Negocios privados con dinero público es una investigación libre, veraz, contrastada y ajustada a los hechos, pero también una explicación política y una reflexión ética. La financiación de los partidos políticos y los métodos opacos de captación de fondos siguen desencadenando delitos, corrupciones y escándalos que plantean la necesidad de reformas profundas en el funcionamiento del sistema democrático.

Mariano Sánchez Soler

Negocios privados con dinero público

El vademecum de la corrupción política en España

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Titivillus 08.10.2022

Título original: Negocios privados con dinero público

Mariano Sánchez Soler, 2010

Editor digital: Titivillus

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Puede llegarse a esta conclusión: donde la masa no está corrupta, los motines y restantes escándalos no perjudican; donde lo está, las buenas leyes nada remedian (…) La corrupción y la escasa aptitud de la república para la vida libre proceden de las desigualdades que en ella hay. Cuando se quiere restablecer la igualdad es forzoso recurrir a medios extraordinarios, que pocos saben o quieren emplear.

NICOLAS MAQUIAVELO, Discursos sobre la primera década de Tito Livio. 1519.

La corrupción pone en peligro los valores mismos del sistema: la democracia es herida en el corazón; la corrupción sustituye el interés público por el privado, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega los principios de igualdad y transparencia favoreciendo el acceso privilegiado y secreto a los medios públicos de ciertos agentes.

DONATELLA DELLA PORTA e YVES MÉNY, Démocratie et corruption en Europe. 1995.

A Lorena Jiménez, por su colaboración imprescindible en la elaboración de este libro.

A Fuencisla Muñoz, Ramón Tijeras, Natalia Slepoy, Emilio Soler, Dolores Cardó y Jordi Gordon, que me han premiado con sus conocimientos y con su amistad.

INTRODUCCIÓN

Si el trabajo de los historiadores después del franquismo ha consistido en recuperar la memoria histórica ocultada, el trabajo de los historiadores de estos primeros veinte años de democracia será establecer el mapa de las corrupciones desde el panaguadismo más barato a los grandes montajes a lo De la Rosa y Mario Conde, pasando por los nuevos ricos nutridos por prevaricaciones locales, que no se vieron metidos en la batalla mediática para desgastar al PSOE y que consiguieron el crimen perfecto: que no les conozcamos.

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

El lector tiene en sus manos una investigación libre, veraz, contrastada y ajustada a los hechos, pero también una explicación política y una reflexión ética sobre el fenómeno de la corrupción en una sociedad democrática como la nuestra, nacida tras una largo régimen de corrupción intrínseca (la dictadura franquista) en el que el secreto era la norma. Fueron cuarenta años cimentados sobre autoritarismos y dictaduras anteriores (Primo de Rivera, la dictablanda de Berenguer, o aquella sociedad del «vuelva usted mañana» que Larra describió), en un siglo donde la democracia —y con ella la transparencia— ha sido la excepción. Con todo, el fenómeno actual de la corrupción política en España, no se diferencia esencialmente del italiano, del francés, del belga o del alemán. En todos estos países, la financiación de los partidos políticos y los métodos opacos de captación de fondos, ha desencadenado sonados escándalos que plantean la necesidad de reformas profundas en el funcionamiento del sistema democrático.

Sobre la corrupción hay centenares de investigaciones, artículos, reportajes y libros, pero poco análisis científico y escasa teoría. Al calor de los acontecimientos, se han publicado en España muchos volúmenes de periodismo de investigaciones e instants books (algunos de ellos escritos por este autor), pero falta una reflexión sistemática sobre la corrupción. En tal sentido, este libro aspira a explicar el fenómeno a través de una reveladora travesía por el opaco mar de la política hecha negocio, con su modus operandi y sus episodios ejemplares, en la que también se ofrece un “vademécum” del filibusterismo crecido al pairo del sistema democrático español durante más de dos décadas.

Tras las tormentas políticas que acabaron con el último gobierno de Felipe González, sancionado en las urnas en marzo de 1996, la llegada y consolidación en el poder del Partido Popular, con su mayoría absoluta de 2000, no ha traído consigo la tan cacareada «regeneración» y la corrupción sigue al galope, estallando incluso con algún que otro método de extorsión violenta. Esa es la realidad y así lo relata este libro. Pero que nadie se llame a engaño. El lector no se encuentra ante ninguna cruzada del bien contra el mal; tampoco está frente a ninguna justificación oportunista e interesada de nuestra historia última. Seamos realistas. Nos hallamos ante un fenómeno demasiado complejo. La reflexión que Umberto Eco, realizó en el New York Times del 21 de abril de 1993, cuando la gran corrupción estalló en Italia, es aplicable al caso español. Como en Italia, en España no asistimos, ni hemos asistido en ningún momento, a lo que Eco llama «la revuelta de un país contra la cúpula de la corrupción», sino que debemos examinar la conciencia de un país como el nuestro, en el que se ha convivido secularmente con la corrupción. Muchos españoles, como ocurre con los italianos, siempre han sabido a quién tenían que ver para conseguir un favor y cuál era su precio; cómo evitar una multa de tráfico, cómo encontrar un empleo cómodo con una carta de recomendación; cómo aprobar unas oposiciones «hechas a medida», o la manera de conseguir un contrato sin necesidad de competir.

El fenómeno de la corrupción en España tiene raíces profundas, pero debemos ser precisos al enjuiciarlo. Junto al Código Penal se alzan casi siempre, y en paralelo, responsabilidades políticas. Tal como dejó escrito el hoy presidente Aznar en su libro La Segunda transición —¿recuerdan?— antes de las elecciones de 1996: «Ningún político demócrata debería manifestar ni como excusa ni como mera declaración pública de inocencia: “No estábamos preparados para tener corruptos entre nosotros”. Porque el ciudadano interpreta: “No estábamos preparados para que nos descubrieran”. Precisamente en eso consiste el gran fallo: en no estar preparados, en no haber previsto mecanismos que combatan eficazmente los fenómenos de desviación de poder, de abuso del mismo, de malversación de caudales públicos. Es una cuestión de convicciones democráticas. Para mí, un demócrata con responsabilidades públicas nunca puede decir como exculpación que un hecho de corrupción le cogió por sorpresa». Una verdad lapidaria que siempre acaba pesando más que el mármol.

Con el único interés de relatar y explicar unos hechos, esta investigación invita a soltar amarras en una travesía libre y sin hipocresías. En las aguas procelosas de nuestra corrupción política en democracia. De Juan Guerra al caso Gescartera, desde Filesa a Naseiro, en un largo viaje por Banca Catalana, Casinos, Tragaperras, comisiones del Ave, contratas de basura, Fondos Reservados, Gil y Gil, Cartagena, privatizaciones fraudulentas, tiburones financieros, cazaprimas del lino, “piquerescas”, traficantes de influencias, tránsfugas…

Al abordaje, pues.

PRIMER ABORDAJE

I
EL PAÍS CORRUPTO

“Lo que me preocupa no es que se robe, sino que yo no saque tajada”. Esta frase que he oído pronunciar hace algunos años en tono de broma, para ocultar su visceral sinceridad, es ahora secreto lema de muchos.

LEONARDO SCIASCIA

NEGRO SOBRE NEGRO

Érase una vez un país donde el setenta y siete por ciento de los ministros eran a su vez empresarios, hasta el punto de que sesenta y cuatro de esos ministros con cartera ocupaban —entre 1961 y 1974— un total de 326 puestos en consejos de administración de compañías privadas, y algunos de ellos, incluso, tenían intereses en empresas sobre las que sus decisiones ministeriales repercutían directamente en los dividendos. El mundo empresarial y el político se mezclaban, e intercambiaban sus ejecutivos como piezas de ajedrez que entraban y salían hasta formar en la práctica un todo. Ah, la Dictadura. En aquel país organizado a partir de un viejo caciquismo secular, Doscientas Familias mandaban en el mundo financiero, político y empresarial. Los banqueros y los grandes empresarios «elegían» ministros que, al ser destituidos, regresaban al banco o a la empresa como si hubieran entrado en la política en comisión de servicios. Todo era un gran monopolio. Y es que se trataba de un país marcado por el clientelismo[1], donde todos cobraban su «mordida»: desde los funcionarios en las ventanillas hasta los basureros durante la Navidad; porque una burocracia siniestra imponía su «peaje» monetario. Como ejemplo ilustrativo, resulta casi un chiste revelador «la tasa» que, por determinadas gestiones, cobraban en muchos juzgados y que constaban impresas en facturas bajo la misteriosa sigla «PSC». Al ser descubierta esta pequeña muestra de corrupción hispánica, se supo que tales letras significaban: «Por Si Cuela». Y coló durante décadas. En suma, era aquel un país donde lo malo no era que robaras, sino que te cogieran haciéndolo. Y ésta ha sido la esencia de nuestra historia desde el Straperlo de los años 30 y después de cuatro décadas de franquismo. Ah, claro, murió el general y muchos de aquellos que convivieron con el trapicheo, con los enchufes y la corrupción institucionalizada, se transformaron para la Historia en ministros, diputados e incluso presidentes del nuevo régimen parlamentario. Y la vida les trató de maravilla hasta el punto de que perdieron la memoria y los símbolos, y se convirtieron en demócratas de toda la vida, tan técnicos, tan modernos…

Muchos historiadores, y quienes habitaron el entorno del Caudillo, dicen que Franco siempre manejaba un precepto para mantener la fidelidad de sus colaboradores: mientras a éstos les fuera bien el asunto del bolsillo, no conspirarían ni flirtearían con el contubernio democrático. Mantenerse en el poder era el fin supremo del dictador y, como tal, dejaba hacer a los suyos; no ponía coto a los negocios de sus seguidores. La corrupción era, de este modo, una característica institucional basada en el secreto y en unas leyes hechas a la medida del capitalismo salvaje llegado con el desarrollismo de los años sesenta[2].

Bajo su poder, la sociedad española conoció el desarrollo económico, la industrialización, el boom inmobiliario, el turismo de masas, la modernización de una sociedad que seguía costumbres feudales en muchas zonas. Carreteras, obras hidráulicas sin precedentes, pantanos, trasvases, el coche, la televisión, el teléfono… Era la cara brillante de una moneda en cuyo reverso funcionaba la represión, el sindicato vertical, el Tribunal de Orden Público, la pena de muerte, la emigración… y la violencia instrumental para garantizar su poder. Es un hecho histórico que todas las transformaciones vividas por la sociedad española durante el franquismo no cambiaron en ningún momento la decadencia política de un régimen antidemocrático, post–fascista, antisocial, injusto, corrupto, revanchista y contrario a los derechos humanos más elementales. El Régimen del general Franco agonizaba irremediablemente mientras la sociedad elevaba su nivel de vida y trataba de olvidar la posguerra, abocada ya al dios consumo.

¿A qué vienen tales consideraciones? Muy sencillo: cualquier régimen, cualquier gobierno no se mantiene tan sólo por las infraestructuras construidas, ni por las autovías. Aportar como logro las modernizaciones, la integración en Europa, el Plan de Empleo Rural, el final del terrorismo o la pacificación de los cuarteles, no es suficiente. Es preciso que también destaque la Ética, la honradez de los gerifaltes, la limpieza democrática. Es necesario que la solidaridad sea algo más que una palabra utilizada por todos, un vocablo pervertido por los autoritarios de la última generación. Cuando falla la ética, llega la corrupción; un crimen que se puede cometer por acción, pero también por omisión; es decir, dejando hacer como en la época de Franco. Cada vez que se acerca la hora del relevo, a golpe de confrontación electoral, de nada sirve resistirse a la contundencia de los hechos. Poco les valió a los franquistas encerrarse en el bunker durante la década de los setenta. Y aunque un cambio de régimen no es comparable a un relevo en el gobierno, tampoco a los socialistas les sirvió hablar de «derrota dulce» cuando perdieron las elecciones en 1996.

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA

Porque a finales del siglo XX, ese país de leyenda, que es el nuestro, se despertó de repente y descubrió horrorizado que vivía y vive inmerso en la Corrupción, en su corrupción; la que no quisieron extirpar en su momento argumentando que haciéndolo se «desestabilizaba» la Democracia; la corrupción que hoy se consolida por efecto de una legislación incapaz de atajar el problema; sin controles adecuados para detener la hemorragia. Y ahora, la historia hecha tragedia se repite en forma de comedia. Los corruptos han ocupado sus puestos de toda la vida y los banqueros de siempre, en vez de enviar a los suyos al Consejo de ministros como en la época de Franco, han optado por encargar informes inexistentes a empresas–tapadera, o entregar «donativos» a cambio de favores políticos y concesiones amañadas. Reconozcámoslo. La España de los años noventa ha llegado a ser uno de los países más corruptos del mundo. Ocupa el duodécimo lugar en tan siniestro ranking según cuatro encuestas realizadas a miles de directivos empresariales y funcionarios sobre sus percepciones de la corrupción en los servicios públicos. En esta lista, elaborada por Johann Graf Lambsdorff y Transparency International en julio de 1995, con una puntuación de 4,35 %, España es considerada «muy corrupta» y sólo es superada en el ámbito europeo por Italia, Grecia y Hungría[3]. Cuatro años más tarde la situación no había variado demasiado. Según el informe de Transparency International referido al año 1999, destaca la persistencia de la corrupción en el funcionamiento de los estamentos públicos con una puntuación de 6,20. En el último informe, hecho público en junio de 2001, España sigue ocupando el puesto vigésimo segundo en la tabla mundial, pero había mejorado 0,8 puntos con respecto al año anterior, lo cual la convierte, con 7 puntos, en el décimo país de la Unión Europea en cuanto a limpieza de su sector público, muy cerca de Francia (6,7) y Bélgica (6,6).

Sitiados por tan elocuente panorama, la corrupción española parece casi un secreto militar. No resulta extraño que, al tratar el problema, algunos analistas caigan en cierto fatalismo. “La sociedad española no se asombra de la corrupción política porque ella misma está corrompida hasta los huesos”, escribe el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto en Corrupción en la España democrática (Ariel. Barcelona, 1997). «El español medio está identificado con el corrupto pues percibe que éste obra como obraría él mismo si se encontrara en la misma situación».

Cuando se hace público su feo rostro en el espejo, el país entero se escandaliza, pero trata de no mirarse a la cara. En el fondo, a los españoles sigue sin ofenderles tanto que roben como que se les descubra. Y es que a muchos ciudadanos, que tantas veces se rasgan las vestiduras en plan zarzuelero, lo que realmente les duele es que una nueva generación de políticos haya sido pillada con las manos en la masa. Les molesta que sean otros quienes lo hacen. A ellos no les cogerían in fraganti. Se creen más listos, pues saben que la corrupción que se divulga no es más que una parte ínfima de la que realmente existe.

II
ABUSOS DE PODER EN BENEFICIO PROPIO

Cuando no se tienen principios, hacen falta reglas.

ALBERT CAMUS

La palabra corrupción fue utilizada por los clásicos (Platón, Aristóteles, Tucídides…) para referirse principalmente a la salud moral de la sociedad. El suyo era un concepto amplio en el que se trataba de valores tales como el amor a la libertad, el derecho moral de los gobernantes a gobernar, la distribución de la riqueza y el poder… Hablaban de «corrupción» para tratar un proceso social que trascendía del conflicto de intereses individuales, específicos. No se referían a la conducta. Es decir, no nos sirven para explicar este fenómeno que, por otro lado, se ha manifestado a lo largo de la historia con sus características especificas, en todo tiempo y lugar, y dentro de cualquier sistema político.

Con todo, para muchos expertos, la corrupción carece de historia, de evolución, siempre ha sido la misma y con los mismos rasgos esenciales. Sin embargo, en la actualidad ya no estamos hablando de un asunto nacional, aislado en países concretos. Es un fenómeno universal, cuya intensidad varía en el tiempo y en el espacio. Los estudiosos aseguran, por ejemplo, que actualmente hay menos corrupción en Inglaterra que hace un siglo; que los países escandinavos tienen menos problemas en este campo que el sur de Europa y que la sensibilidad de los nórdicos ante el problema es muy diferente de la detectada en países como Italia, Francia o España.

Además, las explicaciones varían según los criterios político-económicos de quienes lo analizan. Así, la corrupción es considerada por la escuela neoliberal como una de las manifestaciones de los mercados negros originados por el exceso de intervencionismo gubernamental. Cuanto hay más reglamentación y burocracia estatales, más posibilidades existen de que se creen mercados paralelos. Desde un punto de vista diferente, quienes no creen en la maldad intrínseca del Estado dicen que la corrupción debilita la ética, deslegitima el Estado como encarnación del interés general, disuelve los valores colectivos, ya que persigue el beneficio y defiende intereses egoístas y privados[4].

Pero vayamos a la búsqueda del concepto. Parafraseando a Raymond Carver: ¿de que hablamos cuando hablamos de corrupción? Para responder, tomemos la reflexión de Michael Johnston, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Colgate, Nueva York, y uno de los pocos politólogos que estudian el asunto en esta época tan postmoderna y ecléctica. “La corrupción es todo uso indebido (abuso) de una posición oficial pública (de cargos y de recursos públicos) parta fines y ventajas privados”, escribe. Sin embargo el politólogo asevera: “Las definiciones centradas en la conducta suelen sostener que la corrupción es el abuso de un cargo, del poder y de los recursos públicos para obtener beneficios personales”. El propio Johnston entra en materia y se pregunta: “¿Cuáles son los criterios con que identificamos los ‘abusos’? ¿Y qué significa ‘público’ y ‘privado’ en la práctica, especialmente cuando se suma a ello la noción de ‘beneficios’?”[5].

Cuestión de criterios. Unos se aferran a la letra de la ley, los reglamentos y los códigos formales para responder a estas cuestiones en su búsqueda de criterios objetivos; también hablan del interés público. Otros proponen criterios culturales, subjetivos, ya que para ellos las leyes no siempre son legítimas (recuérdese, los códigos penales bajo las dictaduras) y eso del «interés público» resulta un término tan ambiguo que incluso un vicepresidente del gobierno español, por ejemplo, llegó a decidir cuándo la retransmisión televisiva de un partido de fútbol era de interés general o cuando no. Para completar el cuadro es fundamental el papel que juega la opinión pública como factor determinante de la importancia que tiene, o puede tener, un caso concreto de corrupción.

En este paisaje, a Johnston no le sorprende que, al definir y evaluar el tema de la corrupción, no se haya encontrado ninguna norma universal aplicable. Todos los enfoques: subjetivos, culturales, legales… dificultan también la elaboración de una definición general de la corrupción. El tema es complejo, cambia de formas y adquiere percepciones distintas. Tanto, que el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington, Saint Louis, Arnold J. Heidenheimer[6] ha osado clasificar la corrupción en tres tonalidades: blanco, gris y negro. La corrupción blanca la emplea para referirse a prácticas que no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública ni por nadie; está tan integrada en una cultura que ni siquiera se percibe como problema. Desde esta visión, lo que es corrupción en un país puede no serlo en otro. La corrupción negra es aquella práctica en la que, unánimemente, todos están de acuerdo en erradicar.

El desacuerdo surge, dentro de una misma sociedad, con la corrupción gris: lo que unos consideran corrupción, para otros no lo es. En este desajuste es donde aparece el escándalo, que puede saltar cuando colisionan las percepciones de unos con las prácticas de otros. Eso ha ocurrido en España con los casos de financiación irregular de los partidos políticos, en escándalos como Juan Guerra, Filesa, Pallerons, Casinos, Naseiro o Gescartera, de los que trata este libro[7].

Y ante esta tonalidad gris, ¿cuándo se comete delito y cuándo no? Para la Fiscalía General del Estado, en su instrucción número 1/1996, son delitos de corrupción «aquellas acciones u omisiones, dolosas o culposas, que pudiendo ser constitutivas de una o varias infracciones delictivas, se realizan por autoridad o funcionario prevaliéndose de su cargo, ya sea con miras a un injusto enriquecimiento o a la obtención de cualquier otro fin, siempre que, por su trascendencia, incidan directa y gravemente en el buen orden y gobierno de la colectividad con grave desprestigio de sus instituciones».

De todas, esta definición jurídica tiene la ventaja de la certeza: es corrupción lo que el Código Penal define como tal, o lo que prohíben los códigos de deontología profesional. Al fijar lo permitido y lo prohibido, la ley traza en principio unas fronteras claras que permiten al hombre público o privado, al ciudadano y al funcionario, determinar sin demasiadas vacilaciones su línea de conducta.

Esta concepción, sin embargo, alberga dos problemas. En la práctica, lo estrictamente jurídico resulta insuficiente, ya que las prácticas corruptas rara vez se limitan al Código Penal. Los propios jueces de «Manos limpias», en Italia, consideraron obsoleto el Derecho para perseguir la corrupción. También, en los últimos tiempos, se ha roto el concepto clásico de corruptor-corrompido. En este sentido, se da con más frecuencia que sea el funcionario o el político quien ejerce el papel de corruptor, en vez del empresario, que se convierte en el corrompido al tener que pagar obligatoriamente para conseguir que, por ejemplo, se dinamice una licencia de obra o una gestión administrativa. Es el mundo al revés: otro símbolo de la postmodernidad[8].

Y es que la interpretación estrictamente jurídica, tal como apunta Yves Mény, director del Centro Robert Schuman del Instituto Europeo Universitario de Florencia, tiene como defecto dejar a un lado los principios y los valores éticos. «La corrupción no es un delito banal comparable a una infracción al código de la circulación o a una estafa —escribe Mény—. Constituye una violación de los deberes del cargo y una negación de los valores que se suponen que sustenta un sistema político-administrativo democrático basado en el estado de derecho: La distinción de los intereses privados de los públicos, la igualdad de trato a los ciudadanos, la transparencia de las transacciones, etc.”.

Como ejemplo ilustrativo, Mény resalta la actitud mantenida por los partidos políticos en España, Francia, Italia y Grecia, al pretender que no existía realmente corrupción porque las prácticas penalmente punibles se justificaban por la necesidad de ayudar a los partidos, que son, como todo el mundo sabe, los instrumentos indispensables para el buen funcionamiento de la democracia. «Así pues —distingue—, existe la corrupción personal (detestable) y la corrupción por el bien del partido (es decir, legítima). Esta actitud, bastante difundida demuestra que en este tema el aspecto ético no se puede pasar por alto y que la definición jurídica sólo da una visión parcial, edulcorada y a veces errónea de la naturaleza del problema»[9].

En síntesis, la corrupción es una transacción clandestina (excepto en aquellos lugares donde disfruta de reconocimiento oficial), sistematizada y consensuada por todos aunque no haya sido escrita en documento alguno[10]. El pacto de la corrupción siempre es clandestino, aunque todos los demás elementos del trato pueden convivir tranquilamente en los contornos de la legalidad y de la respetabilidad. Los ejemplos de esta corrupción a la luz del día son numerosos. En Francia, Italia o España la corrupción tenía oficinas abiertas al público sin ningún problema, y el trato corrupto era ejecutado por intermediarios desde empresas de ingeniería técnica, financiera o bancaria. Es decir, se interviene de forma oficial y se cobra también oficialmente; sólo la prestación es ficticia o sobrevalorada (Filesa), pues el tráfico de influencias se ha convertido en una anodina prestación de servicios (Naseiro, Construcción de Burgos, Cañellas-Sóller). Del mismo modo, muchos políticos reciben sueldos y dietas como asalariados, consultores o dirigentes ficticios de importantes grupos financieros. Es lo que Mény denomina «la corrupción invisible», porque tiene el aspecto de las relaciones económicas o sociales habituales. Todo tiene la apariencia legal, todo es normal excepto “el pacto clandestino, tácito, no escrito”, explica en el ensayo citado. “La regularidad formal de los procedimientos borra hasta el sentimiento de culpabilidad de los principales interesados que, a veces, se sienten injustamente perseguidos y alcanzados en su vida privada”.

Cualquier observador descubre fácilmente que, en las dos últimas décadas, los modus operandi de la corrupción se han sofisticado; cada vez son más difíciles de detectar. La profesora Donatella della Porta, en su libro Lo Scambio oculto, propone tres estructuras corruptas: el clan, el comité de negocios y la facción partidista. El clan reúne a cargos públicos y a empresarios privados sin vínculos partidistas, pero con una fuerte vinculación solidaria. El comité de negocios es una alianza entre administradores y políticos dentro de un organismo en el que, cada cual, busca su interés en un juego de complicidad no formalizado. La facción partidista la forman los funcionarios del aparato que gobiernan el flujo de dinero que va a parar a las arcas del partido.

Las estructuras en las que se desarrolla la corrupción son los ayuntamientos y gobiernos autonómicos (y provinciales), las instituciones en las que se conceden obras públicas, los concursos de empleos públicos, las financiaciones públicas, las autorizaciones y los controles administrativos, y, finalmente, el mercado del dinero. En cuanto a los actores de la corrupción, Vito Marino Caferra identifica a ocho: el político, el funcionario público, el denunciante, el juez, el empresario, el profesional, el sindicalista y el periodista[11].

Entre los agentes de esta fauna discurre un juego sucio en el que Mario Caciagli destaca otro rasgo determinante: la conciencia de que con el acto corrupto se está cometiendo una violación de las normas. Dice Caciagli que sin conciencia de esta violación no hay corrupción, y matiza en su obra citada: “Toda la historia de la Italia post unitaria, liberal y democrática está llena de episodios de corrupción. Si esa corrupción desapareció oficialmente durante la época fascista, fue porque durante la dictadura el secreto era más secreto que nunca. A partir de su nacimiento en 1946, la República democrática ha conocido numerosos escándalos de corrupción”. Gracias a la libertad de prensa, añadimos. El paralelismo con España vuelve a ser evidente.

Dentro de cualquier Estado de derecho, la gran cuestión que se plantea es si la corrupción es compatible con la democracia, o si supone un riesgo y amenaza para su supervivencia y profundización. Esta preocupación se convierte en esencial cuando se tiene como opción que la democracia sea lo menos imperfecta posible[12], que no son otras que la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el cumplimiento de normas de convivencia y la libre participación política.

En este sentido, el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, en su Memoria de la Fiscalía Anticorrupción, de 1998, es contundente al describir la corrupción como «una patología grave de los sistemas democráticos, muy lejos de su consideración como fenómeno ocasional o marginal. (…) En las últimas décadas, la corrupción (…) ha profundizado su presencia en todas las Administraciones Públicas, ha superado el marco de las conductas individuales y se ha convertido en una fuente de deterioro sistemático de los presupuestos públicos en proporciones de enorme gravedad. (…) La corrupción moderna no puede ser ya contemplada desde el punto de vista de la moralidad de los empleados públicos, de la ética de las conductas individuales, del enriquecimiento injusto de un funcionario responsable de un determinado sector de la Administración. Los corruptores ya no son solamente individuos sin escrúpulos que buscan aumentar desmesuradamente su margen de beneficios. La corrupción de hoy es inherente al sistema económico y político» (pp. 209-212). Para el fiscal Jiménez Villarejo, las causas que generan el fenómeno de la corrupción son: los monopolios y oligopolios empresariales, la concentración de poder y la decisión en personas sobre las que no existen controles, la falta de transparencia del poder económico posibilitado por el secreto bancario y, en último lugar, las discrepancias y asimetrías entre distintos sistemas jurídicos —como el bancario y el fiscal— que dificultan el descubrimiento de los casos de corrupción.

III
LAS MÁQUINAS VORACES Y LOS POLÍTICOS DE NEGOCIOS

Malversación: Invertir ilícitamente los caudales ajenos (preferiblemente, públicos) que uno tiene a su cargo. Se aplica especialmente al delito de distracción de fondos cometido por un funcionario.

El canciller Willy Brant dimitió por el caso Guillaume. En 1992, el gobernador de Texas, George W. Bush, hijo del entonces presidente de los Estados Unidos, y actual inquilino de la Casa Blanca, fue investigado por tráfico de influencias ya que presionó directamente al ministro de obras públicas argentino, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, para que concediera el contrato para la construcción de un gaseoducto a la multinacional energética tejana Nerón, la misma que ha protagonizado el gran escándalo financiero en 2002 de consecuencias nefastas para las Bolsas. Richard Nixon dimitió por el Watergate. Sucesivos casos de corrupción en Japón terminaron por afectar a las elecciones generales de 1993 hasta el punto de provocar la desaparición del Partido Liberal Democrático, en el poder desde los años cincuenta. Eduardo VIII renunció al trono espoleado por sus conocidas simpatías hacia Hitler. El escándalo Flick en Alemania salpicó al PSOE, y, a mediados de los años setenta, los sobornos de la Lockheed descubiertos en Japón, Alemania y los Países Bajos (con el príncipe Eduardo de Holanda implicado), alcanzaron también a mandos del ministerio de Defensa bajo el gobierno de UCD, aunque se echó tierra encima siguiendo la pauta de la transición. Incluso el Vaticano tuvo su corrupción en el caso del cardenal Marcinkus y el Banco Ambrosiano.

He aquí algunos de los escándalos de corrupción más relucientes de los últimos veinte años. Pero hay más. Tras árboles tan vistosos y de sombra tan selvática, se extiende un bosque de incalculables dimensiones y consecuencias. De entre todas las explicaciones políticas esgrimidas ante el fenómeno destacan las críticas vertidas desde la izquierda democrática y plural, no vinculada a los aparatos de los partidos. Para amplios sectores de la izquierda socialista la corrupción española, de la que no se cubren ni las apariencias, tiene su razón y su sustento en el entramado político-institucional salido de la transición. El ejemplo español, tan aclamado en los últimos tiempos, es criticado con una descripción demoledora. «Un modelo —dice la revista Iniciativa Socialista en su editorial de julio de 1990— estructurado de manera antidemocrática y antidemocrático en sí mismo, en el que no se elija al Jefe del Estado, ni existen jurados, ni se resuelve colectivamente sobre asuntos que afectan a toda la población, ni se vota al Jefe de Policía o a los fiscales (como en otros países), ni existe el derecho a referéndum con carácter ejecutivo, y hasta el derecho de sindicalización está restringido. En el terreno de los derechos democráticos no se alcanza ni los mínimos de otros países. La participación popular se limita a las consultas electorales, sin ningún tipo de control posterior. Los incumplimientos absolutos de los programas son anécdota cotidiana. El sistema de representación y las leyes electorales están construidos para garantizar que determinadas minorías se repartan periódicamente la tarta de los bienes públicos. Por eso, la corrupción es un fenómeno considerado como normal por los dirigentes políticos que transmiten a la sociedad la cínica moral de que es lógico y normal el aprovechamiento de su situación institucional».

A las limitaciones del funcionamiento democrático en España se une el efecto de las campañas electorales que convierten los partidos en máquinas de gastar dinero. Así, desde el campo académico, el catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante, José María Tortosa, en su opúsculo Corrupción escribe: «Las campañas electorales se han hecho muy caras por la irrupción de la televisión, las campañas de imagen y demás elementos del marketing político. Frente a esos gastos, todos han buscado fuentes sumergidas de financiación, las más de las veces ilegales. De lo contrario habrían tenido que desistir de la carrera”. Y añade: «El sistema electoral también influye: listas cerradas y bloqueadas en un extremo (corrupción del partido) y distritos uninominales en otro (corrupción del candidato), con todas las variaciones posibles (…). Han sido necesarias fuentes alternativas más allá de las exiguas cuotas de los militantes, insuficientes en todos los casos conocidos para afrontar los crecientes gastos de funcionamiento»[13].

Aquí está, sin duda, la madre de todas las corrupciones. Durante los años sesenta, los partidos europeos se financiaban con las cuotas de sus militantes y con donaciones de empresarios afines y organizaciones sindicales y ciudadanas. En 1974, por ejemplo, el incipiente PSOE no precisaba de grandes infraestructuras. El partido/empresa todavía no había entrado en la vida política española. Mientras tanto, en Europa, la década de los setenta ya ofrecía una dramática novedad: a la crisis de militantes se sumaba la «americanización» de las campañas electorales, que precisaban de grandes sumas de dinero. En este contexto, los aparatos de los partidos europeos se hicieron más fuertes, se alejaron de las bases y se burocratizaron hasta el extremo de buscar su propia financiación como un objetivo prioritario, desesperadamente, con voracidad. «El fin justifica los medios», dice la máxima maquiavélica. La conquista del poder nos justifica, argumentan ellos. Y así, de una corrupción individualizada, concreta, se pasó a una mecánica general, perversa. Las necesidades del partido arrastraron a romper las reglas del juego, hasta el punto de crear partidos-fantasmas en países como Francia o “comités electorales ficticios” en Estados Unidos, tras los que se ocultaban grandes empresas que, a cambio de sus aportaciones al candidato en campaña, reciben posteriormente grandes contratos el Estado. Por no citar a las empresas-tapadera de España desveladas en el caso Filesa.

Durante los años ochenta, Italia es el ejemplo. Los partidos del gobierno italiano se repartieron los cargos y ocuparon el poder dentro de las empresas públicas. Era el pentapartido, cinco organizaciones —desde la democracia cristiana hasta los socialistas— unidos para detener el avance institucional del Partido Comunista Italiano. Entre estos partidos asociados, el socialista fue el primero en echar por la borda su ideología y convertir sus antiguas corrientes de opinión en grupos de poder y de negocios. Un fenómeno parecido, aunque a una escala muy inferior, ocurrió al PSOE tras la consolidación de su triunfo electoral. Al saberse sin oposición, y por tanto sin peligro de ser desalojados del poder por la derecha, los socialistas se sintieron como el PRI mexicano, hablaron de sí mismos como «la casa común» de la izquierda y en su interior se produjo una metamorfosis interna que el periodista Carlos Luis Álvarez, Cándido, muy vinculado en su día al proyecto político de Felipe González, explica así: «La inmensa energía desarrollada por el PSOE para la consecución de dinero era una necesidad política de Felipe González, cuyos cambios de objetivos ideológicos requerían unos pedestales publicitarios cada vez más sólidos. De Marx a no Marx, de la no OTAN a la OTAN sí, del socialismo a la socialdemocracia y de la socialdemocracia al liberalismo económico, constituyeron tránsitos sustanciales que necesitaban para acomodarse en la conciencia social un enorme aparato de persuasión».

No resulta extraño que el libro donde se recoge este análisis se llame La sangre de la rosa (Planeta. Barcelona, 1996). Mientras perdía su antigua savia, la rosa también necesitaba alimento para no marchitarse en una realidad de militancia tan despoblada como el desierto. Sobre una población que ronda los cuarenta millones de habitantes, treinta millones de ellos inscritos en el censo electoral, la afiliación a los partidos políticos en España resulta irrisoria. Incluso durante sus trece años en el poder, el PSOE siguió siendo un partido endeble y poco organizado, con un número de afiliados realmente pequeño con respecto al número de electores. También el PP es un partido de «notables» más que una organización de masas. Y nada ha cambiado en su periodo gubernamental.

Algunas cifras dan la medida de esta gran crisis de afiliación: en 1987, el PP —entonces AP— tenía 228.078 afiliados y el PSOE 189.857. En enero de 1998, el XXXI Congreso del PSOE cuantificó 212.942 afiliados y a las primarias del 23 de abril de 1998, que dieron la victoria al efímero José Borrell, estaban convocados 383.462 militantes. En el último censo de abril de 2002, los socialistas reconocen 200.000 militantes con derecho a voto, con las cuotas al día, de un total de 450.000 afiliados, laxos en cuantos a sus derechos y deberes. El Partido Popular, en su congreso de 1999 dio la cifra de 80.000 afiliados representados por 2.500 compromisarios, pero a 31 de diciembre de 2002, dicen tener 632.566 afiliados. Así pues, dando por buenas las cifras de militantes ofrecidas por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE cuentan en la actualidad con 1.082.566 afiliados. Si sumamos los 70.000 militantes reconocidos por Izquierda Unida, podemos decir que los partidos mayoritarios en España congregan a poco más de 1.100.000 personas. Lo que supone poco más del dos por ciento de la población española.

Sea como fuere, el dinero ingresado por cuotas resulta escaso y las cantidades aportadas por el Estado, en aplicación de la Ley Electoral, resultan insuficientes para engrasar las maquinarias. Las arcas estatales aportan 2.700.000 pesetas por cada escaño logrado, otras 101 pesetas por cada voto al Congreso y cuarenta pesetas más por cada voto obtenido individualmente, siempre y cuando el candidato haya conseguido escaño. Así, por estos conceptos, en los últimos comicios generales de 2000, el PP recibió 2.612 millones de pesetas y el PSOE 2.000 millones e Izquierda Unida, en su gran caída, apenas 121,5 millones de pesetas.

UN PERSONAJE CLAVE

Cuando la corrupción se extiende y las ideas se diluyen en la maquinaria voraz del pragmatismo, surge siempre un tipo especial de funcionario público: el político de negocios, así llamado por el sociólogo Alessandro Pizzorno ya que “combina la mediación con los negocios y la participación personal en actividades económicas con la mediación política en el sentido tradicional”[14]. Su presencia en Italia ha merecido ensayos y reflexiones, y aunque nadie los ha estudiado entre nosotros, sus características sirven también para el caso español. Es un personaje clave a quien muchos lectores serán capaces de ponerle nombre y apellidos desde cualquier rincón de España.

Estos políticos de negocios nacen con la crisis de los partidos de masas, con el debilitamiento de la ideología, catapultados por una manera de hacer política basada en la protección a determinados grupos a cambio de apoyo electoral. Aunque se mueven en la sombra, buscan una cierta notoriedad social y quieren brillar en su entorno desde la segunda fila. Son recién llegados a la política, plebeyos que deben su influencia social al partido y no a su preparación o integración profesional en la sociedad civil; ocupan puestos de designación política en el sector público, desde donde organizan y manejan los recursos públicos con un criterio privado. El Estado, a mayor o menor escala, acaba convirtiéndose en un patrimonio para este tipo de personajes, porque no sólo son gestores, sino que tienen poder e influencia: controla votos de sectores ciudadanos. Son hombres nuevos, desarraigados de su origen, que, como explica Pizzorno, «al entrar en política tienden a romper con lo que todavía les ataba a sus raíces».

Al estudiar el caso italiano, para Donatella della Porta está demostrado que «los partidos políticos, una vez contaminados por la corrupción, se convierten en agencias de socialización en la ilegalidad; se empiezan a premiar unas ciertas capacidades más que otras. En general, los políticos de negocios no tienen ni preparación profesional ni formación ideológica que les permita cumplir las tareas requeridas por la administración pública, ni tampoco una identidad colectiva formada por medio de una comunidad de intereses, típicas de los partidos de masas. Los administradores del sector público, nombrados por el partido, consideran su puesto como una compensación por la fidelidad a un líder político determinado y como un medio de incrementar sus propios recursos económicos o los de su jefe político».

En resumen, la mecánica es muy simple. El partido «sitúa» a sus hombres en puestos de responsabilidad de empresas y organismos públicos, a cambio de que cumplan el compromiso y usen esos cargos para la financiación política, mientras que, en paralelo, se les permite vislumbrar la posibilidad de un enriquecimiento personal. Viven de la política y aprovechan sus ventajas. Son políticos profesionales; personas que intervienen en la política como un medio para ascender en la escala social. Habría que preguntarse cuántos políticos de izquierda con mando en plaza han acabado en las cámaras de comercio o como ejecutivos de empresas a las que ellos, en sus días de poder, concedieron contratas y favores.

IV
EL ORIGEN DE UN ICEBERG

Tesorero: Dirigente político que controla las finanzas, ingresos, entradas y salidas de dinero recibido.

En 1976, la Tesorería del PSOE estaba en manos de un mecánico ajustador de 45 años llamado Eduardo López Albizu, Lalo. Eran tiempos de clandestinidad en los que la UGT financiaba al partido con los caudales donados por los sindicatos europeos, cuando los socialistas presumían de sus cien años de honradez y no se postulaban todavía como «alternativa de poder» bajo la incipiente monarquía parlamentaria. Entre 1977 y el congreso extraordinario de 1981, la Administración recayó en Carmen García Bloise, socialista educada en el exilio y acostumbrada a contabilidades demasiado domésticas para un partido que había obtenido ciento dieciocho diputados en las primeras elecciones democráticas. García Bloise se llevó consigo como lugarteniente en la administración del PSOE, a Aida Álvarez, esposa del chófer de Alfonso Guerra e íntima amiga del vicesecretario desde los tiempos de la oposición al franquismo. Se cuenta incluso que le planchaba las camisas en aquellos tiempos heroicos.

El buen resultado electoral sirvió al PSOE para consolidarse, abrir sedes, ampliar el número de militantes, atraer a personalidades de prestigio y, en el terreno más interno, estabilizar las finanzas del partido que, hasta ese momento, habían dependido en gran medida de la entrega directa de fondos de la Fundación Ebert, vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán, por medio de su representante Dieter Koniecki; así como de las bondades del italiano Nerio Nesi, presidente de la Banca Nazionale del Laboro y amigo personal de Alfonso Guerra. Eran tiempos en los que el presidente mexicano Echeverría ayudaba económicamente a la Junta Democrática y, aunque el PSOE siempre negó oficialmente la entrega de dinero americano para sus finanzas, es todavía recordada la generosidad de Venezuela y Méjico con los socialistas en forma de dólares llegados desde la capital azteca en 1977, o de ciertos cheques entregados por Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, según recuerdan algunos militantes del PSOE histórico.

UN NUEVO SOPORTE FINANCIERO

En mayo de 1979, el XXVIII Congreso del PSOE supuso un cambio en las necesidades financieras del partido, que ya giraba en torno a la figura personal de Felipe González, e inauguraba lo que muchos han denominado el Felipismo. Allí, el mallorquín Emilio Alonso Sarmiento fue el encargado de articular un sistema de empresas, un holding que constituyera el soporte financiero del PSOE. ¿Y quién era realmente ese hombre? El periodista Fernando Barciela, en su libro La otra historia del PSOE (Emiliano Escolar Editor. Madrid, 1981), diseña este retrato del personaje: «Alonso es calvo y mallorquín. Está casado pero parece que es soltero. Salta a la vista que es un magnate, no importa que se encuentre de vacaciones en sus negocios. Salta a la vista que proviene de cuna empresarial cuando nos encontramos con su alta figura llena de autoridad, y ese estilo Chicago años 30, ese traje de rayas, tan parecido a los de Fraga Iribarne. Durante años, Alonso dirigió las empresas de su familia y algunas otras que su esposa aportó al clan, fábricas de zapatos que llegaron a tener más de quinientos obreros; fábricas de curtidos, zapaterías y la más importante empresa de exportación de calzado de España. Cuando Alonso empezó a significarse en las Islas Baleares, en los ambientes ciudadanos de Palma, como dirigente socialista, cambió su trabajo en las empresas por las tareas del Partido, y dejó los asuntos de negocios en manos de parientes cercanos».

Emilio Alonso era ya secretario general de la Federación socialista de Les Illes cuando, en el transcurso del XXVIII Congreso, Alfonso Guerra, apodado el Señor de las Listas, le pidió que se hiciera cargo de la secretaría de Administración. El ambiente era tenso y Felipe González amenazaba con dimitir si el partido no renunciaba al marxismo. Guerra trataba de evitar la crisis y andaba repartiendo cargos. Nadie quería hacerse con la secretaría de Administración y el vicesecretario se la ofreció a Félix Pons, un demócrata-cristiano vinculado a Gregorio Peces-Barba. “No hombre, yo no soy el más indicado para ese cargo —le dijo Pons—. Ahí tienes a Emilio Alonso que es empresario y está acostumbrado a esas cosas de negocios, contabilidades y dineros”. Emilio Alonso Sarmiento dijo sí a Guerra. «Con vosotros iré a donde haga falta», le aseguró.

Meses más tarde, cuando se reunió el Congreso Extraordinario tras la dimisión de González, Alfonso Guerra se acercó de nuevo al mallorquín y le dijo: “Mira, Emilio, antes nadie quería venir con nosotros porque se sabía que íbamos a perder. Ahora quieren todos. Pero tú has estado a nuestro lado en el peor momento, así que te renuevo el ofrecimiento de la Secretaría de Administración”.

Así lo relata Barciela: «Con la entrada de Alonso se puso término al reinado de Carmen García Bloise en los temas de dinero. Desde el primer día, Alonso se tuvo que enfrentar a la frialdad, casi hostilidad, del equipo saliente, el de Carmen, pero le ha pagado con la misma moneda. Después de ponerse a trabajar, a organizar inventarios, a estrujarse las meninges para sacar ideas transformables en dinero, Alonso no ha escatimado reproches para la gestión de Carmen. Algunas veces se ha llevado las manos a la cabeza y ha exclamado:

“—¡Cuando llegué, esto no había quien lo entendiera!

“Parece que los errores que cometió Carmen en su gestión financiera fue pedir créditos a los bancos sin tener muy claro cómo los iba a pagar, a liquidar”.

Poner en la Secretaría de finanzas a un hombre con experiencia empresarial como Emilio Alonso Sarmiento definía totalmente la estrategia económica del Partido, para la que contaron además con dos compañeros de viaje, sacados del enmarañado mundo de los negocios y unidos por su amistad con Felipe González: los empresarios Enrique Ballester y su tocayo Enrique Pichirri Sarasola. Primero recurrieron a Enrique Ballester, un gallego que ingresó en el PSOE en 1975 tras conocer personalmente a Felipe González en una visita a Argel. En 1980, Ballester, su hermano José, su socio Luis Barredo y Domingo Ferreiro Picado, secretario particular de Alfonso Guerra durante la transición democrática, se hicieron cargo de Management S. A., la empresa madre del holding socialista, mediante la que trataron de poner orden y concierto a la caótica y apenas rentable estructura empresarial del partido, y que se dedicaba a la importación-exportación, especialidad de este empresario gallego.

En su actividad político-empresarial, Enrique Ballester fundó compañías como Management de Ingeniería y Realizaciones S. A. (MIRSA), una filial dedicada a la ingeniería y la construcción; cerró otras, como Orex S. A., y reestructuró cuantas pudo. En 1982, Ballester dejó el holding con el objetivo de firmar contratos con Argelia, y su puesto de gerente fue ocupado por Luis Velasco. El 2 de diciembre de 1982, Velasco renunció a ese cargo una semana antes de que fuera nombrado Secretario de Estado para el Comercio y tuviera como primera actividad, la negociación del contrato de suministro de gas argelino acompañando al vicepresidente Alfonso Guerra.

Las discrepancias con Emilio Alonso fueron la causa de la dimisión de Ballester, como él mismo explicó a Cambio 16: “En la sociedad no había profesionalidad, predominaba la política. Emilio y su gente de confianza, entre la que se encontraba su hermano Miguel y sus amigos de Mallorca, lo controlaba todo. Teníamos enfrentamientos constantes”. Obsesionado por decir siempre la última palabra, Emilio Alonso Sarmiento redactó una circular interna en la que acusaba a Ballester de aprovecharse del nombre del PSOE para realizar negocios personales. Era su manera de agradecer los servicios prestados.

El entramado de empresas montado por Ballester tuvo serias dificultades con muchos militantes socialistas, que no aprobaban la nueva vertiente empresarial del partido y cuya resistencia desencadenó un escándalo saldado con expulsiones en el PSOE madrileño. El 27 de febrero de 1982, los diputados socialistas en la Diputación de Valencia, Francisco Soria y Julián Crespo, hicieron público un comunicado en el que explicaban el motivo por el que habían sido cesados de sus cargos, expedientados y expulsados del PSOE: «La razón se debe —escribieron— a nuestra reiterada denuncia, dentro de la organización, de todo intento de “patrimonializar partidistamente las inversiones públicas, a través de empresas paralelas”, poniendo en riesgo tanto la credibilidad moral como la honorabilidad personal —sin excluir la responsabilidad legal— de los cargos públicos, presionados a relacionarse con dichas empresas».

Los nuevos expulsados por sus discrepancias con los negocios del PSOE, hablaron de la sociedad anónima Orex, una de cuyas partidas apareció consignada en la «Memoria de cuentas» del congreso regional del PSPV–PSOE, celebrado en 1981 en Benicassim. En aquella Memoria, Orex aparecía con unas entradas de 1.543.200 pesetas, unas salidas de 1.178.200 pesetas, y un saldo positivo de 365.000 pesetas. Aunque las cifras no resultan relevantes, el hecho de que el partido socialista la consignara como una empresa propia es todo un dato. Orex había sido constituida en Valencia en 1983, por Miguel Alonso Sarmiento, Carlos Fernando Rico Gil, Luis Barredo y Management, la empresa madre. En el Registro Mercantil posee una actividad declarada de importación–exportación.

“Tras esta denominación —declararon en su día los diputados expulsados del PSOE— no se esconde más que un truco para obtener fondos para el partido; que la Ejecutiva, muy torpemente, ha desvelado al incluirla en la memoria”.

Después, Soria y Crespo relataban el modus operandi: «Se basa en montar una empresa con cuatro perras, a la cual una institución pública afín le otorga una concesión o una subvención para investigar, pongamos por caso, la vida de la Mantis Religiosa en Groenlandia, que, como todo el mundo sabe, no tiene bichitos así».

Esta versión es diametralmente opuesta a la ofrecida por Manuel Rivas Just, entonces presidente de la comisión de administración del Comité federal del PSOE, quien, en una ceremonia de confusión que hoy resulta casi grotesca, explicó en septiembre de 1984: «En el caso Orex, se quiso involucrar al partido, casi igual que en el caso Sellberg. Lo cierto es que era una sociedad anónima hecha por señores que en su mayoría pertenecían al partido. A esos señores, el partido les prestó un millón novecientas mil pesetas. El partido consideraba ese dinero en su activo como acciones de esa compañía. Yo sé que realizó algunas ventas a Argelia, pero nunca tuvo relación comercial con nuestro partido, ni nada que ver con los ayuntamientos. A finales de 1981, o principios de 1982, desapareció».

Pero el asunto no quedó ahí. Tras la desaparición Orex, surgió en el mundo del espectáculo valenciano L’Arrel, una sociedad anónima dedicada a la contratación de artistas y que, desde su fundación, utilizó el mismo télex que Orex. El diario ultraconservador valenciano Las Provincias describió, el 4 de diciembre de 1983, sus actividades con estas palabras: «Las corporaciones de izquierda prácticamente sólo utilizan los servicios de una agencia de contratación, L’Arrel, S. A., que pertenece al grupo de empresas paralelas del PSOE. L’Arrel funciona, en la práctica, como departamento de contrataciones de la Administración Local valenciana».

Manuel Rivas, gerente del PSPV-PSOE en 1981, volvió a entonar su oda a la inocencia: “Actualmente [en 1984] no hay ninguna empresa con capital del partido, ni que sirva para su financiación, porque ese modelo de financiación no nos parece ético, ya que cabría la manipulación de que forzáramos a las instituciones…”.

Tan bellas palabras fueron manchadas por la realidad. El propio Manuel Rivas poseía el 35 por ciento de las acciones de Cablevisión S. A. mientras ocupaba su cargo de responsable financiero del socialismo valenciano. Junto a él, estaba como consejero José Jaime Moreno, socio de General Investing Company, S. A., dedicada a la importación–exportación, entre cuyos socios figuraban destacados militantes socialistas como Francisco Senón Rubio, Eusebio Mollinedo Franch y Francisco Martínez Rico[15].

En 1984, el empresario Enrique Sarasola Lerchundi relevó a Ballester en la gestión del caótico holding empresarial socialista. La actuación de Sarasola fue tan poco fructífera como la de su antecesor. Los enfrentamientos con Emilio Alonso se sucedieron, hasta el punto que el nuevo «gerente» creó nuevas empresas sin depender de la Secretaría de Finanzas y puso las ya existentes casi en cuarentena.

Una de las intervenciones más sonadas de Sarasola fue su relación con la compra de la sede central del PSOE en la calle Ferraz, de Madrid. Un antiguo empleado suyo, Carlos García Pardo, representante de cantantes y futbolistas, había creado la empresa Ferraz 70, con la intención de construir apartamentos en ese inmueble ubicado en una zona lujosa de Madrid, cercana al paseo de Rosales.

El cantante alcoyano Camilo Sesto había puesto el dinero y García Pardo las ideas. Después de una entrevista personal posibilitada por Enrique Sarasola, García Pardo inició su ascenso económico vendiendo el edificio por 160 millones de pesetas, una cantidad inferior a su precio real. Pero esta buena relación con el PSOE ha sido la llave de los múltiples negocios de Carlos García Pardo a través de su empresa Dorna S. A., dedicada, además de asesorar a estrellas del deporte, a conseguir concesiones en exclusiva de retransmisiones de fútbol.

La prudente labor de Enrique Sarasola en favor de las finanzas del PSOE tuvo también su «affaire», con interpelación parlamentaria incluida: Intermun S. A. El Grupo Popular en el Congreso acusó a Sarasola de estar implicado a través de esta empresa en una operación de exportación de 70.000 toneladas de azúcar por un contrato con el FORPPA, que supuso al Estado la pérdida de más de quinientos millones de pesetas.

«Uno de los miembros del consejo de administración de Intermun —dijo el portavoz popular Miguel Herrero, en el Parlamento—, Antonio Blázquez, trabaja en La Moncloa. Llama mucho la atención que la empresa avalista, Intermun, S. A., en una operación que asciende a catorce millones y medio de pesetas, sea una sociedad de reciente constitución, el 15 de noviembre de 1982, con un capital social de un millón de pesetas en acciones». Antonio Blázquez era un hombre de confianza de Sarasola y su socio en numerosos negocios, hasta el punto de actuar «en representación» del empresario desde que, en 1982, ambos fundaron la Inmobiliaria Bonaire S. A.

Además de las empresas ya citadas, he aquí el inventario de las sociedades anónimas vinculadas o relacionadas con el PSOE, mientras Emilio Alonso Sarmiento ejercía la dirección económica del partido con la colaboración de Ballester y Sarasola: Foreing Service S. A., constituida en 1983 por los militantes socialistas José Manuel Tomás Trinchero, Benigno Martínez Natal y el abogado Ramón Arévalo Eizaguirre. Coming S. A., registrada el 28 de octubre de 1982, el día de la victoria socialista en las elecciones generales, por Enrique Ballester y Luis Barredo al abandonar. Management, dedicada a la exportación-importación. Copex S. A., fundada en 1980 en Murcia por Jorge Soto, ex marido de la antigua jefa de prensa del PSOE, Helga Soto, y por Julio Feo, entonces secretario del presidente de la Comunidad Murciana, Antonio Hernández Ros, y futuro secretario del presidente González. Caryn S. A., creada en 1979 por la Federación Catalana del PSOE, dedicada a la compraventa de automóviles. Acusada de apropiación indebida en 1984. Transcomin 86, S. A., propiedad del Antonio Calleja Relaño, ex miembro del Comité federal del PSOE y amigo del último responsable de finanzas socialista, Guillermo Galeote. Importaba y exportaba herramientas de la República Democrática Alemana, alimentos a la URSS, ingeniería, teléfonos, e incluso arroz del Vietnam. Proco 75, S. A., fundada en 1983 por Antonio Calleja, Jorge Soto y Fernando González Novo. Distribuidora Express 2020, S. A., sociedad creada en 1987 por Aida Álvarez tras abandonar sus cargos en el aparato del partido. Posee el 13,50 por ciento del capital social —unos diez millones de pesetas— y sus socios son: su madre, sus dos hermanos, y su marido, Miguel Molledo Martín. Se dedica a la consultoría, asesoramiento y cobro de comisiones. Toda una empresa de tráfico de influencias, dedicada también en periodo electoral a repartir las papeletas del PSOE. Transportes Aéreos Hispanos S. A. (TAHIS)., fundada en 1984, compañía de aerotaxis al servicio del PSOE que regenta Aída Álvarez, junto a su compañero Miguel y el hermano de éste, Francisco Javier Molledo, ambos pilotos. A finales de 1988, a TAHIS le fue concedido un servicio nocturno de paquetería aérea para el trayecto Bruselas–Madrid.

V
DONATIVOS ALEMANES PARA TODOS

Dinero negro: Capitales escondidos, ocultos a la transparencia, sin control, productos normalmente de negocios que escapan a la Hacienda pública.

Congreso de los Diputados. 21 de diciembre de 1984. Comisión de investigación presidida por el socialista Leopoldo Torres, posterior Fiscal General del Estado. Responde a las preguntas: Max Paefgen, ex gerente del consorcio industrial alemán Flick, uno de los grupos empresariales más influyentes durante el régimen de Adolf Hitler.

—En sus declaraciones en Alemania —preguntó José María Ruiz Gallardón, ya fallecido, en nombre del Grupo Popular—, usted ha explicado que en 1976 sostuvo una serie de conversaciones con directivos de la fundación Friedrich Ebert [del Partido Socialdemócrata Alemán] sobre la península Ibérica, especialmente sobre España, ¿es cierto?

—Sí, así fue —respondió Paefgen—. Yo entonces estaba preocupado por la situación interna española. La conocía bastante bien, ya que visité España con frecuencia.

—Cuando, por esas fechas —prosiguió Ruiz Gallardón— uno de los directivos de Ebert le pidió un millón de marcos, ¿le aseguró a usted que el dinero iba a España?

—Me dijo que a España, Portugal y Latinoamérica, que eran zonas de tensión en el mundo.

—¿Qué objetivos tenía la fundación Ebert en España? —preguntó Marcos Vizcaya, del PNV.

—Nunca pedíamos explicaciones sobre qué se haría con nuestro dinero. Usted, cuando hace un donativo, no puede precisar en qué desea que se invierta.

El escándalo Flick había estallado en pleno corazón del sistema parlamentario alemán. Sobornos a políticos, fraude fiscal y «donativos» a todos los partidos representados en el Bundestag, menos a Los Verdes.

«La República está comprada», repetían los ciudadanos alemanes mientras el presidente de su parlamento, Reiner Barzel, dimitía de su cargo al descubrirse que había cobrado 1,7 millones de marcos de forma ilegal.

Entre 1969 y 1980, el poderoso consorcio industrial Flick, según la Fiscalía de Bonn, había «donado» más de veinticinco millones de marcos a los cuatro partidos clásicos de la República Federal: socialdemócratas, liberales, cristiano-demócratas y cristiano–sociales bávaros.

En medio de la crisis, durante el último trimestre de 1984, el diputado socialdemócrata Peter Struck aseguró a la prensa de su país que, a través de la fundación Ebert, el partido socialdemócrata había entregado dinero del consorcio Flick a Felipe González. Y así llegó a España la marejada política que desencadenó la creación de una comisión parlamentaria, compuesta por representantes de todos los partidos presentes en la Cámara, y que citó al diputado alemán para el 10 de diciembre de 1984, a las diez en punto de la mañana. Día y hora en que Struck llegó dispuesto a desfacer entuertos.

—Señor Struck —preguntó Ruiz Gallardón—, usted ha dicho en una emisora de radio alemana lo siguiente: «El gerente del consorcio Flick, responsable de donativos a la fundación Ebert, ha declarado ante la comisión investigadora del Bundestag que consideraba muy útil que ese dinero, insisto en que donado a la fundación Ebert, fuese invertido en ayuda a Felipe González». Señor Struck, ¿mantiene usted esto?

—Sí. Mantengo haber dicho eso o algo similar a una emisora alemana —contestó lacónico el parlamentario.

—¿Eso quiere decir que usted admite la entrega de dinero alemán al PSOE? —prosiguió Ruiz Gallardón.

—Nunca he admitido tal cosa.

Tras una breve pausa, pasadas las doce del mediodía, el presidente de la comisión, Leopoldo Torres, suspendió la comparecencia de Struck e inició la declaración del supuesto «transportista» del dinero Flick, el también diputado socialdemócrata Hans Jurgen Wischnewski, quien, tras prestar solemne juramento, entregó una cuartilla mecanografiada en la que insistía:

—¿Usted ha llevado alguna vez una maleta llena de dinero a alguna parte? —preguntó Josep Antoni Duran Lleida, de Minoría Catalana.

—Ciertamente —respondió Wischnewski—, he trasladado una maleta con dinero desde Frankfurt a Mogadiscio, en Somalia, con ocasión del incidente causado por un grupo terrorista que secuestró un avión. Nunca más he viajado con dinero en la maleta. Por supuesto, vuelvo a insistir en que no he traído dinero a España.

El entonces comunista Santiago Carrillo se empleó con dureza:

—Ustedes admiten haber ayudado económicamente al PSOE en los últimos años de clandestinidad de ese partido, para combatir el peligro comunista. Admiten también prestar una ayuda política a los socialistas españoles para hacer frente a la posibilidad de un Partido Comunista fuerte, ¿no considera que todo esto es una clara injerencia en los asuntos internos de España?

—Insisto en que no conozco ninguna entrega de dinero —respondió Wischnewski—. Respecto a su interés por la no-injerencia en los asuntos internos españoles, he de decirle que yo también lo comparto. No es ésta, sin embargo, la práctica habitual que desarrolla la Unión Soviética y algunos partidos comunistas que le son afines.

—¿Por qué no desmintió inmediatamente las afirmaciones de Peter Struck? —inquirió Ruiz Gallardón.

—Porque cuando fueron efectuadas yo me encontraba en Argel, con ocasión de la celebración del aniversario de la independencia de Argelia. No tuve conocimiento de la importancia que este asunto tenía en España hasta varios días después de que el Frankfurter Rundschau hubiese publicado su artículo. Además, lógicamente, quería esperar a contrastar opiniones con el propio Struck.

—Perdone, pero me veo obligado a inquirirle por su opinión respecto de su compañero Peter Struck —insistió el diputado popular.

—Bueno, realmente en Alemania, Peter Struck ya ha dicho en otras ocasiones cosas que no eran absolutamente exactas. Creo que a veces la prensa no entiende bien lo que Struck desea decir.

A las trece horas, Wischnewski abandonó el Parlamento español para dirigirse al aeropuerto de Barajas donde embarcaría en un vuelo con destino a Sttutgart. Mientras tanto, la comisión había reiniciado el interrogatorio de Peter Struck, quien reiteró su tesis:

—Todo esto son mal interpretaciones interesadas, cuyo origen es una deformación del diario La Vanguardia.

Ante la terquedad del parlamentario, José María Ruiz Gallardón expuso los hechos. Se refirió a tres declaraciones de Struck, realizadas desde el 15 de marzo de 1984 y recogidas en el Frankfurter Rundschau y La Vanguardia, Barcelona; y a otras tres efectuadas por el gerente de Flick, Max Paefgen, desde el 2 de abril. Después inquirió:

—Usted, señor Struck, sólo ha desmentido una, la efectuada en octubre ante una reunión de juristas de su partido en Hannover, ¿por qué?

—Nunca he admitido —respondió Struck—, en ninguna de las declaraciones que me atribuye, conocer la entrega, y mucho menos participar, de dinero al PSOE o a Felipe González. En anteriores declaraciones he ratificado solamente que uno de los gerentes de Flick, Max Paefgen, dijo ante la comisión investigadora que a él le habían indicado que parte del dinero donado fue a parar a España entre los años 74 y 76. En cualquier caso, hago entrega de las actas del Bundestag donde se recogen las explicaciones que, sobre este tema, dio Paefgen. Creo que es una buena forma de deshacer equívocos. Por favor, acérquenme esa maleta…

Se trataba de un simple comunicado de prensa, de veintinueve líneas, en la que el Partido Socialdemócrata Alemán desmentía el envío de fondos procedentes de Flick al PSOE. Ninguna prueba pudo aportarse. Tan sólo quedó en algunos parlamentarios de la oposición la sombra de la duda.

«NI FLICK NI FLOCK»

Para la historia restan dos episodios, fechados el 13 de noviembre de 1984, que tienen como protagonista a Jorge Verstrynge, entonces secretario general de Alianza Popular y actual militante del PSOE. Después de una intervención parlamentaria en la que atacó furibundamente al presidente del Gobierno y cuestionó los métodos de financiación del partido socialista, Verstrynge declaró que Guillermo Galeote, entonces secretario de finanzas del PSOE, le había increpado:

Estas palabras fueron posteriormente negadas por Galeote, quien aseguró haberle calificado sólo de «embustero» por afirmar que tenía pruebas contra el PSOE que no había hecho públicas. Minutos antes, Verstrynge, desde el estrado, había preguntado a González en el debate del 13 de noviembre:

—Señor González… nadie da dinero por nada y mucho menos Flick. Queremos la verdad clara y desnuda. Se habla de «agujero» del PSOE, que no se explica bien.

—No voy a caer en la provocación —respondió Felipe González—. Usted se ha desviado hacia otros temas y ése no es el camino. Yo no he recibido dinero ni de Flick ni de Flock, y eso se lo digo hoy y se lo diré dentro de un mes y de tres años. Quien afirma algo tiene que probarlo.

Y así quedó el asunto, aunque para las hemerotecas sirvan las dos cartas de rectificación enviadas «al presidente del Gobierno del Reino de España», por los dos diputados alemanes presuntamente causantes del escándalo.

La más breve y tajante fue remitida por Hans J. Wischnewski y decía: «Estimado amigo: Considero una vez más muy necesario expresarle personalmente cómo lamento las falsas informaciones que, desgraciadamente, han sido relacionadas también con mi nombre. Declaro aquí bajo juramento: Que nunca he llevado dinero a España. Que ni a usted ni a cualquier otro español he dado dinero. Hago esta declaración con pleno conocimiento del significado de una declaración jurada. Con saludos cordiales. Suyo…».

En su misiva, el diputado Peter Struck, entonando el mea culpa, tuvo que dar más explicaciones:

«Querido Felipe González: Con gran consternación me he enterado de los artículos de prensa publicados en España, sobre presuntas declaraciones mías en relación con mi trabajo en la Comisión investigadora de Flick, del parlamento alemán. Para aclarar y para su información, muy estimado señor presidente, me permito, sin embargo, presentar el desarrollo real de los acontecimientos: El martes, día 30 de octubre de 1984, coordiné, por invitación del Grupo de trabajo de Juristas socialdemócratas, una reunión a la que también fueron invitados periodistas. Entre ellos, el corresponsal del Frankfurter Rundschau, de Hannover, Eckard Spoo. El señor Spoo escribió después un reportaje el día 1 de noviembre de 1984, en el Frankfuter Rundschau, que en lo referido al asunto en cuestión afirma: «“El SPD pasará horas amargas —auguraba Struck—, pero tenemos que pasar por ello”. Pero ya tenía preparado un bálsamo: una parte de los cuatro millones de marcos que se supone habían afluido desde el consorcio Flick al SPD, no habían sido utilizados en el interior, sino ese dinero se lo había pasado Hans–Juerguen Wischnewski inmediatamente en una maleta al líder socialista español Felipe González, el cual financió con ello su campaña electoral. “Pero eso, sin duda, hubiera sido un buen objetivo”, opinaba Struck». Este reportaje, por su descripción abreviada y la omisión de más declaraciones mías, no es correcto.

«Por el contrario, lo correcto es: A la pregunta de un oyente de por qué no había informado que la fundación Friedrich Ebert había recibido dinero de Flick, dinero que había pasado a continuación al SPD, yo contesté, en primer lugar, que, según los resultados obtenidos hasta el momento a raíz de nuestras investigaciones, la Fundación Ebert no había sido un sitio donde se blanqueaba dinero sucio, tal como había confirmado expresamente la Fiscalía de Bonn a la comisión. Y yo añadí a ello que, según la declaración ante la comisión del antiguo directivo de Flick, Guenther–Max Paefgen, de fecha 24 de mayo de 1984, el donativo de un millón de marcos en el año 1976 había sido entregado para apoyar el trabajo de la Fundación Ebert. Paefgen aclaraba además que también la Agencia Alemana de Prensa (DPA), en una noticia del 5 de noviembre, reiteraba en un resumen sobre el trabajo de la Comisión investigadora de Flick, que no ha habido ninguna relación entre el donativo y la exención fiscal. Al contrario, así lo dijo Paefgen, deberían ser apoyados los esfuerzos de la Fundación en relación con los procesos de democratización de España, Portugal y América Latina.

