como era de esperar, la demanda se desestimó en 2000 porque la juez consideró que los demandantes no habían aportado la prueba de que la reglamentación de la FDA constituía una violación deliberada de la ley federal.[4]

A pesar de este fracaso judicial, la denuncia permitió obtener la desclasificación de unas 40.000 páginas de documentos internos de la FDA relativos a los OGM. Y lo menos que se puede decir es que esta mina de notas, correos y memorandos traza un cuadro poco brillante de la manera en que la agencia trató este delicado expediente en lo que concierne a su misión, que es, lo recuerdo, proteger la salud de los consumidores estadounidenses. En un documento fechado en enero de 1993 sus representantes reconocen, y además sin ambages, que conforme a la política gubernamental su objetivo fue «promover» la industria de la biotecnología en Estados Unidos.[5] Pero el colofón de esta masa de informaciones son las actas redactadas por los científicos de la casa, que se supone expresan su opinión sobre el borrador de reglamentación que se había sometido a su criterio. La Alianza para la Biointegridad tuvo la buena idea de colgar en la red[6] estos documentos, varios de los cuales se dirigen de la forma más natural al «coordinador de la biotecnología».

Así es como el 1 de noviembre de 1991 James Maryanski recibe un memorando redactado por la división de la química y la tecnología alimentarias. Este texto subraya «todos los efectos indeseables» que puede engendrar la técnica de manipulación genética, como un «nivel anormalmente elevado de sustancias tóxicas conocidas y que se producen naturalmente, la aparición de sustancias tóxicas no identificadas previamente, el aumento de la capacidad de acumular sustancias procedentes del entorno (como los pesticidas o los metales pesados), una alteración no deseable de los niveles de nutrientes».[7]

De igual modo, el 31 de enero de 1992 Samuel Shibko, del departamento toxicológico de la FDA, escribe: «No podemos asegurar que todos los productos transgénicos y, particularmente, aquellos que contienen genes procedentes de fuentes no alimentarias, serán digeribles. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos tipos de proteínas resisten a la digestión y pueden ser absorbidos bajo una forma biológicamente activa».[8]

Unos días después le toca dar la alarma al doctor Gerald Guest, director del Centro para la Medicina Veterinaria (CVM): «En respuesta a su pregunta concerniente a la manera en que la agencia debería regular las plantas alimentarias transgénicas, he concluido junto con otros científicos del CVM que científicamente está justificado exigir que estos productos sean sometidos a una evaluación antes de su salida al mercado. […] La FDA será confrontada a unos constituyentes vegetales que pueden ser preocupantes desde un punto de vista toxicológico y medioambiental».[9]

Por lo que se refiere al doctor Louis Pribyl, del grupo de microbiólogos de la FDA, barre de un manotazo el argumento esgrimido regularmente por los promotores de la biotecnología: «Existe una diferencia profunda entre el tipo de efectos inesperados provocados por el crecimiento tradicional [de las plantas] y aquellos engendrados por la biotecnología, algo que este documento parece ignorar. Algunos aspectos de la inserción genética […] pueden ser más peligrosos que la selección genética».[10]

Así, se podrían multiplicar los ejemplos que muestran que todos los departamentos de la FDA, sea cual sea su especialidad, expresan vivas inquietudes concernientes a las incógnitas sanitarias que, en su opinión, caracterizan el proceso de manipulación genética. Y que, contrariamente a lo que hoy afirma James Maryanski, no había consenso sobre la reglamentación de los OGM propuesta por la FDA, tampoco unos meses antes de su publicación. Además, le guste o no al ex «coordinador», él mismo reconoció esa falta de consenso en una carta enviada el 23 de octubre de 1991 al doctor Bill Murray, presidente del Consejo Canadiense de Alimentos: «Actualmente no hay consenso [en la FDA], en particular sobre la necesidad o no de llevar a cabo pruebas toxicológicas. […] Creo que es difícil de estimar el hecho de que ciertas sustancias tengan el potencial de causar reacciones alérgicas».[11]

Cuando me reúno con James Maryanski he decidido leerle un memorando que el 8 de enero de 1992 le envió la doctora Linda Kahl, compliance officer cuya misión era sintetizar las opiniones de sus colegas sobre el proyecto de la directiva. «El documento trata de forzar una conclusión definitiva según la cual no hay diferencia entre los alimentos modificados por manipulación genética y los modificados por las prácticas tradicionales de cruce», escribe la doctora. «Esto se explica por el objetivo de reglamentar el producto y no el proceso». Y la científica añade indicando que este objetivo se parece a una «doctrina»: «Los procesos de manipulación genética y de cruce tradicional son diferentes y, según los expertos de la agencia, llevan a riesgos diferentes»[12] (la cursiva es mía).

«¿Qué respondió usted a Linda Kahl?», pregunté a James Maryanski, cuya cara se descompuso desde que empecé a leerle el documento.

—Mi trabajo era consultar a todos los científicos… para que dieran su opinión sobre las cuestiones que teníamos que regular —balbucea—. No fui yo quien tomó la decisión final, sino el comisario de la FDA, el doctor David Kessler…

—Es verdad —digo—, pero la doctora Linda Kahl le planteaba a usted una pregunta muy precisa: «¿Pedimos a los expertos científicos que proporcionen la base de una reglamentación en ausencia de todo dato científico?» (la cursiva es mía). ¿Qué le respondió usted?

—Pues… Pero estábamos al principio del proceso de consulta…

—Me parece que no: Linda Kahl le escribió este memorando en enero de 1992, cuatro meses antes de la publicación de la directiva; no veo cómo la FDA habría podido obtener unos datos científicos en tan poco tiempo…

—Es verdad… Pero la directiva se concibió para guiar a la industria indicándole el tipo de pruebas que debía hacer…

EL «MITO DE LA REGLAMENTACIÓN»

Ya hemos llegado: como reconoce James Maryanski, el texto publicado en 1992 por la FDA no constituye en absoluto una «reglamentación», puesto que su primer objetivo es justificar por qué los OGM no serán, precisamente… regulados. Es una simple «directiva» que se supone orienta a las empresas y les proporciona una «asistencia» (guidance) en caso de necesidad. Además, esto se estipula claramente en la última sección del texto, que prevé un dispositivo de «consulta voluntaria» si las empresas lo desean: «Los fabricantes pueden consultar de manera informal a la FDA sobre cuestiones científicas o sobre la concepción de protocolos apropiados para las pruebas cuando la función de la proteína suscite inquietudes o sea desconocida, o cuando se sepa que la proteína es tóxica. La FDA determinará caso por caso si pone en marcha la disposición relativa a los aditivos alimentarios».[13]

Esto es lo que indigna a Joseph Mendelson, director jurídico del Centro para la Seguridad Alimentaria, a quien conozco en julio de 2006 en Washington: «De hecho», me explica, «la salud de los consumidores estadounidenses se somete a la buena voluntad de las empresas de biotecnología, que están habilitadas para decidir fuera de todo control gubernamental si sus productos OGM son seguros. ¡Esto es absolutamente inédito en la historia de Estados Unidos! La directiva está redactada para que la industria de la biotecnología pueda mantener el mito según el cual los OGM están regulados, lo que es completamente falso. Mientras tanto, el país se ha transformado en un inmenso laboratorio en el que desde hace diez años se han liberado productos potencialmente peligrosos sin que el consumidor tenga la posibilidad de elegir, puesto que en nombre del principio de equivalencia en sustancia está prohibido el etiquetado de los OGM, y sin que se haga ningún seguimiento».

En marzo de 2000, basándose en diferentes sondeos que indicaban que más del 80% de los estadounidenses prefería que se etiquetaran los productos transgénicos[14] y que el 60% los evitaría si tuviera opción[15], el Centro para la Seguridad Alimentaria hizo una «petición ciudadana» a la FDA para que revisara su política en materia de OGM de modo que éstos fueran evaluados obligatoriamente antes salir al mercado y etiquetados.[16] Ante el silencio de la agencia, el Centro para la Seguridad Alimentaria interpuso una demanda en la primavera de 2006. «No abandonaremos», me explica Joseph Mendelson, «tanto más cuanto que es evidente que el dispositivo de consulta voluntaria establecido por la FDA no funciona».

Y el abogado me enseña un estudio realizado por el doctor Douglas Gurian-Sherman, un ex científico de la FDA que trabajó en la evaluación de plantas transgénicas antes de incorporarse al Centro de la Ciencia para el Interés Público de Washington.[17] Logró hacerse con catorce expedientes de «consulta voluntaria» sometidos a la FDA por empresas de biotecnología entre 1994 y 2001 (de un total de cincuenta y tres), cinco de los cuales concernían a Monsanto. Constató que en seis de ellos la FDA había pedido a los fabricantes que les proporcionaran datos suplementarios para que la agencia pudiera evaluar completamente la seguridad de los productos. «En tres casos (es decir, uno de dos), la petición de la FDA o bien fue ignorada o fue directamente rechazada por la empresa», indica. Y de estos tres casos, dos concernían a maíces transgénicos de Monsanto, sobre todo al famoso MON 810, del que volveré a hablar más adelante. La compañía de Saint Louis nunca proporcionó a la FDA las informaciones complementarias que ésta le había solicitado para poder concluir que los maíces OGM eran efectivamente equivalentes en sustancia a sus homólogos convencionales. La agencia no pudo hacer nada porque, como recalca el doctor Gurian-Sherman, la directiva (y en ello radica toda la diferencia con una auténtica reglamentación) no le confiere «ninguna autoridad para exigir a los fabricantes que le proporcionen datos adicionales a menos que ella decida evaluar las plantas transgénicas bajo el régimen de aditivos alimentarios».

Una decisión que, como hemos visto, tomó una sola vez con relación al tomate Flavr Savr a petición de la empresa Calgene. Ahora bien, un documento desclasificado demuestra que esto no cambia demasiado las cosas y que a pesar de los resultados de las pruebas toxicológicas la agencia homologó el producto transgénico. En efecto, el 16 de junio de 1993 el doctor Fred Hines envió a la doctora Linda Kahl un memorando concerniente a las tres pruebas toxicológicas hechas en ratas alimentadas con tomates transgénicos durante veintiocho días. «En el segundo estudio se constataron lesiones importantes en el estómago de cuatro de las veinte hembras», afirmaba. «Pero el laboratorio concluyó que estas lesiones eran de naturaleza circunstancial. El informe del fabricante no proporcionó los criterios que permiten calificar de “circunstancial” una lesión».[18] Sin embargo, un año después la FDA daba su autorización al tomate de maduración ralentizada…

Además, Douglas Gurian-Sherman examinó los «resúmenes de datos» que las empresas proporcionaron a la FDA para su «consulta voluntaria» y constató que en tres casos de catorce contenían «errores burdos» que no fueron detectados por los científicos de la agencia durante su examen. Este punto es muy importante, porque pone de relieve la imperfección (por decir las cosas sobriamente) del proceso de homologación de los productos alimentarios o químicos, tal como se practica en todo el mundo: es muy raro que las empresas proporcionen los datos brutos de las pruebas que ellas han realizado; en general se contentan con elaborar un «resumen» que los examinadores a veces se limitan a mirar por encima… Ahora bien, como dice muy pedagógicamente el doctor Gurian-Sherman, «cuanto más sucintos y poco detallados son los datos, más es el fabricante quien determina a fin de cuentas si la planta es segura y, a la inversa, más depende la FDA del veredicto del fabricante»…

De la misma manera, el científico analizó la calidad de las pruebas dirigidas por los fabricantes y su balance no es menos inquietante: constató que regularmente se olvidaban algunos parámetros sanitarios fundamentales, como la toxicidad o el potencial alérgeno de las proteínas presentes en las plantas transgénicas.

Finalmente, Douglas Gurian-Sherman evoca un último punto un tanto técnico pero que, sin embargo, es de una importancia capital, porque aniquila la validez de prácticamente todas las pruebas toxicológicas que se han hecho sobre los OGM, especialmente los de Monsanto: en general, para medir la toxicidad y el potencial alérgico de las proteínas producidas en la planta por el gen insertado, las empresas no utilizan las proteínas tal como éstas se expresan en la planta manipulada, sino las que existen en la bacteria de origen, es decir, antes de que sea transferido el gen surgido de ésta. Oficialmente, si se procede así es porque es difícil sacar de una planta una cantidad suficiente de la proteína transgénica pura, lo que no es el caso de la bacteria, que puede producir tanta proteína como se quiera.

Para algunos científicos esta práctica bien podría representar una manipulación destinada a ocultar una realidad que una empresa como Monsanto siempre se ha esforzado en negar, a saber, que los genes insertados y, por consiguiente, las proteínas que ellos producen no son completamente idénticos a los genes y proteínas de origen, incluso que la inserción a ciegas provoca la aparición de proteínas desconocidas. Ahora bien, concluye el doctor Gurian-Sherman, si «las proteínas producidas por las bacterias no son idénticas a las proteínas transgénicas de la planta», entonces «los efectos sanitarios tampoco son los mismos»…

EL «DÚO INCONDICIONAL» MARYANSKI/TAYLOR

Aunque algunos científicos de la FDA expresaron su desacuerdo con el proyecto de reglamentación, ésta se publicó el 29 de mayo de 1992. Dos meses antes, concretamente el 20 de marzo de 1992, el comisario David Kessler escribió un memorando muy extraño a su ministro para pedirle insistentemente la autorización para publicar el texto en el Federal Register: «Las nuevas tecnologías proporcionan a los productores unas herramientas poderosas y precisas que les permiten introducir unas características mejoradas en las plantas alimentarias, lo que implicará progresos en los alimentos que beneficiarán tanto a los agricultores y a los industriales de la agroalimentación como a los consumidores. Las empresas están ahora preparadas para comercializar algunos de sus productos mejorados. Sin embargo, para ello necesitan saber cómo se van a regular estos productos. Esto es capital, no sólo para que estén informadas de la manera en que el gobierno va a ejercer su control, sino también para ayudarles a ganar la aceptación por parte de los consumidores de sus nuevos productos. […] Además, el grupo de trabajo sobre biotecnología del Consejo de la Competitividad quiere que la directiva se publique lo antes posible. […] El enfoque y las grandes líneas de la directiva […] responden al interés de la Casa Blanca de asegurar un desarrollo seguro y rápido de la biotecnología de Estados Unidos».

El memorando del comisario de la FDA acaba evocando una «posible controversia», alimentada por unos «grupos de defensa del medio ambiente», ente ellos el de Jeremy Rifkin, los cuales, dice, no dejarán de «criticar nuestra directiva porque deja demasiado poder de decisión en manos de la industria y no proporciona una información adecuada a los consumidores». Por último, se adjunta al memorando una copia del texto con dos indicaciones muy interesantes: «Borrador: J. Maryanski. Revisión: M. Taylor».

«Este documento es la prueba de que la directiva de la FDA sobre los OGM no se redactó para proteger la salud de los estadounidenses, sino para satisfacer un propósito estrictamente industrial y comercial», se enfurece Steven Druker, el abogado de la Alianza para la Biointegridad. «Para lograr su objetivo el gobierno estadounidense no dejó de mentir tanto a sus propios ciudadanos como al resto del mundo pretendiendo que el principio de equivalencia en sustancia estaba apoyado por un amplio consenso en el seno de la comunidad científica y que lo avalaban numerosos datos científicos: estas dos afirmaciones son mentiras flagrantes. Decidida al más alto nivel con la activa complicidad de Monsanto, esta vasta empresa de desinformación fue ejecutada por un dúo incondicional: James Maryanski y Michael Taylor».

—¿Cuál era el papel exacto de James Maryanski? —le pregunto un tanto trastornada por lo fuerte que es lo que acabo de oír.

—Su misión era propagar la buena nueva transgénica tanto en el seno de la agencia como en el exterior. Me crucé con él en varias ocasiones y nunca dejó de hablar con su lenguaje estereotipado, incluso ante los representantes políticos.

De hecho, aunque la demanda presentada por la Alianza para la Biointegridad suscita cierto revuelo, se invita a James Maryanski a testificar ante el Comité de Agricultura, Alimentos y Pesca del Senado el 7 de octubre de 1999. Tras explicar extensamente los fundamentos de la directiva de la FDA, concluye: «Señor presidente, la FDA toma muy en serio su misión de proteger a los consumidores de Estados Unidos y de asegurar que el sistema de aprovisionamiento de alimentos sea uno de los más seguros del mundo. […] Estamos convencidos de que nuestro enfoque es el apropiado. Nos permite garantizar la seguridad de los nuevos productos alimentarios y […] da a los fabricantes la posibilidad de producir productos de mejor calidad al tiempo que proporciona a los consumidores opciones complementarias».

«La otra misión de Maryanski era hacer que los miembros de la FDA se pusieran de acuerdo y, con el apoyo de Michael Taylor, callar las voces disidentes dentro de ella en caso de necesidad», continúa Steven Druker, que me enseña otro documento desclasificado y colgado en la red por su organización. Se trata de una carta dirigida el 7 de octubre de 1991 por el «coordinador de la biotecnología» al «comisario adjunto encargado de la reglamentación» en la que se puede leer: «Sugiero que considere la idea de discutir antes de fin de año con el doctor Guest del CVM sobre los objetivos que tiene usted concernientes a la elaboración de la reglamentación de los alimentos transgénicos. La mayoría de las plantas desarrolladas por la nueva tecnología se van a utilizar también como forraje para animales. […] Creo que el CVM apreciará poder escuchar su punto de vista».[19] Manifiestamente, Maryanski envía a Michael Taylor al frente para sofocar la revuelta que se está gestando en el Centro de Medicina Veterinaria, de la que se hará eco el director, Gerald Guest, en una nota que he citado antes. De este documento también se desprende que, efectivamente, es Michael Taylor, el ex abogado de Monsanto, quien determina los objetivos de la «reglamentación» que se está redactando en aquel momento.

«Michael Taylor era el hombre de Monsanto en el seno de la FDA, la cual, lo recuerdo, lo reclutó especialmente para dirigir la reglamentación de los OGM creando un puesto para ello», me explica Steven Druker. «Los documentos desclasificados revelan que se esforzó por vaciar la directiva de toda sustancia científica, lo que provocó un profundo descontento entre los agentes».

Durante mi larga conversación telefónica (grabada) con el ex vicepresidente de Monsanto (un cargo que ejerció tras haber cumplido su misión en la FDA), éste negó obstinadamente toda implicación directa en la elaboración de la directiva: «Es falso, yo no soy el autor de esa directiva», me asegura Michael Taylor. «Yo era el comisario adjunto, es decir, la persona que supervisaba el proceso, pero la directiva fue redactada por profesionales de la agencia… que se basaron en la ley… y en la ciencia…».

Cuando transmito estas palabras a Michael Hansen, el experto de la Unión de Consumidores, literalmente da un salto en la silla y toma un documento publicado en 1990 por el Consejo Internacional de los Alimentos y de la Biotecnología (IFBC). Este efímero organismo fue creado en 1988 por el Instituto Internacional de las Ciencias de la Vida (ILSI), bien conocido por todos los militantes del movimiento contra los OGM. Fundado en 1978 por algunas de las principales empresas de la industria agroalimentaria —la Fundación Heinz, Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Foods, Kraft (que pertenece a Philip Morris) y Procter&Gamble—, el ILSI se presenta como una «organización no gubernamental» que reúne a una «red internacional de científicos dedicados a hacer progresar los conocimientos científicos para los responsables de la salud pública», tal como lo proclama su página web.[20] Como revelará en 2003 el diario británico The Guardian[21], el organismo está muy bien introducido en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Food and Agriculture Organization (FAO), dos instituciones de la ONU ante las que presionó a favor de los OGM mediante un texto publicado en 1990 por el famoso Consejo Internacional de los Alimentos y de la Biotecnología. Y lo que acaba de tomar Michael Hansen con aire entendido entre sus manos es precisamente ese documento, que constituye una declaración de principios sobre la manera en que se debería regular los OGM titulada «Biotecnología y alimentación: para garantizar la seguridad de los alimentos producidos por manipulación genética».[22]

«Le recuerdo que Michael Taylor llegó a la FDA en julio de 1991», me explica. «Hasta entonces trabajaba en el bufete de abogados King y Spalding. Entre sus clientes no sólo estaba Monsanto, sino el IFBC, el Consejo Internacional de los Alimentos y de la Biotecnología. Escribió para el IFBC este documento que presentaba la manera en que a esta organización le gustaría que se regularan los OGM. Si compara esta propuesta de Michael Taylor para el IFBC con el texto publicado por la FDA se ve que son muy similares. Si él no es el autor de la directiva, entonces alguien tomó su documento modificándolo ligeramente antes de publicarlo». Además, el texto «anónimo» del IFBC que, curiosamente, es imposible de encontrar en internet, es la primera «referencia» citada por la directiva de la FDA en sus anexos.[23]

«Una vez más, es falso: no tengo nada que ver con todo esto porque yo no soy científico… Debería usted hablar con James Maryanski y con todos los que elaboraron la directiva», insiste por su parte Michael Taylor. Evidentemente, el ex número dos de la agencia no podía imaginar que yo iba a lograr entrevistar después a su colega «coordinador de la biotecnología», al cual le costó deshacerse de esta nueva patata caliente: «M. Taylor era entonces comisario adjunto y él es quien dirigía el proyecto… Él era el jefe… de la reglamentación, encargado de hacer que el proyecto llegara a su término», suelta a duras penas James Maryanski.

—¿Sabía usted que él había trabajado como abogado para Monsanto? —digo.

—Pues… Sí, creo que sí sabía que él había estado en… Monsanto —responde con un hermoso lapsus—. «Pero, bueno, es bastante frecuente que vengan personas de fuera y se las nombre comisario o comisario adjunto…

—¿Qué papel desempeñó Monsanto en el seno de la agencia?

—Pues… Monsanto era muy activa e incluso muy útil a la FDA… en el sentido de que la empresa nos ayudó a comprender lo que verdaderamente significaba la aplicación de la biotecnología a las plantas alimentarias… Me acuerdo de que hubo reuniones entre científicos de la empresa y científicos de la FDA… Hablaban de las modificaciones que provocarían sus trabajos y nos preguntaban cómo íbamos a regular sus productos…

EL CAMPEÓN DE LAS «PUERTAS GIRATORIAS»

«¿Cree usted que era un complot?». Cuando se la planteo en Fairfield (Iowa) en octubre de 2006, la pregunta hace reflexionar mucho a Jeffrey Smith, director del Instituto para una Tecnología Responsable (Institute for Responsible Technology) y autor de dos obras muy documentadas sobre los OGM que ya he citado.[24] Conozco la razón de este silencio porque suele estar presente en la mayoría de las entrevistas que he hecho a aquellos que osan denunciar las prácticas de la empresa de Saint Louis, rápida en blandir la amenaza de un proceso muy caro para hacer callar a los impertinentes. Jeffrey Smith lo sabe bien, él, que se ha visto obligado a costear la publicación de sus libros porque no encontraba un editor que estuviera dispuesto a hacer frente a Monsanto: aunque pierda los juicios, la empresa no duda en gastar millones de dólares, ya que lo esencial es dejar a sus oponentes sin un duro. Ésa es la razón por la que hay que sopesar cuidadosamente cada palabra antes de lanzarla a la arena pública —un principio que también me ha guiado en la redacción de este libro…

«La palabra “complot” es un poco fuerte», acaba por responderme Jeffrey Smith. Pero digamos que desde el punto de vista de la empresa era una toma de poder absolutamente sin fallos gracias a su don de gentes y a su capacidad de infiltración en todos los engranajes de decisión del país». Entre los factores de este «don de gentes» están las contribuciones financieras, perfectamente legales, de Monsanto a las campañas electorales de los grandes partidos. Según cifras proporcionadas por la Comisión Federal Electoral, en 1994 la empresa de Saint Louis entregó a demócratas (entonces en el poder) y republicanos 268.732 dólares repartidos casi por igual. En 1998 la suma ascendía a 198.955 dólares, más de una tercera parte de los cuales era para los republicanos. Dos años después, el partido de George W. Bush (hijo) recibía 953.660 dólares, frente a los 221.060 destinados al de Al Gore. Por último, en 2002, cuando la Casa Blanca lanzaba su cruzada contra el «terrorismo internacional», el partido republicano cobraba 1.211.908 dólares, frente a 322.028 que recibió el partido demócrata. Paralelamente, los gastos para ejercer presión del líder de los OGM ascendieron oficialmente a 21 millones de dólares entre 1998 y 2001, con un récord de 7.800.000 dólares en 2000, el año de la elección de George W. Bush.[a]

Más determinante sin duda que estos gastos «políticos» —al fin y al cabo relativamente modestos a escala estadounidense —es la «capacidad de infiltración» que ilustra un sistema bien experimentado, ya entrevisto con la hormona de crecimiento bovino: el de las revolving doors, del que «Monsanto es el campeón nacional», según Jeffrey Smith. «Tomemos la administración de George W. Bush», me explica citando una lista de varias páginas. «Se considera que cuatro ministros importantes son cercanos a Monsanto, ya sea porque han recibido subsidios de la empresa, ya sea porque han trabajado directamente para ella: John Ashcroft, el ministro de Justicia, fue patrocinado por Monsanto para su elección en el Estado de Missouri, lo mismo que Tommy Thompson, secretario de Sanidad (de la que depende la FDA); Ann Venneman, secretaria de Agricultura, dirigía Calgene, que pertenece a Monsanto; Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, era el presidente y director general de Searle, una filial de Monsanto; sin olvidar a Clarence Thomas, ¡que fue abogado de Monsanto antes de ser nombrado juez en el Tribunal Supremo!».

En la lista establecida por Jeffrey Smith y que se puede encontrar en parte en la web[25], se descubre que las «puertas» giran al menos en cuatro sentidos. En primer lugar desde la Casa Blanca hacia Monsanto. Así, Marcia Hale, ex asistente del presidente Bill Clinton y directora de asuntos intergubernamentales, fue nombrada en 1997 directora de asuntos gubernamentales internacionales de Monsanto Corporation; lo mismo le sucedió a su colega Josh King, ex director de producción de eventos de la Casa Blanca, que prosiguió su carrera como director de comunicación internacional en la oficina de la empresa en Washington; Michael Kantor, secretario de Estado de Comercio de 1996 a 1997, fue elegido inmediatamente después miembro del consejo de administración de la empresa, etc.

Segunda pasarela, la de los ex miembros del Congreso o sus colaboradores cercanos convertidos en lobbyistas de la sociedad, debidamente registrados como tales en organismos gubernamentales: es el caso de Toby Moffet, ex diputado demócrata convertido en un «estratega político» de Monsanto, de Ellen Boyle o de John Orlando, que trabajaban para los electos, reclutados después como lobbyistas, etc.

A continuación las puertas giran asiduamente desde las agencias de reglamentación hacia la empresa de Saint Louis: ya hemos visto que Linda Fisher había sido nombrada en 1995 vicepresidenta de Monsanto encargada de los asuntos gubernamentales tras haber trabajado como comisaria adjunta de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y que William Ruckelshaus, el ex director de la agencia desde mayo de 1983 a enero de 1985, había entrado después en el consejo de administración de la empresa; igualmente, Michael Friedman, ex número dos de la EPA, fue reclutado por Searle, la filial farmacéutica de Monsanto, etc.

Pero las puertas giran todavía más en el otro sentido, a saber, desde Monsanto hacia las agencias gubernamentales o las organizaciones intergubernamentales: recordemos que Margaret Miller había pasado en 1989 de los laboratorios de la empresa a la FDA, mientras que su colega Lidia Watrud entraba en la EPA; Virginia Meldon, ex responsable de las relaciones públicas de la empresa, fue reclutada por la administración Clinton; más recientemente, Rufus Yerxa, ex consejero jurídico de la empresa, fue nombrado en agosto de 2002 representante de Estados Unidos ante la OMC (Organización Mundial de Comercio), mientras que Martha Scott Poindexter fue nombrada en enero de 2005 miembro del Comité Senatorial de Agricultura, Alimentación y Bosques tras haber dirigido los asuntos gubernamentales de la oficina de Monsanto en Washington; sin olvidar a Robert Fraley, uno de los «descubridores» de la soja Roundup ready, convertido en vicepresidente de Monsanto y nombrado consejero técnico del Departamento de Agricultura (United States Department of Agriculture, USDA), etc.

DAN GLICKMAN: «SUFRÍ MUCHAS PRESIONES»

«¿Sabe usted? El sistema de las puertas giratorias no concierne sólo a la agricultura, existe en muchos otros dominios, como las finanzas o la sanidad…». Estas palabras no son las de un militante anti-OGM radical, sino las de Dan Glickman, que fue secretario de Estado de Agricultura de Bill Clinton desde marzo de 1995 a enero de 2001 y al que entrevisto el 17 de julio de 2006 en Washington. Conocido por haber sido un apóstol convencido de la biotecnología, el hombre es un viejo asiduo del USDA, porque antes de dirigirlo representó durante dieciocho años al Estado rural de Kansas en el Congreso, cuya Comisión Agrícola dirigió.

Cuando llega a esta secretaría estratégica, que entonces dispone de un presupuesto anual de 70.000 millones de dólares y tiene más de 100.000 empleados en todo el país, la gran casa ha evolucionado mucho desde que fuera creada en 1862 por el presidente Abraham Lincoln —el cual la apodaba el «departamento del pueblo» porque se suponía que estaba al servicio de los agricultores y de sus familias, esto es, del 50% de la población—. Cuarenta años después, sus (muchos) detractores la apodan el «departamento del agrobusiness» o «USDA Inc.», ya que se le reprocha que sirve a los intereses de los industriales que controlan la producción, la transformación y la distribución de los alimentos. «Los dirigentes vinculados a la industria ayudaron a desarrollar políticas que minan la misión reglamentaria del USDA en beneficio del interés exclusivo de un puñado de empresas económicas poderosas», escribió en 2004 Philip Mattera en un artículo titulado «USDA Inc.: cómo el agrobusiness desvió la política reglamentaria del USDA».[26]

Para ilustrar su demostración, el ex periodista económico, que entonces trabajaba para la organización Good Jobs First de Washington, ponía el ejemplo de la biotecnología, de la que el USDA se había convertido en uno de sus más ardientes promotores, según decía él. Inaugurada bajo el reinado del republicano George Bush (padre), esta orientación se continuó bajo la administración demócrata de Bill Clinton, cuyo director de campaña era Michael Kantor —que en 1996 se convertirá en su secretario de Estado de Comercio antes de entrar a formar parte del consejo de administración de Monsanto, como hemos visto antes—. En 1999 el intransigente secretario de Comercio se hizo célebre por sus comentarios poco afables y las amenazas que profirió contra sus socios europeos cuando éstos anunciaron su intención de etiquetar los productos OGM. Y en este terreno su mejor aliado se llamaba… Dan Glickman.

Presentado entonces por el St. Louis Post-Dispatch como «uno de los mayores campeones de la biotecnología que amonestan a los europeos reticentes para que no bloqueen el camino al progreso»[27], en efecto, el secretario de Agricultura de Clinton creía a pies juntillas en los beneficios de la manipulación genética: «Creo que la biotecnología presenta un enorme potencial para los consumidores, los agricultores y los millones de personas hambrientas y desnutridas de los países en vías de desarrollo», declaraba todavía en abril de 2000 en un discurso ante el Council for the Biotechnology Information.[28] Su entusiasmo le valió además vivir una experiencia que le traumatizó profundamente durante la Cumbre Mundial de la Alimentación que se celebró en noviembre de 1996 en Roma bajo la égida de la FAO. Cuando los gobernantes acababan de comprometerse a reducir a la mitad la cantidad de personas desnutridas desde aquel momento hasta 2015, el representante estadounidense ofreció una conferencia de prensa. Unos militantes de Greenpeace, que se habían hecho con acreditaciones de prensa falsas, se levantaron entonces, se desnudaron y exhibieron sus cuerpos desnudos recubiertos de consignas contra los OGM al tiempo que le bombardeaban con granos de soja Roundup ready…

Llegado a la secretaría de Agricultura justo después de la salida al mercado de la soja transgénica de Monsanto, Dan Glickman fue quien autorizó el cultivo de todos los OGM que vinieron después. Cuando lo conocí en julio de 2006 había cambiado completamente de actividad, puesto que en septiembre de 2004 había sido nombrado presidente y director general de la Motion Picture Association of America, que reúne a las seis principales empresas del cine de Hollywood, como la Buena Vista Pictures Distribution (Walt Disney) o la 20th Century Fox. Si traté de entrevistarlo era, por supuesto, debido a la función que había desempeñado durante la administración Clinton, pero también porque en un artículo publicado en Los Angeles Times del 1 de julio de 2001 había expresado un cierto arrepentimiento: «Quienes se encargaban de la reglamentación se consideraban los defensores de la biotecnología. La consideraban la ciencia que avanzaba y todos aquellos que no avanzaban eran considerados ludditas».[a]

—¿Por qué dijo usted eso? —le pregunté después de leerle esta cita.

—Cuando me convertí en secretario de Agricultura [en 1995] el ambiente que rodeaba la reglamentación estaba orientado fundamentalmente hacia la homologación de los cultivos transgénicos con el objetivo de facilitar la transferencia de tecnología a la agricultura del país, al tiempo que se impulsaba la exportación. Reinaba un consenso en lo agroalimentario y en el seno del gobierno de Estados Unidos: si uno no estaba ciegamente a favor del rápido desarrollo de la biotecnología y de los cultivos OGM, entonces se consideraba que estaba en contra de la ciencia y del progreso.

—¿Cree usted que la soja de Monsanto hubiera debido recibir más atención antes de su salida al mercado?

—Francamente, creo que se hubieran debido hacer más pruebas, pero las empresas agroindustriales no querían, porque habían hecho enormes inversiones para desarrollar estos productos. Y en tanto que responsable del servicio que regulaba la agricultura, sufrí muchas presiones para, digamos, no ser demasiado exigente… La única vez que osé hablar de ello durante el mandato de Clinton recibí una buena regañina, no sólo de la industria, sino también de la gente del gobierno. De hecho, pronuncié un discurso en el que dije que teníamos que estudiar más seriamente la reglamentación de los OGM. Y dentro del gobierno de Clinton, sobre todo en el dominio del comercio exterior, había personas que estaban enfadadas conmigo. Me dijeron: «¿Cómo puedes cuestionar nuestro sistema de reglamentación, tú que trabajas en la agricultura?».

Michael Kantor, el secretario de Estado de Comercio y futuro miembro del consejo de administración de Monsanto, sin duda no era ajeno a estas presiones. Es cierto que el discurso del que habla Glickman rompía hasta tal punto con la línea que había seguido hasta entonces que causó sorpresa. En un discurso ante el Club Nacional de Prensa de Washington pronunciado el 13 de julio de 1999 el secretario de Agricultura había empezado con un encendido homenaje a las «promesas de la biotecnología», hablando de «bananas» manipuladas para que «un día proporcionen vacunas a los niños de los países en vías de desarrollo» —indiquemos a este respecto que ocho años después se seguía esperando la salida al mercado de estos OGM mágicos anunciados desde los años ochenta (aparte de las plantas resistentes a los herbicidas o que producían insecticidas, no se había visto aparecer nada…).

«Sea lo que sea lo que nos promete la biotecnología, no es nada si no es aceptada», había continuado diciendo Dan Glickman antes de pronunciar las palabras que exasperaron a sus colegas del Comercio Exterior y, con toda seguridad, a Monsanto: «Es una cuestión de confianza: confianza en la ciencia que está detrás del proceso y muy particularmente confianza en el proceso de reglamentación que se debe […] mantener a distancia de toda entidad que tenga un interés particular en su resultado. A fin de cuentas, algunos observadores (entre los que me cuento) piensan que probablemente se llegará a una forma de etiquetado».[29]

Los términos son prudentes, pero son los que la prensa retendrá en los periódicos del día siguiente, mientras que la conclusión constituye una verdadera sorpresa inquietante para Monsanto: «La industria necesita ser guiada por un proyecto más amplio que no sea únicamente el beneficio. Las empresas deben continuar haciendo un seguimiento de sus productos después de su salida al mercado con el fin de medir el peligro potencial que representan para el medio ambiente y también deben hacer público y comprensible todo lo que descubran. […] No sabemos lo que nos tiene reservado la biotecnología, si es bueno o malo, pero vamos a hacer todo lo posible para asegurar que sirve a la sociedad y no lo contrario».

Hoy Dan Glickman asegura que no retiraría ni una sola palabra de su discurso de 1999: «El problema», dice, «es que el Congreso nunca se implicó realmente en este tema…».

—¿Por qué?

—En primer lugar porque es un tema difícil: el cuerpo legislativo, la mayoría de cuyos representantes tanto en Europa como en Estados Unidos no son científicos, evita todo tema técnico y complicado…

CIENTÍFICOS BAJO INFLUENCIA

El argumento puede parecer pobre. Pero estoy convencida de que explica en parte el desinterés de los políticos por los desafíos que representa la biotecnología. Por mi parte debo decir que he necesitado meses de trabajo intenso antes de poder pretender que me he forjado una opinión razonable y razonada sobre la manipulación genética. Incluso diría que si Monsanto ha podido imponer sus productos con tanta facilidad es precisamente porque supo aprovecharse del hecho de que era un «tema complicado» que sólo los científicos parecían poder dominar. La empresa comprendió que para asegurar su influencia tenía que controlar a los científicos que opinaban sobre esta cuestión y actuar de modo que opinaran en los lugares adecuados como, por ejemplo, en el marco de foros internacionales apadrinados por las organizaciones de la ONU o en las revistas y universidades de renombre. Y debo admitir que alcanzó muy eficazmente su objetivo.

Una prueba: un documento interno de Monsanto clasificado de «confidencial» y que llegó misteriosamente (con toda seguridad gracias a un lanzador de alerta) a la oficina de GeneWatch, una asociación británica que, como su nombre indica, sigue muy de cerca el expediente de los OGM.[30] Este «informe mensual» de diez páginas hecho público el 6 de septiembre de 2000 desgrana la actividad de la célula de la empresa llamada «Asuntos reglamentarios y desafíos científicos» (Regulatory Affairs and Scientific Outreach) únicamente durante los meses de mayo y junio de ese mismo año. «Este documento demuestra cómo Monsanto trata de manipular la reglamentación de los alimentos transgénicos en todo el mundo para favorecer sus intereses», explica en un comunicado de prensa la doctora Sue Mayer, directora de GeneWatch. «Aparentemente tratan de comprar la influencia de individuos clave, de infiltrar en los comités a expertos que les apoyan y de subvertir la agenda científica».

En efecto, en el documento se descubre que se felicita a la «célula» por su «eficacia en asegurar que se ha nombrado a expertos científicos clave reconocidos a nivel internacional para la consulta organizada por la FAO y la OMS en Ginebra el mes pasado. El informe final ha sido muy favorable a la biotecnología vegetal, dándole su apoyo incluso con relación al papel crucial que desempeña la equivalencia en sustancia en las evaluaciones de la seguridad alimentaria. […] Se ha proporcionado a expertos médicos clave y a estudiantes de Harvard informaciones sobre las ventajas y la seguridad de la biotecnología vegetal. […] El doctor John Thomas (profesor emérito de la escuela médica de la Universidad de Texas en San Antonio) ha redactado un editorial que se publicará en un diario médico como el primero de una serie planificada para impresionar a los médicos. […] Se ha celebrado una reunión con el profesor David Khayat, un especialista en cáncer de fama internacional, para que colabore en un artículo que demuestre la ausencia de relación entre los alimentos transgénicos y el cáncer. […] Los representantes de Monsanto han conseguido que el comité del Codex [alimentarius] rechace el examen de dos propuestas de etiquetado. Etc.».

Entre los científicos que generosamente prestaron su colaboración a las iniciativas de la célula el informe cita también al español Domingo Chamorro, a los franceses Gérard Pascal (INRA) y Claudine Junien (INSERM) o al Premio Nobel Jean Daucet, que participaron en el «Foro de las biotecnologías» (en francés en el texto) «organizado» por la «célula».

Leyendo este documento se comprende mejor cómo desde 1990 la OMS y la FAO organizaron una «consulta» (similar a la descrita en el informe) en Ginebra del 5 al 10 de noviembre. Con el título de «Estrategias para evaluar la seguridad de los alimentos producidos por la biotecnología», reunió tanto a representantes de las autoridades sanitarias como a «expertos», entre ellos James Maryanski, que se aseguró su secretaría.[a] Y, curiosamente, aunque todavía no había visto la luz ningún OGM, esta «consulta» condujo a este diagnóstico perentorio: «El ADN de todos los organismos vivos es estructuralmente similar. Por esa razón la presencia en un producto de ADN transferido no plantea en sí ningún riesgo para los consumidores». En un anexo se citaba como «referencia» el artículo sobre la hormona transgénica de crecimiento publicado poco antes en Nature por científicos de Monsanto y que, lo recuerdo, había sido muy controvertido…[31]

A partir de entonces se ve muy claramente que la empresa de Saint Louis desempeña un papel capital para imponer a nivel internacional y al margen de todo dato científico el principio de «equivalencia en sustancia». Así, éste aparece desde 1993 en un texto de la Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) titulado «Evaluación de la seguridad de los alimentos derivados de la biotecnología moderna: conceptos y principios». Este documento de setenta y una páginas empieza haciendo una larga demostración para establecer que la «biotecnología» existe desde que el hombre aprendió a seleccionar las plantas y, por consiguiente, que las técnicas de manipulación genética no constituyen más que una prolongación «moderna» de unos conocimientos y una experiencia ancestrales. A partir de ahí, el «enfoque más práctico» para «determinar la seguridad de los alimentos desarrollados por la aplicación de la biotecnología moderna es evaluar si son equivalentes en sustancia a los alimentos convencionales análogos, si éstos existen». Para avalar este nuevo concepto caído del cielo el informe se basa en el ejemplo de OGM como el tomate de maduración ralentizada de Calgene (que, como hemos visto, será retirado del mercado) o el tomate resistente al Roundup de Monsanto (que se quedó en la fase experimental…).

Entre los autores de este texto fundador encontramos al eterno James Maryanski, así como a un representante del Consejo de la Competitividad creado por George Bush. Por último, el documento proporciona en un anexo una lista de diez publicaciones que se pueden consultar, entre ellas una del International Life Science Institute (ILSI, creado, lo recuerdo, por industriales de lo agroalimentario), el famoso documento del International Food Biotechnology Council (IFBC), redactado sobre todo por Michael Taylor, y el informe de la «consulta» organizada en 1990 por la OMS y la FAO… A semejanza de otros documentos citados como «referencias», ninguna de estas «publicaciones» concierne a estudios científicos realizados para evaluar la inocuidad de los OGM, por una razón muy simple: en aquel momento no existe ninguno…

Un año después le corresponde a la OMS tomar el relevo de esta operación de propaganda realizada con rapidez y eficacia: entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 1994 la organización de la ONU apadrina un workshop, un taller de trabajo, bajo un título nada ambiguo: «Aplicación del principio de equivalencia en sustancia para la evaluación de la seguridad de los alimentos o componentes alimentarios surgidos de plantas derivadas de la nueva biotecnología». Esta vez el famoso «principio de equivalencia en sustancia» destaca con toda claridad, aunque siga sin haber nada nuevo bajo el sol de la ciencia. Y para demostrar que todo ello es muy serio, los participantes en el taller, entre ellos un tal doctor Roy Fuchs de… «Monsanto Company», recuerdan que «el enfoque comparativo lo propusieron en primer lugar la OMS y la FAO y después lo desarrolló la OCDE»…

El círculo se cierra definitivamente dos años después, cuando la FAO y la OMS (dos organismos de la ONU, ni más ni menos) insisten organizando una segunda consulta conjunta del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1996 (en la que volvemos a encontrar a James Maryanski y a Roy Fuchs). Hay que decir que el momento es crucial: los primeros cargamentos de soja Roundup ready van ya camino de Europa. El informe final, que, curiosamente, no está disponible en la red, pero del que he conseguido hacerme con una copia, se cita regularmente como el texto internacional de referencia del principio de equivalencia en sustancia. En él se puede leer especialmente esta información extremadamente científica: «Cuando se establece la equivalencia en sustancia para un organismo o un producto alimentario, el alimento es considerado tan seguro como su homólogo convencional y no es necesaria ninguna otra evaluación. […] Cuando no se establece la equivalencia en sustancia esto no significa obligatoriamente que el producto alimentario no sea seguro y no es necesario exigir unas pruebas sanitarias exhaustivas…».

UN ESTUDIO EN TELA DE JUICIO

Como recalcará en 1999 Erik Millstone, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Sussex, «nunca se ha definido verdaderamente el concepto de equivalencia en sustancia: el grado de diferencia entre un elemento natural y su alternativa transgénica requerido para que la “sustancia” deje de ser considerada suficientemente “equivalente” no se define en ninguna parte, de la misma manera que los legisladores nunca han aprobado ninguna definición exacta. Es justamente esta imprecisión la que hace el concepto útil para la industria, pero inaceptable para el consumidor. Además, la dependencia que los responsables políticos tienen del concepto de equivalencia en sustancia actúa como una barrera que hace imposible cualquier investigación sobre los posibles riesgos del consumo de alimentos transgénicos».[32]

La empresa de Saint Louis usa y abusa del famoso concepto, cuya historia no duda en reescribir para justificar la inocuidad de sus OGM recurriendo al imprimátur de los organismos de la ONU, lo que, por supuesto, era el objetivo de la maniobra que acabo de describir: «Un principio de base en la reglamentación de los alimentos y forrajes surgidos de la biotecnología es el concepto llamado de “equivalencia en sustancia”», explica así un documento publicitario para la soja Roundup ready de abril de 1998 destinado a los agricultores. «Fue establecido a principios de los años noventa por la Food and Agriculture Organization, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos» (la cursiva es mía). Imparable, este argumento se esgrime regularmente en los documentos oficiales de la empresa, que, en general, añade un segundo que se supone aporta un aval científico al primero: «Para establecer la “equivalencia en sustancia” la composición de la soja Roundup ready se ha comparado con la de las variedades convencionales. […] En total se han llevado a cabo más de 1.800 análisis independientes y han demostrado de manera muy clara que la composición de la soja Roundup ready es equivalente a la de otros granos de soja presentes en el mercado. […] Además, estudios toxicológicos realizados en un muy amplio espectro zoológico (pollos, vacas lecheras, siluros y ratas) demuestran la equivalencia nutricional de la soja Roundup ready».

Entramos aquí en la última fase del «plan de acción» elaborado, como hemos visto, un día de octubre de 1986 (véase el capítulo anterior). Consciente de que no debe haber fallo alguno en el lanzamiento de la soja Roundup ready porque traza el camino de todos los OGM que vendrán a continuación, la empresa de Saint Louis decide recurrir al mecanismo de la «consulta voluntaria» prevista por la directiva de la FDA. Así es como se le encargó al doctor Roy Fuchs, el director científico de Monsanto que asistía asiduamente a los workshops de la ONU, concebir dos estudios con el objetivo de aportar la prueba científica de que el principio de equivalencia en sustancia está bien fundamentado (lo que confirma que los textos de la FAO, la OMS y la OCDE eran puramente teóricos y no se basaban en ningún dato científico…).

La finalidad del primero era comparar la composición orgánica de la soja Roundup ready con la de la soja no transgénica midiendo sobre todo las tasas de proteínas, grasa, fibras, hidratos de carbono e isoflavonas presentes en los dos tipos de granos, es decir, todos los constituyentes ya conocidos de la oleaginosa. En otras palabras, no se trató de saber si la soja transgénica contenía en su estructura molecular sustancias desconocidas o (ligeramente) transformadas debidas a los efectos de la manipulación genética. Supervisado por Stephen Padgette, el estudio se publicó finalmente en 1996 en The Journal of Nutrition, una revista científica de referencia, y sus resultados no ofrecen sorpresa alguna: «La composición de los granos de soja resistente al glifosato es equivalente a la de los granos de soja convencional», anuncia su título.[33]

Pero este estudio está lejos de contar con una aprobación unánime, especialmente porque sus autores «omitieron» incluir en él cierta cantidad de datos, tal como descubrió Marc Lappé, un reputado toxicólogo fundador del CETOS (Center for Ethics and Toxics) de Gualala (California). «¿Qué muestran los datos omitidos?», se pregunta en 2001 en Los Angeles Times. «En primer lugar, un nivel significativamente más bajo de proteína y de un ácido graso en los granos de soja Roundup ready. Después, un nivel significativamente más bajo de fenilalanina, un aminoácido esencial que potencialmente puede afectar al nivel de los principales fitoestrógenos vinculados a la producción de estrógenos, para la que con frecuencia se prescriben y consumen los derivados de soja. A continuación, tras la cocción, unos niveles más altos del inhibidor de la tripsina, un alérgeno conocido, en los granos de soja Roundup ready que en el grupo control».[34]

Sin duda estos datos técnicos son un tanto pesados para el neófito, pero si me tomo la molestia de traducirlos es precisamente para recalcar que en materia de seguridad alimentaria no podemos contentarnos con el grosso modo que implica el principio de equivalencia en sustancia. En otras palabras: o bien los granos de soja son estrictamente similares a sus homólogos convencionales o bien no lo son. Y si no lo son, ¿en qué se diferencian, y qué consecuencias sanitarias puede tener esto?

Precisamente para saberlo a ciencia cierta Marc Lappé (fallecido en 2005) y su colega Britt Bailey decidieron repetir la experiencia realizada por Stephen Padgette. «Para nuestro estudio», me explica Britt Bailey, a la que conocí en San Francisco en octubre de 2006, «plantamos granos de soja Roundup ready, así como granos procedentes de linajes convencionales de origen, con la única diferencia de la presencia del gen Roundup ready en los granos de Monsanto. Preciso que los cultivamos en suelos estrictamente idénticos, con las mismas condiciones climáticas para ambos grupos. Los brotes de soja transgénica fueron rociados con Roundup, respetando las recomendaciones de Monsanto. Al final de la estación recolectamos los granos surgidos de ambos grupos y comparamos su composición orgánica».

—¿Cuáles fueron los resultados?

—Nuestros análisis demostraron que existían unas diferencias importantes entre la soja Roundup ready y la soja convencional y, sobre todo, un nivel de isoflavonas y, por lo tanto, de fitoestrógenos entre un 12% y un 14% menos elevado, lo que prueba claramente que la composición de la soja Roundup ready no es equivalente a la soja convencional. Enviamos nuestros datos a la FDA, pero nunca nos respondió…

—¿Cómo reaccionó Monsanto?

—Propusimos nuestro estudio al Journal of Medical Food, que entonces lo sometió a los revisores. Fue aceptado y se fijó su publicación para el 1 de julio de 1999.[35] Curiosamente, a pesar de que, como es costumbre, el artículo continuaba bajo embargo, una semana antes de su publicación la Asociación Estadounidense de la Soja (American Soybean Association, ASA), conocida por sus vínculos con Monsanto, publicó un comunicado de prensa afirmando que nuestro estudio no era riguroso. Nunca supimos de donde procedía la filtración…

Encontré el comunicado de la asociación (a cuyo vicepresidente pronto iba a conocer) en la página web británica de… Monsanto, que presenta ¡una versión francesa de éste!: «El ASA tiene fe en los análisis de la soja Roundup ready realizados por los servicios de tutela en Estados Unidos y en el mundo, y en los estudios científicos que los avalan y que demuestran que existe una equivalencia entre la soja Roundup ready y la soja clásica…», se afirma en un lenguaje estereotipado que hace chirriar un tanto la lengua de Voltaire…[36]

«¿Cómo explica usted que Monsanto haya concluido que ambas sojas eran equivalentes?», pregunté a Britt Bailey.

—Creo que el fallo principal de su estudio es que no rociaron los granos con Roundup, lo que invalida completamente todo el estudio, porque la soja Roundup ready está hecha para ser rociada con herbicida.

—¿Cómo lo sabe?

—¡Gracias a un despiste del servicio jurídico de Monsanto!

Y Britt Bailey me muestra una carta dirigida por Tom Carrato, uno de los abogados de Monsanto, a Vital Health Publishing, un editor que entonces estaba a punto de publicar un libro que Britt Bailey había escrito con Marc Lappé sobre los OGM. Una vez más, esta carta fechada el 26 de marzo de 1998 dice mucho sobre las prácticas de la empresa. Tras haber explicado que había sido informado de la inminencia de la publicación por un artículo del Winter Coast Magazine, el abogado afirma con una desconcertante seguridad: «Los autores del libro pretenden que el Roundup es tóxico. ¿Qué quieren decir con “tóxico”? Todo el mundo sabe que una sustancia, sea sintética o natural, puede ser tóxica a ciertas dosis. Cualquiera que haya bebido varias tazas de café u observado a una persona beber alcohol sabe que todo es cuestión de dosis y de un umbral que no se debe traspasar. […] Estos errores deben ser corregidos antes de su publicación porque […] denigran y difaman potencialmente el producto». Un poco más abajo Tom Carrato defiende el estudio realizado por Stephen Padgette y, en efecto, hace una buena confesión: «Las pruebas realizadas sobre la soja Roundup ready no pulverizada [la cursiva es mía] no muestran ninguna diferencia en los niveles de estrógenos. Los resultados fueron publicados en un artículo del Journal of Nutrition de enero de 1996 revisado por científicos…».

«En todo caso, la carta fue eficaz», suspira Britt Bailey, «porque nuestro editor renunció a publicar nuestro libro y tuvimos que buscar otro…».[37]

—¿Sabe usted si los residuos de Roundup que se encuentran indefectiblemente en la soja transgénica han sido evaluados desde un punto de vista sanitario?

—¡Nunca! Al escribir nuestro libro descubrimos que en 1987 el nivel de residuos de glifosato autorizado en los granos de soja era de 6 ppm. Y después, extrañamente, en 1995, un año antes de la salida al mercado de la soja Roundup ready, el nivel permitido por la FDA pasó a 20 ppm. Hablé con Phil Errico, el director del departamento de glifosato de la FDA, y me dijo: «Monsanto nos proporcionó estudios que demostraban que 20 ppm no planteaban riesgos para la salud y se cambió el nivel autorizado». ¡Bienvenida a Estados Unidos!

Para ser honesta, Europa no es mucho mejor: según una información publicada por Pesticides News en septiembre de 1999, en respuesta a la importación de la soja transgénica estadounidense, la Comisión Europea multiplicó por doscientos la tasa de residuos de glifosato autorizada, aumentándola de 0,1 a 20 mg/kg…

«ES CIENCIA MALA»

«No es a Monsanto a quien le corresponde garantizar la seguridad de los alimentos transgénicos», declaró en octubre de 1998 Phil Angell, director de comunicación de la multinacional. «Nuestro interés es vender lo más posible. Garantizar su seguridad es el trabajo de la FDA».[38] La cita ni siquiera hace sonreír a James Maryanski, que asegura que come soja transgénica todos los días «porque en Estados Unidos el 70% de los alimentos disponibles en las tiendas contienen OGM. La FDA tiene confianza en que esta soja presenta la misma seguridad alimentaria que las demás variedades», me asegura durante nuestra entrevista en julio de 2006.

—¿Cómo puede la FDA estar segura de ello?

—Se basa en los datos que la compañía proporcionó a la FDA y que fueron evaluados por los científicos de la agencia. Y a una empresa no le interesa llevar a cabo un estudio para a continuación ocultar sus resultados —me responde el ex «coordinador de la biotecnología» de la FDA.

Nos gustaría mucho compartir el optimismo de James Maryanski. Pero para ser sincera, cabe todo tipo de dudas. En cualquier caso, ésa fue la impresión que tuve tras mi larga entrevista con el profesor Ian Pryme, a quien conocí en su laboratorio del departamento de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Bergen, en Noruega. En 2003 este científico de origen británico y un colega danés, el profesor, Rolf Lembcke (hoy fallecido), tuvieron la buena idea de analizar los (raros) estudios toxicológicos realizados sobre los alimentos transgénicos.[39] Entre ellos estaba el segundo estudio publicado en 1996 por los investigadores de Monsanto, que esta vez tenía el objetivo de evaluar la posible toxicidad de la soja Roundup ready.[40]

«Nos sorprendió mucho descubrir que sólo había diez estudios inventariados en las publicaciones científicas», me explica Ian Pryme. «Teniendo en cuenta lo que está en juego, es realmente muy poco».

—¿Cómo se lo explica?

—En primer lugar hay que saber que es muy difícil conseguir muestras de materiales transgénicos, porque las empresas controlan el acceso a ellas. Exigen una descripción detallada del proyecto de investigación y son muy reticentes a proporcionar sus OGM a científicos independientes para que hagan pruebas con ellos. Cuando se insiste, evocan el «secreto comercial». Además, es muy difícil obtener financiación para realizar estudios sobre los efectos a largo plazo de los alimentos transgénicos. Junto con otros colegas procedentes de seis países europeos pedimos fondos a la Unión Europea, que los denegó con el pretexto de que las compañías ya habían hecho ellas mismas este tipo de estudios…

—¿Qué decir del estudio dirigido por Monsanto sobre ratas, pollos, siluros y vacas lecheras?

—Es muy importante, porque ha servido de base al principio de equivalencia en sustancia y explica en parte la ausencia de estudios complementarios. Pero debo decir que desde el punto de vista científico es muy decepcionante. Si me hubieran pedido que lo revisara antes de publicarlo, habría rechazado el estudio, porque los datos suministrados son demasiado insuficientes. Incluso diría que es ciencia mala…

—¿Intentaron ustedes conseguir los datos brutos del estudio?

—Sí, pero desgraciadamente Monsanto se negó a comunicarlos alegando que les amparaba el secreto comercial… Era la primera vez que yo oía semejante argumento en relación con los datos de una investigación… Normalmente, en cuanto se publica un estudio cualquier investigador puede pedir consultar los datos brutos para repetir la experiencia y contribuir al progreso científico. La negativa de Monsanto da indefectiblemente la impresión de que la empresa tiene algo que ocultar: o bien que los resultados no son suficientemente convincentes, o que son malos, o que la metodología y el protocolo utilizados no son suficientes para resistir a un análisis científico riguroso. Así pues, para hacer nuestro estudio tuvimos que contentarnos con el resumen proporcionado por la empresa a las agencias de reglamentación. Y hay cosas muy inquietantes.

»Por ejemplo, los autores escriben a propósito del estudio sobre las ratas: «Aparte de su color marrón oscuro, los hígados parecen normales durante la necropsia. […] No se considera que este color tenga relación con la modificación genética». ¿Cómo pueden pretender eso sin hacer secciones de los hígados y observarlas al microscopio para estar seguros de que este color marrón oscuro es normal? Manifiestamente, se contentaron con una evaluación ocular de los órganos, lo cual no es una manera científica de realizar un estudio post mortem. Del mismo modo, los autores indican que «se han pesado los hígados, los testículos y los riñones» y que «se han observado varias diferencias», pero que no «se consideró que tuvieran relación con la manipulación genética»… Una vez más, ¿cómo pueden afirmar eso? Manifiestamente, no analizaron ni los intestinos ni los estómagos, lo que constituye una falta muy grave en un estudio toxicológico. También dicen que se tomaron muestras de cuarenta tejidos, pero ¡no se sabe de cuáles! Por otra parte, yo sólo conozco veintitrés tejidos inventariados, como la piel, los huesos, el bazo, el tiroides… ¿Cuáles son los otros?

»Además, las ratas utilizadas para la experiencia tenían ocho semanas, ¡eran demasiado viejas! Por norma general, para un estudio toxicológico se utilizan cobayas jóvenes para ver si la sustancia que se está probando tiene un impacto en el desarrollo de su organismo, que está en pleno crecimiento. El mejor medio de ocultar posibles efectos nocivos es utilizar cobayas viejas, tanto más cuanto que, a pesar de las anomalías constatadas, el estudio sólo duró veintiocho días, que no son suficientes… El último parágrafo del texto resume bien la impresión general: «Los estudios toxicológicos proporcionan una cierta seguridad de que no se ha producido ningún cambio importante con la soja modificada genéticamente…». ¡Yo no quiero una «cierta seguridad», sino una seguridad al 100%! De hecho, cuando se sabe que este estudio justificó la introducción de los OGM en la cadena alimentaria uno no puede menos que inquietarse… Pero ¿qué hacer? Mire lo que le ocurrió hace poco a mi colega Manuela Malatesta…

EL MIEDO A MONSANTO

Conocí a Manuela Malatesta el 17 de noviembre de 2006 en la Universidad de Pavía, en Italia. Estaba todavía traumatizada por la experiencia que acababa de vivir y que le había obligado a abandonar la Universidad de Urbino, en la que había trabajado durante diez años. «Todo ello a causa de un estudio sobre los efectos de la soja transgénica»[41], me dice con un suspiro. En efecto, la joven investigadora hizo lo que nadie había hecho: repetir el estudio toxicológico dirigido por Monsanto en 1996. Junto con su equipo, alimentó a un grupo de ratas con una dieta habitual (grupo control) y a otro grupo con la misma dieta, a la que había añadido soja Roundup ready (grupo experimental). Se hizo un seguimiento de las ratas desde su destete hasta su muerte (dos años después de media). «Estudiamos los órganos de las ratas con el microscopio electrónico», me explica Manuela Malatesta, «y constatamos diferencias sistemáticamente significativas, sobre todo en los núcleos de las células del hígado de las ratas alimentadas con soja transgénica. Todo parece indicar que los hígados tenían una actividad fisiológica más elevada. Encontramos modificaciones similares en las células del páncreas y de los testículos».

—¿Cómo explican estas diferencias?

—Nos hubiera gustado continuar con estos estudios preliminares, pero por desgracia no pudimos, porque se acabó la financiación… Por lo tanto, sólo tenemos hipótesis: las diferencias se pueden deber a la composición de la soja o a los residuos del Roundup. Preciso que las diferencias que constatamos no son lesiones, pero la cuestión es saber qué papel biológico pueden tener a largo plazo y para ello habría que hacer otro estudio…

—¿Por qué no lo hacen?

—¡Ah! —murmura Manuela Malatesta midiendo sus palabras—. Actualmente la investigación sobre los OGM es un tema tabú… No se encuentra dinero para ello. Hicimos todo lo posible para encontrar un complemento de financiación, pero nos respondieron que como en las publicaciones científicas no hay datos que prueban que los OGM provocan problemas, era totalmente inútil trabajar en ello. No se quiere encontrar respuestas a las preguntas molestas… Es el resultado del miedo difuso que hay a Monsanto y a los OGM en general… Por otra parte, cuando hablé a algunos de mis colegas de los resultados del estudio, me desaconsejaron tajantemente que lo publicara y tenían razón, porque lo he perdido todo, mi laboratorio, mi equipo… He tenido que volver a empezar desde cero en otra universidad, gracias a un colega que me apoyó…

—¿Le preocupan los OGM?

—¡Hoy, sí! Y, sin embargo, al principio yo estaba persuadida de que no planteaban problema, pero ahora los secretos, las presiones y el miedo que los rodean me hacen dudar…

Un sentimiento que, como veremos, comparten otros científicos como el «disidente» Arpad Pusztai, víctima de la telaraña tejida por Monsanto por todo el mundo…

9

1995-1999: MONSANTO TEJE SU TELARAÑA

«Están ustedes asistiendo no sólo a una consolidación de las empresas semilleras, sino también a una consolidación de toda la cadena alimentaria».

Robert Fraley, copresidente de la división agrícola de Monsanto (Farm Journal, octubre de 1996).

«Como científico que trabaja activamente en este dominio considero que no es justo tomar a los ciudadanos británicos por cobayas». Estas pocas palabras referidas a los OGM y difundidas el 10 de agosto de 1998 en el programa World in action de la BBC arruinaron la carrera de Arpad Pusztai, un bioquímico de renombre internacional que trabajó durante treinta años (de 1968 a 1998) en el Rowett Research Institute de Aberdeen (Escocia). «Creo que ellos nunca me perdonarán haber dicho eso», me explica con una sonrisa maliciosa que ilumina su rostro (casi) octogenario cuando lo conozco en su domicilio el 21 de noviembre de 2006.

—¿Quiénes son «ellos»? —le pregunto oliéndome la respuesta.

—Monsanto y todos aquellos que en Gran Bretaña apoyan ciegamente la biotecnología —me responde el doctor Pusztai—. Nunca hubiera pensado que yo podría ser víctima de prácticas que recuerdan a las utilizadas por los regímenes comunistas contra sus disidentes.

LAS PATATAS MALDITAS

Hijo de un húngaro resistente a la ocupación nazi, Arpad Pusztai nació en Budapest en 1930. En 1956, cuando los tanques soviéticos avanzaban hacia la capital húngara, huyó a Austria, donde le concedieron el estatuto de refugiado político. Licenciado en química, obtuvo una beca de la Fundación Ford, la cual le propone estudiar en el país que quiera. Elige Gran Bretaña, que para él representa «el país de la libertad y de la tolerancia». Tras obtener un doctorado de bioquímica en la Universidad de Londres es contratado por el prestigioso Instituto Rowett, considerado el mejor laboratorio europeo de nutrición. El investigador se especializa en las lectinas, esas proteínas presentes de forma natural en algunas plantas, que tienen una función insecticida y protegen a éstas contra los ataques del pulgón. Si bien algunas lectinas son tóxicas, otras son inofensivas para el hombre y para los mamíferos, como la lectina procedente del narciso de las nieves, llamada «GNA», a la que Arpad Pusztai consagró seis años de su vida.[a] La pericia del bioquímico es tan reputada que, a pesar de haber llegado a la edad de su jubilación, en 1995 el Instituto Rowett le propone prolongar su contrato para que pueda dirigir un programa de investigación financiado por el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca escocés.

Dotado con 1.600.000 libras (más de dos millones de euros), este sustancioso contrato que moviliza a unos treinta investigadores tiene el objetivo de evaluar el impacto de los OGM en la salud humana. «Todos estábamos muy entusiasmados», me explica Arpad Pusztai, «porque entonces no se había publicado ningún estudio científico sobre este tema, aunque en Estados Unidos se acababa de sembrar el primer cultivo de soja transgénica. El ministerio pensaba que nuestro estudio constituiría un apoyo a favor de los OGM en el momento de su llegada a los mercados británico y europeo. Porque, por supuesto, nadie se imaginaba (empezando por mí, que era un ardiente partidario de la biotecnología) que íbamos a encontrarnos con problemas». El entusiasmo del científico es tal que cuando en 1996 se publica en The Journal of Nutrition el estudio toxicológico de Monsanto sobre la soja Roundup ready él considera que, efectivamente, es «una ciencia muy mala», pero que por eso su equipo y él lo van a hacer mejor: «Me decía que si con un estudio científico digno de ese nombre podíamos demostrar que los OGM eran realmente inofensivos, entonces seríamos unos héroes», me cuenta.

De acuerdo con el ministerio, el Instituto Rowett decide trabajar con patatas transgénicas, que sus investigadores ya han desarrollado con éxito, insertándoles el gen que fabrica la lectina del narciso de las nieves (GNA). «Los estudios preliminares habían demostrado que, efectivamente, las patatas repelían los ataques del pulgón», me explica Arpad Pusztai. «Además, sabíamos que en estado natural el GNA no era peligroso para las ratas, ni siquiera cuando absorbían una dosis ochocientas veces superior a la producida por los OGM. Por lo tanto, nos quedaba evaluar los posibles efectos de las patatas transgénicas en las ratas».

