La llamada «Transición» no fue un proceso pacífico como se cree. Al contrario, fue un momento histórico de violencia extrema, cargado de muerte, como esta investigación demuestra con datos irrefutables. En La transición sangrienta, Sánchez Soler pone de manifiesto la política desarrollada en España desde los aparatos del Estado en prisiones, comisarías y cuartelillos; la opresión generalizada, las conexiones de la guerra sucia y la dialéctica criminal emprendida por ETA, GRAPO y otros grupos. Terrorismo, represión y guerra sucia son los tres ejes coercitivos de la transición española, un período que propició el regreso a una legislación propia de la posguerra, con leyes penales especiales, mientras se implantaba una estrategia represiva y sistemática para controlar la calle. El resultado: más de seiscientos muertos.

El silencio de la «Transición» oficial sobre esta cuestión supone, en la práctica, la continuación de la política de olvido aplicada a las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Este exhaustivo trabajo de investigación recorre ocho años de la historia reciente de España. Años en los que muertos y heridos se contaron por miles. Son la sangre real de la transición, su auténtico y elevado precio. Y es justo recordar que las víctimas de la violencia política mueren siempre dos veces: con su asesinato y con el olvido.

Mariano Sánchez Soler

La transición sangrienta

Una historia violenta del proceso democrático en España 1975-1983

ePub r1.0

Titivillus 16.10.2022

Título original: La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España 1975-1983

Mariano Sánchez Soler, 2010

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para Ana Paula Cid, con el amor y el tiempo; como

en el poema de Cavafis: «Siempre con la verdad a flor

de labios, sin odiar sin embargo a los que mienten».

A Emilio La Parra y Jesús Pradells, con mi

amistad y mi gratitud por sus sabios consejos.

INTRODUCCIÓN
OCHO AÑOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN ESPAÑA

La transición española ha sido tratada desde muchos puntos de vista. Los protagonistas políticos de aquellos años, numerosos periodistas de entonces y no pocos testigos han escrito memorias, reportajes, artículos y crónicas; en la mayoría de los casos se trata de textos hagiográficos sobre las bondades del procedimiento y sobre su limpia participación personal en un proceso político modélico, cargado de grandes aciertos y clarividencias.

En los análisis publicados sobre la transición democrática española abundan los despachos, los pactos en las alturas, el acuerdo entre políticos con visión de futuro, y sorprendentemente escasea el estudio del peso de la movilización de centenares de miles de ciudadanos por sus derechos, frente a la que el Estado desplegó una violencia sistemática.

A la represión contundente e indiscriminada para controlar la calle se sumó una cadena de crímenes selectivos, organizados y/o alentados desde instituciones oficiales, a través de tramas negras puestas al servicio de sectores involucionistas en forma de incontrolados, bajo siglas como Batallón Vasco Español, ATE y la Triple A, dedicados a la guerra sucia contraterrorista (casi siempre a cambio de un sueldo). Al mismo tiempo, el terrorismo de ETA y los GRAPO, principalmente, aumentaba cualitativamente su actividad asesina, multiplicaba los atentados criminales y pasaba del tiroteo al coche bomba, del tiro en la nuca a la masacre indiscriminada. Toda esta actividad creció y se consolidó durante la transición democrática española.

La violencia política está íntimamente ligada al cambio histórico. Cada nueva estructura conlleva nuevas formas de violencia y las instrumentalizaciones de esa violencia son diversas. Tras la muerte del general Franco, el régimen se reformó y sus miembros más aventajados organizaron la demolición controlada de las viejas estructuras del aparato franquista, mientras se esforzaban en controlar la calle con la represión, con los atentados involucionistas y con la acción intimidatoria de grupos parapoliciales de extrema derecha. Esta violencia sirvió, en la práctica, como contrapeso a políticos de la derecha posfranquista (UCD, AP) para sus fines electorales y para dirigir el proceso de transición, mientras se desmontaba el obsoleto aparato de Estado Franquista y se consensuaban las nuevas reglas del juego: la redacción de la Constitución, la inevitable legalización del PCE, los pactos sociales con los sindicatos emergentes, la libertad sindical, las reformas laborales y penales de la legislación imperante. La forma peculiar en que se realizó esta transición democrática impidió que el nuevo régimen rompiera totalmente con sus orígenes.

Al reflexionar sobre el peculiar tránsito hacia la democracia en España, la historiografía concluye que la liquidación del régimen franquista no supuso la desaparición, ni siquiera un cambio esencial, de muchos de los aparatos e instituciones del antiguo Estado. La Administración gubernamental, el aparato de Justicia, el Ejército, la Policía y la empresa pública apenas sufrieron transformaciones en los decisivos años de la transición política y se incorporaron al nuevo régimen democrático escasamente reformados. En su búsqueda de la superación del pasado, del punto final, el silencio de la transición con respecto a sus víctimas supone, en la práctica, la continuación de la política de olvido aplicada a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista desde la posguerra.

¿DE QUÉ VIOLENCIA ESTAMOS HABLANDO?

La violencia política —en palabras de Herbert Nieburg— «es el conjunto de los actos de desorganización y destrucción y las lesiones cuyo objetivo, elección de blancos o de víctimas, circunstancias, ejecución y/o efectos adquieren un significado político, es decir, tienden a modificar el comportamiento ajeno en una situación de negociación con repercusiones en el sistema social».[1]

Esta formulación abarca la guerra en su concepción clásica, las insurrecciones, la violencia callejera, el golpe de Estado, los atentados, las ocupaciones pacíficas de edificios públicos, los cortes de carretera… Su interés para los estudiosos reside en su claridad conceptual, aunque persistan incertidumbres marginales sobre la calificación de determinadas tácticas vinculadas sobre todo a la resistencia pasiva. Poco importa —escribe Philippe Braud— que los propios interesados rechacen la calificación de violencia para su acción. Por ejemplo, los autores de una huelga no la consideran violencia política, aunque es un acto de desorganización y encaja en la definición de Nieburg, incluso en las acciones coactivas de los denominados piquetes informativos. Ningún juicio de valor, ni moral ni político, está implicado en esta definición que recalca solamente el elemento de coacción material y su vinculación con las transacciones políticas.[2]

Con todo, podemos definir la violencia política como «el uso consciente de la fuerza, ya sea física o verbal mediante amenaza, ejercido por individuos, grupos ideológicos, instituciones públicas, sectores de la administración del Estado, partidos o entidades, con el objetivo de intervenir y cambiar el rumbo de los acontecimientos políticos de un país, controlar o imponer decisiones gubernamentales, conquistar, dirigir o conservar el poder del Estado».

Este uso de la violencia con objetivos políticos —que no siempre es deliberado o premeditado— ha estado presente durante la transición y el afianzamiento de la democracia en España y, sin duda, ha constituido una gran amenaza para el proceso diseñado por los dirigentes políticos del momento. Muchos historiadores coinciden en que esta violencia ha sido «el principal obstáculo» para la plena consecución del sistema democrático. De manera permanente, cada acto de violencia, sangriento, realizado por ETA, los GRAPO o la extrema derecha era calificado por la izquierda parlamentaria y la derecha reformista como «un ataque contra la paz y la democracia», como «un crimen contra la democracia» perpetrado siempre por los enemigos de la misma. Cada acto de violencia suponía, «un riesgo de reacción autoritaria» para las organizaciones de izquierdas. Tras los sucesos de Vitoria de 1976, en los que murieron cinco obreros y más de un centenar resultó herido por la acción policial, Triunfo, semanario de gran influencia en las izquierdas, en su editorial del 13 de marzo de 1976, llamó a no responder violentamente con este argumento: «El recurso a la violencia, además de ser éticamente condenable, lo es políticamente porque está haciendo el juego a la reacción».

Según Maurice Duverger, «el primer objetivo de la acción política es eliminar la violencia, sustituir por formas de lucha menos brutales los conflictos sangrientos».[3] Sin embargo, en la práctica de la acción política, las protestas violentas tienden a acompañar, complementar y organizar las tentativas pacíficas y son ensayadas por la misma gente para alcanzar sus objetivos. Tanto la autoridad del Estado como la capacidad reivindicativa de las organizaciones político-sociales se mantienen por la amenaza constante del uso de la violencia física como último recurso del juego político. No cabe duda que la confrontación de proyectos políticos mediante el empleo estratégico de la fuerza debe ser el núcleo central de cualquier reflexión sobre el papel de la violencia en la vida pública.

Cuando este libro habla de violencia política de origen institucional se refiere a toda violencia desplegada para mantener el poder y el orden establecido, que es organizada, alentada, inspirada y/o consentida e instrumentalizada desde instituciones del Estado en dos niveles:

a) Desde el corazón del aparato del Estado, a través de estamentos y funcionarios en activo de la propia Administración gubernamental, que disponen de poder coercitivo y utilizan medios, armamento y cobertura logística para ejercer y administrar la violencia: policías, judicatura, ejército…

b) Desde instituciones reglamentarias y/o subvencionadas por el Estado, que participan de la superestructura del poder oficial: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos legales con o sin representación en el Parlamento.

Esta historia violenta ha ampliado el período de la transición española —acotado convencionalmente entre la muerte de Franco y el triunfo electoral del PSOE— hasta diciembre de 1983. En esa fecha, los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) tomaron el relevo de la guerra sucia y cometieron sus primeros crímenes bajo el Gobierno socialista. Un estudio de la violencia política durante la transición no podía ignorar el hecho relevante de que, a los trece meses del triunfo electoral del PSOE, el terrorismo de Estado se unificó bajo las siglas GAL y perpetró sus primeros atentados a partir de las mismas estructuras de los servicios de seguridad españoles que actuaban hasta entonces, e incluso de los mismos activistas que entre 1975 y 1982 habían actuado bajo las siglas del Batallón Vasco Español.

La investigación se ha desarrollado, principalmente, a partir de archivos judiciales (Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo), penitenciarios (Dirección General de Instituciones Penitenciarias) y policiales (Comisaría General de Policía Judicial), a los que el autor ha tenido acceso directo y que son unas fuentes apenas utilizadas hasta la fecha. Han sido esenciales las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y los autos y diligencias sumariales cuando tales sentencias no existían. Para la obtención de estos documentos el autor contó con la ayuda inestimable de Carlos Berbell, asesor de Imagen de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial. También ha sido muy valiosa la colaboración de la periodista Dolores Cardó, en sus consultas en la Biblioteca del Ministerio de Justicia. Los textos periodísticos utilizados son, por su contenido, los esenciales para profundizar en el período.

La transición sangrienta desvela, en suma, la violencia política generada en España desde los aparatos del Estado, en prisiones, comisarías y cuartelillos; la represión en la calle, los atentados de extrema derecha, las conexiones de la guerra sucia; la dialéctica criminal de acción-reacción-acción emprendidas por ETA, GRAPO y otros grupos terroristas de izquierdas. Terrorismo, represión y guerra sucia son los tres ejes coercitivos del proceso de la transición española, durante la cual se regresó a una legislación propia de la posguerra, con leyes penales especiales supuestamente selectivas, mientras se desarrollaba una represión sistemática de gran dureza para controlar «la calle».

En su búsqueda de la superación del pasado, del punto final, el silencio de la transición con respecto a sus víctimas supone, en la práctica, la continuación de la política de olvido aplicada a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. Se trata aquí de ocho años de la historia reciente de España en los que murieron 591 personas y los heridos se cuentan por miles. Son la sangre de la transición, su auténtico precio. Porque las víctimas de la violencia política pueden morir dos veces: con su asesinato y con el olvido.

1
MONTEJURRA 76 Y LOS CRÍMENES IMPUNES ANTES DE LA REFORMA

El domingo 9 de mayo de 1976, durante el ascenso anual de los carlistas a la cima de Montejurra (Estella), el ex comandante del Ejército de Tierra, José Luis Marín García Verde, seguidor del carlista ultra Sixto de Borbón y miembro de Comunión Tradicionalista, mató de un disparo a Aniano Jiménez Santos, de cuarenta años, miembro de la HOAC. También murió el joven Ricardo García Pellejero, obrero de veinte años, ametrallado en este monte por disparos de Francisco Carreras García Mauriño. Otras cuatro personas resultaron heridas de bala. Entre los agresores armados fueron identificados y fotografiados neofascistas italianos, Guerrilleros de Cristo Rey, miembros de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, carlistas ultras de Comunión Tradicionalista, y mercenarios, como Jean Pierre Cherid, que posteriormente intervendrán en la guerra sucia antiterrorista.

En la Navidad de 1976, en vísperas de la supresión del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, los únicos tres procesados en el sumario 1847/76, abierto por homicidio, lesiones, daños y desórdenes, fueron puestos en libertad provisional bajo fianza. Meses más tarde, se les aplicó el Decreto Ley de Amnistía y quedaron en libertad total. Por el contrario, para los familiares de las dos víctimas mortales comenzó un largo camino judicial para que les reconocieran como víctimas del terrorismo, a pesar de que el caso Montejurra 76 era un claro ejemplo de terrorismo de Estado, de violencia institucional, organizada y preparada desde instancias ministeriales, como quedó demostrado.

Tuvieron que transcurrir más de dos décadas para que las víctimas de este acto terrorista institucional fueran reconocidas como tales. Después de veintisiete años de batalla legal, en contestación a un recurso interpuesto por el abogado José Ángel Pérez Nievas-Abascal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sentenció el 5 de noviembre de 2003 que Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos eran «víctimas del terrorismo», y por tanto acreedoras de todos los derechos como tales. Dos años antes, el 17 de julio de 2001, aferrándose a una versión oficial que reducía el crimen a un «enfrentamiento entre carlistas», el Ministerio del Interior denegó por segunda vez a Magdalena Pellejero Martínez, madre de Ricardo, la petición de que su hijo fuera reconocido como víctima del terrorismo. En su respuesta, el ministerio del que había partido la operación Montejurra 76 afirmaba que «hechos delictivos como el que el recurrente invoca como fundamento de su pretensión indemnizatoria, quedan fuera del ámbito de cobertura de la Ley de Solidaridad, que comprende todas modalidades delictivas que, a lo largo del período temporal de aplicación, hayan tenido la condición y carácter de hecho terrorista, cualquiera que haya sido la concreta tipificación penal vigente en cada momento». Y concluía: «No existe la menor evidencia, ni siquiera el mínimo indicio, de que los hechos invocados tuvieran, directa o indirectamente, las motivaciones que requiere la doctrina jurisprudencial, para ser considerados actos terroristas».[4]

Ahora, por fin, quedaba probado en los tribunales que en Montejurra 76 se había producido un atentado terrorista contra el Partido Carlista, comprometido con la democracia en España. Y la sentencia reconocía que el 9 de mayo de 1976, con ocasión de la subida anual a Montejurra desde el monasterio de Irache, partidarios de Sixto de Borbón se enfrentaron con los seguidores de su hermano Carlos Hugo, «tratando unos y otros de obtener la primacía de los actos religiosos y políticos programados conforme a ideologías divergentes aunque insertas en el partido carlista, las que constituyen dos facciones distintas». El enfrentamiento volvió a producirse «en la cumbre de Montejurra o en lugar cercano a la misma», según se contiene en el segundo considerando de la sentencia de 3 de julio de 1978, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos murieron por disparos con arma de fuego. Por estos hechos se detuvo a tres personas: José Luis Marín García Verde, Victoriano José Arturo Márquez de Prado Pareja y Francisco Carrera García Mauriño, acusados de los delitos de homicidio, lesiones, daños y desórdenes, «a los que se declaró extinguida su responsabilidad penal, por aplicación del Real Decreto Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía».[5] Los encausados no obraron por motivos personales sino «guiados por una pasión partidista derivada de la distinta concepción sobre la misión, programa, fines e ideología del Partido Carlista, que trataron de imponer coercitivamente a los otros, cuyo Partido, en uno y otro matiz, propende a lograr una organización del Estado y una forma de gobierno dinástico distintas del actual», según declara la sentencia citada.

Igualmente, el auto de procesamiento del juez de Instrucción de Estella (Navarra), de 31 de mayo de 1976 (folio 137 del expediente administrativo, tomo II), relata que el enfrentamiento comenzó cuando se «arrojaron piedras y se agredieron con objetos contundentes» antes de la llegada a la cima de Montejurra, que terminó cuando José Luis Marín García sacó «una pistola del bolsillo y disparó contra Aniano Jiménez Santos, que se encontraba frente a él y a una distancia no superior a tres metros». Posteriormente, el pistolero se trasladó en un vehículo a la cima de Montejurra, donde en compañía de los otros dos procesados, que también portaban armas de fuego, trataron de impedir el acceso a la cumbre de un grupo de personas. Se produjo una nueva discusión seguida de disparos con arma corta, a consecuencia de los cuales falleció Ricardo García Pellejero.[6]

Se reconocía así que la muerte de Aniano y Ricardo se produjo por la actuación de personas integradas en una «banda o grupo armado», que actuaban conjuntamente con otros que, también armados, pretendieron «solventar sus diferencias ideológicas, usando armas y alterando gravemente la paz y convivencia ciudadana, en un momento histórico especialmente delicado». Y la sentencia señala a continuación: «Téngase en cuenta que los hechos sucedieron el 9 de mayo de 1976; durante la transición democrática antes de la Constitución de 1978 y antes incluso de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política y del primer gobierno de Adolfo Suárez surgido en julio de 1976. Es decir, un momento especialmente sensible en la historia de España en el que se gestaban las reformas tendentes al advenimiento de un sistema democrático».

UN ACTO TERRORISTA COORDINADO DESDE GOBERNACIÓN

El general José Antonio Sáenz de Santamaría, en un texto manuscrito y firmado que entregó a los familiares de Aniano y Ricardo, ofreció su visión de los hechos.[7] En primer lugar destaca «la significativa evolución» del Partido Carlista hacia la democracia en los últimos años del franquismo, y en ese camino la concentración carlista de Montejurra fue adquiriendo un carácter más reivindicativo hasta llegar a convertirse en punto de encuentro de las fuerzas progresistas.

Tras la muerte de Franco —explica Sáenz de Santamaría—, la presión de elementos ultraderechistas apoyados por El Alcázar y de dirigentes de la facción carlista de Sixto de Borbón, conocido por sus posiciones de carácter fascista, «consiguieron la colaboración de servicios de la Seguridad del Estado». Entre los hombres clave de esta decisión estaban: José Arturo Márquez de Prado, Antonio María de Oriol y Urquijo, a la sazón presidente del Consejo de Estado, y el general Ángel Campano, entonces director general de la Guardia Civil. «Bajo la intención genérica de “reconquistar Montejurra” y arrebatarlo a los que calificaban como rojos-marxistas, consiguieron que el Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la operación tendente a dicha “reconquista”. Para ello se establecieron contactos entre organismos como el SECED (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno), la Guardia Civil y los dirigentes del Partido Carlista ya citados. El SECED, que fue fundado por Carrero Blanco, estaba dirigido en aquel momento por el general Juan Valverde. Las reuniones fueron coordinadas por el propio Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Manuel Fraga».

Según este relato, en la preparación de la operación se adoptaron medidas que pretendían dar la impresión de que se trataba de una reconquista civil de los verdaderos Requetés, fieles a la tradición, que con su «fortaleza moral y política» —como diría después el diario ultra El Alcázar— habían rechazado a los traidores a la verdadera ideología carlista. Para lograrlo, el Gobierno encargó al SECED la propaganda del acto, concentrando a simpatizantes en la zona de Montejurra a base de ofrecimientos económicos y de facilitar medios de transporte. Se repartió «gran cantidad de bastones y cachavos» con el objeto, decían, de facilitarles la subida al cerro. «Estaba claro que eran para ser empleados en la agresión prevista». La financiación de la operación corría a cargo del señor Oriol y Urquijo, quien depositó en diversas entidades bancarias de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos, cantidades destinadas a sufragar los desplazamientos de los simpatizantes.

Por otra parte, organizaciones de ultraderecha como los Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva y otras, contactaron con miembros de la denominada Internacional Fascista italiana, de la Triple A argentina y de otras organizaciones similares. Esto posibilitó que acudiesen a Montejurra conocidos personajes del fascismo internacional como Stefano delle Chiaie, Augusto Cauchi y el argentino Rodolfo Almirón, que más tarde sería escolta de Manuel Fraga. En Montejurra apareció por primera vez el mercenario Jean Pierre Cherid.

La Guardia Civil —relata Sáenz de Santamaría— se hallaba en esas fechas bajo la dirección del teniente general Ángel Campano y tenía como subdirector al general de división Salvador Bujanda. Ambos eran miembros del Partido Carlista, y mantenían una estrecha relación de amistad con Arturo Márquez de Prado, principal dirigente de dicho partido. Eso hizo que el señor Márquez de Prado estuviese los días precedentes al acto de Montejurra en la Dirección General con una frecuencia exagerada y participando incluso en reuniones del director general con su Estado Mayor y mandos implicados en la organización de los actos. El señor Márquez de Prado solicitó para sus militantes, que iban a concentrarse en la cima del monte con anterioridad, que la Guardia Civil les dotase de radioteléfonos y les facilitase armamento pesado: ametralladoras.

El jefe del Estado Mayor de la Dirección, a la sazón el entonces general de brigada José Antonio Sáenz de Santamaría [se cita así mismo en tercera persona], se opuso rotundamente a esas peticiones y logró que el director general Campano no accediera a las mismas, limitándose la ayuda al envío de un destacamento uniformado de la Comandancia Móvil de Madrid que se instaló, con anterioridad al domingo 9 de mayo, en la cumbre de Montejurra y en la falda del monte, en las proximidades del monasterio de Irache; fuerzas que fueron las que, en definitiva, consiguieron restablecer la situación tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el citado domingo 9 de mayo […] La Justicia, con carácter general, mostró muy poco interés en el esclarecimiento de los hechos.

Las conclusiones del general son clarificadoras. Sobre la actitud de Manuel Fraga, titular de Gobernación, destaca que durante el día en que sucedieron los hechos, el ministro estaba de viaje oficial en el extranjero. En su ausencia, los asuntos de su departamento estaban bajo la responsabilidad del entonces ministro secretario general del Movimiento. No obstante, Fraga asumió la responsabilidad, pero minimizó los hechos y los calificó como «una triste pelea entre hermanos». Sin embargo, apostilla Sáenz de Santamaría «en la preparación de la denominada Operación Reconquista y en su disposición a apoyar a la ultraderecha en las movilizaciones previas, se mostró muy interesado».

La conjunción de los distintos elementos que formaron la trama de esta operación es el primer paso de lo que durante la transición constituyó el núcleo de activistas de las operaciones de la llamada guerra sucia contraterrorista. En la Operación Reconquista participaron militares descontentos con la reforma democrática del régimen, partidos ultraderechistas como Fuerza Nueva, activistas violentos de la Triple A, Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey…, mercenarios reclutados de organizaciones extranjeras: la PIDE portuguesa, la Triple A argentina, etc., y «miembros aislados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por su ideología, no encajaron la reforma del Régimen».

Y el general expone su última conclusión: «Todo este entramado operó de alguna forma apoyada, directa o indirectamente, por los aparatos de Estado en todas las acciones de lucha antiterrorista durante las décadas de 1970 y 1980, en lo que fue el precedente de las acciones que constituyeron lo que vino a llamarse Grupos Antiterroristas de Liberación y sin que hubiese solución de continuidad entre los mismos».

Como jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Sáenz de Santamaría fue un protagonista directo. Aunque en su testimonio se exime a sí mismo de responsabilidades con respecto a las armas, corrobora el análisis de unos hechos probados sin sentencia judicial, según el sumario número 1847/76 relativo a la agresión de Montejurra, incoado por el juzgado de Estella y trasladado al TOP.[8]

El secretario general del Partido Carlista, José María de Zabala, denunció la «reconquista» de Montejurra como un montaje gubernamental: «La operación, inspirada por los santones tradicionalistas del régimen, se planifica con antelación desde el Ministerio de la Gobernación, y es llevada a cabo con la cobertura de la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno Civil de Navarra. Mientras que el Ministerio del Movimiento es responsable de la movilización, a través de sus delegaciones locales que, con la aportación de cuantiosos medios, trasladan al pie de Montejurra a un numeroso contingente de falangistas y de viejos tradicionalistas sentimentales, engañados y desconcertados».

También el amnistiado José Arturo Márquez de Prado llegó a definir lo sucedido en Montejurra 76 como un montaje: «Un miembro del Gobierno Arias me dijo: “Hay posibilidad de sacar dinero para ir a Montejurra”. Yo le dije que muchas gracias, pero que nosotros siempre habíamos ido por nuestros propios medios. […] Esa persona también me dijo: “Veremos este año quién manda en Montejurra”. Alguien, no quiero decir quién, tuvo la intención de cargarse el carlismo, el de Carlos Hugo y el de Sixto; desprestigiarnos a todos. Fue un complot, una encerrona. No sé de quién. Honradamente, no se lo puedo decir. Le digo que sí es cierto que, desde el Movimiento, a nosotros se nos ofreció dinero para ir a Montejurra, para facilitar el acto».[9]

Dada su implicación directa en el caso, desde instancias del Estado no se hizo nada para aclarar lo sucedido. El 26 de mayo de 1976, el procurador en Cortes Gabriel de Zuloaga, seguidor de Carlos Hugo, presentó una interpelación al Gobierno para que explicara los sucesos de Montejurra. Estaba previsto que se cursara en el pleno de las Cortes del 29 de diciembre, pero para entonces las Cortes franquistas ya no existían y el Gobierno presidido por Suárez jamás respondió. Entre los hechos aducidos destacan los siguientes:

Quién y por qué motivo dio orden a la Guardia Civil allí presente para que, desatendiendo las numerosas y concretas denuncias a personas que, en actitud desafiante, palabras insultantes, protegiendo a gentes extrañas al carlismo y portadoras de armas, unas veces en el cinturón y otras en la mano, ni las detuvieran ni las identificaran.

Si lo ocurrido en Montejurra ha sido un enfrentamiento entre carlistas, como lo ha dicho un miembro del Gobierno, dígasenos: a) Qué papel jugaban allí don Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino, y don Antonio María Oriol, consejero del Reino y presidente del Consejo de Estado. b) Cómo justificar la presencia de gentes reclutadas por la Jefatura del Movimiento a base de viaje pagado, bolsa de comida y elevadas dietas de desplazamiento. c) Qué explicación puede darse a la presencia de Policía Gubernativa, en gran número, disfrazados con boina roja, que algunos de ellos días antes habían detenido y maltratado a jóvenes carlistas por hacer propaganda del acto de Montejurra y ese día protegen a los extraños al carlismo.

El País Vasco, y por ende Navarra, está vigilado palmo a palmo: controles de carretera, registros, etcétera. En Irache aparecen pistolas, metralletas y una ametralladora con trípode; hay disparos, heridos y muertos, y no hay un solo detenido, ni cae en manos de los agentes de la autoridad ni una sola arma.

El gobernador civil de Navarra es informado en varias ocasiones, días antes de los hechos, por destacados miembros del Partido Carlista, de la presencia de gente armada en Irache y la cima de Montejurra, limitándose a contestar que no tiene órdenes de actuación del Ministerio de la Gobernación.

El Gobierno tenía completa información de lo que se preparaba. El ministro español de Asuntos Exteriores, una semana antes de los sucesos, entrega una nota verbal al embajador de los Países Bajos, de parte del jefe del Estado, dándole cuenta de que el Gobierno español no garantiza la vida de don Carlos Hugo, ni de su esposa, doña Irene, si acuden a Montejurra.

Solo el diario El Alcázar, órgano de la Confederación Nacional de Combatientes, justificó el crimen de Montejurra, y el 10 de mayo de 1976, veinticuatro horas después de los sucesos, escribió: «Un grupo de hombres, menor en número, pero superior en fuerza moral y política, rescató el pasado domingo, con el precio de la sangre, el honor de Montejurra. Grupos Requetés, fieles a la Tradición, impidieron la subida de los marxistas. Ni Carlos Hugo ni su mujer pudieron hablar en la cumbre». Pocos días después, el 13 de mayo, el mismo diario recogía a toda página una nota de la Hermandad del Tercio de Requetés en la que advertía: «Ningún disparo partió de miembros de esta Hermandad, ni de representantes de la Confederación de Combatientes. Nuestro deseo fue rezar por nuestros muertos».

Por el contrario, en el resto de la prensa española se condenó el hecho, se pidieron responsabilidades y se cuestionó la versión oficial. Especialmente duros fueron El País, Diario de Navarra, Diario de Barcelona, Tele/Exprés, La Vanguardia y Aragón Express. El Diario de Barcelona (fotos realizadas por su enviado especial Carles S. Costa) y, días después, las revistas Gaceta Ilustrada y Cuadernos para el Diálogo, fueron los primeros que publicaron las instantáneas del crimen y que se convirtieron en los auténticos testigos de cargo sumarial.

También El Pensamiento Navarro, diario integrista de Pamplona que había apoyado la ofensiva ultra de Montejurra fletando autobuses, cambió de línea informativa y denunció el 13 de mayo: «No fue una lucha, fue un vil asesinato cometido por pistoleros que rompen el ánimo de convivencia y crean víctimas inocentes». Y más tarde, el mismo periódico apostilló: «Resulta curioso que tanto en el caso de Vitoria como en el de Montejurra el señor Fraga se hallara fuera de España».

El redactor jefe de La Gaceta del Norte y director de Hoja del Lunes, de Bilbao, José María Portell, que posteriormente sería el primer periodista asesinado por ETA, dejó un relato intenso sobre su vivencia personal de aquel domingo en Montejurra, que fue publicado el 22 de mayo de 1976, en el número 1 de la revista Interviú, con el título: «Yo estuve allí», y en que destacaba las peculiaridades «insólitas» del suceso y se preguntaba: «Si desde la víspera se sabía que en la cumbre del monte había protectores armados de don Sixto (con una R y una S en la solapa significando Rey Sixto), ¿por qué no fueron descubiertas sus intenciones y fueron desalojados por la fuerza pública?».

Tras un minucioso análisis de los hechos, expertos del Partido Carlista concluyeron que los atacantes de la Operación Reconquista querían formar un embudo a partir de la explanada del monasterio, empujando a los carlistas a la campa de Irache, donde se encontraba situada la Guardia Civil. El plan falló en sus inicios, ya que los carlistas repelieron a palos a los elementos ultraderechistas en la explanada. Esto permitió que continuaran hacia la cima. Allí Márquez de Prado, a quien todas las declaraciones atribuyen la dirección militar, pidió por walkie-talkie a los grupos de Fuerza Nueva que «empujaran desde abajo» para dejar a los carlistas entre dos fuegos. Los fuerzanovistas no se atrevieron y Márquez de Prado hizo entrar en funcionamiento la ametralladora, que «estaba servida por tres hombres de verde». La operación falló en cada una de sus partes.

La prensa y el Partido Carlista se quedaron solos frente al Gobierno. Cuando se desarrolló la operación habían transcurrido apenas dos meses desde los sucesos de Vitoria, el Gobierno continuista presidido por Arias Navarro naufragaba y se preparaba el relevo con Adolfo Suárez al timón del Gobierno. Nunca pudo investigarse el caso porque todo el aparato del Estado se puso en movimiento para sepultar la verdad. No en vano, los personajes que participaron en la organización y desarrollo de la toma de Montejurra, o que intervinieron directamente en los sucesos, ocupaban cargos importantes en el aparato estatal y gozaban de grandes conexiones políticas y mediáticas. Para constatarlo, basta con reseñar la siguiente relación de protagonistas por orden alfabético:

Araluce y Villar, Juan María. Presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino. Ingresó 42 millones de pesetas en el Banco Guipuzcoano a nombre de José Arturo Márquez de Prado y José Luis Zamanillo. Este dinero formó parte de la financiación de la operación. Araluce sería asesinado por ETA meses más tarde, en septiembre de 1976.

Bayod Pallarés, Roberto Gonzalo. Fundador de los Cruzados Voluntarios Legionarios, colaborador asiduo de la revista ¿Qué Pasa? y miembro de UNE (Unión Nacional Española). Dirigió la operación en Zaragoza, auxiliado por el ex teniente de alcalde Aroz Pascual y grupos ultras aragoneses.

Borbón Parma, Sixto-Enrique de. Líder dinástico de Comunión Tradicionalista. Se puso al frente de las organizaciones fascistas internacionales y parapoliciales españolas, que atacaron al Partido Carlista en Montejurra 76.

Campano López, Ángel. De ideología tradicionalista. Director general de la Guardia Civil en aquella época, teniente general del Ejército. Se le vio días antes en Estella y en los alrededores de Montejurra y dio las órdenes a la Guardia Civil de cómo debía actuar en ese acto.

Carreras García Mauriño, Francisco. Colaborador de José Arturo Márquez de Prado, acusado y detenido por disparar en la cumbre del Montejurra, causando la muerte instantánea de Ricardo García Pellejero.

Fagoaga Gutiérrez-Solana, Miguel. Consejero nacional del Movimiento y presidente nacional de los Círculos Vázquez de Mella.

Fal Macías, Alfonso Carlos y Javier. Hijos del que fue líder de la Comunión Tradicionalista durante la Guerra Civil, Manuel Fal Conde. Fueron denunciados como participantes en los hechos de Montejurra.

Ferrando Sales, Carlos. Representante español en la reunión de la Internacional Negra realizada en el hotel Savoy de Roma, el día 3 de octubre de 1976. Acompañó y apoyó a Sixto de Borbón.

Fraga Iribarne, Manuel. Ministro de la Gobernación. Días antes de los sucesos se marchó a Venezuela en viaje oficial.

García Llorente, Hermenegildo. Terrateniente y cabeza del ultraderechismo integrista andaluz. Amigo personal del ministro argentino López Rega. En su finca San José, en Mairena de Alcor, la prensa descubrió que se prepararon grupos fascistas italianos, españoles y portugueses.

Guinea y Gauna, Francisco de. Vicepresidente de la Confederación Nacional de Combatientes. Participó en la convocatoria.

Larrainzar, Ricardo. Alto funcionario del Ministerio de la Gobernación.

Marín García Verde, José Luis. Comandante del Ejército de Tierra retirado. Oficial provisional del Requeté de Andalucía. El famoso hombre de la gabardina que disparó en los alrededores del monasterio de Irache, en la falda de Montejurra. Revistó a las tropas fascistas en la explanada de Irache junto a Sixto. Las fotos publicadas en diarios y revistas le identificaron como el hombre que disparó a quemarropa contra Aniano Jiménez Santos.

Márquez de Prado, José Arturo. Más conocido como «Pepe Arturo». Lugarteniente de Sixto de Borbón. Fue el que dio las órdenes. Considerado como ideólogo de los sixtinos. Era el secretario político de don Sixto de Borbón.

Mazón Verdejo, Eugenio. Secretario general de Correos y ex jefe de los servicios jurídicos de la Organización Sindical.

Merino López, Ramón. Director de la Cadena Azul de Radiodifusión, que realizó tareas de coordinación desde el hostal de Irache, fundador de UNE.

Oriol y Urquijo, Antonio María de. Ex ministro de Franco y presidente del Consejo de Estado en la época de Montejurra 76. Era líder de UNE, organización ultraderechista que apoyó financieramente la operación.

Oriol y Urquijo, Lucas María. Acompañó a su hermano Antonio María y a Sixto en Montejurra 76. Al respecto, Carlos Hugo denunció en 1977: «Los Oriol y compañía son quienes realmente estuvieron detrás del Montejurra del año pasado».

Pacheco López, José Luis. Líder ultraderechista de las Juventudes Tradicionalistas Cántabras, de Santander. Este grupo fue el principal protagonista en los sucesos del monasterio de Irache, en la falda del Montejurra.

Rico Arias-Salgado, Eduardo. Agente del Gabinete de Información de la Presidencia del Gobierno, que acompañó a Sixto en Montejurra 76.

Ruiz de Gordoa, José. Gobernador civil de Navarra. En los sucesos de Montejurra dijo a la prensa que actuó siguiendo instrucciones del ministerio Fraga.

Ruiz Hernández, Luis. General retirado del Ejército y presidente de la Hermandad de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés.

Sáenz-Díez, Juan Ignacio. Jefe delegado de la Comunión Tradicionalista. Presidente de Almacenes Simeón, de Madrid, y consejero delegado de la revista integrista Iglesia-Mundo. Acompañó a Sixto en Montejurra 76.

Sánchez Covisa Carro, Mariano. Líder de los Guerrilleros de Cristo Rey, organización fascista que actuó en los sucesos de Montejurra 76, aunque Sánchez Covisa no fue visto en el monte y, según su testimonio, no asistió al lugar.

Valero Bermejo, Luis. Conocido político ultraderechista y franquista, que fue acusado por el Partido Carlista como uno de los organizadores de la operación.

Zamanillo, José Luis. Secretario de las Cortes españolas franquistas y consejero del Reino por designación de Franco. Fue delegado nacional de Requetés. Uno de los organizadores.

La Operación Reconquista congregó a un número considerable de extranjeros, muchos de los cuales trabajaban para los servicios secretos. A partir de diciembre de 1975 tomaron parte en las acciones BVE y ATE; posteriormente algunos de ellos trabajarían en las acciones GAL. Otros estaban implicados en las acciones del terrorismo negro en Italia. En distinta medida, los extranjeros que actuaron en Montejurra estaban relacionados con los servicios secretos españoles, con los servicios italianos, griegos, con miembros de la PIDE, la Triple A del ministro argentino López Rega, e incluso con la CIA a través de Italia (Gladio, Logia P-2) y de España por su relación con la empresa ASEPROSA (Asociación de Seguridad y Protección, S. A.), vinculada al sumario por el golpe del 23-F. Toda una panorámica de las «tramas negras» durante la transición congregada en un mismo escenario durante una mañana de domingo.

Éstos fueron, por orden alfabético, los ultraderechistas extranjeros identificados en Montejurra: Rodolfo Eduardo Almirón Sena, alias «El Pibe», miembro de la Triple A; Pietro Benvenuto di Fu Giuseppe; Emilio Berra Alemán, alias «El Chacal»; Giuseppe Calzona, alias «Mario Leti»; Augusto Cauchi; Pier Luigi Concutelli, condenado ese mismo año en Italia por el asesinato del juez Vittorio Occorsio con armas compradas por la policía española; Henri Courau; Jean Pierre Cherid; Stefano delle Chiaie; Salvatore Francia; Loris Gatelli; José Vicente Labia; Adolfo Lauro; Elio Massagrande; Alberto Molinos; Juan Ramón Morales; Mario Pellegrini; Marco Pozzan; Mauro Tedeschi; Francesco Zaffoni, y los miembros de Guerrilleros de Cristo Rey José Ignacio Fernández Guaza y Fernando Santos Arrarte.

EN LOS ESTERTORES DEL TOP

El día 10 de mayo de 1976, mientras se realizaba el funeral por las víctimas de Montejurra, empezaron a llegar las primeras denuncias ante el juez de Estella. Cuarenta y ocho horas después, el Gobierno Civil de Navarra, a través de una segunda nota oficial, ordenó «la identificación y detención de los presuntos responsables, para su puesta a disposición de la autoridad judicial». Aquel mismo día, el ministro de la Gobernación, Fraga Iribarne, respondió en Barajas a los periodistas después de su viaje a Venezuela: «Asumo la plena responsabilidad de lo que haya ocurrido, y lo digo con todas las consecuencias». Las incógnitas, pues, empezaban a despejarse: el gobernador civil de Navarra y las Fuerzas de Orden Público no actuaron por cuenta propia. Y Fraga señaló a los medios de comunicación que «cualquier persona que sea claramente denunciada se enfrentará con el peso de la ley».

El jueves 13, a las once de la mañana, Aniano Jiménez Santos falleció en el Hospital Provincial de Pamplona. Por la tarde, miembros del Partido Carlista entregaron al juez de Estella documentos fotográficos y la identificación de algunos de los individuos que participaron en los asesinatos de Montejurra. En rueda de prensa convocada por el Partido Carlista de Euskadi se daba a conocer otros dos nombres de guerrilleros: Carlos Ferrando Sales, de Valencia, y Hermenegildo García Llorente, residente en Sevilla.

Aquel mismo día, la Sala de Gobierno de la Audiencia Provincial de Pamplona, tras una sesión extraordinaria, emitió una nota de prensa en la que acordaba autorizar a Manuel Antón de la Fuente, juez instructor de Estella, para que «con carácter de juez especial continuara la instrucción de cuantas diligencias incoó de oficio por los hechos ocurridos el pasado día 9 en Montejurra y en cuanto los mismos tuvieran carácter delictivo de competencia de la jurisdicción ordinaria, relevándose de momento al expresado juez del servicio ordinario que tiene conferido».

El juez Antón de la Fuente decretó la busca y captura de Sixto de Borbón Parma, pero ya estaba fuera del territorio español. En Estella se presentaron voluntariamente más de cien testigos para prestar declaración y entregar documentación sobre los hechos. Entre las pruebas se hallaban casquillos de bala y la caja de munición con la inscripción «Pirotecnia militar», porras usadas por los seguidores de Sixto y las cajas de los megáfonos utilizados de procedencia italiana. Otros declararon que habían avisado a las Fuerzas de Orden Público sobre la presencia de hombres armados y que sólo habían recibido negativas; o que habían visto traspasar con facilidad los controles policiales a jeeps y a seguidores armados de don Sixto.

Por la tarde, prestó declaración Márquez de Prado, que llegó fuertemente custodiado y esposado en una furgoneta de la Guardia Civil. Varios testigos le reconocieron como el acompañante de Sixto de Borbón que dio la orden de «abrir fuego raseado» en la cima de Montejurra. José Luis Marín García Verde, homicida de Aniano Jiménez Santos, se entregó a la Guardia Civil de Huelva. Al día siguiente, el «hombre de la gabardina» declaró ante el juez especial de Estella, en presencia del fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Pamplona, Javier Moscoso. A las tres horas y media de su llegada al juzgado, fue trasladado a la sala de banderas de los cuarteles militares de Ainzoain, dada su condición de comandante retirado del Ejército de Tierra.

El 18 de mayo, el libro de registro del hostal de Irache fue puesto a disposición del juzgado. Se supo entonces que allí se había alojado una treintena de seguidores de Sixto de Borbón, aunque se temía que los citados sixtinos hubieran usado nombre y documentación falsa. Los hermanos Oriol y Urquijo tenían dos habitaciones reservadas que no llegaron a ocupar. También declaró ante el juez Alfonso Carlos Fal Macías, conocido en los medios integristas por «El Impresor», por su actividad como dirigente de Editorial Católica, de Sevilla. Una vez terminado el interrogatorio, quedó en libertad. El otro detenido, Francisco Carreras García Mauriño, quedó incomunicado en la cárcel de Pamplona.

El juez de Estella se inhibió en favor del Tribunal de Orden Público por considerar que este organismo especial era competente frente a un posible acto terrorista con motivaciones políticas. El último juez de Orden Público, Rafael Gómez Chaparro, titular del Juzgado número 1, aceptó el caso y en las Navidades de 1976, días antes de que el TOP fuera disuelto, decretó la libertad provisional bajo fianza de los tres procesados. Pese a que la acusación particular había requerido los testimonios del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, del ya ex ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, y del ex director general de la Guardia Civil, general Ángel Campazo, el juez Gómez Chaparro no intentó siquiera que llegaran a efectuarse tales declaraciones y consideró que el Partido Carlista estaba politizando el proceso.

Por fin, el 4 de enero de 1977 Gómez Chaparro decidió acabar con la instrucción y cerró el sumario. «En aquel momento —relata el abogado Martín de Aguilera—, los detenidos eran para nosotros los pobres idiotas que habían dado la cara. No nos importaba que los pusieran en libertad provisional, lo que sí importaba era que habían cerrado el sumario». Martín de Aguilera recurrió contra el cierre sumarial, pero su recurso no fue aceptado por el juez Gómez Chaparro, quien en su resolución incluyó alusiones a «los intentos de politización propagandística por parte de la acusación privada». La acusación privada había presentado una lista de diecisiete testigos que jamás fue tenida en cuenta.

En el instante de su cierre, once tomos e importantes puntos oscuros pesaban sobre el sumario Montejurra. Suprimidos el Tribunal y los juzgados de Orden Público, el mismo Gómez Chaparro continuó con el caso en la jurisdicción ordinaria, como titular del Juzgado de Instrucción número 25, de Madrid, al que fue destinado. «Recurrimos la decisión de cerrar el sumario —manifestó entonces el abogado Martín de Aguilera, extrañado por la decisión— porque nos parecía que la calificación de los hechos era insuficiente. Se respetó íntegramente el auto de procesamiento del Juzgado de Estella y no se aceptó que existía un hilo conductor, político. Queríamos que se les procesara por un delito de terrorismo. Por eso, no comprendo la decisión. En su día no se pudo procesar a estos individuos por un delito político, que implicaba mayor gravedad en las posibles penas, y hoy se les amnistía como si fueran precisamente eso, delitos políticos y no comunes». Como consecuencia, el juicio no llegó a celebrarse nunca y los miles de folios del sumario quedaron sepultados, perdidos en los archivos judiciales.

DOS CRÍMENES IMPUNES: NORMA MENCHACA Y CARLOS GONZÁLEZ

El caso Montejurra 76 se dio en un contexto difícil. El 3 de marzo anterior, cinco obreros habían muerto en Vitoria ametrallados por la Policía y la represión policial en la calle mató a otros dos jóvenes en Tarragona y Basauri que protestaban por los sucesos de Vitoria. Montejurra marcó el final del Gobierno continuista de Arias Navarro. Las Cortes franquistas aprobaron una Ley de Derecho de Reunión y en junio fue autorizada la creación de partidos políticos en España. A los dos meses de Montejurra, el 1 de julio, el rey aceptó la dimisión de Carlos Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez González como nuevo presidente del Gobierno. El 30 de julio, el nuevo Consejo de Ministros proclamó la amnistía concedida por el rey para los delitos políticos cometidos hasta entonces, fueran del signo que fueran.

Esta primera amnistía de 1976 —que veremos en el capítulo siguiente— inauguraba, sin duda, el verdadero principio de la transición, pero resultaba insuficiente. Para muchos era casi un gesto. Como consecuencia, se planteó una gran movilización por la amnistía total; el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, volvía del exilio; Antonio María de Oriol y Urquijo era secuestrado por los GRAPO y se abría la puerta al gran acuerdo que supusieron los Pactos de la Moncloa.

Después del crimen de Montejurra, y mientras se desarrollaban todos estos acontecimientos, otros crímenes adquirieron carta de naturaleza. Jamás fueron investigados judicialmente, ni sus posibles autores acabaron detenidos o puestos a disposición de los tribunales. Entre julio y septiembre de 1976, dos casos quedaron impunes: los asesinatos de Norma Menchaca y del estudiante Carlos González en plena calle. Las posibles diligencias previas abiertas por estos crímenes quedaron archivadas primero y olvidadas después. Durante la tradicional Fiesta de la Sardina, en el transcurso de una manifestación por la amnistía, María Norma Menchaca Gonzalo, de cuarenta y dos años, fue asesinada de un disparo cuando seis miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey y de la Guardia Civil, de paisano, irrumpieron a tiros. Éste es el relato de los hechos, contado por uno de los hijos de Norma Menchaca, Roberto Fernández, que entonces tenía diecinueve años y participaba en la manifestación mientras su madre, totalmente ajena a la movilización, asistía junto a unas vecinas a la fiesta. Cuando se cruzó con ella por la calle, el joven le dijo: «Mamá, vete a casa que va a haber follón». Un instante después, seis individuos que habían fingido estar participando en la fiesta, vestidos algunos de ellos con la ropa clásica de pescador —camisa azul y pañuelo de cuadros al cuello—, sacaron sus armas y comenzaron a disparar contra los manifestantes. Una de aquellas balas mató a Norma Menchaca. El forense, después de extraerle del cráneo un proyectil del calibre 9 milímetros y describir que le había entrado por la nariz y le había provocado una hemorragia cerebral y un choque traumático, escribió en su informe que la causa del fallecimiento de Norma Menchaca se había debido «al parecer» al disparo de un arma de fuego.

Después de que mi madre cayera muerta —recuerda Roberto—, la gente se echó sobre los que habían disparado, que se tuvieron que refugiar en el Ayuntamiento. La Policía Armada rodeó el edificio. A las cuatro de la madrugada llegó un Land Rover de la Guardia Civil y se los llevó. Todos sabíamos que entre los que habían disparado sin ton ni son se encontraban guardias civiles y ultraderechistas. A uno de ellos, un guerrillero de Cristo Rey conocido en el pueblo por el apodo de «Chape», me lo encontré en la puerta del Gobierno Civil cuando fui a pedirle explicaciones al gobernador. Salía de allí, tan campante. Le dije al gobernador: «Deténgalo, que él fue uno de los que mataron a mi madre». Por poco me detienen a mí.

La versión oficial lo redujo todo a «un accidente». La Policía Armada tomó el pueblo, con más de dos mil antidisturbios que se desplegaron por las calles y el cementerio. Cortaron las carreteras para que no pudiera llegar nadie. «Fui al hospital de San Juan de Dios, donde habían depositado el cuerpo de mi madre después de la autopsia y las monjas me dijeron: “Acaba de venir la Guardia Civil, han cogido el cadáver de tu ama y lo han metido en un furgón”. Se la habían llevado al cementerio para enterrarla a prisa y corriendo, en secreto, sin nuestra autorización. Seis meses después, cuando fui al juzgado para ver los informes de la muerte de mi madre, un funcionario me dijo que habían desaparecido misteriosamente».

A pesar de las evidencias, el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao y la Dirección General de la Policía mantuvieron en todo momento la versión oficial de 1976: «El fallecimiento de Norma Menchaca no fue como consecuencia de un atentado terrorista, sino por enfrentamiento ocurrido entre manifestantes». La misma versión de Montejurra 76, recordemos. El juzgado terminó archivando las diligencias «al no aparecer elementos suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor del delito perseguido».

En febrero de 2006, treinta años después del crimen, el Tribunal Supremo reconoció a Norma y a las otras víctimas de la extrema derecha durante la transición como «víctimas del terrorismo». Cuatro años antes, en abril de 2002, la Audiencia Nacional había sentenciado que Norma debía ser considerada como tal, pero el abogado del Estado recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo (con los mismos argumentos expresados para el caso Montejurra) y hubo que esperar hasta 2006 para la resolución y reconocimiento de la víctima. Quedaba jurídicamente claro que los asesinos de Norma Menchaca actuaron con la clara finalidad de crear alarma social, alterar la paz y la seguridad ciudadana, con el fin de poner en peligro la recuperación de las libertades y el sistema constitucional en ciernes.

En el transcurso de una manifestación contra la pena de muerte que conmemoraba los últimos fusilamientos de Franco, un pistolero ultraderechista sin identificar mató a Carlos González Martínez, un estudiante de psicología, de veintiún años, a quien disparó a bocajarro y por la espalda mientras el joven se encontraba junto a un portal de la calle Barquillo. Carlos González era el quinto hijo de una familia de seis hermanos; su padre, Eduardo González Calderón, trabajaba como comentarista deportivo en Radio Madrid y había sido combatiente de la División Azul.

Carlos no participaba en la manifestación. Alrededor de las nueve de la noche caminaba por la calle de Alcalá acompañado por dos amigos. Al llegar a la confluencia con la calle Barquillo, se toparon con un grupo de manifestantes que huían de la Policía. En la desbandada se quedó solo. En la esquina de la calle Barquillo con San Marcos se topó de repente con tres individuos armados con pistolas. Sonaron varios disparos al grito de «¡Viva Cristo Rey!» y Carlos cayó al suelo, boca abajo. La trayectoria de la herida empezaba en la espalda, en el riñón izquierdo, y llegaba a un centímetro del corazón. Carlos corría inclinado hacia delante, o incluso a punto de caer, cuando recibió el impacto mortal de aquel disparo a quemarropa, ejecutado apenas a un metro de distancia. A pesar de la precisa descripción de los asesinos facilitada por testigos presenciales, la Policía no detuvo a nadie.

Como respuesta al crimen, el 1 de octubre tuvo lugar un funeral en la iglesia de la ciudad Universitaria, una huelga de trabajadores convocada con éxito por la Coordinadora Democrática y una jornada de lucha que dejó trescientos autobuses de la EMT en las cocheras por decisión de los trabajadores en asamblea. Pararon todos los grandes talleres de artes gráficas, construcción, metal, banca… Los teatros de Madrid —excepto el Calderón y el Cómico— cerraron sus puertas como muestra de solidaridad. Durante toda la mañana, el barrio de Argüelles fue el escenario de «saltos» estudiantiles que cortaron el tráfico y levantaron barricadas en la zona universitaria. Entre cargas policiales de las fuerzas antidisturbios y botes de humo, más de tres mil personas llegaron en manifestación hasta la plaza de España y cincuenta detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Orden Público.

Marién, su novia y compañera, y sus amigos José Antonio, Javier y Teresa, publicaron un libro póstumo con los poemas escritos por Carlos González. En la «Presentación» relata:

Tras recibir el disparo, Carlos, malherido, huyó desesperadamente hasta llegar a casa de Marién, la mujer que amaba: «¡Marién, ayúdame!». Al poco tiempo, conociendo la gravedad que él, en un principio, no podía sospechar, le llevaron a la Ciudad Sanitaria Francisco Franco para salvarle la vida. A su hermano, médico que intervino en su operación, dijo sus últimas palabras: «Iban de paisano».

Carlos sentía la política de mil maneras diferentes; para él viajar era un acto político; escribir poemas, una acto político; salir a la calle gritando libertad, como en sus poemas, un acto político. Carlos, es cierto, no militaba en ningún partido político, militaba en las filas del pueblo. Carlos luchó toda su vida; por eso, deseamos que se le recuerde como un hombre más, como un luchador más; no es nuestra intención hacer de Carlos un héroe o un mito, sólo queremos que, con sus poemas, se vea a una persona de carne y hueso, que ríe, llora, sufre y se alegra con su pueblo, con sus compañeros, sus amigos y sus amores. En la libertad, tal vez, no ocurran hechos tan terribles como el que le costó la vida. Quizá lo más importante, lo que nos está enseñando continuamente Carlos, es que los que han muerto como él, no son seres aparte, seres únicos. Cualquiera de nosotros puede morir de la misma forma; en cierto modo nos matan lentamente, sin dejarnos decir lo que pensamos.

El caso fue archivado y el crimen quedó sin autor ni castigo. Ningún partido le recuerda y en su libro —como escribió Celso Emilio Ferreiro en el «Prólogo»— las palabras líricas de Carlos destilan «un clima de presagio que satura». A fin de cuentas, la víctima era un poeta que a los diecisiete años escribió:

Muerte que veo llegar a lo lejos

Hay una caja, lleva mi nombre:

«Para el poeta que no fue nada».

Ya estoy dentro.

[…]

Pero en el fondo desearía volver a ser

Un poeta

Un poeta de la paz

Un poeta del amor

Un poeta de la vida

Un poeta que no fue nada…

2
INSTRUMENTAL PARA UNA OPERACIÓN DE CIRUGÍA POLÍTICA

Ochenta y seis días después de Montejurra, Juan Carlos I de Borbón firmó el Decreto Ley 10/1976, del 30 de julio, de Amnistía, a petición del primer Gobierno de Adolfo Suárez, cuando había transcurrido cuatro semanas desde su nombramiento como sucesor de Carlos Arias Navarro en la presidencia del segundo Gobierno de la monarquía.

El decreto ley comienza con estas palabras:

La Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional española. Por ello, es una de sus principales misiones promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación, culminando así las diversas medidas legislativas que ya, a partir de la década de los cuarenta, han tendido a superar las diferencias entre los españoles. Tal es el caso de la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los distintos indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al uno de abril de mil novecientos treinta y nueve.

Un mensaje político cargado de intenciones que advierte a renglón seguido:

Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. Tal es el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta el presente, sin otros límites que los impuestos por la protección penal de valores esenciales, como son la vida e integridad de las personas.[10]

El 26 de noviembre de 1975, al asumir Juan Carlos I la jefatura del Estado y jurar los Principios Fundamentales del Movimiento, ya se habían concedido medidas de gracia por el llamado «indulto de coronación». Este indulto afectó indiscriminadamente a delitos comunes y políticos y consistió fundamentalmente en una rebaja porcentual de las penas, de las que se beneficiaron 2.689 reclusos, 1.537 de los cuales fueron excarcelados.

El artículo primero del Decreto Ley 10/76 «concede amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales no mencionadas en el apartado siguiente, en tanto no hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas o el patrimonio económico de la Nación a través del contrabando monetario».

Esta primera amnistía resultaba insuficiente. Para muchos constituía casi un gesto, pero fue saludada con optimismo por los medios de comunicación, que llegaron a calificarla como la mejor amnistía de las posibles, aunque no la más amplia de las deseables, y se consideraba un símbolo de superación de la Guerra Civil. La amnistía se mostraba generosa en la rehabilitación de los funcionarios civiles en sus antiguos cargos y en la liberación de personas encarceladas por delitos calificados como terrorismo que no hubieran colaborado en acciones sangrientas.

El real decreto ley supuso la libertad para 210 presos políticos. De ellos, 69 vascos. Posteriormente, el 14 de marzo de 1977 se aprobaron dos reales decretos ley en virtud de los cuales se ampliaba la amnistía concedida, así como un nuevo indulto general complementario relativo a los hechos delictivos que, sin haber sido amnistiados, se hubieran cometido hasta el 15 de diciembre de 1976, fecha del referéndum. Esta ampliación resultó determinante porque se extendía a todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión y a delitos de la jurisdicción militar. A pesar de las dos ampliaciones, el decreto ley dosificaba demasiado la aplicación de la amnistía y dejaba en la cárcel a más de un centenar de reclusos políticos. Como consecuencia, las izquierdas plantearon una gran movilización por la amnistía total.

La opinión pública, a través de los editoriales de prensa, reconocía que el Gobierno Suárez había pasado la primera prueba importante, aunque quedaban muchos cabos sueltos. El 31 de julio de 1976, el editorialista de El País escribía: «Es muy doloroso, por ejemplo, que el mismo día que el país entero se congratula unánime por esta reconciliación histórica que la amnistía constituye, un obrero convalezca en una clínica madrileña de las graves heridas que padece a resultas de los disparos de la fuerza pública durante una manifestación». Después reclamaba que «la actitud pacificadora del Gobierno» se extendiera a «todos los órdenes de la vida nacional». Y entre esos órdenes anclados en las prácticas del antiguo régimen estaba la Administración de Justicia en general y el Tribunal de Orden Público (TOP) en particular.

DEL TOP A LA AUDIENCIA NACIONAL

Durante los últimos meses de 1976 el TOP siguió a pleno rendimiento. Los dos jueces de Orden Público desplegaron una gran actividad procesal, a pesar de que los cambios legislativos hacían desaparecer delitos y reconocían derechos, mientras la sociedad española vivía un momento de grandes transformaciones legales y penales.

Las cifras de la Fiscalía del Tribunal Supremo, publicadas con la apertura de cada año judicial, son contundentes. Los sumarios abiertos durante 1976 (un total de 4.795) superaron en casi quinientos a los incoados en 1975 (4.317), y en más de mil con respecto a los de 1974 (2.382). En 1973 se abrieron 2.065 sumarios.

La Memoria que el fiscal del Tribunal Supremo ofreció en 1975, recogiendo los datos de la Dirección General de Seguridad, decía que de los 212 atracos cometidos en 1974, 96 tuvieron carácter específicamente político. Explica textualmente el informe fiscal: «Además del atentado de la cafetería Rolando, de la calle del Correo, de Madrid, que costó la vida a doce personas y ocasionó numerosos heridos, las asociaciones ilícitas desarticuladas fueron 84; las reuniones y manifestaciones violentas, 69; sabotajes, 108; explosiones con artefactos, 37; incendios provocados, 20; guardias civiles asesinados, 6; personas civiles muertas, 2 y miembros de las Fuerzas de Orden Público heridos, 7. Todo esto aparte de los 10 miembros de las Fuerzas de Orden Público (Guardia Civil, Policía Gubernativa y Policía Armada) y las 3 personas civiles vilmente asesinadas en lo que va transcurriendo del año actual».

Sin embargo, a pesar de este «crecimiento sumarial», el número de sentencias disminuyó ostensiblemente. Las propias Cortes franquistas legalizaron los derechos de reunión, de asociación y de manifestación, con la reforma del Código Penal del 19 de julio de 1976. Meses atrás, con las leyes dictadas el 29 de mayo y el 14 de junio de aquel mismo año, gran parte de los sumarios fueron archivados por dejar de ser delitos y las causas sobreseídas. Esto explica el descenso, en 1976, de sentencias dictadas y condenatorias, tal como muestra el cuadro siguiente:

| 1973 | 1974 | 1975 | 1976
Sumarios abiertos | 2.065 | 2.382 | 4.317 | 4.795
Sentencias dictadas | 506 | 567 | 527 | 200
Sentencias condenatorias | 378 | 400 | 398 | 170

Tras un año de rumores sobre la eliminación del TOP, este tribunal especial fue suprimido el 30 de diciembre de 1976, en vísperas de Nochevieja, mediante un decreto ley del Gobierno. El último presidente del TOP, Francisco José Mateu, quedó adscrito temporalmente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, que era la sección que atendía los supuestos «delitos» de prensa, antes de ser ascendido a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Los demás magistrados de Orden Público fueron enviados a distintas salas de la Audiencia Provincial de Madrid. El titular del Juzgado de Orden Público número 1, Rafael Gómez Chaparro, fue designado juez de Instrucción número 21 de Madrid, desde donde se hizo cargo de las causas procedentes de Orden Público, antes de volver como juez de Instrucción a la Audiencia Nacional. El que fuera último titular del Juzgado de Orden Público número 2, Jaime Mariscal de Gante, pasó al Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, donde siguió incoando sumarios por supuestos delitos de opinión y prensa.

Todos saludaron la buena nueva. Adiós al TOP. Incluso el diario Arriba, el más influyente medio de comunicación del Movimiento, se despachó con un editorial en el que afirmaba que la perspectiva de 1977 no era «simple ni fácil» para la gestión pública; que la crisis económica y la nueva subida del precio del petróleo no permitía triunfalismos, pero que el año se abría bajo el imperio de la palabra «Negociación», y destacaba que los últimos días de 1976 habían significado «un avance en el proceso de clarificación pública, brillantemente culminado ayer con la desaparición del Tribunal de Orden Público».

La Memoria del fiscal del Reino de 1977, entre los asuntos de mayor importancia, dedica un apartado a la supresión del Tribunal y Juzgados de Orden Público, donde analiza «el ciclo vital» de este tribunal especial desde su creación por la ley 154/1962, de 2 de diciembre, para juzgar los delitos «contra la libertad y seguridad, […] quedando fuera de la competencia del Tribunal de Orden Público esos mismos delitos cuando obedecían a móviles sin significación política». Más claro imposible. Además, al TOP se le otorgaba «el carácter de Tribunal de Urgencia en caso de declaración de estado de excepción» en aplicación de la Ley de Orden Público. En suma, era un tribunal para delitos políticos, con una competencia residual con respecto a la jurisdicción militar y «una competencia excepcional».

La controvertida creación de la Audiencia Nacional (AN) se dio en una coyuntura política muy compleja desde el punto de vista político y judicial, y poseía un aire de provisionalidad. No existían «garantías constitucionales», expresamente suspendidas por el Gobierno Arias, el nuevo órgano jurisdiccional se había creado mediante un decreto ley gubernamental, e incluso se había quedado en el mismo edificio del TOP, donde se limitaron a cambiar los rótulos de los despachos.[11]

Por si faltara poco, en el mismo Boletín Oficial del Estado, del 5 de enero de 1977, Noche de Reyes —y por lo tanto festiva— se publicaba la Ley 1/77 para la Reforma Política, el decreto ley que suprimía el Tribunal y el Juzgado de Orden Público y los dos reales decretos por los que se creaba la Audiencia Nacional y se le daba la competencia sobre materias de terrorismo, que hasta entonces era competencia exclusiva de la jurisdicción militar. Este caudal de disposiciones reformistas, a decir del abogado e historiador Juan José del Águila, «no era casual». Por el contrario, se trataba de una «prueba contundente» de que el régimen autoritario preexistente estaba dispuesto a aceptar la vía reformista y a entrar en un sistema democrático. Rafael de Mendizábal Allende, inspirador y primer presidente de la Audiencia Nacional, afirmó que «había una “razón histórica” como raíz común que la simple narración de los acontecimientos pone de manifiesto». La creación de la AN sólo se comprende por la necesidad de encubrir las verdaderas motivaciones políticas: constituir tribunales acomodados a la necesidad que tenía el Gobierno Suárez de dosificar la represión en función de sus exigencias políticas. No pocos juristas cuestionaron la «normativa de dudosa legalidad» o afirmaron que la AN era «antidemocrática de nacimiento». En palabras del jurista Vicente Gimeno Sendra, algunas de las atribuciones del AN eran «una clara herencia del TOP».

LA AMNISTÍA COMO «LEY DE PUNTO FINAL»

Esta operación de cirugía política culminó nueve meses más tarde, con la Ley 46/77, de 15 de octubre, en cuyo artículo primero, apartado a), se concedió la amnistía para «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis». Y por si no quedaba claro, en sus apartados b) y c) la otorgaba para «todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Y para todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas».

La Ley de Amnistía 46/77 estableció tres criterios para su aplicación en los delitos de intencionalidad política. En una primera etapa, desde el 20 de noviembre de 1975 hasta la aprobación del proyecto de Ley para la Reforma Política en diciembre de 1976, se incluyó toda clase de delitos políticos, puros o complejos, objetivos o subjetivos, pacíficos o de violencia, e incluso los conexos con todos los mencionados. En una segunda etapa, una vez aprobado el proyecto de Ley para la Reforma Política y celebrado el referéndum del 15 de diciembre de 1976, ya no bastaba, para gozar de la amnistía, que los delitos o faltas cometidos a partir del 15 de diciembre de 1976 fueran inspirados por una intención o propósito político, sino que era indispensable que sus autores, al perpetrarlos, tuvieran como móvil el restablecimiento de las libertades públicas o de la reivindicación de las autonomías de los pueblos de España. Finalmente, promulgada ya la Ley para la Reforma Política y celebradas las elecciones legislativas de 15 de junio de 1977, la aplicación de la amnistía requería, además de las dos exigencias que se acaban de exponer, que las infracciones cuestionadas no hubieran supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

La amnistía se convirtió en una de las herramientas fundamentales en la reforma del régimen franquista hacia la monarquía parlamentaria. Según la agencia Europa Press, el 1 de noviembre de 1977, la Ley de Amnistía había alcanzado a 142 reclusos, de los que 118 habían sido excarcelados. Entre ellos: 83 objetores de conciencia, 16 relacionados con ETA, nueve del MPAIAC, cuatro del FRAP, uno del Partido Comunista de Euskadi y seis «sin filiación política conocida», que no eran otros que los ultraderechistas Mariano Sánchez Covisa, Pietro Benvenuto, Elio Massagrande, Eliodoro Pomar, y dos implicados en la matanza de Atocha, Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios. La amnistía de 1976 y la de octubre de 1977, a diferencia de otras concedidas en épocas anteriores, formaban parte del conjunto de medidas adoptadas para articular el cambio de régimen político del Estado español.[12]

3
ARTURO RUIZ, MUERTO POR LA AMNISTÍA

Aquel domingo, 23 de enero de 1977, catorce meses después de la muerte de Franco, seguían las movilizaciones por la amnistía total para los presos políticos. En aquella jornada estaba convocada una manifestación que había sido prohibida por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y que el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, se disponía a impedir. A las doce del mediodía, el joven estudiante Arturo Ruiz García cayó asesinado bajo los disparos de un guerrillero de Cristo Rey. Fue la primera víctima la Semana Trágica de la transición democrática española. El crimen fue reivindicado por la Triple A; sus autores estaban vinculados a Fuerza Nueva y mantenían relaciones o colaboraban (según su propia confesión) con los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil.

La causa judicial por la muerte de Arturo fue abierta por los delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas contra Jorge Cesarsky Goldstein, agente de seguros, de cuarenta y nueve años, argentino, casado y con antecedentes penales por librar cheques sin fondo. Este individuo terminó condenado a cinco años y seis meses de prisión mayor por un delito de terrorismo y a seis meses por tenencia de armas, en la sentencia número 38, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 31 de diciembre de 1978. Fuera del proceso quedó el autor material de los disparos: José Ignacio Fernández Guaza, declarado en rebeldía y en paradero desconocido desde entonces.

Según los hechos probados (las citas textuales entrecomilladas), Jorge Cesarsky, entusiasta peronista, era un «ferviente simpatizante en España de la situación imperante hasta la Ley para la Reforma Política y un declarado adversario de quienes, en reuniones y manifestaciones toleradas o prohibidas, proclamaban idearios contrarios a los suyos». En la mañana del 23 de enero de 1976 se trasladó hasta los alrededores de la plaza de España, en Madrid, donde estaba convocada una manifestación por la amnistía total. En el bolsillo interior de su Lodel verde llevaba una pistola del calibre 7,65 × 17 milímetros, de cañón fijo, semiautomática y en estado de funcionamiento, que poseía sin licencia. Estaba decidido a demostrar su «disconformidad con los objetivos de los manifestantes y arrastrar sus previsibles enfrentamientos y disputas con éstos».

A las doce del mediodía se hallaba en la plazuela de Santa María Soledad Torres Acosta, lugar al que también habían llegado grupos de personas que «huían de las Fuerzas de Orden Público que se esforzaban en disolver la manifestación». En uno de esos grupos dispersos estaba el joven Arturo Ruiz García, de diecinueve años. Cesarsky y sus compañeros fueron divisados por el grupo de manifestantes en el que se encontraba Arturo.

A continuación, y con rapidez, se precipitaron los hechos: la joven María Sagrario Rodrigo, que estaba con Arturo Ruiz en la embocadura de la calle de la Estrella con la plazuela, «advirtió el porte y actitud hostil de Cesarsky y de algunos más» y, señalándolos, gritó a los demás manifestantes: «¡Son policías!». Un hombre joven, «que podría ser el procesado rebelde José Ignacio Fernández Guaza», respondió que era guerrillero de Cristo Rey mientras avanzaba hacia María Sagrario en actitud amenazante, esgrimiendo una manopla de hierro. Provocó así un comienzo de retirada del grupo de manifestantes, a excepción de Arturo Ruiz, quien, provisto de una piedra en cada mano, se aprestó a enfrentarse con el de la manopla. «Entonces, Cesarsky sacó su arma y disparó al aire, sin consecuencias dañosas, pero causando temor».

Los manifestantes emprendieron la huida por la calle de la Estrella, y tras ellos, algo rezagados, María Sagrario y Arturo. Sin interrupción, quien se había presentado a sí mismo como «guerrillero» retrocedió unos pasos hacia Cesarsky, le pidió la pistola y sin esperar a que se la diera, con un movimiento rápido y brusco se la arrebató «tras un brevísimo forcejeo»; volvió sobre sus pasos, apuntó hacia los que corrían y disparó dos veces. El segundo disparo alcanzó a Arturo Ruiz, penetró por su espalda y le produjo la muerte casi instantánea.

En el segundo considerando de la sentencia, el tribunal concluyó: «La calificación que merecen las acciones que realizó el procesado Cesarsky […] es la de terrorismo perfeccionado mediante la utilización de armas con propósito de atemorizar a los manifestantes presentes en la ocasión de autos, pero sin producir efecto dañoso alguno para personas o cosas». Al considerar que Cesarsky cuando sacó la pistola sólo quería atemorizar y no matar, el tribunal negaba la relación causa-efecto entre el primer disparo al aire y la muerte de Arturo. La sala «advierte una ruptura completa entre aquel en que participa voluntariamente Cesarsky —disparo al aire— y aquellos otros que le siguen […] En el caso analizado no hay duda de que la presencia de Cesarsky en el lugar de autos, su exhibición de la pistola con fines de atemorizar, y la presumible afinidad ideológica con el autor material de la muerte, son sólo condiciones de posibilidad respecto a la acción de éste en aquel momento, y no causas más o menos remotas del resultado producido al final».

EL RASTRO CONDUCE A LA BRIGADA DE INFORMACIÓN

Al día siguiente del crimen, el lunes 24 de mayo, en el transcurso de una manifestación de protesta por la muerte de Arturo, la estudiante María Luz Nájera murió como consecuencia de la acción policial, tras recibir el impacto en la cabeza de un bote de humo lanzado a muy corta distancia por un agente antidisturbios. Aquella misma mañana, los GRAPO, que mantenían en su poder a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, secuestraron también al general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar, y por la tarde se produjo la matanza de Atocha: cinco abogados laboralistas asesinados y otros cuatro heridos por un comando de extrema derecha.

En esa espiral de violencia política, Arturo Ruiz no fue víctima de la actuación policial indiscriminada, sino de la acción de un comando ultraderechista que auxiliaba a las Fuerzas de Orden Público en su acción represiva y estaba compuesto por los autodenominados Guerrilleros de Cristo Rey, un grupo parapolicial con fuertes conexiones con sectores de la antigua Brigada Político-Social, reconvertida ya en Brigada de Información.

La investigación había comenzado con una llamada anónima que facilitó la matrícula del taxi en el que había huido Jorge Cesarsky del lugar del crimen. Después, la declaración de un testigo presencial del asesinato ante la Dirección General de Seguridad fue suficiente para identificar al ultra argentino. Tras un largo desfile de testigos y pruebas apabullantes, los investigadores concluyeron que el hombre mayor que vestía el Lodel verde y portaba la pistola era Jorge Cesarsky Goldstein, afincado en España desde 1976. Cesarsky fue detenido al mismo tiempo que otro de los integrantes de aquel comando, Ángel Sierra, activista de los Guerrilleros de Cristo Rey, y con un largo historial.

Cuarenta y cinco días más tarde, en un alarde de ineficacia y complicidad, fue identificado el autor material. Se trataba de José Ignacio Fernández Guaza, quien se había refugiado en las dependencias policiales de la calle Rey Francisco, sede de los Servicios de Información de la Policía. Cuando ya no había manera posible de mantenerlo oculto, Fernández Guaza fue protegido por miembros del Cuerpo Superior de Policía para que huyera fuera del territorio nacional. Hasta llegar a Fernández Guaza, fueron interrogados Mariano Sánchez Covisa y más de treinta militantes de su organización, los Guerrilleros de Cristo Rey.

El sábado 28 de enero, en plena convulsión política tras el asesinato de los abogados de Atocha y a los cinco días de la muerte de Arturo, la Policía —quizá siguiendo órdenes de desarmar a civiles que portaran armas— se presentó en un piso de la calle López de Hoyos, número 66, domicilio de José Ignacio Fernández Guaza, ya en paradero desconocido, donde vivía alquilado con su mujer, María del Carmen Chacón, y con su hijo de seis años. En este registro fueron incautados cartuchos, fundas de pistola, pistolas de imitación, propaganda de Fuerza Nueva sobre el referéndum y dos tarjetas de visita; una de Jorge Cesarsky.

Esta nueva prueba de su relación con Fernández Guaza hizo que Cesarsky decidiera ampliar su declaración judicial. El día antes de hacerlo, una llamada anónima adelantó a la revista Interviú lo que el ultraderechista iba a decir ante el juez: «Cesarsky es inocente, como mañana explicará al juez. Los autores del asesinato son agentes provocadores que se han infiltrado entre los auténticos patriotas para desprestigiarnos. El asesino se llama José y ha huido a Francia. Dos inspectores de la Brigada de Investigación Social conocen su identidad. Le acompañaba otro hombre más bajo, que llevaba boina».[13]

Con estas diligencias se dio por concluida la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, antes de que el sumario pasase a la Audiencia Nacional. Todo queda oficialmente reducido a un hecho aislado de «ultraderechistas incontrolados», como reflejará más tarde la sentencia.

Fernández Guaza había sido guardaespaldas del dirigente de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y su nombre, además, aparecía citado en el sumario del caso Montejurra; estuvo personalmente en el lugar y se conocía su relación personal con los neofascistas italianos que participaron en aquellos sucesos. Por otra parte, según había confesado el propio Fernández Guaza, trabajaba para los Servicios de Información de la Guardia Civil. Supuestamente, según informaciones periodísticas, formaba parte de los grupos que organizaban acciones violentas.

Como en otros casos de la transición, la fuga de Fernández Guaza fue realizada con total tranquilidad. El mismo domingo 23, en que disparó contra Arturo, se marchó a Francia en su propio coche, un Seat 124, pero antes pidió a su mujer que le enviara un giro de 15.000 pesetas a una dirección del País Vasco, domicilio de un guardia civil en activo que posteriormente sería trasladado a León.[14] Su huida a Francia fue notificada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en una nota del 7 de marzo de 1977. Sin embargo, según Diario 16, se le había visto en el País Vasco, donde durmió en un local de la OJE. El propio juez instructor declaró a Cambio 16 que a Fernández Guaza «le habría resultado muy fácil pasar al país vecino», aunque no se podía descartar que siguiera en territorio español. Más tarde, fuentes policiales desvelaron que su rastro se había perdido en Argentina.

Jorge Cesarsky Goldstein estaba vinculado en España a Fuerza Nueva —organización que llegó a brindarle un homenaje personal— y colaboraba con los servicios policiales de información organizados por el coronel Eduardo Blanco. Según su propia confesión, conoció a Fernández Guaza durante un congreso de Fuerza Nueva y coincidió con él varias veces en las concentraciones franquistas de la plaza de Oriente. A los dieciséis meses de su encarcelamiento, el ultra argentino desplegó una amplia campaña en la que reclamaba su inocencia. «Yo no hago negocios con mi ideología, pero tampoco voy a hacer el papel de tonto. Lo peor es el daño que me han hecho moralmente. Una vez un señor de la Policía que se llama Joaquín y trabaja en el Servicio de Coordinación, Organización y Enlace de la calle Rey Francisco, 21, me ofreció dinero para luchar contra el comunismo. Lo mandé a la mierda. Yo no soy un mercenario. Ofrecerme a mí eso es como llamarme hijo de puta».[15]

GUERRILLEROS DE CRISTO REY, «INCONTROLADOS» Y POLICÍAS PARALELAS

Creados en 1968, los Guerrilleros de Cristo Rey (GCR) estuvieron relacionados con los atentados más desestabilizadores de la época. Sus miembros se vieron implicados en crímenes y agresiones. Muchos reivindicaron su pertenencia a los GCR al ser detenidos; sin embargo, esta circunstancia no tuvo la menor incidencia judicial.

En la práctica, los GCR fueron el grupo de choque que tomó el relevo de las dos organizaciones parapoliciales montadas por dos hombres clave del servicio de inteligencia militar del franquismo: Defensa Universitaria, creada por el coronel Federico Quintero Morente, miembro del servicio secreto de Carrero Blanco (SECED), jefe superior de Policía de Madrid en 1976 y relacionado con el intento golpista del 27-O; y Acción Universitaria Nacional (AUN), montada por el general Ignacio San Martín, alto dirigente del SECED y futuro condenado por el golpe del 23-F.

El objetivo de los GCR fue contrarrestar, desde dentro, las organizaciones marxistas universitarias, denunciar a sus activistas, y ayudar a la Policía en las acciones de represión. En el campus madrileño y en las manifestaciones se les podía ver armados con pistolas y barras de hierro, con un brazalete con la bandera española, junto a los antidisturbios.

La única cabeza visible de los GCR era Mariano Sánchez Covisa Carro, viejo falangista, relacionado con Fuerza Nueva y la Guardia de Franco; Cruz de Hierro del Ejército nazi. Su presencia, a lo largo de los años, aparece como el condimento de todas las «salsas» violentas ultraderechistas. Su historial está jalonado de episodios ilustrativos:

El 2 de mayo de 1973, el ministro de la Gobernación mandó que fuera detenido, a petición del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, por el ataque perpetrado por un grupo de «guerrilleros» dirigidos por él contra los sacerdotes que asistían a una misa organizada por los Movimientos Apostólicos Obreros, de Madrid. Fue puesto en libertad al día siguiente.

En marzo de 1975, se hizo público que Sánchez Covisa era el titular de un apartado de correos en Madrid que pertenecía al grupo terrorista Ejército de Liberación Portugués, tal como denunció el jefe del Alto Estado Mayor de la región norte de Portugal, el coronel Corbacho.

En marzo de 1976, Sánchez Covisa presentó ante el Juzgado de Guardia de Madrid una denuncia contra los ministros Manuel Fraga, José María de Areilza y Antonio Garrigues, como supuestos autores de un delito de ofensas al Movimiento Nacional porque el Proyecto de Ley sobre Asociaciones Políticas prohibía constituir dichas asociaciones a quienes «propugnan sistemas autoritarios».

Ese mismo mes, con respecto al atentado sufrido por el periodista José Antonio Martínez Soler, director de la revista Doblón, declaró al semanario Sábado Gráfico: «La prensa para mí ha hecho un daño enorme a España. Dentro de la prensa están muy bien infiltrados los enemigos de España. Entonces cada cual debe atenerse a las consecuencias».

Sus ideas, con respecto a la acción violenta de los GCR, quedaron plasmadas perfectamente en una entrevista publicada el 25 de noviembre de 1976: «Los Guerrilleros de Cristo Rey carecen de jefe. La misma palabra lo dice: actúan un poco a su aire. Para eso son guerrilleros. Si tuvieran una estructura más sólida no serían guerrilleros, serían un ejército. La actitud de los guerrilleros es antisubversiva. Yo simpatizo con todos los que actúan contra la subversión. Por mi parte es una forma de contestación a la falta de autoridad que existe en España. Creo además que es propia de cuantos españoles tienen interés en defender a su patria».

Y a continuación, cuando faltaban apenas sesenta días para que se desencadenaran los crímenes de la Semana Trágica de enero de 1977, afirmó sobre las policías «paralelas» y los denominados «incontrolados»: «Pienso firmemente que sólo debe existir una policía que siga las consignas y esté de acuerdo con los Principios del Movimiento. Si la “policía paralela” es una policía que depende del Estado, me parece una tontería tener dos. Ahora, que si se refiere a los elementos incontrolados que andan por ahí, me parece perfecto que defiendan lo que la autoridad no defiende».[16]

A raíz del asesinato de Arturo Ruiz, el 23 de enero de 1977, Sánchez Covisa permaneció retenido durante setenta y dos horas en la Dirección General de Seguridad. Ese mismo mes, la Radiotelevisión belga difundía una entrevista en la que el ultraderechista, afirmaba: «Todo el mundo sabe dónde están las células comunistas, radicadas en ciertos despachos de abogados laboralistas, en ciertas asociaciones de vecinos que las conoce todo el mundo, que las conoce el Gobierno, pero ahí están, actuando».

Puesto en libertad el jueves 27 de enero, declaró sobre el crimen de la calle Atocha, ocurrido el mismo día de su detención: «Se trata de un montaje entre el Gobierno y la oposición para desacreditar a los patriotas que siguen fieles al 18 de julio. Quieren dar una imagen nuestra como si fuéramos terroristas, amigos de la violencia antisocial y enemigos de la convivencia ciudadana. Naturalmente este montaje ha sido apoyado por gran parte de la prensa. La violencia sólo se justifica cuando es en defensa de la legalidad y la Patria».[17]

A finales de febrero de 1977 fue descubierta una fábrica de armas en un piso de la calle Pelayo, en el centro de Madrid. El primer detenido fue Salvatore Francia. Le siguieron otros cuatro neofascistas italianos refugiados en España, y la redada se amplió hasta diez personas. Entre ellas, Mariano Sánchez Covisa, que tenía entonces cincuenta y nueve años. El seguimiento del veterano ultraderechista por miembros de la Guardia Civil había conducido hasta el piso que había arrendado verbalmente a las monjas calatravas. En la tarde del 22 de febrero, la Dirección General de la Guardia Civil informaba de que, tras los seguimientos, centraron su atención en un local situado en el primer piso del número 36 de la calle Pelayo. Allí descubrieron «un conjunto de máquinas instaladas y en disposición de ser utilizadas para la fabricación de armas de distinto tipo. Igualmente fueron halladas en el mismo local, y en distintas fases de fabricación, varias metralletas, así como chalecos antibala. Prosiguiendo la investigación, se averiguó que el piso había sido alquilado hace unos meses por Mariano Sánchez Covisa, mediante contrato verbal».

Antes de ser detenido por la Guardia Civil, Sánchez Covisa, acompañado por policías de la comisaría de Valencia, fue conducido de Barcelona a Madrid. En la Ciudad Condal había visitado a Alberto Royuela, secretario general de la Guardia de Franco, quien declaró a Catalunya Exprés: «Con un torno y una máquina de taladrar, que es lo que aparece en las fotografías publicadas, no se pueden fabricar armas de ningún tipo. Todo esto es un bluf fruto del sensacionalismo de los periódicos. Le aseguro que no hay nada de nada y garantizo que en un plazo de 48 a 72 horas el señor Sánchez Covisa estará en libertad». Al día siguiente, la Hermandad de la Guardia de Franco lanzó una nota de prensa en la que decía: «Es público y notorio que el piso de la calle Pelayo se había alquilado para instalar en él un pequeño taller de patentes y marcas de invención particular». La firmaba Royuela.

Casi un mes después, en la mañana del 23 de febrero, la detención y el traslado de Sánchez Covisa a la Brigada Regional de Información de la Policía, supuso que treinta guerrilleros de Cristo Rey asaltaran la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y la Escuela de Profesorado de EGB, de Madrid, al grito de «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Franco! ¡Libertad para Sánchez Covisa!», y golpearon a los alumnos que encontraron a su paso y a un grupo de profesores reunidos. Uno de los docentes heridos fue hospitalizado. Al día siguiente, con gran celeridad, el ultraderechista fue puesto a disposición de los juzgados de Madrid.

La suerte sonrió a Mariano Sánchez Covisa y a los demás detenidos. En octubre de ese mismo año se les aplicó la Ley de Amnistía y él quedó exonerado de toda culpa, junto a los neofascistas italianos Pietro Benvenuto, Elio Massagrande y Eliodoro Pomar. El juzgado consideraba que la tenencia y fabricación de armas respondía a «un móvil político» y se trataba de un delito continuado con anterioridad al 15 de diciembre de 1976.

LAS PEQUEÑAS INJURIAS DE SÁNCHEZ COVISA

Resulta sorprendente que un personaje como Mariano Sánchez Covisa, relacionado con las tramas negras y las acciones violentas de la extrema derecha desde el tardofranquismo, sólo haya sido procesado y condenado por unas declaraciones periodísticas que repetían lo que ya había declarado en otras ocasiones. Porque no era la primera vez que Sánchez Covisa atacaba verbalmente al Gobierno, al rey… o que se pronunciaba en favor de las policías paralelas o el golpismo. Ninguna de estas veces fue molestado.

El 12 de junio de 1979, Sánchez Covisa, «soltero, técnico químico nacido en Madrid el 15 de abril de 1919, vecino de la capital y sin antecedentes penales», fue condenado a seis meses de prisión mayor por un delito de injuria grave por escrito y pública. Única causa por la que fue sentado en el banquillo.[18] Según la Policía, Sánchez Covisa era una persona «de conducta normal en los órdenes moral, público y privado, de ideología política falangista y que se ha caracterizado por el frecuente envío de cartas, escritos de protesta o denunciar por hechos que creía censurables». En la entrevista al periódico portugués O Diabo, del 22 de junio de 1979, declaró:

El Gobierno actual fue traído por el terrorismo. La presente situación política es la que es y no otra, debido en gran parte a la desaparición del almirante Carrero Blanco, asesinado por la «ETA». La «ETA» mató al almirante Carrero Blanco con la complicidad de quien hoy manda en España. ¿Cómo puede por tanto el Gobierno hacer frente al terrorismo? […] La matanza de Atocha no fue más que una pieza en el complot nacido entre el Gobierno y el Partido Comunista. […] Los Gobiernos españoles no están para gobernar sino para cumplir un programa trazado por las sociedades secretas. […] Los gobernantes actuales; incluso los de más alto nivel que carecían de medios de fortuna, tienen ahora depositados en el extranjero miles de millones de pesetas.

En febrero de 1977 ya había explicado a la revista alemana Der Spiegel:

Creo que la violencia no es nada malo. Naturalmente que la violencia por la violencia no es nada bueno, pero la violencia al servicio de una causa justa, cuando las demás vías han sido agotadas, es, en mi opinión, algo bueno. Si se presentara la situación estaría dispuesto a matar sin demasiados escrúpulos al servicio de la Patria.[19]

También, el 10 de junio de 1978, en vísperas de la primera escaramuza golpista del teniente coronel Tejero Molina y el comandante Sáenz de Ynestrillas, aseguró: «Si mañana se levanta un general y echa de todos los sillones de las Cortes a los que están usurpándolos ahora, no es un golpe de Estado. Ha cumplido con su deber».[20]

4
LA MATANZA DE ATOCHA, PUNTO DE INFLEXIÓN

En la tarde del lunes, 24 de enero de 1977, en Madrid, un comando de pistoleros ultras asaltó un bufete de la calle Atocha número 55, asesinó a cinco abogados laboralistas y dejó a otros cuatro heridos graves. Sus autores estaban adscritos a Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y el Sindicato de Transportes de Madrid. Algunos de ellos también colaboraban con la Brigada Político-Social de la Policía. La Triple A reivindicó el atentado.

Tres años más tarde, el 29 de febrero de 1980, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sentenció el caso abierto por los delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas, contra cinco ultraderechistas: Francisco Albadalejo Corredera, funcionario, secretario del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid; casado, nacido en Madrid el 28 de junio de 1928; condenado a tres años de prisión por tenencia de armas. José Fernández Cerrá, vendedor, casado; nacido en Almería el 26 de septiembre de 1945; condenado a veinticinco años de cárcel por asesinato con alevosía y a tres años por tenencia de armas. Carlos García Juliá, administrativo, soltero; nacido en Madrid el 31 de octubre de 1955; condenado a veinticinco años de cárcel por asesinato con alevosía y a tres años por tenencia de armas. Gloria Herguedas Herrando, empleada, soltera; nacida en Madrid el 2 de marzo de 1956; condenada a un año de prisión menor por tenencia de armas. Y Leocadio Jiménez Caravaca, militar, casado; nacido en Madrid el 27 de noviembre de 1922; condenado a cuatro años, dos meses y un día de prisión por tenencia de armas.

No se sentaron en el banquillo Fernando Lerdo de Tejada Martínez, estudiante, soltero; militante de Fuerza Nueva; en paradero desconocido tras huir aprovechando un permiso penitenciario; ni Simón Ramón Fernández Palacios, funcionario del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de Madrid, fallecido de muerte natural.

Los hechos probados jurídicamente dicen que Francisco Albadalejo Corredera, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca eran personas que «profesaban una ideología política afín, radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio constitucional que se estaba operando en España y querido por la mayoría, militando en partidos políticos legalizados tales como Falange Española de las JONS y Fuerza Nueva; y con base en dicho vínculo de pensamiento que los unía e identificaba llegaron a constituir en la práctica un grupo activista defensor y propagandista de sus ideales, en el que parece actuaban por su propia cuenta e iniciativa, poseyendo todos abundantes armas que normalmente llevaban consigo, las que a veces intercambiaban entre sí, y habiendo realizado con ellas con cierta periodicidad, ejercicios de adiestramiento y tiro».

Albadalejo «gozaba de fuerte predicamento, ascendencia e influjo sobre Fernández Cerrá y García Juliá», quienes de vez en cuando lo visitaban en su despacho y a los que en distintas ocasiones había ayudado económicamente.

En el transcurso de una huelga del sector del transporte privado de viajeros, se produjo un fuerte enfrentamiento entre Albadalejo y el dirigente sindical del sector, Joaquín Navarro Fernández, enlace dentro de la estructura del sindicalismo oficial y miembro de las clandestinas Comisiones Obreras. Su antagonismo era absoluto. Navarro, como dirigente del sindicato ilegal, se asesoraba en un despacho de abogados laboralistas radicado en la tercera planta, izquierda, de la calle Atocha número 55, donde «la mayoría de los señores Letrados que en él trabajaban tenían vinculación ideológica con el entonces ilegal Partido Comunista de España».

Francisco Albadalejo decidió reaccionar «violenta y vindicativamente contra la integridad física y personal» de Navarro y recurrió a Fernández Cerrá y a García Juliá, con quienes convino que «la acción a realizar consistiría en ejercer actos de violencia física sobre la persona del señor Navarro, sabiendo que sus instigados portarían armas y sin que concretaran expresamente hasta qué límite máximo podrían llegar».

Los tres asumieron los riesgos y las consecuencias que su acción acarreaba.

En la tarde de aquel 24 de enero, Fernández Cerrá y García Juliá visitaron a Albadalejo en su despacho del Sindicato, y al salir de él recogieron al «rebelde» Fernando Lerdo de Tejada en los locales de Fuerza Nueva, de la calle Núñez de Balboa. Los tres se dirigieron al despacho de abogados laboralistas, donde creían que podrían encontrar a Navarro. Llegaron a las diez y media de la noche y esperaron varios minutos en las escaleras, un poco más arriba de la tercera planta, hasta que creyeron que había llegado el momento propicio. Y se equivocaron, pues Navarro había salido de ese despacho unos momentos antes.

Fernández Cerrá y García Juliá llamaron a la puerta de entrada del despacho, al tiempo que montaban sus pistolas. El primero, una Browning del calibre 9 milímetros Parabellum con dos cargadores; García Juliá una Star del calibre 9 milímetros, modelo Super, con un cargador o dos.

Cuando Javier Benavides Orgaz les abrió la puerta, Fernández Cerrá y García Juliá le encañonaron y le hicieron conducirles al interior. Ya en el salón, sin dejar de esgrimir sus armas, amenazaron a las personas que se encontraban allí, «a las que forzaron a mantener los brazos en alto, conminándoles a que permanecieran de pie y agrupadas». Fernández Cerrá se quedó en el salón, mientras García Juliá recorrió el resto del local comprobando si había alguien más, destruyó archivos, arrancó violentamente los cables de los teléfonos y obligó a las personas que encontró a que se juntaran en el salón con las que ya estaban en él. En total eran nueve.

Sucedido lo expuesto —dice la sentencia—, de forma inopinada e imprevista, con frialdad y serenidad, conscientes de lo que hacían, Fernández Cerrá y García Juliá, a corta distancia, no inferior a sesenta centímetros, sin que partiera previa iniciativa ni actitud por parte de sus secuestrados, ninguno de los cuales consta que llevara armas ni instrumentos de ataque o defensa, comenzaron rápida y repetidamente a disparar, en trayectoria cruzada, las pistolas que portaban, de forma indiscriminada contra las nueve personas referidas, algunas de las cuales recibieron los impactos encontrándose de espaldas.

