«Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos», dijo Francisco Franco, durante un discurso en Lugo, el 20 de agosto de 1942. La historia de España durante el siglo XX es también la historia de un enriquecimiento perpetrado en condiciones excepcionales. A partir de la Guerra Civil de 1936, nació una clase dirigente que unió su destino al del franquismo y supo transitar con soltura desde los consejos de ministros a los consejos de administración, en un viaje de ida y vuelta donde lo público y lo privado respondían a sus intereses particulares. Durante casi medio siglo, esa clase social franquista logró beneficios asombrosos realizando sus negocios bajo el proteccionismo del poder. En tales condiciones, corrupción y desarrollo fueron los rasgos de un mismo proceso en el que se forjaron grandes fortunas y se consolidó el capitalismo español.

Hoy, los miembros de esa clase social se cuentan entre las familias más ricas de la España del siglo XXI, millonarios emergentes con apellidos tan sonoros como Serrano Suñer, Girón, Cortina, Alcocer, Letona, Carceller, Barrera de Irimo, Calviño, Fontana Codina, García Ramal… Fueron las familias de un régimen político poblado por empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, nobles industriosos, altos cargos a la búsqueda de multinacionales, ministros cinegéticos… todos unidos a la caza del Dinero, entrenados en la autarquía de la posguerra para enriquecerse con el desarrollismo a partir de 1959.

Mariano Sánchez Soler

Ricos por la guerra de España

El enriquecimiento de la oligarquía franquista desde 1936

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Título original: Ricos por la guerra de España

Mariano Sánchez Soler, 2007

Editor digital: Titivillus

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Españoles, noble pueblo de esta Castilla corazón de España, tierra de hidalgos… Nuestro gobierno será un gobierno de autoridad, un gobierno para el pueblo. Se equivocan quienes creen que hemos venido a mantener los privilegios del capitalismo.

FRANCISCO FRANCO. Burgos, 1 de octubre de 1936

Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos.

FRANCISCO FRANCO. 21 de agosto de 1942

Introducción. La forja de una oligarquía

INTRODUCCIÓN

La forja de una oligarquía

LA HISTORIA DE ESPAÑA durante el siglo XX es también la historia de un enriquecimiento perpetrado en condiciones excepcionales. Los grandes nombres, los poderosos personajes que unieron su fortuna y su destino a la suerte del franquismo, desde el entorno familiar del general Franco y en la cima de su régimen, han sabido adaptarse al sistema democrático, mientras una nueva generación (Aznar, Rato, Trillo Figueroa, Arias-Salgado, Fernández-Cuesta, García Escudero, Calvo-Sotelo, Fernández-Miranda, Cabanillas, Mariscal de Gante… apellidos viejos con rostros jóvenes) se preparaba para tomar el relevo gubernamental bajo la Monarquía parlamentaria.

Para ellos, el tránsito de la dictadura a la democracia consistía en que se cumpliera, con el menor desgaste posible, el axioma lampedusiano: «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie»[1]. Evidentemente, lo han conseguido. Hoy, los últimos March, Koplowitz, Fierro, Fenosa, Coca, Melià… continúan entre las familias más ricas e influyentes de la España del siglo XXI, y comparten el pedestal con otros compañeros de aventura, millonarios emergentes salidos directamente de la política falangista, tradicionalista y tecnocrática, con apellidos tan sonoros como Serrano Suñer, Girón, Cortina, Alcocer, Letona, Carceller, Oriol, Barrera de Irimo, Calviño, Fontana Codina, García Ramal… Todos conforman una clase social «franquista». Son las «familias» (como conjunto de individuos que tiene una condición común) de un régimen político poblado por empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, nobles industriosos, altos cargos a la búsqueda de multinacionales, ministros cinegéticos, procuradores en el sentido más literal del término, unidos a la llamada del Dinero, entrenados en la autarquía de la posguerra, para enriquecerse, a partir de 1959, con la llegada del Desarrollo. Capitalismo salvaje, bancos, altas finanzas…

El Régimen del general Franco estuvo al servicio de esta clase social; protegió la iniciativa privada en un momento de extraordinario crecimiento económico, mientras se desencadenaba el éxodo rural y, tras una dura y larga posguerra autárquica, entraban en España las primeras divisas generadas por el turismo, por las remesas de los emigrantes y por el capital extranjero. El franquismo mantuvo un privilegiado sistema fiscal que cargaba todo el peso sobre los consumidores, aprovechó la docilidad obrera provocada por la despolitización y la carencia de sindicatos independientes con capacidad para la negociación colectiva (que no aparecieron hasta finales de los años sesenta), e impidió cualquier crítica pública a la corrupción. En tales condiciones, corrupción y desarrollo son, sin duda, rasgos de un mismo proceso en el que se forjaron las grandes fortunas y se consolidó el capitalismo español.

Con su peculiar manera de entender la política, Franco siempre tuvo claro que el bolsillo y la patria iban indefectiblemente unidos; que, mientras los asuntos de cartera marcharan bien, sus seguidores no conspirarían contra su poder personal, cuyo ejercicio vitalicio era, a fin de cuentas, su único objetivo. Como escribió Salvador de Madariaga: «La estrategia política de Franco es tan sencilla como una lanza. No hay acto suyo que se proponga otra cosa que durar. En lo único que piensa el General Franco es en el General Franco»[2]. Preston, en su biografía sobre el personaje, concluye: «los logros de Franco no eran los de un gran benefactor nacional sino los de un hábil manipulador del poder que siempre atendió a sus propios intereses»[3]. También Cabanellas, el único general golpista que ponía reparos al «caudillaje» de Franco, advirtió en 1936 a los otros generales del Alzamiento: «Ustedes no saben lo que han hecho [al elegirlo jefe supremo], porque no lo conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en el Ejército de África como jefe de una de las unidades de la columna a mi mando; y si, como quieren, va a dársele en estos momentos España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie le sustituya en la Guerra ni después de ella, hasta su muerte»[4].

Durar en el mando y no soltarlo en vida. Historiadores, testigos y colaboradores íntimos han constatado este apego personal al poder. «El Caudillo juega con unos y con otros —escribe su primo Francisco Franco Salgado-Araujo, en 1955—, nada promete, y con su habilidad desconcierta a todos. Él no es más que franquista y será jefe de Estado hasta que muera»[5]. También el general Kindelán lo deja escrito en sus memorias: «Es un enfermo de poder, decidido a conservar éste mientras pueda, sacrificando cuanto sea posible, ciñéndolo con garras y con pico»[6]. Franco sólo era «franquista», incluso antes de que esa palabra fuera acuñada como término político. Admiraba tanto a la aristocracia, era tan dócil y monárquico, que las clases dirigentes españolas le eligieron creyendo que, en cuanto aplastara a las clases trabajadoras, devolvería el poder a la Monarquía. No fue así. Durante 39 años se mantuvo en la Jefatura del Estado, como demostración incontestable de su más que notable habilidad política.

Tras una larga y dura posguerra en la que la represión sistemática eliminó cualquier asomo de disidencia en España, dos factores internacionales perpetuaron el régimen de Franco. En primer lugar, la guerra fría desatada en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se dividió en dos bloques enfrentados y el anticomunismo de su régimen prevaleció sobre su carácter totalitario, generó los acuerdos bilaterales firmados con los Estados Unidos en 1953. A continuación, el auge y desarrollo de las economías occidentales posibilitó el despegue de la economía española y a partir del plan de estabilización de 1959, puesto en manos de los tecnócratas del Opus Dei que lanzaron sus planes de desarrollo siguiendo el modelo francés y las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial.

Para conservar el poder durante casi medio siglo, una clase social «franquista» logró beneficios portentosos al realizar sus negocios contando con la protección —y la complicidad— del poder. «Es imposible historiar por el momento la crónica de este enriquecimiento, al menos si el historiador desea seguir viviendo en España», escribió el sociólogo Amando de Miguel en 1976[7]. Aquí se aborda este enriquecimiento desde la historia, la economía, la crónica social y la política. Este libro pretende analizar unos hechos que, en su momento, algunos consideraron inconvenientes y que trataron de enterrar en el olvido. Para ello, llegaron a un acuerdo no escrito. «El consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional», explicó en diciembre de 1988 el exministro ucedista y popular Rafael Arias-Salgado en la revista Cuenta y Razón. Desde las filas socialistas, Raúl Morodo teorizó en el mismo sentido:

«Dentro de todo proceso de transición —si quiere ser pacífico— la simulación forma parte del consenso»[8].

Culminada la simulación, resultaba sencillo reescribir los hechos y revisarlos a la carta. Uno de los más diestros «revisionistas» ha sido sin duda Rodolfo Martín Villa[9], ministro «azul» de UCD y alto cargo del Régimen franquista desde sus tiempos del SEU falangista. En vísperas de las elecciones generales de 1982 que darían la victoria absoluta al PSOE, Martín Villa declaró con desparpajo de prestidigitador: «Franco deja al morirse un estado bastante débil y, sin embargo, una sociedad bastante fortalecida. Cuestión en la que, quizá, teníamos más fe los que habíamos colaborado en el sistema político anterior. Porque tuvimos fe en esa sociedad española que ya era democrática no nos asustó demasiado el proceso político. Todos los datos de la sociedad española de 1976, bajo la carcasa de un formalismo político autoritario, eran democráticos: el índice de estudiantes universitarios, el índice de natalidad, la gente que había salido fuera de España, una cierta libertad de prensa… Todo eso nos conformaba como una sociedad democrática abierta al pluralismo, a la libertad política. Quizá nosotros sabíamos más que los que estaban por llegar a la vida política. Tuvimos fe porque habíamos colaborado bastante a que eso fuera posible»[10].

Y aquélla no fue la única vez que el exministro del Interior se despachaba a gusto. «Con la muerte del Caudillo —explicó en otra ocasión— mi única preocupación era el tránsito de un sistema a otro, y lo importante era el punto de llegada, no el de partida. Mi única preocupación era la consolidación del Estado. El tránsito de un sistema a otro no ha supuesto para mí ningún trauma»[11].

Sólo superado por el desparpajo de algún que otro historiador mediático que ha sabido ser cocinero antes que fraile (es decir: director general al tiempo que cronista), Martín Villa es uno de los que habían logrado la cuadratura del círculo: ofrecer su experiencia de alto cargo franquista como merito y garantía para la construcción del sistema democrático. Y no era el único. Su visión coincide, por ejemplo, con la aportación intelectual de Manuel Fraga, siempre más directo que el escurridizo jefe del SEU. Monumento en sí mismo, el catedrático Fraga ha dado a la ciencia política joyas como ésta: «He de puntualizar algo importante: efectivamente, Franco sí fue un dictador». Pero matiza: «Lo fue durante unos años. No lo fue durante toda la etapa de su Régimen. La dictadura fue necesaria y duró prácticamente hasta principios de los años sesenta. Desde el cincuenta y tres al sesenta y dos, el Sistema fue descargándose de los aspectos de dictadura económica». Para inmediatamente afirmar, categórico: «Franco pasará a la Historia por el conjunto de su obra y al tiempo me remito para que su figura sea honrada en toda su grandeza»[12].

Las hemerotecas ofrecen decenas de interpretaciones como éstas y resulta fácil toparse con «aportaciones» como la de Leopoldo Calvo-Sotelo, lanzada en 1979, cuando el partido improvisado por Adolfo Suárez comenzaba su ocaso: «Cuando a veces medimos la situación de la UCD —declaró el futuro presidente en una entrevista concedida a Julián Lago— lo hacemos con las medidas antiguas y eso es un error. Para el ritmo y el tiempo de la vieja política quizá ésta sea una situación de crisis y muy movida. Para el ritmo y el tiempo de la nueva política ésta no tiene nada de situación anormal. Creo que todos hemos de acostumbrarnos al ruido de la democracia.

»—¿Al ruido de la democracia? —inquirió el sorprendido periodista, sin duda intrigado ante la profundidad de los términos empleados por el antiguo procurador en Cortes.

»—Sí, sí —respondió Calvo-Sotelo, con la seriedad de los pedantes—. La democracia hace ruido y un régimen de autoridad, no. En el régimen de autoridad todo son silencios; amortiguadores, moquetas y poco barullo mientras que en la democracia existe un ruido de fondo muy grande».

Tiempo de transición, tiempo de palabras tergiversadoras y biensonantes: «régimen de autoridad» para referirse al régimen autoritario; «ruido de la democracia» en vez de transparencia; «vieja política» para hablar de franquismo; una «sociedad democrática y pluralista» gobernada por una dictadura que, por cierto, no duró en toda su extensión temporal, digan lo que digan los libros de historia…

El pasado franquista fue conscientemente silenciado, desdramatizado por sus protagonistas con la excusa de que así se superaría la guerra civil y se construiría un puente de convivencia elevado sobre el abismo social de las «dos Españas». Los perdedores, los opositores a la Dictadura, debían aceptar esta condición de los vencedores si querían participar en el juego democrático. Y así lo hicieron, con la simulación a golpe de consenso, en el que las izquierdas jugaron en inferioridad de condiciones. Debieron pasar veinte años y la ruptura de este consenso durante los años de la crispación (periodo que comenzó en 1989 con el «caso Juan Guerra» y durante el cual el PP y un sector de la prensa acosaron a los dos últimos gobiernos de Felipe González), para que el dirigente socialista José María Benegas, recordara con irritación: «La única ley de punto final la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas; en ese año decidimos no pedir ninguna responsabilidad referida a los cuarenta años de la dictadura, para intentar de una vez por todas la reconciliación»[13].

Éste ha sido, pues, uno de los precios reconocidos de la democracia española que nadie ha pretendido saldar. Porque, en cuanto soplaron los vientos de la democracia, los protagonistas de este libro (con algunas excepciones) no dudaron en desmarcarse de la familia Franco y del franquismo, para proseguir el negocio en otros salones. En estas páginas se habla de todos ellos, de sus peripecias en democracia, de su auténtica historia, del modo en que amasaron sus fortunas, de la verdad que ocultan en sus biografías oficiales escritas a la carta. A través de sus actividades, se ofrece al lector una visión de la historia de España durante el siglo XX desde una perspectiva que nadie ha querido relatar hasta hoy. Y no se trata tan sólo de mirar hacia el pasado, ni de ajustar las cuentas a nuestra historia reciente.

El lector tiene en sus manos un libro de historia escrito por un investigador empeñado en explicar una realidad, cuyo conocimiento nos ayuda a comprender, desde su raíz, los acontecimientos políticos que han sacudido al sistema democrático español: corrupciones administrativas, pelotazos, tráficos de influencia, enriquecimientos ilícitos, abusos de poder… En este libro se relatan unos hechos documentados con rigor histórico y ofrecidos al lector con total independencia personal.

El franquismo, con sus 39 años de la historia de España, es un periodo demasiado dilatado y diverso. Sin embargo, con el fin de ofrecer una visión global, una panorámica suficientemente ilustrativa, se ha optado por realizar entradas con fichas de personajes, en las que se consignan los cargos oficiales más importantes desempeñados en el Régimen hasta el periodo preconstitucional; los puestos ocupados en consejos de administración de grandes empresas y bancos cuando son significativamente numerosos, así como los cargos directivos más sobresalientes en sociedades anónimas públicas y privadas que, en todo momento, estuvieron —y están, en muchos casos— incluidas en el ranking de las compañías más importantes de España.

Ricos por la Guerra de España explica la relación de la política del franquismo con el mundo de las finanzas como fenómeno, a partir de sus protagonistas más destacados. Sus vidas públicas componen un mosaico del Régimen franquista que destacados economistas como Ramón Tamames han explicado utilizando los términos de «oligarquía financiera» y «capitalismo monopolista de Estado». En 1977 escribió sobre ellos el malogrado periodista Ricardo Cid Cañaveral en un antológico reportaje titulado «Corles S. A.» del que rescato la siguiente caracterización: «El franquismo hizo políticos a los ricos y ricos a los políticos. Luego, unos se fueron casando con hijos de otros, asociándose en negocios, protegiéndose, representándose; es decir, logrando más poder político y más dinero. De vez en cuando, la casta admitía algunos advenedizos: chicos listos con ambición, becarios del SEU, opositores perseverantes de familia humilde, engreídos muchachos del Opus Dei en horas de cilicio y estudio. Una saga, una amalgama que hunde sus raíces en la vieja derecha española de tranca y rosario».

Tras la lectura de este libro, el lector podrá sacar sus propias conclusiones.

Alacant, 30 de marzo de 2007

Capítulo I. Juan March: el contrabandista del 18 de julio

CAPÍTULO I

Juan March: el contrabandista

del 18 de julio

En nuestras filas se combate por la verdadera y nueva España. Una España sin lucha de clases y sin privilegios de castas ni económicos. Los que han prestado su apoyo a nuestro movimiento, como Juan March, no lo han hecho por obtener ventajas, que en ningún caso se les han prometido; lo han hecho para que se llegue a una España mejor, y dan su óbolo por una España más justa.

FRANCISCO FRANCO, 4 de marzo de 1937

«IAM A SPOOK, born of a million minds» («Yo soy un espectro nacido de un millón de mentes»), dijo Alfonse Capone en el ocaso de su carrera criminal. El poderoso gángster era consciente de que su figura pertenecía a la Historia, pero también a la imaginación popular. Era un engendro de la fantasía colectiva, y su espectro se había convertido en una realidad tan poderosa como los hechos concretos. Cuando los métodos no llegan al fondo de una cuestión, aparece la mitología. Lo escribe Hans M. Enzensberger[14]. Entre los hechos reales, documentados, y el mito de un capitalista nuevo, el espectro de Juan March Ordinas supera con creces la realidad personal del financiero internacional de origen judío chueta —jamás desmentido—, extracción humilde y educación mínima en los franciscanos de Pont d’Inca. Va más allá del personaje de formación autodidacta dotado de una inteligencia natural para los negocios que se forjó, desde la infancia, en los secretos del contrabando isleño y que fue capaz a los 31 años, tras comprar una fábrica en Argelia, de meterse en el huracán del contrabando internacional. March es leyenda para quienes vivieron la Guerra Civil española, e incógnita profunda para las generaciones posteriores. Forma parte de la historia de España, pero también de sus fantasmas.

Contrabandista profesional desde los 22 años, cuando llegó a Santanyí con cien pesetas en el bolsillo para comprar su primer alijo de tabaco, de él han cantado loas incluso intelectuales falangistas como Ernesto Giménez Caballero: «Me dirás que un falangista no debe defender o exaltar a un capitalista como March. Pero yo te digo que es un Capitán más que un capitalista. Y que su acción ha preparado un terreno social y político fecundísimo». La admiración de Giménez Caballero por March se mantuvo durante toda su vida, hasta el punto de considerarlo un modelo hispánico, tal como lo cita en su ensayo Genio de España: «Toda una “época”: el Cubismo de Picasso, la Poesía de un Rubén, la Histología de un Cajal o las Finanzas de un March —por elegir modelos hispánicos— fueron, en su clase, Movimientos tan totalitarios o integradores o unificantes como los regímenes de un Duce, un Salazar, un Hitler, un Franco, un Stalin, un Perón, un Nasser, un Stroessner, un De Gaulle. O un Mao, un Castro, un Reagan, todavía hoy»[15].

El hagiógrafo Joaquín Arrarás —el mismo que llamó a Franco «Cruzado de Occidente» y «Príncipe de los Ejércitos»— describió al Verga con estas palabras: «March, a quien el ministro de Hacienda, Prieto, llamó “aventurero de los negocios y de las Compañías”, hizo historia de su vida ante la Cámara para explicar el origen de su fortuna. Hijo de familia modestísima, desde muy joven se dedicó a la compraventa de terrenos y parcelación de los mismos, en Mallorca, en Levante y en La Mancha, para vender las parcelas a plazos. Llegó a firmar más de cuarenta mil escrituras. En 1905 emprendió el negocio de los tabacos, interesándose en una fábrica de Argel. En 1911 consiguió el monopolio del tabaco en la zona del Protectorado de Marruecos, y entonces se hizo pública la complacencia de los gobernantes porque fuese un español el monopolista y no una Compañía extranjera. Se le concedió en época de la Dictadura [de Primo de Rivera] el monopolio en las plazas de soberanía, pues la Compañía de Tabacos perdía dinero porque los precios se habían envilecido. Lejos de combatir a la República, aseguraba March que le había prestado su colaboración y en prueba de ello había retornado a España cinco millones de dólares, producto de la venta de unas sociedades eléctricas que poseía en Bélgica». Y Arrarás explica a continuación que «la animadversión» de la República hacia March se desencadenó porque el financiero había negado su ayuda económica a Alejandro Lerroux para la instauración de la República[16].

March utilizaba para sus intereses particulares al Partido Radical de Lerroux, a través principalmente de Emiliano Iglesias, uno de sus dirigentes, desde los tiempos de la Semana Trágica de Barcelona. Confiaba en él y no le hubiera importado poner dinero en favor de la causa republicana; pero se equivocó. El mallorquín creía que el movimiento republicano fracasaría. Ése fue su único error. Cuando se instauró la Segunda República, la animadversión contra March se concretó en pedirle cuentas por sus actividades en favor de la Dictadura de Primo de Rivera y en renovar con ahínco los intentos del gobierno Maura para aplicar la ley a un financiero que monopolizaba el tráfico y contrabando de tabaco, anulando los ingresos del Estado por este comercio, y que «compraba» funcionarios a quienes prácticamente ponía en nómina. Como escribe el cronista conservador Ricardo de la Cierva: «Nadie le probó jamás ante los tribunales un solo delito, pero sobran indicios para concluir, con argumentos históricos que no tienen por qué identificarse con pruebas jurídicas, que don Juan manejó de forma descomunal y habilísima todos los resortes de la corrupción»[17].

Resulta elocuente el relato del que fuera ministro de Hacienda en 1921, Francesc Cambó, recogido en sus Memorias: «Dimos la batalla contra el contrabando. No se trata del contrabando pintoresco, extendido como vieja enfermedad endémica a lo largo de las fronteras españolas, que encontró en la ópera Carmen la versión más popular. Era un contrabando técnico, a la moderna, hecho por un hombre de excepcionales condiciones que se proclamaba con orgullo último pirata del Mediterráneo, y que por su extensión afectaba seriamente a la renta de Aduanas. Juan March Ordinas, con fábrica de tabaco en Orán, concesionario de la regégie de tabacos de la zona del protectorado español de Marruecos, y propietario de una flota de barquitos que especialmente construía para el contrabando, tenía muchos triunfos en sus manos. Los completó con una prodigiosa labor de corrupción que iba de personalidades políticas de primera categoría hasta los modestos y mal pagados carabineros»[18].

El 15 de junio de 1932, por orden del primer Gobierno republicano presidido por Manuel Azaña, Juan March fue a dar, por primera vez, con sus huesos en la cárcel de Alcalá de Henares. De nada le había servido ser diputado en Cortes desde el 28 de junio del año anterior. Como uno de nuestros modernos tiburones de finales de siglo, March trató de blindarse como diputado en Cortes por la circunscripción de Mallorca mientras proseguía con sus negocios, pero la jugada no le salió bien. Además de sus perseguidores, Indalecio Prieto y el fiscal Ángel Galarza, el ministro de Hacienda, Jaume Carner, había sido tajante: «Quizá la República un día tendrá que llorar. March es un caso extraordinario. March no es enemigo ni amigo de la República; March no fue amigo ni enemigo de la Dictadura. March no fue ni amigo ni enemigo de la Monarquía. March no es ni amigo ni enemigo de nadie. March es March. March es un hombre excepcional, y para juzgar de su inteligencia y de su comprensión quizás es necesario que nos remontemos a ciertos espíritus y ciertas personalidades de la Edad Media; es un alma de la Edad Media con los medios e instrumentos modernos. March es uno de aquellos hombres que hace siglos cruzaban el Mediterráneo en busca de su destino, de la realización de su voluntad y que no consideraban como enemigo más que al que entorpecía o trataba de detener el curso de su voluntad. March siempre va por su camino a lograr lo suyo, su poderío, su voluntad. Éste es el hombre». Y concluyó: «La República deberá afrontar resueltamente el caso March… Y la República lo somete, o él someterá a la República»[19]. Toda una frase para la historia y la leyenda de un empresario que legó a sus descendientes un modo de entender los negocios: los hombres o son amigos o tienen un precio. Toda una filosofía financiera.

Es revelador el apunte que el presidente Azaña escribió el 6 de noviembre de 1931 mientras el Congreso sometía al financiero a una dura sesión parlamentaria: «Este hombre es de un intrepidez nada vulgar. Es inteligente. Perfil de grulla. Voz cascada. Habla solo, en el último banco… March, con toda su serenidad, sudaba a chorros… En un momento le he visto de perfil, destacado sobre el muro de estuco, cuando se ha vuelto a discutir, a disputar, manoteando… March parecía un gallo viejo y desplumado, cohibido por sus enemigos, pero furioso. He tenido la impresión de ver a un hombre en el filo de recibir una muerte violenta. Azoramiento y rabia»[20].

El espectro mitológico de Juan March Ordinas estaba cimentado en su largo duelo con gobiernos conservadores y progresistas, durante décadas, en las que utilizó los dos periódicos de su propiedad —el de derechas, Informaciones, y el de izquierdas, La Libertad— para defender su impronta político-mercantil. Era capaz de colaborar con la dictadura de Primo de Rivera mientras regalaba a los socialistas de Mallorca la Casa del Pueblo, una forma de intervenir en política que muchos bautizaron irónicamente como verguista. Todo valía en los negocios. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice la Biblia, y Juan March aplicaba esta máxima de manera implacable.

EL GRAN TIBURÓN DEL MEDITERRÁNEO

A sus 34 años, vencido ya por la calvicie, puro en los labios y mirada afilada, Juan March amasó su gran fortuna con sus inversiones de 1914, con la Primera Guerra Mundial y el auge extraordinario de la compraventa de terrenos. Formó su naviera Transmediterránea, compró compañías de electricidad en Baleares y Canarias, se convirtió en el primer accionista de la Compañía de Tranvías de Barcelona y entró en el negocio del petróleo. Su biógrafo Ramón Garriga relata esta anécdota: «Un día, según han contado otros, conversaba con el médico y escritor Gregorio Marañón, amigo suyo, sobre el tema de cómo había hombres que se enriquecían fácilmente, mientras otros no logran reunir un puñado de monedas; la conversación tenía lugar en la biblioteca del médico, o sea, en presencia de millares de volúmenes». Dijo March: «Si usted esconde una moneda entre las páginas de cualquiera de esos libros, yo la encuentro al primer golpe, sin vacilación alguna. No se sabe si se hizo la prueba, pero la verdad es que tenía el don de conseguir aumentar el dinero»[21].

Juan March, con la Primera Guerra Mundial, alcanzó el nivel de élite de las finanzas españolas, y así se codeó con un capitalismo formado por grandes aristócratas que, además, eran latifundistas. Allí, entre los más ricos y poderosos, estaban: Jacobo Fitz-James Stuart Falcó, duque de Alba, consejero del Banco de España y de numerosas empresas, dueño de 34 445 hectáreas de tierra; Beltrán Osorio Diez de Rivera, duque de Alburquerque, presidente del Banco Central y con 9077 hectáreas; Luis de Figueroa Alonso-Martínez, conde de Romanones, gran accionista de Minas del Rif y de Peñarroya, con 15 132 hectáreas; Juan Antonio Güell López, marqués de Comillas, presidente de la Trasatlántica y propietario de 23 720 hectáreas; Femando Fabra y Puig, marqués de Aledo, presidente del Banco Herrero y propietario de minas de carbón de Asturias; Iñigo de Arteaga Falguera[22], duque del Infantado, presidente de Ferrocarriles Andaluces y consejero del Banco de España, con 17 171 hectáreas; Estanislao de Urquijo y Ussía, marqués de Urquijo, presidente del Banco que lleva su nombre y gran accionista de compañías mineras, navales y eléctricas…

Pero March tenía un problema: se dedicaba al contrabando de tabaco y estaba perjudicando gravemente al monopolio estatal, la Compañía Arrendataria de Tabacos, mermando los ingresos del Estado hasta el punto de que en 1920 ese sector reportó a las arcas estatales unos ridículos beneficios de 165 000 pesetas. El contrabando de March, técnico y a la moderna, como decía Cambó, ponía en peligro al propio Estado, era un pozo de corrupción, y había que declararle la guerra.

Mientras construía su imperio, Juan March entró en política, manejó a dirigentes del Partido Radical de Lerroux, fue diputado en Cortes y dio con sus huesos en la cárcel por su actividad contrabandista. Fue objeto del primer gran best-seller de la historia de España, cuyas dieciséis ediciones, una tras otra, compró él mismo casi a pie de imprenta para evitar su distribución. El libro El último pirata del Mediterráneo, «reportaje» escrito por Manuel D. Benavides en 1934, relata, a través de sus 377 páginas, las andanzas del impetuoso empresario como si se tratara de un personaje novelesco. En este antecedente de las novelizaciones sobre los financieros, como Mario Conde o Javier de la Rosa, el asesinato de Rafael Garau el 29 de septiembre de 1916, en la zona portuaria del Grao de Valencia, constituye el capítulo más oscuro de la irresistible ascensión de March al Olimpo financiero.

EL ASESINATO DE RAFAEL GARAU

Un periódico valenciano publicó así la noticia: «Anoche, a las puertas de nuestra ciudad, se cometió un crimen que aparece envuelto en el mayor misterio. Serían aproximadamente la nueve y media cuando una pareja de la Guardia Civil, que iba de patrulla por la vía de Barcelona, encontró cerca del camino del Grao, frente al huerto llamado de la Campaneta, el cadáver de un hombre elegantemente vestido. […] Por el reconocimiento del cadáver se vio que éste era el de un hombre de treinta años. Estaba tendido boca abajo sobre la vía y presentaba dieciséis heridas de arma blanca en el pecho, espalda y cuello. Llevaba traje oscuro, botas de charol y sombrero de fieltro verde. Registradas las ropas se le encontraron 900 pesetas en billetes de banco, 25 en plata y 1,20 en calderilla, un reloj de oro y tres décimos de la lotería. Entre sus papeles no se halló documento alguno que sirviera para su identificación; sólo un telegrama a nombre de Rafael Garau».

Inmediatamente se relacionó el crimen con el contrabando de tabaco, la actividad de Rafael Garau: «Lo cierto es que Garau estaba considerado como uno de los contrabandistas más importantes de esta región, y que tenía a sus órdenes servidores incondicionales. Conviene llamar la atención del lector sobre una noticia publicada hace días: la aprehensión realizada en Mallorca de una partida de contrabando compuesta de setenta bultos. ¿Estaban destinados a un alijo que debía realizarse en Valencia?».

El guardabarreras que encontró a Garau moribundo, relató en el sumario: «Me acerqué al herido y le moví en la creencia de que se había caído. Le hablé y no me contestó. De pronto noté que estaba ensangrentado y me alejé con miedo, pero no llevaría andados media docena de pasos cuando le oí lamentarse con voz apagada: M’han mort! Mals amics!».

Era la clave del crimen. Dieciséis puñaladas, cinco de ellas mortales de necesidad, habían acabado con la vida del joven Garau. Algunas se infligieron con un estilete, otras con navajas. Los asesinos fueron por lo menos dos. Tras la autopsia, el juez avisó a Juan March, para que se hiciera cargo del cadáver y organizara el entierro. March en persona dirigió el sepelio y, en ese preciso instante, se convirtió en el principal sospechoso del crimen. Su frialdad quedó patente en el escueto telegrama que envió a José Garau, su socio en Argel y padre de la víctima: «Garau, tu hijo asesinado, Juan».

Fueron detenidos tres contrabandistas como posibles autores materiales del asesinato, pero al cabo de los días terminaron en libertad. En la imaginación popular quedó claro que el delito quedaría impune. Nadie sabía nada. Los testigos guardaban silencio y las diligencias judiciales chocaban contra un muro. Sólo Juan March, acompañado por su abogado y sin haber sido citado, prestó su colaboración y se presentó voluntariamente a declarar.

Así lo explicaría el juez: «Don Juan March se presentó en Valencia sin que se le hubiera llamado y me pidió una entrevista en la que me expuso su deseo de prestar declaración. Antes de hacerlo justificó su conducta con este razonamiento: “He leído en los periódicos el relato del crimen del Grao, del que ha sido víctima el hijo de mi socio. Se habla de que en este suceso se hallan complicadas algunas personalidades. ¿Se refieren a mí las sospechas? Porque antes de que se me cite o señale como sospechoso, quiero decir lo que sé”. Y añadió en tono de advertencia: “No me explico qué manejos son éstos ni a qué pueden obedecer tales insinuaciones. Hará falta una prueba para el procesamiento, ¿verdad?”. A lo que repliqué: “El juez siempre que procesa lo hace con pruebas”. Y el señor March rápidamente: “Pues entonces va a ser muy difícil mi procesamiento”. Observación un poco fuera de lugar y a la que repuse: “Si no hubiera pruebas, cierto que sí”».

El magistrado encargado del caso acusó a la policía de negligencia en la investigación y fue relevado del caso, que también conoció la impronta de dos fiscales diferentes. Al final, el asesinato quedó impune.

Manuel D. Benavides en su «reportaje» escribiría duras palabras sobre la relación de March con el asesinato de Rafael Garau: «Los motivos del crimen no aparecen suficientemente claros. ¿Los celos? ¿La rivalidad comercial? Garau competía con March en la explotación del contrabando. Por su esplendidez, por las facilidades que daba para el pago y por su carácter, había conseguido quedarse con los antiguos clientes del último pirata; y en Alicante, Barcelona y otros puertos trabajaba con igual suerte. La duplicidad de March y su osadía supieron suscitar alrededor de la muerte del hijo de su socio, dudas y preocupaciones que acabaron por desorientar a los jueces. Su actitud sinuosa durante el proceso desvió las conjeturas en la dirección que a él le convenía. Sólo así se explica que las investigaciones judiciales no salieran de la Península. Por otra parte, se hace difícil admitir que se hubiera sacrificado al joven mallorquín por razones sentimentales. Sabemos que March no obedece a otros estímulos que los de la codicia y que siempre ha procurado eliminar los obstáculos interpuestos por sus aventuras de negociante»[23].

Tras cada gran fortuna existe un crimen, escribió Balzac, y así debió creerlo José Garau, porque acusó públicamente a Juan March de ser el responsable de la muerte de su hijo, de inducir al crimen. La sociedad mercantil Garau-March, de Argelia, se rompió definitivamente en 1917, tras no pocas aventuras siniestras entre la que destaca un montaje, urdido por March, del que fueron víctimas los Garau, acusados mediante pruebas falsas de ser espías de los alemanes. Pero la Guerra Mundial había forjado ya la gran fortuna de el Verga al frente de la Compañía Transmediterránea. Desde entonces resultaría imparable.

LA TRAMA FINANCIERA DEL 18 DE JULIO

En vísperas del triunfo del Frente Popular de febrero de 1936, ante el temor de un nuevo procesamiento y de la cárcel, el hombre de negocios huyó de España, y desde Francia se dedicó abiertamente a la agitación antirrepublicana, a conspirar junto a falangistas y monárquicos con el fin de salvaguardar sus intereses personales. Antes de marcharse, había tomado sus precauciones. El mallorquín era un financiero moderno, un auténtico precursor de nuestros tiburones actuales. Sin grandes industrias ni fábricas como patrimonio, se había convertido en el hombre más rico de España a golpe de audaces operaciones especulativas con compañías eléctricas y redes comerciales internacionales, sin relación apenas con las fuerzas productivas, en un país que conservaba estructuras económicas semifeudales y en el que la industrialización era casi una anécdota catalana.

Por eso, cuando el 28 de julio de 1936 la República quiso incautarse de sus bienes en España, a March sólo le quedaba la Compañía Transmediterránea, de cuyas cuentas corrientes ya habían sacado los fondos el 11 de julio anterior March y su hijo Juan March Servera; además, sus mejores barcos estaban en el extranjero bajo su control, e inmediatamente los pusieron a disposición del gobierno de Burgos.

Para los militares insurrectos, el «óbolo» del capitán March constituyó una garantía determinante. Su gestión fue clave en la financiación del bando nacional entre 1936 y 1939; organizó créditos, aportó capitales y bases de operaciones en Biarritz, Lisboa, Roma y Londres, firmó cheques —de uno de ellos hay constancia documental— con los que pagó los carburantes del ejército rebelde. A finales de junio de 1936 envió un emisario a Franco para comunicarle su total apoyo al proyecto de sublevación. El financiero, por medio del comandante de Estado Mayor Tomás Peire, dio garantías a todos los golpistas con una «póliza de seguros» de un millón de pesetas por persona, que para la época era una gran suma, y la seguridad de que sus familias gozarían de la estabilidad necesaria.

Desde las jornadas previas al Alzamiento, la familia del general Mola recibió custodia permanente por cuenta de March. Según militares disidentes, el entonces coronel Camilo Alonso Vega se trasladó a Pamplona con una carta personal de Franco en la que pedía que, para mantener a su familia, se depositaran en un banco extranjero fondos equivalentes a su sueldo de general por un año[24].

En las jornadas previas a la sublevación, el diplomático Sangróniz[25] viajó a Canarias y reiteró a Franco «la seguridad ya dada quince días antes, por un emisario de Juan March, frente a cualquier adversidad que al general pudiera planteársele a consecuencia de su participación en la conjura subversiva, en el supuesto de que ésta fracasara»[26].

El monárquico Pedro Sainz Rodríguez escribe en sus memorias: «A Franco le costó muchísimo unirse al alzamiento del 18 de julio. Exigió que le pusieran 40 000 duros en Italia y, aún así, la contraseña para sumarse a Mola fue un telegrama en el que se declaraba fiel a la República, por si las moscas»[27].

EL DRAGON VOLADOR Y SU INDECISO PASAJERO

En los prolegómenos del golpe, March envió a Antonio Lizarza en un avión para trasladar a Pamplona al general Sanjurjo desde Portugal, donde estaba exiliado tras su intentona golpista de 1932. El vuelo, organizado por el financiero mallorquín, quedó interrumpido en Burgos el 16 de julio. Cuatro días más tarde, José Sanjurjo murió a bordo de otro avión, pilotado por Juan Antonio Ansaldo, que le había enviado Mola desde Lisboa. El antiguo director de Carabineros, sublevado contra la República, condenado a muerte y amnistiado en 1934 por Azaña, no pudo salir de su exilio en Estoril para tomar el mando del alzamiento militar. Al despegar del aeropuerto de Marinha, un fuerte viento impidió tomar altura al aeroplano, sobrecargado por dos grandes maletas llenas de uniformes que Sanjurjo se empeñó en llevar consigo. El aparato se estrelló contra las copas de unos pinos cercanos y Sanjurjo perdió la vida. Juan Antonio Ansaldo, el piloto, se salvó. Este accidente aéreo y el de Mola —3 de junio de 1937—, dejarían a Franco sin competidores para el caudillaje.

De todas las operaciones financiadas por March en los prolegómenos de la guerra, la más espectacular fue el alquiler y el viaje del Dragon Rapide, un bimotor De Havilland de siete plazas que había pertenecido al duque de Windsor y que el 11 de julio de 1936 trasladó a Franco desde Canarias hasta Marruecos para que se uniera a la sublevación militar contra la República. La peripecia del Dragon Rapide ha sido contada en muchas ocasiones: Juan March puso el dinero; el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, encargó supervisar la operación a su corresponsal en Londres, Luis A. Bolín, y Juan de la Cierva Codorniú, experto aeronáutico —inventor del autogiro—, eligió el aparato que, pilotado por Cecil H. W. Bebb, de la compañía Olley Air Service, partió discretamente desde Inglaterra rumbo a Canarias, con escalas en Francia, Portugal y Casablanca. Al tanto de la operación estaba Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, décimo-séptimo duque de Alba, que había participado activamente en cuantas conspiraciones antirrepublicanas que se organizaron desde 1931 en Madrid y que colaboró con su dinero para pagar la garantía del avión alquilado. «El duque se mostró de acuerdo en que para salvar a España no quedaba más recurso que la fuerza —escribe el entonces corresponsal de ABC—. En opinión del duque de Alba la intervención de Franco era vital para acaudillar el Movimiento»[28]. Es un episodio tan documentado que incluso fue llevado al cine. El propio Luca de Tena[29] lo ha relatado de este modo:

Poco antes de empezar la guerra, que en perspectiva imaginábamos entonces como un simple golpe de Estado que podía triunfar o fracasar, tuve ocasión de interesarle [a Juan de la Cierva] en un servicio trascendental por su importancia: durante el mes de junio de 1936, don Juan March fue a visitarme un día en mi casa de Biarritz para pedirme que fuera a París y a Londres con objeto de alquilar o comprar un avión —hidro a ser posible— capaz de trasladar el 18 de julio al general Franco, desde Canarias a Marruecos. Don Juan me dio un cheque en blanco y con el preciado papelito en la cartera emprendí viaje a la capital de Francia, donde me convencí de que en París no había nada que hacer. Entonces se me ocurrió llamar por teléfono a Londres a Juanito de la Cierva, tan relacionado allí con los medios aeronáuticos, y sin concretarle, como es lógico, el objeto de mi llamada, le notifiqué que necesitaba hablar con él para un asunto grave y urgente, y que al día siguiente saldría para Londres.

—No vengas —me dijo—. Prefiero ir yo a París para hablar contigo. Mañana me tendrás ahí.

Cuando llegó le enteré de todo; él tomó el asunto con gran entusiasmo y me aseguró que no le sería difícil conseguir lo que deseábamos. Inmediatamente regresó a Londres, donde a los pocos días había alquilado un magnífico avión, no el hidro que se le había encargado, porque le fue imposible encontrar ninguno con capacidad suficiente para realizar el viaje de ida y vuelta.

Juan March tuvo el papel de estrella invitada en el movimiento militar del 18 de julio de 1936. Fue como esos productores cinematográficos que ponen su talento y su dinero al servicio de una película y acaban siendo tan famosos como los actores o el director. Eso le ocurrió durante los dos primeros meses de la guerra civil. Su nombre en la prensa, en los noticiarios, en los artículos saltó incluso por encima del mismísimo Franco. Según el diario británico The Sunday Express; «Franco se mantiene en la lucha, pero ¿cuál es el poder que lo dirige desde detrás de las sombras? Cuando un hombre levanta la mano, Franco obedece. Este hombre es Juan March». Parece exagerado, pero ABC, convertido en diario republicano de izquierdas tras su incautación a los Luca de Tena, publicó el 31 de agosto de 1936: «Para honra de España, los vendidos a March, los que contratan con él —¡oh, caballeros previsores!— que les paguen sus pensiones de retiro, no tienen a su lado más que señoritos jalaneros y orondos frailes».

Historiadores y analistas cuestionan el ánimo de Franco para encabezar el Alzamiento y romper con la República. El general estaba indeciso incluso cuando, a principios de julio de 1936, un emisario de March, en contacto con Mola, «El Director» del golpe, y en combinación con Luca de Tena, puso encima de la mesa cinco millones de libras esterlinas para financiar el levantamiento y garantizó el suministro de combustible por varias compañías petrolíferas. El 8 de julio Franco le comunicó al general Alfredo Kindelán que no veía claras las circunstancias para el golpe de fuerza y volvió a repetirlo el 12 de julio, cuando el Dragon Rapide repostaba ya en Casablanca[30] y el general viajaba camuflado con el pasaporte diplomático de José Antonio Sangróniz al que había puesto su foto. «El asesinato de Calvo-Sotelo lo había exasperado —declararía años más tarde Sangróniz—. Esta tragedia fue como la señal para el desencadenamiento de nuestra guerra, porque acabó con las últimas vacilaciones de Franco, si es que las tenía»[31].

Siempre estuvo en contacto con los conspiradores, pero el historiador Stanley G. Payne coincide con este diplomático: Franco mantuvo su decisión de no comprometerse con la rebelión hasta el asesinato de José Calvo-Sotelo, el 13 de julio de 1936, hecho que hizo prácticamente inevitable la inminente Guerra Civil. «En otras palabras —escribe Payne—, Franco se decidió a participar en la revuelta cuando llegó a la conclusión de que era más peligroso no hacerlo»[32]. El catedrático y politólogo Alberto Reig Tapia también afirma que Franco se sublevó porque «ya no había disyuntiva»[33]. Tal como recoge Juan Antonio Ansaldo en sus memorias, el propio Sanjurjo llegó a decir: «Con Franquito o sin Franquito salvaremos a España»[34]. El secretario particular del general Mola, José María Iribarren, relató: «La imprecisión, vacilaciones y coqueteos políticos de Franco llegaron a enfurecer de tal manera a Mola y al grupo de conspiradores de Pamplona que éstos acabaron llamándole en privado con el mote de Miss Islas Canarias 1936»[35].

Franco fue tan cauto que se afeitó el bigote y utilizó un pasaporte diplomático de Sangróniz al que puso su foto. También tomó otras precauciones: mientras volaba sobre el Atlántico, se quitó el uniforme, encerró sus efectos en una maleta, metió en ella los documentos que llevaba y la arrojó al mar, según relató el capitán Cecil H. W. Bebb al diario canario La Tarde[36]. «Inmediatamente —añade el aviador británico— le vi ponerse un jaique y un albornoz y arrollarse a la cabeza un turbante. Se le hubiera creído un verdadero árabe salido de los zocos de Marrakech». Cuando Franco fue elegido jefe supremo, el general Gonzalo Queipo de Llano dijo con mordacidad: «El único sacrificio que él ha hecho por la causa nacional es afeitarse el bigote, y eso le ha valido el nombramiento de generalísimo y de jefe supremo del país»[37].

Otro dato aportado por Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, demuestra que el general ni siquiera advirtió a sus familiares más cercanos. «Mi padre había fallecido ocho días antes del alzamiento militar y todos estábamos asistiendo a misas gregorianas, a los rosarios en sufragio de su alma —ha contado Serrano—. Por esa circunstancia y por la de no conocer la fecha concreta del comienzo de la guerra, estuve en Madrid. Si no, me hubiera trasladado con mi familia a Zaragoza, por cuya capital era yo diputado en las Cortes de la República, y donde tenía otras posibilidades y apoyos. Zaragoza cayó del lado nacional el 18 de julio. Las cosas, de haber estado en esta ciudad, habrían ocurrido de una manera muy distinta para mí y para todos los míos. Fui detenido y llevado a la cárcel Modelo de Madrid, donde viví tantos horrores, angustias y crueldades que empezaron en la noche del 22 de agosto del 36, con el asalto de la misma. Allí fue asesinado Melquíades Álvarez, el gran tribuno colaborador de Azaña, el 24 de agosto. También fueron asesinados otros políticos, como Martínez de Velasco, Álvarez Valdés, Rico Avello, el general Capaz, Fernando Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y muchos más»[38]. Entre ellos, los dos hermanos de Serrano Suñer, José y Fernando.

EL FINANCIERO QUE MUEVE LOS HILOS

Cuando el levantamiento militar del 36 daba signos de que iba a convertirse en una larga y convencional guerra civil, el Generalísimo Francisco Franco, desde Burgos, lanzó llamamientos al «capitalista anónimo», exigiendo su contribución indispensable para el éxito final de su Cruzada[39]. No obstante, la personalización en March, como el principal financiero de los facciosos, era un clamor tal que el general se vio obligado a justificar «el óbolo» de Juan March Ordinas, haciendo mención de su nombre y apellidos, mientras los periódicos republicanos, con sorna, calificaban como «hordas marxistas» a los militares sublevados contra el orden constitucional.

En los primeros meses de la Guerra Civil la participación de Juan March como proveedor de armas, aviones y combustible para los rebeldes resultó determinante. La unanimidad al respecto es total entre los historiadores como Tuñón de Lara, Hugh Thomas, Gabriel Jackson o Guillermo Cabanellas. El dinero aportado por March en junio, julio y noviembre de 1936 sirvió para financiar a Mola, alquilar el Dragon Rapide, comprar armas al contado en Alemania, Polonia y Austria y evitar que Mallorca cayera en manos republicanas. Gracias al suministro de aviones militares por Alemania y a la protección aérea de los bombarderos italianos con base en Mallorca, Franco pudo establecer un puente aéreo que, hasta noviembre de 1936, transportó a España a las fuerzas de choque marroquíes: 23 393 hombres, dos tercios del ejército de África[40].

Según R. Díaz-Alejo[41], «El financiero de la guerra civil, Juan March, dio para la compra de armas fratricidas mil millones de pesetas, unida su fortuna personal a su crédito». Y Guillermo Cabanellas escribe: «Mueve los hilos Juan March. Es su dinero el que permitió fletar el Dragon Rapide… Fue también su dinero el que permitió que los primeros aviones italianos llegaran a Marruecos para transportar a la Legión y los Regulares; él mismo avaló el millón de libras esterlinas a que ascendía el precio de doce aviones Saboya que Italia entregaba a Franco y que fueron los primeros que llegaron a Marruecos, tras las arduas gestiones de Luis Bolín[42]. El mismo Juan March, por medio de las sociedades a las que se encuentra vinculado, no tarda en otorgar a los generales Franco y Mola un crédito que supera los 1000 millones de pesetas y que se utiliza para adquirir armas en el extranjero; es el Claiworth Bank, controlado económicamente por Juan March, el que facilitó a los nacionales en el primer momento los medios para adquirir el material de guerra»[43].

El 15 de octubre de 1936, el periódico francés L’Humanité, de orientación comunista, publicó un artículo titulado «El último pirata del Mediterráneo» que muestra la dimensión del personaje en aquel momento crucial:

¿Quién podría dudar de que Juan March, el famoso contrabandista de tabaco, era uno de los hombres que más directamente intervenía y dirigía la acción criminal de la canalla fascista? Todo el mundo suponía que los millones del bandido habían servido de ayuda a la preparación del movimiento, y que él había financiado las principales compras de armas en los países fascistas. Juan March había mandado traer aviones de Italia, había avalado con su persona el transporte de moros desde Marruecos a la Península. Todos sabíamos que la sombra siniestra del gran ladrón se proyectaba sobre el levantamiento fascista como uno de los que más directamente habían colaborado. Juan March había comprado, además, cañones y municiones en abundancia. Lo que se ignoraba, sin embargo, era que Juan March había dirigido personalmente el traslado de hombres y armas a los rebeldes.

La guerra la hacen los militares, y el contrabando nada más lo hacen —porque por su experiencia son únicamente ellos los que lo saben hacer— los contrabandistas. Franco y Mola sabrán dirigir batallas y preparar ataques. Pero tanto el uno como el otro lo que no sabrán nunca es transportar moros de contrabando a la Península. Hay pruebas, que aún ahora no se pueden hacer públicas, que han demostrado el fracaso de los que han intentado, apenas hace un mes, llevar armas a los rebeldes.

Pocos días después del movimiento militar, March llegaba a Palma de Mallorca en avión desde Italia. Juan March quería organizar personalmente el contrabando de armas y hombres. Movilizó toda su antigua flota de contrabandistas y se transformó en un verdadero capitán de piratas. Todo esto suena a leyenda, pero la vida de Juan March, por su dinamismo y por todo lo que suena a fantasía en su historia, parece más un cuento que una existencia real.

A primeros de agosto se tuvo conocimiento de la gran cantidad de armas que los rebeldes recibían de los países extranjeros. En aquellos días los embajadores de Franco en Marruecos se dedicaban a la activa busca de moros, que se encuadraban en el ejército mercenario de los sublevados por tres pesetas cincuenta céntimos diarios. Estos moros, según los rebeldes, fueron trasladados en grandes trimotores, que hacían viajes continuamente entre la Península y la zona española de África. Pero los rebeldes dicen, en cuanto a secretos de guerra, solamente lo que les interesa, que, naturalmente, no es la verdad.

La mayoría de los moros que llegaron a la Península fueron transportados por la banda pirata de Juan March en barcos de pequeño tonelaje, los mismos que Juan March empleaba para el contrabando de tabaco en las costas de Marruecos. La flota pirata de Juan March, con su experiencia de más de treinta años de contrabando, trasladaba diariamente moros y armas a los rebeldes de la Península. Su actividad aumentaba constantemente, hasta que llenó de armas y moros la zona rebelde del Sur. Entonces, Juan March —un hombre ultradinámico—, se lanzó a conquistar nuevos horizontes, y por medio de barcos extranjeros, se dedicó a transportar material de guerra desde las potencias fascistas. Aviones, cañones, municiones y toda clase de material extranjero llegado a manos de los rebeldes, había sido transportado por Juan March. El pirata no descansaba. Trabajaba con una fe extraordinaria, como si empezara a ganar su primer dinero, cuando de muchacho robaba trigo o vendía tabaco de contrabando.

March controlaba el empleo del capital movilizado por los rebeldes, lo transformaba en aparatos de destrucción y, finalmente, lo trasladaba a la Península. ¿Hay alguien en todo el campo rebelde que haya trabajado más para el fascismo que el pirata Juan March?

Y el articulista de L’Humanité concluía con una sentencia: «Cuando la República acabe con Juan March, entonces la República habrá plenamente triunfado».

Aunque jamás se cumplió pronóstico tan optimista, a finales de 1936 la figura de March comenzó a perder brillo cuando, según algunas informaciones, el hombre de negocios puso algunos reparos financieros y exigió el pago de ciertas deudas. De este modo, «dadas las apremiantes exigencias del traidor y aprovechado mallorquín, Franco no tuvo más remedio que echar mano del tesoro del Pilar, que desde el 19 de julio formaba parte del botín Cabanellas»[44]. Según la denuncia de un joyero holandés, en Londres y Ámsterdam los «nacionales» estaban malvendiendo joyas procedentes de El Pilar por un valor de 400 millones de pesetas. Así lo relataba una jota aragonesa:

La Virgen del Pilar dice

que se enfría en la capilla,

pues March, Franco y Cabanellas

la han dejado sin camisa.

La Virgen del Pilar dice que

está en justicia indignada

con quienes Salves le rezan

y la esquilman a mansalva.

Tres años después de que la Guerra Civil comenzara de manera tan desesperada, el periodista Manuel Aznar Zubigaray, sin duda el más astuto publicista de Franco, escribía este balance de la contienda: «Franco no tenía ejército y creó uno magnífico; carecía de flota, y la hizo nacer del fondo de nuestros arsenales; no disponía de industrias de guerra, y las organizó; faltaban cuadros de oficiales y al final de la guerra tenía España 50 000 tenientes y alféreces procedentes de las academias, salió a campaña con una estremecedora escasez de fusiles, de cartuchería y de vestuario, y cuando hubo pasado el tiempo indispensable, los soldados de Franco tenían fusiles sobrantes, cartuchos en superávit enorme, iban equipados como un gran ejército europeo; se encontró sin marina mercante, y a poco halló medios de pasear la bandera de España por las rutas comerciales del mar. El Ejército de Franco fue de la nada a su magnífica realidad final. El rojo pasó de una gran fuerza en potencial al aniquilamiento de todas sus energías»[45].

Y este «milagro militar», esta multiplicación de los fusiles y los arsenales, tuvo su primer hacedor en las artes y los cheques en blanco de Juan March. Sin su aportación en aquel primer momento, la guerra posiblemente habría quedado en una intentona militar y Franco no habría sido más que el protagonista de una nueva sanjurjada.

LA GUERRA COMO FUENTE DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

La victoria franquista propició el nacimiento de unas castas, en parte nuevas aunque con las raíces en el pasado, que concentraron el poder económico, usufructuaron el político y se repartieron el patrimonio del patriotismo. En este contexto, March quiso convertirse en el gran financiero del país y llevarse, desde el punto de vista empresarial, una de las mejores partes del botín. Aunque el asunto no iba a resultarle fácil. El Régimen de Franco estaba dispuesto a saldarle la deuda y permitirle la expansión de sus negocios, pero no consentiría que la capacidad especulativa de March alcanzase niveles potencialmente perjudiciales. Ya sabían cómo había actuado durante la República.

En 1936, se calcula que la fortuna de Juan March sumaba entre novecientos y mil doscientos millones de pesetas[46]. Esta cifra equivale a una sexta parte de los depósitos bancarios del periodo republicano. También se estimó que March había cargado con una décima parte de los gastos de la guerra[47]. El historiador Hugh Thomas valoró la fortuna en veinte millones de libras esterlinas, o mil cien millones de pesetas. Y otros historiadores, en 4000 millones al empezar la guerra y diez mil al terminar. En resumen, Juan March financió al bando franquista durante la guerra civil, pero no subvencionó ésta.

El 17 de marzo de 1939, con la guerra civil prácticamente acabada, March fundó en Burgos la Compañía Auxiliar de Navegación (AUCONA), consignataria de las principales compañías marítimas españolas, como la Transmediterránea y la Transatlántica, y con un amplio campo de acción: fletamientos, exportación e importación, seguros… A partir de AUCONA, March quería montar un imperio mercantil para controlar el mercado exterior y el de divisas. El paso siguiente lo dio en Londres, donde constituyó Juan March & Co. Ltd. con el objetivo de manejar el comercio entre España y el mercado exterior, a excepción de Alemania e Italia.

Al gigantesco tamaño de la Compañía, March sumaba su peculiar servicio de pagos; actuaba como agente de exportación e importación —al ser el dueño de los transportes marítimos— y canalizaba todo el tráfico de divisas generado por ese comercio. Así, las divisas generadas por las ventas españolas (dólares, libras, francos…) quedaban fuera de España, en bancos ingleses y suizos controlados por March. Con este dinero se pagarían las importaciones compradas por España, cuyo vendedor cobraría en pesetas. El dinero jamás llegaba a nuestro país, sino que se quedaba bajo el control de March para su empleo en operaciones de comercio exterior. Era, en esencia, el método empleado durante la guerra civil y que March intentaba ahora perpetuar en su provecho. Pero este plan chocó con algunos ministros de Franco. Al no tener control en España, el dinero de las importaciones-exportaciones, sin arbitrajes oficiales, generó grandes bolsas de dinero negro y tráfico de divisas, con la complicidad de algunos bancos sin escrúpulos; se pagaban las mercancías importadas a un precio elevadísimo, superior al verdadero, lo que fomentaba el contrabando de pesetas al extranjero.

Además, el estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió el panorama exterior a partir de septiembre de 1939, mientras que en la España de posguerra convivían la miseria de amplias capas de la población con la especulación de los mejor situados. Era una coyuntura propicia para las perspectivas mercantiles de March. Sin embargo, entre 1940 y 1941 el financiero mallorquín tuvo problemas con los ministros de Industria y Comercio, el comandante Luis Alarcón de la Lastra y, muy especialmente, con su sucesor desde el 16 de octubre de 1940, el técnico industrial Demetrio Carceller Segura, personaje del que dice Stanley Payne: «Era uno de los más avispados financieros de España y uno de los más afortunados oportunistas vinculados en el Régimen. En general se le atribuye el haber iniciado la corrupción a gran escala dentro del Régimen a partir de 1941[48]». Por su origen humilde y su agitada visión de los negocios, la historia de Carceller guardaba cierto paralelismo con la de March, pero con una diferencia: interesado por la política durante la República, no optó por montar su propio partido, sino que, tras financiar a José Calvo-Sotelo y a José Antonio Primo de Rivera, se afilió a Falange, desde donde dirigió la política económica del Régimen en los tiempos de autarquía y guerra mundial.

Juan March no perdonó sus deudas al Régimen de Franco y se convirtió en su acreedor. Pronto le reclamó la factoría de Petróleos Porto Pi, que le había sido liquidada por la República e incorporada a CAMPSA en 1927, pero Carceller, que había labrado su fortuna como jefe de esa importante compañía, no le hizo ningún caso y consideró zanjada la cuestión. Como respuesta, March retuvo los buques petroleros que abastecían a CAMPSA. La ruptura con el Régimen se había consumado. Especialmente cuando se vio envuelto a finales de 1941 en un incidente internacional que hizo peligrar la «neutralidad» española: el buque español Isla de Tenerife, de la Transmediterránea, fue registrado en el puerto de Nueva York por el FBI, que encontró en él mercancías cuya exportación estaba prohibida y con las que supuestamente comerciaba con el Gobierno alemán. Fue detenido el consignatario José María Mayorga, hijo del hombre de confianza de March en Londres, precisamente el que entregó a Luis Bolín el dinero para alquilar el Dragon Rapide. El 17 de diciembre, el Gobierno de Franco insistió en su posición no beligerante. Según las acusaciones norteamericanas, Juan March estaba repitiendo su experiencia mercantil de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, en la que mantuvo relaciones comerciales con ambos bandos, obteniendo enormes beneficios y una influencia política sin precedentes.

Con la intención de conseguir mayor margen de maniobra para sus operaciones, March se instaló en Lisboa, donde entró en contacto con los monárquicos disidentes que reclamaban la corona para don Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, fallecido en 1941. En 1943, don Juan, tras su entusiasmo inicial por el Régimen de Franco, se había declarado partidario de los aliados y encabezaba una alternativa «democratizante» que cortara de cuajo la euforia fascista del Régimen. En un manifiesto entregado a Franco el 8 de septiembre de aquel año, los generales Orgaz, Kindelán, Dávila, Saliquet, Monasterio, Varela, Solchaga y Ponte rogaban que no se demorase la restauración monárquica. A March le pareció bien. Ni República ni Dictadura le habían servido de mucho y siempre presumió de cierta vocación anglófila. Además, su trato con Alfonso XIII, al que regaló 3000 acciones de la Transmediterránea, había sido excelente.

Después, cuando comprendió que el Régimen de Franco se perpetuaría en el tiempo, supo estar presente en el palacio de El Pardo sin necesidad de pisarlo. Su hijo Bartolomé March Servera[49], acompañado por su esposa, Maritín Cencillo —la segunda generación—, se encargaría de convertir la corte de El Pardo en parte de sus negocios y su vida. «Bartolo» March implicó en sus negocios (eléctricas, navieras, banca, consignatarias de buques, inmobiliarias, fibrocemento, etc.) al entorno de la familia Franco. Maritín Cencillo de March y su hija Marita, casada con el banquero Alfonso Fierro[50], formaban parte del círculo de amistades íntimas de Carmen Franco, a la que acompañaban en cuantos eventos sociales fuera preciso.

Para comprender la familiaridad que los March mantuvieron con la corte de El Pardo, basta un episodio anecdótico de la boda de Merry Martínez-Bordiú, relatado por su consorte Jimmy Giménez-Arnau. Para tal evento, la hermana de Marita, Leonor March Cencillo y Javier Chico de Guzmán, marqueses de Amarillas, obsequiaron a los novios doce lavafrutas que a los agasajados les pareció un regalo «práctico y de agradecer», pero no así a Francis, que exclamó: «¿Pero cómo os pueden mandar esta mierda?». Así lo relata el propio Jimmy, con cierto sonrojo:

«[Francis] cogió el teléfono sin que Merry y yo supiéramos lo que iba a hacer, habló con Javier:

»—Vaya mierda que le has mandado a Merry.

»Intervine sin pensarlo:

»—Oye, Francis, ¿qué haces?

»Ni me repuso. Le dijo a su amigo que enviara algo mejor. Javier se debió quedar asombrado con aquello […] A raíz de esto, la madre de Leonor, Maritín Cencillo de March, buena amiga de la duquesa de Franco aunque cada vez se ven menos, se acercó en persona a Artimetal y le regaló a Merry lo más caro que había allí y que ni siquiera habíamos elegido: una mesa de comedor estupenda»[51].

La consolidación y posterior expansión de la fortuna de los March está indisolublemente ligada a la figura del Dictador. «Franco no fue cicatero después [de la guerra] con Juan March —escribe Ramón Tamames—, que tuvo su mayor éxito con el asunto de la Barcelona Traction (origen de las Fuerzas Eléctricas de Cataluña, FECSA) y durante mucho tiempo recibió también importantes subsidios públicos a través de la Compañía Transmediterránea, que explotó en régimen de monopolio las llamadas líneas de soberanía a Baleares, Canarias y plazas y provincias africanas»[52].

Muchos han considerado el affaire de la Barcelona Traction, empresa domiciliada en Canadá, como «el negocio ejemplar» de Juan March: en 1948 el financiero adquirió, en oscura subasta y por un precio irrisorio, esta sociedad anónima con unos recursos propios valorados en 30 000 millones de pesetas de la época y, de este modo, se lucró de una falsa quiebra que escandalizó a varios gobiernos extranjeros y estuvo en litigio internacional durante veinte años, reclamado por el financiero Daniel Nusbaum Heinemann[53]. «La magna estafa —explica Jesús Ynfante— se realizó con la cobertura política y el agradecimiento del régimen de Franco por la ayuda prestada por March para la sublevación fascista de 1936»[54].

En cuanto a la Transmediterránea, en su consejo de administración se sentaron importantes personajes del clan de El Pardo, como Pedro Nieto Antúnez, «Pedrolo», exministro de Marina, presidente de Cementos Alba y miembro del círculo íntimo del Caudillo. Más significativa es la presencia de Nicolás Franco, el Hermanísimo, que ya había sido vocal para March en Unión Naval de Levante y que, junto al financiero, desempeñó un papel de primer orden en la apertura en Lisboa de una delegación financiera y diplomática del Gobierno de Franco ante el de Portugal en plena guerra civil. En dicho consejo también estuvo Blas Pérez González[55], fiscal del Tribunal Supremo franquista en 1938 y ministro de la Gobernación —que incluía por primera vez Orden Público—, entre 1942 y 1957. Todo un premio financiero para quien había sido uno de los máximos ejecutores de la depuración y represión que el Régimen franquista desencadenó sin piedad contra los partidarios de la República, «los rojos», y contra sus enemigos internos, léase falangistas «puros» o monárquicos con prisa.

La admiración por Juan March en el entorno franquista queda patente en las memorias de la hermana dicharachera del general, Pilar Franco, cuando escribe con elocuente sinceridad la filosofía de su familia: «[Franco] nunca ambicionó el dinero para él. Para los suyos sí porque podía representar su seguridad. Por eso cuando mandó a su esposa y a su hijita a Francia, en los primeros días del Alzamiento, como no sabían cómo iban a acabar, se preocupó de que estuviesen cubiertos económicamente. Sé que este asunto se tramitó a través de un señor, diplomático creo, que se llamaba Sangróniz y que don Juan March cubrió la operación. Este millonario ayudó mucho a la causa nacional»[56].

Tras su fallecimiento en la madrugada del 10 de marzo de 1962, de él diría su abogado y exdirigente de la CEDA, José María Gil Robles y Quiñones: «El señor March ha corrido en la vida la suerte de todos los hombres que, por su propio esfuerzo y arrancando de la nada, han alcanzado la cumbre de la riqueza. Es ése uno de los triunfos que más difícilmente se perdonan. El señor March pasó por la vida luchando, creando grandes intereses y granjeándose las inevitables enemistades. Ese hombre, que aquí se ha dibujado como un ser ávido solamente de riquezas, dejó tras de sí una Fundación para fines culturales y benéficos que tal vez no tenga igual en Europa».

El viejo contrabandista Juan March Ordinas, el duro hombre de negocios a quien todos conocían por el Verga desde sus primeros asuntos en la isla, había ascendido por fin al altar de los benefactores.

«Mi abuelo era un político capitalista de principios de siglo —declaró Juan March Delgado, en 1979—. Los grandes capitalistas que han existido en el mundo eran señores de armas tomar».

Los dos nietos, Juan y José Carlos, hijos varones de Juan March Servera y de Carmen Delgado, han convertido en realidad el sueño de su abuelo, recogido en su testamento: «La permanencia de nuestra Casa, a través de las dificultades, cada vez mayores, que plantean los tiempos, depende, estamos seguros, de que mis hijos tengan siempre a su lado, como yo lo tuve, un equipo de hombres buenos, leales y eficaces, que hagan por mis hijos lo que por mí hicieron».

Era el consejo de Juan March Ordinas a sus descendientes. La permanencia de la Casa frente a las dificultades de los tiempos. El viejo capitalista lo tenía claro. Mientras sus dos hijos, Juan y Bartolomé March Servera[57], habían quedado sepultados por la presencia de un padre tan impetuoso, les correspondió a los nietos la misión histórica de mantenerse en la cumbre. Y puede decirse que han estado a la altura de los tiempos. La tercera generación de los March ha conseguido embellecer la Casa construida por su abuelo, sin dejar de ampliar los beneficios al tiempo que desarrollaban —y desarrollan— una actividad filantrópica que ha limado las aristas punzantes dejadas por la práctica capitalista del creador, Juan March Ordinas, el último pirata del Mediterráneo, según la leyenda; el primer financiero transnacional del capitalismo español del siglo XX.

«Es absolutamente necesario —explicó José Carlos March Delgado en 1988— que la mayoría del capital pertenezca a una sola familia en primer grado de parentesco o en grado muy próximo, y que el propietario sea el gestor»[57bis].

La notoriedad adquirida por la Casa March en la democracia española y en las finanzas internacionales es, sin duda, uno de los signos de la postmodernidad. Ya en 1988, la revista norteamericana Forbes, en su ranking mundial de millonarios, situaba a los March entre las tres fortunas más importantes de España, junto a Ramón Areces, creador de El Corte Inglés, y los Botín.

Juan y José Carlos March Delgado supieron navegar con acierto durante la transición, entraron en la Trilateral y se sentaron junto a Robert McNamara —expresidente del Banco Mundial y miembro del gobierno Kennedy—, participaron en empresas multinacionales junto a luminosos apellidos como los Rothschild; se rodearon de políticos-empresarios acordes con los vientos que conjugan la política con la economía, inseparablemente; flirtearon con la UCD de Adolfo Suárez y con el PSOE de Felipe González, e incluso se embarcaron en la Operación Reformista de Miquel Roca; aunque fue un fiasco, los March ni se inmutaron.

Los jóvenes March aprendieron a manejar su actividad económica a distintos niveles, como compartimentos casi estancos; en el plano íntimo utilizan sociedades patrimoniales; a escala familiar se mueven en la Banca March y en el terreno público organizan sus negocios alrededor de la Corporación Financiera Alba, por la que pasaron todas las operaciones desarrolladas por la familia desde los comienzos de la transición económica española y que constituyen un imperio financiero, al que se une la Fundación que lleva el nombre de su abuelo. Los March participan en el accionariado de más de 150 compañías y comandan un grupo empresarial que ha sido vanguardia en España en cuanto a bancos de negocios y que goza de una alta liquidez. También en Bolsa han sabido estar entre los más grandes. Los nietos de quien fue calificado durante el primer tercio del siglo XX como el hombre más rico de España han conseguido estar a la altura de su antepasado en los tiempos difíciles de una transición política que iba a lanzar sus demoledores zarpazos sobre los Fierro, los Urquijo, los Barreiros, los Coca… sobre los bastiones de las finanzas españolas vinculadas directamente con el Régimen de Franco, con el aparato franquista o con el clan de El Pardo.

La suerte de los March, que no tenía por qué haber sido mejor que la de otros financieros «franquistas», les sonrió con la llegada de una democracia por la que hacían una apuesta desde pronunciamientos ideológicos ambiguos. Dónde está tu tesoro está tu corazón, dice la Biblia.

«Yo he sido demócrata siempre —ha dicho José Carlos March Delgado—, pero creo que Franco hizo cosas buenas por España, aunque tuvo muchos de los inconvenientes que tienen los dictadores». Y remata: «Franco hizo cosas positivas y tuvo muchos defectos, como mi abuelo».

Capítulo II. Los Martínez-Bordiú en la corte de El Pardo

CAPÍTULO II

Los Martínez-Bordiú en la corte de El Pardo

¡Hay que estar preparados! Van a venir a por nosotros, pero lo que es a mí…

CRISTÓBAL MARTÍNEZ-BORDIÚ, 14 de octubre de 1975, mientras

disparaba con la pistola de un guardia civil sobre una piedra caliza.

AL VISITAR HOY el palacio de El Pardo, cuesta pensar que la familia Franco vivió entre sus muros desde el final de la Guerra Civil hasta el asentamiento de la democracia española. Más de medio siglo de dictadura y negocios, de propaganda y mentiras, de mitos y parafernalias principescas. En el palacio de El Pardo estuvo la residencia de un monarca sin corona, pero también el hogar y la sede financiera de la familia más poderosa de España: los Martínez-Bordiú Franco, los descendientes directos del general, que eran presentados a todos los españoles como el ejemplo a seguir, la familia emblemática, envidiada y modélica, según la propaganda del Régimen, que hacía suya la ensoñación escrita en 1942 por el propio Franco en el preámbulo de su novela Raza: «Vais a vivir escenas de la vida de una generación, episodios inéditos de la Cruzada española… Una familia hidalga es el centro de esta obra, imagen fiel de las familias españolas que han resistido los más duros embates del materialismo. Sacrificios sublimes, hechos heroicos, rasgos de generosidad y actos de elevada nobleza desfilarán ante vuestros ojos. Nada artificioso encontraréis… ¡Que así es España y así es la raza!». El Pardo fue para muchos una versión doméstica y algo rijosa de El Dorado, el mejor escenario para los negocios rápidos en los que la corrupción y las influencias contaban más que los valores financieros.

En noviembre de 1990, el palacio de El Pardo, como símbolo del franquismo, murió definitivamente cuando el entonces presidente soviético Mijail Gorbachov fue alojado allí durante su visita oficial a España. Entonces, algún nostálgico anacrónico pidió que «devolviera el oro de Moscú» —uno de los grandes mitos antisoviéticos del franquismo, aunque real— mientras se lamentaba de que el dirigente comunista disfrutara de los mismos aposentos que, en el ejercicio del poder, ocupó el Generalísimo Franco, «el único militar que venció a los bolcheviques en el campo de batalla», según rezaban muchos carteles pegados en las paredes españolas tras la Guerra Civil. El alojamiento de Raisa y Mijail derribaba para siempre el último bastión del poder personal de Francisco Franco Bahamonde.

Un cuarto de siglo ha bastado para enterrar definitivamente la huella íntima del general Franco, sus santuarios y sus elementos más emblemáticos: el Pazo de Meirás, Valdefuentes, el Azor… La democracia ha sepultado símbolos, antecedentes, huellas… mientras los apellidos Martínez-Bordiú Franco eran relegados a una existencia discreta. Entre anecdóticos escándalos sin fuste, intrigas patrimoniales, divorcios y no pocos avatares sentimentales ofrecidos en exclusiva por las revistas del corazón, la familia formada por Carmen Franco, Cristóbal Martínez-Bordiú y sus siete hijos (Francis, Carmen, Marida, Merry, José Cristóbal, Arancha y Jaime) ha sido cómodamente olvidada y sin que nadie haya osado ajustarle las cuentas. Hacienda no les ha molestado y no han tenido que dar explicaciones sobre la forma en que algunas propiedades han llegado a la familia, ocultas durante años bajo las siglas de sociedades anónimas. Tampoco se les ha hecho pagar ninguna factura política a pesar de que antaño encarnaron a la familia más poderosa de España, de legendaria fortuna, y disfrutaron de una influencia política ilimitada en la elección de ministros y sucesores reales. Desde el palacio de El Pardo, Franco impuso a favor de sus descendientes un reinado sin corona que hoy resulta difícil de comprender y cuya perversión histórica el tiempo diluye.

CARMEN Y CRISTÓBAL: LOS PRÍNCIPES CONSORTES DE EL PARDO

El 11 de abril de 1950, cuando la posguerra daba sus últimas bocanadas, Carmen Franco Polo, de 23 años, contrajo nupcias en el palacio de El Pardo, su vivienda desde los trece años, con el joven doctor y alférez universitario Cristóbal Martínez-Bordiú Ortega, hijo de José María Martínez Ortega y María de la O Bordiú Bascarán, condes de Argillo. El cardenal del Régimen, Enrique Pla y Deniel, les bendijo: «Tenéis un modelo ejemplarísimo en la familia de Nazaret, y otro más reciente en el hogar cristiano, ejemplar, del Jefe del Estado». Palabras tan grandilocuentes encontraron en la calle una copla como respuesta:

La niña quería un marido,

la mamá quería un marqués,

el marqués quería dinero,

¡ya están contentos los tres!

Sin embargo, se debe a la pluma del aristócrata José Luis de Vilallonga el análisis más demoledor de aquel enlace nupcial:

Franco lo había elegido para marido de su hija Carmencita no porque fuera un hombre culto —eso en el fondo le hubiese molestado al dictador—, ni porque fuera rico —no tenía dónde caerse muerto—, ni porque fuera portador de un nombre ilustre: se llamaba Martínez. Lo había elegido como un último remedio. Antes de que el Martínez apareciese en la escena, los Franco habían soñado con casar a su hija en las más altas esferas de la aristocracia española. Pero por aquel entonces, la aristocracia —más tarde se rendiría a los indiscretos encantos de la dictadura— se mostraba reacia a entroncar con aquellos «parvenus». Como por arte de magia, todos los duques, marqueses, condes y vizcondes a los que visitaron los emisarios de El Pardo estaban ya comprometidos con sus primas hermanas. Fue entonces cuando, casualmente, apareció Villaverde en el horizonte con atuendo de cazador. Ante los ojos del general complacido, el galán asesinó a escopetazos una ingente cantidad de pájaros variopintos. «¿Quién es ése?», preguntó el dictador. «Un marqués», le respondieron. Franco consultó con su mujer, resignada ya a casar a su hija con un joyero. Se hicieron las indagaciones pertinentes. Villaverde no era gran cosa, pero, al fin y al cabo, permitiría que a la niña la llamaran señora marquesa. La boda fue sonada. Villaverde se vistió de domador, se puso unas plumas en la cabeza, pagó sus deudas en diferentes bares e inició su chaplinesco viaje estelar por la vía láctea del franquismo[58].

Acababa de comenzar una época. Y con ella, el apogeo de los Martínez. La boda de Cristóbal con la única hija del hombre más poderoso de España les catapultó hasta alturas financieras y sociales a las que jamás habrían tenido acceso. Tanto el padre, como los tres hermanos de Villaverde (Andrés, conde de Morata de Jalón; José María, barón de Gotor, y Tomás, barón de Illueca) conocieron su mejor momento tras la entrada nupcial de la familia en El Pardo.

El 15 de diciembre de 1954, tras el nacimiento del primer nieto varón, el general Francisco Franco Salgado-Araujo, primo y secretario militar del Caudillo, a quien todos llamaban familiarmente Pacón, escribió en su diario: «Estuvimos en El Pardo a felicitar a los padres y abuelos del nuevo niño. Aquello estaba invadido de gente; muy numerosos son los familiares de Villaverde, que ahora privan tanto aquí (no cabe duda de que si la familia de Franco y la de Polo no aparecen mucho por allí, los Martínez lo invaden todo, llenando los salones cuñados, tíos, primos, sobrinos, etcétera)»[59]. La respuesta del marqués a tan elocuente descripción fue: «¿Y qué podíamos hacer para evitarlo si la familia de los Martínez era más numerosa que los Franco y los Polo? Eso ocurre en todas las familias. A la hora de las celebraciones acuden los miembros de todas las ramas y nadie se dispone a distribuirlos por cupos»[60].

En la práctica, constituyeron lo que los escoceses llaman un clan, es decir, una tribu familiar. «Los Argillo —se pregunta Pilar Franco—, ¿qué hacían revoloteando en torno a la minoría de El Pardo? ¿Quién fue la persona que recomendó a Felipe Polo para secretario particular del Caudillo? Yo no lo sé ni podría decirlo. Pero a mí me da la impresión de que a mi hermano Paco no se le ocurrió la idea. ¿Cuestión de brujería? Lo cierto es que a los hijos de Argillo —y que conste que excluyo al marqués de Villaverde, que es muy simpático— se situaron pero que muy bien»[61]. Décadas más tarde, Pilar Jaraíz Franco recordaría también aquel evento, al que asistieron más de ochocientos invitados. «Vimos a mis tíos Carmen y Paco muy satisfechos y todavía jóvenes. Entre los invitados nos presentaron a la familia del novio, que iba a tener tanta importancia en el futuro, y que iban a expulsar de El Pardo a los que no pertenecían al clan. Nos pareció que la familia Argillo estaba exultante»[62].

Desde los salones del palacio de El Pardo, el ingeniero de minas José María Martínez Ortega se hizo banquero. En enero de 1954, en un momento en el que la concentración bancaria española imposibilitaba la creación «natural» de un nuevo banco, el padre de Villaverde fundó y —presidió— el Banco de Madrid a partir de una modesta entidad bancaria catalana, la Banca Valls, creada por el financiero Jaime Castell Lastortras[63] y cuyo capital social de cinco millones de pesetas subió a noventa en apenas diez años. Todo un milagro económico que desató oscuros rumores. El conde de Argillo presidió también los consejos de Administración de Construcciones y Contratas S. A. y Obras Metálicas Electro Soldadas, y fue vocal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. En aquel tiempo se ignoraba el término «incompatibilidad».

De los hermanos Martínez-Bordiú, Andrés, ingeniero de minas como su padre, es el que ha ocupado más cargos en sociedades anónimas: consejero-delegado de Duro Felguera, consejero de David Brown Engranajes, Sondeos Petrolíferos, Estudios y Proyectos Eléctricos, Alumina Española, Compañía Minera Sierra Menera, Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, Aluminio Español, Combustible de Favero; delegado de Westinghouse, presidente de Hunosa; vocal de Hierros y Aceros de Jaén, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, de Minas de Herrerías…

Los otros dos hermanos se mantuvieron vinculados a los negocios del padre. Tomás, vicepresidente de la Minera de Arévalo, se ha dedicado principalmente a la explotación de la finca familiar Arroyovil, simultaneada con los consejos de empresas como CEFASA, junto a Gonzalo de Borbón; Comercial Flores, con los Franco, y Chequeo por Computadoras, con sus hermanos. José María se quedó con su padre en el Banco de Madrid mientras simultaneaba los cargos de consejero en el Banco Catalán de Desarrollo —compartió consejo de administración con Claudio Boada[64] y Juan Antonio Samaranch—, y de secretario en Trans-Europa, Compañía de Aviación.

Sin embargo, quien se llevó la palma fue Cristóbal. Entre 1954 y 1975, el yerno de Franco fue capaz de compatibilizar su presencia en más de treinta consejos de administración de diferentes empresas con la titularidad de una docena de puestos de trabajo tanto en la sanidad pública como en la privada. Su don divino de la ubicuidad fue tal y su poder tan evidente, que llegó a superar los dos millones de pesetas de sueldo al mes, superior al del mismísimo Franco y, por supuesto, al de cualquier ministro de la época. Tal como se demostró documentalmente en 1977 cuando se sanearon las cuentas de la Seguridad Social, a comienzos de la transición democrática el marqués cobraba simultáneamente de las siguientes plazas de las que era titular: Patronato Antituberculoso, Beneficencia Municipal de Madrid, jefe de Cirugía torácica del Seguro Obligatorio de Enfermedad, Mutualidad Laboral de Ferroviarios, jefe del departamento de Cirugía Torácica de la Clínica de la Concepción, jefe de Departamento de la Ciudad Sanitaria La Paz, jefe del Servicio Cardiovascular del Centro Sanitario Ramón y Cajal y cirujano de la Banca Oficial desde 1953.

Además, durante esos veinticinco años, el marqués presidió o fue consejero de diecisiete empresas cuyos capitales escriturados superaban los 4000 millones de pesetas en 1975. Se trata de Construcciones y Contratas, Inmobiliaria Construcciones y Contratas, Inmobiliaria Hispana, Waimer, Climesa, Chequeo por Computadoras, Instituto Técnico de Seguros y Reaseguros, Torcovir, Incosol, Urgencias Sanitarias, MKT Plasko, Sanitas, Obras Metálicas Electro-Soldadas, Metalúrgica Santa Ana, Siderúrgica del Norte, Valdefuentes y Comercial Flores. A través de su presencia en ellas, Cristóbal Martínez-Bordiú acompañó en su éxito económico a banqueros y empresarios como Epifanio Ridruejo, José María Aguirre Gonzalo, los hermanos Fierro, José Melià, Ignacio Coca, los hermanos Barreiros, Domingo Solís —hermano de José Solís—, el que fuera primer embajador franquista en la Santa Sede, José de Yanguas Messía, Ernesto Koplowitz y, por supuesto los March… Todos, en distinta medida, actuaron a su alrededor, le adularon e hicieron negocios rápidos y sin riesgo, convertidos en los empresarios y banqueros más influyentes del desarrollismo español de los años sesenta.

Ya entonces, el marqués ocupaba un lugar privilegiado en la leyenda de la España estraperlista, con el apodo de «Marqués de Vespaverde» tras verse envuelto en el escándalo internacional de permisos de importación de la famosa motocicleta italiana que estalló en 1954. Aunque los apellidos Martínez-Bordiú no aparecen en el consejo de administración de Vespa S. A. —antes denominada Motomecánica S. A.—, la presidencia de esta compañía la ostentaba el marqués de Huétor de Santillán, Ramón Diez de Rivera y Casares, jefe de la Casa Civil de Franco desde octubre de 1948 hasta su fallecimiento, en noviembre de 1957. Contralmirante durante la Guerra Civil, Díez de Rivera realizó su carrera militar en las fragatas Numancia, Almirante Lobo y Blas de Lezo. Además de Motomecánica S. A. Huétor de Santillán creó Ursaria S. A., la empresa instrumental a través de la cual los Franco administraban y gestionaban su patrimonio inmobiliario y, muy especialmente, su casa de la calle Hermanos Bécquer, de Madrid.

El escándalo de las Vespas, un posible caso de corrupción que implicaba al círculo más íntimo de El Pardo, quedó reseñado para la historia en forma de chiste, esa freudiana manera de reírse de la Dictadura sin rebelarse. Al anagrama de la marca VESPA, la sabiduría popular le había dado el siguiente significado: «Villaverde-Entra-Sin-Pagar-Aduanas».

En la década de los setenta se sentaron en el mismo consejo de administración que Villaverde personajes tan singulares como el general Antonio Ibáñez Freire (Waimer, S. A.), voluntario de la División Azul y gobernador civil en varias provincias y ministro del Interior con UCD; el abogado José María Ruiz Gallardón (Construcciones y Contratas), llamado a ser prohombre de Alianza Popular con la democracia y colaborador entonces de Ramón Serrano Suñer en su despacho de abogado; o el ginecólogo José Botella Llusià (Clínicas Médicas, S. A.), catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, célebre por sus ideas médicas ultraconservadoras y tío carnal de Ana Botella.