«Esta manifestación de Paefgen, que yo había citado en Hannover, ha sido publicada en su día, después de su declaración del 24 de mayo de 1984, también en los periódicos españoles, según mis conocimientos. Desgraciadamente, durante esta explicación mía, se dio la circunstancia de que el nombre de Wischnewski fue mencionado, o por mí o por alguien desde las filas de los oyentes, y yo aludí, completamente imprudente y jocosamente, que Hans–Juergen Wischnewski había viajado de un lado a otro con una maleta llena de dinero, como se sabía. A posteriori, sólo puedo explicarme esta referencia sobre Hans–Juergen Wischnewski porque éste, efectivamente, viajó con una maleta llena de dinero en el caso de los rehenes alemanes en Mogadiscio, para pagar el rescate exigido.

«Considero que esta imprudente expresión mía es la gran culpa que tengo con el PSOE y también con usted, muy estimado señor Presidente. Sin embargo, jamás he declarado que con ello fuera financiada la campaña electoral de 1982 del PSOE, o que le fuera entregado a usted en cualquier forma dinero alguno. Que sirva esta carta como aclaración, porque el reportaje del Frankfurter Rundschau es incorrecto. […] Tengo la gran esperanza que con esta carta haya conseguido la necesaria clarificación para eliminar, de una vez por todas, la injustificada sospecha que había recaído sobre usted y su partido».

STRAUSS Y FRAGA BAILAN EL VALS

«¡Ojalá todos los problemas que yo tenga sean explicar esos dos millones y pico de pesetas que me haya dado el señor Strauss —exclamó Manuel Fraga, en Granada—. Me niego a tomar en serio discutir esto ahora. Aparte de que si a mí el señor Strauss me hubiera dado dos millones y pico de pesetas, nadie tendría nada que decir, porque sería un gesto perfectamente correcto de un pequeño partido que tenía interés por lo que pasaba en España».

El presidente de Alianza Popular no negaba la evidencia, como lo hizo su delfín Verstrynge al asegurar que su partido mintiendo descaradamente, y teniendo posteriormente que rectificar. «Al hacer esa afirmación —matizó— yo me refería a mi experiencia de cargo con responsabilidad importante en el partido, como secretario general, desde hace cinco años. En la etapa posterior, la única relación con Alemania ha sido una colaboración con la fundación Hans Seidel».

En medio del escándalo Flick, Alianza Popular quedaba salpicada. Según el semanario germano Der Spiegel, el socialcristiano Franz Josef Strauss, presidente de Baviera, contribuyó directamente a silenciar el caso para salvar la venta a España de la licencia de fabricación del carro de combate Leopard 2, producido por el consorcio Flick–Krauss–Maffei. Así lo relataba Der Spiegel: “El escándalo Flick en España asustó al presidente del gobierno bávaro, quien, enfurecido, preguntó a sus colaboradores en España quien fue el ‘idiota’ que desencadenó la campaña”. Strauss se refería directamente a Jorge Verstrynge. El peligro de perder “un lucrativo negocio para el comercio hispano-alemán, en el que está altamente interesada Arabia Saudita”, había enfurecido al dirigente conservador, quien —según reconoció a la comisión parlamentaria del Bundestag— recibió donativos de Flick desde 1949, y su partido mantuvo un contacto muy estrecho con Friedrich Flick, el fundador del imperio, desde 1969.

En 1977, ciertos miembros de Alianza Popular recibieron sobres con dinero y transferencias bancarias del presidente Strauss. Ese año, Manuel Fraga recibió personalmente de Strauss 2.872.000 pesetas, a través del cónsul honorario de Alemania en Málaga, Juan Hoffmann, un antiguo traductor del ejército nazi presente en la Costa del Sol desde los años cuarenta, donde se distinguió como socio del falangista José Antonio Girón de Velasco, el león de Fuengirola, y como intermediario de Strauss ante el general Franco.

El 4 de julio de aquel año, la agencia del Banco Pastor situada en la antigua calle del General Mola, enviaba a Antonio Abeijón Veloso, hombre próximo a Fraga, una comunicación que decía textualmente: «Participamos a usted que con fecha 15–6–77 hemos atendido y cargado en su estimada cuenta el cheque nominativo extendido por usted a favor de Manuel Fraga Iribarne por pesetas 2.872.000 (dos millones ochocientas setenta y dos mil), y posteriormente, con fecha 1 del actual, hemos atendido y cargado en su misma cuenta otro talón por pesetas 1.957.071 (un millón novecientas cincuenta y siete mil setenta y una), también a favor de Manuel Fraga Iribarne».

El receptor agradeció el donativo en nombre propio y de España. El cónsul Hoffmann entregó también dinero a Federico Silva Muñoz y a Cruz Martínez Esteruelas, ex ministros franquistas que pertenecían al partido de Fraga.

EL “IMPUESTO VOLUNTARIO” DE ALIANZA POPULAR

La razón por la que Strauss dio dinero a Fraga era, una vez más, «el peligro comunista»; y el vehículo de reparto de fondos lo constituía la fundación Seidel. El gran problema para Manuel Fraga, desde el principio de la transición, fue las mermadas y descontroladas finanzas de su partido. Sus apuros económicos le condujeron a almorzar varias veces con el banquero José María Ruiz–Mateos, el amo de la entonces boyante Rumasa, quien llegó a ofrecer a don Manuel un millón de pesetas de ayuda financiera. Al oír la cifra, según cuentan, el líder de Alianza Popular montó en una de sus famosas cóleras, y al final la oferta alcanzó cantidades más razonables.

La situación es relatada por Carlos Dávila y Luis Herrero en su libro De Fraga a Fraga (Plaza y Janés). Barcelona, 1989): «En el 78, Fraga —es decir, Alianza Popular— ya alcanzaba números rojos cercanos a los mil millones de pesetas. Cuatro años después, en el 82, cuando Carlos Robles Piquer convenció a su cuñado, Manuel Fraga, de que incorporara como tesorero al ex propietario del Nuevo Banco, Ángel Sanchís Perales, éste reconocía una deuda de tres mil millones. Es probablemente la última cifra que ha reconocido palmariamente porque, entre finanzas y economía doméstica, de todo lo que sucedió desde 1982 a 1986, el feliz cuatrienio de Fraga, el primer responsable fue Sanchís. Para bien, y quizá también para mal. En el 82, Sanchís se encontró con una doble y contradictoria realidad. Por una parte, aún existía, agonizante, acosada, la Unión de Centro Democrático. Por otra, pujante, soberbio, se movía el PSOE».

Los dos periodistas critican el funcionamiento financiero de AP, la administración poco rigurosa de sus campañas electorales. Tres meses antes de las elecciones generales de 1982, apenas realizadas las autonómicas de Andalucía, Jorge Verstrynge recibió en su despacho a uno de los responsables de la campaña y le dijo abiertamente: “Creo saberlo todo; de esta campaña tú te has llevado cuatro millones de pesetas limpios para tu cuenta corriente y [citó el nombre] nada menos que doce”. Cuando el personaje en cuestión rompió a llorar y prometió que no lo haría más, Verstrynge se limitó a decir: “Ve a ver a Fraga, y si él te perdona yo no tengo más que hablar».

Mientras estallaba el escándalo Flick, Alianza Popular había puesto en práctica dos métodos de financiación, descritos sin tapujos por Herrero y Dávila: «Los mayores contribuyentes de UCD y también de los primeros tiempos triunfales de AP —hablamos del 82, cuando AP pasó a llamarse “el primer partido de la oposición”— fueron las compañías eléctricas y, también, justo es decirlo, algunas empresas de seguros. Gobernaba a golpe de decreto Miguel Boyer, con petulancia y seguridad imparables, y las sociedades anónimas estaban, por lo menos en situación de “prevengan”. Más o menos como en el Servicio Militar cuando los soldados temen alguna que otra bronca. La Banca, claro está, tenía, aparentaba tener o hacía como que tenía, problemas para conceder créditos a los partidos, y la situación de AP se puso francamente incómoda. Había que urdir una estrategia, imaginar un método, y los más ingeniosos “economólogos” de la derecha se inventaron uno: —Se trata —dijo cierto consejero— de que quien puede [los autores creen que «quien podía» era la CEOE] gire cuotas patronales extraordinarias a las grandes empresas, que el patrón de patrones las reciba y actúe como «cámara de compensación» y que, a voluntad, dirija los dineros resultantes al partido. Como resulta que quien se comporta como cámara de compensación no tiene que pasar inspección, el resultado —añadió el ingenioso— es que por un lado entra dinero blanco y por otro sale dinero negro».

Desde 1982, Alianza Popular contaba, además, con dos fórmulas de recaudación: el llamado «impuesto voluntario» a empresarios, profesionales y gentes de alcurnia, que se había sacado de la manga el tesorero Ángel Sanchís Perales, y las cartas remitidas a militantes y simpatizantes pidiéndoles dinero. Cuando el valenciano Sanchís accedió a la tesorería de AP, no existían ni siquiera balances y las cuentas eran llevadas artesanalmente por Begoña Urquijo, una mujer rigurosa que hacía lo que podía en un partido que funcionaba como «una gran familia» y en el que destacaba la incapacidad de Manuel Fraga para dotar a su organización de unas finanzas serias.

SEMBLANZA DE UN “CONSEGUIDOR”

En tal ambiente, un “buscador de oro” como Ángel Sanchís Perales iba a encontrar un terreno propicio para demostrar sus habilidades. ¿Quién era Sanchís? El 4 de junio de 1990, Luis Díaz Güell, desde su columna como director de Cambio 16, dejó escrita la mejor semblanza que se ha realizado de tan emprendedor personaje:

“Cuando Sanchís tenía 38 años —relata Díaz Güell—, el Gobierno de Granada, una pequeña isla del Caribe que años más tarde invadirían los norteamericanos para preservar la paz en la zona, le nombró embajador extraordinario en Lisboa. También le designó su representante en Madrid ante la Organización Mundial del Turismo. Durante ese tiempo gozó de la inmunidad que le daba tener pasaporte diplomático. Sus méritos para ocupar tan joven esa ventajosa situación se reducían a ser el presidente y socio mayoritario del United American Bank, un banco con mayoría de capital español —el resto era cubano-instalado en pleno centro de Wall Street, el corazón del Manhattan neoyorkino. […]

“Un día, tras un golpe de Estado en la isla, recibió el cese por correo. Poco después, vendió a sus socios cubanos la mayoría del United American Bank. Tenía una razón de peso para hacerlo: era muy fuerte que un presidente de banco, español por más señas, estuviera al frente de una entidad bancaria en el corazón de las finanzas mundiales sin saber inglés. Hoy la oficina del United American Bank ha desaparecido y su lugar, bajo una gigantesca mole de mármol y cemento, lo ocupa el Banco Central.

“Pero esa no fue su primera experiencia bancaria. Antes fundó en España el Nuevo Banco, la gran jugada que le hizo multimillonario. Un lanzamiento de mailing fue suficiente para captar más de 4.000 socios. Gastó en la operación 100 millones de pesetas y cuatro años más tarde se deshizo de las cincuenta oficinas que tenía en busca de sustanciosas plusvalías. El Banco de Levante compró y le encumbró a la riqueza. Más tarde el Estado intervino el Levante que estaba en quiebra técnica.

“Sin embargo, [Sanchís] presume de ser millonario desde antes, a los 22 años, sin estudios, y al poco tiempo de iniciar una vertiginosa carrera empresarial con fábricas de insecticidas en la provincia de Badajoz, que más tarde extendería a la ciudad de Elvas, en Portugal.

“De los insecticidas a las gasolineras por Extremadura y Levante. Ahí llegaron los primeros problemas por irregularidades en el contenido de los combustibles. Más tarde una explotación minera de caolín, polvos de talco, e inversiones en inmuebles, algo fijo que casi siempre sube de valor. Y para hacer dinero a lo grande, nada más fácil que saber comprar y vender a tiempo. En apenas unos meses, llegó a ser director general-comercial de Fontisa, una de las sociedades de cartera de valores de Banesto.

“De su puesto de ejecutivo bancario a Nuevo Banco, y de ahí a la compra de dos fincas en Argentina, una para parcelar y vender a los alemanes. Un fiasco, en parte porque los germanos no quisieron emigrar a Sudamérica. Entre medias una naviera, agencias de publicidad, sociedades de servicios, inmobiliarias y negocios de video, una de las pocas actividades en las que ha perdido dinero, según dice, por dedicarse a la política. Ha llegado a tener treinta empresas al mismo tiempo y a más de dos mil personas en nómina. Hoy posee una sociedad que administra sus valores, y otra que maneja los cerca de cien pisos que tiene en alquiler, la mayoría en Madrid.

“Desde hace diez años se dedica a la política. Su misión: sentar empresarios a su mesa y conseguir que pongan dinero sobre el tapete para financiar al partido. Una veces como aportación gratuita y otras a cambio de favores. Dicen que se queja de los muchos que ha tenido que devolver desde que está en la vida pública. Te lo negará, pero en el fondo le regodea saber que gracias a sus gestiones mucha gente del partido, altos cargos sobre todo, perciben un sustancioso sobresueldo en dinero negro procedente de la contabilidad B. Le ha tocado la china [con el caso Naseiro], pero a ver quién se atreve en el PP a empitonar a Ángel Sanchís”.

Nadie osó hacerlo jamás.

A pesar de las carencias propias y de la fauna que poblaba el aparato popular, en esa «gran familia» de la derecha española se buscaba el punto débil del adversario socialista, el talón de Aquiles que le hacía vulnerable. Allí estaba la petulancia de los «cien años de honradez», aquella presunción irritante para cualquier político con los pies en el franquismo. Los dirigentes de AP se lanzaron a buscar y denunciar cualquier caso de corrupción en el que los socialistas pudieran estar relacionados. Gracias al indiscreto Struck, pudieron hacer la primera sangre con los donativos entregados por la Ebert al PSOE, sin saber que ellos mismos, a través de la Seidel, también estaban bajo los intereses de Flick.

He aquí el testimonio de quien fue secretario general de AP, Jorge Verstrynge, recogido en su libro Memorias de un maldito (Grijalbo. Madrid, 1999): «No había que ser hipócritas ¡todos habíamos recibido ayudas! Si AP las había recibido de la Fundación Hans Seidel, y la UCD lo había hecho de la Konrad Adenauer, era ilusorio pensar que el PSOE iba a ser una excepción en relación con la Friedrich Ebert. Es más, imagino que, al igual que AP, que inundaba a la Hans Seidel de falsas facturas, el PSOE y la UCD habrían ordenado abundantemente a sus respectivos patrocinadores, el SPD y CDU. Por mi parte, al igual que por parte de los tesoreros de AP, mostraba una elevada imaginación a la hora de sacarle marcos a los alemanes para AP. Y lo digo sin rubor: éstos actuaban como procónsules obedientes de Washington, destinados a aplicar las directrices del imperio en la península Ibérica y Latinoamérica. Pues peor para ellos ¡a pagar!».

Y describe la manera en que AP recibía el dinero de la Seidel: «Un ser parecido física y mentalmente a un cerdo, que volaba periódicamente a Málaga —donde tenía buenos amigos— al mando directo de un bimotor mientras cantaba a grito pelado canciones de vuelo de la Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial… un cabrón que se dedicaba a airear los asuntos sentimentales de Willy Brandt para sabotear la ostpolitik». Después, entra a saco: “Resultó que el señor Strauss y el señor Flick eran como uña y carne”.

Tras las donaciones se ocultaba, según Verstrynge, la búsqueda de influencias políticas que desembocaran en operaciones comerciales como la compra de tanques Leopard para el Ejército español. En sus memorias, el entonces delfín de Fraga confiesa: “Fui un iluso, porque pensé que las ayudas de la Hans Seidel, a cambio de buenas o falsas facturas, habían sido de dinero limpio; o al menos no de dinero Flick”. Verstrynge cuenta cómo, ante los rumores de que AP también había recibido dinero sucio de ese consorcio armamentístico, decidió convocar una rueda de prensa para desmentirlo, pero la noche anterior preguntó al tesorero Sanchís: “Ángel, no habremos residió dinero sucio, ¿verdad?”. La respuesta del valenciano fue: “Tranquilo, Jorge, ni un céntimo”.

Sin embargo, cuando Verstrynge daba la cara ante la prensa, ya habían llegado a las redacciones de los periódicos las fotocopias de los talones bancarios recibidos por Alianza Popular. El intermediario Hoffman las había hecho públicas. Y aquellos donativos también eran de Flick.

VI
DE CASINOS, TRAGAPERRAS Y CURSOS DE FORMACIÓN

Caja B: Es aquella en la que se guarda y/o desvía un capital obtenido legalmente pero que se gasta fuera de la contabilidad oficia.

El caso de Banca Catalana supuso en 1982 la patrimonialización de un escándalo. Encausar al President Jordi Pujol era «atacar a Cataluña». Este holding bancario, con unos activos de 600.000 millones de pesetas, fue intervenido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Todos trataron de utilizar políticamente el caso al descubrirse el «agujero» económico de Banca Catalana cifrado en 100.000 millones de pesetas, así como la existencia de una «caja B» en el periodo en que Jordi Pujol fue consejero de la entidad (1974-1976). Los fiscales de Barcelona José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo solicitaron el procesamiento del líder de Convergència Democràtica de Catalunya junto a otros dieciséis consejeros del grupo. Las acusaciones fueron por apropiación indebida, falsedad en documento y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La batalla fue tan encarnizada como oscura hasta que el pleno de la Audiencia Provincial de Barcelona exculpó a Jordi Pujol en 1986, y el 14 de marzo de 1990 fue sobreseída la causa y archivado el sumario. Al final, quedó el asunto como una maniobra política para mermar la hegemonía de Convergència i Unió en Cataluña, a través de la implicación de Pujol en este desastre financiero. Según otros, el caso sirvió para «blindar» la figura del presidente catalán.

Se cumplió así una tesis, estudiada por politólogos como Heidenheimer y Necker, según la cual los escándalos pueden, al mismo tiempo, ser un «desafío a la legitimación de la autoridad política» y tener el efecto contradictorio de consolidar la posición política de los acusados que se enfrentan a ellos con decisión. Resulta ejemplar la manera en que determinados políticos, tras demostrar su habilidad para conservar el poder y sobrevivir a varios escándalos (sean de corrupción o no), terminan siendo mejor valorados por la opinión pública que aquellos cuya rectitud moral suele ser percibida como una expresión de debilidad. Entre nosotros, Manuel Fraga personaliza como nadie la fuerza de los supervivientes. Haber sido ministro de Franco y responsable de Interior durante los sangrientos sucesos de Vitoria, no le han impedido seguir siendo presidente fundador del Partido Popular y virrey de Galicia.

Del mismo modo que sus escándalos anteriores no impidieron a Franz Josef Strauss ser candidato de la coalición CDU/CSU a la Cancillería alemana en las elecciones de 1980, tampoco su relación con el escándalo de Banca Catalana ha impedido a Jordi Pujol ganar unas elecciones tras otras y gobernar Cataluña como un auténtico virrey. Como Fraga o Strauss, Pujol —salvando las distancias, que son muchas— es un político duro, un «gran político» contra el que nada sirvieron acusaciones como la lanzada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, el 24 de abril de 1984: «Cuando un señor como ese que acaban de detener en Frankfurt —dijo en referencia a José María Ruiz-Mateos, ex propietario de Rumasa— hace una agujero económico de 250.000 millones y pone en peligro a 55.000 trabajadores, los socialistas lo expropiamos, lo detenemos y lo procesamos. Aquí, en Cataluña, cuando un señor hace un agujero de las mismas dimensiones en Banca Catalana, lo proponen como candidato a la presidencia de la Generalitat».

DEL “EFECTO BLINDAJE” AL «CASO PALLEROLS»

Si la financiación irregular de los partidos fomenta un clientelismo político que funde lo público en lo privado, el bocado se torna exquisito cuando se trata de dineros llegados en forma de subvenciones allende nuestras fronteras. La trama entonces se articula a golpe de comisiones recibidas bajo manga. La depredación está servida. En noviembre de 1999, la policía de Andorra la Vella registró las oficinas centrales del Centre d’Estudis Informátics (CEI), un grupo de academias dedicadas a la formación ocupacional, en cumplimiento de una comisión rogatoria dictada por un juzgado de Barcelona. Desde 1998 el grupo CEI estaba siendo investigado por la unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil tras ser acusados de falsificar miles de firmas de supuestos asistentes a sus cursos para poder cobrar así las subvenciones de Trabajo.

El 14 de marzo de 2000, tras dos años de investigaciones, la contabilidad secreta que el empresario Fidel Pallerols Montoya, propietario de CEI, guardaba en su caja fuerte saltó a la luz. La documentación llegó a Barcelona acompañada incluso de imágenes grabadas en video donde podía verse cómo Pallerols entregaba sobres de dinero a personajes conocidos.. Pruebas irrefutables, contundentes. Los documentos contables y las cintas de video demostraban que Pallerols había estado pagando decenas de millones de pesetas a dirigentes y militantes de Unió Democrática de Catalunya (UDC). Estos pagos figuraban como nóminas mensuales a nombre de militantes del partido, como entregas en efectivo o como compras de material para Unió. Entre quienes habían cobrado de Pallerols figuraban políticos tan conocidos como el diputado Josep Maria Sánchez Llibre, secretario de organización de UDC, que compartía el honor de aparecer en los listados junto a su ex socio Salvador Rovira y su ex cuñado Víctor Manuel Lorenzo Acuña.

Una de las partidas contables intervenidas por la policía tiene el siguiente título: “Unió Democrática de Catalunya. Grup CEI. UDC comissions GCDT [Generalitat de Catalunya Departament de Treball]”, y en ella se detallan los pagos realizados por Pallerols a miembros de UDC, que ascendían a 78 millones de pesetas, equivalentes al 10 por ciento de las subvenciones recibidas por la Conselleria de Treball a sus academias. En otra cuenta titulada: “Totales anuales aportación a UDC”, figuran cantidades transferidas al partido liderado por Josep Antoni Duran Lleida que superan los 250 millones de pesetas, todas ellas con la anotación “10 %”.

Desde el primer gobierno de Pujol, la conselleria de Trabajo estuvo siempre ocupada por dirigentes de Unió, manejaba un presupuesto de 20.000 millones de pesetas para subvencionar los cursos de capacitación de parados y casi la mitad de ese dinero procedía del Fondo Social Europeo. De este dinero, las academias de Pallerols habían recibido 1.500 millones de pesetas en los últimos ocho años, sin que ninguna denuncia de fraude prosperara a pesar de que el supuesto fraude estaba en los juzgados desde marzo de 1998, cuando dos ex trabajadores de una de sus academias de Girona descubrieron que constaban como alumnos de un curso realizado en otra academia del grupo Pallerols. La conselleria de Trabajo, presidida durante todo este tiempo por Ignaci Ferreres, presidente del Consejo Nacional de UDC, siempre contestó lo mismo: se trata de errores informáticos o administrativos, y siguió manteniendo las subvenciones mientras Pallerols pagaba.

La investigación de la Guardia Civil constató un hecho: el gran número de empresas vinculadas a parientes, amigos y militantes de Unió, o a fundaciones relacionadas directamente con este partido, que se dedicaban a impartir cursos subvencionados por Trabajo. La trama era densa. Con el primer brote del escándalo, en abril de 1999 fueron destituidos de sus cargos todos los delegados territoriales de Trabajo, entre ellos el en Tarragona Josep Descàrrega; el jefe de inspección de Trabajo en Tarragona, Pau Tornel Negrete y el director general de Ocupación, Lluís Gavaldà, anterior secretario de Organización de UDC. Los tres fueron acusados de tener relaciones con Pallerols. La conselleria de Trabajo abrió un expediente, UDC creó una comisión interna para exculpar a Sánchez Llibre y sacrificar a Ferreres.

También, como suele ocurrir muy a menudo, los partidos políticos tomaron posiciones claras. Mientras las izquierdas pedían la creación de una comisión de investigación en el Parlament de Cataluña, el Partido Popular salió al encuentro de su antiguo socio CiU e impidió que se investigara el ya denominado caso Unió. Sin embargo, el escándalo crecía de tal forma que, a finales de octubre de 2000 y mientras preparaba a su delfín Artur Mas como sucesor, Jordi Pujol aceptó que el Parlament investigara al partido de su socio Duran Lleida, un democristiano muy bien relacionado con José María Aznar que comenzaba a expresarse críticamente sobre el nacionalismo. El President Pujol apuntilló públicamente a Duran y reconoció que la conselleria de Trabajo había desviado dinero hacia las arcas de Unió. Eso sí, antes de hacerlo se garantizó el apoyo del Partido Popular para impedir que el Parlament le recusara como máximo responsable del affaire. Otra manera de blindarse y no dimitir. Como si un caso de corrupción generado por sus gobiernos durante ocho años no tuvieran nada que ver con él.

EL MONOPOLIO DEL JUEGO

En la testaruda realidad de la financiación irregular de los partidos, Convergencia i Unió atesora otro caso emblemático llamado Casinos de Catalunya, perteneciente al holding Inverama, que monopoliza el juego en el Principado y que fue creado con un crédito concedido por la Banca Garriga Nogués, el primer feudo de Javier de la Rosa. El caso Casinos saltó cuando, en 1989, el directivo Jaume Sentís se querelló contra el presidente de la entidad, Arturo Suqué, por un presunto delito de apropiación indebida de 2.000 millones de pesetas; dinero que —según Sentís— había sido desviado mediante talones bancarios dirigidos a altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), con el objetivo de financiar el partido de Pujol. La documentación aportada por Sentís demostraba que los receptores de ese dinero habían sido los dirigentes convergentes Francesc Gordo y Albert Serra, responsables del aparato financiero.

Como contraofensiva, la empresa Inverama, a través del abogado Joan Piqué Vidal (letrado a su vez de Jordi Pujol y del juez corrupto Luis Pascual Estevill, entre otros), se querelló contra Sentís por un presunto delito de apropiación indebida de 200 millones de pesetas y terminó pagándole una indemnización de 500 millones por los servicios prestados en la empresa. Asunto resuelto. Como consecuencia, en 1990 Sentís retiró la querella y se marchó al extranjero. Pero el fiscal siguió la investigación y, en abril de 1992, Jaume Sentís tuvo que ampliar sus acusaciones a otros miembros de CiU.

En plena tormenta política tras el caso Guerra, la comisión de investigación formada en el Parlament de Catalunya no dio resultado alguno, gracias a un acuerdo entre el PSC y CiU. Al final, el 17 de junio de 1992, Convergència i Unió, merced a su mayoría absoluta en el Parlament, aprobó en solitario una resolución en la que se auto exculpaba de cualquier responsabilidad política en el asunto Casinos. El escándalo coincidía con el estallido de Filesa, y compartía con este caso el extraño lazo de un modus operandi común.

A pesar del acuerdo político, el procedimiento judicial de Casinos siguió adelante hasta que el 30 de junio de 1997, el juez instructor Ramón Gomis decidió archivar el caso por no considerarlo delictivo, siguiendo la jurisprudencia creada por un auto del Tribunal Supremo del 22 de diciembre de 1995 que afirma: “En el derecho penal vigente no existe el delito de financiación ilegal o encubierta de partidos políticos. El juicio de moralidad o valoración política que merecen las aportaciones de fondos […] queda fuera de la competencia judicial”. El denunciante Jaume Sentís presentó inmediatamente un recurso de reforma contra esa decisión y el juez tenía pendiente su resolución en el instante en que el Tribunal Supremo, con la sentencia del caso Filesa, daba nuevas alas al asunto ya que el juez Gomis consideraba en su auto de archivo que había existido falsificación de documento mercantil y financiación de Convergència con fondos desviados de Casinos. Los mismos delitos condenados con dureza en Filesa.

En septiembre de 1999, el espectáculo conoció todavía sus últimos escarceos. Manuel Novoa, gerente de El Correo Catalán, diario ya desaparecido que formaba parte de una trama destinada a la financiación irregular de CDC, presentó una querella contra el juez Gomis por presunta prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. Según Novoa, el juez instructor ignoró de forma dolosa pruebas documentales.

Un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) archivó definitivamente el caso no sin antes considerar que la instrucción judicial realizada por Ramón Gomis fue “deficiente y descorazonadora para unos intereses particulares concretos, pero también para la sociedad en general”. Según la resolución, los retrasos en el proceso de instrucción alcanzaron “magnitudes alarmantes” y durante los seis años que duró la investigación, “el juez tuvo una falta de dirección efectiva”, la fiscalía actuó de forma “poco diligente o estimulante”; las entidades bancarias “no se distinguieron precisamente por su afán de colaboración con la justicia”, y las actuaciones particulares tuvieron “atrofias y silencios prolongadísimos”. La Sala Civil y Penal del TSJC concluyó en su auto: “La Sala hace votos para que no vuelvan a repetirse nunca más estos factores, con la lamentable terminación de una causa cuyo desenlace hubiera podido ser otro distinto”. Fue el canto de cisne en la hora del archivo definitivo.

Otro negocio impune generado al calor de la política que contó con un juez instructor demasiado prudente. El 15 de marzo de 2000, Ramón Gomis había declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, durante su investigación, había constatado una financiación irregular de CDC, pero no investigó los hechos porque no los consideró “delictivos”, y “por prudencia”, ya que no se consideraba a sí mismo un juez estrella. Y añadió: “No me corresponde a mí, sino al fiscal el impulso de estas investigaciones y, teniendo en cuenta la trascendencia y repercusión que tuvo el caso Casinos pensé que era mejor adoptar una postura prudente, más próxima a la imparcialidad, demanda que se encuentra en el sentir social, que ha establecido el término de ‘juez estrella’ para calificar determinados medios de actuación procesal”. ¡Ahí queda eso!

LAS TRAGAPERRAS PERIFÉRICAS

A las cinco de la tarde de un otoñal día de septiembre de 1987, cuatro hombres saboreaban una copa en la cafetería Riofrío, del Centro Colón, muy cerca de la sede central popular, mientras hablaban de negocios. Dos de ellos habían llegado a Madrid tras la llamada a la Xunta de Galicia efectuada por un empresario del juego. En aquellos días tenía que debatirse una moción de censura contra el presidente autonómico Xerardo Fernández Arbor, el hombre de Fraga, y quien iba a darle la puntilla no era otro que Xosé Luis Barreiro, ex vicepresidente de la Xunta que había iniciado su fuga hacia el grupo mixto y que daría el poder autonómico al Partido Socialista Gallego dirigido por Fernando González Laxe.

“Si ustedes quieren hundir a Barreiro y abortar la moción de censura, nosotros tenemos las pruebas que les permitirán hacerlo”, había ofrecido un comunicante al diputado Mariano Rajoy, ex vicepresidente del Parlamento gallego. Después le citó aquel día en la capital.

Sin dudarlo ni un segundo, Rajoy había volado hasta Madrid y se encontraba en aquella cafetería frente a los vendedores. Uno de ellos era el empresario Juan Carlos Olano Fernández, que había disfrutado un año antes de la concesión del juego de boletos de Galicia y que ahora buscaba una compensación. Según la versión de los dirigentes del partido fraguista, en aquella cafetería los dos empresarios del juego pidieron 550 millones de pesetas por entregar los documentos. “Es lo que nosotros hemos pagado —afirmó uno de ellos—. A cambio les damos el documento que demuestra que Barreiro ha concedido el juego de boletos a una empresa inexistente y antes de consultarlo con nadie”..

En aquel encuentro, Rajoy no llegó a pagar ni un céntimo, pero a partir de ese momento los populares gallegos supieron dónde podían hacer daño a Xosé Luis Barreiro. Y no se detuvieron en barras. Rajoy buscó y encontró.

En un documento fechado el 18 de marzo de 1986, Barreiro había adjudicado el juego de boletos a una empresa llamada Sociedad General de Juegos de Galicia S. A., propiedad de Olano; pero ese 18 de marzo tal empresa aún no existía legalmente; fue registrada tras la concesión con un capital social de cien mil pesetas, ampliado posteriormente a treinta millones, y vendida después por mil millones, con la licencia de concesión incluida, a un grupo en el que se integraban los más importantes empresarios del sector, entre ellos Recreativos Franco. Pelotazo total.

Al ser buscado por orden de Rajoy, el documento apareció en las oficinas de la Xunta, debidamente registrado, y con él se marchó al juzgado de guardia el entonces director general de los servicios jurídicos de la Xunta, Clemente González Peón. El Gobierno gallego acababa de ahorrarse 550 millones de pesetas y, como consecuencia de la denuncia de González Peón, serían procesados por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho: Xosé Luis Barreiro, Juan Carlos Olano y Javier Rosón Pérez, hermano del ex presidente del Parlamento Gallego, Antonio Rosón, y que compartían despacho profesional en la madrileña calle de Galileo.

En la dirección popular creyeron entonces que Barreiro se había embolsado 275 millones de pesetas en esta operación y que el documento de concesión no era más que un recibo por dinero a cobrar, que debía ser entregado a Barreiro cuando el Parlamento diera luz verde a la concesión.

Mariano Rajoy telefoneó a Javier Rosón y concertó una entrevista, que se realizó en el despacho de la calle Galileo, a la que asistieron también el delegado de la Xunta en Madrid, Ángel Mario Carreño, y el que fuera secretario general de AP, Arturo García Tizón. Allí, según declaró Rosón al juez instructor, los emisarios de Alianza Popular ofrecieron «alguna contrapartida por las posibles pruebas que [Rosón] pudiera tener contra Barreiro». Pero la oferta no se concretaba en dinero, “sino de una forma ‘etérea’ parecía que le ofrecían gestionar obras para la Xunta, no concretas ni determinadas”.

Aquel affaire significó el fin de la carrera política de Xosé Luis Barreiro y a muchos les pareció una venganza personal de Manuel Fraga, quien —según pruebas documentales— se mostró interesado en que la concesión del juego de boleto en Galicia, que mueve alrededor de nueve mil millones de pesetas anuales, fuera adjudicada a un primo segundo suyo, llamado José Sanjurjo Lozano, de Villalba, que el 24 de junio de 1986 había presentado a la Xunta una petición al respecto.

Pero el negocio del juego, como fuente de ingresos irregulares y sin control, no se detuvo en Galicia, y otro caso de tragaperras llegó hasta Andalucía, donde el director general del Juego, Manuel Cortés Ballesteros, fue condenado por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas al conceder 370 licencias a la misma empresa. En marzo de 1990 también salió a la luz en Euskadi una nueva versión del caso de las máquinas tragaperras. El escándalo vasco les estalló en las manos cuando el consejero de Interior, Juan Lasa; el director del Juego en Euskadi, José Joaquín Portuondo, y la Diputación Foral de Vizcaya, todos ellos del Partido Nacionalista Vasco, discreparon públicamente sobre el número de licencias que habían concedido a los operadores del sector de las máquinas tragaperras. El baile de cifras «oficiales» ratificaba las denuncias sobre el control del mercado de las tragaperras; salió a la superficie la existencia de un tráfico de permisos entre empresarios del sector. Alrededor de las cinco mil máquinas tragaperras habían sido legalizadas al margen de la normativa reguladora. Según denuncias de empresarios, «en el mercado negro de permisos de tragaperras se ha llegado a pagar hasta un millón de pesetas por licencia». Este caos había sido propiciado por Portuondo y otros funcionarios de Interior, y entre los beneficiados se encontraban, desde 1985, empresarios ligados al Partido Nacionalista Vasco. Ya se sabe: de nuevo el dinero fácil y el partido unidos, incluso en la explotación de la ludopatía de bolsillo.

VII
EL TRANSFUGUISMO ES UN BUEN NEGOCIO

Maquinación: Proyecto, intriga o acechanza oculta dirigida a mal fin.

Aunque la voz “transfuguismo” todavía no ha sido recogida por el Diccionario de la Real Academia, no tardará en ser aceptada por la Academia del mismo modo que la palabra tránsfuga, derivada del latín, se refiere a la “persona que huye de una parte a otra” y, en sentido figurado, a toda “persona que pasa de un partido a otro”. No cabe duda que este nuevo ismo tendrá que ser llenado de contenido teórico por la ciencia política porque la casuística española ha elevado a categoría general lo que, hasta hace unos años, parecían excepciones, casos concretos, disfunciones aisladas.

El escándalo político volvió a estallar en el verano del 1999, con Susana Bermúdez, socialista ceutí captada por el Grupo Independiente Liberal, de Jesús Gil, a cambio de una consejería, un cargo para su marido y un sueldo que, entre ambos, alcanza el millón de pesetas. Es el último precio alcanzado por un escaño en 1999, después de años de mercadeo y cambalaches en la política española, donde ya se ha convertido casi en una práctica habitual pasarse con armas y escaño a las filas del adversario y cambiar de signo político el poder lo local y autonómico. Ceuta, Benidorm, Madrid, Aragón, Galicia… La ley les permite hacerlo porque, aunque los candidatos se presentan en listas cerradas de partido, el escaño les pertenece por ley. En esta contradicción, la ética queda resentida en un embate que mezcla la política con el negocio, y las divergencias ideológicas con las ambiciones personales. Del PSOE al GIL, del PP al PSOE y viceversa, de Esquerra Republicana de Catalunya al Partido de la Independencia…

El caso Bermúdez, lejos de ser nuevo, ha tenido antecedentes tan sonoros como el de Maruja Sánchez, concejala socialista de Benidorm que dio la alcaldía al popular Eduardo Zaplana a cambio de las mismas prebendas que Bermúdez (con trabajo para el marido incluido); el popular Xosé Luis Barreiro posibilitó el gobierno de Galicia al PSOE; Emilio Gomáriz en Aragón…

Aunque 1999 marca, con el trasvase gilista de Bermúdez, uno de los rostros más penosos del transfugismo político, fue hace quince años cuando, en la Comunidad de Madrid, se desarrolló por vez primera, y con nitidez, esta práctica que ya ha creado escuela y que entonces tuvo como principal protagonista al “tránsfuga” popular Nicolás Piñeiro. En mayo de 1989, la Comunidad madrileña vivió una singular batalla. La Asamblea de Madrid estaba integrada por cuarenta diputados del PSOE, que gobernaba en solitario; 30 de Alianza Popular —recientemente reconvertida en PP—; 17 del Centro Democrático y Social (CDS), siete de Izquierda Unida y dos del Grupo mixto, ocupado por los tránsfugas de AP: Nicolás Piñeiro Cuesta y José Luis Ortiz, quienes, tras su salida del grupo popular, fundaron el Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM). Cuarenta y siete votos de la izquierda contra cuarenta y nueve de la derecha. La gestión socialista en el gobierno regional podía caer fulminada por los flamantes pactos del pendulante CDS, de Adolfo Suárez, con el refundado Partido Popular, de Manuel Fraga. El primista Ortiz ya había anunciado que apoyaría la moción de censura contra Leguina, cuando su compañero Piñeiro dio el campanazo en las mismas narices de las aspiraciones populares: «No apoyaré la opción de centro–derecha porque me parece un proyecto poco definido, poco serio. Además, el PRIM como partido corre un mayor riesgo de diluirse que con los socialistas, donde evidentemente nunca me voy a integrar. Esta decisión que he tomado ha sido un acto tan independiente, tan reflexionado, tan valorado dentro de un planteamiento…».

Viudo y con cuatro hijos, teniente de alcalde del ayuntamiento madrileño de Algete desde 1983 a 1987, Nicolás Piñeiro Cuesta se dio de bruces contra la fama porque había decidido dar su voto en apoyo del presidente socialista Joaquín Leguina, sobre quien se cernía una mortal moción de censura para quitarle el gobierno autonómico. Piñeiro dio al traste con toda la estrategia de la derecha en España, armado con la fuerza de su voto, originariamente popular.

En el fragor del combate, y desde las páginas de Tiempo, el tránsfuga se topó con la pregunta del millón de dólares: “Señor Piñeiro, el presidente Leguina reconoció en público que él ha mejorado la oferta que a usted le hizo el centro–derecha. En concreto, ¿qué es lo que le ofreció Leguina?”.

Un cansado Piñeiro contestó: «A mí Leguina no me ha ofrecido nada, y lo digo con la mayor honradez del mundo. He explicado muchas veces mi postura, a la que he llegado después de sopesar bastantes razones. Al proyecto de centro–derecha se le ha pasado el tiempo. Yo ahora, lo que realmente quiero es cambiar los hábitos de los socialistas».

Diez días antes de pronunciar tales palabras, el PRIM había decidido abstenerse en la moción de censura. Piñeiro se salió con la suya por una votación de cinco a tres. Cuatro de los cinco «síes» de la Comisión Fundacional del PRIM fueron aportados por él mismo, su hermano, su cuñada y Rosa Solá, concejala de Algete y responsable de la secretaría general del partido.

Solá, a quien en Algete consideraban la compañera sentimental de Piñeiro, había conseguido en 1988 congelar con su voto la aprobación de los presupuestos del ayuntamiento, supeditándolo a que se cambiara la calificación de 300.000 metros cuadrados de terreno rústico para poder edificar un hotel, un campo de golf y 358 chalets adosados. Hasta que el pleno municipal no aprobó el proyecto, los presupuestos no tuvieron luz verde. Sin embargo, meses más tarde, la Comunidad de Madrid se opuso a la recalificación por considerar que la obra proyectada era excesiva.

«Este puede ser el premio de Piñeiro». Al menos tal era la acusación fomentada por el Partido Popular en la cruenta campaña que se desató contra este tránsfuga al que denominaban el Virrey y a quien mostraba como el ejemplo elocuente de un cargo público que utilizaba su puesto de una manera, cuanto menos, singular.

El PRIM era un grupo político de laboratorio, inventado al margen de las urnas, y como repitieron con sorna los ex compañeros de Piñeiro, toda una manera de vivir… bien. Aunque el PP no se paró en insultos, las acusaciones jamás llegaron a los tribunales y el diputado regionalista terminó rechazando la oferta del centro–derecha según la cual, si votaba contra Leguina, el nuevo gobierno regional dejaría en manos del PRIM las consejerías de Presidencia, Agricultura y Ordenación Territorial, así como la presidencia del Canal de Isabel II que abastece a Madrid de agua.

Uno de los negocios político–empresariales de Piñeiro, negado por él pero del que existe abundante documentación, se refiere a la creación de una gasolinera en la carretera de Burgos, concedida por el Ayuntamiento del que era concejal. Nicolás Piñeiro estuvo presente en la reunión de la Comisión de Gobierno del 6 de abril de 1987 donde se concedió por unanimidad la licencia de obra y enganche de agua a la Compañía Arrendataria de Petróleos, S. A. (CAMPSA), para la instalación de una estación de servicio en la Carretera Nacional I a Algete, punto kilométrico 5, 800, que sería explotada por Tesay, una empresa formada entre otros por la esposa de Piñeiro, Isabel Pérez González, tras cuyo fallecimiento fue sustituida tras su muerte por su hijo, José Manuel Piñeiro Pérez. Casi dos años antes de la solicitud de esa gasolinera por parte de CAMPSA, según otro documento, Nicolás Piñeiro había solicitado a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Algete un estudio para ver es factible la implantación de un servicio–gasolinera en el polígono número 35.

Unos meses después de la «Operación Gasolinera», Nicolás Piñeiro figuró en el número diecisiete de la lista de Alianza Popular a la Asamblea de Madrid, y salió elegido. Antes de que transcurriera un año, en junio de 1988, se marchó del grupo popular y creó el PRIM, un partido que estatutariamente no tenía más ideología que el regionalismo. Como diputado popular cobraba 18. 200 pesetas por su asistencia a cada pleno o sesión de comisión; pero al fundar el PRIM y pasarse al Grupo Mixto, los dos únicos militantes de la nueva formación —Piñeiro y Ortiz— comenzaron a contar ya con los quince millones y medio de pesetas anuales de subvención fija, otro 1.664.000 de subvención variable, más 5.200.000 de pesetas como aportación a estudios e investigaciones. Todas estas cantidades sumadas no dan, sin embargo, para pagar la renta anual de las lujosas oficinas del PRIM en la calle madrileña de Rafael Calvo, cifrada en veinte millones de pesetas; ni para la nómina de sus veinte trabajadores: entre ellos, el jefe de prensa y su adjunto.

“El dinero sale de las cuotas de los afiliados”, explicó Piñeiro, “aunque ahora no puedo decir el número porque hay atascos de nombres en el ordenador”.

Los asuntos le iban bien, porque Piñeiro había reemplazado su Citröen por un BMW. El Virrey de Algete echó la culpa de su desahogo a que trabajaba mucho, más de dieciocho horas diarias. Y ya en el último tramo del affaire, surgió un nuevo personaje llamado Gustavo Durán, un intermediario vinculado a Piñeiro a través del que fuera jefe de Gabinete de Jesús Sancho Rof en sus tiempos de ministro de Obras Públicas: Juan Figueroa, con quien Durán y Piñeiro compartían amistad y negocios inmobiliarios. Además de ser el encargado de la «imagen» de Nicolás Piñeiro desde las filas del PRIM, Juan Figueroa había sido también el promotor de la imagen de Xosé Luis Barreiro, cuando pasó de vicepresidente de la Xunta de Galicia por AP al mismo cargo bajo la presidencia del socialista González Laxe. Para más inri, Figueroa denunció públicamente que Gustavo Durán había tratado de comprar el voto de Piñeiro para el Partido Popular por quinientos millones de pesetas. Afirmación negada por el Bróker y motivo de una querella criminal.

LA OFERTA DEL BRÓKER

Aquel lunes, 19 de mayo de 1989, Gustavo Durán citó en su despacho al joven diputado autonómico Miguel Ángel Olmos, de Izquierda Unida, recién llegado al cargo. “Tú no me conoces —le había dicho Durán en el encuentro—, pero represento a una serie de empresas y quiero hablar contigo”.

Esta frase, y el resto de la conversación de más de cuarenta minutos, fue grabada en un pequeño magnetófono que el diputado Olmos llevaba guardado entre sus ropas, siguiendo el consejo de su abogada, Cristina Almeida. Antes de acudir a la cita, Miguel Ángel Olmos realizó una declaración notarial en la que manifestaba su sospecha de que Durán podía querer sobornarle.

La conversación trascurrió literalmente así:

—Pues mira, Miguel Ángel, te voy a… —comenzó a decir Durán, sin sospechar siquiera que sus palabras estaban siendo grabadas.

—Estoy intrigadísimo —le interrumpió Olmos.

—Nada, nada, no tiene nada de particular. Es un tema que está así de actualidad. Verás, yo, este despacho proviene un poco de relaciones de negocios con la gran construcción. Es decir, todos mis asuntos y todos mis, digamos, todos mis negocios están alrededor de Entrecanales, Dragados, Agromán, Huarte, Hispano, Ferrovial, FOCSA, CYCSA… Entonces dentro de la gran construcción… Además hay hasta asociaciones de las grandes constructoras, un poco para defenderse. La cuestión está en que todos los presidentes son íntimos amigos míos y yo me llevo muy bien con ellos. Y colaboro con ellos en que consigan obras importantes, ¿entiendes? Entonces si consigo la obra yo gano dinero. Lo típico. La labor comercial típica. Entonces, todos éstos me comisionan a mí con una labor para, digamos de alguna forma, intentar aclarar en un sentido o en otro, el famoso, tan controvertido y tan discutido de la Comunidad. A mí me han dado tus teléfonos ellos. Porque yo les decía: ¿Cómo localizo a Miguel Ángel Olmos?, Por ejemplo. La cuestión está en que entonces Leguina no puede gobernar y aunque Piñeiro le votara, tampoco; porque empata, en cuyo caso tampoco… A mí me parece que estamos abocados a que los que gobiernen sean los del centro–derecha, para que alguien pueda gobernar y que realmente se pueda dirigir la Comunidad.

De inmediato, Durán entró de lleno en el asunto:

—Bueno, yo realmente por parte de la construcción estoy completamente… digamos, tengo poderes generales amplios y absolutos, y esta gente domina totalmente el centro–derecha. Totalmente. Yo no sé si el socialismo domina en eso, creo que no, creo que no.

—No tengo ni idea —respondió Olmos—. Yo llevo en esto muy poquito, porque yo entré… Lo que pasa es que me ha tocado vivir una época muy complicada porque…

—Tu postura es la más… —le interrumpió Durán.

—Claro, claro, yo soy consciente de ello —dijo Olmos—. Tengo en mi mano la gobernabilidad de la Comunidad.

—Imagínate, Miguel Ángel, tú tienes algo, porque Piñeiro ya no tiene nada, por gilipollas ya no tiene nada. Porque… Irse a centro derecha, todo el mundo va a decir u…

—Soy joven, pero consciente.

—¿Irse con Leguina? —inquirió Durán. Hizo una breve pausa para dar a sus palabras mayor énfasis y añadió: —Tú me dices, oye, mira, Gustavo, yo quiero… ¿qué te parece? Yo te puedo aconsejar. Yo diría, pues dinero. Todo el oro del mundo está ahí. No digamos la gran construcción. Para estos tíos, no sé, cien millones de pesetas, Miguel Ángel, es poco dinero.

El Bróker ofreció después a Olmo una discreción total.

—Eso te lo garantizo absolutamente si es con el PP, porque en definitiva el pacto yo voy a hacerlo con Manuel Fraga. Yo te lo aseguro, Miguel, es que te lo juro. Y puedes informarte si quieres hasta con Ramón Tamames. Yo te aseguro que esto va a misa por encima de todo porque respondo yo personalmente.

Tan novelesco diálogo se producía mientras el PP y el CDS intentaban conseguir los apoyos necesarios para ganar varios gobiernos municipales y autonómicos desde que, un mes antes, los partidos de Manuel Fraga y Adolfo Suárez habían sellado un acuerdo político de colaboración. Era un tiempo de pactos cargados de escollos como el protagonizado por Nicolás Piñeiro.

A Gustavo Durán Romero siempre le llamaron El Bróker, el intermediario por excelencia, a pesar de que su nombre había estado en el centro del huracán en varias ocasiones. Campeón de España de squash para veteranos, Durán poseía un estupendo chalet en la zona residencial de Somosaguas —junto al de la familia del ex ministro Gregorio López Bravo, ya fallecido— y teóricamente se dedicaba a amueblar cocinas, como administrador único de la empresa GDR —sus iniciales—, así como a la promotora inmobiliaria Dupiol S. A., que hasta entonces sólo había realizado una promoción en la calle Arturo Soria, de Madrid.

Desde su despacho de la calle Zurbano, de Madrid, acechaba alrededor de las promociones urbanísticas de las afueras de la capital. Al descubrir un nuevo grupo de chalets adosados, este pequeño empresario empleaba sus mejores oficios para ser el suministrador de cocinas y electrodomésticos a las viviendas todavía en construcción.

En su tarjeta de visita se presentaba con el término inglés «broker», en un intento de impresionar a sus posibles clientes, ya que, según un empresario de la construcción que le conoce muy bien:

El caso Durán no fue único. En Fuengirola, Málaga, dos concejales del grupo mixto, antiguos militantes del PSOE, denunciaron haber recibido una oferta de ocho millones de pesetas para cada uno por renunciar a sus escaños. En Lérida, un edil de Convergencia i Unió, que había apoyado al PSOE contra el alcalde de su propio partido, fue denunciado ante los tribunales por un presunto delito de estragos.

Mientras Olmos presentaba una querella por supuesto soborno en el juzgado de guardia, el tropezón de Gustavo Durán, acostumbrado sin duda a cambalaches más sencillos, trajo consigo graves consecuencias políticas. El presidente Leguina aseguraba que el Partido Popular estaba detrás de los intentos de Durán, y comenzaban a correr noticias sobre una serie de supuestos contactos mantenidos por «el Bróker» con ciertos dirigentes populares para preparar la operación.

“A ese señor Durán no le conozco”, declaró el lunes 22 de mayo Alberto Ruiz–Gallardón, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y aspirante a ocupar el puesto de Leguina. “No he hablado nunca con él. Hasta el sábado, que salió su nombre en los periódicos, no sabía quién era. Y nadie del partido me ha hablado jamás de él. Por otra parte, jamás aceptaría ser presidente con el voto de un diputado de Izquierda Unida”.

Todo un ataque de amnesia en un máximo dirigente del PP como Ruiz–Gallardón, porque Gustavo Durán no era una persona desconocida en la organización de Fraga. Ya en el libro citado de los periodistas Herrero y Dávila, se le presentaba como «una ayuda eficaz» del tesorero popular, Ángel Sanchís desde 1984. “Durán tenía amistades por doquier —escriben los dos periodistas— y poseía capacidad suficiente para desviar dinero desde la empresa a los partidos”. En las cenas a las que asistía Durán y Sanchís se les «extraía» a los empresarios asistentes entre medio millón y dos millones de pesetas como donativos, aunque hubo quien obsequió a Sanchís «con diez millones de pesetas que fueron a parar a las arcas de AP», añaden. En esas cenas, Durán asistía como «asesor para la terapéutica del convencimiento».

El Bróker, al menos, había prestado dos servicios importantes de carácter financiero al partido de Manuel Fraga. Uno, cuando Ángel Sanchís viajó a Galicia, en 1986, para conocer las posibles responsabilidades de Xosé Luis Barreiro en el tema del juego. Según parece, Durán asistió a la entrevista entre Sanchís y Barreiro. La segunda, anteriormente, en 1984, en la sede de AP en la calle Génova, se decidió apoyar a una constructora interesada en edificar las dependencias de la televisión gallega. En aquella reunión se dijo según el libro citado: «Hay cien millones de pesetas para Alianza Popular». De nuevo cien millones, el número tótem de las últimas acusaciones de corrupción en España. Y es que Gustavo Durán siempre fue amigo de estar cerca del poder y de las influencias. Quizá por eso, y con la misma naturalidad, ha mantenido relaciones tanto con Juan Guerra como con Sanchís.

Por otra parte, hasta comienzos de 1989, Durán mantenía otra oficina abierta en la calle madrileña de Ríos Rosas, a medias con la socialista Aída Álvarez (¡Sí, ella, de nuevo!). El negocio que el Bróker mantenía con Álvarez se cerró en diciembre de 1988, después de que un ejecutivo de una importantísima constructora les denunciara por un posible tráfico de influencias.

Los encargados de negociar los pactos del centro–derecha, José Ramón Caso, por el CDS, y Federico Trillo, por el PP, que habían conseguido desalojar al socialista Juan Barranco de la alcaldía de Madrid mediante un pacto que dio la vara de mando al malogrado Agustín Rodríguez Sahagún, respondieron con el convencimiento de que la mejor defensa era un buen ataque. Caso dijo: «Con la práctica que ha puesto de moda el PSOE, de que todo vale con tal de tomar o permanecer en el poder, no es de extrañar que salgan intermediarios como Durán, que consideren una buena idea hacerse con los servicios de un tipo cuyo voto vale tanto, para luego tratar de ofrecérselo al mejor postor. Los socialistas, para alcanzar el poder, ven normal ofrecer puestos. Y de eso, a ofrecer dinero con el mismo fin, sólo hay un paso».

También el entonces secretario general adjunto del PP, Federico Trillo, se mostró indignado ante una información divulgada por el PRIM en la que le acusaban de haberse reunido personalmente con Durán antes de su entrevista con Olmos. “No he visto a Durán en mi vida —dijo Trillo, tajante—. Todo esto es una cortina de humo del PRIM, una burda maniobra que trata de desviar la atención sobre el caso Piñeiro, para que no se investigue el por qué de su apoyo a Leguina”.

Ni burda maniobra, ni cortina de humo fue lo que ocurrió en el llamado caso Calvià. Porque en marzo de 1992 quedó suficientemente demostrado que también para ciertos dirigentes del Partido Popular todo vale con tal de «tomar el poder». En este asunto, sentenciado por el Tribunal Supremo, varios responsables del PP trataron de sobornar al concejal socialista de este municipio mallorquín, José Miguel Campo para que, con su voto, propiciara una moción de censura contra la alcaldesa socialista Margarita Nájera, y desplazar así al PSM-PSOE del gobierno municipal. Los populares Miguel Deyà, Andreu Bordoy y Guillem Guinard ofrecieron a Campo cien millones de pesetas [¡esa cifra, de nuevo!] y diversos negocios inmobiliarios en el que es el municipio más rico de España. En política, conviene no tirar la primera piedra. Por si acaso. El Tribunal Supremo acabó condenando a los corruptores.

VIII
EL TALÓN DE AQUILES DE LOS NEGOCIOS FAMILIARES

Prescripción: Amnistía preferida por los delincuentes de cuello blanco.

Siempre es tarde para llegar a tiempo.

El 4 de diciembre de 1989, durante el debate de su investidura, el candidato Felipe González, presidente en funciones del Gobierno, subió al estrado para responder a una intervención de José María Aznar. «Usted —dijo González con voz clara y tono convincente— ha hecho una declaración sobre los objetivos éticos de la política: transfuguismo, amiguismo, corrupciones, influencias o enriquecimientos fáciles. Señor Aznar: yo creo que es mucho mejor hablar de cosas concretas. Yo he tenido un comportamiento ético y cuando alguien se dirige a mí hablando de transfuguismo o de corrupción, siempre solicito que, por favor, me diga en qué tengo que mejorar mi comportamiento ético; sobre todo para entrar en materias y poner ejemplos por mi parte. Me gustaría, por consiguiente, que me dijera, cuando se habla de impulso ético, en qué cree usted que el candidato a la Presidencia del Gobierno tiene que mejorar su impulso ético. Cuénteme un caso de amiguismo, de tráfico de influencias o de corrupción en el funcionamiento de mi presidencia».

Apenas veintiséis días más tarde, en la corporación municipal de un pequeño pueblo gaditano, estalló el primer gran escándalo político sufrido por un gobierno socialista tras siete años en el poder. Y en eso llegó Juan José Guerra González.

A mediados de septiembre de 1989, Serafín Núñez, alcalde de Barbate de Franco, pueblo turístico de la costa gaditana, recibió una llamada telefónica.

—Serafín, soy Juan Guerra; hay unos promotores que quieren invertir en tu pueblo. Me gustaría que los recibieras, si haces el favor.

—¿De qué inversores se trata? —respondió el alcalde.

—Son los de Zahara.

—Ya los conocemos, pero su proyecto no se ajusta a lo que marca este ayuntamiento.

—Bueno —insistió Juan Guerra—, te pido que los atiendas porque van a respetarlo todo.

Dos días más tarde, Juan Guerra llegó al ayuntamiento de Barbate acompañado por unos empresarios franceses y por José Garrido López, representante de la promotora Puerto Zahara S. A.

Juan y Serafín mantuvieron primero una entrevista a solas y después entraron los demás socios para tratar el proyecto. Según declaraciones del alcalde, Juan Guerra se dedicaba desde hacía tiempo a los menesteres de intermediario.

Su intervención en el asunto Zahara tuvo gran éxito porque, el 11 de diciembre de 1989, la Oficina técnica del ayuntamiento recibió un nuevo anteproyecto que se ajustaba a las normas de la corporación: viviendas de tres plantas y no de cinco como pretendían anteriormente, un puerto deportivo junto a un lago natural y un complejo hotelero de cuatrocientas plazas. En total, una inversión de ocho mil millones de pesetas. Después de un bloqueo de dos años, Puerto Zahara S. A. conseguía luz verde para su proyecto urbanístico Puerto de la Plata, gracias a las buenas relaciones del hermano del entonces vicepresidente del Gobierno.

Transcurridos diecinueve días, el pleno del ayuntamiento de Barbate, celebrado el 30 de diciembre, aprobaba el proyecto en una sesión que ha pasado a los anales. Aunque todo se hizo reglamentariamente, con un protocolo de inversiones y la petición de avales por quinientos millones de pesetas, el debate municipal resultó explosivo y el rumor se convirtió en realidad. El alcalde socialista Serafín Núñez, guerrista confeso, se fue de la lengua después de que Alonso Varo, concejal del CDS, dijera:

—Tengo la impresión de que en este proyecto ha entrado gente de mucho peso.

—Me alegro —respondió Núñez—, me alegro de que haya entrado gente de mi partido. Me alegro de que haya entrado el hermano del vicepresidente del Gobierno.

—¡El nombre lo ha dicho usted! —replicó Varo.

—¡Lo digo yo! —exclamó el alcalde.

—¡Pues que conste en acta! —zanjó el concejal centrista.

Una cinta magnetofónica grabó tales palabras, y aquí está el origen del escándalo que marca la aparición estelar de Juan José Guerra González, como caballero de industria y caballo de batalla en un caso que sacudió los tribunales. El hermano del entonces vicepresidente del Gobierno era acusado por el CDS de haber cobrado 160 millones de pesetas «en concepto de porcentaje por poner la jeta en la operación», según dijo Varo.

Por supuesto, la actividad de Juan Guerra no se limitaba a «poner la jeta». De la nada, de ser un simple parado en 1979, Juan Guerra había amasado en menos de once años una fortuna personal estimada en mil millones de pesetas, entre propiedades, fincas y dinero en efectivo, era socio de cuatro empresas, invertía indirectamente en otras siete y poseía cinco pisos en Sevilla, cuatro locales comerciales, siete fincas y tres automóviles. Todo, con un entramado de créditos y negocios rápidos en los que primaba su apellido por encima de todo.

Entre diciembre de 1982 y febrero de 1989, su sueldo como «asistente» de su hermano Alfonso ascendía a 128.000 pesetas mensuales y por Sevilla tenía fama de ayudar de manera altruista a mucha gente sencilla que se acercaba al despacho. Al principio aprovechaba su situación para agilizar becas, empleos, pensiones… hasta que un día de 1985 le comenzaron a llegar ofertas sustanciosas y descubrió que también podría realizar negocios rápidos. Y así, como en una novela ejemplar de Cervantes, desde su despacho en la Delegación del Gobierno, los «cafelitos» que se tomó con sus compadres desde «su» despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla, dieron cabida a oscuros negocios que le convirtieron en millonario. Según el libro de registro de visitas de la Delegación del Gobierno en Sevilla, estos son los quince visitantes que más «cafelitos» financieros tomaron con Juan Guerra (entre paréntesis se constata el número de visitas que quedaron registradas y las empresas compartidas con el asistente): Juan Díaz Ceballos (77), José María Ramos Reina (68. Elecpor S. L.), Francisco Javier López Martín (57. Comosat S. A.), Carlos Pulido (56), Adolfo de Bernardo (55. Negocios valencianos), José Garrido López (47. Puerto Zahara S. A.), Manuel Hidalgo (38. Elecpor S. L.), Enrique Swchartz (37. El Toril), José Pardo García (36. Darom), Aurelio García Pérez (34. Asistente del «asistente» Juan Guerra), Manuel y Bernardo Contreras (32. Diversos negocios de la construcción, mediaciones en RENFE), Antonio Funes (29), José Antonio Bellamy Pozo (22. Fracosur), Juan Soria Medina (21) y Juan José Arenas Casas (19. Corral de la Parra S. A.).

¿Qué estaba pasando realmente? Con el estallido del caso Guerra, de repente, el fantasma del tráfico de influencias recorrió España como un jinete vengador. Los escándalos locales, que otrora apenas tuvieron interés nacional, se convirtieron en portadas de los grandes rotativos. En Santander, Murcia, Sevilla, Boadilla del Monte, Alicante, Almería… ¿Se había abierto la veda? Por doquier aparecían familiares, hermanos, cuñados, primos, realizando negocios privilegiados y ocupando cargos de confianza a los que habían accedido a dedo; envueltos en supuestos favoritismos, apropiaciones indebidas, e incluso presuntas prevaricaciones pendientes de los tribunales. España se llenó de juanes guerra de repente. Eran, sin duda, las consecuencias de un enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición, sin precedentes en los últimos años; pero también significaban el desgaste de la opinión pública frente al mensaje amenazador de Alfonso Guerra en su comparecencia parlamentaria del 1 de febrero de 1990, cuando advirtió: «Cada uno es responsable de decir las mentiras que crea pertinente».

Aquella era, sin embargo, una realidad cotidiana porque muchos, antes de las elecciones municipales de 1979, eran simples trabajadores, pequeños comerciantes, dueños de droguerías y peluquerías que, en once años, se habían convertido en hombres de negocios íntimamente relacionados con el poder, incluso disfrutando de vínculos de sangre. Eran hombres nuevos. Y con ellos llegaba un fenómeno que recorrió la geografía española durante febrero de 1990, pero que a finales de marzo quedó silenciado radicalmente, en cuanto el Gobierno tomó las riendas para legislar sobre el tráfico de influencias.

Desde el PSOE al PP muchos tenían algún familiar velando por los negocios privados. Era mejor no alzar demasiado la voz, especialmente cuando la proximidad de 1992, con el Quinto Centenario y la Olimpiada, prometían suculentos beneficios.

También estaban las canonjías domésticas (esos destinos maravillosos con sueldos excelentes, concedidos como premio a los nuestros por sus desvelos en favor de la causa). Hasta entonces, el récord de parientes colocados lo poseía Carlos Collado, presidente de la Comunidad murciana: nada menos que treinta miembros directos e indirectos de su familia fueron contratados en la administración autonómica que él dirigía. De ellos, cuatro sobrinos y tres cuñados. El entonces presidente regional tenía personas de confianza en Sanidad, Cultura, Agricultura, Interior, Parque Móvil, Industria, Medio Ambiente, Administración local, Servicios Sociales y Presidencia.

La historia de Segunda de Pedro Mediavilla, costurera a domicilio en Sevilla, es todo un ejemplo del «milagro español». Esta anciana formó parte de las sociedades Ardelca y San Miguel-San Pedro S. A., que explotaban las fincas El Cruce y Los Pinillos, al sur de San Pedro de Alcántara, en la Costa del Sol. Tras un proyecto del MOPU, estas fincas se revalorizaron espectacularmente y fueron vendidas. La fortuna de esta costurera que, por cierto, era la suegra del alcalde socialista de Sevilla, Manuel del Valle, llegó a valorarse en más de tres mil millones de pesetas. Y es que en Andalucía un entramado familiar recorría los municipios y la administración autonómica. Además del despacho de influencia de Rafael Escuredo, estaba el de Pablo Recio Arias, ex consejero de Salud de la Junta andaluza y cargo relevante de Sadesa, empresa de asesoría, imagen y captación de inversiones. Según denunció Izquierda Unida en su momento, todas las empresas asesoradas por Sadesa recibían subvenciones oficiales.

El Partido Popular, allí donde ejerció el poder, también conoció de «cuñadismos» y negocios en familia. Ahí está el caso Hormaechea y el supuesto favoritismo recibido por su cuñado, el constructor burgalés Juan Renedo Serrano. O el alcalde popular de Boadilla del Monte (Madrid), Aquiles Aparicio, quien tuvo que responder de acusaciones por supuestas irregularidades urbanísticas respecto a la empresa Prado del Espino S. A., con recalificaciones de terrenos. La primavera de los negocios familiares, los enchufismos en diputaciones y las colocaciones de parientes florecería para el Partido Popular en su ascensión al poder, como relatará un capítulo posterior. El poder corrompe, dicen algunos clásicos, aunque ciertos políticos aseguran que no es para tanto; que se trata de corruptelas, irregularidades, favores electorales, fomento del empleo… Apenas. La suerte está echada.

IX
DÍAS DE PASIÓN PARA POLÍTICOS CONSERVADORES

Comisiones: Dinero cobrado por facilitar concesiones de la administración.

Cohecho: Delito por el cual se soborna al juez o funcionario para que obre contra justicia o derecho.