La sentencia enumera, a continuación, el escalofriante resultado de la matanza: Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco, abogado que estaba de pie y de espaldas a sus agresores, sufrió una herida en el cráneo, con destrucción de centros vitales encefálicos que determinó su muerte, producida por una bala disparada por García Juliá. Javier Benavides Orgaz, abogado, recibió por la espalda y lateralmente, un impacto de pistola, con entrada por el hemitórax derecho y salida bajo la tetilla izquierda, que le produjo importantes lesiones en los pulmones y desgarro del corazón, que determinaron su muerte instantánea. Serafín Holgado de Antonio, estudiante de Derecho, recibió un proyectil procedente de la Star, con entrada desde el muslo izquierdo a la nalga derecha y otro que, al traspasar el cráneo y dañar el encéfalo, le originó la muerte. Ángel Elías Rodríguez Leal, administrativo, recibió un impacto de pistola con entrada por la nuca y salida entre la mejilla y el párpado derecho, que determinó su muerte instantánea. Enrique Valdevira Ibáñez, abogado, recibió un tiro con entrada por cara externa de la rodilla derecha y salida por cara interior del muslo; otro con entrada por región escapular izquierda, con recorrido por lóbulo inferior del pulmón izquierdo y corazón, y salida por región epigástrica derecha, proyectil este último que, al chocar contra el pavimento y rebotar, lesionó el dorso de la nariz y el entrecejo, produciendo estallido del paladar, y terminó alojándose en la base de la lengua, que le causó la muerte instantánea. Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, abogado, sufrió heridas en el muslo derecho por impacto de bala de pistola; para cuya curación precisó doce días de asistencia médica. Miguel Sarabia Gil, abogado, sufrió herida con entrada por región glútea izquierda y salida por fosa iliaca derecha, con afectación de vísceras abdominales y vasos de la región, producida por impacto de bala de pistola. A consecuencia de las transfusiones de sangre recibidas, padeció una hepatitis. Por todo ello precisó asistencia médica durante doscientos días. Luis Ramos Pardo, abogado, sufrió heridas producidas por impactos de pistola en la extremidad superior derecha, ambos miembros inferiores y abdomen, con múltiples perforaciones intestinales. Como consecuencia del tratamiento de estas lesiones sufrió una hepatitis aguda de lenta evolución, precisó novecientos días de tratamiento médico y le quedó una insuficiencia hepática de grado ligero. Y María Dolores González Ruiz, abogada, la única mujer del grupo atacado, casada con Francisco Javier Sahuquillo, sufrió heridas por impacto de proyectil de pistola con orificio de entrada en mandíbula derecha. Precisó novecientos días de tratamiento médico. El disparo lo recibió cuando estaba ya tumbada sobre un banco del salón, tapada con la prenda de abrigo que utilizaba, posición en la que se había colocado tras iniciarse el tiroteo.

Después del crimen, Albadalejo fue informado personalmente por Fernández Cerrá y García Juliá. Entregó a Fernández Cerrá 10.000 pesetas para que se marchara a Almería. Posteriormente, le giró otras 6.000 pesetas. Tras recibir de García Juliá la pistola Star Super utilizada, Albadalejo encargó la sustitución del cañón del arma y la guardó en su mesa de despacho del Sindicato. Más tarde, devolvió la pistola a García Juliá y se quedó con el cañón primitivo.

Cuando fue detenido el 12 de marzo de 1977, Leocadio Jiménez Caravaca tenía en su poder una pistola Star, del calibre 9 milímetros corto. Él había vendido a García Juliá las pistolas Astra, Ortgies y la Star Super del crimen.

Gloria Herguedas Herrando, compañera sentimental de Fernández Cerrá, recibió de García Juliá la pistola Star Super y la guardó en su casa, hasta que al día siguiente la sacó en un bolso de viaje, junto a las cajas de municiones y una porra con cables de hierro. García Juliá y ella tomaron el tren en Madrid y se dirigieron hacia Almería para encontrarse con Fernández Cerrá. No fue posible porque fueron detenidos.

Cuando en rueda de prensa un periodista planteó la pregunta clave: «¿Por qué dispararon sobre los abogados si iban a por Navarro?». El gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, respondió: «Debieron ponerse nerviosos».

Un momento de «nerviosismo» que estuvo a punto de frustrar el proceso de transformación democrática de todo un país. Así lo escribe José María Mohedano, compañero de los abogados de Atocha y acusador en el proceso contra sus asesinos:

Después de tantos años, todavía no he podido responderme con exactitud a la pregunta de por qué les eligieron como víctimas. El intento de presentar este múltiple asesinato como un error o una confusión quedó claramente descartado en el juicio. Pero sigo pensando que, aunque los motivos sigan en parte ocultos, estas cosas no sucedieron por azar. Como no pudo haber azar en que a lo largo de esa semana del mes de enero de 1977 sucedieran, con una coincidencia tan concatenada, tantas provocaciones como ocurrieron entonces.[21]

La repercusión fue tal que, dos días más tarde, la asamblea del Consejo de Europa emitió una declaración por escrito en la que destacaba la voluntad del pueblo español de elegir un Parlamento por sufragio universal, tal como expresó por aplastante mayoría en el referéndum del 15 de diciembre. Los parlamentarios europeos se felicitaban «de la supresión de las jurisdicciones especiales, de las negociaciones en curso Gobierno-Oposición y de las declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, quien dijo que la política de España está basada en la seguridad, la cooperación y la defensa de los derechos humanos». El Consejo de Europa manifestó: «Esperamos estrechar los lazos con España a medida que avance hacia la democracia, y acoger en Estrasburgo, lo antes posible, a parlamentarios españoles elegidos libremente».

LA FUGA DE LERDO Y EL JUEZ CHAPARRO

Blanco y negro localiza al huido. «LERDO DE TEJADA, MERCENARIO EN UN PAÍS AFRICANO —informaba ABC el 25 de abril de 1979—. Implicado en la matanza de Atocha, se fugó de España aprovechando el permiso de la Audiencia Nacional para salir de la cárcel». En su interior, Fernando Lerdo de Tejada, de veinticuatro años, declaraba: «Lo de Atocha interrumpió mi vida, luego la política ha tratado de destruirla y yo no me dejo destruir. No me resigno a ser víctima inocente de maniobras que desconozco». «No tengo seguridad de que la vista de la causa llegue a celebrarse —añadió—. Hay intereses políticos que se imponen al espíritu de justicia de nuestros tribunales. Si no se me ha concedido ni la libertad bajo fianza, cuando a otros, demostrados asesinos, se les ha amnistiado y hoy se pasean alegremente por España en pleno uso de sus derechos legales, dígame usted: ¿qué esperanzas podían mantenerme a mí confiado en la justicia?».

Y se fugó. Sobre el permiso penitenciario que posibilitó la huida, la Sala de lo Penal explicó en su sentencia que «desdichadamente Gómez Chaparro había incurrido en un error de juicio con respecto a la fiabilidad que ofrecía el procesado Lerdo de Tejada, mientras que, sin embargo, acertó al fiarse del procesado Albadalejo, al que también se le concedió permiso y se reintegró en prisión».

El trato dado a los procesados fue una de las piedras de toque de la vista oral. A finales de octubre de 1977, en cuanto fue promulgada la Ley de Amnistía, el juez Gómez Chaparro elevó a la Audiencia Nacional la petición de esta gracia para Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, que les fue concedida por la Audiencia el 8 de noviembre de 1977. La acusación particular no pudo alegar en contra porque no le fue notificada la decisión. Aunque Jiménez Caravaca llegó a ser sentado en el banquillo por tenencia ilícita de armas, se le amnistió el «encubrimiento del terrorismo», y Fernández Palacios falleció antes.

Frente a las constantes quejas de los acusadores sobre la actitud procesal de Gómez Chaparro, cuestionada al negar la práctica de pruebas y por el trato dado a los procesados, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió con un considerando revelador:

1) Quizá en los hechos de autos, de naturaleza terrorista, como en otras muchas que no lo son, y que diariamente juzgan esta Sala y demás Tribunales de Justicia, puedan realmente existir persona o personas culpables que, por falta de pruebas y limitación humana que toda investigación supone, no puedan ser traídas al proceso.

2) Esto quizá suceda en mayor medida cuando se trata de actividades terroristas, en las que realmente existen o pueden existir personas, instituciones, grupos, esferas de poder o de presión, e incluso Estado que de forma más o menos encubierta dirijan los hilos y tramas de tales actividades, que es notorio constituyen un mal endémico que asola muchos países.

3) Las dificultades reales para desentrañar dichas marañas, si no insuperables, son extraordinariamente arduas y complejas, en las que tiene a veces mucho influjo la apatía ciudadana, y todo ello, pese a los esfuerzos que realizan la mayoría de los países y las instituciones encargadas de su prevención, averiguación, persecución y enjuiciamiento.

4) Normalmente tales dificultades, objetivas y reales, son las que en la mayoría de los casos, impiden llegar plena y completamente al fondo del problema.

A juicio de la Sala de lo Penal, «la investigación policial resultó rápida y eficaz al conseguir la averiguación y detención de los culpables», y la instrucción sumarial fue «bastante completa y laboriosa». Antes de Gómez Chaparro hubo otro juez instructor que actuó desde el día del crimen hasta el 5 de abril de 1977 y que sustanció los primeros 417 folios. Gómez Chaparro intervino hasta el folio 1.235, en que fue designado otro instructor de las actuaciones.

Las acusaciones pública y particulares —concluye el tribunal— han estado todas ellas personadas en las actuaciones desde el primer momento, han podido ejercitar cuantos recursos han estimado procedentes y pese a los denodados y legítimos esfuerzos que han desplegado, por causa de las dificultades inherentes del asunto, o por no existir más responsables verdaderos que los acusados, no han podido llegar «más lejos». En suma, no es atribuible a la actuación del señor Gómez Chaparro el hecho de que no hayan podido ser traídas como acusadas más personas (si es que existen) como responsables penales de los luctuosos hechos de autos. […]

El presente proceso desde su iniciación es uno de los que más notoriedad ha alcanzado en los anales judiciales del país, y ha sido y es enormemente controvertido por grupos o sectores ideológicos contrapuestos, lo cual ha tenido y tiene constante reflejo y repercusión en los medios de difusión, incluso en actos públicos, anuncios y pasquines que han circulado y siguen haciéndolo por el territorio español; todo lo cual ha dificultado y sigue dificultando que la labor de los órganos jurisdiccionales se contemple «desde fuera» con la objetividad e imparcialidad que serían de desear.

Como consecuencia, la Sala de lo Penal dictaminó que «no encuentra motivos morales ni legales bastantes dentro del cauce del presente para acordar ningún pronunciamiento disciplinario, ni de otra índole, contra el instructor; lo cual no implica que la misma comparta ni se identifique en cuanto “al modo y forma” en que ha dirigido y orientado la instrucción sumarial; función que sólo a él incumbía y para realizar la cual, como todo órgano del Poder judicial, gozaba de total y absoluta independencia funcional».

EL LARGO BRAZO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

La Semana Trágica de enero de 1977 es un hecho histórico cargado de incógnitas. Determinadas denuncias periodísticas relacionaron a Fernández Cerrá y a Jiménez Caravaca con otros crímenes de aquellos meses. Según la declaración de un ultraderechista en el anonimato, durante una reunión en una cafetería de la calle Arenal, de Madrid, «Fernández Cerrá nos dijo: “De todos nosotros, yo soy el único que tiene cojones. Yo maté a Carlos González con esta pistola y estoy dispuesto a cargarme a quien sea”. Yo no sé si tuvo que ver con la muerte del muchacho. Lo único que digo es que se jactó de ello».[22] De Leocadio Jiménez Caravaca se publicó también que había sido la persona que entregó al ultraderechista Concutelli la Ingram M-10, comprada por la Policía española, con la que fue asesinado el juez Occorsio, en Roma.

A pesar de las dificultades y negativas a numerosas peticiones de diligencias, en el caso Atocha las conexiones institucionales son claras. El ataque a los abogados fue organizado desde un despacho del Sindicato de Transportes y Comunicaciones. Un destacado funcionario del Estado, Francisco Albadalejo Corredera, dirigente provincial de ese sindicato en Madrid, fue su instigador y quien ordenó al comando, compuesto por militantes de los partidos legales Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS y la Hermandad de la Guardia de Franco, que fueran los ejecutores del asalto.

Otro funcionario sindical de Transportes, Simón Ramón Fernández Palacios, también participó en el crimen y fueron encontradas en su domicilio seis armas de fuego cortas, tres con el cargador ajustado y una bala en la recámara, un cañón de pistola suelto y abundante munición. Militante de Falange y miembro de la Guardia de Franco, había sido oficial del Ejército nazi y tenía antecedentes por acciones violentas. La Policía le consideraba el presunto autor de la colocación de explosivos en otro despacho laboralista y en el club juvenil de una parroquia de la calle Marina Usera, de Madrid, aquel mismo 1976 del caso Atocha.

El Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones abarcaba un campo extenso: los transportistas de carretera, Renfe, Iberia, Aviaco y otras grandes empresas. Sus dirigentes acumulaban un gran poder en la estructura del Estado franquista. Su presidente, Vicente García Ribes, que presumía de ir siempre armado, era al mismo tiempo miembro del Consejo de Administración de Renfe, del Banco de España y del Canal de Isabel II. Falangista y amigo personal de José Antonio Girón de Velasco, García Ribes había sido uno de los pocos procuradores en Cortes que votó contra la Ley para la Reforma Política.

Cuando el 18 de febrero de 1980 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inició la vista oral del caso, las complicidades de la matanza permanecían en la sombra. El juicio era la ocasión propicia para debatir públicamente ciertos aspectos oscuros, no suficientemente investigados. En primer lugar, las conexiones políticas de los procesados, las supuestas complicidades de algún funcionario público, el origen de las armas y de las municiones empleadas en el crimen y el destino de los fondos obtenidos mediante una imposición ilegal del antiguo Sindicato de Transportes de Madrid.

Para aclarar tales incógnitas, estaban citados como testigos los directivos de la revista Fuerza Nueva; los policías Antonio González Pacheco y José Luis González Gay; los dirigentes del sindicato de Transportes, Vicente García Ribes y José María Cabildo. Las municiones utilizadas, propias del Ejército, y las armas incautadas tenían un origen desconocido. De los fondos del sindicato, el sumario demostraba que 1.200.000 pesetas estaban sin justificar y habían sido recaudadas mediante una cuota ilegal cobrada a los transportistas para financiar y ocultar a los autores de los asesinatos. Los pistoleros de Atocha, además, aparecían en fotografías junto a Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva, y Raimundo Fernández-Cuesta, máximo dirigente de FE de las JONS, como integrantes de los servicios de seguridad y asiduos a los locales y actos de estas organizaciones.

En su relación de hechos, el ministerio fiscal no realizó ninguna alusión a posibles conexiones políticas ni a los motivos por los que los procesados cambiaron supuestamente de objetivo y dispararon contra los abogados. «Ya en el salón —escribe el fiscal— todas las personas que había en el piso, a quienes amenazaban con sus pistolas Fernández Cerrá y García Juliá, de improviso, sin mediar palabra ni darles ocasión de defensa, los intrusos comenzaron a disparar hasta vaciar los cargadores de sus armas».

En el sumario quedó fuera de la investigación la posible relación de los hechos con destacados miembros de la Brigada de Información. Una incógnita que sigue sin ser desvelada aunque los indicios resulten evidentes. El destacado dirigente neofascista, Stefano delle Chiaie, declaró a El País: «La matanza de la calle Atocha fue instigada por determinados sectores de la Policía que buscaban la provocación».[23] Posteriormente, también declaró a la revista Tiempo: «Los hechos de Atocha fueron instigados por la Policía. Estoy convencido de que detrás de este asunto está el inspector de Policía Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”. Algunos de nuestros camaradas jóvenes cayeron en la trampa, un error que están pagando muy caro, ya que fueron a la cárcel».[24]

Esta afirmación, mantenida por el neofascista que dirigía a los ultras italianos refugiados en España y colaboraba con los servicios de información españoles, contiene numerosos elementos de veracidad. Y no es la única. Ernesto Milá, ultraderechista catalán gran conocedor de las tramas parapoliciales, reveló que la matanza de Atocha había sido «estimulada por medios de la Seguridad del Estado». Y explicaba: «Semanas antes de la matanza, nosotros detectamos que, en Madrid, distintos funcionarios, distintos cuerpos de Seguridad del Estado, recorrían sistemáticamente los ambientes en los que se reunía la extrema derecha: bares, locales, determinados círculos, siempre con la intención de decir que había que hacer algo, estimular, llamar a la acción, procurar que los chicos jóvenes respondieran a la izquierda de una manera contundente y radical». Según este testimonio, existían decenas de grupúsculos que escapaban a cualquier control y uno de ellos era el que ocasionó lo de Atocha. «Ese grupúsculo había sido trabajado por un policía que en su momento dio mucho que hablar, Billy el Niño, uno de los personajes que en aquella época aparecía siempre con ese tipo de propuestas, incluso en ambientes de exiliados ultras extranjeros residentes en España».

Antonio González Pacheco, apodado «Billy el Niño» por los métodos que empleaba en la Universidad de Madrid, había obtenido una gran notoriedad como represor de la actividad política de izquierdas durante el franquismo. En su declaración judicial, la acusada Gloria Herguedas había confesado que «Fernández Cerrá tiene dos amigos: González Gay y otro cuyo nombre no recuerdo, pero al que se le llama Billy el Niño». Sin embargo, durante la vista oral lo negó. También Fernández Cerrá dijo ante el tribunal que no le conocía.

A los dos años de la matanza de Atocha, González Pacheco seguía como inspector de Policía a las órdenes del superagente Roberto Conesa, jefe de la Brigada Central de Información. Al ser llamado a declarar el 24 de abril de 1979 por el juez Gómez Chaparro, a petición de la acusación particular, no compareció por «motivos profesionales». Sí tuvo que hacerlo durante la vista oral. Entre otras afirmaciones, González Pacheco se definió ante el tribunal como un funcionario dedicado al terrorismo de izquierdas, «como el de ETA, GRAPO o el Partido Comunista», y añadió: «La Brigada Político-Social a la que pertenecí hasta 1977 no ha desaparecido. Sólo se le cambió el nombre».

Durante el juicio quedó clara su estrecha relación con Fernández Cerrá y con otros implicados. Después de la detención de los presuntos asesinos, incluso bajó a los calabozos de la Dirección General de Seguridad para concretar las declaraciones de todos ellos. González Pacheco mantenía contactos con ultras y mercenarios extranjeros refugiados en España, y fue uno de los policías más controvertidos de la transición española. Su nombre salió salpicado también por su relación con ciertas acciones del Batallón Vasco Español, como en el caso Hendayais, y con las primeras actividades de los GAL. Nacido en 1946, ingresó en el Cuerpo Superior de Policía el 2 de enero de 1970, hizo el tránsito de la Brigada Político-Social a la lucha antiterrorista, y acabó como jefe de seguridad de la empresa Renault. El 13 de junio de 1977, meses después de la matanza de Atocha, fue condecorado con la medalla de plata al Mérito Policial por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en reconocimiento a sus méritos como brazo derecho de Roberto Conesa. Sin embargo, en mayo de 1981, como consecuencia de su relación con el caso Atocha y su comparecencia en el juicio, fue apartado de la lucha antiterrorista, se le ascendió a subcomisario y se le trasladó a la Comisaría General de la Policía Judicial.

Por su parte, el inspector de primera José Luis González Gay declaró ante el tribunal que sí conocía a todos los procesados y que había comido con ellos poco después del crimen en la Hermandad de Marineros Voluntarios. Nacido en 1947, González Gay había ingresado en la Policía el 1 de agosto de 1970, y tras su declaración en el juicio del caso Atocha fue destinado a la comisaría de Valladolid.

La sentencia del caso Atocha fue aplaudida unánimemente por los editorialistas de todos los periódicos españoles, sin excepción, aunque con algunos matices. Mundo Obrero, de orientación comunista, escribió: «Se ha hecho justicia. ¿Podrán descansar ahora en paz las víctimas del asesinato?». En El Alcázar, diario de la Confederación Nacional de Combatientes, se leía: «La sentencia dictada en el “caso Atocha” es incontestable». ABC: «La sentencia constituye una respuesta a un proceso histórico. Abre el camino hacia la esperanza de que los españoles comprendamos que debemos ser, antes que cualquier otra cosa, un Estado de Derecho». El País: «Así, es obligado ahora un elogio a la independencia y el valor jurídico, y hasta personal, de los miembros de un tribunal que ha sabido dictar justicia».

Tras una vista oral larga y rocambolesca, el juicio no aclaró todos los extremos de la matanza de Atocha ni desveló la trama negra que sin duda ocultaba. Quedó claro que el crimen no constituyó un hecho aislado en aquel mes de enero. Como se escribió y se opinó abundantemente en los medios de comunicación, no pudo haber azar en que, a lo largo de esa semana, sucedieran tantos acontecimientos desestabilizadores con una coincidencia matemática: Oriol y Villaescusa secuestrados, los jóvenes Arturo Ruiz y María Luz Nájera muertos en manifestaciones, las bandas fascistas que recorrían Madrid y atemorizaban a la población, entraban en cafeterías y obligaban a los presentes a cantar el «Cara al sol» brazo en alto… Con el tiempo, ha quedado claro que se pretendió elevar la espiral de la violencia y el desorden en las calles para que el Ejército interviniera y cortara de raíz los primeros intentos reformistas del Gobierno de Suárez; para que se volviera a los métodos y sistemas del régimen franquista. Pero a los responsables de la matanza de Atocha les salió mal el plan desestabilizador y el entierro de sus víctimas constituyó una gran prueba, clara y definitiva, de la capacidad de convocatoria y comportamiento ordenado del Partido Comunista de España. Se convirtió en el punto de inflexión, fundamental, del proceso democrático.

LA NUEVA FAMILIA DE FERNÁNDEZ CERRÁ Y EL HOMICIDIO DE MIGUEL GRAU

Cuando el 9 de marzo de 1991, quince años después de Atocha, el asesino convicto José Fernández Cerrá salió de la cárcel en libertad condicional, su destino quedó unido a María Ángeles Díaz Panadero, con la que se casó tras conocerla en la prisión de Herrera de la Mancha, durante una de las visitas que la mujer realizaba a su joven primo Miguel Ángel Panadero Sandoval, con quien Cerrá obtuvo el tercer grado gracias a su matrimonio y al trabajo que le ofrecieron y desempeñó en la estación de servicio que la familia de Miguel Ángel Panadero poseía en el término de La Goteta, Alicante, dentro de una conocida red de gasolineras que llevaba el apellido del abuelo materno, Celestino Sandoval González.

A los nueve meses de Atocha, el 6 de octubre de 1977, el ultraderechista de veinte años, Miguel Ángel Panadero Sandoval, había matado en Alicante al joven Miguel Grau Gómez, mientras éste pegaba carteles convocando al 9 de Octubre, Día del País Valenciano. Grau cayó mortalmente herido por el impacto de un ladrillo lanzado violentamente, desde la azotea de su casa, por el estudiante Panadero, miembro activo de Fuerza Nueva, que terminó condenado a doce años de prisión por un delito de homicidio.[25]

Los hechos sentenciados ocurrieron así: a las 22.15 horas de aquel 6 de octubre, ya con luz artificial y lloviznando, Miguel Ángel Panadero Sandoval se dirigía a su domicilio en el séptimo piso de la plaza de los Luceros, número 11, de Alicante, y antes de entrar en su casa observó cómo un grupo de personas, a quines no conocía, pegaban carteles y anuncios «de matiz político», con los que convocaban a «una asamblea o sesión a celebrar con posterioridad, pero, como el referido procesado no compartiera el contenido y significación de la propaganda aludida y molesto, sobre todo, por la suciedad y perjuicios que suponía para los edificios afectados y el ornato general», el joven Panadero subió rápidamente a su casa, «decidido a disgregar y disolver a las personas mencionadas para que cesaran en su actividad y se alejaran y, a tal efecto, se asomó al balcón-terraza de su piso, desde donde arrojó a los del grupo referido, un balde o pozal de agua y una maceta o tiesto vacío, que cayeron sobre el suelo sin alcanzar a nadie».

Después de cenar durante breves momentos, salió de nuevo al balcón. Comprobó que la gente persistía en sus tareas propagandísticas. Dado que la visibilidad no le pareció adecuada, subió a la azotea del edificio «con idéntico afán de disolver al grupo». Lanzó otro cubo de agua que esta vez mojó a Javier Álvarez Landete, provocando protestas e insultos por parte de éste y sus compañeros, que desconocían la procedencia y origen de lo lanzado.

Para amedrentarlos, Panadero cogió de la azotea un ladrillo desprendido, de 1.350 gramos, irregular, con restos de cemento adherido, y bajó con este adoquín al balcón de su casa. La iluminación del alumbrado público le permitió ver clara y suficientemente al grupo que se encontraba ya en la acera de la plaza de los Luceros. Con el cuerpo y ánimo en tensión, preparado para esconderse, Miguel Ángel Panadero tomó el ladrillo con su mano izquierda para dirigirlo mejor. Entonces se dio cuenta de que, por el volumen y peso del ladrillo, y la altura en que se encontraba, si atinaba contra alguna persona «podía ocasionarle la muerte». En vez de desistir, «aceptando y admitiendo dicha posibilidad letal», lanzó el ladrillo en dirección al grupo y se escondió inmediatamente para no ser visto, mientras la piedra caía aceleradamente hasta estrellarse en la cabeza de Miguel Grau Gómez, que comprobaba uno de los carteles recientemente pegados.

Miguel Grau sufrió un brutal y fuerte traumatismo, con hundimiento de bóveda craneana y salida de masa encefálica. Perdido el conocimiento, se desplomó sobre el suelo. Fue recogido y trasladado a la Casa de Socorro y con posterioridad a la Residencia Sanitaria Veinte de Noviembre, donde ingresó a las 23 horas y falleció posteriormente, el día 6 de octubre de 1977.

Cuando mató a Miguel Grau, Miguel Ángel Panadero Sandoval intervenía activamente en la campaña electoral de junio de 1977 para la Alianza Nacional 18 de Julio, participaba en actos públicos de esa coalición ultraderechista y también en las acciones callejeras que los ultras montaban contra las organizaciones juveniles de izquierdas.

A pesar de ser conocida su autoría desde el primer instante, Panadero no fue detenido por la Policía hasta seis días después del hecho y tras la celebración del Día del País Valenciano, convocatoria anunciada en los carteles que pegaba su víctima. La repercusión política y la alarma creada por la agresión, movilizó a todas las fuerzas y partidos de izquierda en la denuncia de los ataques que realizaban los cachorros fascistas en Alicante, liderados siempre por personas de edad madura, armadas y enfundadas en gabardinas, al estilo más rancio.

5
MALETÍN BOMBA CONTRA
EL PAPUS

El 20 de septiembre de 1977 estalló un maletín bomba entregado en la redacción de la revista satírica El Papus, de Barcelona, que mató al conserje Juan Peñalver Sandoval e hirió a otras trece personas. La autoría fue reivindicada por la Triple A y sus autores pertenecían a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y a una organización ilegal denominada Juventud Española en Pie (JEP).

La causa fue desglosada en dos sumarios. La primera sentencia se dictó por un delito de tenencia ilícita de explosivos contra: Juan José Bosch Tàpies, de veinticuatro años, estudiante, soltero, natural y vecino de Lérida, nacido el 15 de julio de 1954; condenado a seis meses y un día por tenencia, fabricación o transporte de armas. Juan Carlos Pinilla Ibáñez, de veinte años, representante, soltero, natural y vecino de Barcelona, condenado a seis meses y un día por tenencia, fabricación o transporte de armas. Y Francisco Abadal Esponera, de diecinueve años, estudiante, soltero, natural y vecino de Barcelona, nacido el 14 de julio de 1959; condenado a dos meses por tenencia, fabricación o transporte de armas, al reconocérsele una insuficiencia psicológica. Ninguno tenía antecedentes penales.[26]

En un día de junio o julio de 1977, según los hechos probados, Juan José Bosch adquirió en Barcelona por 7.000 pesetas siete cartuchos de dinamita, dos cartuchos de plástico T4, tres cebos y diez metros de mecha lenta, en estado de uso, que conservó y mantuvo en las pensiones de la Ciudad Condal donde se alojaba, hasta que en los primeros días de septiembre se los entregó a Juan Carlos Pinilla, quien los ocultó en el tejado de un establecimiento de bebidas que regentaba su padre. No era un lugar seguro, por ello el 29 de septiembre de 1977, Bosch Tàpies entregó esos efectos explosivos a Francisco Abadal, que los ocultó en el jardín de su domicilio de la avenida del Generalísimo, número 668, de Barcelona, donde fueron intervenidos por la Policía.

Resulta interesante la manera en que esta sentencia define la ideología política de los condenados: «Pertenecen a un grupo ideológico adversario de los de inspiración marxista; y para responder con su utilización contra éstos, a fin de combatir y cohibir en su caso, a sus posibles acciones estaban destinados los artefactos explosivos que fueron ocupados».

Sin embargo, es en la sentencia número 29/78, del caso El Papus, donde se concretan e interpretan las actividades político-terroristas de los encausados.[27] Por los delitos de estragos con resultado de muerte, lesiones y tenencia ilícita de armas, fueron sentados en el banquillo: Juan José Bosch Tàpies, condenado a diez años de prisión mayor por un delito de terrorismo y a tres años de prisión menor por tenencia ilícita de armas; Gil Casoliva Careta, empleado, casado; nacido el 1 de agosto de 1939 en Balsareny (Barcelona), condenado a un año y un día de prisión menor por colaboración con grupos paramilitares; José López Rodríguez, guardia jurado, casado; nacido el 9 de marzo de 1936 en Lugo, vecino de Barcelona; condenado a dos años de prisión menor por tenencia ilícita de armas; Francisco Abadal Esponera, condenado a seis meses de arresto mayor por tenencia ilícita de armas; Ángel Blanco Férriz, estudiante, soltero; nacido en Barcelona el 10 de marzo de 1957; condenado a tres años de prisión menor por tenencia ilícita de armas; y José María Rico Cros, jardinero, soltero, nacido en Lérida el 22 de abril de 1934; condenado a seis años y un día de prisión mayor por tenencia de explosivos.

No se sentaron en el banquillo: José María González, muerto en extrañas circunstancias; Miguel Gómez Benet, también fallecido antes de la vista oral; Juan Carlos Pinilla Ibáñez e Isidro Carmona Díaz Crespo, huidos de la justicia, y los neofascistas italianos conocidos como Mario y Giuseppe. Según documentación policial, Giuseppe Calzona utilizaba el alias de «Mario Leti» y Carlo Vanoni el de «Giuseppe Vanoni», pero jamás fueron localizados para esta causa.

Los hechos ocurrieron así. Tal como describe la sentencia, en un día no determinado de 1976, Bosch Tàpies y Blanco Férriz, miembros de «la organización del “Movimiento” denominada “Guardia de Franco”, crearon en Barcelona una agrupación que autodenominaron con las siglas JEP (Juventud Española en Pie), organización de ideología extremista “ultraderechista”, cuya finalidad era la de impedir a toda costa, utilizando la violencia contra las personas y cosas, la transformación evolutiva liberalizadora que en aquellas fechas de transición política se estaba produciendo en el sistema institucional político, jurídico y social del pueblo español, para lo que dicha banda, desde un principio, trató de autosuministrarse las armas que para ello se requirieran».

Sin abandonar sus vinculaciones con la organización legal Hermandad de la Guardia de Franco, los componentes del grupo y otros individuos de su ideología celebraban frecuentes reuniones en un piso de la calle Floridablanca, número 140, propiedad de Alberto Royuela Fernández, y en dos salones de juegos juveniles, Manila y Oriente, donde eventualmente trabajaba Bosch Tàpies, propiedad del fallecido Miguel Gómez Benet, apodado «El Padrino», lugarteniente de la Guardia de Franco en Lérida.

En una de esas reuniones, realizada entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre de 1976, participaron Bosch, Blanco, Pinilla, Carmona y dos neofascistas italianos huidos de su país, que habían sido empleados en el salón de juegos Manila y a quienes la sentencia denomina Mario y Giuseppe. A propuesta de Bosch, se habló de dar un escarmiento al director de la revista satírica El Papus, que en el número posterior al 20 de noviembre había publicado dibujos y textos en los que ridiculizaba la concentración celebrada en Madrid para conmemorar el primer aniversario de la muerte del general Franco. El escarmiento debía consistir en «dar muerte a dicho periodista, D. Francisco Javier Echarri Moltó, o bien en volar el edificio» donde se editaba el periódico, perteneciente a Ediciones Amaika S. A. Los asistentes aceptaron la propuesta y, con el beneplácito de Gómez Benet, se decidió someter a vigilancia el domicilio, la vida y costumbres de Echarri. Bosch y Blanco compilaron los datos que precisaban para llevar a cabo sus designios.

Al conocer el proyecto, el secretario general de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, Alberto Royuela visitó a Echarri en su despacho de la redacción de El Papus, y le advirtió: «Mis bases están indignadas. La situación del país es propicia al crecimiento de hongos y lo mejor que se puede hacer es que crezcan de tamaño, porque así serán más visibles y más fáciles de cortar».[28] Echarri se supo amenazado y lo denunció a la policía, que le asignó protección. Cuando los miembros de la JEP descubrieron que el periodista llevaba escolta, suspendieron momentáneamente la agresión proyectada.

Al mismo tiempo, el grupo comenzó a armarse. En febrero de 1977, Blanco Férriz obtuvo de José López Rodríguez varios revólveres y una pistola marca Búfalo de calibre 6,35 que quedó en poder de Bosch y que más tarde entregó a José María Macías, en cuyo poder se encontraba cuando fue intervenida el 10 de octubre de 1977. En esta trayectoria de aprovisionamiento, durante los meses de junio o julio de 1977, Rico Cros entregó a Bosch una cantidad no precisada de dinamita marca Galdácano, cartuchos plásticos T4 y detonadores en condiciones de utilización.

Poco después, Bosch y otros miembros del grupo se reunieron de nuevo en los futbolines Oriente, de la rambla de Santa Mónica, y decidieron llevar a cabo el antiguo proyecto: volar El Papus y matar a su director. Bosch escondió los explosivos en el bar donde trabajaba y los mantuvo allí hasta mediados de septiembre cuando le visitó el neofascista Giuseppe.

Aquel 20 de septiembre de 1977, a las 11.40 horas de la mañana, «personas no identificadas» entregaron un maletín con explosivo activado a Juan Peñalver Sandoval, conserje del edificio donde radicaba la redacción de El Papus, con el encargo de que se lo diera a Echarri, que en ese momento estaba reunido con varios colaboradores en la planta superior. El conserje no pudo terminar el encargo. El maletín le explotó entre las manos, le produjo la muerte instantánea y causó lesiones a otras trece personas.

Después del atentado, Bosch telefoneó a Gil Casoliva para que diera a «Giuseppe» dinero con el que marcharse fuera de España. Gil le entregó 40.000 pesetas con las que el italiano pudo escapar.

La sentencia del caso contiene algunas consideraciones de gran relevancia para comprender las conexiones y la actitud policial ante las tramas negras en España. En su primer considerando, enumera así las «numerosas carencias» de la investigación policial y de la instrucción sumarial: a) No se recogieron ni conservaron los restos del artefacto explosivo que quedaron en el lugar de los hechos, «dato que impidió en su día analizar las características de la sustancia deflagrante empleada e imposibilitó su identificación y comparación con otras de análoga naturaleza ocupadas a los acusados». b) No se apuró la investigación para detectar la filiación de los dos súbditos italianos que «huyeron de España inmediatamente después del suceso». c) Se puso en libertad al procesado que se había autoinculpado de la colocación del artefacto explosivo en dos ocasiones ante el juez y que, aprovechando aquella benévola medida, desapareció y permanece en rebeldía. d) Se fugó otro de los acusados, precisamente quien más luz sobre el caso había arrojado durante el período sumarial. e) No se inició ni culminó la investigación sumarial sobre «numerosas personas integradas o relacionadas con el grupo organizado en el que estaban insertos la mayoría de los procesados y que hubieran podido coadyuvar al esclarecimiento de los hechos». f) No se investigaron otras conductas de los procesados que también revelaban apariencia de delito. g) Se demoró excesivamente el ritmo de la instrucción del sumario, que duró más de cuatro años.

Todas estas circunstancias determinaron que el tribunal no pudiera formar «una sólida convicción respecto a que los acusados por el hecho núcleo del procedimiento (explosión de un artefacto en la redacción de la revista El Papus con luctuoso resultado) sean realmente partícipes en la consumación del hecho, por lo que, en aras al principio de presunción de inocencia consagrado en el número 2.º del artículo 24 de nuestra Ley Constitucional, quedan amparados con el beneficio de la duda».

Sobre el delito cometido, la sentencia también resulta reveladora. Aunque los hechos debían calificarse como un delito de terrorismo en grado de conspiración, con la reforma introducida en el Código Penal por la Ley 28/1978, los delitos denominados «de terrorismo» habían dejado de existir con tal nombre en el ordenamiento jurídico «en evidente contraste con la cotidiana realidad social», dice la sentencia.

El atentado contra El Papus fue cometido «con el objetivo de destruir la revista y matar a su director, y con la motivación concreta de atentar contra la persona y el patrimonio de un periodista y de la empresa donde éste prestaba sus servicios, dada la línea ideológica democrática que uno y otra venían manteniendo, diametralmente opuesta y en contradicción con la parapolicial Guardia de Franco, ya en trance de descontrol con el sistema político, y con la ilegal organización JEP, de las que los acusados habían formado parte o la constituían».

LA IMPUNIDAD DE LA GUARDIA DE FRANCO

La propia sentencia aporta las claves del caso al referirse a la actuación policial. Durante la investigación, tal como consta en el sumario 29/1977, la Policía detuvo a trece miembros de la Guardia de Franco: José María Macías González, Isidro Carmona Díaz Crespo, Miguel Gómez Benet, Juan José Bosch Tàpies, los hermanos Juan Carlos y Javier Pinilla, Francisco Moreno González, Francisco Abadal Esponera, Ángel Blanco Férriz, José María Rico Cros, José López Rodríguez, José Agustín Borrás y Gil Casoliva Careta. Todos eran viejos conocidos de la Policía de Barcelona y estaban implicados en numerosos actos violentos y en provocaciones que tuvieron una gran repercusión en la vida barcelonesa: tiroteos en la tienda de discos Orley y en un concierto de Lluís Llach; palizas a estudiantes de la Universidad de Barcelona; lanzamiento de cócteles molotov contra el bar Las Sirenas, apaleamiento de militantes de CC. OO., colocación de una bomba en el teatro Villarroel…

Casi inmediatamente, a partir del 22 de febrero de 1978, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, donde había sido trasladada la instrucción del caso, comenzó a decretar la libertad provisional de los detenidos. Basta leer la sentencia para comprobar la desidia desplegada por los investigadores, y es especialmente diáfano el episodio de noviembre de 1976 cuando Alberto Royuela Fernández visitó a Javier de Echarri y le amenazó en su propio despacho. Royuela jamás fue molestado, a pesar de que once meses más tarde, en llamada telefónica anónima a los periódicos Nuevo Diario y Diario de Barcelona, Isidro Carmona reivindicó el atentado y apostilló: «Ya os advertimos hace un año de lo que iba a pasar».[29]

Los procesados fueron condenados por delitos menores. Todo un escándalo jurídico. Durante el procedimiento, el abogado Juan Barja de Quiroga, en nombre de la editora de la revista, presentó una querella por «fraude procesal» contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Alfredo Vázquez Rivera, quien en su auto de procesamiento acusaba a los encausados por un delito de tenencia de explosivos y no por la colocación del artefacto. En su escrito, Barja de Quiroga argumentó: «Qué valor tendrá que no concreten quién entregó la bomba si conocen todo lo demás. Absolutamente todo: reuniones, decisión de volar El Papus, adquisición de explosivos, vigilancias en la redacción, planes de fuga, ocultamiento de explosivos, etc.». Para el letrado, la situación denotaba «solamente cinismo, desfachatez y, en último extremo, la seguridad de que sus acciones quedarán impunes por delictivas que sean. [A los procesados] no les importa reconocer casi toda la verdad, porque, evidentemente se sienten intocables, protegidos».

En Mayo de 1983, desde la prisión de Carabanchel, los convictos Bosch Tàpies y Blanco Férriz ironizaban sobre las pruebas aportadas contra ellos durante el juicio.[30] Con respecto a la foto en la que la Policía mostraba el arsenal incautado, Bosch Tàpies afirmó: «Sería impresionante mirar esa foto: había dos escopetas de aire comprimido que fotografiadas parecían fusiles; un revólver que era una mierda, con el que no me comprometo a pegar un tiro, a pesar de que a mí las armas siempre me han dado miedo. A Gómez Benet le intervinieron armas legales. En el juicio sólo mostraron dos pistolas, y nuestro abogado dijo: o sobran procesados o faltan pistolas».

Y Blanco Férriz añadió riendo: «Otro asunto, y tememos ser procesados por ello, es cuando a Rico Cros le preguntaron si teníamos cañones antitanque. Rico respondió que no, pero dijo que teníamos un acorazado».

En su diatriba exculpatoria, Bosch argumentó: «La bomba de El Papus le vino muy bien a Martín Villa para situarse en el centro. De estar acusados por tenencia ilícita de armas, el fiscal nos procesa de nuevo por homicidio, lesiones y estragos, cinco días después del 20 de noviembre. Somos chivos expiatorios de las barbaridades de alguna persona o institución. Si llegan a sobreseer nuestro sumario, la opinión pública se les hubiera echado encima». Blanco Férriz abundó en el mismo terreno: «En noviembre de 1981, la Sala Segunda de la Audiencia Nacional condena a Xavier Vinader por un artículo publicado en Interviú; doce días después se nos procesa por homicidio. Diez días después del sumario de Vinader toda la prensa estaba encima. Necesitaban chivos expiatorios acusados de atentar contra una revista. ¿A quiénes tenían más a mano?: a los acusados de la bomba de El Papus».

Como revelación, Blanco Férriz, se despachó contra su cómplice Isidro Carmona, en paradero desconocido: «Era un paranoico de cuidado. Le conocimos en charlas de formación doctrinal y siempre estaba diciendo: “¡Hay que hacer atentados, poner bombas, hay que matar!”. Decía además que las bombas se las daba la Guardia Civil. Cuando las manifestaciones de las Ramblas del Partido Comunista Internacional vimos a Carmona lanzando cócteles molotov contra la Policía».

«Carmona y Macías, que en paz descanse, en 1977 fueron de periódico en periódico diciendo que eran de la Triple A y vendiendo información», remató Bosch.

En favor de las víctimas del atentado, como homenaje a Juan Peñalver y protesta contra el crimen, los Humoristas de Madrid se unieron en un comité de huelga que organizó manifestaciones y redactó el 24 de septiembre de 1977 un duro comunicado que decía:

Con una torpeza aún superior, si cabe, a su brutalidad y cobardía, los consabidos terroristas de la derecha han causado nuevas víctimas absurdas, doblemente absurdas por tratarse de personas totalmente ajenas a los pretextos del atentado. Un atentado que, por sus características, podría haber causado —como de hecho pretendía— docenas de muertos. Su torpe propósito es evidente; por una parte, intentar amedrentar a quienes, en ese importante frente de lucha por la libertad que son los medios de comunicación, se esfuerzan día a día por devolver la luz de la razón a un país hundido y mantenido en la sombra por una oligarquía de vampiros. Por otra parte, dar un pretexto a quienes están deseando recrudecer la represión e intentar despertar en la opinión pública la macabra añoranza de un pasado cercano y oprobioso.

Los Humoristas de Madrid terminaban diciendo:

No, ni nosotros nos dejamos amedrentar ni nadie se deja engañar. No hay una diferencia básica entre la muerte brutal y absurda del portero de El Papus y la no menos brutal y absurda del joven a quien poco antes destrozó el cráneo una bala de goma. Los títeres homicidas son distintos, pero la mano —la ideología— que los mueve es la misma.[31]

El 8 de octubre de 1977, El Papus, revista satírica y neurasténica, volvió a publicarse tras el atentado con una foto de los efectos de la bomba y el titular «La visita del rencor». En su texto editorial titulado «Vosotros, fascistas, sois los terroristas», puede leerse:

¡Triste país! ¡Triste país en el que se utilizan bombas contra las revistas de humor! ¡Triste país en el que la libertad de expresión se ve continuamente asaltada por sobresaltos! ¡Triste país en el que, mandando la derecha, la ultraderecha está buscando una desestabilización que provoque un golpe de Estado![32]

6
BULTÓ Y VIOLA CON LA BOMBA EN EL PECHO

El 15 de junio de 1977, las elecciones generales democráticas dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático, seguida a corta distancia por el PSOE. El presidente Adolfo Suárez formó su nuevo Gobierno y los partidos políticos estaban siendo legalizados a trancas y barrancas. Un histórico 9 de abril, el Partido Comunista de España era declarado legal tras cuarenta años de clandestinidad y cárceles. El Boletín Oficial del Estado publicaba el 28 de abril una orden por la que todas las centrales sindicales eran legalizadas. La sociedad española, navegando entre el inmovilismo nostálgico y una ruptura democrática que nunca ocurrió, tenía cuarenta grados de fiebre. Mientras en la calle se temía cualquier cosa, la espantosa muerte del presidente de la compañía Cros, José María Bultó Marqués, sin ninguna vinculación política conocida, inauguró un nuevo modelo de atentado, sofisticado y brutal.

A las 16.40 horas del 9 de mayo de 1977, José María Bultó, de setenta y seis años, quedó completamente destrozado al explotarle un artefacto que unos desconocidos le habían adherido al pecho. Al mediodía, un comando compuesto por cinco personas abordó a Bultó en el domicilio de su hermana, en la barcelonesa calle de Muntaner, número 286, adonde había acudido a almorzar como de costumbre. Los asaltantes lograron entrar en la casa presentándose como empleados del gas. Una vez en su interior, intimidaron con armas a todos sus moradores, le encerraron en habitaciones y tres de los asaltantes se quedaron a solas con Bultó para pedirle un rescate de 500 millones de pesetas. «No los tengo, y aunque los tuviera no se los entregaría», dijo el empresario, según la reconstrucción de los hechos probados.

Aquellos pistoleros ya contaban con semejante respuesta. Le ordenaron quitarse la chaqueta y la camisa. El anciano les obedeció sin dar crédito a cuanto sucedía. Con movimientos precisos y cautelosos le colocaron una bomba en el lado izquierdo del pecho, adherida con dos tiras de esparadrapo y le dieron un folio mecanografiado con las instrucciones que debía seguir. La complejidad del artefacto quedaba patente en estas advertencias:

El dispositivo de la bomba sólo puede ser retirado, sin riesgo alguno para el interesado, colocando previamente los ocho interruptores de que dispone en su combinación adecuada. Su mecanismo de seguridad está construido de forma tal que imposibilita cualquier intento de separarlo del cuerpo mínimamente, o de introducir cualquier elemento extraño entre el artefacto y la piel. De esta forma, una vez colocado y activado, el solo hecho de mover equivocadamente un interruptor, de intentar perforar, cortar o separar de la piel, provocaría instantáneamente la explosión de una carga equivalente a la mitad de una bomba de mano. […] Pasados veinticinco días explotará automáticamente. Existe la garantía absoluta de que el dispositivo no estallará si no es manipulado.

La única finalidad de la operación es el cobro de la cantidad acordada: para asegurar por lo tanto la vida del interesado es necesario que éste se atenga a las instrucciones. Por ello debe descartar toda publicidad, divulgación o intento de aviso a la Policía, lo cual sólo serviría para comprometer su vida. Cualquier sospecha de intervención de la Policía, daría por concluida la operación, con las consabidas consecuencias para el interesado. Si se cumplen exactamente estas instrucciones, puede confiar con absoluta seguridad en que nada le va a suceder y que nunca más será objeto de molestias.

Ciento veinticinco millones de pesetas «deberían entregarse en billetes usados de mil pesetas, y el resto, 375 millones, en billetes de mil, no necesariamente usados». Los pasos que debía seguir Bultó le fueron explicados minuciosamente. La cantidad fijada quedaría en depósito en el domicilio del industrial dentro de unas bolsas que sus agresores le facilitaron. A continuación, el empresario debía publicar en el periódico La Vanguardia una esquela según el modelo que se adjuntaba. Desde entonces, «el interesado y la persona que le acompañara tendrían que permanecer recluidos en su domicilio, pendientes del teléfono para recibir nuevas instrucciones a nombre de Ricardo Peña».

El tiempo de veinticinco días de seguridad dado al explosivo se había determinado —prosigue el escrito de instrucciones— «considerando que, hasta cierto punto, puede ser laborioso reunir en billetes la cantidad indicada. Debe descartar todo intento de entregar billetes falsos o marcados por cualquier procedimiento (químico, radioactivo), ya que serán minuciosamente comprobados. Sólo dos personas podrán desactivar el artefacto y ambas se encontrarán fuera del país en el momento de efectuar el cobro».

Los bombistas aconsejaron a José María Bultó que redujera la actividad física, evitando movimientos musculares bruscos y la posibilidad de que el dispositivo se mojara. La humedad es mala para los explosivos. Nada quedó a la improvisación y, sin embargo, todo saltó por los aires precipitadamente.

Con relativa tranquilidad, José María Bultó abandonó la casa de su hermana. En el coche, comentó a su chófer que llevaba puesta una bomba en el pecho. «Me la mostró —declaró el empleado— y yo mismo llegué a palpar donde él me indicó. Era algo así como plástico duro. El señor no daba muestras de preocuparse por lo que llevaba encima».

El presidente de la Cros llegó a su casa, en el número 1 de la calle Mora, entró en el cuarto de baño y, poco antes de las cinco de la tarde, una explosión repartió sus pedazos sobre los azulejos de las paredes.

UNA FORMACIÓN HUMANÍSTICA

La Policía de Barcelona se lanzó a buscar un culpable desesperadamente. Descartada desde el principio la posible autoría de delincuentes comunes, las investigaciones se centraron en el móvil político. Cinco días después del crimen, la Triple A, por medio de una llamada telefónica al periódico Mundo Diario, se responsabilizó de la muerte de Bultó. Una voz anónima leyó una nota en la que también se declaraban autores de la matanza de Atocha, sucedida cinco meses antes, y del asesinato del dirigente etarra Pertur, al tiempo que advertían que continuarían cometiendo «acciones similares a las perpetradas por ETA. Frente a los industriales españoles vamos a pedir unos impuestos o tarifas para nuestra organización. Tal es el último caso del presidente de la Cros».

Antes de que se practicaran todas las detenciones, la prensa de Madrid publicó los nombres de los presuntos implicados. «No sé cómo se enteraron, pero lo que sí quiero decirles es que por culpa de esta lamentable indiscreción alguien que tenía que acudir a un lugar no fue. Además de los cuatro detenidos se pensaba hacer otros arrestos», así se lamentaba en rueda de prensa el jefe superior de Policía de Madrid, José María Calleja Peinado, el 4 de julio de 1977.

La Policía había dirigido sus pesquisas a sectores del nacionalismo radical catalán. Se habló del Partido Comunista de España (Internacional) y de la supuesta creación de una ETA catalana. Algunos de los detenidos habían pertenecido al Front Nacional de Catalunya, del que se habían escindido tres años atrás.

Con gran celeridad, cuatro jóvenes estudiantes universitarios fueron capturados como los responsables directos del asesinato de Bultó: Álvaro Valls Oliva, poeta premiado y estudioso de la sardana; José Luis Pérez, Montserrat Tarragó y Carlos Sastre Benlliure, quien, en palabras del comisario Calleja, «ofreció fuerte resistencia e intentó arrojarse por una ventana sin lograrlo, debido a la intervención de los funcionarios, resultando con lesiones a consecuencias del intento».

La detención provocó sorpresa en Barcelona. Se trataba de estudiantes de carreras de letras, de Historia, Filosofía, Económicas y Pedagogía, poco que ver con la sofisticada tecnología aplicada en la bomba. Ante los periodistas, Calleja lo explicó respondiendo: «Sí, la formación de los detenidos es de carácter humanístico, pero quizá por su instrucción universitaria les fue mucho más fácil asimilar determinados conocimientos de electrónica con los que montar el ingenio que colocaron pegado al cuerpo del señor Bultó».

Las pruebas que les incriminaban consistían en la confesión policial de uno de ellos, el hallazgo de tela como la de las bolsas empleadas para depositar el rescate, un carnet de Catalana de Gas y la identificación de Valls y Sastre por dos familiares de Bultó presentes en el piso cuando fue asaltado.

«Como resultado de las pruebas obtenidas y de las declaraciones prestadas por los detenidos —anunciaba la Policía en su nota oficial—, es patente la participación directa de los mismos en el asesinato del señor Bultó y en la creación en Cataluña, hace aproximadamente un año, de una organización política de carácter extremista y terrorista que propugna la lucha armada y que inicialmente se organizó como rama militar con el propósito de crear posteriormente la rama política».

El 10 de noviembre de 1977, la Audiencia Nacional les aplicó la Ley de Amnistía, ya que la naturaleza política de la acción —la reivindicación catalanista— estaba reconocida en el sumario y el crimen había sido cometido entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977. El fiscal apeló y la Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional la admisión del recurso. El propio ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, recurrió contra la amnistía y los cuatro jóvenes catalanistas decidieron exiliarse ante el miedo de una nueva detención.

El 1 de marzo de 1978, el Tribunal Supremo anuló la amnistía con un argumento sorprendente: no consideraba probado que hubiera intencionalidad política en los hechos, así como tampoco que tuviera la finalidad de reivindicar las autonomías. Según la sentencia, la intencionalidad política, su veracidad como móvil del crimen, «debe ir precedida de una investigación y prueba detenidas y serias, so pena de dar pie en el futuro a que cualquier banda de atracadores pueda lograr la completa indemnidad de sus fechorías alegando supuestos fines políticos». Para argumentar la «despolitización» del caso, la sentencia señala que «resulta al menos sospechoso que ningún grupo político reivindicara la autoría del hecho, que a los detenidos no les fuera ocupada ninguna clase de propaganda, que dicho grupo careciera de nombre de combate a pesar de llevar año y medio funcionando, y que no acreditara en ningún momento la existencia de colaboración o relaciones con otros grupos independentistas catalanes».

De este modo, el Tribunal Supremo conceptuaba el caso Bultó como un «delito común», una «operación económica». Para completar el cuadro, la sentencia estimaba «la poca relevancia política del señor Bultó en comparación con su potencialidad económica, el que todos los personajes que se mencionan como sometidos a vigilancia por dicho grupo no sean figuras políticas destacadas, sino personalidades descollantes en el mundo de las altas finanzas catalanas».

La vida pública en Cataluña soportaba una auténtica «estrategia de la tensión», al estilo italiano, con el fin de crear condiciones de terror que posibilitaran tácticas involucionistas. La muerte de Bultó podía causar la alarma entre el empresariado. Un explosivo como el utilizado contra Bultó podría estar al alcance de los mercenarios franceses e italianos que actuaban ocasionalmente en la guerra sucia y al servicio de la denominada Internacional Fascista. Muchos dudaban que algún grupo izquierdista «por generación espontánea» pudiera poseer la suficiente organización para contar con medios de extorsión tan sofisticados. El terrorismo y la delincuencia se fundían en cada sospecha. Siempre se barajaron todas las hipótesis posibles al respecto, el diario El noticiero Universal se despachó a su antojo el 14 de noviembre de 1977:

La sociedad española tiene derecho a saber si los implicados en las muertes de Atocha y en el caso Bultó eran o no culpables. Y si lo eran, creemos que se les hubiera tenido que aplicar la amnistía. Es decir, deberían ser juzgados para que la incógnita que pesa como una losa sobre la ciudadanía española fuera despejada. En fin, en un país democrático, como es ahora España, los asesinatos en ningún caso pueden merecer el calificativo de delitos políticos. Ya que la violencia y la muerte no pueden ni deben tener cabida en un sistema que permite a todos los ciudadanos expresar sus opiniones e inquietudes libremente.

EL CASO VIOLA-TARRAGONA

A las ocho y media de la mañana del 25 de enero de 1978, el ex alcalde de la Ciudad Condal, Joaquín Viola Sauret, y su esposa, Montserrat Tarragona, permanecían en su dormitorio con el pijama puesto. En la casa, el primer piso del número 69 del paseo de Gracia, todo estaba en orden. La empleada de hogar limpiaba mientras en distintas habitaciones permanecían los dos hijos del matrimonio, Enrique y Joaquín, el primero de ellos acompañado de su novia, Yolanda.

Sonó el timbre. «El lechero», creyeron, porque todos los días alrededor de esa hora eran depositadas dos botellas de leche junto a la puerta. Montserrat Tarragona abrió despreocupadamente. Tres jóvenes y una chica, pistola en mano y a cara descubierta, encañonaron a la sorprendida mujer. Se precipitaron en el interior de la casa. La criada trató de oponer una leve resistencia y fue golpeada con la culata de una pistola. Voces de amenaza. «Nos ataron con cuerdas a la empleada, a mi madre, a mi hermano y su novia —declaró Joaquín Viola, hijo—. Luego nos encerraron en una habitación, mientras otro hombre del comando redujo a mi padre, que se encontraba en el dormitorio».

Sin testigos, los asaltantes colocaron la bomba en el pecho de Viola empleando tiras adhesivas y un correaje. La operación duró quince minutos. No habían acabado de colocar la bomba a Joaquín Viola cuando le condujeron hasta la habitación a su esposa. «No, a mi mujer no».

En cuanto los asaltantes salieron de la habitación, se escuchó una explosión mortal. Los agresores estaban todavía en el interior de la casa. Cuando emprendieron la huida escaleras abajo, uno de ellos tenía la cara ensangrentada, quizá quedó herido o simplemente le salpicó la sangre de sus víctimas.

El cadáver de Joaquín Viola Sauret presentaba una gran brecha en la caja torácica; las vísceras salían al exterior, colgando. Sus manos estaban prácticamente intactas, por una razón muy simple: el ex alcalde no intentó manipular la bomba que llevaba adherida al pecho. La cabeza y las extremidades no quedaron separadas del tronco, al contrario de lo ocurrido con José María Bultó. El cadáver de Montserrat Tarragona presentaba un gran boquete en el cráneo que dejó el cerebro al aire. El cuerpo apareció con una mano en la cabeza como un último gesto instintivo para protegerse de lo inevitable. Estaban tan destrozados que no se recurrió a una camilla para trasladarlos, sino que fueron envueltos en mantas atadas con cuerdas. Bajo las mantas se dibujaba un amasijo de carne. Joaquín Viola había sido Caballero Mutilado de Guerra, procurador en Cortes, consejero del Reino y alcalde de Barcelona. Como empresario, estaba ligado a prestigiosas empresas catalanas.

A las nueve de la mañana, cuando llegó la Policía, la noticia corría por la ciudad. Toda Barcelona tembló. Otros empresarios habían sido vigilados. «¿Qué pasa en España? —escribió el diario ultraderechista El Alcázar—. La respuesta es sencilla: en España sucede que murió Francisco Franco. La raíz de todos los males está en que el Gobierno pactó con el viejo enemigo: el comunismo, la masonería, los separatismos. Pronto llegará el día en que esa bomba destroce el corazón de España».

La bomba «defectuosa» que mató al matrimonio Viola-Tarragona era utilizada como una metáfora triste de la Guerra Civil. Viola Sauret, retirado de la vida política tras su fracaso electoral de 1977, no constituía un objetivo político para nadie. Aquel miércoles 25 de enero, en el primer aniversario de la matanza de Atocha, varias decenas de empresarios durmieron fuera de sus casas, se rodearon de guardaespaldas y fueron sometidos a estrecha protección policial. El diputado del PSUC, Josep Solé Barberá llegó a pronunciar una frase lapidaria: «Estos asesinos lo único que quieren es que surja otro Calvo Sotelo».

La realidad era más sencilla. Los criminales buscaban dinero y habían dejado, metido en un sobre, un folio mecanografiado con las instrucciones para que el artefacto no estallara y cobrar el rescate. Las mismas instrucciones que las utilizadas contra José María Bultó. Los restos de la bomba también tenían piezas idénticas a las de la usada contra el presidente de la Cros, pero su carga explosiva era menor. Sólo un defecto en los mecanismos de activación justificaba que hubiera estallado. «La bomba era idéntica a la utilizada contra el industrial Bultó —declaró en rueda de prensa el jefe superior de Policía de Barcelona, José María Calleja—: Parecen dos casos idénticos».

El 5 de marzo de 1979, cuatro personas fueron detenidas en Barcelona como presuntos participantes en los asesinatos de Viola y Bultó. Se trataba de Concepción Valls Pla, Montserrat Valls Pla, Luis Montserrat Sangrá y Javier Alonso Manzano Pérez. Los otros miembros del comando identificados seguían en paradero desconocido.

Seis meses más tarde, de un total de catorce supuestos implicados en los casos Bultó-Viola, dos permanecían en prisión —Jaime Martínez Vendrell y Luis Montserrat—, otros dos estaban en libertad —Joan Mateu y Teresa Sol— «sin que exista elemento de prueba que permita la mínima sospecha», según consta en la resolución de la Audiencia Nacional del 7 de agosto de 1979. De los diez procesados en rebeldía, se ignoraba su paradero. En el caso de Luis Montserrat Sangrá, según el comunicado de la Audiencia Nacional, quedaba sobreseída su supuesta participación en el caso Viola, pero seguía en prisión al estar procesado también por el asesinato del industrial Bultó, cuyo sumario aún no había concluido.

TRES SENTENCIAS PARA DOS CRÍMENES SIN PRECEDENTES

Una investigación policial deficiente y al viejo estilo, convirtió los casos Bultó-Viola en un proceso judicial cargado de incoherencias, con un largo recorrido jurídico jalonado por la apertura de una causa por supuestos malos tratos a los detenidos, la orden del Tribunal Constitucional para que se repitiera la vista oral y la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, tras cinco años de litigio, condenaba a España por haber vulnerado los derechos de los procesados a un juicio justo.

En el caso Bultó, además, la Audiencia Nacional llegó a dictar dos sentencias sorprendentes por su disparidad: una absolutoria, la otra condenatoria en su grado máximo, aunque los hechos juzgados en ambas sentencias eran idénticos. La primera sentencia, dictada en junio de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, absolvió a Jaime Martínez Vendrell y a Luis Montserrat Sangrá del delito de asesinato, del que eran acusados por el ministerio fiscal. Los procesados negaron su participación en los hechos e insistieron en que la única evidencia existente en el sumario eran sus declaraciones ante la Policía, arrancadas bajo coacción durante los diez días que estuvieron incomunicados en aplicación de la Ley Antiterrorista. Los principales testigos de la acusación, la hermana y el cuñado de José María Bultó, declararon no reconocer a los procesados. Posteriormente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al resolver el recurso del fiscal, calificó los hechos referentes a Martínez Vendrell no de colaboración con bandas armadas, sino de complicidad por emisión o de coautoría por omisión, al no haber hecho el citado procesado «nada por impedir en lo posible tan trágico desenlace final», a pesar de haberse mostrado contrario al atentado contra Bultó e instar a quienes lo preparaban a no emprender nada sin consultar al órgano máximo, que residía en Francia.

La segunda sentencia del caso Bultó, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional en 1982,[33] condena a dos de los procesados, Antonio Massaguer Mas y Francisco Javier Barberá Chamarro, a treinta años de reclusión mayor, como autores materiales de la colocación del artefacto explosivo en el pecho de Bultó; a Fernando Jabardo, a doce años como cómplice, y a los otros dos componentes del grupo, Dolores Tubau y Abel Rebollo, a dos años y tres meses cada uno, como autores de un delito de colaboración con bandas armadas.

También en este juicio, como en el anterior, el representante del ministerio fiscal solicitó la pena máxima de privación de libertad (en lo que se refiere a los dos principales procesados) y se limitó en la vista oral y pública a realizar breves interrogatorios de trámite a los acusados. Éstos también negaron su participación en los hechos y atribuyeron a coacción sus primitivas declaraciones ante la policía. El principal testigo de la acusación pública, nuevamente el cuñado de José María Bultó, declaró no reconocer a los procesados, si bien advirtió al tribunal que algunos de los que atentaron contra el industrial catalán entraron directamente en la habitación en la que Bultó se encontraba. La sentencia condenó a los procesados a penas inferiores a las solicitadas por el fiscal, porque no reconocía la existencia de ninguno de los delitos que les imputaba y tipifica algunos hechos de distinta manera, lo que tiene como resultado penas más benignas.

Con respecto al caso Viola-Tarragona, la Audiencia Nacional absolvió a los dos acusados por falta de pruebas.[34] El 10 de diciembre de 1986, Carlos Sastre Benlliure y Montserrat Tarragó Doménech fueron absueltos de los delitos de asesinato ya que «ninguno de los medios de prueba llevados al proceso pueden conducir a la convicción de que uno o los dos acusados participaran en el asesinato». Sin dudar de la sinceridad de los testimonios prestados por Joaquín Viola, hijo, y por su esposa, Yolanda Pérez Zarzosa, el tribunal «no excluye la necesidad de llevar a cabo una razonada valoración de sus actuaciones identificatorias». La sala recordó que, el mismo día del asesinato, Viola hijo hizo ante la Policía un reconocimiento de los presuntos autores sobre varias fotografías, que después desmintió parcialmente. Asimismo, manifestó que en la rueda de reconocimiento celebrada el 22 de septiembre de 1986 a petición de la defensa, Yolanda Pérez identificó sin dudas a una funcionaria judicial como la persona que la tuvo vigilada, y a Néstor Sastre, hermano del acusado, como uno de los participantes en el asesinato.

La sentencia explicaba que esos fallos en los reconocimientos «pueden deberse a psicológicas influencias durante el desarrollo y la exposición de las remembranzas, ora exógenas, como las derivables de la contundencia gubernativa en afirmar la coincidencia de culpables entre los casos Bultó y Viola, bien de endógeno carácter, como las engendradas por el noble deseo de evitar la impunidad para los reputados causantes de tan horrible y sentimentalmente próximas muertes». En la valoración de los testimonios, añadía: «Mientras los testigos Viola y Pérez han reconocido a Carlos Sastre como la persona, bajita y rechoncha, que se llevó a la señora Tarragona de la habitación en que aquéllos se encontraban con la doméstica, ésta señalaba que el individuo ejecutante de tal operación fue el mismo que a ella le había agredido, varón delgado y, además, de 1,80 metros».

En cuanto al acta policial de inspección ocular, el tribunal reconoció la similitud entre los casos Bultó y Viola, y agregaba: «Pero de esos hechos no cabe inferir, en un correcto cálculo lógico, la participación en el caso Viola de los ahora enjuiciados». Entre otras posibles variables, la sala admitió «la de que uno y otro crimen fueran llevados a cabo por personas ligadas a una misma organización, pero distintas en cada caso», y declaraba probado que el 25 de enero de 1978 tres hombres y una mujer jóvenes entraron en el domicilio del matrimonio Viola y, tras introducir en una habitación al hijo del matrimonio y a su prometida, así como a la sirvienta, condujeron a la esposa del ex alcalde de Barcelona al dormitorio en el que retenían a su marido «sobre cuyo pecho habían implantado un artilugio explosivo de características semejantes al que ocasionó la muerte del industrial Bultó».

Minutos después, el artilugio estalló y produjo la muerte de ambos cónyuges. Los asaltantes huyeron del lugar, donde dejaron un escrito mecanografiado con las instrucciones sobre los riesgos del aparato y el dinero a entregar para liberarse de él. En la misma mañana del atentado, la Policía gubernativa relacionó a ambos acusados, condenados y posteriormente amnistiados por el asesinato de Bultó, con el asesinato del matrimonio Viola, aunque no dio publicidad a esta creencia hasta días más tarde. En todo caso, la sala recordaba que el entonces ministro Rodolfo Martín Villa se opuso «inmediata, pública y reiteradamente» a la concesión de la amnistía a los dos condenados por el caso Bultó por entender, en palabras del ministro, «que no eran merecedores de la amnistía en aquel caso ni ahora». La sentencia concluía: «No consta en este proceso que Carlos Sastre, Montserrat Tarragó o uno de ellos fuera alguno de los cuatro asaltantes».

Sin embargo, en 1987 la Audiencia nacional condenó a Sastre y Tarragó por delitos como la pertenencia a banda armada, el robo con violencia y tenencia de explosivos, a penas que oscilaban en total entre los ocho y dieciocho años de prisión.[35] No había tregua posible. Tras los casos Bultó-Viola, la Policía se lanzó al desmantelamiento de los «grupos armados independentistas con vocación de construir en Cataluña una organización similar a ETA». A finales de marzo de 1979, se anunció a bombo y platillo el descubrimiento y desarticulación parcial del Ejército Popular Catalán, creado en 1969, que apenas tenía actividad y que, como otras organizaciones similares proclives a la lucha armada, se encontraban en fase embrionaria. Según filtraciones policiales, el intento más serio era la creación de Alerta Popular, un grupo formado por personas que militaban en partidos legales, cuya misión consistía en recoger toda clase de datos sobre la red de electrificación de Cataluña, repetidores de televisión, cuarteles, centrales nucleares y otros centros comparables. También se habló de otros grupos en formación: Catalunya i Llibertat y las Brigadas Rojas Catalanas, radicadas en la costa tarraconense. Como acciones de este último grupo se citaba el incendio de coches franceses en el verano de 1977 en solidaridad con el etarra Apala, que entonces se hallaba en huelga de hambre en Francia.

Como crímenes sin precedentes, los casos de Bultó y Viola merecen un lugar aparte en esta transición sangrienta porque establecen una síntesis perfecta entre asesinato, tortura y chantaje. Como escribió Manuel Vázquez Montalbán:

Se coloca un explosivo en el pecho de las víctimas adherido por esparadrapos. Cualquier movimiento excesivo o intento de desprenderlo conlleva la explosión y la muerte. La víctima se convierte en corresponsable de su propia ejecución. Y las víctimas cumplieron. Tanto Viola como Bultó no tuvieron la serenidad suficiente como para no agitar el cáliz amargo o no apartarlo y explotaron demostrando la escasa consistencia de los tejidos y las vísceras.

Como concluye nuestro autor, hay que hacer un esfuerzo moral para imaginar la carga de ideología que se necesita para justificar la implantación de un artefacto sobre el pecho de dos seres humanos a los que no se regaló el beneficio de un tiro. «Sobre todo imaginar ese momento del corte de las tiras de esparadrapo, de la presión de los dedos contra el pecho, del “Estese quieto, hombre, ¡por su bien!”».

7
LOS ESTRATEGAS DE LA TENSIÓN EN ESPAÑA

En el transcurso de la noche del 7 al 8 de diciembre de 1970, un comando dirigido por Sandro Sacucci y Stefano Delle Chiaie penetró en la armería del Ministerio del Interior, en Roma, y se apoderó de las armas, mientras 197 guardias forestales de Cittaducale entraban en la capital a bordo de catorce autobuses. Era el golpe Borghese, organizado por Junio Valerio Borghese, apodado «El príncipe Negro», dirigente del neofascista Fronte Nazionale. En el último instante, una contraorden de origen desconocido dio al traste con la cristalización del golpe y, como consecuencia, el príncipe Borghese y sus máximos colaboradores tuvieron que huir de Italia. Tras recalar en Niza, se instalaron en la España de Franco, protegidos por los servicios de seguridad y a salvo, ya que las leyes españolas impedían cualquier extradición por motivos políticos.

Desde entonces, hasta su fallecimiento el 26 de agosto de 1982, el chalet de Borghese en Cádiz se convirtió en campo de entrenamiento y banderín de enganche para los neofascistas italianos, portugueses y españoles. El príncipe negro mantenía una gran amistad personal con políticos españoles, con Franco y con Pinochet. «No olvidemos —explica el neofascista arrepentido Vincenzo Vinciguerra— que Borghese fue un ejemplo en el plano militar y detentaba demasiados secretos».[36]

Como antaño, Borghese contaba con la estrecha colaboración de Stefano Delle Chiaie, llamado «Il Caccola» («El Caquita»), implicado como él en otros intentos de golpe preparados por la organización subversiva Rosa dei Venti, constituida a principios de 1970 por neofascistas y militares italianos, y bajo cuya denominación se preparó un complot militar a mediados de 1973, también fracasado. Como si se tratara de una curiosa coincidencia, «La Rosa de los Vientos» es un emblema que utiliza la OTAN y la CIA en sus anagramas.

Las magníficas conexiones madrileñas de los neofascistas italianos refugiados en España han sido descritas por el ultra arrepentido Mario Ricci en sus declaraciones sumariales al juez florentino Pier Luigi Vigna, con estas palabras: «En el hotel Velázquez, de Madrid, me presentaron al príncipe Borghese, al que no había visto antes. En Madrid conocí a Mariano Sánchez Covisa y al abogado Riesco, cuyas señas usaba Delle Chiaie, del que era muy amigo. […] Solía ir al restaurante El Appuntamento, donde vi al príncipe Sixto de Borbón Parma. En El Appuntamento vi a Maurizio Giargi, pero éste llegó al final; también veía a Elio Massagrande, a Salvatore Francia y tal vez a Pomar con una mujer. Veía a Carmassi, a Cauchi, a Cicuttini, a Rognoni y a una tal Elia».[37]

Esta enumeración recoge a los nombres de algunos de los más importantes activistas de la red, compuesta por medio centenar de neofascistas procedentes de Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, Ordine Nero y el Movimiento Social Italiano, que actuó en España durante la agonía del franquismo y los primeros años de la transición democrática, como fuerza de choque al servicio de los cuerpos de seguridad franquistas. Mientras en Italia, el Servicio de Inteligencia de la Defensa (SID, por sus siglas en italiano) denunciaba que el cerebro del golpe Borghese vivía tranquilamente en España y los jueces italianos solicitaban infructuosamente las extradiciones, un nutrido grupo de neofascistas aparecían implicados en la guerra sucia contra ETA, sobre suelo francés, en atentados y actos de información.

DELLE CHIAIE Y CICUTTINI, PERSONAJES CLAVE

Stefano Delle Chiaie, que en España utilizó el alias de «Alfredo Modugno»,[38] estaba muy bien conectado con altos estamentos gubernamentales españoles, y era una pieza clave en las actividades clandestinas desarrolladas contra el terrorismo y contra la izquierda en los primeros años de la transición. El 12 de diciembre de 1973, ocho días antes de que el almirante Carrero Blanco fuera asesinado por ETA, Delle Chiaie y el príncipe Borghese se entrevistaron personalmente con Carrero y le ofrecieron —según Delle Chiaie— su colaboración contra la subversión a cambio de protección gubernamental.

La relación de Delle Chiaie con los servicios españoles le convierten en una de las piezas clave de esta historia. «Yo conocía en España a camaradas españoles e italianos de las diversas reuniones con el Frente de la Juventud —declaró Delle Chiaie, en 1989—. Me relacioné con muchos militares. Pero nuestra protección o presencia en España no procedía de los servicios. Estábamos autorizados personalmente por Franco. Hasta que Franco murió nadie se atrevió a hacer nada contra el grupo».[39]

Para conocer la dimensión del personaje, basta su historial. Militante destacado del MSI, dirigente de Ordine Nuovo, fundador de los Grupos Armados Revolucionarios (GAR), conocidos como «las brigadas de la porra», y de Avanguardia Nazionale (AN).[40] Siempre en rebeldía, fue condenado el 5 de junio de 1976 a dos años de prisión en el proceso contra su partido, AN; a otros tres años el 7 de mayo de 1977 por el atentado contra una escuela de Roma; y el 14 de julio de 1978 la pena ascendió a cinco años por el golpe Borghese. Se dictaron contra él las siguientes órdenes de busca y captura: en marzo de 1982 por el asesinato en Roma del juez Vittorio Occorsio, en abril de 1982 por la matanza de la estación de Bolonia, y en diciembre del mismo año por la matanza de la plaza Fontana. Muchas de ellas acabaron en procesamiento, como también sucedió con el atentado contra el presidente de la Democracia Cristiana chilena, Bernardo Leighton, perpetrado en Roma en mayo de 1983.

En marzo de 1985, la Brigada de Información Interior española, en un informe acerca de sus actividades al que ha tenido acceso el autor, revela que «Delle Chiaie está considerado por la Policía italiana como el ideólogo de la denominada “Estrategia de la tensión”. Tiene ordenada su busca y captura a nivel internacional por las autoridades italianas por homicidio, robo a mano armada y tenencia ilícita de armas de fuego y de guerra. En cuanto a su presencia en España, se sabe que llegó en 1970, vivió en Barcelona en diferentes domicilios, se trasladó posteriormente a Madrid, donde regentaba el restaurante “El Ayuntamiento” (sic), sito en la calle Marqués de Leganés, número 6. En fecha 9 de mayo de 1976, parece ser, estuvo involucrado en los acontecimientos de Montejurra. Este mismo año, y según sus propias declaraciones, abandona España, teniéndose la sospecha de que se dirigió a Santiago de Chile».

Ese «parece ser» escrito por el informe policial no deja de resultar irónico. Existen numerosas pruebas fotográficas del crimen y de la aparición estelar, armados con barras de hierro y en grupo, al estilo de las famosas «brigadas de la porra», de los ultraderechistas Delle Chiaie, Augusto Cauchi y Giuseppe Calzona, junto al mercenario francés Jean Pierre Cherid.

Aparte de su participación en los sucesos de Montejurra, jamás se ha podido demostrar la intervención directa de Delle Chiaie en otras acciones, pero sí que puso al servicio del coronel San Martín y del comisario general de Información, Roberto Conesa, «el tercer colectivo que suministró muchos de los mercenarios del neofascismo italiano. Mario Ricci, Pier Luigi Concutelli, Mario Tuti, Elio Masagrande, Carlo Cicuttini y muchos otros fueron confidentes y colaboradores de los servicios de seguridad españoles. Comenzaron a prestar sus servicios en los tiempos en que Manuel Fraga era ministro de la Gobernación, nada más terminar la pausa que la enfermedad y muerte del general Franco impuso a finales de 1975».[41]

Como supuesto «responsable logístico» de los comandos neofascistas dentro y fuera de Italia, Stefano Delle Chiaie aportaba recursos económicos, infraestructura material y abundante información, y en algunos casos llegó a ordenar o impedir que se cometieran determinadas «acciones». También evitó que sus camaradas refugiados en España fueran extraditados. Así lo ha relatado el propio Delle Chiaie: «La noche del 30 de marzo de 1976, Rodolfo Martín Villa, el entonces ministro del Interior español, después de un encuentro con su colega italiano Francesco Cossiga, decidió arrestarme. Había llegado a la conclusión de que el secuestro había sido organizado por el hermano de Oriol, de acuerdo conmigo. Era una operación que tenía como objeto poner en dificultades a todos los expatriados italianos en España. Hubo oposición a esto y Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno, me propuso un encuentro con el subsecretario de Interior, con el cual aclaré la situación y me libré de la cárcel. ¿Que cómo aclaré la situación? Pregúnteselo a Adolfo Suárez».[42]

Su antiguo camarada Marco Pozzan declaró ante los jueces italianos el 17 de enero de 1984: «Estoy seguro de que Il Caccola recibía dinero especialmente de los servicios secretos y de la Policía española […]. Se trataba de cosas sabidas tranquilamente en nuestro ambiente y, además, también sabíamos que Il Caccola había operado con su grupito por cuenta de la Policía española contra los autonomistas vascos».

Este tipo de conexiones queda patente en un documento de la Brigada de Interior, fechado en 1983 y titulado «Antecedentes de los demás archivos policiales», en el que se afirma textualmente que «no existen datos fidedignos» sobre la presencia de Delle Chiaie en España. Las huellas oficiales dejadas por Caccola son llamativas. El 11 de enero de 1977, tras leer en los periódicos que se le relacionaba con el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo, el presidente del Consejo de Estado, reivindicado por los GRAPO un mes antes, se presentó en la Dirección General de Seguridad y declaró que había llegado a España en 1970 huyendo de las autoridades italianas y que, desde entonces, siempre se había relacionado con personas de derechas y de la extrema derecha españolas, conocidos en encuentros internacionales anteriores a esa fecha. Entre sus amistades citó a Blas Piñar, Antonio Gibello, Mariano Sánchez Covisa, José Antonio Girón de Velasco, José Luis Jerez Riesco, Alfredo Alemany, Vicente Ernesto González Asensio, Ernesto Milá Rodríguez y Rafael Tormo Acosta. La plana mayor del movimiento fascista y ultraderechista en España. A renglón seguido, la Policía española asegura que el dirigente neofascista jamás trató de regularizar su estancia en España y que no se sabía nada de él desde que se marchó, aparentemente, de España a finales de 1976.

La Brigada de Información Interior, en el informe fechado en marzo de 1985, elaborado a petición del juez instructor del asesinato de Santiago Brouard, explica: «En 1978 se tuvo constancia de que residía en París, donde mantuvo entrevistas con extremistas de derecha de diversos países. En relación con su posible estancia en España en los últimos cinco años, no se tiene constancia policial de la misma, si bien tampoco se puede establecer una ubicación concreta en ninguna parte del mundo».

El rastro de Caccola llegó hasta Bolivia, pasó por Guatemala y Paraguay, donde contó con la colaboración de su camarada Elio Massagrande, y se estableció durante un tiempo en Chile. El 21 de noviembre de 1975, Delle Chiaie había conocido al general Pinochet en Madrid, durante los funerales del generalísimo Franco al que ambos habían sido invitados. Tras su paso por España, atesoró una gran fama en Sudamérica, donde le apodaban «Pimpinela Negra» y «Bombardero Negro».

En 1987, Il Caccola fue detenido en Caracas (Venezuela) y extraditado a Italia donde, tras ser juzgado por masacres como la de Bolonia, no se le pudo demostrar ningún delito y obtuvo la libertad definitiva en 1989, después de dos años de prisión preventiva. De nuevo en Italia tras diecisiete años de exilio, Delle Chiaie repitió a cuantos le entrevistaron que sus actividades en España habían sido únicamente políticas, y aseguró: «Nunca teoricé sobre la violencia porque mi experiencia me ha demostrado que la violencia no destruye el sistema».[43]

Junto a Caccola y tan intocable como él, la red italiana en España contaba con otro personaje clave: Carlo Cicuttini Filiputti, que utilizó el alias de «Claudio Angella». En su país, Cicuttini formó parte de Giovane Italia, organización del MSI, y después se afilió a Ordine Nuovo. En Italia estuvo condenado en rebeldía a once años de prisión por su participación en el secuestro de un avión Fokker 27, del vuelo BM 373, ocurrido en Ronchi dei Legionari el 6 de octubre de 1972, donde resultó muerto uno de los secuestradores, el ex paracaidista Ivano Boccaccio. El 13 de octubre de 1972, el juez de Instrucción de Gorizia ordenó su detención y Cicuttini se refugió en España. También estuvo condenado a cadena perpetua por la matanza de Peteano sucedida el 31 de mayo de 1972, donde un coche bomba mató a tres carabineros.

El 9 de octubre de 1972, Cicuttini atravesó la frontera española por La Junquera; vivió en Barcelona hasta 1974 y después se instaló en Madrid. Su mentor, Giorgio Almirante, presidente del MSI, le puso un sueldo de 34.600 dólares durante el período 1972-1973. Este dinero se le transfería desde una banca suiza por Emo Pascoli, secretario del MSI en Gorizia y abogado de Cicuttini en Italia. En España, frecuentaba los círculos de compatriotas afines a su ideología política. El juez de Instrucción de Venecia, Felice Casson, emitió su orden de detención el 11 de agosto de 1980 sin ningún resultado. Tampoco se le concedió la extradición solicitada por Francia. La Sección Segunda de la Audiencia Nacional denegó su extradición en 1983 y 1985, solicitada por los delitos de homicidio y falsificación y uso de documentos de identidad falsos.[44]

Entretanto, el 25 de mayo de 1984, consiguió en Madrid la cédula de inscripción de apátridas concedida por la Brigada Regional de Fronteras y Extranjeros, y obtuvo la nacionalidad española tras su boda con la enfermera María del Mar Fontanals Armengol, hija de un general español. Su seguridad de que no iba a ser extraditado, hizo que Cicuttini llegara a jactarse ante correligionarios de sus buenos contactos en los aparatos de seguridad españoles. Quizá sabía demasiado, porque en un informe reservado del CESIS,[45] organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, fechado el 3 de marzo de 1987, se destaca «de forma específica la propensión terrorista de Cicuttini incluso en aquel territorio [España]», y añade: «debiera parecer emblemática su aseverada participación en la conocida matanza de cinco abogados ocurrida en 1977 en el barrio de Atocha de Madrid».[46]

En 1982, según un informe fechado en 1983 por la Brigada de Información Interior dirigida entonces por el subcomisario Mariano Baniandrés, Carlos Cicuttini confesó, tras ser detenido, que había trabajado para la Policía española «realizando operaciones en Francia como grupo Antiterrorismo ETA (ATE), tanto de vigilancia y observación de miembros de la izquierda española como de miembros de ETA, así como atentados contra estos últimos».

En su interrogatorio policial, efectuado el 26 de octubre de 1982 ante los inspectores Santos y Amaya, de la Brigada Central de Extranjeros, Carlos Cicuttini defendió su inocencia sobre la participación en el secuestro del avión en el aeropuerto de Ronchi dei Legionari. Textualmente, en el acta de la declaración policial, manifestó que no tenía nada que ver con el secuestro, que Boccaccio era un desequilibrado mental y que el día de los hechos se limitó a llevar a Boccaccio al aeropuerto sin tener la menor idea de lo que iba a hacer allí.

A continuación añadió con aplomo:

Tengo noticias indirectas de que se me acusa de haber hecho una llamada telefónica anónima a un cuartel de Carabineros, en la que dicen que les avisé para que acudieran a la localidad de Peteano, en un lugar donde había un coche abandonado. Yo jamás he hecho llamadas anónimas, y menos a las Fuerzas del Orden, que están al servicio de la Patria. Siempre he tenido gran admiración y respeto por los hombres que visten este uniforme. De haberme enterado de algo anormal, habría acudido personalmente a ponerles sobre aviso.

Durante el interrogatorio, los policías mostraron a Cicuttini varios documentos en los que se reproducían objetos encontrados en su domicilio. El interrogado identificó una linterna lanzagases lacrimógenos de fabricación francesa «para la venta a empresas de seguridad que tienen vigilantes jurados»; claves para descifrar télex; un tratado de información sobre municiones de las marcas Stratos y Alia poseídas, según él, «para informar a las empresas de seguridad y eventualmente a las Fuerzas de Orden Público y al Ejército»; un télex para saber si un tipo de armas (fusil) se puede fabricar en Chile con permiso gubernativo; normas de seguridad para transmitir y recibir mensajes; cartas comerciales de empresas chilenas, portuguesas y brasileñas; fotocopias y dibujos para falsificar documentos…

EN EL SANTUARIO: REFUGIADOS EN NÓMINA

Además de Cicuttini y Delle Chiaie, se consignan a continuación los neofascistas reclamados por el Ministerio de Justicia italiano, ordenados alfabéticamente y con una pequeña reseña biográfica sacada de los procedimientos de extradición incoados por la Audiencia Nacional a partir de 30 de abril de 1977, así como de los distintos archivos policiales, según los documentos e informes de la Brigada de Información y de la Guardia Civil:

Benvenuto, Pietro. Fue detenido en Madrid en relación con la matanza de Atocha y puesto en libertad; también por su relación con la fábrica de armas clandestina descubierta en febrero de 1977 en la calle Pelayo, en Madrid, en un piso alquilado por Mariano Sánchez Covisa (a quien ya nos hemos referido en este libro). Reclamado por robo con fuerza en las cosas y asociación ilícita, la Audiencia Nacional denegó la extradición el 6 de julio de 1977.[47]

Calzona, Giuseppe. Vinculado al MSI desde la adolescencia, en 1972 mató a tiros a Alfio Oddo, que le había denunciado por el robo de 1.000 liras. Fue condenado en rebeldía a dieciséis años de prisión por homicidio voluntario. En 1973 entró en España por Barcelona, con un pasaporte falso a nombre de «Mario Letti», alias que también utilizaba en Italia. Hasta 1983 residió en Madrid y San Sebastián. Un informe policial de 1985, explica: «Durante su estancia en España frecuentó el ambiente de extrema derecha creado por sus compatriotas y correligionarios, manteniendo amistad con Stefano Delle Chiaie, Mario Ricci, Augusto Cauchi, Eliodoro Pomar, Andrea Mieville (gerente de viajes Transalpino), Piero Carmassi, Salvatore Francia, Elio Massagrande, Giancarlo Rognoni, Carlo Cicuttini y con los apodados “Sargento York”, “Lillo” y “Enzo”. Estos tres últimos sin identificar».

En declaraciones policiales, Calzona reconoció haber colaborado desde 1976 en operaciones anti-ETA ejecutadas en el sur de Francia bajo la dirección de los servicios secretos españoles. Es padrino de la hija de Jean Pierre Cherid, jefe de uno de los comandos del Batallón Vasco Español. Detenido el 17 de julio de 1984 por una solicitud de extradición de la Justicia italiana, que le había condenado por el homicidio de Oddo, permaneció en la cárcel de Carabanchel hasta el 4 de enero de 1985, en que fue puesto en libertad, ya que la Audiencia Nacional denegó su extradición. La Sección Tercera, con el expediente número 24/84, aceptó su extradición el 16 de noviembre de 1984 con la condición de que fuera «juzgado de nuevo». Ante la negativa de la Justicia italiana, la Audiencia concedió la libertad definitiva. «Desde ese mismo momento se desconoce su domicilio —explica el informe policial—, pues parece ser que no lo dejó indicado en la Audiencia Nacional como es preceptivo».

Campo, Flavio. Nacido en Scutari (Albania) el 29 de mayo de 1942. Residente en Roma. Implicado en el golpe Borghese, tenía el mandato de busca y captura número 1054/71, emitido el 6 de noviembre de 1974 por el Tribunal de Roma, después de ser condenado en rebeldía el 14 de julio de 1973. Detenido por su relación con la fábrica de armas clandestina de la calle Pelayo. Estaba reclamado por Italia acusado de asociación ilícita y robo con fuerza en las cosas. Su extradición fue denegada por la Audiencia Nacional el 6 de julio de 1977.

Carmassi, Piero (Ordine Nuovo). Expediente de extradición número 46/79, por lesiones graves intencionadas, concedido por la Audiencia Nacional el 27 de noviembre de 1979, aunque fue retenido para cumplir condena por delitos cometidos en España.

Cauchi, Augusto (Fronte Nazionale Revoluzionario, Ordine Nuovo). Nacido en Arezzo en 1950. Lugarteniente de Licio Gelli, jefe de la logia masónica Propaganda-2. El 3 de febrero de 1975, los juzgados de Bolonia dictaron su busca y captura por su participación en la matanza de esa ciudad. Llegó a España en 1975. Condenado en rebeldía a cinco años por la reconstrucción del Partido Fascista, «colaboró activamente en la comisión de atentados en el sur de Francia y todavía reside en España, donde se encuentra protegido por determinados servicios», según el sumario 1215/84 instruido en Roma contra varios miembros de organizaciones terroristas neofascistas. En el sumario por el atentado de Bolonia, se asegura que Cauchi desarrolló esta actividad terrorista desde 1975 hasta 1980 «en colaboración con los servicios secretos españoles». El 5 de abril de 1985, volvió a ser reclamado por los tribunales de Florencia por su relación con el atentado protagonizado por el Fronte Nazionale Revoluzionario contra una línea ferroviaria en la Toscana.

Cavallotto, Franco (Ordine Nuovo). Nacido en Roma el 25 de enero de 1931. Colaborador del Batallón Vasco Español en la guerra sucia contra ETA. El 25 de mayo de 1975, la policía francesa intervino en Bayona un coche alquilado por él en cuyo interior había dos metralletas Ingram.

Concutelli, Pier Luigi (Ordine Nuovo). Amigo y guardaespaldas de Delle Chiaie en España, donde residió hasta 1977. Tras su regreso a Italia, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del juez Vittorio Occorsio. Tras la detención de Concutelli y Mario Tuti, se descubrió que el arma del crimen pertenecía a los servicios de información de la Policía española. Su número de serie coincidía con una partida de Ingram comprada a sus fabricantes norteamericanos.

Francia Clemente, Salvatore (Ordine Nuovo). Nacido en Margherita di Savoia (Foggia) el 8 de marzo de 1938. Operador de televisión. Director de dos revistas neofascistas Quaderni Neri y Anno Zero. Buscado para testificar sobre la matanza de la plaza Fontana de Milán, donde murieron dieciséis personas, Salvatore Francia entró en territorio español en 1974, residió en Barcelona, en casa de un conocido miembro de la Guardia de Franco. En Italia fue condenado en rebeldía por asociación subversiva (cuatro años, en sentencia del 4 de mayo de 1976) y conspiración contra los poderes del Estado (cinco años, el 21 de noviembre de 1977). La Audiencia Nacional, en sentencia del 3 de mayo de 1977, denegó la extradición. En noviembre de 1980 fue detenido por entrar ilegalmente en España mientras asistía a la Conferencia Europea de Cooperación y Seguridad, celebrada en Madrid, acreditado como periodista de la revista neonazi Confidentiel. La Audiencia Nacional denegó dos veces su extradición (la Sección Primera el 3 de mayo de 1977 y la Sección Segunda, con el expediente 27/80, el 4 de febrero de 1981). Implicado por entonces en el asesinato del juez Occorsio, fue detenido por segunda vez en Algeciras el 22 de mayo de 1981 y expulsado a Frankfurt, desde donde lo extraditaron a Italia. El 21 de marzo de 1985 fue condenado en Florencia a un año y seis meses de prisión por su relación con el asesinato del juez Occorsio y quedó absuelto de sus otras causas pendientes.

Graziani, Clemente (Ordine Nuovo). Nacido en Roma el 17 de marzo de 1925. Buscado por la Justicia italiana por su implicación en varios atentados y por asociación armada y criminal. Colaborador del Batallón Vasco Español. Reclamado por Italia. Residió en España desde donde se trasladó al Reino Unido y después a Paraguay.

Grocco, Sandra. Llamada realmente María Grocco. Nacida en Legnago (Verona) el 2 de febrero de 1945. Esposa de Elio Massagrande. Fue arrestada dos veces en España y puesta en libertad. La primera en Madrid, el 22 de febrero de 1977, dentro de una operación contra la Internacional Negra, y posteriormente, el 13 de julio del mismo año. Fue relacionada con el intento golpista de Rosa dei Venti. Supuesta colaboradora del Batallón Vasco Español.