En su diario personal, Franco Salgado-Araujo recoge también unas reveladoras palabras del general Agustín Muñoz Grandes, entonces ministro del Ejército, pronunciadas el 16 de agosto de 1956: «No han tenido suerte con la boda de su única hija. Yo no sé lo que pasa allí, pero antes eran de una absoluta austeridad y ésta era una de las mejores cualidades que tenían. Hoy eso ha desaparecido de un modo alarmante. Es vergonzoso que los hermanos del Caudillo estén metidos en muchos negocios, porque esto daña el prestigio de Franco». Y concluyó: «El poder tan enorme que tiene un dictador, rodeado por un sinfín de malos amigos, hace que éstos le animen, por afán de lucro, a desviarse de la vida de austeridad y buen ejemplo que debe llevar»[65].

EL ENTRAMADO EMPRESARIAL DE EL PARDO

Hasta la muerte de Carmen Polo, la trama financiera de los Franco se extendió por más de medio centenar de importantes empresas en las que los miembros directos de la familia (los Franco, los Polo y los hermanos Martínez-Bordiú principalmente, pero también personajes como Ramón Serrano Suñer, ajeno al clan, o el almirante Pedro Nieto Antúnez)[66] actuaron directamente o utilizando testaferros. Este holding de la corte de El Pardo comenzó a forjarse a finales de los años cincuenta, y el año en que murió el dictador atesoraba un capital social escriturado superior a los cien mil millones de pesetas, de 1975. Junto a las compañías, reseñadas alfabéticamente, se cita a los personajes de El Pardo que formaban parte de sus consejos de administración:

Acerías y Forjas de Azcoitia (AFORASA). José María Sanchiz Sancho. Capital escriturado: 100 millones de pesetas.

Alcan Aluminio Ibérico. Nicolás Franco Bahamonde. Capital escriturado: 400 millones de pesetas.

Banco Catalán de Desarrollo. Nicolás Franco Pascual de Pobil. Capital escriturado: 200 millones de pesetas.

Banco Coca. Ignacio Coca y sus hermanos. Capital escriturado: 187 millones de pesetas.

Banco de Crédito Local. Francisco Franco Salgado-Araujo. Entidad oficial dedicada a créditos municipales.

Bancos internacionales: Banque Catalane de Development (Francia); Bank of Miami Beach (Florida, Estados Unidos); Banque pour le Commerce et le Financement (BANCOFIN, Suiza) y la financiera Multinvest; José María Martínez Ortega, a través del Banco de Madrid, y Alfonso de Borbón Dampierre.

Banco de Madrid. José María Martínez Ortega, José María Martínez-Bordiú, José Parra Lázaro. Capital escriturado: 200 millones de pesetas.

Banco del Noroeste. Nicolás Franco y Pascual de Pobil. Capital escriturado: 1 115 625 000 pesetas.

Banús-Andalucía la Nueva. También llamada Banús Masdeu, S. A. Juan y José Banús, José María Sanchiz Sancho. Capital escriturado: 950 millones de pesetas.

Centro de Estudios y Servicio de Informática, S. A. (CHECOMP). Cristóbal, Andrés y Tomás Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 15 millones de pesetas. Antes denominada Chequeo por Computadoras, S. A.

Clínicas Médicas, S. A. (CLIMESA). Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 6 500 000 pesetas.

Comercial Flores, S. A. Cristóbal, José María, y Tomás Martínez-Bordiú, Carmen Franco Polo. Capital escriturado: Cinco millones de pesetas.

Compañía Española de Finanzas y Administración, S. A. (CEFASA). Gonzalo de Borbón Dampierre y Tomás Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 40 millones de pesetas.

Construcciones y Contratas, S. A. José María Martínez Ortega, Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 2000 millones de pesetas.

Fabricación de Automóviles Diesel, S. A. (FADISA). Nicolás Franco Bahamonde, Eduardo Barreiros. Capital escriturado: 160 millones de pesetas.

FASA-Renault. Nicolás Franco Bahamonde. Capital escriturado: 1125 millones de pesetas.

Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA). Ramón Serrano Suñer y su hijo Ramón Serrano Polo. Capital escriturado: 3000 millones de pesetas. Aunque Serrano dejó de pertenecer al «clan» tempranamente.

Frigoríficos de Barcelona, S. A. (FRIBARSA). Nicolás Franco Bahamonde. Capital escriturado: 45 millones de pesetas. Empresa vinculada al escándalo REACE.

Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A. (Unión Eléctrica Fenosa). Pedro Barrié de la Maza, sucedido por Carmela Arias y Díaz de Rábago. Propietarios del Banco Pastor. Capital escriturado: 80 000 millones de pesetas. Carmen Polo de Franco poseía un importante paquete de acciones regaladas por el difunto Barrié.

El Encinar de los Reyes, S. A. Miguel Ardid Gimeno, Ernesto Koplowitz. Constructora de viviendas para militares americanos, vinculada a la financiera COVIFISA, presidida por Rafael Ardid Villoslada, futuro yerno de Villaverde.

Galerías Preciados, S. A. de Inversiones y Servicios (GALEPRIX). Fundada como Sederías Carretas. Capital escriturado: 2995 millones de pesetas. Carmen Polo de Franco poseía un número importante de acciones.

Grupo Quintana. Holding formado por Gibraltar, S. A., Confecciones Gibraltar, S. A., Laminados de Fibra de Vidrio, S. A. José María Sanchiz Sancho. Capital social: 315 millones de pesetas.

Hispana de Finanzas, S. A. (HISPAFISA). Nicolás Franco y Pascual de Pobil. Capital escriturado: 65 millones de pesetas.

Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA). Andrés Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 3900 millones de pesetas.

Instituto de la Costa del Sol, S. A. (INCOSOL). Ignacio Coca, Cristóbal Martínez-Bordiú, José Parra Lázaro, Eduardo Barreiros. Capital escriturado: 300 millones de pesetas.

Inmobiliaria Hispana, S. A. Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 55 millones de pesetas.

Instituto Técnico de Seguros y Reaseguros. Nicolás Franco Bahamonde, Nicolás Franco y Pascual de Pobil, Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 1 100 000 pesetas.

Inversors Overseas Services (IOS). José María Martínez-Bordiú, Alfonso de Borbón Dampierre. Dirigida por el norteamericano Robert J. Vesco (relacionado con el escándalo Watergate), controlaba la inmobiliaria Playamar, constructora de apartamentos en Torremolinos, presidida por Tomás Martínez-Bordiú.

Lavamat. Nicolás Franco y Pascual de Pobil. Capital escriturado: 3 500 000 pesetas.

Metalúrgica Santa Ana, S. A. Cristóbal Martínez-Bordiú, Luis Gómez Sanz. Capital escriturado: 1428 millones de pesetas.

MKT Plasco (Laboratorios Plasmacentro). Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: dos millones de pesetas.

Sanitas. Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado en 1975: dos millones de pesetas.

Siderúrgica del Norte, S. A. (SINOSA). Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 20 millones de pesetas.

Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana. Luis Vereterra Polo, primo de los Polo, emparentado con la familia Gómez-Acebo (Banesto); Felipe Polo Martínez-Valdés. Capital escriturado: no consta.

Sojlco. Teniente general Ramón Cavanillas Prosper, Luis Nieto Antúnez (relacionados con la Casa Militar de Franco). Capital escriturado: 500 000 pesetas.

Sondeos Petrolíferos, S. A. (SONPETROL). Andrés Martínez-Bordiú. Capital escriturado: no consta.

Transportes Aéreos del Guadarrama, S. A. (TAGSA). Alfonso de Borbón Dampierre, Jorge Jordana de Pozas. Capital escriturado: 13 250 000 pesetas.

Transmediterránea, S. A. Nicolás Franco Bahamonde. Capital escriturado: 709 348 000 pesetas.

Torcovir, S. A. Ignacio Coca. Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 45 millones de pesetas.

Manufacturas Metálicas Madrileñas. Nicolás Franco Bahamonde. Asesor: Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate.

Naviera Aznar, S. A. Eduardo Aznar. Vinculada a los Franco desde el final de la guerra. Quiebra fraudulenta al fallecer el general. Nicolás Franco Bahamonde.

Naviera Transportes y Pesca, S. A. Nicolás Franco Bahamonde. Capital escriturado: 25 millones de pesetas.

Nitratos de Castilla, S. A. Felipe Polo Martínez-Valdés. Capital escriturado: 525 554 500 pesetas.

Obras Metálicas Electro-Soldadas (OMES). José María Martínez Ortega, Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 60 millones de pesetas.

Parcelatoria Milla, S. A. José María Sanchiz Sancho. Capital escriturado: dos millones de pesetas.

Refinería de Aceites y Grasas (REACE). Nicolás Franco Bahamonde y su hijo, a través de GEISA. Capital escriturado: dos millones de pesetas.

Unión Española de Explosivos, S. A. Felipe Polo Martínez-Valdés. Capital escriturado: 1 529 189 pesetas.

Urgencias Sanitarias, S. A. Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: nueve millones de pesetas.

Ursaria, S. A. Ramón Diez de Rivera, Felipe Polo, Carmen Polo. Capital escriturado: 4 273 000 pesetas.

Viajes Meliá, S. A. José Meliá Sinisterra, José María Sanchiz Sancho. Capital social escriturado: mil millones de pesetas.

Valdefuentes, S. A. Los Franco al completo. Capital escriturado: tres millones de pesetas.

Waimer, S. A. Cristóbal Martínez-Bordiú. Capital escriturado: 9 100 000 pesetas[67].

JOSÉ MARÍA SÁNCHIZ, EL MAGO DE EL PARDO

La familia Franco utilizaba sociedades anónimas instrumentales —Comercial Flores, Parcelatoria Milla, Ursaria y Valdefuentes— para explotar de manera opaca sus propiedades. En su mayoría las gestionaba directamente José María Sánchiz Sancho, casado con Enriqueta Bordiú, tía del marqués de Villaverde, «el tío Pepe», llamado también «El mago de El Pardo», un hombre «tortuoso» —en palabras de Pilar Franco— que se convirtió en el personaje clave del modus operandi del clan y contra quien Vicente Gil, médico personal de Franco durante cuatro décadas, lanzó un dardo envenenado: «Pepe Sánchiz es un canalla. Lo diré y lo repetiré siempre: está usted rodeado de sinvergüenzas, mi general»[68]. Pero Franco no movió ni un músculo, porque su método era dejar hacer. «Cuidado que eres bruto, Vicente», respondió.

Nacido en 1903, en el seno de una familia apodada «Els Bollos» dueña en su Aldaya natal de una destilería de licores y una fábrica de ladrillos, Sánchiz (que castellanizó su apellido original como Sanchis) supo aprovechar la oportunidad que le brindó su parentesco con los Martínez y ocupó cargos directivos en empresas vinculadas al clan de El Pardo y a los intereses particulares de la familia directa del general. Fue presidente de Valdefuentes y de Cerámicas Nájera, consejero de Acerías y Forjas de Azcoitia, de Industrial de Construcciones Móviles, de Ursaria, de Viajes Melià, de Banús Masdéu y del Grupo Quintana, un holding financiero creado por el empresario Pedro Castaño Hernando en 1936 y que, en 1969, había montado compañías como Gibraltar S. A., Laminados de Fibras de Vidrio, Confecciones Gibraltar y Reparaciones Navales de Algeciras, S. A., beneficiándose de la política de apoyo a los «polos de desarrollo», y cuya quiebra pondría al descubierto una ventajista manera de hacer negocios con las ayudas oficiales concedidas en zonas desastrosas.

El Grupo Quintana, impulsado por Sánchiz, presentó varios proyectos de inversión a la Comisión Interministerial para el Estudio del Desarrollo Económico-Social del Campo de Gibraltar que supondrían crear 3718 puestos de trabajo, pero resultaron ser pura teoría. En febrero de 1970 comenzaron las irregularidades; los créditos se cortaron, la empresa se quedó sin liquidez y llegaron los embargos por impago de acreedores privados y de entidades oficiales como el Banco de Crédito Industrial y el Plan de Desarrollo, que en dos años había subvencionado a Confecciones Gibraltar con 630 millones de pesetas, aunque el proyecto estaba valorado en 516 millones. Una «multiplicación» casi evangélica[69].

LA FORTUNA DE LOS FRANCO: OTRO «MILAGRO ESPAÑOL»

Cuando en 1936 el general Franco encabezó el Alzamiento contra la República, su único patrimonio (si descontamos la finca de La Piniella, propiedad de los Polo, y el caserón natal de los Franco en El Ferrol) era el sueldo de capitán general: 30 000 pesetas anuales. Sin embargo, el día que murió, cuarenta años después, sus fincas, palacios y edificios superaban con creces, según estimaciones del momento, los 1500 millones de pesetas.

Patrimonio de la viuda de Franco y sus descendientes en 1975 según los precios oficiales de tasación de la época, muy inferiores al mercado real.

Pazo y Torres de Meirás, 75 millones de pesetas.

Canto del Pico, Casa del Viento y 820 000 m², 300 millones de pesetas.

Palacio de Cornide, tres plantas con 879 m², 25 millones de pesetas.

Edificio de tres plantas en Hermanos Bécquer, Madrid, 36 millones de pesetas.

Valdefuentes, 9 645 088 m² en Arroyomolinos, Madrid, 700 millones de pesetas.

Casa natal de Franco en El Ferrol, 8 millones de pesetas.

Chalet en la reserva de Los Monteros, Marbella, 80 millones de pesetas.

Palacio de caza de Franco, Castillo de las Navas, Córdoba, 90 millones de pesetas.

Finca en Pareja, Guadalajara, 18 000 m², 10 millones de pesetas.

Urbanización La Florida, 20 443 m², 47 millones de pesetas.

Fincas en Cerca de Los Monteros. Marbella, 35 millones de pesetas.

Finca rústica en Chillarón del Rey, Guadalajara, 2 millones de pesetas.

Chalet en Entrepeñas, Guadalajara, 20 millones de pesetas.

Finca y chalet en Torremolinos, Málaga, 200 millones de pesetas.

Chalet en Miami, Florida.

Plantaciones en Filipinas, 23 000 hectáreas.

Chalet en Urbanización Puerta de Hierro, Madrid, 150 millones de pesetas.

Finca La Piniella, en Asturias, de la familia Polo.

Finca de Bastiagueiro, en Oleiro, La Coruña.

Chalet en La Moraleja, luego domicilio de Francis Franco y María Suelves.

Bajo la tapadera de Ursaria, S. A. eran dueños de varios pisos, plazas de garaje y apartamentos en el Paseo de la Castellana de Madrid, 55 millones de pesetas.

A este capital habría que añadir la valoración de los regalos que recibió el general, en el transcurso de cuatro décadas, durante las recepciones oficiales que concedía todos los martes en el palacio de El Pardo. Eran presentes cuyo precio y calidad —oro, plata…— había sido estandarizado por el protocolo del palacio. Haciendo un cálculo aproximado, con un valor medio de dos millones de pesetas por cada regalo, podría estimarse que Franco recibió un total de 4000 millones de pesetas a lo largo de dos mil audiencias.

Este inventario contrasta poderosamente con los capitales que su familia confesó poseer. Así, según las listas de contribuyentes hechas públicas por el Ministerio de Hacienda en 1977, en su declaración de renta Carmen Polo reconoció un patrimonio de 89 millones de pesetas y unos ingresos anuales en metálico de nueve millones, mientras que Cristóbal Martínez-Bordiú, casado en régimen de gananciales con Carmen Franco, consignaba un patrimonio de 107 millones de pesetas y unos ingresos exactos de 9 051 579 pesetas.

Los más destacados miembros del clan de El Pardo confesaron que eran más pobres de lo que la leyenda aseguraba. Así, el jefe de la Casa Militar, responsable del Patrimonio Nacional y vicepresidente de la Empresa Nacional de Turismo S. A., general Fernando Fuertes de Villavicencio, declaró unos ingresos de 3,5 millones de pesetas, un poco más que Alfonso de Borbón; los hermanos de Villaverde, José María y Andrés, confesaron haber ingresado uno y tres millones y medio respectivamente; José Banús, 16; Eduardo Barreiros, 34; José Melià, 7,9; Ignacio Coca, 53; ninguno de los tres banqueros Fierro (Alfonso, 37; y Arturo e Ignacio, 33 cada uno) alcanzaba los 41 millones que declaró la duquesa de Fenosa, viuda de Pedro Barrié de la Maza.

A pesar del oscurantismo y la mentira generalizada, en aquel primer momento, la fortuna de los Franco fue estimada en más de 5000 millones de pesetas por personas próximas a El Pardo. Una cifra, en cualquier caso, indicativa aunque imposible de contrastar. En vida del general, su familia directa, con el marqués de Villaverde al frente y sus dos testaferros, Sánchiz y Felipe Polo Martínez Valdés, realizó compras y negocios de ventaja difícilmente cuantificables a estas alturas de la historia, pero claramente ilustrativos.

En la única entrevista que se le conoce, Felipe Polo relató en 1974 a Jean Descola la peripecia que le condujo hasta la ciudad de Salamanca: «[la guerra la pasé] primeramente, como refugiado en la embajada de Cuba, precisamente en compañía de [Pedro] Cortina Mauri, el actual ministro de Asuntos Exteriores. Luego fui autorizado a partir para el extranjero. Me trasladé a Alicante, embarqué para Marsella y me dirigí a San Juan de Luz. Desde allí, pude pasar a la zona nacionalista y presentarme en Salamanca. Nombrado teniente provisional, fui asesor jurídico de Martínez Fuset. Ahora asumo el secretariado particular del general Franco. Pero sólo me ocupo de los asuntos privados. No sé nada de los de carácter político. Mi cuñado no me habla jamás de ellos»[70].

Desde la década de los sesenta, los negocios de Felipe Polo, como miembro privilegiado del círculo íntimo de Franco, le llevaron a los consejos de administración de Financiera Monasterio, Nueva Plaza de Toros de León, Vapores Costeros, Nitratos de Castilla, Unión Española de Explosivos y a la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana, junto a su primo Luis Vereterra Polo, emparentado con el marqués de Deleitosa, Jaime Gómez-Acebo, entonces presidente del grupo Banesto.

A la muerte de su cuñado, Felipe Polo Martínez Valdés seguía en el consejo de esta compañía ferroviaria junto a los representantes de algunas de las mayores fortunas asturianas, como la familia Figaredo, de Gijón, y era vocal de Autovehículos S. A., acompañado en el consejo por Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de la Abogacía, y por un curioso personaje: el fascista italiano Gastone Gambara de Allaipi, general de la División Litorio, que tuvo el privilegio de tomar las últimas ciudades republicanas en las postrimerías de la Guerra Civil. Cuando —en abril de 1955— se constituyó esta compañía, dedicada a la compraventa de motocicletas, Gambara en persona se desplazó a El Pardo para ofrecer puestos en el consejo de administración a miembros del entorno del Caudillo. Felipe Polo no dejó pasar la oportunidad. Y no era la primera vez que Gambara acudía con sus negocios a El Pardo. Franco Salgado-Araujo, que ocupaba la vicepresidencia del Banco de Crédito Local, relata el 9 de noviembre de 1947 otra visita comercial de Gambara, «… actualmente dedicado a negocios en los que le ayuda el coronel Ponce de León, ayudante de S. E. Me expresó su deseo de que fuera consejero de una empresa que él dirige, filial de Marconi, que suministra material eléctrico y otras cosas a nuestro Ejército. Le contesté […] que dado mi cargo no podía aceptar ser consejero de su empresa. Parece ser, por lo que me dijo insistiendo en que aceptase, que de ella forman parte, además de Ponce de León, otros altos cargos estatales. Le repetí que yo no puedo aceptar nada sin consultar con el Caudillo. (…) El buen general se marchó un poco confuso y hasta extrañado por haber encontrado a una persona que en estos tiempos haya renunciado a un consejo, cuando se los disputan y acumulan las figuras del régimen que más están en el candelero. Si no fuera así, no veríamos los nombres de consejeros de empresas tan repetidos en varias de estas personas de relieve y que son allegadas al Caudillo»[71]. Dinero fácil y una perla para los curiosos de la historiografía.

LOS SUELDOS DEL CAUDILLO

El salario que ahorró Francisco Franco a lo largo de su vida tampoco es desdeñable. La publicación de unos documentos depositados en la Fundación Francisco Franco (legajos 28, 29, 29 bis, 166 y 267) muestra que, el 30 de junio de 1961, los ahorros del general subían a 23 millones de pesetas (más de 400 millones al valor actual).

Según el detalle de los movimientos dinerarios de Franco, realizado por su secretario particular y cuñado Felipe Polo, Franco poseía 23 405 098 pesetas repartidas entre varias cuentas corrientes y en acciones de empresas públicas. Su sueldo como militar lo había donado al Ejército, así es que estos ahorros proceden de su salario como «Jefe del Estado».

Carmen Polo explicó a la revista Hola, en julio de 1980, que su marido cobró casi siempre 250 000 pesetas mensuales, pagadas por el ministro de Hacienda, que subieron a 600 000 poco antes de morir. Un ingreso pintoresco del general es la liquidación de 3236 pesetas como derechos de autor por el libro Cuadros evangélicos, editado por Espasa Calpe en 1956. El dinero que no tuvo ahorrado en cuentas abiertas en el Banco de España, Banesto y Bilbao, lo invirtió en acciones —muy pocas— de empresas como Iberduero, Duro Felguera, Banco de Bilbao, RENFE, CAMPSA, Banco de Crédito Local e Instituto Nacional de Colonización.

Diversificaba como un mediano ahorrador más. Para el investigador del franquismo Jesús Palacios, «a la vista de los documentos, no parece que Franco especulase, manejase información privilegiada o tuviese dinero en Suiza. Otra cosa distinta es lo que miembros directos de su familia han hecho beneficiándose del apellido y del poder»[72].

LA DECADENCIA DE LA CASA FRANCO

Arrumbados en cuanto desapareció la abstemia figura del Generalísimo, abandonados incluso por quienes hicieron fortuna a su sombra, los Franco se enfrentaron a la pesada carga de los símbolos: era la liquidación total por derribo. El entorno familiar de los Franco, su imagen íntima y personal, desapareció con Carmen Polo Martínez Valdés, la Señora, poco antes de las ocho de la mañana del sábado 6 de febrero de 1988, tras más de doce años alejada de la vida pública española. Una tradición se perdía para siempre. En el túnel del tiempo quedaba aquella vieja estampa de familia ejemplar que tantas veces reflejaron los documentales del No-Do. Mientras tuvo salud, doña Carmen siempre fue la «gobernanta» de la casa Franco; mantuvo a la familia unida, encauzó los destinos de su hija y sus siete nietos; templó y mandó, tanto en vida del general como durante sus primeros años de viudedad. Después, su larga enfermedad trajo consigo la dispersión y la caída de la familia Franco. Un derrumbe lleno de episodios domésticos singulares, que demostrarían el cambio de los tiempos. Ya el 7 de abril de 1978, su hija Carmen había sido detenida en la aduana del aeropuerto de Barajas cuando intentaba sacar ilegalmente de España treinta y una medallas de oro del general, escondidas en una maleta, valoradas en 25 000 dólares. «Quería fundir las medallas para regalarle un reloj a mi madre», dijo la duquesa de Franco ante los periodistas; pero su destino era Suiza, la patria del reloj de cuco.

Carmen Franco Polo fue condenada a pagar una multa de 6 800 000 pesetas por «intento de evasión de objetos de valor histórico», según sentencia dictada por el Tribunal de Contrabando. Tras los pertinentes recursos, otro tribunal anuló esta sentencia el 6 de mayo de 1980, aunque reconoció los hechos. Ya nada quedaría tapado como en 1971, cuando funcionarios de la aduana de Algeciras denunciaron al marqués de Villaverde porque —según el informe de los aduaneros— Cristóbal Martínez-Bordiú pretendía sacar de España una valiosa colección de cuadros y tapices facturada como material médico, supuestamente para Ferdinand Marcos, el dictador de Filipinas[73]. Con la democracia, aquella vieja impunidad había tocado a su fin. Prudencia.

En aquel sábado lluvioso del 6 de febrero de 1988, con Carmen Polo de cuerpo presente, el domicilio de Hermanos Bécquer número 8 congregó a exministros allegados a la Señora como Licinio de la Fuente, José Solís, Manuel Fraga y Fernando Suárez González; a personalidades tan vinculadas al antiguo régimen como el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y el exalcalde de Madrid, Juan de Arespacochaga[74]. La Casa Real envió a Nicolás de Cotoner, marqués de Mondéjar, y la Iglesia estuvo representada por su máxima autoridad en Madrid, el arzobispo Ángel Suquía.

Al día siguiente, Carmen Polo de Franco era enterrada en el lugar que ella misma había elegido: el cementerio de El Pardo. Una cripta de doscientos metros cuadrados bajo una capilla con campanario es, desde entonces, la última morada de la Señora de Meirás. Así lo dispuso en vida el general Franco; eligió un lugar muy cercano al palacio de El Pardo, en la carretera de Mingorrubio, y puso en marcha, quizá sin pretenderlo, el cementerio del Régimen, un muestrario de sepulturas de las familias más próximas al vencedor del 18 de julio.

Quedaban atrás 86 años de vida en los que una muchacha asturiana de buena familia, casada en 1923 sin el beneplácito de su padre con un comandante africanista de limitados recursos económicos, pasaría a ser llamada La Señora, con temor y adulación, y a convertirse en la mujer más influyente de España —casi una reina— que disfrutó de un incontrolable poder durante los cuarenta años que duró la dictadura. Cuantos la conocieron, quienes formaron su reducido círculo de amigos, coinciden en que Carmen Polo de Franco era la persona que tenía «verdadera influencia» sobre las decisiones del general. «Fuera de ella hay pocos que la tengan —escribe Pacón, en su diario—. Ni siquiera los ministros».

Y algunos episodios lo demuestran. Durante la Guerra Civil, la figura de Carmen Polo ocupó un discretísimo segundo plano, entre actos religiosos y obras de caridad. De esa época es muy famosa su intervención, el 12 de octubre de 1936, durante un acto académico en Salamanca, cuando le salvó la vida a Miguel de Unamuno, tomándole del brazo y sacándolo a la calle en el preciso instante en que el general tullido Millán Astray, colérico, amenazaba al escritor pistola en mano. Ya instalada en el palacio de El Pardo, la influencia de la Señora se notó en momentos decisivos. Animó a su marido a que participara en la guerra mundial junto a Hitler y Mussolini, dio su visto bueno para el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como heredero del trono hasta que su nieta, Carmen Martínez-Bordiú, se comprometió con Alfonso de Borbón. Para una asturiana de clase media resultaba demasiado atractivo que su nieta llegara a ser reina de España. Trató de interceder por don Alfonso, pero era ya demasiado tarde.

Siempre al lado de su marido, entre otras intimidades compartía con él la obsesión de ver «masonazos» por todas partes. Según el escritor y antiguo dirigente franquista Ramón Garriga[75], Carmen Polo evitó que Franco abandonara la escena política en 1970, cuando el parkinson comenzó a disminuir física y psíquicamente las facultades del general. Desde entonces, la Señora empezó a ser utilizada por los ministros; intervino indirectamente en muchos nombramientos y decisiones políticas, no mostró —según los testigos— un especial dolor cuando Carrero Blanco fue asesinado por ETA en 1973, y aceptó de buen grado a Carlos Arias Navarro como sucesor del almirante en la presidencia del Gobierno. Existe constancia de que doña Carmen, que había intervenido en numerosas peticiones de indulto realizadas a través de una monja, no detuvo la mano de su enfermo esposo cuando firmó, dos meses antes de morir, las cinco condenas de muerte ejecutadas el 27 de septiembre de 1975. A cuantos la rodeaban les sorprendió su indiferencia.

La Señora fue el centro de toda la vida social, con su trastienda de intereses políticos, que rodeó al poder en España; marcaba la pauta de las mujeres de los ministros, a las que trataba con autoridad. Ninguna tuvo su confianza. Carmen Polo compartió con su marido la austeridad en el comer y el beber, que no significa despreciar el lujo. Desde que comenzó la Guerra Civil el matrimonio Franco vivió en palacios que doña Carmen decoraba, llenaba de antigüedades y muebles de época. Las joyas siempre formaron parte de su imagen; no en vano le pusieron el sobrenombre de «Doña Collares». Es parte de la leyenda que, cuando la esposa de Franco salía de compras, los mejores joyeros de Madrid cerraban sus puertas porque a ella se le olvidaba pagarles, y las joyerías no se atrevían a enviar las facturas a palacio. Junto al generalísimo, Carmen Polo llevó una vida metódica, ordenada, de misa diaria y matutina, compras de antigüedades y paseos en coche; inauguraciones, fiestas benéficas, lápidas conmemorativas y monumentos en honor a su marido. Su actividad pública y privada hizo que los maledicentes la llamaran «la Dictadora del Dictador».

Como en un cuento gótico, la caída de la casa Franco, su liquidación, comenzó el 20 de noviembre de 1975, cuando se abrió la capilla ardiente que contenía el cadáver del general, y terminaron los privilegios que Carmen Polo y su familia habían disfrutado. En febrero de 1976, la Señora dejó el palacio de El Pardo, tras meses de costosa mudanza, para marcharse al que sería su domicilio familiar en democracia: el tercer piso de la calle Hermanos Bécquer número 8; una vivienda de cuatrocientos metros cuadrados, igual que la habitada en el piso superior por su hija, el marqués y los vastagos. Durante nueve meses, la recién nombrada Señora de Meirás asistió a conmemoraciones, desfiles en el Valle de los Caídos, homenajes al «hombre del siglo»… pero enseguida se aisló, rehusó hablar con la prensa y se relacionó tan sólo con su reducido núcleo familiar que se desmembraba ante sus propios ojos. La disolución del Régimen franquista llegaba a su familia. Las revistas del corazón habían reemplazado a los panegíricos de la prensa oficial. Carmen Polo se supo abandonada por los aduladores y atacada por los revanchistas. La transición política española hacia el posfranquismo había sido para ella una traición.

LA VENTA DEL PATRIMONIO DE LOS FRANCO

Tras la muerte de Carmen Polo, la vida de los Franco ha discurrido con un sigilo apenas roto en contadas ocasiones por algunos paparazzi. Su prudencia ha sido tal que también el destino de la fortuna familiar se ha mantenido en el enigma más absoluto, como un secreto tan celosamente guardado que parece no existir, dada la casi nula ostentación que hacen los descendientes del general.

El secreto económico que les ha permitido mantener su ritmo de vida ha sido simple: vender las propiedades más valiosas, convertir el patrimonio de Franco en dinero contante y sonante; poner en venta los palacios, los objetos artísticos, los muebles, las fincas… y disfrutar de la vida. Como declaró en 1988 Cristóbal Martínez-Bordiú al periodista Luis del Olmo en los micrófonos de la COPE: «Todo se compra y todo se vende. Depende de si nosotros podemos seguir manteniéndolo o no. Porque, claro, el Canto del Pico, el Pazo de Meirás y la casa de Hermanos Bécquer son patrimonios muy caros, que no rinden y que cuesta mantener. Y llega un momento determinado en que una vaca se queda sin leche porque se acaba y hay que comerse la vaca, porque si no la vaca acaba con nosotros».

Al poco de morir su padre, Carmen Martínez Bordiú vendió el Palacio de Caza de Castillo de las Navas (Córdoba), una fortaleza del siglo VIII, por 90 millones de pesetas. Por su parte, Villaverde vendió en 1981 la finca y el chalet que tenían en Torremolinos por 200 millones de pesetas.

Muerta Carmen Polo, los Martínez-Bordiú Franco tardaron poco en empezar a convertir en dinero fresco los lugares emblemáticos del general. Ochenta días bastaron para que el marqués de Villaverde cosechara su primer éxito de venta. El 27 de abril de 1988, el hostelero José Antonio Oyamburu Goicoechea pagó 320 millones de pesetas por la Casa del Viento, edificio histórico-artístico, más ocho mil hectáreas a su alrededor, pertenecientes a la finca El Canto del Pico, regalada a Franco por el conde de las Almenas en 1941 como premio a su victoria en la Guerra Civil.

Diez días más tarde, el 7 de mayo de 1988, le llegó el turno a la casa de la calle Hermanos Bécquer, último domicilio de Carmen Polo y lugar en el que murió. Su nieta, Carmen Martínez-Bordiú, encargó personalmente a la compañía de mudanzas Servicio Internacional de Transportes el traslado de las pertenencias de su abuela a un guardamuebles madrileño. Carmen se llevó los objetos más queridos, vendió algunos en la tienda parisina de su entonces marido, el anticuario Jean Marie Rossi, y dejó que sus hermanos se repartieran los muebles restantes, muchos de los cuales fueron trasladados a la finca de Valdefuentes bajo la atenta mirada del marqués. Desmantelado el último domicilio de Carmen Polo, su refugio final durante la transición democrática, el viejo mobiliario fue reemplazado muy pronto por los fluorescentes y los ordenadores. Los Franco alquilaron el inmueble a la entidad de inversores bursátiles Agentes de Bolsa Asociados, que más tarde pasarían a denominarse Global Marketing España, con una rentabilidad mensual que rondaba los dos millones de pesetas.

Más difícil resultó deshacerse de su tercera «carga» patrimonial, la de mayor significación durante el Régimen: el Pazo de Meirás, donde Franco desplegó sus 39 veranos de poder y tomó decisiones políticas que marcaron la historia de España. Regalado al Caudillo el 28 de marzo de 1938 por sus «queridos paisanos» —en palabras de Franco—, mediante una cuestación organizada por las autoridades provinciales, bajo los auspicios de Barrié de la Maza, que abonaron 450 000 pesetas por sus 110 000 metros cuadrados, sus siete hectáreas de jardín y su edificio histórico-artístico que en su tiempo perteneció a Emilia Pardo Bazán. Si el peso simbólico del Pazo resultaba entonces excesivo, no lo fue menos el precio marcado por la familia para su venta.

Abandonado, incendiado el 18 de febrero de 1978, desolado y vacío por voluntad de los herederos, varios intentos de vender Meirás fracasaron en vida de Carmen Polo. El más pintoresco data de marzo de 1982, cuando el ayuntamiento de La Coruña ofreció 180 millones de pesetas por el palacete. El alcalde centrista Joaquín López Menéndez pensó en Meirás, situado a sólo quince kilómetros de La Coruña, como posible sede de la Xunta de Galicia, el nuevo Gobierno autonómico que finalmente se ubicó en Santiago. En 1988, la Diputación Provincial coruñesa, presidida por el futuro ministro de Sanidad en el primer gobierno del PP, José Manuel Romay Beccaria, ofreció 500 millones de pesetas, pero ninguna oferta cristalizó. En 1996 el Pazo de Meirás fue sometido, por primera vez en dos décadas, a un lavado de cara para que allí se oficiara la boda de Arancha Martínez-Bordiú. Los rumores de venta del Pazo, tasado hoy en más de seis millones de euros, son permanentes.

A estas propiedades hay que sumar el Palacio de Cornide, en el casco antiguo de La Coruña, adquirido en 1962 por mediación de Barrié de la Maza y valorado actualmente en más de un millón de euros; La Piniella, en San Cucao de Llanera (Asturias), finca de la familia Polo heredada por Carmen Franco; el chalé del marqués de Villaverde en el pantano de Entrepeñas (Guadalajara), así como la parte que corresponde a los Franco por la finca de Arroyovil, en Jaén.

De todo su patrimonio, la gran esperanza económica de la familia sigue puesta en Valdefuentes, en Arroyomolinos (Madrid), una finca conocida popularmente como el Coto de Franco. La de Valdefuentes es una historia singular. Comprada por el general mediante su testaferro Sánchiz, Franco la dirigió personalmente como explotación ganadera y agrícola, pero sus colaboradores no vieron con buenos ojos que estuviera al frente de una sociedad anónima, la «S. A.» de «S. E.» (Su Excelencia), como diría con cierto humor Franco Salgado-Araujo.

Después del 20 de noviembre de 1975, los descendientes dejaron de explotar la finca. Francis Franco tomó las riendas y alquiló la casa y la capilla —que el general se había construido— para el rodaje de películas terroríficas y eróticas, según la moda del cine español de la época. La gestión de Francis fue tan desastrosa que su padre, el marqués, le apartó de ella. En la antigua finca favorita de Franco se montó después el picadero Cercano Oeste. En los últimos años, Valdefuentes ha sido residencia de José Cristóbal Martínez-Bordiú (que gestiona el picadero) y de su esposa, la presentadora de televisión María José Toledo.

Los casi diez millones de metros cuadrados de suelo rústico de Valdefuentes fueron tasados en 1990 en mil millones de pesetas, que podrían multiplicarse por diez al ser recalificados como urbanizables. Ha sido cuestión de tiempo. En octubre de 2001, el Boletín Oficial del Estado publicó la recalificación de 3,3 millones de metros cuadrados de la finca, situados junto al centro comercial y de ocio Xanadú, en los que se prevé edificar 5000 viviendas, un centro comercial y un polígono industrial. El mercado inmobiliario ha hecho a los Franco inmensamente ricos.

Bajo la administración de Villaverde, los Franco liquidaron una buena parte del patrimonio heredado. En su afán de hacer dinero a costa de fetiches de valor histórico, en 1990 Carmen Franco interpuso un pleito sobre la propiedad del Mercedes Benz G4AV31, regalado al Caudillo por el führer Adolf Hitler el 4 de diciembre de 1939 para felicitarle el cumpleaños. El vehículo, una pieza casi única de gran valor económico, pertenece al Patrimonio Nacional, y Carmen Franco lo reclamó como una propiedad particular de su difunto padre, al que creía tener derecho como heredera. Y es que para los Franco durante la democracia todo parecen gastos.

Con el tiempo, la misteriosa fortuna de los Franco se ha diluido en la memoria gracias a la falta de control del ministerio de Hacienda durante la transición con el propósito de proteger a los descendientes directos del dictador. En esos primeros años de democracia, jamás se les realizó una inspección tributaria ni se investigó si los Franco habían depositado o no parte de su fortuna en Suiza, a pesar de las declaraciones del diputado helvético Jean Ziegler, relatando las frecuentes visitas del marqués de Villaverde a Lausana. El enigma, casi con total seguridad, no se desvelará nunca.

LA TERCERA GENERACIÓN: FRANCIS FRANCO MARTÍNEZ-BORDIÚ

Pilar Franco escribió en su libro Cinco años después: «Hay quien se empeña en hacer ver que los Franco de la llamada democracia son, cinco años después de la muerte del general, una familia de museo. Apolillada. Otros, menos listos o más desaprensivos, aprovechándose de pequeños incidentes familiares o sociales, tratan de dar la imagen de una serie de señores y señoras que viven en abierta discordia disputándose los pedazos de la tarta… Todos mienten. Los Franco que vivimos bajo la democracia somos una familia como otra cualquiera. Con sus defectos y con sus virtudes. Pero eso sí, una familia empeñada en mantener muy alto el apellido, del que nos sentimos muy orgullosos»[76].

Los nietos de Francisco Franco se acomodaron bien en el universo de la clase media aristocrática, sin padecer demasiado vértigo en el descenso. La discreción de Mariola, Jaime y Arancha; la independencia de Merry y de José Cristóbal; las relaciones públicas y la venta de imagen como profesión desplegada por Carmen. Vida normal en democracia: divorcios, dispersión… La tensión del descenso al anonimato resumida en bulos tan insólitos como el que atribuyó un romance a Merry Martínez-Bordiú nada menos que con Felipe González, a la sazón presidente del Gobierno socialista. Caída libre y cómoda hacia la privacidad.

El Martínez de tercera generación que lo ha tenido más difícil ha sido Francisco Franco Martínez-Bordiú, a quien sus críticos llamaban «El Nietísimo» y sus socios «El Príncipe», mientras algunos medios de comunicación lo denunciaban como «El furtivo de El Pardo» tras varios episodios judiciales de caza furtiva en plena transición. «Mi apellido pesa mucho; los que mandan en España no me van a dejar que levante la cabeza», dijo en 1981. Precipitarse desde el Olimpo franquista hasta la vulgaridad social no debe de ser un trago de gusto para nadie. Tras gestionar las propiedades familiares, montar un chiringuito en Marbella y asesorar a Luis García Berlanga en el rodaje de La escopeta nacinal, se volcó a los negocios inmobiliarios; marchó al Chile de Pinochet y se enredó con un grupo de inversores españoles a los que les interesaba su apellido. En 1983, el llamado «caso PRIM» llegó a los tribunales y su nombre terminó engalanando las publicaciones del país andino: «Financiera PRIM: Cuatro mil chilenos estafados por nieto de Franco», titulaba en su portada el semanario El Siglo del 20 de octubre de 1991.

Así explicaba el abogado chileno Julián Saona, defensor de los damnificados, el modus operandi de PRIM: «El montaje de General de Obras y Construcciones PRIM se basaba en la ilusión de numerosas familias pobres que recurrían al subsidio de la vivienda como única oportunidad para conseguir una casa propia. La inmobiliaria se ofrecía a resolver todo el proceso. Recibía el dinero de los ahorradores, les abría la cartilla y gestionaba el subsidio, así como el crédito hipotecario para que pagaran el resto de la casa. Era la solución con una simple firma. Pero los clientes tardaron varios años en darse cuenta de la trampa. El primero fue Francisco Recio, que comenzó a sospechar cuando, en septiembre de 1987, tras entregar cien mil pesos —con salarios medios de 25 000—, comprobó que su nombre no constaba en la lista de concesiones. Indagó y pudo averiguar, además, que en el Ministerio de la Vivienda había dos querellas contra PRIM por ofrecer en venta terrenos sin licencia municipal. En el banco de Desarrollo existían, por otra parte, 791 cartillas de ahorro de clientes de PRIM que durante años estaban ingresando su dinero directamente a las arcas de la empresa. Veinte querellas criminales por estafa han sido presentadas ya contra los directivos de PRIM y contra quienes resultaren responsables. Vamos a solicitar la extradición de Francisco Franco Martínez-Bordiú y del empresario»[77]… Cuando estalló el escándalo, Francis ya estaba desligado de esa sociedad, pero se le relacionó con ella porque seguía constando en las escrituras y su apellido tenía la repercusión suficiente como para elevar la estafa a titular de prensa.

En España, varios inquilinos madrileños, representados por un humilde abogado de Vallecas, denunciaron las actividades del último Francisco Franco en el negocio de la compraventa de viviendas al frente de las empresas Credisol, Montecopel —con sede social en el 8 de Hermanos Bécquer—, Alrevisa… «Una inmobiliaria de Francis Franco extorsiona ancianos en Madrid», tituló Panorama en su portada del 7 de agosto de 1989. Pequeños tropiezos mercantiles para alguien a quien cambiaron el orden de sus apellidos como depositario de una saga de ínfulas gloriosas. «Algún día le gustará llamarse sencillamente Martínez», auguró el inefable Pacón en su inefable diario.

***

Los años de democracia han liberado a los Franco de una pesada carga. Desmantelada definitivamente la casa de la familia directa del general, ya no quedan santuarios ni reliquias que mantengan su memoria. El Valle de Cuelgamuros es de todos los caídos, el palacio de El Pardo lo ocupan estadistas extranjeros de visita oficial en España y el yate Azor fue desguazado por viejo e inservible… El último episodio del ocaso sucedió quizás el 4 de febrero 1998,con el fallecimiento de Cristóbal Martínez-Bordiú, a los 75 años, tras sufrir un derrame cerebral. Su funeral pasó casi desapercibido. Sólo las revistas del corazón dedicaron algunas páginas para reseñar la asistencia al entierro de su familia directa y de la amiga de su hija mayor, la musa de las porcelanas para baño Isabel Preysler, a quien los fotógrafos prestaron más atención que al hecho luctuoso que les había congregado. Desde hacía mucho tiempo, los Franco eran ya la sombra de aquella familia «hidalga» que nunca perdió su alegría mientras se daba de bruces con la Historia.

Capítulo III. La importancia del apellido Franco: Nicolás, Niky y Pilar

CAPÍTULO III

La importancia del apellido Franco:

Nicolás, Niky y Pilar

No queremos la vida fácil y cómoda. Queremos la vida dura, vida difícil de los pueblos viriles.

FRANCISCO FRANCO, 1940

NICOLÁS FRANCO BAHAMONDE, INVENTOR

DEL FRANQUISMO

HASTA SU MUERTE en abril de 1977, a los 86 años, Nicolás Franco Bahamonde supo exprimir el jugo a la vida y aprovechar las oportunidades que la realidad le brindó. Ingeniero Naval, trabajó siempre muy vinculado a Juan March Ordinas. Primero, como presidente de la Unión Naval de Levante, en Valencia, cuyos astilleros había montado y a los que, según las malas lenguas, no dedicaba más que una hora al día, dado su amor a la nocturnidad. Después presidió y fue miembro, durante toda su vida, del consejo de administración de Transmediterránea. Su relación con March fue tan intensa que, tras estallar la Guerra Civil, Nicolás montó en Lisboa, como ya se ha dicho, una embajada del bando nacional, paralela a la del Gobierno legal republicano, en terna con el financiero mallorquín Juan March y con José María Gil Robles, entonces dirigente de la CEDA y futuro abogado de March.

A principios de agosto de 1936, Nicolás Franco se había establecido en la capital portuguesa como procurador oficial de su hermano bajo el nombre falso de Aurelio Fernández Aguilar, y desde allí ejerció como intermediario fundamental ante Alemania, país que comenzó entonces a enviar material bélico a la España nacionalista a través de Lisboa. Pero la actividad política de Nicolás no se redujo a cuestiones «de abastecimiento», logísticas o comerciales. Su savoir faire fue crucial para que su hermano Paco consiguiera el mando único, militar y político.

Nombrado a la sazón secretario general de la Administración del Estado, Nicolás tuvo un gran protagonismo en la entrega de todo el poder a su hermano, junto a los generales Kindelán, Yagüe y Millán Astray, después de vencer las reticencias del general Cabanellas, disgustado por la fórmula que éstos proponían. Como concesión a Cabanellas, fue pactado un Decreto cuyo artículo primero decía: «En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe del Gobierno del Estado español al Excelentísimo señor general de división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado». Nicolás dio forma a la redacción definitiva y, según numerosos historiadores, «la retocó» camino de la imprenta. Sea cierto o no, del texto, publicado en el Boletín Oficial del 30 de septiembre de 1936, desapareció «el Gobierno» y Franco quedó directamente como «Jefe del Estado». Sin ambigüedades.

En 1937 no se hablaba todavía de «franquismo». Sin embargo Nicolás, apoyado por el director del periódico El Pensamiento Navarro, pretendió capitalizar la idea unificadora de las fuerzas nacionales a través de un partido único «franquista» llamado Acción Ciudadana. La iniciativa no gustó a su hermano y por ese motivo no llegó a fundarse, pero ya trataba de organizar «el Franquismo en sentido partidista», tal como publicó el periódico citado en su edición del 10 de febrero de 1937. Más tarde, recién llegado a la zona nacional en 1938, sería el cuñado Ramón Serrano Suñer quien, tras desplazar a Nicolás, construiría el partido único alrededor del Generalísimo.

El parentesco y estar «bien relacionados» eran, desde el primer momento, cuestiones clave en la elección de los dirigentes políticos. La pauta venía marcada por el propio Franco al apoyarse en su hermano, primero, y en su cuñado, después, para consolidar todo su poder personal. A su lado estuvieron siempre dos personajes de los que ya hemos hablado: su primo Francisco Franco Salgado-Araujo, Pacón, y el hermano de su mujer, Felipe Polo. Pero además, tuvo a su servicio al general de Aviación y primo hermano Enrique de la Puente Bahamonde, destinado en su Casa Militar y que a la muerte del Caudillo todavía disfrutaba de una canonjía en el consejo de administración de la Compañía Telefónica. Junto a ellos, deambularon militares de máxima confianza como Pedro Nieto Antúnez, Pedrolo, tan unido financieramente a los March; Camilo Alonso Vega[78] —a quien llamaban «Camulo» por la contundencia de su estilo— y Juan Castañón de Mena, jefe de la Casa Militar durante años, ministro del Ejército y vocal de la empresa Cubiertas y Tejados. Y por encima de todos, Luis Carrero Blanco, almirante en tierra[79].

Ésta era la clave de un régimen político que siempre tuvo un aire de familia. «Ciertas costumbres y elementos culturales de la alta política —escribe Amando de Miguel[80]— han mantenido bajo el franquismo un tono inequívocamente “familiar”: la celebración de la onomástica del Caudillo, el insólito aire de mesa camilla que tiene ya el Consejo de ministros, las visitas que éstos hacen a veces a Franco rodeado por sus nietos, la misma institución de los “procuradores familiares”, los premios de natalidad, hasta la misma jerga patrimonialista que llama en broma “la casa” al ministerio y “señorito” al ministro».

La historia familiar del Régimen de Franco contiene algunos episodios de dominio público que dan fe de la relación entre el dictador y su hermano mayor. El más pintoresco data de 1950. Al general le mostraron un ejemplar de la revista británica Sunday Pictures en el que aparecía una foto en bañador de Nicolás, que rondaba los sesenta años, junto a la starlette Nina Dyer, cubierta por un biquini demasiado escueto para los gustos del nacional-catolicismo imperante. La revista comentaba con cierta sorna: «El don Juan número uno de la Costa Azul no es este año el príncipe Rusponi, ni Errol Flynn. Es Nicolás Franco, el propio hermano del Caudillo de España, que, en pocas horas, ha hecho la conquista de la encantadora “pin-up” Nina Dyer, llegada a Cannes hace un mes». En vez de montar en cólera, el general se limitó a decir: «Vaya, parece que Nicolás ha engordado. A ver si adelgaza». Luego, ya en privado, llamó la atención a su hermano con un simple consejo: «En lo sucesivo, Nicolás, báñate en casa, solo y con la puerta cerrada».

El más político aconteció en 1970, cuando el consejo de guerra de Burgos condenó a muerte a seis miembros de ETA, en procedimiento sumarísimo y sin garantía procesal. El 6 de noviembre Nicolás remitió a su hermano una carta tremenda que pudo ser decisiva: «Querido Paco: No firmes esas sentencias. No conviene, te lo digo porque te quiero. Tú eres un buen cristiano, después te arrepentirás. Ya estamos viejos. Escucha mi consejo, ya sabes lo mucho que te quiero. Yo estuve algo enfermo. Ahora ya estoy bien, gracias a Dios. Un fuerte abrazo de tu hermano, Nicolás».

La relación del general con su hermano mayor a lo largo de toda su vida, ha merecido incluso la atención de psicoanalistas como Francisco Martínez López, y de psiquiatras progresistas como Enrique González Duro, autor de una biografía psicológica del Dictador. El doctor Martínez López ha destacado «la paradoja existente entre el texto con que acuñan los monedas —“Caudillo de España por la gracia de Dios”— y el hecho, perfectamente verificado, de que uno de sus mayores disgustos y emperramientos [del general Franco] será el de pedirle constantemente a su hermano Nicolás, cuantas veces se encontraba con él, el “bastón” que, por razones de primogenitura, había recibido de su padre en concepto de bastón-símbolo-mando»[81]. Secretos de familia, o la importancia de llamarse Franco, que diría Oscar Wilde.

LA EMBAJADA EN LISBOA Y EL CLUB BILDELBERG

Desplazado como consejero personal, Nicolás regresó a su puesto estratégico de Lisboa, donde, aunque no fue nombrado oficialmente hasta abril de 1938, actuó como embajador plenipotenciario a lo largo de veinte fructíferos años. Durante la Guerra Civil, dirigió todo el comercio con la Alemania de Hitler, a la que pagaban su ayuda militar con materias primas, como el carbón. Fue entonces cuando forjó su fama de bon vivant y de ave nocturna; hizo célebres sus juergas en todo Portugal y protagonizó constantes escapadas al Biarritz ocupado por los nazis, atraído por la ruleta de su famoso casino, pero también por la pasión. Allí conoció en 1942 a Cecilia Albéniz, nieta del famoso compositor, con la que mantuvo una relación sentimental hasta que la joven murió en accidente de tráfico cuando apenas tenía veinticinco años.

En plena Segunda Guerra Mundial, Nicolás Franco consiguió para la Unión Naval de Levante un contrato con Alemania para la construcción de varios submarinos destinados al III Reich, que debían operar en el Mediterráneo. Al ser material bélico, Nicolás no tuvo dificultad en conseguir los permisos de importación de los motores desde Alemania para esas naves. Al acabar la contienda, quedaron en Valencia media docena de submarinos a medio construir. La empresa exportadora alemana había quebrado y Nicolás Franco, en una falsa subasta adquirió por 300 000 pesetas toda la maquinaria de los submarinos, vendiéndola inmediatamente por decenas de millones[82].

En sus trapicheos, jamás abandonó su puesto como embajador en Lisboa. Era su centro de operaciones y un destino diplomático de primera magnitud. Desde la capital portuguesa intervino, con habilidad y guante blanco, en las delicadas relaciones del Régimen con don Juan de Borbón, el rey legítimo, exiliado en Estoril desde 1946. Acorde con los tiempos que corrían, el embajador Franco también supo cambiar Alemania (a la que servía mientras pactaba con Inglaterra y Francia cuantas veces fuera necesario) por los Estados Unidos y ofrecer sus servicios al último vencedor.

A comienzos de los años cincuenta, el Gobierno norteamericano había decidido desarrollar una nueva táctica en Europa, tras advertir los resentimientos que había provocado con su actitud proteccionista tras la Segunda Guerra Mundial. Se trataba ahora de cambiar su presencia directa por la más discreta de las multinacionales y dejar la iniciativa a sus aliados europeos: políticos y financieros, vinculándolos a sus servicios secretos. Para ello, en 1952 se constituyó un comité encargado de crear un organismo internacional en el que estadounidenses y europeos pudieran reunirse para mejorar las relaciones entre los dos continentes, con la mirada puesta en el enemigo comunista. Allí estuvieron el príncipe Bernardo de Holanda; William Donovan, exdirector de la OSS (el antecedente de la CIA); el banquero portugués Nogueira, el industrial holandés Martens; Joseph Luns, futuro secretario general de la OTAN, y… Nicolás Franco Bahamonde, embajador en Lisboa durante unos años en los que la capital portuguesa había sido una plaza clásica del Intelligence Service británico.

Esta reunión fue el antecedente del Club de Bilderberg, fundado en mayo de 1954, y que para muchos constituyó, según recogía Time, «el club de los hombres más ricos, más poderosos y más influyentes del mundo occidental, que se reúnen secretamente para planificar acontecimientos». Bilderberg fue el antecedente de la Comisión Trilateral y por sus reuniones periódicas, desde 1955, pasaron otros dirigentes españoles, como Manuel Fraga —junto a Leopoldo Calvo-Sotelo, luego presidente del Gobierno democrático[83]—, Jaime Carvajal y Urquijo o Ignacio Camuñas[84].

Desde Lisboa, Nicolás desplegó también una intensa actividad mercantil. El general Franco Salgado-Araujo, en su diario (un texto imprescindible a pesar de lo que digan sus críticos franquistas) se refiere al negocio de transportes de viajeros entre Madrid y Alicante, conocido como «La Chaco», montado por Nicolás con su cuñado José Pascual de Pobil, que fue alcalde de la ciudad mediterránea, «quien hace demasiada ostentación de la prebenda», anota el 1 de diciembre de 1945[85], para añadir con ironía: «Me extraña que alguien se asuste porque tenga con su cuñado un negocio de transportes. Nicolás debe tener muchos y muy buenos negocios, y es consejero y presidente de varias sociedades. Que tenga uno más… ¡Qué le importa al mundo!».

El Registro Mercantil le da la razón. Rastreándolo —y sin ánimo de cansar al lector— el nombre de Nicolás se pasea por los consejos de administración de Transmediterránea, Unión Naval de Levante, Manufacturas Metálicas Madrileñas, Naviera Aznar, FASA-Renault, REACE, Alean Aluminio Ibérico, Naviera Transportes y Pesca, Instituto de Seguros y Reaseguros, Fabricación de Automóviles Diesel, Frigoríficos de Barcelona y la Caja de Crédito de la Construcción.

¿Qué importaba, pues, un negocio más, desde esa gran cueva de Alí Baba en versión clase media que se habían montado alrededor de El Pardo? Mientras los suyos ejercían como emergentes caballeros de industria, el Caudillo vivía endiosado, se proclamaba a sí mismo «el reducto espiritual del mundo», y era tan autosuficiente que, bajo el seudónimo de Jakim Boor, replicaba personalmente a los «enemigos de España» que se agazapaban en la ONU, con diatribas como ésta: «Existe un poder internacional secreto mucho más terrible que todos los fascismos habidos y por haber, pues se mueve en la clandestinidad, maniobra, hace y deshace a capricho de los que pomposamente se titulan representantes de la democracia»[86]. La conspiración internacional, el contubernio. La explicación de siempre[87].

Durante su dictadura, el Centinela «providencial» no quería que le molestasen con problemas, y menos que involucraran en ellos a su familia. Cuando un ministro le hablaba de los grandes males de la Hacienda pública y le pedía mano dura para atajar el fraude fiscal, el general argumentaba: «Es verdad el poco respeto que hay en nuestro país para pagar lo que está marcado, pero esto no se puede corregir y exigirlo de una manera brusca, y es preciso hacerlo poco a poco, pues podrían pagar justos por pecadores. Hay que ir estudiando los sistemas de recaudación para hacerlos más flexibles y para que pueda ser más eficaz, para los encargados del fisco»[88].

Ante semejante panorama, Nicolás Franco no desaprovechó ninguna de las ocasiones que le brindó el sorprendente mundo de los negocios y, con su mediación avalada por el peso de sus apellidos, consiguió durante mucho tiempo saltarse cualquier control autárquico. Al nuevo Estado nacido del 18 de julio no le faltaban funcionarios y altos responsables de negociado dispuestos, desde los ministerios o las corporaciones locales, a conceder un favor al mismísimo hermano mayor del Caudillo.

Al embajador de España se le abrió un universo lleno de oportunidades. El tráfico de influencias le condujo desde Lisboa a Madrid y Barcelona, capitales donde disponía de diversos «secretarios», con oficina abierta, que actuaban a sus órdenes. Todavía no había fundado el Grupo Español de Iniciativas S. A., pero su GEISA se estaba fraguando. La forma de operar era simple: una vez captado el cliente, el «secretario» le advertía de que, para culminar con éxito determinada gestión, sería necesaria una carta de recomendación firmada por el hermano del Caudillo a cambio, evidentemente, de una contraprestación económica. Si el asunto era tan delicado que requería la presencia de Nicolás, entonces la compensación económica se disparaba[89].

Cuando el 10 de enero de 1958, coincidiendo con el final de los años autárquicos, fue cesado como embajador, Nicolás Franco ya se había lanzado al mundo de las empresas automovilísticas junto a los hermanos Barreiros, con quienes instaló en Ávila la factoría de FADISA (Fabricación de Automóviles Diesel S. A.), que montaba furgonetas a partir de piezas importadas con las ventajas de los aranceles aduaneros. Sin embargo, fueron Manufacturas Metálicas Madrileñas y FASA-Renault las dos grandes compañías por las que pasó con desigual fortuna.

Fundada el 29 de diciembre de 1951, Fabricación de Automóviles Renault de España S. A. (FASA-Renault) vivió una gran expansión bajo la presidencia de Nicolás y, desde su factoría de Valladolid, lanzó con éxito el utilitario «Cuatro por Cuatro», síntoma junto al Seat 600 de una prosperidad que emergía de la posguerra. FASA-Renault, que en 1975 reconocía unos activos de 37 735 millones de pesetas, cambió la realidad adusta y rural de Valladolid al empuje de sus 20 000 obreros especializados. Nicolás era el artífice de que la multinacional francesa se instalara en España: había conseguido los permisos directamente de su hermano y el negocio, durante los primeros años, consistió en la importación de automóviles casi terminados traídos desde Francia como «materia prima semimanufacturada» a la que se le concedían grandes facilidades aduaneras, y a los que sólo se les incorporaba alguna pieza menor de material español. Al principio, el 95 por 100 de cada vehículo fabricado era de origen francés.

Para financiar la nueva factoría, el hermano del Caudillo recurrió al Banco Santander, de los Botín, y al Banco Ibérico, de los hermanos Fierro. Estos últimos terminaron entrando en el negocio y haciéndose con la mayoría de las acciones para controlar la gestión de Nicolás y cobrar así los créditos que habían concedido en plazos razonables. Tras su jubilación y hasta el preciso instante de su muerte, Nicolás Franco fue mantenido como presidente de honor en reconocimiento a los servicios prestados.

La entrada del Hermanísimo en Manufacturas Metálicas Madrileñas no detuvo el desastre. Llamado por José Antonio Sangróniz, marqués de Desio[90], Nicolás alcanzó la presidencia de la compañía cuando su fundador, Julio de la Cierva Malo de Molina, la abandonó en plena quiebra y se marchó a Argentina. El plan de estabilización de 1959, que acababa con la era autárquica, afectó a Manufacturas de manera decisiva. Durante los últimos años esta empresa se había dedicado a la fabricación de cacerolas de aluminio bajo licencia de la canadiense Alean, una de las compañías más importantes del ramo a escala mundial, cuya importación en exclusiva había conseguido Nicolás.

Aprovechando el monopolio que disfrutaba en la fabricación de utensilios de aluminio, Julio de la Cierva y sus socios quisieron crecer, se embarcaron en construcciones antieconómicas y ampliaron el capital en Bolsa. Cuando se liberalizaron los productos básicos, el aluminio entre ellos, Manufacturas se vino abajo, a pesar de que el Gobierno de Franco ayudó a los miembros del consejo (entre los que se encontraban, además de los citados, Julio Obregón y Antonio María Oriol y Urquijo) y decretó la salvación de los culpables de la quiebra mientras la empresa se iba a pique.

El escritor franquista Ricardo de la Cierva[91], que trabajó en Manufacturas junto a otros familiares suyos, lo relata así: «Recuerdo que como jefe del laboratorio de Manufacturas Metálicas, donde no tenía ni una sola acción, asistí a una turbulenta junta general en el cine Gran Vía [en junio de 1961] durante la fase agónica de la empresa, a la que no acudió Nicolás Franco, que ya había sido nombrado presidente in extremis. Cuando el vicepresidente [Sangróniz], ante ciertas críticas del auditorio[92], declaró que no se podía hacer la más mínima observación “al nombre sagrado que nuestro presidente representa”, sonó una fuerte protesta que, si no me equivoco, sería el primer abucheo que recibió el apellido Franco en la historia del régimen»[93].

Pacón informó al Generalísimo de que Nicolás no había asistido a la tumultuosa junta, presentando una baja por enfermedad; suponía que estaba poniéndole al tanto de un suceso enojoso, pero Franco le sorprendió. «Fui yo quien le aconsejó que no debía ir —respondió—, pues todo accionista, al ver que sus acciones bajan, hace responsable de ello al consejo de administración y desahoga su mal humor en la junta general, como si ésta pudiera poner orden a una sociedad en quiebra y elevar sus acciones al poco tiempo». Cuando su secretario le detalló que las protestas estallaron al conocer los accionistas el valor real de sus acciones, el Caudillo profetizó: «Creo que esa sociedad se irá levantando poco a poco», para inmediatamente demostrar a su primo que estaba muy bien informado: «La Cierva se metió en construcciones antieconómicas para su sociedad y los bancos le restringieron la ayuda, lo mismo que otros acreedores; en vista de ello se fue a la suspensión de pagos. El gobierno acudió en su ayuda, pues es una sociedad que conviene mantener por ser de utilidad en la economía de la nación. Tengo fe en que vuelva a ganar prestigio con un plan racional y una política de austeridad»[94].

En sus trapisondas industriales, Nicolás contactó con el empresario Ramón de Rato Rodríguez de San Pedro, padre de Rodrigo Rato, heredero de una importante fortuna personal consolidada tras su boda con una hija de los poderosísimos Figaredo, de Gijón, y amasada por su abuelo, Faustino Rodríguez de San Pedro, alcalde de Madrid en 1890 y ministro con Antonio Maura en 1903.

Como el hombre de acción que era y como franquista con devaneos nacional-socialistas en las décadas de los treinta y cuarenta[95], Ramón de Rato cometió el error de querer cobrar una deuda de 4 800 000 pesetas a Nicolás Franco. A fin de cuentas, ambos tenían en común su afán negociante, se las habían visto varias veces en los juzgados saliendo siempre indemnes y, durante la Guerra Civil, habían actuado desde la comodidad de los cuarteles mayores. Rato formó parte del equipo de propaganda franquista creado en Salamanca por Serrano Suñer, lo que le valió participar en la fundación de Radio Nacional de España y colaborar en la reactivación de la Cadena Ser con el abuelo del anterior presidente del Gobierno, Manuel Aznar Zubigaray, periodista curtido que puso su pluma y su inteligencia al servicio del Dictador[96].

En 1941, alejado de la política, Ramón de Rato se dedicó a los negocios y adquirió Radio Toledo, emisora a partir de la cual creó la Cadena Rato, uno de los más importantes grupos privados de radiodifusión en España, que acabó teniendo 66 emisoras cuando fue vendida, en 1990, a la ONCE por 5000 millones de pesetas y dio lugar a la actual Onda Cero[97].

La colisión entre ambos patriotas se produjo en 1966, cuando Ramón de Rato reclamó ante los tribunales el préstamo concedido a Nicolás Franco Bahamonde por el Banco Siero, presidido por él, y cuyas letras le habían sido protestadas. Cansado de insistir, solicitó el procesamiento del hermano del Dictador. Sin saberlo, había abierto una caja de los truenos que alcanzó incluso al consejo de Ministros, controlado por los tecnócratas del Opus Dei. En este trance, la Rumasa de José María Ruiz Mateos, en una estrategia de expansión bancaria diseñada por el cerebro financiero de la Obra, Pablo Bofill de Quadras, aprovechó para comprar el banco, a un precio fijado por el Ministerio.

Acusado de evasión de capitales a Suiza, Ramón de Rato fue encarcelado. Según él, se trataba de una venganza urdida por Nicolás[98]. Algo de razón debía de tener, porque zafarse del fisco y traficar con divisas en aquella época, eran actividades financieras casi cotidianas.

Convencido de su equivocación, Rato envió al hermano del Dictador las letras impagadas, acompañadas por una carta en la que le pedía excusas y le indicaba, amablemente, que pagara las letras cuándo y cómo quisiera. La respuesta de Nicolás fue demoledora: «Al hermano del Caudillo de España no se le molesta por cuatro millones ochocientas mil miserables pesetas», dijo.

EL CASO REACE: EL PODER DEL RÉGIMEN

A veces, la percepción de la corrupción resulta endiablada, su concepción se envilece y ante la suma de martingalas y trapicheos de alta alcurnia, es preciso detenerse en los conceptos básicos para comprender el autentico significado de ciertas operaciones mercantiles. Si todos lo hacían, o podían hacerlo; si determinadas actividades estaban generalizadas y se ejecutaban a la luz del día como transacciones normales; si además eran realizadas desde y con el visto bueno del aparato administrativo, el delito —que en la mayoría de los casos no recogía el Código Penal— quedaba integrado en la costumbre. Así, algo que en un país estaba tipificado como acto delictivo, inmoral e ilegal, bajo la Dictadura se reducía a una actividad cotidiana. Es la denominada «corrupción blanca», estudiada por politólogos como Arnold J. Heidenheimer[99], y que se refiere a aquellas prácticas que no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública —en caso de que exista libremente— ni por nadie. Es ésta una corrupción tan integrada en una cultura que ni siquiera se percibe como un problema. Desde esta visión, lo que se considera corrupción en un país no lo es en otro.

Con tal ensoñación, muchos nostálgicos del franquismo han confundido —quizás interesadamente— la corrupción con el escándalo que ésta genera muy de cuando en cuando. Si, además, vamos a la esencia, el asunto queda más claro. El politólogo norteamericano Michael Johnston ofrece una definición que se ha convertido en clásica. «La corrupción —dice— es todo uso indebido (abuso) de una posición oficial pública (de cargos y de recursos públicos) para fines y ventajas privados»[100].

De todas las corrupciones, «negocios» o cambalaches que protagonizó Nicolás Franco a lo largo de su vida, sólo una acabó en escándalo político y marcó definitivamente el ocaso del Régimen: el caso REACE. Entre 1966 y 1969 desapareció un total de 4 036 052 kilogramos de aceite, que la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, dirigida entonces por Enrique Fontana Codina[101], almacenaba en los depósitos alquilados de la empresa Refinerías del Noroeste Aceites y Grasas S. A. (REACE), en Guixar-Vigo. Si se popularizó como «el aceite de Redondela» fue porque la empresa había sido fundada y tenía su domicilio social en esa ciudad gallega.

Al robo y sus beneficios millonarios (165 615 172 pesetas), se sumaba un asunto criminal sin precedentes, que hubiera hecho disfrutar al mismísimo Dashiell Hammett y a esa generación de escritores de novela negra que elaboran sus tramas convencidos de que en una sociedad como la nuestra es lo mismo atracar un banco que fundarlo. El denunciante del fraude, José María Romero González, apareció muerto en su casa de Sevilla, junto a su mujer y su hija, a las que presuntamente disparó antes de volarse él mismo la tapa de los sesos. El principal accionista de REACE, Isidro Suárez Díez-Moris, murió en la cárcel de forma sospechosa: resbaló mientras se duchaba y se golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, la autopsia reveló la existencia de monóxido de carbono en sus pulmones. Conclusión oficial: una fuga de gas le provocó el mareo que le hizo desplomarse. Para colmo, el taxista Rafael Córdova, que llevó a Suárez en determinados desplazamientos, apareció asesinado a tiros en Vigo.

Entre los implicados estaba también Rodrigo Alonso Fariña, antiguo presidente del Celta, y en REACE participaban nada menos que Nicolás Franco, su mujer y su único hijo, a través de GEISA. Nicolás fue miembro del consejo de administración de REACE hasta 1971 y seguía siéndolo de Frigoríficos de Barcelona S. A. (FRIBARSA), la otra compañía relacionada con el caso, constituida un año después de que comenzara a desaparecer aceite[102]. Según las conclusiones del fiscal, gran parte del dinero conseguido por REACE se empleó «en la financiación de la sociedad FRIBARSA, fundada en diciembre de 1964 por los procesados Rodrigo Alonso Fariña, que era mayoritario, Isidro Suárez y la entidad Grupo Español de Iniciativas S. A.».

Llamado a declarar durante la vista oral, Nicolás Franco no compareció aduciendo, mediante certificado médico, que padecía una amnesia provocada por una reciente enfermedad. El ambiente fue tal que José María Gil Robles, defensor del procesado Ángel García Canals, empleado de REACE que recibía 5000 pesetas mensuales por hacer la vista gorda, llegó a decir en el juicio: «Entre muertos, enfermos y amnésicos, esto es un hospital a la puerta de un cementerio». El 14 de abril de 1973 Gil Robles volvió a la carga cuando, en las páginas de la revista ¡Hola!, se topó con una foto del amnésico Nicolás disfrutando en una fiesta de gala. «Afortunadamente —dijo el letrado, con cierta sorna, mostrando la revista a los miembros del tribunal—, según la prueba documental que adjuntamos, la recuperación de don Nicolás Franco ha sido rápida y hace vida ordinaria en el orden social. Si, por nuestra condición de cristianos, la noticia nos llena de gozo, nuestra obligación de juristas no obliga a insistir…».

Pero Nicolás no declaró: contestó a las preguntas por exhorto, y las actividades de su GEISA no quedaron recogidas en el procedimiento. El Caudillo, de nuevo, había salido al quite y, cuando en el verano de 1974, algunos periódicos relacionaron a Nicolás con el caso REACE, el general exclamó indignado: «¿De qué vale que todos digan que Cabanillas es muy listo si no ha podido evitar que el nombre de mi hermano apareciera en la prensa?». El ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas[103], fue cesado. Dijeron que por aperturista; pero la magnitud política del escándalo resultaba evidente. Ya en el tercer día de la vista oral Gil Robles lo dejó muy claro: «Se ha oído que la palabra “político”, que se aplica a este proceso, no debería ser utilizada. Yo no voy a hacerlo por el hecho de que este caso ya nació politizado al tratarse de un fraude a todos los españoles». Y concluyó: «¿Adónde ha ido a parar el aceite de la Comisión de Abastecimientos y Transportes? ¿Quién o quiénes se han lucrado? ¿No cree la sala que valdría la pena saber quiénes son los hombres que permanecen ocultos detrás de todo esto? ¿Se han practicado acaso las diligencias oportunas para descubrir los nombres escondidos?».

Las grandes preguntas iban a quedar sin respuesta. El Régimen de Franco mostraba ya un deterioro irreversible, y para Nicolás, anciano y enfermo, habían terminado los buenos tiempos. Vertiginosamente. La muerte del Dictador llegó acompañada por el ocaso de su hermano mayor. En abril de 1977, cuando la transición hacia la democracia daba pasos decisivos, el fallecimiento de Nicolás trajo consigo un destello de decadencia impensable en alguien que había disfrutado del apellido más poderoso de España. «Al morir mi hermano mayor —ha escrito Pilar Franco—, su familia quedó muy mal económicamente. Esto desmiente de raíz todas las fantasías sobre los millones de Nicolás. Aunque, a decir verdad, este asunto parece un poco misterioso. Por ejemplo, que madre e hijo alegaran falta de dinero para pagar las facturas del hospital La Paz. Hay cosas que no se entienden, porque ellos tienen bienes, joyas»[104]…

NIKY FRANCO PASCUAL DE POBIL, DOCTOR EN CACERÍAS

Su escopeta tenía permiso para cazar en un solo año quince jabalíes, dieciocho ciervos, dos alces y 250 patos, según el contrato firmado en 1992 por Nicolás Franco Pascual de Pobil con Alexéi Skibin, director del coto de caza Zagórskoyo, en Malinniki, enclave preferido en otro tiempo por los miembros del Politburó de la extinta Unión Soviética. Los negocios de aquel Franco de segunda generación habían llegado más lejos que la División Azul. Y no sólo geográficamente. Los disparos los hacía por placer.

El único hijo de Nicolás Franco Bahamonde se comprometió a pagar 350 dólares diarios durante sesenta días anuales, por una casa en pleno Zogórskoyo, atendida por una empleada de hogar y una cocinera. Pero no cumplió. En 1994, cuando obtuvo los trofeos de caza que necesitaba para optar a la presidencia de la Unión Internacional de Cazadores, rompió su compromiso y dejó, según el director del coto, una deuda de 71 370 dólares (unos 70 000 euros) que ha sido reclamada judicialmente, ante el tribunal de arbitraje adjunto a la Cámara de Comercio e Industria de Rusia.

De joven, Nicolás —familiarmente Niky— aprendió el arte de la caza en las monterías de su tío, convertidas en auténticas escuelas de negocios. Un aprendizaje multidisciplinar que para él comenzó el 14 de enero de 1953 en la finca El Águila, cuando «le hicieron novio» —es decir, se estrenó como cazador— junto al hijo del ministro Manuel Arburúa, entonces titular de Comercio.

Tras ser sometido al ritual cinegético lleno de novatadas tan expresivas como el embadurnamiento con sangre de su primera pieza, el «novio» Niky recibió su primera lección. «Mi tío —escribió el propio Nicolás, en Tiempo—, dirigiéndose a mí, dijo que como hijo de embajador procedía que yo pidiera el dinero a mi padre y lo repartiera entre los perreros. Luego, dirigiéndose al hijo del ministro, y ante la sorpresa de todos, le espetó: Tú lo que tienes que pedirle a tu padre es un permiso de importación a tu favor».

Como diría un castizo, el Caudillo estaba en el ajo. Lo sabía todo. No en vano se había proclamado «centinela de Occidente». Los contactos de aquellas monterías sirvieron al joven Nicolás para meterse en política mientras participaba ya en los asuntos familiares, basados en el tráfico de influencias, las mediaciones y los puestos ejecutivos en consejos de administración. Su padre había forjado su prestigio por su especialísima manera de actuar en el mundo de los negocios como «conseguidor» de altos vuelos, que sabía combinar el más descarado tráfico de influencias con la omnipresencia en consejos de administración de grandes entidades a las que, muchas veces, ni siquiera estaba vinculado como accionista.

Nicolás Franco Pascual de Pobil fue nombrado procurador en Cortes y consejero del Movimiento. Ocupó dos vocalías en las comisiones de Transportes y de Turismo e Información de la Comisaría del III Plan de Desarrollo que, bajo la presidencia de Laureano López Rodó, congregó entre 1972 y 1975 a los «notables» financieros del Régimen y a destacados representantes de los grupos de presión en los sectores clave de la economía española. El sobrino del general formaba parte de la flor y nata cuando le encomendaron algunas mediaciones políticas que exigían total discreción. Compañero de estudios del príncipe Juan Carlos, prestó ciertos servicios a la Monarquía. En el verano de 1974, cuando la primera tromboflebitis del octogenario general convirtió a Juan Carlos de Borbón en Jefe «interino» del Estado durante 45 días (del 19 de julio al 2 de septiembre), Nicolás se entrevistó en París con el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, para plantearle la conveniencia de no convocar una huelga general si Franco[105] moría. El mismo año, tras el congreso de Suresnes, Niky se citó con el flamante secretario general del PSOE, el abogado sevillano Felipe González. «Se olvida a menudo —escribe Gregorio Morán— que la única gestión comprometida, enfocada a neutralizar los riesgos que produciría el fallecimiento del dictador, es la que lleva a cabo Nicolás Franco Pascual de Pobil por cuenta del Príncipe»[106].

El discreto sobrino, consciente de que los tiempos cambiaban y sin demasiado ruido, tomaba posiciones en el mundo de los negocios como consejero del Banco Catalán de Desarrollo, Hispana de Finanzas, Lavamat, el Banco del Noroeste y el Instituto Técnico de Seguros y Reaseguros, en cuyo consejo se sentaba junto a su padre y al marqués de Villaverde. A los dos años de morir su tío —la transición no había hecho más que empezar—, Niky presidía el Banco de Huelva, perteneciente al grupo Rumasa, del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, supernumerario del Opus Dei.

En 1998, veinte años después de que su primo Francisco Franco Martínez-Bordiú fuera procesado por caza furtiva, el apellido Franco regresaba a los tribunales (esta vez de Rusia, ¡nada menos!), debido a un asunto cinegético, aunque esta vez lo hacía acompañado por las siglas de una empresa que, desde 1964, había estado unida a los negocios familiares, con su padre al frente: el Grupo Español de Iniciativas S. A., su GEISA innombrable en los tiempos del Caudillo, una compañía dedicada a la «tenencia de valores mobiliarios e inmobiliarios, servicios de gestión, promoción y asesoramiento de empresas», de la que Nicolás Franco Pascual de Pobil era administrador único desde el fallecimiento de su progenitor, y cuya sombra había planeado en 1972 sobre el caso REACE, el escándalo de corrupción que marcó el final de una era.

EL CASINO COSTA BLANCA

No ha sido ésta la única vez que los ilustres apellidos de los que Niky es depositario alcanzan la categoría de asunto judicial. En noviembre de 1977, el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, en su expediente número 916, abrió un procedimiento de ejecución hipotecaria, promovido por el Banco Español de Crédito, contra Nicolás Franco y su madre Isabel Pascual de Pobil, como herederos de Nicolás Franco Bahamonde, fallecido en abril de aquel año en situación económica difícil. Los Franco fueron embargados por cinco millones de pesetas a pesar de que, en aquellas fechas, Nicolás Franco Pascual de Pobil era nada menos que presidente del Banco de Huelva, entidad que declaraba ese año unos activos de 1616 millones de pesetas.

En marzo de 1990, el sobrino de Franco volvió a saltar a las páginas judiciales con el affaire del Casino Costa Blanca, ubicado en Villajoyosa (Alicante). Desde su fundación, el 24 de abril de 1978, bajo licencia concedida por el ministro de la UCD Juan José Rosón, la empresa vivió una larga crisis al no cumplirse «el cuento de la lechera» del Mundial de Fútbol de 1982, con el que se auguraban grandes beneficios, y al quebrar el Banco de los Pirineos, donde la nueva empresa había depositado sus activos[107]. Para salir del atolladero, Nicolás y sus socios se unieron a empresarios vinculados al PSOE, entonces gobernante, y buscaron una solución: urbanizar los terrenos de la compañía colindantes con el edificio del casino.

El caso estalló cuando la fiscalía superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Gobierno de la Generalitat autonómica, presidido por el socialista Joan Lerma, iniciaron la investigación de una querella interpuesta contra Nicolás Franco, consejero delegado, y contra su socio José Anastasio Moreno Martín, que ostentaba la presidencia, por una posible «defraudación fiscal a la hacienda pública de 552 millones de pesetas». La presentaron el 14 de febrero de 1990 el arquitecto Francisco Cortina Ferrara y el abogado Javier Royuela, socios de una empresa que, en agosto de 1988 y mediante un contrato privado, aseguraba haber comprado 127 000 metros cuadrados de terrenos pertenecientes al casino. La operación no había llegado a cerrarse porque los dueños del casino dudaban de la solvencia de estos compradores y porque habían aparecido unos cheques impagados por deudas de juego supuestamente contraídas por Royuela. Al final, el Casino Costa Blanca vendió esos terrenos a la mercantil malagueña Velasco y González S. A. por 439 millones de pesetas más el 25 por 100 de la participación en la urbanización de los terrenos, tal como quedó escriturado.

Al mismo tiempo que se desencadenaban estos acontecimientos, un grupo de accionistas presentó en la consejería de Hacienda una denuncia «por delito fiscal» contra los directivos de la compañía y contra el representante de la Generalitat Valenciana en la empresa. Según los denunciantes, los responsables del Casino Costa Blanca S. A. no reconocían en documento público los ingresos reales obtenidos en la operación de compraventa de esos solares. Tenían la mosca detrás de la oreja porque el consejo de administración había escriturado sus terrenos en 397 millones de pesetas, cuando en el contrato de compraventa se decía que valían 950 millones. Sobre el modus operandi de la venta, el denunciante Royuela llegó más lejos: «Velasco no puso un duro en la operación. Con la garantía hipotecaria de los terrenos que estaban a mi nombre, fue por lo que Velasco obtuvo el préstamo de 950 millones de pesetas. Y ahora he averiguado que esa mercantil lleva cuatro plazos sin pagar a la Caja Postal de Ahorros»[108].

En la España del pelotazo, los socios del Casino Costa Blanca habían realizado una magnífica operación inmobiliaria. Y la ruleta de la suerte giró para ellos. En 1995, la compañía reconocía unos beneficios anuales de 2000 millones de pesetas y contaba con 185 empleados en plantilla; había salido de la ruina y avanzaba viento en popa, aunque arrastrando una deuda con Hacienda que alcanzaría los 1500 millones de pesetas en 1999[109].

Tras el relativo revuelo propiciado por un delicado momento político, en el que el Gobierno de Felipe González comenzaba a vivir sus horas más bajas tras el «escándalo Juan Guerra», Nicolás Franco Pascual de Pobil dejó su cargo en el consejo, que pasó a ser ocupado por su primo Fernando Pascual de Pobil, y salió de la directiva del casino; después dejó de operar con su GEISA familiar y prosiguió en el mundo de los negocios[110] con una discreción apenas rota por pequeños sobresaltos como el del coto ruso de Zagórskoyo. Peccata minuta, si la comparamos con las tribulaciones de su progenitor, a pesar de que disfrutaba del manto protector del tío Paco.

PILAR FRANCO: EL HONOR DEL APELLIDO

En un libro posterior titulado Cinco años después, la hermana del general insistió en que su familia estaba «empeñada en mantener muy alto el apellido». Y mientras lanzaba diatribas sobre el orgullo de llamarse Franco, la extrovertida Pilar no daba crédito a sus ojos. Traición. Los suyos, los franquistas como Adolfo Suárez[111], Rodolfo Martín Villa o Leopoldo Calvo-Sotelo estaban dinamitando «la obra» de su hermano Paco cuando ni siquiera había transcurrido un año desde su muerte.

Con la supuesta intención de salvaguardar el buen nombre de la familia, dictó sus dos libros de memorias —Nosotros, los Franco y Cinco años después—, a los que sacó unos buenos cuartos, y respondió públicamente a cuantos la acusaban de mantener oscuros negocios inmobiliarios en los que el apellido era su principal aval. «Es rigurosamente falso —declaró al periodista Julián Lago en la revista Interviú—. Me he metido en todo, pero nunca en inmobiliarias. Compré un pisito a base de esfuerzos y a base de esfuerzos compré otro a cada uno de mis hijos.

»—¿A los diez? —inquirió Lago.

»—Sí, a los diez. Les di carrera, les casé. Es más, y tengo una casa en Puentedeume que la adquirí para poder reunirnos en el verano todos en ella y ¡está en venta! ¿Se da cuenta? ¡Está en venta! Tengo ochenta y tres años y vivo sin muchacha. De manera que ésa es la fortuna de los Franco. De los millones nuestros se ha comentado mucho y sin razón. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, decíamos. Pero la vida está en España cada vez peor. Antes el dinero podía estirarse, pero ahora ya no. Raro es el día en que no hay cuarenta huelgas y que no cierran cuarenta fábricas».

Aquel 26 de octubre de 1976, y ante los micrófonos del programa Hora 25, de la Cadena Ser, la extrovertida Pilar repitió, categórica, que ella jamás había pedido una sola recomendación a su hermano y que nunca recibió un trato de favor. «Doña Carmen [Polo] es doña Carmen —declaró— y yo soy yo, una pobre viuda que ha tenido que sacar a sus diez hijos adelante con el sudor de su frente y una pensión de treinta y ocho duros [mensuales] al morir mi marido». Y añadió: «No tengo negocios».

Pero ¿en qué consistía su trabajo? Pilar Franco Bahamonde lo explicaba así: «Hubo amigos míos que entre tres o cuatro compraban una fábrica para que yo fuera su representante, para que yo pudiera trabajar a comisión».