El protocolo de la experiencia prevé hacer un seguimiento de cuatro grupos de ratas desde el destete hasta ciento diez días después: «Trasladado al ser humano», precisa Arpad Pusztai, «equivale a hacer un seguimiento de un niño desde la edad de un año hasta los nueve o diez años, esto es, en el periodo en el que su organismo está en pleno crecimiento». En el «grupo control» se alimentó a las ratas con patatas convencionales. En los dos grupos experimentales se alimentó a las cobayas con patatas transgénicas procedentes de dos linajes diferentes. Por último, en un cuarto grupo el menú comprendía patatas convencionales a las que se había añadido una cantidad de lectina natural (extraída directamente del narciso de las nieves). «Mi primera sorpresa», recuerda el doctor Pusztai, «fue cuando analizamos la composición química de las patatas transgénicas. En primer lugar constatamos que no eran equivalentes a las patatas convencionales. Y a continuación que no eran equivalentes entre ellas, porque de un linaje a otro la cantidad de lectina expresada podía variar un 20%. Es la primera vez que tuve dudas sobre el hecho de que la manipulación genética pueda ser considerada una tecnología, porque para un científico clásico como yo el principio mismo de la tecnología significa que si un proceso produce un efecto, este efecto debe ser estrictamente el mismo si se repite el mismo proceso en condiciones idénticas. En esto la técnica era aparentemente muy imprecisa, porque no engendraba el mismo efecto.

—¿Cómo se lo explica?

—Desgraciadamente sólo tengo hipótesis que nunca he tenido los medios necesarios para verificar… Para comprender bien la imprecisión de lo que se llama de manera impropia la «biotecnología», que generalmente se efectúa con un cañón de genes, basta con tomar la imagen de Guillermo Tell, al que se le tapan los ojos antes de que lance una flecha contra un blanco: es imposible saber en qué parte de la célula a la que se dirige va a aterrizar el gen bombardeado. Creo que la localización aleatoria del gen explica la variabilidad en la expresión de la proteína, en este caso de la lectina. Otra explicación se debe quizás a la presencia de lo que se denomina el «promotor 35S», procedente del gen del virus del mosaico de la coliflor, destinado a promover la expresión de la proteína, pero del que nadie ha verificado qué efectos análogos podría engendrar. Pero lo cierto es que las patatas transgénicas provocaban unos efectos inesperados en los organismos de las ratas.

—¿Qué efectos observaron ustedes?

—De entrada, las ratas de los grupos experimentales presentaban unos cerebros, hígados y testículos menos desarrollados que las del grupo control, así como unos tejidos atrofiados, sobre todo en el páncreas y el intestino. Por otra parte constatamos una proliferación de las células en el estómago, y esto es inquietante, porque puede facilitar el desarrollo de tumores causados por productos químicos. Por último, el sistema inmunitario del estómago estaba sobrecalentado, lo que indicaba que los organismos de las ratas trataban a estas patatas como cuerpos extraños. Estábamos convencidos de que lo que se encontraba en el origen de estas disfunciones era el proceso de manipulación genética y no el gen de la lectina, cuya inocuidad habíamos probado en estado natural. Aparentemente, al contrario de lo que afirmaba la FDA, la técnica de inserción no era una tecnología neutra, porque producía, por sí misma, efectos inexplicados.

EL CASO ARPAD PUSZTAI: DURO CON EL DISIDENTE

Profundamente preocupado, Arpad Pusztai compartió sus inquietudes con el profesor Philipp James, director del Instituto Rowett, que también es uno de los doce miembros del «Comité consultivo sobre los procesos y los alimentos nuevos», encargado de evaluar en el Reino Unido la seguridad de los OGM antes de su salida al mercado. Convencido de la importancia de los resultados del estudio, el director le autoriza a participar en un programa de la BBC dedicado a la biotecnología y grabado en junio de 1998, es decir, siete semanas antes de su difusión, en presencia del director de relaciones públicas del Instituto. «Durante la entrevista», explica Arpad Pusztai, «no di ningún detalle sobre el estudio que todavía no habíamos publicado, pero respondí francamente a las preguntas que se me hacían porque consideraba que tenía el deber moral de alertar a la sociedad británica sobre las incógnitas sanitarias que rodeaban a los OGM cuando se estaban importando de Estados Unidos los primeros alimentos transgénicos».

De hecho, desde el 23 de abril de 1990 la Comunidad Europea había adoptado la directiva 90/220, que regulaba la difusión de los OGM en Europa. Ésta preveía un procedimiento tipo, todavía en vigor ocho años después (y todavía en 2008): para obtener la autorización de salida al mercado de un alimento o de una planta transgénica la empresa debe transmitir un expediente técnico a un Estado miembro, cuyas instancias nacionales evalúan los riesgos del producto para el ser humano y para el medio ambiente. Tras examinarlo la Comisión Europea transmite el expediente a los demás Estados, que tienen sesenta día para pedir exámenes suplementarios si lo consideran necesario. Así es como en diciembre de 1996 la Unión Europea autorizó la importación de la soja Roundup ready (al igual que un maíz Bt de Novartis) basándose en el estudio publicado ese mismo año por Monsanto. Lo que estaba en juego era tanto más importante cuanto que en el marco de los acuerdos del GATT de 1993 Europa había aceptado limitar sus superficies plantadas de oleaginosas (soja, colza, girasol) para permitir la venta de las existencias estadounidenses, con lo que obligaba a los agricultores a aprovisionarse del otro lado del Atlántico para su forraje.[1]

—¿Le preocupa la falta de pruebas sobre los OGM? —pregunta mi colega de la BBC a Arpad Pusztai.

—Sí —responde el científico sin dudarlo.

—¿Comería usted patatas transgénicas?

—¡No! Como científico que trabaja activamente en este dominio, considero que no es justo tomar a los ciudadanos británicos por cobayas…

En un primer momento los directivos del Instituto Rowett no tienen nada que objetar a la famosa frase, que se repite continuamente en el anuncio del programa World in Action el 9 de agosto de 1998. Al día siguiente el Instituto está desbordado de peticiones de entrevista y el profesor James se da el gusto de elogiar los méritos de un estudio que consigue semejante publicidad. La noche de la emisión (el 10 de agosto) el director no puede evitar llamar a Arpad Pusztai para felicitarle por su proeza en la televisión. «Estaba muy entusiasmado», recuerda éste. «Después todo cambió bruscamente…».

En efecto, el 12 de agosto, cuando hay una horda de periodistas plantados ante su casa, Arpad Pusztai es convocado a una reunión en la que el profesor James, asistido por un abogado, le anuncia que su contrato queda suspendido hasta el momento de su jubilación. Se disuelve el equipo de investigación. Se confiscan los ordenadores y los documentos relacionados con el estudio y se cortan las líneas telefónicas. Arpad Pusztai es condenado a una gag order, una prohibición de comunicarse con la prensa bajo pena de diligencias judiciales. Empieza entonces una auténtica campaña de desinformación con el objetivo de empañar su reputación y con ella la validez de su advertencia. Philipp James afirma en varias entrevistas que su investigador se ha equivocado y que contrariamente a lo que él creía no ha utilizado la lectina del narciso de las nieves, sino otra lectina llamada «Concanavalina A» (Con A), procedente de una judía sudamericana conocida por su toxicidad.

En otras palabras: los efectos observados en las ratas no se deben a la manipulación genética, sino a la lectina «Con A», que es un «veneno natural»[2], como se apresura a subrayar el doctor Collin Merritt, portavoz de… Monsanto en Gran Bretaña. «En vez de ratas alimentadas con patatas modificadas genéticamente, el doctor Pusztai utilizó los resultados de pruebas hechas en ratas tratadas con el veneno», va aún más lejos el Scottish Daily Record & Sunday Mail[3]. «Si se mezcla cianuro con vermú en un cocktail y se constata que no es bueno para la salud, no se concluye por ello que haya que prohibir todas las mezclas de bebidas»[4], ironiza por su parte sir Robert May, un consejero científico del gobierno. De igual modo, Le Monde retoma en Francia esta «información», tanto más extraña cuanto que concierne al mejor especialista en lectinas del mundo: «El doctor Pusztai ha mezclado los datos referentes a un linaje de patatas transgénicas, cuyo estudio apenas se ha iniciado, y otros procedentes de experiencias que consisten en añadir proteínas insecticidas al menú de las ratas. Por lo tanto, los tubérculos incriminados no tenían nada de transgénico…».[5] «Era terrible», murmura Arpad Pusztai con la voz estrangulada por la emoción. «Y ni siquiera tenía derecho a defenderme…».

Casi contradiciéndose, el profesor James ataca en un segundo frente: pide a un equipo de científicos que dirijan una auditoría del famoso estudio. Una tiene la tentación de preguntar por qué. Si un error referente a la lectina utilizada había tergiversado la experiencia, entonces no había razón alguna para estudiar más a fondo sus resultados… Sin embargo, el 28 de octubre de 1998 el Instituto Rowett hace públicas las conclusiones de la auditoría: «El comité piensa que los datos existentes en absoluto permiten sugerir que el consumo de patatas transgénicas por parte de las ratas ha afectado a su crecimiento, al desarrollo de sus órganos o a su sistema inmunitario. Esta sugerencia […] era infundada».[6]

Pero el caso ha causado tanto revuelo que la Cámara de los Comunes pide escuchar al «disidente», con lo que obliga al profesor James a autorizarle a acceder a los datos de su estudio. Arpad Pusztai decide entonces enviárselos a veinticinco científicos internacionales con los que él ha trabajado en el curso de su larga carrera y que aceptan elaborar un informe comparando dichos datos con la auditoría dirigida por el venerable instituto. Publicadas en la portada del diario The Guardian del 12 de febrero de 1999, las conclusiones del informe no son amables con el «comité» establecido por el profesor James: tras indicar que la auditoría había ignorado deliberadamente algunos resultados, sus autores precisan que éstos «demostraban muy claramente que las patatas transgénicas tenían efectos significativos en la función inmunitaria [de las ratas] y que ello bastaba para reforzar totalmente las declaraciones del doctor Pusztai».[7] De paso, denuncian la «violencia del trato infligido por el Rowett» a su colega y «aún más, el secreto impenetrable que rodea todo el caso», y apelan a una moratoria de los cultivos transgénicos.

Unos días después la comisión científica y tecnológica del Parlamento británico inicia sus sesiones. Ante las preguntas de sus interrogadores, que ponen de relieve sus contradicciones, el profesor James se escuda en un nuevo argumento que Collin Merritt, el portavoz de Monsanto, ya había utilizado en una entrevista concedida al diario The Scotsman: «No es posible soltar una afirmación de este tipo antes de que haya sido examinada correctamente por otros científicos».[8] En otras palabras: lo que el director del Rowett reprocha (ahora) a su investigador es que haya hablado antes de que el estudio fuera publicado con todas las de la ley.

Manifiestamente, el argumento no convence al doctor Alan Williams, uno de los miembros de la comisión parlamentaria, que evocando el papel del comité consultivo encargado de autorizar la salida al mercado de los alimentos transgénicos, al que pertenece Philipp James, le responde con una muy británica ironía: «El hecho de que usted diga que no es correcto comentar un estudio no publicado nos plantea un grave problema porque, si lo he entendido bien, todas las decisiones tomadas por el comité consultivo se basan en estudios emanados de empresas que no están publicados. Esto no es verdaderamente democrático, ¿verdad? No tenemos derecho a comentar los estudios porque no están publicados, pero, por otro lado, no se ha publicado ningún estudio. Por lo tanto, nos vemos obligados a confiar en la opinión del comité y de sus respetables miembros, que toman todas sus decisiones en nuestro nombre, confiando en estudios que provienen de empresas comerciales. ¿No le parece a usted que hay en ello una evidente falta de democracia?».[9]

Las palabras del parlamentario son el meollo de la inmensa polémica desencadenada por el caso de Arpad Pusztai, que alimenta no menos de setecientos artículos sólo en el mes de febrero de 1999. Como constata entonces el New Statement, «la controversia sobre los OGM ha dividido a la sociedad en dos frentes beligerantes. Todos aquellos que consideran que los alimentos transgénicos son una perspectiva aterradora —el “alimento de Frankenstein”— se levantan contra los defensores [de la biotecnología]».[10] «Aquí todo el mundo nos odia», se lamenta por su parte Dan Verakis, portavoz europeo de Monsanto.[11]

De hecho, un sondeo realizado secretamente desde octubre de 1998 a petición de la empresa y del que la prensa pudo conseguir una copia revela un «descenso continuo del apoyo del público a la biotecnología», con «un tercio de opiniones extremadamente negativas».[12] Siete meses después la tendencia es confirmada por un nuevo sondeo encargado por el gobierno británico, y que constata que «sólo el 1% de la opinión pública cree que los OGM son buenos para la sociedad» y que la mayoría de las personas entrevistadas no confían en las autoridades para «proporcionarles una información honesta y equilibrada».[13]

Y hay que reconocer que los escépticos tienen mucha razón: mientras que las principales empresas de la distribución agroalimentaria —como Unilever England, pero también Nestlé, Resco, Sainsbury, Somerfield o las filiales británicas de McDonald’s y Burger King— se comprometen públicamente a renunciar a todo ingrediente transgénico, se descubre que el gobierno de Tony Blair ha dirigido unas maniobras muy extrañas para «recuperar la confianza del público». Según un documento confidencial que pudo conseguir el Sunday Independant, Blair estableció un auténtico plan de batalla para «denigrar la investigación del doctor Arpad Pusztai recurriendo a científicos eminentes que estaban dispuestos a aparecer en entrevistas televisadas y a escribir artículos» que se suponía «ayudaban a contar una historia buena».[14] Entre estos científicos el documento cita sobre todo a los de la muy respetada Royal Society que, de hecho, colabora muy activamente en la operación de denigración.

MONSANTO, CLINTON Y BLAIR: PRESIONES EFICACES

«La Royal Society fue verdaderamente feroz», suspira Arpad Pusztai, mientras que a su lado el doctor Stanley Ewen (al que conozco al mismo tiempo) opina del jefe. Este científico, histólogo reputado que trabaja sobre todo en la Universidad de Aberdeen y hoy sexagenario, había estado asociado al estudio de las patatas transgénicas. Él es quien se encargó de evaluar su impacto sobre el sistema gastrointestinal de las ratas. En un memorando dirigido al Parlamento británico había puesto de relieve los resultados de su experiencia: «Un alargamiento de las criptas intestinales y una respuesta de células inflamatorias en las paredes del intestino».[15]

Todavía hoy al doctor Ewen le cuesta hablar del «caso» que aniquiló para siempre su fe en la independencia de la ciencia. «Era como si el suelo se hundiera bajo mis pies», me cuenta con voz emocionada. «Era imposible de entender: el lunes nuestro trabajo era formidable y el martes estaba destinado a la papelera… Yo mismo fui jubilado de oficio, como si hubiera cometido una falta grave…». Me cuenta con aspecto triste cómo la Royal Society mancilló deliberadamente su reputación de seriedad y de imparcialidad para vilipendiar los resultados del estudio.

El 23 de febrero de 1999 diecinueve miembros de la institución publicaron en el Daily Telegraph y The Guardian una carta abierta en la que estigmatizaban a los investigadores que «han desencadenado una crisis a propósito de los alimentos transgénicos haciendo públicos unos resultados que no habían sido sometidos a la revisión de otros científicos». Lo cual es falso, puesto que en los ciento dos segundos que duró la entrevista Arpad Pusztai no había dicho ni una palabra sobre los resultados de su estudio, sino que se contentó con apelar a que hubiera una mayor vigilancia sobre los OGM en general. El 23 de marzo la Royal Society hace lo que no ha hecho en trescientos cincuenta años de existencia: publica un análisis crítico de la famosa investigación en el que concluye que ésta «presentaba defectos tanto en su concepción y su ejecución como en la evaluación de sus resultados».

Estudiando esta extraña iniciativa, The Guardian descubre que la «sociedad» ha constituido una «célula de denigración» cuyo objetivo es «modelar la opinión pública y científica en una línea a favor de los OGM y contrarrestar tanto a los científicos opuestos como a los grupos medioambientales».[16] La actitud de la Royal Society es tan excepcional que el 22 de mayo de 1999 The Lancet, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, decide salir de su reserva: «Los gobiernos nunca hubieran debido autorizar estos productos (OGM) sin haber exigido pruebas rigurosas sobre sus efectos sanitarios», insiste el editorial. Entrando deliberadamente en la liza, la revista anuncia que va a publicar —¡por fin!— el estudio de Arpad Pusztai y Stanley Ewen. Como es costumbre, envía una copia del artículo a seis «revisores independientes» que, como hemos visto, se supone que no informan sobre el contenido hasta su publicación, anunciada para el 15 de octubre de 1999.[17]

¡Ay! Violando todos los códigos establecidos, John Pickett, el «sexto lector», no duda en criticar violentamente el artículo en las columnas de The Independent cinco días antes de su publicación.[18] Peor: transmite el examen del texto a la Royal Society, que directamente echa la culpa a Richard Horton, director de The Lancet: «Ha habido fuertes presiones para anular la publicación», confía éste a The Guardian, citando un «telefonazo muy agresivo» del profesor Peter Lachmann (ex vicepresidente y secretario de biología de la Royal Society, y presidente de la Academia de Ciencias Médicas) que le habría hecho comprender que la publicación «podría tener repercusiones sobre su posición como director»[19] (afirmación desmentida después por el profesor Lachmann).

«No es sorprendente», comenta el profesor Stanley Ewen. «La Royal Society apoyó desde el principio el desarrollo de los OGM y muchos de sus miembros, como el profesor Lachmann, trabajan como consultores para empresas de biotecnología».[a]

—Incluido para Monsanto —añade Arpad Pusztai—. Además, Monsanto era uno de los patrocinadores privados del Insituto Rowett, pero también del Instituto de Investigación Agrícola de Escocia, un acercamiento tanto más «natural» cuanto que uno de sus directivos más visibles, Hugh Grant, que hoy es el presidente y director general de la empresa, es escocés…[b]

—¿Cree usted que Monsanto desempeñó algún papel en este asunto? —pregunto.

—Para mí no cabe la menor duda de que la decisión de detener nuestro trabajo se tomó al más alto nivel —murmura Stanley Ewen—. Lo confirmé en septiembre de 1999. Asistía a una cena y en la mesa de al lado estaba uno de los administradores del Instituto Rowett. En un momento dado, le dije: «Es horrible lo que le ha ocurrido a Arpad, ¿verdad?». Me respondió: «Sí, pero ¿no sabe usted que Downing Street [sede del primer ministro británico] llamó dos veces al director?». Entonces comprendí que había habido algo supranacional en este asunto; la oficina de Tony Blair había sufrido presiones por parte de los estadounidenses, que consideraban que nuestro estudio podía perjudicar a su industria de la biotecnología y muy particularmente a Monsanto…

De hecho, esta información fue confirmada por un ex administrador del Instituto Rowett, el profesor Robert Orskov, que en 2003 informó al Daily Mail de que «Monsanto había telefoneado a Bill Clinton, después Clinton a Blair y Blair a James…».[20]

ROBERT SHAPIRO, EL «GURÚ DE MONSANTO»

El caso puede parecer increíble. Y, sin embargo… Ya hemos visto en varias ocasiones cómo la empresa de Saint Louis era capaz de intervenir en las más altas instancias gubernamentales o internacionales para imponer lo que en su informe de actividad de 1997 no duda en llamar la «ley de Monsanto».[21] Cuando la multinacional escribe esta extraña confesión, unos meses antes de que el equipo del Rowett se adentre en la tormenta, está dirigida por Robert B. Shapiro, que en abril de 1995 sucedió a Robert Mahoney (hasta enero de 2000).

Apodado el «evangelista en jefe de la biotecnología»[22], el «fabricante de imagen»[23] o incluso el «gurú de Monsanto»[24], este ex abogado nacido en una familia acomodada de Manhattan presenta una característica completamente excepcional en la historia de la sociedad: es demócrata y, por ello, muy próximo a la administración Clinton. Ésta es la razón por la que en 1996 la empresa de Saint Louis contribuye generosamente a la campaña para la reelección del presidente, que rinde homenaje a Monsanto en su discurso sobre el estado de la Unión del 4 de febrero de 1997. Poco después Robert Shapiro es nombrado miembro del Consejo consultivo para la política y las negociaciones comerciales de la Casa Blanca, que trabaja en estrecha colaboración con Mickey Kantor, el secretario de Comercio y futuro miembro del consejo de administración de Monsanto. En diciembre de 1998 Bill Clinton impone personalmente la prestigiosa medalla de la tecnología a Ernest Jaworski, Robert Fraley, Robert Horsh y Stephen Rogers, los cuatro «inventores» de la soja Roundup ready.

Como testimonia Dan Glickman, ex secretario de Agricultura, en aquel momento la administración demócrata estaba subyugada por el discurso de «Bob» Shapiro sobre las «promesas de la biotecnología», que se supone aporta «una revolución en la agricultura, la alimentación y la salud».[25] Con una fuerza de convicción que le reconocían sus más encarnizados adversarios, el presidente y director general atraía a todos sus interlocutores de Washington con el señuelo de los beneficios de una técnica capaz, según él, de hacer bascular al mundo hacia la era postindustrial para bien de la humanidad. En una de las (raras) entrevistas que concedió a la muy seria Harvard Business Review, publicada el 1 de enero de 1997, poco después de la reelección de Bill Clinton, explica con un indiscutible énfasis en qué medida los OGM representan la solución para el futuro del planeta. Tras haber recalcado que hoy 1.500 millones de personas viven en una situación de «pobreza abyecta» y que la población «se va a doblar de aquí a 2030», se lanza a una diatriba casi mesiánica sobre las catástrofes que acechan a la humanidad: «Es un mundo de migraciones masivas y de degradación medioambiental a una escala inimaginable. En el mejor de los casos esto significa preservar ciertos islotes de privilegios y de prosperidad en un océano de miseria y de violencia. […] Hay que cambiar todo el sistema y hoy tenemos la posibilidad inesperada de reinventar todo. […] En Monsanto tratamos de inventar un nuevo negocio en torno al concepto de desarrollo sostenible. […] Las actuales prácticas agrícolas no garantizan un desarrollo sostenible: en veinte años hemos perdido aproximadamente el 15% de la superficie del globo, la irrigación aumenta la salinidad de los suelos y los productos petroquímicos de los que dependemos no son renovables. La mayoría de las superficies cultivables ya están cultivadas. Los intentos de roturar nuevas tierras implican graves daños ecológicos. En el mejor de los casos, dispondremos de la misma cantidad de tierras para trabajarlas con el doble de personas a las que alimentar, lo que plantea el problema de la productividad de los recursos disponibles. […] La conclusión es que la nueva tecnología es la única alternativa».[26]

Tras esta cantinela eco-tercermundista, Robert Shapiro aborda la parte filosófica de su discurso, del que debo decir que, sobre el papel, no carece de empaque. En efecto, para el presidente y director general de Monsanto la biotecnología es una «tecnología de la información» que permite reemplazar el uso de materias primas y de energías, nefasto para el medio ambiente, por una utilización sofisticada de la información genética: «Utilizar la información es una de las maneras de aumentar la productividad sin abusar de la naturaleza», declara en la misma entrevista, considerada la profesión de fe de lo que él llama el «nuevo Monsanto». «Un sistema cerrado como la tierra no puede resistir a un aumento sistemático de cosas materiales, pero puede soportar un crecimiento exponencial de información y de saber. Si el desarrollo económico significa utilizar más materia, entonces quienes pretenden que crecimiento y desarrollo sostenible son incompatibles tienen razón. […] Pero el desarrollo sostenible y el crecimiento pueden ser compatibles si podemos crear valor y satisfacer las necesidades de la gente aumentando el componente de información en lo que producimos y disminuyendo la cantidad de materia utilizada».[27]

Y para ilustrar sus palabras el jefe de Monsanto toma el ejemplo de los… pesticidas, un 90% de los cuales se pierde en la naturaleza en el momento de su aplicación: «Si metemos en la planta la información adecuada, perderemos menos materia y aumentaremos la productividad. […] La tecnología de la información constituirá nuestra más poderosa herramienta».

«¿Podemos confiar en el fabricante del agente naranja para manipular genéticamente nuestra comida?», se pregunta entonces Business Ethics, la revista para la inversión socialmente responsable, a la que Robert Shapiro concede también una entrevista en aquellos primeros días de 1997.[28] A decir verdad, leyendo las palabras pronunciadas entonces por el presidente y director general de Saint Louis me hice exactamente la misma pregunta: ¿era sincero y creía verdaderamente lo que decía? Para responderla, analicé minuciosamente la carrera del ex alumno de Harvard aficionado a tocar la guitarra junto a Joan Baez en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. De aquella época conservó un claro desprecio por las corbatas y una adhesión inquebrantable al campo demócrata. Tras pasar por la administración de Jimmy Carter (que se convertirá en un ferviente defensor de las biotecnologías), en 1979 es contratado como director jurídico de la empresa farmacéutica Searle… dirigida por un tal Donald Rumsfeld (que fue secretario de Defensa de Gerald Ford desde 1975 hasta 1977 y después lo será de George W. Bush desde 2001 hasta 2006).

En aquel momento Searle está en conflicto con la FDA, que ha decidido suspender la venta del aspartamo, un muy controvertido edulcorante sintético, ya que se sospecha que provoca tumores cerebrales. Curiosamente, el producto, vendido con el nombre de Nutrasweet, vuelve a obtener su homologación en 1981, cuando Donald Rumsfeld entra en el recién elegido equipo de Ronald Reagan. Mientras, Robert Shapiro, que se encargó de gestionar la polémica en torno al aspartamo, ha sido nombrado jefe del departamento Nutra-sweet. Él es quien negocia con Coca-Cola la introducción del edulcorante en la nueva gama de «Coca light». La historia cuenta que logró una excelente proeza: consiguió que se inscribiera «Nutrasweet» en las botellas, es decir, la marca de Searle con su sigla (un pequeño remolino), lo que impedía a la competencia que también fabricaba aspartamo vendérselo a Coca-Cola…

En 1985 Monsanto compra Searle, que se convierte en la división farmacéutica de la multinacional en el momento en que ésta presenta su solicitud de lanzamiento al mercado de la hormona de crecimiento bovino. Presentándose de buen grado como «apasionado jardinero», Robert Shapiro se pone a la cabeza de la división agrícola de Monsanto en 1990 y por ello él es quien supervisa el expediente del Posilac, nombre comercial de la hormona de crecimiento bovino o rBGH (véanse los capítulos 5 y 6).

Intrigada por este «detalle» de su carrera que arroja un velo de sospecha sobre el discurso eco-tercermundista que pronto mantendrá, traté de contactar con el ex presidente y director general de Monsanto. En 2006 dirige la delegación del Belle Center en Chicago, una organización no gubernamental creada en 1984 en Saint Louis y que se ocupa de la integración de niños disminuidos. Conforme a lo que escribe Michael Specter en el New Yorker, confirmo que quien fue uno de los «empresarios mejor pagados de Estados Unidos» (20 millones de dólares en 1998) hace honor a su reputación de «responder a los correos electrónicos el mismo día y a veces en los minutos que siguen».[29] El 29 de septiembre de 2006 le envié un primer correo, al que respondió en media hora declinando educadamente mi petición de entrevista: «Hace varios años trabajé profesionalmente en la biotecnología. […] Pero hoy ya no me siento competente para hablar de ello».

Después, al saber que este sexagenario padre de dos hijos adultos había fundado una segunda familia, le planteé el 30 de septiembre una sola pregunta que me interesaba mucho: «Como madre de tres chicas me gustaría saber qué leche da usted a sus hijos: ¿leche normal [vendida sin discriminación entre convencional y transgénica, puesto que se mezclan y no se las puede etiquetar] o leche biológica?». La respuesta fue casi inmediata: «Tengo dos chicos: el de diez años no tolera la lactosa, el de ocho consume una enorme cantidad de leche y helados con un 2% de materia grasa. Nunca hemos comprado productos lácteos biológicos». Leyendo este correo no pude dejar de pensar en lo que escribió Business Ethics en enero de 1997: «Es evidente que Shapiro habla con dos voces. Cuando se expresa sobre el desarrollo sostenible su tono lleno de esperanza sale claramente del fondo de su corazón. Cuando se le pregunta por el Posilac reformula las preguntas y suelta las respuestas aprendidas de memoria que los inversores de Wall Street quieren escuchar».[30]

EL «NUEVO MONSANTO» VA A «SALVAR EL MUNDO»

Apenas nombrado presidente y director general de Monsanto en abril de 1995, Robert Shapiro lanza la gran «revolución cultural», que supuestamente hace bascular a la vieja empresa química hacia la era de las «ciencias de la vida». Este nuevo concepto basado en la aplicación de la biología molecular a la agricultura y a la salud se presenta oficialmente en el «Global Forum» que organiza el «gurú» en junio de 1995 en un gran hotel de Chicago. Quinientos ejecutivos venidos de todas las filiales de la empresa son invitados a descubrir su nueva política en un ambiente campechano que rompe con las legendarias rigideces de la casa. En mangas de camisa y animando a los participantes a que le llamen «Bob», el «hombre del renacimiento»[31] emociona hasta las lágrimas cuando evoca la vergüenza que a veces experimentan algunos empleados cuando dicen para quién trabajan.

Eso pertenece al pasado, porque el «nuevo Monsanto» va a «salvar el mundo». Avalado por la nueva consigna «Alimentación, salud y esperanza», Robert Shapiro galvaniza a sus tropas anunciando plantas que fabrican plásticos biodegradables, maíces que proporcionan anticuerpos contra el cáncer, aceites de colza o de soja que protegen contra las enfermedades cardiovasculares… Unos testigos cuentan que una empleada, Rebecca Tominack, exaltada por sus palabras, se acercó al presidente y director general para decirle: «Estoy con usted»; después se quitó la identificación que llevaba al cuello y se la colgó a él en un gesto de sumisión repetido por un centenar de empleados…

«Yo estaba verdaderamente impresionado por el discurso visionario de Robert Shapiro, que nos daba ganas de trabajar para hacer el mundo mejor», me explica Kirk Azevedo, empleado de Monsanto de 1996 a 1998, al que conocí el 14 de octubre en una ciudad pequeña de la costa oeste donde ejerce ahora como quiropráctico. Contactado por un cazatalentos, este licenciado en química había dejado los laboratorios Abbott, donde se ocupaba de probar nuevos pesticidas, para entrar en lo que él consideraba entonces la «empresa del futuro». Su misión era promocionar ante los comerciantes de semillas y los agricultores californianos dos variedades de algodón transgénico que Monsanto se disponía a lanzar al mercado: un algodón Roundup ready y un algodón llamado «Bt», manipulado genéticamente para producir una lectina insecticida (como las patatas transgénicas de Arpad Pusztai) gracias a la introducción de un gen procedente de la bacteria Bacillus thuringiensis.

«Yo era realmente muy entusiasta», me cuenta Kirk Azevedo. «Creía sinceramente que estos dos OGM iban a suponer una reducción del consumo de herbicidas e insecticidas. Pero la primera nota discordante llegó tres meses después de ser contratado. Me habían invitado a Saint Louis a visitar la sede y a participar en un curso destinado a los recién contratados. En un momento dado, cuando yo estaba defendiendo fervientemente la biotecnología que iba a permitir disminuir la contaminación y el hambre en el mundo, uno de los vicepresidentes de Monsanto me llevó aparte y me dijo: “Lo que dice Robert Shapiro es una cosa, pero lo que cuenta para nosotros es hacer dinero. Él es quien entretiene a la galería, pero nosotros ni siquiera entendemos de qué está hablando…”».

—¿Quién era?

—Prefiero no decirle su nombre —titubea Kirk Azevedo—. En todo caso, entonces me dije que este ejecutivo debía de ser una excepción… Hasta el verano de 1997, cuando tuve mi segunda gran desilusión. Estaba en un campo evaluando una parcela experimental de algodón Roundup ready, cuyo cultivo no estaba autorizado todavía. Me acompañaba un científico de Monsanto, especialista en algodón. Hablamos de qué íbamos a hacer con el algodón una vez recolectado. Como yo era muy «pro-OGM» dije que debíamos poder venderlo al precio del «premium California» porque, después de todo, sólo había un gen de diferencia con la variedad de origen, lo que no debía cambiar la calidad. Fue entonces cuando me dijo: «No, hay otras diferencias, las plantas de algodón transgénico no producen solamente la proteína de resistencia al Roundup, sino también otras proteínas desconocidas producidas por el proceso de manipulación».

»¡Me quedé estupefacto! Entonces se hablaba mucho de la enfermedad de las «vacas locas», la encefalitis espongiforme bovina, y de su contrapartida humana, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, dos graves patologías provocadas por unas macroproteínas llamadas «priones». Ahora bien, yo sabía que nuestros granos de algodón transgénicos iban a ser vendidos como forraje para el ganado y me dije que ni siquiera habíamos verificado si estas «proteínas desconocidas» eran priones… Compartí mis inquietudes con el científico de Monsanto, que me respondió que no tenía tiempo de ocuparse de ese tipo de cosas… Luego traté de alertar a mis colegas y poco a poco se me fue dejando de lado. Contacté también con la Universidad de California y con representantes del departamento agrícola del Estado, pero no encontré más que indiferencia. Estaba tan perturbado que finalmente decidí dimitir para no ser cómplice de un comportamiento tan irresponsable. Pero no fue una decisión fácil de tomar… Para empezar, renuncié a un salario muy bueno y sacrifiqué decenas de miles de opciones de compra sobre acciones. De hecho, Monsanto compra el silencio de sus empleados.

—¿Qué piensa hoy del discurso de Robert Shapiro?

—¡Es charlatanería! Cuando pienso en la manera en que trabajábamos entonces, era una carrera perpetua contra el reloj; y su único objetivo era imponerse lo antes posible en el mercado de las semillas. Si uno quiere verdaderamente salvar el mundo, empieza por verificar cuidadosamente la inocuidad de los productos que fabrica.

LA CARRERA DE LAS SEMILLAS

Si hay algo que se le deba reconocer a Robert Shapiro es que el «visionario iluminado» va acompañado de un temible hombre de negocios que supo transformar en un tiempo récord a un gigante de la química en un operador casi monopolístico en el mercado internacional de las semillas. Sin embargo, la partida distaba mucho de estar ganada, porque cuando en 1993 el equipo de Stephen Padgette consigue por fin su soja Roundup ready en Monsanto nadie sabe qué hacer con ella… Por supuesto, el primer reflejo es depositar una patente del precioso gen, pero, y ¿después?

La empresa de Saint Louis no es una semillera y la única solución es vender sus descubrimientos a «los que son del oficio». Dick Mahoney, el presidente y director general de entonces, piensa enseguida en Pioneer Hi-Bred International, que controla el 20% del mercado estadounidense de las semillas (40% para el maíz y 10% para la soja). Creada en 1926 en Des Moines (Iowa) por Henry Wallace (que será vicepresidente de Estados Unidos de 1941 a 1945), la sociedad es conocida sobre todo por haber inventado las variedades híbridas de maíz que hicieron su fortuna. Su principio es que en vez de dejar que el maíz se polinice naturalmente por vía aérea, se fuerza a las plantas a autofecundarse para obtener linajes puros con unas características genéticas estables. El resultado son unos «híbridos» que permiten rendimientos más altos, pero cuyos granos son casi estériles. Esto es un regalo para las semilleras, porque los agricultores se ven obligados a comprar las semillas cada año… Sin embargo, esta técnica de hibridación sólo funciona con las plantas llamadas «alógamas», que se reproducen por la fecundación del óvulo de una planta por medio del polen de otra planta, pero no funciona con las plantas llamadas «autógamas», como el trigo o la soja, en las que cada planta asegura su propia reproducción con sus órganos masculinos y femeninos. Veremos que este «detalle» no se le escapará a Monsanto, que lo eludirá por medio del sistema de patentes… Pero todavía no hemos llegado ahí.

En 2002 el periodista estadounidense Daniel Charles informará detalladamente en su libro ya citado (véase el capítulo 7), Lords of the Harvest, del sorprendente culebrón de la mutación de Monsanto en el curso de los años noventa, culebrón que resumo aquí. Cuando Robert Shapiro, que entonces es jefe de la división agrícola de Monsanto, se entrevista en 1993 con Tom Urban, el patrón de Pioneer Hi-Bred International, para promocionar su gen Roundup ready, éste lo recibe fríamente: «¡Felicidades!», ironiza. «¡Tienen un gen! ¡Nosotros tenemos 50.000! ¡Ustedes no son quienes tienen la llave del mercado, somos nosotros! ¡Ustedes son quienes deberían pagar para tener derecho a meter su gen en nuestras variedades!».[32] En aquel momento Shapiro no tiene opción: tras años de investigación a fondo perdido la consigna de la casa es hacer que por fin entre dinero. Se firma un primer acuerdo con Pioneer, que acepta pagar, de una vez y como finiquito, 500.000 dólares para poder introducir el gen Roundup ready en sus variedades de soja. A cambio, inspirándose en su éxito con Nutrasweet para la Coca light, Robert Shapiro logró que se imprimiera «Roundup ready» en los sacos de semillas. Pero, a fin de cuentas, no hay motivo para fanfarronear: como subraya Daniel Charles, «el gen Roundup ready se convirtió en un vehículo para que Monsanto venda más herbicida, pero poco más».[33]

Empieza entonces una segunda negociación referente a la otra «característica genética», según la expresión consagrada, que Monsanto tiene entonces en reserva, el gen Bt, para el que hay urgencia, puesto que varias empresas reivindican su paternidad (lo que supondrá una interminable guerra de patentes). Es vez, el OGM no va asociado a la venta de un pesticida, puesto que es el propio gen el que es un pesticida concebido a priori para matar el piral del maíz, un parásito muy frecuente en el cereal (volveré sobre ello). Así pues, Robert Shapiro logra que se le pague por esta característica y consigue la cifra global y definitiva de 38 millones de dólares. En ambos casos las cantidades pagadas por la semillera de Des Moines resultan ser irrisorias con relación al inmenso éxito que tendrán inmediatamente los dos tipos de OGM y principalmente la soja Roundup ready. Nombrado presidente y director general de Monsanto en 1995, Shapiro intentará renegociar ambos acuerdos, pero en vano…

«Nunca en la historia de la agricultura una invención técnica había sido adoptada tan rápidamente y con tanto entusiasmo», indica Daniel Charles, que recuerda que en 1996 la soja Roundup ready cubría 400.000 hectáreas en Estados Unidos, luego 3.600.000 en 1997 y 10 millones en 1998.[34] Para comprender la pasión que en un primer momento suscitan los cultivos Roundup ready, hay que meterse en la piel de un agricultor estadounidense, como John Hofman, vicepresidente de la Asociación Estadounidense de la Soja, conocido por su cercanía a Monsanto.

En octubre de 2006, tiempo de siega, éste me recibe en su inmensa granja de Iowa, cuya superficie no ha querido decirme. «Antes de utilizar la técnica Roundup ready», me explica en medio de una parcela de soja transgénica de varias decenas de hectáreas, «tenía que labrar la tierra para preparar la siembra. Después tenía que aplicar varios herbicidas selectivos para acabar con las malas hierbas durante la estación. Antes de la siega tenía que inspeccionar los campos para arrancar a mano las últimas malas hierbas. Ahora ya no labro los campos: pulverizo el Roundup una primera vez, después siembro directamente en los restos de la cosecha anterior. Es lo que se llama la “siembra directa”, que permite reducir la erosión del suelo. Luego, a mitad de la estación, aplico una segunda vez el Roundup y normalmente es suficiente hasta la siega. Por lo tanto, el sistema Roundup ready me permite ahorrar tiempo y dinero…».

Desde el verano de 1995 se organizan demostraciones en las llanuras del Middle West a las que afluyen los agricultores atraídos por estas plantas de extraño poder. «Dejábamos a los agricultores conducir ellos mismos la esparcidora», cuenta un comerciante de semillas, «y luego se iban a tomar algo y observaban los campos. Era un espectáculo formidable. […] No dejaban de mirar y no podían creer lo que veían. Al final todos querían comprar».[35] «Era un fenómeno increíble», insiste otro comerciante de Minnesota, «y creo que nunca volveré a ver algo parecido. Los agricultores habrían hecho lo que fuera para hacerse con las semillas de soja Roundup ready. Compraban todos los sacos disponibles».[36]

La pasión por la soja Roundup ready es tal que las principales semilleras estadounidenses se abalanzan hacia Saint Louis para obtener el gen mágico. Pero Robert Shapiro ha aprendido de su experiencia con Pioneer Hi-Bred. En adelante él es quien dirige el juego: para tener derecho a insertar el gen en sus variedades las empresas semilleras deben suscribir una licencia que permite a Monsanto cobrar royalties por cada semilla transgénica vendida. Shapiro impone además una cláusula que será denunciada por abusiva por las instancias reglamentarias que se ocupan de la competencia: al firmar el contrato las empresas se comprometen a que el 90% de los OGM resistentes a un herbicida que vendan contengan el gen Roundup ready.[a] Una manera de Monsanto de adelantarse a la competencia, como la alemana AgrEvo, que tiene que renunciar a sacar al mercado OGM resistentes a Liberty, un herbicida conocido en Europa con el nombre de Basta, porque no encontraba empresas semilleras asociadas.

Pero el presidente y director general de Monsanto cambia de estrategia a partir de 1996: al comprender que para garantizar el máximo de beneficio hay que poseer las semillas, se lanza a un ambicioso programa de adquisiciones de las empresas semilleras que revolucionará profundamente las prácticas agrícolas mundiales… Robert Shapiro no escatima medios para lograr sus objetivos: compra por mil millones de dólares Holden’s Foundation Seeds, muy implantada en el mercado estadounidense del maíz, y cuyos beneficios anuales apenas superan algunos millones de dólares, y convierte a su director, Ron Holden, en un «hombre rico de la noche a la mañana».[37] Después adquiere una tras otra varias sociedades: Asgrow Agronomics, el principal seleccionador de soja de Estados Unidos; Dekalb Genetics (por 2.300.000 millones de dólares), la segunda compañía semillera estadounidense y la novena mundial que posee muchas sucursales o empresas conjuntas sobre todo en Asia; Corn States Hybrid Services (maíz); Custom Farm Seeds, Firm Line Seeds (Canadá); los seleccionadores británicos Plant Breeding International y Unilever (trigo); pero también Sementes Agroceres, líder en el mercado brasileño del maíz, Monsoy, número uno brasileño de la soja, Ciagro (Argentina), Mahyco, el principal suministrador de semillas de algodón de la India, así como Maharashtra Hybrid Seed Company, Eid Parry y Rallis, tres empresas indias, la sudafricana Sensako (trigo, maíz, algodón), National Seed Company (Malawi), Agro Seed Corp (Filipinas), sin olvidar la división internacional de Cargill, el primer comerciante de semillas del mundo implantado en Asia, África, Europa y América del sur y central, que Monsanto compró por 1.400.000 millones de dólares.

En dos años Robert Shapiro gastó más de ocho mil millones de dólares y convirtió a Monsanto en la segunda empresa semillera del mundo (tras Pioneer).[b] Para financiar este costoso programa de adquisiciones, vendió su división química a Solutia en 1997 (véase el capítulo 7). Pero esto no fue suficiente; tuvo que contratar un endeudamiento récord apoyado por la Bolsa de Nueva York, que en aquel momento sigue creyendo en las «promesas de la biotecnología». En 1995 la cotización de las acciones de Monsanto salta al 74% y después al 71% en 1996. Los inversores siguen a ciegas al «gurú de Saint Louis» hasta este paso en falso de marzo de 1998 que inicia su descenso a los infiernos…

LA PATENTE «TERMINATOR»: UN «GOLPE DE MÁS» PARA MONSANTO

El 3 de marzo de 1998 un artículo corto destacado del Wall Street Journal anuncia que la USDA (el Ministerio de Agricultura estadounidense, dirigido entonces por Dan Glickman) y la empresa Delta & Pine (Mississippi), la mayor semillera estadounidense de algodón, han obtenido conjuntamente una patente llamada «control de la expresión vegetal de los genes». Tras esta misteriosa apelación se oculta una técnica que permite modificar genéticamente a las plantas para que produzcan granos estériles. Creada por Melvin Oliver, un científico australiano que trabaja en el laboratorio de investigación de la USDA en Lubbock (Texas), la técnica se bautiza también como «Sistema de protección de la tecnología» (transgénica, se sobreentiende), porque su objetivo es impedir a los agricultores volver a plantar una parte de su cosecha para obligarles a comprar cada año semillas y, por lo tanto, a pagar royalties a los fabricantes de OGM. Concretamente, se ha manipulado la planta para producir una proteína tóxica al final de su crecimiento que hace estériles sus granos.

El artículo del Wall Street Journal fue descubierto casualmente por Hope Shand, directora de investigación de la RAFI (Rural Advancement Foundation International), una ONG canadiense rebautizada después como ETC Group (Erosion, Technology, Concentration) y que lucha por la protección de la biodiversidad y contra los efectos perversos de la agricultura industrial. Hope Shand informa inmediatamente a su director, Pat Mooney, que exclama: «Pero ¡es Terminator!», haciendo referencia al legendario robot de Arnold Schwarzenegger. La expresión permanecerá para designar la técnica de esterilización y, más allá de ello, el propósito global de los fabricantes de OGM. «Hay que comprender», me explica Pat Mooney cuando lo conozco en Ottawa en septiembre de 2004, «que esta técnica amenazaba directamente a la seguridad alimentaria, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde más de 1.500.000 millones de personas sobreviven gracias a la conservación de las semillas. Imagine que las plantas Terminator se cruzan con los cultivos de los alrededores y hacen estériles los granos recolectados por los pequeños campesinos: es una catástrofe para ellos, pero también para la biodiversidad, que ellos mantienen precisamente porque siguen volviendo a sembrar cada año las variedades locales adaptadas a su clima o a sus suelos».

El 11 de marzo de 1998 la RAFI publica un comunicado titulado «La tecnología Terminator, una amenaza global para los campesinos, la biodiversidad y la seguridad alimentaria». Pasa prácticamente desapercibido. «De hecho», sonríe Pat Mooney, «gracias a Monsanto nuestra campaña tuvo un éxito mundial». En efecto, dos meses después Robert Shapiro anuncia que está negociando para comprar Delta & Pine por 1.900.000 millones de dólares. La noticia provoca un clamor de protesta internacional, porque de este modo el presidente y director general de Saint Louis recupera la famosa patente «Terminator». Las ONG ecologistas o de desarrollo no son las únicas en reaccionar: también manifiestan su reprobación la Fundación Rockefeller (que en los años sesenta había apadrinado la revolución verde y que, además, apoya a las biotecnologías) o el Grupo Consultivo para la Investigación sobre la Agricultura Internacional (CGIAR) que se compromete públicamente a no utilizar nunca «Terminator» en sus programas de semillas. La emoción es tan grande que la Convención de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad vota una moratoria —que diez años después continúa en vigor— sobre las pruebas en campos o la utilización comercial de «Terminator». Y, la guinda, la Comisión Estadounidense Antitrust va a cuestionar la adquisición.[a]

El momento no podía ser peor para Monsanto. En efecto, desde el otoño de 1997 en Europa han saltado todas las alertas. Los primeros cargamentos de soja transgénica han sido bloqueados en los puertos del Viejo Continente gracias a Greenpeace, que lleva a cabo una campaña muy eficaz contra el «alimento de Frankenstein». Avalada por su éxito en Estados Unidos, donde ha podido pasar por la fuerza imponiendo que no haya ni etiquetado ni segregación de los OGM, la empresa no se esperaba que el granito de arena de Greenpeace bloqueara la potente maquinaria. El 26 de mayo de 1998 Europa adoptó la reglamentación 1139/98 que confirmaba el establecimiento de un procedimiento de etiquetado de los productos transgénicos. Desde principios de año Monsanto reunió gabinetes de crisis en Saint Louis, Chicago, Londres y Bruselas. Y se tomó la decisión de lanzar una campaña publicitaria masiva a principios de junio de 1998 en Alemania, Francia (25 millones de francos) y Gran Bretaña (un millón de libras).

Concebida por la agencia inglesa Bartle Bogle Hegarty, la campaña funciona según el mismo modelo en los tres países: «La biotecnología alimentaria es una cuestión de opiniones», afirma el primer anuncio británico. «Monsanto cree que usted debería escucharlas todas». Siguen los números de teléfono y las direcciones de los principales adversarios de la empresa, como los Amigos de la Tierra o Greenpeace. En Francia el primer anuncio es condescendiente: «El 69% de los franceses desconfía de las biotecnologías, el 63% declara no saber qué son. Afortunadamente, el 91% sabe leer». Los demás mensajes publicitarios retoman la visión mesiánica de Robert Shapiro, con ese lado moralizador que tanto le gusta: «Nos encontramos al alba de un nuevo milenio y todos nosotros soñamos con un mañana sin hambre. Para realizar este sueño debemos acoger a la ciencia que promete esperanza. La biotecnología es la herramienta del futuro. Frenar su aceptación es un lujo que el mundo hambriento no puede permitirse». En una entrevista concedida a la revista Chemistry and Industry Jonathan Ramsay, uno de los directivos de Monsanto, resume bien el espíritu de esta campaña, que muchos consideran muy arrogante: «Lograremos nuestro objetivo si la biotecnología se convierte menos en un tema de luddismo supersticioso y más en un tema de debate público serio e informado…».[38]

En Gran Bretaña el fracaso es inmediato gracias a la intervención del… Príncipe de Gales, que se declara practicante de la agricultura biológica. En cuanto se lanza la campaña publica en The Daily Telegraph un artículo titulado «Los granos del desastre»: «Siempre he pensado que la agricultura debía proceder en armonía con la naturaleza reconociendo que existen unos límites naturales a nuestras ambiciones. Simplemente, no sabemos cuáles pueden ser a largo plazo las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente de las plantas seleccionadas de esta manera. Se nos asegura que las nuevas plantas han sido rigurosamente probadas y reglamentadas, pero los procedimientos de evaluación parecen presumir que mientras no se demuestre que una planta transgénica es peligrosa, no hay ninguna razón para dejar de utilizarla. […] Personalmente no deseo en absoluto comer nada que sea producido por manipulación genética y no ofrezco ni a mi familia ni a mis invitados ningún producto de este tipo».[39] Toda la prensa británica reproduce las palabras del príncipe, lo que obliga a la empresa de Saint Louis a entonar el mea culpa, prueba de que el asunto es grave: «Hemos presionado», admite Toby Moffett, vicepresidente encargado de asuntos gubernamentales internacionales, «un poco como quien trata de imponerse en una fiesta privada. No hemos sido lo bastante europeos».[40]

Éste es el contexto en el que estalla el caso de Arpad Pusztai. Para colmo de males, al día siguiente de la difusión de su entrevista en la BBC el 10 de agosto de 1998, la autoridad británica que supervisa la publicidad da la razón a cuatro denuncias interpuestas contra Monsanto por «publicidad engañosa»: en uno de los anuncios de su campaña la empresa afirmaba que los OGM habían recibido la aprobación reglamentaria en veinte países, incluido el Reino Unido…[41] Las desgracias nunca vienen solas: la revista británica The Ecologist publica en septiembre de 1998 un dossier especial de setenta y cinco páginas contando toda la historia de la empresa desde su creación en 1905;[42] los 14.000 ejemplares de su primera edición fueron destruidos por Penwells, la imprenta que trabajaba para la editorial desde hacía veinticinco años, debido a unas «presiones» cuyo origen nunca quiso desvelar públicamente. Zac Goldsmith, director de The Ecologist, tuvo que buscar otra imprenta, pero dos importantes distribuidoras británicas se negaron a distribuir los nuevos ejemplares…[43]

EL VALS DE LOS PRESIDENTES Y DIRECTORES GENERALES

En todo caso, el momento de gloria había acabado definitivamente para Robert Shapiro. A partir del otoño de 1998 la empresa de Saint Louis cae en desgracia en la Bolsa de Nueva York: «Las acciones de Monsanto han perdido un tercio de su valor en el curso de los últimos catorce meses», indica el Washington Post un año después. «Algunos analistas creen que los directivos de la empresa podrían verse obligados a realizar cambios radicales, incluyendo el dividir Monsanto en pedazos».[44] Al mismo tiempo Le Monde escribe: «Monsanto no es más que una especie de gigantesca empresa incipiente en las biotecnologías vegetales con un volumen de negocios de 8.600.000 millones de dólares y unas pérdidas de 250 millones de dólares en 1998. Sus últimas y numerosas adquisiciones de semilleras, a veces pagadas a precio de oro, han minado sus resultados. Los inversores empiezan a dar la espalda a la empresa […] y los amigos de ayer miran para otro lado, quizá desacreditados a su vez».[45]

La desbandada es tal que Robert Shapiro se ve obligado a emprender un alto el fuego con sus peores enemigos: el 6 de octubre de 1999 acepta participar en una conferencia de negocios organizada por… Greenpeace en Londres. Como no puede (o no osa) desplazarse personalmente, se graba su intervención en Saint Louis y se difunde vía satélite en una pantalla gigante en la que aparece su rostro «cansado y con un tono ceniciento», en palabras del Washington Post.[46] Reconociendo su error ante un público pasmado, el presidente y director general (que será cesado unos meses después) declara: «Probablemente hemos irritado y levantado contra nosotros a más personas de las que hemos convencido. En general nuestra confianza y entusiasmo por esta tecnología ha sido interpretada como condescendencia o incluso arrogancia, algo que puedo entender». A continuación, interpelando a Peter Melchett, presidente de Greenpeace Gran Bretaña y ex ministro de Agricultura, se compromete a «no comercializar la tecnología de esterilización de las semillas llamada comúnmente “Terminator”» antes de prometer: «Vamos a ayudar a desarrollar respuestas constructivas a todas las preguntas que se plantean personas de todo el mundo al alba de esta nueva tecnología. Para mí esto significa saber escuchar todos los puntos de vista con atención y respeto…».

En el momento en que pronuncia estas palabras Robert Shapiro busca desesperadamente un socio para salvar la casa. En primer lugar se pone en contacto con American Home Products, después con DuPont de Nemours, pero las transacciones fracasan. Finalmente, el 19 de diciembre de 1999 Monsanto anuncia su fusión con Pharmacia & Upjohn, una empresa farmacéutica de origen sueco instalada en New Jersey. «Los términos de la fusión firman el fracaso de la visión directriz de Monsanto y de su creador Robert Shapiro», comentará Michael Watkins, investigador de la Harvard Business School.[47] De hecho, la nueva «corporación» bautizada como Pharmacia sólo tiene ojos para Searle, la ex división farmacéutica de Monsanto, cuyo valor se calcula en ese momento en 23.000 millones de dólares (fabrica sobre todo el Celebrex, un medicamento estrella contra la arritmia). En cambio, tratará de distanciarse rápidamente de la división agroquímica de Monsanto, llamada «el nuevo Monsanto», de la que se desembarazará definitivamente en el verano de 2002 (en el mismo momento en que Pharmacia, por su parte, será absorbida por Pfizer)…

La visión mesiánica de Robert Shapiro, que soñaba con una empresa dedicada a las «ciencias de la vida», es enterrada definitivamente. Cuando Shapiro abandona el barco tras la fusión con Pharmacia &Upjohn a finales de 1999, la empresa muestra su verdadero rostro: en efecto, es el primer proveedor mundial de semillas transgénicas, pero obtiene el 45% de sus ingresos del Roundup, amenazado con la llegada de los genéricos. El «presidente y director general visionario» es sustituido por el belga Hendrik Verfaillie, que será despachado a su vez en diciembre de 2002 debido a los «malos resultados».[48] Le sucede entonces el escocés Hugh Grant (que a principios de 2008 seguía siendo presidente y director general de Monsanto), que tiene la delicada misión de enderezar la situación cuando en América del Norte los OGM están lejos de contar con la aprobación de todos, incluido en los campos…

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LA LEY DE HIERRO DE LA PATENTE DEL SER VIVO

«La compañía Monsanto y la utilización de sus productos contribuyen positivamente a una agricultura sostenible».

MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 14.

«Una de mis mayores preocupaciones es qué reserva la biotecnología a la agricultura familiar», declaró Dan Glickman el 13 de julio de 1999 durante aquel famoso discurso que tanto irritó a sus colegas del Comercio Exterior estadounidense. «La cuestión de saber quién posee qué está alimentando ya debates muy espinosos. Vemos a unas empresas llevar ante los tribunales a otras empresas por problemas de patente, aun estando fusionadas. Se levanta a los agricultores contra sus vecinos para proteger los derechos de la propiedad intelectual de las multinacionales. […] Los contratos firmados con los agricultores deben ser justos, en vez de transformarlos en simples siervos en sus tierras».

EL ARMA DE LAS PATENTES

Al pronunciar estas palabras tan iconoclastas el secretario de Agricultura de Bill Clinton tocaba uno de los aspectos que constituyen la clave de la oposición a los OGM: el de las patentes. «Siempre hemos denunciado el doble lenguaje de las empresas de la biotecnología», me explica Michael Hansen, el experto de la Unión de Consumidores. «Por un lado dicen que no hay necesidad de probar las plantas transgénicas porque son estrictamente similares a sus homólogas convencionales; por otro, piden patentes escudándose en que los OGM son una creación única. Hay que saber que ¡o bien la soja Roundup ready es idéntica a la soja convencional o no lo es! ¡No puede ser ambas cosas a la vez a merced de los intereses de Monsanto!».

De hecho, hasta finales de los setenta habría sido inconcebible depositar una demanda de patente de una variedad vegetal incluso en Estados Unidos, donde la ley de patentes de 1951 estipulaba claramente que las patentes concernían exclusivamente a las máquinas y a los métodos industriales, pero en ningún caso a los organismos vivos y, por lo tanto, a las plantas. En efecto, la patente representa en su origen una herramienta de política pública que tiene el objetivo de estimular las innovaciones técnicas, concediendo al inventor un monopolio de fabricación y venta de su producto durante veinte años. «Normalmente los criterios de atribución de las patentes son muy estrictos», comenta Paul Gepts, un investigador del departamento de biología molecular que me recibe en su despacho de la Universidad Davis (California) en julio de 2004. «Son tres: la novedad del producto, es decir, el hecho de que el producto no existiera antes de que lo creara el inventor, la inventiva en su concepción y el potencial industrial de su utilización. Hasta 1980 el legislador había excluido a los organismos vivos del campo de las patentes porque consideraba que en ningún caso podían satisfacer el primer criterio: aunque el ser humano intervenga en su desarrollo, los organismos vivos existen antes de su acción y además pueden reproducirse por sí mismos».

Con la llegada de los seleccionadores se planteó la cuestión de las variedades vegetales «mejoradas» por la técnica de la selección genética que ya he descrito (véase el capítulo 7). Preocupadas por recuperar sus inversiones, las empresas semilleras habían conseguido que se atribuyera a «sus variedades» lo que se denomina un «certificado de obtención vegetal», que les permitía vender licencias de explotación a los comerciantes o incluir una especie de «tasa» en el precio de sus semillas. Pero este «certificado de obtención vegetal» (llamado «Plant Variety Protection» en Estados Unidos)[a] no era más que un primo muy lejano de la patente, puesto que no prohibía a los agricultores guardar una parte de su cosecha para sembrar los campos al año siguiente ni a los investigadores, como Paul Gepts, o a los seleccionadores utilizar la variedad en cuestión para crear nuevas variedades. Es lo que se denomina la «excepción del agricultor o del investigador».

Todo esto cambió en 1980. Aquel año el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió un veredicto que iba a tener enormes consecuencias, al declarar patentable un microorganismo transgénico. La historia había empezado ocho años antes, cuando Ananda Mohan Chakrabarty, un genetista que trabajaba para General Electric, había depositado una demanda de patente para una bacteria manipulada por él para que pudiera devorar los residuos de los hidrocarburos. Lógicamente, la Oficina de Patentes de Washington había rechazado la demanda conforme a la ley de 1951. Chakrabarty había ganado el pleito tras apelar al Tribunal Supremo, que había declarado: «Todo lo que bajo el sol ha sido tocado por el ser humano puede ser patentado».

Esta sorprendente decisión había abierto la vía a lo que algunos llaman la «privatización del ser vivo»: en efecto, basándose en la jurisprudencia estadounidense, la Oficina Europea de Patentes de Munich concedió desde 1982 patentes de microorganismos, después de plantas (1985), de animales (1988) y de embriones humanos (2000). Teóricamente estas patentes sólo se conceden si el organismo vivo ha sido manipulado por las técnicas de ingeniería genética, pero en la práctica esta evolución va mucho más allá de los OGM. Actualmente se conceden patentes de plantas no transgénicas, sobre todo las que presentan virtudes medicinales, en violación total de las leyes existentes. «Tras la llegada de la biotecnología asistimos a una deriva del sistema del derecho común de las patentes», me explica en febrero de 2005 Christoph Then, representante de Greenpeace en Munich. «Para obtener una patente ya no es necesario presentar una verdadera invención, sino que con mucha frecuencia basta un simple descubrimiento: se descubre la función terapéutica de una planta como, por ejemplo, la llamada “lila de la India”, se la describe y se la aísla de su contexto natural, y se solicita patentarla. Lo que es determinante es que la descripción se efectúe en un laboratorio y no se tiene en cuenta el hecho de que la planta y sus virtudes sean conocidas desde hace miles de años en otros lugares».[1]

Actualmente la Oficina de Patentes de Washington concede cada año más de 70.000 patentes, aproximadamente un 20% de las cuales concierne a organismos vivos. Tuve que pelear mucho antes de conseguir una cita con un representante de esta enorme institución, que depende de la secretaría de Comercio estadounidense y emplea a 7.000 agentes. Verdadera ciudadela instalada a las afueras de Washington, la Oficina de Patentes es un lugar estratégico para una empresa como Monsanto, que entre 1983 y 2005 ha obtenido ahí 647 patentes relacionadas con las plantas.

«El caso Chakrabarty abrió la puerta a un período muy excitante», se entusiasma John Doll, que trabaja en el departamento de biotecnología de la Oficina y me recibe en septiembre de 2004. «A partir de entonces concedemos patentes de genes, de secuencias de genes, de plantas o animales transgénicos, en una palabra, de todos los productos procedentes de la ingeniería genética».

—Pero un gen no es un producto… —digo un tanto desconcertada por el tono conquistador de mi interlocutor.

—Es verdad —admite John Doll—, pero en la medida en que la empresa ha podido aislar el gen y describir su función, puede obtener una patente…

EL «NUEVO ORDEN AGRÍCOLA»

Como hemos visto, desde el momento en que los investigadores de Monsanto consiguieron modificar el «casete génico» que permite hacer la soja resistente al Roundup, la multinacional depositó una demanda de patente y la obtuvo sin dificultad alguna. En Estados Unidos tiene vigencia hasta 2014. En junio de 1996 la Oficina de Patentes de Munich concedió a su vez una patente a la soja Roundup ready, que por extensión se aplica a todas las variedades vegetales en las que se puede insertar el famoso casete: «Maíz, trigo, arroz, soja, algodón, caña de azúcar, remolacha, colza, lino, girasol, patata, tabaco, tomate, alfalfa, álamo, pino, manzana y uva»[a], lo que dice mucho de los proyectos de la empresa.

Le quedaba encontrar el medio de hacer respetar lo que ella llama sus «derechos de propiedad intelectual». Se podría pensar que la estrategia, que consistía en primer lugar en vender licencias de explotación a los comerciantes de semillas y después en comprar las principales sociedades semilleras bastaría ampliamente para asegurar el famoso «rendimiento del capital invertido», pero no fue así. De hecho, el verdadero problema de Monsanto eran los propios campesinos, que en todo el mundo habían mantenido la molesta costumbre de conservar parte de su cosecha para volver a sembrarla (excepto para los híbridos que, como hemos visto, no conciernen a las plantas autógamas como la soja o el trigo). «En algunos países los agricultores conservan semillas para sembrarlas al año siguiente», indicaba púdicamente en 2005 el documento promocional titulado The Pledge (la promesa), que la empresa publica regularmente desde el nacimiento del «nuevo Monsanto». «Cuando la semilla posee una característica patentada, como es el caso del gen Roundup ready, esta práctica tradicional crea un dilema para la compañía que ha desarrollado la variedad».[2] En otro informe más «profesional», el «10K Form», que es el informe de actividades que la empresa debe enviar cada año tanto a sus accionistas como a la Security and Exchange Commission, los términos son más directos: en la rúbrica «competencia» los autores indicaban en 2005 que los «mercados globales son extremadamente competitivos para nuestros productos» y que «en algunos países competimos con las empresas semilleras públicas», así como con «los agricultores que afectan a nuestra competitividad guardando sus semillas de un año para otro».[b]

Leyendo la prosa de la empresa se tiene la impresión de que la práctica de conservar las semillas sólo existe en países tan lejanos como atrasados. ¡Es mentira! Lo es hasta tal punto que cuando Robert Shapiro tuvo la luminosa idea de hacer firmar un technology use agreement (acuerdo de utilización de la tecnología) a cada agricultor estadounidense que comprara semillas Roundup ready, se encontró con muchas reticencias. Transmitido obligatoriamente por los comerciantes, que tampoco estaban entusiasmados, este acuerdo preveía el pago de una «tasa tecnológica», fijada primero en 5 dólares y después en 6,5 por acre de soja (un acre equivale a 0,4 hectáreas), pero también, y sobre todo, el compromiso de no volver a sembrar al año siguiente una parte de los granos cosechados. Se añadía una cláusula que obligaba a los «clientes» a utilizar únicamente el Roundup de Monsanto y no alguno de los muchos genéricos que existían en el mercado después de que la patente expirara en 2000.

Todavía hoy los términos del contrato, que se debe firmar imperativamente, son draconianos: los agricultores que lo infrinjan deben pagar una fuerte multa bajo pena de ser llevados ante la justicia, obligatoriamente al tribunal de Saint Louis (lo que, como veremos, presenta algunas ventajas…). Además, la empresa se arroga el derecho de investigar las cuentas de sus clientes remontándose tres años atrás, así como de inspeccionar sus campos ante la menor sospecha: «Si Monsanto piensa razonablemente que un productor ha plantado semillas guardadas de su cosecha y que contienen la característica genética, entonces Monsanto pedirá las facturas y si no, verificará de otra manera que los campos han sido sembrados con semillas compradas recientemente. Si no se proporciona esta información en un plazo de treinta días, Monsanto podrá inspeccionar y hacer pruebas en todos los campos del productor para determinar si ha plantado semillas salvaguardadas».[3]

La amenaza vale también para los comerciantes de semillas, una de cuyas actividades consistía (y en adelante en América del Norte hay que utilizar el verbo en pasado) en «limpiar», quitándoles los filamentos, los granos que los agricultores habían recolectado antes de que éstos pudieran sembrarlos. Así, Daniel Charles cuenta en su libro Lords of the Harvest que Roger Peters, un comerciante de Ohio, muy a su pesar tuvo que poner en su tienda un cartel que supuestamente le protegía de aquellos a quienes Monsanto llamaba «piratas»: «Información importante para los individuos que conservan semillas y las vuelven a plantar. Los granos de soja Roundup ready no se pueden volver a plantar. Están protegidos por las patentes estadounidenses números 4.535.060, 4.940.835, 5.633.435 y 5.530.196. Un cultivador que pide que se le limpien granos Roundup ready expone a riesgos tanto al comerciante como a sí mismo».[4]

«Los agricultores se acabaron resignando», indica Daniel Charles. «Firmaron a regañadientes y se integraron en el nuevo orden agrícola».[5] Para el profesor Peter Carstensen, economista de la Universidad de Madison (Wisconsin), la práctica instituida por Monsanto cimenta una «doble revolución»: «La primera», me explica cuando lo conozco en octubre de 2006, «es el hecho de tener derecho a patentar semillas, lo que hasta la llegada de la biotecnología estaba absolutamente prohibido; la segunda, es la extensión de los derechos de los fabricantes conferidos por la patente. Para ello tomaré la imagen que a Monsanto le gusta emplear: compara la semilla transgénica con un coche de alquiler: una vez utilizado se devuelve al propietario. En otras palabras, la empresa no vende semillas, se contenta con alquilarlas el tiempo que dura una estación y sigue siendo propietaria ad vitam aeternam de la información genética contenida en la semilla, desprovista de su estatuto de organismo vivo para convertirse en un simple “producto” [commodity]. Finalmente, los campesinos se han convertido en los ejecutores de la propiedad intelectual de Monsanto. Cuando se sabe que las semillas constituyen la base de la alimentación del mundo, creo que hay motivos para preocuparse…».