Luciano Stefano, Bruno. Nacido en Rávena el 28 de marzo de 1942. Colaborador del Batallón Vasco Español. El 25 de noviembre de 1975, un juzgado romano dictó orden de captura por la reconstrucción del Partido Fascista. El 13 de marzo de 1976, fue llevado a juicio en Milán por introducir en Italia armas y explosivos. El 5 de junio de ese mismo año fue absuelto en el proceso contra Avanguardia Nazionale. Acusado por secuestro, tenencia de armas, rebelión, asociación ilícita en organización fascista y robo, fue condenado en rebeldía, en Como, el 12 de octubre de 1979, a cuatro años de prisión. El 8 de julio de 1977, Scotland Yard le detuvo en Londres. Fue liberado en octubre de aquel año, después de que se desestimara la petición de extradición italiana, pero volvieron a detenerlo por usar un pasaporte falso, hasta que fue liberado un mes más tarde. Regresó a España, donde el 25 de enero de 1978, la Audiencia Nacional denegó su extradición. El 2 de octubre de 1979 fue procesado en Florencia por el asesinato del juez Occorsio. El 31 de marzo de 1981, la Audiencia Nacional volvió a denegar su extradición aduciendo el carácter político de los hechos que se le imputaban. El 13 de noviembre de aquel año, la Audiencia Nacional denegó la extradición argumentando defectos de forma en la petición italiana. El 30 de octubre de 1985, una nueva petición de extradición, por los posibles delitos de estafa, falsedad, asociación ilícita y receptación, fue denegada por la Audiencia Nacional.

Massagrande, Elio (Ordine Nuovo, MSI, Ordine Nero). Nacido en Isola Rizza (Verona) el 25 de mayo de 1942. También llamado «Carlos». Detenido en 1977 con relación a la fábrica ilegal de armas de la calle Pelayo. Reclamado por su supuesta relación con la matanza de Bolonia, el asesinato del juez Occorsio y por la reconstrucción del Partido Fascista y su supuesta participación en el intento de golpe de Estado del príncipe Borghese. El 30 de abril de 1977, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional denegó la extradición reclamada por Italia bajo la acusación de asociación ilícita. El 17 de mayo de 1978, un tribunal romano le condenó en rebeldía a dos años de prisión en el proceso contra Ordine Nuovo. El 15 de octubre de 1981, fue condenado también en rebeldía a otros tres años de prisión por un tribunal de Padua. Vivió durante algunos años en Paraguay donde regentaba una empresa de importación-exportación, en colaboración con Delle Chiaie. El 20 de octubre de 1987, su nombre saltó a los periódicos por última vez cuando fue fotografiado junto al dictador Stroessner en una recepción oficial.

Meli Mazzoni, Mauro (Ordine Nuovo). Nacido en Roma el 27 de febrero de 1946. Condenado en rebeldía en Génova, el 29 de diciembre de 1976, a un año y tres meses de prisión por tenencia ilícita de armas. Condenado en rebeldía el 23 de marzo de 1985, en Florencia, a veintitrés años de cárcel por el asesinato del juez Occorsio. La Audiencia Nacional denegó la extradición por las acusaciones de receptación y tenencia de armas. El auto que deniega la extradición especifica «que este tribunal puede llegar a la inferencia de que las actuaciones de Meli siempre estuvieron guiadas por una actuación política y son susceptibles de ser calificadas como terroristas». El 21 de marzo de 1985 fue condenado en rebeldía a veintitrés años de prisión por el Tribunal de Florencia que juzgó el segundo sumario por el asesinato de Occorsio.

Nanni, Roberto. Nacido en Milán el 25 de mayo de 1935. Mercenario. Jefe de un comando del Batallón Vasco Español. Según un informe policial francés recogido por el Departamento de Operaciones Especiales de la Seguridad Pública italiana, el 4 de octubre de 1984, formó parte «de grupos de personas pagadas por el Gobierno español para controlar a ciudadanos españoles residentes en Francia contrarios al actual régimen de España».

Orlandini, Remo. Acusado de asociación ilícita, terrorismo, tenencia de armas y robo. Cerebro del intento de golpe de Estado del príncipe Borghese. Condenado en primera instancia por el golpe a diez años de reclusión, fue absuelto posteriormente al decidir el tribunal italiano que no se había producido ningún intento golpista. La Sección Primera de la Audiencia Nacional denegó la extradición el 14 de marzo de 1978, pedida por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, tenencia de armas, asociación ilícita y terrorismo.

Papa, Claudia (Avanguardia Nazionale). Nacida en Trípoli el 3 de enero de 1949. Funcionaria del Ministerio de Economía italiano. Secretaria de la sección del MSI en Balduina. El 30 de noviembre de 1976, los juzgados de Florencia dictaron una orden de busca y captura contra ella por participar en la reconstrucción del Partido Fascista. Relacionada con Elio Massagrande y Clemente Graziani, fue absuelta en el proceso contra Ordine Nuovo, realizado en Roma el 24 de enero de 1978. Implicada en el asesinato del juez Occorsio y de los delitos de tenencia de armas, robo y homicidio, fue dictada su busca y captura en Florencia el 18 de noviembre de 1982. La Audiencia Nacional denegó su extradición el 26 de septiembre de 1983, con el expediente número 40/82, acusada de homicidio, tenencia de armas y robo de vehículo. Entre los argumentos esgrimidos por la Audiencia para denegar la petición de extradición puede leerse que «tiene su residencia en España con arraigo definido, viviendo en este Estado con toda su familia y que la misma se presentó voluntariamente ante el juzgado». La causa fue archivada en enero de 1984. En marzo de 1985 fue condenada en rebeldía a veintitrés años de prisión por su participación en el asesinato del juez Occorsio.

Pomar Disalvo, Eliodoro (Ordine Nuovo). Nacido en Palermo, el 18 de diciembre de 1923. Instalado en España desde 1970. Implicado en el golpe de Rosa dei Venti. El 28 de enero de 1977 fue detenido por la Policía española junto a Marco Pozzan, Elio Massagrande, Pietro Benvenuto y Mariano Sánchez Covisa por su relación con la fábrica de armas de la calle Pelayo. Fue posteriormente amnistiado. La Justicia italiana solicitó su extradición y, ante una comisión rogatorio, Pomar declaró que los servicios secretos y la Policía organizaron la guerra sucia contra ETA, ya que él había colaborado con el Batallón Vasco Español. La extradición solicitada por Italia en la que se le acusaba de delitos contra la forma de gobierno, asociación ilícita, robo con fuerza en las cosas, rebelión y tenencia de armas fue denegada por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional el 30 de abril de 1977. Procesado por el asesinato de Occorsio el 10 de julio de 1977, una nueva petición de extradición por asesinato y depósito de armas de guerra, volvió a ser denegada el 19 de octubre del mismo año.

Pozzan, Marco. Utilizaba pasaporte falso como «Mario Zanella», nombre auténtico de un miembro de la logia P2. Ex bedel de un instituto para ciegos de Padua, implicado en la matanza de la plaza Fontana de Milán en 1969, donde murieron dieciséis personas. Brazo derecho de Franco Freda, dirigente vinculado al SID italiano. En 1977 Italia solicitó su extradición por asesinato, asociación ilícita, diez delitos de estragos, cinco de daños, cuatro de lesiones, un delito contra la forma de gobierno, tenencia de armas y depósito de armas de guerra. En la resolución del 30 de abril de 1977, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, con el expediente 15/77, sólo concedió la extradición por estragos y daños. En sentencia del 23 de octubre de 1977, su extradición volvió a ser denegada.

Ricci, Mario (Avanguardia Nazionale). Alias «Mario Vannoli» y «Carlo Vannoli». Nacido en Sansepolcro (Arezzo) el 6 de julio de 1949. Viajó a España directamente desde Bruselas para montar, por encargo del italiano Nicola Aldo Jannone, la agencia de viajes Transalpino, que la Policía española llegó a considerar como una auténtica tapadera de la red de la Internacional Negra. Colaborador de Jean Pierre Cherid en múltiples atentados en el sur de Francia, entre ellos el asesinato del dirigente etarra José Miguel Beñarán Ordeñana, «Argala», el 20 de diciembre de 1978, al hacer explosión el artefacto que Cherid, Ricci y un policía español habían colocado en su vehículo.

El 5 de julio de 1976 fue condenado en rebeldía a cinco meses de prisión en el proceso italiano contra Avanguardia Nazionale. El 27 de mayo de 1977, los jueces de Florencia volvieron a ordenar su busca y captura por la utilización de documentos robados. El 21 de febrero de 1979, junto al mercenario André Pervins, Giuseppe Calzona, y Jean Pierre Cherid, intentó secuestrar —sin éxito— a Arantza Sasiain, compañera del dirigente etarra Domingo Iturbe Abasolo, «Txomin», hombre fuerte de ETA militar tras la muerte de Argala. El 14 de noviembre de 1979, a pesar de estar en busca y captura, Ricci pudo viajar a Caracas (Venezuela) y participar el 14 de noviembre de 1980, junto a Jean Pierre Cherid, en los asesinatos del ingeniero vasco Joaquín Alfonso Echevarría, que había colaborado con ETA, y de su esposa, Esperanza Arana. El 21 de marzo de 1981, en San Juan de Luz (Francia), en compañía de Cherid y Pervins, con quienes formó un comando estable, trató de asesinar al entonces número dos de ETA, Eugenio Etxebeste, «Antxon».

Rognoni, Giancarlo. También conocido como «el rey de las tramas negras». Miembro del Batallón Vasco Español e íntimo colaborador de Stefano delle Chiaie. Acusado de asociación ilícita y estragos, la Sección Primera de la Audiencia Nacional le concedió la extradición el 6 de julio de 1977 por un delito de estragos, dada su presunta participación en el atentado contra el tren Turín-Roma en 1973, fracasado al hacer explotar el artefacto precipitadamente. Antes de residir en España, se había fugado de Italia a Suiza, y vivió en Ginebra y Lugano.

Vinciguerra, Vincenzo. También llamado «Enzo». Responsable en España de las emisiones radiofónicas neofascistas emitidas a través de Radio Exterior. Colaboró con Delle Chiaie y fue condenado en Italia a cadena perpetua por la matanza de Peteano, junto a Carlo Cicuttini. Sus declaraciones como arrepentido sirvieron para esclarecer varios de los atentados terroristas más graves sufridos en Italia, entre ellos el asesinato del juez Occorsio, y para descubrir la red clandestina de la OTAN. En una entrevista desde la cárcel, realizada mediante una encuesta, por los redactores de la publicación neofascista española Resistencia, en mayo de 2001, aporta algunos datos reveladores: «Los italianos —escribe Vinciguerra— vinieron y permanecieron en España con el consentimiento personal del general Franco. Sus servicios secretos cubrieron a los italianos y a cuantos venían, más allá de la conciencia individual de cada cual, dentro del entorno de la OTAN y de la CIA. Incluso después de la muerte de Franco la protección siguió existiendo, hasta el punto de que antes de actuar contra los exiliados italianos, el ministro del Interior tuvo un encuentro [diciembre de 1976] con Delle Chiaie para informarle que España no podía ya albergar a personas que se habían vuelto incómodas. Acompañaron a Delle Chiaie ante el ministro [en esas fechas ocupaba Manuel Fraga la cartera de Gobernación] los hombres de “Eduardo”, nombre de cobertura de un oficial que, creo, terminó en la cárcel por acciones [de guerra sucia] en el País Vasco». Y a continuación, con respecto a la colaboración con la policía española, añade: «Es cierto que a partir de 1975 prófugos italianos fueron empleados en operaciones en el País Vasco, en la zona francesa. Es verdad porque fui yo mismo el que recibió de Mariano Sánchez Covisa el listado de refugiados vascos, con las fotos, las direcciones, etc. Y la primera metralleta Ingram».[48]

Zaffoni, Francesco. Acusado de tenencia ilícita, fabricación y transporte de armas. La Sección Segunda de la Audiencia Nacional, tras abrirle el expediente número 15/78, denegó su extradición el 29 de septiembre de 1978.

8
EL INFIERNO EN CARABANCHEL. EL APALEAMIENTO MORTAL DE AGUSTÍN RUEDA

El 13 de marzo de 1978, el anarquista Agustín Rueda Sierra fue apaleado y muerto por funcionarios de la prisión de Carabanchel (Madrid), durante una acción de castigo en la que ocho reclusos fueron torturados. Quedó probado y sentenciado[49] que alrededor de las nueve y media de la mañana de aquel 13 de marzo, el funcionario Andrés Benítez detectó la presencia de varios internos en una habitación próxima al comedor de la séptima galería. Le infundieron sospechas, indagó y descubrió un túnel que se estaba construyendo en un cuarto en desuso. Inmediatamente se dirigió a la Jefatura de Servicios para ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico. Al comprobar que no estaba, se dirigió a la Dirección, donde encontró al director, Eduardo Cantos Rueda, y a los jefes de servicio entrante y saliente. Cantos ordenó comprobar si se trataba realmente de un túnel. Tras corroborarlo, Benítez y el jefe de servicio, Ildefonso Luis Lirón de Robles, se lo comunicaron. Eduardo Cantos seguía reunido con el jefe de servicios saliente y con el subdirector, Antonio Rubio Vázquez. Los tres acudieron a la séptima galería. El 7 de marzo anterior se habían encontrado cuatro cartuchos de Goma 2 y se rumoreaba que habían sido introducidos en la cárcel para volar el depósito de propano. En aquellos momentos las cárceles españolas, y en especial Carabanchel, atravesaban una «situación caótica».

Los funcionarios pensaron que el túnel podía tener un fin distinto a la mera evasión. Cantos encargó a Rubio el inicio de las investigaciones y ordenó a Benítez que identificara a los reclusos sorprendidos por él en las inmediaciones del túnel. Benítez se fue a cumplir la orden, mientras Rubio acompañaba al director hasta la Jefatura, donde Lirón de Robles ya había reclutado a los funcionarios para que participaran en el traslado e interrogatorio de los implicados.

Los internos José Luis de la Vega Gallego y Pedro García Peña fueron los primeros en ser llamados. Mientras era trasladado, José Luis de la Vega negó su participación en el túnel y Benítez le respondió con un puñetazo en la cara. Ya en el despacho, el preso fue interrogado por el director en presencia de los funcionarios Alberto Ricardo de Lara, Alfredo Luis Mallo Díaz, Nemesio López Tapia, José Luis Esteban Garcero y Benítez, quienes «con la anuencia del director, se habían provisto de las defensas de goma reglamentarias». Al negar de nuevo su participación en el túnel, José Luis de la Vega fue golpeado por los cinco funcionarios hasta que suscribió «una lista mecanografiada con el nombre de veintinueve reclusos como intervinientes en la construcción».

El segundo recluso, Pedro García Peña, se negó a cooperar y recibió los golpes de Alfredo Luis Mallo, Nemesio López Tapia, Esteban Garcero y Benítez, hasta que firmó una declaración, redactada por el subdirector Rubio, en la que implicó en la construcción del túnel a los internos Agustín Rueda Sierra, Alfredo Casal Ortega y Miguel Ángel Melero Uribarri.

Los dos interrogados fueron trasladados a las celdas de aislamiento, ubicadas en el semisótano, debajo del departamento de cacheos. Aquellas celdas habían estado destinadas en un principio a los condenados a muerte, pero tras la abolición de la pena capital se utilizaban como recintos de aislamiento. A esta dependencia se accedía por una angosta escalera, y estaba configurada por una especie de vestíbulo que daba acceso a un ancho pasillo con tres celdas de tipo americano, con reja en la parte frontal. Los reclusos fueron ingresados en la última celda.

Los funcionarios Alberto Ricardo de Lara y Alfredo Luis Mallo se hicieron cargo de Agustín Rueda y lo entregaron en Jefatura, donde el director continuaba presente. Rueda negó enérgicamente su intervención en la excavación del túnel, ante lo cual Eduardo Cantos ordenó que fuera conducido a las celdas de aislamiento para que allí se continuara el interrogatorio. Por orden del jefe de servicios Lirón, aparecieron varios funcionarios. Entre ellos, Hermenegildo Pérez Bolaños, José Luis Rufo y Julián Marcos Mínguez. A los tres «se les ordenó coger una defensa de goma y bajar a las celdas de aislamiento». Eduardo Cantos se marchó a su despacho y encomendó la continuación de la investigación al subdirector Antonio Rubio.

Alberto Ricardo de Lara y Alfredo Luis Mallo bajaron a Rueda hasta el recinto de aislamiento, donde confluyeron con Hermenegildo, Nemesio, Andrés Benítez, Esteban y Marcos, provistos de las defensas de goma. Reanudaron el interrogatorio.

Agustín Rueda fue apaleado por los funcionarios «con el exclusivo fin de hacerle confesar, recibiendo una intensa paliza, prolongada, sin que conste su duración, y dirigiéndole principalmente los golpes a zonas no vitales. Durante la misma, cae al suelo y se le reanima echándole agua por el cuerpo». Derrotado por los golpes, el recluso pidió hablar con el jefe de servicios y, en presencia del subdirector, le manifestó la implicación en el túnel de Miguel Ángel Melero. Acto seguido fue ingresado en la primera de las celdas.

Durante el resto de la mañana fueron sometidos a interrogatorios similares al recibido por Agustín Rueda, aunque de menor intensidad, los reclusos Miguel Ángel Melero Uribarri, Felipe Romero Tejedor, Jorge González Sánchez, Alfredo Casal Ortega y Juan Antonio Gómez Tovar, bajados e «interrogados» en el recinto de aislamiento por funcionarios que se turnaban en grupos de cuatro, hasta las dos de la tarde en que los funcionarios participantes se marcharon a sus casas. Antes de irse, el subdirector Antonio Rubio informó a Eduardo Cantos, e hizo «especial hincapié en las lesiones sufridas por Agustín Rueda» y le dijo que había dado orden para que el médico le asistiera.

En la prisión de Carabanchel, el servicio médico estaba a cargo de tres doctores: el jefe José Luis Casas, José María Barigón y un tercer médico no procesado. Disponía de dos o tres ATS, y entre quince y veinte internos sin conocimientos sanitarios. En casos de urgencia, se avisaba a los médicos y la cobertura quedaba completada por el Hospital General Penitenciario, próximo a la prisión, donde eran evacuados en caso de gravedad.

Alrededor de las 14.15 horas, el doctor Barigón bajó a las celdas y examinó a Agustín Rueda. El recluso se encontraba tumbado sobre una colchoneta de gomaespuma y arropado con una manta, no llevaba puestos los pantalones, al haberse hecho encima sus necesidades, y cubría la parte superior de su cuerpo con una camiseta que estaba mojada. Barigón le ordenó que se pusiera en pie y se quitara las prendas húmedas, con lo que quedó Agustín con el slip. Iniciado el examen acudió también el doctor Casas. Ambos observaron los abundantes hematomas de Agustín, se preocuparon especialmente por una herida pequeña que tenía en la cabeza y llegaron a barajar la posibilidad de trasladarle a la enfermería. Luego examinaron a Alfredo Casal Ortega, que estaba en la misma celda.

Acabada la visita, Casas puso en conocimiento del director el resultado de sus exploraciones y la posibilidad de trasladar a Agustín a la enfermería. Después, ambos facultativos comieron en la enfermería y, al acabar, decidieron efectuar un nuevo reconocimiento. Bajaron a la celda sobre las cuatro y cuarto de la tarde, acompañados por un interno adscrito a la enfermería, a quien proveyeron de analgésicos, antiinflamatorios y una pomada termoanalgésica. Cuando entraron en la primera celda, Agustín estaba amodorrado, sentía frío e insensibilidad en las piernas; ordenaron que le aplicara la pomada termoanalgésica y llegaron a la conclusión de que Agustín no debía seguir en aquel lugar. Barigón y Casas eran conscientes de que Agustín Rueda debía ser ingresado en el Hospital Penitenciario, pero optaron por la enfermería. Así lo dice textualmente la sentencia: «Posiblemente presionados por Lirón de Robles, que considera que tal traslado sacaría la paliza a la luz pública, confiando en la fortaleza de Agustín, sospechando que pueda encontrarse en los inicios de un shock traumático de graves consecuencias, optan porque el traslado sea a la enfermería, sabiendo que con ello lo único que gana el enfermo es comodidad y mejores condiciones ambientales —las celdas estaban sin mobiliario y su temperatura y humedad eran ligeramente más adversas que las del resto de la prisión—, aunque conscientes de que en la enfermería la única actuación médica que puede efectuarse es la observación». Después escribieron un parte genérico y se marcharon de la cárcel.

A las 19 horas acudió a Carabanchel el tercer médico, se enteró vagamente de la existencia de los lesionados y, finalizado su servicio, se dirigió a las celdas de aislamiento con el fin de recabar más datos y, si procedía, examinar a los internos. Encontró la puerta de acceso cerrada y habló con Lirón, quien le dijo que todos los lesionados habían sido examinados por sus compañeros y que no revestían importancia. Convencido de que no existía urgencia alguna, este médico abandonó Carabanchel.

Tras «chapar» a la población reclusa en sus celdas, Lirón de Robles ordenó al funcionario de enfermería a los penados adscritos a tal servicio que condujeran a Agustín Rueda hasta la enfermería, traslado que se efectuó entre las once y las doce de la noche. El recluso ya no podía moverse y tuvo que ser llevado en volandas, acostado en la colchoneta, desde la celda a la camilla que esperaba en el pasillo de la primera galería.

Una vez en la enfermería, se le ingresó en una celda individual y cuando tuvo que dar unos pasos, ayudado por los internos para poder acceder a la cama, repitió que tenía «una gran sed». Se le hizo un zumo de naranja, se le suministró un supositorio y un placebo, y se le proveyó de una bolsa de agua caliente. Estas operaciones duraron hasta las dos de la madrugada del 14 de marzo. Después, los internos dejaron al alcance de Agustín una botella con agua, cerraron la puerta de su celda y se retiraron a dormir. Esa madrugada, en hora no determinada y a consecuencia de los golpes recibidos en la mañana anterior, Agustín falleció y cuando sobre las siete horas fue trasladado urgentemente al Hospital General Penitenciario, el médico de guardia sólo pudo constatar su defunción.

Abrumado por las repercusiones del suceso, el director Eduardo Cantos, antes de tomar una decisión, recabó la presencia de los médicos y funcionarios que habían intervenido. Hasta las once y media del día 14, no avisó al Juzgado de Guardia. Cuando lo hizo, no concretó la causa de la muerte y evitó cualquier alusión al resto de reclusos lesionados, que permanecieron en las celdas de aislamiento durante todo el día 14 y sobre cuyo estado tuvo conocimiento el juzgado a través de una denuncia posterior formulada por los letrados que les asistían.

Después de la brutal paliza, los funcionarios dejaron al infortunado Agustín Rueda abandonado durante horas, hasta la muerte. En la autopsia, los forenses encontraron «contusiones múltiples que afectan prácticamente a toda la superficie corporal, que muestra signos inequívocos de haber sido apaleada hasta dejar al sujeto en situación tan lastimosa que no ha podido recuperar las constantes orgánicas, falleciendo por el mecanismo del shock traumático, debido a la pérdida de sangre que supone su extravasación en el tejido celular subcutáneo». Para apalear a Rueda se habían utilizado varios objetos, aunque era «especialmente reiterativo el empleo de objeto contundente alargado de tipo blando, como puede ser la porra o vergajo. […] No hay huellas de ataduras, por lo que la víctima se protege de la lluvia de golpes que sobre él ha caído, cubriéndose la cabeza y cara con las manos, de ahí las escasas lesiones en el rostro y en la mitad anterior de la cabeza, mientras que están especialmente contusionados el dorso de las manos y el borde cubital de los antebrazos. […] El apaleamiento ha sido ejecutado con tecnicismo. Se puede afirmar que no es posible, salvo especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas respetando las estructuras óseas subyacentes».

Los forenses concluyeron en su dictamen: «1.ª Que se trata de una muerte violenta. 2.ª Que su causa ha sido un shock traumático. 3.ª Que éste ha sido la consecuencia de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y “técnico”. 4.ª Que no ha habido asistencia correcta desde el momento de las lesiones hasta la muerte. Y 5.ª Que la muerte se ha producido de doce a dieciocho horas después de recibir los golpes, durante las que se instauró paulatinamente el estado de shock que condujo a la muerte».

CORPORATIVISMO Y AFINIDAD IDEOLÓGICA

Cuando ocurrieron los hechos, Francisco Alonso Rincón era secretario general del Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), una organización progresista que combatió la práctica de los malos tratos en las prisiones españolas durante la transición. En la actualidad, Alonso sigue siendo funcionario de Instituciones Penitenciarias, y en una entrevista concedida al autor, en 1989, analizaba la gran complejidad de Prisiones, un organismo casi militarizado durante el franquismo, cargado de intereses políticos con posiciones ultrarreaccionarias y que, durante los largos años de la dictadura franquista y durante la «ambigua transición política», siempre estuvo dominado por el oscurantismo y la represión.

En las cárceles —afirma Francisco Alonso, con rotundidad— se han producido hechos violentos y terribles, auténticos crímenes de Estado, aún sin aclarar diez años después, y sin que se haya exigido responsabilidades a nadie. Existe en el cuerpo de prisiones una resistencia al cambio democrático que se manifiesta cuando es asesinado un director general, Jesús Haddad, reivindicado por los misteriosos GRAPO, y con un atentado frustrado contra su sucesor en el cargo, Carlos García Valdés, inspirador de una legislación penitenciaria más moderna y progresista. La amnistía de un elevado número de presos políticos provocó, entre otras reacciones, un gran descontento entre los presos sociales y comunes. Al sentirse marginados, crearon un movimiento organizado que se llamó Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), cuyas reivindicaciones culminaron en los motines de 1977, uno de los movimientos de mayor violencia que se ha conocido en las prisiones españolas. Esta ola de violencia reivindicativa fue contestada con la dura represión, cometiendo todo tipo de excesos en el más puro estilo fascista: palizas, torturas, aislamientos, vejaciones… Entonces se crearon los Centros de Máxima Seguridad, donde los internos conflictivos fueron sometidos a todo tipo de barbaridades y despojados de sus derechos más fundamentales.

Tal fue el caso de Herrera de la Mancha, donde en 1979 fueron cometidos abusos y torturas denunciadas por diversos colectivos ciudadanos y por funcionarios demócratas que, al testificar, pusieron sus vidas en peligro para llevar al banquillo a los funcionarios responsables, entre ellos el director de la cárcel.

El 16 de julio de 1985, el Tribunal Supremo condenó a nueve funcionarios de prisiones por malos tratos a presos de Herrera de la Mancha, al aplicarles el párrafo tercero del artículo 204 bis del Código Penal, que penaliza la tortura. El Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que absolvía a los procesados del delito de torturas y les acusaba de «rigor innecesario». Las penas impuestas fueron: al entonces director de la cárcel, Santiago Martínez Motos, tres años de suspensión y dos meses de arresto; a José Antonio Barroso Melado y Manuel Arcilla Santos, tres años de suspensión y diez meses de arresto; a Jesús Pérez Redondo, Ángel Luis Moreno García y Francisco Campos Córdoba, dos años de suspensión y dos meses de arresto, respectivamente; y a Francisco Seco Martínez y Jaime María Pozas Quintas, un año de suspensión y dos meses de arresto para cada cual.[50]

Uno de los reclusos apaleados en Carabanchel y en Herrera de la Mancha, Alfredo Casal Ortega denunció su interrogatorio en Herrera de la Mancha del siguiente modo: «El jefe de servicios, José Antonio Barroso Melado, me citó en su despacho y me mostró los escritos que yo había presentado denunciando los malos tratos; después me obligó a que me los comiese. Eran doce folios que me tragué, haciéndolos pedacitos y con la ayuda del agua de un botijo. Querían saber qué personas podían testificar por la muerte de Agustín Rueda».[51]

Alfredo Casal relató al autor: «Barroso me dijo que conocía mi denuncia a varios funcionarios por la muerte de Agustín Rueda y que se veía en la obligación de defenderlos como compañero, sin que le importara cargarse a cuarenta hijos de puta como yo, con tal de defender los intereses del Cuerpo. “No me importa”, me dijo después de hacerme firmar la declaración, ser trasladado a Segovia como preso, puesto que eso significaría prácticamente estar en la calle».[52]

En Herrera de la Mancha, Antonio Casal fue obligado a presentar un escrito en el que retiraba su acusación contra los funcionarios del caso Rueda. Otro interno de Herrera, Pedro García Peña, denunciante y también maltratado en Carabanchel, pidió declarar de nuevo ante un juez y afirmó que la acusación que había realizado «era mentira y si la hizo fue por la presión del resto de los reclusos que había en Carabanchel donde no tenía ninguna protección». Y alegó: «Rueda debió morir a manos de algún preso».[53]

CARCELEROS EN EL BANQUILLO

El 27 de enero de 1988, diez años después de la muerte del preso anarquista, en una situación social distinta, y tras mes y medio de sesiones, finalizó la vista oral contra los doce funcionarios del caso Rueda. El tribunal que les juzgó lo hubiera tenido más fácil si el apaleamiento y muerte de Agustín se hubiera producido cinco meses después de cuando ocurrió. En su sentencia, concluyó que la «paliza técnica» recibida por Rueda era un delito de torturas con resultado de muerte, establecido en el ya citado artículo 204 bis del Código Penal, pero que las torturas no estaban tipificadas como delito cuando ocurrieron los hechos, sino que fueron incluidas en el Código posteriormente, el 20 de julio de ese mismo año, sin que puedan aplicarse de manera retroactiva aquellas penas que perjudiquen al reo. De este modo, después de negar la intencionalidad de matar y de sopesar la inadecuada asistencia médica, el tribunal calificó los hechos como imprudencia temeraria. Este dictamen provocó el escándalo en la opinión pública, que consideraba el veredicto como muy favorable para los autores del brutal apaleamiento. Tras negar las acusaciones de homicidio formuladas por el fiscal, y de asesinato planteada por la acusación particular, el tribunal tomó la iniciativa, exclusivamente suya, de tipificar los hechos como un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte.

Por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte (homicidio culposo sin intención de matar) con las agravantes de abuso de autoridad y cargo público, fueron condenados a nueve años de prisión el director Eduardo José Cantos Rueda, el subdirector Antonio Rubio Vázquez, los funcionarios José Luis Rufo Salamanca Herrero, Nemesio López Tapia, José Luis Esteban Garcero, Alfredo Luis Mallo Díaz, Alberto Ricardo de Lara Martínez de Plasencia; a ocho años Hermenegildo Pérez Bolaños; a siete Andrés Benítez Ortiz; a seis años y seis meses Julián Marcos Mínguez Martín-Luengo. Los médicos de la prisión, José María Barigón Pérez y José Luis Casas García, fueron condenados a dos años de prisión por la deficiente asistencia médica al recluso, en concepto de autores de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Antes de ser juzgados y previsiblemente condenados, el jefe de servicios Ildefonso Luis Lirón de Robles Riezu falleció de un infarto de miocardio, y el funcionario José Javier Flores Ramos, vinculado a la extrema derecha, perdió la vida durante una reyerta.

Durante más de siete años, ninguna instancia oficial investigó a qué era debido tan sospechoso retraso en la instrucción sumarial, no hubo sanciones ni expedientes. Para los analistas quedaba claro el peso de las simpatías ideológicas hacia los procesados y el corporativismo interesado. Como muestra, el letrado del Estado personado en la causa en nombre de la Administración, se adhirió a la petición de absolución solicitada por las defensas.

9
EL BATALLÓN VASCO ESPAÑOL DE ITURBIDE Y ZABALA

De todas las siglas utilizadas en la guerra sucia contra ETA, la más usual fue la del Batallón Vasco Español (BVE). Numerosos comandos de mercenarios y ultraderechistas reivindicaron sus atentados y crímenes en nombre del BVE, con acciones financiadas y alimentadas por los servicios de información del Estado. Ni siquiera esta circunstancia explica cómo es posible que dos personajes en apariencia aislados, como Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, dos señoritos de San Sebastián, pudieran realizar sus acciones criminales a lo largo de dos años de una manera tan «doméstica» y chapucera, con las mismas armas, y que jamás fueran detenidos o investigados por la Policía. A no ser, claro está, que formaran parte de una estructura superior, en la que ellos fueran uno de los comandos. Cuestión ésta que no ha sido demostrada en sede judicial. Desde febrero de 1979 hasta marzo de 1981, el comando estable de Zabala e Iturbide cometió siete asesinatos y numerosos atentados y, después de reivindicar su primera acción en nombre de la Triple A, siempre mantuvieron la autoría del Batallón Vasco Español.

Varios sumarios tramitados por dos juzgados de la Audiencia Nacional fueron acumulados en una sola causa[54] contra Ladislao Zabala Solchaga, economista, soltero, nacido en San Sebastián el 3 de diciembre de 1953, e Ignacio María Iturbide Alcain, sin profesión determinada, también soltero, nacido en Andoain (Guipúzcoa) el 19 de enero de 1949. Cada uno fue condenado a 154 años de prisión por daños, desórdenes públicos, depósito de armas de guerra, asesinato con alevosía, incendio y falta contra la propiedad.[55]

La sentencia explica que entre Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide existía una estrecha amistad, hasta el punto de que Ignacio vivía en el domicilio de Ladislao, en el número 4 de la calle donostiarra de Ingentea. En febrero de 1978, ante lo que ellos consideran «una situación de impunidad de la organización terrorista ETA y con el fin de contrarrestar las acciones realizadas en el País Vasco por miembros de dicha banda, decidieron actuar por su cuenta contra la integridad física y bienes de personas que a su juicio pudieran ser afines a ideologías separatistas». En ejecución de sus planes actuaron siempre «de forma conjunta» y durante tres años llevaron a cabo las acciones criminales citadas a continuación.

Su bautismo de fuego se llevó a cabo contra una panadería-vivienda del barrio de Kale-Txiki, en Andoain, donde en la madrugada de un día no determinado de marzo de 1978, los dos amigos se bajaron de su automóvil y Ladislao, con una escopeta de caza, disparó dos veces contra la fachada del establecimiento. En agosto del mismo año, Ladislao e Ignacio volvieron a esa panadería de Andoain, e Ignacio roció el portal con gasolina y le prendió fuego. Días después, se dirigieron por tercera vez hasta las proximidades de la panadería. En esta ocasión llevaban un subfusil que perteneció al abuelo de Ladislao, el general José Solchaga. Pasaron delante del portal y, desde el vehículo, Ignacio lanzó una ráfaga de disparos contra la fachada.

En la madrugada del 10 de marzo de 1979, Ladislao e Ignacio prendieron fuego a los vehículos que los hermanos José y Javier Zubillega Aguirrezabala tenían estacionados en el barrio Casas Arín, de Andoain, frente a la estación de Renfe y junto a Coloniales Goñic, propiedad de Juan Lorenzo Iriarte.

Dos meses más tarde, Ladislao e Ignacio dieron un salto cualitativo y decidieron atentar contra la vida de personas próximas a la izquierda abertzale. En la noche del 5 al 6 de mayo de 1979, tomaron el subfusil ametrallador y se dirigieron en automóvil hacia las localidades de Urnieta, Hernani y Andoain. Al salir de esta última población, cuando eran las tres de la madrugada del día 6, observaron cómo, por el margen de la carretera, caminaba una persona que Ignacio reconoció como José Ramón Ansa Echevarría, de diecisiete años, con domicilio en el caserío Upategui. Pararon el coche, Ignacio descendió con el subfusil en ristre, se aproximó hasta el joven José Ramón y le obligó a subir al vehículo. Después de dar un par de vueltas por Urnieta, llegaron hasta el cruce de Sosoka y se metieron por un camino vecinal cercano al caserío de Azconobieta. Detuvieron el automóvil, descendieron y conminaron a José Ramón para que les siguiera. Ya en el exterior, después de preguntarle si conocía a personas relacionadas con ETA, Ignacio disparó sobre la cabeza de José Ramón, lo que le produjo la muerte instantánea. Regresaron a San Sebastián y, desde una cabina telefónica, reivindicaron el crimen en nombre de la Triple A.

A las cuatro de la madrugada del 10 de junio de 1979, Ladislao e Ignacio se dirigieron hasta las inmediaciones del caserío situado frente a la estación de Renfe de Andoain, propiedad de Francisco Arín Lizarribar. Desde su vehículo, Ignacio efectuó cuatro disparos con el subfusil sobre la fachada y ventanas de la vivienda mientras, en su interior, dormían María Jesús Arín Arrieta y José Manuel Ecenarro Ortiz.

En agosto de 1979, al pasar por las proximidades de la ikastola de Hernani, Ladislao e Ignacio decidieron ametrallarla y desde la ventanilla se su automóvil Seat 127 efectuaron tres disparos con el subfusil.

A mediados de septiembre de 1979, cometieron su segundo asesinato: querían acabar con la vida de alguna persona simpatizante de un partido abertzale «como respuesta a la muerte violenta del gobernador militar de San Sebastián». En la madrugada del día 28, provistos de una escopeta de caza, se dirigieron a Hernani, pero al pasar por el barrio de Astigarraga de San Sebastián, Ignacio observó cómo en el interior del bar sidrería La Mina estaba Tomás Alba Irazusta, de cuarenta y dos años, a quien identificó por ser concejal del Ayuntamiento de San Sebastián por Herri Batasuna. Decidieron matarlo. Escondidos, esperaron en las inmediaciones y, al cabo de unos veinte minutos, cuando Tomás Alba salió en dirección a su domicilio, Ladislao disparó sobre él desde una distancia aproximada de veinte metros y le produjo la muerte inmediata.

A las dos de la madrugada del día 19 de abril de 1980, los dos amigos decidieron atentar contra la vida de otra persona que pudiera tener ideología abertzale. Con una pistola del calibre 7,65 se dirigieron en coche hasta Urnieta, Hernani y Andoain para localizar a su nueva víctima. Llegaron a un bar en el cruce de Sosoka y esperaron durante hora y media. Vieron salir a tres individuos, a uno de los cuales Ignacio conocía, y al comprobar que subían a un vehículo de color oscuro decidieron seguirlos. Ya en Hernani, a la altura de la plaza de Los Tilos, vieron descender del coche a Felipe Sagarna Ormazabal. Fue entonces cuando resolvieron definitivamente acabar con su vida. Le siguieron en su coche, a poca velocidad y a corta distancia, mientras Felipe Sagarna caminaba por la calle Cardaveraz en dirección a su domicilio. Cuando la víctima llegó al portal de su vivienda, Ignacio descendió empuñando la pistola, se acercó a Felipe y, sin mediar palabra, lo mató de un disparo en la cabeza, a quemarropa. Acto seguido, regresaron a San Sebastián y, mediante una llamada telefónica anónima al diario Deia, reivindicaron el crimen en nombre del «comando Luis Berasategui del Batallón Vasco Español».

A las dos de la madrugada del 7 de septiembre de 1980, «Ladislao e Ignacio acordaron llevar a efecto una nueva acción violenta contra la vida de alguna persona de ideología separatista, lo que pensaban era una adecuada respuesta a los recientes atentados de ETA». Salieron de su domicilio, con la pistola del calibre 7,65 y se dirigieron hasta Urnieta y Andoain, donde se mantuvieron al acecho durante una hora. Al no ver a nadie conocido, se desplazaron hasta Hernani y, al cabo de media hora, observaron a dos hombres que caminaban por la cuesta Balanchas, a uno de los cuales Ignacio conocía. Se trataba de Miguel Arbelaiz Echevarría, simpatizante de Herri Batasuna. Decidieron matar a él y a su acompañante, Luis Elizondo Arrieta. Detuvieron su coche en un lugar por el que sus víctimas tendrían que pasar, Ignacio se bajó del vehículo con la pistola empuñada, se acercó a las víctimas y, a muy corta distancia, disparó sobre las cabezas de Miguel y de Luis, a quienes mató fulminantemente.

En la madrugada del 21 de septiembre de 1980, Ladislao e Ignacio, armados con la escopeta de cartuchos y la pistola de calibre 7,65, al pasar por Andoain vieron luz en el local de la Sociedad Deportiva Onza, del barrio de San Pedro. Se bajaron del coche y comprobaron si había alguien de ideología de izquierdas. No identificaron a ninguna persona y acordaron atentar contra el propio local. Ladislao introdujo el cañón de la escopeta por el extractor y realizó dos disparos contra el techo y las paredes, mientras Ignacio disparaba con la pistola contra la fachada.

En las primeras horas del 14 de noviembre de 1980, los dos criminales decidieron efectuar otro asesinato. Ignacio salió de casa provisto de una pistola Star de 9 milímetros largo, y se desplazó con Ladislao hasta Hernani, Urnieta y Andoain. En el trayecto, cerca del cruce de Sosoka, vieron a dos personas que caminaban por la carretera. Se trataba de Joaquín Antimasbere Escoz y de Andrés Echevarría Echevarría, de treinta y cuarenta y cuatro años, respectivamente. Al ver el coche solicitaron a sus ocupantes que les llevaran. Ladislao respondió que no. Pasados unos metros, Ignacio le dijo a Ladislao que conocía a uno de ellos desde hacía algunos años y que se trataba de un huido relacionado con ETA. Ante esta afirmación, Ladislao respondió: «Hay que ejecutarlos a los dos». Dieron la vuelta y, cuando estaban próximos a los dos peatones, Ignacio descendió del coche y disparó sobre la cabeza de Joaquín, que murió en el acto, y después efectuó otros dos disparos sobre la zona cervical de Andrés, quien logró llegar malherido hasta su domicilio en Hernani. Ladislao llamó a El Diario Vasco para comunicar anónimamente que el Batallón Vasco Español reivindicaba «la muerte de dos etarras» abandonados en la zona de Andoain.

A mediados de enero de 1981, los dos criminales cogieron una escopeta de caza y se dirigieron en coche a Urnieta. Antes de llegar al cruce de Sosoka observaron un caserío conocido como Beltrán. Ignacio comentó que no conocía la ideología de su dueño, a lo que Ladislao respondió que daba lo mismo. «Dispara». Ignacio cogió la escopeta y realizó dos tiros sobre la fachada.

A las dos y media del 27 de febrero de 1981, al llegar a su domicilio, Ladislao vio que Ignacio aún no se había acostado. Conversaron sobre el fallido golpe de estado del 23-F. Pasada media hora salieron a dar una vuelta para observar cómo estaba el ambiente por las zonas que habitualmente recorrían. Ladislao llevaba la pistola e Ignacio la Star. Al llegar a Hernani y no ver a nadie, decidieron esperar a que gran parte de la población acudiera al trabajo. Durante la espera, sobre las seis de la mañana y después de tomar unos bocadillos, Ignacio comentó a Ladislao que muy cerca había un bar llamado Venta-Berri regentado por un «separatista» y que sería un blanco fácil. Acordaron matar al dueño del bar. Emplazaron el automóvil frente a la puerta del establecimiento, esperaron a que saliera el último cliente y cuando eran aproximadamente las seis y media de la mañana, Ignacio descendió del coche, entró en el bar y efectuó un disparo sobre Víctor Fernández Ochoa, de cuarenta y tres años, que estaba reclinado en la barra haciendo la lista de la compra del día. Como consecuencia del disparo recibido, Víctor Fernández Ochoa, «de quien no consta que perteneciera o pertenezca a partido político alguno», sufrió heridas de las que tardó en curar nueve meses.

En la noche del 2 de marzo de 1981, Ladislao e Ignacio «decidieron responder al atentado» que días antes habían sufrido varios miembros de la Policía Nacional por la explosión de dos artefactos al paso de un vehículo policial. Sobre las tres de la madrugada del 3 de marzo de 1981, salieron de su casa dispuestos a recorrer su itinerario habitual: Urnieta, Andoain y Hernani. Ignacio llevaba la pistola de calibre 7,65. En las tres poblaciones se dedicaron a examinar automóviles con el propósito de incendiar aquellos que llevaran pegatinas o emblemas alusivos a la independencia del País Vasco. Al no ver ninguno, cambiaron de plan y decidieron atentar contra «alguna persona de ideología separatista». Sobre las siete y media de la mañana, al salir de Andoain vieron a un hombre que caminaba solo por la carretera. «¿Le conoces?», preguntó Ladislao a Ignacio, quien respondió: «Sí, se trata de un tal Ansa, de ideas bastante avanzadas. Es buena hora y podemos cargárnoslo». Ladislao dio la vuelta al coche y se detuvo junto al peatón Francisco Javier Ansa Cincunegui, soltero y de profesión delineante. Al instante, Ignacio se bajó del coche y le descerrajó cuatro disparos en la cabeza que le produjeron la muerte instantánea.

UNA «VINCULACIÓN» SOBRESEÍDA

Cuando fueron detenidos en marzo de 1981, la Policía les intervino todas las armas que habían sido utilizadas en sus andanzas criminales: la pistola de calibre 7,65 sin inscripción de marca, numeración, ni guía de pertenencia; una pistola marca Star, de calibre 9 milímetros largo, con el número de serie limado; un revólver con tambor, de cinco disparos, sin inscripción de marca, ni numeración; un subfusil sin número de serie, de calibre 9 milímetros largo y con una placa de inscripción que decía «Al General Don José Solchaga»; cinco escopetas y cientos de cartuchos; una cuartilla conteniendo nombres y apellidos, domicilios y matrículas de vehículos correspondientes a nueve personas; una hoja con los teléfonos y direcciones de dos personas; una pegatina y una insignia con la cruz gamada.

El día de su detención, en medios abertzales y municipales se jactaban de «conocer sobradamente las andanzas de Ignacio Iturbide», alias «Piti», desde 1979. Ese año se constituyó en Andoain —el pueblo natal de Iturbide— una comisión de investigación que elaboró un dossier que le implicaba en los atentados.[56] Más aún, Ignacio María Iturbide, además, fue denunciado ante las autoridades gubernativas por una comisión municipal de Andoain, a raíz de los primeros asesinatos, violaciones y atentados sufridos persistentemente en la zona.

Por si faltaban indicios, el 13 de mayo de 1981 el miembro del Batallón Vasco Español, Rogelio González Medrano, detenido y arrepentido, presentó una confesión manuscrita en el Juzgado de Guardia de San Sebastián, que fue enviada al Juzgado Central de Instrucción número 4 y sobreseída tres meses más tarde, con fecha del 12 de agosto. En esa denuncia, el arrepentido involucraba en una serie de atentados a quince personas descritas detalladamente. Entre ellas, a un teniente coronel retirado, a un capitán de la Guardia Civil, a varios policías, y a Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, «desconocidos» en ese momento a pesar de que Ignacio Iturbide ya había sido detenido en 1978 acusado de colocar bombas y participar en agresiones junto a miembros de las Fuerzas de Orden Público y con otros personajes de ultraderecha, que González Medrano volvía a mencionar en su confesión, como Jesús Arrondo Martín. Sin embargo, Ignacio fue puesto en libertad y se lanzó desde entonces a la realización de atentados con su compañero Ladislao Zabala.

El arrepentido Medrano había llegado a tener conocimiento de hechos muy graves en los que estaba implicada gente importante. La información era verídica y los casos contrastables con otras fuentes. Esta confesión era conocida por la Policía desde meses antes del asesinato de Francisco Javier Ansa. A modo de memorial, el arrepentido había elaborado un documento en el que, además de contar su vida, detallaba la lista de ultraderechistas que actuaban en la zona, las relaciones entre ellos y las acciones en que habían participado. Ignacio Iturbide era definido como un «ejecutor de atentados por encargo de los servicios secretos españoles».[57]

Al desestimar la denuncia del arrepentido Medrano, se daba carpetazo a la investigación de las conexiones de los ejecutores de atentados con miembros de las fuerzas de seguridad y así, una vez más, la autoría de los crímenes quedaba reducida exclusivamente a quienes se sentaban en el banquillo. Quedaban en agua de borrajas las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Rosón, con respecto a los datos aportados por González Medrano: «Las investigaciones sobre las actividades de la extrema derecha denunciadas por el antiguo miembro del Batallón Vasco Español continúan adelante».

Tras la detención de Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, el comisario jefe de la Brigada Central de Información, Jesús Martínez Torres, se apresuró a dar oficialmente por desarticulado y extinguido el Batallón Vasco Español.

10
EL ATENTADO CONTRA EL PAÍS Y EL «COMANDO DE LOS PAQUETES BOMBA»

Desde el 8 de abril de 1978 hasta el 26 de julio de 1981, un comando especializado en la colocación de explosivos desarrolló impunemente actos criminales y asesinatos reivindicados al principio por la Triple A y después por el Batallón Vasco Español, siguiendo una pauta conocida. Sus autores eran ex militantes de Fuerza Nueva, escindidos, que se vincularon al Frente de la Juventud y que crearon una banda terrorista con la que se relacionaron ultraderechistas de otra generación, como Leocadio Jiménez Caravaca, Tomás Antón Torregrosa, Joaquín López Martínez, Pedro de Haro Pavón y José Luis Sáez Alonso, a quienes detuvo la Policía al desmantelar el grupo.

Las andanzas de este comando empezaron con la colocación de un explosivo ante el edificio del Boletín Oficial del Estado. Por esta causa, la Audiencia Nacional[58] condenó a tres años de prisión por un delito de estragos a Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata, de veintidós años, estudiante, soltero, nacido en Madrid el 15 de septiembre de 1955, y a Rafael Alfredo Gómez Álvarez, de veinte años, auxiliar administrativo, soltero, nacido en Madrid el 3 de junio de 1957.

Quedó judicialmente probado que en la madrugada del 8 de abril de 1978, «Gómez Álvarez y Rodríguez-Borlado, puestos de acuerdo con personas que no son juzgadas, y provistos de una bolsa en cuyo interior habían colocado un artefacto explosivo compuesto por casi cuatro kilos de Goma 2, un detonador y un aparato de relojería, se desplazaron hasta el edificio del Boletín Oficial del Estado», en la calle Trafalgar de Madrid, y tras activar el mecanismo depositaron el artefacto delante de la puerta del inmueble, mientras las otras personas que les acompañaban vigilaban para no ser sorprendidos por la Policía. Sobre las 5.45 horas, un vigilante jurado localizó la bolsa y avisó a la Policía. El servicio de Desactivación de Explosivos trató de neutralizarlo pero, mientras lo desplazaban al centro de la calle, explotó y causó daños en el edificio y en viviendas cercanas.

En enero de 1983, el mismo tribunal juzgó a estos dos ultraderechistas por el paquete bomba enviado al diario El País en 1978.[59] Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata y Rafael Alfredo Gómez Álvarez fueron condenados a treinta años de prisión cada uno por perpetrar actos terroristas, asesinato y daños.

En la sentencia quedó probado que Gómez y Rodríguez-Borlado habían militado en el partido político legalizado Fuerza Nueva, del que se desligaron a finales de 1977, y que «en unión de otra persona que ahora no se juzga constituyeron en 1978 un grupo, de incipiente organización, cuya finalidad esencial se encaminaba a la realización de acciones violentas contra personas, grupos y empresas que ellos calificaban como de ideología marxista». Consideraban El País como uno de sus objetivos, porque pensaban que era de los medios de comunicación que dirigía mayores ataques a los grupos de ultraderecha. Textualmente, dice la sentencia:

Puestos de acuerdo y en unidad de acción y claro propósito de represalia contra dicho periódico, y pensando en un medio más dañino para personas y cosas que la simple colocación de un artefacto explosivo en el exterior del edificio en que se confeccionara dicha publicación, sobre las dieciocho horas del día 27 de octubre de 1978, Gómez Álvarez se reunió en su piso con Rodríguez-Borlado y el tercer miembro del grupo, Pedro Bel Hernández, y, en una caja acorchada introdujeron doscientos gramos de dinamita Goma 2, en conexión con un multiplicador, una pila seca y un interruptor de presión, confeccionaron un artefacto explosivo, atando el paquete, y envolviéndolo con papel como un paquete postal, pusieron como dirección «Don Julián García. c/ Miguel Yuste 40. Madrid», como remite «I.B.M. Paseo de la Castellana 4», y lo enviaron desde el edificio del Palacio de Comunicaciones de Madrid como correo certificado.

El paquete bomba fue repartido, y a las diez de la mañana de aquel 30 de octubre de 1978, en una saca dirigida al periódico El País, fue recibido en los locales de la planta baja del rotativo, por el conserje Carlos Barranco Armenteros, quien, al quitar el papel del envoltorio, advirtió la existencia de unos cables y, al sospechar algo anormal, lo comunicó a su compañero de conserjería, José Andrés Fraguas Fernández, de diecinueve años. Ambos decidieron no tocar el paquete y avisar al jefe de conserjería, Juan Antonio Sampedro Sánchez, de treinta y cuatro años, quien no le concedió importancia y comenzó a abrirlo. Al retirar la tapa de la caja, cedió el dispositivo de presión y el artefacto explotó. José Andrés Fraguas Fernández falleció como consecuencia de las heridas y sus compañeros, Juan Antonio Sampedro y Carlos Barranco, quedaron gravemente heridos. Para el tribunal quedaba acreditado que el único propósito del atentado era «la represalia ejercida contra un medio de información y difusión social, realizado por acuerdo entre los autores y con unidad de acción». Un delito de terrorismo.

Un año más tarde, en febrero de 1984, la misma Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgó por tercera vez las actividades criminales de Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata, que fue condenado a treinta y siete años de prisión por tenencia de armas, asesinato por medio de inundaciones, lesiones y estragos; y Rafael Alfredo Gómez Álvarez, condenado a cuarenta años de prisión por tenencia de armas, homicidio, asesinato con alevosía, lesiones y estragos. En este caso, también se sentó en el banquillo Jesús Javier Blanco García, funcionario de Correos, soltero; nacido en Madrid el 18 de octubre de 1958, que terminó absuelto. Entre finales de 1977 y julio de 1981, dice la sentencia, Gómez y Rodríguez-Borlado «estuvieron integrados con otras personas, todos procedentes del legalizado partido político Fuerza Nueva, en un clandestino conjunto ultraderechista que se fue afianzando en el colectivo y general propósito de utilizar la violencia como instrumento provocador de desestabilizante alarma ciudadana, amén de originador de concretos quebrantos personales y patrimoniales; para lo que llegaron a disponer de armas de fuego y explosivos».

Las actividades del comando en Madrid quedan perfectamente reseñadas en la siguiente relación de hechos probados.

A las 5.30 horas de la madrugada del 8 de enero de 1978, los dos ultraderechistas se presentaron en el exterior de la librería Fórum, de la calle Don Ramón de la Cruz, que tenían identificada como vendedora de libros marxistas, lanzaron el artilugio contra la cristalera de la librería y se produjo la explosión sin causar deterioros.

A las tres de la madrugada del 14 de enero, Gómez y Rodríguez-Borlado llegaron a la librería Expres, en la calle de Alberto Aguilera, y colocaron un artefacto que causó numerosos desperfectos. Mientras Gómez y otro correligionario vigilaban, Rodríguez-Borlado situó el artilugio para que estallara cinco minutos después.

A las tres de la madrugada del 23 de marzo, Gómez y al menos otro compañero (no quedó acreditado que se tratara de Jesús Javier Blanco García) colocaron un ingenio explosivo compuesto por treinta cartuchos de ciento cincuenta gramos de amonita, un multiplicador y mecha lenta, en la sede de la Federación Local de la CNT, en la calle de la Libertad, número 15. Gómez encendió la mecha, pero la explosión no llegó a producirse porque un mendigo, al percibir la mecha encendida, la desprendió del resto del paquete.

Alrededor de las once de la mañana del 10 de mayo, Gómez y Rodríguez-Borlado dispusieron un aparato compuesto por dos kilos de Goma 2, un multiplicador y mecha lenta en el chalet que estaba construyéndose en Torrelodones el cantante Víctor Manuel, a quien reprochaban que fuera comunista. Gómez encendió la mecha y la explosión produjo destrozos de poca cuantía.

Poco antes de las 3.40 horas de la madrugada del 10 de julio, Gómez y Rodríguez-Borlado colocaron un artefacto confeccionado con un kilo de Goma 2, multiplicador, reloj y pila, en una ventana del cafetín Colmenar, de la calle Hartzenbuch, «en cuya clientela habían creído percibir el aspecto de anarquistas o drogadictos», con el objeto de que cinco minutos más tarde se desencadenara la explosión, que produjo destrozos en el local, en un coche aparcado y en viviendas colindantes.

Ocho meses más tarde, a principios de marzo de 1979, Rodríguez-Borlado decidió hacer estallar un artilugio destructor en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, en la calle de Ortega y Gasset, «por reputada tapadera de marxistas». Tras montar el artefacto con doscientos cincuenta gramos de Goma 2, multiplicador, reloj y pila, lo colocó a las tres de la tarde del día 10 de marzo en la puerta del piso y causó destrozos en esa sede y en viviendas del mismo edificio.

Al comenzar julio de 1979, Rodríguez-Borlado trajo clandestinamente a Madrid desde la provincia de Alicante diez kilos de Goma 2 «para las actividades violentas que el colectivo practicaba». Antes de irse de vacaciones a Marbella, los entregó a Gómez, quien decidió «causar destrozos y la consiguiente alarma social» mediante un ingenio explosivo en el bar El Parnasillo, de la calle de Manuela Malasaña, ya que «los frecuentadores del local eran marxistas, anarquistas y drogadictos». El sábado 14 de julio de 1979, Gómez y su correligionario no juzgado confeccionaron el artefacto con varios kilos de Goma 2, un cebo, un reloj y una pila, para ubicarlo cerca de la puerta del El Parnasillo, de manera que estallara hacia la medianoche, «aceptando ambos la producción de quebrantos personales —y aun mortales— en los numerosos ciudadanos que, como sabían, a tales alturas de la jornada acudían al lugar». Colocaron el artefacto y, en los primeros minutos del día 15, la explosión causó un fuerte shock traumático a Salomé Alonso Varela, de veintiocho años, que cruzaba la calle en aquel momento y que falleció poco después. Numerosas personas que transitaban por allí sufrieron heridas y otras alteraciones corporales. Entre ellos: Jesús Cañedo Vega, marido de Salomé; Ángel Valdeita Noguera, de sesenta y tres años; Pilar Valdoro Toledo, de cuarenta y nueve años; María Serrano Martínez, de sesenta y tres años; María Luisa Muñoz Jiménez, de cuarenta y tres años; Begoña San Juan Alonso, de veintisiete años; Vicente Santiago Macías, de veinticinco años; y Ricardo Álvarez Silveriño, de veintinueve años.

A mediados de enero de 1980, Rodríguez-Borlado decidió enviar otro paquete bomba a la sede madrileña del Club de Amigos de la UNESCO, en el primer piso del número 8 de la plaza de Tirso de Molina. En una cajita de madera, cerrada con cuerda y envuelta en papel de embalar, introdujo un artefacto compuesto por doscientos cincuenta gramos de Goma 2, multiplicador, pila eléctrica e interruptor de presión, de modo que, al ser abierta la caja, se originara una explosión «de la que preveía como normales consecuencias la muerte o muertes de quienes desembalaran y destrozos en el local; por entender que el club era una tapadera marxista».

A las dos y media de la tarde del 26 de enero, Rodríguez-Borlado entregó personalmente el paquete a la portera del inmueble para que lo hiciera llegar a su destino. Poco antes de las siete de la tarde, la mujer se lo dio a un socio de la entidad, quien lo depositó en la secretaría del club, en cuyos locales iba a comenzar a aquella hora una asamblea general ordinaria. Poco después, el interventor Luis Enrique Esteban Barahona, de treinta años, y la bibliotecaria María Dolores Martínez Ayuso, de cuarenta y uno, quitaron el papel y al abrir la cajita, que supuestamente contenía un libro, sobrevino la explosión parcial del artefacto, que originó heridas y quemaduras múltiples a Luis Enrique, empleado de banca, a quien hubo que amputar una mano, y a María Dolores, administrativa, que se quedó ciega.

En las primeras horas del 7 de junio de 1981, Carlos Idígoras Navarrete, de veintidós años, acababa de aprobar unas oposiciones a factor de Renfe y se hallaba celebrándolo, con su larga cabellera rubia y su cojera derivada de una poliomielitis infantil. Tomaba copas en la zona de Aurrerá, en el madrileño barrio de Argüelles y estaba completamente borracho cuando, poco antes de las tres de la madrugada, se acercó al grupo formado por Gómez, Rodríguez-Borlado y otros dos. Entonces Gómez y alguno de sus acompañantes decidieron llevarse a Idígoras en un coche hasta otro lugar para darle una paliza. Subidos los cuatro en el automóvil, llegaron a la glorieta de Bilbao. Rodríguez-Borlado se marchó, pero los demás continuaron hasta la calle del Cardenal Cisneros. Allí, mientras uno se quedaba en el coche, Gómez, que llevaba encima un revólver Astra del calibre 38, y el otro activista tomaron a Idígoras por los brazos y se metieron con él en el interior de un solar. La descripción judicial del crimen resulta estremecedor: «Hallándose Idígoras en una actitud extremadamente pasiva, en la mano derecha un cigarrillo encendido, Gómez, o su acompañante, con la referida arma efectuó dos disparos hacia la cabeza del desvalido Carlos Javier, a quien un proyectil le penetró por la región frontal derecha para salir por la temporal izquierda y el otro, correspondiente a un disparo realizado a veinte o treinta centímetros de la piel, le entró por la región maxilar derecha, produciéndole destrozos cerebrales que determinaron la inmediata muerte, como Gómez pretendía». Después salieron del solar, relataron lo sucedido al que seguía en el coche y se alejaron caminando. Este revólver fue encontrado por la Policía en poder de Gómez en el momento de su detención.

Días antes de la noche del 17 al 18 de julio de 1981, Gómez, Rodríguez-Borlado y un tercer miembro del grupo decidieron colocar un artefacto en los arbustos de la plaza de Olavide para que estallara durante una de las verbenas que allí se celebraban, «porque en ellas montaban casetas partidos de izquierdas y había una mayoría de gente con aspecto de drogadictos». A la una de la madrugada del sábado 18 de julio, Gómez, Rodríguez-Borlado y el tercer activista se presentaron en la verbena y colocaron en unos setos el artilugio que Rodríguez-Borlado había confeccionado con trescientos cincuenta gramos de Goma 2, multiplicador, reloj y pila, y que él mismo se encargó de activar para que la voladura ocurriera poco después. Cinco personas sufrieron heridas: Pilar Emeterio Martínez, Rafael Lorente García-Mauriño, José Antonio Domenech Checa, José Manuel Ruiz López y Rafael Redondo Escribano.

A las cuatro de la madrugada el 26 de julio de 1981, tras haber estado tomando bebidas alcohólicas, Gómez, Rodríguez-Borlado y un tercer activista llegaron en un Seat 127 hasta la calle del Cardenal Cisneros, donde vivía el primero. El vehículo estaba parado e impedía el paso a otros automóviles. Por esta causa, tuvo que detenerse un Renault 4 conducido por Félix Sanz Arroyo, camarero de veintitrés años, a quien acompañaban otros cuatro jóvenes. Fuera del Seat, apoyado en la portezuela izquierda, Gómez hablaba con los del interior. Félix Sanz sacó la cabeza por la ventanilla y les dijo que se apartasen porque disponía de poca gasolina. Entonces, Gómez se dirigió hacia él, empuñó a mitad del trayecto el revólver Astra y, mientras gritaba: «A mí qué me decís», introdujo el arma por la ventanilla izquierda del Renault y efectuó un disparo hacia el interior, a muy poca distancia y a la altura de la cabeza de Félix, estupefacto ante la súbita e inesperada agresión. La bala le penetró por la región preauricular izquierda, le fracturó la mandíbula y se alojo en la masa muscular paravertebral. Tardó en curar 281 días y quedó afectado de acúfenos en el oído izquierdo, trastornos de la parótida izquierda y una cicatriz en la región parotidea hasta la yugular. Gómez ordenó a los demás ocupantes del Renault que salieran del coche y que corrieran. Mientras huían, el tercer activista, que también había salido del coche, efectuó otro disparo con una pistola Star. Después, Gómez, Rodríguez-Borlado y el otro activista se marcharon tranquilamente a dormir.

Cuando a las seis de la tarde de aquel mismo 26 de julio, la Policía detuvo a Gómez Álvarez en su vivienda de la calle del Cardenal Cisneros, número 6, encontró el revólver Astra del 38 especial y la pistola Star del 9 corto que el ultraderechista guardaba con los números de fabricación limados. Y, sobre las 7 horas de la mañana del día siguiente, fue detenido Rodríguez-Borlado, y se encontró en su vivienda del paseo de la Castellana, número 164, una pistola marca Llama, del calibre 9 corto, con municiones y en buen estado de funcionamiento.

En su relación de hechos probados, la sentencia concluye:

Como se ha expuesto, Gómez y Rodríguez-Borlado estuvieron integrados en el más arriba descrito conjunto clandestino; pero no consta que esa integración se concretara por lo que atañe a esos dos procesados, en actividades distintas a las que fundamentan las pretensiones punitivas formuladas contra ellos en éste y otros procesos. Y el procesado Blanco, aunque mantuvo relaciones con aquellos dos, no aparece acreditado que estuviera integrado en el grupo con posterioridad al 5 de mayo de 1981.

SILENCIO OFICIAL ANTE «FUERZAS INAPRENSIBLES Y MISTERIOSAS»

Los hechos descritos por la sentencia resultan sorprendentes porque demuestran «la soltura» con que este «grupo no demasiado jerarquizado» se movía en sus acciones terroristas. Cuando en 1981 Ramiro Rodríguez-Borlado Zapata y Rafael Gómez Álvarez fueron capturados habían transcurrido tres años de silencio oficial desde el atentado contra El País. El 31 de octubre de 1978, a veinticuatro horas de que la nueva Constitución culminara su trámite parlamentario, y media hora después de la muerte del conserje Andrés Fraguas, llegó a la redacción de El País un nuevo comunicado anónimo que anunciaba la colocación de otra bomba. El atentado puso en marcha un alud de comunicados falsos en los que la Triple A, el GAS, el GRAPO y ETA se adjudicaban la autoría. Sin embargo, todos estos avisos fueron desmentidos por el propio ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, quien aseguró que «en el caso de El País se está trabajando mucho y bien».

El crimen tuvo una gran repercusión. Todas las agencias de noticias internacionales informaron ampliamente y relacionaron esta acción terrorista con los intentos de desestabilizar la democracia española en vísperas de que el texto constitucional fuera ratificado por las Cortes. Así lo hicieron la United Press Internacional (UPI), France Press, las emisoras francesas France Inter, Europa 1 y Radio-Tele-Luxembourg, los diarios Le Monde, France Soir; en Portugal, los periódicos Jornal Novo, Aluta… La británica Reuter insistió en que el atentado suponía «un nuevo intento de provocar tensión en una importante etapa de la transición de España desde la dictadura a la democracia».

Aquel 31 de octubre de 1978, la prensa española llevaba el atentado en sus portadas. Diario 16 con gran despliegue tituló: «Bomba contra El País». El vespertino Informaciones abría su primera página a tres columnas: «Carta bomba contra El País». Pueblo titulaba a seis columnas: «Estalló una bomba esta mañana en El País». El Alcázar informó a una columna: «Paquete bomba contra El País, un herido gravísimo». En la prensa catalana, Tele/Expres y Catalunya Exprés daban la noticia a las tres horas de haberse producido. Tele/Expres, además, destacaba la similitud de este atentado con el sufrido por la revista El Papus.

Todos los sindicatos implantados en prensa y artes gráficas, reunidos en la tarde del 30 de octubre, convocaron una movilización de repulsa y contra el terrorismo. En un duro manifiesto afirmaban:

Somos conscientes de que este nuevo acto terrorista tiene como objetivo desestabilizar el proceso democrático, específicamente en el momento en que la Constitución va a ser aprobada en las Cortes. Creemos que una respuesta de no aparición de los medios de comunicación haría el juego a ese intento desestabilizador, privando al país de una información vital para el futuro democrático y fomentado una sensación de caos, que tememos va a proseguir hasta el día del referéndum constitucional. Así como en otra ocasión hemos parado los medios de comunicación para seguir informando, hoy creemos que debemos seguir informando para defender la democracia.[60]

En Madrid, más de quince mil trabajadores de prensa se manifestaron y un millar en Barcelona. «Disolución de bandas fascistas» y «Aislar, combatir, derrotar al terrorismo», fueron las consignas más repetidas. Recordaron que los presuntos autores de la bomba de El Papus seguían libres.

Un mes más tarde, un alto mando policial realizó unas declaraciones similares a las del ministro Martín Villa, en las que apostilló: «Tenemos dos pistas seguras, que podrían dar con los autores». Sin embargo, no se obtuvo ningún resultado. Cuando se cumplió el primer aniversario del atentado, un portavoz del ministerio aseguró: «No tenemos nada nuevo que decir sobre el caso». Lo mismo hicieron al año siguiente: «No hay novedad». Faltaban pocos meses para que se cumpliera el tercer aniversario del atentado cuando detuvieron a los presuntos autores que serían juzgados cinco años más tarde.

Aquel terrible 31 de octubre de 1978, El País tituló en portada: «Extrema derecha y GRAPO, principales sospechosos del atentado a El País», y publicó un editorial donde destacaba que, por encima de la indignación y el dolor, prevalecía su convicción de que la Constitución que aquel día se aprobaba en las Cortes era el fruto de la voluntad común del pueblo español y no debía ser acallada la alegría de su promulgación «con el eco de la dinamita». Y añadía: «Desde el comienzo de la transición, y coincidiendo con cada hito significativo de la democracia, los profesionales del asesinato político han venido asolando a nuestro país y regándolo de sangre inocente. […] Si la prensa es hoy atacada es porque la prensa es reflejo y motor de un cuerpo social vivo, de un país en marcha hacia la conquista de las libertades y de sus derechos».

DOCUMENTOS GRÁFICOS DE LA TRANSICIÓN
PARTE I

La «Operación Reconquista» de Montejurra 1976 fue un claro ejemplo de terrorismo de Estado. La operación se organizó y preparó desde el ministerio de Gobernación.

El domingo 9 de mayo de 1976, en Montejurra, José Luis Marín García Verde, «el hombre de la gabardina», mató a tiros a Aniano Jimémez.

Ultraderechistas, neofascistas y mercenarios provocaron dos muertos y numerosos heridos de bala entre los seguidores democráticos de Carlos Hugo de Borbón.

Pegatina que recuerda el asesinato del estudiante Carlos González.

El crimen de Carlos González, realizado por ultraderechistas, sigue impune.

El 23 de enero de 1977, el joven Arturo Ruiz fue asesinado mientras se manifestaba por la amnistía.

José Ignacio Fernández Guaza, guerrillero de Cristo Rey, huido de la justicia al ser acusado de autor de los disparos que mataron a Arturo. La toma de Montejurra 1976 por los seguidores del ultra Sixto de Borbón vino precedida por una intensa campaña de agitación con pintadas como estas.

La matanza de Atocha el 24 de enero de 1977 fue consecuencia de una «operación de castigo» instigada desde la secretaría del Sindicato de Transportes de Madrid.

Fernando Lerdo de Tejada, acusado de la matanza de Atocha, concedió una entrevista antes de huir de prisión aprovechando un permiso carcelario.

El multitudinario funeral por los abogados laboralistas de Atocha supuso un punto de inflexión en el curso de la transición española.

Ficha de Interpol del neofascista italiano refugiado en España, Stefano delle Chiaie. Documento elaborado por la Brigada de Información Interior sobre las actividades en España de los más destacados activistas vinculados con las tramas negras y la denominada «internacional negra».

Entrevista concedida al autor por los condenados por el maletín-bomba contra la revista satírica El Papus, que mató a Juan Peñalver, publicada en El Periódico de Catalunya el 8 de mayo de 1983.

Paquete-bomba contra El País. Como consecuencia murió el conserje Andrés Fraguas y quedaron malheridos Juan Antonio Sampedro (en la foto) y Carlos Barranco.

El desmantelamiento del Frente de la Juventud supuso la disolución del sector más activo de la ultraderecha española.

El oscuro asesinato de Juan Ignacio González, líder del Frente de la Juventud, en 1980, desató numerosos disturbios.

Durante el mes de enero de 1977, la extrema derecha desencadenó en el centro de Madrid una ola de violencia criminal organizada.

11
EL DESMANTELAMIENTO DEL FRENTE DE LA JUVENTUD

Desde el 2 de noviembre de 1979 hasta el 23 de febrero de 1982, a través de diferentes causas judiciales, la Audiencia Nacional sentó en el banquillo a medio centenar de militantes del Frente de la Juventud (FJ), en cuyas filas llegaron a militar los autores de la bomba contra El País, del asesinato de Andrés García, del asalto a la Facultad de Derecho, el infiltrado Cocoliso o alguno de los atacantes a El Largo Adiós.

La desarticulación del Frente de la Juventud, como expresión violenta organizada de la ultraderecha, fue más allá de los casos concretos sentenciados por la Audiencia Nacional o los juzgados de Madrid. A la búsqueda de la «moderación», el diputado de la coalición ultra Unidad Nacional y presidente de Fuerza Nueva, Blas Piñar, había puesto en marcha un proyecto «a la italiana» por recomendación del líder neofascista Giorgio Almirante, y veía sin sobresaltos la escisión de los sectores más radicales de su sección juvenil, de cuyo entorno habían salido asesinos convictos. Piñar aspiraba a ser el heredero político de Franco —«Caudillo Piñar» le llamaban—, y quería ganar votos entre los sectores neofranquistas y nostálgicos del régimen.

Sin embargo, los violentos se impacientaron, deseaban entrar en acción y así lo hicieron. Crearon el Frente de la Juventud, en el que se encuadraron en toda España más de cuatrocientos militantes de Fuerza Nueva, organización dotada de una estructura piramidal paramilitar que los frentistas reprodujeron en su nueva organización. Cada célula básica de Fuerza Joven estaba compuesta por siete miembros y un jefe. Era la escuadra. Dos escuadras formaban un pelotón. Dos pelotones una sección. Dos secciones una línea y dos líneas una centuria, que constaba de 128 miembros. Tres centurias constituían una unidad. Cada centuria se identificaba por la letra de su unidad y el número que le correspondía, siempre a partir del «20». La unidad más deseada por los escuadristas era la de comando, formada por dos centurias, y que se distinguía por lucir la boina roja inclinada hacia la derecha. El comando era la unidad de choque, entrenada para responsabilizarse de las tareas de vigilancia y seguridad, y dotada de sus propios grupos de transmisiones y sus artilleros. Por encima de estas unidades, se hallaba la Sección C, boina negra y camisa gris, expertos en artes marciales, defensa personal y manejo de armas de fuego, formada por cincuenta militantes seleccionados cuidadosamente para custodiar la sede central del partido y proteger a Piñar y a los mandos.

Durante 1977 y a principios de 1978, la Sección C de Fuerza Joven alcanzó tal notoriedad pública por su participación en altercados y operaciones de castigo, que en mayo de 1978 decidieron crear la Sección Z, compuesta por veinte militantes de élite bajo las órdenes directas de cada jefe provincial, con el fin de acometer «acciones delicadas». Era preciso contentar a los duros, algunos de los cuales habían montado por su cuenta el Comando Mazinger, nombre ilustrativo del horizonte de sus miembros y que terminó absorbido por la Sección Z.

Esta estructura paramilitar fue el invernadero en el que maduraron futuros terroristas ultras que aplicaron la violencia con una práctica de manual. En abril de 1979, en doce meses, Fuerza Joven pasó de los cuatro mil quinientos afiliados contabilizados en abril de 1978, a poco más de tres mil. Y de esa sangría surgió un nuevo partido creado en junio de 1978 y llamado Frente de la Juventud, legalizado en noviembre de aquel año con ese nombre, y compuesto mayoritariamente por miembros de la Sección C y la Sección Z de Fuerza Joven, y al que se afiliaron varios «comandos de acción» al estilo de la banda de Gómez Álvarez y Rodríguez-Borlado.

El Frente de la Juventud estaba implementado en Madrid, Valencia, Barcelona, Salamanca, Ciudad Real, La Coruña y Valladolid. Su máximo dirigente era Juan Ignacio González Ramírez, licenciado en Derecho, empleado del Registro de la Propiedad y, hasta entonces, jefe provincial de Fuerza Joven en Madrid. Fue el propio González Ramírez quien explicó la escisión con estas palabras: «Hemos roto para superar el aburguesamiento reaccionario de Fuerza Nueva, que se ha transformado en el imperio de las bragas y las beatas. Nos habíamos convertido en un puticlub. En los últimos tiempos están entrando en Fuerza Nueva gentes muy extrañas, gentes de derecha, por llamarles de alguna forma, gente que venía a Fuerza Nueva a vender sus productos».[61]

Como lugarteniente y pieza clave estaba el abogado José de las Heras, y a ellos se unieron destacados escuadristas conocidos por la Policía como Emilio Nistal, los hermanos Barranco, o Abelardo Pons, hijo de un alto mando militar. Las acciones violentas protagonizadas por miembros del Frente ocuparían a partir de entonces las páginas de actualidad. En sus filas militaban los organizadores de los disturbios tras el atentado de la cafetería California 47, los asaltantes de la Facultad de Derecho, los asesinos del joven comunista Andrés García… Desde esta perspectiva, el Frente de la Juventud había nacido para cubrir una necesidad objetiva de la extrema derecha: disponer del recurso de la violencia y de suficiente capacidad operativa en la calle, sin que se implicara a las organizaciones legales de la extrema derecha estructurada, ni se comprometieran las aspiraciones electorales del parlamentario Blas Piñar.

LOS ATRACOS

El 30 de octubre de 1984, la Audiencia Nacional dictó sentencia por delitos de robo, depósito de armas y otros contra los veintinueve miembros del «partido político legalizado Frente de la Juventud». Casi todos eran estudiantes de Madrid y Valencia, que «por su propia cuenta y riesgo, se unieron en grupo, de escasa base operativa y organizativa»; consiguieron armas y se dedicaron a «la realización de acciones violentas contra personas y cosas, para allegar recursos económicos a favor de dicho grupo».[62] Muchos eran menores de edad.

Entre los frentistas juzgados en este proceso por delitos tales como tenencia de armas, lesiones graves intencionadas, robo con intimidación, robo en edificio o establecimiento y daños, las mayores condenas cayeron sobre: Juan Antonio López Larrea, representante, nacido en Valencia en 1961, condenado a dieciséis años y un mes de prisión menor; Jesús Menargues Jiménez, alias «el Karateca», administrativo, nacido en Madrid en 1960, condenado a catorce años y tres meses; Juan Manuel Cañabate Rosalem, camarero, nacido en Valencia en 1961, condenado a doce años, cuatro meses y cuatro días; José Luis Sánchez, impresor, nacido en Albacete en 1961, vecino de Valencia, condenado a nueve años y ochos meses; Vicente Huertas Piñero, joyero, nacido en Valencia en 1957, condenado a ocho años, cuatro meses y dos días; Isidro Javier Cerezo Romero, alias «Churruca», nacido en Valencia en 1960, condenado a seis años y un mes; Julio Carrasco Salvador, nacido en Madrid en 1953, condenado a cinco años y nueve meses; y Luis Javier Núñez Hernández, asistente técnico sanitario, nacido en Jaca (Huesca) en 1960, condenado a cuatro años y dos meses.

Concertados, realizaron los hechos que a continuación se narran: sobre las nueve cuarenta y cinco del 2 de noviembre de 1979, Ángel José López Bilbao y otros tres, armados, entraron en el domicilio del registrador de la propiedad, Antonio Esturillo López, en la calle de Maldonado, en Madrid. Con la estratagema de llevar unos papeles y un ramo de flores, consiguieron acceder a la vivienda y a punta de pistola amenazaron al registrador, a su esposa y a una empleada de hogar, les maniataron y condujeron a Esturillo hasta su despacho, donde éste les entregó 100.000 pesetas en efectivo y tres cheques por valor de 100.000, 175.000 y 215.000 pesetas. Uno de los que vigilaba se marchó a cobrarlos y, en cuanto los hicieron efectivo, abandonaron la vivienda.

Este modus operandi fue utilizado por distintos miembros del Frente de la Juventud en Madrid y Valencia. Entre el 23 de febrero de 1980 y el 15 de enero de 1981, realizaron más de quince atracos a viviendas de profesionales adinerados con domicilio en zonas céntricas. Sus víctimas fueron: el farmacéutico Vicente Bellver Valls, la marquesa de San Eduardo (a la que, además de robarle, le «rasgaron con navajas un abrigo de astracán, otro de visón chino negro, otro de zorro y una chaqueta de zorro»), el economista Pedro Aragonés Canalejas, el notario José Roan Martínez, el secretario de la Diputación de Madrid, José María Aymat González; Manuel Mato, Santiago San Martín, el capitán de Infantería José Luis Camacho González y el industrial valenciano Santiago García Martínez. Sólo cambiaron de escenario en el asalto a la fábrica de Pepsi Cola de Madrid, donde hirieron de bala al cajero Juan Manuel de Dios Martínez y robaron apenas 9.000 pesetas; en los parkings Fuencarral, Barceló y Velázquez, de Madrid; y en tres establecimientos de Valencia: la cafetería Vora-Riu, una oficina de Hidroeléctrica y el Banco de Sangre del Doctor Serrano.

LOS ASALTOS

En 1986, algunos miembros del Frente de la Juventud fueron condenados por un delito de desórdenes públicos: Salvador Gamborino Nogués, a dos meses y un día; Jesús Menargues Jiménez, a seis meses, José Luis Sánchez Rodríguez y Juan Antonio López Larrea a siete meses. En esta nueva causa se declaró probado que, el 10 de febrero de 1980, Gamborino, Menargues y Sánchez Rodríguez «se hallaban integrados en la organización política Frente de la Juventud, grupo valenciano [perteneciente] a la denominada extrema derecha de los partidos entonces existentes; ocupando, los dos primeros, cargos paramilitares —jefe de milicia o de escuadra— y López era secretario provincial». Ante el hecho de que, «en enfrentamiento matutino callejero, un miembro de su sector ideológico había sido maltratado por otros en las antípodas políticas, decidieron, con otros colectivos afines, tomar violentas y socialmente patentes represalias, asaltando la tarde de aquella jornada el bar Almudín, sito en el barrio antiguo de Valencia y en que se reunían, según el criterio de los que se sentían agraviados, gentes de la extrema contraria».

Ese día, a las siete de la tarde, los tres citados y «una treintena de afines políticos, armados con porras, punzones y palos», se presentaron en el bar, rompieron cristales, entraron y golpearon a los clientes. Algunos de los asaltantes dispararon con armas de fuego en el interior del bar. Como consecuencia del asalto, quedaron heridos los clientes Francisco Sempere Gisbert y Jorge Cascant Molina, ambos de veinte años.

A primeras horas de la mañana del 29 de abril de 1980, en el vestíbulo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense comenzó a producirse un clima de tensión. Según quedó probado judicialmente,[63] existía «una situación de enfrentamiento entre dos grupos estudiantiles de ideologías contrarias: la de aquellos que eran proclives al uso de la violencia, incluso más radical, para optar a lo que, en su peculiar visión, no era otra cosa que abuso en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y, por otro lado, la de quienes, acudiendo también en ocasiones para ello a censurables vías de violencia, pretendían evitar que la nostálgica y antidemocrática posición de sus oponentes frustrase la realización efectiva de un marco de convivencia política, no sólo propio de todos los países incardinados en la civilización occidental, sino libre y democráticamente acordado por elecciones parlamentarias y subsiguiente ratificación por la soberanía popular de la Constitución española de 1978».

De forma progresiva, el ambiente se fue enrareciendo a través de recíprocas imprecaciones entre ambos grupos y alcanzó su punto álgido cuando irrumpió en la facultad un grupo compuesto en su mayoría por estudiantes ajenos a Derecho, entre los que se encontraban los procesados Carlos Álvarez Lammers, Isidro Toca Magdalena, Miguel Ángel Hurtado López, Santiago María González López, Jesús Manzano Martínez y Pedro Pablo Peña Muñoz, «grupo de ideología antidemocrática que, en el interior del edificio, se unió a sus ideológicamente afines con el propósito de defender violentamente unos carteles propagandísticos del Sindicato Español Universitario (SEU) que, con anterioridad, habían colocado en el vestíbulo expresado. Para tal finalidad, el procesado Hurtado extrajo de un envoltorio una escopeta de caza de cañones recortados, y los procesados González y Toca sendas pistolas marca Astra».

A las 12 horas, «otro grupo de ideología contraria, de cuantía no precisada pero superior a la del anterior, que se había ido concentrando en las inmediaciones del vecino edificio de la Facultad de Filosofía A, comenzó a proveerse de piedras, palos y palas en unas obras que se realizaban en la zona, y se dirigieron a la Facultad de Derecho profiriendo gritos de “¡Asesinos!” y “¡Fuera fascistas de la universidad!”». Lanzaron piedras desde el exterior que fueron respondidas desde dentro con disparos de armas de fuego.

El enfrentamiento «extravasaba los límites de la dialéctica verbal» cuando el estudiante de Derecho Carlos Aguirre de Cárcer y Moreno, que se alejaba del lugar en que se producían los hechos sin participar en ellos, fue seguido por Álvarez Lammers y por otra persona no identificada que portaba un arma corta de fuego. Álvarez Lammers le gritaba al otro: «¡Dispara, dispara!». Su acompañante le hizo caso y Aguirre de Cárcer recibió un proyectil en el antebrazo derecho que tardó en curar sesenta días.

En su tercer considerando, la sentencia asegura sorprendentemente:

No se desprende del relato la existencia del ánimo homicida, en tanto que ni las expresiones «¡Dispara, dispara!» son indicativas de tal propósito, pues pueden ser significativas de un simple fin intimidatorio, ni la zona afectada de la anatomía de la víctima y la ausencia de persistencia en los disparos permiten en forma alguna hacer tal deducción.

Por un delito de desórdenes públicos fueron condenados a penas que oscilaban entre el año y los seis meses de prisión los estudiantes Carlos Álvarez Lammers, Isidro Toca Magdalena, Santiago María González López y Miguel Ángel Hurtado López, que posteriormente también sería procesado y condenado por el caso San Bao. Quedaron absueltos el funcionario Jesús Manzano Martínez, el abogado Pedro Pablo Peña Muñoz y el estudiante José Ignacio de Miguel Villada.

En Barcelona, el 23 de febrero de 1982, Juan Carlos Bayle y María Elena Segura, «vinculados o integrados en el grupo de extrema derecha denominado Frente de la Juventud, programaron con ocasión del aniversario del 23-F, una marcha y “golpes” en diversas calles de Barcelona, como muestra de solidaridad con los militares procesados por aquella rebelión, la destrucción de la figura de cera del Rey existente en el Museo del Paseo de la Banca, e incendiar locales de partidos políticos de significación democrática».[64] A tal fin, reunieron a más de veinte afiliados o simpatizantes del FJ, y sobre las cuatro y media de la tarde de aquel 23 de febrero, mientras María Elena Segura vigilaba en el exterior, los demás entraron en el museo, derribaron la estatua del rey y Juan Carlos Bayle le prendió fuego. Colocaron cuatro pasquines en los que «tildaban al Rey de traidor por los acontecimientos sediciosos que conmemoraban». Acto seguido, un buen número de ellos se dirigieron a la sede de Convergència Democràtica de Catalunya y lanzaron contra su fachada una botella con gasolina y mecha, confeccionada por María Elena Segura, a quien acompañaba Juan Ricart Gómez.

Por estos hechos, fueron juzgados el estudiante Juan Carlos Bayle Puig, condenado a un año y cuatro meses de prisión menor por injurias al jefe del Estado o sucesor, incendio y daños; la música María Elena Segura García-Consuegra, condenada a cuatro meses y veinte días de arresto mayor por incendio y daños, y el estudiante Juan Ricart Gómez, que resultó absuelto de un delito de estragos.

EL ASESINATO DE ANDRÉS GARCÍA TRAS CALIFORNIA 47

El 26 de mayo de 1979, una potente bomba colocada en los servicios de la cafetería California 47, en la calle Goya, de Madrid, próxima a la sede de Fuerza Nueva, mató a siete mujeres y dos hombres, y dejó una ola de destrucción con medio centenar de heridos. La matanza, que no fue reivindicada al principio, fue obra de los GRAPO. Cientos de jóvenes ultraderechistas, muchos de ellos del Frente de la Juventud, saltaron a la calle al grito de «Ejército al poder». En los disturbios fueron detenidos dieciséis militantes del Frente de la Juventud y de Fuerza Nueva.

Al cabo de tres días, en la tarde del 29 de mayo de 1979, cuando pasaba por la puerta de la cafetería California 47, tras salir del cine Carlos III, donde había visto la película Siete días de enero, de Juan Antonio Bardem, sobre la matanza de Atocha, Andrés García Fernández, de diecinueve años, afiliado a las Juventudes Comunistas, fue asesinado a puñaladas. Sin que mediaran insultos ni palabra alguna, los agresores persiguieron a Andrés y a sus amigos porque creyeron que eran los acompañantes de dos chicas que llevaban en el bolso una pegatina del Che Guevara y habían sido atacadas por aquel grupo de jóvenes ultras minutos antes.

A la mañana siguiente, el Congreso de los Diputados, con la excepción de Coalición Democrática, liderada por Manuel Fraga, y del Grupo mixto, al que pertenecía Blas Piñar, se sumó a la Declaración Institucional del Gobierno condenando la violencia y solidarizándose con las Fuerzas Armadas y las de Seguridad. En su discurso ante el Congreso, el presidente Suárez aseguró que no habría golpe de Estado, rechazó tomar medidas excepcionales contra el terrorismo y advirtió: «No hay información precisa sobre las fuerzas terroristas».

A los dos días del asesinato de Andrés, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, declaró en rueda de prensa: «Es cierto que durante los últimos días se han generado unas anormales relaciones de tipo político en esta ciudad. Sin embargo, creo que la cota de violencia es normal en Madrid, globalmente considerada».[65]

Más de dos años después, el 1 de octubre de 1981, un tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid sentenció el caso. Calificado como una pelea callejera con resultado de homicidio, «despolitizado» en la Administración de Justicia Ordinaria, el crimen no fue instruido ni juzgado por la Audiencia Nacional, descargándolo así, conscientemente, de cualquier intencionalidad política.

En el banquillo se sentaron dos militantes del Frente de la Juventud: José Luis Martínez Merino, de dieciséis años, autor material del apuñalamiento, que fue condenado por homicidio a ocho años de prisión mayor, con la atenuante de ser menor de edad, y Fernando Baudín Picharro, de diecisiete años, condenado a ocho años de prisión mayor por homicidio en calidad de cómplice y con la atenuante de ser menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Junto a ellos, el miembro de Fuerza Joven Claudio Alonso Becerro de Bengoa, de diecisiete años, que quedó absuelto.

El menor José María Vega Dosal, de catorce años, que formaba parte del grupo de agresores, realizó en la vista oral esta declaración determinante para el esclarecimiento de los hechos: «Me encontraba en la puerta de California 47 cuando se formó un revuelo por unas chicas que pasaron, una de las cuales llevaba una pegatina del Che Guevara en el bolso. Poco después pasaron unos jóvenes, a quienes decidimos seguir, por considerar que eran los acompañantes de las chicas. No escuché ningún insulto proferido hacia nosotros, aunque había mucho ruido debido a la gran cantidad de gente que estaba en la zona. Seguimos a los jóvenes sólo y exclusivamente porque pensábamos que eran los acompañantes de las chicas». Después de una breve persecución, Baudín sujetó al joven comunista, mientras Martínez Merino le apuñalaba. En su confesión ante la Policía, Merino reconoció que él había sido el autor y también el agresor de las dos muchachas que llevaban la pegatina del Che.

El fiscal pidió para los dos miembros del Frente, ocho años de cárcel por homicidio. La acusación particular calificó los hechos como asesinato, dada «la total indefensión de la víctima», y los defensores reconocieron el homicidio con la atenuante de trastorno mental transitorio. En su sentencia del 7 de octubre de 1981, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, aceptó la tesis del fiscal. Durante la vista oral, los psiquiatras forenses y los psicólogos dictaminaron que el autor material, Martínez Merino, sufría una desviación de la personalidad que le hacía irritable; era un psicópata que, al menor estímulo, podía volver a matar.

«COCOLISO» Y LA MUERTE DEL LÍDER

El Frente de la Juventud fue también un banderín de enganche para activistas más expertos en la guerra sucia como Jesús Arrondo Martín, alias «Cocoliso», uno de los primeros infiltrados por la Policía en la organización terrorista ETA, donde actuó como agente encubierto y entregó a miembros de varios comandos. El 6 de noviembre de 1978 Arrondo se vio inmerso en una reyerta y fue defendido por el abogado José de las Heras Hurtado, el ya citado cofundador del Frente de la Juventud. Era un indicio de que el Frente estaba agrupando también a personas vinculadas a los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil implicados en la guerra sucia. El infiltrado Cocoliso —recordemos— había sido citado por el arrepentido González Medrano, como una persona que trabajaba para los servicios de Información y participaba en la guerra sucia. Así describen al personaje los periodistas Miralles y Arques en su libro Amedo, el Estado contra ETA: «Donostiarra, infiltrado en la comunidad de refugiados vascos en el sur de Francia, fue detenido en Francia acusado de pertenecer al BVE y a ATE. Responsable del asesinato de Xabier Roque y José Luis Mondragón Elorza, cometido el 20 de mayo de 1974».

La sentencia que le condenó a dos años de prisión menor por depósito de armas o municiones, declaró probado que, en las primeras horas del 6 de noviembre de 1978, Jesús Arrondo Martín, de veintiséis años, en el curso de una pelea en el Drugstore de la calle Velázquez, en Madrid, «exhibió una pistola marca Stosel, modelo 1913-AUT, calibre 7,65, sin número de fabricación externamente visible, que portaba con un cargador y cinco proyectiles utilizables», que le fue ocupado por la Policía Nacional.

Horas más tarde, la Policía halló un arsenal en la habitación del hostal Montalvo donde se hospedaba: 8 cartuchos del calibre 6,35; 30 cartuchos del calibre 7,65; 21 cartuchos del calibre 9; 132 cartuchos del 9 largo, 449 cartuchos de 9 milímetros Parabellum, 29 cartuchos del calibre 22 LR, un juego de esposas, una peluca negra, dos pasamontañas, una pistola marca Star del 9 largo con su cargador y 8 cartuchos, otros dos cargadores de esa pistola, dos granadas de mano PD3, un bote de humo, una llave de pugilato, tres fundas de pistola; un cargador largo para pistola del calibre 9, un bolígrafo pistola y fulminante de granada de mano. «Todo lo poseía en buen estado de funcionamiento el procesado, simpatizante del Frente Nacional de la Juventud para ser utilizado en lucha contra miembros de la organización ETA (la cual tenía amenazado de muerte al procesado, quien había estado integrado en ella)».