Cuando en 1941 murió su marido, el ingeniero extremeño Alfonso Jaraíz, con quien se había casado a los diecinueve años, sus únicos activos consistían en una pensión irrisoria y un apellido sin igual. En la España de la posguerra, lanzada a la práctica del estraperlo —unos para sobrevivir, otros para enriquecerse—, los «amigos» de Pilar Franco descubrieron unas palabras mágicas de efecto fulminante, una fórmula capaz de abrir todas las puertas oficiales: «En este asunto está interesada la hermana del Caudillo». Al invocarlas, como en un nuevo cuento de Alí Babá, no había ministerio que se resistiera ni alto funcionario que hiciera oídos sordos. ¡Ábrete, Sésamo! Y «el asunto» era resuelto satisfactoriamente. Sus encuentros familiares con su hermano en El Pardo, donde se iba de la lengua entre chismes y chascarrillos, junto a sus grandes dotes para las relaciones públicas, hicieron el resto. Fruto de tal actividad como representante a comisión, Pilar Franco compró una residencia de doce millones de pesetas (de los años cincuenta) en la calle madrileña de Concha Espina, le puso casa a cada uno de sus diez hijos, arrendó otros dos pisos de su propiedad; adquirió su finca en Pontedeume, cerca de A Coruña, e invirtió «cuatro duros» en Bolsa, según sus propias palabras.

Para la intrahistoria del franquismo, y gracias a la tenacidad del abogado Jaime Sánchez-Blanco, letrado del bufete de José María Gil Robles, se ha podido conocer con exactitud uno de esos «trabajos» de la única hermana del Caudillo[112]. En 1957, Pilar y su amiga íntima María Queipo de Llano, sobrina del general golpista, compraron por cien mil pesetas una finca inexistente, inventada por un conocido falsificador llamado Manuel Bruguera Muñoz, quien delimitó de manera arbitraria unas parcelas de 87 500 metros cuadrados a partir de un plano de 1869 en la calle Antonio Casero, de Madrid.

La falsa finca estaba dibujada sobre terrenos que pertenecían al Banco Central de Alfonso Escámez, a la empresa Dragados y Construcciones, a una entidad benéfica y a varios vecinos; pero esta realidad no detuvo a la hermana del general y dejó en evidencia el funcionamiento kafkiano de los juzgados españoles.

Pilar Franco utilizó todo tipo de influencias y contactos en el Registro de la Propiedad, en el ayuntamiento de Madrid, a cuyo alcalde convenció de que los terrenos eran suyos; movilizó a tres ministros diferentes y utilizó sus conexiones familiares en el Tribunal Supremo. En todo el proceso llegaron a dictarse diez sentencias contradictorias. El sumario se perdió en el momento justo. Cuando el ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, ordenó investigar el origen de la primera matriculación pública de los terrenos en litigio, el documento fue escamoteado; y, para colmo, al morir el anciano Bruguera, la Audiencia Provincial de Madrid declaró prescrito el delito de falsificación y el caso salió de la vía penal.

Las parcelas que nunca existieron proporcionaron a Pilar Franco y a su socia Queipo de Llano buenos dividendos. Con las expropiaciones dictaminadas cuando se inició la expansión urbanística de la zona obtuvieron las primeras indemnizaciones, concedidas por el general Vigón, ministro de Obras Públicas, y por Antonio Rodríguez de Valcárcel, ministro de Hacienda. El 15 de julio de 1973, ante una nueva expropiación dictaminada por Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas, Pilar recibió 134 millones de pesetas por uno de los trozos de la parcela fantasma por la que había pagado —recordémoslo— tan solo cien mil pesetas.

De nada había servido que en 1964 Jaime Sánchez-Blanco, armándose de valor, llevara en persona la denuncia hasta el mismísimo palacio de El Pardo, donde Luis Carrero Blanco, tras leer la documentación, exclamó: «¡A ver qué demonios hago yo con este asunto! ¡La imprudencia y la codicia de esta señora están llegando al borde de la temeridad! ¡Habrá que pararle los pies!».

La importancia de llamarse Franco había pesado más que todas los documentos, leyes, ministros y registros de la propiedad; más incluso que el poder del almirante, a quien todos consideraban «la eminencia gris» del régimen. Tanto valía el apellido de aquella familia ferrolana de clase media, cuya estirpe conocida se remontaba a Manuel Franco de la Madrid, un maestro de vela oriundo de Andalucía, pero nacido en Madrid en 1717, que se casó con una chica de Ferrol llamada María Viñas Andrade. Desde entonces, durante casi doscientos años, la saga se llenó de contadores de la Armada y funcionarios del Cuerpo Administrativo de la Marina, hasta que nació Francisco Franco Bahamonde Salgado-Araujo y Pardo, apellidos completos según consta en su partida de nacimiento del 4 de diciembre de 1892. A quien Pilar idolatraba de tal forma que, en el semanario Blanco y Negro, número 3521 de octubre de 1979, declaró con emoción visionaria: «Un día tocarán a vuelo las campanas y mi hermano será santificado».

Capítulo IV. Ramón Serrano Suñer y el primer franquismo

CAPÍTULO IV

Ramón Serrano Suñer y el primer franquismo

Por la calle de abajo viene

el Señor del Gran Poder;

antes era el Nazareno,

ahora es Serrano Suñer.

Coplilla del Corpus de Sevilla, 1938

«AL PRINCIPIO IBA a los bautizos, cumpleaños y demás fiestas familiares, pero luego ni en esos días iba a El Pardo. ¿Para qué? Aquello se había convertido en la corte de la adulación y la mentira. Además, todos los actos allí eran ya políticos. Incluso se podía uno encontrar con un Consejo de Ministros». Así hablaba Ramón Serrano Suñer[113], «el Cuñadísimo», «el Hombre del Eje», el efímero «número dos» de Franco en los primeros años de su dictadura. Con una longevidad que alcanzaría los 102 años, el que fuera «arquitecto jurídico» del Régimen, el hombre que puso fin al «gobierno campamental» de Franco, había decidido revisitar su propia historia y, para ello, se despachaba con algunas declaraciones críticas, fronterizas con el más puro «antifranquismo». Entre la curiosidad jurásica y la desmemoria, los medios de comunicación proyectaban la dulce imagen del anciano Serrano, último superviviente de una generación con las manos manchadas en la sangre de una guerra civil y una represión sin parangón en Europa.

Tras su elegancia crepuscular, su pelo plateado y la sonrisa de quien les ha sobrevivido a todos, Serrano Suñer sabía que el tiempo había hecho de él una reliquia del siglo, un protagonista privilegiado que había departido con personajes como Adolfo Hitler, el conde Ciano, Benito Mussolini, los máximos dirigentes del Tercer Reich, Heinrich Himmler y Joachim von Ribbentrop; el mariscal Pétain, su cuñado Paco…

«Franco era muy sensible a la adulación —ha dicho Serrano—. Quien más daño ha hecho al régimen de Franco fue la corte de los milagros de que se rodeó mi cuñado, compuesta por aduladores y turiferarios que no tenían límites ni decoro para halagar la vanidad del jefe del Estado»[114]. Él lo sabía muy bien. Durante tres años cruciales desplazó a Nicolás Franco y se convirtió en el principal consejero del general. Más que su mano derecha, se convirtió en un valido con tanto poder como para impedir que, tras la victoria, el Caudillo se instalara en el Palacio de Oriente, como los Borbones y la presidencia de la República. Serrano le dijo al Generalísimo que aquel aposento no daba buena imagen del Nuevo Orden que en España «empezaba a amanecer», y Franco, que se había propuesto actuar como un «rey absoluto» y deseaba ocupar las mismas estancias que Alfonso XIII o que Alcalá Zamora, se conformó con instalar su Corte en el palacio de El Pardo, más discreto y cinegético.

En un último embate crítico, el casi centenario Serrano cargó contra su cuñada Carmen: «Era avara. Ella, con tal de poseer riqueza… El episodio más vergonzoso es aquél de La Coruña, donde hay un edificio del siglo XVII, un palacete muy bonito que a ella le encantaba para casa. Ya tenía el Pazo. Bueno, fue Barrié de la Maza quien le arregló lo de Meirás. Y le hizo Conde de Fenosa, nada menos, conde de una industria. Él se dio cuenta del capricho de esa mujer por la casa y aunque ahí estaba emplazado el Conservatorio de Música, lo desalojaron a toda prisa y entonces De la Maza, compró la casa para que todo se hiciera con arreglo a derecho. Inmediatamente otorgó una escritura pública de donación a la señora. Son cosas increíbles. Hay gente que ha hecho latrocinios grandes, pero de modo más cuidadoso. Carmen estaba muy unida a su marido, no era muy inteligente y era holgazana. Cualquier mujer con su poder empieza cuanto menos a hacer fundaciones, pero ella»[115]…

Fue preciso que Carmen Polo hubiera pasado a la historia para que Serrano Suñer, cuyo brillo social y político se debían en gran medida a sus vínculos familiares, la acusara de su descenso del poder. Nadie, por supuesto, podía responderle. Ni siquiera los investigadores se han tomado muchas molestias al respecto. Todavía. Dos libros de memorias y una laudatoria biografía[116] han lustrado su imagen hasta dibujar un retrato difuminado de su verdadero papel dentro del Régimen. En su proyección pública logró seducir con su personalidad a historiadores de prestigio que resultaron subyugados por su testimonio arrollador cayendo, fuera de la confortable frialdad documental, en el peor defecto del periodismo: la parcialidad en el enfoque y la complicidad con la fuente[117]. Por todo ello, Serrano se pudo permitir el lujo de volver a contar su paso por la historia. Una retirada temprana —una destitución, una caída— ha supuesto para él y para sus seis descendientes directos una victoria personal. La de la inmunidad histórica y la de los negocios. Y en la España del estraperlo y la corrupción institucional, pudo pasar de su corazón y sus asuntos —que diría el poeta— con las atribuciones propias de un jugador de ventaja, siempre dispuesto a justificar la sublevación militar con aseveraciones como ésta: «En España se había demostrado que la democracia sólo es posible en un estado de pureza explosiva que la conduciría hasta su propio suicidio»[118].

Como personaje, el Cuñadísimo consiguió pasar de puntillas sobre sus responsabilidades como ministro de Gobernación en el primer gobierno de Franco, durante 1938 y 1939, cuando las represalias, los paredones y los escuadrones falangistas desencadenaban el terror y la muerte en la retaguardia, mientras España estaba partida en dos. Tiempo de guerra. También ha quedado como testigo —más que anecdótico— de la política desarrollada por el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, cuya máxima expresión llegó con la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto. Así es el tiempo: diluye los perfiles perversos y lima las aristas, suaviza el dramatismo de los hechos y facilita la amnesia de verdugos vencedores. Después de todo, muchas veces es cuestión de dinero.

Tras años de silencio, especialmente mientras ocupó la presidencia de FOCSA, Serrano Suñer ofrecía un resumen de su vida que parece inscrito dentro de esa corriente revisionista que sacude la más reciente historiografía española, con la transición democrática incluida. En el anuario Quién es quién en España de 1999, el Cuñadísimo ofreció esta reseña biográfica de sí mismo: «Historiador. Escritor. Premio Cavia de Periodismo. Político. Ministro de Gobernación (1938), creador de la nueva Administración Central del Estado; ministro de Asuntos Exteriores; conductor de la política en la Segunda Guerra Mundial, evitando la invasión de España por Alemania. Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Central de Madrid. Abogado del Estado y de casi todos los Ilustres Colegios de Abogados de España. Académico electo de Ciencias Morales y Políticas. Del Instituto Español de Estudios Mediterráneos. Creador y Presidente de la Fundación “Premios Hermanos José y Fernando Serrano Suñer, Ingenieros”. Condecoraciones nacionales y extranjeras».

El retrato que de Serrano ofrecen algunos autores no resulta tan amable como el fomentado por él mismo. «Germanófilo convencido —escribe Alfonso Sáez Alba—, fue formado por consejeros técnicos de la GESTAPO. Su antisemitismo ha quedado reflejado en los discursos de finales de los años 30 y principio de los años 40. […] Asiduo asistente a los funerales celebrados cada año en honor de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler en Madrid. A partir de 1970 toma posiciones “centristas” en el diario ABC donde colabora habitualmente desde entonces»[119].

Frente a las acusaciones de germanófilo y antisemita, Serrano siempre repitió el mismo argumento: «España se libró de los horrores de la Segunda Guerra Mundial por la política germanófila. Si no hubiéramos tenido esa política germanófila a los cuatro días hubiésemos sido invadidos»[120]. Aunque también ha confesado: «La política amistosa que mantenía España con respecto al Eje, y de la que yo era, en efecto, el responsable, estaba dictada por el interés nacional. Y dictada, también, por la legítima gratitud que debíamos a Alemania e Italia por la ayuda que nos prestaran en nuestra guerra… Y dictada, por último, en razón de ciertos puntos de similitud entre los regímenes del Eje y el nuestro, aunque fuese un absurdo atribuir al nazismo y al fascismo cualquier paternidad en la creación de nuestro propio Estado»[121].

Respecto al antisemitismo, Serrano ha relatado que, en una de sus visitas oficiales, dijo al ideólogo racista Rosenberg: «No sería el sincero amigo que soy de Alemania, si le ocultara lo mucho que me inquieta su racismo. Fieles a los cánones del Concilio de Trento, nosotros creemos en la unidad moral del ser humano. Y aunque somos profundamente católicos, no por eso somos antisemitas ni lo seremos nunca»[122]. Y en cuanto a su relación con la GESTAPO, Serrano la reduce a una visita oficial a Alemania durante la cual Himmler, jefe de las SS y de la GESTAPO, le mostró detalladamente «la máquina siniestra de la seguridad» que los nazis mostraban con orgullo a sus visitantes distinguidos[123].

En cuanto al supuesto de que su actitud germanófila evitó la invasión nazi de España, numerosos historiadores han quitado brillo a tan grandiosa revisión. Fue Hitler quien desistió de que España participara militarmente dado el alto coste económico que suponía para el Reich y que no estaban dispuestos a dar a Franco el pastel francés del Oranesado. Jamás hubo el más mínimo peligro de invasión de España por parte de Alemania. Resulta revelador el balance realizado por el Führer el 10 de febrero de 1945, cuando la Alemania nazi estaba a punto de perecer: «[de haber aceptado la entrada de España en el Eje] podríamos habernos encontrado atados, para lo bueno y para lo malo, a un régimen por el que ahora tengo, si acaso, menos simpatía que nunca, ¡un régimen de aprovechados capitalistas, marionetas de la pandilla clerical! ¡Nunca perdonaré a Franco por no haber reconciliado a los españoles una vez que terminó la Guerra Civil; por haber condenado al ostracismo a los falangistas, a los que España tiene que agradecer la ayuda que les dimos, y por haber tratado como bandidos a sus antiguos enemigos, que distaban mucho de ser todos rojos! Colocar a la mitad de un país al otro lado de la ley, mientras una minoría de saboteadores se enriquece, con la bendición de los clérigos, a expensas del resto, no constituye ninguna solución. Estoy bastante seguro de que muy pocos de los denominados rojos españoles eran en realidad comunistas».

Eufemismos, palabras biensonantes… Desde su ostracismo dorado, Serrano siempre ha podido pagarse una revisión a la carta, como consejero del Movimiento, puesto al que nunca renunció, y mientras disfrutaba de los réditos como inspirador de un régimen autoritario en el que, llegado el caso, podía dar dinero incluso la evocación «municipal» de José Antonio Primo de Rivera. Desde la elite del capitalismo nacido con el Régimen, su parentesco con los Franco, sus contactos católico-falangistas y los negocios multimillonarios gestados a partir de su influyente bufete de abogados le han convertido en uno de los nuevos caballeros de industria surgidos de la nada que llegaron a constituir una nueva aristocracia financiera.

Al marcharse a lo que él llama «el huerto sagrado» de su vida, es decir, el ejercicio del Derecho, Serrano Suñer supo combinar su entrada en el mundo de los grandes negocios con la representación de casos jurídicos tan politizados como la demanda de Heinemann contra Juan March en el rocambolesco escándalo de Barcelona Traction.

En su tránsito hacia la privacidad, desde su influyente despacho de la calle Príncipe de Vergara, Serrano contó con la compañía y la colaboración de antiguos camaradas, como Dionisio Ridruejo, y con pasantes tan ilustres como José María Ruiz Gallardón, pieza clave en la refundación de la derecha española posfranquista, impulsor del Partido Popular y miembro de una saga de políticos conservadores que empezó con su padre, el famoso periodista José María Ruiz Albéniz, columnista de ABC bajo el seudónimo de El Tebib Arrumi, y que tiene el último exponente en su hijo Alberto, alcalde de Madrid.

LA FORTUNA DEL CUÑADÍSIMO

En julio de 1997, la Asociación Suiza de Banqueros (ASB) publicó los nombres de los titulares extranjeros que, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945, poseían «cuentas dormidas» en bancos de la Confederación Helvética. El secreto mejor guardado. El rastreo y las reclamaciones sobre el oro robado por los nazis a las víctimas del Holocausto habían posibilitado aquel milagro. Con la transparencia, salieron a la luz, por primera vez desde 1945, las identidades de 1872 personajes —algunos de ellos simples apoderados— que tenían mucho que esconder. De ellos, sesenta y nueve eran españoles. Se trataba de ricos aristócratas, empresarios de alcurnia y diplomáticos demasiado emprendedores, con apellidos tan sonoros como Ybarra, Queipo de Llano, Urquijo, Giménez-Arnau, Bernardo de Quirós, Escoriaza, Zubiría o Aguirre, que habían recurrido a «la cueva suiza de Alí Babá» en previsión de los malos tiempos. Y entre ellos, para sorpresa de muchos, allí estaba su nombre: Ramón Serrano Suñer, acompañado por los de su esposa, Ramona «Zita» Polo, y de sus seis hijos: Fernando, Francisco, Jaime, José, Pilar y Ramón. La familia al completo en el mismo escondrijo utilizado por destacados miembros del Partido Nacionalsocialista y por allegados de Adolfo Hitler; algunos de cuyos nombres lo dicen todo: Willy Bauer, subdirector de un campo de concentración; Hermann Esser, vicepresidente del Reichstag; Heinrich Hoffmann, asistente de Hitler; Hermann Schmitz, fabricante del gas mortífero Zyklon-B con el que se exterminó a millones de personas; Hugo Boss, sastre del Tercer Reich que empleó mano de obra esclava… Al menos ciento cincuenta de los titulares de aquellas cuentas constan también en los listados de la Oficina de Persecución y Esclarecimiento de Delitos Nacionalsocialistas, con sede en Ludwigsburg[124]. La explicación de Serrano fue simple: utilizó —según él— aquellas cuentas para pagar los colegios de sus hijos en Suiza y para depositar los dividendos de Radio Transeuropea, de la que era accionista[125].

Germanófilo incluso en los asuntos del bolsillo, Serrano Suñer era un contribuyente muy discreto en 1975, cuando murió su cuñado. Las listas del Ministerio de Hacienda hechas públicas por primera y única vez en 1977 revelaron que el Cuñadísimo, el «Señor del Gran Poder» ensalzado por la copla, declaraba unos ingresos de 5 532 059 pesetas y un patrimonio de poco más de 112 millones. Saltaba a la vista que Serrano, como otros muchos prohombres, había recurrido a la llamada «ingeniería fiscal», porque en aquel momento el otrora «número dos» era presidente de Fomento de Obras y Construcciones, S. A. (FOCSA), una compañía con 12 865 empleados dedicada a las obras públicas (construcción de autopistas, carreteras, obras hidráulicas, infraestructuras, edificios…) y al saneamiento urbano (recogida de basuras, limpieza de vías, conservación de alcantarillados…) que obtenía beneficios brutos de 1 112 246 844 pesetas, con una facturación superior a los 11 024 millones de pesetas, siendo por ello una de las cinco mayores empresas españolas sin participación estatal.

Vinculada al grupo catalán Mas Sarda[126] desde 1900, FOCSA tuvo una gran expansión durante los años del desarrollismo económico español. Serrano accedió a la presidencia en 1974, después de ser consejero durante dos décadas, y la dejó en 1979. Su capital social, que ascendía a 34 millones de pesetas en 1972, alcanzó los 984 millones en 1976; y el 31 de diciembre de 1975, cuarenta días después de la muerte de Franco, la compañía confesó unos activos de 13 526 millones de pesetas. En 1992 FOCSA se fusionó con Construcciones y Contratas, dando lugar a una nueva empresa: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Pero éste no era él único cargo directivo ocupado por el Cuñadísimo en 1975. Serrano estaba vinculado a las sociedades Criado y Lorenzo, Inmobiliaria Vascasa, Terrenos y Construcciones y La Alquimia, y era propietario de la Compañía Radio Intercontinental, constituida el 14 de diciembre de 1946 con un capital de 600 000 pesetas que el 19 de junio de 1954 fue ampliado a 18 millones con el desembarco de Ramón Serrano Suñer como nuevo presidente, acompañado en el consejo por su íntimo amigo Dionisio Ridruejo, breve director de la sociedad, su hijo Fernando Serrano-Suñer y el francés Jaime Tremoulet Morujas. La entrada de Serrano en este negocio formaba parte de la lógica de una época en la que algunas de las más relevantes figuras de la Cruzada tomaron posiciones para proceder al reparto definitivo del pastel de la radiodifusión en España[127].

En el ejercicio de 1977, la Compañía declaró un beneficio líquido de 403 015 pesetas; al año siguiente adquirieron una nueva emisora de FM, más potente y con mejor sonido, para reemplazar a la que poseían. Por este motivo declararon en 1978 unas pérdidas de 343 000 pesetas. En 1980, el consejo de administración de Radio Intercontinental estaba ocupado por cinco miembros de la familia Serrano y el 75 por 100 de su capital pertenecía a accionistas privados. La empresa tenía 61 personas en plantilla, y estaba formada por las siguientes emisoras: Radio Andorra, Radio Córdoba, Radio Intercontinental, Radio Miramar, Radio Linares y Radio Continente.

ENTRE FRANCO Y JOSÉ ANTONIO

El «huerto sagrado» ha dado sus frutos y Ramón Serrano Suñer ha tenido la inmensa fortuna de poder contar su vida pública y explicar su papel como hombre del Eje y número dos del Generalísimo Franco, entre 1938 y 1942, cuando el fascismo «a la española» brillaba entre sotanas y camisas azules. Su inmenso poder, ostentado hasta 1945 (fuera ya del Gobierno pero dentro de la estructura de poder del Régimen hasta el extremo de atreverse a enviar una carta a Franco reclamando reformas gubernamentales profundas), le había valido el sobrenombre de «El Cuñadísimo», y las coplas populares le comparaban al «Señor del Gran Poder».

Hijo de un prestigioso ingeniero de Caminos de estricta moral católica, Ramón nació el 12 de diciembre de 1901 circunstancialmente en Cartagena, donde su padre dirigía la construcción del puerto. Mientras sus hermanos eligieron la ingeniería, él apostó por el Derecho. En la facultad de la Universidad Central de Madrid estudió con matrículas de honor en todas las asignaturas y obtuvo la licenciatura con el Premio Extraordinario Fin de Carrera; amplió estudios en Bolonia y Roma; consiguió la plaza de Abogado del Estado en 1924 y entró en política como militante de la organización católica Acción Popular, donde fue secretario de su rama juvenil. En 1936 llegó a diputado en Cortes por Zaragoza como miembro de la Confederación Española de Derechas Autónomas —la CEDA de Gil Robles—, con cuyo partido sería vicepresidente segundo del Congreso hasta 1936. Dos presencias marcaban ya su paso por la historia: su amistad íntima con José Antonio Primo de Rivera desde sus años de estudiante universitario, y su relación con el director de la Academia Militar de Zaragoza, Francisco Franco, a través del cual conocería a la que estaba llamada a ser su esposa, Zita Polo, hermana de la mujer del laureado general africanista.

José Antonio y Franco: el fascismo ibérico y el militar autoritario. Entre ambos, ejerció Serrano de enlace en más de una ocasión. A los dos, de alguna manera, debe su gloria personal. Junto a Raimundo Fernández-Cuesta, Serrano sería el albacea del testamento del fundador de la Falange, escrito antes de ser fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936, y en el que calificaría a los dos albaceas como «entrañables amigos de toda la vida». Ya en plena guerra, y vistiendo la camisa falangista, este bagaje le permitió redactar el Decreto de Unificación que cedió todo el poder político a Franco, a través de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el partido único en el que Serrano fue el primer jefe nacional de Prensa y Propaganda, y cuyos servicios organizó con la colaboración de los jóvenes falangistas Antonio Tovar y Dionisio Ridruejo, proclives al fascismo, pero dedicados a exaltar la figura de Franco.

Mientras pudo, Serrano ejerció el mando con ímpetu; redactó la Ley de Prensa «para tiempos de guerra», que se mantuvo vigente, aunque con retoques, durante casi medio siglo; creó la base jurídica del Régimen, las leyes de la Administración Central del Estado e inspiró el Fuero del Trabajo, decretado por Franco el 9 de marzo de 1938, declaración de principios del Régimen en lo económico y social que dejaba muy claro el modelo de Estado que los rebeldes se proponían. El Fuero, en su apartado XI, amparaba la propiedad «y la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica y de la nación», y advertía en su punto dos: «Los actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad de la producción o atenten contra ella serán condenados como delitos de lesa patria». Los empresarios podían dormir tranquilos: se respetaban sus privilegios de clase y la huelga había dejado de ser un derecho de los trabajadores. Además, el Sindicato Vertical, en manos de los falangistas a modo de «botín de guerra[128]», se había convertido en un «instrumento al servicio del Estado». Por si quedaba alguna duda, el Fuero dice textualmente: «El Estado […] instrumento totalitario […], sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución pendiente y ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia».

FASCISMO CATÓLICO CONTRA COMUNISMO Y MASONERÍA

La vida pública se llenaba de parafernalia patriótica y palabras grandilocuentes que tanto gustaban a la nueva clase de dirigentes falangistas en sus momentos estelares, como aquel 24 de junio de 1941, cuando, desde el balcón de la sede de Falange, en Madrid, Ramón Serrano Suñer arengó a cuantos se lanzaron a la calle para celebrar la invasión de la URSS por el ejército nazi: «Camaradas, no es hora de discursos. Pero sí de que la Falange dicte en estos momentos la sentencia condenatoria. ¡Rusia es culpable! Culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador. Y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo ruso. El exterminio de la Rusia soviética es exigencia de la Historia y del porvenir de Europa».

Aquel entusiasmo se desmoronaría pronto. Así lo dejó escrito en 1947, dedicado ya a los negocios: «Frente al imperialismo eslavo puesto en marcha sólo se puede oponer la fuerza de una ilusión en una gran empresa general. Si a la gran amenaza mundial no tenemos otra cosa que oponer que nuestras querellas y esta moral podrida del “estraperlo”, la corrupción general, la insinceridad política y el egoísmo, las vaciedades y mentiras de la propaganda (dicho sea esto sin ninguna excepción) pereceremos, y el imperio ruso será un destino que habremos merecido»[129]. En 1972, veinticinco años después, en pleno tardofranquismo, declararía: «La Unificación, que fue útil durante la guerra y algún tiempo después en el que los antagonismos entre los españoles eran todavía profundos, no lo fue más tarde cuando, además, el Partido [FET y de las JONS] se mineralizó convertido en mera burocracia. Desde entonces, su mantenimiento carecía de oportunidad […] Dentro y fuera de España el pluralismo […] es especialmente la característica del espíritu europeo. Mejor que desconocer fuerzas reales, cuya existencia es innegable, es contar con ellas y abrirles, con responsabilidad e inteligencia, cauces de manifestación»[130].

Era el final de una escapada, el desencanto definitivo de un hombre que había querido, a sus 35 años, implantar en España un modelo fascista vinculado a la religión. Serrano Suñer era partidario, según Payne, de «una especie de fascismo catolizado basado en el modelo italiano»[131].

La fuerza de este pensamiento queda reflejada en sus discursos de la época, y también en su prólogo fechado en Burgos el 27 de diciembre de 1938, «Año de la Victoria», para el libro Masones y pacifistas, del sacerdote «antisectas» Juan Tusquets, teórico del contubernio judeo-masónico al servicio de la oficina de Propaganda:

La masonería ha producido en nuestra Patria estragos y crímenes todavía más graves que en otros países. Entibió la fe del Pueblo en la Religión de sus mayores y su pasión por la unidad y por la grandeza de España; fomentó la hipocresía, la inmoralidad y el odio entre los españoles, la rebeldía negativa y la demagogia; debilitó el honor profesional y el orgullo español, sacrificando a maquinaciones internacionales los intereses de la Patria, creando un ambiente propicio al coloniaje; y ha sido, en fin, la causa principal del asalto a la Historia de España significado por la revolución roja que, sin el valladar que le opusieron los españoles que se libraron de su garra, la hubiera desplomado en el abismo.

En la primera parte de este libro demuestra el autor con espíritu sagaz, cómo el rito y la organización de la Masonería han procurado siempre, so capa de pacifismo, fomentar la guerra y el triunfo del Mal. En la segunda pone de manifiesto cómo aquella táctica y aquel propósito han sido aplicadas a la guerra de España, favoreciendo primero el triunfo de los rojos y, al no ser esto posible, una mediación que les fuera ventajosa. Y en la tercera, y última, prueba cómo ha ocurrido lo mismo en diversos momentos cruciales de nuestra Historia contemporánea […].

Dispone la Masonería para el ataque de elementos propios en abundancia, pero cuenta siempre, además, con valiosísimos agentes de fortuita e inconsciente colaboración. No perdona a sus enemigos y es inexorable con el perjurio. […]. Por eso —ya por viejas son conocidas sus intrigas— los masones, los premasones, los comasones y los postmasones, con sus armas propias, y con las que les prestan en fácil alianza la charlatanería de los necios, la vanidad de los «snobs» y la pasión de los malvados, se emplean a fondo para enervar nuestro actual propósito político, lanzando consignas y elaborando planes de ataque que encuentran extensa red difusora en los residuos de frivolidad de las gentes que no han penetrado aún en la hondura de esta hora en España. Y unas veces siembran el recelo entre las personas y núcleos cuya inteligencia y recíproco amor son necesarios para la gran tarea, y otras intrigan para indisponer el Estado con la Iglesia o viceversa. […] La sangre de tantos hermanos nuestros, sacrificados por el odio o entregadas sus vidas a la Causa en heroica voluntad, es un grito constante que llama imperativo a la conciencia de todos los buenos españoles para que vivan —por siempre— unidos en el campo sagrado de la Patria.

El peso de la religión le distanciaba profundamente de Adolfo Hitler: «Toda la tensión que me proporcionaban mis visitas a Alemania se convertía en tranquilidad de ánimo y relajamiento en Italia. Por eso siempre, antes de volver a Madrid, pasaba por Roma y casi siempre también me entrevistaba con Benito Mussolini. Él me solía recibir enseguida y recuerdo un día que había tenido yo en Berlín un mal encuentro con el doctor Rosenberg, el artífice de la teoría de la superioridad de la raza aria, al cual rebatí con cierta carencia de diplomacia sus argumentos de que España era un país dominado por la Iglesia, viniendo a decirle que tenía poca cultura sobre el particular»[132].

Sea como fuere, Hitler siempre despreció a Serrano, a quien denominaba «el jesuítico cuñado» y acusaba de perpetrar un «sistemático sabotaje» a la alianza de España con el Eje. Así lo comentó Hitler el 7 de julio de 1942 en el transcurso de una cena: «La situación española se está desarrollando de una manera deplorable. Franco, obviamente, no tiene carácter para enfrentarse a los problemas políticos del país. Y eso que comenzó a partir de una posición más favorable que la del Duce o la mía, porque nosotros dos no sólo tuvimos que apoderarnos del Estado, sino también ganarnos a las Fuerzas Armadas. Franco, por el contrario, tenía en su mano tanto el poder político como la fuerza militar. Es obvio que es incapaz de liberarse de la influencia de Serrano Suñer, a pesar de que este último es la personificación del cura en política y está jugando de manera claramente deshonesta con las potencias del Eje»[133].

El disgusto de Hitler con respecto al Régimen franquista era total: «Si yo no hubiera decidido en 1936 enviarle el primero de nuestros aviones Junker —dijo en otra ocasión—, Franco no hubiera sobrevivido. ¡Hoy su salvación es atribuida a santa Isabel! Isabel la Católica —la mayor prostituta de la historia—. […] La tragedia real de España fue la muerte de Mola. Ése era el verdadero cerebro, el verdadero dirigente. Franco llegó a la cima como Poncio Pilato al Credo. El espíritu malo es indudablemente Serrano Suñer, cuya tarea es preparar el camino para la Unión Latina[134]. ¡En realidad es el enterrador de la España moderna!»[135].

Con todo, el 7 de octubre, mientras Franco declaraba ante el Consejo Nacional de Falange que «Las revoluciones alemana, italiana y española son las fases de un mismo movimiento general…», la ruptura de Hitler con el Generalísimo parecía irreversible, a pesar de que Serrano, en abril de 1942, hacía declaraciones periodísticas como ésta: «Si el gran baluarte alemán no pudiera contener el tremendo peligro ruso, España ayudaría no con quince mil, sino con un millón de hombres».

Hasta la batalla de Stalingrado, tanto Franco como Serrano creyeron firmemente que Alemania ganaría la guerra, pero en sus relaciones siempre habían tropezado con un desacuerdo esencial en materia de religión. El 7 de diciembre de 1942, en el mismo Consejo, diría con entusiasmo: «Sucumbe el mundo liberal, víctima del cáncer de sus errores, y con él se derrumba el imperialismo comercial, los capitalismos financieros y sus millones de parados».

EL NUEVO ORDEN: AUTARQUÍA, ESCASEZ, ESTRAPERLO

Durante el primer año de paz, creció rápidamente el entramado administrativo del Estado. Para cubrir los puestos de los depurados —«desafectos» o sospechosos de veleidades republicanas (resulta irónico: se acusaba de rebeldía a los hasta entonces funcionarios de la República, de la legalidad, y por eso se les depuraba)— se reclutaba a personas con escasa formación, lo que fomentó la ineficacia y la corrupción. El 25 de agosto de 1939, mediante un decreto propiciado por Serrano, fue adjudicada la mayor parte del empleo público a los seguidores más directos de Franco. El 80 por 100 de los puestos estatales fueron reservados a veteranos del Ejército Nacional, a civiles que habían hecho sacrificios especiales por la causa, a prisioneros de la República y a parientes de víctimas del «terror rojo»[136]. Además, en 1939, a partir de las leyes de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería, se dotó de base jurídica a la depuración casi total que sufrió la Administración Estatal.

Se abría la etapa autárquica, un periodo prolongado de estraperlo y carestía, marcado (además de por el hambre que padecían los trabajadores no cualificados) por el intervencionismo del Gobierno en la economía y el consumo, que se prolongaría hasta principios de la década de los cincuenta, cuando se rompió el aislamiento exterior y fue liberalizada la actividad económica, que dejaba de ser gobernada como si se tratara de un cuartel. Hasta entonces, se generalizaron las operaciones económicas y comerciales ilegales en las que, casi siempre, intervenía la corrupción política.

Sacado del escándalo de unas ruletas trucadas comercializadas por dos estafadores, Strauss y Perl, que obtuvieron los permisos oficiales sobornando a varios miembros del Gobierno republicano de Lerroux en 1935, el término estraperlo sirvió durante la posguerra para definir el variadísimo conjunto de operaciones ilegales, de carácter económico, que vulneraban las normas reguladoras de la producción, el comercio exterior, la distribución y el consumo de productos[137]. Desde entonces, el término ha quedado incluso reconocido por el Diccionario cuando dice: «Estraperlo: Comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa; venta clandestina de artículos de primera necesidad a precios abusivos; chanchullo, intriga».

Convertido en fenómeno social, el estraperlo contagió a la población entera, que, para no morir de hambre, se lanzó a la práctica del estraperlo, a la intermediación a pequeña escala o al tráfico de influencias en sus variantes más domésticas, hasta convertirlo en una característica cotidiana de aquella sociedad. Esta corrupción adquirió raíces profundas porque, como describe Rafael Abella, «su práctica permitió vivir a millares de españoles modestos que, contagiados por la inmoralidad general, minusvaloraban lo delictivo de sus actividades por comparación con las acciones a gran escala en el mercado negro que llevaban a cabo las empresas de mayor solvencia y los apellidos de la más rancia solera comercial»[138].

Según Carlos Barciela, «lo más grave fue la utilización del aparato de Estado en favor de intereses económicos particulares: el proceso de contrarrevolución agraria, la supresión de las organizaciones sindicales, una legislación laboral que permitía la explotación inmisericorde de la mano de obra, la represión privada de los conflictos sociales, el propio incumplimiento de normativas laborales (salariales, de jornada de trabajo, higiénicas, de seguridad…), el tremendo fraude fiscal»[139].

En esencia, aquel primer franquismo que Serrano dotó de normas, creó un sistema en el que los poderosos tuvieron todas las posibilidades para enriquecerse impunemente por cualquier método. La intervención estatal en la política de racionamiento generó inevitablemente la aparición del mercado negro. Desde el fin de la guerra, el gobierno sólo aplicaba esta receta: «Para mejorar la capacidad adquisitiva de una familia —escribió Manuel Arburúa, ministro de Comercio desde 1951— el camino preferible es el de influir ante todo en los precios, puesto que de actuar sobre los salarios, su elevación repercutirá automáticamente en el alza de los precios […] Lo más importante para poder presionar sobre los precios es aumentar la producción […] De esta manera se acabará con los márgenes comerciales excesivos y especulativos y sólo quedará en pie el comercio tradicional»[140].

La ayuda económica norteamericana, después de 1953, no hizo más que generalizar la corrupción desarrollada por el poder autárquico. Y allí, en los últimos estertores de la autarquía económica, estaba Manuel Arburúa, de quien Franco repetía con admiración: «Empezó de botones y ahora es archimillonario»[141]. Lo que más admiraba el Caudillo era su capacidad para proporcionar divisas a las paupérrimas arcas del Estado en tiempos de aislamiento internacional.

Arburúa era un experto que había sabido fomentar el comercio exterior y estimular a las empresas que se dedicaban a este sector de intercambios internacionales. ¿Qué importaba su singular manera de repartir favores?

MANUEL ARBURÚA, UN TRIUNFADOR EN LA AUTARQUÍA

El economista Manuel Arburúa de la Miyar (1902-1981), funcionario del Banco de España durante la República, saltó a la fama por su peculiar modo de conceder licencias de importación. Fue subsecretario de Comercio, Política Arancelaria y Moneda (1940), director general del Banco Exterior de España (1942) y ministro de Comercio (1951). Las anécdotas sobre su forma de actuar explican mejor que nada cómo funcionaban las cosas en aquella época. El periodista César González Ruano relató cómo se entrevistó con el ministro para pedirle una licencia de importación de maquinaria para un amigo y salió del despacho con una para importar un coche extranjero:

—Esto de los permisos de importación resulta algo complicado —le dijo Arburúa, en su despacho oficial—. En cambio es fácil y te daré ahora mismo una orden de compra de un automóvil.

—¿Qué hago yo con una orden de compra de un automóvil —le interrumpió González Ruano— si lo que necesito es dinero?

—Toma la orden —dijo Arburúa, alargándole un papel— y antes de salir a la calle ya la tendrás vendida.

—Gracias, Manolo —le contestó Ruano.

Minutos después, en los mismísimos pasillos del ministerio de Comercio, el permiso se convirtió en dinero rápido, casi por arte de magia, cuando unos desconocidos, que merodeaban dentro del edificio, pusieron en sus manos un fajo de billetes por aquel papel, y el episodio quedó así registrado como ejemplo de la nueva picaresca del Nuevo Orden estraperlista[142]. La generosidad de Arburúa, un hombre de origen humilde hecho a sí mismo, estallaba en escenarios tan pintorescos como la plaza de toros de Las Ventas, donde, durante la corrida de la Beneficencia de 1954, un famoso matador, después de la faena, le pidió abiertamente y a pocos metros del mismísimo Franco un permiso de importación para un caballo y un coche.

Con la suprema comprensión de que hicieron gala los periodistas-funcionarios de la época, el gran entrevistador Manuel del Arco, en La Vanguardia, justificaba abiertamente la actuación de Arburúa y ofrecía una autentica pintura de su tiempo:

En sus años de ministro se hizo famoso lo de «¡Gracias, Manolo!», porque Arburúa fue generoso en conceder automóviles de importación a los que verdaderamente lo necesitaban y, en ocasiones, a sus amigos que se lo pedían. Y muchos periodistas lo obtuvieron. Sin embargo, yo no se lo pedí, cosa que le extrañó y me lo hizo notar. Le respondí que todavía había alguien que, estando tan cerca de él, no solicitaba tal favor, y por otra parte, yo no tenía dinero para comprarlo. Aunque sabido es que, en aquellas fechas era facilísimo revenderlo, el adjudicado, por un precio muy superior. Bien, el hecho es que no lo pedí… Y al día siguiente, me llamó mi íntimo amigo Gerardo Salvador Merino, con quien estudié en El Escorial, diciéndome que Arburúa me concedía un coche, si yo lo quería. Dije que no; que no podía comprarlo y menos aún era yo capaz de revenderlo. Al año siguiente volví a ver a Arburúa y me recordó lo del coche y repetí que no tenía dinero. Pasó otro año y, enterado yo de que habían entrado unos cuantos «dos caballos», de los que el Ministerio podía adjudicar, llené aquellas hojas en las que se decía: «Deseo un coche, marca ésta, o aquélla, la otras, etc», y escribí: «Deseo un dos caballos, o ninguno otro», porque sólo tenía las sesenta y tres mil pesetas que costaba. Era rigurosamente verdad. A los quince días, tuve automóvil por primera vez en mi vida; después de cuarenta años de ir en tranvía[143].

El propio Franco hacía chistes al respecto y conocía sus manejos, pero consideraba a Arburúa como un gran ministro. Con el paso de los años, Arburúa también demostró una gran habilidad para hacerse rico. En 1957, cuando cesó como ministro, el general destacó sus cualidades, pero reconoció que «la calle se había cebado en él con especial predilección y hasta corría de boca en boca aquel “Gracias, Manolo”»[144]. Tras su cese, fue nombrado presidente del Banco Exterior de España, y destacó como consejero de CEPSA, Motor Ibérica y la Compañía Nacional de Tabacos de Filipinas.

LA ÉLITE DE LA CORRUPCIÓN

Manuel Arburúa, como tantos otros especialistas en importación-exportación, supo moverse en el último tramo de la posguerra como pez en el agua. Hasta bien entrada la década de los cincuenta, el Régimen mantuvo un intervencionismo autárquico que pretendió sustituir a los productores y consumidores por burócratas que quisieron definir los gustos y los criterios empresariales y comerciales. El profesor Miguel Jerez Mir ha estudiado, desde el punto de vista sociológico, a quienes formaron la elite del poder en este periodo del franquismo autárquico. Éstos son algunos de sus rasgos: el 70 por 100 procedían de la clase media y media alta, el 6,2 por 100 eran aristócratas, el 2 por 100 nobles consortes, el 9,8 por 100 hijos de latifundistas y el 11,5 por 100 pertenecían a la alta burguesía industrial y financiera; en los cargos políticos predominaban los cuerpos superiores de la Administración, madrileños del nuevo estado, con muy escasa presencia de profesionales liberales.

A excepción de algunos militares y primorriveristas, se trataba de gente muy joven, sacada en su mayoría de la cantera falangista, y los militares nombrados en cargos no pasaban de comandante en el momento de la sublevación. Todos eran recién llegados a la política. El franquismo creó una nueva clase de políticos profesionales o profesionalizados, muy pocos de los cuales habían desempeñado cargos políticos antes de la guerra, dado el rechazo del Régimen a la elite republicana, CEDA incluida.

Con un predominio absoluto de miembros pertenecientes a los cuerpos superiores de la Administración, y una reducida presencia de profesionales liberales, la nueva clase dirigente se lanzó a una «progresiva y profunda imbricación con el mundo de los negocios, tanto en el sector público como en el privado, tanto en la Banca como en la industria, predominando las vinculaciones a empresas constituidas después de la guerra —escribe Jerez Mir—. A finales de los años cincuenta, todavía en los albores del auge económico, casi la mitad de los individuos que ocupaban o habían ocupado un alto cargo político figuran en los anuarios financieros y de sociedades anónimas como miembros de algún consejo de administración»[145].

Se llegó así a una situación descrita con dureza por Dionisio Ridruejo: «Llegado un cierto momento, la implicación en este sistema, en el que todos resultaban ser corrompidos y corruptores al mismo tiempo, alcanzó una vastedad enorme. Todo el mundo estaba en el ajo, y estar, poder estar en el ajo, era la aspiración de la mayoría de los que el azar o la incapacidad mantenía excluidos. Alcanzar, para los más pequeños, a vivir; y acumular fortunas, para los más grandes, llegó a ser una ocupación tan absorbente que no quedaba espacio para nada más». En España era evidente, añade Ridruejo, «la implicación de las gentes socialmente más responsables, la participación del aparato político y la frecuente facilidad con que hombres que parecían haber luchado por ideales se avenían a venderlos por un plato de lentejas»[146].

LA CAÍDA DE SERRANO SUÑER

Con un antifranquismo senil, tras guardar silencio durante más de medio siglo —según él por «lealtad»—, en el que supo pasar de su corazón (católico-falangista) a sus asuntos (empresariales), Serrano Suñer relató así su caída: «Franco, en definitiva, era tan débil políticamente —como carácter, como hombre político— que aquellos que decían: “Franco, a mandar una división” y “Franco, vete”, empezaron a adularle. Los tés de mi cuñada con las chismosas de las señoras que iban allí, las militaras descontentas de que un hombre como yo tomara tanto sitio. […]. Entonces, en la debilidad en el fondo que tenía aquel hombre, le metieron en la cabeza que yo quería suplantarle. Lo hicieron por odios y por envidias. Y yo le dije a Franco: “Mira, Paco, yo con una ilusión vine aquí y con una ilusión, en mi pequeñez, he tenido fuerzas para seguir trabajando; pero ahora, como la ilusión y la fe las he perdido, relévame porque yo no soy nadie. Yo he perdido toda la ilusión; creo que hemos perdido la gran ocasión de hacer una España moderna conservando, e incluso fortaleciendo, sus raíces tradicionales que, en síntesis, es lo que pensaba José Antonio, y como esto ya no lo cree nadie y tú mismo estás completamente envenenado, por eso, relévame”. Franco se me quedó mirando y me dijo: “Ramón, lo que pasa es que tú tienes muy poca fe en mis cualidades de jefe”. ¿Y sabe lo que yo le contesté? Nada. Sé que, al final, Franco me detestaba más que a nadie. Porque, además, como militar duro, combatiente eficaz en la guerra africana de Marruecos, seguramente era más que nadie. Ahora, sacarlo de ahí y meterle en la cabeza la idea del Estado… Franco tenía una idea muy elemental. Los consejeros áulicos, los Carrero Blanco, Arrese y compañía, le convencieron de que lo que yo quería era desplazarle»[147].

La excusa para su destitución llegó el 16 de agosto de 1942, con los sucesos del santuario bilbaíno de Begoña. Durante una misa presidida por el general Varela, ministro del Ejército, varios falangistas armados lanzaron dos granadas de mano contra un grupo de carlistas que les increpaban y cantaban a coro:

Tres cosas hay en España

que no aprueba mi conciencia:

El subsidio, la Falange

y el cuñao de Su Excelencia[148].

Hubo heridos y Varela, simpatizante de los requetés, calificó el altercado entre falangistas y carlistas de enfrentamiento de la Falange con el Ejército. Como autor material del suceso, el falangista «camisa vieja» Juan Domínguez fue condenado en consejo de guerra y fusilado, a pesar de que Serrano solicitó su indulto. El Cuñadísimo había caído en desgracia y Franco llegó a referirse a él con el calificativo de «canalla». Carrero Blanco, ya consejero del dictador, precipitó su destitución con estas palabras: «Excelencia, si no destituye a Serrano, todo el mundo dirá que aquí quien manda no es Su Excelencia, sino Serrano». Y añadió: «De seguir en el Gobierno, su prestigio en la Falange conocerá un auge mayor y su poder personal crecerá hasta límites sospechosos, a tal extremo que podrá convertirse en una amenaza para el futuro caudillaje de Franco»[149]. El 2 de septiembre de 1942, el Generalísimo destituyó a su cuñado y a la mañana siguiente se cumplió la sentencia de muerte contra el falangista Domínguez. Incluso el führer nazi se adjudicó cierta influencia en la caída de quien había sido el número dos del Caudillo[150].

Desde entonces, y aunque siguió apareciendo con su mujer, Zita Polo, y sus hijos por el palacio de El Pardo cuando era convocado a eventos familiares, jamás perteneció al clan de negocios montado alrededor de Franco. Pero no lo necesitaba; se movía en una periferia familiar que le permitía jactarse de su propia independencia: «¡Qué mayor felicidad para Franco que yo le hubiera ido a mendigar un cargo!»[151].

Capítulo V. Falangistas en tiempos de paz: el modelo Girón

CAPÍTULO V

Falangistas en tiempos de paz:

el modelo Girón

Los grandes beneficiados del régimen franquista fueron la gran empresa y algunos grandes capitalistas que, por cierto, después le han vituperado […]; la parte del león, como siempre, se la llevó el gran capital.

JOSÉ ANTONIO GIRÓN DE VELASCO. 29 de julio de 1987

El 20 de mayo de 1941, cuando Franco le hizo ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco era un joven licenciado en Derecho nacido en el pueblo palentino de Herrera de Pisuerga el 28 de agosto de 1911, y que se había curtido durante la Guerra Civil. Sus méritos para ocupar la cartera de Trabajo se reducían a su extenuante lealtad al «Jefe» y en su vertiginoso historial como hombre de acción desde sus años como estudiante universitario. De las Juntas Castellanas de Acción Hispánica, fundadas por Onésimo Redondo, pasó a las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de Ramiro Ledesma Ramos, hasta su unificación con Falange. Jefe de Milicias en Valladolid, preparó una fuerza de choque para liberar a José Antonio en 1936; capitaneó sus centurias en el Alto del León y combatió en el frente de Madrid hasta 1937, cuando Manuel Hedilla, el efímero dirigente falangista, le hizo jefe de la Inspección Territorial Falangista de Castilla. En 1939 fue Delegado Nacional de Excombatientes hasta que, en 1941, Franco le convirtió en el ministro más joven del franquismo y le mantuvo en el cargo hasta el 25 de febrero de 1957.

Durante casi dieciséis años de dura etapa autárquica, Girón impuso su estilo enérgico, por el que algunos empresarios le llamaran «FAI-langista». Realizó obras calificadas por sus epígonos como «suntuosas» y desproporcionadas; especialmente la cima de todas ellas: las universidades laborales, muy al estilo joseantoniano, que terminaron desagradando al Caudillo. «En España no hay necesidad de universidades laborales para que los obreros puedan dominar su oficio y escalar altos puestos de la industria —explicó Franco a su primo en 1956—. Precisamente en España es donde la clase media llega a los puestos más encumbrados en todas las profesiones sin universidades especiales para ello. Se ve en el Ejército, en la magistratura, en la medicina, en la ingeniería. Todos los que han sobresalido proceden de la clase media. De nuestras fábricas pueden salir obreros especializados sin tener que ir a ningún centro especial»[152].

A principios de 1957, Franco cuestionaba abiertamente «el desbarajuste» que presentaban algunas secciones del ministerio dirigido por Girón. Así lo recoge en sus memorias el entonces secretario general del Movimiento, José Luis de Arrese[153], a quien Franco manifestó tajantemente su inquietud por «la marcha hacia la quiebra evidente del Instituto Nacional de Previsión y su miedo porque un día saliera a flote algo grave en el ministerio de Trabajo», explica Arrese antes de añadir: «Traté de contrarrestar este criterio, diciéndole que admiraba la obra de Girón y ponía en duda la verdad de las cosas que se le achacaban; pero el Caudillo estaba totalmente decidido y, sin duda para evitar la discusión, me cortó diciendo: “Además, lleva ya quince años y eso es agotador”»[154].

En otra charla, el general Franco repitió a Arrese que «Girón, en lo administrativo, era muy abandonado, y, en lo afectivo, demasiado amigo de sus amigos, a los que dejaba hacer todo lo que quisieran, aunque muchos abusaran de su confianza»[155]. La denuncia sobre el despilfarro y la improvisación en la construcción de la Universidad Laboral de Gijón llegó por escrito hasta el Caudillo, quien hizo sus comprobaciones pertinentes. Claudio Vereterra Polo, primo hermano de su señora, le corroboró que allí se estaba gastando el dinero alegremente, ya que a él mismo le habían comprado un terreno ofreciéndole más dinero del que valía en realidad, y le habían propuesto que aprovechara un pequeño horno que tenía en su finca para hacer un negocio de aprovisionamiento de la obra a construir[156].

En la caída de Girón influyó, de manera decisiva, su enfrentamiento personal con el emergente José Solís Ruiz, entonces jefe de la Delegación de Sindicatos. Girón acusaba a Solís de ser charlatán, ineficaz y frívolo, mientras le llamaba «la mariposa de la Reina» por sus constantes visitas a El Pardo. El locuaz Solís, a quien terminarían llamando «la Sonrisa del Régimen», acusaba a Girón de cometer «los siete pecados capitales» y le comparaba con «la mafia siciliana».

Aquel rifirrafe colmó la paciencia de Franco. «El Caudillo —relata Arrese— no entendía de agudas ironías y me añadió que estaba muy preocupado porque también el Ejército criticaba (y así, sospeché la presencia de Muñoz Grandes) las cosas que hacían en su nombre los que le rodeaban. Probablemente, muchas de las cosas que escandalizaban a Solís no eran reflejo de una moral austera frente a una moral relajada, sino producto de una exuberancia dialéctica, frente a esa marcada propensión a la eficacia que siempre ha tenido Girón»[157].

En su supuesta búsqueda de la eficacia, «el León de Fuengirola» no se paraba en barras. En una ocasión, cuando le cuestionaron el nombramiento de un falangista poco conveniente para la Delegación Nacional de Prensa, Girón advirtió: «Es cuestión de utilidad. Si yo encontrara un gángster capaz de resolverme el problema de los seguros sociales, lo nombraría esta misma tarde». El suyo era, desde luego, todo un estilo.

Con la llegada de los primeros «tecnócratas» al Gobierno, José Antonio Girón fue sustituido, en 1957, por otro falangista «camisa vieja», vecino suyo en Almagro 26, Fermín Sanz Orrio y Sanz, abogado del Estado y antiguo delegado de Sindicatos que siguió durante cinco años la política «social» desempeñada por su antecesor, aunque rodeado, esto sí, por miembros del Opus Dei como Alberto Ullastres en Comercio, Mariano Navarro Rubio en Hacienda y Laureano López Rodó en la Oficina de Coordinación y Programación Económica. A pesar de los tiempos que se avecinaban, con el plan de Estabilización en puertas y los acuerdos bilaterales firmados con los norteamericanos, Franco no prescindió de la Falange, pero eligió a un jurista con experiencia diplomática para ocupar el puesto del «excesivo» Girón. La razón era simple: en el reparto del poder gubernamental, a la búsqueda de un equilibro que contentase a todas las «familias» del Régimen, el general Franco había puesto el caramelo de los sindicatos y el mundo laboral en manos de una Falange fiel a su persona. Después de dictar el Fuero del Trabajo, el Generalísimo deseaba conferir a su Régimen un cierto barniz de «revolución nacional» mientras, directamente, se apoyaba en la aristocracia española y daba todas las garantías al capitalismo tradicional.

En esta distribución de papeles, Girón había sido el encargado de darle al Régimen un ropaje «revolucionario», con una parafernalia cercana a la estética de Hitler y Mussolini. Para ello, el joven abogado falangista propugnó leyes laborales en un país en el que los trabajadores carecían de derechos tan fundamentales como el de huelga o libre asociación, y habían visto derrumbarse el poder adquisitivo de sus salarios hasta la mitad desde 1936; al tiempo, se dio una redistribución de ingresos de gran calibre que «favoreció la emergencia de una clase de “nuevos ricos”, estraperlistas, especuladores, vinculados a menudo con el nuevo régimen»[158].

Como ministro de Trabajo, Girón fundó el Seguro Obligatorio de Enfermedad, el Instituto de Medicina e Higiene en el Trabajo, los Montepíos y las Mutualidades Laborales; instauró la paga obligatoria de Navidad, el subsidio de invalidez, los jurados de empresa, y se despachó con un «obrerismo» joseantoniano de retórica encendida. Todo eso en la España de la posguerra, marcada por una fuerte depresión económica. Demasiada pasión para no ocuparse también de los asuntos económicos. Siendo titular de Trabajo, Girón preparó discretamente su desembarco en el mundo de los negocios.

En 1957 José Antonio Girón de Velasco cesó como ministro, pero estaba preparado. Desde ocho años atrás se había dedicado a cimentar una fortuna que, en vísperas de la victoria electoral socialista, fue valorada en más de mil quinientos millones de pesetas[159]. Y a su lado, desde el principio y discretamente, brillaría como socio un personaje llamado Hans Hoffmann Heinkeder[160], antiguo intérprete y confidente de la Wehrmacht en la División Azul, y que, a partir de 1962, sería el cónsul honorario de la República Federal Alemana en Algeciras y en Málaga.

Instalado en Marbella tras la guerra mundial junto al espía nazi Erich W. Gardemann, Juan Hoffmann aprovechó sus estrechas relaciones con el Gobierno franquista —muy especialmente con Girón— para lograr la confianza del dirigente conservador democristiano Franz Joseph Strauss, a quien le organizó en 1955 un encuentro secreto con el Caudillo. Desde entonces, Hoffmann sería el hombre de Strauss en España, hasta el punto de que en 1977, durante los primeros pasos de la transición democrática española, su nombre apareció como «correo» de Strauss en varias operaciones de financiación ilegal de Alianza Popular, el partido de Manuel Fraga, realizadas a través de la Fundación Hans Siedel, con sede en Málaga[161].

Para entender la catadura y el modus operandi del personaje, es ilustrativa la pincelada que ofrece Jorge Verstrynge en su libro Memorias de un maldito[162], donde confiesa que, mientras él era secretario general, Alianza Popular «inundaba a la Hans Seidel de falsas facturas», y describe la manera en que su partido recibía el dinero de la Seidel: «Un ser parecido física y mentalmente a un cerdo, que volaba periódicamente a Málaga —donde tenía buenos amigos— al mando directo de un bimotor mientras cantaba a grito pelado canciones de vuelo de la Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial».

LOS MANEJOS DEL LEÓN

Desde su finca costera de La Paloma, Juan Hoffmann preparó a Girón su primer negocio redondo que significó, también, la consolidación de una larga amistad. En la España del estraperlo, se realizaban negocios suculentos y auténticos expolios mediante una simple argucia: la amenaza de expropiación. Los caciques de pueblo y los todopoderosos mandos municipales —que muy a menudo eran la misma persona— presionaban a inexpertos y necesitados campesinos, que acababan malvendiendo sus tierras con tanto miedo en el cuerpo como desconcierto. El ministro Girón y el cónsul Hoffmann tienen el privilegio de haber intervenido en una de esas primeras operaciones ventajistas, realizadas por este procedimiento, en la Costa del Sol.

En 1949, el entonces alcalde de Fuengirola, Salvador Sáenz de Tejada Moreno, presionó a los propietarios de la finca Santa Amalia. «Lo mejor que podéis hacer es venderla ahora —les repetía—, porque se va a instalar aquí un campo de fútbol o una plaza de toros, y no os vamos a dar casi nada». Los propietarios, campesinos modestos, por la constante amenaza del alcalde —la expropiación es inminente—, creían todo perdido cuando éste les llevó una buena nueva: «Un extranjero ofrece por la finca una cantidad de dinero que merece la pena: noventa mil pesetas». Los dueños de aquellos 36 560 metros cuadrados respiraron y, resignados, respondieron: «Si lo vamos a perder todo, venderemos. Qué remedio nos queda»[163].

La finca Santa Amalia, en Fuengirola, pasó a ser propiedad de Eva Woehler Linguist, esposa de Hoffmann, por un precio escriturado de 15 000 pesetas. Un año más tarde, cuando la amenaza de expropiación no era más que un fantasma en la memoria de sus víctimas, Santa Amalia cambió de manos. Según la escritura, fue vendida por las mismas 15 000 pesetas a María Josefa Larrucea Samaniego, esposa del ministro Girón.

Así se cimentaba un imperio inmobiliario de miles de millones de pesetas, extendido desde Málaga a Marbella, en el que las mujeres de Girón y de Hoffmann actuaron como testaferros de sus emprendedores cónyuges. A través de iniciativas como la creación de la sociedad mercantil Sohail, Girón atesoró chalets, apartamentos, locales comerciales y solares como el de Los Boliches, comprado a la mujer de Hoffmann en 1960 a cambio de trescientas acciones de Sohail.

El poder de Girón le permitió desarrollar impunemente un urbanismo sin control cuando el desarrollismo de los años 60 cambió el estraperlo por una corrupción especializada y abrió la puerta a un capitalismo salvaje que liquidaba la posguerra. No se trataba tan sólo de urbanizaciones sin respeto a las normas urbanísticas de alturas y volúmenes de edificabilidad: también las suntuosas viviendas de los jerifaltes se alzaban en la ilegalidad. Así lo denunció, en 1976, el Colegio de Arquitectos de Málaga mediante un documento en cuyo punto tercero se anunciaba la «impugnación al plan parcial del castillo de Fuengirola, a cuyos pies se halla situado el chalet propiedad de don José Antonio Girón de Velasco, edificado ilegalmente».

El 3 de septiembre de 1975, los miembros de la corporación municipal de Fuengirola hicieron pública una declaración jurada que el tiempo ha convertido en un documento elocuente: «Los abajo firmantes[164], miembros componentes de la Corporación Municipal de la villa de Fuengirola (Málaga) en la fecha en que se proyectó construir el paseo marítimo, denominado hoy del Príncipe de España, declaramos por nuestro honor que la idea de la Corporación fue redactar un proyecto de paseo marítimo por fases […]. Ante el insistente y extendido rumor de que dicha primera fase del paseo Marítimo se hacía para beneficiar y revalorizar los terrenos propiedad del señor Girón de Velasco y de que casi la mitad de su trazado discurría por zonas sin edificar —Vega del río, propiedad de los señores Werner y finca Santa Amalia, propiedad del citado señor Girón—, este último solicitó [que] se dejase en suspenso la primitiva idea. Así se decidió, comenzándolo al final de su finca, con lo que todo el paseo marítimo se construiría, y así está construido, por zonas urbanas. Al dejar fuera del proyecto el tramo Fuente-Fincos de los señores Werner, Santa Amalia-Puerto se pudo realizar por delante de la barriada de San Francisco, antiguamente denominada de las Chozas, la más humilde y pobre de la villa en aquel entonces».

El León no lo era tan sólo por sus rugidos demagógicos, de retórica falangista trasnochada en los nuevos tiempos, sino por los tremendos zarpazos con que amasaba su fortuna. Desde la compra de Santa Amalia, Girón había participado, directamente o mediante intermediarios, en cuatro sociedades anónimas: Ibero Sur, Baquetillo, Promociones Inmobiliarias de Málaga (Proimasa) y Promociones Inmobiliarias de Fuengirola (Proifusa). Para hacerse una idea de sus propiedades y negocios en la Costa del Sol, ha sido necesario —a golpe de registro de la propiedad— recabar la siguiente relación de patrimonio, con la fecha y precio de su adquisición, y cuyo valor se estimó en más de mil millones de pesetas:

1959. Finca rústica en La Dehesa, de 14 000 metros cuadrados. 150 000 pesetas.

1960. Parcela en la finca El Chapetal, del Conde San Isidro, de 2500 metros cuadrados. 25 000 pesetas.

1964. Finca de 4000 metros cuadrados en El Durillo, adquirida por los Hoffmann. 2000 pesetas. Finca en Los Hoyos, de 15 000 metros cuadrados. 12 500 pesetas.

1969. Finca El Ciprés. 112 800 pesetas.

1972. Local de un restaurante en Mijas. 17 500 pesetas.

1973. Parcela de 23 600 metros cuadrados en Marbella. 1 500 000 pesetas. Finca rústica de Buena Vista, en Mijas, de 330 000 metros cuadrados. 66 millones de pesetas.

Sus asuntos financieros iban viento en popa mientras mantenía su voz y su influencia política como consejero del Movimiento y presidente de la Confederación Española de Ex Combatientes. En 1974, Girón de Velasco se opuso a la apertura del Régimen y dio el llamado «Gironazo», que le convirtió en el personaje más significativo del búnker franquista y en una de las figuras del año para Pueblo, diario de los Sindicatos dirigido por Emilio Romero, que en su especial de fin de año del 1 de enero de 1975 publicó esta semblanza de Girón: «… político enraizado en lo más hondo de la estructura social de este país, es hombre que no puede etiquetarse sino de una sola manera, gallarda y permanente: lealtad. Lealtad al Jefe del Estado […]. Girón es, como buen español nacido en la recia tierra castellana, hombre consecuente con sus ideas y permanente conocedor de las realidades sociales y políticas del país».

La influencia del León de Fuengirola era tal que en noviembre de 1975, con Franco recién enterrado, la primera audiencia concedida por el rey Juan Carlos como flamante Jefe del Estado fue para Girón al frente de su Confederación de Excombatientes. «He querido —les dijo Juan Carlos—, después de la ceremonia del Juramento en las Cortes Españolas, recibiros a vosotros, gloriosos excombatientes. Los servicios que habéis prestado a la patria os hacían acreedores de ello».

Tiempos de transición, tiempos de «enjuague». El inmovilista Girón recibía «el reconocimiento» real a sus méritos combatientes, pero no se quedaría quieto. Durante los años posteriores, trató de detener el proceso democrático y, como presidente de Dyrsa, editora del diario ultraderechista El Alcázar, fue relacionado con el golpe del 23 de febrero de 1981. En torno a él giraron los restos del naufragio franquista; alentó la involución militar y dio alas a la ultraderecha española en fase de renovación generacional. Girón fue, durante los años más sangrientos de la instauración monárquica, el jefe del «Búnker», el capitán honorario de un «ejército» en el que brillaban personajes tan crepusculares y rabiosos como el jefe requeté Francisco de Guinea y Gauna, el «caudillo» Blas Piñar[165], el albacea Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo, la hermana Pilar Primo de Rivera, los exministros Federico Silva Muñoz[166] y José Utrera Molina[167], el teniente general José Iniesta Cano, el consejero del Movimiento Luis Peralta España, el presidente de Butano Luis Valero Bermejo[168], el exalcalde de Benidorm Pedro Zaragoza, el magistrado del Tribunal Supremo Adolfo de Miguel… Le bailaron el agua intelectuales del prestigio de Ángel Palomino, Joaquín Aguirre Bellver, Fernando Vizcaíno Casas o Antonio Domínguez Olano… Todos ellos, con Franco, habían vivido mejor y la mayoría no podía quejarse del pago recibido por su fidelidad al Caudillo, cuyo régimen jamás se portó como un ingrato para quienes supieron servirle con los ojos cerrados.

En su citada semblanza del «León de Fuengirola», Emilio Romero (maestro de una generación de periodistas, dedicados con entusiasmo al servicio de la Dictadura que luego limpiarían su sangre como demócratas de toda la vida) recogió en Pueblo estas palabras de Girón: «Tenemos una revolución pendiente, porque no hemos llegado más que a iniciarla apenas en algunos aspectos, porque las circunstancias del país no lo han permitido. Hay que tener en cuenta que hemos estado muchos años cercados, amenazados por todas partes. A medida que la vida del país se desarrolle, más posibilidades tendremos de llevar a cabo esta revolución».

Toda una joya de la ideología falangista convertida en esperpento, pero aplaudida por los últimos corifeos de la camisa azul; un ejemplo del «estilo Girón», de su doble moral: un capitalista depredador en los negocios bajo la careta de falangista «de izquierdas». Su contradicción era tal, que, ya en su declive y en silla de ruedas, supo incluso mostrarse comprensivo con el escándalo de corrupción protagonizado por el hermano del entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, encarnación de su enemigo secular. Esto fue lo que dijo: «El caso Juan Guerra… Todo eso habría que pulirlo mucho, porque la maledicencia también es algo que hay que tener presente. No vale que se vomite y se diga todo lo que se quiera sobre una persona si no se demuestra. Ahora bien, lo que yo creo es que al mando le conviene que todo eso quede limpio lo antes posible. Es muy perjudicial, puesto que vamos a llegar a un momento en que se crea que todos los españoles somos una panda de bandidos. Y no lo creo yo así»[169].

Un psicólogo haría un buen dictamen con estas palabras. Y es que las percepciones de la realidad a veces resultan endiabladas. Tras su muerte en 1996, en Marbella, a los 83 años, víctima de una embolia pulmonar, su correligionario José Utrera Molina dijo: «Pasado el tiempo, se podrá valorar el alcance y la profundidad de la revolución social que impulsó José Antonio Girón de Velasco. Hay pocos españoles que hayan tenido que soportar la injuria, la difamación y una invasión descalificadora de manera tan sistemática y ordenada como él».

Revolución, injurias, difamación… Palabras.

Más allá de la política o los recuerdos mágicos, los nostálgicos del Régimen de Franco tenían poderosas razones para sufrir de orfandad. A fin de cuentas, desde el principio de su «reinado» y durante cuarenta años, la filosofía «clientelista» del Caudillo había sido muy simple y comprensiva con las debilidades financieras de sus seguidores. Este espíritu compensatorio quedaba ya reflejado claramente en la explicación que, en abril de 1942, ofreció el mismísimo Franco a su exjefe de propaganda, Dionisio Ridruejo, cuando el recién llegado del frente ruso le denunció la corrupción en que se movían algunos de sus más fieles colaboradores. «Mira, Dionisio —le contesto el Caudillo—, en la Edad Media, y también posteriormente, existía la costumbre de repartir títulos, tierras, bienes y también la mano de alguna dama entre los combatientes que habían sobresalido en la batalla. Isabel y Fernando debieron ajustarse a esas normas después de la conquista de Granada. Sin embargo, en nuestros días no hay manera de premiar debidamente a los que creen haber contribuido eficazmente al triunfo del Movimiento. Unos se resignan a aceptar la circunstancia; pero otros escuchan a los individuos que les proponen ganar dinero fácil mediante alguna operación mercantil y caen en la tentación»[170].

LOS JÓVENES FALANGISTAS DE CLASE MEDIA EN EL PODER

Cuando terminó la Guerra Civil, una nueva generación, formada por jóvenes entusiastas de clase media, había tomado el relevo de la política en España bajo el mando de un militar de 46 años, que se había saltado todos los escalafones castrenses hacia su liderazgo superlativo. Junto a viejos conocidos desde la dictadura de Primo de Rivera como Martínez Anido, brillaban aquellos jóvenes de camisa azul, tan a tono con el rejuvenecimiento político que traían consigo los movimientos totalitarios de los años 30: allí estaban los jóvenes Gamero, Girón, Ridruejo, Fanjul Sedeño, Areilza, Laín Entralgo, Tovar, Torrente Ballester. También rebosarían juventud los ideólogos y propagandistas de un falangismo «hipotético» que vendrían años después, con los negocios viento en popa, llamados José Miguel Ortí Bordás, Juan Velarde, Manuel Cantarero del Castillo, Emilio Romero, Fernández-Miranda, Jesús Fueyo, José María Asauz de Robles, Jaime Campmany…

De los 119 ministros que Franco eligió durante su largo reinado, veinte de ellos fueron falangistas ascendidos al cargo tempranamente: Gamero y Girón a los 29 años, Arrese a los 36, Serrano y Miguel Primo de Rivera[171] a los 37. Y ya en los últimos tramos del franquismo: Manuel Fraga a los 40 y Cruz Martínez Esteruelas a los 41[172]. Habían sido reclutados entre la clase media universitaria y en su mayoría estaban vinculados al mundo del Derecho. Algunos eran abogados inexpertos como Girón, llegado a la política gubernamental desde la dialéctica «de los puños y las pistolas»; sin embargo, desde el principio y durante cuatro décadas, predominaron los altos funcionarios y los profesionales de élite. Serrano Suñer, Gamero, Sanz Orrio, Licinio de la Fuente, Romeo Gorría y Martínez Esteruelas eran abogados del Estado; Jesús Rubio, Manuel Fraga y Alfonso Álvarez Miranda[173], catedráticos de universidad; Arrese, arquitecto; y Raimundo Fernández-Cuesta, nada menos que notario. También destacaban jóvenes intelectuales procedentes de la aristocracia financiera vasca, capaces de escribir obras a favor de Hitler y Mussolini como Reivindicaciones de España, debida a las plumas de José María de Areilza[174] y Fernando María Castiella[175]; el primero, un teórico de los fascismos desde antes de la Guerra Civil, y el segundo, un catedrático miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que, inmediatamente después de escribir esta obra, se marcharía con la División Azul para luchar en el Ejército nazi.

Mientras las victorias de Hitler y Mussolini hicieron vibrar de esperanza fascista sus corazones, aquellos falangistas de primera hora lanzaron proclamas anticapitalistas por doquier y declararon a la Falange «enemiga irreconciliable» del capitalismo. El suyo era un dominio de la oratoria que no tenía precedentes. «El capitalismo, como sistema de dominación, de monopolio, de fuerza política, de entendimiento internacional, está agotado, está en sus últimos instantes y no puede dar más de sí», dice una resolución del Primer Congreso Sindical de la Falange, (Madrid, 1940).

«¡Ya lo creo que iba a dar de sí! —analiza con ironía el sociólogo Amando de Miguel—. Fenómenos más tarde bien conocidos como el capitalismo popular, la concentración bancaria, las licencias de exportación, las empresas multinacionales, la penetración del capital extranjero, el “consumismo”… estaban en los años 40 perfectamente inéditos, para bien y para mal. Casi se puede decir que el capitalismo español apenas había sido hasta entonces más que un pequeño brote de tipo familiar en Barcelona y Bilbao. En contra de la retórica estatificadora al uso, la verdad es que en esos primeros años de la posguerra el sistema económico que se sacraliza es el del máximo respeto a los intereses capitalistas»[176].

Los más lúcidos sabían, ya entonces, que aquellas palabras no eran más que retórica hueca. El falangista y empresario vasco, José María de Areilza, conde de Motrico, primer director general de Industria en 1938 y alcalde de Bilbao al acabar la Guerra Civil, lo dejó escrito en 1940: «Mientras no se logre la incorporación plena y cordial de los gerentes de Empresa españoles a nuestra tarea sindical, la estructura falangista de la economía será letra muerta. Del fascismo italiano se ha dicho, como ya sabéis, que era en lo económico la dictadura genial de un hombre apoyado en tres mil gerentes de fábrica que, compenetrados, le seguían. Así, nuestra economía, tal como la Falange la concibe, habrá de sustentarse, muy especialmente también, sobre la responsabilidad de los empresarios españoles, grandes y pequeños, ganados de corazón a la causa nacional»[177].

El futuro reformista, monárquico reconvertido y presidenciable en los primeros escarceos de la democracia española, lo tenía muy claro. Se trataba de convertir al obrero en «productor», que era prácticamente un sinónimo de «empresario». Inmediatamente, Areilza se apresuraba a diferenciar entre «gran capitalista» y «empresario», así como a distinguir el «trabajo» del «negocio». Ahí va una perla con toque antisemita debida a la pluma del conde falangista: «El Sindicato tiende, esencialmente, a sustituir también la moral del negocio de la anteguerra por la moral del trabajo de la victoria. El Sindicato afirma el trabajo, que es creación concreta, tangible, repleta de sentido humano, frente al negocio, que es la especulación, cubileteo de cifras, del dinero anónimo, sin patria, judío»[178].

Desde los primeros gobiernos del Alzamiento no faltan ministros con fuertes lazos capitalistas que Franco puso al frente de departamentos como Hacienda, Industria, Comercio… A los falangistas les reservó la parte «social»: Trabajo, Vivienda, Agricultura… y con ella, el control y la represión de los trabajadores. No resultó difícil que se impusiera rápidamente un falangismo católico, pragmático, que tuvo en José Luis de Arrese su máximo artífice en Falange desde la defenestración de Serrano Suñer en 1942. La idea inicial del partido único se transformó a partir de entonces en la de un Movimiento Nacional aglutinador, con sus matices, partidos y tendencias, dentro del cual se repartió el poder según cuotas establecidas entre las distintas «familias» del Régimen.

Para justificar esa «revolución pendiente» falangista que no llegaba nunca, en 1956, cuando terminaba la llamada «era azul», Arrese difundió unos datos, jamás refutados, que los historiadores consideran increíbles. Según el entonces secretario general del Movimiento, dentro del Régimen la Falange sólo había ocupado hasta entonces 135 cargos máximos (entre ministros, subsecretarios y directores generales), de los cuales apenas once de ellos estaban unidos al partido antes de la Guerra Civil. En un segundo escalón había dispuesto de 150 gobernadores civiles, alcaldes de capitales de provincia y presidentes de diputación, de los que 32 eran «camisas viejas». La diferencia se disparaba al reverenciar que de los 575 procuradores, 738 diputados provinciales, 9155 alcaldes y 55 960 concejales falangistas, poco más de 3500 estaban en el partido desde los tiempos de José Antonio Primo de Rivera. ¿Conclusión?: Falange fue minoritaria dentro del Régimen y no gobernó nunca. Y así, en palabras líricas de sus máximos beneficiarios (los Fernández-Cuesta, Eugenio Montes y adláteres), el partido clásico del fascismo español se convirtió en «el sol de un sistema planetario» que era «a la par institución y órgano»; «el alma» del Régimen, más que un Partido dentro del Movimiento Nacional.

Los más importantes jefes falangistas, tanto los «camisas viejas» como los que salieron del Frente de Juventudes o de la Organización Sindical, seguidos por su cohorte de subsecretarios y delegados nacionales, transitaron con fortuna desde su corazón a sus asuntos. Es decir: desde el Gobierno y el aparato de Estado hasta los consejos de administración de las grandes empresas; sin trasbordos ni paradas intermedias de «descompresión»; manteniendo sus puestos en las Cortes franquistas y, en más de una ocasión, con viajes de ida y vuelta; balanceándose sin interrupción entre lo público y lo privado. El Gobierno y la empresa, fundidos, eran destinos intercambiables de una oligarquía política sin parangón en la historia de España.

Después de casi cuatro décadas de dictadura, esta práctica incluso ha creado una filosofía político-financiera que perdura hasta hoy. «Yo creo que gobernar y dirigir una empresa tienen puntos en común. Se trata, en suma, de lo mismo, de poner orden en las personas y en las cosas». Son palabras de Rodolfo Martín Villa, falangista, jefe nacional del SEU, director general de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas durante los años 60; vicepresidente del Gobierno democrático de Adolfo Suárez, y presidente de Endesa, la gran compañía eléctrica, por designio de José María Aznar. Así se explica, en suma, uno de los artífices de la transición política española y un ejemplo de franquista incombustible y reciclado, con su manera de entender la actividad política.

FALANGISTAS SEDUCIDOS POR LA FORTUNA

La diosa Fortuna sedujo a muchos falangistas de primera hora sin necesidad de que cayeran en alguna «tentación» penalmente perseguible. Con la legalidad vigente y un laxo tratamiento de las incompatibilidades, fueron muchos los que supieron hacer dinero y ocupar un lugar de primera fila en el mundo empresarial, limpiamente, sin necesidad de rozar los límites emanados por el Estado de Derecho franquista. Un paseo cronológico por las biografías de los ministros falangistas de Franco ilustra esta realidad político-empresarial y convierte en norma general, en costumbre, lo que, al hablar de Serrano y Girón, podrían parecer casos aislados.

A partir del 1 de febrero de 1938, el ingeniero de caminos Pedro González-Bueno y Bocos[179] organizó la primera estructura sindical del llamado Gobierno de la Victoria. Amigo de Juan de la Cierva, tenía 42 años cuando Franco le nombró ministro de Organización y Acción Sindical. Aunque dimitió pronto, se mantuvo como consejero nacional de FET y de las JONS, procurador en Cortes y miembro del Consejo de Estado mientras, en su vida privada, recalaba en la dirección de grandes empresas multinacionales. En la década de los setenta era presidente de Citroen Hispania, de Osram, de la Caja de Seguros Reunidos, de Heliacero Internacional, vicepresidente de Tetracero… También presidió, al mismo tiempo, estamentos oficiales como la Comisión de Trabajo del Instituto de Racionalización del Trabajo y fue consejero de RENFE. Un experto en racionalización de sus esfuerzos, no cabe duda.

Blas Pérez González se hizo cargo de Gobernación el 3 de septiembre de 1942. Jurídico militar y catedrático desde 1927, se había afiliado a Falange antes del Decreto de Unificación y pertenecía a su Junta Política. Hasta 1956, Blas Pérez dirigió un ministerio que, por primera vez desde el Alzamiento, incluía Orden Público. La figura de Pérez está unida al aparato de Justicia franquista como el músculo al hueso. Fiscal y presidente del Tribunal Supremo en 1938, fue el responsable de la depuración y represión de los partidarios de la República, pero también de los falangistas disidentes de Franco: hizo su trabajo a conciencia. Tenía la total confianza del Generalísimo, quien le mantuvo como procurador en Cortes y miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar sin importarle que, en su actividad privada, formara parte del consejo de la Fundación March. En 1979 era vocal de Transmediterránea y de Seguros Lepanto, mientras presidía la empresa internacional Nora Ibérica.

Ser arquitecto y vivir en su natal Corella sirvió a José Luis de Arrese para disponer de una destacada posición social sin necesidad de aventuras mercantiles. Afiliado a Falange en 1933, se había dedicado a organizar el partido bajo las órdenes directas de José Antonio. En 1939 fue gobernador civil de Málaga y en 1941 Franco le nombro ministro secretario general del Movimiento. Estrella fulgurante del falangismo franquista, Arrese reorganizó la burocracia falangista y creó la «vieja guardia».

El ingeniero agrónomo Carlos Rein Segura[180] siempre supo estar en su sitio. Como experto agrario, en 1938 era delegado de Sindicatos en Málaga; tres años más tarde dirigía el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, un monopolio que él colaboró en crear. Tenía 48 años en 1945, cuando Franco le confió la cartera de Agricultura en sustitución de Miguel Primo de Rivera. Tras seis años en el cargo, Rein Segura presidió la Empresa Nacional de Industrialización de Residuos Agrícolas y entró en los consejos de administración de Tabacalera y el Banco Exterior de España, mientras paseaba su nombre por más de una docena de empresas de capital nacional y extranjero. Entre ellas, fue presidente de John Deere Ibérica.

Suceder a José Antonio Girón en Trabajo a partir de 1957, rodeado por tecnócratas del Opus Dei, no fue problema para el abogado del Estado Fermín Sanz Orrio y Sanz, miembro de la vieja guardia falangista y cercano al dirigente falangista Manuel Hedilla en sus primeros tiempos. El abogado Sanz Orrio había sido uno de los organizadores de la Falange de José Antonio y se había dedicado antes de la guerra a la defensa de falangistas procesados por actividades contra la República. Después de la contienda, fue gobernador civil de Guipúzcoa, de Baleares y de Cádiz. Antes que ministro, ejerció como delegado nacional de Sindicatos y tuvo una corta experiencia como embajador en Karachi, Filipinas y la China nacionalista. Cuando salió del ministerio en 1962, le esperaba la presidencia del Banco de Crédito Local y del Consejo de Economía Nacional. Durante todo el franquismo fue consejero nacional de Movimiento y llegó a vicepresidente de la Cortes Franquistas.

En 1962, el abogado José María Martínez Sánchez-Arjona[181] sustituyó a José Luis de Arrese en el Ministerio de la Vivienda. Procedía de los Sindicatos Verticales y de la dirección general de Trabajo. En 1969, al ser destituido, recibió como recompensa un puesto en el consejo del Banco de España, uno de los destinos mejor retribuidos de la Administración. Mientras era consejero de Economía Nacional, procurador y consejero nacional del Movimiento, completó su nómina con cargos en los consejos de administración de la Compañía Inmobiliaria Comercial, la Empresa Nacional de Siderurgia y Minas de Almagrera, entre otras sociedades…

«En España se bebe todavía poca cerveza», declaró el director general de Cervezas El Águila, un hombre adelantado a su tiempo llamado Manuel Fraga Iribarne. Catedrático a los 26 años, diplomático de carrera con el número uno de su promoción, ministro a los cuarenta después de un fulgurante ascenso a través de catorce cargos en el aparato del Régimen. En 1969, apenas fue cesado como ministro de Información y Turismo, la industria cervecera y la Unión Resinera reclamaron sus servicios. Calificado por entonces como «el niño prodigio del Régimen» y «el Delfín de Franco», Fraga se mantuvo tres años en la empresa privada, sin comprender cómo habían podido prescindir de un cerebro como el suyo; de un hombre preclaro que, tras la ejecución de Julián Grimau, se definía a sí mismo como «un liberal que fusila»[182].

El inspector técnico fiscal José Espinosa San Martín[183] es, quizás, el último dirigente de la «vieja guardia» falangista —dirigente del SEU desde 1935— en alcanzar la titularidad de un ministerio. La explicación, sin embargo, es sencilla: Espinosa llegó a la cúpula de Hacienda en 1965 tras desarrollar toda su carrera política bajo los auspicios de Mariano Navarro Rubio, destacado socio del Opus Dei. Hasta llegar a la cumbre, fue presidente del Instituto Nacional de Moneda Extranjera, de la Caja Postal de Ahorros, de la Casa Nacional de la Moneda y Fábrica de Timbre, del Banco de Crédito Industrial. Cesó en 1969 a raíz del escándalo Matesa, que trataremos más adelante.