—Pero ¿de qué medios dispone Monsanto para hacer respetar su ley?

—¡Son enormes! —me responde el profesor Carstensen—. Me quedé estupefacto cuando me enteré de que la empresa había contratado los servicios de la agencia de detectives Pinkerton.[c] Monsanto paga a sus agentes para que recorran el campo y encuentren a los tramposos, fomentando la delación si es necesario. La empresa tienen un número gratuito en el que cualquiera puede denunciar a su vecino. En resumen, gasta enormes cantidades de dinero para imponer su ley en los campos…

Por supuesto, todo esto se podría haber evitado si Robert Shapiro hubiera podido utilizar la técnica «Terminator», que le habría permitido resolver el «dilema» de la empresa sin gastar un duro y, sobre todo, sin tener que levantar una auténtica maquinaria de guerra muy impopular…

LA POLICÍA DE LOS GENES

«Los OGM están protegidos por la ley estadounidense de patentes», me explica John Hofman, vicepresidente de la Asociación Estadounidense de la Soja (ASA), con la indefectible sonrisa que jalona cada una de sus frases. «Por esa razón no puedo guardar granos para volver a plantarlos al año siguiente. Es una protección para Monsanto y para las sociedades de la biotecnología, porque han invertido millones y millones de dólares para crear esta nueva tecnología que estamos encantados de utilizar». Oyendo a este granjero de Iowa pienso en… Hugh Grant, el presidente y director general de Monsanto, que en una entrevista con Daniel Charles no decía otra cosa: «Nuestro interés es proteger nuestra propiedad intelectual y no tenemos por qué excusarnos por ello. […] Es así de duro. Existe un gen que pertenece a Monsanto y es ilegal que un agricultor tome este gen para recrearlo en una segunda cosecha».[6]

—¿Cómo puede saber la empresa Monsanto que alguien ha vuelto a plantar sus granos? —pregunté a John Hofman.

—Pues… —duda éste visiblemente molesto—. No sé responder a esta pregunta… Es una buena pregunta para Monsanto…

Como ya dije al principio de este libro, desgraciadamente los responsables de Monsanto se negaron a recibirme, lo que me fue notificado por Christopher Horner, responsable de las relaciones públicas de la empresa en Saint Louis. Sin embargo, hubiera sido interesante que yo le entrevistara, porque según un artículo del Chicago Tribune, él es quien tuvo que salir a defender las prácticas de su empresa cuando el Center for Food Safety de Washington publicó un informe muy incómodo en noviembre de 2004. Titulado Monsanto vs. U. S. Farmers, este documento muy minucioso de ochenta y cuatro páginas confirma la existencia de lo que en América del Norte se llama la «policía de los genes», garantizada por las agencias Pinkerton en Estados Unidos y Robinson en Canadá.[7] También revela que desde 1998 la empresa de Saint Louis lleva a cabo una verdadera caza de brujas en las praderas estadounidenses que ha llevado a «miles de investigaciones, a un centenar de procesos y a muchas quiebras».[8]

«Estos procedimientos representan un porcentaje ínfimo en relación con los aproximadamente 300.000 usuarios de nuestra tecnología», replicó Christopher Horner. «Los procesos constituyen el último recurso de la empresa».[9] Joseph Mendelson, director jurídico del Center for Food Safety, denuncia por su parte los «métodos dictatoriales» de la multinacional, que, según él, está dispuesta a todo para «imponer su control de todos los engranajes de la agricultura». Hay que decir que la lectura del informe que él coordinó da escalofríos: tras recordar que en 2005 el 85% de la soja cultivada en Estados Unidos era transgénica, el 84% de la colza, el 76% del algodón y el 45% del maíz, indica que «ningún campesino está al abrigo de las investigaciones brutales ni de las persecuciones implacables de Monsanto: algunos agricultores fueron condenados después de que sus campos fueran contaminados por polen o semillas procedentes del campo transgénico del vecino o cuando los “granos rebeldes” que quedaban de un cultivo anterior germinaron al año siguiente en medio de una plantación no transgénica; algunos ni siquiera habían firmado el contrato tecnológico. En todos los casos todos estos campesinos fueron considerados técnicamente responsables debido a la forma de aplicarse la ley de patentes».

Para realizar su estudio el Center for Food Safety (CFS) consultó los datos proporcionados por la propia empresa, que regularmente hace públicos los casos de «piratería de semillas» que ha detectado en el país. Una medida inusual de transparencia destinada a disuadir a posibles infractores de su ley de hierro. Se descubre así que en 1998 la multinacional «investigó» 475 casos de «piratería» y que hasta 2004 la media anual superaba los 500. El CFS contrastó estos datos con el censo de las «diligencias emprendidas por Monsanto contra los agricultores estadounidenses»[10] establecido por el registro de las secretarías judiciales de los tribunales federales, que para 2005 había registrado 90 procesos. La media de las indemnizaciones obtenidas por la empresa ascendía a 412.259 dólares, con un máximo de 3.052.800 dólares, lo que supone un total de 15.253.602 dólares (en algunos casos, excepcionales, los agricultores no fueron condenados). Los procesos supusieron la quiebra de ocho explotaciones agrícolas. «De hecho», me explica Joseph Mendelson, «estas cifras sólo representan la parte emergente del iceberg, puesto que sólo conciernen a los raros casos que llegaron a los tribunales. La gran mayoría de los campesinos atacados, a menudo injustamente, prefieren negociar un acuerdo amistoso porque temen mucho los gastos que les supondría un proceso contra Monsanto. Ahora bien, todos estos acuerdos amistosos no constan porque van acompañados de una cláusula de confidencialidad. Por eso sólo hemos podido analizar los casos que habían sido juzgados».

En el informe del CFS se descubre que Monsanto dispone de un presupuesto anual de 10 millones de dólares y de un equipo de setenta y cinco personas para llevar a cabo sus «investigaciones». Su primera fuente de información es el teléfono gratuito «1-800-Roundup» que la empresa puso oficialmente en marcha el 29 de septiembre de 1998 por medio de un comunicado de prensa como es debido: «Deje un mensaje en el contestador si quiere informar de posibles violaciones de la ley sobre las semillas o cualquier otro tipo de información», dice la voz del número gratuito. «Es importante utilizar teléfonos fijos, porque los móviles pueden ser interceptados por muchas personas. Puede llamar anónimamente, pero le rogamos que deje su nombre y número de teléfono por si fuera necesario hacer un seguimiento».[11] Según Daniel Charles, la «línea de los chivatos» recibió 1.500 llamadas en 1999, 500 de las cuales desencadenaron una «investigación».[12] Cuando se le preguntó por esta «línea de los chivatos», sospechosa de «deteriorar los vínculos sociales que mantienen las comunidades rurales», por retomar los mesurados términos de The Washington Post, Karen Marshall, la portavoz de Monsanto, se contentó con responder: «Esto forma parte de la revolución agrícola y toda revolución es dolorosa. Pero la tecnología es una buena tecnología».[13]

«POSEEMOS A TODOS AQUELLOS QUE COMPRAN NUESTROS PRODUCTOS»

La mayoría de los agricultores con los que contactó el CFS cuentan la misma historia: un día un agente, que suele ser de la Pinkerton, llama a su puerta, a veces acompañado de la policía. Pide consultar sus facturas de semillas y de herbicidas, exige que se le lleve a los campos, en los que toma muestras de las plantas y hace fotos. El tono suele ser amenazador, incluso brutal. A veces nunca se presenta ningún agente, pero el cultivador recibe una citación judicial sobre la base de un «expediente» constituido con tomas aéreas y análisis de plantas recolectadas en su propiedad a sus espaldas. No es raro que los agricultores atacados no hayan firmado nunca un «acuerdo de utilización de la tecnología» (25 casos de 90), bien porque el comerciante que les vendió las semillas nunca les habló de él, bien porque firmaron sin haber leído atentamente, dado lo inusual de esta práctica… Éste es el caso de Homan McFarling, un campesino de Missouri que en 2000 fue llevado ante los tribunales por haber «salvaguardado semillas de soja Roundup ready», algo que él nunca negó… En primera instancia se le condenó a pagar ciento veinte veces el valor de los granos conservados, es decir, 780.000 dólares conforme a lo que estipulaba el «acuerdo», que ni siquiera recordaba haber firmado y del que, por lo tanto, no había trazas. Apeló y, una vez al año no hace daño, obtuvo una reducción de la multa: el tribunal se preguntó sobre la «constitucionalidad de un contrato que pide enormes daños y perjuicios debido a un perjuicio muy débil».[14] La historia no dice cuánto pagó finalmente…

¡Otros fueron condenados sin saber que cultivaban plantas OGM! Así, el holandés Hendrik Hartkamp tuvo la mala idea de comprar un rancho en Oklahoma en 1998. Encontró en él una reserva de semillas de soja que sembró… El 3 de abril de 2000 fue perseguido por Monsanto por «violar la ley de patentes» porque una parte de las semillas era transgénica. Tras haberse arruinado para pagar su defensa, vendió con pérdidas su rancho y luego abandonó definitivamente Estados Unidos. «Lo terrible», me explica Joseph Mendelson, «es que los tribunales no diferencian entre quienes reutilizan intencionadamente sus semillas y quienes no plantaron intencionadamente los OGM. Lo único que cuenta es que se haya encontrado el famoso gen en un campo: sea cual sea la razón, el propietario del campo es considerado responsable». Un representante de Monsanto replicó con una notable franqueza a un campesino que aseguraba que nunca había firmado un contrato y que transigió por 100.000 dólares (de ahí su anonimato): «Nosotros le poseemos, poseemos a todos aquellos que compran nuestros productos».[15]

En el informe del CFS se descubre así que al menos en seis de los noventa procesos iniciados por Monsanto el «acuerdo» exhibido por la empresa presentaba una firma falsa, una «práctica que los comerciantes de semillas reconocen que es corriente». Éste sería sin duda el caso de Eugène Stratemeyer, un agricultor de Illinois que cayó en una trampa tendida por un «inspector»: en julio de 1998 se presenta un individuo en su granja para pedirle que le venda una pequeña cantidad de semillas. Como ha terminado la estación de semillas, explica que quiere hacer una prueba de erosión. Eugène Stratemeyer acepta sacarlo del apuro… Condenado a pagar 16.874,28 dólares de multa por haber infringido la patente, emprendió un procedimiento judicial contra Monsanto por uso de documentos falsificados.

Cuando los agricultores deciden defenderse cuestionando públicamente la prohibición de volver a sembrar una parte de sus cosecha se exponen a un verdadero acoso, incluso a una campaña de difamación cuidadosamente orquestada en los medios de comunicación y ante todos los intermediarios agrícolas. Es lo que le sucedió a Mitchell Scruggs, un propietario de Mississippi que siempre admitió haber conservado sus semillas de soja Roundup ready y de algodón Bt. Para él éste es un derecho inalienable que defiende por principio, pero también por las implicaciones financieras que conlleva la exigencia de Monsanto. Su cálculo es simple: en 2000 cultivó 5.200 hectáreas de soja, un 75% de la cual era transgénica; para sembrar el grano en un campo de un acre (0,4 hectáreas) con soja Roundup ready tuvo que pagar 24,50 dólares por un saco de cincuenta libras frente a los 7,5 dólares que costaba uno de soja convencional. Para ilustrar los «enormes beneficios de Monsanto» recuerda que si decidiera vender «legalmente» como semillas el excedente de su cosecha convencional, obtendría 4 dólares por saco.[16] E indica que para el algodón Bt la relación es de uno a cuatro entre las semillas convencionales y las transgénicas.

Condenado a pagar 65.000 dólares de multa en 2003, Mitchell Scrugg se unió después a una class action (volveré sobre ello) que acusa a Monsanto de violar la ley antitrust estadounidense y pide que los OGM sean sometidos al régimen común del certificado de obtención vegetal. Su vida se convirtió en un infierno por haberse resistido deliberadamente a la «ley de Monsanto»: los agentes de la empresa llegaron incluso a comprar un hangar en desuso situado enfrente de su tienda de suministros agrícolas, en el que instalaron una cámara de vigilancia, mientras que unos helicópteros sobrevolaban regularmente su propiedad…[17]

A veces los casos se convierten claramente en un drama, con penas de prisión al final. Así, en enero de 2000 Kem Ralph, un agricultor de Tennessee, fue llevado ante los tribunales por haber conservado 41 toneladas de soja y algodón transgénicos. El juez Rodney Sippel, del tribunal de Saint Louis, le condena a una primera multa de 100.000 dólares y le exige que conserve las semillas en cuestión para que se pueda evaluar el «perjuicio» exacto sufrido por Monsanto. Extenuado, el campesino, que, sin embargo, ha podido demostrar que la firma estampada en el «acuerdo» aportado por la empresa era falsa, decide quemar el grano almacenado. «Estamos hartos de ser maltratados por Monsanto», declaró a Associated Press. «Nos llevan atados por un collar como una horda de perros al borde de la carretera».[18] Finalmente, el juez Sippel le condenó a pagar 1.700.000 dólares, mientras que un jurado le imponía una pena de ocho meses de prisión y una multa suplementaria de 165.469 dólares por «obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas».

El caso levantó mucho revuelo porque permitió revelar otra práctica abusiva de la empresa: los famosos «acuerdos de utilización de tecnología» comprenden una cláusula que prevé que en caso de litigio los procedimientos judiciales se deben llevar obligatoriamente ante la jurisdicción de Saint Louis. Para las víctimas, procedentes de todo Estados Unidos, esto implica gastos suplementarios para poder asegurar su defensa; y, sobre todo, da a Monsanto lo que en 2005 el Chicago Tribune llamaba la «ventaja de jugar en casa»[19], nada desdeñable. Instalada desde hace más de un siglo en su feudo, la empresa tiene la costumbre de trabajar con los mismos bufetes de abogados, entre ellos Hush & Eppenberger.[20] Ahora bien, resulta que el juez Rodney Sippel, famoso por su intransigencia con los «piratas», inició su carrera de jurista en… Hush & Eppenberger.[21]

También hay que indicar que en 2001, cuando el descontento contra el patentado de semillas se apoderaba de las praderas estadounidenses, un tal John Ashcroft, entonces ministro de Justicia de George W. Bush y que fue también gobernador de… Missouri desde 1983 a 1994, pedía al Tribunal Supremo de Estados Unidos que diera su opinión sobre el asunto. El 10 de diciembre el tribunal, por boca de Clarence Thomas (que, como hemos visto, fue uno de los abogados de Monsanto), resolvía en favor del patentado de semillas…[22]

«TODO EL MUNDO TIENE MIEDO»

«Las patentes cambiaron todo», suspira Troy Roush, un granjero de Indiana que fue víctima de la «policía de los genes» y que me recibió en su granja de Van Buren en octubre de 2006. «Aconsejo encarecidamente a los agricultores europeos que reflexionen muy bien antes de lanzarse a los cultivos transgénicos. Después nada será igual…». Recuerdo la emoción que me había embargado escuchando las palabras de este robusto hombretón de casi dos metros que a duras penas retenía sus lágrimas mezcladas con la cólera.

Su pesadilla había empezado en el otoño de 1999 con la visita de un «detective privado de Monsanto» que le dijo que «estaba investigando sobre los agricultores que conservaban sus semillas». Aquel año Troy, que explota una granja familiar con su padre y su hermano, había sembrado 200 hectáreas de soja Roundup ready por cuenta de una empresa semillera con la que había firmado un contrato.[a] Además, había plantado 500 hectáreas de soja convencional con semillas guardadas de la cosecha anterior.

«Era muy fácil saber qué campos estaban bajo contrato, porque estaba claramente estipulado», me explica. «Propuse al detective consultar estos documentos, así como mis facturas de herbicida, pero se negó». En mayo de 2000 recibe una citación judicial con una carta topográfica y análisis de muestras tomadas en su propiedad sin su permiso. «Había varios errores burdos», comenta Troy. «Por ejemplo, uno de los campos sospechosos en realidad estaba plantado de maíz no transgénico para atender un encargo de la empresa Weaver Popcorn, lo que se pudo demostrar fácilmente…».

—¿Por qué negoció usted un acuerdo amistoso con Monsanto? —le pregunté.

—Ya habíamos gastado 400.000 dólares para probar nuestra inocencia —me responde—. Y al cabo de dos años y medio la familia estaba totalmente destruida… Ya no tenía fuerzas para afrontar un proceso con un desenlace incierto porque, desgraciadamente, la jurisprudencia beneficia a Monsanto, que dispone de medios ilimitados para este tipo de casos y que ha fiscalizado todo… Si hubiera ganado la empresa, habríamos perdido todo porque se habría quedado con todo. Con todo… Además, cuando pregunté a mi abogado qué me supondría ir a un juicio, me respondió: «Sólo la gloria de ser reconocido inocente»…

En medio de esta entrevista llegó David Runyon, otro granjero de Indiana que recibió también la visita de los famosos «detectives» en julio de 2003. Éstos dejaron su tarjeta de visita a nombre de McDowell & Associates y con una sigla de nitidez alucinante: Una «M» mayúscula dibujada sobre una fila de hombres con capa y sombrero negros… Según él, los agentes de Monsanto le dijeron que tenían un acuerdo con el Departamento de Agricultura del Estado de Indiana que les autorizaba a inspeccionar los campos de los campesinos sospechosos de «piratería». David Runyon escribió inmediatamente al senador Evan Bayh, que en una carta que yo conservo verificó la información y confirmó que era mentira.

«Las patentes trastocaron profundamente la vida en las comunidades rurales», me dice David Runyon, visiblemente muy emocionado. «Destruyeron la confianza que había entre vecinos. Personalmente, hoy sólo me hablo con dos agricultores. Además, en lo que a usted le concierne, antes de aceptar conocerla e incluso hablar con usted por teléfono, verifiqué en Google quién era usted…».

—¿Verdaderamente tienen miedo los agricultores?

—Por supuesto que tienen miedo —me responde Troy Roush—. Es imposible defenderse contra esta empresa. ¿Sabe? El único medio de sobrevivir en el Midwest con unos márgenes agrícolas que no paran de reducirse es ampliar la superficie de las tierras. Para ello es necesario que se vaya un vecino… Entonces, una llamadita a la línea de los chivatos y ¿quién sabe?

—¿No se siente usted al abrigo de una nueva acusación?

—¡Por supuesto que no! —responde David Runyon—. En primer lugar, porque en Indiana somos un poco los últimos mohicanos, ya que cultivamos soja convencional en medio de un imperio transgénico. Y después porque nuestros campos pueden contaminarse con los OGM de los alrededores. Es lo que le ocurrió a mi vecino.

Y el agricultor saca unas fotos que tiende a Troy. En ellas se ve un campo de soja amarillenta y marchita tachonada de plantas verdes. «Este campo de soja fue rociado por error con Roundup por el hijo de mi vecino, que se equivocó de parcela. Todo lo que es verde, es la soja de Monsanto. Calculé que la contaminación llegaba aproximadamente al 15%».

—¿Cómo es posible?

—En Estados Unidos no existen sectores distintos para los dos tipos de soja —me responde David—. Las semillas convencionales de mi vecino pudieron ser contaminadas por granos transgénicos que habían quedado en la cosechadora que había estado trabajando antes en el campo de soja Roundup ready o en el almacén del comerciante durante la limpieza de las semillas. También es posible que el polen OGM haya sido dispersado por los insectos o por el viento. Mi vecino acaba de darse cuenta de que Monsanto le podría llevar ante los tribunales por violación de su patente.

—Sí —asiente Troy—, como le ocurrió a nuestro colega canadiense Percy Schmeiser…

PERCY SCHMEISER, UN REBELDE EN LA «TIERRA DE LOS CIELOS VIVOS»

Nacido en 1931 en Bruno, una aldea de 700 almas situada en el centro de la provincia canadiense de Saskatchewan (la «tierra de los cielos vivos»), Percy Schmeiser representa la «bestia negra de Monsanto, una china en su zapato», en palabras del periodista de Le Monde Hervé Kempf.[23] Descendiente de pioneros europeos llegados a finales del siglo XIX para instalarse en las praderas norteamericanas, este hombre es un luchador, un «superviviente», como le gusta decir, que tiene la energía de aquel cuya vida ha estado a punto de truncarse precozmente varias veces. Sobre todo sobrevivió a un grave accidente laboral que lo dejó inválido durante años, así como a una hepatitis virulenta contraída en África. Porque, al margen de sus actividades de granjero, el rebelde de las praderas es también un hombre de acción y de convicciones (católicas): fue alcalde de su comuna durante un cuarto de siglo, luego diputado en la Asamblea Provincial y multiplicó sus viajes humanitarios sin dudar en dejar a sus cinco hijos al cuidado de los abuelos para «ayudar a las personas» en África o Asia acompañado de su mujer. Por último, Percy Schmeiser es un deportista que durante el largo frío invernal se iba a escalar el Kilimanjaro o a intentar ascender el Everest (tres veces, sin éxito).

Por desgracia no pude conocerlo porque cuando fui a Saskatchewan en septiembre de 2004 estaba, si no recuerdo mal, en Bangkok, donde había respondido a una de las muchas invitaciones internacionales que recibe desde que se convirtió en el «hombre que se rebeló contra Monsanto».[24]

Para este agricultor, que desde hace cincuenta años cultiva una explotación familiar de 600 hectáreas, el caso empezó en el verano de 1997. Cuando acaba de desherbar con Roundup las zanjas que bordean sus campos de colza, se da cuenta de que su trabajo no sirve prácticamente para nada: muchas plantas que habían germinado fuera de su zona de cultivo resisten a la fumigación. Intrigado, contacta con un representante de Monsanto que le informa de que se trata de colza Roundup ready, lanzada al mercado dos años antes. Pasan los meses y en la primavera de 1998 Percy, que tiene fama en toda región por ser un avezado seleccionador de semillas de colza, vuelve a plantar los granos de la cosecha anterior. Cuando en el mes de agosto se dispone a segar, se pone en contacto con él un representante de Monsanto Canadá que le informa de que unos inspectores han detectado colza transgénica en sus campos y le propone un acuerdo amistoso, so pena de ser llevado ante los tribunales.

Pero Percy Schmeiser se niega a doblegarse. Transmite a su abogado unos documentos que prueban que en 1997 compró un campo que había sido cultivado con soja Roundup ready. Explica también que la oleaginosa tiene la vivacidad de una mala hierba, capaz de invadir las praderas a la velocidad del viento, y que sus granos, muy ligeros, pueden dormir en el suelo durante más de cinco años antes de ser transportados kilómetros más lejos por un pájaro. Al constatar que donde hay más colza transgénica es sobre todo en los bordes de sus campos, concluye que éstos han debido de ser contaminados por los cultivos de sus vecinos convertidos a los OGM o por los camiones de grano que pasaban por la carretera. Hay que decir que la resistencia de Schmeiser es estimulada por la revelación de las duras prácticas de la empresa de Saint Louis, que no dudaría en fumigar Roundup desde un helicóptero sobre los campos de los agricultores sospechosos de «piratería» (según se dice, en agosto de 1998 sucedió en los campos de Edy y Elisabeth Kram, una pareja de agricultores de la provincia). Un acto cuando menos «extraño», observa Hervé Kempf, y que Monsanto nunca desmintió, «reconociendo, además, en una declaración en la comisaría de policía, que sus agentes habían tomado muestras de la colza de Edy Kram para analizarla en el laboratorio».[25]

En todo caso, Monsanto Canadá no quiere saber nada. Esgrimiendo ante la prensa los análisis de las muestras que pretende haber tomado de la granja de Percy Schmeiser (a sus espaldas y, por lo tanto, ilegalmente) y que revelan una tasa de «contaminación» de más del 90%[26], la multinacional decide emprender una acción judicial al tiempo que mantiene la presión sobre él para que acepte transigir. «1999 fue un año verdaderamente terrible», cuenta Percy a Hervé Kempf. «A menudo éramos vigilados por unos hombres que iban en un coche, que no decían nada, no hacían nada; estaban ahí, mirando. Una vez se quedaron tres días de un tirón. Cuando nos acercábamos a ellos partían en tromba. También recibíamos llamadas anónimas de personas que decían: “Vamos a por vosotros”. Teníamos tanto miedo que compré una carabina, que guardaba en el tractor cuando trabajaba los campos».[27]

Finalmente, en junio de 2000 se juzga el caso en Saska-toon, la capital de la provincia. El 29 de marzo de 2001 el juez Andrew McKay hace pública su decisión, que provoca la estupefacción de todos los que apoyan al agricultor de Bruno. En efecto, el magistrado considera que sembrando sus campos de granos recolectados en 1997, «que él sabía, o habría debido saber, que eran resistentes al Roundup», Percy Schmeiser infringió la patente de Monsanto. Precisa que la «fuente de la colza resistente al Roundup no cambia nada el fondo del caso» y que «un granjero cuyo campo contiene semillas o plantas procedentes de semillas vertidas en él, o traídas por el viento desde el campo de un vecino o, incluso, germinadas por el polen aportado por insectos, pájaros o el viento, puede poseer estas semillas o plantas aun cuando no tuviera intención de plantarlas. No obstante, no tiene derecho a utilizar el gen patentado, o la semilla o planta que contiene este gen o esta célula patentada» porque ello «equivale a apropiarse de la esencia de la invención de los demandantes utilizándola sin su permiso».[28]

Así, el juez elimina de un manotazo el argumento de la defensa según el cual el interés de utilizar la «esencia» de los OGM de Monsanto es poder aplicar Roundup a sus cultivos, cosa que Percy Schmeiser no ha hecho, tal como lo demuestran sus facturas de herbicidas… Tampoco tiene en cuenta el hecho de que para tomar las muestras Monsanto tuvo que entrar ilegalmente en la propiedad del agricultor ni que las pruebas realizadas por los expertos que éste consultó revelaran una contaminación netamente inferior. Como revela justamente Hervé Kempf, «el veredicto es extraordinario: significa que un agricultor infringe la patente de toda compañía que produzca semillas OGM desde el momento en que su campo es contaminado por plantas transgénicas». No hay duda de que la decisión llena de alegría a Monsanto: «Es una muy buena noticia para nosotros», se vanagloria Trish Jordan, la representante de la empresa en Canadá. «El juez ha declarado al señor Schmeiser culpable de haber violado nuestra patente y le ha condenado a pagarnos daños y perjuicios».[29] Éstos se elevan a 15.450 dólares canadienses, esto es, 15 dólares por acre cosechado en 1998, aunque sólo una parte de la cosecha había sido contaminada… A ello se añaden los gastos judiciales de Monsanto.

Percy Schmeiser apela, pero el 4 de septiembre se confirma la decisión del juez McKay. Sin embargo, el agricultor, que ya ha sacrificado los ahorros de su jubilación y una parte de sus tierras para su defensa (200.000 dólares canadienses), no se rinde. «Ya no es cuestión de Schmeiser, sino de todos los campesinos del mundo», afirma.[30] Acude, pues, al Tribunal Supremo de Canadá, que el 21 de mayo de 2004 emite un veredicto muy esperado por todos aquellos a quienes les preocupa la progresión de los OGM: por cinco votos a cuatro los jueces confirman ambas decisiones anteriores, pero, curiosamente, eximen al granjero de pagar los daños y perjuicios, así como los gastos judiciales de la empresa. Aunque sigue siendo dramático en el fondo, puesto que confirma que los campesinos son responsables de la contaminación transgénica de sus campos, el veredicto también demuestra que los magistrados se sienten incómodos: «Dan con una mano lo que quitan con la otra»[31], indica Richard Gold, un especialista en la propiedad intelectual de la Universidad McGill de Montreal. Pero para la empresa de Saint Louis es una victoria que no dejará de utilizar en el futuro: «La decisión refuerza nuestra manera de hacer negocios»[32], comenta Trish Jordan, su representante en Canadá…

CUANDO LA CONTAMINACIÓN DE LOS OGM PRODUCE «SUPERMALAS HIERBAS»

Debo decir que estoy muy impresionada por la capacidad de la empresa de Saint Louis para decir una cosa y hacer exactamente la contraria. En efecto, cuando estaba acosando a Percy Schmeiser, su servicio de comunicación escribía en su The Pledge: «En el caso de que de manera no intencionada aparezcan variedades que nos pertenecen en los campos de un agricultor, evidentemente trabajaremos con él para resolver este problema de manera que satisfaga tanto al agricultor como a Monsanto».[33] He aquí el camuflaje destinado a tranquilizar a los accionistas y posibles clientes. La realidad es bien distinta sobre el terreno, hasta tal punto la contaminación de los OGM se ha convertido en un problema fundamental en las praderas estadounidenses.

«La verdad, la colza transgénica se ha diseminado mucho más rápido de lo que creíamos», declara en 2001 el profesor Martin Entz, de la Universidad de Manitoba (Canadá). «Esto fue un toque de atención sobre los efectos secundarios de la biotecnología».[34] El mismo año el profesor Martin Phillipson constata: «En nuestra provincia los agricultores gastan decenas de miles de dólares para tratar de deshacerse de la colza que no han plantado. Cada vez tienen que utilizar más herbicidas para acabar con esta tecnología».[35] Ambos testimonios se citan en Seeds of Doubt (Las semillas de la duda), un informe publicado en septiembre de 2002 por la Soil Association (una asociación británica de promoción de la agricultura biológica fundada en 1946), que hace un balance muy detallado de los cultivos transgénicos en América del Norte: «La contaminación generalizada de los OGM ha afectado gravemente a la agricultura no transgénica, incluida la biológica, ha destruido el mercado y minado la competitividad de la agricultura norteamericana», se puede leer en la introducción. «Los cultivos transgénicos también han aumentado la dependencia que tienen los agricultores de los herbicidas y han suscitado muchos problemas jurídicos».[36]

Así, un estudio financiado por el Ministerio de Agricultura de Saskatchewan reveló que el polen de la colza Roundup ready se puede desplazar al menos 800 metros, esto es, ocho veces la distancia recomendada por las autoridades para los cultivos OGM y convencionales.[37] El resultado es que desde 2001 el organismo de certificación biológica en Estados Unidos reconocía en The Western Producer que era casi imposible encontrar semillas de colza, pero también de maíz y de soja, que no estuvieran contaminadas de OGM. En el mismo artículo la Canadian Seed Trade Association (Asociación Canadiense de Comercio de Semillas) admitía que todas las variedades convencionales ya estaban contaminadas por los OGM alrededor de al menos un 1%.[38] Nos preguntamos a cuánto asciende esta cifra años después…

En todo caso, anticipándose a los efectos incontrolables de la contaminación transgénica, las principales compañías de seguros agrícolas del Reino Unido anunciaron en 2003 que se negaban a cubrir a los productores de cultivos OGM contra ese azote, que comparan al problema del amianto o a los actos de terrorismo, debido a las cargas financieras imprevisibles que puede introducir. En un sondeo publicado por The Guardian, las aseguradoras como la National Farm Union Mutual, Rural Insurance Group (Lloyds) o BIB Underwriters Ltd (Axa) subrayaban que «se sabe demasiado poco sobre los efectos a largo plazo de los cultivos [transgénicos] para la salud humana y el medio ambiente como para poder proponer cualquier tipo de protección».[39]

Pero una cosa es segura: en América del Norte la contaminación de los OGM ha provocado un auténtico «atolladero de contenciosos», en palabras de la Soil Association, la cual precisa que «concierne a todos los niveles de la actividad: los agricultores, los transformadores, los distribuidores, los consumidores y las empresas de biotecnología»;[40] desde el momento en que un OGM no deseado aparece en algún lugar, los unos se vuelven contra los otros. Para ilustrar el irresoluble absurdo de la situación el informe Seeds of Doubt pone el ejemplo de la contaminación de un cargamento de soja convencional canadiense inspeccionado en Europa en mayo de 2000 porque se había detectado la presencia de un transgénico de Monsanto. La sociedad Adventa tuvo que proceder a destruir miles de hectáreas, indemnizar a sus agricultores y después desplazar su producción de semillas desde el oeste al este de Canadá, donde ella consideraba que podía protegerse mejor de la polinización cruzada, con una cascada de procesos como colofón…[41]

Los problemas que plantea la contaminación transgénica no son sólo jurídicos, son también medioambientales. En efecto, cuando gracias al viento un grano de colza transgénica aterriza en un campo, de trigo por ejemplo, el agricultor lo considera mala hierba y tiene muchas dificultades para acabar con él porque «como esta colza resiste al Roundup, un herbicida total, la única manera de desembarazarse de ella es arrancarla a mano o utilizar 2-4 D, un herbicida extremadamente tóxico»…[42] Igualmente, un productor de OGM preocupado de mantener una rotación de sus cultivos alternando, por ejemplo, soja Roundup ready con maíz Roundup ready, también puede tener este problema, reforzado por la especificidad de la colza: como sus vainas maduran de forma desigual, los productores han tomado la costumbre de cortar las plantas y hacerlas secar en los campos antes de recolectar sus granos. Indefectiblemente permanecen en el suelo miles de granos y germinan al año siguiente, incluso cinco años después. Es lo que se llama la «colza voluntaria» o «rebelde» que, de hecho, representa una «supermala hierba» (superweed, en inglés)…

CADA VEZ MÁS HERBICIDAS GRACIAS A LOS OGM

Lo irónico de la historia es que Monsanto comprendió muy pronto el interés financiero que podían representar estas plantas «rebeldes»: el 29 de mayo de 2001 la empresa obtuvo una patente (n.º 6.239.072) de una «mezcla de herbicidas» que permite a la vez «controlar las malas hierbas sensibles al glifosato y especímenes voluntarios tolerantes al glifosato».[43] Como destaca el informe de la Soil Association, «esta patente permitirá a la empresa beneficiarse de un problema que han creado sus propios productos»…[44]

Y viendo la evolución en las praderas norteamericanas es de esperar que la famosa «mezcla de herbicidas» represente la nueva vaca lechera de la empresa de Saint Louis. De hecho, el desarrollo de las superweeds se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los agrónomos norteamericanos, que indican que pueden emerger de tres maneras. Como acabamos de ver, en el primer caso están las «voluntarias» (resistentes al Roundup), que para destruirlas hay que recurrir a herbicidas muy potentes. En el segundo caso, los OGM se cruzan con adventicias (el nombre científico que designa a las «malas hierbas») que son próximas genéticamente, transfiriéndoles el famoso gen de resistencia al Roundup. Éste es sobre todo el caso de la colza, que es un híbrido natural entre el nabo y la col, capaz de intercambiar genes con especies salvajes emparentadas (como el rábano silvestre, la mostaza o la rúcula) consideradas malas hierbas por los agricultores. Así, un estudio dirigido por el británico Mike Wilkinson, de la Universidad de Reading, confirmó en 2003 que era muy corriente el flujo de genes entre la colza y el nabo (Brassica rapa), una de las adventicias más extendidas, lo que indica que «es inevitable la polinización cruzada entre plantas OGM y sus parientes salvajes, y puede crear supermalas hierbas resistentes al más potente herbicida», tal como pone de relieve The Independant.[45]

Por último, el tercer caso: si aparecen superweeds es simplemente porque a fuerza de ser fumigadas exclusivamente con Roundup, varias veces al año y año tras año, las malas hierbas desarrollan una resistencia al herbicida que acaba por hacerlas tan eficaces en la materia como los OGM que las han engendrado. A pesar de que la empresa tiene una larga experiencia en herbicidas, curiosamente siempre ha negado este problema: «Después de veinticinco años de utilización, nunca se ha oído hablar de especies adventicias que se hayan vuelto resistentes al Roundup», afirma en un documento publicitario que ensalza las virtudes de la soja Roundup ready.[46] Igualmente, la multinacional sigue afirmando en su The Pledge que los cultivos transgénicos «permiten a los agricultores utilizar menos herbicidas».[47]

«¡Es falso!», replica el agrónomo estadounidense Charles Benbrook en un estudio publicado en 2004 y titulado «Los cultivos OGM y el uso de pesticidas en Estados Unidos: los nueve primeros años».[48] Según él, el argumento de la «reducción del uso de pesticidas» fue válido durante los tres primeros años que siguieron al inicio de los cultivos OGM en 1995, pero «desde 1999 ya no es el caso». «No es sorprendente: hace diez años que los científicos especialistas en adventicias alertan del hecho de que el uso intensivo de los cultivos resistentes a un herbicida iba a desencadenar cambios tanto en las poblaciones de malas hierbas como en su resistencia, e iba a obligar a los campesinos a aplicar otros herbicidas y/o a aumentar las dosis. […] Por todo el Midwest los agricultores evocan con nostalgia la eficacia y simplicidad iniciales de la técnica Roundup ready y echan de menos aquellos “buenos tiempos”», explica.

Charles Benbrook conoce su oficio: tras haber trabajado como experto agrícola en la Casa Blanca durante la administración Carter y después en el Capitolio, fue director de la división agrícola de la Academia Nacional de Ciencias durante siete años antes de crear su gabinete de consulta independiente en Sandpoint, Idaho. Desde 1996 estudia minuciosamente los datos de consumo de herbicidas registrados por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS), que depende de la USDA, comparándolos con los proporcionados por Monsanto, que él considera «engañosos, rayando en la falta de honestidad».[49] En un artículo de 2001 el agrónomo indicaba ya que «en 1998 el consumo total de herbicidas utilizados por la soja Roundup ready era de media al menos un 30% mayor al de la soja convencional en seis Estados, entre ellos Iowa, donde se cultiva una sexta parte de la soja de la nación».[50]

En su estudio de 2004 constata que la cantidad de herbicidas fumigados en los tres cultivos principales de Estados Unidos (soja, maíz y algodón) ha aumentado un 5% entre 1996 y 2004, lo que representa 138 millones de libras suplementarias. Mientras que la cantidad de herbicidas utilizados por los cultivos convencionales no deja de bajar, la de Roundup ha tenido una evolución inversa, tal como, además, se felicita por ello Monsanto en su «10K Form» de 2006: tras recalcar que las ventas de glifosato han representado un volumen de negocios de 2.200 millones de dólares en 2006, frente a los 2.050 en 2005, la empresa señala que «toda expansión de cultivos que presenten la característica Roundup ready aumenta considerablemente las ventas de los productos Roundup».

Estos resultados son el fruto de una estrategia planificada desde antiguo: «Un factor clave para el aumento del volumen de Roundup es una estrategia basada en la elasticidad y en unas reducciones selectivas de los precios, seguidas de un importante aumento de los volúmenes», escribía la multinacional en su informe anual de 1998 (p. 7). Cuando se le indica que esta evolución es la prueba de que los OGM no reducen el consumo de herbicidas, la multinacional replica que es normal que aumenten las ventas de Roundup, puesto que la superficie de los cultivos Roundup ready no deja de aumentar. En efecto, nueve años después de su salida al mercado los cultivos transgénicos cubrían cerca de 50 millones de hectáreas en Estados Unidos y un 73% eran Roundup ready (23% Bt), pero estas superficies ya estaban cultivadas antes de la llegada de los OGM (y, por lo tanto, rociadas de pesticidas)…[51]

Además, añade Charles Benbrook, el final del monopolio de Monsanto sobre el glifosato en 2000 supuso una guerra de precios que hizo descender el del Roundup al menos un 40%, a pesar de lo cual el volumen de negocios de la empresa no se vio afectado, sino todo lo contrario. Por último, escribe, «la dependencia de un solo herbicida como único método de gestión de las malas hierbas en millones de hectáreas es la principal razón que explica la necesidad de aplicar dosis de herbicidas más elevadas para alcanzar el mismo nivel de control».[52] Recuerda que antes de la introducción de los OGM los científicos sólo habían identificado dos adventicias resistentes al glifosato, la cizaña (en Australia, Sudáfrica y Estados Unidos) y el galio (en Malasia), pero que hoy existen seis sólo en el territorio estadounidense, con la cola de caballo a la cabeza, que se ha convertido en una verdadera plaga de las praderas, pero también las amarantas, como la «hierba del cerdo» o la ambrosía. Así, un estudio de la Universidad de Delaware demostró que plantas de cola de caballo recogidas en campos de soja Roundup ready sobrevivían a diez veces la dosis recomendada de Roundup.[53] A estas malas hierbas ya identificadas como resistentes al Roundup se añade una lista de adventicias llamadas «tolerantes al glifosato», es decir, todavía no resistentes, pero para las que hay que multiplicar las dosis por tres o por cuatro para acabar con ellas…

LA «CARA OCULTA DE LA BIOTECNOLOGÍA»

«La resistencia a las malas hierbas puede reducir un 17% la rentabilidad de una granja»: esto es lo que escribía… Syngenta, uno de los principales competidores (suizo) de Monsanto en un documento de diciembre de 2002 dirigido a todos sus socios agrícolas.[54] Basándose en un sondeo hecho entre los agricultores estadounidenses, el otro gigante de la química y de la biotecnología informaba de que el 47% de ellos preconizaba una vuelta a la «rotación de los cultivos y de los productos químicos»… Como subrayaba Charles Benbrook a principios de 2002, la bajada de la rentabilidad no es, en efecto, la única «mala noticia» que caracteriza lo que él llama la «cara oculta de la biotecnología», de la que «apenas empiezan a ser conscientes los científicos y los agricultores».[55]

En primer lugar, contrariamente a lo que Monsanto siempre ha afirmado en sus documentos publicitarios, no es verdad que «cultivadas en condiciones comparables, las nuevas variedades presenten un rendimiento similar al de las variedades [convencionales] de alto rendimiento».[56] «Por desgracia, no-sotros hemos demostrado lo contrario», me explica Roger Elmore, un agrónomo que en 2001 publicó un estudio sobre este tema junto con sus colegas de la Universidad de Nebraska[57] y hoy trabaja en la Universidad de Iowa. En octubre de 2006 me recibe en su casa, situada a unos cincuenta kilómetros de Des Moines. «Si hicimos este estudio (durante dos años y en cuatro lugares diferentes) fue porque teníamos informaciones procedentes de diferentes Estados que indicaban que la soja transgénica tenía un rendimiento menos elevado que las variedades convencionales emparentadas. Nuestros resultados demuestran que, en efecto, el descenso del rendimiento es de al menos un 5%», me dijo.

—¿Cómo lo explica usted? —le pregunté con los ojos fijos en las curvas que me muestra el agrónomo.

—Es lo que nosotros llamamos el yield drag (literalmente, el «lastre de rendimiento»). Teníamos dos hipótesis que podían explicar el «lastre» que afecta al rendimiento de las plantas transgénicas: o se debía a la acción del Roundup sobre el metabolismo vegetal, o era el resultado de la manipulación genética. Para verificar la primera hipótesis cultivamos tres grupos de soja Roundup ready procedentes de la misma variedad Roundup ready, uno de los cuales se fumigó con Roundup, otro con sulfato de amonio (un producto que estimula la acción de los herbicidas) y el tercero con agua. En los tres casos el rendimiento fue estrictamente el mismo, a saber, 55 celemines por acre. Por consiguiente, la manipulación genética es lo que explica el yield drag. Aparentemente, la inserción violenta del gen perturba la capacidad productora de la planta.

— ¿La soja transgénica no es, por lo tanto, equivalente a la soja convencional?

—En todo caso, eso es lo que demuestra nuestro estudio…

—¿Cómo reaccionó Monsanto?

—Digamos que la empresa no tenía mucho interés en que lo publicáramos —me responde Roger Elmore con la debida prudencia.

—Pero ¿había hecho ella misma un estudio sobre el rendimiento de la soja?

—Los datos que había proporcionado eran muy débiles desde un punto de vista científico y respondían más a una necesidad, digamos, comercial… —concluye el agrónomo.

Así, los resultados del estudio de Roger Elmore confirmaron el «metaanálisis» realizado por Charles Benbrook, para el que había escudriñado 8.200 medidas de rendimiento efectuadas por las universidades agronómicas de Estados Unidos en 1998. Destacaba que el yield drag era de una media de un 6,7%, con picos del 10%, especialmente en el Midwest, lo que representaba un déficit de 80 a 100 millones de celemines de soja sólo para 1999.[58]

Como subraya Charles Benbrook, resulta que el yield drag se convierte en una clara catástrofe debido a otro fenómeno que en 2001 sacaron a la luz unos investigadores de la Universidad de Arkansas.[59] Constataron que el Roundup afecta a las bacterias rhizobium que viven en las raíces de la soja y las ayudan a desarrollarse fijando el nitrógeno de la atmósfera. La sensibilidad de las bacterias al herbicida explicaría la bajada de rendimiento de la soja Roundup ready, que puede llegar al 25% cuando sobreviene un episodio de sequía. «Por desgracia», me explica Charles Benbrook, «en adelante está claro que los cultivos Roundup ready son más vulnerables a ciertas enfermedades, especialmente cuando deben luchar contra algún estrés, como un frío inusual, un ataque de insectos o un desequilibrio mineral o microbiano en el suelo. Estos problemas de salud se producen porque el material genético introducido para hacer a la planta resistente al Roundup ha modificado el funcionamiento normal de una vía metabólica clave que desencadena y regula su respuesta inmunitaria».[60] Y añade: «Es una pena que esta información sólo se haya conocido después de que se hubieran plantado 40 millones de hectáreas en América…».

Cuando se estudian a conciencia las revistas científicas y agrícolas se constata que no son raros los incidentes en el país de los cultivos Roundup ready (volveré sobre los problemas similares que presentan las plantas Bt). Por ejemplo, en 1999 unos científicos de Georgia fueron contactados por unos productores de soja que se quejaban del hecho de que los tallos de sus plantas se quebraban de manera inexplicable, lo que suponía un rendimiento excesivamente bajo. Su estudio reveló que la soja transgénica producía un 20% más de lignina que la soja convencional, lo que en unas condiciones de calor más elevado que el normal provocaba una fragilidad excepcional de los tallos…[61]

UN «DESASTRE ECONÓMICO»

«¡El beneficio está en los campos! Verifíquenlo con la soja Roundup ready de Asgrow!». Este anuncio que publicó en enero de 2002 la filial de Monsanto en una revista agrícola no convenció a la Soil Association, que escribe en su informe Seeds of Doubt: «Las pruebas que hemos recogido demuestran que las plantas transgénicas están lejos de representar un éxito. En completo desacuerdo con la impresión que da la industria de la biotecnología, es evidente que no han permitido obtener la mayoría de los beneficios anunciados y que se traducen en un desastre práctico y económico».

Ante esta dura denuncia Monsanto no dejará de responder que no se podía esperar menos de una de las principales organizaciones europeas de defensa de la agricultura biológica. Salvo que este balance también es el de los investigadores que se han tomado la molestia de estudiar todos los aspectos de la agricultura transgénica para apreciar si desde un punto de vista estrictamente económico la cosa valía la pena. Así, Michael Duffy, economista de la Universidad de Iowa, hizo una investigación con la colaboración del Servicio de Estadísticas Agrícolas Nacionales de la USDA. Una a una escudriñó la contabilidad de los agricultores del Estado, comparando los costes de producción y los ingresos asociados al cultivo de la soja Roundup ready (108 campos) y de la soja convencional (64 campos) para la cosecha de 2000. Y el resultado es inapelable: si se tienen en cuenta todos los factores de producción (coste de las semillas, consumo de herbicidas, rendimiento, gasto en fuel, abonos, etc.), los productores de soja transgénica… perdieron 8,87 dólares por acre, frente a los 0,02 dólares para los productores de soja convencional.[62] Hay que indicar que esta encuesta se hizo en el momento en que la «guerra de precios» de los herbicidas causaba estragos y reducía en la misma proporción el montante de la factura, y cuando las adventicias no eran resistentes al Roundup… Igualmente, Michael Duffy comparó los resultados del maíz Bt con los del maíz convencional y llegó a una conclusión similar: 28,28 dólares de pérdida por acre para el primero, 25,02 dólares para el segundo.

Puede resultar sorprendente el hecho de que en todos los casos los agricultores perdieron dinero produciendo. Éste es, precisamente, otro revés de los OGM, los cuales provocaron el desplome de las exportaciones estadounidenses a Europa y, por consiguiente, de los precios. En efecto, la Comisión Europea, que en un primer momento había autorizado sin pestañear la importación de soja, maíz y colza transgénicos procedentes de Estados Unidos y Canadá, tuvo que dar marcha atrás debido a la presión de los consumidores y declarar una moratoria de cinco años sobre los cultivos OGM el 25 de junio de 1999 y después, el 21 de octubre de 1999, el etiquetado obligatorio de los productos.[63] Ambas decisiones, que fueron vivamente cuestionadas por los socios de ultramar, provocaron el desconcierto en las praderas norteamericanas, donde de la noche a la mañana los comerciantes de granos pidieron a los agricultores que entregaran por separado las cosechas transgénicas y convencionales, aun a riesgo de pagar una prima por las segundas.

Según The Washington Post, la cólera estaba a punto de estallar, sobre todo en los Estados con vocación exportadora, como Iowa o Illinois, donde los agricultores tenían la fuerte sensación de haber sido timados: «Los agricultores americanos han cultivado las plantas transgénicas con toda confianza, convencidos de que eran inofensivas y de que serían recompensados por sus esfuerzos», se quejaba un representante de los productores de maíz. «En vez de ello, han sido inducidos a error por las multinacionales de las semillas y de la química, y por las asociaciones profesionales que les han animado a plantar cada vez más superficie sin advertirles del peligro que corrían con unos cultivos que los consumidores no aceptan».[64]

Mientras tanto, el «mal» estaba hecho: según el secretario de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones de maíz a Europa descendieron un 99,4% entre 1996 y 2001, lo que supone una pérdida anual de 300 millones de dólares. Del mismo modo, si en 1998 Europa absorbía el 27% de las exportaciones de soja, esta cifra cayó al 7% en 1999. Por lo que se refiere a Canadá, primer exportador mundial de colza, perdió todo su mercado europeo, no sólo de colza, sino también de miel.[65]

Resultado: para salvar los ingresos de sus campesinos el gobierno estadounidense tuvo que echar mano al bolsillo concediéndoles subvenciones excepcionales, calculadas en 12.000 millones de dólares entre 1999 y 2002.[66] En mayo de 2002 el Senado votó una nueva «ley agrícola» que permitía desbloquear 180.000 millones de dólares de subvenciones para los diez años siguientes, una manera de «ocultar a los agricultores el fracaso económico de los cultivos transgénicos», en las asesinas palabras de la Soil Association…

Este contexto no es baladí en el conflicto que a principios de este siglo va a enfrentar a los agricultores canadienses y estadounidenses contra Monsanto, que (una vez al año no hace daño) sufrirá un grave fracaso en su estrategia de multiplicación de los OGM al verse obligada renunciar a su trigo transgénico…

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TRIGO TRANSGÉNICO: LA BATALLA PERDIDA DE MONSANTO EN AMÉRICA DEL NORTE

«Escucharemos atentamente los diferentes puntos de vista y entablaremos un profundo diálogo para comprender mejor el problema y tener más en cuenta las necesidades e inquietudes de la sociedad».

MONSANTO, The Pledge Report 2001-2002, Introducción.

Se cuenta que el 10 de mayo de 2004 se descorcharon botellas de champán tanto en la oficina de Greenpeace de Otawa como entre todos sus aliados naturales en América del Norte, pero también en las… praderas transgénicas del oeste de Canadá y del Midwest estadounidense. Aquel día la empresa de Saint Louis anunció en un lapidario comunicado de prensa que había decidido «diferir todos sus esfuerzos suplementarios para introducir el trigo Roundup ready» tras haber realizado una «intensa consulta» con los «clientes y líderes de la industria del trigo».[1] «El diálogo es lo que ha llevado a la decisión sobre el trigo», insiste en su The Pledge de 2004.[2]

MONSANTO SE ESTRELLA EN EL TRIGO

Este lenguaje eufemístico oculta un extraordinario pulso que llevó al mayor fracaso que nunca antes había experimentado Monsanto. Por primera vez en su historia se había obligado a la multinacional a renunciar a sacar al mercado un producto en el que había invertido varios cientos de millones de dólares en I+D (investigación y desarrollo). «Para nosotros fue una inesperada victoria que ratificó el fracaso económico de los cultivos transgénicos», me explicó en octubre de 2004 Dennis Olson, un economista del Institute for Agriculture and Trade Policy (IAPR) de Minneapolis (Minnesota), que participó muy activamente en la campaña estadounidense contra el trigo Roundup ready. «La victoria fue tanto más simbólica cuanto que se obtuvo en América del Norte, donde nacieron los OGM, y gracias al apoyo determinante de quienes los cultivan».

Sin embargo, cuando la víspera de la Navidad de 2002 la empresa de Saint Louis anuncia que ha presentado simultá-neamente en Ottawa y Washington una solicitud de lanzamiento al mercado de un trigo de primavera resistente al Roundup ready, operaba en un terreno tan conquistado que el caso parece ganado. Al hacerlo se olvidó de un «detalle» que le será fatal: hasta entonces sus OGM concernían sólo a cultivos utilizados fundamentalmente como forraje o para la fabricación de aceites y ropa (soja, colza, algodón) y más raramente para el consumo directo de los seres humanos (maíz). Pero con el trigo, planta mítica donde las haya, las cosas eran diferentes: manipulando el cereal dorado que cubre cerca del 20% de las tierras cultivadas del planeta y que representa el alimento básico de uno de cada tres seres humanos, tocaba un símbolo (cultural, religioso y económico) nacido con la agricultura hace 10.000 años en algún lugar de Mesopotamia.[3]

Y este «símbolo» también es el «pan cotidiano», en el sentido propio y en el figurado, de los poderosos cerealistas de América del Norte, que precisamente cultivan el rojizo trigo de primavera en el que Monsanto introdujo su gen Roundup ready. Apodado el «rey de los trigos» debido a su excepcional contenido en proteínas y gluten, se cultiva tanto en los cuatro Estados del norte de Estados Unidos (Dakota del Norte y del Sur, Montana y Minnesota), como al otro lado de la frontera, en las praderas de Saskatchewan, al oeste de Canadá.[a] La tierra de Percy Schmeiser, el heraldo de la resistencia a los OGM. Desde luego, estos grandes cerealistas también son productores de soja, colza o maíz transgénicos, pero si se opusieron al último avatar de los manitas de Missouri fue esencialmente por razones económicas. «Canadá exporta el 75% de su producción anual de trigo, que se eleva a una media de 20 millones de toneladas», me explica Ian McCreary, vicepresidente de la Comisión Canadiense del Trigo (CCB), dirigida por los productores y que en virtud de una ley federal de 1935 controla toda la comercialización de los granos producidos en las praderas. «Esto representa aproximadamente 2.000 millones de euros de ingresos cada año. Ahora bien, todos nuestros clientes internacionales, con Japón y Europa a la cabeza, dijeron claramente que no querían trigo transgénico. Si el trigo de Monsanto hubiera salido al mercado, podrían haber quebrado los 85.000 cerealistas del oeste de Canadá».

Ian McCreary, de 42 años, explota una granja de 700 hectáreas cerca de Bladworth, en el centro de esta inmensa provincia plana y triste apodada la «cesta del pan». Cuando lo conozco en septiembre de 2004 está haciendo junto con su mujer Mary los últimos ajustes de su cosechadora. Ambiente de fin del mundo con miles de hectáreas de trigo que hasta donde alcanza la vista centellean bajo un cielo azul de acero hacia el que se alzan aquí y allá inmensos silos de grano que se levantan sobre las praderas como las piezas de un Lego.

«Aquí estamos muy lejos de todo», sonríe Ian McCreary tras pronunciar la bendición que abre el desayuno familiar. «Los costes de transporte son astronómicos y para que nuestro trabajo sea rentable tenemos que concentrarnos en la calidad de nuestro trigo, muy apreciada por todos los harineros del mundo, que lo mezclan con variedades de una calidad panadera inferior. Como con la colza o el maíz, los OGM hubieran provocado una bajada de los precios y no podemos permitirnos vender trigo para forraje».

—Pero Monsanto afirma que su trigo habría permitido resolver el problema de las malas hierbas —le digo.

—Al contrario que con la soja, las malas hierbas no representan verdaderamente un problema para el trigo —me responde Ian McCreary—. Creo que es sobre todo Monsanto quien tenía un problema: su patente de Roundup acababa de expirar y la empresa quería recuperarse vendiendo el herbicida y semillas para uno de los mayores cultivos alimenticios del mundo. Por lo que se refiere a los cerealistas, éstos temían que el trigo Roundup ready aumentara sus gastos en herbicidas debido a la aparición de «voluntarias», por no hablar del coste desorbitado de las semillas patentadas: en las praderas tenemos la costumbre de guardar nuestras semillas de trigo al menos diez años antes de comprar nuevas…

Así es como la poderosa CCB se encontró luchando al lado de Greenpeace y del Consejo de los Canadienses (la asociación de consumidores más importante del país), «dos organizaciones con las que había entrado en conflicto en el pasado», como subrayaba el Toronto Star en febrero de 2003, para «presentar un frente unido contra el trigo OGM».[4] Los periodistas citan en su artículo una carta dirigida por un representante de Rank Hovis, el mayor molinero británico, a la CCB: «Si ustedes cultivan trigo modificado genéticamente, ya no estaremos en condiciones de comprar ninguno de sus trigos, transgénico o convencional […] simplemente porque no podremos venderlos». Al mismo tiempo, Grandi Molini Italiani, el principal molinero italiano, dirigía un mensaje similar a los cerealistas norteamericanos[5], al que pronto se unió la poderosa asociación de molineros japoneses, que por medio de Tsutomu Shigeta, su director ejecutivo, predecía un «desplome del mercado» si el trigo de Monsanto invadía las praderas, ya que la mayoría de los consumidores no lo querían[6] (en mayo de 2003 un sondeo realizado por los Western Organization of Resource Councils había revelado que el 100% de los importadores de trigo japoneses, chinos y coreanos consultados rechazaría comprar trigo transgénico).

En Estados Unidos, donde se exporta el 50% del trigo por un montante anual que entonces era de unos 5.000 millones de dólares, el mensaje fue perfectamente recibido por todos los cerealistas, incluidos los que no cultivaban trigo de primavera. «El impacto sobre el mercado concierne a todos los productores»[7], explicaba Alan Tracy, presidente de la US Wheat Associates, que había esgrimido un estudio publicado en octubre de 2003 por Robert Wisner, un economista de la Universidad de Iowa. En él había examinado el impacto que la salida al mercado del nuevo OGM tendría sobre la economía del trigo y el cuadro que ofrecía era muy sombrío: caída de entre un 30% y un 50% de las exportaciones del trigo rojizo de primavera y aún mayor para las demás variedades de trigo duro; reducción de los precios en dos tercios: pérdida de empleos en todo el sector y repercusiones en cascada sobre toda la vida rural. «Una amplia mayoría de los consumidores y de los compradores extranjeros no quieren trigo transgénico», explicaba el economista. «Tengan razón o no, los consumidores representan la fuerza motriz en los países en los que el etiquetado permite elegir».[8]

Así fue como se vio a cientos de granjeros, que menos de diez años antes habían aplaudido la llegada de los OGM, recorrer las «grandes llanuras del norte» para «luchar contra la biotecnología». En Dakota del Norte, pero también en Montana, la resistencia «se consolidó en un movimiento político»[9] que pidió que se votara una moratoria para el trigo de Monsanto. La empresa de Saint Louis removió cielo y tierra para hacer fracasar estas iniciativas. Para hacer volver al redil a las ovejas descarriadas llegó incluso a fletar un avión que llevó a una delegación de rebeldes de Dakota del Norte a su sede de Missouri, donde fueron recibidos por… Robert Fraley, uno de los «inventores» de la soja Roundup ready, ascendido a vicepresidente. Éste dio a entender que el hecho de «oponerse a Monsanto favorecía los intereses de los grupos medioambientales radicales». «En aquel momento», cuenta Louis Kuster, uno de los campesinos invitados, «se me hincharon las narices. Lo miré fijamente a los ojos y le dije: “Usted no está hablando a los Verdes. Nosotros también necesitamos ganar dinero”…».[10]

DURO CON LAS PLANTAS BT: LAS DESGRACIAS DE LA MARIPOSA MONARCA…

Para comprender bien la improbable revuelta de los granjeros norteamericanos en 2003 hay que situarla en el contexto de la época, que no era muy favorable a Monsanto. Como subrayaron desde aquel año los sociólogos de las ciencias franceses Pierre-Benoît Joly y Claire Marris, la resistencia a los OGM se construyó en torno a «pruebas» y «temas» que tenían sus especificidades a uno y otro lado del Atlántico, y que a principios de la década actual confluyeron para llevar al rechazo común del trigo Roundup ready.[11]

En Europa la primera «prueba» decisiva del movimiento contra los OGM fue la crisis de las vacas locas, que estalló en 1996 cuando los primeros cargamentos de soja Roundup ready llegaban de Estados Unidos. Si la campaña orquestada por Greenpeace contra los OGM da entonces en el clavo se debe sobre todo a que se inscribe en este caldo de cultivo de sospecha provocado por el cataclismo del prión asesino, que reveló la incapacidad de las instancias gubernamentales para evaluar los riesgos de la agricultura intensiva y del sistema de producción industrial de los alimentos. Así, como indican Pierre-Benoît Joly y Claire Marris, «en su edición del 1 de noviembre de 1996 Libération titula “Alerta con la soja loca”, lo que pone bien de relieve la importancia de la crisis de las vacas locas como precedente que condiciona mucho la representación de los OGM».[12]

Conjugado con el ascenso en potencia del movimiento altermundista que denuncia el dominio de las multinacionales como Monsanto sobre la agricultura del mundo (cumbre de la OMC en Seattle en diciembre de 1996), perfectamente ilustrado por el caso Terminator, el tema de la «comida mala» sustenta la simpatía que sienten los franceses por quienes al lado del dirigente campesino José Bové desmontan en agosto de 1999 el McDonald’s de Milán o arrancan los ensayos de cultivos transgénicos.

En América del Norte, donde la «comida mala» forma parte del modo de vida, el plato del consumidor no es un tema movilizador durante todo el «periodo de calma» que acompaña a la «difusión de los OGM a gran escala». En cambio, en el momento en que el caso Terminator y, más allá, la cuestión de las patentes provocan los primeros sobresaltos en los campos, dos «pruebas» vienen a modificar la percepción de la opinión pública, que se pregunta de golpe sobre la fiabilidad e imparcialidad de las agencias de reglamentación en su gestión de los riesgos asociados a los productos procedentes de las biotecnologías. La primera concierne a la mariposa monarca, ese lepidóptero migratorio con alas de aspecto de vidriera anaranjada, emblema de América, que se convertirá en el símbolo más eficaz de la causa contra los OGM en Estados Unidos.

En efecto, el 20 de mayo de 1999 la revista científica Nature publica un estudio realizado por John Losey, un entomólogo de la Universidad Cornell de Nueva York:[13] junto con dos colegas el científico estudió los efectos sobre las larvas de la bonita mariposa del polen de un maíz Bt producido por Novartis (hoy Syngenta) y que supuestamente combate el piral, un parásito del cereal. Recordemos que los OGM «Bt» —cuyo primer productor es Monsanto— tomaron su nombre de una bacteria que se encuentra de forma natural en el suelo, la Bacillus thuringiensis, que actúa como un insecticida. Aislado en 1901 por un bacteriólogo japonés que había constatado que infecta y mata los gusanos de seda, este bacilo es utilizado por los agricultores biológicos bajo la forma de pulverización porque tiene la propiedad de degradarse rápidamente al sol, lo que permite intervenciones puntuales que no tienen consecuencias para el medio ambiente ni para las poblaciones de insectos a las que no va dirigido. Ahora bien, la biotecnología cambia completamente la situación. En efecto, la inserción del gen que codifica para la toxina hace que ésta se exprese permanentemente en toda la planta, a riesgo de afectar a todas las poblaciones de insectos, a las perjudiciales y a las útiles como, por ejemplo, la crisopa, predadora del piral que se supone combate el maíz Bt. Cuando el doctor Losey se interesa por la monarca, diversos estudios ya han demostrado que los cultivos Bt pueden ser fatales para insectos beneficiosos como las mariquitas, pero también para los microorganismos del suelo o los pájaros insectívoros.[14]

El equipo de la Universidad Cornell alimentó en su laboratorio a larvas de la monarca con hojas de cerraja, su menú favorito, espolvoreadas con polen de maíz Bt. Resultado: «Cuatro días después había sucumbido el 44% de las larvas y las supervivientes habían perdido el apetito. En cambio, ni una de las larvas expuestas a las hojas “aderezadas” con polen “natural” había muerto».[15] El estudio provoca una fuerte emoción en América del Norte, mientras que el mismo día en que se publica la Comisión Europea anuncia la suspensión de las demandas de autorización de salida al mercado de diferentes variedades de Bt, entre ellas la de Monsanto. «Se trata de observaciones hechas en laboratorio en unas condiciones que han acorralado a la monarca», se defiende Christian Morin, portavoz de Novartis, que pide que se repitan sobre el terreno las observaciones.[16] Pero no hay nada que hacer: las desgracias de la mariposa preferida de los estadounidenses suponen un primer golpe para las exportaciones de maíz Bt a Europa, que se desploman de la noche a la mañana. «¿Por qué no se hizo este estudio antes de que se aprobara el maíz Bt?», se indigna la doctora Margaret Mellon, de la Union of Concerned Scientists. «Es 8 millones de hectáreas cultivadas demasiado tarde. Esto debe servir de advertencia de que quizás estén por llegar otras sorpresas desagradables».[17]

Evidentemente, los fabricantes de OGM con Monsanto a la cabeza organizan la respuesta llevando a cabo una campaña destinada a «minimizar, ridiculizar incluso, el estudio», si es preciso difundiendo «informaciones engañosas, fantásticas y que demuestran un gran desconocimiento de la historia natural de la monarca», tal como lo escribe en 2001 Lincoln Brower, un entomólogo que trabaja desde 1954 sobre la mítica mariposa.[18] Este muy documentado artículo demuestra cómo un debate científico puede ser pervertido completamente por intereses privados con la complicidad de las instancias gubernamentales y de una parte de la comunidad científica. «Por desgracia», se lamenta Lincoln Brower, «el debate sobre los descubrimientos de la Universidad Cornell, desviado y manipulado por la industria agrícola, ha hecho que se pierda de vista un desafío mucho mayor y grave: el peligro real de que las plantas transgénicas aceleren el empobrecimiento de la biodiversidad». Indica de paso que el uso intensivo de Roundup ha hecho desaparecer todas la flores silvestres como la cerraja, de la que la monarca depende para sobrevivir.