A esta relación del «infiltrado» Arrondo con el Frente de la Juventud, se suma otro hecho criminal envuelto en misterio. En la madrugada del 12 de diciembre de 1980, fue asesinado Juan Ignacio González Ramírez, de veintiocho años. Pasada la medianoche, González descendió de un taxi en la puerta de su casa, en la calle Antonio Acuña, número 19, se acercó al portal y, cuando tenía el llavero en la mano, alguien le descerrajó cuatro disparos del 9 largo, tres de ellos en la cabeza, a bocajarro.

Los investigadores barajaron todas las hipótesis sin descartar ninguna. «Pudo ser un delito común, una riña, una enemistad o un atentado político. Es muy difícil aventurar el móvil, ya que no hay testigos», declaró un portavoz de la Dirección General de Policía. La autoría se atribuyó inicialmente a miembros de Fuerza Nueva, pero también a los GRAPO o a la relación de activistas de extrema derecha con pistoleros a sueldo sin ninguna ideología.

A los pocos días del crimen, después del asesinato de Andrés García, el asalto a la Facultad de Derecho y los disturbios tras la matanza de California 47, el nuevo jefe nacional del partido, José de las Heras, declaró: «Nuestros militantes no se aíslan en su propio movimiento […] Es lógico que se piense que se utiliza el ardor de los jóvenes para incitarles a la violencia. Nosotros hemos tratado de que no sea así, y las consignas que hemos dado son de unidad y disciplina al máximo. Si alguno de estos jóvenes comete una acción incontrolada habría que buscar los responsables allí donde se toman las decisiones que permiten que ocurran cosas como las que ocurren, es decir, el Gobierno. Muchas veces están provocando con la sola presencia de la Policía».[66]

Tras el asesinato de González Ramírez y los numerosos disturbios desencadenados por su muerte, la Policía cercó a la organización, comenzó a investigar sus actividades, se intervinieron armas. En Valencia, Valladolid, León, Barcelona y Madrid comenzó la detención de militantes, entre ellos el propio de las Heras. El crimen jamás fue reivindicado por nadie; sin embargo, la vinculación del líder del Frente con los servicios de información dejó abierta una segunda hipótesis: Juan Ignacio González, que estuvo infiltrado en el FRAP antes de ser dirigente de Fuerza Nueva, había alcanzado demasiada autonomía y resultaba molesto para sus protectores dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En junio de 1982, dos años después del asesinato de su máximo dirigente, los miembros del Frente de la Juventud decidieron su autodisolución como partido legal. En la decisión pesaron tres factores: los errores en el análisis político, la existencia de dos tendencias internas enfrentadas (una favorable a ir en coalición con Piñar) y el acoso policial ante los actos de violencia protagonizados por sus militantes.

La Brigada de Interior de la Policía Judicial incautó un documento interno que concluía:

Proponemos la disolución de la organización, toda vez que como medio se encuentra agotada. Poseemos algunos medios, aunque escasos. Tenemos unas metas fijadas, unos objetivos y unos militantes que sería absurdo perder. Tenemos lo fundamental, la esencia. Hay que encauzar, pues, a todos nuestros militantes en otro medio que combata el mismo fin. Nosotros os proponemos éste: el Movimiento Falangista de España.

12
SECUESTRO Y ASESINATO DE YOLANDA GONZÁLEZ

Entre la noche del viernes 1 y la madrugada del sábado 2 de febrero de 1980, la dirigente estudiantil Yolanda González Martín fue secuestrada y asesinada por un comando de militantes de Fuerza Nueva autodenominado Grupo 41, compuesto por dirigentes de esa organización, que reivindicó el crimen en nombre del Batallón Vasco Español.

La causa judicial, instruida por el juez Ricardo Varón Cobos, fue seguida por asesinato, detención ilegal, allanamiento de morada, coacciones, depósito de explosivos y de armas, falsificación y otros, contra: Ignacio Abad Valavázquez, estudiante de químicas; condenado a veintiocho años, tres meses y un día por tenencia de armas, fabricación o transporte, asesinato con alevosía, detención ilegal por particular, allanamiento de morada y coacción; Emilio Hellín Moro, ingeniero electrónico, condenado a veinte años de prisión por depósito de armas, tenencia, fabricación o transporte, falsificar o usar documento de identidad, uso indebido de nombre o título, asesinato con alevosía, detención ilegal por particular, allanamiento de morada y coacción; David Martínez Loza, industrial, jefe nacional de Seguridad de Fuerza Nueva, defendido por el abogado Fernando Muñoz Perea, yerno de Blas Piñar; condenado a seis años de prisión menor por omisión en el deber de impedir delitos, detención ilegal por particular, allanamiento de morada y coacción; Félix Pérez Ajero, empleado de banca, condenado a seis años, dos meses y un día por tenencia de armas, fabricación o transporte, detención ilegal por particular, allanamiento de morada y coacción; José Ricardo Prieto Díaz, agente de ventas, condenado a seis años, dos meses y un día por depósito de armas de guerra, tenencia, fabricación o transporte, detención ilegal por particular, allanamiento de morada y coacción; y Juan Carlos Rodas Crespo, agente de la Policía Nacional; condenado a tres meses de arresto por detención ilegal, allanamiento de morada y coacción.[67]

La sentencia declaró probado que Hellín, Abad, Prieto y Pérez Ajero, que «a la sazón ostentaban, respectivamente, los cargos de jefe de Seguridad, jefe de Núcleo, secretario y subjefe del distrito de la Arganzuela (Madrid) del partido político legalizado Fuerza Nueva, habían constituido entre ellos desde hacía algo más de un año, al margen de la disciplina y estructura de dicho partido, una banda organizada y armada para realización de actos violentos e ilícitos, a la que dieron el nombre de Grupo 41 y en la que ostentaba la jefatura real y de hecho el acusado Hellín». Y añade que David Martínez Loza, entonces jefe nacional de Seguridad de Fuerza Nueva, «conocía la actividad clandestina del Grupo 41 y, no obstante ello, no sólo la toleraba, sino que en algunas ocasiones se sirvió de él impartiendo órdenes directas de realización de “acciones” a Hellín, con el que se entendía directamente».

En este «contexto de clandestinidad», la sentencia enumera los hechos del siguiente modo: David Martínez Loza había dado orden a Hellín de que el Grupo 41 colocara un explosivo en la Agencia Distribuidora de Publicaciones Periódicas Cinco-Cero, como represalia por unos artículos publicados en la revista Interviú, conectada con dicha agencia. Para organizar dicha acción, Hellín había convocado a los restantes miembros: Abad, Prieto y Pérez Ajero, sobre las nueve de la noche del 1 de febrero de 1980 en la academia de su propiedad situada en la calle San Roque, número 1, de Madrid, donde se reunían habitualmente. Martínez Loza había encomendado a Hellín que efectuara investigaciones acerca de la joven Yolanda González Martín, que vivía en la calle de Tembleque, número 101, «a la que creían sospechosa de estar integrada en un “comando” del grupo organizado y armado ETA, misión que Hellín cumplió, y ordenó a Abad que hiciera las indagaciones oportunas». Abad comprobó la dirección y dijo que en ese domicilio vivía Yolanda en compañía de otras personas, «algunas vascas».

En aquella mañana del 1 de febrero, tras un atentado de ETA en el que murieron seis miembros de la Guardia Civil y «que produjo repulsa e indignación nacionales», Martínez Loza telefoneó a Hellín para ordenarle que suspendiera la acción contra la agencia Cinco-Cero y dedicara el Grupo 41 a tratar de localizar a Yolanda González «y obligarla a declarar sobre sus supuestas concomitancias con ETA». Por ello, cuando, a las nueve de la noche, Hellín, Abad, Prieto y Pérez Ajero se reunieron en el despacho de la calle San Roque, Emilio Hellín dijo que había «contraorden», y que debían «localizar a Yolanda y someterla a interrogatorio». En ese momento estaba con los reunidos Juan Carlos Rodas Crespo, policía nacional que se hallaba en el local junto a otra persona no procesada ni acusada, el guardia civil José Hellín Moro, hermano de Emilio. Rodas frecuentaba el trato con Hellín, con quien tenía afinidades ideológicas. Los seis estudiaron sobre un plano la ubicación del domicilio de Yolanda y convinieron la forma de realizar la operación, «se distribuyeron las misiones y papeles que cada uno debía desempeñar en ella».

Lo concertado fue que Hellín y Abad, junto con el guardia civil Hellín Moro, que no llegó a participar en la acción, se trasladaran juntos en un coche y subieran al domicilio de Yolanda, y si la encontraban, la apresarían para conducirla al despacho de San Roque, número 1, donde debían someterla a interrogatorio. Como apoyo, en otro coche, Prieto, Pérez Ajero y Rodas debían ir a Tembleque, número 101 y apostarse en misión de vigilancia. Antes de salir de San Roque, número 1, Emilio Hellín entregó una pistola y munición a Pérez Ajero, y más tarde mientras se dirigían a Tembleque, número 101, entregó otra a Abad. Hellín también iba armado y Rodas llevaba su pistola reglamentaria.

Cada grupo llegó a la calle de Tembleque por separado y realizaron los cometidos que tenían asignados. Hellín y Abad se dirigieron al piso de Yolanda, pero no llegaron a entrar, al pensar que no había llegado; bajaron a la calle, Hellín cogió un destornillador de su coche y volvieron a subir con la intención de forzar la puerta. Al ver que había luz en el interior del piso, empuñando cada uno las pistolas que portaban, llamaron al timbre y al entreabrir la puerta Yolanda, que preguntó quiénes eran, Hellín contestó «soy Luis», y al observar que ésta intentaba impedirles la entrada y cerrar la puerta, penetraron violentamente en el mismo, obligando a Yolanda a permanecer echada en el suelo bajo la vigilancia de Abad, practicando mientras tanto Hellín un rápido registro de la vivienda, en la que no encontraron a ninguna otra persona.

A punta de pistola, obligaron a Yolanda a que les acompañara; la hicieron subir al coche. Con Hellín al volante, en vez de dirigirse al lugar convenido, se dirigieron hacia otro lugar. Mientras tanto, Pérez Ajero, Prieto y Rodas, al ver salir a Yolanda con sus acompañantes, se dirigieron al despacho de San Roque, pero al ver que no llegaban, se marcharon cada uno a su domicilio.

Hellín, sin dejar de conducir, y Abad, que encañonaba a Yolanda, interrogaban a la muchacha durante el trayecto por la carretera de Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias, hasta que llegaron al kilómetro 3 de esa carretera, a unos dieciséis kilómetros de Madrid. Hellín detuvo el coche junto a una caseta abandonada de peones camineros. En aquellos momentos, serían las 12 de la noche del día 1 de febrero de 1980, una noche muy oscura y sin ninguna luz en los alrededores.

Abad descendió del coche mientras, en su interior, Hellín seguía interrogando a Yolanda. Un instante después, ambos también salieron del vehículo y continuaron el interrogatorio. Según la sentencia:

En un momento en que Yolanda se encontraba a la izquierda de Hellín, a una distancia de un metro aproximadamente, sin que se haya podido comprobar si aquélla trató o no de huir, Hellín esgrimiendo la pistola que llevaba, de forma rápida e inopinada disparó dos veces sobre la cabeza de Yolanda, e inmediatamente y a continuación, Abad, sacando la pistola que asimismo portaba, hizo un tercer disparo contra el cuerpo de Yolanda, encontrándose Abad a una distancia de unos dos o tres metros de Yolanda. A consecuencia de todo ello, se produjo la muerte de Yolanda.

La autopsia demostró que las heridas causadas por los tres disparos tienen de común su «carácter vital», al estar los bordes infiltrados de sangre, y la víctima al recibirlos tenía vida con circulación sanguínea. Tras disparar, Hellín y Abad se marcharon inmediatamente y, durante el trayecto, Hellín se quedó con las armas y regresaron a sus casas. Dos días después, Hellín entregó esas pistolas a Abad para que las guardara en el sótano de la calle de la Libertad, número 22.

El 2 de febrero de 1980, Martínez Loza se enteró de lo sucedido en conversación telefónica con Hellín y, según la sentencia, el policía Juan Carlos Rodas Crespo lo supo por los medios de comunicación. Después, Hellín le reconoció que él y Abad habían dado muerte a la muchacha. Rodas Crespo dio cuenta de los hechos a sus superiores jerárquicos y «gracias a su comportamiento pudieron ser descubiertos los intervinientes en los mismos», quienes, de no haber mediado la denuncia de Rodas Crespo, «pudieran haber quedado impunes o sin esclarecer».

En los días 7 y 8 de febrero de 1980, al conocer las detenciones de Hellín y Abad, Martínez Loza, Pérez Ajero y Prieto se pusieron en contacto entre sí, acudieron juntos a recibir asesoramiento jurídico, se sustrajeron a la acción de la Justicia y se pusieron en situación de paradero desconocido.

Su víctima, Yolanda González Martín, había nacido en Bilbao el 20 de enero de 1961, era soltera, estudiante de electrónica en Vallecas, pertenecía al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y dejó como parientes más próximos a sus padres, Eugenio González y Lidia Martín, que actuaron como acusación particular en el proceso.

ARSENALES Y PISOS FRANCOS EN MADRID

La investigación policial descubrió un arsenal ilegal de armas y explosivos almacenados en varios pisos francos. Es un dato importante que da idea de la infraestructura de los denominados grupos incontrolados. En la academia de la calle San Roque, número 1, se incautaron: una pistola Danton del calibre 7,65; un bolígrafo pistola del calibre 22; cuatro cajas de veinticinco balas cada una; seis cajas de cincuenta balas del calibre 22; veinticinco balas WRA; diez cajas de balas de 6,35 milímetros conteniendo veinticinco balas cada una; una caja de trece balas del calibre 7,65; una caja con cuarenta y siete balas marca Knalpatrone; una caja con cien fulminantes; tres cajas con diez detonadores cada una; una caja con veinticinco detonadores eléctricos; cuatro detonadores pirotécnicos con mecha lenta; diez cebos eléctricos; veinticinco metros de mecha lenta; diecisiete cartuchos Goma 2; un condensador temporizador; tres granadas de mano; una pistola Astra número 26.882; y setenta y seis cajas de munición para armas cortas.

En el sótano de la calle Libertad, número 22: una pistola P-38 Walther del calibre 9 milímetros Parabellum con número de fabricación borrado, que fue la utilizada por Hellín para disparar contra Yolanda; una caja con catorce balas de 9 milímetros Parabellum; diez kilogramos de explosivos Goma 2 y tres kilogramos y medio de explosivo Goma 1.

En el automóvil de Hellín: un subfusil marca Comando de 9 milímetros Parabellum; una granada de mano modelo GM; tres temporizadores; dos cajas de munición de 9 milímetros Parabellum, con veinticinco cartuchos cada una; siete cartuchos de 9 milímetros corto; dieciocho cartuchos de 9 milímetros Parabellum; una caja de comprimidos de clorato potásico, una caja con diecinueve cartuchos de 9 milímetros corto; cuatro cajas de veinticinco cartuchos de 9 milímetros Parabellum, marca FN; cuatro cajas de veinticinco cartuchos de 9 milímetros Parabellum, marca Santa Bárbara.

En el domicilio de Hellín, en la calle Embajadores, número 173: dos cargadores con munición de 9 milímetros Parabellum; una caja de veinticinco cartuchos Parabellum; una caja con cincuenta cartuchos de calibre 38 especial marca Super Match; una caja de doce cartuchos de 357 Magnum y una pistola marca Star de 9 milímetros largo.

Abad, Prieto y Pérez Ajero conocían el sótano de la calle Libertad, número 22, pero no habían introducido en él ningún arma, munición ni explosivo, salvo las dos pistolas de Hellín utilizadas en la muerte de Yolanda, y que Abad después del hecho, por orden de Hellín, dejó en dicho local. Sin embargo, anteriormente, cuando supo que Hellín quería alquilar un sótano en la calle Libertad para destinarlo a depósito de armamento y explosivos, Prieto le ayudó, le acompañó al acto de suscribir el contrato de arrendamiento, sabiendo que Hellín utilizaba para ello el nombre falso de Luis González Fernández. Prieto tenía llave del local y lo usó.

Son muy interesantes los otros materiales intervenidos a Emilio Hellín: tres documentos nacionales de identidad con su fotografía a nombre de Miguel Sánchez Roldán, Luis Ulpiano González Fernández y Rafael Alcalde Lozano; un carnet de afiliado al Sindicato Unitario, de ideología maoísta, a nombre de Rafael Alcalde Lozano; uno de identidad de la Universidad Complutense y un sexto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, ambos de Rafael Alcalde Lozano, con su fotografía.

EL JEFE DE SEGURIDAD DE FUERZA NUEVA Y EL GRUPO 41

En sus considerandos, la sentencia realiza dos afirmaciones relevantes. La primera, sobre el grupo comandado por Hellín:

El reducido Grupo 41, verdadera banda armada y organizada que integraron los procesados Hellín, Abad, Pérez Ajero y Prieto, […] no puede reputarse por su entidad, número, composición y estructura organizativa, como una asociación a efectos jurídicos penales, [porque] para su nacimiento y existencia requiere una agrupación de personas más numerosa y una composición estructural y organizativa más extensa y compleja, en la que existan si no todos, cuando menos los más sustanciales grados o escalones de fundadores, directores, presidentes, miembros activos, afiliados, participantes y cooperadores económicos o de otra clase […]; por lo que al no ser el Grupo 41 una asociación penalmente hablando, no puede hablarse de delito por ilicitud de algo que no existe.

La segunda, sobre David Martínez Loza, superior jerárquico de Hellín con poder para ordenarle un secuestro como el de Yolanda o la colocación de explosivos en una empresa periodística:

El procesado Martínez Loza, en concepto de autor por inducción, por haber sido la persona que ostentando autoridad y mando fáctico sobre el jefe del Grupo 41 ordenó a éste, primero, que practicaran una investigación sobre las actividades a que se dedicaba, la para ellos sospechosa Yolanda González, y luego, el día de autos, 1 de febrero de 1980, quien, por la mañana, telefónicamente, dio orden concreta a Hellín de que pospusieran una acción de colocación de un artefacto que también Martínez Loza les había encomendado, y de que localizaran a Yolanda y la sometieran a interrogatorio, mandato éste que por su esencia y naturaleza entrañaba que dentro de su arbitrio estaban comprendidos todos aquellos actos que el Grupo 41 tuviera que realizar para encontrar a Yolanda, aprehenderla y forzarla a someterse a un ilegal interrogatorio practicado por personas particulares no investidas de autoridad para poder realizarlo.

A pesar de haber llegado hasta el mismísimo jefe nacional de Seguridad de Blas Piñar, fuera del proceso habían quedado muchos elementos clarificadores de la trama urdida en torno al Grupo 41. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué había pasado durante la instrucción del sumario por el juez Ricardo Varón Cobos, un funcionario de ideología ultraderechista denunciado en numerosas ocasiones por sus controvertidas decisiones?

El relato del acusador particular, José Mariano Benítez de Lugo, ofrece una gran claridad con respecto al proceso judicial del caso.[68] El 14 de febrero de 1980 presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 9, al que le había correspondido por turno, para que se le tuviera como parte de las actuaciones. En aquel momento, la Policía, de la mano del ex jefe superior Asís Pastor, solicitaba el registro de los locales de Fuerza Nueva y de Fuerza Nacional del Trabajo. Petición que fue rechazada por el titular del juzgado.

Difícilmente será valorable la importancia que tuvo la negativa de registro —escribe el letrado—. Como nosotros pensábamos, cuando menos en el despacho de David Martínez Loza, jefe nacional de Seguridad de FN, se hubieran encontrado datos, objetos o documentos que le hubieran relacionado con la muerte de Yolanda, y habríamos tenido el eslabón que nos faltaba para relacionar a dicha organización, o al menos a muy relevantes personas de la misma, con la actividad asesina del Batallón Vasco Español.

El Juzgado de Instrucción número 9 se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción número 1, del que era titular Ricardo Varón Cobos, y el letrado Benítez de Lugo volvió a presentar su petición ante el nuevo juez. El 29 de febrero dieron por recibido el escrito, pero el día anterior Varón Cobos había declarado secreto el sumario.

Resalto la importancia de esto, porque David Martínez Loza, personaje que había sido buscado y no localizado por la Policía, se había presentado voluntariamente tres días antes, el 26 de febrero, en el Juzgado Central número 1 para declarar asistido, eso sí, por un letrado militante de FN. Y siguiendo con las fechas, ese mismo 29 de febrero se produce una actuación judicial fundamental: el careo entre Emilio Hellín y David Martínez Loza, persona que según el propio autor confeso, le había dado las instrucciones de secuestrar a Yolanda. Pues bien, no se me permite asistir a ese careo y, sin embargo, sí se le permite asistir al letrado de ambos, de Hellín y de Martínez Loza.

Tres días más tarde, el juez considera que «han cesado los motivos que determinaron el declarar secretas las actuaciones» y acuerda alzar la declaración sobre el secreto del sumario. Cuando el abogado toma contacto con la instrucción sumarial, ya han declarado Hellín, Abad varias veces, Martínez Loza, y ha habido careos.

Inmediatamente, el 5 de marzo, apenas cuarenta y ocho horas después, Varón Cobos dictó el auto de procesamiento contra Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Valavázquez, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, así como contra Juan Carlos Rodas Crespo. El auto guardaba una nueva sorpresa: si bien en el auto de incoación de sumario el juez del Juzgado de Instrucción número 8 abría diligencias por los delitos de «secuestro y asesinato por miembros integrados en bandas armadas y organizadas», motivo por el que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, en el auto dictado por Varón Cobos se delimitó el campo y comenzó lo que podría llamarse «la constante visión personal del juez: ya no se trata de bandas armadas y organizadas, sino que, según el juez, los procesados, siguiendo las instrucciones de Hellín, son los que deciden autónomamente interrogar a Yolanda. Los comunicados también se consideran hechos por Emilio Hellín a nombre del Batallón Vasco Español; pero ninguna referencia se hace a las constantes implicaciones que el propio Hellín y Abad habían repetido de que siempre habían seguido instrucciones del jefe nacional de Seguridad».

Era tan evidente la implicación de David Martínez Loza que el entonces ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, señaló en su informe ante el Congreso que los asesinos habían actuado por orden de un dirigente de Fuerza Nueva, dando el nombre y apellidos de Martínez Loza. Sin embargo, lo que era evidente para cualquiera que hubiera tenido conocimiento de las declaraciones de Hellín y Abad, no lo era para el juez instructor.

Además, los letrados de la acusación manifestaron su extrañeza por que «Martínez Loza hubiera huido de la Policía y que sorprendentemente compareciera voluntariamente ante el juez, quien, sin más ni más, después de tomarle declaración, le dejara marchar libremente. En el escrito señalábamos que nos parecía arbitrario aislar a tal personaje, de Hellín y Abad y de su contexto (Batallón Vasco Español-Fuerza Nueva), y que esa no era forma de enjuiciar en profundidad un tema como el que nos ocupaba, como era obligación del juzgado. Manifestábamos nuestra extrañeza de que en el juzgado se considera que nada se podía decir de él criminalmente. Al solicitar el procesamiento de David Martínez Loza, el juzgado nos contestó con un ilegal y escueto no ha lugar».

Tras la detención de Hellín y Abad, los abogados de la acusación, una vez examinadas las diligencias, enviaron al juez Varón Cobos un escrito de diez folios donde pidieron el procesamiento de David Martínez Loza, a partir de los datos y la declaración judicial realizada el 11 de febrero de 1980 (folio 14 vista de autos), donde Emilio Hellín afirma que el 1 de febrero de 1980 Martínez Loza le dijo: «Averigüe quiénes son las personas que viven en el domicilio de Yolanda, ya que ésta pertenece a un comando de información de ETA y quizá las personas que viven con ella formen parte también de dicho comando, para lo que debe interrogarla». Además, que a la mañana siguiente de matar a Yolanda, sobre las 10 horas, «le llamó David y que le dijo que tuvieron que tirar; que éste llamó después y le dijo que no se preocupase». Que sobre las 10.45 horas «le volvió a llamar David diciéndole que se iba a hacer un comunicado, dictándoselo a continuación e indicándole que lo transmitiese a la agencia EFE». Que David también le dice que hay que hacer otro comunicado para llevárselo a Bilbao y le indica que traslade las pistolas utilizadas en el crimen al sótano de la calle Libertad, número 22. Que Hellín usó el nombre de Batallón Vasco Español «porque recibió indicaciones de David para hacerlo de esa manera, que por su propia iniciativa no ha realizado nunca nada, pues sólo se movían cuando David se lo ordenaba». Que Martínez Loza también le dijo que si no hacía lo de los quioscos —seis fueron volados en Madrid en esas fechas—, otra gente se encargaría de realizarlo. Y le dijo también que por qué no habían hecho lo de la colocación de un petardo en la Agencia Cinco-Cero. Que los dos kilos y medio de Goma 2 encontrados en la calle Libertad se los había entregado David en distintos momentos, para realizar los atentados. Que David le encargó alquilar ese local, y era quien lo pagaba. Que Martínez Loza también le había proporcionado las armas del crimen —la Walther y la Star— y el subfusil en una bolsa de plástico; también las granadas y botes de humo, la munición, el bolígrafo pistola, el pentotal, el clorato potásico, la jeringuilla. Que David Martínez Loza le proporcionó la lista de ETA, de las víctimas futuras. Y se limitó en todo momento a obedecer sus órdenes. Que el grupo de seguridad e información de Arganzuela de Fuerza Nueva se creó a instancias de Martínez Loza, quien además comandaba todos los grupos de seguridad e información de dicho partido. En su declaración del 14 de febrero, Hellín reafirmó lo anterior y añadió que «David le entregó una cinta con diversas personas hablando de ETA con datos de filiación» (folio 7 de autos). Ignacio Abad, por su parte, también declaró que el interrogatorio de Yolanda «sólo fue ordenado sin duda por David» (folios 84, 109 y 112).

Los recursos de los acusadores fueron desestimados por Varón Cobos, quien consideró que no se daban los indicios suficientes porque, según decía, las afirmaciones de Hellín se enfrentaban a las de Martínez Loza y que por ello no podía considerarse ni admitirse como más fiable la versión del procesado que la de Martínez Loza, y denegó su procesamiento y todas las diligencias solicitadas con relación a Martínez Loza.

Como explica José Mariano Benítez de Lugo:

La conclusión del sumario supuso que el juez instructor consideraba practicadas las diligencias necesarias para la determinación del hecho sumarial y sus circunstancias. Salvo si la Audiencia Nacional expedía las diligencias pedidas por nosotros, David Martínez Loza se habría visto libre de este proceso. En nuestro caso, el Juzgado Central de Instrucción no ha querido, o no ha considerado pertinente, examinar los hechos en toda su complejidad. Se ha acudido a lo fácil, procesando a los que se habían declarado partícipes del hecho, pero se ha evitado cuidadosamente el gran tema de este proceso: la existencia de tramas negras en España, de la apoyatura por parte de partidos de ultraderecha de la violencia fascista. En el proceso por el asesinato de Yolanda se dan instancias únicas que hubieran permitido obtener importantes conclusiones. Se da el caso de que los autores están detenidos; bien es cierto que por una auténtica casualidad, pero están detenidos. Una organización fascista aparece implicada y relacionada en las personas de sus altos dirigentes. Tales oportunidades se han visto frustradas por la actitud judicial. Se considera a los autores autónomamente y en su singularidad, sin sacar las debidas conclusiones de sus afirmaciones, de sus contextos, de su militancia.

BATALLÓN VASCO ESPAÑOL, «GRUPO OPERATIVO-MILITAR»

En enero de 1980, Madrid había revivido las movilizaciones estudiantiles del mes de diciembre anterior, en las que los manifestantes heridos podían contarse por decenas y los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez habían perdido la vida bajo los disparos de la Policía Nacional mientras protestaban contra el Estatuto de Centros Docentes y la Ley de Autonomía Universitaria que el Gobierno de la UCD pretendía aprobar en las Cortes.

Al reanudarse las clases la efervescencia era total. Las bandas fascistas desataban actos como la bomba contra el Club de Amigos de la UNESCO, del que ya hemos tratado. La vista oral por la matanza de Atocha había comenzado dos días antes. Un reportaje de Xavier Vinader para Interviú, en el que el policía nacional Ros Frutos denunciaba las tramas negras de Euskadi, provocaba la quema de quioscos de prensa y amenazas de muerte contra el Grupo Zeta tras el asesinato por ETA de uno de los ultras citados en ese reportaje. El periodista había sido acusado de asesinato por inducción a través del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, en una causa instruida por el juez Ricardo Varón Cobos.

En aquel contexto se fraguó el secuestro y asesinato de Yolanda González, en el que, como ya hemos visto, tienen un importante protagonismo tres personajes: David Martínez Loza, de cincuenta y cinco años, ex guardia civil y estrecho colaborador de Blas Piñar; Emilio Hellín Moro, ingeniero de treinta y dos años, jefe de seguridad de FN en el distrito de Arganzuela, un ultraderechista que frecuentaba la cafetería California 47 y había pertenecido al Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED) bajo el mandato de Carlos Arias Navarro; y el tercero, Ignacio Abad Valavázquez, estudiante de químicas de diecinueve años, miembro de la Centuria Víctor Legorburu de Fuerza Joven y de los grupos de Seguridad de FN. El comando fue completado por Prieto y Pérez Ajero, y junto a ellos se encontraba el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo, quien se ofreció a servirles de escolta, como también lo hizo el guardia civil Juan José Hellín, aunque jamás se pudo probar que participara en la operación.

Al año de la investigación, éstos eran ya los datos más destacados del sumario, y que apuntan a las conexiones del Grupo 41 con miembros de los servicios de Seguridad del Estado:

Un guardia civil —Juan José Hellín Moro— y un policía nacional —Juan Carlos Rodas Crespo— participan en el comando.

El ordenador Skanner VHF estaba conectado a una terminal que, por el tipo de ordenador, era la usual de los servicios de Seguridad e Inteligencia del Estado.

Que, inexplicablemente, el ordenador de Hellín fue desconectado y retirado de la circulación al comienzo de las investigaciones, evitando de este modo que se supiera con quién estaba conectado.

Que la Policía le encontró a Hellín una cinta magnetofónica grabada donde una voz dicta nombres de militantes de izquierda vasca supuestamente desde las dependencias de un organismo de Seguridad del Estado, y que junto a esa voz desconocida aparece, dialogando por unos instantes, la de Hellín.

Gran parte del armamento encontrado es reglamentario del Ejército. Al querer indagar sobres sus dueños legales, no hubo respuesta.

En el tejado de su casa Hellín poseía una antena de gran alcance, también desaparecida a los pocos días de ser detenido.

Un día después de asesinar a Yolanda, Hellín duerme en la casa de un policía de Vitoria. Preguntado éste por el abogado Benítez de Lugo, el policía afirma «que Hellín tiene contacto con importantes peces gordos de los cuerpos de Seguridad y el Ejército».

Hellín fue miembro de los cuerpos de Seguridad de Presidencia del Gobierno durante el mandato de Arias Navarro, y supuestamente utilizó para allanar la casa de Yolanda un carnet de dicho estamento.

Tras el asesinato, Emilio Hellín, según su propia confesión, siguió el dictado de su jefe y escribió:

El Batallón Vasco Español, grupo operativo militar, reivindica el arresto, interrogatorio y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, miembro de un comando informativo de ETA, rama estudiantil (IASE), del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos con tendencia trotskista y maoísta, desde el que amparan sus actividades. Ésta es una medida tomada como consecuencia del atentado contra seis guardias civiles sucedida el día 1. Seguiremos actuando hasta localizar y acabar con los tres comandos de información que actúan en Madrid, integrados por tres personas y un responsable, a las órdenes del agregado militar de la zona Centro-Castilla. Por una España Grande, Libre y Única. ¡Arriba España!

El ingeniero grabó en cinta de télex el comunicado; lo escondió en los lavabos de la cafetería Nebraska, en la Gran Vía madrileña, tomó el puente aéreo y, desde Barcelona, telefoneó a la agencia EFE para indicarle el lugar donde estaba el mensaje. Después los teletipos de todos los periódicos recibieron la noticia: «Madrid, 2 (EFE). El cadáver de una joven con la cabeza destrozada fue encontrado a las ocho y media de la mañana por miembros de la Guardia Civil, avisados por un camionero que vio un bulto extraño junto a la carretera. Tres horas después del hallazgo, la agencia EFE recibió un comunicado del autodenominado Batallón Vasco Español en el que reivindicaba la muerte de la muchacha y daba como razón del hecho su supuesta militancia en ETA».

En realidad, lo que asustó a muchos fue que, por primera vez, las bandas parapoliciales de la guerra sucia habían traspasado los límites del País Vasco para imponer en Madrid su cruda realidad sangrienta. Al día siguiente del crimen, domingo 3 de febrero de 1980, algunos periódicos dieron credibilidad al comunicado de los asesinos. El Ya tituló: «Joven etarra muerta a tiros. Dos supuestos activistas de ETA asesinados en Madrid y Eibar». Y añadió: «Según un comunicado del Batallón Vasco Español, se trata de Yolanda González, perteneciente a un comando de información. Dicho comunicado, confeccionado en una cinta perforada en télex, fue depositado en una cafetería madrileña». El Imparcial: «El Batallón Vasco Español inició su represalia». ABC: «Hallados los cadáveres de dos presuntos etarras. La presunta etarra muerta podría ser Yolanda González Martín. El Batallón Vasco Español se responsabiliza de la acción en un mensaje facilitado a EFE». Dos días más tarde, Deia titulaba: «En medios policiales califican de “error” de los autores la muerte de Yolanda González. Preocupación de que continúen los atentados de la extrema derecha». Y en El Correo Español/El Pueblo Vasco destacaban: «Opinión unánime: Yolanda González no estaba vinculada a ETA».

Durante varios años, bajo las siglas del Batallón Vasco Español (BVE) se ocultaba la trama de la guerra sucia contra el terrorismo de ETA; funcionaba a la manera de los «escuadrones de la muerte» latinoamericanos. En el País Vasco el BVE colocaba bombas, culminaba atentados a instituciones autonómicas y democráticas, ametrallaba a militantes de la izquierda abertzale… campaba por sus fueros. Así, el 2 de febrero de 1980, horas después del crimen de Yolanda, el BVE asesinaba en Eibar a Jesús María Zubicaray. Hasta entonces, el tiro al blanco de las bandas armadas ultraderechistas había sido entendido por muchos como una parte de la particular guerra del Norte desatada en el País Vasco, pero con el asesinato de Yolanda esta lucha armada salía de suelo vasco y atentaba contra una dirigente del movimiento estudiantil madrileño, miembro destacada de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media; contra los partidos de izquierda, porque había militado en las Juventudes Socialistas, en la Liga Comunista Revolucionaria y en el Partido Socialista de los Trabajadores; y contra los sindicatos, por su afiliación a Comisiones Obreras del sector de la limpieza. Estas organizaciones así lo entendieron, y se movilizaron contra el crimen.

El Gobierno no podía permitir que la guerra sucia se trasladara a Madrid. Ya no se trataba de la violencia mortal en el transcurso de una manifestación, ni del joven asesinado por unos energúmenos con bates de béisbol; en el caso Yolanda actuaba una trama negra bien organizada, con armamento, locales, documentos falsos, disfraces, computadoras… Para comprenderlo, basta recordar el arsenal incautado por la Policía, del que ya hemos hablado y que recoge sucintamente la sentencia, aunque en ningún momento apunta su procedencia. En total se incautaron cincuenta kilos de Goma 2, las armas del crimen, un subfusil Mauser, cebos electrónicos, sesenta cartuchos de explosivos fabricados por la empresa nacional Explosivos Río Tinto, granadas de mano PO reglamentarias del Ejército, botes de humo como los utilizados por la Policía, un aparato Skanner VHF, receptores de emisoras policiales y un bolígrafo pistola con capacidad para disparar balas del calibre 22 corto, como el fabricado en 1978 por el teniente coronel Alejandro Molinero en el Regimiento de la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid).

A pesar de las evidencias, no se investigó a ningún posible implicado al margen de los ejecutores materiales, no se indagó ninguna ramificación que demostrara quiénes organizaban desde la legalidad los actos terroristas de extrema derecha. Fuerza Nueva dejó a Emilio Hellín sin abogado para castigarlo por sus acusaciones contra Martínez Loza. Con el cerrojazo que Ricardo Varón Cobos dio al sumario se perdió la posibilidad de investigar las relaciones de Fuerza Nueva con bandas armadas y miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado.

Los cabos sueltos fueron tan numerosos como la rocambolesca y personalísima instrucción sumarial. El ordenador Skanner VHF, donde Hellín escribió el comunicado del crimen, tenía una terminal como las de los servicios de seguridad; tras la detención del ingeniero fue desconectado y retirado de la circulación misteriosamente, evitando así que se supiera a dónde estaba conectado. También desapareció la antena de largo alcance que Hellín poseía en el tejado de su casa. Por otra parte, se encontraron cintas magnetofónicas grabadas en las que una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca. Gran parte del arsenal incautado estaba compuesto por armamento reglamentario del Ejército; Hellín poseía emisoras de la Policía y de la Guardia Civil. Un día después de asesinar a Yolanda, el ingeniero durmió en el domicilio de un policía de Vitoria, quien declaró al abogado Benítez de Lugo: «Hellín tiene importantes y conocidos contactos entre los peces gordos de los cuerpos de Seguridad y el Ejército». Estos «contactos» se mantuvieron durante años. Tras seis años en la prisión de Zamora, el 24 de enero de 1986 Emilio Hellín disfrutó de su primera libertad durante cinco días. El juez de vigilancia penitenciaria, José Donato Andrés Sanz, le concedió el permiso a partir del cual protagonizó dos fugas en las que dispuso de DNI con otros nombres e identidades.

EL ASESINATO DE VICENTE CUERVO

El domingo 9 de febrero de 1980, ocho días después del asesinato de Yolanda, un nuevo crimen cometido por seguidores de Piñar sacudió las calles madrileñas. Se produjo tras una concentración ultraderechista no autorizada acompañada por un mitin convocado por Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), rama sindical fuerzanovista, en el cine París de Vallecas, donde tenía que intervenir Blas Piñar. Ante el anuncio de que el acto ilegal iba a realizarse de todas las maneras, trece organizaciones de izquierda, entre fuertes contingentes policiales, se apostaron desde primeras horas de la mañana a la entrada de Vallecas por si los ultraderechistas aparecían por el barrio. La batalla campal resultó inevitable.

Alrededor del mediodía, a la altura del número 22 de la calle Martín Álvarez, dos ultraderechistas se cruzaron con Vicente Cuervo Calvo, de veintiún años, estudiante de electrónica y trabajador de Telefunken, que había ido a protestar por la presencia de Fuerza Nueva en el barrio. Primero recibió una puñalada en el hemitórax derecho; después, un disparo limpio a quemarropa le atravesó el corazón de parte a parte. La Policía había identificado a los agresores: eran militantes de FN; uno, de una edad superior a los cuarenta años, vestía un abrigo azul; el otro, de apariencia más joven, iba enfundado en una cazadora. Durante los enfrentamientos, las Fuerzas de Orden Público habían detenido a varios ultras armados con pistolas simuladas, cuchillos y cadenas.

El líder de FNT, José Antonio Assiego, salió al paso de las acusaciones diciendo:

En Vallecas nos encontramos con una encerrona perfectamente planeada. De las personas que acudieron a provocarnos quedaban unas cincuenta divididas en varios grupos, que actuaban en calles diferentes. Se acercaban, nos tiraban piedras, nos daban un cadenazo y echaban a correr. Cuando nuestra gente les perseguía, pudieron ver cómo desde algunos sitios se les disparó con armas de fuego desde ventanas altas o balcones. Hubo que dar la orden de quedarnos en la plaza. FNT piensa que el asesinato del joven ha sido fruto de uno de los disparos realizados desde los balcones de los pisos de Vallecas. El hecho de que le haya tocado a él, pensamos que ha sido porque iba relativamente bien vestido y debieron confundirlo con alguno de los nuestros, y le dispararon a él. O bien se vio mezclado en una reyerta y le dieron a él por error.[69]

El crimen de Vicente Cuervo quedaría sobreseído y el sumario cerrado sin que fueran dos los autores de su muerte, a pesar de que existía una descripción física precisa de los autores y algunos testigos los habían identificado ante la Policía. El abogado José María Mohedano, que ejercía la acusación particular, declaró en mayo de 1980: «Lo curioso es que hace un mes y medio la Policía comunicó al padre de Vicente que tenían identificados a los autores, pero desde ese momento no hemos vuelto a tener información sobre el tema. El obstáculo está en que el sumario se ha paralizado».

El lunes, 10 de febrero de 1980, cuando apenas habían transcurrido veinticuatro horas desde el asesinato de Vicente Cuervo, El PSOE y el PCE pidieron en el Congreso la ilegalización de Fuerza Nueva. En el seno de la organización de Piñar las repercusiones de los asesinatos de Yolanda González y de Vicente Cuervo se vivieron con cierta histeria. En una nota oficial difundida el 12 de febrero de 1980, este partido decía: «Resulta obvio que Fuerza Nueva (como cualquier otra organización) no puede hacerse responsable de la presunta acción personal cometida por sus afiliados, ni puede tampoco ser considerada como instigadora de un hecho absolutamente ajeno a su acción política y a todas luces reprobable. Nuestra agrupación hace público también que investigará hasta sus últimas consecuencias quién o quiénes están operando en la sombra para conseguir el desprestigio de Fuerza Nueva ante los españoles de buena voluntad».

Ese mismo día, el editorialista de El País se refería a Fuerza Nueva de la siguiente manera:

Lo más correcto que se puede escribir de tal partido y de su líder es que, con su propaganda incontenida y demagógica, engañan a algunos jóvenes y les inculcan en su ánimo la idea aberrante de que el fin justifica los medios, y de que la violencia es camino de regeneración social. El asesinato de Yolanda González y el de Vicente Cuervo, en Madrid, piden algo más que la detención de los asesinos. Es precisa una investigación del Tribunal Supremo y del Congreso sobre las responsabilidades políticas parejas que, por acción u omisión, pueden propiciar el asesinato de aquellas personas que defienden (y lo pagan con su vida) las libertades constitucionales. Fuerza Nueva debe clarificar sus archivos y definirse nítidamente ante los últimos asesinatos de la ultraderecha. Entonces podrá defender su opción misiva (parlamentaria, al estilo italiano) sin que sobre ella caiga la sospecha objetiva de que han puesto un pie en el Congreso para procurarse respetabilidad parlamentaria, mientras que mantienen el otro revolviendo en las tramas negras europeas. De otro modo, seguirá siendo un partido execrable.

Cuarenta y ocho horas después, en su primera comparecencia ante el Congreso para informar sobre las investigaciones del caso Yolanda y sobre las actividades terroristas en los últimos meses, el ministro del Interior, general Antonio Ibáñez Freire, declaró:

El esquema de la actividad terrorista en España —dijo— está configurado, en primer lugar, por una organización ETA que, a pesar de los quebrantos sufridos durante 1979, cuenta todavía con comandos operativos suficientes para mantener su actividad, y con una estructura de dirección, planeamiento y ejecución selectiva que actúa con eficacia. Y en segundo lugar, otros activistas de extrema derecha que, aun no disponiendo todavía de una auténtica organización, sí mantienen conexiones mutuas, más o menos esporádicas, que en nombre de unos supuestos ideales cometen los más execrables asesinatos con el mismo objetivo de ETA: atacar las bases del Estado y tratar de impedir que en España se consolide la democracia. En lo que va de año, estos asesinatos se distribuyen así: ETA militar, dieciséis muertos; ultraderecha, ocho muertos.[70]

Con respecto al crimen de Yolanda, afirmó:

¿Hay algún miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado implicado en el hecho que nos ocupa? Respondo con absoluta sinceridad, y de acuerdo con los datos que hasta el momento poseo: implicado, no; relacionado, sí. Debo añadir que si alguien pretende poner en duda si estas averiguaciones se llevarán hasta sus últimas consecuencias, en el hipotético caso de que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado se viesen implicados en algún hecho delictivo, les respondo categóricamente: sí. Yo empeño mi palabra de honor de que, con mi conocimiento, jamás quedará al margen del rigor de las diligencias, cualquier presunto culpable, sea cual sea su pertenencia, profesión, actividad o vestimenta.

Aquel 13 de febrero, Blas Piñar declaró que se había exagerado la trascendencia de la muerte de Yolanda González para hacer una campaña contra Fuerza Nueva y contra él mismo.

La posible ilegalización de Fuerza Nueva —dijo— es un tema que no me preocupa nada, porque no es una decisión mía. La preocupación será de ellos. La Iglesia está llena de pecadores gravísimos, y en la Administración también hay funcionarios corruptos, pero a nadie se le ocurre pedir la disolución de ninguna de estas instituciones.

En un intento de buscar la credibilidad, mientras los partidos de izquierda exigían la ilegalización, Piñar argumentó incluso que muchos de sus militantes estaban siendo «manipulados por grupos parapoliciales» y que Fuerza Nueva tenía en su seno «algunas ovejas negras».

El 14 de febrero de 1980, doce días después del crimen, el diputado socialista Juan Barranco Gallardo presentó una pregunta parlamentaria al ministro del Interior en la que subrayaba: «A los detenidos les fue intervenido abundante material de armas de fuego, granadas de mano modelo PO-2 de tipo militar, explosivos y sofisticado material electrónico, entre el que figuran dos aparatos Skanner VHF de terminal de ordenador y receptor de emisoras policiales y de la Guardia Civil». Y a continuación formuló al Gobierno las siguientes preguntas: «1.º ¿Cómo obtuvieron las armas y los aparatos electrónicos que obraban en su poder y que no son de acceso normal en el mercado? 2.º ¿Con qué otras organizaciones, además del partido Fuerza Nueva, nacionales y extranjeras, tenían conexiones los detenidos? 3.º ¿Qué información posee el Gobierno sobre el denominado Batallón Vasco Español? Y 4.º ¿Conoce el Gobierno que en los días inmediatamente posteriores al asesinato de Yolanda González Martín, en varios institutos y centros de enseñanza de la provincia de Madrid se han producido irrupciones violentas de militantes del partido Fuerza Nueva que, esgrimiendo cadenas, porras y otros objetos, amenazaban y provocaban a los alumnos de dichos centros?».[71]

El ministro Ibáñez Freire no respondió a esta interpelación. Fue destituido antes. Le relevó Juan José Rosón Pérez, gobernador civil de Madrid durante los meses de la rebelión estudiantil.

Cuando se cumplía un año del asesinato de Yolanda, Juan Barranco escribió un artículo titulado «Combatir al fascismo en el proceso democrático», en el que analizaba el fenómeno a través del caso Yolanda. «Los atentados fascistas son hechos que demuestran que existe una organización y que ésta responde a una lógica, a unos planteamientos políticos absolutamente reaccionarios dentro de la transición española que estamos viviendo». Después reflexionó sobre las bandas fascistas: «Los fascistas en este país no necesitan ni siquiera tomar precauciones. Una de dos, o efectivamente hay impunidad o están en una dinámica de locura y se sienten con fuerza para desafiar las leyes de este país». Desde la perspectiva de su experiencia personal, cuando apenas faltaban varias semanas para el golpe del 23 de febrero de 1981, el diputado escribió: «No son elementos aislados; hay una organización, hay una coordinación. ¿Por qué el Gobierno negó este tema en aquel momento? En tanto que el terrorismo de la ultraizquierda está diagnosticado, el de ultraderecha permanece en el anonimato. No se sabe qué es, a dónde va, quién hay detrás. El único que debe y puede tener los datos es el Gobierno y éste no ha respondido». Y concluye: «En el caso de Yolanda se sintetizan todos los problemas del Gobierno y de las fuerzas de seguridad respecto al fascismo. Hay cosas raras, cosas oscuras. Placas extrañas, antenas extrañas, implicados de las fuerzas de orden público. Y nadie explica con claridad el fondo de la cuestión».[72]

LOS BATEADORES DEL RETIRO

El 13 de septiembre de 1979, a las nueve y media de la noche, José Luis Alcazo, de veinticinco años, paseaba con varios amigos por el parque del Retiro. Luis Francisco Canicio y Jesús Oyamburu iban delante. José Luis Alcazo, Marisol, Mariela y Luciano caminaban un poco rezagados. Sin previo aviso, aparecieron entre los árboles varios jóvenes armados con bates y palos. Eran niños bien, adolescentes de pelo muy corto y ropas correctas. «Por la espalda, inopinadamente y por sorpresa», según la sentencia que condenó a los autodenominados Bateadores, atacaron y apalearon a Canicio y Oyamburu, mientras Alcazo, que salió en su defensa, acabó muerto en la emboscada.

El banquillo de los acusados fue ocupado por ocho estudiantes, en su mayoría hijos de militares:

Eduardo Juan Limiñana Sanjuán, condenado a nueve años de prisión por un delito de homicidio con abuso de autoridad, y a dos años por lesiones graves, con alevosía y la atenuante de ser menor de dieciocho años.

Ángel Luis Nieto García, condenado a cinco años de prisión por homicidio, con la atenuante de que no quería matar, sino que su intención era «causar lesiones graves» y a seis años y un día por lesiones graves con alevosía.

José Antonio Nieto García, hermano del anterior, condenado a tres años de prisión por lesiones graves.

Gabriel Rodríguez Medina, condenado a dos años por lesiones graves con alevosía y a seis meses de prisión y multa de 200.000 pesetas por homicidio, con la atenuante de menor de dieciocho años.

Miguel Cebrián Carbonell, condenado a seis meses de prisión y multa de 200.000 pesetas por homicidio, once meses de arresto por lesiones graves, con la atenuante de menor de dieciocho años y padecer una enfermedad mental «incompleta».

José Miguel Fernández Alegre, condenado a seis meses de arresto mayor por lesiones graves, con la atenuante de menor de dieciocho años.

Fernando Benjamín Pita da Veiga y Corral, condenado a seis meses de arresto mayor por lesiones graves, con la atenuante de menor de dieciocho años.

Y Emeterio Iglesias Sánchez, condenado a cinco meses de arresto mayor, como cómplice de un delito de lesiones graves.

¿Cuál fue la razón del crimen? Quizá el aspecto de las víctimas, su pelo largo, las barbas, los pantalones vaqueros y la vestimenta informal. Aquél era un barrio poblado por cachorros uniformados, de pelo aplastado con gomina, siempre dispuestos a limpiar el Retiro. Así se expresaban durante el juicio, tres años más tarde, los letrados Gerardo Quintana y Ángel López Montero, abogados de causas ultras (entre otras, de los militares golpistas del 23-F) y defensores de los Bateadores: «Ante el caos del Retiro, que estaba lleno de drogadictos, homosexuales y delincuentes, varios de los cuales habían agredido a unos amigos, estos muchachos cogieron sus objetos y se defendieron. Fue un homicidio no intencionado porque estos jóvenes quisieron preservar el Retiro de las pandillas de delincuentes que venían atacando a los indefensos paseantes. Esta acción noble y altruista de los jóvenes procesados llevaba en sí un grave riesgo, incluso físico para ellos».

La declaración policial, realizada el 20 de septiembre de 1979, del «bateador jefe» Eduardo Limiñana Sanjuán, de dieciséis años en el momento del crimen, despejó cualquier incógnita. Éstas fueron sus respuestas durante el interrogatorio a que le sometió la Brigada Regional de Información:

No milito en ningún partido político ni central sindical; antes estuve en Fuerza Joven, rama juvenil de Fuerza Nueva. Aquel 13 de septiembre acudí al Retiro, junto a otros nueve conocidos, para realizar una «acción de hostigamiento» y «limpiar» la zona de drogadictos, homosexuales y delincuentes comunes. En varias ocasiones habíamos sido asaltados por gentuza que nos robaba lo que llevábamos encima.

El 12 de septiembre de 1979, veinticuatro horas antes de aquel hostigamiento, los Bateadores habían tenido un encontronazo con varios jóvenes, entre los que se encontraba uno de raza negra. No salieron bien parados y por eso decidieron volver al mismo lugar, pero esta vez armados hasta los dientes para llevar a cabo una acción de limpieza. En los bates de béisbol, que serían requisados por la Policía, habían inscrito la leyenda «Viva el Fascio Redentor» y las siglas «S. E.», que significan Sección Especial y que «hacen referencia al grupo que funciona dentro de Fuerza Joven, organización que abandoné porque no comparto sus métodos», según confesó Limiñana antes de añadir: «Los Bateadores nos habíamos unido por nuestras ideologías de derechas, pero no teníamos ningún fin político. Cuando acudimos al Retiro a realizar una acción de “limpieza” no pensamos que pudiera resultar muerta una persona y supongo que, debido al nerviosismo, nos cegamos y no llegamos a ver el alcance de nuestro acto».

Eduardo Limiñana Sanjuán relató a continuación su visión del crimen: «Antes de llegar al parque del Retiro, había quedado citado con los amigos que me acompañaban en la calle Poeta Esteban Villegas, junto a unos bloques de pisos que corresponden, creo, al número 10 de esa calle. Acudieron Gabriel Rodríguez Medina [dieciséis años, hijo de un alto oficial del Ejército], Fernando Pita da Veiga y Corral [sobrino del almirante y ex ministro de Marina que dimitió cuando se anunció la legalización del PCE], Miguel Fernández Alegre [dieciséis años], y otros seis que viven en la zona Virgen del Puerto». Después, identificó a los restantes bateadores. Eran Emeterio Iglesias Sánchez, de diecisiete años; José Antonio Nieto García, de diecinueve, con sus dos hermanos, Ángel Luis, de dieciocho, y José María Nieto García, de quince; y Pablo Calderón Fornos, de catorce años e hijo del general Calderón, llamado a ser director del CESID en la última época del Gobierno socialista. Todos vivían en las casas de militares junto al parque.

A las 21.05 horas, aproximadamente, cogimos unos palos, como los mangos de los instrumentos de labranza. Los teníamos escondidos bajo la terraza de una planta baja, en unos bloques de viviendas de la calle Poeta Esteban Villegas. Cinco del grupo tomaron sus palos. Yo no, porque ya tenía un bate de béisbol que guardaba mi amigo Javier en su casa. Subimos por una rampa y avanzamos hacia una cuesta que da al paseo de Coches del Retiro.

Aquel atardecer del 13 de septiembre de 1979 cualquier persona que paseara por el parque y no encajara con los gustos de los jóvenes beligerantes podía convertirse en su víctima. Limiñana recordó que uno de sus compañeros dijo unas palabras refiriéndose a un grupo de jóvenes que se acercaba, desde la Rosaleda, en dirección hacia ellos. Se trataba del licenciado en Historia José Luis Alcazo y de sus amigos.

Prosigue Eduardo Limiñana en su confesión:

Para no ser vistos con los palos nos escondimos entre los árboles y arbustos que rodean la cuesta. Yo me coloqué en la parte izquierda de la subida, junto a otros que no recuerdo quiénes son, y los demás se ocultaron frente a nosotros, detrás de unos árboles. Cuando los que venían desde la Rosaleda llegaron a nuestra altura, comprobé que eran unas seis o siete personas y creí que todos eran hombres. En ese momento, uno de mis amigos salió de entre los árboles y se dirigió al grupo contrario. Entonces, yo salí de entre los arbustos, fui por detrás a uno de los que iban al final del grupo y le di un golpe en la cabeza con mi bate de béisbol. Otro chico me intentó arrebatar el bate, por lo que comencé a pedir ayuda. Grité: «¡Que me lo quitan, que me lo quitan!». Entonces dos de mis amigos le dieron por detrás varios golpes y dejó de agarrar mi palo… mi bate de béisbol. Ya libre, me volví hacia el chico que había golpeado por primera vez y le propiné otro golpe; no recuerdo si en la cabeza o en los hombros. El tío se fue huyendo hacia la Rosaleda, por donde había venido.

Luego, otro de ellos vino hacia mí. Se había logrado deshacer de quienes le estaban golpeando con sus palos. Me intentó golpear pero le esquivé y luego se marchó corriendo hacia la valla metálica que separa los jardines del Retiro del vertedero de basuras de la calle Poeta Esteban Villegas. Mientras corría, aquel tipo tropezó contra la valla metálica y siguió corriendo por la parte derecha, por un camino que también iba a dar al paseo de Coches.

En ese camino, a unos veinte metros de la valla, fue alcanzado por Gabriel Rodríguez Medina y Miguel Cebrián [ambos de dieciséis años], que comenzaron a darle golpes. Ángel Luis Nieto y yo nos unimos a ellos y también le golpeamos. Cuando yo llegué, el chico ya estaba en el suelo, recibiendo golpes de todos los que estábamos a su alrededor [entre los que hay que incluir a Fernando Pita da Veiga y Corral, Emeterio Iglesias y Miguel Fernández Marín]. Ignoro en qué sitio del cuerpo le pegué. Entre la oscuridad, el nerviosismo y el hecho de que él se movía continuamente, no puedo saber en qué sitios le di. Recuerdo que hubo un golpe final, no sé si mío o de otro, que hizo que se convulsionara repentinamente y quedara inmóvil.

José Luis Alcazo yacía muerto.

JORGE CABALLERO, MORIR POR UNA INSIGNIA EN LA SOLAPA

A las diez de la noche, del 28 de marzo de 1980, Jorge Caballero Sánchez, de veintiún años, trabajador de la empresa Agromán, salió del cine Azul, en la Gran Vía madrileña, acompañado por su novia. Apenas pisaron la acera, tres jóvenes le miraron deslumbrados por la insignia que llevaba prendida en la solapa: el anagrama de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Los tres individuos, militantes de Fuerza Joven, rodearon a Caballero mientras, a pocos metros, otros siete muchachos realizaban pintadas conmemorativas del Primero de Abril, día de la victoria franquista sobre la España republicana.

Allí estaban el jefe del operativo, José Juan Llobregat Ferré, alias «el Loco», con un machete, José María Vargas Villalba, alias «el Jerezano», y José Miguel Gómez González, «el Masa», jefe de centuria de Fuerza Joven, ambos armados con nunchakos (palos de kárate). Los demás portaban bates de béisbol y navajas. Habían salido de caza, y la Gran Vía era un lugar poblado de posibles víctimas. Jorge recibió sus insultos mientras Vargas le arrancaba violentamente la insignia de la solapa. La novia del joven corrió en busca de ayuda cuando alrededor del joven cenetista ya estaban congregados otros ultras. Entonces Gómez pasó de los insultos a la violencia y propinó a Caballero un fuerte puñetazo en la cara que le derribó sobre las baldosas. Indefenso y a su merced, todos comenzaron a patearle los costados y la cara, mientras a su alrededor los transeúntes se apartaban con miedo.

Cuando el joven apaleado trató de ponerse en pie, José Juan Llobregat empuñó su machete y lo hundió en el pecho de su víctima hasta la empuñadura. La hoja atravesó el hígado y parte del pulmón derecho. Aunque Jorge Caballero Sánchez tardaría en morir quince días tras una intervención quirúrgica desesperada, el machetazo era mortal de necesidad y, como dictaminó el forense, existía «una relación prácticamente única de causa a efecto entre la agresión, la grave lesión abdomino-torácica y la muerte».

A partir de entonces, la rutina judicial hizo su incómodo trabajo. El asesino Juan José Llobregat huyó al extranjero y, según las investigaciones sumariales, el propio subjefe nacional de Fuerza Nueva, Ricardo Alba, le había proporcionado el billete para sacarlo del país. Aunque se cursó una orden internacional de busca y captura, el télex de Interpol de Viena, en el que se pedían con urgencia datos para detener al fugitivo, tardó un mes en ser contestado desde España.

Junto al Masa y al Jerezano, la Policía detuvo y el juez instructor procesó a otros miembros de Fuerza Joven: Fernando Saliquet de la Torre, nieto de un ilustre almirante, Felipe Queipo Zimmerman, Antonio Pazanturdía Irache, Pascual García Porras y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masía Linaza.

La Sala Primera de la Audiencia Provincial dilató enormemente la tramitación del caso y acabó levantando el procesamiento de los detenidos, que pasaron a convertirse en testigos. Se cargó todo el peso del crimen en el huido Llobregat, y tan sólo se procesó por desórdenes públicos a Vargas Villalba y Gómez González, los apellidos menos ilustres del grupo. Mientras a los procesados se les impuso una fianza de 25.000 pesetas, se exigió 3.400.000 pesetas a los partidos y sindicatos que se presentaron con la intención de ejercer la acción popular.

Como explica la letrada María Ángeles López, que representó a los padres de Jorge Caballero: «El auto estaba dirigido y redactado para responsabilizar única y exclusivamente a la persona que estaba en rebeldía, ausente, como era habitual en casos como éste. En el auto de procesamiento ya no se hablaba de asesinato, sino de homicidio, un grado inferior. De los careos realizados entre los encausados se deduce claramente que Jorge fue objeto de un ataque colectivo con palos de kárate, porras, machetes y otros medios, cuando él no esperaba ni sospechaba que iba a ser objeto de una agresión».

El 28 de abril de 1987, tras más de siete años de espera, la Audiencia Provincial de Madrid sentó en el banquillo a Vargas y a Gómez, acusados de desórdenes públicos, y no de asesinato como pedía la abogada María Ángeles López. Todos los miembros del comando negaron su participación y sufrieron una «amnesia colectiva» al olvidar totalmente lo que había ocurrido en la noche del 28 de marzo de 1980. Sin embargo, todos reconocieron su militancia en Fuerza Joven.

En el texto de la sentencia, dictada el 5 de junio del mismo año, el juez ponente Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Orden Público, ni siquiera mencionó la condición de ultraderechistas de los acusados; olvidaba el hecho de que Gómez González, «el Masa», era jefe de centuria de Fuerza Joven y que Llobregat había amenazado con su machete a los transeúntes en dos ocasiones aquella misma noche.

Según dicha sentencia, Vargas y Gómez «cooperaron con el genuino autor de la muerte en las vejaciones causadas de palabra, mediante una bofetada y arrancamiento del emblema que llevaba el ofendido, pero no intervinieron en la producción de las heridas letales». Sin embargo, con este crimen «la tranquilidad en la zona quedó muy alterada y agravada por las implicaciones políticas del suceso».

El delito de desórdenes públicos había sido cometido «sólo» por los tres, y por tal motivo José Miguel Gómez González y José María Vargas Villalba fueron condenados al pago de una multa de 50.000 pesetas. Para el tribunal que los juzgó no eran responsables de la muerte de Jorge Caballero, porque no empuñaban el machete que asestó el golpe mortal.

A finales de 1981, el propio José Miguel Gómez González relataría:

Al llegar al cine Azul, Jorge Caballero salía en ese momento con su novia de ver la película La naranja mecánica y mi camarada José Llobregat, alias «el Loco», que sólo tenía dieciséis años y era una persona muy nerviosa y muy exaltada, le asestó una puñalada en el costado, de la que fallecería días después. Recuerdo que en ese momento me encontraba unos metros más abajo buscando un lugar para hacer una pintada. De pronto, llegó el Loco corriendo y me dijo: «Masa, vámonos rápido de aquí, que me he cargado a un rojo». Salimos corriendo todos y no paramos hasta llegar a la plaza de España, donde el Loco se detuvo para lavar el cuchillo ensangrentado. Cuando le pregunté me dejó atónito. Le había matado, según sus palabras textuales, porque llevaba una pegatina en la chaqueta con la «A» anarquista, que no le gustaba.[73]

Entre los datos sobre su trayectoria política personal, Gómez González explicó cómo fue captado por la extrema derecha: «A los doce años, cuando todavía estaba en el colegio de primaria, ingresé en Fuerza Nueva. ¿Motivos? Los de todos los chicos de mi edad: los desfiles, los uniformes, la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de hallar un cauce para expulsar la violencia que cada ser humano lleva dentro. La persona que me introdujo en el partido de Blas Piñar fue José de las Heras Hurtado, hoy presidente del Frente de la Juventud, pero en aquel entonces era jefe nacional de Fuerza Nueva».

13
LOS RESTOS DEL «APARATO MILITAR» DE LA EXTREMA DERECHA

Desde el 13 de septiembre de 1979 hasta febrero de 1980, en la provincia de Barcelona, un comando estable de extrema derecha formado por activistas de Fuerza Nueva y agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil realizaron atentados, incendios y robos que fueron reivindicados primero por la Triple A y después, de manera permanente, por el Ejército Español de Liberación (EEL).

Manuel Reinero Banda, hijo y hermano de guardias civiles y al que llamaban «el Comandante», organizó su pequeño ejército y actuó en la frontera entre la delincuencia común y la política. Una actividad emprendida también por otros grupúsculos violentos de extrema derecha en la etapa final de la transición española, una vez aprobada la Constitución, culminado el pacto político y el consenso, y con la sombra del golpismo como último recurso involucionista.

EL EJÉRCITO ESPAÑOL DE LIBERACIÓN

En el extraño «ejército» de Reinero actuaron un sargento y un número de la Policía Municipal de Ripollet, al menos dos guardias civiles —uno de ellos expulsado del Cuerpo antes de su detención— y un guardia jurado. Cuando, el 16 de febrero de 1980, la Policía barcelonesa desarticuló el EEL, encontró, junto al armamento (que incluía una granada reglamentaria), capuchones con las siglas de la Alianza Apostólica Anticomunista, la Triple A. Según la nota policial: «El grupo se hallaba en fase organizativa incipiente o en período de formación y pretendía, desde una perspectiva radical antimarxista, dar respuesta mediante la lucha armada a organizaciones violentas de signo ideológico contrapuesto».

Por colaboración con banda armada y organizada, entre otros delitos,[74] fueron sentados en el banquillo: Antonio Benito Pedraza, comerciante; condenado a tres meses de arresto mayor por un delito de incendio. Juan Centelles Miguel, planchista, condenado a veintiún años de prisión por falsificación de matrícula y robo en edificio o establecimiento. Julio González Palomares, agente de la Guardia Civil; condenado a veintiséis años de prisión por tenencia de armas, falsificar placas de matrícula, y robo en edificio o establecimiento. Pedro Fernández López, agente de la Guardia Civil; condenado a multa de 100.000 pesetas como encubridor de un delito de tenencia ilícita de armas. Daniel López Collado, guardia municipal; condenado a dos años de prisión menor por un delito de incendio. Joaquín López Vicente, guarda jurado; condenado a tres meses de arresto mayor por un delito de incendio. María Isabel Navarro Periáñez, sin profesión; absuelta de un delito de tenencia ilícita de armas. Pascual Pallarés Lorente, comerciante; condenado a la pena de 80.000 pesetas de multa por un delito de daños. Francisco Reina Leonard, sargento de la Policía Municipal; condenado a dos años de prisión por incendio. Y Manuel Reinero Banda, industrial; condenado a cuarenta y siete años de prisión por tenencia de armas y robo en edificio o establecimiento.

Las actividades del Ejército Español de Liberación (EEL) comenzaron en los últimos meses de 1979, cuando Manuel Reinero Banda, delegado local de Fuerza Nueva en Polinyà, decidió formar «un grupo de acción violenta, sujeto a una jerarquía, disciplinado y con empleo de armas, primeramente designado, por conocimiento de la prensa diaria, Triple A, y después con la denominación de Ejército Español de Liberación (EEL)».

El 13 de septiembre de 1979, a una hora no determinada, Reinero y otros dispararon repetidamente contra la sede del Partido Socialista de Sentmenat y causaron daños valorados en 50.000 pesetas. Fue el primero de una serie de atentados amparados en la noche. El 7 de octubre, alrededor de la una y media, dispararon contra la sede del Partido Socialista en Santa Perpètua de Mogoda, con desperfectos tasados en 30.000 pesetas y después impregnaron de gasolina el automóvil del alcalde de Ripollet, Carlos Ferré Cuscó, y originaron daños tasados en 410.000 pesetas; acción planeada y seguida por Francisco Reina Leonard y Daniel López Collado, quienes atribuyeron a su ideología política, contraria a la del alcalde, que administrativamente el Ayuntamiento de Ripollet les relevara en sus cargos de sargento y cabo de la Guardia Municipal que ostentaban respectivamente. El 11 de octubre, alrededor de la una de la madrugada, Reinero, Antonio Benito Pedraza y Joaquín López Vicente, «en unidad de concierto», rociaron de gasolina y prendieron fuego al automóvil de Julio Regulado González, por entender que profesaba ideas políticas contrarias a las suyas. El 19 de octubre, pasada la medianoche, Reinero y Julio González Palomares dispararon sus armas ilegales contra el Ayuntamiento de Ripollet, por no ondear en él la bandera nacional en su lugar, sino a la izquierda y atada con una cinta. A partir de entonces iniciaron una serie de atracos a punta de pistola, que comenzó el 7 de noviembre, con el robo de la sucursal del Banco de Huesca, en Sentmenat, y robaron 293.000 pesetas, y terminó el 11 de febrero de 1980.[75]

Dos días más tarde, poco antes de ser desarticulado, el Ejército Español de Liberación decidió realizar otras acciones de tipo político. En la madrugada del 13 de febrero de 1980, Reinero, González Palomares y Pascual Pallarés Lorente dispararon contra la sede de la Sociedad Amigos del Arte, de Terrassa, porque pensaban que la sociedad sustentaba «una ideología no afín a la suya».

El 9 de marzo de 1981, quince días después del fracasado golpe del 23-F, el recluso Manuel Reinero Banda entregó a la Audiencia Nacional una minuciosa confesión sobre la trama ultra que había actuado en la comarca del Vallès (Barcelona) durante 1979 y 1980. Trataba así de acogerse a los posibles beneficios de una nueva ley todavía no aprobada y que estaba en trámites de discusión: la del terrorista arrepentido.

En su confesión, investigada por la Brigada de Interior de la Policía, Manuel Reinero implicaba con nombres y apellidos a cinco guardias civiles. Tal como declaró en vísperas del juicio, en la primera acción de escarmiento organizada por él «participaron los guardias civiles Pedro Paz Miguel, Manuel Clemente y Luis Morquilla; el industrial Fernando Arenas Santa Cruz y yo mismo. Los cinco íbamos de paisano en un Renault 12, al que le quitamos las placas de identificación. El guardia Morquilla disparó con una pistola Astra, del 9 largo, y Arenas con una del 9 corto». Y señalaba al teniente de la Guardia Civil, Andrés Bachiller Alcolea, como el jefe máximo en la sombra y le garantizaba una «protección adecuada» para sus acciones. Así lo afirma Reinero: «Como máximo dirigente, el teniente Bachiller conocía perfectamente todos los medios que se utilizaban para la recaudación de fondos, medios que aprobaba y con los que estaba perfectamente de acuerdo».

DEL ASESINATO DE ARTURO PAJUELO AL CASO SAN BAO

El 1 de mayo de 1980, en Madrid, fue asesinado Arturo Pajuelo Rubio, de treinta y tres años, mientras abandonaba la manifestación sindical, después de guardar un minuto de silencio por las víctimas de la matanza de Atocha y Yolanda González. Las puñaladas asestadas por sorpresa en el paseo de Santa María de la Cabeza, por un grupo de extrema derecha, acabaron con su vida e hirieron gravemente a sus compañeros Joaquín Martínez Mecha y Carlos Martínez Bermejo. Los ultraderechistas atacaron a Arturo sin gritos previos ni insultos. Uno o dos individuos le sujetaron por la espalda mientras otro le clavaba nueve veces un machete. Su amigo Joaquín tuvo más suerte, recibió cuatro puñaladas pero pudo huir corriendo. «Los agresores eran profesionales. Atacaron por delante, a los pulmones y al hígado con una bayoneta. Los que atacaron por detrás lo hicieron a los riñones. Nunca habíamos visto algo igual», declararon los médicos del hospital 12 de Octubre. Como resultado de las agresiones, Martínez Mecha, de veinticuatro años, sufrió heridas graves en el hemitórax derecho e izquierdo que afectaron al pulmón, junto con heridas en la región lumbar que le provocan la rotura de un riñón. Las heridas de Carlos Martínez no le afectaron a órganos vitales.

Arturo Pajuelo era el dirigente vecinal del barrio de Orcasitas, soltero y empleado de Construcciones Aeronáuticas. Su asesinato fue entendido como un ataque directo al movimiento obrero en su día más simbólico, durante la manifestación convocada por CC. OO. y UGT. Un portavoz del Batallón Vasco Español reivindicó el crimen a través de una llamada telefónica al diario Egin, y señaló que la acción había sido llevaba a cabo por el comando Javier Jáuregui, «como primera respuesta a las continuas agresiones sufridas por nuestros compañeros de Falange, por los abogados rojos en el juicio del caso Atocha».

Aquel primero de mayo los criminales salieron a la calle con la intención de apuñalar a bulto. Si era conocido, mejor. Los provocadores, en sus coches, merodearon alrededor de la manifestación durante todo su recorrido. Después, actuaron y se dispersaron impunemente. Hasta aquel momento, dentro de la ola de crímenes ultras desatada en Madrid durante 1980, la extrema derecha no había atacado abiertamente al movimiento sindical. En febrero, Yolanda González había sido asesinada por su participación en las luchas estudiantiles, y a Vicente Cuervo lo habían matado durante una refriega para controlar la calle; en la noche del 28 de marzo apuñalaron a Jorge Caballero por llevar una insignia anarquista, y el 29 de abril, apenas cuarenta y ochos horas antes asaltaron la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid e hirieron de bala a Carlos Aguirre de Cárcer, como ya hemos visto.

Sin embargo, aquel Primero de Mayo, con el apuñalamiento de Arturo Pajuelo y de sus compañeros atentaron contra la principal manifestación sindical de la capital de España. Y no se quedaron ahí. Aquel día, Fuerza Nacional del Trabajo convocó una concentración al término de la cual atacaron la Casa del Pueblo de Carabanchel. Y al día siguiente, la extrema derecha realizó su contramanifestación del 2 de mayo, que reunió en Madrid a decenas de miles de personas. Era evidente para muchos que el fascismo crecía y buscaba a su enemigo histórico, el movimiento obrero organizado. Mientras tanto, la pequeña manifestación de la CNT en Madrid fue contundentemente reprimida por la Policía.

En la madrugada del 3 de mayo, los crespones negros en las ventanas de Orcasitas anunciaban el luto del barrio por Arturo Pajuelo, fundador y organizador de la Asociación de Vecinos Guetaria, del Poblado Dirigido de Orcasitas desde 1974. Era la historia viva del barrio, según sus compañeros. Había estudiado durante algún tiempo en un seminario y, a partir de grupos cristianos, comenzó a dedicarse a los problemas específicos de los habitantes de Orcasitas. También promovió la Coordinadora de Barrios de la Zona Sur de Madrid.

En la misma noche del crimen, más de cuatro mil vecinos se reunieron en el colegio Velázquez, donde mantuvieron una asamblea permanente. Durante una hora, de once a doce de la noche, la Policía Nacional cargó sistemáticamente contra quienes se concentraban en las puertas del colegio y detuvo a tres miembros de la asociación porque anunciaban con un megáfono, desde un coche, la agresión y la asamblea.

La Brigada de Investigación Criminal de la Policía aportó datos escasos, a pesar de contar con un retrato robot del asesino a partir de las declaraciones de Martínez Mecha. El desinterés e ineficacia policial hizo que los abogados de la acusación particular pidieran al Juzgado de Instrucción número 2, de Madrid, que pasara el caso a la Policía Judicial.

Tras tres años de dilaciones, el 5 de marzo de 1983, el Juzgado de Instrucción número 12, de Madrid, dictó auto de procesamiento contra Daniel Fernández de Landa y Roca, falangista de veinte años, como presunto asesino de Arturo Pajuelo, y dio por cerrado el sumario, que pasó a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid para la apertura de la vista oral. La instrucción no procesó a nadie más, y Daniel Fernández de Landa, que también estaba implicado en el asalto al bar San Bao, se hallaba en paradero desconocido aunque la Interpol lo buscó infructuosamente en Francia.

Cinco días después del asesinato de Pajuelo, el bar San Bao fue asaltado por un grupo de militantes de Falange Española de las JONS, armados con pistolas, machetes, cuchillos y palos; dicha acción se saldó con la vida del joven Juan Carlos García, muerto de un disparo, un herido de bala y varios clientes golpeados y contusionados.

Aquel martes, 6 de mayo de 1980, fue una jornada tensa. Por la mañana, un consejo de guerra sentó en el banquillo al teniente coronel Antonio Tejero Molina y al capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas, procesados por la Operación Galaxia. El capitán Sáenz de Ynestrillas declaró al fiscal: «La reunión de la cafetería Galaxia consistió en una charla de café. Se trataba de un interrogante en el caso hipotético de que una acción contra la Moncloa tuviese éxito. Más que un plan era un deseo. En hipótesis, se trataba de tomar como rehenes a los miembros del Consejo de Ministros y ofrecer esta situación al rey a su regreso a España, de la que estaba ausente en aquellas fechas, para que decidiera lo más conveniente».

Aquel día no se hablaba de otra cosa en los círculos ultraderechistas. A las 20.30 horas, el jefe provincial de Falange Española de las JONS, José María Alonso Collar, impartía una conferencia a un nutrido grupo de correligionarios en la sede provincial de su partido en la calle Hileras, de Madrid, cuando un recién llegado informó: «¡Están pintando el monumento a las Caídos! ¡Han escrito “fachas asesinos”!». Poco antes de las nueve, Alonso Collar dio por terminada su charla y exclamó: «¡Es una provocación! ¡Vayamos hasta la Cruz de los Caídos y hagamos una contramanifestación!».

Aquella tarde, al término de una concentración realizada en la plaza de Quintana, varios manifestantes acababan de realizar pintadas denunciando el crimen de Arturo Pajuelo en la Cruz de los Caídos de Ciudad Lineal, un monumento que sería demolido años más tarde.[76]

Según relata la sentencia, el automóvil del jefe provincial de Falange encabezó la marcha, seguido por numerosos coches y otras personas que se desplazaron en metro y autobús. A ellos se unieron los militantes del barrio, procedentes de su sede de la calle Hermanos García Noblejas. Eran más de ciento cincuenta falangistas y simpatizantes. Cuando llegaron al monumento, comenzaron a limpiar las pintadas con estropajos y cubos. La plaza fue ocupada por jóvenes de atuendo paramilitar y personas maduras trajeadas que lanzaron algún grito de «¡Viva Cristo Rey!» y cortaron el tráfico aisladamente. Otros entraron en la cafetería J-5, de la avenida de Aragón, y discutieron acaloradamente hasta que terminaron por desaparecer del lugar.

A las diez de la noche, treinta personas tomaban tranquilamente copas en el bar San Bao, un local de gente joven sin significación ideológica. Su relación con cualquier opción política se reducía a que, al mediodía, contaba entre sus clientes con varios trabajadores del periódico comunista Mundo Obrero, ubicado muy cerca, pero aquella noche ninguno de ellos se encontraba allí. Minutos antes de la diez y media, un dirigente falangista, que la sentencia denomina «el camarada Álvaro», entró en la cafetería J-5 y exclamó: «Los que han hecho la pintada se han ido por Arturo Soria, hacia abajo ¡Seguidme!». Movidos por un resorte, los activistas más aguerridos descendieron a la carrera por la calle de Arturo Soria. Algunos de ellos vestidos con cazadora, camisa azul y guantes negros, y provistos de una escopeta de cañones recortados, un revólver, una pistola, cadenas, navajas y machetes.

En pleno ataque al San Bao, sonaron hasta cuatro disparos, lentos, distanciados, sordos y ligeros, «como petardos de feria —según dijeron los testigos—, como cohetes de escasa potencia». Iñigo Guinea Pérez (refugiado posteriormente en Brasil) y Daniel Fernández de Landa y Roca (supuesto asesino de Pajuelo, y en situación de rebeldía) fueron quienes dispararon. También irrumpieron en el local y se dedicaron a destrozarlo: Miguel Ángel Hurtado López, alias «el Galleta», Jesús Minteguiaga Ambrona, alias «Yoni», armado con un machete; Jesús Alcalá Neches y Francisco Javier Barranco López de Saa.

Cayeron los primeros heridos. Balas y cadenazos en la cabeza. Sangre. Un proyectil rompió el cristal de una ventana, otro rasgó la barra. Los clientes Vicente Seoane Martín y Ramón Carlos Bonal recibieron dos impactos de bala. Después de gritar retirada, los asaltantes se marcharon a la carrera. «¡Tengo un balazo! ¡Tengo un balazo!», gritaba Juan Carlos García Pérez. Este joven estaba realizando el servicio militar como voluntario en la Escuela Superior del Ejército y tan sólo pretendía tomar una copa. Una bala disparada por la espalda acabó con su vida.

El 5 de julio de 1983, en la causa abierta por asesinato, desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas, fueron condenados los siguientes militantes de Falange, en su mayoría estudiantes, que son citados por orden alfabético: Jesús Alcalá Neches, un año de prisión menor; Francisco Javier Barranco López de Saa, seis meses de arresto mayor; Jesús Fernández de Landa y Roca, cuatro años de prisión menor por cómplice de homicidio y tres meses de arresto por tenencia ilícita de armas; Miguel Ángel Hurtado López, cuatro años y dos meses de prisión menor; Juan Domingo Martínez Lorenzo, alias «Perón», diez años y un día de prisión mayor por homicidio (se fugó tras la condena y cuya extradición fue denegada por Francia el 11 de diciembre de 1983 por entender que se le reclamaba por un «delito político»), y Jesús Minteguiaga Ambrona, cuatro años y dos meses de prisión menor. En situación de rebeldía estaban Iñigo Guinea Pérez y Daniel Fernández de Landa y Roca. Y quedaron absueltos del delito de desórdenes públicos: Gregorio Luis García Calvo, Juan Antonio Madrazo Herrero, Luis Antonio Navarrete Sosa y Juan Carlos Ruiz Aguado.

García Calvo, jefe de milicias de FE de las JONS, «participó en la acción, pero no consta que llegara a entrar en ese establecimiento, que de algún modo tratara de ayudar a los asaltantes o que siguiera las órdenes de su superior jerárquico». Sobre Madrazo Herrero, Navarrete Sosa y Ruiz Aguado, miembros de FE de las JONS, «tampoco hay bastante constancia de que llegaran a introducirse en él [el bar] ni que ayudaran en el vandálico acto perpetrado por sus correligionarios».

La policía manejaba la hipótesis de que el asesinato de Pajuelo y el ataque al San Bao estaban relacionados con el asalto a la Facultad de Derecho. Una de las armas usadas en San Bao estaba registrada a nombre del padre del estudiante Pedro Pablo Peña. Este dato puso a los investigadores tras la pista de Iñigo Guinea y posibilitó la detención de Jesús Minteguiaga, quien, tras confesar que participó en el asalto armado con cuchillos y cadenas, dio suficientes nombres y direcciones como para que cuarenta ultraderechistas fueran detenidos en sus propios domicilios durante la noche.

El 7 de mayo, el ministro del Interior, Juan José Rosón, declaró ante el pleno del Congreso: «El terrorismo de extrema derecha no responde a un plan organizado. Si bien están claras las relaciones con Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS de las personas implicadas en estos hechos, se trata de actos emocionales». Después, dio la relación de los 375 presuntos terroristas procesados durante 1980. De todos ellos, frente a los 166 de ETA y los 43 del GRAPO contrastaban los escasos 19 miembros de la extrema derecha.

El asesinato de Pajuelo, el caso San Bao, el juicio de la Operación Galaxia y el secuestro gubernamental de la revista Fuerza Nueva, donde supuestamente se injuriaba al jefe del Estado, provocaron una reunión urgente del consejo político del principal partido ultraderechista español, que se prolongó hasta la madrugada del 8 de mayo. El partido de Piñar estaba en el punto de mira, y el fantasma de su posible ilegalización seguía flotando en el aire desde los crímenes de febrero. Al término de aquel denso consejo político, el diputado Blas Piñar declaró en un comunicado: «Nadie está más interesado que yo en que se aclare definitivamente lo que está ocurriendo; ni nadie pide con más vehemencia que yo que la investigación llegue hasta el final, incluso hasta mi propia persona».

A pesar de que el asalto al bar San Bao había sido protagonizado por falangistas, el notario Piñar sabía que las investigaciones también apuntaban hacia su partido. Veinte personas supuestamente relacionadas con el caso San Bao y con el asesinato de Arturo Pajuelo habían sido detenidas en Madrid y en otras ciudades por orden directa del ministro del Interior, Juan José Rosón.

Doce días más tarde, la voz de Blas Piñar volvió a vibrar en el Congreso, durante el debate del 20 de mayo sobre el Estado de las Autonomías: «La Constitución de 1978 ha fracasado y está muerta —arengó—. Seguir ateniéndose a sus pautas fundamentales no hará otra cosa que agravar hasta límites insospechados la situación y hacerla insoluble».

Era un eco civil al creciente ruido de sables.

14
MUERTE DE UN ETARRA EN VÍSPERAS DEL 23-F

El 13 de febrero de 1981 José Arregui Izaguirre, miembro de ETA, murió tras ser detenido e interrogado durante nueve días en las dependencias de la Brigada Regional de Información. Según los hechos probados judicialmente,[77] el 4 de febrero anterior un coche patrulla de la Policía Nacional interceptó un Citroën GS en el que viajaban «cuatro individuos que les infundieron sospechas». Una vez detenido el vehículo, los agentes comprobaron que los datos del titular no coincidían con ninguno de sus ocupantes. Cuando los policías les dijeron que debían acompañarles, los interceptados iniciaron la huida, sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar. En la persecución, lograron reducir a Isidro Echave Urrestrilla, herido de bala en un hombro durante el intercambio de disparos. Los otros dos agentes detuvieron a José Arregui Izaguirre «después de ser reducido con un violento forcejeo por la tenaz resistencia a ser detenido que ofreció, ya que, además de huir disparando contra los policías alternativamente con otro de los que le acompañaban y que logró escapar, al acercarse los policías se tiró entre dos coches estacionados en las inmediaciones de la iglesia de los Jerónimos, y en el momento en que intentaba introducir un segundo cargador en la pistola que portaba, rápidamente trataron de impedirlo los dos policías, y el reducirlo determinó violentísima lucha, tratando de agredirlos para desasirse a toda costa, teniendo que emplear la fuerza, y conseguir al cabo de unos minutos colocarle las esposas».

A las dos de la tarde, Arregui y Echave fueron presentados, con las armas que habían utilizado, en la Brigada Regional de Seguridad Ciudadana, pero inmediatamente se sospechó que pertenecían a ETA y fueron entregados a la Brigada Regional de Información, donde, tras identificarlos, se organizó un interrogatorio de cada detenido.

Cuando se procedía a hacerlo al detenido José Arregui por funcionarios de la expresada Brigada de Información, estando aún esposado, se lanzó contra los funcionarios, tratando de agredirles, cayendo al suelo con uno de ellos, golpeándose con los muebles del despacho donde se encontraba, siendo reducido después del violento forcejeo.

Media hora más tarde, ambos detenidos fueron conducidos a los servicios médicos de la Dirección General de Seguridad. José Arregui tenía «hematomas en ambos glúteos, pies, muñecas y cara anterior del tórax», fue conducido de nuevo a un despacho de la Brigada Regional de Información y se le aplicó la legislación antiterrorista. Durante su permanencia en el despacho policial, Arregui fue atendido por los servicios médicos, se le administraron antiinflamatorios para los hematomas y pomadas para los pies. Un ATS le recortó parte de la piel de uno de los pies y le hizo una cura tópica. A partir del 7 de febrero empezaron a inyectarle Primperan por intolerancia gástrica.

El comisario jefe de la Brigada dispuso que se hicieran cargo de la investigación funcionarios a sus órdenes y —como afirma la sentencia sin dar nombres ni más detalles— «colaboraron con ellos unos veinte funcionarios de la Brigada Central de Información», entre ellos, Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales, quienes «interrogaron al detenido Arregui en diversas ocasiones en el despacho donde se encontraba, en unión de otros funcionarios, ya que la operación policial fue de gran alcance, siendo detenidos con posterioridad a los dos iniciales hasta otras veintiuna personas más, permaneciendo siempre en el mismo despacho el detenido Arregui, sin que conste quién le custodiaba al no estar permanentemente los mismo funcionarios». El subcomisario Antonio Piqueras fue nombrado instructor general de las diligencias y el inspector Ricardo Sánchez, secretario. Para la formalización de la declaración de cada detenido fue nombrado un instructor y un secretario. De Arregui se encargaron Marín Ríos y Gil Rubiales, quienes formalizaron la declaración el 11 de febrero, siete días más tarde, con las notas elaboradas por ellos mismos y «por otros funcionarios, sin que conste que en estos últimos interrogatorios estuvieran presentes los procesados, ni que se les encargase de la custodia del detenido».

El 12 de febrero, tras ocho días de interrogatorio, José Arregui sufrió un mareo y fue examinado por los médicos, que le apreciaron «respiración acidótica, buen estado de conciencia, lengua tostada por lesión de mordedura; en auscultación pulmonar, estertores crepitantes basales; auscultación cardíaca sin alteraciones, edemas pretibiales y equimosis periorbitaria bilateral». Aconsejaron que fuera trasladado a un centro hospitalario. Alrededor de la cinco y media de la tarde de ese día fue ingresado en el Hospital Penitenciario de Carabanchel, donde en la madrugada del 12 al 13 sufrió un empeoramiento general. Se decidió trasladarlo a la Ciudad Sanitaria Provincial, pero falleció a las 14.10 horas del día 13, cuando se intentaba su traslado.

Practicada la autopsia al cadáver, los forenses informaron que la causa de la muerte había sido «un fallo cardiorrespiratorio originado por proceso bronconeumónico, con intenso edema pulmonar bilateral y derrame de ambas cavidades pleurales y pericardio, encontrando en el cadáver hematomas en ambos párpados superiores y menos ostensibles en los interiores, con equimosis en conjuntiva derecha, pequeña en borde externo de la córnea, hematoma superficial en cara anterior del tórax, equimosis lateral en hombro derecho, hematomas en nalga izquierda y muslos, así como quemaduras de primero y segundo grado en plantas de ambos pies ya epitelializadas en parte, tratados con antisépticos locales, cuyos hematomas y quemaduras databan de unos seis a diez días, sin que se haya podido precisar la relación que tengan las mismas con las lesiones observadas por los médicos de los Servicios de la Dirección General de Seguridad ni el origen de las mismas, que según el informe de los forenses hubieran necesitado para su curación asistencia médica por diez o doce días».

CASO ARREGUI: UNA SENTENCIA REVELADORA

El 2 de diciembre de 1983, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, por un delito contra el ejercicio de los derechos de la persona, sentó en el banquillo a Julián Marín Ríos, inspector de primera, de treinta y tres años, y a Juan Antonio Gil Rubiales, inspector, de treinta y un años, que fueron absueltos, ya que, según el tribunal, «de la narración de los hechos probados no se acredita que los procesados hayan faltado a los deberes de su cargo ni por dolo ni por culpa, que no se ha probado que tuvieran como obligación derivada de su cargo el control, la vigilancia y custodia permanentes del detenido, al que se le apreciaron las lesiones descritas, pues mal se puede entender que tratándose de un detenido relacionado con hechos de gran importancia y trascendencia, al que le interrogan numerosos funcionarios, sin la presencia de los procesados, incluso sacándole fuera del lugar donde está detenido, por el solo detalle de ser ellos el instructor y secretario de la declaración de dicho detenido formalizada el día 11 de febrero, siete días después de la detención sean ellos los responsables de lo que haya podido sucederles».

Y a continuación advertían que «con arreglo a su conciencia y convicción no pueden pronunciar una sentencia condenatoria en el caso de autos, sin que ello pueda interpretarse como la posibilidad de abrir un portillo por el que a su amparo puedan escaparse posibles conductas criminosas, sino la necesidad de que, en la investigación sumarial y pruebas practicadas en el plenario, queden perfectamente determinados los hechos, los intervinientes y las competencias y misiones de cada uno específicamente atribuidas, para poder determinar la acusación y deslindar las responsabilidades atribuibles a los intervinientes en los hechos».

Esta convicción de la Audiencia fue cuestionada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el 5 de julio de 1985, cuando, en respuesta a un recurso del fiscal «por quebrantamiento de forma», dictaminó que la narración de los hechos contenida en esa sentencia no cumplía enteramente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no era «totalmente clara, ni siempre expresa y terminante, ni suficiente y acabada […], y, por otra parte, abusa de la corruptela de confundir las pruebas propiamente dichas con las conclusiones fácticas obtenidas del examen y valoración conjunta de las mismas y con la consecutiva declaración, también fáctica, la que debe verificar el propio tribunal».

Como consecuencia, el 13 de diciembre de 1985, la Audiencia tuvo que redactar un nuevo relato de hechos en el que se introdujeron las objeciones del Tribunal Supremo, pero que volvió a absolver a los dos funcionarios procesados:[78]

Conocida la detención e identidad de los detenidos, por el comisario jefe de la Brigada Regional de Información, D. Tomás Agrela Fernández, se ordena una amplia operación policial, con el fin de aclarar actividades de la banda terrorista ETA, participando en ella todos los funcionarios de la Brigada Regional de Información y algunos de la Central por orden del jefe superior de Policía D. Gabriel García Gallego, habiendo tenido contacto con los detenidos, con interrogatorios y visitas y con respecto al detenido Arregui, además del referido comisario, los siguientes: D. Emilio Barreda Llorente, subjefe del grupo y encargado de la vigilancia e inspección de servicios de detenidos, y los inspectores D. Ricardo Sánchez Fernández, D. Julián Marín Ríos, D. Juan Luis Méndez Moreno, D. Juan Antonio González García, D. Juan Antonio Gil Rubiales, D. Antonio Piqueras Cascajares, D. José María Chicote Núñez, D. Carlos Núñez Bouzas, D. Mariano Galindo Abascal, D. Abel Calvo Pérez, D. Juan Luis Díaz Rivera, D. Francisco Javier Hernández Terrero (de la Brigada Central de Información), D. Próspero Jesús González Álvarez, D. Julián Sánchez Acha, D. Florentino Villabona Madera, D. Francisco Ramos García y D. Francisco Manuel Pelegrina Aguilar.

Y como instructor general y secretario del atestado que había de instruirse coordinando todas las actuaciones fueron nombrados por el jefe Sr. Agrela a D. Antonio Piqueras Cascajares y D. Ricardo Sánchez Fernández los cuales a su vez designaron un instructor y secretario para cada detenido o grupo de detenidos, puesto que la operación dio lugar a bastantes más detenidos y con el fin de que cada Instructor y Secretario formalizase el acta de cada uno, con los interrogatorios que ellos hicieran y notas tomadas, por todos los funcionarios actuantes, correspondiendo el nombramiento para el detenido Arregui a los inspectores D. Julián Marín Ríos como instructor y a D. Juan Antonio Gil Rubiales como secretario, ambos procesados en esta causa. El referido detenido Arregui fue objeto de interrogatorio por todos los funcionarios antes citados […]; no siendo custodiado por una persona determinada permanentemente, sino por los funcionarios que ocasionalmente le interrogaban, ya que a ninguno expresamente se encomendó su custodia, excepto por las noches en que era custodiado por dos policías nacionales de servicio en la Inspección de Guardia, cuya identidad no consta.