A partir de entonces, apenas quedan en la cumbre del aparato franquista, algunos falangistas de primera hora, jovencísimos combatientes durante la Guerra Civil, como el ministro de Trabajo Licinio de la Fuente[184], José Solís o el procurador en Cortes y alférez provisional Torcuato Fernández Miranda, entonces director general de Enseñanza Media llamado a muy altas misiones democráticas al servicio de la Monarquía. Los demás ministros falangistas Enrique García Ramal[185], Cruz Martínez Esteruelas y José Utrera Molina, pertenecen a otra generación y otros ámbitos. Salían directamente de unos territorios político-empresariales en los que se movían, como pez en el agua, falangistas de perfil singular como el banquero Mariano Calviño de Sabucedo[186], o el último presidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch[187], delegado de Educación Física y Deportes del Movimiento Nacional, a quien se debe esta perla cultivada durante la Olimpiada de Sidney 2000: «Yo viví durante cuarenta años en el franquismo. Y, en fin, cada uno hizo lo que pudo, ¿no? Hay que recordar que si Franco aguantó en el poder fue gracias a Estados Unidos. Hay que tener memoria»[188]. O ideas teóricas tan profundas y sinceramente entusiastas como la ofrecida por el falangista crepuscular Torcuato Fernández Miranda al diario Pueblo del 28 de enero de 1972: «El Movimiento Nacional —declaró— pretende cumplir en España un papel análogo al que han desempeñado la Corona en la Gran Bretaña o lo que es el American Way of Life en los Estados Unidos».

Desde la cumbre del Régimen de Franco, ciertos jefes falangistas lograron una existencia digna del «modo de vida americano» y supieron dejar huella en el mundo de los negocios. Algunos, como Pedro Gamero del Castillo, Demetrio Carceller y los hermanos Solís, con sus historias ejemplares, merecen especial mención. El lector comprenderá inmediatamente por qué los hemos reservado para el final.

PEDRO GAMERO DEL CASTILLO: UN FALANGISTA BANQUERO

Al rastrear en estas biografías, el investigador choca con un auténtico fuera de serie llamado Pedro Gamero del Castillo, ministro sin cartera en el segundo gabinete que Franco formó el 9 de agosto de 1939, apenas terminada la Guerra Civil, y con Serrano Suñer como «número dos» del gabinete.

La actividad política de Gamero es como un libro abierto. Nacido en Sevilla el 20 de noviembre de 1910; licenciado en Derecho y Filosofía; abogado del Estado a los 25 años con el número uno de su promoción —igual que Serrano— Pedro Gamero del Castillo fue una pieza clave en la evolución de Falange desde el fascismo clásico hasta el conservadurismo ultraderechista. Afiliado a Falange desde 1937, empezó su carrera política como gobernador civil de Sevilla y, junto a José Luis Escario y Sancho Dávila, formó parte de la comisión que el 16 de febrero de aquel 1937 viajó a Portugal para convencer a los jefes carlistas, que capitaneaba Javier de Borbón Parma, para que aceptasen el Decreto de Unificación. A los 29 años, como ministro sin cartera y mano derecha de Serrano Suñer, desde la vicesecretaría general de FET y de las JONS, el joven Gamero se encargó de alejar del poder a los «falangistas puros» y colocar en puestos clave a antiguos cedistas, monárquicos, tradicionalistas y financieros. Finalizada la guerra, puso su empeño en la burocratización de la Falange, a cuya secretaría general accedió en marzo de 1940 como sustituto del general Agustín Muñoz Grandes (que pasó a comandar la División Azul). Con la paz, a la Falange le tocaba prestar «un peligroso servicio de eclipse parcial», declaraba Gamero, «porque la verdad es que la Falange no rige todavía un Estado propio —que no está aún construido— ni combate ya un Estado enemigo, que quedó derrumbado[189]». La caída en desgracia de Serrano Suñer eclipsó para siempre su estrella política; en mayo de 1941 cesó de todos sus cargos a petición propia. Fue uno de los pocos ministros —junto a Carceller— que se declaró a favor de los Estados Unidos, con la esperanza de que el capital americano se interesase por la reconstrucción de España[190].

Alejado del Gobierno, formó parte del Consejo Privado de don Juan de Borbón y se dedicó a sus asuntos con un éxito arrollador. Hasta su fallecimiento en 1984, formó parte de quince consejos de administración de importantes sociedades mercantiles. Un récord, apenas compartido con otros tres exministros falangistas: José Solís Ruiz con dieciocho puestos, aunque de menor rango; Demetrio Carceller con dieciséis, si bien ya era un caballero de empresa antes de entrar en política; y Enrique García-Ramal, un industrial del último franquismo con quince cargos en consejos de administración.

Aunque, como hemos visto, otros políticos procedentes de Falange aparecen bien situados en el mundo empresarial, ninguna de sus presencias es comparable a la desplegada por el que fuera mano derecha de Serrano, tanto en la dictadura como en la democracia. Entre 1961 y 1980, los apellidos de Gamero del Castillo se pasearon por los siguientes consejos de administración de importantes empresas públicas y privadas: Presidente de la inmobiliaria Vallehermoso S. A., de Unión Española de Financiación, de la Sociedad Española de Construcción Naval y la Compañía Continental Hispánica de importación-exportación; consejero delegado del Banco Hispano Americano; consejero del Banco Urquijo, de Astilleros Españoles, de Estudios y Proyectos Eléctricos; vocal de CAMPSA, de Naval-Stork-Werkspoor, de Hidroeléctrica de Cataluña, del Banco de San Sebastián, de la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica y, por fin, consejero del Banco de España, como representante de la Banca Privada, mano a mano con Alfonso Escámez, el gran jefe del Banco Central.

A principios de los años ochenta, la estrella de Gamero seguía brillando en la galaxia empresarial como presidente de honor de Vallehermoso, vicepresidente del Banco Hispano Americano, consejero de Hidroeléctrica de Cataluña, de la Unión Eléctrica-Fenosa, del Banco Urquijo… hasta que, tras su muerte en 1984, le llegó el turno a la segunda generación en la persona de Pedro Gamero del Castillo y Bayo, vicepresidente de Vallehermoso y consejero de Hispaland desde el año de gracia de 1992. Aquella imagen del «eclipse parcial» no podía aplicarse a la estela empresarial del antiguo falangista monárquico.

DEMETRIO CARCELLER: UN FALANGISTA FINANCIERO

«—¿Qué espera que digan sus contemporáneos de usted, cuando muera?

»—Nada.

»—¿No pensó en su posteridad?

»—No.

»—¿No siente curiosidad de lo que puede ser su nota necrológica?

»—No he tenido la más mínima curiosidad. Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, mi vida actual tiene como norte la humanidad, la bondad y la generosidad. Ahora bien, creo que no soy un hombre de serie. Yo encontraría, quizá, una manera de encasillarme en Norteamérica, pero no en España; aunque me siento español como el que más»[191].

Tajante, con aspecto de hombre de lucha, macizo, de palabra segura, duro de expresión. Así lo describe su amigo y admirador, el periodista Manuel del Arco: «Un hombre de arriba abajo, hecho de abajo arriba». El importante caballero de industria Demetrio Carceller Segura se hizo falangista en tiempos republicanos, después de haber formado parte de un grupo de financieros que colaboró económicamente con la Falange en los primeros escarceos de José Antonio. La vida de Carceller habría podido ser legendaria, pero quedó reducida al retrato tópico del hombre hecho a sí mismo, hábil, oportunista, dispuesto a hacer cuanto sea necesario para ganar dinero.

En 1933, un prometedor Carceller de 39 años poseía las cualidades adecuadas para ser el líder fascista que buscaban los más lanzados empresarios españoles que decidieron apoyar con su dinero y su poder el nacimiento de un nuevo movimiento nacionalista que parara los pies a los partidos de izquierda y siguiera la estela triunfal de Hitler y Mussolini[192].

Mientras algunos sectores financieros ponían reparos al hijo del dictador Primo de Rivera, Demetrio Carceller encajaba en el retrato robot de lo que un líder fascista debía ser. Como Mussolini, venía de abajo, y, como empresario, ocupaba una destacada posición en el mundo de los negocios. «Tenía talento, decisión, energía y estaba interesado en el mundo de la política —escribe Stanley Payne—. Su liderazgo no cuajó por dos motivos: por la falta de preparación de aquellos industriales que pretendían apoyarlo y [por] el hecho de que a Demetrio lo que más le interesaba era hacer dinero[193]», una tarea en la que volcó toda su capacidad.

Nacido en un pequeño pueblo de Teruel, Parras de Castellote, en 1894 y emigrado a Cataluña cuanto tenía seis años, Demetrio Carceller Segura procedía del proletariado más oscuro. Su padre pasó de labrador en su pueblo natal a bedel de la Escuela Industrial de Tarrassa, donde él logró estudiar bajo la protección de Alfons Sala i Argemí, conde de Egara, fundador de la escuela y una de las personalidades más importantes de la industria y la sociedad catalanas del siglo XX. A los diecinueve años obtuvo el título de Ingeniero de industrias textiles. En 1914, con veinte años, trabajaba como químico en el Laboratorio de Refinería de Lubrificantes de la empresa Sabadell Henry. Después se hizo cargo de la fábrica en el turno de noche. Cuando, el 31 de diciembre de 1927, el Gobierno creó el monopolio de petróleos, la refinería fue incautada por CAMPSA y Carceller se convirtió en su director. Un año después era ya director adjunto de la compañía y, en plena Dictadura, llegó a conocer personalmente al general Primo de Rivera y al ministro José Calvo Sotelo, creadores del nuevo monopolio. En junio de 1930 se hizo cargo de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) y entró en los consejos de administración de Petrolera Repesa, Banco Atlántico, Banco de Fomento…

Falangista de primera hora, Carceller había contactado con José Antonio Primo de Rivera en 1933 y colaboró estrechamente con él y con los otros fundadores del partido, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas. Sus conocimientos empresariales eran tales, que el mismo José Antonio pensó en él, convertido ya en uno de los jefes de Falange en Barcelona, como futuro ministro de Industria en un hipotético e ideal gobierno fascista[194].

En plena Guerra Civil, Carceller se trasladó a Burgos y trabajó en la Junta de Defensa desde 1938, dentro de la Comisión de Industria y Comercio que presidía Joaquín Bau Noya. En 1940, ya era miembro de la Junta Política y del Segundo Congreso de FET y de las JONS, así como jefe provincial del Movimiento en Barcelona. Su gran oportunidad llegó, sin embargo, el 16 de octubre de 1940 cuando sustituyó al militar Luis de Alarcón de la Lastra como ministro de Industria y Comercio.

«—¿Le gustó ser ministro? —preguntó Del Arco.

»—Si —respondió Carceller—, pero no por lo que generalmente gusta a los que son ministros por auténtica vocación política.

»—¿Por qué, entonces?

»—Por la satisfacción que le produciría a mi padre»[195].

El ministro falangista Carceller ejerció el cargo hasta 1945, durante unos años en los que el racionamiento de algunos productos básicos había quedado suspendido sencillamente por la inexistencia de tales productos. Tiempos muy duros, pero no lo suficiente para un personaje que había demostrado su inteligencia como hombre de negocios y su habilidad como político. En el escenario de la Segunda Guerra Mundial, su política consistió en explotar las necesidades de los aliados y del Eje para sacar beneficios de aquel enfrentamiento. Ocupó el ministerio como si se tratara de un cargo empresarial. Sin otra ideología. Al mismo tiempo que acompañaba a Serrano Suñer en su viaje oficial al Berlín nazi, él era capaz de acercarse a los países aliados porque, según sus propias palabras, «los capitalistas de todo el mundo podían entenderse». Aunque fue capaz de pararle los pies al insaciable Juan March, a Carceller se le atribuye el duro papel de haber iniciado, desde 1941, la corrupción a gran escala dentro del Régimen[196]. Sea como fuere, siempre supo ser amigo de sus amigos. En la Historia de Terrassa, escrita por Xavier Marcet, se dice textualmente: «Mientras Carceller fue ministro, los fabricantes de Terrassa llevaron hasta el límite la oposición a la Fiscalía de Tasas y otros organismos, sin que pasara nada. En cambio, en el año 1946, cuando Carceller dejó la cartera de Industria, se produce la situación más tensa de la década al ser inmovilizados los tejidos que estaban sobretasados»[197].

Ambicioso y lleno de ímpetu, sus ideas capitalistas favorables a la iniciativa privada y a terminar con el intervencionismo estatal en cuanto fuera posible, chocaron con la ideología fascista del momento, encarnada entre otros por el ministro Juan Antonio Suanzes, militar, fundador del Instituto Nacional de Industria, que defendía la intervención estatal en la economía.

El historiador Francesc Cabana ha escrito un esclarecedor retrato de nuestro personaje: «Carceller será clasificado como un ministro falangista, cuando se trata de analizar la distribución de cargos entre las distintas familias del régimen. Todo indica que la entrada de Carceller en la Falange fue una consecuencia del ambiente de primera hora y de su estrategia, más que de su ideología. Evidentemente será miembro del “Partido” y sus primeros discursos contienen referencias a José Antonio y a su doctrina nacional-sindicalista. Pero Carceller conocía demasiado bien los entramados económicos como para dejarse seducir por los principios de la Falange, que supeditaban la política económica a la estrategia política. Carceller fue falangista porque le debía convenir. Es una táctica más que un pensamiento»[198]. Si este análisis es correcto, no es extraño que muchos historiadores le hayan calificado como uno de los más avispados financieros de España y uno de los más afortunados oportunistas vinculados al Régimen.

Su salida del Gobierno supuso la continuación de una prodigiosa carrera empresarial. Decenas de consejos de administración se disputaron sus favores y dejó en una envidiable posición económica a sus descendientes. Durante su larga carrera, hasta su fallecimiento en 1968, Demetrio Carceller fue uno de los empresarios más influyentes de la economía catalana, y como tal perteneció en 1965 al primer consejo de administración del Banco Industrial de Cataluña junto a personajes tan destacados como Domingo Valls Taberner, Enric Masó[199], Jordi Pujol y Jaime Carner. Todo un cóctel explosivo compuesto por financieros del Opus Dei, falangistas y nacionalistas democráticos.

En los años sesenta, Demetrio Carceller Segura confesaba sin ambages: «En Barcelona residen, por lo menos, ciento cincuenta ciudadanos perfectamente desconocidos del gran público que tienen fortunas muy superiores a la mía, sin que por ello pueda significar que yo estoy descontento. Y ante personalidades políticas y tertulias particulares hace más de veinte años que vengo presumiendo de que “Carceller y las empresas a que está vinculado Carceller, viven en España, pero no de España”. Y creo que somos muy pocos los que, disfrutando de una posición económica desahogada, podamos mantener este aserto»[200].

DOMINGO SOLÍS, EL HOMBRE DE LAS COOPERATIVAS

Los hermanos Solís, José y Domingo, formaban un equipo casi perfecto, complementario. La ciudad y el campo unidos por lazos de sangre y patrimonio. José, jurídico militar con don de palabra, era «el hombre de los sindicatos», el secretario general del Movimiento en pleno ocaso falangista. Subjefe de centuria durante la Guerra Civil, Pepe Solís había escalado la cumbre gracias a sus visitas semanales a El Pardo. Primero los miércoles, como anfitrión de las audiencias de Franco a los cargos sindicales. Después los viernes, desde su puesto en el consejo de ministros. Tras ganarle la partida a Girón, ocupaba el lugar de Arrese, pero sin pretender convertirse como éste en «un comisario político con mando en plaza[201]». Con la prensa de los sindicatos a su favor, José Solís acabó calificado para la historia como «la Sonrisa del Régimen» y transitó la democracia suavemente, desde la discreta presidencia de varias empresas azucareras.

Por el contrario, el gesto de su hermano Domingo acabó siendo una mueca agria y carcelaria, ya en plena democracia. Domingo era «el agricultor del Régimen», «el hombre de las Cooperativas», un alto cargo franquista tan poderoso en Córdoba y Jaén que se referían a él como «El virrey de Andalucía».

—¿Quién ha sido y quién es Domingo Solís? —le preguntó el periodista Manuel Mille, de Lunes Económico[202].

—Muy sencillo: en 1939 soy un estudiante de Mercantil y me dedico a ser labrador; llego a la Hermandad de Labradores de Martos (Jaén), que tenía entonces graves problemas; el del desempleo el primero de ellos. Conocedor de la zona y de la estructura de sus empresas, no me podía sustraer al espejismo de todos los españoles en relación con Andalucía: el latifundio, su escasa productividad y el poco trabajo de las tierras. Esa sensibilización me hizo pedir al secretario el censo de propietarios de la Hermandad y comprobé que eran cinco mil. El verdadero problema era el minifundio olivarero. Nos ocurría que, en general, éramos medianos y pequeños labradores sin medios para defender nuestras cosechas. Malvendíamos porque no podíamos transformar el producto. Intenté convencer a todos y crear empresas suficientemente fuertes para abordar los problemas que tenía el olivar. Era entonces el año 1952 y nació así la primera Cooperativa de Martos. Hace unos años hemos creado la quinta. Observamos enseguida, a los dos o tres años, que al siguiente ejercicio debíamos al Crédito Agrícola un plazo que suponía 25 céntimos por kilo de aceituna, retención necesaria para pagar el capital recibido. Como no hubo cosecha, no teníamos el dinero y la deuda con el Banco de Crédito Agrícola era de 150 000 pesetas. Solicitamos un crédito a la banca privada por ese importe, pero nos fue denegado. Recapacitamos y comprendimos que los cuentacorrentistas solamente, socios nuestros y clientes de esos bancos, tenían saldos superiores al importe del crédito solicitado. De aquí surgió la idea de crear una Caja Rural en Martos.

De ahí se pasó a una Caja Rural provincial. «Por entonces, Francisco Jiménez Torres, luego gobernador del Banco de España y presidente del INI, era dirigente de Cooperativas —explica Domingo Solís en la entrevista citada— y se le ocurrió la idea de crear una Caja Rural Nacional, vaso comunicante de las provinciales. Corría el año 1956 y estuve en la Comisión Gestora. Pasé luego por la Comisión de Vigilancia y por la Junta Rectora, hasta que sustituí en la presidencia a Fernando Muñoz Grandes».

Como presidente de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (UTECO) de Jaén, el gobierno de Madrid se inclinaba a su paso; la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) se plegaba a sus designios como presidente simultáneo de la Caja Rural Provincial de Jaén, de la Caja Rural Nacional, del Consorcio de Cajas Rurales Nacionales, de la Cooperativa San Felipe en Torredonjimeno; de la Cooperativa Virgen del Cortijo en Martos; de la Cooperativa Provincial Agrícola, de la Unión Nacional de Cooperativas, de la Societé Oleicole Franco-Espagnole (Sofranes), radicada en Marsella, y de Industrias del Guadalquivir S. A.

El sindicalista burocrático y el agricultor cooperativista compartían explotaciones agrícolas familiares en Cabra y, junto a sus otros dos hermanos, explotaban su patrimonio desde las estancias más domésticas del poder político. Si Pepe entraba y salía de El Pardo como personaje político en alza, Domingo hacía negocios directamente con el clan donde, para defender sus intereses, contaba con personajes tan próximos a Franco como el marqués de Villaverde, copropietario con sus hermanos de la finca jienense Arroyovil.

En 1975, con Franco en vísperas de su desenlace final, Domingo Solís medió con el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Le acompañaban Alfredo Jiménez Millas, representante del Sindicato Nacional del Olivo, Dionisio Martín Sanz[203], presidente de la Unión Nacional de Empresarios del Olivo, y Cristóbal Martínez Bordiú, quien personalmente entregó al presidente Arias un escrito de ocho folios en el que reclamaban ayudas para el sector olivarero. Como consecuencia, la CAT les compró sus excedentes de aceite a 80 pesetas el litro a pesar de que se pagaba a 75 pesetas. Un chanchullo propio de tiempos autárquicos en los que el Estado compraba a los olivareros prácticamente toda su cosecha a un precio regulado y no se podía consumir en España otro tipo de aceites. Con el caso REACE en la mente de todos, aquélla fue la última vez que los olivareros pudieron usar la trampa del proteccionismo estatal.

EL CASO UTECO

Tras la muerte de Franco ya nada sería como antes. El 18 de octubre de 1982, «el hombre de las Cooperativas» compartió celda carcelaria con su hijo Felipe y su socio Ricardo Cruz Tuñón, procesados por la supuesta evasión de 2758 millones de pesetas. Aunque Domingo Solís fue absuelto, la Audiencia Nacional, en su sentencia 16 del 12 de marzo de 1984, condenó a su hijo y a Ricardo Cruz a tres años de prisión como autores «de un delito monetario de obtención en el extranjero de créditos bancarios, ascendentes a 1250 millones de pesetas, sin autorización legal».

Paralelamente, a lo largo de 1983, la Junta de Andalucía había investigado a fondo la actividad financiera de los Solís. Era tal la quiebra, que el Senado ordenó la entrega de 27 000 millones de pesetas a los socios de UTECO y de la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén. Una auditoría realizada por el Banco de España detectó falseamientos de balances, ocultación de pérdidas a los socios y modificaciones en los libros de cuentas. Durante años, UTECO no había abonado a la Caja Rural Provincial los créditos concedidos. Mientras toneladas de aceite se almacenaban sin vender, los riesgos financieros se concentraban muy por encima de los límites legalmente establecidos por las normas bancarias. Si en el caso de la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas, el general Franco había actuado en auxilio de su hermano, nadie en democracia iba a ocultar las responsabilidades de Solís. Se había quedado solo.

En 1984, la comisión del Parlamento andaluz elaboró un detallado informe de 51 páginas que revelaba la realidad del «falso cooperativismo» basado en «el casi omnímodo poder personal de Domingo Solís Ruiz y en las amplias facultades que, como coordinador, ejercía Ricardo Cruz Tuñón, director general de la Caja Rural». El dictamen parlamentario explicaba en su página nueve: «Las Cajas Rurales provinciales, creadas en torno a los años sesenta, han funcionado como medio de financiación de las Utecos, cooperativas que, en líneas generales, han sido entidades descapitalizadas e incapaces de asumir las cargas financieras y la devolución de los préstamos obtenidos, normalmente, en las Cajas Rurales. Ello deriva de que sus actividades han estado guiadas, por lo general, por criterios políticos y no económicos, operando como empresas mercantiles mal gerenciadas y pagando a los agricultores precios políticos por sus productos».

Junto a estos datos generales, la comisión parlamentaria andaluza también sacó a la luz la existencia de una caja extracontable, o «caja B», mediante la cual pudieron manejarse cientos de millones de pesetas de «dinero negro» y sin control, entre las primeras elecciones democráticas de 1977 y el encarcelamiento de los supuestos responsables en octubre de 1982. El primer punto oscuro de esa «caja B» estaba en la financiación y gastos de la campaña electoral del partido Acción Social Agraria (ASA), fundado por Domingo Solís, y con el que concurrió, sin éxito, a las primeras elecciones democráticas de 1977 como cabeza de lista por Jaén, «para que los hombres del campo y del cooperativismo jienense se encuentren representados en las instituciones», decía, mientras calificaba su concurrencia política en democracia como «un sueño romántico». Y para hacerlo realidad no dudó en poner a su servicio las entidades que presidía. «Así —explica el dictamen parlamentario en su pagina 39—, no sólo utiliza fondos para la campaña electoral, con los que paga la propaganda, viajes, alquiler de locales para mítines, etc., sino que moviliza a buen número de empleados a lo largo y ancho de la provincia». Y un año más tarde, al ser convocadas las elecciones a Cámaras Agrarias, «se toman fondos de la citada caja extracontable y se entregan al partido político Unión de Centro Democrático (UCD) que extiende recibos con la leyenda “gastos elecciones Cámaras Agrarias” y “gastos de propaganda”». Entre junio y septiembre de 1982 fueron entregados 177 millones de pesetas «a don José Terceiro, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas, atendiendo a las sucesivas peticiones efectuadas por dicho señor, para atender diversos suplidos y provisiones de fondos correspondientes a su gestión profesional a favor de UTECO», según el documento notarial suscrito por Felipe Solís a petición del Banco de España.

A este respecto, el informe del Parlamento andaluz rompía cualquier eufemismo: «Las declaraciones obtenidas por esta Comisión en la fase de encuesta establecen que estos 177 millones de pesetas forman parte de hasta un total de 300 millones de pesetas previstos para la constitución de un “lobby político-empresarial”». La «caja B» guardaba otros curiosos movimientos. Dos días antes de que Ricardo Cruz Tuñón fuera encarcelado, cien millones de pesetas en efectos bancarios fueron milagrosamente recuperados por personas no identificadas que conocieron a tiempo la grave situación económica de las cooperativas. Entre los posibles beneficiarios de esta operación figuraba Carmen Diez Perera —esposa del exteniente coronel Antonio Tejero Molina, protagonista del 23-F—, que había invertido en UTECO veinte millones de pesetas que pudo rescatar a tiempo. El Parlamento andaluz sostuvo que aquel dinero procedía de la suscripción abierta a nombre del golpista Tejero en el diario ultraderechista madrileño El Alcázar para financiar el partido Solidaridad Nacional, donde trataban de aglutinar políticamente a los franquistas más radicales.

El balance final del informe sobre la gestión de UTECO resultaba demoledor: «Todos los datos obtenidos por la comisión parlamentaria indican que estas pérdidas, arrastradas a lo largo de diversas anualidades, eran sistemáticamente ocultadas a los socios y a las autoridades competentes. Hemos podido conocer, a través de la fase de encuesta y análisis de los documentos manejados durante la investigación, que sistemáticamente se han camuflado las pérdidas a través de las más diversas técnicas de operatoria contable, y que los balances se han falseado para aparentar situaciones de normalidad y sostenimiento que, como la realidad se ha encargado de demostrar, no eran acordes con el estado verdadero de las entidades».

Según el Banco de España, las pérdidas de UTECO alcanzaban los 17 000 millones de pesetas y las de la Caja Rural rebasaban los 6000 millones. Las operaciones crediticias mediante aval no estaban registradas en ningún sitio, por lo cual las autoridades exigieron a Ricardo Cruz Tuñón que certificara la cuantía de tales operaciones. Como respuesta, Cruz remitió un certificado, fechado el 23 de septiembre de 1982, en el que decía: «3286 millones de pesetas no se reflejan en la contabilidad y balance, y han sido realizados sin autorización expresa del Consejo Rector». El Banco de España pidió a Cruz Tuñón que enviara otro certificado ajustado a la realidad y el hombre escribió entonces «3011 millones». La intervención del Estado volvió a estimar que Cruz no decía toda la verdad. El socio de Solís volvió a sumar y, el 18 de octubre de 1982, envió un nuevo certificado en el que escribía: «4611 millones». Aquella noche la pasó en la cárcel, porque ni siquiera esta última cifra se ajustaba a la realidad. El Banco de España elevó a 4800 millones de pesetas la totalidad de avales injustificados. «Hay falseamiento de las certificaciones expedidas los días 23 y 28 de septiembre —dice en su informe—, además de un descontrol inadmisible en cifras tan elevadas».

No obstante, la ensalada de números ocultos era más densa. El 15 de septiembre de 1982, los créditos mediante pólizas sumaban 8916 millones de pesetas para UTECO y 4793 millones para la Cooperativa Provincial Agraria. Además, en la Caja no aparecían registrados avales de UTECO por valor de 900 millones. La «organización» cooperativista, a la manera clásica, se estaba dando créditos a sí misma, que luego no amortizaba. Para tapar el desastre, los Solís y Cruz Tuñón, huyeron hacia adelante y recurrieron al mercado exterior. Así llegó el delito monetario. Sin autorización oficial y —según la sentencia— «sin ponerlo en conocimiento de UTECO ni por ende pedir autorización a su Consejo Rector», Felipe Solís y Ricardo Cruz, «atribuyéndose la representación de UTECO, mantuvieron entrevistas en París con los directivos de Frahuil y, fruto de dichas conversaciones, consiguieron que la Unión Mediterranée de Banques y otros bancos franceses otorgaran a UTECO un crédito bancario de 9 625 398 dólares USA, equivalentes a 1250 millones de pesetas, cuya devolución garantizaron dichos procesados, en nombre de UTECO, con una partida de 9 227 859 kilogramos de aceite de oliva que UTECO tenía almacenado en España, en diversos depósitos».

Sin embargo, ese aceite nunca llegó a Frahuil, entidad que participaba en Sofranes, presidida por Solís, ya que jamás se suscribió «un contrato en firme». Los bancos franceses reclamaron el pago de los créditos más los intereses acumulados. Entonces fue cuando UTECO se dio por enterada; la Unión Mediterranée reclamó al Banco de España y salió a la superficie la gran pifia realizada con métodos de una época superada. Desesperadamente, habían recurrido a eso que hoy denominamos la «ingeniería financiera». En 1977 Sofranes compró a UTECO toneladas de aceite a un precio superior a su valor real. Es decir, las empresas presididas por Solís se compraban a sí mismas el producto que no eran capaces de colocar en el mercado. Los máximos dirigentes de UTECO habían utilizado el mismo procedimiento de los telares de Matesa: colocar su producto en el extranjero, simulando una exportación cuando ni siquiera se movían de la empresa; a cambio, obtenían los créditos bancarios, las bonificaciones y las ventajas fiscales dadas a este tipo de operaciones. Para conseguirlo, Frahuil firmaba desde Marsella órdenes de supuesta compra en firme; el aceite «vendido» viajaba a Francia y quedaba allí almacenado para su venta verdadera que, en la mayoría de los casos, resultaba a un precio superior al que figuraba en las licencias de exportación. Por este método, en 1977 en el ranking de las principales compañías oleícolas por volumen de ventas UTECO pasó del séptimo puesto al tercero con unos ingresos de 9794 millones de pesetas, por delante de grandes empresas del sector como Carbonell, Elosúa o Koipe[204]. Antes del caso Matesa, UTECO supuso el primer encontronazo político entre falangistas y tecnócratas del Opus Dei en la pugna por el control gubernamental.

FALANGISTAS CONTRA TECNÓCRATAS: LA PRIMERA BATALLA

Hemos visto como en 1959, gracias al proteccionismo estatal, los olivareros tenían vendida toda su producción en España sin necesidad de recurrir a la exportación; el precio estaba fijado por el gobierno y el ciudadano español apenas podía consumir otro tipo de aceite. El monopolio era total, tras los años del racionamiento. El plan de estabilización lanzado por los tecnócratas aún no alcanzaba a los olivareros, quienes podían encarecer su producto mediante un simple acuerdo con los almacenistas. De vez en cuando se producía un desabastecimiento, un desajuste, que hacía subir el precio del aceite en el mercado. Así venía ocurriendo hasta que, en junio de 1964, el ministro de Comercio, Alberto Ullastres, socio del Opus, quiso frenar el constante incremento de los precios, lo que desencadenó un duro enfrentamiento entre los ministros falangistas, capitaneados por José Solís, que apoyaban a los productores de aceite de oliva, y los del Opus Dei, que pretendían acabar con ese monopolio en España y, de paso, quebrar a los falangistas en uno de sus bastiones económicos. Un duelo en la cumbre.

El Gobierno nombrado por Franco el 10 de julio de 1962 llegaba en un momento político excepcional: el Plan de Estabilización daba paso a programas de Desarrollo calcados del modelo francés; y en Baviera se había producido el llamado «contubernio de Munich»: una reunión entre demócratas representantes de la oposición al franquismo en el exterior y opositores del interior, para analizar la democratización del Régimen. En el nuevo equipo de Franco se enfrentaban dos facciones: falangistas (el general Muñoz Grandes, José Solís, Manuel Fraga, Pedro Nieto Antúnez…) y opusdeístas (Luis Carrero Blanco, Ullastres, Gregorio López Bravo, Mariano Navarro Rubio, Jesús Romeo Gorría…).

En este pulso, el ministro Ullastres quería, como hemos dicho, controlar a los olivareros y liberalizar el mercado. Pero este objetivo tenía un precio: los olivareros pidieron al gobierno que el litro de aceite subiera desde las 21 a las 31 pesetas y que pudieran exportar sin limites, dada la escasez que padecía Europa tras malas cosechas. El Gobierno aceptó las condiciones, y los productores y almacenistas de aceite, como auténticos acaparadores del mercado, se lanzaron a una gran operación especulativa que arrebató al comercio interior más de 80 000 toneladas de aceite. Un abuso que Ullastres denunció sin dar nombres propios, y que trató de atajar aumentando hasta seis pesetas el kilo los aranceles de exportación[205].

Como respuesta, Domingo Solís, su hermano José y sus amigos lanzaron contra Ullastres una campaña tan descarnada, que el ministro se vio obligado a decir públicamente que «en zonas de Jaén y Córdoba se han lanzado especies calumniosas sobre la política del Ministerio de Comercio. Hay absoluta libertad para enjuiciar la política del Ministerio de Comercio, pero que quienes lanzan esas especies tengan valor para publicarlas firmadas». Ante las cámaras de Televisión Española, el ministro denunció a «ciertos grupos interesados en forzar el alza», y añadió: «Pese a esta postura del Gobierno de no dejar subir el precio del aceite, ciertos grupos de presión de olivareros, o acaso intermediarios, estaban dispuestos a que subiese a toda costa, y plantearon la batalla frente al Gobierno y frente al país. La batalla fue aceptada. El planteamiento actual del problema del aceite de oliva es un intento de forzar la política de la Administración por parte de un grupo de intereses. Si este grupo ganase, estaríamos perdidos».

La caída del ala falangista del Régimen tras la utilización azul del «caso Matesa» en 1969, y la llegada de Nemesio Fernández Cuesta[206] a la cartera de Comercio en 1973, no mermaron el poder de los industriales aceiteros representados en exclusiva por «el agricultor» Domingo Solís Ruiz. Antes de que el presidente Carlos Arias Navarro cediera a sus peticiones, cinco mil olivareros se concentraron en Madrid durante una asamblea beligerante que acabó con abucheos al Gobierno, aunque —tal como advirtieron en el documento entregado a Arias— «el campo español (generalización un tanto gratuita), y concretamente los olivareros, apoya de forma incondicional al Régimen, y por ello es razonable que se estudien con el mayor interés sus problemas».

Capítulo VI. La era de los tecnócratas: de la estabilización y los planes de desarrollo a Matesa

CAPÍTULO VI

La era de los tecnócratas:

la estabilización y los planes

de desarrollo a Matesa

Tengo la convicción de que Franco confiaba muy poco en los hombres y mucho en Dios.

GREGORIO LÓPEZ BRAVO. 1981

POCAS BIOGRAFÍAS definen mejor la aventura político-empresarial de los llamados tecnócratas que la de José María López de Letona y Núñez del Pino. Como si el tránsito de la dictadura a la democracia hubiera sido un simple movimiento mecánico incapaz de conmover la carrera ascendente de un alto ejecutivo; un paso más en una trayectoria de acero, recta, sin puntos de inflexión, sin sobresaltos.

Si atendemos a los hitos públicos en la vida de este hombre, parecería como si los gobiernos y los sistemas políticos no fueran con él. Y quizás no nos equivoquemos demasiado. En 1949, en plena posguerra, ejerció su carrera de ingeniero de caminos en la empresa Vías y Construcciones, vinculada a importantes jerarcas franquistas. De 1966 a 1969 fue subcomisario del Plan de Desarrollo, y de allí saltó a la cartera de Industria hasta 1974. Muerto Franco, en 1976 el Gobierno de Adolfo Suárez le nombró Gobernador del Banco de España, cargo que mantuvo hasta 1978, en los que fueron los años más duros de la transición. Alto ejecutivo en las más importantes empresas de construcción y obras públicas, presidió entre 1981 y 1986 el Banco de Madrid, tan vinculado desde su fundación al clan de El Pardo, y un año más tarde, mientras que el PSOE ganaba las elecciones, accedió a la vicepresidencia del Círculo de Empresarios, que desempeñó hasta la década de los noventa. En el Banco Español de Crédito ascendió en 1986 a consejero delegado y vicepresidente. En 1987 dimitió por discrepancias con el presidente, Pablo Garnica. La estrella político-financiera de López de Letona, unido en su carrera a los más destacados políticos asociados al Opus Dei, siempre brilló inmaculada, sin sufrir descrédito alguno frente a los avatares de la historia española.

Tanto en la dictadura como en la democracia, a través de su persona puede relatarse la prodigiosa aventura de los tecnócratas, aquellos ministros y altos cargos que desde 1957 a 1973 supieron agitar un cóctel de negocios y política en su camino hacia el bien-progreso. Salvar las almas y engrosar las carteras se convirtió en una jugada maestra para los socios dirigentes de aquel equipo: los Ullastres, López Rodó, Navarro Rubio, López-Bravo… Su fundador, el canonizado José María Escrivá de Balaguer, escribió en la máxima 831 de Camino: «Eres entre los tuyos —alma de apóstol— la piedra caída en el lago. Produce con tu ejemplo y tu palabra un primer círculo… y éste, otro… y otro… Cada vez más ancho. ¿Comprendes ahora la grandeza de tu misión?». El suyo fue, en esencia, un apostolado en la cumbre franquista, ejemplar sin duda, ejercido bajo el manto protector de una organización confesional elitista, envuelta en una leyenda de sectario hermetismo, y a la que Times denominó «Octopus Dei»[207].

A partir de 1957, tras la llegada al Gobierno de dos socios de la Obra, Mariano Navarro Rubio en Hacienda y Alberto Ullastres Calvo en Comercio, los falangistas y los católicos integristas comenzaron a ser desplazados por «tecnócratas» muy bien relacionados con la burguesía financiera y vinculados públicamente al Opus, aunque algunos de ellos no pertenecieran a tal organización, como es el caso de López de Letona. Nacido en Burgos el 26 de noviembre de 1922, José María López de Letona y Núñez del Pino estudió el bachillerato en el elitista colegio madrileño de El Pilar, junto a su hermano Emilio —futuro director de grandes empresas como Bimetal—, como lo hiciera su padre y lo haría en los años sesenta su primogénito José María, después llamado al mundo financiero como directivo de Banca Catalana.

Nuestro personaje era apenas un adolescente cuando la Guerra Civil alteró su vida cotidiana. A los trece años, el 17 de julio de 1936, presenció la detención de su padre, Alfonso López de Letona, un militar que pasó toda la contienda encarcelado en Madrid como sospechoso de haber participado en la preparación del Alzamiento. En 1940 el joven José María López de Letona acabó el bachillerato y nueve años más tarde obtuvo la licenciatura en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Madrid. Durante quince años se dedicó a la actividad profesional. Fue ingeniero general técnico de Vías y Construcciones S. A. —donde había comenzado a colaborar en sus últimos años de carrera— empresa dedicada a las obras públicas y vías férreas, fundada en 1929 y presidida durante largo tiempo por el general Antonio Barroso Sánchez-Guerra, ministro del Ejército entre 1957 y 1962, y por cuyo consejo de administración pasaron personajes tan destacados como Miguel Primo de Rivera y Urquijo.

Entre 1954 y 1966, López de Letona ascendió a director general de Vías y Construcciones mientras ocupaba cargos de máxima responsabilidad en empresas del metal como Sematic, Fabrimetal, Dimetal y Telecamit, aunque también participó en la creación de nuevas sociedades del sector inmobiliario y cinematográfico.

LA AGENDA RIVARA: LOS CLIENTES ESPAÑOLES

DE LA BANCA SUIZA

Tras casi dos décadas de autarquía, la España de finales de los cincuenta atravesaba un momento delicado en el que los grandes capitalistas temían los efectos de la liberalización económica que se les venía encima. Prudentes como pocos, habían colocado ilegalmente más de 70 000 millones de pesetas —según los expertos de la época— en cuentas cifradas de la banca suiza, de forma masiva y sin precedentes.

La casualidad hizo que se descubriera esta sangría económica, con una prueba documental irrefutable. En diciembre de 1958, con el plan de Estabilización en puertas, el ciudadano suizo Georges Laurent Rivara fue detenido por la policía española en posesión de una voluminosa agenda en la que estaban anotados sus contactos. Creyeron, al principio, que era un correo del comunismo internacional, pero en realidad se toparon con un agente bancario enviado a España por la Société de Banque Suisse (SBS).

Los peligrosos contactos subversivos de la agenda de Rivara quedaron reducidos al listado de 872 clientes españoles de la entidad bancaria helvética, relacionados con sus nombres y apellidos, números de cuenta, contraseñas y claves.

Apellidos ilustres de la alta burguesía vasca, del empresariado catalán, de destacados financieros madrileños y de algún que otro político, se desgranaban detalladamente, uno tras otro. Entre ellos se encontraban grandes capitalistas y banqueros como Alfonso Escámez (claves E-10 y P-49), el duque de Calvo-Sotelo, el naviero Pedro Ampuero Gandarias (clave 151), José Aresti Ortiz (presidente de Papelera Española, clave 206), el exministro Demetrio Carceller Segura (clave 529), Federico Lipperheide (clave 1-51 y número 223), José Garriga-Nogués (clave 362), Guillermo Bueno Hencke (número 75), delegado de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Barcelona, cuñado del constructor Figueras Bassols[208] y futuro presidente del Banco Condal… Y apellidos financieros ilustres: Mas-Sardá, Aguirre Ybarra, Arteaga Falguera, Bertrán de Caralt, Escrivá de Romaní, Espinosa de los Monteros, Fernández Villaverde, Gortázar, Jordán Urríes, Semir Carroz, Villalonga Villalba, Zardoya, Ybarra Oriol…

«Los Servicios de investigación han descubierto recientemente hechos y situaciones que revelan la existencia en el extranjero de depósitos de valores y divisas no declarados por sus titulares en el Instituto Español de Moneda Extranjera —explicó en nota pública la Dirección General de Seguridad—. Comprobada la presencia en España de agentes bancarios suizos que servían de enlace con los titulares de las cuentas y coadyuvaban a encubrir las infracciones de la legislación vigente sobre cesión, depósito y disponibilidad de divisas, se procedió a practicar diversas diligencias y detenciones, y entre ellas la de una agente suizo en cuyo poder se encontraron, en clave, relaciones de titulares y estados de cuentas de valores y divisas extranjeras».

El 26 de diciembre de 1958, los falangistas madrileños elevaron a la superioridad su «más enérgica repulsa» y solicitaron responsabilidades. El Juzgado Especial de Delitos Monetarios impuso multas a 369 personas. Los 872 clientes de la SBS habían evadido un total de 16 240 millones de pesetas de la época, pero las multas de los 369 sancionados sólo ascendieron a poco más de 116 millones de pesetas[209].

EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y LOS PLANES DE DESARROLLO

El Dinero tenía miedo. La economía española, a finales de los cincuenta, parecía precipitarse sin remedio hacia la bancarrota. Los niveles de renta por habitante de antes de la Guerra Civil se habían alcanzado en 1954, pero el crecimiento económico se enfrentaba a graves problemas. La pésima política económica del Régimen, incapaz de lograr niveles aceptables de competitividad tras dos décadas de autarquía, provocó el agotamiento de las reservas de oro y divisas. A mediados de 1958 apenas había con qué pagar las importaciones. Esta crisis, y no una planificación premeditada, dio lugar al cambio radical de la política económica que supuso el Plan de Estabilización de 1959, que se puso en marcha a pesar de la oposición del propio Franco y tras una feroz pugna dentro del Gobierno entre los falangistas, nostálgicos de la autarquía, y los tecnócratas cercanos al Opus Dei, partidarios de la economía de mercado.

La victoria de los tecnócratas abrió el camino al Plan de Desarrollo de 1964 bajo la batuta del también socio del Opus Laureano López Rodó, quien dio entrada en su Comisaría a una nueva generación de economistas del Estado, llamados al poder y a la política. «Contrariamente a la etiqueta de tecnócrata que se me colgó, yo hacía política, porque el Gobierno es político», declaró años más tarde López Rodó, que no conocía la definición de tecnócrata: a diferencia del «técnico», que ejecuta las decisiones de los políticos, el «tecnócrata» es aquel que impone al político determinadas decisiones políticas basadas en criterios técnicos[210]. Y así, aunque no todos los tecnócratas eran socios del Opus Dei, lo cierto es que asesoraban a ministros del Opus que tenían el poder y la iniciativa política. De este modo, no era preciso ser de la Obra para entrar en la definición de «tecnócrata del Opus Dei», por la que eran conocidos.

Y por si quedaba alguna duda sobre la dimensión política de la tecnocracia, Laureano López Rodó, refiriéndose a los Planes de Desarrollo, explicó: «La economía tiene una función instrumental. El hombre no vive para comer, sino que come para vivir. El objetivo del desarrollo era garantizar un nivel de vida digno para todos los españoles con el fin de conducirlos a otras metas. La aspiración final era llegar a la consolidación de un orden político de paz, de convivencia y de libertad». Altos objetivos de una planificación que «era indicativa, respetando la libertad del sector privado y las reglas del juego de la economía de mercado»[211].

Según López Rodó, el resultado fue impresionante: «Como directa consecuencia del Plan de Desarrollo se produjo el hecho de que los intercambios con el exterior se incrementaron espectacularmente. De ellos salió nuestra economía más integrada en el mundo occidental, y dentro de él, en la Comunidad Económica Europea. Es un hecho del que se derivan, indudablemente, importantes consecuencias políticas»[212].

Los más prestigiosos economistas coinciden en que durante el periodo tecnocrático, a partir de 1959, la economía vivió el máximo ritmo de expansión de toda la historia española. Se partía de una situación dramática, la provocada por la Guerra Civil, que, en 1964, la Comisaría del Primer Plan de Desarrollo recogía en sus «Consideraciones Preliminares»: la población activa había disminuido en medio millón de hombres desde 1936; se habían perdido 510 toneladas de oro del Banco de España; los gastos generados por la contienda ascendían a 300 000 millones de pesetas (de 1963); gran número de edificios públicos quedaron derruidos; 250 000 viviendas estaban en ruina total y otras tantas dañadas parcialmente; 192 poblaciones tenían el 60 por 100 de sus edificaciones destruidas; 1309 locomotoras, 30 000 vagones y 3700 coches de viajeros habían quedado destrozados… En suma, los efectos económicos de la Guerra Civil eran según los expertos la mayor catástrofe de la historia de España. En la década de los sesenta, el producto nacional bruto creció un 7 por 100 cada año, y en el plazo de diez años la renta por habitante se multiplicó por tres hasta llegar a mil dólares per capita en 1972. El bienestar se medía también al ritmo del consumo: los 19 kilogramos de carne que por término medio consumía cada español en 1960 se dispararon hasta los 44,7 kilos en 1970. En el mismo periodo, la mortalidad infantil descendió de 35,5 fallecidos por cada 1000 nacidos, a 20,7. La esperanza de vida ascendió a 72,3 años, casi tres más que en 1960, a pesar de que la industrialización incrementó los accidentes laborales y extendió nuevos tipos de enfermedades a las que debía enfrentarse una sanidad dotada ya de 13 médicos por cada diez mil habitantes[213].

Quienes se lanzaron a la legitimación del régimen franquista esgrimieron como argumentos clave la industrialización y el desarrollo, el bienestar material y la paz[214]. El gobierno de la Tecnocracia, vinculada al mundo empresarial hasta confundirse, supo organizar la economía española siguiendo las pautas de los países capitalistas más ricos y en un contexto histórico sin precedentes: el «desarrollismo español» creció bajo los efectos de la favorable coyuntura económica internacional. El «milagro económico europeo» posibilitó la colocación de cientos de miles de emigrantes españoles en Alemania y Suiza, atrajo hasta nuestras costas una riada de turistas y permitió la entrada creciente en España de capitales extranjeros, y especialmente norteamericanos[215].

«ERES ENTRE LOS TUYOS»: EL EQUIPO DE LÓPEZ RODÓ

El emprendedor ejecutivo López de Letona accedió en 1960 a la presidencia en España de las empresas ligadas al grupo Westinghouse Air Brake y, luego, a la de Bimetal, tras los acuerdos alcanzados con las compañías extranjeras que deseaban establecerse en nuestro país. Desde 1959 se habían creado las condiciones adecuadas: España había ingresado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial que, mediante una comisión de expertos, estaba elaborando un informe previo a los Planes de Desarrollo.

La Oficina de Coordinación y Programación Económica, dependiente de la Presidencia del Gobierno, se había preparado para el Plan de Estabilización de 1959 lanzado por Navarro Rubio y Ullastres, mediante el cual se acabó con el proteccionismo autárquico y se buscó el equilibrio de la balanza de pagos española a través del fomento del turismo, la exportación y las inversiones extranjeras. Letona era ya entonces un tecnócrata adelantado a su tiempo porque desde el sector privado se dedicaba, y así lo haría hasta 1965, a la cooperación internacional gracias a sus contactos con las industrias japonesa y norteamericana; además, era uno de los máximos expertos en un tema clave: la inversión de capitales extranjeros en España.

Con semejante entrenamiento, en enero de 1966 Laureano López Rodó le convirtió en uno de sus lugartenientes: subcomisario del Plan de Desarrollo Económico y Social para el sector industrial, puesto en marcha dos años antes. Como tal, Letona era miembro del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria y programó las comisiones de Energía, Construcción, Hierro y Acero, Metales no férreos, Maquinaria, Productos Químicos, Abonos y Papel, Bienes de Equipo y Artesanía. Todas bajo su control.

El primer Plan de Desarrollo había entrado en vigor el 1 de enero de 1964. Hasta ese momento el ascenso de los tecnócratas del Opus Dei había resultado imparable. En 1962, el ingeniero naval Gregorio López Bravo de Castro[216], director de un importante astillero de Sestao y mano derecha de Ullastres en Comercio, accedió a la cartera de Industria. En 1965, el comisario López Rodó consiguió el rango de ministro sin cartera, mientras se incorporaban al Gobierno dos personajes vinculados a la banca privada, Juan José Espinosa San Martín (Hacienda) y Faustino García Moncó (Comercio)[217], que ocuparon las carteras de Navarro Rubio —que pasó a gobernar el Banco de España— y de Ullastres —nombrado embajador ante la Comunidad Económica Europea—. Todos los resortes estaban en manos de López Rodó porque, tras la muerte de Agustín Muñoz Grandes en 1967, su máximo valedor, el almirante Carrero Blanco, ascendió a vicepresidente del Gobierno y acaparó el máximo poder ejecutivo después del Caudillo, naturalmente (López Rodó fue ministro para el Plan de Desarrollo ente 1967 y 1973). En los años sesenta, un tercio de los procuradores de las Cortes españolas eran empresarios. Otro dato del cambio de los tiempos.

EL CENTRO NEURÁLGICO DEL PODER

Así relataría López de Letona su llegada a la Comisaría del Plan de Desarrollo, en una declaración que tiene mucho de pliego de descargo y de revisionismo embellecedor de su propia trayectoria: «Entré de la mano de Vicente Mortes —compañero de promoción en la Escuela de Ingenieros de Caminos— que fue quien facilitó mi nombre a Laureano López Rodó, a quien, entonces, no conocía de nada. Había oído decir, eso sí, que era la “eminencia gris” del Gobierno y que tenía una gran influencia cerca del almirante Carrero. Mi situación personal a finales de 1965 me permitía abrir un paréntesis en mi actividad empresarial, y la posibilidad de conocer a fondo la situación económica del país desde la Comisaría del Plan, que parecía ser un centro neurálgico del poder, me resultaba atractiva»[218].

Y no se equivocaba. Desde las distintas comisiones y ponencias de la Comisaría del Plan de Desarrollo, liderada por López Rodó y por Fabián Estapé como comisario adjunto, dejaron su impronta los futuros gobernadores del Banco de España: Letona, José Ramón Álvarez Rendueles[219] —que fue jefe de su Gabinete de Estudios—, Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo; dos presidentes de la democracia: Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, y el último del franquismo: Carlos Arias Navarro; casi todos los que serían ministros de la transición democrática: Enrique Fuentes Quintana, José Lladó, Landelino Lavilla[220], Jaime García Añoveros, Rodolfo Martín Villa, Juan Rovira Tarazona, Alfonso Osorio[221], Enrique Sánchez de León, Jesús Sancho Rof, Juan Miguel Villar Mir.

Junto a ellos participaron personajes de distinto y distante calado político como Emilio y Jaime Lamo de Espinosa, Fernando Arias-Salgado, Enrique de la Mata, Ricardo Díaz Hochleitner, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (hermano del entonces responsable del INI, Francisco)[222], el futuro dirigente centrista valenciano Enrique Monsonís, el influyente gourmet Rafael Anson o el futuro disidente centrista José Ramón Lasuén. También pasaron por la Comisaría del Plan empresarios del franquismo más íntimo como el procurador y naviero Eduardo Aznar, José Melià Sinisterra, o los hermanos Tomás y Andrés Martínez-Bordiú; altos ejecutivos financieros y bancarios de la categoría de José María de Oriol y Urquijo[223], Ramón Areces, José Ángel Sánchez Asiaín, Gonzalo Lacalle Leloup[224], Carlos Pérez de Bricio[225], Carlos de Godó, Arturo Suqué Puig y Femando Abelló Pascual. Economistas, sociólogos y profesionales de la envergadura de José Barea, Juan Velarde, Juan Diez Nicolás y Manuel Aznar Acedo, padre del que fuera presidente del Gobierno español por el Partido Popular.

Sin duda, aquél era un «centro neurálgico» del poder, y un tramo en el camino de numerosas carreras político-financieras que, cargadas de futuro, compartían sus conocimientos y reuniones con exministros, altísimos cargos y ministrables del Régimen. Por llegar a lo más alto, López de Letona tuvo también que pagar un pequeño peaje: «Lo que no sabía en aquel momento es que mi entrada en la vida política por la puerta del Plan de Desarrollo me iba a marcar durante mucho tiempo como un “hombre de Laureano” y, en consecuencia, supuestamente vinculado al “Opus”, como en aquellas fechas se decía de todos los que trabajábamos en el Plan de Desarrollo. Luego vendría el invento periodístico de los “lópeces” —[López Rodó, López Bravo y él mismo]— que no tuvo nunca el menor fundamento, como el transcurso del tiempo se ha encargado de demostrar. La realidad es que hasta el momento de entrar en la Comisaría del Plan, había estado completamente ajeno al acontecer político. E incluso, a partir de entonces, he sido siempre un hombre muy independiente —interesado eso sí por la cosa pública— pero sin pertenecer nunca a ningún grupo político, económico o confesional»[226].

En 1979 Laureano López Rodó regresó a su cátedra, tras haber obtenido un escaño en el Parlamento democrático con Alianza Popular en 1977, y hasta su fallecimiento en el año 2000, se dedicó a escribir sus memorias más dulces. Pero la trayectoria de los ingenieros López Bravo y López de Letona estuvo directamente vinculada al mundo financiero y discurrió con grandes similitudes y encuentros. Son casi dos vidas paralelas, a pesar de lo que diga Letona, que fue su sucesor en el ministerio de Industria en 1969 y en el consejo de administración de Banesto en 1986. Ambos, además, supieron triunfar en el mundo de las altas finanzas. López Bravo fue, desde la dictadura a la democracia —de la que logró ser diputado en 1977— miembro de la Junta de Energía Nuclear; presidente de la Sociedad Nacional de Industrias Aplicadas Celulosa Española; administrador del Banco Español de Crédito, para cuya presidencia se le consideraba sucesor de Pablo Garnica, etcétera.

Sea como fuere, ya en 1966 López de Letona se encontró en el Comité de Dirección del Plan con varios de sus viejos amigos vinculados a la Obra, como Vicente Mortes Alfonso, Tomás Allende y García-Baxter o Fernando Liñán y Zofío —futuros ministros todos ellos—, al tiempo que fraguó nuevas y ventajosas relaciones.

El también ingeniero de caminos y miembro del Opus Vicente Mortes Alfonso, pasó de ministro de la Vivienda (1969-1973) a presidente de las multinacionales Nestlé y la Seda de Barcelona, así como de importantes empresas del sector del que fue ministro, como SICOP (Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas); se sentó en los consejos de administración de la Compañía del Metropolitano de Madrid, de Gas y Electricidad y de Unión Financiera de Urbanización. El abogado Tomás Allende, titular de Agricultura entre 1969 y 1975 y antiguo alumno de El Pilar, como Letona, tras su cese ocupó la presidencia de la Compañía Telefónica Nacional de España e Industrias de Telecomunicación (INTELSA) hasta su fallecimiento. En cuanto al breve ministro de Información y Turismo (junio a diciembre de 1973), Fernando Liñán y Zofío, presidiría el Banco Comercial Español y Aviaco Líneas Aéreas en una larga carrera que le haría presidente del Banco Comercial Español y consejero de Iberia hasta llegar a la presidencia de Credit Lyonnais España. Tres fulgurantes carreras cuyo elemento común radicaba en su pertenencia a la Obra o en sus conexiones personales, por amistad y/o negocios, con socios del Opus Dei. Todos ellos, Letona incluido, hacían gala de una gran religiosidad, eran católicamente «confesionales» y estaban desvinculados orgánicamente de la jerarquía eclesiástica y de las empresas relacionadas con la Editorial Católica[227].

En su camino hacia la santidad por el trabajo habían iniciado su travesía por el mar del poder franquista alrededor de los «intelectuales» de la revista Albor y, muy especialmente, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), impulsado por el catedrático y futuro ministro Manuel Lora Tamayo. Posteriormente, la cantera de la Universidad de Navarra, dependiente directa de la prelatura del Opus Dei, daría sus frutos generación tras generación. El poder de los socios de la Obra ya era tal en 1968 que la revista Índice, en un artículo prudentemente firmado con las siglas E. R., publicó: «El Opus Dei no es un partido, ni un grupo económico de presión; es una sociedad religiosa de seguros contra todo riesgo político y económico, un “superpartido” político y un “supercárter”»[228].

EL ENFRENTAMIENTO TECNÓCRATAS-FALANGISTAS:

EL CASO MATESA

Del mismo modo que los sucesos estudiantiles de 1956 precipitaron la crisis de Falange, el caso Matesa, con su gigantesca malversación de caudales públicos, trajo consigo el declive de la tecnocracia. La ofensiva de los falangistas contra los tecnócratas fue tan encarnizada que se volvió contra ellos, haciéndoles perder presencia en el Gobierno; a largo plazo propició la caída de la tecnocracia del poder y la entrada —en 1974— de «los técnicos del Estado» comandados por Carlos Arias Navarro, tras el asesinato de Carrero Blanco, cuando el franquismo daba sus últimos suspiros como régimen.

El 14 de agosto de 1969 el Consejo de ministros, reunido con Franco en El Pazo de Meirás, hizo público este comunicado:

El Gobierno ha sido ampliamente informado por los ministros de Hacienda y Comercio acerca de la situación por la que atraviesa la empresa Maquinaria Textil del Norte de España S. A. (MATESA). Dedicada fundamentalmente a la exportación de telares de un determinado modelo, ha venido utilizando, a través del Banco de Crédito Industrial, las modalidades de crédito oficial relacionadas con las operaciones de exportación, en la forma y condiciones que son comunes a la actividad exportadora, de acuerdo con la legislación vigente.

No obstante haber venido satisfaciendo el pago de sus respectivos vencimientos del principal e intereses de los préstamos concedidos, la Administración tuvo conocimiento de la existencia de posibles irregularidades en su actividad exportadora, con derivaciones que infringían la legislación española en materia monetaria. De las investigaciones realizadas hasta el momento en España y el extranjero, parte de las exportaciones aparecen como correctas, pero resulta, en cambio, que otras máquinas han sido enviadas a empresas fabriles vinculadas al propio grupo MATESA y que otras se encuentran en consignación o depósito en el extranjero, existiendo fundados indicios de no haberse efectuado la venta real de las mismas, pese a figurar declaradas como ventas en firme, tanto a efectos de desgravación fiscal como de crédito a la exportación.

Como consecuencia, el Juzgado Especial de Delitos Monetarios ordenó el ingreso en prisión de sus directivos, excepto de Juan Vilá Reyes, empresario textil relacionado con el Opus Dei, que se recuperaba de una intervención quirúrgica y que sería, con el tiempo, el único responsable de Matesa que daría con sus huesos en la cárcel y no se beneficiaría del indulto dictado por Franco el 1 de octubre de 1971. En el XXXV aniversario de la victoria franquista, el general exoneró a todos los altos cargos implicados, desde los altos directivos del Banco de Crédito Industrial (BCI), hasta al secretario general del ministerio de Agricultura, el director general de Política Arancelaria, el subsecretario de Industria, y los ya exministros Espinosa San Martín, García-Moneó y Navarro Rubio, procesados el 13 de marzo de 1970 por un delito de negligencia, de lo que se salvó Gregorio López-Bravo por apenas dos votos del tribunal.

Pero aquel verano de 1969 los juzgados estaban en marcha y el Banco de Crédito Industrial había puesto bajo su control los activos de Matesa en España y en el extranjero; sobre todo cuando se supo que Vilá Reyes, considerado meses atrás un empresario ejemplar que intentaba convertir Matesa en la primera multinacional española, había contribuido a la campaña electoral del presidente Nixon con 2000 dólares.

Tal como añadía el consejo de ministros en su comunicado: «El saldo actual del total de los créditos concedidos a Matesa, incluidos los anteriormente mencionados de prefinanciación, asciende a la suma de 9 978 893 924,59 pesetas, cuyos vencimientos se encuentran escalonados a lo largo de los próximos cinco años. El Gobierno encomendó a los ministros de Hacienda y de Comercio que continúen la más amplia, minuciosa y completa investigación para el total esclarecimiento de los hechos y la exigencia de responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar. El ministro de Hacienda dio cuenta de que había aceptado la dimisión presentada por el director general del Banco de Crédito Industrial [José González Robatto] y que había nombrado para dicho cargo a don Francisco Merino Guinea, al mismo tiempo que ha ordenado realizar una estricta inspección a los distintos servicios de dicha entidad de crédito».

En el fondo, el caso Matesa alimentaba la polémica sobre la nacionalización o privatización de la Banca en España, sometida entonces a un fuerte intervencionismo estatal, y se había convertido en el ariete de los ministros falangistas contra los tecnócratas. La campaña de prensa fue demoledora. No hubo periódico que no entrara en ella. El Diario SP, una empresa privada de orientación fuertemente falangista —donde, por aquellas fechas, el joven José María Aznar publicaba encendidos artículos joseantonianos— llevó la voz cantante y pagó su osadía con el cierre al serle cortados abruptamente los créditos bancarios. A la vez, Arriba, Diario de Navarra, El Correo Catalán, Madrid, Nuevo Diario, La Vanguardia, Informaciones, El Alcázar y Pyresa, la agencia oficial del Movimiento, se mantuvieron en la brecha[229].

Cuando empezaron a detectarse los primeros «desbarajustes» de Matesa, el ministro Espinosa San Martín envió al ingeniero Juan Ignacio Trillo y López-Mancisidor para poner orden y a éste se unió Lorenzo Zabala Richi, técnico comercial del Estado en excedencia. En mayo de 1969, el propio Vilá Reyes, en una entrevista privada, había reconocido al ministro García-Moncó que un tercio de las exportaciones de la empresa eran ficticias. En círculos generalmente bien informados se manejaba una noticia del diario italiano Avanti, del 3 de julio de 1969, en la que se aseguraba que el Opus Dei había recibido casi cinco mil millones de Matesa.

La suerte estaba echada cuando días más tarde, el 15 de julio, los cuatro accionistas de Matesa otorgaron a Trillo y Zabala plenos poderes y cedieron al Estado todos los bienes y derechos de la compañía, excepto aquellos que necesitaban para el mantenimiento familiar. Ya era demasiado tarde. Entonces El Alcázar lanzó el primer aldabonazo. El 9 de agosto, haciéndose eco de una información de Pyresa, el diario de la Confederación de Ex Combatientes publicó una nota de redacción en la que decía: «Según noticias que hemos recibido de fuentes bien informadas, parece ser que algunos puestos directivos de Matesa están desempeñados por miembros influyentes del Opus Dei». El director de la oficina de información de la Obra se encargó de desmentirla una semana más tarde con estas palabras: «Ningún socio del Opus Dei ocupa ningún puesto directivo en la empresa citada, como pretende sugerir su diario». Era cierto, sus verdaderos propietarios habían cambiado la titularidad de la empresa en cuanto comenzó a tomar cuerpo el escándalo.

Cuatro días antes del consejo de ministros, Informaciones resumía así la situación: «Parece que la alarma es justificada y el alcance, desde luego, muy grande. Tres personas detenidas, silencio absoluto en los organismos oficiales, ni un solo mentís a las informaciones de la prensa y hasta algún periódico trata de politizar el caso señalando supuestas conexiones entre Matesa y algunas personas de un grupo apostólico religioso. La opinión pública está alarmada y no es para menos. Las cifras de diez a once mil millones de deuda que han saltado a la calle no han sido rectificadas por nadie. Matesa no es, no, una serpiente de verano». Y para que se entendiera la magnitud del escándalo, este rotativo explicaba, comparativamente, que el crédito concedido a esta empresa era similar a las inversiones estatales realizadas en Agricultura durante 1969.

La respuesta gubernamental no había gustado a los falangistas quienes, con el ministro Manuel Fraga a la cabeza, veían el asunto como un problema político, mientras los ministros tecnócratas deseaban resolverlo como una cuestión estrictamente económica. El 17 de agosto, la agencia oficial Pyresa lanzaba a los diarios del Movimiento las siguientes incógnitas: «¿Por qué no se tomaron las medidas antes? ¿Cómo se explica el desproporcionado peso de los créditos concedidos a una sola empresa por el Banco de Crédito Industrial? Si se realizaron, como se afirma, ya dos inspecciones sobre MATESA, ¿cómo no salió nada claro de ellas? ¿Cómo se explica la política crediticia seguida con una empresa de tan grave desequilibrio entre recursos propios y recursos ajenos?».

El sistema había fallado… el silencio oficial se debía a intereses bastardos… alguien tendría que dimitir… eran algunos de los argumentos esgrimidos por la prensa. Al principio, Franco dejó que el caso se investigara libremente en los tribunales porque, según algunos testimonios, llegó a sospechar que había existido algún tipo de financiación irregular del Opus Dei a cargo del dinero público. Sin embargo, el general optó por cerrar el caso mediante un indulto, por temor a que la apertura del juicio oral contra tres de sus exministros se convirtiera en un juicio a su régimen político, y a las amenazas de Vilá a Carrero Blanco, enviadas por carta en mayo 1971, donde el empresario advertía al almirante que haría pública una amplia documentación sobre el contrabando generalizado de divisas al extranjero entre 1964 y 1969, si no resolvían satisfactoriamente su situación[230].

Desde la primera página del Diario SP, el periodista Rodrigo Royo aireaba los «misterios» de Matesa: «¿Cómo los únicos accionistas de Matesa, Vilá Reyes y Salvad, [en la Junta universal de accionistas del 15 de junio] resuelven purgarse a sí mismos y nombran a otras dos personas para que les despojen de todos los poderes de la empresa? ¿Eran los señores Vilá Reyes y Manuel Salvad Dalmau [su cuñado], efectivamente, los dueños de Matesa o solamente pasaban como tales, existiendo entre bastidores otras figuras ocultas? ¿Qué hay detrás de Matesa y de Vilá Reyes? ¿Cuántos y quiénes han sido los beneficiaros de los suculentos créditos? La historia irá saliendo a la luz, como salen de un cesto las cerezas, pero ¿hasta la última cereza?». ¿A quién se refería el periodista falangista? Como escribió El Europeo, en su editorial: «El caso Matesa valdrá, sin duda, a España la medalla de oro en el deporte de la alta estafa internacional. El montante de la defraudación representa el importe de la recaudación total, durante cinco años, del impuesto General sobre la Renta y de la Contribución Rústica juntos». Y el diario hablaba de «el fondo del problema», concluyendo: «¿Cómo puede producirse un hecho así?».

El escándalo político entró en las Cortes cuando el procurador Ezequiel Puig Maestro-Amado lanzó una campaña de firmas para convocar un Pleno que tratara el caso. Como respuesta, el procurador Juan Manuel Fanjul Sedeño[231], hijo del general Fanjul, remitió a su compañero una carta en la que se negaba a tal pretensión al tiempo que pedía más poder para las Cortes: «¿Qué más da oírlo en el hemiciclo que leerlo en el periódico?», se preguntó este procurador. «El asunto Matesa ha venido a demostrar que las Cortes están muy coartadas para realizar, ni ante el más grave de los sucesos, una tarea fiscalizadora eficaz. Saquemos lección del asunto Matesa para reestructurar la mecánica de las Cortes, para ordenar sus facultades de control, para fiscalizar las tareas de la Administración, aun para emplazarla cuando sea necesario. Pero ahora, con el enteco [sic] reglamento de que disponemos, ¿para qué reunir al Pleno?».

Los argumentos de Fanjul Sedeño convencieron al mismísimo Franco, pero recibieron una dura respuesta del director de Pueblo y consejero nacional por Ávila, Emilio Romero, quien escribió el 17 de septiembre en su rotativo: «Si el problema fuera así, nuestra moderna democracia política (!!), padecería una insuficiencia grave, que el buen sentido aconseja corregir. […] Con ser muy grave el asunto Matesa, al final se pondrán en claro errores, fallos, negligencias o culpabilidades y volverá el agua a sus orillas normales. Pero me parece mucho más grave la perplejidad abierta y la impotencia proclamada por el señor Fanjul. Pienso que es para el Régimen mucho más importante que esa vicisitud grave y esporádica de Matesa en el contexto general de la economía española. Se quiere un debate razonado, ordenado, serio, ecuánime y honrado en las Cortes. Pues hay que darlo».

En octubre, las Cortes crearon una Comisión Especial para el caso Matesa presidida por el falangista Raimundo Fernández Cuesta, con José García Hernández como vicepresidente, formada por procuradores, consejeros nacionales y tres empresarios. Vale la pena reseñar sus nombres porque varios de ellos serían ministros de Franco y altos cargos de los futuros gobiernos democráticos de UCD. Éstos son para el recuerdo y por orden alfabético: Alfonso Abella García de Eulate, Luis Álvarez Molina, Manuel Atienza García, José Bañales Novella, Manuel Batlle Vázquez, Femando Bau Carpi, Mariano Calviño de Sabucedo, Manuel Cerviá Cabrera, José María Echevarría Irarolagoitia, Manuel Fuentes Irurozqui, Luis Galdós García, Alfredo Galera Paniagua, Antonio Gómez Picazo, Belén Landáburu González, Enrique Martínez-Cañabate, Cruz Martínez Esteruelas, José María Oriol y Urquijo, José Miguel Ortí Bordás, Domingo Rojo Curto, Julio Salvador Diez Benjumea, José María Serrats Urquiza, Fernando Suárez González, Joaquín Viola Sauret, Antonio Zaragoza Rodríguez, Pedro Zaragoza Orts y Eduardo Villegas Girón, como secretario. Los falangistas, cuyo predominio era evidente, señalaban directamente en su investigación a los que ellos denominaban «grupos tecnocráticos dirigidos por el Opus Dei».

El 23 de aquel octubre de 1969, el diario Ya publicó el rumor sobre la posible dimisión de Espinosa San Martín como ministro de Hacienda, presentada ante Franco. Tamaña filtración resultaba tan intolerable, que el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne tomó cartas en el asunto y al día siguiente la Dirección General de Prensa hizo público un breve comunicado: «Por la publicación y difusión de información basada en rumores que se consideran irresponsables, se ha ordenado por el ministerio de Información y Turismo la apertura de expediente administrativo a las direcciones del diario Ya y de la Agencia Logos».

«Ninguna crisis gubernamental fue esperada con tanta expectación —escribe Álvarez-Puga, sobre aquel 23 de octubre de 1969—. Las listas (con bastante exactitud por una vez) hacía algunos días que circulaban. Aunque el sentido de la crisis no hay que atribuirlo solamente a las consecuencia del caso Matesa (más importante en este sentido fue el nombramiento de don Juan Carlos de Borbón como Príncipe de España e indudablemente influyó más poderosamente en el desenlace final) no cabe duda de que fue uno de los efectos más importantes del affaire. Dos ministros que tuvieron contacto con el caso Matesa dejaron sus carteras; otros dos que desempeñaron puestos claves en el planteamiento posterior del asunto tuvieron también que ceder sus carteras ministeriales a otras personalidades»[232].

Con el indulto personal, el escándalo quedó «resuelto» al más puro estilo dictatorial por el jefe del Estado, árbitro supremo a la vez jefe del Ejecutivo y máximo legislador. «Si las fuerzas del régimen venían sosteniendo su esperanza en un futuro sin sobresaltos una vez desaparecido el dictador con la famosa frase de “Después de Franco, las Instituciones” —concluye el profesor Jiménez Sánchez— el escándalo Matesa demuestra en realidad la debilidad de esta esperanza: desde luego, estando Franco vivo, de instituciones nada de nada; es el general en persona el que termina echando el cierre al asunto. La forma en que discurre la solución del problema abierto por Matesa —crisis de Gobierno con castigo para “escandalosos” y “escandalizados”, investigación secreta en las Cortes y procesamiento judicial abortado— constituye un trasunto fiel del modo de funcionamiento del régimen franquista»[233].

GRIS TECNÓCRATA SOBRE AZUL FALANGISTA

Mientras el hombre ponía por primera vez el pie en la Luna y Juan Carlos de Borbón era ya el sucesor de Franco, el caso Matesa hizo ministro a López de Letona. Un buen día de octubre de 1969, López Rodó le dijo que fuera a entrevistarse con el almirante Carrero. En cuyo despacho, y según relata López de Letona, el almirante «destacó la importancia de contar con un Gobierno unido —referencia indirecta a las desavenencias entre ministros por el asunto Matesa— y la conveniente compenetración entre todos sus miembros como garantía de eficacia en la labor común, conceptos en los que insistió pocos meses más tarde en un extenso documento, que con el título “Introducción al estudio de una planificación de acción de Gobierno”, remitió a todos los ministros para su consideración y en el que afirmaba que “un Gobierno desunido es un Gobierno débil y un Gobierno débil es, fatalmente, un mal Gobierno[234]”».

Tras el escándalo Matesa, el ministro-comisario para el Plan de Desarrollo y miembro del Opus Dei López Rodó catapultó a López de Letona al ministerio de Industria, como sustituto de López Bravo, en una operación gubernamental en la que, con el beneplácito de Carrero, terminó de colocar sus piezas hasta formar, en la práctica, un Gobierno «monocolor» de técnicos grises: Tomás Allende en Agricultura y Vicente Mortes en Vivienda se sumaban a López Bravo en Exteriores, a José Luis Villar Palasí en Educación, Enrique Fontana Codina en Comercio, Alfredo Sánchez Bella en Información y Turismo, Alberto Monreal Luque[235] en Hacienda y Laureano López Rodó en el Plan de Desarrollo. Dejando a un lado a los ministros militares (el simpatizante del Opus Juan Castañón de Mena estaba en Ejército y Tomás Garicano Goñi en Gobernación) y al magnate tradicionalista Antonio María de Oriol y Urquijo en Justicia, la presencia de falangistas en el Gobierno quedaba reducida a Trabajo (Licinio de la Fuente), a la Secretaría General del Movimiento (Torcuato Fernández Miranda) y la Organización Sindical (Enrique García Ramal), sus feudos tradicionales; responsabilidades secundarias, «sociales», en plena euforia desarrollista.

La batalla entre «neofalangistas» —como se denominaban a sí mismos— y tecnócratas había terminado. Su fricción dentro del Gobierno se disolvió como un azucarillo. «En la actual situación española —escribió el editorialista de España Económica, el 7 de noviembre— la única alternativa que se presenta a la política económica hoy vigente sería la ofrecida por los partidarios del retorno a una economía pre-1959. La exportación podría ser una víctima de esa vuelta atrás política». Pero ya resultaba imposible cualquier regreso a fórmulas pasadas.

Desde principios de la década de los sesenta se había dado una transformación radical en la sociedad española: el franquismo había elevado el desarrollo, el crecimiento económico, a filosofía oficial, mientras la Falange se diluía en el mastodonte burocrático del Movimiento, la Iglesia estaba en crisis y el carlismo había quedado hecho pedazos por la modernización del país, la confusión ideológica de sus nuevos líderes y el colaboracionismo de su vieja guardia. El historiador Juan Pablo Fusi describe la década desarrollista claramente: «Atrás quedaría [ya lo estaba en 1969] la romántica retórica joseantoniana hecha de luceros e intemperies: atrás, los vibrantes sones del Oriamendi; atrás, los años eucarísticos y los rosarios en familia. Ahora, desde principios de los años sesenta, un lenguaje seco y árido, plagado de términos abstractos (rentas per capita, inflación, divisas, PIBs, PNBs, balanzas), tasas y porcentajes, vino a impregnar la propaganda oficial. […] Un régimen en sus orígenes doctrinario e ideologizado hasta la médula aparecía ahora como el campeón de un desarrollismo desideologizado y pragmático»[236].

Tras su toma de posesión el 30 de noviembre de 1969, el ministro López de Letona pasó a formar parte del primer Gobierno dominado totalmente por tecnócratas que proclamaban «un prudente optimismo» y tomaron posesión de sus cargos con humildad formal, en la intimidad de sus despachos, sin declaraciones públicas altisonantes. «El primer círculo, y otro, y otro…». Al salir de sus respectivos ministerios, todos siguieron ensanchando el círculo de su poder, así en lo público como en lo privado. Fontana Codina fue consejero del Banco de España, del Banco de Crédito Agrícola y vicepresidente de Olarra; Sánchez Bella pasó a presidir el Banco Hipotecario; Monreal Luque se hizo cargo de Tabacalera y ocupó la vicepresidencia del Banco Coca, antes de dedicarse al sector editorial.

Con la grandeza de su visión, el ministro López de Letona, en junio de 1970, resumió su política al diario La Vanguardia con estas palabras: «El objetivo central de la política del ministerio no puede ser otro que el de conseguir una expansión fuerte y sostenida del sector industrial, dentro de las previsiones de los planes de desarrollo, sobre la base de una mayor eficacia productiva que permita situarlo en línea competitiva frente al mercado interior y exterior». Y otra de Perogrullo: «La política industrial no puede ser independiente de la política económica general».

Hasta su cese, en enero de 1974, López de Letona reorganizó el INI, creó la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología, hizo construir un nuevo astillero en Cádiz y negoció la implantación de Ford en España, que culminó con la construcción de la factoría de Almusafes a mediados de los setenta.

PREPARADO PARA EL DÍA DESPUÉS

Una década más tarde, Letona recordaría: «En 1971, la edad de Franco, su estado de salud y la proximidad del momento en que —utilizando el eufemismo habitual— hubieran de cumplirse las previsiones sucesorias, constituían la máxima preocupación de nuestro gobierno. Frente a la frase de Jesús Fueyo: “Después de Franco, las instituciones”, yo repetía siempre que las Instituciones, sin Franco, estaban por demostrar y que nuestra gran tarea era preparar el “después”. El estado físico de Franco declinaba a ojos vista», afirma Letona antes de resumir: «Franco fue una personalidad excepcional, con el carisma del vencedor, una gran autoridad y un peculiar sentido político, y todo ello erosionado por los condicionantes de la edad que fue la causa principal de los errores cometidos en los últimos años, en que muy posiblemente hubiera debido retirarse como el general De Gaulle a su Colimbey-les-deux-Eglises y, en todo caso, haber cedido antes las riendas del gobierno»[237].

Procurador en Cortes durante las dos últimas legislaturas del franquismo, en febrero de 1976 el Rey le designo directamente procurador de la X Legislatura, que abrió el relevo del Régimen. Letona supo mantener en todo momento su presencia política, pública, sin que su estrella se eclipsara. Al mes de abandonar el ministerio, en febrero de 1974, ya había sido nombrado presidente de ENPETROL (Empresa Nacional del Petróleo), y el 24 de agosto de 1976, el flamante presidente Suárez le ascendió a gobernador del Banco de España. El mundo financiero podía respirar tranquilo. Continuidad económica: ajuste político. Ruptura pactada: reconciliación nacional. Hasta el 2 de marzo de 1978, el gobernador López de Letona ejecutó los primeros pasos de la reforma que necesitaba el sector bancario para adaptarse a los tiempos en danza; creó el Fondo de Garantía de Depósitos y la Corporación Bancaria, y vivió una etapa de crisis mundial que le obligó en julio de 1977 a depreciar la peseta en un 19,9 por 100. Hizo lo que había que hacer.

En sintonía con el estado mayor de las finanzas españolas, Letona siempre formó parte de un club de financieros recién llegados a la cumbre que en la etapa gubernamental del PSOE fueron bautizados como la «beautiful people»: un grupo de personajes unidos por su largo historial al servicio de la alta Administración del Estado y que mantenían estrechas relaciones desde finales de los 60. Casado con María Teresa Olarra Jiménez —prima hermana del socialista Mariano Rubio, futuro gobernador del Banco de España—, entre sus contactos personales contaba con personajes de la categoría de Claudio Boada; su antiguo empleado Miguel Boyer, exministro de Economía; su primo Rafael del Pino Moreno, presidente de Ferrovial y cuñado a su vez de Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo. Todos compartiendo curriculum y consejos de administración. Aunque la historia parece dar vueltas como una peonza, algunos siempre están en el eje sobre el que gira.

Del Banco de España pasó inmediatamente al consejo de administración del Banco de Madrid, que estaba poniendo a flote Banesto, liderado por el procurador José María Aguirre Gonzalo[238]. El 3 de junio de 1981 sucedió a Boada en la presidencia del Banco de Madrid y cinco años después lo dejó totalmente saneado. Como ocurriera con su entrada en el Gobierno, Letona ocupó en Banesto el puesto de consejero dejado por Gregorio López Bravo, muerto en accidente aéreo el 30 de enero de 1986. A los tres meses, dio el salto a vicepresidente y consejero delegado, mientras Pablo de Garnica Mansi ocupaba la vacante presidencial del fallecido Aguirre Gonzalo. A esas alturas, López de Letona se había convertido en un experto en operaciones de limpieza y como tal, entre otras operaciones problemáticas, resolvió la crisis del Banco Garriga-Nogués —filial vinculada en su día al «tiburón» financiero Javier de la Rosa—, y la fusión del Banco Coca.

De delfín a delfín, la desaparición de Gregorio López Bravo había convertido a Letona en el sucesor de Garnica al frente de la entidad bancaria, cuyo relevo debía producirse el 12 de diciembre de 1987. Como hombre fuerte de Banesto, Letona decidió sanear el banco utilizando los 84 868 millones de pesetas obtenidos como beneficios en 1986, y puso a la venta importantes activos. La modernización por él iniciada afectó incluso al logotipo, pero sus discrepancias con Garnica en materia de fusiones fueron de tal calibre que el 30 de noviembre de 1987 presentó su dimisión. De este modo, Mario Conde, asociado a Juan Abelló, con quien controlaba el 6 por 100 del capital del banco, no encontró escollos en su camino hacia la presidencia.

Hijo de un funcionario de Aduanas y abogado del Estado con el número uno de su promoción —como Serrano Suñer, como Gamero del Castillo—, Mario Conde Conde era un advenedizo en el mundo financiero. Por el contrario, la alcurnia de Juan Abelló Gallo, también farmacéutico, venía de lejos. Su padre, Juan Abelló Pascual, fue procurador en Cortes durante cinco legislaturas y presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid; profesó el falangismo y formó parte de trece consejos de administración en otras tantas empresas (fue presidente de la Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló y de Fomento de la Ciencia y la Tecnología). En vida de su progenitor, Juan Abelló Gallo ocupó la vicepresidencia de Productos Abelló y una vocalía de Abelló Internacional, antes de convertirse en una celebridad financiera y uno de los hombres más ricos de España, tras la venta de Antibióticos a la multinacional italiana Montedison; un «pelotazo» dado con su entonces amigo Mario Conde, a quien acompañó en su asalto al Banco Español de Crédito, y de quien se separó inmediatamente. Aunque, como diría Rudyard Kipling, ésta es otra historia.

Si ha existido un tecnócrata capaz de fundirse como un camaleón con el paisaje; de ser sin parecerlo y de estar en los puestos clave como si hubieran sido diseñados para él, éste ha sido José María López de Letona, hijo de militar, «tecnócrata del Opus Dei» sin ataduras confesionales y ministro de Franco durante tiempos cruciales. Desde su salida del Banesto, es consejero del Banco Alcalá, propiedad de la familia Argüelles, y ocupa numerosos cargos directivos en grandes empresas. Conocedor profundo de los resortes del poder y del dinero, en noviembre de 1976 promovió y presidió la Asociación para el Estudio y Acción Empresarial, embrión del que nacería un año después el Círculo de Empresarios, desde donde siguió influyendo en la política económica de los gobiernos en los albores del siglo XXI. Y mientras tanto, un detalle: Franco era, según palabras de López de Letona, «un anciano afable del que emanaba una gran autoridad».

PRESENCIA DE POLÍTICOS FRANQUISTAS EN LAS 50 EMPRESAS

MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA EN 1975[239]

CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, S. A.). Monopolio. Actividades varias. Volumen de ventas: 209 338. Presidente: Federico Silva Muñoz, Epifanio Ridruejo, José Luis de Arrese, Alfonso de Borbón, Rafael Cabello de Alba, José Calvo-Sotelo, Pedro Gamero del Castillo, Jesús Fueyo Álvarez, Álvaro Lacalle Leloup, Landelino Lavilla, Rafael Orbe, Juan Antonio Ollero, Luis Ortiz, Manuel Sendagorta Aramburu, Andrés Reguera Guajardo.

ENPETROL (Empresa Nacional de Petróleos, S. A.). Refinerías petroleras. Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 76 795. José M.ª López de Letona (pres.), José Luis Cerón Ayuso, José Ignacio García Lomas, Manuel Lora Tamayo.

ENSIDESA (Empresa Nacional de Siderurgia, S. A.). Siderometalúrgica. Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 68 942. Alfonso Álvarez Miranda (pres.), José Ramón Álvarez Rendueles, Diego Calleja y González Camino, José Ignacio García Lomas[240], José Manuel Romay Beccaria, Miguel Salis Balzola, Jesús Sancho Rof, José María Martínez Sánchez Arjona.

CEPSA (Compañía Española de Petróleos, S. A.). Refinerías de petróleo. Volumen de ventas: 66 164. Manuel Arburúa de la Miyar.

UNIÓN EXPLOSIVOS RIOTINTO (ERT). Química. Volumen de ventas: 49 048. Leopoldo Calvo-Sotelo (Dir. Gral.), José Antonio Sangróniz, Alberto Oliart Saussol, Felipe Polo Martínez Valdés, Rafael Cabello de Alba, Faustino García Moncó.

SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo). Automoción. Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 48 084. Juan Sánchez-Cortes y Dávila (pres.), Rafael Cabello de Alba, Alfonso Osorio García, Miguel Salis Balzola.