Y a continuación cuenta la operación de «manipulación» de la que él fue testigo. En efecto, en los días posteriores a la publicación del estudio los líderes de las biotecnologías deciden crear un «consorcio» bautizado como Agricultural Biotechnology Stewardship Working Group (ABSWG), cuya misión es patrocinar investigaciones universitarias similares a la dirigida por John Losey. El 2 de noviembre de 1999, cuando estos estudios sólo están en su fase preliminar, el ABSWG organiza un coloquio científico en Chicago que se supone que va a discutir «libremente» la delicada cuestión. En él participan muchos investigadores financiados por el «consorcio», pero también otros independientes como Lincoln Brower y la periodista Carol Yoon del New York Times. Cuando las discusiones apenas han comenzado se le informa a mi colega de que esa misma mañana ha llegado a la sede de su periódico un comunicado de prensa procedente de la Organización de la Industria de la Biotecnología, con un título nada ambiguo: «Un simposio científico concluye que la mariposa monarca no corre peligro alguno».[19] Alucinada, Carol Yoon pregunta a los participantes en el coloquio si se han enterado de ese comunicado. «¡No!», responden al unísono. La periodista contará la anécdota —¡cuán ejemplar!— en su artículo[20], pero todos los demás periódicos reproducirán ciegamente las erróneas conclusiones del comunicado…[21]

Sin embargo, los resultados de la Universidad Cornell serán confirmados por un estudio de la Universidad de Iowa publicado el 19 de agosto de 2000 en la revista Œcologia…[22] «Hemos constatado que tras cinco días de exposición al polen Bt había muerto el 70% de las larvas de la monarca»[23], comenta John Obrycki, director de la investigación realizada en pleno campo con hojas de cerraja obtenidas cerca de los cultivos transgénicos. La polémica se había reiniciado entonces, pero fue superada muy rápidamente por el mayor escándalo sanitario y medioambiental que nunca hayan provocado los OGM…

… Y LA «DEBACLE DE STARLINK»

En efecto, el 18 de noviembre de 2000 los Amigos de la Tierra publican un comunicado que desencadena un auténtico cataclismo: la asociación ecologista estadounidense anuncia que ha hecho analizar muestras de maíz (chips, tacos, cereales, harinas, sopas, tortas) compradas en los supermercados y que las pruebas han revelado la presencia de huellas de StarLink, un maíz Bt producido por Aventis[a] y prohibido para el consumo humano. De hecho, para aumentar la función insecticida de su OGM la empresa introdujo en él una proteína Bt (Cry9C) particularmente pesada y estable y «sospechosa de causar alergias porque presenta una capacidad incrementada de resistencia al calor y a los jugos gástricos, lo que da al organismo más tiempo para sobrerreaccionar», tal como lo explica el Washington Post.[24] Ésa es la razón por la que la EPA limitó la comercialización de este maíz Bt al consumo animal y a la producción de etanol… Ahora bien, como nada se parece más a un maíz convencional que un maíz OGM, los comerciantes de granos, que no estaban informados de la sutilidad burocrática, mezclaron StarLink con otras variedades (amarillas) del cereal…

Antes de evocar las consecuencias de este caso lamentable, quisiera subrayar en qué sentido resulta revelador de lo que Pierre-Benoît Joly y Claire Marris llaman la «inadecuación del marco reglamentario» estadounidense.[25] Recordemos que después de publicar su «línea directriz sobre la reglamentación de los OGM», la administración republicana había repartido las competencias entre las tres agencias de reglamentación principales: la Food and Drug Administration (FDA) se ocupó de los alimentos transgénicos, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los OGM con función pesticida y la secretaría de Agricultura (USDA) de los cultivos transgénicos. El resultado de este reparto arbitrario es que las plantas Bt, algunas de las cuales, como el maíz, acaban en el plato del consumidor, no dependen de la FDA, sino de la EPA, ya que se las considera… pesticidas.

Esta paradoja, que explica la catástrofe de StarLink, fue magistralmente demostrada desde 1998 por Michael Pollan, un periodista del New York Times.[26] Cuenta que «plantó algo nuevo en su huerto»: una patata Bt bautizada como «New Leaf» recientemente lanzada al mercado por Monsanto y que supuestamente producía «su propio insecticida». En el prospecto descubre que la EPA ha registrado la patata como «pesticida» y se extraña de que la etiqueta informe sobre su composición orgánica, de los nutrientes e incluso los «restos de cobre» que la constituyen, pero que no diga una sola palabra sobre el hecho de que procede de la manipulación genética y, sobre todo, que «contiene un insecticida». Decide entonces llamar a James Maryanski, coordinador de la biotecnología de la FDA. «El Bt es un pesticida», le explica, «por ello está exento de la reglamentación de la FDA y compete a la EPA». «Sin embargo», insiste el periodista, «me voy a comer mis patatas Bt, ¿ha probado la EPA su seguridad alimentaria?». «Realmente, no», responde Maryanski, «porque, como su nombre indica, los “pesticidas son productos tóxicos” y, por consiguiente, la EPA, sólo puede establecer “niveles de tolerancia” aceptables para el ser humano…». Michel Pollan llama, pues, a la EPA, donde se le informa de que como la New Leaf sólo es la «suma de una patata sin peligro (safe) y un pesticida sin peligro», la agencia ha considerado que no suponía ningún riesgo para la salud humana… «Admitamos que mis patatas son un pesticida e incluso un pesticida muy seguro», ironiza el periodista. «Todos los pesticidas que utilizo en mi jardín, incluidos los pulverizadores de Bt, presentan una lista muy larga de precauciones de empleo. La etiqueta que hay en mi bidón de Bt dice, entre otras cosas, que hay que evitar inhalar el producto o que entre en contacto con una herida. ¿Por qué mis patatas New Leaf, que contienen un pesticida registrado por la EPA, no llevan este tipo de etiqueta?».

No se puede resumir mejor la aberración del sistema reglamentario estadounidense, que resulta claramente ridículo cuando se sabe que la EPA, alertada por los potenciales efectos alérgenos del maíz StarLink, en vez de pura y simplemente prohibirlo, decidió restringir su autorización a la alimentación animal exclusivamente. Hay que señalar la indiferencia total de la EPA por esta cuestión, que ni siquiera evoca en una carta dirigida el 29 de mayo de 1998 por Alan Rulis a AgrEvo, la filial de Aventis que comercializa StarLink, y en la que se contenta con precisar: «Como usted sabe, es responsabilidad permanente de AgrEvo asegurar que los alimentos que comercializa la empresa son seguros, sanos y responden a todas la exigencias legales y reglamentarias…».[27]

¡No lo sabía bien el funcionario de la EPA!: desde septiembre de 2000 la agencia se ve desbordada por llamadas llenas de pánico procedentes de todo Estados Unidos. Entre ellas, la de Grace Booth, que cuenta que durante una comida de negocios en la que estaba comiendo enchiladas de pronto empezó a padecer sofocos y una violenta diarrea, mientras que se le hinchaban los labios y perdía la voz: «Creí que me iba a morir», contó a la cadena de televisión CBS.[28] Llevada urgentemente a un hospital californiano, sobrevivió gracias a la rápida administración de un antialérgico. Todos los informes que llegan a la FDA dejan constancia de una violenta reacción relacionada con el consumo de productos a base de maíz, servidos sobre todo en los restaurantes tex-mex. Preguntado por la CBS, el doctor Marc Rosenberg, un alergólogo al que se le encargó aconsejar al gobierno durante este triste caso, confirma que los síntomas «iban desde el simple dolor abdominal, diarrea y erupción cutánea, hasta reacciones más raras que ponían en peligro la vida».

Como recalcará en julio de 2001 Amigos de la Tierra en un informe muy detallado, «la debacle de StarLink es un ejemplo tipo que demuestra la dependencia casi total de nuestras agencias reglamentarias con respecto a unas empresas de biotecnología y de lo agroalimentario a las que ellas supuestamente “regulan”, pero también demuestra la incompetencia de las agencias».[29] La asociación informa de que la FDA ha necesitado una semana para confirmar la presencia de StarLink en la cadena alimentaria, por una razón que ella nunca habría sospechado: «Nos enteramos de que este retraso se debía al simple hecho de que dos años después de que se empezara a cultivar StarLink en varios centenares de miles de acres[b], la agencia ni siquiera tenía la peritación que le permite detectar esta proteína potencialmente alérgica», escribe la asociación ecologista.[30] Para poder llevar a cabo sus pruebas de laboratorio la célebre FDA tuvo que pedir ayuda a Aventis… Del mismo modo, cuando la EPA se vio obligada a preparar una prueba para medir en qué medida era alérgena la proteína Bt, tuvo que dirigirse al fabricante para que le enviara una muestra de la molécula. Finalmente, argumentando que no podía aislar suficiente proteína expresada en la planta, la empresa suministró un sustituto sintético procedente de la bacteria E. colli. Unos expertos pusieron de relieve que se tergiversaría la prueba porque, como hemos visto, «la misma proteína no es obligatoriamente idéntica de una especie a otra».[31] Tras un mes de tergiversaciones, la agencia de protección medioambiental concluyó prudentemente que «había una probabilidad media de que StarLink sea un alérgeno…».[32] Después las autoridades sanitarias enterraron el expediente, con lo que perdieron una buena ocasión de comprender por qué el consumo de tacos había enfermado gravemente y había estado a punto de matar a cientos de estadounidenses…

«¡NUNCA ESO PARA EL TRIGO!»

Mientras tanto, la «debacle» le costó 1.000 millones de dólares a Aventis. La empresa tuvo que indemnizar primero a los distribuidores alimentarios que tuvieron que retirar de sus tiendas diez millones de productos a base de maíz. Y después tuvo que volver a comprar a todos los negociantes, campesinos y molineros los granos StarLink que tenían almacenados. Pero las dimensiones de la catástrofe superaron las más negras previsiones: unas pruebas llevadas a cabo por la USDA revelaron que el 22% del maíz estadounidense estaba contaminado por la proteína maldita[33], lo que dio el golpe de gracia a las exportaciones, que ya se habían empezado a esfumar debido al caso de la mariposa monarca. La revista Nature informó de que, según un representante de la USDA, la presencia de StarLink se volvió a encontrar en productos de panadería en Taiwan, pero también en Japón.[34] «Sé que ustedes se preguntan: ¿acabará esto algún día?», dijo irritado John Wichtrich, un dirigente de Aventis, durante una concentración de la asociación de los molineros de América del Norte en San Antonio (Texas). «Por desgracia, la respuesta es “no”, no acabará mientras se exija una tolerancia cero para la proteína Cry9C en la alimentación».[35]

Ahora se comprende mejor por qué se organizó la resistencia en las llanuras norteamericanas cuando en plena «debacle de StarLink» la empresa de Saint Louis anunció su intención de comercializar su trigo Roundup ready. Hay que decir que la propia empresa no podía estar peor. A finales de diciembre de 2002, cuando publica su comunicado, se pone de patitas en la calle al presidente y director general Hendrik Verfaillie debido a unos «malos resultados», esto es, 1.700 millones de pérdidas para el año 2002. Pero esto no es el problema de la Comisión Canadiense del Trigo, que el 27 de junio de 2003 declara la guerra no sólo a Monsanto, sino también a su fiel aliada gubernamental: «Haremos todo lo que podamos hacer para asegurar que el trigo OGM no se introduce en Canadá», declara Adrian Measner, presidente de la CCB.[36]

Un poco antes, el Comité Permanente de la Agricultura y lo Agroalimentario de la Cámara de los Comunes se había reunido para discutir la delicada cuestión. Excluida de los debates, la asociación Greenpeace Canadá había hecho circular una carta que había dirigido a Paul Steckle, presidente del comité, en la que denunciaba el «conflicto de intereses creado por la colaboración entre Monsanto y el gobierno de Canadá».[37] En la carta se descubre que Agricultura y Agroalimentario Canadá (AAC) «ha proporcionado material genético de primera calidad y de propiedad pública a Monsanto para que desarrolle su trigo Roundup ready» y que es la AAC la que «en virtud de un contrato ha realizado las pruebas de campo del trigo modificado genéticamente de Monsanto con vistas a su inscripción varietal». Por último, el mismo ministerio «ha proporcionado a Monsanto al menos 800.000 dólares en fondos en el marco de la Iniciativa de Emparejamiento de las Inversiones».[38] En estas condiciones, en efecto, el Ministerio de Agricultura y su socio, la Agencia Canadiense para la Inspección de los Alimentos (ACIA), que operan como dos codesarrolladores del trigo Roundup ready, mal podrían ejercer con completa independencia su autoridad reglamentaria evaluando «como es debido la seguridad de la biotecnología agrícola para la salud humana, la agricultura y el medio ambiente».[39]

Greenpeace también evoca por extenso en su carta el problema de la contaminación genética que podría acarrear la comercialización del trigo Roundup ready. Sus expertos sugieren al «venerable comité» que plantee tres preguntas a los representantes de Monsanto durante la sesión: «¿Estaría dispuesta la sociedad Monsanto a hacer una declaración pública y jurídicamente vinculante que la haría responsable en el caso de que se produjera una contaminación genética del trigo convencional y biológico […] por parte de su trigo Roundup ready? En caso afirmativo, ¿cuánto dinero está dispuesta a destinar Monsanto a compensar a las partes víctimas de tales daños? En caso negativo, ¿quién debería pagar estos daños, según Monsanto?».

«Es cierto que la cuestión de la contaminación genética ha pesado mucho en nuestra decisión de rechazar el trigo Roundup ready», me dice Ian MacCreary, vicepresidente de la Comisión Canadiense del Trigo. «Nos rondaba el espectro de StarLink y, además, teníamos ya el ejemplo de la colza transgénica, que prácticamente había hecho desaparecer la colza convencional en Canadá».

CUANDO LA COLZA TRANSGÉNICA ELIMINA LA COLZA BIOLÓGICA: LA CONTAMINACIÓN INEVITABLE

Las primeras víctimas de la contaminación genética son los agricultores biológicos, que tuvieron que renunciar a sus cultivos de la oleaginosa porque no podían garantizar su pureza. Para saberlo a ciencia cierta, entrevisté a Marc Loiselle, una de las figuras más destacadas de la resistencia al trigo de Monsanto y que desde hace veintidós años practica la agricultura biológica.[40] Junto con su mujer Anita explota la granja de sus abuelos, que habían emigrado de Aquitania un siglo antes para instalarse en Vonda, a unos cincuenta kilómetros de Saska-toon. La tierra de Percy Schmeiser, el «hombre que se levantó contra Monsanto».

El agricultor está inquieto ese día de septiembre de 2004: se ha abatido sobre las praderas un frío excepcional de -9ºC en medio del verano y ha puesto en peligro la cosecha de trigo, una parte de la cual se ha congelado. Ahora bien, el trigo es toda la vida de Marc, porque le hace vivir, desde luego, pero también le une a la epopeya familiar y, más allá de ella, a la gran aventura humana. En efecto, este católico practicante no cultiva cualquier trigo: cada año siembra cuarenta y cinco hectáreas con una variedad antigua amenazada de extinción: la «Red Fife», muy apreciada por la panadería artesana. Mientras circulamos por una carretera recta que se encamina hacia el horizonte en medio de la «tierra llana», me explica que cuando los colonos llegaron a Canadá habían traído consigo semillas de trigo que no estaban adaptadas a las condiciones climáticas extremadamente duras de las praderas. Hasta aquel día de 1842 en el que un tal David Fife, un agricultor escocés establecido en Ontario, se puso a sembrar unos granos que un amigo de Glasgow había recuperado de un cargamento de trigo… ucraniano procedente de Dantzig. Rápidamente la variedad de trigo rojizo, bautizada como «Red Fife» en honor a su «descubridor», se extiende como un reguero de pólvora por las praderas porque presenta una gran resistencia a la roya[*] y, sobre todo, porque madura lo bastante rápido como para escapar al hielo del otoño. Hasta que un seleccionador decide cruzarla con la Hard Red Calcutta, una variedad originaria de… la India, para aumentar sus rendimientos y su calidad panadera. Así es como nació la Marquis, que a principios del siglo XX conquistó un vasto territorio al extenderse desde el sur de Nebraska (Estados Unidos) hasta el norte de Saskatchewan (Canadá), hoy considerado uno de los graneros de trigo del mundo.

«Esta historia», me dice Marc Loiselle, «ilustra muy bien la gran saga del trigo que los seres humanos pudieron desarrollar en los cuatro rincones del planeta porque el intercambio de semillas todavía no estaba bloqueado por las patentes y demás Terminator…».

Nos encontramos en un inmenso campo de trigo Red Fife rodeado de cultivos de soja Roundup ready que se secan al sol. «Antes», me explica el agricultor, «yo hacía una rotación entre mis cultivos de trigo y los de colza o mostaza. Pero tuve que dejarlo porque la colza transgénica de mi vecino contaminó mis cultivos, probablemente transportada por el viento. Mi agencia de certificación biológica me pidió que no cultivara colza o cualquier planta emparentada durante al menos cinco años, porque se sabe que el grano de colza puede permanecer dormido en el suelo durante todo este periodo. De todos modos, no creo que vuelva a cultivar colza biológica, porque es imposible protegerse de la contaminación».

—¿No puede usted plantar setos o zonas de seguridad como recomiendan las autoridades agrícolas? —le pregunté.

—¡No sirve de nada! —me responde Marc—. No se pueden prevenir todos los acontecimientos de la naturaleza: los pájaros, las abejas, el viento… La agricultura trabaja con el ser vivo, ¡que no es sólo una combinación de genes anotada en un papel! Contrariamente a lo que proclama Monsanto, yo afirmo que una vez que se introduce un OGM el agricultor pierde su capacidad de elegir qué tipos de cultivos quiere hacer, porque los OGM lo colonizan todo. Infringen mi libertad de granjero de sembrar lo que quiero y donde quiero. Ésta es la razón por la que estábamos dispuestos a todo para salvar al trigo de esta desgracia…

Desde enero de 2002 Marc Loiselle se unió a una class action que reunía a la mayoría de los agricultores biológicos de Saskatchewan y que pedía daños y perjuicios a Monsanto y Aventis por la pérdida de sus cultivos de colza.[41] Finalmente, el 13 de diciembre de 2007 el Tribunal Supremo de Canadá rechazó la demanda por motivos técnicos, ya que consideraba que la acusación, cuyo fundamento no discutía, no se podía tratar en el marco de una acción colectiva, sino a nivel individual…

Mientras tanto, lo que Marc Loiselle y sus colegas denunciaban fue confirmado por un estudio científico dirigido por René Van Acker, un agrónomo de la Universidad de Manitoba, a petición de la Comisión Canadiense del Trigo.[42] «Hicimos pruebas en veintisiete silos de semillas certificadas de colza no transgénica y constatamos que un 80% estaba contaminado por el gen Roundup ready», me explica en septiembre de 2004 en Ottawa. «Lo que quiere decir que hoy casi la totalidad de los campos de colza canadienses tienen plantas Roundup ready. Por lo que se refiere a la colza biológica, ya ha desaparecido en Canadá, donde es difícil encontrar cinco kilómetros cuadrados que no tengan OGM».

—¿Cómo podría servir la experiencia de la colza para el trigo?

—La Comisión Canadiense del Trigo nos pidió que verificáramos si el gen Roundup ready era susceptible de pasar de un cultivo de trigo a otro —me responde el agrónomo—. Para ello construimos una modelización del flujo de los genes, que en la colza se opera a partir de lo que llamamos unos «puentes de genes». Comparamos todos los elementos de la modelización, uno a uno, y llegamos a la conclusión de que la situación sería muy similar para el trigo y que también era posible un flujo de genes.

—¿No se podían organizar dos sectores distintos, basados en la segregación de los granos? —pregunté, retomando el argumento esgrimido regularmente por los promotores de las biotecnologías.

—Es imposible —me responde el agrónomo—. La contaminación en los campos, inevitable, hace ineficaz todo intento de segregación previa.

De hecho, los propietarios de silos de cereales comparten esta convicción, tal como lo confirma el sondeo realizado en 2003 por el Institute for Agriculture and Trade Policy de Minneapolis.[43] En él se descubre que el 82% de los profesionales con los que se había contactado estaba «muy preocupado» por la posible comercialización del trigo Roundup ready, porque «es imposible tener un sistema de segregación con una tolerancia cero». Igualmente, en 2001 una nota de servicio interna de Agricultura y Agroalimentario Canadá dirigida al ministro de Agricultura Lyle Vanclief y que pudo conseguir Greenpeace revela que el aumento de la segregación no convence a los propios funcionarios ministeriales: «Si se autoriza el trigo transgénico, sera difícil y caro mantenerlo separado del trigo no transgénico en el conjunto de las actividades de producción, de manutención y de transporte», se puede leer en ella.[44]

Hay que indicar que ésta es también la opinión de las instancias europeas que, sin embargo, oficialmente mantienen un discurso completamente diferente que supuestamente tranquiliza a sus poblaciones recalcitrantes. Así, un informe secreto enviado a la Unión Europea en enero de 2002, del que Greenpeace consiguió una copia, confirma que la introducción de cultivos transgénicos en Europa constituiría un golpe fatal para la «agricultura biológica y familiar» de la colza, pero también para los «grandes productores de maíz convencional», y que la coexistencia de cultivos convencionales y transgénicos «en una misma granja parece un escenario irreal, incluso en las grandes explotaciones». Consciente de la «sensibilidad» de estas conclusiones, Barry McSweeney, director del Centro de Investigación de la Comunidad Europea, creyó bueno adjuntar una carta al informe en la que escribe: «Dada la sensibilidad del tema, sugiero que este informe se reserve únicamente para uso interno de la comisión».[45]

—¿Es reversible la contaminación transgénica? —pregunté a René Van Acker, un tanto alarmada por todas estas afirmaciones.

—Desgraciadamente, creo que no —suspira—. No hay marcha atrás posible. Una vez que se lanza a la naturaleza un OGM, no se puede retirar… Si se quisiera suprimir la colza transgénica en el oeste de Canadá, habría que pedir a todos los campesinos que dejaran de cultivar esta planta al menos durante diez años. Eso es imposible, porque la colza es nuestra segunda producción nacional, con cuatro millones y medio de hectáreas cultivadas…

—¿Qué consecuencias tiene para la biodiversidad?

—Es una pregunta muy importante, sobre todo para México, que es el centro de origen del maíz, o para los países del Creciente Fértil[*], donde nació el trigo. Canadá y Estados Unidos exportan a estas regiones del mundo: si los transgénicos se insertan en las especies salvajes y tradicionales de maíz o de trigo, esto provocará un empobrecimiento dramático de la biodiversidad. Se plantea, además, el problema de los derechos de la propiedad intelectual. El caso de Percy Schmeiser demuestra que Monsanto considera que le pertenece toda planta desde el momento en que contenga un gen patentado: si este principio no se pone en tela de juicio, quiere decir que a la larga la empresa podría controlar los recursos genéticos del mundo que constituyen un bien común. Mire lo que ocurre en México, nos encontramos ya en la encrucijada…

III

LOS OGM DE MONSANTO AL ASALTO DEL SUR

12

MÉXICO: APROPIARSE DE LA BIODIVERSIDAD

«La presencia accidental forma parte del orden natural».

MONSANTO, The Pledge Report, p. 15.

«La esperanza de los industriales es que con el tiempo el mercado esté tan inundado que ustedes ya no puedan hacer nada, salvo rendirse».[1] Esto es lo que declaraba a principios de 2001 Don Westfall, vicepresidente de Promar International, una consultoría de Washington que trabaja para las empresas de biotecnología. Todavía tenía esta frase en la cabeza cuando aterricé en Oaxaca, al sur de México, en octubre de 2006. Instalada en el centro de un suntuoso paisaje de verdes montañas, la ciudad, considerada una de las joyas del turismo nacional, era entonces víctima de un violento conflicto social.

LA «CONQUISTA TRANSGÉNICA» DEL MAÍZ MEXICANO

En el Zócalo, la magnífica plaza colonial con arcadas, cientos de huelguistas acampaban en familia en tiendas de campaña flanqueadas de banderolas con el nombre de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Las calles del centro histórico estaban obstruidas por barricadas, mientras que el palacio gubernamental, el tribunal, el congreso regional y todas las escuelas del Estado de Oaxaca, considerado uno de los más pobres del país, permanecían cerrados desde hacía semanas. El conflicto, iniciado por una huelga de profesores, se había extendido a todos los sectores de la sociedad, que reagrupados en el APPO, reclamaban que se fuera Ulises Ruiz Ortiz, el gobernador del Estado. Este cacique del Partido Revolucionario Institucional (PRI), corrupto y adepto a los métodos duros, había acabado por ser desautorizado por su propio partido.

«¿Ha venido a cubrir los acontecimientos?», me pregunta el recepcionista del hotel que ha visto desfilar periodistas de todo el mundo.

«No, he venido por la contaminación del maíz…»; la respuesta provoca la sorpresa de mi interlocutor, que claramente no se la esperaba.

En efecto, el 29 de noviembre de 2001 la revista científica Nature había publicado un estudio que provocó mucho revuelo y activó la artillería (muy) pesada por parte de… Saint Louis. Firmado por David Quist e Ignacio Chapela, dos biólogos de la Universidad Berkeley (California), el estudio revelaba que el maíz criollo[*] (esto es, tradicional) del Estado de Oaxaca estaba contaminado por los genes Roundup ready y Bt.[2] La noticia era tanto más sorprendente cuanto que México había declarado en 1998 una moratoria sobre los cultivos de maíz transgénico para preservar la extraordinaria biodiversidad del cereal cuya cuna es este país. Cultivado, en efecto, desde al menos 5.000 años antes de Cristo, el maíz constituía el alimento base de los pueblos maya y azteca, que lo veneraban como una planta sagrada. Una leyenda india cuenta que los dioses crearon al hombre a partir de una espiga de maíz amarilla y… blanca.

Porque debo decir que como buena europea que soy, para la que el maíz es indefectiblemente amarillo (color oro), me quedé fascinada por la insospechada biodiversidad de las muchas variedades mexicanas. Surcando las comunidades indias del Estado, a cuatro o cinco horas de carretera (destartalada) desde la capital insurgente, me crucé por todas partes con mujeres de faldas abigarradas que ponían a secar delante de sus casuchas magníficas mazorcas amarillas (amarillo pálido), blancas, rojas, violetas, negras o de un sorprendente azul noche, y algunas con la mezcla de varios de estos colores gracias a la polinización cruzada.

«Sólo en la región de Oaxaca tenemos más de ciento cincuenta variedades locales», me explica Secundino, un indio zapoteca que está recogiendo a mano maíz blanco. «Esta especie, por ejemplo, es excelente para hacer tortillas. Mire esta mazorca, tiene un tamaño muy bueno y hermosos granos. Voy a guardarla como semilla para el año que viene».

—¿Nunca compra semillas fuera?

—No —me responde Secundino—. Cuando tengo un problema, intercambio con mi vecino: le doy mazorcas para su consumo y él me da semillas. Es el trueque de antes…

—¿Siempre hacen las tortillas con el maíz local?

—Sí, siempre —sonríe el campesino—. Es más nutritivo porque su calidad es mucho mejor que la del maíz industrial… Y además es más sano porque lo cultivamos sin productos químicos…

El «maíz industrial» es, sobre todo, los aproximadamente seis millones de toneladas de granos que afluyen cada año desde Estados Unidos, un 40% del cual es transgénico. En virtud del ALENA, el acuerdo de libre-comercio firmado en 1992 con el poderoso vecino del norte y con Canadá, México no ha podido impedir la importación masiva de maíz: ampliamente subvencionado por la administración de Washington, amenaza la producción local porque se vende dos veces más barato.[a] Se calcula que entre 1994 y 2002 el precio del maíz mexicano descendió un 44%, lo que obligó a muchos pequeños campesinos a encaminarse a los barrios de chabolas de las ciudades.

«¡Mire, me dice Secundino mostrándome como una ofrenda posada en su mano una magnífica mazorca violeta. «Este maíz era el preferido de mis antepasados…».

—¿Existía antes de la conquista española?

—Sí —suspira el campesino—, y ahora hay otra conquista…

—¿Qué es esta nueva conquista?

—La conquista transgénica, que quiere hacer desaparecer nuestro maíz tradicional para que domine el maíz industrial. En ese caso, nos volveremos dependientes de las multinacionales para nuestras semillas. Y nos veremos obligados a comprar sus abonos y sus insecticidas, porque sin ellos su maíz no crecerá. A diferencia del nuestro, que crece muy bien sin productos químicos…

EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO DEL BIÓLOGO IGNACIO CHAPELA

«Los pequeños campesinos mexicanos son muy conscientes de los desafíos que representa la contaminación genética porque para ellos el maíz no sólo es su alimento base, sino que es también un símbolo cultural», me explica Ignacio Chapela, el autor del estudio publicado por Nature, que me había citado en la famosa explanada de la Universidad de Berkeley, en San Francisco. De aquí fue de donde partió en 1964 el movimiento contra la guerra de Vietnam, que denunció sobre todo las fumigaciones con agente naranja y a los «comerciantes de la muerte», Monsanto entre ellos.

En este domingo de octubre de 2006 está desértico el inmenso campus, en el que normalmente se afanan más de 30.000 estudiantes y unos 2.000 profesores. Sólo un coche de la policía vaga como un alma en pena. «Es por mí», me dice Ignacio Chapela, «después de este caso se me vigila estrechamente, sobre todo cuando voy acompañado de una cámara…». Ante mi aire incrédulo, añade: «¿Quiere la prueba? ¡Venga!». Vamos en coche hasta una colina que domina la bahía de San Francisco. Cuando nos dirigimos al punto de vista panorámico, vemos que el mismo coche aparca ostentosamente al borde de la carretera y que permanecerá ahí durante toda nuestra entrevista…

«¿Cómo descubrió que el maíz mexicano estaba contaminado?», le pregunto bastante preocupada.

—Trabajé durante quince años con comunidades indias de Oaxaca a las que enseñaba a analizar su entorno —me responde el biólogo—, que es de origen mexicano y que trabajó varios años para la empresa suiza Sandoz (convertida en Novartis y después en Syngenta). David Quist, uno de mis alumnos, fue allí a animar un taller sobre OGM. Para explicarles los principios de la biotecnología, les propuso comparar el ADN de un maíz transgénico procedente de una lata de conserva traída de Estados Unidos con el de un maíz criollo que se suponía servía de control, porque pensábamos que no existía maíz más puro en el mundo. ¡Cuál no sería nuestra sorpresa cuando descubrimos que las muestras de maíz tradicional contenían ADN transgénico! Entonces decidimos hacer un estudio, que confirmó la contaminación del maíz criollo.

Para hacer el estudio ambos investigadores tomaron muestras de mazorcas de maíz en dos localidades de la Sierra Norte de Oaxaca. Constataron que cuatro muestras presentaban restos del «promotor 35S» que, como hemos visto (véase el capítulo 7), procede del virus del mosaico de la coliflor; ambas muestras revelaban la presencia de un fragmento procedente de la bacteria Agrobacterium tumefaciens y otro de la de un gen Bt.[3] «En cuanto tuvimos los resultados», comenta Ignacio Chapela, «alertamos al gobierno mexicano, que hizo su propio estudio, que confirmó la contaminación».

En efecto, el 18 de septiembre de 2001 el ministro de Medio Ambiente mexicano anuncia que sus expertos han hecho pruebas en veintidós comunidades campesinas y que en trece de ellas han encontrado maíz contaminado, con un nivel de contaminación comprendido entre el 3% y el 10%.[4] Curiosamente, este comunicado pasa entonces prácticamente desapercibido, mientras que menos de tres meses después el rayo se abatirá sobre Ignacio Chapela y David Quist, sin duda a causa de la reputada revista Nature, que publica su artículo a finales de noviembre. Sin embargo, cuando se lo proponen a la revista británica, ambos científicos son felicitados por la calidad de su estudio y el proceso sigue su curso normal: se somete el artículo a cuatro revisores que al cabo de ocho meses dan el visto bueno. Como recalcará en mayo de 2002 el diario East Bay Express: «Nadie podía prever la magnitud de la controversia que se iba a producir».[5] Será de una violencia inaudita, a través de un auténtico linchamiento mediático organizado en gran parte desde… Saint Louis.

«En primer lugar», me cuenta Ignacio Chapela, «hay que entender por qué este estudio desencadenó las iras de los promotores incondicionales de la biotecnología. En efecto, comprendía dos revelaciones: la primera concernía a la contaminación genética que, de hecho, no había sorprendido a nadie, porque todo el mundo sabía que acabaría por ocurrir, incluido Monsanto, que siempre se ha contentado con minimizar su impacto». De hecho, en su The Pledge la empresa aborda el espinoso tema con una delicadeza infinita, puesto que no habla de contaminación, sino de «presencia accidental que forma parte del orden natural».[6] «En cambio», prosigue el investigador de Berkeley, «el segundo punto de nuestro estudio era mucho más serio para Monsanto y compañía. En efecto, buscando dónde estaban localizados los fragmentos de ADN transgénico, constatamos que estaban insertados en diferentes lugares del genoma de la planta de manera completamente aleatoria. Esto significa que, contrariamente a lo que afirman los fabricantes de OGM, la técnica de manipulación genética no es estable, puesto que una vez que el OGM se cruza con otra planta, el transgen revienta y se inserta de manera incontrolada. Las críticas más virulentas se concentran sobre todo en esta parte del estudio, denunciando nuestra incompetencia técnica y nuestra falta de pericia para poder evaluar este tipo de fenómeno».

El hecho de que los «transgenes sean inestables» tiene «graves implicaciones», comenta Science en marzo de 2002: «Dado que el comportamiento de un gen depende de su lugar en el genoma, el ADN desplazado podría crear unos efectos absolutamente imprevisibles».[7] «Esto mina la premisa fundamental según la cual la manipulación genética es una ciencia exacta y segura», va aún más lejos tres meses después una periodista del East Bay Express.[8] «Este estudio es puro misticismo disfrazado de ciencia»[9], replica Matthew Metz, ex alumno de Chapela en Berkeley convertido en microbiólogo de la Universidad de Washington y que denigrará a Ignacio Chapela y a David Quist hasta el punto de pretender que habían caído en la trampa de los «falsos positivos» debidos a la «contaminación de su laboratorio»…[10]

—¿De dónde vino la ofensiva? —pregunté a Ignacio Chapela.

—De dos lugares —murmura—. En primer lugar, de los colegas de Berkeley con los que me había enfrentado en el pasado a propósito de un contrato de 25 millones de dólares que mi departamento había firmado en 1998 con Novartis-Syngenta, para quien yo había trabajado antes. Este contrato de cinco años daba a la empresa derecho a depositar patentes de un tercio de nuestros descubrimientos. Esta historia había creado dos clanes en Berkeley en los que se oponían dos concepciones antagónicas de la ciencia: a un lado, quienes como yo quieren que siga siendo independiente; y al otro, quienes están dispuestos a vender su alma para obtener financiaciones…

En junio de 2002 la revista New Scientist identificó a estos «colegas» que en diciembre de 2001 habían escrito una carta incendiaria a Nature en la que pedían a la revista que desautorizara el artículo. Algo nunca visto. Se llamaban Matthew Metz, ya citado, Nick Kaplinsky, Mike Freeling y Johannes Futterer, un investigador suizo cuyo jefe era Wilhelm Gruissem y que trabajaba en Berkeley, donde «se le consideraba unánimemente el hombre que aportó Novartis a Berkeley».[11]

«Pero la peor campaña vino de Monsanto», suelta Ignacio Chapela, «que evidentemente había recibido una copia de nuestro estudio antes de que fuera publicado».

LAS «PUÑALADAS TRAPERAS DE MONSANTO»

Hay que decir que la empresa de Saint Louis era muy buena en esto y que hay que pellizcarse para creer la historia que voy a contar. En efecto, el mismo día que se publicó el artículo de Chapela y Quist en Nature, el 29 de noviembre de 2001, una tal Mary Murphy, manifiestamente bien informada, envía un correo electrónico a la página web en favor de los OGM AgBioWorld, en el que escribe: «Con toda seguridad los activistas van a hacer correr el rumor de que el maíz mexicano ha sido contaminado por genes de maíz OGM. […] Hay que indicar que el autor del artículo de Nature, Ignacio H. Chapela, pertenece al directorio del Pesticide Action Network North America (PANNA), un grupo de activistas. […] No es verdaderamente lo que se puede llamar un autor imparcial».[12]

Y el mismo día una tal Andura Smetacek envía a la misma página web un correo electrónico titulado «Ignatio (sic) Chapela: activista antes que científico», en el que, mentira más mentira menos, dice: «Por desgracia, la reciente publicación por parte de la revista Nature de una carta (y no un artículo de investigación sometido al análisis de científicos independientes) del ecologista de Berkeley Ignatio (sic) Chapela ha sido manipulada por activistas contrarios a la tecnología (como Greenpeace, Amigos de la Tierra u Organic Consumers Association) y los medios de comunicación dominantes para alegar falsamente la existencia de enfermedades asociadas a la biotecnología agrícola. […] Una simple investigación en la historia de las relaciones de Chapela con estos grupos [eco-radicales] demuestra su colusión con ellos para atacar a la biotecnología, el libre-comercio, los derechos de la propiedad intelectual y otros temas políticos».[13]

En el momento en que empieza la «campaña de difamación»[14] que acabará con la carrera de Ignacio Chapela un hombre «da por casualidad» con estos extraños correos. Se llama Jonathan Matthews y dirige GMWatch, un servicio de información sobre los OGM con base en Norwich, al sur de Inglaterra. «Entonces yo estaba haciendo una investigación sobre AgBioWorld», me explica cuando lo conozco en noviembre de 2006, instalado como debe ser delante de su ordenador. «Era vertiginoso: los dos correos electrónicos enviados por Mary Murphy y Andura Smetacek se distribuyeron a 3.400 científicos apuntados en la lista de difusión de AgBioWorld. A partir de entonces creció la campaña y algunos científicos, como el profesor Anthony Trewavas, de la Universidad de Edimburgo, pidieron a Nature que desautorizara el estudio o que se despidiera a Ignacio Chapela».

—¿Quién está detrás de AgBioWorld?

—Oficialmente es una organización con fines no lucrativos que afirma «proporcionar información científica sobre la agricultura biológica a quienes toman las decisiones en todo el mundo», como proclama su página web —me responde Jonathan Matthews, demostrándomelo para corroborarlo—.[15] La dirige el profesor Channapatna S. Prakash, director del Centro de Investigación sobre Tecnología Vegetal de la Universidad Tuskegee en Alabama. De origen indio, es consejero de la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional; como tal, interviene regularmente en la India y África para promover la biotecnología. En 2000 se hizo célebre al lanzar la «Declaración de apoyo a la biotecnología agrícola», que hizo que firmaran 3.400 científicos, entre ellos veinticinco Premios Nobel.[16] En su página web no duda en acusar a los defensores del medio ambiente de «fascismo, comunismo, terrorismo, incluido el genocidio». Un día, cuando yo estaba consultando los archivos de AgBioWorld, recibí un mensaje de error que me indicaba el nombre del servidor que alberga la página web: appollo.bivings.com. Ahora bien, el Grupo Bivings, con sede en Washington, es una empresa de comunicación que cuenta entre sus clientes a… Monsanto[17] y que se ha especializado en hacer presión a través de internet.

Y Jonathan Matthews exhibe un artículo publicado en 2002 por el periodista George Monbiot en The Guardian en el que se descubre que la empresa ha presentado sus «conocimientos y experiencia» en un documento colgado en la red y titulado «Marketing viral: cómo infectar al mundo». «Para algunas campañas no es deseable e incluso es desastroso que el público sepa que su empresa está directamente implicada en ello», explica a sus clientes. «En términos de relaciones públicas, simplemente no es bueno. En este caso, en primer lugar es importante “escuchar” bien lo que se dice en la red. […] Una vez que usted está bien impregnado de ello, es posible entrar en estas páginas web para presentar su postura haciendo creer que proviene de una tercera persona. […] La gran ventaja del marketing viral es que su mensaje tiene más posibilidades de ser tomado en serio». En su documento, indica el periodista de The Guardian, Bivings cita a un «directivo de Monsanto» que «felicita a la empresa» por su «excelente trabajo».[18]

—¿Sabe quiénes son Mary Murphy y Andura Smetacek? —pregunté a Jonathan Matthews con la impresión de estar sumida en plena novela policiaca…

—¡Ah! —me responde el director de GMWatch con una sonrisa—. Como bien resumió The Guardian[19], al que transmití mis descubrimientos, ¡se trata de «fantasmas» o «ciudadanos ficticios»! Pasé mucho tiempo buscando quiénes eran estas dos «científicas» que habían desencadenado la campaña contra Ignacio Chapela. Por lo que se refiere a Mary Murphy, envió por lo menos mil correos a la página web de AgBioWorld. Sobre todo colgó en la red un falso artículo de la agencia Associated Press que critica a los «activistas en contra de los OGM». Cuando nos remontamos a la dirección del servidor del que depende su dirección electrónica, se obtiene: ¡Bw6.Bivwood. com! Por lo tanto, ¡«Mary Murphy» es una empleada de la agencia Bivings! Por lo que se refiere a «Andura Smetacek», me dije que debía de ser fácil encontrar a una científica con un nombre tan poco común, tanto más cuanto que ella pretendía escribir desde Londres. Fue sobre todo ella quien inició una petición de encarcelamiento de José Bové. Escudriñé el anuario electrónico, el registro electoral y de las tarjetas de crédito, pero imposible encontrar sus huellas… Contraté a un detective privado en Estados Unidos, pero tampoco encontró nada. Finalmente, escudriñé los detalles técnicos de la parte inferior de sus correos que indican la dirección del protocolo de internet: 199.89.234.124. Al copiarla en un anuario de las páginas web de internet, se encuentra «gatekeeper2.monsan to.com», con el nombre del propietario, ¡«compañía Monsanto de Saint Louis»!

—En su opinión, ¿quién se ocultaría detrás de «Andura Smetacek»?

—George Monbiot, de The Guardian, y yo pensamos que se trata de Jay Byrne, que fue responsable de la estrategia en internet de Monsanto. Durante una reunión con unos industriales celebrada a finales de 2001 declaró lo siguiente: «Hay que considerar internet un arma que está sobre la mesa: o se apropia usted de ella o se la apropia su competencia; en ambos casos, uno de los dos morirá».[20]

—Falsos científicos y falsos artículos, ¡es increíble!

—Sí —me responde Jonathan Matthews—, son auténticas puñaladas traperas que representan exactamente lo contrario de las cualidades que Monsanto afirma encarnar en su The Pledge: «Diálogo, transparencia, reparto»…[21] Estos métodos descubren a una empresa que no tiene el menor deseo de convencer con argumentos y que está dispuesta a todo para imponer sus productos en todo el mundo, incluso a destruir la reputación de todos aquellos que puedan suponerle un obstáculo…

UN «PODER ABSOLUTO»

Mientras tanto, la «conspiración»[22], por decirlo en palabras de la revista The Ecologist, dio sus frutos: el 4 de abril de 2002, tras exigir en vano que los autores se retractaran, Nature publicaba una «nota editorial inusual»[23] que constituye una «retractación sin precedentes»[24] en los ciento treinta y tres años de existencia de la respetable revista: «Las pruebas disponibles no son suficientes para justificar la publicación del artículo original», escribe. «Único en la historia de la edición técnica»[25], este rechazo crea un cierto revuelo en el microcosmos científico internacional: «Esto da una muy pobre imagen de la línea editorial y del proceso de revisión de Nature», se extraña Andrew Suarez, de la Universidad de Berkeley, en una carta al director. «En ese caso, ¿por qué Nature se niega a proceder a realizar retractaciones similares para publicaciones anteriores que han resultado ser incorrectas o susceptibles de ser interpretadas de otra manera?».[26] Miguel Altieri, otro investigador de Berkeley, sugiere la respuesta a esta pregunta: «La financiación de Nature depende de las grandes empresas», asegura. «Mire la última página de la revista y verá quién paga los anuncios de contratación: el 80% son empresas tecnológicas que pagan de 2.000 a 10.000 dólares por anuncio…».[27]

La «marcha atrás»[28] de Nature es tanto más sorprendente cuanto que un mes antes Science revelaba que «dos equipos de investigadores mexicanos» habían anunciado que confirmaban los «explosivos resultados del biólogo Ignacio Chapela».[29] Uno de los equipos (dirigido por Exequiel Ezcurra, el muy respetado presidente del Instituto Mexicano de Ecología) había analizado muestras de maíz tomadas en veintidós comunidades de Puebla y Oaxaca. En once de ellas se había constatado una contaminación genética comprendida entre el 3% y el 13%, y en otras cuatro entre el 20% y el 60%. En octubre de 2002 el doctor Ezcurra había enviado un artículo a Nature, que lo rechazó. «Este rechazo se debe a motivos ideológicos», denunció subrayando las «explicaciones contradictorias» de los revisores, uno de los cuales había dicho que los resultados eran «evidentes» y otro que eran «difíciles de creer»…[30]

Mientras tanto, Ignacio Chapela lo pagó muy caro: en diciembre de 2003 la dirección de Berkeley le comunica que ha reconsiderado su decisión (a pesar de haber sido apoyada por treinta y dos votos contra uno) de nombrarlo profesor titular y que tendrá que abandonar la universidad cuando venza su contrato seis meses después. En un palabra: el profesor está despedido. Apela y se le da la razón en mayo de 2005. «Desde entonces arrastro mi fardo de lanzador de alerta. No tengo presupuesto para llevar a cabo las investigaciones que me interesan porque en Estados Unidos ya no se puede trabajar en el campo de la biología si se rechaza el apoyo de las empresas de biotecnología. Hubo un tiempo en que la ciencia y la universidad reivindicaban alto y claro su independencia de las instancias gubernamentales, militares o industriales. Se ha acabado, no sólo porque los científicos dependen de la industria para vivir, sino porque ellos mismos forman parte de la industria… Por esa razón afirmo que vivimos en un mundo totalitario, gobernado por los intereses de las multinacionales, que únicamente se sienten responsables ante sus accionistas. Es difícil resistir ante este poder absoluto. Mire lo que le ocurrió a Exequiel Ezcurra…».

Por desgracia, no pude conocer al ex director del Instituto Mexicano de Ecología, que poco después de haberse sublevado contra la negativa de Nature a publicar su estudio sobre la contaminación del maíz criollo fue nombrado en 2004 director de investigación científica del Museo de Historia Natural de San Diego (California), donde había dirigido un Centro de Investigación sobre la Biodiversidad entre 1988 y 2001. Me sorprendió mucho ver que en agosto de 2005 había cofirmado un estudio publicado en Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS) que, como su nombre indica, depende de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos. Editado por la Universidad Washington de Saint Louis[a], el estudio confirmaba la «ausencia de transgénicos detectables en las variedades locales de maíz en Oaxaca».[31] En cambio, en octubre de 2006 conocí en su laboratorio del Instituto Mexicano de Ecología a una de sus colaboradoras, la doctora Elena Álvarez-Buylla.

—¿Cómo se explica usted que el doctor Ezcurra haya firmado un estudio que contradice hasta ese punto sus trabajos anteriores?

—Sólo él lo sabe —me responde prudentemente la bióloga—. Lo que puedo decir es que empezamos juntos estos trabajos y que fui apartada de ellos. Fui sustituida por una estadounidense, Allison Snow, de la Universidad de Ohio, que retomó el estudio en curso… Decidieron publicar unos resultados preliminares, que yo considero poco rigurosos desde el punto de vista científico.

Ella no es la única en pensarlo: cinco investigadores internacionales (entre ellos Paul Gepts, a quien conocí en julio de 2004 en la Universidad Davis a propósito de las patentes del ser vivo; véase más adelante, capítulo 10) también consideraron que las «conclusiones [del estudio] no estaban justificadas científicamente».[32] Sin embargo, muchos periódicos internacionales, entre ellos Le Monde,[33] presentaron esta publicación…

«Mi laboratorio», me dice Elena Álvarez-Buylla, «hizo después un nuevo estudio por todo el país que estableció que la tasa nacional de contaminación es como media de un 2% a un 3% según el tipo de transgénico, con picos mucho más elevados».

—¿Qué piensa usted de esta polémica?

—Creo que no tiene nada que ver con el rigor científico y que oculta otros intereses —me responde la bióloga—. Lo que en adelante me importa es saber cuáles pueden ser a medio plazo las consecuencias de la contaminación sobre el maíz criollo. Por esa razón, junto con mi equipo hicimos una experiencia con una flor muy simple, Arabidopsis thaliana, que posee el genoma más pequeño del mundo vegetal y en la que introdujimos un gen por medio de la manipulación genética.[34] Después sembramos los granos transgénicos y observamos su crecimiento. Constatamos que dos plantas estrictamente idénticas desde el punto de vista genético (tienen el mismo genoma, los mismos cromosomas y el mismo transgen) pueden presentar fenómenos (es decir, formas florales) muy diferentes: algunas tienen flores que son idénticas al modelo natural, con cuatro pétalos y cinco sépalos; pero otras tienen unas flores aberrantes, con unos pelos anormales o pétalos extraños. Y otras son claramente monstruosas… De hecho, la única diferencia entre todas estas plantas es la localización del transgen que se inserta completamente a ciegas modificando el metabolismo vegetal.

—¿Cómo puede servir esto para el maíz? —pregunto contemplando una flor absolutamente monstruosa que la científica me muestra en su ordenador.

—Este modelo experimental permite extrapolar lo que se corre el peligro de que ocurra cuando el maíz transgénico se cruce por polinización con las variedades locales. Es muy preocupante, porque se puede temer que la inserción aleatoria del transgen afecte al fondo genético del maíz criollo de forma completamente incontrolada…

LOS «MONSTRUOS» DE OAXACA

«Los monstruos ya están en nuestras montañas», me dice Aldo González, uno de los dirigentes de la Unión de Organizaciones Indígenas de Sierra Juárez de Oaxaca, a quien acabo de contar mi conversación con la doctora Álvarez-Buylla. Temprano, esta mañana de octubre de 2006 abandonamos Oaxaca para llegar a una comunidad zapoteca que vive en lo más profundo de la montaña. En el asiento de atrás de su coche Aldo ha puesto… un ordenador portátil. «Contiene mi tesoro de guerra», sonríe, «el fruto de un trabajo de tres años». En efecto, en 2003 unos campesinos se pusieron en contacto con su organización preocupados al ver crecer en sus campos plantas de maíz que «parecían enfermas y deformes». Algunas plantas eran anormalmente altas, otras tenía unas mazorcas deformes o unas hojas inusuales. Aldo se desplazó a la comunidad, hizo fotos y tomó muestras de la planta, que llevó a analizar a un laboratorio provisto de los famosos kits que permiten a las aduanas europeas detectar transgénicos en la soja o el maíz importados de América del Norte. «El resultado era siempre positivo», me cuenta Aldo. «Hoy tengo unas trescientas fotos que he sacado por toda Sierra Juárez».

Llegamos al pueblecito de Gelatao. Tras las presentaciones de rigor con el jefe de la comunidad, Aldo toma un altavoz que resuena poderosamente en medio de este circo natural: «Les invitamos a participar en una reunión sobre las nuevas enfermedades que atacan a nuestro maíz debido a la contaminación transgénica», explica mientras se instala una pantalla en la plaza del pueblo. Van llegando los hombres, con el machete a la cintura, a veces acompañados por sus mujeres, que llevan el abigarrado fardo de tela en el que después depositarán las mazorcas de la siega.

«Les voy a enseñar fotos de plantas de maíz que hemos hecho en nuestra región», explica Aldo a la asistencia. «Me gustaría saber si ustedes ya se han encontrado este tipo de plantas en su comunidad. Como ven, ocurren cosas muy extrañas: por ejemplo, esta planta tiene un ramo aquí y otro allá… Normalmente, una planta de maíz no es así: siempre hay una hoja de donde sale una mazorca, pero, miren, aquí hay tres mazorcas que salen de la misma hoja. ¡Son verdaderamente monstruosas! En general hemos encontrado este tipo de plantas al borde de los caminos, en jardines… Es posible que alguien haya ido a comprar maíz a una tienda y haya perdido algunos granos por el camino. Estos granos germinaron y así es como se contaminó el maíz tradicional».

—Yo tuve una planta que se parecía a esa última —dice un joven campesino—. Se la enseñé a los ancianos, que me dijeron que nunca habían visto eso. ¿Es una nueva enfermedad?

—Sí… —responde Aldo—. Pero el problema es que no se cura…

—Si lo entiendo bien —interviene otro indio—, si no conseguimos detener esta proliferación en nuestros campos, pronto nos veremos obligados a comprar otro maíz, porque el nuestro ya no dará. Es muy preocupante: ¿qué podemos hacer?

—La primera recomendación es que si encuentran una planta extraña, hay que arrancar enseguida su espiguilla para evitar que suelte el polen y les contamine el resto del campo. En general, tienen que estar muy atentos vigilando muy de cerca su maíz…

—¿Cuáles pueden ser las consecuencias si se generaliza la contaminación? —pregunté.

—Será el final del maíz criollo, pero también de toda la economía rural que sustenta este maíz —me responde Aldo—. Cuanto más lo pienso, más me digo que todo esto es intencionado porque, finalmente, la contaminación beneficia únicamente a multinacionales como Monsanto. Una vez que todo esté contaminado, la empresa se podrá apropiar del cereal más cultivado del mundo. Y cobrar royalties, como en Argentina o Brasil…

Porque los perjuicios de los OGM no se limitan a América del Norte y México. Afectan también a América del Sur, en particular a Argentina, donde en unos años la soja transgénica se ha convertido en el primer recurso del país y al mismo tiempo en su primera maldición, sin la menor duda.

13

EN ARGENTINA, LA SOJA DEL HAMBRE

«El aumento constante de las superficies cultivadas es una prueba de los beneficios que aportan los cultivos transgénicos y, sobre todo, de su impacto positivo en el medio ambiente».

MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 18.

En este 13 de abril de 2005, en Buenos Aires, a Miguel Campos le cuesta ocultar su ira. Desde hace varias semanas el secretario argentino de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación está metido en un peligroso pulso con… Monsanto. No es que este ingeniero agrónomo («Ing. Agr. Miguel Campos», dice la página web del Ministerio de Economía del que depende su secretaría) se oponga a la biotecnología. Muy al contrario, si como todos sus predecesores desde hace diez años ha sido nombrado para este puesto, es precisamente porque es un adepto incondicional de los OGM. Durante las dos horas que dure nuestra entrevista no dejará de elogiar los méritos agrícolas y financieros de la soja Roundup ready, al tiempo que tratará de convencerme de que el comportamiento de la empresa de Saint Louis ha sido tan vil como inexplicable.

«Monsanto nunca pudo patentar su gen Roundup ready en Argentina porque nuestras leyes no lo permiten», me explica con vehemencia. «Por consiguiente, la compañía había aceptado renunciar a los royalties sobre las semillas y se había comprometido a no perseguir a los campesinos que volvieran a sembrar una parte de su cosecha, como siempre han hecho legalmente. Hoy Monsanto incumple sus promesas y reclama tres dólares por tonelada de grano o de harina de soja que salga de los puertos argentinos, o quince dólares a la llegada de los cargamentos a los puertos europeos. ¡Es inadmisible!».

APROPIARSE DE ARGENTINA

Miguel Campos tiene el rostro descompuesto del buen alumno que se siente injustamente maltratado por el maestro al que adula. Porque si existe un país en el que la multinacional haya podido hacer todo lo que le viniera en gana sin el menor obstáculo, ése es Argentina: en el momento en el que me está hablando el Ing. Agr. Campos, la mitad de las tierras cultivadas argentinas están sembradas de soja transgénica, esto es, 14 millones de hectáreas y 37 millones de toneladas cosechadas, de las que más del 90% se exporta, principalmente a Europa y China. Si Monsanto logra sus objetivos, la empresa acumulará unos 160 millones de dólares al año únicamente de las exportaciones europeas. Un chollo.

«¿No cree usted que era una trampa?». Miguel Campos finge no entender mi pregunta.

«¿Una trampa?», farfulla.

—Pues sí; Monsanto primero creó las condiciones favorables para que la soja Roundup ready se extendiera por todo el país y luego la compañía les pide que pasen por caja…

—Si era una estrategia, era muy equivocada. No se cambian las reglas del juego diez años después…

—¿Van ustedes a pagar?

—El conflicto es muy grave porque Monsanto amenaza con atacar todas las exportaciones argentinas…

En una declaración recogida por la revista Dow Jones Newswires el 17 de marzo de 2005 Miguel Campos se anduvo con menos rodeos al denunciar el comportamiento «canalla» de Monsanto.

Sin embargo, la aventura transgénica había empezado diez años antes como un cuento de hadas en el país de las vacas y de los gauchos. Cuando en 1994 la FDA autoriza la salida al mercado norteamericano de la soja Roundup ready hace ya mucho tiempo que Monsanto tiene echado el ojo al Cono Sur. Su objetivo es, por supuesto, Brasil, segundo productor mundial de soja. Pero el negocio está lejos de ser cosa hecha, ya que la Constitución brasileña exige que los cultivos transgénicos se sometan a unas pruebas previas sobre su impacto medioambiental antes de autorizar su «liberación». El gigante de Saint Louis se conforma entonces con Argentina, donde a semejanza de la administración Bush, el gobierno de Carlos Menem siempre habla de lo mismo: de «desregulación». El hombre de las patillas (que en 2007 vive exiliado en Chile para escapar a dos acusaciones de corrupción con relación al tráfico de armas) se afanará durante los diez años que dure su reinado (1989-1999) por acabar el trabajo emprendido poco antes por la dictadura militar (1976-1983): Menem desmanteló lo que quedaba del Estado de bienestar argentino privatizando de forma generalizada y abriendo de par en par las puertas del Río de la Plata al capital extranjero. Esta política ultraliberal golpeará de lleno al poderoso sector agrícola, en el que los mecanismos de protección fueron aniquilados para entregar la producción únicamente a las leyes del mercado.

Monsanto no estaba equivocado. Desde principios de los noventa se apresuró a colarse por la brecha convirtiéndose en el interlocutor privilegiado de la CONABIA, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, establecida por Menem en 1991 para dar a Argentina una apariencia de reglamentación en materia de OGM. Dependiente de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la comisión sólo tiene carácter consultivo y está constituida exclusivamente por representantes de organismos públicos, como el Instituto Nacional de las Semillas (INASE) o el Instituto Nacional de la Tecnología Agrícola (INTA), y por actores privados de la industria biotecnológica, como Syngenta, Novartis y, por supuesto, por Monsanto, cuyo testarudo intervencionismo imaginamos sin problema alguno. De hecho, las recomendaciones emitidas por la CONABIA se inspiran directamente en el dispositivo estadounidense, puesto que desde su origen adopta el principio de equivalencia en sustancia, tal como lo estipula su página web: «La norma argentina se basa en las características y riesgos identificados del producto biotecnológico y no en el proceso que ha permitido obtener dicho producto». Concretamente, la comisión se contenta con analizar los datos suministrados por las multinacionales; y si se han hecho pruebas ha sido únicamente para probar la adaptabilidad de las semillas transgénicas a las condiciones agronómicas argentinas.

A partir de 1994 Monsanto vende licencias a las principales compañías semilleras del país, como Nidera o Don Mario, que se ocupan de introducir el gen Roundup ready en las variedades de su catálogo. Por una feliz coincidencia, los dos periódicos principales del país, La Nación y, sobre todo, Clarín (el de mayor tirada nacional), se involucran en la promoción (algunos hablan de «propaganda») de la biotecnología[a], reduciendo a todos los que se oponen a ella, incluso a los más moderados, a exaltados oponentes al progreso, a «ludditas», por retomar la expresión de Dan Glickman, ex ministro de Agricultura de Bill Clinton (véase el capítulo 8). Así es como editorial tras editorial se elogian los méritos de la revolución biotecnológica con unos argumentos que recuerdan extrañamente a los desarrollados por cierta compañía de Missouri: «Con los OGM la ciencia ha hecho una contribución decisiva a la guerra contra el hambre», declara Carlos Menem en una revista agrícola.[1] «Las biotecnologías permiten cosechas de mejor calidad, una mejor productividad y una agricultura sostenible que protege el medio ambiente», asegura por su parte William Konsinsky, el «educador de las biotecnologías» de Monsanto.[2]

«La introducción de los OGM en Argentina se hizo sin ningún debate público, ni siquiera parlamentario», se indigna Walter Pengue, un ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires especializado en selección genética[3] al que conocí en Buenos Aires en abril de 2005. «Sigue sin haber ninguna ley que enmarque su salida al mercado y se aparta a la sociedad civil, que ni siquiera está representada en la CONABIA, de todas las decisiones. Tras ser autorizada en 1996, la soja Roundup ready se extendió por toda Argentina a una velocidad absolutamente única en la historia de la agricultura: ¡más de un millón de hectáreas de media al año! Es un auténtico desierto verde que a partir de entonces devora uno de los graneros del mundo».

LAS «SEMILLAS MÁGICAS»

De hecho, en cuanto se sale de Buenos Aires para ir hacia el norte la visión es sobrecogedora: hasta donde alcanza la vista, soja y más soja, a veces entrecortada por pastos en los que pacen grandes rebaños de vacas. En este mes del otoño austral la siega ya está muy avanzada y la Ruta Nacional 9 está embotellada de camiones que enlazan los silos de soja con los puertos del río Paraná. Nos encontramos en el corazón de La Pampa, esa vasta llanura mítica de Argentina que cubre el 20% del territorio nacional, esto es, 650.000 kilómetros cuadrados limitados al norte por la región del Chaco, al este por el río Paraná, al sur por el río Colorado y al oeste por los Andes. Tan fértil como el corn belt de Estados Unidos, la llanura pampeana es uno de los mejores pastos del mundo y desde el siglo XIX constituye una zona de explotación agrícola intensiva en la que hasta la llegada de los OGM se cultivaban cereales (maíz, trigo, sorgo), oleaginosas (girasol, cacahuete, soja), pero también legumbres y fruta, sin olvidar la producción de leche, tan desarrollada que se hablaba de la «cuenca de leche». La Pampa es el orgullo del país en su imaginería nacional, capaz de producir alimentos para diez veces su población y, por lo tanto, de exportarlos. «Cultivar la tierra es servir a la patria», dice un cartel a la entrada de la sede de la Sociedad Rural de Argentina.

El hombre que me recibe tras cinco horas de carretera es un auténtico campesino, padre e hijo de campesinos, habitado por esta visión nutricia de la agricultura. Héctor Barchetta, de unos cuarenta años, explota 127 hectáreas a unos sesenta kilómetros de Rosario, la capital del imperio transgénico. Miembro de la Federación Agraria Argentina que agrupa a 70.000 pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, confiesa estar «completamente desamparado». Mientras recorre sus campos de soja Roundup ready, que ahora cubre el 70% de su granja, me cuenta la historia de un milagro que se está convirtiendo en una pesadilla.

Desde los años noventa se enfrenta al problema que afecta a todos los campesinos de La Pampa: la erosión de los suelos debido a su explotación demasiado extensiva. Según el INTA, el Instituto Agronómico Nacional, los rendimientos descendieron un 30%. «Ya no sabíamos a qué santo encomendarnos», explica Héctor, «y fue en este contexto en el que llegó la soja Roundup ready. Al principio eran verdaderamente semillas mágicas, porque volvimos a tener altos rendimientos reduciendo los costes de producción y trabajando menos». De hecho, como en Estados Unidos, el cultivo transgénico se desarrolló con la técnica de la siembra directa, que permite sembrar sin labor previa en los residuos de la cosecha anterior. La promoción y el marco técnico están garantizados por la AAPRESID, la Asociación Argentina de Productores de Soja, que se parece a su homólogo norteamericano, la American Soybean Association (ASA, véase el capítulo 8), hasta el punto de confundirse ambas.

La AAPRESID, que reagrupa a 1.500 grandes productores, es la principal promotora de la soja Roundup ready y la más servicial aliada de Monsanto en Argentina. «La técnica de la siembra directa es parte integrante del modelo de cultivo transgénico», comenta el agrónomo Walter Pengue. «Es cierto que en un primer momento conlleva una restauración de la fertilidad de los suelos gracias a un aumento de la materia orgánica proporcionada por los residuos de superficie que retienen el agua. Esta técnica es indisociable de lo que Monsanto llama el “paquete tecnológico”, a saber, las semillas transgénicas y el Roundup, que se venden juntos, y la compañía demuestra aquí una gran habilidad al lanzar su “paquete” a un precio tres veces inferior al de Estados Unidos». En efecto, a un precio tan bajo que los productores norteamericanos (que, sin embargo, reciben generosas subvenciones) pusieron el grito en el cielo y denunciaron una «competencia desleal»…

En todo caso, Héctor mordió entusiasmado el anzuelo. «Antes», cuenta, «para destruir las malas hierbas tenía que aplicar cuatro o cinco herbicidas diferentes, pero con la soja Roundup ready bastaban dos aplicaciones de Roundup. Y además, para colmo de la felicidad, la crisis de las vacas locas hizo que se disparara la cotización de la soja, y como todos mis vecinos, dejé de producir maíz, trigo, girasol, lentejas». En efecto, la prohibición de harinas animales en Europa arrastra una demanda creciente de proteínas vegetales y, por lo tanto, de orujo de soja. La cotización de las oleaginosas llega a un récord histórico, lo que provoca en La Pampa una avalancha hacia el nuevo oro verde. «Gracias al boom de la soja pude sobrevivir a la crisis», continúa Héctor. «Se hizo todo para que los productores no la padecieran. Cuando se disparaban las tasas de interés, nosotros podíamos procurarnos el paquete de Monsanto y no pagarlo hasta después de la cosecha».

En 2001 Argentina está al borde de la quiebra. El gobierno de Fernando de la Rúa se ve obligado a dimitir bajo la presión de la calle. Mientras los piqueteros (los parados rebelados) se apoderan de las calles, la miseria se instala en los cuatro rincones del país, en el que el 45% de la población vive a partir de entonces por debajo del mínimo vital. Estrangulados por una colosal deuda externa, los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner utilizan después la soja como tabla de salvación. «Es el motor de nuestra economía», afirma Miguel Campos. «El Estado obtiene un impuesto del 20% de los aceites y del 23% de los granos, lo que representa 10.000 millones de dólares [al año], esto es, el 30% de las divisas nacionales. Sin la soja, el país simplemente se habría hundido…».

LA «SOJIZACIÓN» DEL PAÍS

Para Monsanto la crisis argentina es una oportunidad que supera sus mayores esperanzas. La soja Roundup ready se expande como un reguero de pólvora desde La Pampa hacia el norte por las provincias del Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. Mientras que en 1971 los cultivos de oleaginosas sólo representaban 37.000 hectáreas, pasan a ser 8.300.000 en 2000, 9.800.000 en 2001, 11.600.000 en 2002, para llegar a los 16 millones de hectáreas en 2007, esto es, el 60% de las tierras cultivadas. El fenómeno es de tal envergadura que se habla de sojización[*] del país, un neologismo que designa una profunda reestructuración del mundo agrícola, cuyos funestos efectos no tardarán en manifestarse.