Con respecto a los dos procesados, afirma textualmente que Marín Ríos y Gil Rubiales «no le hicieron objeto de malos tratos, ni ejercieron sobre él violencias físicas ni coacciones intimidantes ni le ocasionaron quemaduras en las plantas de los pies, sin que tampoco conste que consintieron que otros funcionarios le causaran tales malos tratos y lesiones, así como tampoco que conocieran las ampollas o qué tipo de lesiones tuviera en los pies y durante dicho tiempo no tuvieron encomendada la custodia del detenido, habiendo intervenido en su interrogatorio y formalización de la declaración como instructor y secretario de la misma». Y sobre los jefes, Tomás Agrela y Antonio Piqueras Cascajares, el tribunal afirma que «tampoco consta que tuvieran intervención o consintieran los malos tratos sobre el detenido, siendo el mencionado jefe el que tenía el mando de todos los funcionarios que actuaron en las diligencias oficiales referidas».

Uno de los miembros del tribunal de la Audiencia de Madrid, el magistrado Juan Manuel Sanz Bayón, disintió de esta sentencia dictada por sus dos compañeros de sala, el ponente Mariano Rodríguez Estevan y Enrique Calderón de la Iglesia, y emitió un voto particular en el que consideraba culpables a los dos policías y enmendaba la narración de hechos probados, en la que propuso el siguiente texto:

Tras la detención de Isidro Echave y José Arregui se practicaron otras detenciones, alcanzando gran envergadura la operación policial, siendo nombrados instructor y secretario general de esta global operación el subcomisario Sr. Piqueras Cascajares y el inspector D. Ricardo Sánchez acordando el Sr. Piqueras nombrar para cada detenido un instructor y un secretario directamente responsables de sus interrogatorios y de la redacción del atestado, siendo a tal efecto nombrados para el detenido José Arregui, como instructor y secretario respectivamente, los procesados Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales, ambos inspectores del Cuerpo Superior de Policía, siendo interrogado José Arregui por diversos funcionarios policiales ya citados en su totalidad durante los días que permaneció aquél en la dependencia policial y en el curso de los cuales le fueron producidas al citado detenido quemaduras de primer y segundo grado en las plantas de ambos pies del tamaño aproximado de una peseta, al serle aplicado en esa parte anatómica un cigarro encendido o fuente térmica de análogas características para facilitar su declaración, sin que conste la persona o personas concretas que realizaron tales hechos productores de esas lesiones que hubieran necesitado para su curación asistencia médica durante diez o doce días.

El magistrado consideraba que «fue sometido el difunto Arregui, como revelan tales quemaduras, a condiciones y procedimientos violentos intimidatorios de su voluntad», y recogía la Orden del Ministerio del Interior de 30 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según la cual los funcionarios están obligados a respetar la Constitución, a velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos, asumiendo especialmente el deber de impedir en el ejercicio de su actuación profesional cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria, así como «el deber de velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o se encontraren bajo su custodia». Y con mayor motivo «por aquellos que son designados instructores y secretarios de diligencias determinadas, cual sucede en el presente caso».

LA PROMOCIÓN DE LOS DUROS DE LA BRIGADA POLÍTICO-SOCIAL

El lunes, 16 de febrero de 1981, casi vísperas del 23-F, el juez de Instrucción número 13 de Madrid, José Antonio de la Campa, dio a conocer parte del dictamen del forense, mientras mantenía en secreto dos párrafos previos de ese informe médico. En lenguaje cotidiano, la muerte de Arregui se había debido exclusivamente a un fallo respiratorio causado por un proceso infeccioso difuso, con inundación de los pulmones y la bolsa del corazón, ajeno a los golpes y traumatismos. Tenía cardenales y señales de golpes, había sufrido violencias físicas que no tenían que ver con el proceso infeccioso que motivó el fallecimiento. Las quemaduras estaban cicatrizando y había signos de que fueron curadas. También encontraron señales de agujas de inyección. El informe forense revelaba que el cadáver presentaba hematomas superficiales, erosiones y equimosis que demostraban violencias físicas en el interrogatorio durante nueve días. Pocas horas después de dar a conocer la autopsia, en la madrugada del 17 de febrero, el juez de Instrucción ordenó la prisión preventiva de los cinco policías que, oficialmente, llevaron a cabo los interrogatorios del etarra. «Si los golpes se produjeron durante la detención —declaró el juez—, yo como juez no puedo tolerar siquiera eso».[79]

El ministro del Interior cesó de su cargo a Tomás Agrela Fernández, jefe de la Brigada Regional de Información desde 1977. Nacido el 6 de agosto de 1922, ingresó en la Policía el 9 de junio de 1945 y era comisario principal desde 1979. Experimentado miembro de la Brigada Político-Social, fue ascendido a comisario en junio de 1976. Casado y sin hijos. De ideología declaradamente nacional-socialista, participó en la investigación de la matanza de Atocha, la detención de los asesinos de Yolanda González y la desarticulación del último comando Madrid de los GRAPO, compuesto por Alfonso Rodríguez y María del Carmen López Anguita, autores de la matanza de la cafetería California 47. Tales eran sus mayores éxitos profesionales.

Los cinco policías detenidos e ingresados en prisión aquella madrugada fueron:[80]

Julián Marín Ríos, jefe de grupo de la Brigada Regional de Información. Inspector de primera desde 1977. Durante el franquismo estuvo destinado en San Sebastián, donde trabajó durante seis años para los Servicios Centrales de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED). De ideología ultraderechista, fue denunciado dentro de la Policía por repartir panfletos de extrema derecha en San Sebastián, desde donde pasaba con frecuencia a Francia para recabar información sobre las actividades de ETA. Destinado en Madrid poco antes de la muerte de Franco, participó en la detención del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, intervino en la investigación de la matanza de Atocha y en la liberación de Oriol y de Villaescusa, secuestrados por los GRAPO.

José Antonio Gil Rubiales, secretario en las diligencias policiales de Arregui. Su primer destino, en 1972, fue la Brigada de Orden Público en una comisaría de San Sebastián. A su regreso del servicio militar, ingresó en el grupo operativo anti-ETA. Regresó a Madrid en 1979, cuando se supo que un comando de ETA le había descubierto y sufrió un intento de asesinato.

Juan Luis Méndez Moreno, jefe de uno de los grupos de la Brigada de Información Regional. Miembro de la Brigada Político-Social desde 1968, fue ascendido a inspector de primera en 1977 y participó en la desarticulación de los GRAPO y en la detención de los autores del asesinato de Yolanda González.

Juan Antonio González García, inspector de primera desde 1978, destinado a la Dirección General. Intervino en la investigación de la matanza de Atocha, en la detención de los asaltantes a la Facultad de Derecho de Madrid y en las investigaciones del asesinato de Yolanda González. El nombre de este funcionario no consta en las sentencias dictadas, reproducidas anteriormente. En su lugar, como responsable de interrogatorios es citado el comisario Antonio Piqueras.

Ricardo Sánchez Fernández, responsable de interrogatorios. Nacido el 16 de junio de 1950. Ingresó en la Policía el 1 de mayo de 1969. Estuvo destinado en el País Vasco y Madrid. Especialista en temas de los GRAPO, intervino en las investigaciones sobre la matanza de California 47 y en las indagaciones que condujeron a la detención de los asaltantes del bar San Bao de Madrid.

Todos procedían de la Brigada Político-Social (BPS), eran compañeros del grupo especializado en los GRAPO que dirigía Antonio González Pacheco, «Billy el Niño», de quien ya hemos hablado, y ascendieron profesionalmente durante los primeros años de la transición. Eran policías duros, de métodos violentos, que siguieron aplicando las técnicas aprendidas durante la dictadura en la lucha antiterrorista. De hecho, algunos de los policías que participaron en la detención e interrogatorio de Arregui volvieron a verse envueltos en procedimientos judiciales por torturas. Tres años más tarde, el 25 de junio de 1984, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona procesó a cuatro inspectores de la Brigada Regional de Madrid, por un delito de torturas a la que fue sometida el 1 de octubre de 1980 Isabel Llaquet Baldellou, presunta dirigente del Partido Comunista de España (reconstituido), brazo político de los GRAPO. Después de cuatro años, el sumario 34/81 acababa en procesamiento. Mientras seis forenses de los juzgados dictaminaban los malos tratos recibidos por la detenida, la Policía dio la versión de que Isabel Llaquet se había hecho las heridas tras lanzarse desde una ventana de la Jefatura Superior de Policía, de Barcelona, en la Vía Laietana. De ellos, habían estado relacionados con el caso Arregui: Próspero Jesús González y Ricardo Sánchez Fernández, a quienes, en un informe oficial que consta en el sumario, el comisario Agrela trató de exonerar asegurando que el interrogatorio de Llaquet había sido realizado por inspectores de Barcelona.

No resulta extraño, por lo tanto, que estos antiguos policías políticos del régimen franquista, al encargarse de la investigación de casos como Atocha, Yolanda o San Bao, no llegaran hasta el fondo de las posibles conexiones Policía-extrema derecha, Batallón Vasco Español-Fuerzas de Seguridad, que aparecen indefectiblemente apuntadas en las instrucciones sumariales. El corporativismo actuaba desde el primer momento y eran policías de conocida ideología ultraderechista los encargados de resolver casos en los que los personajes implicados y las armas utilizadas conducían hasta el círculo de los propios investigadores.[81]

TRAS EL ASESINATO DE JOSÉ MARÍA RYAN, INGENIERO DE LEMÓNIZ

En aquel momento histórico, la prensa y los partidos de izquierda coincidían en que, por culpa de los policías del caso Arregui, ETA militar había renacido de sus propias cenizas. El lunes 9 de febrero de 1981, el terrorismo parecía tener las horas contadas. Por primera vez en la historia reciente del País Vasco, la indignación y el rechazo general hacia la violencia de ETA congregó en las calles de San Sebastián, Bilbao y Vitoria a más de trescientas mil personas que se manifestaron pacíficamente. Dos días antes, los terroristas habían secuestrado y asesinado al ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan.

La respuesta al crimen de Ryan, los conciertos económicos entre el Gobierno central y el Gobierno vasco y el éxito de la visita de los reyes a Euskadi, parecía que iban a dar la puntilla definitiva al terrorismo. Pero de repente todo se torció. El viernes 13 de febrero se supo que José Arregui, camionero vasco de treinta años y miembro de ETA militar, acababa de morir tras ser interrogado durante nueve días. A decir de todos, los terroristas recibieron a tiempo el mártir que necesitaban para aparecer como víctimas, servido en bandeja por la brutalidad policial. Del parte forense era fácil deducir que los policías habían torturado al etarra, «ya que los hematomas superficiales, las erosiones y equimosis demuestran la aplicación de violencia física en los días anteriores a la muerte». Un funcionario del Hospital Penitenciario de Carabanchel se reafirmaba en la misma tesis: «No sé la resistencia que debió presentar este etarra, pero nunca la Policía nos había entregado a un preso así. Por decirlo de una manera gráfica, a Arregui Izaguirre le “despellejaron”».

Doce horas después del fallecimiento de Arregui, cuando los partidos políticos y los sindicatos anunciaban una huelga general contra las torturas y por la paz en Euskadi, el ministro Rosón cesó fulminantemente de sus cargos a siete policías, y puso a cinco de ellos a disposición del juez «para que se delimiten las posibles responsabilidades que pudiera haber en la actuación de estos cinco funcionarios». El Ministerio del Interior, además, se ofrecía a dar las máximas facilidades a jueces y fiscales para que el turbio asunto de las torturas pudiera ser esclarecido íntegramente.

Sin embargo, los ánimos no se calmaron. Ciento catorce presos de ETA y GRAPO recluidos en la cárcel de Carabanchel iniciaron una huelga de hambre, y los partidos políticos y los sindicatos, que una semana antes habían protagonizado la mayor manifestación de la historia de Euskadi para combatir a ETA, convocaban ahora una manifestación para protestar contra las torturas. Pocas horas después de la muerte de Arregui, el Parlamento vasco pidió que la Ley Antiterrorista fuera derogada, y Txiki Benegas, diputado del PSOE por Guipúzcoa, auguró que la muerte del etarra iba a perpetuar el clima de «inestabilidad y crispación» en el País Vasco.

El caso Arregui afectó de lleno al proceso de pacificación y aislamiento del terrorismo en el País Vasco. También alteró todos los planes políticos del partido en el Gobierno. Un día antes de que el candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, pronunciara su discurso de investidura en el Parlamento, las expectativas de votos favorables para obtener la mayoría parecían esfumarse. En una tensa sesión del pleno del Congreso se debatió la tortura y muerte de Arregui. La mayoría de los oradores insistieron en que no se trataba de un asunto aislado. «Me temo que estamos ante una provocación antidemocrática», dijo el portavoz socialista Gregorio Peces-Barba. «El crimen de Arregui forma parte de un complot contra la seguridad del Estado por parte de los encargados de defenderla», afirmó el dirigente comunista Santiago Carrillo.

El ministro Rosón, en una intervención apenas audible, reconoció la práctica policial de torturas. «Quizá se hayan producido omisiones en los informes», apostilló. Las palabras del ministro no convencieron a los grupos parlamentarios porque, como afirmó el socialista Carlos Solchaga: «Al igual que en los asesinatos de Hendaya, el de Argala y ahora, siempre que hay intentos de solucionar los problemas del País Vasco ocurre un hecho que lo estropea». Apenas quedaban cuarenta y ocho horas para que el teniente coronel Tejero Molina tomara el Congreso de los Diputados y pusiera en marcha el golpe del 23-F. Como consecuencia, el caso Arregui quedó relegado al ámbito puramente judicial.

15
LA ÚLTIMA GENERACIÓN DEL GOLPISMO

A principios de 1981, los sectores más radicales de la ultraderecha vallisoletana habían convertido esta capital en la primera zona nacional de España. Durante el año anterior las acciones de la extrema derecha en Valladolid habían tenido a la ciudad en vilo. El 17 de diciembre de 1980, el funeral y la manifestación ilegal convocada por el asesinato de Juan Ignacio González, líder del Frente de la Juventud, fue el punto álgido de una espiral de violencia generada durante catorce meses que comenzó con la muerte de dos ancianos víctimas de un atentado contra la sede vallisoletana del Movimiento Comunista (MC), en diciembre de 1979, y que culminó el 6 de enero de 1981 con el ataque contra El Largo Adiós que causó un herido grave de bala y numerosos desperfectos.

Como presuntos autores de un delito de asesinato frustrado, estragos y tenencia ilícita de armas, fueron juzgados por la Audiencia Nacional los jóvenes estudiantes menores de edad Francisco José García Ruiz, condenado a cuatro años y dos meses de prisión por asesinato frustrado, incendio y tenencia de armas; Luis Alfonso Esteban Rebollo, condenado a cuatro años y dos meses por asesinato frustrado, incendio y tenencia de armas; y el delineante Rafael Fernández Merino, condenado a un año y tres meses de prisión menor por tenencia de armas. Por estar huidos, no se sentaron en el banquillo los hermanos Alfonso y Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries, sobrinos del capitán general golpista Jaime Milans del Bosch, quienes serían juzgados años después.

CACHORROS ULTRAS EN EL LARGO ADIÓS

En la noche del Día de Reyes de 1981, horas después de que Adolfo Suárez dimitiera como presidente del Gobierno, los estudiantes menores de edad Francisco José García Ruiz, Luis Alfonso Esteban Rebollo y Alfonso Milans del Bosch y Jordán de Urries, pusieron en marcha una «operación de castigo». Los tres jóvenes ultras utilizaron una pistola que había pertenecido a un militar ya fallecido, una barra de hierro forrada para no levantar sospechas, y un cóctel molotov fabricado por Milans del Bosch que se trataba, simplemente, de una botella de cerveza de litro llena de gasolina y con una mecha dispuesta.

La sentencia[82] explica que los autores del asalto «acordaron que Luis Alfonso, pese a que nunca había manejado una pistola, hiciera cinco o seis disparos, con lo que en este momento le fue entregada, advirtiéndole que lo hiciera con precaución por ser un arma muy antigua, que Francisco José con una barra, enguantada para no despertar sospechas, rompiese la luna del establecimiento y que el innominado acompañante [Alfonso Milans del Bosch] arrojara por el boquete abierto al interior del bar una botella con gasolina que había preparado para que, al romperse y derramarse el líquido se incendiara con la mecha dispuesta».

Cuando llegaron a El Largo Adiós, «sin que las personas que se encontraban en el establecimiento, por lo inesperado de la agresión, pudieran reaccionar para repelerla», cumplieron el plan, aunque el artefacto incendiario no llegó a estallar porque a Alfonso Milans del Bosch se le olvidó encender la mecha. De los tres disparos que hicieron en el interior del bar, dos alcanzaron al estudiante Jorge Ignacio Simón Escribano; una de las balas le rozó el cuero cabelludo y la otra le produjo una paraplejia irreversible con pérdida funcional de movimientos en la pierna derecha.[83]

Tras el atentado, Rafael Hernández Merino, les vio tan alterados que accedió a guardarles la pistola. A la mañana siguiente leyó los periódicos y trató de quitársela de encima. Dos días después, el 8 de enero de 1981, Santiago Milans del Bosch, también militante del Frente de la Juventud, viajó desde Madrid a Valladolid, se encargó del arma y la hizo desaparecer arrojándola a «un río» en la ciudad de Tordesillas. La pistola fue finalmente encontrada. Cuatro años más tarde, el 19 de octubre de 1985, mientras su hermano seguía en paradero desconocido, Santiago Milans del Bosch se entregó a la Justicia. Fue absuelto por la Audiencia Nacional del delito de tenencia ilícita de armas y encubrimiento de homicidio, al entender que obró movido por sentimientos de fraternidad por lo que «hay que excluirle de responsabilidad». El Tribunal de la Audiencia Nacional creyó que Santiago desconocía la existencia de la pistola, ya que pensaba que la bolsa que le entregó Rafael Hernández Merino podía contener, a lo sumo, un pasamontañas, un chubasquero y una barra de hierro; no obstante, recordaba la militancia de Santiago Milans del Bosch en Fuerza Joven y en el Frente de la Juventud, y que había protagonizado en Valladolid «agresiones de palabra y obra a personas de otra ideología política, por las que fue detenido y puesto a disposición judicial, así como por alteraciones del orden público».

ALFONSO MILANS DEL BOSCH, LEGIONARIO

El «rebelde» Alfonso Milans del Bosch llegó a relatar su experiencia vital en una carta divulgada en la publicación Barrotes,[84] en 1992, con el título «El legionario Bravo». En ella explica que aquel 6 de enero de 1981, días antes del 23-F, él y sus camaradas habían decidido tomarse la justicia por su mano.

Movidos por las circunstancias en las que vivíamos aquellos momentos —escribe—, decidimos entonces asaltar un bar de Valladolid, frecuentado por militantes y simpatizantes de ideología marxista, así como por drogadictos y homosexuales; los cuales, siempre que podían, agredían e insultaban a jóvenes camaradas nuestros, por el simple hecho de llevar en la solapa la Bandera de España.

Después del ataque, el joven Milans del Bosch vivió lo que él define como «una odisea personal». A la semana del asalto a El Largo Adiós, la sede del PSOE en Valladolid sufrió un atentado y el gobernador civil trajo desde Madrid una brigada especial de la Policía para investigar los hechos. A las pocas semanas, empezaron las detenciones, entre ellas las de los dos compañeros de Alfonso, quien dispuso de tiempo suficiente para escapar.

Estuve unas semanas cambiando de domicilio dentro del territorio español, y en vista de que el asunto se iba agravando, decidí irme a otro país, donde coincidí con otros camaradas. En esta segunda Patria estuve seis meses; país donde cumplí mi mayoría de edad y donde viví la mejor y peor noche, según se iban aclarando los acontecimientos de aquel 23-F.

Regresó a España, por «sentimiento patriótico» se alistó en la Legión con nombre falso y fue destinado al Tercio III Don Juan de Austria, en Fuerteventura. «Desde el primer momento que vestí el glorioso uniforme, sabía que estaba empezando una nueva etapa de mi vida; como dice la canción: “Cada uno será lo que quiera, nada importa su vida anterior…”; o también: “Nadie del Tercio sabía, quien era aquel Legionario…”. Era el Legionario Alfonso Martínez Bravo, nombre con el cual me alisté». Fue ascendido a cabo, hizo el curso de sargento, pero se descubrió su identidad al cabo de cinco años. En mayo de 1986 fue encarcelado y trasladado a la prisión militar de Alcalá de Henares hasta julio de 1988, en que obtuvo la libertad condicional tras haber sido condenado a cuatro años y seis meses por el ataque a El Largo Adiós.

En julio de 1988 se reincorporó a la Legión, pero fue expulsado «después de una maniobra mezquina por parte del Ministerio de Defensa y de los ineptos y cobardes jefes militares. […] Todos se justificaban alegando: “Lo siento pero nos están presionando”, “son órdenes superiores” [venidas estas últimas de los politicastros civiles y militares que están en el Ministerio de Defensa]. Yo me pregunto: ¿dónde está el sentido del Honor de los militares? Por desgracia, en su mayoría, ya se ha perdido. […] Y ésta es mi “historia”. En la actualidad me dedico a mi trabajo y no tengo militancia política alguna. Debo concluir, que no me arrepiento de nada de lo que he hecho».

CONNIVENCIA POLICIAL Y GOLPISMO

Una semana después del ataque contra El Largo Adiós, al calor del atentado contra la sede del PSOE, representantes de UCD, PSOE, PCE, UGT y Comisiones Obreras de Valladolid denunciaron ante el gobernador civil: «La Policía no está a la altura de las circunstancias en lo que se refiere a la persecución y castigo de las acciones de la extrema derecha en Valladolid».

Al mismo tiempo, casi en vísperas del 23-F, un grupo de funcionarios de la Policía elaboraron un documento para denunciar las connivencias entre policías y ultraderechistas vallisoletanos y la ineficacia de las actuaciones policiales contra la extrema derecha. Este grupo de policías se definía en el texto como «profesionales no militantes ni aceptadores de las organizaciones fascistas y preocupados por la continua invasión del ultraderechismo en el aparato policial», y criticaba el constante ascenso dentro del cuerpo policial de personas procedentes de la antigua Brigada Político-Social (BPS), la postergación de inspectores de tendencia progresista, la falta de una estructura racional y seria del cuerpo, el despilfarro de medios humanos y materiales, y el rechazo de las instituciones democráticas y constitucionales por parte de funcionarios que ocupaban cargos. El documento señala:

En la región policial de Valladolid no existe, ni ha existido nunca, la democracia. El ordenamiento constitucional no sólo no ha sido aceptado por muchos, sobre todo por los mejor tratados por la Administración, sino que se le combate con mal disimulada energía. Para muchos jefes, al menos aquí, es mucho más importante la circular interna que la Constitución, especialmente cuando la circular ataca a ésta. Se desprecia también la legalidad legitimada por las urnas, y a quien ostenta su representatividad, y así, si los partidos de izquierda son para la mayoría de los policías uno «hijos de p…», UCD y Adolfo Suárez son los grandes villanos, los mayores traidores. Raro es el día en que el presidente del Gobierno no es objeto de insultos y comentarios irrepetibles entre aquellos a quienes más mima.

El informe asegura que los reyes de España tampoco se libran de estos insultos, e indica que existe una clara diferencia de trato entre los detenidos de uno y otro signo. «Mientras los extremistas de izquierdas son perseguidos y detenidos, los otros entran en la comisaría como Pedro por su casa, hablan con familiaridad con los agentes, preguntan por fulano o mengano y luego se van juntos a beber al bar».

A lo largo del informe abundan las denuncias concretas, si bien todas ellas tienen un denominador común: la marginación de los policías demócratas y profesionales y el irresistible ascenso de los procedentes de la Brigada Político-Social, «antidemócratas y hombres de comportamiento muy poco ético». La discriminación que sufrían los policías con tendencias progresistas alcanzaba también a la prohibición de tomar parte en las oposiciones a comisario, mientras otros ascendían «por ser hijos de comisarios o por unos privilegios que nadie se explica».

Tres días más tarde, los ultras vallisoletanos vivieron intensamente las horas del golpe; se emocionaron con el asalto al Congreso del teniente coronel Tejero. Según un documento confidencial de la Brigada Antigolpe, titulado Informe sobre las Fuerzas Armadas, en Valladolid «determinadas personas civiles, en unos casos relacionados con grupos de extrema derecha y ligadas en otro por razón de parentesco a altos mandos del Ejército, fueron advertidas, más o menos veladamente, en la mañana del día 23-F».

Este conocimiento previo era tan evidente que «algunos oficiales y jefes reconocen haber abrigado sospechas de que algo anormal ocurría, pero no habían previsto el intento de golpe. Ahora se encuentran convencidos de que en Valladolid hubo varias personas informadas con antelación». Sorprendentemente, según añade el informe, «en la calle [durante el 23 de febrero] no se detectó la presencia de elementos de extrema derecha», y la única explicación que la Brigada era capaz de aportar a esta insólita inactividad se reducía a «la circunstancia de encontrarse huidos o detenidos los miembros más caracterizados y violentos de Fuerza Nueva».

Tanto en Valladolid como en Madrid y Barcelona la decepción de los más belicosos debió de resultar demoledora, ya que, desde la víspera del 23-F, elementos civiles habían puesto en marcha una autodenominada Operación Cuchillo, destinada a eliminar selectivamente a cuantos elementos clave y dirigentes de izquierda consideraran necesario. En consecuencia, descendió la actividad pública de la extrema derecha, no hubo altercados y sus dirigentes bajaron el tono de sus discursos porque esperaban el desencadenante para actuar.

En Madrid, a principios de febrero de 1981, conocidos ultras fueron detenidos mientras repartían propaganda de la Unión Militar Española (UME), una organización golpista que tomaba su nombre del grupo clandestino que preparó el alzamiento militar de 1936, y que se estaba organizando en los cuarteles bajo los auspicios del coronel Luis Muñoz Gutiérrez, amigo personal de Blas Piñar, con quien incluso llegó a fotografiarse públicamente en repetidas ocasiones, y que sería detenido por el intento de golpe de Estado del 27 de octubre de 1982, el 27-O, en plena jornada de reflexión de las elecciones.

El Informe sobre las Fuerzas Armadas, de la Brigada Antigolpe, concluye que «en Valladolid existe un sector de la población civil, minoritario pero violento, que no sólo esperaba con alegría y satisfacción el éxito del golpe, sino que estaba dispuesto a unirse activamente en el momentos oportuno». Y aunque tardó casi dos años en repetirse, otro intento involucionista volvió a quedar frustrado en la madrugada del sábado 2 de octubre de 1982, cuando el ministro de Defensa, Alberto Oliart, ordenó la detención de los implicados. Aquel día, en sus mentes resonaron las enérgicas palabras del teniente general Jaime Milans del Bosch, pronunciadas el 8 de marzo de 1982 durante el juicio que le procesaba por el 23-F: «Hay una operación mucho más dura que la de Tejero Molina, preparada por coroneles y tenientes coroneles en activo del Ejército, que no está desarticulada».

Cuando el 28 de octubre de 1982 el PSOE ganó las elecciones generales, en el frustrado golpe del 27-O aparecieron los nombres del teniente coronel José Crespo Cuspinera, de los coroneles Jesús Crespo Cuspinera y Luis Muñoz Gutiérrez, que serían procesados y condenados, y también volvieron a surgir el del general espía José Ignacio San Martín López, condenado y preso por el 23-F, y el del coronel Federico Quintero Morente, hombre clave del SECED de Carrero Blanco, formado por la CIA, fundador del grupo de choque Defensa Universitaria, jefe superior de Policía de Madrid… De él ya ha dado cuenta este libro, pero vale la pena volver a referirse al personaje. Federico Quintero, especialista en lucha antisubversiva y en anticomunismo, que después fue agregado militar de la embajada de España en Turquía, es un secundario permanente en la escena golpista española; recibió «la visita de consulta» de Tejero durante la Operación Galaxia, redactó un detallado informe sobre «el golpe militar a la turca» que se convirtió casi en un manual para los golpistas españoles y, por último, estaba casualmente en Madrid durante el golpe del 23-F «por motivos de salud». Las conexiones de San Martín eran también estrechas. Amigo y compañero de promoción de Muñoz Gutiérrez, había retocado la redacción del involucionista Manifiesto de los Cien, escrito por José Crespo Cuspinera (miembro de su confianza en el SECED por él dirigido) en nombre de la UME, y suscrito en los cuarteles por cien oficiales, entre ellos el propio hijo de San Martín y el de Blas Piñar, ambos capitanes.

La última trama golpista pretendía tomar el poder aprovechando la jornada de reflexión en víspera de las elecciones. Un sistema de «comandos especiales de obediencia ciega», en dos operaciones coordinadas para controlar el país bautizadas como Halcón y Marte, se hallaba dispuesto para provocar un baño de sangre. «Se contaba con serias y profundas conexiones en el ámbito civil, y […] más de doscientas personas próximas a Fuerza Nueva y a Solidaridad Nacional [el partido creado por el golpista Tejero] podrían estar comprometidas en operaciones posteriores al golpe, encaminadas a asesinar a líderes políticos, periodistas, profesores universitarios, alcaldes y concejales de los actuales ayuntamientos democráticos». Así lo explicaba Cambio 16, semanario que revelaba «la entrada en España, durante el último fin de semana, de armas procedentes de Andorra y Portugal para pertrechar a las bandas de la extrema derecha encargadas de facilitar las “labores de limpieza” a las fuerzas golpistas», y que en Madrid y Barcelona circularon en los últimos días listas de personas que se debían ejecutar. El golpe de los coroneles que se venía denunciando en los periódicos desde noviembre de 1980 como Operación Cervantes, era un putsch duro encaminado a convertir el país en un enorme cementerio y un monstruoso campo de concentración.

EL GRUPO ARMADO NACIONAL-SINDICALISTA 28 DE OCTUBRE

La desarticulación del plan del 27-O desató la irritación violenta de los cachorros, y con ella nació el Grupo Armado Nacional-Sindicalista 28 de Octubre (GANS-28), una organización marginal y descontextualizada de la extrema derecha vallisoletana. La victoria electoral del PSOE impulsó a estos jóvenes a crear este grupo terrorista que, según la Policía, planeaba atentar contra algunas autoridades de Valladolid. El 11 de mayo de 1983 fue desarticulado con la detención del jefe del GANS-28, Santiago Cano Calvo, de diecinueve años, hijo del presidente del Colegio de Notarios de Valladolid y sobrino del general Cano Hevia, y los activistas Juan Alberto Rodríguez Martín, José María Rodríguez Ferreira y los hermanos Alfonso y Ramón Garrido.

Ya en diciembre de 1982 la Policía había descubierto la existencia de este «grupo armado» tras la detención de José Carlos Bravo del Amo y Carlos Ramos Mateo, asesinos del taxista Salvador Sampedro y del empleado de una gasolinera Severiano García. Los ultraderechistas Bravo del Amo y Ramos Mateo habían tomado un taxi en Valladolid para que les condujera hasta la población salmantina de Aldeavieja de Tormes, donde pensaban robar armas en el chalet de un familiar. Caía la noche, y una discusión con el taxista durante el trayecto terminó en crimen. Parados en la cuneta, Ramos Mateo acuchilló al taxista Salvador Sampedro. Mientras su víctima se desangraba, los dos ultras encendieron dos cigarrillos y discutieron tranquilamente qué hacer con él. «Atropéllalo con el taxi hasta que muera», dijo Ramos a su compañero. Bravo del Amo se puso al volante y embistió al infortunado taxista, a quien remató pasando las ruedas varias veces sobre su cuerpo. Después, los asesinos abandonaron el cadáver y se trasladaron en el taxi hasta el pueblo «donde pensaban robar las armas para llevar a cabo sus planes». Quince días después, con un rifle «sustraído en esta acción, Ramos Mateo, a indicación de su compañero, mató por la espalda, tras robarle la recaudación, a Severiano García, empleado de una gasolinera en Herrera de Pisuerga (Palencia)». El 20 de junio de 1984, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a Bravo del Amo a sesenta años de reclusión y a Ramos Mateo a cuarenta y siete años por dos delitos de robo con homicidio.

YNESTRILLAS Y LA LEGIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

El día 1 de octubre de 1983, en Madrid, dos policías nacionales fueron asaltados y desarmados por tres ex miembros de Fuerza Joven, que habían organizado un grupo armado bajo el nombre de Legión de San Miguel Arcángel. En diciembre de 1984, por una causa seguida por los delitos de pertenencia a grupo organizado y armado, robo y otros, fueron juzgados y sentenciados[85] los estudiantes Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez, condenado a cuatro años de prisión menor por miembro de asociación paramilitar, atentado, tenencia de armas, falsificar o usar documento de identidad, robo con armas o medios peligrosos; y Antonio Salmerón Campos, condenado a seis años, tres meses y un día por miembro de asociación paramilitar, atentado, tenencia de armas, falsificar o usar documento de identidad, robo con armas o medios peligrosos; el industrial Eduardo Cubero Butragueño, condenado a cuatro meses de arresto mayor por encubridor del robo con armas o medios peligrosos; y Gerardo Joaquín López Laguna, sin profesión, que en 1986, tras huir de la acción judicial, fue condenado a once años, un mes y un día por pertenencia a banda armada, tenencia y depósito de armas y explosivos. Todos eran hijos de militares en activo.[86]

La sentencia declaró probado que en días posteriores al 28 de octubre de 1982, en que las terceras elecciones parlamentarias dieron la mayoría absoluta al PSOE, varios jóvenes que habían mostrado su radicalización política mediante alteraciones del orden público y enfrentamientos violentos, «decidieron fundar un grupo activista y de “acción directa”, de ideología fundada en los postulados del régimen político anterior y claramente encaminada a obstaculizar el régimen democrático mayoritariamente asumido por la soberanía popular». Sáenz de Ynestrillas, Salmerón y López Laguna denominaron al grupo Legión de San Miguel Arcángel y publicaron un boletín ciclostilado titulado Barricada, en el que propugnaban «la realización de actos que subvirtiesen el orden constitucional del estado social y democrático de derecho por medios violentos».

Después, consiguieron armarse. La Policía les incautó un subfusil recamarado para cartuchos del 9 × 23 milímetros, carente de la culata de madera y de cargador; inutilizado para la realización de disparos por tener el percutor soldado; una pistola marca Boltun con la aguja percutora en condiciones de libre movilidad, aunque inutilizada, y una escopeta de dos cañones yuxtapuestos, con recortamiento de los mismos y de la culata.

En sus planes de acción directa, Sáenz de Ynestrillas, Salmerón y López Laguna salieron en la madrugada del 1 de octubre de 1983 portando ocultas en una bolsa las tres armas citadas y se dirigieron en un taxi hasta las proximidades de la calle Augusto Figueroa. Sobre las cuatro de la madrugada, mientras circulaban a pie fueron interceptados por un coche radiopatrulla de la Policía Nacional. El cabo primero Saturnino Arenas Rubio y el agente Miguel Coleto Peña «requirieron a los tres jóvenes que se identificasen y mostrasen el contenido de la bolsa. López Laguna sacó una de las armas y Sáenz de Ynestrillas cogió la pistola y encañonó a los agentes, los desarmaron y les gritaron: “¡Cuerpo a tierra, no se muevan, que les vamos a matar!” y “¡Viva la República!”. Se quedaron todas las armas de los policías y se dieron a la fuga después de pinchar las ruedas del vehículo policial».

A continuación, Ynestrillas y Salmerón se refugiaron en el domicilio de Eduardo Cubero Butragueño, en Getafe, quien, al saber que los otros procesados habían celebrado una rueda de prensa en su casa (que se publicó en Diario 16 el 5 de octubre de 1983), les pidió que se marcharan y les trasladó a un edificio abandonado en las proximidades del cerro de los Ángeles. Al ser detenidos meses más tarde, Salmerón tenía un DNI con su foto a nombre de «Gustavo Sánchez Llorente», y Sáenz de Ynestrillas otro a nombre de «José Luis Corral Martín», con su fotografía.

La sentencia hace esta curiosa valoración:

En el caso ahora sentenciado tal organización embrionaria, pero ya proyectada al exterior, resulta en primer término de la propia denominación del grupo: «Legión de San Miguel Arcángel», sumamente expresiva en cuanto la denominación supone una etiqueta de los fines, ya que contra lo afirmado por las defensas tal rótulo tiene una marcada connotación paramilitar, pues la figura del Arcángel San Miguel, ya aludida con tal carácter en alguno de los libros del Antiguo Testamento (Daniel, 10,13 y 12,1), resulta clarísimamente del conocido texto del Apocalipsis (12,7): «Hubo una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo»; resulta también de la publicación de un boletín también con el significativo rótulo de Barricada, y, por último, la existencia de armas, de las que una al menos (escopeta de cañones recortados) era utilizable, comporta sin género de dudas la existencia del tipo.

Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez, nacido en Madrid el 30 de noviembre de 1965, era el hijo menor del entonces capitán de Infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Mientras el 11 de noviembre de 1978, su padre conspiraba desde la cafetería Galaxia, el joven Ricardo, con apenas trece años, ingresaba en la Centuria de Aspirantes de Fuerza Joven, donde militaría sin interrupción hasta que Fuerza Nueva fue disuelta tras el desastre electoral del 28 de octubre de 1982.

Desde que tuvo uso de razón, Ricardo vio en la figura de su padre a un patriota dispuesto a elaborar un plan concreto para salvar a España, aunque fuera a costa de tomar por la fuerza el palacio de La Moncloa, secuestrar al presidente Suárez y formar un Gobierno de salvación nacional, como pretendían los implicados en la Operación Galaxia.

Cuando, en mayo de 1980, el comandante Sáenz de Ynestrillas fue condenado a seis meses de prisión por «la charla de café» de la cafetería Galaxia, el quinceañero Ricardo ya acreditaba una militancia destacada en la rama juvenil de Fuerza Nueva y, desde tiempo atrás, venía «haciendo ostensible su radicalización ideológica ultraderechista y la propensión a la violencia como método de participación en la concurrencia política», como explica la calificación fiscal en el sumario 63/83. Durante 1981 y 1982 la Policía le detuvo en varias ocasiones como «sospechoso de haber participado en alteraciones de orden público, insultos a las autoridades y agresiones físicas a sus adversarios políticos». Posteriormente, el adolescente Ynestrillas fue condenado a pagar una multa por un delito de estragos en grado de conspiración, al relacionarle con la preparación de una bomba destinada a la sede toledana de Unión de Centro Democrático.

Tras el frustrado golpe del 23-F, el desmantelamiento de la trama militar traía de cabeza a la llamada Brigada Antigolpe, dirigida por el comisario Alberto Elías. La advertencia de Jaime Milans del Bosch sobre la amenaza de los coroneles, ya citada, puso a los investigadores tras los pasos del padre de Ricardo. El 23 de junio de 1981, el comandante Ynestrillas y los coroneles Ricardo Garchitorena y Antonio Sicre Canut fueron arrestados al detectarse una nueva conspiración. También pasaron a disposición judicial Luis Sicre, hermano del anterior, María Concepción Villagrasa y María Paz Pérez Nieto. Dos semanas después, el 6 de julio de 1981, el comandante Ynestrillas y los demás detenidos fueron puestos en libertad sin cargos por el juez Ricardo Varón Cobos. En su informe a la Audiencia Nacional, este atestado policial afirmaba que el comandante Sáenz de Ynestrillas, desde el inicio de la Operación Galaxia, no había cesado en sus actividades involucionistas, «manteniendo contactos con personas civiles y militares próximas a la ultraderecha, principalmente con el coronel del arma de Ingenieros Antonio Sicre Canut, con el presidente de la Confederación Nacional de Combatientes, José Antonio Girón de Velasco, y con el dirigente de Acción Sindicalista Nacional del Trabajo, José Antonio Assiego».

A decir de la Brigada Antigolpe, la actividad presuntamente encomendada al comandante Ynestrillas consistía en reunir a cincuenta personas que, instruidas por él en un campo de entrenamiento, formarían parte de un grupo de acción dirigido por un general del Ejército y destinado a perseguir objetivos estratégicos. Los primeros contactos para el reclutamiento habían tenido lugar en la discoteca Real Club y en el pub Danzari, de Madrid. En aquel episodio, Ricardo, a sus quince años, tuvo que responder a un interrogatorio policial a fondo. Sin embargo, para el hijo menor del comandante Ynestrillas, su gran momento estelar no llegaría hasta casi dos años más tarde. A sus dieciocho años, Ynestrillas había conseguido una gran notoriedad pública y su sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo el 11 de diciembre de 1985. Cuando el 5 de abril de 1986 recuperó la libertad, tenía veinte años. Dos meses después se quedó huérfano. Cinco días antes de que el PSOE venciera por segunda vez en las urnas por mayoría absoluta, el comando Madrid de ETA asesinó a su padre.

16
«EUSKADI O LA MUERTE»
ETA EN LA TRANSICIÓN

«Vuestra muerte es la vida de la Patria», anuncia ETA en su libro de captación y propaganda Euskadi ala hil! (Euskadi o la muerte), editado en San Juan de Luz (Francia) en 1976. La organización terrorista vasca habla de «misticismo», de guerrilla, de heroísmo secular, y hunde la justificación de su violencia en la Guerra Civil, con una interpretación peculiar, que recuerda la esgrimida por el líder ultraderechista Blas Piñar: «La guerra no ha terminado, la guerra continúa, desde las montañas hasta el asfalto; en el mar, sobre la arena, en las rocas, en los llanos; en Euskadi no hay tregua, se muere y se mata. La resistencia, nutrida de juventud alegre y generosa, con enorme experiencia, se adapta a los métodos más modernos de lucha, pero hoy, como siempre, los mejores, los más valientes, los más entregados, los más patriotas van cayendo…».

Bajo el epígrafe: «Hoy como ayer se muere en Euskadi», podemos leer este argumento de retórica vibrante:

En 1936, los vascos conocimos una cruel guerra. Empuñamos las armas para luchar por la libertad de nuestro pueblo. Miles de gudaris cayeron en los montes y trincheras, achicharrados por el envío de metralla y fuego. […] Después llegó la posguerra. Las armas dejaron de tronar, mas la miseria asoló nuestra rica tierra expoliada y destruida. Las persecuciones y confiscaciones más brutales se llevaban a cabo contra todo aquello que mucho o poco tomó parte en el bando de la causa vasca.

Y desde aquí, desde las cenizas de la guerra y la posguerra, añaden:

La sangre vuelve a hervir en la juventud y el pueblo de nuevo comienza a sentir la esperanza de ver Euskadi libre. La represión de forma bestial no tarda en descargar su garra, cientos de detenidos, torturados y encarcelados. El gobierno de Madrid aprieta el cerco y trata de estrangular lo que creyó exterminado. Nace ETA, como fiel herencia de los gudaris de 1936. Las viejas armas son desengrasadas y comienza la juventud a corretear por las montañas. […] Se comienza como se puede, pero poco a poco se aprende a combatir. Muchos compañeros van cayendo en este nuevo combate, pero el enemigo recibe a su vez el golpe justiciero e implacable de la resistencia.

EN EL INTERIOR DE LA SERPIENTE

A través de sus documentos internos, capturados por la Policía entre 1976 y 1980, puede conocerse la dimensión organizativa que ETA había alcanzado durante la transición. El Manual de Seguridad General, el Reglamento interno de ETA-pm, Sobre falsificación, Información militar… Son varios textos fundamentales recopilados por el CESID que suponen, en su conjunto, un auténtico manual de ETA. En el grupo terrorista de la serpiente enroscada al hacha nada queda al azar. Todo está escrito, previsto, en el Reglamento, un documento de obligado cumplimiento para militantes y simpatizantes, compuesto por tres capítulos, diecinueve artículos y anexos, que define las normas reglamentarias de la organización, los grados de compromiso con ETA, la estructura orgánica, la disciplina, las armas e incluso las obligaciones del colaborador.

«En la asamblea, todo militante va cubierto y su único distintivo es un número; por ello, es imprescindible que alguien se encargue de contactar con todos los elegidos para el Biltzar Tlipia (BT)». Ese alguien «deberá poseer una fórmula para contactar con todo el BT y permanecer en un lugar de máxima seguridad». La asamblea, el Biltzar Nagusi (BN), es el órgano supremo de ETA, con capacidad «para decidir, si fuera preciso, la disolución de la organización por dos tercios».

La estructura piramidal de ETA nace en los taldes y comandos, formados por un máximo de cinco militantes y un mínimo de tres. El talde es la célula que estudia concienzudamente su entorno e informa de «una posible participación de la organización con el máximo de detalles, que vaya encaminada a una posible intervención». Según el artículo 4, «el comando es el talde de militantes que desarrolla la intervención militar directa». Los taldes y comandos envían a sus representantes encapuchados a la asamblea. Allí se elige el Biltzar Tlipia (BT), «el más alto organismo direccional interasambleas», una especie de buró político que elige al Comité Ejecutivo. «Razones obvias de seguridad obligan a que todos los cuadros ejecutivos sean designados desde arriba», dice el anexo al capítulo II.

El propio Reglamento justifica este verticalismo: «Siendo ETA una organización obligada a mantener los taldes y comandos compartimentados unos de otros, no es fácil que, a la hora de votar en la asamblea, un militante sepa quiénes son los más capaces de dirigir ETA». El Comité Ejecutivo, entre otras funciones, tiene que «aplicar las sanciones por incumplimiento del reglamento, guardar unas normas de seguridad estrictas, ya que su desaparición supondría un descalabro organizativo inimaginable».

Ante una posible detención por la txakurrada (como en su argot califican a la Policía), el capítulo disciplinario es contundente:

Todo militante detenido debe enviar urgentemente, en la primera oportunidad que tenga, un informe detallado de todo lo cantado a la txakurrada; de todo lo observado que ésta conoce de la organización. Nada, absolutamente nada, puede ser ocultado en el informe, pero jamás debe ponerse en éste cosas no «cantadas» y que la txakurrada desconoce.

El artículo 18 indica al detalle las dificultades para abandonar las armas. ETA considera traidor a «todo militante o simpatizante “quemado” que no tome las suficientes medidas de seguridad o se entregue a la txakurrada, en vez de “entxupanarse” [‘esconderse’, en el argot] o retirarse». Tal es la forma más usual de traición reconocida. La infiltración policial, con los cuatro casos conocidos de El Lobo, Box, Patxi y Cocoliso descubiertos en 1976, es calificada por la organización terrorista vasca como una «excepción».

Una vez que los etarras se han «echado al monte», es difícil dar marcha atrás. «En caso de propósito de dimisión —afirma el artículo 19—, se notificará con un mes de antelación y se esperará la decisión del Ejecutivo». En las manos exclusivas del Comité Ejecutivo está la posible concesión. «En momentos de crisis organizativa no se aceptará ninguna dimisión de cargos responsables». Al no serle admitida la dimisión, si el militante adopta una postura «pasiva» podrá ser sancionado con «un arresto». Por otra parte, si el etarra dimisionario «es conocedor de secretos internos del aparato, no podrá serle permitida la dimisión».

Pero el hermetismo y la disciplina etarras tienen su máxima expresión en el Manual de Seguridad, un compendio práctico sobre la actividad terrorista. «Cuando se toque la gran prueba, recuerda que muchos, antes que tú, la pasaron y triunfaron. Recuérdalo siempre», advierte el capítulo dedicado a «Torturas normales», en el que enumera hasta catorce torturas posibles con las esposas apretadas. Se trata de preparar al etarra para la detención y el interrogatorio. «El uso de la tortura no es rentable políticamente, si bien podrá aparecer esporádicamente (por parte de los verdes, sobre todo), dado el grado de autonomía con que cuenta la txakurrada». Durante el interrogatorio, los consejos son múltiples: «Nos dejaremos caer, desfallecer, simularemos enfermedades… Hablar siempre despacio, después de haber pensado bien cada palabra. Nunca responderemos precipitadamente aunque para ello empleen golpes».

Los activistas interrogados tienen prevista incluso la confesión, la cantada, en su argot. «La “cantada” se hará sólo cuando estemos convencidos de que la policía no cede por tener unas cuantas pruebas y cuando estemos seguros de que vamos a ceder, por no poder resistir más. Esta “cantada” estará preparada y revisada de antemano con cuidado».

Las cinco normas generales que resume el Manual son reproducidas textualmente del siguiente modo:

1.ª No perder la serenidad. 2.ª No hablar mucho, para que la policía no determine la personalidad ni consiga referencias. 3.ª No admitir ninguna relación con los hechos imputados […], la txakurrada se echa continuamente faroles para impresionar. 4.ª No acojonarse por las hostias. 5.ª No cantar. Si te están dando de hostias y cantas, lo único que conseguirás es que te den más para que sigas proporcionando datos. Ante el juez habrá que negar todo lo dicho a la policía y denunciar los malos tratos recibidos. —Y concluye—: En un interrogatorio o detención grabaremos en nuestra mente la fisionomía de cada policía, así como los datos que sirvan para su futura localización.

El Manual de Seguridad General también dedica capítulos a los depósitos y buzones etarras. Cada comando tendrá más de un depósito en lugares especialmente recomendados, como «ruinas, iglesias, caseríos, cementerios, bodegas, cuadras y chabolas». Los buzones han de ser cambiados con frecuencia, tan sólo serán empleados de noche y en un lugar distanciado, y tendrán siempre una contraseña para indicar si están llenos o vacíos. Los buzones más usuales son «alcantarillas, fosas, matorrales, árboles huecos, desagües, bidones enterrados…».

Sobre los vehículos, recomiendan dos métodos: «Levantar un coche momentos antes de la “ekintza” [‘acción’], obligando a la persona propietaria a que espere un margen de tiempo suficiente, para que, cuando dé aviso a la txakurrada, la acción haya terminado totalmente». Otro método que se ha utilizado bastante es «robar documentaciones a los coches y emplearlas en otros coches robados».

El aparato de información de ETA tiene predilección especial por quince Materias. No faltan cuarteles, comisarías o centrales nucleares; pero también destacan industrias, transportes, electricidad, movimientos de dinero y depósitos de agua potable. Un total de veinticinco informaciones son prioritarias, divididas en tres apartados: a) Once de máxima prioridad, con la prensa a la cabeza, a la que siguen, por orden de importancia, centrales nucleares, escuelas, profesores, directores de cárceles, fábricas conflictivas. b) Cuatro «clásicos permanentes: oligarcas, chivatos, políticos y jueces, tanto militares como civiles». En el apartado c) están las «operaciones de reavituallamiento y autofinanciación»: bancos. Cajas de ahorro, oficinas de Correos, canteras, armerías… En las preferencias de ETA se encuentran también los informes sobre lugares en apariencia insólitos: conventos, paradas de taxi, centrales proveedoras de gas ciudad, salas de juego y saltos de agua en centrales eléctricas. Entre los profesionales destacan los sacerdotes, artistas y responsables de los partidos políticos.

En su texto, Seguridad de la información, ETA afirma: «Aun cuando nuestros familiares sean de entera confianza, no deberán saber nada, a no ser que estén al corriente y colaboren en tareas de recogida de información». Aquí nace la gran cobertura informativa de ETA. Los miembros del aparato de información «no podrán desarrollar trabajos de responsabilidad en ningún partido, organización u otro organismo, para evitar que la policía interrelacione a la izquierda abertzale con ETA».

La información militar la consigue, principalmente, desde dentro; mientras sus militantes o simpatizantes están realizando la mili, aunque también puede utilizar «merodeadores desocupados». Un minucioso Cuestionario de acuartelamientos recaba información sobre el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional con todo lujo de detalles. Ubicación, filiación política y ficha del gobernador militar y los mandos, así como sus domicilios; horarios, alcantarillados, conducciones eléctricas, medios materiales, armamentos, cocina; tipos de uniforme «procurando fotografías».

El Gobierno se encontraba ante una organización armada, clandestina, estructurada como «una suma de aparatos» que actuaban en compartimentos estancos. No una simple banda criminal. Además tenían apoyo social y buenas conexiones internacionales desde 1964, cuando se produjeron los primeros contactos con miembros de los servicios de contraespionaje argelinos y del G-2 cubano. Durante la década de 1960, un enlace de ETA gestionó la ayuda económica internacional para la organización y estableció una red de contactos con la República Popular China y con algunos países del Este europeo; participó como observador en la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana y, a partir de 1971, participó en congresos y reuniones envuelto en una maraña de organismos internacionales, como la Unión Federal de las Comunidades Étnicas Europeas, con sede en Dinamarca; el Movimiento Federalista Europeo, con sede en París y Bruselas; el Partido Federalista Europeo, con base en París; la Asociación Internacional de Defensa de las Lenguas y Culturas Amenazadas y la Asociación de Minorías Europeas. Se relacionó con el IRA irlandés, con el movimiento separatista flamenco, con kurdos, palestinos y bretones del FLB; se crearon los comités de solidaridad con Euskadi en Milán y se iniciaron los primeros cursillos tácticos en Uruguay, donde miembros de la organización aprendieron la técnica tupamara en la construcción y camuflaje de las «cárceles del pueblo».

En 1973, ETA se relacionó con las Brigadas Rojas italianas y recibió apoyo económico de Libia hasta una cifra superior a los 100 millones de dólares. La Policía atribuye a Argala los contactos con el Ejército Rojo chino. Sin embargo, durante aquel año se produjo un hecho relevante: la primera acción violenta de Iparretarrak (‘Los del Norte’). Nacida a la sombra de ETA y creada gracias a la presencia de refugiados en el sur de Francia, Iparretarrak coincide con ETA en sus objetivos estratégicos de la independencia, el socialismo y la reunificación de Euskadi, el reconocimiento político del pueblo vasco así como el derecho a la autodeterminación, la oficialización del euskera como lengua nacional, un plan de revasquización, ikastolas públicas. Desde entonces, como respuesta a la pérdida de la identidad nacional de Euskadi Norte, sus objetivos preferentes fueron las oficinas de turismo y de trabajo temporal, aunque también protagonizaron enfrentamientos armados, con el balance de tres policías franceses asesinados, y otros tantos de sus militantes muertos al explotarles la bomba que manipulaban o en tiroteos.

Durante 1974, se materializaron las gestiones del independentista canario Antonio Cubillo, en Argelia, para la venta de armas a ETA. En Belfast se celebró ese año la denominada Internacional Guerrillera, a la que además de ETA y el IRA, asistieron representantes de los tupamaros, de Al Fatah y del FRELIMO mozambiqueño. Al año siguiente se intensificaron los contactos con Cuba y Argel, se realizaron los primeros intercambios de impresiones con grupos terroristas alemanes, entre ellos la Baader Meinhof. Desde 1978, la Policía detectó la existencia de entrevistas de etarras y activistas palestinos, eritreos, cubanos, alemanes, polisarios, yemeníes y chinos, con miembros de los servicios de inteligencia argelinos, soviéticos y albaneses. ETA intercambió cursillos en Argel y en Yemen del Sur.

En vista de los datos manejados por los servicios de información militar españoles, no resulta extraño que el 15 de septiembre de 1979, en su Memoria anual, el fiscal general del Estado, Juan Manuel Fanjul Sedeño, escribiera sobre el fenómeno terrorista en España:

Tristemente nos hallamos ante una guerra declarada contra la civilización (contra los Estados como estructura de vida de la sociedad), de la que no se librarán los países socialistas en cuanto bajen la guardia que hoy mantienen bien alta. Evidencia es ésta que debe llevarnos a meditar si no estamos dejando inerme a la sociedad democrática, confundiendo el respeto a los derechos humanos con el abandono del más fundamental de estos mismo derechos. Que titulares unos y otros de las mismas condiciones de dignidad no cabe igualarlos a la hora de proteger los valores fundamentales de la vida: paz, trabajo, cultura y bienestar, cualquiera que sea la ideología (hoy casi similares en este aspecto todas las occidentales) que resulte su portadora. […] Seamos, pues, sinceros: frente al fenómeno terrorista la normal operación de juzgar, aplicar la pena y cuidar de su ejecución es escribir en el mar. Los planteamientos filosóficos, pasando por los problemas políticos, atendiendo a los geoestratégicos, buscando y portando toda clase de concomitancias imprevisibles, todo ello es poco para abordar la solución del problema y todo ello en conjunto debe conjugarse. […] Durante 1978 el azote terrorista ha alcanzado tal intensidad que constituye, sin duda, una grave amenaza contra el Estado y la seguridad de los ciudadanos.[87]

Tras la retórica, el fiscal general Fanjul planteaba la necesidad de cambiar la filosofía, las leyes y la estrategia policial. ¿Y qué puede hacerse si los instrumentos del Estado de Derecho resultan insuficientes? La tentación es clara: el recurso a la guerra sucia, al terrorismo de Estado, una actividad que jamás se abandonó durante la transición política española. Aunque el instrumento judicial por antonomasia frente al terrorismo ha sido la Audiencia Nacional.

UN TRIBUNAL ESPECIAL CONTRA EL TERRORISMO

La Memoria del fiscal del Tribunal Supremo del año anterior también ofrecía un cuadro elocuente de «la materia» de la que la Audiencia Nacional comenzaba a tener competencia: el terrorismo, los delitos cometidos por bandas armadas y organizadas. En 1977, ETA sumó 447 acciones. Los GRAPO participaron en 200, de las que destacaban los secuestros de Oriol y Villaescusa y los asesinatos de un capitán de la Policía Armada y de dos guardias civiles. El MPAIAC, con 100 acciones, se caracterizaba por la utilización de artefactos explosivos contra industrias turísticas. Este apartado de la Memoria concluye textualmente: «Del resto de organizaciones que optan por la lucha armada podrían señalarse algunas de ideología marxista-leninista y anarquista, tales como el PCE(i), el FRAP, así como grupos “incontrolados” de extrema derecha».

Éstos son los datos numéricos, aportados por la Fiscalía, de las actividades terroristas durante 1977:

Explosiones | 697
Artefactos explosivos | 106
Amenazas de explosivos | 754
Alijos de explosivos | 11
Robos de armas y explosivos | 88
Atracos a entidades bancarias | 189
Atentados | 349
Muertos de las Fuerzas de Orden Público | 20
Muertos civiles | 14
Heridos de las Fuerzas de Orden Público | 358
Heridos civiles | 394

Al año siguiente, en la ya citada Memoria fiscal de 1979, Fanjul dedicó un apartado de balance sobre la Audiencia Nacional, al considerar que, tras más de dos años desde su creación, existía suficiente perspectiva para analizar su funcionamiento, resultados y dificultades. La Sala de lo Penal se encargó de una serie de materias que respondían, según el fiscal general, «a los comunes denominadores de complejidad especial, trascendencia nacional, afección a diversas audiencias o delitos cometidos en el extranjero».

De este modo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se dedicó fundamentalmente a delitos ejecutados por bandas armadas y grupos organizados (recordemos que en 1978-1979 se derogó la figura del terrorismo en el Código Penal, aunque volvió posteriormente) y que actuaran en jurisdicciones de distintas audiencias provinciales; así como otras cuestiones encomendadas hasta entonces a los tribunales militares. La actividad jurisdiccional penal de la Audiencia Nacional durante 1978 fue la siguiente:

Juzgados Centrales de Instrucción
Diligencias previas | 1907
Diligencias preparatorias | 217
Sumarios | 234
Sentencias | 192

Sala de lo Penal
Sentencias | 39
Recurridas en casación | 15

El fiscal general revelaba que «el terrorismo causó en 1978 un centenar de muertos y 115 heridos, si contamos no sólo las víctimas inocentes sino también 12 presuntos terroristas que cayeron en esta inhumana contienda y 15 que resultaron heridos». En junio de 1978, el número de atentados terroristas superaba ya los 400, de los que la mitad había consistido en la colocación de cargas explosivas y la otra mitad en ataque con armas de fuego, incendios, extorsiones como el llamado «impuesto revolucionario», amenazas y otros actos de violencia.

En 1983, a los seis años de su creación, la Audiencia Nacional ya funcionaba a pleno rendimiento y había llenado de contenido su actividad como órgano judicial. En este aspecto es ilustrativo el cuadro incluido en la Memoria del fiscal general del Estado, en el que da cuenta de los procedimientos penales iniciados por los Juzgados Centrales de Instrucción durante 1982 y que se divide en tres grandes bloques:

Primero, los cometidos por bandas organizadas y armadas: 692 (341 sumarios y 351 diligencias previas).

Segundo, los denominados delitos comunes: 726 (412 diligencias previas y 267 sumarios), en el que destacan los delitos monetarios (244 procedimientos), la falsedad de moneda (150) y el escándalo público (143), pero también se incluyen las injurias al jefe del Estado (11), el desacato (42) y los desórdenes públicos (4), entre otros menores.

En tercer lugar, se relacionan otros delitos cometidos en el extranjero (robo, quebrantamiento de condena, atentado, abandono de hogar, bigamia…), con apenas 13.

Mientras todos los sumarios abiertos por delitos cometidos por bandas armadas y organizadas se instruyeron por el procedimiento de urgencia, los delitos comunes, en su mayoría, fueron tramitados mediante sumarios ordinarios.

Como expresión de los delitos políticos cometidos por bandas armadas y organizadas, veamos a continuación, desglosados, los procedimientos penales iniciados en los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional durante 1982:

Naturaleza del supuesto delito | Diligencias previas | Sumarios de urgencia | Sumarios ordinarios | Total
Asesinatos | 16 | 36 | — | 52
Daños y estragos | 61 | 44 | — | 105
Detención ilegal | 12 | 8 | — | 20
Tenencia y depósito de explosivos | 17 | 27 | — | 44
Tenencia de armas | 13 | 42 | — | 55
Colaboración con banda armada | 129 | 88 | — | 217
Lesiones | 7 | 8 | — | 15
Robos | 24 | 31 | — | 55
Atentados | 27 | 8 | — | 35
Evasión | 1 | 1 | — | 2
Robo de vehículo | 2 | 10 | — | 12
Apología del terrorismo | 37 | 22 | — | 59
Apología de la rebelión | — | 7 | — | 7
Amenazas y coacciones | 5 | 1 | — | 6
Desórdenes públicos | — | 3 | — | 3
Incendio | — | 5 | — | 5
Total | 351 | 341 | — | 692

Desde el primer momento, los delitos de terrorismo dieron a la Audiencia Nacional su carta de naturaleza. Así queda claro en la Sinopsis de jurisprudencia penal 1977-1985, que clasifica los casos juzgados por la AN durante ocho años en los siguientes apartados y por este orden: «1) ETA genérico. 2) ETA político-militar. 3) ETA militar. 4) GRAPO. 5) Terrorismo diverso», donde integran MPAIAC; FRAP, Terra Lliure, «grupos incontrolados»… Los cinco apartados restantes, de menor volumen, se refieren a delitos monetarios, falsificación de moneda, contra la salud pública, extradiciones y delitos varios.

UN REGUERO DE SANGRE

La violencia surgida de instituciones del Estado y el terrorismo nacionalista y de izquierdas, ha estado presente durante toda la transición española, cuando las reglas del viejo juego eran frágiles y no servían, y las del nuevo resultaban vulnerables, titubeantes; cuando lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, que diría Antonio Gramsci. Este terrorismo nacido y desarrollado durante la transición merece un acercamiento contextualizado, porque su reguero de sangre se relacionó con hechos decisivos e influyó en los procesos. Y muy especialmente, ETA.

Evolución de víctimas mortales de ETA, 1968-1984
Fuente: Ministerio del Interior.

La cultura de la muerte, de la violencia criminal como arma política, se impone en el discurso de la organización terrorista vasca, que en 1976 asesinó a diecisiete personas. Una cifra que descendió a doce en 1977 y que se disparó entre 1978 y 1980, para quedar estabilizada en los años posteriores en torno a las cuarenta víctimas mortales. Para comprender la evolución mortal del terrorismo de ETA, basta repasar el gráfico que reproducimos en la página anterior, en el que podemos comprobar las distintas etapas vividas por ETA en función del número de muertos causados por ella.

BAJO EL FRANQUISMO: BURGOS, CARRERO BLANCO Y LA BOMBA DE LA CALLE CORREO

Las siglas de ETA aparecieron oficialmente en el verano de 1959, creada a partir de un grupo de estudiantes que publicaron el boletín clandestino Ekin (‘Acción’) en 1952. En esos primeros años, ETA se dedicó a realizar pintadas, colocar ikurriñas… hasta que en 1961 colocó una bomba en una vía férrea al paso de un tren cargado de ex combatientes que se dirigían a San Sebastián para celebrar el 18 de julio. En 1964, podía leerse en Zutik, órgano oficial de ETA: «El antifranquismo lucha contra Franco como si no hubiera opresión española en Euskadi. Nosotros luchamos contra la opresión española en Euskadi como si no hubiera Franco». Ésta era la verdadera estrategia de la organización terrorista vasca.

El 7 de junio de 1968, en un control de carretera cerca de Tolosa, se produjo un tiroteo entre la Guardia Civil y dos miembros de ETA, Txabi Echevarrieta, presidente de V Asamblea de ETA, e Iñaki Sarasqueta, que viajaban en un coche. Resultó muerto el guardia José Pardines, y durante la huida y persecución, la Guardia Civil mató a Echevarrieta, y detuvo más tarde a Sarasqueta, que fue condenado en consejo de guerra a cincuenta y ocho años de cárcel. En Burgos, el capitán general de la VI Región Militar recurrió la sentencia, y Sarasqueta fue juzgado de nuevo y condenado a muerte, en medio de importantes movilizaciones en el País Vasco y peticiones de indulto que consiguieron la conmutación de la pena. ETA decidió responder, y el 2 de agosto asesinó al jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, Melitón Manzanas, primer asesinato etarra premeditado y un salto cualitativo en la trayectoria terrorista de la organización.

El proceso de Burgos se convirtió en un gran hito en la historia de ETA. El 3 de diciembre de 1970, en medio de una gran agitación política, comenzó el sumarísimo número 31/69 del consejo de guerra que sentó en el banquillo a dieciséis dirigentes de ETA. Se decretó el estado de excepción en Guipúzcoa, y se sucedieron manifestaciones a escala internacional; trescientos intelectuales catalanes se encerraron en el monasterio de Montserrat como acto de protesta. Con el consejo de guerra, el régimen pretendía un escarmiento ejemplar, pero concedió una gran notoriedad internacional a ETA, que apareció como vanguardia de la resistencia antifranquista. En un momento de divisiones entre la V y la VI asambleas y de desmantelamiento por la acción policial, el proceso de Burgos le dio un balón de oxígeno. Las sentencias fueron más duras que la propia petición fiscal. Nueve sentencias de muerte. Dos para Eduardo Uriarte, Joaquín Gorostidi e Izko de la Iglesia, y una para Mario Onaindia, Francisco Javier Larena y José María Dorronsoro. Las manifestaciones se sucedieron en Europa y la Universidad de Madrid tuvo que ser clausurada. En medio de este ambiente, Franco conmutó las penas de muerte por cadena perpetua.

Con todo, el viaje decisivo a la realidad de ETA durante la transición española comenzó el 20 de diciembre de 1973, cuando una bomba acabó con la vida del presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, de su chófer y su escolta. Un potente artefacto colocado en un túnel bajo el asfalto de la calle Claudio Coello, estalló al paso del coche del presidente mientras, como cada mañana, se dirigía a su misa diaria. Era la Operación Ogro, considerada por muchos como la espoleta que facilitó la demolición del franquismo y el inicio de la transición española. Antes ETA, desde 1968, en cinco años apenas había matado a siete personas.

El régimen de Franco se resistía a desaparecer. El sucesor de Carrero, el notario Carlos Arias Navarro, nombrado por Franco el 2 de enero de 1974, pronunció en las Cortes un discurso supuestamente aperturista que sería conocido como «El espíritu del 12 de febrero». Sin embargo, el 2 de marzo, apenas unas semanas más tarde, el régimen mostró su rostro implacable. En la cárcel Modelo de Barcelona, Salvador Puig Antich, de veintiséis años, militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), fue ejecutado con el garrote vil, tras ser condenado en consejo de guerra por la muerte de un policía durante un tiroteo. El polaco Heinz Chez, sin motivaciones políticas, también fue víctima del garrote por la muerte de un suboficial de la Guardia Civil. Las peticiones de indulto realizadas por Willy Brandt, el papa Pablo VI y el doctor Antoni Puigvert no sirvieron para nada.

Un mes más tarde, en Azpeitia (Guipúzcoa) el cabo de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón fue asesinado por ETA. Posteriormente, la Policía detuvo a José María Garmendia Artola, como presunto autor de los disparos, y a Ángel Otaegui, al ser considerado como el supuesto informador del comando. El 22 de abril, apenas veinte días después de la muerte del cabo Posadas, en Getxo (Guipúzcoa), el inspector de Policía José Ramón Morán González perdió la vida tiroteado por ETA.

El contexto de crisis política en España era total. El ex ministro falangista José Antonio Girón de Velasco, apoyado por el periodista Antonio Izquierdo —director del diario del Movimiento Arriba—, lanzó una proclama inmovilista como respuesta al aperturismo de Arias: el «gironazo»; y el consejero nacional del Movimiento, Blas Piñar, denunció que el sistema político español estaba lleno de «enanos infiltrados y niños mimados», al tiempo que proclamaba la traición que suponía para el régimen «el espíritu del 12 de febrero». Piñar acuñó en su soflama una frase que haría fortuna: «¡Pese a quien pese, la guerra no ha terminado!».

Contra el supuesto aperturismo de Arias, la revista Fuerza Nueva, en un editorial titulado «Señor Presidente», publicó el mayor ataque contra el Gobierno de toda la historia del franquismo. En su portada advertía: «Todo tiene un límite». Hasta ese instante, el terrorismo de ETA se circunscribía al País Vasco y al asesinato de agentes de las Fuerzas de Orden Público, en atentados selectivos o con tiros en la nuca. El 2 de junio, una semana antes de que el anciano general Franco estuviera convaleciente de una flebitis grave y fuera hospitalizado, ETA asesinó en Ataún (Guipúzcoa) al agente de la Guardia Civil Manuel Pérez Vázquez.

LA MATANZA DE LA CALLE CORREO Y LA ESCISIÓN DE ETA

Durante este momento de crisis, ETA prosiguió sus atentados. El 11 de septiembre de 1974, mató en Bilbao al agente de la Guardia Civil Martín Durán Grande. Pero cuarenta y ocho horas más tarde una bomba en la cafetería Rolando, de la calle Correo, en Madrid, a cinco metros de la Dirección General de Seguridad, marcó un antes y un después en ETA. Doce muertos y setenta y dos heridos, todos civiles. Las víctimas mortales fueron Concepción Pérez Paíno, Francisca Baeza Alarcón, María Ángeles Rey Martínez, Baldomero Barral Fernández, María José Pérez Martínez, Antonio Alonso Palacín, María Jesús Arco Tirado, Luis Martínez Martín, Antonio Loro Aguado, Francisco Gómez Vaquero, Miguel Llanes Gancedo y Gerardo García Pérez. Todos eran clientes de la cafetería. Era la Operación Caperucita, el primer acto de terrorismo masivo que padeció España tras la Guerra Civil.

Como consecuencia, en el BT de octubre de 1974 se produjo la escisión. Surgió un grupo mayoritario, ETA político-militar, liderado por Pertur y Ezkerra, y otro minoritario, ETA militar, cuyo dirigente máximo era José Miguel Beñarán, «Argala». Entre ambos existían diferencias tácticas e ideológicas. ETA-pm apostaba por hacer compatible la lucha armada con el movimiento de masas, y conectarse al mundo obrero y a las luchas sociales; la violencia podía reducirse o incrementarse en función de la política, todo bajo el control de una dirección única que evitara la acción autónoma de los comandos. Por el contrario, ETA militar pretendía crear un desdoblamiento entre la organización terrorista y el resto de grupos políticos y sociales, de modo que la represión policial quedara restringida al grupo armado.

Hasta la muerte de Franco, ETA militar siguió su cadena de asesinatos. El 29 de octubre de 1974, mató en Pasajes al sargento Jerónimo Vera García, de la Guardia Civil. El 17 de diciembre, en Mondragón, al teniente Luis Santos Hernández y al agente Argimiro García Estévez, de la Guardia Civil. El 28 de marzo de 1975 cometió una cadena de atentados contra miembros de las Fuerzas de Orden Público. En San Sebastián, asesinó al subinspector de Policía José Díaz Linares; el 22 de abril, el inspector de Policía José Ramón Morán González murió tiroteado en Getxo. Tres días después, el 25 de abril, el Gobierno decretó el estado de excepción durante tres meses para las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, pero la actividad criminal de ETA-m no cesó. El 6 de mayo asesinó en Gernika al agente de la Guardia Civil Andrés Segovia Peralta, que prestaba su servicio de vigilancia en la fábrica de armas Astra y que fue ametrallado mientras regresaba a su acuartelamiento. Al día siguiente, en Bilbao, al inspector de Policía Fernando Llorente Roig. Estos dos crímenes, en pleno estado de excepción, recrudecieron aún más la represión política. En toda Vizcaya fueron detenidas más de mil personas, al tiempo que comenzaban los atentados de «incontrolados» de extrema derecha: la agresión al abogado Pedro Ibarra, el ametrallamiento de la tintorería Guernica, de Bilbao; la destrucción de bares en Mundaka y Ondarroa mediante bombas…

El 12 de mayo se celebró en Bilbao una manifestación de adhesión y apoyo al Gobierno, en la que el gobernador civil, Ignacio García López, y el subsecretario de Gobernación, Luis Peralta España, arengaron a los asistentes en un acto que acabaron cantando todos el «Cara al sol».

Al día siguiente, en Gernika, el teniente de la Guardia Civil Domingo Sánchez Muñoz murió de un disparo en la cabeza durante un tiroteo. La Guardia Civil y su servicio de información había rodeado una vivienda en la que, se suponía, había etarras escondidos y comenzaron un tiroteo que duró casi media hora. Cuando cesaron los disparos, el dueño de la vivienda, Iñaki Garay Legarreta, de cincuenta y tres años, abrió la puerta y gritó que no escondía a nadie, pero murió al recibir una ráfaga de ametralladora. Entonces los miembros de ETA salieron del domicilio y comenzaron a disparar, matando al teniente Sánchez. La esposa de Garay, Blanca Salegi Allende, de cuarenta y ocho años, también recibió varios impactos. Los vecinos oyeron una voz gritar: «¡Matadla!», y se escucharon dos únicos disparos. La autopsia desveló que el cadáver de la mujer tenía dos orificios de bala en la frente a cañón tocante. Uno de los miembros de ETA, Jesús María Markiegi, «Motriko», fue abatido tras una dura persecución. Días más tarde, una bomba, colocada por «incontrolados», destruyó el estanco que habían regentado en vida los ya fallecidos Garay-Salegi.

Diez días después, el Gobierno Arias decretó «materia reservada» toda información relativa al estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, con la prohibición de dar noticias sobre el tema. En palabras del ministro de Información y Turismo, Luis Herrera Esteban, se trataba así de «no perturbar la acción policial». Toda información fue redactada directamente por la Policía. El 5 de junio, mientras la oposición democrática organizaba manifestaciones, durante un tiroteo con ETA-m el agente de la Guardia Civil Mariano Román Madroñal murió en Lasarte al caer herido desde un tren. Al día siguiente, el cabo de la Policía Armada Ovidio Díaz López perdió la vida en el transcurso de un tiroteo con un comando de ETA-m que acababa de atracar un banco en Barcelona.

La dialéctica de las bombas y los atentados era total. Desde el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973 hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, treinta y cinco personas murieron en atentados terroristas de ETA, casi todas agentes de Orden Público, pero también tres civiles: un taxista, un conductor de autobuses y un guardia jurado. Durante este período, la violencia política desatada puede constatarse con claridad en el cuadro comparativo siguiente, donde destaca el «equilibrio» existente entre las víctimas mortales del terrorismo de izquierdas y la de la violencia política desatada y administrada desde los aparatos represivos del Estado franquista que no dudó en ejecutar a siete personas:

Víctimas mortales de la violencia desde instituciones
Represión en la calle por la Fuerzas de Orden Público (manifestaciones, actos políticos, controles policiales, etc) | 37
Bajo custodia. Detenidos por Policía-Guardia Civil y presos en cárceles (torturas, malos tratos, heridas) | 1
Ejecutados (fusilados y a garrote vil) tras consejo de guerra | 7
Total | 45
Miembros de ETA muertos en enfrentamientos armados con la Policía y la Guardia Civil | 10

Víctimas mortales de grupos terroristas, por autores
ETA | 35
FRAP | 2
GRAPO | 5
Total | 42

El 26 de agosto de 1975 el Gobierno aprobó el Decreto Ley de Prevención del Terrorismo 10/75, que entró en vigor al día siguiente. En la práctica significaba la implantación de un estado de excepción permanente en toda España. Entre otras medidas, los sospechosos podían permanecer hasta diez días detenidos sin pasar a disposición judicial y los comisarios podían autorizar registros domiciliarios sin necesidad del permiso judicial. En su exposición de motivos, el decreto ley afirmaba textualmente:

Cuanto más libre, democrática y jurídica sea la organización institucional de la comunidad nacional, tanto más severa y eficiente tiene que ser la normativa sancionadora de las conductas terroristas. Es el precio que desgraciadamente tiene que pagar el progreso de la sociedad para salvarse de los atentados de quienes, con sus actuaciones delictivas, ponen en grave peligro la paz social y el orden jurídico.

El régimen respondió a la violencia terrorista con todo su poder. En el Regimiento de Artillería de Campaña número 63 de Burgos, fueron juzgados y condenados a muerte en consejo de guerra ordinario los miembros de ETA José Antonio Garmendia Artola, acusado del asesinato del cabo primero de la Guardia Civil, Gregorio Posadas, y Ángel Otaegui Echevarría, como «colaborador necesario». Garmendia fue condenado a pesar de que se acreditó su anormal estado físico y mental, ya que no había recuperado la lucidez tras ser gravemente herido en la cabeza durante su detención.

En septiembre, en la provincia de Vizcaya, se produjeron movilizaciones contra los consejos de guerra; paros y manifestaciones obreras «sin motivos laborales» (según el eufemismo oficial) a lo largo de toda una semana. Las huelgas afectaron a más de veinte mil trabajadores; pararon catorce empresas medianas y grandes compañías, como Astilleros Españoles, Babcock Wilcox, y todo el cinturón industrial de San Sebastián. Más de cuatro mil trabajadores fueron despedidos por secundar estas protestas.

La contundencia fue tal que el gobernador civil de Guipúzcoa, Emilio Rodríguez Román —llamado a ser fiscal general del Estado en democracia—, publicó un comunicado donde, entre otras cuestiones, advertía a los guipuzcoanos:

Consecuentemente, queda o puede quedar incluida dentro de estas normativas punitivas del terrorismo cualquier conducta o actitud que, ya por la vía más visible o externa de la alteración formal del orden público (huelgas, manifestaciones, etc.), o por la sutil y solapada de la crítica o consejo coactivo sobre personas, autoridades o entidades públicas y privadas, pretenda alterar el clima adecuado o el proceso normal para la aplicación de la justicia.

El 11 de septiembre, en el Regimiento de Blindados de El Goloso, un consejo de guerra sumarísimo condenó a muerte a los militantes del FRAP Manuel Blanco Chivite, José Humberto Baena Alonso y Vladimiro Fernández Tovar, acusados del asesinato de Casimiro Sánchez García. Días después también fueron condenados a muerte los estudiantes Manuel Cañaveras de Gracia, María Jesús Dasca Penelas y José Luis Sánchez Bravo, el soldador Ramón García Sanz y la enfermera Concepción Tristán López, miembros del FRAP, acusados del asesinato a tiros del agente Antonio Pose Rodríguez.

Según la Memoria del fiscal del Tribunal Supremo, en 1974 murieron 33 personas por actos terroristas; se dieron 212 atracos, de los que 96 tuvieron motivos políticos y con los que las organizaciones clandestinas obtuvieron 75 millones de pesetas para sufragar sus actividades. El fiscal hizo mención a la subversión universitaria de signo político y a las actividades de ETA en 1974 «y al cambio de su táctica en ese año en que recurrió al asesinato, sumándose, solamente en Guipúzcoa, cinco miembros del Cuerpo de la Guardia Civil alevosamente asesinados».

En Barcelona, el 19 de septiembre, Juan Paredes Manot, «Txiki», miembro de ETA militar, fue condenado a muerte mediante un consejo de guerra sumarísimo por el atraco a una sucursal del Banco de Santander en la Ciudad Condal, que costó la vida al cabo Ovidio Díaz López. Según datos policiales, más de doscientos militantes de grupos ilegales habían sido detenidos en toda España en los últimos días. Entre los grupos desarticulados se cita al grupo marxista murciano Comando Obrero de Acción Revolucionaria y al Front d’Alliberament Català, con cuarenta detenidos en Terrassa. En Madrid, también había sido detenido el dirigente de ETA, Múgica Arregui.

El 27 de septiembre, fueron fusilados dos miembros de ETA: Paredes Manot y Otaegui Echevarría, y tres militantes del FRAP: Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Sollas y José Humberto Baena Alonso. Y fueron indultados: Manuel Blanco Chivite, María Jesús Dasca Penelas, José Antonio Garmendia Artola, Concepción Tristán López, Vladimiro Fernández Tovar y Manuel Cañaveras de Gracia.

El 1 de octubre de 1975, mientras se realizaba una masiva manifestación de apoyo a Franco en la plaza de Oriente de Madrid, como respuesta a las protestas internacionales por los fusilamientos en la que se gritaba «¡ETA al paredón!», unos hasta entonces desconocidos Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), mataron a tiros a los policías armados Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro, Miguel Castilla Martín y Antonio Fernández Ferreiro. Y cuatro días más tarde, el 5 de octubre, ETA militar inauguró el uso del coche bomba. En Oñate al paso de un convoy de la Guardia Civil. La explosión acabó con la vida de tres agentes y dejó gravemente heridos a otros dos.

DEL CASO PERTUR A LA ESCALADA CRIMINAL

El dirigente de ETA-pm, Eduardo Moreno Bergareche, alias «Pertur», favorable a la negociación política y al abandono de las armas, desapareció el viernes 23 de julio de 1976, a las 10.30 horas de la mañana, tras salir de su casa en San Juan de Luz y dirigirse al bar La Consolación, desde donde se trasladó hasta Behovia, a unos doscientos metros de la frontera española. Pertur estaba huido en Francia desde mayo de 1975 y su cadáver no fue encontrado jamás.

El 31 de julio de 1976, el Batallón Vasco Español envió un comunicado a la redacción de El Correo Español-El Pueblo Vasco, de Bilbao, en el que decía escuetamente: «Eduardo Moreno Bergareche, “Pertur”, ha sido ejecutado y enterrado en un pueblo de Navarra. No será el último. Ojo por ojo. ¡Viva la Unidad de España! Batallón Vasco Español, comando Emilio Guezala».[88] El crimen también fue reivindicado inmediatamente por la Triple A en llamada telefónica a la agencia Cifra, de Barcelona. El mensaje del BVE era el más fiable, y el objetivo del secuestro y desaparición resultaba más que evidente: lo raptaron para obtener información sobre ETA.

No obstante, pronto comenzó a abrirse paso una nueva versión del crimen. El instrumento fue el diario ultraconservador La Voz de España, de San Sebastián, que publicó el 3 de septiembre una información urgente, según la cual, rumores captados esa misma madrugada apuntaban «como posible ejecutor del asesinato de Pertur a Miguel Ángel Apalategui, alias “Apala”».[89] El diario Informaciones se hizo eco del rumor en el que no faltaban detalles escabrosos: «A Pertur, al parecer, se le tapó la cabeza con un saco y el mismo Apala —según los rumores publicados— le habría disparado dos tiros en la nuca, que causaron la muerte instantánea a Pertur. Para que no manchara el coche de sangre se le protegió la cabeza con un plástico».[90]

ETA negó su participación en el crimen, pero la versión de ajuste de cuentas en el seno de ETA cobró fuerza. El 20 de noviembre de aquel 1976, en el primer aniversario de la muerte de Franco, una hermana de Pertur recibió por correo una amenaza de muerte firmada por el VI Comando Adolfo Hitler de Orden Nuevo, que decía textualmente:

Primero vas a retirar todos los libros marxistas y separatistas que tienes en tu librería. Después, como sabemos que eres una etarra, te vas a marchar de España en el plazo de una semana. Si no quieres obedecer lo mandado, primero tu librería sufrirá un atentado y segundo, a ti te haremos desaparecer como hicimos con tu hermano y te coseremos a balazos antes de que tu cuerpo se pudra olvidado en algún lugar fuera de Euskalherria, como el de Pertur.[91]

Casi dos años más tarde, en enero de 1978, la familia de Pertur acusó a ETA de su desaparición y, tras investigar por su cuenta en el entorno abertzale, señalaron a los comandos Beretziak de ETA como los posibles autores. Antes, en diciembre de 1977, se había insistido en la implicación de Apalategui. «Apala se quiere hacer el amo», escribió un etarra desde la prisión. Existían divergencias profundas en el seno de ETA, y en un extenso comunicado, fechado el 27 de enero de 1978, en el que reivindicaban el derecho del pueblo a conocer toda la verdad, la organización terrorista declaraba: «Hemos de decir que, a pesar de que se nos ha presentado numerosas pistas, tanto en una dirección como en la otra, no se han podido reunir elementos de juicio ni pruebas para formular una acusación concreta». La pregunta que ha quedado en el aire desde entonces: ¿a quién interesaba la muerte de Pertur?

La sombra de la duda sobre la autoría del crimen sigue planeando sobre el caso. Los comandos de ETA-m desarrollaron una actividad criminal sin precedentes en el historial de la organización en cuanto se vislumbró el camino reformista emprendido por los políticos de la transición, la renuncia a la república y la elección definitiva por la ruptura pactada, que se concretó en las primeras elecciones de 1977 y la elaboración de la Constitución culminada un años después. En ese período, de las doce vidas segadas por ETA en 1977 se pasó a sesenta y cinco. Al incremento espectacular del número de muertos, se sumó un hecho nuevo de gran importancia: durante 1978 los militares se convirtieron en los objetivos más frecuentes de las acciones terroristas de ETA y de los GRAPO. Hasta ese año, las organizaciones terroristas habían dirigido sus atentados fundamentalmente a las Fuerzas de Orden Público, Policía y Guardia Civil. El 23 de julio de 1978, ETA asesinó en Madrid al general de Brigada Juan Sánchez Ramos y a su teniente coronel ayudante Juan Pérez Rodríguez, ametrallados por un comando cuando viajaban en su coche oficial. Nunca, desde Carrero Blanco, había apuntado tan alto. Pero el asesinato del general Sánchez Ramos era el principio de una escalada contra altos mandos militares, en la que ETA y GRAPO parecían competir en su acción criminal. La lista es larga y se recoge en el anexo de este libro. El general Ortín Gil, gobernador militar de Madrid, el general Muñoz Vázquez, el magistrado Cruz Cuenca, el teniente general Gómez Hortigüela… En el bienio de 1979-1980 se dieron los golpes terroristas más virulentos de toda la transición. En total, 242 víctimas mortales, de las cuales 174 fueron asesinatos de ETA mientras en Euskadi se aprobaba el Estatuto de Autonomía.

El año 1981 se inició con el secuestro de José María Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, en construcción. El mismo día que Suárez presentaba su dimisión como presidente del Gobierno, Ryan era secuestrado por ETA-m. A cambio de su liberación los terroristas pedían la demolición de Lemóniz y daban una semana de plazo. Al no cumplirse sus deseos asesinaron a Ryan y lo dejaron muerto en una cuneta. Como rechazo al crimen, el 9 de febrero se convocó una huelga general en el País Vasco. Sólo la muerte del etarra Arregui —de la que ya hemos tratado en un capítulo anterior— permitió que ETA se recuperara. Los efectos del golpe de Tejero y la disolución de los poli-milis hizo descender la actividad mortífera de ETA: treinta víctimas durante 1981, cuarenta en 1982 y treinta y cinco al año siguiente.

UNA RENDICIÓN

Tras el 23-F, ETA-pm anunció una «tregua indefinida», mientras ETA-m se convertía en una organización muy jerarquizada, con su cúpula dirigente en la más absoluta clandestinidad y con un control absoluto de la organización. El 30 de septiembre de 1982, ETA político-militar, en la VII Asamblea, hizo público el siguiente documento de disolución:

ETA como Organización de liberación nacional surgió al final de la década de los 50 como respuesta al impasse en que se hallaba el movimiento de resistencia nacional. Todas aquellas vanguardias nacionalistas que no habían vivido la Guerra Civil en su crudeza, necesitaban un nuevo instrumento de lucha que respondiese a las nuevas generaciones que estaban naciendo a la conciencia vasca y antifranquista.

El nacimiento de ETA coincidió en la década de los 60 con un renacimiento cultural en la cual la Organización ETA fue al mismo tiempo motor y el resultado de ese renacimiento así como los cambios ideológicos que se iban operando en las nuevas generaciones. Toda esta década de renacimiento, reconcienciación, pérdida del miedo a la represión y claro inicio de descomposición del franquismo, se manifestó en los Aberri Egunas, Primeros de Mayo, el inicio de las ikastolas, así como en el inicio de la lucha armada. Su punto culminante fue el juicio de Burgos y las consiguientes movilizaciones, donde se materializaron las primeras muestras de solidaridad popular con ETA.

A pesar de la complejidad que la vanguardia antifranquista iba adquiriendo en dicha década, ETA supo ser el eje de la resistencia antifranquista que con el esquema de acción-represión-acción iba forzando la descomposición del sistema social imperante, manifestándose al mismo tiempo un proceso de acercamiento de las masas a ETA. La lucha armada que en la historia de ETA fue una forma de acción que mantuvo una importancia correlativa respecto de las demás formas de lucha en función de los debates ideológicos internos y de las condiciones objetivas de la represión, radicalidad, repercusión pública de la práctica armada, etc. Es a partir de los años 70 cuando la evidencia de la brutalidad franquista y la radicalización de la respuesta priorizaron la incidencia de la lucha armada contra un franquismo cada vez más en descomposición. La lucha armada implicaba en sus objetivos y efectos al conjunto de la población y aunque decidida y practicada por un sector mínimo, la misma era aceptada socialmente por un conjunto, afectado por efectos. […]

A partir de la muerte de Franco la lucha por la amnistía fue el marco en el que se manifestó toda la simpatía general alrededor de ETA […] A partir de las elecciones del 15 de junio, de la promulgación de la amnistía, podía haberse conseguido un progreso de pacificación y de normalización de la vida política, pero esto se vio frustrado en Euskadi, puesto que el sentimiento de plenitud democrática pasaba por la creación de unas estructuras de poder nacional que llenasen las ansias de autogobierno. […] La tardanza de solucionar los problemas concretos nacionales de Euskadi, el mantenimiento de las mismas estructuras administrativas-represivas y el mantenimiento de las torturas hizo relanzar la actividad armada de ETA. […]

La consecución del Estatuto de Autonomía fue el índice de un cambio real operado en Euskadi. A partir de este período empieza a manifestarse un paulatino cambio de actitud respecto a la lucha armada y a ETA. El descenso del apoyo popular nos hizo plantear muy a fondo la táctica de la organización y es en este contexto cuando decidimos lanzar la tregua unilateral que facilitase las posibilidades. […]

El proceso de normalización política delimitaba la razón y la justificación de la lucha armada hacia sectores cada vez más creciente del pueblo vasco. Estos problemas generaron un gran debate dentro de la organización al haber un importante sector que pretendía romper la tregua y darle un valor estratégico a la lucha armada. Nosotros rehusamos los acuerdos de la VIII Asamblea porque se alejaban claramente de los preceptos teóricos marcados en la VII. […] Pensamos que la violencia armada era necesaria en un momento determinado pero hoy estamos convencidos de que son los valores y la lucha democrática los que en un avance de conciencia y organización del pueblo pueden dar soluciones verdaderas a los problemas de Euskadi. El proyecto de resolución sobre medidas de gracia presentado por Euskadiko Ezkerra y el PNV en el Parlamento de Euskadi (legítimo representante del pueblo vasco) hace que en estos momentos presentemos nuestra disolución oficial. Queremos que la decisión organizativa tomada por nosotros y el haber conseguido una salida honrosa al tema de los presos y exiliados sea tomada en cuenta por el resto de las organizaciones armadas. […]

Estamos orgullosos del conjunto de nuestra historia, historia de ETA y de la lucha armada. Pensamos que hemos cumplido un papel fundamental en la historia de nuestro pueblo, en la medida que hemos ayudado al desarrollo y mantenimiento de la conciencia nacional de nuestro pueblo, conquista de importantes cotas de autogobierno por las cuales queremos seguir luchando por métodos no violentos y consolidando un partido de izquierda nacional que sabe responder a los problemas de Euskadi, desde una perspectiva revolucionaria.

La lucha armada y ETA ya han cumplido su papel.

17
SURGIMIENTO Y CAÍDA DE LOS GRAPO
Y OTROS TERRORISMOS PERIFÉRICOS

Durante 1979, año de las primeras elecciones generales, ETA sumó 447 acciones criminales y los GRAPO participaron en 200. El MPAIAC, con 100 acciones, se caracterizó por la utilización de artefactos explosivos contra empresas turísticas. «Del resto de organizaciones que optan por la lucha armada —añade la Memoria fiscal—, podrían señalarse algunas de ideología marxista-leninista y anarquista, tales como el PCE (i), FRAP, así como grupos “incontrolados” de extrema derecha».[92]

Desde 1973 la Policía tenía documentada una cierta relación de ETA con otros grupos terroristas españoles. A partir de 1974, aunque en fase de iniciación, activistas de ETA entraron en contacto con miembros del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), FAC (Front d’Alliberament Català), FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), FLML (Frente de Liberación Marxista-Leninista), FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias), UPG (Unión do Pobo Galego), MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), CNC (Consejo Nacional Catalán), MLE (Movimiento Libertario Español), PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional), GAC (Grupos de Acción Carlista) y los GRAPO. De todos estos grupúsculos, los servicios de seguridad españoles sólo daban cierta consistencia a los contactos de los terroristas vascos con FRAP, GRAPO y UPG.

Para las demás organizaciones armadas, ETA surgía como el modelo que imitar. En apariencia, las acciones de GRAPO y FRAP (hasta su disolución en 1978) se adaptaban a la táctica y los objetivos etarras y, en momentos determinados, parecían querer complementarla con atentados que coincidían en el tiempo y en el acoso a las Fuerzas Armadas.