TELEFÓNICA. Monopolio estatal. Servicios públicos. Volumen de ventas: 42 896. Tomás Allende y García-Baxter (pres.), Antonio Barrera de Irimo, Jaime Carvajal y Urquijo, Enrique de la Puente Bahamonde, Luis Rodríguez de Miguel, Antonio Carro Martínez, León Herrera Esteban.

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES. Construcciones e inmobiliarias. Volumen de ventas: 38 313. Sin presencia de políticos franquistas en sus consejos de administración.

IBERIA, Lineas Aéreas de España. Transportes. Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 37 599. Jesús Romeo Gorría (pres). Ignacio Alfaro Arregui, Licinio de la Fuente, José García Hernández, León Herrera Esteban, Fernando Liñán y Zofío, José María López de Letona, Marcelino Oreja Aguirre, Ángel Salas Larrazábal, José Luis Villar Palasí.

EL CORTE INGLÉS. Grandes Almacenes. Volumen de ventas: 34 734. Empresa familiar creada por Ramón Areces, sin presencia de políticos franquistas en su consejo de administración.

RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles). Transportes. Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 33 631. Juan de Arespacochaga, Leopoldo Calvo-Sotelo, Francisco Lozano Vicente, Santiago Arauz de Robles.

PETRONOR (Refinería de Petróleos del Norte, S. A.). Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 33 173. Nemesio Fernández-Cuesta (pres.), Andrés Reguera Guajardo, Enrique Sendagorta Aramburu.

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. Siderometalúrgica. Volumen de ventas: 29 414. Claudio Boada (pres.), Enrique García Ramal Cellalbo.

ASTILLEROS ESPAÑOLES. Construcción naval. Volumen de ventas: 28 953. Faustino García Monco, Juan José Espinosa San Martín, Santiago Foncillas, Alberto Oliart Saussol, Carlos Pérez de Bricio.

ESTANDARD ELÉCTRICA. Electrónica. Capital extranjero mayoritario. Volumen de ventas: 25 065. Antonio Barroso Sánchez-Guerra (pres. honor), Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, Gonzalo Lacalle Leloup.

FASA RENAULT (Fabricación de Automóviles Renault de España, S. A.). Automoción. Capital extranjero mayoritario. Volumen de ventas: 24 321. Arturo Fierro Viña (pres.), Nicolás Franco Bahamonde (pres. honor), Manuel Jiménez Alfaro.

PETROLIBER (Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos, S. A.). Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 22 765. Jorge Vigón Suero-Díaz (pres.)[241], Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, Manuel Valdés Larrañaga, Adolfo Suárez González, Jesús Suevos Fernández, Antonio Pedrosa Latas, José Barea Tejeiro.

HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA. Energía eléctrica. Volumen de ventas: 22 315. José María Oriol y Urquijo (pres.), Jaime Gómez-Acebo y Modet, Lucas María de Oriol y Urquijo, Iñigo Oriol e Ybarra.

IBERDUERO (Sociedad Hidroeléctrica Ibérica S. A.). Energía eléctrica. Volumen de ventas: 22 279. Antonio María de Oriol y Urquijo, Gonzalo Lacalle Leloup, Iñigo Oriol e Ibarra.

TABACALERA. Monopolio estatal. Actividades varias. Volumen de ventas: 22 138. Alberto Monreal Luque (pres.), Carlos Rein Segura, Luis Peralta España, Antonio Barroso Sánchez-Guerra, Jaime Lamo de Espinosa, Pío Cabanillas Gallas.

COMERCIAL PEGASO. Comercial. Volumen de ventas: 21 983. Sin políticos destacados en su consejo.

BUTANO. Refinado de petróleo. Participación estatal mayoritaria. Volumen de ventas: 21 644. Luis Valero Bermejo (pres.), Andrés Reguera Guajardo, Licinio de la Fuente.

CHRYSLER ESPAÑA. Vehículos. Volumen de ventas: 20 437. Iñigo Cavero Lataillade.

AGROMÁN. Construcción e inmobiliaria. Volumen de ventas: 20 012. Creada por José María Aguirre Gonzalo. Marcelino Oreja Aguirre.

ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones, S. A.). Vehículos. Volumen de ventas: 19 804. Jorge Valls Quintana, Claudio Boada, José Ignacio San Martín.

PETROMED (Petróleos del Mediterráneo, S. A.). Refinería de petróleos. Volumen de ventas: 18 443. Sin políticos franquistas destacados en su consejo de administración.

HUARTE. Construcción e inmobiliarias. Volumen de Ventas: 16 005. Sin políticos franquistas destacados en su dirección.

GALERÍAS PRECIADOS. Grandes almacenes. Volumen de ventas: 15 589. Empresa familiar creada por Pepín Fernández.

MICHELÍN. Caucho y neumáticos. Volumen de ventas: 15 400. Multinacional sin políticos franquistas destacados en su consejo de administración.

BAZÁN (Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S. A.). Construcción naval. Volumen de ventas: 15 041. Sabino Fernández Campo, miembro de la Casa Real.

HISPANOIL. Refinería de petróleo. Volumen de ventas: 14 732. Julio Calleja González-Camino (pres.)[242], Alfonso Fierro.

NESTLÉ. Productos lácteos. Capital extranjero mayoritario. Volumen de ventas: 14 416. Vicente Mortes Alfonso (pres.).

COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD. Energía eléctrica. Volumen de ventas: 13 855. Julio Calleja González-Camino.

ENTRECANALES Y TABORA. Construcción e inmobiliaria. Volumen de ventas: 13 750. Sin políticos franquistas destacados en su consejo de administración.

FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.). Energía eléctrica. Volumen de Ventas: 13 776. José Carlos y Juan March Delgado (pres.), Juan Aguirre Marcet, Luis Coronel de Palma, Enrique Masó Vázquez, Pedro Nieto Antúnez, José Antonio Sangróniz.

MOTOR IBÉRICA. Vehículos. Volumen de Ventas: 13 407. Manuel Arburúa de la Miyar, Gregorio López-Bravo.

CROS. Química. Volumen de Ventas: 12 879. José María Bulto Marqués (pres.), Mariano Calviño de Sabucedo, Alberto Oliart, Alfonso Fierro, Francisco Giménez Torres.

CITROEN HISPANIA. Vehículos. Capital extranjero mayoritario. Volumen de Ventas: 11 817. Pedro González-Bueno (pres.), Antonio Garrigues Díaz-Cañabate.

IBERENKA. Comerciales. Volumen de Ventas: 11 547. Sin políticos franquistas destacados en su consejo de Administración.

RÍOTINTO PATIÑO (RTP). Metalúrgica. Volumen de ventas: 11 273. Sin políticos franquistas destacados en su consejo de administración.

CARBONELL. Aceites. Volumen de ventas: 10 184. Empresa familiar.

FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES (FOCSA). Construcciones e inmobiliarias. Volumen de ventas: 10 295. Ramón Serrano Suñer (pres.).

FINANZAUTO. Comerciales. Volumen de ventas: 10 126. Sin políticos en su consejo.

EBRO COMPAÑÍA DE AZÚCARES Y ALCOHOLES, S. A. Alimentación. Volumen de ventas: 10 100. José Joaquín Ysasi-Ysasmendi.

IBM. Comerciales. Volumen de ventas: 10 000. Antonio Garrigues Walker.

LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL. Seguros. Volumen de ventas: 9992. Eduardo Carriles Garralaga (dir. gral).

UNIÓN ELÉCTRICA. Energía eléctrica. Volumen de ventas: 9928.Pedro Gamero del Castillo.

PRODUCTOS PIRELLI. Caucho y neumáticos. Volumen de ventas: 9445. José Ramón Álvarez Rendueles.

SOCIEDAD PETROLÍFERA ESPAÑOLA SHELL. Refinería de petróleo. Volumen de ventas: 9369. Julio Calleja González-Camino.

SECEM (Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas, S. A.) Metalúrgica. Volumen de Ventas: 8989.

Capítulo VII. Magnates ejemplares del capitalismo nacional. Banús, Meliá, el naviero Aznar, Koplowitz, Barreiros y otros crispines

CAPÍTULO VII

Magnates ejemplares del capitalismo

nacional. Banús, Meliá, el naviero Aznar,

Koplowitz, Barreiros y otros crispines

Mi General, vuelvo a repetirle que está usted rodeado de crispines.

VICENTE GIL a FRANCO en 1972

EL CAMPANARIO Y LA ESPADAÑA diferencian el mausoleo de los Franco de cualquier otra construcción unifamiliar desperdigada por la zona. El tejado de pizarra se sostiene sobre unas paredes de granito y domina el pequeño cementerio de El Pardo, donde reposan los restos de Carmen Polo de Franco, junto al pequeño Fran de Borbón, su biznieto fallecido en accidente, y rodeados por los más cercanos colaboradores de la familia. En un mausoleo de 250 metros cuadrados, la Señora de Meirás ocupa una cripta con aire acondicionado y reclinatorios de terciopelo, que facilita la estancia de ciento cincuenta personas en su interior, y cuya construcción, en la década de los setenta, constó doscientos millones de pesetas[243]. Sic transit gloria mundi.

Pasear entre los panteones y leer las inscripciones de las sepulturas, se convierte inmediatamente en un recorrido a través del franquismo más íntimo y familiar. Un retrato del clan de El Pardo más allá del tiempo. Visité aquel camposanto tras el fallecimiento de Carmen Polo, en una mañana luminosa y decadente, y constaté que, a veces, un cementerio es más clarificador que cualquier estudio histórico. Cerca de la entrada, en el primer cuadro del recinto, sobre la lápida de una modesta sepultura de granito negro puede leerse «Familia Carrero Blanco». Casi a su lado, un mausoleo de arquitectura moderna alberga a la Familia Banús. El que fuera ministro de Comercio, Manuel Arburúa, ocupa un panteón cerca de los colaboradores del Caudillo: Franco Salgado-Araujo, Fernando Fuertes de Villavicencio, «Pedrolo» Nieto Antúnez… Al avanzar, las inscripciones muestran los apellidos de ilustres familias previsoras, cuyos restos descansan y descansarán para siempre junto a la familia Franco, quizás como un símbolo de la profunda amistad que se profesaron. Allí habían reservado sepultura los más modernos tecnócratas: «Familia López de Letona», «Familia Navarro Rubio», los banqueros Fierro, e incluso algunos futuros demócratas: «Familia Oreja Aguirre»[244].

Ni la muerte parece separar determinados destinos históricos, ¿o se dice intrahistóricos? La eternidad atada y bien atada desde 1969, cuando el general ordenó a su jefe de la Casa Civil, general Fuertes de Villavicencio: «Busque usted unos terrenos al norte del palacio, que sean fáciles de visitar, pertenezcan al Estado o que su expropiación resulte fácil». El Caudillo tenía decidido ser enterrado en el monumento de Cuelgamuros y deseaba organizar la última morada de su esposa y su familia.

A dos kilómetros de El Pardo, en la carretera de Mingorrubio y muy cerca del cuartel que albergaba a la Guardia de Franco, el Patrimonio del Estado —administrado entonces por Fuertes de Villavicencio— cedió el solar donde fue construido el camposanto de la Corte de El Pardo. Allí quedaba la última morada íntima del franquismo, mientras el Valle de los Caídos, erigido en honor a los «héroes anónimos que dieron su vida por España» —tan anónimos como José Antonio Primo de Ribera y Francisco Franco Bahamonde—, se convertiría en su sepultura política y simbólica.

«La dimensión de nuestra Cruzada —dice el preámbulo del decreto de construcción del Valle de los Caídos—, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de sus hijos. Es necesario que las piedras que se levanten tengan de los monumentos antiguos su grandeza, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y reposo en el que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que le legaron una España mejor. A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos, en el que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de peregrinación en lo que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada»[245].

En aquel «digno marco» natural, el Generalísimo vivió, sin embargo, la primera contestación pública, el primer desafío falangista a su persona durante un acto oficial del que se tiene constancia. El 20 de noviembre de 1960, Franco asistió a una misa solemne por el alma de José Antonio Primo de Rivera, acompañado por Alonso Vega, Sanz Orrio y los dirigentes falangistas Jesús López Cancio, jefe del Frente de Juventudes, Jesús Aparicio Bernal[246], jefe del SEU, y Rodolfo Martín Villa, jefe falangista del distrito universitario de Madrid. Un falangista de 22 años, Rodolfo Alonso Urdiales, gritó en el silencio: «¡Franco, eres un traidor!». Fue detenido y condenado a doce años de prisión en consejo de guerra. Aparicio Bernal y Martín Villa suspiraron porque no se trataba de un estudiante bajo su mando y abandonaron al joven falangista a su suerte. «Yo creo que ese falangista iba confabulado con otros —explicó Franco a su primo—. Es de la carrera de Magisterio, hijo de un guardia civil que en nuestra guerra estuvo en la zona roja y que, por no haber tenido ninguna responsabilidad en la actuación, continúa prestando servicio en el Benemérito Instituto. No creo que haya influido para nada en la actitud de su hijo, sin duda influido por otros compañeros no contentos con la actuación del partido y su marcha política»[247].

Un año antes, a tres meses de que concluyera la construcción del monumento, el propio Pacón escribiría en su diario, con amargas palabras: «En España no hay ambiente para este monumento, pues aunque dure el miedo a otra guerra civil, gran parte de la población tiende a perdonar y olvidar. No creo que los familiares de los blancos ni de los rojos sientan deseos de que sus deudos vayan a la cripta, que si sólo es para los blancos establecerá para siempre una eterna desunión entre los españoles»[248].

JOSÉ BANÚS: EL ONASSIS HISPÁNICO

Cuando el 1 de abril de 1959, veinte años después del inicio de las obras, se inauguró el Monumento Nacional del Valle de los Caídos, José Banús Masdéu era ya uno de los principales promotores inmobiliarios y constructores de España. Su gloria empresarial ascendió tan alto como la gran cruz de ciento cincuenta metros creada por Juan de Ávalos y levantada por la constructora Huarte y Compañía, con el diseño y los cálculos del arquitecto Diego Méndez. Sus ejecutantes serían ochenta presos políticos —declararía Méndez al propagandista de Falange Tomás Borrás en 1957—, «en su mayoría condenados por delitos estremecedores, por su misma índole carecían de miedo, no les importaba nada arrostrar los mayores peligros. Ellos horadaron el granito, se subieron a andamios inverosímiles, manejaron la dinamita… Han jugado, día a día, con la muerte, […] sin ellos, la obra hubiera durado muchos más años, con empleo de máquinas en número mayor y con dispendios crecidos»[249]. La impronta de Banús quedaría cimentada sobre aquellas 201 740 toneladas de granito ancladas a un monte horadado a los pies de la sierra de Guadarrama, pero sus orígenes eran humildes.

Nacido en un pequeño pueblo de Tarragona en 1904, hijo y nieto de capataces de la construcción devenidos en empresarios modestos, y miembro de una familia numerosa, José Banús Masdéu sólo había estudiado el bachillerato elemental hasta los catorce años cuando, llegada la edad de trabajar, se marchó a la obra con su padre. Hizo la guerra en el bando nacional y en plena posguerra controló el suministro en Madrid de áridos y gravas. Con su hermano Juan, fundó Construcciones Molán y la Empresa San Román, que levantaron el monasterio del Valle de los Caídos y excavaron la galería sobre la que se alzó el conjunto arquitectónico. Bajo las siglas de su propio nombre, José Banús realizó también la carretera de acceso a Cuelgamuros.

En tiempos de escasez, el monumento se estaba sufragando con donaciones personales ofrecidas al Caudillo durante la Guerra Civil, con suscripciones nacionales y con la venta de joyas y medallas incautadas. Durante las dos décadas que duró la construcción, las empresas de Banús dispusieron de cemento y materiales de construcción en abundancia y siempre cobraron por su trabajo, incluso cuando, en 1952, se agotaron los fondos y fue preciso destinar al Valle de los Caídos el beneficio neto del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del 5 de mayo de aquel año. En el balance final del 31 de octubre de 1967, el importe total de las obras del Valle de los Caídos ascendió a más de 2439 millones de pesetas[250]. Para entender la magnitud de gasto tan «monumental», basta compararlo con los dineros que el Presupuesto del Estado destinaba, en 1970, a otras actividades culturales: restauración y protección del patrimonio histórico-artístico (2000 millones de pesetas), archivos y bibliotecas (1090 millones), modernización de museos (1050 millones), por no hablar de los ridículos 166 millones de pesetas destinados a la promoción del libro y la lectura. Por poner otro ejemplo, la construcción del Valle de los Caídos costó lo mismo que el presupuesto estatal para la educación preescolar (2421,4 millones de pesetas)[251].

El dispendio de millones fue criticado incluso por el fiel Pacón, que en 1955 escribe en su diario: «Yo respeto lo que hizo el Generalísimo gastando muchos millones en el Valle de los Caídos para conmemorar la Cruzada, pero considero que hubiera sido más positivo y práctico haber hecho una gran fundación para recoger en ella a todos los hijos de las víctimas de la guerra, sin distinción de blancos o rojos; si eran blancos, en premio al sacrificio de sus padres, si eran rojos para demostrar falta de rencor con los hijos sin culpa de los que a nuestro juicio estaban equivocados. Una fundación que tuviese medios para ser sostenida durante muchos años y así recordar a las generaciones venideras que los que nos alzamos por una España mejor no somos rencorosos ni queremos que el odio y la intransigencia separen siempre a los que somos hijos de una misma patria»[252].

Mientras sus trabajadores-prisioneros picaban granito en la ladera de Guadarrama, José Banús Masdéu supo consolidarse como el constructor del Régimen. La enorme demanda de viviendas asequibles en vísperas de la expansión desarrollista le convirtieron en un promotor inmobiliario de masas, concepto nuevo que arrinconaba para siempre al constructor convencional. Banús se impuso en Madrid con la promoción de barrios sociales —carentes de casi todos los servicios— para una emergente clase media-baja. Sus empresas levantaron San José de Valderas, residencia forzada de los expresos que construyeron el Valle de los Caídos; Villaamil, entregado sin espacios verdes, sin asfalto en sus calles y sin dotaciones tan básicas como las bocas de riego; La Jarosa de la Sierra, Santa María (de la UVA, Unidad Vecinal de Absorción), Simancas, Tres Cantos, Mirasierra… La historia oficial olvidaría pronto aquellas jornadas de posguerra en las que José Banús recorría las cárceles y seleccionaba a los presos que, a cambio de comida y de redimir tres días de condena por cada uno de trabajo —además de un pequeño salario que el empresario abonaba al ministerio de Justicia, que se lo daba al preso reducido en un 50 por 100, para pagar con la diferencia, teóricamente, la comida del trabajador-esclavo—, aceptarían el duro destino de Cuelgamuros. Banús en persona les interrogaba sobre su edad, les hacía abrir la boca para comprobar el estado de su dentadura y les tanteaba para calibrar la fuerza de sus músculos. Así conseguía la mano de obra más barata de la época —y eso que hasta el ministerio recibía su parte del miserable estipendio—, una legión casi esclava, inexperta y sin la maquinaria precisa, que trabajó «a la romana» —como se decía entonces— extrayendo a mano los enormes bloques de granito.

Entre todas sus promociones, fue en el barrio del Pilar, la zona urbana más poblada de Europa, donde Banús dejó para el futuro su huella más clara. Cuando la Administración puso en marcha, en 1956, el Plan de Urgencias en Madrid para la construcción de viviendas sociales, él estaba allí en primera fila. Levantaba el barrio de la Concepción mientras la Comisión de Urbanismo del ministerio de la Vivienda iniciaba el proceso de expropiación de una zona conocida entonces como Veguilla-Valdezarza-Vertedero. Aquella superficie de un millón de metros cuadrados, una vez edificada, daría cobijo a más de ciento cincuenta mil personas y constituiría el famoso barrio del Pilar, bautizado así por el propio José Banús en honor a su esposa, María del Pilar Calvo Sánchez de León, con la que estaba casado aunque constaba como soltero en los registros mercantiles hasta los años sesenta. Sin duda, una argucia legal. Y como una prueba más de su amor conyugal, fue también Banús quien denominó a las principales calles del nuevo barrio con nombres de poblaciones tan gallegas como María del Pilar Calvo: Betanzos, Arteijo, Monforte de Lemos, Corcubión…

El constructor del Valle de los Caídos empleó un modus operandi que es ya casi un tópico del urbanismo franquista. La Administración dictaminó un procedimiento de urgencia por el cual los dueños de aquellas parcelas de suelo rústico ubicadas en Veguilla-Valdezarza-Vertedero —y en las que estaba prohibido construir— eran obligados a «ceder» sus propiedades por un precio irrisorio. Y el comprador no era otro que José Banús, presidente de la Junta de Compensación oficial que expropiaba los terrenos. Como dice el refrán, había conseguido ser al mismo tiempo cocinero y fraile. En 1959, cuando toda aquella superficie estaba prácticamente en manos de Banús, el ministerio de la Vivienda levantó la expropiación y nuestro promotor ejemplar tuvo en sus manos la posibilidad de edificar y vender sin ninguna cortapisa.

Como presidente de la Junta de Compensación del ministerio de la Vivienda —dirigido entonces por el falangista José Luis de Arrese—, el constructor Banús se reservó cien hectáreas (un millón de metros cuadrados) para su promoción personal. En 1961, transcurridos tres años, Banús comenzó a edificar con créditos concedidos por la banca oficial, se acogió a las ventajas del régimen de protección oficial y, del mismo modo que en el Valle de los Caídos, volvió a servirse de mano de obra presidiaría para levantar los nuevos edificios, en función de un acuerdo firmado en abril de 1954 con el patronato oficial de Nuestra Señora de la Merced, antecesora de la Comisión Nacional de Asistencia Social.

Era un gigante al que todo parecía permitido. En «sus» cien hectáreas levantó veinte mil viviendas: el doble de lo que autorizaba el Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de Madrid de 1964. En previsión de que no le fuera aprobada oficialmente la primera manzana de pisos, cuentan que Banús, con los planos bajo el brazo, se desplazó hasta el palacio de El Pardo y que el mismísimo general Franco le dio «el visto bueno» con su propia firma. Un episodio imposible de comprobar, ya que la documentación sobre la construcción de aquella primera manzana de viviendas se perdió, supuestamente, durante un traslado de archivos ministeriales.

Sea o no cierto, la íntima relación de José Banús con los Franco hace verosímil una anécdota semejante. En octubre de 1963, el inevitable Pacón relata en su diario: «Uno de los altos cargos de la casa me contó que un día Sánchiz quería convencer al Caudillo de que el Estado comprase a Banús los terrenos que éste había adquirido en Marbella porque ya estaba arrepentido de la compra. El Caudillo interrumpió a Sánchiz secamente diciéndole que debía ocuparse de regar su jardín y de que las vacas no estuviesen tan delgadas. Sánchiz es el administrador y encargado de la explotación de la finca del Caudillo en Valdefuentes. Franco despidió a los señores de Sánchiz, que muy respetuosamente le llamaban “Excelencia”, confirmando lo que también me habían contado de que en una ocasión el pariente político le dijo: “¿No le parece que deberíamos tutearnos?”. Y que Franco le contestó: “Excelencia es el tratamiento que me corresponde[253]”».

En sus operaciones, además de su equipo de hombres fieles, Banús contaba con la familia. Una legión de hermanos, primos, sobrinos y cuñados ocupaban los consejos de administración de sus empresas. Y entre todos ellos, su primo Isidro Banús Puig, secretario de Baninsa, consejero de Bansa y Puerto Banús. ¿Y qué mejor testaferro que los miembros del entorno familiar cuando se vislumbra un contratiempo? Así quedó patente en el verano de 1975 cuando el constructor del Valle de los Caídos subió unilateralmente, entre un 11 y un 14 por 100, los precios de los alquileres a sus inquilinos de la ciudad-dormitorio madrileña de Santa María, junto a Canillas, la mitad de ellos en régimen de arrendamiento. Treinta y dos vecinos se negaron a pagar la subida y al enfrentarse a la demanda que los propietarios habían interpuesto contra ellos en el Juzgado Municipal, se encontraron con que la sociedad arrendataria Construcciones Residenciales y Sociales, S. A. (CRYSSA), había vendido sus pisos, en pleno agosto y sin que ninguno de ellos lo supiera, a tres inmobiliarias llamadas Tajuña, Morata y Hontanar, que coincidían con CRYSSA en todo: tenían el mismo domicilio social, idéntico apoderado —Juan Miarnau Banús— y sus consejos de administración estaban ocupados por las mismas personas: Dolores Banús Masdéu, su esposo Juan Miarnau Ciurana y los hijos de ambos: Juan, Jorge, Carmen y Pilar Miarnau Banús. Para poder realizar la «autoventa» tuvieron que hacer constar documentalmente que aquellas viviendas estaban «libres de inquilinos y arrendatarios». De otro modo, los inquilinos habrían podido optar a la compra de los pisos en que vivían.

Prácticamente acabada la obra del Valle de los Caídos, José Banús Masdéu ya había dirigido sus naves hacia la Costa del Sol, entrando así en competencia con Girón de Velasco. Campos de golf, turismo de lujo, dólares… Compró las 1200 hectáreas de la finca El Ángel y construyó Nueva Andalucía a lo largo de dos kilómetros de playa, un complejo urbanístico dotado de puerto deportivo para el atraque de 900 embarcaciones, plaza de toros capaz de albergar a 12 000 personas, tres hoteles de cinco estrellas, campos de golf y servicios de élite. Un paraíso pensado para la aristocracia europea, por el que deambularon durante los años 60, el príncipe Rainiero, Grace Kelly, el Sha de Persia, el presidente de la ITT, Aga Khan… La presencia de la jet set internacional atrajo también a los jeques árabes, con sus petrodólares, sus palacios en la «milla de oro», y su tópica imagen repartiendo Rolex. Junto a ellos, la más opaca y adinerada aristocracia franquista compartió sus horas más alegres con el gran magnate de la construcción.

En la primera mitad de los años setenta, el apellido Banús se escribía con «F» de Famoso, «I» de Importante, y se le calificaba como el «Onassis hispánico». Aquel tipo de tertulias periodísticas que tanto gustaban a los jerarcas del diario Pueblo, le concedieron el reconocimiento de haber sido el artífice de la pujanza de Marbella y de la Costa del Sol. Se disponía a construir un hipódromo, promocionaba espectáculos internacionales para atraer turistas de calidad y rompía una lanza por la legalización de los casinos de juego, entonces prohibidos por el Régimen. Su «visión futurista» para competir en el mercado turístico del Mediterráneo era la siguiente: «Con estos casinos no se buscaría el beneficio económico, sino los medios que permitirían la promoción de otros atractivos. Con los beneficios obtenidos por medio de estos casinos se podrían organizar competiciones deportivas a gran escala, espectáculos teatrales, conciertos, recitales y otras tantas cosas, que a su vez elevarían y potenciarían nuestro nivel turístico de forma inquebrantable»[254].

Tras la muerte de Franco, su fortuna se calculó en más de cien mil millones de pesetas. Poseía decenas de empresas y cinco mil personas trabajaban para él[255]. Dentro del Grupo Banús destacaban las siguientes empresas: Banús Andalucía Nueva, S. A. (BANSA), José Banús Internacional Promotora y Financiera (BANINSA), Puerto Banús de Nueva Andalucía, S. A., José Banús, S. A., Administración General de Inmuebles (AGISA), Banús Spada, S. A., Constructora de Andalucía la Nueva, S. A., Playas Españolas, S. A., CRYSSA y Juan Banús S. A. (Jubansa), entre otras.

Sin embargo, el anciano patriarca, años antes de que le visitara la muerte en 1984, tuvo ocasión de descubrir que, con la democracia, las cosas ya no serían para él como antes, que habían acabado los buenos tiempos. En los primeros años de la Transición, la Asociación de Vecinos del barrio del Pilar se movilizó para defender La Vaguada de la depredación planeada por la compañía José Banús Internacional S. A., promotora desde el 3 de mayo de 1975 de la compañía Centro Comercial El Pilar S. A., en cuyo consejo participaban José Banús Masdéu, Manuel Fernández Tubera, Michel Mancy e Isidro Banús Puig. En litigio estaba el uso de 500 000 metros cuadrados sobre los que Banús había planeado un inmenso centro comercial, sin tener en cuenta las necesidades urbanísticas del vecindario, carente de zonas escolares, deportivas, sanitarias y de espacios verdes. Presionado por el clamor vecinal, el promotor decidió apartarse de la primera línea de fuego y cedió todos sus poderes a personas de su confianza, en una operación que muchos consideraron magistral: se «vendió» a sí mismo una propiedad que le había costado 300 000 pesetas por 84,7 millones que, sumados, pasaron a engrosar el capital social de la empresa.

JOSÉ MELIÀ, EMPERADOR DE «SOL Y PLAYA»

El capitalismo salvaje de los años 60 (es decir: de crecimiento extraordinariamente rápido y sin controles legislativos adecuados) posibilitó el surgimiento de una nueva generación de caballeros de industria (casi «señores de la guerra») vinculados, en muchos casos, a los poderes territoriales del Régimen y, cuyos máximos exponentes tuvieron puertas abiertas al mismísimo palacio de El Pardo. El comercio exterior, la construcción —de la que Banús es paradigma—, el turismo y la automoción fueron los cuatro sectores claves de este crecimiento económico portentoso que los propagandistas no tardaron en bautizar como «El milagro español». Y como tal milagro, el fenómeno tuvo sus visionarios y sus elegidos, sus organizadores y sus beneficiarios. La Virgen no se les apareció a todos, pero los más audaces y mejor colocados supieron captar el mensaje de aquellos tiempos verdaderamente portentosos que se vislumbraban a la vuelta de la esquina.

El boom turístico desbordó cualquier previsión. En 1960, seis millones de turistas extranjeros veranearon en España. Fueron diez millones en 1961. Cada nuevo año se duplicaba la cifra hasta alcanzar los dieciséis millones de visitantes extranjeros en 1966. La gran oleada europea hizo cambiar las costumbres de no pocos españoles, pero también cambió a José Melià Sinisterra, un agente de viajes de clase media que había comenzado con una pequeña agencia en su Valencia natal y que supo —y le dejaron— subirse en la cresta de aquella ola hasta elevarse a la cima más alta del negocio turístico. Fue el primer emperador del turismo hispano; un hombre avispado que tuvo frente a él una auténtica mina de oro y supo sacarle partido. Sol y playa, especulación y divisas sin control, dinero rápido y de reparto internacional. Ése era el contexto.

Nacido en 1911, su padre le envió a estudiar a colegios de Montpellier y Gales. De regreso a Valencia, abrió una pequeña agencia de viajes que serviría principalmente a los negocios familiares de exportación-importación. A los 23 años se casó con María del Pilar Goicoechea. Dos años después, al estallar la Guerra Civil, se unió al bando nacional como voluntario. Tras pasar por el frente, alcanzó el grado de alférez como miembro del Servicio de Información Militar y jefe de la Policía Militar de Barcelona. En plena posguerra, desde su modesta agencia de viajes se dedicó a organizar rutas turísticas por España. El 9 de junio de 1947, su padre le prestó tres millones de pesetas para fundar ante notario el que sería el buque insignia de su imperio: Viajes Meliá.

En tiempos de aislamiento y autarquía, el emprendedor agente valenciano se lanzó, casi en solitario, a la captación de turistas extranjeros. Abrió oficinas en Nueva York y en el París de la posguerra mundial. Arrastrado por el éxito, en apenas dos años elevó su capital social hasta los trescientos millones de pesetas. El dinero llegaba a espuertas y decidió entrar en el mercado hotelero. En 1955 compró el Bahía Palace, de Palma de Mallorca, le llamó Meliá Mallorca y lo transformó en el primer conjunto hotelero de lujo de Baleares. Flanqueado por sus hijos mayores, José y Francisco Meliá Goicoechea, el patriarca supo atraer hasta el consejo de administración de su empresa a un personaje poderoso: el tío del marqués de Villaverde, «el mago financiero» José María Sánchiz Sancho, y con él al clan de El Pardo.

A partir de ahí, a lomos del desarrollismo y del florecimiento de la renta per cápita, todo fue un ascenso a los cielos. Porque, como decía con euforia el ministro Alfredo Sánchez Bella en 1972, «aquella España inhabitable y rota, que nos anunciaban desde el lado rojo, es una España alegre, de mil dólares per cápita». Consumo, vacaciones, viajes… Las inmobiliarias de Meliá construyeron hoteles, apartamentos y viviendas que compraron más de 200 000 personas. Viajes Meliá se erigió en el primer grupo turístico y hotelero de España y el tercero del mundo, estaba presente en siete países a través de Pullmantur, de la que era cofundador, y poseía un entramado de compañías diversificadas: Hoteles Unidos (HUSA), Inmobiliaria Meliá, Inversiones y Explotaciones Turísticas, Meliá Marbella, Moteles de las Grandes Rutas Españolas, Realtur, Urbanizadora Meliá, Inmobiliaria Campos Elíseos, Club Meliá…

EL CASO DEL APARTOTEL MELIÁ DE ALICANTE

En el uso de su gran poder, José Meliá realizó algunos trucos de prestidigitación urbanística dignos de mención. El más espectacular fue la construcción del Apartotel Meliá, de Alicante, sobre terrenos públicos situados entre la zona portuaria alicantina y la playa del Postiguet. Toda una lección de cómo se puede privatizar y arrebatar a la ciudad una de sus más emblemáticas fachadas marítimas, cambiando leyes, torciendo voluntades y prevaricando (es decir, tomando decisiones a sabiendas de su ilegalidad). Desde 1964 hasta 2000, el Apartotel Meliá siguió ampliando todas sus fases, ilegalmente y en medio del litigio desatado por las corporaciones municipales socialistas, hasta que el último gobierno municipal del PP, presidido por Luis Díaz Alperi, legalizó su existencia. El caso del Apartotel Meliá es todo un ejemplo, en tres fases, de cómo se hacían las cosas durante la Dictadura. Ésta es su historia.

El 14 de febrero de 1964, una empresa del grupo Meliá, Urbanismo y Construcciones Turísticas S. A. (Urbantusa) solicitó autorización a la Dirección del Puerto de Alicante para construir un hotel-balneario sobre terrenos públicos —en la explanada adosada al dique de Levante del puerto— y en terrenos que se ganarían al mar.

El 17 de marzo de 1965, el Ministerio de Obras Públicas autorizó las obras de explanación, pero sin ceder la propiedad del suelo, que seguiría siendo de dominio público, excepto la parte que se ganara al mar que, en cuanto se aprobara el acta de reconocimiento de las obras, pasaría a ser de Urbantusa. La obra, además, debería ajustarse a la Ley de Puertos y a su Reglamento. Dos meses más tarde, otra orden ministerial concedió la construcción del hotel-balneario.

El 29 de abril de 1967, el ministerio modificó las condiciones de la anterior y reconoció que las obras de explanación se habían ejecutado según el proyecto inicial. La Dirección del Puerto de Alicante, en el acta de reconocimiento de la obra, hizo constar que «los terrenos que, como consecuencia de las citadas obras, han resultado ganados al mar no son necesarios para la zona de servicio del puerto». Y para justificar su posición, destacaba el informe de su Asesoría Jurídica en el que se dictaminaba: «Nada hay que oponer con relación al acta de reconocimiento de la obras, la Sociedad concesionaria adquirirá de su propiedad privada aquellos de tales terrenos ganados al mar».

La depredación estaba servida.

El 13 de julio de 1968, fue segregada la finca número 14 713, adosada al dique de Levante, en una extensión de 8778 metros cuadrados. Tal como consta en el Registro, este terreno «será destinado a la construcción de un inmueble en régimen de HOTEL-BALNEARIO», que deberá constar de un proyecto detallado y completo del edificio y de sus instalaciones, a presentar en la Dirección del Puerto de Alicante antes de que comiencen las obras. La altura del «hotel-balneario» no podía ser superior a la del cercano edificio de Administración de Aduanas.

El 1 de abril de 1969, el terreno quedó registrado como propiedad de Urbantusa y —¡oh milagro catastral!— la superficie explanada aumentó hasta los 10 854,62 metros cuadrados, si bien 2318 de ellos seguían siendo de dominio público. El Registro de la propiedad ofrecía otra novedad: en la planta baja del nuevo edificio habría una zona comercial, con locales; se trataría de conseguir un total de 259 aparcamientos para automóviles. Además, el Hotel-Balneario inicial se convertía en un edificio de 783 apartamentos.

El 23 de julio de 1969, el presidente del consejo de administración de Urbantusa, Fernando Hernández Laguna, siempre bajo la batuta de Francisco Meliá Goicoechea, dio otra vuelta de tuerca al proyecto y presentó ante el Director General de Puertos y Señales Marítimas un escrito, acompañado por el proyecto de construcción del edificio hotelero solicitado y la nota del Registro de la Propiedad de Alicante. El representante de Urbantusa advertía que «dicha parcela fue adquirida como consecuencia de la construcción de una explanada adosada al dique de Levante del Puerto de Alicante, ganando terreno al Mar, y a virtud del expediente instruido por la Dirección Facultativa del Puerto de Alicante, acorde con la Ley de Puertos y de su Reglamento, etc. etc. […] La parcela es para la construcción de un inmueble en Régimen Hotelero, el cual está sujeto, entre otras, a la siguiente condición: b) la altura del edificio no será superior a la que actualmente ocupa la Administración de Aduanas».

El objetivo de Urbantusa quedó claro cuando Hernández Laguna añadió a continuación: «Si se aplicara estrictamente dicha norma no se podría hacer el hotel de la categoría deseada (800 habitaciones)». Después de asegurar que no pretendían «obtener más metros cuadrados de construcción, que se trata de una cuestión estética», planteó cambiar el punto b), que limitaba el volumen y la altura del edificio, con esta nueva redacción: «La construcción del edificio deberá ocupar —en cada planta como mínimo— una superficie de 6000 metros cuadrados de la totalidad del terreno, con un volumen máximo de edificabilidad de 14,5 metros cúbicos por metro cuadrado del solar».

Ya no se trataba de apropiarse de unos terrenos públicos a cambio de nada, sino de construir por encima de lo permitido legalmente. Como una especie de versión urbanística del timo del nazareno, con la habilidad de saber mover documentos de un lado a otro hasta cambiarles su naturaleza real, los propietarios de Urbantusa consiguieron sus propósitos. Para ello contaron con la complicidad de la Junta del Puerto de Alicante, que remitió el nuevo proyecto hotelero al Ayuntamiento de la ciudad. A su vez el alcalde, José Abad Gosálvez, lo entregó al arquitecto municipal, Miguel López González, para que emitiera un informe con apremio. «Dado el interés que la referida construcción supone para nuestra ciudad, le ruego cumplimente el informe que se le interesa con la mayor urgencia», escribió el alcalde Abad, con evidente intención.

El 7 de agosto de 1969, los arquitectos municipales remitieron al alcalde un informe demoledor, en el que advertían textualmente:

Que el volumen de edificación es de 14,5 metros cúbicos por metro cuadrado, y su altura de 25 metros, cuando en la Playa de San Juan el máximo es de 2,50 metros cúbicos y en la Albufereta de 4,00 metros cúbicos.

Rebasa en 9 metros la cumbrera de la cubierta, cumbrera que había señalado como altura máxima esta Corporación, restando por tanto, visibilidad del mar desde la ciudad.

En cuanto a su composición como edificio de apartotel, es en realidad un bloque de apartamentos, no propiamente hotel.

De acuerdo con la Memoria, el total de apartamentos es de 783 y los aparcamientos de coches sólo tienen capacidad para 259 vehículos, lo que, habida cuenta de la existencia de la Sala de Convenciones, Sala de Juntas, Despachos, Restaurantes, Sala de Fiestas, Cafetería, Zona Comercial, etc., hace dicha cifra muy inferior a la mínima necesaria, en aquella zona, de por sí ya muy sobrecargada.

Los arquitectos incluyeron una frase lapidaria dirigida al alcalde: «Es cuanto tienen el honor de poner en conocimiento de V. L., quien, no obstante, resolverá como estime más pertinente».

Y vaya si lo hizo. Ese mismo día, el alcalde reunió a la Comisión Municipal de Urbanismo que trató el proyecto del Apartotel, denominado ya «Meliá Alicante» en estos términos: «Visto el informe del Arquitecto municipal, que al no poder realizar plantas para servicios por debajo del nivel del suelo por la naturaleza de éste, el exceso de altura sobre la cumbrera del Edificio de Aduanas es justificable y en atención al prestigio que dentro del Ramo de la Hostelería goza la Empresa promotora, se permite proponer para la aprobación». A cambio, la comisión exigía que las obras estuvieran perfectamente acabadas, que se perfeccionaran los aparcamientos y que las obras de desagüe y emisario submarino fueran vigiladas por los servicios técnicos del Ayuntamiento.

El 19 de agosto, la Comisión Municipal Permanente, presidida de nuevo por Abad Gosálvez, remató la faena y tras ver los informes, levantó un acta que decía: «luego de la consiguiente deliberación, en el (sic) que se pone de manifiesto la necesidad que tiene Alicante de instalaciones hoteleras de gran categoría, S. E., por unanimidad» se aprobó «el proyecto de construcción de un establecimiento hotelero que se denominará Meliá Alicante», y se remitió al Ingeniero Director del Puerto de Alicante, Pablo Suárez, «el favorable informe de este Ayuntamiento». El milagro estaba hecho. El 28 de agosto, el alcalde Abad Gosálvez remitió al ingeniero Suárez un certificado con estas decisiones.

Salvado el trámite municipal, ahora se trataba de cambiar las condiciones por las que Urbantusa había obtenido la propiedad de aquellos terrenos públicos ganados al mar. Así, en octubre de 1969, un orden ministerial de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas suprimió al fin la prescripción «b)» de la primera Orden de mayo de 1965. Todo lo demás vino en cascada: el visado del Colegio de Arquitectos de Madrid para la obra proyectada por el arquitecto Francisco Goicoechea Agustí, el visado del Colegio de Arquitectos de Valencia, las autorizaciones municipales, las modificaciones en el Registro Mercantil y, por fin, el 9 de febrero de 1970, la concesión de la Licencia de Obras.

Para rematar de nuevo, el 2 de diciembre de 1969, la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo de Alicante remitió a la Comisión Provincial de Urbanismo, que presidía el Gobernador civil, un informe en el que pedían la aprobación del nuevo proyecto presentado por Urbantusa con sus 783 apartamentos «de distintos tipos», sus dotaciones comerciales y sus 259 plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento argumentaba: «Teniendo en cuenta que por su emplazamiento en terrenos recuperados al mar el edificio no está zonificado dentro del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad, no puede regularse con arreglo a las normas de volumen que para las distintas zonas del Plan determinan las Ordenanzas Municipales vigentes, entrando por tanto de lleno en la consideración de edificio especial, cuya aceptación por parte del Excmo. Ayuntamiento en cada caso particular queda regulado por el artículo 138».

Añadían: «Por tratarse de una instalación de tipo hotelero que encaja perfectamente con la zona turística de la Playa, esta Comisión de Urbanismo estima oportuno proponer a V. E. la aprobación de las obras proyectadas, en cuanto al edificio propiamente dicho se refiere, con la única salvedad de que la totalidad de la planta baja en la que el primer cuerpo del edificio se sitúa la sala de fiestas y zona comercial, sea transformada en planta diáfana destinada exclusivamente a aparcamientos, como el resto del edificio».

Por fin la fórmula mágica: edificio especial. Otro ejemplo de la plaga de «edificios singulares» que arrasó la arquitectura urbana de los años 60-70. Edificios que «se les podría definir como extraños armatostes arquitectónicos que tienen la singularidad de no sólo pasarse en la volumetría autorizada por las ordenanzas por arriba, sino también por el subsuelo, propiedad del municipio», escriben Francisco Martí y Eduardo Moreno, refiriéndose a abusos cometidos en Barcelona bajo el mandato del notario José María de Porcioles[256]. Una definición aplicable al Apartotel Meliá de Alicante.

El entorno costero quedaba transformado radicalmente por el exceso de altura y de volumen edificado, los aparcamientos que rodeaban la construcción del Apartotel Meliá dañaron al histórico edificio de Aduanas, además de sepultarlo casi. Pero los Meliá, capitaneados por Francisco Meliá Goicoechea, no se detenían en barras y solicitaron inmediatamente autorización para construir un muelle destinado a embarcaciones deportivas que pretendían adosar al dique en nuevos terrenos ganados al mar. Si habían vencido a la Ley de Costas, ¿por qué no intentar la privatización total de la única playa urbana de la ciudad? Pretendían llenar de barcas la emblemática playa del Postiguet, que entonces vivía una remodelación profunda tras la desaparición de sus viejos balnearios. Les dijeron que no «por razones urbanísticas y por el perjuicio que se causa a la playa de la ciudad». Ya les pareció demasiado, incluso para momentos de urbanismo salvaje en los que todo era posible si avanzaba al ritmo del rápido.

En la mañana del 3 de febrero de 1971, la Comisión Provincial de Urbanismo, presidida por Mariano Nicolás García, dio luz verde definitiva al proyecto del Apartotel Meliá y aprobó el mismo día una nueva aberración de similares características: el Apartotel residencial y la zona polideportiva de la Finca Adoc, promovido por la empresa Rocafel S. A., en terrenos de la Albufereta alicantina también ganados al mar. De una tacada, espoleados por el boom turístico, los responsables políticos permitieron que el constructor Carlos Pradells —un emprendedor pied-noir que años más tarde tuvo que responder ante la justicia por la quiebra de sus promotoras— ganara terrenos al mar utilizando las piedras que entonces estaban siendo arrancadas de la ladera de la Serra Grossa para abrir la nueva carretera de la Cantera, que comunicaría la ciudad con la playa de San Juan. De nuevo, el dinero público facilitaba intereses privados. Todo en nombre del desarrollo, la expansión, el negocio.

La historia de un edificio nacido exclusivamente para uso hotelero y transformado hábilmente en un gran bloque de apartamentos con vistas al mar, no acabó con la Dictadura. En septiembre de 1977, apenas realizadas las primeras elecciones democráticas en España y antes de las primeras municipales, los parlamentarios alicantinos elevaron su protesta al alcalde franquista suplente, Ambrosio Luciáñez Piney, luego militante del PP, mediante una carta en la que el senador José Vicente Mateo advertía: «Tenemos noticias —escribo en nombre de todos los parlamentarios alicantinos—, no sabemos con certeza hasta qué extremo fundadas, de que se prevé la reanudación de las obras del “Apartotel” en breve. Los daños causados a la ciudad por lo ya construido son evidentemente irreversibles, pero nos queda la esperanza, puesto que entre nosotros hay coincidencia, de evitar la tercera fase. Así, pues, te agradeceremos nos indiques, en lo que atañe al Ayuntamiento, cuál es la situación actual del proyecto». La realidad era muy simple: se estaba construyendo a marchas forzadas y culminaría en plena democracia municipal, aunque el nuevo consistorio democrático inició un contencioso contra la construcción de aquel edificio «ilegal» y la izquierda abogó por su demolición.

La construcción de un edificio tan «especial» erigido contra viento y marea —nunca mejor dicho— sobre suelo público ganado al mar, sólo se entiende desde el contexto autoritario del Régimen, desde un funcionamiento dictatorial capaz de justificar impunemente sus arbitrariedades con afirmaciones tan peregrinas como «el gran prestigio» de Meliá, o la carencia de plazas hoteleras en una ciudad.

El pelotazo del «edificio especial», sin embargo, terminó de fraguarse cuando, en la primera mitad de los años setenta, los efectos de la crisis económica europea llegaron a las costas españolas. En junio de 1974, el número de turistas se había reducido en un 10,6 por 100 con respecto al año anterior. A pesar de que habían cruzado nuestras fronteras cerca de 18 millones de visitantes extranjeros[257], la industria turística lanzó el grito de alerta. El triunfalismo de los años sesenta había dado paso a un alarmismo excesivo que, no obstante, revelaba las profundas deficiencias de un sector descapitalizado, formado por pequeñas compañías dependientes de los mayoristas extranjeros, y cuyos empresarios, durante los últimos años, habían invertido alegre y descontroladamente sus capitales hasta conseguir una saturación de las zonas turísticas y un deterioro ambiental galopante[258].

Entre 1973 y 1976, la crisis turística trajo consigo el desplome del sector inmobiliario y con él, los despidos masivos y el cierre de delegaciones del Grupo Meliá, hasta entonces líder indiscutible del sector. El Banco Coca se hizo cargo del holding hasta que el Banco Español de Crédito, tras la absorción del Coca, se convirtió en el dueño de aquel imperio en crisis. De nuevo, aparecieron los cirujanos financieros, y el viejo imperio fue comprado en 1987 por el controvertido magnate italiano Giancarlo Parretti por 8500 millones de pesetas. Cinco meses más tarde, Parretti lo vendió a la Cadena Sol, de Gabriel Escarré, que, con esta adquisición y la de los hoteles de la expropiada Rumasa, se convirtió en la décima cadena hotelera del mundo, presente en veintisiete países y con una capital en bolsa de 191 805 millones de pesetas en el año 2000. Un imperio nuevo erigido sobre los cimientos de dos empresarios tan atípicos como José Meliá Sinisterra y José María Ruiz Mateos. A pesar de tales avatares, el anciano Josep Meliá Sinisterra, forjador y símbolo de aquel imperio del turismo de «Sol y Playa», mantuvo todos los cargos ejecutivos hasta 1992. Al cumplir los 81 años pasó a ocupar la presidencia de honor de Viajes Meliá, un buque insignia en suspensión de pagos que vivió su particular naufragio con el cambio de régimen.

EL NAUFRAGIO DEL NAVIERO AZNAR

Toda una época española murió en el puerto británico de Southampton cuando, aquel 16 de mayo de 1977, los tripulantes del mercante Monte de Toledo tomaron el barco y, desde la cubierta, desplegaron varias pancartas: «No a la venta de los buques», podía leerse desde el muelle. «Queremos el apoyo de los marinos». No se trataba del rodaje de una nueva versión del Acorazado Potemkin, sino de una movilización de marineros que se negaban a ser vendidos al Gobierno de Libia y que protagonizaban, quizá sin saberlo, el hundimiento de la Naviera Aznar, una gran compañía vinculada directamente al clan de El Pardo. Con aquel barco, y otro llamado Monte de Granada, se iba a pique el magnate franquista Eduardo Aznar y Coste[259], sin remisión y hasta el fondo, después de cuatro décadas de esplendor.

El 18 de julio de 1936, la familia bilbaína de los Aznar y Zabala hicieron la inversión de su vida: socios minoritarios de la Naviera Sota y Aznar, pusieron inmediatamente los buques de la empresa al servicio de Franco. Para ello, incautaron los bienes del socio mayoritario, su primo Ramón de la Sota y Aburto, un empresario nacionalista vasco, hijo del fundador de la compañía, que murió exiliado en Biarritz y cuyo inmenso patrimonio inmobiliario, financiero e industrial le fue arrebatado inmediatamente por el bando vencedor. Desde entonces, la reclamación de estos bienes por sus legítimos herederos ha recorrido un tortuoso camino legal, a pesar de haber recurrido a letrados tan bien relacionados con el poder como Luis Gómez Sanz —vinculado a los Martínez-Bordiú—, el procurador y diplomático Gregorio Marañón Moya[260], Ramón Serrano Suñer y Felipe Ruiz de Velasco, directivo de las Cajas de Ahorros.

«Inmediatamente después de la caída de Bilbao —relató en su día Félix de Rotaeche, secretario de Ramón de la Sota, responsable de las evacuaciones republicanas en el puerto de Bilbao y testigo del suceso—, don José Luis Aznar y Zabala irrumpió en el edificio que todavía pertenecía a la familia Sota, vestido de falangista y con la expresión jubilosa del soldado que conquista de nuevo el objetivo perdido. En la “gloriosa” operación le acompañaba su lugarteniente Urreaga, el portero del Osasuna, a quien más tarde y como premio a su comportamiento en la guerra, Aznar le nombraría alto ejecutivo de “su” Naviera»[261].

Hasta entonces, el subgerente de la Naviera, José Luis Aznar, había tenido en la compañía un peso mínimo. Era para muchos una figura decorativa y su carácter resultaba incompatible con el de Ramón de la Sota.

En plena guerra, Aznar y Zabala abrió un litigio ante el Tribunal de Londres para quedarse con la titularidad internacional de la flota, presentándose como el único gerente de la naviera, mientras se lanzaba a la conquista de los cuarenta barcos que navegaban con pabellón republicano y cuyos capitanes eran fieles a Sota. Para conseguirlo, explica Rotaeche, «Aznar escogió a uno de los hombres más cínicos y ambiciosos que yo he conocido en este pueblo. Se llamaba Alejandro Zubizarreta y está enterrado en la cripta de la iglesia de Las Mercedes, en Las Arenas, mostrando en uno de los dedos de su mano derecha —según se asegura— un valiosísimo diamante que se empeñó en llevar a la tumba. La misión encomendada por Aznar a Zubizarreta, que consistía en conquistar a los capitanes empleando toda índole de recursos, no llegó a alcanzar el éxito apetecido, aunque para Franco los escasos barcos “capturados” merecieron su beneplácito y el premio de la banda de Encomendador, con licencia para, entre otras cosas, poder exportar impunemente a la Argentina maletas rebosantes de billetes del Banco de España».

Según ciertos testimonios de guerra imposibles de contrastar, las acciones de la familia Sota fueron sacadas de un banco a punta de pistola[262] y, tras el final de la contienda, la compañía pasó a denominarse sencillamente Naviera Aznar. Eran ricos, pero también patriotas. Mientras el naviero falangista servía a Franco y a sus propios intereses, su hijo Eduardo Aznar y Coste, de dieciséis años, mintió sobre su edad y se alistó voluntario en el ejército franquista diciendo que había cumplido ya los dieciocho. «Varios Orioles e Ybarras cayeron en el frente del norte. Y eso jamás se les olvidó. Era su gesta y su orgullo. Y hablaban de ella con frecuencia», recordaría años más tarde su hijo Eduardo[263], considerado en su tiempo como «la oveja negra» de la familia, un Aznar de la última generación, comprometido activamente con la democracia durante los años 70, partidario político de Enrique Tierno Galván y militante ecologista, preside una empresa dedicada al aprovechamiento de residuos y vegetales en la que también participan otros miembros de su familia.

Durante los años cuarenta y cincuenta, el tráfico marítimo transformó a Eduardo Aznar y Coste en un hombre rico y poderoso. Formaba parte del círculo íntimo del general Franco, con quien le unía una gran amistad, labrada de montería en montería y durante las sesiones cinematográficas que la familia Franco se dispensaba en la intimidad del palacio de El Pardo. A esta presencia personal, Eduardo Aznar supo unir el interés de ciertos negocios vinculados al marqués de Villaverde y el patriotismo político desde su escaño de procurador en Cortes. Fue un personaje de la oligarquía que recibió siempre un trato preferente.

Un ejemplo de esta relación político-financiera es el de los dos buques mercantes, Monte de Toledo y Monte de Granada, que en 1977 provocaron las protestas de los tripulantes por su posible venta. Como era habitual, ambos barcos se habían construido con los créditos oficiales concedidos por Crédito Naval, tras el informe preceptivo de la Subsecretaría de la Marina Mercante. A los 950 millones otorgados para cada uno de ellos, se sumó un nuevo crédito sin duda sorprendente. Alfredo Sánchez Bella, presidente del Banco Hipotecario tras su cese como ministro de Información y Turismo, prestó 700 millones de pesetas a su amigo Eduardo Aznar para la construcción de los dos barcos. A petición del propio naviero, Sánchez Bella los consideraba nada menos que ¡hoteles flotantes! De este modo, el Monte de Toledo y el Monte de Granada, cuyo valor de construcción estaba estimado en 1000 millones de pesetas cada uno, supusieron para la Naviera Aznar un total de 2600 millones de pesetas en créditos. Esta «superfinanciación hotelera» se mantuvo durante los años siguientes, a través de los sucesivos ministros de Información y Turismo, Fernando Liñán Zofío, Pío Cabanillas Gallas y León Herrera Esteban[264], quien, por último, firmó el informe favorable que posibilitaba la liquidación de tan sorprendente crédito hipotecario «turístico».

En 1975, en plena crisis del petróleo, las tres grandes navieras del franquismo —Transmediterránea, Ybarra y Aznar— vivían su momento más duro. El almirante Pedro Nieto Antúnez propuso la unión de las tres compañías y, como consecuencia, llegó a firmarse un documento reservado que ponía en marcha un nuevo monopolio. Para seguir la costumbre, Eduardo Aznar incluyó en su nómina a un almirante retirado. En 1977, el acuerdo fracasó: Nieto Antúnez enfermó gravemente, los March buscaron un arreglo unilateral con el Gobierno de Adolfo Suárez y las otras dos navieras se fueron a pique. La Transmediterránea de los March terminó nacionalizada, tras las presiones ejercidas por el ministro ucedista José Lladó, hijo del presidente del Banco Urquijo. Una última licencia de exportación, concedida in extremis por el presidente Suárez a la Naviera Aznar, no evitó su hundimiento definitivo, aunque detuvo el impacto de un nuevo escándalo financiero que a nadie convenía.

Durante aquellos primeros años de la transición democrática el exprocurador Eduardo Aznar y Coste dio su apoyo político a Fraga y su Alianza Popular mientras su poderosa flota comenzaba a hacer agua. Hasta que le sobrevino la muerte, Eduardo Aznar tuvo un peso decisivo en numerosos e importantes consejos de administración. Su territorio estuvo marcado por bancos y grandes compañías: Banco Urquijo, Banco Herrero, Nacional Hispánica Aseguradora, Trabajos Aéreos y Enlaces, Invalasa… Junto a su naviera, presidió la General Fábrica Española de Caucho, la Naviera Vascongada, la Compañía Española de Pinturas Internacional, Ferarco… y fue vocal de empresas tan importantes como Solares y Edificios Norteños o la Compañía General de Asfaltos y Porland. Con él acabó una saga. Y habían cambiado las reglas del juego.

ERNESTO KOPLOWITZ: EL ORIGEN DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

Ernesto Koplowitz Sternberg, judío alemán de la Alta Silesia, recaló en Madrid a principios de los años cuarenta. Su idioma natal, el alemán, le sirvió para obtener un trabajo administrativo en la multinacional AEG. Aunque carecía de patrimonio conocido, Ernesto Koplowitz tenía la astucia y la ambición suficientes para hacer negocios en aquella España autárquica, dominada por el estraperlo y la corrupción generalizada. Koplowitz supo utilizar hábilmente las reglas del juego, trabó amistad con altos funcionarios del Régimen y entró en los círculos políticos y económicos, dispuesto siempre a abordar cualquier negocio que se cruzara en su camino. No le fue demasiado difícil. Asiduo de los despachos municipales, demostró inmediatamente su pericia para conseguir contratas del Ayuntamiento madrileño. Algunos funcionarios jubilados todavía recuerdan su impronta.

En 1944, el concejal de alumbrado, Juan Lillo Ozáez, había fundado la empresa Construcciones y Reparaciones S. A., y era el hombre clave en las concesiones de obras de alcantarillado en Madrid. Koplowitz se convirtió en su socio y en el testaferro que este concejal falangista necesitaba para desarrollar sus negocios con tranquilidad, porque, en tiempos de patriótico pluriempleo, aquel concejal de alumbrado también trabajaba en la Unión Eléctrica Madrileña, posteriormente denominada Unión Fenosa.

Con un capital escriturado de dos millones de pesetas, Construcciones y Reparaciones S. A. obtuvo la concesión del servicio de alumbrado y alcantarillado de Madrid. Tal fue el origen de la fortuna Koplowitz, que desplegó una gran habilidad para hacer dinero durante varios años, mediante negocios paralelos facilitados por la falta de control. Sin embargo, como escriben Casimiro García Abadillo y Luis F. Fidalgo[265]: «Los ediles del ayuntamiento no tardaron en sospechar del gran número de sustracciones [de las bocas de riego madrileñas, que su empresa colocaba y que desaparecían por la noche, para ser repuestas al día siguiente y volverlas a cobrar] y de la facilidad con que los presuntos delincuentes manipulaban las bocas de riego. El ayuntamiento abrió una investigación y Ernesto Koplowitz perdió la suculenta contrata de mantenimiento».

En mayo de 1952, ocho años más tarde, el negocio había prosperado de tal manera que Ernesto Koplowitz se quedó con la empresa, asumió su presidencia y puso a su esposa, Esther Romero de Joseu, en la vicepresidencia. En noviembre de aquel año cambió su denominación por la de Construcciones y Contratas. De los dos millones de pesetas iniciales, su capital social subió a diez millones en 1954 y a veinte un año después. En su ascenso financiero, el emergente Koplowitz sufrió, sin embargo, un contratiempo. En 1958, el estallido del «caso Rivara» le involucró entre los evasores de capitales a través de su empresa Friwa Trusth Reg., fundada en el paraíso fiscal de Lietchtenstein con anterioridad. Mientras amainaba aquel temporal, Koplowitz quitó su nombre del consejo de administración de Construcciones y Contratas, y siguió dirigiéndola desde la sombra.

El alsaciano conocía muy bien el método para salir de cualquier atolladero. Bastaba con situar en sus dominios a destacados personajes del Régimen, en nómina o como socios, que pudieran abrirle cualquier puerta. Y, ciertamente, apuntó muy alto. Entre sus consejeros destacan José María Martínez Ortega, conde de Argillo; su hijo Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde; Alejandro Bermúdez González, director del Instituto de Moneda Extranjera, y José María Rivero de Aguilar, en su día subsecretario de Obras Públicas y uno de los que organizaron, en 1938, el regalo del Pazo de Meirás a Franco. Además, desde 1955, Koplowitz era accionista y fundador de la empresa El Encinar de los Reyes S. A., presidida por Rafael Ardid Gimeno, futuro consuegro del marqués de Villaverde, y con quien la familia Koplowitz mantendría una duradera amistad. En 1962, Ernesto Koplowitz Stemberg falleció tras caer de un caballo en el Club de Campo madrileño; su fortuna superaba los 2000 millones de pesetas.

El conflicto que generó su herencia tuvo que ser resuelto por Ramón Areces Rodríguez, padrino y protector de las dos hijas «legales» de Koplowitz, artífice de El Corte Inglés, que sentía un gran afecto por la viuda, Esther Romero de Joseu, con la que probablemente se habría casado si en 1969, un cáncer no hubiera acabado con su vida. Areces se enfrentó a un auténtico galimatías. El alsaciano había mantenido dos relaciones familiares duraderas. De su primera compañera, Isabel Amores Herrera, administrativa del Banco del Mediterráneo con la que no se había casado, tenía dos hijos reconocidos: Ernesto e Isabel Clara. De su matrimonio con Esther Romero de Joseu habían nacido Esther y Alicia. Pero, además, era padre de un quinto hijo al que jamás reconoció, nacido de su relación con una venezolana llamada Albertina Rivera.

La herencia estuvo en disputa entre 1962 y 1969, hasta que la mediación del conde de Argillo y de su hijo Cristóbal Martínez-Bordiú, asesorados por el abogado de Franco, Luis Gómez Sanz, resolvió el litigio al lograr que Isabel Amores aceptase la propuesta de un reparto que, años más tarde, seguiría generando numerosos conflictos familiares y legales. La discreción sentimental del difunto Koplowitz había sido de tal magnitud, que su hijo mayor, Ernesto, se enteró de que sus padres no estaban casados cuando el abogado Gómez Sanz se lo comunicó en el acto de partición de la herencia.

Desde la dirección de Construcciones y Contratas, Ramón Areces convirtió a sus ahijadas, Esther y Alicia Koplowitz Romero de Joseu[266], en dos mujeres inmensamente ricas. En 1966, Areces destituyó a los consejeros de El Pardo, compró las participaciones de Isabel Amores y sus hijos, y puso al frente de Construcciones y Contratas a sus ejecutivos de El Corte Inglés. El capital social de la compañía estaba en los 120 millones cuando Areces colocó en el consejo de administración a dos jóvenes protegidos suyos: Alberto Cortina Alcocer, hijo del que sería último ministro franquista de Asuntos Exteriores, y Alberto Alcocer Torra, hijo del primer alcalde de Madrid tras la Guerra Civil. Así fue como «Los Albertos», primos y compañeros de El Pilar, entraron en la vida financiera y sentimental de las hermanas Koplowitz. Desde aquel trampolín, en plena democracia y a golpe de gabardina, cambiaron la imagen del dinero en España y terminaron protagonizando uno de los culebrones financiero-sentimentales más pintureros de la nueva clase dirigente española en vísperas del siglo XXI.

SOFICO, JESÚS GIL Y OTROS DELITOS-MASA

En 1969, el escándalo Matesa había llevado a los periódicos un debate hasta entonces insólito. «La comisión de los denominados delitos-masa —escribió un columnista habitual de La Vanguardia, el 19 de septiembre de aquel año— obliga a reconsiderar la conveniencia de mantener o modificar aquel mito procesal ochocentista del secreto del sumario […]. Pues desde hace años, por la histórica irrupción de las masas en el escenario social, según la famosa frase de Ortega y Gasset, con frecuencia se cometen fraudes u otros delitos que afecta a millares de personas. Las causas criminales seguidas por los asuntos SAICA, la “Nueva Esperanza” y más recientemente la Caja de Crédito Popular de Cataluña, afectaron a millones de personas. Desde otro ángulo completamente distinto, la catástrofe de Segovia en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael costó la vida a cerca de sesenta comensales».

También el diario Menorca del 12 de septiembre de aquel año osaba publicar su particular balance de los escándalos de corrupción: «La prensa nacional ha sacado a relucir los casos de los hermanos Muñoz, de Manufacturas Metálicas Madrileñas, de Barreiros, de la Caja Popular de Crédito de Cataluña y, últimamente, del Banco Comercial de Menorca, que tan poco eco tuvo en la prensa nacional». Estas dos últimas entidades bancarias habían sufrido serios problemas cuando, en 1968, se obligó por ley a regularizar los balances anuales. Al hacerlo, algunos bancos comenzaron a repartir acciones gratuitas entre sus accionistas que, en muchos casos, condujeron a la quiebra fraudulenta como consecuencia de la especulación de los valores bancarios. A los casos citados por el diario Menorca, se sumaban los del Banco Siero, el Banco Murciano y el Banco de Medina. Un río revuelto en el que habían sabido beneficiarse no pocos pescadores como Castell Lastortras o el entonces emergente holding Rumasa.

La principal novedad radicaba en que los periódicos habían podido romper el hermetismo informativo de etapas anteriores. En España había quiebras fraudulentas, escándalos financieros, delitos-masa. Aunque el caso Sofico estaba por llegar, en aquellas dos crónicas periodísticas se concentraba algo más que la punta de un iceberg. El caso Matesa había desencadenado las primeras críticas globales a los fenómenos de corrupción. Tras sortear el secretismo de la dictadura y las limitaciones de la Ley de Prensa, llegaban al conocimiento público numerosos escándalos de distinto calibre, generados mientras el país se industrializaba. El Plan de Estabilización de 1959 había traído en su equipaje una corrupción menos general y más especializada. A partir de entonces, ya nada sería como antes. Se trataba de una corrupción mucho más oscura, aunque algunos affaires saltaban a la opinión pública por procedimientos diversos: Matesa, las importaciones de Vespas, Sofico, la adulteración del alcohol metílico que se cobró decenas de muertos, o los distintos episodios de fraude en el sector aceitero que culminarían en el caso Redondela.

El negocio de Sofico era simple. Para obtener financiación, Eugenio Peydró y sus socios ofrecían a los inversionistas la adquisición de uno o más apartamentos en un complejo turístico, cuyo alquiler era gestionado por Sofico con una rentabilidad del 12 por 100 para cada propietario. La oferta resultaba muy atractiva para los pequeños ahorradores que, en tiempos de inflación y bajos intereses, obtenían por sus ahorros unos beneficios bancarios muy inferiores a los que Sofico les garantizaba. Presa del éxito, Sofico construyó 5000 apartamentos en su primer complejo turístico y su logotipo del caballito de mar comenzó a extenderse por la costa mediterránea. En 1974, la empresa estaba ya estructurada como un holding con once sociedades en España y nueve delegaciones en el extranjero[267], cuando se declaró la quiebra.

Los costes de una publicidad agresiva y las altas comisiones que cobraban los operadores turísticos, desencadenaron los primeros problemas. Para poder pagar su porcentaje de beneficios a los propietarios de los apartamentos, Sofico necesitaba obtener una rentabilidad muy alta, en torno al 20 por 100. Para ello, en su fuga hacia delante, se creó Sofico Renta con el fin de captar nuevos inversores. Al final, 17 000 personas participaron en el negocio y terminaron perdiendo todos sus ahorros. Estrangulados por los bancos desde el principio de la aventura, el dinero que aportaron aquellos nuevos propietarios se destinó a pagar las deudas atrasadas y llegó la quiebra y el escándalo. Los promotores de Sofico habían comenzado su negocio creyéndose en posesión de una fórmula financiera mágica y su sueño acabó en pesadilla. Algunos directivos huyeron a Sudamérica con parte del dinero metido en una maleta, y el proceso judicial se prolongó en el tiempo. Después de Matesa, Sofico había sido el mayor escándalo financiero del franquismo, con una diferencia sustancial: mientras el dinero desaparecido de Matesa había salido del Estado, el de Sofico procedía de los bolsillos de millares de pequeños ahorradores.

Los escándalos conocidos demuestran la categoría social de sus protagonistas, la impunidad con la que actuaban y la persistencia del fenómeno a lo largo de los años. En el caso Sofico destacaron algunos personajes de alcurnia, junto a su director general, Eugenio Peydró Salmerón, que había sido espía de Franco durante la Guerra Civil y que prestó sus servicios en la Dirección General de Seguridad. El consejo de administración del holding Sofico, estaba integrado por el teniente general Rafael Cavanillas Prosper, exjefe del Estado Mayor y expresidente del Consejo Supremo de Justicia Militar; el ingeniero industrial Luis Nieto Antúnez, hermano de Pedrolo, así como algunos militares de alta graduación en situación B que habían desempeñado cargos oficiales. En 1976, después del estallido del escándalo, todos ellos seguían asociados con Peydró a través de las financieras Comercio Entre Naciones S. A., de exportación-importación y Mecánico Eléctrica, dedicada a la fabricación de vehículos y material contra incendios.

También la cúpula bancaria española se vio salpicada por el caso del financiero Julio Muñoz, casado con una hija del presidente del Banco Central, Ignacio Villalonga, y emparentado con los March y los Gil de Biedma. Su delito quedó silenciado durante años. En la posguerra, Julio Muñoz presidía numerosas empresas españolas como la Compañía Internacional del Corcho, la Inmobiliaria El Águila, Comar, Fidecaya, la Unión Industrial Textil… Sin embargo, trasladó su actividad financiera a Suiza, donde fundó la Banca Ginebrina de Comercio y de Crédito y compró la Banca Suiza de Ahorro y de Crédito. Desde Ginebra, Julio Muñoz se encargaba de las finanzas internacionales del Banco Central, presidido por su suegro. A partir de 1962, Muñoz amplió su red financiera, compró acciones en entidades bancarias internacionales, como la Sociedad Bancaria Andorrana, el Banco de Crédito Comérciale de Roma, un holding en Liechtenstein, otro en Luxemburgo, en Panamá, en Líbano. Lo suyo eran los paraísos fiscales, principalmente. Asociado con los banqueros suizos Hermann Heg y Max Hommel, la crisis inmobiliaria de 1964 le condujo a la suspensión de pagos. En junio de 1965, Muñoz y sus socios fueron detenidos por las autoridades helvéticas y sobre ellos pesaron acusaciones de estafa, malversación de fondos y alzamientos de bienes. En 1975, Julio Muñoz fue por fin procesado y su nombre apareció en la primera página del Wall Street Journal como si se tratara de un delincuente, pero en España su caso estuvo siempre rodeado por un clamoroso silencio y envuelto en noticias vagas que hablaban de complicadas quiebras.

En la resolución de los casos, la cobertura que muchos de ellos recibieron resulta elocuente. Como muestra un botón: cuando el intelectual franquista Ernesto Giménez Caballero, presidente de Papeleras de Cegama, fue citado para investigarle entre los evasores de capitales de 1958 del caso Rivara, la Administración respondió que estaba en paradero desconocido. En realidad, era el embajador de España en Paraguay. Todo un modo de proteger a «uno de los nuestros». Como explica el especialista Carlos Barciela: «En un sistema dictatorial como el franquismo, la corrupción es un elemento estructural que, amparado por el poder, tiende a ser ocultado y desmentido, con la complicidad de los medios de comunicación supeditados al poder político. En estas condiciones la percepción por parte de los ciudadanos de los fenómenos de corrupción tiende a ser menor. Se llega a dar la paradoja de que muchos ciudadanos añoran los tiempos de la dictadura como tiempos de orden en los que no pasaban estas cosas. Por ello, es necesario dejar claro desde el principio que los niveles de corrupción económica durante el franquismo no tienen parangón ni comparación alguna con la experiencia, lamentable sin duda, vivida en los últimos años»[268].

Quienes acabaron en la cárcel, —porque no podía ser de otro modo—, recibieron muy pronto el indulto firmado por Franco. Así ocurrió, hay que recordarlo, con el caso de Manufacturas Metálicas Madrileñas y con los procesados «políticos» de Matesa. También fue el caso de Gregorio Jesús Gil y Gil, llamado a esplendorosas glorias y misiones político-deportivas en democracia, y condenado por «un delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidios y lesiones» cometido el 15 de junio de 1969. Cincuenta y ocho muertos supusieron para Jesús Gil veintiséis meses entre rejas; parte de la pena la cumplió en la colonia Mirasierra, donde otros doscientos cincuenta reclusos redimían condena trabajando en la construcción para José Banús. En Carabanchel, Gil compartió economato con Juan Vilá Reyes. Los seis últimos meses estuvo libre bajo fianza, custodiado por dos inspectores de la Brigada de Investigación Criminal que se convirtieron en sus guardaespaldas y que, tiempo después, puso en nómina.

La imprudencia temeraria de Gil estaba demostrada hasta la saciedad. La ampliación de su restaurante de la urbanización Los Ángeles de San Rafael, que se vino abajo abarrotado de comensales, había sido construida por Gil sin el preceptivo certificado del Sindicato Provincial de Hostelería, sin permiso de la Delegación Provincial segoviana del Ministerio de Información y Turismo, sin la aprobación de la instalación eléctrica por la Delegación de Industria. Cuando aquel 15 de junio el techo se desplomó sobre las cabezas de quinientos comensales, parecía mentira que alguien se hubiera atrevido a cometer semejante barbaridad: el cemento no había fraguado, la argamasa estaba blanca; el salón seguía a medio construir y los obreros habían tapado con lonas las ventanas y tabiques aún sin rematar. Imprudencia, improvisación… qué tiempos aquellos en los que nadie paraba una obra ilegal, en los que la connivencia con funcionarios públicos y las visitas precisas evitaban demoras molestas.

El futuro presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, llegó al lugar de la tragedia hecho un basilisco. Como gobernador civil de Segovia, ocupaba también la presidencia de la Comisión Provincial de Urbanismo. Por esta razón, temía que alguien le acusara de ser el responsable político del desastre y que su carrera se eclipsara abruptamente. Mientras aún sacaban cadáveres de entre los escombros, el gobernador Suárez, irritado y fuera de sus casillas, protagonizó un violento forcejeo con Gil, durante el cual el constructor quiso quitarle la pistola a un capitán de la Policía Armada, no se sabe con qué inquietante intención.

La ampliación del restaurante de Los Ángeles de San Rafael había sido ejecutada bajo las órdenes directas de Gil, sin cálculos matemáticos ni estudios facultativos, sin proyecto de obra ni dirección de arquitecto alguno; sin contratos o visados del aparejador preceptivo. Se había cometido una ilegalidad de tal calibre que, vista con la distancia de los años, resulta muy difícil creer que nadie, absolutamente nadie, en ninguna estancia oficial o privada, supiera nada del asunto. Por fin, el decreto 479, del 24 de febrero de 1972, firmado y sellado por Francisco Franco Bahamonde, pasó página: «Vengo a indultar a Gregorio Jesús Gil y Gil de una cuarta parte de la pena privativa de libertad que le fue impuesta en la expresada denuncia».

El asunto se zanjó indemnizando a las víctimas y Gil siguió su carrera de boyante promotor inmobiliario.

EDUARDO BARREIROS: EL HENRY FORD ESPAÑOL

La aventura vital de Eduardo Barreiros podría ser el argumento de una saga cinematográfica tan al gusto de Hollywood. Su vida contiene todos los ingredientes necesarios: altas finanzas, construcción de un imperio industrial a partir de la nada, ambiciones rotas por los nuevos rumbos del capitalismo internacional, ruina, exilio en una isla comunista del Caribe; con su apellido salpicado por negocios oscuros, relacionado con tráfico de armas y evasiones de capital… Ascensión y caída de un pionero de la automoción, el ocaso del «Diesel del Régimen» —como llegaron a llamarle—, un gigante de arcilla que, sin embargo, escribió una página imprescindible en la historia mundial de la industria automovilística, fue considerado «el Henry Ford español» y, para mayor gloria, el New York Times le incluyó entre los seis empresarios no norteamericanos más importantes del mundo.

La biografía oficial de Eduardo Barreiros Rodríguez relata que nació el 24 de octubre de 1919 en la parroquia de San Miguel del Campo, en el pueblo orensano de Gundiás. Su padre era propietario de un autobús Panhard Levasor que cubría desde 1925 el trayecto Orense-Luintra-Orense, y en 1930 compró un viejo Renault de dos toneladas con el que cubrió la línea Orense-Los Peares-Orense. En 1931, el jovencísimo Eduardo comenzó a trabajar como revisor en aquellos viejos vehículos, en los que se curtió como mecánico y demostró una gran habilidad para los motores. En octubre de 1934, los dos autobuses de la empresa fueron requisados por las tropas comandadas por su paisano, el general Franco, enviado por la República para aplastar la revolución asturiana. En su desesperación, el quinceañero Eduardo Barreiros se las ingenió para que le cedieran un Buick descapotable que él transformó en furgoneta; con ella siguió realizando el servicio para no perder la concesión de la línea regular.

Al estallar la Guerra Civil, sus dos autobuses volvieron a ser incautados por el ejército franquista, pero Eduardo, con 17 años, no quería perder sus vehículos y se alistó como conductor de uno de ellos en el Tercio de Navarra. Después de la contienda, supo hacer de la carencia virtud, y se lanzó a reconstruir autobuses destrozados y a fabricar vehículos que funcionaran a gasógeno. Modificó los motores de los camiones rusos abandonados por el bando republicano tras la derrota, y los transformó de gasolina a gasoil. En 1945, Eduardo Barreiros Rodríguez, apoyado por sus cuatro hermanos, con un crédito de 200 000 pesetas creó la constructora Becosa, y cinco años más tarde se dedicó a diseñar sus propios motores con gran éxito[269]. En 1954 se trasladó a Madrid y fundó la empresa Barreiros-Diesel S. A. Siete años después diseñó un camión todo terreno del que consiguió vender trescientas unidades al ejército portugués. Fue su gran salto. A partir de entonces, abrió fábricas en Portugal y en Sudamérica, y en 1965 firmó un trascendental acuerdo con la empresa norteamericana Chrysler para montar en España los modelos Dodge y Simca. Con Hanomag se lanzó a fabricar tractores, en competencia directa con Seat y Enasa, compañías oficiales del Instituto Nacional de Industria.

En los años sesenta, la industria automovilística internacional entró en España de la mano de personas vinculadas al entorno familiar del Caudillo. El jefe de su Casa Civil, marqués de Huétor de Santillán, había introducido en España las motocicletas italianas Vespa. Su hermano Nicolás abrió las puertas a Renault, y fue socio de Eduardo Barreiros en una factoría de vehículos diesel en Ávila. A los íntimos de El Pardo les iba la automoción. Cuando en 1965 la Chrysler recurrió a él para implantarse en España, Eduardo Barreiros era acompañante habitual de Franco en jornadas de pesca y montería, y de los marqueses de Villaverde en fiestas y recepciones. Su ascensión fue tal que un día de febrero de 1966, tras visitar la nueva factoría de Barreiros construida en el polígono madrileño de Villaverde, el mismísimo Franco le dijo a su primo y secretario: «De lo que todavía no estoy bien enterado es de cómo consiguió el apoyo financiero para poder levantar un complejo industrial de tal magnitud». Pacón le sacó de dudas: «El Banco de Vizcaya hace bastante tiempo que fue el que financió este asunto; soy amigo de su director gerente, Tomás Bordegaray, y por eso lo sé. Siempre he tenido fe en que Barreiros se abriría camino, a pesar de las dificultades que tuvo al principio; pero la capacidad de todos los hermanos de ese apellido, y especialmente Eduardo, es muy grande»[270].

En su sueño, quizás Eduardo Barreiros llegó a identificarse entonces con Walter P. Chrysler, el fundador de la que ya era la tercera compañía fabricante de automóviles a escala mundial, que levantó su imperio a partir de un Buick comprado en 1924 con el aval de un amigo banquero y cuyo motor, desmontado y montado pieza a pieza, se convirtió en su laboratorio. Hasta ahí los parecidos. Chrysler trabajó como alto ingeniero de la Buick —en la que llegó a cobrar un salario de medio millón de dólares— antes de fundar su propia compañía con el apoyo de los hombres de negocios más relevantes de la época. Por el contrario, Eduardo Barreiros vivía en un país en vías de desarrollo, estaba vinculado estrechamente al «franquismo industrial» del ministro López-Bravo[271], había perdido un par de dedos de una mano «de tanto apretar las tuercas», según los maledicientes, y se relacionaba comercialmente con los más destacados personajes del Régimen; a algunos incluso los tuvo en nómina.

Al principio, la Chrysler se dedicó a fabricar exclusivamente el Dodge Dart, un coche de prestigio reservado a los altos funcionarios del Estado y a los empresarios. «Ponga un Dodge en su vida», proponía el eslogan publicitario. La compañía tenía la concesión de los coches oficiales. Como todo el mundo recordará fue un Dodge Dart el vehículo que voló por los aires en el atentado que mató al presidente Carrero Blanco. En 1969, la gestión de Chysler-Barreiros comenzó a cobrar un giro catastrófico y la multinacional norteamericana tomó las riendas de la fábrica de Villaverde. Barreiros tuvo que vender sus acciones y Chrysler se lanzó a la fabricación de modelos populares y asequibles para competir con Seat y Renault: llegaron los Simca 1000, y otros modelos bajo la marca Talbot[272].

El Grupo Barreiros Hermanos, constituido alrededor de Eduardo por Graciliano, Valeriano, Celso y María —representada en los consejos por su marido, Ignacio de Liniers Pidal—, gozaba de un gran prestigio. En 1976 —ya muerto Franco—, además de presidir sus empresas, Eduardo Barreiros Rodríguez se sentaba en el consejo de administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid —presidida por Felipe Ruiz de Velasco—, junto a otros miembros del clan de El Pardo bien situados en el mundo de las finanzas: Andrés Martínez-Bordiú, conde de Morata de Jalón, Juan Ignacio McCrohon Jarava y Rafael Ardid Villoslada, yerno del marqués de Villaverde. Eran, casi todos ellos, viejos camaradas en la amistad y en los negocios.

En pleno ascenso de Barreiros, en septiembre de aquel año —mediante escrituras firmadas ante su notario habitual, Blas Piñar—, Eduardo había constituido la empresa Centro Financiero Inmobiliario, presidida por Pío Cabanillas Gallas y en cuyo consejo de administración figuraban Andrés Martínez-Bordiú y el exalcalde de Orense y exdirector de la Caja de Ahorros de aquella ciudad, Martín Esperanza, que había concedido a Eduardo un crédito de seiscientos millones de pesetas. También pasaron por aquel consejo Felipe Ruiz de Velasco y Manuel Ortínez Murt, brazo derecho de Josep Tarradellas en 1977, que durante el Régimen había sido director del Instituto Español de Moneda Extranjera, fundador del Banco Industrial de Cataluña y director del Banco de Bilbao en Barcelona.

El Grupo Barreiros Hermanos, diversificado, estaba compuesto por 42 compañías dedicadas a importación-exportación, minas, fincas agrícolas, conserveras, financieras, inmobiliarias, industriales… Algunas de nombres tan vistosos como Pesquerías Españolas-Soviéticas S. A., Oceánica de Alimentos, Hipermercados Españoles S. A., Compañía General del Níquel… Y la Compañía Internacional de Exportación e Importación S. A. que en 1989 se vería envuelta en el famoso «caso Nécora», el gran proceso contra el narcotráfico gallego que sentó en el banquillo a los más destacados capos de la droga y… a Celso Barreiros, que fue juzgado y absuelto.

En septiembre de 1980, el imperio levantado por Eduardo Barreiros, en el que llegaron a trabajar más de 25 000 operarios, se había desmoronado. Su compañía principal, el Centro Financiero Inmobiliario, con unos activos de 2270 millones de pesetas, suspendió pagos, a pesar de que Eduardo trató de impedir el crack aportando 545 millones de su patrimonio personal. Vencido, el antiguo «Henry Ford español» envió una carta a uno de sus principales acreedores, la Caja de Ahorros de Orense, en la que se quejó con amargura: «La situación política actual de España es la culpable de la situación en que me encuentro[272bis]». Tras ser el año anterior el sexto español que más declaró a Hacienda, su declive se desencadenaba con la compra de dos empresas gallegas: una de fundición, en Vigo, y otra de vinagre, en La Coruña. Las deudas acumuladas por Barreiros y la creación de sociedades superpuestas, instrumentales, sin apenas actividad, precipitaron su caída. También se equivocó en su aventura agraria: su finca agraria de Ciudad Real, a través de la compañía Explotaciones Puerto de Vallermoso, fue un fracaso. En una entrevista, concedida en octubre de 1980 a Cambio 16, Eduardo Barreiros explicó amargamente: «Había cinco sociedades de cartera con 200 millones de pesetas. Se vinieron abajo y se disolvieron. Yo he jugado a la Bolsa y he perdido mucho dinero».