En un primer momento, cuando la crisis abate la economía nacional, se dispara el precio de la tierra porque se ha convertido en un valor refugio que permite inversiones tan fructíferas como rápidas. «En mi sector», cuenta Héctor Barchetta, «el precio de la hectárea pasó de 2.000 a 8.000 dólares. Los productores más frágiles acabaron por vender, lo que provocó una concentración de la propiedad inmobiliaria». De hecho, la superficie media de las explotaciones de La Pampa pasó en una década de 250 a 538 hectáreas, mientras que el número de granjas se reducía un 30%. Según el censo agrícola realizado por el Instituto Nacional de Estadística y del Censo (INDEC), entre 1991 y 2001 quebraron 150.000 campesinos, 103.000 de ellos tras la llegada de la soja transgénica. En esta misma fecha unos 6.000 propietarios poseían la mitad de las tierras cultivadas del país, mientras que 16 millones de hectáreas pertenecían ya a extranjeros, un proceso que se ha acentuado todavía más después.

«Asistimos a una expansión sin precedentes del agrobusiness, de la agricultura industrial dirigida a la exportación, en detrimento de la agricultura familiar, que desaparece», se lamenta Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina. «Los campesinos que se marchan son reemplazados por actores que no provienen del mundo agrícola: se trata de fondos de pensión o de inversores que invierten su dinero en “consorcios de semillas” y que se lanzan al monocultivo de la soja Roundup ready, en colaboración con multinacionales como Cargill o Monsanto. Todo ello en detrimento de los cultivos alimenticios».

De hecho, mientras que la soja Roundup ready prosigue su imparable avance y transforma al antiguo granero del mundo en un productor de forraje para el ganado europeo, las producciones alimenticias desaparecen. Según fuentes oficiales, de 1996-1997 a 2001-2002 el número de tambos, explotaciones lecheras, se redujo un 27%, y por primera vez en su historia, el país de las vacas tuvo que importar leche de Uruguay. Igualmente, la producción de arroz descendió un 44%; la del maíz, un 26%; la del girasol, un 34%; la de la carne porcina, un 36%. Este movimiento fue acompañado de una subida vertiginosa del precio de los productos básicos de consumo: por ejemplo, en 2003 el precio de la harina subió un 162%, el de las lentejas (muy apreciadas en la cocina nacional), un 272% o el del arroz, un 130%. «El argentino medio come mucho peor que hace treinta años», subraya Walter Pengue. «Y lo irónico del caso es que se nos anima a cambiar la leche y la carne de vaca, que siempre han formado parte de la dieta nacional, por leche y bistecs de soja…».

Lo que cuenta el agrónomo argentino no es una broma de mal gusto, sino una realidad. En un país en el que el dulce de leche y la carne de vaca son ingredientes esenciales del patrimonio cultural, el propio secretario de Agricultura, Miguel Campos, se apresura a proporcionar una «buena dirección» de un «restaurante sojero» en Buenos Aires. A continuación elogia la generosidad del programa Soja Solidaria lanzado en 2002 por la AAPRESID, que decidió «ayudar» a su manera a los 10 millones de marginados que sufrían desnutrición, de ellos un niño de cada seis. La idea es simple: «Dar un kilo de soja por cada tonelada exportada». La campaña fue apoyada por los grandes medios de comunicación, que no dudaron en presentar Soja Solidaria como una «idea brillante que va a cambiar la historia».[4] Por lo que se refiere al ineludible Héctor Huergo, director del suplemento Clarín rural, anima al gobierno a «sustituir los actuales programas de ayuda social por una cadena solidaria de coste cero gracias a una red de distribución de soja, uno de los alimentos más completos que basta con hacer que entre en nuestra cultura».[5]

Para ello, los promotores de los OGM no escatimaron medios: gracias al gasoil proporcionado gratuitamente por Chevron-Texaco se entregaron cargamentos de soja a cientos de comedores populares y escolares de los barrios desfavorecidos y de chabolas, a las residencias de ancianos, hospitales y a cuantas obras de caridad había en Argentina. Por todo el país se crearon talleres en los que unos voluntarios (en la Universidad Católica de Córdoba se habla incluso de «brigadistas de la soja») enseñan a unos «cocineros» cómo fabricar «leche», hamburguesas y otras milanesas de soja. Así, en la página web nutri.com se aprende que en Chimbas, en lo más profundo de la provincia de San Juan, un «programa municipal» permitió «formar en el consumo de soja» a 6.000 personas y que se movilizó a 1.000 voluntarios para distribuir «leche de soja» a 12.000 niños…

Cuando Soja Solidaria celebra su primer aniversario, Víctor Trucco, presidente de la AAPRESID, no oculta su satisfacción: «Con el tiempo», escribe entonces en Clarín, «se recordará el año 2002 como el de la incorporación de la soja a la dieta de los argentinos».[6] Y hace un balance: «Hemos aportado 700.000 toneladas de soja, que representan 280.000 kilos de proteínas de alto valor u ocho millones de litros de leche, o 2.300.000 kilos de huevos, o un millón y medio de kilos de carne». Una retahíla muy discutible que se supone oculta un propósito resumido por la página web de Soja Solidaria en una frase que tiene el mérito de la claridad: «El plan ha ayudado a la difusión de la soja» en el país…[7]

LA «SOJA REBELDE»: HACIA LA ESTERILIZACIÓN DE LOS SUELOS

Aquel día, Walter Pengue había programado una visita a casa de Jesús Bello, un campesino de La Pampa que desde el año 1997 se lanzó a la soja Roundup ready. El agrónomo lleva siete años haciendo un seguimiento de varias granjas de la región y escudriñando escrupulosamente sus cuentas de explotación. «Al principio», explica, «yo era más bien favorable a la soja transgénica porque pensaba que con una rotación de cultivos y una utilización razonable del glifosato, podía ser buena para el medio ambiente y para la cartera de los productores, ya que el control de las malas hierbas suponía hasta el 40% de los costes de producción. Pero hoy estoy muy preocupado porque todas las alarmas se han disparado…».

A su lado Jesús Bello asiente con la cabeza: «Nos estamos dando contra la pared», murmura. «Cada vez gastamos más dinero y los suelos están agotados». De hecho, Jesús, como Héctor Barchetta a 300 kilómetros de ahí, se enfrenta con un problema que se acentúa cada día: la resistencia de las malas hierbas al glifosato (véase el capítulo 10). «Desde un punto de vista agronómico estaba cantado», suspira Walter. «Antes de la llegada de la soja transgénica los productores utilizaban cuatro o cinco tipos de herbicidas diferentes, algunos de ellos muy tóxicos, como el 2-4 D, la atrazina o el paraquat.[a] Pero la alternancia entre los diferentes productos impedía que las malas hierbas desarrollaran una resistencia a uno u otro. Hoy, la utilización exclusiva de Roundup en cualquier momento del año ha provocado la aparición de biotipos que en un primer momento fueron “tolerantes” al glifosato: para acabar con estas malas hierbas[b] ha habido que aumentar las dosis de herbicida. Tras la tolerancia viene la resistencia, que ya se puede constatar en algunos sectores de La Pampa».

—Por consiguiente, ¿sería erróneo el argumento comercial de Monsanto que afirma que la tecnología Roundup ready permite reducir el consumo de herbicida?

—¡Completamente! —me responde Jesús Bello—. Aplico dos veces el glifosato, una tras la siembra y otra dos meses antes de la cosecha. Al principio utilizaba dos litros de herbicida por hectárea, ¡hoy me hace falta el doble!

—Antes de la llegada de la soja Roundup ready, Argentina consumía una media anual de un millón de litros de glifosato, añade Walter Pengue. ¡En 2005 pasamos a 150 millones de litros! Monsanto no niega que haya un problema de resistencia y anuncia un nuevo herbicida más poderoso, con una nueva generación de OGM, pero ¡no salimos del círculo vicioso!

La factura es excesiva para los productores. Se acabó la época en que para poner en marcha la maquinaria Monsanto aceptó una rebaja de dos tercios del precio de su herbicida. Rápidamente el precio recuperó su curso normal, lo que llevó a los productores a utilizar los genéricos (chinos principalmente) en cuanto expiró la patente de la compañía (véase el capítulo 4). Pero al mismo tiempo surgió un nuevo problema que ha encarecido aún más la factura: lo que en Argentina se llama la «soja rebelde» (o «voluntaria», en Canadá), que confirma que desde el norte al sur de América las mismas causas producen los mismos efectos. Y como en Estados Unidos, Syngenta (la competencia suiza de Monsanto, que produce paraquat y atrazina), no se equivocaba: uno de sus anuncios publicitarios estrella clamaba en 2003: «¡La soja es una mala hierba!».

Además, el uso intensivo de Roundup tiende a hacer estéril la tierra. «Cada vez consumo más abonos», reconoce Jesús Bello, «porque si no, los rendimientos se hunden». Resulta difícil ver cómo un «herbicida total» capaz de eliminar cualquier planta iba a respetar la flora microbiana, esencial para la fertilidad de los suelos. «La desaparición de algunas bacterias hace inerte la tierra», explica Walter Pengue, «lo que impide el proceso de descomposición y atrae a las babosas y los hongos como el fusarium».

Por último, y para colmo, en 2004 la cotización de la soja inició una tendencia a la baja que se confirmó en 2005[c], hasta el punto de inquietar permanentemente a los pequeños y medianos productores como Jesús Bello o Héctor Barchetta. «¿Qué estamos haciendo?», murmura el último con los ojos fijos en la parcela que pronto va a cosechar. «Antes yo producía una quincena de alimentos diferentes, ahora sólo produzco soja transgénica. Quizás hemos caído en una trampa… Quizás estemos sacrificando la tierra y el futuro de nuestros hijos…».

UN DESASTRE SANITARIO

«Mire», dice malhumorado el doctor Darío Gianfelici al volante de su coche, «plantan soja hasta en los arcenes de la carretera. Durante la estación de las fumigaciones, uno puede acabar completamente empapado, ¡las autoridades sanitarias de este país son completamente irresponsables!». Cuando lo conozco en abril de 2005, Darío trabaja de médico en Cerrito, una ciudad pequeña de 5.000 habitantes situada a cincuenta kilómetros de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. O lo que es lo mismo, en el corazón del imperio de la soja. En esta región de La Pampa, antes famosa por su diversidad agrícola, el cultivo de la oleaginosa ha pasado de 600.000 hectáreas en 2000 a 1.200.000 tres años después. Al mismo tiempo la producción de arroz descendía de 151.000 a 51.7000 hectáreas.[8] Un mínimo de dos veces al año los aviones fumigadores o los mosquitos[a] inundan la región de Roundup, a veces hasta la misma puerta de las casas, puesto que aquí la soja Roundup ready lo ha invadido todo.

«Es como una fiebre, una epidemia», suspira Darío Gianfelici, que me enseña a través del parabrisas los famosos chorizos. Al no saber ya dónde almacenar los granos porque la infraestructura no era suficiente, los productores inventaron unos silos en forma de chorizo que ahora jalonan los márgenes de las carreteras. Si el doctor se ha convertido en un militante en contra de los OGM no es por una cuestión ideológica, sino porque le preocupa la evolución de las patologías a las que se enfrenta en su consulta. «Yo no sé si la técnica biotecnológica constituye un peligro para la salud», quiere precisar, «en cambio, denuncio los daños sanitarios que provocan tanto las fumigaciones masivas de Roundup como el consumo abusivo de soja Roundup ready». Y recuerda la toxicidad del glifosato y, sobre todo, como hemos visto, de los surfactantes (esas sustancias inertes que permiten al glifosato penetrar en la planta), como el polioxietileno-amina (POEA). Ahora bien, más en Argentina que en otros lugares, la publicidad de Monsanto que asegura que el Roundup es «biodegradable y bueno para el medio ambiente» ha llevado a que no se tome ninguna precaución con las fumigaciones que contaminan todo el medio ambiente: el aire, la tierra y las capas freáticas. Aunque el representante del Estado, Miguel Campos, afirma con enorme seguridad que el «Roundup es el herbicida menos tóxico que existe»…

Pero Darío Gianfelici es categórico: «Muchos médicos de la región hemos constatado un aumento muy significativo de las anomalías de la fecundidad (como abortos naturales o muertes fetales precoces), disfunciones de tiroides y del aparato respiratorio (como edemas pulmonares), de las funciones renales o endocrinas, enfermedades hepáticas y dermatológicas o problemas oculares graves. También nos preocupan los efectos que pueden tener los residuos de Roundup que ingieren los consumidores de soja, porque se sabe que algunos surfactantes son perturbadores endocrinos. En la región se ha constatado una cantidad importante de criptorquidias y de hipospadias[b] en los chicos jóvenes y de disfunciones hormonales en las niñas, algunas de las cuales tienen la regla desde la edad de los tres años…».

Son pocos los que como Darío Gianfelici osan alzarse contra los efectos devastadores de la política del todo soja. Es cierto que organizaciones como Greenpeace o los ecologistas radicales del Grupo de Reflexión Rural habían denunciado la salida al mercado de los OGM subrayando los peligros de la biotecnología, pero predicaban en el desierto. «Había otros mil problemas con la crisis», me explicó Horacio Verbitsky, columnista del periódico de izquierdas Página 12, que nunca ha dedicado un artículo de fondo a la soja transgénica. «Hasta yo mismo reconozco que no sé nada del tema».

Curiosamente, el programa Soja Solidaria fue el primero que provocó que las instituciones se pusieran en guardia en relación no tanto con los OGM como tales sino con los riesgos que suponía para los niños el consumo excesivo de soja. Así es como en julio de 2002 el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales organizó un foro sobre el tema en el que se recordó que «no se debe llamar “leche” al zumo de soja y que en ningún caso debería reemplazar a ésta». Los profesionales sanitarios subrayan que la soja es mucho menos rica en calcio que la leche de vaca y que su fuerte concentración en fitatos[c] impide la absorción de metales como el hierro o el cinc por parte del organismo, lo que aumenta el riesgo de anemia. Y, sobre todo, desaconsejan vivamente el consumo de oleaginosas en niños menores de cinco años por una razón que cae por su propio peso: como hemos visto, la soja es rica en isoflavonas[d], que sirven de sustituto hormonal a las mujeres en la premenopausia y, por lo tanto, pueden provocar importantes problemas hormonales en organismos que están en pleno desarrollo.

«Estamos preparando un auténtico desastre sanitario», resume Darío Gianfelici, «pero, por desgracia, los poderes públicos no han calibrado lo que está en juego y quienes osan hablar de ello son considerados unos locos que se oponen al bienestar del país».

Aquel día el doctor tiene una cita en una escuela católica dirigida por unas religiosas alemanas. El imponente caserón rosa ocre de estilo colonial emerge en medio de una vasta extensión de soja. «La semana pasada», explica la directora, «fumigaron Roundup justo antes de la lluvia. Después hubo un sol muy fuerte que provocó la evaporación. Muchos alumnos empezaron a vomitar y se quejaban de dolor de cabeza». La religiosa pidió a los servicios sanitarios de la provincia que lo investigaran y éstos concluyeron que se trataba de un «virus»… «Sin embargo, analizaron el agua pero no encontraron nada», precisa la religiosa.

—¿Estudiaron la posibilidad de una intoxicación debida a los productos químicos? —pregunta Darío.

—No —responde Ángela, una maestra—. Cuando apuntamos esta hipótesis, lo negaron categóricamente…

Ángela sabe de qué está hablando. Vive en una casita rodeada de campos de soja. Cada vez que fumigan padece violentas migrañas, irritación en los ojos y dolores articulares. «Hablé con los técnicos», explica. «Lo único que conseguí es que me avisaran cuando fueran a fumigar el herbicida y durante dos días me voy de casa con mi familia. Me sugirieron que vendiera la casa, pero ¿para ir a dónde? La soja vale más que nuestras vidas…».

GOLIAT CONTRA DAVID

Viendo cómo Miguel Campos se sale de sus casillas cuando le pregunto sobre las consecuencias medioambientales y sanitarias de las fumigaciones de Roundup se comprende que el tema no sea una de las prioridades gubernamentales. «Viniendo de una periodista europea, esta pregunta es el colmo», se enfurece. «¡Nuestro consumo de herbicidas sigue siendo inferior al de Francia! ¡La verdad es que somos el país menos contaminado del mundo!».

Es evidente que el secretario de Agricultura no lee los periódicos de su país. Leyéndolos atentamente se descubre, por ejemplo, que un juez inició una instrucción en Rosario tras una demanda presentada por una pareja cuya casa está rodeada de campos de soja. Su hijo, Axel, nació sin dedos en el pie izquierdo y con graves problemas en los testículos y riñones.[9] Igualmente, en Córdoba, las madres del barrio de Ituzaingó iniciaron una acción colectiva para que cesaran las fumigaciones en los campos de alrededor después de constatar una tasa anormal de cáncer, sobre todo en niños y mujeres jóvenes. El caso provocó cierto revuelo en el Parlamento antes de estancarse en los meandros de la justicia. «Siempre pasa esto», suspira Luis Castellán, un agrónomo que trabaja para una organización de desarrollo agrícola en Formosa, al norte de Argentina. «En cuanto hay un problema medioambiental grave no se encuentra a ningún experto que ose enfrentarse al potente lobby de la soja».

Luis habla con conocimiento de causa: en febrero de 2003 se ponen en contacto con él unos campesinos de la Colonia Loma Senés, una comunidad rural de la provincia de Formosa situada en los confines de Argentina. Buscan desesperadamente un experto para que constate los daños que ha producido en sus cultivos alimenticios una fumigación de Roundup y 2-4 D sobre una parcela de treinta hectáreas invadida por la famosa «soja rebelde». La parcela pertenecía a un vecino que vivía en Paraná y había alquilado su tierra a una empresa de la provincia de Salta que, a su vez, subcontrata la siembra y fumigación a otra sociedad…

¡Bienvenida al reino de los OGM! Los «técnicos» (muy a menudo jornaleros que se envenenan sin protección alguna por un salario de miseria) desembarcaron un sábado por la mañana y fumigaron hasta el domingo por la mañana. «Aquel día hacía mucho calor y en la región soplaba un fuerte viento», recuerda Felipe Franco, que cultiva una decena de hectáreas. «El producto, muy volátil, se esparció por unos 400 metros». Refugiadas en sus casitas, veintitrés familias resultaron contaminadas. «Cuando llegué», cuenta Luis Castellán, «tenían los ojos todos rojos y grandes manchas en la cara y en el torso. Muchos padecían violentos dolores de cabeza, náuseas y se quejaban de sofocos y de tener la garganta seca». Algunos no se recuperaron nunca, como esta anciana, a la que tuvieron que cuidar durante ocho meses en Buenos Aires y que se sigue quejando de dolores insoportables en los huesos y en las articulaciones. La comunidad pidió a los servicios sanitarios del gobierno que hicieran un informe, pero éstos concluyeron que lo que se encontraba en el origen de todos los males era la falta de higiene… Las familias presentaron una denuncia en el tribunal de El Colorado, pero el procedimiento se estancó a falta de un informe sanitario. Luis Castellán fue el único que aceptó establecer un acta científica de los daños provocados en los cultivos.

«Lo perdimos todo», explica Felipe. «La mandioca, la batata y el algodón quedaron devastados. Murieron las gallinas y los patos, las cerdas abortaron y las que pudieron parir tuvieron lechones raquíticos. El día que fumigaron los caballos de labor tuvieron diarreas y se tiraban al suelo, algunos murieron». Luis sacó fotos y tomó muestras de las plantas afectadas, que hizo analizar por un laboratorio de Santa Fe. «Reflexioné mucho antes de hacer este trabajo», confiesa, «porque sabía que corría riesgos». «Todos los agrónomos del Ministerio de la Producción se negaron», confirma Felipe. «Tuvimos que enfrentarnos con la policía y con los políticos, que querían hacernos callar. Algunos vecinos renunciaron a presentar una denuncia y prefirieron marcharse a los barrios de chabolas de Formosa».

—Monsanto dice que la soja transgénica puede cohabitar con los cultivos alimenticios. ¿Qué piensa usted?

—Es imposible —me responde Luis—, sobre todo en zonas como ésta, en las que los pequeños productores están rodeados de grandes extensiones de OGM. Si se reprodujera un acontecimiento como éste, no sé cuántos pequeños productores permanecerían en sus tierras.

—El problema es también la finalidad de este modelo de producción —prosigue Felipe—: quienes producen soja transgénica sólo tienen un objetivo comercial. Ellos no viven ahí y, por lo tanto, no tienen que padecer los daños colaterales; mientras que nosotros sí que producimos para vivir, tenemos cuidado con el medio ambiente y con la calidad de la producción porque la consumimos o la vendemos en los mercados. Esta tecnología transgénica no está al servicio del campesino, sino de una empresa económica cuyos promotores están dispuestos a todo para enriquecerse.

EXPULSIONES Y DEFORESTACIÓN

Milli es una pequeña comunidad rural de noventa familias que viven en un territorio de 3.000 hectáreas semiáridas a unos sesenta kilómetros de Santiago del Estero, en el norte de Argentina. Se llega a ella por una destartalada pista roja que serpentea a través de una estepa de arbustos de la que emergen algunos quebrachos, esos árboles para madera tan apreciados que están amenazados de extinción. Este paisaje es típico de la región del Gran Chaco, que se extiende hasta la frontera boliviana.

«Aquí lo llamamos simplemente El Monte», me explica Luis Santucho, el abogado de la organización campesina MOCASE, que me recibe en abril de 2005. «Hasta la llegada de los OGM nadie codiciaba estas tierras pobres, donde miles de pequeños campesinos viven en autarquía desde hace varias generaciones». Luis Santucho quería que yo conociera a los responsables de la comunidad de Milli, cuya supervivencia está amenazada por el apetito de los productores de soja, que no han dejado de empujar la frontera agrícola cada vez más al norte. Un año antes de mi visita desembarcó un juez del Chaco con hombres armados y buldózeres. «Estas tierras son comunales sin título de propiedad», precisa Luis, «pero con el dinero de la soja todos los chanchullos son posibles». Aquel día los habitantes de Milli consiguieron rechazar a los asaltantes cortando los caminos. Los sojeros cambiaron entonces de táctica. Trataron de dividir a la comunidad proponiendo a algunas familias comprarles al contado diez hectáreas de tierra. Las familias dudaron, porque nunca habían imaginado poseer algún día tanto dinero.

«Aquello sembró la cizaña», me cuenta Luisa, «pero no aceptamos porque estas tierras son comunitarias, no pertenecen a nadie en particular. Y además, ¿adónde íbamos a ir? Aquí la vida es dura, pero cada día comemos cuanto nos hace falta». Por el patio de tierra batida corretean pollos, patos y una camada de cerdos negros. Cerca del arroyo, tras la casita, pastan una vaca y un caballo. Cada familia cultiva mandioca, patatas, un poco de arroz o de maíz. «El Monte es un modo de vida», me explica Luis Santucho, «pero también una gran biodiversidad vegetal y animal, hoy amenazada».

De hecho, la provincia de Santiago del Estero ostenta —triste privilegio— una de las tasas de deforestación más elevadas del mundo. Cada año se arranca de media el 0,81% del bosque, frente al 0,23% a nivel mundial. Así es como entre 1998 y 2002 se desvanecieron literalmente en humo 220.000 hectáreas para ser plantadas de soja Roundup ready.[a] «Entre 1998 y 2004 en Argentina se arrancaron 800.000 hectáreas», me explica Jorge Menéndez, director de bosques en la secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. «La situación es tan preocupante que me quita el sueño. Todos los bosques nativos están amenazados: son bosques de una gran biodiversidad, cuya flora y fauna son anteriores al descubrimiento de América. Algunas especies animales, como los pumas, los jaguares, los gatos de los Andes y los tapires no pueden vivir fuera de su ecosistema específico. Si no imponemos reglas al desarrollo de la soja, estos daños serán irreversibles».

—¿El papel de su secretaría no es definir estas reglas?

—Sí, pero no tenemos mucho peso…

Para darse cuenta de la magnitud de la catástrofe basta con tomar la Ruta Nacional 16 en dirección a Salta o al Chaco. Los troncos de árboles se apilan regularmente en los arcenes de la carretera. A veces un humo negro traiciona la actividad de los carboneros, generalmente pequeños campesinos que han acabado por abandonar sus tierras y que alquilan sus brazos para sobrevivir.

Es de un cinismo absoluto: expulsados por la bestia se ven reducidos a alimentarla. Un guardián vigila el acceso al lugar. Dialogo con él. Me deja pasar. El 4 ∞ 4 se adentra en un camino de desolación. Hasta donde alcanza la vista, un infame cúmulo de arbustos aplastados, de árboles destrozados y de matorrales reventados. «Los buldózeres…», murmura Guido Lorenz con la voz quebrada. Guido es un geógrafo alemán que trabaja en la Universidad de Santiago del Estero. Junto con Pedro Colonel, un ingeniero de montes, recorre regularmente la región para medir la evolución del azote. Nos aproximamos a unas carboneras. Unos hombres negros de hollín están descargando carretillas de madera. Rumor de tango. El «jefe» me explica que estaba en paro y que encontró este trabajo para dos años. Se trata de «desmontar» una parcela de 1.600 hectáreas que pertenece al hijo del gobernador de la provincia vecina de Tucumán. El propio gobernador posee varios miles de hectáreas no lejos de aquí. «Se arranca, se quema y después se plantará soja», me dice el hombre sin edad.

Proseguimos la ruta. Guido y Pedro se han enterado de una vasta operación de deforestación ilegal a unos cien kilómetros de aquí. Se trata de una parcela de 24.000 hectáreas adquirida recientemente por un inversor. La ley argentina es muy estricta sobre el papel: para poder arrancar, los propietarios deben obtener un permiso que fija el porcentaje de deforestación autorizada según el tipo de suelo. En este sector, clasificado de «frágil», no podría superar el 15%. «Pero una vez más», se lamenta Pedro, «el dinero de la soja permite todos los arreglos». Concretamente, la corrupción y la ausencia de sanciones hacen las delicias de los buldózeres, que siembran la desolación hasta donde alcanza la vista.

«Dicen que hacen recular la frontera agrícola, pero en realidad dejan un desierto», prosigue el ingeniero de montes. «Van a cultivar soja durante un año o dos y después se verán obligados a partir: la fertilidad del suelo está vinculada a una vegetación milenaria; cuando ésta desaparece, los suelos se empobrecen muy rápido».

«Es un medio ambiente frágil porque aquí estamos en una zona de clima árido o semiárido», explica Guido. «La deforestación implica una bajada de las reservas de materias orgánicas y provoca una erosión de los suelos, que pierden su capacidad de retener el agua. Al nivel de un cauce, las aguas de abarrancamiento provocan inundaciones en otras zonas. La deforestación se encuentra en el origen de las inundaciones excepcionales que hemos tenido recientemente en la provincia de Santa Fe. Además, con la tecnología de la siembra directa, el Roundup fumigado permanece en la superficie del suelo; cuando llueve, la lluvia se lleva los residuos de herbicidas y contaminan otros sectores del cauce: hay una contaminación de los mamíferos que beben el agua y, por lo tanto, de la leche de las vacas…».

«Por desgracia, el problema no son los sojeros», prosigue Pedro. «Lo son las grandes sociedades o los jefes de empresa» que vienen de Santa Fe o de Córdoba y que tratan la soja como una materia prima. Un subcontratista envía a un hombre con una máquina que siembra; después, otro con un avión, que fumiga; por último, otro con una cosechadora que recoge y saca los granos. No emplean nada de mano de obra en el lugar, salvo en el momento de arrancar los árboles para recoger la madera».

«Verdaderamente estamos en una situación de urgencia, pero a nivel oficial todavía no lo han entendido», concluye Guido. «Es muy grave, porque los daños son irreversibles…».

14

PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA: LA «REPÚBLICA UNIDA DE LA SOJA»

«La buena noticia es que la experiencia práctica demuestra claramente que no sólo es posible la coexistencia entre los cultivos OGM, convencionales y biológicos, sino que se desarrolla tranquilamente en todo el mundo».

MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 30.

Es una mujer diminuta, con una mirada de una dulzura infinita y que comprendió en su propia carne que la soja transgénica era un enemigo mortal. Para conocerla en este mes de enero de 2007 hay que conducir durante ocho horas desde Asunción, la capital de Paraguay, hasta la frontera argentina. Para llegar a Iguazú la Ruta 7 atraviesa un paisaje de pampa verde donde pacen inmensos rebaños de ganado tachonado de palmas y colinas arboladas. Después hay que desviarse a Encarnación, en el departamento de Itapuá. Hasta donde alcanza la vista cientos de hectáreas de soja Roundup ready que se extienden por el norte hacia el cercano Brasil y por el sur hasta la provincia argentina de Formosa.

SILVINO, ONCE AÑOS, VÍCTIMA DEL ROUNDUP EN PARAGUAY

Petrona Talavera, de cuarenta y seis años, me recibe en su humilde casucha situada al final de una pista de tierra roja que transcurre en medio de los campos de OGM de Monsanto. «En este camino es donde mi hijo Silvano encontró la muerte», murmura tendiéndome un mate de bienvenida. «Lucharé hasta el final para que los niños paraguayos dejen de ser envenenados por una agricultura que mata». Su marido, Juan, con el que ha criado a once hijos, escucha en silencio a su lado.

Fue el 2 de enero de 2003. El pequeño Silvino, de once años, volvía a casa en bici después de hacer varias compras (pasta, un trozo de carne) en la única tiendita del sector situada a varios kilómetros de la casa. Por el camino fue literalmente empapado con el Roundup de las «alas» de un mosquito que conducía un sojero llamado Herman Schelender. «Llegó empapado, quejándose de náuseas y de una violenta migraña», me cuenta Petrona. «Le dije que se acostara y preparé la comida con la pasta y la carne. Yo no sabía que ese producto era tan peligroso… Por la tarde toda la familia empezó a vomitar y a tener diarrea. Silvino estaba cada vez peor y tuve que hospitalizarlo». Al cabo de tres días de cuidados intensivos el niño vuelve a casa, pero al día siguiente otro productor de soja, Alfredo Laustenlager, decide fumigar su campo situado a quince metros de la casucha de la familia. Silvino no sobrevivió a este nuevo envenenamiento. El 7 de enero murió en el hospital.

Comienza entonces para Petrona un duro combate para que este crimen no quede impune. Apoyada por la CONAMURI (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas), presenta una denuncia en el tribunal de Encarnación. En abril de 2004 los dos sojeros son condenados a dos años de cárcel y a una multa de 25 millones de guaraníes cada uno. Una primicia nacional. El tribunal establece en su veredicto que el niño murió a consecuencia de una intoxicación producida por un producto agrotóxico que «absorbió por las vías respiratorias y orales, pero también por la piel». Ambos sojeros apelan gracias al apoyo de la CAPECO, la asociación de los grandes productores de soja, versión paraguaya de la ASA estadounidense o de la AAPRESID argentina. La pena se confirma en julio de 2006, pero interponen un recurso de casación.

En diciembre de 2006 se deniega la casación, pero en el momento de mi visita a Petrona en 2007 seguían en libertad. Durante los tres años del procedimiento se creó un colectivo de ONG que organiza regularmente acciones para que no se entierre el caso. «Los sojeros son muy poderosos», suspira Petrona, «más poderosos que el gobierno. Me amenazaron de muerte. Compraron a varios de nuestros vecinos para que nos hicieran la vida imposible y nos obligaran a irnos. Pero ¿a dónde íbamos a ir? ¿A un barrio de chabolas? Silvino tenía una compañera de clase que murió hace poco a consecuencia de una intoxicación, pero la familia no puso denuncia por temor a las represalias y por falta de medios. ¿Cuántos niños paraguayos han muerto ya en medio de la mayor indiferencia?».

Es difícil responder a esta pregunta. En el Ministerio de Sanidad la doctora Graciela Camarra admite que la contaminación de Roundup se ha convertido en un auténtico problema de salud pública, pero que por el momento es imposible censar las víctimas. «Tratamos de establecer un programa de vigilancia para que se nos informe en cuanto aparezca un caso sospechoso, pero no es sencillo», me explica. «He conocido el caso de dos niños que murieron tras haber comido fruta rociada con herbicida. Y luego el del pequeño Antonio Ocampo Benítez, del que se hizo eco la prensa y que estuvo a punto de morir después de bañarse en un río contaminado. Hubo otro drama en una comunidad indígena del departamento de San Pedro, donde tres niños sucumbieron a las fumigaciones. En el Ministerio de Sanidad tratamos de convencer a nuestros colegas del Ministerio de Agricultura de que hagan aplicar las reglas de buen uso del herbicida, pero frente a los sojeros nadie da la talla… Sin embargo, nos incumbe a todos, incluso aquí en Asunción, porque toda la fruta y las legumbres que compramos vienen del campo…».

EL CONTRABANDO DE SEMILLAS

«La producción de soja por habitante nos sitúa en el primer puesto mundial, con una media de 727 kilos por cabeza», declara sin complejos Tranquilo Favero el 12 de junio de 2004 en una entrevista concedida al periódico argentino Clarín que, como hemos visto, es un ferviente partidario de los OGM. Y el «rey de la soja» paraguayo precisa que él contribuye generosamente a este récord, puesto que él solo explota 50.000 hectáreas en los departamentos de Alto Paraná y Amambay…

Bienvenida a Paraguay, que en diez años ¡ha «ascendido» al rango de sexto productor mundial de soja y cuarto exportador! De 1996 a 2006 las superficies consagradas al cultivo de la oleaginosa pasaron de menos de un millón de hectáreas a dos millones, esto es, una progresión del 10% al año. Para ser generoso el periodista del importante diario de Buenos Aires se apresura a recordar que el «boom paraguayo» se debía al modelo de explotación proporcionado graciosamente por la AAPRESID, la asociación argentina de los grandes sojeros, próxima, como hemos visto, a Monsanto. Si hubiera sido franco hasta el final habría podido añadir que dicha organización no se había contentado con transmitir a sus homólogos de la CAPECO la técnica de la siembra directa, sino también las semillas ilegales de soja Roundup ready. De hecho, ninguna ley paraguaya autorizaba en 2004 (y en 2007 seguía sin autorizarlo) el cultivo de OGM, que sin embargo cubrían cerca de la mitad de las tierras cultivadas.

«¿Cómo es posible?». La pregunta sobresalta a Roberto Franco, ministro adjunto de Agricultura al que entrevisto en Asunción el 17 de enero de 2007. Es tan raro que los periodistas europeos se interesen por su país, reprimido durante más de cuarenta años por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), que parece encantado de recibirme.

«Las semillas transgénicas entraron de manera irregular», suelta con una sonrisa nerviosa. «Es lo que llamamos la bolsa blanca, porque llegaron en sacos blancos sin ninguna indicación de procedencia…».

—Pero ¿de dónde venían?

—Pues principalmente de Argentina, pero unas cuantas también de Brasil…

—¿Quién organizó el contrabando?

—Los grandes productores de soja paraguayos, que mantienen estrechas relaciones con sus colegas argentinos…

—¿Cree usted que Monsanto ha desempeñado un papel en este contrabando?

—Pues… No tenemos ninguna prueba… Pero no es imposible que las empresas implicadas en esta tecnología hayan apoyado la promoción de sus variedades… El gobierno ha tenido que reaccionar frente a esta situación, porque exportamos casi la totalidad de nuestros granos, el 23% de ellos a la Unión Europea, que exige que los productos agrícolas estén etiquetados si contienen OGM. Ahora bien, no teníamos ningún medio de saber si la soja era transgénica o no. Por lo tanto, para evitar perder nuestros mercados (la soja representa el 10% de nuestro PNB), tuvimos que… legalizar los cultivos ilegales…

—En definitiva, ¿se puso al gobierno ante un hecho consumado?

—Sí… Hoy tenemos el mismo problema con el algodón Bt, que se está propagando sin autorización oficial y sin una ley que lo encuadre.

—¿No cree usted que fue una trampa?

—Pues… No somos los únicos, Brasil corrió la misma suerte que nosotros…

Extraña coincidencia, en efecto. En 1998, cuando la soja Roundup ready invadía las praderas norteamericanas y La Pampa argentina, Monsanto a duras penas contiene su impaciencia en Brasil, segundo productor mundial de la oleaginosa. Un recurso interpuesto por Greenpeace y el IDEC (Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor) suspende provisionalmente la salida al mercado de los OGM debido a que «sin ningún estudio previo sobre el impacto medioambiental y sobre el riesgo para la salud de los consumidores, viola el principio de precaución de la Convención sobre la Biodiversidad», firmado en 1992 en… Río de Janeiro.

Por una feliz casualidad se organiza el contrabando en el Estado brasileño de Rio Grande do Sul: se importan clandestinamente semillas de la muy cercana Argentina, lo que les vale el apodo de «Maradona». Apoyada por la AAPRESID, la APASSUL (Asociación de Productores de Semillas del Estado de Rio de Grande do Sul) organiza generosas churrascadas para promover los cultivos transgénicos delante de las narices de los poderes públicos, que dejan hacer. «En los campos brasileños no es raro ver a técnicos argentinos que han venido a echar una mano a sus colegas locales», informaba en 2003 Daniel Vernet, periodista de Le Monde, que citaba el testimonio de Odacir Klein, secretario de Estado de Agricultura del Estado de Rio Grande do Sul: «La policía federal hace controles en las granjas y en las carreteras para multar a los infractores, luego transmite las denuncias a la justicia, que en la casi totalidad de los casos no emprende diligencias».[1]

Resultado: cuando en 2002 Luis Inácio Lula da Silva, conocido por «Lula», aspira por cuarta vez a la presidencia de la República haciendo campaña contra los OGM, éstos ya se extienden por todo el Estado de Rio Grande do Sul, pero también en los Estados vecinos de Paraná y de Mato Grosso do Sul. El 22 de septiembre de 2003, nueve meses después de instalarse en el palacio presidencial del Planalto en Brasilia como presidente electo del Partido de los Trabajadores, la Comisión Europea adopta dos reglamentos sobre la trazabilidad[*] y el etiquetado de los OGM para los productos alimentarios destinados al consumo humano y animal. Como en Paraguay, esta decisión amenaza directamente a las exportaciones de Brasil, incapaz de hacer la distinción entre la soja convencional y la soja transgénica, puesto que esta última no existe oficialmente.

Tres días después, Lula firma un decreto autorizando (provisionalmente) la venta de soja Roundup ready para la cosecha de 2003, y después la plantación y la comercialización para la estación 2004.[a] Propone una amnistía a todos los productores de OGM, a los que invita a salir de la selva y declarar sus cosechas para poder organizar la indispensable segregación. La decisión provoca un clamor de protesta entre las organizaciones campesinas y ecologistas, pero también en el seno del Partido de los Trabajadores, que se había comprometido a no liberar las semillas transgénicas mientras su impacto medioambiental, sanitario y social no se hubiera evaluado seriamente.

Consciente de las funestas consecuencias que no dejará de tener la «sojización» del mercado, João Pedro Stedile, jefe del Movimiento de los [campesinos] Sin Tierra (MST), trata entonces a Lula de «transgénico de la política», mientras que Marina Silva, ministra de Medio Ambiente, considera seriamente su dimisión. Para los adversarios de los OGM el decreto presidencial firma la abdicación del nuevo gobierno ante el agrobusiness (encarnado por el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues) y, sobre todo, ante Monsanto…

¡PASEN POR CAJA!

En efecto, la compañía de Saint Louis está preparada y en posición de salida desde hace mucho tiempo. Toda su estrategia en Brasil demuestra que había anticipado hacía mucho tiempo la «sojización» (y, más allá de ello, la «transgenización») del país. Presente desde los años cincuenta en Brasil, donde comercializaba sus herbicidas, abrió su primera fábrica de producción de glifosato en 1976 en São Paulo. Pero cuando en los noventa su soja Roundup ready se expande ilegalmente, se lanza a la construcción de un nuevo centro de producción que su página web brasileña presenta con todo el énfasis requerido: «En diciembre de 2001 Monsanto inauguró en el polo petroquímico de Camaçari (Bahía) la primera unidad de la compañía concebida para producir los materiales brutos para el herbicida Roundup en América Latina. La fábrica de Camaçari, que corresponde a una inversión de 500 millones de dólares, […] es la mayor instalada por Monsanto fuera de Estados Unidos. […] También es la única que produce los elementos constitutivos del Roundup. La producción alimentará las fábricas de São José dos Campos, Zárate (Argentina) y Amberes (Bélgica). Antes estas fábricas recibían de Estados Unidos los productos de base».[2]

Al tiempo que la multinacional adaptaba su capacidad de producción de Roundup al enorme mercado que estaba tratando de desarrollar, se hacía con las semillas brasileñas comprando desde 1997 Agroceres, la mayor empresa semillera de Brasil, o a través de las filiales brasileñas de las semilleras estadounidenses que habían ido a parar a sus manos en Estados Unidos, como Cargill Seeds, DeKalb y Asgrow. En 2007 Monsanto era el principal suministrador de semillas de maíz a Brasil y el segundo de la soja tras el EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, que luchaba duramente por su supervivencia…

Finalmente, la última etapa de la estrategia cuidadosamente calculada: la recaudación de royalties, primero en Brasil, luego en Paraguay y, por último, en Argentina. ¡Adelante! En cuanto Lula legalizó los cultivos ilegales, Monsanto emprendió las negociaciones con los productores, exportadores y transformadores del precioso grano blandiendo sus derechos de propiedad intelectual sobre el gen Roundup ready. Ante las amenazas de cortar el suministro de semillas no se resistieron demasiado: en enero de 2004 firman un acuerdo que prevé que la recaudación de royalties se efectúe en el momento en que los productores entreguen sus cosechas en los silos de los negociantes o exportadores de soja, como Bunge o Cargill, el gigante estadounidense, cuyas operaciones exteriores precisamente había comprado Monsanto… El montante de los royalties se fijó en diez dólares por tonelada el primer año y después en veinte dólares para la cosecha de 2004. Cuando se sabe que en 2003 el 30% de la soja brasileña era transgénica, lo que representaba aproximadamente 16 millones de toneladas cosechadas, el cálculo es bien sencillo: sólo para este primer año, los «derechos de propiedad intelectual» reportaron 160 millones de dólares a la empresa de Saint Louis…

En octubre de 2004 les toca a los productores paraguayos pasar por caja. A decir verdad, tampoco oponen demasiada resistencia porque finalmente el pago oficial de royalties ratifica su triunfo. El acuerdo prevé un pago inicial de tres dólares por tonelada de soja, que se supone se doblarán en el plazo de cinco años. Como en Brasil, la tasa se cargará durante la entrega de las cosechas por parte de los negociantes, que la devolverán a Monsanto tras haber deducido una comisión. Una semana después, el 22 de octubre de 2004, el ministro de Agricultura Antonio Ibáñez publica una circular autorizando la venta de cuatro variedades de soja transgénica pertenecientes a Monsanto…

«De hecho, ¿en este caso el gobierno se contentó con legalizar el delito?, pregunté a Roberto Franco.

—Pues, digamos que nosotros acompañamos el movimiento —farfulla el ministro adjunto de Agricultura paraguayo—. Fueron los grandes productores quienes llevaron a cabo directamente las negociaciones con Monsanto. No es como en Argentina, donde desde un principio el gobierno dirigió el expediente de los royalties…

En efecto. Y se puede decir que en Argentina Monsanto dio con un hueso que desde 2004 envenena sus relaciones con su fiel aliado del Río de la Plata. Recordemos que durante el lanzamiento de la soja Roundup ready la compañía había dado muestras de una generosidad infinita al aceptar que los productores no pagaran royalties por sus semillas. Ocho años después se calculaba que sólo el 18% de las semillas utilizadas estaban certificadas, es decir, compradas a tarifa completa a comerciantes sometidos a Monsanto por el juego de licencias; el resto eran granos salvaguardados o comprados en el mercado negro. Monsanto no hizo ningún movimiento hasta enero de 2004. Después la compañía amenazó de repente con retirarse de Argentina si todos los productores no pagaban la «tasa tecnológica».

Miguel Campos, secretario de Estado de Agricultura, no puso mala cara en un primer momento. Incluso propuso crear un «fondo de royalties» alimentado por un impuesto que el gobierno cobraría a los productores y reservaría para Monsanto, esto es, la bagatela de 34 millones de dólares al año… Para entrar en vigor la medida tenía que ser aprobada por el Congreso, que actuó con lentitud por temor a enfrentarse con el sector agrícola. «Ni hablar de que paguemos nada», me había declarado en abril de 2005 Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina. «Para empezar, Monsanto no ha patentado su gen aquí y, además, los campesinos están protegidos por la ley 2247, que garantiza lo que se denomina el “principio de excepción del granjero”, es decir, el derecho que tiene éste de volver a plantar una parte de su cosecha, aun cuando las semillas de origen estén certificadas por seleccionadores. No hay ninguna razón para que Monsanto disfrute de un estatuto particular».

—Sin embargo, al principio su organización fomentó el desarrollo de la soja transgénica.

—Es cierto, ¡estábamos completamente a favor! ¿Cómo imaginar tanto cinismo? La compañía lo había planeado todo desde hacía mucho tiempo apoyándose en la AAPRESID, una asociación que ella financia para promover sus productos, con la complicidad de funcionarios del gobierno y de los medios de comunicación. Lo había calculado todo, incluido el contrabando a Paraguay y Brasil, ¡y nos tragamos el anzuelo!

—¿Es la guerra?

—Sí, la guerra de las semillas, salvo que para nosotros no se trata de acumular dividendos para satisfacer a los accionistas, sino, simplemente, de vivir…

Algunos días después de nuestra entrevista, Eduardo Buzzi fue a Munich, donde está la sede de la Oficina Europea de Patentes, para defender su causa. En efecto, el 14 de marzo de 2005 Monsanto dirigía una carta a los exportadores de soja en la que les informaba de que la compañía «iba a perseguir todo cargamento de granos de harina o de aceite de soja que abandonara los puertos argentinos con destino a países en los que el gen Roundup ready está patentado». Para ello solicitará «la ayuda de las autoridades aduaneras para que tomen muestras y detecten la presencia del gen». En caso de que la prueba dé positivo, la compañía llevará a los exportadores ante los tribunales europeos reclamándoles una multa de quince dólares por tonelada, además de los gastos judiciales. Por el momento, aunque la Oficina Europea de Patentes ha concedido una patente del gen Roundup ready, sólo cinco países la reconocen: Bélgica, Dinamarca, Italia, Países Bajos y España. En 2004 sólo ellos importaron 144.000 toneladas de granos y cerca de 9 millones de toneladas de harina de soja de Argentina. «La demanda de Monsanto es completamente ilegal», se sofoca Miguel Campos. «¡La patente sólo se refiere a sus semillas, pero no a los granos, la harina o el aceite! ¡Las leyes europeas no permiten a Monsanto recaudar royalties de productos argentinos!».

Habrá que ver… Porque, por supuesto, la compañía de Saint Luis afirma que le pertenece el gen aparezca donde aparezca, ya sea en la planta o en los productos derivados de ella. Y el razonamiento parece lógico desde el momento en que se acepta meterse en el proceso infernal del patentado del ser vivo… Mientras tanto, la multinacional no esperó para ejecutar sus amenazas: desde junio de 2005 hacía registrar los barcos en Holanda y Dinamarca, y después, a principios de 2006, tres cargamentos de harina de soja en España. Los casos se llevaron ante la justicia europea de Bruselas. Estos precedentes amenazan seriamente las exportaciones argentinas, porque para evitar problemas con un desenlace incierto, los comerciantes europeos empezaron a volverse hacia otras fuentes de aprovisionamiento. «Es injusto», insiste Miguel Campos, «porque Monsanto se aprovechó enormemente de la audacia de Argentina, que autorizó sus semillas en un momento en que eran muy controvertidas. Y gracias a Argentina la compañía pudo hacer avances hacia otros países del continente…».

LOS NUEVOS CONQUISTADORES

Volvemos a Paraguay. El «avance» del que habla púdicamente el secretario Campos se convierte aquí en una catástrofe ecológica y social. «Es una nueva conquista», se lamenta Jorge Galeano, presidente del Movimiento Agrario Popular (MAS). «Nada parece poder detener a los sojeros, que han recurrido a la misma brutalidad que los conquistadores para aumentar su imperio». Durante mi visita en enero de 2007 el dirigente campesino quiso enseñarme la última línea de la «frontera de la soja», que no deja de progresar hacia el interior del país. Partimos en 4 ∞ 4 de Vaquería, una ciudad pequeña situada a doscientos kilómetros al nordeste de Asunción, en el departamento de Caaguazú. Luego circulamos por unas pistas rojas a través de un paisaje ondulado y boscoso de una belleza impactante. Por el camino nos cruzamos con indios guaraníes que transportaban fardos de leña; aquí y allá, casitas de techo de bálago, perdidas en medio de una vegetación lujuriosa; un río donde unos niños desnudos se secan bajo el sol ardiente. «Aquí crece de todo», me dice Jorge, «maíz, batata, yuca, todo tipo de judías, mandioca, caña de azúcar, fruta como cítricos o bananas, mate. Las familias viven en autarquía en una parcela minúscula de tierra, porque seguimos esperando la reforma agraria, a la que la soja amenazará definitivamente».

Y me recuerda la historia de su país, uno de los más pobres de América Latina, en el que el 2% de la población posee el 70% de las tierras, una sangrante injusticia que se remonta a la época de la conquista española, pero que se acentuó a causa de la guerra de 1870 contra la Triple Alianza, en la que Paraguay tuvo que claudicar ante Argentina, Brasil y Uruguay. Para pagar las reparaciones reclamadas por los vencedores, el gobierno de Asunción malvendió las tierras de dominio público privatizando entre 1870 y 1914 unos 26 millones de hectáreas en beneficio de empresas y ciudadanos brasileños y argentinos. De aquella época persisten todavía dominios exorbitantes de… 80.000 hectáreas. A partir de 1954 la dictadura de Alfredo Stroessner acentúa aún más la concentración de tierras en detrimento de los pequeños campesinos: 12 millones de hectáreas caen en manos de los aliados de este general sanguinario, hijo de un cervecero bávaro, que las distribuye a los caciques locales o a compañías extranjeras a cambio de sustanciosas propinas. Durante la primera expansión de la soja (no transgénica) en los años setenta, un nuevo desvío de la siempre aplazada reforma agraria acaba en la venta de inmensos territorios de dominio público a productores brasileños de Rio Grande do Sul o de la región de Paraná, los famosos «brasiguayos», que veinte años después organizarán el tráfico de semillas Roundup ready. Hoy se calcula que la tarta transgénica se la reparten 60.000 productores, de los cuales un 24% son paraguayos y el resto extranjeros de origen brasileño, alemán o japonés[a], o «inversores internacionales que invierten su dinero en el nuevo oro verde», por retomar la expresión del viceministro de Agricultura, Roberto Franco. En definitiva: compañías extranjeras que compran inmensas propiedades para plantar OGM, sin dudar en expulsar por todos los medios a los pequeños campesinos que se cruzan en su camino.

«Mire», me dice Jorge Galeano, «aquí es donde llega hoy la frontera de la soja». La visión es sobrecogedora. Caminamos por un sendero rectilíneo que recorre varios kilómetros. A nuestra izquierda, hacia el este, soja hasta donde alcanza la vista, con algunos bosquecillos minúsculos que emergen raramente. A nuestra derecha, el paisaje arbolado y rico en biodiversidad que hemos estado atravesando durante dos horas. «Hace menos de dos años estos vastos territorios estaban poblados por comunidades campesinas e indígenas que acabaron marchándose todas», me explica Jorge. «La técnica de los sojeros es siempre la misma: primero se ponen en contacto con las familias ofreciéndoles comida y juguetes para el cumpleaños de los niños. Luego vuelven y les proponen alquilarles sus parcelas de terreno firmando un contrato de tres años. Las familias siguen viviendo ahí y conservan un pequeño espacio para sus cultivos alimenticios. Pero en seguida se ven afectadas por las fumigaciones y entonces los sojeros les proponen comprarles directamente sus tierras. Como estas tierras generalmente no tienen título de propiedad porque están destinadas a la reforma agraria que nunca se llevará a cabo, los productores compran a los funcionarios bien situados en Asunción y se convierten en los propietarios legales de los terrenos así “liberados”, como ellos dicen. Entonces llegan los buldózeres, que destruyen todo el hábitat natural de estos territorios muy fértiles y al año siguiente lo que se instala es el monocultivo. Por eso digo que es una nueva conquista, porque la expansión de la soja se basa en la eliminación pura y simple de las comunidades humanas y de los modos de vida».

—¿Es reversible este fenómeno?

—¡Por desgracia, no! Suponiendo que estos pequeños campesinos puedan recuperar un día sus tierras, estarán tan contaminadas por los productos químicos que habrá que esperar años antes de recuperar la calidad inicial de los suelos. La soja transgénica es verdaderamente una empresa de muerte a la que hemos decidido oponernos sea cual sea el precio que haya que pagar…

LOS MATONES DE LA SOJA Y LA REPRESIÓN

Contrariamente a Argentina, donde la expansión transgénica encuentra poca resistencia organizada, en Paraguay se han multiplicado las acciones colectivas contra la soja Roundup ready desde 2002. Reagrupadas en el seno del Frente Nacional para la Soberanía y la Vida, las organizaciones campesinas, como el MAS de Jorge Galeano o el MCP (Movimiento Campesino Paraguayo) y las asociaciones de la sociedad civil, como la CONAMURI, a la que pertenece Petrona Talavera, llevan a cabo una campaña contra la sojización del país. No hay una sola semana en la que no se organice una manifestación, un corte de carretera o una ocupación de tierras para frenar el «avance» de los OGM de Monsanto.

Ante esta situación el gobierno de Nicanor Duarte eligió responder por medio de la represión y la criminalización del movimiento contra la soja. Desde 2002 cientos de campesinos han sido encarcelados y una docena asesinados. En algunos casos la policía local se comporta abiertamente como una milicia armada a sueldo de los sojeros, que no duda en disparar a matar contra sus oponentes. Como ese día de febrero de 2004, en que un camión que transportaba a unos cincuenta campesinos que iban a bloquear la salida de los mosquitos en el departamento de Caaguazú fue ametrallado con fusiles M16. Hubo dos muertos y varios heridos graves. Por todo el país se ha reclutado a matones armados para proteger los aparatos para la fumigación y las grandes propiedades de soja, todo ello con el aval del presidente Duarte.

Convencidos de su impunidad, algunos sojeros retoman las técnicas utilizadas durante la dictadura de Stroessner, haciendo eliminar, pura y simplemente, a los dirigentes campesinos demasiado molestos. Así fue como el 19 de septiembre de 2005 dos policías intentaron matar a Benito Gavilán en Mbuyapey, en el departamento de Paraguari, disparándole una bala a la cabeza. Sobrevivió milagrosamente, pero perdió un ojo. Por todas partes, en los sectores que bordean la «frontera de la soja», que los productores tratan de desplazar cada vez más hacia el interior del país, se llevan a cabo operaciones violentas cuyo objetivo es desalojar por la fuerza a los pequeños productores recalcitrantes. Así, el 3 de noviembre de 2004 se movilizó a 700 policías en el departamento del Alto Paraná para expulsar a 2.000 campesinos sin tierra que acampaban con sus familias frente a las 65.000 hectáreas de soja Roundup ready recientemente adquiridas por Agropeco, una empresa que pertenece a un paraguayo de origen alemán y a un inversor italiano.[3] El dúo había comprado el inmenso dominio al hijo del dictador Stroessner, que lo había obtenido ¡gracias a un fraude de la reforma agraria! Las familias cultivaban una franja de tierra a lo largo de la Ruta 6. Se destruyeron los campos y los cultivos durante la operación, en la que, además, trece campesinos fueron encarcelados.

Pero el símbolo de los métodos dictatoriales que acarrea el modelo transgénico es la comunidad rural de Tekojoja, situada a setenta y dos kilómetros de Caaguazú, a unos kilómetros de la «frontera de la soja». Cincuenta y seis familias libran allí un combate desesperado contra los apetitos de dos poderosos sojeros de origen brasileño, Ademir Opperman, un potentado local, y Adelmar Arcario, que posee 50.000 hectáreas en Paraguay y cinco importantes silos en la región. El 3 de diciembre de 2004 ambos cómplices organizan un primer intento de expulsión de las familias por la fuerza quemándoles sus casas y destruyendo veinte hectáreas de cosechas.[4] Pero las familias, apoyadas por el MAS, resisten y reocupan sus tierras.

El 24 de junio de 2005, a las cinco de la mañana, ciento veinte policías apoyados por milicianos privados reclutados por Opperman toman al asalto la comunidad en presencia de dos abogados, que exhiben una orden de expulsión firmada por un juez. «Eran falsos títulos de propiedad adquiridos ilegalmente en el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra)», me explica Jorge Galeano, que acudió al lugar en cuanto fue informado de la operación. «El Tribunal Supremo de Asunción reconoció la irregularidad de la adquisición en septiembre de 2006, pero desde entonces las familias viven en una gran precariedad».

En este día de enero de 2007 los campesinos abandonaron sus tiendas de plástico para reunirse en el lugar del drama que ha conmocionado sus vidas, con la esperanza de que mi reportaje les protegiera de otra acción violenta. «Fue terrible», cuenta una anciana desdentada. «Los policías detuvieron a ciento sesenta personas, cuarenta de ellos niños. Pasamos varios días en la cárcel. Cuando nos soltaron, habían quemado nuestras casas, destruido nuestras cosechas y matado a nuestros animales. Y además, perdimos a dos compañeros…».

Las familias se fueron acercando en silencio a dos mausoleos con flores que se elevan en medio de un claro. «Aquí es donde asesinaron a Ángel Cristaldo, que acababa de cumplir veinte años, y a Leoncio Torres, un padre de familia de cuarenta y nueve años, que trataban de bloquear el camino a los buldózeres», explica Jorge Galeano. «Primero la policía quiso hacer creer que habían muerto durante un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los campesinos armados, pero nosotros tenemos la prueba de que efectivamente se trata de un crimen». De hecho, un antropólogo canadiense, Kregg Hetherington, que estaba investigando en la comunidad indígena, fue testigo de toda la operación el día del asalto e hizo fotos. En los clichés, de los que Jorge me envió una copia, se ve a los policías uniformados, que vigilan los camiones cargados con el mobiliario que los hombres de Opperman han saqueado de las modestas barracas de planchas antes de que éstas sean pasto de las llamas. Unos hombres armados trajinan en torno a unos tractores que destrozan los cultivos, mientras que unos campesinos con las manos vacías tratan de impedir que avancen. Un hombre con una camiseta azul yace en el suelo con el pecho ensangrentado. Otro, también con una camiseta azul, tiene un brazo destrozado. Rostros descompuestos por el dolor. «Yo también llevaba una camiseta azul», murmura Jorge Galeano, «los hombres de Opperman se equivocaron de persona…». Gracias al testimonio de Kregg Hetherington se emitió una orden de detención contra el sojero, que en el momento de mi visita se encontraba prófugo…

Pero tenemos que marcharnos ya, porque a unos diez kilómetros de ahí nos espera otra comunidad que también quiere dar testimonio de su desazón: la comunidad de Pariri, en la que mal que bien sobreviven varios centenares de familias rodeadas de campos de OGM. Yo, que he viajado del norte al sur de las Américas, donde proliferan los cultivos transgénicos, nunca había visto tanta soja. Es un océano verde que ocupa el menor espacio hasta la explanada de tierra batida situada delante la iglesita en la que se han reunido los habitantes de Pariri. Se le acerca a Jorge un hombre con su hijo de unos diez años, que tiene las piernas cubiertas de quemaduras. Para ir a la escuela el niño tiene que atravesar un campo de soja que acaban de fumigar con Roundup. Una mujer se queja de migrañas persistentes, otra de vómitos, otro hombre dice que ya no tiene fuerzas para trabajar desde que volvieron a empezar las fumigaciones. «¿Qué podemos hacer?», pregunta un anciano. «¿Irnos, como ya han hecho unas cuarenta familias? ¿Para rebuscar entre las basuras de los barrios de chabolas de las ciudades? ¡Ayúdenos!».

Jorge está emocionado. Yo estoy furiosa. Me enciendo un pitillo y escucho el discurso que improvisa ante estos hombres y estas mujeres que mueren para que los cerdos y los pollos de la gran Europa puedan comer soja porque nosotros ya no somos capaces de alimentarlos con alimentos producidos localmente. «¡No se vayan!», exclama Jorge. «Hay que resistir al modelo de producción transgénico que quieren imponernos las multinacionales como Monsanto y que ha llevado a una agricultura sin agricultores. La agricultura familiar tal como nosotros la practicamos hace trabajar a cinco personas por cada hectárea cultivada, mientras que la soja Roundup ready sólo emplea a un obrero a tiempo completo por cada veinticinco hectáreas.[a] A la larga el objetivo de Monsanto es controlar la producción de la alimentación del mundo y por eso quiere impedirnos ejercer nuestro oficio. Nosotros no queremos el modelo transgénico porque es criminal: contamina el medio ambiente, destruye los recursos naturales, crea paro, miseria, inseguridad y violencia. Nos hace dependientes del exterior en algo tan fundamental como la comida: mata la vida, pero una vez que se instala es muy difícil dar marcha atrás, por eso tenemos que luchar, por nosotros y, sobre todo, por el futuro de nuestros hijos…».

LA DICTADURA DE LA SOJA

El 23 de enero de 2007 Tomás Palau me recibe en su casa familiar situada a unos cien kilómetros de Asunción, a la que suele retirarse para escribir y leer lejos del furor de la capital. Aquel día el sociólogo especializado en temas agrarios empieza un artículo sobre la «República Unida de la Soja», un eslogan publicitario lanzado a principios de 2004 por Syngenta, el competidor suizo de Monsanto. En este documento difundido por todo el Cono Sur se ve un mapa verde que reúne Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, cuyos contornos forman un grano de soja, con este título: «República Unida de la Soja». «La soja no conoce fronteras», precisa la segunda página, que ensalza los méritos del servicio de asistencia técnica de la compañía, que proporciona a los productores de soja Roundup ready abonos y productos fitosanitarios.

«Verdaderamente podemos hablar de “sojización” del Cono Sur», me explica Tomás Palau, «porque los OGM de Monsanto cubren hoy 40 millones de hectáreas en los cuatro países citados en el mapa. Pero esta expansión vertiginosa, que se hace en detrimento de los pequeños campesinos de la región, representa más que un simple fenómeno agrícola; también es un verdadero proyecto político hegemónico y, en ese sentido, el eslogan publicitario de Syngenta es absolutamente justo, incluso constituye una confesión. Hoy Monsanto controla de hecho la política agroalimentaria y comercial de Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y pronto de Uruguay; y su poder supera con mucho el de los gobiernos nacionales. La compañía es la que decide qué semillas y qué productos químicos se van a utilizar en estos países, qué cultivos se van a suprimir y, en última instancia, de qué van a alimentarse los pueblos y a qué precio. Los que se muestran recalcitrantes son llevados ante los tribunales porque las patentes constituyen el último cerrojo de este proyecto totalitario. Todo ello se hace con la intermediación de asociaciones de productores como la AAPRESID o la CAPECO, que mantienen estrechas relaciones con la ASA de Saint Louis».

Yo misma pude constatar los lazos que unen a los tres intermediarios de Monsanto. Al final de nuestra entrevista Roberto Franco, viceministro de Agricultura, me había propuesto que lo acompañara a una recepción organizada al día siguiente en la propiedad de Jorge Heisecke, presidente de la CAPECO. Aquella noche se esperaba a una delegación de veinte miembros de la American Soybean Association procedentes de Argentina, con John Hofman a la cabeza, la persona que tan bien me había recibido en su explotación de Iowa (véase el capítulo 9). Cambié mis planes para aprovechar esta oportunidad. ¡Ay! Tras seis horas de camino no pude entrar en el inmenso dominio de Heisecke, guardado por centinelas armados, a pesar de la intervención del ministro, que se excusó servilmente… ¡Viva la «República Unida de la Soja»!

—¿Se sabe cuántos pequeños campesinos paraguayos han abandonado la agricultura a causa de la soja? —pregunté a Tomás Palau.

—Durante el último censo las estadísticas nacionales hablan de 100.000 personas que abandonan cada año el campo para irse a las ciudades, de un total de seis millones de habitantes —me responde el sociólogo, al que no han sorprendido mis sinsabores—. Esto representa entre 16.000 y 18.000 familias. Se estima que aproximadamente el 70% de los emigrantes parten a causa de la soja. Es una cifra enorme cuando se sabe que en general estas familias aterrizan en los barrios de chabolas, donde viven en una situación de extrema pobreza. Pero más allá de los problemas sociales que crean los OGM, el impacto más importante es la pérdida de la seguridad alimentaria. Al abandonar sus tierras los pequeños campesinos dejan de producir para ellos mismos, pero también para los demás. Desde 1995 Paraguay ha pasado de un saldo alimentario positivo a uno negativo, es decir, que hoy importa más alimentos de los que exporta. Por eso digo que Monsanto y sus aliados que, finalmente, son su competencia, como Syngenta o Novartis (que, además, quizás acaben fusionándose), están implicados en una estrategia imperialista, dictatorial incluso, cuyo objetivo es someter políticamente a los pueblos por la vía del estrangulamiento alimentario. Recordemos el famoso documento llamado «de Santa Fe» publicado en 1980 y que constituyó los cimientos de la «doctrina Reagan», y en el que los consejeros de la seguridad nacional presentaban la alimentación como un arma política que había que controlar para aniquilar a los gobiernos enemigos. Pues bien, esto es precisamente lo que Monsanto está haciendo hoy…

De vuelta a Asunción, donde voy a embarcar para volver a Francia, vuelvo a pensar en la conversación que tuve dos años antes con Walter Pengue, el agrónomo argentino que se ha convertido en uno de los mejores especialistas mundiales en los impactos de la soja transgénica (véase el capítulo anterior).

«El modelo transgénico es el último avatar de la agricultura industrial», me había explicado mientras paladeábamos un cava cabernet sauvignon argentino. «Es el último eslabón de un modelo de producción intensivo, basado en un “paquete tecnológico” que comprende no sólo las semillas y el herbicida, sino también toda una serie de factores de producción, como los abonos e insecticidas, sin los que no hay rendimiento y que las multinacionales del norte venden a los países del sur. Por eso se puede hablar de una segunda revolución agrícola: la primera, la de los años posteriores a la guerra, la habían dirigido los organismos agronómicos nacionales, como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en Argentina, y tenía el objetivo de desarrollar las capacidades agroalimentarias del país basándose en la clase campesina; la segunda está impulsada por unos intereses supranacionales y conduce a un modelo agrícola vuelto a la exportación en el que ya no hay actores en los campos. El objetivo de este modelo es únicamente aprovisionar de forraje a bajo precio a las grandes ganaderías industriales del norte del país y acarrea el desarrollo de monocultivos que amenazan la seguridad alimentaria de los países del sur. En diez años la economía argentina ha vuelto un siglo atrás, al volverse dependiente de la exportación de materias primas cuya cotización se fija en los mercados mundiales, en los que el poder de las multinacionales es determinante. El día que se desmorone la cotización de la soja podemos esperar lo peor…

—¿Qué consecuencias tiene la soja Roundup ready para la soja convencional y biológica?

