La política española ha sufrido una profunda transformación desde la irrupción del 15-M, el movimiento que llenó calles y plazas de todo el país en la primavera de 2011.

Una década vertiginosa que ha dado lugar a cambios dramáticos en nuestras sociedades, cada vez más amenazadas por el populismo: fenómenos como Donald Trump o el Brexit suponen una seria advertencia de los peligros que se esconden tras la sentimentalización de los discursos, los líderes mesiánicos o el desafío a la ley.

Mariano Rajoy fue el candidato más votado de la historia de la democracia española y ocupó la presidencia del Gobierno desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018. Política para adultos recoge, por lo tanto, las reflexiones de un ciudadano que ha dedicado más de la mitad de su vida a la política y que, ya retirado del centro de la actividad pública, observa con perplejidad e inquietud cómo, en muy poco tiempo, hemos cedido un gran terreno a la demagogia, a la polarización y a un notable infantilismo que promete soluciones fáciles a cuestiones complejas como el empleo, la inmigración o la economía. A pesar de que hoy nos encontramos peor en términos de estabilidad o calidad democrática, su discurso no está teñido de pesimismo o de nostalgia sino que reafirma su confianza en el buen criterio de los ciudadanos para revertir esa deriva. Se trata, en palabras del autor, de «recuperar la política hecha por y para adultos».

Mariano Rajoy

Política para adultos

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Titivillus 18-01-2022

Título original: Política para adultos

Mariano Rajoy, 2021

Editor digital: Titivillus

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A mis hermanos: a Quique y también a Mercedes

y a Luis, cuyo recuerdo siempre me acompaña

Introducción

Para que una familia o una escuela o la misma sociedad funcionen, es imprescindible que alguien se resigne a hacer de adulto.

GREGORIO LURI

Escribió Lamartine que «la casualidad nos da lo que nunca se nos habría ocurrido pedir», y a mí no se me hubiera ocurrido escribir este libro sin un hecho tan fortuito y casual como fue que la periodista Sonsoles Ónega me llamase para pedirme una entrevista. Quería que participara en un programa especial que pretendía realizar a propósito del décimo aniversario del movimiento 15-M y deseaba contar con mi testimonio. Hasta ese momento ni se me había pasado por la cabeza que en este año 2021 se cumplía una década de aquel fenómeno acogido con tanto alborozo y tanta expectación por quienes veían en aquellas acampadas de la Puerta del Sol la ocasión de renovar la política española, supuestamente anquilosada por el bipartidismo. La propuesta de la periodista era reflexionar sobre lo que fue y significó aquel movimiento: cómo lo recordaba, cómo había evolucionado y qué quedaba de él diez años después de su irrupción estelar en nuestro sistema político.

El momento no podía ser más tentador para entrar en profundidad en el fenómeno, o acaso sería más adecuado decir que para hacerle la autopsia: Pablo Iglesias estaba a punto de saltar del Gobierno para intentar defender la supervivencia de su partido en las elecciones autonómicas de Madrid, y el deterioro de su imagen pública era indiscutible y galopante. Su popularidad declinaba de manera acelerada como antes le había ocurrido a Albert Rivera, que abandonó la política por la debacle de su partido en las elecciones generales de noviembre de 2019. Iglesias y Rivera encarnaban el final inapelable de aquella «nueva política» que tanto entusiasmo había cosechado años antes. Ambos hicieron grandes carreras al rebufo de una ola de descontento e insatisfacción general y ambos creyeron que podrían sustituir a los viejos partidos mayoritarios afianzados a lo largo de nuestro casi medio siglo de historia democrática; sin embargo, sus estrellas políticas eran volátiles y se apagaron con la misma celeridad con la que prosperaron. A mi juicio, en el caso de Iglesias, con muchas y más fundadas razones que en el del líder de Ciudadanos. Esto es algo de lo que hablaré con más calma en este libro.

Pero este no es un libro sobre el 15-M. Inevitablemente, la reflexión sobre el 15-M y el movimiento de los indignados ha sido, en buena medida, el punto de partida. No es fácil sustraerse a la tentación de proceder a un pequeño ajuste de cuentas. Sin acritud y sin afán vindicativo, pero al menos con la satisfacción de comprobar que ni ellos eran tan buenos ni los demás éramos tan malos. Bien es verdad que para que esta circunstancia sea reconocida de forma general tuvieron que pasar algunos años.

Los protagonistas de aquel movimiento se proclamaron los apóstoles de la «democracia real» y los heraldos de la renovación de nuestro sistema político frente a unos presuntos vejestorios autoritarios que circulábamos por los pasillos del Congreso de los Diputados ajenos e insensibles a la realidad del país. Se pasaba por alto que no habíamos llegado al Parlamento por un misterioso y elitista dedo divino, sino por los votos de los ciudadanos y en una proporción muy superior a los recién llegados. Pero este importante detalle —el voto de los ciudadanos— se volvió irrelevante ante la emoción de la democracia deliberativa, el movimiento asambleario y todas las ocurrencias aparentemente regeneracionistas que tuvimos que tragarnos por aquel entonces. Tiempo habrá a lo largo de este libro de repasar dónde han ido a parar aquellas promesas de ejemplaridad y transparencia en la vida pública, porque este asunto concreto es uno de los que mejor reflejan la enorme distancia que separa las encendidas promesas de antaño de las decepcionantes realidades de hogaño.

En este asunto de la rectitud de la política, como en tantos otros, se nos brinda la oportunidad de analizar, con la perspectiva que nos ofrece el tiempo transcurrido, lo que supuso aquel movimiento y cuáles fueron sus resultados reales en la política española. El 15-M desapareció pronto, al igual que sucedió en otros países donde tuvieron lugar acampadas similares, pero sus efectos sobre nuestra arquitectura política y en el discurso público que se construyó a partir de entonces se han dejado sentir de forma muy intensa en la política española en los últimos años.

El origen de este libro está en esas primeras reflexiones, pero luego vinieron a sumarse muchas otras, y el proceso iniciado de manera casual fue adquiriendo vida propia hasta convertirse en lo que usted, generoso lector, tiene en sus manos. No podía ser de otro modo porque a poco que abramos el foco sobre estos diez años, lo que encontramos es una profunda transformación de la política en todo el mundo, a la que España no ha sido ajena. Después del 15-M vino la crisis del euro, aparecieron y desaparecieron varias veces Varoufakis y Beppe Grillo, luego todos los eurófobos de extrema derecha en Europa y los euroescépticos de la más diversa condición. Llegaron también el referéndum del Brexit y el shock que provocó su resultado, luego el ascenso y la caída de Donald Trump y, finalmente, una pandemia que, además de cobrarse millones de vidas y provocar una crisis económica de dimensiones históricas, ha acabado por desordenar lo poco ordenado que quedaba en el panorama político y social. Difícilmente encontraremos una década con tantos y tan dramáticos cambios en nuestras vidas.

Hace diez años casi nadie hablaba del populismo, ni tampoco de la polarización. Hoy estos conceptos son obligados en cualquier texto político del mundo. Por supuesto, las derivas populistas poco tienen que ver con la irrupción de la pandemia, pero sí afectan y mucho a la manera en que los gobiernos y el conjunto de la sociedad nos hemos enfrentado a ella. No es lo mismo hacerlo desde el afán de consenso que desde la polarización, ni es lo mismo que las instituciones puedan contar con la confianza de los ciudadanos que enfrentarse a retos tan exigentes en medio del descrédito general. Una circunstancia tan desgraciada como una pandemia global u otro tipo de situación crítica pone a prueba todos los mecanismos de nuestro propio Estado democrático, de nuestra organización territorial y de las instituciones multilaterales. Lo que dictaría el sentido común es elevarse sobre la trifulca partidista de cada día para buscar un entendimiento que dé seguridad a los ciudadanos en un momento de dificultad máxima, pero son pocos los países que han conseguido hacerlo y España no se encuentra entre ellos.

La política debiera aportar certidumbre, sobre todo en momentos de zozobra. De ese convencimiento nace en parte el título de este libro. «Política para adultos» no significa política para mayores ni para viejos. Significa política hecha por personas responsables para ciudadanos igualmente responsables, sea cual sea su edad. La madurez no es tanto una cuestión de años como de asunción de límites: los límites que nos pone la realidad, los que nos marcan las leyes y también los de nuestra propia contención.

El populismo, con sus falsedades y su polarización, nos aleja de esa condición de ciudadanos adultos porque nos promete un mundo sin límites y sin responsabilidad. Un mundo inexistente. Pero el daño que esa ficción produce en nuestra convivencia no es en absoluto ficticio y por eso he querido señalarlo en este libro.

La política para adultos como yo la entiendo es una política capaz de ver más allá del próximo cuarto de hora, una política que sabe expresarse en algo más de un tuit, que se basa en la racionalidad y no en las puras emociones, que está dispuesta a mirar a la realidad cara a cara y que, sobre todo, puede servir para que los adversarios se entiendan cuando el interés del país así lo exige. Tampoco es tan difícil.

Algunos de los hechos que se citan en este libro los viví como responsable del Gobierno de España, como un sujeto activo de la actualidad y con toda la información y los recursos a los que se tiene acceso en la Presidencia del Gobierno; también con todas las limitaciones que en una democracia saludable van unidas al ejercicio del poder. Durante muchos años asistí desde una perspectiva privilegiada al desarrollo de los acontecimientos y participé en ellos tratando de acertar con las decisiones que consideraba más convenientes para mi país. Unas se habrán entendido mejor que otras, y acaso hoy se puedan interpretar de otra manera a la vista de lo que ha ocurrido después.

Sin embargo, muchos otros acontecimientos ocurrieron cuando ya estaba fuera del Gobierno. Entonces ya era un mero observador de los cambios y compartía dicha condición con la inmensa mayoría de los ciudadanos. He de confesar que esa doble perspectiva es bastante enriquecedora. No diré que permita entender en todos sus extremos la acelerada transformación que han experimentado la política y la sociedad en España y en el resto del mundo, pero sí ayuda a comprenderla de otra manera. En algunas ocasiones, con escepticismo o mayor distancia afectiva o intelectual; en otras, con más tolerancia y deseo de consenso; en la mayoría de los casos, con bastante perplejidad no exenta de cierta preocupación. Y en algún momento, con un pequeño desahogo, con un «esto se veía venir» dicho para mis adentros ante algunas quejas que llegan ahora a mis oídos tan alejados de la política diaria. Es posible que algunas circunstancias mencionadas en el libro hayan cambiado mientras este estaba en proceso de impresión. Aun así creo que las reflexiones a propósito de las mismas siguen siendo válidas.

Cuando llegué al Gobierno a finales de 2011, mis preocupaciones casi exclusivas eran evitar el rescate de España y recuperar el empleo perdido. Las acampadas y el movimiento de «los indignados» me parecían entonces el menor de mis problemas. ¡Claro que había una crisis social! ¡Cómo no iba a haberla cuando la crisis se había llevado por delante más de dos millones de empleos en España! Pero mi prioridad eran los desempleados reales y no quienes decían representarlos en las calles. A diferencia de tantos otros observadores, yo no atribuía a aquellos indignados los rasgos esperanzadores de una regeneración política; siempre pensé que el liderazgo de aquel movimiento lo llevaba la misma extrema izquierda de toda la vida. Hoy sabemos que, además de ese ideario, el 15-M contaba con otra característica definida por sus hechuras. Era un movimiento populista con todos los rasgos que definen este modelo: el adanismo, la superioridad moral, el discurso demagógico y la deslegitimación sistemática de las instituciones.

Hoy todos sabemos mucho más de populismo. Podemos identificarlo, señalar sus rasgos y denunciarlo desde el primer momento. Por ello me resulta mucho más fácil concluir que el 15-M supuso la irrupción del populismo en España. Del mismo modo que se han globalizado las cadenas de valor de la economía, también se han globalizado las tendencias sociales, y en nuestro país podemos percibir el aroma inconfundible del populismo detrás de multitud de acontecimientos a los que hemos asistido en estos años, cuando hacía mucho tiempo que ya se habían disuelto las acampadas de Sol. Algo similar ocurrió en tantos otros países aunque bajo presupuestos ideológicos radicalmente opuestos. Lo cierto es que la vestimenta populista es muy variada. Los hay de traje y los hay de bermudas; de pelo corto, amarillo o negro, de corbata y de moño. Pero se dan algunas características que son comunes a todos ellos. El populismo es populismo, tenga el apellido ideológico que tenga.

Algunos descubrieron este fenómeno con Trump, se escandalizaron con sus maneras y se alarmaron con la toma del Capitolio por los más violentos de sus seguidores en enero de 2021. Pero ese fue solo el episodio más visible y acaso el más ilustrativo de una tendencia global. En España también se rodeó el Congreso de los Diputados en 2012 y en 2016, aunque la eficaz labor policial evitó que el asalto llegara a consumarse. El objetivo de los manifestantes en la última convocatoria era exactamente el mismo que el de los frikis que se pasearon por el Capitolio disfrazados de hombre bisonte. Unos y otros querían evitar por la vía de la fuerza el nombramiento de un presidente elegido democráticamente, que en el caso español se trataba de quien esto escribe. Para mi sorpresa, fueron muy pocos los que se escandalizaron en 2016 por aquel hecho tan descaradamente antidemocrático. Nadie se conmovió ni afirmó tajante que la democracia española había estado a punto de naufragar ante los antisistema. Una indiferencia que contrasta con la justificada alarma que provocó el asalto de Washington.

Cualquiera podría pensar que este tipo de tropelías solo son antidemocráticas cuando las sufre un candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, mientras que si el acoso se dirige contra un candidato del Partido Popular en España el asunto no pasa de chiquillada intrascendente. Aunque me reconozco parte interesada en el caso, tengo para mí que la naturaleza del atropello político es exactamente la misma. No obstante, como decía, en la España de 2016 apenas se criticó el acoso a la institución que encarnaba la soberanía popular; por el contrario, el grueso de las reacciones se dirigía contra el «desmesurado» despliegue policial establecido para proteger el Congreso. Afortunadamente, aquel despliegue nos evitó un bochorno internacional y acaso alguna desgracia personal, como sí ocurrió en Washington.

También podemos encontrar todos los vicios del populismo si observamos la evolución del independentismo catalán que desembocó en los hechos de octubre de 2017. Esa escalada soberanista que inició Artur Mas en 2012 y acabó Carles Puigdemont en 2017 fue una operación para subvertir los principios constitucionales y romper el fundamento democrático del imperio de la ley en aras de la supuesta voluntad del pueblo de Cataluña. «No se puede anteponer la ley a la democracia», decían (y dicen) los soberanistas, como si pudiera existir la segunda sin la primera. De hecho, el movimiento soberanista catalán es un catálogo completo de todas las trampas dialécticas —incluidas las mentiras más burdas— a las que suele recurrir el populismo para justificar su ataque a las instituciones en cualquier lugar del mundo. Pero conviene no olvidar que mucho antes de que los independentistas llegaran hasta los límites que traspasaron en 2017, fue un gobernante socialista, José Montilla, entonces presidente de la Generalitat, quien encabezó ya en el año 2010 una manifestación contra los tribunales de justicia a raíz de la sentencia del Estatuto de Cataluña.

Sirva lo dicho como pequeño ejemplo de lo fácil que resulta deslizarse por la pendiente de la deslegitimación de las instituciones; si fuera solo una extravagancia de gobernantes ventajistas y sin escrúpulos, no estaríamos ante un fenómeno tan pernicioso. La degradación de nuestras costumbres y reglas democráticas responde a un lento y a veces imperceptible proceso de descrédito en el que participan muchos más actores.

Freedom House, una de las instituciones internacionales más reconocidas en defensa de los valores liberales, ha señalado reiteradamente el retroceso en calidad democrática experimentado por los países occidentales en la última década. Algunos observadores han acuñado certeramente la expresión «fatiga democrática» para explicar la situación actual. La democracia liberal que consiguió ganar la Guerra Fría al bloque soviético, la que llevó a Fukuyama a declarar «el fin de la Historia», parece estar pervirtiendo sus valores ante el empuje del nacionalismo y de las pulsiones autoritarias. Se han publicado decenas de libros tratando de entender y de explicar qué ha pasado en el mundo para que muchos ciudadanos estén dejando de confiar en un sistema que ha permitido asentar un régimen de progreso, bienestar social y libertades sin paragón en la historia.

Esa es, en definitiva, la gran pregunta que debemos hacernos: ¿por qué somos incapaces de poner en valor esos setenta años de logros y de avances en todo el mundo? ¿Por qué los nacionalismos parecen recuperar el terreno que habían perdido en favor de las instituciones multilaterales después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es posible que tras décadas de globalización los asuntos identitarios se hayan convertido en uno de los vectores decisivos de la política actual? Para alguien que presume de talante conservador y que ha guiado toda su actuación política por la racionalidad, resulta muy difícil entender esta deriva tan ajena a la manera en que yo he vivido la política. Y por más vueltas que le doy, no le acabo de ver una sola ventaja respecto a la vieja política.

Indudablemente existen razones objetivas que justifican el desencanto o la frustración en las sociedades modernas. Unos ponen el acento en la terrible crisis económica que arrancó en 2008 y cuyas secuelas aún sentíamos cuando la pandemia provocó una crisis todavía más aguda. Otros apuntan al estancamiento de las perspectivas de progreso social, al empobrecimiento de las clases medias, a la avería de los famosos «ascensores» que han permitido la movilidad social durante décadas. Los hay que sitúan la clave de este descontento generalizado en la globalización y su impacto en las sociedades occidentales tanto en términos económicos como políticos. Decisiones que afectan a millones de personas se adoptan en ámbitos muy alejados del que los ciudadanos deciden cada cuatro años con su voto.

Además de todos estos factores y muchos otros que se puedan señalar, existe un consenso general en apuntar a la transformación radical de nuestras costumbres como consecuencia de la digitalización y el desarrollo tecnológico. Si hemos cambiado la manera en que trabajamos, en que disfrutamos de nuestro ocio, en que hacemos negocios, en que buscamos pareja, ¿cómo pretender que nuestro comportamiento político no se vea afectado por esta disrupción digital?

Pero, de la misma manera que estamos obligados a corregir las causas objetivas del malestar social, también estamos obligados a denunciar los falsos pretextos y las falacias del populismo. En ocasiones la coartada es la defensa de una supuesta patria a la que otros roban; este es el caso de buena parte de los nacionalistas catalanes o de los miembros de la Liga Norte italiana, que rehúsan mantener su contribución a la cohesión interterritorial del país. Otro de los objetivos preferidos de los populistas son los funcionarios de Bruselas que tienen la mala costumbre de velar por el cumplimiento de lo que se acuerda en el seno de la Unión. La Unión Europea es una entidad compleja en grado máximo, su gobernanza y el proceso de toma de decisiones responden a un endiablado puzle donde hay que encajar la soberanía de los distintos estados, las competencias de las instituciones comunitarias, los intereses muchas veces contradictorios de los socios y el respeto a unas reglas comunes. Cada crisis pone a prueba este delicado entramado institucional y da argumentos a los eurófobos de toda condición. Pero de cada crisis en la que se juega su supervivencia, Europa sale viva —que no es poco— y algo más fuerte.

El fenómeno de la inmigración es otro de los pretextos favoritos de los demagogos en cualquier lugar del mundo, uno de sus argumentos preferidos para dar rienda suelta a todo tipo de discursos contrarios a la convivencia y rayanos en la xenofobia, si no abiertamente xenófobos. Así ha ido creciendo la extrema derecha en Europa, agitando el miedo al inmigrante y utilizando este problema como combustible para alimentar la insatisfacción entre las clases menos favorecidas.

En todos estos casos la técnica es la misma: manipulando los datos o sencillamente mintiendo, se traslada una imagen distorsionada de la realidad y se le hace creer a la gente que son víctimas. Víctimas de los políticos sin escrúpulos, de los funcionarios de Bruselas, de los inmigrantes, de los banqueros, de la justicia al servicio de los ricos o de cualquier otro colectivo que pueda convenir en un momento dado. No existe un recurso más fácil ni más tramposo para seducir a la audiencia que convertirla en víctima de una injusticia que se promete reparar.

Cuando se repite tanto este fenómeno en nuestra vida pública no podemos limitarnos a analizarlo como entomólogos porque no es un fenómeno aséptico y aislado; esa deslegitimación de las instituciones afecta de manera directa a nuestra convivencia y, por eso mismo, a nuestras vidas. Resulta obligado preguntarse además por las consecuencias de lo que está ocurriendo. ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Gozamos de más estabilidad? ¿Tenemos mejor calidad democrática o políticos más eficaces? ¿Es que acaso el populismo, la demagogia o los lenguajes divisivos han demostrado su utilidad para resolver los problemas de los ciudadanos? Cuestionar y deslegitimar las instituciones ¿consigue generar mayor confianza y mayor cohesión entre las sociedades o en cambio provoca su polarización? Me temo que la respuesta es muy evidente: estamos bastante peor en términos de estabilidad, de calidad democrática y de eficacia en la gestión. La nueva política pudo haber servido para canalizar el descontento de la gente, pero es obvio que ha fracasado a la hora de ofrecer recetas para actuar contra las causas de dicha insatisfacción.

No es mi intención disputarles a los politólogos su autoridad en el análisis del fenómeno porque existen multitud de magníficos estudios sobre esta deriva populista de las sociedades occidentales, mucho más detallados y concienzudos de lo que pueden ser mis reflexiones de político retirado. Pero sí pretendo señalar algunos elementos de la política española donde he podido percibir esa deriva hacia el populismo que considero tan perniciosa.

Tal es el propósito fundamental de este libro: pensar en todas las pequeñas o grandes renuncias que hemos hecho en los distintos países occidentales en nuestros valores democráticos, medir el terreno que hemos cedido a la demagogia, a la inoperancia y a la polarización, evaluar las consecuencias de esas renuncias y aventurar cómo podemos revertir esa tendencia.

Este es, por lo tanto, un libro de política y muy poco de políticos. Es un libro sin índice onomástico. Ya sé que eso no resulta tan atractivo, pero no tengo historias secretas que desvelar, ni ajustes de cuentas pendientes ni conversaciones privadas que merezcan ser recordadas. Ya adelanto a aquellos que disfrutan con las maldades de la política que aquí encontrarán muy pocas. Las personas citadas lo son solo por su actuación política, no por ninguna otra consideración personal.

Creo más interesante hablar de política, que es lo que siempre me ha gustado y lo que considero más necesario cuando vemos que la deriva populista no se queda circunscrita a unos líderes poco respetuosos con las normas escritas y no escritas de las democracias liberales. Podríamos correr el riesgo de pensar equivocadamente que la desaparición de este tipo de gobernantes iliberales solucionaría el problema, pero eso significaría tanto como confundir las causas con las consecuencias, cuando lo cierto es que podemos encontrar los síntomas de esta tendencia hasta en los detalles más triviales de nuestra vida política.

Vemos, por ejemplo, esa polarización creciente en los debates parlamentarios y hasta en las tertulias de los medios de comunicación; pareciera que vivimos en una campaña electoral infinita que imposibilita el consenso y los grandes acuerdos nacionales. Lo mismo podríamos decir del tipo de lenguaje que se va adueñando del discurso público. En la disputa política, una cierta exageración es saludable en el momento oportuno, en el lugar adecuado y en las dosis precisas, pero una espiral de afirmaciones de calibre cada vez más grueso degrada el debate público hasta anularlo, porque difícilmente se puede equiparar el concepto de debate al intercambio tramposo de consignas manidas y ramplonas al que asistimos cada día. La deliberación democrática exige un mínimo acuerdo sobre las palabras y su contenido, del mismo modo que exige un mínimo respeto a la verdad y a la palabra dada a los ciudadanos.

Cualquier político que hace de la mentira, de la polarización o del ataque a las instituciones su forma de conducirse en la vida pública está degradando la calidad del propio sistema democrático. Hace unos meses la revista Letras Libres se hacía eco de un informe de la organización cívica mexicana Signos Vitales sobre los primeros años de gestión del presidente López Obrador. En él se denunciaba como rasgo más destacado la pérdida del valor de la verdad «por el uso frecuente y sin recato de mentiras, medias verdades y datos no verificables sobre la situación del país. No es aceptable que el gobierno intente sustituir “su verdad” por la realidad, manipulando y difundiendo información falsa o equívoca, que no permita a la sociedad tomar las decisiones adecuadas».

Cuando leí la frase no pude por menos que dejar escapar un suspiro de resignación o melancolía. Lamentablemente no hay que irse hasta México para comprobar este desprecio absoluto por la verdad y por la obligada rendición de cuentas por parte de un gobernante. En aquel momento pasaron por mi cabeza los expertos sanitarios que nunca existieron, los pactos políticos que jamás se iban a producir hasta que se produjeron y todas las promesas de regeneración que circularon por la política española en los últimos tiempos y que hoy duermen el sueño de los justos.