El 10 de octubre de 1980, tomó un avión y desapareció de España. A partir de entonces, Eduardo Barreiros Rodríguez vivió en Cuba, y allí murió. Atraído por Fidel Castro, arruinado y abandonado por los financieros que le adularon antaño, se había desplazado a la isla en 1982 para desarrollar sus más legendarias habilidades: crear una factoría de motores diesel para maquinaria de obras públicas, tractores, barcos… A pesar del embargo internacional impuesto por los Estados Unidos, en 1985 la empresa de Barreiros había introducido en La Habana seiscientos motores[273].

A sus sesenta y seis años, y con problemas de corazón, había puesto en marcha CIMISA, una nueva sociedad mixta, fundada con las autoridades cubanas, que trataba de desarrollar la marca Motor Cuba. El último episodio de la historia llegó en 1992: el fallecimiento de Eduardo en La Habana. Desde entonces, su familia se ha lanzado a reivindicar su memoria. En mayo de 2000, Claudio Boada Villalonga, uno de los máximos competidores de Barreiros en los años cincuenta, durante un homenaje recordó a Eduardo Barreiros con unas palabras que jamás podría aplicarse a sí mismo: «Barreiros fue un buen empresario y un buen ejecutivo, que lo hizo todo desde la nada».

Y a ella regresó.

Capítulo VIII. Banqueros y aristócratas por la gracia de Franco

CAPÍTULO VIII

Banqueros y aristócratas por la gracia

de Franco

Ninguno de nosotros se ha dejado guiar por la ambición o el deseo de apoderarse del Poder. Sólo nos han guiado los más altos ideales y motivos puramente altruistas.

FRANCISCO FRANCO. 15 de agosto de 1937

«EL GOBIERNO GOBIERNA, la Banca administra y el español trabaja». Esta máxima de José María Aguirre Gonzalo es toda una definición programática en boca del financiero con más oficio de la historia de España y que en plena transición política española sucedió al marqués de la Deleitosa en la presidencia del primer grupo bancario español. «Crítico de la política económica del régimen desde la derecha —escribió Ramón Tamames en 1977[274]—, el señor Aguirre pasa por ser uno de los integristas más convencidos de la oligarquía financiera. No ha desempeñado cargos políticos en sentido estricto, pero en el Consejo de Administración de Banesto siempre hubo un intenso flujo de entradas y salidas de ministros franquistas, entre los cuales los más caracterizados de los últimos tiempos han sido Gregorio López-Bravo y Federico Silva Muñoz; ambos miembros muy significados de Alianza Popular».

La relación de la banca española con el Régimen de Franco llega a la simbiosis, al reparto de papeles, a la identificación plena. De los 119 ministros que tuvo Franco, nada menos que 29 se sentaron en consejos de administración de entidades bancarias, antes o después de entrar en el gabinete. En cifras relativas, alrededor del 25 por 100 de los ministros de Franco pasaron del ministerio al consejo de administración de los bancos.

CORTESANOS DE EL PARDO, CONSEJEROS BANCARIOS

Sin tratar de ser exhaustivo, he aquí la muestra. En el Banco Popular Español: Camilo Alonso Vega y Gonzalo Fernández de la Mora[275] (también en el Europeo de Negocios). En el Hispano Americano: Antonio Barrera de Irimo[276] y Pedro Gamero del Castillo (también en el Urquijo). En el Comercial Trasatlántico: Demetrio Carceller Segura. En el Central, José Luis Cerón[277]. En el Internacional de Comercio: Licinio de la Fuente (también en el Gallego). Al Banco de Bilbao fue Faustino García-Moncó (también en La Coruña). En el Español de Crédito, el ya citado López de Letona. Al Banco Coca fue Alberto Monreal Luque. En el Industrial de Cataluña: Andrés Ribera Rovira[278] (también en el Banco de España). El Banco Rural y Mediterráneo estuvo presidido por José Utrera Molina y el Comercial Español por Fernando Liñán y Zofío. El Banco Exterior de España albergó a José García Hernández, Luis Alarcón de la Lastra, Manuel Arburúa de la Miyar, Pedro Cortina Mauri, Alberto Martín Atrajo, Andrés Reguera Guajardo[279] y Carlos Ríen Segura.

Algunos recalaron en la banca oficial pura y dura: Alfredo Sánchez Bella presidió el Banco Hipotecario. Cirilo Cánovas García entró en el de Crédito Agrícola y Cruz Martínez Esteruelas en Crédito a la Construcción. Antonio Carro[280] se marchó a la Caja Postal de Ahorros. Por el Banco de España pasaron: el general Antonio Barroso[281], Enrique Fontana Codina (también en Crédito Industrial) y José María Martínez Sánchez-Arjona.

Nacida hace un siglo con una estructura familiar de la que no se desprendió durante todo el franquismo, los apellidos de la Banca española están en la propia denominación de sus más emblemáticas entidades: Urquijo, Herrero, Pastor, March, Coca, López-Quesada, Más-Sardá, Garriga-Nogués… y otros han estado siempre controlados por familias: los Botín en el Santander, los Urquijo, los Fierro en el Ibérico, los Salgado en el Mercantil e Industrial, los Ruiz-Mateos en Rumasa…

La Banca y el Régimen formaban parte de una misma «entidad». Así, al menos, lo proclaman los hechos. A principios de los años setenta, los consejos de administración de las más importantes empresas del Instituto Nacional de Industria (INI), que sumaban un capital desembolsado de 50 444 millones de pesetas, tenían presidentes, vicepresidentes y consejeros que pertenecían, simultáneamente, a las direcciones de los grandes bancos. La Empresa Nacional Bazán, la Refinería de Petróleos de Escombreras (REPESA) y la Empresa Nacional de Electricidad estaban presididas por banqueros privados. La Empresa Nacional de Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER) tuvo en su presidencia hasta finales de 1968 nada menos que a José María Aguirre Gonzalo, entonces vicepresidente del Banesto y consejero de 38 empresas más. El vicepresidente y cuatro consejeros de la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) pertenecían a su vez a los consejos de bancos privados. Iberia contaba con tres consejeros bancarios y ENSIDESA con dos.

Todo ello a pesar de que el Decreto-ley número 32, sobre Incompatibilidades de la Banca privada, dictado el 27 de julio de 1968, había limitado esta presencia y marcaba la hora de los testaferros. Cuando las incompatibilidades fueron planteadas públicamente se supo que nueve miembros del consejo del Banco de España eran, simultáneamente, consejeros de los bancos Central, Urquijo, Español de Crédito, Hispano Americano, Pastor, Fomento, Valencia, Intercontinental del Comercio, Canarias y Mercantil de Tarragona. Lo mismo sucedía con nueve de los consejeros del Banco de Crédito Industrial, miembros simultáneos del Hispano Americano, Mercantil de Tarragona, Central, Banesto, Urquijo, Herrero, Vizcaya, Crédito y Docks…

El nacionalizado Banco de Crédito Local tenía doce consejeros del Central, Bilbao, Hispano Americano, Andalucía, Santander, Urquijo, Banesto, Epifanio Ridruejo, Aragón, Garriga Nogués, Sindicato de Banqueros de Barcelona, Propiedad y Comercio… El Hipotecario compartía cuatro de sus miembros con Banesto, Bandesco, Urquijo, Guipuzcoano, López Quesada… Tampoco se escaparon los bancos oficiales de nueva creación. El de Crédito a la Construcción tenía dos consejeros del Banco Popular Español y del de Andalucía. El de Crédito Agrícola había nombrado a un consejero que pertenecía al Banco de Canarias. Y hay más: en el consejo de administración del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, —organismo encargado de la coordinación de las entidades crediticias oficiales—, se sentaban consejeros del Hispano Americano, del Herrero, del Urquijo y del Exterior.

Con esos mimbres, a nadie resultó extraño que la revista Time, en su edición del 16 de noviembre de 1965, calificara a la banca española como «una de las más conservadoras y de las más poderosas dentro de Europa». La conclusión resulta evidente: la banca oficial no sólo no competía con los banqueros privados, sino que estaba bajo su control práctico. Y eso, a pesar de que el Decreto ley 31/68 anunciaba en su artículo primero, apartado uno, que «Los Presidentes, Vicepresidente, Consejeros o Administradores, Directores Generales o asimilados a estos últimos de bancos privados que operen en España, no podrán desempeñar cargos análogos en otros bancos, ni formar parte de más de cuatro Consejos de Administración en sociedades anónimas españolas».

LOS GRANDES BANCOS Y LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Desde 1940 hasta el tardofranquismo (los años 70), el poder de la banca española ha sido tal que, para entender este relato en la actualidad y no perdemos en un apasionante y pormenorizado laberinto de sociedades anónimas, es preciso reseñar la presencia de los grandes grupos bancarios en la industria española. Ésta es la relación:

BANESTO. Presidido por Jaime Gómez-Acebo, marqués de Deleitosa, emparentado con la familia Real Española y asiduo del palacio de El Pardo. Junto a él, destacaban Pablo Garnica Mansi, José María Aguirre Gonzalo y José María Oriol y Urquijo. Tan destacados personajes controlaban un grupo encabezado por el Banco Español de Crédito, al que pertenecían Bandesco, Banco Guipuzcoano, Banco de Vitoria, Banca de Garriga-Nogués, Banco Epifanio Ridruejo y otras pequeñas entidades. Sus consejeros participaban en 378 sociedades anónimas diseminadas por todo el tejido industrial.

HISPANO-URQUIJO. Controlaba 201 sociedades anónimas y, además del Hispano Americano y el Urquijo, el grupo estaba constituido por Herrero, Gijón, San Sebastián, Irún, Mercantil de Tarragona, Banca Valls…

CENTRAL. Bajo el liderazgo de Ignacio Villalonga Villalba y su lugarteniente Alfonso Escámez López, sus consejeros actuaban en 390 sociedades y el grupo estaba constituido por los bancos Central, Fomento, Valencia, Agrícola de Aragón, Albacete, Crédito y Docks de Barcelona y Banco de Albacete.

BILBAO-VIZCAYA. El Banco de Bilbao, bajo la presidencia de Gervasio Collar Luis, con 478 sociedades anónimas participadas por sus consejeros, y el Vizcaya, presidido por el conde de Cadagua y con 463 sociedades, actuaban conjuntamente en ochenta sociedades. Además, sus consejeros tenían entre sí vinculaciones familiares. Estos dos bancos eran la locomotora del Banco Industrial de Bilbao, La Coruña, el Asturiano de la Industria y el Comercio, Castilla, Tolosa, de Comercio, Vilella, Banco de Financiación Industrial…

SANTANDER. Presidido por el patriarca de la saga, Emilio Botín Sanz de Sautuola López, participaba en 179 sociedades anónimas y el grupo estaba integrado por los bancos Santander, Intercontinental, Banco Comercial para América, Banco Cid, Jaúdenes Bárcena, Fomento de Gerona y Mataró. Se había asociado, sin demasiado éxito, al Banco Pastor en 1958 y estaba conectado al Bank of America. Quien mejor ha explicado la evolución de este banco familiar fue el propio Emilio Botín, ante la Junta General de Accionistas de 1957: «Al término de la Guerra Civil, en 1939, no se tenía otra organización que la de las sucursales de la provincia de Santander y la de cinco pueblos próximos a ella en las de Burgos, Palencia y León, y en esta última Capital. En el periodo 1940 a 1945 absorbimos nuestro filial el Banco de Torrelavega; adquirimos la Banca Herrero Riva, de Logroño… y en virtud de la compra del Banco de Ávila, abrimos sucursales en dicha provincia y en Madrid. De entonces acá el ritmo ha sido mucho más rápido, por lo que creo que llegaréis a la conclusión de que el tiempo y las oportunidades han sido bien aprovechadas»[282].

POPULAR-ATLÁNTICO. Grupo creado por destacados miembros del Opus Dei, el Banco Atlántico participaba en 78 sociedades, y el Popular Español en 228 sociedades. A los bancos citados, hay que sumar el Banco de Andalucía, Salamanca, Europeo de Negocios, La Vasconia, Huelva, Sevilla, Norte, Meridional, Murciano, Comercial Cordobés y las entidades del holding Rumasa.

COMERCIAL TRASATLÁNTICO. Este grupo financiero barcelonés, vinculado al exministro Demetrio Carceller, participaba en 216 sociedades.

Esta síntesis resulta todavía más elocuente al comprobar la clasificación de los veinte bancos españoles más importantes en función de sus recursos propios, con un total de 768 438 millones de pesetas, y con 3687 sucursales abiertas. Éste era el ranking a principios de los setenta, cuando el franquismo representaba su acto final:

Español de Crédito.

Hispano Americano.

Central.

Bilbao.

Vizcaya.

Santander.

Popular.

Exterior.

Pastor.

Urquijo (banco industrial y de negocios).

Ibérico.

Zaragozano.

Aragón.

Banca March.

Guipuzcoano.

Coruña.

Valencia.

Comercial Trasatlántico.

Coca.

Mercantil e Industrial.

Casi la mitad de los directivos de los veinte bancos más importantes de España eran habituales del palacio de El Pardo. Además del marqués de la Deleitosa, tan asiduo a las cacerías, de Demetrio Carceller, siempre unido a Franco, o del procurador Aguirre Gonzalo, al menos otros cinco grandes banqueros «familiares» tenían abiertas las puertas del palacio, como miembros del círculo más próximo al General. A Bartolomé March y a Ignacio Coca se suman Jaime Castell Lastortras, del Banco de Madrid; Carmela Díaz de Rábago, viuda de Pedro Barrié de la Maza, del Banco Pastor; y los hermanos Fierro, del Banco Ibérico. Cinco sagas bancarias de primera fila.

Jaime Castell Lastortras pertenecía a una familia de la burguesía industrial de Manresa, dedicada a la reparación de maquinaria textil y a la construcción. Jaime Castell quería dar el gran salto. En 1950, en pleno statu quo bancario, Castell compró un pequeño banco de Ripoll llamado Banca Suñer y, tres años después, adquirió el Banco de Medina, que estaba en suspensión de pagos pero que disponía de una sede abierta en Madrid. En 1954 cambió su denominación por la de Banco de Madrid, aunque la entidad estaba registrada en Barcelona, en la notaría de José María de Porcioles, futuro y controvertido alcalde franquista de la ciudad condal, bajo cuyo ejercicio la especulación inmobiliaria y la corrupción municipal alcanzaron un nivel inigualado. Para facilitar su lanzamiento en una época en la que estaba prohibida por ley la fundación de nuevos bancos, Castell llamó con éxito a las puertas de El Pardo. Consiguió que el consuegro de Franco, José María Martínez Ortega, conde de Argillo, presidiera la nueva entidad, y que uno de sus hijos, el barón de Gotor, fuera el primer secretario de su consejo de administración. Para que el asunto se quedara en casa, completó la dirección del nuevo banco con Porcioles, Joaquín Viola Sauret, futuro alcalde de Barcelona, y Juan Antonio Samaranch, que presidiría la Diputación barcelonesa, desde el despacho del Palau de la Generalitat. En 1975, los barceloneses hicieron correr un chiste: que la plaza de Sant Jaume se debería llamar a partir de entonces de Sant Jaume Castell, porque sus socios, desde sus despachos de la alcaldía y la diputación, ocupaban los dos centros neurálgicos del poder político catalán y podían incluso saludarse desde la ventana.

En 1955 Franco distinguió a Pedro Barrié de la Maza con el título nobiliario de Conde de FENOSA en premio a sus muchos servicios y a su poderío en el sector hidroeléctrico. También aquel año le nombró procurador en Cortes. En 1921, Barrié de la Maza era el gerente de la sociedad financiera Sobrinos de José Pastor, de La Coruña; en 1925 asumió la dirección, tras el fallecimiento de su tío Ricardo Pastor y transformó la sociedad en el Banco Pastor. En 1938, Pedro Barrié dirigió personalmente la adquisición «por suscripción popular» del Pazo de Meirás, residencia emblemática de los veraneos franquistas, y adquirió para Carmen Polo Martínez Valdés el palacio de Cornide, frente a la colegiata de La Coruña en 1962, tras una discretísima subasta. Su vinculación con la familia Franco era total.

Como banquero, Barrié de la Maza firmó con el Banco Santander una «asociación de intereses y actividades bancarias y financieras, con una estrecha colaboración de sus respectivas organizaciones, sin perjuicio de mantenerse la plena personalidad jurídica de cada una de ellas». Desde 1958, ambos grupos bancarios participaban en negocios comunes. Durante su dilatada vida empresarial, Barrié de la Maza asumió la dirección de grandes complejos industriales y participó en 81 sociedades (destacando ASTANO, FENOSA, FEMSA y Cubiertas y Tejados). Tras su fallecimiento en marzo de 1971, su esposa, Carmela Arias Díaz de Rábago asumió la presidencia del Banco Pastor; se la considera una de las mujeres más ricas de España. Controla el 30 por 100 del Banco Pastor y posee una importante participación en Unión Eléctrica, Gas Madrid y la constructora Cubiertas y MZOV. La condesa de Fenosa ha donado casi toda su fortuna, estimada en 40 000 millones de pesetas, a la Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Los hermanos Fierro, especialmente Alfonso y su mujer Marita March Cencillo, tuvieron con los marqueses de Villaverde una gran amistad. Alfonso, Arturo e Ignacio Fierro Viña habían heredado el negocio de su padre, Ildefonso Fierro González, presidente del gran emporio familiar Fosforera Española. Durante el franquismo, los Fierro formaron parte del restringido club de los grandes apellidos financieros, junto a los March, los Urquijo o los Botín. Su banco, cuyos consejeros participaban en 180 sociedades anónimas, y medio centenar de empresas directamente dirigidas por los tres hermanos, atestiguaba la existencia de un emporio cuya solidez no hubiera cuestionado nadie a principios de los años sesenta. Constructoras, cementeras, navieras, electrodomésticos, petroleras… Además, gracias a sus inmejorables relaciones con el poder, los hermanos participaban en los consejos de empresas con capital público como Petrolíber y CAMPSA.

El terremoto bancario de los años ochenta llevó al Grupo Ibérico a la fusión con el Banco Central. Cuando falleció Alfonso Fierro Viña en 1998, la familia ya había perdido su influencia política y su leyenda social, pero se mantenía entre una de las familias financieras más importantes de España a través de la tercera generación personificada en Alfonso Fierro Jiménez-Lopera. Se habían desprendido del banco y sanearon sus empresas. Hoy, la familia Fierro controla el Grupo Fosforera, la Sociedad Comercial y Financiera, y la Naviera Fierro, que se ha convertido en la empresa instrumental del patrimonio familiar, estimado en unos 55 000 millones de pesetas. Esta cifra les sigue situando entre las diez familias más ricas de la España del año 2000, después de que en 1997 superaran grandes problemas financieros, que les condujeron a suspender su cotización en bolsa y solicitar la suspensión de pagos.

Ignacio Coca fue otro de los íntimos de El Pardo. Presidente del Banco Coca desde 1950, Ignacio Coca García-Gascón mantuvo una estrecha vinculación con la familia del general Franco desde que en 1937, en plena Guerra Civil, su padre, Julián Coca Gascón, puso al servicio del Movimiento Nacional los locales del banco provincial que había fundado en Salamanca el 30 de junio de 1934.

Una hermana de Ignacio Coca estuvo casada con Nicolás Franco Bahamonde y, en los consejos de administración de sus sociedades, colocó al yerno del Caudillo, Cristóbal Martínez-Bordiú, y a José María Sánchiz Sancho, administrador de El Pardo; también fue socio de Rafael Ardid, casado con una de las nietas del general.

Bajo su impronta, el Banco Coca se benefició de su amistad con el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco; participó en la política inmobiliaria de este ministerio, gestionó los fondos del Instituto Nacional de Previsión y manejó los capitales de las Mutualidades Laborales. Sólo por esta actividad su prosperidad estaba garantizada.

Muerto Franco, en la primavera de 1976 Ignacio Coca reunió en su casa a otros banqueros para presentar en sociedad a Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y Miguel Primo de Rivera, promotores de la Unión de Centro Democrático. Coca era importante. Su banco era el duodécimo en el ranking español, con unos depósitos de 70 000 millones de pesetas.

En septiembre de 1978, en época de fusiones bancarias, Ignacio Coca firmó un acuerdo para que su entidad fuera absorbida por Banesto. Se descubrieron irregularidades, y Banesto presentó una querella criminal por estafa y falsedad en documento público y mercantil. Así comenzó su declive. En 1983, Ignacio Coca fue procesado —y absuelto— por una presunta evasión de capitales. En 1986, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a un año de prisión menor. No pudo soportarlo. Y el 26 de junio de 1986, el cadáver de Ignacio Coca fue hallado en el cuarto de baño con un impacto de bala en la cabeza.

EXCELENTÍSIMOS BANQUEROS

El poder bancario franquista. Relación alfabética de las entidades que albergaban en sus consejos de administración a personalidades con tratamiento oficial de «Excelentísimos señores», ya sea por pertenecer a la nobleza, por ocupar o haber ocupado un alto cargo en la Administración del Estado o por haber recibido una altísima distinción gubernamental. Se recoge la sede social, el año de su fundación y el capital desembolsado en millones de pesetas, a 31 de diciembre de 1975.

BANCO ALICANTINO DE COMERCIO (1958). 200 millones. Eduardo de Almunia y Roca de Togores, marqués de Rubalcava.

BANCO ATLÁNTICO (Barcelona, 1964). 3282 millones. Claudio Boada Villalonga. José María Martínez-Bordiú (barón de Gotor). Juan Antonio Samaranch Torelló.

BANCO DE ANDALUCÍA (Jerez, 1932). Fernando de Solís y Atienza (marqués de la Motilla). José Cabrera padilla (conde de Villanueva de Cárdenas). Eduardo de León y Manjón (marqués de Méritos).

BANCO DE BILBAO (1857). 14 117 millones. José Ángel Sánchez Asiaín. Pedro Ampuero y Gandarias. Faustino García-Moncó. Ignacio Alzola de la Sota (marqués de Yurreta y Gamboa). José de Aresti Ortiz, Javier de Arteche y Chabaud. Gabriel de Chavarri y Poveda (marqués de Triano).

BANCO DE CASTILLA. (Salamanca, 1972). 347 millones. José Manuel Fanjul Sedeño.

BANCO CENTRAL (Madrid, 1919). 18 735 millones. Alfonso Escámez López. Enrique Marsans Comas. Luis de Ussia y Gavaldá (conde de los Gaitanes). Juan Fausto Blasco Oller. Juan Alfonso Güell y Martos (marqués de Comillas). José Luis Cerón Ayuso. José María Aristráin Noain. Félix Gallardo Carrera. Tomás Higuera Pueyo (marqués de Arlanza). Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane (conde de Sepúlveda). Ricardo Tejero Magro.

BANCO COCA (Salamanca, 1934). 2250 millones. Ignacio Coca García. Alfonso Márquez Patino (marqués de Castro). Enrique Osquilea de Roncales. Alberto Monreal Luque. Luis Diez-Picazo y Ponce de León.

BANCO COMERCIAL ESPAÑOL (Soria, 1941). 469 millones. Fernando Liñán y Zofío. Antonio Ibáñez Freire. Agustín Vicente Gella. Juan Alfaro Alfaro.

BANCO COMERCIAL TRASATLÁNTICO (Barcelona, 1950). 890 millones. Camilo Fabra de Monteys (marqués de Masnou).

BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL (Madrid, 1963). 929 millones. Jaime Gómez-Acebo Modet (marqués de Deleitosa). José María Aguirre Gonzalo. José María de Oriol y Urquijo (marqués de Casa Oriol). Juan Herrera Fernández (marqués de Viesca de la Sierra).

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO (Madrid, 1902). 18 006 millones. Jaime Gómez-Acebo Modet (marqués de Deleitosa). José María Aguirre Gonzalo. Pablo de Garnica Mansi. José María Oriol y Urquijo (marqués de Casa Oriol). José María López de Letona. Gregorio López Bravo. Federico Silva Muñoz. Epifanio Ridruejo Botija. Luis Álvarez de Estrada Luque (barón Viudo de las Torres). Jaime Argüelles Armada. Juan Herrera Fernández (marqués de Viesca de la Sierra). Mariano Calviño de Sabucedo y Gras. José María Sainz de Vicuña y García-Prieto (marqués de Alhucemas)[283].

BANCO EUROPEO DE NEGOCIOS (Madrid, 1964). 1506 millones. Aristóbulo de Juan. Pedro y Javier Valls Taberner.

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Madrid, 1929). 4984 millones. José García Hernández. Luis Alarcón de la Lastra. Manuel Arburúa de la Miyar. Pedro Cortina Mauri. Alberto Martín Artajo[284]. Andrés Reguera Guajardo. Carlos Rein Segura. José Ignacio García-Lomas y Mata. Juan Abelló Pascual. Enrique Fuentes Quintana. José Ramón Álvarez Rendueles.

BANCO DE EXTREMADURA (Cáceres, 1939). José Antonio Calderón y Pérez-Aloe (conde de Casasola del Campo).

BANCO DE FINANCIACIÓN INDUSTRIAL (Madrid, 1964). 1317 millones. Manuel María de Cortázar y Landecho (conde de Superunda). Carlos Mendoza Gimeno. Ignacio Muñoz Rojas. Pedro de Careaga y Basabé (conde de Cadagua). Francisco Javier Lozano Begua. Angel Galíndez Celayeta. José Raimundo de Basabé y Manso de Zúñiga (marqués de Miralrío).

BANCO DE FINANZAS (Madrid, 1969). 1050 millones. Arturo Fierro Viña. Basilio Freire Caeiro de Matta.

BANCO DE FOMENTO (Madrid, 1963). 3004 millones. Alfonso Escámez López. José María Aristráin Noain. Marcelo Jorlssen Braecke.

BANCO GARRIGA NOGUÉS (Barcelona, 1829). José Garriga Nogués (marqués de Cabanes). Vitoriano Anguera Sansó.

BANCO DE GERONA (1929). Salvador Carrera Fillet. José Bonastre Mestres.

BANCO DE GRANADA (1964). 1749 millones. Miguel Rodríguez-Acosta Calstrom. Carlos Martínez de Irujo Fitz-James Stuart (duque de Huéscar).

BANCO GUIPUZCOANO (San Sebastián, 1899). 1577 millones. José María Aguirre Gonzalo. José María Caballero Arzuaga. Antonio M. Murua (marqués de Murua). Fermín Rezola Arín. José María Sainz de Vicuña y García-Prieto. Enrique de Satrústegui (marqués de Satrústegui). Alejandro Suárez Fernández-Pello.

BANCO GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA (Madrid, 1935). 615 millones. Nicomedes García Gómez. Rafael Garrigues Villacampa (marqués de Fuentehermosa). Ignacio Martínez de Irujo y Artazcoz (duque de Sotomayor).

BANCO HERRERO (Oviedo, 1911). 546 millones. Ignacio Herrero Garralda (marqués de Aledo). José María González del Valle y Herrero (marqués de la Vega de Anzo).

BANCO HISPANO AMERICANO (Madrid, 1900). 13 663 millones. Juan Antonio Basagoiti Ruiz. Luis de Usera y López-González. Pedro Gamero del Castillo. Federico Bernaldo de Quirós y Argüelles. Alberto de Comenge y Gerpe. Antonio Barrera de Irimo. Juan Antonio Ollero de la Rosa[285]. Alberto Oliart[286].

BANCO DE HUESCA (Barcelona, 1880). Antonio de Oriola Cortada y Guitart (conde de Marlés y barón de Eroles).

BANCO IBÉRICO (Madrid, 1946). 2912 millones. Alfonso Fierro Viña. Arturo Fierro Viña. Basilio Caeiro de Matta. José Fernández Villaverde y Roca de Togores (marqués de Santa Cruz y duque de San Carlos). Alfonso Fierro Jiménez-Lopera. José María Tejera Victory.

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO (1964). 1768 millones. José Manuel Delclaux y Barrenechea. Lorenzo Hurtado de Saracho y Arregui. Juan María Gómez y Alonso de Celada. Ramón de Icaza Zabálburu (marqués de Mudela).

BANCO INDUSTRIAL DEL SUR (Madrid, 1969). 3000 millones. Isidoro Ruiz-Mateos y Ximenez de Tejada. Carlos Lianza y Domecq (duque de Solferino). José María Roger Amat. José Antonio Tamarit y Enríquez de Navarra (marqués de San José). Enrique Trenor y Lamo de Espinosa (conde de Vallesa).

BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL —BANKINTER— (Madrid, 1965). 4230 millones. Emilio Botín. Eduardo Ruiz de Huidobro y Alzurena (marqués de Huidobro).

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO (Madrid). 691 millones. Licinio de la Fuente. Carmen Marañón de Fernández de Araoz. Manuel Barroso Feltrer. José Joaquín Ysasi-Ysasmendi Adaro[287]. José Luis Gómez-Acebo y Cejuela (marqués de Vallcabra). Alvaro Alonso Castrillo y Romero (marqués de Casa Pizarro).

BANCO DE LEVANTE (Madrid, 1964). 750 millones. Luis Estévez Tolezano. Manuel Silvela y Jiménez Arenas (marqués de Arenas).

BANCA LÓPEZ QUESADA (Madrid, 1918). 147 millones. José Luis López-Quesada y Bourbón. Ricardo de Alós y Llorens (marqués de Haro). Alfredo Pla y Ruiz (vizconde de Huerta). Beltran Osorio y Diez de Rivera (duque de Alburquerque). Luis Benitez de Lugo y Ascanio (marqués de la Florida). Alfonso Martos y Zabálburu (marqués de Casa Tilly). Pablo de Churruca y Plaza (marqués de San Felices). Mariano Urzáiz Silva (duque de Villahermosa). José Otamendi Retortillo (conde de Almaraz). Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabain.

BANCO DE MADRID (Madrid, 1954). Eustaquio Villanueva Vadillo. José Parra Lázaro (duque de Tarancón). Juan Antonio Samaranch Torelló. Claudio Boada Villalonga. José María Martínez-Bordiú (barón de Gotor).

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL (Madrid, 1931). 1260 millones. Alfredo Mahou de la Fuente. José Lladó Fernández-Urrutia.

BANCO DE NAVARRA (Pamplona, 1964). 1107 millones. Ramón de Dalmases y Villavecchia (marqués de Mura).

BANCO DEL OESTE (Béjar. 1949). 200 millones. Angel Casas Carnicero. Ramón Sánchez del Campo y González Ubierna.

BANCO PASTOR (La Coruña, 1925). 2640 millones. Carmela Arias y Díaz de Rábago (condesa de Fenosa). Joaquín Arias y Díaz de Rábago. Arne Jensen Pator. Fernando Salorio Suárez.

BANCO PENINSULAR (Madrid, 1879). Juan Gich Bech de Careda. José Ramón Lasuén Sancho. Enrique Ramos Fernández.

BANCO POPULAR ESPAÑOL (Madrid, 1926). 6076 millones. Emilio González-Llana y Fagoaga. Luis Valls Taberner. Camilo Alonso Vega. Gonzalo de la Mora y Mon. José Manuel Fanjul Sedeño. Rafael Termes Carreró. Fernando de Solís Atienza.

Banco Rural y Mediterráneo (Madrid, 1953). 500 millones. José Utrera Molina. Agustín Aznar Gener. Arturo Seligrat Delgado. Antonio Blanco Gejo. Manuel Conde Bandrés. Fernando Dancausa de Miguel. Alberto García Ortiz. Manuel Hernández Sánchez.

BANCO DE SANTANDER (1875). 7652 millones. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López. Pablo Tarrero Ribero. Eduardo Ruiz de Huidobro y Alzurena (marqués de Huidobro).

BANCO DE SEVILLA (1927). José Martínez Agulló y Márquez (marqués de Vive). José Bohórquez Mora-Figueroa.

BANCO SIMEÓN (Vigo, 1965). 550 millones. Juan Sáenz-Díez García.

BANCO DE TOLEDO (Talavera de la Reina, 1965). 100 millones. Fernando Finat y Bustos (marqués de las Almenas). José María Cubillo Saavedra (conde de San Clemente).

BANCO URQUIJO (Madrid, 1918). 6100 millones. Juan Lladó y Sánchez-Bravo. Pedro Gandarias y Urquijo. Eduardo Aznar y Coste. Francisco Urquijo de Federico. Luis Arcos Carvajal (marqués de Fontalba). Manuel de la Sierra Torres (marqués de Urquijo). Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. Juan Antonio Ollero de la Rosa. Jaime Carvajal Urquijo. Gregorio Marañón Beltrán.

BANCO DE VALENCIA (1900). 1307 millones. Luis Villalonga Jaúdenes.

BANCO DE VALLADOLID (Madrid, 1893). 1650 millones. Aníbal Corral Pérez. Carlos Roa Rico. Carlos Alfonso Mitjáns y Fitz-James Stuart (conde de Teba).

BANCO DE VIZCAYA (Bilbao, 1901). 7324 millones. Pedro de Careaga y Basabé (conde de Cadagua). Ángel Galíndez Celayeta. Enrique de Sendagorta y Aramburu[288]. Manuel María de Gortázar y Landecho (conde de Superunda). Juan Manuel de Zubiría y Uhagon (conde de Zubiría). Javier de Ibarra y Bergé. Pedro de Ybarra y MacMahon (barón de Güell). Ignacio de Muguruza y Madariaga. Isidoro Delclaux y Arróstegui. Carlos Mendoza Gimeno. Raimundo de Basabé y Manso de Zúñiga (marqués de Miralrío)[289]. Femando de Ybarra y López-Dóriga (marqués de Arriluce de Ybarra).

BANCO ZARAGOZANO (Zaragoza, 1922). 1504 millones. Moisés Calvo Pardo. Alfredo de Zavala y Lafora. Alfonso Aranda García.

LOS ARISTÓCRATAS CINEGÉTICOS

Durante una montería, el periodista Jaime Peñafiel, reportero de la revista ¡Hola!, preguntó a Franco: «Excelencia, ¿cuál es el secreto para no errar el tiro?». Sin mirarle, ignorando casi su presencia, el general contestó secamente: «Acertar».

Una respuesta que podría definir a un personaje. Una actitud tan castrense y tan gélida como la de aquel curtido general norteamericano que, durante una fiesta, puso sus dedos sobre una llama encendida y ni siquiera pestañeó mientras su carne se quemaba. «¿Cuál es el truco?», le preguntaron. «Aguantar el dolor», dijo sin inmutarse. Acertar. Aguantar el dolor… Más allá de lo anecdótico, es sin duda un material para reflexión de psiquiatras y politólogos. El general Franco siempre acertaba. Tal era el secreto de su poder.

Para la historia quedará su innegable habilidad política para mantenerse cuatro décadas en el cargo, una vez que los Estatutos de Falange, en su artículo 47, le nombraron «Supremo Caudillo del Movimiento, [que] personifica todos los Valores y todos los Honores del mismo». Obtuvo a partir de entonces el poder absoluto, también sobre el alma de sus seguidores. «El Jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad —concluye este punto de los Estatutos con los que la Falange joseantoniana firmó su acta de defunción ideológica—. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia».

Y tras la Guerra Civil, el Jefe, con la única superioridad jerárquica de Dios y con la ventaja de poder escribir la Historia a su medida, no supo separarse del olor de la pólvora y se lanzó a pegar tiros, esta vez con escopeta, transformando la caza en afición. Con secreto o sin él, mediante trucos o por simple prestidigitación política, al general Franco jamás le tembló el pulso en el uso y disfrute del Poder. Ya fuera para firmar sentencias de muerte durante la sobremesa, mientras tomaba tranquilamente café con sus familiares, o para deshacerse de cuantos colaboradores amenazaran con hacerle sombra, o pudieran provocarle algún contratiempo.

Peñafiel, desconcertado ante el indiferente dictador, osó preguntarle: «Excelencia, ¿cuándo comenzó a aficionarse a la caza?». El Caudillo le miró fijamente a los ojos por primera vez y se limitó a decir: «Después de la victoria del 39[290]». Desde entonces, la caza fue una pasión tan arrebatadora que los miembros del círculo familiar de El Pardo la supieron utilizar para sus intereses particulares y convirtieron las monterías en acontecimientos palaciegos que reducen a juego de niños los actos de tráfico de influencias que tanto escándalo han provocado en los últimos tiempos. El despropósito fue de tal magnitud que el mismísimo general «azul» Agustín Muñoz Grandes, se lamentó el 16 de agosto de 1957: «¿Y las cacerías? Se han convertido en bolsas de negocios y con el pretexto de divertir al general se consiguen en ellas permisos de importación de todas clases, se cotiza la amistad con Su Excelencia para conseguir influencias e incluso para pagar menos multas. Si tiene El Pardo ahí al lado y Aranjuez a su disposición, ¿qué necesidad tiene de ir a esas cacerías?»[291].

La boda «principesca» del marqués de Villaverde con la única hija de Franco, en 1950, trajo consigo un cambio. Durante los primeros años del franquismo, en plena posguerra y mientras el Estado caminaba por terrenos filofascistas, la aristocracia no se mezclaba en sus cacerías con los jerarcas del Régimen. Sin embargo, a partir aquel año comenzó a ser frecuente la presencia de aristócratas en las casi constantes cacerías por las que Franco hacía gala de una pasión espectacular[292]. Para constatarlo, basta reseñar lo escrito por el secretario de Franco en su diario del 2 de noviembre de 1955: «La marcha del Caudillo esta mañana para el Puerto de Santa María, a casa de los de Terry, con otros magnates del dinero, a cazar una semana, me ha impedido hablar con él. El Caudillo, después de interrumpir su programa de caza en la finca del conde de Ruiseñada, con motivo de la visita de Mr. Foster Dulles el primero del actual, se encuentra otra vez dedicado a sus aficiones cinegéticas, que empezó a desarrollar después de la victoria del año 39. Otra vez, según el programa, son doce días laborables los que dedicará a la caza, aumentados con los que emplee en desplazamientos; descontando los festivos, le quedarán para trabajar a lo sumo diez días del mes»[293].

Para Franco, la caza llegó a ser más importante que los asuntos de Estado, de modo que, tras tomar decisiones importantes, solía llevarse de caza a sus ministros y a un sinfín de altos cargos de la Administración y del Ejército. «Desgraciadamente, sigue la frivolidad y la inconsciencia en las alturas», escribió el primo secretario. Cuando este hombre le llamaba la atención al respecto, el Generalísimo le respondía: «Son compromisos que no puedo eludir, aunque comprendo que esto ocasiona tener mucho trabajo acumulado»[294].

Su adicción cinegética era de tal envergadura que Franco podía disparar en una sola jornada de caza más de seis mil cartuchos, mientras sus más asiduos acompañantes, como Max Borrell, le consideraban públicamente como «una de las seis mejores escopetas de España».

Era la idolatría al Jefe, una leyenda interesada que sólo fue cuestionada cuando el Caudillo murió. En octubre de 1977, un famoso perrero de los Yébenes apodado El Canene, cuyas jaurías había participado durante veinte años en las monterías jienenses de Franco, se despachó a gusto con estas palabras: «A Franco lo ponían siempre en un sitio adonde iba a parar todo el ojeo. Decían que tiraba muy bien, pero como he visto tantos engaños, yo nunca me lo pasaba a creer. Yo he presenciado cómo los llevan en coche y donde está un señor al que le han sacado bien las perras, sueltan el venado y un par de perros, le airean un tirascazo al salir y “¡Hombre, lo ha dejado usted herido!”. Y es que el venado ha salido herido del coche ya. Hay mucho truco»[295].

Para aquellas intensas monterías, Franco se rodeó de una Corte elegida a su medida formada por empresarios, nobles y políticos. «Todos le dicen que está muy fuerte —se queja Pacón—, así le dan coba y le explotan». En su estudio sobre las cacerías del franquismo, el historiador Alonso Tejada explica con total claridad: «Las monterías de Franco constituían una doble cita. Por un lado, los terratenientes dueños de los cotos se hacían acompañar por toda una legión de amigos, aristócratas, industriales, importadores o simples estraperlistas. Por otro, Franco acudía arropado por ministros, subsecretarios, autoridades provinciales y por aquellos funcionarios de la Administración de los que dependían los favores que los organizadores de la cacería deseaban conseguir».

Así lo relata un testigo de excepción, Eduardo Aznar, hijo del famoso naviero, al periodista Carlos Elordi:

Mi padre tenía una amistad directa con Franco. Cazaba con él e iba con frecuencia a El Pardo. Las cacerías eran un punto de encuentro muy importante en la vida política de las altas esferas del régimen. En ellas se trataban los temas del momento. Allí salían las cosas importantes que se estaban cociendo: las dificultades económicas, el Plan de Estabilización, lo que pretendía el grupo de Solís, los tecnócratas del Opus, las tensiones que había entre ellos. Pero de esas cosas hablaban los otros. Franco era muy cauto, callaba siempre. Después de los ojeos, o al final de la cacería, cuando se formaban grupos delante de las piezas cobradas, los ministros solían comentar en alto sus asuntos para que Franco les oyera y opinara. Pero él jamás se daba por aludido. Cambiaba de tema rápidamente y sólo hablaba de las perdices o los ciervos que se habían cazado. Era de una frialdad increíble. Recuerdo una vez que, nada más marcharse de una finca, llegó un motorista. Traía el cese del ministro de Agricultura, que un momento antes le había despedido sin sospechar nada de lo que iba a ocurrirle y que era quien había organizado la montería[296].

Desde el principio, las monterías del Caudillo se convirtieron en el escenario de espléndidos negocios que se fraguaban en fincas y en cotos privados como El Alamín, de Alejandro Güell, marqués de Comillas; el coto del término de Brunete arrendado por los March; La Cepilla, de Ignacio Coca; Peñalajo, del presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y consejero de importantes compañías inmobiliarias, Juan Ignacio McCrohon; El Castañar, de José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, vicepresidente de las Cortes; Las Lomas, de José Ramón Mora-Figueroa, considerado entonces como un auténtico virrey de Andalucía; Ventosilla, de Carlos Mitjans Fitz-James Stuart, conde de Teba, y El Pedroso, la finca jerezana de los Terry. Como mínimo una vez al año, el conde de Argillo supo aprovechar la pasión cinegética de su consuegro y, desde su finca de Arroyovil, organizó monterías a las que, dentro de una mecánica de negocio y tráfico de influencias alrededor de las escopetas, invitaba todos los años al general Franco.

El Caudillo se sentía muy cómodo entre terratenientes y aristócratas. Como quien desea devolver el favor, Franco organizaba anualmente una montería en El Pardo a la que invitaba a sus anteriores anfitriones: los Fierro, los condes de Teba, los de Caralt, de Ruiseñada y de Quintanilla; Carlos Mahou, el de las cervezas; Emilio Jiménez Millas, Demetrio Mestres, Juan Antonio Suanzes, el conde de Mayalde, el naviero Aznar, Eduardo Barreiros, Domingo Calderón, los Domecq, Mora Figueroa, McCrohon, Luis Miguel Dominguín, Manuel Arburúa… Allí, los miembros de la familia Martínez-Bordiú Franco ejercían como anfitriones de un ritual palaciego, lleno de pompa cortesana. Tal como reseñan las crónicas de la época, después del general fue el «yernísimo» Cristóbal Martínez-Bordiú quien más entusiasmo desplegó de montería en montería, durante las que tejió unas sólidas relaciones de amistad y negocios.

La aristocracia «franquista» estaba de suerte. Condes, marqueses y financieros se encontraban en jornadas aciagas, con sus escopetas relucientes y las mesas llenas. Todo, alrededor del anciano general.

El médico de cabecera del Caudillo durante 35 años, el falangista Vicente Gil, no salía de su indignación. «Las cacerías [para Franco] tenían casi siempre el inconveniente de que en ellas se forzaba el ritmo y el equilibrio de su vida y de su naturaleza. No es bueno para un anciano soportar los rigores del frío y de la lluvia, a pie firme durante todo un día. Con el agravante de que resultaba imposible observar la dieta, en aquellos cortijos donde la mesa estaba provista con abundancia de manjares perjudiciales para la salud del Generalísimo. Mi misión en el Azor y en las cacerías no era coger la línea ni empuñar una escopeta, sino estar al lado del Caudillo para espantar los tábanos humanos que le acosaban de continuo, desconsideradamente. Un servicio que se paga casi siempre con ingratitudes»[297].

Al fidelísimo doctor Gil acabó costándole el cargo. Cristóbal Martínez-Bordiú estaba dispuesto a reemplazarlo y así se lo advirtió: «Mi suegro debería tener un médico de sangre azul». Gil, con su estilo cáustico, le respondió: «Siento mucho contradecirte, porque da la casualidad que tu suegro no tiene sangre azul. Ha sido y es un hombre humilde y, sin embargo, puede hacer condes y duques. Tú puedes seguir diciendo que el Caudillo necesita un médico de sangre azul y he de decir que la mía es rojísima, de la cual estoy muy orgulloso»[298].

A la vejez del patriarca, la Corte de Franco había alcanzado ya en la práctica la estética de una monarquía europea. Así quedó demostrado en la boda de su nieta Carmen Martínez-Bordiú con Alfonso de Borbón Dampierre, celebrada en el palacio de El Pardo el 8 de marzo de 1972. Alfonso de Borbón recibió el tratamiento de «Príncipe», a pesar de que su abuelo Alfonso XIII le había inscrito en el Gotha de 1941 con el de «Excelencia» porque —según expresa voluntad del monarca exiliado— tanto él como su hermano Gonzalo, vástagos de su hijo mayor Jaime, no debían tener dignidad de príncipes[299]. La ceremonia nupcial se celebró con el protocolo de la Familia Real e incluso la Señora se pasó la velada haciendo genuflexiones en público.

El 22 de noviembre de 1972, ocho meses después de la boda, el general Franco firmó un decreto por el que «facultaba a don Alfonso de Borbón Dampierre a usar el título de duque de Cádiz y el tratamiento de Alteza Real para él y para sus descendientes». Según el documento, esta titulación la concedió «a petición» del príncipe Juan Carlos de Borbón, quien en aquel momento se encontraba en el extranjero y que —a decir de algunos expertos— no sabía nada del asunto. Cuando regresó, el decreto estaba ya firmado y el sucesor al trono tuvo que detener otra iniciativa por la cual pretendían conceder a su primo el título de «Príncipe de Borbón».

TÍTULOS NOBILIARIOS PARA LOS HÉROES DE LA CRUZADA

Y LA INDUSTRIA

Dispuesto a seguir respondiendo exclusivamente ante Dios y ante la Historia, el Generalísimo Franco asumió la potestad de otorgar títulos nobiliarios el 4 de junio de 1948. El Decreto Ley de Concesión y Sucesión de Títulos, restituido en esa fecha, decía: «Todas las referencias que en la nueva legislación, cuya vigencia se establece, se hacen al Rey y a la Monarquía, se entenderá que se atribuyen y contraen al Jefe del Estado». De este modo, mientras ostentara el poder, a él le correspondería «la gracia» de nombrar condes, duques o marqueses. Para justificar tan real potestad, el preámbulo de la ley adujo un motivo patriótico: cada nueva concesión nobiliaria sería «un premio a acciones heroicas y servicios extraordinarios dignos de parangonarse con las más famosas que registra nuestra historia». ¿Y quién mejor dotado para concederlos que él, aclamado como el hombre providencial que necesitaba España, el Centinela de Occidente, el nuevo César, el Príncipe Franco[300]?

Desde entonces y hasta el final de su dictadura, 36 personajes fueron elevados al club de la nobleza. Empezó el mismo 1948, con José Antonio Primo de Rivera, fusilado en Alicante en 1936, y terminó con el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973; ambos a título póstumo.

En las conmemoraciones del Alzamiento militar o del día de la Victoria, el general introdujo su Cruzada en la heráldica y le cogió el gusto a eso de ennoblecer a los suyos. Dieciséis generales, diez falangistas y tradicionalistas y un puñado de empresarios afectos al Régimen fueron los máximos beneficiarios, junto a un científico fallecido un siglo atrás, un oftalmólogo y un famosísimo ingeniero de Caminos.

* Relación, ordenada cronológicamente, de los títulos nobiliarios otorgados por Franco, con los motivos que justificaron la concesión de tan altas distinciones, tal como quedaron escritos en los decretos del Caudillo:

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. Duque de Primo de Rivera con Grandeza de España, concedido el 28 de julio de 1948. Así lo explica el decreto de Franco: «A don José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, III Marqués de Estella. Grande de España. Fundador de Falange Española y único Jefe Nacional de Falange Española de las JONS, fusilado por el Gobierno de la República en Alicante el 20 de noviembre de 1936». En su escudo: yugo y flechas, un sable y tres luceros.

JOSÉ CALVO-SOTELO. Político, abogado del Estado, ministro durante la Dictadura de Primo de Rivera. «Protomártir de la Cruzada». Duque de Calvo-Sotelo, concedido a título póstumo el 18 de julio de 1948.

EMILIO MOLA VIDAL, teniente general. Duque de Mola, concedido a título póstumo el 18 de julio de 1948.

JOSÉ MOSCARDÓ YTUARTE, capitán general, canciller de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, Cruz laureada de San Fernando. Consejero Nacional del Movimiento. Conde del Alcázar de Toledo con Grandeza de España, concedido el 18 de julio de 1948, aniversario del Alzamiento militar contra la República.

ONÉSIMO REDONDO ORTEGA, «Fundador de la Junta Castellana de Actuación Hispánica, capitán de la falange de Castilla, muerto traidoramente en Labajos». Es decir, en un tiroteo con milicianos y en plena Guerra Civil. Por tal motivo, el 18 de julio de 1949, Franco le concedió el Condado de Labajos a título póstumo. El tema de su escudo dice: «Castilla salva a España».

VÍCTOR PRADERA LARRUMBE, «Figura relevante del partido tradicionalista, orador y político, defensor de la unidad de la Patria, asesinado por los separatistas». Conde de Pradera, a título póstumo desde el 18 de julio de 1949.

ANDRÉS SALIQUET ZUMETA, teniente general del ejército, capitán general de Madrid, procurador en Cortes. «General en Jefe del Ejército del Centro durante la Cruzada». Marqués de Saliquet desde el 1 de abril de 1950.

GONZALO QUEIPO DE LLANO Y SIERRA. General en Jefe del Ejército del Sur durante la guerra 1936-1939. Capitán general de Andalucía. Marqués de Queipo de Llano desde el 1 de abril de 1950.

FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ, almirante, ministro de Marina, jefe de la Flota durante la Guerra Civil; capitán general del departamento marítimo de El Ferrol. Marqués de Alborán, título concedido el 1 de abril de 1950, aniversario de la victoria franquista. El lema elegido para su escudo está en latín: «Oblitus sui se totum clasi Patriae de vovit».

HERMENEGILDO ARRUGA LIRO, oftalmólogo. Medalla Goñi 1950, presidente de honor de la Sociedad Oftalmológica de Barcelona y de la Hispanoamericana de Oftalmología. Conde de Arruga desde el 18 de julio de 1950.

JULIO ARTECHE Y VILLABASO, magnate falangista que en los años 30 presidía el Banco de Bilbao y grandes empresas siderúrgicas vinculadas al clan de El Pardo, como la Sociedad Minera Sierra Menera o Saltos del Duero. Gran Cruz de Isabel la Católica. Conde de Arteche, título concedido el 18 de julio de 1950.

FIDEL DÁVILA ARRONDO, teniente general, vocal de la Junta de Defensa Nacional, presidente de la Junta Técnica del Estado, ministro de Defensa y del Ejército. En su escudo puede leerse el lema: «Por Dios, por España». Marqués de Dávila el 18 de julio de 1949 y con Grandeza de España, el mismo día de 1951.

JOAQUÍN GARCÍA MORATO, teniente coronel de aviación. Conde de Jarama, concedido a título póstumo el 1 de abril de 1951.

JOAQUÍN BENJUMEA BURÍN, ingeniero de Minas. Ministro de Agricultura, Trabajo y Hacienda entre 1939 y 1951. Gobernador del Banco de España. Reorganizador de la Banca española, de la gran empresa minera Rio Tinto, Presidente del Consejo de Minería. Duque de Benjumea desde el 1 de abril de 1951.

JOSÉ ENRIQUE VARELA IGLESIAS, capitán general, ministro del Ejército, alto comisario de España en Marruecos. Casado con Casilda Ampuero y Gandarias, perteneciente a una poderosa familia vinculada al Banco de Bilbao, a la Naviera Vizcaína y otras grandes empresas vascas. Marqués de Varela de San Fernando, título concedido el 1 de abril de 1951.

JOAQUÍN GARCÍA ESCÁMEZ, capitán general que participó en las batallas de Somosierra, el Jarama y Aragón. Marqués de Somosierra, desde el 1 de abril de 1951.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. «Ilustre médico e investigador, Premio Nobel de Medicina, en el centenario de su nacimiento». Marqués de Ramón y Cajal concedido a título póstumo el 1 de abril de 1952.

JUAN YAGÜE BLANCO, capitán general, «General en jefe del Cuerpo de Ejército Marroquí durante la Cruzada». Marqués de San Leonardo de Yagüe desde el 22 de octubre de 1952.

JUAN BAUTISTA TEDESCHINI Y DANIELE, sobrino del cardenal Federico Tedeschini, nuncio del Papa en España y artífice del Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Barcelona el 28 de mayo de 1952, que rompió el aislamiento del gobierno franquista y supuso el apoyo del Vaticano al régimen. Marqués de Santa María de la Almudena desde el 5 de febrero de 1954.

JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIÚ, ingeniero, inventor del autogiro e «insigne patriota» que alquiló el Dragon Rapide, con el que Franco se unió al alzamiento desde Canarias. Conde de la Cierva a título póstumo, con fecha 1 de octubre de 1954.

JUAN VIGÓN SUERODÍAZ, «Teniente General del Ejército, Jefe del Alto Estado Mayor, Ministro del Aire, Consejero del Reino y presidente de la Junta de Energía Nuclear». Marqués de Vigón, desde el 18 de julio de 1955.

PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, empresario y banquero. Conde de Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima «por su laboriosidad creadora de industrias en Galicia», concedido el 1 de octubre de 1955.

PATRICIO ECHEVERRÍA ELORZA, empresario, propietario de Patricio Echeverría S. A. Elevado a Conde de Echeverría de Legazpia el 18 de julio de 1958, «por su dedicación al engrandecimiento de la Industria Nacional». El decreto lo define como «Insigne industrial que se distinguió por la gran labor social efectuada con sus obreros (viviendas, escuelas, bibliotecas, asilo-hogar para los ancianos y preventorio antituberculoso)».

PILAR PRIMO DE RIVERA Y SÁENZ DE HEREDIA, falangista, delegada nacional de la Sección Femenina de Falange. Enfermera titulada. Condesa del Castillo de la Mota, concedido el 6 de enero de 1960.

JUAN ANTONIO SUANZES FERNÁNDEZ, general, ingeniero naval, ministro del Industria y presidente del INI, a quien Franco comparaba con Julio Verne por su gran imaginación. Marqués de Suanzes desde el 1 de octubre de 1960.

EDUARDO TORROJA MIRET, ingeniero, director del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Marqués de Torroja, título póstumo concedido el 1 de octubre de 1961.

JUAN CERVERA VALDERRAMA, Almirante, Jefe de Estado Mayor de la Marina durante la Guerra Civil. Marqués de Casa Cervera desde el 1 de octubre de 1961.

ALFREDO KINDELÁN DUANY, general monárquico, ingeniero aeronáutico y «Jefe del Ejército del Aire durante la Cruzada»; distanciado de Franco tras la Guerra Civil fue presidente del Consejo Privado del Conde de Barcelona. Marqués de Kindelán desde el 1 de octubre de 1961, poco antes de su fallecimiento.

ESTEBAN BILBAO EGUÍA, abogado, ministro de Justicia y presidente de la Cortes, que se opuso a que Juan Carlos fuera rey de España con estas palabras: «La monarquía fue bien despedida un 14 de abril. Sería un error que volviera. Ya se han visto las desgracias que provocó». Marqués de Bilbao-Eguía desde el 1 de octubre de 1961.

FRANCISCO MARTÍN MORENO, general jefe del estado mayor en el cuartel general de Franco durante la Guerra Civil. Conde de Martín Moreno, el 1 de octubre de 1961.

JOSÉ FERNANDO SUÁREZ DE TANGIL Y ANGULO, conde de Vallellano y marqués de Covarruvias de Leyva, recibió el título de Grande de España el 1 de octubre de 1964. Ayudante del general Mola durante la Guerra Civil y ministro de Obras Públicas.

ALFONSO CHURRUCA CALBETÓN, ingeniero, consejero del Banco de Bilbao y grandes empresas (Altos Hornos, ferrocarriles y mineras). Conde de El Abra desde el 18 de julio de 1969.

JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, príncipe de España. 1969.

S. A. R. ALFONSO DE BORBÓN DAMPIERRE, embajador de España. Duque de Cádiz, otorgado el 22 de diciembre 1972.

JOAQUÍN BAU NOLLA, financiero, presidente del Consejo de Estado, presidente de la comisión de Industria, Comercio y Abastecimientos de la Junta Técnica del Estado durante la Guerra Civil. Conde de Bau, concedido pocos días antes de su muerte el 21 de abril de 1973.

LUIS CARRERO BLANCO, «Presidente del Gobierno, Capitán General de la Armada, víctima de vil atentado». Duque de Carrero Blanco, concedido a título póstumo, en diciembre de 1974.

LOS FRANCO, GRANDES DE ESPAÑA

La Orden 21 961, del 6 de septiembre, publicada por el Ministerio de Justicia en el Boletín Oficial del Estado, del 20 de septiembre de 1988, lo dice expresamente: «De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto del 17 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. A. el Rey (Q. D. G.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en la merced nobiliaria de Señorío de Meirás, con Grandeza de España, a favor de don Francisco Franco Martínez-Bordiú, por fallecimiento de su abuela, doña Carmen Polo Martínez Valdés. Firmado: Múgica Herzog».

Por 154 000 pesetas pagadas mediante un impreso de Hacienda y otras 4850 pesetas por una carta para el ministerio de Justicia, Francisco Franco Martínez-Bordiú se convirtió en señor de Meirás, un título que el Rey había concedido a la Señora de El Pardo el 26 de noviembre de 1975, a seis días de la muerte de su marido. Recién llegado al trono, Juan Carlos quiso reconocer así los servicios prestados por doña Carmen y extendió también el honor a su hija, Carmen Franco Polo, desde entonces duquesa de Franco. Las dos, con Grandeza de España, entraban a formar parte del club más selecto de la nobleza española, compuesto por cuatrocientos miembros que destacan entre los 2700 títulos nobiliarios existentes.

La concesión del Señorío de Meirás está reseñada por el elenco de la nobleza con estas palabras: «A doña Carmen Polo de Franco, viuda del Caudillo, Generalísimo y Jefe del Estado español», y añade sus méritos: «Doña Carmen Polo y Martínez Valdés, Dama de Honor de la Cruz Roja, Gran Cruz de Sanidad, Medalla de Oro y Presidenta de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco». En los mismos términos está inscrita la concesión del ducado de Franco, aunque cambiando «viuda» por «hija».

En cuanto Francis obtuvo el título de señor de Meirás, dos cuestiones singulares desencadenaron la polémica: el rango de Señorío estaba suprimido legalmente por un real decreto del 27 de mayo de 1912 que advertía: «Desde la publicación de este decreto no se autorizará la conversión del título de Señor en otra dignidad nobiliaria. No se concederán nuevos títulos de esta clase».

Para darle tal dignidad a Carmen Polo hubo que recurrir a una norma de rango superior al habitual: un decreto-ley firmado por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. En segundo lugar, la concesión del Señorío no contenía ninguna cláusula sucesoria especificada, si bien en el documento firmado entregado a la viuda de Franco fue añadida la frase: «concedido a perpetuidad». A diferencia del ducado de Franco, cuyo decreto especifica que la merced es «para sí, sus hijos y descendientes». Los juristas especializados en heráldica polemizaron sobre estas singularidades mientras el nuevo señor de Meirás heredaba un título que le convertía en el último «Excelentísimo señor» de su familia. A sus 34 años, el nieto favorito del general declaró satisfecho: «Ser el nuevo señor de Meirás vale para saber que eres el responsable de una tradición, que ha habido gente en tu familia que ha hecho cosas. Lo importante es para uno, pero no tiene utilidades»[301].

El Rey había subido al trono cuatro días antes de hacer Grandes de España a los Franco. Iba con tiento. Arrancaba el tránsito hacia la democracia y se trataba de integrar los símbolos familiares de la dictadura en la corte, entonces ficticia, del nuevo jefe del Estado. También entre la aristocracia era preciso realizar la transición y uno de los primeros pasos consistía en hacer tabla rasa. El 31 de enero de 1976, la señora de Meirás cambió el palacio de El Pardo por su casa de Hermanos Bécquer; el tiempo la depositaría en un lugar discreto de la historia.

Por primera vez en su vida, el nuevo Rey pudo conceder títulos nobiliarios, y lo hizo con un sentido político claramente compensatorio para quienes habían posibilitado su acceso al trono desde el franquismo. El 2 de febrero de 1976, en cuanto fue destituido como primer presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro recibió el título de marqués de Arias Navarro con Grandeza de España. Un año más tarde, entre enero y abril de 1977, le siguieron a título póstumo los tres presidentes de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino, tan esenciales para el nombramiento del sucesor de Franco a título de Rey: Antonio Iturmendi Banales, conde de Iturmendi; el alférez provisional Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, conde de Rodríguez de Valcárcel, y, muy especialmente, Torcuato Fernández Miranda y Hevia, duque de Fernández Miranda con Grandeza de España, título en posesión de su hijo, Enrique Fernández-Miranda y Lozana, secretario de Estado para la Inmigración en el segundo gobierno de José María Aznar. Junto a ellos destacan los tres presidentes de gobiernos democráticos: su viejo amigo Gregorio Marañón Moya, el president de la Generalitat catalana Josep Tarradellas, el inevitable Juan Antonio Samaranch Torelló, todo un marqués desde el año olímpico de 1992, y el imprescindible Alfonso Escámez, marqués de Águilas por sus méritos como «Banquero del Rey», pues llevaba las cuentas de la Casa Real.

Capítulo IX. Los sucesores del franquismo

CAPÍTULO IX

Los sucesores del franquismo

Gobernó durante cuarenta años como le dio la gana, ayudado generosamente por todo Occidente —salvo insólitas y memorables excepciones, como México—, coronó a su sucesor, enriqueció por medio del más descarado saqueo a sus familiares y allegados instrumentales, deparó un remunerado retiro a sus viejos colaboradores y un provechoso futuro progresista a los hijos de dichos próceres y se murió podrido por una de sus pocas enfermedades, fusilando gente y saludando en la Plaza de Oriente a sus adictos hasta el último mes de su reinado.

FERNANDO SAVATER. España convaleciente. 1977

ALAS CUATRO Y VEINTE de un 20 de noviembre inolvidable para dos generaciones de españoles, se detuvo el corazón de un general llamado Francisco Paulino Hermenegildo Teóbulo Franco Bahamonde, de ochenta y tres años de edad. Un hombre que resumía la historia política de España desde 1938. No murió en su cama, ni derrocado por sus adversarios, sino en la frialdad de un hospital, tras ser mantenido artificialmente con vida durante semanas por decisión de su propia familia, capitaneada por el doctor Cristóbal Martínez-Bordiú; después de soportar tres intervenciones quirúrgicas, ocho transfusiones que le habían cambiado completamente la sangre, una punción abdominal y diálisis permanente. Indefenso ante los tubos, sondas y calmantes; con los pulmones encharcados y los riñones inservibles, aquel anciano desvalido vivía la peor agonía posible. Tres sondas, tres drenajes, ventosas… Describir ahora, después de treinta años, estas acotaciones a la agonía del general Franco puede conducir a una extraña ceremonia. Casi irreal para quienes han hecho de la amnesia voluntaria un calculado salvoconducto hacia la democracia. Hoy, tras el cerrojazo definitivo de la transición política española, cuando el Rey se muestra como un abuelo alborozado y se ha celebrado el trigésimo aniversario de su llegada al trono, mirar hacia el escenario y a los personajes de aquel día en que la sociedad española danzaba alrededor de un cadáver, resulta cuanto menos clarificador.

No vamos a analizar por enésima vez el significado de la transición. Historiadores, politólogos y periodistas llevan ya varias décadas haciéndolo con desigual fortuna. Abundan las memorias personales, las crónicas hagiográficas y las teorizaciones ejemplarizantes; también las revisiones de baja estofa y oscuros deseos. Aquí se trata sencillamente de relatar dónde estaban aquel 20-N de 1975 muchos de los destacadísimos protagonistas que después han reescrito su —nuestra— propia historia; hacia dónde se dirigían cuando entraron en escena y qué peso llevaban en sus respectivos equipajes. Sin más. Es un trayecto que comienza aquel día inolvidable y que se consolida con el primer parlamento constituyente de 1977, visto desde un punto de vista «financiero».

En plena crisis institucional, aquella madrugada del 20 de noviembre de 1975, los políticos más destacados del Régimen fundado por Franco a sangre y fuego sabían que había llegado la hora del relevo y trataban de ganar tiempo como fuera. Desde 1969, cuando la Ley de Sucesión despejó el camino al trono de Juan Carlos de Borbón y dejó a su padre en la cuneta de la historia, la supervivencia de la Monarquía como régimen futuro pasaba por la democracia parlamentaria, es decir, por la legalización de los partidos y el pluralismo político. Era preciso realizar una voladura controlada del régimen autoritario sin que les aplastaran los escombros, y para ello impusieron dos tabúes incuestionables, salidos directamente del regazo franquista: la Monarquía y la unidad de España. Al mismo tiempo, quedaba cancelado el pasado de los servidores de la dictadura; borrón y cuenta nueva. «El franquismo sin Franco» que teorizaban unos y «Después de Franco, las Instituciones» que proclamaban otros, iba a transformarse en una Monarquía parlamentaria como resultado de una carrera histórica en la que las izquierdas tenían un papel secundario en la línea de salida.

Aunque como «heredero» del general Franco, Juan Carlos de Borbón había jurado «guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional», tras aquel mes de noviembre, y después de explicar sus proyectos al Gobierno norteamericano durante su primera visita oficial como monarca a los Estados Unidos, el nuevo Rey se aprestaba a dar un volantazo y dirigir un proceso político que haría realidad la famosa frase de El Gatopardo que abre este libro.

Aquel 20-N los futuros protagonistas de la transición política española estaban bien colocados en el aparato político-financiero del Régimen. Ya habían tenido un ensayo general cuando el 29 de julio de 1974 se produjo «la primera muerte del Caudillo»: un Franco con párkinson y tromboflebitis fue hospitalizado de urgencias y el príncipe Juan Carlos se convirtió durante cuarenta días en Jefe del Estado «interino». Tras el atentado de diciembre de 1973 que mató al presidente Carrero Blanco, el Régimen conocía su peor momento histórico. La universidad era un polvorín; las ejecuciones del anarquista Salvador Puig Antich y de Heinz Chez daban al franquismo su peor rostro; la Junta Democrática llamaba en París a la «huelga general» y a la «reconciliación nacional» mientras, por vez primera, la oposición al franquismo actuaba coordinadamente dentro y fuera de nuestras fronteras. El 25 de abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas había acabado con la dictadura salazarista de Marcelo Caetano. «El Ejército español no tiene sus fusiles para adornarlos con claveles, ni los claveles florecen en la embocadura de un fusil», advirtió el 16 de mayo de 1975 desde las páginas de ABC, el general Jesús González del Yerro, entonces jefe de la Escuela del Estado Mayor del Ejército, mientras los oficiales de la Unión Militar Democrática eran encarcelados en España. La Marcha Verde de Marruecos sobre el abandonado Sahara español y los fusilamientos de cinco antifranquistas, militantes del FRAP y ETA, en la mañana del 27 de septiembre de 1975, desencadenaron el rechazo internacional y terminaron de crear una situación insostenible. Había que reconducirla; necesitaban abrir un proceso estabilizador y continuista en lo esencial. Y para conseguirlo se pusieron manos a la obra.

Como ejemplo de aquel ambiente, el editorial de una revista tan poco política como ¡Hola!, en su edición del 8 de noviembre de 1975, mientras el «ilustre enfermo de El Pardo» interpretaba su escena final, decía: «La madurez de esa gran masa media surgida con todo su poder y bienestar económicos bajo “la paz de Franco” es, sin duda, la más notable conquista del franquismo en lo social y su más valiosa aportación […] Todo está codificado y expuesto para el cambio de etapa, en líneas generales —los detalles los pondrán las circunstancias cambiantes del diario acontecer—, por el gran estratega y estadista que libra en estos instantes, imperturbable, su gran batalla contra la muerte. El Príncipe, que tantas y tan elevadas muestras de servicio y de lealtad al destino de España lleva ofrecidas, simboliza y garantiza la unidad que, bajo los auspicios e impulsos de las más jóvenes generaciones, habrá de conservar la obra emprendida. Todo ello como lo previera Franco».

Toda una visión política, servida desde el semanario de mayor tirada de España, y una muestra elocuente del pensamiento clarividente del momento al que sólo le faltaba un detalle para dar en la diana: Juan Carlos de Borbón sabía que el destino y la continuidad de la institución monárquica dependía de la instauración de una democracia de corte occidental. Tras la experiencia de su cuñado Constantino de Grecia, que perdió la corona por apoyar el golpe de los coroneles, Juan Carlos I —apodado El Breve por el Partido Comunista— tenía claro que cualquier devaneo continuista estaba condenado al fracaso. Para que todo siguiera como estaba, para que el poder político-financiero no cambiara de manos, era preciso que cambiara todo. Cambiar de régimen político para preservar el sistema económico. Que todo quedara «atado y bien atado», según el deseo del general Franco, aunque con profundos matices.

El bienestar de la clase media, los mecanismos de sucesión… También estaba el Ejército de Franco, al que el Caudillo lanzó su última arenga el 10 de octubre de 1975: «Estamos firmes para que los políticos hagan su política. Nosotros velamos por la seguridad de la patria y porque no se alteren sus esencias, de las que somos depositarios». Y tanto. Un sector del Ejército de Franco se lanzó a la aventura involucionista y protagonizó pocos años después las intentonas golpistas del 23-F de 1981 y del 27 de octubre de 1982 —la víspera del triunfo electoral del PSOE— que fueron paliadas por los sucesivos gobiernos democráticos promocionando a los antiguos militares involucionistas. Para que ninguno se sintiera marginado, y a pesar de sus activas veleidades antidemocráticas, en todo momento se les facilitó la promoción en el escalafón mientras los más ancianos pasaban a la reserva. Así, el Ejército de la democracia, aunque según algunos perdía parte de su vieja endogamia, se vistió con viejos apellidos del Régimen; Campano, Milans del Bosch, Fernando de Santiago… o con sus descendientes: Juan Milans del Bosch Portolés, condenado a dos meses de cárcel por decir en público que el Rey era «un cerdo y un inútil»; José Ignacio San Martín Naya, hijo del famoso coronel golpista que dirigió el Seced (servicios secretos de Carrero Blanco); Blas Piñar Menéndez, vástago del creador de Fuerza Nueva y firmante del «manifiesto de los cien», o el hijo del fundador de la División Azul, Agustín Muñoz-Grandes Galilea, un militar de prestigio que se convirtió en el capitán general más joven de España[302]. A partir de 1982, el acceso al generalato fue utilizado por el PSOE como la fórmula mágica para neutralizar a los golpistas y los insatisfechos.

El 20 de noviembre de 1975 sólo se manifestaban contra este proceso de reforma ciertos políticos sin perspectivas ni apoyos financieros importantes, cuyas posibilidades de futuro estaban tan agotadas como el régimen que les encumbró. Eran los inmovilistas del búnker, liderados por José Antonio Girón de Velasco y su Confederación de Ex Combatientes, organización con trescientos mil socios en la que se encuadraban los alféreces provisionales, las antiguas banderas falangistas, los requetés, los excautivos y los soldados de la División Azul. «Nos incumbe la misma responsabilidad que nos echó al monte en 1936 —amenazó el viejo León de Fuengirola el 18 de noviembre de 1974, en el acto de integración de todas estas fuerzas—. Aquí han pasado muchas cosas y van a pasar muchas más».

Con la muerte del general Franco, el notario Blas Piñar López, presidente de Fuerza Nueva y miembro del consejo de administración del Banco General de Comercio e Industria, se perfiló como el depositario de una supuesta tradición franquista. Sus seguidores le vitoreaban llamándole «Caudillo» y sus cachorros tiraban de pistola en cuanto eran azuzados por las llamadas «tramas negras», formadas por funcionarios en activo del aparato represor franquista y de la Organización Sindical. La mayoría de los jóvenes de aquellas «camadas negras» pertenecían a familias de militares o eran hijos de miembros de la Hermandad de Alféreces Provisionales, integrada en la Confederación de Combatientes, ya sin «Ex».

Las izquierdas, recién salidas a la luz predemocrática, fueron el objetivo de sus bombas, de sus atentados criminales y de certeros disparos efectuados con armas reglamentarias. Aunque históricamente el franquismo estaba condenado a desaparecer físicamente con el dictador y el poder financiero apostó inmediatamente por la derecha posfranquista, el terrorismo ultraderechista actuó como contrapeso a las aspiraciones de partidos y sindicatos. Trataron de detener su avance con una estrategia de la tensión al estilo italiano[303].

LA TRANSICIÓN: BORRÓN Y CUENTA NUEVA

En aquel momento histórico, desde las estructuras de la «real politik», ya casi nadie se declaraba abiertamente franquista y eran muchos los que estaban dispuestos a transitar como si tal cosa desde puestos tan «azules» como la Secretaria General del Movimiento hasta la presidencia de un gobierno democrático. Funcionarios reciclados de la vieja política puestos en circulación con nuevos modos y apariencias. Ruptura pactada, continuidad en lo esencial. Aquella nueva promoción de políticos «democráticos» de derechas venían directamente de la cúpula gubernamental franquista; eran subsecretarios, técnicos, directores generales… También las izquierdas moderadas, que ya apostaban por ser «alternativa de poder», tenían su cabeza y su salario dentro del Régimen. Así de sencillo. Mariano Rubio, que llegó a ser director general de Política Financiera con Franco; Fernando Morán, responsable diplomático del área de África; Miguel Boyer, en el INI de Claudio Boada y cuyo destino público culminaría en los años ochenta como alto ejecutivo de las hermanas Koplowitz; los hermanos Fernández Ordóñez son algunos de sus más famosos ejemplos.

Cuando Franco expiró, tras aquella larga agonía comenzada el 14 de octubre de 1975, Adolfo Suárez González era un político falangista, socio de la Hermandad de Alféreces Provisionales —cuyas cuotas siguió pagando en sus tiempos de presidente del Gobierno—, que después de la muerte accidental de su mentor el fiscal general Fernando Herrero Tejedor, lideraba una asociación política llamada Unión del Pueblo Español[304] junto a José Solís.

Con ella pretendía agrupar en un partido a la clase política del Régimen. Algo apartado del escenario central del poder desde hacía dos años, Suárez se ganaba el sueldo como presidente de la Empresa Nacional de Turismo, participaba en la Comisaría del Plan de Desarrollo y redondeaba su salario como vocal del consejo de administración de Petrolíber. Su suerte cambió cuando, en diciembre de 1975, el presidente Arias Navarro formó su tercer Gobierno y le nombró ministro secretario general del Movimiento.

En el tercer Gobierno Arias destacaban, junto a Suárez, otros importantísimos políticos reformistas del franquismo a los que éste, al ser designado Presidente por el Rey el 7 de julio de 1976, mantuvo como ministros. Fueron nueve: Alfonso Osorio García, Carlos Pérez de Bricio, Leopoldo Calvo-Sotelo, Rodolfo Martín Villa, Francisco Lozano Vicente[305] y los cuatro inevitables ministros militares: Fernando de Santiago, Félix Álvarez-Arenas, Gabriel Pita da Veiga y Carlos Franco Iribarnegaray. Además, se deshizo de Manuel Fraga Iribarne y de su cuñado Carlos Robles Piquer, así como de Juan Miguel Villar Mir[306], que regresó con éxito a la empresa privada; cercenó las ambiciones políticas del «presidenciable» José María de Areilza; cambió a su camarada Pepe Solís por Ignacio García López, e integró en sus gobiernos sucesivos a Joaquín Garrigues Walker (muerto en 1981), hijo de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate[307].

Tras la reestructuración de las distintas carteras, esa tripulación se completó con Marcelino Oreja Aguirre, Eduardo Carriles Galárraga[308], Andrés Reguera Guajardo, Enrique de la Mata Gorostizaga, Femando Abril Martorell, José Llado Fernández-Urrutia[309] y Landelino Lavilla. Esperaban su turno futuros ministros como Fuentes Quintana y Enrique Sánchez de León… casi todos ellos, hombres curtidos en la gran empresa, que ya se relacionaban en las comisiones y ponencias de la Comisaría del III Plan de Desarrollo, donde también dejaron su huella los futuros gobernadores del Banco de España durante veinticinco años de democracia: José María López de Letona, José Ramón Álvarez Rendueles, Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo, entonces director del Servicio de Estudios del Banco de España y en la órbita, junto a Rubio, de Enrique Fuentes Quintana. Los cuatro disfrutarían de un futuro brillante. Entre ellos, Álvarez Rendueles tuvo el honor de presidir la Fundación Príncipe de Asturias y la gran empresa siderúrgica Aceraba.

La Unión del Centro Democrático (UCD), el barco de los centristas salidos del régimen, comenzó su singular singladura con la cubierta llena de altos funcionarios, abogados del Estado, economistas y catedráticos que tendrían un papel trascendental después de aquel 20 de noviembre. El mundo financiero estaba entonces en manos de personajes políticos, exministros y exsecretarios de Estado que habían cambiado el consejo de ministros por el consejo de administración de grandes empresas. Era la consecuencia del funcionamiento del Régimen durante cuatro décadas. Dos ejemplos: en 1975 López de Letona era presidente de Enpetrol y consejero de Iberia, y Francisco Fernández Ordóñez, recién dimitido como presidente del Instituto Nacional de Industria por sus discrepancias con Arias Navarro, se dedicaba a financieras como Probimsa junto al futuro ministro Antonio Ibáñez Freire.

Otros políticos franquistas, procuradores en Cortes y altos cargos que combinaban sus puestos oficiales con destinos empresariales en sectores clave como los hidrocarburos o la energía eléctrica, mantienen la misma posición privilegiada. Con la llegada del siglo XXI, la familia Oriol, los hermanos March, la condesa de Fenosa o el tecnócrata Luis Coronel de Palma[310], siguieron en la cresta de la ola Financiera, porque siempre supieron unir sus destinos a los de políticos franquistas tan destacados como el que fuera director general franquista, Rodolfo Martín Villa, antiguo candidato de la CEOE para liderar la derecha y que, años más tarde, haría famosa una frase política: «Quiero ser el sucesor del sucesor [de Adolfo Suárez]». No lo consiguió, pero cuando acabó el milenio el suyo era un poder electrizante.

A la manera de Dorian Grey, el personaje de Oscar Wilde, siguen sonando los mismos apellidos como un pacto de eterna juventud con idéntica influencia renovada… No resulta extraño que, años más tarde, cuando los restos del naufragio de UCD recalaron en Alianza Popular —un partido al que habían tildado de ser la derecha franquista—, aquellos exdirigentes del régimen reconvertidos en demócratas centristas recibieran la bienvenida del parlamentario y exministro —de brumoso carácter, tal vez turbio— Fernando Suárez, con estas cáusticas palabras: «Cuando se viene de aceptar el liderazgo del ministro del Movimiento [Suárez], de Martín Villa, del yerno de Ibáñez Martín [Calvo-Sotelo], del hijo de Arias Salgado [Rafael] o del hijo de Lamo de Espinosa [Jaime][311], hablar de nidos franquistas sería una indecencia». Una certera radiografía de lo que estaba ocurriendo y que vamos a relatar.

LAS «FAMILIAS» DEL RÉGIMEN SE REPARTEN EL PODER

Aquel 20 de noviembre de 1975, las antiguas familias del Régimen ya habían decidido repartirse el pastel político. De eso, al menos, se había quejado el 20 de mayo anterior el influyente periodista Luis María Anson, desde las páginas de ABC: «Las ratas están abandonando el barco del régimen. La cobardía de la clase gobernante española es realmente vergonzosa… ya se ha llegado al sálvese quien pueda, a la rendición incondicional». Desde el aparato franquista, el panorama asociativo era variopinto. A su regreso de Londres, Manuel Fraga había montado el Gabinete de Orientación Democrática S. A. (GODSA), una sociedad anónima creada para saltarse los estrechos límites del asociacionismo franquista. Cuando vio a Franco entubado en la Ciudad Sanitaria La Paz comprendió que aquello se había acabado. «Hay que buscar otra cosa», dijo y se lanzó a crear Reforma Democrática, antecedente de Alianza Popular. Federico Silva Muñoz, con Alfonso Osorio, había fundado Unión Democrática Española (UDE) para propiciar la apertura democristiana desde el Régimen.

De la Asociación Católica Nacional de Propagandistas salió el grupo Tácito (formado por Iñigo Cavero, Fernando Alvarez de Miranda, Oscar Alzaga, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja y otros), que pregonó su visión del futuro desde las páginas de opinión del diario Ya, propiedad de la Editorial Católica. Sus pronósticos de evolución desde dentro del Régimen jamás se cumplieron, pero muchos de ellos consiguieron ser ministros. También su sociedad anónima Centro de Estudios Comunitarios tuvo una corta andadura.

Un «tácito» discreto, el notario José Luis Álvarez Álvarez, futuro alcalde de Madrid, constituyó en junio de 1975 la Federación de Estudios Independientes, S. A. (FEDISA). Un mes más tarde, en su acto de constitución consiguió quinientos socios. De ellos descollarían inmediatamente Manuel Fraga, Leopoldo Calvo-Sotelo, José María de Areilza y Pío Cabanillas, acompañados por otros importantes protagonistas: Oreja Aguirre, Landelino Lavilla, Francisco Fernández Ordóñez, Manuel Broseta, Manuel Olivencia, Soledad Becerril, Jaime García Añoveros, Luis Ortiz, Luis González Seara, José Manuel Otero Novas, Jesús Esperabé… Allí se encontraba el estado mayor de la transición desde el franquismo y el origen del Partido Popular.

Aquel 20-N marcó también la fecha de caducidad de FEDISA, disuelta en cuanto el presidente Arias Navarro ofreció, en diciembre de 1975, carteras ministeriales a Manuel Fraga (Gobernación), a José María de Areilza (Exteriores) y a Leopoldo Calvo Sotelo (Comercio). La llamada del poder era tan atractiva, y ellos parecían tener tanta prisa, que a los tres «fedisarios» no les importó pagar el precio de legitimar al inmovilista Arias Navarro, sin sospechar que el Rey ya tenía sus ojos puestos en el emergente Adolfo Suárez, ministro secretario general del Movimiento en aquel mismo gabinete y que ya pergeñaba sus planes políticos en sintonía con Rodolfo Martín Villa y Torcuato Fernández Miranda.

En cuanto llegó el relevo inevitable, los ministros salientes del gobierno Arias ocuparon, de inmediato, altos cargos en el mundo empresarial. De este modo, fueron muchos los que abandonaron el barco de la política y regresaron al portaaviones de la gran empresa. Veamos. Pedro Cortina Mauri pasó de Asuntos Exteriores a varias entidades financieras y al Banco Exterior[312]. Desde Hacienda, Antonio Barrera de Irimo se marchó al Banco Central Hispano Americano. Tomás Allende y García-Baxter abandonó Agricultura para acceder a Telefónica e Intelsa. A su salida de Comercio, José Luis Cerón Ayuso fundó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y presidió grandes compañías como Asfaltos Españoles o Autopistas del Mare Nostrum. A estos cuatro ejemplos podemos añadir los de José García Hernández, presidente de Papeleras Reunidas; José María de Areilza, miembro de Liga Financiera, vinculada en España al Chase Manhattan Bank y consejero de Consignaciones y Representaciones Aéreas; o Antonio Garrigues Díaz-Cañabate. Todo quedaba en casa.

Tras la muerte del Caudillo se trataba de encontrar el equilibro entre las distintas «familias» franquistas y no molestar demasiado a los importantes grupos de presión económica de los que formaban parte. Era preciso cambiar de régimen sin ponerse en peligro. Reformar para conservar. En esta travesía, Adolfo Suárez fue, a partir de diciembre de 1975, un hábil prestidigitador en quien el Rey confió para relevar al notario Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Muchos han analizado la figura de Suárez, su habilidad, su incuestionable protagonismo en tan inmensa empresa. Que los historiadores hagan historia y los aduladores panegíricos. Visto en perspectiva, no cabe duda de que cuando Alfonso Guerra calificó a Suárez de «tahúr del Mississipi», el vicesecretario de la lengua viperina estaba recurriendo más a una descripción que a uno de sus famosos exabruptos.

EJECUTIVOS EN EL PRIMER GOBIERNO DEMOCRÁTICO

Tras año y medio en el uso del poder, el resultado obtenido por Suárez en las primeras elecciones democráticas —15 de junio de 1977— fue excelente. Su primer Gobierno democrático, estaba formado por miembros de las distintas sensibilidades franquistas, altos cargos de la Administración, procuradores en Cortes, tecnócratas y catedráticos bien vistos por los poderes financieros. Ex falangistas, católicos —democristianos—, tecnócratas… Además de los ya citados, el año que murió Franco los demás ministros civiles de UCD ocupaban las siguientes posiciones político-financieras:

CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL: Pío Cabanillas Gallas. Ex ministro de Información y Turismo (1974); consejero de ENDASA y de Acerinox, empresa presidida por el también presidente de Agromán José María Aguirre Gonzalo.

ASUNTOS EXTERIORES: Marcelino Oreja Aguirre. Subsecretario de Información y Turismo; consejero de Agromán, de Iberia y de Unión Cerrajera.

JUSTICIA: Landelino Lavilla Alsina. Subsecretario de Industria; presidente de Editorial Católica —de la que Eduardo Carriles Galárraga era vicepresidente—; consejero de CAMPSA, de Acerinox y de Banesto.