—Éste es otro punto muy importante de la agricultura transgénica: lleva a la biouniformidad, que constituye otro peligro para la seguridad alimentaria. La soja OGM ha hecho desaparecer prácticamente la soja convencional o biológica, que está contaminada y por ello ha sufrido una drástica bajada de precios. Pero hay algo más grave: si la mitad de un país está cultivado con una sola variedad, esto crea una auténtica autopista para las plagas naturales, que pueden aniquilar toda la producción de un país. Sobre la oleaginosa pesa actualmente una amenaza para la que no hay respuesta fitosanitaria: es la roya de la soja, que empezó en Brasil, ganó Paraguay y después Argentina. El hecho de no tener diversidad de especies vegetales impide resistir al ataque de las enfermedades. No olvidemos lo que ocurrió en Irlanda en el siglo XIX con las patatas: la gran hambruna que diezmó entre 1845 y 1849 a una gran parte de la población y obligó a decenas de miles de personas a exiliarse se debió sobre todo a la ausencia de biodiversidad, la cual favoreció el desarrollo del mildiu, que ninguna barrera natural pudo detener.

—¿Cuál es el objetivo de Monsanto a la larga?

—Creo que la compañía intenta controlar los alimentos producidos en el mundo. Para ello hay que apoderarse de las semillas ahí donde se utilizan, es decir, entre los agricultores. En primer lugar, Monsanto se apropia de las semillas, después de la transformación de los granos, a continuación de los supermercados y finalmente controla toda la cadena alimentaria. Las semillas son el primer eslabón de la cadena: quien controla las semillas controla la oferta de alimentos y, por lo tanto, a los seres humanos…

Un mes antes de mi visita a Paraguay en enero de 2007 se crea esta terrible lógica, cuyos efectos pude observar en la otra punta del planeta, en un contexto más dramático todavía: en la India, donde el cultivo de algodón transgénico de Monsanto parece en adelante asociado a la muerte.

15

INDIA: LAS SEMILLAS DEL SUICIDIO

«Nuestros productos proporcionan importantes beneficios económicos no sólo a los grandes productores, sino también a los pequeños. En general, permiten cosechas de mejor calidad y un rendimiento más alto».

MONSANTO, The Pledge Report 2006, p. 29.

Apenas hemos llegado en este mes de diciembre de 2006 cuando a la vuelta de una callejuela encalada aparece el cortejo fúnebre que desgarra el letargo de este pueblecito indio aplastado por el sol. Unos hombres vestidos con ropa tradicional (túnica y pantalón blanco de algodón) y tocando el tambor abren la marcha que se dirige al río cercano, donde ya se ha preparado la hoguera. En medio del cortejo unas mujeres ahogadas en lágrimas se aferran desesperadamente a jóvenes robustos de mirada sombría que llevan a pulso una camilla recubierta de flores de vivos colores. Embargada por la emoción, percibo el rostro juvenil del muerto que emerge de una sábana blanca: ojos cerrados, nariz aguileña y bigote marrón, nunca olvidaré esta imagen furtiva que mancilla de infamias las «hermosas promesas» de Monsanto.

«TRES SUICIDIOS AL DÍA»

«¿Podemos rodar?», pregunto asaltada de pronto por la duda cuando mi cámara me pregunta con un gesto de cabeza. «Por supuesto», me responde Kate Tarak, un agrónomo que dirige una ONG especializada en agricultura biológica y que me acompaña a lo largo de este periplo por la región algodonera de Vidarbha, situada en el Estado de Maharashtra, al sudeste de la India. «Ésta es la razón de que Kishor Tiwari nos haya traído a este pueblo. Sabía que se iba a celebrar el funeral de un campesino que se había suicidado…».

Kishor Tiwari es el dirigente del Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), un movimiento campesino cuyos miembros son hostigados por la policía porque no dejan de denunciar el «genocidio» que provoca el algodón transgénico «Bt» en esta región agrícola antaño famosa por la calidad de su «oro blanco». Asiente con la cabeza cuando oye la respuesta de Kate Tarak: «No les había dicho nada por razones de seguridad. Cuando se suicida un agricultor, los campesinos nos informan y todos nosotros participamos en el entierro. En esta región actualmente hay una media de tres suicidios al día. Este hombre joven bebió un litro de pesticida. Así es como los campesinos acaban con sus vidas: utilizan los productos químicos que se suponía que iba a ahorrarles el algodón transgénico…».

Mientras el cortejo se aleja hacia el río, donde pronto será incinerado el cuerpo del joven, un grupo de hombres se acerca a mi equipo de rodaje. Las miradas son de desconfianza, pero la presencia de Kishor los tranquiliza: «Digan al mundo que el algodón Bt es un desastre», se entusiasma un anciano. «Éste es el segundo suicidio en nuestro pueblo desde el principio de la siega; ¡las cosas sólo pueden empeorar porque las semillas transgénicas no han producido nada!».

—Nos han mentido —añade el jefe del pueblo—. Dijeron que estas semillas mágicas iba a permitirnos ganar dinero, pero ¡todos estamos endeudados y la cosecha es nula! ¿Qué va a ser de nosotros?

Después nos dirigimos al pueblo cercano a Bhadumari, donde Kishor Tiwari quiere presentarme a una viuda de veinticinco años cuyo marido se suicidó hace tres meses. «Ya ha recibido a un periodista del New York Times»[1], me explica el dirigente campesino, «y está dispuesta a testificar de nuevo. Es algo muy raro porque en general las familias tienen vergüenza…». Muy digna en su sari azul, la joven nos recibe en el patio de su modesta casa de tierra batida, rodeada de sus dos hijos de tres años y de diez meses. El más pequeño duerme en una hamaca que ella balancea con una mano durante la conversación mientras que su suegra, de pie detrás de ella, exhibe sin decir una palabra una foto de su difunto hijo. «Se mató aquí mismo», murmura la joven viuda. «Aprovechó mi ausencia para beberse un bidón de pesticida. Cuando volví, agonizaba… No pudimos hacer nada».

Escuchándola pienso en un artículo publicado en The International Herald Tribune en mayo de 2006, en el que un médico describía el calvario de las víctimas expiatorias de la epopeya transgénica: «Los pesticidas actúan sobre el sistema nervioso; las víctimas tienen primero convulsiones, luego los productos químicos empiezan a atacar al estómago, que empieza a sangrar; a continuación tienen graves dificultades para respirar y, por último, sufren una parada cardíaca».[2]

El marido de la joven viuda, Anil Kondba Shend, tenía treinta y cinco años. Cultivaba «tres acres y medio», esto es, un poco más de una hectárea de tierra. En 2006 decidió probar las famosas semillas del algodón Bt de Monsanto, bautizadas como «Bollgard», tan elogiadas por la publicidad televisiva de la empresa, en la que se veía a unas rollizas orugas derrotadas por las plantas de algodón transgénico: «¡Bollgard les protege! ¡Menos fumigaciones, más beneficios! Semillas de algodón Bollgard: ¡el poder de vencer a los insectos!». Para procurarse las preciosas semillas, cuatro veces más caras que los granos convencionales, el campesino tuvo que endeudarse: «tres veces», recuerda la joven viuda, «porque cada vez que sembró los granos, no resistieron a las lluvias. Creo que debía a los comerciantes 60.000 rupias…[a] Nunca lo supe verdaderamente porque dejó de hablar unas semanas antes de su muerte… Estaba obsesionado con su deuda».

—¿Quiénes son los comerciantes? —pregunté.

—Quienes venden las semillas transgénicas —me respondió Kishor Tiwari—. Suministran también los abonos y pesticidas, y prestan dinero a tasas usureras. Los campesinos están encadenados a los comerciantes de Monsanto a causa de la deuda…

—Es un círculo vicioso —añade Kate Tarak—, un desastre humano. El problema es que los OGM no están en absoluto adaptados a nuestros suelos y cuando llega el monzón se inundan. Además, los OGM hacen a los campesinos completamente dependientes de las fuerzas del mercado: no sólo tienen que pagar sus semillas mucho más caras, sino que también tienen que comprar abonos (sin los cuales el cultivo está abocado al fracaso) y pesticidas, porque se supone que el Bollgard protege de los ataques del «gusano americano de la cápsula» (un insecto que destruye el algodón), pero no de los demás insectos chupadores. Si a eso añadimos que, contrariamente a lo que afirma la publicidad, Bollgard no basta para repeler a los gusanos americanos, entonces es catastrófico, porque además hay que utilizar insecticidas.

—Monsanto afirma que los OGM está adaptados a los pequeños campesinos: ¿qué piensa usted de ello? —pregunto pensando en lo que la empresa afirma en su The Pledge de 2006.

—Nuestra experiencia demuestra que es mentira —se subleva el agrónomo—. En el mejor de los casos pueden convenir a los grandes campesinos, que poseen las mejores tierras y tienen medios para drenarlas o irrigarlas, según sea necesario, ¡pero no a los pequeños campesinos, que representan el 70% de la población de este país!

—¡Mire! —interviene Kishor Tiwari desplegando un mapa monumental que ha ido a buscar al maletero del coche.

La visión es sobrecogedora: una serie de dibujos de calaveras recubre lo que en Vidarbha se llama el «cinturón del algodón». «Representan a todos los suicidas que hemos registrado entre junio de 2005, fecha de la introducción del algodón Bt en el Estado de Maharashtra, y diciembre de 2006», me explica el dirigente campesino. «En total, 1.280 muertos. ¡Uno cada ocho horas! En cambio, aquí en blanco es la zona en la que se produce arroz: como ve, ¡prácticamente no hay suicidios! Por eso decimos que el algodón Bt está provocando un verdadero genocidio…».[b]

Sumergido en el mapa, Kate Tarak me enseña un pequeño espacio en el que no hay calaveras y que descubre al mismo tiempo que yo: «Es el sector de Ghatanji, en el distrito de Yavatmal», me explica con una sonrisa. «Ahí es donde mi asociación promueve el cultivo biológico entre quinientas familias repartidas en veinte pueblos. Como ve, no tenemos suicidas…».

—Es cierto —digo—, pero el suicidio de los productores de algodón no es un fenómeno nuevo, ¿existía antes de los OGM?

—Es verdad —me responde el agrónomo—. Pero con el algodón Bt ha aumentado considerablemente. La misma evolución se constata en el Estado de Andhra Pradesh, que fue el primero en autorizar los cultivos transgénicos, antes de entrar en conflicto con Monsanto.

Según el gobierno de Maharashtra, en todo el Estado se suicidaron 1.920 campesinos entre el 1 de enero de 2001 y el 19 de agosto de 2006, lo que confirma que el fenómeno se aceleró tras la llegada al mercado de las semillas de Bt en junio de 2005.[3]

ATRACO A MANO ARMADA AL ALGODÓN INDIO

Antes de volar al inmenso Estado de Andhra Pradesh, situado al sudeste de la India, Kishor Tiwari quiere enseñarme el mercado de algodón de Pandharkawada, uno de los mayores de Maharashtra. Por la carretera que lleva a él nos cruzamos con una columna de carretas cargadas de sacos de algodón y tiradas por búfalos. «Le prevengo», me dice Kishor Tiwawi, «el mercado está a punto de explotar. Los campesinos están extenuados: los rendimientos han sido catastróficos y la cotización del algodón nunca ha estado tan baja. Es el resultado de las subvenciones que la administración estadounidense concede a sus agricultores, que tienen un efecto de dumping sobre los precios internacionales».[c]

Nada más franquear el imponente portal del mercado nos vemos asaltados por cientos de productores de algodón enfurecidos que nos rodean hasta el punto de no poder movernos. «Hace varios días que estamos aquí con nuestra cosecha», dice uno de ellos blandiendo una bola de algodón en cada mano. «Los comerciantes nos proponen un precio tan bajo que no podemos aceptar. Todos tenemos deudas…».

—¿A cuánto asciende su deuda? —pregunta Kate Tarak.

—A 52.000 rupias —responde el campesino.

Sigue una escena alucinante en la que espontáneamente decenas de campesinos van clamando por turno a cuánto asciende su deuda: «50.000 rupias… 20.000 rupias… 15.000 rupias… 32.000 rupias… 36.000 rupias…». Parece que nada puede detener esta letanía que recorre la multitud como un incontenible mar de fondo.

«¡No queremos más algodón Bt!», grita un hombre al que ni siquiera puedo distinguir.

—¡No! —rugen decenas de voces.

—¿Cuántos de ustedes no van a volver a plantar algodón Bt el año que viene? —insiste Kate Tarak visiblemente emocionado.

Entonces se eleva un bosque de manos que milagrosamente consigue grabar Guillaume Martin, el cámara, cuando estamos literalmente aplastados en medio de esta marea humana que hace el rodaje extremadamente difícil. «El problema», suspira Kate Tarak, «es que estos campesinos tendrán muchos problemas para encontrar semillas de algodón no transgénicas porque Monsanto controla la casi totalidad del mercado…».

De hecho, cuando desde principios de los noventa la empresa de Saint Louis se decantaba por Brasil, primer productor mundial de soja (véase el capítulo anterior), también preparaba minuciosamente el lanzamiento de sus OGM en la India, tercer productor mundial de algodón tras China y Estados Unidos. Planta eminentemente simbólica en el país de Mahatma Ghandi, que hizo de su cultivo la punta de lanza de su resistencia no violenta a la ocupación británica, el algodón se cultiva desde hace más de 5.000 años en el subcontinente indio. Hoy es el medio de vida de 17 millones de familias, principalmente en los Estados del sur (Maharashtra, Gujerat, Tamil Nadu y Andhra Pradesh).

Implantada en la India desde 1949, la sociedad Monsanto representa allí uno de los primeros suministradores de productos «fitosanitarios», herbicidas y, sobre todo, insecticidas que constituyen un mercado importante, porque el algodón es muy sensible a una multitud de destructores, como el gusano americano de la cápsula, el antónomo del algodón, la cochinilla, la araña roja, la oruga espinosa del algodón o los pulgones. Antes de la llegada de la «revolución verde», que empujó al monocultivo intensivo del algodón con unas variedades híbridas de alto rendimiento, los campesinos indios lograban controlar el ataque de estos insectos por medio de un sistema de rotación de cultivos y del uso de un insecticida biológico obtenido a partir de las hojas de la lila de las Indias. Las múltiples propiedades de este árbol milenario, llamado neem y venerado como el «árbol gratuito» en todos los pueblos del subcontinente, son además tan famosas que ha sido objeto de una decena de patentes depositadas por empresas internacionales. Casos manifiestos de biopiratería que han llevado a interminables contenciosos en las oficinas de patentes. Así, en septiembre de 1994 la empresa química estadounidense W. R. Grace, un competidor de Monsanto, obtenía una patente europea precisamente de la función fungicida del neem, lo que impedía a las empresas indias comercializar sus productos en el extranjero a menos que pagaran royalties a la multinacional, que, además, inunda el país de pesticidas químicos…[4]

Ahora bien, son estos mismos pesticidas los que a finales de los noventa provocaron la primera oleada de suicidios entre los productores de algodón endeudados. De hecho, el uso intensivo de insecticidas provocó un fenómeno de sobra conocido por los entomólogos: el desarrollo de la resistencia de los insectos a los productos que supuestamente los combaten. Resultado: para acabar con los parásitos los campesinos tuvieron que aumentar las dosis y recurrir a moléculas cada vez más tóxicas. Es tan cierto que aunque en la India el cultivo de algodón no representa más que el 5% de las tierras cultivadas, él solo totaliza el 55% de los pesticidas utilizados en el país.

Lo irónico del caso es que Monsanto supo muy bien sacar partido de esta espiral infernal que sus productos habían contribuido a crear y que, conjugada con la caída de la cotización del algodón (que pasó de 98,2 dólares por tonelada en 1995 a 49,1 en 2001), había llevado a la muerte a miles de pequeños campesinos: la empresa elogió los méritos del agodón Bt como la última panacea que se suponía iba a «reducir o eliminar» el uso de pesticidas, tal como lo proclama la página web de su filial india.

En efecto, desde 1993 el líder de los OGM negocia una licencia de utilización de la tecnología Bt con la Maharashtra Hybrid Seed Company (Mahyco), la principal empresa semillera de la India. Dos años después el gobierno indio autoriza la importación de una variedad de algodón Bt cultivado en Estados Unidos (la «Cocker 312», que contiene el gen «Cry1Ac») para que los técnicos de Mahyco puedan cruzarla con las variedades híbridas locales. En abril de 1998 la empresa de Saint Louis anuncia que ha comprado el 26% de Mahyco y que con su socio indio ha creado una empresa conjunta al 50% bautizada Mahyco Monsanto Biotech (MMB), destinada a la comercialización de futuras semillas transgénicas de algodón. En ese mismo momento el gobierno indio autoriza a la multinacional a hacer sus primeras pruebas de campo del algodón Bt.

«Esta decisión se tomó fuera de todo marco legal», denuncia Vandana Shiva, que en diciembre de 2006 me recibe en las oficinas de su Fundación de Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la Ecología en Nueva Delhi. Física y doctora en filosofía de las ciencias, esta figura internacional del altermundismo recibió en 1993 el «Premio Nobel alternativo» por su compromiso en favor de la ecología y contra la influencia de las multinacionales agroquímicas en la agricultura india. «En 1999», me explica, «mi organización interpuso un recurso en el Tribunal Supremo para denunciar la ilegalidad de las pruebas realizadas por Mahyco Monsanto. En julio de 2000, cuando todavía no se había examinado nuestra solicitud, se aprobaron estas pruebas a una escala mayor, a saber, en unos cuarenta emplazamientos repartidos en seis Estados, pero los resultados nunca se comunicaron porque nos dijeron que eran confidenciales. El Comité de Aprobación de la Ingeniería Genética del gobierno indio había pedido que se probara la seguridad alimentaria de los granos de algodón Bt utilizados como forraje para las vacas y los búfalos, y que, por lo tanto, pueden tanto afectar a la calidad de la leche como a la del aceite de algodón que se utiliza para consumo humano, pero nunca se hizo. En unos años Monsanto ha hecho un auténtico atraco a mano armada al algodón indio, con la complicidad de las autoridades gubernamentales, que han abierto la puerta a los OGM mofándose del principio de precaución que, sin embargo, la India siempre había defendido».

—¿Cómo fue posible? —pregunté.

—¡Ah! —suspira Vandana Shiva—. Monsanto hizo un considerable trabajo de presión. Por ejemplo, en enero de 2001 una delegación estadounidense compuesta por magistrados y científicos se entrevistó muy oportunamente con el presidente del Tribunal Supremo, Justice A. S. Anand, al que elogió los beneficios de las biotecnologías en el momento en que éste tenía que pronunciarse sobre nuestra demanda. La delegación, dirigida por el Instituto Einstein para la Ciencia, la Salud y los Tribunales, le propuso montar unos talleres para formar a los jueces en el tema de los OGM.[5] Monsanto organizó también varios viajes a su sede de Saint Louis, a los que estaban invitados periodistas, científicos y jueces indios. Igualmente, se utilizó ampliamente a la prensa para difundir la buena nueva. Resulta aterrador ver la cantidad de personalidades que son capaces de defender obcecadamente las biotecnologías, aunque manifiestamente no saben nada de ellas…

Dicho sea de paso, no son sólo las «personalidades» indias las que se han tragado el anzuelo de Monsanto. Así, un comunicado de prensa de la empresa fechado el 3 de julio de 2002 informa con evidente satisfacción de que una «delegación europea» ha participado en una «gira» por Chesterfield Village, el centro de investigación de las biotecnologías de Saint Louis. «En esta delegación de visitantes participaban representantes de agencias gubernamentales, de ONG, de instituciones científicas, agricultores, consumidores y periodistas de doce países que se interesan por las biotecnologías y la salud alimentaria», indica el autor del comunicado.[6]

—¿Cree usted que hubo también operaciones de corrupción —pregunté a Vandana Shiva.

—¡Hum! —sonríe ésta, que claramente elige sus palabras—. No tengo la prueba, pero no lo excluyo. Mire lo que ocurrió en Indonesia…

De hecho, el 6 de enero de 2005 la Security and Exchange Commission (SEC), el organismo estadounidense encargado de la reglamentación y del control de los mercados financieros, iniciaba un doble procedimiento contra la multinacional, acusada de corrupción en Indonesia. Según el fiscal de la SEC, cuyas conclusiones se pueden consultar en internet[7], entre 1997 y 2002 los representantes de Monsanto en Yakarta entregaron propinas evaluadas en 700.000 dólares a ciento cuarenta funcionarios indonesios para que favorecieran la introducción del algodón Bt en el país. Así, se «ofrecieron» 374.000 dólares a la mujer de un alto funcionario del Ministerio de Agricultura para la construcción de una lujosa residencia. Estas generosas donaciones se encubrieron con falsas facturas de venta de pesticidas. Además, en 2002 la filial asiática de la multinacional pagó 50.000 dólares a un alto funcionario del Ministerio del Medio Ambiente para que hiciera anular un decreto exigiendo que se evaluara el impacto medioambiental del algodón Bt antes de su salida al mercado. Lejos de negar estas acusaciones, en abril de 2005 el líder de los OGM firmó un acuerdo amistoso con la justicia que le obligaba a pagar un millón y medio de dólares de multa. «Monsanto asume la total responsabilidad de estas conductas incorrectas», declaró en un comunicado de prensa Charles Burson, director del servicio jurídico de la empresa, «lamentamos profundamente que personas que trabajan en nuestro nombre se hayan permitido comportarse de esta manera…».[8]

EL DRAMÁTICO FRACASO DEL ALGODÓN TRANSGÉNICO DE MONSANTO

Pero lo cierto es que, para desilusión de las organizaciones ecologistas y campesinas, el 20 de febrero de 2002 el Comité de Aprobación de la Ingeniería Genética del gobierno indio da su aprobación a los cultivos de algodón Bt. Hace ya una eternidad que los famosos comerciantes de Mahyco Monsanto Biotech surcan los campos del subcontinente para vender sus productos transgénicos en un momento en que la primera oleada de suicidios está diezmando los pueblos. La empresa no escatima medios para atraer clientes: contrata a una estrella de Bollywood para elogiar los OGM en la televisión (muy vista en la India), mientras que por todo el país aparecen decenas de miles de anuncios en los que se ve a campesinos sonrientes posando al lado de un flamante tractor nuevo supuestamente comprado gracias a los beneficios del algodón Bt.

El primer año 55.000 campesinos, esto es, el 2% de los productores indios de algodón, aceptan lanzarse a la aventura transgénica. «Oí hablar de estas semillas milagrosas que iban a liberarme de la esclavitud de los pesticidas», declara en 2003 al The Washington Post un campesino de veintiséis años de And-hra Pradesh, uno de los primeros Estados que autorizó la comercialización de OGM (en marzo de 2002). «La pasada estación, en cuanto veía llegar a los parásitos me entraba pánico. Pulvericé pesticidas en mis cultivos al menos veinte veces, pero este año sólo tres veces».[9]

Independientemente de esta ventaja manifiesta (que, como veremos, desaparecerá rápidamente debido a la resistencia al Bt desarrollada por los insectos), el resto del cuadro es mucho menos brillante, tal como afirman los campesinos entrevistados por The Washington Post después de su primera cosecha de OGM: «Me pagaron mucho menos por mi algodón Bt porque los compradores dijeron que la longitud de su fibra era demasiado corta», afirma uno de ellos. «Los rendimientos no han aumentado y como el precio de la semilla es tan elevado, me pregunto si valía la pena».[10]

En efecto, al estar prohibido (por el momento) el patentado de semillas en la India la empresa de Saint Louis no pudo aplicar el mismo sistema que en América del Norte, es decir, exigir que los campesinos vuelvan a comprar cada año las semillas so pena de persecución judicial; por lo tanto, para compensar sus «pérdidas» decide conformarse con el precio de las semillas cuadruplicándolo: mientras que un paquete de semillas convencionales de 450 gramos cuesta 450 rupias, el de las OGM se eleva a 1.850 rupias. Por último, indica mi colega de The Washington Post, «no ha desaparecido el ruinoso gusano americano»… Estos resultados más que mediocres no impiden a Ranjana Smetacek[a], directora de relaciones públicas de Monsanto India, declarar con un extraordinario aplomo: «El algodón Bt ha funcionado muy bien en los cinco Estados en los que se ha cultivado».[11]

Sin embargo, varios estudios confirmaron los testimonios recogidos por The Washington Post. El primero fue financiado desde 2002 por la Coalición para la Defensa de la Biodiversidad (CDB) de Andhra Pradesh, que reagrupa a ciento cuarenta organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Deccan Development Society (DDS), una ONG muy respetada especializada en agricultura racional y desarrollo sostenible. La CDB pidió a dos agrónomos (el doctor Abdul Qayum, ex directivo del Ministerio de Agricultura del Estado, y Kiran Sakkhari) que compararan los resultados agrícolas y económicos del algodón Bollgard con los del algodón no transgénico en el distrito de Warangal, donde 1.200 campesinos habían sucumbido a las promesas de Monsanto.

Para ello, ambos científicos observaron una metodología muy rigurosa, consistente en seguir mensualmente los cultivos transgénicos desde las semillas (agosto de 2002) hasta el final de la estación (marzo de 2003) en tres grupos experimentales: en dos pueblos, en los que veintidós campesinos habían plantado OGM, se seleccionó a cuatro por sorteo; a mitad de estación (noviembre de 2002) se preguntó a veintiún campesinos procedentes de once pueblos por el estado de sus cultivos y al final se visitaron sus campos; por último, al final de la estación (abril de 2003) se estableció un balance de 225 pequeños campesinos elegidos aleatoriamente entre los 1.200 productores de OGM del distrito, un 38,2% de los cuales poseían menos de cinco acres (dos hectáreas) de tierra, un 37,4% entre cinco y diez acres, y un 24,4% más de diez acres (estos últimos en la India se consideran grandes campesinos). Evidentemente, al mismo tiempo se registraron con el mismo rigor los resultados de los productores de algodón convencional (grupo control). Si doy todos estos detalles es para subrayar que un estudio científico digno de este nombre se debe hacer a este precio, a menos que no sea más que propaganda…

Los resultados de esta vasta investigación sobre el terreno son incuestionables: «Los costes de producción del algodón Bt han sido de media 1.092 rupias (por acre) más elevados que los del algodón no Bt, porque la reducción del consumo de pesticidas ha sido muy limitada», escriben ambos agrónomos. «Además, la bajada de rendimientos ha sido muy significativa (35%) para el algodón Bt, lo que ha supuesto una pérdida neta de 1.295 rupias en comparación con el algodón no transgénico, que ha registrado un beneficio neto de 5.368 rupias. El 78% de los agricultores que habían cultivado algodón Bt declararon que no lo volverán a plantar el año que viene».[12]

Para encarnar a este dispositivo irreprochable desde un punto de vista científico, la Deccan Development Society (DDC) añadió a esta iniciativa un equipo de «camerawomen [mujeres cámara] con los pies descalzos», por decirlo con las palabras del doctor P. V. Satheesh[b], fundador y director de la asociación ecologista. Estas seis mujeres, todas ellas analfabetas y dalit (pertenecientes a los intocables, situadas en lo más bajo de la escala social tradicional), se formaron en las técnicas del vídeo en un taller abierto por la DDC en octubre de 2001 en el pueblecito de Pastapur bautizado «Community Media Trust». Desde agosto de 2002 a marzo de 2003 rodaron mensualmente en los campos de seis pequeños productores de algodón Bt del distrito de Warangal, de los que los dos agrónomos del estudio también hicieron un seguimiento.

El resultado es una película que constituye un documento excepcional sobre el fracaso de los cultivos transgénicos: al principio se comprenden todas las esperanzas que pusieron los campesinos en las semillas Bt. Los dos primeros meses todo va bien: las plantas están sanas y los insectos ausentes. Llega el desencanto: el tamaño de las plantas es muy pequeño y hay menos copos que en los campos de algodón convencional adyacentes. En octubre, mientras que con la sequía los parásitos han abandonado los cultivos tradicionales, las plantas OGM están asediadas por los trips del algodón y las moscas blancas; en noviembre, cuando empieza el monzón, la angustia se dibuja en los rostros: los rendimientos son muy bajos, los copos difíciles de recoger, la fibra del algodón más corta y de ahí su precio, un 20% más bajo…

Conocí a mis colegas indias un día de diciembre de 2006 en un campo de algodón de Warangal, al que habían ido a rodar en compañía de Abdul Qayum y Kiran Sakkhari. Debo decir que me quedé muy impresionada de la profesionalidad de estas magníficas mujeres, que con su bebé dormido a la espalda desplegaron cámara, trípode, micrófono y reflector para entrevistar a un grupo de campesinos desesperados por el fracaso catastrófico de sus cultivos Bt.

Porque después del primer informe publicado por los dos agrónomos la situación no hizo más que empeorar, lo que de-sencadenó la segunda ola de suicidios que pronto se apoderará del Estado de Maharashtra. Inquieto por esta situación dramática el gobierno de Andhra Pradesh llevó a cabo, a su vez, un estudio que confirmó los resultados obtenidos por Abdul Qayum y Kiran Sakkhari.[13] Consciente de las consecuencias electorales que podría tener este desastre, el ministro de Agricultura Raghuveera Reddy conminó entonces a Mahyco Monsanto a indemnizar a los agricultores por el fracaso de sus cultivos, lo que la empresa se apresuró a ignorar.

PROPAGANDA Y MONOPOLIO

Para defenderse, la multinacional de Saint Louis blandió un estudio, publicado muy oportunamente por la revista Science el 7 de febrero de 2003.[14] ¡Ah, los estudios que son muy influyentes en cuanto están avalados por prestigiosas revistas científicas, las cuales raramente (por no decir nunca) tienen la buena idea de verificar el origen de los datos presentados…! En este caso los autores, Matin Qaim, de la Universidad de Berkeley (Estados Unidos) y David Zilberman, de la Universidad de Bonn (Alemania), «que nunca han puesto un pie en la India», por retomar la expresión de Vandana Shiva, concluyeron que según pruebas realizadas en pleno campo en «diferentes Estados indios», el algodón Bt «reduce los daños causados por los insectos perjudiciales y aumenta de manera sustancial los rendimientos», a saber, ¡«hasta el 88%»! «Lo que realmente molesta en este artículo que glorifica los extraordinarios resultados del algodón Bt», comentará The Times of India, «es que se basa exclusivamente en datos proporcionados por Mahyco Monsanto concernientes a una pequeña cantidad de pruebas seleccionadas por la empresa y no en resultados procedentes de los campos de los campesinos durante la primera cosecha de algodón Bt».[15] Sin embargo, prosigue el diario (y éste es, efectivamente, el objetivo que se buscaba con la publicación en Science), este artículo «ha sido abundantemente citado por varios organismos como prueba de los resultados espectaculares de los cultivos transgénicos».

De hecho, en 2004 el estudio será ampliamente comentado en un informe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Titulado «¿Responde la biotecnología agrícola a las necesidades de los pobres?»[16], esta obra hizo correr mucha tinta, porque constituía un alegato en favor de los OGM, que serían capaces de «aumentar por todas partes la productividad agrícola» y de «reducir los daños medioambientales causados por los productos químicos tóxicos», según las palabras de introducción de Jacques Diouf, director general de la organización de Naciones Unidas. En cualquier caso, el informe llenó de gozo a Monsanto, que se apresuró a colgarlo en internet.[17]

Del mismo modo, la víspera de la publicación del estudio en Science, la agencia France Presse difundía en Francia un informe elogioso, del que cito un extracto porque demuestra perfectamente cómo la desinformación va abriéndose paso subrepticiamente sin que se le pueda echar la culpa a la agencia de prensa porque, al fin y al cabo, ella no hace sino extrapolar los malentendidos sabiamente calculados del artículo de origen: «Algodón modificado genéticamente para resistir a un insecto dañino podría ver aumentar su rendimiento hasta un 80% según unos investigadores que han hecho pruebas en la India» explica el despacho, que precisa: «Los resultados de sus trabajos son sorprendentes: hasta el momento sólo se había observado una progresión irrisoria de los rendimientos en estudios similares realizados en China y Estados Unidos…».[18] Imaginamos el impacto que puede tener esta información (ampliamente reproducida en los medios de comunicación, como por ejemplo Le Bulletin des agriculteurs en Quebec) en los campesinos, pequeños y medianos, que cada día luchan por su supervivencia. Tanto más cuanto que, desdeñando todos los datos registrados sobre el terreno, Matin Qaim no duda en declarar: «A pesar del coste más elevado de las semillas, los granjeros han cuadruplicado sus ingresos con el algodón modificado genéticamente». Por lo que se refiere a su colega David Zilberman, tiene el mérito de exponer claramente el verdadero objetivo del «estudio» en una entrevista concedida a The Washington Post en mayo de 2003: «Sería una vergüenza que los miedos destilados por quienes son contrarios a los OGM impidan a quienes lo desean beneficiarse de esta importante tecnología».[19]

Mientras tanto, The Times of India es más prosaico: «¿Quién va a pagar el fracaso del algodón Bt?», se pregunta el periódico, que recuerda que una ley india de 2001 sobre la «protección de las variedades vegetales y los derechos de los agricultores» conmina a los seleccionadores a indemnizar a los campesinos cuando éstos hayan sido «engañados» por las semillas que se les ha vendido, ya sea por «la calidad, los rendimientos o la resistencia a los insectos perjudiciales».[20]

Precisamente es esta ley la que el ministro de Agricultura de Andhra Pradesh quiso hacer que se aplicara. Al no conseguirlo, en mayo de 2005 decidió prohibir en el Estado tres variedades de algodón Bt producidas por Mahyco Monsanto (que poco después serán introducidas en el Estado de Maharashtra).[21] En enero de 2006 el conflicto con la empresa de Saint Louis superaba un nuevo escollo: el ministro Raghuveera Reddy denunciaba a Mahyco Monsanto ante la Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTPC), el organismo indio encargado del control de las prácticas comerciales y de las medidas antitrust, para denunciar tanto el precio exorbitante de las semillas transgénicas como el monopolio establecido por el gigante de los OGM en el subcontinente indio. El 11 de mayo de 2006 la MRTPC daba la razón al ministro de Andhra Pradesh, exigiendo que el precio del paquete de 450 gramos de semillas se redujera al establecido por Monsanto en Estados Unidos o en China, es decir, a 750 rupias como máximo (y no más de 1.850 rupias). Cinco días después la multinacional apelaba la decisión ante el Tribunal Supremo, pero su solicitud fue denegada el 6 de junio de 2006 al considerar los jueces que ellos no podían interferir en una decisión que compete únicamente a los Estados.[22]

Cuando en diciembre de 2006 llegué a Andhra Pradesh la situación estaba en este punto: Mahyco Monsanto había bajado finalmente el precio de sus semillas al nivel exigido por el gobierno provincial, pero el conflicto estaba lejos de haber terminado, porque quedaba el espinoso problema de las compensaciones financieras. «En enero de 2006», me explica Kiran Sakkhari, «el Ministerio de Agricultura amenazó con retirar sus licencias de explotación a la empresa si ésta no indemnizaba a los campesinos por sus tres últimas cosechas».

—Pero ¿no se habían prohibido en Andhra Pradesh tres variedades de algodón Bt en 2005?

—Exacto —me responde el agrónomo—, pero ¡Mahyco Monsanto las sustituyó inmediatamente por nuevas variedades transgénicas! El gobierno provincial no pudo impedirlo, a menos que pidiera a Nueva Delhi que prohibiera definitivamente los OGM. Y el resultado fue igual de catastrófico, tal como lo revelamos en un segundo estudio.[23] Este año se corre el riesgo de que sea aún peor, porque como verá en este campo de algodón Bollgard, las plantas padecen una enfermedad llamada «rizoctonia», que provoca necrosis a nivel del cuello, es decir, en la parte comprendida entre la raíz y el tallo. A la larga la planta se seca y muere.

—Los agricultores dicen que nunca habían visto eso —precisa el doctor Abdul Qayum—. En el primer estudio que hicimos habíamos observado la enfermedad únicamente en algunas plantas de algodón Bt. Pero con el tiempo se extendió y ahora se observa en muchos campos de algodón Bt que empiezan a contaminar los campos no transgénicos. Personalmente creo que hay una mala interacción entre la planta receptora y el gen que ha sido introducido en ella. Esto ha provocado una debilidad en la planta, que ya no resiste a la rizoctonia.

—De manera general —añade Kiran Sakkhari—, el algodón Bt no resiste a situaciones de estrés, como la sequía o, por el contrario, precipitaciones fuertes.

—Sin embargo, según Monsanto la venta de transgénicos no deja de progresar en la India —señalo yo.[24]

—Eso es lo que la empresa afirma y globalmente es verdad, aunque las cifras que ella ofrece sean difíciles de verificar —me responde el agrónomo—. Pero esta situación se explica en gran parte por el monopolio que ella ha sabido establecer en la India, donde se ha hecho muy difícil encontrar semillas de algodón no transgénico. Y eso es muy inquietante, porque como constatamos durante nuestro segundo estudio, no se ha cumplido la promesa de que el algodón Bt iba a reducir el consumo de pesticida, muy al contrario…

LA RESISTENCIA DE LOS INSECTOS A LAS PLANTAS BT: UNA «BOMBA DE RELOJERÍA»

Y el agrónomo me enseña los resultados del segundo estudio que, lo recuerdo, concierne a la estación 2005-2006. Si durante la estación 2002-2003, es decir, el año que siguió a la introducción de las semillas Bt, el consumo de insecticidas era ligeramente más bajo en el algodón transgénico que en el convencional, tres años después la «hermosa promesa» está definitivamente enterrada: los gastos en pesticidas fueron de media 1.311 rupias por acre en el caso de los productores de algodón convencional y 1.351 en el de los adeptos al algodón OGM. «Este resultado no nos sorprendió y sólo puede empeorar», me explica el doctor Abdul Qayum, «porque cualquier agrónomo o entomólogo serio sabe muy bien que los insectos desarrollan resistencias a los productos químicos que se supone que los combaten. El hecho de que las plantas Bt produzcan permanentemente la toxina insecticida es una bomba de relojería cuya factura pagaremos un día y que puede ser muy elevada, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental».

De hecho, la perspectiva de que los parásitos del algodón (o del maíz) muten desarrollando una resistencia a la toxina Bt se planteó incluso antes de que Monsanto introdujera sus OGM en el mercado. Desde mediados de los noventa la estrategia que mantuvo la multinacional, de acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), fue que los productores de plantas Bt se comprometieran por medio de un contrato a preservar unas parcelas de cultivos no Bt bautizados como «refugios», en los que se supone pululan insectos «normales» para que se crucen con sus primos que se han vuelto resistentes al Bacillus thurigiensis y provoquen así una «dilución genética». En efecto, cuando los insectos se enfrentan permanentemente a una dosis de veneno a priori mortal, todos ellos son exterminados, salvo algunos especímenes dotados de un gen de resistencia al veneno. Los supervivientes se acoplan con sus congéneres y pueden transmitir el famoso gen a sus descendientes; y así sucesivamente durante varias generaciones. Es lo que se llama la «coevolución», que en el curso de la larga epopeya del ser vivo ha permitido a especies amenazadas de extinción adaptarse para sobrevivir a un azote fatal. Para evitar que este fenómeno se desarrolle entre los parásitos de las plantas Bt, los aprendices de brujo imaginaron que es suficiente con mantener una población de insectos «sanos» en parcelas no transgénicas (las zonas «refugio») para que liguen con sus primos que se han vuelto resistentes al Bt, impidiéndoles así reproducirse entre ellos.

Una vez establecido esto, quedaba por determinar el tamaño que debían tener los famosos «refugios» para que funcionara este escenario. El tema fue objeto de ásperas negociaciones entre Monsanto y los científicos, y la Agencia de Protección del Medio Ambiente se contentó con registrar el desenlace del combate. Al principio algunos científicos recomendaban que la superficie de los refugios fuera al menos equivalente a la de las parcelas transgénicas. Por supuesto, Monsanto protestó y propuso un primer compromiso generosamente cifrado en el 3% (la superficie del refugio debía ser igual al 3% de la superficie OGM). En 1997 un grupo de investigadores universitarios que trabajaba en el corn belt (el «cinturón de maíz» que cubre Iowa, Indiana, Illinois y Ohio, en el noroeste de Estados Unidos) se lanzó valientemente a la palestra recomendando que los refugios fueran equivalentes al 20% de las parcelas transgénicas y al doble si éstas eran tratadas con otros pesticidas diferentes del Bt.

Para la empresa de Saint Louis seguía siendo demasiado, como informa Daniel Charles en su libro Lords of the Harvest: «Monsanto miró las recomendaciones y dijo: “Con esto no podremos vivir”, cuenta Scott McFarland, un abogado que siguió el expediente muy de cerca. La multinacional se pone entonces en contacto con la Asociación Nacional de Productores de Maíz, cuya sede también se encuentra en Saint Louis. Consigue convencer a sus representantes de que “unos refugios grandes constituirían una amenaza para la libertad de los agricultores de utilizar semillas Bt”».[25] Hasta aquel día de septiembre de 1998 en que las partes se reúnen en Kansas City para llegar a un acuerdo. Cuando los debates se estancan en surrealistas batallas de porcentajes, un economista de la Universidad de Minnesota especialista en agricultura demuestra brillantemente que, según sus estimaciones, si los refugios sólo suponen el 10% de los cultivos transgénicos, entonces las pirales (el parásito que es el blanco del maíz Bt) tendrán un 50% de posibilidades de desarrollar a corto plazo una resistencia y que eso les costará muy caro a los granjeros. Tocados directamente en sus carteras, éstos se inclinan hacia el bando de los entomólogos.

Ésta es la razón por la que desde entonces en todo el mundo los manuales de cultivos Bt exigen que las zonas refugio equivalgan al menos al 20% de las superficies de OGM. Pero hay que reconocer que, una vez más, todo es pura chapuza e improvisación, puesto que no se ha hecho ningún estudio serio para verificar que este compromiso arrancado a Monsanto en un rincón de Missouri tenga alguna validez científica. Y cuando en 1998 el periodista del New York Times Michael Pollan (cuya cáustica investigación ya he citado, véase el capítulo 11) pregunta a los representantes de Monsanto sobre esta cuestión, éstos responden que «si todo va bien, se podrá aplazar la resistencia treinta años»[26], lo que se denomina política a corto plazo. Después, cuando mi colega le insiste a Jerry Hjelle, vicepresidente de la empresa encargado de los asuntos reglamentarios, para saber qué pasará después de este plazo fatídico, «la respuesta es aún más inquietante»: «Hay otros miles de Bt por todas partes», explica, «podremos tratar este problema con otros productos. Quienes nos critican no conocen todo lo que tenemos todavía en reserva. […] ¡Confíen en no-sotros!».

Mientras tanto, diez años después del lanzamiento de los cultivos Bt es posible establecer un primer balance de la hermosa construcción burocrática. En primer lugar, como subrayaba desde enero de 2001 un despacho de la agencia Associated Press, según un sondeo realizado en 2000, «el 30% de los productores [estadounidenses] de maíz no siguen las recomendaciones hechas para la gestión de la resistencia»[27] porque las consideran demasiado exigentes. A decir verdad los comprendo, excepto que, por supuesto, deberían dejar de respaldar un sistema tan absurdo que tarde o temprano acabará por desmoronarse como un castillo de naipes, tal como lo indica un estudio realizado en 2006 por unos investigadores de la Universidad Cornell (Estados Unidos) en colaboración con la Academia China de la Ciencia.[28] Considerado «el primer estudio sobre el impacto económico a largo plazo del algodón Bt», se llevó a cabo entre 481 productores de OGM de China, de los 5 millones con los que cuenta el país. Constata que «los sustanciales beneficios acumulados durante algunos años gracias a un ahorro en pesticidas han desaparecido actualmente». En efecto, escriben los autores, si durante los tres años que siguieron a la introducción de los cultivos Bt los campesinos habían conseguido «reducir un 70% su uso de pesticidas y aumentar un 36% sus ganancias», en cambio en 2004 «tuvieron que pulverizar tantos insecticidas como los productores convencionales, lo que se tradujo en unos ingresos netos medios un 8% inferiores a los de los productores convencionales porque el coste de las semillas es tres veces más elevado». Finalmente, al cabo de siete años «las poblaciones de insectos […] aumentaron tanto que los campesinos tuvieron que fumigar sus cultivos hasta veinte veces en el curso de una estación para poder controlarlos». Las conclusiones de los autores (que, sin embargo, son partidarios de los OGM) son inapelables: «Estos resultados constituyen una señal de alerta muy fuerte dirigida a los investigadores y a los gobiernos, que deben encontrar soluciones para los productores de algodón Bt, sin las cuales éstos abandonarán los cultivos transgénicos, lo que sería una verdadera lástima».

El argumento hace sonreír a Abdul Qayum y a su colega Kiran Sakkhari: «En la India, donde la mayoría de los campesinos explotan entre una y dos hectáreas de tierra, la estrategia de las zonas refugio es absolutamente ridícula», me explica el primero. «Todo esto demuestra que los OGM, que representan el último avatar de la revolución verde, fueron inventados para los grandes agricultores del norte…».

16

CÓMO CONTROLAN LAS MULTINACIONALES LA ALIMENTACIÓN DEL MUNDO

«Gracias al diálogo con muchas personas, Monsanto ha tomado conciencia de que la agricultura transgénica suscita preguntas morales y éticas que van más allá de la ciencia. Estas preguntas conciernen a la libertad de elección, la democracia, la globalización, quién posee qué y quién va a sacar los beneficios de ello».

MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 32.

Si hay alguien en la India que conozca bien el tema de la «revolución verde» es Vandana Shiva, una de cuyas obras, publicada en 1989, se titula La violencia de la revolución verde. Degradación ecológica y conflicto político en el Punjab.[1] Esta figura femenina y feminista del altermundismo desmenuza en este libro fundamental los perjuicios de esta «revolución» agrícola lanzada tras la Segunda Guerra Mundial y que más tarde será calificada de «verde» porque se suponía que iba a frenar la expansión de la «revolución roja» en los países «subdesarrollados», sobre todo en Asia, donde se corría el riesgo de que la llegada al poder de Mao Tse-tung en China creara émulos.

«EL ÚNICO OBJETIVO DE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN VERDE ES AUMENTAR LOS BENEFICIOS DE MONSANTO»

«No digo que la revolución verde no partiera de buenas intenciones, a saber, aumentar la producción alimentaria en los países del tercer mundo», me explica Vandana Shiva, «pero los efectos perversos del modelo agrícola industrial que la sustenta tuvieron unas consecuencias medioambientales y económicas dramáticas, en particular para los pequeños campesinos». Durante este segundo encuentro en diciembre de 2004 la intelectual y militante india me recibe en la granja de «Navdanya» («los nueve granos»), una asociación para la conservación de la biodiversidad y la protección de los derechos de los agricultores que ella creó en 1987 y que está situada en el Estado de Uttaranchal, al norte de la India, en los confines del Tíbet y Nepal. A unos kilómetros de Dehradun, en los contrafuertes del Himalaya donde ella nació, es el lugar donde Vandana Shiva abrió un centro de formación agrícola destinado a promover el cultivo de semillas tradicionales de trigo y arroz que la «revolución verde» ha estado a punto de hacer desaparecer en beneficio de las variedades llamadas «de alto rendimiento» importadas de… México.

En efecto, el concepto agro-industrial que en 1968[a] se llamará «revolución verde» nació en 1943 en la capital mexicana. Aquel año Henry Wallace, vicepresidente de Estados Unidos (y, como hemos visto en el capítulo 9, dueño de Pioneer Hi-Bred, inventor de los híbridos de maíz) propone a su homólogo mexicano crear una «misión científica» destinada a aumentar la producción nacional de trigo. Apadrinado por la Fundación Rockefeller y bajo los auspicios del gobierno mexicano, este proyecto piloto se instala a las afueras de México, donde en 1965 tomará el nombre de Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT.

En octubre de 2004 fui a este reputado organismo de investigación, que sigue funcionando como una asociación no lucrativa y que hoy emplea a un centenar de investigadores internacionales altamente cualificados, así como a más de quinientos colaboradores procedentes de una cuarentena de países. En el vestíbulo de entrada un inmenso cuadro rinde homenaje a quien se considera el padre de la revolución verde: Norman Borlaug, nacido en una granja de Iowa en 1914, y que en 1944 fue contratado por la Fundación Rockefeller y en 1970 obtuvo el Premio Nobel «en reconocimiento a su importante contribución a la revolución verde»[2], según los términos de la venerable institución. Durante veinte años este agrónomo, que hoy es un ferviente defensor de los OGM, sólo tuvo una obsesión: aumentar la productividad del trigo creando variedades que permiten duplicar los rendimientos. Su idea principal para lograrlo fue cruzar las variedades del CIMMYT con una variedad japonesa enana, la «Norin 10». En efecto, aumentar los rendimientos implica obligar a la planta a producir granos más gruesos y numerosos, aun a riesgo de romper la espiga. De ahí la argucia de «acortar las pajas», como se dice en la jerga de los seleccionadores, por medio de la introducción de un gen de enanismo.[b]

Así es como en el espacio de un siglo los rendimientos del trigo pasaron de diez quintales por hectárea (en 1910) a una media de ochenta quintales, mientras que el tamaño de las espigas de trigo perdía casi un metro de altura. Pero esta hazaña va acompañada de una contrapartida, que denuncian los adversarios de la «revolución verde»: el aumento del consumo de productos fitosanitarios, sin los cuales las «semillas milagrosas» (como se apodó a las variedades del CIMMYT) no sirven literalmente para nada. Porque para lograr producir tal cantidad de granos se tiene que cebar literalmente a la planta con abonos (nitrógeno, fósforo, potasio), lo que a la larga acarrea un debilitamiento de la fertilidad natural de los suelos. Además hay que regarla copiosamente, lo que agota las reservas de agua. Por otra parte, la extrema concentración vegetal hace las delicias de los insectos devastadores y de los hongos, de ahí el uso masivo de insecticidas y fungicidas. Por último, la obsesión por los rendimientos acarreó una bajada general de la calidad nutritiva de los granos y una reducción de la biodiversidad del trigo, muchas de cuyas variedades simplemente han desaparecido.

En los años sesenta, consciente del carácter irremediable de las pérdidas vinculadas a su promoción de las variedades de alto rendimiento, el CIMMYT abrió un «banco de germoplasma» en el que hoy se conservan unas 166.000 variedades de trigo dentro una habitación a 3 grados bajo cero. Para alimentarla sus colaboradores recorren los campos del mundo en busca de espigas raras, como unos especímenes de trigo salvaje encontrados en los confines iraníes del Creciente Fértil que sus técnicos estaban etiquetando en el momento de mi visita al centro.

Pero lo cierto es que las variedades enanas del CIMMYT dieron la vuelta al mundo: en el norte, incluidos los países comunistas, los seleccionadores las han utilizado en sus programas de cruce. Por lo que se refiere a los países del sur, con la India a la cabeza, envió a técnicos para que se formaran en el centro, apodado «Escuela de los Apóstoles del Trigo». En 1965 una sequía excepcional arrasa la cosecha de trigo en el subcontinente indio y el hambre acecha. El gobierno de Indira Gandhi decide comprar 18.000 toneladas de semillas de alto rendimiento importadas de México. Es la mayor transferencia de semillas nunca realizada en la historia. Formados por el CIMMYT los agrónomos indios propagan la revolución verde en las regiones del Punjab y de Haryana, consideradas el granero de trigo de la India. Los apoya financieramente la Fundación Ford, bien situada para suministrar tractores y maquinaria agrícola. Al mismo tiempo, se introducen en el país las variedades de arroz de alto rendimiento gracias a la influencia del Instituto de Investigación Internacional sobre el Arroz (IRRI), creado en 1960 por las fundaciones Rockefeller y Ford según el modelo del CIMMYT.

«Siempre se dice que la India alcanzó la autosuficiencia alimentaria gracias a la revolución verde y que en cinco años, de 1965 a 1970, su producción de trigo pasó de 12 a 20 millones de toneladas», me dice Vandana Shiva, cuyo último libro se llama Las semillas del suicidio.[3] «Hoy el país representa el segundo productor mundial de trigo, con una producción de 74 millones de toneladas, pero ¿a qué precio? Suelos agotados, una bajada preocupante de las reservas de agua, una contaminación generalizada, una extensión de los monocultivos en detrimento de los cultivos alimenticios y la exclusión de decenas de miles de pequeños productores, que han engrosado los barrios de chabolas porque no podían integrarse en un modelo agrícola extremadamente caro. La primera oleada de suicidios firma el fracaso de la primera revolución verde. Desgraciadamente, la segunda revolución verde, la de los OGM, será aún más mortífera, aunque se inscriba en la línea de la primera».

—¿Por qué? ¿En qué se diferencian?

—La diferencia entre las dos es que la primera revolución verde estaba dirigida por el sector público: las agencias gubernamentales controlaban la investigación y el desarrollo agrícolas. La segunda revolución verde está dirigida por Monsanto. Otra diferencia es que la primera revolución verde sin duda tenía el objetivo oculto de vender más productos químicos y máquinas agrícolas, pero aun así su motivación principal era proporcionar más comida y garantizar la seguridad alimentaria. A fin de cuentas, aunque esto se hiciera en detrimento de otros cultivos, como las leguminosas, se produjo más arroz y trigo para alimentar a las personas. La segunda revolución verde no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria. Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto, que ha logrado imponer su ley en todo el mundo.

—¿Qué es la ley de Monsanto?

—Es la de las patentes. La empresa siempre ha dicho que la manipulación genética era un medio de obtener patentes, éste es su verdadero objetivo. Si observa usted la estrategia de investigación que está desplegando en este momento en la India, está probando una veintena de plantas en las que ha introducido genes Bt: la mostaza, el gumbo, la berenjena, el arroz y la coliflor…

Una vez que haya impuesto como norma el derecho de propiedad de los granos modificados genéticamente podrá cobrar los royalties; dependeremos de ella para cada grano que sembremos y cada campo que cultivemos. Si controla las semillas, controla la alimentación; ella lo sabe, es su estrategia. Es más poderosa que las bombas, es más poderosa que las armas, es el mejor medio de controlar a las poblaciones del mundo.

—Sin embargo, en la India está prohibido patentar las semillas —digo un tanto aturdida por el cuadro que acaba de describir Vandana Shiva.

—Es verdad, pero ¿hasta cuándo? Monsanto y el gobierno estadounidense llevan diez años presionando al gobierno indio para que aplique el acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y me temo que los obstáculos acabarán por caer…

LAS PATENTES DEL SER VIVO O LA «COLONIZACIÓN ECONÓMICA»

Antes de explicar qué es el «acuerdo ADPIC» (relativo a los «aspectos de la propiedad intelectual que afectan al comercio») que constituye el quebradero de cabeza de la OMC desde su creación en enero de 1995, tengo que volver sobre el tema de las patentes, que, efectivamente, es de una importancia capital para el futuro del planeta. Escuchando a Vandana Shiva se podría pensar que exagera y que, al fin y al cabo, el patentado de semillas es algo que apenas nos concierne. Desengáñese el lector escéptico: el patentado del ser vivo y muy particularmente de las semillas constituye efectivamente la herramienta gracias a la cual Monsanto podría apoderarse del más lucrativo de los mercados: el de la alimentación del mundo. Y la empresa de Saint Louis ha hecho lo imposible para que sea así.

Si Vandana Shiva se interesó muy pronto por este colosal desafío, al que ha dedicado varios libros[4], es «a causa de la catástrofe de Bhopal», como me explicó cuando nos conocimos, en Bhopal precisamente, que entonces celebraba el veinte aniversario del drama. Ocurrió la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, cuando a medianoche una nube de gas tóxico cayó sobre la ciudad india: en unas horas 10.000 personas agonizaban en medio de atroces sufrimientos y otras 20.000 murieron a lo largo de las siguientes semanas. El gas mortal procedía de una fábrica de la multinacional estadounidense Union Carbide, un competidor de Monsanto que fabricaba pesticidas químicos.

«La tragedia de Bhopal es lo que me convenció de que había que promover la agricultura biológica y, por lo tanto, el neem como alternativa a los pesticidas mortales de las multinacionales», recuerda Vandana Shiva. Como hemos visto, el neem fue objeto de una patente concedida por la Oficina de Patentes Europeas a la empresa química W. R. Grace en septiembre de 1984. Desde entonces el patentado del ser vivo se ha convertido en el caballo de batalla de la militante india: apoyada sobre todo por Greenpeace, diez años después consiguió que se anulara la patente del neem, pero también una patente estadounidense de una variedad del arroz basmati.[a] Desde entonces lucha contra una patente estadounidense y europea que tiene Monsanto de una variedad de trigo famosa por la producción de chapatis y galletas debido a su bajo contenido en gluten.[5] Según los términos de las patentes, la empresa de Saint Louis posee un monopolio sobre el cultivo, el cruce y la transformación de esta variedad procedente del norte de la India.

«El patentado del ser vivo se sitúa en la continuidad de la primera colonización», comenta la física india. Además, la propia palabra patente[*] procede de la época de la conquista. Por medio de una «carta patente», es decir, un documento oficial y público (patens en latín significa «abierto» o evidente») que llevaba el sello de los soberanos de Europa, éstos concedían a piratas o aventureros un derecho exclusivo para que conquistaran tierras extranjeras en su nombre. Cuando Europa estaba colonizando el mundo, el objetivo de las «cartas patentes» era la conquista territorial, mientras que el de las actuales patentes es una conquista económica a través de la apropiación de los organismos vivos por parte de los nuevos soberanos, que son las multinacionales como Monsanto. En ambos casos se trata del mismo principio, a saber, que las patentes de ayer y de hoy se basan en una negación de la vida que preexistía antes de la llegada del hombre blanco. Cuando los europeos colonizaron América, las tierras del «nuevo mundo» fueron declaradas terra nullisus, es decir, «tierras vacías», sobreentendiéndose «vacías de hombres blancos». Del mismo modo el patentado del ser vivo y la biopiratería se basan en una alegación de «vida vacía» porque los seres vivos carecen de valor mientras sus genes no hayan sido despedazados en un laboratorio. Esto es una negación del trabajo y del conocimiento y la experiencia de millones de personas que han mantenido la biodiversidad de la vida desde hace miles de años y que, además, viven de ello.

—¿Qué consecuencias tiene el patentado del ser vivo para las poblaciones del sur? —pregunté fascinada por la claridad de ideas de mi interlocutora, que, lo recuerdo, también es doctora en filosofía de la ciencia.

—¡Son enormes! —me responde—, porque las patentes desempeñan el mismo papel que el movimiento de los enclosures en la Inglaterra del siglo XVI. Nacido al principio de la revolución industrial, consistió en privatizar rodeándolos de cercas espacios comunales dedicados a uso colectivo y en los que los lugareños más pobres podían, por ejemplo, llevar a pastar a sus animales. De la misma manera la patente cerca al ser vivo, como las plantas que sirven para alimentar o para curar a los seres humanos y, en última instancia, contribuye a excluir a los más pobres de los medios de vida y supervivencia. Porque como hemos visto con las semillas o los medicamentos, en cuanto se deposita una patente esto significa «royalties» y, por lo tanto, subida de precios. Por esa razón los alimentos, los productos de mantenimiento de los cultivos y los medicamentos están excluidos de la ley india de patentes, para que sigan siendo accesibles a todo el mundo. La extensión del sistema occidental de patentes tal como la predica la Organización Mundial del Comercio y, antes que ella, el último ciclo del GATT, mina directamente los derechos económicos de los más pobres.

MONSANTO Y LAS MULTINACIONALES TRAS EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OMC

¡Ya hemos llegado!… El GATT (Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio) fue establecido en 1947 por las grandes potencias capitalistas de la época con el objetivo de regular los derechos de aduana sobre el comercio internacional. En 1986 se abre la conferencia ministerial de Punta del Este, que inaugura lo que se conocerá como la «Ronda de Uruguay» porque marca un giro decisivo en la historia del GATT, hasta el punto de firmar su sentencia de muerte a la larga. En efecto, es durante este octavo y último ciclo de negociaciones comerciales intergubernamentales, que se alargará hasta 1994, cuando el gobierno estadounidense logra que se integren en él cuatro dominios que hasta entonces concernían únicamente a las políticas nacionales: la agricultura, las inversiones, los servicios (telecomunicaciones, transportes, etc.) y… los derechos de la propiedad intelectual (DPI). Por lo que se refiere a este último dominio, que nos interesa muy particularmente, el representante del comercio de Washington justificó su inclusión mediante el hecho de que «cerca de doscientas empresas transnacionales estadounidenses se veían privadas de 24.000 millones de dólares al año de derechos de autor debido a la debilidad o a la falta de protección de la propiedad intelectual en algunos países, principalmente los del sur», tal como informa un estudio de la Universidad de Quebec.[6]

La integración de estos nuevos dominios en el campo de competencia del GATT, que en su origen no era más que una simple unión aduanera, dio lugar a ásperas negociaciones, porque los nuevos dominios «suscitan cuestiones que superan el comercio», a saber, unos «derechos fundamentales» como el «derecho al empleo, a la salud, a la alimentación y a la autodeterminación»[7], tal como subraya Vandana Shiva. En diciembre de 1991 Arthur Dunkel, director general del GATT, propone un proyecto de acta final, pero hasta abril de 1994 los ciento veintitrés países miembro reunidos en Marrakech no firmarán un acuerdo definitivo que ratifique el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio, la cual sucede oficialmente al GATT el 1 de enero de 1995.

El acta fundadora de la OMC, cuya sede está en Ginebra, cuenta con veintinueve acuerdos sectoriales que permiten someter a las leyes del mercado todo bien o servicio y, por consiguiente, transferir dominios que tradicionalmente depen-dían de las políticas públicas a empresas privadas, sobre las que los gobiernos y los ciudadanos no tienen ningún medio de control. La relación de estos sectores con el comercio es tan poco evidente que los redactores del acuerdo eludieron el problema añadiendo «que afectan al comercio» (trade related) y haciendo al mismo tiempo una importante confesión.

Éste es sobre todo el caso del famoso acuerdo sobre los «ADPIC» («Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que Afectan al Comercio»), del que nos enteraremos que «en parte fue concebido por una coalición de empresas reunidas bajo el nombre de Comité de la Propiedad Intelectual (Intellectual Property Committee, IPC), que comprende a los «principales actores del dominio de las biotecnologías», incluyendo, por supuesto, al primero de todos, como indican los universitarios canadienses.[8] Creado en marzo de 1986 en Estados Unidos, el IPC reunía a trece multinacionales, procedentes fundamentalmente de los sectores de la química, la farmacia y la informática: Bristol-Myers, DuPont, FMC Corporation, General Electric, General Motors, Hewlett-Packard, IBM, Johnson and Johnson, Merck, Pfizer, Rockwell International, Warner Communications y… Monsanto.

Desde su creación el comité contacta con la UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe), el portavoz oficial del mundo de los negocios europeo, y con el Keidanren, el sindicato patronal de las empresas de Japón, para redactar un documento común remitido al GATT en junio de 1988. Con el título «Disposiciones fundamentales de la protección de los DPI por parte del GATT. Punto de vista de las comunidades de empresas europeas, japonesas y estadounidenses», el objetivo de este texto, que servirá de base al acuerdo ADPIC, es extender al resto del mundo el sistema de patentes que ya existe en los países industrializados, los cuales, a través de las oficinas de Washington, Munich y Tokio, registran el 97% de las patentes depositadas por las empresas (procedentes en su aplastante mayoría de los países del norte): «La disparidad de sistemas de protección de la propiedad intelectual supone unas pérdidas exageradas en tiempo y recursos durante la adquisición y la defensa de los derechos», lamentan los autores. «Los poseedores [de la propiedad intelectual] constatan que el ejercicio de su derecho se ve obstaculizado por unas leyes y reglas que limitan el acceso al mercado y la repatriación de los beneficios». Sigue un corto párrafo, atribuido por algunos a Monsanto: «La biotecnología o el empleo de microorganismos en la producción forma un sector en el que la protección de las patentes se ha retrasado en relación con los rápidos progresos de la medicina, la agricultura, la descontaminación y la industria. […] Esta protección debe aplicarse tanto a los procedimientos de las biotecnologías como a sus productos, ya sean microorganismos, partes de microorganismos (plásmidos y otros vectores) o plantas».[9]

Segura de tener razón, lejos de negar lo que se puede considerar un «atraco a mano armada al GATT», la empresa de Saint Louis incluso lo reivindicó plenamente en junio de 1990 en una entrevista que hizo correr mucha tinta después y en la que se descubre que el IPC (Intellectual Property Committee) se creó precisamente para encabezar la ofensiva en la unión aduanera: «Nada más formarse, la primera tarea del IPC ha sido predicar la buena nueva ya no en Estados Unidos, como al principio, sino en Europa y Japón», cuenta James Enyart, director de asuntos internacionales de Monsanto. «Hubo que convencer de que se obtendría un código. No fue fácil, pero nuestra “trilateral” acabó por destilar los principios esenciales de la protección de la propiedad intelectual en todas sus formas, a partir de la legislación de los países más avanzados. Tras haber vendido en casa estos conceptos fuimos a Ginebra para presentar el documento en la secretaría del GATT. También aprovechamos para presentarlo a los representantes en Ginebra de muchos países… Con esto le describo una primicia en el seno del GATT. La industria localiza un grave problema del comercio internacional. Imagina una solución, hace una propuesta concreta y la vende a los diversos gobiernos. Los industriales y los actores del comercio mundial desempeñan unas veces el papel de paciente, otras del médico que hace un diagnóstico y otras el de prescriptor».[10]

A pesar de esta presión colectiva realizada magistralmente, entre los muchos sectores que abarca el acuerdo ADPIC (derechos de autor, marcas de fábrica, denominaciones de origen, diseños y modelos industriales, informaciones no divulgadas, incluidos los secretos comerciales) está el sugerido muy oportunamente por Monsanto y que desde 1995 bloquea la implacable maquinaria de la OMC. Concretamente, se trata del artículo 27.3(b), relativo a los «objetos patentables». ¿Qué dice esta cláusula tan controvertida? He aquí su texto oficial: «Los miembros podrán excluir de la patentabilidad: los vegetales y animales que no sean microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales que no sean los procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los miembros preverán la protección de las variedades vegetales por medio de patentes, por medio de un sistema sui generis eficaz o por medio de una combinación de estos dos medios. Las disposiciones del presente párrafo se volverán a examinar cuatro años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC».

La redacción de este artículo es tan abstrusa que en parte provocó la parálisis de la tercera conferencia ministerial de la OMC, organizada en Seattle en diciembre de 1999. Tras leerlo y releerlo se comprende que pueden ser excluidos del sistema de patentes los animales y los vegetales, a excepción de los microorganismos. Pero, por otra parte, estipula que «las variedades vegetales [que son vegetales] deben poder ser protegidas ya sea por medio de patentes, ya sea por un sistema creado específicamente con ese fin». De hecho, el objetivo de esta previsión son directamente las semillas transgénicas: con el apoyo de sanciones, en adelante podrán ser «protegidas» (es decir, que los fabricantes podrán cobrar royalties) cuando menos por el sistema establecido por la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Precisamente porque la «protección» de las semillas también implica la de los alimentos que se desprenden de ellas, muchos países del sur, con África, la India y Brasil a la cabeza, exigieron la revisión del artículo 27.3(b). También les preocupan las consecuencias del patentado de los «microorganismos», a los que a priori pertenecen los genes, lo que no puede sino fomentar la biopiratería, es decir, el robo de los recursos genéticos y de los saberes tradicionales vinculados a ellos (véase el capítulo 10), en detrimento de las comunidades rurales e indígenas que los han mantenido desde hace miles de años.