LOS GRAPO, ENTRE SOSPECHAS

«Efectivamente, los GRAPO son muy pocos, pero ya me gustaría tener conmigo a gente tan decidida», declaró el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, ante el estupor general, en enero de 1977. Pocos pero aguerridos. El origen de los GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) está en la organización de extrema izquierda OMLE (Organización Marxista Leninista Española). En el verano de 1975, la OMLE se transformó en el Partido Comunista de España reconstituido, PCE (r). Los GRAPO se convirtieron en el brazo armado de este partido. El 18 de julio de 1976 hicieron explotar varias bombas en diversos puntos de España. Días después, la Dirección General de Seguridad informó que habían recogido octavillas en las ciudades afectadas por las explosiones, donde reivindicaban tanto los atentados como los asesinatos de cuatro policías cometidos nueve meses antes. Los GRAPO se presentaban en sociedad. A la semana siguiente, el 31 de julio de 1976, mientras el Gobierno Suárez anunciaba el Decreto Ley de Amnistía, nuevas bombas de los GRAPO estallaban en diversas ciudades. Las dos únicas víctimas registradas fueron los propios terroristas que manipulaban los artefactos.

Casi desde el momento de su aparición, los editoriales periodísticos tejieron en torno a los GRAPO una telaraña de sospechas sobre su naturaleza política, sus orígenes, sus intenciones, su financiación. No pocos medios de comunicación mostraron sus dudas incluso sobre su carácter ideológico ultraizquierdista. El secuestro de José María de Oriol y Urquijo hizo saltar las conjeturas. Diario 16 manifestó su extrañeza de cómo un grupo, que un año antes era prácticamente desconocido, había alcanzado «tal capacidad operativa para poder llevar a cabo un secuestro tan importante, necesitando para ello una importante red de apoyos y complicidades. El mismo periódico, en su edición de Nochebuena de 1976, insistió: «Aquí no cree nadie en vuestra versión de que sois un grupo antifascista de ultraizquierda. Este país está convencido de que sois profesionales a sueldo del terror, burócratas de la provocación y de los servicios especiales […] ¡Cuántos grapos hay! Los mensajes de “esa dirección” parecen escritos por personas diferentes que sólo tienen en común ese disfraz de ultraizquierda que ya hiede». Y a finales de 1977 definía a los GRAPO como «una de esas fuerzas oscuras disfrazadas de ultraizquierda y cuyos hilos mueve Dios sabe quién, colocado en qué despacho o en qué imperio».

También El País, que —recordemos— atribuyó en un primer momento al GRAPO o a la extrema derecha la bomba criminal de que fue víctima, entró en ese tipo de disquisiciones. «No dudamos de que el brazo ejecutor de estos hechos es una organización de la izquierda más radical. Pero cabe preguntarse quién le da las armas y el dinero, y quién planea los casos de manera que siempre se beneficien los “ultras” del otro signo».

El 24 de enero de 1977, al día siguiente del asesinato de Arturo Ruiz, los GRAPO secuestraron al general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. En la nota reivindicativa, enviada a la redacción de El País, declaraban: «Con esta nueva acción, nuestra organización venga el crimen recién cometido contra el joven estudiante Arturo Ruiz en la manifestación del domingo a mediodía en Madrid y prosigue su campaña para la liberación de los presos políticos. —Y añadían—: En su empeño por seguir confundiendo a la opinión pública y presentarnos como una fuerza extraña a los intereses de nuestro pueblo, el Gobierno ha recurrido a nuevas provocaciones; falsificó e hizo público un comunicado profiriendo amenazas y mostrándonos con una indecisión y debilidad que en modo alguno tenemos».

Acción-reacción.

El mismo día en que fueron rescatados Oriol y Villaescusa, los GRAPO respondían con el asesinato de un policía en Barcelona. En marzo de 1978, mientras un explosivo de ETA militar contra la central nuclear de Lemóniz mataba a dos trabajadores, los GRAPO asesinaban al director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, y el MPAIAC provocaba indirectamente la muerte de un policía en La Laguna. La cadena de atentados crecía. En Sevilla, los GRAPO asesinaron a un inspector de Policía y a un joven que se encontraba en el lugar del tiroteo, y el 26 de mayo, en Ademuz, Valencia, resultaron muertos dos grapos en un enfrentamiento con la Policía, mientras en Madrid una bomba en la cafetería California 47 causaba una matanza.

En plena espiral de violencia, 1979 fue el año más sangriento de los GRAPO con el asesinato de veinte personas, pero también el que recibió los golpes policiales más duros. En abril resultó muerto por la Policía el dirigente de esta organización Juan Carlos Delgado de Códex. En julio, otros dos grapos fueron detenidos por la bomba en la cafetería California 47. En Madrid, al mes siguiente fue capturado Manuel Parodi Muñoz y cayó muerto en un tiroteo Pedro Tabanera. De los dirigentes sólo estaba en libertad José María Sánchez Casas, que finalmente fue detenido en octubre. Tras esta caída, los GRAPO habían quedado prácticamente desarticulados. Sin embargo, el 17 de diciembre de ese mismo año, lograron fugarse de la cárcel de Zamora los dirigentes Enrique Cerdán Calixto, Abelardo Collazo Araujo (que moriría en un tiroteo con la Policía en agosto de 1980), Juan Martín Luna, Francisco Hierro Chomón y Francisco Brotons Beneyto.

En septiembre de 1980, tras al asesinato del general Briz en Barcelona, El País insistía sobre el misterio que rodeaba a este grupo terrorista desde sus orígenes; sus frecuentes desarticulaciones acompañadas de sangrientas reapariciones; su actividad siempre coincide con momentos delicados de la transición. «Tal vez los que dieron vida al GRAPO en un momento dado ahora quieren acabar con él, ya que su propio invento les ha superado, siguiendo ahora su propia dinámica». Además, para apoyar sus sospechas, el rotativo explicaba así las diferencias entre GRAPO y ETA:

Mientras ETA encuentra complicidades y simpatías en sectores del País Vasco, dispone de santuarios en el sur de Francia, tiene un campo de reclutamiento de nuevos activistas en los jóvenes nacionalistas radicales, maneja abundantes fondos procedentes de los chantajes revolucionarios, tiene un parque de armamento nada desdeñable, generaliza una experiencia organizativa de más de diez años y apela a mitos y delirios elaborados durante un largo período; los GRAPO parecen definirse por carecer de cualquiera de estas notas. No hay duda de que los crímenes de ETA son «provocaciones» orientadas a cumplir su terca estrategia de la espiral acción-represión-acción, que apuesta por la dictadura como ámbito propicio a sus fines y que se propone hacer inviable el reformismo democrático y el desarrollo de la autonomía vasca. Pero las provocaciones de los GRAPO, formalmente idénticas a las «etarras», dan pie para la sospecha, repetidas veces denunciada, de que nos encontramos ante un montaje en toda regla. La cuestión está en saber quién ha sido su arquitecto.

El 1 de julio de 1981, en la vista oral del caso California 47, fueron sentados en el banquillo los grapos Alfonso Rodríguez García, presunto autor material; José María Sánchez Casas, Juan Manuel Pérez Fernández, Mercedes Herranz Arcones y Ernesto Fernández Portillo. El fiscal solicitó un total de 2.295 años de cárcel para los implicados y basó toda su acusación en las declaraciones policiales de los procesados y en las manifestaciones de la camarera Julia Ayala, quien reconoció un jersey de color granate que, según el fiscal, llevaba puesto Alfonso Rodríguez García durante la colocación del artefacto. Los defensores solicitaron la libre absolución para sus patrocinados por entender que no participaron en el atentado contra la cafetería California 47 y señalaron que el explosivo utilizado por los GRAPO siempre es Goma 2 y no amonita, que fue el usado en California 47, que, según dijeron, es empleado exclusivamente por las bandas fascistas. Los abogados de la defensa hicieron un paralelismo entre el atentado contra la cafetería California 47 y los perpetrados en la estación de Bolonia, el del tren Italicus y el de la Fiesta de la Cerveza de Múnich.

Nueve días más tarde, los grapos Sánchez Casas, como autor por inducción, y Rodríguez García, fueron condenados a 270 años, cada uno.[93] En la sentencia se declaró probado que, horas antes del sábado 26 de mayo de 1979, Sánchez Casas y Rodríguez García hablaron sobre la posibilidad de colocar un artefacto explosivo en la cafetería California 47, «al reputarla frecuentada por activistas de extrema derecha, haciendo ver el segundo la necesidad de evitar desgracias personales para que no resultaran afectados inocentes». Sánchez Casas, agrega la sentencia, «ordenó a su subordinado que, en compañía de una joven mujer, colocara un artefacto a las 17.30 horas, de tal manera que la explosión se produjera media hora después y le diera tiempo a avisar inmediatamente al encargado del establecimiento, para que éste pudiera ser desalojado». El anuncio telefónico de la explosión fue hecho por Sánchez Casas a las 18.25 horas. El dependiente transmitió enseguida el aviso a un encargado, quien, pese a que venían recibiendo en el establecimiento frecuentes alarmas de bomba falsas, trató de comunicarse con la central del 091, lo que no consiguió hasta pasados diez minutos. Los empleados buscaron por el local y no lograron hallar el artefacto, que estalló hacia las 18.55 horas, cuando la numerosa clientela no había sido desalojada aún y la Policía no había llegado.

Casi un año después de la primera sentencia, el 8 de junio de 1982, María del Carmen López Anguita, que hasta entonces había estado en paradero desconocido, fue condenada por la Audiencia Nacional a 280 años de prisión como autora material del atentado. La sentencia declaró probado que Juan Manuel Pérez Fernández suministró, en abril de 1979, un artefacto explosivo a José María Sánchez Casas. Éste entregó la bomba a Alfonso Rodríguez García, quien, en unión de López Anguita la colocó en los lavabos de la cafetería.

Al coro de sospechas sobre la identidad de los GRAPO también se sumó La Vanguardia, de Barcelona:

La más indefinida de las organizaciones asesinas, entre las que han forjado el atroz calvario de la España actual, el GRAPO, se ha lanzado a un delirio de sangre inocente aterrador por su implacable crueldad […] ¿Qué es realmente el GRAPO? ¿Cuáles son sus finalidades? ¿De qué raíces procede su pasmosa capacidad de supervivencia a tanto golpe policíaco?

Encarcelado en su día tras el atentado de la calle Correo y puesto en libertad sin cargos, el periodista Eliseo Bayo responde a tal incógnita:

Para los que durante los últimos veinticinco años habíamos conocido los entresijos de la lucha clandestina quedaba clara la naturaleza de los grapos. Durante los últimos diez años de vida de Franco llegó a haber casi cien mil procesados por el Tribunal de Orden Público, pero en las cárceles éramos casi siempre los mismos: unos cuantos centenares moviéndose en la órbita de grupos, grupúsculos y grupitos que ensayaban sin ningún éxito distintas fórmulas de derribar el régimen sin conciliación. Cualquiera de esos militantes estaba en condiciones de conocer los orígenes y la formación de los grapos, con quienes habíamos compartido las celdas a lo largo de la oprobiosa noche de la represión. No habían salido de la nada ni de las tinieblas, sino de las más clásicas formaciones comunistas del país, hijos y nietos de comunistas. Los principales dirigentes del GRAPO eran o habían sido militantes del PC de Santiago Carrillo y destacados sindicalistas de Comisiones Obreras. Se habían señalado en huelgas de Vigo y el Ferrol, de Cádiz y de Sevilla, y en los archivos de Amnesty de Londres y de Estocolmo figuran las fichas de aquellos obreros torturados por la Brigada Político-Social, que años más tarde formarían los grapos, movidos por la desesperanza y la impotencia. Esto lo sabía Santiago Carrillo y lo sabíamos todos.[94]

Se sucedieron las caídas de militantes y, en ocasiones, algún comando residual de los GRAPO reaparecía con algún atentado para demostrar que seguían en la lucha. Paulatinamente, los GRAPO se debilitaron y, con el paso de los años, dejaron a ETA el monopolio de la violencia terrorista en España.

SIETE AÑOS DEL FRAP

La primera reunión en la que comenzó a fraguarse el FRAP se realizó en París un día de enero de 1971, en la casa del dramaturgo norteamericano Arthur Miller, a la que acudieron Julio Álvarez del Vayo, que fue ministro durante la II República, Raúl Marco y Elena Odena (cuyo verdadero nombre era Benita Fernández), ambos, dirigentes del Partido Comunista de España (marxista-leninista) (PCE [m-l]). También acudieron E. Zujar, del Comité Ejecutivo del PCE (m-l), y Alberto Fernández. Asimismo hubo representantes de los Comités Antiimperialistas (CAI), y del Frente Español de Liberación Nacional de Vanguardia Socialista. El 31 de enero se procedió a dar un comunicado donde se indicaba la creación de un Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP); se constituía para ello un Comité Coordinador pro-FRAP, que publicaba un órgano de expresión llamado Acción, y también se establecían sus seis puntos programáticos, que son: derrocar la dictadura fascista y expulsar el imperialismo yanqui mediante la lucha revolucionaria; establecimiento de una república popular y federativa que garantice las libertades democráticas para el pueblo y los derechos para las minorías nacionales; nacionalización de los bienes monopolísticos extranjeros y confiscación de los bienes de la oligarquía; profunda reforma agraria, sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios; liquidación de los restos del colonialismo español, y formación de un ejército al servicio del pueblo.

El PCE (marxista-leninista), inspirador del FRAP, había sido fundado en 1964, de una escisión dentro del Partido Comunista de España dirigido por Santiago Carrillo. El 17 de diciembre de aquel año, se celebró el primer pleno del Comité Central del PCE (m-l), y en abril de 1973 su primer congreso.

El 17 de marzo de 1971, ante los problemas del transporte, el FRAP se manifestó en Valencia: un banco, un autobús y la estatua de José Antonio Primo de Rivera quedaron destrozados. El 4 y el 7 de agosto del mismo año, salió a la calle en Madrid contra la subida del precio de los autobuses; algunos fueron incendiados. El 13 de septiembre, participó en la huelga de la construcción en Madrid, en la que murió Pedro Patiño, de CC. OO., tiroteado por la Guardia Civil. En diciembre, la FUDE, sindicato estudiantil miembro del FRAP, junto a otras fuerzas políticas clandestinas, convocó las huelgas y las manifestaciones universitarias, y participó en ellas. En agosto de 1972, el todavía Comité pro-FRAP intervino en la huelga de los obreros de La Menera, en Sagunto. El 24 de octubre, el militante del FRAP Victoriano Diego Gómez fue herido de un disparo por la Policía cuando repartía propaganda en la fábrica CASA, de Getafe. En 1973 la organización protagonizó su primera gran aparición pública en Madrid.

El 1 de mayo de 1973 —escribe Manuel Blanco Chivite—, el FRAP convoca una manifestación en la glorieta de Antón Martín, en Madrid. Pocas semanas antes se ha celebrado, en la clandestinidad, el primer congreso del PCE (m-l). El FRAP, pues, está en claro ascenso, y el despliegue policial en el mismo Antón Martín y alrededores es impresionante. Sin embargo, los grupos del FRAP, aglutinando a un buen número de personas que han acudido a la convocatoria «salta» al mismo tiempo y en diversos puntos de la zona, avanzando hacia Antón Martín. En este primer momento la Policía retrocede y la dotación de un coche de la Brigada Político-Social queda atrapada entre los manifestantes. Surgen las pistolas reglamentarias y el rudimentario armamento de los manifestantes (palos, barras de hierro, piedras y algunas navajas). En las escaramuzas muere un subinspector de la Social [Juan Antonio Fernández, de un navajazo] y más de una docena de policías en unas u otras calles quedan heridos. Después, vendrá el contraataque policial, la represión más brutal y las detenciones.

Tal como relata Chivite, en el patio de la Dirección General de Seguridad, miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey participaron en las palizas a los detenidos. Jamás se detuvo a los posibles causantes de la muerte del subinspector. Sin embargo, en el sumario 634/73, del 1 de mayo de 1973, el Tribunal de Orden Público incluyó a 33 personas con una petición total de 629 años de prisión. En junio, el FRAP participa en la huelga general de Pamplona. El 17 de septiembre es detenido por la Guardia Civil, en Reus (Tarragona), Cipriano Martos, militante del PCE (m-l) y del FRAP, obrero de la construcción. Fue torturado y murió como consecuencia de las torturas.

En enero de 1974, se celebró la Conferencia Nacional, convocada por el Comité Coordinador pro-FRAP, en la que se proclamó el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, con la participación del PCE (m-l) y de diversos grupos de la órbita maoísta: la OSO (Oposición Sindical Obrera), FUDE, USE, Nova Germanía, UPC y Fracción (m-l) del Movimiento Comunista (MC). Julio Álvarez del Vayo fue elegido presidente. En su discurso de clausura, el ex ministro de la República, denunció la estrategia de reconciliación nacional que propugnaba el PCE de Carrillo y habló de preparar una huelga general revolucionaria para «evitar la restauración monárquica» tras la muerte de Franco.

En marzo de 1975 el FRAP puso en marcha una serie de acciones violentas. Fuera del País Vasco, la sociedad española se convulsionó el 2 de agosto de 1975, cuando los guardias civiles Casimiro Sánchez García e Inocencio Cabezón fueron tiroteados, a quemarropa y por la espalda, mientras se dirigían a pie hasta el acuartelamiento de General Ricardos, por tres miembros del FRAP. Sánchez García murió en el acto y su compañero quedó herido de gravedad. El 16 del mismo mes, también en El Batán (Madrid), cuando entraba en su domicilio fue asesinado el teniente de la Guardia Civil de Tráfico Antonio Pose Rodríguez, por los disparos de una escopeta con los cañones recortados, efectuados por miembros del FRAP.

La respuesta policial se saldó con la detención y el encarcelamiento de treinta y seis miembros del FRAP, a los que se aplicó el nuevo Decreto Ley Antiterrorista. En agosto y septiembre se celebraron los consejos de guerra sumarísimos en El Goloso contra el FRAP, y otros dos en Burgos y en Barcelona contra ETA. Por el asesinato de Lucio Rodríguez fueron condenados a muerte: Blanco Chivite, Baena Alonso y Fernández Tovar. Por el crimen del teniente Pose Rodríguez, lo fueron Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras de Gracia. Después del Consejo de Ministros del 26 de septiembre se ratificaron las condenas de Baena, Sánchez Bravo y García Sanz, quienes fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1975 junto con los miembros de ETA, Otaegui y Paredes Manot.

Tras la muerte de Franco, el PCE (m-l) tuvo que adaptarse a la nueva situación. El 14 de abril de 1978, el FRAP hizo en Madrid su último llamamiento público, con la convocatoria de una manifestación en favor de la república. Un mes más tarde abandonó la lucha armada.

MPAIAC Y EL SUEÑO DE ARGEL

El independentismo canario tuvo sus primeras manifestaciones públicas en la década de 1960. En 1962 se llevó a cabo en todo el archipiélago una fuerte represión contra todos los grupos implicados en el Movimiento Autonomista Canario (MAC) y fue detenida la mayor parte de sus dirigentes. Entre éstos, el abogado penalista Antonio Cubillo Ferreira, dirigente de la organización Canarias Libre, quien, al salir de la cárcel bajo fianza huyó a Argelia. Desde allí siguió su actividad política con el beneplácito y los medios facilitados por el Gobierno de aquel país. Con base en Argel, el 22 de octubre de 1964, Antonio Cubillo fundó el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), organización que optó por la violencia en su búsqueda africanista de la independencia. En Radio Argel, a través de las emisiones radiofónicas de La Voz de Canarias Libre, Antonio Cubillo se lanzó a la propaganda de sus postulados.

En 1976 comenzó una campaña de colocación de bombas que el propio Cubillo justificó con estas palabras:

Hicimos una proposición al Gobierno español para que reconociese el hecho colonial de Canarias, para que reconociese al MPAIAC como legítimo representante del pueblo guanche de Canarias y para que fijase una fecha y un calendario para la descolonización de nuestro país africano. En ella advertíamos que, en caso de no escuchar nuestra pacífica proposición, nos reservábamos el derecho de pasar a otras acciones para obtener nuestros justos derechos nacionales en tanto que país africano. Por ello, y ante el silencio del Gobierno español, ordenamos a nuestros grupos pasar a la etapa de la lucha armada.

Cubillo consideraba que las bombas colocadas contra comerciantes y grandes empresas españolas en Canarias, no podía considerarse terrorismo porque tenían poca potencia. «Estamos en una etapa de propaganda armada, y no de lucha armada total. Los grandes trusts capitalistas españoles están arruinando a los pequeños comerciantes canarios y creando una competencia desleal, debido a la protección de que gozan por parte del Gobierno y de la Administración colonial española en Canarias».

Con estas acciones, el MPAIAC pretendía abrir las negociaciones con el Gobierno español para que Canarias fuera un país africano independiente, miembro de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y de Naciones Unidas. «Con la propaganda armada y, posteriormente con la lucha armada y la guerra colonial que se avecina, tenemos que hacer que Canarias le cueste cara al Gobierno español y llegue pronto el convencimiento de que es preferible discutir con nosotros».

El objetivo político del MPAIAC era crear «la República Guanche, o como decimos en nuestra lengua “Awañak Guanche”. Nuestras consignas son pocas y claras: independencia, libertades populares y socialismo, y todo ello arrancado por la lucha armada revolucionaria». Una vez arrancada la independencia, el MPAIAC tenía fijado transformarse en el Partido de los Trabajadores Canarios, «para participar en las elecciones y en el libre juego democrático de los partidos; pero esto lo haremos cuando hayamos arrancado la independencia y todos hayan jurado la Constitución Guanche».

Pero antes, Cubillo amenazaba: «En el futuro, y cuando las acciones armadas estallen en todo nuestro país, llevaremos después la guerra y los atentados al propio territorio español, y los atentados podrían tener lugar en Madrid o en cualquier otro lugar, hasta que nuestros derechos sean reconocidos y se firme el alto el fuego. Creemos que este tipo de lucha será más fácil y podremos con ella obligar al Gobierno a venir a la mesa de las negociaciones para llegar a la Independencia».

El 1 de noviembre de 1976, el MPAIAC inició su actividad terrorista a través de las denominadas Fuerzas Armadas Guanches (FAG), que hicieron estallar una bomba de poca potencia en los almacenes Galerías Preciados, de Las Palmas de Gran Canaria. El 27 de marzo de 1977, otro artefacto colocado en la floristería de la terminal de pasajeros del aeropuerto de Gran Canaria hirió a siete personas. Ese día, el anuncio de una segunda bomba obligó a desviar todos los vuelos hacia el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, donde, saturado por los desvíos aéreos, se produjo el mayor accidente aéreo de la historia de España, con 583 víctimas mortales. En el mismo mes, el militante guanche Santiago Marrero murió en un tiroteo con vigilantes de la Marina española en el cuartel de la Isleta, Gran Canaria, donde había entrado con la intención de robar armas. El 13 de mayo se produjo el primer atentado terrorista de las FAG en la península: un artefacto explosivo colocado en Galerías Preciados, de Madrid. La única muerte causada por el MPAIAC fue la del artificiero de la Policía Rafael Valdenebro, de veintisiete años, cuando el 24 de febrero de 1978 se disponía a desactivar una bomba colocada por los seguidores de Cubillo contra un abogado en La Laguna.

La oscura historia del MPAIAC cuenta también con su episodio de guerra sucia antiterrorista. El 5 de abril de 1978, en Argel, Antonio Cubillo fue gravemente apuñalado en la puerta de su casa por dos mercenarios, que se dieron a la fuga al ser descubiertos por un vecino. La operación había sido organizada desde el Ministerio del Interior a través del confidente policial José Luis Espinosa Pardo, quien contrató a Juan Antonio Alfonso González y a José Luis Cortés, los autores materiales, con dinero facilitado por la Policía. El 14 de julio de 1990, la Audiencia Nacional juzgó a los presuntos autores del atentado. La sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declara como hecho probado «la intervención, junto a Espinosa, de otro u otros “hombres de atrás”, pertenecientes al aparato policial español de aquella época y que fueron también quienes tomaron la decisión delictiva en la persona de Antonio Cubillo». Fueron personas que actuaron desde las mesas de sus despachos y que, precisamente por sus relaciones, ejercían cierto dominio sobre el acusado Espinosa. Así se desvela con indicios tan relevantes como la familiaridad del tratamiento de «tú» que Espinosa y el comisario Conesa mantuvieron en la diligencia de careo ante el juez instructor. El confidente Espinosa Pardo fue condenado a veinte años de cárcel por esta causa. En 1979, el MPAIAC renunció a la lucha terrorista y expulsó a su fundador y secretario general, Antonio Cubillo.

TERRA LLIURE Y EL TIRO EN LA PIERNA

En sus trece años de historia, Terra Lliure ejecutó más de doscientos atentados que provocaron una víctima mortal, varias decenas de heridos y la muerte de cuatro miembros de la organización mientras manipulaban explosivos. Las Fuerzas de Seguridad detuvieron a trescientas personas supuestamente relacionadas con este grupo terrorista. Nacido en 1978, Terra Lliure abandonó la lucha armada en 1991. Sus dirigentes y militantes ingresaron en Esquerra Republicana de Catalunya. Los presos de la organización fueron saliendo de la cárcel tras ser indultados o cumplir condena.

La mayoría de sus activistas provenían del Exèrcit Popular Català (EPOCA) o de organizaciones como el Front d’Alliberament Català (FAC) y el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). En su primer documento público, titulado Crida de Terra Lliure, se definió como una «organización revolucionaria que lucha por la independencia total de los Países Catalanes» e hizo un llamamiento a la «lucha contra el proceso de destrucción sistemática a que está sometida nuestra Nación: la destrucción política que supone la separación de los Països Catalans en tres regiones autónomas con lenguas y símbolos diferentes, instituciones diferentes…». El documento, fechado en los Països Catalans el 24 de junio de 1981, termina con un llamamiento. «Visca la Terra! Independència o mort! Visca la lluita armada! Una sola nació, Països Catalans!».

El 26 de enero de 1979, en el centro de Barcelona, murió abatido por la Policía Martí Marcó, supuesto miembro de la organización, de diecinueve años de edad, y poco después también falleció Félix Goñi Bruc al estallarle la bomba que estaba manejando. Entre 1980 y 1983, las acciones violentas de Terra Lliure se centraron en atentados con explosivos contra oficinas de FECSA, ENHER, Hidroeléctrica, la Delegación Provincial de Educación, Hacienda, cuarteles de la Guardia Civil…

Tras el golpe del 23-F, el 21 de mayo de 1981 Terra Lliure secuestró al entonces profesor de enseñanza secundaria Federico Jiménez Losantos y a otra profesora del mismo instituto. Losantos se había convertido en objetivo de los terroristas al promover el Manifiesto de los 2.300, firmado por intelectuales y profesionales en el que se quejaba de la situación de los castellanohablantes en Cataluña y protestaba por la obligatoriedad de estudiar catalán. Losantos fue atado a un árbol y abandonado con un disparo en la pierna.

En la madrugada del 3 de diciembre de 1981, dieciséis personas en Barcelona y cinco en Valencia fueron detenidas bajo la acusación de estar relacionadas con Terra Lliure. Una semana más tarde, la Secretaría de Estado para la Información emitió un comunicado en el que se afirmaba la participación probada de varios de los arrestados en la mayoría de los atentados cometidos en Cataluña durante el año. Fuentes policiales precisaron, además, que Jiménez Losantos había reconocido a dos de sus secuestradores.

La policía aseguraba que Terra Lliure era el brazo armado del pequeño grupo denominado Independentistes dels Països Catalans (IPC). De acuerdo con esta versión, Terra Lliure recibía de este partido todo el apoyo logístico. En la Jefatura Superior de Policía de Barcelona reinaba un gran optimismo: creían que después de esta operación Terra Lliure estaba prácticamente desarticulada. En un piso franco se había incautado de una pistola, una escopeta, explosivos y documentos falsos.

La operación policial causó conmoción en Cataluña. Al principio se filtraron pocos detalles, la aplicación de la Ley Antiterrorista impedía llegar hasta los detenidos, y el hermetismo era absoluto. Empezaron a circular distintas versiones. Para algunos abogados defensores, la redada obedecía a las presiones recibidas por la Policía frente a las acciones armadas que durante los dos últimos años se habían cometido en Cataluña y Valencia, reivindicadas por Terra Lliure. En un segundo comunicado la Policía insistió en la vinculación de los independentistas detenidos con Terra Lliure y subrayó que el arsenal ocupado a los detenidos estaba integrado por tres pistolas, una metralleta, una escopeta, dinamita, detonadores, doscientos cincuenta gramos de Goma 2, mechas, una granada de mano, petardos y cohetes, además de propaganda. Y añadió: «La organización Terra Lliure está bajo el control absoluto de José de Calasanz Serra Puig, del que se conocen sus estrechas relaciones con ETA-m». Los investigadores creían que Terra Lliure había montado una infraestructura «seguramente asesorada por algunos militantes de ETA».

Los detenidos fueron trasladados a Madrid y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. En pocas horas, toda la estrategia policial se derrumbó cuando el juez del Juzgado Central número 5, Ricardo Varón Cobos, dispuso la libertad sin cargos de diecinueve de los detenidos. Sólo Jaume Llussà Llorens y Pere Bascompte Carbonell ingresaron en prisión. Las armas y los explosivos fueron encontrados en el piso franco que Llussà tenía alquilado en Manresa, y Bascompte era el supuesto agresor de Losantos, y por esta causa sería condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y dos meses por un delito de «lesiones muy graves intencionadas».[95]

Según el Ministerio del Interior, el mimetismo con ETA de ciertos sectores independentistas era total antes y después de la muerte de Franco. Elementos desgajados de Front Nacional, Estat Català o el PSAN habrían creado pequeños grupos —los mismos ya citados cuando hablábamos del caso Bultó— que intentaron iniciar la lucha armada. La Policía destacaba a los de siempre: el Front d’Alliberament Català (FAC), OLLA (Organització de Lluita Armada); Exèrcit Popular Català (EPC), Catalunya i Llibertat (traducción mimética de Euskadi ta Askatasuna), Alerta Popular… Todos tenían un denominador común que facilitaba su desarticulación: la escasez de militantes y la falta de una mínima infraestructura. Los sectores nacionalistas de Cataluña sospechaban que la Policía, ante la falta de resultados, trataba «de dar a los reducidos grupos violentos un protagonismo que no tienen».

LA TENTACIÓN GALLEGA

El 24 de agosto de 1978 una desconocida hasta entonces Liga Armada Gallega perpetró en Vigo un atentado contra dos miembros de la Policía Armada, contra quienes dispararon con una escopeta de perdigones de posta y los dejaron levemente heridos. Los dos jóvenes agresores huyeron a pie. La Liga Armada Gallega realizó un nuevo atentado en Santiago cuatro días más tarde. Esta vez dos jóvenes armados con pistolas asesinaron a tiros al guardia civil Manuel Vázquez Cacharrón, que se encontraba visitando a su hermana en el mercado de abastos, y se marcharon a pie. A estos dos crímenes se unió el atraco a una pequeña sucursal bancaria que apenas tenía medidas de seguridad. Nadie sabía de dónde habían salido y los expertos hablaban de una escisión de los GRAPO.

Eran tiempos de confusión en Galicia porque los nacionalistas de la Unión do Pobo Galego (UPG) habían repudiado públicamente el uso de la lucha armada y la aparición de esta Liga provocaba en ellos su particular catarsis. El presidente de la UPG, Bautista Álvarez, llegó a reconocer públicamente que su partido había recibido asesoramiento y apoyo de ETA tres años atrás, en 1975, para la realización de un atraco en la Caja de Ahorros de La Coruña y la sustracción de carnets de identidad en Lugo. En agosto de aquel año, resultó muerto por disparos de la Policía el dirigente del partido, Ramón Reboiras, supuestamente encargado de organizar una «rama militar» de la UPG.

Ahora las circunstancias son diferentes —declaraba Bautista Álvarez—. Consideramos prioritaria la lucha en el campo político. Las relaciones con ETA militar se rompieron definitivamente en 1976, pero no enjuiciamos su forma de actuar, porque no somos partidarios de injerencias en asuntos de otras organizaciones.

La Unión do Pobo Galego, fundada en 1965, se definía a sí misma como marxista-leninista, en pos de la independencia de Galicia y su transformación en un Estado socialista. Impulsó la creación de frentes nacionalistas, como la Asamblea Nacional Popular Galega, el Consello de Forzas Políticas Galegas y el Bloque Nacionalista Galego. Desde 1982 es uno de los partidos integrantes de esta coalición.

En noviembre de 1963, Xosé Luís Méndez Ferrín, Bautista Álvarez, Raimundo Patiño, Luís Gonçales Blasco y Xosé Antonio Arjona, fundaron el partido. En 1972, con la formación de Estudantes Revolucionarios Galegos, la UPG comenzó a tener base social y creció cuando en la primavera de 1973, crearon la Fronte Obreira de la UPG que dio lugar a Comisións Labregas. En el marco de las relaciones que estableció con otros partidos nacionalistas europeos sin Estado, en febrero de 1974 firmó con la Unión Democrática Bretona y el Movimiento Republicano Irlandés (del que formaban parte el IRA y el Sinn Féin) la Carta de Brest, en la que se defendía el derecho a la autodeterminación de los pueblos europeos para formar una futura Europa Socialista de los Pueblos. Al documento se sumaron posteriormente Herriko Alberdi Sozialista, Cymru Goch, PSAN (p), Esquerra Catalana dels Treballadors, Su Populu Sardu y Loita Occitana.

Desde 1970, dentro de la UPG surgieron voces que planteaban la necesidad de una fase armada en el marco de la revolución nacional-popular. Con el apoyo de ETA-pm, la UPG formó una Fronte Armada, formada por poco más de diez miembros, con la que realizó algunos atracos. En agosto de 1975, la Policía dio muerte a Moncho Reboiras y detuvo a cuatro miembros del grupo armado.

Durante la transición, la dirección del partido pasó a Portugal y, aunque se realizaron algunos actos conjuntos con ETA, la UPG dejó de realizar acciones violentas y dio prioridad a la acción política. Para concurrir a las primeras elecciones democráticas de 1977, la UPG articuló un frente nacionalista, BN-PG, formado por la UPG y la AN-PG. Tras las elecciones se escindió en dos grupos: el sector que dio origen al Partido Obreiro Galego, y el que formó UPG-línea proletaria, que pasó a denominarse Partido Gallego del Proletariado, liderado por Méndez Ferrín, que acusaba a la dirección de derechización, acatamiento de las instituciones españolas e interclasismo. En agosto de 1980, la Policía detuvo a doce dirigentes de este partido, bajo la acusación de formar parte de una organización armada relacionada con un atraco a una sucursal de la Caja de Ahorros de Ourense y que, supuestamente, había mantenido contactos con ETA. Entre los detenidos estaba el poeta y catedrático Méndez Ferrín, el concejal Antonio Arias Curto, el economista Manuel Pousada Covelo, el farmacéutico Antonio Bertolo Losada… Dos años más tarde, todos los procesados acabaron absueltos de los delitos de colaboración con grupos paramilitares, tenencia de armas, depósitos de armas de guerra…[96] Una escisión, cristalizada en mayo de 1981, rompió de nuevo la UPG. Mientras la organización seguía participando en campañas de apoyo por los presos de ETA y se relacionaba con Herri Batasuna, el recurso de la lucha armada quedaba como una tentación del pasado.

18
REPRESIÓN Y VIOLENCIA «OFICIAL»

La dictadura franquista fue un régimen de represión continuada. La violencia política era un ingrediente consustancial del régimen que nada tenía que ver con la concepción clásica del Estado como depositario legítimo de la violencia institucional. La razón es muy simple: bajo el franquismo, el Estado nunca fue de Derecho, a pesar de sus intentos formales en parecerlo, sino un sistema de opresión y pseudojudicialidad, instrumentalizado a través de instituciones y legislaciones muchas de ellas antiguas. El establecimiento de un Estado represivo introduce algunas instrumentaciones nuevas de la violencia, a través de justificaciones legitimadoras que en buena parte habían sido tomadas esencialmente del fascismo. El propio aparato estatal enfocó su violencia represiva hacia su judicialización y el abandono progresivo de la militarización. La creación del Tribunal de Orden Público en 1963 fue un hecho clave para la nueva instrumentalización de la violencia por el Estado.

Tras la muerte de Franco, durante los años cruciales de la transición, la violencia política en España adquirió un carácter peculiar, al desarrollarse en ese contexto de pseudojudicialidad instrumental y de opresión ejercida por un aparato de Estado profundamente franquista todavía. Los dos primeros gobiernos de la monarquía, hasta la promulgación de la Constitución, no habían abandonado la concepción franquista del orden público y sobreestimaban el efecto de la calle. Todos sabían que la defensa del orden público era fundamental en la transición. Mientras las grandes organizaciones sindicales y políticas evitaban toda acción en la calle (tras la matanza de Atocha ésta fue la consigna lanzada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales que agrupaba a CC. OO., UGT y USO), las Fuerzas de Orden Público, que tardarían en ser reformadas, actuaban contundentemente según las concepciones de la dictadura: el orden primaba sobre cualquier derecho de la ciudadanía a expresar sus reivindicaciones. Gran parte de los hechos violentos luctuosos desencadenados entonces, con gran número de intervenciones de las Fuerzas de Orden Público y con frecuente uso mortal de armas de fuego por agentes uniformados, desencadenó un número importante de heridos y víctimas mortales, que en algún momento de la transición fue superior incluso a las víctimas de atentados terroristas de todo signo. Los sucesos de Vitoria 76 y los Sanfermines 78, son quizá sus máximas expresiones.

En estos años cruciales, al calor de las reformas, se produjeron acciones de profunda intencionalidad política, orientadas a la perturbación del proceso de transición democrática tal y como se estaba diseñando, e impulsadas desde los sectores más radicales del espectro político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Durante estos años, la violencia organizada y alentada desde estamentos del aparato del Estado tuvo una importancia decisiva. El término empleado por los partidos de izquierdas para referirse a estas acciones era el de violencia «oficial». Así se referían a la persistencia de torturas, de comportamientos arbitrarios, autoritarios o brutales de las Fuerzas de Orden Público, que no podían dejar de recordar a la oposición los difíciles años de persecución y la sospecha tenaz de la connivencia de ciertos aparatos estatales con activistas de extrema derecha.

TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

De las 3.173 muertes por delitos de sangre (asesinatos, homicidios, parricidios, etc.), reseñadas en las memorias anuales de la Fiscalia del Tribunal Supremo entre 1976 y 1983,[97] un total de 591 muertes se debieron a la violencia política (terrorismos de izquierdas y de extrema derecha, guerra sucia, represión…).[98] Esta cifra supone el 18,62 por 100 del total de delitos de sangre cometidos durante este período. De ese porcentaje, el 5,92 por 100 (188 muertos) fueron víctimas mortales de la violencia política de origen institucional.

Si desglosamos estos datos, en el trienio que abarca desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución española (noviembre, 1975-diciembre, 1978), se registraron un total de 616 crímenes mortales. De ellos 169 tuvieron motivaciones políticas. Es decir, el 31,8 por 100 de los asesinatos y homicidios fueron fruto de la violencia política, y de este porcentaje, 60 (que suponen el 9,75 por 100) lo fueron de la violencia «oficial». En el período que abarca cuatro años, desde enero de 1979 hasta diciembre de 1983, los crímenes mortales ascendieron hasta 2.507, de los que 363 (el 14,47 por 100) se debieron a la violencia política (con un repunte importante del terrorismo de ETA) y apenas el 2,43 por 100 (61) se debió a violencia política de origen institucional.

A esta cifra criminal de la violencia política en la España de la transición, hay que sumar más de mil heridos por violencia terrorista de izquierdas (ETA, GRAPO, etc.), según el Ministerio del Interior, y los 1.072 heridos por actos de violencia institucional que necesitaron tratamiento médico y hospitalario, según el rastreo realizado durante años en esta investigación, dada la inexistencia de datos oficiales.

De este modo, podemos concluir que la transición política española, entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1983, se cobró un total de 2.663 víctimas, entre muertos y heridos hospitalizados, desglosadas tal como se recoge a continuación:

Víctimas de la violencia política institucional | Heridos | Muertos
Por grupos «incontrolados» de extrema derecha | 144 | 49
Guerra sucia contraterrorista (contra ETA y GRAPO) | 23 | 16
Represión en la calle por las Fuerzas de Orden Público (manifestaciones, actos políticos, controles policiales, etc.) | 630 | 54
Bajo custodia. Detenidos por Policía-Guardia Civil y presos en cárceles (torturas, malos tratos, heridas) | 275 | 8
Total | 1072 | 127

En enfrentamientos | Muertos
Miembros de ETA, GRAPO y otros grupos terroristas muertos en enfrentamientos armados con la Policía y la Guardia Civil | 51

Terrorismo nacionalista y de extrema izquierda Organizaciones autoras | Muertos
ETA | 344
Comandos Autónomos Anticapitalistas | 2
Iraultza («Revolución») | 1
GRAPO | 51
FRAP | 2
Otros | 3
Total | 403
Total heridos | >1000

VIOLENCIA OFICIAL BAJO LA DICTADURA

No se podría entender la represión en Euskadi, Navarra y el resto de España (sobre todo en las zonas industriales y metropolitanas) sin explicar los antecedentes de la represión bajo el tardofranquismo, y muy especialmente desde diciembre de 1973, con el asesinato del almirante Carrero Blanco, hasta la muerte del general Franco. La represión fue ejercida directamente desde las instituciones del Estado, sin necesidad de recurrir abiertamente a las tramas negras de la guerra sucia ni a los llamados «grupos incontrolados» de extrema derecha, aunque algunos de éstos ya actúan impunemente desde 1971 con atentados contra librerías, cines donde se proyectaba la película La prima Angélica, publicaciones, revistas satíricas o asociaciones progresistas.

A pesar del silencio impuesto por la dictadura, durante esos dos años se contabilizaron al menos 37 muertos por la represión desplegada contra manifestaciones, actos políticos, controles policiales de carretera… También se contabilizó un detenido muerto en comisaría al ser interrogado y siete ejecutados con la pena capital, dos de ellos a garrote vil y los otros cinco fusilados. Diez militantes de ETA murieron en enfrentamientos armados con la Policía y la Guardia Civil. Frente a esto, el terrorismo de izquierda asesinó a 42 personas (ETA, 35; FRAP, 2; y GRAPO, 5).

La violencia política de origen institucional está marcada, durante este período, por los siguientes acontecimientos que tienen como expresión máxima el estado de excepción, la aplicación de la legislación antiterrorista y los consejos de guerra.

EL ÚLTIMO ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EUSKADI

El 25 de abril de 1975, sin aviso previo, el Gobierno decreta el estado de excepción durante tres meses para las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. Al día siguiente lo publica en el Boletín Oficial del Estado. No era el primero. Los anteriores estados de excepción se habían decretado entre 1967 y 1971. Para evitar su frecuencia e impopularidad, se modificó la Ley de Orden Público en julio de 1971, que potenció las facultades sancionadoras de la Administración.

El gobernador civil de Guipúzcoa, Rodríguez Román, futuro director general de Seguridad, declaró a la prensa: «El estado de excepción decidido por el Gobierno no es una respuesta a una alteración masiva del orden público, ya que ésta no existía en el momento de ser decretado tal estado. […] El actual estado de excepción tiene por objeto poner coto a los actos de terror y subversión por parte de un mínimo de personas que tratan de subvertir la pacífica vida ciudadana. El estado de excepción es el instrumento más ágil y eficaz en manos de las Fuerzas de Orden Público y de las autoridades».[99]

Los efectos de este último estado de excepción fueron devastadores. Según Juan Pablo Fusi, en los días inmediatos a su entrada en vigor fueron detenidas dos mil personas, y añade:

Grupos de incontrolados sembraron el terror en la población civil. Familiares de supuestos miembros de ETA, personas conocidas por su vasquismo, algún sacerdote, abogados de presos, fueron amenazados y agredidos y sus propiedades atacadas (además, un matrimonio resultó muerto el 14 de mayo en Gernika, cuando la Guardia Civil abrió fuego al intentar detener a un activista de ETA, que también murió, así como un sargento del cuerpo; luego, un joven moriría en San Sebastián, en septiembre, en una manifestación). El 12 de mayo, la derecha organizó un tumultuoso acto de afirmación patriótica en Bilbao.[100]

También Paul Preston ha escrito que el estado de excepción desencadenó «una operación a gran escala de terror policial contra las poblaciones de las dos provincias». Y explica: «Se asaltaban los domicilios y los despachos de los sospechosos. Las detenciones alcanzaron tales proporciones, que fue preciso habilitar, por corto tiempo, la plaza de toros de Bilbao como centro de detenciones. Torturas y palizas estaban a la orden del día. Se utilizó como rehenes a las esposas y novias de los hombres perseguidos, y se las sometió a vejaciones inhumanas. La intimidación de la población se intensificó mediante la actuación de los comandos terroristas de ultraderecha».[101]

Así relata José Ángel Etxaniz cómo se vivió este último estado de excepción en Gernika durante la primavera-verano de 1975:

La noche del 25 al 26, a las 0.15 horas, la Guardia Civil de manera simultánea se presentó en numerosos domicilios guerniquenses para detener a ex presos, antiguos miembros de ETA en sus diversas ramas, y conocidos opositores con relevancia social en la localidad. Fueron trasladados al cuartel y encerrados en el garaje del mismo. Los detenidos, en principio fueron alrededor de dos docenas, que fueron puestos en libertad al amanecer. En días posteriores, varios domicilios fueron registrados por la Guardia Civil, incautándose en algunos casos numerosos libros, postales, grabados de Ibarrola, el Guernica de Picasso, etc. Los primeros días en Gernika-Lumo la represión se cebó en los estudiantes del Instituto. Más de 30 fueron detenidos por la Guardia Civil y sometidos a fuertes palizas bajo la acusación de ser miembros de la Organización Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media. Entre otros fue detenido e ingresado en prisión Jon Adecocea, menor de edad, quien sufrió brutales palizas teniendo que ser hospitalizado. En el resto de Vizcaya las detenciones alcanzaron tal número que se habilitó la Plaza de Toros de Bilbao como centro de detención e interrogatorio. Los registros de viviendas, los controles de carretera, los rastreos, cacheos y desalojo de bares fueron diarios. Si en principio la brutal represión iba dirigida contra ETA-pm y m, siendo sus militantes y simpatizantes los más perseguidos y torturados, pronto la represión fue generalizada al PCE, PT, ORT, LAB-LAK, MCE, PSOE, UGT y CC. OO. y LCR-ETA-VI. A éstos había que añadir las docenas de curas, frailes y seminaristas que fueron detenidos y torturados. Tampoco se salvaron de la represión los niños. […] Enumerar todas y cada una de las personas torturadas sería imposible […]. Docenas de personas fueron torturadas, como Gotzon Gogeaskoetxea, de Busturia, capturado el día 8, quien sufrió malos tratos y tortura, estando diez días detenido. Entre los salvajemente torturados estuvieron también dos sacerdotes… […] Pero aún hubo más. La socialización del terror se llevó a extremos tales como la salida de grupos de guardias civiles de paisano, principalmente los fines de semana, y aterrorizar durante aquel período estival por las calles, bares y terrazas.[102]

La represión institucional durante el estado de excepción fue respondida, el 6 de mayo, con el asesinato por ETA-m del agente de la Guardia Civil Andrés Segovia Peralta, que prestaba su servicio de vigilancia en la fábrica de armas Astra, ametrallado mientras regresaba a su acuartelamiento de Gernika (Vizcaya), y del inspector de Policía Fernando Llorente Roig. Estos dos crímenes hicieron que la represión empeorara. En toda Vizcaya fueron detenidas más de mil personas.

El 3 de junio, la Junta Democrática y Comisiones Obreras convocaron jornadas de acción democrática para los días 3, 4 y 5, por reivindicaciones sociales (aumento salarial, garantía del puesto de trabajo) y políticas (amnistía, libertad sindical, supresión del estado de excepción en el País Vasco, democratización de las Fuerzas Armadas y de la estructura municipal). Más de ciento cuarenta mil trabajadores fueron a la huelga, se paralizó la universidad y numerosos centros de enseñanza media; se realizaron boicots al transporte, asambleas y manifestaciones, con la participación de sectores profesionales. El día 5, explotaron casi simultáneamente dos artefactos en el sur de Francia, uno en el colegio Saint Joseph, de Haparren, y el otro en la asociación de ayuda a los refugiados Anai Artea. Es el principio de una campaña de guerra sucia que se desarrollará durante todo el verano. Otra bomba fue desactivada antes de explotar en la librería Nafarroa, de Biarritz, en San Juan de Luz, la Policía francesa descubrió un vehículo con armas, documentos, fotografías y direcciones de refugiados. Así lo declaró a Cambio 16, meses más tarde, un miembro de la Securité Nationale francesa: «Nuestros primeros indicios nos hacen pensar en grupos o comandos clandestinos venidos de España. Hace cuatro días descubrimos, en la zona industrial de Pontots, un coche español lleno de explosivos, armas y propaganda contra refugiados vascos. Sin embargo, en estas últimas explosiones todavía nos quedan muchos puntos por esclarecer. Nos es muy difícil y prácticamente imposible controlar a los miles de españoles que pasan a diario la frontera, y más en estas fechas».[103] El 27 de julio terminó oficialmente el estado de excepción decretado para Vizcaya y Guipúzcoa.

EL DECRETO LEY 10/75, DE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO

En agosto, en Madrid, el FRAP asesinó a dos miembros de la Guardia Civil; el periodista José María Huertas Clavería, del diario Tele/Exprés de Barcelona, fue condenado en consejo de guerra por injurias al Ejército, a dos años de prisión, en aplicación del Código de Justicia Militar, por un artículo titulado «Reportaje camp: Vida erótica subterránea», porque afirmaba que algunas casas de citas de la Ciudad Condal estaban regentadas por viudas de guardias civiles.

El día 26 de ese mes, el Gobierno aprobó el Decreto Ley de Prevención del Terrorismo 10/75, que fue publicado en el BOE y entró en vigor al día siguiente. En la práctica significa un estado de excepción permanente en toda España, ya que, entre otras medidas, los sospechosos pueden permanecer hasta diez días detenidos sin pasar a disposición judicial y los comisarios pueden autorizar registros domiciliarios.

En sus disposiciones, el decreto ley dice:

Artículo primero.— Si del atentado terrorista resultare muerte de alguna de las personas mencionadas [miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de la autoridad y seguridad, y demás funcionarios públicos], se impondrá la pena de muerte.

Artículo segundo.— Los que habiendo secuestrado a una persona causaren su muerte o mutilación serán castigados con la pena de muerte.

Es, sin embargo, en sus artículos cuarto y quinto, donde se aprecia la dimensión represiva del decreto:

Artículo cuarto.— Declarados fuera de la ley los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social, los que organizaren o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que, mediante sus aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera auxiliaren al grupo u organización, incurrirán, respectivamente en el grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para las asociaciones ilícitas de aquella naturaleza.

A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores grupos u organizaciones que vaya dirigida a promover o difundir sus actividades, se les impondrá la pena correspondiente a tal delito en su grado máximo.

Artículo quinto.— Quedarán exentos de responsabilidad por el hecho de su asociación y por sus actividades proselitistas o de propaganda quienes, perteneciendo a una organización de las comprendidas en el artículo anterior, se apartaren de la misma poniéndolo en conocimiento de la autoridad y confesando espontáneamente su participación en dichas actividades.

Al día siguiente de su entrada en vigor, el 28 de agosto, se realizó el consejo de guerra contra los miembros de ETA José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Echevarría. Tres días más tarde, en San Sebastián, durante una manifestación de protesta contra los consejos de guerra, el joven Jesús García Ripalda, de veintitrés años, murió por disparos de un policía vestido de paisano disparados a quemarropa.

En septiembre de 1975 comenzaron los secuestros preventivos contra la prensa, con Cambio 16 y Doblón, revistas a las que se aplica la Ley Antiterrorista. Durante el mes de septiembre será secuestrada la revista humorística Por Favor y la revista Destino; la revista Posible será multada, y la revista Triunfo, el 3 de septiembre, será condenada a una suspensión de cuatro meses y al pago de una multa de 200.000 pesetas, por la publicación el 26 de abril último, de un artículo firmado por José Aumente titulado «¿Estamos preparados para el cambio?». Algunos directores de diarios piden incluso que se vuelva a implantar la censura previa para evitar secuestros.

En su editorial titulado «¡Pobre Prensa!», Cambio 16 afirma: «La oleada de secuestros de la semana pasada, que también nos afectó, ha hecho saltar en añicos las reglas del juego que aplicábamos, y reconocemos sinceramente que ya no sabemos cuáles son los cauces, ni los puentes, ni los techos, ni los límites. O hablamos de asociaciones [políticas] y de fútbol, o tememos de inmediato incurrir en solapada apología del diablo y los siete pecados capitales».

La nueva normativa antiterrorista tuvo también su herido oficial en comisaria «al caer por una escalera». Julio Perurena Lizarazu, de veintitrés años, militante del Movimiento Comunista de España, detenido en Rentería el 27 de agosto, pasó a disposición judicial ante los rumores, recogidos por la agencia France Press, de que había muerto tras ser detenido. La Policía hizo una nota oficial en la que relataba que, al ser detenido en su domicilio, donde se encontró abundante propaganda del MCE, «intentó arrojarse por un balcón. Trasladado a continuación a la comisaría de San Sebastián cuando comenzaba su interrogatorio, en un rápido movimiento salió del despacho policial con intención de huir, cayendo por una escalera, por lo que fue preciso trasladarlo a un centro hospitalario, sobre todo por las muestras que daba de fuerte alteración nerviosa».

LOS CONSEJOS DE GUERRA

El día 11 de septiembre, en el Regimiento de Blindados de El Goloso (Madrid), en consejo de guerra sumarísimo fueron condenados a muerte —como ya hemos relatado en un capítulo anterior— Manuel Blanco Chivite, José Humberto Baena Alonso y Vladimiro Fernández Tovar, acusados del asesinato del guardia civil Casimiro Sánchez García, ocurrido el 2 de agosto último. Durante la apertura del año judicial realizada como de costumbre el 15 de septiembre, según la Memoria del fiscal del Tribunal Supremo, en 1974 murieron 33 personas por actos terroristas; se dieron 212 atracos, de los que 96 tuvieron motivos políticos y con los que las organizaciones clandestinas obtuvieron 75 millones de pesetas para sufragar sus actividades. El fiscal también hizo mención a la subversión universitaria de claro signo político y a las actividades de la organización terrorista ETA en 1974 «y al cambio de su táctica en ese año en que recurrió al asesinato, sumándose, solamente en Guipúzcoa, cinco miembros del Cuerpo de la Guardia Civil alevosamente asesinados». El Tribunal de Orden Público (TOP) abrió en 1974 un total de 2.382 sumarios, frente a los 2.065 de 1973. Con respecto a la prensa, la Memoria dice textualmente: «El informador tiene el deber de respetar el secreto, pero éste decae ante el interés de orden más elevado de la justicia, en cuyo caso le incumbe el deber de comunicar a los tribunales la fuente de la noticia».

Al día siguiente, en el Regimiento de Blindados de El Goloso (Madrid), en consejos de guerra sumarísimos se condenó a muerte a los estudiantes Manuel Cañaveras de Gracia, María Jesús Dasca Penelas y José Luis Sánchez Bravo, al soldador Ramón García Sanz y a la enfermera Concepción Tristán López, miembros del FRAP, acusados del asesinato a tiros del agente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, ocurrido en El Batán (Madrid) el 17 de agosto anterior.

El 19 de septiembre, Juan Paredes Manot, «Txiki», miembro de ETA, fue condenado a muerte mediante un consejo de guerra sumarísimo por el atraco a una sucursal del Banco de Santander, en la Ciudad Condal, que costó la vida al cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López, ocurrido el 6 de junio. Los obispos pidieron oficialmente al Gobierno clemencia para los condenados. El día 22, según datos policiales, más de doscientos militantes de grupos ilegales habían sido detenidos en toda España en los últimos días. Entre los grupos desarticulados se citaba al grupo marxista murciano Comando Obrero de Acción Revolucionaria y al Front d’Alliberament Català, con 40 detenidos en Terrassa. Según las informaciones oficiales, fue desarticulada la Joven Guardia Roja de Sevilla, 35 miembros del PCE (m-l) fueron detenidos en Madrid y 76 militantes del FRAP, PTE, MCE, PORE y anarquistas del Movimiento Libertario, en Barcelona.

El 23 de septiembre, en San Sebastián, la joven María Adoración Juanena Aluscita, detenida por supuestas actividades subversivas de ETA, «se lanzó por una ventana del segundo piso de la comisaría y cayó a un patio interior —según la nota oficial—, produciéndose diversas lesiones de carácter grave». La versión policial afirma que «para verificar esta acción, que debía mantener bien meditada, pidió a los funcionarios permiso para ir al servicio. Una vez en éste y sin hacer siquiera uso del mismo, como el funcionario que la acompañaba quedase fuera por un elemental sentido de dignidad para ambos, María Adoración abrió una ventana y se arrojó al vacío, aproximadamente desde una altura de ocho metros. Auxiliada rápidamente por los funcionarios, fue conducida a la residencia de Nuestra Señora de Aránzazu, donde quedó hospitalizada y a disposición judicial».

El 27 de septiembre fueron fusilados dos miembros de ETA: Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echevarría, y tres militantes del FRAP: Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Sollas y José Humberto Baena Alonso.

UNA ETAPA DE GRANDES MOVILIZACIONES

Tras la muerte de Franco se abrió un período de grandes movilizaciones. A las intensas luchas sindicales de los últimos meses, se sumaron las manifestaciones por la amnistía total, por la legalización de los partidos políticos y sindicatos de clase, y por las reivindicaciones nacionalistas en Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía, principalmente. Todas las luchas confluyeron, de alguna manera, y las consignas sindicales y políticas se mezclaron. El control de la calle se convirtió en la moneda de cambio durante las negociaciones con los partidos de izquierdas.

Veamos la violencia política de este período, en cifras:

Víctimas de la violencia de origen institucional | Muertos | Heridos
Por grupos «incontrolados» de extrema derecha | 16 | 77
Guerra sucia contraterrorista (contra ETA y GRAPO) | 3 | 3
Represión en la calle por las Fuerzas de Orden Público (manifestaciones, actos políticos, controles policiales, etc.) | 39 | 482
Bajo custodia. Detenidos por Policía-Guardia Civil y presos en cárceles (torturas, malos tratos, heridas) | 2 | 194
Total | 60 | 756

En enfrentamientos | Muertos
Miembros de ETA, GRAPO y otros grupos terroristas muertos en enfrentamientos armados con la Policía y la Guardia Civil | 20

Víctimas mortales del terrorismo de extrema izquierda. Por autores | Muertos
ETA | 98
Comandos Autónomos Anticapitalistas | 1
Iraultza («Revolución») | 1
GRAPO | 13
Otros | 3
Total | 116

Durante el período preconstitucional, la violencia indiscriminada en la calle desatada por las Fuerzas de Orden Público, en sus acciones de mano dura, está jalonada por sucesos luctuosos con decenas de muertos (39, en total) y centenares de heridos (239 hospitalizados).

He aquí los acontecimientos más destacados y violentos de la represión policial durante este trienio decisivo.

El 1 de diciembre de 1975 comenzaron las huelgas en el cinturón industrial de Madrid. Los trabajadores de Getafe y de la Standard son la punta de lanza del nuevo movimiento huelguístico que adquiere tintes políticos tras la muerte de Franco. Sus consignas eran: «Abajo la congelación salarial, amnistía total, libertad política y sindical». Doscientos cincuenta representantes de fábricas como CASA, Kelvinator, Siemens, Intelsa, Electromecánica y John Deere se reunieron en el Sindicato Comarcal de Getafe, de la CNS, para coordinar las luchas. Nueve días más tarde, la mayoría de las empresas del cinturón industrial de Madrid estaban en huelga y el sindicato vertical cerrado. Las acciones fueron dirigidas por los representantes de las fábricas, en lo que se llamó «el sindicato ambulante», que cambiaba de sitio para evitar la represión. El 16, la huelga general era total en Getafe, con la incorporación de los pequeños talleres y los polígonos industriales de la comarca. El 18 de diciembre, las calles de Getafe fueron ocupadas por más de quince mil personas que la Policía tuvo dificultades para disolver… Se produjeron despidos masivos en Wafios, cinco en John Deere, y los empresarios pusieron dificultades formales a la negociación.

El 6 de enero de 1976 tuvo lugar una huelga sin precedentes en la Compañía Metropolitana de Madrid. Ante el éxito de la convocatoria, el Gobierno militarizó el servicio. Cuatro días más tarde, el metro volvió a funcionar tras acordarse la negociación del convenio. No hubo despidos ni sanciones. Se inició así un fuerte movimiento huelguístico en Madrid en el que, junto a las reivindicaciones propias de los convenios, se sumaron otros tres puntos unitarios: no a los topes salariales, sindicato obrero, amnistía y libertades políticas.

El 9 de enero se convocó en Getafe una manifestación para entregar un escrito pidiendo amnistía, firmado por representantes sindicales, pequeños empresarios, amas de casa, sacerdotes y profesionales. Se congregaron más de dieciocho mil personas. La Policía cargó contra los manifestantes y la huelga se generalizó. Esa noche fueron detenidos más de veinte dirigentes sindicales de todo Madrid. La huelga se mantuvo hasta el día 18, en que se llegó a un principio de acuerdo. El día 15 fueron detenidas en Madrid más de cincuenta personas pertenecientes a la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), reunidas en asamblea.

El 24 de febrero se cuenta el primer trabajador muerto en manifestación durante la transición. En Elda (Alicante), Teófilo del Valle Pérez, de veinte años, murió por disparos de la Policía Armada cuando salía de una asamblea de trabajadores del ramo de la piel, que se realizaba en una iglesia. Para desprestigiar al joven trabajador, el Gobierno Civil de Alicante lanzó una campaña en la que le acusaron de llevar «una vida irregular» y se inventaron una historia de tráfico de drogas absolutamente falsa. Como respuesta, se produjo una huelga general en las comarcas del Vinalopó y más de veinte mil personas asistieron al entierro del trabajador. Se creó una comisión ciudadana para esclarecer los hechos, pero no se consiguió ninguna reparación o explicación oficial.

El día 27 del mismo mes, en Barcelona, Juan Pozie, obrero de cuarenta años, fue ingresado muy grave en la residencia sanitaria de Bellvitge, víctima de los disparos efectuados por las fuerzas policiales antidisturbios durante una manifestación de trabajadores de la construcción. Murió a las pocas horas.

Una semana más tarde, el 3 de marzo, se desencadenaron los sucesos de Vitoria, con cinco obreros muertos y más de cien heridos, de ellos cuarenta hospitalizados y con heridas de bala. Es el balance de la represión desplegada por la Policía Armada durante la disolución de una concentración sindical en una iglesia de Vitoria, tras dos meses de conflictos laborales en diversas empresas. «No os importe matar», dijo la radio policial antes de la carga, tal como fue interceptada por un radioaficionado. Murieron a tiros: Francisco Aznar Clemente, de diecisiete años, panadero y estudiante; Pedro María Martínez Ocio, de veintisiete años, trabajador de Forjas; Romualdo Barroso Chaparro, de diecinueve años, trabajador de Agrator; José Castillo García, de treinta y dos años, trabajador de Basa; y Bienvenido Pereda Moral, de veintiséis años, trabajador de Grupos Diferenciales.

Dos días después, en Tarragona, el joven Juan Gabriel Rodrigo Knajo, de diecinueve años, ingresó clínicamente muerto en el hospital provincial, tras los golpes recibidos por la Policía durante una manifestación de protesta por los sucesos de Vitoria. El joven cayó oficialmente desde una azotea cuando intentaba escapar de la Policía.

El día 8, en Basauri (Vizcaya), el joven Vicente Antón Ferrero, obrero de dieciocho años, murió por un disparo de la Guardia Civil durante una manifestación de protesta por los sucesos de Vitoria, en un día en que sesenta mil trabajadores del sector textil de Barcelona se pusieron en huelga.

Las manifestaciones del Primero de Mayo fueron violentamente reprimidas por la Policía, aunque se toleraron algunos actos públicos en lugares apartados. Al día siguiente, en Tolosa (Guipúzcoa), un capitán de la Guardia Civil fue apartado de su cargo por haber causado lesiones a María Amparo Arangoa Satrústegui, en el cuartel de esa población, por las que tuvo que ser hospitalizada.

El 9 de mayo, mientras se desencadenaban en Estella (Navarra) los sucesos de Montejurra 76, en la calle Fuencarral de Madrid, durante una manifestación en que doscientos jóvenes se enfrentaron a la Policía Armada, el estudiante Renato González Álvarez, de veintitrés años, resultó gravemente herido de bala por los disparos de un sargento de la Policía Armada que abrió fuego contra los manifestantes y le alcanzó por la espalda. Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los agentes «se vieron obligados a efectuar algunos disparos al aire» cuando fueron atacados con piedras y un cabo de la Policía Armada fue alcanzado en la frente. La Policía detuvo a Javier Tabuyo Ortega, economista, mientras huía, y al herido Renato González, empleado del Ayuntamiento de Madrid. Ambos pasaron a disposición judicial. El herido declaró no tener nada que ver con la manifestación.

El 25 de mayo, diez mil agricultores de Lérida se manifestaron pacíficamente y con autorización, bajo el grito: «Payés unido, jamás será oprimido», como protesta por los precios agrarios aprobados por el Gobierno. Al final, cuando iban a dirigirse a la sede de los Sindicatos, la Policía Armada los disolvió realizando cuatro disparos al aire. No se registró ningún herido.

El 2 de julio, en Tenerife fue procesado por torturas el inspector jefe José Matute Fernández, de la Brigada Político-Social, presunto autor de la muerte por torturas de Antonio González Ramos, militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC), que había sido detenido en su domicilio en la madrugada del 30 de octubre de 1975, por fuerzas de la Policía y la Guardia Civil al mando de Matute. Según el auto de procesamiento, «al objeto de ocultar los hechos y evitar la acción de la Justicia, se intentó hacer pasar el delito por suicidio» y, en la más pura tradición franquista, la Dirección General de Seguridad, mediante nota pública, trató de hacer creer que la víctima se había arrojado de un coche policial en marcha para tratar de huir. Matute sería amnistiado meses más tarde.

El 7 de julio, durante una manifestación pacífica por la amnistía convocada en los alrededores de la prisión madrileña de Carabanchel, en la que participaron más de cuatro mil personas, resultó gravemente herido el niño Federico Petri Sancha, de cuatro años, que su madre llevaba por la calle. Las fuerzas de la Policía Armada y la Guardia Civil utilizaron botes de humo y balas de goma. El pequeño, al ser ingresado en el hospital Gómez Ulla, presentaba «herida incisa en el arco superciliar del ojo izquierdo, quemaduras en la cara, cuello y brazo, cuerpos extraños en el interior del ojo y conmoción», según el parte facultativo.

Al día siguiente del asesinato de Norma Menchaca, doce personas tuvieron que recibir asistencia médica en Sabadell tras participar en una manifestación por la unidad sindical no autorizada y convocada por CC. OO., USO y UGT, que congregó a dos mil personas y que fue disuelta duramente por la Policía Armada.

El 21 de julio, en Avilés (Asturias), el obrero de Ensidesa, Agustín Delestal Sánchez, de veinte años, fue herido de bala por un guardia civil cuando, junto con dos compañeros, realizaba una pintada de la UGT. Cuatro días más tarde, este sindicato convocó una manifestación que fue reprimida por la Policía. Al no poderse concentrar, pequeños grupos de jóvenes recorrieron las calles de la ciudad gritando «amnistía y libertad».

El día 26, en Rentería, dos personas acabaron heridas de bala en el transcurso de un incidente con la Guardia Civil, cuando varios miles de personas se manifestaron para pedir la libertad de un detenido, tras un festival en el que cantaron Mikel Laboa, Joan Isaac, Moró Casabella y Xabier Lete, durante el que habían ondeado ikurriñas y se había pedido la amnistía y los presos a la calle.

El 29, en Madrid, el delineante Alfonso Altafar Martín, de veinticuatro años, representante sindical de la empresa Standard Eléctrica, ingresó en la Residencia Primero de Octubre gravemente herido de bala en la cabeza por disparos de la Policía Armada, durante una concentración laboral sin autorización que congregó a trescientas personas en el barrio de Villaverde Alto, reprimida violentamente por la Policía y la Guardia Civil, quienes detuvieron a cinco trabajadores, uno de ellos recibió un impactó de bala en el brazo y al otro lo hirieron con un bote de humo. Al día siguiente, el Consejo de Ministros proclamó la amnistía para todos los delitos políticos cometidos hasta entonces, fueran del signo que fueran.

El 13 de agosto, en Almería, Francisco Javier Verdejo Lucas, de diecinueve años, estudiante de biología de la Universidad de Granada, perdió la vida por disparos de la Guardia Civil cuando realizaba la pintada «Pan, Trabajo, Libertad», en el barrio almeriense de Ciudad-Jardín. Durante varios días se desencadenaron manifestaciones de repulsa en toda España. Javier era militante de la Joven Guardia Roja, organización juvenil del Partido del Trabajo de España, y su padre había sido alcalde franquista de Almería. Tras su muerte, la familia no presentó ninguna denuncia y las diligencias judiciales se cerraron con una controvertida versión oficial que eximía de toda responsabilidad a la Guardia Civil. La versión del gobernador civil redujo todo a un desgraciado accidente, un tropezón. Dos agentes descubrieron a Javier y a otros tres compañeros pintando con spray un lema político. «Al acercarse a los mismos con objeto de identificarlos —dice textualmente la nota—, se dieron a la fuga, saliendo en su persecución la pareja, a uno de cuyos números, al correr detrás del que había huido en dirección a la playa, y tropezar, se le disparó el arma, alcanzando el proyectil al que resultó ser el joven Francisco Javier Verdejo Lucas, de diecinueve años, natural y vecino de esta ciudad, quien resultó muerto. El resto de los huidos aún no han sido identificados ni localizados. Instruye diligencias el Juzgado Militar». Desde la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, se mantuvo la misma versión. «Ante la actitud sospechosa, la pareja les persiguió y dio repetidas veces la voz de “Alto a la Guardia Civil”. Durante la persecución, uno de los guardias tropezó y el arma se le disparó, causando la muerte de uno de los que huían…». Días después, los abogados visitaron la caseta donde fue muerto Javier. «Era como si hubieran abierto la puerta y hecho muchos disparos, porque la pared de atrás estaba llena de sangre», afirmó el letrado Antonio Zoido. Al no haber denuncia ni acusación particular se archivaron las diligencias y jamás se supo el resultado de los análisis forenses o de sangre hallada en el lugar.

El 3 de septiembre se extendió la huelga de la construcción en León. El número de parados alcanzaba los siete mil obreros. La Policía Armada utilizó botes de humo contra los trabajadores.

El día 6, en San Sebastián, María Aránzazu Cortabarría resultó herida de bala por disparos de la Policía Armada, cuando se manifestaba con otras diez mil personas por la libertad de Pertur, desaparecido, y «presos a la calle». Según la versión oficial, un policía estaba rodeado por un grupo y disparó para defenderse.

Dos días después, el 8 de septiembre, en Fuenterrabía, Jesús María Zabala Erasun, de veintidós años, murió por disparos de la Guardia Civil, en el transcurso de una manifestación pro amnistía mientras se realizaba la fiesta del Alarde. El guardia civil Enrique Pascual, procesado como autor de la muerte de Zabala, sería amnistiado el 30 de noviembre de 1977 mediante un decreto de la Capitanía General de Burgos que acordó el sobreseimiento definitivo de la causa 32/1977 abierta contra el guardia. Según testimonios recogidos en el sumario, el guardia civil amnistiado disparó dos tiros a bocajarro contra Zabala, que cayó herido de muerte por una bala que le entró por la espalda y salió por debajo del corazón. Zabala había salido en defensa de otro manifestante, que estaba siendo golpeado por este guardia civil con la culata de su arma, y, al parecer, atacó a Enrique Pascual con una silla; como respuesta, este guardia civil le persiguió y, al alcanzarle, le dio muerte por la espalda.

El 18 de septiembre, las Cortes franquistas aprobaron el proyecto de Ley para la Reforma Política por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 nulos. El régimen franquista se hacía el harakiri.

El 22, en La Laguna, el estudiante Bartolomé García Lorenzo, de veintiún años, murió acribillado por agentes de Policía que seguían la pista del delincuente Ángel Cabrera, «el Rubio», con quien el joven no tenía ninguna relación. Su piso fue asaltado por equivocación por los agentes y el joven fue ametrallado con un subfusil a través de las paredes. La puerta presentó 33 impactos de bala. Las manifestaciones de protesta por este asesinato fueron reprimidas con gran dureza. Se convocó una huelga general y acabaron detenidos 27 manifestantes.

El 1 de octubre, en Madrid, como respuesta al asesinato de Carlos González, se convocó un funeral en la iglesia de la Ciudad Universitaria, la Coordinadora Democrática organizó con éxito una huelga de trabajadores y en la universidad se desencadenó una violenta jornada de lucha que acabó con cincuenta detenidos, los cuales fueron puestos a disposición del Juzgado de Orden Público.

El 11 de noviembre, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Enrique Velada Arnazi, de veinticuatro años, resultó herido grave por disparos de la Guardia Civil cuando repartía propaganda ilegal. Al día siguiente, quinientas mil personas secundaron la huelga general pacífica convocada por la COS y por partidos políticos de izquierdas, contra las medidas económicas del Gobierno que incluía el despido libre (derogación del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales) y medidas restrictivas para la negociación de convenios.

El día 28, en Santisteban (Navarra), es asesinado José Javier Nuin Azcárate, de diecinueve años, de dos balazos por un guardia civil de paisano, mientras se encontraban en una discoteca. También quedó gravemente herido Santiago Navas Aguirre, de veinte años.

El 5 de diciembre, en Sarria (Lugo), un campesino quedó herido de bala en el transcurso de un enfrentamiento entre las Fuerzas de Orden Público y los agricultores. El tractorista fue herido en el muslo por una bala destinada a las ruedas de su tractor, cuando la Guardia Civil pretendía impedir que los agricultores accedieran al centro del pueblo. A un guarida civil se le disparó su propia arma y quedó herido.

Al día siguiente, 11 de diciembre, Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, fue secuestrado por los GRAPO.

El día 13, en el País Vasco y pese a la prohibición gubernativa, se realizaron manifestaciones por la amnistía que reunieron a mil quinientas personas en San Sebastián, quinientas en Bilbao, trescientas en Vitoria y varios centenares en Pamplona. Se realizaron saltos, enfrentamientos con heridos y, en algunos casos, se improvisaron barricadas.

El día 15, mientras la Ley para la Reforma Política, consultada en referéndum, fue aceptada por el 94 por 100 de los votos positivos, en Madrid moría Ángel Almazán Luna, estudiante de dieciocho años, herido en la Gran Vía por los golpes de la Policía Armada mientras participaba en una manifestación convocada por el PTE en favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política. Al ingresar en el hospital tenía numerosos hematomas, un golpe en la zona del asa de la calavera y rotura de la base craneal.

El 3 de enero de 1977, en El Puerto de Santa María (Cádiz), veinte personas resultaron heridas por una carga de la Guardia Civil en una manifestación de marineros que reclamaban el subsidio de paro, ya que, debido al mal tiempo, sus embarcaciones estaban atracadas en el puerto en inactividad forzosa.

El día 7, en Chirivella (Valencia), el trabajador José Vicente Casabany, de treinta y un años, miembro de CC. OO., falleció de un ataque al corazón durante una carga policial en el transcurso de una manifestación sindical. La Policía reprimió con dureza a los participantes en su funeral.

El 11, en Sestao (Vizcaya), durante una de las numerosas manifestaciones por la amnistía, el joven ovetense Juan Manuel Iglesias, de diecinueve años, murió por insuficiencia cardíaca producida por el pánico, cuando varios policías armados le siguieron hasta el interior de un bar donde el joven pretendía refugiarse. Como respuestas a su muerte, fue convocada una huelga general en la que participaron más de cien mil personas.

El 24 de enero, en Madrid, la estudiante María Luz Nájera Julián, que protestaba por el asesinato de Arturo Ruiz el día anterior, murió en el transcurso de una manifestación en la Gran Vía como consecuencia de las heridas que le produjo un bote de humo lanzado contra ella por la Policía a muy corta distancia.

El 25, el mismo día de la matanza de Atocha, en Gavà (Barcelona) se reunieron en asamblea autorizada los cuatro mil setecientos trabajadores de Roca Radiadores en huelga desde hacía setenta y cinco días. Las manifestaciones catalanistas del último fin de semana en las Ramblas se habían convertido en muestras de solidaridad con Roca. Dos jóvenes quedaron heridos de bala por la intervención policial, junto a otros treinta heridos durante los enfrentamientos.

El 26, en Pamplona, fue herido gravemente de bala el panadero Fermín Orcoyen Aróstegui, de treinta y seis años, mientras participaba en una manifestación por la amnistía. En un enfrentamiento entre manifestantes y policías, un agente, según su propia declaración al ser derribado, utilizó su arma reglamentaria. Orcoyen recibió una bala en el pecho. Se practicaron 49 detenciones.

El 19 de febrero, en Galicia, la ocupación por la fuerza de las tierras de los campesinos de As Encrobas y la muerte el día anterior del joven estudiante Jesús Lista Neira, electrocutado cuando colocaba una pancarta en la Universidad Laboral de La Coruña, movilizó a la opinión pública. Durante el funeral por el fallecido, el sacerdote Ramón Valcárcel, párroco de Sésamo, detenido días atrás por su participación en las ocupaciones, dijo: «La culpa la tiene Fenosa. Pido también por esa Iglesia a la que pertenezco para que comience a despertar y se ponga a la cabeza del pueblo; por esa Iglesia que se lava las manos cuando piden los obreros, por esa Iglesia que da la mano a la condesa de Fenosa y a Oriol».

El 20, en Hostalric (Gerona) murió Alfonso Bárcena López por un disparo del guardia civil José García, efectuado desde un coche patrulla de la Guardia Civil. Los testigos no fueron llamados a declarar.

El 24, en Cartagena, perdió la vida Pancho Egea, de diecinueve años, obrero de la construcción, al recibir varios impactos de balas de goma en la cabeza que le provocaron un derrame cerebral mortal, durante una manifestación conjunta de trabajadores del metal y la construcción.

El 26, en Lekeitio (Vizcaya), 190 personas que se habían encerrado en la parroquia de Santa María, respondiendo a la campaña organizada en todo el País Vasco por la amnistía, fueron desalojadas violentamente por la Guardia Civil. Ayudándose por unas vigas del hostal Parador Nacional, la fuerza pública forzó una puerta lateral de la iglesia y disparó balas de goma en el interior. Según la protesta cursada al gobernador civil de Vizcaya, la Guardia Civil «abrió heridas en cabezas a diestro y siniestro a base de culatazos en el interior de la misma iglesia donde se encontraba también gente de avanzada edad, así como menores. Como consecuencia de esto, se produjeron más de treinta heridos con contusiones y heridas diversas, y un herido grave».

El 13 de marzo, en Zarautz, después de tres días de huelga general, quinientas personas realizaron una sentada de diez minutos pidiendo amnistía y reclamando libertad para los vecinos detenidos durante los días anteriores. Una hora más tarde, apareció un destacamento de la Guardia Civil que cargó sobre la gente sin mediar provocación alguna. Como resultado: un herido de bala y otros tres heridos hospitalizados.

Ese día, en Barcelona, durante una manifestación prohibida por la amnistía total que marchó hacia la cárcel Modelo y congregó a más de cinco mil personas, el joven Rafael Valencia Sánchez-Garrido, de veintidós años, fue herido de bala en la cadera por disparos de un policía. La jornada se desarrolló con numerosas pancartas, barricadas, cócteles molotov y manifestantes conmocionados por los golpes y varios detenidos.

Ese mismo 13 de marzo, en San Sebastián, el joven José Luis Aristizábal Lasa, estudiante de veinte años, cayó alcanzado en la cabeza por una pelota de goma disparada por la Policía Nacional, mientras participaba en una manifestación pro amnistía, y falleció como consecuencia de la herida producida por el proyectil. Ocho meses más tarde, la Capitanía General de Burgos decidió sobreseer las diligencias del sumario 103/1977 abierto para esclarecer la muerte de Aristizábal, sin declaración de responsabilidades. Quince días después de la muerte de Aristizábal, Isidro Susperregui Aldako, militante nacionalista de sesenta y ocho años, murió en San Sebastián por un pelotazo de goma recibido durante una manifestación celebrada en el Kursaal el mismo día que le costó la vida a Aristizábal.

El 16, en Pamplona, durante una manifestación de protesta por la muerte de José Luis Aristizábal, resultaron heridos 11 jóvenes, uno de ellos, Felipe Castell, de gravedad por el impacto de una pelota de goma. Se produjeron violentos enfrentamientos y, en el casco antiguo, se lanzaron cócteles molotov y piedras mientras la Policía hizo numerosos disparos de balas de goma.

El 20, en Barcelona, Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de veinticuatro años y militante anarquista, murió apuñalado por un ultraderechista sin identificar durante una manifestación en la plaza de Sant Jaume.

El 31 de marzo hubo un duro enfrentamiento en las Ramblas de Barcelona entre grupos de extrema derecha y extrema izquierda. La Policía realizó numerosas detenciones. Resultó herido José Silio Fernández, de treinta y un años, con una herida sangrante en la cabeza después de ser perseguido por José Manuel Irauroni Alonso, de treinta y seis años, a quien se le ocupó una porra de goma, y por Juan Torres Villalba, de veintisiete años, armado con un machete de quince centímetros, una anilla de hierro y un tornillo de metal. En el centro quirúrgico municipal fueron atendidos de diversas heridas Jaime Martín Ureña, de diecinueve años; Francisco de Asís Antolí, de diecinueve años; Yolanda Fontanella García, de dieciséis años, y Joaquín Visa Florenza, de veintisiete años.

El 3 de abril, en un mitin por la legalización de todos los partidos políticos convocado en el polideportivo de San Blas, la Guardia Civil disolvió violentamente a cien personas concentradas, contra las que cargó sin previo aviso. Un bote de humo alcanzó la cabeza de Fernando Oliva, militante de la ORT, que quedó inconsciente en el suelo. Al salir del hospital fue detenido por la Policía, que le condujo a la Dirección General de Seguridad. Con anterioridad, en una manifestación contra el referéndum celebrada el 15 de diciembre anterior, Oliva había sido herido levemente de bala por miembros de extrema derecha.

El día 10, pese a la prohibición del Gobierno, cincuenta mil personas asistieron a la celebración del Aberri Eguna, el día de la Patria Vasca.

El 18, en Yurre (Vizcaya), cuatro jóvenes resultaron heridos y varios contusionados como consecuencia de los violentos desalojos practicados por la Guardia Civil en los bares del pueblo tras una jornada dominical pro amnistía total. Uno de los heridos, José Ramón Legarda Legina, de veintitrés años, recibió un fortísimo golpe al salir de una sala de fiestas y quedó conmocionado en el suelo, donde lo recogieron los ocupantes de un coche y lo llevaron al hospital.

El 27 de abril la Asociación de Vecinos de Fuenlabrada (Madrid) exigió el cese de toda la corporación municipal tras haber sido disueltos violentamente por la Guardia Civil, la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos, que proyectaron agua a presión sobre los manifestantes. Dos mil vecinos se manifestaban para pedir una campaña de desratización, la construcción de un ambulatorio y suficientes colegios.

El 1 de mayo, en Barcelona, el estudiante Gerardo Paredes, que presenciaba la manifestación del Primero de Mayo desde un balcón, resultó herido de gravedad por una bala de goma disparada por la Brigada Especial Antidisturbios.

El día 10, en Galicia, medio centenar de personas, entre ellas 14 guardias civiles, resultaron heridas en la ocupación de una marisquería particular que Comisiones Labriegas (CL) consideraba de uso público. En Carballo, Lema, la playa de Baldairo, e inmediaciones, durante la concentración convocada por CL y la Asamblea Popular Galega, 13 manifestantes sufrieron heridas, uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el tórax, y hubo numerosos contusionados. Entre los tres detenidos estaba Ramón Valcárcel, cura de Sésamo, que se enfrentó a la Guardia Civil.

El 12 de mayo se desencadenó la Semana Trágica pro amnistía en el País Vasco y Navarra que desencadenó una ola de violencia, con un balance de cinco muertos en enfrentamientos con las Fuerzas de Orden Público en apenas tres días. El 12, en Rentería, Rafael Gómez Jáuregui, de sesenta y ocho años, murió al recibir una ráfaga de subfusil; ese mismo día en Pamplona, José Luis Cano Pérez, de veintisiete años, fue rematado de un tiro en la nuca efectuado por un cabo de la Policía Armada, después de haber sido apaleado. El día 13, Miguel del Caño murió atropellado en la autopista San Sebastián-Bilbao cuando una dotación de la Guardia Civil le obligó a retirar una barricada. El mismo día, en Pamplona, Luis Santamarina Mikelena, de setenta y dos años, falleció al recibir varias balas de goma en su balcón; y el día 14, en Ortuella, Manuel Fuentes Mesa, de treinta años, murió de un disparo en la cabeza ejecutado por una dotación de la Guardia Civil mientras Manuel, que había salido a una despedida de soltero, trataba de escapar. Una semana más tarde fallecería Gregorio Marichalar Ayestarán, de sesenta y tres años, alcanzado en el pecho por una bala mientras veía desde su balcón los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes del día 13. Se convirtió en la sexta víctima mortal de la campaña.

El 15 de junio, en las elecciones generales venció UCD, seguida por el PSOE, PCE y AP.

El 26, se celebró en Barcelona el Día Mundial del Orgullo Gay, una manifestación que agrupó pacíficamente a más de cinco mil personas. La actuación de las Fuerzas de Orden Público provocó tres heridos graves y la detención del médico Oriol Martí, militante de la Organización Comunista de España (OCE) Bandera Roja, que había sido puesto a disposición de la autoridad militar. Un total de 36 organizaciones políticas, sindicales y cívicas (entre otras, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, la Coordinadora Feminista y el PSUC) exigieron «la amnistía total, las libertades sin exclusión, entre ellas las de expresión y de manifestación, y en particular la libertad inmediata de Oriol Martí».

El 5 de julio, en Getafe, la muerte del niño de nueve años Joaquín Vitoria, arrollado por un tren, creó un clima de fuerte tensión. Durante el entierro, al que asistieron ocho mil personas, la Policía Armada cargó cuando empezaban a oírse voces pidiendo la dimisión del alcalde. Durante tres horas se sucedieron los enfrentamientos y hubo varios heridos.

El 11 de julio, en las Ramblas de Barcelona se produjeron graves incidentes tras la disolución policial de una manifestación convocada por la Asamblea de Parados, la CNT, el PSC, el PORE y la LCR, en la que participaron más de mil personas, para la concesión de los trabajos de limpieza de la ciudad. «Puestos de trabajo dignos para todos», «control obrero de la producción», eran las consignas. Tras la disolución, grupos pequeños levantaron barricadas con sillas y contenedores, que incendiaron. Un coche de la Policía atropelló a un joven, lo dejó en el suelo sangrando y se dio a la fuga. A partir de entonces se desató la violencia con rotura de escaparates e incendios. Algunos de los convocantes equipararon a estos grupos con «actividades fascistas».

El mismo día, el Gobierno Civil de Sevilla emitió una nota oficial en la que aseguraba que la Policía, al disolver una manifestación, «disparó al aire» cuando hirió gravemente de bala al obrero Francisco Rodríguez Ledesma, miembro de CC. OO., que participaba en una manifestación pacífica de trabajadores de HYTASA.

El 13 de julio, en Súria (Barcelona), el joven Roque Peralta, de veintitrés años, resultó muerto por un disparo efectuado por la Guardia Civil cuando, junto a otros jóvenes de la localidad, protestaba por la obligación, impuesta por el alcalde, de llevar corbata en el baile de la fiesta mayor. El mismo día, en Barcelona, tres personas fueron heridas —una de gravedad— por los disparos de una patrulla de la Guardia Civil que realizaba un control de identificación en la carretera de Vallvidrera y que disparó ante la huida de un coche ocupado por dos hombres y dos mujeres.

El 8 de agosto, en Pruma (Sevilla), durante una manifestación contra el paro en esa población, varios vecinos quedaron heridos por una carga de la Guardia Civil.

El 18, en Almería, durante una manifestación contra las medidas económicas del Gobierno y por el abandono en que se encontraba la provincia, 20 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, como consecuencia de la dura represión desencadenada por las Fuerzas de Orden Público.

El 8 de septiembre se produjeron violentos enfrentamientos en San Sebastián cuando un millar de radicales de izquierda trataron de impedir la manifestación pro amnistía que había sido convocada por el PSOE y el PNV.

El día 9, tuvo lugar una masiva manifestación en Madrid contra las medidas económicas del Gobierno.

El 11 de septiembre, en Barcelona, entre un millón y un millón y medio de personas participaron en la Diada de Catalunya. Durante los actos, murió el joven Carlos Gustavo Frechen Solana, de veintiocho años, tras ser gravemente herido por una bala de goma que le descerebró. También quedó herida por bala de goma la joven de quince años, Rosario García González, con pronóstico grave.

El 15, en Madrid, cinco personas fueron heridas durante una manifestación de vecinos del polígono de Santa María Reina que protestaban por la existencia de un cementerio de coches en la zona. Fuerzas de la Policía Armada y la Guardia Civil cargaron violentamente sobre los mil vecinos concentrados.

El 17, una manifestación pro amnistía reunió en Pamplona a cuarenta mil personas.

El 21, en el barrio barcelonés de Ciutat Meridiana, Manuel Lozano Meléndez, de diecisiete años, resultó herido de gravedad por una bala de goma que fue disparada por un agente de Policía, cuando la fuerza pública cargó contra los vecinos que protestaban por la falta de escuelas.

El 27, en el segundo aniversario de los fusilamientos de septiembre de 1975, se celebraron funerales y manifestaciones en todas las poblaciones del País Vasco. En Zarautz, cuatro mil personas se manifestaron ante la tumba de Juan Paredes Manot, «Txiki». En Pamplona, la fuerza pública disolvió una manifestación ante la prisión provincial que congregó a más de cuatro mil personas. En Madrid fue colocada una bandera republicana del FRAP conectada a una carga explosiva y hubo manifestaciones en el centro de la capital. Según un comunicado del Gobierno Civil de Madrid: «Las fuerzas antidisturbios hostigaron a los manifestantes hasta que se disolvieron sin incidentes. Alrededor de las once de la noche, la normalidad ciudadana estaba generalizada».

El 30, en la calle Arenal, de Madrid, fueron heridos de bala María Soledad Vázquez Linares, de treinta y ocho años de edad y el teniente coronel retirado Ramón Arias Gay, de sesenta y cinco años, quienes observaban una manifestación por la amnistía convocada por la CNT, desde el balcón de la pensión donde residían. Al producirse el choque entre policías y manifestantes, la fuerza pública hizo uso de sus armas de fuego.

El 7 de octubre, cien mil personas se manifestaron en el País Vasco para pedir la autonomía. Al día siguiente, en Sevilla, cinco personas fueron detenidas y dos guardias contusionados cuando las Fuerzas de Orden Público disolvieron una manifestación de vecinos del barrio de Torreblanca que habían cortado la carretera Sevilla-Málaga para protestar por la demora en la apertura de los colegios de la zona. Entre los detenidos estaba el cura obrero José Antonio Casasola y todos eran militantes de la Organización Comunista de España (Bandera Roja).

El 25 de octubre, el Gobierno y la oposición firmaron los Pactos de la Moncloa. El 28, en la Universidad de La Laguna, durante una jornada de lucha contra los numerus clausus, fueron detenidos 11 estudiantes y, en los enfrentamientos con la Policía, quedaron heridos siete agentes y numerosos manifestantes contusionados.

El 1 de noviembre, las Fuerzas de Orden Público desmontaron en diversas provincias las mesas de la campaña de recogida de firmas en defensa de los derechos del soldado, organizada por las Juventudes Socialistas y la Joven Guardia Roja. Pocos días más tarde, serían detenidos en Barcelona seis reclutas del Regimiento de Artillería Antiaérea número 72, acusados de pertenecer a la Unión Democrática de Soldados.

El 4 de diciembre, en Málaga, en la Alameda de Colón, durante la manifestación por la autonomía andaluza que congregó a ciento cincuenta mil personas, el joven José Manuel García Caparrós, de diecinueve años, militante de Comisiones Obreras y trabajador en una fábrica de cervezas, murió por un disparo, después de que la Policía Armada cargara con gran violencia sobre un grupo de manifestantes y un grupo de agentes hiciera uso de sus pistolas para responder a las piedras que algunos les lanzaban.

El 12, en Tenerife, Jesús Fernández Trujillo, de veintidós años, murió por los disparos de la Guardia Civil cuando se manifestaba, junto a otros ciento cincuenta estudiantes de la Universidad de La Laguna, a favor de la huelga general convocada en Tenerife. El estudiante Fernando Jaesuria Martí, de dieciocho años, también resultó herido de bala en un hombro.

LOS DATOS DE LA MEMORIA FISCAL

No existen cifras oficiales referidas a 1976, pero la Memoria fiscal de 1978 sí ofrece de manera numérica las acciones contabilizadas por acciones políticas realizadas durante todo el año 1977, donde apenas se reseña a 15 personas muertas en «enfrentamientos con Fuerzas de Orden Público u otras causas», pero en la que facilita estos datos elocuentes sobre la represión:

Manifestaciones públicas | 1028
Manifestaciones con intervención de las Fuerzas de Orden Público | 788
Concentraciones | 1305
Encierros | 430
Asambleas | 498
Ofensas a la bandera nacional | 79
Exhibición de bandereas republicanas | 258
Sucesos en cárceles | 273
Ocupación de locales oficiales | 44
Detenidos | 4394
Fuente: Memoria del fiscal del Tribunal Supremo de 1978. |

Si sumamos todas estas intervenciones de las Fuerzas de Orden Público durante 1977 en manifestaciones, concentraciones, encierros, asambleas, etc., la cifra de la represión llega a 2.402 acciones. Una conflictividad que supone más de seis acciones violentas diarias y en la que la cifra de detenidos por todos estos conceptos asciende a 4.394 personas. Como puede leerse, en la cárceles se contabilizaron 273 motines, protestas y actos violentos protagonizados por los reclusos en los que se requirió la intervención de las FOP.

De las 1.028 manifestaciones públicas contabilizadas, sólo 240 se realizaron sin la intervención de las Fuerzas de Orden Público. Es decir, que el 76,60 por 100 de las manifestaciones fueron respondidas con el uso de la fuerza pública.