Quien haya tenido la gentileza de seguir hasta aquí mis consideraciones podría pensar que este libro está dictado por el pesimismo o la nostalgia. Nada más lejos de la realidad. En el dilema de decidir si estamos en un momento populista o en una era de populismo no tengo la más mínima duda, apuesto claramente por la primera opción. No he perdido mi confianza ni en las instituciones ni en el buen criterio de los ciudadanos. Diría más: creo que entre el aluvión de noticias que recibimos cada día resplandecen, como en las bateas de los antiguos buscadores de oro, destellos de racionalidad y prudencia, síntomas de la fortaleza de nuestras instituciones y de su resistencia frente a esta moda de polarización y visceralidad.

Al populismo le ha costado años y unas circunstancias muy excepcionales de crisis económica y social conseguir menoscabar el prestigio de las democracias liberales y contaminar nuestras costumbres políticas. Pero la solidez de las instituciones democráticas, el espíritu de concordia con el que fueron creadas y los valores que las inspiran constituyen su mayor fortaleza. Estamos en nuestro derecho de dudar de la manera en que Europa abordó la gestión centralizada de la compra de vacunas; yo mismo me he preguntado insistentemente por el extraño calendario de vacunación que diseñaron nuestras autoridades. Pero al mismo tiempo soy capaz de valorar todo lo positivo que supuso esa respuesta. Si nos detenemos unos minutos a reflexionar en qué circunstancias habríamos estado si la vacunación del COVID-19 se hubiera desarrollado bajo la máxima del «sálvese quien pueda», podemos concluir que la propia supervivencia de la Unión Europea habría estado en riesgo y tampoco se habría garantizado el suministro equitativo de vacunas a los ciudadanos. Con todas las críticas que podamos hacer a los fallos de gestión, Europa reaccionó mucho mejor que en la crisis del euro y ello nos demuestra que las instituciones también son capaces de aprender de su propia experiencia e incorporar ese conocimiento para mejorar.

La pandemia nos ha mostrado que las crisis son, cada vez más, convulsiones globales que desafían la capacidad de gestión de los estados soberanos, al menos de aquellos de tamaño medio como el nuestro. Cada día descubrimos nuevas disfunciones, retos más exigentes y problemas de muy difícil solución. El desafío es creciente para los gobiernos y para las instituciones que velan por el orden multinacional, pero los ingredientes básicos de una sociedad saludable y próspera no son tan distintos de los que conformaron nuestras sociedades abiertas después de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos instituciones democráticas basadas en el imperio de la ley y en la voluntad popular, pero ante todo necesitamos un sistema de controles y contrapesos que limiten el poder del gobierno de turno. Un gobierno sin control no es un gobierno democrático por muy votado que haya podido ser. Necesitamos partidos políticos capaces de vertebrar las distintas opciones y contribuir a la estabilidad de los sistemas democráticos: ni movimientos caudillistas ni plataformas puramente electorales. Es posible que los partidos políticos se hayan consagrado como las instituciones más desacreditadas de la democracia, pero ya hemos podido atisbar qué tipo de liderazgos prosperan cuando una democracia se queda sin partidos fuertes y estabilizadores.

Necesitamos reformas económicas que generen empleo y bienestar de manera sostenida. La economía globalizada ha transformado radicalmente nuestro modelo productivo, pero nunca como antes había habido un consenso tan amplio sobre la necesidad de atender a los desequilibrios generados en este proceso. Son numerosos los informes que de manera sistemática emiten los organismos internacionales alertando sobre el empobrecimiento de nuestras clases medias y la exclusión de los jóvenes del reparto de la riqueza.

Nuestros sistemas políticos, eso que la Constitución española define como un «estado social y democrático de derecho», no nacieron para preservar los privilegios de una casta, sino para garantizar la participación de todos en la riqueza de la sociedad y para proteger a los más vulnerables. No nacieron para alejar a los ciudadanos de las decisiones políticas, sino para garantizar los derechos de todas las personas y preservar la democracia de tentaciones autoritarias. Nuestras instituciones multilaterales no surgieron para inundarnos de burocracia absurda, sino para evitar repetir las terribles tragedias de nuestra historia. Si hasta ahora lo han conseguido, bien vale la pena trabajar para que puedan seguir cumpliendo esa función pacificadora al menos otros setenta años.

Tenemos infinidad de problemas que deben ser abordados en el ámbito público, pero todos se agravarán si no les hacemos frente con madurez y responsabilidad. Con sus mentiras, sus exageraciones, su polarización y su exceso de sentimentalismo, el populismo acaba por infantilizar a la opinión pública, hasta el punto de que los ciudadanos corremos el riesgo de comportarnos cada vez menos como adultos responsables y más como niños caprichosos que atienden a su interés inmediato sin preocuparse de ninguna otra consideración. Niños a los que se puede manipular con falsas promesas. Niños que pueden pelearse por cualquier cosa. Niños que por jugar a la pelota en el salón pueden hacer añicos la vajilla de la abuela.

Lo que diferencia un comportamiento adulto de otro infantil es la madurez: la contención, la autolimitación de nuestra conducta y la obligación de responder de nuestros actos. Esto también vale para la política, que, sin embargo, en los últimos tiempos se ha deslizado peligrosamente justo en la dirección contraria.

Este libro no tiene más pretensión que denunciar esta deriva, señalarla con ejemplos que todos podemos reconocer y resaltar la necesidad de reivindicar para la política y para la conversación pública los valores de la madurez: el principio de realidad, la contención y la responsabilidad. Se trata, en definitiva, de recuperar la política hecha por y para adultos.

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Un modelo de convivencia: la democracia liberal

Incluso escarnecida, la democracia se ha impuesto a todos como valor de referencia.

JEAN - FRANÇOIS REVEL

VOTAR Y ALGO MÁS

La tarde del día de Reyes, el 6 de enero de 2021, una noticia vino a romper la tranquilidad de la festividad navideña: algo extraño estaba pasando en Washington. Ese día estaban reunidas las dos Cámaras para certificar la victoria de Joe Biden. La sesión, que en otras circunstancias no hubiera tenido el menor interés pues era un trámite sin mayor relevancia histórica, había levantado una enorme expectación ya que Donald Trump siempre se negó a reconocer su derrota, incluso después del fracaso de su ofensiva judicial contra el triunfo de Biden. En consecuencia, todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a suceder en Washington y todo el mundo pudo presenciar lo que todavía hoy nos parece inimaginable. Una turba de seguidores de Trump, tras escuchar la arenga de su líder, se lanzó contra el Capitolio clamando por el supuesto robo de las elecciones y tratando de impedir la ratificación del presidente elegido. Lo consiguieron temporalmente porque la sesión tuvo que ser suspendida y los legisladores, evacuados por motivos de seguridad. Entre ellos se encontraba el propio vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, que presidía la sesión. Horas después, con el país todavía en estado de shock, Biden fue proclamado presidente de Estados Unidos.

No me voy a extender mucho más en lo que allí ocurrió porque es de todos conocido. Sí quiero insistir en el impacto político que produjeron aquellas imágenes. Estados Unidos está considerado, con razón, un referente universal del sistema democrático, y ver el símbolo de esas instituciones democráticas violentado por la acción de una muchedumbre de manifestantes es algo que supera con mucho las más dislocadas fantasías que cualquier guionista cinematográfico pudiera imaginar. Esas cosas pueden pasar en otros países con instituciones más débiles o de escasa tradición democrática, pero ¿en Estados Unidos? Completamente imposible. Imposible hasta que ocurrió y todos pudimos verlo.

Traigo este elemento a colación porque los sucesos del Capitolio de enero de 2021 suponen, a mi parecer, la imagen más rotunda y concluyente del significado y los riesgos que los populismos entrañan para los sistemas democráticos. Si alguien aún podía considerar que este asunto era algo que quedaba circunscrito al debate académico, ese día tuvo que salir definitivamente de su error.

La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos ya supuso un aldabonazo sobre la capacidad de un líder populista de sortear el sistema de filtros y controles de una democracia tan consolidada como la estadounidense. En contra de los pronósticos, de las opiniones de los politólogos, de los medios de comunicación y de todos los encuestadores, Trump logró vencer a Hillary Clinton después de haber dejado en la estacada a todos sus oponentes en las primarias republicanas, que no fueron pocos.

A nadie se le escapa que no existen personalidades más dispares que la suya y la mía, pero no tengo problema alguno en reconocer que tuve una buena relación con Trump, y mi gobierno desarrolló un contacto intenso con su administración en beneficio de los intereses de nuestro país. Las relaciones bilaterales fueron inmejorables; tengo un gran recuerdo de mi visita a la Casa Blanca y del trato preferencial que nos brindó a toda la delegación. Yo se lo agradecí. Tanto en los aspectos formales como en las cuestiones de fondo, su proceder fue impecable. Nos alojamos en Blair House, la residencia oficial para los invitados del presidente de Estados Unidos, situada enfrente del ala oeste de la Casa Blanca, que fue también la residencia presidencial en la época de Truman. Esta circunstancia no se produce siempre que un jefe de Estado, menos aún un primer ministro, como era mi caso, visita la Casa Blanca. Desde luego no había acontecido así con ocasión de mi reunión con el anterior presidente Obama. La jornada de trabajo del día siguiente fue de una inusitada duración, de tal suerte que, a diferencia de lo que muchas veces suele ocurrir en este tipo de contactos, pudimos tratar en profundidad los asuntos que formaban parte de la agenda y cambiar impresiones sobre otros que eran del interés de ambos países. El día finalizó con una rueda de prensa conjunta. Siempre pensé que las formas también importan, en la política y en todas las facetas de la vida.

Recuerdo que, en la reunión con los medios de comunicación, Donald Trump respaldó la integridad territorial de España, que era lo que más nos preocupaba a muchos españoles, y manifestó el apoyo firme de su país al principio de nuestra soberanía nacional. Eso sí, lo hizo con su estilo poco académico, al despachar la previsible pregunta sobre Cataluña sin muchos matices: «Pero quién va a querer irse de un país tan estupendo como España», o algo similar que no dejaba lugar a ninguna duda. El único desacuerdo en aquella reunión, que fue muy fructífera, estuvo en el asunto del déficit comercial de Estados Unidos con España: para Trump era excesivo, para mí no. A él le preocupaba mucho el déficit comercial de Estados Unidos con España —que realmente no era tanto— y con el resto del mundo, y a mí me interesaba de manera especial que toda la comunidad internacional respaldara sin la menor sombra de duda la integridad territorial de España, empezando por Estados Unidos.

La actitud de Trump una vez que perdió las elecciones no fue aceptable. Es muy legítimo pelear hasta el último voto un resultado electoral, pero una vez que todas las instituciones democráticas han certificado esa victoria, es obligado respetar el resultado y también a las instituciones que así lo atestiguan. Las deficiencias del sistema electoral estadounidense han justificado acusaciones de fraude en otras elecciones, como las que ganó Bush Jr. en el año 2000 o el duelo legendario entre Kennedy y Nixon en 1960. Nixon explicaría luego que renunció a seguir peleando y concedió la victoria a Kennedy a pesar de las sospechas de fraude porque, de otra manera, se habría generado una gravísima crisis constitucional que hubiera dividido al país y dañado la imagen de Estados Unidos en el mundo. Trump, en cambio, hizo justo lo contrario: siguió denunciando fraude de manera sistemática hasta convencer a buena parte de sus votantes de que las elecciones habían sido robadas. El asalto al Capitolio fue la consecuencia de dicha estrategia.

Antes de Trump ha habido muchos políticos populistas, y temo que después de él seguirá habiendo otros muchos. Pero el trumpismo no es un fenómeno que haya surgido de manera aislada; en buena medida, es la versión más depurada de la deriva populista que ha venido a cuestionar el orden democrático liberal vigente en el mundo occidental desde mediados del siglo pasado. Los excesos de Trump no son la causa sino la consecuencia de un fenómeno que viene de muy atrás.

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el inicio de una nueva etapa en buena parte del planeta. El objetivo de casi todos era terminar definitivamente con los conflictos que habían marcado la historia trágica de la primera mitad del siglo XX sobre todo en el continente europeo, asolado y destrozado después de dos guerras mundiales que provocaron la pérdida de millones de vidas humanas.

Los responsables de aquella Europa en ruinas diseñaron un sistema político capaz de prevenir nuevas derivas que condujeran a los mismos enfrentamientos y las mismas dramáticas consecuencias. Y ese sistema que alumbraron entonces se ha demostrado como el más justo, el más respetuoso con los derechos y las libertades de las personas y el que más progreso económico y social ha generado.

La democracia constitucional pasó a ser la forma política de gobierno en la mayoría de los países europeos. Hubo algunas excepciones con países que se incorporaron más tarde a la democracia; ese fue el caso de España, Portugal y los países que en su día constituían la llamada Europa del Este. No todo ha sido idílico desde entonces. Los europeos aún tuvimos que sufrir en nuestro suelo los horrores de la guerra de los Balcanes, pero es innegable que el avance de las democracias fue una constante histórica en Europa y en el mundo. Hoy las naciones europeas organizan su convivencia con constituciones que garantizan la democracia, las libertades, los derechos de las personas, afirman la separación de poderes y promueven el progreso económico y social. Algo que no ha sido la tónica general en nuestro continente a lo largo de la historia.

La democracia liberal ha demostrado a lo largo de las últimas décadas sus beneficios y su indiscutible capacidad para mejorar la vida de la gente, para garantizar la convivencia entre personas con ideas e intereses distintos, para avanzar en el progreso social y, principalmente, para solucionar nuestros conflictos de manera pacífica.

Este modelo de gobernanza se basa en pocos principios, pero imprescindibles. El primero de ellos es que el gobierno responda a los deseos expresados por los ciudadanos con sus votos en elecciones libres y periódicas. Pero tan importante como esta condición es la necesidad de limitar el poder del gobierno. Por muy abrumadora que pueda ser la mayoría que le apoya, el gobierno debe estar sometido a los principios del Estado de derecho. La legitimidad del voto de la mayoría no es absoluta y siempre debe someterse al imperio de la ley. Así se protegen tanto los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos como los derechos de las minorías, y también la posibilidad de la alternancia política.

Estos principios, que siempre los habíamos estudiado como parte de la teoría política, los vimos hechos realidad en nuestras vidas durante la intentona independentista del año 2017. Si recordamos los argumentos que se daban entonces, y que algunos siguen esgrimiendo hoy, vemos esa perversión de pretender convertir el voto en un ariete contra la legalidad. Cuando repasamos las numerosas resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional sobre aquellos acontecimientos, encontramos auténticas lecciones de principios democráticos no elaboradas en abstracto sino sobre la tremenda realidad de lo que estaba aconteciendo. Así sucede cuando el Tribunal Constitucional invalidó las llamadas «leyes de desconexión» y señaló que «la mayoría se sirvió para improvisar y articular ad hoc un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados». No era una construcción teórica; todos pudimos ver a los grupos de la oposición abandonando la Cámara ante los reiterados abusos y atropellos de la mayoría independentista. Aquellas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña asistimos a uno de los espectáculos más bochornosos de nuestra etapa democrática sobre el que es difícil encontrar un ejemplo siquiera parecido en los países de nuestro entorno.

También fue diáfano el Tribunal Constitucional cuando desmontó esa falacia de oponer ley y democracia, como si la segunda pudiera existir sin la primera: «En el Estado social y democrático de derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda, pues la legitimidad de cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitución, que tiene precisamente su fundamento en el principio democrático». No puedo sino manifestar mi absoluto acuerdo con estas doctrinas. Afirmar, como machaconamente repiten los secesionistas, que la ley no puede estar por encima de la democracia y que no hay nada más democrático que votar es una enorme falacia. Cualquier decisión, sea esta del ejecutivo o del legislativo, incluso convocar un referéndum, debe ajustarse a la ley, que en los estados democráticos como el nuestro es producto de la voluntad de la mayoría. Es la ley —y la primera de ellas, la Constitución— la que establece lo que todos pueden o no hacer, los gobernantes y los gobernados. Cuando esta máxima no se acepta, la ley deja de tener valor y es sustituida por la voluntad de quien pasa por encima de ella. Por eso liquidar la ley democrática es liquidar la propia democracia.

A lo largo de estas páginas tendré que volver en más de una ocasión a la intentona independentista por las innumerables vulneraciones que se sucedieron aquellos días de los principios que definen las sociedades abiertas. Los hechos registrados en Cataluña en 2017 también socavaron otro elemento fundamental de las democracias saludables, como es el respeto a la pluralidad de la sociedad y la independencia de sus distintos actores e instituciones. De hecho, todo el imaginario independentista pretende arrogarse en exclusividad la voluntad del pueblo de Cataluña ignorando los derechos, las ideas y los sentimientos de la mitad de los catalanes.

Cualquiera de estas características que definen las democracias liberales (el voto libre, el control del gobierno y el respeto a la pluralidad de la sociedad) resulta imprescindible. Van unidas. En democracia no se puede prescindir de ninguna de ellas. Como señaló Juan Linz, el gran teórico español de los sistemas democráticos, identificar la democracia con alguno de los elementos antes citados, subestimando los demás, es un error, porque la democracia necesita de todos ellos inexcusablemente. Por supuesto que se basa en el voto popular, pero también en el sometimiento a las leyes, el respeto a la pluralidad de la sociedad y la independencia de las instituciones. Votar no es suficiente para definir una democracia; también votan en la Venezuela de Maduro o en la Cuba castrista y nadie los considera países democráticos, salvo algunos izquierdistas nostálgicos del comunismo o de su etapa juvenil. Por más votos que se puedan acumular, no hay democracia en una sociedad sin libertades o donde la ley se convierte en un capricho arbitrario de los gobernantes.

Nuestra Constitución de 1978 recoge de manera precisa estos principios que definen las sociedades abiertas. Tal vez por ello haya resultado ser la segunda más longeva de nuestra historia, y la que ha marcado el periodo de convivencia más feliz y próspero en España a pesar de los indudables problemas que hemos tenido que afrontar en estos años.

No voy a detenerme en el análisis de nuestra Constitución, que ha sido extensamente estudiada por personas con más conocimiento y dedicación, pero quiero destacar lo que en mi criterio de actor político durante muchos años constituye uno de sus grandes méritos; es lo que yo definiría como «la constitucionalización del consenso».

La Constitución del 78 fue producto de un amplísimo acuerdo nacional, un entendimiento modélico entre generaciones y entre partidos, entre españoles que venían del régimen de Franco y españoles que venían del exilio. Todos fueron capaces de renunciar a sus posiciones del pasado para diseñar un marco de convivencia para el futuro, y lo lograron. Particularmente llamativa fue la aceptación de la monarquía parlamentaria por parte del Partido Comunista, un gesto que venía a hacer justicia al liderazgo indiscutible de la Corona en todo el proceso de restauración democrática. El coraje personal y la determinación de Juan Carlos I fueron los motores imprescindibles de esa radical transformación. En España, democracia y monarquía están unidas indisolublemente, y lo que cada día demuestran quienes abogan demagógicamente por acabar con la institución monárquica es que su auténtica pretensión es cambiar a su favor los delicados equilibrios constitucionales que definen nuestra democracia y que la Corona encarna de manera ejemplar.

A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces quejas sobre lo difícil que resulta reformar nuestra Constitución. Según algunos partidos políticos y no pocos comentaristas y expertos, hay que «modernizar» la Carta Magna y adaptarla a las nuevas generaciones que no la votaron.

Es indudable que existen dos o tres cuestiones concretas que pueden ser reformadas —singularmente, la discriminación a favor del varón en la sucesión a la Corona— y la propia Constitución establece el mecanismo necesario para ello. Es algo que sin duda se podrá abordar en el momento en que ni el nacionalismo independentista ni el populismo antisistema puedan convertir esa reforma en un instrumento para liquidar la propia Constitución; es decir, en el momento en que se pueda contar con un consenso tan amplio como el que alumbró el texto actual, algo a lo que me referiré con más detalle en este libro. Ahora solo conviene recordar que los requisitos establecidos por la Constitución para su reforma o para la designación de los órganos constitucionales constituyen un ancla que estabiliza nuestro sistema político y lo protege de cualquier tentación iliberal. Son procesos que obligan al consenso, exigen el entendimiento; en definitiva, imponen a los distintos actores políticos un gran acuerdo nacional. Esto, en los tiempos que corren, se convierte en un impagable mecanismo de seguridad que evita que la Constitución pueda ser pervertida y convertida en una norma de parte, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia.

UN MUNDO MEJOR

Ese modelo de democracias y sociedades abiertas que se fue consolidando en el mundo, a nivel nacional se ha correspondido con un sistema de gobernanza internacional construido sobre unos valores comunes, basado en el respeto a los derechos humanos, la solidaridad democrática, unas instituciones multilaterales y una estructura de seguridad colectiva producto de la cooperación y las alianzas defensivas. Este sistema también asumió los principios de una economía abierta y su mayor reflejo fue la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995. El orden liberal internacional quedó así articulado en tres grandes ejes: el de la seguridad, el del orden económico y el del respeto a los derechos humanos.

Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica de ese modelo que se consolidó y se expandió con la caída del Muro de Berlín y de todo el bloque soviético después. Ese fue el momento en que Fukuyama sentenció que se había llegado al fin de la Historia, pero evidentemente se equivocó, porque tras la amenaza soviética llegaron el terrorismo islamista, el auge de los populismos y también el rápido ascenso de otros grandes poderes como el chino. Son distintos retos al multilateralismo internacional, pero este está muy lejos de desaparecer, como ha puesto de manifiesto el acuerdo alcanzado por el G-7 para la tributación global de las grandes empresas este mismo año.

En realidad, esta fórmula de gobernanza internacional es la lógica entre estados democráticos que responden a los mismos ideales. Un país democrático siempre podrá entenderse mejor con quien comparte sus principios. Si un gobierno está limitado dentro de sus fronteras por las leyes y los controles institucionales, también se someterá con más facilidad a las leyes y a los tratados internacionales; cuando un gobierno nacional es capaz de buscar y generar acuerdos con los grupos de oposición, también será capaz de mantener una actuación cooperativa en el exterior, y si respeta la pluralidad de su sociedad, también le resultará más fácil adaptarse a la variedad de intereses que rigen las relaciones internacionales. Difícilmente se puede dar un orden internacional respetuoso con las democracias y los derechos humanos sin que los estados que lo integran compartan esos hábitos democráticos, y cuando alguno de esos países miembros inicia una deriva iliberal, como ahora sucede en Europa, se resiente la cohesión de todo el conjunto.

El éxito del modelo, pese a los retos que tiene planteados, es indiscutible. Un informe de la RAND Corporation del año 2018 evaluaba los resultados de este orden internacional desde 1945 hasta hoy en tres aspectos: la capacidad para generar prosperidad económica, el impacto en el desarrollo de la democracia y la eliminación de conflictos internacionales. Pues bien, en términos económicos, el comercio estable, la coordinación de políticas y la fijación de estándares comunes han impulsado el PIB mundial per cápita de los 2.000 dólares a los 10.200, en cifras del año 2015. En lo que se refiere a la extensión de la democracia, entendida esta como el respeto a las Convenciones de Derechos Humanos y a la Carta de Naciones Unidas, se ha pasado de veinte a más de cien países que asumen la democracia como forma de gobierno. Hoy viven en democracia casi tres veces más de quienes lo hacían al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en lo que se refiere a la capacidad de prevención de conflictos, los tratados internacionales, la actuación de Naciones Unidas y el sistema de alianzas entre distintos países han llevado a que las guerras territoriales casi hayan desaparecido en los últimos años a pesar de las dolorosas excepciones que todos conocemos.

Acaso el ejemplo más sofisticado y completo de este orden internacional multilateral sea la Unión Europea, donde el principio de cooperación entre distintos estados ha alcanzado su mayor desarrollo y relevancia, avanzando en un proceso de gradual integración.

Desde el mismo momento de su fundación en 1957 en Roma, los seis países iniciales apuntaron a esa voluntad de vivir juntos y en democracia. Hoy no es posible formar parte de la Unión Europea sin ser un país con una democracia plena, y las instituciones europeas velan por el respeto a las reglas de juego que son propias de los sistemas democráticos. Por desgracia, la ola de populismo está llevando a que crecientemente las autoridades de Bruselas tengan que advertir a algunos estados miembros sobre las desviaciones de determinados comportamientos respecto a los principios del Estado de derecho. Este es hoy uno de sus principales retos.

Como sentenció Jean Monnet, la Unión Europea «no es un superestado y ni siquiera otro Estados Unidos según el modelo americano, sino una unión entre viejas naciones como no ha habido otra en la historia». Nadie dijo que crear esa comunidad de naciones y lograr que funcionara razonablemente fuese una empresa sencilla. De hecho, cada nueva crisis —sea sanitaria, económica o política— pone a prueba los mecanismos de gobernanza de la Unión y la obliga a reforzar sus instrumentos de cooperación e integración.

Durante la pandemia he visto y escuchado muchas críticas a la Unión por los errores en la gestión de la compra centralizada de vacunas. Es probable que algunas cosas se hubieran podido hacer mejor; hay que recordar que la Comisión Europea fundamentalmente es un poder regulador, no es un órgano de prestación de servicios públicos, y en verdad no ha tenido la eficacia que tienen estados nacionales acostumbrados desde hace siglos a gestionar toda la administración de un país. Aun reconociendo esas carencias, me parece injusto que se pretenda juzgar la ingente respuesta de la Unión a la pandemia solo por ese elemento.