INDUSTRIA Y ENERGÍA: Alberto Oliart Saussol, presidente de Banif Sociedad Anónima de Inversiones y Finanzas, consejero del Banco Hispano Americano y de Cros.

OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO: Joaquín Garrigues Walker. Consejero de Euroamericana de Financiaciones e Inversiones y representante en España de grandes empresas multinacionales norteamericanas.

RELACIONES CON LAS CORTES: Ignacio Camuñas Solís. Consejero de Promotora Castellana de Inversiones y editor de la revista Guadiana junto a su hermano Gabriel.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: José Lladó Fernández-Urrutia. Hijo del que fuera presidente del Banco de Vizcaya, consejero de ENSIDESA.

ECONOMÍA: Enrique Fuentes Quintana. Consejero ejecutivo del Banco de España.

EDUCACIÓN Y CIENCIA: Iñigo Cavero Lataillade. Vicepresidente de Robert Bosch Española y consejero de Sociedad Anónima de Tractores Españoles.

Junto a ellos destacaron otros ministros también vinculados profesionalmente al mundo empresarial: Fernando Abril Martorell; Manuel Clavero Arévalo; José Manuel Otero Novas; el presidente de Carrefour, Rafael Arias-Salgado; Luis Ortiz, entonces consejero de CAMPSA; y Jaime Lamo de Espinosa, consejero de Tabacalera en 1975.

Además, entre los dirigentes de UCD que consiguieron escaño y no pasaron de subsecretarios se encontraban antiguos miembros del Consejo Nacional del Movimiento: José Miguel Ortí Bordás, Gabriel Cisneros, Fernando Benzo Mestre (Telefónica), Juan Gich Bech de Careda y José Martínez Emperador.

En la nueva etapa democrática, destacarían también personalidades franquistas como Torcuato Fernández-Miranda, presidente del Congreso; el ya citado Antonio Ibáñez Freire, ministro del Interior en pleno estertor de «las tramas negras» con el asesinato de la estudiante Yolanda González; el antiguo procurador Fanjul Sedeño, consejero de ENDASA y fiscal general del Estado con UCD, o el sempiterno presidente del Comité Olímpico Internacional, y entonces procurador en Cortes, Juan Antonio Samaranch Torelló, vinculado a una decena de consejos de administración, que había dicho en 1973: «Soy un hombre leal a todo lo que representa Francisco Franco». Seis años más tarde sería el primer embajador de España ante la URSS a pesar de no pertenecer a la carrera diplomática y alcanzaría la gloria nobiliaria.

POLÍTICOS FRANQUISTAS EN ESPERA DE MEJORES TIEMPOS

Después de la fundación de UCD en junio de 1976, tras la destitución de Fraga Iribarne como ministro, la derecha que pregonaba la reforma del franquismo bajo el liderazgo de este catedrático falangista encontraría en Alianza Popular, más que una plataforma electoral, un refugio a la espera de mejores vientos. Después de tres años como director general de Cervezas El Águila y presidente de la Unión Resinera Española, tras recalar en la Embajada de Londres, el diplomático Fraga se había dedicado abiertamente a conspirar, consciente de que el proceso político resultaba imparable. El antiguo «niño prodigio del Régimen» quiso liderar a la derecha junto a los exministros Federico Silva Muñoz (consejero de Banesto, de Campsa y de Cartera de Títulos), Gregorio López-Bravo y Laureano López Rodó, con quienes creó Reforma Democrática y la Coalición Popular; junto a Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora y los ministros del último gobierno de Franco, Fernando Suárez González y Antonio Carro Martínez, se ofrecieron electoralmente como «los siete magníficos», pero no alcanzaron el resultado que esperaban, si bien todos obtuvieron su escaño de diputados electos en la naciente democracia. Carro, además, sería vicepresidente del Congreso y uno de los máximos responsables parlamentarios durante el periodo constituyente que culminó en la Carta Magna de 1979. Así se escribe la historia a veces.

Aquel 20 de noviembre todos ellos habían llorado la muerte del Dictador sinceramente, tranquilos. Estaban preparados para los nuevos tiempos y sabían que, una vez marcadas las reglas del juego democrático, la izquierda recién llegada al escenario político aceptaría participar en el juego del poder.

SUS SEÑORÍAS Y LAS ALTAS FINANZAS

Como consecuencia de la epidemia democrática que contagió la política profesional del momento, el mundo del dinero y de las altas finanzas supo atesorar un buen número de escaños que garantizara su presencia en el nuevo proceso. Algunos, como los senadores Alfonso Escámez y Miguel Primo de Rivera Urquijo, fueron designados directamente por el Rey; otros encabezaron las listas al Congreso de las recién creadas UCD y AP. La derecha española, que mayoritariamente había sido franquista y había curtido a sus mejores cuadros en el aparato del Régimen, supo agruparse y ponerse de acuerdo en lo esencial: iban a ganar las elecciones democráticas porque eran los que estaban mejor preparados y los más experimentados en el uso del poder político y financiero. Además, dominaban el terreno; estaban en el mismo escenario de siempre: el Palacio de la carrera de San Jerónimo. Bastaba con cambiar la leyenda de su frontispicio y poner «Congreso» donde antes podía leerse «Cortes». Veintinueve procuradores franquistas se convirtieron democráticamente en diputados. Como curiosidad, tres de los procuradores en Cortes que votaron contra la ley de reforma política que legalizó los partidos y abrió el paso a la democracia, ocupaban ahora tres escaños en las listas de UCD: el conquense Rafael Mombiedro de la Torre, el alavés Alfredo Marco Tabar y el vallisoletano Adolfo Sánchez García, que se ausentó en el momento preciso de votar la reforma.

El Parlamento nacido de las primeras elecciones de 1977 tuvo 34 diputados vinculados directamente a los consejos de administración de los grandes bancos. Entre sus señorías —ya con carnet de UCD, de Alianza Popular o senadores «reales»—, destacaban los siguientes consejeros «bancarios»:

BANESTO: Gregorio López Bravo, Federico Silva Muñoz, Abel Matutes (también de la Banca Matutes), Landelino Lavilla, Alfonso Osorio (a través de sus empresas) y Marcelino Oreja Aguirre.

CENTRAL: Alfonso Escámez, Antonio del Valle Menéndez (vicepresidente del Banco de Fomento).

URQUIJO: Leopoldo Calvo-Sotelo, Ramón Trías Fargas y el senador «real» Jaime Carvajal Urquijo.

RUMASA: Alberto Bailarín Marcial (Peninsular), Juan Gich Bech de Careda (presidente del Peninsular) y Antonio Hernández Gil (presidente del Extremadura).

EXTERIOR: Juan Rovira Tarazona y Fermín Zelada de Andrés Moreno (secretario).

COCA: Ramiro Pérez-Maura Herrera, hermano del consejero de ese banco, y Jesús Esperabé de Arteaga González (asesor).

BANCA CATALANA: Jordi Pujol Soley y Andrés Ribera Rovira (presidente del Banco Industrial de Cataluña).

POPULAR-ATLÁNTICO: José Manuel Fanjul Sedeño (también presidente del Castilla, del grupo Bilbao-Vizcaya) y Laureano López Rodó, cuñado de Casimiro Molins, que era presidente del Atlántico y vicepresidente de Bankunión.

MERCANTIL DE MANRESA: Carlos Sentís Anfruns (vicepresidente).

DESCUENTO: Ignacio Camuñas Solís y Manuel Prado y Colón de Carvajal, sus hermanos son presidente y consejero de este banco, respectivamente.

EXPORTACIÓN: Emilio Attard Alonso.

CRÉDITO BALEAR: Raimundo Clar Garau (vicepresidente).

ALICANTE: Emilio Martín Villa.

GREDOS: Juan Carlos Guerra Zunzunegui.

INTERNACIONAL DE COMERCIO: Licinio de la Fuente.

GRANADA: Alejandro Royo Villanueva, Luis de Angulo Montes.

OCCIDENTAL: Pío Cabanillas Gallas.

También las cajas de ahorros y los bancos de crédito oficial tenían sus representantes en el hemiciclo: Enrique Fuentes Quintana antes que ministro fue jefe de Estudios y Programación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; José Manuel Gómez-Angulo Giner era consejero honorario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Almería; Mombiedro de la Torre era consejero de la Caja de Ahorros de Cuenca; David Pérez Puga, de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo; Antonio Rosón Pérez, presidente de la Caja Rural de Lugo; Manuel Acevedo Bishop, de la Caja General de Ahorros de Santa Cruz; Alfonso Osorio y Antonio Cano eran consejeros de la Caja Postal de Ahorros.

En las entidades de crédito oficial se habían destacado: Juan Echevarría Gangoiti (director general del Banco de Crédito a la Construcción); Rodolfo Martín-Villa, Fernández-Miranda, Attard, Martínez Emperador, Ortí Bordas y Benzo Mestre.

Dieciséis diputados y senadores —algunos coincidentes con los ya citados— estaban vinculados a las empresas financieras: Iñigo Cavero, consejero de Chrysler Organización Financiera y de Entidad de Financiación; Juan de Arespacochaga, presidente de Financiera Centauro; Royo Villanueva, vocal de Financiera Latinoamericana; Guerra Zunzunegui, consejero de Gemesa; Echevarría Gangoiti, de Ofisa; José Gil Albert, presidente de Central Riojana de Crédito; Manuel León Herrero, presidente de Profimesa; Manuel Acebedo, de Financiera Tinerfeña; Adolfo Sánchez García, presidente de la Central Castellana de Crédito, de Valladolid, y José Ramón Pin Arboledas, consejero delegado de Régulo.

A los destacadísimos Landelino Lavilla, vocal de Alequinsa, Francisco Fernández Ordóñez, presidente del Consorcio Financiero Ibérico, y Antonio Carro, consejero de Financieras Agrupadas, se suman otros parlamentarios financieros de la categoría de Manuel Villar Arregui, secretario de la Unión Española de Financiación; el senador real Manuel Prado y Colón de Carvajal, presidente de Iberia y vocal de la financiera Sogecofi, o los hermanos Antonio y Joaquín Garrigues Walker, consejeros —junto al también diputado Antonio Fontán— de la Liga Financiera, que compartían el 33 por 100 de las acciones de Autopistas Concesionarias Españolas.

Como consecuencia, tras los comicios de 1977; 52 de los 192 diputados conseguidos por la derecha (UCD y AP) —el 27 por 100— estaban directamente relacionados con la banca y con las compañías financieras. Si elevamos la estimación a los 350 escaños del Congreso, el 14 por 100 del hemiciclo lo ocupaban banqueros y financieros de alcurnia, ejecutivos curtidos en los consejos de administración. Si tenemos en cuenta que su protagonismo político y su presencia en cargos relevantes era de primer orden, su peso cualitativo durante la transición española resulta abrumador. Sólo habían transcurrido dieciocho meses desde que, aquel 20 de noviembre de 1975, se repartieron las cartas decisivas de una partida histórica en la que los antiguos franquistas se aplicaron a sí mismos la ley de la ventaja. Hasta donde pudieron. Hasta donde les dejaron.

Posdata. El relevo de una estirpe

POSDATA

El relevo de una estirpe

Nosotros somos la primera generación de la democracia.

JOSÉ MARÍA AZNAR, octubre de 1995

El 29 de noviembre de 2000, el diputado socialista Francisco Fernández Marugán rompió con una pregunta el tedio generalizado que, durante los últimos tiempos, rodeaba casi siempre las sesiones de control parlamentario al Gobierno de José María Aznar. «¿Cuál es la política del Gobierno de colocación de ex-altos cargos en presidencias de empresas públicas?», decía textualmente su pregunta.

Sin embargo, su calado llegaba más lejos. Profundizaba en una manera de entender la acción política. Parlamentarios y altos cargos gubernamentales del Partido Popular habían desembarcado directamente desde su cargo o escaño parlamentario hasta la presidencia de algunas de las más importantes y estratégicas empresas de España. Rodolfo Martín Villa en Endesa, César Alierta Uzuel en Telefónica, tras privatizar Tabacalera y como sustituto de Juan Villalonga Navarro; Xavier de Irala Estévez en Iberia; el excomisario europeo Marcelino Oreja Aguirre en Fomento de Construcciones y Contratas; Pablo Isla en Altadis; el exsecretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernández Norniella, en Azucarera Ebro; el exsecretario de Estado para el Deporte y la Comunicación Pedro Antonio Martín Marín en Astra de Satélites; José Fernández Olano en Aldeasa; el expresidente del Senado, Juan Ignacio Barrero, en Ence después de perder las elecciones autonómicas extremeñas; el exministro de Fomento Rafael Arias-Salgado Montalvo en Carrefour, junto a los March; Alfonso Cortina de Alcocer en Repsol. Por no citar a los primeros caídos: el exdirector de RTVE Fernando López-Amor o aquel risueño portavoz gubernamental llamado Miguel Ángel Rodríguez Bajón, en una potentísima empresa de publicidad.

Después de que el Gobierno del PP privatizara grandes empresas públicas como Repsol, Endesa, Tabacalera o Telefónica, poniendo a su frente a políticos y empresarios afines que terminaron quedándose con ellas tras su paso a manos privadas a golpe de «stock options» (Cortina y Villalonga fueron sus ejemplos paradigmáticos), la «pregunta número 13» formulada por Fernández Marugán tenía un sentido profundo; reflejaba una realidad que adquiría toda su dimensión al comprobar quiénes eran entonces los presidentes de los cien grupos empresariales más importantes en España, según su volumen de ventas.

Liderados por la compañía Repsol del ya citado Alfonso Cortina, aparecían otros nombres sobradamente conocidos: Carlos Pérez de Bricio en Cepsa, Íñigo de Oriol[313] en Iberdrola, José Ramón Álvarez Rendueles en Aceralia, Carlos Espinosa de los Monteros en Daimler Chrysler España, Rafael del Pino en Ferrovial, Juan Miguel Villar Mir en DHL, José Miguel Antoñanzas[314] en Uralita, Aguirre González en Cobra, Gregorio Marañón y Beltrán de Lis en Productos Roche, José Lladó Fernández-Urrutia en Técnicas Reunidas… Entre ellos se encontraba incluso un continuador de aquella saga forjada en la época del desarrollismo, Jorge Miarnau Banús, en Comsa, compañía dedicada a la construcción. Nombres y apellidos de siempre. Muchos de ellos tradicionalmente acostumbrados a saltar del consejo de ministros al consejo de administración como estaciones de un mismo viaje; directamente vinculados a gobiernos de derechas y a la alta administración franquista[315].

A la vista de los hechos, el tránsito desde un sistema autoritario y corporativo hasta una democracia parlamentaria representativa y con sufragio universal, no ha sido demasiado traumático para quienes han sabido manejar las riendas político-financieras de la transición. Un cuarto de siglo bajo la democracia no les ha maltratado. Ése es el balance.

Muchos hijos y nietos de quienes fueron destacados franquistas tienen un papel dirigente en nuestra sociedad. Desde empresarios y banqueros como Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hijos del último ministro de Asuntos Exteriores de Franco y del primer alcalde franquista de Madrid respectivamente, o como Juan Abelló, descendiente del procurador y directivo farmacéutico de su mismo nombre.

Y es que el llamado «franquismo sociológico», esa supuesta base común entre el autoritarismo y la Monarquía democrática, dio lugar a un cambio político respetuoso con el pasado. Este libro ha ofrecido una panorámica del asunto. La llamada «ruptura pactada» garantizó a los servidores de Franco un futuro lleno de parabienes. Hoy esta bondad de la transición todavía perdura en la treintena de ministros de Franco que siguen vivos, entre la jubilación y las rentas acumuladas, mientras por las manos de algunos siguen pasando capitales millonarios. López de Letona, Barrera de Irimo, Licinio de la Fuente, Cabello de Alba[316], Fernández-Cuesta… Y podrían citarse algunos más: León Herrera Esteban en Eurobuilding, Alejandro Fernández Sordo en Huarte, Fernando Suárez González en Urbis, José María Sánchez Ventura en Forum Artis…

Todos han aprendido el axioma de Lampedusa y los más lúcidos se jactan de la jugada treinta años después. Muchos hijos y nietos de aquella oligarquía franquista compuesta por ministros, consejeros nacionales, notarios, abogados del Estado, gobernadores civiles, procuradores en Cortes, subsecretarios o laureados patriotas no tienen ningún problema en lanzar a los cuatro vientos sus consignas de amor al sistema democrático español. Y lo hacen tan radicalmente que franquistas fieles a sí mismos asisten al espectáculo con cierta sorna estupefacta. El exministro franquista Fernando Suárez González ha escrito: «No seré yo quien sostenga que los hijos o los nietos de políticos antiguos tengan que profesar la misma ideología que sus antepasados, máxime cuando gracias precisamente a muchos de éstos, la situación en que sus hijos viven se parece muy poco a la coyuntura dramática que a ellos correspondió. Pero no me parece que sea mucho pedir que la evolución y hasta la disidencia se hagan compatibles con el respeto a sus progenitores, sobre todo cuando es notorio que, en las mismas circunstancias, la inmensa mayoría de los descendientes hubiera adoptado una actitud idéntica». Y añade: «Resulta sorprendente que sea imposible escuchar en público a los representantes del PP lo que casi todos declaran en privado, obsesionados como están por lo “políticamente correcto” y mucho más ansiosos de obtener la indulgencia del contrincante que la satisfacción de sus propios electores, a quienes tantas veces consideran cautivos»[317].

A franquistas como Fernando Suárez se les corta el aliento cuando oyen a sus vástagos apostatar de la Dictadura; cuando oyen decir que «la tarea de Franco fue profundamente negativa para España» por boca de alguien como José María Aznar, hijo del periodista «orgánico» Manuel Aznar Acedo y nieto del hagiógrafo de Franco, Manuel Aznar Zubigaray, poderoso presidente de la agencia EFE y embajador solícito[318].

José María Aznar no es el único político de la democracia que desciende de aquellos prohombres del Régimen. Entre los ministros de la derecha democrática española han brillado ilustres apellidos relacionados con el poder personal de Franco. Así, Rafael Arias-Salgado y Montalvo es hijo de Gabriel Arias Salgado y Cubas, ministro de Información y Turismo entre 1951 y 1962, un integrista siempre en guerra santa contra el Mal y dado a las polémicas más variopintas en materia de fe con cuantos responsables eclesiásticos se pusieran a tiro. De él dijo Franco: «Reconozco que Arias-Salgado no es un hombre enérgico, y por exceso de bondad no exige demasiado cumplimiento a sus subordinados; pero es persona muy leal y yo le quiero bien»[319]. Sin embargo, el general lo destituyó entre elogios: «No me agrada lo mucho que burocratizó el ministerio, que convierte la propaganda en algo lento y mecanizado, sin alma, sin entusiasmo. Se han creado demasiadas direcciones generales, secretarios de éstas y un sinfín de personal subalterno. En fin, una máquina lenta y poco eficaz. Arias-Salgado es un buen ministro, pero bastante débil. Es muy culto y yo le aprecio muchísimo y le estoy muy agradecido por lo mucho que trabajó y por la lealtad que siempre ha tenido para mí y para el régimen al que servía»[320].

La lealtad y el servicio también fueron dos cualidades del padre de la diputada popular y exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante. El jurista Jaime Mariscal de Gante y Moreno fue el juez especial de Orden Público que instruyó causas políticas contra sindicalistas y demócratas en el nefasto Tribunal de Orden Público, presidido por José Hijas Palacios, antes de ocupar la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa desde donde se organizó el débil aperturismo de la ley Fraga que sustituyó la censura oficial por la autocensura.

El que fuera ministro portavoz Pío Cabanillas Alonso se llama igual que su progenitor, el exministro de la dictadura y la democracia Pío Cabanillas Gallas, quien mereció el honor de ser destituido por el general Franco como consecuencia —dijeron— de que el nombre de su hermano Nicolás saltara a los periódicos implicado en el caso Redondela.

También su tocayo Pío García-Escudero Márquez, dirigente popular en el Senado, es familia directa de Pío García-Escudero Fernández-Urrutia, procurador en Cortes y presidente del Instituto Politécnico Superior de Madrid bajo las órdenes directas del ministro de Educación José Luis Villar Palasí. Los antiguos rectores de la dictadura —cargos políticos designados directamente por el ministro de turno— han dejado tras de sí una estela de vocación política democrática a tener en cuenta. El tío carnal de Ana Botella, concejala y esposa del anterior presidente del Gobierno, fue un hombre unido por negocios al marqués de Villaverde: el ginecólogo José Botella Llusiá, rector de la Universidad Complutense en años de gran conflictividad estudiantil. Aquéllos eran tiempos en que los rectorados de las diez universidades españolas estaban dirigidos por personajes tan cargados de futuro como Federico Mayor Zaragoza, en Granada, llamado a ser ministro de UCD y presidente de la UNESCO; o tan anclados en el búnker como el historiador Luis Suárez González, miembro de la Fundación Francisco Franco y biógrafo del general, que entonces era rector de Valladolid.

Suma y sigue.

El diputado y exministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa es miembro del Opus Dei como su padre, Federico Trillo-Figueroa Vázquez, gobernador civil de larga trayectoria en Cáceres, Badajoz, Teruel, Toledo y Zaragoza, y alcalde de su Cartagena natal.

También el que fuera delegado del Gobierno en Aragón, Eduardo Ameijide Montenegro, a sus 54 años, seguía los pasos de su padre, Luis Ameijide Aguiar, gobernador civil a partir de los años sesenta muy conocido tras su paso por León. Eduardo comenzó su carrera política con UCD y entre 1976 y 1980 fue gobernador civil de Ciudad Real y Navarra. En 1982, con la victoria electoral socialista, dimitió como director general del Instituto Nacional de Inmigración y se marchó a la empresa privada. Quince años más tarde, tras el triunfo electoral del PP, regresó a la política. El 25 de marzo de 1997, al tomar posesión como gobernador civil de Guipúzcoa manifestó su «seria preocupación por la tensión provocada por los planteamientos antidemocráticos de grupos minoritarios que generan la confrontación entre vascos».

Y declaró: «Estaré siempre en contra de los enemigos de la democracia, de los que quieren imponer por la fuerza su manera de pensar; los demócratas debemos, superando posibles y legítimas divergencias, coincidir en lo esencial: la defensa de la sociedad civil pacífica y democrática».

A finales de los años sesenta, en los gobiernos civiles había otros emergentes políticos franquistas: José Utrera Molina en Sevilla, Adolfo Suárez en Segovia, Enrique Thomas de Carranza y Luque en Toledo, Mariano Nicolás García en Tenerife, Francisco Queipo de Llano en Navarra, Tomás Garicano Goñi en Barcelona, Enrique Oltra Moltó en Guipúzcoa… y Jesús Posada Cacho, que ascendió a director general de Trabajo con Jesús Romeo Gorría[321] como ministro, con el general Ibáñez Freire como subsecretario y el futuro ministro de UCD Enrique Sánchez de León en el cargo de secretario general técnico. En su carrera política, el hijo de Posada Cacho ha seguido prácticamente su mismo camino. El que fuera ministro de Administraciones Públicas Jesús Posada Moreno ascendió en el escalafón del Estado como gobernador civil, parlamentario autonómico y consejero de la Junta de Castilla-León bajo la presidencia regional de Aznar. Antes, en la época de UCD, había sido director general de Transportes Terrestres hasta que en 1982 los socialistas llegaron al Gobierno.

El desfile continúa.

Antes de regresar a la empresa privada y al negocio familiar de Prensa Española, Nemesio Fernández-Cuesta y Luca de Tena ha sido secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales y vicepresidente de Repsol. Enrique Fernández-Miranda y Lozana fue delegado del Gobierno para la Extranjería y la Emigración. Leopoldo Calvo-Sotelo e Ibáñez-Martín —dos apellidos compuestos de mucha alcurnia franquista— fue subsecretario de Interior y estrecho colaborador del ministro Jaime Mayor Oreja, sobrino de Marcelino Oreja Aguirre y pariente de los Aguirre González.

En la Administración central del Estado y en la dirección del PP se repiten apellidos de ilustres ministros y altos cargos franquistas: Fraga, Robles Piquer, Ibáñez-Martín, Garrigues, Dancausa, Ruiz-Gallardón, González-Bueno… También destacan vástagos de alcurnia judicial como Rajoy o de larga tradición empresarial como Rato Figaredo. Y junto a ellos, resuenan los ecos de una aristocracia secular: Morenés, Aguirre de Cárcer, Fernández-Villaverde, Urquijo, Vaca de Osma, Gutiérrez-Solana, Gil de Biedma… El staff del Partido Popular y de sus cargos públicos perfila los nuevos rostros a una vieja estirpe. En ellos se personifica el relevo generacional de la derecha tradicional española. Se han puesto al día. Dicho en palabras de José María Aznar: «Nosotros no tuvimos responsabilidades en la Transición y somos hijos de la democracia. La primera generación de la democracia»[322].

¿Y qué hacían estos «hijos de la democracia» mientras el franquismo agonizaba y la oposición democrática se batía el cobre? La respuesta es simple y la ofreció el propio Aznar ante las cámaras de televisión en el vigésimo quinto aniversario del 20-N: «Estudiar, como cualquier joven». Tras cursar preuniversitario, el estudiante José María Aznar López salió del Colegio de El Pilar y comenzó la carrera de Derecho en una convulsa Universidad Complutense, donde miles de jóvenes «perdían el tiempo» con la actividad política antifranquista. Se estaban viviendo los años más críticos de la dictadura, pero el impasible Aznar se limitaba a estudiar con ahínco; nada de ideologías o de política, según ha repetido hasta la saciedad. Por lo visto, después del pacto de silencio sellado durante la transición por sus antecesores, para los últimos dirigentes de la derecha española ya no se trata tan solo de perder voluntariamente la memoria y pasar página; ahora quieren poner de moda la ausencia de memoria y de pasado. Han surgido de la nada, sin mácula.

La simulación es total. Autoproclamados como «la primera generación de la democracia», se han legitimado a sí mismos sin necesidad de consensos ni pactos, con una interpretación «histórica» del resultado de las urnas. Y de este modo, si no se tiene pasado, tampoco es necesario esforzarse en explicarlo. Tabla rasa. Sin embargo, esta generación tiene un pasado que se vislumbra a simple vista y en su camino han dejado suficientes huellas, más allá de la mera pertenencia a las grandes familias del régimen. Desde niños fueron formados y educados profundamente en la ideología del franquismo. Así de simple. Y Aznar es su mejor ejemplo.

Asiduo lector de la revista falangista SP, el joven estudiante de sexto de bachillerato José María Aznar López remitió en 1969 una carta a este semanario en la que, para polemizar con un tal Ildefonso Martínez, escribió:

Cuando a las manos de un joven como yo —16 años— llega un ejemplar de las Obras Completas de José Antonio y, como tal, siente «la imperiosa necesidad de hacer rápidamente algo útil», a este joven se le presentan dos posibles caminos. El primero consiste en llevar una vida cómoda, fácil y sin complicaciones, alistado o «apuntado» en una organización del Movimiento. En el segundo, se trata de tomar una decisión tan compleja como costosa. Es la de militar al lado de los «falangistas independientes», como el señor Martínez los llama.

El estar a su lado no es, de ningún modo, vivir como convidados, sino todo lo contrario. Es vivir muchas veces en contra de la «esencia de la propia ordenación familiar» […]; es, en una palabra, el vivir la vida de «monje y soldado» que decía José Antonio. […] Permítame, señor Director, realizar una pregunta: ¿No cree usted que teniendo un apellido de gran fuerza política como el que tengo; teniendo familiares como tengo en los más altos cargos políticos de la Nación, prácticamente; teniendo un historial falangista en mi familia como el que poseo; no cree, usted, repito, que para mí hubiese sido más fácil el irme al Movimiento y estar de convidado, que el estar listo para militar al lado de los «falangistas independientes»? Repito que hay casos peores que el mío.

Y Aznar añade que los falangistas «independientes» como él «son, por más que les pese a algunos, la auténtica encarnación del pensamiento joseantoniano, que no es precisamente el del Movimiento», para concluir: «Los jóvenes falangistas están cansados de dar y no recibir; están cansados de escuchar promesas y recibir fracasos; están cansados de escuchar “bonitos discursos” que sólo sirven para crear más confusionismo del que ya hay, para crear el verdadero rostro de quienes los pronuncian. Ellos cortaron por lo sano e hicieron bien. Ellos están empezando otra vez de cero la obra que José Antonio planeó y que España espera. Yo, como joven, y habiéndome llegado un ejemplar de las Obras Completas, ya he tomado mi decisión, que usted ya habrá adivinado»[323].

En su lucha por el poder, Aznar llegó a afirmar también que ningún dirigente del Partido Popular había tenido «responsabilidades en la Transición». De alguna manera es cierto: estuvieron enfrentados a ella. Siempre bajo el manto protector de un gran amigo de su abuelo llamado Manuel Fraga, el futuro delfín del centro derecha José María Aznar fue muy crítico con el consenso, con la elaboración de la Constitución y con el papel del Parlamento en sus años más difíciles.

Diez años después de su declaración de fe joseantoniana, José María Aznar publicó entre febrero y septiembre de 1979 siete artículos de opinión en el periódico La Nueva Rioja, de Logroño, ciudad a la que había sido destinado como inspector de Hacienda. El futuro presidente del Gobierno arremetió contra el consenso: «Han pasado dos años de política llamada de consenso para que nuestra productividad sea la más baja de Europa» (18 de febrero). «El consenso ha provocado un efecto fulminante cual es el de la desconfianza de una enorme masa de españoles en el buen funcionamiento del sistema democrático, que quedó palpablemente demostrado en el elevadísimo índice de abstención que se produjo en el pasado referéndum» (23 de febrero).

A pesar de que su mentor Fraga era uno de los padres redactores del texto constitucional, Aznar escribió:

Tal como está redactada la Constitución los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes; si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única; si el derecho a la vida va a ser eficazmente protegido; si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad, o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades. [23 de febrero].

… surgió la política de consenso, en virtud de la cual se consensuó la Constitución entre los dos grandes partidos mayoritarios, al margen y, ¿por qué no decirlo?, a espaldas del Parlamento […] Al paso que vamos, lo que se va a conseguir es que la labor parlamentaria no interese a nadie, aunque por lo demás ya está casi lograda, y que el Parlamento se convierta en el hazmerreír de nuestra democracia. [25 de julio].

Que nuestra democracia tiene graves defectos y fallos es un hecho evidente: unos sancionados por una Constitución demasiado ambigua y otros por reiteradas prácticas viciosas de lo que, al modo occidental, se entiende por política democrática. Algunos tienen, y pronto lo tendrán otros, su autonomía. Nacidas en circunstancias trágicas algunas, otras nacidas con tranquilidad, pero todas alarmantemente confusas y utilizadas con abundante demagogia. Sin duda, éste es el principal problema de España en estos momentos, y no por otra cosa, sino porque el ser y la concepción misma de España están en juego.

Era el 30 de septiembre de 1979 y este artículo se titulaba «Hablar claro». Desde entonces han pasado más de veinticinco años. Comienza el siglo XXI y, como escribió Auguste Comte, muchas veces los muertos nos gobiernan con sus ideas. Incluso cuando nos juran que no las tienen.

Anexo

ANEXO

Ministros, altos cargos y personajes destacados

del franquismo mejor situados en el mundo

empresarial tras la muerte de Franco[324]

AGUIRRE GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA (1934). Hijo de José María Aguirre Gonzalo. Presidente del Banco Guipuzcoano, es también ingeniero de caminos y fue procurador en las Cortes franquistas como su padre, a cuya sombra, y como delfín, participó en numerosas sociedades (vicepresidente de Siemens; presidente de Ramón Hernández, de Esparta y Ececarro; vocal de Agromán, de Hidroeléctrica del Ribagorzana…). Vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (la patronal CEOE) y presidente del Centro de Estudios e Investigaciones de Guipúzcoa. Preside: el Banco Guipuzcoano, ACS, Acerinox y Agromán, sociedad enclavada dentro del grupo Ferrovial, dirigido por Rafael del Pino, antiguo alumno de su padre en la Escuela de Ingenieros de Caminos.

AGUIRRE GONZALO, JOSÉ MARÍA (1897-1988). Presidente del Banco Español de Crédito y del Banco Guipuzcoano. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (número uno de su promoción). Procurador en Cortes desde 1961 hasta 1977. Designado personalmente por Franco en las dos últimas legislaturas, fue ponente de la comisión de Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional, la más política de todas. Presidió la Comisión de Transportes de la Comisaría del Segundo Plan de Desarrollo. En Quien es quién de las Cortes Españolas, editado en 1976, se le califica como «una de las personalidades más destacadas de la vida económica, financiera y empresarial española. Promotor de un gran número de sociedades». En el mundo de las asociaciones profesionales y las empresas públicas, fue consejero de la Asociación para el Fomento de la Dirección (1955); presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1956-1964); vocal de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, del Consejo Económico Sindical Nacional (1957), del Consejo Técnico de Universidades Laborales, vocal del patronato del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, consejero de la Red Nacional de Ferrocarriles y vicepresidente del Comité Franco-Espagnol d’Echanges Techniques. Le fueron otorgadas la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III, la Gran Cruz de Isabel La Católica y la medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Presidió el Consejo Empresarial Superior Nacional de Banca y el Sindicato Nacional de Banca, Bolsa y Ahorro, dentro de la estructura del «verticato» franquista. Cooperó con los tecnócratas del Opus Dei, a varios de los cuales recolocó en Banesto (Silva, López Bravo, López de Letona…) cuando fueron destituidos como ministros. Miembro de 37 consejos de administración. Creador de Agromán. En 1970 accedió a la presidencia del Banesto, donde se mantuvo hasta 1983, año en que pasó a ser presidente honorario hasta su fallecimiento.

ALARCÓN DE LA LASTRA, LUIS (1891-1971). Teniente Coronel de Artillería. Ministro de Industria y Comercio en dos gabinetes de Franco, desde agosto de 1939 hasta septiembre de 1942, en que Demetrio Carceller le sucedió en el cargo. Procurador en Cortes designado directamente por Franco. Teniente de Artillería en 1914. Luchó en Marruecos. Durante la República se retiró del Ejército con el grado de capitán. Elegido diputado por Sevilla, su ciudad natal, en 1933. Durante la Guerra Civil se incorporó a la columna del general Yagüe; fue herido dos veces y ascendió a comandante. Gobernador General de Madrid tras la toma de la capital por el ejército franquista. Tras su cese como ministro, fue consejero del Banco Exterior de España y de otras seis empresas privadas.

ALONSO VEGA, CAMILO (1889-1971). Capitán general del Ejército. Director de la Guardia Civil, ministro de Gobernación entre 1957 y 1969. Consejero del Reino. Amigo y compañero de promoción de Francisco Franco. En 1910 abandonó la Academia de Infantería con el grado de alférez y, como Franco, eligió el norte de África. En 1912 fue destinado a la guarnición de Melilla, iniciando así «una gloriosa vida guerrera» en los campos africanos, donde en 1924, fue ascendido a comandante por méritos de guerra y le concedieron la medalla al Mérito Militar. Profesor de la Academia General de Zaragoza, dirigida por el general Franco, mandó el batallón de cadetes hasta la disolución de aquel centro en 1931, tras la proclamación de la República. Como Franco tomó parte activa en el sitio de Oviedo durante la revolución asturiana de 1934. El 18 de julio de 1936 se sublevó en Vitoria, ciudad que incorporó al Alzamiento militar. Jefe de la IV Brigada de Navarra durante la campaña del Norte. Al mando de sus tropas conquistó Vinaroz y cortó en dos la zona republicana. Terminó la guerra como general de brigada. Subsecretario del Ejército en 1940. Miembro del Opus Dei. Su actividad castrense no le impidió ser consejero del Banco Popular Español y de grandes empresas como Hidroeléctrica Ribagorzana, Central Siderúrgica y Riocerámica.

ÁLVAREZ MIRANDA, ALFONSO (1915-2003). Ingeniero de minas. Ministro de Industria entre marzo y diciembre de 1975. Director del sector metalúrgico en el Instituto Nacional de Industria. Presidente de ENSIDESA; vicepresidente de Empresa Nacional de Aluminio. Con la democracia ha sido presidente del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía. Presidente de Fosfatos de Bu Craa, y consejero de Zeltia S. A., (productos químicos y farmacéuticos).

ÁLVAREZ RENDUELES, JOSÉ RAMÓN (1940). Economista del Estado. Jefe del Gabinete de Estudios y miembro dirigente de varias comisiones y ponencias de la Comisaría del III Plan de Desarrollo (1972-1975). En democracia ha sido secretario de Estado de Economía y gobernador del Banco de España. Preside la Fundación Príncipe de Asturias. Presidente de Aceralia, Banco Zaragozano, Peugeot España y Pirelli.

ANTOÑANZAS PÉREZ-EGEA, JOSÉ MIGUEL (1932). Ingeniero Industrial. Director general de Barreiros AEC y de Barreiros Diesel desde 1959. Director de Planificación Económica del INI en 1974. Presidente del INI desde marzo de 1975 hasta 1977, en que fue nombrado presidente de SEAT en sustitución de Juan Sánchez-Cortés. Directivo del Círculo de Empresarios. Ha sido alto ejecutivo de Marconi, de ITT Europa, de Russell Reynolds Associated. Vicepresidente de Técnicas Reunidas; consejero de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, delegado general de Gec Alsthom España. Presidente de Suzuki Motor España y de Uralita tras el fallecimiento del exministro Juan Antonio García Diez.

APARICIO BERNAL SÁNCHEZ, JESÚS (1929). Abogado. Falangista. Procurador en Cortes. Jefe Nacional del SEU. Presidente del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas. Director general de Radiodifusión y Televisión, dependiente del ministerio de Información y Turismo. Presidente de Ageurop Ibérica, vicepresidente de ENTEL Compañía de Telecomunicaciones; consejero delegado de Celulosas de Extremadura. En 1982 fue nombrado presidente de la Banca Masaveu.

AREILZA MARTÍNEZ DE RODAS, JOSÉ MARÍA DE (1909-1998). Conde de Motrico. Ingeniero Industrial, abogado. Falangista monárquico. Alcalde de Bilbao en 1940, ministro de Asuntos Exteriores entre 1975-1976. Miembro de la aristocracia vizcaína, emparentado con las familias Carvajal-Urquijo, Churruca y Garrigues. Consejero de Consignaciones y Representaciones Aéreas, presidente en 1965 de la Liga Financiera, una plataforma del Chase Manhattan Bank, de Nueva York.

ARESPACOCHAGA Y FELIPE, JUAN DE (1920-1999). Ingeniero de Caminos. Procurador en Cortes. Director general de Promoción del Turismo. Presidente de la Empresa Nacional de Turismo y de la Asociación Española de la Carretera y de la Academia Internacional de Turismo de Montecarlo. Alcalde de Madrid entre 1976 y 1978. Presidente de Renta Inmobiliaria; consejero de RENFE, vocal de Celulosas del Nervión, de Factorías Oleícolas Industriales. Senador por designación real en 1977-1979. Senador de Alianza Popular entre 1982-1989 (Alianza Popular lo sancionó en 1998 por su apoyo al régimen de Pinochet). Vicepresidente de Praga Sociedad de Crédito Hipotecario.

ARIAS Y DÍAZ DE RÁBAGO, CARMELA (1920). Condesa de Fenosa. Viuda de Pedro Barrié de la Maza (1888-1971), el financiero viudo a su vez de Margarita Pastor, heredera del Banco Pastor. Carmela Arias, hija del secretario de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, se casó en 1966 con Barrié, veinte años mayor que ella y constituyó la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. Carmela Arias es presidenta del Banco Pastor y presidenta de honor de Unión Fenosa; ha presidido Gas Madrid y La Toja antes de que fuera comprada por la multinacional francesa Gillette; consejera de Astilleros y Talleres del Noroeste. Con un patrimonio de 40 000 millones de pesetas, está entre las veinte mayores fortunas del país y la octava entre los inversores en Bolsa. A través del Banco Pastor posee más de 400 millones de euros en acciones.

ARRESE Y MAGRA, JOSÉ LUIS DE (1905-1986). Arquitecto. Falangista. Ministro secretario general del Movimiento entre 1941 y 1957. Creador de la Vieja Guardia. Ministro de la Vivienda entre 1957 y 1962. Procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento durante todo el franquismo. Consejero de CAMPSA, vocal de Productos Asfálticos.

ARTEAGA Y FALGUERA, IÑIGO (1905-1997). Duque del Infantado. Teniente general. Gobernador militar de Madrid. Capitán general de Baleares. Decano de la Diputación Permanente y Consejo de los Grandes de España hasta 1991. Presidente de la Compañía Española del Golfo de Guinea, de Construcciones Civiles, de Laparanza, de Servicios Agrícolas Aéreos; vocal de Hidráulica Española. Perteneciente a una familia con grandes propiedades agrarias: 17 171 hectáreas en Andalucía, Castilla-la Mancha y Castilla-León.

AZNAR Y COSTE, EDUARDO. Empresario. Procurador en Cortes. Vocal de la Ponencia de Financiación de la Comisaría del Plan de Desarrollo 1972-1975. Clan de El Pardo. 30 consejos de administración de grandes empresas.

BARRERA DE IRIMO, ANTONIO (1929). Inspector Técnico del Timbre. Ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno (1973-74). Procurador en Cortes. Vocal de la ponencia de Financiación y de la comisión de Telecomunicaciones y Correos de la Comisaría del III Plan de Desarrollo (1972-75). Tecnócrata. Miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En 1957 fue secretario general técnico del Ministerio de Hacienda. En 1960 dirigió el Instituto de Estudios Fiscales. Presidente de la Compañía Telefónica desde 1965 hasta 1973, en que fue nombrado ministro de Hacienda. Tras el asesinato de Carrero Blanco pidió la dimisión, pero el nuevo presidente, Arias Navarro, le mantuvo en el gobierno. Dimitió en 1974, en solidaridad con Pío Cabanillas, que había sido destituido como ministro de Información y Turismo por su actitud frente al caso Reace. Desde 1996 ha sido Presidente de la Sociedad Mediterránea de Aguas, de Uninter Leasing; vocal de Unión Eléctrica FENOSA y consejero del Banco Central Hispano Americano.

BARROSO SÁNCHEZ-GUERRA, ANTONIO (1896-1982). Teniente general del Ejército. Ministro del Ejército (1957-62). Procurador en Cortes por designación directa de Franco. Agregado militar en La Haya, el 18 de julio de 1936 regresó a España y se incorporó al Cuartel General de Franco durante toda la contienda. En 1956 es nombrado jefe de la Casa Militar de Franco. En 1957 es designado ministro del Ejército, cargo que ocupa hasta 1962. Consejero representante del Instituto a Medio y Largo Plazo en el Banco de España. En la economía privada ocupa los puestos de presidente Honorario de Standard Eléctrica, de Vías y Construcciones: de Telefunken, de Tabacalera, de Radiotécnica Ibérica, de S. A. Menfis, de Ibérica de Autopistas, de Canales y Túneles, de Standard Eléctrica; vocal de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Está emparentado con los Sáinz de Vicuña y los Espinosa de los Monteros.

BASABÉ Y MANSO DE ZÚÑIGA, JOSÉ RAIMUNDO (1917-1989). Abogado. Marqués de Miralrío (título rehabilitado en 1952). Procurador en Cortes designado por Franco. Subsecretario de Comercio. Director general del Banco de Financiación Industrial; presidente de Plus Ultra de Seguros.

BOADA VILLALONGA, CLAUDIO (1929-2006). Ingeniero industrial. Presidente del Instituto Nacional de Industria, del Instituto Nacional de Hidrocarburos, de la Asociación para el Progreso de la Dirección y gerente de ENASA. Más tarde, miembro de la Comisión Trilateral. Presidente de Ford España, el Banco Catalán de Desarrollo, Altos Hornos de Vizcaya y el Banco de Madrid. Vicepresidente de Telefónica. Hasta su fallecimiento fue presidente de honor de Europístas Concesionarias Españolas, del Banco Santander Central Hispano Americano, consejero de Ferrovial, Corporación Borealls, H. I. Holding.

CABANILLAS GALLAS, PÍO (1923-1991). Notario y registrador de la propiedad. Procurador en Cortes. Ministro de Información y Turismo entre 1969 y 1974, cesado de forma violenta por Franco. Vocal de la Empresa Nacional del Aluminio (ENDASA), consejero de Acerinox. Fue presidente de Tabacalera. Ministro de Bienestar Social (1977-1978), adjunto a la Presidencia (1980-1981), de Presidencia (1981-1982) y de Justicia (1981-1982). Eurodiputado del Partido Popular.

CABELLO DE ALBA Y GRACIA, RAFAEL (1925). Abogado del Estado. Vicepresidente segundo y ministro de Hacienda entre 1974 y 1975. Procurador en Cortes. Presidente de la Compañía General Española de Electricidad, vicepresidente y consejero delegado de SEAT, consejero y presidente de Moto Vespa, vocal de FOCSA, Tudor y Campsa (cargos mantenidos durante la transición), además de: presidente de la Compañía Alicantina de Promociones Inmobiliarias, vocal de Unión de Explosivos Riotinto, presidente de Transportes y Servicios Rápidos, de L’Abeille Previsora Riesgos Diversos, de Sorin España; consejero de Cristalería Española.

CALLEJA GONZÁLEZ-CAMINO, JULIO (1921). Ingeniero industrial. Tecnócrata. Director General de Energía, presidente del INI. Presidente de la Comisión de Energía de la Comisaría del III Plan de Desarrollo. Presidente de la Liga Financiera (plataforma financiera del Chase Manhattan Bank, de Nueva York), de Endesa, Autopistas de Cataluña y Aragón; consejero de la Compañía Sevillana de Electricidad; vocal de Petrolífera Española Shell. En 1996, era vicepresidente de Sevillana de Electricidad y presidente de Promoleasing. Presidente de honor de BNP España.

CALVIÑO DE SABUCEDO Y GRAS, MARIANO (1907-1980). Abogado. Alférez provisional durante la Guerra Civil. Procurador en Cortes. Consejero Nacional del Movimiento. Secretario territorial de Falange en Cataluña. Presidente de Sociedad General de Aguas de Barcelona y de la Empresa de Aguas del Río Besos, administrador del Banco Español de Crédito. Consejero de Sociedad Minerometalúrgica Argenta, consejero delegado de Fibracolor.

CALVO-SOTELO Y BUSTELO, LEOPOLDO (1926). Ingeniero de Caminos. Procurador en Cortes. Ministro de Comercio entre 1975 y 1976. Vocal de la ponencia de Desarrollo Regional del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Representante de la Unión de Empresarios del Sindicato Nacional de Industrias Químicas. Presidente de RENFE; de Sodiga; consejero delegado de Unión de Explosivos Riotinto, consejero del Banco Urquijo, de La Seda de Barcelona; vocal de Ferrovial. Presidente del Gobierno en 1981-1982. Es consejero del Banco Santander Central Hispano.

CARRILES GALÁRRAGA, EDUARDO (1923). Abogado del Estado. Vicepresidente del Consejo Nacional de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Ministro de Hacienda 1976-1977. Director General de la Unión y el Fénix Español; vicepresidente de la Editorial Católica, de Inmobiliario Universitaria.

CARRO MARTÍNEZ, ANTONIO (1923). Letrado del Consejo de Estado, Ministro subsecretario de la Presidencia y diputado. Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, pertenece al cuerpo de letrados del Consejo de Estado. Procurador en Cortes en las legislaturas 1961, 1967 y 1971. Como técnico del Estado, ocupó la jefatura del Gabinete de Estudios de la Presidencia del Gobierno y presidió la Comisión de Sanidad y Asistencia Social del 1 Plan de Desarrollo, hasta que en 1960 fue designado secretario general técnico del ministerio de Gobernación, donde se mantuvo hasta noviembre de 1969. En junio de 1973, con Carlos Arias Navarro como ministro de Gobernación, fue nombrado director del Instituto de Administración Local y director general de Administración Local. Cuando Arias Navarro fue designado presidente del Gobierno, tras el asesinato de Cañero Blanco, Antonio Carro estuvo entre sus más importantes consejeros. Ministro secretario de la Presidencia entre enero de 1974 y diciembre de 1975, negoció con las autoridades marroquíes la retirada de las tropas españolas del Sahara mientras Marruecos invadía la antigua colonia española con la llamada «Marcha Verde». Diputado de Alianza Popular y vicepresidente segundo del Congreso en las legislaturas 1977-1989. Eurodiputado del Partido Popular, ha sido vicesecretario del Comité Olímpico Español. Profesor de Derecho Político y Teoría del Estado en la Universidad de Madrid. Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas y del Mérito Civil. Vocal de Telefónica, de Viñedos Españoles y de la Caja Postal de Ahorros.

CASTIELLA Y MAÍZ, FERNANDO MARÍA (1907-1976). Abogado. Catedrático de universidad. Ministro de Asuntos Exteriores entre 1957 y 1969. Vicepresidente de la Confederación de Estudiantes Católicos. Durante la Guerra Civil fue oficial del Estado Mayor y en 1941-1942 combatió en la División Azul. Coautor, junto a José María de Areilza, del libro Reivindicaciones de España, en el que fijaba los objetivos de la política exterior franquista. Director del anteproyecto del Fuero de los Españoles en 1944. Delegado Nacional del Servicio Exterior de Falange. Fundador de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, de la que fue decano. Miembro del Consejo de Estado y presidente de la Comisión de Gobernación de las Cortes. En su actividad empresarial ha ocupado la presidencia de la compañía de Productos Dolomíticos; ha sido vocal de Transportes Gesposa; y consejero del Banco Hispano Americano y del Banco de San Sebastián.

CERÓN AYUSO, JOSÉ LUIS (1924). Diplomático. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Ministro de Comercio (1975). Ingresó en la carrera diplomática en 1947 y en el cuerpo de agregados de Economía Exterior en 1955. Trabajó como diplomático en Canadá y fue miembro en 1958 de la delegación permanente de España ante la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) que preparó el ingreso español en ese organismo y el Plan de Estabilización de julio de 1959 que marcó el final de la posguerra. Subdirector general de Relaciones con las Comunidades Europeas y secretario general de la delegación negociadora con el Mercado Común, en 1970 fue nombrado director general de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde se formalizaron las relaciones comerciales con la URSS. En 1974 fue subsecretario de Economía Financiera del ministerio de Comercio y ministro de Comercio entre marzo y diciembre de 1975. Designado gobernador del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo tras su salida del gobierno, en plena transición política española, José Luís Cerón fue uno de los máximos dirigentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la gran patronal española que él ayudó a crear. Aunque en octubre de 1989 ascendió a embajador de España, desde 1983 estaba totalmente volcado a la actividad privada como presidente de Asfaltos Españoles y Autopistas del Mare Nostrum Concesionaria del Estado, ligada al Banco Central, y a Dragados y Construcciones; consejero de Renault España. Gran Cruz de Carlos III, del Mérito Civil y de la Orden de Isabel la Católica. Miembro de la Comisión Trilateral.

COCA GARCÍA GASCÓN, IGNACIO (1913-1986). Banquero. Presidente del Banco Coca desde 1950, Ignacio Coca mantuvo una estrecha vinculación con la familia det general Franco a partir de 1937; en plena Guerra Civil, su padre, Julián Coca Gascón, puso al servicio del Movimiento Nacional los locales del banco provincial que había fundado en Salamanca en junio de 1934. Una hermana de Ignacio Coca estuvo casada con Nicolás Franco Bahamonde. En los consejos de administración de sus sociedades, colocó a Cristóbal Martínez-Bordiú y a José María Sánchiz Sancho, administrador del clan de El Pardo; también fue socio de Rafael Ardid, casado con una de las nietas del general. El Banco Coca se benefició de su amistad con el ministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco; participó en la política inmobiliaria de este ministerio y gestionó los fondos del Instituto Nacional de Previsión y de las Mutualidades Laborales. Ya muerto Franco, en la primavera de 1976, Ignacio Coca fue el anfitrión de la reunión realizada en su casa con otros banqueros para presentar en sociedad a Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y Miguel Primo de Rivera, promotores de la Unión de Centro Democrático. Su banco ocupaba el duodécimo puesto del ranking español, con unos depósitos de 70 000 millones de pesetas. Pero sus arriesgadas actividades bancarías y ciertas operaciones inmobiliarias (como la Promotora Urbanizadora, que construía la Nueva Sierra de Madrid) les puso al borde del desastre. Antes de que empeorara la situación decidieron vender su banco a un grupo más fuerte que lo saneara y diluyera los efectos de una mala gestión que se basó siempre en las jugadas financieras ventajistas que se realizaban en connivencia con personajes sin escrúpulos de la camarilla cercana a Franco. En septiembre de 1978, en época de fusiones bancarias, Ignacio Coca firmó un acuerdo para que su entidad fuera absorbida por Banesto. Pero se descubrieron irregularidades, y Banesto interpuso una querella criminal por estafa y falsedad en documento público y mercantil. Así comenzó su declive. Su deuda con Banesto ascendía a 73 339 millones de pesetas. El banco exigió que Coca, destituido de sus puestos en el consejo de administración, que garantizara sus deudas hipotecando sus propiedades. En 1983, Ignacio Coca fue procesado y absuelto por una presunta evasión de capitales. En 1986, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a un año de prisión menor. El banquero, muy deteriorado físicamente, sufría una grave depresión. No pudo soportarlo. El 26 de junio de 1986, el cadáver de Ignacio Coca fue hallado en el cuarto de baño con un impacto de bala en la cabeza. Con su muerte impidió la ruina de la familia, ya que dejó a su viuda y a sus hijos una fortuna de 25 000 millones de pesetas.

CORONEL DE PALMA, LUIS (1925). Marqués de Tejada. Abogado del Estado y notario. Director general del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, dependiente del Ministerio de Hacienda, en 1968. Presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia. Director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro hasta ser nombrado gobernador del Banco de España en 1970. Vinculado a Acción Católica y al Opus Dei. Presidente de Eléctricas Reunidas de Zaragoza y Eléctricas Turolenses; consejero de Vidrieras Ibéricas Vicasa, de la Compañía de Industrias Oleícolas; vocal de Editorial Católica, Ibys y SICOP. Hasta 1997 fue vicepresidente del Banco Central Hispano Americano. Consejero de Saint Gobain Cristalería y Unión Eléctrica Fenosa.

CORTINA MAURI, PEDRO (1908-1993). Diplomático, embajador, catedrático y ministro de Franco. Doctor en Derecho y diplomado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, ingresó en la carrera diplomática y fue agregado a la Asesoría de Derecho Internacional del Ministerio. Al estallar la Guerra Civil se pasó al bando franquista. En compañía de Felipe Polo consiguió llegar a Burgos en 1937, convirtiéndose en asesor jurídico para cuestiones internacionales. En 1940 publicó La guerra civil sin reconocimiento de beligerancia, donde alababa el apoyo de los países del Eje al ejército franquista. Pedro Cortina intervino en el establecimiento de las relaciones diplomáticas de España con organismos internacionales. Trabajó en las reuniones que trataron el ingreso de España en las agencias de la ONU y en el acceso de España a la OECE. En 1956 fue el primer delegado español que participó como miembro en la Asamblea General de la ONU. Dos años más tarde el ministro Castiella le hizo subsecretario de Asuntos Exteriores y embajador de España en París, desde donde administró las inversiones de la familia Franco en Francia. Según escribe Sáez Alba, «la gestión de tales intereses le fue recompensada en enero de 1974 con la cartera de Asuntos Exteriores en el gobierno de Arias Navarro». Fue el último ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura, nombrado por Carlos Arias Navarro en enero de 1974. Procurador en Cortes designado directamente por Franco, miembro del Consejo de Estado desde mayo de 1976 hasta septiembre de 1984, miembro permanente del Tribunal de Arbitraje de la Haya, del Instituto de Derecho Internacional y fundador de la comisión Permanente de Legislación Extranjera e Información Jurídica. A pesar de esta intensa actividad política, Cortina Mauri tuvo tiempo para dedicarse a los negocios. Consejero del Banco Exterior de España, participó en nueve sociedades; fundó San Miguel Fábricas de Cerveza y Malta, de la que era vicepresidente y consejero delegado cuando falleció. La familia Cortina-Alcocer, con su capital concentrado en el Banco Zaragozano, posee un patrimonio estimado en 1200 millones de euros.

ESPINOSA SAN MARTÍN, JUAN JOSÉ (1918-1982). Abogado. Inspector técnico fiscal. Ministro de Hacienda entre 1965 y 1969. Falangista. Afiliado al Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) en 1935. Combatió bajo la bandera de Falange durante la Guerra Civil. Subinspector nacional del SEU. En 1942 ingresó en el cuerpo de Inspectores Técnicos Fiscales. Jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda, Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas en 1959. Fue presidente del Banco de Crédito Industrial, de la Caja Postal de Ahorros, del Instituto Nacional de Moneda Extranjera y de la Casa Nacional de la Moneda y Fábrica del Timbre. Fue cesado por el «caso Matesa».

FANJUL SEDEÑO, JUAN MANUEL (1914-1989). Abogado. Hijo del general Fanjul, fusilado en Madrid en 1936 por su levantamiento contra la República tras el asedio al Cuartel de la Montaña. Jefe del SEU. Miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona. Procurador en Cortes y Consejero Nacional del Movimiento. Fiscal general del Estado entre 1975 y 1976. 17 consejos. Presidente de la Compañía Hispano Americana de Seguros y Reaseguros, del Banco de Castilla, de Estacionamientos Subterráneos, de Terrenos Alameda, de Costa de los Pinos, de Costa Rotja, de Bahía de Mazarrón, de Industrias Menorquinas, de Industrias Cusí, de Inversora Viso. Vicepresidente de la Sociedad Española de Radiodifusión (SER); del Banco Popular Español, de Perfiles Españoles. Vocal de ABC Internacional, de Hispanoamericana de Seguros. Diputado de UCD por Madrid en 1977-1978.

FERNÁNDEZ DE LA MORA Y MON, GONZALO (1924-2002). Diplomático. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Ministro de Obras Públicas en 1970, en sustitución de Federico Silva Muñoz. Antes fue subsecretario de Asuntos Exteriores, nombrado por el ministro Castiella, y director de la Escuela Diplomática. Alférez provisional durante la Guerra Civil. Componente del Consejo Privado del Conde de Barcelona. Autor del libro El crepúsculo de las ideologías, todo un punto de referencia intelectual del último franquismo. Al tomar posesión de su cargo ministerial declaró: «Entiendo que el nuestro es el Estado más eficaz que ha tenido nunca nuestro pueblo y eso quiere decir que es seguramente el mejor». Y sobre las Leyes Fundamentales del régimen aseveró: «Creo que son las únicas reglas del juego, y pensar en modificarlas sena tan absurdo como pretender modificar la Constitución de los Estados Unidos». Miembro de 11 consejos de administración. Consejero del Banco Popular Español, del Banco Europeo de Negocios y de Movierecord; presidente del Popular de Inversiones «A», «B», «C», «D» y «E». Vocal de Dipenfa. Director editorial de Prensa Española. Editaba Razón española, una publicación neofranquista, al estilo de Acción Española, y Albor, muy apreciada entre amplios sectores de la extrema derecha. Próximo al Opus Dei, no era socio porque, según él, no poseía «las virtudes necesarias».

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, FRANCISCO (1930-1992). Secretario general del Ministerio de Hacienda, presidente del INI, presidente de la delegación española en la OCDE entre 1969 y 1973. Ministro de Asuntos Exteriores. Presidente de Laing; consejero de Torras Hostench.

FERNÁNDEZ SORDO, ALEJANDRO (1921). Abogado y ministro de Franco. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo con premio extraordinario, profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Sindical en esa universidad. Falangista y miembro destacado de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, de cuya comisión de Propaganda de la Junta delegada de la Plenaria mariana y voto asuncionista fue vocal. Realizó toda su carrera en los ámbitos sindical y de la información: fundador del SEU en Asturias y delegado de prensa y propaganda en ese sindicato; delegado de Información y Turismo en Oviedo; inspector, consejero y secretario del consejo provincial de Movimiento en Asturias y concejal del ayuntamiento de Oviedo; jefe de Prensa de la Secretaría General del Movimiento; fundador y primer presidente del Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad en 1964. Delegado nacional de Prensa, Radio y Propaganda del Movimiento, participó en la elaboración de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, que sustituyó la censura previa por la autocensura ejercida por los directores de los medios. En noviembre de 1969 es nombrado director general de Prensa del ministerio de Información y Turismo. Vocal desde 1969 del Jurado de apelación de ética profesional de periodistas. Secretario General de la Organización Sindical en octubre de 1973. Procurador en Cortes, consejero nacional del Movimiento y ministro de Relaciones Sindicales desde enero de 1974 hasta diciembre de 1975. Desde un mes antes del fallecimiento del Jefe del Estado, tuvo un destacado papel junto al príncipe Juan Carlos en el momento del relevo, le aconsejó los pasos a seguir; planteó la dimisión de todo el Gobierno, propuso que la presidencia del Gobierno se encomendase a José María López de Letona y que las Cortes fueran presididas por Torcuato Fernández-Miranda. Sus planes no se cumplieron de inmediato, ya que Arias Navarro siguió durante algunos meses como presidente del Gobierno, Adolfo Suárez le sucedió y él fue cesado. Tras su cese en 1976, fue nombrado presidente del Banco de Crédito Local.

FERNÁNDEZ-CUESTA ILLANA, NEMESIO (1928). Abogado. Periodista. Subsecretario de Comercio, ministro de Comercio entre 1974 y 1975, subgobernador del Banco de España. Sobrino del fundador de Falange Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo; casado con una hija de Torcuato Luca de Tena, propietario de ABC. Simpatizante del Opus Dei. Presidente de Petronor; consejero-delegado de Prensa Española durante los años 1980-1990, de Camer Internacional, consejero de Tarragona Export. Vicepresidente de la mutua Asepeyo (1996) y consejero de Crédito y Caución; vicepresidente de Altamira. De sus diez hijos, el mayor, Nemesio (1959) ha seguido la carrera político-empresarial de su predecesor. Licenciado en Empresariales, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, ha sido Secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales, así como Subdirector general de Petróleo, Gas y Agua, con el primer Gobierno de José María Aznar en 1996; ha sido vicepresidente de Repsol vocal de la Compañía Logística de Hidrocarburos y presidente de Prensa Española.

FIERRO VIÑA, ALFONSO (1919-1998). Banquero. Bautizado como Ildefonso, aunque siempre utilizó el nombre de Alfonso, fue el primogénito de Ildefonso González-Fierro Ordoñez, creador de la Banco Ibérico en 1946 y de uno de los holdings empresariales más importantes del franquismo, al mismo nivel que los March, los Botín o los Urquijo. Tras la muerte de su padre en 1961, Alfonso Fierro se repartió con su hermano Arturo la dirección del grupo de empresas radicadas en España y Portugal; fue presidente del Banco Ibérico, del Banco de Finanzas, de Fosforera Española, de Constructora Internacional, de Cementos Triefierro, de Compañía Auxiliar de Fósforos; vicepresidente de Ibérica de Electrodomésticos, de Unión Comercial del Atlántico, de Goyasa; de Petrolíber y de Hispanoil (participadas por el Estado) y vocal de CAMPSA. Ha ocupado puestos directivos en 36 consejos de administración de compañías vinculadas al núcleo financiero familiar, el Grupo Fierro, un holding que experimentó un portentoso crecimiento durante el franquismo. «El Grupo Fierro —escribió Ramón Tamames en 1977—, que es uno de los holdings españoles con más activos en el extranjero, especialmente en los sectores de fósforos, tabacos y navegación, experimentó un prodigioso crecimiento a lo largo del periodo del franquismo. Los Fierro son una dinastía financiera cuyo estudio será esencial para conocer la historia profunda del Franquismo». Alfonso Fierro gozó de excelentes relaciones personales con la familia Franco, cuyo círculo frecuentaba en compañía de su esposa, Marita March Cencillo, hija del financiero Juan March. A partir de 1977 Alfonso Fierro fue vicepresidente del Banco Central tras la absorción del Banco Ibérico por esa entidad, presidida por Alfonso Escámez, en la que los Fierro controlaban el 7 por ciento de su accionariado, hasta su dimisión en noviembre de 1985 por problemas financieros. También fue presidente del Sindibank y del Grupo Fosforera. Poseía la colección privada de armas más valiosa de España.

FIERRO VIÑA, ARTURO (1920) Banquero y armador. Segundo hijo varón de Ildefonso González-Fierro Ordonez, creador del Banco Ibérico en 1946 y de una de las sagas financieras más importantes durante el franquismo. Tras la muerte de su padre en 1961, Arturo se encargó, junto a su hermano Alfonso, de los negocios del grupo Fierro en España y Portugal; perteneció a 29 consejos de administración de bancos y empresas vinculadas al núcleo financiero familiar. Entre otros cargos, ha sido presidente de Naviera Fieiro, del Banco de Finanzas, de FASA-Renault, de Taurus Ediciones; vicepresidente y consejero delegado del Banco Ibérico; vicepresidente de Financiera Fierro; vocal de Industrias Cemar, de Compañía Trasatlántica Española y de Compañía Ibérica de Valores. En 1977, Arturo Fierro entró en el consejo de administración del Banco Central tras la absorción del Banco Ibérico por esa entidad, presidida por Alfonso Escámez, en la que la familia Fierro controlaba el 7 por ciento de su accionariado, pero fue el primero en dimitir años antes de que, el 25 de noviembre de 1985, sus hermanos, Alfonso e Ignacio, también renunciaran a sus cargos por problemas financieros.

FIERRO VIÑA, IGNACIO (1922-2002). Economista y banquero. El menor de los tres hijos varones de Ildefonso González-Fierro Ordoñez, creador del Banco Ibérico en 1946, ha sido miembro de 28 consejos de administración en bancos y empresas vinculadas al holding financiero familiar. Estudió, como sus hermanos, en el colegio del Pilar, de Madrid. Tras la muerte de su padre en 1961 se encargó de las empresas implantadas en América Latina, dedicadas principalmente al tabaco, a las cerillas y a la distribución de bebidas. Ya durante los años 50, Ignacio había iniciado su expansión en Cuba, Panamá (donde se casó con Yolanda Ereta Almarán, perteneciente a una acaudalada familia de la burguesía local, con la que tuvo cinco hijos), Perú, Ecuador y Venezuela, donde era presidente de Fosforera Venezolana y donde impulso el Banco Exterior de Caracas. Fue presidente del Banco Ibérico, como su hermano Alfonso, de Cointra, de Cementos Triefierro, de Compañía Auxiliar de Fósforos, de Ibérica de Electrodomésticos, de Cervantes, de Unión Comercial del Atlántico; vicepresidente de Fosforera Española; consejero de Petrolíber; vocal de Compañía Anglo-Española de Cementos Portland, de Compañía Minera Santa Comba, de Financiera Fierro, de Compañía Española de Cementos Especiales «El León» y de CAMPSA. A partir de 1977 fue consejero del Banco Central tras la absorción del Banco Ibérico por esa entidad, presidida por Alfonso Escámez, hasta su dimisión el 25 de noviembre de 1985 por problemas financieros que a él no le afectaron demasiado, ya que en el reparto de las empresas del grupo con sus hermanos, en plena crisis, Ignacio Fierro se quedó con las inversiones americanas y con los negocios españoles que él había gestionado personalmente: Cointra y Camping Gas. En 1990 abrió un pequeño banco en Nueva York.

FONTANA CODINA, ENRIQUE (1921-1989). Abogado. Procurador en Cortes. Socio del Opus Dei. Ministro de Comercio entre 1969 y 1973. Presidente del Grupo de Exportadores de Aceite de Oliva, vocal de la Cámara Oficial de Comercio de Reus y consejero del Banco de España. Vicepresidente de Olarra, de Forjas Madrileñas; consejero de Torre Almádena y del Banco de Crédito Agrícola.

FUENTE Y DE LA FUENTE, LICINIO DE LA (1923). Abogado del Estado y ministro de Franco. Perteneciente a una familia de modestos agricultores toledanos, y dada la penuria económica en la que vivía su familia, no pudo comenzar sus estudios hasta los 15 años, cuando finalizó la Guerra Civil. Esto no le impidió obtener la licenciatura de Derecho por la Universidad de Madrid diez años más tarde. En 1950, con 27 años, ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado, y como tal prestó servicio en el Tribunal Supremo hasta agosto de 1965. Durante este periodo desempeñó numerosos cargos públicos: gobernador civil de Cáceres (1956-1960); delegado del Instituto Nacional de Previsión (1960-1963), procurador en Cortes desde 1961, por el tercio familiar de la provincia de Toledo y por designación directa de Franco; consejero y secretario primero del Consejo Nacional del Movimiento (1961-1970), director general del Servicio Nacional de Cereales (1965-1968) y presidente del FORPA (1968-69). Ministro de Trabajo entre 1969 y 1975, y vicepresidente tercero del Gobierno desde enero de 1974 hasta marzo de 1975. A finales de febrero de 1975 dimitió por discrepancias con el Ejecutivo. Los dos principales motivos aducidos para ello fueron: la cláusula de libre despido de los trabajadores que participasen en un conflicto colectivo y la intervención del entonces ministro de Hacienda en las cuentas de la Seguridad Social. Falangista convencido, De la Fuente declaró en 1974: «La continuidad de mi biografía en la línea de pensamiento falangista, al cual he permanecido fiel desde mi juventud, está, sin duda, en armonía con los ideales de justicia social».

GAMERO DEL CASTILLO, PEDRO (1910-1984). Abogado del Estado, ministro de Franco y miembro del Consejo privado de don Juan de Borbón. Ingresó en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en 1930 y fue profesor del CEU dos años más tarde. En 1934 organizó la campaña «Pro Ecclesia et Patria», lanzada por Ángel Herrera Oria desde Acción Católica, para protestar contra la Ley de Confesiones Religiosas de la Segunda República. A los 25 años aprobó la oposición a abogado del Estado con el número uno de su promoción. Afiliado a Falange en 1937, bajo la protección de Ramón Serrano Suñer, «número dos» y cuñado de Franco, ese mismo año empezó su carrera política como gobernador civil en la Sevilla del general Queipo de Llano. Junto a José Luis Escario y Sancho Dávila, formó parte de la comisión que en febrero de 1937, viajó a Portugal para convencer a los jefes carlistas, que capitaneaba Javier de Borbón Parma, para que aceptasen el Decreto de Unificación que creaba el partido único denominado Falange Española Tradicionalista y de las JONS, bajo el caudillaje absoluto de Francisco Franco. Letrado del Consejo de Estado a partir de 1939, tenía 29 años cuando fue nombrado ministro sin cartera y vicesecretario general de FET y de las JONS, desde donde se encargó de alejar a los «falangistas puros» y colocar en puestos clave a antiguos cedistas, monárquicos, tradicionalistas y financieros. Desde la secretaría general del Movimiento, a la que accedió el 15 de marzo de 1940, Gamero puso sus mayores empeños en la burocratización de la Falange. Según declaraba en el diario Arriba, el 18 de enero de 1941, «con la paz a la Falange le toca prestar un peligroso servicio de eclipse parcial porque la verdad es que la Falange no rige todavía un Estado propio —que no está aún construido— ni combate ya un Estado enemigo, que quedó derrumbado». La caída de Serrano Suñer eclipsó la carrera política de Gamero del Castillo. En mayo de 1941 cesó de todos sus cargos.

GARCÍA LOMAS Y MATA, JOSÉ IGNACIO. Economista. Procurador en Cortes durante cinco legislaturas. Vocal de las comisiones de Financiación y de Productividad de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Consejero delegado del Banco Exterior de España. Presidente de Cartex; vocal de la Empresa Nacional Siderúrgica y de la Empresa Nacional de Petróleos; consejero de Calpisa.

GARCÍA RAMAL CELLALBO, ENRIQUE (1914-1987). Ingeniero Industrial. Alférez provisional durante la Guerra Civil. Ministro de Relaciones Sindicales desde 1969 a 1973. Jefe del Sindicato Nacional del Metal en 1948, en que accede a la dirección de numerosas empresas. 15 consejos. Presidente de Equipos Mineros e Industriales, vicepresidente de Sistemas AF, director gerente de Altos Hornos de Vizcaya; consejero de Impregna; vocal de Sociedad Española de Fundiciones Eléctricas y de Fundición Nodular.

GARCÍA-MONCÓ Y FERNÁNDEZ, FAUSTINO (1916-1996). Abogado del Estado, ejecutivo de la Banca y ministro de Franco. Tradicionalista. Socio del Opus Dei. Estudió Derecho en la Universidad de Oviedo. Durante la Guerra Civil combatió como alférez provisional en los Tercios del Requeté. Después de la contienda ingresó por oposición en el Cuerpo de Abogados del Estado y en 1957 pidió una excedencia para incorporarse al Banco de Bilbao, como adjunto a la dirección general. Ese mismo año, el ministro de Comercio, Alberto Ullastres, destacado tecnócrata del Opus Dei, del Banco de Bilbao, le nombró subsecretario de Comercio. En 1960 regresó a la entidad bancaria, donde fue director general un año más tarde, al tiempo que era consejero del Instituto Nacional de Industria y procurador en Cortes. Ministro de Comercio desde el 7 de julio de 1965 hasta el 30 de octubre de 1969, fue destituido, procesado y condenado por sus responsabilidades políticas —negligencia culposa y descontrol— en el caso Matesa, que en 1969 enfrentó a los ministros falangistas (Manuel Fraga y José Solís) y católicos (Silva Muñoz) con los asociados al Opus Dei (López-Bravo, López Rodó y García-Moncó). Franco indultó a García-Moncó y todos los contendientes fueron relevados, poco a poco, de sus puestos. Tras su dimisión, García-Moncó regresó como vocal al consejo de administración del Banco de Bilbao, del Banco Industrial de Bilbao y del Banco de La Coruña; fue vocal de Fertiberia, de Naviera de Canarias y de Astilleros Españoles; presidente de KAS y del Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, y consejero del Banco Bilbao-Vizcaya, tras la unificación de ambas entidades.

GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, ANTONIO (1904-2004). Abogado. Embajador, ministro de Justicia entre 1975 y 1976. Fundador del influyente despacho que lleva su nombre, junto a su hermano Joaquín, catedrático de Derecho Mercantil. Entre ambos han ocupado importantes puestos en numerosas empresas españolas y multinacionales, como la presidencia de Citroen Hispania, de la Cadena SER; de Ediciones Cid (vocales: Manuel Aznar Gómez-Acedo y Vicente Botella Altube), de La Equitativa Seguros; de Hispano Olivetti; de Spanish Gulf Oil; vocalías de Standard Eléctrica, International General Electric Company of Spain, seguros La Estrella, El Encinar de los Reyes. Su hijo, Antonio Garrigues Walker es miembro de la Trilateral y está vinculado a José Carlos March Delgado.

GONZÁLEZ-BUENO Y BOCOS, PEDRO (1896-1987). Ingeniero de Caminos. Ministro de Organización y Acción Sindical en 1938-1939. Procurador en Cortes designado por Franco y miembro del Consejo de Estado. Presidente de la Comisión de Trabajo del Instituto de Racionalización del Trabajo. Gran Cruz Imperial del Yugo y las Flechas. Presidente de Citroen Hispania, de Osram, de la Caja de Seguros Reunidos, de Empresas Unidas, de Heliacero Internacional, de Industrias Patria, de Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas; vicepresidente de Tetracero; consejero de General Eléctrica Española.

GUTIÉRREZ CANO, JOAQUÍN (1920). Diplomático, ejecutivo de la banca pública y ministro de Franco. Licenciado en Derecho. Tras ingresar en la carrera diplomática en 1947, fue destinado al Servicio de Consejeros y Agregados de Economía Exterior y en 1951 nombrado agregado comercial a la embajada de España en Bonn. En 1957 fue designado presidente del Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas y, en febrero de 1961, simultaneó los cargos de vicesecretario nacional de Ordenación Económica y secretario general del Consejo Económico Sindical Nacional. En 1968, director ejecutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Entre otros cargos, fue procurador en Cortes; consejero del Instituto de Estudios Fiscales, del Banco de España y del Banco de Crédito Industrial. En julio de 1973 fue embajador de España en Japón. Desde el 3 de enero de 1974 hasta el 11 de diciembre de 1975 fue ministro de Planificación del Desarrollo. Con la llegada de la democracia, se dedicó a los negocios privados, fue representante de España en el Banco Mundial y consejero de este organismo. Presidente de Tecniberia y vicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, presidida por Carmen Franco Polo. Gutiérrez Cano escribió: «Franco consideró que el Estado nacional tenía primero que asegurar su independencia respecto de las fuerzas secretas, como la masonería especialmente y, por supuesto, las internacionales fueran de la clase que fuesen».

HERRERA ESTEBAN, LEÓN (1922). Abogado y teniente coronel auditor. Alférez provisional durante la guerra. Jefe de la Organización Juvenil Requeté. Ministro de Información y Turismo (1974-1975). Miembro de la Comisión Permanente de las Cortes, vicepresidente de la Comisión de Telecomunicaciones y Correos de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Consejero de Telefónica. Vocal de Eurobuilding; consejero de Iberia.

LACALLE LELOUP, GONZALO. Abogado del Estado. Procurador en Cortes durante tres legislaturas. Subsecretario del Tesoro. Vocal de la ponencia de financiación de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Director del Consejo Superior Bancario. Presidente de Papelera del Carmen; vocal de Standard Eléctrica, consejero delegado de Sarrió.

LAMO DE ESPINOSA Y ENRÍQUEZ DE NAVARRA, EMILIO (1914-1985). Abogado. Procurador en Cortes. Miembro del Consejo de Estado. Falangista desde antes de la Guerra. Gobernador civil de Málaga. Subsecretario de Agricultura. Fundador del Instituto de Estudios Agro-Sociales y de la Asociación Española de Derecho Agrario. Vocal del Consejo Superior Bancario. Director del Instituto de Estudios Políticos. Presidente del Sindicato Nacional de Banca, Bolsa y Ahorro. Vocal del Instituto Nacional de Industria durante tres décadas. Presidente del Consejo Superior Bancario. Consejero del Banco de España y del Patrimonio Forestal del Estado. Consejero de la Compañía Catalana de Cementos Porland.

LAVILLA ALSINA, LANDELINO (1934). Letrado del Consejo de Estado. Censor de Cuentas. Consejero Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Subsecretario de Industria. Ministro de Justicia con UCD (1976-1978). Presidente de Editorial Católica, de Caja de Emisiones con Garantía de Anualidades debidas por el Estado y Celulosas del Nervión. Vocal de CAMPSA, Uninsa y Acerinox. Asesor del Consejo Superior de Ferrocarriles, director general de Banesto. Senador por designación real entre 1977 y 1979. Presidente del Congreso de los Diputados entre 1979 y 1982.

LIÑÁN Y ZOFÍO, FERNANDO DE (1930). Ministro de Franco y banquero. Licenciado en Ciencias Exactas y en Ciencias Económicas. Diplomado en Estadística Matemática por la universidad de París, con estudios ampliados en los Estados Unidos. Tras desempeñar puestos directivos en empresas privadas, en 1959 ingresó en la Secretaría General Técnica de Presidencia del Gobierno. Nombrado en 1962 vicesecretario general de la Comisaría del Plan de Desarrollo donde, posteriormente, fue además presidente adjunto de la ponencia de Desarrollo Regional y de la comisión de Seguridad Social, y vocal de la Comisión de Telecomunicaciones y Correos de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. En 1964 se encargó de la jefatura del Servicio Central de Planes Provinciales. En 1969 ocupó el cargo de director general de Política Interior y Asistencia social del ministerio de Gobernación. Ministro de Información y Turismo entre junio y diciembre de 1973, en el primer gobierno presidido por Luis Carrero Blanco, Femando de Liñán ha sido también procurador en Cortes por designación directa de Franco, consejero nacional del Movimiento y presidente de la Comisión Interministerial de Planes Provinciales.

LLADÓ FERNÁNDEZ-URRUTIA, JOSÉ (1934). Catedrático de Química. Director general de Industrias Químicas y de la Construcción. Subsecretario de Mercado Interior. Subsecretario de Comercio. Presidente adjunto de las comisiones de Construcción y de Productos Químicos, así como vicepresidente de la ponencia de Investigación científica y Desarrollo tecnológico de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Con la democracia fue ministro de Comercio (1976) y de Transportes y Comunicaciones (1977-1978). Presidente del Patronato de Arte Reina Sofía, vicepresidente del Patronato Juan de la Cierva. Consejero del Banco Urquijo, Técnicas Reunidas, Banco Comercial e Industrial. Presidente de Técnicas Reunidas y consejero del Banco Bilbao Vizcaya. Casado con una hija del ministro Manuel Arburúa.

LÓPEZ-BRAVO DE CASTRO, GREGORIO (1923-1985). Ingeniero naval. Ministro de Industria (1962-1969) y de Asuntos Exteriores (1969-1973). Socio supernumerario del Opus Dei. Se definió a sí mismo como «un liberal reprimido». Director general de Comercio Exterior. Director del Instituto de Moneda Extranjera, Miembro de la Junta de Energía Nuclear. Presidente de la Sociedad Nacional Industrias Aplicadas Celulosa Española y de Crinavis; administrador del Banco Español de Crédito, llamado a suceder a Pablo Garnica en la presidencia de la entidad; consejero de Motor Ibérica. Diputado de Alianza Popular por Madrid entre 1977 y 1978. Murió e un accidente aéreo en el monte Oiz (Vizcaya).

LÓPEZ DE LETONA Y NUÑEZ DEL PINO, JOSÉ MARÍA (1922). Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ministro de Industria entre 1969 y 1974. Procurador en Cortes por designación directa de Franco. Presidente del Banesto y del Banco de Madrid, gobernador del Banco de España. En 1960 accedió a la presidencia española de empresas del grupo Westinghouse y a la de Bimetal, tras los acuerdos con empresas extranjeras para establecerse en España. El 14 de enero de 1966 fue nombrado subcomisario del Plan de Desarrollo. Consejero del INI. Negoció la implantación de Ford en España. Al dejar de ser ministro, presidió la Empresa Nacional del Petróleo (EMPETROL). Gobernador del Banco de España entre 1976 y 1978. Creó el fondo de Garantía de Depósitos y la Coiporación Bancaria. En 1979, fue consejero del Banco de Madrid y sucedió a Claudio Boada en la presidencia de esta entidad en junio de 1981. Consejero de Banesto desde 1986, vicepresidente y consejero delegado de la entidad con la misión de hacer frente a la crisis del Banco Garriga Nogués y al proceso de fusión con el Banco Coca. Como hombre fuerte de Banesto, destinó los beneficios de la entidad de 1986 (84 868 millones de pesetas) para su saneamiento. Después de mantener sucesivas discrepancias con Garnica y rechazada la posibilidad de fusión con el Banco de Bilbao, presentó su dimisión el 30 de noviembre de 1987, y dejó a Mario Conde la posibilidad de llegar a la presidencia. Desde su salida de Banesto, López de Letona trabaja en la empresa privada y ocupa un puesto en el consejo del Banco de Alcalá, propiedad de la familia Argüelles. A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido también presidente de: Rank Xerox, de Interholding (también fundador), de la Asociación de Empresas Constructoras de Á.

LOZANO VICENTE, FRANCISCO (1922). Ingeniero de Caminos. Procurador en Cortes. Ministro de la Vivienda entre 1975 y 1977. Presidente del consejo de administración de RENFE, vicepresidente de la Comisión de Precios.

MARAÑÓN MOYA, GREGORIO (1915). Marqués de Marañón. Abogado. Hijo del famoso médico de su mismo nombre. Alférez provisional durante la guerra civil. Procurador en Cortes. Director del Instituto de Cultura Hispánica, embajador. Acaparó tantos cargos públicos que en una ocasión Franco le preguntó con sorna gallega durante una audiencia en El Pardo: «Oiga, usted además de venir aquí, ¿a qué se dedica?». Presidente de Johnson & Johnson Ibérica, del Centro de Revitalización Marañón; consejero de Coca-Cola de España, vicepresidente de Compañía Continental Hispánica. Actualmente es consejero de Warner Española. Su hijo, Gregorio Marañón Bertrán de Lis, dirige un influyente despacho de abogados y en 1993 rechazó la oferta de Felipe González para que se integrara en las listas del PSOE.

MARCH SERVERA, BARTOLOMÉ (1917-1999). Conde de Pernia. Presidente de Aucona, de Comercial Turística Canaria, consejero de Fuerzas Eléctricas de Cataluña. Actualmente los March, con Juan y José Carlos March Delgado (la tercera generación) al frente de las finanzas, están considerados como la mayor fortuna de España con un patrimonio estimado en 250 000 millones de pesetas y ocupan el cuarto puesto entre los máximos inversores bursátiles de España, ya que poseen 225 331 millones de pesetas en Bolsa, a través de la Corporación financiera Alba.

MARTÍN ARTAJO Y ÁLVAREZ, ALBERTO (1905-1979). Abogado. Procurador en Cortes nombrado por Franco durante diez legislaturas y miembro del Consejo de Estado. Ministro de Asuntos Exteriores entre 1945 y 1957. Presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y vocal de la Junta Nacional de Prensa Católica. Consuegro de Carrero Blanco. 13 consejos. Presidente de la Sociedad Española de Metales Preciosos; vocal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (de la que fue su primer presidente tras la Guerra Civil), del Banco Exterior de España, de ENDESA, de la Empresa Nacional de Electricidad y de Eléctricas Reunidas de Zaragoza.

MARTÍN SANZ, DIONISIO (1910-2006). Falangista. Ingeniero agrónomo, empresario agrícola. Subsecretario de Agricultura, consejero del Reino. Creador del Servicio Nacional de Trigo durante la Guerra civil. Vocal de la comisión de Agricultura de la Comisaría del Plan de Desarrollo. Presidente de la Unión Nacional de Empresarios del Olivo, propietario de una finca agrícola en Jaén. Presidente de la Compañía Organizadora del Consumo, de Autocampo, de la Inmobiliaria del Parque de las Naciones (Madrid); vicepresidente de la Empresa Nacional de Celulosas, de Compañía Anónima de Embalajes, de Autoestaciones Jaén.