LA DINÁMICA REPRESIVA DURANTE 1978

Las elecciones de junio de 1977 habían marcado un hito fundamental en la dinámica política. La ruptura pactada se abrió paso definitivamente hasta la aprobación de la Constitución. También, esta nueva dinámica se manifestó en las movilizaciones y en las actuaciones en la calle de las FOP hasta el referéndum de diciembre de 1978, tal como queda claro en los hechos que se consignan a continuación.

El 15 de enero de 1978, en el País Vasco y Navarra se realizaron más de una docena de manifestaciones por los enfrentamientos de Pamplona del día 11 en que murieron un policía y dos miembros de ETA, así como para protestar contra la muerte del etarra José David Álvarez Peña, tras varias semanas de agonía, herido por la Guardia Civil en las proximidades de la central nuclear de Lemóniz, cuando intentaba colocar un artefacto. La muerte de David Álvarez provocó también manifestaciones de protesta en Palencia, Algorta, Gernika, Ondarroa, San Salvador del Valle, Portugalete y Santurce. A su funeral asistieron diez mil personas. En un comunicado, el PSOE criticó duramente al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, por haber dicho tras los sucesos de Pamplona: «Hasta ahora vamos dos a uno a nuestro favor».

El 8 de febrero, en Getafe, una manifestación para protestar por las cargas policiales del día anterior contra una concentración popular en apoyo a los trabajadores de Wafios, se convirtió de nuevo en una batalla campal. La Policía Armada cargó violentamente y se registraron numerosos heridos. Según Miguel Ángel Mayoral, secretario del PSP en Getafe, «la intervención policial ha sido exagerada y abusiva; cuando trasladábamos a un herido, todos nosotros hemos sido golpeados. Ha sido una provocación». Según el Gobierno Civil de Madrid, los manifestantes levantaron barricadas y sólo se tenían noticias de dos heridos leves.

El 9 de marzo, en Ciutat Badia (Barcelona), varias personas resultaron heridas, una de gravedad, como consecuencia de la intervención de la Guardia Civil, cuando se manifestaban reclamando guarderías.

El 13, en Vigo, falleció Elvira Parcelo Rodríguez, de veintiún años, tras sufrir un derrame cerebral a causa de los golpes recibidos en la primera carga de la Policía Nacional al disolver una manifestación de trabajadores de Ascon (Astilleros y Construcciones), dos días antes.

El 20, en Espinardo (Murcia), una carga de la Policía antidisturbios contra manifestantes que acababan de cortar una carretera para reclamar la limpieza de los centros escolares y que se disponían a disolverse, hirió a varias personas, entre ellas de gravedad a Ginés Pérez Muñoz, miembro de UGT.

El 27, en Badajoz, los duros enfrentamientos entre la Policía y huelguistas de la construcción que gritaban «Salarios de hambre, no», se saldó con varios contusionados y una mujer embarazada herida que tuvo que ser atendida en una casa de socorro.

El 1 de mayo, en Barcelona, Gracia Rodríguez Buzón fue herida de gravedad en la cabeza, por una pelota de goma, en la carga policial contra manifestantes del Primero de Mayo en las Ramblas. De las 202 manifestaciones programadas, se registraron incidentes también en Valencia, Valladolid, Bilbao y Pamplona, donde hubo 27 heridos por la carga policial, entre ellos, María Larrañeta, de treinta y un años, militante de la ORT que sufrió una conmoción cerebral debido al impacto en la cabeza de un bote de humo. Según un portavoz del PSOE, la manifestación del Primero de Mayo en Pamplona había terminado «como en los tiempos del franquismo».

El 12 de mayo, en un control de la Guardia Civil en la carretera de Valdepeñas a Jaén, murió, tras recibir cinco impactos de bala, el joven Félix Romero Osorio, que viajaba en coche con su familia. Al no percatarse de la presencia policial, el vehículo no se detuvo y fue tiroteado.

El 13 de junio, en Sabadell (Barcelona), el joven José María Sánchez Pérez, de dieciocho años, resultó herido de bala en una pierna por la Guardia Civil al no atender la orden de alto.

El 8 de julio, sucesos de los Sanfermines. El joven Germán Rodríguez, militante de la Liga Comunista Revolucionaria, perdió la vida y otras ciento cincuenta personas quedaron heridas tras irrumpir a tiros la Policía Armada en la plaza de toros de Pamplona, durante los Sanfermines, para retirar una pancarta pro amnistía: «En San Fermín todos a casa». Al día siguiente, en una manifestación de protesta por la muerte de Germán, murió en San Sebastián Juan Ignacio Barandiarán Urkiola, de diecinueve años, por disparos de la Policía como consecuencia de una bala que le atravesó el pecho.

El día 12 se desarrollaron actos de pillaje y vandalismo en Rentería protagonizados por una compañía de la Policía Armada, integrada por doscientos agentes, que se dedicaron a asaltar comercios mientras tomaban la calle, destrozar las vitrinas de los comercios y saquear escaparates, mientras disparaban a las ventanas de las casas pelotas de goma y botes de humo.

El 11 de septiembre, en Barcelona, Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego, de dieciséis años, empleado en una agencia de viajes, murió por una carga de la Policía Nacional, en el transcurso de la Diada de Catalunya. Otras dos personas resultaron heridas: Sergio Viso, vecino del lugar, que fue golpeado por seis policías cuando trataba de entrar en su casa huyendo de los incidentes, y Laura González Massip, de diecinueve años, que resultó alcanzada por una bala de la Policía en un lugar alejado de los incidentes, cuando regresaba de la manifestación unitaria.

El 1 de octubre, en Córdoba, durante una manifestación no autorizada, se produjeron varios heridos por enfrentamientos entre los manifestantes del Movimiento de Parados y las fuerzas antidisturbios de la Policía.

El 21, en Sevilla, en un control de carreteras, falleció por disparos de la Guardia Civil, Domingo Gutiérrez Delgado, de cuarenta y cuatro años, al no detenerse el coche que conducía. El disparo entró por la ventanilla, lo que descarta la posibilidad de haber sido tiroteado después de franquear el control.

El 6 de diciembre, la Constitución española fue aprobada en referéndum, con el 87,9 por 100 de los votos emitidos a favor y el 7,83 por 100 en contra.

El 12, en Cúllar-Vega (Granada) un enfrentamiento entre vecinos que pedían transporte público y la Guardia Civil se saldó con seis detenidos, cinco heridos leves por impactos de pelotas de goma y un guardia levemente herido por una pedrada.

El 15, en Mondragón, tras un enfrentamiento entre un comando de ETA y la Guardia Civil en el que murieron dos etarras, cuando éstos ya estaban en el suelo heridos de muerte, apareció una dotación de la Policía y comenzó a disparar indiscriminadamente con un subfusil. Como resultado murió Emilio Larrea, un vecino que estaba en la puerta de su caserío, y fueron heridos de bala el estudiante Roberto Beltrán, cuando salía de la escuela donde estudiaba, y Crescencia Vidaurreta, que pasaba por allí.

El 20, en Lebrija (Sevilla), varios centenares de trabajadores agrícolas, que se manifestaban contra el paro, convocados por la CSUT, fueron disueltos violentamente después de que policías de paisano golpearan a las personas que salían de la manifestación.

DE LA CONSTITUCIÓN A LA APARICIÓN DE LOS GAL

Tras la promulgación de la Constitución española, con las reglas del juego democrático totalmente definidas y aceptadas en el terreno político, se abre una nueva situación en las movilizaciones. Predominan las manifestaciones sectoriales contra políticas concretas: las estudiantiles contra la política educativa del Gobierno, las antinucleares, campesinas, vecinales, sindicales por los convenios, empresas en reconversión, presos de la COPEL, abertzales de las gestoras pro amnistía en favor de los presos de ETA y manifestaciones por la paz y contra el terrorismo…

Éste es el balance de 1979-1983 en cifras:

Víctimas de la violencia institucional | Muertos | Heridos
Por grupos «incontrolados» de extrema derecha | 30 | 67
Guerra sucia contraterrorista (contra ETA y GRAPO) | 11 | 20
Represión en la calle por las Fuerzas de Orden Público (manifestaciones, actos políticos, controles policiales, etc.) | 15 | 148
Bajo custodia. Detenidos por Policía-Guardia Civil y presos en cárceles (torturas, malos tratos, heridas) | 5 | 81
Total | 61 | 316

En enfrentamientos | Muertos
Miembros de ETA, GRAPO y otros grupos terroristas muertos en enfrentamientos armados con la Policía y la Guardia Civil | 24

Víctimas mortales del terrorismo de extrema izquierda. Por autores | Muertos
ETA | 246
GRAPO | 32
Total | 278

La violencia se centraba principalmente en el País Vasco y en Navarra, pero la represión desencadenada por las Fuerzas de Orden Público al disolver manifestaciones durante este período estuvo jalonada por los siguientes sucesos.

El 14 de enero de 1979, tres de las seis manifestaciones antinucleares celebradas en el País Vasco, sin permiso gubernativo, fueron reprimidas violentamente. En San Sebastián, el joven Jaime Chivite, de veinticuatro años, acabó brutalmente apaleado por seis policías que le habían perseguido hasta un portal. Chivite, disminuido físico tras ser operado de un tumor en la cabeza e hijo de un teniente coronel del Ejército, salía de misa cuando se encontró con los manifestantes que huían de la Policía. Los agentes lo golpearon brutalmente en todo el cuerpo, y especialmente en la cabeza. «Durante la agresión —explicó un familiar del herido— perdió la peluca que cubría las cicatrices de la operación, y nos consta, con su testimonio, que en ese momento la Policía se ensañó aún más, dirigiendo sus golpes hacia la parte en que presentaba las repercusiones de la operación».

El 29, en Madrid, seis personas fueron detenidas por participar en una manifestación de protesta contra el asalto a la Facultad de Derecho, realizado días atrás. La estudiante de cuarto curso de psicología, Maribel Aragón, resultó herida por los golpes de la Policía y fue hospitalizada con conmoción cerebral, dolor agudo y lesión en el parietal inferior.

El 1 de marzo las elecciones generales dieron un nuevo triunfo a UCD, con el 35 por 100 de los votos, seguida del PSOE con el 29 por 100.

Tres días más tarde, en Parla (Madrid), Ursino Gallego, de catorce años murió por el impacto de una bala de goma lanzada por la Policía Nacional en el transcurso de una manifestación de vecinos, cuya petición era «¡Queremos agua!».

El 5 y 6, en las movilizaciones de conmemoración por los sucesos de Vitoria y en apoyo a los presos de la prisión de Soria, Ricardo Larrañeta, de veintiocho años, resultó herido de gravedad al ser alcanzado en la cara por una pelota de goma disparada por un policía nacional a corta distancia. En Bilbao, Joseba de las Heras, de dieciocho años, militante de la Joven Guardia Roja, recibió un tiro en la pierna y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En Guipúzcoa, las manifestaciones fueron reprimidas de forma contundente y la Policía detiene a más de 24 personas que pasan a disposición judicial.

El 11 de febrero, en Llodio, Eduardo Pedro Grijalvo, de cuarenta y un años, resultó herido de bala cuando la Guardia Civil cargó contra un grupo de manifestantes, dentro de la campaña en apoyo a las reivindicaciones de los presos políticos de Soria, presuntos miembros de ETA.

El 20 de febrero, en Elgóibar (Guipúzcoa), la población laboral respondió con una huelga general convocada por la mayoría de las fuerzas políticas, como protesta por la actuación de la Guardia Civil que, días atrás, hirió de bala a tres jóvenes de la localidad y detuvo a cuatro vecinos a quienes acusaba de pertenecer a ETA. Según el testimonio de los jóvenes heridos, el motor de su coche hizo unas explosiones por efecto de la combustión y, sin mediar palabra de ningún guardia civil, se vieron repentinamente alcanzados por una ráfaga de ametralladora.

El 23, en Sevilla, durante las movilizaciones estudiantiles contra la selectividad universitaria que paralizó todos los institutos de la ciudad, resultó herida Agustina Dorado, de dieciocho años, por la Policía Nacional. Dos candidatos del PCE a los ayuntamientos de Sevilla y Lora del Río, Juan Carlos Pérez y Ricardo Espinar, fueron detenidos e ingresados en prisión por su participación en una de las manifestaciones.

El 25, en San Sebastián y Rentería, mientras se manifestaban grupos reducidos como protesta por la situación de los presos vascos en Soria, fueron detenidas 12 personas. El joven Emilio Plaza Méndez, de diecisiete años, resultó herido como consecuencia de un pelotazo en un ojo.

El 27, en Madrid, tres manifestantes acabaron hospitalizados con contusiones de consideración tras la carga policial que disolvió una manifestación frente a la embajada de Egipto que protestaba por los acuerdos establecidos entre Egipto e Israel con Washington.

El 24 de mayo, en Pamplona, las conversaciones sobre el convenio de la construcción de Navarra, en huelga desde hacía once días, se aplazaron después de que se supiera que Alfonso Arana, secretario del sector de CC. OO, había sido ingresado en un hospital, alcanzado por una pelota de goma disparada por la Policía Nacional. La carga policial, realizada en el momento de la salida de colegios próximos al lugar en que fue desencadenada, se saldó con varios heridos.

El 27 de mayo, el periódico británico The Guardian, publicó un editorial en el que escribía:

Siete víctimas del terrorismo cayeron ayer en España, en un día de terror. Murieron un general, dos coroneles y un conductor de automóvil, en Madrid, y un inspector de Policía, en Sevilla […] La violencia política ha alcanzado dimensiones alarmantes en España. Durante este año, 58 personas han muerto como consecuencia de actos terroristas de la izquierda y la derecha. […] Parece evidente que ETA no tiene en cuenta si sus víctimas son liberales o reaccionarios. Un oficial con uniforme es un objetivo posible. […] Al mismo tiempo, al cuerpo de oficiales, que cuenta con muchos elementos de extrema derecha, no le importa que el general asesinado fuese un liberal, a quien se le había confiado la tarea de la reforma del Ejército, a la cual ellos se oponían. […] En su cólera, ven solamente que los tres oficiales fueron asesinados por terroristas de extrema izquierda y piden venganza.

El 3 de junio, en Tudela, Gladis del Estal, de veintidós años, murió por el disparo de un guardia civil mientras ella permanecía sentada en el suelo durante una concentración por el Día Internacional contra las Centrales Nucleares. El ministro del Interior, general Antonio Ibáñez Freire, declaró que se había debido a un disparo fortuito y archivó el caso.

Las manifestaciones de protesta por la muerte de Gladis se prolongaron hasta el 7 de junio por todo el País Vasco. En una de ellas resultó herido de bala por disparos de la Policía el obrero de Basauri, José García Rodríguez. En una de las razzias organizadas en San Sebastián durante el día de la Tamborrada, un policía nacional vestido de paisano, José Pajarón Rodríguez, perdió su carnet de identidad tras herir gravemente a una persona. El 10, en Rentería, otro policía de paisano, franco de servicio, mató de un disparo a Vicente Vadillo, cliente del bar Apolo. Horas más tarde, se realizó una asamblea en el pueblo para tratar el crimen que fue interrumpida y reprimida por la Policía, quienes también asaltaron el ayuntamiento y golpearon a los ediles reunidos en un acto de la Corporación Municipal.

El 25 de junio, durante una huelga legal en el Mercado Central de Valencia, el estibador Valentín González Martínez, de veinte años, afiliado a la CNT, fue herido mortalmente como consecuencia de una bala de goma disparada por la Policía Nacional a corta distancia, al disolver a los obreros que permanecían, pacíficamente, como piquete informativo delante del mercado para impedir que entraran los camiones y descargaran los productos. Falleció cuatro días más tarde.

El 28, en Cádiz, durante las protestas provocadas por Astilleros Españoles al anunciar que no podía pagar los salarios, resultaron heridos cuatro policías y tres obreros en los violentos choques entre los trabajadores y las fuerzas del orden.

El 2 de julio, en la población sevillana de Badolatosa, varias personas sufrieron heridas en los enfrentamientos entre la Guardia Civil y obreros agrícolas en paro que cortaban el tráfico de la carretera comarcal.

El 31, el alcalde de Abrera (Barcelona), Manuel López Lozano, militante del PSUC, fue herido gravemente por la Guardia Civil y quedó paralítico de por vida. Mientras el alcalde mediaba en un conflicto laboral, la Guardia Civil se presentó en la fábrica y uno de los agentes efectuó el disparo que hirió a Manuel López en la columna vertebral.

El 6 de agosto, en Salamanca, la Policía cargó contra los trabajadores de la construcción en huelga durante la negociación del convenio laboral, mientras cruzaban en manifestación una calle estrecha y sin salida. El trabajador Francisco Merino resultó herido en la cabeza por un proyectil.

El 14, en Monforte de Lemos, durante las fiestas patronales, murió Emilio Fernández Castro, de treinta y seis años, tras ser apaleado por varios policías nacionales. Otras diez personas resultaron heridas graves durante los incidentes entre manifestantes y policías.

El 1 de septiembre, «sábado trágico» en San Sebastián. Durante una manifestación a favor de los refugiados vascos, perdió la vida Ignacio Quijela, de dieciocho años, y quedó herido gravemente Lisardo Calo, de dieciséis años, ambos por disparos realizados por las Fuerzas de Orden Público, con la agravante de que uno de los policías usó su arma reglamentaria a sólo diez metros del fallecido, sujetándola con las dos manos, y que los heridos no fueron atendidos inmediatamente ni llevados a un hospital.

El 20, en Oviedo, Valeriano Martínez Pérez, de cuarenta y un años, que formaba parte de un piquete de huelga, resultó muerto tras un enfrentamiento con la Guardia Civil, ocurrido alrededor de las diez y media de la mañana, cuando el piquete de trabajadores cortó el paso a un convoy de camiones que transportaba leche, que iba escoltado por las fuerzas de la Guardia Civil.

El 30, en Pamplona, tres personas quedaron heridas y otras dos detenidas como consecuencia de las movilizaciones organizadas en apoyo de los refugiados vascos que fueron disueltas por la Policía Nacional con material antidisturbios mientras los manifestantes levantaban barricadas.

El 13 de octubre, en Barcelona, se produjeron varios heridos y contusionados por la acción de los grupos especiales antidisturbios de la Policía Nacional, al disolver una concentración pacífica ante la Delegación de Hacienda protagonizada por doscientos cincuenta trabajadores de la empresa Lavis.

El 14 de noviembre, en Pamplona, cincuenta personas resultaron contusionadas al disolver la Policía una concentración no autorizada que congregó a doscientas cincuenta personas en protesta por la muerte de Miguel Arregui, concejal de Herri Batasuna en Lakunza, en un control de carretera de la Guardia Civil. Entre los heridos estaban José Antonio Urbiola, vicepresidente del Parlamento Foral de Navarra, y Patxi Zabaleta, primer teniente de alcalde de Pamplona. El socialista Víctor Manuel Albeloa, presidente del Parlamento Foral de Navarra, había remitido tres preguntas parlamentarias al ministro del Interior sobre las circunstancias de la muerte de Arregui, las razones por las que la Guardia Civil no utilizaba los medios técnicos habituales en los controles y pedía sanciones para los responsables de «este homicidio».

El 30 de noviembre, en Arcos de la Frontera (Cádiz), tras las movilizaciones contra el Estatuto de los Trabajadores convocadas por CC. OO. y USO, que ocasionaron un herido y varios contusionados por cargas policiales, José Salguero Trillero resultó herido por un disparo de la Policía cuando pretendían detenerle por un supuesto robo en una huerta.

El 13 de diciembre, en Madrid, los estudiantes Emilio Martínez y José Luis Montañés murieron por disparos de la Policía en el transcurso de una manifestación contra el Estatuto de los Trabajadores convocada por Comisiones Obreras, a la que se sumaron como miembros del movimiento estudiantil que protestaban contra el nuevo Estatuto de Centros Docentes y la Ley de Autonomía Universitaria. Meses más tarde, fueron identificados los policías nacionales Juan José López Tapia y Antonio Francisco Garrido Sánchez como los autores de los disparos que mataron a los dos estudiantes. A los dos días de la muerte de José Luis y Emilio, en Pamplona, un policía nacional y un joven resultaron heridos durante los enfrentamientos surgidos entre la Policía y diversos partidos que convocaron una manifestación para exigir la amnistía total y protestar por las muertes de los dos estudiantes madrileños.

El 31 de diciembre, en Madrid, más de veinte mil personas, en su mayoría estudiantes, se manifestaron pacíficamente contra los proyectos educativos del Gobierno: Ley de Autonomía Universitaria, Estatuto de Centros Docentes y Ley de Financiación de la Enseñanza. La Policía cargó violentamente contra los últimos grupos de manifestantes que llegaban al final del trayecto: la glorieta de Cuatro Caminos. Retuvieron a 130 personas y persiguieron a los rezagados. Los periodistas que cubrían la información fueron golpeados por la Policía. El fotógrafo de El País, Bernardo Pérez, fue golpeado en la cabeza y le produjeron una herida junto a la nuca, a pesar de que estaba identificado con el brazalete de informador. En las cargas policiales, la joven Victoria Eugenia de Francisco Carmona, de veinte años, resultó con heridas de carácter reservado. Se practicaron 57 detenciones y, según una nota pública de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios de Madrid, «sólo la inesperada y repentina irrupción de fuerzas de la Policía Nacional, que comenzaron a disparar botes de humo y a cargar contra los manifestantes, en la glorieta de Cuatro Caminos, provocó los incidentes posteriores. Por todo ello, los actos violentos no son imputables en ningún caso a los organizadores de la manifestación, sino a la acción de la Policía». En las restantes manifestaciones realizadas en los distritos universitarios de Barcelona, Valencia, Granada y Salamanca no hubo ningún incidente. En Madrid, 62 centros de enseñanza media secundaron la huelga.

El 7 de mayo, en Madrid, tras realizar paros de una hora y asambleas de fábrica en las que participaron más de cincuenta mil personas, Comisiones Obreras y UGT convocaron una manifestación legal para exigir la inmediata disolución de las bandas fascistas tras los asesinatos de Arturo Pajuelo y Juan Carlos García. También, como homenaje público al dirigente vecinal Arturo Pajuelo, la Federación de Asociaciones de Vecinos organizó un acto en la plaza de toros de Vista Alegre para el domingo 11. Las entidades ciudadanas, políticas y sindicales del barrio de Quintana convocaron una jornada de lucha y una concentración cívica.

El 5 de julio, en Bilbao, durante una manifestación convocada por el PNV «en señal de apoyo a las instituciones vascas», durante un enfrentamiento entre los miembros del servicio de orden —ertzainas— y trabajadores de la empresa Nervacero, sufrió una agresión en el bajo vientre Ramón Begoña, marmolista de treinta y siete años y militante del PNV. Aunque, al principio no dio importancia a la herida, días más tarde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y falleció en el hospital dieciséis días después. El fallecido era militante de la Junta Municipal de Derio, cuya sede social del PNV acababa de sufrir un atentado en el que unos desconocidos colocaron ochocientos gramos de Goma 2.

El día 10, en Almendralejo (Badajoz), tres trabajadores, un teniente y dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos durante una manifestación convocada por el sindicato del Campo de CC. OO. La Guardia Civil disparó pelotas de goma contra los trabajadores que cortaban la carretera.

El 8 de agosto, en Rentería, durante los enfrentamientos entre la Policía y miembros de la columna Carlos Santise, que recorría el País Vasco pidiendo la amnistía total, quedaron heridos un policía y cuatro personas ajenas a la manifestación: José Rioboo, de cincuenta años, Begoña Martínez Fierro, de diez años, y Aurora Cebemín Cano, de once, el padre de ésta, José Cebemín, con quemaduras leves por cóctel molotov.

El 6 de septiembre, en las dependencias de la Dirección General de Seguridad de Madrid, falleció, mientras estaba siendo interrogado por agentes de la Brigada Central de Información, el joven José España Vivas, de veinticinco años, miembro de la Asociación de Vecinos del Barrio de Venecia, quien había sido detenido bajo la acusación de formar parte de los GRAPO, imputación que era falsa, y que se debió a un grave error policial. José España sufrió un infarto mientras era interrogado. Su autopsia reveló que tenía un quiste hidatídico y que fue determinante para su muerte, pero el cadáver tenía los pies hinchados, quemaduras de cigarrillos en distintas partes del cuerpo y signos evidentes de haber sido torturado. No se realizó ninguna investigación sobre las circunstancias de su muerte.

El 9 de octubre, en Sevilla, cuatro personas resultaron heridas por fuerzas de la Guardia Civil que cargaron contra obreros agrícolas de la finca El Torbiscal, convocados por el Sindicato de Obreros del Campo, cuando trataron de parar las máquinas recolectoras de algodón que les quitaban el trabajo.

El 9 de noviembre, en Osuna (Sevilla), siete personas quedaron heridas al disolver la Guardia Civil una concentración de trabajadores que protestaban por la detención del secretario provincial de la Federación de Campesinos de la CNT, Ramón Rodríguez, acusado de criticar duramente a la Guardia Civil en un mitin. En Arrecife (Lanzarote) se produjo un estallido violento cuando las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional disolvieron una manifestación que pedía la liberación de los pescadores del Garmomar, secuestrados por el Frente Polisario. Se rompieron escaparates, se pusieron barricadas y un grupo de jóvenes incendió el local de UCD en la capital lanzaroteña.

El 9 de febrero de 1981 se realizó una huelga general y grandes manifestaciones en el País Vasco contra el terrorismo de ETA tras el asesinato del ingeniero Ryan. Según la prensa, las movilizaciones, que congregaron a cientos de miles de personas, alcanzaron «en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava un eco sólo comparable al obtenido en su día por los llamamientos de la oposición vasca a la movilización popular durante los últimos meses del régimen franquista y primeros de la transición». Iberduero suspendió temporalmente su actividad en la central nuclear de Lemóniz por «el estado de angustia de los trabajadores y de sus familias». En un incidente provocado por contramanifestantes en San Sebastián, el ex lehendakari en el exilio Jesús María de Leizaola, de ochenta y cuatro años, que participaba en la protesta, fue alcanzado por dos pedradas que le fracturaron la clavícula y las fosas nasales. La huelga general fue total en la margen izquierda del Nervión, donde se encuentran las grandes empresas siderometalúrgicas.

El 23 de febrero se produce el intento de golpe de Tejero.

El 5 de marzo, en Overa (Almería), María Asensio Morales, de veintisiete años, casada y con dos hijos, fue herida mortalmente en un enfrentamiento entre manifestantes del pueblo, que impedían la instalación de cuatro pozos, y fuerzas de la Guardia Civil. Murió diecinueve días mas tarde. Mil personas asistieron a su sepelio.

El 25, en Pamplona, cincuenta mil navarros se manifestaron contra ETA y por la paz, en protesta por el asesinato del teniente coronel José Luis Prieto, asesinado el 21 de marzo. La marcha, fuertemente protegida por la Policía, discurrió en silencio.

El 8 de mayo, se realizaron manifestaciones en toda España de repulsa al terrorismo y de solidaridad con las víctimas.

El 10, en Almería, tres jóvenes santanderinos de vacaciones, Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, murieron tras ser detenidos y torturados por la Guardia Civil. El teniente coronel Carlos Castillo Quero, el teniente Manuel Gómez Torres y el agente Manuel Fernández Llamas serían juzgados y condenados en junio de 1982 por los tres homicidios realizados porque se les identificó erróneamente como etarras.

El 5 de agosto se dio a conocer un informe oficial sobre violencia política. El Ministerio del Interior hizo público un informe, a través de la agencia Efe, en el que aseguraba que durante 1981 había disminuido la violencia política en España. Según estos datos, durante los seis primeros meses de 1981 se produjeron 30 muertos en acciones terroristas frente a 57 en el mismo período del año anterior. El informe daba cuenta del descenso del número de heridos en acciones terroristas, de 68 en la primera mitad de 1980 a 57 en los seis primeros meses de 1981. Sin embargo, no hacía referencia a la violencia política que significó el intento golpista del 23 de febrero. En cambio, destacaba que «los partidos políticos significativos y los distintos medios de comunicación social, en términos generales y salvo excepciones, se manifiestan expresamente contra la utilización de cualquier forma de violencia como sistema de apoyo a la acción política». El informe atribuía las manifestaciones de especial violencia política a las formaciones de extrema izquierda, entre las que resaltaban los partidos abertzales vascos y el Movimiento Comunista (MC), y de extrema derecha, destacando al Frente de la Juventud, Guerrilleros de Cristo Rey, grupos disidentes o provenientes de Fuerza Nueva y formaciones paramilitares de grupos de ultraderecha. Las acciones terroristas no sangrientas fueron 173 en el período de tiempo objeto de análisis. ETA militar cometió mayor número de asesinatos entre enero y junio de 1980, como consecuencia de los cuales murieron 44 personas, mientras que en el mismo período de 1981 las víctimas mortales fueron veinticuatro. Los heridos por ETA militar ascendieron de 35 en 1980 a 43 en 1971. Las detenciones de terroristas aumentaron en 1981, en cuya primera mitad se detuvo a 617 miembros de ETA (376 en el mismo período de 1980), 127 de extrema derecha (53 en 1980), 23 de GRAPO (50 en 1980) y 38 de otros grupos (33 en el mismo período de 1980).

El 29 de septiembre, la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) convocó a una huelga a seis mil reclusos de las prisiones españolas para protestar contra las condiciones de vida carcelarias. Más de dos mil presos secundarían la acción.

El 30 de octubre, en Granada, varias personas resultaron heridas de diversa consideración, entre ellas una menor, y un teniente de la Policía Nacional, arrollados, en los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Orden Público durante las manifestaciones contra el ingreso de España en la OTAN.

El 6 de noviembre, en Polinyà (Barcelona), veinte trabajadores de la empresa Estampaciones Sabadell, S. A., fueron golpeados por la Guardia Civil cuando intentaban realizar una asamblea al aire libre, frente a la fábrica. Los trabajadores Sebastián Martínez García y Francisco Castillo García tuvieron que ser ingresados en un hospital con lesiones graves.

El 11, en Torreblanca (Jaén), 11 trabajadores agrícolas resultaron heridos y tres detenidos en los enfrentamientos con la Guardia Civil, cuando doscientos trabajadores se concentraron en la finca Torrubia para pedir contratos en la recogida de algodón.

El 2 de marzo de 1982, en Trebujena, el guardia civil Jesús Macías Morente mató de un disparo al joven jornalero Carmelo Montoya Alonso y dejó herido a su acompañante, Antonio López, al no atender el alto cuando iban en una moto. El guardia sería condenado a un año por «imprudencia temeraria».

El 6, en León, un trabajador de la central térmica de Anllares del Sil, propiedad de Fenosa, resultó herido en los enfrentamientos entre huelguistas y la Guardia Civil.

El 20 de julio, en Valencia, durante una manifestación frente al palacio de la Generalitat para protestar por la situación de Unión Naval de Levante, el trabajador Sebastián García García, de cincuenta y seis años, fue atropellado por un coche mientras las Fuerzas de Orden Público disolvían duramente a los manifestantes tras la detención de una trabajadora por insultos a un sargento de la Policía. En los enfrentamientos con la Policía resultaron heridos dos trabajadores, otros ocho fueron detenidos y dos policías contusionados. Sebastián García falleció días más tarde. El 27, en Cangas del Morrazo (Pontevedra) varios jóvenes resultaron heridos por la Guardia Civil tras la manifestación de tres mil personas que protestaban por la situación de los transportes marítimos de esa ciudad con Vigo. La Guardia Civil empleó botes de humo y pelotas de goma contra los manifestantes que volcaron automóviles y formaron barricadas.

El 12 de septiembre, en San Sebastián, una manifestación pro amnistía compuesta por más de dos mil personas convocada por Herri Batasuna, al ser disuelta por la Policía Nacional se saldó con una veintena de heridos. Entre ellos, Ramón Prior Castellano, de sesenta años, y José Luis Heras Camicero, de treinta y tres. Se gritó «Gora ETA Militara», «Amnistía», «Presoak Kalera» y «Policía asesina». En los enfrentamientos sufrieron contusiones un suboficial y cinco números de la Policía.

El 28 de octubre, en las elecciones generales, el PSOE venció por mayoría absoluta.

El 19 de mayo de 1983, mientras en Tafalla (Navarra) seguía en estado grave Jesús María Lizarraga, de veintidós años, herido tras la intervención de la Guardia Civil para disolver una manifestación no autorizada de gestoras pro Amnistía, el ayuntamiento de esta localidad condenó por unanimidad la intervención de la Guardia Civil.

El 21 y 23 de julio, 80 heridos en la «guerra de las banderas». Tres días de violencia en Rentería al ser izada, junto a la ikurriña, la bandera española en el ayuntamiento de la ciudad. El gobernador civil no aceptó que la bandera española fuera arriada. Más de sesenta policías de paisano, esgrimiendo porras y grilletes que ocultaban en periódicos y bolsas, disolvieron a una multitud de más de mil personas que esperaban el lanzamiento del cohete que daba inicio a las fiestas patronales de la Magdalena. Entre los congregados había militantes de HB que había convocado a la concentración para «mostrar su repulsa a la bandera española». Los grilletes abrieron brechas indiscriminadamente a personas que se encontraban en el lugar para asistir a la fiesta. Un militante del PNV que les increpó: «Estáis locos», fue apaleado por la Policía. Según el Gobierno Civil, la Policía actuó al ser agredida.

El 25 de julio, en Galicia, se contabilizaron tres heridos (uno de ellos grave) y siete detenidos en el Día de la Patria Galega, como resultado de la carga realizada por las fuerzas antidisturbios de la Policía contra una concentración de varios miles de personas en Santiago de Compostela. Según una nota oficial del Gobierno Civil, las fracturas del herido más grave se las hizo «al caer al suelo cuando la intervención policial desencadenó una carrera masiva».

DOCUMENTOS GRÁFICOS DE LA TRANSICIÓN
PARTE II

El 2 de febrero de 1980, el cadáver de la dirigente estudiantil Yolanda González fue descubierto en una cuneta tras ser secuestrada en su casa de Madrid por un comando de Fuerza Nueva.

Portada de la revista La Verdad Socialista, del PST, partido en el que Yolanda González militaba.

Comunicado conjunto de las fuerzas políticas de izquierda como respuesta al asesinato de Yolanda y a los crímenes de las bandas fascistas.

El 31 de mayo de 1982, mientras los asesinos materiales eran juzgados, el autor publicó esta semblanza de Yolanda en El Periódico de Catalunya.

Portada de la revista La Calle. En 1980, cinco personas fueron asesinadas en Madrid por bandas de extrema derecha.

Entierro en Orcasitas de Arturo Pajuelo, dirigente vecinal, asesinado por ultraderechistas cuando participaba en la manifestación sindical del 1.º de mayo de 1980. Portada del periódico ultra El Alcázar sobre la movilización franquista de la Plaza de Oriente, meses después de la intentona golpista del 23-F.

El caso Arregui supuso un balón de oxígeno para ETA, acorralada tras el asesinato del ingeniero José María Ryan. Portada de Cambio 16.

La muerte de Arregui destapó la práctica de torturas durante los interrogatorios policiales. Foto de los jóvenes cachorros que fundaron La Legión de San Miguel Arcángel.

El asesinato de Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, sigue siendo un crimen de autor sin aclarar.

Diario Informaciones, 28 de agosto de 1978, primeros datos sobre el secuestro y la desaparición de Pertur.

Jueves, 4 de febrero de 1977. Un momento clave de la transición. Neofascistas, ultras y «grapos» en la primera página de El País.

8 de julio de 1978. Instantáneas de la plaza de toros de Pamplona en plenas fiestas de San Fermín. Tres momentos de una represión policial sin precedentes, desencadenada cuando la policía entró a tiros en la plaza para retirar una pancarta. La batalla campal se saldó con la muerte del joven Germán Rodríguez, que recibió un disparo mortal en la cabeza.

La muerte por torturas del anarquista Agustín Rueda destapó las prácticas violentas de funcionarios en la prisión de Carabanchel.

El semanario Triunfo, con dos grandes temas, en plena transición a la democracia en España.

Portada de Cambio 16 durante la semana en que murió el general Franco, 24-30 de noviembre de 1975.

A MODO DE BALANCE
LA SANGRE DE LA TRANSICIÓN

Desde el 20 de noviembre de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1983, en que se contabilizaron los primeros crímenes de los GAL, entre muertos y heridos hospitalizados, la transición española se cobró más de 2.663 víctimas por violencia política, incluyendo en este concepto los terrorismos de extrema izquierda, nacionalistas, de extrema derecha, la guerra sucia, la represión en la calle, la tortura y otras manifestaciones de violencia política emanada de instituciones del Estado.

De estas 2.663 víctimas de violencia política durante la transición, un total de 591 perdieron la vida. Y de ellas, 188 personas murieron en actos de violencia política de origen institucional. Esta cifra resulta relevante si consignamos las 3.173 víctimas mortales de la violencia en todas sus expresiones (asesinatos, homicidios, parricidios, terrorismo, robos con homicidio…), documentadas por las Memorias del fiscal general del Estado durante los años estudiados.

Si desglosamos los datos (véase gráfico I) nos encontramos:

a) En el trienio que abarca desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución española (noviembre de 1975-diciembre de 1978), se registraron en total 616 crímenes mortales por actos de violencia. De ellos, 169 tuvieron motivaciones políticas y suponen el 31,8 por 100 del total de crímenes de sangre. Dentro de este porcentaje de crímenes políticos, el 9,75 por 100 (60 muertos) fueron víctimas mortales de la violencia institucional.

GRÁFICO I
Evolución de las víctimas mortales de la violencia política en España (20/11/1975 - 28/12/1983)

b) En el quinquenio desde enero de 1979 hasta diciembre de 1983, los crímenes mortales ascendieron en España a 2.507, de los que 363 (el 14,47 por 100) se debieron a la violencia política (con un repunte importante del terrorismo de ETA) y apenas el 2,43 por 100 se debió a violencia política de origen institucional, con 61 víctimas en cinco años.

En cuanto a los heridos que precisaron atención médica hospitalaria entre noviembre de 1975 y diciembre de 1983, según datos oficiales más de mil fueron víctimas del terrorismo de izquierdas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1.072 heridos fueron víctimas de la violencia política institucional, por represión policial, acción de grupos incontrolados, guerra sucia, detenidos en cárceles y comisarías, según los datos de esta investigación.

El análisis de la evolución de la violencia política de origen institucional durante el período estudiado demuestra tener su punto álgido en los prolegómenos del intento del golpe militar del 23-F de 1981. A partir de ese momento, queda prácticamente desactivada tras la victoria electoral del PSOE, el 28-O de 1982. Después, la única actividad criminal de origen institucional consignable es la guerra sucia contra el terrorismo.

Por el contrario, el terrorismo nacionalista y de izquierdas (ETA, GRAPO…) sufre, entre las elecciones generales de 1977 y el referéndum de la Constitución, un repunte cuantitativo en número de víctimas (85 contabilizadas entre el 15 de junio de 1977 y el 31 de diciembre de 1978 y 94 durante 1979), para estabilizarse después de la victoria electoral socialista en torno al medio centenar de víctimas al año.

LA AUDIENCIA NACIONAL Y LAS AMNISTÍAS

El tratamiento jurídico de la violencia política durante la transición fue competencia exclusiva de la Audiencia Nacional (AN), creada por el Gobierno en enero de 1977 mediante decreto, para investigar y juzgar los casos de terrorismo, y que ha funcionado como un tribunal especial dedicado a este tipo de delitos.

En sus sentencias, la AN mantiene en todo momento una misma visión de la violencia selectiva de los «grupos incontrolados» de extrema derecha. La verdad judicial emanada de la AN se convirtió en verdad histórica asumida, sentencia tras sentencia y en muchos casos aplaudida, en los ámbitos políticos de la transición, el Congreso de los Diputados, los sindicatos de clase y los partidos con representación parlamentaria. En este sentido, la AN se convirtió en un instrumento crucial para el castigo y desmantelamiento de los restos más violentos del antiguo aparato franquista y para castigar las acciones terroristas de izquierdas surgidas con la transición.

La Audiencia Nacional fue también el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977, del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos, con el Decreto Ley de Amnistía de 1976 y sus sucesivas ampliaciones. De esta Ley de Amnistía de 1977 se beneficiaron inculpados en crímenes como Montejurra y Atocha, el dirigente de los Guerrilleros de Cristo Rey Mariano Sánchez Covisa; destacados policías condenados y/o procesados por torturas como Antonio González Pacheco y José Matutes; también los agentes de Orden Público encausados por matar a personas en el transcurso de manifestaciones y los implicados en muertes de detenidos en comisarías o cuartelillos… En este sentido, ningún agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado acusado de delitos de sangre durante la práctica de la represión fue condenado por los tribunales ni tuvo que responder por sus acciones. La aplicación de la Ley Antiterrorista fue también un instrumento fundamental que supuso en la práctica un estado de excepción permanente que facilitó la aplicación de la violencia «oficial», tanto indiscriminada como selectiva.

UNA VIOLENCIA SELECTIVA DE ORIGEN INSTITUCIONAL

Durante el período estudiado se desencadenó una violencia selectiva desde instituciones del Estado, canalizada a través de las denominadas tramas negras en las que elementos de extrema derecha, con la participación directa o indirecta de miembros del aparato del Estado, organizaron atentados y operaciones de castigo. Muchos de estos funcionarios del aparato represivo del Estado militaban al mismo tiempo en organizaciones de extrema derecha y se relacionaban con sus dirigentes.

Para la comisión de los grandes crímenes involucionistas desatados en el período preconstitucional (1975-1978), sus autores materiales convictos contaron con la participación, relación y amparo de funcionarios de la Administración española, de partidos legalizados (como FE-JONS, Frente de la Juventud) y con representación parlamentaria, como es el caso de Fuerza Nueva, dentro de la coalición de partidos legales de extrema derecha Unidad Nacional.

La matanza de Atocha fue el crimen más trascendental y significó un punto de inflexión de la violencia institucional en los inicios de la transición. Quedó jurídicamente probado que el crimen fue organizado desde un despacho del Sindicato de Transportes y relacionado con miembros de la Brigada de Información de la Policía (antigua Brigada Político-Social). Antes quedó también patente en el caso Montejurra, en cuya organización participaron incluso el ex ministro de Franco Oriol y altos cargos del Ministerio de la Gobernación. Más tarde, ya con la Constitución vigente, en el caso Yolanda González quedó demostrada judicialmente la implicación de un alto cargo de Fuerza Nueva y la intervención de un policía nacional.

INCONTROLADOS, TRAMAS NEGRAS Y «NO ADSCRITOS»

Con respecto a la actuación y existencia de tramas negras compuestas por ultraderechistas y funcionarios de los aparatos del Estado, la Audiencia Nacional siempre mantuvo en sus sentencias la versión de que tales crímenes fueron realizados «por “grupos incontrolados” de extrema derecha», y cuando este tribunal dictaminó las amnistías para éstos, les catalogó como «no adscritos»; es decir, como elementos aislados y desorganizados, sin partido, aunque en todos los casos estaban afiliados a las mismas organizaciones políticas legales (Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS, Hermandad de la Guardia de Franco, principalmente) y mantenían vinculaciones concretas con estamentos policiales, como quedó demostrado. Esta definición de «incontrolados no adscritos» persiste en todas las sentencias dictadas y en la calificación usada por la Fiscalía del Tribunal Supremo (posterior Fiscalía del Reino y Fiscalía General del Estado) en sus memorias anuales. También en su sinopsis jurídica inscribe estos casos bajo el capítulo de «terrorismo diverso», diluidos en un auténtico cajón de sastre.

Esta sistemática individualización de las causas supone, en la práctica, la renuncia oficial a reconocer el peso que poseían estos activistas dentro de los aparatos del Estado y la coordinación que podía existir entre las fuerzas involucionistas que actuaron contra el proceso democrático. De este modo, todos los crímenes fueron jurídica y políticamente obra de «grupos armados» creados y compuestos exclusivamente por sus miembros sentados en el banquillo, sin conexiones más allá de los autos de procesamiento. Así lo hemos visto y estudiado en los capítulos dedicados a los «hechos probados» en sede judicial. Esta visión se aplicó en el caso Atocha, que implicaba al Sindicato de Transportes; en El Papus, con la «parapolicial» Guardia de Franco y la fantasmal JEP; en Yolanda González, asesinada por el Grupo 41 de Fuerza Nueva (FN); en la bomba contra El País enviada por miembros del Frente de la Juventud, disidentes de FN; en los atracos del Frente de la Juventud; en los crímenes del Batallón Vasco Español de Iturbide y Zabala, en el Ejército Español de Liberación…

Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional trató permanentemente los casos restantes como «acciones violentas aisladas» realizadas por activistas que obraron por su cuenta sin ninguna coordinación, que acudieron armados a manifestaciones en calidad de guerrilleros de Cristo Rey (Arturo Ruiz, Carlos González, Norma Menchaca…), que realizaron ataques como militantes falangistas y fuerzanovistas disgustados (San Bao, Arturo Pajuelo, El Largo Adiós…), o agresiones indiscriminadas despojadas, según los tribunales, de objetivos políticos (Miguel Grau, Jorge Caballero, Andrés García, Vicente Cuervo…).

Aferrados a esta premisa de grupos incontrolados, jamás se indagó judicialmente sobre la participación de funcionarios en activo y las conexiones de los autores materiales con instituciones del Estado, con partidos políticos legalizados y con representación parlamentaria y municipal, con sindicatos de ultraderecha. En las diligencias judiciales se negaron sistemáticamente los registros de despachos o sedes, y toda la investigación se circunscribió a los encausados. Es paradigmático la instrucción sumarial del caso Yolanda González, en la que, como hemos visto, el jefe nacional de Seguridad del partido Fuerza Nueva, David Martínez Loza, mano derecha de Blas Piñar, fue condenado por inductor a pesar de la posición en contra del juez instructor y tras una larga peripecia judicial. Es el caso más llamativo.

Tampoco se investigó las conexiones de los encausados con miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Brigada de Información de la Policía (compuesta por antiguos miembros de la Brigada Político-Social franquista), con los servicios de información de la Guardia Civil o del Ejército. Todo lo contrario. Paradójicamente, fueron los estamentos sospechosos de alimentar y de armar estas acciones violentas quienes se encargaron de investigarlas, y fueron jueces procedentes del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, como Gómez Chaparro y Mariscal de Gante (que se encargaría de los delitos de prensa, principalmente) o de talante ultraderechista como Ricardo Varón Cobos, quienes instruyeron los principales sumarios.

Con todo, la participación directa de funcionarios del Estado, la organización e inspiración de actos violentos desde despachos oficiales, las conexiones personales de procesados con destacados policías son hechos que quedaron jurídicamente claros en la instrucción judicial de casos trascendentales de violencia política involucionista durante la transición española que poseen una importante carga institucional. Conocidos confidentes y colaboradores de la Policía, como José Fernández Cerrà (Atocha), Juan Ignacio Fernández Guaza (Arturo Ruiz y Montejurra) o Emilio Hellín Moro (Yolanda González), aparecen como tales en las causas. En los casos Montejurra, Atocha, Arturo Ruiz, y Yolanda González, tal conexión es clamorosa.

LAS CONEXIONES PROBADAS

En los casos Atocha, Arturo Ruiz y Yolanda González, las conexiones dictaminadas judicialmente como «hechos probados» quedaron reducidas al ámbito de las «relaciones individuales» entre procesados y funcionarios policiales, a pesar de los numerosos indicios: la procedencia de las armas utilizadas (en el asesinato del juez Occorsio, en Roma, el ultra Concutelli usó una Ingram propiedad de la Policía española, de la que existen recibos de compra), los arsenales encontrados (los pisos francos de Hellín cargados de explosivos), las infraestructuras descubiertas (documentaciones falsas, fugas planificadas al extranjero bajo cobertura policial, carnets del Ministerio del Interior…) y las relaciones de alto nivel que tenían algunos de los procesados.

La mayor consecuencia de no investigar estas conexiones ni registrar partidos legales o departamentos de las Fuerzas de Seguridad, trajo consigo el no esclarecimiento total de los crímenes, la impunidad para muchos funcionarios (además de la aplicación de la amnistía) y el encubrimiento político y corporativo de los indicios demostrados de conexiones entre activistas, confidentes a sueldo y miembros destacados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de Información militar (SECED/CESID). Por esta razón, las tramas negras se mantuvieron en activo durante toda la transición política española.

La actuación directa de policías y funcionarios de Prisiones en casos contundentes de violencia institucional, como Arregui, Agustín Rueda y Herrera de la Mancha, se dio bajo la cobertura de sus departamentos y con la participación masiva de funcionarios en las torturas y palizas que condujeron a muertes. La violencia institucional en estos casos adquirió tintes de impunidad, y fue denunciada año tras año por Amnistía Internacional, por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por colectivos de abogados del Colegio de Madrid. En el caso Arregui se dio bajo la cobertura de la Ley Antiterrorista y los policías procesados fueron absueltos al no aplicárseles la legislación contra la tortura con carácter retroactivo. En el caso Rueda los funcionarios procesados tardaron diez años en sentarse en el banquillo y fueron casi defendidos por el ministerio fiscal y por el abogado del Estado en las vistas orales.

Las conexiones a tres bandas entre incontrolados, neofascistas italianos refugiados en España y las Fuerzas de Seguridad quedaron totalmente claras a través de documentos policiales y dictámenes judiciales de extradición. Esta relación quedó documentalmente demostrada en Montejurra (con pruebas fotográficas incluidas) y en los sucesivos crímenes de la llamada guerra sucia contra el terrorismo hasta la aparición de los GAL, a través del Batallón Vasco Español (BVE) y la Triple A, como siglas permanentes de reivindicación y encubrimiento de las tramas negras. Los autores utilizaron estas siglas para dar unidad propagandística a sus acciones.

Activistas a sueldo de la guerra sucia contra ETA en Euskadi y el sur de Francia se vieron envueltos y relacionados con casos aquí estudiados. Sus más destacados miembros participaron en Montejurra, en la fábrica de Armas de la calle Pelayo, en la bomba contra El Papus y, desde los tribunales italianos se les acusó de haber participado en la matanza de Atocha. Además, todos estaban relacionados con la red Gladio, vinculada a los servicios secretos italianos y españoles, y organizada por la OTAN en su lucha contra el comunismo.

LA VIOLENCIA INDISCRIMINADA

Durante la transición, la violencia indiscriminada desarrollada a través de la represión policial se cobró un total de 54 víctimas mortales (véase gráfico II). Esta cifra es superior a los 49 muertos causados por los grupos incontrolados, los 16 de la guerra sucia y los 9 detenidos/presos que perdieron la vida por violencia institucional bajo custodia.

GRÁFICO II
Evolución de las víctimas mortales de la violencia política de origen institucional en España
(20/11/1975 - 28/12/1983)

En el primer trienio de la transición, durante un período de grandes movilizaciones de masas (1975-1978), la represión en la calle se cobró 39 vidas humanas y 482 heridos. Una cifra visiblemente superior a las otras variantes de violencia institucional: a los 16 muertos y 77 heridos por grupos incontrolados, y a los dos muertos y 194 heridos bajo custodia, producidos en comisarías, cuartelillos y cárceles. Como dato significativo de la gran represión policial desencadenada en ese período de manera sistemática, en la Memoria de 1978, referida al año 1977, el fiscal del Reino desvela que durante ese año crucial (en el que se realizaron las primeras elecciones generales y se abrió el período constituyente) las Fuerzas de Orden Público cargaron contra 788 manifestaciones en la calle, que suponen el 76,60 por 100 del total de las manifestaciones realizadas: 1.028. Si a este dato sumamos las otras movilizaciones consignadas (concentraciones, encierros, asambleas, ocupación de edificios oficiales, sucesos en cárceles…), la represión durante ese año asciende a 2.402 acciones de las FOP.

De 1979 a 1983, en el contexto del golpismo involucionista hasta el primer atentado de los GAL, el número de muertos por represión policial descendió a 15 y el de heridos a 148. Un descenso con respecto al período preconstitucional superior al 66 por 100. Priman, sin embargo, las víctimas mortales ocasionadas por grupos incontrolados, con 30 muertos y 67 heridos.

La violencia de origen institucional fue, en suma, un arma política de la transición (como lo fue también, de otra manera, la violencia criminal de los terrorismos de extrema izquierda), que se instrumentalizó para garantizar los pactos entre la derecha posfranquista en el poder y la oposición de izquierdas. El orden público, la paz en la calle, fue un factor determinante de la transición y se garantizó mediante un uso contundente de la represión indiscriminada y de la violencia selectiva desarrollada para canalizar la instauración de un sistema democrático bajo la monarquía.

LAS VÍCTIMAS SILENCIADAS

La violencia organizada e inspirada desde instituciones del Estado por funcionarios en activo sirvió para frenar a las izquierdas emergentes —socialistas y comunistas— que entraron rápidamente en el juego y renunciaron al uso de la calle; para desmovilizar a las masas que unían las reivindicaciones sindicales y sociales con las consignas puramente políticas, y para conseguir, de este modo, que el cambio desde el régimen autoritario franquista hasta la democracia parlamentaria se realizara sin ningún coste económico ni político relevante. El terrorismo de ETA y GRAPO, lejos de socavar los cimientos del Estado y debilitar al Gobierno de turno, se transformó en una moneda de cambio y tuvo el efecto de unir a todos los partidos democráticos en torno a la reforma, al pacto consensuado sin ruptura y a la monarquía heredada del franquismo.

La represión indiscriminada en movilizaciones y la violencia selectiva aplicada por grupos de incontrolados y tramas negras sirvieron a la derecha posfranquista como contrapeso, para controlar el proceso político mientras se desmontaba el aparato del Estado franquista y se «adaptaba» al nuevo régimen a los funcionarios armados (policías, guardias civiles y militares…) más implicados ideológicamente con el franquismo y más reacios al cambio, entre los que se contabilizan no pocos verdugos, victimarios y cómplices de la involución.

Además de ser instrumentalizadas por los dirigentes del consenso, las víctimas de la violencia política durante la transición española fueron silenciadas por la propaganda oficial, empeñada en resaltar únicamente las supuestas bondades incruentas de la modélica transición política, ofrecida como el éxito casi inmaculado de un pacto en las alturas entre caballeros providenciales y clarividentes. Los muertos y los heridos están aquí, documentados con nombres y apellidos; y constituyen el auténtico precio de la transición democrática en España.

ANEXO I

LAS VÍCTIMAS DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

1

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE ORIGEN INSTITUCIONAL.
MUERTOS Y HERIDOS: 1975-1983

Relación elaborada a partir de las sentencias y diligencias judiciales consultadas directamente durante esta investigación del Ministerio de Justicia (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Biblioteca de este ministerio, audiencias provinciales, sumarios en curso, etc.), así como todas las fuentes periodísticas consultadas, informes, documentos y denuncias policiales, libros y folletos, tal como constan en el apartado de Fuentes y bibliografía.

TABLA VÍCTIMAS DE GRUPOS DE EXTREMA DERECHA

VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS «INCONTROLADOS» DE EXTREMA DERECHA

Muertos

Nombre
Lugar / Fecha
Agresor / Filiación
Atentado
Circunstancias

Acaso,
Juan

Mataró
(Barcelona)
30/08/1980
Salvador
Durán, jefe
comarcal
de Fuerza
Nueva
Operación «de
escarmiento»

Muerto a tiros.
El arma usada
era propiedad de
guardias civiles

Alba
Irazusta,
Tomás
San Sebastián
28/09/1979

Iturbide y
Zabala, BVE

Atentado
con armas
de fuego
Concejal de HB
asesinado a tiros

Alcazo,
José Luis
Madrid
13/09/1979
Bateadores
Agresión
con bates y
navajas
Joven muerto
a palos cuando
paseaba por el
parque del
Retiro

Alonso
Varela,
Salomé

Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez Borlado
Bomba contra
el bar El
Parnasillo

Muerta por
explosión
mientras iba
por la calle

Álvarez
Blanco,
Manuel

Valladolid
9/12/1979
Comando
Antimarxista
Incendio de la
sede del
movimiento
comunista
Jubilado, 69 años
vivía en el piso
superior, muere
por las llamas

Ansa
Cincuneguie,
Francisco
Javier
Andoain
3/03/1981
Iturbide
y Zabala,
BVE

Atentado con
armas de
fuego

Joven de 17 años
secuestrado y
asesinado
a tiros

Antimasvere
Escoz,
Joaquín
Hernani
(Guipúzcoa)
14/11/1980
Iturbide y
Zabala BVE

Atentado con
armas de
fuego
Muerto a tiros

Arana
Gómez,
Liborio
Barakaldo
(Vizcaya)
19/01/1980
Grupos
Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama

Muerto por la
explosión.
Cliente del bar

Arbelaiz
Echevarría,
Miguel
Hernani
7/09/1980

Iturbide
y Zabala, BVE

Atentado con
armas de
fuego
Muerto a tiros

Armiño,
María Paz

Barakaldo
19/01/1980

Grupos Armados
Españoles

Bomba contra
bar Aldama

Muerta por la
explosión.
Clienta del bar

Arranz,
Victoria
Valladolid
9/12/1979
Comando
Antimarxista
Incendio sede
del Movimiento
Comunista

Jubilada, 64 años,
vivía en el piso
superior, muere
por las llamas

Barrueta,
Ana Teresa

Bilbao
8/01/1980

Batallón
Vasco
Español
Secuestro,
asesinato
y violación
Joven de 17 años
violada y cosida
a puñaladas

Benavides
Orgaz,
Javier

Madrid
24/01/1977
Triple A y
Fuerza Nueva
Asalto al
despacho
de la calle
Atocha
Abogado, muerto
por impactos
de bala

Bravo,
María José
San Sebastián
8/05/1980
Batallón Vasco
Español
Secuestro,
asesinato
y violación
Joven de 17 años
violada y con el
cráneo aplastado

Caballero
Sánchez,
Jorge
Madrid
15/04/1980
Fuerza Nueva /
Fuerza Joven
Arma blanca
a la salida del
cine Azul
Muerto a
navajazos por
llevar una insignia
anarquista

Cuervo
Calvo,
Vicente
Vallecas
(Madrid)
10/02/1980
Fuerza Nacional
del Trabajo
Disparo en
manifestación
ultra tras
un mitin
Muerto a tiros
al cruzarse con
un grupo de
ultraderechistas

Elizondo
Arrieta,
Luis Miguel
Hernani
7/09/1980
Iturbide y
Zabala BVE
Atentado con
armas de
fuego
Muerto a tiros

Etxeveste
Toledo,
Jesús María
Irún
17/08/1980
Batallón
Vasco
Español
Atentado con
armas de
fuego
Simpatizante de
la izquierda
nacionalista

Fica
Zuloaga,
Pacífico
Barakaldo
19/01/1980
Grupos
Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama
Muerto por la
explosión.
Cliente del bar

Fraguas
Fernández,
José Andrés
Madrid
30/10/1978
Grupo Gómez y
Rodríguez
Borlado, FJ
Carta bomba
contra el
diario El País
Conserje del
diario muerto al
abrir la carta bomba

García
Fernández,
Andrés
Madrid
29/04/1979
Frente de la
Juventud
Ataque a la
salida del cine
Tívoli
Apuñalado al salir
de ver una película

García,
José
Prudencio
Arganda
(Madrid)
31/08/1979
Luis Martín
Jiménez, Fuerza
Nueva
Durante una
discusión
Muerto de un
disparo

García,
Severiano
Herrera del
Pisuerga
(Valladolid)
25/11/1982
Grupo Armado
Nacional-sindica
lista 28 de
Octubre
Asalto a
gasolinera
con un rifle
Empleado de
gasolinera tiroteado
por la espalda para
robar recaudación

García
Pellejero,
Ricardo
Montejurra
8/05/1976
G. Cristo Rey /
Sixto de Borbón
Ataque ultra en
romería
carlista
Muerto a tiros por
un militar en
excedencia

García
Pérez,
Juan Carlos
Madrid
6/05/1980
Falange Española
de las JONS
Disparos en
asalto al bar
San Bao
Muerto de un
disparo.
Cliente del bar

García,
Severiano
Herrera del
Pisuerga
(Valladolid)
25/11/1982
Grupo Armado
Nacional
Sindicalista
28 de Octubre
Asalto a
gasolinera
con un rifle
Empleado de
gasolinera tiroteado
por la espalda para
robar recaudación

González
Martín,
Yolanda
Madrid
2/02/1980
BVE / Fuerza
Nueva
Secuestro y
asesinato de
una estudiante
Secuestrada, dos
disparos a
quemarropa

González
Martínez,
Carlos
Madrid
27/09/1976
Guerrilleros de
Cristo Rey
Ataque contra
manifestación
por los últimos
fusilamientos
Disparos por la
espalda mientras
estaba en un portal

Grau
Gómez,
Miguel
Alicante
6/09/1977
Miguel Ángel
Panadero
Sandoval, Fuerza
Nueva
Atacado
mientras
pegaba
carteles
Joven de 22 años
muerto de un
ladrillazo lanzado
desde una azotea

Holgado
de Antonio,
Serafín
Madrid
24/01/1977
Triple A / Fuerza
Nueva
Asalto al
despacho de
abogados de
calle Atocha
Abogado laboralista
muerto por
impactos de bala

Idígoras
Navarrete,
Carlos Javier
Madrid
7/06/1981
Grupo Gómez y
Rodríguez Borlado
Disparos a
quemarropa en
un solar
Asesinado de un
disparo mientras
estaba borracho

Jiménez
Santos,
Aniano
Montejurra
8/05/1976
Grupo Cristo Rey /
Sixto de Borbón
Ataque ultra en
romería
carlista
Muerto a tiros
realizados por un
militar excedente

Mariscal
López,
Antonio
Cártama
(Málaga)
7/05/1981
Ramón Vega
Bedoya, Fuerza
Nueva
Acción con
arma de fuego
Muerto a tiros

Medina
Ayala,
Manuel
Sevilla
27/09/1978
Sin identificar
En acto de
solidaridad con
pueblo chileno
Apuñalado

Menchaca
Gonzalo,
María Norma
Santurce
9/07/1976
Guerrilleros de
Cristo Rey /
Guardia Civil
Atentado con
armas de
fuego durante
fiestas
Muerta por disparos.
Agresores vestidos
de pescadores

Merquilanz
Sarriegui,
Martín
Oiartzun
(Guipúzcoa)
24/05/1978
BVE / VI Comando
Adolfo Hitler
Sin confirmar
Muerto a tiros con
la munición de
ETA. Dudas autoría

Muñoz,
José
Mataró
(Barcelona)
30/08/1980
Salvador Durán, jefe
comarcal de Fuerza
Nueva
Operación de
«escarmiento»

Muerto a tiros. El
arma usada había
pertenecido a
guardias civiles

Pajuelo
Rubio,
Arturo
Madrid
1/05/1980
Militantes de
extrema derecha
Arma blanca,
manifestación
del 1.º Mayo
Muerto a puñaladas
por unos ultras que
le salieron al paso

Peñalver
Sandoval,
Juan
Barcelona
20/09/1977
JEP / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Conserje de la
revista El Papus
muerto al estallarle
la bomba

Pérez,
Ángel
Valentín
Barcelona
20/03/1977
Grupo
ultraderechista
Manifestación
en la plaza de
Sant Jaume
Obrero anarquista
apuñalado

Rodríguez
Leal,
Ángel Elías
Madrid
24/01/1977
Triple A / Fuerza
Nueva
Ataque al
despacho de la
calle Atocha
Abogado laboralista,
muerto a tiros

Rodríguez
López,
Francisco
José
Valencia
30/12/1980
José Palazón
Sánchez,
ultraderechista
Agresión con
arma de fuego
Soldado de
reemplazo muerto
a tiros cuando iba
a su casa

Ruiz García,
Arturo
Madrid
23/01/1977
Triple A /
Guerrilleros de
Cristo Rey
Ataque en
manifestación
pro amnistía
Muerto de disparo
por la espalda
mientrars corría

Sagarna
Ormazabal,
Felipe
Hernani
19/04/1980
Iturbide y Zabala
BVE
Atentado con
arma de fuego
Muerto a tiros

Sahuquillo
Pérez del
Arco, Fco.
Javier
Madrid
14/01/1977
Triple A / Fuerza
Nueva
Asalto al
despacho de
la calle Atocha
Abogado laboralista,
muerto por impactos
de bala

Sampedro,
Salvador

Valladolid
11/11/1982
Grupo Armado N-S
28 de Octubre
Secuestro y
ataque con
arma blanca a
un taxista
Tras ser acuchillado,
fue atropellado con
el taxi hasta la
muerte

Sandise
Corta,
Carlos
Lezo
(Guipúzcoa)
15/01/1980
Grupos Armados
Españoles
Ataque en la
puerta de su
casa
Muerto a tiras

Santacoloma
Velasco,
Manuel
Barakaldo
(Vizcaya)
19/01/1980
Grupos Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama
Muerpo por la
explosión.
Cliente del bar

Valdevira
Ibáñez,
Enrique
Madrid
24/01/1977
Triple A / Fuerza
Nueva
Asalto al
despacho de
la calle Atocha
Abogado laboralista,
muerto por
impactos de bala

Zubigaray
Badiola,
Jesús
Eibar
(Guipúzcoa)
2/02/1980
Batallón Vasco
Español
Atentado con
armas de
fuego
Muerto a tiros en
un descampado

Heridos identificados

Nombre
Lugar / Fecha
Grupo agresor
Atentado
Circunstancias

Aguirre
de Cárcer,
Carlos
Madrid
29/04/1980
Frente de la
Juventud /
Fuerza Nueva
Asalto a
Facultad de
Derecho. U. C.
Estudiante, herido
de bala

Aizkorrreta
Zabala,
Imanol
Rentería
16/03/1983
Grupo desconocido
Secuestrado y
torturado en
interrogatorio
Maestro, simpatizante
abertzale. Simularon
su ejecución

Alonso
Alvarado,
Javier
Vitoria
11/11/1980
Militantes de
Fuerza Nueva
Ataque con
palos y
cadenas
Herido tras un mitin
de Blas Piñar

Álvarez
Silveriño,
Ramón
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
FJ
Bomba contra
el bar El
Parnasillo
Cliente herido por la
explosión

Barranco
Armenteros,
Carlos
Madrid
30/10/1978
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
FJ
Carta bomba
contra el diario
El País
Conserje del
periódico herido por
la explosión

Barroso,
José
Durango
16/05/1978
«Incontrolado»

Ataque tras el
entierro de dos
etarras
Agresión a golpes

Bartoloti,
Antonio
Sevilla
22/11/1979
FN del Trabajo,
capitaneados por
José Antonio
Assiego
Ataque con
palos y
cadenas
Contra los
trabajadores de
HYTASA que
protestaban

Bonal,
Ramón
Carlos
Madrid
6/05/1980
Ultraderechistas no
identificados
Asalto con
armas de fuego
a un bar
Herido de bala en
una pierna

Cabañas,
Alfonso
Madrid
7/03/1980
Grupo ultra no
identificado
Ataque con
arma blanca
Apuñalado

Camarón,
José Luis
Bilbao
23/04/1977
Miembros de
Fuerza Nueva
Ataques tras
un mitin de
Blas Piñar
Muchacho de 16
años apuñalado
grave

Canicio,
Luis
Francisco
Madrid
13/09/1979
Bateadores
Agresión con
bates de
béisbol
Joven herido a palos
cuando paseaba por
el parque del Retiro

Cañedo
Vega,
Jesús
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex FN
Bomba contra
el bar
El Parnasillo
Transeúnte herido
por la explosión

Cervera
Mustaros,
Josefa
Barcelona
20/09/1977
Guardia de Franco /
Juventud Española
en Pie
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión

Concepción
Tena, María
Piedad
Berriz
(Vizcaya)
25/01/1980
Batallón Vasco
Español
Bomba contra
el bar
Ganeko-Etxea
Herido grave por
la explosión

Concepción
Tena,
Petra
Berriz
(Vizcaya)
25/01/1980
Batallón Vasco
Español
Bomba contra
el bar
Ganeko-Etxea
Herida grave por
la explosión

Coterón,
Carmen
Barakaldo
19/01/1980
Grupos Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama
Clienta del bar
herida por explosión

Damas,
Jesús
Sevilla
14/10/1978
Miembros de
Fuerza Nueva
Contra
manifestación
Herido grave

De Dios
Martínez,
Juan Manuel
Madrid
11/11/1980
Frente de la
Juventud
Atraco a la
fábrica de
Pepsi Cola
Cajero herido
de bala

De la Puerta
Mano,
Fernando
Madrid
(Malasaña)
19/03/1980
Fuerza Nueva
Disparo con
arma de fuego
Herido de bala

Díaz,
Ramiro
Madrid
(Malasaña)
19/03/1980
Ultras de
Fuerza Nueva
Ataque con
arma blanca

Joven de 18 años,
apuñalado

Díaz Riesco,
Enrique
Madrid
17/05/1978
Guerrilleros de
Cristo Rey
Vendedor de
La Unión del
Pueblo
Militante del PTE
herido de bala

Domenech
Checa,
J. Antonio
Madrid
18/07/1982
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex de FN
Bomba en la
plaza de
Olavide
Herido por la
explosión en
la calle

Echevarría,
José Ignacio
Barakaldo
19/01/1980
Grupos Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama
Cliente herido por
la explosión

Echevarría
Echevarría,
Andrés
Hernani
14/11/1980
Iturbide y Zabala,
BVE
Atentado con
armas de fuego
Herido de bala

Emeterio
Martínez,
Pilar
Madrid
18/07/1981
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
FJ
Bomba en la
plaza de
Olavide
Vecina herida por
la explosión

Esteban
Barahona,
L. Enrique
Madrid
25/02/1980
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex de FN
Paquete bomba
contra el club
Amigos de la
UNESCO
Bibliotecario herido
al abrir el paquete
bomba.
Manos amputadas

Fernández
Daza,
José
Madrid
(Malasaña)
18/01/1980
Fuerza Nueva
Ataque en
fiestas de
Malasaña
Apuñalado y
golpeado

Fernández
Ochoa,
Víctor
Hernani
17/02/1981
Iturbide y Zabala,
BVE
Atentado a
tiros
Herido grave
de bala

Gallego
Massó,
Isidro
Madrid
12/05/1980
Comando
ultraderechista
Asalto Facultad
de Ciencias de
la información
Herido. Asaltantes
armados con barras
de hierro y pistola

García
Chacón,
Juan
Málaga
4/12/1979
Fuerza Nueva
Ataque con
palos y bates
de béisbol
Agredido y golpeado
en la cabeza con
un bate

García
Esteve,
J. Antonio
Valencia
9/01/1977
Comando
Incontrolado
Patriótico
Asalto al bar
El Racó
Acuchillado grave

García
Jiménez,
Ángel
Valladolid
23/01/1980
Ultraderechistas
Agresiones en
La Candelaria
Herido a golpes

Gomis
Górriz,
Carlos
Madrid
10/02/1980
Ultraderechistas
Arma blanca en
la glorieta
de Bilbao
Apuñalado

González,
José Ángel
Barakaldo
19/01/1980
Grupos Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama
Cliente herido por
la explosión

González
Muñoz,
Clara
Barcelona
20/9/1977
Juventud Española
en Pie / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión

González
Pascual,
Luis
Valladolid
16/04/1980
Grupo
ultraderechista sin
identificar
Secuestro y
agresión
Herido por los
golpes

González
Ruiz,
M. Dolores
Madrid
24/01/1977
FE de las JONS /
Fuerza Nueva
Asalto al
despacho de
la calle Atocha
Abogada laboralista
herida de bala

Gorro
Txategi,
Lourdes
Berriz
(Vizcaya)
25/01/1980
Batallón Vasco
Español
Bomba contra
el bar
Ganeko-Etxea
Herida grave por
la explosión

Herrero,
Ángel
Madrid
28/04/1980
Grupo
ultraderechista
sin identificar
Asalto al
instituto Emilio
Castelar
Estudiante herido
por los golpes

Ijurko,
Juan María
Rentería
28/03/1980
Sin identificar
Bomba
colocada
bajo su coche
Herido al estallar
la bomba

Lahuerta,
Enrique
Robledo de
Chavela
26/10/1976
Un sereno de
la localidad
Disparos desde
el ayuntamiento
Herido de bala
mientras pintaba
«caciques asesinos»

Lambea
Quintana,
Manuel
Barcelona
20/09/1977
Guardia de Franco /
Juventud Española
en Pie
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativo
herido por la
explosión

Lasarte
Ireta,
Julián
Barcelona
20/09/1977
Guardia de Franco /
Juventud Española
en Pie
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativo
herido por la
explosión

López Gay,
Pina
Madrid
21/02/1979
Grupo
ultraderechista
Agresión física
a un puesto
del PTE
Secretaria general
de la Joven
Guardia Roja

Lorente
García
Mauriño, R.
Madrid
18/07/1981
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex de FN
Bomba en la
plaza de
Olavide
Administrativo
herido por la
explosión

Lores
Méndez,
Rosa
Barcelona
20/09/1977
Guardia de Franco /
Juventud Española
en Pie
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión.
Inválida permanente

Lucas
Zaragoza,
Fernando
Montejurra
8/05/1976
Guerrilleros de
Cristo Rey / Sixto
de Borbón
Asalto a
romería carlista
Herido, hundimiento
craneal, cabeza
abierta a golpes

Mariscal
de las
Heras, J. A.
Valladolid
23/01/1980
Sin identificar
Asalto contra
el pub
La Candelaria
Herido por los golpes
de los asaltantes
armados

Martín
Pajares,
Rafael
Madrid
17/11/1976
Grupo de
Fuerza Nueva
En la pegada
de carteles
20-N
Herido de bala por
negarse a cantar
el «Cara al sol»

Martínez,
Antonio
Madrid
5/03/1980
Sin identificar
Ataque en
grupo
Herido por los
golpes

Martínez
Ayuso,
M. Dolores
Madrid
25/01/1980
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado

Paquete bomba
contra Club
Amigos
UNESCO
Bibliotecaria herida
al abrir el paquete.
Ceguera permanente

Martínez
Bermejo,
Carlos
Madrid
1/05/1980
Sin identificar
Ataque tras
manifestación
1.º de Mayo
Herido gravemente a
puñaladas junto a
Arturo Pajuelo

Martínez
Fernández,
Jesús
Barakaldo
(Vizcaya)
19/01/1980
Grupos Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama
Cliente del bar herido
por la explosión

Martínez
Mecha,
Joaquín
Madrid
1/05/1980
Sin identificar
Ataque tras
manifestación
1.º de Mayo
Herido gravemente a
puñaladas junto a
Arturo Pajuelo

Martínez
Soler,
J. Antonio
Madrid
6/03/1976
Grupo ultra sin
identificar
Secuestrado
y golpeado
Periodista, director de
Doblón, herido por la
paliza que le deformó
la cara

Mas Godoy,
María
Vitoria
1/10/1976
Individuos
enmascarados
Secuestrada y
malherida con
cadenas
Militante de CC. OO.
abandonada en
un descampado

Medina
Ayala,
Manuel
Sevilla
27/09/1978
Grupo de
provocadores de
extrema derecha
En acto de
solidaridad con
pueblo chileno
Apuñalado cuando
los ultras pretendían
entrar en el recinto

Melero,
Jose Luis
Barcelona
12/01/1980
Fuerza Nueva /
Fuerza Joven
Ataque ultra en
la universidad
Herido a golpes con
una barra de hierro

Mendoza,
Andoni
Barakaldo
19/01/1980
Grupos Armados
Españoles
Bomba contra
bar Aldama
Cliente del bar herido
por la explosión

Minondo
Martín,
Gabriel
Madrid
(Malasaña)
19/03/1980
Fuerza Nueva
Ataque con
arma blanca
Joven de 23 años
apuñalado

Molet
González,
Rafael
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex de FN
Bomba contra
el bar
El Parnasillo
Cliente herido por
la explosión

Mompeu
Blasi,
Florencia
Barcelona
20/09/1977
Juventud Española
en Pie / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión

Morales
Lluseda,
Juan José
Barcelona
20/09/1977
Juventud Española
en Pie / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Trabajador herido
por la explosión

Moreno
Esquivel,
José
Madrid
15/07/1978
Grupo de diez
miembros de
Fuerza Nueva
Ataque a
miembros de
la CSUT
Heridas de diversa
consideración

Muñoz
Jiménez,
María Luisa
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex de FN
Bomba contra
el bar
El Parnasillo
Herida por la
explosión

Muñoz
Olivares,
Feliciana
Barcelona
20/09/1977
Juventud Española
en Pie / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión

Nolasco
Echevarría,
Javier
Montejurra
8/05/1976
Sixto de Borbón
Asalto a
romería carlista
Herido en las piernas
por los disparos de
pistolas y
ametralladora

Obiols
Lozano,
Josefa
Barcelona
20/09/1977
JEP / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión

Olazarán,
Maritxu
Montejurra
8/05/1976
Sixto de Borbón
Asalto a
romería carlista
Acuchillada

Oyamburu,
Jesús
Madrid
13/09/1979
Bateadores
Agresión con
bates béisbol
y navajas
Joven herido a palos
cuando paseaba por
el parque del Retiro

Prats Inés,
María del
Carmen
Barcelona
20/09/1977
JEP / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión

Ramos
Pardo,
Luis
Madrid
24/01/1977
Triple A /
Fuerza Nueva
Asalto al
despacho de
la calle Atocha
Abogado laboralista
herida de bala

Redondo
Escribano,
Rafael
Madrid
18/07/1981
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex de FN
Bomba en la
plaza de
Olavide
Vecino herido por
la explosión

Ribes
Artigas,
M. Dolores
Barcelona
20/09/1977
Juventud Española
en Pie / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la
explosión

Román
Romeu,
María
Barcelona
20/09/1977
Juventud Española
en Pie / Guardia
de Franco
Maletín bomba
contra revista
El Papus
Administrativa
herida por la onda
expansiva de bomba

Romaní,
Jordi
Barcelona
11/02/1983
Ejér. Revolucionario
Español / Triple A
(com. por alumnos)
Ataque en la
Escuela Normal
de Sants
Herido grave. Le
graban en la frente
una esvástica

Romero,
Alfonso
Madrid
15/07/1978
Grupo de diez
miembros de FN
Ataque contra
militantes de
la CSUT
Heridas de diversa
consideración

Romero,
Federico
Madrid
13/03/1980
Sin confirmar
Agresión a
golpes
Herido

Ruiz Huerta
Carbonell,
Alejandro
Madrid
24/01/1977
Triple A / Fuerza
Nueva
Asalto al
despacho de la
calle Atocha
Abogado laboralista
herido de bala

Ruiz López,
José Manuel
Madrid
18/07/1981
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado,
ex de FN
Bomba en la
plaza de
Olavide
Vecino herido por
la explosión

Sampedro
Sánchez,
J. Antonio
Madrid
30/10/1978
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado
Carta bomba
contra el diario
El País
Jefe de paquetería
herido grave por
carta bomba

San Juan
Alonso,
Begoña
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado
Bomba contra
el bar
El Parnasillo
Clienta del bar herida
por la explosión

Sanz
Arroyo,
Félix
Madrid
26/07/1981
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado
Disparos en la
calle Cardenal
Cisneros
Herido de bala

Sarabia Gil,
Miguel
Madrid
24/01/1977
Triple A
Fuerza Nueva
Asalto al
despacho de la
calle Atocha
Abogado laboralista
herido de bala

Seoane
Martín,
Vicente
Madrid
6/05/1980
Desconocidos
Asalto con
arma de fuego
en bar
Herido de bala

Serrano
Martínez,
María
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado
Bomba contra
el bar
El Parnasillo
Clienta del bar
herida por la
explosión

Simón
Escribano,
Jorge
Valladolid
6/01/1981
Grupos armados
Revolucionarios
Asalto al pub
El Largo Adiós
Estudiante herido
de bala

Sutilo,
Juan
Sevilla
22/11/1979
FN del Trabajo
capitaneados por
J. Antonio Assiego
Ataque con
palo y cadenas
Contra los
trabajadores de
HYTASA

Timón,
Arturo
Madrid
6/05/1980
Sin confirmar
Asalto a bar
con armas y
cadenas
Herido a golpes

Urra Pagola,
Bernarda
Montejurra
8/05/1976
Guerrilleros de
Cristo Rey / Sixto
de Borbón
Asalto a
romería carlista
Herida en las piernas
por disparos pistolas
y ametralladoras

Valdeita
Noguera,
Ángel
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado
Bomba contra
el bar
El Parnasillo
Cliente del bar herido
por la explosión

Valdor
Toledo,
Pilar
Madrid
15/08/1979
Grupo Gómez y
Rodríguez-Borlado
Bomba contra
el bar
El Parnasillo
Clienta del bar herida
por la explosión

Vengut
Montijano,
Salvador
Barcelona
20/09/1977
JEP / Guardia
de Franco
Bomba contra
la revista
El Papus
Administrativo
herido por la
explosión

Villarramedi,
María
Rentería
28/03/1980
Desconocidos
Bomba
colocada bajo
su coche
Herida al estallar
la bomba al ir a
coger su vehículo

Zabaleta,
José Luis
Hernani
31/12/1979
Batallón Vasco
Español
Atentado a
tiros
Herido grave de bala
en el vientre

TABLA VÍCTIMAS DE LAS FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO

VÍCTIMAS DE LAS FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO EN MANIFESTACIONES, ACTOS POLÍTICOS Y CONFLICTOS SINDICALES

Muertos

Nombre
Lugar / Fecha
Acto político
Autor agresión
Circunstancias

Antón
Ferrero,
Vicente
Basauri
(Vizcaya)
9/03/1976
Manifestación por
los sucesos de
Vitoria
Guardia Civil
Muerto por disparos
de bala

Aristizábal
Lasa,
José Luis
San Sebastián
15/03/1977
Manifestación por
la amnistía
Policía Armada
Estudiante de 20
años muerto por
impacto en la
cabeza de una
pelota de goma

Arregui,
Miguel
Lakunza
(Navarra)
14/09/1979
Control de
carretera
Guardia Civil
Concejal de HB
tiroteado al no parar

Asensio
Morales,
María
Overa
(Almería)
5/03/1981
Manifestación
contra instalación
de cuatro pozos
Guardia Civil
Madre de dos hijos
de 27 años

Aznar
Clemente,
Francisco
Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Muerto por disparos
de bala

Barandiarán
Urkiola,
Juan Ignacio
San Sebastián
9/07/1978
Protesta por la
muerte de Germán
Rodríguez
Policía Armada
Joven de 19 años
muerto por una bala
policial que le
atravesó el pecho

Bárcena
López,
Alfonso
Hostalric
(Gerona)
20/02/1977
En la calle, disparos
desde un coche
patrulla
Guardia Civil
Muerto de bala en
circunstancias sin
aclarar

Barroso
Chaparro,
Romualdo
Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores
en huelga
Policía Armada
Muerto por disparos
de bala

Calvo
Pérez,
Ángel
Laguna de
Duero
(Valladolid)
27/08/1977
Sin aclarar
Guardia Civil
Muerto por disparos

Cano Pérez,
José Luis
Pamplona
12/05/1977
Manifestación por
la amnistía
Policía Armada
Apaleado y
rematado con un
tiro en la nuca

Casabany,
J. Vicente
Chirivella
(Valencia)
7/01/1977
Manifestación por
la amnistía
Reprimida con
dureza por la
policía Armada
Ataque al corazón
sufrido durante
la carga

Castillo
García,
José
Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Muerto por disparos
de bala

Del Caño,
Miguel
San Sebastián
13/05/1977
Manifestación por
la amnistía
Guardia Civil
Atropellado cuando
es obligado por la
Guardia Civil a
retirar una barricada
en la autopista

Del Estal,
Gladis
Tudela
(Navarra)
3/06/1979
Manifestación
antinuclear
Guardia Civil
Muerta al recibir un
disparo cuando
estaba sentada
en el suelo

Del Valle
Pérez,
Teófilo
Elda
(Alicante)
24/02/1975
Salida de asamblea
sindical
Policía Armada
Muerto por disparo
de bala

Egea,
Pancho
Cartagena
24/02/1977
Manifestación
conjunta
construcción-metal
Policía Armada
Obrero de 19 años,
muerto al recibir en
la cabeza impactos
de balas de goma

Escribano,
José Luis
Soria
5/05/1978
En una discusión
El agente de
policía Antonio
López
Militante de CC. OO.
muerto de cuatro
tiros con arma
reglamentaria

Fernández
Castro,
Emilio
Monforte de
Lemos
14/08/1979
Participa en fiestas
patronales
Policía Nacional
Muerto tras ser
apaleado por
varios agentes

Fernández
Trujillo,
Jesús
La Laguna
(Tenerife)
13/12/1977
Manifestación
estudiantil por
huelga general
Guardia Civil
Estudiante muerto
por disparo de arma
reglamentaria

Frechen
Solana,
C. Gustavo
Barcelona
11/09/1977
Manifestación de la
Diada de Catalunya
Policía Armada
Bala de goma en la
cabeza que la
descerebró

Fuentes
Mesa,
Manuel
Ortuella
14/05/1977
Manifestación por
la amnistía
Guardia Civil
Tras una despedida
de soltero recibe un
disparo en la
cabeza al correr

Gallego,
Ursino
Parla
(Madrid)
1/03/1979
Manifestación de
vecinos
Policía Nacional
Impacto de bala
de goma lanzada a
corta distancia

García
Caparrós,
José Manuel
Málaga
4/12/1977
Manifestación por la
autonomía andaluza
Policía Armada
Muerto por disparos
durante carga
policial

García
García,
Sebastián
Valencia
20/07/1982
Manifestación de
Unión Naval de
Levante
Policía Nacional
Muerto atropellado
cuando huía de una
carga policial

García
Lorenzo,
Bartolomé
La Laguna
(Tenerife)
22/09/1976
Se encontraba en
su casa ametrallada
con un subfusil
Inspectores de
Policía siguen
pista «El Rubio»
Ametrallado,
estudiante sin
ninguna relación
con el caso

Gómez
Jáuregui,
Rafael
Rentería
12/05/1977
Manifestación por
la amnistía
Policía Armada
Muerto a los 68
años por ráfaga
de subfusil

González
Martínez,
Valentín
Valencia
25/06/1979
Miembro de un
piquete de huelga
Policía Nacional
Estibador 20 años,
muerto por una bala
de goma

Gutiérrez
Delgado,
Domingo
Sevilla
21/10/1978
Control de carretera
Guardia Civil
Muerto por un
disparo que entró
por la ventanilla

Iglesias,
Juan Manuel
Sestao
(Vizcaya)
11/01/1977
Manifestación por
la amnistía
Policía Armada
Insuficiencia
cardíaca al ser
perseguido por
policías

Larrea,
Emilio
Mondragón
(Guipúzcoa)
15/12/1978
Enfrentamiento de
la Guardia Civil con
ETA
Disparos
indiscriminados
con subfusil de
Policía Nacional
Vecino que estaba
en la puerta de
su caserío

Marcó
Barcella,
Martí
Barcelona
27/01/1979
Control policial en el
centro de la ciudad
Disparos de la
Policía Nacional
Independentista, 19
años, con tres
balazos mortales
al no detenerse

Marichalar
Ayestarán,
Gregorio
Pamplona
21/05/1977
Manifestación por
la amnistía
Policía Nacional
Muerto, 63 años en
en balcón por bala
en el pecho

Martínez,
Emilio
Madrid
13/12/1979
Manifestación
contra el Estatuto
de los Trabajadores
Policía Nacional
Estudiante muerto
por disparos de la
Policía Nacional

Martínez
Ocio,
Pedro María
Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Muerto por disparos
de bala

Martínez
Pérez,
Valeriano
Oviedo
20/08/1979
Piquete de huelga
Guardia Civil
Muerto de un
disparo durante
enfrentamiento

Montañés,
José Luis
Madrid
13/12/1979
Manifestación
contra el Estatuto
de los Trabajadores
Policía Nacional
Estudiante muerto
por disparos de la
Policía Nacional

Montoya
Alonso,
Carmelo
Trebujena
(Cádiz)
2/03/1982
Caso Trebujena. No
atendió al «alto»
cuando iba en moto
El guardia civil
Jesús Macías
Morente dispara
a los ocupantes
de una moto
Jornalero muerto de
un disparo. Autor
condenado a un año
por «imprudencia
temeraria»

Muñiz
Corral,
Juan Abel
Gijón
14/05/1981
Se negó a mostrar
su DNI si el policía
no se identificaba
Policía Nacional
de paisano
Muerto de un
disparo

Muñoz
del Bustillo
Gallego,
G. Adolfo
Barcelona
11/09/1978
Manifestación por
la Diada de
Catalunya
Policía Armada
Empleado de 16
años muerto
durante una carga
policial

Nuin
Azcárate,
José Javier
Santisteban
(Navarra)
28/11/1976
En una discoteca
Guardia civil
de paisano
Joven de 19 años
muerto por disparos

Parcero
Rodríguez,
Elvira
Vigo
13/04/1978
Manifestación de
Astilleros
Policía Armada
Derrame cerebral
por golpes en carga
policial

Pereda
Moral,
Bienvenido
Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Muerto por disparos
de bala

Pozie,
Juan
Barcelona
27/02/1975
Manifestación
construcción
Policía Armada
Muerto por disparo
de bala

Quijela,
Ignacio
San Sebastián
1/09/1979
Manifestación por
refugiados vascos
Policía Nacional
Joven de 18 años
muerto por disparos
a bocajarro

Rodrigo
Knajo, Juan
Gabriel
Tarragona
6/03/1976
Manifestación por
los sucesos de
Vitoria
Policía Armada
Muerto por disparos
de bala

Rodríguez,
Germán
Pamplona
8/07/1978
Sucesos de
Sanfermines por la
amnistía
Policía Armada
Muerto a tiros tras
la entrada policial
en la plaza de toros

Santamarina
Mikelena,
Luis
Pamplona
13/05/1977
Manifestación por
la amnistía
Policía Armada
Muerto a los 72 años
en su balcón por
impactos de balas
de goma

Susperregui
Aldako,
Isidro
San Sebastián
30/03/1977
Manifestación por
la amnistía
Policía Armada
Muerto a los 68 años
por impacto de una
pelota de goma

Vadillo,
Vicente
Rentería
10/06/1979
En un bar
Policía de
paisano, franco
de servicio
Muerto de un
disparo. Asamblea
de protesta

Verdejo
Lucas,
Fco. Javier
Almería
13/08/1976
Realizaba la pintada
«Pan, Trabajo,
Libertad»

Guardia Civil
Estudiante de 19
años muerto a tiros

Zabala
Erasun,
Jesús María
Fuenterrabía
(Guipúzcoa)
8/08/1976
Manifestación por
la amnistía
Guardia Civil
Muerto de dos
disparos realizados
a bocajarro y por la
espalda

Heridos identificados

Nombre
Lugar / Fecha
Acto político
Autor
agresión
Circunstancias

Abel,
José
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión cervical,
dorsal y torácica

Albizu,
Raquel
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión codo
izquierdo

Altafar
Martín,
Alfonso
Madrid
29/07/1976
Concentración
laboral en
Villaverde Alto
Policía Armada
Delegado sindical de
Standard, herido de
bala en la cabeza

Alvarado,
Félix
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herido de bala en la
región renal

Antolín,
Daniel
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida en muslo
izquierdo con restos
de metralla

Aragón,
Maribel
Madrid
29/01/1979
Manifestación en
protesta por
asalto ultra a la
Facultad Derecho
Policía Nacional
Estudiante
hospitalizada por
golpes. Conmoción
cerebral y lesiones

Arana,
Alfonso
Pamplona
24/05/1979
Convenio de la
construcción de
Navarra
Policía Nacional
Secretario de
CC. OO. alcanzado
por pelota de goma

Arias Gay,
Ramón
Madrid
30/09/1977
Manifestación
por la amnistía
convoca CNT
Policía Armada
Herido de bala
cuando observaba
la manifestación
desde su balcón

Arrusi,
Santiago
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores
en huelga
Policía Armada
Herida incisa en el
muslo derecha

Ausin,
Francisco
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en el
muslo derecho

Bartolomé,
Isidro
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Fuerte contusión
cervical

Begoña,
Ramón
Bilbao
5/07/1980
Manifestación del
PNV por las
instituc. vascas
Choque de la
Ertzaintza con
obreros de
Nervacero
Herida mortal
en el bajo vientre

Beltrán,
Roberto
Mondragón
15/12/1978
Enfrentamiento
de la Guardia
Civil con ETA
Disparos con
subfusil de
Policía Nacional
Herido de bala.
Estudiante que salía
de la escuela

Bollero,
Juan
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida por bala en
tobillo derecho

Bóveda,
José Luis
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Rotura de lóbulo
superior derecho,
hemotórax

Brinas,
Ramón
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión en
cráneo y muñeca
derecha

Bustillos,
Laurentino
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Dos heridas de bala
en el pie derecho

Calo,
Lisardo
San Sebastián
1/09/1979
Manifestación
por refugiados
vascos
Policía Nacional
Joven de 16 años
herido de bala

Carrasco,
Juan
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herido de bala en la
pierna

Castell,
Felipe
Pamplona
16/03/1977
Manifestación en
protesta por la
muerte de J. L.
Aristizábal
Policía Armada
Herido de gravedad
por impacto en la
cabeza de una
pelota de goma

Castellano,
Gonzalo
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Heridas incisas en
muñeca izquierda,
contusiones en cara

Castillo
García,
Francisco
Polinyá
(Barcelona)
6/11/1981
Asamblea de
Estampaciones
Sabadell
Guardia Civil
Lesiones graves
por golpes recibidos
en la carga

Cebemín,
José
Rentería
8/08/1980
Manifestación
por la amnistía
total
Choque entre la
Ertzaintza y la
columna Carlos
Santise
Heridas por cóctel
molotov. Ajeno a la
manifestación

Cebemín
Cano,
Aurora
Rentería
8/08/1980
Manifestación
por la amnistía
total
Choque entre la
Ertzaintza y la
columna Carlos
Santise
Heridas por cóctel
molotov. Niña de
11 años ajena a la
manifestación

Chivite,
Jaime
San Sebastián
14/01/1979
Manifestación
antinuclear
Policía Nacional
Al salir de misa, seis
policías le golpean
con saña

Cortabarría,
Aranzazu
San Sebastián
6/09/1976
Manifestación
por la libertad
de Pertur
Policía Armada
Herida de bala

Cortabarría,
María
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Explosión de una
bomba. Herida
contusa, rostro con
quemaduras

De Fco.
Carmona,
M. Eugenia
Madrid
31/12/1979
Manifestaciones
contra los
proyectos
educativos del
Gobierno
Policía Nacional
Heridas de carácter
reservado tras una
carga policial

De las Heras,
Joseba
Bilbao
6/03/1979
Manifestación
conmemorativa
sucesos de
Vitoria y apoyo
a presos
Policía Nacional
Joven de 18 años,
militante de Joven
Guardia Roja, herido
de bala en la pierna