La Semana Santa de 1990 será inolvidable para muchas personas, pero especialmente para cinco: Rosendo Naseiro Díaz, tesorero del Partido Popular, Salvador Palop Martínez, concejal valenciano a quien todos llaman «Boro», el arquitecto Luis Latorre y los altos ejecutivos de empresas constructoras, Luis Janini y Carlos Bonet. Ninguno de los cinco pensaron que vivirían un Jueves Santo excepcional en el que serían detenidos por la policía y puestos a disposición judicial. Con ellos llegó el escándalo en forma de sumario: el caso Naseiro-Sanchís, el principio de uno de los más claros affaires político-financieros desde el comienzo de la transición democrática española. Porque en el ojo del huracán estaba, sin ningún velo, la financiación irregular de un partido político, la recaudación de fondos sin control y los negocios paralelos hechos a su sombra.

Este nuevo eslabón, además, se inscribía en el contexto de la realidad financiera de los partidos políticos españoles, cuando las cifras generales resultaban, cuanto menos, todo un espectáculo. El PSOE tenía un déficit superior a los ocho mil millones de pesetas: el Partido Popular reconocía una deuda de 1.600 millones, aunque realmente debía 4.500 millones de pesetas acumulados desde los tiempos de Alianza Popular; el Centro Democrático Social adeudaba dos mil millones. El caos financiero se generalizaba en toda la estructura política española. Al iniciarse 1990, los cuatro partidos más importantes del espectro político, PSOE, PP, CDS y la coalición Izquierda Unida, debían 16.000 millones de pesetas a la banca privada. El desequilibrio entre ingresos y gastos ofrecido por el PSOE, con más de 3.500 millones de pesetas gastadas fuera del presupuesto y de los créditos—, y por el PP con 3.000 millones,, abrían una nueva crisis política marcada por la existencia de dinero negro, mientras el ministro Virgilio Zapatero pedía que se elevara el debate por encima de los últimos escándalos político-financieros y se llegara al fondo de la cuestión.

Pero aquel Viernes Santo, el ministro del Interior José Luis Corcuera montó en cólera al enterarse por los periódicos de las detenciones practicadas en Valencia por orden del juez Luis Manglano Sada, un joven magistrado de 36 años vinculado a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Apenas comenzaban las vacaciones cuando el sobresalto se adueñó de los despachos casi vacíos. El juzgado número 2 de Valencia había conducido al recién reelegido tesorero del Partido Popular, Rosendo Naseiro, hasta una discreta celda de la Cárcel Modelo de Valencia. “Cohecho, cobro de comisiones, malversación de fondos…”. Los teléfonos sonaron sin cesar. En todo el ministerio del Interior nadie tenía la más mínima idea de que se estuviera practicando una investigación de ese tipo. El jefe superior de policía de Valencia, Jesús Prol, amigo personal de José María Aznar desde su anterior cargo como jefe superior de policía de Valladolid, tampoco tenía conocimiento del asunto. ¿Qué había pasado? ¿cómo era posible semejante descontrol?

El caso tenía como protagonistas a los inspectores Enrique Ortega y Enrique Peiró, miembros de la Brigada Regional de Estupefacientes de Valencia. Con ellos comenzó el asunto con una discreción tal que nadie había logrado conocer lo que se estaba fraguando.

La reacción de los superiores jerárquicos de los dos policías fue similar a la del ministro Corcuera: disgusto y sorpresa. Ortega y Peiró comprendieron la gravedad de la situación cuando, en medio del secreto sumarial decretado por Manglano, sus jefes empezaron a exigirles explicaciones y, en nombre de la disciplina, ordenaron que les informaran. Al mantener el silencio total ordenado por Manglano, los dos inspectores de Estupefacientes provocaron la ira de la dirección policial y sintieron volar sobre sus cabezas la amenaza de posibles sanciones disciplinarias. “En su carrera profesional —me explicó un sindicalista de la Policía—, los dos funcionarios han quedado marcados para siempre. Ellos aseguran que no comprenden tal reacción porque han actuado con escrupuloso respeto a la ley, como una auténtica policía judicial”.

Durante el periodo que duró el secreto sumarial, los inspectores Ortega y Peiró pasaron por un verdadero calvario. De poco les sirvió la carta del juez Manglano, enviada a la Jefatura Superior de Policía de Valencia, en la que felicitaba a los agentes por su ejemplar actuación en la investigación. Las insinuaciones del Partido Popular y de una parte de la opinión pública, otorgándoles el papel de instrumentos de la venganza del PSOE por el caso Juan Guerra, había terminado por desconcertarles totalmente.

Así describía la situación un policía próximo a los dos inspectores: «Por un lado, tienen que sufrir la incomprensión de sus propios jefes superiores por respetar el secreto de las actuaciones judiciales, y, por otro, se les acusa de participar en una conspiración política. Resulta paradójico porque uno de los funcionarios es votante del Partido Popular, aunque ahora está totalmente decepcionado y asegura que no volverá a votar a nadie».

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) expresó su total apoyo a los dos inspectores y advirtió que, en caso de que el ministerio del Interior tomara alguna represalia contra ellos, el sindicato respondería “con todas sus armas a pesar de que ninguno de los dos policías está afiliado, porque han cumplido de manera ejemplar su papel”.

La teoría de la conspiración desde el Gobierno y el PSOE queda en entredicho si reconstruimos la génesis del caso Naseiro-Sanchís con sus fechas precisas desde el 28 de noviembre de 1988, cuando el juez de instrucción número 1, de Valencia, autorizó las escuchas telefónicas al domicilio del abogado Rafael Palop, por un presunto delito contra la salud pública. Se abrieron las diligencias 0155/89 y el teléfono intervenido pertenecía a Rafael Palop Argente, padre de los hermanos Palop.

Un mes después, el 29 de diciembre, los inspectores Ortega y Peiró solicitaron al juzgado de guardia, mediante un escrito firmado por el Jefe Superior de Policía de Valencia, una prórroga de las escuchas para “la continuación de las investigaciones que se están llevando a cabo, en relación con la persona, el llamado Rafael Palop Martínez, por sus implicaciones en un tráfico de cocaína”. El juez de guardia de aquel día, Luis Manglano, autorizó la prórroga por el plazo de un mes.

El 4 de enero de 1990, el juez Antonio Rodríguez Pedrero archivó el procedimiento 0155/89, al haberse transformado el juzgado de instrucción número 14 (al que correspondía el caso) en Juzgado de lo Penal número 3, tras ser aplicada la llamada «Ley Múgica» el 27 de diciembre anterior.

El 19 de enero de 1990, los dos agentes de la Brigada de Estupefacientes entregaron al juez Manglano las grabaciones efectuadas al teléfono de los Palop desde el 12 de diciembre. Entre otros personajes, se recogían llamadas de Ángel Sanchís Perales, ex tesorero de Alianza Popular, y Arturo Moreno Garcerán, vicesecretario general del Partido Popular.

El 25 de enero, una vez escuchadas las cintas, Manglano abrió las diligencias previas número 295/90, al considerar que existían indicios de una infracción penal. Cuatro días después, la Brigada de Estupefacientes solicitó una nueva prórroga para proseguir la intervención telefónica, argumentando la posible implicación de Rafael Palop Martínez, hermano del concejal popular, en tráfico de cocaína. El juez Manglano autorizó la prórroga por otros sesenta días, en los que se grabaron decenas de conversaciones. El 13 de febrero, por primera vez, apareció la voz de Rosendo Naseiro, propietario de la empresa Transportes Veloces, antiguo dueño de una red de droguerías, y tesorero del Partido Popular desde que Manuel Fraga lo designó en 1988.

Así comenzó a crecer un procedimiento judicial que alcanzaría los setecientos folios.

El 22 de marzo, Manglano pidió al Consejo General Bancario información sobre las cuentas de Salvador Palop, argumentando la existencia de «un posible delito contra la salud pública». Sin embargo, quince días después, el 6 de abril, las diligencias previas 295/90 adujeron también los posibles delitos de cohecho y malversación.

El juez Manglano obtuvo los extractos de las cuentas de Salvador Palop en cinco entidades bancarias de Valencia que, en total, registraron un saldo cifrado en un millón de pesetas, con discretas entradas y salidas de dinero. Sin embargo, a tenor del informe bancario, no se descartaba la existencia de otras cuentas no detectadas todavía. También la declaración de la renta de Salvador Palop resultó negativa. Hacienda devolvió al concejal 159.009 pesetas en su declaración correspondiente a 1987, año en el que había declarado unos ingresos netos de 3.200.000 pesetas obtenidas de su sueldo como concejal.

A las nueve de la noche del 5 de abril, Eduardo Finch, director de la sucursal bancaria, informó a Salvador Palop que su teléfono estaba intervenido y que la policía investigaba sus cuentas bancarias. A la mañana siguiente, el padre del concejal se personó en el juzgado de Manglano donde supo que su hijo estaba siendo investigado.

A partir de ese instante, los hechos se precipitaron.

Tres días más tarde, en Lunes Santo, Manglano dictó un auto de prisión contra Naseiro, Palop, el empresario José Balaguer, Luis Janini, de Dragados y Construcciones, Carlos Bonet, delegado de Huarte, y Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera, para quienes decretó la prisión incondicional y el secreto de sumario.

El Martes Santo, 10 de abril, el juez dejó sin efecto la intervención telefónica, al tiempo que tomaba declaración a los detenidos. Latorre y Bonet fueron puestos en libertad y, tras su declaración, Salvador Palop fue conducido a un hospital, donde permaneció incomunicado.

El 11 de abril, prosiguió el interrogatorio de Palop, después de que José Balaguer fuera puesto en libertad. A Rosendo Naseiro se le aplicó la prisión preventiva incomunicada, tal como marca la ley, ya que fue detenido en su domicilio de Alicante, fuera de la jurisdicción de Valencia. Su declaración se realizó en dos sesiones y en presencia de un médico forense para garantizar su perfecto estado de salud.

El Jueves Santo, 12 de abril, Salvador Palop fue puesto en la calle mientras proseguía el interrogatorio de Janini y se dictaba orden de localización del ex arquitecto municipal de Cullera, Francisco Javier Domínguez.

El 13 de abril, Naseiro obtuvo la libertad provisional. El juez Manglano ya era el centro de las iras del Partido Popular hasta el punto que el fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, tuvo que salir en su defensa y declarar que las diligencias contra Naseiro se habían abierto antes de que estallara el caso Juan Guerra, y que el juez le había consultado para tomar la medida de la prisión incomunicada para los detenidos. Aquel mismo día, Alberto Ruiz-Gallardón recibió el encargo de abrir una investigación interna en el PP.

El sábado, 14 de abril, Naseiro dimitió de todos sus cargos en el partido. También lo hizo el concejal Salvador Palop.

El lunes de Pascua, 16 de abril, el juez Manglano remitió el sumario al Tribunal Supremo porque aparecían personas aforadas. El auto, fechado el 14 de abril, decía: “En el curso de las presentes actuaciones se ha constatado la implicación en las mismas de personas que, tras la correspondiente comprobación formal, son aforadas en virtud de su condición de Diputados de las Cortes Generales”. Y después de hacer relación de los fundamentos jurídicos del caso, el juez dispuso: «La inhibición en esta causa a favor de la sala de lo penal del Tribunal Supremo».

El informe fiscal incluido en el sumario afirmaba textualmente:

«Primero.— Que de las actuaciones practicadas se desprenden indicios de criminalidad contra D. Ángel Sanchís Perales.

“Segundo.— Que igualmente en las actuaciones practicadas se hace referencia a D. José María Aznar y a D. Manuel Fraga sobre hechos y actuaciones que deben ser totalmente esclarecidos para depurar posibles responsabilidades.

“Tercero.— Que con fecha de hoy se ha tenido conocimiento, por diligencia levantada por la Sra. Secretaria de este juzgado, de la condición de miembro del Congreso de los Diputados del citado D. Ángel Sanchís Perales y de D. José María Aznar.

“Cuarto.— Que siendo la competencia de lo Penal del Tribunal Supremo, para la instrucción de estos casos, no puede ya procederse por el Juzgado a tomar declaración a otras personas posiblemente implicadas en los presentes autos, o que pudieran serlo».

En Valencia, sin embargo, Manglano prosiguió los interrogatorios de otros implicados, como José Luis Olivas, entonces concejal popular de Valencia.

Apenas veinticuatro horas después, varios partidos políticos, a iniciativa del PSOE, acordaron que fuera el Tribunal de Cuentas el que se encargara de auditar las finanzas del PP, tal como marca la ley, y se manifestaron en contra de crear una comisión de investigación en el Parlamento.

El 20 de abril, el Tribunal Supremo se declaró competente, mientras Ángel Sanchís regresaba de su finca La Moraleja, de Argentina. Desde ese momento, el PP y los abogados de los implicados desataron una campaña para que se levantara el secreto sumarial, como al fin se hizo el 3 de mayo.

El 7 de mayo, a la dimisión de Naseiro y Palop, se sumó la de Ángel Sanchís, quien sin embargo no perdió su escaño en el Congreso por deseo expreso de su partido. La cuarta víctima del caso fue Arturo Moreno Garcerán, vicesecretario general y responsable de asuntos electorales; un hombre de confianza de Aznar que dimitió el 11 de mayo, durante un acto público de las elecciones andaluzas.

El sábado, 12 de mayo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, bajo la presidencia de Enrique Ruiz-Vadillo, los magistrados José Luis Manzanares e Ignacio Sierra tomaron declaración al diputado Ángel Sanchís.

El caso acabaría sobreseído por defecto de forma durante su instrucción sumarial. El 18 de junio de 1994, la Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró nulas las actuaciones del juez Manglano, porque se realizaron con que vulneraron los derechos fundamentales de los cuatro acusados de cohecho, Rosendo Naseiro, Salvador Palop, Ángel Sanchís y José Balaguer. Como consecuencia, el 15 de julio de 1994, el alto tribunal sentenció la absolución de los cuatro implicado.

No obstante, quedó claro que se trataba de una trama de financiación irregular del Partido Popular en la que diez de las operaciones financieras detalladas por las grabaciones policiales (registradas desde el 12 de diciembre de 1989 hasta el 6 de abril de 1990) alcanzaban un total de 2.000 millones de pesetas, según estimaciones periodísticas. De las otras treinta operaciones citadas, resultaba imposible aventurar una cifra porque los interlocutores no daban detalles suficientes.

La investigación interna del PP, encargada al entonces presidente del Comité Nacional de Conflictos, Alberto Ruiz-Gallardón, contó con la ayuda de José María Michavila y Carlos Aguilar. Los tres «investigadores» hablaron con los implicados y estudiaron las cintas, para concluir, como era previsible, que los encausados lo hicieron todo por su cuenta y que no hubo ningún cobro ilegal destinado al partido. Por lo tanto, pidieron que Moreno, Naseiro, Sanchís y Palop fueran sancionados.

Así lo relata el informe Gallardón: «Los hechos revelan que el vicesecretario general Arturo Moreno consintió la existencia de un grupo identificable en una unidad de propósitos políticos dentro del partido, de forma no oficial y con actuación al margen de la estructura orgánica del partido. Igualmente se acredita entre los miembros del grupo una comunidad de intereses económicos al margen del partido, cuya concreción se manifiesta en la sociedad Futuro Financiero», empresa que “es el común denominador de los intereses privados de algunos de sus miembros, concretamente de Arturo Moreno, Salvador Palop y Miguel Ángel Cortés, que abandona su responsabilidad ejecutiva en la empresa a raíz de su elección como diputado”.

El clan de Valladolid, que había traído Aznar como guardia de corps, quedaba tocado por el informe de Ruiz-Gallardón, ya que, además de los personajes citados, en el consejo de administración de Futuro Financiero participaban Antonio Fontán, el ex comunista anticastrista Guillermo Gortázar, esposo de la ministra Pilar del Castillo, y uno de los redactores del informe: José María Michavila. A estos nombres, la Comisión de Investigación de Financiación de los Partidos Políticos, constituida en el Congreso de los Diputados, añadiría los de Carlos Aragonés y Eduardo Zaplana. Dirigentes populares, todos ellos, llenos de un gran futuro… político.

“TENGO QUE GANAR MUCHO DINERO”

Aunque el Tribunal Supremo rechazó la capacidad probatoria de las cintas grabadas, este viaje corsario quiere rescatar el elocuente fragmento de una conversación telefónica mantenida el 11 de febrero de 1990 por dos concejales del PP valenciano, dos jóvenes halcones que hablan de política y negocios. Sus palabras muestran al desnudo cómo pueden combinarse los deseos de hacerse ricos con los sueños de gobernante.

—…Yo a ti no te puedo ayudar más —dice el edil valenciano.

—Te han visto el plumero —contesta su camarada benidormí, al otro lado del hilo telefónico—. Han visto que vas en contra mía.

—No. […] ¿Yo qué sabía?.

—Pues, macho, me voy el martes. Te pensaba dejar fuera pero me da pena. Me voy a hacer financiero. Me voy el martes a Sevilla.

—¿A qué?

—Voy a ver si hago unas cosas con la Expo.

—¿De qué?

—Está ahí Riera de jefe.

—Pero, ¿qué vas a comprar?

—Voy a ver —aclara, con ironía—. Ahora que han echado a Juan Guerra, a ver si…

—A ver si…

—A ver si lo sustituyo.

—Pero, bueno, ¿vas a comprar o a vender? ¿Qué vas a vender?

—Voy a que Riera me explique lo que tengo que hacer. Voy a ponerme a sus órdenes.

—Pero explícale… a mí también. Explícale lo mío aquí.

—Quieres que te meta en el ajo, ¿eh?

—Claro.

—¿Sabes? Me voy el martes con él a Sevilla y el martes estoy en Madrid.

—¡Ah, muy bien!

—Es que no paro de viajar.

—Yo seguramente estaré el jueves.

—¿El jueves en Madrid? Pero entonces, ¿cómo te van los negocios? Me han dicho que ahora eres empresario inmobiliario. ¿También? ¿O te dedicas a la construcción?

—Sí.

—¿Estás haciendo áticos en Valencia?

—¿Áticos? Y entonces los bungalows, entre la semana que viene y la otra. Ya.

—Pero, ¿esa es la sociedad de… célebre?

—¿Qué sociedad?

—La de “Los Vaticanos”.

—No.

—¿Otra que has montado tú?

—Esa es una promotora inmobiliaria mía.

—¡Ah, tuya!

[…]

—Oye, ¿tú tienes ahí alguna S. L. que sobre?

—Puedo tener una, sí.

—Pues consígueme una S. L.

—Pero, ¿por qué no quieres tú constituir una?

—Por una sencilla razón: porque quiere tener una S. L. constituida en Alicante y que pueda poner… Porque yo ya tengo. Mira las acciones de Togmeo; tengo una de Invalesa y la del grupo Futuro Financiero. Y quiero hacer o comprar una sociedad más, ¿eh? Todas esas son pequeñitas, de tres o de cuatro, pero se van a hacer muy grandes.

—Te acuerdas que tienes una en Valencia desde hace mil años que se llama Publimar, ¿no?

—Sí, pero ya no sé ni dónde está.

—No la hemos liquidado ni nada, ¿eh?

—Claro, podríamos hacer la de Publimar.

—Y cualquier día vendrá Hacienda y nos pegará un paquete por no declarar. Aunque sea negativo. Yo tengo un par de sociedades aquí que te pueden servir.

Inmediatamente, los dos concejales populares cambian de tema y se sumergen en las procelosas aguas de la pugna por el poder dentro de su Partido.

—Yo tengo aquí un cacao increíble.

—¿Por qué?

—Porque me apoya el presidente [Aznar]. Todo Dios, menos Luis Fernando Cartagena, macho, que dice que yo tengo que quedarme con él sólo. Aunque sea para perder.

—¿Cómo?

—Luis Fernando dice que tenemos que mantener el pabellón de la pureza y de las ideas, y que no hay que venderse al oro de Moscú, aunque nos ofrezcan ser presidente [del PP valenciano]; con lo cual estoy en una posición difícil.

—Pero, él cuenta contigo para Secretario Provincial y los demás cuentan contigo para presidente, ¿no?

—Claro, claro.

—Ese es el tema. Bueno, que te sigan proponiendo y cuando se quede…

—Además es que Montesinos quiere ir a Madrid conmigo para fijar la fecha del congreso, y él ha firmado un documento con tres cuartas partes de la provincia diciendo que yo tengo que ser presidente, y quiere que lo firme yo. Me están presionando hasta la saciedad, ¿comprendes?

[…]

—Tú sigue llevándote bien con todos.

—Y tarde o temprano tendré que decir con quién estoy.

—Tú sigue llevándote bien con todos y luego, a lo mejor, que llegue Lucas y te ordene hacer una lista. Y ya está. Entonces, la lista ya se puede hacer. No es que te vaya bien con todas las partes, sino que la hagamos con huevos. Tendrás que hacer mi lista. Y en la lista mía, ¿quién?: pues tú de presidente.

—Mi mejor amigo ahora mismo, mi mejor valedor en Madrid es… Pepe Cholbi.

—¿No me digas? ¡Qué morro tiene!

—Dice que yo soy el futuro.

—Qué morro. Él ha oído por dónde iban las campanas y ahí se apunta.

—Él quiere ser un hombre que me sirva. Pero así, ¿eh?. Me llama ayer…

—¿Te acuerdas? Chaparro, no te metas en política: haz como yo.

Después, hablan de un negocio inmobiliario en Ondara donde piensan actuar como intermediarios.

—¡Joder, tío! ¿El Sánchez va a hacerlo o va a ver el solar?

—En vez de hacer la negociación el Bosch, la haces tú. Como si eso lo tuvieras ya adjudicado. Y entonces le dices: bueno, yo una comisioncita. Le pides dos millones de pesetas, o tres, de lo que quieras.

—Le pido más.

—Eh, lo que te dé, y me das la mitad bajo mano.

—Pues si tenemos que repartir… joder…

—Y yo le digo: págale el contrato a este chico.

—Si tenemos que repartir, macho, tenemos que pedirle un poco más.

—Claro, un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada. Se los explicas tú y le sacas la pasta. Y te contaré. Pero mantén en secreto lo de Sevilla, ¿eh?. El miércoles me llamas y te cuento lo de Sevilla. Me voy a que me lo explique, a ver cómo puedo… Yo voy con un planteamiento fácil. Me sentaré a comer con él [Riera] y le diré: A ver cómo puedo rascar yo aquí. Así, pura y simplemente. Que me dé diversas opiniones y me quedo con lo más fácil. Pero me tengo que hacer rico, porque estoy arruinado, Boro.

—¿Sí? ¿Cómo ha sido eso? Estás trabajando como un cabrón.

—Estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado.

—¿Y eso?

—Me lo gasto todo en política. ¿No ves que yo no tengo sueldo como tú, que cobras de lo que trabajamos todos los españoles? Pues eso es lo que pasa. ¡Ah, que tengo que ganar mucho dinero; me hace falta mucho dinero para vivir! Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?

Aunque la (buena) suerte judicial del caso Naseiro salvó la carrera del concejal benidormí Eduardo Zaplana (futuro presidente de la Generalitat valenciana y ministro de Trabajo) y dejó tocado a su colega valenciano Salvador Palop, cuatro años después la historia pareció repetirse en la persona de Vicente Sanz, presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, a quien un enemigo, no sabemos si personal o de su propio partido, le grabó el 25 de junio de 1994 una conversación telefónica de 45 minutos, hizo copias y las envió a los periódicos, con el consiguiente escándalo. En la grabación, un Sanz de 48 años, que se había afiliado al PP en 1989, se jactaba de poseer varios informes sobre las actividades de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del secretario regional, José Luis Olivas; Sanz decía que estaba en política para «forrarse» y que cuando su partido obtuviera el gobierno valenciano, él ocuparía el puesto de vicepresidente y podría desde allí «mangonear» para retirarse de la política a los 60 años con un patrimonio aproximado de cien millones de pesetas.

Publicado el contenido de la cinta en el diario Levante, de Valencia, Vicente Sanz no tuvo más remedio que dimitir de todos sus cargos, aunque, según sus propias palabras, lo hacía presionado por unas llamadas telefónicas anónimas en las que se escuchaba una conversación suya en la que decía estar en política para ganar dinero. Sanz reconoció públicamente que él y su interlocutor dijeron «alguna que otra barbaridad», y explicó: “Lo que han hecho ha sido quitar toda la conversación de mi teórico amigo; borrar todo lo que había de chiste y de broma, dejando mis palabras a palo seco y fuera de contexto. Una canallada”. A veces, el exceso de sincera confianza puede costar muy caro.

X
EL “MODUS OPERANDI”

Sumario: Procedimiento de investigación judicial que, dilatado en el tiempo, suele tener miles de páginas y muy contadas evidencias, aunque contundentes.

Al grano. Sencillamente, mediante Filesa, Malesa y Time Export se inició como “un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos del Partido Socialista Obrero Español por las campañas electorales, elecciones generales y europeas, del año 1988”. Con esta rotundidad lo afirma la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 28 de octubre de 1997 tras más de seis años de investigación. Aquel era el punto final al largo proceso conocido como el caso Filesa. La verdad judicial, el hecho probado, es que se cometió delito para financiar ilegalmente al PSOE. Y para hacerlo, el alto tribunal consideró probado que “durante los años 1989 y 1991 se recaudaron más de mil millones de pesetas, todas ellas procedentes de pagos realizados por las empresas investigadas, muchas de ellas no enjuiciadas”.

En 1987, el senador Josep Maria Sala Grisó, secretario de organización del PSC, y Carlos Navarro, diputado y secretario de finanzas del mismo partido, compraron Time Export a Carlos Ponsa Ballart, militante socialista de Barcelona. Las cuatrocientas acciones de la empresa las adquirieron por el precio simbólico de una peseta por acción y tomaron el control en su junta general del 30 de septiembre de aquel año. Sala y Navarro pretendían oficialmente que Time Export guardara «el patrimonio histórico del PSC», pero en realidad la habían adquirido para obtener, a través de ella, fondos irregulares para su partido.

A partir de febrero de 1988, con Luis Oliveró como administrador único y la mitad de las acciones a nombre de Sala, fueron creadas varias sociedades, añade la sentencia del Tribunal Supremo. Para sacar al holding del ámbito territorial catalán, entró en el accionariado Alberto Flores Valencia, que fijó su oficina en Madrid. El 18 de noviembre de 1988, y por cuatrocientas simbólicas pesetas, Sala y Navarro vendieron Time Export a Filesa S. A., una sociedad de exportación-importación que permanecía inactiva desde su fundación el 11 de febrero de 1988, el mismo día en que se constituye Malesa. Luis Oliveró era el administrador único de ambas.

Los ajustes empresariales posteriores pusieron el accionariado en manos de Oliveró y de Flores, y el holding quedó constituido de una manera envolvente: Time Export pertenecía a Filesa, y ésta a su vez a Malesa. Sin embargo, fue Filesa la que absorbió casi toda la actividad desde sus sedes de Barcelona y Madrid. “Filesa se programó, con un sinfín de operaciones diversas, tendentes a la obtención de fondos para el partido”, dice la sentencia del Tribunal Supremo. «Una veces emitiendo facturas mercantiles, 29 en total, correspondientes a supuestos informes, inexistentes unos, realizados ficticiamente otros, que se decían que habían sido encargados por distintas empresas con objeto y finalidad intrascendente por lo común». Esos informes eran concertados por Luis Oliveró, con participación y conocimiento de Flores, Navarro y Sala. Estas empresas reflejaban sus pagos o donativos al partido socialista —dice el Supremo— generando «facturas inciertas sobre supuestos servicios prestados a Filesa cuando en realidad lo habían sido al PSOE».

En la trama Filesa resulta totalmente ilustrativo el papel de Miguel Guillermo Molledo Martín y su esposa, Aída Álvarez (una vez más), ya que fueron los únicos «proveedores» que quedaron dentro del proceso judicial. Ambos, que habían desempeñado un papel relevante en el comité electoral socialista de 1986, crearon —como ya ha relatado este libro— las empresas Distribuidora Expres 2020 y Tecnología Informática 1010, cuyo principal cliente era el Partido Socialista. Filesa pagaba a las empresas de Molledo y Álvarez gastos del PSOE tales como el alquiler de la sede electoral de la calle Gobelas, 33, de Madrid.

Antes de ser juzgados y condenados, los organizadores de la trama (Oliveró, Sala, Navarro y Flores), tuvieron que abonar una fianza solidaria de 388 millones de pesetas por responsabilidad civil, y quince millones cada uno de los otros tres encausados que no llegarían a sentarse en el banquillo: Iñigo Larrazabal (El Viso. Delito fiscal), Ramón Moreda Luna (PSOE. Delito electoral) y Carlos Ponsa (Time-Export. Falsedad en documento).

Por el contrario, el juez instructor Enrique Bacigalupo, sucesor del polémico Marino Barbero, dictó el libre sobreseimiento de los otros 28 implicados, entre los que se encontraban dieciséis personajes para los que el fiscal del caso, Antonio Salinas, volvió a pedir su procesamiento. Al final también fueron encausados por apropiación indebida: Juan Antonio Molina Vivas, de ENASA, y Eugenio Marín García, de Cepsa, ambos condenados a seis meses. Luis Sánchez Marcos y Francisco Iglesias Díaz, de Asfaltos y Construcciones Elsan, y Julio Calleja acabaron absueltos. Sin embargo, Aida Álvarez y Miguel Molledo, del Grupo 2020, serían condenados por falsedad continuada en documento mercantil, mientras las investigaciones de otras actividades de Aída Álvarez y su grupo seguían pendientes de resolución en diferentes juzgados. Fuera del procedimiento quedaron: Guillermo Galeote, antiguo responsable de finanzas del PSOE; los banqueros Alfonso Escámez y José Antonio Sáez de Azcunaga: los empresarios Juan Romagosa Petit, de Catalana de Gas; Francisco Más Sardá y José Luis de la Torre, de FOCSA; Miguel Ángel Olalla Mercadé, de Abengoa; José Ramón Lorenzo Elvira, de Hauser y Menet; Carlos García Pardo y Rosario García Lucero, de Producciones Dobbs.

XI
LOS TRAFICANTES DE INFLUENCIAS

Expropiación: Acto por el cual se enajenan empresas en crisis o que pueda causar graves problemas al sistema financiero, para después, limpias de polvo y paja, ponerlas a precio de saldo en manos privadas.

El término es tan nuevo en España que hasta el nuevo Código Penal de 1996 no estaba tipificado como delito. Era, por lo tanto, una actividad mercantil más que, sin embargo, se agazapaba detrás de los escándalos político-financieros más sonoros. En resumidas cuentas, tal como lo definió el propio Felipe González en 1988, se entiende por tráfico de influencias: “el uso del poder de que disponían en el pasado para beneficiarse en el presente, consiguiendo influir en decisiones a favor propio o de sus allegados”.

Si las dictaduras, como dice el filósofo José Antonio Marina, son “intrínsecamente corruptas”, el sistema democrático trajo consigo nuevas maneras, y una de ellas, elegante y europea donde las haya, es la del tan moderno tráfico que floreció, precisamente, durante los primeros gobiernos presididos por Felipe González. Devastadora resulta la visión que ofrece, al respecto, el ex dirigente socialista Pablo Castellano, recogida en su libro de memorias Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias (Temas de Hoy, 1994). “No sólo la especulación inmobiliaria —escribe—, sino también la bursátil se convirtieron [durante los mandatos socialistas] en la columna medular del sistema económico. Con gran aprovechamiento del capital especulativo, al lado de todos y cada uno e los grandes o medianos tiburones empezaron a aparecer los asociados clanes políticos. Ni un grupo industrial, comercial, bancario o financiero dejó de tener su hombre en el Gobierno. El llamado tráfico de influencias llegó a tomar casi de inmediato tal cariz que se institucionalizó en despachos que sin el menor recato estaban regidos por quien no hacía ni una semana antes había estado dirigiendo ese sector, precisamente”. Y da nombres: “Uno de los primeros en descubrir este filón fue el ex presidente de la junta de Andalucía, cesado o empujado a la dimisión allá por febrero del 84 con la publicación de un dossier sobre su chalet, cuya información llegó a la prensa remitida desde la calle Ferraz, planta noble”.

El primer caso (“escandaloso” para una derecha poco acostumbrada entonces a sofisticaciones) lo protagonizó el socialista José María Calviño quien, tras dejar la dirección general de RTVE, trató de lanzar Canal 10. Alianza Popular denunció que Calviño era un antiguo alto cargo que había utilizado el poder de su anterior responsabilidad, como Director general del Ente público RTVE, para organizar una empresa paralela a TVE, privada, vía satélite, que al emitir desde Londres traspasaba sutilmente los límites de la Ley Reguladora de la Televisión Privada española. “Su comportamiento no es ético”, repitieron los populares.

El segundo caso lo puso en bandeja Pablo Castellano, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial por el PSOE. El 17 de octubre de 1987, el diario El Independiente publicó una entrevista en la que Castellano acusaba: “Txiki Benegas y Abel Matutes se han asociado para hacer una urbanización en Formentera con capital español y luxemburgués de más de 6.000 millones de pesetas”. Tanto el número tres del PSOE como su amigo, el entonces vicepresidente de Alianza Popular y comisario de la CEE, desmintieron a Castellano. “Difícilmente puedo estar implicado —matizó Matutes— porque las firmas Torregadinas, S. A. y Formentera, S. A. se vendieron en 1986 a Interpart, una sociedad luxemburguesa al frente de la cual se encuentra el italiano Giancarlo Parretti”.

Según publicó el diario Ya, en agosto de 1987, Benegas, de vacaciones en Formentera, telefoneó al alcalde socialista, Bartolomé Ferrer, para que pasara un rato con él y con Matutes. Ferrer, según sus propias palabras, rehusó tan distendida invitación mientras mantenía un contencioso con Parretti sobre la propiedad de uno de los terrenos que le había vendido Abel Matutes. Pero Pablo Castellano, además, desveló que Benegas intervino desde Madrid para evitar la clausura de KU, en Ibiza, la discoteca denunciada por los vecinos en 1985 por incumplimiento de horarios de cierre, irregularidades urbanísticas y falta de licencia para funcionar. “Iban a cerrar KU porque no reunía las condiciones. Lo impidieron”, relató. Tal atrevimiento le costó el carnet del partido a Pablo Castellano, el hombre que estuvo a punto de desplazar a Felipe González en la dirección del PSOE en Suresnes. González por fin pudo quitarse de encima al dirigente de Izquierda Socialista y uno de los máximos representantes del sector crítico del PSOE desde 1976.

El primer presidente de la Junta de Andalucía, el ya citado Rafael Escuredo, es otro de los supuestos traficantes de influencias más destacados. Dedicado a los negocios desde su despacho de abogado, fue él quien anduvo tras la recalificación urbanística de unos terrenos cercanos al campo de fútbol del Sevilla. Escuredo defendía los intereses de la empresa Construcciones y Contratas. Su nombre también aparecía en el contencioso surgido entre la Junta andaluza y Sevillana de Electricidad, que mantuvo su primer consultorio, Frontera 2000, en el que trabajaba junto a tres antiguos altos cargos de la Junta: Fernando Feijoo, Enrique García Gordillo y José Antonio Sáenz. Andalucía ha dado un buen número de antiguos altos cargos dedicados a negocios que han desatado polémica por conseguir suculentas contratas de las entidades públicas.

El secretario particular de Felipe González hasta junio de 1987, Julio Feo, también ha estado en el centro de la polémica. Al abandonar su cargo y saltar a la empresa privada, Feo ingresó directamente en la Trilateral y creó el consulting Comunicación y Dirección, asociado al ex secretario de Estado para el Turismo, Ignacio Vasallo. Su otra empresa de comunicación era Eventos, con la que Feo se dedicaba a la organización de actividades de todo tipo y a la búsqueda de patrocinadores. Entre sus clientes, estaba Ronald Anthony Clegg, presidente del grupo Montleigh, que compró Galerías Preciados.

En el Congreso de los Diputados, el 5 de mayo de 1988, Alianza Popular lanzó su última traca ruidosa sobre supuestos traficantes de influencias. En un escrito, el principal partido de la oposición denunciaba: “La falta de procedimientos legislativos específicos exige que la comisión estudie supuestos reales que le permitan inducir criterios claros para la tipificación y sanción de las referidas conductas”. A renglón seguido, solicitaba la comparecencia de ocho ex altos cargos por el siguiente orden:

“—Miguel Boyer, ex ministro de Economía, como responsable del departamento de Economía y Hacienda durante la primera fase de privatización de Rumasa.

“—Javier del Moral, ex director general del Patrimonio del Estado, como Presidente de la Comisión asesora del Gobierno para la enajenación de las acciones y sociedades del grupo Rumasa.

“—Julio Feo, ex secretario general de Presidencia del Gobierno y empresario de publicidad, para que amplíe información sobre su actividad de mediación entre empresas privadas y organismos públicos.

“—José María Calviño, ex director general del Ente Público RTVE, para que amplíe información sobre sus actividades de mediación y asesoramiento a empresas privadas con relación a las Administraciones públicas.

“—Rafael Escuredo, ex presidente de la junta de Andalucía, para que amplíe información sobre el ejercicio de su actividad profesional y de mediación ante organismos públicos.

“—Joan Majó, ex ministro de Industria y Energía, ex director general de Electrónica e Informática, presidente actual de Hispano Olivetti, para que amplíe información sobre determinados aspectos de gestión pública.

“—Manuel del valle, alcalde de Sevilla, para que aporte su experiencia sobre inversiones urbanísticas.

“—y Donato Fuejo, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, para que informe sobre las inversiones inmobiliarias del consejo de su presidencia”.

Evidentemente, todas las propuestas fueron rechazadas. Como ya se ha explicado: el tráfico de influencias no era delito todavía. No fue incluido en el Código Penal hasta mayo de 1996. Es cierto que se creó una comisión parlamentaria para investigar el asunto, pero todo quedó entre las confortables paredes de la política.

INTERMEDIARIOS DE «ALTA VELOCIDAD»

Y en este universo, destacan dos intermediarios que «gestionaron» los contratos del AVE, el tren de alta velocidad. Tanto Juan Carlos Mangana Morillo como la antigua responsable de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, fueron acusados de cobrar comisiones superiores a los 825 millones de pesetas pagadas por la multinacional Siemens, para que influyeran en círculos gubernamentales y que la empresa alemana obtuviera los mejores contratos de Renfe para el AVE. En este negocio tuvo también un papel estelar el antiguo embajador de Alemania en Madrid, y posterior ejecutivo de la Siemens, Guido Brunner, considerado una pieza clave en otras operaciones de tráfico de influencias tan jugosas como la venta al consorcio alemán Daimler Benz la empresa Pegaso.

Tanto Álvarez como Mangana estaban involucrados en el caso Filesa y eran (son) comisionistas del proyecto urbanístico Madrid Sur 93. Directamente fue Mangana quien, a través de su empresa GMP Consultores, cobró a Siemens la espectacular cifra de 800 millones de pesetas por su intermediación. El escándalo de su pelotazo fue tal que el secretario de organización socialista, José María Benegas, lo invitó a que se marchara del partido.

XII
FILIBUSTEROS DE LA INGENIERÍA FINANCIERA

Filibustero: Nombre de ciertos piratas que infectaron el mar de las Antillas.

Pelotazo: Enriquecimiento rápido mediante una operación financiera sin escrúpulos, vinculada principalmente al capital especulativo. Una de las características de la España de los años 90.

Muy a menudo, el escándalo nace del desajuste provocado entre quienes consideran que determinada práctica es corrupta y quienes no la consideran así. El choque entre dos interpretaciones de la misma realidad acaba muchas veces en combate cruento, político, sólo zanjado por el tiempo, notario injusto que cicatriza muchas heridas sucias y llena de gangrena otras que no lo eran tanto. Pues bien, el territorio de la corrupción ha sido surcado en España por personajes de diversa catadura, vinculados siempre a la llamada cultura del Pelotazo, a la ingeniería financiera puesta al servicio del capital especulativo, a los negocios privados de cargos públicos transmutados en jugadores de ventaja. Con las cartas marcadas por la información privilegiada y los contactos a muy alto nivel, o girando como una peonza alrededor de la estructura financiera de los partidos, se ha gestado una nueva categoría de empresarios. Aunque inmersos en plena crisis económica internacional, la primera mitad de los años 90 ha estado marcada por el reinado social de esta fauna emergente de nuevos millonarios. Al pistoletazo de salida que dio Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía durante los años 80, siguió la consagración elocuentemente expresada por su sucesor en el cargo, Carlos Solchaga, cuando en 1993 proclamó a los cuatro vientos: «Quizás éste sea uno de los países donde se pueda ganar más dinero de todo el mundo». Pero algunos ni siquiera necesitaron tomarle la palabra. Eran el modelo, el ejemplo a seguir, eran…

Con mil millones de pesetas, y un préstamo de otros cuatro mil millones, Juan Abelló y su amigo Mario Conde, se hicieron con el control de Antibióticos S. A. En 1987, dieron el gran pelotazo al vender esta empresa a Montedison por 56.300 millones de pesetas, compraron el 3 por 100 de la multinacional por 18.000 millones, y se sentaron así en su consejo de administración. Con 21.000 millones (de los que 12.000 correspondían a Conde), los dos socios se lanzaron a la compra de acciones del Banco Español de Crédito (Banesto), hasta hacerse con el 7 por 100 del banco. Y así, enriquecido repentinamente, el abogado del Estado Mario Conde Conde se alzó, en 1990, con la presidencia del Banesto, entidad huérfana después de la muerte de Aguirre Gonzalo y tras las presidencias de Garnica y López de Letona, tres ilustres apellidos del franquismo bancarios.

Desde entonces, y tras su ruptura con Abelló, el poder y la gloria de Mario Conde se conjugaron con el control de empresas periodísticas y la utilización del banco en beneficio propio y de sus amigos, mientras jugaba a filántropo, renacentista y le concedían el título de doctor honoris causa. También trató de entrar en la política, siempre señalado como gran esperanza blanca de la nueva derecha española. Primero, la AP de Verstrynge y Fraga, después Aznar y su PP comenzaron a temer a este hombre providencial que se había convertido en modelo después de pagarse una densa campaña de buena imagen.

Sin embargo, su caída fue estrepitosa cuando el día de los santos inocentes de 1993 le quitaron su banco. Después, llegó la cárcel decretada por el juez García-Castellón, la fianza de dos mil millones de pesetas, la contratación del miembro del CESID Juan Alberto Perote, la filtración de documentos y el pulso engreído contra Felipe González. Hasta sentarse en el banquillo, Conde se creyó intocable. Envidiado y amado, era el personaje público mejor valorado en las encuestas y por todas partes era ofrecido como el ejemplo a seguir: era el triunfador nato para una generación de jóvenes que además, con él, redescubrió el valor social de la gomina.

Pero su estatua, erigida dentro de la cultura del pelotazo, tenía los pies de barro y su ascenso a la presidencia bancaria le ha conducido al banquillo. La Audiencia Nacional, varios juzgados ordinarios, algunos tribunales europeos, el Banco de España y el Congreso de los Diputados han puesto en la picota a Mario Conde y a su equipo directivo. Está acusado de maquillar los balances con artificios contables, de vender las mejores empresas de la Corporación, de invertir en medios de comunicación sin rentabilidad, de morosidad en los préstamos y de fomentar alianzas extrañas; y se le imputan los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas.

En el largo proceso que se sigue contra él, los jueces tratan de saber, entre otras cosas, si Conde cobró comisiones por las ventas, si se benefició con la operación con el Grupo Oasis, donde Banesto perdió 25.000 millones de pesetas, si eran lícitos los préstamos a bajo interés que Conde y los suyos se concedieron a sí mismos y con los que Conde se compró sus fincas y su yate. Su gestión fue tan nefasta que dejó La Unión y el Fénix en estado de liquidación, con casi 40.000 millones de pérdidas. El Congreso encontró indicios de delito —un quebranto a los accionistas de Banesto estimado en 70.000 millones— y sobre él pesan acusaciones de falsedad, maquinación y apropiación indebida. Como Conde dijo en enero de 1994: «Nadie puede blindarse contra la verdad», pero él ha conseguido blindar sus propiedades contra los tribunales. Así, su esposa Lourdes Arroyo, es dueña de todas las propiedades del presunto delincuente desde el 2 de febrero de 1994. La discreción de Arroyo ha sido tal que ha conseguido convertir a su marido en «insolvente», ya que el famoso tiburón dispuso, desde la intervención de Banesto, del tiempo suficiente para poner las empresas, los dineros y las fincas a nombre de la fiel esposa, con la que está casado en régimen de separación de bienes. Es decir, libre de embargos. Los jueces no han podido tocarle ni la finca La Salceda, desde donde Conde se dedicó supuestamente a la subversión contra el gobierno establecido. ¿A conspirar, acaso? Aunque el ex banquero sólo tiene a su nombre el domicilio familiar, pudo aportar sendos cuadros de Picasso, Gris y Braque como fianza para evitar un nuevo ingreso en prisión.

Los hechos son testarudos, y el otro rey del pelotazo, Javier de la Rosa Martí, se las ha tenido que ver con los tribunales y la cárcel. El sorprendente De la Rosa comenzó su andadura en la Banca Garriga Nogués, donde marcó su sello personal. En 1985, dimitió como consejero delegado de esta Banca, grupo filial del Banesto, dejando tras de sí un agujero de 98.500 millones de pesetas, junto a una retahíla de irregularidades, tales como el nombramiento de altos cargos de la Administración como asesores, la concesión de créditos sin avales, la captación de fondos a precios excesivos, manipulaciones contables, préstamos incontrolados y unas pérdidas de 53.000 millones de pesetas en el lanzamiento de la explotación agraria Tierras de Almería.

Sin embargo, Banesto no le investigó y De la Rosa siguió controlando su cafetal bancario, alabado como empresario modélico. Después, en 1993, tras ser el representante de los intereses kuwaitíes en España, KIO le acusó de haber provocado pérdidas de 100.000 millones de pesetas en la empresa Torras. También como gestor de KIO en España, De la Rosa desvió 7.000 millones de pesetas a cuentas privadas en Suiza y Londres, según la justicia británica, en cuyas investigaciones se asegura que KIO pagó 30.000 millones de pesetas a políticos españoles para garantizarse su apoyo durante la guerra del Golfo.

Encarcelado el 19 de octubre de 1994 y puesto en libertad el 14 de febrero de 1995, tras pagar una fianza de 1.000 millones de pesetas, sobre Javier de la Rosa pesan las acusaciones de falsedad, estafa y apropiación indebida por su gestión al frente de Grand Tibidabo. Esta suma de escándalos culminó, en noviembre de 1995, con una operación de supuesto chantaje al Rey, relacionada con Diego Prado y Colón de Carvajal, quien a su vez, cuando fue presidente del Banco de Descuento, dejó un agujero de 24.000 millones de pesetas y numerosas anomalías contables.

Mientras reinó, Javier de la Rosa no fue solamente un «empresario modelo» para el president Pujol; también consiguió los favores de altos cargos de Hacienda, su mecenazgo alcanzó al mismísimo Partido Popular en Madrid, a través del dirigente catalán Enrique Lacalle. El 2 de noviembre de 1997, Javier de la Rosa declaró, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que en 1991 había entregado al PP veinte millones de pesetas para financiar su campaña electoral. Lacalle incluso le agradeció el donativo «por carta». Así lo relató De la Rosa, a la juez Palacios: «Personalmente, a petición de Lacalle, aporté veinte millones de pesetas al Partido Popular en Madrid, en abril de 1991. En aquel momento, Lacalle se presentaba a las elecciones municipales en Barcelona, el PP le había dejado solo y necesitaba dinero para la campaña. Al estar centralizado en Madrid fue en esta capital donde entregué ese dinero. Quiero hacer constar que Enrique Lacalle es una buena persona, que había sido amigo mío y me consta su honestidad». Y De la Rosa añadió: «En 1992 participé con cinco millones en la rifa que organizó el PP».

XIII
DESDE LA OCUPACIÓN HASTA EL ESCÁNDALO

Escándalo: Acción o palabra que es causa de que uno obre mal o piense mal de otro. Fig. Asombro, pasmo, admiración (según el Diccionario ideológico de Julio Casares).

Días después de aquel 12 de enero de 1991, en que Felipe González formara su quinto gabinete sin Alfonso Guerra e infringiera una dura derrota del sector guerrista, se fraguó el divorcio político de un tándem que hasta entonces, había funcionado como un matrimonio indisoluble. Aunque seguía como diputado por Sevilla, Alfonso Guerra, el oyente, el cocinero, el machadiano, el de la lengua viperina, salió del escenario y, desde entonces, se mantiene entre las bambalinas. El tiempo y la leyenda jamás precisarán con exactitud la auténtica personalidad del ex vicepresidente del Gobierno. Como en un juego de espejos, la imagen política de Alfonso Guerra al complementarse con la visión de su vida privada, no da como resultado el retrato real del personaje, completo o, cuanto menos, veraz. Nos quedaremos con las ganas de saber si este perito industrial, licenciado tardío en Filosofía y Letras, nacido en Sevilla el 31 de mayo de 1940 en el seno de una familia humilde de once hermanos, es ángel o diablo.

En última instancia, Alfonso Guerra fue el causante de su propia caída. En su comparecencia ante el Congreso, del 2 de febrero de 1990, no convenció a nadie. Estas fueron sus palabras: «El vicepresidente [refiriéndose a sí mismo] no tiene constancia de que en ese despacho [el que ocupaba su hermano Juan en la delegación del Gobierno en Sevilla] hayan tenido lugar actividades distintas de aquellas a las que estaba destinado. En lo que a mí respecta, puedo afirmar que jamás en mi presencia, ni con mi consentimiento, se han realizado gestiones privadas en esa dependencia».

Después, realizaba casi una declaración de principios: «Jamás he participado en negocios o en actividades económicas de ningún tipo, no sólo en aquellas que son incompatibles con un cargo público, sino en ninguna. Siendo los negocios una actividad respetable, nunca me han interesado ni he sentido afición a ellos. El ganar dinero no forma parte de mis aspiraciones, ni es algo que me preocupe especialmente. Siempre he vivido de mi sueldo». Y prosiguió su intervención con una afirmación que provocó no pocas sonrisas: «Nunca he pedido a las personas de mi entorno, incluido don Juan Guerra, que me informen de sus actividades privadas, ni ellos lo han hecho. Si ello puede parecer ingenuo a algunos, lo lamento, pero para mí el respeto a la vida privada de las personas se extiende también a los miembros de mi familia».

Resultaba increíble que el hombre mejor informado del Gobierno se hubiera convertido en ciego y sordo. Su discurso, revisado en el tiempo, da una verdadera lección metodológica de su autor; quien, inmediatamente, pasó al contraataque: «¿Tiene lógica que desde hace siete años se pretenda sistemáticamente, y siempre mediante acusaciones no demostradas, convencer al pueblo español de que sus gobernantes son poco menos que delincuentes? ¿Qué tipo de malestar público, qué alarma social se quiere crear y con qué fines? En democracia, cuando existe corrupción de los gobernantes es una excepción y se puede descubrir, corregir y sancionar. En los sistemas totalitarios la corrupción es la norma y casi siempre queda impune. Quienes pretenden hacer ver que esto es lo que hoy ocurre en España, quizás llevados por sus añoranzas, no sólo están haciendo algo injusto, están jugando un juego peligroso en el que algunos colaboran por afán de lesionar al adversario político, o por afán de vender más periódicos».

LA TINTA DEL CALAMAR

Los portavoces de los grupos parlamentarios, en sus intervenciones, trataron de acosar al vicepresidente; plantearon la existencia de tráfico de influencias y el abuso cometido en la utilización de un despacho público para fines privados. Pero Alfonso Guerra, como se dice popularmente, se revolvió en un ladrillo y se lanzó a la yugular de sus adversarios con ese estilo afilado que siempre le caracterizó. Durante sus réplicas, en palabras de Nicolás Sartorius, el vicepresidente empleó el método del calamar que, ante el peligro, suelta tinta para emborronarlo todo, para manchar al adversario y facilitar su propia huida.

Virulento como pocos, el combate pugilístico fue revelador. Primero le llegó el turno al Partido Popular. “Ustedes son capaces de atacar a un adversario político imputándole actividades de personas cercanas sin pruebas, y nosotros no”, les dijo Guerra antes de referirse directamente a Rodrigo Rato: «Algunas de estas empresas que se dirigen a mí para solicitar concesiones tienen como vicepresidente del consejo de administración a una persona, a la que no le imputo ninguna actividad ni ilegal ni ilícita, que resulta que también es hermano de un diputado de esta Cámara, y que es el portavoz del Grupo Popular. Podría yo preguntar: ¿es que conoce esta gestión su hermano, el diputado y portavoz del Grupo Popular? ¿Es que se responsabiliza de esa gestión?. Y no lo hago. No sólo porque sea el hermano de quien ejecuta la acción, sino que el diputado portavoz [Rato] es uno de los principales accionistas de esa compañía. Es más: es el secretario del consejo de administración. El diputado, no el hermano. ¿Imputo yo que haya tráfico de influencias o favoritismo? Yo no lo hago. Si lo hacen los señores del Grupo Popular habrá que pensar si, realmente, ha habido algún tipo de favoritismo por parte de la Administración. O si lo hubo, por ejemplo, cuando en la época anterior, en la etapa de UCD, se concedieron a esta compañía [Cadena Rato] veinticuatro emisoras, siendo el subdirector general de emisoras el cuñado del diputado, hoy consejero-delegado de la empresa».

Guerra siguió su diatriba:

«¿Se puede considerar tráfico de influencias las muchas cartas pidiendo recomendación, escritas por diputados, por miembros del Partido Popular, incluso por cardenales? Respondan ustedes. Yo no quiero citar aquí los nombres, pero tengo muchas cartas, varias, de un diputado que no voy a citar, pero que antes sonreía mucho ante la intervención del representante del Grupo Socialista, pidiendo cobertura de puestos en régimen de contratación en la administración, desplazamientos, traslados de funcionarios, beneficios de concursos-oposición convocados… Vean ustedes si es tráfico de influencias.

«Sin citar la persona de la firma, pero por relajar un poco el debate, sí citaré un trozo de una carta. Es una carta dirigida al entonces presidente de Castilla-León, José María Aznar. Tiene gracia porque empieza diciendo: «Querido presidente: eres fabuloso. La mejor acusación que creo yo podía hacerte ya la tienes: representar en España a la derecha thatcheriana ¡Vaya ofensa!». Naturalmente, el fondo de la cuestión era recomendar a una secretaria para que le buscase puesto en la Comunidad de Castilla-León. Estos son algunos de los casos que podrían considerar. Bueno, hay muchos más. Hay un miembro de su grupo que llega a hacer 147 preguntas sobre un tema industrial medioambiental, pero resulta que, a la vez, la misma persona ocupa un puesto muy importante de consejero-delegado en un consulting de ingeniería del medio ambiente que asesora, que diseña para las empresas».

Uno otras otro, el vicepresidente contestó a Izquierda Unida: «Lo que hay que tener son datos»; a Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, de quien llegó a mofarse: «Ha dicho que los políticos somos chivos expiatorios. Reconocerá usted conmigo que unos son más chivos que otros»; a Alejandro Rojas Marcos, del Partido Andalucista: «Debía ser algo más prudente porque en Sevilla nos conocemos de lejos». Y a Iñaki Anasagasti, del PNV: «Parece que para algunos mi primer error político ha sido no haber nombrado a un familiar con cargo al Estado, que es lo que parece que han hecho todos con anterioridad; siguen haciéndolo en otras administraciones y no pasa nada. De no haber sido familiar mío, no se habría producido el escándalo que se ha montado, fabricado, como ustedes quieran».

Y Guerra no pudo menos que recurrir al sarcasmo para concluir esta primera respuesta a los portavoces. «Quiero repetir taxativamente que nunca he autorizado a nadie para que utilice mi nombre en ninguna actividad económica o privada. Tal vez alguien lo haga y puedo contar la anécdota, que ya he mencionado alguna vez, de personas que me piden una fotografía dedicada. Algunos del Partido Popular me las han pedido a veces y se las he mandado. Pues alguno, llevando esa fotografía, ha dicho que tenía amistad conmigo y ha solicitado un crédito, incluso alguien ha podido picar. Pues bien, si alguien lo va a hacer que no cuente que estoy yo detrás. Mi representación la tengo yo».

Entre risas, aplausos y abucheos, la sesión contó también con la oratoria breve de José María Aznar quien, por alusiones, tomó la palabra para decirle a Guerra: «Evidentemente, entre nosotros políticamente, e incluso personalmente, puede haber muchas diferencias y me da la sensación de que, después de este debate, va a haber más. Señor vicepresidente del Gobierno, ni nuestro representante del Grupo Popular ni yo, en ningún caso, hemos hecho insinuación de usted ni del señor presidente del Gobierno, y las suyas, señor presidente, se lo digo, se lo garantizo, y no se equivoque: ni en Burgos, ni en Albacete, ni en Cádiz, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni donde usted quiera. Ni en España ni fuera de España. Donde usted quiera, señor vicepresidente del Gobierno. Le tengo que decir que, después de oír su intervención, podría producir irritación, pero no la produce; podría producir desprecio o tal vez risa. Simplemente produce una cosa: pena, señor vicepresidente».

En su contra-réplica, Alfonso Guerra se ensañó con el presidente del Partido Popular. «El señor Aznar ha hecho una intervención que no acabo de entender, porque, con una actitud ciertamente que recuerda a la que ellos dicen que somos los socialistas: prepotente, con un estilo un poco pasado de moda, ha dicho que yo he hecho insinuaciones. Al contrario: yo he dicho que no creía que hubiera ninguna responsabilidad en esos hechos. (…) Yo no he hecho imputación, al contrario, he dicho: ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber actos delictivos por reunirse en el despacho oficial del señor Aznar? ¿Por qué hay que hacer siempre presunción de culpabilidad de los políticos? Yo he hecho lo contrario. De verdad, no le he entendido cuando usted, con un tono encendido, ha dicho: aquí, en Burgos, en Albacete, en España y en el extranjero. ¿El qué? Me recordaba lo de: eso me lo dices en la calle. No entiendo el qué. Como no sé lo que es, pues en ninguna parte. De acuerdo».

Aunque los dirigentes socialistas se resistieran a creerlo, la derrota del PSOE comenzó a fraguarse aquel mes de febrero de 1990, cuando Alfonso Guerra, espoleado por el escándalo de su hermano Juan, no convenció a nadie. A tenor de los posteriores acontecimientos, sus palabras, lanzadas en olor de multitudes en un mitin celebrado en Sevilla a finales de aquel mes, tienen una especial significación. El todavía vicepresidente del Gobierno afirmó ante veinte mil personas: «…Y pretenden deteriorarnos desde el punto de vista de la ética. Pero en los próximos meses vamos a ver grandes cosas. Porque los socialistas les vamos a tomar la palabra. ¿Quieren catarsis? Hagamos la catarsis para todos, para ellos también. Los socialistas muchas veces hemos estado haciendo de muro de contención, y nos pide la derecha que sigamos haciéndolo para seguir golpeándonos. Pero un día vamos a dejar de hacer de muro de contención de la demagogia y vamos a tomarles la palabra».

¿Es pura coincidencia que, después de tres meses de caso Juan Guerra, «la catarsis» irrumpiera en partidos tan distintos y distantes como Convergencia i Unió, Partido Andalucista y el mismísimo Partido Popular de José María Aznar? ¿Habían dejado los socialistas de ser, como anunció Guerra, el muro de contención de la corrupción?. Setenta días después de las palabras de Alfonso Guerra, el presidente González salió a la palestra para retomar el tema. Lo dijo en el Congreso de las Juventudes Socialistas, celebrado en Madrid el domingo 6 de mayo de 1990: “Un poder hipotecado hace la democracia inútil, y la hipotecad del poder nace de la corrupción”. Después, defendió la independencia del poder político para hacer frente a la corrupción. ¿Se cerraba la catarsis? ¿o el cataclismo estaba provocado por el levantamiento de la veda? Porque en el camino quedó el secretario general del president Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, mientras se aireaba una querella contra Pedro Pacheco, líder del Partido Andalucista, uno de los grupos más beligerantes contra el PSOE en el caso Juan Guerra.

Lluís Prenafeta, a sus cincuenta años, brazo derecho de Jordi Pujol, era el hombre que concentraba mayor poder en Cataluña. La oposición catalana le acusaba de aprovechar su puesto en la Generalitat para realizar negocios relacionados con las empresas de piel de su familia. Incluso se insinuó que algunos viajes de Pujol habían sido realizados para favorecer intereses profesionales de Prenafeta, ajenos a la Generalitat. «Son invenciones de maniqueos que, a fuerza de decirlas, acaban creyéndoselas —declaró al periodista Antonio Fernández—. Yo solamente he ocupado, y ocupo, un cargo en el consejo de administración de una compañía de seguros desde el año 1989. Accedí a él porque pedí la compatibilidad y me fue concedida. Si no fuera así no habría aceptado ese cargo. Tengo la impresión de estar permanentemente investigado, inspeccionado, fiscalizado, perseguido y “escuchado” desde hace años. Por tanto, no me sorprende cuando me informan que se está preparando una investigación. Pienso que es una más, como tantísimas. Para mí no constituye ninguna sorpresa y, evidentemente, no ha sido motivo para acelerar mi decisión. Yo reacciono con total indiferencia. En esta casa tenemos mucha experiencia en esto de las querellas, ¿sabe? Le recordaré la de Banca Catalana que, por cierto, propició la misma fiscalía que ahora propicia la mía. Yo no soy el caso Guerra de Cataluña”. Y concluyó con una amarga advertencia: “Yo hasta ahora he actuado en un escenario, entre los decorados, entre las candilejas, por el foro, pero a partir del uno de junio voy a salir al escenario, aunque cambiando de teatro». Prenafeta se fue a casa y se sumergió en el silencio; su mutis que persiste todavía en el año 2001.

A mediados de abril de 1990, cuando la tormenta Juan Guerra comenzaba a «escampar», según la expresión de Felipe González, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, comenzó una investigación judicial para determinar si Pedro Pacheco, alcalde andalucista de Jerez, intervino en favor de un grupo de empresarios vinculados a su partido en la expropiación de unos terrenos sobre los que se ubicaría Sherryworld, un parque de atracciones de reminiscencias disneyanas. Las investigaciones del fiscal Portero, aireadas por la prensa, partían de una empresa consultora denominada Studio 4, que el ayuntamiento jerezano había contratado para tasar el valor de las cuarenta y tres parcelas de la finca Los Garciagos, de 58 hectáreas.

El 10 de noviembre de 1988, los funcionarios municipales ya habían fijado el valor de los terrenos en 120 millones de pesetas, pero los dueños de las parcelas reclamaban 850 millones. Ante el desacuerdo, se realizó una segunda tasación encargada a Studio 4 que, en mayo de 1989, valoró Los Garciagos en 235 millones de pesetas. Aunque se quejaron los dueños, Pedro Pacheco mandó expropiar llamando «catetos» a los hasta entonces propietarios de las parcelas. Un mes más tarde, un grupo ecologista denunció que dos de los socios de Studio 4 eran, al mismo tiempo, funcionarios: José García Serrano, jefe provincial de Obras del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria, y Javier Pérez de Eulate, tasador de la Delegación de Hacienda en Jerez.

Y ahí no quedó la cosa: ambos «tasadores» eran también socios en tres de las empresas que promocionaban el proyecto Sherryworld. En tan oportuno momento de catarsis, mientras el Partido Andalucista presentaba contra Juan Guerra una querella criminal, el fantasma del cohecho y la corrupción planeaba sobre la cabeza de los acusadores mientras se eclipsaba la estrella política de Alfonso Guerra, el único que entonces pagó un alto precio, con un naufragio político sin precedentes, pero que encarnaba el principio del fin de los socialistas en el gobierno.

LA REACCIÓN DELA OPINIÓN PÚBLICA

¿Qué tuvo de especial el caso Guerra? ¿Qué fuerzas se conjuraron para convertirlo en escándalo? En contra de lo que muchos creen, son muy pocos los casos de corrupción que acaban provocando escándalo, dado que la mayoría de las corrupciones permanecen ocultas. Además, influyen aspectos de cultura política, costumbres morales, relaciones de poder entre los gobernantes y los ciudadanos. El profesor Fernando Jiménez Sánchez ha estudiado el escándalo político como un fenómeno diferente de la corrupción. En su libro Detrás del escándalo político. Opinión pública, dinero y poder en la España del siglo XX, (Tusquets. Barcelona, 1989) define el escándalo político como «una reacción de la opinión pública contra un agente político al que considera responsable de una conducta que es contemplada como un abuso de poder o una traición de la confianza social… El escándalo puede ser considerado una forma de control social. Frente al escándalo, es la opinión pública el sujeto que tiene el papel central».

Y la opinión pública española condenó a Alfonso Guerra aunque tuviera los bolsillos de cristal, mientras la prensa amplificaba la gran mentira de falso jacobinismo. Un asunto como aquél, en apariencia menor, desembocaba en una crisis política; un fenómeno que, sin embargo, ha sido analizado por politólogos como Erhard Blankenburg, quien, en su ensayo «Political Scandals and Corruption Issues in West Germany», explica: “El grado de prácticas corruptas y el escándalo de que se les rodea no tienen necesariamente una correlación de uno a uno […] y probablemente varían independientemente de cada cual”. También Heidenheimer escribe en su texto citado: «Cualquier intento de discutir sobre los escándalos en términos de una metáfora blanco-negro o de escala cromática, debe reconocer que el proceso de escandalización suele implicar una gama de transformaciones camaleónica. Esto viene a hacerse eco de la tesis según la cual los escándalos pueden ser a la vez un signo de desafío intermitente a la legitimación de la autoridad política».

Con el estallido del caso Guerra, el PSOE profundizó una táctica: en vez de asumir sus responsabilidades políticas, el Gobierno de Felipe González trató de orientar hacia los juzgados los casos de corrupción con el deseo de reducir su impacto. Esta estrategia imitaba el «modelo inglés», que tan buenos resultados había dado al Gobierno británico, pero en España no funcionó y, como consecuencia, quedó abierto el camino a la judicialización de la política española y a la politización de los tribunales. Todo ello aderezado con afirmaciones desafortunadas como aquella del mismo Alfonso Guerra en la que anunciaba la muerte de Montesquieu y el final de la división e independencia entre los poderes legislativo y ejecutivo.

Sin saberlo, los socialistas acababan de inaugurar en España una nueva época que, años más tarde, el propio Alfonso Guerra describiría con cierto aire teórico en su libro La democracia herida (Espasa, Madrid, 1997). «En los países del sur de Europa se ha conocido la aparición en escena de dos fenómenos complementarios: judicialización de la política y politización de la justicia. Y ¿posterior? descubrimiento por la derecha de las posibilidades que ese proceso ofrece de intervención en la destrucción del adversario». A renglón seguido, el ex vicepresidente del Gobierno afirma: «La judicialización se produce cuando los que impulsan la persecución judicial son actores políticos, partidos políticos, que se convierten en actores judiciales, forman parte del proceso. El eje de la estrategia política pivotará sobre procesos judiciales más que en la confrontación de ideas políticas y programas».

Esta judicialización de la política tiene para Javier Pradera (El País, 24 de mayo de 1999) consecuencias muy graves. «La estrategia de alejar el control sobre la acción del Gobierno de la sede parlamentaria para judicializar la política ha debilitado el sistema democrático, ha mermado la legitimidad de los tribunales (víctimas de una politización de la justicia simétrica) y se ha vuelto contra quienes recurrieron al mecanismo de las responsabilidades penales para rehuir o aplazar sus responsabilidades políticas».