MARTÍN VILLA, RODOLFO (1934). Ingeniero industrial. Pertenece al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado. Vinculado con el sindicalismo vertical en la época franquista, fue Jefe Nacional del SEU. Con Carlos Arias Navarro fue ministro de Relaciones Sindicales en diciembre de 1975, en el primer Gobierno de la Monarquía. Tras ser nombrado Adolfo Suárez Presidente del Gobierno, en julio de 1976 ocupó la cartera de Gobernación hasta abril de 1979. Designado senador real en las Cortes Generales de 1977. Diputado al Congreso por la provincia de León con UCD. Ministro de Administración Territorial en septiembre de 1980. Leopoldo Calvo Sotelo lo confirmó en el mismo puesto. Vicepresidente primero del Gobierno de diciembre de 1981 a julio de 1982. Con la disolución de UCD, se incorporó al Partido Demócrata Popular para integrarse, en 1989, en el PP, saliendo Diputado. Comisionado del Gobierno para el desastre del Prestige. Presidente de diversas empresas y corporaciones industriales, entre las que destacan ENDESA (1997-2002), de la que es todavía Presidente de honor. Presidente de Sogecable.

MARTÍNEZ ESTERUELAS, CRUZ (1932-2000). Abogado del Estado. Procurador en Cortes. Ministro de Planificación entre junio y diciembre de 1973, de Educación y Ciencia entre 1974 y diciembre de 1975. Representante del Ministerio de Hacienda en el Consejo Nacional Bancario. Falangista. Director general de la Fundación March. Presidente del Banco de Crédito a la Construcción, de Industrias Químicas Procolor.

MARTÍNEZ SÁNCHEZ-ARJONA, JOSÉ MARÍA (1905-1977). Abogado. Marqués de Paterna del Campo. Ministro de la Vivienda en 1960 y Consejero del Movimiento y de Economía Nacional. Consejero de la Compañía Inmobiliaria Comercial, del Banco de España, de Ensidesa; vocal de la Empresa Nacional Siderúrgica, de Minas de Almagrera.

MASÓ VÁZQUEZ, ENRIQUE (1924). Alférez provisional durante la guerra civil. Alcalde de Barcelona entre 1973-1975. Vinculado al anterior alcalde, Porcioles. Representante del INI en los Estados Unidos. Presidente de Bedaux Española, de Túneles y Autopistas de Barcelona; vicepresidente del Banco Industrial de Cataluña. Desde 1996 preside el Hotel Ritz de Madrid y consejero de Electrónica de Mando y Control.

MONREAL LUQUE, ALBERTO (1926). Economista. Procurador en Cortes designado por Franco y por el Rey, en la última legislatura. Ministro de Hacienda entre 1969 y 1970. Tecnócrata del Opus Dei. Presidente de Tabacalera, vicepresidente del Banco Coca. En los años 90 ocupó importantes cargos en los consejos de administración de empresas editoriales.

NIETO ANTÚNEZ, PEDRO (1898-1978). Militar. Ministro de Marina entre 1962 y 1969. Consejero Nacional y Procurador en Cortes designado por Franco. Presidente de Cementos Alba, de Munguía Industrial; vocal de Arosa y consejero de Fuerzas Eléctricas de Cataluña.

OLIART SAUSSOL, ALBERTO CARLOS (1928). Abogado del Estado. Subsecretario. Vocal de la Ponencia de Desarrollo Regional de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Ministro de Defensa con UCD (1981). Director general del Banco Hispano Americano y consejero del Banco Urquijo; consejero de Cros.

OLLERO DE LA ROSA, JUAN ANTONIO. Abogado del Estado. Subsecretario de Obras Públicas. Socio del Opus Dei. Presidente de Astilleros Españoles, consejero del Banco Hispano Americano, del Banco Urquijo, de Hispamesa, de la Compañía de Transformación y Explotación de la Marisma; vocal de Petronor, de CAMPSA, de la Compañía Metropolitano de Madrid.

OREJA AGUIRRE, MARCELINO (1935). Diplomático. Consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Director del Gabinete Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1962 y 1969. Secretario de Fernando María Castiella. Director de relaciones exteriores del Banco de España. Subsecretario del ministerio de Información y Turismo en 1974 y representante en el INI. Emparentado con la familia Arburúa. Ministro de Asuntos Exteriores con UCD (1976-1980). Comisario europeo por el PP. Vocal de Agromán. Consejero de Iberia Líneas Aéreas. Presidente de Fomento de Construcciones y Contratas.

ORIOL Y URQUIJO, JOSÉ MARÍA DE (1915-1985). Abogado. Delegado de Auxilio Social y presidente de Cruz Roja durante los años 60. Vocal de la Comisión de Energía de la comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Los tres hermanos de la familia Oriol: Antonio María (1910-1996), que fue alférez provisional durante la guerra y ministro de Justicia desde 1965 a 1969, Lucas María y José María, ocupan 17 consejos. Grandes propiedades agrarias en Andalucía, Castilla-León, Navarra y Valencia. Presidente de Sociedad Española de Productos Fotográficos Valca, vocal de Iberduero, de Patentes Talgo, de Eléctrica Viesco, de Hidroeléctrica Española, Compañía de Riego de Levante, Compañía Minero Metalúrgica Los Guindos, Ybarra y Cia.

ORIOL YBARRA, IÑIGO (1935). Conde de Casa Oriol. El hijo de José María Oriol y Urquijo, fue procurador en Cortes como su padre, consejero del Movimiento y secretario del Consejo del Reino. Sucedió a su progenitor en la presidencia de Hidroeléctrica Española. Presidente de Unión Eléctrica, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Presidente de Iberdrola —la gran compañía eléctrica producto de la fusión de Hidrola con Iberduero en los años 90—, de Hidroeléctrica de Cataluña, de Asland; consejero de Siemens. La fusión de Iberdrola con Endesa le convierte en el principal empresario eléctrico de España. Miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE. Heredero de la familia Oriol, está entre las cincuenta mayores fortunas de España (patrimonio estimado: 150 millones de euros).

OSORIO GARCÍA, ALFONSO (1923). Letrado del Estado. Dirigente de Acción Católica. Subsecretario de Comercio. Simpatizante del Opus Dei. Presidente de Inversiones Esso. Vicepresidente de Petromed; consejero del Banco Exterior. Senador por designación real entre 1977 y 1979. Vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia entre 1975 y 1976. Diputado de Coalición Popular por Cantabria entre 1986 y 1989.

PÉREZ DE BRICIO OLARIAGA, CARLOS (1927). Técnico de Aduanas. Subdirector general de Aduanas. Director general de Empresas Siderometalúrgicas y Navales. Presidente adjunto de las comisiones de Industrias Básicas de Metales no férreos y de Construcción de Maquinaria de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Ministro de Industria (1975-1976). Presidente de Unión de Empresas y Entidades Siderúrgicas, vocal de Astilleros Españoles, Boetticher y Navarro, Equipos Nucleares. Fundador y vicepresidente de la CEOE. Presidente de CEPSA y consejero de Citroen Hispania.

PÉREZ GONZÁLEZ, BLAS (1898-1978). Jurídico militar. Ministro de Gobernación entre 1942 y 1957. Clan de El Pardo. Presidente de Nora Iberia; consejero del Patronato de la Fundación March, vocal de Transmediterránea, de Seguros Lepanto y de Auxiliar de la Construcción.

PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO, MIGUEL (1934). Abogado. Duque de Primo de Rivera. Alcalde franquista de Jerez, procurador en Cortes. Presidente de la Comisión de Estructuras y Servicios Urbanos de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Emparentado con los Oriol, Urquijo y Larios. Sobrino del fundador de la Falange, su padre, Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia fue ministro de Franco entre 1941 y 1945. Presidente de Diversas Inversiones, vocal de Fósforos del Pirineo, Gestinver, Vías y Construcciones. Propiedades agrarias en Andalucía. Senador por designación real entre 1977 y 1979.

REGUERA GUAJARDO, ANDRÉS (1930-2000). Abogado. Secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas en 1970; subsecretario de Agricultura; ministro de Información y Turismo en 1975. Director general de Campsa; vocal de Butano y del Banco Exterior de España. Consejero de Altamira, de Prensa Española, de Ibérica de Autopistas, y secretario de Inmuebles en Renta.

REIN SEGURA, CARLOS (1897-1992). Falangista. Ingeniero agrónomo y abogado. Procurador en Cortes designado por Franco. Consejero Nacional del Movimiento. Ministro de Agricultura (1945-1951). Presidente de la Empresa Nacional de Industrialización de Residuos Agrícolas, de Ricardo Medem, de John Deere Ibérica; de Hierros y Aceros de Jaén; vicepresidente de Tabacalera y de Industria Cervecera Sevillana; vocal de Inmobiliaria La Campana (junto a Luis Peralta España); consejero del Banco Exterior de España y del Banco Occidental.

RIBERA ROVIRA, ANDRÉS (1919). Abogado. Procurador en Cortes designado por Franco. Vocal de la Ponencia de Trabajo y Promoción Social y presidente de la Comisión de Industrias Básicas de Metales no férreos de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Presidente de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Consejero del Banco de España. Presidente del Banco Industrial de Cataluña. Senador por designación real entre 1977 y 1979. Presidente de la Sociedad de Fabricación de Carbones Eléctricos.

ROMEO GORRÍA, JESÚS (1916). Abogado-letrado del Consejo de Estado. Ministro de Trabajo entre 1962 y 1969. Simpatizante del Opus Dei. Presidente de Iberia, de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, de Seifert y Bienzobas, de Inmobiliaria El Carmen; consejero delegado de Alas Publicidad.

SAINZ DE VICUÑA GARCÍA-PRIETO, JOSÉ MARÍA. Marqués de Alhucemas. Alférez provisional durante la Guerra Civil. Subsecretario de Hacienda. Simpatizante del Opus Dei. 11 consejos. Director General del Banco Español de Crédito. Consejero de Compañía General de Ferrocarriles, Tranvías de Barcelona, Compañía Industrial del Llobregat.

SAMARANCH TORELLÓ, JUAN ANTONIO (1920). Marqués de Samaranch. Procurador en Cortes. Delegado de Deportes del Movimiento Nacional. Presidente de la Diputación de Barcelona. Vocal de la ponencia de Desarrollo Regional de la Comisaría del III Plan de Desarrollo. Falangista monárquico. Presidente de la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona, de Urbanización Torre Baró; consejero del Banco de Madrid, de la Fábrica Española de Magnetos; vocal del Banco Catalán de Desarrollo, de Autopistas Concesionaria Española, de La Constancia de Seguros, la Urbanizadora del Prat. Presidente del Comité Olímpico Internacional, con sede y residencia en Lausana (Suiza), y vocal de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.

SANGRÓNIZ Y CASTRO, JOSÉ ANTONIO (1895-1980). Diplomático. Marqués de Desio. Vicepresidente de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España. Clan de El Pardo. Miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona. 16 consejos. Vicepresidente de Construcciones Civiles; consejero de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, vocal de El Encinar de los Reyes, de Unión de Explosivos Riotinto, de la Compañía Española de Penicilina y Antibióticos; vicepresidente de Manufacturas Metálicas Madrileñas.

SENDAGORTA ARAMBURU, ENRIQUE. Director general de Comercio Exterior. Vocal de la comisión de Transportes de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Presidente de Petronor, consejero de la Junta de Energía Nuclear, de Ybarra y Compañía; vocal de CAMPSA. Su hermano José Manuel fue procurador en Cortes y miembro de varias comisiones de la Comisaría del III Plan de Desarrollo.

SILVA MUÑOZ, FEDERICO (1923-1997). Alférez de Complemento de la Milicia Aérea Universitaria. Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Abogado del Estado. Letrado del Consejo de Estado. Procurador en Cortes, consejero nacional del Movimiento. Vicepresidente (1960) de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Vocal del Consejo Superior de Enseñanza de la Iglesia. Rector del CEU. Simpatizante del Opus Dei. Ministro de Obras Públicas (1965-1970). Después del asesinato de Carrero, salió del gobierno para presidir Aviaco. Tras la muerte de Franco, se dedicó a la abogacía y al asesoramiento jurídico de empresas; fundó el partido Democracia Social, integrado en Alianza Popular; fue elegido diputado en la legislatura constituyente (1977-1978), cargo y militancia que abandonó en agosto de 1979, tras participar en la elaboración de la Constitución española de 1978. Desde 1985, jefe del Servicio de Letrados del Estado del Tribunal Supremo. En 1987, presidente del Banco Gallego (antiguo Banco de Crédito e Inversiones). Presidente de CAMPSA, del Banco Comercial Español y de Credit Lyonnais España. Vicepresidente de Asfaltos Españoles, Butano, Probimsa y del Banco Internacional de Comercio; consejero de Cofrisa, de Iberia y del Banco Español de Crédito; vocal de Cartera de Títulos e Ibermutua. En los años noventa, asesor del Banco Central Hispano.

UTRERA MOLINA, JOSÉ (1926). Abogado. Miembro de la Hermandad de Alféreces Provisionales. Ministro de la Vivienda en 1973, ministro secretario general del Movimiento entre 1974 y 1975. Falangista. Presidente del Banco Rural y Mediterráneo, de Hoteles Agrupados.

VALERO BERMEJO, LUIS (1926). Abogado del Estado. Alférez provisional durante la guerra civil. Subsecretario de Hacienda, de la Vivienda y director general de Moneda y Timbre. Vocal de la Comisión de Construcción de Maquinaria de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Consejero nacional del Movimiento. Presidente de la Empresa Nacional del Gas. Presidente de Butano, vocal de Forjas Alavesas. Consejero del Banco Exterior.

VIGÓN SUERODÍAZ, JORGE (1893-1978). Militar. Hermano del general Vigón. Ministro de Obras Públicas entre 1957 y 1965. Premio Nacional de Literatura 1950 y Premio Nacional de Periodismo 1949. Presidente de Petrolíber.

VILLAR MIR, JOSÉ MIGUEL (1931). Ingeniero de Caminos y licenciado en Derecho. Subdirector general de Puertos y Señales Marítimas, director general de Empleo y secretario general del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, en los años 60. Vocal de la Comisión de Construcción de la Comisaría del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Pasó por la presidencia de Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo antes de ser ministro de Hacienda en diciembre de 1975 con Arias Navarro, mientras presidía Hidro Nitro Española. Presidente de Electra de Viesco, Obrascón, Huarte Lían y consejero de Asturiana de Zinc.

YSASI-YSASMENDI Y ADARO, JOSÉ JOAQUÍN (1927). Abogado del Estado. Subsecretario de Comercio. Vocal de la Comisión de Industrias de la Alimentación del III Plan de Desarrollo 1972-1975. Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Azúcar, después de ser presidente y director general de la Sociedad General Azucarera de España. Presidente de Domecq España, de Azucarera Ebro Agrícolas, de Unión Alcoholera Española. Consejero del Banco Internacional de Comercio.

Cronología Básica

CRONOLOGÍA BÁSICA

1932

—Alzamiento del general Sanjurjo, en Sevilla, contra la República.

—El financiero Juan March es encarcelado por contrabando, corrupción y prácticas monopolistas contra el Estado.

—Victoria electoral en Alemania del Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler.

1933

—Triunfo de la derecha en las elecciones: comienza el bienio negro.

—Alejandro Lerroux forma Gobierno.

—José Antonio Primo de Rivera funda Falange Española.

—Hitler, canciller del Tercer Reich.

—Incendio del Reichstag.

1934

—Francisco Franco reprime la revolución asturiana de octubre.

—La Falange de José Antonio y las JONS de Onésimo Redondo se unen en un solo partido: FET y de las JONS.

1935

—El primer ministro José María Gil Robles, de la CEDA, nombra al general Franco jefe del Estado Mayor Central del Ejército.

—Estalla el escándalo del estraperlo.

1936

—Victoria electoral del Frente Popular en España y Francia.

—Azaña, proclamado Presidente de la República.

—Asesinato del teniente José Castillo y de José Calvo Sotelo.

—Sublevación militar del 18 de julio contra la República, financiada por Juan March. Estalla la Guerra Civil española.

—Franco, Generalísimo (septiembre); en octubre, gracias a las artimañas de su hermano Nicolás, es Jefe del Estado.

—Fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en la cárcel de Alicante.

—Alemania e Italia crean el Eje y reconocen al gobierno de Franco.

1937

—Franco, nombrado Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

—Batalla de Brunete. Batalla del Jarama.

—Ofensiva de Belchite.

—Bilbao es ocupado por las fuerzas nacionales.

1938

—Serrano Suñer desplaza a Nicolás Franco como consejero del general y pasa a «número dos» del régimen.

—Fuero del Trabajo.

—Batalla del Ebro.

—Alemania se anexiona Austria.

—Pacto de Munich.

1939

—Los nacionales entran en Barcelona.

—El gobierno franquista promulga la Ley de Responsabilidades Políticas.

—Depuración de los cuerpos docentes.

—Los primeros gabinetes de Franco dominados por falangistas moderados: Serrano Suñer, Carceller, Fernández-Cuesta, Sánchez-Mazas, Gamero del Castillo, Muñoz Grandes…

—Fin de la Guerra Civil española. El escenario político dominado por los militares: Varela, Yagüe, Beigbeder, Muñoz Grandes, Suanzes, Jordana, Dávila…

—Racionamiento de alimentos: se utiliza la cartilla (hasta 1951).

—Comienza la Segunda Guerra Mundial tras la invasión de Polonia por el ejército alemán.

1940

—Ley de Unidad Sindical.

—Creación del Frente de Juventudes.

—Se crea el Tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo.

—Entrevista Franco-Hitler en Hendaya.

—Comienzan las obras del Valle de los Caídos.

—El mariscal Pétain pacta con Alemania la capitulación de Francia.

—Se inicia la batalla de Inglaterra.

—En el exilio, el rey Alfonso XIII abdica en su hijo Juan de Borbón.

1941

—Franco se entrevista con Mussolini en Bordighera.

—Alemania invade la Unión Soviética.

—La División Azul sale de España con dirección al frente ruso.

—Japón ataca Pearl Harbour.

1942

—Firma del Pacto Ibérico con Portugal.

—Tras el «suceso de Begoña», Ramón Serrano Suñer es destituido por Franco.

1943

—Batalla de Stalingrado; los alemanes, derrotados por el ejército soviético; cambia el curso de la Guerra.

—Caida de Mussolini, Italia firma el armisticio con las fuerzas aliadas.

—El gobierno franquista se declara neutral.

—Regresa la División Azul.

1944

—Desde Portugal, don Juan de Borbón escribe a Franco reclamando la reinstauración de la Monarquía.

—Restricciones eléctricas (hasta 1954).

1945

—Fin de la Guerra Mundial.

—Rendición de Alemania y Japón.

—Fundación de la Organización de las Naciones Unidas.

1946

—La ONU rechaza al Régimen de Franco. Aislamiento internacional.

—Retirada de Embajadores de Madrid y cierre de la frontera francesa.

1947

—Franco anuncia la Ley de Sucesión, España vuelve a ser un Reino, los nobles vuelven a ser «Excelentísimos señores» y se les facilita pasaporte diplomático.

—Referéndum sobre la ley de sucesión.

—Huelga masiva en Vizcaya, la primera tras la guerra.

—Reconstrucción europea. Se inicia el Plan Marshall mientras España sigue aislada internacionalmente.

—Comienza la «guerra fría».

1948

—Se constituye el Consejo del Reino.

—Franco se entrevista con Juan de Borbón en el yate Azor.

—Estalla el escándalo de Barcelona Traction, negocio de Juan March.

—Nace el estado de Israel.

—Gandhi es asesinado.

—La ONU aprueba la Declaración de los Derechos Humanos.

1949

—Altos cargos militares son sancionados en España por firmar un manifiesto monárquico.

—El Ejército Rojo de Mao entra en Pekín.

—Creación de la OTAN.

1950

—Boda de Carmen Franco Polo con Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde.

—Estalla la guerra de Corea.

—Se crea la SEAT, empresa automovilística.

1951

—La empresa francesa FASA-Renault llega a España bajo la presidencia de Nicolás Franco.

1952

—Termina el racionamiento del pan.

—Se celebra el Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona.

1953

—Comienza el fin del aislamiento. Se restablecen relaciones diplomáticas con Europa.

—El régimen de Franco firma los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos.

—Firma del Concordato con la Santa Sede.

—Fin de la guerra de Corea.

1954

—Nace el primer nieto varón del Caudillo: Francisco Franco Martínez-Bordiú.

—El consuegro de Franco, José María Martínez, funda el Banco de Madrid.

—Estalla un escándalo de importación de Vespas que implica al marqués de Villaverde.

1955

—España, admitida en la ONU.

—Se constituye el Pacto de Varsovia.

1956

—España ingresa en la ONU. Fin del aislamiento internacional.

—Huelga general en Cataluña, Navarra y Guipúzcoa. Estado de Excepción.

—España reconoce la independencia de Marruecos.

—Primeras movilizaciones estudiantiles en la Universidad de Madrid.

—Crisis del Sindicato de Estudiantes Universitarios, falangista.

—Primera emisión de Televisión Española.

—Comienza la Batalla de Argel.

1957

—Los «tecnócratas» del Opus Dei llegan al Gobierno, acaba el predominio falangista y empieza el de los nuevos ministros vinculados a la Obra: Ullastres, Navarro Rubio, López Bravo, López Rodó…

—Primera promoción del Cuerpo de Economistas del Estado.

—Reforma fiscal.

—Nace la Oficina de Coordinación y programación Económica que lanzará los Planes de Desarrollo imitando el modelo francés.

—Nace la Comunidad Económica Europea.

—Conflicto de Ifni.

—España reclama Gibraltar en la ONU.

1958

—Promulgada la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento.

—Nicolás Franco es cesado como embajador de España en Lisboa.

—Ingreso de España en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial.

—Se regulan los convenios colectivos.

1959

—Plan de Estabilización económica: acaba la época autárquica y la posguerra.

—Se fomenta el turismo, el comercio exterior y la entrada de capitales extranjeros.

—Visita del presidente Eisenhower.

—Ley de Oren Público.

—La quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas desencadena un escándalo que implica al hermano del Caudillo.

—Nace ETA.

—Terminan las obras del Valle de los Caídos.

1961

—Se levanta el Muro de Berlín.

1962

—El Gobierno pide iniciar negociaciones con la CEE.

—Un informe económico del Banco Mundial abre el camino de los planes de desarrollo. «Contubernio de Munich».

—Primera aparición de Comisiones Obreras.

—Huelga minera en Asturias.

—La oposición antifranqista se reune en Munich: contubernio de Munich.

—Independencia de Argelia.

—Crisis de los misiles en Cuba.

1963

—Ejecución del dirigente comunista Julián Grimau. Protesta internacional.

—Creación del Tribunal de Orden Público (TOP).

—Creación de la Comisaría para el Desarrollo dirigida por Laureano López Rodó.

—Asesinato de John Fitzgerald Kennedy.

1964

—Primer Plan de Desarrollo.

—Celebración de los XXV Años de Paz.

—La hermana del Caudillo. Pilar Franco, denunciada por una operación inmobiliaria realizada en Madrid sobre unos terrenos inexistentes.

1966

—Ley Orgánica del Estado, aprobada en referéndum.

—Se crea la figura del Presidente del Gobierno y los procuradores por el tercio «familiar».

—Ley de Prensa de Manuel Fraga.

—Éxito del Primer Plan de Desarrollo. Crecimiento económico.

—Ramón de Rato acaba en la cárcel tras reclamar una deuda a Nicolás Franco.

—La denominación «FET de las JONS» definitivamente sustituida por «Movimiento Nacional».

1968

—Segundo Plan de Desarrollo.

—Un guardia civil, primera víctima mortal de ETA.

—Independencia de Guinea Ecuatorial.

—Asesinato de Martín Luther King.

—Mayo del 68 en París.

—Primavera de Praga.

—Matanza de estudiantes en Tlatelolco, México.

1969

—Protegidos por Carrero Blanco, gobierno «monocolor» con predominio de tecnócratas del Opus Dei. López Rodó, Monreal Luque, López de Letona, Fontana Codina, Allende García-Baxter y Mortes Alfonso.

—Juan Carlos de Borbón nombrado sucesor por Franco.

—El escándalo Matesa abre una crisis gubernamental sin precedentes, utilizada por los falangistas, que al final son desplazados.

—Se acentúa la represión policial; estado de excepción en todo el país.

—El astronauta Armstrong pisa la Luna.

—El ejército de los Estados Unidos comienza a retirarse de Vietnam.

1970

—Consejo de Guerra de Burgos contra miembros de ETA: nueve condenas a muerte, que son conmutadas.

—El presidente Nixon visita España.

—La quiebra de Confecciones Gibraltar, destapa un fraude que implica al clan de El Pardo.

—Aumenta la conflictividad y las huelgas. Cierre de la Universidad.

—Ley General de Educación.

—El socialista Allende gana las elecciones en Chile.

1971

—Ofensiva contra la prensa: Cierre y demolición del diario Madrid, sanción a la revista Triunfo.

—El cardenal Enrique Tarancón nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española.

—Se constituye en Barcelona la Asamblea de Catalunya, que reúne a todas las fuerzas democráticas.

1972

—Se pone en marcha el Tercer Plan de Desarrollo.

—El escándalo REACE, también conocido como «el aceite de Redondela», salpica a Nicolás Franco Bahamonde. Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco, se casa con Alfonso de Borbón, primo de Juan Carlos.

—Asalto a la Villa Olímpica de Munich.

—Fin de la guerra de Vietnam.

1973

—Carrero Blanco es designado presidente del Gobierno por Franco (junio).

—Carrero Blanco muere asesinado en un atentado de ETA (diciembre).

—Proceso del TOP contra miembros de Comisiones Obreras (Proceso 1001).

—Sube la inflación (17%).

—Golpe militar de Pinochet en Chile.

1974

—Ejecución de Salvador Puig Antich.

—Franco enfermo de gravedad.

—Carlos Arias Navarro, nuevo presidente del Gobierno.

—Juan Carlos de Borbón, jefe «interino» del Estado, envía a Nicolás Franco Pascual de Pobil a París a entrevistarse con Santiago Carrillo, líder de la Junta Democrática.

—Escándalo SOFICO.

—Revolución de los Claveles en Portugal.

1975

—Decreto-Ley antiterrorista.

—Cinco antifranquistas ejecutados tras un consejo de guerra sumarísimo, sin garantía procesal.

—Ante el rechazo internacional al Régimen, Franco preside su última gran concentración en la Plaza de Oriente.

—«Marcha verde» en el Sahara.

—Franco muere el 20 de noviembre.

—Juan Carlos de Borbón forma su primer Gobierno.

—Guerra civil en el Líbano.

1976

—Santiago Carrillo vuelve a España.

—Adolfo Suárez, ministro secretario general del Movimiento, presenta en las Cortes la nueva Ley de Asociaciones.

—El Rey destituye a Arias y designa a Suárez presidente del Gobierno.

—El PSOE celebra su XXVII Congreso en Madrid.

1977

—Matanza de Atocha: cinco abogados laboralistas, asesinados por miembros de la extrema derecha.

—Decreto de amnistía.

—Legalización del PCE.

—Primeras elecciones democráticas en España desde 1936. Gana la UCD de Adolfo Suárez.

—Se firman los Pactos de la Moncloa.

—El presidente de la Generalitat, Joseph Tarradellas, regresa a Cataluña.

—Muere Nicolás Franco Bahamonde.

—Devaluación de la peseta en un 20 por 100.

1978

—La nueva Constitución, aprobada en referéndum.

1979

—Elecciones generales: nuevo triunfo de UCD.

—Primeras elecciones municipales democráticas: vence la izquierda.

1980

—Aprobación del Estatuto de los Trabajadores.

—Los asesinos ultraderechistas de la matanza de Atocha son condenados a casi quinientos años de prisión.

—Hacienda expone las listas de contribuyentes, con sus declaraciones de ingresos y patrimonio. José María Ruiz-Mateos es la persona con mayor patrimonio de España.

—La Audiencia Nacional dictamina que existe corrupción en RTVE.

—El 11,7% de la población activa española está en paro.

—Estalla la guerra entre Irán e Irak.

1981

—Adolfo Suárez presenta su dimisión.

—Intento de golpe de Estado del 23-F.

—Calvo-Sotelo sucede en la presidencia a Suárez.

—Primera víctima del envenenamiento masivo del «caso del aceite de colza adulterado».

—La quiebra de Sofico, declarada fraudulenta por la Audiencia Nacional, a los seis años de iniciarse el proceso.

—Aprobada la Ley del Divorcio.

—Hacienda interviene las operaciones de Fidecaya.

—El Guernica de Picasso vuelve a España.

—El Congreso da el «sí» a la entrada de España en la OTAN.

1982

—Calvo-Sotelo dimite.

—Se descubre el intento golpista del 27-0.

—El PSOE gana las elecciones generales. Felipe González, nuevo presidente.

—El Gobierno aprueba la jornada laboral de 40 horas semanales.

—España, miembro de la OTAN.

—Rotura de la presa de Tous.

—Las Fuerzas Armadas argentinas invaden las Islas Malvinas.

Bibliografía esencial consultada

Se reseñan únicamente los libros y publicaciones que se han utilizado directamente para la elaboración de esta obra.

Abella, Rafael, La vida cotidiana bajo el régimen de Franco, Temas de Hoy, Barcelona, 1996.

Aguilar Fernández, Paloma, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Alianza, Madrid, 1996.

Álvarez-Puga, Eduardo, Matesa, Más allá del escándalo, Dossier Mundo, Dopesa, Barcelona, 1974.

—, Clemente, Juan Carlos y Gironés, José Manuel, Los 90 ministros de Franco, Dopesa, Barcelona, 1970.

Ansaldo, Juan Antonio, ¿Para qué? De Alfonso XIII a Juan III, Vasca Ekin, Buenos Aires, 1951.

Arburúa, Manuel, Cinco años al frente del ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Madrid, 1956.

Arrarás, Joaquín, Historia de la Segunda República Española, Editora Nacional, Madrid, 1956.

Arrese, José Luis de, Una etapa constituyente, Planeta, Barcelona, 1982.

Aznar Zubigaray, Manuel, Historia militar de la guerra de España, Ediciones Idea, Madrid, 1940. Reeditado por Editora Nacional, Madrid, 1953.

Baldavío, Joaquín y Sinova, Justino, Todo Franco. Franquismo y antifranquismo de la A a la Z, Plaza y Janés, Barcelona, 2000.

Bayod, Ángel (coord. y recop.), Franco visto por sus ministros, Planeta, Barcelona, 1981.

Benavides, Manuel D., El último pirata del Mediterráneo, Cosmos, Barcelona, 1934.

Bertrán Güell, Felipe, Momentos interesantes de la Historia de España. La España de 1936. Preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional, Librería Santarén, Valladolid, 1939.

Bolín, Luis, España: los años vitales, Espasa-Calpe. Madrid, 1967.

Cabanellas, Guillermo, La guerra de los mil días: nacimiento, vida y muerte de la Segunda República, Ediciones Heliasta, Buenos Aires, 1973.

Cambó, Francesc, Memorias, Alianza Editorial, Madrid, 1987.

Canal, Jordi, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España, Alianza Editorial, Madrid, 2000.

Casanova, Julián y otros, Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999.

Chamorro, Eduardo, Francisco Franco. Anatomía de un mito, Plaza y Janés, Barcelona, 1998.

Cierva, Ricardo de la. Historias de la corrupción, Planeta, Barcelona, 1992.

Descola, Jean, Oh España, Euros, Barcelona, 1976.

Dueñas, Gonzalo, La ley de prensa de Manuel Fraga, Ruedo Ibérico, París, 1969.

Díaz. Lorenzo, La Radio en España. 1923-1997, Alianza Ediorial, Madrid, 1997.

Díaz-Centeno, Roberto. Clan Solís: ensalada de millones, Editorial España Crítica, Madrid, 1982.

Díaz Herrera, José y Tijeras, Ramón, El dinero del Poder, Plaza y Janes/Cambio 16, Madrid, 1991.

Dixon, Arturo, Señor Monopolio. La asombrosa vida de Juan March, Planeta, Barcelona, 1985.

Dueñas, Gonzalo, La ley de prensa de Manuel Fraga, Ruedo Ibérico, Paris, 1969.

Elordi, Carlos, Antes que el tiempo muera en nuestros brazos. Recuerdos y reflexiones de quienes vivieron con Franco, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996.

Enzensberger, H. M., Política y Delito, Anagrama, Barcelona, 1987.

Estruch, Joan, L’Opus Dei i les seves paradoxes: un estudi sociològic, Edicions 62, Barcelona, 1993.

Franco, Francisco, Raza, anecdotario para el guión de una película, Madrid, 1942. Escrito bajo el seudónimo de Jaime de Andrade.

Franco, Pilar, Nosotros, los Franco, Planeta, Barcelona, 1978.

—Cinco años después, Planeta, Barcelona, 1981.

Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976.

Galiacho, Juan Luis, Gil, el gran comediante, Temas de Hoy, Madrid, 1999.

García Abadillo, Casimiro e Hidalgo, Luis F., La rebelión de los Albertos, Temas de Hoy, Madrid, 1990.

García Delgado, José Lilis (ed.), El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial. V Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara. Estudios escritos por Albert Carreras, Jordi Catalán, Manuel González Portilla, Carlos Barciela, Antonio Miguel Bernal, Eduardo Sevilla, Manuel González de Molina, Francisco Moreno Gómez. Mariano Peset, José Carlos Mainer, Gonzalo Santonja, Javier Tusell, Casimiro Martí, Julio Aróstegui y Fernanda Romeu Alfaro, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1989.

Garriga, Ramón, Juan March y su tiempo, Espejo de España, Planeta, Barcelona, 1976.

—La Señora de El Pardo. España, a sus pies, Planeta, Barcelona, 1979.

Gil, Vicente, Cuarenta años junto a Franco, Planeta, Barcelona, 1981.

Giménez-Arnau, Joaquín, Yo, Jimmy. Mi vida entre los Franco, Planeta, Barcelona, 1979.

Giménez Caballero, Ernesto, Genio de España. Exaltaciones a una resurrección de España y del Mundo, 8.ª ed., Planeta, Barcelona, 1983.

Gironella, José María y Borras Bertriu, Rafael, 100 españoles y Franco, Planeta, Barcelona, 1979.

Gómez Parra, Rafael, Fraga ese hombre. Editorial España Crítica, Madrid, 1982.

González Duro, Enrique, Franco, una biografía psicológica, Temas de Hoy, Madrid, 1992.

González Neira, Aquilino, El supergobierno del mundo. La Trilateral manda en España, España Crítica S. A., Madrid, 1983.

Granados, José Luis, 1975. El año de la instauración, Tebas, Madrid, 1977.

Heras, Raúl, Enciclopedia política y atlas electoral de la democracia española, Temas de Hoy, Madrid, 1997.

Izquierdo, Antonio, Yo, testigo de cargo, Planeta, Barcelona, 1981.

Jaraíz Franco, Pilar, Historia de una disidencia, Planeta, Barcelona, 1981.

Jáuregui, Fernando y Menéndez, Manuel Ángel, Lo que queda de Franco. Símbolos, personajes, leyes y costumbres, veinte años después, Temas de Hoy, Madrid, 1995.

—La derecha después de Fraga, Ediciones El País, Madrid, 1987.

Jerez Mir, Miguel, Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957, CIS, Madrid, 1982.

Jimenez, María Ángeles, Juan March, monográfico editado por el Movimiento Cultural Cristiano, Madrid, 1991.

Jiménez Sánchez, Fernando, Detrás del escándalo político. Opinión pública, dinero y poder en la España del siglo XX, Tusquets, Barcelona, 1995.

Kindelán, Alfredo, La verdad de mis relaciones con Franco, Planeta. Barcelona, 1981.

Lago, Julián, Contramemorias de Franco, Ediciones Zeta, Barcelona, 1976.

López Rodó, Laureano, La larga marcha hacia la Monarquía, Plaza y Janés, Madrid, 1978.

Luca de Tena, Juan Ignacio, Mis amigos muertos, Planeta, Barcelona, 1971.

Madariaga, Salvador, España. Ensayo de historia contemporánea. 7.ª. ed., Sudamericana, Buenos Aires, 1964.

Martí, Francisco y Moreno, Barcelona ¿a dónde vas?, Dirosa, Barcelona, 1974.

Merino, Ignacio, Serrano Suñer. Historia de una conducta, Plaza y Janés, Barcelona, 1996.

Miguel, Amando de, Sociología del franquismo, Euros, Barcelona, 1975.

Miralles, Melchor, Dinero sucio, Temas de Hoy, Madrid, 1992.

Morán, Gregorio, El precio de la transición, Planeta, Barcelona, 1991.

Morodo, Raúl, Acción Española. Orígenes ideológicos del franquismo, Tucar, Madrid, 1980.

Muñoz, Juan, El poder de la banca en España, Zero, Algorta, 1970.

Payne, Stanley G., El primer franquismo 1936-1956, Temas de Hoy/Historia 16, Madrid, 1997.

—,Los militares y la política en la España contemporánea, Ruedo Ibérico, París, 1968.

—,Falange. Historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 1985.

Peñafiel, Jaime, El general y su tropa, Temas de Hoy, Madrid, 1990.

Piñeiro, Alfonso, Los March. El precio del honor, Temas de Hoy, Madrid, 1991.

Preston, Paul, Franco. «Caudillo de España», Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1994.

—(Ed.), La república asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la Guerra Civil, Península, Barcelona, 1999.

Ramírez, Luis (seudónimo de Luciano Rincón), Francisco Franco, historia de un mesianismo. Ruedo Ibérico, París, 1964.

Reig Tapia, Alberto, Franco, «Caudillo»: mito y realidad, Tecnos, Madrid, 1995.

Rey, José, El caso REACE. Las salpicaduras del aceite, Dopesa, Barcelona, 1974.

Ridruejo, Dionisio, Escrito en España, Editorial Losada, Buenos Aires, 1962.

—, Casi unas memorias, Planeta, Barcelona, 1976.

Riera, Ignasi, Los catalanes de Franco, Plaza y Janés, Barcelona, 1998.

Rodríguez Martínez, Julio, Impresiones de un ministro de Carrero Blanco, Planeta, Barcelona, 1974.

Ros Hombravella, Clavera y otros, Capitalismo español: De la autarquía a la estabilización (1939-1959), Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1978.

Sáez Alba, Alfonso, La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el caso de El Correo de Andalucía. La otra «Cosa Nostra», Ruedo Ibérico, París, 1974.

Sainz Rodríguez, Pedro, Testimonio y recuerdos, Planeta, Barcelona, 1978.

Sánchez Bardón, Luis, Ricos y desconocidos, Temas de Hoy, Madrid, 1997.

Sánchez-Blanco, Jaime, La importancia de llamarse Franco. El negocio inmobiliario de doña Pilar, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1978.

Sánchez Soler, Mariano, Villaverde. Fortuna y caída de la casa Franco, Planeta, Barcelona, 1990.

—,Los Franco, S. A., Oberon, Madrid, 2003

—,Los banqueros de Franco, Oberon, Madrid, 2005.

Serrano Suñer, Ramón, Entre Hendaya y Gibraltar (noticia y reflexión, frente a una leyenda, sobre nuestra política en dos guerras), Ediciones y Publicaciones Españolas, Madrid, 1947.

—,Entre el silencio y la propaganda. La historia tal como fue, Planeta, Barcelona, 1977.

Southworth, Herbert R., El lavado de cerebro de Francisco Franco. Conspiración y guerra civil, Crítica, Barcelona, 2000.

—,El mito de la Cruzada de Franco, Plaza y Janés, Barcelona, 1986.

Sueiro, Daniel y Díaz Nosti, Bernardo, Historia del franquismo, Sarpe, Madrid, 1986. También en Argos Vergara, Madrid, 1985.

Tamames, Ramón, La oligarquía financiera en España, Planeta, Barcelona, 1977.

—, La economía española 1975-1995, Temas de Hoy, Madrid, 1995.

Thomás, Joan Maria, Lo que fue la Falange, Plaza y Janés, Barcelona, 1999.

Tijeras, Ramón, Las sagas del poder, Plaza y Janés, Barcelona, 1998.

Tusquets, Juan, Masones y pacifistas, Ediciones Antisectarios, Burgos, 1938.

Vidal, César, Intrépidos y sucios. Los españoles vistos por Hitler, Planeta, Barcelona, 1996.

Viñas, Ángel, Guerra, dinero, dictadura: Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco, Crítica, Barcelona, 1984.

Ynfante, Jesús, Los muy ricos, Grijalbo, Barcelona, 1998.

—, La prodigiosa aventura del Opus Del Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, Ruedo Ibérico, París, 1970.

OTRAS PUBLICACIONES:

—Anuario Económico y social de España 1975, dirigido por Ramón Tamames, Anecse S. A., Madrid, 1976.

—Anuario de sociedades, consejeros y directivos, Dicodi, 1968-2000.

—Anuario financiero y de sociedades anónimas de España, Editorial Sopee S. A., Madrid, 1976.

—Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios españoles, Ediciones de la revista Hidalguía, Madrid, 1989.

—España hoy. Dirección General de Cultura Popular, dirigida por Carmen Llorca Vilaplana, Editora Nacional, Madrid, 1974.

—Informa todo 1969, Selecciones del Reader’s Digest, Madrid, 1969.

—Das Rotbuch über Spanien, edición de Anti-Komintern, Nibelungen-Verlag, GbH, Berlin-Leipzig, 1937.

—Antiguos alumnos del colegio de El Pilar, Ribadcneyra, Madrid, 1982.

—Cortes Generales. Senado. Primera legislatura, Madrid, 1979.

—Guía del Diputado, Cortes Generales. Congreso. Tercera legislatura, Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1986.

—Quién es quién en España, 1983-2000.

—Fundaciones Culturales Privadas, Ministerio de Cultura, Madrid, 1995.

—Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social 1972-1975, Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid, noviembre de 1971.

PERIÓDICOS

El País, El Mundo, Diario 16, ABC, El Periódico de Catalunya, Ya, El Noticiero Universal, Informaciones, El Pueblo (Valencia), Pueblo, La Verdad, Arriba, L’Humanité, El Alcázar.

REVISTAS

Historia 16, Tiempo, Doblón, Posible, Cambio 16, Panorama, Interviú, ¡Hola!, Revista de Ciencias Sociales (UNESCO), La Traca, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Tiempo de Historia.

COLECCIONABLES

—ABC. Doble Diario de la guerra civil 1936-1939, selección de textos editados en fascículos en 1980.

—Historia del franquismo. Diario 16, Madrid, 1985.

—Vida de Franco. Dominical de ABC, dirigido por Ricardo de la Cierva, Madrid.

—La transición española. Cambio 16, Madrid, 1984.

MARIANO SÁNCHEZ. SOLER (Alicante, 1954). Escritor y periodista de investigación. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido el periodismo desde 1979 y ha desarrollado una intensa labor como novelista, poeta y ensayista, con más de veinte libros publicados. Dirigió durante más de una década el equipo de investigación del semanario Tiempo, donde también fue redactor jefe de la sección de Nacional.

Estudioso de la transición política española y del franquismo, ha publicado entre otros libros: Los hijos del 20-N (1993), Descenso a los fascismos (1998), Los Franco, S. A. (2003), Los banqueros de Franco (2005) y Baltasar Garzón, tigre de papel (2006). Premio Internacional de Literatura de No Ficción Rodolfo Walsh, en 2002, y colaborador de la Real Academia de la Historia, ha participado en la redacción del Diccionario Biográfico Español. Es autor de los poemarios Walking blues (1977), La ciudad flotante (1983), La ciudad sumergida en el mar (1992) y Fuera de Lugar (2001); de las novelas Carne fresca (1988), Festín de tiburones (1990), Alacant blues (1994), Para Matar (1996), Lejos de Orán (2003) y Grupo antiatracos (2006); de los volúmenes de narrativa Historias del viajero metropolitano (1989) y Lusitania Express (1996), así como de los ensayos Alacant a sarpades (2004) y Alacant suite (2006). En la actualidad se dedica a la creación literaria y a la investigación histórica, e imparte cursos sobre narrativa y periodismo de investigación en la Universidad de Alicante.

Notas

[1] Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, El Gatopardo, Capítulo I, p. 66, Cátedra, Madrid, 1991. <<

[2] Madariaga, Salvador, España. Ensayo de Historia contemporánea, p. 617. <<

[3] Preston, Paul, Franco. Caudillo de España, p. 970. <<

[4] Cabanellas, Guillermo, La guerra de los mil días, Tomo I, p. 652. <<

[5] Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco. <<

[6] Citado por Enrique González Duro, Franco, una biografía psicológica, p. 301. <<

[7] Amando De Miguel, La herencia del franquismo. Un régimen familiar, Interviú, n.º 26, 11 de noviembre de 1976. <<

[8] En La transición española, Cambio 16. Madrid, 1984, p. 29. <<

[9] Ver Anexo, p. 351. <<

[10] Declaraciones a Pilar Cernuda y Pedro Altares, en Interviú, 30 de junio de 1982. <<

[11] Diario 16, 11 de enero de 1982. <<

[12] Interviú, 16-22 de junio de 1977 <<

[13] El País, 6 de agosto de 1995. <<

[14] Enzensberger, Hans M., Política y Delito, p. 81. <<

[15] Giménez Caballero, E., Genio de España. Exaltaciones a una resurrección de España y del Mundo, p. 208. Giménez Caballero, primer escritor al servicio directo de Franco y falangista intelectual, se ganó la vida como presidente de las empresas familiares Ernesto Giménez S. A. (imprenta, encuadernación, manipulados, objetos de escritorio y fabricación de sobres) y Papeleras de Cegama. <<

[16] Arrarás, J., Historia de la Segunda República Española, tomo I, p. 207. <<

[17] De la Cierva, R., Historias de la corrupción, p. 230. <<

[18] Cambó, F., Memorias, p. 328 <<

[19] Arrarás, J., Historia de la Segunda República Española, Tomo I, p. 371. <<

[20] Citado por A. Piñeiro, Los March. El precio del honor. <<

[21] Garriga, R., Juan March y su tiempo, p. 114. <<

[22] Ver Anexo, p, 326. <<

[23] Benavides, M. D., op. cit. p. 95 y ss. <<

[24] Payne, S. G., Los militares y la política en la España contemporánea, pp. 291-292. <<

[25] Ver Anexo, p. 357. <<

[26] Cabanellas, Guillermo, op. cit., tomo I, pp. 332-333. <<

[27] Sainz Rodríguez, Pedro. Testimonio y recuerdos. Nota 43. Sainz Rodríguez sería ministro de Educación en 1938. Impuesto por Serrano Suñer, fue en principio cuestionado por Franco, quien le acusaba de haber robado el oro de Baleares, en connivencia con Juan March, en los primeros momentos de la guerra. <<

[28] Bolín, Luis A., Los años vitales, p. 39. El duque de Alba, que pasó la Guerra Civil en Londres, se convirtió en el primer embajador del gobierno franquista en la capital británica. <<

[29] Luca De Tena, Juan Ignacio, Mis amigos muertos, pp. 163-164. <<

[30] Chamorro, Eduardo, Francisco Franco. Anatomía de un mito, p. 162. <<

[31] Descola, J., op. cit., p. 180. <<

[32] Payne, Stanley G., El primer franquismo 1936-1959. Los años de la autarquía, p. 6. <<

[33] Reig Tapia, Alberto, Franco, «Caudillo», mito y realidad, p. 69. <<

[34] Ver Ansaldo, ¿Para qué? De Alfonso XIII a Juan III. <<

[35] Payne, Stanley G., Los militares y la política en la España contemporánea. <<

[36] Citado por Felipe Bertrán Güell en su libro Momentos interesantes de la Historia de España en este siglo. La España de 1936. Preparación y desarrollo del alzamiento nacional, p. 153. <<

[37] Reig Tapia, op. cit., p. 203. <<

[38] Entrevista a Interviú, 5 de marzo de 1986. <<

[39] Jimenez, María Ángeles, Juan March, p. 50. <<

[40] Descola, Jeann, Oh, España, p. 201. <<

[41] El Pueblo, Valencia, 28 de Febrero de 1937. <<

[42] Sobre el papel de Bolín como comisionado de Franco para la compra de armamento y sus reuniones con March, ver el libro de J. L. Alcofar Nassaes, La marina italiana en la guerra de España, Euros, Barcelona, 1976, p. 36 y ss. El propio Franco escribió una nota manuscrita en la que decía: «Autorizo a don Luis A. Bolín para gestionar en Inglaterra, Alemania e Italia, la compra urgente, para el Ejército español no marxista, de aviones y material. Tetuán, 19 de julio de 1936. El General Jefe: Francisco Franco», según el libro de Bolín, Los años vitales. <<

[43] Cabanellas, op. cit., tomo II, p. 573. <<

[44] Publicado en el periódico republicano El Diluvio, del 14 de febrero de 1937.Se refiere al general Miguel Cabanellas. Citado también por M. A. Jiménez, en la op. cit., p. 52. La noticia la publicó ABC, de Madrid, el 16 de octubre de 1936. <<

[45] Aznar, Manuel, Historia militar de la guerra de España, citado por José María García Escudero en su artículo «Se acabó la guerra», publicado por ABC en 1978, dentro de su monográfico Hace medio siglo: la Postguerra. <<

[46] Piñeiro, op. cit., p. 340. <<

[47] Según el historiador Ángel Viñas, los préstamos y ayudas al bando rebelde por las potencias fascistas de Italia y Alemania ascendieron a entre 660 y 680 millones de dólares, a los que hay que añadir otros 35 millones conseguidos por otros procedimientos. En total, una deuda de 700 millones de dólares. Ver Bricall, Josep M., «La economía española (1936-1939)», dentro de la obra La Guerra Civil, vol. 16, Historia 16, Madrid, 1986. <<

[48] Payne, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, nota p. 217. <<

[49] Ver Anexo, p. 350 <<

[50] Ver Anexo, p. 338. <<

[51] Giménez-Arnau, Joaquín, Yo, Jimmy. Mi vida entre los Franco, p. 98. <<

[52] Tamames, Ramón, La oligarquía financiera en España, p. 125. <<

[53] D. N. Heinemann, magnate judío norteamericano, hijo de alemanes. Director general de la multinacional Sofina, una de sus filiales, Sidro, controlaba en 1927 la empresa Barcelona Traction, Light and Power Co. Limited, productora de luz eléctrica en Cataluña. La guerra civil y la contienda mundial crearon una situación de la que se benefició March al adueñarse de la compañía. El caso siguió en los tribunales internacionales hasta 1970, cuando, como señala Alfonso Piñeiro en la obra citada, «Heinemann y March ya habían muerto. Moralmente es una batalla que sigue abierta». <<

[54] Ynfante, Jesús, Los muy ricos, p. 122. <<

[55] Ver Anexo, p. 335. <<

[56] Franco, Pilar, Nosotros los Franco, p. 99-100. <<

[57] Juan March Servera, casado con Carmen Delgado, ha tenido cuatro hijos: Juan, José Carlos, Gloria y Leonor. Bartolomé March Servera, casado con Maritín Cencillo, tuvo también cuatro hijos: Juan, Manuel. Leonor y Manta. <<

[57bis] Tiempo, 1 de Agosto de 1988. <<

[58] Vilallonga, José Luis de, «El marqués de Villaverde», Interviú, Madrid, 1978. <<

[59] Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones con Franco, p. 72. <<

[60] Lago. Julián, Contramemorias de Franco, p. 68. <<

[61] Franco, Pilar, Nosotros los Franco, p. 237. <<

[62] Ver Jaraíz Franco, Pilar, Historia de una disidencia. <<

[63] Sobre las actividades político-empresariales de Castell ver Ignasi Riera Los catalanes de Franco. <<

[64] Ver Anexo p. 328. <<

[65] Franco Salgado-Araujo, op. cit. pp. 178-180. <<

[66] Ver Anexo, p. 362. <<

[67] Datos obtenidos en los registros mercantiles de Madrid y Málaga, así como en las ediciones anuales entre 1962 y 1975 del Directorio de Sociedades, Consejeros y Directivos, 13 tomos, Grupo Incresa, Madrid. Al cabo de los años, muchas de estas empresas han cambiado de capital, socios o, simplemente, han desaparecido. El autor ha querido situarlas en su contexto y no entra en su situación actual. Ver mi libro Los Franco, S. A., Oberon, Madrid, 2005 <<

[68] Gil, Vicente, Cuarenta años junto a Franco, p. 72. <<

[69] Reportaje de Txema Alegre y Fernando Soler, «Los negocios de los Franco», Opinión, 8 de noviembre de 1977. <<

[70] Descola, J., Oh España, pp. 64-65. <<

[71] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 30. <<

[72] Ver Jesús Palacios, «Los ahorros de Franco en 1961 superaban los 400 millones», Tiempo, 7 de diciembre de 1992. <<

[73] José Díaz Herrera y Ramón Tijeras, Tiempo. 23 de octubre de 1989. <<

[74] Ver Anexo, p. 325. <<

[75] Ver su libro La Señora de El Pardo. España a sus pies. <<

[76] Franco, Pilar, op. cit., p. 27. <<

[77] Sobre las tribulaciones chilenas de Francis Franco, ver el reportaje de Mariano Sánchez Soler, Jordi Gordon y Luis Reyes, «Las corrupciones de los Franco», Tiempo, de junio de 1988. <<

[78] Ver Anexo, p. 323. <<

[79] En sus veleidades literarias, Carrero escribió, bajo el seudónimo de Juan de la Cosa, aportaciones al debate sobre «el problema de España» tan elocuentes como ésta de su libro España en el mundo, (1946, reeditado en 1973 por Fuerza Nueva): «España quiere implantar el Bien y las fuerzas del Mal, desatadas por el mundo, tratan de impedírselo». <<

[80] Artículo citado, Interviú, noviembre de 1976. <<

[81] Declaraciones recogidas en el libro 100 españoles y Franco, Gironella y Borrás. <<

[82] Jesús Ynifante, «La familia Franco ante los tribunales». Posible, 24 de noviembre de 1977. <<

[83] Ver Anexo, p. 329. <<

[84] Ver González Neira, El supergobierno del Mundo. La Trilateral manda en España, p. 13 y ss., donde hace referencia a esta información sacada del libro Los nuevos amos del mundo, publicado en París por editorial Grasset. <<

[85] Franco Salgado-Araujo, F., op. cit., pp. 41-42. <<

[86] Arriba, 11 de diciembre de 1945. <<

[87] Si alguien lo pone en duda, basta leer su último discurso del 1 de octubre de1975, cuando la muerte le rondaba: «Españoles: Gracias por vuestra adhesión y por la serena y viril manifestación pública que me ofrecéis en desagravio […] nos demuestran, una vez, más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos […]. Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la sublevación comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. […] Evidentemente, el ser español ha vuelto a ser hoy algo en el mundo. ¡Arriba España!». <<

[88] Franco Salgado-Araujo, F., op. cit. <<

[89] González Duro, E., Francisco Franco. Una biografía psicológica, p. 318 y ss. <<

[90] Ver Anexo, p. 357. <<

[91] Este propagandista, aficionado a reescribir la historia de manera pintoresca y a descalificar, escribe: «En otra entrevista, la última, le dije a Franco […] que no habría un franquismo sin Franco […]. Después aventuré la idea de que la marca de publicaciones contra él, una vez levantada la veda, sería espantosa […]. Tercero, le dije que como estábamos haciendo la biografía y la historia del franquismo sin incienso, y en sentido histórico, aunque no fuera con hostilidad, naturalmente, sería más difícil sustituir la historia por bazofia; y realmente casi todo lo que se ha escrito en contra ha resultado bazofia; no hay una sola historia antifranquista que se tenga en pie. Esta vez tampoco dijo nada. Me tomó, al despedirse, la mano con las dos suyas; y la mantuvo largo rato, tanto que mi mujer estaba asombrada […] Puede que comprendiera que su imagen histórica dependía un poco del conocimiento y la expresión del historiador que tenía delante». Gironella y Borras, op. cit., p. 153. Con todo, el retrato más afinado sobre la actividad historicista del personaje lo ofrece Herbert R. Southworth en su libro El lavado de cerebro de Francisco Franco, pp. 157 y ss. <<

[92] Los accionistas amenazaron con denunciar a los consejeros por presentar los balances mal hechos. <<

[93] De la Cierva Ricardo, op. cit., pp. 279-290. <<

[94] Franco Salgado-Araujo, op. cit. pp. 294-295. <<

[95] Fallecido en 1998, Ramón de Rato fue, a los cuarenta años, ferviente admirador de Hitler y el fascismo. Así lo dejó escrito en sus libros Vagabundo bajo la luna: rápida visión de Europa y sus problemas (1934-35) y Una generación a la intemperie: perfil juvenil de Europa (1936). Como muestra, un párrafo de la primera obra, en la que ensalza al füher y ataca al mundo capitalista liberal: «Hitler, desde su puesto de füher de la nueva Alemania, y con la visión abarcando el mañana, dictó un decreto en virtud del cual dejaban de poder ser ciudadanos aptos para ejercer el comercio en Alemania todos los hombres que no hubieran cumplido con honor sus compromisos tanto mercantiles como sociales o familiares. Era una medida encaminada a devolver a la palabra dada su viejo valor de contrato efectivo […]. Pues bien, esta medida, que no era política, ni social, sino rehabilitadora de los valores psicológicos, produjo en el mundo un verdadero estallido de carcajadas e incomprensiones». <<

[96] Calificado por Indalecio Prieto como «un perillán», Manuel Aznar es retratado así por Gregorio Morán: «Tenía pulso y ambición […]. Se dedicó a la política a viajar y a ganar dinero, y se fue convirtiendo en ese augusto estado del ilustre resentido, catador de todas las miserias. Maestro de periodistas, le decían, y ellos sabrían por qué. El destino llevaría a que entre su muerte y la del Caudillo mediaran diez días». Op. cit., p. 110. Más contundente es Herbert Southworth en El lavado de cerebro de Francisco Franco: «Aznar se distinguió como corresponsal de guerra en el bando rebelde, después de escapar de Madrid durante las primeras semanas de lucha […]. Convertido en favorito de Franco, le fue concedido el primer premio nacional de periodismo por un artículo publicado en El Heraldo de Aragón de 26 de abril de 1938.[…] Sirvió al régimen franquista en calidad de difamador periodístico», nota p. 285. <<

[97] El grupo Rato abarca más de veinte empresas de sectores como la construcción, la alimentación, la comunicación, distribución o la minería, con sociedades familiares como Rebecasa (distribuidora de los refrescos Trinaranjus), Edificaciones Padilla, Aurosur, Construcciones Riesgo. Innovación de Bebidas, Distribuciones González, Mundiclass, Aguas de Fuensanta, Viajes Ibermar y participaciones en numerosas sociedades. <<

[98] Ver Tijeras, Ramón. Las sagas del poder, pp. 71-96. <<

[99] Ver su artículo «Topografía de la corrupción: investigaciones en una perspectiva comparativa», Revista Internacional de Ciencias Sociales, n.º 149, UNESCO, 1996. <<

[100] Johnston, Michael, «La búsqueda de definiciones: la vitalidad de la política y el problema de la Corrupción», Revista internacional de Ciencias Sociales, n.º 149, UNESCO, 1996. <<

[101] Ver Anexo, p. 341. <<

[102] Ver Rey, José, El caso REACE. Las salpicaduras del aceite. <<

[103] Ver Anexo, p. 328. <<

[104] Ver Franco, Pilar, Nosotros los Franco, pp. 39-64. <<

[105] Gregorio Morán, El precio de la transición, p. 71. <<

[106] Op. cit., pp. 70-71. Morán añade: «No se sabe qué hubiera sido más aberrante, el pensar que alguien estaba en condiciones de hacer algo semejante o imaginar que, de haberlo podido hacer, hubiera desistido [de la convocatoria de huelga general] por sugerencia real. Aunque algo hubo de este tipo de enredos y malentendidos en el proceso de la transición, entonces nadie se hubiera atrevido ni tan siquiera a mentarlo». <<

[107] Ver Díaz Herrera, José y Tijeras, Ramón, El dinero del poder, pp. 362-364. <<

[108] La Verdad, 28 de marzo de 1990. <<

[109] En mayo de 1999, el Casino Costa Blanca fue vendido a la empresa Acrismatic, la cual asumió la deuda de sus anteriores dueños con Hacienda. Invirtió otros mil millones en el negocio y cambió su nombre por Casino Mediterráneo. Quizás para borrar cualquier relación con el pasado. <<

[110] El sobrino de Franco es consejero de Europarking España de Automóviles S. A., que preside Vicente Pérez Santamaría (antiguo socio de GEISA) y que se dedica a la explotación de aparcamientos para vehículos; y de Watmoughts España S. A., una multinacional de la edición. <<

[111] De Suárez, escribió: «Un hombre oscuro, abogado por libre, sin relieve, nacido en un pueblecito de Ávila y que, criado a los pechos de Herrero Tejedor, se hizo el amo de Televisión Española primero. Cuando yo le conocí se deshacía en sonrisas y tonterías. Pero entonces vivía mi hermano, el Generalísimo. Luego, pues ya se sabe, si le he visto no me acuerdo. Y aquel hombre oscuro, pero cargado de ambición, el falangista que juró ante el Caudillo de España los principios del Movimiento, fue precisamente el que desmanteló el Movimiento. ¿Qué se puede pensar de una persona así?». <<

[112] El libro de Jaime Sánchez-Blanco, La importancia de llamarse Franco. El negocio inmobiliario de doña Pilar, es una auténtica joya para entender cómo actuó la corrupción durante la dictadura de Franco. <<

[113] Interviú, 6 de Abril de 1988. <<

[114] Interviú, 12 de Septiembre de 1991. <<

[115] Panorama, 13 de mayo de 1995. <<

[116] Me refiero especialmente a Entre Hendaya y Gibraltar (1947), Entre el silencio y la propaganda. La historia tal como fue (1977) y Serrano Suñer, historia de una conducta (1996). <<

[117] Mientras trabajaba en mi libro Descenso a los fascismos, sobre el movimiento neofascista actual, los máximos dirigentes de la Falange actual se jactaban de tener a sus pies a un prestigioso hispanista británico que padecía lo que ellos llamaban con cierta ironía «el síndrome de Estocolmo», a cambio de facilitarle el acceso a archivos confidenciales de la Fundación José Antonio. <<

[118] Declaraciones a ABC, recogidas en Vida de Franco, coleccionable dirigido por Ricardo de la Cierva, Prensa Española, Madrid, 1983. <<

[119] Sáez Alba, A., La Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La otra «cosa nostra», p. 320. <<

[120] El Mundo, 27 de noviembre de 1993. <<

[121] Declaraciones a Jean Descola, op. cit., pp. 252-253. <<

[122] Declaraciones a Jean Descola. Lo cierto es que cuando Himmler devolvió la visita a Madrid, se quedó tan alarmado por el grado de represión desencadenado por Franco que elaboró un informe para Hitler al respecto. <<

[123] Merino, Ignacio, Serrano Suñer. Historia de una conducta, p. 69. <<

[124] Ver Ziegler, Jean, El oro nazi. Planeta, Barcelona, 1997, pp. 332-333, anexo escrito por Juan Gasparini. <<

[125] El País, 25 de Julio de 1997. <<

[126] Formado, entre otras, por la Banca Mas Sarda. Aparcamientos de Barcelona, Empresa de Aguas del Rio Besos. Corporación Financiera Agbar, Fomento Inmobiliario, Banca Garriga Nogués… <<

[127] Díaz, Lorenzo, La Radio en España, 1923-1997, p. 289. <<

[128] Ver Reig Tapia, Franco, «Caudillo»: Mito y realidad, p. 139. <<

[129] Serrano Suñer, Ramón, Entre Hendaya y Gibraltar (Noticia y reflexión, frente a una leyenda, sobre nuestra política en dos guerras), pp. 393-394. <<

[130] El Noticiero Universal de Barcelona, 11 de octubre de 1972. <<

[131] Stanley G. Payne. El primer franquismo 1936-1959. Los años de la autarquía, p. 12. <<

[132] Este episodio ha sido relatado por Serrano a Interviú, en 1991 y a Jean Descola casi veinte años antes. <<

[133] Conversaciones de sobremesa de Hitler, citadas por Vidal, en su libro Intrépidos y sucios, p. 194. También referidas por Merino en la obra citada y publicadas con anterioridad por Carlos Rojas, en ABC, en 1976, procedentes de la documentación norteamericana sacada de la cancillería nazi y el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, recopiladas bajo el título de Conversaciones secretas de Hitler. <<

[134] La unión entre Italia, Francia y España para contrarrestar el exceso de germanización de Europa tras la victoria alemana. <<

[135] Vidal, op. cit., pp. 198-199. <<

[136] Payne, El primer franquismo 1936-1959, pp. 8-9. <<

[137] Ver Barciela López, C., «Franquismo y corrupción política», Historia Social. Fundación Instituto tic Historia Social, UNED, Valencia, 1999, p. 85. En la historia de la España franquista han quedado para la memoria los casos de la importación de Vespas, el envenenamiento masivo del alcohol metílico, los fraudes de Nueva Esperanza, Sofico. Matesa, Redondela… <<

[138] Abella. Rafael, La vida cotidiana bajo el régimen de Franco, p. 126. <<

[139] Op. cit., p. 85. De este autor, ver también «La España del estraperlo, en el primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial», José Luis García Delgado «Fraude fiscal y mercado negro durante el primer franquismo», en Hacienda pública española, n.º l, Madrid, 1994. <<

[140] Arburúa, Manuel, Cinco años al frente del ministerio de Comercio, p. 49. <<

[141] Garriga, Ramón, La Señora de El Pardo, p. 241. <<

[142] Garriga, op. cit., p. 242 <<

[143] De la sección de Manuel Del Arco. «Mano a mano», publicada en La Vanguardia, de Barcelona, y recogida en el libro Los 90 ministros de Franco, pp. 225-226. <<

[144] Arrese, José Luis de, Una etapa constituyente, pp. 87-88. <<

[145] Jerez Mir, Miguel, «Las elites gobernantes. El retrato sociológico», en Historia del Franquismo. Tomo I. Información y Prensa, S. A., Madrid, 1985. Ver del mismo autor Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957. <<

[146] Ridruejo, Dionisio, Escrito en España, pp. 104-105. <<

[147] Serrano repitió esta versión a El Mundo (22 de noviembre de 1993), y a Merino y a Descola. Resulta irónico que la caída en 1957 del secretario general del Movimiento, José Luis de Arrese, reducido a ministro de Trabajo, se debiera a la sospecha de que el líder falangista, que se veía como «un comisario político con mando en plaza», pretendiera disputarle el poder al Caudillo. Así lo relata Arrese en Una etapa constituyente: «No sé quién pudo ser el genio que logró cambiar las cosas de un modo tan radical o si fue la conjunción de varios esfuerzos a la vez: uno, que explotó el recelo de ver a la Falange ganando una batalla decisiva [la del control ideológico y político del Movimiento]; otro, que apuntó al oído no sé qué aspiraciones mías a la Jefatura del Gobierno; […] y otro, por último, que me presentaba a mí como un idealista peligroso», pp. 92-93. <<

[148] Así lo denunció un manifiesto del Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), falangista, publicado dos días más tarde. Ver Payne. Falange. Historia del fascismo español, p. 229 y ss. <<

[149] López Rodó, L. La larga marcha hacia la Monarquía. Cit. por González Duro en Franco, una biografía psicológica, p. 265. <<

[150] «Si a Serrano Suñer se le hubiera dado la oportunidad —dijo Hitler el 27 de agosto de 1942—, gradualmente habría articulado la aniquilación de la Falange y la restauración de la Monarquía. ¡Su caída en desgracia ha sido acelerada por mi reciente declaración en el sentido de que era un absoluto cerdo!», Vidal. Op. cit., p. 202. <<

[151] El Mundo, 22 de Noviembre de 1993. <<

[152] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 185. <<

[153] Ver Anexo, p. 326. <<

[154] Arrese, Jose Luís, Una Etapa Constituyente, pp. 50 y 86. <<

[155] Arrese, op. cit., p. 87. <<

[156] Ibidem, p. 92. <<

[157] Arrese, op. cit., p. 59. <<

[158] Albert Carreras, en su estudio «Depresión económica y cambio estructural durante el decenio bélico (1936-1945)», en El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial. Ed. de J. L. García Delgado, pp. 3-33. <<

[159] Cambio 16, 22 de junio de 1981. En su declaración de la renta de 1977, Girón declaró un patrimonio personal de 132,5 millones de pesetas, según las listas hechas públicas por el ministerio de Hacienda en 1979. <<

[160] Sobre sus actividades políticas y financieras como espía en España del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, ver Ziegler, Jean. Op. cit., p. 316. <<

[161] En 1977, Manuel Fraga recibió, a través de Hoffmann, un donativo de 2 672 000 pesetas, de la Fundación Hans Siedel, para financiar Alianza Popular. Un caso de financiación ilegal. Ver Miralles, Melchor, Dinero sucio, p. 295. <<

[162] Grijalbo, Madrid, 1999. <<

[163] Recogido en el libro España en venta de Francisco Jurado. Episodio relatado por las revistas Posible y Ciudadano, en 1976. Años más tarde, en 1981, lo citaría también Cambio 16, reseñando el libro de Jurado. <<

[164] El documento está firmado por el alcalde, Clemente Díaz Ruiz, y los concejales Carlos Gómez Merino, Salvador Moreno Rivera, Manuel Fiestas Contreras, Salvador Rodríguez Navas, Francisco Escalona Llorente, Francisco Martín Martín y Salvador Ríos Cortés. <<

[165] Blas Piñar López, notario nacido en 1918. Procurador en Cortes, consejero nacional del Movimiento, presidente de Fuerza Nueva y Director del Instituto de Cultura Hispánica, además de su floreciente despacho notarial, ocupaba una vocalía del Banco General de Comercio e Industria. <<

[166] Ver Anexo, p. 357. <<

[167] Ver Anexo, p. 358 <<

[168] Ver Anexo, p. 358. <<

[169] Interviú, 20 de Noviembre de 1990. <<

[170] Ridruejo, Dionisio, Casi unas Memoria. <<

[171] Ver Anexo, p. 355. <<

[172] Ver Anexo, p. 352. <<

[173] Ver Anexo, p. 324. <<

[174] Ver Anexo, p. 325. <<

[175] Ver Anexo, p. 330. <<

[176] Miguel, Amando de, Sociología del Franquismo, pp. 46-47. <<

[177] Areilza, J. M., «La orientación económica de los estados totalitarios», Congreso Sindical de la Falange, Madrid, 1940, pp. 279-295. <<

[178] Areilza, J. M., La industria española y la sindicación industrial, Inst. de Estudios Políticos, Madrid, 1940, p. 18. <<

[179] Ver Anexo, p. 345. <<

[180] Ver Anexo, p. 356. <<

[181] Ver Anexo, p. 352. <<

[182] Miembro de la Junta Política de FET y de las JONS y del Consejo Nacional del Movimiento, la impronta de Fraga en el ministerio quedó constatada con su aplicación del artículo dos de la Ley de Prensa que consagró la autocensura e impuso con puño de hierro «el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa». Las empresas periodísticas, sin el paraguas de la censura previa, sufrieron un rosario interminable de expedientes administrativos, cierres y multas, entre los que ha pasado a la historia el cierre del diario Madrid por la publicación de un artículo titulado Retirarse a tiempo, sobre la dimisión del general De Gaulle, pero dedicado a Franco. Basta reseñar su discurso de toma de posesión para descubrir sus habilidades falsificadoras: «España ha conocido a las fuerzas de la desintegración, a la que plantearon la lucha entre unos y otros, para llegar a una guerra que nos la encontramos. Al triunfar prestamos un gran servicio a Occidente y, desde luego, a nuestros hijos. Llevamos veinticinco años en que con un nuevo estilo y un jefe inigualable se ha realizado una obra que vamos a continuar para llenar esta importante página de la historia que ya está escribiendo el Generalísimo Franco. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!». La afición de Fraga por los métodos policíacos y su «miedo a la cultura» vienen de antiguo, según relata Luis Ramírez (seudónimo de Luciano Rincón) en su libro de 1963, España hoy, reseñado por Rafael Gómez Parra en Fraga, ese hombre. Siendo ministro de Información «autoriza la venta de determinados libros prohibidos hasta entonces, pero simultáneamente cursa una orden a los libreros de las principales ciudades de que hagan listas con la dirección completa de los compradores. Listas que tendrán que estar a disposición de las autoridades». <<

[183] Ver Anexo, p. 335. <<

[184] Ver Anexo, p. 341. <<

[185] Ver Anexo, p. 343. <<

[186] Ver Anexo, p. 329. <<

[187] Ver Anexo, p. 357. <<

[188] Entrevista concedida a Xavier Batalla, Magazine, 17 de septiembre de 2000. <<

[189] Arriba, 18 de enero de 1941. <<

[190] Payne, S. G., Falange. Historia del Fascismo español, p. 222. <<

[191] Entrevista realizada por Manuel del Arco, para Destino, y seleccionada por el autor para el libro del Equipo Mundo Los 90 ministros de Franco, Dopesa, Barcelona, 1970, pp. 160-167. <<

[192] Stanley Payne lo explica perfectamente en el capítulo 3.º de Falange. <<

[193] Payne, op. cit., p. 55. <<

[194] De hecho, entre 1938 y 1942, Franco en sus nombramientos gubernamentales llevó a la práctica las propuestas de José Antonio. <<

[195] Entrevista citada. <<

[196] Payne, op. cit., p. 217. <<

[197] Collecció Papers de Ciutat n.º 1, Ayuntamiento de Terrasa, 1987, p. 431. <<

[198] La burguesía catalana. Uno aproximación histórica, Proa, Barcelona, 1997, p. 176. <<

[199] Ver Anexo, p. 352. <<

[200] Entrevista citada, p. 167. <<

[201] Así lo relata el propio Arrese en Una etapa constituyente, p. 76. <<

[202] Recogido por Roberto Díaz-Centeno en Clan Solís: Ensalada de millones, España Crítica, Madrid, 1982, p. 19. <<

[203] Ver Anexo, p. 351. <<

[204] Según la revista Fomento de la Producción, n.º 758, que publicó la relación de las 1500 empresas más importantes según sus ingresos anuales. <<

[205] Ver Díaz-Centeno, Roberto, Clan Solís: Ensalada de millones, p. 22 y ss. <<

[206] Ver Anexo, p. 338. <<

[207] Para quienes deseen profundizar en el tema del Opus Dei, resulta muy recomendable el libro de Joan Estruch L’Opus Dei i les seves paradoxes: un estudi sociològic. También son esclarecedores Opus Dei, de Jesús Ynfante, Grijalbo, Barcelona, 1996, y El mundo secreto del Opus Dei, de Michael Walsh, Plaza y Janés, Barcelona, 1990. <<

[208] Sobre las actividades municipales de Bueno Hencke, José María de Porciones, el grupo Figueras y otros, es imprescindible el libro Barcelona ¿a dónde vas?, de Francisco Martí y Eduardo Moreno. <<

[209] Ver Ynfante, J., Los negocios ejemplares, Midi-Livre, Tolosa, 1975, p. 83. <<

[210] Estruch, op. cit., p. 325. Recogiendo la explicación de José V. Casanova. <<

[211] Franco visto por sus ministros, p. 170. <<

[212] Ibidem, p. 171. <<

[213] III Plan de Desarrollo Económico y Social, Imprenta Nacional del BOE, Madrid. 1971. p. 15. <<

[214] Ver Juan Pablo Fusi: «La década desarrollista (1959-1969)», en Historia de España. De la dictadura a la democracia, Historia 16, Madrid. 1983, pp. 11 y ss. <<

[215] De Miguel, Amando, op. cit., pp. 63-64. <<

[216] Ver Anexo, p. 348. <<

[217] Ver Anexo, p. 343. <<

[218] Franco visto por sus ministros, Planeta, Barcelona, 1981, p. 207. <<

[219] Ver Anexo, p. 324. <<

[220] Ver Anexo, p. 347. <<

[221] Ver Anexo, p. 354. <<

[222] Ver Anexo, p. 336. <<

[223] Ver Anexo, p. 353. <<

[224] Ver Anexo, p. 346. <<

[225] Ver Anexo, p. 354. <<

[226] Franco visto por sus ministros, p. 207. Cuesta creer sin ligaduras al Opus Dei, como asegura Letona, a un personaje de su importancia, rodeado por socios y simpatizantes de la Obra en su ascensión política y económica. Letona aparece como socio del Opus en las listas publicadas en 1970 por Jesús Ynfante en su libro citado. La única manera de saber con absoluta certeza la pertenencia de alguien al Opus se encuentra en los listados secretos de la organización. Ynfante incluyó a Letona utilizando testimonios de simpatizantes y exmiembros de la Obra y recurriendo a documentos de la Conferencia Episcopal. <<

[227] De Miguel, op. cit., p. 68. <<

[228] E. R. «Las políticas del Opus Dei». Indice, n.º 233-234, Madrid, junio-agosto 1968, citado por Jesús Ynfante en La prodigiosa aventura del Opus Dei, p. 218. <<

[229] Eduardo Álvarez Puga, en Matesa, más allá del escándalo, afirma que en el caso están todos los elementos imprescindibles para entender aquel enfrentamiento y sus consecuencias políticas. Desde la perspectiva de la ciencia política es recomendable el libro de Femando Jiménez Sánchez, Detrás del escándalo político. Opinión pública, dinero y poder en la España del siglo XX. <<

[230] Ver Jiménez Sánchez, op. cit., pp. 144-153. Vilá Reyes tuvo como abogado a José María Gil Robles. <<

[231] Ver Anexo, p. 335. <<

[232] Matesa. Más allá del escándalo, p. 224. <<

[233] Op. cit., pp. 151-152. <<

[234] Franco visto por sus ministros, p. 208. <<

[235] Ver Anexo, p. 352. <<

[236] Fusi. J. P., op. cit., p. 11 <<

[237] Op. cit., p. 212. <<

[238] Ver Anexo, 321. <<

[239] Volumen de ventas (en millones de pesetas) recogidos por Fomento de la Producción, «Estudio de las mayores empresas españolas», publicado en 1976 y referido al ejercicio del año anterior. <<

[240] Ver Anexo, p. 343. <<

[241] Ver Anexo, p. 359. <<

[242] Ver Anexo, p. 329 <<

[243] Enrique Montánchez, «Doscientos millones para la tumba de Franco», Tiempo, 24 de noviembre de 1986. <<

[244] Ver Anexo, p. 353. <<

[245] Boletin Oficial del Estado, 1 de Abril de 1940. <<

[246] Ver Anexo, p. 324. <<

[247] «Valle de los Caídos, valle de la muerte», Interviú/Documentos, 16-22 de noviembre de 1983. <<

[248] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 215. <<

[249] Aguilar Fernández, Paloma. Memoria y olvido de la Guerra Civil española, p. 119. <<

[250] Elíseo Bayo, «La historia secreta del Valle de los Caídos», Interviú, noviembre de 1976. <<

[251] Datos publicados por el III Plan de Desarrollo Económico y Social, p. 251. <<

[252] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 118. <<

[253] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 395 <<

[254] Pueblo, 2 de octubre de 1974. <<

[255] Ernesto Garrido Treviño, «El Sha de la Costa del Sol», Posible. Octubre, 1977. <<

[256] Ver su libro Barcelona ¿a dónde vas?, p. 76 y ss. <<

[257] Cifra real, sin las mitificaciones de los organismos oficiales, calculada por Carlos Elordi en la revista La Actualidad Económica, del 23 de marzo de 1974. <<

[258] Ver José Ariño, «La caída del turismo», Cuadernos para el Diálogo, agosto 1974. <<

[259] Ver Anexo, p. 326. <<

[260] Ver Anexo, p. 349. <<

[261] Declaraciones a Eliseo Bayo, en Interviú, mayo de 1980. <<

[262] Manuel Revuelta, «Los marineros de Aznar no quieren ser vendidos». Interviú, 26 de mayo de 1977. <<

[263] Carlos Elordi, Antes que el tiempo muera en nuestros brazos, p. 168. <<

[264] Ver Anexo, p. 346. <<

[265] La rebelión de los Albertos, p. 83. <<

[266] En los años 90 su imperio empresarial estaba valorado en 200 000 millones de pesetas. Divorciadas de Cortina y Alcocer, con quienes estaban casadas en régimen de separación de bienes, son dos de las mujeres más ricas de España. En el año 2000, Esther maneja, desde Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), un capital cotizado en Bolsa de 162 306 millones de pesetas. Su hermana Alicia vendió su parte en FCC por 140 000 millones y participa en el consejo de Banco Bilbao Vizcaya, representada por Oscar Fanjul, expresidente de Repsol. <<

[267] Ynfante, Jesús, Los muy ricos, p. 160. <<

[268] Op. cit., p. 84. <<

[269] Publicación especializada Seat 1500, Motores. <<

[270] Op. cit., p. 464 <<

[271] Ramón Tamames, op. cit., p. 51. <<

[272] Con la democracia, la crisis del sector automovilístico puso a la fábrica de Villaverde en manos de la francesa Peugeot. <<

[272bis] El periódico de Cataluña, 27 de Septiembre de 1980. <<

[273] Dinero. 22 de octubre de 1985 <<

[274] La Oligarquía financiera en España, p. 17. <<

[275] Ver Anexo, p. 336. <<

[276] Ver Anexo, p. 326. <<

[277] Ver Anexo, p. 331. <<

[278] Ver Anexo, p. 356. <<

[279] Ver Anexo, p. 355. <<

[280] Ver Anexo, p. 330. <<

[281] Ver Anexo, p. 327 <<

[282] España Económica, 25 de mayo de 1957, p. 412. Reseñado por Juan Muñoz, op. cit., nota 29, p. 153. <<

[283] Ver Anexo, p. 356. <<

[284] Ver Anexo, p. 350. <<

[285] Ver Anexo, p. 353. <<

[286] Ver Anexo, p. 353. <<

[287] Ver Anexo, p. 359. <<

[288] Ver Anexo, p. 357. <<

[289] Ver Anexo, p. 327. <<

[290] Peñafiel, J., «Un día con la escopeta más rápida del Régimen», extracto de su libro El general y su tropa. Tiempo, 23 de noviembre de 1992. <<

[291] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 178. <<

[292] Ver Alonso Tejada, Luis. «Las cacerías del franquismo», Historia 16, n.º37, Madrid, mayo de 1977. <<

[293] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 143. <<

[294] Ibidem, p. 149. <<

[295] Trofeo, octubre de 1977. <<

[296] Elordi, Carlos, Antes que el tiempo muera en nuestros brazos, p. 166. <<

[297] Vicente Gil, op. cit., p. 75. <<

[298] Ibidem, p. 93. <<

[299] Jaime Peñafiel, «Nobles y no tan nobles», Revista Mujer, junio de 1992. <<

[300] Así le llamaba su hagiógrafo Joaquín Arrarás, y con estas palabras se refirió Pascual Galindo Romeo en su artículo «La inscripción del Emperador», de 1938, y que publicó la revista Jerarquía, editada por la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española: «… en toda la historia no se dará, en el concepto institucional Romano, caso más verdadero de IMPERIUM como el de nuestro PRINCIPE FRANCO, a quien forzado será saludar siempre, en el día del Triunfo, ya desde ahora, PADRE DE LA PATRIA». Reseñado por Alberto Reig Tapia, op. cit., p. 147. <<

[301] Declaraciones a ¡Hola!, recogidas en el reportaje de Mariano Sánchez Soler. «La verdadera historia de Francis Franco. De cazador furtivo y vividor a Señor de Meirás y Grande de España». Tiempo, 3 de octubre de 1988. <<

[302] Fernando Jáuregui y Manuel Á. Menéndez, Lo que queda del franquismo, p. 196. <<

[303] Sobre el terrorismo ultraderechista durante la transición española, ver mi libro Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español, Temas de Hoy, Madrid, 1993. <<

[304] El Estatuto de Asociaciones Políticas, promulgado mediante un decreto-ley del 21 de diciembre de 1974, abrió la puerta a la formación de asociaciones políticas dentro del Régimen. Además de la liderada por Suárez, se crearon: Unión Democrática Española, formada por los dirigentes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), con Silva Muñoz, Alfonso Osorio y Enrique de la Mata, entre otros. Frente Nacional Español, con los más franquistas de Falange liderados por Raimundo Fernández Cuesta. Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales, también creada por miembros de la ACNP. Unión Nacional Española, tradicionalistas organizados por los Oriol en torno a Carlos Hugo de Borbón; y Frente Institucional, formado por requetés monárquicos tradicionales de la Hermandad Nacional del Maestrazgo. <<

[305] Ver Anexo, p. 349. <<

[306] Ver Anexo, p. 359. <<

[307] Ver Anexo, p. 344. <<

[308] Ver Anexo, p. 329. <<

[309] Ver Anexo, p. 348. <<

[310] Ver Anexo, p. 333. <<

[311] Ver Anexo, p. 346. <<

[312] Ver Anexo, p. 334. <<

[313] Ver Anexo, p. 354. <<

[314] Ver Anexo, p. 324. <<

[315] Ver Actualidad Económica, número extraordinario 30 de octubre-5 de noviembre de 2000. <<

[316] Ver Anexo, p. 328. <<

[317] Fernando Suárez González, «Familias y regímenes», Prometeo, Escuela de Investigaciones Sociales para la Civilización Europea (EISCE), n.º 5, otoño 1998. <<

[318] Franco truncó sus ambiciones de ser ministro de Información en 1962 con estas palabras: «Aunque reconozco que Aznar vale mucho, por su pasado político no le considero indicado para ese cargo; luego están las aventuras de dicho señor con una baronesa […] Sus compañeros de El Sol [periódico republicano] aún se recuerdan y contribuyeron mucho a derribar a la Monarquía, y esto no se puede olvidar». Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 344. <<

[319] Ibidem, p. 344. <<

[320] Ibidem, p. 349. <<

[321] Ver Anexo, p. 356. <<

[322] Citado por Luis Sánchez Bardón en «Aznar: Biografía no autorizada». Tiempo. 23 de octubre de 1995. <<

[323] José María Aznar, «La obra que España espera», SP, 1 de julio de 1969. <<

[324] Este Anexo biográfico completa las semblanzas de los personajes más destacados citados en el libro. <<