Es cierto que hemos tardado más que otras potencias como el Reino Unido, Israel o Estados Unidos a la hora de arrancar el proceso de vacunación, pero no es menos cierto que el hecho de que todos los europeos hayamos tenido acceso a las vacunas en igualdad de condiciones es algo histórico y de un indudable valor político. Pensemos por un instante qué situación habríamos vivido los veintisiete países de la Unión si cada gobierno hubiera tenido que salir a pujar en una subasta internacional por las vacunas, como sucedió en los primeros momentos de la pandemia con los respiradores, los equipos de protección e incluso las mascarillas. Lo mismo podríamos decir de los multimillonarios fondos de recuperación aprobados por la Unión Europea o de la política del Banco Central Europeo, absolutamente innovadora y decisiva en sus programas de compra de deuda. ¡Ya me hubiera gustado a mí que durante mi etapa al frente del Gobierno, el Banco Central hubiera comprado ilimitadamente la deuda española! ¡Cuántas dificultades y malos tragos me habría ahorrado!

Pues bien, este modelo democrático de poderes limitados, de estrecha cooperación e integración entre estados nacionales, de economías abiertas, de respeto a los derechos humanos y de sujeción a la ley se ve hoy retado por los populistas de toda condición. A diferencia de lo que ocurría durante la Guerra Fría, el desafío no llega tanto del exterior como desde el corazón mismo del sistema.

El populismo nacionalista se encuentra detrás del fenómeno Brexit, pero también de la deriva iliberal de países como Hungría o Polonia y otros lugares del mundo. Iberoamérica, que hace unas décadas había protagonizado un proceso envidiable de democratización, apertura y crecimiento económico, ha experimentado en los últimos años una descorazonadora involución democrática. Hoy acumula gobernantes tan extravagantes como escasamente democráticos mientras se vuelve a sumergir en la pobreza y la desigualdad.

Todos los indicadores que miden el desarrollo democrático en el mundo, como los ya citados Freedom House o The Economist, vienen dando señales de alarma desde hace tiempo. El último informe de The Economist ha sido el peor desde el inicial del año 2006; de los 167 países analizados, en 116 las condiciones democráticas se habían deteriorado. La pandemia no ha hecho más que acelerar un proceso que ya venía de tiempo atrás.

2

Cómo reconocer el populismo

El populismo es el camino de la autodestrucción de la democracia.

MARIO VARGAS LLOSA

LA DEMOCRACIA DIRECTA CONTRA LA CASTA

La primera vez que escuché la palabra «casta», con ese tono tan peyorativo asociado a los políticos, fue hace muchos años, en la entrega de un premio del diario El Mundo a unos periodistas italianos, autores de un libro que resultó ser un éxito editorial en su país. En él pretendían detallar todas las prebendas y los privilegios que, al parecer, disfrutaban los políticos en Italia. El libro se titulaba La Casta y los responsables del periódico consideraron oportuno sumarse al entusiasmo general que había despertado en Italia otorgándoles aquí en España un premio. Y allí estábamos dos políticos profesionales, el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y un servidor, para hacer los honores.

Probablemente ambos estábamos más interesados en asistir al acto por otro de los premiados, el gran Manu Leguineche, una de las leyendas del periodismo que a lo largo de su vida acreditó que todavía era mejor persona que periodista. Por aquel entonces ya estaba muy enfermo y agradecí la oportunidad que se me brindó de mostrarle mi respeto y mi admiración personal y profesional.

Respecto al tema de la casta, que también nos convocaba, creo recordar que tiré de ironía para alabar el indudable sentido del humor de los anfitriones al invitar «a lo más granado de la casta española» para premiar a los denunciantes de la casta italiana. Los invitados acreditamos un insobornable sentido del humor al acudir dispuestos y solícitos a aquel ejercicio de mortificación, y puestos a tirar de sorna, animé a los premiados de aquel día a que mantuvieran su celo vigilante y fiscalizador no solo sobre los políticos, también sobre su propia profesión: directores, periodistas y editores. Me temo que mi propuesta no tuvo ningún éxito y aún no entiendo por qué. Todavía hoy sigo creyendo que es una buena idea que merecería ser puesta en práctica.

A partir de entonces, el concepto de «la casta» fue apareciendo con creciente asiduidad en las crónicas políticas, hasta que Podemos lo llevó a su apogeo en 2011. Ahora, con el paso del tiempo, resulta sarcástico recordar aquellas denuncias tan airadas. ¿En qué quedaron aquellas intensas raciones de moralina de los indignados de entonces que se lanzaron de cabeza al chalet, la piscina o el coche oficial en cuanto tuvieron la mínima oportunidad? ¿Qué queda de aquellos discursos arrebatados por tanta indignación, además del recuerdo y el intento de mantener aún desde el Gobierno la bronca y la amenaza continua? Poco más que la exótica ocurrencia de «los hijos, las hijas y les hijes».

Mi experiencia de tantos años me ha enseñado que cuando un dirigente político, en cualquier lugar del mundo, inflamado de intransigencia y superioridad moral señala con un dedo acusador a «la casta», estamos indefectiblemente en presencia de un líder populista. Las apelaciones airadas a los privilegiados, la oligarquía o los poderosos es un detector infalible de demagogos de validez universal.

Existe en el mundo occidental un consenso general sobre la consideración del populismo como uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias liberales, pero no siempre resulta fácil definirlo; puede considerarse como una forma de hacer política, una estrategia, una técnica de marketing o, incluso, como una mezcla de todo lo anterior. Se presenta con caras distintas según los países y el momento. Puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda o de nada: puro andamiaje propagandístico al servicio de un líder mesiánico. Puede carecer de ideología y de doctrina mínimamente elaboradas y poner el énfasis en algunas cuestiones o en otras, según convenga a sus intereses coyunturales. Como ya he dicho al inicio de este libro, sus coartadas son de lo más variado: la defensa de la nación, la corrupción, la desigualdad o cualquier otra que les venga bien. En Europa el objeto preferido de sus iras son los burócratas de Bruselas por exigir el cumplimiento de unas mínimas normas del respeto a la democracia y el Estado de derecho que, para este tipo de líderes, constituyen un auténtico engorro. Cualquier carencia, problema o disfunción de la vida pública es susceptible de ser utilizado para desestabilizar o polarizar a la sociedad.

La vestimenta populista es, pues, muy variada. Lo mismo puede ser un millonario de Nueva York, que un comunista español fascinado por dictaduras tropicales, que un ultraderechista xenófobo centroeuropeo. Es gente diversa, con prioridades dispares, que predican soluciones habitualmente heterogéneas. No es tarea fácil acertar con una definición que los abarque a todos, pero hay algunas características que son comunes a las distintas maneras que los populistas tienen de estar presentes en la vida de los países. Una de las más infalibles es la apelación directa al pueblo, un pueblo homogéneo y sin fisuras, con una voluntad común que solo el líder populista sabe interpretar. Un pueblo que además siempre es víctima de algo o de alguien, sea el Ibex 35, los partidos tradicionales, los burócratas de Bruselas, la Organización Mundial del Comercio o «el pantano de Washington» que Trump prometía drenar.

Un político populista siempre se presenta como salvador de ese pueblo oprimido e ignorado por sus élites. Se dice aquello tan manido de «devolver la voz al pueblo», como si el pueblo no expresara claramente su voz plural y diversa cada vez que hay elecciones.

Es importante significar lo de la diversidad porque el populista mantiene que el pueblo tiene una sola voz y una sola voluntad, y esa es su primera trampa. Las sociedades, felizmente, son plurales y diversas, y ese pueblo uniforme convertido en única fuente de legitimidad política no existe. Sí existen distintos grupos, clases, colectivos y personas, cada cual con sus particulares intereses, y las últimas, las personas, con unos derechos inalienables que no pueden someterse a la voluntad de ningún «pueblo». El éxito de la política democrática ha consistido en avanzar todos estos años buscando mecanismos para articular una gobernanza satisfactoria para esos distintos intereses.

Esta apelación constante a los excluidos o los ignorados frente a la casta tiene como víctima preferente la democracia representativa. Frente a las elecciones parlamentarias, el populista aboga por los referéndums, las consultas populares y la democracia directa como un sistema supuestamente más perfecto. Su argumento es simple, aunque no por ello dejan de expresarlo con una solemnidad digna de mejor causa. Según ellos, las élites han adulterado la democracia y, en consecuencia, se hace precisa la apelación al pueblo; que mande el pueblo a través del voto directo y no sus representantes políticos porque estos han devenido en élites corruptas.

Hay que decir que este fervor por la democracia directa ha sido bastante generalizado durante un tiempo, incluso por políticos cuyos perfiles no responden exactamente a los de gobernantes populistas. El campeón de los referéndums fue sin duda David Cameron, un brillante político que cosechó notables éxitos en muchas áreas, pero al que perdió su afición por los referéndums. En las dos consultas que convocó se jugó la estabilidad de su país a cara o cruz, y no me parece que ninguna de ellas —la perdida sobre el Brexit, pero también la ganada sobre Escocia— haya dejado una mejor situación que la de partida. También el ex primer ministro griego, Alexis Tsipras, convocó un referéndum para que hablara el pueblo griego frente a los «halcones» de Bruselas. Lo malo es que el pueblo habló y su voz fue luego ignorada por el propio Tsipras, que acabó poniéndose a las órdenes de las instituciones europeas e hizo justo lo contrario de lo que el pueblo había manifestado. Lo mismo podría decir de lo ocurrido en España, en concreto en Cataluña, pero este es un asunto al que volveré más adelante.

En suma, convocar al pueblo directamente, algo que los populistas consideran indispensable para su visión de la democracia auténtica, no garantiza que el interés del pueblo votante quede mejor preservado que cuando las decisiones las adopta el Parlamento, como sucede en las democracias representativas.

No puede negarse que la democracia representativa tiene un punto de elitismo porque la política se ha vuelto una actividad muy compleja. Casi nadie se atreve a decirlo con la claridad con la que lo expresó en su día Schumpeter: «La primera condición para el éxito del método democrático es que el material humano de la política sea de calidad suficientemente alta». Existen multitud de condicionantes que limitan nuestra capacidad de actuación, normas a las que debemos someternos, y no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Las negociaciones de Bruselas son muchas veces un rompecabezas diabólico, difícil de entender para los políticos profesionales y absolutamente ininteligible para quienes no lo son; y qué decir de asuntos tan delicados como el sistema de financiación autonómica, la formación de los precios de la energía o las implicaciones de los preceptos constitucionales. Nada de eso cabe en un tuit y tampoco en el titular de un periódico.

Ese elitismo y esa lejanía del lenguaje popular es la consecuencia de la dificultad y la complejidad técnica de los asuntos que habitualmente tenemos que gestionar, pero también de los límites que a lo largo de la historia hemos ido poniendo al ejercicio del poder, así como de los necesarios pactos entre distintos actores: distintos partidos, distintas organizaciones, distintos países. Decir que estamos juntos a favor de la paz no necesita matices y no genera ninguna complicación, pero cuando tenemos que negociar la redacción de una ley, las cuotas de pesca entre distintos países o el protocolo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cuestión se vuelve extremadamente compleja y es imposible despacharla con una consigna propagandística. En ese momento sí se necesitan personas especializadas y con liderazgo, capaces de valorar todos los elementos que están en juego y actuar en consecuencia.

Siempre he dicho y mantengo que gobernar no es nada fácil. No hay más que recordar las enormes dificultades que ha encontrado el Gobierno para activar el Ingreso Mínimo Vital. Un año después de su puesta en marcha con gran fanfarria propagandística, solo había llegado a una de cada cinco familias que lo habían solicitado. Evidentemente, resultaba mucho más fácil prometerlo en un mitin o en un programa electoral que hacerlo realidad desde el Gobierno y con la eficacia suficiente para que pudiera llegar de manera efectiva a quienes lo necesitan.

A mí también me ocurrieron episodios similares. Cuando llegamos al Gobierno a finales de 2011 teníamos la firme determinación de racionalizar el calendario de festivos para evitar los famosos «puentes» que tanto perjudican la actividad económica. Se puso a ello una de las personas más entusiastas y perseverantes que conozco: la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Fátima, que además tiene una capacidad extraordinaria para cerrar acuerdos casi imposibles, echó todas las horas y todos los argumentos del mundo para explicar la necesidad de ordenar de forma razonable el calendario laboral. Todos sus interlocutores estaban de acuerdo con el objetivo, pero nadie quería renunciar a su fiesta. Ni la Iglesia a las suyas, ni los sindicatos al Primero de Mayo, ni las comunidades autónomas a su día festivo oficial ni los ayuntamientos a su santo patrón. Resultado: ahí siguen los puentes de diciembre o de mayo, imperturbables al afán racionalizador de Fátima. Hay que decir, sin embargo, que con otros objetivos en apariencia más difíciles, como la reforma laboral, tuvo unos resultados extraordinarios.

Indudablemente gobernar no es tarea fácil, como no es fácil hacer buenas leyes. Eso acaba siendo una labor encargada a personas especializadas en ello. Podemos y el movimiento del 15-M forjaron su éxito sobre esa denuncia de la casta. Su lema para atacar a quienes llevábamos años en la vida pública era el famoso «No nos representan» que se escuchaba en las calles, las manifestaciones y las tertulias de televisión. Cuando ellos llegaron al Congreso, dejamos de escuchar aquella consigna; los que presumían de ser los auténticos representantes del pueblo pasaron a comportarse no igual que sus predecesores, sino bastante peor. Le ahorro al lector los detalles de los numerosos ejemplos porque están en la mente de todos. Pero además demostraron que, salvo honrosas excepciones, carecían de la cualificación y los conocimientos necesarios para ejercer con eficacia la misión que tenían encomendada de representar los intereses de los ciudadanos. Prueba de ello es la ínfima y absolutamente prescindible aportación de los ministros de Podemos a la gobernación del país durante estos años.

EL ADANISMO Y EL FUTURO IDÍLICO

Cuando uno rechaza la casta gobernante, rechaza también sus obras. En consecuencia, los populistas se caracterizan por poner en tela de juicio todo lo construido antes de su llegada al mundo. El adanismo es otra de sus invariables señas de identidad. Lo que ocurrió antes de su advenimiento resulta ser malo, perverso o sencillamente defectuoso o antidemocrático.

En consecuencia, procede descalificar todo lo anterior: los partidos tradicionales y sus obras, singularmente las instituciones que han ido creando a lo largo del tiempo. El adanismo de los populistas les lleva a cuestionarlo todo. Nada sirve, ni los que gobernaron o ayudaron a construir democracias, ni sus logros. No vale la Constitución, no vale la Unión Europea, no valen las instituciones multilaterales; todas sus posibles imperfecciones o limitaciones —que indudablemente tienen— no son susceptibles de mejora sino merecedoras de piqueta.

Pablo Iglesias cuestionaba el régimen del 78; Salvini, la Unión Europea, y Trump, la Organización Mundial del Comercio. En los tres casos ignoraban o mentían deliberadamente sobre los indudables beneficios que el objeto de sus críticas había reportado a la convivencia y al progreso a lo largo de las últimas décadas.

El credo populista de cualquier ideología ordena la excomunión de todo aquello que huela a tradición. El mundo debe empezar de nuevo, ignorando la experiencia y también la prudencia. Según ellos, esos son valores burgueses e instrumentos para que la casta perpetúe sus privilegios.

Por tradición familiar, por lecturas y por talante, yo me considero una persona conservadora que no tiene nada que ver con un inmovilista. Eso sí, desconfío de las revoluciones: me inclino más por los cambios graduales dictados por la prudencia y por introducir reformas. Nunca he pretendido ser otra cosa, por lo que nadie puede esperar de mí más que un planteamiento rotundamente contrario a este adanismo. Creo que es preciso cuidar y preservar lo que hemos recibido para legarlo, mejorado, a la próxima generación. No soy partidario de dilapidar las herencias familiares ni de ignorar la experiencia política que nos ha traído hasta aquí. Ya Ortega decía que «romper la continuidad con el pasado, que es comenzar de nuevo, es aspirar a descender y plagiar al orangután», y Maquiavelo afirmaba que «no hay nada más difícil de conducir, ni de éxito más incierto, ni de más difícil gestión, que el inicio de un nuevo orden de las cosas». Por eso me irrita profundamente el adanismo cuando lo veo a mi alrededor. No encuentro mayor muestra de soberbia, frivolidad e imprudencia que despreciar las lecciones de la historia. Y me temo que eso ocurre con mucha más frecuencia de lo recomendable.

Durante la crisis del procés en Cataluña repasé las lecturas y los debates de Ortega y Azaña, por si podía encontrar alguna clave o algún razonamiento que me sirviera para entender la situación que los independentistas habían creado ochenta años después, y me sorprendió encontrar argumentos y conceptos idénticos a los que estábamos manejando en 2017. Allí estaba escrito todo, y casi un siglo después volvíamos a las andadas sin haber aprendido nada de la historia. El adanismo es peligroso, porque actuar con frivolidad siempre tiene consecuencias, y no es una conducta exclusiva de los populistas. En 2006, cuando a José Luis Rodríguez Zapatero le preguntaron por el riesgo de ruptura que suponía el Estatuto de Cataluña que entonces estaba promoviendo, respondió que en diez años «Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos». Toda una muestra del «optimismo antropológico» que profesaba. La realidad, como todos sabemos, resultó justo la contraria y todavía seguimos en ello.

La historia nos enseña, y cualquier persona responsable debe tener presente sus lecciones. El voluntarismo que acompaña invariablemente a quienes creen que la historia comienza con ellos casi nunca conduce a resultados positivos. El optimismo de la voluntad es una consigna que gusta a los revolucionarios de toda condición, pero suele esconder un profundo desdén hacia la realidad y las limitaciones que esta nos impone.

Algo de ese adanismo he encontrado en quienes aquí en España están empeñados en hacer siempre la segunda Transición, como si la primera hubiera sido defectuosa o incompleta; como si siempre tuviéramos que estar sometidos a una especie de reválida de nuestra fe democrática. Este tipo de argumentos me resultan bastante enojosos; si ya disfrutamos de una democracia plena, ¿hacia dónde queremos avanzar?, ¿quién nos garantiza que el destino es mejor que el punto de partida?, y sobre todo ¿cómo garantizamos el final feliz antes de emprender tan incierto viaje? La Transición democrática, la única y la que cosechó admiración en todo el mundo, significó el paso de un régimen autoritario a una democracia que figura entre las más sólidas del mundo. ¿Hacia dónde se transita cuando uno ya parte de una democracia ejemplar? A mí no me aburre la estabilidad en lo bueno, a diferencia de otras personas que sí parecen aburridas porque andan en una búsqueda constante de excusas para vivir experiencias emocionantes. Yo no me aburro. Es más, creo que la buena política, la que de verdad rinde resultados positivos a la vida de las personas, tiende a ser bastante aburrida. Las emociones, en política, son arriesgadas… Casi siempre sale alguien perdiendo.

El adanismo que comparten todos los populismos va de la mano de su promesa de un futuro maravilloso que nunca acaba de llegar; son las dos caras del mismo proceso: todo lo anterior merece ser sepultado y todo lo que está por llegar será maravilloso. A mi juicio, es una manera bastante adolescente, por no decir infantil, de relacionarse con la realidad. Como los optimistas de la voluntad nunca nos explican en qué consiste esa democracia mejorada milagrosamente, los conservadores escépticos tenemos derecho a recelar de ese futuro idílico mientras no nos demuestren de manera fiable sus proclamadas ventajas.

«Get Brexit Done». Así ganó Boris Johnson las elecciones británicas de 2019 después de haber saboteado el acuerdo negociado por su antecesora Theresa May con las autoridades de Bruselas. May tuvo la desgracia de tener que hacer frente a dos tendencias populistas muy acusadas: la extrema izquierda de Jeremy Corbyn y la de los furibundos líderes euroescépticos de su partido. A ninguno de ellos parecía importarle algo que ella consideraba esencial —y yo comparto su opinión— en unas negociaciones muy complicadas. May no quería bajo ningún concepto que el Brexit supusiera un daño a la unidad de su país, y esa fue su prioridad a la hora de enfrentarse a la tarea de pactar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Como todos sabemos, el Brexit tiene un escollo casi insalvable en la cuestión de Irlanda del Norte. La salida del Reino Unido del mercado interior europeo obliga a restaurar las fronteras comerciales con el resto de la Unión, pero ello implicaría reinstaurar la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, lo que viola el Pacto de Stormont. La cuestión no admitía muchas opciones: o se dejaba a Irlanda del Norte dentro del mercado interior de la Unión, lo que cuestiona a medio plazo la integridad territorial del Reino Unido y la igualdad de todos sus ciudadanos, o se violaban los acuerdos de paz de Irlanda del Norte que pusieron fin a décadas de terrorismo.

May primó la unidad del país y por eso pactó un largo periodo en el que el Reino Unido seguiría participando del mercado interior de la Unión Europea. Pero eso no gustó a los líderes del «Get Brexit Done», que exigían una salida rotunda e integral, así que estos acordaron abandonar el mercado único y la unión aduanera de manera inmediata para ganar su soberanía comercial, pero aceptaron que las reglas de la Unión se siguieran aplicando en el Úlster para no incumplir los acuerdos de paz. Renunciaron a la igualdad. En vez de tener una frontera entre las dos Irlandas, tienen una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, una frontera dentro del país. Como suele ocurrir, quienes advirtieron de las graves consecuencias de este acuerdo fueron tildados como agoreros, aunque no pasó mucho tiempo hasta comprobar que los agoreros estaban en lo cierto.

Desde entonces los problemas no han dejado de sucederse, cualquier elemento dispara el malestar y a veces la violencia. Un día se siembra la alarma mundial amenazando con incumplir tratados internacionales, otro se producen incidentes por los controles aduaneros en el puerto de Belfast o por las limitaciones a la importación de salchichas congeladas de Gran Bretaña; el hecho indiscutible es que la cuestión de Irlanda del Norte se ha convertido en un foco constante de problemas, hasta el punto de que llegó a capitalizar casi todo el interés de la primera cumbre presencial del G-7 después de la pandemia, celebrada en Cornualles, con una disputa pública entre el presidente francés, Macron, y el primer ministro británico, Johnson.

Cada vez que los responsables comunitarios exigen al Gobierno británico el cumplimiento de los términos de su acuerdo de salida de la Unión, la respuesta de Londres es la misma: tildan a Bruselas de «puristas» e «intransigentes» y apelan a la unidad de su país. La misma unidad que despreciaron con olímpica soberbia a la hora de lograr su acuerdo de máximos. Esta continua disputa en torno a las más variadas cuestiones está deteriorando a toda velocidad el tono de las relaciones entre los antiguos socios y en más de una ocasión se desliza por la pendiente de la hostilidad.

Para mí esta cuestión del Brexit en Irlanda del Norte es uno de los mejores ejemplos de cómo suelen acabar las promesas idílicas de aquellos que vienen a inaugurar la historia. A la hora de cerrar este libro, el Reino Unido vive una crisis de abastecimiento que ha obligado a recurrir al ejército para llevar carburante a las estaciones de servicio, así como a la población reclusa para atender tareas que hasta ahora venían desempeñando los inmigrantes. En una de las gasolineras desabastecidas se pudo ver un cartel que decía: «Si ha votado Brexit, por favor vaya al final de la cola».

Es cierto que, al inicio de la pandemia, el Reino Unido supo gestionar la compra de vacunas con más agilidad que la Unión Europea. Hay quien piensa que solo con eso quedan desautorizados los argumentos de todos aquellos que advertimos sobre las consecuencias de la salida de la Unión. Pero más allá de la cuestión irlandesa, hay otros datos ya preocupantes sobre las consecuencias del Brexit cuyos efectos se seguirán notando a medio plazo. Me refiero a la caída de sus exportaciones, el aumento de los costes salariales, la falta de mano de obra, el desabastecimiento de ciertos productos o la multiplicación de trámites burocráticos, por no hablar de la creciente tensión territorial con Escocia.

Hay otros ejemplos de promesas engañosas sobre futuros idílicos que nos resultan mucho más cercanos, como la asumida con notable entusiasmo por los nacionalistas catalanes. La tesis es conocida: cuando consigamos la independencia «todo irá mejor», «vendrán nuevas empresas», «Madrid ya no se apropiará indebidamente de nuestro dinero», «Cataluña ingresará en la Unión Europea en un cuarto de hora con todos los parabienes», «viviremos, en suma, en la Arcadia feliz, un lugar maravilloso, sin preocupaciones, con el mejor futuro por delante». El único problema es que la dura realidad tardó poco en desmentir tales ensoñaciones. Las empresas se marcharon y el Estado tuvo que acudir en auxilio de la Administración autonómica, utilizando el Fondo de Liquidez Autonómico que pusimos en marcha durante mi etapa en la Presidencia del Gobierno y que sirvió para evitar la quiebra de la Generalitat: hubo que pagar a sus proveedores porque la Generalitat no cumplía con sus compromisos. Y Europa los puso en su sitio exigiendo respeto a la Constitución española y a las reglas de juego. Así las cosas, la impresión general es que los nacionalistas solo han conseguido perjudicar los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Triste bagaje el suyo, tan alejado de aquel mundo feliz que prometían.