Desde el ámbito de la magistratura, una persona tan cualificada como Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cuando estallaron los escándalos, llegó a manifestar en su momento que todos los casos corrupción en España están (o han estado) ante los tribunales y que «no existe ni ha existido en nuestro país un clima generalizado de corrupción, aunque algunos de los episodios que están siendo juzgados sean especialmente relevantes. Considero que iniciativas judiciales programadas con el espíritu de quien afronta una cruzada son manifestaciones patológicas que revelan una quiebra importante en el ordenamiento de las instituciones y, desde luego, una visión desenfocada de la función de los jueces»[16].

DESDE EL PRIMER ESCÁNDALO EN DEMOCRACIA

Como una premonición de los vientos que se avecinaban, en septiembre de 1981 el socialista Alonso Puerta fue expulsado del PSOE por denunciar una concesión irregular de contratas de basuras en el ayuntamiento de Madrid propiciada por su partido en favor de la empresa Semat. El asunto saltó a los periódicos y se convirtió en un escándalo que, desde el punto de vista metodológico, trajo consigo la novedad de castigar al denunciante en vez de investigar los hechos. Si Alonso Puerta fue expulsado del PSOE por “el considerable daño que ha hecho a la imagen del partido”, este mismo argumento serviría, casi dos décadas más tarde, para expulsar del Partido Popular a dos de sus dirigentes: Francisco de la Barreda, que osó denunciar por corrupción a varios de sus correligionarios en el llamado caso Tenerife, y José Antolín Martín, que destapó el caso Zamora. Por lo que se ve, algunos miembros de la última generación de políticos son incapaces de aprender alguna lección de la experiencia ajena.

Aquel 31 de agosto de 1981, los miembros del gabinete de dirección del Ayuntamiento de Madrid se reunieron en el despacho del alcalde Enrique Tierno Galván. La calma del verano, con la mitad de la corporación de vacaciones, apenas presagiaba el estallido del primer escándalo político–financiero conocido en la incipiente democracia española desde que las elecciones municipales de 1979 dieron un triunfo arrollador a la izquierda. Atrás quedaban cuarenta años de corrupción consistorial bajo el franquismo en los que el acceso al cargo, “a dedo” (método de designación directa), implicaba el derecho a traficar con los municipios, a enriquecerse con la recalificación de terrenos, a utilizar en beneficio propio el poder y la información privilegiada. Son numerosos los casos de ex alcaldes franquistas convertidos en multimillonarios y de jerarcas falangistas transformados en promotores inmobiliarios y prósperos caballeros de industria. Que cada cual haga memoria y ponga a esta evidencia nombres propios. La corrupción municipal era una herencia del antiguo régimen que las primeras elecciones democráticas, ganadas por unos partidos tan honrados como inexpertos, prometieron borrar para siempre.

Pero en aquella calurosa mañana de agosto, uno de los asuntos a tratar por el gabinete del Ayuntamiento era la concesión de una contrata de limpieza para los distritos de Fuencarral, San Blas y Hortaleza, en la zona norte, con un presupuesto de cuatro mil millones de pesetas y una duración de cinco años. El asunto era políticamente intrascendente, aunque importante desde el punto de vista económico. En la reunión, el socialista Baltasar Aymerich, delegado municipal de Hacienda, pidió permiso para adjudicar la concesión por el procedimiento de urgencia.

—Todo está correcto —dijo con excesivo interés, ante la sorpresa del teniente de alcalde responsable del área, Alonso Puerta.

—Debe ser el departamento de Saneamiento el indicado para resolverlo —insistió Puerta, entonces encuadrado en el sector crítico del PSOE.

Al inesperado interés de Aymerich, se sumó también el del concejal José Barrionuevo. Y como consecuencia de aquella reunión, se creó una comisión mixta para estudiar las concesiones en la que participó el teniente de alcalde Alonso Puerta. Fue en ella donde Jesús Espelosín, delegado de Saneamiento, habló favorablemente del informe técnico:

—Existen dos empresas, FOCSA y CYCSA, bien colocadas, y otras intermedias muy interesantes. A una de ellas, Semat, hay que darle un distrito.

Manuel Mella, concejal de Saneamiento y superior de Espelosín en el organigrama municipal, puso reparos al elogioso informe presentado por Aymerich y Espelosín.

—Creo que puede haber errores —se limitó a decir.

Y las concesiones fueron dadas con total facilidad.

Días más tarde, el concejal Florentino Pérez Rodríguez, entonces director general de Ordenación del Transporte y anterior delegado municipal de Saneamiento bajo el mandato preconstitucional del ucedista José Luis Alvarez, abordó a Alonso Puerta en los pasillos de la Casa de la Villa y le espetó:

—Los socialistas sois unos sinvergüenzas.

—Te exijo explicaciones por semejante afirmación —inquirió Puerta.

El futuro magnate de las obras públicas y actual presidente del Real Madrid, le respondió:

—Estáis sesgando la concesión de contratas de limpieza a cambio de comisiones para el partido.

Tal como relataría posteriormente Alonso Puerta, el edil centrista Florentino Pérez se había reunido en el despacho de Barrionuevo y había hablado del asunto con el concejal de Hacienda Joaquín Leguina, secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM), y con Baltasar Aymerich. “Lo han reconocido expresamente, y han dicho que esto no sólo ocurre en Madrid, sino en otras ciudades”, reveló el concejal centrista.

Ese mismo día, Puerta trató el tema con el edil Manuel Mella y con el secretario de política municipal del PSOE madrileño, Juan Barranco.

“Allí me enteré de la existencia de dos comidas”, recordaría Puerta, una década más tarde. “Una, el 10 de agosto de 1981, entre Jesús Espelosín y Pedro Galindo, representante comisionista de Semat; y de otra, al día siguiente, entre Espelosín y Vicente Torres, representante de Sellberg, que le insinuó la comisión. Pedro Galindo, militante socialista del distrito de Tetuán, ya fallecido, poseía la empresa Equimo, que vendía mobiliario a los ayuntamientos del área metropolitana de Madrid mientras actuaba como comisionista”.

A raíz de la crisis municipal desatada en la FSM, Juan Barranco abrió un expediente en el que recogía las “insinuaciones” de Galindo a Espelosín. En los primeros días de septiembre de 1981, Barranco reconoció una nueva insinuación del empresario socialista a un miembro de la ejecutiva regional del PSOE. En su carta a la Comisión de Conflictos, el responsable de política municipal escribió: «La justificación era, según Galindo, una operación que había realizado con el Ayuntamiento de Madrid, y de sus beneficios deseaba entregar 500.000 pesetas a la FSM (…). Una de las cosas que averigüé a través de los compañeros del ayuntamiento es que Pedro Galindo no había hecho ningún tipo de operación comercial con el ayuntamiento. (…) El día 18 cité en mi despacho de la calle Tomás Bretón a Pedro Galindo y le pedí explicaciones sobre sus actividades. Verbalmente negó cualquier actividad irregular y, sobre el tema de las quinientas mil pesetas, me dijo que él era un militante que estaba muy ocupado, que le podía dedicar poco tiempo al partido, que no podía pegar carteles y que si alguna vez quería hacer un donativo para ayudar al PSOE, eso no era ningún delito».

Barranco reconoció también que Equimo había mantenido “relaciones comerciales, legales, claras y transparentes” con ayuntamientos del área metropolitana madrileña con alcalde socialista, y que “en algún caso, Pedro Galindo hizo alusiones vagas a supuestas ayudas para alguna Casa del Pueblo, pero de forma tan imprecisa que los compañeros no se atrevían a formular ninguna acusación concreta. En Leganés, por ejemplo, ofreció el cinco por ciento sobre el montante de venta y los compañeros le indicaron que lo entregara en mobiliario para el ayuntamiento…”. A pesar de esta afirmación, existe constancia documental de la entrega, al menos, de un talón de cincuenta mil pesetas al PSOE de Leganés, el 30 de mayo de 1981, firmado por Galindo.

Alonso Puerta no se sintió satisfecho por esta explicación y, en los pasillos de la Casa de la Villa, interpeló al instructor Barranco.

—¿Es verdad que Galindo…? —inquirió el teniente de alcalde.

—Pedro Galindo fue a la sede y puso sobre la mesa de un compañero de la ejecutiva quinientos billetes —zanjó Barranco—, y luego lo fue contando a los demás.

Tras estas palabras, Alonso Puerta se enteró de que la empresa favorecida por los errores o del informe técnico de Saneamiento pertenecía al grupo Semat. “En la reunión del gabinete de dirección municipal —recordaría más tarde Alonso Puerta—, Leguina me trasladó su preocupación. Hay que acabar con esta situación, me dijo. Pero cuando le comenté a Espelosín su comida con Galindo, se lo tomó a broma. El salmón estaba cojonudo, fue su respuesta”.

El nerviosismo se adueñó del equipo municipal, y para acabar con el asunto se encomendó al delegado de Obras y Servicios, Juan Claudio de Ramón, la elaboración de un informe sobre la conflictiva propuesta de concesión. De Ramón detectó un cambio de posición en las empresas originariamente mejor situadas; entre las que, por error, no estaba Cespasa y en cambio había aparecido una nueva: Ingeniería de Municipios, S. A., en grupo con Semat.

La evidencia hizo inhibirse del asunto a Baltasar Aymerich, futuro subsecretario de Obras Públicas, quien aconsejó no otorgar la concesión a Semat. Mientras tanto, Alonso Puerta recurrió institucionalmente al alcalde. “Usted sosiéguese, que va a contar con mi apoyo”, le dijo Enrique Tierno. Al mismo tiempo, Juan Claudio de Ramón expresó al alcalde sus sospechas y Tierno decidió convocar a UCD para pactar la suspensión de la reunión en la que debía darse la concesión. Y Joaquín Leguina, que durante una semana había negociando con los concejales centristas una forma de “tapar el asunto”, anunció solemnemente:

—Ya se han devuelto las quinientas mil pesetas.

Con el acuerdo de Pablo Castellano y Luis Gómez Llorente, entonces líderes de la corriente Izquierda Socialista, y en vísperas del congreso del PSOE, Alonso Puerta solicitó formalmente la dimisión de los delegados de Hacienda y Saneamiento, Baltasar Aymerich y Jesús Espelosín. “Tierno manifestó su grave preocupación por el tema —explica Puerta—, aunque se mostró reticente en cuanto a pedir responsabilidades a Aymerich”.

El asunto estaba ya en la prensa y la maquinaria del partido comenzó a funcionar. Alonso Puerta trasladó el problema al presidente de la FSM, Feliciano Santos, que era empleado del ayuntamiento, quien, en palabras de Puerta, “tenía opiniones muy críticas, pero nunca las utilizó”..

Desde el despacho del alcalde, Tierno y Joaquín Leguina presionaron a Puerta para que firmara una carta quitando gravedad al asunto. “En la conversación, muy violenta, se cambió repetidamente de borrador —relata Puerta—, pero no quise firmar y la carta quedó en un comunicado de la alcaldía. Llegué incluso a ofrecer mi dimisión, que no me fue aceptada. Pero lo que Tierno y Leguina sí hicieron fue suspender una reunión del grupo de concejales socialistas que yo había convocado. “Sosiéguese, Puerta”, me repetía el alcalde, “porque vivimos un momento de grave tensión”. Sin embargo, no hubo ninguna tensión para organizar contra mí, en la Casa del Pueblo, un tribunal que avergonzaría al propio Stalin, con la ejecutiva regional como juez y parte. Eso sí, salieron nuevas cosas a relucir; como que una de las empresas favorecidas ofrecía un “donativo” de entre cinco y nueve millones de pesetas, y la otra empresa el cinco por ciento del contrato; que las quinientas mil pesetas devueltas eran el importe de una comisión por la adjudicación de bancos públicos en Carabanchel; que Espelosín reconoció sus comidas con los comisionistas; que Baltasar Aymerich había pedido a Juan Claudio de Ramón que diera un colector a CYCSA como compensación aduciendo “ordenes de arriba”, aunque aclaró que “arriba” era él mismo, porque trabajaba en un tercer piso…».

Lo que sí se inició fue la expulsión de Alonso Puerta como militante del PSOE y como concejal del ayuntamiento. Así recuerda el ex dirigente socialista aquel episodio: “Me llamó Tierno a su despacho y me dijo: ‘Yo, como usted sabe, le aprecio, pero me veo obligado a cesarle como teniente de alcalde, dada la delicada situación en que me encuentro’. No se atrevió a cesarme, pero sí formó una comisión investigadora compuesta por mis enemigos políticos de entonces: María Gómez de Mendoza, Javier Angelina, Eduardo Mangada, que ya actuaba en connivencia con la dirección del PSOE, y José Luis Martín Palacín, un curioso personaje de quien es mejor no hablar”.

El que fuera en otro tiempo todopoderoso secretario general de la FSM, vivía el final de su carrera política en las filas del PSOE, donde hasta entonces había ejercido su autoridad con gran dureza, él había confeccionado prácticamente toda la candidatura municipal de Madrid, a excepción de Tierno, y había sido empujado al sector crítico tras las elecciones del 79, en las que habían empezado a irle mal las cosas con Alfonso Guerra. Después de la victoria socialista en el ayuntamiento madrileño, Guerra protagonizó un duro enfrentamiento personal con Alonso Puerta. Según escribió el periodista Fernando Barciela, en su libro La cara oculta del PSOE (Emiliano Escolar Editor. Madrid, 1981), ambos tuvieron “una violenta discusión” en la que el vicesecretario le presionó para que en el Ayuntamiento a algunos de sus seguidores, a quienes Guerra quería “enchufar” como pago a determinados favores electorales. Puerta se negó porque él también tenía compromisos y llegó a espetar a Alfonso Guerra: “Como sigas insistiendo, dimito. No puedo aceptar esas presiones”..

Tras aquel rifirrafe, Guerra decidió apoyar a Leguina, y en vez de dimisión, el asunto acabó en expulsión rápida, y su expediente fue acelerado por los miembros de la Ejecutiva Federal: Emilio Alonso Sarmiento, tesorero del PSOE, Luis Fajardo, Enrique Múgica y Carmen García Bloise, anterior responsable de finanzas del partido. El dinero socialista parecía temer demasiado al “crítico” Puerta, quien siempre ha creído que su expulsión fue una decisión personal de Felipe González, humillado por el sector crítico en la elección de compromisarios al XXIX Congreso del PSOE. Alfonso Guerra, que entonces apenas controlaba la FSM, opuso ciertos reparos. “Si tú te cargas a Puerta, ya veremos qué hago yo después con Leguina”, advirtió a Felipe González.

Puerta no tuvo la menor posibilidad de probar lo que denunciaba. Como escribe Pablo Castellano en su libro Yo sí me acuerdo, ya citado: “Los que nos unimos entonces a su petición de investigación interna, y desde entonces lo hemos seguido haciendo con todos cuantos supuestos han saltado a la luz pública, nos convertimos de inmediato en calumniadores… sin derecho a probar lo que simplemente advertíamos como el más peligroso cáncer de la organización”.

Una vez expulsado el edil denunciante, el entonces concejal Joaquín Leguina reconoció ante el pleno del Ayuntamiento la existencia de cohecho. “Pero cometido por las empresas”, matizó. También José Barrionuevo habló “de un intento de soborno”. En el mismo pleno, y a petición de UCD, se aprobó una moción para que el ayuntamiento presentara una querella criminal contra las empresas de la contrata. Sin embargo, tras la intervención de Barrionuevo, el asunto se redujo a una simple denuncia y jamás llegó a presentarse. Quien sí se querelló, a titulo personal, fue Alonso puerta que llevó a los juzgados a las dos personas que habían ofrecido comisiones. Alonso Puerta declararía años más tarde: “Creo que Aymerich y Espelosín inauguraron en el Ayuntamiento de Madrid un peligroso sistema de presiones. El papel de Tierno era de total subordinación a la ejecutiva del PSOE. Optó, como el partido, por la solución menos ética posible, achacándome la responsabilidad de una situación que yo intenté aclarar. En mi camino se cruzó un grave caso de corrupción, y hube de pagar un alto precio por no declinar mi responsabilidad”.

Pero la cabeza de Puerta no acabó con el escándalo. El 17 de mayo de 1984, con Felipe González instalado en La Moncloa, el caso resurgió de sus cenizas en forma de acta notarial, extendida a requerimiento del alcalde de Murcia. El ex directivo de Sellberg Carlos Franco Arandilla señaló ante notario: «El talón por un importe de diez millones de pesetas con cargo a la cuenta corriente de Saneamientos Sellberg S. A. fue entregado para su cobro a Vicente Alejandro Torres García, miembro del PSOE, siguiendo instrucciones de los consejos de administración de Ingeniería Urbana S. A. y Saneamientos Sellberg, para que el citado señor Torres García, después de cobrado, entregara su importe en efectivo a don Emilio Alonso Sarmiento, del PSOE, en calidad de “donativo”».

El despido de Franco Arandilla, según él «por negarse a comprar concejales», hizo planear de nuevo la duda sobre los métodos empleados por los partidos para obtener fondos cuando el PSOE llevaba casi dos años en el gobierno central. Así, el caso Puerta y el pleito de Franco Arandilla sacaron a la palestra las actividades del responsable de finanzas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el empresario Emilio Alonso Sarmiento, hombre de confianza de Alfonso Guerra y heredero del método financiero artesanal utilizado por su antecesora Carmen García Bloise.

La clave estaba en el empresario socialista Vicente Alejandro Torres García, que sustituyó a Franco Arandilla en la dirección general de Sellberg y que había sido fichado por los numerosos éxitos conseguidos al frente de Semat en la obtención de contratas en Algeciras, Marbella, Ibiza, Elche, Sagunto, La Laguna y Elche, donde acababa de obtener un contrato de limpieza para Semat de doscientos millones de pesetas, cuando Sellberg le llamó para que consiguiera la contrata de limpieza de Murcia, de cuatrocientos millones de pesetas. Tras obtenerla, logró después la de Lorca, Mahón y Mérida. Según el acta notarial suscrita por Carlos Franco: «Los acuerdos tomados por el señor Torres para la consecución de las contratas citadas fueron los siguientes: Murcia: diez millones de pesetas y dos anuales, Lorca: dos millones, Mahón: nada (no intervino el señor Torres), y Mérida, tres millones y 250.000 pesetas. Según el señor Torres, dichos acuerdos fueron pactados con don Emilio Alonso Sarmiento, miembro de la Ejecutiva Nacional del PSOE y responsable de finanzas de dicho partido».

Llovía sobre mojado, como demuestra la «Circular reservada» número 3 dirigida al grupo de concejales socialistas, fechada en Alicante el 11 de octubre de 1979, y firmada por Pedro Lorca Rubio, responsable de finanzas del PSPV–PSOE. Lorca Rubio escribe: «No se os escapará la importancia tanto económica como política, que tiene para el Partido el control de la contratación (ejemplo, plan general de ordenación urbana, recogida de basuras, mantenimiento del alumbrado público, etc.). Es propósito de la C. E. del PV [Comité Ejecutivo del País Valenciano] que, al igual que se ha establecido en otras Federaciones del Partido, y más concretamente en aquellos grandes ayuntamientos donde el volumen económico de estas contratas podría suponer una fuente extra de financiación, el establecer en esta Federación una metodología que nos permita estar enterados antes de su resolución y, con tiempo suficiente, de todas aquellas contrataciones, licitaciones y subastas, al objeto de poder concurrir a ellas».

La prueba notarial de Carlos Franco abunda en afirmaciones sobre la responsabilidad política en el caso de las contratas de limpieza. «Todas las gestiones encaminadas a conseguir dicho contrato fueron realizadas por el señor Torres. Fui informado de que Emilio Alonso le mandó entrevistarse con el señor Leguina. El señor Leguina le indica que debe tratar el asunto con los señores Espelosín y Aymerich. Toma contacto con el señor Espelosín y organiza un almuerzo en el Club 31, al cual asisten los señores Espelosín, Manso, Maturana, Vicente Torres y Carlos Franco. En esa comida, el señor Espelosín manifestó la conveniencia de que en nuestro proyecto incluyamos una propuesta de Empresa mixta, ofreciéndose a entregarnos una copia de los estatutos de una empresa similar recientemente creada [en 1981] en La Coruña. Efectivamente, días después nos fueron entregados dichos estatutos por el propio señor Espelosín en su despacho de la calle Divino Pastor».

Era una época en la que el PSOE recibió numerosas ofertas para proyectos inmobiliarios, negocios de importación–exportación y servicios. Tras el escándalo desatado en el ayuntamiento de Madrid, Felipe González dio instrucciones estrictas para extremar la cautela y no caer en actividades que pudieran provocar acusaciones. Así, por ejemplo, la Ejecutiva federal del PSOE rechazó en 1984 un negocio consistente en la recalificación de unos terrenos próximos a Madrid, por los que el partido habría obtenido entre 800 y 900 millones de pesetas, casi la sexta parte de los 6000 millones de deuda que acumulaba el PSOE en 1983, según el informe que Emilio Alonso Sarmiento presentó en su día al Comité Federal.

El escándalo Sellberg condujo a tal crisis política que, el 25 de septiembre de 1984, el presidente Felipe González, en una rueda de prensa posterior a la inauguración de la Feria del Mueble de Valencia, advirtió visiblemente nervioso, en referencia al supuesto cobro de comisiones ilegales en varios ayuntamientos socialistas: «En vista de que hay una cierta preocupación ciudadana sobre este tema, o preocupación en los medios de comunicación, quiero proponer al partido y al Grupo Socialista que investigue y aclare seriamente el procedimiento de financiación y captación de recursos de todos los partidos políticos en España desde 1977 hasta hoy, y que ofrezca los resultados a la opinión pública. Dicho en otros términos: ya está bien de bromas que a mí, a veces, me producen impresiones difíciles de trasmitir. Por consiguiente, que haya una comisión parlamentaria. Esto para empezar. Y para el futuro, que esa comisión investigue también cómo se sostienen, a su vez, los medios de comunicación social, para que los ciudadanos los conozcan. Esto se llama transparencia para la democracia».

Por primera vez desde su llegada al poder, el presidente González arremetía contra la prensa, pero entonces esta actitud resultaba tan nueva que Diario 16, en su editorial del día siguiente escribió: «Ningún periodista habría podido imaginar hace dos años que, interrogado sobre un escándalo que afecta a su partido, el líder del PSOE fuera a contestar con las palabras intimidatorias que anteayer pronunció en Valencia. Nada hay que oponer a la idea de que, además de la financiación de los partidos —y muy especialmente la del PSOE— se investigue también la de los medios de comunicación —o la de cualquier otro estamento o institución—, pero vincular ambas iniciativas de forma tan extemporánea revela un ánimo disuasorio impropio de un gobernante democrático».

EL PAPEL DE LA PRENSA

Como en Italia, la corrupción en España ha sido vista por el Gobierno socialista como un complot mediático-judicial, y ya en el caso Guerra que inaugura todos los escándalos, el vicepresidente había hablado de aquellos que denunciaban al Gobierno por «afán de vender periódicos». Tales diatribas les habían salido bien hasta entonces. Pero el caso Guerra supuso un punto de inflexión. Cuando el PSOE fue incapaz de abrir un debate político y corregir el asunto, la prensa se convirtió en su adversario permanente. Tal es el análisis de Jiménez Sánchez, en su libro citado, cuando escribe: «Aquí el papel que desempeña la prensa es tan importante que llega a convertirse en el antagonista del Gobierno más destacado durante el escándalo. A diferencia del escándalo Watergate, donde la prensa cedió el papel protagonista a las instituciones del sistema político (jueces, comisión senatorial, fiscal especial, comisión judicial de la Cámara de Representantes) una vez que logró llamar la atención sobre el caso, en el asunto Juan Guerra los medios de comunicación han mantenido el protagonismo hasta el final».

La ruptura entre González y un sector cada vez más amplio de la prensa comenzó en 1990, mientras José María Aznar alcanzaba la Presidencia del PP. El 29 de mayo de aquel año, el recién nacido diario El Mundo, fundado por Pedro J. Ramírez, revelaba: “Sociedades del PSOE cobran cientos de millones de grandes empresas y luego pagan gastos electorales”. Era el principio del caso Filesa, ante cuya revelación trascendental el presidente del Gobierno, Felipe González, respondía con desprecio: «La reiteración de la infamia puede llevarnos al sofisma peligroso…», al tiempo que calificaba a sus críticos como “plumíferos y tertulianos”, y diferenciaba la opinión pública de la opinión publicada.

De cualquier modo, el caso Guerra abría una batalla frontal en la que habían entrado todos los medios de comunicación, el mismo año en que los ex policías José Amedo y Michel Domínguez eran condenados por los crímenes de los GAL a más de cien años de cárcel. En este ambiente, el dirigente socialista José María Benegas acusaba a los periódicos de querer convertirlo todo en «un vertedero» porque le grabaron una conversación telefónica; Ludolfo Paramio, miembro de la Ejecutivadel PSOE, llamaba «hijos de puta» a los periodistas; el ministro Jorge Semprún aseguraba que «la prensa es uno de los problemas pendientes de nuestra democracia» y el senador socialista Daniel García Sánchez manifestaba en el pleno del Congreso que “no todos los periodistas son sinvergüenzas, pero todos los sinvergüenzas son periodistas”. Las descalificaciones contra la prensa se sucedían en cascada, mientras el presidente González repetía el 25 de marzo de 1992: “España no tiene un problema de corrupción, sino de opinión pública”.

En diciembre de aquel mismo año el deterioro ya era tal que Felipe González admitió públicamente: “Estamos perdiendo la batalla del ambiente, de la opinión pública y de la credibilidad como presidente del Gobierno”. Y añadía: “El ambiente que se ha creado, en el que a veces cuesta trabajo respirar, está poniendo en peligro algunos elementos del sistema democrático por defectos de funcionamiento”. Sus palabras fueron interpretadas como una muestra despótica actualizada de «la democracia soy yo».

En todos los frentes, absolutamente en todos, el blanco político era siempre González. Cuando irrumpió la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada “de la patada en la puerta”, presentada por el ministro del Interior José Luis Corcuera, todos se habían lanzado ya al monte mediático. Así, Federico Jiménez Losantos escribía desde ABC, el 19 de noviembre de 1993: “Naturalmente, el gran derrotado, el que debiera ser puesto en la picota, no es Corcuera, sino su jefe, Felipe González, que es el inspirador y el defensor de todas las leyes liberticidas de su Gobierno”. Tras la dimisión de Guerra, el ministro Corcuera era el nuevo objetivo para «batir» a Felipe González. “Se equivoca radicalmente Corcuera si cree que con su dimisión exonera la verdadera responsabilidad política, que recae plenamente sobre González”, decía ABC en su editorial del 20 de noviembre de 1993. Ese día, en el mismo periódico y tocando la misma melodía, José María Aznar sostenía que la sentencia del Tribunal Constitucional que echaba abajo la Ley Corcuera alcanzaba “plena y palmariamente al presidente del Gobierno”.

Acosado por los escándalos de la corrupción, con Roldán en prisión y los más importantes dirigentes de Interior procesados, Felipe González tenía frente a él a los medios de comunicación casi en pleno, con la recién fundada Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI) como ariete de la denuncia sistemática de “las presiones, amenazas y agresiones que sufren las empresas, periodistas e intelectuales que investigan e informan sobre la trama del GAL y la corrupción». En su comunicado del 10 de enero de 1995, la AEPI denunciaba “el intento de sectores próximos al Gobierno y al PSOE de amedrentar a los periodistas y medios que realizan tan encomiable labro en defensa del Estado de Derecho”. Y añadía: “Se trata de una operación infame contra la libertad de expresión que pretende impedir que se llegue hasta el final en la investigación, con iniciativas que emanan de las más altas instancias del poder político y su aparato de propaganda”. En estos hechos, según la AEPI, “colaboran editores y periodistas del habitual entorno del palacio presidencial”, al tiempo que se producen “presiones en las que se incluyen amenazas contra la intimidad y vida privada de los informadores e incluso contra su integridad física”.

Por su parte, el PP exigía a González que convocara elecciones generales para mayo. “España no puede políticamente continuar bajo un clima de escándalo que se extiende cada vez más, que no se quiere erradicar tajantemente y que se intenta cubrir con el inadmisible recurso de ‘todos culpables’”, dijo Aznar. Y en medio de esta confrontación política, Julián Sancristóbal, encarcelado por el caso Marey, afirmaba el 19 de enero que “Garzón participó en una conspiración para reabrir los GAL y derribar a Felipe González”…

En 1995, el ruido mediático llegó a ser total. Basta recordar algunas de las afirmaciones repetidas en debates, tertulias y conferencias. “Sin la prensa independiente y sin la radio se hubiera consolidado un mundo de corrupción del Gobierno”, aseguraba el malogrado Antonio Herrero. «Tengo la conciencia tranquila. El periodista de investigación siempre se adelanta a los acontecimientos», repetía José Luis Gutiérrez. Y Jiménez Losantos sentenciaba: “El político es por excelencia insaciable. Es cierto que existe una conjura, pero en defensa de la democracia y no precisamente contra ella”. Para rematar, por si no quedaba lo suficientemente claro, Antonio Gala culminaba el análisis: “No es extraño que la AEPI sea calificada como el ‘sindicato del crimen’ por los políticos, ya que esta asociación va contra ellos”.

Como contrapunto, el catedrático Francisco Tomás y Valiente, posteriormente asesinado por ETA, describía la situación en una artículo publicado en El País, el 5 de marzo de 1995: «La batalla se da en los medios de comunicación. La prensa informa menos y opina cada vez más. […] Con la rapidez del relámpago se pasa de la sospecha al indicio, de éstos a la acusación, que se convierte al instante en condena y en desafío provocador invitando al condenado a que se querelle. En este contexto, donde lo que vale más son las palabras hostiles, están condenadas al fracaso las que procuran el acercamiento de posturas o el levantamiento de puentes entre puntos que se suponen cercanos. […] Un periodismo apocalíptico transmite gozoso la noticia que va a producir escándalo y alarma, a la vez que casi oculta la generadora de satisfacción, la que tranquilizaría al ciudadano».

Sin embargo, el ambiente ya era de batalla perdida para la tranquilidad. Al cumplir su primer año, la AEPI, en su manifiesto del 21 de agosto de 1995, dejaba claro su objetivo: «La confesión de altos cargos del Ministerio del Interior y del PSOE en el caso GAL debería implicar la dimisión de Felipe González como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Solamente el total descubrimiento de la verdad permitirá restituir a los ciudadanos su autoestima y a la democracia, su prestigio y eficacia».

Al final, después de tres años de crispación política, la victoria electoral del Partido Popular en marzo de 1996 fue analizada por el diario ABC, en su edición del 20 de marzo de 1996, con esta afirmación: “ABC, la Cope y El Mundo, entre los causantes destacados de la derrota de González. Las informaciones y comentarios de ABC, la Cope y El Mundo, así como de otros medios independientes […] durante los tres últimos años han sido causa principal del desprestigio de González”. Los periodistas españoles eran conscientes de su papel protagonista.

XIV
LA REGENERACIÓN DE LOS BOLSILLOS

Lo peor de la corrupción en la democracia consiste en las complicidades que crea: complicidades entre los miembros de un partido político o facción, complicidades entre los responsables de los poderes públicos y los sujetos económicos que tienen que relacionarse con ellos, complicidades incluso entre electores y elegidos, cuando el voto se convierte en recompensa a un favor recibido. Este conjunto de complicidades es, sin duda, el mayor envilecimiento de la vida democrática

JOSÉ MARÍA AZNAR, La segunda transición, 1995.

Más allá de los debates teóricos, muchos acusan al presidente Aznar de tener un doble rasero para medir la corrupción. Implacable con los socialistas, testificó sin embargo a favor de los procesados por el caso de la Construcción de Burgos en el que fue condenado el alcalde popular José María Peña; a pesar de los pesares mantuvo su alianza con el procesado cántabro Juan Hormaechea y demostró su tibieza en el caso Naseiro. Son tres asuntos que se cruzaron en el camino de Aznar hacia el poder, pero que no lograron frenar su marcha hacia La Moncloa. Ninguno de estos affaires desembocó en escándalo, a pesar de tener una entidad superior al asunto Juan Guerra.

El caso de la Construcción puso sobre el tapete las irregularidades cometidas por la corporación popular burgalesa a favor del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, a quien el alcalde Peña debía en parte que José María Aznar le designara como candidato a la alcaldía, ya que Méndez Pozo había viajado con el presidente del PP hasta Burgos para imponer a Peña. En 1992, la Audiencia Provincial e Burgos dictó una sentencia en la que declaraba probada la relación de Méndez Pozo con Aznar y con Peña, al tiempo que condenaba a Peña a doce años de inhabilitación y a siete de suspensión de cargo público por los delitos de prevaricación, revelación de secretos y denegación de auxilio a la autoridad. A Méndez Pozo le cayeron siete años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público y privado, inducción a la prevaricación y desacato. También fueron condenados los concejales populares Manuel Muñoz Guillén, Víctor Martínez Llorente, Esteban Corral García y José María Codón Herrera.

A pesar de estar condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación, el ex senador popular Miguel Pérez Villar, ex consejero de Economía de la Junta de Castilla-León presidida por José María Aznar, siempre recibió el apoyo de su presidente. Con el PP en el Gobierno central, Pérez Villar recibió en 1998 un exquisito trato del gobierno Aznar en forma de prestamos industriales para montar un negocio automovilístico. Otro gran escándalo del PP balear consistió en el cobro de comisiones destinadas a financiar este partido mediante las contratas para la construcción del túnel de Sóller y que le costó el cargo al presidente autonómico Gabriel Cañellas.

Tenía tan claro que ninguno de estos asuntos había hecho mella en su figura política que, el 21 de abril de 1999, en el Congreso de los Diputados, el ya presidente del Gobierno José María Aznar se puso de pie y, desde su banco azul, pudo declarar con rotundidad: «No he conocido nunca ni he tenido ninguna relación en ningún caso, como se ha dicho, con ninguna supuesta imaginaria trama de financiación ilegal ni de Alianza Popular ni del Partido Popular. No he recibido personalmente ninguna cantidad de dinero de la persona que usted dice ni para mí ni para mi partido. No he dado nunca una contraprestación ni un trato de favor a ninguna persona que libre o voluntariamente y, en lo que yo sé, legalmente, pueda haber hecho una aportación a mi partido para su financiación. He dado instrucciones muy claras para que se ratifique una querella presentada contra persona o personas que han hecho claras imputaciones injuriosas contra mi o contra mi partido. En contraposición, le tengo que decir que sí he conocido tramas y redes financieras ilegales, que son las que ustedes han organizado, esas sí las hemos conocido todos».

Junto a los aplausos de sus correligionarios, estallaron las protesta de los socialistas y, por encima de ellas, el diputado del PSOE Carlos Sanjuan gritó: “¡Naseiro!”. El presidente de la Cámara pidió silencio y Aznar prosiguió: “Ésas sí las hemos conocido todos y por eso hay personas condenadas por sentencia firme. Tienen ustedes demasiados problemas para dedicarse a dar consejos a los demás, pero hablando de redes o tramas hay una cosa clara: ustedes sí, nosotros no”.

Con estas palabras respondía a la pregunta del Grupo Socialista, hecha por boca de Luis Martínez Noval, que textualmente reclamaba: “¿Qué posición política adoptaría el presidente del Gobierno si se confirma lo declarado por el constructor don Antonio San Gregorio?”. Era el llamado “caso Zamora”, una supuesta trama que adjudicaba, desde las instituciones provinciales gobernadas por el PP, obras públicas a empresarios afines a cambio de que éstos, como contrapartida, entregaran suculentas comisiones millonarias. Además, el empresario San Gregorio había sido implicado judicialmente por su colega Eduardo Corrales, como uno de los constructores que entregó un talón de un millón de pesetas a José María Aznar en los tiempos en que éste presidía la Junta de Castilla-León.

En el severo tono de sus palabras, el presidente Aznar recordaba la contundencia desplegada por Alfonso Guerra en aquel mismo escenario siete años atrás. En ambos casos, los contendientes tenían las cartas marcadas por sus obsesión de gobernar a golpe de encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Mientras Guerra pensaba en 1992 que todo era culpa de la prensa, «de la opinión publicada», el presidente Aznar manejaba a su favor el Balance de tres años de Gobierno, elaborado por el CIS y publicado el 4 de mayo de 1999. Según este Balance, para los españoles, la preocupación por la corrupción había dejado de ser el segundo problema del país (35 %), para ocupar el puesto décimo cuarto (con apenas el 2 %). Mientras, durante el mismo periodo, los españoles que valoraban como «buena» y «muy buena» la actuación del Gobierno Aznar habían aumentado del 12,8 al 40 %. Todo un despegue político en un país que ocupaba el puesto 22 del ranking mundial de la corrupción según el informe —ya citado en este libro—, de Transparency International referido a 1999, con una puntuación de 6,20 que destaca la persistencia de la corrupción en el funcionamiento de los estamentos públicos. La situación había mejorado levemente desde 1995 cuando, bajo el Gobierno González, España ocupaba el puesto 26 de la tabla, con una puntuación del 4,35 % que la avalaba como un país “muy corrupto”.

En semejante contexto, se trataba de amagar y contraatacar, pero las encuestas nunca pueden evitar la verdad de un problema, del mismo modo que los árboles jamás pueden ocultar la realidad del bosque. Mientras Aznar se despachaba a gusto, la investigación abierta por el Fiscal Anticorrupción ya había entrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y en el fondo del asunto brillaba el mismo modus operandi de siempre. Desde su puesto de presidente de la patronal zamorana, Antonio San Gregorio fue, durante los años ochenta, uno de los artífices de la presunta trama de corrupción en la que están envueltos políticos del PP y contratistas de obras de Zamora. Seis meses de investigación hicieron concluir al fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo que una decena de empresarios, agrupados en la patronal AZCOM (Asociación Zamorana de la Construcción) crearon una sólida y cerrada red clientelar con los máximos responsables de la Diputación de Zamora. «Aquí se han cometido todo tipo de irregularidades. Se han realizado obras públicas sin contratos, que luego se legalizaban. Se han falsificado documentos y usurpado firmas. Los concursos públicos se concedían al alza, muy por encima del precio de salida. Se reformaban proyectos para multiplicar su coste y posteriormente se asumían por el ente provincial el sobreprecio. Se han subcontratado obras a terceros y la casi totalidad de las iniciativas públicas se las repartían los asociados a AZCOM a cambio, presumiblemente, de comisiones económicas». Así se expresaba, José Antolín Martín, presidente de la Diputación de Zamora que fue desalojado del cargo por sus propios compañeros del PP cuando denunció la corrupción que campeaba en aquella institución provincial.

También el constructor Eduardo Corrales llegó a declarar que «durante el período en el que Luis Cid regía los destinos de la provincia, la mordida estaba fijada en el ocho por ciento del valor de la obra adjudicada. Cantidades que personalmente pagué en el edificio de la Diputación. Harto de la situación dejé de llevar maletines y también puse en conocimiento de los jueces una estafa que la Caja Rural cometió conmigo y en la que están denunciados Casto Lorenzo, ex diputado provincial del PP, y el ex director de dicha entidad, José Carlos Martínez Cubells».

La denuncia de Corrales alcanzaba las más altas cimas al mantener que en abril de 1987, durante el período electoral en Castilla y León, los empresarios César Martínez Omaña, Miguel Vecino y Antonio San Gregorio, en el transcurso de un almuerzo en el hotel Meliá Parque de Valladolid, entregaron tres millones de pesetas, fraccionados en dos talones de un millón y dos millones (uno de ellos del Banco de Vizcaya), a José María Aznar, quien ganó aquellas elecciones autonómicas. Martínez Omaña supuestamente donó el cheque de dos millones de pesetas y el del millón estaba rubricado por San Gregorio.

El fiscal Jiménez Villarejo tiene varias grabaciones confidenciales aportadas por Eduardo Corrales y José Antolín Martín. En una de ellas, el empresario Maxi San Gregorio, hermano de Antonio, intenta disuadir a Corrales para que se retracte de las acusaciones formuladas por corrupción contra varios los diputados del PP, contra el presidente José María Aznar y contra algunos de sus compañeros del gremio de la construcción. Previamente a estas presiones Casto Lorenzo, ex diputado de obras del PP, se retractó de unas afirmaciones en las que también reconocía haber cobrado comisiones para su partido. En la cinta, Maxi San Gregorio advierte educadamente a Eduardo Corrales: “Te has metido con el PP y te pueden destrozar. Vengo de Madrid, he hablado con un alto cargo y me pregunta que dónde quieres que te pongan el dinero”. Entonces Corrales exigió que se cumplieran las condiciones políticas que comunicó al primer intermediario del partido. “¿Qué cabezas quieres que rueden?”, preguntó Maxi San Gregorio. “A Lucas le voy a dejar —respondió, pero Jesús de Merino [consejero de Fomento de la Junta de Castilla-León] para aquí, todos fuera”. Esto sucedía poco antes de la Semana Santa de 1997.

En marzo, ofrecieron a Eduardo Corrales treinta millones de pesetas por su silencio, pero era ya demasiado tarde. Antolín Martín y los grupos del CDS, IU y PSOE se habían lanzado a la búsqueda de irregularidades y a la caza de los corruptos. Desde entonces, miles de documentos fueron entregados al fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, quien los remitió a la Fiscalía Anticorrupción. En las pruebas y documentos aparecen los más destacados miembros del sector duro de la construcción zamorana. Se trata de «un grupo compacto, veterano en esas lides, cuyas fórmulas de hacer negocio y sus presumibles astillas económicas a los jerifaltes del PP han creado escuela en Castilla y León hasta que estalló el caso de la construcción de Burgos que puso a varios dirigentes del PP al pie de los caballos». El procesamiento, entre otros, del senador Dionisio García Carnero, presidente del PP de Zamora, y del diputado José Manuel Peñalosa, vicepresidente de la Diputación de Zamora cuando estalló el escándalo, dio a la trama zamorana una dimensión política incontestable.

Si el denunciante del caso Zamora, José Antolín Martín, fue expulsado del partido tras largos años de servicio en cargos públicos, la misma suerte corrió el presidente del PP en Tenerife, Fernando de la Barreda, cuando se aprestó a denunciar la presunta corrupción de algunos de sus compañeros de filas. Las primeras acusaciones se produjeron en octubre de 1998, cuando varios miembros del comité local del PP en Tegueste detectaron irregularidades urbanísticas en la recalificación de terrenos. Estos concejales populares sospecharon que se encontraban ante un oscuro negocio inmobiliario, con muchos millones de pesetas en juego, y pusieron el asunto en manos del gabinete jurídico de su partido. Así, la abogada Julia Bango se hizo cargo del asunto y empezó su investigación. Las presiones no tardaron en llegar, la letrada comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas en las que la amenazaban de muerte; también remitieron a su domicilio esquelas con su nombre. La escalada mafiosa tuvo su momento crucial el 6 de diciembre de 1998 cuando Julia Bango fue atropellada por una moto de gran cilindrada cuyo conductor, después de arremeter contra ella, se detuvo y lanzó su advertencia: «Deja los asuntos de Tegueste. Finca El Tagle». Sin dar nombres, Julia Bango ha reconocido públicamente la existencia de conexiones entre miembros del PP de Tenerife y prácticas mafiosas. Tras presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, Francisco de la Barreda declaró: «Ocho o diez garbanzos negros que hay en el PP de Canarias tienen atemorizada a la militancia y a los cargos públicos honrados. La agresión a Julia Bango no es más que el zarpazo de un tigre muy peligroso que se siente herido. ¿No estoy haciendo acaso lo que recomienda mi presidente, José María Aznar, contra la corrupción?».

Este dirigente canario del PP fue cesado fulminantemente el 12 de marzo de 1999 por la dirección de su partido. El Código Ético del Partido Popular proclama el compromiso de sus militantes de «no dedicarse por sí, por persona interpuesta, a actividades que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas. El PP entiende que no es posible exigir regeneración a los demás si previamente no asume un compromiso de autoexigencia».

Y como proclamación de fe, el Programa electoral del PP para las generales de marzo de 1996 anunciaba: «El Partido Popular cree en un sistema en el que el ejercicio del poder político sea un deber, una responsabilidad de servicio a todos y no un medio para obtener beneficios personales. Deseamos que los ciudadanos no perciban a los políticos como unos privilegiados en situación ventajosa frente al resto de los ciudadanos. Los políticos han de ser los primeros a la hora de hacer sacrificios y los últimos a la hora de beneficiarse de su situación de poder». Hermosas palabras pronunciadas para captar votos y que, como ocurre siempre y con todos los partidos, se escriben y publican para no ser cumplidas. El día después Los programas electorales de los partidos son «olvidados» en cuanto termina el recuento de votos.. De todos los reclamos electorales esgrimidos por el Partido Popular, la Corrupción fue, y es, uno de los compromisos más rápidamente olvidados.

Después de tres años de postración, con algunos de los más sonados casos de corrupción juzgados, el PSOE decidió manejar las mismas armas que el PP había utilizado sin recato para desalojarlo del poder. El entonces candidato socialista a la presidencia, José Borrell, y su portavoz parlamentario, Luis Martínez Noval, lanzaron una estrategia que destapaba la caja de los truenos. Así, el 10 de marzo de 1999, en plena precampaña electoral, Martínez Noval presentó en el Congreso de los Diputados un documento de 73 páginas titulado: Mapa de la corrupción y de las irregularidades: 160 casos, y junto al anagrama del Partido Popular, imitando uno de su eslogan, podía leerse: “PP: El proyecto para el nuevo siglo. La España de la corrupción y las irregularidades”.

El Partido Socialista recopila las denuncias de sindicatos, asociaciones cívicas, partidos políticos, ex militantes del PP e incluso informes encargados a detectives privados. Se trata de un recorrido minucioso, desde los ayuntamientos, con especial énfasis en los de Oviedo, Orense, Albacete, Las Palmas, Murcia y Madrid; pasando por los gobiernos autónomos, con Castilla-León y la Comunidad Valenciana al frente, y las diputaciones provinciales (Lugo, Orense, Zamora, Málaga y Guadalajara…); hasta llegar al Gobierno presidido por José María Aznar, con veintidós «asuntos» seleccionados que salpican, por sus modos y maneras, a los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Medio Ambiente y Sanidad, a varios directores generales y a empresas públicas.

Como conclusión sumarial, los socialistas denunciaban «la evidente tendencia a confundir y sortear por parte de los responsables del PP la línea divisoria entre lo público y lo privado, la transparencia con la opacidad, la objetividad con el clientelismo, el acceso a la función pública con el amiguismo, el ejercicio democrático del poder con el nepotismo». Estaban dispuestos a dar de su propia medicina a sus adversarios instalados en el poder. La retahíla de acusaciones recuerda otros tiempos en los que eran precisamente los populares quienes lanzaban sus acusaciones sin ningún miramiento. «No es casual que las Administraciones públicas donde gobiernan se hayan convertido en empresas de colocación restringidas para familiares y simpatizantes del PP (…). No es casual que se utilice la Administración para beneficiar los negocios privados de sus clientes políticos. (…) No es casual que ni Aznar ni sus responsables hayan encontrado motivos suficientes para «suspender» de militancia a aquellos afiliados de su organización que están siendo objeto de investigación judicial e incluso con sentencias condenatorias. (…) Tampoco es casual que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tenga abiertas varias causas especiales en las que están implicados nueve parlamentarios nacionales del Partido Popular». Y en su envite, el PSOE apostillaba: «Los ejemplos seleccionados en este documento (…) conforman una punta de un iceberg que hacen que, en el terreno de la ética política, el Partido Popular tenga cada vez más serias dificultades para explicar a los ciudadanos qué ha sucedido con lo que ellos mismos proclamaban en su Programa Electoral de 1996: El Partido Popular está dispuesto a exigirse y a exigir honradez en la administración y gobierno de los intereses públicos».

LOS CAZAPRIMAS, ¿CORRUPTOS DE BAJA INTENSIDAD?

En enero de 1999, la Comisión Europea envió una carta al ministerio de Agricultura para avisarle que, tras una investigación sobre las ayudas al lino en España realizada entre el 27 y el 31 de julio de 1998, se había «constatado la existencia de prácticas de caza a la prima generalizadas». Por ello, la Comisión exigía que se prestara «una atención especial» al cultivo, recogida y transformación del lino textil para evitar este tipo de prácticas. En la misma misiva, el máximo organismo europeo solicitaba que le fueran comunicadas las medidas adoptadas o previstas para corregir tales irregularidades. Una copia de esta carta fue remitida por la Comisión Europea al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo dedicado a la gestión de las ayudas comunitarias bajo la presidencia de Nicolás López de Coca, y su entrada quedó registrada el 28 de enero de 1999. Se trataba de pararle los pies a los cazadores de primas comunitarias, los cazaprimas que nada tenían en común con los agricultores tradicionales. En apenas cinco años, el cultivo del lino ha crecido en España espectacularmente. En 1993 se subvencionaron apenas 187 hectáreas. Todas en Soria. Al año siguiente, se sembraron 3.599 hectáreas. En 1998, ya alcanzaba las 87.727 en toda España. También fue en Soria donde se registró el primer gran incendio de una planta transformadora de lino. En febrero de 1998, ardía Textiles Arroyo en Almazán con 100.000 kilos de alpacas. Durante la última campaña, en Castilla y León se han sembrado 30.000 hectáreas de lino, que es transformado en tres plantas transformadoras sorianas de Almazán, Olvega y Arcos del Jalón, y en una de Palencia.

Cuando la Comisión Europea remitió sus conclusiones al ministerio de Agricultura se daba la singular circunstancia de que, durante los últimos cuatro años, el propio presidente de la FEGA, López de Coca, y sus familiares habían recibido ya casi 300 millones de pesetas en subvenciones para el cultivo del lino. Y no eran los únicos. Otros tres altos cargos de ese ministerio se dedicaban al negocio.

Como en los mejores tiempos del franquismo, lo público y lo privado se entremezclaba sin complejo de culpa, sin la conciencia de que se estaba obrando ilegítimamente, que se vulneraba la más elemental práctica democrática. ¿Nos encontramos ante un caso de corrupción? Por si acaso, recordemos una vez más la definición de corrupción realizada por el profesor Johnston ya publicada en este libro: “corrupción es todo uso indebido (abuso) de una posición oficial pública (de cargos y de recursos públicos) parta fines y ventajas privados”. Abuso de una posición oficial pública, fines y ventajas privados… Que determinada práctica conste o no como delito en el Código Penal no significa que su acción no sea ilícita y éticamente reprobable. Ya hemos hablado de las limitaciones de lo jurídico cuando nos enfrentamos a un fenómeno como éste. Los cazaprimas del lino agazapados desde sus altos cargos del ministerio de Agricultura no merecen otro calificativo que corruptos. Por ejemplo, cuando la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura preguntó al FEGA cómo debía tratarse las ayudas al lino, se le respondió, en cartas firmadas por el propio López de Coca, que «salvo causa manifiesta de mala fe» debían concederse todas las subvenciones que fueran solicitadas. Adelante con los faroles.

Y hubo mala fe, aunque también descuido y estupidez, en el destino que los cazaprimas daban a su lino una vez almacenado: la destrucción por el fuego. Mientras el escándalo incendiaba los periódicos en víspera de la campaña electoral de junio de 1999, alrededor de 500 toneladas de lino fueron pasto de las llamas en una empresa transformadora de lino creada en Berlanga (Badajoz) y denominada Lino Textil Extremadura S. L., cuyos socios habían recibido una subvención de 225 millones de pesetas en 1998, tras su constitución un año antes. El administrador de esta empresa, Alberto García Valencia, en una carta enviada a la Asociación de Transformadores del Lino (Asolino), había anunciado con anterioridad su intención de «sacar todos los trapos sucios a la Administración» porque, en el sector del cultivo del lino se están cometiendo «robos», «auténticas barbaridades», «especulaciones», «oportunismos» y se emiten «certificados apañados». En su carta, García Valencia escribe: “Lo preocupante no era regular el sector del lino en España, sino más bien especular y ganar dinero a costa siempre del sufrido agricultor”. Y, tras defender a su empresa, añade: “Las otras cuestiones, en las cuales nosotros no queremos entrar en juego, se llaman especulaciones, se llaman oportunismos, se llaman, en definitiva, por qué no decirlo: robo”.

El incendio de Lino Textil Extremadura se sumaba a los de Colisur 2000, empresa de Nicolás López de Coca ubicada en Picón (Ciudad Real), y de Colino, en Almoguera (Guadalajara), propiedad de quien fuera director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz. Dos altos cargos del Ministerio de Agricultura que dimitieron tras destaparse que recibían subvenciones por cultivar lino. Pero no fueron los únicos responsables políticos vinculados al PP que se dedicaban a «cazar» las primas de la Unión Europea: Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, recibió 80 millones como subvención; y Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería, cobró 24 millones según diversas denuncias. Cecilio Prieto, director técnico de Semillas y Plantas del Ministerio de Agricultura, almacena lino en su finca Santa Lucía, de Toledo, y se ha negado a quemarlo por cargo de conciencia tras haber recibido una subvención de 16 millones de pesetas.

Entre estos «agricultores a tiempo parcial» se encuentran también algunos personajes singulares vinculados a la esfera popular. Uno de los primeros beneficiarios de las subvenciones al lino en Castilla-León fue el notario Félix Pastor Ridruejo, considerado como el padre político del presidente Aznar. Presidente del PP de Soria desde 1993, Pastor Ridruejo fue el pionero en la reimplantación del cultivo del lino en España, después de que dejase de cultivarse en 1975 destronada por la fibra sintética. Ahí está también la esposa del Director general de la Guardia Civil, Dolores de la Cuesta, quien, además de recibir subvenciones por cultivar lino en la finca La Mudarra, figura como socia de la planta transformadora de lino Linitec S. A., de Tarazona de la Guareña (Salamanca), donde, entre otros, lleva su producción el procurador autonómico del Partido Popular por Ávila, Fructuoso Corona Blanco, que siembra 50 hectáreas de lino en Horcajo de las Torres, donde es alcalde. El diputado autonómico Narciso Coloma Baruque, secretario del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León, está pendiente de percibir más de 25 millones de pesetas por cultivar lino, y no aparece en las listas de beneficiarios de las subvenciones porque posee, junto a sus dos hermanos, una empresa agraria denominada Hermanos Coloma. En su finca El Esquileo, Coloma ha sembrado más de 200 hectáreas de lino textil desde 1997 a 1999 y recibirá por la próxima cosecha alrededor de 25 millones de pesetas. En declaraciones a los medios de comunicación, Coloma afirmó que se dedica a la agricultura en su tiempo libre y reivindicó su derecho a plantar lino y a recibir las subvenciones a que legalmente tenga derecho.

Loyola de Palacio, ministra de Agricultura, se había distinguido por sus frases lapidarias. “El PP propondrá que el Patrimonio del Estado controle las actividades económicas de los miembros del Gobierno [socialista], altos cargos y sus familias” (1990). «Los altos cargos del PSOE deberían renunciar a los sabrosos complementos que cobran por pertenecer a consejos de administración de empresas públicas» (1992). “El problema es de ética, de autorregulación [con referencia a las incompatibilidades de los políticos]. En mi partido existen las normas necesarias para evitar que cualquier actividad pueda traducirse en tráfico de influencias” (1993). En esa época el PSOE detentaba el poder. Sin embargo, cuando estalló el escándalo del lino en su propio ministerio, De Palacio se mostró de lo más comprensiva, al defender que sus altos cargos fueran, al mismo tiempo, «agricultores a tiempo parcial». Después, 2 de junio de 1999, ante la cámaras de Antena 3, rectificó: “Si hubiera sabido que algunos altos cargos de la Administración cobraban subvenciones por el lino no los habría nombrado”.

Tales palabras fueron matizadas por el servicio de prensa del PP y enmendadas por su sucesor en el cargo, Jesús Posada, el 2 de mayo en su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados. «Estas actividades se declaran en el registro de actividades y de intereses de altos cargos —declaró textualmente—. La actividad de estas personas la conocía doña Loyola de Palacio y cualquiera del ministerio porque esos registros se pueden consultar. Se conocían y ellos no lo ocultan; si aparece en el registro es porque han comunicado sus actividades». Para más inri, el 12 de junio de 1997, el ex funcionario del ministerio de Agricultura, Fausto Sánchez Cano, dirigió una carta a la ministra De Palacio en la que denunciaba la falta de control y relataba el modus operandi del negocio de los cazaprimas: «Y una vez empacada la fibra de lino, y asegurada la subvención, se apila convenientemente sobre el terreno y se sigue el consejo del representante de la empresa transformadora que, a su vez, suele ser la que proporciona la semilla: que se le prenda fuego».

La campaña electoral del 13 de junio de 1999 estuvo tejida por el escándalo del lino. Durante sus mítines como candidata popular a las elecciones europeas, Loyola de Palacio trató que quitarle hierro al asunto, y en Tenerife aportó un nuevo concepto político: «Sobre esa responsabilidad estética [de los cazaprimas de su ministerio] ya hablaremos». El humo del lino cegó una campaña electoral realizada a cara de perro. A la ironía de Almunia cuando declaró: “lo único que pedimos a la gente del PP y a los amigos de Loyola es que no nos incendien Feraz”, los populares contestaron que la concesión de las subvenciones era competencia del presidente autonómico socialista José Bono. “Algunos se preocupan del lino porque están en la Luna y no se enteran de nada”, dijo Aznar en uno de sus mítines.

El tiempo es un notario sorprendente, y fue la propia Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Unión Europea, quien presentó el lunes, 8 de enero de 2001, una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigara el cobro de ayudas comunitarias al cultivo del lino. Aquel “montaje electoral del PSOE”, repetido con vehemencia por la entonces ministra De Palacio, es aceptado ahora como “un fraude generalizado”, según el dictamen de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, en coincidencia con la Fiscalía Anticorrupción española, y que estima que España debe devolver 126,21 millones de euros por las campañas 1996-1999, así como todas las ayudas recibidas desde marzo de 1999 hasta octubre de 2002 que ascienden a otros 99,22 millones de euros. En total, 225,41 millones de euros (37.505 millones de pesetas). El 23 de octubre de 2002, ante la magnitud de esta reclamación, la comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, declaró desde su despacho de Bruselas, con palabras blindadas a la vergüenza: “Lo van a tener que pagar todos los agricultores”. Cómodas ironías del destino, y un episodio que, entre otras cuestiones, invita a reflexionar sobre la sinceridad en política.

CLIENTES Y SUBVENCIONADOS

“El problema consiste en que algunas prestaciones de los poderes públicos a los ciudadanos se convierten en mecanismos para establecer redes clientelares al servicio del partido que ocupa el Gobierno”, escribió Aznar en su “vademécum político” La Segunda Transición. Toda una perla en su cuaderno de bitácora.

Desde el mismo momento en que Miguel Ángel Rodríguez fue reemplazado por Josep Piqué como portavoz del Gobierno, este antiguo izquierdista universitario se convirtió en una pieza a batir por la oposición socialista. Es evidente, lo que resulta sorprendente es la facilidad con que los socialistas han tocado carne en cada una de sus estocadas. El combate de esgrima ha desvelado, cuanto menos, una singular relación del ministro de Industria con sus obligaciones fiscales y un modo muy peculiar de conceder las ayudas y subvenciones al desarrollo industrial.

En cuanto tomó posesión, el ministro Piqué presentó una operación para cancelar la deuda de Ercros. Como consecuencia, el «saneamiento» de esa empresa química se saldó, dos años más tarde, con el pago de apenas 1.100 millones de pesetas como cancelación de un crédito de 8.500 millones adeudado por Ercros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde diciembre de 1994. El ICO, además, compró por 5.000 millones a la antigua empresa presidida por Piqué unos terrenos que ya estaban hipotecados por Hacienda y la Seguridad Social, al deberles 3.245 y 2.090 millones de pesetas respectivamente; a los que se suman los 13.000 millones que Ercros tiene pendientes con Hacienda.

El 4 de junio de 1998, pocos días antes de que Piqué asumiera el nuevo cargo de portavoz del Gobierno, la operación recibió el visto bueno de su ministerio. Según el acuerdo, los terrenos adquiridos por el ICO a Ercros tienen un valor catastral de 7.135 millones, aunque el propio Piqué, siendo presidente de esta compañía, reconoció en su momento y por escrito que el valor de esos bienes no cubría ni la deuda con la Seguridad Social, que era en 1995 de 4.500 millones.

Al trato recibido por Ercros se añade la política de ayudas que, sistemáticamente, Piqué ha puesto en marcha desde Industria y, muy especialmente, el trato recibido por La Carolina. Durante los últimos dos años, el ayuntamiento de La Carolina había recibido el 24,4 % de los proyectos financiados en toda España. Desde 1997, merced a convenios de colaboración entre el Ayuntamiento e Industria, este municipio jienense ha obtenido ayudas, préstamos y subvenciones por valor de 2.197 millones de pesetas. De ellos, sorprendentemente, ha sido la propia corporación que preside el amigo personal de Aznar, Ramón Palacios, la que ha recibido directamente la subvención única de 585 millones de pesetas concedida por Piqué en esta ciudad de 15.500 habitantes. Esta subvención por sí sola supone el 20,1 % del dinero repartido por Industria en todas las zonas necesitadas de planes de reindustrialización, como Ferrol y comarca, que obtuvo 1.051 millones de pesetas; Sevilla, con 302,4 millones; Vizcaya, 800 millones; y Cantabria, con 89,3 millones de pesetas. La comparación resulta elocuente.

Pero hubo más. En octubre de 1998 el secretario de Estado de Industria, José Manuel Serra, informó ante el Congreso de los Diputados que La Carolina realmente había sido la receptora de 1.508,6 millones de pesetas durante 1997, ya que, a la subvención de 585 millones, se sumaban préstamos por valor de 923,6 millones concedidos a un tipo de interés preferencial para once proyectos presentados, con una inversión asociada de 2.157,3 millones. Esta «inversión asociada» supone el 24,4 % del total financiado por Industria en toda España, mientras que para los proyectos de reindustrialización presentados en otras zonas tan sólo alcanza un 4,5 % de la inversión total. Como ejemplo está Cádiz, donde se concentran Astilleros Españoles, Bazán y Construcciones Aeronáuticas (CASA), que no había recibido subvención alguna.

A los casos de Ercros y La Carolina se suman episodios como éstos: subvención de 45 millones de pesetas a Miguel Pérez Villar, ex consejero de Aznar en la Junta de Castilla-León condenado por prevaricación, para que abra en Oviedo un concesionario de Uría Motor; ayudas «mineras» a la empresa textil Torcidos Ibéricos, cuyo propietario pertenece al entorno familiar de Jordi Pujol, a la compañía de televisión por cable Telecable Asturiana (511 millones), a Innovación de Bebidas, S. A. (Inbesa), compañía asturiana de la que, hasta febrero de 1997, era copropietaria la familia del vicepresidente Rodrigo Rato (en un 39,6 %) y que recibió 17,9 millones de pesetas el 19 de febrero de 1996; irregularidades de la empresa minera Hullera Vasco Leonesa, acusada de cometer un presunto fraude en la mezcla de carbones; los 80 millones de pesetas obtenidos en 1998 por la Confederación de Empresarios de Cádiz, presidida por Santiago Cabo, marido de la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, para un programa de formación para nuevos empresarios; o la pintoresca subvención a Castileón 2000, presidida por un ex alto cargo de UCD, para la instalación de diez granjas de cerdos en Palencia.

Cuando el asunto de las subvenciones de Industria saltó a la opinión pública, algunos de los más directos colaboradores de Piqué perdieron los nervios. Como consecuencia, la Directora general de Minas, Paloma Sendín de Cáceres, fue denunciada ante los juzgados de Madrid por los supuestos delitos de amenazas, coacciones y falsedad. En una querella admitida a trámite en marzo de 1999, un funcionario de su ministerio relata cómo la Directora general irrumpió en su despacho, accedió a su ordenador y le obligó a entregarle documentos y expedientes. Cuan émula de Sherlock Holmes, Paloma Sendín buscaba el origen de varios documentos aparecidos en los medios de comunicación, algunos de los cuales contenían anotaciones de su puño y letra. Según la querella, la directora de Minas se había saltado la legalidad al efectuar un registro sin que mediara ningún expediente y violaba todas las garantías legales del funcionario registrado. ¿Un caso de autoritarismo movido por el pánico?.

Alrededor de Piqué danzan acusaciones de muy variado signo: favoritismos personales, clientelismos de partido, argucias contables para zafarse del fisco… Mientras la comisión parlamentaria controlada por el PP daba carpetazo al asunto, no resulta extraño que el conjunto de actividades político-económicas del entonces ministro-portavoz, hoy mirlo blanco del PP catalán, fuera calificada como La piqueresca. Y es que, a veces, la Administración pública —entendida de una forma patrimonial por sus inquilinos de turno— se presenta como un nuevo patio de Monipodio, donde los pícaros de la ingeniería financiera ocupan la «zona gris» de la corrupción y bordean los límites de la legalidad en su reparto del botín, mientras los otros pícaros se dedican abiertamente a utilizar el poder en beneficio propio y de sus familias. El 11 de octubre de 2002 estalló el último caso emblemático: oposición socialista detalló uno por uno los 296 casos de cargos públicos del PP y de familiares directos de dirigentes de ese partido, empleados en instituciones públicas de Ourense y muy especialmente en la Diputación provincial, donde diecisiete miembros del grupo del PP tienen contratados a hijos suyos en diversos servicios de ese organismo. De los 92 ayuntamientos orensanos, 63 de ellos, gobernados por el PP, han dado trabajo en diversos organismos municipales a 32 hijos, 18 hermanos, 18 esposas, once nueras y yernos, 35 tíos y sobrinos y 12 cuñados de los alcaldes y los concejales populares. La familia es lo primero. Después de “colocarlos” ya se puede hablar de clientelismos y caciques. O de cómo es posible privatizar una funeraria municipal como la de Madrid al precio de cien pesetas y no morir de vergüenza en el intento. Milagros en la regeneración de los bolsillos.

XV
“¡HA EXPLOTADO LA BOMBA!”

Prevaricación: Se comete cuando, a sabiendas, el personaje falta a la obligación del cargo que desempeña y comete deslealtades tales como dictaminar resoluciones injustas sabiendo que lo son.

En la tarde del jueves, 2 de agosto de 2001, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso se había reunido a petición de Pilar Valiente Calvo, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (VNMV), para informar sobre la intervención de la Sociedad de Valores Gescartera, cuyo máximo accionista, Antonio Rafael Camacho, estaba ya en prisión incondicional y, el 20 de julio, el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, había dimitido de su cargo “por razones familiares” y porque no quería “ser un lastre en la gestión impoluta del Gobierno”.

Vicente Martínez-Pujalte, portavoz del Partido Popular para asuntos económicos, apuraba su turno con voz enérgica y el bigote en posición:

—Sin ninguna acritud debo decirle al Partido Socialista que a lo mejor el señor Camacho con ellos era director general de la Guardia Civil.

—¡Te estás pasando, Vicente! —exclamó una diputada socialista.

—Creo que estamos ante un asunto muy importante —prosiguió, impasible y complacido como un jugador con ventaja.

—¡No charlotees! —exclamó el dirigente socialista Jesús Caldera.

—A mi grupo le preocupan tres temas fundamentales. En primer lugar, la defensa del pequeño ahorrador. Por eso, mañana el Gobierno aprueba, dando cumplimiento a un artículo de la Ley del Mercado de Valores, un fondo de garantía para el pequeño ahorrador.

—¡Con dos años de retraso! —exclamó Jordi Sevilla, del PSOE.

—En segundo lugar, nos preocupa poner todos los medios materiales y humanos al servicio de los órganos jurisdiccionales para que se depuren todas las responsabilidades penales y civiles y para que intentemos rescatar el dinero perdido. En tercer lugar, mi grupo requiere transparencia y claridad, por eso hemos anunciado públicamente la creación de una subcomisión para el análisis de los sistemas que den garantía y seguridad a las empresas de servicios de inversión y protección a los ahorradores.