Del Valle,
Ignacio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión muñeca
izquierda

Delestal
Sánchez,
Agustín
Avilés
(Asturias)
21/07/1976
Realizaba una
pintada de la UGT
Guardia Civil
Obrero de Ensidesa,
de 20 años, herido
de bala

Díaz,
Pedro
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida contusa en
cuero cabelludo.
Contusiones

Dorado,
Agustina
Sevilla
23/03/1979
Movilizaciones
contra la
selectividad
Policía Nacional
Estudiante de 18
años herida por la
carga policial

Durán,
Santiago
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión flanco
izquierdo.
Intoxicación gases

Fernández,
Ángel
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida contusa en
mano izquierda

Fraile,
Francisco
Javier
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Dos heridas de bala
en el antebrazo
derecho

Fuente,
Luis
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herido de bala en
diálisis de radio

Fuentes,
José María
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
el hombro derecho
con dos orificios

Galán,
Pedro
Sucesos de Vitoria
3/03/1976

Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión ocular
derecha con
hemorragia interior

Galán,
Rafaela
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión muñeca
izquierda

García,
Juan Carlos
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión en región
occipital

García,
Luis
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusiones y
erosiones varias

García
González,
Rosario
Barcelona
11/09/1977
Manifestación de
la Diada de
Catalunya
Policía Armada
Chica de 15 años
herida por bala
de goma

García
Rodríguez,
José
Basauri
7/06/1979
Protesta por la
muerte de Gladis
del Estal
Policía Nacional
Obrero herido
de bala

González,
Guillermo
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala con
entrada en cuello,
rotura cuarta costilla

González,
Amelia
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala con
orificio de entrada
en el hombro

González
Álvarez,
Renato
Madrid
9/05/1976
Manifestación
estudiantil
Policía Armada
Herido de disparos
mientras huía

González
Massip,
Laura
Barcelona
11/09/1978
Manifestación de
la Diada de
Catalunya
Policía Armada
Alcanzada por una
bala de la Policía
cuando regresaba
de la manifestación

Grijalvo,
Eduardo
Pedro
Llodio
(Álava)
11/03/1979
Manifestación
por los presos
de Soria
Guardia Civil
Herido de bala

Guillén
Moreno,
Florencio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
región torácica y
brazo derecho

Guitián,
José
Antonio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida incisa en el
hemitórax derecho

Heras
Camicero,
José Luis
San Sebastián
12/09/1982
Manifestación
por la amnistía
total
Policía Nacional
Herido grave
por carga policial

Iturricha,
José Ignacio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida contusa en
región occipital

Jaesuria
Martí,
Fernando
La Laguna
(Tenerife)
13/12/1977
Manifestación
estudiantil
Guardia Civil
Estudiante herido de
bala en el hombro

Larrañeta,
María
Pamplona
1/05/1978
Manifestación del
Primero de Mayo
Policía Armada
Conmoción por
impacto en cabeza
de un bote de humo

Larrañeta,
Ricardo
Vitoria
5/03/1979
Manifestación
conmemorativa
sucesos Vitoria
Policía Nacional
Herido grave en la
cara por impacto
pelota de goma

Lastra,
Consuelo
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida en el hombro
derecho por bala
de goma

Legarda
Legina,
José Ramón
Yurre
(Vizcaya)
18/04/1977
Manifestación
por la amnistía
Guardia Civil
Conmocionado por
golpe al salir de una
sala de fiestas

Lizarraga,
Jesús María
Tafalla
(Navarra)
19/05/1983
Manifestación de
las gestoras
pro amnistía
Guardia civil
Herido grave

Lobera,
Luis
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herido de bala en
rodilla izquierda

López,
Antonio
Trebujena
(Cádiz)
2/03/1982
Caso Trebujena.
No atendió al
«alto» mientras
iba en moto
El guardia civil
Jesús Macías
Morente
dispara contra
motoristas
Herido de bala.
Autor condenado
a un año por
«imprudencia»
temeraria

López
Lozano,
Manuel
Abrera
(Barcelona)
31/07/1979
Mediaba en un
conflicto laboral
Guardia Civil
Alcalde de Abrera.
Queda paralítico por
herida de bala

López,
Miguel
Ángel
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herido por arma
de fuego en
el fémur

Lozano
Meléndez,
Manuel
Barcelona
21/09/1977
Protesta en Ciutat
Meridiana
pidiendo colegios
Policía Armada
Herido grave de 17
años, por impacto
de bala de goma

Maestro,
José Luis
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Rotura de arterias y
venas poplíteas,
por bala

Manzano,
Francisco
Javier
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida contusa en
el testículo derecho

Martínez,
Javier
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
maxilar izquierdo,
alojada en cervical

Martínez,
José
Antonio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida por arma
de fuego en el
abdomen

Martínez
Fierro,
Begoña
Rentería
8/08/1980
Manifestación
por la amnistía
total
Choque entre
la Ertzaintza y
la columna
Carlos Santise
Heridas por cóctel
molotov. Niña de
10 años ajena a la
manifestación

Martínez
García,
Sebastián
Polinyà
(Barcelona)
6/11/1981
Asamblea de
Estampaciones
Sabadell
Guardia Civil
Lesiones graves
por golpes
recibidos en carga

Mayor,
Arcadio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida contusa en
mano izquierda

Merino,
Faustina
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión y gran
hematoma pierna
izquierda

Merino,
Francisco
Salamanca
6/08/1979
Huelga de la
construcción
Policía Nacional
Herido de bala en
la cabeza

Millán,
Ladislao
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida incisa en
labio superior con
epistaxis

Miranda,
Pedro
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Bala de goma,
fuerte contusión
hematoma brazo

Múgica,
Norberto
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala
en brazo derecho

Navas
Aguirre,
Santiago
Santisteban
(Navarra)
28/11/1976
En una discoteca
Guardia civil
de paisano
Joven de 20 años
herido gravemente
de bala

Nevado,
Eusebio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida contusa en
cuero cabelludo

Olalde,
Alberto
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusiones

Oliva,
Fernando
Madrid
3/04/1977
Mitin por la
legalización de
partidos políticos
Guardia Civil
Herido en la cabeza
por un bote de humo

Orcoyen
Aróstegui,
Fermín
Pamplona
26/01/1977
Manifestación
por la amnistía
Policía Armada
Herido gravemente
de bala

Ormachea,
Jesús María
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión pómulo
derecho con leve
conmoción cerebral

Ortiz,
José María
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
la pierna derecha

Ortiz,
Miguel
Ángel
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala con
orificio de salida en
pierna izquierda

Ortiz,
Pedro
María
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión en
escroto, quemadura
en el muslo

Paredes,
Gerardo
Barcelona
1/05/1977
Manifestación del
Primero de Mayo
Policía Armada
Herido grave por
bala de goma
cuando observaba
la manifestación

Pérez,
Bernardo
Madrid
31/12/1979
Manifestaciones
contra proyecto
educativo del
Gobierno
Policía Nacional
Fotógrafo El País
golpeado en la
cabeza y herido
junto a la nuca

Pérez,
María
Basauri
(Vizcaya)
8/05/1980
Acto sobre
asesinato y
violación de
Mª Josefa Bravo
Policía Nacional
Herida conmoción
cerebral por la
carga policial

Pérez
Muñoz,
Ginés
Espinardo
(Murcia)
19/04/1978
Corte de ctra. por
limpieza en
colegio público
Policía Nacional
Miembro de UGT
herido grave en la
carga policial

Petri
Sancha,
Federico
Madrid
7/01/1976
Manifestación
por la amnistía
Policía Armada
Niño de 4 años en
brazos de su madre
Heridas y quemado
por bote de humo

Plaza,
Agustín
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión en el
ojo derecho

Plaza
Méndez,
Emilio
Rentería
25/02/1979
Manifestación
campaña por los
presos políticos
de Soria
Guardia Civil
Joven de 17 años
herido de un
pelotazo en un ojo

Prior
Castellano,
Ramón
San Sebastián
12/09/1982
Manifestación
por la amnistía
total
Policía Nacional
Hombre de 60 años
herido grave por
carga policial

Rioboo,
José
Rentería
8/08/1980
Manifestación
por la amnistía
total
Choque entre la
Ertzaintza y la
columna Carlos
Santise
Heridas por cóctel
molotov. Ajeno a la
manifestación

Rodríguez,
Justino
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herido de bala en la
región lumbar
izquierda

Rodríguez,
Máximo
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusiones que
necesitaron
hospitalización

Rodríguez
Buzón,
Gracia
Barcelona
1/05/1978
Manifestación del
Primero de Mayo
Policía Armada
Herida grave en la
cabeza por impacto
de pelota de goma

Rodríguez
Ledesma,
Francisco
Sevilla
11/07/1977
Manifestación
laboral
Policía Armada
Herido de bala por
«disparo al aire»

Romero
Osorio,
Félix
Carretera
Valdepeñas
12/05/1978
Controlo de
carretera
Guardia Civil
Cinco balazos por
no detener el coche
en que viajaba

Ruiz,
Antonio
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
muslo derecho con
dos orificios

Sáez,
Jesús María
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
rodilla izquierda

Sáez de
Ibarra,
Luis María
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
rodilla izquierda

Sáez de
Ugarte,
José
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Heridas de bala con
fractura de peroné

Salguero
Trillero,
José
A. de la Frontera
(Cádiz)
30/11/1979
Manifestación
contra el Estatuto
del Trabajador
Policía Nacional
Herido de disparo
al querer detenerle
por el presunto robo
en una huerta

San Juan,
Francisco
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala en
pierna izquierda

Sánchez
Pérez,
José María
Sabadell
(Barcelona)
Control de
carretera
Guardia Civil
Herido de bala por
no atender a la
orden de alto

Santamaría,
Marcelino
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herido de bala
en la mano

Seona,
María
Carmen
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión en la
mano izquierda

Tamargo,
Sixto
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida de bala con
entrada en escroto
y salida por base
del pene

Treviño,
Cristóbal
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida en sedal en
pierna derecha

Ucejo,
Julián
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Dos heridas de bala
en el muslo
izquierdo

Urbina,
José
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Herida incisa en
región frontal

Urbiola,
José
Antonio
Pamplona
14/09/1979
Concentración en
protesta por la
muerte de Miguel
Arregui en un
control de ctra.
Policía Nacional
Vicepresidente del
Parlamento Foral de
Navarra herido por
la carga policial y
hospitalizado

Vadillo,
Teodoro
Sucesos de Vitoria
3/03/1976
Concentración de
trabajadores en
huelga
Policía Armada
Contusión en el ojo
derecho

Valencia
Sánchez
Garrido, R.
Barcelona
13/03/1977
Manifestación
por la amnistía
total hacia la
cárcel Modelo
Policía Armada
Joven de 22 años,
herido de bala en
la cadera

Vázquez
Linares,
M. Soledad
Madrid
30/09/1977
Manifestación
por la amnistía
convocada
por CNT
Policía Armada
Herida de bala
cuando observaba
la manifestación
desde su balcón

Velada
Amazi,
Enrique
San Sebastián de
los Reyes (Madrid)
11/11/1976
Repartía
propaganda
política «ilegal»
Guardia Civil
Herido de bala

Vidaurreta,
Crescencia
Mondragón
15/12/1978
Enfrentamiento
de la Guardia civil
con ETA
Disparos
indiscriminados
con subfusil de
Policía Nacional
Vecina herida de
bala que pasaba
por el lugar

Viso,
Sergio
Barcelona
11/09/1978
Manifestación
por la Diada de
Catalunya
Policía Armada
Vecino golpeado por
seis policías cuando
entraba en su casa

Zabaleta,
Patxi
Pamplona
14/09/1979
Concentración en
protesta por la
muerte de Miguel
Arregui en un
control de ctra.
Policía Nacional
Primer teniente de
alcalde de Pamplona
herido por la carga
policial

TABLA VÍCTIMAS BAJO CUSTODIA EN DEPENDENCIAS POLICIALES Y PENITENCIARIAS

VÍCTIMAS BAJO CUSTODIA EN DEPENDENCIAS POLICIALES Y PENITENCIARIAS (COMISARÍAS, CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL Y PRISIONES)

Muertos

Nombre
Lugar / Fecha
Agresión
Circunstancias

Arregui
Izaguirre,
José
Ignacio
Prisión de Carabanchel
13/02/1981
Torturado durante nueve días
en la DG de Policía.
Conducido a la cárcel
moribundo
Ola de violencia en el País
Vasco. Dimitidos máximos
mandos de la Policía

Benayas,
Jorge
Prisión de Segovia
24/07/1980
Apuñalado en la prisión
Anarquista que anunció
que iban a matarle

Cobo Mier,
Luis
Almería
10/05/1981
Torturado, asesinado por
Guardia Civil. Tnte. Coronel
Castillo Quero, ten. Gómez
Torres y número Fernández
Llamas
Caso Almería.
Considerados etarras, los
jóvenes santanderinos
iban a una comunión a
Roquetas

España
Vivas,
José
DGS
(Madrid)
2/09/1980
Infarto al ser interrogado, por
la Brigada Central de
Información. Autopsia revela
tortura
Miembro de asociación
de vecinos acusado de
GRAPO por error

González
Ramos,
Antonio
Tenerife
30/10/1975
Torturado y muerto en
comisaría por la BPS.
Trataron de que pareciera
un suicidio
El inspector José Matutes
Fdez. fue procesado en
julio de 1978

Mañas
Morales,
Juan
Almería
10/05/1981
Torturado, asesinado por
Guardia Civil. Tnte. Coronel
Castillo Quero, ten. Gómez
Torres y número Fernández
Llamas
Caso Almería.
Considerados etarras, los
jóvenes santanderinos
iban a una comunión a
Roquetas

Montero
García,
Luis
Almería
10/05/1981
Torturado, asesinado por
Guardia Civil. Tnte. Coronel
Castillo Quero, ten. Gómez
Torres y número Fernández
Llamas
Caso Almería.
Considerados etarras, los
jóvenes santanderinos
iban a una comunión a
Roquetas

Rueda
Sierra,
Agustín
Prisión de Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»;
torturado hasta la muerte
por quince funcionarios de
la prisión
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

Heridos identificados

Nombre
Lugar /
Fecha
Agresión
Circunstancias

Arangoa
Satrústegui,
María
Amparo
Tolosa
(Guipúzcoa)
2/05/1976
Lesiones en cuartel de la
Guardia Civil por las que
fue hospitalizada
Como responsable un capitán de
la Guardia Civil fue apartado del
cargo

Calderón
Pinto,
Dionisio
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Cambronero
Javier
Irún
6/09/1978
Torturado en comisaria
Su caso sería llevado a los
tribunales por torturas

Casal
Ortega,
Alfredo
Prisión de
Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»
torturado junto a Agustín
Rueda
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

Chinchurreta
Gil,
Dionisio
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Costa Canals
Fco. Javier
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Cuenca
Hidalgo,
Enrique
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

De la Vega
Gallego,
José Luis
Prisión de
Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»
torturado junto a Agustín
Rueda
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

García
Peña,
Pedro
Prisión de
Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»
torturado junto a Agustín
Rueda
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

Gómez
Tovar, 
Juan Antonio
Prisión de
Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»
torturado junto a Agustín
Rueda
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

González
García,
Germán
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

González
Sánchez,
Jorge
Prisión de
Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»
torturado junto a Agustín
Rueda
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

Hinchado
Morales,
Juan
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Izquierdo
Trancho,
Juan
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Jiménez
Blázquez,
Matías
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Martínez
Chico,
José Fco.
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Martos
Urendez,
José Luis
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Melero
Ubarri,
Miguel Ángel
Prisión de
Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»
torturado junto a Agustín
Rueda
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

Mohamed
Abdelkader,
Abdelkader
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Morales
Miralles,
José
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Navarrete
Mata,
Francisco
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Pérez
Castillo,
Fernando
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Pesquera
Caballero,
Santiago
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Romero
Tejedor,
Felipe
Prisión de
Carabanchel
(Madrid)
13/03/1978
Paliza intensa y «técnica»
torturado junto a Agustín
Rueda
Al descubrir un túnel, los
funcionarios organizaron
un escarmiento

Ruas
Otelo,
Enrique
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Sainz de la
Higuera
García
José María
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Sánchez
Pastor,
Santiago
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Sousa
García,
Arturo
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Ugal
Cuenca,
Julián
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Vallina
Mata,
Luis María
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Veietes
Santos,
Joaquiín
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

Villegas
Chicoy,
José
Prisión Herrera
de la Mancha
(Ciudad Real)
Octubre de 1979
Torturas y malos tratos
sistemáticos en la prisión
de máxima seguridad
Sumario 22/79. Seis funcionarios
fueron procesados, entre ellos
la dirección

TABLA VÍCTIMAS DE LA GUERRA SUCIA CONTRA EL TERRORISMO EN EL EXTRANJERO

VÍCTIMAS DE LA GUERRA SUCIA CONTRA EL TERRORISMO EN EL EXTRANJERO (SUR DE FRANCIA, VENEZUELA, PARÍS, ARGEL…)

Muertos

Nombre
Lugar / Fecha
Autores Agresión
Circunstancias

Arana,
Esperanza
Caracas
(Venezuela)
14/11/1980
Jean Pierre Cherid
y Mario Ricci
Ametrallada. Esposa del
ingeniero vasco asesinado
Joaquín Alfonso Echevarría

Arregui,
Rosario
San Juan de Luz
(Francia)
2/07/1978
Reivindicado por la Triple
A. El mercenario Carlos
Gastón es acusado
Ametrallada desde un
vehículo en marcha

Badiola
Atxega,
José María
Sara
(Francia)
28/05/1976
Desconocidos
Ejecutado cuando trataba
de pasar la frontera

Beñarán
Ordeñana,
José Miguel
(«Argala»)
Anglet
(Francia)
20/12/1978
Jean Pierre Cherid, Mario
Ricci y un policía español.
Reivindicado por el Batallón
Vasco Español
Explosión de un artefacto en
su coche. Quinto aniversario
del atentado contra
Carrero Blanco

Echevarría,
Joaquín
Alfonso
Caracas
(Venezuela)
14/11/1980
Jean Pierre Cherid y
Mario Ricci
Ingeniero vasco ametrallado,
supuesto colaborador
de ETA

Elizarán
Sarasola
Justo
(«Perico»)
Biarritz
(Francia)
13/09/1979
Reivindicado por Acción
Nacional Española. Comando:
Szoenek, Obadía, Ruiz, Berges
y Debesa
Ametrallado. El Gobierno
francés condena por
primera vez este tipo
de atentados

Etxebarria
Álvarez,
José María
San Juan de Luz
(Francia)
19/06/1980
Comando dirigido por los
hermanos Perret
Secuestrado y
desaparecido

Fernández
Cario,
Aurelio
París
18/07/1979
Batallón Vasco Español
Ametrallado. Denunciado
como miembro de los
GRAPO por Blanco y negro

Goicoechea
Elorriaga,
M. Antonio
(«Txapela»)
San Juan de Luz
(Francia)
28/12/1983
Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL)
Segundo asesinato de
los GAL

Gómez
Álvarez,
Enrique
(«Korta»)
Bayona
(Francia)
25/06/1979
Reivindicado por ATE.
Comando de Jean Pierre
Cherid y Mario Ricci
Ametrallado desde un
coche en marcha

Haramendi,
Jean Pierre
Hendaya
(Francia)
23/11/1980
Jean Pierre Cherid y los
hermanos Perret
Caso Hendayais. Muerto por
el ametrallamiento del bar

Kanui,
José
Hendaya
(Francia)
23/11/1980
Jean Pierre Cherid y los
hermanos Perret. Puestos en
libertad por el comisario
Ballesteros
Caso Hendayais. Muerto por
el ametrallamiento del bar

Larrañaga
Juaristi,
Fco. Javier
(«Peru»)
Hendaya
(Francia)
11/01/1979

Batallón Vasco Español
Muerto a tiros

Lasa,
José María
Bayona
(Francia)
16/10/1983
Secuestrado y desaparecido
junto a Zabala, por el BVE.
Comando del mercenario
Pedro Sánchez
Su cadáver apareció años
más tarde enterrado en
Busot (Alicante)

Lopetegui
Carrasco,
Juan
(«Pantu»)
Biarritz
(Francia)
2/08/1979
Reivindicado por Acción
Nacional Española. Comando
de los Hermanos Perret
Ametrallado y muerto
mientras estaba en la playa

Martínez
Eizaguirre,
Fco. Javier
París
18/07/1979
Batallón Vasco Español
Ametrallado. Denunciado
como GRAPO por Alfredo
Semprún en Blanco y Negro,
sin serlo

Moreno
Bergareche,
Eduardo
(«Pertur»)
San Juan de Luz
(Francia)
23/07/1976
Reivindicado por BVE. Se filtró
la sospecha sobre los
comandos Beretziak de ETA
Secuestrado y
desaparecido. Autoría del
crimen sin esclarecer

Oñaederra
Cacho,
Ramón
(«Katu»)
Bayona
(Francia)
19/12/1983
Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL)
Primer asesinato
reivindicado por los GAL

Sagardia
Zaldúa,
José María
Biarritz
(Francia)
30/12/1980
No fue reivindicado
Explosión de artefacto bajo
su coche

Zabala,
Ignacio
Bayona
(Francia)
16/10/1983
Secuestrado y desaparecido
junto a Lasa, por el BVE.
Comando Pedro Sánchez
Su cadáver apareció años
más tarde enterrado en
Busot (Alicante)

Heridos identificados

Nombre
Lugar / Fecha
Autores agresión
Circunstancias

Cubillo,
Antonio
Argel
(Argelia)
5/04/1978
Dos mercenarios contratados
por la Policía, a través del
confidente José Luis Espinosa
Pardo
Dirigente del MPAIAC
apuñalado en la puerta de
su casa por dos mercenarios

Etxabe,
Juan José
San Juan de Luz
(Francia)
2/07/1978

Reivindicado por la Triple A. El
mercenario Carlos Gastón
es acusado
Herido con seis impactos de
bala, ametrallado desde un
coche en marcha

Iturbe
Abasolo,
Ángel
Biarritz
(Francia)
2/08/1979
Reivindicado por Acción
Nacional Española. Comando
de los hermanos Perret
Ametrallado mientras estaba
en la playa con su cuñada,
Arantxa Sasiain, y con Juan
Lopetegui

Pagoaga
Gallastegui,
José Manuel
(«Peixoto»)
San Juan de Luz
(Francia)
13/01/1979
Reivindicado por la Triple A
y la OATE
Herido grave por seis
impactos de bala por dos
individuos armados con 
fusiles

2

VÍCTIMAS MORTALES CAUSADAS POR ETA,
GRAPO, FRAP Y OTROS GRUPOS TERRORISTAS
DE EXTREMA IZQUIERDA

Datos facilitados por el ministerio del Interior (Dirección General de Policía y Dirección General de la Guardia Civil) y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

TABLA VÍCTIMAS MORTALES DE ETA

VÍCTIMAS MORTALES DE ETA

Nombre
Lugar / Fecha
Ocupación
Circunstancias

Acedo Panizo,
José María
Aduna (Guipúzcoa)
10/03/1978
Sargento
retirado de la
Guardia Civil
Tiroteado y
rematado

Alberdi Iriarte,
Javier
San Sebastián
6/09/1983
Representante
de ventas

Albizu Idiáquez,
Manuel
Guetaria (Guipúzcoa)
10/03/1976
Taxista
Muerto a tiros

Albo Llamosas,
Luis Carlos
Basauri (Vizcaya)
9/06/1976
Jefe local del
Movimiento
Muerto a tiros

Allende Porrúa,
Luis Miguel
Vitoria
20/02/1983
Médico

Alonso Gómez,
Benito
Bilbao
5/02/1983
Trabajador
Bomba contra el
Banco Vizcaya

Alonso Perejil,
Gabriel
San Sebastián
5/12/1978
Subcomisario
de Policía
Muerto a tiros

Altuna Fernández
de Arroyabe, Basilio
Erenchun (Álava)
6/09/1980
Capitán de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Álvarez Merallo,
Esteban
San Sebastián
5/06/1981
Cabo de la
Policía
Muerto a tiros

Angulo Fernández,
Francisco Javier
Vitoria
27/08/1982
Civil

Arada,
Joaquín María
Getxo (Vizcaya)
19/12/1978
Técnico
industrial
Muerto a tiros

Arcedo Quiles,
José
Escoriaza (Guipúzcoa)
24/03/1980

Muerto a tiros

Aresti Urien,
Enrique
Bilbao (Vizcaya)
25/03/1980
Empresario
Muerto a tiros

Arin Urquiola,
Francisco
Tolosa (Guipúzcoa)
15/12/1983
Empresario
Secuestrado,
Múltiples
disparos

Aristondo Trincado,
Alfredo
Pasajes (Guipúzcoa)
18/05/1978
Ultra de la Guardia
de Franco
Muerto a tiros

Arocena Arbelaiz,
Ignacio
Oirtzun (Guipúzcoa)
15/02/1980
Taxista
Muerto a tiros

Arrese
Arizmendiarre,
Jaime
Elgoibar (Guipúzcoa)
23/10/1980
Civil
Muerto a tiros

Arriaga Ciaurriz,
Heliodoro
Villabona (Guipúzcoa)
27/11/1978
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Arrizabalaga
Arrocha,
José María
Ondarroa (Vizcaya)
27/12/1978
Ciudadano
Muerto a tiros

Arroyo González,
Sebastián
Alsasua (Navarra)
9/01/1980
Guardia civil
retirado
Muerto a tiros

Aybar Yáñez,
José
Barakaldo
30/06/1982
Jefe de la Policía
Municipal
Muerto a tiros

Ayuso Pinel,
Félix
Madrid
11/01/1977
Inspector de
policía
Muerto a tiros

Aztuy Rodríguez,
Ángel
Oñate (Guipúzcoa)
8/02/1980
Agente de la
Policía Municipal
Muerto a tiros

Baena Martín,
José Manuel
Pamplona
11/01/1978
Inspector de
policía
Muerto a tiros

Baglietto Martínez,
Ramón
Azpeitia (Guipúzcoa)
12/05/1980
Empresario.
Representante
de UCD
Muerto a tiros

Barona Zorrilla,
José Luis
Vitoria
27/08/1982
Civil

Barquero González,
Pedro
Bilbao
4/05/1983
Cabo de la
Policía

Barreiro Gens,
Amancio
Aguinaga (Guipúzcoa)
4/09/1978
Taxista
Muerto a tiros

Basana,
José María
Barakaldo (Vizcaya)
13/06/1977
Estudiante
Muerto a tiros

Becerra Calvente,
Joaquín
Amurrio (Álava)
2/07/1980
Propietario
de un bar
Muerto a tiros

Beldarrain
Madariaga,
Esteban
Bilbao
16/03/1978
Teniente alcalde
Ayunt. de Bilbao
Muerto a tiros

Benito Díaz,
José
Bilbao
25/10/1978
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Benito José,
Manuel
Portugalete (Guipúzcoa)
5/10/1983
Agente de Policía

Benito Sánchez,
José
Basauri (Vizcaya)
20/11/1978
Cabo de la Policía
Armada
Muerto a tiros

Berazadi Urbe,
Ángel
Elgóibar (Guipúzcoa)
7/04/1976
Empresario.
Fábrica Sigma
Secuestrado
veinte días.
Ejecutado

Blanco Cereceda,
Jesús
Pamplona
27/06/1983
Funcionario

Cadarso San Juan,
Luis
Basauri (Vizcaya)
14/04/1981
Teniente coronel
de la Guardia Civil
retirado
Muerto a tiros

Campos Rodríguez,
Jesús Manuel
Pasajes (Guipúzcoa)
29/06/1978
Niño
Bomba

Canal Canal,
Sergio
Durango (Vizcaya)
3/10/1980
Subcomisario
de policía
Muerto a tiros

Candendo Pérez,
Luis
Anzuola (Guipúzcoa)
9/11/1978
Trabajador de 
altos hornos
Muerto a tiros

Cánovas López,
Emilio José
San Sebastián
23/06/1983
Agente de la
Guardia Civil
Bomba

Caraz Pérez,
Ramiro
San Sebastián
30/03/1982
Médico de Ntra.
Señora de
Aránzazu

Carrasco Merchán,
Manuel
Villabona (Guipúzcoa)
5/11/1983
Civil

Castillejo Pérez,
Julio César
Zarautz (Guipúzcoa)
3/11/1980

Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Cedillo Toscano,
Antonio
Rentería (Guipúzcoa)
14/09/1982
Agente de Policía

Cendan Geimonde,
Mario
Islares (Santander)
17/02/1980
Taxista
Muerto a tiros

Collado Azurmendi,
Francisco Javier
Cegama (Guipúzcoa)
8/12/1983
Vendedor de
automóviles

Contreras Gabarra,
Antonio
Bilbao
23/07/1980
Civil

Contreras Gabarra,
María
Bilbao
23/07/1980
Civil

Corchado Muñoz,
José Reyes
Oñate (Guipúzcoa)
15/10/1983
Agente de la
Guardia Civil

Costas Otamendi,
Juan
Tolosa (Guipúzcoa)
27/03/1981
Civil
Muerto a tiros

Coto Abad,
Ramón
Bilbao
2/10/1980
Jubilado
Muerto a tiros

Criado Ramajo,
Mariano
Tolosa (Guipúzcoa)
5/11/1978
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Cruz Hurtado,
Juan
Gernika (Vizcaya)
2/11/1978
Ciudadano
Muerto a tiros

Cruz Salcines,
Ángel
San Sebastián
5/12/1978
Policía Municipal
Muerto a tiros

Cuesta Jiménez,
Enrique
San Sebastián
26/03/1982
Delegado de
Telefónica

Cuña González,
Cándido
Rentería
20/10/1983
Panadero

De Araluce Villar,
Juan María
San Sebastián
4/10/1976
Presidente de la
Diputación de
Guipúzcoa

Bomba

De Frutos Sualdea,
Antonio
Legazpia (Guipúzcoa)
3/05/1976
Cabo de la
Guardia Civil
Bomba vehículo
Guardia Civil

De Ibarra y Berge,
Javier
Barázar (Vizcaya)
22/06/1977
Empresario
Disparo en la
cabeza, secuetro

De la Parra
Urbaneja, Luis
Irún (Guipúzcoa)
24/06/1981
Coronel del
Ejército
Muerto a tiros

De Vicente
Comesaña, Antonio
Bermeo (Vizcaya)
12/11/1983
Teniente de
navío

Díaz Fernández,
José
Irún (Guipúzcoa)
2/11/1977
Sargento de la
Policía Municipal
Muerto a tiros

Díaz García,
Antonio
Rentería (Guipúzcoa)
5/01/1981
Empresario
Muerto a tiros

Díez Marcos,
Alfredo
Ispaster (Vizcaya)
1/02/1980
Agente de la
Guardia Civil
Disparo

Domínguez Jiménez,
Luis
Vergara (Guipúzcoa)
25/01/1980
Civil
Muerto a tiros

Doval de Mateo,
Juan de Dios
San Sebastián
31/10/1980
Civil
Muerto a tiros

Durán Vidal,
Anselmo
Elgóibar (Guipúzcoa)
9/10/1978
Cabo de la
Guardia Civil
Ametrallado

Elexpe Astondoa,
Elías
Amorebieta (Vizcaya)
25/11/1978
Taxista
Muerto a tiros

Elicegui Díaz,
José María
San Sebastián
4/10/1976
Chófer del
presidente de la
Diputación
Bomba

Espinosa Viscarray,
José María
Pasajes (Guipúzcoa)
8/05/1980
Comandante de
artillería
Muerto a tiros

Estevas Guilmain,
Alfonso
Fuenterrabía
(Guipúzcoa)
28/08/1978
Inspector de
Policía
Muerto a tiros

Expósito Pascual,
Julio Santiago
Sestao (Vizcaya)
20/06/1980
Comerciante
Muerto a tiros

Extremiana Unanue,
Felipe
Amorebieta (Vizcaya)
23/10/1980
Profesor
Muerto a tiros

Fernández Arias,
Emilio
Bilbao
22/09/82
Brigada de la
Marina

Fernández Aspiazu,
Carlos
San Sebastián
29/10/1980
Empresario
Muerto a tiros

Fernández
Espigares,
Miguel
Markina (Vizcaya)
20/09/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Fernández
Fernández,
Benjamín
San Sebastián
16/02/1982
Guardia Civil
retirado

Fernández Ferrero,
Magín
Barakaldo (Vizcaya)
5/07/1981
Teniente del
Ejército

Fernández Guzmán,
Antonio
Santurce (Vizcaya)
3/09/1980
Conductor
portuario
Muerto a tiros

Fernández Montes,
Diego
San Sebastián
17/12/1978
Coronel retirado
del Ejército
Muerto a tiros

Fernández Perna,
José
Pasajes (Guipúzcoa)
13/06/1982
Agente de la
Guardia Civil

Fernández Rico,
Antonio Pablo
Ondarroa (Vizcaya)
2/05/1982
Agente de la
Guardia Civil

Fernández
Valcárcel, Carlos
Logroño
2/12/1980
Subcomisario de
policía
Muerto a tiros

Ferreira Martín,
Ovidio
Bilbao
14/07/1981
Repartidor de
prensa

Ferreiro González,
José Antonio
Vitoria
23/09/1978
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Flores Jiménez,
Ángel
Rentería
13/10/1983
Agente de la
Guardia Civil

Fragoso Martín,
José
Oiartzun (Guipúzcoa)
16/02/1982
Agente de la
Guardia Civil

Francés Garzón,
Francisco
Bilbao
9/04/1981
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Galán Aceituno,
Antonio
Tolosa (Guipúzcoa)
28/04/1977
Sargento de la
Guardia Civil
Disparo durante
un tiroteo

Galarza Ayastury,
Julián
Cizúrquil (Vizcaya)
10/02/1976
Mecánico
Muerto a tiros

Galíndez Llino,
Félix
Amurrio (Vizcaya)
25/07/1981
Representante

Gancedo Ruiz,
Luis Carlos
Arenas (Vizcaya)
22/10/1978
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Garayalde
Jaureguizabal
Alegría Oria
(Guipúzcoa)
2/01/1982
Taxista

Garcera López,
Vicente Luis
Pamplona
17/04/1982
Agente de policía

García Argente,
Antonio
Markina (Vizcaya)
20/09/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

García Caballero,
Antonio
Tolosa (Guipúzcoa)
21/07/1978
Policía Municipal
Muerto a tiros

García Cordero,
Juan Manuel
San Sebastián
23/10/1980
Delegado de
Telefónica
Muerto a tiros

García Díaz,
Benigno
Ondarroa (Vizcaya)
27/01/1982
Agente Policía
Municipal

García Fernández,
Carlos
Eibar (Guipúzcoa)
7/10/1980
Estanquero
Muerto a tiros

García García,
Jesús
Barakaldo (Vizcaya)
5/01/1980
Empresario
Acribillado. Citado
en reportaje de
Xavier Vinader

García Gastiain,
José
Vitoria
25/08/1978
Civil
Muerto a tiros

García González,
Domingo Javier
Navarra
22/10/1982
Empresario

García González,
Elías
Bilbao
13/10/1978
Agente de la
Policía Armada
Ametrallado

García González,
Juan
Burguete (Navarra)
4/07/1982
Agente de la
Guardia Civil

García León,
Juan
Eibar (Guipúzcoa)
17/11/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

García Lorenzo,
José Pablo
Amorebieta (Vizcaya)
19/06/1980
Civil
Muerto a tiros

García Lorenzo,
Modesto
Zarautz (Guipúzcoa)
3/11/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

García Martín,
Leopoldo
San Sebastián
17/01/1981
Subteniente del
Ejército retirado
Muerto a tiros

García Mencia,
Juan
(Guipúzcoa)
29/12/1982
Agente de la
Guardia Civil

García San Miguel,
Manuel Francisco
Navarra
3/07/1983
Agente de Policía

García Sánchez,
María José
Zarautz (Guipúzcoa)
16/06/1981
Inspectora de
policía
Muerta en
enfrentamiento

Garciarena
Baraibar, Miguel
San Sebastián
27/11/1980
Teniente coronel
del Ejército
Muerto a tiros

Garjon González,
Joaquín
Basauri (Vizcaya)
10/07/1981
Guardia civil
retirado

Garraza García,
Pablo
Rentería
9/12/1983
Taxista

Garrido Caro,
Pedro
San Sebastián
23/12/1978
Empresario
Muerto a tiros

Garrido Romero,
Miguel
Mungía (Vizcaya)
25/08/1982
Agente de la
Guardia Civil
Muerto al estallar
bomba trampa

Gil Martín,
Rafael
San Sebastián
31/07/1983
Agente de la
Guardia Civil

Giménez Mayoral,
José
Irún (Guipúzcoa)
9/10/1982
Capitán retirado
de la Guardia Civil

Godoy Cerezo,
Valentín
Puebla de Arlanzón
(Burgos)
27/06/1977
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Gómez Duarte,
Vicente
Mungía (Vizcaya)
Agente de la
Guardia Civil
Muerto al estallar
bomba trampa

Gómez García,
Antonio
San Sebastián
31/03/1982
Agente de policía

Gómez García,
Constantino
Mondragón (Guipúzcoa)
13/03/1977
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Gómez Mariñán,
José
Ispaster (Vizcaya)
1/02/1980
Agente de la
Guardia Civil
Disparo

Gómez Ramos,
Antonio
Orio (Guipúzcoa)
13/07/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Gómez Trillo,
Carlos José
Ispaster (Vizcaya)
1/02/1980
Agente de la
Guardia Civil
Disparo

González Blasco,
Mario
Eibar (Guipúzcoa)
2/08/1980
Soldador
Secuestrado y
muerto a tiros

González de Paz,
Santiago
Santurce (Vizcaya)
17/10/1981
Cabo de la
Guardia Civil

González Huergos,
Mariano
Markina (Vizcaya)
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

González Ituero,
Jesús María
Hendaya (Francia)
4/04/1976
Inspector de
policía
Secuestro,
tortura y tiro
en la nuca

González Ruiz,
Francisco
Álava
31/10/1982
Agente de la
Policía Nacional

Gordo García,
Miguel
Barakaldo (Vizcaya)
11/04/1976
Guardia Civil
(TEDAX)
Electrocutado al
retirar ikurriña

Guerra Pereda,
Andrés
Lemóniz (Vizcaya)
17/03/1978
Obrero de central
nuclear
Atentado contra
la central nuclear

Guezala Aramburu,
Emilio
Lezo (Guipúzcoa)
1/03/1976
Inspector de
autobuses
Muerto a tiros

Henríquez García,
Daniel
Bilbao
3/06/1982
Coronel de
Infanteria

Hergueta Guinea,
Luis
Vitoria
25/06/1980
Técnico de la
empresa Michelín
Muerto a tiros

Hernández
Corchete, Gregorio
Navarra
15/10/1982
Civil

Hernández Cuesta,
Alejandro
Irún (Guipúzcoa)
29/11/1978
Civil
Muerto a tiros

Hernández Fdez.
Segura, Antonio
Gernika (Vizcaya)
8/10/1977
Agente de la
Guardia Civil
Acribillado en
su coche

Hernández,
Seisdedos, Manuel
Getxo (Vizcaya)
28/01/1981
Empresario

Hernando Ortega,
Jesús
Durango (Vizcaya)
3/10/1980
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Holgado Sabio,
Jesús
San Sebastián
15/05/1980
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Huegun Aguirre,
Antonio
(Guipúzcoa)
14/05/1982
Taxista

Illarmendi, Cristina
Mónica
Sestao (Vizcaya)
22/03/1982
Civil

Imaz Martínez,
Joaquín
Pamplona
26/11/1977
Comandante de
Infantería
Muerto a tiros

Iñigo Blanco,
Miguel Ángel
San Sebastián
9/05/1978
Agente de la
Guardia Civil
Ametrallado en el
vehículo policial

Iturrondo García,
Ramón
Bilbao
5/02/1983
Trabajador
Bomba Banco
de Vizcaya

Izquierdo,
Emperador Aníbal
Bilbao
5/02/1983
Trabajador
Bomba Banco
de Vizcaya

Jáuregui Bernaola,
Javier
Lemona (Vizcaya)
8/07/1978
Juez de Paz de
Lemona
Muerto a tiros

Jiménez Gómez,
Juan
Pasajes (Guipúzcoa)
13/12/1978
Jefe de la Policía
Municipal
Muerto a tiros

Joya Lago,
Juan Ramón
(Guipúzcoa)
12/12/1982
Agente de la
Guardia Civil

Julián Bayano,
José Antonio
Vitoria
26/11/1983
Empresario

Justaran,
José Ignacio
Vitoria
29/09/1980
Miembro de
ejecutiva UCD
Muerto a tiros

Lago Román,
Víctor
Madrid
4/11/1982
General de
División

Larrea Sáez de
Adacia, Emilia
Mondragón (Guipúzcoa)
5/11/1978
Civil
Muerto a tiros

Lasa Arrubarena,
Miguel
Zarautz (Guipúzcoa)
4/11/1980
Peluquero
Muerto a tiros

Lasa de Rezola,
Ignacio
Azpeitia (Guipúzcoa)
6/12/1980
Empresario
Muerto a tiros

Latiegui Valmaseda,
José María
Usurbil (Guipúzcoa)
14/04/1981
Ejecutivo de
Moulinex
Muerto a tiros

Lázaro Aparicio,
Fidel
Pamplona
28/05/1983
Agente de la
Guardia Civil

Lázaro Valle,
Eugenio
Vitoria
13/04/1980
Comandante de
Infanteria
Muerto a tiros

Ledo García,
María Dolores
Bilbao
4/05/1983
Civil.
Embarazada
En atentado
contra el teniente
Segarra

Ledo Taboada,
Ramón
Vergara (Guipúzcoa)
18/07/1980
Civil
Muerto a tiros

Legasa Ubiría,
José
Irún (Guipúzcoa)
2/11/1978
Constructor
Muerto por no
pagar el
«impuesto
Revolucionario»

Legorburu
Ibarreche, Víctor
Galdakao (Vizcaya)
9/02/1976
Alcalde de
Galdakao
Muerto a tiros

Lemos Noya,
Manuel
Bilbao
24/02/1978
Policía Local
de Bilbao
Muerto a tiros

León Ortega,
Manuel
Oñate (Guipúzcoa)
1/12/1978
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Liesa Morote,
Fco. de Asís
Bilbao
3/10/1978
Comandante de
Marina
Muerto a tiros

Lisalde Ramos,
Alberto
Eibar (Guipúzcoa)
6/11/1980
Agente de la
policía
Muerto a tiros

Llanillo Borbolla,
Patricia
Tolosa (Guipúzcoa)
12/02/1983
Civil

Lopetegui
Barjacoba, Florentino
Orio (Guipúzcoa)
6/04/1980
Pescador
Muerto a tiros

López Bescos,
Francisco
Villamediana (Rioja)
22/07/1980
Teniente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

López Cameron,
Elio
Azkoitia (Guipúzcoa)
28/06/1980
Civil
Muerto a tiros

López Fernández,
Manuel
(Guipúzcoa)
29/12/1982
Agente de la
Guardia Civil

López González,
Manuel
Pamplona
8/05/1978
Agente de la
Guardia Civil
Bomba al paso
del vehículo
policial

López Hernández,
Alfonso
Rentería (Guipúzcoa)
14/09/1982
Agente de la
policia

López Hernández,
Arturo
Zarautz (Guipúzcoa)
3/11/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

López Jaureguizar,
Alberto
Bilbao
6/07/1982
Apoderado de
Tabacalera

Machio Martos,
Francisco
Azpeitia (Guipúzcoa)
7/06/1983
Civil

Maldonado Moreno,
Juan
Pasajes (Guipúzcoa)
22/06/1983
Agente de la
Guardia Civil

Marcos Gutíérrez,
Juan
San Sebastián
9/05/1978
Agente de la
Guardia Civil
Ametrallado en
vehículo de la
Guardia Civil

Martín Barrios,
Alberto
Galdakao (Vizcaya)
18/10/1983
Capitán de
Farmacia
Ejecutado en
secuestro

Marín Gamero,
Antonio
Ispaster (Vizcaya)
1/02/1980
Agente de la
Guardia Civil
Disparo

Martín Sánchez,
Modesto
Rentería (Guipúzcoa)
15/03/1982
Agente de la
Guardia Civil

Martínez Bellos,
Alfonso
Markina (Vizcaya)
20/09/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Martínez
Castañares, Manuel
Tolosa (Guipúzcoa)
24/06/1981
Civil

Martínez Ezquerro,
Julio
Irún (Guipúzcoa)
16/12/1977
Concejal del 
Ayuntamiento Irún
Muerto a tiros

Martínez González,
Francisco
San Sebastián
27/06/1978
Sargento de la
Policía Armada
Bomba lapa bajo
su vehículo

Martínez Martínez,
José Luis
Hendaya (Francia)
4/04/1976
Inspector de
Policía
Secuestro,
tortura y tiro
en la nuca

Martínez Pérez,
Agustín
Sestao (Vizcaya)
22/03/1982
Inspector de
Policía

Martínez Pérez
Catillo, José
Ispaster (Vizcaya)
1/02/1980
Agente de la
Guardia Civil
Disparo

Martínez Simón,
Joaquín
Pamplona
3/01/1981
Empresario
Muerto a tiros

Martínez Trelles,
José Ángel
Bilbao
9/11/1983
Comerciante

Martos García,
Luis
Irún (Guipúzcoa)
16/04/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Maside Bouzo,
Alfonso
Sestao (Vizcaya)
22/03/1982
Inspector de
policía

Mata Corral,
Luciano
Arenas (Vizcaya)
22/10/1978
Sargento de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Mateo Pastor,
Miguel
Ordizia (Guipúzcoa)
2/02/1983
Agente de la
Guardia Civil

Mateu Cánovas,
Francisco
Madrid
16/11/1978
Magistrado de la
Audiencia de
Madrid
Muerto a tiros

Mazo Figueras,
Sotelo
Eibar (Guipúzcoa)
6/11/1980
Peluquero
Muerto a tiros

Mendizábal Iturrarte,
Lorenzo
Irún (Guipúzcoa)
26/10/1983
Civil

Merenciano Ruiz,
José Antonio
Durango (Vizcaya)
3/10/1980
Inspector de
policía
Muerto a tiros

Merino Arévalo,
Domingo
Zarautz (Guipúzcoa)
5/07/1978
Civil
Bomba

Merquilanz Trincado,
José Martín
Oiartzun (Guipúzcoa)
23/05/1978
Taxista
Muerto a tiros

Miranda Blanco,
Luis
Oiartzun (Guipúzcoa)
5/07/1981
Agente de la
Guardia Civil

Morales Fabián,
Benito
Rentería (Guipúzcoa)
2/10/1980
Taxista
Muerto a tiros

Moreno Castro,
José Javier
Eibar (Guipúzcoa)
11/12/1980
Inspector de
policía
Muerto a tiros

Moreno Núñez,
Antonio
Santurce (Vizcaya)
9/05/1980
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Motos Rodríguez,
Lorenzo
San Sebastián
13/10/1980
Teniente coronel
del Ejército
Tiroteado en un
semáforo

Moya Jiménez,
Francisco
Elorrio (Vizcaya)
14/01/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Muiños Fernández,
Ramón
Bilbao
13/10/1978
Agente de la
Policía Armada
Ametrallado

Muñoz Alcalde,
Rufino
Oiartzun (Guipúzcoa)
28/04/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Muñoz Gran,
Julio
Azkoitia (Guipúzcoa)
28/06/1980
Civil
Muerto a tiros

Navarro Cañadas,
Eduardo
San Sebatián
15/12/1983
Agente de policía

Navío Navío,
Aurelio
Orio (Guipúzcoa)
13/07/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Negro Piguera,
Alberto
Lemóniz (Vizcaya)
17/03/1978
Obrero de la
central nuclear
Atentado contra
central nuclear

Noguera García,
Antonio
Madrid
7/05/1981
Suboficial de la
Guardia Real
Ametrallado en
coche oficial

Olaiz Michelena,
Ignacio
Andoain (Guipúzcoa)
30/10/1978
Conductor de
autobuses
Ametrallado

Olalla de la Flor,
José
Lemona (Vizcaya)
14/05/1981
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Oliva Hernández,
José Luis
Sodupe (Vizcaya)
14/01/1981
Civil
Muerto a tiros

Orceda de la Cruz,
Manuel
San Sebastián
18/05/1977
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Ordóñez Pérez,
Jesús
Rentería (Guipúzcoa)
14/09/1982
Agente de policía

Pacheco Pata,
Ángel
Marquina (Guipúzcoa)
9/10/1978
Cabo primero
Guardia Civil
Tiroteado en un
control de ctra.

Palacios Domínguez,
José Miguel
Getxo (Vizcaya)
19/01/1980
Agente comercial
Muerto a tiros

Palma Brios,
Avelino
Salvatierra (Álava)
4/10/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Palomo Pérez,
Antonio
San Sebastián
4/10/1976
Subinspector de
policía
Bomba

Pascual Anchio,
Francisco
Orio (Guipúzcoa)
6/04/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Pascual Mugica,
Ángel
Bilbao
5/05/1982
Ingeniero de
Lemóniz

Patiño Casanova,
Carlos Manuel
(Guipúzcoa)
23/11/1982
Empresario

Peña Zubia,
Ceferino
Cestona (Guipúzcoa)
16/05/1980
Empresario
Muerto a tiros

Pérez López,
José María
Hernani (Guipúzcoa)
31/10/1980
Abogado
Secuestrado.
Tiro en la nuca

Pérez Rodríguez,
Juan Antonio
Madrid
21/07/1978
Teniente coronel
Ametrallado en
vehículo oficial

Perorue Diez,
Manuel
Oiartzun (Guipúzcoa)
5/08/1983
Agente de la
Policía Municipal

Piris Carballo,
José María
Azpeitia (Guipúzcoa)
29/03/1980
Menor de edad
Muere mientras
jugaba en la calle
al golpear una
bolsa con un
explosivo

Portell Manos,
José María
Bilbao
28/06/1978
Redactor jefe de
periódico
Bomba lapa
debajo de su
vehículo

Postigo Magías,
Ángel
Pamplona
15/06/1980
Agente de policía
Muerto a tiros

Prado Mella,
Ángel
Salvatierra (Álava)
4/10/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Prieto Gracia,
José Luis
Pamplona
21/03/1981
Teniente coronel
del Ejército
Bomba

Prieto Prieto,
Aurelio
Tolosa (Guipúzcoa)
21/11/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Puig Mestre,
Francisco
Goizueta (Navarra)
16/05/1980
Cabo de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Pulido Pavón,
Juan José
Hernani (Vizcaya)
8/10/1983
Civil

Quindos López,
Justino
Azkoitia (Guipúzcoa)
28/06/1980
Guardia Civil
retirado
Muerto a tiros

Quintanillas Salas,
Arturo
San Sebastián
5/08/1983
Propietario del bar
José Mari

Raimundo Noya,
José Luis
Bilbao
5/03/1981
Comisario de
Policía
Muerto a tiros

Ramírez Villar,
José Luis
Madrid
18/03/1980
Soldado
Muerto a tiros

Ramón Vázquez,
Alfredo
Barakaldo (Guipúzcoa)
23/01/1980
Propietario de
un bar
Citado en el
reportaje de
Xavier Vinader

Retamar Nogales,
Ángel
Zarautz (Guipúzcoa)
3/11/1980
Cabo de la 
Guardia Civil
Muerto a tiros

Ribeiro de Aguilar,
Juan Carlos
Navarra
5/10/1982
Civil

Rivera Navarrón,
Ángel Antonio
Gernika (Vizcaya)
8/10/1977
Escolta del
presidente de la
Diputación de
Vizcaya
Acribillado

Rodríguez Fdez.,
Oswaldo
San Sebastián
14/04/1981
Teniente retirado
del Ejército
Muerto a tiros

Rodríguez Fontana,
José Manuel
San Sebastián
15/05/1980
Agente de
policía
Muerto a tiros

Rodríguez Fuentes,
Miguel
Pasajes (Guipúzcoa)
8/02/1980
Comandante de
Infantería
Muerto a tiros

Rodríguez Taboada,
Manuel
Madrid
7/05/1981
Civil
Atentado contra
el teniente
coronel Tevar

Román Moreno,
José Manuel
Navarra
27/01/1980
Agente de
policía
Muerto a tiros

Romero Rotaeche,
Ramón
Bilbao
21/03/1981
Teniente coronel
del Ejército
Bomba

Rua Díaz,
Enrique
San Sebastián
31/07/1983
Agente de la
Guardia Civil

Ruiz Fernández,
Francisco
Goizueta (Navarra)
16/05/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Ryan Estrada,
José María
Galdakao (Vizcaya)
6/02/1981
Ingeniero de la
Central nuclear de
Lemóniz
Secuestrado.
Tiro en la nuca

Salazar Suso,
Ramiro
Vitoria
23/07/1983
Empresario

Sampedro Lozano,
Santos
San Sebastián
30/09/1979
Inspector de
policía
Muerto a tiros

San Martín,
Miguel Ángel
Logroño
27/11/1980
Empresario
Muerto a tiros

Sánchez Borallo,
Manuel
Lemona (Vizcaya)
14/05/1981
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Sánchez César,
Pablo
Urnieta (Guipúzcoa)
16/09/1983
Agente de policía

Sánchez Marfil,
Pedro
Azpeitia (Guipúzcoa)
28/11/1979
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Sánchez Soto,
Dámaso
Durango (Vizcaya)
24/03/1980
Empresario
Muerto a tiros

Sánchez Vicente,
Vicente
Barakaldo (Vizcaya)
80/04/1981
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Sanz Biurrum,
Carlos
Pamplona
8/10/1979
Jefe Brigada de
Investigación
Criminal
Muerto a tiros

Sanz Flores,
Luis Francisco
San Sebastián
4/10/1976
Subinspector de
policía
Bomba

Sanz García,
Ciriaco
Llodio (Vizcaya)
9/01/1979
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Saracibar González,
Eugenio
San Sebastián
20/02/1980
Coronel de
Infantería
Muerto a tiros

Saro López,
Miguel Ángel
Bilbao
28/07/1979
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Segarra Blanco,
Julio
Bilbao
4/05/1983
Teniente de
policía

Seronero Sacristán,
Juan
Rentería (Guipúzcoa)
14/09/1982
Agente de
policía

Soria Blanco,
Vicente
Placencia (Guipúzcoa)
30/03/1976
Obrero
Muerto a tiros

Suar Muro,
Alfredo Jorge
Cádiz
15/10/1983
Médico de prisión
Puerto de Santa
María
Disparo en el
cuello

Sutil Pelayo,
Aniano
San Sebastián
27/03/1983
Agente policía
(TEDAX)
Muerto al estallar
bomba trampa

Tauste Sánchez,
Juan
Eibar (Guipúzcoa)
4/08/1979
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Tevar Saco,
Guillermo
Madrid
7/05/1981
Teniente coronel
de Infantería
Ametrallado en
su coche oficial

Toca Echevarría,
Alberto
Navarra
8/10/1982
Director mutua
médica Asepeyo

Torralba López,
José
Irún (Guipúzcoa)
16/04/1980
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Torre León,
Juan Manuel
Sevilla
9/05/1979

Muerto a tiros

Ubarguchi Erostarbe,
Ignacio
Tolosa (Guipúzcoa)
24/06/1981
Civil

Uceda Vera,
César
Navarra
17/11/1982
Teniente del
Ejército

Ulayar Liliaga,
Jesús
Echarri-Aranaz
(Navarra)
27/01/1979
Excalde de
Echarri-Aranaz
Muerto a tiros

Unceta
Barrenechea,
Augusto Guillermo
Gernika (Vizcaya)
8/10/1977
Presidente de la
Diputación de
Vizcaya
Tiroteado por
la espalda

Uriarte Alvain,
José María
Navarra
5/10/1979
Excalde de
Bilbao
Muerto a tiros

Urquizu Goyogana,
José María
Durango (Vizcaya)
13/09/1980
Teniente coronel
del Ejército
Muerto a tiros

Vadillo Vadillo,
Eduardo
Markina (Vizcaya)
16/06/1983
Civil

Varela Rua,
Andrés
Tolosa (Guipúzcoa)
7/06/1979
Comandante
retirado de
Infantería
Muerto a tiros

Vázquez Plata,
José Luis
Salvatierra (Álava)
4/10/1980
Cabo de la
Guardia Civil
Muerto a tiros

Vega Gil,
Rafael
Santurce (Vizcaya)
5/06/1982
Empresario

Velasco Zuazola,
Jesús
Vitoria
10/01/1980
Comandante de
Caballería
Muerto a tiros

Vergara Jiménez,
Manuel
Villafranca de Oria
(Navarra)
17/01/1976
Agente de la
Guardia Civil
Explosión de una
bomba en una
ikurriña

Vilariño Doce,
Adolfo
Gernika (Vizcaya)
30/09/1979
Jefe de la Policía
Municipal
Muerto a tiros

Villadangas Calvo,
Dionisio
San Sebastián
15/05/1980
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Villamor González,
Victorino
Ispaster (Vizcaya)
1/02/1980
Agente de la
Guardia Civil
Disparo

Vivo Undabarrena,
José Antonio
Olaberría (Guipúzcoa)
6/02/1979
Alcalde de
Olaberría
Muerto a tiros

Walle Doris,
Karl Theodor
Zaragoza
12/07/1979
Civil
Muerto a tiros

Zorita Alonso,
Vicente
Santurce (Vizcaya)
14/11/1980
Civil
Muerto a tiros

Zunzunegui
Arratibel, Miguel
Ataún (Guipúzcoa)
12/11/1980
Camionero
Muerto a tiros

TABLA VÍCTIMAS MORTALES DE LOS GRAPO

VÍCTIMAS MORTALES DE LOS GRAPO

Nombre
Lugar / Fecha
Ocupación
Circunstancias

Alba Escalera,
Juan Antonio
Barcelona
5/10/1975
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Alonso Bajo,
Joaquín
Madrid
1/10/1975
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros. Primer
atentado de la banda

Alonso de Celis,
María Teresa
Madrid
26/05/1979
Civil
Muerta por la bomba de
la cafetería California 47

Martín González,
Benita
Madrid
26/05/1979
Civil
Muerta por la bomba de
la cafetería California 47

Briz Armengol,
Enrique
Barcelona
2/09/1980
General de
Brigada
Muerto a tiros

Carrasco Lamas,
Rafael
Barcelona
4/06/1977
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros mientras
vigilaba acuartelamiento

Castilla Martín,
Miguel
Madrid
1/10/1975
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros. Primer
atentado de la banda

Chillón Lucas,
Policronio
Madrid
20/12/1976
Vigilante jurado
Muerto a tiros

Cívico Mendoza,
Antonio
Sevilla
25/05/1979
Civil
Muerto a tiros

Cobo Sánchez,
Victoriano
Barcelona
3/11/1976
Vigilante jurado
Muerto a tiros

Constante Acín,
Luis
Zaragoza
24/11/1980
Coronel de Aviación
Muerto a tiros

Correa Morales,
Adolfo
Esplugues
(Barcelona)
19/02/1979
Agente de la
Guardia Civil
Muerto de un tiro en la
cabeza al salir de un bar

Cristóbal
Vozmediano, Gabriel
Madrid
15/02/1979
Agente de la
Guardia Civil de
Tráfico
Muerto a quemarropa
cuando entraba en
su casa

Cruz Cuenca,
Miguel
Madrid
8/01/1979
Magistrado del
Tribunal Supremo
Muerto a tiros

De la Fuente Aller,
Emeterio
León
1/07/1979
Brigada de la
Guardia Civil retirado
Muerto de un tiro por la
espalda a bocajarro

De la Fuente,
Pefectina
Madrid
26/05/1979
Civil
Muerta por la bomba de
la cafetería California 47

Díaz Ordóñez
Batlly, Elvira
Madrid
26/05/1979
Civil
Muerta por la bomba de
la cafetería California 47

Fernández Ferreiro,
Antonio
Madrid
8/10/1975
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Fernández Pesado,
Justiniano
Barcelona
4/05/1981
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros en el
interior de un bar

Fdez. Rogríguez,
Jesús
Madrid
4/06/1979
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros en la
puerta de su casa

Gabarri Gabarri,
Pedro
Castellón
29/09/1982
Chatarrero
Muerto a tiros

García Álvarez,
Félix
Madrid
10/03/1978
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

García Calderón,
Diego
Barcelona
26/04/1982
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

García García,
Ignacio
Madrid
4/05/1981
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

García Martínez,
Emilio
Valencia
19/04/1983
Teniente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

García Siller,
Florentino
Madrid
29/07/1980
Soldado
Muerto a tiros

Ginés Navarro,
Agustín
Madrid
1/10/1975
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros. Primer
atentado de la banda

González de Suso,
Andrés
Madrid
4/05/1981
General de Brigada
Muerto a tiros

González Reyes,
Casimiro
Madrid
4/06/1979
Cabo de la
Guardia Civil
Muerto a tiros en la
puerta de su casa

Herguedas
Carretero, Florentino
Madrid
27/09/1977
Capitán de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Hernández Rguez.,
Deosgracias
Madrid
20/07/1979
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Hurtado Ramírez,
María
Madrid
26/05/1979
Civil
Muerta por la bomba de
la cafetería California 47

Liétor Alfaro,
Ángel
Madrid
4/04/1979
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Manso García,
Fernando
Madrid
26/05/1979
Civil
Muerto por la bomba de
la cafetería California 47

Martín Victorio,
Eduardo
San Cristóbal
(Cádiz, 9
18/01/1979
Soldado
Muerto a tiros

Martínez Argüelles,
José
Madrid
26/05/1979
Civil
Muerto por la bomba de
la cafetería California 47

Martínez Morales,
José María
Madrid
27/01/1977
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Montenegro
Jiménez, Francisco
Barcelona
4/05/1981
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros en el
interior de un bar

Pedreira Álvarez,
Plácido
La Coruña
29/04/1983
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros cuando
iba a conducir un
microbús

Rico Gómez,
Higinio
Madrid
7/05/1979
Agente de la
Policía Nacional
Muerto a tiros

Rodríguez García,
Luis Antonio
Barcelona
28/08/1978
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Rodríguez Hermida,
Ángel
Madrid
10/03/1979
Inspector de policía
Muerto a tiros

Sánchez Hdez.,
Fernando
Madrid
27/01/1977
Agente de la
Policía Armada
Muerto a tiros

Sánchez Sierra,
Rafael
Coslada
(Madrid)
21/01/1978
Agente de la
Guardia Civil
Muerto por escopeta de
cañones recortados

Seco Fernández,
Damián
Sevilla
25/05/1979
Inspector de policía
Muerto a tiros

Tejero Verdugo,
Antonio
San Rafael
(Segovia)
26/11/1977
Agente de la
Guardia Civil de
Tráfico
Muerto por disparos al
identificar un vehículo

Vázquez
Cacharrón, Manuel
Santiago de
Compostela
(La Coruña)
28/08/1978
Agente de la
Guardia Civil
Muerto a tiros mientras
hablaba con su hermana
en un puesto del
mercado

Vidal Pinar,
Marcos
Barcelona
2/09/1980
Soldado de escolta
del general Briz
Muerto a tiros

TABLA VÍCTIMAS MORTALES DE OTROS GRUPOS DE IZQUIERDAS

VÍCTIMAS MORTALES DE OTROS GRUPOS TERRORISTAS DE IZQUIERDAS

Nombre
Lugar /
Fecha
Agresor /
Filiación
Atentado
Circunstancias

Bultó
Marqués,
José María
Barcelona
8/05/1977
Ejército Popular
Catalán
Empresario
Muerto al estallarle
una bomba en el
pecho sujeta con
esparadrapo

Conejo
Salguero,
Antonio
Pamplona
28/05/1983
Comandos
Autónomos
Anticapitalistas
Cabo de la
Guardia Civil
Acribillado y
rematado en el
suelo

Eseverri
Chavarri,
Juan Manuel
Pamplona
10/05/1978
Iraultza
Subteniente
de la Guardia
Civil
Muerto a puñaladas
en un enfrentamiento
callejero

Martínez
García,
Ramón
Oiartzun
(Guipúzcoa)
25/03/1983
Comandos
Autónomos
Anticapitalistas
Cabo de la
Policía Nacional
Ametrallado al paso
de un convoy
policial

Pose
Rodríguez,
Antonio
Madrid
16/08/1975
FRAP
Teniente de la
Guardia Civil
de Tráfico
Muerto a tiros con
escopeta de cañones
recortados

Sánchez
García,
Casimiro
Madrid
2/08/1975
FRAP
Agente de la
Guardia Civil
Acribillado y rematado
en el suelo

Tarragona,
Montserrat
Barcelona
25/01/1978
Ejército
Popular
Catalán
Esposa de
Joaquín Viola
Sauret
Muerta al estallar la
bomba puesta en el
pecho de su marido

Viola
Sauret,
Joaquín
Barcelona
25/01/1978
Ejército
Popular
Catalán
Ex alcalde
de Barcelona
Muerto por bomba en
el pecho sujeta con
esparadrapo. Extorsión

ANEXO II

ANEXO DOCUMENTAL

Primera página de la Sentencia dictada por la muerte del estudiante Arturo Ruiz.

Sentencia dictada por la bomba enviada a la revista satírica El Papus.

Sentencia contra los autores del paquete-bomba remitido al diario El País.

Sentencia contra los miembros del Batallón Vasco Español Zabala y Solchaga.

Acta de declaración judicial del interno José Antonio Gómez Tovar, golpeado en la prisión de Carabanchel junto al anarquista Agustín Rueda.

Primera página de la sentencia que condenó a Emilio Hellín e Ignacio Abad, por el asesinato de Yolanda González.

Pregunta parlamentaria del diputado Juan Barranco con respecto al asesinato de Yolanda González, reivindicado por el Batallón Vasco Español.

Portada de la revista Barrotes, hoja informativa de apoyo a los presos de extrema derecha en las cárceles españolas.

Circular de Interpol informando a la brigada de Información Interior sobre los antecedentes del neofascista italiano Giuseppe Calzona.

Datos facilitados por la Brigada de Interior sobre uno de los neofascistas refugiados en España.

Documento elaborado por los servicios de información italianos sobre la participación de neofascistas en los grupos de guerra sucia contra ETA, como los GAL.

Documento «reservado» del ministerio del Interior, de Italia, en el que cita a Mariano Sánchez Covisa como dirigente de los Guerrilleros de Cristo Rey.

Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la existencia y actividades de estructuras clandestinas armadas en algunos de los países miembros.

Boletín de la OTAN sobre la realidad y especulaciones sobre la red clandestina Gladio, de la OTAN, formada por miembros de los servicios secretos y grupos neofascistas.

Respuesta del Gobierno a la pregunta del diputado Antonio Romero sobre las extradiciones concedidas por España de súbditos italianos condenados en su país por crímenes terroristas.

COMPENDIO DE SIGLAS

ORGANIZACIONES Y SIGLAS DE ENCUBRIMIENTO DE LA EXTREMA DERECHA EN ESPAÑA (1975-1983)

Desde 1975 hasta la aparición de los GAL en diciembre de 1983, la extrema derecha violenta utilizó más de un centenar de siglas. Algunas de ellas respondían a partidos y organizaciones legalizados, con militantes y sedes abiertas, como por ejemplo FE-JONS, Fuerza Nueva, Confederación de Ex Combatientes o CEDADE. Sin embargo, la mayoría de las siglas, casi un centenar, con que se reivindicaban asesinatos, atentados y actos violentos, eran realmente siglas de encubrimiento utilizadas para ocultar la verdadera filiación política de sus autores y unificar el mensaje político para reivindicar atentados, agresiones y firmar amenazas contra personas y partidos de izquierdas, asociaciones progresistas, librerías, etc.

En los casos más organizados se trataba de grupos parapoliciales, directamente vinculados a los servicios de seguridad del régimen franquista, como el CESED, el Servicio de Información de la Guardia Civil o la Brigada Político-social de la Policía, y que actuaron como fuerzas de choque en manifestaciones o como «incontrolados» al servicio de la represión selectiva y la provocación. Los mejores ejemplos: Guardia de Franco, Guerrilleros de Cristo Rey, Defensa Universitaria o Acción Universitaria Nacional.

A continuación se ofrece, alfabéticamente, el compendio más completo posible de los grupos legales y las siglas de encubrimiento utilizadas en actos violentos durante la transición española:

AAA
Alianza Apostólica Anticomunista

AAE
Alianza Anticomunista Española

AAL
Asociación Anticomunista Ibérica

AC
Acción Católica

ACM
Agrupación «Cuatro de Marzo»

ADT
Alianza del Trabajo

AET
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas

AJA
Agrupación Juvenil Amanecer

AJC
Agrupación Juvenil CIES

AJO
Agrupación Juvenil Octubre

AMSEU
Antiguos Miembros del SEU

ANG
Alianza Nacional de la Guardia de Franco

AR
Acción Radical

ATE
Antiterrorismo ETA

AUN
Acción Universitaria Nacional

AUN
Alianza por la Unidad Nacional

BB. AA.
Bases Autónomas

BC
Banderas de Castilla / Bloque Catalán

BCE
Batallón Catalano-Español

BF
Banderas de Falange

BNE
Bloque Nacional de Estudiantes

BRN
Bandera Roja y Negra

BVE
Batallón Vasco-Español

CAFE
Camarada Arriba Falange Española

CAN
Comandos de Acción Nacional

CANS
Comando Autónomo Nacional Sindicalista

CDJ
Comandos «Dieciocho de Julio»

CDJA
Círculos Doctrinales José Antonio

CDRA
Círculos Doctrinales Ruiz de Alda

CEDADE
Círculo Español de Amigos de Europa

CEDO
Círculo Eugenio D’Ors

CEN-R
Coordinadora de Estudiantes
Nacional-Revolucionaria

CI
Cruz Ibérica

CL
Caballeros Legionarios

CMP
Comité de Moralidad Pública

CNC
Confederación Nacional de Combatientes

CNF
Comando Negro de Falange

CONS
Central Obrera Nacional-Sindicalista

CSN
Comando de Salvación Nacional

CT
Comunión Tradicionalista

DN
Democracia Nacional

DU
Defensa Universitaria

EEL
Ejército Español de Liberación

ENA
Ejército Nacional Anticomunista

FAE
Frente Anticomunista Español

FERA
Falange Española Auténtica

FEI
Falange Española Independiente

FE-JONS
Falange Española de las JONS

FENS
Frente de Estudiantes Nacional Sindicalista

FES
Frente de Estudiantes Sindicalistas

FFF
Fundación Francisco Franco

FF. JJ.
Falanges Juveniles

FFR
Frente Falangista Revolucionario

FI
Frente Institucional
(antes Acción Social Monárquica)

FJ
Fuerza Joven / Frente de la Juventud

FN
Fuerza Nueva / Frente Nacional

FNE
Falange Negra Exterminadora

FNT
Fuerza Nacional del Trabajo

FSJ
Frente Sindicalista de la Juventud

FSO
Frente Sindicalista Obrero

FSR
Frente Sindicalista Revolucionario

FSU
Frente Sindicalista Unificado

GAC
Grupos de Acción Carlista

GAE
Grupos Armados Españoles

GALE
Grupo Armados por la Libertad Europea

GANE
Grupo Antiterrorista Nacional de España

GAS
Grupo de Acción sindicalista

GCR
Guerrilleros de Cristo Rey

GN
Generación Nueva

GUDE
Gran Unidad de España

HGF
Hermandad de la Guardia de Franco

HNL
Hermandad Nacional de Legionarios

HNM
Hermandad Nacional de Maestrazgo

HSE
Hermandad Sacerdotal Española

JC
Junta de Comandantes

JE
Joven Europa

JEP
Juventud Española en Pie

JET
Junta de Estudiantes Tradicionalista

JFU
Juntas Falangistas de Unificación

JJ. EE.
Juntas Españolas

JJFN
Juventudes del Frente Nacional

JNR
Juventud Nacional Revolucionaria

JV
Juventudes Vikingas

JVN
Joven Batallón Navarro

LEA
Liga Española Antimarxista

LM
Legión de María

MC
Milicia Catalana

MCE
Movimiento Católico Español

MFE
Movimiento Falangista de España

MNR
Movimiento Nacionalista Revolucionario

MOT
Movimiento Obrero Tradicionalista

MSE
Movimiento social Español

MVEC
Marineros voluntarios y Excautivos

NESCAFE
No estás Solo Camarada
Arriba Falange Española

NGE
Nueva Guardia de España

NJ
Nación Joven

OAS
Organización Antiterrorista Secreta
(las siglas coinciden con la OAS franco-argelina)

OEU
Organización de Estudiantes Universitarios

ON
Orden Nuevo

OVA
Organización de Voluntarios Antiterroristas

PAN
Partido de Afirmación Nacional

PENS
Partido Español Nacional-Sindicalista

R
Reconquista

RFPE
Restauración Franquista del Frente Español

PRC
Partido Racial Democrático

SCC
Sociedad Social Covadonga

SR
Sixto Rey

TFP
Tradición, Familia, Patria

UF
Universitarios Falangistas

UFA
Unión Falangista de Andalucía

UME
Unión Militar Española

UNE
Unión Nacional Española

UNT
Unión Nacional de Trabajadores

UP
Unión Patriótica

UPE
Unión Patriótica Española

UT
Unión Tradicionalista

VGF
Vieja Guardia de Franco

VICAH
VI comando Adolfo Hitler

VN
Veinte de Noviembre

VNR
Vanguardia Nacional Revolucionaria

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS. ARCHIVOS

Ministerio de Justicia

Audiencia Nacional y Tribunal Supremo

Sentencias dictadas por la Audiencia Nacional

«Sinopsis de Jurisprudencia Penal. 1977-1985». Relación de todos los casos juzgados por la Audiencia Nacional, con sentencias y condenas, desde 1978 hasta 1987.

Sentencias, sumarios y dictámenes médico-forenses. Declaraciones sumariales. Sobre los más importantes casos (Agustín Rueda, Atocha, Herrera de la Mancha, Yolanda, etc.).

Autos de extradición de terroristas neofascistas italianos en España, así como los informes de la embajada italiana en Madrid.

Escalafón de la Magistratura.

Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Madrid

Fichas sobre cumplimiento de condenas.

Biblioteca del Ministerio de Justicia. Madrid

Memorias del fiscal general del Estado. 1975-1983

Ministerio del Interior

Dirección General de la Guardia Civil

«Tratamiento y manipulación de fuentes vivas». Documento confidencial del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Dirección General de la Policía Judicial

Comisaría General de Información. Brigada de Información Interior. Informes sobre actividades de ultraderechistas extranjeros y sus conexiones nacionales.

Policía Nacional de Bayona (Francia). Informes sobre actividades antiterroristas ilegales en Francia.

Fichas y circulares de Interpol.

Escalafón del Cuerpo Superior de Policía, desde 1975.

Ministerio de Defensa

Documentos y circulares del Ministerio de Defensa, con textos del Servicio de Investigación Militar, antiguo CESID, etc.

Comité Ejecutivo para el Servicio de Información y Seguridad (CESIS), de Italia, sobre las actividades en España de terroristas internacionales.

«Manual de Operaciones Sicológicas en guerra de Guerrillas» (elaborado por la CIA en la década de 1970 para países latinos).

Asociación Pro Derechos Humanos de
España y Amnistía Internacional

Informes y denuncias de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de Amnistía Internacional.

Derechos Humanos, publicación trimestral de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Congreso de los Diputados

Actas de las comparecencias, documentos y Diario de Sesiones de las Cortes.

Fundación Pablo Iglesias

Documentos y publicaciones de izquierdas, PSOE, PCE y PST, principalmente.

Archivo de la democracia.
Universidad de Alicante

Documentos y publicaciones sobre la transición entre 1975 y 1983. Algunos de ellos cedidos por el autor.

Archivo personal del autor

«Curso de Formación de Mandos», de Falange, 1981.

Panfletos, revistas y publicaciones clandestinas. De partidos y sindicatos de izquierdas.

Publicaciones propagandísticas de ETA en las décadas de 1970 y 1980 (Zutik, Euskadi ala bil!, Que se vayan y otras).

Material fotográfico de la época, de ultras en acción y violencia en la calle, que forma parte del archivo del doctorando.

HEMEROTECA

Publicaciones y periódicos del período estudiado utilizadas y consultadas: ABC, Alternativas, Arriba, Avui, Cambio 16, Catalunya Exprés, Cuadernos de Ruedo Ibérico, Cuadernos para el Diálogo, Destino, Diario 16, Diario de Barcelona, Doblón, Egin, El Alcázar, El imparcial, El Noticiero Universal, El País, El Periódico de Catalunya, El Viejo Topo, Expresso, Fuerza Nueva, Guadiana, Heraldo de Aragón, Historia 16, Índice, Interviú, La Calle, La Vanguardia, La Verdad Socialista, Mundo Diario, Opinión, Oriflama, Posible, Pueblo, Ruedo Ibérico, Sábado Gráfico, Teoría y Práctica, Tiempo (suplemento político de Interviú y revista independiente), Tiempo de Historia, Transición, Triunfo, Unità, Valencia Semanal, Ya.

Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954) es escritor, periodista y profesor. Doctor por la Universidad de Alicante, es Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM. Ha ejercido el periodismo desde 1979 y ha desarrollado una intensa labor como escritor con más de veinte libros. Su novela, Nuestra propia sangre, obtuvo el premio Francisco García Pavón de Narrativa 2009. Experto en temas de Justicia e Interior, estudioso de la transición española y del franquismo, es autor de Los hijos del 20-N (1993), Descenso a los fascismos (1998), Ricos por la patria (Premio Internacional de Literatura de No Ficción Rodolfo Walsh 2002), Los Franco, S. A. (2003) y Los banqueros de Franco (2005). Desde 2007 se dedica a la investigación histórica, la creación literaria y la docencia.

Notas

[1] Nieburg, H. L., Political violence. The Behavioral Process, Nueva York, St. Martin’s Press, 1969, p. 13. <<

[2] Braud, Philippe, Violencias políticas, Madrid, Alianza, 2006, pp. 16-17. <<

[3] Duverger, M., Introduction à la politique, París, Gallimard, 1964, p. 276. [Hay trad. cast.: Introducción a la política, Barcelona, Ariel, 1900]. <<

[4] Respuesta del Ministerio del Interior al recurso n.º 4667/2001. <<

[5] Declaración que hace la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante auto de 4 de noviembre de 1977, confirmada por sentencia de la Sala del Tribunal Supremo, de 3 de julio de 1978. <<

[6] Recurso 15136/2002. Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. <<

[7] Boletín Montejurra, editado por el Partido Carlista de Euskalherria, y recogido en la página web http://www.eka-partidocarlista.como/publicaciones.htm <<

[8] José Antonio Sáenz de Santamaría, que después de Montejurra sería inspector general de la Policía Nacional, delegado del Gobierno en el País Vasco con Adolfo Suárez, y director general de la Guardia Civil con Felipe González, mantuvo su testimonio incluso en televisión. En 2001 reconoció al equipo de investigación de la serie televisiva Crónica de una generación (producida por El Mundo TV para Antena 3, que no ha sido emitida íntegramente, y en la que participó el autor) que el SECED facilitó a los mercenarios bastones y porras para agredir a los carlistas en Montejurra y que la «financiación de la operación corrió a cargo del señor Oriol y Urquijo». Los cerebros de los servicios secretos de Presidencia de Gobierno y de la Guardia Civil y SCOE [Servicio de Coordinación, Organización y Enlace] movieron los hilos de la operación. «En ese trámite se dio la circunstancia especial de que yo, como jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, tenía que despachar aquel día con el director general Campano, que era quien me daba las órdenes. Me encontré con Márquez de Prado en su despacho, entré, y Campano me atendió en presencia de él. Yo traté con el general los trámites normales y, al día siguiente, me dijo: “Oye, Márquez de Prado me ha pedido que facilite medios de transmisión y armamento a este grupo que va a ocupar Montejurra”. Y yo le contesté: “Me parece una barbaridad, mi general, eso no se puede hacer. Son medios del Estado, no se pueden dar a personal civil, creo que es muy peligroso”. Campano pensó bien la cosa y no les dio armamento pesado, pero sí mandó a Montejurra una unidad de reserva de la Guardia Civil». <<

[9] Historia de la transición, Madrid, Diario 16, 1985, pp. 262-266. <<

[10] Decreto Ley 10/76, de 30 de julio, sobre Amnistía, BOE, n.º 186, 4 de agosto de 1976, pp. 1597-1598. <<

[11] Olarieta Alberdi, Juan Manuel, «El origen de la Audiencia Nacional», en Jueces para la Democracia. Información y Debate, revista coordinada por Perfecto Andrés Ibáñez, n.º 29, Madrid, julio de 1997, p. 29. <<

[12] Sáinz Moreno, Fernando, «Efectos materiales y procesales de la amnistía», Revista de Administración Pública, n.º 84, enero de 1978, p. 361. <<

[13] «Cesarsky tiene hambre de verdad», en Interviú, n.º 44, 17 de marzo de 1977. <<

[14] «Arturo Ruiz. Por qué le mataron», en Cambio 16, Ibid. <<

[15] Entrevista realizada por Luis Otero, «Cesarsky desde la cárcel. “Yo no maté a Arturo Ruiz”», en Interviú, n.º 108, 8 de junio de 1978. <<

[16] Entrevistado por P. García, dentro de la sección «Los Españoles», en Interviú, n.º 28, 25 de noviembre de 1976. <<

[17] Interviú, n.º 38, 3 de febrero de 1977. <<

[18] Sentencia n.º 3, Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 14 de enero de 1981. <<

[19] El País, 23 de febrero de 1977. <<

[20] Citado por Fernández, Carlos, «Llanto por el franquismo perdido», en Historia 16, año XI, n.º 122. Información y Revistas, S. A., junio de 1986, p. 66. <<

[21] Mohedano, José María, «El lunes maldito de la semana negra», en Historia de la transición, p. 379. <<

[22] Interviú, n.º 45, 24 de marzo de 1977. <<

[23] Entrevista realizada por Javier García, El País, 5 de julio de 1987. <<

[24] Entrevista realizada en Bolonia por Fabrizio La Barbera, Tiempo, 13 de marzo de 1989. <<

[25] Sentencia n.º 117, Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, 6 de junio de 1978 <<

[26] Sentencia n.º 2, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 25 de enero de 1979. <<

[27] Sentencia n.º 29, Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 8 de marzo de 1983. <<

[28] Sánchez Soler, Mariano, Los hijos del 20-N, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p. 188. <<

[29] Nuevo Diario, 21 de septiembre de 1977. <<

[30] Entrevista realizada por Mariano Sánchez, «Declaraciones de los procesados por el caso Papus. “Nos han condenado por un delito que ya no lo es”», El Periódico de Catalunya, 8 de mayo de 1983. <<

[31] Los profesionales de la historieta, el humor y la ilustración en solidaridad con El Papus, álbum coeditado en 1977 por setenta y cinco editoriales españolas, cuyos beneficios íntegros se entregaron a las víctimas del atentado. <<

[32] El Papus. «La visita del rencor», n.º 177, 8 de octubre de 1977. <<

[33] Sentencia n.º 2, Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 5 de enero de 1982. <<

[34] Sentencia n.º 87, Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 10 de diciembre de 1986. <<

[35] Sentencia n.º 24, Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 29 de junio de 1987. <<

[36] Declaración mediante cuestionario concedida, desde la prisión de Opera (Milán), a la revista neofascista española Resistencia, realizada en julio de 2000 y publicada en mayo de 2001. En Internet: http://members.es.tripod.de/resistencia/correspondencia.htm <<

[37] Hechos recogidos en la sentencia del Tribunal de Milán por la bomba de la plaza Fontana, contra Giancarlo Rognoni y otros, en los que se relata sus actividades en España y su participación en el caso Montejurra 76. http://www.almanaccodeimisteri.info/sentenzaordinanzapiazzaFontana7.htm <<

[38] En su ficha de Interpol. París, dossier n.º 748/82, por la que se reclamaba su busca y captura, Delle Chiaie aparecía también con los alias de «Ramiro Fernández Valverde» y «Vincenzo Modugno». <<

[39] Declaraciones de Delle Chiaie a Javier García, El País, 5 de marzo de 1989. <<

[40] Dirección General de la Policía. Comisaría General de Información. Brigada de Información Interior. Informes sobre las actividades de Jean Pierre Cherid, Giuseppe Calzona, Carlo Cicuttini, Stefano Delle Chiaie, Elio Massagrande, Augusto Cauchi y un tal «Lillo». Madrid, marzo de 1985. Contenido en las páginas 294 y 295 del sumario por el asesinato de Santiago Brouard. <<

[41] Rodríguez Guerrero, L. F., «La más sucia de las guerras. Las tramas anti-ETA», en Derechos Humanos, editada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, número doble 21-22, Madrid, noviembre de 1992. Dossier, p. VII. Los otros dos colectivos estaban formados por ultraderechistas españoles y mercenarios franceses antiguos miembros de la OAS, coordinados por Jean Pierre Cherid. <<

[42] Entrevista concedida a Fabrizio La Barbera, ya citada. Tiempo, 13 de marzo de 1989. <<

[43] Declaraciones a El País, 5 de julio de 1987. <<

[44] Audiencia Nacional. Extradiciones. Sentencia del 7 de abril de 1983. C.I.2. Sec. 2. <<

[45] Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y Seguridad. <<

[46] La participación de terroristas italianos en la preparación y ejecución de la matanza de Atocha, perpetrada el 24 de enero de 1977, no fue considerada durante la instrucción y la vista oral del caso realizada en 1980 y que sólo sentó en el banquillo a ultraderechistas españoles. <<

[47] Audiencia Nacional. Sentencia del 6 de julio de 1977. C.I.1. Sección 1. <<

[48] Revista Resistencia. En Internet: http//members.es.tripod.de/resistencia/correspondencia.htm. La misma entrevista fue publicada de manera parcial en la revista ultra Tribuna de Europa, n.º 21, editada en Barcelona, diciembre de 2000-enero de 2001. <<

[49] Sentencia n.º 67, Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, el 9 de febrero de 1988. <<

[50] Sánchez, Mariano, Los crímenes de la democracia, Barcelona, Ediciones B, 1989, p. 185. <<

[51] «Denuncia de presos y funcionarios de la cárcel. Herrera de la Mancha: de prisión a campo de tortura», en Tiempo, 12 de marzo de 1984. <<

[52] Sánchez, Mariano, «Cinco años después el homicidio sigue sin juicio. Así torturaron a Agustín Rueda», en Tiempo, n.º 72, 26 de septiembre de 1983. <<

[53] Revuelta, Manuel, Sumario 22/79. Herrera de la Mancha. Una historia ejemplar, Madrid, La Piqueta, 1980, pp. 141 y sigs. Recoge toda la información sumarial del caso Herrera, y sus conexiones con la muerte de Agustín Rueda en Carabanchel. <<

[54] Sentencia n.º 32, Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 11 de junio de 1985. <<

[55] Junto a ellos, también fueron juzgados y condenados: Benito Santos Medina, vigilante jurado, casado, vecino de Miranda de Ebro (Burgos), nacido en Melgar de Fernamental (Burgos) el 18 de julio de 1924, condenado a un año de prisión por tenencia de armas ilegales; Jesús Jiménez Cortázar, agente de seguros, casado, vecino de San Sebastián, nacido en Vitoria el 19 de febrero de 1930, condenado a un año de prisión por tenencia de armas ilegales; y José Luis Jiménez Claverías, chatarrero, casado, vecino de Vitoria; nacido en Logroño el 19 de mayo de 1932; condenado a un año de prisión por tenencia de armas ilegales. En sus correrías, Zabala y Solchaga manejaron durante algún tiempo una pistola Astra de 9 milímetros facilitada en 1978 por Jesús Cortázar, quien además puso a Zabala y Solchaga en contacto con Benito Santos Medina, que les vendió por 11.000 pesetas el revólver encontrado. Jesús Jiménez Cortázar había comprado a José Luis Jiménez Claverías un revólver marca Tanque, del calibre 38 especial, con el número raspado, catorce cartuchos de ese calibre y un cartucho de 9 milímetros. <<

[56] Egin, 5 de marzo de 1981. <<

[57] Véase Morales, José Luis, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, Revolución, Madrid, 1988, pp. 20-21; y Miralles y Arqués, Amedo. El Estado contra ETA, p. 141. <<

[58] Sentencia n.º 134, Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 15 de noviembre de 1982. <<

[59] Sentencia n.º 24, Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 5 de febrero de 1983. <<

[60] Comunicado reproducido por todos los medios de prensa de Madrid el 31 de octubre de 1978. <<

[61] Cambio 16, junio de 1978. <<

[62] Sentencia n.º 94, Sección Primera de la Audiencia Nacional, 30 de octubre de 1984. <<

[63] Sentencia n.º 57, Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 30 de julio de 1984. <<

[64] Sentencia n.º 15, Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 20 de marzo de 1984. <<

[65] Diario 16, 1 de junio de 1979. <<

[66] El País, 28 de enero de 1981. <<

[67] Sentencia n.º 79, Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 29 de mayo de 1982. <<

[68] Yolanda, nosotros no olvidamos, folleto dirigido por Mariano Sánchez, Madrid, PST, 1981. <<

[69] Europa Press, 11 de febrero de 1980. <<

[70] Diario 16, Ya, Mundo Obrero, El País, del 15 de febrero de 1980 y siguientes días, dieron un gran despliegue a esta información. El 22 de febrero, el diario comunista Mundo Obrero titulaba: «El terrorismo de ultraderecha empieza a estructurarse», recogiendo unas declaraciones parlamentarias del ministro Ibáñez Freire. <<

[71] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, primera legislatura, presentada el 19 de febrero y recogida por el boletín el 27 de febrero de 1980. <<

[72] Artículo publicado en el folleto Yolanda. Nosotros no olvidamos, Madrid, 1981, p. 53 y sigs. <<

[73] Cambio 16, n.º 522, 30 de noviembre de 1981. <<

[74] Sentencia n.º 72, Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 17 de noviembre de 1984. <<

[75] Entre una fecha y otra cometieron los siguientes atracos: el 15 de noviembre de 1979, asaltaron la sucursal del Banco Central, de Sant Feliu de Codines, y se apoderaron de 891.000 pesetas. El 30 del mismo mes, atracaron la Caja de Ahorros de Terrassa, de Sant Cugat del Vallès, y se llevaron 700.000 pesetas. El 7 de diciembre, se apoderaron en la sucursal n.º 3 del Banco Central de 389.120 pesetas. El 12 de diciembre, en la Caja de Ahorros de Terrassa, de San Cugat del Vallès, obtuvieron 300.000 pesetas. El 17 de enero de 1980, en la sucursal del Banco Central del paseo de Maragall, de Barcelona, robaron 1.452.000 pesetas. El 19 del mismo mes, en la Caja de Ahorros de Sabadell, de la calle Felipe II de Barcelona, se apoderaron de 698.200 pesetas. El 11 de febrero, se llevaron 1.800.000 pesetas de la Caja de ahorros de Sabadell, del paseo Maragall de Barcelona. <<

[76] Sentencia n.º 49, Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 5 de julio de 1983. <<

[77] Sentencia n.º 429, Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, 2 de diciembre de 1983. <<

[78] Sentencia n.º 255, Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, 13 de septiembre de 1985. <<

[79] Cambio 16, 23 de febrero de 1981. <<

[80] Datos de los cinco policías extraídos del Escalafón del Cuerpo Superior de Policía. Cerrado el 30 de junio de 1982, y de informaciones periodísticas. <<

[81] Ver M. Sánchez Soler, «Presuntos torturadores premiados por Barrionuevo», en Tiempo, n.º 130, 5-11 de noviembre de 1984. Y del mismo autor: «Membres de la Brigada Político-Social franquista encara manen. Els torturadors de sempre: “¡Presentes!”», en El Temps, n.º 506, 28 de febrero de 1994. <<

[82] Sentencia n.º 25, Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 3 de mayo de 1984. <<

[83] Sentencia n.º 57 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 4 de octubre de 1985. <<

[84] Carta publicada por la hoja Barrotes, editada por Colectivos de Solidaridad con detenidos presos políticos revolucionarios y nacionales, n.º 22 a 28, marzo de 1991-febrero de 1992. Alfonso Milans del Bosch estuvo en la cárcel desde mayo de 1986 hasta el 4 de julio de 1988. <<

[85] Sentencia n.º 80, Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 18 de diciembre de 1984. <<

[86] Sentencia n.º 85, Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 3 de junio de 1986. <<

[87] Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura de los Tribunales el 15 de septiembre de 1979 por el Fiscal General del Estado, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fanjul Sedeño, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1979, pp. 66-67. <<

[88] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 31 de julio de 1976. Días atrás, el 27 de julio, el redactor de El País en el País Vasco, Jesús Ceberio, publicó un informe sobre el caso titulado: «Piensan que ha sido trasladado a España. Los hermanos de “Pertur” denuncian su secuestro por elementos de extrema derecha». <<

[89] Europa Press lanzó la noticia el 7 de septiembre de 1976, con un despacho fechado en San Sebastián que Informaciones recogió con el título: «Apala habría ejecutado a Pertur». <<

[90] Informaciones, 4 de septiembre de 1976. <<

[91] El País, 21 de noviembre de 1976. <<

[92] Memoria al Gobierno de S. M. en la Solemne apertura de los Tribunales. El día 15 de septiembre de 1978. Por el Fiscal del Reino, Eleuterio González Zapatero, Madrid, Reus, 1978, pp. 69-70. <<

[93] Sentencia n.º 90, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 3 de julio de 1981. <<

[94] Bayo, Eliseo, «Las extrañas teorías sobre el GRAPO», en Historia de la Transición, p. 398. <<

[95] Sentencia n.º 74, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 12 de julio de 1983. <<

[96] Sentencia n.º 26, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 2 de abril de 1982. <<

[97] Cifras extraídas de las Memorias anuales del fiscal, desde 1976 hasta 1983, en la apertura de cada año judicial. <<

[98] Estos datos han sido recopilados a través de las fuentes y bibliografía reseñadas, así como los datos oficiales del Ministerio de Justicia, memorias fiscales y las sentencias judiciales, junto a un detallado rastreo en las hemerotecas. <<

[99] Pueblo, 29 de abril de 1975. <<

[100] Fusi, Juan Pablo, Franco: autoritarismo y poder personal, Madrid, El País, 1985, pp. 195-196. <<

[101] Preston, Paul, El triunfo de la democracia en España, Barcelona, Plaza y Janés, 1986, p. 97. <<

[102] Etxaniz, José Miguel, «El último estado de excepción en Gernika-Lumo», Aldaba, n.º 133, Urtarrila-Otsaila, Gernika, 2005. <<

[103] Cambio 16, n.º 213, 5-11 de enero de 1976. <<