EL MORALISMO COMO COARTADA

Si la izquierda se ha atribuido tradicionalmente el monopolio de la verdad y de los buenos sentimientos, los populistas han elevado esa superioridad moral a una nueva categoría. No solo son los buenos, son los justos; y en aras de esa «justa indignación» cualquier error, cualquier mentira y cualquier atropello encuentran amparo y disculpa. Insisto, ya no se trata de la habitual superioridad moral, sino de generar una especie de resentimiento que justifica la descalificación integral del adversario y, en su forma más radical, la legitimación de comportamientos intolerables como los acosos personales. Se trata, en definitiva, de dar un barniz de grandeza moral a lo que no es más que una nueva edición de los viejos y rancios odios sociales que tanto hemos luchado por superar: odio al extranjero, al de otra raza, al de otra clase, al de otra ideología… Odio al diferente.

Pensemos en los famosos escraches que durante mucho tiempo tuvieron como víctimas propiciatorias, casi en exclusiva, a los dirigentes del Partido Popular. Todos recordamos las imágenes de Cristina Cifuentes caminando sola por la calle y acosada por una banda de energúmenos, la concentración que montaron ante el domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría, o la situación que vivieron los hijos de Esteban González Pons cuando un grupo de brutos se puso a aporrear la puerta de su casa estando ellos dentro. Una de las primeras en sufrir este tipo de prácticas antidemocráticas fue Rita Barberá, que durante meses tuvo que soportar la presencia de manifestantes en las puertas de su casa —un piso de alquiler, no un chalet en propiedad— sin que nadie se escandalizara por ello. Durante 2012 y 2013, el escrache al dirigente del PP fue el deporte favorito de la extrema izquierda en España.

Cuando esto sucedía, la posición que mantuvo Podemos fue de absoluta comprensión y legitimación. ¡Cómo no los iban a justificar si eran cosa suya! Por aquel entonces, Pablo Iglesias llegó a calificar los acosos como «jarabe democrático», afirmando que «si no hay justicia, hay escrache», atribuyéndose acaso inconscientemente la condición de juez. Quizá no le influyeron para bien las enseñanzas de antiguas compañías, como la del caudillo venezolano Hugo Chávez, del que llegó a decir: «Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos. […] Los escraches son la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo».

Por fortuna para todos, con el tiempo empezó a ver las cosas de otro modo. Aunque esto no se produjo hasta que él mismo fue hostigado de manera injusta y antidemocrática delante de su casa. Entonces afirmó que «este tipo de acciones son negativas y contribuyen a la crispación social […] hay determinadas normas que es necesario cumplir»… Tenía razón, pero solo se enteró cuando la fiesta llegó a su barrio. Luego, en una rotunda impugnación de su discurso de antaño, pidió amparo a los tribunales y solicitó una condena de un año y medio de cárcel para uno de los manifestantes. Descubrió en carne propia el valor de la justicia real y no la que él se atribuía en el pasado.

Lo que me interesa de esta reflexión no es tanto la evolución personal del antiguo líder de Podemos, sino recordar la tolerancia generalizada que en un momento determinado se tuvo hacia el fenómeno. Se diría que como las víctimas eran militantes del PP, la cosa resultaba menos grave.

Un acoso es un acto de violencia. Así de simple y así de rotundo. Cualquier acoso ejercido contra una persona es violencia y sobra toda justificación, por imaginativa que sea. Quien haya tenido que pasar por una situación similar sabe a lo que me refiero. Cualquier persona debe ser respetada más allá de sus ideas, de sus circunstancias personales o de su militancia política. No sé si este tipo de conductas están tipificadas como corresponde en nuestra legislación; no ignoro que en los pocos casos que se han llevado ante la justicia ha prevalecido el criterio de respeto a la libertad de expresión y manifestación. Pero ello no convierte los acosos en menos execrables.

Yo he vivido situaciones que no le deseo a nadie, como la de asistir a funerales en el País Vasco con un nutrido grupo de exaltados insultándome y llamándome «asesino», y sé lo que se siente, como lo saben, porque también lo vivieron, y muy intensamente, los militantes del Partido Popular y otros muchos ciudadanos vascos.

Es lo mismo que experimentamos ante el entusiasta «comité de recepción» que los secesionistas nos montaron a todas las autoridades que acudimos a Barcelona en agosto de 2017 a manifestar nuestra solidaridad con la ciudad después del terrible atentado terrorista de las Ramblas. Creo firmemente que la mayoría de los manifestantes compartían el mismo duelo que nosotros, pero un curioso servicio de orden había permitido que el grupo más vociferante y menos preocupado por el atentado nos acompañara durante todo el trayecto coreando todo tipo de consignas contrarias a mi persona y al rey Felipe VI. Consignas que nada tenían que ver con la condena del terrorismo. Por cierto: esas almas cándidas que mantienen que la hostilidad del independentismo al monarca arranca de su histórico discurso del 3 de octubre de 2017 deberían repasar las imágenes y los lemas que se vieron y se escucharon en aquella manifestación para comprobar que el acoso a la monarquía viene de antiguo.

Todos estos hechos y muchos otros de similar naturaleza, que podría enumerar y que están en la mente de todos, reflejan una deriva inquietante en nuestros usos democráticos, mediante la criminalización del adversario político y, con ella, una mayor crispación social y la degradación del debate público. A falta de argumentos y de razones se opta por estigmatizar al adversario, convertirlo en alguien tan execrable que ni siquiera tenga el derecho a opinar, y si llegara a hacerlo, que sus opiniones deban ser rechazadas sin la menor consideración. En su libro Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt advierten contra esta práctica cada vez más generalizada:

Podemos estar en desacuerdo con ellos e incluso sentir un profundo desprecio por ellos, pero los aceptamos como contrincantes legítimos. Ello implica reconocer que nuestros rivales políticos son ciudadanos decentes, patrióticos y que cumplen la ley, que aman al país y respetan la Constitución tanto como nosotros mismos. Significa que, aunque creamos que sus ideas son ilusas o erróneas, no los concebimos como una amenaza existencial, ni nos dedicamos a tratarlos como personas traidoras, subversivas o al margen de la sociedad.

Lamentablemente, he de decir que en muchas ocasiones he sentido que ni a mí ni a mis compañeros se nos daba ese trato de ciudadanos «decentes y patrióticos que aman al país».

Aún recordamos muchos, porque las vivimos, las atroces campañas, jaleadas por algunos desde determinados medios de comunicación, demonizando al Partido Popular. Mi partido tiene cuarenta años de historia, entre los que no faltarán algunos errores, pero puede presentar una brillante hoja de servicios en beneficio de España y de los españoles. Sin embargo no se nos han discutido nuestras políticas, se nos ha atacado por lo que somos o por la caricatura que han querido hacer de nosotros. Lo mismo sucedió en nuestro entorno con otras fuerzas políticas y con más éxito que en España, donde los dos primeros partidos aún siguen siendo los mismos desde el principio de la democracia. Esto no se produce en países como Italia o Francia, donde los partidos tradicionales han sido prácticamente borrados del mapa.

Ese moralismo militante lo encontramos en todo lo que hace referencia al fenómeno de lo políticamente correcto, que cada día resulta más avasallador y atosigante. Lo políticamente correcto respondía inicialmente al intento de cuidar a los colectivos que pudieron ser víctimas de discriminación y evitar utilizar palabras o expresiones que de alguna manera prolongaran dicha discriminación. Pero en algún momento la cosa se fue de las manos y hoy este tipo de actuaciones solo parecen buscar la división y la fractura y mostrar la superioridad moral de una parte de la sociedad sobre los demás. Esta fiebre nos ha deparado recientemente episodios tan chuscos como la destrucción de cinco mil libros y cómics en Canadá porque difundían estereotipos negativos de los aborígenes. Entre los condenados a la hoguera figuraban peligrosos personajes de ficción como Lucky Luke, Astérix, Tintín o Pocahontas.

En Estados Unidos hay abierto un gran debate a propósito de estos asuntos derivados de la llamada «cultura de la cancelación». En virtud de este movimiento es legítimo acosar o censurar a escritores, periodistas o profesores universitarios solo por no seguir a pies juntillas el dictado de una especie de factoría de justicia social que se ha adueñado de las universidades y del mundo cultural. Por muy nobles que sean las causas que se quieran defender, como la lucha contra la discriminación racial o los derechos de las mujeres, es absurdo pensar que la censura resulte la mejor manera de apoyar causa alguna.

En España, por fortuna, aún no hemos llegado a esos límites, aunque tenemos la Ley de Memoria Democrática que ha elaborado el Gobierno y que, según el Consejo General del Poder Judicial, en su redacción inicial cuestiona principios democráticos tan básicos como los derechos de reunión y de libre expresión. También algunas iniciativas que han salido del ministerio de Irene Montero menoscaban el principio fundamental de la igualdad de derechos entre las personas.

Supongo que los tribunales acabarán poniendo las cosas en su sitio, ya que es el mecanismo que las democracias liberales han fijado para la protección y la defensa de las personas y sus derechos por encima de cualquier otra consideración. En todo caso, al hilo de este debate, no me resisto a recordar las reflexiones de Ricardo Moreno Castillo, un profesor de Matemáticas y doctor en Filosofía que con bastante sentido del humor quiso demostrar que el lenguaje inclusivo, aunque sea políticamente correcto, cojea en materia de lógica:

Decimos «las atletas y los atletas», y no «las atletas y los atletos» (y además quedaría un poco feo decir «las logopedas y los logopedos»). […] Curiosamente, los políticos más cuidadosos que hablan de «los afiliados y las afiliadas» no tienen inconveniente en decir (con toda la razón del mundo, además) que «los corruptos deben ir a la cárcel», y nadie de quienes escuchan entiende que las señoras que se corrompen no hayan de pagar también por sus delitos. No hace falta decir «los corruptos y las corruptas deben ir a la cárcel» para que todo el mundo lo comprenda. Asimismo, basta con decir que «hay que castigar a los ladrones» o que «hay que perseguir a los asesinos» para que se advierta sin necesidad de ulteriores aclaraciones que también hay que castigar a las ladronas y perseguir a las asesinas. Y cuando se oye decir que «en este mundo no cabe un tonto más», nadie interpreta que a una tonta sí se le podría hacer sitio si nos apretamos todos un poco.

EL DISCURSO TRAMSPOSO Y EL LÍDER MESIÁNICO

Todavía hay dos elementos más que, a mi juicio, son característicos del populismo, al margen de la ideología de turno que pueda abrazar en un momento o un lugar determinado. Me refiero a un estilo de lenguaje y un estilo de liderazgo. Probablemente ambos estén relacionados entre sí, porque si algo define a este tipo de líderes políticos es su discurso político.

El lenguaje populista contiene todos los rasgos que hemos venido comentando en las páginas anteriores: el antielitismo, el adanismo, la búsqueda de un enemigo o la promesa de un futuro idílico. Además, siempre, inevitablemente, aparecen los sentimientos por encima de la racionalidad. Es un tipo de discurso a menudo tramposo, pero vibrante, emotivo y popular. Tenemos que admitirlo: los populistas saben hablar a los ciudadanos de una manera distinta a los políticos convencionales, y aquí radica uno de sus principales atractivos. Ese lenguaje desabrochado y sin matices se convierte en una especie de marchamo de autenticidad frente a la «lengua de madera» que se atribuye al resto de los representantes políticos. El demagogo dice en público lo que muchos pueden comentar con ligereza en una tertulia de bar con los amigos; y es esta falta de inhibición la que los hace atractivos o cercanos.

Asimismo, siempre tiene una opinión tajante sobre cualquier asunto que se pueda plantear. ¿Para qué los matices, las segundas consideraciones o las cuestiones técnicas? El mundo maniqueo que dibuja este tipo de políticos exige también un discurso maniqueo. Al pan, pan, y al vino, vino. Y así las complicaciones cada vez mayores de nuestro mundo se despejan por ensalmo. Es un lenguaje para excitar y canalizar la indignación, no para encontrar soluciones a los problemas reales.

Semejante discurso político no se deja limitar por las convenciones ni por las buenas formas, pero tampoco por la realidad, y ahí entra lo más característico del asunto, su desprecio más absoluto por la verdad. Esto resulta tan innovador como inquietante. Todos los políticos nos hemos tenido que comer en alguna ocasión nuestras palabras o nuestras promesas; lo hacemos sin entusiasmo y normalmente, en una democracia saludable, intentamos explicar las razones de nuestro cambio de postura. Me refiero a eso que ahora se ha dado en llamar accountability y que no es más que el viejo concepto de la rendición de cuentas que define a una democracia saludable, aunque dicho en inglés parezca una novedad. O acaso parece nuevo porque hace tiempo que ha dejado de practicarse… ¡vaya usted a saber! El caso es que nada de esto tiene que ver con el uso sistemático de la mentira como herramienta política.

Cambiar de postura no es un pecado, pero hay que explicarlo y admitir que la realidad te impide o te desaconseja cumplir todas tus promesas electorales. En cambio, mentir de forma deliberada, pertinaz y gratuita sí es una grave perversión, porque destruye la base de la deliberación pública. En un artículo publicado hace algún tiempo, la catedrática de Ética y Filosofía Adela Cortina apuntaba precisamente a ese riesgo. Para que la comunicación sea real, señalaba, para que exista un diálogo digno de tal nombre, se han de cumplir ciertas condiciones que enumera así: «La inteligibilidad de lo que se dice, la veracidad del hablante, la verdad de lo afirmado y la justicia de las normas», y añadía: «Si esas pretensiones se adulteran, no hay palabra comunicativa ni auténtico diálogo, sino violencia por otros medios, violencia por medios verbales: discurso manipulador, discursos del odio, que dinamitan los puentes de la comunicación y hacen imposible la vida democrática».

Yo no soy catedrático de Ética ni de Filosofía; aun así, soy igualmente capaz de ver el daño que produce la mentira sistemática en la deliberación pública. Rompe la confianza entre los ciudadanos y sus representantes, pero también rompe la confianza entre los distintos actores políticos. ¿Cómo dialogar, pactar o acordar nada con alguien que no se siente atado ni por su palabra ni por la realidad?

Llegados a este punto de mis reflexiones, era inevitable volver a la situación española y al sinfín de ocasiones en que los miembros del Gobierno han faltado a la verdad de forma flagrante. La tarea de resumir este comportamiento me resultó hercúlea, algo que va mucho más allá de las pretensiones de este libro. Es difícil encontrar precedentes de tantas afrentas a la verdad, y más difícil aún es encontrar una justificación de dicha actitud. No es mi tarea ni el objetivo de este libro. Son los políticos que ahora mismo ejercen sus responsabilidades quienes deben poner al Gobierno frente al espejo de sus conductas. Pero como ciudadano y político retirado no puedo por menos que lamentar la degradación del lenguaje público que se produce de forma tan gratuita. Todos los ciudadanos, incluso quienes no los han votado, tienen derecho a que sus gobernantes se hagan merecedores de su confianza. Probablemente, la autenticidad absoluta nunca sea posible en política, pero la falsedad sistemática liquida las bases de la democracia.

La mentira, cuando es deliberada, siempre es un subterfugio para justificar posiciones indefendibles o para escamotear la obligada rendición de cuentas por parte del gobernante. En cualquiera de ambos casos es una perversión que mina la confianza de los ciudadanos en sus representantes y deteriora la calidad de la vida política.

Donald Trump se empeñó en mantener que le habían robado las elecciones cuando todas las evidencias indicaban lo contrario, pero aquella actitud deliberada cebó la indignación de sus seguidores, muchos de los cuales siguen hoy convencidos del fraude electoral, algo de lo que aún se resiente la convivencia política en Estados Unidos.

Todas las características que definen el populismo —su desprecio por la democracia representativa, su dialéctica política maniquea, su adanismo o su sentimentalidad— conducen necesariamente a un modelo específico de representación política basado en un hiperliderazgo. El líder carismático y excepcional que no se parece a ninguno de los políticos anteriores; él es el único que sabe escuchar e interpretar la auténtica voz del pueblo, sin intermediarios, sin límites, sin controles. Frente a ese liderazgo excepcional, todos los demás instrumentos de participación política palidecen y se vacían.

La cosa empieza por el carisma y termina en muchos casos en el abierto autoritarismo; si el líder es el único intérprete de la voluntad popular, la voluntad del líder acaba siendo el único motor de la acción política. Y así hemos visto muchos casos a lo largo de la historia. Este es el modelo de Juan Domingo y Evita Perón que ha hecho de Argentina lo que hoy es. Existe un término que define la evolución económica del país, «la paradoja argentina». Solo así se puede explicar que el país que en 1913 era el décimo del mundo en renta per cápita ahora ocupe el puesto 75.º Argentina ha suspendido el pago de sus deudas en nueve ocasiones y es el único país americano que es más pobre de lo que era hace un siglo. Un modelo este que también han compartido, con los matices que se quiera, Castro, Chávez, Maduro, Ortega y otros. Hay populistas de nuevo cuño, como Bolsonaro o López Obrador, que también responden a este mismo modelo.

Tal vez el más curioso de ellos sea este último, el izquierdista Ángel Manuel López Obrador, presidente de México, que concita en su personalidad política todos los rasgos que definen a este nuevo populismo, además de un notable apoyo popular pese al del raquítico éxito de sus políticas. El populismo de AMLO, que sorprendentemente llegó a entenderse de maravilla con Trump, es una mezcla de nacionalismo antiespañol (a pesar de sus orígenes cántabros) y nostalgia de la época revolucionaria mexicana. Esta combinación es el eje fundamental de su discurso político y de esas «mañaneras» (el «Aló Presidente» mexicano) con las que ha revolucionado la comunicación gubernamental.

Este «mesías tropical», como fue bautizado por Enrique Krauze, se presenta ante sus seguidores cada mañana como un hombre providencial que, en vez de dar cuenta de su gestión, dedica su intervención a la propaganda y al señalamiento de críticos, opositores y periodistas. Como señaló algún analista político del país, ha conseguido hacer que sus seguidores se sientan parte de una lucha épica: «Ha creado con ellos un vínculo emocional impermeable a la verdad, cerrado a la evidencia y blindado contra la realidad». Quiero recordar que antes de llegar a la Presidencia de México, perdió dos elecciones, las de 2006 y las de 2012. En ambos casos denunció fraude electoral y convocó concentraciones para impedir la toma de posesión de los presidentes electos, y también animó a ocupar el Congreso mexicano en 2008 y 2013 para protestar contra sendas reformas energéticas. ¿Les suena?

A mí esto de los líderes carismáticos siempre me ha producido cierta prevención; nunca he sentido ese tipo de fascinación por ningún político y tampoco he pretendido ejercerla sobre nadie. Acaso porque eso del carisma es un concepto de muy difícil definición y muy ajeno a la racionalidad y a la rendición de cuentas. Esa capacidad de seducción que ciertas personas —sobre todo los periodistas— reclaman a los políticos como si fueran estrellas de rock siempre me ha resultado algo muy poco recomendable.

Recuerdo una entrevista a principios de 2013 con el entonces editor del Financial Times, Lionel Barber, un periodista brillante que, como buena parte de sus colegas extranjeros, estuvo completamente seguro de que España iba a ser rescatada durante la crisis del euro. Cuando hicimos la entrevista, el riesgo del rescate ya había pasado. De hecho, yo no quise hacerla hasta entonces porque sabía positivamente que todos los titulares y todos los mensajes que iban a salir de ella serían relativos al rescate y eso hubiera empeorado aún más nuestra frágil situación. Cuando por fin hicimos la entrevista ese riesgo ya estaba superado y era posible trasladar mensajes de seguridad y confianza en el futuro. Después de una larga conversación en la que le expliqué todo lo que habíamos hecho y todo lo que íbamos a hacer, el señor Barber me soltó la pregunta más insospechada: «¿Qué lugar ocupa la poesía en sus ambiciones políticas?». Me preguntaba por la poesía cuando yo vivía angustiado por el desempleo, la prima de riesgo, la situación de las pensiones o la reducción del déficit… Así que contesté lo único que podía responder: «Lo mío es la prosa».

Sigo pensando así: creo que a la política le sienta mejor la prosa que la poesía. Las grandes promesas son fuente de las mayores decepciones. Yo no he querido encandilar a nadie y nunca he prometido mundos ilusorios o transformaciones históricas; he fijado prioridades, objetivos y medios para alcanzarlos. He querido tratar a los ciudadanos como adultos a quienes poder explicar las cosas esperando que las entiendan desde la racionalidad, no desde el encantamiento ni desde las quimeras. Ni siquiera dentro de mi partido he cultivado esa especie de cesarismo que ahora veo con tanta frecuencia en la política actual. Y creo que, a pesar de ser un hombre de prosa, no me ha ido mal en la vida. He tenido una larga y satisfactoria trayectoria política, he desempeñado muchas responsabilidades públicas y he contado con el apoyo muy mayoritario de mis compañeros de partido y con la confianza de los españoles durante un buen número de años. Un balance mucho más reconfortante que algunas carreras fulgurantes y carismáticas que se agotaron con la misma celeridad con la que fueron encumbradas.

EL DESAFÍO A LA LEY Y EL DESPRECIO A LAS INSTITUCIONES

Todos los rasgos del populismo van acompañados de un abierto desafío a la ley y al Estado de derecho. Esta es la característica más dañina que define la conducta populista: su desprecio a la ley y a las instituciones que definen la democracia liberal, sean los tribunales de justicia, los organismos reguladores o incluso la prensa, en la medida en que esta supone otra clase de control democrático del poder. Este tipo de instituciones constituyen el gozne sobre el que pivota el equilibrio entre el ejercicio del poder y el respeto a los derechos individuales. Son la garantía de la defensa de los segundos frente al primero y contribuyen a que el conflicto propio de la política se canalice de forma ordenada y dentro de unos límites que no rompan la convivencia. Precisamente por todo ello estorban a quienes, en nombre del pueblo, están dispuestos a sacrificar cualquier otro tipo de consideración. Todos los gobiernos populistas que han derivado hacia modelos autoritarios han seguido el mismo patrón. En primer lugar, ocupan las instituciones y las ponen a su servicio. Y si esto no es posible, articulan reformas legales para eliminar los controles de estas últimas en beneficio del «poder popular».

Sin llegar a esos límites que se dan en otras latitudes, quiero recordar que no es la primera vez que aquí, en España, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que salir a defender su independencia frente a los ataques de Podemos; especialmente de Pablo Iglesias, cuando este ejercía como vicepresidente del Gobierno. Cualquier decisión judicial contraria a sus intereses era recibida con una diatriba contra la integridad de nuestros jueces, a los que se tildaba de corruptos y parciales. Una actitud que en ocasiones ha contagiado a algunos miembros socialistas del Ejecutivo, que también han arremetido contra los tribunales de justicia, incluso contra el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cuando alguna de sus decisiones no les generaba demasiado entusiasmo.

Como todo el mundo sabe, en los últimos años el Partido Popular ha sido investigado en bastantes causas judiciales, la mayoría promovidas por nuestros rivales políticos; muchas acabaron en absoluciones, otras no, y otras, lamentablemente, parecen no acabar nunca. Sin embargo, mientras he sido presidente de mi partido, jamás ha salido de mi boca ni un solo reproche al poder judicial. Aunque tengo legítimas sospechas sobre la rectitud de alguna persona determinada, jamás he entrado en ningún tipo de descalificación ni de la justicia ni de los jueces en su conjunto. No he hablado de «jueces socialistas» ni de «jueces de extrema derecha». Siempre he intentado aplicar en mi quehacer diario el mismo principio teórico de respeto a la independencia judicial. Tampoco se he me ha ocurrido afirmar que una decisión judicial pudiera ser tachada de revancha o venganza y, desde luego, jamás se me hubiera pasado por la cabeza decir que la Fiscalía depende del Gobierno… Lo dejo ahí.

Las leyes y el Estado de derecho marcan las reglas de juego con las que podemos convivir de forma colectiva. Todos estamos sometidos a ellas, los poderes públicos y los ciudadanos. Los tribunales son los encargados de velar por su cumplimiento. En esto consiste el Estado de derecho, una de las grandes conquistas de las democracias modernas. Todos estamos bajo el dominio de la ley aplicada por jueces libres e independientes. La alternativa al imperio de la ley es la tiranía del más fuerte, la barbarie, o la anarquía. Tal y como sentenció Montaigne: «Las leyes mantienen su crédito no porque sean justas, sino porque son leyes».

En nuestro país han sido muchas las ocasiones en que hemos visto a políticos no solo instalarse fuera de la ley, sino deslegitimarla en función de intereses partidistas. Particularmente graves son los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en el año 2017, pero también en fechas anteriores. Uno de los episodios más graves fue la presencia de la presidenta del Parlamento de Cataluña, megáfono en mano, arengando a la multitud contra los miembros del poder judicial, en una manifestación que tuvo lugar delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el mes de septiembre de 2017. No creo que haya muchos precedentes de semejante acoso entre nuestros socios occidentales.