—La tinta del calamar —comentó Sevilla.

—Y esta es la primera razón por la que este tema nos parece importante. En segundo lugar, es un tema relevante porque está en juego la credibilidad del sistema financiero español, y el sistema financiero español es la savia que necesita el árbol económico para garantizar crecimiento, empleo y bienestar.

En ese instante, Martínez-Pujalte cambió de ritmo.

—La única diferencia —advirtió a los socialistas— es que nosotros hemos puesto al frente del órgano regulador a personas independiente y ustedes pusieron al ex ministro de Industria. Eso es una realidad —subrayó ante las risas y murmullos.

—¡No me digas que es independiente! —exclamó con sorna el diputado socialista Francisco Fernández Marugán— ¡Será otra cosa, pero independiente no!

—Pueden negar lo que quieran, pero es una realidad, y entre 1988 y 1996 al frente al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estuvo el ex ministro socialista, persona independiente.

—¡No ocurrió! —exclamó Cuevas.

—No ocurrió —se enzarzó Pujalte, con cierta bravura tosca—. De lo que ocurrió ahora hablaremos. No se preocupe Su Señoría, porque vamos a hablar de lo que ocurrió, en profundidad.

Y tras el aviso a navegantes, se lanzó a la yugular de la oposición:

—Ha habido problemas en muchos sitios y en España también. Gescartera, Ava, Ibercorp… pero esta vez las alarmas han funcionado. Podemos preguntarnos si se puede hacer mejor o si podían haber funcionado tres meses antes o tres meses después, eso es subjetivo y lo comparto; vamos a estudiar para que las alarmas funcionen tres meses antes, cada vez mejor. Desde luego, aquí han sonado las alarmas. No ha sonado la oposición ni los medios de comunicación, ni las reclamaciones de inversiones… han sonado las alarmas.

—¡La tuya! —exclamó Caldera, entre rumores.

—¡Ha explotado la bomba! —gritó un diputado socialista.

—¡Qué diferencia entre cuando nos enterábamos por los periódicos, o cuando el presidente del Gobierno no se enteraba de nada salvo por los periódicos, y cuando nos enteramos por el órgano de supervisión.

—¡Éste tampoco se ha enterado ahora! —exclamó la socialista Isabel López i Chamosa.

—Ustedes pueden criticar… —alzó la voz para que se le oyera por encima de los rumores.

—¡Muchas gracias! —contestó Sevilla, con sarcasmo.

—…pero aquí nos hemos enterado por los órganos de supervisión. La oposición hace su discurso sobre dos ejes: corrupción y mal funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores… Ha hablado de corrupción. Ha dicho que hubo información privilegiada, que había prevaricación en el consejo de la CNMV, que había connivencia entre la comisión y la empresa… En fin, ha dicho varias cosas que hablan de corrupción de políticos.

—¡Sí, sí! —exclamó el portavoz socialista Antonio Cuevas Delgado, que le había precedido en el uso de la palabra.

—Ha querido hablar de políticos, y yo quiero hablar de corrupción porque me parece un debate serio. Es bueno hablar de ello. Yo creía que corrupción era llevarse el dinero, y en la época socialista estábamos acostumbrados a ello.

—Aquí alguien se lo ha llevado porque no sabemos dónde está —comentó Isabel López i Chamosa, provocando las risas.

—Aquí algún político se ha llevado el dinero —repitió Pujalte— Lo único que sabemos, ya metido en el saco de la corrupción el señor Cuevas, es que algunas personas han perdido dinero. Es un nuevo método de corrupción: perder dinero y llamarle a uno corrupto. No digo que no sea un método, pero sí que es un método nuevo. Lo que ha pasado aquí es: hay unos cuantos señores que han perdido dinero y un responsable de una empresa privada que ha sido denunciado por la Comisión a la Audiencia y a la Fiscalía, y está en la cárcel. Vamos a hablar de corrupción, y vamos a seguir el método inglés de hablar de los precedentes. En la democracia española ya han gobernado los dos partidos mayoritarios y se puede comparar el comportamiento de unos con el de otros. El señor Cuevas ha hablado del señor Giménez—Reyna. El señor Giménez-Reyna, que ha sido un excelente secretario de Estado, ha dimitido para no distraer la atención de lo importante. Se trata de uno de los afectados, una de las personas que ha perdido dinero [invirtió en Gescartera, 500.000 y 900.000 pesetas en dos fondos] y lo que ha hecho ha sido dimitir para que no nos perdamos en este tema. Ibercorp. Según el señor Cuevas, en ninguna entidad financiera ha habido ningún problema.

Ante el creciente rumor, Santiago Lanzuela, presidente de la Comisión, pidió silencio.

—¡Aplique el reglamento, señor presidente! —gritó Caldera. Pero Martínez—Pujalte ya había decidido su estrategia y siguió el guión trazado:

—Lo que ocurrió en Ibercorp, señorías, fue que el Gobernador del Banco de España [Mariano Rubio, ya fallecido] fue condenado por pasar información privilegiada al presidente de una sociedad para su enriquecimiento personal [se refiere a Miguel Boyer], y lo que hizo el ministro de Economía de entonces fue no actuar y paralizar las investigaciones. Resulta que un ministro socialista [Vicente Albero] tenía ahí dinero negro, que nunca supimos de dónde procedía, y tuvo que dimitir porque había cometido un fraude fiscal. Todos miembros del Partido Socialista. Eso es corrupción; [eso es] prevalecerse del cargo para el enriquecimiento personal. ¡Qué diferencia entre el gobernador del Banco de España de aquel entonces, que fue condenado por llevarse dinero, y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que lo que ha hecho ha sido dar la voz de alarma y llevar el tema a los órganos jurisdiccionales para que sea conocido por la opinión pública! Podremos hablar de otros temas de corrupción, pero siempre nos encontraremos con lo mismo: que en la época socialista lo que hubo fue un valerse del cargo para un enriquecimiento personal. Así pasó con los fondos reservados, con las comisiones del AVE, etc. Hablamos de sentencias y de condenas de políticos. Hablar aquí que si el señor Ramallo es compatible o no para firmar una escritura pública, nos parece relevante y por eso el ministro de Administraciones Públicas le ha abierto un expediente, a petición propia, de inmediato, con rapidez y sin poner la mano en el fuego, como antes se hacía en la época socialista y se la quemaban hasta quedar chamuscada. (…) Señor Cuevas, si quiere hablar de corrupción, hablemos de corrupción. Pero corrupción es llevarse el dinero y el dinero se lo llevaron altos cargos del Gobierno socialista. Aquí estamos hablando de un asunto gravísimo en el que hay unos golfos, presuntamente golfos, que yo los llamo así…

—¿Quién se llevaba el dinero? —insistió López i Chamosa.

—…que están en la cárcel. Nosotros queremos hacer todo lo posible para recuperar el dinero. De corrupción podemos seguir hablando lo que quieran, porque hay una diferencia abismal entre su grupo y el nuestro.

—¡A ver, a ver! —preguntó Caldera.

Las palabras ruidosas y los comentarios en voz alta llegaron a un extremo tal que el presidente Lanzuela exigió a los diputados que dejaran terminar su alocución al portavoz popular.

—Señor presidente —interrumpió Caldera—, pido la palabra por una cuestión de orden.

—Señor Caldera —prosiguió Martínez-Pujalte, entre risas—, entiendo que usted quiera intervenir para corregir algo la mala intervención de su portavoz. Pero mañana tendrá oportunidad de dar su rueda de prensa diaria. Ahora voy a hablar del funcionamiento del órgano regulador. Ustedes han querido también…

—¡Ten cuidado! —le increpó el dirigente socialista.

—Señor Presidente, me está amenazando; el señor Caldera dice que tenga cuidado y cosas así. No sé lo que le pasa.

—Por favor señorías —intervino Lanzuela—, les ruego silencio y que dejen acabar al portavoz que está en el uso de la palabra.

—Señor Presidente —intervino Caldera—, ha llamado corrupto a mi grupo parlamentario. Hay un artículo del Reglamento que permite invocarle para defender la dignidad de su grupo. Nos ha llamado corruptos.

—Tendrá la palabra cuando termine la intervención el señor Martínez-Pujalte.

—Señor Caldera —continuó el portavoz popular—, no se ponga nervioso, porque yo estoy muy tranquilo. Ustedes han hablado de corrupción y a mí me parece muy importante hablar de ello. Yo no he llamado corrupto a nadie. He dicho que hay una diferencia abismal cuando se habla de corrupción del Partido Socialista y cuando ustedes hablan de corrupción del Partido Popular. Corrupción del Partido Socialista hay señores en la cárcel, hay sentencias firmes, hay información privilegiada de enriquecimiento personal del gobernador del banco de España, del director general de la Guardia Civil; pero no he querido más que responder sin acritud al señor Cuevas, que ha querido sembrar dudas en este tema sobre la corrupción.

—¡Qué tendrán que ocultar! —exclamó Sevilla.

—Simplemente he dicho que si hablamos de corrupción, hablamos de corrupción. Yo no pongo ninguna pega. Lo que es verdad es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha actuado con corrección.

LA TRANSPARENCIA OPACA

Dos horas antes, Pilar Valiente Calvo había iniciado su informe al Congreso de los Diputados diciendo: “Señorías, comparezco a petición propia para informar a esta Comisión sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la sociedad Gescartera Agencia de Valores S. A.… Agradezco la posibilidad de poder dirigirme a Sus Señorías y, a través de ustedes, a la sociedad española. La actuación de la CNMV está sujeta a un deber de confidencialidad y sigilo…”.

Tras varias apreciaciones de índole jurídica, Valiente lanzó su primer dogma de fe: “Siempre con el máximo respeto a los principios legales que regulan nuestra actividad, como presidente la de CNMV he sido y soy partidaria de actuar con la máxima transparencia, no sólo porque ello contribuye al deber de dar cuenta y razón de nuestra actividad a la sociedad, sino también porque creo que las transparencia es uno de los mecanismos que contribuyen a la protección de los inversores. Creo que la CNMV ha dado pruebas sobradas de esta actitud”.

Transparencia, protección de los inversores… Hermosas palabras si tenemos en cuenta el culebrón político-financiero provocado por los acontecimientos que rodean la intervención y actividades de Gescartera, los testimonios encontrados entre sus protagonistas, los documentos manipulados y falsificados, las actas de la CNMV que no recogen todos los debates y propuestas por una cuestión de “consenso”, los almuerzos de amistad y negocios, las connivencias familiares, los regalos millonarios… Lo público y lo privado con dinero por medio. La verdad y la mentira mezcladas en un extraño fango en el que la transparencia posee una opacidad realmente ejemplar, como otras tantas veces.

Y aquel 2 de agosto, con el Parlamento prácticamente de vacaciones, y a las cinco de la tarde como en un famoso poema de García Lorca, Pilar Valiente Calvo relató la verdad oficial del caso Gescartera, un fraude en el que dos mil inversores habían perdido todo su dinero y, al menos, 18.000 millones de pesetas se habían esfumado. “Sólo se ha podido verificar la existencia de depósitos de valores en diversas entidades bancarias —concluyó la presidenta de la CNMV— por un importe de 219 millones de pesetas”.

Con una frialdad de piedra, Valiente relató un acontecimiento singular: “En diciembre de 1998 —explicó— se empezó a realizar una actuación de supervisión a Gescartera. A la vista de presuntas irregularidades, en el mes de abril de 1999 el consejo de la Comisión, por unanimidad, acordó incoar expediente sancionador a Gescartera y a los miembros de su consejo de administración don José Camacho, don Antonio Camacho, doña Pilar Giménez—Reyna y don José María Ruiz de la Serna. Es en este momento cuando, como consejera de mercados primarios de la CNMV, tengo conocimiento por primera vez de cualquier dato sobra la entidad Gescartera. El expediente se incoó al ponerse de manifiesto una actitud de falta de colaboración por la entidad en el ejercicio de la actuación supervisora de la CNMV y por supuestas irregularidades en la llevanza de los registros contables”.

En aquel mes de abril de 1999, la presidenta de Gescartera oyó hablar de Gescartera por primera vez en su vida. Entonces, según su relato, el consejo ordenó que la investigación sobre Gescartera continuase “al no contar el Consejo más que con una información provisional”. Sin embargo, la investigación concluyó que la situación económica de Gescartera era correcta, y así quedaba avalado por los informes de auditoría de 1998 y 1999, encargados por la propia empresa, y por el hecho de que no hubiera reclamación alguna de sus clientes. El expediente sancionador fue resuelto el 13 de julio de 2000, e impuso una sanción de 7 millones de pesetas, a Gescartera y tres millones a Antonio Camacho y a José María Ruiz de la Serna.

“Como han podido comprobar Sus Señorías —explicó Pilar Valiente a continuación,— en esa misma fecha el consejo, también por unanimidad, adoptó el acuerdo de transformación de la entidad en agencia de valores. Aparentemente, esta medida les resultará contradictoria, máxime teniendo en cuenta los acontecimientos posteriores a esta fecha, pero debo decirle que en aquella sesión el consejo valoró por unanimidad los siguientes extremos: de la documentación obtenida en el curso de la supervisión no se desprendía la existencia de un descuadre patrimonial; la solvencia y prestigio de una entidad como la Fundación ONCE…”.

El portavoz socialista Antonio Cuevas no desaprovechó la oportunidad, y se despachó con palabras de hierro en las que, curiosamente, jamás pronunció la palabra corrupción: “Usted ha reconocido que puede resultar contradictoria que en el mismo consejo de la CNMV en el que se imponen las sanciones a Gescartera se acuerda también abrir un expediente para su conversión en agencia de valores. Contradictorio. No. En realidad esto es inaudito y desde luego de extrema gravedad y revela una actuación arbitraria que raya en la prevaricación”.

No es extraño que Martínez-Pujalte desplegara toda su enérgica agresividad parlamentaria para contestar al Grupo Socialista, dado que, a pesar de las vacaciones estivales, se acercaba un frente tormentoso sin precedentes desde que el Partido Popular llegó al poder.

“Es imposible creer el relato que usted nos ha hecho —afirmó el diputado Cuevas—. Falta lo fundamental, que antes del día 14 [de junio de 2001, fecha de la intervención de Gescartera], cuando estaban inspeccionado —si es que lo estaban haciendo— y se dieron cuenta de la gravedad de los acontecimientos, tomaran cartas en el asunto de otra forma. (…) Lo que ustedes detectaron en aquel momento fue que [los directivos de Gescartera] estaban operando por cuenta propia y usted sabe lo que eso significa. Es algo gravísimo que una agencia de valores, teniendo en cuenta además el volumen que en ese momento poseía. (…) Usted debería haber investigado inmediatamente esto a fondo, y así se habría encontrado con que, en vez de faltar 18.000 millones, hubieran faltado 15.000. A tres mil inversores —a lo mejor entre ellos los huérfanos de la Guardia Civil— no les hubiera tocado; porque parece que, además había información privilegiada, unos se enteraron antes que otros de que aquí pasaba algo raro; como la Marina, que tuvo más suerte que la Guardia Civil y pudo retirarse a tiempo, o como la Iglesia, el Arzobispado de Valladolid, creo. Sin embargo, por esas mismas fechas, a otros se les captaba en esa pirámide muy conocida y muy tradicional”.

El portavoz socialista se centró después en la identidad de los personajes vinculados a Gescartera. “Este caso tiene algo que a mí no me gusta porque desvirtúa la seriedad de lo que aquí estamos tratando, y es que va ligado a una especie de culebrón, o a La Escopeta Nacional 3. La presidenta se llama Pilar Giménez-Reyna, muy conocida por altos funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero además era hermana de su hermano Enrique, secretario de Estado de Hacienda en aquella fecha. Luego está su hermano José, coronel de la Guardia Civil, ayudante el general Blanes, que todavía hoy ocupa la presidencia de la Asociación de Huérfanos del Cuerpo, que invirtió 450 millones en Gescartera… La saga sigue. Hoy nos hemos enterado que otro hermano está en equipos nucleares de la SEPI… Bueno tenemos a la familia Giménez-Reyna al completo. Sabemos qué hacía Pilar, que era aprender Economía, captaba clientes del sector público y cobraba. Sabemos lo que hacían sus hermanos José y Francisco. De lo que hacía Enrique… Lo que se estaba cociendo entre esta empresa y la CNMV es lo que hace posible este fraude o esta estafa… Quiero dejar una cosa clara: este no es ningún chiringuito financiero. Gescartera era una empresa que tenía todos los vistos buenos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los inversores que iban allí lo hacían porque tenían esa garantía. No vayamos ahora a derivar esto y a decir que es una estada de un señor que ha engañado a todo el mundo. No, no se han burlado los controles porque, primero, no los había, y segundo porque el controlador estaba relacionado con esta empresa con una afinidad muy seria. (…) Señora Pilar Valiente, usted ha terminado diciendo que se han evaporado 18.000 millones, que no sabe dónde están y que sólo hay por ahí 200 o 219. Este ha sido el resumen de su comparecencia, mientras todos esperábamos aquí que nos explicara que la CNMV había sido tan diligente que había podido detectar dónde estaba el dinero y conocer el mecanismo por medio del cual se había defraudado”.

El 14 de junio de 2001, cuarenta y ocho días antes de que Pilar Valiente compareciera ante la Comisión parlamentaria de Economía y Hacienda atrás, el consejo de la CNMV decidió por unanimidad intervenir Gescartera Dinero Agencia de Valores, S. A. y Gescartera Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. Cinco días después, el 19 de junio, el consejo decidió también por unanimidad incoar expediente sancionador a Gescartera y a sus directivos: Pilar Jiménez-Reyna Rodríguez, José Manuel Pichel Jallas, Francisco Javier Sierra de la Flor y a sus apoderados Antonio Camacho Friaza y José María Ruiz de la Serna “por presunta comisión de dos infracciones muy graves —en palabras de Valiente—: por llevar la contabilidad y los registros legalmente exigidos con vicios o irregularidades esenciales que impedían conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad y por la negativa o resistencia de Gescartera Dinero a la actuación inspectora de la Comisión, habiendo mediado requerimiento expreso y por escrito al respecto”.

La Dirección General de Supervisión de la CNMV había remitido, el 19 de abril de 2001, un requerimiento a Gescartera para que le informara sobre “incidencias detectadas” en la contabilidad del mes de febrero: la liquidez y el depósito de saldos en efectivo por cuenta de sus clientes que ascendían a 6.968 millones y no aparecían por ninguna parte. El 25 de mayo, los directivos de Gescartera respondieron con un certificado de La Caixa por valor de 4.320 millones de pesetas que, como se sabría posteriormente, era falso. Para que completaran la documentación y justificaran los 2.615 millones que faltaban por justificar se les dio el 12 de junio de 2001 como plazo. Ese día, y fuera del horario de registro, Gescartera aportó fotocopias de certificados bancarios. La Comisión instó entonces a que aportaran los originales. Al día siguiente, el 13 de junio, en reunión urgente, “la Comisión —en palabras de Pilar Valiente— “intentó ponerse en contacto telefónico con doña Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera, con don José Manuel Pichel Jallas, consejero-delegado de Gescartera, director general de la Fundación Once y vicepresidente del grupo de empresas Fundosa, y con don Francisco Javier Sierra de la Flor, consejero de Gescartera. Sólo compareció don Antonio Camacho Friaza, accionista mayoritario de Gescartera Holding y, por lo tanto, de manera indirecta, de la agencia, que se comprometió a aportar al día siguiente un certificado emitido por la entidad bancaria en la que se encontraban depositados los 2.615 millones de pesetas”. A la mañana siguiente, Camacho aportó un certificado falso del Banco de Santander Central Hispano.

A las cinco y diez de la tarde, comparecieron en la sede de la CNMV, Pilar Giménez-Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor y Antonio Camacho, quien acusó a su apoderado, José María Ruiz de la Serna, de ser quien había enviado el certificado falso. “No obstante —explicó Valiente— declaró su voluntad de adoptar las medidas oportunas para resolver el problema. Dona Pilar Giménez—Reyna mostró su sorpresa ante el hecho, considerando que debía de tratarse de un error, y tanto ella como don Javier Sierra de la Flor manifestaron su disposición a poner de inmediato a buscar una solución”.

Durante aquella tarde, llegó a la Comisión un fax sin autentificar en el cual una entidad denominada L. Murrells, LLC (Limited Liabiliy Company), con sede en Atlanta (Estados Unidos) anunciaba que tenía depositados alrededor de 2607 millones de pesetas en sus dependencias. Otro certificado librado por Martín Investment, con sede en la ciudad norteamericana de Delaware. Dos compañías fantasmas, inventadas por los directivos de Gescartera y que no estaban registradas en ninguna parte.

EL AGUJERO NEGRO DE GESCARTERA

Aquel era el final de un episodio financiero que había comenzado nueve años antes, cuando el 16 de junio de 1992 Gescartera quedó inscrita en la CNMV como sociedad gestora de valores, con un capital social de quince millones de pesetas y un consejo de administración formado por José Camacho Rodríguez en la presidencia. Su hijo Antonio Camacho Friaza como consejero consejero-delegado, y Juan Suárez de Figueroa, en los cargos de consejero-delegado y director de gestión. Posteriormente, Pilar Giménez-Reyna Rodríguez entraría como vicepresidenta.

No obstante, la empresa, de la que Antonio Camacho poseía el 70 por 100 de las acciones, no daría su gran salto hasta el 2 de marzo de 2000, cuando Gescartera Dinero Sociedad Gestora de Cartera presentó en la CNMV su solicitud para convertirse en agencia de valores; con cambios significativos en su consejo con la entrada de José Manuel Pichel Jallas, director general de la Fundación ONCE, que aportaba un 10 por 100 del capital social, con la intención de llegar a cubrir el 25 por 100 de Gescartera Holding. Pilar Giménez-Reyna pasó a ocupar la presidencia de Gescartera.

En palabras de Pilar Valiente, los solicitantes tenían honorabilidad y experiencia. “Ninguno de ellos —explicó la presidenta de la CNMV— había sido sancionado previamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Respecto a la experiencia, el Real Decreto 276/1989, en su artículo 2, letra i), exige que la mayoría de los miembros del consejo de administración cuenten con conocimiento y experiencia adecuados en materias relacionadas con el mercado de valores o hayan realizado actividades de dirección al menos durante dos años. Todos estos términos se cumplían”.

Sin embargo, los hechos desmienten tales aseveraciones. El 31 de marzo de 1993, la CNMV, cuando estaba presidida por Luis Carlos Croissier, sancionó a la empresa Bolsa Consulting, gestionada por Pilar Giménez-Reyna y Antonio Camacho, como autora de una infracción muy grave: captar y gestionar dinero sin estar autorizados para ello, ya que estaba registrada como “intermediaria de comercio de productos diversos”. El 7 de febrero de 1994 se le impuso una multa de 128 millones de pesetas. También el 6 de abril de 1999 —como explicó Pilar Valiente en el Congreso— la inspección de la CNMV había sancionado a Gescartera, pero no dijo que la calificación de la falta propuesta fue reducida de “muy grave” a “grave”, con lo cual se evitó su publicación.

Esta decisión, como pasaría con los casos de las “stock options” de Telefónica, en tiempos de Juan Vilallonga, o con la quiebra de la financiera AVA, en la que aparecieron personajes vinculados a la dirección de la CEOE, dividió al consejo de la CNMV en dos sectores enfrentados. En ese momento, y hasta octubre de 2000, la Comisión estaba presidida por Juan Fernández-Armesto, frente al ex diputado popular Luis Ramallo García, que desde la vicepresidencia capitaneaba al sector más “político” en el que destacaban como consejeros: José María Roldán, en su momento Jefe de Gabinete del ministro Rato, y Pilar Valiente, ex dirigente nacional de la APIFE (Asociación Profesional de inspectores de Finanzas del Estado) en tiempos del gobierno socialista y martillo de los socialistas como denunciadora, en 1997, de una supuesta amnistía fiscal que el PSOE habría facilitado a sus “amiguetes” desde la Agencia Tributaria y que quedó en agua de borrajas. En la secretaría del consejo de la CNMV estaba Antonio Alonso Ureba, que pasaría posteriormente a ocupar este mismo cargo en el consejo de administración de Telefónica. Todos nombrados por el ministro Rodrigo Rato. Los enfrentamientos entre Fernández-Armesto y el sector de Ramallo era tan cotidiano que en las actas de las reuniones, el consejo de la CNMV sólo reseñaba sus conclusiones y no recogía los debates en los que no había “consenso”. Así, el 30 de marzo de 1999, tras las investigaciones dirigidas por David Vives, director general de Supervisión, se planteó la intervención de Gescartera tras descubrirse que faltaban miles de millones y que los directivos de la, con la colaboración del ecónomo del arzobispado de Valladolid, según Vives, estaban tapando el agujero con actividades irregulares y opacas. El informe de Vives, presentado en borrador, fue desestimado por los tres miembros del consejo liderados por Ramallo, durante la reunión extraordinaria del consejo realizada el 16 de abril siguiente. No hubo acuerdo, las actas tampoco reflejaron el tema y se pasó la página como si tal cosa. Si entonces hubieran intervenido Gescartera, mil clientes nuevos no habrían perdido una inversión de 10.000 millones de pesetas. Desde abril de 1999 hasta junio de 2001, en que se decidió la intervención, Gescartera tuvo su mayor crecimiento empresarial. Fueron dos años en los que su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, consiguió captar a los más variopintos inversores públicos y privados que puede imaginarse en España. Como diría con sorna el diputado de Izquierda Unida, Francisco Frutos, “sólo faltaba el torero”.

Honorabilidad, experiencia, limpieza…

El 13 de julio de 2000, el consejo de la CNMV aprobó la propuesta de Gescartera y, el 1 de septiembre, el Ministerio de Economía autorizó por fin su transformación en agencia de valores. El 2 de enero de 2001, Gescartera solicitó su registro en la CNMV y, apenas treinta días más tarde, la CNMV decidió que Gescartera cumplía todos los requisitos, entre ellos la “honorable” participación de la Fundación ONCE, aunque esta organización no había aportado el 25 por 100 de capital convenido.

Así, pues, el 6 de febrero de 2001 Gescartera quedó inscrita en el registro de la CNMV con el número 186. En su ficha de inscripción figuran la memoria, dos informes de las auditorias cerradas el 31 de diciembre que abarca desde 1992 hasta 1999; y hasta el 31 de diciembre de 2000, realizadas por una empresa privada a petición de Gescartera. Con estos datos, el consejo de la CNMV, presidido por Pilar Valiente, constató que el patrimonio era “fiel” y la situación financiera limpia. Adelante con los faroles.

Sin embargo, después del primer escollo de “intervención” sorteado por Gescartera en abril de 1999, la tramitación del ascenso de Gescartera a agencia de valores pasó por otros episodios singulares, desvelados por las investigaciones posteriores. Se trata de un cúmulo de despropósitos y falsedades que, curiosamente, no fueron detectados por la CNMV. El más llamativo aconteció el 8 de noviembre de aquel 1999, cuando Antonio Camacho proporcionó a la Comisión unos documentos, según los cuales Gescartera decía gestionar 6.894 millones de pesetas de sus clientes. De ese capital, el 76 por 100 estaba depositado en efectivo en una sucursal de La Caixa, en el pueblo madrileño de Majadahonda. A nadie le sorprendió, aunque lo natural es que el dinero estuviera invertido en acciones o bonos del estado, pues de eso se trataba su negocio. Lo más increíble es que, para justificar la existencia de esos millones, Camacho entregó a la CNMV fotocopias de tres resguardos de ingresos de tres cheques, por valor de 3.949 millones de pesetas, fechados el 4 de noviembre de aquel año, es decir, cuatro días antes. Nadie en la Comisión presidida por Pilar Valiente comprobó que los cheques estaban depositados en La Caixa con esta solicitud: “No se ingresarán hasta que la sociedad sea transformada en agencia de valores”. Tampoco era problema que las cuentas presentadas por Gescartera no cuadraran. Todo tiene arreglo. En su andadura financiera, los directivos de Gescartera falsificaron extractos de cuentas corrientes en Caja Madrid o La Caixa, con sello y todo, que provocó una denuncia judicial de Caja Madrid. Para ocultar su situación, como demostraría el inspector Vives, contaron en sus cambalaches incluso con la colaboración del ecónomo del arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, ya citado.

Aquel era el gran agujero negro de Gescartera. Antonio Camacho y Pilar Giménez-Reyna ya tenían un agujero financiero de casi 4.000 millones de pesetas cuando decidieron dar el salto adelante y convertirse en “agencia de valores”, con la entrada en el accionariado de la Fundación Once, que supuestamente aportaba 1.000 millones de pesetas con el compromiso de alcanzar los 2.500 millones, desembolso que jamás se materializó. La inversión de la ONCE en Gescartera había sido negociada en 1998 por Javier Valenzuela, director general de la Junta de Castilla y León durante las presidencias de Aznar y Posadas, Curiosamente, seis meses antes de la caída de Gescartera, la Organización Nacional de Ciegos descubrió el caos financiero de Camacho y trató infructuosamente de su inversión.

¿Cómo habían podido llegar tan lejos en sus tribulaciones financieras sin estar respaldados por estructuras poderosas? El 9 de agosto de 2001, en su primera declaración ante la juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, Antonio Camacho confesaba con voz titubeante, balbuceando casi: “Yo, al final, Su Señoría, cuando cojo las riendas, o sea, no las riendas. Es decir, yo… desconozco mi responsabilidad, mi material… en fin, todo eso. Porque realmente, o sea, el alma de todo esto y el gran profesional, y como la copa de un pino, ¿no?, era mi padre”.

Cuesta creer que 18.000 millones de pesetas puedan “evaporarse” en apenas dos años sin dejar rastro, o que Antonio Camacho y Pilar Giménez-Reyna puedan ser, simplemente, dos pequeños personajes del patio de Monipodio en versión siglo XXI. “Yo, al fin y al cabo, soy un don nadie. El reconocimiento profesional era de mi padre. Porque yo, técnicamente, en eso no estoy preparado”. ¿Cómo fue posible que se escaparan a todos los controles?

INCOMPATIBLES CON LA CORRUPCIÓN

Inasequible al desaliento que a veces provoca la realidad, José María Aznar, el sábado 25 de agosto desde Menorca, se despidió de sus vacaciones con un mitin ante ochocientos seguidores complacidos, y que tuvo el caso Gescartera como ruido de fono: “He escuchado durante estas semanas la narración de las andanzas de una estafa financiera que nos llena de indignación. Ya es evidente que ha habido mucho engaño y mucho aprovechamiento ilícito”.

Desde la isla, el presidente del Gobierno anunció su intención ética, como quien prepara el sermón de la montaña. “Nosotros no estamos aquí para buscar el enriquecimiento personal ni para favorecer a nadie en perjuicio del común de la gente. Llevamos muchos años trabajando mucho y, desde luego, no hemos hecho todo esto para que nadie viva a costa de los demás. Seguimos creyendo que la gente debe prosperar en virtud de su propia iniciativa, sin esperar favores de ningún poder público ni deberle favores a ningún administrador”.

Seguramente, al decir estas palabras, el presidente Aznar no pensaba su viejo amigo Enrique Giménez-Reyna, malagueño, inspector de Finanzas del Estado y casi maestro de Pilar Valiente. Un hombre con quien la familia Aznar había compartido veraneos y vecindad en Nerja y con quien el joven José María tenía recuerdos de agradecimiento, al recordar el modo en que Enrique le había ayudado a preparar sus oposiciones al cuerpo de Inspectores de Hacienda; un experto de largo recorrido en quien el presidente propuso para secretario de Estado.

Desde Menorca, el estadista, “indignado” por la estafa, volvió a insistir en su rotundo mensaje. “Lo voy a decir claramente: somos incompatibles con la corrupción y exigimos que quienes hayan tenido cualquier tipo de comportamiento irregular paguen todas sus responsabilidades. Ante un asunto turbio, hay quien [en referencia al PSOE] intenta entorpecer y ocultar, frente a quien intenta hacer la luz y exigir responsabilidades. En el Gobierno y en el PP tenemos claro de qué lado de la raya estamos: estamos donde está la mayoría de nuestros conciudadanos; estamos al frente de esa mayoría de gente que no soporta las trapacerías de nadie y que quiere luz y taquígrafos, caiga quien caiga”.

Habían pasado demasiadas cosas desde la intervención de Gescartera. Como una olla a presión, la verdad saltaba sobre la mentira y las responsabilidades políticas sumergían a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la sospecha más absoluta. “Quienes tenían la obligación de vigilar, o eran rematadamente tontos o estaban en el ajo”, declaraba el diputado Cuevas. Dos ministerios con sus responsables titulares, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, estaban “tocados” por el escándalo. Las revelaciones, con la persistencia de un culebrón, saltaban a la prensa de agosto; imparables. En su comparecencia parlamentaria, Pilar Valiente no habló de los cheques bancarios y los documentos falsos que ocultaban el agujero de 4000 millones; tampoco había relatado sus dos almuerzos, en noviembre de 2000 y febrero de 2001, siendo ya presidenta de la CNMV, con Antonio Camacho y Enrique Giménez-Reyna. Abrumada por las pruebas, Valiente tuvo que reconocer que los encuentros, a mesa y mantel, con el máximo accionista de Gescartera se habían realizado “a petición” del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y que en ellos le acompañó el secretario del consejo Antonio Alonso Ureba. Además, se supo que Camacho había hecho regalos millonarios a Luis Ramallo y a la propia presidenta de la CNMV. Connivencias, favoritismos, amiguismos… dinero negro blanqueado… En su declaración judicial, Camacho afirmó que sus mejores clientes le llevaban el dinero en maletas y aprovechaban, desde 1996, un sistema de financiación de dinero negro que él había puesto en marcha.

Un entramado de relaciones se extendía de lo público a lo privado. Antiguos técnicos de la CNMV habían pasado a la nómina de Gescartera: José María Ruiz de la Serna, ya citado, y Salvador Alcaraz, como interventor de Gescartera a las órdenes directas de Camacho. El hermano de Antonio Alonso Ureba, a través del bufete de su primo, tenía una iguala con Gescartera para asesoramiento legal. También Jaime Pérez Renovales, posterior jefe de Gabinete del vicepresidente Rato, formó parte del comité de la CNMV que investigó Gescartera en 1999, junto a Antonio Botella, actual director general de Supervisión, cargo en el que sustituyó al denunciante Vives. A estos personajes, se suma el ex cantante Jaime García Morey, director general de Gescartera, padre de la novia de Camacho, y asesor musical del presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y con relaciones tan estrechas con el PP como para que Manuel Fraga le enviara una nota felicitándole por su nombramiento dentro de Gescartera. También destacaba el fichaje de José María Castro, ex contable del Domund, como agente comercial de la entidad.

En cuanto a los capitales perdidos, en Gescartera se invertía dinero público procedente de los ministerios de Defensa e Interior, de la Marina, de la Guardia Civil, de la Iglesia, de organizaciones no gubernamentales, de empresas publicas como la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA), cuyo presidente, el ex diputado popular Isidoro Hernández-Sito, reconocía haber invertido en esa empresa porque le dijeron en Hacienda “que estaba bien vista por la CNMV”. O como la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES), filial de la ex compañía publica Indra Sistemas y del grupo naval Izar, propiedad del Estado a través de la SEPI, donde presta sus servicios Francisco Giménez-Reyna, otro de los hermanos de la presidenta de Gescartera. Y no es el único de la familia. El cuarto de la saga es el coronel José Giménez-Reyna, a través del cual la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil invirtió en Gescartera. Se ha podido constatar que la relación del coronel Giménez-Reyna con la entidad financiera va más allá de los negocios. Antonio Camacho le ha hecho regalos por valor de 125.000 pesetas y le invitó, con todos los gastos pagados, junto a varios oficiales de la Guardia Civil, a un viaje a París, en avión privado y hotel de lujo, para que pudiera deleitarse con la final de la Copa de Europa que enfrentó en 2000 al Real Madrid con el Valencia.

CAZADORES CAZADOS

El notario Luis Ramallo García, puesto en entredicho como intermediario de Gescartera en al menos una operación bancaria, es un político histórico en las filas populares. Durante los años de la crispación fue el martillo parlamentario de los socialistas; un personaje histriónico que llamó a Alfonso Guerra “sumo sacerdote de la corrupción” y mandó a la hoguera a Pilar Miró, presidenta de RTVE, por haber encargado del erario público una lista de gastos personales menores que no ascendían a los dos millones de pesetas. “Quien defrauda a Hacienda debe pagar incluso con la cárcel”, decía Ramallo cuan espada flamígera. En 1999, vicepresidente de la CNMV hasta octubre de 2000, hizo a la periodista María Antonia Iglesias el siguiente balance profético: “Me acuerdo que yo decía aquello de socialismo no es libertad, socialismo es corrupción. Bueno, algo había que decir para intentar ganar, ¿no? Pero tengo la evidencia de que no era así. Y estoy seguro de que hoy en mi partido, en el PP, si no los vigilan saldrá corrupción. ¡Pues claro que saldrá! Eso es como la mala hierba”. Además de los regalos en joyas, según José Lozano, abogado de Antonio Camacho, Ramallo captó clientes para Gescartera y presentó a un inversor extranjero, Hypobank, interesado en adquirir la red de oficinas en toda España de Gescartera Red Comercial.

Ya el 20 de agosto de 2001, consciente de que podría estar en el corazón del torbellino, Rodrigo Rato puso en marcha el ventilador y el 19 de agosto de 2001 relató en El Correo de Gijón su versión de los hechos: “Con los datos que tengo en la mano no puedo aceptar que las responsabilidades recaigan sobra la persona [Valiente] que acabó con un proceso que, quizá, ha durado demasiado tiempo. Fallaron los mecanismos de control privado [las auditorías] y no los públicos que fueron imponiendo sanciones a estos señores en diversas sociedades desde 1993. La CNMV investigó prácticamente desde la creación de esta sociedad en 1992, aunque estas investigaciones no desembocaron en una intervención hasta junio de 2001, siendo Pilar Valiente presidente de la CNMV. Entre 1993 y 1995 se detectaron irregularidades en el funcionamiento de Gescartera, que sin embargo, no desembocaron en ningún expediente sancionador, en la época en la que ocupaba la presidencia de la CNMV Luis Carlos Croissier”.

No fue suficiente para detener la avalancha y, ante el peso de los acontecimientos, el PP abandonó su propuesta inicial de despachar el caso con una subcomisión parlamentaria y aceptó la creación de la comisión de investigación parlamentaria que reclamaban los partidos de la oposición, y que el propio Rato salió a justificar diciendo que Pilar Valiente había ofrecido “información veraz en el Congreso, pero la podría haber dado con más consistencia”. Ya no había marcha atrás. Por eso, antes de regresar a Madrid, desde la isla, el presidente Aznar terminó por adjudicarse los méritos: “Fue el Gobierno quien ordenó investigar todas y cada una de las derivaciones del caso que se han ido conociendo. Es el PP, con mayoría absoluta, quien ha querido que se cree una comisión de investigación. Cualquier comparación con el pasado es nítida”.

Después, los dietarios de 1999 y 2000 de Pilar Giménez-Reyna destaparían la caja de Pandora. En sus páginas quedaban manuscritos los numerosos “soplos” de técnicos de la CNMV en favor de Gescartera; doce citas a Pilar Valiente en 17 meses (dos de las más suculentas son la fechada el 29 de abril de 1999: “Enrique me llama. P. V. da un revés a D. Vives. Nos pide que aguantemos, no dar nombres de cheques portador, no son la A. T. [Agencia Tributaria]” y la del 26 de marzo anterior: “Pilar Valiente. Expediente queda absolutamente limpio, resuelto, despejado y sin reserva que objetar. Que me lo dijese”); todas las mediaciones de su hermano Enrique, las visitas de Luis Ramallo, los encuentros con Antonio Botella, con Antonio Alonso Ureba, con el ecónomo del arzobispado de Valladolid…

El 19 de septiembre de 2001, la presidenta de Gescartera fue ingresada en prisión sin fianza por presunta estafa y apropiación indebida, delito societario y colaboración en fraudes fiscales y falsedades documentales. Ese mismo día, Pilar Valiente Calvo dimitió como presidenta de la CNMV, tras once meses en el cargo, e hizo público una nota en la que aseguró que se iba “con la conciencia tranquila y el honor profesional a salvo”. Como diría con sorna un diputado de la oposición parlamentaria: “Este país puede morir de conciencias tranquilas y honores profesionales a salvo”.

Durante los meses siguientes, las revelaciones se sucedieron en cascada. Ante la jueza Palacios, Pilar Giménez-Reyna confesó la mediación de su hermano La empresa Muinmo S. L., propiedad de la familia Rato, había recibido un préstamo de 525 millones de pesetas concedidos por el Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC), entidad bancaria británica no sujeta a la inspección del Banco de España, con la que operaba Gescartera y que presuntamente preparó las inversiones falsas de esta entidad. La oposición planteó la posible incompatibilidad entre el cargo político del vicepresidente y sus negocios familiares, mientras nuevos datos salían a la luz: Enrique Giménez-Reyna, por ejemplo, había sido asesor fiscal de otra de las empresas de Rato, Aguas de Fuensanta, y Rato, José María Aznar y su esposa Ana Botella habían viajado a Londres invitados por el HSBC y con todos los gastos pagados, en vísperas electorales. También el ministro Montoro había viajado en avión con Camacho. Pero todas las incógnitas, episodios y cabos sueltos quedarían sin respuesta, porque en el fondo del asunto, se trataba de sacar a la luz la posible red de blanqueo de dinero negro montada por Gescartera en paraísos fiscales.

A las peticiones de dimisión de los ministros Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, como responsables políticos, la oposición añadió la de Jaime Caruana, gobernador del Banco de España, por el deficiente funcionamiento de los departamentos de control bajo su responsabilidad. Los hechos probados por la Comisión parlamentaria resultaron de una claridad cristalina. Rato había nombrado en la CNMV a personajes de su partido tan poco cualificados como Pilar Valiente, Luis Ramallo y su ex asesor José María Roldán, que hicieron bloque frente al presidente de la CNMV, Fernández Armesto, y crearon una situación interna de “guerra civil”. El ministro Montoro era, cuanto menos, el máximo responsable de que los expedientes a Gescartera, incoados por la Agencia Tributaria, fueron cerrados por causas inadmisibles o por pura incompetencia, con lo que la estafa se multiplicó. Además, según sus palabras, conocía la mediación de su “viceministro” Enrique Giménez-Reyna en los avatares de Gescartera.

El 29 de octubre, por fin, el Congreso de los Diputados conoció el gran momento estelar de los dos ministros, arropados con la mayoría parlamentaria de su Grupo. Con frialdad, como si con él no fuera el asunto, Cristóbal Montoro afirmó: “En ninguna de las dos investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, tanto la de Gescartera y su entorno, como la de don Enrique Giménez-Reyna, se han detectado conductas concertadas para favorecer a los contribuyentes de Gescartera a través de don Enrique Giménez-Reyna”. Para concluir, lacónico: “Desde el primer momento el Gobierno ha reaccionado en un doble sentido: por un lado, para identificar las responsabilidades de todo tipo que se hubieran derivado de este asunto; por otro lado, para perseguir los posibles delitos que en relación con la Hacienda pública se pudieran haber cometido”. Después de decir que la Agencia Tributaria estaba investigando el paradero del posible dinero negro, Montoro soltó su andanada: “Estamos ante un asunto que podemos calificar de presunta estafa, si se quiere, desgraciado frente al que se está teniendo una reacción en todos los ámbitos, y le corresponde actuar al Gobierno. Esta asunción de responsabilidades políticas inmediatas —quiero dejarlo patente esta mañana— es lo que caracteriza las actuaciones del Gobierno del Partido Popular frente a lo que ocurría con anterioridad, donde era imposible para la oposición pedir responsabilidades por casos que se consentían o cuya investigación se demoraba. Es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido en este caso en el que se ha acelerado las investigaciones y se han puesto sobre en marcha. Comprendo que los grupos parlamentarios de la oposición no lo acepten (…) Ustedes están intentando hacer una operación de desgaste del Gobierno”.

En su comparecencia vespertina, Rodrigo Rato demostró sus cualidades para el enfrentamiento dialéctico. Según sus palabras, “Gescartera es claramente el caso de una presunta estafa, acompañada de un engaño sistemático y profesional a los órganos de supervisión de los mercados financieros (…) en la que los principales implicados se encuentran en la prisión y en la que se han producido dimisiones de personas que han puesto sus cargos a disposición del Gobierno por entender que no podían continuar desempeñándolos por pérdida de credibilidad”.

Cuando el portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, preguntó: “¿Cómo es posible que en el Ministerio no se conociera que se estaba obstaculizando la tramitación de expedientes relacionados con Gescartera?”, el vicepresidente Rato se lanzó a la yugular: “Me está acusando de cometer a mí, a toda la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a toda la Secretaría de Estado de Economía, a toda la Dirección General del Tesoro un montón de delitos, e independientemente de que Su Señoría, en la exposición de su historia tiene que llegar tan lejos para que pueda tener algo con que atacar al Gobierno, sólo le quiero hacer una reflexión que usted tiene que comprende. Su Señoría no me puede acusar impunemente de cometer delitos. Eso no es posible. Yo no puedo consentirlo. Por lo tanto, si se ratifica en sus decisiones, comprenda que yo tendré que actuar penalmente. No me está hablando de que yo haya cometido errores políticos, me está hablando de una conspiración montada exclusivamente por mí, en la cual han colaborado decenas de funcionarios a lo largo de años para conseguir un crédito de interés comercial por dos años para una empresa mercantil”. Y remató: “Las responsabilidades políticas se agotan en Pilar Valiente y Enrique Giménez-Reyna”.

El jueves, 15 de noviembre de 2001, la Comisión de Investigación del Congreso, bajo la mayoría absoluta del PP, exoneró al Gobierno de cualquier responsabilidad política en el caso. El portavoz popular Vicente Martínez-Pujalte, fiel a su estilo, no desaprovechó la ocasión para deleitar a la concurrencia: “Al PSOE y a los diputados socialistas los mandaron de cacería y han vuelto con el morral vacío —dijo—. Han hablado de regalos, ¿sabe usted que el único cargo público actual que ha recibido un regalo de Gescartera es un miembro elegido pro el Grupo Socialista en el consejo de Radiotelevisión Española?”. Envuelto en las protestas de los diputados socialistas, Martínez—Pujalte prosiguió: “¿Sabe usted que las relaciones del señor Camacho, entre las personas que invita a su próximo enlace matrimonial, estaba el señor Chaves, presidente de la Junta de Andalucía? Entre los clientes de Gescartera está una persona próxima a un grupo parlamentario, el cuñado del señor Yánez [de Luis Yánez, diputado del PSOE]”.

A pesar de la bronca, el portavoz popular siguió su diatriba:

—Señorías, no hablan de cuentas en Suiza si no quieren…

—¡Sí, sí ¡–intervinieron algunos diputados.

—…pero también se puede hablar.

—Hablemos, hablemos —le increpó el socialista José Blanco, desde su escaño.

—¡Que lo diga ya! —inquirió Isabel López Chamosa.

—Si el líder, señor Blanco, me pide que lo saque, lo saco —dijo Pujalte, envalentonado.

—Las de ahora, no las de antes —intervino la socialista Consuelo Rumí.

—Si tienen interés —prosiguió Martínez—Pujalte— se lo voy a decir. No se priven. En una cuenta en Suiza, la número 519788BH, la tenían abierta el señor Navarro, diputado socialista, y el señor Galeote.

Los escaños de la oposición estallaron al grito de “¡Gescartera, Gescartera!” mientras el portavoz popular sonreía con su bigote de medio lado:

—Sí, señorías, y tenían cuentas en Suiza los presidentes autonómicos socialistas, señor Urralburu y señor Otano, y está en las actas judiciales.

“¡Gescartera! ¡Gescartera!”, coreaban todos los diputados del PSOE.

—Se pagaban con cargo a las cuentas en Suiza gastos de la campaña electoral del PSOE, y esas cuentas eran de Filesa, y ¿saben, señorías…?

“¡Gescartera! ¡Gescartera!”.

—Concluyo con este tema, pero digo que una persona ligada al entorno de Filesa está ligada al entorno de Gescartera. Rato y Montoro han hecho y están haciendo un trabajo extraordinario en beneficio de todos los españoles.

Los prolongados aplausos desde las filas populares se mezclaron con los gritos de “¡Rato, dimisión! ¡Rato, dimisión!”, coreados por los diputados de la oposición.

Pero el caballo de la corrupción política no había hecho más que cabalgar de nuevo en el escándalo, lejos de las bambalinas del poder. A fin de cuentas, como escribe el catedrático Miguel Sánchez Morón, estudioso de la corrupción en las Administraciones públicas, en el diario El País, del 25 de junio de 2001: “En nuestro país hay un manifiesto contraste entre lo mucho que se ha hablado y se habla de corrupción y lo poco que se hace para combatirla. Basta recordar que las últimas reformas legislativas con esa finalidad, Código Penal incluido, se adoptaron al final de la etapa de los gobiernos socialistas y de esa misma época (1995) es la creación de nuestra única institución especializada, la Fiscalía Anticorrupción, sin que desde entonces se hayan adoptado siquiera normas para reforzar su estructura ni se hayan incrementado sus medios personales y materiales. Sin duda, esta pasividad guarda relación con el discurso oficial que sobre la corrupción viene manteniendo la mayoría hoy gobernante”.

“Las denuncias de corrupción fueron uno de los pilares de la estrategia opositora del Partido Popular —añade Sánchez Morón—. Pero una vez en el Gobierno ha aplicado una concepción maniquea del problema, como si una vez producido el cambio de mayoría política hubiera quedado conjurado o reducido a peccata minuta. No hace falta mucha perspicacia para imaginar, desde hace tiempo, que no sería así. Pero los hechos vienen desmintiendo de tal manera ese discurso que carece ya de la más mínima fuerza de convicción. Quizás por eso se ha ido sustituyendo paulatinamente por una amenaza, velada o explícita, al principal partido de la oposición de “tirar de la manta”, con el objetivo de convertir el problema de la corrupción en un tema tabú. Esta última estrategia es en sí misma perversa, pues además de suponer una implícita confesión de que el problema existe, niega a cualquier persona o institución la legitimación política y moral par afrontarlo”.

XVI
EL COSTE DE LA DEMOCRACIA EN PERSPECTIVA

Las primeras elecciones democráticas españolas, celebradas el 15 de junio de 1977 tras cuarenta años de Dictadura, costaron 2.311 millones de pesetas. Es decir, 70 pesetas por cada ciudadano. Resultaron baratas. En 1979, con las nuevas elecciones generales y las primeras municipales, el Estado se gastó 9.394 millones. Este fue el coste de la naciente democracia española, al que hay que añadir los 1.709 millones de la Constitución, los mil millones de los referéndum vasco y catalán, así como los setecientos millones del referéndum andaluz.

Desde 1982 a 1986 el funcionamiento del sistema democrático ha costado al Estado casi noventa mil millones de pesetas (86.169), según los Presupuestos Generales del Estado; de los cuáles 49.559 millones corresponden a los gastos realizados por la Administración para organizar los comicios. Haciendo cuentas, la financiación de los partidos y la celebración de elecciones han costado a cada ciudadano en algo más de quinientas pesetas anuales en este periodo. Y ante las cifras, surgen dos preguntas difíciles de responder: ¿cómo se garantiza el uso correcto de ese dinero? ¿de qué medios se dispone para evitar los casos de corrupción y derroche?

Hasta la Ley Orgánica del 2 de julio de 1987, los partidos políticos recibían subvenciones estatales sin tener la obligación de dar cuentas del destino dado al dinero. Las cifras oficiales de gastos ofrecidas por los grupos políticos distaban de la realidad.

Fue en 1984, al compás de los primeros escándalos económicos, de las contratas ilegales y los supuestos cohechos cuando el vicepresidente Alfonso Guerra, tras un Consejo de ministros, habló por primera vez de elaborar una Ley que regulara los métodos de financiación de los partidos. Habían trascurrido siete años desde la instauración de la democracia en España y apenas un real decreto dictado en 1977 regulaba las subvenciones electorales y los sueldos de los cargos electos: un millón de pesetas por cada diputado o senador y 45 pesetas por cada voto logrado para el Congreso y quince pesetas por cada voto senatorial. Una cantidad similar era recibida por cada partido anualmente en concepto de ayudas. Fuera de todo control quedaban las «donaciones» privadas, la gran incógnita.

Con el caso Flick como telón de fondo, el Parlamento decidió en 1985 elaborar la ley y comenzó el debate. Alianza Popular se negó a que se conociera públicamente la cuantía de las donaciones privadas. En diciembre de aquel año, el presidente de la comisión encargada de negociar esta Ley, el socialista Leopoldo Torres, explicó la situación con estas palabras: “Existen problemas con AP, dado que se opone al principio de publicidad sobre la cuantía de las aportaciones, ya sean pequeñas o grandes, y eso es un escollo insalvable”.

“Estamos de acuerdo en un registro interno y en la máxima transparencia —precisó el futuro presidente José María Aznar—, pero creemos que el control sólo debe ser el que efectúe el Tribunal de Cuentas”.

En el rifirrafe, Leopoldo Torres acusó a los populares de no querer «control ni transparencia».

Pasaron más de nueve meses hasta que, el 13 de octubre de 1986, la futura Ley de Financiación de los Partidos Políticos comenzó a ser negociada en los pasillos del Congreso. El PSOE buscaba el consenso mientras su secretario de finanzas, Emilio Alonso Sarmiento, elaboraba un informe de cara al XXXI Congreso del partido en el que denunciaba que el PSOE vivía muy por encima de sus posibilidades. Por su parte, Alianza Popular se defendía con uñas y dientes de la «asfixia» económica. La deuda que acumulaba desde 1977, (calificada por ellos mismos como «histórica») ascendía a 3.000 millones de pesetas; de los cuales, casi 1.200 millones correspondían a la campaña electoral de junio de 1986. «El partido se ha quedado sin reservas de ningún tipo», reconocía en un documento interno el tesorero popular Ángel Sanchís. La penuria era tal que, durante la negociación de la nueva Ley, los partidos intentaron endosar toda la deuda al Estado, a la manera de una amnistía: un borrón y cuenta nueva contra el suma y sigue. Pero la idea fue desechada ante «la mala presentación» que hubiera tenido en la opinión pública.

LA LETRA DE LA LEY

Por fin, después de casi dos años de tira y afloja, fue aprobada la Ley de Financiación de 1987 que incrementó sustancialmente los recursos públicos y las subvenciones sin condicionantes, con el deseo de sacar a los partidos del atolladero. Un intento vano que no ha detenido la sangría de millones que gastan los partidos en su funcionamiento. Se trata de un texto corto, compuesto por cuatro títulos y una disposición final, cuya filosofía se expresa con estas palabras: «En materia de financiación privada, se recoge como norma general la licitud de las aportaciones financieras a los partidos políticos, con las limitaciones necesarias que se deriven de los principios de publicidad e independencia (…). La Ley establece la necesidad de llevar registros detallados, obligación que permitirá conocer en todo momento la situación financiera de los partidos (… ). Por último, la Ley establece un riguroso control, tanto interno como externo, a cargo éste último del Tribunal de Cuentas, lo que garantiza la regularidad, transparencia y publicidad de la actividad económica de los partidos políticos».

Veamos ahora el artículo Cuatro de la Ley, en el que se regulan las donaciones privadas:

«Uno. Los partidos políticos podrán recibir aportaciones no finalistas [es decir, sin ninguna finalidad ajena a la filantropía], dentro de los límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley.

“Dos. Las aportaciones procedentes de personas jurídicas requerirán acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto.

“Tres. No obstante lo anterior, los partidos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente: a) Aportaciones anónimas, cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio económico anual sobrepase el 5 por 100 de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado en ese ejercicio, para atender la subvención pública a los partidos políticos prevista. b) Aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica, superiores a los diez millones de pesetas al año. c) Aportaciones procedentes de empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública».

Las donaciones procedentes del extranjero quedan limitadas en el punto Dos, del artículo Cinco, del siguiente modo: “Los partidos no podrán aceptar cualquier forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos públicos extranjeros, sin perjuicio de las subvenciones de funcionamiento establecidas por el Parlamento Europeo”.

Todas las donaciones privadas deben ser, por Ley, ingresadas en cuentas bancarias dedicadas exclusivamente a esa tarea (Artículo Seis). Y en cuanto al cumplimiento de los artículos Cuatro y Cinco, en su punto Dos, la sanción consistirá en «una multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada». Eso es todo. La Ley distribuye las subvenciones estatales en función del número de escaños y de los votos obtenidos. Para ello, el Presupuesto destinado a los partidos, se divide en tres partes: una proporcional al número de escaños y las otras dos al número de votos, sin computar los votos obtenidos en las circunscripciones donde no se alcance el 3 por 100 de los votos válidos.

Aprobada por consenso el 16 de junio de 1987, la Ley de Financiación destinó, en el momento de su entrada en vigor, un total de 7.500 millones de pesetas para financiar a todos los partidos con representación parlamentaria. La mitad de esta suma ya había sido gastada con anterioridad por unos partidos endeudados tras la campaña de la OTAN. Desde el primer instante, los partidos políticos españoles, con ley y sin ella, ya estaban inmersos en la captación de fondos a golpe de dinero negro, mediante entramados empresariales ficticios, en una nueva versión del «impuesto revolucionario», mientras se impartía una tremenda lección de hipocresía social como demuestra el hecho de que la susodicha Ley tuviera como ponente al diputado socialista Carlos Navarro, que ya era entonces uno de los ejecutivos de la trama de Filesa, Malesa, Time Export.

El ponente Navarro también nos obsequió con un magnífico ejemplo de doble lenguaje. El 20 de junio de 1987, Navarro declaró al diario Ya: «Lo importante no es lo económico, sino el control del Tribunal de Cuentas y de los ciudadanos a que se someten los partidos. (…) Con la nueva legislación los partidos dejan de ser cajas negras para convertirse en instituciones absolutamente transparentes y fiscalizadas, no solo para el dinero público, sino también para el privado». Hermosas palabras de quien daría, en 1998, con sus huesos en la cárcel por organizar el mayor entramado de financiación irregular en que se ha visto envuelto un partido español en toda la historia. Son las ironías de la vida: el incendiario ejerciendo de bombero. Y es que, mientras entonaba su canto a la transparencia financiera, su señoría se dedicaba a recaudar dinero negro en la sombra destrozando los artículos de la Ley que había defendido en público.

LA MÚSICA DEL DESCONTROL

A pesar de la Ley, el Tribunal de Cuentas apenas pudo fiscalizar la situación financiera de los partidos tal como estaban en 1987. Cuando Pascual Sala, entonces presidente del Tribunal de Cuentas, compareció ante el Senado el 19 de abril de 1990 para explicar la primera auditoría realizada a los partidos políticos, advirtió: «El Tribunal de Cuentas puede empezar a pedir responsabilidades. Las empresas y los bancos no cumplen con la obligación de informar al Tribunal de Cuentas sobre las aportaciones privadas que superan el millón de pesetas. Es lamentable no poder adoptar medidas coercitivas, ya que los partidos no son empresas públicas. La contabilidad es el vehículo para determinar la transparencia. Si hay fuentes ilegales de financiación tendrán que ser detectadas por una investigación policial o de cuentas corrientes. Nosotros no podemos ordenar restricciones de libertades, pero sí pueden hacerlo otras instancias judiciales». El asunto estaba claro. Según el informe remitido al parlamento, el Tribunal renunciaba “a determinar si las contabilidades reflejan o no la situación financiera del partido y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley”.

En aquella auditoría, el PSOE declaró un saldo positivo de casi 1.300 millones de pesetas y tuvo errores de cálculo al estimar las subvenciones de La Rioja, Extremadura y País Valenciano. El PSC–PSOE no entregó los ingresos y gastos de las elecciones de junio de 1987. También Alianza Popular, en plena crisis durante el periodo al que se refiere la fiscalización, aseguró un superávit de 359 millones de pesetas y en su balance no declaró «las aportaciones de afiliados porque quedan en poder de las sedes locales». El Tribunal reprochó a los populares que no contabilizaran como ingresos las subvenciones parlamentarias autonómicas. Además, AP sólo presentó la contabilidad de un semestre. El Partido Demócrata Cristiano, hoy desaparecido pero entonces coaligado con AP, no consignó las subvenciones parlamentarias y manifestó una diferencia de trece millones entre lo declarado y el dinero realmente recibido. Lo mismo ocurrió al tercer socio de la coalición, el Partido Liberal. El CDS de Adolfo Suárez declaró un superávit de casi 300 millones de pesetas. El Tribunal de Cuentas consideró incorrecto el capítulo referido a los ingresos de los militantes centristas, ya que incluía cuotas de 1986 y del primer trimestre del 87, así como la inclusión en «gastos» de las amortizaciones de créditos bancarios. El PNV incluyó también las amortizaciones en el capítulo de gastos. Convergència Democràtica de Catalunya confesó un balance positivo de cien millones de pesetas, mientras no contabilizaba las subvenciones parlamentarias, del mismo modo que su socio político, Unió Democràtica de Catalunya. Con respecto al caos ofrecido por las cuentas de Coalición Galega, el informe del Tribunal manifestó: «No corresponde al Tribunal de Cuentas ni la globalización de cuentas ni la depuración de las posibles duplicidades de los reflejos contables, siendo el partido, como cuentadante, el obligado a presentar los estados que reflejen todas las operaciones del ejercicio, sin incluir las del precedente».

En el otro polo de la balanza, el PCE confesaba un déficit de 225 millones. El PSUC, el Partido Comunista de los Pueblos de España y la Federación Progresista, entonces integrados en la recién fundada Izquierda Unida, no presentaron su contabilidad en el plazo previsto. El PCE cometió el error de incluir los beneficios de la fiesta anual de 1986, pero no recogió subvenciones electorales y parlamentarias.

En cuanto a las aportaciones anónimas, ningún partido dio cuenta de ellas, con la salvedad de Alianza Popular que consignó la jocosa cifra de 41.000 pesetas de «aportaciones privadas» y unas ridículas 6.200 pesetas de «donativos anónimos». Tampoco se declaró ninguna partida de más de diez millones de pesetas donadas por una misma persona física o jurídica, ni aportaciones de empresas públicas o Gobiernos extranjeros y no se reseñaron las amortizaciones de los créditos.

El Tribunal de Cuentas bailaba al son del descontrol, una música impuesta por todos los partidos políticos. No se había cumplido ni un solo artículo de una Ley que había nacido prometiendo transparencia y que en la actualidad ha quedado obsoleta. En sus primeros tres años de vigencia, la Ley de Financiación había entregado a los partidos alrededor de 30.000 millones de pesetas. De ellos, poco más de la mitad correspondió al PSOE. Los comicios son caros y las formaciones políticas, lejos de conseguir un equilibrio financiero, han quedado atrapadas en el negro pozo de las deudas bancarias.

Ya en las elecciones generales de 1982, la banca privada española concedió 2.987,24 millones de pesetas en créditos a los partidos con representación parlamentaria para sufragar los gastos de la campaña electoral. Además, prestó otros 1.619 millones de pesetas para las elecciones municipales y autonómicas que se realizaron el 8 de mayo del mismo año. Las cifras son contundentes. En las legislativas de aquel 28 de octubre de 1982, tras las que el PSOE obtuvo en las urnas la mayoría absoluta y formó gobierno, recibió 731 millones de pesetas en créditos, más los 82,5 millones prestados al PSC–PSOE. En total, 813,5 millones de pesetas. UCD: 722,16 millones. Alianza Popular, en coalición con el Partido Demócrata Popular: 639,74 millones. El recién inventado CDS de Adolfo Suárez: 385 millones. El PCE: 275. El PSUC: 50. Convergència i Unió: 42,84. Herri Batasuna: 20. Esquerra Republicana de Catalunya: otros 20, y Euskadiko Ezkerra: 10 millones de pesetas.

Cuatro años más tarde, tras las elecciones de junio de 1986, los partidos adeudaban más de diez mil millones de pesetas a los bancos. Era el despegue espectacular de una crisis en la que los banqueros, grandes patrones fácticos de los procesos electorales, siguieron prestando dinero a los partidos con la esperanza de que les fuera amortizado cuando el Estado entregara las subvenciones por cada escaño y voto obtenido. También para desplegar su poder. Así lo relata Pablo Castellano en su libro de memorias Yo sí me acuerdo: “La campaña electoral [de 1982] fue un derroche tal de medios que los propios bancos estaban encantados. Se disputaban la concesión de los créditos, sabedores de que un partido bien hipotecado económicamente siempre sería un partido hipotecado políticamente. Resultaron ser socialistas hasta Valls Taberner, Vilallonga, Escámez, medio Partido Comunista y el 90 por ciento de los personajes radicales extraparlamentarios que siempre habían entendido eso del socialismo reformista como una gran coartada del gran capital”. Y añade el antiguo dirigente socialista: “El partido pasó de una deuda de 5.000 millones que iba acumulando desde 1974 a la de 10.000 millones en ocho años. Sólo en intereses debía abonar casi 1.000 millones al año. Pero El Dorado estaba a la vista, pues ya el modelo italiano de financiación se había ensayado en las grandes alcaldías con resultado. Allí lo llaman la tangente, aquí se conoce como tocante y sonante”. De ello, ya hemos tratado en este libro.

UN GRAN FIASCO

En teoría, los préstamos se hacían a los caballos ganadores, pero las concesiones bancarias también tienen su anecdotario de equivocaciones gruesas. Ya en las elecciones de 1982, por ejemplo, el Banco Atlántico de José María Ruiz-Mateos financió con treinta millones de pesetas al PSOE, partido que sería su verdugo con la expropiación de Rumasa cuatro meses después de su victoria. En los comicios de 1986, los bancos cometieron dos errores históricos: el préstamo supermillonario a Unión de Centro de Democrático en el momento preciso en que se hundía, y la ensalada de millones de la llamada «Operación Reformista», el más sonado fracaso político de la democracia española. Si las contabilidades de los partidos siempre han sido escuetas, la del efímero e inexistente Partido Reformista Democrático (PRD), propiciado por Miquel Roca en 1986, resultó catastróficamente efímera. La campaña electoral costó oficialmente a la «Operación Reformista» un total de 1.100 millones de pesetas. El PRD recibió 600 millones de pesetas del pool formado por las doce instituciones bancarias que prestan dinero a los partidos coordinadamente. El PRD recibió otros 320 millones de pesetas como aportación del partido–madre Convergència Democràtica de Catalunya. Los 180 millones restantes proceden de los créditos otorgados por el Banco Popular y la Banca March. Entre los avalistas se hallaban destacados miembros del Opus Dei, como Florentino Pérez Embid, ligado a Construcciones Padrós y Agromán, que unieron su firma a personalidades como Antonio Garrigues Walker, miembro de los consejos de administración de Avon, Altos Hornos de Vizcaya, Ford España, IBM, Revlon, Colgate Palmolive, RCA y 3M España; así como el abogado Joaquín Satrústegui o a los antiguos ministros ucedistas José Antonio García Díez y Carlos Bustelo. El Banco Popular fue el que más invirtió en la «operación» al prestar un total de 145 millones de pesetas. Parece ser que el presidente de este banco, Luis Valls Taberner, para promover la campaña, impuso que el gerente financiero fuera Germán Gómez Llera, uno de los responsables del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, entidad vinculada al Opus Dei. Tras su estrepitoso fracaso electoral, el aparato central del PRD quedó reducido a una secretaria y dos telefonistas que cobraron sus salarios gracias a las aportaciones de Convergència. Con fondos llegados de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, el breve Partido Reformista pagó los 8.300.000 pesetas que adeudaba a diversos hoteles tras el Congreso de la Internacional Liberal.