LA OMC, UNA «VERDADERA PESADILLA»

Para tener todo esto bien claro el 13 de enero de 2005 me entrevisté en Ginebra con Adrian Otten, director del departamento de la propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio. Y de entrada le planteé una pregunta básica que le puso tenso de pronto: «¿Cuál es el objetivo del acuerdo ADPIC?». Balbuceando un poco, aunque no sin cierta franqueza, acabó por responderme: «Pues… Supongo que uno de los objetivos fundamentales es… establecer unas reglas comunes internacionales para que los gobiernos miembro de la OMC protejan los derechos de la propiedad intelectual de… algunos países miembro de la OMC, así como de… sus ciudadanos y empresas».

—Y, ¿cuál es el artículo que plantea problemas? —insistí para ver si yo había comprendido el galimatías de la OMC.

—Pues… es el artículo 27.3(b), que establece una cláusula en el acuerdo ADPIC según la cual las invenciones relacionadas con las plantas y animales deben poder ser patentadas… —me respondió el británico.

Dicho de este modo, está más claro que el agua, en efecto…

«El objetivo del acuerdo ADPIC es que una patente obtenida en Estados Unidos, por ejemplo, por Monsanto, sea aplicable automáticamente en todo el mundo», me había explicado un mes antes en Nueva Delhi Devinder Sharma que, por su parte, fue directo al grano. Director del Foro para la Seguridad de la Biotecnología y de la Alimentación (Forum for Biotechnology & Food Security), este famoso periodista indio es un firme oponente a la OMC: «Si se observa la evolución internacional del sistema de patentes, sigue exactamente la de la Oficina estadounidense de Washington. Con el acuerdo ADPIC todos los países deberán seguir el modelo de Estados Unidos so pena de graves sanciones comerciales, porque la OMC posee un poder de coerción y de represalias absolutamente exorbitante. Esto quiere decir que si un país no hace respetar los derechos de propiedad intelectual de Monsanto, por ejemplo, sobre una semilla patentada, la multinacional apelará al gobierno estadounidense, que presentará una denuncia en el órgano de los reglamentos de la OMC. Por otra parte, el acuerdo ADPIC fue concebido por las multinacionales para apropiarse de los recursos genéticos del planeta, principalmente de los de los países del tercer mundo, que poseen la mayor diversidad. La India es uno de sus principales objetivo, porque es un país “megadiverso” en el que hay 45.000 especies de plantas y 81.000 especies de animales. Por esa razón somos muchos los que afirmamos que la propiedad del ser vivo no concierne a la OMC, sino que compete a la Convención sobre la Biodiversidad firmada en 1992 en Río de Janeiro bajo los auspicios de Naciones Unidas. Firmado por doscientos países, este tratado afirma que los recursos genéticos son propiedad exclusiva de los Estados, que deben comprometerse a preservarlos y a organizar un reparto equitativo de la explotación de los saberes tradicionales vinculados a ellos.

—¿Se puede conciliar el acuerdo ADPIC con la Convención sobre la Biodiversidad?

—En absoluto, porque ambos textos son contradictorios. Y ésta es la razón por la que Estados Unidos no firmó la convención. El problema es que el acuerdo ADPIC se sitúa por encima de la Convención porque depende de la OMC, que obedece órdenes de las multinacionales como Monsanto, las cuales dirigen de hecho el mundo con el pretexto de la globalización de los intercambios.

Para quienes piensen que estas palabras son a todas luces excesivas, citaré un informe de Naciones Unidas publicado en junio de 2000 por la subcomisión de la promoción y de la protección de los derechos humanos: «La mayoría del comercio mundial está controlado por poderosas empresas transnacionales. En este contexto, la noción de libre-comercio subyacente a estas reglas [de la OMC] es una impostura. […] El claro resultado de ello es que para algunos grupos de la humanidad, en particular los países del sur en vías de desarrollo, la OMC representa una auténtica pesadilla».[11]

CONCLUSIÓN

UN COLOSO CON PIES DE BARRO

«Las personas de esta empresa son veneno: como el dios de la muerte, toman la vida».

Una campesina del «Community Media Trust» de Pastapur (Andhra Pradesh).

La escena transcurre en la sede del TIAA-CREF (Teachers Insurance and Annuity Association, College Retirement Equities Fund) en Nueva York, en los barrios acomodados de Manhattan, en julio de 2006. Creado noventa años antes, este prestigioso fondo de pensiones representa una de las instituciones financieras más importantes de Estados Unidos, con unos 437.000 millones de dólares en su activo. Clasificado por la revista Fortune en el octogésimo lugar de la lista de las quinientas empresas más poderosas de Estados Unidos, el TIAA-CREF posee una particularidad que todos sus documentos oficiales ponen de relieve al lado de su sigla: la empresa proporciona «servicios financieros por el bien de todos». Sólo pueden acceder a los fondos de pensión aquellos que sirven al «interés general» trabajando en la educación, la investigación, la medicina, la cultura o el ámbito asociativo, esto es, 3.200.000 miembros. Desde 1990 el TIAA-CREF abrió un departamento especializado en «inversión responsable» al que se han adherido 430.000 clientes. Si solicité hacer una entrevista a representantes de la venerable casa es porque descubrí que estaba entre los veinte primeros accionistas de Monsanto y que poseía un 1,5% de sus acciones[a], lo que me intrigó considerablemente…

«LA REPUTACIÓN ES UN FACTOR DE RIESGO PARA LAS EMPRESAS…»

Aquel día me encuentro en presencia de John Wilcox, responsable de la «práctica de gobierno de la empresa», y de Amy O’Brien, directora del departamento para la inversión responsable. «Dada la particularidad de su clientela, ¿hay empresas en las que ustedes se nieguen a invertir su dinero?», les pregunté un tanto estresada (además de mis dos interlocutores, tomaba notas el responsable de relaciones públicas sentado a mis espaldas).

«Por supuesto», me responde Amy O’Brien, «nuestros inversores no quieren que, por ejemplo, invirtamos su dinero en fabricantes de tabaco debido a la carga que éstos crean para la sociedad; y de manera general son sensibles al comportamiento de las empresas en el dominio social y medioambiental».

—¿Significa eso que ustedes tienen en cuenta la reputación de la empresa?

—Desde luego —me responde sin dudarlo John Wilcox—. La reputación se considera cada vez más un factor de riesgo. Hasta hace poco a los analistas de Wall Street no les interesaban estos criterios no financieros del comportamiento de una empresa, como su reputación o sus prácticas medioambientales, probablemente porque son difíciles de medir y porque conciernen al largo plazo. Pero de manera muy clara esto está cambiando. Cada vez hay más ciudadanos que piden que las empresas en las que invierten sus ahorros compartan sus mismos valores.

—He leído que el TIAA-CREFF poseía el 1,5% de las acciones de Monsanto…

—Es posible —suelta John Wilcox—; de hecho, no lo sé…

—La reputación de esta empresa es muy controvertida: ¿cómo explica usted esta inversión?

—No creo que la propongamos en nuestras carteras de acciones para la inversión responsable —duda Amy O’Brien, visiblemente molesta—. No estoy segura, pero, de todos modos, esta empresa es controvertida sobre todo en Europa a causa de los organismos modificados genéticamente, pero no en Estados Unidos…

—Pero el agente naranja, los PCB, la hormona de crecimiento bovino ¿no son historias estadounidenses? ¿Han informado ustedes a sus clientes de los procesos judiciales a los que ha tenido que enfrentarse Monsanto durante estos últimos años?

—No —responde John Wilcox—. Voy a examinar los factores de riesgo de Monsanto y a pedir la opinión de quienes gestionan nuestras carteras de acciones…

UNA EMPRESA DE «RIESGO» PARA LOS INVERSORES

Seguimos en Manhattan, cerca de la sede del TIAA-CREF. Esta vez me entrevisto con Marc Brammer, que trabaja para Innovest Strategic Value Advisor, el líder de lo que se denomina el «análisis extrafinanciero», que consiste en puntuar los comportamientos sociales y medioambientales de las empresas según un baremo que va de AAA (para las mejores empresas de la clase) a CCC (para las malas). Estas notas sirven para aconsejar a los inversores para que puedan reducir sus riesgos financieros y aumentar el rendimiento de sus inversiones. Instalada en Nueva York, pero también en Londres, Tokio y más recientemente en París, Innovest se ha fijado la misión de desarrollar la clientela de unas carteras centradas en el desarrollo sostenible. En enero de 2005 Marc Brammer publicó un informe titulado «Monsanto y la ingeniería genética: los riesgos para los inversores»[1] en el que establece un balance de la actividad de la empresa de Saint Louis y puntúa su «gestión y estrategia» en el dominio de las biotecnologías. Resultado: CCC. «Es la peor nota medioambiental», me explica el analista financiero. «Ahora bien, hemos constatado que en casi todos los sectores industriales las compañías que tienen notas medioambientales por encima de la media generalmente superan en el mercado de valores a las empresas situadas por debajo de la media, de 300 a 3.000 puntos al año. Esto quiere decir que Monsanto representa una empresa de riesgo para los accionistas a medio o largo plazo».

—¿Quiénes son los accionistas de Monsanto?

—Es un accionariado muy disperso, pero los principales inversores son los fondos de pensiones y los bancos, que representan a decenas de millones de pequeños accionistas.

—¿Cómo explica usted que un fondo como el TIAA-CREF haya invertido en Monsanto?

—Resulta sorprendente —me responde Marc Brammer—, porque es una institución que verdaderamente fomenta la inversión responsable. Por otra parte, es bastante característico del modo de funcionamiento de los fondos de pensiones, que calculan a muy corto plazo y son muy sensibles a los rumores de la Bolsa. Ahora bien, en el caso de Monsanto está claro que su valor está sobredimensionado gracias a un apoyo incondicional de Wall Street.

—¿Cuáles son los principales factores de riesgo para los accionistas?

—El primero de todos es el rechazo de los mercados, que para Monsanto constituye una auténtica bomba de relojería. Los OGM son los productos más fuertemente rechazados que hayan existido nunca. Más de treinta y cinco países han adoptado o anunciado legislaciones que limitan las importaciones de OGM o que exigen el etiquetado de los alimentos que contienen ingredientes transgénicos. La mayoría de los distribuidores de alimentos europeos han establecido medidas para asegurarse de que no se utiliza ningún ingrediente transgénico en sus productos. Es el caso de Nestlé, Unilever, Heinz, ASDA (Wal-Mart), Carrefour, Tesco y muchos otros. Fuera de Europa existe también una fuerte oposición de los consumidores a los OGM, en Asia o África.

»Incluso en Estados Unidos, Monsanto ha tenido que retirar del mercado, por ejemplo, sus patatas Bt después de que empresas como McDonald’s, Burger King, McCain y Pringles se negaran a comprarlas. Estoy seguro de que si la Food and Drug Administration decidiera etiquetar los OGM, de la noche a la mañana Monsanto perdería el 25% de su mercado… De hecho, una veintena de sondeos realizados entre 1997 y 2004 indican claramente que más del 80% de los estadounidenses quieren que se etiqueten los productos transgénicos.[a] Es tan cierto que una de las consecuencias del no etiquetado de los productos OGM es el desarrollo absolutamente exponencial en Estados Unidos del mercado de los productos biológicos.

Monsanto comprendió bien el peligro que el etiquetado representaba para su negocio transgénico. Cuando en 2002 una iniciativa ciudadana consiguió que el Estado de Oregon organizara un referéndum sobre el etiquetado de los OGM, la empresa de Saint Louis no dudó en montar, con la ayuda de sus «aliados de las biotecnologías y de la industria alimentaria», una campaña bautizada como «Coalición contra la ley sobre el etiquetado costoso» que costó la bagatela de seis millones de dólares. «El sentimiento general», argumentó Shannon Troughton, portavoz de Monsanto, «es que si se aprueba esta medida, creará un nuevo paquete de reglas burocráticas pagadas por los consumidores para proporcionar una información sin importancia…».[2] Finalmente la iniciativa, que en Estados Unidos constituyó una primicia, fue rechazada por el 73% de los votantes debido a que el etiquetado iba a costar demasiado caro…

«El otro factor de riesgo que amenaza los resultados de Monsanto son los fallos del sistema reglamentario, perfectamente ilustrados por el desastre de StarLink», continúa Marc Brammer. «Hemos calculado que si tuviera que enfrentarse a un caso similar la empresa perdería 3,83 dólares por acción. El problema fundamental de los OGM es que sólo Monsanto obtiene beneficios de ellos: los riesgos son para los demás, mientras que las agencias reglamentarias han abdicado de su papel de evaluación y control. La opacidad del proceso reglamentario alimenta el rechazo de los consumidores en Estados Unidos, donde éstos no tienen derecho a elegir lo que quieren comer, pero también en Europa, como demuestra el caso del maíz MON 863».

«LOS FALLOS DEL SISTEMA REGLAMENTARIO»: EL EJEMPLO DEL MAÍZ MON 863

Aunque el gobierno francés anunció en enero de 2008 que activaba la «cláusula de salvaguarda» para el maíz MON 810, que suspendía el cultivo de este maíz Bt de Monsanto hasta que la Unión Europea hubiera examinado de nuevo su autorización, me gustaría recordar la historia del maíz MON 863, un pariente muy cercano del MON 810: el primero (MON 863) contiene una toxina (Cry3Bb1) que se supone lo protege contra la crisomela de las raíces del maíz[a], mientras que el segundo (MON 810) fue manipulado (Cry1Ab) para resistir a los ataques del piral. El caso del MON 863 constituye una ilustración perfecta de la manera cuando menos preocupante en que se regulan los OGM en Europa.

Todo empieza en agosto de 2002, cuando la empresa de Saint Louis presenta una demanda de autorización de salida al mercado a las autoridades alemanas, a las que entrega un expediente técnico que comprende un estudio toxicológico hecho a lo largo de noventa días con ratas. Conforme a la reglamentación europea (véase el capítulo 9), las autoridades alemanas examinan entonces los datos proporcionados por Monsanto y después transmiten a la Comisión de Bruselas una opinión… negativa, debido a que el OGM contiene un marcador de resistencia a un antibiótico que infringe la directiva 2001/18, lo que desaconseja encarecidamente su utilización. La comisión está entonces obligada a distribuir el expediente entre los Estados miembro para que éstos expresen sus opiniones respectivas, que a continuación serán examinadas por la European Food Safety Authority (EFSA), el comité científico europeo encargado de evaluar la seguridad alimentaria de los OGM.

En Francia es la Comisión de la Ingeniería Genética (CGB) la que en junio de 2003 examina el expediente. Cinco meses después, el 28 de octubre de 2003, la CGB emite a su vez una opinión desfavorable, no a causa del marcador antibiótico, sino porque, como explicará Hervé Kempf en Le Monde, «le ha preocupado mucho las malformaciones observadas en una muestra de ratas alimentadas con maíz 863».[3] «Lo que me sorprendió en este expediente es la cantidad de anomalías», explica Gérard Pascal, director de investigación en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) y miembro de la CGB desde su creación en 1986. «Aquí hay demasiados elementos en los que se observan variaciones significativas. No lo había visto nunca en otros expedientes. Habría que rehacerlo».[4]

Las «variaciones» incluyen un «aumento significativo de los glóbulos blancos y de los linfocitos en los machos del lote alimentados con MON 863; un descenso de los reticulocitos (los glóbulos rojos jóvenes) en las hembras; un aumento significativo de la glucemia en las hembras; y una frecuencia más elevada de anomalías (inflamaciones, regeneración…) en los riñones de los machos»[5], así como una reducción del peso de las cobayas. Ahora bien, como indica mi colega de Le Monde, «nadie hubiera sabido nada» si la abogada Corinne Lepage, ex ministra de Medio Ambiente de Alain Juppé y presidenta del CRII-GEN[a], «no hubiera forzado la puerta de la CGB» para obtener, tras una batalla judicial de un año y «gracias a la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos (CADA)», las actas de los debates que llevaron a la opinión negativa de la CGB, algo «excepcional en una Comisión que siempre ha sido más bien favorable a la autorización de los OGM». En efecto, son confidenciales las deliberaciones tanto de los comités científicos de los países miembro de la Unión Europea como de los de la European Food Safety Authority (EFSA), lo que nos da una idea de la transparencia del proceso de evaluación de los OGM…

Pero lo cierto es que el 19 de abril de 2004 el caso dio un giro cuando la EFSA, precisamente, emitió una opinión… favorable a la salida al mercado del MON 863. Según el Comité Científico Europeo, las anomalías observadas por la CGB «entran dentro de la variación normal de las poblaciones de control»; por lo que se refiere a las malformaciones renales, son «de una importancia mínima».[6]

¿Cómo dos comités científicos pueden emitir opiniones tan diferentes sobre el mismo expediente? La respuesta a esta pregunta la da la sección europea de Amigos de la Tierra, que en noviembre de 2004 publicó un informe muy detallado (y muy inquietante) sobre el funcionamiento de la EFSA.[7] Creada en 2002 en el marco de la directiva europea 178/2002 sobre la seguridad de los productos alimentarios, esta institución cuenta hoy con ocho comités científicos, uno de los cuales se encarga exclusivamente de la evaluación de los OGM. Es precisamente este último, al que llamaremos «comité OGM», el que es objeto del informe.

Primera constatación de Amigos de la Tierra: «Tras un año de actividad, el comité emitió diez opiniones científicas, todas ellas favorables a la industria de las biotecnologías. Estas opiniones fueron utilizadas por la Comisión Europea, que sufrió una presión creciente por parte de los industriales y de Estados Unidos para forzar la salida al mercado de los nuevos productos transgénicos. Sirvieron también para crear la falsa impresión de que había un consenso científico, cuando la realidad es que [en el seno del comité] existe un intenso y continuo debate, y mucha incertidumbre. Los propios miembros de la EFSA expresaron su inquietud respecto a la utilización política de sus opiniones».

Según el informe, esta situación se debería a los estrechos vínculos que unen a «ciertos miembros» del comité OGM con los gigantes de las biotecnologías, con su presidente a la cabeza, el profesor Harry Kuiper. En efecto, es el coordinador de Entransfood, un proyecto apoyado por la Unión Europea para «favorecer la introducción de los OGM en el mercado europeo y hacer competitiva la industria europea»; como tal, forma parte de un grupo de trabajo que comprende Monsanto y Syngenta. Del mismo modo, Mike Gasson trabaja para Danisco, un socio de Monsanto; Pere Puigdomenech es el copresidente del Séptimo Congreso Internacional sobre Biología Molecular Vegetal, patrocinado por Monsanto, Bayer y DuPont; Hans-Yorg Buhk y Detlef Bartsch son «conocidos por su compromiso a favor de los OGM, hasta el punto de aparecer en los vídeos promocionales financiados por la industria de las biotecnologías»; entre los (raros) expertos exteriores solicitados por el comité está especialmente el doctor Richard Phipps, que firmó una petición en favor de las biotecnologías para AgBioWorld[8] (véase el capítulo 12) y aparece en la página web de Monsanto para apoyar la hormona de crecimiento bovino…[9]

Amigos de la Tierra examina entonces varios casos, entre ellos el del MON 863. Resulta que las reticencias expresadas por el gobierno alemán sobre la presencia de un marcador de resistencia a los antibióticos fueron eliminadas de un manotazo por el comité OGM, que se basó en una opinión publicada el 19 de abril en un comunicado de prensa: «El comité confirma que los marcadores de resistencia a los antibióticos son, en la mayoría de los casos, necesarios para permitir una selección eficaz de los OGM», declaraba en él su presidente, Harry Kuiper. Comentario de Amigos de la Tierra: «La directiva europea no pide confirmar si los marcadores de resistencia a los antibióticos son una herramienta eficaz para la industria de la biotecnología, sino si pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana».

El final de la historia también es ejemplar: tras la publicación de la opinión favorable de la EFSA, Greenpeace pide al Ministerio de Agricultura alemán que haga público el expediente técnico proporcionado por Monsanto (1.139 páginas) para que sea sometido a un peritaje de comprobación. Respuesta del ministerio: imposible, Monsanto se niega a comunicar los datos porque están protegidos por el «secreto comercial». Finalmente, tras una batalla judicial de varios meses, una decisión del tribunal de apelación de Munich del día 9 de junio de 2005 obligará a la empresa de Saint Louis a hacerlos públicos.

«A pesar de todo es increíble que tratándose de verificar la inocuidad de una planta pesticida destinada a integrarse en la cadena alimentaria, Monsanto invoque en primer lugar el “secreto comercial” y después intente dos acciones judiciales para impedir el acceso a los datos brutos de su estudio», denuncia el profesor Gilles-Éric Sérilani, que siguió muy de cerca todo el caso. El científico de la Universidad de Caen primero realizó, a petición de Greenpeace y al mismo tiempo que el doctor Arpad Pusztai, el «disidente» del Instituto Rowett, una evaluación del expediente toxicológico arrancado a la empresa de Saint Louis que confirmó las «anomalías» constatadas por la comisión francesa de ingeniería genética.[10] Y después, dirigió en el marco del CRII-GEN un peritaje de comprobación de los datos brutos del estudio aplicando una metodología estadística más precisa, que tenía en cuenta sobre todo los órganos, la dosis y el tiempo de exposición al OGM. El peritaje reveló que los efectos del maíz 863 sobre las ratas eran mucho más importantes que los constatados inicialmente, «lo que indica la necesidad de continuar con las pruebas».[11]

«De hecho», comenta el profesor Séralini, «la historia del maíz MON 863 pone de relieve las carencias del proceso de homologación de los OGM, los cuales se deberían evaluar de la misma manera que cualquier pesticida o medicamento, es decir, en tres especies de mamíferos y durante dos años, lo que permitiría medir su toxicidad a largo plazo y no únicamente sus posibles efectos tóxicos agudos». Mientras tanto, ante estas inoportunas revelaciones la Comisión Europea corrió discretamente un tupido velo sobre el maíz MON 863 prohibiendo su cultivo, pero no su importación y, por lo tanto, su consumo…

«¿Y SI LOS OGM FUERAN EL AGENTE NARANJA DE MAÑANA?»

«Monsanto no es, contrariamente a lo que ella afirma, una empresa agrícola, sino química», indica Marc Brammer. «La prueba es que los únicos OGM que ha logrado colocar en el mercado son plantas resistentes a su herbicida estrella, el Roundup, que sigue representando el 30% de su volumen de negocios[a], o plantas insecticidas. Estos productos no tienen interés alguno para los consumidores, que siguen esperando los OGM milagrosos que la empresa no ha dejado de prometerles, como el arroz dorado que anunció con gran profusión de publicidad».

Precisemos que la empresa de Saint Louis no inventó el famoso «arroz dorado», que crearon con la mejor intención del mundo dos investigadores europeos: el suizo Ingo Potrykus (Zurich) y el alemán Peter Beyer (Friburgo). Se suponía que este arroz OGM producía betacaroteno, la vitamina A que se encuentra en abundancia en las zanahorias y cuya deficiencia provoca cada año la muerte de un millón de niños del tercer mundo y ceguera a otros 300.000. Publicados en 2000 en Science[12], los resultados del laboratorio parecían tan prometedores que el «arroz dorado» fue portada en muchos periódicos como la encarnación de las «hermosas promesas» de las biotecnologías. Financiados por la Fundación Rockefeller, ambos investigadores deciden lanzar su criatura al mercado, pero se ven enfrentados a un inextricable problema de patentes: ¡para fabricar su «arroz dorado» han utilizado genes y procedimientos cubiertos por no menos de setenta patentes que pertenecen a una treintena de empresas o centros de investigación! Lo que equivale a decir que el negocio está condenado al fracaso a menos que los preciosos granos se vendan a precio de oro. Ahí es cuando interviene una asociación filantrópica llamada… Monsanto. Durante una conferencia agrícola celebrada en la India en agosto de 2000 la empresa anuncia que «va a donar algunas de sus patentes para acelerar la utilización del arroz OGM, que podrá salvar la vida de miles de niños desnutridos».[13] «El desarrollo de este arroz», asegura entonces Hendrik Verfaillie, que pronto sucederá a Robert Shapiro, «demuestra claramente que las biotecnologías pueden ayudar no sólo a los países occidentales, sino también a los países en vías de desarrollo».[14]

Sólo que el «arroz dorado» cayó en el olvido porque en cuanto se cultivó en condiciones reales producía una cantidad de betacaroteno tan ridícula que no servía absolutamente para nada… «Nunca supimos por qué», comenta Marc Brammer, «pero esta historia ilustra muy bien las incógnitas que rodean al proceso de manipulación genética. Ahora bien, estas incógnitas constituyen un riesgo para los resultados de Monsanto a medio y largo plazo: nada puede garantizarnos que los OGM no sean el agente naranja de mañana…».

No voy a enumerar todas las sorpresas que a lo largo de los años fueron reservando los productos surgidos del bricolaje genético, como, por ejemplo, el «descubrimiento» por parte de un científico belga de un «fragmento de ADN desconocido»[15] en la soja Roundup ready de Monsanto. Me contentaré con remitir al lector a la página web de la Comisión Europea, donde se hace un recuento de los estudios científicos sobre la seguridad de los OGM apadrinados por ella. Por ejemplo: una investigación titulada «Los mecanismos y el control de la recombinación genética en las plantas».[16] En la presentación de su proyecto los autores ponen de relieve: «Uno de los principales problemas de la tecnología actual es que no se puede predecir dónde se van a integrar los transgenes», lo que puede «inducir a mutaciones imprevisibles e indeseables en el genoma huésped»… Por consiguiente, los investigadores se proponen verificar qué ocurre, prueba de que los OGM se han integrado en la cadena alimentaria sin que se haya verificado previamente esta cuestión capital.

Otro ejemplo: un estudio sobre los «Efectos y mecanismos de los transgenes Bt en la biodiversidad de los insectos a los que no van dirigidos: polinizadores, herbívoros y sus enemigos naturales».[17] Creo que la bella mariposa monarca habría agradecido que este estudio se hubiera hecho antes de la salida al mercado del maíz Bt… Finalmente, un último ejemplo: «Evaluación sanitaria de la transferencia horizontal de genes de OGM hacia la microflora de la cadena alimentaria y del intestino humano».[18] Los resultados de este estudio británico fueron después publicados y lo menos que se puede decir es que no son tranquilizadores: los investigadores hicieron tomar a siete voluntarios una hamburguesa y un batido que conte-nían soja Roundup ready y luego analizaron las bacterias de sus intestinos. En tres de los siete casos «detectaron el gen de resistencia al herbicida a un nivel muy bajo».[19] En nombre del famoso principio de precaución sería indudablemente muy útil que la experiencia se repitiera cada dos años, con un aporte cotidiano de la soja de Monsanto (una dieta normal en Estados Unidos), y que se observaran los resultados…

«LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA ES UN FACTOR DE RIESGO CAPITAL»

Cuando se analizan minuciosamente los informes de actividad de Monsanto desde 1997 (los «10K Form»), resulta chocante ver el lugar que en ellos ocupan los litigations (contenciosos). En primer lugar se trata de los procesos iniciados contra la empresa por las víctimas de sus actividades químicas, como los habitantes de Anniston (véase el capítulo 1) o posteriormente los veteranos de la guerra de Vietnam (véase el capítulo 3).

«Si tuviera éxito la segunda class action de los veteranos, podría suponer la quiebra de Monsanto», creía Marc Brammer cuando lo conocí en el verano de 2006. «Sin olvidar los PBC, las hormonas de crecimiento y el Roundup, que pueden acarrear nuevos procesos. A los riesgos que le hacen correr sus actividades químicas pasadas y presentes se añaden los vinculados a la contaminación genética, que es una fuente interminable de potenciales litigios. Hasta el momento, la catástrofe del StarLink ha costado a Aventis mil millones de dólares. Sin embargo, la contaminación continúa y, por lo tanto, es imposible calcular el coste definitivo que tendrá para la multinacional».

Recordemos el zafarrancho de combate que en 2006 provocó el descubrimiento de «restos de OGM no autorizado en arroz estadounidense»:[20] producido por Bayer CropScience, uno de los competidores de Monsanto, nunca se había autorizado el consumo o cultivo de este arroz, puesto que procedía de pruebas de campo realizadas en una granja de Lousiana… ¡entre 1998 y 2001! La contaminación, que afectó a una treintena de países, provocó el hundimiento de las exportaciones estadounidenses de arroz y «por lo menos 250 millones de dólares» para indemnizar a los comerciantes y distribuidores europeos.[21]

«Estamos implicados en diferentes denuncias y procedimientos legales a propósito de la propiedad intelectual, las biotecnologías, delitos, contratos, antitrust, beneficios de los empleados, litigios medioambientales y otros, así como en investigaciones gubernamentales».[22] Esto es lo que Monsanto escribe en su informe de actividad de 2005 bajo la rúbrica «Contenciosos y otras contingencias», en un inglés tan caótico que es absolutamente intraducible. Bajo la rúbrica «Procedimientos legales»[23] la empresa enumera, en un inventario que no sé si se inspira en Prévert o en Kafka, todos los procesos en los que es parte interesada, ya sea como demandante o como acusada. Algunos procedimientos la enfrentan a su competencia, la suiza Syngenta, la alemana Bayer o la estadounidense Dow Chemicals, los otros gigantes de los OGM, a propósito de «quién es el primero en haber descubierto tal gen o tal principio activo»… Igualmente, la Universidad de California interpuso una denuncia contra ella por violación de una patente de… ¡la hormona de crecimiento bovino! También se descubre que en el marco de una acción antitrust Syngenta la ha llevado ante los tribunales para denunciar su monopolio de las semillas de maíz que toleran el glifosato. «De hecho, el dominio que Monsanto tiene del mercado de los cultivos transgénicos es indiscutible, pero ¿es legal?», se pregunta la agencia Reuters.[24]

«Sobre Monsanto acecha el mismo peligro que acechaba en su momento a Microsoft», me explicó Marc Brammer. «No se excluye que algún día la empresa sea condenada por violación de las leyes antitrust y antiracket[*] estadounidenses. Si se diera el caso, le costaría muy caro…». En 1999 una primera class action de unos agricultores había llevado a la multinacional ante el tribunal de Saint Louis acusándola de haber «conspirado», sobre todo con Pioneer Hi-Breed, para «fijar el precio» de las semillas a un nivel muy elevado. Pero la denuncia fue desestimada por el juez Rodney Sippel, el mismo que había criticado tan severamente a los campesinos acusados de haber violado la patente de Monsanto (véase el capítulo 10).[25]

Un año después el New York Times publicaba una investigación muy minuciosa en la que tras haber entrevistado a «decenas de propietarios» de compañías semilleras, el periódico confirmaba las sospechas de «conspiración» que pesan sobre el líder mundial de los OGM: éste habría contactado entre otros con la semillera californiana Mycogen para que renunciara «a competir con Monsanto y sus socios por el precio de las semillas a cambio del acceso a ciertas tecnologías patentadas, según ex ejecutivos de la empresa»[26] (que después compró Dow Chemicals). Estas acusaciones se retomaron posteriormente en catorce class actions ante otros tantos tribunales estadounidenses, como reconoce la propia multinacional en su «10K Form» de 2005.

«Denunciamos el monopolio sobre las semillas que Monsanto ha adquirido con medios que consideramos ilegales», me explica Adam Levitt, uno de los abogados de los demandantes que trabaja para un muy afamado bufete de Chicago, donde me recibe en octubre de 2006. «A saber, una utilización abusiva de los derechos que le confieren las patentes, como prohibir a los campesinos conservar sus semillas u obligarles a comprar sólo Roundup y no un genérico del glifosato, o la obligación impuesta a los comerciantes bajo licencia de vender un elevado porcentaje de productos de Monsanto. Acusamos también a la empresa de haber asfixiado a la competencia con unas prácticas comerciales desleales y de haber conspirado para fijar los precios de las semillas a un nivel exorbitante. Todo ello nos parece que constituye una violación de las leyes estadounidenses…».

«¿Creen ustedes que van a ganar?». La pregunta hace sonreír a Adam Levitt, que me recuerda que «se le paga a porcentaje» y concluye con un evidente placer: «El hecho de que Monsanto haya contratado a los mejores bufetes de abogados del país para defenderse nos incita a pensar que, para la empresa, el caso es grave…».

A modo de conclusión añadiría que también para nosotros, los ciudadanos y ciudadanas del bueno y viejo planeta Tierra, «el caso es grave». Después de haber seguido durante cuatro años las huellas de la empresa de Saint Louis, me considero en condiciones de afirmar que ya no podemos decir que «no lo sabíamos» y que sería irresponsable dejar que la alimentación del mundo caiga en semejantes manos. Porque si a partir de ahora hay algo que estoy segura que no quiero, ni para mí ni mucho menos para mis tres hijas y mis (futuros) nietos, es, desde luego, el mundo de Monsanto…

Notas

[1] Este programa se difundió el 15 de noviembre de 2005. <<

[a] Todas las notas de referencia están clasificadas por capítulos al final del libro. <<

[2] Disponible en DVD en la colección «Alerte verte» (www.alerte-verte.com), este documental ha recibido el Gran Premio del Festival Internacional del Reportaje de Actualidad y del Documental Social (FIGRA-Le Touquet), el Premio Buffon del Festival Internacional de Cine Científico de París, los premios al mejor reportaje, Gran Premio y Premio Ushuaïa TV del Festival Internacional de Cine Ecológico de Bourges. <<

[3] Este reportaje se difundió en el canal de televisión francés Arte el 18 de octubre de 2005. También está disponible en DVD, en la colección «Alerte verte». <<

[4] Según los términos de la International Service for the Acquisition for the Agri-biotech Applications (ISAAA), una organización en favor de los OGM que suministra estas cifras (www.isaaa.org). <<

[5] MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 12 (www.monsanto.com/pdf/pubs/2005/pledgereport.pdf). <<

[6] Ibid., p. 3. <<

[7] Ibid., p. 30. <<

[8] Ibid., p. 9. <<

[9] Ibid., p. 2. <<

[a] El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks, una costurera negra de veintidós años, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús de Montgomery, en el Estado de Alabama. Se convirtió en «la madre del movimiento de los derechos civiles» junto a Martin Luther King, que había lanzado una campaña de boicot a los autobuses de la compañía. <<

[1] Véase Dennis LOVE, My City was Gone. One American Town’s Toxic Secret, its Angry Band of Locals and a $700 Million Day in Court, William Morrow, Nueva York, 2006. <<

[2] «Technical report evaluation of Monsanto’s polychlorinated biphenil (PCB). Process for PCB losses at the Anniston Plant», United States Environmental Protection Agency, marzo de 2005, www.epa.gov/region4/waste/sf/annistonsf/10302197.PDF. <<

[3] www.chemicalindustryarchives.org/dirtysecrets/annistonindepth/toxicity.asp. <<

[4] Soren JENSEN, «Report of a new chemical hazard», New Scientist, vol. 32, 1966, p. 612. <<

[a] La cursiva es mía. <<

[b] Parte por millón, esto es el 0,0001% del peso. Esta unidad la utilizan frecuentemente los toxicólogos para medir la tasa de residuos de un producto tóxico en los alimentos o en el medio ambiente. <<

[5] El residente en el barrio relató la anécdota durante una audición («Trial transcript», Owens vs. Monsanto, CV-96-J-440-E, N. D. Alabama, 5 abril de 2001, p. 551). <<

[6] San Francisco Chronicle, 24 de septiembre de 1969. <<

[7] Le Dauphiné libéré, edición de Isère Nord, 17 de agosto de 2007. <<

[a] Según Le Monde del 26 de junio de 2007, «el pez más contaminado presentaba una dosis cuarenta veces superior a la dosis aceptable cotidianamente». <<

[8] Se trata de la directiva 96/59/CE. Véase: Marc LAIMÉ, «Le Rhône pollué par les PCB: un Tchernobyl français?», Blog «Carnets d’eau», 14 de agosto de 2007. <<

[9] Industrie-Déchets, febrero de 2007, n.º 30. <<

[10] U. S. PUBLIC HEALTH SERVICE y U. S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, «Public health implications of exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs)», www.epa.gov/waterscience/fish/files/pcb99.pdf. <<

[11] Ambos estudios se presentan en la obra científica de Ruth STRINGER y Paul JOHNSTON, Chlorine and the Environment. An Overview of the Chlorine Industry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001. <<

[12] «Whales in Sound imperilled», Anchorage Daily News, 22 de julio de 2001. <<

[13] Chemical and Engineering News, 14 enero de 2002, http://pubs.acs.org/cen/topstory/8002/8002notw1.html. <<

[14] Invito a leer este muy completo artículo que se puede consultar en la siguiente dirección: www.washingtonpost.com/ac2/wpdyn?pagename=article&contentId=A46648-2001Dec31. <<

[15] Anniston Star, 23 de febrero de 2002. <<

[16] Anniston Star, 8 de agosto de 2003; Wall Street Journal, 21 de agosto de 2003. <<

[17] «US: General Electric workers sue Monsanto over PCBs», Reuters, 4 de enero de 2006. <<

[18] The Ecologist, 22 de marzo de 2007; Sunday Times, 3 de junio de 1973. <<

[1] Renate D. KIMBROUGH, «Epidemiology and pathology of a tetrachlorodibenzodioxin poisoning episode», Archives of Environmental Health, marzo-abril de 1977; y The Lancet, 2 de abril de 1977, p. 748. <<

[2] The New York Times, 28 de agosto de 1974. <<

[3] Coleman D. CARTER, «Tetrachlorodibenzodioxin: an accidental poisoning episode in horse arenas», Science, 16 de mayo de 1975. <<

[4] Véase Robert REINHOLD, «Missouri now fears 100 sites could be tainted by dioxin», The New York Times, 18 de enero de 1983. <<

[a] Esta dermatosis se traduce en ampollas, costras y cicatrices que se forman principalmente en el dorso de las manos, el antebrazo y el rostro. Se puede producir por una exposición a la dioxina. <<

[5] The New York Times, 13 de agosto de 1983, 18 de noviembre de 1983, 29 de noviembre de 1983 y 1 de diciembre de 1983. <<

[a] Se trata de William G. Templeman (Imperial Chemical Industries) y de Philip S. Nutman (Rothamsted Agricultural Experiment Station) en Reino Unido y de Franklin D. Jones (American Chemical Paint Company) y de Ezra Kraus y John Mitchell (Universidad de Chicago) en Estados Unidos. <<

[6] James TROYER, «In the beginning: the multiple discovery of the first hormon herbicides», Weed Science, n.º 49, 2001, p. 290-297. <<

[7] Raymond R. SUSKIND et alii, «Progress report. Patients from Monsanto Chemical Company, Nitro, West Virginia», Unpublished Kettering Report, 20 de julio de 1950. <<

[8] J. KIMMIG y Karl Heinz SCHULZ, «Berufliche akne (sog. chlorakne) durch chlorierte aromatische zyklische äther [Occupational acne (so-called Chloracne) due to chlorinated aromatic cyclic ether]», Dermatologia, n.º 115, 1957, p. 540-546. <<

[9] Peter DOWNS, «Cover up: story of dioxin seems intentionally murky», St. Louis Journalism Review, 1 de junio de 1998. Véase también: Robert ALLEN, The Dioxin Wars. Trues and Lies about a Perfect Poison, Pluto Press, Londres, 2004. <<

[10] «The Monsanto Files», The Ecologist, septiembre/octubre de 1998, http://web.archive.orgweb/20000902182550/www.zpok.hu/mirror/ecologist/SeptOct. ¡Se debe consultar imperativamente! <<

[11] Brian TOKAR, «Agribusiness, biotechnology and war», Institute for Social Ecology, 2 de diciembre 2003, www.social-ecology.org/. <<

[12] William BUCKINGHAM Jr., Operation Ranch Hand. The Air Force and Herbicides in Southeast Asia, 1961-1971, Office of Air Force History, Washington, 1982, p. IV. <<

[13] Ibid., p. III. <<

[14] Ibid., p. 10. <<

[15] Ibid., p. 30. <<

[16] Las estimaciones más fiables fueron publicadas por Jane MAGER STELLMAN, «The extent and patterns of usage of Agent Orange and other herbicides in Vietnam», Nature, 17 de abril de 2003. <<

[17] Le Monde, 26 de abril de 2005. <<

[18] GAO, «Ground troops in South Vietnam were in areas sprayed with Agent Orange», FPCD 80-23, 16 de noviembre de 1979, p. 1. <<

[19] Redactada el 9 de septiembre de 1988, esta carta fue leída por el senador Tom Daschle ante una comisión senatorial el 21 de noviembre de 1989. <<

[a] Siete sociedades producían el agente naranja: Dow Chemicals, Monsanto, Diamond Shamrock, Hercules, T-H Agricultural & Nutrition, Thomson Chemicals y Uniroyal. <<

[20] Diane COURTNEY, «Tetratogenic evaluation of 2,4,5-T», Science, 15 mayo de 1970. <<

[21] En 1978 la EPA ordena el cese de las fumigaciones de 2,4,5-T en los bosques nacionales tras haber constatado un «aumento estadísticamente significativo de abortos naturales» entre mujeres que vivían cerca de los bosques fumigados (Bioscience, n.º 454, agosto de 1979). <<

[22] Joe THORNTON, Science for Sale. Critics of Monsanto Studies on Worker Health Effects Due to Exposure to 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-P-Dioxin (TCDD), Greenpeace, 29 de noviembre de 1990; este estudio se presentó en el Club Nacional de Prensa de Washington (The Washington Post, 30 de noviembre de 1990). <<

[23] Plaintiffs Brief, 3 de octubre de 1989; véase también Robert ALLEN, The Dioxin Wars, op. cit. <<

[24] Judith A. ZACK y Raymond R. SUSKIND, «The mortality experience of workers exposed to tetrachlorodibenzodioxin in a trichlorophenol process accident», Journal of Occupational Medicine, vol. 22, n.º 1, 1980, p. 11-14; Judith A. ZACK y William R. GAFFEY, «A mortality study of workers employed at the Monsanto Company plant in Nitro, West Virginia», Environmental Science Research, vol. 26, 1983, p. 575-591; Raymond R. SUSKIND y Vicki S. HERTZBERG, «Human health effects of 2,4,5-T and its toxic contaminants», Journal of the American Medical Association, vol. 251, n.º 18, 1984, p. 2.372-2.380. <<

[25] Peter SCHUK, Agent Orange on Trial. Mass Toxic Disasters in the Courts, Harvard University Press, Cambridge (Ma.), 1987, p. 86-87 y 155-164. Monsanto produjo el 29,5% del agente naranja utilizado en Vietnam frente a Dow Chemicals, que produjo el 28,6%, pero algunos de sus lotes contenían cuarenta y siete veces más dioxina que los de Dow. <<

[1] Wall Street Journal, edición del este, enero de 1987 (fecha ilegible en la copia de la que dispongo). <<

[2] North Eastern Reporter, 2d Series, p. 1.340 III. <<

[a] Monsanto apelará el veredicto y… ganará, ya que el tribunal consideró que no era posible exigir daños y perjuicios punitivos si los demandantes no habían podido demostrar que sus males estaban vinculados a la exposición a la dioxina (U. S. News, 13 de junio de 1991). <<

[3] Kemner vs. Monsanto, Plaintiffs Brief, 3 de octubre de 1989. <<

[4] Marilyn FINGERHUT, «Cancer mortality in workers exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin», New England Journal of Medicine, vol. 324, n.º 4, 24 de enero de 1991, p. 212-218. <<

[5] Anthony B. MILLER, «Public health and hazardous wastes», Environmental Epidemiology, vol. 1, National Academy Press, Washington, 1991, p. 207. <<

[6] Joe THORNTON, Science for Sale, op. cit. <<

[7] Raymond R. SUSKIND, «Testimony and cross examination», en Boggess et alii vs. Monsanto, Civil n.º 81-2098-265, et seq (USDC S.D. W.VA), 1986. <<

[8] Alastair HAY y Ellen SILBERBERG, «Dioxin exposure at Monsanto», Nature, vol. 320, 17 de abril de 1986, p. 569. <<

[9] Judith A. ZACK y William R. GAFFEY, «A mortality study of workers employed at the Monsanto company plant in Nitro, West Virginia», loc. cit. <<

[10] Alastair HAY y Ellen SILBERBERG, «Assessing the risk of dioxin exposure», Nature, vol. 315, 9 de mayo 1985, p. 102-103. <<

[11] Report of Proceedings. Testimony of Dr. George Roush, Kemner vs. Monsanto Company, Civil n.º 80-L-970, Curcuit Crt., St. Clair County, Illinois, 8 de julio de 1985, p. 1-147; 9 de julio de 1985, p. 1-137. <<

[12] Kemner vs. Monsanto, Plaintiffs Brief, 3 de octubre de 1989. <<

[13] Harrowsmith, marzo-abril de 1990. <<

[14] EPA, Drinking Water Criteria Document for 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, Office of Research and Development, Cincinnati, ECAO-CIN-405, abril de 1988. <<

[a] La clasificación de la EPA retoma la recomendada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Comporta cinco grupos: grupo A (cancerígeno para el hombre); grupo B (probablemente cancerígeno para el hombre), con dos categorías: grupo B1 (pruebas limitadas en el hombre) y grupo B2 (sin pruebas en el hombre, pero con pruebas suficientes en animales), etc., hasta llegar a un grupo E (no cancerígeno para el hombre). <<

[15] Cate JENKINS, «Memo to Raymond Loehr: Newly revealed fraud by Monsanto in an epidemiological study used by EPA to assess human health effects from dioxins», 23 febrero de 1990. <<

[16] «Sentinel at the EPA. An interview with William Sanjour by Dick Carozza», Fraud Magazine, septiembre-octubre de 2007, www.fraudmagazine.com/FeatureArticle.aspx. <<

[*] Grenelle de l’Environement es el nombre de una serie de encuentros políticos organizados en Francia en octubre de 2007 con el objetivo de tomar decisiones a largo plazo en materia medioambiental y de desarrollo sostenible. El término «Grenelle», nombre de una antigua comuna anexionada a París en 1860, hace referencia a los acuerdos de Grenelle de mayo de 1968 y designa por analogía un debate entre representantes del gobierno, asociaciones profesionales y ONG. (N. de la t.). <<

[*] Empêcheurs-de-fabriquer-en-rond, en el original, juego de palabras con el término empêcheur-de-tourner-en-rond, que equivale a nuestro «aguafiestas». (N. de la t.). <<

[17] Se puede consultar la decisión del tribunal de apelación en la página web www.whistleblowers.org/sanjourcase.htm. <<

[18] William SANJOUR, The Monsanto Investigation, 20 de julio de 1994, http://pwp.lincs.net/sanjour/monsanto.htm. <<

[19] «Key dioxin study, a fraud, EPA says», Carleston Gazette, 23 de marzo de 1990. <<

[a] La cursiva es mía. <<

[b] Todos los documentos internos citados en esta parte provienen del expediente que me envió William Sanjour. <<

[20] Case opening, EPA, n.º 90-07-06-101 (10Q), 20 de agosto de 1990; Cate JENKINS, «Cover-up of dioxin contamination in products, falsification of dioxin health studies», 15 de noviembre de 1990, EPA, www.mindfully.org/Pesticide/Monsanto-Coverup-Dioxin-USEPA15nov90.htm. <<

[21] Cate Jenkins vs. EPA, Case n.º 92-CAA-6 before the Department. of Labor Office of Administrative Law Judges, Complainant’s Post-Hearing Brief, 23 de noviembre de 1992. <<

[22] US Department of Labor, Washington, 18 de mayo de 1994 (Case n.º 92-CAA-6). <<

[23] Jenkins vs. EPA, transcripción del 29 de septiembre de 1992. <<

[24] The Washington Post, 17 de mayo de 1990. <<

[25] Elmo R. ZUMWALT Jr., «Report to the secretary of the Department of veterans affairs on the association between adverse health effects and exposure to Agent Orange», 5 de mayo de 1990, www.gulfwarvets.com/ao.html. <<

[26] «A cover-up on Agent Orange?», Time, 23 de julio de 1990. <<

[27] Thomas DASCHLE, «Agent Orange Hearing», Congresssional Record, S 2550, 21 de noviembre de 1989, www.iom.edu/Object.File/Master/38/545/Petrou%20Agent%20Orange%20Statem. <<

[28] Alfred M. THIESS, R. FRENTZEL-BEYME y R. LINK, «Mortality study of persons exposed to dioxin in a trichlorophenol-process accident that occurred in the BASF AG on November 17, 1953», American Journal of Industrial Medicine, vol. 3, n.º 2, 1982, p. 179-189. <<

[29] Stephanie WANCHINSKI, «New analysis links dioxin to cancer», New Scientist, 28 de octubre de 1989. El fraude también fue revelado por Friedemann Rohleder durante un coloquio sobre la dioxina que se celebró en Toronto del 17 al 22 de septiembre de 1989. <<

[30] R. C. BROWNSON, J. S. REIF, J. C. CHANG, J. R. DAVIS, «Cancer risks among Missouri farmers», Cancer, vol. 64, n.º 11, 1 de diciembre de 1989, p. 2.381-2.386. <<

[31] Aaron BLAIR, «Herbicides and non-Hodgkin’s lymphoma: new evidence from a study of Saskatchewan farmers», Journal of the National Cancer Institute, vol. 82, 1990, p. 544-545. <<

[32] Pier Alberto BERTAZZI et alii, «Cancer incidence in a population accidentally exposed to 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-PARA-dioxin», Epidemiology, vol. 4, septiembre de 1993, p. 398-406. <<

[33] Lennart HARDELL y A. SANDSTROM, «Case-control study: soft tissue sarcomas and exposure to phenoxyacetic acids or chlorophenols», British Journal of Cancer, vol. 39, 1979, p. 711-717; Mikael ERIKSSON, Lennart HARDELL, N. O. BERG, T. MOLLER, Olav AXELSON, «Soft tissue sarcoma and exposure to chemical substances: a case referent study», British Journal of Industrial Medicine, vol. 38, 1981, p. 27-33; Lennart HARDELL, MIKAEL ERIKSSON, P. LENNER, E. LUNDGREN, «Malignant lymphoma and exposure to chemicals, especially organic solvents, chlorophenols and phenoxy acids», British Journal of Cancer, vol. 43, 1981, p. 169-176; Lennart HARDELL y Mikael ERIKSON, «The Association between soft-tissue sarcomas and exposure to phenoxyacetic acids: a new case referent study», Cancer, vol. 62, 1988, p. 652-656. <<

[34] Royal Commission on the Use and Effects of Chemical Agents on Australian Personnel in Vietnam, Final Report, vol. 1-9, Australian Government Publishing Service, Canberra, 1985. <<

[35] «Agent Orange: the new controversy. Brian Martin looks at the royal commission that acquitted Agent Orange», Australian Society, vol. 5, n.º 11, noviembre de 1986, p. 25-26. <<

[36] MONSANTO AUSTRALIA LTD, «Axelson and Hardell. The odd men out», Submission to the Royal Commission on the Use and Effects on Chemical Agents on Australian Personnel in Vietnam, Monsanto Australia Limited, Exhibit 1881, 1985. <<

[37] Citado en Lennart HARDELL, Mikael ERIKSSON y Olav AXELSON, «On the misinterpretation of epidemiological evidence, relating to dioxin-containing phenoxyacetic acids, chlorophenols and cancer effects», New Solutions, primavera de 1994. <<

[38] Richard DOLL y Richard PETO, «The causes of cancer: quantitative estimates of avoidable risks of cancer in the United States today», Journal of the National Cancer Institute, vol. 66, n.º 6, junio de 1981, p. 1.191-1.308. <<

[39] «Renowned cancer scientist was paid by chemical firm for 20 years», The Guardian, 8 de diciembre de 2006. <<

[40] Lennart HARDELL, Martin J. WALKER, Bo WAHLJALT, Lee S. FRIEDMAN y Elihu D. RICHTER, «Secret ties to industry and conflicting interests in cancer research», American Journal of Industrial Medicine, 3 de noviembre de 2006. <<

[41] Del latín «espina (dorsal) partida en dos», la espina bífida es una imperfección de la columna vertebral en la que una o varias vértebras no se forman correctamente durante la vida embrionaria, con lo que se crea un espacio que deja pasar la médula espinal y las meninges. <<

[42] Arnold SCHEKTER, Hoang Trong QUYNH, Marian PAVUK, Olaf PÄPKE, Rainer MALISCH, John D. CONSTABLE, «Food as a source of dioxin exposure in the residents of Bien Hoa City, Vietnam», Journal of Occupational and Environmental Medicine, vol. 45, n.º 8, agosto de 2003, p. 781-788. <<

[a] Contrariamente a otros productos tóxicos, la dioxina generalmente se mide en partes por trillón. En los países occidentales la tasa media de dioxina registrada en los seres humanos es de 2 ppt. <<

[43] Le Cao DAI et alii, «A comparison of infant mortality rates between two Vietnamese villages sprayed by defoliants in wartime and one unsprayed village», Chemosphere, vol. 20, agosto de 1990, p. 1.005-1.012. <<

[44] New Scientist, 20 de marzo de 2005. <<

[45] The New York Times, 10 de marzo de 2005. <<

[46] Corpwatch, 4 noviembre 2004. <<

[1] www.roundup-jardin.com/page.php?rub=service_roundup_roundup <<

[*] El término (en francés jardin ouvrier) se refiere a parcelas de terreno puestas a disposición de los habitantes por el ayuntamiento de la región parisina. La mayoría de ellas se dedican al cultivo de verduras y en su origen estaban destinadas a mejorar las condiciones de vida de los obreros, procurándoles un equilibrio social y una autosubsistencia alimenticia. (N. de la t.). <<

[2] Sustainable Agriculture Week, vol. 3, n.º 7, 11 de abril de 1994, Institute for Agriculture and Trade Policy, Minneapolis. <<

[3] Problems Palgue the EPA Pesticide Registration Activities, US Congress, House of Representatives, House Report 98-1147, 1984. <<

[4] EPA, Office of Pesticides and Toxic Substances, Summary of the IBT Review Program, Washington, julio de 1983. <<

[5] EPA, Data Validation. Memo from K. Locke, Toxicology Branch, to R. Taylor, Registration Branch, Washington, 9 de agosto 1978. <<

[6] EPA, Communications and Public Affairs, Note to Correspondents, Washington, 1 de marzo de 1991. <<

[7] The New York Times, 2 de marzo de 1991. <<

[8] Ibid. <<

[9] «Testing fraud: IBT and Craven Laboratories», junio de 2005, www.monsanto.com/pdf/products/roundup_ibt_craven_bkg.pdf. <<

[10] Caroline COX, «Glyphosate factsheet», Journal of Pesticide Reform, vol. 108, n.º 3, otoño de 1998, www.mindfully.org/Pesticide/Roundup-Glyphosate-Factsheet-Cox.htm. Este artículo muy completo constituye un excelente resumen de todos los problemas provocados por el Roundup. <<

[11] www.mindfully.org/Pesticide/Monsantov-AGNYnov96.htm. <<

[12] Attorney General of the State of New York, Consumer Frauds and Protection Bureau, Environmental Protection Bureau, In the Matter of Monsanto Company, Respondent. Assurance of Discontinuance Pursuant to Executive Law § 63 (15), Nueva York, abril de 1998. <<

[13] Isabelle TRON, Odile PIQUET y Sandra COHUET, Effets chroniques des pesticides sur la santé: état actuel des connaissances, Observatoire régional de santé de Bretagne, enero de 2001. <<

[*] El Hexágono es una de las expresiones utilizadas (sobre todo en la prensa) para designar a la Francia metropolitana debido a la forma de hexágono de ésta. (N. de la t.). <<

[14] Sheldon RAMPTON y John STAUBER, Trust us, we’re Experts! How Industry Manipulates Science and Gambles with your Future, Jeremy P. Tarcher/Putnam, Nueva York, 2002. <<

[15] Fabrice NICOLINO y François VEILLERETTE, Pesticides, révélations sur un scandale français, Fayard, París, 2007. <<

[*] Evidentemente, la autora pone en boca de Monsanto la famosa frase de Luis XV. (N. de la t.). <<

[16] Julie MARC, Effets toxiques d’herbicides à base de glyphosate sur la régulation du cycle cellulaire et le développement précoce en utilisant l’embryon d’oursin, Université de Biologie de Rennes, 10 de septiembre de 2004. <<

[17] Helen H. MCDUFFIE et alii, «Non-Hodgkin’s lymphoma and specific pesticide exposures in men: cross-Canada study of pesticides and health», Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, vol. 10, noviembre de 2001, p. 1.155-1.163. <<

[18] Lennart HARDELL, Michael ERIKSSON y Marie NORDSTRÖM, «Exposure to pesticides as risk factor for non-Hodgkin’s lymphoma and hairy cell leukaemia: pooled analysis of two Swedish case-control studies», Leukaemia and Lymphoma, vol. 43, 2002, p. 1043-1049. <<

[19] Anneclaire J. DE ROOS et alii, «Integrative assessment of multiple pesticides as risk factors for non-Hodgkin’s lymphoma among men», Occupational Environmental Medecine, vol. 60, n.º 9, 2005. <<

[20] Anneclaire J. DE ROOS et alii, «Cancer incidence among glyphosate-exposed pesticide applicators in the agricultural health study», Environmental Health Perspectives, vol. 113, 2005, p. 49-54. <<

[*] El CNRS es la institución pública francesa Centro Nacional de Investigación Científica. (N. de la t.). <<

[21] Julie MARC, Effets toxiques d’herbicides à base de glyphosate sur la régulation du cycle cellulaire et le développement précoce en utilisant l’embryon d’oursin, op. cit. <<

[22] Un informe titulado «Étude Phyto Air», financiado por la región Nord-Pas-de-Calais y dirigido por el Instituto Pasteur de Lille, constituye una buena fuente de información sobre los problemas que plantean los coadyuvantes que contienen los herbicidas. www.pasteurlille.fr/images/images_accueil/Rapport%20Phytoair.pdf. <<

[23] Institute for Science in Society, comunicado de prensa del 7 de marzo de 2005. <<

[24] Julie MARC, Odile MULNER-LORILLON y Robert BELLÉ, «Glyphosate-based pesticides affect cell cycle regulation», Biology of the Cell, vol. 96, 2004, p. 245-249. <<

[25] Tye E. ARBUCKLE, Zhiqiu LIN y Leslie S. MERY, «An exploratory analysis of the effect of pesticide exposure on the risk of spontaneous abortion in an Ontario farm population», Environmental Health Perspectives, vol. 109, 1 de agosto de 2001, p. 851-857. <<

[26] John F. ACQUAVELLA et alii, «Glyphosate biomonitoring for farmers and their families: results from the farm family exposure study», Environmental Health Perspectives, vol. 112, 2004, p. 321-326. <<

[27] Lance P. WALSH, «Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic acute regulatory (StAR) protein expression», Environmental Health Perspectives, vol. 108, 2004, p. 769-776. <<

[28] Eliane DALLEGRAVE et alii, «The teratogenic potential of the herbicide glyphosate Roundup® in Wistar rats», Toxicology Letters, vol. 142, 2003, p. 45-52. <<

[29] Gilles-Éric SÉRALINI et alii, «Differential effects of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase», Environmental Health Perspectives, vol. 113, n.º 6, 25 de febrero de 2005; Nora BENACHOUR et alii, «Time-and dose-dependent effects of Roundup on human embryonic and placental cells», Archives of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 53, n.º 1, julio de 2007, p. 126-133. <<

[30] Christian MÉNARD, «Rapport fait au nom de la mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés», Assemblée nationale, 13 de abril de 2005, www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2254-t1.asp. <<

[31] Julie MARC, Effets toxiques d’herbicides à base de glyphosate sur la régulation du cycle cellulaire et le développement précoce en utilisant l’embryon d’oursin, op. cit. <<

[32] Rick A. RELYEA et alii, «Pesticides and amphibians: the importance of community context», Ecological Applications, vol. 15, n.º 4, 1 de julio de 2005. <<

[33] Universidad de Pittsburgh, comunicado de prensa, 1 de abril de 2005. <<

[34] Hsin-Ling LEE et alii, «Clinical presentations and prognostic factors of a glyphosate surfactant herbicide intoxication: a review of 131 cases», Academic Emergency Medicine, 2000, vol. 7, n.º 8, p. 906-910. <<

[35] Pesticides News, n.º 33, septiembre de 1996, p. 28-29. <<

[36] EARTHJUSTICE LEGAL DEFENCE FUND, «Spraying toxic herbicides on rural Colombian and Ecuadorian communities», 15 de enero de 2002, www.mindfully.org/Pesticide/2002/Roundup-Human-Rights24jan02.htm. <<

[a] Del apellido del diputado demócrata de Nueva York James Delaney (1901-1987), que con toda seguridad se revolvería en su tumba si pudiera leer estas páginas… <<

[b] En los años setenta otras tres sociedades lograron fabricar la hormona transgénica: Elanco, una filial de Eli Lilly, UpJohn y American Cyanamid. Pero finalmente sólo quedará Monsanto en la carrera. <<

[c] Hoy se utilizan ambos términos, pero no por parte de las mismas personas: preocupada por ocultar el hecho de que su producto es una hormona artificial, Monsanto habla exclusivamente de «rBST»; por lo que se refiere a los oponentes, hablan de «rBGH»… <<

[d] Terrence Harvey hizo toda su carrera en la FDA, donde en especial dirigía el CVM, antes de dejar la administración pública para entrar en el sector privado… en Monsanto, como director de las cuestiones reglamentarias. <<

[a] En 1994 el profesor Epstein creó la Coalición para la Prevención del Cáncer. En 1998 recibió el Right Livehood Award (el «Premio Nobel alternativo») y en 2000, el Project Censored Award (el «premio Pulitzer alternativo»). En 2005 recibió la Albert Schweitzer Golden Grand Medal por «su contribución internacional a la prevención del cáncer». <<

[b] En Francia la hormona transgénica se probó en el Instituto Técnico de Ganadería Bovina (situado en Le Rheu, cerca de Rennes), así como en las ganaderías del Instituto Nacional de Investigación Agronómica (Le Monde, 30 de diciembre de 1988 y 30 de agosto de 1990). <<

[c] Nombrado por el gobierno estadounidense, el commissioner de la FDA desempeña un papel fundamental en la política de la agencia. Frank Young desempeñó este cargo desde agosto de 1984 hasta diciembre de 1989. Será sustituido por David Kessler (1990-1997), que establecerá la (no-)reglamentación de los OGM… <<

[1] The Los Angeles Times, 1 de agosto de1989. En el mismo momento Samuel Epstein redactará un articulo científico: «Potential public health hazards of biosynthetic milk hormones», International Journal of Health Services, vol. 20, n.º 1, 1990, p. 73-84. <<

[2] Samuel Epstein publica también un nuevo artículo: «Questions and answers on synthetic bovine growth hormones», International Journal of Health Services, vol. 20, n.º 4, 1990, p. 573-582. <<

[d] Se citan los siguientes antibióticos: Banamine, Ditrim, Gentamycin, Ivomec, Piperallin, Rompun y Vetislud. <<

[3] Los términos empleados por el Congreso son knowing acts of non disclosure et reckless acts (Samuel S. EPSTEIN, Testimony on White Collar Crime, H. R. 4973, before the Subcommittee on Crime of the House Judiciary Committee, 13 de diciembre de 1979). <<

[4] «FDA accused of improper ties in review of drug for milk cows», The New York Times, 12 de junio de 1990. <<

[5] Judith C. JUSKEVICH y C. Greg GUYER, «Bovine growth hormone: human food safety evaluation», Science, vol. 249, n.º 4971, 24 de agosto de 1990, p. 875-884. <<

[a] El Consumer Policy Institute es una división de la Consumers Union, creada en 1936, que publica la revista Consumers Reports, la segunda revista de los consumidores estadounidenses (cuatro millones y medio de suscriptores). <<

[b] Una semana después de la publicación del artículo de Science el doctor Jean-Yves Nau, encargado de la página científica de Le Monde, le dedicó un artículo: «Los investigadores de la FDA consideran que la utilización de esta hormona no representa un peligro para el consumidor», Le Monde, 30 de agosto de 1990. <<

[6] Frederick BEVER, «Canadian Agency questions approval of cow drug by US», Associated Press, 6 de octubre de 1998. <<

[7] Le Monde, 30 de agosto de 1990. <<

[8] Según las fuentes, la tasa de IGF1 presente en la leche de las vacas hormonadas puede ser de dos a diez veces superior a la constatada en la leche natural. En la demanda de homologación que Monsanto presentó a las autoridades británicas, la sociedad habla de un nivel «hasta cinco veces superior» (T. Ben MEPHAM et alii, «Safety of milk from cows treated with bovine somatotropin», The Lancet, vol. 344, 19 de noviembre de 1994, p. 1.445-1.446). <<

[9] C. XIAN, «Degradation of IGF-1 in the adult rat gastrointestinal tract is limited by a specific antiserum or the dietary protein casein», Journal of Endocrinology, vol. 146, n.º 2, 1 de agosto de 1995, p. 215. <<

[a] En 2004 el consumo anual era de 89,1 litros por persona. Si se añaden los productos lácteos (yogures, helados, cremas, queso, etc.) se llega a los 270 litros al año. <<

[10] June M. CHAN et alii, «Plasma insulin-like growth factor-1 [IGF-1] and prostate cancer risk: a prospective study», Science, vol. 279, 23 de enero de 1998, p. 563-566. <<

[11] Susan E. HANKINSON et alii, «Circulating concentrations of insulin-like growth factor 1 and risk of breast cancer», The Lancet, vol. 351, n.º 9113, 1998, p. 1.393-1.396. <<

[12] The Milkweed, agosto de 2006. Este artículo hace un recuento de toda la literatura científica disponible sobre la relación que se establece entre la IGF1 y el cáncer de mama. <<

[13] The Journal of Reproductive Medicine, mayo de 2006; The Milk-weed, junio de 2006; The New York Times, 30 de mayo de 2006. La tasa de gemelos en Estados Unidos pasó de 1,89 por cien nacimientos en 1977 a 3,1 en 2002 (dos veces más que en el Reino Unido). <<

[14] «NIH technology assessment conference statement on bovine somatotropin», Journal of the American Medical Association, vol. 265, n.º 11, 20 mars 1991, p. 1.423-1.425. <<

[15] COUNCIL ON SCIENTIFIC AFFAIRS, AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, «Biotechnology and the American agricultural industry», Journal of the American Medical Association, vol. 265, n.º 11, 20 de marzo de 1991, p. 1.433. <<

[16] Eliot MARSHALL, «Scientists endorse ban on antibiotics in feeds», Science, vol. 222, 11 de noviembre de 1983, p. 601. <<

[17] Barry R. BLOOM y Christopher J. L. MURRAY, «Tuberculosis: commentary on a reemergent killer», Science, vol. 257, 21 de agosto de 1992, p. 1.055-1.064. <<

[18] Sharon BEGLEY, «The end of antibiotics», Newsweek, vol. 123, 28 de marzo 1994, p. 47-52. <<

[19] La GAO redactó un informe específico sobre la cuestión de los residuos de antibióticos en la leche: en él aprendemos que existen pocas pruebas disponibles para medir estos residuos; la FDA sólo dispone de cuatro, una de ellos para la penicilina. Ahora bien, se han autorizado treinta medicamentos para la ganadería lechera y sesenta y dos se utilizarían ilegalmente (GAO, Food Safety and Quality. FDA Strategy Needed to Adress Drugs Animal Residues in Milk, GAO/PMED-92-26, 1992). <<