Tampoco hace falta llegar a extremos tan graves desde el punto de vista constitucional. Basta con recordar simplemente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, más conocida por sus siglas PAH, y STOP DESAHUCIOS, muy activos en España, de manera especial en Cataluña en los últimos años. Constituyen dos ejemplos muy claros de cómo entienden algunas personas la convivencia. Cuando algo no les gusta o sencillamente cuando les conviene, lo que procede es hacer lo que ellos decidan, porque supuestamente es lo que quiere el pueblo. La argumentación —más bien el trágala— se comprende muy bien: si alguien tiene dificultades reales o imaginarias para pagar la hipoteca o esta le resulta demasiado gravosa, los bancos tienen la obligación de resolver el problema, y si no encuentran una fórmula adecuada para hacerlo, pues ya cobrarán. Es su problema. Según esta peculiar manera de ver las cosas, los desahucios nunca son admisibles y los contratos de arrendamiento, papel mojado. Las leyes, las resoluciones judiciales y el interés legítimo y amparado por un contrato de los caseros, sean bancos o particulares, y sea cual sea su situación económica, no cuentan, no importan. Tal vez la solución a este enredo sea que los populistas nos digan para qué sirven los contratos y si hay que darles algún valor o no.

Este desbordamiento de la ley suele ir acompañado, eso sí, de una notable capacidad creativa. En Barcelona fue famoso el caso de la okupación de lo que se llamó entonces el «banco expropiado». Lo llamativo de aquel asunto, en una Barcelona donde las okupaciones de viviendas están a la orden del día, es que el equipo de gobierno del ayuntamiento decidió pagar al propietario (un conocido banco español) del edificio donde se habían instalado unos amables okupas el alquiler correspondiente para que de esa manera no se viera perjudicado en sus intereses. Toda una pequeña burla a la ley: los okupas consiguieron vivienda gratis, el banco (dueño del edificio) cobró sin problemas y fue el contribuyente el encargado de abonar la factura porque el político prefirió no meterse en líos.

Es notorio que hay maneras distintas de entender la democracia: la de la mayoría y la de los de la democracia real. Estos últimos protagonizaron, en septiembre de 2012, el movimiento Rodea el Congreso, que acabó en graves enfrentamientos con la policía delante del edificio de la Carrera de San Jerónimo, adonde acudieron para abrir «un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente». Que pidieran la dimisión de mi Gobierno en pleno era casi lo menos llamativo, porque también exigían la disolución de las Cortes, de la Jefatura del Estado, la abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de construcción de un nuevo sistema de organización política, económica y social. También decían que no pretendían invadir el Congreso, pero lo cierto es que solo la intervención policial evitó que viviéramos en Madrid los acontecimientos que se produjeron en el Capitolio de Washington nueve años más tarde. Poco tiempo después, algunos de los manifestantes de 2012 eran diputados. Ya no les hacía falta repetir la jugada, aunque lo volvieron a hacer en octubre de 2016. Entonces ya no querían acabar con la Constitución, solo impedir que yo fuera investido presidente del Gobierno, a pesar de haber ganado las elecciones con más de diez puntos de ventaja. ¡Cosas de la democracia real!

3

Causas y pretextos del populismo

Siempre tendremos razones para estar enfadados, pero esas razones rara vez serán buenas.

BENJAMIN FRANKLIN

LA EXCUSA DE LA INMIGRACIÓN

Durante la pasada campaña electoral a la Asamblea de Madrid, en la que venció con toda brillantez Isabel Díaz Ayuso, Vox intentó buscar un eco que no encontraban sus propuestas presentando un cartel electoral que consiguió un rechazo unánime. Podría decirse que esta formación política perseguía lo mismo que la dama de la anécdota referida en el Quijote: «satisfecha por verse con fama, aunque infame». Y ciertamente no parece que la notoriedad ganada durante apenas veinticuatro horas valiera el rechazo y la repulsa generalizada que suscitó la iniciativa.

El cartel confrontaba ante los ojos de los ciudadanos la exigua pensión de 425 euros de una anciana con los 4.700 euros que supuestamente costaba al erario público el mantenimiento de cada inmigrante menor de edad no acompañado. Más allá de la verdad o falsedad de las cifras aportadas o del hecho de que los tribunales no lo hayan considerado delictivo, el cartel era moralmente inaceptable por la manipulación de los datos.

También establecía un planteamiento maniqueo y una discriminación inasumible en términos éticos entre una jubilada y un menor inmigrante. Lo que veladamente venía a sugerir la imagen escogida era que el gasto dedicado a la atención de menores inmigrantes era el causante de la mísera pensión de la anciana. Insisto, moralmente inaceptable y conceptualmente tramposo. ¿Por qué escogieron los estrategas de Vox destacar el gasto destinado a los inmigrantes y no otras partidas, como pudieran ser las subvenciones a partidos políticos, de las que Vox se beneficia como el resto de las formaciones? ¿Por qué no comparar lo que cuesta la tutela de un menor de nacionalidad española y sí hacerlo con un extranjero? Las posibilidades de encontrar partidas con las que comparar la reducida pensión de la abuelita son infinitas, tantas como elementos se pueden encontrar en los presupuestos públicos: la educación, la sanidad, la dependencia, el gasto en personal administrativo, subvenciones a las políticas de género, etc. Pero de todas ellas se escogió una sola: la inmigración.

Vox quería entrar en campaña y quería hacerlo con uno de los pretextos que más réditos ha rendido a los populistas en todo el mundo: la cuestión de la inmigración. No importa que la población española siempre haya manifestado una actitud abierta hacia las personas inmigrantes. Lo que el dichoso cartel parecía perseguir era precisamente crear un problema donde no lo hay y convertirlo en munición electoral para sus promotores.

Los españoles somos, en este asunto, una excepción sorprendente en Europa. A pesar de las crisis económicas y a pesar del alto porcentaje de población extranjera, siempre nos hemos mostrado mucho más receptivos que nuestros vecinos europeos a la acogida de inmigrantes. Estas percepciones pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero hasta ahora ha existido un consenso bastante amplio en esta postura acogedora hacia los extranjeros. Las razones de este fenómeno pueden ser muy variadas: siempre ha habido una pedagogía institucional basada en la tolerancia, contamos con un porcentaje muy alto de inmigrantes procedentes de Iberoamérica cuya integración, por motivos culturales, resulta mucho más fácil. Incluso podemos pensar que en muchas familias españolas se guarda el recuerdo de tantos padres o abuelos que vivieron esta misma experiencia que los que hoy vienen a España; también ellos tuvieron que abandonar su lugar de nacimiento para buscar un empleo o un futuro más prometedor en otras partes del mundo ante la falta de expectativas que les ofrecía su país. Fuimos un país de emigrantes, a Europa y a América, e incluso dentro del propio territorio nacional, y acaso por ello somos uno de los países que mejor acogemos a los inmigrantes de hoy.

Últimamente, los barómetros del CIS han dejado de preguntar de forma específica sobre este asunto de la inmigración. Se diría que sus responsables dedican todos sus esfuerzos a una enorme producción de encuestas electorales, cuyos errores han causado un severo descrédito del Centro entre los estudiosos y la rechifla o el bochorno entre los ciudadanos de a pie. Pero mientras el CIS preguntó a los españoles sobre el tema, estos mostraron de forma inequívoca su comprensión hacia el fenómeno migratorio. Otros estudios, como la Encuesta Social Europea o el anuario de inmigración que periódicamente publica el CIDOB, coinciden en esta apreciación. El 52 % de los españoles, un porcentaje muy notable, reconoce que los inmigrantes hacen una importante contribución al desarrollo económico de España, y casi el 70 % afirma que los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer. En términos generales, el 46 % de los españoles considera la inmigración como algo positivo para el país, frente al 20,9 % que opina lo contrario.

Esta actitud positiva hacia la inmigración es algo que también me comentaban con admiración mis colegas en las cumbres europeas. Su sorpresa era aún mayor cuando descubrían que España presentaba un porcentaje de población extranjera muy similar al de sus propios países sin haber tenido problemas destacables de xenofobia o racismo. Nuestra población inmigrante se sitúa en el 12,9 % del total, por encima de la que presentan Francia (12,3 %) o Italia (10,5 %), pero inferior a la de Alemania (15,8 %) o el Reino Unido (14,2 %). En España se dan además dos particularidades: una es que parte de la población inmigrante no figura como tal porque accedió a la doble nacionalidad por sus ascendientes españoles, y otra es que el aumento de la inmigración se produjo de forma abrupta en muy pocos años. A pesar de ello y de las crisis económicas que hemos padecido, los españoles mantenemos esta actitud abierta hacia las personas extranjeras que vienen a trabajar a nuestro país. Y así nos lo reconocen nuestros vecinos. Un barómetro del Real Instituto Elcano sobre la imagen de España en el exterior de hace apenas tres años destacaba precisamente el valor de la tolerancia como nuestra cualidad más destacada, por encima de muchas otras.

Durante mi etapa de gobierno pude visitar casi todas las fábricas de coches de España; desde luego, las más grandes. La industria del automóvil fue un actor fundamental en la recuperación del país después de la crisis económica de 2008. Casi todas las multinacionales del sector decidieron invertir aquí, animadas por las reformas que estábamos impulsando desde el Gobierno. En una de esas visitas, comentando con los responsables internacionales de la empresa los fenómenos que estaban ocurriendo en Europa, salió a colación el asunto de la inmigración. Estos empresarios me trasladaron la preocupación que había por la cuestión migratoria. Ellos creían que la tasa de población extranjera en su país era inasumible. Cuando yo les dije, a modo de ejemplo, que en el nuestro había un millón de ciudadanos rumanos perfectamente integrados se quedaron atónitos. Era una cifra que superaba con mucho aquellas que tanto les inquietaban de su país.

En términos generales, los españoles no percibimos la inmigración como un problema social, y cuando se producen episodios de avalanchas migratorias en la frontera de Ceuta o de Melilla o en las islas Canarias, los ciudadanos prefieren culpar a la mala gestión del Gobierno o a la falta de colaboración de nuestros vecinos mientras mantienen una actitud mucho más comprensiva hacia los inmigrantes.

A pesar de todo ello y siguiendo la estela de partidos similares en Europa, Vox ha intentado hacer de esta cuestión materia de confrontación política. Así, un día un portavoz pide la intervención de la Armada para impedir la «invasión inmigratoria» en Canarias y otro se sacan de la manga el cartel de la campaña en Madrid al que me he referido antes, o se inventan cualquier otra baladronada para agitar el descontento y el malestar social. Todo vale menos decir la verdad y atender al fenómeno con responsabilidad y justicia.

Ahora bien, si tenemos que hablar de populismo xenófobo habrá que admitir que los pioneros en España fueron los independentistas catalanes. Desde Heribert Barrera cuando dijo que «la inmigración es la principal amenaza de Cataluña» hasta Quim Torra cuando se refería a los no catalanes como «bestias con forma humana que destilan un odio perturbado». Quiero subrayar que el autor de estas palabras presidió dos años y medio la Generalitat de Cataluña y nadie se escandalizó por estas palabras, que en cualquier otro país democrático hubieran supuesto la inhabilitación definitiva de su autor para cualquier actividad institucional. Hasta Marine Le Pen se vio obligada a repudiar políticamente a su padre por unas manifestaciones que no llegaban ni de lejos a la xenofobia mostrada por Torra.

Un último ejemplo de comportamiento xenófobo lo hemos presenciado hace algunos meses cuando los responsables de la Generalitat fueron obligados por la justicia a proceder a la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles destacados en Cataluña, algo que habían evitado durante toda la campaña. Mientras el resto de las fuerzas de seguridad presentaban unos porcentajes de inmunización del 70 %, los agentes destinados en Cataluña apenas llegaban al 15 % porque la Generalitat, la administración encargada de proceder a su vacunación, no los había convocado. Las mentes más dislocadas del soberanismo los consideran como fuerzas de ocupación y, en consecuencia, les negaron el derecho elemental de cualquier ser humano a recibir protección frente a una pandemia global. Hubo algún politiquillo que añadió un punto más de miseria al episodio al advertir que la inmunización de los policías dejaría sin vacunas a la población de riesgo. Como puede comprobar el lector, nada que envidiar al cartel de Vox.

Recurrir a la inmigración como argumento político es algo común a la gran mayoría de los populismos nacionalistas. Lo hizo Trump con su promesa de levantar un muro en la frontera con México, Salvini proponiendo un registro de gitanos en Italia y Orban al afirmar en plena pandemia que los inmigrantes ilegales significaban «una amenaza biológica». Podríamos citar numerosos ejemplos en la misma línea. En España, felizmente, este tipo de actitudes siguen siendo muy minoritarias. Baste recordar que Vox consiguió el 18 % de los votos de los madrileños en las elecciones generales de 2019, mientras que en las autonómicas de 2021, después de sacar a pasear el polémico cartel, se dejó exactamente la mitad de sus apoyos. Indudablemente tuvo mucho más éxito la gestión de Isabel Díaz Ayuso que la campaña de Vox intentando agitar un sentimiento que los españoles hoy no albergan.

A mi juicio, la actitud ante el fenómeno de la inmigración es uno de los elementos que delimitan de manera más nítida las diferencias entre los políticos populistas y quienes evitan este tipo de conductas. He dicho en alguna ocasión que la mejor postura frente a este asunto es hablar poco y hacer mucho. La demagogia con la inmigración en un sentido u otro, sea para rechazar a los inmigrantes o para plantear quiméricas propuestas de «papeles para todos», es profundamente contraproducente. La primera siembra problemas de convivencia y legitima planteamientos que acaban lindando en la xenofobia; la segunda, además de presentar un indudable aroma a superioridad moral, acaba generando otro tipo de problemas no menores como pueden ser estimular la actividad delictiva de las mafias o los abusos contra los extranjeros en situación irregular. Durante mi etapa de gobierno, siempre evité los discursos grandilocuentes sobre esta cuestión porque se prestan a la manipulación y al trazo grueso; por el contrario, dediqué muchos esfuerzos para que la inmigración fuera ordenada y no se percibiera como un problema.

Gestionar los flujos migratorios no solo es uno de los problemas más arduos a los que se enfrenta cualquier gobernante, también es uno de los que han adquirido creciente importancia en los últimos años. Debemos empezar por señalar que la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales en España no son ni las pateras ni los saltos a la valla de Melilla; son los aeropuertos, y de forma muy destacada el de Madrid. Pero me atrevería a decir que, con ser muy importante el control de las fronteras, no lo es menos la capacidad de la sociedad española de integrar a los inmigrantes. Nos preocupamos y nos conmovemos cuando vemos en la televisión las imágenes de esas personas que se dejan la vida en aguas del Estrecho o tratando de llegar a las Canarias porque su situación interpela de forma inevitable a nuestra sensibilidad y nuestra piedad como seres humanos. Sin embargo, cuando encontramos a esos mismos inmigrantes compitiendo con nosotros por un trabajo o por la atención en un centro de salud o por una plaza en un colegio público, la percepción respecto al fenómeno cambia y el ambiente se vuelve muy fácil de manipular.

La labor de los políticos, al menos de los políticos responsables, no es acrecentar esos temores o los recelos frente al extranjero y mucho menos utilizarlos como munición electoral, sino crear las condiciones para despejarlos, y esto pasa por una inmigración ordenada y capaz de integrarse en la sociedad de acogida. Dicho así suena fácil, pero exige mucho más esfuerzo, más tesón y más inteligencia que editar un cartel o realizar unas declaraciones incendiarias.

Gestionar la inmigración implica controlar las fronteras, por supuesto, pero también cultivar una relación de cooperación con los vecinos. No hace falta subrayar la importancia de las relaciones con Marruecos. Fue una de mis prioridades cuando era presidente del Gobierno y rindió sus frutos porque fue una de las etapas más tranquilas de las relaciones de vecindad entre ambos países. Pero no se trata solo de Marruecos. También es necesario fomentar el desarrollo económico en el conjunto de África. Europa debe prestar más atención a su frontera sur y ayudar a estos países, en especial a los del África subsahariana. En los últimos años se han producido importantes avances en esta materia en las políticas europeas, pero aún queda mucho camino que recorrer.

Asimismo es preciso velar por unos servicios públicos suficientes y de calidad para atender a la población que recurre a ellos, sin discriminar entre ciudadanos españoles o extranjeros.

La chispa que desencadenó el Brexit fue precisamente la intención de Cameron de reducir determinadas ayudas sociales a la población inmigrante y limitar también el principio de libertad de movimiento de personas en la Unión Europea. Cuando Trump prometía construir el muro estaba haciendo propaganda demagógica con la cuestión; apelaba al miedo de sus votantes con una falsa promesa de seguridad. El hecho cierto es que, si miramos las cifras de devolución de inmigrantes irregulares, la política inmigratoria de Obama fue más dura que la de Trump. Obama llegó a deportar a casi tres millones de inmigrantes ilegales, en la mayoría de las ocasiones recurriendo a las famosas «expulsiones en caliente». Sin embargo, Trump quería hacer de la inmigración un factor de movilización de su electorado y Obama no.

Al igual que el asunto de la inmigración, podemos encontrar multitud de causas proclives a generar malestar entre los ciudadanos: la crisis económica, el paro, la desigualdad, las imposiciones de la Unión Europea, etc. La gran diferencia entre un tipo de políticos y otro es que los responsables, con sus aciertos y sus errores, con sus limitaciones y sus renuncias, intentan poner solución a estos problemas, mientras que los populistas solo encuentran en ellos el combustible para generar más indignación y más polarización. No les interesa hacer un buen diagnóstico ni acertar en la solución; les interesa el malestar para crecer y, acaso, para hacer experimentos ideológicos utilizando a la gente como conejillos de Indias.

Valga como ejemplo doméstico el balance que podemos hacer del tránsito de Pablo Iglesias por la Vicepresidencia Social del Gobierno de España. Sus aportaciones al bienestar social de sus compatriotas son una incógnita. Y no se puede decir que no tuviera oportunidad de lucir un liderazgo social en un momento de extraordinaria necesidad como fue el causado por la pandemia. Esa absoluta inoperancia contrasta vivamente con el tono exagerado e incendiario de sus intervenciones anteriores. El tiempo nos ha permitido comprobar que entre las promesas del Iglesias activista y los hechos del Iglesias vicepresidente se generó una distancia tan grande que el Iglesias político acabó naufragando en ella.

LA IDENTIDAD AMENAZADA

Es indudable que la preocupación por los fenómenos migratorios o por las cuestiones raciales, en países cuya demografía es mucho menos homogénea que la nuestra, figura entre los elementos que todos los politólogos sitúan en el origen de esta ola de populismo que nos ha desconcertado a tantos. Y no se trata de algo tan simple como el temor a la competencia laboral o por las ayudas públicas. Hay también, como en el caso del auge de los nacionalismos, una cuestión mucho más compleja como es la identidad.

Durante años hemos abrazado con entusiasmo la causa de la globalización. Yo soy un convencido de ella. A buen seguro se podrán encontrar muchas declaraciones mías defendiendo abiertamente esa tendencia global y anticipando con entusiasmo un futuro, más o menos lejano, sin fronteras en el mundo: «Llegará el día —explicaba— en que todo el mundo será un país». En aquellos momentos yo veía sobre todo los beneficios del fenómeno, que además parecía imparable.

Hoy sigo creyendo que sus beneficios superan con mucho las posibles desventajas, pero debo admitir que acaso me excedí en el optimismo de antaño. Algunos acontecimientos que hemos visto en los últimos años han puesto en cuestión el proceso y han señalado sus límites. Por muy racional o inevitable que resulte el fenómeno de la globalización, el auge de los populismos nos demuestra que ha suscitado enormes recelos entre la gente. No son objeciones ideológicas, ni exclusivamente materiales o institucionales; yo diría que ni siquiera es una cuestión racional, sino un sentimiento relacionado con la identidad, con la sensación de pertenencia a una comunidad.

Este sentimiento es algo que todos tenemos, que forma parte de nuestra condición: no solo nos identificamos por nuestro aspecto o nuestras cualidades personales, también lo hacemos por nuestras condiciones sociales, por nuestra adscripción a una ideología, a un grupo social, a una religión, a una raza (ahí está el movimiento Black Lives Matter), a una comunidad autónoma, a un barrio, a un equipo de fútbol, a unas aficiones determinadas, etc. Cada uno de nosotros tenemos múltiples grupos a los que nos adscribimos de forma natural y esas diferentes identidades sociales conviven en nosotros con naturalidad. No se manifiestan de forma explícita hasta que no se ven amenazadas. Y entre esas identidades, una de las más profundas es la identidad nacional.

En España no existe un nacionalismo español como tal, tenemos además el sistema más descentralizado de Europa y comunidades autónomas con amplias competencias para realizar políticas propias. Sin embargo, en octubre de 2017 los ciudadanos llenaron las fachadas de sus viviendas con banderas de España de forma espontánea en la mayor manifestación de fervor patriótico que hemos visto en los últimos años. Eso no había ocurrido nunca con semejante intensidad. Fue la manera en que muchos españoles estaban diciendo que sentían su identidad nacional amenazada. El independentismo catalán logró despertar este sentimiento nacional que hasta entonces no había mostrado ninguna necesidad de reivindicarse.

Algo similar parece haber ocurrido con el hecho de la globalización. Multitud de decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos se toman en instancias muy alejadas de su capacidad de influencia a cargo de dirigentes que no rinden cuentas ante ellos. Hemos cedido parte de nuestra soberanía nacional en beneficio de instituciones supranacionales, y esta ha sido una elección racional. Fue dictada por el sentido común y por las terribles lecciones que aprendimos de nuestra historia; con todo, mucha gente no está contenta con el resultado.

Sirva esta reflexión para entender la importancia que tiene este factor sentimental de la identidad en la reacción populista que se ha producido en tantos países del mundo como una respuesta no prevista al fenómeno de la globalización. Líderes autoritarios consiguen mantenerse sólidamente instalados en el poder apelando precisamente a la necesidad de fortalecer ese sentimiento de identidad nacional. El nacionalismo y la defensa de lo propio se convierten así en la gran excusa para todo tipo de conductas antidemocráticas.

Apelar a la nación es la coartada perfecta de todos los caudillos. El argumento para negar la pluralidad, para censurar la crítica y para limitar la discusión abierta de distintas opciones políticas o sociales. Es el recurso para señalar e identificar al discrepante y para eludir la necesaria rendición de cuentas. Un camino que en su deriva más extrema acaba en una historia trágica contra la que siempre resonará la advertencia de François Mitterrand: «El nacionalismo es la guerra».

En Europa, este resurgir del nacionalismo tiene su referente más directo en la Hungría de Orban y la Polonia de Kaczynski. Ambos gobiernos están desafiando los valores éticos y ciudadanos sobre los que se fundó la Unión y, singularmente, las normas de defensa del Estado de derecho fijadas para todos sus miembros. La que pasa por ser ideóloga de Viktor Orban, Mária Schmidt, ha explicado sin complejos su posición: «En Europa esperaron que nosotros nos integráramos y asimiláramos, mientras ellos se negaban a cambiar. Nosotros consideramos el nacionalismo como una autodefensa». A partir de ahí se entienden todos los gestos de desafío a la Unión, y los que vendrán.

En las últimas elecciones de 2018, el nacionalismo de Orban consiguió el 49 % de los votos, lo que constituye la mejor prueba del enorme tirón popular que presenta en tiempos de globalización. Ahí radica también el éxito del «Take Back Control» que hizo triunfar el Brexit o el «Make America Great Again» que llevó a Trump a la Casa Blanca.

Tampoco es necesario irse hasta Hungría para encontrar discursos profundamente antieuropeos. Valga como muestra este momento del discurso de Santiago Abascal, líder de Vox, durante el debate parlamentario de la moción de censura en la que se propuso como candidato a la Presidencia del Gobierno:

La solución, señorías, no va a venir de una oligarquía europea insaciable, con aspiraciones soviéticas, que devora sumas astronómicas de dinero mientras produce frenéticamente reglamentos y directivas de una maquinaria que ya tiene vida propia al margen de la propia voluntad democrática y soberana de las naciones. Con el pretexto de salvarnos de profecías apocalípticas o de nuestra propia naturaleza pretenden imponer planes de control o de dirección de las conductas e injerencias en la vida de las naciones, de las familias y los individuos. […] El viejo bipartidismo europeo ha convertido Bruselas en una máquina deshumanizada que aspira a controlarlo todo, promoviendo la división y la ruina de los pueblos.

Aun a riesgo de equivocarme, apostaría que muy pocos de los votantes de Vox pueden sentirse representados en esta pieza de delirante antieuropeísmo.

LA MENGUANTE CLASE MEDIA

Sin embargo, la globalización no solo ha supuesto una pérdida de referencias nacionales en las sociedades modernas. Sus críticos también han advertido sobre sus consecuencias en la cohesión de nuestras sociedades. La globalización, nos dicen, está minando la clase media, endureciendo sus condiciones de vida y reduciendo su presencia en el conjunto de la población. Dicho de otra manera, se estaría polarizando la estructura social de forma tal que se iría a una división entre dos clases: los que cuentan con una formación que les permite seguir el ritmo de la economía global y quienes se van quedando descolgados en todo el proceso. De un lado, una élite ilustrada y cosmopolita, que habita en grandes ciudades y puede aprovechar todas las oportunidades que les brinda el nuevo paradigma económico y, de otro, una gran masa de personas que hace años integraban la clase media pero cuyo bienestar se ve crecientemente amenazado.