Mientras los bancos «estudiaban» la forma de cobrar los créditos, el marasmo de las finanzas internas de los partidos hizo tirar la toalla al Tribunal de Cuentas, impotente en la aplicación de la Ley. Los casos Juan Guerra y Naseiro–Sanchís tenían como telón de fondo la oscura financiación de los partidos políticos, la obtención de dinero negro, descontrolado y quizá sucio (es decir, delictivo) para conseguir nivelar las economías partidistas. Los acreedores bancarios cercaban a los grupos políticos sobre los que se sustenta el sistema parlamentario. ¿Cuanto dinero necesitarían los partidos parlamentario para sanear sus cuentas? En 1990, el Ministerio del Interior dispondría de un presupuesto de 10.900 millones de pesetas para la financiación y los gastos electorales de los partidos, según los Presupuestos Generales del Estado. De esa cifra, 2.500 millones estaban destinados a subvencionar las campañas electorales y los 8.400 millones restantes se otorgaron a las formaciones con representación parlamentaria para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento. También se abonó —con cuatro años de retraso— la segunda parte de la subvención correspondiente a las elecciones generales y al Parlamento Europeo de 1986. La partida prevista para estas subvenciones era de 2.500 millones de pesetas.

Tal como reveló el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, en su comparecencia del 3 de noviembre de 1998 ante la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, la financiación pública para el funcionamiento ordinario de los partidos ascendió a 17.317 millones de pesetas en 1993, cantidad a la que se sumaron otros 5.690 millones por subvenciones electorales. Tras los comicios municipales del 14 de junio de 1999, con el recuento de las urnas recién computado, unos partidos políticos endeudados desde anteriores comicios (a los que el Tribunal de Cuentas estaba fiscalizando todavía las finanzas de cinco años antes), se habían gastado 10.000 millones de pesetas. De los cuales, el PP reconocía 3.150 millones de pesetas, el PSOE 3.065 millones, e IU 1.500 millones de pesetas.

A pesar de las ayudas y subvenciones públicas en apariencia inmensas, que rebasan los 82.500 millones de pesetas, los partidos políticos españoles, convertidos en aparatos electorales sin gran participación militante en su vida interna, se confiesan “ahogados” económicamente por los bancos, mientras mantienen una gran morosidad en los pagos y su endeudamiento crece como una bola de nieve.

En su última auditoria, hecha pública en agosto de 2002 y referida a 1999, el Tribunal de Cuentas denuncia de nuevo la opacidad que envuelve la financiación de los partidos políticos en España. Y ofrece un dato revelador: entre 1998 y 1999, en apenas dos años, los bancos han perdonado a los partidos políticos deudas que suman un total de 3.178 millones de pesetas (19,1 millones de euros), al tiempo que otros 3.266 millones de pesetas (26 millones de euros) son créditos bancarios vencidos y no pagados. Es decir, en 1998 y 1999, mientras la deuda bancaria acumulada por los partidos alcanza los 24.700 millones de pesetas (más de 148 millones de euros), los bancos acreedores han optado por conceder un trata de favor a clientes tan destacados y, sus relaciones con las organizaciones políticas son tan excelentes que, incluso les han “perdonado” importantes cantidades de dinero.

De este modo, al PSOE, con una deuda acumulada de 56.454.110,98 euros (a los que habría que sumar los 19.545.189,04 euros adeudados por el PSC), según el Tribunal de Cuentas, e le ha condonado un total de 5.865.576,12 euros. AL PNV, 1.530.777,83 euros, sobre una deuda total de 4.182.613,23. A Eusko Alkartasuna, 1.008.347, sobre 3.920.770,35 euros adeudados; y al Partido Aragonés Regionalista, 873.144,13, gran parte del 1.596.397,72 euros que debe a los bancos.

El ranking de los partidos con endeudamientos superiores al millón de euros hasta 1999, se completa del siguiente modo: Partido Popular: 15.772.186,33 euros. Izquierda Unida: 9.759.290,70, a los que habría que sumar los 826.345,19 adeudados por el PCE. Los socios de Convergència i Unió, que mantienen contabilidades separadas: Convengència Democràtica de Catalunya: 8.625.242,52 euros; Unió Democràtica de Catalunya: 4.457.755,02; y conjuntamente, como Convergència i Unió: 4.160.512,12. Esquerra Republicana de Catalunya: 5.617.270,55. Iniciativa per Catalunya: 1.819.797,34. Y el Bloque Nacionalista Galego: 1.079.203,70 de euros.

En su informe, el Tribunal de Cuentas describe sin ambages, el caos contable y la opacidad de los partidos. Al auditar sus cuentas, se ha encontrado con dificultades tales como “carencia de algunas de las pólizas de las operaciones concertadas; falta de conciliación en determinadas operaciones entre el importe contabilizado y el comunicado por la entidad financiera; falta de contabilización de las operaciones concertadas o de los intereses devengados, especialmente los correspondientes a las operaciones vencidas”. Pero es que, además, los partidos políticos utilizan sociedades instrumentales y fundaciones para organizar sus finanzas, fondos, sacarle rendimiento a sus activos y realizar operaciones inmobiliarias opacas, tales como la construcción y apertura de sedes.

“En cinco formaciones políticas (CDC, EA, PNV, PSOE y PSC) se han observado participaciones en el capital de diversas sociedades mercantiles —explica el Tribunal de Cuentas—. En varios casos dicha participación es directa, alcanzando la totalidad del capital social y en otros es indirecta, a través de sociedades mercantiles interpuestas, lo que dificulta el seguimiento y control de dicha participación”. Además, estos cinco partidos junto al PP e IU entregan fondos a fundaciones sin el debido control. Por ello, el Tribunal pide la creación de una normativa legal que permita la transparencia de tales actividades.

En cuanto a los créditos “perdonados” por los bancos después de renegociarlos con los partidos, el Tribunal de Cuentas denuncia: “La condonación de deuda supone una aportación extraordinaria para el partido no regulada expresamente en la ley 3/87 (de financiación de los partidos), por lo que se considera necesario disponer de una normativa expresa que contemple su autorización o prohibición y establezca el régimen al que, en su caso, debiera someterse”.

Mientras el endeudamiento de los partidos políticos españoles parece deslizarse hacia un pozo sin fondo, valgan como reflexión estas palabras del profesor de la universidad de Strasburgo, M. P. Koening, pronunciadas en enero de 1995 en el transcurso de un seminario sobre el tema: “La cuestión esencial es saber por qué una sociedad o una empresa financia un partido político. La respuesta lógica es que el generoso donador busca en el partido y por consiguiente en los poderes públicos ocupados por ese partido, ventajas que en otro caso no habría obtenido”.

Y en el aire queda una pregunta evidente: ¿Existe alguien, dentro del sistema parlamentario español, dispuesto a destapar esta caja de los truenos para fortalecer nuestra democracia?

CONCLUSIÓN ABIERTA
CON EL DEDO EN LA LLAGA

Mientras en la actualidad se trabaja en la fiscalización de las cuentas con tres años de atraso, la deuda de los partidos parlamentarios supera ya los once mil millones de pesetas. El «agujero» económico crece mientras muchos piden y desean que se pase esta página y queden regulados para siempre los «donativos» privados. De nuevo, los responsables administrativos de los partidos políticos piden «amnistía» porque en su financiación partidaria está el origen y la causa de los principales casos de corrupción desencadenados en España desde 1979. Desde las pequeñas contratas y concesiones de obras públicas, hasta los grandes mecanismos de recaudación al margen de la ley (Filesa, Naseiro, Sóller-Cañellas, Tragaperras…). Así de claro.

El fiscal Carlos Jiménez Villarejo resulta contundente en su Memoria de 1998. «Además de las áreas de la Administración por ellos [los partidos] controladas —escribe— cada partido detrae, de una u otra forma, fondos públicos que desvía ilegalmente para financiarse. Cuando no acuden a los fondos públicos, los representantes de los partidos obtienen la financiación de las empresas que contratan con la Administración. Se ha asistido así a la constitución por los partidos políticos de Sociedades, inscritas en el Registro bajo la titularidad aparente de testaferros, personas carentes de capacidad profesional de dirección o gestión, y que tienen por objeto social un genérico «asesoramiento» o la elaboración de «estudios» o «informes» sobre las materias más diversas».

El modus operandi es explicado por el Fiscal del siguiente modo: cuando se convoca la adjudicación de una obra, los representantes del partido «sugieren» a las empresas licitadoras que encarguen los «informes técnicos» a las Sociedades montadas por el propio partido. Solamente después de pagar una importante cantidad por el inexistente «informe» (que coincide con un porcentaje del coste de la obra) la empresa será favorecida con la adjudicación del contrato. Además, el coste final de la operación siempre recae sobre el erario público porque la empresa que ha pagado la extorsión la desgravará mediante el IVA. El caso Filesa y el de Gabriel Cañellas con respecto al túnel de Sóller, son dos asuntos sentenciados en los que queda judicialmente claro este procedimiento.

Desde hace cinco años, la Fiscalía Anticorrupción ha ido al corazón del problema, al denunciar “la muy deficiente regulación de la Ley 8/87, del 2 de julio, sobre la financiación de los partidos políticos”. Su voz no ha sido escuchada. Los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas en los años 1990 a 1992 señalan un cúmulo de irregularidades que permiten afirmar que la contabilidad de los partidos no permitía conocer su situación económica y financiera durante ese periodo. “El Tribunal de Cuentas, que no siempre ha contado con una abierta y plena colaboración de los partidos fiscalizados, sólo ha podido dar cuenta de una situación manifiestamente irregular”, escribe Jiménez Villarejo en la página 220 de su Memoria. “Es preocupante —añade— el modo de actuar de los instrumentos vertebradores de la participación democrática. Parece evidente que los Parlamentos de los diferentes países, conscientes del problema, están afrontando las reformas legislativas para terminar con esa escandalosa situación. Una de las medidas a adoptar debe ser la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos políticos, precisamente dado el relevante papel que les otorga el artículo 6 de la Constitución en la organización del sistema democrático”.

De nuevo, con las últimas elecciones generales del año 2000, las cuentas de los partidos políticos volvieron a estar bajo sospecha. Según datos ofrecidos por ellos mismos, el PP se gastó 2.800 millones de pesetas, el PSOE 2862, Izquierda Unida 989, CiU 429, PNV 180 y Coalición Canaria 100 millones. Una vez más saltaba a la vista un hecho contrastado: la financiación de los partidos sigue siendo la gran asignatura pendiente de la democracia española. En cuanto a las aportaciones privadas, la ley es “sistemáticamente” vulnerada por quienes deberían ser sus guardianes ejemplares. Por todos y sin excepción. Ni siquiera los grandes casos juzgados, sentenciados y condenados han servido para que la financiación de los partidos saliera de la zona gris de la corrupción. De todos los partidos, sólo el PSOE, con 113 millones de pesetas, e Izquierda Unida, con unas irrisorias 350.780 pesetas, han hecho públicos los donativos privados recibidos durante los últimos cuatro años. El anonimato de los donantes permite que no se pueda comprobar si se cumple el límite de diez millones marcado por la ley. El Código Penal tampoco dice nada al respecto. Impunidad total mientras fluye un dinero negro que hace frente, desde la opacidad, a los gastos de las grandes maquinarias electorales.

Ya hace años, el Fiscal Anticorrupción propuso penas de cárcel e inhabilitación para los posibles actores de este delito, y afirmó que “los partidos son controlados por oligarquías burocráticas, una forma moderna de clientelismo”. Las élites políticas españolas hicieron oídos sordos. Su conclusión ya apuntaba entonces que la represión no será suficiente “si no se abre camino una nueva cultura política que, además de estar regida por una moral pública y cívica renovada, esté orientada, como plantea el Preámbulo de la Constitución, hacia una democracia avanzada”. O dicho de otro modo: se trata, en esencia, de recuperar el valor de lo público y del Estado por encima de la exaltación de los beneficios privados y el dinero. Porque, como repiten los más destacados politólogos, la corrupción pone en peligro los valores mismos de la democracia, es una herida en su corazón, muchas veces mortal.

SEGUNDO ABORDAJE

I
RELACIÓN GENERAL DE PERSONAJES Y BOTINES

Aunque algunos personajes consiguieron saltar por la borda antes de que el cronista pudiera hacer el recuento —y con su anonimato dieron el golpe perfecto—, el lector tiene en estas páginas la lista más exhaustiva que puede hacerse sobre estos navegantes —y los botines obtenidos— en las aguas procelosas de la política y el negocio, ofrecida por orden alfabético.

Aguiar Borrás, Ernesto de. Delegado de Hacienda hasta 1988. Formaba parte del llamado clan de LLeida en Hacienda junto a Huguet y Borrell. Realizó un informe para el grupo Torras-KIO, presidido por Javier de la Rosa desde su puesto en la dirección general de Coordinación de Haciendas Territoriales. Le aseguró al abogado Juan José Folchi que si su nombre salía a la luz perjudicaría a Borrell.

Álvarez Álvarez, Aida. Antigua coordinadora de finanzas del PSOE. Su nombre aparece como asesora de la empresa alemana Siemens para la construcción del AVE y de la SEAT para el proyecto urbanístico Madrid Sur 93. Está relacionada con la mayoría de los casos de financiación irregular del PSOE, tales como los casos Filesa y Ollero. Mantiene sus empresas: Distribuidora Express-202, Tecnología informática 202 y Servicios Inmobiliarios 1001, con sede en la zona madrileña de Torres Blancas. Condenada por el Tribunal Supremo a dos años, cuatro meses y un día en el caso Filesa. Como intermediarios en las comisiones del AVE, Aída Álvarez y su marido, Juan Carlos Mangana, están también acusados de haber cobrado alrededor de 825 millones de pesetas en comisiones pagadas por la multinacional Siemens, con el fin de que influyeran en círculos del PSOE para que la empresa alemana obtuviera los mejores contratos de RENFE para el trazado del AVE Madrid-Sevilla.

Amilivia González, Mario. Alcalde de León por el PP, cargaba sistemáticamente todos sus gastos personales al presupuesto municipal, incluyendo el costo de la gomina que se pone en el pelo.

Aragón Elizalde, Antonio. Ex consejero de obras públicas del gobierno navarro, siempre fue la mano derecha de Gabriel Urralburu y, por lo tanto, pieza clave en la trama navarra del caso Roldán. Ha seguido a Urralburu en toda su aventura político financiera. Desde el cobro de comisiones (existen pruebas documentales de que las constructoras Huarte y Lain le dieron 20 millones de pesetas), hasta la creación sociedades, compra de chalets y adquisición de pisos de lujo.

Arenas Casas, Juan José. Empresario sevillano. Considerado el cerebro del entramado empresarial de Juan Guerra, especialmente como socio de CINSA-Corral de la Parra. Era visitante asiduo al despacho de Juan Guerra en la delegación del Gobierno en Sevilla.

Arjona Bautista, José Antonio. El ex alcalde de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco está condenado por la Audiencia provincial de Málaga a tres años de prisión por falsedad en documento y malversación de caudales públicos en relación con el Plan de Empleo Rural (PER). Tras conceder más peonadas de las que los trabajadores hicieron, Arjona dimitió como alcalde antes de que el Tribunal Supremo le inhabilitara. El subsidio agrario en Andalucía posibilitó la aparición de numerosos casos de fraude. Se trataba de cobrar un subsidio de 28.000 pesetas mensuales para cada trabajador que acreditase la realización de sesenta peonadas de trabajo. El fraude surgió cuando ayuntamientos y empresarios utilizaron las peonadas a cambio de favores políticos, como garantizarse el voto.

Arroyo, Lourdes. Esposa y dueña de todas las propiedades del presunto delincuente Mario Conde desde el 2 de febrero de 1994. Su discreción ha sido tal que ha conseguido hacer de su marido un “insolvente”, ya que el famoso “tiburón” dispuso, desde la intervención de Banesto, del tiempo suficiente antes de ingresar en prisión para poner las empresas, los dineros y las fincas a nombre de la fiel esposa, con la que está casado en régimen de separación de bienes. Es decir, libre de embargos. Los jueces no han podido tocarle ni la finca La Salceda, desde donde su marido se dedica a subvertir el orden establecido. Conde sólo tiene a su nombre el domicilio familiar.

Aymerich Corominas, Baltasar. El ex presidente de Caja Postal, y anterior concejal socialista del ayuntamiento de Madrid, tuvo que dimitir en 1991 tras el escándalo organizado al conceder un crédito de 2.400 millones, sin apenas garantías, a Uribitarte, proyecto inmobiliario en el puerto autónomo de Bilbao que dejó posteriormente un agujero económico de 7.719 millones de pesetas.

Balaguer Cervera, José. Industrial de Valencia. Presidía la empresa ETRA, de alumbrado público, cuando fue implicado en el caso Naseiro, al interceptarle varias llamadas telefónicas. Reconoció ante el juez Manglano que el concejal del PP, Salvador Palop, le había pedido «un donativo» de 25 millones de pesetas para el partido si quería que el ayuntamiento de Valencia le adjudicase un contrato. Más tarde, ante la Comisión parlamentaria de investigación, Debido a las condiciones de su interrogatorio ante el juez Manglano, Balaguer aseguró: “No sé ni lo que firmé, ni lo que me dijeron, ni nada”.

Balda Berasategui, Olivia. Esposa de Gabriel Urralburu. Es la principal accionista de la empresa Residencial Menorquina, participada por el testaferro de Roldán, Jorge Esparza, y a través de la que se adquirieron numerosas propiedades. Lo suyo, sin embargo, siempre fue las galerías de arte y la pintura.

Ballester Gallego, Enrique. Antes de que el PSOE llegara al poder en octubre de 1982, y cuando todavía no se había promulgado la ley de financiación de partidos políticos, fue el encargado de crear un entramado de empresas para financiar el partido, tarea que desempeñó hasta 1981 a través de su financiera Management. Amigo personal de Felipe González, es militante de base del PSOE, sin ninguna responsabilidad en el partido, y se dedica a la consultoría para la exportación de ingeniería, bienes y servicios. Es especialista en asuntos relacionados con el Magreb.

Barreiro Rivas, Xosé Luis. Ex vicepresidente de la Xunta de Galicia, considerado el primer tránsfuga de la democracia española. Desde sus inicios populares, cambió de partido cuantas veces consideró adecuando para mantenerse en el poder regional. El Tribunal Supremo le condenó a seis años y un día de inhabilitación por un delito de prevaricación: cometió irregularidades «muy graves» en la concesión de la licencia del juego de boletos a una empresa que ni siquiera estaba constituida. Forzosamente alejado de la política, es profesor de sociología en la universidad de Vigo y ha escrito un libro titulado Ciencia política y ética del poder.

Bedoya Arroyo, Roberto. Político oscilante entre el PP de Cantabria, del que fue presidente regional, y el partido de Juan Hormaechea, fue procesado junto a éste por un delito de malversación de caudales públicos y cuatro delitos de prevaricación en el conocido caso Hormaechea. Según el juez instructor, el entonces vicepresidente autonómico Bedoya intervino supuestamente en la adjudicación a dedo de contratos públicos y en la disposición de fondos públicos para usos privados. El Tribunal Supremo le condenó, por esos motivos, a siete años de inhabilitación.

Bellamy Pozo, José Antonio. Funcionario del Parque Móvil y de los Juzgados. Amigo, socio en la empresa Fracosur, chófer y compadre de Juan Guerra. Ocupa un lugar destacadísimo entre los visitantes asiduos del despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla y sus “cafelitos”.

Bermúdez Alonso, José Antonio. Diputado popular por Toledo. Juzgado por negligencia como abogado al tramitar la indemnización por un accidente de tráfico y no entregar convenientemente los dos millones de pesetas conseguidos en la indemnización; el Tribunal Supremo le ha condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Tras su condena, ha dimitido de su escaño.

Bermúdez Paredes, Susana. Durante el verano de 1999, esta mujer se convirtió en uno de los personajes más buscados de la política española. Centro de una de las historias de transfuguismo más enrevesadas de la historia política, tras trece días desaparecida, el 23 de agosto reaparecía en Ceuta y votó la moción de censura que permitió al GIL hacerse con el poder. La tránsfuga socialista fue alojada, escondida por el GIL en Marbella e incluso pasó unos días en Eurodisney con su familia, mientras el gobierno ceutí se tambaleaba. Días más tarde, fue nombrada consejera de Cultura y Patrimonio, tal y como ella quería, y su marido, Francisco Cazalla, viceconsejero de Participación Ciudadana. Junto a sus sueldos suculentos, ambos poseen amplia libertad para dar cargos a personas de su confianza.

Blasco Castany, Rafael. Abogado valenciano. Antiguo conseller de Obras Públicas de la Generalitat valenciana con el PSOE. En 1989 fue destituido al ser acusado de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas. Supuestamente, Blasco habría ayudado a una empresa francesa en una subasta de terrenos en Calpe. Los propietarios de unos terrenos de valor ecológico denunciaron un presunto delito de chantaje ejercido por la consellería de Obras Públicas, de la que era titular Blasco, según la cual los propietarios debían pagar 300 millones de pesetas si deseaban que les fuera recalificado. Los tribunales le absolvieron por falta de pruebas, pero el PSOE no le rehabilitó y Blasco, que comenzó su actividad política en el PCE (marxista-leninista), siguió un camino político errático que le condujo a las filas del Partido Popular y a convertirse en uno de los hombres de confianza del presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana..

Bordoy, Andreu. Empresario mallorquín protagonista del caso Calvià. Vicepresidente del PP en ese municipio, fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro meses de arresto mayor y cien millones de multa por el intento de soborno de un concejal socialista para que con su voto, en una hipotética moción de censura, desalojara al PSOE del poder municipal. El concejal que no tuvo un precio. El concejal socialista José Miguel Campo fue objeto, en marzo de 1992, de un intento de soborno por parte de los dirigentes locales del PP, para que con su voto propiciara una moción de censura contra la alcaldesa socialista Margarita Nájera, y así desplazara al PSOE del gobierno de ese municipio mallorquín. Junto a Brody, los también populares Miguel Deyà y Guillem Guinard le ofrecieron cien millones de pesetas y diversos negocios inmobiliarios en el que es el municipio más rico de España.

Brunner, Guido. Este antiguo embajador de Alemania en España —ya fallecido— ha sido una pieza clave en el tráfico de influencias entre su país y el nuestro. En numerosas ocasiones, la prensa le ha señalado por cobrar comisiones en actividades de intermediario, tales como su presión favorable a Siemens para los contratos del AVE, o su presión al gobierno español para que se adjudicase al consorcio alemán Daimler Benz la venta de la empresa Pegaso.

Calvete, Carlos. Con él la palabra corrupción entró por primera vez en la Armada Española. Este teniente coronel fue el presunto responsable de que desaparecieran 297 millones de pesetas a través de la empresa Comexpa, de la que era administrador único, y en la que invirtió el dinero de que era depositario como intendente de la Armada.

Calviño Iglesias, José María. Abogado madrileño. Enemigo declarado de Pilar Miró, su nombre ha aparecido relacionado con numerosos casos de tráfico de influencias y financiación irregular del PSOE. Desde que abandonó la dirección de RTVE, ha participado en numerosos fiascos empresariales (Canal 10, venta de las Torres de Jerez, etc.) hasta que Izquierda Unida le relacionó con el caso Renfe.

Cámara Botia, Miguel Angel. Alcalde de Murcia por el PP, dio un trato favorable en la recalificación de 600 hectáreas propiedad del Grupo Fuertes, de la firma El Pozo.

Cañellas Font, Gabriel. ex presidente de Baleares, dirigente del PP, dimitido y procesado por el cobro de comisiones ilegales por el Partido Popular a cambio de contratas para la construcción del túnel de Sóller (Mallorca), en el también llamado caso Brokerval. Fue condenado y absuelto —valga la contradicción— porque el delito había prescrito.

Cardós Pastor, José Antonio. Economista. Como presidente del Consorcio Eléctrico Madrileño está implicado en el caso del fraude del IVA y está relacionado también con el caso Renfe a través de la empresa intermediaria Maopsa.

Cartagena Travesero, Luis Fernando. Ex alcalde popular de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat valenciana. Dimitió tras verse implicado en el escándalo de las primas únicas del Banco Santander, por las que el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional decretó fianzas multimillonarias por los presuntos delitos de estafa, fraude contra la Hacienda y falsedad monumental. Cartagena fue procesado por no declarar a Hacienda rendimientos de más de quince millones de pesetas. También, el 14 de marzo de 2002 el ex conseller del gobierno de Eduardo Zaplana fue condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil. Ya que, según la sentencia de la sección séptima de la Audiencia de Alicante, cuando Cartagena era alcalde e Orihuela se apropió con ánimo de lucro de 49.081 euros (8.166.426 pesetas) que el ayuntamiento recibió en 1993 de las monjas que administraban el hospital municipal. Según la sentencia, este dinero “en vez de proveer al trámite reglamentario para su ingreso en las arcas municipales, lo hizo suyo con intención de propio beneficio”. En 1998, cuando el procedimiento judicial estaba en marcha, el ya consejero autonómico Luis Fernando Cartagena “para conseguir una coartada, se puso de acuerdo con el también acusado Angel Fenoll [también condenado en la misma causa a un año de prisión por falsedad en documento mercantil], amigo personal suyo desde hace más de 30 años (…) para que (…) facilitara tres recibos supuestos de pago de fechas 13 de agosto, 25 de septiembre y 22 de octubre de 1993, por un valor total de 8.166.426 pesetas, con la pretendida finalidad de justificar el destino de estas sumas a obras sociales, tal como fue el deseo expresado por las monjas en el momento de su entrega”. Y remata la sentencia: “Desafortunadamente para ellos [Cartagena y Fenoll] no existe prueba suficiente ni de la entrega del dinero, ni de esa presunta aplicación”.

Castro Masaveu, Alicia. Concejala de urbanismo de Oviedo y diputada nacional por el PP, tiene dos sociedades de gestión inmobiliaria que no declaró ni en el ayuntamiento ni en el Congreso.

Cisneros, Gustavo. Empresario venezolano. En 1983, este empresario, magníficamente relacionado con el gobierno español, compró la cadena de grandes almacenes Galerías Preciados, expropiada como parte del holding Rumasa, por el precio de saldo de 750 millones de pesetas. En apenas tres años, Cisneros la vendió al grupo Mountleigh por 30.000 millones de pesetas. Creada en 1943 por Pepín Fernández, actualmente Galerías ha sido absorbida por su histórico competidor El Corte Inglés.

Codón Herrera, José María. Ex concejal popular de Burgos. Era el responsable de la comisión municipal de obras cuando se sucedieron las recalificaciones de terrenos en el casco urbano de Burgos, que tuvieron como beneficiarios a varios empresarios amigos del alcalde José María Peña. Fue condenado por prevaricación y revelación de secretos a doce años de inhabilitación especial y a seis de suspensión para el ejercicio de cargos públicos.

Collado Mena, Carlos. Hombre de familia donde los hubiere, en sus tiempos como presidente de la Comunidad de Murcia por el PP, Collado enchufó en la administración regional a sobrinos, cuñados, primos y amigos hasta alcanzar la treintena. Basta con dar una mirada a los apellidos de los colocados durante su mandato: María Eugenia Castaño Collado, Antonio Collado Ruiz, Rafael Fresnedo Collado, Antonio García Collado, José Antonio Lucas Clemente (hermano de la esposa de Collado, Fuensanta Lucas), Luisa Lucas Ruiz…

Concha y López-Isla, Manuel de la. Banquero. Ex síndico de la Bolsa de Madrid, miembro de la jet set. Junto a Jaime Soto, fundó el Banco Ibercorp y Sistemas Financieros. Fue acusado de haberse apropiado de 9.000 millones de pesetas para salvar sus inversiones y las de sus amigos Mariano Rubio y el matrimonio Boyer-Preysler. Antes del caso Ibercorp, en el que se le imputaba supuesta falsedad en documento público y un delito contra la Hacienda pública, su fortuna personal se cifraba en 15.000 millones de pesetas, pero tras su paso por la cárcel de Alcalá-Meco junto a su socio Mariano Rubio, se declaró insolvente. Ha sido inhabilitado por el ministerio de Economía y actualmente ocupa una plaza como corredor de comercio en Madrid.

Conde Conde, Mario. Abogado del Estado número uno de su promoción (todos los años surge un número uno); banquero ocasional y escritor de un libro sobre la confabulación de «El Sistema». Contra él, por supuesto. El 31 de marzo de 2000, después de dos años de juicio oral, la Audiencia Nacional impuso las penas de diez años y dos meses de prisión a Mario Conde en el caso Banesto por apropiaciones indebidas y estafa. Consiguió la libertad condicional tras el pago de una fianza de 500 millones de pesetas, pero el Tribunal Superemo, en una nueva sentencia dictada en julio de 2002, elevó la condena a 20 años y Conde volvió a dar con sus huesos en la cárcel de Alcalá Meco.

Conde Yagüe, Ricardo. Consejero de Sanidad de Cantabria hasta 1990, fue condenado a inhabilitación en el caso Hormaechea.

Conesa Sánchez, Pedro. Empresario madrileño implicado en el caso Renfe, como responsable de Equinesa, empresa filial que facilitó la compraventa irregular de terrenos.

Cortés Ballesteros, Manuel. Ex director general del Juego de la Junta de Andalucía, condenado en el caso de las tragaperras, al conceder 370 licencias de máquinas a la misma empresa, Recreativos Astigi, de Ecija. El 14 de julio de 1995, la Audiencia de Sevilla condenó a Cortes, junto a Francisco Morillo Vera, ex delegado del Gobierno en Sevilla, a una pena de un año y medio de prisión por maquinación para alterar el precio de las cosas y a siete meses de inhabilitación por prevaricación. Tras su cese ha vuelto a su actividad como profesor.

De Palacio, Loyola y Cazaprimas. Altos cargos del ministerio de Agricultura, bajo la dirección de la popular Loyola de Palacio, que aprovecharon su posición dentro del ministerio para obtener primas y subvenciones de la Unión Europea para cultivos sin salida comercial en España, como el lino, que una vez almacenado tiene una clara tendencia a ser pasto de incendios.

Deyà Palmer, Miquel. Fue expulsado del PP balear después del escándalo del caso Calvià. El Tribunal Supremo confirmó su sentencia de catorce meses de arresto mayor y el pago de 300 millones de pesetas, por soborno, a la que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Mallorca.

Durán Romero, Gustavo. También llamado El Bróker. Es el intermediario más famoso y menos discreto de España. Primero trató de comprar el voto de un diputado regional de Izquierda Unida para desplazar al socialista Leguina de la presidencia autonómica madrileña. Lo pillaron, el diputado de IU le grabó en magnetófono la oferta de cien millones y el juez le condenó al pago de una multa y a un mes y un día por cohecho. Después, su nombre ha salido relacionado con los casos Guerra y Ollero, en el que Durán aparece implicado en el Banco Árabe Español. Según parece, el Bróker se relaciona tanto con el PSOE como con el PP en sus intermediaciones.

Echeverri Domecq, Alberto. Presidente de Equidesa, empresa filial de Renfe. Respaldó con su firma la compra de los terrenos de San Sebastián de los Reyes, que sirvieron presuntamente para financiar el PSOE.

Escudero Arias-dávila, Miguel. Considerado el cerebro del llamado fraude del IVA, fue socio fundador de Uribitarte, empresa relacionada con oscuras operaciones urbanísticas en el puerto de Bilbao. Es el presunto responsable de un «agujero» de 4000 millones de pesetas. En el fraude del IVA, considerado el mayor escándalo fiscal de España, el ministerio de Hacienda y la policía descubrieron una trama de seiscientas empresas, principalmente catalanas y madrileñas, que defraudaban adquiriendo facturas falsas a compañías ficticias o desaparecidas por las que luego desgravaba a Hacienda. Con este método habían defraudado más de 40.000 millones de pesetas y una ocultación al fisco de 105.000 millones de pesetas. El cerebro de la operación era Miguel Escudero, y también están implicados José Antonio Cardós y Carlos de Juan, de quienes también habla este diccionario.

Esparza Martínez, Jorge. Testaferro de Luis Roldán y ex director general de la constructora Huarte. Miembro de la trama navarra del caso Roldán, urdida alrededor de Gabriel Urralburu y Antonio Aragón.

Espelosín Atienza, Jesús. También llamado «Especulín» por ciertos sectores del PSOE y del ayuntamiento madrileño, donde fue concejal en tiempos de Tierno Galván. Pionero del llamado tráfico de influencias, este ingeniero de caminos se adelantó a su tiempo cuando, en 1981, adjudicó contratas a la empresa Semat, vinculada a militantes del PSOE, que ofreció a cambio el que es, posiblemente, el primer “donativo” en la historia de la reciente corrupción política. Cuando su entonces compañero de partido, Alonso Puerta, a la sazón teniente de alcalde, denunció el hecho, el expulsado del partido fue Puerta.

Fernández Carrión, Agustín. Concejal de urbanismo de Albacete por el PP, fue acusado de adjudicar a tres empresas que pagaban comisiones al despacho Alfer Abogados, vinculado al concejal y a su familia. Ha invertido en bolsa cien millones de pesetas.

Ferraz y Fedes. Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Salud constituida por ex-altos cargos de Sanidad y destacados miembros del PSOE, desarrolló sus actividades sin estar registrada legalmente ni haberse dado de alta a efectos tributarios hasta el 5 de junio de 1991. En una cuenta corriente recibían donativos de empresas contratistas de la Sanidad Pública. Las decisiones sobre la fundación se tomaba en Ferraz, y entre sus responsables siempre se encontraron Alejandro Cercas, José Luis Fernández Noriega y Valentín Corcés, director del psiquiátrico provincial de Madrid y coordinador federal de sanidad del PSOE.

Flores Valencia, Alberto. El hermano de Elena Flores, en su tiempo responsable de relaciones internacionales del PSOE, resultó ser el principal accionista de Malesa, sociedad propietaria de Filesa y Time Export, con un 60 por ciento de las acciones. Flores sigue teniendo su oficina principal en la calle madrileña de Barquillo. Condenado a diez años de prisión por falsedad en documento mercantil, delito contra la hacienda pública y asociación ilícita por el caso Filesa, el gran agujero negro de la financiación ilegal del PSOE. La gran tapadera descubierta en 1989. Cientos de millones de pesetas pagados por banqueros de postín y grandes empresas al entramado de Filesa, Malesa y Time Export, por unos supuestos informes y asesoramientos que jamás existieron.

Folchi Bonafonte, Juan José. Asesor y abogado del Grupo Torras-KIO durante la etapa de Javier de la Rosa. En su declaración a la Corte de Londres, Folchi denunció que el alto cargo de Hacienda Ernesto de Aguiar había cobrado 50 millones en cuentas suizas a cambio de informes realizados para De la Rosa.

Fraga Iribarne, Manuel. «El niño prodigio del Régimen [de Franco]». Siendo presidente de Alianza Popular, Fraga recibió personalmente ayuda financiera del dirigente bávaro Franz Josef Strauss, que le enviaba dinero en sobres y transferencias bancarias, con destino a su partido, y a través de la Fundación Seidel. También, según las investigaciones del caso Naseiro, Fraga estaba al corriente de las actividades de su tesorero, Rosendo Naseiro.

FUNERARIA. El primer teniente de alcalde, Luis María Huete, y los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno vendieron la funeraria municipal a Juan Ignacio Rodrigo, asesor del Gobierno municipal del PP en el proceso privatizador, quien, como socio mayoritario de la empresa Funespaña, adquirió el 49 % de la funeraria por 0,60 euros (cien pesetas). Según el fiscal, Huete, Viñals y Nirebi ¡pusieron la funeraria en manos de una empresa privada de su particular agrado y confianza, aceptado cualquier perjuicio económico para las arcas municipales y despreciando los requisitos y garantías de la legislación vigente”. La adjudicataria Funespaña había sido creada en 1990, sin medios materiales ni de personal —según el fiscal— y se dedicaba a “coordinar telefónicamente traslados de cadáveres de una localidad a otra”. En los cuatro primeros años de su adjudicación, entre 1993 y 1997, Rodrigo y su socio Juan Antonio Valdivia ingresaron más de 20 millones de euros a través de la funeraria privatizada. Tanto Rodrigo como los tres cargos del PP están acusados de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación continuada y malversación”.

Galeote Jiménez, Guillermo. Era el responsable de finanzas del PSOE cuando, en 1991, estalló el caso Filesa. Como consecuencia del affaire, Galeote dimitió de su puesto en la ejecutiva socialista y desapareció totalmente de la vida pública.

García Valverde, Julián. La cabeza del caso Renfe. Con la información privilegiada al conocer de antemano la ubicación de algunas instalaciones ferroviarias en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (Madrid), varios intermediarios se lanzaron a una operación especulativa que consistió en comprar los terrenos a bajo precio y ofrecérselos después a Renfe por una cifra superior. Cuando estalló el escándalo en 1992, Julián García Valverde tuvo que dimitir de su cargo como ministro de Sanidad. Si los financieros privados se hacían ricos con pelotazos especulativos a golpe de tráficos de influencias e informaciones privilegiadas, ¿por qué no podía hacerlo también la administración? Con un razonamiento semejante, José María Rodes, entonces director general de Renfe, pidió por escrito a su presidente, Julián García Valverde, que autorizara dos anticipos de 1.800 millones de pesetas para financiar la operación especulativa de San Sebastián de los Reyes. Y García Valverde firmó, cometiendo así una ilegalidad propia de los más voraces tiburones. Eso sí, lo hizo después de informar a su jefe inmediato, el entonces ministro de Transportes José Barrionuevo, que siempre estuvo al tanto de la operación. El pelotazo era tan simple como contundente. Con la información privilegiada de saber de antemano la ubicación de algunas instalaciones ferroviarias en los municipios madrileños de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, varios intermediarios liderados por con José Luis Pinedo, asesor de Valverde, y la sociedad Equidesa, dirigida por los empresarios Pedro Conesa y Alberto Echeverri, se lanzaron a la compra de los terrenos a bajo precio para ofrecérselos después a Renfe por una cifra muy superior. Los intermediarios y el PSOE se beneficiaron del asunto. Cuando en 1992 estalló el escándalo, Julián García Valverde, presidente de Renfe entre 1985 y 1991, tuvo que dimitir de su cargo como ministro de Sanidad.

García Carnero, Dionisio. Senador del PP, y presidente de ese partido en Zamora, que renunció a su escaño para evitar que el Tribunal Supremo siguiera la instrucción del caso Zamora y alejar así el escándalo de Aznar. El PP le incluyó en la lista municipal al ayuntamiento de Benavente. Toda una muestra de apoyo.

Gil y Gil, Jesús. Alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid y azote de «babiosos», es un curioso personaje que ya ha pasado dos veces por la cárcel. La segunda de ellas en enero de 1999, por el caso Atlético, en el que está acusado de malversación de fondos públicos, falsedad en documentos y la estafa de 4.000 millones de pesetas cometida en 1992, durante el proceso de transformación del Atlético de Madrid en sociedad anónima deportiva. Además del caso Atlético, por el que se le pide 34 años de prisión, la Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber inventado unos contratos de patrocinio de Marbella en las camisetas del club, en 1993, por valor de 450 millones de pesetas y de tener relaciones con miembros el clan Santapaola, de la Mafia siciliana. Tampoco hay que olvidar la denuncia que tiene ante el Consejo General del Poder Judicial por las supuestas relaciones e intereses comunes con la ex jueza decana de Marbella, Pilar Ramírez, y el blanqueo de dinero de mafiosos italianos en la Costa del Sol. Además, tiene querellas por presuntos delitos de estafa, financiaciones ilegales en su campaña política de 1993, así como más de 90 denuncias presentadas en los ocho años que lleva al frente del Ayuntamiento de Marbella, casi todas ellas por presuntas irregularidades urbanísticas. El alcalde no duda en afirmar: “Donde estoy yo, están mis negocios y el Ayuntamiento”. Toda una declaración de principios que recuerda los tiempos de la Dictadura. Alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid y azote de «babiosos». Es un curioso personaje que ya ha pasado tres veces por la cárcel. La segunda de ellas en enero de 1999, cuando fue acusado de malversación de fondos públicos y falsedad en documentos, al haber patrocinado la ciudad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid. Es el caso Atlético por el que volvió a ser encarcelado en abril de 2002, durante una semana, para evitar que destruyera pruebas judiciales en vísperas de la vista oral de la malversación de 30 millones de euros “con el fin —según el fiscal— de enriquecerse personalmente, y valiéndose del puesto que ocupaba como alcalde desde 1991”. El Fiscal Anticorrupción le llegó a acusar de tener relaciones con la Mafia siciliana. En octubre de 2000, Gil fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a 28 años de inhabilitación por cuatro delitos de prevaricación y dos de tráfico de influencias en el caso Atlético. Gil evitó la cárcel y recurrió al Tribunal Supremo. El último suceso, descubierto en agosto de 2001, fue el robo de quince sumarios abiertos a Gil, desaparecidos misteriosamente de los juzgados de Marbella, con sus soportes informáticos incluidos y que, el 3 de octubre, se saldó con el dramático suicidio de uno de los funcionarios judiciales sospechosos del hurto, mientras se realizaba un registro policial en su domicilio. El 8 de abril de 2002, el Tribunbal Supremo ratificó la sentencia que le condena a 28 años de inhabilitación, impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga. Sólo así dejó de ser alcalde de Marbella.

González Arroyo, Domingo. Alcalde de la Oliva (Fuerteventura) y Senador popular, investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por presuntas anomalías urbanísticas. Al parecer, recibió pagos ilícitos por gestiones administrativas y concesión de licencias de construcción. Según el fiscal jefe de Canarias, aunque el Fiscal General del Estadoarchivó el caso.

Gordo i Lorente, Francesc. Fundador y responsable de finanzas de Convergencia Democrática de Catalunya, inculpado en el caso Casinos.

Guerra González, Alfonso. Un hermano marrullero puede arruinar la carrera de cualquiera. Y todo por dejarle utilizar irregularmente un despachito en la Delegación del Gobierno en Sevilla. He aquí dos frases de Alfonso Guerra para la historia: dijo en 1979. Y tras seis años en el poder, aseguró:

Guerra González, Juan José. El asistente. Ha sufrido seis juicios, de los que ha salido indemne. En octubre de 1996, este Guerra se sentó en el banquillo acusado de defraudar 83 millones de pesetas a Hacienda. Entre diciembre de 1982 y febrero de 1989, Juan Guerra desplegó una intensa actividad con sus compadres, desde “su” despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla, ocupado como asistente de su hermano, el vicepresidente Alfonso Guerra. Hasta que en 1985 Juan Guerra se metió de lleno en los negocios, su sueldo como “asistente” era de 128.000 pesetas mensuales y era famoso por ayudar altruistamente a mucha gente sencilla que se acercaba al despacho. Al principio aprovechaba su situación para agilizar becas, empleos, pensiones… hasta que un día le comenzaron a llegar ofertas sustanciosas y descubrió que también podría hacer negocios rápidos. Así, “los cafelitos”, como en una novela ejemplar de Cervantes, dieron paso a oscuros negocios que le convirtieron en millonario.

Hernández Ros, Andrés. Siendo el primer presidente de la Comunidad de Murcia, trató de sobornar a dos periodistas del diario La Verdad. El escándalo desencadenado cuando los periodistas publicaron la noticia, provocó su dimisión y expulsión del PSOE murciano.

Hormaechea Cazón, Juan. ¡Qué hombre, el ex presidente de Cantabria, no dejó el cargo hasta que le condenó un tribunal! Claro que contaba con el apoyo político del PP, y con José María Aznar, que le mantuvo en el cargo aunque estuviera en libertad bajo fianza, que si no… Malversación de fondos, prevaricación… Ocupaba todavía la presidencia regional cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de seis años y un día de prisión mayor y a catorce años de inhabilitación. Hormaechea malversó caudales públicos con los que pagó anuncios en las prensa donde insultaba personalmente a sus adversarios políticos y adjudicó contratos a dedo. No llegó a ingresar en prisión porque le fue concedido el indulto.

Huguet Torremadé, Josep Maria. Jefe de la Inspección Regional de Cataluña entre 1985 y 1994. Amigo de José Borrell, con el que comparte y practica su afición por los deportes de montaña. Aprovechó el boom bursátil para hacerse una fortuna que ingresó en Suiza y no declaró sus beneficios a la Hacienda, de la que es responsable. Participó en la ley del IRPF de 1991, que fue conocida por muchos asesores fiscales antes de que fuera pública.

Huidobro Díez, César. Senador del PP por Burgos. Ex Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Acusado de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos en la gestión de la Sociedad Regional para la Expo de Sevilla. El Juzgado ha iniciado el procedimiento ante el Supremo, por su condición de aforado.

Janini Tatay, Luis. Ingeniero de Caminos y delegado de Dragados y Construcciones en Valencia cuando estalló el caso Naseiro, con el que se vio relacionado al aparecer entre las grabaciones conversaciones entre el concejal popular Salvador Palop y él, donde se pasaban «contactos» para negocios en Alicante. Es cuñado del ex ministro socialista Tomás de la Quadra.

Laurent-Atthalin, André. Casado con Teresa, hermana de Mariano Rubio. Fue, desde 1987 hasta 1990, el administrador de Schaff Investment, empresa con sede en Luxemburgo, implicada en el caso Ibercorp al ser utilizada para operaciones poco claras en Suiza. Sus cuentas corrientes fueron investigadas por Interpol.

López Martín, Francisco. Supuesto testaferro de Juan Guerra, fundó la empresa Construcción Modular Andaluza (COMASA) en 1986 y participó en el proyecto Puerto de la Plata, en Barbate.

Lorenzo Ferrera, Gabino de. Alcalde de Oviedo por el PP. Posee una finca valorada en 200 millones de pesetas en la que pastan 70 caballos de raza y otra finca destinada a la cría de équidos. Esto sería lo de menos si el alcalde no estuviera construyendo un hipódromo municipal que favorece negocios como el suyo. También es accionista y miembro del consejo de administración de diversas empresas, pero en su declaración de bienes sólo aparece su sueldo como alcalde. El PSOE le acusa de gastos excesivos y de «matonismo electoral».

Mangana Morillo, Juan Carlos. Comisionista, junto a Aida Álvarez, en el proyecto urbanístico Madrid Sur 93 y, muy especialmente, en la intermediación a favor de Siemens en el AVE, por la que su compañía GMP Consultores cobró una comisión que oscila entre el 2 y el 3,5 por ciento de los contratos obtenidos por Siemens, es decir: la espectacular cifra de 800 millones de pesetas. Expulsado amistosamente del PSOE por Benegas.

Mañueco, Jesús. Senador y presidente provincial del PP de Palencia, tuvo que dimitir como Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla-León ante las denuncias de presunto tráfico de influencias contra su hijo, muy especialmente, en la intermediación a favor de Siemens en el AVE, por la que su compañía GMP Consultores cobró una comisión que oscila entre el 2 y el 3,5 por ciento de los contratos obtenidos por Siemens.

Marín Saavedra, Salvador. Administrador único de Uribitarte, supuesto responsable en el escándalo de las facturas falsas del IVA. Se le acusó en 1991 de un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas por operaciones inmobiliarias irregulares.

Martín Martín, Dimas. Senador por Lanzarote, el Tribunal Supremo le condenó a tres años de prisión y 30 millones de pesetas por un delito de cohecho al “comprar” el voto de un concejal del PP de Arrecife de Lanzarote, Juan Carlos Hernández Cabrera —que también fue condenado—, por 12 millones de pesetas para conseguir la alcaldía de esa localidad para el Partido de los Independientes de Lanzarote (PIL). El Supremo destacó que Martín era un reincidente, al haber sido condenado en 1993 por otro delito de cohecho cuando era concejal del ayuntamiento de Teguise (Lanzarote).

Mariscal de Gante, Margarita. La ministra de Justicia adquirió por 22 millones de pesetas un piso valorado en 64 millones y además lo pagó con un crédito privilegiado.

Martínez Llorente, Víctor. Ex concejal del PP en el ayuntamiento de Burgos, condenado a siete años de inhabilitación en el caso de la Construcción.

Matas, Jaume y el caso Formentera, Presunta corrupción electoral y malversación de caudales públicos que consistió en la compra de votos por correo de emigrantes argentinos en la isla de Formentera, para conseguir un escaño decisivo que depende a veces de una decena de votos. Según la acusación, el PP trató de asegurarse este escaño jugando con una bolsa de cien emigrantes. Como presunto “cerebro” de esta maquinación está el ex presidente de Baleares, Jaime Matas, a quien Aznar nombró ministro de Medio Ambiente mientras era implicado en el caso. Posteriormente, el líder del PP en las Islas fue acusado en el Parlamento Balear de intervenir personalmente al “proyectar, organizar y financiar con fondos públicos” la supuesta compra de votos de emigrantes argentinos en la isla, en las elecciones autonómicas de 1999 “para asegurar la mayoría absoluta del PP”.

Méndez Pozo, Antonio Miguel. Constructor condenado por el caso de la construcción de Burgos a siete años de prisión. En la relación de hechos de la sentencia que le condenó se considera probado que tenía «la confianza del entonces presidente de la Junte la Comunidad Autónoma de Castilla y León, don José María Aznar López, quien estuvo presente en algunas de dichas reuniones [realizadas entre distintas opciones de la derecha política burgalesa], llegando a encargar al señor Méndez Pozo una trabajo sobre la construcción en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla y León».

Miro, Pilar. A la ya fallecida ex directora general de RTVE dimitió de su cargo por unos gastos en Loewe. Sufrió una campaña de desprestigio y un acoso moral por parte de los medios de comunicación conservadores, azuzados por el PP. Se estima que en sus tres años de directora general gastó en vestuarios y comidas alrededor de 26 millones de pesetas, de los que devolvió la parte que consideró oportuna. El suyo fue, en todo caso, un pecado venial, pero ella dimitió de su cargo, acosada por las maquinaciones del sector guerrista del PSOE. En junio de 1992 fue absuelta por la Audiencia Provincial de Madrid, pero la derecha desencadenó contra ella una campaña despiadada.

Molledo Martín, Miguel. Marido de Aída Álvarez, creador del Grupo 2020, constituido para financiar al PSOE. Condenado en el caso Filesa a dos años, cuatro meses y un día de prisión por falsedad continuada de documento mercantil.

Montes Martínez, Rafael. Fue expulsado del PSOE en 1985 por ser, mientras ocupaba la alcaldía de Bailen, el presunto autor de varios delitos de prevaricación, desobediencia y otros atentatorios a los derechos de las personas.

Moreno Garcerán, Arturo. Era el vicesecretario general del PP, y persona de máxima confianza de José María Aznar cuando estalló el caso Naseiro. Dimitió de su cargo. Fue la cuarta, y más importante, víctima política del caso.

Muñoz Guillén, Manuel. Ex concejal del PP condenado a 18 años de inhabilitación por su participación en el caso de la Construcción de Burgos.

Naseiro Diaz, Rosendo. El ex tesorero del PP, hombre de confianza de Manuel Fraga, saltó a la fama por el caso que lleva su nombre, al trascender en unas intervenciones telefónicas realizadas por la policía, que estaba cobrando en nombre de su partido comisiones ilegales a varias empresas valencianas para «agilizar» contratas.

Navarro Gómez, Carlos. Al coordinador de finanzas del Grupo Parlamentario Socialista en 1991, y diputado por Barcelona, el caso Filesa le costó el cargo y la cárcel Ocupa un lugar secundario en el organigrama socialista. Condenado por el Tribunal Supremo a once años de prisión por asociación ilícita, delito fiscal y falsedad de documento mercantil.

Neira Rodriguez, Manuel. Y sus dietas. Ex alcalde popular de Foz y diputado provincial de la Diputación de Lugo. Procesado en su día por un «agujero» económico en la recaudación municipal, en 1997 fue noticia por sus dietas. Cobraba igual por participar en manifestaciones contra el terrorismo que por asistir a una rueda de prensa a favor de UNICEF. El propio Neira reconoció haber cobrado dietas por asistir a un acto de solidaridad con Ortega Lara, en la localidad lucense de San Cibrao. Y ante las acusaciones de que era objeto, Neira precisó: «Los socialistas quieren llevar las cosas demasiado lejos».

Obregón Barreda, Eduardo. Presidente de la Asamblea regional de Cantabria, por el Partido Regionalista de Cantabria, que destituido de su cargo en 1990 tras ser condenado a seis años y un día de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Oferici, Giovanni. Y el caso Intelhorce. Empresa textil malagueña de la que fueron desviados 4.000 millones de pesetas después de ser comprada al Estado en condiciones ventajosas. El empresario italiano Giovanni Orefici fue condenado a 17 años de prisión por la venta fraudulenta y la posterior descapitalización de Intelhorce.

Oliveró Capellades, Luis. Empresario del caso Filesa. Condenado a diez años de cárcel por delito fiscal, falsificación de documento mercantil y asociación ilícita.

Ollero, Jorge y Manuel. El ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero, dimitió de su cargo después de que su hermano Jorge fuera detenido con un maletín que contenía 22 millones de pesetas procedentes de las comisiones de la empresa constructora OCISA pagadas a Pedro Llach, empresario vinculado al PSOE, por la concesión del tramo de carretera entre Salinas y Las Pedrizas. Los tres aparecen como imputados en este caso junto al bróker Gustavo Durán y Jesús Roa, ex presidente de OCISA.

Orts, Pascual. Ex alcalde popular de Santa Pola (Alicante) y concejal del mismo partido actualmente. La Audiencia de Alicante le condenó en 2000 a cumplir seis años y un día de inhabilitación especial para cargo público tras ser condenado por prevaricación a favor de un familiar. Orts firmó un decreto en 1994 por el que concedió licencia de apertura a un familiar para una academia de enseñanza a pesar de que sabía que el inmueble no podía ser legalizado al tener “una infracción urbanística grave”. Según la sentencia, sobre la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, “el acusado, de forma intencionada, dictó una resolución injusta que constituye una ilegalidad patente, flagrante y clamorosa”. Orts también tiene pendiente una causa judicial por la construcción de unos chalets supuestamente ilegales en la isla de Tabarca, declarada Bien de Interés Cultural y reserva marina.

Palacios Rubio, Ramón. Alcalde desde hace décadas del pueblo jienense de La Carolina, dirigente del PP andaluz y presidente del comité regional de listas. Favorecido por la polémica política de subvenciones de Josep Piqué, este municipio recibió el 25 % de las ayudas a la reindustrialización dadas por el ministerio en toda Andalucía. Firma decretos con gratificaciones extraordinarias a los funcionarios municipales de hasta 360.000 pesetas. Una forma muy singular de ejercer el poder.

Palop Martínez, Salvador. Abogado, ex concejal popular del ayuntamiento de Valencia y presidente de la comisión municipal de urbanismo, desencadenó el caso Naseiro.

Pallerols Montoya, Fidel. Caso Unió. Propietario de ochenta academias en Cataluña pertenecientes al grupo Centre d’Estudis Informátics (CEI), dedicado a la formación ocupacional y a los cursos de informática, Pallerols, está acusado de falsificar firmas de supuestos asistentes a sus cursos para poder cobrar así las subvenciones de Trabajo y de formar parte de una red de financiación de Unión Democrática de Catalunya, el partido liderado por Josep Antoni Duran Lleida, ya que de las subvenciones recibidas por la Generalitat entregaba a UDC el 10 %. Mientras sigue el procedimiento judicial, el escándalo se ha saldado con numerosas dimisiones, entre ellas la del conseller Ignaci Ferreres, presidente de UDC.

Pascual Estevill, Lluís. El juez Pascual Estevill, miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Convergència i Unió, ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona, el 14 de febrero de 1997. Un año antes, desde Miami, el empresario Enrique Marugán y la empresa Pearlmere 66TH, le habían denunciado por perjudicarles en sus negocios. Marugán estaba a punto de cerrar una operación inmobiliaria financiada por el Banco Exterior de España Internacional cuando, desde Barcelona, Pascual Estevill decretó su busca y captura asumiendo las funciones de otro juez que se encontraba de vacaciones. El juez de la horca, como era conocido en Barcelona, citó a los inculpados por un préstamo impagado de Banesto. Entre los testigos figuraban Enrique Marugán y Lorenzo Rosal Bertrán, empresarios que habían despedido al juez en sus tiempos de prometedor abogado. Pero al tenerlos ante su presencia, Pascual Estevill les cambió la condición de testigos por la de imputados y exigió dinero para no meterles en la cárcel. A la denuncia de Marugán se sumó otra demanda interpuesta por el ex subsecretario de Industria, Eduardo Santos, quien pagó a Estevill 31 millones de pesetas para no ser encarcelado por el caso Macosa. A partir de entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comenzó a investigar la supuesta red de chantaje montada por Luis Pascual Estevill y por el abogado Joan Piqué Vidal, que fue puesto en libertad bajo fianza de 30 millones de pesetas. El Tribunal siguió la pista hasta Ginebra de cientos de millones de pesetas ingresados en cuentas cifradas. Así comenzó el desfile. Ignacio Ferrero, de Nutrexpa, reconoció haber pagado 25 millones de pesetas en el banco suizo Darier et Cie para no ir a la cárcel por un asunto de facturas falsas; y junto a él, los directivos de una treintena de empresas de Terrassa pagaron unos 300 millones de pesetas que engrosaron el patrimonio de quien fuera calificado por la prensa como «el azote de la burguesía catalana». Azote lo fue, desde luego, porque según las investigaciones el juez Luis Pascual Estevill pudo cobrar más de 200 millones de pesetas a cambio de encarcelar, o poner en libertad, a muchos directivos.

Peña San Martín, José María de la. Alcalde popular de Burgos cuando estalló el caso de la Construcción. Condenado a doce años de inhabilitación y a siete de suspensión de cargo público por los delitos de prevaricación, revelación de secretos y denegación de auxilio a la autoridad. El caso de la Construcción de Burgos sentenció las irregularidades y tratos de favor realizados por la corporación popular de Burgos, con su alcalde, a favor del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, a quien Peña debía en gran parte que José María Aznar le impusiera como candidato popular a la alcaldía, ya que Méndez había viajado con el presidente del PP Aznar hasta Burgos para imponer a Peña. En 1992, la Audiencia Provincial dictó una sentencia en la que declaró probada la relación de Méndez Pozo con Aznar y Peña, y condenó a Peña a doce años de inhabilitación y siete de suspensión de cargo público por los delitos de prevaricación, revelación de secretos y denegación de auxilio a la autoridad. A Méndez Pozo le cayeron siete años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público y privado, inducción a la prevaricación y desacato. También fueron condenados los concejales populares Manuel Muñoz Guillén, Víctor Martínez Llorente, Esteban Corral García y José María Codón Herrera.

Peñalosa Ruiz, José Manuel y el caso Zamora. Diputado popular por Zamora, y ex vicepresidente de la Diputación de esa provincia, dimitió de su escaño para impedir que la instrucción del caso Zamora siguiera en el Tribunal Supremo. Se trata de la presunta financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a constructores para la adjudicación de obras de la Diputación Provincial zamorana, bajo la presidencia de Luis Cid Fontán y con Antolín Martín como responsable del área de Obras, que fue quien destapó la trama. El caso salpicó a José María Aznar y al PP por el supuesto cobro de dos cheques de tres millones de pesetas entregados por tres constructores de Valladolid para financiar la campaña electoral a la Junta de Castilla y León, entre abril y mayo de 1987. En agosto de 2000, después de que el caso volviera a la jurisdicción ordinaria, la juez instructora del caso encargó a dos peritos de la Agencia Estatal Tributaria la investigación de las cuentas y financiación del PP zamorano. Cinco años después de iniciada la instrucción, el 17 de junio de 2002, juez Antonio Francisco Casado archivó el caso considerar que los hechos no son constitutivos de delito y encontrar sólo irregularidades administrativas en la adjudicación de obras públicas a constructores simpatizantes o afiliados al PP, quienes —según el auto judicial— utilizaban un subterfugio que burlaba el sistema de baremación.

Pernas, Álvaro. Inspector jefe de Hacienda de Barcelona denunciado en mayo de 1999 por una presunta extorsión a empresarios. Dirigía el club de inversiones de Huguet y Aguiar. Ingresó en prisión en enero de 2002 cuando la policía descubrió que pretendía ocultar su patrimonio al ser investigado. La Audiencia de Barcelona le condenó el 30 de septiembre de 2002 a diez años y seis meses de cárcel por los delitos de cohecho, y falsedad. La sentencia dice que Pernas cobró 360.600 euros por “arreglar” unas actas fiscales de la inmobiliaria Metro 3.

Pérez Villar, Miguel. Senador popular y ex consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, cuando la presidía José María Aznar. Condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Estaba considerado como «el hombre del maletín» del PP castellano-leonés. Raimundo Castro, en la biografía de Aznar, El sucesor, escribe: “Los socialistas están convencidos de que el poder de Pérez Villar no está en su riqueza personal, sino en la capacidad que tuvo para incrementar los ingresos del PP”.

Pinedo Crespo, José Luis. Experto inmobiliario del Banco Exterior y asesor personal del ministro Julián García Valverde, montó la operación que generó el caso Renfe.

Piñeiro Cuesta, Nicolás. El Virrey de Algete. Tránsfuga popular que dio su voto a Joaquín Leguina para que se mantuviera como presidente de la Comunidad de Madrid a cambio de un tratamiento político muy singular.

Piqué Camps, Josep. Ministro de Industria y portavoz del Gobierno, trasladado a Asuntos Exteriores, era probablemente uno de los colaboradores de Aznar con mayor proyección política hasta que estalló el caso de la cancelación de una deuda de Ercros y su polémica política de subvenciones ministeriales. Incluso su nombre empezó a sonar como el futuro ministro de la Presidencia. Además, a través de Loreto Consulting, empresa de la que es administradora única su mujer, recibió más 100 millones de pesetas cuando Piqué era presidente de Ercros que tuvieron un polémico tratamiento fiscal. Como mínimo. El ministro Josep Piqué posee el 98,89 % de una sociedad llamada Loreto Consulting, de la que es administradora única su esposa, Margarita Montaner Amorós, poseedora del resto del accionariado. Constituída en 1989 como sociedad anónima y transformada en sociedad limitada en junio de 1992, Loreto Consulting tiene su sede social en un chalé de mil metros cuadrados situado en la calle de la Abadesa Olzet, del señorial barrio barcelonés de Pedralbes. Loreto Consulting adquirió esta vivienda por 107,5 millones de pesetas, con una hipoteca de 86,5 millones, y en ella el matrimonio Piqué tiene su domicilio habitual mediante un contrato de arrendamiento. Es decir, aunque parezca de Perogrullo, el ministro se alquila a sí mismo su propia casa, por la que paga a su propia compañía una renta mensual de 391.667 pesetas: algo menos de cinco millones anuales. De este modo, el patrimonio del ministro, a la hora de hacer su declaración de la renta, se oscurece hasta la opacidad. Todo muy legal, por supuesto. Pero la utilidad instrumental de Loreto Consulting llega más lejos. Presidente y consejero delegado de la empresa Ercros hasta 1996, Piqué pagó a Loreto Consulting 115 millones de pesetas por supuestos estudios e informes realizados durante 1994 y 1995, pero que en la práctica correspondían a honorarios. En su balance de 1995, la empresa del ministro portavoz registraba exactamente 115 millones de pesetas de inmovilización material y poseía un 0,4 % de las acciones de Ercros hasta mayo de 1996, cuando, el día 6 de ese mes, Josep Piqué fue nombrado ministro de Industria por José María Aznar.

Piqué Vidal, Joan. Uno de los abogados más influyentes de Cataluña. Defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y relacionado también en la presunta red de chantaje montada por el ex juez Pascual Estevill. Está en libertad bajo fianza.

Planasdemunt i Gubert, Jordi. En septiembre de 1992, siendo director general del Instituto Catalán de Finanzas, organizó una operación para captar dinero negro e invertirlo en empresas inactivas. El fraude alcanzó los 6.000 millones de pesetas. El presidente Jordi Pujol, que le había pedido la dimisión, lo destituyó el 5 de octubre de 1993, después de que el juez Luis Pascual Estevill decretara su ingreso en prisión, junto a otros cuatro procesados: Esteban Serra Picola, Joan Bassols, Salvador Forcadell, Carme Company y Francisco Esteve Corbella.

Portuondo, José Joaquín. Caso Tragaperras. Director del juego del Gobierno Vasco, autorizó licencias de tragaperras a empresas que no cumplían los requisitos legales. Se le relaciona con la financiación irregular del PNV.

Prado y Colón de Carvajal, Diego. Hermano de Manuel Prado (a su vez vinculado a Javier de la Rosa y a la supuesta operación de chantaje al Rey desvelada en noviembre de 1995). Como presidente del Banco de Descuento dejó un «agujero» de 24.000 millones de pesetas y numerosas anomalías contables.

Prado Villapol, Isaac. Alcalde popular de O Vicedo (Lugo), tiene pendientes varios juicios por presunta defraudación y prevaricación. Procesado en tres causas por irregularidades municipales; entre otras: haber cobrado de manera irregular dietas por un importe de 64 millones de pesetas, y por la compra a cargo del ayuntamiento de una caseta para su perro.

Prenafeta i Garrusta, Lluís. Secretario general y brazo derecho de Jordi Pujol en la Generalitat catalana. Considerado el hombre que concentraba más poder en Cataluña, fue acusado de beneficiar sus negocios familiares. Ante la incompatibilidad, dimitió de su cargo.

Puebla Pedrosa, David. Ex consejero de Economía de Cantabria. Condenado por prevaricación en el caso Hormaechea.

Pujol Soley, Jordi y Banca Catalana. La patrimonialización de un escándalo. Encausar al president Pujol era “atacar” a Cataluña. Este holding bancario, con unos activos de 600.000 millones de pesetas, fue intervenido por el Fondo de Garantía de Depósitos en 1982. Todos trataron de utilizar políticamente el “agujero” económico de Banca Catalana, cifrado en 100.000 millones de pesetas, y muy especialmente la existencia de una “caja B” en el periodo en que Jordi Pujol fue consejero de la entidad (1974-1976), para quien los fiscales de Barcelona José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo solicitaron el procesamiento de Pujol y otros dieciséis consejeros del grupo. Las acusaciones fueron por apropiación indebida, falsedad en documento y maquinación para alterar el precio de las cosas. El pleno de la Audiencia Provincial de Barcelona exculpó a Jordi Pujol en 1986, y el 14 de marzo de 1990 fue sobreseída la causa y archivado el sumario. Al final, quedó el asunto como una maniobra política para mermar la hegemonía de Convergència i Unión en Cataluña, a través de la implicación de Jordi Pujol en este desastre financiero. Según otros, el caso sirvió para “blindar” la figura del presidente catalán.

Ramírez Fernández, César. Miembro de la beautiful people y presidente de la Casa de la Moneda, que adjudicó dos contratos a la empresa SDFN (Servicios Documentales Filatélicos y Numismáticos), vinculada al empresario Enrique Sarasola, con la que Ramírez estaba presuntamente relacionado.

Roa Baltar, Jesús. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y presidente de Ocisa. Implicado por el caso Ollero.

Rodes Biosca, José María. Ex-director general de Renfe que pidió por escrito a García Valverde que autorizara dos anticipos de 1.800 millones de pesetas para financiar la operación especulativa de San Sebastián de los Reyes.

Rodríguez, Elisa. Compañera sentimental del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, con quien compartía una cuenta corriente en la que Roldán ingresó 50 millones de pesetas procedente de comisiones y fondos reservados.