[a] Al difundirse el caso, Monsanto acabará por publicar un artículo en el Journal of Dairy Science el verano de 1994. <<

[20] Erik MILLSTONE, Eric BRUNNER e Ian WHITE, «Plagiarism or protecting public health?», Nature, vol. 371, p. 647-648, 20 de octubre de 1994. <<

[21] Jeremy RIFKIN, Le Siècle biotech, La Découverte, París, 1998 [traducción al castellano: El siglo de la biotecnología: el comercio genético y el nacimiento de un mundo feliz, Barcelona, Crítica, 1999]. <<

[a] El 15 de abril de 1994 los tres miembros del Congreso escriben al inspector general de la GAO explicándole que la primera investigación ha fracasado «a causa de la negativa de la sociedad Monsanto a comunicar todos los datos clínicos disponibles sobre la rBGH»… <<

[22] Samuel Epstein ya había expresado una cólera similar en The Los Angeles Times, 20 de marzo de 1994. <<

[1] Federal Register, vol. 59, n.º 28, 10 de febrero de 1994, p. 6279. <<

[2] www.cfsan.fda.gov/~lrd/fr940210.html. <<

[3] Este texto de treinta y dos páginas lo firmaron Richard A. Merrill, Jess H. Stribling y Frederick H. Degnan. <<

[a] Estos sondeos los realizaron el ministerio de Agricultura, la Universidad Cornell, la Universidad de Wisconsin, el diario The Dairy Today, etc. <<

[4] Capital Times, 19-20 de febrero de 1994. <<

[5] The Washington Post, 18 de mayo de 1994. <<

[6] The New York Times, 12 de julio de 2003. <<

[7] «Oakhurst to alter its label», The Portland Press Herald, 25 de diciembre de 2003. <<

[8] Associated Press, 18 de febrero de 2005. <<

[b] www.idfa.org. Sobre todo se puede leer ahí: «Monsanto es un suministrador de productos agrícolas que aumenta la productividad de la granja y la calidad de los alimentos. La compañía fabrica y comercializa el Posilac, una tecnología que ha demostrado su rentabilidad permitiendo a los ganaderos producir entre 8 y 12 litros suplementarios por vaca y día». <<

[9] Mark KASTEL, «Down on the farm: the real BGH story animal health problems, financial troubles», www.mindfully.org/GE/Down-On-The-Farm-BGH1995.htm. <<

[10] Metroland, 11 de agosto de 1994. <<

[11] St. Louis Post-Dispatch, 15 de marzo de 1995. <<

[a] El 6 de junio de 2006 el The Dairy & Food Market Analyst informaba de que cadenas de supermercados como Dean Foods, Wal-Mart y Kroger, poco inclinadas, sin embargo, a apoyar la agricultura biológica, se comprometían a vender solamente leche sin rBST. <<

[a] Precisamente para denunciar la colusión entre la American Cancer Society y las multinacionales farmacéuticas el doctor Epstein creó la Coalition against Cancer. <<

[12] Su historia fue objeto de un capítulo en Into the Buzzsaw. Leading Journalists Expose the Myth of a Free Press, Prometheus Books, Nueva York, 2002 (traducción al francés: Black List. Quinze grands journalistes américains brisent la loi du silence, Éditions des Arènes, París, 2003). <<

[b] En 1992 el programa Prime Time de ABC News había difundido un reportaje en el que se veía a empleados de la cadena Food Lion grabados con una cámara oculta mezclar carne picada caducada con carne fresca. A raíz de la emisión del programa las acciones de Food Lion se hundieron y tuvieron que cerrar cerca de un centenar de establecimientos. La empresa llevó a ABC News ante los tribunales y consiguió en primera instancia unos daños y perjuicios consecuentes: ¡cinco millones y medio de dólares! El fallo había provocado una enorme inquietud en las redacciones del país… <<

[13] Se pueden consultar en la página web www.foxbghsuit.com. <<

[c] La Comisión Federal de Comunicaciones es una agencia federal encargada de conceder las frecuencias de onda a los operadores de radiodifusión y de vigilar el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales (igualdad de turno de palabra en periodo de campaña electoral, derecho de réplica, etc.). A semejanza del Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) en Francia, puede tomar medidas disciplinarias contra quienes contravienen el reglamento. <<

[d] Según los términos de esta ley, un whistleblower es un empleado víctima de medidas de represalia por haberse negado a prestarse a una actividad ilegal cometida por su empresa o haber amenazado con denunciar dicha actividad a las autoridades. <<

[e] Steve había decidido defenderse a sí mismo, lo que hizo con la brillantez de un abogado avezado, pero el jurado consideró que la principal víctima era Jane… <<

[f] Desde entonces Jane Akre y Steve Wilson han acumulado recompensas prestigiosas: premio de deontología de la Society for Professional Journalism; premio Joe A. Callaway al valor cívico; premio al heroísmo en periodismo concedido por la Alianza para la Democracia y el Goldman Environmental Prize para América del Norte. Así va Estados Unidos… <<

[a] Se trata de la División de Seguridad Humana de la Oficina de Medicamentos Veterinarios (BVD) de Santé Canadá. <<

[a] El 10 de marzo de 1999 el Comité Científico para la Salud y el Bienestar de los Animales de la Comisión Europea emite un informe de 91 páginas en el que recomienda «no utilizar la rBGH en rebaños lecheros». En ningún momento se mencionan los peligros que la hormona podría suponer para la salud humana… La hormona está oficialmente prohibida en la Comunidad Europea desde el 1 de enero de 2000. <<

[1] Edward L. TATUM, «A case history in biological research», Nobel Lecture, 11 de diciembre de 1958 (citado por Hervé KEMPF, La Guerre secrète des OGM, Seuil, París, 2003, p. 16). <<

[2] Arnaud APOTHEKER, Du poisson dans les fraises, La Découverte, París, 1999. <<

[3] Citado por Robert SHAPIRO, «The welcome tension of technology: the need for dialog about agricultural biotechnology», Center for the Study of American Business, CEO series issues, n.º 37, febrero de 2000. <<

[4] Citado por Hervé KEMPF, La Guerre secrète des OGM, op. cit., p. 23. <<

[5] Ibid., p. 25. <<

[a] En 1977 y 1978 se presentan en el Congreso diecisiete bills, proyectos de ley, pero ninguno de ellos prospera. <<

[6] SUSANWRIGHT, Molecular Politics. Developing American and British Regulatory Policy for Genetic Engineering, 1972-1982, University of Chicago Press, Chicago, 1994, p. 107 (citado por Hervé KEMPF, La Guerre secrète des OGM, op. cit., p. 49). <<

[7] Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, Basic Books, Nueva York, 2002, p. 24. <<

[8] Citado por Hervé KEMPF, La Guerre secrète des OGM, op. cit., p. 57. <<

[a] La Agrobacterium tumefaciens es la responsable de la «sarna del cuello» que ataca las raíces de algunas plantas, provocando en ellas un tumor. Fue descubierta en 1907 por dos investigadores estadounidenses. <<

[*] El término empleado es empêcheurs-de-bricoler-en-rond, un juego de palabras sobre el término empêcheurs-de-tourner-en-rond, «aguafiestas». Bricoler equivale también a nuestro «hacer chapuzas». (N. de la t.). <<

[9] Citado por Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 38. <<

[10] Ibid., p. 37. <<

[11] Luca COMAI et alii, «Expression in plants of a mutant aroA gene from Salmonella typhimurium confers tolerance to glyphosate», Nature, n.º 317, 24 de octubre de 1985, p. 741-744. <<

[12] Citado por Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 67. <<

[13] Stephanie SIMON, «Biotech soybeans plant seed of risky revolution», The Los Angeles Times, 1 de julio de 2001. <<

[14] Ibid. <<

[*] En líneas generales, un casete génico es una secuencia modular de ADN que codifica uno o más genes para una sola función bioquímica. En ingeniería genética se refiere a un fragmento manipulable de ADN que se puede transferir de una secuencia de ADN a otra. (N. de la t.). <<

[15] CropChoice News, 16 de noviembre de 2003. <<

[16] Citado por Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 75. <<

[17] Stephanie SIMON, «Biotech soybeans plant seed of risky revolution», loc. cit. <<

[18] Arnaud APOTHEKER, Du poisson dans les fraises, op. cit., p. 36-37. <<

[19] Kurt EICHENWALD, Gina KOLATA y Melody PETERSON, «Biotechnology food: from the lab to a debacle», The New York Times, 25 de enero de 2001. <<

[20] Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology, Office of Science and Technology Policy, 51 FR 23302, 26 de junio de 1986, http://usbiotechreg.nbii.gov/CoordinatedFrameworkForRegulationOfBiotechnolog. <<

[21] Kurt EICHENWALD, Gina KOLATA y Melody PETERSON, «Biotechnology food: from the lab to a debacle», loc. cit. <<

[22] Ibid. <<

[23] Daniel CHARLES, Lords of Harvest, op. cit., p. 28. <<

[24] Kurt EICHENWALD, Gina KOLATA y Melody PETERSON, «Biotechnology food: from the lab to a debacle», loc. cit. <<

[25] Citado por Jeffrey M. SMITH, Seeds of Deception. Exposing Industry and Government Lies about the Safety of the Genetically Engineered Foods you’re Eating, Yes! Books, Fairfield, 2003, p. 130 (traducción al castellano: Semillas peligrosas; las mentiras de la industria y los gobiernos sobre lo que comemos, Barcelona, Terapias Verdes, 2006). <<

[26] FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, «Statement of policy: foods derived from new plant varieties», Federal Register, vol. 57, n.º 104, 29 de mayo de 1992, p. 22.983. <<

[a] James H. Maryanski creó una empresa de «consulting business», J. H. Maryanski L. L. C. <<

[27] Ibid., p. 22.985. La cursiva es mía. <<

[28] Entrevista con el autor, julio de 2006. <<

[29] Entrevista con el autor, julio de 2006. <<

[30] Entrevista con el autor, julio de 2006. <<

[31] Citado por Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 143. <<

[32] FAO, Les Organismes génétiquement modifiés: les consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement, Roma, 2001, www.fao.org/DOCREP/003/X9602F/x9602f05.htm. <<

[33] Jeffrey M. SMITH, Seeds of Deception, op. cit., p. 107-127; así como del mismo autor, Genetic Roulette. The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods, Chelsea Green Publishnig, White River, 2007, p. 60-61. Véase la página web www.seedsofdeception.com/Public/Home/index.cfm. <<

[34] HOUSE OF REPRESENTATIVES, FDA’s Regulation of the Dietary Supplement L-Tryptophan, Human Resources and Intergovernmental Subcommittee of the Committee on Government Operations, U. S. House of Representatives, Washington, D. C., 1991. <<

[35] Arthur N. MAYENO y Gerald J. GLEICH, «Eosinophilia myalgia syndrome and tryptophan production: a cautionary tale», Trends Biotechnology, vol. 12, 1994, p. 346-352. <<

[36] Citado por Jeffrey M. SMITH, Genetic Roulette, op. cit., p. 61. <<

[37] Véase especialmente: «Information paper on L-tryptophan and 5-hydroxy-L-tryptophan», U. S. Food and Drug Administration, Office of Nutritional Products, Labeling and Dietary Supplements, febrero de 2001, http://vm.cfsan.fda.gov/%7Edms/ds-tryp1.html. <<

[38] Memorando de James Maryanski, FDA, sobre un encuentro con Bill Layden y Michelle Bernard, FDA, 27 de noviembre de 1991. <<

[a] Yo ignoraba entonces que las cifras suministradas durante la primera estimación del número de víctimas eran muy inferiores a la realidad. <<

[39] FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, «Statement of policy: foods derived from new plant varieties», loc. cit, p. 22.991. <<

[40] Jeffrey M. SMITH, Genetic Roulette, op. cit., p. 61. <<

[1] www.biointegrity.org. <<

[2] Véase en especial la declaración de Steven Druker ante la FDA, el 30 de noviembre de 1999: «Why FDA policy on genetically engineered foods violates sound science and US law», Panel on Scientific Safety and Regulatory Issues, www.psrast.org/drukeratfda.htm. <<

[3] La denuncia se registró con el nombre «Alliance for Bio-integrity vs. Shalala et al.». <<

[4] The New York Times, 4 de octubre de 2000. <<

[5] «Genetically engineered foods», FDA Consumer, enero-febrero de 1993, p. 14. <<

[6] www.biointegrity.org/list.html. <<

[7] «Memorandum from the FDA Division of Food Chemistry & Technology to James Maryanski, FDA Biotechnology Coordinator», 1 de noviembre de 1991. <<

[8] Samuel SHIBKO, «Memorandum to Dr. James Maryansksi. Subject: revision of toxicology section of the statement of policy: foods derived from genetically modified plants», 31 de enero de 1992, www.biointegrity.org/FDAdocs/03/view1.html. <<

[9] Gerald GUEST, «Memorandum to Dr. James Maryanski. Subject: regulation of transgenic plants, FDA draft Federal Register notice on food biotechnology», 5 de febrero de 1992, www.biointegrity.org/FDAdocs/08/view1.html. <<

[10] Louis PRIBYL, «Comments on biotechnology draft document», 27 de febrero de 1992 www.biointegrity.org/FDAdocs/04/view1.html. <<

[11] Carta de James Maryanski al doctor Bill Murray, presidente del Food Directorate, Canadá, 23 de octubre de 1991. www.biointegrity.org/FDAdocs/06/view1.html. <<

[12] Linda KAHL, «Memorandum to James Maryanski, FDA Biotechnology Coordinator», 8 de enero de 1992. www.biointegrity.org/FDAdocs/01/view1.html. <<

[13] «Statement of policy: foods derived from new plant varieties», loc. cit., p. 23.000 (punto 17d). <<

[14] Michael HANSEN y Jean HALLORAN, «Why we need labeling of genetically engineered food», Consumers International, Consumer Policy Institute, abril de 1998; y «Compilation and analysis of public opinion polls on genetically engineered foods», Center for Food Safety, 11 de febrero de 1999. <<

[15] Time Magazine, 11 de febrero de 1999. <<

[16] «Citizen Petition before the United States Food and Drug Administration», 21 de marzo de 2000, www.fda.gov/ohrms/dockets/dailys/00/mar00/032200/cp00001.pdf. <<

[17] Douglas GURIAN-SHERMAN, «Holes in the biotech safety nest. FDA Policy does not assure the safety of genetically engineered foods», Center for Science in the Public Interest, Washington, 2001. <<

[18] «Pathology branch’s evaluation of rats with stomach lesions from three four-week oral (gavage) toxicity studies/Flavr Savr tomato», memorando del doctor Fred Hines a la doctora Linda Kahl, 16 de junio de 1993, www.biointegrity.org/FDAdocs/18/view1.html. <<

[19] www.biointegrity.org/FDAdocs/19/view1.html. La cursiva es mía. <<

[20] www.ilsi.org. <<

[21] Sarah BOSELEY, «WHO “infiltrated by food industry”», The Guardian, 9 de enero de 2003. <<

[22] INTERNATIONAL FOOD BIOTECHNOLOGY COUNCIL, «Biotechnologies and food: assuring the safety of foods produced by genetic modification», Regulatory Toxicology and Pharmacology, vol. 12, n.º 3, 1990, www.ilsi.org/AboutILSI/IFBIC. <<

[23] «Statement of policy: foods derived from new plant varieties», loc. cit., p. 23003. <<

[24] Jeffrey M. SMITH, Seeds of Deception, op. cit.; Genetic Roulette, op. cit. <<

[a] Para 2000, 2001 y 2002 los gastos comprenden también la presión ejercida por Pharmacia, que, volveremos sobre ello, compró Monsanto en 2000 antes de desembarazarse de ella en 2002… Estas cifras se pueden consultar en la página web de Capital Eye: www.capitaleye.org/bio-monsanto.asp. <<

[25] «Monsanto employees and government regulatory agencies are the same people!», Green Block, 8 de diciembre de 2000, www.purefood.org/Monsanto/revolvedoor.cfm. Véase también Agribusiness Examiner Newsletter, 16 de junio de 1999; y The Washington Post, 7 de febrero de 2001. <<

[26] Philip MATTERA, «USDA ICN: how agribusiness has hijacked regulatory policy at the US Department of Agriculture», comunicación presentada en la Conferencia sobre los Alimentos y la Agricultura de la Organización de Mercados Competitivos celebrada en Omaha (Nebraska) el 23 de julio de 2004. <<

[27] St. Louis Post-Dispatch, 30 de mayo de 1999. <<

[28] FEDERAL NEWS SERVICE, «REMARKS OF SECRETARY OF AGRIculture Dan Glickman before the Council for Biotechnology Information», 18 de abril de 2000. <<

[a] La palabra luddite se inventó en Inglaterra a principios del siglo XIX a partir del nombre de un obrero textil (Ned Ludd), que en un gesto de rebeldía había destruido unos telares que según él ponían en peligro su trabajo. Por extensión el término designa a una persona que se opone a la mecanización y a todo aquello que encarne el progreso técnico. <<

[29] Dan GLICKMAN, «How will scientists, farmers and consumers learn to love biotechnology and what happens if they don’t?», 13 de julio de 1999, www.usda.gov/news/releases/1999/07/0285. La cursiva es mía. <<

[30] www.ratical.org/co-globalize/MonsantoRpt.html. <<

[a] Según su curriculum vitae, James Maryanski ejerció como experto en la OMS y la FAO, después como delegado de Estados Unidos en el Codex alimentarius y en la OCDE. <<

[31] Judith C. JUSKEVICH y C. Greg GUYER, «Bovine growth hormone: human food safety evaluation», Science, vol. 249, 24 de agosto de 1990, p. 875-884 (véase el capítulo 5). <<

[32] Erik MILLSTONE, Eric BRUNNER, Sue MAYER, «Beyond substantial equivalence», Nature, 7 de octubre de 1999. <<

[33] Stephen PADGETTE, Nancy BIEST TAYLOR, Debbie NIDA, Michele BAILEY, John MACDONALD, Larry HOLDEN, Roy FUCHS, «The composition of glyphosate-tolerant soybean seeds is equivalent to that of conventional soybeans», The Journal of Nutrition, vol. 126, n.º 4, abril de 1996. <<

[34] Barbara KEELER, Marc LAPPÉ, «Some food for FDA regulation», Los Angeles Times, 7 de enero de 2001. <<

[35] Marc LAPPÉ, Britt BAYLEY, Chandra CHILDRESS, Kenneth SETCHELL, «Alterations in clinically important phytoestrogens in genetically modified, herbicide-tolerant soybeans», Journal of Medicinal Food, vol. 1, n.º 4, 1 de julio de 1999. <<

[36] www.monsanto.co.uk/news/ukshowlib.phtml?uid=1612. Nótese que el comunicado está fechado el 23 de junio de 1999. <<

[37] Marc LAPPÉ y Britt BAILEY, Against the Grain. Biotechnology and the Corporate Takeover of your Food, Common Courage Press, Monroe, 1998. <<

[38] The New York Times, 25 de octubre de 1998. <<

[39] Ian PRYME y Rolf LEMBCKE, «In vivo studies on possible health consequences of genetically modified food and feed-with particular regard to ingredients consisting of genetically modified plant materials», Nutrition and Health, vol. 17, 2003. <<

[40] Bruce HAMMOND, John VICINI, Gary HARTNELL, Mark NAYLOR, Christopher KNIGHT, Edwin ROBINSON, Roy FUCHS, Stephen PADGETTE, «The feeding value of soybeans fed to rats, chickens, catfish and dairy cattle is not altered by genetic incorporation of glyphosate tolerance», The Journal of Nutrition, abril de 1996, vol. 126, n.º 3, p. 717-727. <<

[41] Manuela MALATESTA et alii, «Ultrastructural analysis of pancreatic acinar cells from mice fed on genetically modified soybean», Journal of Anatomy, vol. 201, noviembre de 2002, p. 409-415; Manuela MALASTESTA et alii, «Fine structural analyses of pancreatic acinar cell nuclei from mice fed on genetically modified soybean», European Journal of Histochemistry, octubre-diciembre de 2003, p. 385-388. Véase también, «Nouveaux soupçons sur les OGM», Le Monde, 9 de febrero de 2006. <<

[a] Arpad Pusztai ha publicado doscientos setenta artículos científicos, sobre todo sobre las lectinas, en revistas internacionales de referencia. <<

[1] Véase François DUFOUR, «Les savants fous de l’agroalimentaire», Le Monde diplomatique, julio de 1999. Nótese que para la campaña 1996-1997 la tasa de autosuficiencia de Francia para las tres oleaginosas era del 22%… <<

[2] «Scientist’s potato alert was false, laboratory admits», Times, 13 de julio de 1998. <<

[3] «Doctor’s monster mistake», Scottish Daily record & Sunday Mail, 13 de octubre de 1998. <<

[4] Daily Telegraph, 10 de junio de 1999. <<

[5] «Le transgénique, la pomme de terre et le soufflé médiatique», Le Monde, 15 de agosto de 1998. <<

[6] «Genetically modified organisms. Audit report of Rowett re-search on lectins», Comunicado de prensa, Rowlett Institute, 28 de octubre de 1998. <<

[7] The Guardian, 12 de febrero de 1999; «Le rat et la patate, chronique d’un scandale britannique», Le Monde, 17 de febrero de 1999; «Peer review vindicates scientist let go for “improper” warning about genetically modified food», Natural Science Journal, 11 de marzo de 1999. <<

[8] The Scotsman, 13 de agosto de 1998. <<

[9] «Testimony of Professor Phillip James and Dr. Andrew Chesson», Examination, of witnesses, Question 247, 8 de marzo de 1999, www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199899/cmselect/cmsctech/286/9030817.htm. <<

[10] «Loss of innocence: genetically modified food», New Statesment, 26 de febrero 1999, p. 47 (citado por Jeffrey SMITH, Seeds of Deception, op. cit., p. 24). <<

[11] «Furor food: the man with the worst job in Britain», The Observer, 21 de febrero de 1999. <<

[12] Citado por Jeffrey SMITH, Seeds of Deception, op. cit., p. 24. <<

[13] «People distrust government on GM foods», Sunday Independant, 23 de mayo de 1999. <<

[14] «Labour’s real aim on GM food», Sunday Independant, 23 de mayo de 1999. <<

[15] Memorandum submitted by Dr Stanley William Barclay Ewen, Department of Pathology, University of Aberdeen, 26 de febrero de 1999, www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199899/cmselect/cmsctech/286/9030804.htm. <<

[16] Laurie FLYNN y Michael Sean GILLARD, «Pro-GM food scientist “threatened editor”», The Guardian, 1 de noviembre de 1999. <<

[17] Stanley EWEN y Arpad PUSZTAI, «Effects of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus Nivalis lectin on rat small intestines», The Lancet, n.º 354, 1999, p. 1.353-1.354. <<

[18] Steve CONNOR, «Scientists revolt at publication of “flawed GM study”», The Independant, 11 de octubre de 1999 (citado por Hervé KEMPF, La Guerre secrète des OGM, op. cit., p. 181). <<

[19] Laurie FLYNN y Michael Sean GILLARD, «Pro-GM food scientist “threatened editor”», loc. cit. <<

[a] Según The Guardian, el profesor Lachmann era consultor para sociedades como Geron Biomed, Adprotech y SmithKline Beecham. <<

[b] En un comunicado de prensa publicado el 16 de febrero de 1999 el Instituto Rowett confirma que ha firmado un contrato con Monsanto, cuyo montante corresponde al 1% de sus recursos anuales. <<

[20] Andrew ROWELL, «The sinister sacking of the world’s leading GM expert—and the trail that leads to Tony Blair and the White House», The Daily Mail, 7 de julio de 2003. <<

[21] Informe anual de 1997 de Monsanto (citado por The Washington Post, 1 de noviembre de 1999). <<

[22] The New Yorker, 10 de abril de 2000. <<

[23] The Ecologist, septiembre-octubre de 1998. <<

[24] Hervé KEMPF, La Guerre secrète des OGM, op. cit., p. 110. <<

[25] The New Yorker, 10 de abril de 2000. <<

[26] «Growth through global sustainability. An interview with Robert Shapiro, Monsanto’s CEO», Harvard Business Review, 1 de enero de 1997. <<

[27] Ibid. <<

[28] «Interview Robert Shapiro: can we trust the maker of Agent Orange to genetically engineer our food?», Business Ethics, enero-febrero de 1997. <<

[29] Recomiendo a quienes hablen inglés la lectura de este apasionante artículo: Michael SPECTER, «The pharmaggedon riddle», The New Yorker, 10 de abril de 2000. <<

[30] «Interview Robert Shapiro: can we trust the maker of Agent Orange to genetically engineer our food?», loc. cit. <<

[31] The Ecologist, vol. 28, n.º 5, septiembre-octubre de 1998. <<

[32] Citado por Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 119. <<

[33] Ibid., p. 120. <<

[34] Ibid., p. 179. <<

[35] Ibid., p. 151. <<

[36] Ibid., p. 177. <<

[a] Finalmente el porcentaje descenderá al 70% tras la intervención de las instancias reglamentarias. <<

[37] Ibid., p. 200. <<

[b] A principios del presente siglo Monsanto continuará con sus adquisiciones. Con la compra de Seminis (semillas de legumbre) en 2005, la empresa se convierte en la primera semillera del mundo. <<

[a] Sólo en 2006 Monsanto logrará comprar Delta & Pine y, por lo tanto, la famosa patente. <<

[38] Chemistry and Industry, 20 de julio de 1998. <<

[39] The Daily Telegraph, 7 de junio 1998. <<

[40] Associated Press, 7 junio de 1998. <<

[41] Reuters, 11 de agosto de 1998. Finalmente, la empresa será condenada en febrero 1999 por publicidad engañosa (The Guardian, 28 de febrero de 1999). En total se presentaron treinta denuncias. <<

[42] The Ecologist, septiembre-octubre de 1998. ¡De lectura absolutamente obligatoria para quienes hablen inglés! Quienes hablen francés pueden leer la traducción del artículo de Brian Tokar que abre el dossier: www.fairelejour.org/article.php3?idarticle=82. Por otro lado, el 1 de julio de 1999, el semanario francés Courrier international publicó el dossier en francés, lo que le valió una petición de derecho de réplica por parte de Monsanto publicada en la edición del 29 de julio. En ella se puede leer sobre todo: «Por lo que se refiere al agente naranja, los autores de The Ecologist olvidaron señalar que estudios en profundidad llevados a cabo durante varios años por el ejército del aire estadounidense y otros organismos demostraron que no existe ningún efecto nocivo importante para la salud que se pueda asociar a este defoliante». <<

[43] The Guardian, 29 de septiembre de 1998. <<

[44] Justin GILLIS y Anne SWARDSON, «Crop busters take on Monsanto backlash against biotech foods exacts a high price», The Washington Post, 27 de octubre de 1999. El 26 de octubre de 1999, la acción de Monsanto cotizaba a 39,18 dólares en la Bolsa de Nueva York, frente a 62,72 dólares en agosto de 1998. <<

[45] Véronique LORELLE, «L’arrogance de Monsanto a mis à mal son rêve de nourrir la planète», Le Monde, 8 de octubre de 1999. <<

[46] Justin GILLIS y Anne SWARDSON, «Crop busters take on Monsanto backlash against biotech foods exacts a high price», loc. cit. <<

[47] Michael WATKINS, «Robert Shapiro and Monsanto», Harvard Business School, 2 de enero de 2003. <<

[48] Véronique LORELLE, «Le patron de Monsanto, prophète des OGM, démissionne pour cause de mauvais résultats», Le Monde, 20 de diciembre de 2002. En 2002 la empresa registró unas pérdidas netas de 1.700.000 millones de dólares. <<

[a] Este sistema está garantizado por los acuerdos de la UPOV (Unión para la Protección de Especies Vegetales) firmados por treinta y siete países en 1973. <<

[1] Para más detalles sobre el patentado del ser vivo, véase mi documental Los piratas del ser vivo, difundido en el canal de televisión francés Arte el 15 de noviembre de 2005. <<

[a] Se trata de la patente EP 546.090, titulada «Glifosato que tolera 5-Enolpyruvylshikimate-3-Fosfato Sintetasa». <<

[2] MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 42. La cursiva es mía. El lector puede consultar esto fragmentos de antología en la siguiente dirección: www.monsanto.com/who_we_are/our_pledge/recent_reports.Asp. <<

[b] Firmado por Hugh Grant, este documento de 114 páginas se refiere al año fiscal que comprende del 1 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2005. <<

[3] ONSANTO, 2005 Technology Use Guide, art. 19. La cursiva es mía (citado por el informe del CENTER FOR FOOD SAFETY, Monsanto vs. U. S. Farmers, noviembre de 2005, p. 20, www.centerforfoodsafety.org/Monsantovsusfarmersreport.cfm). <<

[4] Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 185. <<

[5] Ibid., p. 155. <<

[c] Célebre en Estados Unidos por sus duros métodos, que rayan en los de las milicias privadas, sobre todo cuando se le pagaba para romper las huelgas obreras de finales del siglo XIX. La Pinkerton National Detective Agency fue creada en 1850 por Allan Pinkerton, que conoció su momento de gloria al denunciar un intento de atentar contra el presidente Abraham Lincoln, quien reclutó a sus agentes para garantizar su seguridad durante la Guerra de Secesión. Avalada por su sigla (ojo con la frase: «No dormimos nunca»), la agencia fue contratada por las empresas para que se infiltrara en sindicatos y fábricas con unos métodos que resume la expresión bloody Pinkerton (la sanguinaria Pinkerton), usada para designar a un «poli pegando a un huelguista»… <<

[6] Ibid., p. 187. <<

[7] Rich WEISS, «Seeds of discord: Monsanto’s gene police raise alarm on farmer’s rights, rural tradition», The Washington Post, 3 de febrero de 1999. <<

[8] CENTER FOR FOOD SAFETY, Monsanto vs. U. S. Farmers, op. cit. <<

[9] The Chicago Tribune, 14 de enero de 2005. <<

[10] «Lawsuits filed against American farmers by Monsanto» (fuente: Administrative Office of the US Courts, http://pacer.uspci.uscourts.gov). <<

[11] Citado por Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 187. <<

[12] Ibid. <<

[13] Rich WEISS, «Seeds of discord», loc. cit. <<

[14] Associated Press, 28 de abril de 2004. <<

[15] Citado por el CENTER FOR FOOD SAFETY, Monsanto vs. U. S. Farmers, op. cit., p. 44. <<

[16] Entrevista realizada por Robert Schuman para Cropchoice News, 6 de abril de 2001. <<

[17] El Center for Food Safety informa de esta historia (op. cit., p. 23). Además, hablé con el abogado de Mitchell Scrugg, James Robertson, que dispone de imágenes filmadas del dispositivo que pusieron en marcha los agentes de Monsanto. <<

[18] Associated Press, 10 de mayo de 2003. <<

[19] Andrew MARTIN, «Monsanto “ruthless” in suing farmers, food group says», Chicago Tribune, 14 de enero de 2005. Según el artículo, de los 90 procesos iniciados por Monsanto a fecha de 2005, 46 tuvieron lugar en Saint Louis. <<

[20] St Louis Business Journal, 21 de diciembre de 2001. <<

[21] http://record.wustl.edu/archive/2000/10-09-00/articles/law.html. <<

[22] www.populist.com/02.18.mcmillen.html. <<

[a] La empresa, que había introducido el gen en una de sus variedades, le había pedido que multiplicara los granos para hacer con ellos semillas que ella vendía después a los agricultores. <<

[23] Hervé KEMPF, «Percy Schmeiser, un rebelle contre les OGM», Le Monde, 17 de octubre de 2002. <<

[24] Invito al lector a consultar la página web de Percy Schmeiser, en la que da todos los detalles de su caso: www.percyschmeiser.com/. <<

[25] Hervé KEMPF, «Le trouble d’une plaine du Saskatchewan», Le Monde, 26 de enero de 2000. <<

[26] Toronto Star y Star Phenix, 6 de junio de 2000. <<

[27] Hervé KEMPF, «Percy Schmeiser, un rebelle contre les OGM», loc. cit. <<

[28] «Monsanto Canada Inc. vs. Percy Schmeiser», 29 de marzo de 2001, p. 51-55 (Star Phenix, 30 de marzo de 2001). <<

[29] The Washington Post, 30 de marzo de 2001. <<

[30] Citado por Hervé KEMPF, «Percy Schmeiser, un rebelle contre les OGM», loc. cit. <<

[31] The Sacramento Bee, 22 de mayo de 2004. <<

[32] Ibid. <<

[33] MONSANTO CO., The Pledge Report 2001-2002, p. 19, www.monsanto.com/monsanto/content/media/pubs/dialogue-pledge.pdf. <<

[34] CBC News and Current Affairs, 21 de junio de 2001. <<

[35] Canadian Bar Association’s annual conference, agosto de 2001. <<

[36] SOIL ASSOCIATION, Seeds of Doubt. North American Farmers’ Experiences of GM Crops, septiembre de 2002, www.soilassociation.org/seedsofdoubt. Invito al lector a leer este documento fundamental. <<

[37] New Scientist, 24 de noviembre de 2001. Desde entonces la página web sobre los OGM del gobierno canadiense afirma que «el polen puede desplazarse una distancia de al menos 4 kilómetros» (www.ogm.gouv.qc.ca/envi_canolagm.html). Estudios británicos y australianos lo confirmaron. <<

[38] «GM volunteer canola causes havoc», The Western Producer, 6 de septiembre de 2001. <<

[39] The Guardian, 8 de octubre de 2003. <<

[40] SOIL ASSOCIATION, Seeds of Doubt, op. cit., p. 47. <<

[41] «Firms move to avoid risk of contamination», The Times, 29 de mayo de 2000. <<

[42] Hervé KEMPF, «Le trouble d’une plaine du Saskatchewan», loc. cit. <<

[43] www.patentstorm.us/patents/6239072-claims.html. <<

[44] SOIL ASSOCIATION, Seeds of Doubt, op. cit., p. 24; véase también: «Monsanto sees opportunity in glyphosate resistant volunteer weeds», Cropchoice News, 3 de septiembre de 2001. <<

[45] Science y The Independant, 10 de octubre 2003. <<

[46] «Introducing Roundup Ready soybeans. The seeds of revolution», un documento no fechado que tengo en mi posesión. <<

[47] MONSANTO, The Pledge Report 2005, p. 18. <<

[48] Charles BENBROOK, «Genetic engineered crops and pesticides use in the United States: the first nine years», octubre de 2004, www.biotech-info.net/Full_version_first_nine.pdf. <<

[49] AgBioTech InfoNet Technical Paper, n.º 4, 3 mayo de 2001. <<

[50] Ibid. Este mismo año un documento de Monsanto afirmaba que «el consumo de herbicidas era de media más bajo en los campos de soja Roundup ready que en los demás campos» («The Roundup Ready soybean system: sustainability and herbicide use», Monsanto, abril de 1998). <<

[51] Según The Los Angeles Times del 1 de julio de 2001, el Roundup se utilizaba en un 20% de los cultivos estadounidenses en 1995 y cuatro años después en un 62%. <<

[52] Charles BENBROOK, «Genetic engineered crops and pesticides use in the United States: the first nine years», loc. cit., p. 7. <<

[53] Indianapolis Star, 20 de febrero de 2001. <<

[54] www.mindfully.org/GE/GE4/Glyphosate-Resistant-SyngentaDec02.htm. <<

[55] Charles BENBROOK, «Pew initiative on food and biotechnology», 4 de febrero de 2002, http://pewagbiotech.org/events/0204/benbrook.php3. <<

[56] «Introducing Roundup Ready soybeans. The seeds of revolution», loc. cit. <<

[57] Roger ELMORE et alii, «Glyphosate-resistant soybean cultivar yields compared with sister lines», Agronomy Journal, n.º 93, 2001, p. 408-412. <<

[58] Charles BENBROOK, «Evidence of the magnitude and consequences of the Roundup ready soybean yield drag from university based varietal trials in 1998», AgBioTech InfoNet Technical Paper, n.º 1, 13 de julio 1999, www.biotech-info.net/RRyield_drag_98.pdf. <<

[59] C. Andy KING, Larry C. PURCELL, Earl D. VORIES, «Plant growth and nitrogenase activity of glyphosate-tolerant soybeans in response to foliar glyphosate application», Agronomy Journal, vol. 93, p. 179-186, 2001. <<

[60] Charles BENBROOK, «Pew initiative on food and biotechnology», loc. cit. <<

[61] Andy COGHLAN, «Splitting headache. Monsanto’s modified soybeans are cracking up in the heat», New Scientist, 20 de noviembre de 1999. <<

[62] Michael DUFFY, «Who benefits from biotechnology?». Este documento, que se considera una referencia, se presentó en la reunión de la American Seed Trade Association en Chicago, 5-7 de diciembre de 2001, www.econ.iastate.edu/faculty/duffy/Pages/biotechpaper.pdf. <<

[63] Según un sondeo realizado en 1997 por Eurobarometer, la gran mayoría de los ciudadanos europeos estaban a favor del etiquetado de los OGM: Austria, 73%; Bélgica, 74%; Dinamarca, 85%; Finlandia, 82%; Francia, 78%; Alemania, 72%; Grecia, 81%; Irlanda, 61%; Italia, 61%; España, 69%, Reino Unido, 82% («European opinions on modern biotechnology», European Commission Directorate General XII, n.º 46.1, 1997). <<

[64] The Washington Post, 12 de noviembre de 1999. <<

[65] «US Agriculture loses huge markets thanks to GMO’s», Reuters, 3 de marzo de 1999. <<

[66] Reuters, 17 de septiembre de 2002. <<

[1] www.monsanto.com/monsanto/layout/media/04/05-10-04.asp. <<

[2] MONSANTO, The Pledge Report 2004, p. 24. <<

[3] Véase mi documental El trigo: ¿crónica de una muerte anunciada?, difundido con Los piratas del ser vivo en el programa «Thema» de Arte del 15 de noviembre de 2005 «Main basse sur le vivant». <<

[a] En Canadá el trigo se cultiva en 10 millones de hectáreas, 6 millones de las cuales se encuentran sólo en la provincia de Saskatchewan. <<

[4] Stewart WELLS y Holly PENFOUND, «Canadian wheat board speaks out against Roundup Ready wheat», Toronto Star, 25 de febrero de 2003. <<

[5] «Italian miller to reject genetically modified wheat», St Louis Business Journal, 30 de enero de 2003. <<

[6] «Japan wheat buyers warn against biotech wheat in US», Reuters, 10 de septiembre de 2003. <<

[7] The New York Times, 11 de abril de 2004. <<

[8] Robert WISNER, «The commercial introduction of genetically modified wheat would severely depress U. S. wheat industry», Western Organization of Resource Councils, comunicado de prensa, 30 de octubre de 2003. <<

[9] Justin GILLIS, «The heartland wrestles with biotechnology», The Washington Post, 22 de abril de 2003. <<

[10] Ibid. <<

[11] Pierre-Benoît JOLY y Claire MARRIS, «Les Américains ont-ils accepté les OGM? Analyse comparée de la construction des OGM comme problème public en France et aux États-Unis», Cahiers d’économie et de sociologie rurales, n.º 68-69, 2003, p. 19. <<

[12] Ibid., p. 18. <<

[13] John LOSEY, Linda RAYOR y Maureen CARTER, «Transgenic pollen harms monarch larvae», Nature, vol. 399, n.º 6733, 20 de mayo de 1999. <<

[14] Hervé MORIN, «Les doutes s’accumulent sur l’innocuité du maïs transgénique», Le Monde, 26 de mayo de 1999. Entre los estudios: Angelika HILBECK et alii, «Effects of transgenic bacillus thurigiensis corn-fed prey on mortality and development time of immature chrysoperla carnea», Environmental Entomology, n.º 27, 1998, p. 480-487. <<

[15] Hervé MORIN, «Les doutes s’accumulent sur l’innocuité du maïs transgénique», loc. cit. <<

[16] Ibid. <<

[17] Carol Kaesuk YOON, «Pollen from genetically altered corn threatens monarch butterfly, study finds», The New York Times, 20 de mayo de 1999. <<

[18] Lincoln BROWER, «Canary in the cornfield. The monarch and the Bt corn controversy», Orion Magazine, primavera de 2001, www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/85/. <<

[19] «Scientific symposium to show no harm to monarch butterfly», comunicado de prensa, Biotechnology Industry Organization, 2 de noviembre de 1999. <<

[20] Carol Kaesuk YOON, «Non consensus on the effects of engineering on corn crops», The New York Times, 4 de noviembre de 1999. <<

[21] Véase, por ejemplo: «Scientists discount threat to butterflies from altered corn», St. Louis Post-Dispatch, 2 de noviembre de 1999. <<

[22] Laura HANSEN y John OBRYCKI, «Field deposition of Bt transgenic corn pollen: lethal effects on the monarch butterfly», Œcologia, vol. 125, n.º 2, 2000, p. 241-248. <<

[23] News in Science, 24 de agosto de 2000; véase también Le Monde, 25 de agosto 2000. <<

[a] Aventis es entonces un grupo farmacéutico europeo nacido en 1999 de la fusión de la alemana Hoechst, las francesas Rhône-Poulenc y Roussel-Uclaf, los estadounidenses Rorer y Mario, y la empresa británica Fisons. En 2004 la compró Sanofi-Synthélabo para convertirse finalmente en Sanofi-Aventis. <<

[24] Marc KAUFMAN, «“Biotech corn is test case for industry”. Engineered food’s future hinges on allergy study», The Washington Post, 19 de marzo de 2001. <<

[25] Pierre-Benoît JOLY y Claire MARRIS, «Les Américains ont-ils accepté les OGM?», loc. cit., p. 21. <<

[26] Michael POLLAN, «Playing God in the garden», The New York Times Sunday Magazine, 25 de octubre de 1998. <<

[27] Este documento ejemplar se puede consultar en la dirección: www.cfsan.fda.gov/~acrobat2/bnfl041.pdf. <<

[28] «Life-threatening food? More than 50 Americans claim reactions to recalled StarLink corn», CBS News, 17 de mayo de 2001. <<

[29] Bill FREESE, «The StarLink Affair. A Critique of the government/industry response to contamination of the food supply with StarLink corn and an examination of the potential allergenicity of StarLink’s Cry9C protein», Amigos de la Tierra, 17 de julio de 2001, www.foe.org/safefood/starlink.pdf. <<

[b] Se calcula que StarLink representaba entonces en Estados Unidos un 1% de los cultivos de maíz, esto es, unas 150.000 hectáreas. <<

[30] Ibid., p. 36. <<

[31] Jeffrey SMITH, Seeds of Deception, op. cit., p. 171. <<

[32] Marc KAUFMAN, «EPA rejects biotech corn as human food: federal tests do not eliminate possibility that it could cause allergic reactions, Agency told», The Washington Post, 28 de julio de 2001. <<

[33] The Washington Post, 18 de marzo de 2001; Boston Globe, 3 de mayo y 17 de mayo de 2001. <<

[34] Nature, 23 de noviembre de 2000. <<

[35] Reuters, 18 de marzo de 2001. <<

[36] Financial Times, 27 de junio de 2003. <<

[37] Éric DARIER y Holly PENFOUND, «Lettre à Paul Steckle», Greenpeace Canada, 27 de mayo de 2003. <<

[38] En una entrevista concedida a Canadian Press, Jim Bole, un representante de AAC, indicaba que el «contrato del ministerio con Monsanto era confidencial». Según él, AAC gastó 500.000 dólares canadienses y Monsanto 1.300.000 dólares para desarrollar el trigo RR (Canadian Press, 9 de enero de 2004). <<

[39] Ibid. <<

[40] Véase la página web de Marc y Anita Loiselle: http://loiselle.ma.googlepages.com/home. <<

[*] La roya es una enfermedad del cereal provocada por un hongo parásito y que se caracteriza por unas manchas en los tallos y las hojas del cereal. (N. de la t.). <<

[41] Canadian Press, 10 de abril de 2004. Para el detalle de las peripecias de esta class action, véase la página web de la Organic Agriculture Potection Fund: www.saskorganic.com/oapf/. <<

[42] René VAN ACKER, Anita BRULÉ-BABEL y Lyle FRIESEN, «An environmental safety assessment of Roundup Ready wheat: risks for direct seeding systems in Western Canada», A report prepared for the Canadian Wheat Board for Submission to Plant Biosafety Office of the Canadian Food Inspection Agency, junio de 2003; «Study: modified wheat poses a threat», Canadian Press, 9 de julio de 2003. <<

[43] «New survey indicates strong grain elevator concern over GE wheat», Institute for Agriculture and Trade Policy, Minneapolis, comunicado de prensa, 8 de abril de 2003. <<

[44] Nota obtenida por Ken Ruben ayudado por Greenpeace Canada en virtud de la ley sobre el acceso a la información. Véase también: Tom SPEARS, «Federal memo warns against GM wheat; Canada still working with Monsanto to create country’s first modified seed», The Ottawa Citizen, 1 de agosto de 2001 (disponible en la dirección: www.thecampaign.org/newsupdates/august01a.htm#Federal). <<

[45] GREENPEACE EU, «EU suppresses study showing genetically engineered crops add high costs for all farmers and threaten organic», comunicado de prensa, 16 de mayo de 2002 (disponible en la dirección: www.biotech-info.net/high_costs.html). <<

[*] Se denomina así a la región histórica del Próximo Oriente que abarcaba el Antiguo Egipto, el Levante mediterráneo y Mesopotamia. Se considera el lugar en el que se inició la revolución neolítica en occidente. (N. de la t.). <<

[1] Stuart LAIDLAW, «Starlink fallout could cost billions», The Toronto Star, 9 de enero de 2001 (disponible en la dirección: www.biotech-info.net/starlink_fallout.html). <<

[*] En castellano en el original, como cada vez que aparezca la palabra. En adelante, cuando haya una palabra en castellano en el original, la primera vez que aparezca lo indicaremos poniéndola en cursiva. (N. de la t.). <<

[2] David QUIST e Ignacio CHAPELA, «Transgenic DNA introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico», Nature, n.º 414, 2001, p. 541-543. <<

[a] En 2007 Estados Unidos exportaba el 11% de su maíz a México, lo que representaba 500 millones de dólares; el 30% del maíz consumido en México era estadounidense. <<

[3] Comunicado de prensa de la Universidad de California, Berkeley, 28 de noviembre de 2001. <<

[4] The New York Times, 2 de octubre de 2001; The Guardian, 29 y 30 de noviembre de 2001. <<

[5] Kara PLATONI, «Kernels of truth», East Bay Express, 29 de mayo de 2002. <<

[6] MONSANTO, The Pledge Report 2001-2002, p. 13. Es también un término que Monsanto empleará en su «10K Form» de 2006, op. cit., p. 47. <<

[7] Robert MANN, «Has GM corn «invaded» Mexico?», Science, vol. 295, n.º 5560, 1 de marzo de 2002, p. 1.617-1.619. <<

[8] Kara PLATONI, «Kernels of truth», loc. cit. <<

[9] Marc KAUFMAN, «The biotech corn debate grows hot in Mexico», The Washington Post, 25 de marzo de 2002. <<

[10] Robert MANN, «Has GM corn «invaded» Mexico?», loc. cit. <<

[11] Fred PEARCE, «Special investigation: the great Mexican maize scandal», New Scientist, 15 de junio de 2002. <<

[12] Se puede consultar este correo electrónico en la página web de AgBioWorld: www.agbioworld.org/newsletter_wm/index.php?caseid=archive&newsid=1267. <<

[13] www.agbioworld.org/newsletter_wm/index.php?caseid=archive&newsid=1268. <<

[14] George MONBIOT, «Corporate ghosts», The Guardian, 29 de mayo de 2002. <<

[15] www.agbioworld.org/about/index.html. <<

[16] «Scientists in support of agricultural biotechnology», www.agbioworld.org/declaration/petition/petition.php. <<

[17] www.bivings.com/client/index.html. <<

[18] George MONBIOT, «The fake persuaders. Corporations are inventing people to rubbish their opponents on the Internet», The Guardian, 14 de mayo de 2002. <<

[19] George MONBIOT, «Corporate ghost», The Guardian, loc. cit. <<

[20] Cité par George MONBIOT, «The battle to put a corporate GM padlock on our food chain is being fought on the net», The Guardian, 19 de noviembre de 2002. <<

[21] MONSANTO, The Pledge Report 2001-2002, p. 1. <<

[22] «Amazing disgrace», The Ecologist, vol. 32, n.º 4, mayo de 2002. <<

[23] «Journal editors disavow article on biotech corn», The Washington Post, 4 de abril de 2002. <<

[24] «Special investigation: the great Mexican maize scandal», New Scientist, op. Cit. <<

[25] Wil LEPKOWSKI, «Maize, genes, and peer review», Center for Science, Policy and Outcomes, n.º 14, 31 de octubre de 2002. <<

[26] Andrew SUÁREZ, «Conflict around a study of mexican crops», Nature, 27 de junio de 2002. <<

[27] Kara PLATONI, «Kernels of truth», loc. cit. <<

[28] Ibid. <<

[29] Robert MANN, «Has GM corn “invaded” Mexico?», loc. cit. <<

[30] «Corn row», Science, 6 noviembre 2002. <<

[a] Indiquemos de paso que Monsanto depositó sus archivos en la Universidad Washington de Saint Louis, pero, por desgracia, no se puede acceder a ellos… <<

[31] Sol ORTIZ-GARCÍA, Exequiel EZCURRA, Bernd SCHOEL, Francisca ACEVEDO, Jorge SOBERÓN y Allison A. SNOW, «Absence of detectable transgenes in local landraces of maize in Oaxaca, Mexico, 2003-2004», Proceedings of the National Academy of Sciences, 30 de agosto de 2005, vol. 102, n.º 35, p. 12338-12343. <<

[32] David A. CLEVELAND, Daniela SOLERI, Flavio ARAGÓN CUEVAS, José CROSSA y Paul GEPTS, «Detecting (trans)gene flow to landraces in centers of crop origin: lessons from the case of maize in Mexico», Environmental Biosafety Research, vol. 4, n.º 4, 2005, p. 197-208. <<

[33] Hervé MORIN, «La contamination du maïs par les OGM en question», Le Monde, 7 de septiembre de 2005. <<

[34] Véase Elena R. ÁLVAREZ-BUYLLA y Berenice GARCÍA-PONCE, «Unique and redundant functional domains of APETALA1 and CAULIFLOWER, two recently duplicated Arabidopsis thaliana floral MADS-box genes», The Journal of Experimental Botany, vol. 57, n.º 12, 7 de agosto de 2006, p. 3.099-3.107. <<

[a] El más firme defensor argentino de los OGM es Héctor Huergo, que dirige el suplemento Clarín rural. <<

[1] Ámbito financiero, Sec. Ámbito agropecuario, p. 4-5, 11 de agosto de 2000. <<

[2] La Nación, 23 de julio de 2000. <<

[3] Véase sobre todo Walter PENGUE, Cultivos transgénicos: ¿hacia dónde vamos?, Lugar Editorial, Buenos Aires, 2000. <<

[*] La palabra empleada por la autora es «sojisación». (N. de la t.). <<

[4] Revista Gente, 29 enero de 2002. <<

[5] Ibid. <<

[6] Clarín, 11 de enero de 2003. <<

[7] www.sojasolidaria.org.ar. <<

[a] Como hemos visto, el 2-4 D es uno de los componentes del agente naranja; hoy está (teóricamente) prohibido en Europa y Estados Unidos. La atrazina se prohibió en la Unión Europea en 2003. Por lo que se refiere al paraquat, que junto con el Roundup era uno de los herbicidas más vendidos del mundo, se prohibió en la Unión Europea el 10 de julio de 2007. <<

[b] Las malas hierbas son sobre todo: Parietaria debilis, Petunia axilaris, Verbena litoralis, Verbena bonariensis, Hybanthus parviflorus, Iresine diffusa, Commelina erecta, Ipomoea sp. <<

[c] Tras haber llegado a 230 dólares por tonelada en 2003, la cotización bajó a 200 dólares en 2004 y después a 150 a mediados de 2005. En cambio, en 2006 experimentó un ascenso espectacular, para llegar después al punto máximo de 2007 debido sobre todo a la pasión por los biocarburantes. <<

[8] La Nación, 14 de febrero de 2003. <<

[a] Apodo dado a los aparatos agrícolas tirados por tractores que esparcen los herbicidas con ayuda de largos brazos mecánicos con forma de alas, de ahí su nombre. <<

[b] La criptorquidia es una malformación congénita caracterizada por la ausencia de testículos en el escroto (testículos no descendidos); la hipospadias es una malformación de la uretra (que no se prolonga hasta el final del pene). <<

[c] Los fitatos son compuestos fosforados que se unen con ciertos metales, por ejemplo el hierro, e impiden su absorción por parte del intestino. <<

[d] A menudo calificadas de fito-estrógenos, las isoflavonas son similares a los estrógenos femeninos. <<

[9] La Capital, 25 de marzo de 2005. <<

[a] En el mismo periodo se arrancaron 118.000 hectáreas en la provincia vecina del Chaco y 170.000 en la de Salta. <<

[1] Daniel VERNET, «Libres OGM du Brésil», Le Monde, 27 de noviembre de 2003. <<

[*] El Comité de Seguridad Alimentaria de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) define trazabilidad como «aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas». (N. de la t.). <<

[a] El decreto se prorrogó en octubre de 2004. Después, en marzo de 2005, la Cámara Baja del Congreso brasileño adoptó una ley que autorizaba definitivamente los cultivos transgénicos. <<

[2] www.monsanto.com/monsanto/layout/about_us/locations/brazil01.asp. <<

[a] La Agencia de Cooperación Internacional de Japón fomenta la implantación de colonos japoneses. <<

[3] Javiera RULLI, Stella SEMINO, Lilian JOENSEN, Paraguay Sojero. Soy Expansion and its Violent Attack on Local and Indigenous Communities in Paraguay, Grupo de reflexión rural, www.grr.org.ar, Buenos Aires, marzo de 2006. <<

[4] Ibid. <<

[a] En Argentina las cifras suministradas por el Ministerio de Agricultura dejan constancia de un empleo asalariado por cada 250 hectáreas cultivadas… <<

[1] Fawzan HUSAIN, «On India’s farms, a plague of suicide», New York Times, 19 de septiembre de 2006. <<

[2] Amelia GENTLEMAN, «Despair takes toll on Indian farmers», International Herald Tribune, 31 de mayo de 2006. <<

[a] Esto es, unos 1.090 euros (1 euro equivalía entonces a unas 55 rupias). En la India no existe el salario mínimo, pero en 2006 la mayoría de los obreros o empleados ganaban menos de 6.000 rupias al mes. <<

[b] De enero a diciembre de 2007 la organización VJAS censó 1.168 suicidios. <<

[3] Jaideep HARDIKAR, «One suicide every 8 hours», DNA India, 26 de agosto de 2006. En este artículo el diario de Mumbai (ex Bombay) precisa que según fuentes gubernamentales, 2. 800.000 campesinos del Estado (de un total de 3.200.000) están endeudados. <<

[c] Las subvenciones concedidas a los agricultores estadounidenses se elevaban a 18.000 millones de dólares en 2006 (véase Fawzan Husain, «On India’s farms, a plague of suicide», New York Times, 19 de septiembre de 2006). Tres días después de rodar nosotros estalló un motín en el mercado: la policía detuvo a varios campesinos, Kishor Tiwari entre ellos. <<

[4] Se trata de la patente n.º 0436257 B1 (véase mi documental Los Piratas del ser vivo, op. cit.). <<

[5] Gargi PARSAI, «Transgenics: US team meets CJI», The Hindu, 5 de enero de 2001. <<

[6] «Food, feed safety promote dialogue with european delegation», Monsanto News Release, 3 de julio de 2002. <<

[7] www.sec.gov/litigation/litreleases/lr19023.htm. Véase también: Peter FRITSCH y Timothy MAPES, «Seed money. In Indonesia, tangle of bribes creates trouble for Monsanto», The Wall Street Journal, 5 de abril de 2005; AFP, 7 de enero de 2005. <<

[8] Citado por Peter FRITSCH y Timothy MAPES, ibid.; y AFP, 7 de enero de 2005. <<

[9] Citado por The Washington Post, 4 de mayo de 2003. <<

[10] Ibid. <<

[a] Recordemos a las «falsas científicas» que habían lanzado la campaña de difamación contra Ignacio Chapela en el caso del maíz mexicano (véase el capítulo 12). Una de ellas se llamaba «Andura Smetacek» y Jonathan Matthews, el británico que descubrió el pastel, había señalado lo extraño de este «nombre poco corriente»: quizá los manipuladores de Saint Louis simplemente lo habían sacado de su cantera india… <<

[11] Ibid. <<

[12] Abdul QAYUM y Kiran SAKKHARI, «Did Bt cotton save farmers in Warangal? A season long impact study of Bt Cotton-Kharif 2002 in Warangal District of Andhra Pradesh», AP Coalition in Defence of Diversity and Deccan Development Society, Hederabad, junio de 2003, www.ddsindia.com/www/pdf/English%20Report.pdf. <<

[b] El nombre exacto del director de la DDC es Periyapatna Venkatasubbaiah Satheesh, pero todo el mundo lo llama P. V. Satheesh. <<

[13] «Performance report of Bt cotton in Andhra Pradesh. Report of State Department of Agriculture», 2003, www.grain.org/research_files/AP_state.pdf. <<

[14] Matin QAIM y David ZILBERMAN, «Yield effects of genetically modified crops in developing countries», Science, vol. 299, n.º 5608, 7 de febrero de 2003, p. 900-902. <<

[15] The Times of India, 15 de marzo de 2003. <<

[16] The State of Food and Agriculture 2003-2004. Agricultural Biotechnology Meeting the Needs of the Poor?, FAO, Roma, 2004, www.fao.org/docrep/006/Y5160E/Y5160E00.HTM. <<

[17] www.monsanto.co.uk/news/ukshowlib.phtml?uid=7983. <<

[18] «Le coton génétiquement modifié augmente sensiblement les rendements», AFP, 6 de febrero de 2003. La cursiva es mía. <<

[19] The Washington Post, 4 de mayo de 2003. <<

[20] The Times of India, 15 mars 2003. <<

[21] The Hindu Business Line, 23 de enero de 2006. Se trata de las variedades Mech-12 Bt, Mech-162 Bt y Mech-184 Bt. <<

[22] «Court rejects Monsanto plea for Bt cotton seed price hike», The Hindu, 6 de junio de 2006. <<

[23] Abdul QAYUM y Kiran SAKKHARI, «False hope, festering failures. Bt Cotton in Andhra Pradesh 2005-2006. Fourth successive year of the study reconfirms the failure of Bt cotton», AP Coalition In Defence of Diversity and Deccan Development Society, noviembre de 2006, www.grain.org/research_files/APCIDD%20report-bt%20cotton%20in%20AP-2005-06.pdf. <<

[24] «Monsanto boosts GM cotton seed sales to India five-fold», Dow Jones Newswires, 7 de septiembre de 2004. Según este artículo, la empresa habría vendido 1.300.000 paquetes de semillas Bt en 2004 frente a 230.000 en 2003. <<

[25] Daniel CHARLES, Lords of the Harvest, op. cit., p. 182. <<

[26] Michael POLLAN, «Playing God in the garden», The New York Times Sunday Magazine, 25 de octubre de 1998. <<

[27] «Farmers violating biotech corn rules», Associated Press, 31 de enero de 2001. <<

[28] Susan LANG, «Seven-year glitch: Cornell warns that Chinese GM cotton farmers are losing money due to “secondary” pests», Cornell Chronicle Online, 25 de julio de 2006, www.news.cornell.edu/stories/July06/Bt.cotton.China.ssl.html. <<

[1] Vandana SHIVA, The Violence of the Green Revolution. Ecological Degradation and Political Conflict in Punjab, Dehra Dun, Natraj, 1989. <<

[a] La expresión la utilizó por primera vez el 8 de marzo de 1968 William Gaud, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en un discurso pronunciado en Washington. <<

[2] www.nobel-paix.ch/bio/borlaug.htm. <<

[b] Hoy, para reducir aún más las pajas, los grandes cerealistas no dudan en verter sobre sus cultivos una hormona, bautizada púdicamente como «regulador del crecimiento vegetal»… <<

[3] Vandana SHIVA y Kunvar JALEES, Seeds of Suicide. The Ecological and Human Costs of Globalisation of Agriculture, Navdanya, mayo de 2006. <<

[4] Vandana SHIVA, La Vie n’est pas une marchandise. Les dérives des droits de propriété intellectuelle, Enjeux Planète, París, 2004; Le Terrorisme alimentaire. Comment les multinationales affament le monde, Fayard, París, 2001; Éthique et agro-industrie. Main basse sur la vie, L’Harmattan, París, 1996. <<

[a] Esta patente la había obtenido la compañía tejana RiceTec, con el número 5.663.454. <<

[5] Monsanto recuperó esta patente comprando el departamento de trigo de la empresa británica Unilever en 1998 (véase «Monsanto wheat patent disputed», The Scientist, 5 de febrero de 2004). <<

[*] La palabra francesa para patente es brevet. Como indica la autora, «patente» es un término común al inglés, al español y al alemán. (N de la t.). <<

[6] Mounira BADRO, Benoît MARTIMORT-ASSO y Nadia Karina PONCE MORALES, «Les enjeux des droits de propriété intellectuelle sur le vivant dans les nouveaux pays industrialisés: le cas du Mexique», Continentalisation, Cahiers de recherche, vol. 1, n.º 6, agosto de 2001, p. 8. <<

[7] Vandana SHIVA, Éthique et agro-industrie, op. cit., p. 8. <<

[8] Mounira BADRO, Benoît MARTIMORT-ASSO y Nadia Karina PONCE MORALES, «Les enjeux des droits de propriété intellectuelle sur le vivant…», loc. cit., p. 8. <<

[9] Citado por Vandana SHIVA, Éthique et agro-industrie, op. cit., p. 12-13; pero también por Mounira BADRO, Benoît MARTIMORT-ASSO y Nadia Karina PONCE MORALES, «Les enjeux des droits de propriété intellectuelle sur le vivant…», loc. cit., p. 9. <<

[10] James R. ENYART, «A GATT intellectual property code», Les Nouvelles, junio de 1990 (citado por Vandana SHIVA, Éthique et agro-industrie, op. cit., p. 12-13). <<

[11] «La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme», informe preliminar presentado por Joseph Oloka-Onyango y Deepika Udagama, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 15 de junio de 2000. <<

[a] Según la US Security and Exchange Commission, en junio de 2006 los principales accionistas de Monsanto eran: Fidelity Investment (9,1%), Axa (6,1%), Deutsche Bank (3,6%), Primecap Management (3,6%), State Street Corp (3%), Barclays (3%), Morgan Stanley (2,9%), Goldman Sachs Group (2,7%), Vanguard Group Inc. (2,5%), Lord Abbett & Co (2,4%), American Century Investment Management Inc. (2,4%) y General Electric (2,3%). <<

[1] «Monsanto & genetic engineering: risks for investors», enero de 2005. www.asyousow.org/publications/2005_GE_Innovest_Monsanto.pdf. <<

[a] Los sondeos citados en el informe de Innovest son: ABC News (93%), Rutgers University (90%), Harris Poll (86%), USA Today (79%), MSNBC (81%), Gallup Poll (68%), Grocery Manufactures of America (92%), Time Magazine (81%), Novartis (93%), Oxygen/Market-Pulse (85%). <<

[2] «Monsanto helps battle Oregon voter initiative on food labeling», St. Louis Post-Dispatch, 20 de septiembre de 2002. <<

[a] Según Greenpeace, este insecto muy perjudicial se introdujo en Europa durante la guerra de los Balcanes: habría llegado con los aviones del ejército estadounidense. <<

[3] Hervé KEMPF, «L’expertise confidentielle sur un inquiétant maïs transgénique», Le Monde, 23 de abril de 2004. <<

[4] Ibid. <<

[5] Ibid. <<

[a] Recuerdo que el CRII-GEN es el Comité de Investigación e Información sobre la Ingeniería Genética, del que es miembro el profesor Gilles-Éric Séralini (véase el capítulo 4). <<

[6] Ibid. <<

[7] AMIGOS DE LA TIERRA, «Throwing caution to the wind. A review of the European Food Safety Authority and its work on genetically modified foods and crops», noviembre de 2004, www.foeeurope.org/GMOs/publications/EFSAreport.pdf. <<

[8] www.agbioworld.org/declaration/petition/petition_fr.php. <<

[9] www.monsanto.co.uk/news/ukshowlib.phtml?uid=2330. <<

[10] Gilles-Éric SÉRALINI, «Report on MON 863 GM maize produced by Monsanto Company», junio de 2005, www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/gentechnik/bewertung_monsanto_studie_mon863_seralini.pdf (versión francesa: www.criigen.org/m_fs_cz.htm). Véase también: «Uproar in EU as secret Monsanto documents reveal significant damage to lab rats fed GE Corn», The Independant, 22 de mayo de 2005. <<

[11] Gilles-Éric SÉRALINI, Dominique SELLIER y Joël SPIROUX DE VENDOMOIS, «New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity», Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2007, n.º 52, p. 596-602. <<

[a] Según el «10K Form», el volumen de negocios de Monsanto se elevaba a 7.300.000 millones de dólares en 2006, de los cuales 2.200.000 correspondían al Roundup. <<

[12] Ingo POTRYKUS et alii, «Engineering the provitamin A (beta-carotene) biosynthetic pathway into (carotenoid-free) rice endosperm», Science, 2000, vol. 287, p. 303-305. <<

[13] «Monsanto offers patent waiver», The Washington Post, 4 de agosto de 2000. Más de siete años después, la buena noticia continuaba en la página web de Monsanto: www.monsanto.co.uk/news/ukshowlib.phtml?uid=3791. <<

[14] «Monsanto plans to offer rights to its altered rice technology», New York Times, 4 de agosto de 2000. <<

[15] Le Monde, 19 de agosto de 2001. <<

[16] «The mechanisms and control of genetic recombination in plants», http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/01-plants/01-14-project.html. <<

[17] «Effects and mechanisms of Bt transgenes on biodiversity of non-target insects: pollinators, herbivores and their natural enemies», http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/01-plants/01-08-project.html. <<

[18] «Safety evaluation of horizontal gene transfer from genetically modified organisms to the microflora of the food chain and human gut», http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/04-food/04-07-project.html. <<

[19] Reuters, 7 de julio de 2002. <<

[20] AFP, 22 de agosto de 2006. <<

[21] Reuters, 5 de noviembre de 2007. <<

[22] «10K Form», 2005, p. 49. <<

[23] Ibid., p. 10-11. <<

[24] «Monsanto market power scrutinized in lawsuit», Reuters, 25 de agosto de 2004. <<

[*] Las leyes antiracket se refieren a las leyes contra las formas deshonestas de obtener dinero, por ejemplo, por medio de amenazas o vendiendo bienes que son inútiles o ilegales. (N. de la t.). <<

[25] The New York Times, 17 de octubre de 2003. <<

[26] David BARBOZA, «Questions seen on seed prices set in the 90’s», The New York Times, 6 de enero de 2004. <<