Hace un par de años la OCDE dio la voz de alarma sobre este fenómeno; las clases medias se perciben como un sector muy vulnerable de la sociedad, no porque lo digan los sociólogos, sino porque esa es la propia percepción de quienes integran ese grupo social. Son los miembros de la clase media quienes están demostrando con sus conductas políticas y sociales el malestar por la degradación en sus condiciones de vida. Ese grupo social, que a lo largo de las últimas décadas se erigió en un factor indispensable de estabilidad de nuestras democracias occidentales, hoy ve cómo sus ingresos permanecen estancados mientras sus gastos e inversiones en educación, sanidad o vivienda no dejan de crecer. Temen por la desaparición de sus empleos a causa del avance tecnológico, o por las exigencias en la lucha contra el cambio climático o simplemente por la competencia comercial de otros países. No perciben que se mantenga vigente aquel principio de la meritocracia en el que casi todos fuimos criados: si te esfuerzas, tendrás tu recompensa.

Nuestro contrato social ha funcionado de forma satisfactoria durante años: el estado del bienestar se legitimaba como el instrumento capaz de garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión y, al mismo tiempo, la movilidad social. A los jóvenes se les brindaba una educación que les permitiera prosperar en la vida; a los mayores, unas pensiones que los protegieran en la vejez, y al conjunto de la sociedad, unos servicios públicos que garantizasen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Y todo eso lo pagaban las clases activas con sus impuestos y con sus ahorros, gracias a un crecimiento económico sostenido durante décadas, más allá de crisis temporales.

Esta fórmula ha funcionado con eficacia durante toda la mitad del siglo pasado. Independientemente del origen de cada cual, era posible progresar en la escala social por los propios méritos. La economía crecía, se creaba riqueza y esa mejora económica llegaba a las familias. Pero este principio, de justicia y de meritocracia, no se ve reflejado hoy en la vida diaria de tantas personas. Los llamados «ascensores sociales» parecen haberse averiado y eso está rompiendo la cohesión de nuestras sociedades. Cuando no se percibe justicia se rompe el compromiso de lealtad.

Algo muy parecido podríamos decir de los jóvenes. A pesar de su formación, sufren una creciente precariedad laboral, tienen dificultades para acceder a la vivienda y, con unos salarios muy bajos, contribuyen a pagar las pensiones que en muchos casos son muy superiores a sus propios ingresos. Y además son los jóvenes los principales perjudicados de esa falta de movilidad social a la que antes me refería.

Este diagnóstico general precisa no obstante de algunas matizaciones. No es lo mismo la situación en Estados Unidos o en otras zonas del mundo que lo que ocurre en Europa, donde tenemos un caro pero eficiente estado del bienestar que nos garantiza amplios niveles de protección social y servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos: pensiones, educación, sanidad, seguro de desempleo, rentas de inserción, etc. En la pandemia hemos comprobado el auténtico significado de esta red de atención ante una situación sin precedentes en la que, de la noche a la mañana, millones de empleos quedaron congelados. En España, en los peores momentos, más de cuatro millones de trabajadores y un millón de autónomos se pudieron acoger a las medidas extraordinarias de protección de rentas y preservar los puestos de trabajo que quedaron en suspenso durante el estado de alarma. Lo que nos ha demostrado esta crisis es que tenemos un sólido sistema de bienestar social y que la Unión Europea, a la que pertenecemos, también ha sabido dar una respuesta a unas necesidades excepcionales.

La pandemia del COVID-19 debería servir para recuperar la percepción exacta de lo que significa nuestro estado del bienestar y también la razón última de la Unión Europea. Han podido fallar las previsiones o la agilidad a la hora de evitar la expansión global del virus; ha habido decisiones erróneas y han faltado recursos en momentos dramáticos. Podemos encontrar miles de objeciones a la gestión de esta crisis sin precedentes, pero sería suicida despreciar la enorme labor de cohesión social que han desarrollado los distintos poderes públicos e instituciones internacionales, sin la cual las consecuencias de la enfermedad hubieran sido devastadoras. El esfuerzo de las entidades públicas y privadas para crear vacunas eficaces en tiempo récord, los mecanismos de protección de rentas, las políticas monetarias y fiscales, la capacidad de adaptación del sistema de salud, la respuesta de los organismos internacionales, etc., todos y cada uno de estos elementos, tomados por separado, constituyen en sí mismos logros notables que probablemente no se hubieran alcanzado de no haber estado urgidos por una situación de emergencia; aun así, no deben ser despreciados porque muestran la auténtica capacidad de respuesta de todas las instituciones que hemos creado a lo largo de los años.

Pero tampoco debe ser despreciado o ignorado el riesgo de que la pandemia agrave algunos problemas que ya veníamos arrastrando. Nos enfrentamos al riesgo de que la recuperación de la actividad no sea completa ni homogénea, que los niveles de desigualdad, lejos de disminuir, se agranden, y que miles de empleos desaparezcan como consecuencia del tirón tecnológico que se ha producido; en definitiva, que se añada más desigualdad a la que ya se había generado en la crisis anterior.

Teníamos problemas antes de la pandemia y las consecuencias del COVID-19 tal vez los agraven en el medio plazo aun a pesar del rebote de la actividad económica. No resulta fácil encontrar la respuesta correcta a retos tan exigentes, aunque sí podemos avanzar una primera reflexión: sabemos lo que no funciona frente a ninguna crisis. No funcionan ni el dogmatismo ni la demagogia. Ni se sale de las crisis con ideología —del tipo que sea— ni con propaganda. No se superan las crisis buscando falsos culpables ni enfrentando a los ciudadanos ni deslegitimando las instituciones. Nada de esto ha funcionado nunca en el medio plazo, ni en España ni en ningún otro país.

Miremos por un momento hacia Iberoamérica. Históricamente ha sido la zona del mundo donde las fórmulas populistas se han aplicado con mayor asiduidad, desde Perón hasta Chávez o Bolsonaro, y veamos cuáles son los resultados económicos que ha traído a los habitantes de la región esa vocación populista.

Lo mismo podríamos decir de la experiencia de gobierno de Syriza en Grecia durante la crisis del euro. Después de haber convocado a los griegos a un referéndum para rechazar el plan de rescate económico de la Unión Europea, Tsipras acabó siendo obligado a imponer un rescate más duro que el que habían rechazado los griegos con sus votos. Al primer ministro no le quedó otro remedio que desdecirse de todas sus promesas y admitir la realidad. Y eso le costó su carrera política. Pero si hoy Grecia presenta una imagen exterior muy diferente a aquella que tantas portadas protagonizó en la pasada década es en parte porque se están recogiendo los frutos de las reformas impuestas por Europa.

También aquí se habló mucho del «austericidio», aunque lo cierto es que el esfuerzo por corregir los desequilibrios de nuestra economía y el programa de reformas que llevamos a cabo en el Gobierno convirtió a España en el país líder en crecimiento en Europa durante varios años.

Culpar al «capitalismo salvaje», a «la casta», a «la oligarquía», al «capitalismo de amiguetes» o a las «puertas giratorias» es una estupenda manera de incendiar los ánimos del personal, pero no de solucionar los problemas. Tampoco el dogmatismo ha traído nunca soluciones reales. Siendo un conservador declarado, a mí me tocó nacionalizar parte del sistema financiero para garantizar los empleos de miles de personas y los ahorros de millones. Hoy otros conservadores asumen sin reparos políticas expansivas para impulsar la recuperación. No es descartable que, en un futuro no tan lejano, sean gobiernos socialdemócratas los que tengan que liderar los esfuerzos para reequilibrar las cuentas públicas, como tuvieron que hacer Schroeder o Zapatero cuando no les quedó más remedio.

LA CORRUPCIÓN

A nadie se le escapa que uno de los factores que en ciertos casos ha tenido un papel destacadísimo en el resurgir del populismo es la corrupción política. Como hemos visto reiteradamente, este tipo de movimientos políticos tratan de legitimarse como una reacción justiciera del pueblo contra los abusos de las élites; si estas élites además presentan comportamientos poco éticos, la estrategia de acoso contra el conjunto del sistema se ve plenamente confirmada.

La corrupción que se destapó en Italia con la operación Mani pulite en los años noventa del siglo pasado liquidó completamente el sistema clásico de partidos de aquel país y, desde entonces, el periodo de gobierno más estable que ha tenido ha sido el de Silvio Berlusconi. Espero que el actual primer ministro, Mario Draghi, consiga dejar obsoleta esta observación.

En Venezuela, las denuncias de corrupción masiva también acabaron con la presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuya gestión económica había sido muy notable, pero acabaron también con los partidos tradicionales del país. Carlos Andrés Pérez fue procesado y murió en Miami, pero la calidad de vida y la libertad que tenían los venezolanos de entonces no resisten la menor comparación con la situación del país hoy. Y añadiría un detalle más: aquel presidente pudo ser juzgado y respondió ante la justicia por los casos de corrupción que le afectaban, algo que nunca veremos en el caso de Maduro y del resto de los dirigentes que lo acompañan y que han sumido a Venezuela en la miseria más absoluta.

La relación de casos similares sería interminable, especialmente en Iberoamérica. La región está viviendo un retroceso político innegable que, a mi juicio, tiene mucho que ver con el impacto del caso Odebrecht. Las denuncias generalizadas de sobornos y todo tipo de prácticas corruptas han castigado a toda una generación de políticos en Iberoamérica, han liquidado a los partidos tradicionales y han debilitado notablemente la confianza de los ciudadanos en unas instituciones que ni eran tan sólidas ni estaban tan arraigadas como en otras áreas del mundo. Si a ello unimos el estancamiento económico que ha experimentado Iberoamérica desde el año 2013 y las limitaciones de sus gobiernos para hacer frente al creciente malestar social, tenemos el cóctel perfecto de explosión populista al que estamos asistiendo, con algunas encomiables excepciones, como la victoria de Guillermo Lasso en Ecuador.

También en España la corrupción ha provocado un deterioro de la confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones, aunque afortunadamente no hasta los límites que acabo de comentar. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que llevaban gobernando muchos años y en muchas administraciones, han tenido que hacer frente a escándalos de corrupción que han afectado severamente a su imagen pública. A mí me tocó lidiar con varios asuntos que afectaron al Partido Popular mientras yo lo presidí. Aquella experiencia y las lecciones de otros comportamientos que hemos visto posteriormente me permiten apuntar algunas reflexiones a propósito del tema, que acaso no sean populares —o populistas— pero nos deberían ayudar a todos a evitar que esta cuestión se convierta en un elemento más de debilidad de nuestro sistema democrático.

Mi primera consideración a propósito de este asunto es que el discurso moralista grandilocuente al que antes me he referido está de más. Nadie puede presumir de limpieza absoluta porque nadie la puede garantizar. Cada vez vamos diseñando más filtros y más salvaguardas para velar por la integridad de los comportamientos públicos: reformamos la legislación, señalamos las incompatibilidades, controlamos el patrimonio de los cargos públicos y sus familiares o endurecemos las penas por delitos de corrupción. Quiero recordar que en la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno aprobamos el mayor paquete legislativo contra la corrupción. Debemos seguir haciéndolo porque la lucha contra la corrupción es una tarea que nunca se acaba. Pero admitamos que nadie está completamente blindado contra la posibilidad de que otras personas actúen indebidamente. Desde luego, nadie puede presumir de incorruptible y convertir al rival en un corrupto integral, porque la realidad nunca es así de maniquea y el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio.

Una manera infalible de detectar si un alegato contra la corrupción es sincero o si, por el contrario, es una mera estratagema política consiste en comprobar la reacción de ese mismo político o ese partido ante los casos que le afectan o ante la actuación de la justicia. La política española de los últimos años está llena de ejemplos de esto que digo; hemos pasado de pedir dimisiones inmediatas por una imputación judicial, incluso por un simple informe policial, a defender que políticos condenados en firme por la justicia puedan seguir en la actividad pública y hasta ocupando puestos de responsabilidad.

Igual criterio podría servir para valorar la ecuanimidad de algunos medios de comunicación a la hora de referirse a los escándalos de unas y de otras formaciones políticas. Cuando solo se informa de los casos de corrupción que afectan a un partido político, pero se ignoran o se minusvaloran los de sus rivales, es evidente que se ofrece una imagen distorsionada de la realidad. Si esa manipulación es voluntaria y deliberada, estamos ante una indudable vulneración de la ética profesional, pero si se produce involuntariamente porque la visión del medio es tan sesgada y está tan polarizada que realmente es capaz de juzgar de distinta manera las mismas conductas solo por razones ideológicas, el asunto aún resulta más preocupante. Este doble rasero que tantas veces encontramos en diversos ámbitos de la vida pública es el mejor detector de hipocresías y fingimientos en un asunto tan delicado para la política como es el de la corrupción. Es también una de las consecuencias más deplorables de la polarización de la sociedad.

Creo que es importante que este tipo de cuestiones sean tratadas por todos con algo más de contención. Ni los aspavientos exagerados, ni los golpes de pecho garantizan la eficacia real en la solución del problema. A veces parece que interesara más el escándalo que la auténtica persecución del delito. En todos los países se producen casos de corrupción pero no se convierten en el único argumento político. Cuando no sucede así y las denuncias de corrupción devienen en un elemento de polarización política a gran escala, dejan de constituir un factor que contribuye a la mejora del sistema y, por el contrario, pasan a ser un elemento de su deterioro. Cuando lo importante no es perseguir los delitos reales, sino lograr la liquidación del adversario político por el descrédito de su imagen, asistimos a todo tipo de exageraciones, abusos y presiones sobre los tribunales y otras instituciones. Esto no es bueno ni para la justicia ni para los propios actores políticos.

Pensemos que a pesar de sus distintas ideologías, todos los representantes políticos forman parte de un mismo grupo, todos se dan cita en el mismo Parlamento, todos desarrollan una misma actividad y todos piden la confianza a los ciudadanos. Cuando a la gente de la calle se le pregunta por estas cuestiones, hablan de «los políticos» en conjunto, como cuando se refieren a un colectivo profesional. Si uno de los integrantes de ese colectivo traiciona dicha confianza ciudadana y protagoniza conductas delictivas o reprobables, quienes más lo sufren son sus compañeros de partido, pero todos los demás también experimentan un indudable deterioro de su imagen.

En cualquier caso, nada de lo que he dicho hasta el momento puede considerarse una enmienda a la exigencia de luchar de manera sistemática contra la corrupción política, porque no estamos solo persiguiendo delitos, sino también trabajando por dignificar y mejorar la calidad de nuestra vida política. Luchar contra la corrupción y prevenir este tipo de comportamientos es un elemento indispensable para reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus representantes. Por eso también resulta imprescindible encontrar el equilibrio necesario entre ese compromiso ético de actuar implacablemente contra los corruptos y el compromiso igualmente ético de respetar principios básicos de un régimen democrático como el de la presunción de inocencia. Pero sobre esto volveré más adelante.

LAS REDES SOCIALES. ¿EL PARAÍSO DE LOS ENERGÚMENOS?

Todos los teóricos que en los últimos años han analizado el auge del populismo coinciden en señalar la importancia de las redes sociales en la deriva que ha experimentado la política actual. Es inevitable que así sea. La política tiene un componente imprescindible y fundamental de comunicación; estamos todo el día compartiendo ideas, propuestas, debatiendo a través de los medios y tratando de que las tareas que se llevan a cabo en el gobierno o en la oposición sean conocidas y valoradas por los ciudadanos. Pura comunicación. En consecuencia, una revolución de la magnitud de la que han supuesto las redes sociales necesariamente debía tener su impacto en la política.

Hay quien considera que ese impacto social es muy similar al que provocó la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV. Por aquel entonces no existían las democracias pero sí existía la religión, y la difusión del protestantismo no hubiera sido la misma si la producción de libros hubiese seguido estando limitada a los escritorios de los monasterios. Gracias a la imprenta Lutero pudo imprimir y difundir decenas de miles de copias de sus escritos y de su traducción de la Biblia, que sirvieron para extender su doctrina por buena parte de Europa.

Cuando atendemos a la relación entre las redes sociales y la política destaca la profunda evolución observada en poco tiempo. Las redes han pasado de considerarse en sus primeros momentos como un agente de democratización y participación social a ser señaladas hoy como un serio problema para la calidad del debate público y, en consecuencia, de la política.

Durante la «primavera árabe», las redes fueron alabadas como un mecanismo innovador y efectivo para promover la democracia. Aquellas revueltas contra regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales surgieron al calor de las redes, que podían movilizar a la población, sortear la censura, convocar manifestaciones de protesta, difundir los hechos a nivel internacional y contribuir, en definitiva, a que cayeran unos cuantos gobernantes poco deseables. Eran un nuevo medio de comunicación y una herramienta política accesible a cualquier ciudadano, sin filtros, sin controles, con libertad absoluta. Venían a transformar la sociedad y ciertamente lo hicieron.

También en la famosa campaña del «Yes We Can» de Obama se percibieron como una herramienta muy positiva. Pocos años después, tras escándalos como el de Cambridge Analytics, la valoración fue cambiando, hasta que llegamos a su punto de mayor descrédito con el asalto al Congreso de Estados Unidos. Hoy existe una preocupación global sobre la necesidad de regular democráticamente el uso de este tipo de plataformas digitales porque hemos comprobado sobradamente que un espacio de libertad absoluta sin ningún tipo de norma, lejos de ser un paraíso rousseauniano de ciudadanos ejemplares que comparten sus saberes y opiniones, es un espacio donde campan a sus anchas la delincuencia, el acoso, el extremismo e incluso las amenazas estratégicas.

Antes de que nadie se apresure a sacar conclusiones precipitadas, quiero dejar claro que yo, como cualquier otro ciudadano, soy un usuario habitual de las redes sociales. Las uso para comunicarme con mis amigos, para mandar memes, para mantenerme informado de los temas que me interesan. Incluso en ocasiones me he tragado alguna información falsa de todas las que circulan en la red. Las redes nos facilitan infinidad de ventajas que quienes ya tenemos unos años jamás hubiéramos podido siquiera imaginar. Solo así se entiende su éxito generalizado a nivel global. Pero precisamente este uso masivo y esta penetración tan brutal en todos los resquicios de la sociedad implican riesgos serios que debemos abordar.

Prueba de lo que digo es que cualquier estrategia de seguridad viene dedicando cada vez más atención a las redes sociales en el capítulo de las llamadas «guerras híbridas», esos conflictos que no se libran militarmente sobre un terreno físico sino en el ámbito de la propaganda y del ciberespacio. A través de una adecuada manipulación de las redes sociales cualquier potencia extranjera puede desestabilizar un país difundiendo noticias falsas, creando movimientos antisistema o fragilizando sus instituciones o sus empresas.

Durante la ofensiva soberanista de Cataluña en 2017 se pudo comprobar que la inusitada actividad del independentismo en las redes sociales tenía como motores principales miles de cuentas localizadas en Rusia y Venezuela dedicadas a difundir bulos y falsedades de todo tipo. Cuatro años después, el New York Times, que en su momento se había tragado buena parte de la falsa propaganda independentista, ha desvelado nuevos contactos entre el entorno de Puigdemont y el espionaje ruso para promover la organización Tsunami Democràtic, que protagonizó multitud de algaradas callejeras, cortes de tráfico, bloqueos y enfrentamientos con la policía después de la sentencia del Supremo contra los dirigentes secesionistas.

Asimismo se detectaron conexiones con Rusia entre los partidarios más radicales del Brexit. En otros países europeos la desestabilización se produjo a través del apoyo a grupos de extrema derecha con la difusión de bulos sobre la inmigración o cualquier otro motivo que pudiera servir al objetivo estratégico de debilitar a la Unión Europea.

Sin llegar a estos extremos de posibles injerencias extranjeras en la vida de un país, las redes sociales presentan otro tipo de consecuencias que también afectan, acaso de una forma menos agresiva, a la calidad democrática. Me refiero, por ejemplo, a su capacidad para difundir mensajes extremistas y radicales. Las redes han desapoderado a los medios clásicos con sus libros de estilo, sus correctores y sus códigos éticos, en los que determinados tipos de mensajes o de personajes no tenían cabida. Los medios de comunicación —con sus distintas tendencias— respondían a una jerarquía y definían un conjunto de valores asumidos por el conjunto de la sociedad, pero eso también se ha roto. En las redes vale lo mismo la opinión de un Nobel que la de cualquier energúmeno. Más aún, cualquier energúmeno puede convertirse en fenómeno viral, y cuanto más energúmeno sea, más probabilidades tendrá de triunfar. De alguna manera, las redes han permitido el acceso al debate público a elementos que tradicionalmente se quedaban fuera de él porque eran considerados perniciosos para la convivencia, lo cual ha degradado el debate.

El politólogo Yascha Mounk lo explica así: «Las redes sociales han eliminado las barreras y la distancia entre los insiders y los outsiders. Hasta hace un par de décadas, los gobiernos y las grandes compañías establecían los estándares del discurso político aceptable. Actuaban como filtro de cuestiones como racismo, teorías de la conspiración o mentiras descaradas. Y, en consecuencia, actuaban como un estabilizador de las democracias liberales». Y añade: «Los populistas son quienes han explotado las nuevas tecnologías de forma más eficaz para socavar los elementos básicos de la democracia liberal. Sin las restricciones del viejo sistema de los medios de masas han podido decir lo que han querido para resultar elegidos: mentir, confundir e incluso incitar el odio entre ciudadanos».

Es fácil pensar que este fenómeno se limita a personajes como Donald Trump y sus tuits incendiarios, pero estaríamos engañándonos a nosotros mismos. En ese aspecto concreto, Trump no es la causa sino la consecuencia de una deriva bastante generalizada. Anne Applebaum aporta su diagnóstico: «Facebook, Twitter, Google y YouTube están diseñados para crear deliberadamente más ira, emoción y una conversación menos racional». Así han prosperado los populismos en todo el mundo y también en España, porque si hacemos memoria veremos que los mensajes en redes sociales de algunos de nuestros políticos convierten a Trump en un simple aficionado.

El impacto de las redes también ha alcanzado al mundo del periodismo. Lionel Barber ha explicado con mucha sinceridad cómo afecta la polarización partidista al periodista:

¿Cómo deberían los medios de comunicación enfrentarse a figuras políticas como Trump o mi propio primer ministro Boris Johnson, que merecen respeto por ostentar un alto cargo público pero violan las normas de sinceridad que acompañan a esos cargos? Del mismo modo, ¿cómo podemos evitar que la cobertura mediática escéptica se convierta en sesgo? Y ¿cómo, en una época de hiperpartidismo, pueden los periodistas preservar un grado de distancia profesional?

Para este prestigioso periodista, en la era digital

las líneas tradicionales entre los hechos y las opiniones se volvieron difusas y aumentó la presencia de gigantes de la información como Facebook, que se consideraban simples plataformas pero que de facto son medios que toman decisiones a través de sus algoritmos sobre la información que ven cientos de millones de personas cada día. Los periodistas también eran ambiguos. La mayoría seguían reivindicando la neutralidad de su profesión, pero muchos desarrollaron rápidamente sus propias marcas personales (cuya popularidad medían a través de sus seguidores de Twitter) y mezclaron visiones personales con periodismo.

También en la misma línea, Martin Baron, quien fue director ejecutivo del Washington Post, advertía: «Los periodistas prestan mucha atención a lo que se dice en Twitter simplemente porque ellos participan en Twitter. Es muy arriesgado que un periodista se confunda sobre lo que es el mundo real, y el mundo real no es Twitter».

Pero nos equivocaríamos si pensásemos que este es un debate solo de periodistas o de políticos; porque el asunto nos afecta a todos los ciudadanos. A todos nos influye la polarización y la fragmentación que han traído las redes sociales; todos podemos ser confundidos por bulos o desinformación o nuestros hijos ser víctimas de acoso.

No tengo ninguna duda de que se encontrará más pronto que tarde una regulación que, al igual que en el mundo analógico, proteja los derechos de las personas y respete los principios de la libertad de expresión. Lo que no me parece admisible es que sean los dueños de esas grandes plataformas quienes decidan lo que se puede publicar y lo que se debe censurar. Tampoco es de recibo que eso lo decidan unos algoritmos, o una campaña de movilización en redes para silenciar a rivales políticos. El mundo de las redes sociales precisa urgentemente una regulación y esta no puede venir de la arbitrariedad que definen los intereses de estas grandes empresas en cada momento. La democracia liberal, con sus reglas y sus principios morales, también debe entrar en este nuevo mundo para hacer lo mismo que lleva haciendo tantos años en el analógico: preservar los derechos de las personas, garantizar la igualdad de oportunidades, poner límites al poder y prohibir las conductas delictivas.