Rodríguez Porto, Blanca. Esposa de Luis Roldán, acusada de malversación de caudales públicos y delitos contra la hacienda, por su colaboración en la ocultación de los oscuros beneficios obtenidos por su marido de forma ilegal.

Rodríguez-Vigil, José Luis y el Petromocho. El 24 de mayo de 1993 el presidente de Asturias, José Luis Rodríguez-Vigil, del PP, dimitió al asumir su responsabilidad en la negociación para la instalación en Asturias de un complejo petroquímico, que resultó ser un engaño. El presidente asturiano y su consejero de industria, Víctor Zapico, habían anunciado la firma de un acuerdo con el Saudi International Bank (SIB) para construir una refinería. Al hacerse público, los responsables de ese banco en Londres y Nueva York desmintieron la noticia, y así se descubrió que los documentos aportados al gobierno autonómico eran tan falsos como los supuestos intermediarios del SIB.

Roldán Ibáñez, Luis. También conocido en medios de la Benemérita como el Algarrobo, el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán Ibañez utilizó todo su poder para hacerse vertiginosamente rico. Pero su pelotazo con tricornio le ha hecho dar con sus huesos en la cárcel de mujeres de Brieva y sentarse en el banquillo por seis delitos: malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, cohecho, falsedad en documento público y contra la Hacienda. Un auténtico vademécum penal, por el que obtuvo ilegalmente 1.187 millones de pesetas y defraudó al Estado 815 millones. Dado a falsificar, incluso se inventó las titulaciones universitarias de Ingeniero y Economista. Para no ser descubierto, Roldán colocó sus oscuros beneficios en el entorno familiar: con Elisa Rodríguez, anterior compañera sentimental, compartía una cuenta corriente en la que llegó a ingresar 50 millones de pesetas procedentes de comisiones y fondos reservados; y su actual esposa, Blanca Rodríguez-Porto, está acusada de malversación de caudales públicos y delitos contra Hacienda, por su colaboración en la ocultación de los pingües beneficios obtenidos por su marido. Tras la actividad mercantil de Roldán, ha aparecido una trama en la que brillan con luz propia los siguientes personajes procesados: Manuel Llaneras, general jefe de acuartelamiento de la Guardia Civil (prevaricación y tráfico de influencias); Agustín Blázquez; Antonio y Manuel Mesa Bussereu, directivos de la constructora Cubiertas y MZOV; Mario Caprile, Ildefonso Aguilar y Manuel Carbajosa, de Huarte, y José Herminio Lastra, de Aspica. Todos por cohecho. Junto a ellos, y en periodo de investigación sumarial, está la trama navarra del caso protagonizada por el omnipresente Jorge Esparza, Antonio Aragón y Gabriel Urralburu.

Romaní Biescas, Arturo. Ex vicepresidente del Banesto y hombre de confianza de Mario Conde. Procesado en el caso Banesto por diversos delitos económicos. Tras su paso por la prisión de Alcalá-Meco está en libertad bajo fianza de 1.000 millones de pesetas. Condenado el 31 de marzo de 2000 a 13 años y ocho meses de prisión por el caso Banesto junto a Mario Conde, Fernando Garro y Rafael Pérez Escolar.

Rosa Martí, Javier de la. Un empresario «modelo» para Jordi Pujol que acabó en La Modelo de Barcelona. Casos KIO, Torras, Garriga-Nogués… Los hechos son testarudos, dijo el clásico. Y es que, ya en 1985, Javier de la Rosa dejó su impronta financiera al dimitir como consejero delegado de la Banca Garriga-Nogués, filial del Banesto, dejando un agujero de 98.500 millones de pesetas, así como un buen rosario de irregularidades. A saber: nombramiento como asesores de altos cargos de la administración, concesión de créditos sin avales, fondos captados a precios excesivos, manipulaciones contables, ausencia de control, préstamos incontrolados y un agujero de 53.000 millones de pesetas en el lanzamiento de la explotación agraria Tierras de Almería. Pero el Banesto no investigó y De la Rosa siguió controlando su “cafetal” bancario.

Rubio Jiménez, Mariano e Ibercorp. La llamada beautiful people, la gente guapa vinculada al Partido Socialista, un grupo de ricos, famosos y privilegiados por el poder, constituyeron un auténtico lobby en el que fueron capaces de unir la amistad con los negocios, hasta que chocaron con el escándalo del caso Ibercorp, que puso ante los jueces a nombres tan sonoros como el de Miguel Boyer, Isabel Preysler, Manuel de la Concha, Mariano Rubio, Jaime Soto, Carmen Posadas… aunque sólo De la Concha y Rubio probaron las celdas de Alcalá-Meco. El banquero Manuel de la Concha y López-Isla, ex síndico de la Bolsa de Madrid y miembro de la jet set, fundó el Banco Ibercorp y Sistemas Financieros, junto a Jaime Soto. De la Concha fue acusado de la apropiación de 9.000 millones de pesetas para salvar sus inversiones privadas y las de sus amigos Mariano Rubio y el matrimonio Boyer-Preysler. Antes del caso Ibercorp, en el que se le acusó de falsedad en documento público y contra la Hacienda, su fortuna personal se cifraba en 15.000 millones de pesetas, pero tras su paso por la cárcel de Alcalá-Meco, junto a su socio Mariano Rubio, se declaró insolvente. El ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, alias «M. Jiménez» en las cuentas de Ibercorp, también fue acusado, en abril de 1994, de mantener una cuenta corriente con dinero negro mientras era el que firmaba los billetes de dos mil pesetas. ¿Y qué puede decirse de Miguel Boyer que el ciudadano no sepa? Fue inculpado en el caso Ibercorp por pertenecer al reducido grupo de amigos accionistas que vendieron sus participaciones antes de que las acciones del banco cayeran en picado. Esta información privilegiada le valió unos beneficios de cinco millones mientras muchos inversores perdieron sus ahorros.

Ruiz-Mateos, José María y el caso Rumasa. La expropiación del holding de José María Ruiz-Mateos, realizada por Miguel Boyer el 23 de febrero de 1983, dio paso a un polémico proceso privatizador, lleno de puntos oscuros y negocios tan sorprendentes como la compraventa de Galerías, en los que se beneficiaron empresarios próximos al PSOE. Desde entonces, el empresario Ruiz-Mateos, procesado a su vez por delitos monetarios, se ha presentado como acusación popular en todos los procesos por corrupción abiertos en los juzgados españoles contra personajes de la órbita «felipista».

Sala i Grisó, Josep María. Caso Filesa. Diputado catalán y senador. Secretario de organización del PSC. Poseía el 50 por 100 de Time-Export. Condenado por el Tribunal Supremo a tres años por falsedad en documento mercantil y asociación ilícita

Salanueva Urtiaga, Carmen. Ex directora del Boletín Oficial de Estado. Gran aficionada al arte, quiso hacerse una pinacoteca a precios de saldo utilizando los nombres de la Reina y Carmen Romero. Por tal motivo fue condenada en diciembre de 1995 a cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa. Ingresada en prisión, salió en noviembre de 1997 por motivos de salud. Un cáncer acabó con su vida en enero de 2000 mientras seguía procesada por el supuesto fraude de 775 millones de pesetas cometido en la compra del papel del Boletín Oficial del Estado entre 1989 y 1991. El 21 de septiembre de 2001, la Audiencia de Madrid la absorbió. Según la sala, no hubo fraude a Hacienda ya que el papel del BOE no se había comprado a un precio superior de lo que marcaba el mercado en aquel momento. Descanse en paz.

Salvador, M. Nombre del ex ministro de Economía Miguel Boyer Salvador en sus cuentas cifradas de Ibercorp.

Sánchez Trujillo, Maruja. Tránsfuga del PSOE que, como concejala del ayuntamiento de Benidorm, dio la alcaldía en 1991 al popular Eduardo Zaplana, tras una moción de censura contra el alcalde socialista Manuel Catalán en la que Sánchez votó a favor del PP. Hoy, tanto Maruja Sánchez como su marido y su hijo trabajan para la Administración desde «canonjías» concedidas por el agradecido Zaplana.

Sanchís Perales, Ángel. Ex diputado popular y tesorero, implicado en el caso Naseiro y relacionado con la financiación irregular del PP.

Sancho Cogollos, Inmaculada. Funcionaria condenada por el Tribunal Supremo a una multa de 575.000 pesetas por un delito de cohecho en el caso Calpe.

Santos Andrés, Eduardo. Ejecutivo industrial. Caso Macosa. Ex-secretario de industria acusado de apropiarse de 950 millones de pesetas, propiedad de la empresa Macosa. El juez Moreiras archivó el caso, pero el fiscal recurrió la decisión y el magistrado Luis Pascual Estevill cobró por no meterlo en la cárcel.

Sanz, Vicente. Presidente del PP en la provincia de Valencia tuvo que dimitir de todos sus cargos al divulgarse, en junio de 1994, la grabación de una conversación telefónica en la que decía que estaba en política para «forrarse» y que pensaba retirarse con unos beneficios de cien millones de pesetas a los sesenta años.

Sentís, Jaume. Ex director financiero de la empresa Casinos de Catalunya que, destapó por venganza el caso Casinos, sobre la financiación irregular de Convergencia Democràtica de Cataluña. La empresa Casinos de Catalunya, del holding Inverama, tiene el monopolio del juego en el territorio catalán. La Banca Garriga Nogués, primer feudo de Javier de la Rosa, concedió un crédito para que el holding se creara. El escándalo saltó cuando en 1989, Jaume Sentis, directivo de Casinos, se querelló contra el presidente de la entidad, Arturo Suqué, por un presunto delito de apropiación indebida de 2000 millones de pesetas, dinero que había sido desviado, según él, mediante talones bancarios dirigidos a altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de Jordi Pujol, con el objetivo de financiarlo. Según la documentación aportada por Sentís, los receptores fueron los dirigentes convergentes Francesc Gordo y Abert Serra, responsables del aparato financiero. Como contraofensiva, la empresa Inverama, mediante el abogado Joan Piqué Vidal —letrado de Jordi Pujol—, se querelló contra Sentís por un presunto delito de apropiación indebida de 200 millones, le pagó una indemnización de 500 millones por los servicios prestados en la empresa. En 1990, Sentís retiró la querella y se marchó al extranjero. El fiscal siguió la investigación y en abril de 1992, Sentís amplió sus acusaciones a otros miembros de CiU. Una comisión de investigación en el Parlamento autonómico no dio ningún resultado, al ponerse de acuerdo PSOE y CiU. Al final, el 17 de junio de 1992, CiU, merced a su mayoría absoluta en el Parlamento catalán, aprobó en solitario una resolución parlamentaria en la que se exculpaba a sí misma de cualquier responsabilidad en el “caso Casinos”, cuando el escándalo coincidía con el estallido del “caso Filesa”. Mal asunto.

Serrano Lucas, Francisco. Ex secretario general de finanzas del PSOE murciano y concejal del ayuntamiento. En 1984 trató de sobornar por un millón de pesetas a dos periodistas de la verdad para que «dejaran tranquilo» al presidente autonómico Andrés Hernández Ros.

Sotos Pulido, Carlos. Ex gerente de PSV-IGS, ingresó en la cárcel de Carabanchel el 29 de junio de 1994, donde estuvo preso hasta el año siguiente, en que salió bajo fianza, como máximo responsable de la quiebra de la cooperativa de viviendas de la UGT. PSV (Proyecto Social de Viviendas) IGS (Iniciativa de Gestión Social) fue el gran fiasco cooperativista de la UGT. Proyecto faraónico del sindicalismo de servicios que estuvo a punto de dejar sin vivienda a 20.000 familias y generó un agujero económico de más de 20.000 millones de pesetas. A pesar de la crisis económica y la presión del mercado inmobiliario, el proyecto, según el gerente Carlos Sotos, se hubiera llevado a la práctica con éxito de no mediar el enfrentamiento político entre el gobierno socialista y el líder sindical Nicolás Redondo.

Suqué Puig, Arturo. Presidente de Inverama/Casinos de Cataluña cuando estalló el escándalo de la financiación irregular de Convergencia Democrática de Catalunya. Según la denuncia de Jaime Sentís, Suqué presuntamente desvió 598 millones de pesetas para el partido liderado por Jordi Pujol.

Tomey Gómez, Francisco. Senador del PP y Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara cuando fue acusado por la Fiscalía de malversación de fondos públicos (3500 millones de pesetas), una comisión interna del PP concluyó que no había encontrado ningún indicio de, a lo sumo «contabilidad indebida». Al parecer, el único responsable era el Interventor de la Diputación, ya fallecido. El Tribunal Supremo dictó la absolución de Tomey por este asunto. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha señaló «la actitud obstructora» de Tomey al negarse reiteradamente a entregar a los partidos de la oposición la lista de los supuestos deudores que justifiquen la deuda de 3.500 millones de pesetas. Ya en 1995, la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal, condenó a Tomey por alterar los presupuestos de la Diputación, al estimar «contrarias a derecho» cuatro consignaciones de los presupuestos de 1989 por 1.173 millones de pesetas. El Fiscal Anticorrupción ha abierto diligencias contra Francisco Tomey por presunta prevaricación, uso indebido de información privilegiada y de tráfico de influencias. La causa abierta quiere aclarar tres asuntos: concesión de créditos por valor de hasta 500 millones de pesetas a la empresa de la que son socios el hermano y la esposa del propio Tomey; vinculación de Tomey con una empresa que intentó construir sin éxito una promoción de chalets en el embalse de Entrepeñas y la relación con otra empresa familiar, esta vez de seguros que se ha beneficiado.

Torre Escandón, José Ramón de la. Militante socialista relacionado con las comisiones cobradas por el AVE y por obras en Leganés, Orense y Guipúzcoa. Acusado de estafa, apropiación indebida y falsedad. Dirigentes de la Ejecutiva socialista conocían desde 1990 las actividades de De la Torre, denunciado por sus propios compañeros como «falso recaudador» del PSOE.

Urralburu Tainta, Gabriel. Presidente de Navarra entre 1984 y 1991. En abril de 1994. Organizador de la trama navarra de Luis Roldán, en diciembre de 1995, sus huesos fueron a dar a la cárcel de Logroño y acabó condenado por cohecho. A mediados de los años 70, Urralburu era sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, luego fue diputado y fundador del PSOE navarro; más tarde, Presidente de Navarra entre 1984 y 1991. En abril de 1994 su nombre apareció vinculado a Roldán y acabó en la cárcel de Logroño acusado de cohecho. Las investigaciones han sacado a la luz una red de cobro de comisiones por obras, en las que el presidente Urralburu cobraba «un peaje» a las empresas contratistas. La pieza clave en la trama navarra de Roldán es Antonio Aragón, ex consejero de obras públicas del gobierno navarro y mano derecha de Urralburu. Aragón siguió a Urralburu en todo su pelotazo político-financiero. Desde el cobro de comisiones (existen pruebas documentales de que las constructoras Huarte y Laín le dieron 20 millones de pesetas), hasta la creación sociedades, compra de chalets y adquisición de pisos de lujo. Sus iniciales están en los libros de cuentas de Roldán. En sus viajes, Aragón ha acompañado a Urralburu hasta Suiza por motivos de negocios; y ambos son tan inseparables que, por compartir, incluso ocuparon la misma celda tras ser detenidos. El testaferro de Roldán y antiguo director general de la constructora Huarte, Jorge Esparza, compartió inversiones y compras de inmuebles valorados en 150 millones de pesetas, fue accionista de Residencial Menorquina —propiedad de Olivia Balda, esposa de Urralburu— y de Copcan, de la que es propietario Aragón.

Van Schowen, Carlos. Administrativo rencoroso que se vengó de sus jefes denunciando la trama de financiación irregular del PSOE a través de Filesa, en la que trabajaba como contable por un sueldo de 90.000 pesetas al mes.

Velazquez Rivera, Ignacio. Caso Melilla y Operación Ladrillo. El ex Presidente de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera, y otros dirigentes locales del PP ha sido investigados por un presunto delito de cohecho, al intentar comprar el voto del diputado Abdelmalik Tahar, para que renunciara a su escaño y recuperar así la mayoría absoluta. Se les acusa de ofrecerle 50 millones de pesetas a cambio de su renuncia. El ex diputado Tahar reconoció ante el Juez haber recibido ya tres millones y medio de pesetas. Por otra parte, la Fiscalía de Málaga acusa al ex presidente Velázquez de malversación de caudales públicos por prestar mobiliario de la Ciudad a un particular. También se les acusa de la llamada «Operación Ladrillo», en la que presuntamente «compraron» 2.500 votos de ciudadanos musulmanes del barrio de La Cañada de Hidúm, a cambio de 350.000 ladrillos, 2000 vigas, 10.200 sacos de cemento, 31.000 bovedillas y 730 metros cúbicos de hormigón, por valor de doscientos millones de pesetas. También se les acusa de irregularidades contables en la gestión del V Centenario de la ciudad.

Vera Fernández-Huidobro, Rafael y los fondos reservados. Ex secretario de Estado para la Seguridad. Condenado por la Audiencia de Madrid, en sentencia del 22 de enero de 2002, a siete años de cárcel y diecisiete de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el uso irregular de los fondos reservados del ministerio del Interior. Numerosos altos cargos del ministerio del Interior, de la Policía y la Guardia Civil recibieron sobresueldos a cargo de unos fondos reservados que, hipotéticamente, estaban destinados a la lucha antiterrorista. Según la sentencia, Vera “dio dinero a todo el mundo”. Entre ellos, está probado que entregó a Luis Roldán 393 millones de pesetas, a Sancristóbal al menos 89 millones, al comisario Álvarez 15 millones y a Iñaki López, siete. Por este motivo, los 800 millones fijados anualmente para este fin fueron elevados hasta los 2000 millones en los años en que fue ministro José Luis Corcuera, quien ha reconocido que controlaba personalmente estas «gratificaciones» entre julio de 1988 y noviembre de 1993. Así pues, 1.200 millones de pesetas se repartieron entre, al menos, 28 altos cargos de Interior. El caso fue sentenciado tras siete años de instrucción. Los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera quedaron absueltos al no haber pruebas del “conocimiento cabal de los hechos”, sólo sospechas. Sin embargo, además de Vera, la Audiencia de Madrid, en la sentencia citada, condenó a los demás encausados: impuso a José María Rodríguez Colorado, ex director general de Policía, seis años de cárcel; a Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, 4 años, al comisario Francisco Álvarez, ex director de la Lucha Contraterrorista, y al ex gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López, once y diez meses de prisión respectivamente. Según la sentencia, pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo, se sustraía dinero de los fondos reservados para el enriquecimiento personal de los altos cargos de Interior.

Vilallonga, Juan y las stock options en telefónica «Sobresueldos» que se han adjudicado a sí mismos más de cien directivos de Telefónica, recién privatizada, comandados por su presidente Juan Villalonga, quienes, mediante opciones de compra de acciones, se repartieron ventajistamente entre 30.000 y 45.000 millones de pesetas al acceder a las acciones por un precio inferior al que tendrían el día de su salida en Bolsa. El entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, acusó al presidente Aznar de ser «el benefactor de su amigo Juan Villalonga», a quien llegó a calificar como «un aventurero que acabará en las Islas Caimán», en referencia al famoso paraíso fiscal. Acabó en Miami, como un financiero inmensamente rico.

Villoria Martínez, Enrique. Teniente de alcalde de Madrid y responsable de urbanismo, dimitió en junio de 1999 tras conocerse la relación de sus negocios familiares con el puesto municipal que ocupaba. Su nombre apareció también en el caso Naseiro, porque Salvador Palop recurrió a él para que se facilitara la concesión de alumbrado a la empresa ETRA; desde Valencia pretendían presionar a Villoria a través de otro concejal popular madrileño.

Yebra-Pimentel Blanco, Julio Manuel. Senador popular y alcalde de Carballedo (Lugo). Imputado por malversación de caudales públicos y falsedad documental en relación con la organización de un viaje de militantes del PP a un mitin de Manuel Fraga, que fue remitido a la Sala II del Tribunal Supremo.

II
CUADERNO DE BITÁCORA

Cronología 1980-2002

1980

ENERO, 31: España rompe relaciones con Guatemala tras el asalto policial de la embajada española, en el que mueren cuarenta personas.

FFEBRERO, 2: Dos militantes de Fuerza Nueva, Emilio Hellín e Ignacio Abad, en nombre del Batallón Vasco Español, asesinan en Madrid a la dirigente estudiantil Yolanda González.

26: Aprobación definitiva del Estatuto de los Trabajadores por el pleno del Congreso.

MARZO, 5: los asesinos de la matanza de Atocha son condenados a casi quinientos años de prisión.

20: La coalición nacionalista de Jordi Pujol vence en las elecciones catalanas con 43 escaños.

ABRIL, 1: El ministerio de Hacienda expone las listas de contribuyentes, con sus declaraciones de ingresos y patrimonio. José María Ruiz-Mateos es la persona con mayor patrimonio de España.

2: La Audiencia Nacional dictamina que existe corrupción en RTVE.

MAYO, 6: Los ecologistas denuncian la destrucción sistemática de los bosques españoles.

7: El teniente coronel Tejero, como máximo responsable de la “Operación Galaxia”, es condenado a siete años de prisión, y el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas, a seis meses y un día.

21: El PSOE presenta una moción de censura contra Adolfo Suárez, al tiempo que postula a Felipe González como presidente. La moción será rechazada por 166 votos contra 152.

AGOSTO, 5: Según el Instituto Nacional de Empleo (INE), en el segundo trimestre de 1980 se ha alcanzado la cifra de 1.500.000 parados, que suponen el 11,7 % de la población activa.

1981

ENERO, 29: Adolfo Suárez presenta su dimisión como presidente del Gobierno y de UCD. “Me voy sin que nadie me lo haya pedido”.

FFEBRERO, 23: Intento de golpe de Estado. Doscientos guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero Molina, ocupan el Congreso de los Diputados durante el debate de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

25: Calvo-Sotelo sucede en la presidencia a Suárez.

MAYO, 6: En una familia de Torrejón de Ardoz (Madrid) se detecta el primer caso de lo que más tarde se conocería como caso del aceite de colza adulterado. Veinte días después, ya se ha extendido a toda España, con 2.000 afectados y 25 muertos.

JUNIO, 20: La quiebra de Sofico, uno de los mayores escándalos de corrupción inmobiliaria durante el tardofranquismo, es declarada por la Audiencia Nacional como un fraude, seis años después de que se iniciara su proceso judicial.

22: Aprobada la Ley del Divorcio.

AGOSTO, 20: El ministerio de Hacienda interviene las operaciones de Fidecaya.

31: Caso Alonso Puerta. Estalla el primer escándalo político-financiero desde que la izquierda subió al poder municipal, en el que varios miembros del ayuntamiento de Madrid están implicados en la adjudicación de contratas.

OCTUBRE, 29: Con la oposición de la izquierda, el Congreso da el «sí» a la entrada de España en la OTAN, por 186 votos.

NOVIEMBRE, 11: Rumasa compra Galerías Preciados, que atraviesa una grave crisis económica.

1982

ENERO, 29: el Consorcio de Cajas Rurales de España interviene la Caja Rural de Santander por presuntas irregularidades.

MARZO, 31: UCD y otras fuerzas políticas rechazan una proposición de ley para que los parlamentarios declaren su patrimonio.

ABRIL, 2: Las Fuerzas Armadas argentinas invaden las Islas Malvinas.

MAYO, 23: Triunfo del PSOE en Andalucía con el 52,07 % de los votos.

JUNIO, 3: Sentencia para el golpe del 23-F. Tejero y Milans del Bosch son condenados a 30 años de cárcel.

6: Calvo Sotelo dimite como presidente del Gobierno.

JULIO, 23: Programa FACA. El Gobierno, en medio de una gran polémica, aprueba un gasto de 300.000 millones de pesetas para comprar 84 aviones cazabombarderos F-18 A.

AGOSTO, 17: Según el New York Times, las comisiones irregulares cobradas en España por el programa FACA pueden ascender a 500 millones de pesetas.

SEPTIEMBRE, 21: Las fuertes lluvias ocasionan la rotura de la presa de Tous (Valencia). Mueren más de 40 personas y cerca de 300.000 se quedan sin hogar.

OCTUBRE, 2: Se descubre el intento golpista del 27-O, proyectado en vísperas de las elecciones generales.

27: Rumasa compra la red de grandes almacenes Sears en España y la incorpora a Galerías Preciados.

28: El PSOE gana las elecciones generales. Con diez millones de votos y 202 escaños. Felipe González se convierte en nuevo presidente del Gobierno.

NOVIEMBRE, 2: El Banco de España interviene Banca Catalana, fundada por Jordi Pujol. El agujero de esta entidad se estima en 130.000 millones de pesetas.

15: Se crea Intermun, S. A. Enrique Sarasola es acusado de una supuesta implicación en la exportación de 70.000 toneladas de azúcar que supuso al Estado la pérdida de más de 500 millones de pesetas.

DICIEMBRE, 22: El Gobierno, presidido por Felipe González, aprueba la jornada laboral de 40 horas semanales.

1983

FFEBRERO, 2: Entre protestas de la derecha y de la Iglesia, el Gobierno despenaliza el aborto. Un mes más tarde, cien mil personas se manifiestan en Madrid contra el proyecto de ley, que será aprobado en noviembre.

18: Fin de la UCD. Se disuelve cargado de deudas y roto por las deserciones de sus antiguos dirigentes.

23: Estalla el caso Rumasa. La negativa de Ruiz-Mateos a que se realice una auditoría por parte del Banco de España lleva al Gobierno a decretar la expropiación de Rumasa.

MARZO, 31: Suspensión de pagos de la empresa Torras Horstench, que será adquirida más tarde por el grupo KIO que dirige Javier de la Rosa.

ABRIL, 28: El Tribunal Supremo eleva las penas impuestas en consejo de guerra a los militares condenados por el golpe del 23-F.

JULIO, 1: El empresario José María Humbert Rovira dice haber pagado 200 millones de pesetas en sobornos a los juzgados de Barcelona.

AGOSTO, 3: La Fiscalía General del Estado investiga un presunto fraude en el ministerio de Transportes por la concesión de las tarjetas de tráfico para camioneros.

31: Se embargan los bienes de José María Ruiz-Mateos.

SEPTIEMBRE, 15: Cincuenta empresas de Banca Catalana son traspasadas al Fondo de Garantía de Depósitos.

19: ETA asesina al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios.

29: Juan Abelló, asesorado por Mario Conde, vende Laboratorios Abelló al grupo Merck por 2.700 millones de pesetas.

OCTUBRE, 31: El apoyo público a Banca Catalana ha costado 300.000 millones de pesetas.

NOVIEMBRE, 12: Desaparece Santiago Corella, el Nani, tras ser torturado e interrogado por el grupo de Atracos de la Policía Judicial de Madrid.

26: Se estrella un Jumbo de Avianca, en Barajas. Mueren 183 personas.

DICIEMBRE, 5: Secuestro de Segundo Marey, español residente en Hendaya, por los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

7: Trágico accidente en Barajas. 92 personas pierden la vida en este aeropuerto al chocar un avión de Iberia con otro de Aviaco.

17: Incendio en la discoteca Alcalá 20, de Madrid. Mueren 79 personas.

1984

ENERO, 3: Suspensión de pagos de la empresa General Eléctrica Española, que estaba siendo objeto de un plan especial de reconversión industrial.

FFEBRERO, 23: Los Comandos Autónomos Anticapitalistas (una escisión de ETA) asesinan al senador socialista Enrique Casas.

MARZO, 4: Dimite el presidente autonómico de Murcia, Hernández Ros, tras ser denunciado por tratar de sobornar a dos periodistas del diario La Verdad.

29: Desarticulada en Barcelona una red de evasión de capitales que ya había sacado del país más de mil millones de pesetas.

ABRIL, 25: Ruiz-Mateos es detenido en Francfurt por la policía, tras haber pasado por varios países europeos e iberoamericanos.

MAYO, 16: Liquidación final de los periódicos que formaban parte de los Medios de Comunicación del Estado, la antigua Prensa del Movimiento.

17: El caso Sellberg vuelve a estallar con Felipe González ya instalado en la Moncloa.

23: Crisis abierta de Banca Catalana. Termina con la presentación de una querella contra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que se arropa en la “catalanidad” para defenderse.

JUNIO, 12: Nace el primer bebé probeta español en el Instituto Dexeus de Barcelona.

19: Mariano Rubio es nombrado Gobernador del Banco de España.

20: En el segundo trimestre de 1984 el paro alcanza en España al 19,87 % de la población activa.

SEPTIEMBRE, 25: El caso Sellberg conduce a una importante crisis política en la que Felipe González propone que se investigue la financiación de todos los partidos desde 1977. Por primera vez, González arremete contra la prensa.

OCTUBRE, 8: Acuerdo Sindicatos-Empresarios. Felipe González, José María Cuevas y Nicolás Redondo firman el Acuerdo Económico y Social.

NOVIEMBRE, 20: El dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard, de 63 años, es asesinado por pistoleros de los GAL en su consulta de pediatra en Bilbao.

DICIEMBRE, 5: Privatización de Galerías Preciados. Esta empresa de Rumasa es vendida al grupo venezolano Cisneros.

21: Una comisión de investigación interroga a Max Paefgen sobre las conexiones del caso Flick en España.

29: Abelló y Conde, con las plusvalías conseguidas por la venta de Laboratorios Abelló y un crédito de Bankinter cifrado en 4000 millones de pesetas, compran Laboratorios Ibys y pasan a controlar así Antibióticos S. A.

1985

FFEBRERO, 5: Caso Palazón. Descubierta una red de evasión de capitales de la jet set, organizada por el diplomático Francisco Palazón Español, que ingresó en prisión.

19: Un avión de Iberia, con trayecto entre Madrid y Bilbao, choca contra la antena de un repetidor de televisión en la cumbre del monte Oitz. Mueren los 148 ocupantes del avión, entre los que se encuentra el ex ministro franquista Gregorio López Bravo.

MARZO, 11: Cambio generacional en el Kremlin. Gorbachov es elegido secretario general del PCUS y líder de la Unión Soviética.

ABRIL, 12: Atentado al restaurante El Descanso, próximo a la base militar norteamericana de Torrejón de Ardoz. 18 muertos y 70 heridos.

MAYO, 13: Manuel Fraga compara con el Watergate el espionaje a AP y al PCE, realizado por la Brigada del Interior.

JUNIO, 12: En la Sala de Columnas del Palacio Real de Madrid, el presidente del Gobierno Felipe González firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea.

JULIO, 3: Miguel Boyer dimite como ministro. Fernández Ordóñez ocupa el ministerio de Asuntos Exteriores y Carlos Solchaga el de Economía y Hacienda.

AGOSTO, 2: Aprobada la Ley del Aborto.

OCTUBRE, 16: La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, expropia doce grandes fincas en aplicación de una tímida reforma agraria.

1986

ENERO, 1: España en la CEE. Se hace efectivo el ingreso de España y de Portugal en la Comunidad Económica Europea.

17: Relaciones diplomáticas entre España e Israel.

FFEBRERO, 19: Muere Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid.

28: En pleno centro de Estocolmo, el líder socialista sueco Olof Palme es asesinado a tiros.

MARZO, 12: España con la OTAN. El «sí» a la OTAN triunfa con el 52,5 % de votos en el referéndum sobre la permanencia de España en la organización que promueve el Gobierno socialista y que le obliga a realizar una dura campaña a favor.

ABRIL, 28: Desastre nuclear en Chernobil.

AGOSTO, 11: Seis personas son detenidas en Madrid implicadas presuntamente en una estafa de 699 millones de pesetas al Banco de Bilbao

22: El PSOE renueva la mayoría en las elecciones generales, pero pierde 20 escaños. AP se mantiene como líder de la oposición. Fraga dimitirá el 1 de diciembre de su presidencia, que cede a Antonio Hernández Mancha.

OCTUBRE, 17: Barcelona, sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

NOVIEMBRE, 21: No hay proceso contra Jordi Pujol. La Audiencia Provincial de Barcelona decide no procesar al presidente de la Generalitat por el caso Banca Catalana.

1987

ENERO, 9: La Caixa pierde en los juzgados su reclamación de 4.600 millones de pesetas contra Banca Catalana.

JUNIO, 10: En las elecciones municipales, autonómicas y primeras al Parlamento Europeo, el PSOE pierde la mayoría absoluta en casi todas las grandes ciudades, aunque conserva la mayor parte de las autonomías.

19: Atentado de Hipercor, Barcelona. Un coche bomba de ETA provoca la muerte de 20 personas y 35 heridos.

JULIO: José María Ruiz-Mateos presenta una querella contra Miguel Boyer y su esposa Isabel Preysler, en la que acusa a esta última de haber cobrado unas supuestas comisiones de Loewe durante el proceso de reprivatización.

2: Entra en funcionamiento la Ley Orgánica para la Financiación de Partidos Políticos.

AGOSTO, 11: El subdirector general del Ministerio de Exteriores, Rodríguez Cordón, cesa por supuesto cobro de comisiones.

SEPTIEMBRE, 4: Diez bomberos perecen al intentar sofocar el incendio en los populares Almacenes Arias, de Madrid.

OCTUBRE, 7: Fraude a la Seguridad Social. 130 empresarios son acusados por la fiscalía de dejar de pagar 4.000 millones de pesetas a la Seguridad Social.

8: Venta de Galerías Preciados. El empresario venezolano Gustavo Cisneros vende la cadena de almacenes al grupo británico Mountleihg por 30.000 millones de pesetas.

19: Lunes negro de la bolsa de Nueva York.

NOVIEMBRE, 30: Orden de detención contra el subcomisario José Amedo y contra el inspector Michel Domínguez por su implicación en los GAL.

DICIEMBRE, 6: Mario Conde elegido presidente del Banesto.

1988

FFEBRERO, 11: Se crea la empresa Filesa

ABRIL, 3: El uso irregular de un avión Mystère por Alfonso Guerra dispara la polémica sobre el tráfico de influencias. Guerra dice que es víctima de un «vendaval antidemocrático».

5: Ley sobre las normas de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

MAYO, 5: Alianza Popular escribe un documento en el que pide que se tipifique y sancione el tráfico de influencias.

25: El juez Baltasar Garzón pide datos sobre los fondos reservados del ministerio del Interior.

JULIO, 7: Cuarto Gobierno de González.

13: Amedo y Domínguez, en prisión.

29: La dimisión de Xosé Luis Barreiro, Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, abre una crisis en el Gobierno del presidente Fernández Albor.

OCTUBRE, 17: Pilar Miró obligada a dimitir. Deja su cargo de directora de RTVE, como consecuencia del escándalo sobre sus gastos de vestuario. Al frente de los ataques está el diputado de AP Luis Ramallo.

NOVIEMBRE, 18: José María Sala y Carlos Navarro venden Time Export a Filesa por sólo 400 simbólicas pesetas.

DICIEMBRE, 14: España se paraliza. Los sindicatos convocan una huelga general contra la política económica del Gobierno.

1989

ENERO, 20: Nace el PP. Alianza Popular cambia de nombre en el congreso del partido. Manuel Fraga vuelve a la presidencia transitoriamente, en espera de que una nueva generación tome el relevo en la dirección.

22: ETA anuncia una tregua de dos meses y la formación de un comité negociador en Argel.

MAYO, 19: Gustavo Durán cita en su despacho al diputado autonómico Miguel Ángel Olmos, de Izquierda Unida.

AGOSTO, 25: Fin del monopolio televisivo. El Consejo de Ministros decide conceder tres canales privados de televisión a Tele 5, Antena 3 TV y Canal Plus.

OCTUBRE, 19: Accidente nuclear en Vandellós 1. La central nuclear, situada en Tarragona, sufre el accidente más grave jamás ocurrido en España.

29: El PSOE obtiene su tercera mayoría absoluta, con 176 escaños. José María Aznar, al frente del PP, mantiene los votos de su partido y se consolida como dirigente de la derecha española.

NOVIEMBRE, 9: Cae el muro de Berlín.

28: El juez de instrucción n.º 1 de Valencia autoriza las escuchas telefónicas al domicilio de Rafael Palop.

DICIEMBRE, 4: En el debate de su investidura, Felipe González pide a Aznar que no hable tan genéricamente de amiguismos y que dé casos concretos.

20: El Gobierno de Estados Unidos invade Panamá en una operación militar denominada «Causa Justa».

1990

ENERO, 4: Juan Hormaechea, presidente del gobierno de Cantabria, compra en Canadá dos toros sementales por 250 millones de pesetas.

25: El juez Manglano abre las diligencias previas derivadas de las escuchas telefónicas realizadas al concejal popular Salvador Palop al considerar que existían indicios de delito.

FFEBRERO, 1: Caso Juan Guerra. El vicepresidente Alfonso Guerra, en su comparecencia parlamentaria, acusa a quienes denuncian a su hermano de haber roto un pacto no escrito.

26: El ayuntamiento de Madrid se aprueba el proyecto de las torres de KIO y una vasta operación urbanística en el norte de la capital.

MARZO, 22: Manglano pide al Consejo General Bancario información sobre las cuentas de Salvador Palop.

ABRIL, 6: Las diligencias previas tramitadas por Manglano aducen también los posibles delitos de cohecho y malversación. El Jueves Santo son detenidos Rosendo Naseiro, tesorero del Partido Popular; Salvador Palop, concejal valenciano; el arquitecto Luis Latorre y dos altos ejecutivos de empresas constructoras, Luis Janini y Carlos Bonet.

14: Naseiro dimite de sus cargos en el partido. También lo hace el concejal Salvador Palop.

16: El juez Manglano remite el sumario al Tribunal Supremo ya que aparecían personas aforadas en referencia a Ángel Sanchís.

19: Pascual Sala, presidente del Tribunal de Cuentas, comparece en el Senado para explicar la primera auditoría realizada a los partidos políticos.

20: El Tribunal Supremo se declara competente para llevar el caso Naseiro.

MAYO, 5: Por deseo expreso del Partido Popular, Ángel Sanchís no pierde su escaño en el Congreso.

JUNIO, 12: Operación Nécora. Mafiosos gallegos y personajes de la jet son apresados en una operación dirigida contra el narcotráfico.

18: La Sala Segunda del Tribunal Supremo dicta un auto el que declara nulas las actuaciones del juez Manglano.

AGOSTO, 2: Irak invade Kuwait.

OCTUBRE, 6: El ministerio de Hacienda descubre un fraude de 200.000 millones de pesetas, de dinero B, en cuentas secretas.

NOVIEMBRE, 22: Es descubierto en Asturias un fraude del IVA valorado en 4.000 millones de pesetas.

29: En Baleares es desmantelada una red de falsificadores de facturas.

1991

ENERO, 12: Felipe González forma su quinto gabinete sin Alfonso Guerra.

FFEBRERO, 27: Fin de la Guerra del Golfo..

ABRIL, 24: Conversaciones de Benegas. La situación política en España sufre un vaivén con la emisión, en la cadena Ser, de dos conversaciones privadas de Txiqui Benegas, hechas desde su coche, en las que califica a González de «dios» y «one».

MAYO, 14: Nace el Central Hispano Americano. Los bancos Central e Hispano Americano se fusionan. Alfonso Escámez está de baja y Claudio Boada terminará pasándole el testigo a su segundo, José María Amusátegui, que se hará con todo el poder.

15: Fusión de las compañías eléctricas Hidrola e Iberduero.

26: El PSOE pierde las alcaldías de Madrid, Sevilla y Valencia en las elecciones municipales y autonómicas.

JUNIO, 2: Caso Filesa. Se hace público que empresas vinculadas a la financiación del PSOE practicaron durante años una doble contabilidad.

17: Fin del «apartheid» en Sudáfrica.

SEPTIEMBRE, 17: Amedo y Domínguez, condenados a 108 años de cárcel por ordenar asesinatos en nombre de los GAL.

1992

ENERO, 20: Caso Filesa. El informe preliminar del Tribunal de Cuentas sobre Filesa exculpa al PSOE. El juez Barbero sigue con la investigación en el Tribunal Supremo, que terminará su compañero, Eduardo Móner.

FFEBRERO, 7: Los Doce firman en Maastricht el Tratado de la Unión Europea.

11: Caso Ibercorp. Manuel de la Concha y Jaime Soto ponen a la venta Ibercorp, en una operación fallida que resulta escandalosa. De la Concha había engañado a la Comisión de valores para proteger a Mariano Rubio y a Miguel Boyer, que habían invertido en la entidad. El entonces gobernador del Banco de España tendrá que dimitir por escándalo.

17: Estalla la «tangentopoli» en Italia. El socialista Mario Chiesa, presidente del consejo de administración de un asilo de ancianos de Milán (Italia), es encarcelado por el fiscal Antonio Di Pietro acusado de haber pretendido cobrar una comisión a una empresa de limpieza. La confesión de Chiesa descubrió una trama de relaciones corruptas en toda la ciudad. Sale a la luz la «tangentopoli» (ciudad de los sobornos), la ola de notificaciones investigaciones y procesos de los años noventa. En un sólo año, entre abril de 1992 y febrero de 1993, recibieron notificación judicial 6.059 personas. Entre ellas, 438 diputados y senadores, 873 empresarios, 1.373 funcionarios de partidos, 978 funcionarios municipales, provinciales y regionales. Se dictaron 2.993 órdenes de prisión. En 1994, en víspera electoral, dos tercios de los diputados habían recibido notificación. A finales de 1994, se abrieron 600 procedimientos judiciales t se dictaron casi 300 condenas.

18: Caso Casinos. Denunciado el desvío de 1.000 millones de pesetas de la empresa Casinos de Cataluña a las cuentas de Convergència i Unió.

MARZO, El concejal socialista José Miguel Campo es objeto de un intento de soborno por parte de los dirigentes locales del Partido Popular de Calviá.

16: Tercera victoria de CIU. Jordi Pujol consigue la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.

29: La policía francesa captura al máximo dirigente etarra, Francisco Múgica Garmendia, alias «Artapalo» o «Pakito», y a dos importantes jefes, José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», cerebro político de ETA militar, y Joseba Arregui Erostarbe, «Fitipaldi», responsable del aparato logístico.

ABRIL, 13: Inauguración del AVE, tren de alta velocidad, que une Madrid con Sevilla.

21: Comienza la Exposición Universal de Sevilla.

JUNIO, 17: CiU se exculpa a sí misma en el Parlamento catalán de cualquier responsabilidad en el caso Casinos.

JULIO, 25: Comienzan los Juegos Olímpicos de Barcelona.

AGOSTO, 20: La artillería serbia ataca un mercado repleto de civiles en la ciudad sitiada de Sarajevo.

SEPTIEMBRE, 15: Tormenta monetaria. Los bancos centrales europeos intervienen para evitar el colapso de la lira, la libra y la peseta, que se devalúa un 5 %. La retirada de la inversión extranjera hunde la Bolsa y el mercado de la deuda pública.

DICIEMBRE, 3: Catástrofe ecológica. El petrolero Mar Egeo derrama 80.000 toneladas de crudo al encallar frente a La Coruña.

1993

ENERO, 1: Entra en vigor el Mercado Único Europeo.

6: Caso Banco Santander. El juez de Delitos Monetarios asegura que el Banco de Santander intentó pactar con él y con Hacienda por el caso de las primas únicas.

8: KIO acusa a Javier de la Rosa de haber provocado pérdidas en Torras de más de cien mil millones de pesetas.

14: El juez Barbero llama a declarar a directivos de las empresas que pagaron a Filesa por supuestos informes.

20: El juez del caso Filesa acusa al PSOE de obstrucción a la justicia.

27: Los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas en Alcàsser (Valencia) aparecen enterrados junto a la presa de Tous.

29: El PSOE anuncia que tres implicados en el cobro de comisiones han sido dados de baja en el partido.

FFEBRERO, 5: El ministro Solchaga denuncia el robo en Transacciones Exteriores de los disquetes con datos de KIO.

10: Aída Álvarez ingresó 150 millones de pesetas mediante un cheque al portador pagado por SEAT. Renfe y Obras Públicas adjudicaron contratos a uno de los comisionistas del AVE.

15: Se hace pública la Encuesta de Población Activa de 1992, con un total de 3.047.120 parados, es decir: el 20,06 por ciento de la población activa.

20: La ejecutiva del PSOE estudiará el cese de Carlos Collado, presidente del gobierno murciano. El Parlamento murciano ve indicios de delito en la actuación de Collado en el caso Ferrovial.

23: Caso Ibercorp. El Banco de España multa e inhabilita por cinco años a Manuel de la Concha y Jaime Sotos.

MARZO, 2: Hacienda descubrió durante 1992 un total de 338.962 millones de pesetas defraudados por los contribuyentes.

5: Caso Ibercorp. Mariano Rubio declara ante el juzgado que no sabe quien es el propietario de Schaff Investment. De la Concha afirma que Ibercorp no ofreció garantías para el crédito que le concedió el Banco de España.

11: El juez de Delitos Monetarios dice que unos cinco mil clientes del Banco Santander pudieron cometer delito fiscal.

22: Los peritos del caso Filesa afirman que el PSOE tenía una doble contabilidad.

23: El juez ordena la detención de José Felipe Bertrán de Caralt implicado en una red de evasión fiscal. El juez decreta su ingreso en prisión por el supuesto fraude de 1.500 millones a Hacienda.

24: El PP acusa al Gobierno de corrupción por el AVE.

25: Felipe Bertrán de Caralt queda en libertad provisional sin fianza.

27: Detectado otro caso de facturas falsas del IVA que podría ascender a 20.000 millones de pesetas.

29: La Exposición Universal de Sevilla 1992 cierra sus cuentas con un beneficio de 2.437 millones de pesetas. Tuvo casi 42 millones de visitantes.

ABRIL, 12: Felipe González adelanta su celebración para el 6 de junio, no pudiendo aguantar más la crispación de la vida pública.

15: Dimite el presidente de la Comunidad Murciana, Carlos Collado.

28: Candidatura de Baltasar Garzón como número dos de la lista del PSOE por Madrid.

30: Carlos Sotos desvió más de 4.300 millones de pesetas de UNIAL hacia la gestora de la cooperativa PSV, patrocinada por la UGT.

MAYO, 5: Caso Macosa. Eduardo Santos acusado de ganar 950 millones especulando con títulos de Macosa gracias a favores políticos.

13: Jueves negro para la economía española: la peseta se devalúa un ocho por ciento, la inflación en abril superó las previsiones y la EPA registró más de 3,3 millones de parados a finales de marzo.

18: El juez de Delitos Monetarios impone una fianza de 3.500 millones de pesetas al Banco Santander.

24: El presidente de Asturias dimite por el supuesto fraude conocido como el petromocho.

27: Críticas judiciales al bloqueo de la instrucción del caso Filesa, por «neutralidad electoral».

JUNIO, 6: Cuarta victoria consecutiva del PSOE. Lejos de la mayoría absoluta, los socialistas vencen en las elecciones generales, pero se ven obligados a pactar con CiU.

16: El Instituto de Estudios Económicos califica la actual crisis económica como una de las más graves de la historia de España.

18: España adquiere la colección Thyssen, que se queda en España.

21: Dos atentados de ETA en Madrid se cobran la vida de seis militares y un civil, y 25 heridos.

29: La economía española cayó en el primer trimestre de 1993 un 1,1 por ciento, respecto a igual periodo de 1992. Es el peor dato desde 1970, según el Instituto Nacional de Estadística.

JULIO, 21: El diputado socialista José María Mohedano renuncia a su cargo parlamentario tras las críticas vertidas por el uso de un Jaguar, propiedad de un empresario inmerso en procedimientos judiciales.

27: Por primera vez, la peseta se convierte en la moneda más débil del Sistema Monetario Europeo.

AGOSTO, 11: El Fiscal General del Estado no ha tomado ninguna medida ante la venta de Elosúa.

28: El Gobierno cede a las presiones de Pujol y acepta transferir el 15 % del IRPF a las comunidades autónomas.

SEPTIEMBRE, 1: La Bolsa sufre la mayor caída del año y baja de la cota psicológica del 300.

OCTUBRE, 7: Nicolás Redondo dimite como secretario general de la UGT, presionado por el caso PSV.

NOVIEMBRE, 1: Entra en vigor el Tratado de Maastricht para la Unión Europea.

2: Caso Primas Únicas. 2.807 personas ocultaron a Hacienda 54.000 millones de pesetas en cesiones de primas únicas del Banco de Santander. Entre los implicados se encontraba el entonces alcalde popular de Orihuela y diputado Luis Fernando Cartagena.

5: Caso Indelso. El juez que investiga el fraude del IVA encarcela a directivos de Seguros La Estrella y del Banco Vitalicio. La empresa Indelso también emitió facturas falsas para Dragados y Construcciones, Pascual Hermanos, Cementos Molins, Henkel y Reinhold.

14: Desarticulada en Barcelona una red de escuchas telefónicas formada por personas vinculadas al CESID.

23: El director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, niega las informaciones periodísticas que le acusan de enriquecimiento ilícito.

29: Carmen Salanueva, directora del Boletín Oficial del Estado, es detenida por orden judicial al comprobarse la existencia de un fraude en la compra de papel prensa cifrado en mil millones de pesetas.

DICIEMBRE, 12: Denuncia contra 174 empresas por defraudar 3.000 millones de pesetas.

28: El Banco de España interviene Banesto y destituye a Mario Conde y a todo el consejo en una operación política basada en los malos resultados de la entidad (un agujero de 600.000 millones de pesetas).

29: El juez Marino Barbero decreta el secreto sumarial para realizar nuevas diligencias del caso Filesa.

30: El paro creció durante 1993 en 635.210 personas, según la Encuesta de Población Activa. El balance final fue de 3.682.330 desempleados. El 23,9 por ciento de la población activa.

1994

ENERO, 9: Caso Bankpyme. El juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona inculpa a 66 destacados empresarios catalanes de estar ocultando, a través del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), un total de 20.000 millones de pesetas, mediante fondos de inversión puestos a nombre falso y que no han sido declarados a Hacienda.

23: Caso PSV. Diez mil cooperativistas de PSV protestan violentamente ante la sede de la UGT.

28: Caso Construcción de Burgos. El Tribunal Supremo confirma la pena de doce años de inhabilitación especial por el delito continuado de prevaricación para el ex alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, del PP, por la concesión irregular de licencias municipales, y a siete años de cárcel para el constructor Antonio Méndez Pozo por falsedad en documento.

31: Un incendio destruye completamente el Liceo de Barcelona.

FFEBRERO, 1: Caso Filesa. Dos directivos del Banco Bilbao Vizcaya declaran ante el juez que fue el fallecido Pedro de Toledo, en su día presidente del Banco de Vizcaya, quien decidió pagar 196 millones de pesetas a Filesa.

3: El vicepresidente del Banco Central Hispano, Epifanio Ridruejo, declara ante el juez que el ex presidente del banco, Alfonso Escámez, le ordenó directamente que pagara 204 millones de pesetas a Filesa y Time Export por unos informes que no han sido encontrados.

15: La Audiencia de Barcelona juzga a José Felipe Bertrán de Caralt de un supuesto fraude fiscal de dos mil millones de pesetas mediante DNI falsos.

17: Caso Roldán. El Congreso de los diputados decide por unanimidad crear una comisión parlamentaria para investigar la gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil, así como el origen de su patrimonio, temas pendientes de diversas querellas judiciales.

25: Según el Tribunal de Cuentas, el Gobierno adjudica «a dedo» más de la mitad de los contratos de obras y suministros.

MARZO, 1: Caso Filesa. El juez concluye las declaraciones de 41 directivos de bancos y empresas que han pagado cientos de millones por informes a las sociedades Filesa, Malesa y Time Export.

Nace la Europa de los Quince: Suecia, Austria y Finlandia se incorporan como nuevos socios de la Unión Europea.

27: Liberada la farmacéutica de Olot, María Angels Feliú, tras 16 meses de secuestro.

ABRIL, 19: Debate sobre el Estado de la Nación. José María Aznar pide a Felipe González que se vaya. El Presidente lo reta a que le presente una moción de censura. Un día más tarde, el Congreso decide, a iniciativa de PSOE y CiU, investigar los casos Filesa y Naseiro.

26: El Banco Santander se adjudica Banesto. Emilio Botín se convierte en el primer banquero de España.

29: Luis Roldán se fuga.

MAYO, 3: Mariano Rubio deja su puesto de Gobernador del Banco de España.

4: La policía detiene a Mariano Rubio y a Manuel De la Concha e ingresan en prisión.

5: El ministro de Agricultura, Vicente Albero, dimite por haber defraudado a Hacienda más de veinte millones de pesetas colocados en Ibercorp.

7: Baltasar Garzón dimite como responsable de la lucha contra la droga y deja su escaño como diputado.

11: La presidenta de Cruz Roja, Carmen Mestre, dimite al detectarse irregularidades en su gestión.

JUNIO, 12:Victoria del PP en las elecciones europeas.

JULIO, 6: La Audiencia de Madrid impone más de un siglo de cárcel para los asesinos de la dominicana Lucrecia Pérez.

15: El Tribunal Supremo dictamina la absolución de los cuatro implicados del caso Naseiro por defectos de procedimiento.

OCTUBRE, 18: Encarcelamiento de Javier de la Rosa por el escándalo Grand Tibidabo. La Generalitat se distancia del financiero, que amenaza con descubrir secretos de altas personalidades del Estado.

DICIEMBRE, 24: Ingreso en prisión para Mario Conde, por la estafa de 7.000 millones de pesetas y apropiación indebida.

1995

ENERO, 4: El juez Eduardo Móner no modifica la situación de José Barrionuevo, cuya inclusión en la lista electoral del PSOE causa indignación entre la oposición.

FFEBRERO, 10: Guerra en Chiapas.

14: Javier de la Rosa es puesto en libertad tras pagar una fianza de 1.000 millones de pesetas.

16: Baltasar Garzón encarcela a Rafael Vera por el caso GAL.

27: Captura de Luis Roldán. El ex director de la Guardia Civil es detenido en Laos por la Interpol.

MARZO, 20: Ocho personas mueren y 3.200 resultan intoxicadas en el metro de Tokio a causa de un atentado terrorista con gas sarín.

21: El hallazgo de los cadáveres de Lasa y Zabala, tras haber sido torturados y enterrados en cal viva, agrava la crisis del caso GAL.

ABRIL, 3: El Ejército de Burundi y las milicias tutsis matan a 400 hutus, en su mayoría mujeres y niños, en el nordeste del país.

8: El primer secretario del PSC, Raimon Obiols, denuncia la existencia en España de una campaña política para romper el actual sistema de representación democrática impulsada por sectores de la extrema derecha, aunque su cabeza visible dice que es el PP. El objetivo último de estas es, según Obiols, «la ruptura del proceso pacífico que desde 1977 se inició en España» y el surgimiento de nuevas formas de representación similares al caso italiano».

19: Atentado de ETA en Madrid contra el líder del PP José María Aznar. El blindaje del coche le salva de los efectos de un coche-bomba.

28: En las elecciones municipales y autonómicas, el PP gana en 10 de las 13 comunidades y en 44 capitales de provincia.

JUNIO, 12: Se descubre que el Cesid lleva más de diez años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas. Una semana más tarde, un juez ordena la detención del coronel Juan Alberto Perote, horas después de que lo denunciara Emilio Alonso Manglano.

AGOSTO, 7: Mueren 86 personas y otras 183 resultan heridas al quedar sepultadas por una riada que arrasa el camping Virgen de las Nieves, situado cerca de Biescas, Huesca.

10: Es desarticulado en Mallorca un comando de ETA que planeaba atentar contra el Rey Juan Carlos durante sus vacaciones.

NOVIEMBRE: El escándalo de Javier de la Rosa culmina a mediados de mes con un supuesto chantaje al rey, relacionada con Diego Prado y Colón de Carvajal.

21: EE. UU. impone la paz en Bosnia.

DICIEMBRE, 15: Nace el Euro, la moneda única de la Unión Europea que el 1 de enero de 1999 comenzará a utilizarse y cuyo uso se generalizará en el año 2002.

1996

ENERO, 21: ETA secuestra al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

24: José Barrionuevo en libertad bajo fianza. Es investigado por la justicia por su presunta relación con el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL.

FFEBRERO, 7: ETA asesina a Fernando Múgica, hermano del ex ministro de Justicia.

19: Un millón de personas de manifiesta por las calles de Madrid contra el terrorismo de ETA.

MARZO, 3: El PP gana las elecciones por un estrecho margen sobre el PSOE, apenas trescientos mil votos, que dan al centro derecha 159 escaños.

6: Los antiguos gestores de KIO en España desviaron 7.000 millones de pesetas a sus cuentas privadas de Suiza y Londres, según la justicia británica. KIO pagó un total de 30.000 millones de pesetas a políticos para conseguir su apoyo durante la guerra del Golfo. Todos los partidos piden en el Parlamento que se aclaren inmediatamente estos pagos y se abra una investigación.

MAYO: Entra en vigor el nuevo Código Penal donde el tráfico de influencias aparece tipificado como delito.

8: Abierta la VII Legislatura de la democracia.

OCTUBRE, 10: Nuevo acuerdo social. Gobierno y sindicatos firman el primer acuerdo social desde 1984.

1997

ENERO, 2: José María Ruiz-Mateos ingresa en Alcalá-Meco por orden de la Audiencia Nacional.

14: Altos cargos de Hacienda acusan a los anteriores responsables del departamento de perdonar 200.000 millones de pesetas a los grandes defraudadores por no activar la actuación de la inspección.

19: Un grupo de milicianos hutus asesinan a tres cooperantes españoles de la organización Médicos del Mundo en una localidad en el norte de Ruanda.

28: La Audiencia Nacional pone en libertad al ex gobernador Julen Elgorriaga por el caso Marey, pero no a los ex guardias civiles Dorado y Bayo.

FFEBRERO, 4: El juez Gómez de Liaño acusa a Eduardo Serra de haber filtrado los papeles del Cesid.

13: Prisión incondicional para el juez Pasqual Estevill, miembro del Consejo General del Poder Judicial, por aceptar sobornos.

23: La clonación de la oveja «Dolly» despierta la alarma social.

25: El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, propone como fiscal jefe de la Audiencia Nacional a Luis Poyatos, ex fiscal del Tribunal de Orden Público.

27: El juicio sobre el caso Rumasa queda visto para sentencia catorce años después de la expropiación.

28: El Gobierno descarta nombrar a Poyatos fiscal jefe de la Audiencia Nacional por las informaciones que lo vinculan con la ultraderecha.

MARZO, 3: Conde se sienta en el banquillo de los acusados por presunta apropiación indebida de 600 millones.

20: La Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años de cárcel y una multa de 18,5 millones.

31: Veintidós muertos y 85 heridos al descarrilar un tren por exceso de velocidad, cerca de Pamplona.

ABRIL, 4: El juez Móner cierra el sumario del caso Marey tras una investigación de más de dos años.

MAYO, 27: El Congreso decide tramitar finalmente una ley de parejas de hecho tras quedar en minoría el PP con la abstención de CiU.

JUNIO, 1: Francia da un vuelco hacia la izquierda y abre un largo periodo de «cohabitación» entre un presidente conservador, Jacques Chirac, y un primer ministro socialista, Lionel Jospin.

9: El coronel Perote se sienta en el banquillo de los acusados de un tribunal militar que lo juzgará por un delito de revelación de secretos.

12: La Audiencia Nacional absuelve a Ruiz-Mateos de los dos delitos de falsedad en documento, aunque la sentencia admite que el empresario defraudó 25.000 millones a la Seguridad Social y a Hacienda.

20: Se abre el XXXIV Congreso del PSOE en Madrid con la sorpresa de que Felipe González anuncia su decisión de no continuar al frente de la Secretaría General.

21: Joaquín Almunia logra el apoyo del aparato del partido y de la mayoría de los «barones» para convertirse en el sustituto de González al frente de la Secretaría General socialista.

27: El juez Javier Gómez de Liaño decreta la libertad bajo fianza de 200 millones de pesetas del presidente de Prisa y de Sogecable, Jesús de Polanco.

30: El juez instructor Ramón Gomis decide sobreseer el caso Casinos por no considerarlo delictivo.

JULIO, 1: José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado durante 532 días POR ETA, es liberado en una operación de la Guardia Civil.

2: El Poder Judicial abre expediente disciplinario al juez Javier Gómez de Liaño por su enfrentamiento con la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación con el caso Sogecable.

10: El coronel Perote es condenado por el Tribunal Militar Central a siete años de cárcel y es expulsado del Ejército por robar los papeles del Cesid.

ETA secuestra al concejal del PP Miguel Ángel Blanco y amenaza con matarlo en 48 horas si no se traslada a presos etarras al País Vasco. Cumplido el plazo, ETA abandonaba a su rehén con dos disparos en la cabeza. Miguel Ángel Blanco muere tras doce horas de coma irreversible.

20: Entra en vigor un alto el fuego del IRA y se reabre el diálogo de paz en Irlanda del Norte.

24: Caso Sóller-Cañellas. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentencia que el ex presidente del gobierno balear, Gabriel Cañellas, cometió delito de cohecho en el caso Sóller, pero lo absuelve por considerar que ha prescrito. La Fiscalía Anticorrupción recurre la absolución de Gabriel Cañellas.

AGOSTO, 19: El Gobierno de Aznar es denunciado ante la Unión Europea por instrumentalizar al ministerio fiscal en beneficio de sus intereses particulares. La queja, en forma de carta, es remitida por la Unión Progresista de Fiscales.

SEPTIEMBRE, 2: Wall Street logra la mayor subida en puntos de su historia y tira de las Bolsas europeas.

22: En el juicio por el caso Filesa en el Tribunal Supremo, Felipe González y Alfonso Guerra testifican que no sabían nada.

30: El Tribunal Supremo decide juzgar a José Barrionuevo y a otros once acusados por el caso Marey.

OCTUBRE, 2: Una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo pone fin a dieciséis años de polémica judicial para un colectivo de 30.000 afectados por el aceite de colza. El Estado tendrá que indemnizar a todos ellos por el envenenamiento.

16: El fiscal del Tribunal Supremo que ha participado en la instrucción del caso GAL pide penas de veintitrés años de cárcel para el ex ministro José Barrionuevo y para el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

19: Fraga revalida la mayoría absoluta en Galicia.

Muere Pilar Miró, figura decisiva del cine y la televisión en España.

22: El juez del Supremo Joaquín Delgado archiva el proceso abierto contra los jueces Javier Gómez de Liaño, Joaquín Navarro y Baltasar Garzón, contra los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado y contra el abogado Antonio García Trevijano, por entender que no se ha probado la existencia de la trama contra Sogecable.

28: Tras más de seis años de investigación, el Tribunal Supremo dicta sentencia en el caso Filesa, por la financiación irregular del PSOE.

31: El Tribunal de Cuentas eleva a 35.000 millones de pesetas las pérdidas de la Expo 92.

NOVIEMBRE, 2: Javier de la Rosa declara ante la Audiencia Nacional que en 1991 había entregado al PP veinte millones de pesetas para financiar su campaña electoral.

12: El Gobierno plantea a las Comunidades Autónomas, como vía para obtener recursos para la financiación adicional de la sanidad, que los pacientes paguen una parte de los medicamentos incluidos en la lista, cuyo coste asume la Seguridad Social. Esta medida es bautizada como el «medicamentazo».

17: El reventón de un depósito de agua de 20.000 metros cúbicos se cobra once vidas en Melilla y causa 37 heridos.

18: El Tribunal Supremo ordena el ingreso en prisión de seis de los ocho condenados por el caso Filesa, entre ellos el senador del PSC Josep Maria Sala y el ex diputado socialista Carlos Navarro.

1998

ENERO, 12: España y otros 18 países suscriben el Protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la creación de seres humanos mediante clonación.

20: Aceptada, por primera vez desde la instauración de la democracia, una querella criminal por genocidio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

FFEBRERO, 26: Coinciden dos de las sentencias más esperadas en España. El Tribunal Supremo condena a Mario Conde a cuatro años y seis meses de prisión y al pago de 600 millones de pesetas. La Audiencia Nacional, por su parte, condena a Luis Roldán a 28 años de cárcel.

MARZO, 4. Juicio oral contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer, acusados de falsedad de documento mercantil y apropiación indebida en la venta de la empresa Urbanor, adquirida por KIO. El juez les impuso una fianza de 4.080 millones de pesetas.

10: El comisario Fischler asigna a España sólo 625.000 toneladas de aceite de oliva.

Conde reconoce que mintió a la Justicia y afirma que dio 300 millones de pesetas a Adolfo Suárez.

15: La izquierda francesa gana con holgura las elecciones regionales y cantonales.

ABRIL, 10: Acuerdo de paz para el Ulster.

13: BankAmerica y NationsBank se fusionan para crear el banco más grande de Estados Unidos.

14: Detenido el ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos.

24: José Borrell gana a Joaquín Almunia en las elecciones primarias del PSOE.

25: La rotura de una presa con agua ácida causa un desastre ecológico en Doñana.

MAYO, 5: La Encuesta de Población Activa dice que hay en España 3.172.500 parados, el 19,63 % de los españoles en edad de trabajar.

JUNIO, 1: EEUU dice que la España franquista vendió a Hitler material de guerra con dinero robado.

2: Julián Sancristóbal acusa a Barrionuevo de autorizar el secuestro de Segundo Marey.

La fiscalía de Milán pide para Berlusconi cinco años de cárcel por corrupción.

9: El ex dictador argentino Jorge Videla es encarcelado por la entrega ilegal de niños durante la dictadura.

14: Más de 140 países piden la creación de un Tribunal Penal Internacional.

17: El Tribunal Supremo procesa al juez Liaño por prevaricación en la instrucción del caso Sogecable.

JULIO, 7: El PP y el PSOE firman un acuerdo nacional para evitar el transfuguismo municipal.

8: El Supremo confirma la suspensión del juez Liaño.

10: Josep Piqué sustituye a Miguel Ángel Rodríguez como portavoz del gobierno.

28: Mónica Lewinsky acepta declarar contra Bill Clinton a cambio de su inmunidad.

29: El Tribunal Supremo condena a José Barrionuevo y Rafael Vera a 10 años de cárcel por un delito de secuestro en el caso Marey.

30: El PP expulsa por ocho años a Sergio Marqués, presidente del Principado de Asturias.

AGOSTO, 3: La OTAN aprueba el uso de la fuerza militar en la región de Kosovo.

15: Veintiséis muertos, dos de ellos españoles, y 220 heridos en un atentado en Omagh, Ulster, realizado por el IRA Auténtico, que se disuelve días después.

SEPTIEMBRE, 7: Gabriel Urralburu, ex presidente socialista de Navarra, es condenado a once años de cárcel.

8: El Tribunal Supremo ordena el ingreso en prisión de José Barrionuevo y Rafael Vera.

16: ETA anuncia una tregua indefinida.

22: La propuesta socialista de ampliación del aborto es rechazada por un solo voto en el Congreso.

27: El socialdemócrata Gerhard Schröder alcanza el poder en Alemania.

OCTUBRE, 18: Pinochet es detenido por la Policía británica en Londres a instancias del juez Garzón.

NOVIEMBRE, 9: La UE crea un fondo de 17.000 millones de pesetas de ayuda para las víctimas del huracán Mitch.

1999

ENERO, 7: Jesús Gil, alcalde de Marbella, y su mano derecha, Pedro Román, ingresan en prisión por supuestos delitos de malversación de fondos públicos.

FEBRERO, 5: El fin del baby boom marca el descenso del paro, según el diario Cinco Días.

MARZO, 9: Caso Tenerife. El presidente del PP en Tenerife, Francisco de la Barreda, se niega a dimitir, pese a habérselo exigido la dirección de su partido, tras haber denunciado distintas irregularidades, amenazas y corrupciones por parte de cargos de su partido en Canarias.