Mientras llega esa regulación, apunto una última reflexión que leí tras el asesinato en Francia del profesor de secundaria Samuel Paty a manos de un terrorista islamista. El crimen se había producido después de que una alumna y su familia lo señalaran en las redes sociales. De hecho, el terrorista reivindicó su salvaje crimen a través de Twitter. Aquel episodio llevó a la escritora franco-marroquí Leïla Slimani a dejar las redes sociales, y lo justificó de esta manera:

Vivimos en la era de la pulsión. Una época en la que lo importante no es reflexionar, documentarse, sopesar los pros y los contras, sino solo expresar al instante cualquier sentimiento, cualquier idea, por mucho que sean falsos o malintencionados. Lo que cuenta es reaccionar con la mayor rapidez posible a cualquier información o polémica. Lo que cuenta es hacer ruido, que hablen de nosotros, da igual que sea bien o mal. En las redes, a menudo con la protección del anonimato, todo el mundo se siente libre para mostrar su lado más oscuro. Sin embargo, la base de la democracia es la contención. Como decía Camus: «Un hombre se contiene».

No puedo estar más de acuerdo: la democracia es también contención.

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El contagio del populismo

El populismo no genera un antídoto sino que atrae a más populismo.

NICOLAS BAVEREZ

En septiembre de 2019 se organizó una cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Aquella cita nos deparó un espectáculo poco habitual: los dirigentes de todo el mundo aplaudiendo educadamente el inmisericorde rapapolvo que les acababa de endosar la activista Greta Thunberg. Cuando digo «rapapolvo» no estoy exagerando en absoluto, y ahí están los vídeos para comprobarlo. La joven ofreció algunos datos apocalípticos sobre el calentamiento global del planeta, pero sobre todo hizo un alarde de airada indignación contra los gobernantes que habían tenido la ocurrencia de invitarla a participar en la cumbre: «Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?», les espetó. Y a partir de ahí siguieron las diatribas de similar tenor. Pero Greta Thunberg también dijo algo lleno de sentido común: «Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano».

¿El cambio climático es un problema acuciante? Sin duda. ¿Es preciso que todos seamos conscientes de la imperiosa necesidad de abordarlo? También. Pero ¿por qué se considera a una niña de catorce años como casi única autoridad en la materia, habiendo como hay científicos, economistas y estudiosos de toda condición y capacidad? Y, sobre todo, ¿por qué escogieron los organizadores de la cumbre del clima escuchar la bronca destemplada de Thunberg en vez de las opiniones ponderadas de los científicos? ¿Para buscar publicidad? ¿Acaso para quedar bien con el sector más radical del activismo climático? ¿O es que realmente preferían escuchar a la joven y no a unos aburridos expertos? Sean cuales sean las respuestas, lo razonable es que los adolescentes de catorce años estén formándose en las aulas y no dando mítines en cumbres internacionales.

Traigo esta anécdota a colación porque me parece un ejemplo de cómo actitudes populistas pueden encontrarse hasta en los detalles más intrascendentes de nuestra sociedad, sin necesidad de ir a buscarlos a los países gobernados por dirigentes genuinamente demagogos. Una de las características más destacadas de este fenómeno es su capacidad de infectar al conjunto de la sociedad, ya sean los partidos políticos, los medios de comunicación, los legisladores e incluso algunos miembros del poder judicial. Todos somos vulnerables ante este virus político.

Antes me refería a la querencia de David Cameron por los referéndums y a los resultados de esta extraña afición. No menos sorprendente resulta la decisión del presidente francés Emmanuel Macron de suprimir la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENA, donde estudiaron cuatro presidentes franceses, entre ellos el propio Macron, ocho primeros ministros y numerosos altos funcionarios de la administración gala. La ENA es una institución de muy alto prestigio. Desde 1945 Francia ha educado allí a sus élites y también a los más brillantes extranjeros. Unos meses antes de la decisión del presidente, los chalecos amarillos exigían a pedradas por las calles de París, entre otras muchas cosas, la liquidación de la ENA por su carácter elitista. A la vista está que la primera batalla la ganó el populismo. Confiemos en que la alternativa sea mejor que la ENA. Como estos ejemplos podríamos encontrar muchos más. Buenos gobernantes, que no son populistas, pero a veces ceden o resultan contagiados por el virus de la demagogia.

En España tampoco estamos vacunados contra esta plaga, y mucho menos inmunizados. La aparición de nuevas fuerzas políticas en nuestro país, convenientemente jaleadas por muchos, que les pronosticaban un futuro lleno de felicidad, dio lugar también a que los partidos tradicionales se sumaran a los nuevos tiempos. El Partido Popular, con el presidente anterior a Pablo Casado al frente, es decir, yo mismo, tuvo la feliz y demagógica idea de apuntarse al llamado sistema de elecciones primarias para elegir a sus líderes, siguiendo la estela de todos los demás partidos. A lo que se ve, eso era la quintaesencia de la democracia. Lo que sucede hoy es que todos los que mandan en los partidos mandan más que los anteriores, se someten a menos controles, deciden sobre todas las organizaciones territoriales de los partidos y algunos incluso nombran sucesores después de fallecidos, en el sentido figurado de la palabra, claro. Vean si no lo que sucedió con el dedo del señor Iglesias, quien, ya retirado, encumbró a las señoras Díaz y Belarra. Eso sí, después de dejarlo todo atado y bien atado se celebraron las muy democráticas primarias. ¡Qué menos!

En todas partes cuecen habas, aunque en algunas más que en otras. Más adelante haré referencia al bochornoso espectáculo que protagonizaron dos miembros del Gobierno que, contagiados por la estrategia de Pablo Iglesias, participaron activamente en plena campaña electoral a la Comunidad de Madrid en la denuncia de un inexistente movimiento de violencia política contra el Ejecutivo. Fue todo tan burdo que aquel episodio genuinamente populista duró poco más de un cuarto de hora. La misma trascendencia tuvo la afirmación de otro ilustre miembro del Gobierno que atribuía la subida del precio de la luz a las políticas de los señores Aznar (que había dejado el Gobierno hacía diecisiete años) y Rajoy.

En cualquier caso, el acontecimiento más peligroso que hemos vivido en España en los últimos tiempos ha sido el proceso de reforma del Consejo General del Poder Judicial promovido por el Partido Socialista y Podemos, que mereció un aviso de la Comisión Europea, por poner en riesgo la independencia judicial y violar las normas europeas. Por fortuna, los socialistas dieron marcha atrás y con ello se evitó que nos situaran al nivel de los gobiernos húngaro o polaco.

EL IMPERIO DE LOS SENTIMIENTOS

Si los populistas y los demagogos han podido hacer carrera con facilidad en nuestras sociedades modernas es porque han sabido manejar mejor que los demás determinados tipos de lenguaje y códigos de comunicación.

Probablemente, parte de su éxito mediático sea que han conseguido detectar y adaptarse mejor que el resto de los políticos a una transformación del discurso público. Ellos son en parte artífices y sin duda beneficiarios de una nueva cultura predominante en la sociedad: la hiperemotividad o, si lo prefieren, la política de los sentimientos. Ya no es la racionalidad lo que dicta buena parte de las decisiones o del discurso público, sino la pura sentimentalidad, la sumisión a un clima de opinión donde los argumentos legales, económicos o políticos palidecen ante las emociones, vengan estas dictadas por la ira, el miedo, el agravio o cualquier otro tipo de sentimiento.

No hay más que ver el catálogo de neologismos que se han adueñado del discurso político: «empatía», «resiliencia», «sostenibilidad» y demás palabras altisonantes que funcionan como globos de helio para inflar la conversación pública. Esta se vuelve sonora y grandilocuente, pero habitualmente vacía. Somos cada vez más empáticos, simpáticos, resilientes y unos militantes fervorosos de la concordia, pero el hecho cierto es que nuestra situación política resulta bastante más desabrida e intolerante que cuando no presumíamos de adjetivos tan rimbombantes.

A mi juicio, todo este arrebato de emotividad que ha contagiado la vida pública arrancó hace unos años. En 2016, los responsables del Diccionario de Oxford escogieron como palabra del año el término «posverdad». Según nos explicaron entonces, la posverdad se definía como «la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales». Si aceptamos esta definición, y no encuentro un solo motivo para no hacerlo, podemos entender que los poderes públicos también se dejen arrastrar por las emociones, pasando por encima de los hechos objetivos e incluso por encima de su deber. Los populistas son los maestros en el manejo de las emociones para conseguir sus objetivos políticos, pero en cierta medida todos hemos caído en algún momento en ese tipo de comportamiento.

Un ejemplo de esto es la tendencia a huir de las obligaciones para ampararse en el clima de opinión, como gran burladero frente al toro de las propias responsabilidades. El gobernante deja entonces de hacer lo que debe para hacer lo que cree que sintoniza con el ánimo de la opinión pública. «Eso es sensibilidad», podría rebatirme alguien. «Sí, pero también es irresponsabilidad», replicaría yo, porque el gobernante, a diferencia del resto de la sociedad, tiene muchos más datos, más elementos para formar criterio y un conocimiento general de la realidad muy superior al que tienen el resto de los ciudadanos.

Una de las explicaciones más diáfanas sobre esta cuestión la ofreció Robert McNamara, el secretario de Defensa que embarcó a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Muchos años después de haber abandonado la política realizó una estimable autocrítica de los errores cometidos entonces, lo mismo que una honrada definición de lo que debe ser la responsabilidad del gobernante:

No escuches siempre las encuestas, no escuches siempre a la mayoría del Congreso, no escuches siempre a la mayoría de la prensa. La mayoría de las personas a través de las encuestas, la mayoría del Congreso, la mayoría de la prensa, eran todos favorables a lo que estaba ocurriendo durante gran parte de ese periodo [lo que estaba ocurriendo era la guerra de Vietnam]. Eso no nos absuelve a los dirigentes de lo que hicimos. Éramos los responsables de dirigir, no de seguir, y lo hicimos equivocadamente. De modo que esa es una lección y espero que la gente entienda esto: que los dirigentes son los responsables de dirigir, no de seguir; esa es la primera cuestión.

Esta huida de la responsabilidad de gobernar se corresponde, además, con una huida de la obligada rendición de cuentas. Algunos dirigentes políticos no parecen sentirse obligados a explicar racionalmente sus decisiones y dar cuenta de ellas; basta con ser sensible y «empático» hacia los problemas de la gente, pues arreglar dichos problemas ya es harina de otro costal. Resulta mucho más fácil ponerse en el lugar del gobernado que asumir el deber del gobernante, que consiste muchas veces en tomar decisiones ingratas y difíciles de explicar.

La política que se lleva a cabo en España con los desahucios constituye una evidencia palmaria de esta manera de comportarse que tienen algunos de nuestros gobernantes. Piensan, porque les interesa, que lo suyo consiste en ser sensibles y, en consecuencia, prohíben los desahucios. Esto sin duda es muy cómodo y puede convertir en muy popular al que lo decide, pero se hace a costa de pisotear la ley y socavar el derecho fundamental de la propiedad privada. Lo procedente sería que el gobernante asumiera su responsabilidad, hiciera cumplir la ley y, claro está, resolviera el problema humano con una buena política de vivienda. Pero esto ya es más pesado. Lo importante es ser sensible.

Uno de los episodios absurdos de todos a los que hemos asistido durante la pandemia ha sido el debate sobre la vacuna de AstraZeneca. Como todos recordamos, cuando comenzó la aplicación masiva de esta vacuna se produjeron algunos escasos episodios de efectos secundarios, de trombos, que no se habían detectado durante la fase de ensayos clínicos. Estos casos eran estadísticamente irrelevantes y se podían tratar sin mayores dificultades. Sin embargo, los gobiernos europeos, en plena pandemia, acordaron suspender la vacunación con AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento realizara un segundo informe sobre la vacuna. Hasta aquí la reacción puede entenderse dentro de lo razonable: había surgido una duda ante un efecto secundario no previsto y se reclamó a la AEM una mayor precisión para la tranquilidad general. Conviene señalar, no obstante, la importancia del contexto en el que se adoptó esta decisión. No se trataba de un nuevo medicamento que aparecía en una situación de normalidad epidemiológica. Se trataba de una vacuna imprescindible para atajar la peor pandemia del último siglo que ha causado cientos de miles de muertes en Europa. El riesgo de sufrir un trombo era de un caso entre 100.000, pero cuando se decidió paralizar la vacunación, la tasa de incidencia del COVID-19 entre los países europeos estaba muy por encima de ese exiguo porcentaje. En esta primavera, cuando decayó el estado de alarma y se empezaron a levantar las restricciones a la movilidad en España, la tasa de incidencia de la enfermedad todavía estaba por encima de 150 por 100.000 habitantes, y hasta bien entrado el mes de mayo, el número de fallecidos en España no bajó del centenar diario. El científico Vicente Larraga definía así la situación que se creó con este asunto: «Se está sobreactuando claramente. Todo el mundo está mirando a todo el mundo. No hay ninguna autoridad, ni de la OMS, ni de la EMA, ni de ningún gobierno que quiera asumir el riesgo. El principio de precaución está muy bien y hay que usarlo, pero es un equilibrio, no te puede llevar a la inmovilidad».

Más difícil resulta explicar el caos que se generó semanas después cuando llegó el momento de administrar la segunda dosis de la vacuna. El Gobierno decidió entonces llevar la contraria a la AEM, a la OMS, a la mayoría de los expertos y hasta a diecisiete sociedades científicas que firmaron un manifiesto recomendando completar la pauta con la misma vacuna y acordó hacerlo con otra vacuna distinta, en contra de las recomendaciones expresas de todos los anteriormente citados. Más aún, se instó a los ciudadanos a firmar un consentimiento formal en el caso de que optaran por mantener la pauta completa de AstraZeneca.

Ningún ciudadano debería verse obligado a firmar la admisión de una responsabilidad que solo le compete a la Administración pública; para eso hemos creado las agencias nacionales del medicamento y la europea, cuya única función es garantizar la seguridad de los fármacos basándose exclusivamente criterios técnicos. Por eso los gobiernos tienen la facultad de autorizarlos o prohibirlos. Pero también resulta sorprendente que un gobierno sin particulares cualificaciones técnicas se decidiera a enmendarle la plana al consenso científico en la materia para acabar endosándole al ciudadano la responsabilidad última sobre la elección de la vacuna.

No se me ocurre una manera más directa de desacreditar la labor de los expertos, de las agencias creadas para velar por la seguridad de los medicamentos y de sembrar la incertidumbre sobre las vacunas cuando más necesario resultaba reforzar la confianza de los ciudadanos en ellas. Por más vueltas que le he llegado a dar a este asunto, no he encontrado en él ni un solo elemento dictado por la racionalidad.

Como sabemos, a pesar de todos los esfuerzos propagandísticos del Gobierno, los ciudadanos prefirieron de forma muy mayoritaria pincharse con AstraZeneca, con lo que el principal desautorizado, y en unos términos realmente inéditos en democracia, resultó ser el propio Ministerio de Sanidad.

En una situación de crisis aguda como es una pandemia, resulta muy difícil calibrar en qué punto una decisión que busca transmitir tranquilidad a los ciudadanos puede convertirse por exceso en una fuente de mayor incertidumbre social. También es muy delicado establecer el punto exacto en el que la sensibilidad hacia el clima de opinión o hacia los temores de los ciudadanos pasa a convertirse en parálisis o en pánico a la reacción social. Con ser cierto todo ello, no lo es menos que las actuaciones de los poderes públicos parecen crecientemente dictadas por el ánimo de los ciudadanos y no por el interés general o por las exigencias de su propia responsabilidad.

Los sentimientos son inevitables, forman parte de nuestra condición de seres humanos, son el elemento sobre el que se sustentan nuestras relaciones personales y, en consecuencia, también se constituyen en una parte indispensable de la política. Es obligado intentar entender los sentimientos de la gente, respetarlos y valorarlos a la hora de adoptar cualquier decisión. Pero si se convierten en el argumento principal del debate, este se vuelve impracticable porque los sentimientos entran en la categoría de lo absoluto: no son negociables, ni renunciables, ni regulables. Los sentimientos escapan a la deliberación racional, y la política debe ser deliberación racional.

Tengo esta convicción desde hace muchos años, pero cuando lo pude comprobar de manera más directa fue durante el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional. Un asunto, como todos los relacionados con el reparto del agua, radicalmente conflictivo. Por aquel entonces yo era vicepresidente del Gobierno y en tal condición me tocó ir a Aragón a tratar de explicar a sus fuerzas vivas nuestra decisión y los beneficios que, a nuestro juicio, entrañaba el trasvase del Ebro para el conjunto del país y para la propia comunidad autónoma. Me sabía el argumentario de memoria, casi como el temario de una oposición; conocía todas las objeciones que me iban a poner y también las respuestas a cada una de esas objeciones.

La reunión transcurría según lo esperado. Allí estaba yo delante de un mapa explicando los pormenores del proyecto: no se iba a detraer agua del caudal del Ebro a su paso por Aragón, además se iban a realizar las obras del Pacto del Agua pendientes desde hacía años, el volumen de inversión beneficiaría al conjunto de la economía aragonesa, crearía empleo, etc. Todo el mundo atendía con interés y se mostraba muy educado conmigo, aunque sus caras no escondían un profundo escepticismo. Al tiempo que me explicaba, me daba cuenta de que nada de lo que yo pudiera decirles iba a cambiar su rotunda oposición al Plan. Finalmente, después de un par de horas de ping-pong dialéctico, uno de los asistentes sentenció la reunión: «Don Mariano, le agradecemos mucho el esfuerzo, pero no siga. Este es un asunto de sentimientos». Creo que le respondí que entendía sus sentimientos, pero que él tenía que entender que muchas otras personas tenían sentimientos diferentes y que enfrentar un sentimiento contra otro habitualmente no conduce a ningún resultado positivo.

Más allá del contenido concreto de la anécdota cabe preguntarse cómo se puede mantener un debate racional si uno de los participantes apela a sus sentimientos como único argumento para la discusión. Me ha ocurrido en no pocas ocasiones a lo largo de mi vida política. En Cataluña con especial asiduidad. Allí los debates suelen terminar con la frase habitual «Es que yo soy nacionalista». ¿Cómo se puede entonces pactar, negociar o acordar nada?

Los sentimientos son el impulso que nos mueve a actuar en una dirección determinada o en otra, pero las decisiones tienen que responder a la racionalidad, al interés general, al sentido de la realidad y a los límites legales, que son, en definitiva, los que protegen los derechos de todos, independientemente de nuestros particulares sentimientos.

Hoy vivimos un proceso acusado de sentimentalización de la vida pública. Quien se siente víctima de una injusticia exige automáticamente un tratamiento acorde con dicha condición al margen de cualquier otro elemento de juicio, incluidas las sentencias judiciales. Uno se siente oprimido y se considera legitimado para reclamar una reparación pública, y quienes no se sienten españoles se consideran con derecho a desobedecer las leyes de nuestro país porque eso es lo que le dicta su conciencia. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Sin embargo, para ordenar pacíficamente la convivencia de todos, la reparación ha de tener lugar cuando realmente se ha producido una injusticia, del mismo modo que una persona es reconocida como una víctima por los tribunales y no por su particular y exclusiva percepción de la realidad.

En cuanto a las razones de los independentistas, permítame el lector recordar la respuesta del Supremo a las razones de «conciencia y compromiso social» que alegó Jordi Cuixart para justificar su delito de sedición:

Expresan una actitud antidemocrática en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de la reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual.

Este arrebato de sentimentalidad que ha inundado los periódicos, los programas de radio y televisión, las redes sociales y las conversaciones públicas se ha convertido en la coartada de algunos ciudadanos y grupos de presión para arrancar al poder político unas concesiones que de otra manera no tendrían. ¿Qué gobernante puede ser tan insensible que rechace las demandas de alguien que sufre? ¿Cómo se le explica a esa persona que sus peticiones pueden ir en contra del interés general o que sencillamente no son ajustadas a derecho? Admitámoslo: no resulta nada fácil.

Pero también algunos políticos han sabido utilizar en su provecho esta particularidad de nuestros tiempos; han descubierto que los sentimientos también son una excelente vía de escape de las propias responsabilidades. Así, el político no se legitima por sus hechos ni por su rendición de cuentas, sino que lo hace por su capacidad de compartir los sentimientos con los ciudadanos. Un mal gestor disimularía sus errores y sus carencias buscando la complicidad de la gente y presentándose también él como un ciudadano doliente, como otro ciudadano indignado, como una víctima de la oposición. A todos nos acuden a la memoria unos cuantos ejemplos cercanos de tan peculiar actitud.

Hace un momento recordaba la reacción de algunos miembros del Gobierno cuando en la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid se detectaron unas cartas anónimas con amenazas y se decidió informar a la opinión pública sobre algo que lamentablemente sucede con bastante asiduidad. El Gobierno, siguiendo la estrategia de Pablo Iglesias, intentó convertir este episodio en una inexistente campaña de violencia política que tenía al propio Ejecutivo como víctima preferente. Una ministra se paseó por la Carrera de San Jerónimo enseñando una fotocopia de una navaja supuestamente manchada de sangre —luego se supo que era pintura— y otra se echaba las manos a la cabeza en un plató de televisión como si le hubieran anunciado el asesinato de un colega. La polémica era tan absurda, tan extemporánea y tan sobreactuada que apenas duró unas horas.

Cuando al exdirigente socialista Eduardo Madina, que como todo el mundo sabe resultó gravemente herido en un atentado terrorista real, se le preguntó sobre esos aspavientos victimistas, se limitó a señalar, haciendo gala de finura y de diplomacia: «Yo me he criado en una cultura política distinta».

EL PARTICULARISMO: «¿QUÉ HAY DE LO MÍO?»

Una de las derivadas de esta infección sentimental que ha inundado la vida política se pone de manifiesto también en los excesos del particularismo. Nadie habla ya de grandes proyectos colectivos y la política parece haberse reducido a la suma de una serie de medidas sectoriales para contentar a distintos colectivos y distintos territorios. Cada cual defiende su terruño y sus intereses legítimamente, y cada colectivo hace de su autoexpresión una fuente de derechos. Podemos convenir que lo primero es mucho más admisible que lo segundo.

Esta tendencia resulta lógica hasta cierto punto, e incluso diría que es inevitable; todos hemos tenido que pactar y transigir en ciertas cesiones a las minorías para aprobar unos presupuestos o sacar adelante cualquier proyecto legislativo. No es ningún crimen, sino la lógica de la política que también se basa en el pacto, la cesión y el acuerdo. Pero tenemos que admitir que acaba generando un incentivo perverso: la capacidad de presión de esas minorías se vuelve creciente y la dependencia de sus demandas, cada vez mayor. A partir de ahí resulta lógico que el ejemplo cunda. No hay más que ver lo que nos ha ocurrido en España; al principio fueron las tradicionales exigencias de los nacionalismos vasco y catalán para apoyar la gobernabilidad, pero en la actualidad se han sumado a ellos una colección de grupúsculos incluso provinciales cuya única razón política es la de arrancar prebendas para sus respectivos territorios. Hasta diecisiete partidos cuentan hoy con un escaño en el Congreso de los Diputados. Diecisiete. No es nada fácil gobernar semejante muestra de «pluralidad».

Ello contrasta vivamente con el espíritu de lo que establece la Constitución, que en su apartado 2 del artículo 67 precisa que los diputados no están sometidos a mandato imperativo. Dicho en otras palabras, no representan a los votantes de su circunscripción ni rinden cuentas ante ellos, sino que representan al conjunto de la soberanía nacional. Unos doscientos años antes de que los ponentes constitucionales elaboraran nuestra Carta Magna, Edmund Burke lo había explicado con una brillantez que merece ser recordada todavía: «El Parlamento no es un congreso de embajadores con intereses diferentes y encontrados, intereses que cada uno debe defender, como agente y abogado, frente a otros agentes y abogados; sino que el Parlamento es una asamblea deliberativa de una nación, con un interés, el de la totalidad; donde no pueden guiar ni fines locales ni prejuicios locales, sino el bien general, resultante de la razón general del todo». Difícilmente se puede explicar mejor.

Como he dicho, todos hemos tenido que ceder a las demandas territoriales, pero nunca deberíamos renunciar a mantener un espacio reservado en la política para el bien común, para defender aquello que todos compartimos y no solo luchar por lo que nos distingue. Somos un país muy descentralizado y con muy distintas situaciones geográficas, humanas y sociales, pero somos un país, y conviene no confundir el sustantivo con los adjetivos. No es saludable que el interés general acabe subordinado a las pequeñas particularidades y localismos, sean territoriales o sectoriales.

Llegados a este punto, quiero reconocer la responsabilidad y la comprensión que casi siempre he encontrado en mis compañeros de partido cuando se me han planteado este tipo de conflictos entre el interés local y el interés general. En la mayoría de las ocasiones la cuestión se solucionaba con muchas horas de diálogo y documentos de alambicada redacción en los que todo el mundo podía sentirse representado; pero también he vivido algún episodio en el que me he tenido que emplear más a fondo, casi siempre en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Por más malabarismos y encaje de bolillos que pueda hacer el ministro de Hacienda, y Cristóbal Montoro era un auténtico maestro en ese arte, cuando llega el momento de la presentación pública de los Presupuestos siempre se produce la misma liturgia. Toda la prensa regional destaca al día siguiente lo poco que se ha invertido en su comunidad autónoma o en su ciudad y el repaso de esas portadas se convierte para el gobierno de turno en un sofisticado ejercicio de mortificación. Ese día uno entiende en toda su extensión las razones que han llevado a bautizar la economía como la «ciencia lúgubre».