10: La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprueba la creación de una subcomisión para estudiar las posibles irregularidades en la gestión del ministro de Industria Josep Piqué.

13: Se descubre que las amenazas de muerte a Julia Bango, abogada del PP en Tenerife, han sido enviadas desde un fax del PP.

El senador Domingo González Arroyo, alcalde popular del municipio de La Oliva en Fuerteventura, es acusado de poseer una televisión local ilegal.

15: El PSOE denuncia que Antonio Méndez García, socio del concejal Enrique Villoria, logró contratos por valor de 230 millones de pesetas, adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid.

24: La OTAN bombardea Yugoslavia. Empieza la guerra en Kosovo.

ABRIL, 8: Una comisión rogatoria suiza revela que Ernesto de Aguiar, director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, recibió 40 millones de pesetas del Grupo Torras en una cuenta cifrada de la que era titular.

15: El Juez del caso Zamora pide datos bancarios para confirmar los pagos de empresarios al PP.

La Fiscalía Anticorrupción pide la inculpación de los dos ex altos cargos de Hacienda, Aguiar y Josep Maria Huguet. Se sabe que ambos ingresaron como mínimo 470 millones de pesetas en cuentas suizas y se les imputa un posible delito de cohecho a favor de Torras y ocultar a Hacienda sus ganancias.

21: Dimite Josep Ramon Morató, jefe de la oficina nacional de Inspección de Hacienda en Barcelona, porque compartía inversiones con Huguet y Aguiar.

28: Jaume Camps, diputado autonómico de CiU, reconoce haber recibido 86,8 millones de pesetas de Javier de la Rosa. Camps dice que se trataba de dinero de un cliente cuya identidad no revela.

MAYO, 13: Josep Borrell dimite como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno tras conocerse su relación con Huguet y Aguiar.

21: Se cierra el sumario del caso Atlético en el que está implicado Jesús Gil y Gil.

24: El PSOE acusa al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, de ser accionista de una inmobiliaria madrileña y miembro del consejo de administración de Viña Salceda.

26: El general Emilio Alonso Manglano es condenado a 6 meses de arresto y 8 años de inhabilitación por las escuchas ilegales del Cesid.

30: Cazaprimas. Loyola del Palacio se distancia de sus antiguos colaboradores en el Ministerio de Agricultura implicados en el escándalo del lino y cuestiona que los altos cargos y sus familiares cobren primas de la Unión Europea.

JUNIO, 1: La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años y 8 meses de cárcel para Javier de la Rosa por el caso Grand Tibidabo.

4: España retira del mercado los productos belgas de origen animal, tras el caso de los pollos con dioxina.

7: Aznar reconoce que el Gobierno se ha reunido con los jefes de ETA.

10: Javier Solana, secretario general de la OTAN, ordena que se suspendan los bombardeos sobre Yugoslavia y anuncia la entrada en vigor del plan de paz que se desarrollará bajo la supervisión de la ONU.

La Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia que el PP presentó contra tres consejeros de José Bono por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

13: Se celebran elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo. El PP se convierte en el ganador, aunque el PSOE sube puntos, mientras IU pierde más del 40 por 100 de su electorado.

JULIO, 24: El ministro portavoz Josep Piqué revela en La Vanguardia que su declaración de la renta de 1998 le salió negativa y que Hacienda le ha devuelto 433.828 pesetas.

28: Se archiva el caso por la agresión a la abogada del PP, Julia Bango, denunciante del caso Tenerife.

La Audiencia Nacional admite a trámite la denuncia presentada contra Jesús Gil por supuesta estafa.

AGOSTO, 6: El PP y CiU adelantan las conclusiones del caso del lino, mientras la oposición insiste en acusar a Loyola de Palacio.

13: El PSOE pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue si en Ceuta se han producido sobornos.

14: El nuevo Gobierno municipal formado en Estepona acusa al GIL de haber pagado sumas millonarias a sus concejales.

18: Se cierra la investigación parlamentaria del caso del lino gracias a la mayoría del PP y sus socios sin que se encuentren irregularidades.

20: El promotor del proyecto que originó el caso Juan Guerra, Jesús López, ostenta el cargo de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barbate gobernado por el PP.

El grupo de empresas propiedad de la familia del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, prepara la construcción de un complejo hotelero en Cabo Verde, cuyo precontrato comenzó a negociarse durante la visita oficial del ministro Matutes al archipiélago.

25: la tránsfuga socialista Susana Bermúdez y su marido son nombrados consejero y viceconsejero, tal y como prometió el nuevo presidente de Ceuta, Antonio Sampietro, del GIL.

IU denuncia al alcalde popular de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ante el Tribunal de Cuentas y le acusa de obstruccionismo.

Los defensores del caso Zamora confían en que sigan las instrucciones en el mes de octubre.

SEPTIEMBRE, 23: Caso Casinos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite una querella criminal contra el juez instructor del caso Casinos por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de prevaricación que durante la instrucción y el sobreseimiento del sumario.

27. El juez Manuel García-Castellón toma declaración a los testigos del caso Atlético, una supuesta estafa de 4.000 millones de pesetas de la que el Fiscal Anticorrupción acusa, entre otros, a Jesús Gil y a su hijo Miguel Ángel Gil Marín.

OCTUBRE, 20: El PP logra la alcaldía de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con una moción de censura, después de que estallara un caso de soborno en el que, según denunció el PP, un dirigente socialista local tratara de comprar al concejal popular Manuel Ramírez Rodríguez por 50 millones de pesetas.

27: Caso Correos. Una circular interna de la dirección de Correos apremia a que se realice la mudanza a la nueva sede de Correos, en Madrid por cuyo alquiler el Estado pagará 540 millones de pesetas anuales a la sociedad Monthisa, propiedad de Santos Montoro, un ex socio del ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado y del director de Correos, José Ramón Esteruelas, en sociedades dedicadas al alquiler inmobiliario. Monthisa fue la única sociedad licitadora que acudió a un concurso público cerrado en apenas once días.

NOVIEMBRE, 2: Según informe de la intervención del Estado, la Diputación Provincial de Guadalajara no puede aprobar el presupuesto general para el año 2000 porque no tiene dinero para sanear la institución y hacer frente a la «deuda ficticia» dejada por su presidente Francisco Tomey.

8. Caso Torras, la investigación revela que José Lucas Carrasco, inspector jefe de unidad de la Inspección Regional de Hacienda de Cataluña y militante del PP, posee cuentas multimillonarias en Suiza, a nombre de su esposa..

Dos altos cargos de Fomento, Leonardo Torres-Quevedo y José Luis García de Viedma, adjudican obras del AVE Madrid-Barcelona a empresas a las que están vinculados societaria o familiarmente.

10. Las stocks options de Telefónica llegan al Congreso. El Gobierno pone límites fiscales a los «sobresueldos» que se han adjudicado a sí mismos más de cien directivos de Telefónica que, mediante opciones de compra de acciones, se repartirán entre 30.000 y 45.000 millones de pesetas al acceder a las acciones por un precio inferior al que tendrán el día que salgan a Bolsa. El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, acusa al presidente Aznar de ser «el benefactor de su amigo Juan Villalonga», en referencia al presidente de Telefónica, a quien llegó a calificar como «un aventurero que acabará en las Islas Caimán», en referencia al famoso paraíso fiscal.

11: La Comisión Europea recorta las ayudas al lino para acabar con el fraude. Desaparecen las ayudas para la transformación del lino en España.

DICIEMBRE, 3: Los abogados de Pinochet, Miguel Alex Schweitzer y Hernán Felipe Errázuriz, comparecen en Londres ante la High Court para los primeros trámites de la apelación del fallo del tribunal de primera instancia de Bow Street.

14: Alfredo Pérez Rubalcaba hace una intervención parlamentaria en la que pide la dimisión del ministro de Fomento, Arias-Salgado, con la ya famosa frase: “Señor Arias, por todo ello pedimos su reprobación: por todas las competencias de su Ministerio, por transporte y por telecomunicaciones; por tierra, por mar y por aire, si es que logramos despegar. Pedimos su reprobación en digital y en analógico; por móvil, por inalámbrico, por cable; se la pedimos en abierto y se la pedimos en codificado, señor ministro, porque usted lo ha hecho francamente mal”.

17: El periódico El País publica unos documentos que revelan que el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, y su familia recibieron después de negociar con el GIL suelo urbano por una finca rústica dedicada a parque municipal en Marbella.

22: Jesús Gil es destituido de la presidencia del Atlético de Madrid tras la intervención judicial del club decretada por el juez García Castellón por un presunto delito de estafa valorado en 9.400 millones de pesetas. El juez nombra un administrador judicial con plenos poderes para llevar la gestión del club mientras investiga los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y delitos societarios.

La juez que investiga el caso AVE pide al PSOE la contabilidad correspondiente al periodo de años entre 1988 y 1991.

23.— El ex alcalde de Melilla por el Partido Popular, Ignacio Velásquez, es condenado por la Audiencia Provincial a seis años de inhabilitación por prevaricación. Es absuelto del delito de malversación. La Sala considera como hechos probados que el 18 de mayo de 1992, el entonces alcalde convocó un pleno por la noche para que se votara la moción de censura en su contra y presentada por la oposición, siendo “consciente de la ausencia de un concejal socialista con el “propósito de que fracasara” según recoge la sentencia.

27: Un informe del Tribunal de Cuentas demuestra numerosas irregularidades en la financiación del PSOE y EL PP, constatando que el saldo y las operaciones económicas son cualquier cosa menos claros.

30: El ex canciller alemán Helmut Kohl es requerido para que revele los nombres de los donantes ilegales de su partido a la vez que notifican al Parlamento alemán la apertura del sumario por malversación de fondos contra Kohl. De hallarle culpable podría ser condenado a una pena de cinco años de cárcel.

2000

ENERO, 4: El Gobierno impide que el ex presidente de Transmediterránea, Josep Maria Trias de Bes, comparezca en el Congreso para explicar las razones por las que dijo que la privatización de dicha compañía sólo favorecería a los “amiguetes” del presidente Aznar.

11: El ministerio del Interior británico anuncia que el Gobierno negará la solicitud para la extradición de Pinochet a España, por razones de salud.

16: El socialista Ricardo Lagos gana las elecciones presidenciales de Chile.

17: Carmen Salanueva, ex directora del BOE, muere víctima de un cáncer.

18: Helmut Kohl dimite como presidente de honor de la CDU tras el escándalo financiero en el que se ha visto envuelto el partido.

19: El juez García Castellón impone una fianza de 125 millones a Jesús Gil para eludir la prisión y de 50 millones a su hijo, Miguel Ángel Gil Marín, director general del club rojiblanco, y al ex vicepresidente del club atlético, Enrique Cerezo.

Muere en el exilio Bettino Craxi, líder socialista italiano.

20: El sucesor del Kohl al frente de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), Wolfgang Scäuble, admite que recibieron más de 800 millones de pesetas de origen desconocido y advierte a la cúpula de su partido de que podrían ser acusados de “lavar” dinero. Mientras Kohl hace frente a las acusaciones defendiendo su honor aunque admite que no fue “un santo”.

21: ETA, en su primer atentado tras la tregua, asesina al teniente coronel Pedro Antonio Blanco.

22: Los abogados de las víctimas de Pinochet acusan al Ministerio de Asuntos Exteriores español de obstruir el procedimiento judicial para que el ex dictador sea extraditado a España.

26: La ultraderecha austriaca dirigida por Jörg Haider negocia con los conservadores de este país su entrada en el Gobierno.

27: El Consejo General del Poder Judicial expulsa de la carrera judicial a la jueza de Marbella Pilar Ramírez, acusada de no abstenerse a tratar asuntos de su familia y el ayuntamiento de Marbella. Jesús Gil defiende a la magistrada alegando que “no cometió ningún delito en ninguna resolución a favor de Gil ni en algo relacionado con el Ayuntamiento”.

FFEBRERO, 11: Telefónica y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) se alían, creando la mayor concentración de poder económico en España.

22: Fernando Buesa, presidente de los socialistas de Álava es asesinado por la banda terrorista ETA junto a su escolta Jorge Diez Elorza. El asesinato se cometió mediante la explosión de un coche bomba.

Francisco González, copresidente del BBVA junto con Emilio Ybarra, explica a José María Aznar los detalles del pacto entre la citada entidad bancaria y la compañía Telefónica.

24: Caso Aycart. Tras la dimisión de Manuel Pimentel como ministro de Trabajo, después de demostrarse que uno de sus colaboradores se beneficiaba de las concesiones de cursos de formación, este Ministerio intenta volver el caso contra el PSOE a través de un informe en el que se indica que el Centro Politécnico a Distancia y Editorial (CPD) comenzó a multiplicar sus beneficios dos años antes de la llegada del PP al Gobierno.

MARZO, 2: El ministro del Interior Británico, Jack Straw, decide la liberación de Pinochet por motivos de salud.

3: Pinochet llega a Chile y se levanta de su silla de ruedas nada más descender del avión para saludar a sus seguidores.

12: El Partido Popular obtiene una victoria total en las elecciones generales, logrando así la primera mayoría absoluta de la centro-derecha española en la democracia.

14: Caso Unió. Se descubre que el empresario Fidel Pallerols Montoya entregaba sobres de dinero a militantes y dirigentes de Unió Democrática de Cataluña (UDC) como contrapartidas a las subvenciones que recibía de la conselleria de Trabajo a cambio de cursos de formación a parados

31: La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el presidente de Ceuta, Antonio Sampietro, del GIL; contra su esposa, Carmen Seco; contra la tránsfuga socialista Susana Bermúdez y su marido, Francisco Cazalla, por un presunto delito de cohecho, consistente en la concesión de beneficios económicos para Bermúdez a cambio de que su voto para el GIL. Desde Marbella, Jesús Gil criticó al Fiscal porque su querella no tenía según él “ni base ni fundamento jurídico”.

ABRIL, 5: El PP expulsa a Antonio Ruiz Meroño, alcalde de Dolores (Alicante), por pagar dos facturas de un club de alterne con la Visa del Ayuntamiento. La fiscalía apreció un posible delito de malversación de caudales públicos.

6: Caso Banesto. Mario Conde, Arturo Romaní, Fernando Garro y Rafael Pérez Escolar condenados. La Audiencia Nacional impone una fianza de 500 millones de pesetas a Conde para eludir su ingreso en prisión.

MAYO, 12: El fraude del IVA cometido por varias empresas del sector de la chatarra asciende a 45.000 millones de pesetas. Un ex alto cargo de Hacienda imputado en el affaire.

El ex presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Alejandro Pedrós, antiguo candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña y a la alcaldía de Barcelona por Alianza Popular, es juzgado por un delito fiscal del empresario Armando Lacausa, dueño de la firma Massimo Dutti.

13: Josep María Trias de Bes, ex diputado de CiU y ex presidente de Transmediterránea, es acusado por la desaparición de un cuadro que se encontraba en su despacho de la naviera valorado en seis millones de pesetas. Trias de Bes se defendió diciendo que se trataba de “una venganza barriobajera” perpetrada por su director Miguel Fernández Villamandos.

15: Caen un 95 por ciento las peticiones de ayuda para el cultivo del lino en Castilla-la Mancha tras el escándalo de los cazaprimas en 1999.

JUNIO, 7: El presidente de RENFE, Miguel Corsini, exige la dimisión de tres directivos de la compañía que habían asistido a la final de la Copa de Europa de fútbol entre el Real Madrid y el Valencia, celebrada en París el 24 de mayo, invitados por la empresa francesa Alstom, una de las que optaba al concurso de compra de trenes del nuevo AVE Barcelona-Madrid. En total, cinco altos cargos de RENFE han dimitido por esta causa: el director general adjunto, Alberto Echeverri; el director de Regionales, Javier Villén; el director gerente de Patrimonio, Rafael Almodóvar: el gerente de material, Pedro Alcázar, y el director general de la filial Renfe Emfesa, Fernando Íñiguez. Por su parte, Alstom emitió un comunicado que decía: “Carece de fundamento cualquier interpretación de irregularidad que se pretenda dar a estos hechos, máxime a la vista de los numerosos clientes públicos y privados de otras empresas españolas que aceptaron invitaciones”.

8: El ministerio de Fomento acusa de un posible delito de malversación de dinero público a Antonio Ruiz de Elvira, ex director de Clima Marítimo de Puertos del Estado entre 1993 y 1999. La denuncia surgió al ser descubierta la existencia de una cuenta bancaria abierta para “gastos no justificados” en 1987, y mediante la cual se manejaron fondos de Puertos Españoles “sin los mecanismos de control exigidos por la legislación vigente”. Ruiz de Elvira reconoció la “equivocación” cometida al pasar dinero de esa cuenta a otra suya de carácter privado, de la que salían luego los sueldos a becarios y compra de maquinaria, según su explicación.

13: Ruiz Mateos compra la constructora Jotsa, en suspensión de pagos.

15: Hacienda investiga la gestión profesional de dos inspectores fiscales de Baleares, Javier Salvador Milla y Sebastián Cañellas, y a la empresa de Josefa Falgueras, esposa del primero, por sus actividades mercantiles.

AGOSTO, 3: La Comisión Nacional del Mercado de Valores cierra el expediente informativo abierto al ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, por operaciones financieras realizadas en 1998, sin encontrar “indicios suficientes” que utilizara información privilegiada.

SEPTIEMBRE, 19: Caso Casinos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta una resolución en la que censura con dureza la actuación profesional de todas las partes intervinientes en la instrucción del caso Casinos. El auto ratifica el archivo de una querella por supuesta prevaricación presentada contra el juez instructor, Ramón Gomis, pero afirma que su instrucción fue deficiente y descorazonadora para unos intereses particulares concretos, pero también para la sociedad en general”.

20: Los portavoces de la oposición en la Comisión de Justicia del Congreso, acusan al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, de “hacerle los deberes al PP” por relevar al fiscal encargado del “caso Ercros” en cuanto éste informó a favor de la competencia del Tribunal Supremo para investigar al ministro Josep Piqué por un posible delito de alzamiento de bienes.

21: Caso Expo 92. El juez Baltasar Garzón autoriza el registro del despacho del abogado Juan Piña, relacionado con la investigación del caso investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Garzón sospechaba que 6.500 millones de pesetas de comisiones fueron desviados al paraíso fiscal de Jersey. Piña había sido accionista de Viajes Ceres, Central y Trade Managers, y candidato socialista por Mallorca.

OCTUBRE, 1: El Gobierno y el PSOE negocian mejorar los sueldos de los políticos, así como la financiación de los partidos.

11: Hacienda investiga la venta de la aseguradora MNA a Caixa Catalunya en 1995 a través de una firma suiza. En menos de cinco meses, MNA pasó de valer 500 millones de pesetas a 2.400 millones, que fueron pagados por Caixa Catalunya, presidida entonces por Juan Alegre Marcet, en su momento presidente de la compañía eléctrica FECSA y de UNESA, la patronal del sector.

NOVIEMBRE, 14: El primer ministro de Cabo Verde, Gualberto do Rosario, anuncia que un consorcio internacional, encabezado por el grupo hotelero de la familia Matutes, construirá un enorme complejo turístico en la isla de Boavista. En enero de 1998 el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, efectuó un viaje oficial a Cabo Verde durante el cual se dieron los primeros pasos del proyecto. Matutes coincidió en el hotel Praia, de la capital, con cinco directivos de su grupo, incluidas dos de sus hijas, que estaban en Cabo Verde realizando una “prospección turística”.. Dos meses más tarde, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el ministro Matutes insistió en que su grupo empresarial no había decidido ninguna inversión en la isla.

18: Un juez imputa un presunto delito fiscal al consejero de Telefónica Martín Velasco, entre otros, por la compraventa del buscador de Internet Olé, adquirido por Telefónica en abril de 1999 y que dio origen a Terra. El valor de la compañía pasó de 200.000 pesetas a 21.000 millones en pocos meses.

21: El ex ministro socialista Ernest Lluch, que apostaba por el diálogo para resolver la situación vasca, es asesinado por ETA.

DICIEMBRE, 15: El Gobierno indulta a ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada en el caso Sogecable y ordena su reingreso en la carrera judicial.

19: Ante la oposición del PSOE al indulto concedido a Gómez de Liaño, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, acusa a los socialistas de orquestar una “campaña contra la Sala del Supremo con el fin de demostrar a los jueces que el PSOE sigue mandando”.

20: Ignacio Velázquez, ex presidente de Melilla y consejero de Presidencia en el gobierno actual de la ciudad autónoma, dimite de sus cargos al ser acusado de un delito de cohecho por el fiscal en el llamado caso Tahar que trata de la “compra” del diputado autonómico Abdelmalik Tahar, del Partido Popular, que se pasó en 1997 al Grupo Mixto a cambio de 50 millones de pesetas.

21: El BOE publica el indulto del ex juez Javier Gómez de Liaño y ordena que se reintegre de inmediato a la carrera judicial.

22: Ante una pregunta parlamentaria de IU, el Gobierno responde: “España no tiene conocimiento de que se haya lanzado armamento conteniendo uranio emprobrecido, porque ninguno de los países que participaron en el conflicto ha mencionado tal actuación”.

2001

ENERO, 8: La Sala Segunda del Tribunal Supremo rechaza el indulto concedido por el Gobierno al ex juez Javier Gómez de Liaño por “entender que no se ajusta a las exigencias legales”. La mayoría de colectivos y asociaciones de la carrera judicial apoyan la decisión del Supremo.

11: El Consejo General del Poder Judicial expresa “su más firme rechazo” por las descalificaciones dirigidas contra los magistrados que votaron contra el indulto a Gómez de Liaño. La eliminación de las harinas de origen animal y de las vacas muertas se convierte en un problema de salud.

El plan integral contra el mal de las vacas locas (Real Decreto 3454/2000, del 23 de diciembre), es corregido por el Gobierno a las tres semanas de su publicación en el BOE.

12: El Gobierno ocultó al Congreso la utilización de armamento con uranio empobrecido en Kosovo, cuyas posibles consecuencias fueron advertidas por Estados Unidos en mayo de 1999. El ministro de Defensa, Federico Trillo, explicó que esa información sólo la conocían los militares y no lo informaron por considerar que carecía de importancia.

13: Entra en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sin medios para su aplicación en los juzgados.

15: El senador independiente Dimas Martín Martín, de Lanzarote, es condenado por el Tribunal Supremo a tres años de prisión por un delito de cohecho al comprar el voto de un concejal del PP de Arrecife de Lanzarote.

22. El ex jefe de la inspección de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, Álvaro Pernas, es detenido tras ser acusado de tres presuntos delitos de cohecho.

25: La Audiencia de Madrid sentencia que Alberto Cortina y Alberto Alcocer “engañaron” a sus socios en el caso Urbanor (la venta a KIO del solar sobre el que se edificaron las famosas torres del mismo nombre), pero les absuelve porque los delitos de estafa y falsedad, cometidos en 1987, han prescrito. El fiscal recurrió la sentencia de absolución.

30: Caso Ercros. La Fiscalía Anticorrupción investiga el destino de 20.000 millones de pesetas de la venta de la petrolera Ertoil en 1991.

FEBRERO, 1: José Luis Solana, adjunto a la gerencia del instituto Municipal de Empleo y Formación, es destituido por el fraude de cursos de formación promovidos por el ayuntamiento de Madrid, con fondos europeos, en los que fue favorecido Rafael Oriol Rodríguez, militante del PP.

Caso lino. En su comparecencia ante la Audiencia Nacional, la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, reconoció al juez Garzón que hubo un fraude generalizado en las subvenciones europeas al sector de lino, es decir que fallaron todos los mecanismos de control.

2: El Tribunal de Cuentas descubre 62.000 millones de pesetas sin justificar en el ayuntamiento de Marbella y constata decenas de irregularidades contables durante los nueve años que gobierna el municipio Jesús Gil.

6: El PP derriba al GIL del Gobierno de Ceuta con ayuda de cinco tránsfugas.

Las irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el sector del aceite español se elevan a 10.657 millones de pesetas.

7: Caso lino. El juez Garzón imputa a Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública MERCASA, y a 41 agricultores y transformadores de lino.

Ante la Comisión de Sanidad del Congreso, y a los dos meses de que estallara el problema, la ministra del ramo, Celia Villalobos, defiende su actuación en el caso de las “vacas locas”.

8: La fiscalía de Bonn (Alemania) cierra el sumario abierto a Helmut Kohl por un presunto delito de malversación de fondos, con una multa de 25 millones de pesetas.

9: Tras cuatro años y medio de investigación, el juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona sobresee el proceso contra Javier Otano, ex presidente socialista de Navarra, al no haber encontrado “ningún dato” ni prueba que demuestre que han cometido un delito de cohecho. En junio de 1996, Otano dimitió de su cargo al hacerse público que él y su esposa habían sido titulares de una cuenta bancaria en Suiza con la que supuestamente se habían cobrado comisiones ilegales.

14. Destacados investigadores científicos acusan a la ministra Anna Birulés de “falta de rigor y transparencia” en la concesión de 31.500 millones de pesetas repartidos como ayudas a los parques científicos y tecnológicos de forma “arbitraria”.

16: La Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas dictamina que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, no incurrió en incompatibilidades en sus diez meses como ministro, aunque informaciones periodísticas le acusan de constar según los registros mercantiles en los consejos de administración de varias empresas. Sin embargo, como eurodiputado popular, Arias Cañete había simultaneado sus negocios agrícolas con su participación en la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

17: El suplicatorio de Berlusconi está boqueado en Bruselas por el Gobierno español desde hace seis meses.

27: La Confederación de Empresarios de Galicia, patronal gallega, desvió fondos de formación de parados, concedidos por la Unión Europea, para pagarse congresos y publicidad. Para ello utilizó facturas falsas o duplicadas.

MARZO, 7: Detenido un empresario de Las Palmas, colaborador del Instituto Canario de Formación y Empleo, por inflar las listas de los cursos para parados.

8: Hacienda inspecciona el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, organismo que gestiona 36.000 casas militares.

11: El ministerio de Agricultura denuncia en el juzgado un fraude de 4.650 millones de pesetas por la venta ilegal de leche.

13: Estados unidos prohíbe toda importación de animales y productos cárnicos de la Unión Europea tras el brote de fiebre aftosa.

16: El Tribunal Constitucional avala las penas impuestas por el Tribunal Supremo contra once de los condenados por el secuestro de Segundo Marey.

20: La Oficina Antifraude de la Unión Europea culpa del “fraude del lino” a empresas de familiares de ex altos cargos de Agricultura.

27: Nevenka Fernández, de 26 años, concejal de Hacienda de Ponferrada, dimite tras denunciar por acoso sexual al alcalde, Ismael Álvarez, del PP, contra quien presenta una querella por las vejaciones recibidas.

28: El Tribunal Supremo rebaja a cuatro años las condenas de Gabriel Urralburu y Antonio Aragón.

ABRIL, 4: Caso Formentera. El PSOE acusa al ministro Jaume Matas de impulsar “de su puño y letra” la captación de votos para el PP en Argentina a cargo de los presupuestos de Baleares.

5: Caso Ivex. El fiscal pide cinco años de prisión para José María Tabares, ex director del Instituto Valenciano de Exportación (Ivex), y el empresario Jean Luc Lagier, por un presunto delito continuado de estafa consistente en la apropiación, según el fiscal, de 585 millones de pesetas

6: Caso Berlusconi. Un eurodiputado investigará en España el retraso en el suplicatorio de Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, pedido por el juez Garzón.

10: Caso Atlético. Después de ser intervenido judicialmente, son levantadas las pedidas cautelares que despojaron a Jesús Gil de la presidencia del Atlético de Madrid. Gil, su hijo Miguel Ángel y el vicepresidente del club, Enrique Cerezo, son procesados como presuntos autores de apropiación indebida y falsedad documental, entre otros delitos cometidos durante su gestión.

18: Dimite el concejal socialista del ayuntamiento de Langreo (Asturias) Laudelino Campelo, tras ser suspendido de militantes al ser acusado de un supuesto intento de cobro de comisiones ileales.

20: Caso Intelhorce. Condenado a 17 años de prisión Giovanni Orefici, por la venta fraudulenta y la posterior descapitalización de la empresa malagueña Interlhorce. El fallo absuelve a los tres ex altos cargos de Patrimonio del Estado que participaron en la privatización.

MAYO, 2: Según el Tribunal de Cuentas, el Gobierno cometió múltiples irregularidades en la contratación pública: concursos, subastas y contratación directa durante 1998; tales como concursos sin publicidad, falseamientos de fechas y precios, injustificadas urgencias para contratar “a dedo” y subastas que ignoran el mejor postor.

4: La oficina y el domicilio del empresario José Luis Núñez son registrados en la investigación sobre una trama de corrupción detectada en la Delegación de Hacienda de Barcelona.

5: En su memoria anual, el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, critica que el suplicatorio de Silvio Berlusconi quedara paralizado “en el ámbito del Poder Ejecutivo”. Berlusconi está encausado como presidente de Fininvest por su gestión al frente de la cadena de televisión española Tele Cinco.

10: El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, denuncia una trama del PP para no concederle el casino de Salamanca.

11: El Tribunal de Cuentas investiga la intervención de Piquen el perdón de 8.500 millones de pesetas a Ercros, como presidente de la entidad, cuando se saneó la empresa y se realizó su venta a Ertoil.

18: Suiza devuelve a España 1.024 millones de pesetas embargados por casos de corrupción.

28: Pasqual Maragall acusa a Jordi Pujol, presidente de Cataluña, de “incapacidad” para solucionar los casos de corrupción.

JUNIO, 1: A partir del abandono del PP de cuatro concejales del ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) tras la aprobación por el Gobierno del Plan Hidrológico Nacional, se rompe en la práctica el pacto antitransfuguismo firmado por los socialistas y populares. El PP ya había usado tránsfugas para presentar mociones de censura en varias poblaciones de Madrid, Asturias, Cádiz y Valencia. Pronto caerá la alcaldía de Burgos ocupada por el socialista

3: El PSOE de Castilla-León acusa al PP de ofrecer dinero a dos diputados tránsfugas de Palencia

8: El Gobierno se niega a entregar al Parlamento el contrato de venta de la empresa de armamentos Santa Bárbara a la compañía estadounidense General Dynamics, alegando que el documento firmado es confidencial

9: El fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo acusa al Gobierno de no cumplir sus compromisos en materia de corrupción contraídos en varios organismos europeos.

14: La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) interviene la agencia de valores Gescartera, al detectar la desaparición de 18.000 millones de pesetas.

16: El plenario del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa manifiesta en una resolución que el principal problema de la lucha de España contra la corrupción es la escasa independencia de la Fiscalía General del Estado con respecto al Gobierno.

20: La Comisión de Exteriores del Congreso debate la negativa del Gobierno español a firmar la Convención Penal y Civil sobre la Corrupción propuesta por el Consejo de Europa.

22: El Tribunal de Cuentas estudia el enjuiciamiento del Gobierno por condonar un crédito a Erraros de 8.500 millones de pesetas.

JULIO, 3: El ministerio de Sanidad lanza una alerta sanitaria y ordena “la inmovilización cautelar” del aceite de orujo de oliva por contener benzopireno, aunque su presencia estaba en una proporción que no entrañaba peligro, la ministra Villalobos quiso así curarse en salud tras su participación en el caso de las vacas locas, cuando recomendó que las amas de casa consumieran cerdo.

17: La juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, dictamina la prisión incondicional del máximo accionista de Gescartera. Antonio Camacho es encarcelado.

24: Una funcionario del Fondo Español de Garantía Agraria, del ministerio de Agricultura, declara al juez Garzón que un superior suyo quiso orientar su testimonio judicial sobre el caso del lino, diciéndole que contactar con los abogados de las empresa Colisur.

El vicepresidente de Ceuta, Jesús Simarro Marín, del GIL, dimite de su cargo al ser presuntamente relacionado con un grupo inversor inmobiliario.

25: El PP, en la Mesa del Congreso, impide que el Parlamento entregue al juez Garzón la documentación que recoge la investigación sobre el fraude del lino. La maniobra dilatoria duraría el 31 de agosto.

19: La Audiencia de Madrid condena al financiero Jacques Hachuel Moreno a seis meses de cárcel por un delito de alzamiento de bienes, porque, según el tribunal, compinchado con otras personas, urdió una oscura trama tendente a evitar que el antiguo Banesto cobrase un crédito por importe de 7.500 millones de pesetas, avalado por una pinacoteca compuesta por obras de Tàpies, Chillida, Miró, Picasso y Gordillo, entre otros.

20: Caso Gescartera. Dimite el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna “por motivos familiares”.

22: La Oficina Europea Antifraude suavizó su informe sobre el caso del lino en España y eliminó su diagnóstico de “fraude generalizado”.

24: Caso Ave. Archivado la causa en lo relacionado con el ex senador socialista Josep Maria Sala, el ex responsable de Filesa, Alberto Flores, y el testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza.

27: La viuda del periodista Antonio Herrero amplía a una hermana del fallecido la querella presentada ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, por presunta estafa en la gestión de la herencia por parte del albacea, el locutor Luis Herrero-Tejedor.

31. El financiero Javier de la Rosa declara que con la venta de Ertoil se pagaron las deudas que 20.000 millones d pesetas que Ercros tenía con el Banco de Santander.

AGOSTO, 2: Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, comparece a petición propia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.

3. Doce mil personas en España han perdido 50.000 millones de pesetas invertidas en más de veinte chiringuitos financieros desmantelados por la policía desde 1995, según datos del Grupo contra el Fraude Bursátil, dependiente de la Dirección General de Policía.

6: El Fiscal General del Estado releva al fiscal, Bartolomé Vargas, encargado del caso Ercros y favorable a la imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. Vargas fue avalado por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por diez votos a dos, para que siguiera su investigación del caso.

El Tribunal Supremo ordena ejecutar un aval de 259 millones de pesetas presentado por el PSOE en el caso Filesa.

Julián Sancristóbal devuelve al estado 66 millones de pesetas que, según él, cobró de los fondos reservados.

13: El Consejo General del Poder Judicial estudia el robo en los juzgados de Marbella de los sumarios de quince causas abiertas contra el alcalde Jesús Gil.

15: Un juez argentino investiga si Carlos Menem, ex presidente de Argentina, posee en Mallorca una empresa no declarada.

24: Caso Intelhorce. El principal condenado, Giovanni Orefici, ingresa en prisión.

29: Tras ser investigado por la Guardia Civil, dimite el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro, tras ser denunciado por tres ciudadanas rusas a quienes Navarro prometió supuestamente legalizar su residencia en España a cambio de favores sexuales. Anteriormente, Navarro había sido el responsable de la Dirección General de Trabajo en Tarragona desde 1997.

SEPTIEMBRE, 5: El ex subdelegado del Gobierno en Tarragona, el popular Raúl Navarro, es investigado por sus actividades en una trama ilegal de permisos de trabajo y residencia a mujeres procedentes de los países del Este que, una vez en territorio español se dedicaban a la prostitución.

Caso Ercros. El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, retira al fiscal Vargas de la instrucción del caso y ordena al fiscal jefe anticorrupción, Jiménez Villarejo, que no actúen el asunto sin su permiso.

7: Caso Sermosa. Apertura del juicio oral contra Jesús Gil por alzamiento de bienes, malversación y falsificación documental en la enajenación de los inmuebles de la empresa Sermosa, para evitar que fueran embargados.

10: En un juzgado de Miami se presenta una querella en la que se denuncia que los directivos de Sintel, filial de Telefónica vendida a Jorge Mas Canosa en 1996, pudieron cometer un desfalco en la empresa al descapitalizarla y apropiarse de, al menos 1.200 millones de pesetas.

11: Atentado de las Torres Gemelas de Nueva York.

19: Caso Gescartera. La presidenta de esta entidad, Pilar Giménez-Reyna, ingresa en prisión, imputada en los presuntos delitos de estafa o apropiación indebida, delito societario y colaboración en fraudes fiscales y falsedades documentales. Ese mismo día, Pilar Valiente dimite como presidenta de la CNMV.

Comienza la vista oral por el caso de los Fondos reservados. La cúpula del ministerio del Interior en la época socialista se sienta en el banquillo. Los dos ministros socialistas, Barrionuevo y Corcuera, serían absueltos, el secretario de Estado, Rafael Vera, condenado.

21: Caso Formentera. Un informe del Parlamento balear implica a Jaime Matas, ex presidente autonómico y ministro de Medio Ambiente, de ser el cerebro de una supuesta compra de votos de emigrantes argentinos en las elecciones autonómicas de 1999.

22: Caso BOE. La Audiencia de Madrid absuelve a los suministradores del papel del Boletín Oficial del Estado acusados de un supuesto fraude de 775 millones de pesetas en la compra del papel entre 1989 y 1991, al no acreditarse que se pagara un precio superior al del mercado. Dos de sus acusados ahora absueltos, Carmen Salanueva y Julio Fernández González, ex jefe del departamento de producción del BOE, fallecieron antes de la celebración de la vista oral.

OCTUBRE, 11: Estados Unidos bombardea Afganistán. Comienza la guerra contra el terrorismo anunciada por el presidente George Bush.

21: Fraga consigue su cuarta mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de Galicia.

26.: La Unión Europea considera “muy grave” el fraude del lino y exige que España devuelva los 21.000 millones de pesetas que le fueron concedidas en ayudas para su cultivo entre 1996 y 1999.

29: Los ministros de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, comparecen ante la comisión de investigación del caso Gescartera.

31: El PP pacta con los tránsfugas del GIL para gobernar el ayuntamiento de Estepona.

El Tribunal Supremo ratifica la pena de siete años de cárcel para el ex juez Luis Pascual Estevill, como autor de tres delitos fiscales.

NOVIEMBRE, 1. El Tribunal de Cuentas reclama una nueva ley de financiación de partidos que sea más estricta, especialmente en lo referente a la financiación de fundaciones, las cancelaciones de deuda y que se limiten las operaciones especulativas desarrolladas por los partidos.

5: Caso Cañellas-Sóller. La sentencia contra el empresario Antonio Cuart, que entregó 50 millones de pesetas al presidente de Baleares, Gabriel Cañellas, por la concesión del túnel de Sóller, es confirmada por el Tribunal Supremo. En total, nueve años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental, ya que el delito de cohecho había prescrito.

15: La Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, bajo la mayoría absoluta del PP, exonera al gobierno de cualquier responsabilidad en el caso Gescartera.

DICIEMBRE, 8: Caso Cazaprimas. La Comisión Europea se persona como acusación en la causa penal abierta por el juez Garzón en la Audiencia Nacional. Este proceso no paraliza el procedimiento administrativo por el cual, desde Bruselas, la Oficina para la Lucha contra el Fraude reclama al Estado español 21.000 millones de pesetas por el fraude a las ayudas del lino.

18: El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, declara ante el Congreso que el vicepresidente Rodrigo Rato cumple la ley de incompatibilidades a pesar de poseer —según consta en el Registro Mercantil— más del 10 por ciento de las acciones de Muinmo, una empresa que realiza contrataciones con el sector público. Rato no incurre en incompatibilidad porque posee sus acciones a través de la empresa interpuesta Aurosur.

Caso Cazaprimas. La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Garzón la imputación de Nicolás López de Coca y Fernández Valencia, ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

20: Caso Ercros. El Fiscal Anticorrupción ordena que se pida testimonio al ministro Josep Piqué, por haber formado parte del consejo de administración de esa empresa cuando se produjo la venta de Ertoil.

21: La fiscalía Anticorrupción anuncia que presentará siete querellas contra las redes de “cazaprimas” del lino, por los fraudes localizados en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

2002

ENERO, 9: La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo exige al ayuntamiento de Madrid que devuelva seis millones de euros (975 millones de pesetas) de subvenciones europeas para cursos de formación para parados, indebidamente gastados o justificados. Hacienda reclama otros cuatro millones de euros (670 millones de pesetas) a 76 instituciones públicas y academias por cursos financiados por Europa desde 1998.

10: El alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, pide su baja del PP pero no abandona el ayuntamiento, tras anunciarse que será juzgado por los presuntos delitos de acoso sexual, coacciones y lesiones a la edil de su partido Nevenka Fernández. El secretario general del PP, Javier Arenas, declara que “la presunción de inocencia sirve para todos los casos”.

14: Caso Gescartera. El fiscal reclama que Pilar Giménez-Reyna siga en prisión.

Nuevo caso contra Jesús Gil en la Audiencia Nacional, tras ser acusado de defraudar 5.000 millones de pesetas al Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995, a través de empresas ficticias que emitían facturas falsas.

22: Caso Fondos Reservados. La sentencia absuelve a los ministros del Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, pero condena a Rafael Vera a siete años de cárcel y a José María Rodríguez Colorado a seis.

26: En el marco del XIV Congreso Nacional del PP, Aznar anuncia que no será candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones de 2004.

FEBRERO, 12: Caso Formentera. La Fiscalía de Baleares pide permiso al Fiscal General del Estado para solicitar al juez instructor que se inhiba a favor del Tribunal Supremo para que el ministro Jaume Matas sea llamado a declarar.

20: Caso Bitel. Archivada la investigación sobre el “pinchazo” del correo electrónico de socialista Francesc Quetglas, miembro del Consell de Mallorca, mediante el cual fueron desviados 34 mensajes de su correo al Gobierno balear del PP, presidido por Jaume Matas.

21: Caso Ave. La juez Teresa Chacón, que investiga la financiación irregular del PSOE a través de los contratos del AVE Madrid-Sevilla, ordena el archivo de las actuaciones con respecto a la ex presidenta de Renfe, Mercé Sala.

Caso Formentera. El fiscal general de Estado permite al fiscal de Balerares que solicite la imputación de Matas.

Archivada la causa contra el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro, por su supuesta participación en una trama de concesión de papeles a mujeres rusas inmigrantes que trabajaban en un club de masajes.

27: El procedimiento judicial contra Josep Maria Trías de Bes, ex presidente de Transmediterránea, por el supuesto hurto de un cuadro que se encontraba en su despacho, es archivado tras la petición fiscal de sobreseimiento.

MARZO, 9: Caso Gescartera. La juez Teresa Palacios declara al diario El Día de Córdoba: “Gescartera no es comparable a Filesa o a los fondos reservados. Es evidente que la depuración de las responsabilidades políticas aún no ha finalizado; supongo que habrá que esperar. Pero, por lo pronto, el PP ha organizado una comisión de investigación en el Parlamento, algo que no llevó a cabo el PSOE en todo el tiempo que se le acusó de corrupción política y económica, y eso es un punto que hay que reconocerle al Gobierno”.

14: La Audiencia de Alicante condena al ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat valenciana y ex alcalde popular de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil. Junto a él, el empresario Angel Fenoll es condenado a un año de prisión por falsedad.

ABRIL, 8: El ex dirigente del PP en Mallorca, Andreu Bordoy, implicado en el caso Calvià, es condenado a dos años de cárcel por un delito de descubrimiento de secretos con la intención de violar la intimidad de su ex esposa.

12: La presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, veta una pregunta del PSOE sobre los créditos bancarios concedido por Argentaria a familiares de Rodrigo Rato.

El Tribunal de Cuentas ordena al alcalde de Madrid, el popular José María Álvarez del Manzano, que devuelva los 406 euros con los que costeó, a cargo del ayuntamiento, un viaje privado con su esposa y varios familiares para asistir a la boda de un hijo de Luis Ramallo. El Tribunal de Cuentas detecta “irregularidades” en el uso de la cuenta restringida y sin control que utiliza el alcalde.

Caso Pallerols. Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió Democràtica de Catalunya, se querella contra la ex dirigente de su partido, Susanna Díaz, a la que acusa de “falso testimonio” con la intención de implicarle en el caso.

Caso Atlético. El juez decreta el embargo de los bienes de Jesús Gil, a quien mantiene encarcelado.

15: Caso BBV. A través del BBVA Privanza Bank, radicada en el paraíso fiscal de Jersey, este banco creó una estructura y mecanismos para ocultar grandes fortunas a Hacienda y evadir impuestos. A los altos directivos del BBVA se les imputan los posibles delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de cuentas, cohecho y blanqueo de capitales

19: El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Partidos, con la intención de ilegalizar Batasuna.

21. En las elecciones francesas, el ultraderechista Jean Marie Le Pen barre al socialista Lionel Jospin, y disputará la presidencia a Jacques Chirac.

23: Caso BBV. La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Garzón la imputación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, sucesor de Giménez-Reyna en el cargo, por un presunto delito fiscal y blanqueo de dinero, ya que el fiscal quiere saber si Rodriguez-Pong Gabñua diseñado el Manual de Productos Fiduciarios del BBVPrivanza, con el que se ofrecía opacidad frente a Hacienda. Días más tarde, Garzón decidió no realizar imputación alguna al secretario de Hacienda.

24: El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, afirma ante el juez que el ex presidente del FEGA, López de Coca, trató de convencerle para que relajara los controles sobre el cultivo del lino. “Los empresarios en realidad cultivaban subvenciones”, declara.

El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, acusa a Rodrigo Rato de utilizar la información que disponía sobre las cuentas secretas del BBVA en Jersey, para aupar a Francisco González dentro del banco, como agradecimiento a “dos créditos” que González, desde Argentaria, había concedido a las empresas de la familia Rato. En su respuesta, el vicepresidente advierte que “investigar la vida privada de los familiares de los adversarios es una práctica cercana al delito”. Al mismo tiempo, el responsable de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, acusa al Gobierno de no hacer política contra la especulación urbanística “porque empresas como Muinmo, Aerosur, Proina o Rotman Gestión, sociedades participadas por la familia de Rodrigo Rato, se dedican a avalar operaciones bancarias basadas en la especulación urbanística e inmobiliaria”. Al día siguiente, Javier Arenas, acusa al PSOE de estar utilizando detectives para investigar datos confidenciales del vicepresidente Rato.

25: El socialista Juan Gutiérrez Hernández, primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo de Antigua (Fuerteventura), dimite de sus cargos y se da de baja en el PSOE tras quedar en libertad provisional por un presunto delito de cohecho y blanqueo de dinero.

29: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, juzga a Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada, por los presuntos delitos de acoso sexual y lesiones a la edil Nevenka Fernández.

Caso BBV. El portavoz popular de asuntos económicos, Vicente Martínez Pujalte, denuncia una supuesta trama diseñada por el BBV para que Filesa cobrara comisiones del AVE y de la Expo 92, “que demuestra el verdadero núcleo gordiano de este caso: la financiación ilegal del PSOE”.

MAYO, 6: El Banco de España detecta graves irregularidades en la Caja de Guadalajara, controlada por el PP, al crear “un entramado societario”.

22: Ayudas al desarrollo rural en Castilla y León. De los 38 planes que han recibido apoyo y que se repartirán 37.000 millones de pesetas, 32 han sido presentados por colectivos dirigidos por miembros del PP, entre ellos once alcaldes, cinco vicepresidentes de diputación, cuatro concejales y un senador.

24: Apertura oral del juicio por el fraude de la agencia de valores AVA, que dejó sin sus ahorros a 3.060 personas en el año 2000 y que tendrán que ser indemnizadas con 13.861 millones de pesetas.

30: El alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, dimite tras ser condenado por el acoso sexual de Nevenka Fernández.

JUNIO, 13: La Fiscalía Anticorrupción investiga la compra a un precio desorbitado de la empresa holandesa Endemol Entertainment por Telefónica, cuando estaba presidida por Juan Villalonga, y descubre indicios de delitos societarios.

20: Huelga general contra la reforma del empleo aprobada por el gobierno mediante decreto.

28: Caso Primas Únicas. La juez Teresa Palacios dicta un auto en el que imputa un delito fiscal al ex consejero autonómico Luis Fernando Cartagena y a Emilio Botín, junto a cuatro directivos del Banco Santander, por el caso de las cesiones de crédito o primas únicas, abierto años atrás por el juez Moreiras. El PP elude cualquier responsabilidad sobre “la vida personal” de su ex dirigente Cartagena.

JULIO, 1: El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, recurre el auto de Teresa Palacios y afirma que los directivos del Santander no cometieron ningún delito.

Caso BBV. El Fiscal Anticorrupción impugna todas las diligencias realizadas por el juez Garzón. El Banco mantiene la licitud de pagar 1,5 millones de dólares al presidente venezolano Hugo Chávez como apoyo electoral en 1998.

2: Archivada la querella contra el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, por un supuesto delito de narcotráfico.

8: Aznar remodela su gobierno y cambia a ocho ministros.

12: Caso Bitel. El fiscal del Supremo, José María Luzón, informa que “carece de sentido la pretendida declaración del señor Matas”, y se opone a que el asunto sea competencia del alto tribunal, ya que el ministro no tuvo “intervención alguna” en el espionaje electrónico.

15. La Audiencia de Alicante condena a Antonio Ruiz Meroño, ex alcalde de Dolores, por pagar en 1998 los gastos en un club de alterne con la tarjeta Visa municipal.

16: El candidato francés a la presidencia del Banco central Europeo, Jean-Claude Trichet, es procesado por un fraude en las cuentas de Crédit Lyonnais cometido en 1992.

17: Crisis con Marruecos. El Ejército español expulsa del a los gendarme marroquíes que habían ocupado el islote de Perejil.

22: Caso Jinámar. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias archiva la querella contra el alcalde de Las Palmas, José Manuel Soria, y contra el ex consejero de Industria y Comercio, Lorenzo Suárez, por un presunto delito de prevaricación, al conceder licencias de construcción sobre suelo propiedad de la comunidad autónoma en el barrio de Jinámar. La licencia, según el juez, no fue decretada por Soria, sino concedida por la Comisión de Gobierno municipal.

23: El juzgado archiva la investigación sobre el robo de 23 sumarios incoados a Jesús Gil, que habían sido robados de las dependencias judiciales de Marbella.

25: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, condena al Estado español por la vulneración del derecho a un juicio justo en el caso del ex coronel Juan Alberto Perote, condenado por la sustracción de los llamados “papeles del Cesid”. Dos de los jueces militares fueron parciales.

Un juzgado imputa al alcalde de Orihyuela, José Manuel Medina, del PP, por el presunto intento de “comprar” a un concejal popular para evitar que se pasara al grupo mixto. Como ocurrió finalmente.

29: Caso Banesto. El Tribunal Supremo eleva en diez años la pena impuesta por la Audiencia Nacional a Mario Conde, la amplía también a Rafael Pérez Escolar y condena a cuatro años de prisión a Jacques Hachuel y Enrique Lasarte, que habían sido absueltos por la Audiencia.

30: Caso Funeraria. El fiscal pide seis años de cárcel para los concejales del ayuntamiento madrileño, Simón Viñals, Antonio Moreno y para el diputado autonómico Luis María Huete, por la privatización de la funeraria de Madrid. Se les acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas al adjudicar, en 1993, el 49 por ciento de la empresa funeraria municipal a la compañía privada Funespaña por el irrisorio precio de cien pesetas.

Caso Mercalicante. La policía deniee al ex gerente de Mercalicante Emilio Clavero, por irregularidades financieras tales como el desvío de dinero a otras empresas instrumentales y la inversión irregular. Actuaciones que fueron supuestamente consentidas por el comité ejecutivo de Mercalicante, empresa pública presidida por el alcalde de la ciudad, el popular Luis Díaz Alperia, y con el edil Juan Zaragoza, como vicepresidente. El agujero económico alcanza los seis millones de euros y su gerente está acusado de apropiación indebida y administración desleal..

31: La nueva dirección de Caja San Fernando, de Sevilla, encuentra documentos que prueban que el ex presidente de esta entidad, Juan Manuel López Benjumea “espió a políticos, empresarios y deportistas”, según El Correo de Andalucía.

AGOSTO, 1: El FBI detiene al director financiero y al vicepresidente de la empresa telefónica WorldCom acusados de siete delitos de conjura para defraudar y presentar documentación falsa ante la Comisión del Mercado de Valores norteamericana.

El presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Matías González dimite por el escándalo de prevaricación, al haber contratado irregularmente a una joven con la que había mantenido relaciones sentimentales.

2: El juez Garzón embarga preventivamente las cuentas bancarias de Batasuna.

El Gobierno impone a Boliden una multa de 45 millones de euros por los vertidos que el vertido tóxico que provocó el desastre ecológico de Doñana.

4: Un coche bomba de ETA, colocado sin aviso previo en Santa Pola (Alicante), provoca dos muertos y 34 heridos.

8: La Compañía de Aguas de Santa María de Palautordera, que ha provocado el brote de disentería entre 289 vecinos de este municipio barcelonés, distribuía agua potable sin licencia, captada directamente desde el río.

9: ETA vuelve a colocar una bomba en Torrevieja, que estalló en el falso techo de una hamburguesería y en la playa de Santa Pola.

11: A pesar de haber sido inhabilitado como alcalde de Marbella, Jesús Gil mantiene el control de la política municipal, y se sigue reuniendo con la comisión de urbanismo y con los constructores.

16: El Tribunal de Cuentas pide que el Gobierno vasco suprima la doble financiación que concede a los partidos implantados en Euskadi y que cumpla así la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.

17: El almirante de la zona marítima del Cantábrico, Francisco Rapallo, organiza la boda de su hijo en los salones de la Capitanía General de Ferrol, utiliza como camareros del banquete a marineros de la Armada, e incluso habilita algunas habitaciones para que se puedan quedar a dormir los invitados que así lo deseen.

19: El tribunal de Cuentas critica en un informe la opacidad de las empresas y fundaciones de los partidos y el uso de sociedades instrumentales para construir y registrar sus sedes, a través de inmobiliarias sin empleados ni auditorías internas. También desvela que la banca perdonó a los partidos políticos 19 millones de euros en tres años.

20: El ex alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, es acusado por presunta prevaricación continuada en la venta de 700.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad.

22: El dirigente de Coalición Canaria, Pedro de Armas, dimite provisionalmente de sus cargos hasta que los tribunales se pronuncien sobre su presunta vinculación con el supuesto tráfico ilegal de inmigrantes del barco pesquero Ocean King.

26: El Congreso, con el 88 por ciento de los diputados a favor, pide la ilegalización de Batasuna. El juez Garzón dicta un auto por el que ordena el cierre de los locales de Batsuna en Euskadi y Navarra, e impide que, durante tres años, este partido pueda convocar actos públicos, recibir subvenciones o presentarse a comicios.

28: Caso Gescartera. El arzobispo de Valladolid, José Delicado Baeza, precipita su jubilación a causa de este escándalo

SEPTIEMBRE, 24: Caso Funeraria. El juez instructor impone 13 millones de fianza a tres cargos del PP en Madrid, el diputado autonómico Luis María Huete y los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno por la venta del 49 % de la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid por 0,60 euros (100 pesetas). El fiscal pide seis años de cárcel para cada uno de por los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación continuada y malversación.

26: Caso Funeraria. Los tres cargos del PP, Huete, Viñals y Moreno, imputados por la venta de la Funeraria de Madrid son dados de baja (“voluntariamente”) del partido, temporalmente, aunque todos ellos mantendrán sus actos de concejal y el escaño para poder ser “rehabilitados con honor” cuando acabe el juicio.

29: El PSOE exige una comisión de investigación sobre las privatizaciones de las empresas públicas Telefónica, Repsol, Endesa, Iberia, CASA, Ence e Indra, realizadas desde 1996..

OCTUBRE, 2: El PP anuncia la expulsión de Eugenio de Pablo, alcalde de Galapagar (Madrid) entre 1995 y 1999, condenado por prevaricación en junio de 2001 a ocho años de inhabilitación, por considerar que en 1998 De Pablo y el anterior alcalde popular de la localidad, Fernando Rubio, otorgaron a sabiendas dos licencias urbanísticas que vulneraban la normativa municipal. El PP también ha pedido a la alcaldesa de Chinchón, Ana María Magallanes, que abandone el cargo tras ser también condenada por prevaricación.

3: Los grupos parlamentarios del PP y CiU rechazan que las privatizaciones de empresas públicas sean investigadas en un comisión y plantean la creación de una subcomisión sobre las nuevas privatizaciones.

4: El ex concejal del PP en Torremolinos, José Ávila González, declara que durante cinco años recaudó dinero de empresas que trabajaban con la sociedad municipal Samset para destinarlas a su partido.

Una auditoria del ministerio de Trabajo revela “graves deficiencias” en la gestión de los cursos para parados realizada por el ayuntamiento de Madrid entre 1994 y 1999, a través del Instituto Madrileño de Formación Profesional. En su informe, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo pide la devolución de 26,5 millones de euros. Como consecuencia, la concejal de empleo del ayuntamiento de Madrid, María Antonia Suárez, del PP, dimitirá ante la exigencia del ministerio de Trabajo para que sean devueltos al Fondo Social Europeo 5,5 millones de euros malgastados en cursos de formación.

10: El PSOE pide al gobierno la destitución de Ismael Crespo como director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación “por carecer de la ética política adecuada para ocupar este puesto”, ya que Crespo, en su anterior cargo de director general de Universidades del ministerio de Educación había concedido a su esposa, Antonia Martínez, una beca de 12.000 euros para estudiar tres meses en el extranjero.

13: Los socialistas demandan al alcalde de Madrid por el uso indebido entre 1992 y 2000 de 384.000 euros de una cuenta restringida.

16: El Tribunal de Cuentas denuncia un fraude masivo en la formación de trabajadores en paro entre 1996 y 1998, a través de la Fundación para la Formación Continua (Forcem). La investigación descubre la existencia de 59.000 alumnos inexistentes, facturas falsas y cursos que jamás se impartieron. Por esta causa, la Patronal y los sindicatos UGT y CC. OO. tendrán que devolver más de dos millones de euros. Se detectan irregularidades en la Fundación Vasca para la Formación profesional Continua, que deberá devolver 3,7 millones de euros, y se investiga a la patronal catalana Foment del Treball.

17: El INEM detecta que 36.000 empresas que en 2001 solicitaron subvención de la Unión Europea para realizar cursos de la Fundación para la Formación en el Empleo (Forcem) no existían en realidad. Un informe de la Brigada de Policía Judicial de Delitos Económicos, en poder de la Audiencia Nacional, calcula el fraude en 95 millones de euros y que 159.000 cursos para la formación de parados eran falsos.

20: Caso Bitel: Un juez de Palma de Mallorca archiva el caso del supuesto espionaje electrónico al PSOE balear. El juez reconoció la existencia de desvío de mensajes, pero negó que ésta obedeciera a una operación voluntaria y que se pueda acusar a Jaime Matas de uso político de la correspondencia electrónica del diputado socialista Francesc Quetglas.

21: El grupo parlamentario del PSOE reclama la comparecencia cinco ministros y de nueve presidentes de empresas privatizadas para investigar la privatización y venta de empresas públicas.

22: Caso Gescartera: la juez instructora cita como imputados a Salvador Pastor, ex director de HSBC Investment, y a Francisco José Bauzá Moré, asesor y directivo del mismo banco. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales recomienda sancionar al HSBC por las cuentas opacas de su sucursal española descubiertas a raíz del caso.

La Audiencia Nacional condena al ex alcalde socialista de Estepona, Antonio Caba Tena, a cinco años de prisión por un delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína. El fallo judicial hace referencia al trabajo de Caba como abogado y no a sus funciones como alcalde.

23: Caso Cazaprimas. La Comisión Europea reclama a España la devolución de 99,2 millones de euros entregados para ayudas al lino en los últimos cuatro años. Esta cantidad se suma a los 126,21 millones deben ser devueltos de las campañas 1996-1999 a causa del fraude generalizado en el cultivo del lino.

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VERSTRYNGE, Jorge. Memorias de un maldito. Grijalbo. Madrid, 1999.

Notas

[1] El CLIENTELISMO, tal como lo explica el politólogo italiano Mario Caciagli, es una relación «según la cual una persona de status más elevado, el patrono, utiliza su influencia y sus recursos para facilitar protección y beneficios a una persona de status inferior, el cliente, que ofrece servicios y/o apoyo. Es por lo tanto una relación de poder personalizada, que implica un intercambio social recíproco y mutuamente beneficioso». El clientelismo llega a convertirse en una «en una forma de sistema de gobierno», una manera de gestionar el poder (…), pero no produce legitimidad, entendida como adhesión ideal al régimen político. En los sistemas donde hay clientelismo las instituciones están escasamente legitimadas y no se respeta la autoridad». Ver CACIAGLI, Mario. Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1996, pp 18-24. <<

[2] Cuando el estudio de la corrupción bajo el Régimen franquista es, todavía, una tarea pendiente para los historiadores, la escasa bibliografía sobre el tema, en sus múltiples variantes y mecanismos, ha dejado sin embargo algunos libros que merece la pena reseñar. Algunos de ellos son actos de valentía que, a estas alturas, los convierte en joyas. Para el lector paciente, que sepa navegar en las librerías de viejo, he aquí algunos de mis favoritos. Su lectura resultará esclarecedora: Eduardo ÁLVAREZ PUGA: El caso Matesa. Más allá del escándalo (Dopesa. Barcelona, 1974), MARTI, Francisco y MORENO, Eduardo. Barcelona, ¿a dónde vas? (Dirosa. Barcelona, 1974), fundamental para entender la corrupción municipal en la Barcelona del desarrollismo franquista bajo la hégira de José María de Porcioles. Jaime Sánchez-Blanco: La importancia de llamarse Franco. El negocio inmobiliario de doña Pilar (Edit. Cuadernos para el Dialogo. Madrid, 1978), Jesús Ynfante: La fuga de capitales y los bancos suizos (Dopesa. Madrid, 1978), José REY: El caso Reace (Dopesa. Barcelona, 1976); y, ya en plena democracia, mi libro Villaverde. Fortuna y caída de la Casa Franco (Planeta. Barcelona, 1990), sobre las finanzas ocultas de la familia del dictador, y Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia (Plaza y Janés. Barcelona, 2001). También, durante la transición política española, algunas revistas desvelaron los más oscuros casos de corrupción bajo el franquismo. Entre ellas, es menester citar a las ya desaparecidas Doblón, Posible, Guadiana, Cuadernos para el Diálogo, Sábado Gráfico y a la superviviente Interviú. Todas ellas, por hablar de asuntos tan sucios como la estafa de «Nueva Esperanza», «Matesa», «Sofico» o los negocios del «clan_del_Pardo», conocieron la represión, en muchos casos el secuestro y, cotidianamente, el acoso de las tramas negras del aparato de Estado franquista. <<

[3] Con puntuaciones que oscilan entre el cero y el diez, en esta encuesta son considerados muy limpios: Nueva Zelanda (9,55), Dinamarca (9,32), Singapur (9,26), Finlandia (9,12), Canadá (9,07), Suecia (8,76), Australia (8,80), Suiza (8,76), Holanda (8,69), Noruega (8,61), Irlanda (8,57) y Gran Bretaña (8,57). Algo corruptos: Alemania (8,14), Chile (7,94), Estados Unidos (7,79), Austria (7,13), Hong Kong (7,12), Francia (7,00), Bélgica (6,85), Japón (6,72), Suráfrica (5,62), Portugal (5,56), Malasia (5,28) y Taiwan (5,08). Muy corruptos: España (4,35), Corea del Sur (4,29), Hungría (4,12), Turquía (4,10), Grecia (4,04), México (3,18), Italia (2,99), Tailandia (2,79), India (2,78), Paquistán (2,25), China (2,16) e Indonesia (1,94). <<

[4] Ver Cartier-Bresson, Jean. “Corruption, pouvoir discrétionnaire et rentes”. En Le Debat n.º 77, París, 1993. Y Rose-Ackerman, Susan. Corruption: A Study in Political Economy. Academic Press. Nueva York, 1978. <<

[5] JOHNSTON, Michael. “La búsqueda de definiciones: la vitalidad de la política y el problema de la Corrupción”. Revista Internacional de Ciencias Sociales. N.º 149. Unesco. 1996. <<

[6] HEIDENHEIMER, Arnold J. comp. Political Corruption: Cases in Comparative Analysis Transaction Publishers. New Brunswick, 1978 y «Topografía de la corrupción. Investigaciones en una perspectiva comparativa». <<

[7] A pesar de todo, he aquí algunas definiciones realizadas por profesores de Ciencias Políticas desde criterios objetivos, de mercado, del interés público o de la llamada cultura política de un pueblo (8). J. S. Nye: «La corrupción es la conducta que se desvía de los deberes formales de una función pública para obtener beneficios privados (en torno familiar y personal, camarillas privada) pecuniarias o de prestigio; o viola cierto tipo de reglas que sancionan el ejercicio de ciertos tipos de influencias relacionadas con lo privado» (Corruption and Political Development: A Cost–Benefit Analysis. American Political Science Review. 1967). J. Van Klaveren: «Una autoridad corrupta ve su cargo como un negocio cuyo ingreso intentará maximizar. El cargo se convierte, por lo tanto, en una “unidad maximizadora”. La dimensión de sus ingresos depende de la situación del mercado y de su talento para encontrar el punto de ganancia máxima en la curva de demanda pública» («The concept of Corruption», en Heidenheimer, A. J., Michael Johnston y Victor LeVine, edit. Political Corruption: A Handbook Transaction Publishers. New Brunswick, 1989). Carl J. Friedrich: «Se puede decir que el modelo de corrupción existe cuando una autoridad a quien se le encargan ciertas tareas, es decir, una autoridad o cargo público responsable, es inducido a actuar por una recompensa pecuniaria o de otro tipo no contemplada por la ley, y favorecer a quien proporciona la recompensa y que, por consiguiente, daña al público y sus intereses» (Political Pathology. The Political Quarterly, 1966). Jacek Tarkowski: “Son corruptas aquellas actividades que la sociedad juzga como ilegítimas o que son vistas por las élites del poder como contrarias a la lógica del sistema”. (Old and New Patterns of Corruption in Poland and the USSR. Telos. 1989). <<

[8] Ver DELLA PORTA D. y MÉNY Y. Démocratie et corruption en Europe. Ediciones La Decouverte. Paris, 1995. <<

[9] MÉNY, Yves. “Corrupción ‘fin de siglo’: Cambio, crisis y transformación de valores”. Revista Internacional de Ciencias Sociales. N.º 149. Unesco, 1996. <<

[10] Ver CLAEYS, P. H. y FROGNIER A. P. (eds.), L’échange politique (Ediciones de la Universidad de Bruselas. Bruselas, 1995. <<

[11] Ver CAFERRA, Vito Marino. Il sistema della corruzione. Le ragioni, u soggetti, i luoghi. Laterza. Roma-Bari, 1992. <<

[12] Completemos este viaje a la definición teórica con las aportaciones de los politólogos italianos que mejor conocen un tema del que su país ha marcado un auténtico hito. Gianfranco Pasquino: «La corrupción es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es inducido a actuar de manera distinta a los estándares normales del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una remuneración. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un rol en la estructura estatal» («Corrupción» en N. Bobbio, M. Matteucci y G. Pasquino (edit.) Diccionario de política. Siglo XXI. México, 1981). Silvano Belligni: “La corrupción es una forma particular del crimen, y corrupto es aquel que —político o burócrata— se desvía de los deberes formales, jurídicamente definidos, vinculados a su cargo, o viola las reglas establecidas para el ejercicio de la autoridad pública” («Corruzione e scienza política: una riflexione agli inizi». Teoría Política, 1987). <<

[13] Icaria. Barcelona, 1995, p. 55. <<

[14] En “La corruzione nel sistema político”, 1992, prólogo del libro de Della Porta ya citado. <<

[15] Manuel Rivas Rivas acabaría abandonando el partido y, años después, regresó a la escena política como fichaje de Democracia Socialista, grupo instrumentado por el PP para debilitar al PSOE en las elecciones, capitaneado por Ricardo García Damborenea, condenado por los GAL y antiguo dirigente del socialismo vasco que hizo campaña a favor de Aznar. <<

[16] María Mérida Hablan los jueces. Plaza y Janés. Barcelona, 1996. <<