En alguna ocasión me he encontrado con que algún compañero de partido se deslizaba por esa pendiente del agravio presupuestario o algún otro tipo de reivindicación localista. Han sido pocas veces porque, afortunadamente, los militantes y dirigentes del PP siempre se han mostrado muy sensibles y muy responsables en todo lo que hace referencia al concepto del interés nacional. En una de esas escasas ocasiones, debida más a la exagerada presión de la opinión pública y de las empresas del territorio que a cualquier otro motivo, llamé a mi compañero a mi despacho y desplegué ante su mirada toda la colección de primeras páginas de la prensa regional con sus correspondientes quejas contra la intolerable cicatería de mi Gobierno. Había descontento en Galicia, en Andalucía, en Valencia… En todas partes. Parece imposible que todo el mundo pudiera sentirse agraviado a la vez, pero con los Presupuestos eso es algo perfectamente posible, incluso habitual y lógico cuando el elemento de juicio son los intereses locales y no los del conjunto de la nación.

En cualquier caso, allí estábamos, los dos solos, ante aquel despliegue de supuestas injusticias, cuando le dije: «Si cada uno de tus compañeros se quejara como tú y si cada uno de nosotros solo nos moviéramos por el interés particular, ¿para qué diablos queremos gobernar España? Y en cualquier caso, ¿cómo es posible discriminar a todos a la vez?». Debí de ser bastante convincente porque nunca volvió a quejarse en el mismo tono. Más aún, cuando dejé la política me llamó y me recordó aquel momento con cariño.

En ocasiones, la mejor manera de abarcar la realidad es levantando la mirada. Si solo atendemos al terreno que pisamos, renunciamos a muchos otros elementos imprescindibles para acertar en nuestras decisiones, perdemos el sentido de la proporción e incluso perdemos la línea del horizonte y, con él, la trayectoria hacia donde queremos dirigir nuestros pasos.

Como en tantas otras cuestiones de la vida pública, este asunto de los localismos exacerbados nos conduce a la necesidad de mantener el equilibrio entre dos tensiones contrapuestas y ambas inexcusables. Es preciso equilibrar la atención a los intereses locales o sectoriales, particulares y legítimos, con la obligación de tener siempre presente el interés general. Sin un proyecto de país, sin un programa que interpele a todos y cada uno de los españoles más allá de si son madrileños, andaluces o valencianos, la política pierde mucha de su grandeza y su energía. Pierde la magia de hermanar a la gente en un gran objetivo nacional. Creo que una de las razones que explican la fortaleza del Partido Popular es que a lo largo de la historia ha sabido armonizar ambos objetivos: atender a las demandas de sus territorios y ser sensible a sus peculiaridades sin olvidar nunca el interés general de España. No es tarea fácil y obliga a mantener un equilibrio que los más extremistas de una y otra condición se empeñan en descalificar.

Tanto desenfoca la realidad quien solo atiende a los intereses locales como quien desprecia la importancia de estos. Como he comentado antes, hablando de los nacionalismos, todos albergamos un sentido de pertenencia. Yo escucho a mucha gente criticar en Madrid el Estado de las autonomías, incluso hay un partido político que ha hecho de ello una de sus banderas, aunque curiosamente no ha dejado de presentarse a las distintas elecciones autonómicas. Nunca he compartido ese discurso político que desprecia las autonomías, y si miramos lo que ha sucedido en esta pandemia, no es osado concluir que las comunidades autónomas han resultado ser mucho más eficaces en la gestión que el propio Gobierno central. No olvidemos que tan constitucional es la unidad de España como nuestro Estado de las autonomías. Y las deslealtades de unos pocos no pueden hacernos olvidar los beneficios del conjunto.

LA POLARIZACIÓN: «DALES CAÑA»

Si usted, amable lector, ha tenido la paciencia de acompañarme hasta este punto, habrá entendido que mi intención es señalar que el populismo no se limita a unos cuantos políticos gamberros y escasos de escrúpulos frente al resto, sino que muchas de sus conductas y rasgos se acaban contagiando peligrosamente al conjunto de la sociedad. Alguien podrá rebatirme y demostrar que el proceso es el inverso: que una deriva populista de nuestros códigos sociales ha acabado generando líderes demagogos. Yo dejo ese debate para los estudiosos; no me interesa tanto saber cómo hemos llegado hasta aquí, sino advertir sobre los riesgos que esta situación plantea a la convivencia de las personas. Miremos, por ejemplo, el fenómeno de moda, el que aparece inevitablemente en todas las conversaciones políticas: la famosa polarización.

Para describir lo que significa la polarización, Anne Applebaum explicó su propia experiencia. Había dado una fiesta en su casa en Polonia a un grupo de amigos para celebrar la llegada del año 2000. Veinte años después, la evolución de su país había sido tan radical que muchos de los invitados que compartieron aquella celebración habían dejado de hablarse y ni siquiera se saludarían si se encontraran por la calle.

Una de las estadísticas que se usa habitualmente para definir la creciente polarización se refiere a Estados Unidos. Cuando en 1960 se les preguntaba a los americanos si les importaría o les molestaría que un hijo suyo se casara con alguien de otro partido político, el porcentaje no pasaba del 5 %. Cuando se les volvió a preguntar por la misma cuestión en 2010, el porcentaje había escalado hasta el 33 % de los demócratas y el 49 % de los republicanos.

En Cataluña, durante los momentos de mayor tensión del procés, uno de los comentarios más generalizados que se podía escuchar a la gente era que en las reuniones familiares se había dejado de hablar de política para «tener la fiesta en paz». Probablemente este es el punto de máxima polarización política: el momento en que las reuniones familiares o de amigos se acaban a causa de las diferencias políticas de sus miembros. El momento en que ya no se puede organizar una fiesta porque la virulencia de las distintas posiciones ideológicas se impone sobre los demás vínculos familiares o sociales. El momento en que la intolerancia se impone a la convivencia.

Los políticos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad —que no es menor— en la polarización de la sociedad: es mucho más fácil mover el voto desde el apasionamiento que desde la racionalidad. Recordemos la famosa «pillada» a Rodríguez Zapatero en conversación con Iñaki Gabilondo durante una campaña electoral: «Necesitamos tensión y dramatismo».

Asimismo, es mucho más rentable jugar a la criminalización del adversario. A mí me han llamado fascista desde que era pequeño solo porque nunca he sido de izquierdas. En lo personal no me importa porque sé perfectamente que soy lo más alejado que se puede encontrar de un fascista, incluso en cuestiones de estilo. Pero no por ello voy a ignorar las intenciones de quien me endilga el calificativo. Lo que persigue es denigrarme y negar la legitimidad de mis argumentos. Lo que intenta es cercenar el debate político… Las ideas de un fascista no merecen ni ser tomadas en consideración para rebatirlas. La apoteosis de esa conducta son los famosos «cordones sanitarios». En Cataluña empezaron con el malhadado Pacto del Tinell; en aquella ocasión la víctima fue el PP, pero la costumbre se ha generalizado con los años y la última víctima ha sido el PSC, que paradójicamente había estado entre los firmantes del Tinell: pasó de hacer un cordón sanitario a ser víctima de otro. Quienes no faltan nunca son los independentistas de sus distintos pelajes.

Todo este tipo de conductas que protagonizan los políticos acaban contagiándose a los ciudadanos y se genera una espiral perversa: la intolerancia se traslada de la política a la sociedad, la gente se radicaliza y exige a sus representantes posiciones cada vez más extremas. Es el famoso «Dales caña» que todos hemos escuchado en más de una ocasión.

Pero hay una diferencia fundamental entre la polarización en la vida política y la polarización en la sociedad. Los políticos podemos cambiar de discurso, rebajar el tono y acabar llegando a acuerdos. De hecho, lo solemos hacer con bastante facilidad, basta con ver lo que se dice en las campañas electorales y lo que se dice el día después cuando hay que buscar acuerdos. Sin embargo, una vez que se ha sembrado la intolerancia entre la gente, no es tan fácil convencerla de que vuelva a admitir soluciones pactadas.

Hay dos elementos más que convierten la polarización social en un fenómeno muy peligroso. El primero es que no suele limitarse a las posiciones ideológicas de cada cual, sino que se extiende al conjunto del cuerpo social. Cuando la intolerancia se instala en la sociedad lo contagia todo: los toros, la raza, la religión, el campo y la ciudad o incluso la alimentación, etc. Cualquier elemento se convierte en motivo suficiente para ahondar en esa división, que va creciendo y contaminando todos los rincones de nuestro comportamiento como seres sociales. El segundo elemento que debe preocuparnos es la manera en que este fenómeno deteriora la calidad del sistema democrático. En un informe publicado por ESADE en marzo de 2021 resumía así sus efectos: «La polarización afectiva deteriora la cooperación entre ciudadanos, afecta a la confianza hacia las instituciones, reduce la legitimidad de los gobiernos y puede generar parálisis o bloqueo de las instituciones». La conclusión del informe era rotunda: «genera un clima de opinión que facilita un mal gobierno».

Esta última conclusión merece una reflexión más sosegada por su gravedad. Cuando la gente se radicaliza, se muestra más dispuesta a ceder en determinadas exigencias democráticas en favor de sus posiciones ideológicas. Acepta un mal gobierno «porque son los míos», me abstengo de criticar ciertas conductas «porque son compañeros», no pido cuentas de los errores «porque eso es darle bazas al enemigo». Por esta razón todos los populistas autoritarios convierten la radicalización social en un instrumento imprescindible de su poder. Cuando ganan las elecciones siguen cultivando la intolerancia y el sectarismo porque esa es la coartada que les permite llevar a cabo sin resistencia social su proceso de subversión de la democracia.

Uno podría pensar que este comportamiento se limita a casos extremos como la Venezuela de Chávez y Maduro o la Nicaragua de Ortega, pero no conviene engañarse. En nuestras democracias occidentales también se producen episodios en los que los ciudadanos renunciamos por puro sectarismo a exigir a nuestros representantes la obligada rendición de cuentas. Los resultados electorales de los independentistas catalanes pese a su catastrófica gestión de la comunidad autónoma es un ejemplo de lo que digo, como lo es el indiscutible apoyo popular que disfrutan los gobiernos iliberales de Hungría o Polonia. Hasta Donald Trump era consciente de este fenómeno y probablemente fue quien mejor lo ilustró: «Yo podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y pegarle un tiro a alguien y no perdería votos». De hecho, Trump sigue teniendo una enorme influencia en el Partido Republicano un año después de su derrota y aun a pesar de su comportamiento durante el episodio de la ocupación del Capitolio.

LOS JUICIOS PARALELOS. EL HONOR DE LOS INOCENTES

De entre todos los ejemplos de contagio del populismo en nuestras sociedades, hay uno que merece especial consideración por su gravedad y es aquel que persigue sustituir los tribunales de justicia por las portadas de los periódicos o las tertulias de radio y televisión. Me estoy refiriendo a los juicios paralelos, cada vez más frecuentes y perniciosos. Por supuesto, los sufren quienes los padecen y son puestos en la picota de la opinión pública sin posibilidad de defensa, pero los sufre también el conjunto de la sociedad, la justicia y los ciudadanos porque este tipo de prácticas liquida un principio esencial de cualquier régimen democrático como es la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia es un derecho recogido en la Constitución española y reconocido por numerosos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros más. Este principio garantiza que toda persona es inocente hasta que un juez, después de un proceso celebrado con todas las garantías legales, adquiera la plena certeza de su culpabilidad y dicte una sentencia firme. En suma, toda persona es inocente hasta que no sea condenada por un tribunal. Y por lo tanto nadie debe verse obligado a demostrar su inocencia.

Cuando un particular es investigado o acusado de una actividad delictiva, el ámbito privado en el que vive le permite en términos generales disfrutar plenamente de dicha presunción. Por ello, además de tener garantizada la presunción de inocencia en el ámbito judicial, mientras no haya una condena firme su vida no suele sufrir mayores consecuencias por el hecho de ser investigado o acusado. La excepción más extrema de esta regla general fue el caso de Dolores Vázquez, una mujer que fue condenada por un crimen que no había cometido, el de la niña Rocío Wanninkhof, solo por el asfixiante clima mediático que se había generado en torno al suceso. El juicio paralelo realizado en los medios de comunicación había dictaminado que Dolores era culpable y el jurado no fue capaz de sustraerse a esa sentencia mediática dictada antes de que comenzara el juicio. Solo el descubrimiento posterior del auténtico asesino permitió hacer justicia de verdad a la joven asesinada y a la mujer condenada injustamente por ese crimen.

Por fortuna, este es un caso extremo, pero sirve para ilustrar las graves consecuencias que pueden tener los juicios paralelos en la recta administración de la justicia. Sin embargo, como antes señalábamos, en el caso de las personas cuya vida se desenvuelve en el ámbito de lo privado, la presunción de inocencia tiende a operar plenamente y su vida no suele padecer daños irreversibles. Los problemas se generan cuando la persona investigada o acusada de un delito es un político o alguien con proyección pública. En este supuesto la presunción de inocencia, ese derecho reconocido constitucionalmente, parece evaporarse. Sí lo mantiene en términos nominales y en el ámbito judicial, pero la situación dista mucho de ser la misma cuando salimos del plano de la justicia. Fuera de él, la presunción de inocencia funciona para el político de manera distinta, hasta el punto de que en muchas ocasiones se transforma en una presunción de culpabilidad.

En los últimos años hemos asistido fuera del ámbito judicial a multitud de acusaciones contra muchos dirigentes políticos. Algunos fueron condenados efectivamente por los tribunales, pero muchos otros fueron absueltos, a veces ni llegaron a ser juzgados, e incluso ni siquiera investigados, pero todos sufrieron la llamada «pena del telediario». Esta suerte de condenas extrajudiciales a veces son peores que las resoluciones de los magistrados, sobre todo, como es evidente, si estas declaran su inocencia. Además provocan situaciones injustas que luego no pueden ser objeto de recuperación.

Arcadi Espada dedicó un libro entero a analizar el tratamiento que un diario nacional dio a Francisco Camps por el escándalo de los supuestos trajes regalados y que, como todo el mundo sabe o debiera saber, ha terminado con la absolución del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana. El periodista recopiló y analizó hasta ciento veinte portadas que el periódico dedicó durante tres años a un asunto que terminó, como digo, en la absolución de Camps. Y Espada concluye:

De la observación minuciosa del caso Camps se sacan consecuencias devastadoras sobre un modo de ejercer la justicia y el periodismo. Yo me ocupo sobre todo de este último. No solo porque se trata de mi oficio y de lo que mejor conozco. Hay otra cuestión. La justicia acabó cumpliendo su misión. Es evidente que ni instructores ni fiscales trabajaron con acierto y que sometieron al procesado a una zozobra injusta. Pero, al final, la justicia rectificó sus errores y nada tiene pendiente con Camps. Por el contrario, el periodismo no solo no ha pedido perdón a Camps por haber colaborado decisivamente a su destrucción política y humana, sino que, escocido por su error, sigue considerándolo culpable. Esa falta de asunción de su responsabilidad es tanto más grave cuanto que el verdadero y sostenido daño que Camps recibió fue el mediático.

La misma falta de reparación pública podríamos citar en tantos otros casos de personas, al igual que Camps, condenadas por una parte de la opinión pública, muchas veces por razones puramente políticas, que finalmente resultaron absueltas en los tribunales. Muchas de ellas compañeras del PP como Pilar Barreiro o Cristina Cifuentes, o decenas de cargos menores del partido en Valencia o Murcia, pero también los socialistas Pachi Vázquez o Tomás Gómez… Todo el ruido y el escándalo que acompañaron estos casos en su momento terminaron judicialmente en la absolución. Aunque se llevaron por delante sus carreras políticas y su reputación, que no ha sido reparada.

En los juicios paralelos no solo se pisotean los derechos de personas concretas, también se genera un clima de opinión sobre hechos no probados y no calificados por los jueces que, sin embargo, merecen el tratamiento de verdades incontestables. Véase el llamado «caso de los ordenadores» del PP. Siete años de instrucción, de filtraciones, de titulares y de polémicas estériles. Una absolución en sentencia firme para el PP y para tres de sus trabajadores que, por cierto, no tenían cargos políticos.

En este y en tantos otros casos, los desmentidos de los afectados no parecen importarle a nadie, como tampoco parecen interesar las absoluciones o los archivos cuando se producen. Un sector de la opinión pública, por puro interés partidista o ideológico, en la mayoría de los casos, prefiere dar más credibilidad a las versiones contradictorias y falsas de un procesado que puede mentir para defenderse, que a los desmentidos de los acusados, sobre todo si estos se dedican a la política. Ya se sabe que los políticos, solo por serlo, gozan de la presunción de culpabilidad.

Las cosas no deben funcionar así. Quien acusa tiene que demostrar. La carga de la prueba corresponde al acusador y no al acusado. No es el acusado quien ha de probar su inocencia. Así es en un Estado de derecho. Duelen especialmente las medias verdades, que son las peores mentiras. Las insinuaciones que no afirman categóricamente pero que sugieren sin afirmar, y las exageraciones, una de las formas más dañinas de faltar a la verdad.

Sorprende que se conviertan en una especie de dogma de fe un informe policial, los escritos de un comisario o una petición concreta de la Fiscalía, cuando en ocasiones acaban por no tener ninguna trascendencia ya que son sometidos en la causa al principio de contradicción y no pocas veces resultan desestimados. Estos elementos pueden resultar irrelevantes en el ámbito judicial pero se convierten en una condena irrefutable en los medios.

También la justicia es víctima de este tipo de juicios paralelos porque casi nunca llega a estar al nivel de indignación que se ha fomentado en la opinión pública. Cuando después de años de instrucción el caso Bankia acaba en una absolución general, quien se resiente es la propia justicia a la que se acusa de haber fracasado en la persecución del delito. Cuando se mantiene abierta una instrucción por la influencia de la portada de un periódico y no por lo que indica la valoración de las pruebas, la justicia también se resiente. De hecho, las advertencias de la justicia europea contra los juicios paralelos se refieren precisamente a este tipo de riesgos, a la capacidad de las filtraciones periodísticas para actuar como un elemento de presión sobre la independencia de los jueces a la hora de ejercer su función jurisdiccional.

No existe un responsable único de esta situación y tampoco podemos culpar de todo a los populistas; en cualquier caso, como hemos visto, ellos son quienes sacan más ventaja de esta perversión. Los actores que con sus comportamientos y su manera de producirse contribuyen a esta vulneración de la presunción de inocencia son muchos y diversos. Desde luego, los partidos políticos tienen una parte de responsabilidad al recurrir a las denuncias judiciales y a la acusación popular como una estrategia de acoso contra los adversarios. Esta es una de las razones por las que yo siempre me negué a admitir que la simple imputación obligara a la dimisión del político investigado, y no me resultó fácil hacerlo cuando en toda España había un clamor inquisitorial alentado, principalmente, por los partidos de nuevo cuño, cuyo papel en esta deriva ha sido muy lamentable por sus exageradas y demagógicas diatribas contra sus adversarios políticos.

Ahora ha pasado el tiempo suficiente para recopilar la lista de absoluciones en casos que constituyeron auténticos escándalos mediáticos y que no se sustanciaron en nada; también hemos podido ver que buena parte de los integrantes de aquella suerte de Comité de Salud Pública contra el PP han protagonizado conductas mucho menos ejemplares que las que con tanta ferocidad criticaban. Y a ninguno de ellos se les ha aplicado el rigor en la exigencia de ejemplaridad que se nos demandó a nosotros. Ahora todo se puede valorar de una manera más justa y equilibrada.

A veces los distintos actores en el proceso judicial son los primeros responsables de recurrir a este mecanismo tan poco edificante en el que se ignora abiertamente la obligada reserva sobre las actuaciones en fase de instrucción. Aquí no son pocas las instrucciones judiciales que prácticamente se retransmiten en tiempo real. Hemos podido ver y escuchar las declaraciones judiciales de testigos y acusados. Los informes de policías y fiscales, que en ocasiones son desestimados por las más variadas razones, sirven para abrir informativos y periódicos a cinco columnas. No nos engañemos: cualquier informe policial o escrito acusatorio de la Fiscalía filtrado a la prensa es una condena mediática que invierte la naturaleza del proceso judicial. El que acusa ya no tiene que probar sus imputaciones como está obligado a hacer en sede judicial; por el contrario, es el acusado quien tiene que probar su inocencia. Esta es la gran perversión de los juicios paralelos y por eso son especialmente graves este tipo de filtraciones.

Con las redes sociales la cosa no ha hecho más que empeorar porque desde el anonimato más absoluto, y a veces sin necesidad de él, se atribuye a los dirigentes políticos o a los propios jueces y magistrados toda suerte de desafueros y se les «agasaja» con un sinfín de calificativos situados en las fronteras del Código Penal. Ya sabemos que las redes sociales constituyen una especie de selva donde no existen reglas. Sí las hay, sin embargo, en los medios de comunicación, y por ello también estos cuentan con su parte no desdeñable de responsabilidad en el fenómeno: unos por razones puramente ideológicas y otros porque la competencia obliga y no se pueden quedar atrás, no vaya a resultar que alguien se les adelante y les pise una exclusiva.

No pretendo decir que los medios deban actuar con la escrupulosidad de un juez, porque su función es muy distinta. Lo suyo es informar, opinar, ejercer la crítica y también demandar responsabilidades políticas cuando les parezca oportuno. Pero creo que del mismo modo que exigen, con razón, respeto a su libertad, también deberían reflexionar sobre el grado de intoxicación al que se someten cuando aceptan entrar en los juegos de filtraciones interesadas sin los cuales no se producirían los juicios paralelos.

El que fuera director de ABC durante diez años, Bieito Rubido, con la autoridad de su larga trayectoria, se ha referido así al asunto de las filtraciones en el llamado periodismo de investigación:

La fuente nunca es inocente. Esto era algo en lo que yo insistía a mis redactores especialmente en ABC: ¿qué beneficio obtiene la fuente informativa? En muchas ocasiones se trataba de una venganza, pero en la mayoría de los casos la motivación era o una perversa estrategia contra alguien o un negocio que podía terminar en extorsión. Creo que el 99 % de las veces el autor, es decir, el periodista, no se enteraba de lo que en realidad ocurría e ignoraba las motivaciones que había detrás y, desde luego, no solía participar en el posible negocio que escondían.

Este conjunto de reflexiones sobre la gravedad de los juicios paralelos coincide con las que ha hecho en reiteradas ocasiones la propia justicia, una de ellas a cargo del Tribunal Supremo, que se ha pronunciado de forma clara en torno a ese asunto y lo sitúa en sus justos términos:

El discurso judicial nunca puede ser vicario de la voluble y a veces evanescente opinión pública. Con frecuencia se ha de —por decirlo gráficamente— remar a contracorriente, porque el discurso judicial es el de las garantías del proceso debido. Dicho esto, es preciso reconocer que la publicación de noticias e hipótesis puede hacer aparecer como culpables ante la Sociedad a personas que solo están o han sido imputadas, y que como tal tienen a su favor el derecho a la presunción de inocencia. Solo desde la autocontención de los medios de comunicación y desde el rigor de veracidad de las noticias que transmitan puede hablarse de límites. El límite último es el Código Penal, pero este es la última trinchera, nunca la primera.

La profesión periodística, tan crítica siempre con quienes desempeñan actividades con repercusión pública, también debe/debería efectuar una reflexión, desde la serenidad, en relación a las consecuencias que pueden derivarse de lo que se escribe o dice, a veces con ligereza y precipitación, y por ello una apelación a la deontología profesional nunca está de más. […] La justicia paralela no es justicia. Justicia solo es la que se pronuncia en los Tribunales tras la valoración de toda la actividad probatoria, coincida o no con los «aprioris» que puedan circular en la Sociedad.

Algunos sostienen que las críticas de los adversarios políticos, de los medios de comunicación o en las redes sociales no intervienen en el ámbito judicial. Argumentan que esas opiniones forman parte de la crítica legítima, de la libertad de expresión y que, en consecuencia, no operan sobre el proceso penal, donde sigue vigente el principio de presunción de inocencia. Esta exigencia de responsabilidades políticas sería independiente del proceso penal y se basaría en el concepto «ejemplaridad», un eufemismo que les sirve para llevar a cabo su juicio político. Pero, a diferencia de la justicia real, esta suerte de juicios mediáticos carece de reglas, no permite la defensa y suele finalizar en una condena: el escarnio público.

Otros pensamos, por el contrario, que la presunción de inocencia también debería extenderse más allá del ámbito judicial y que el Código Penal, como señalaba la sentencia del Tribunal Supremo antes citada, «es el límite último, la última trinchera, nunca la primera». Afirmar lo contrario sería tanto como dar carta de naturaleza y legitimar cualquier tipo de atropello a las personas.

Es verdad que no es fácil dar una respuesta equilibrada y justa a esta situación, pero sería muy deseable que el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de expresión pudieran convivir de una manera armónica. También en este asunto sería muy oportuno contener las pasiones y moderar el juicio. Toda la sociedad ganaría.

Exigir la dimisión de alguien por el hecho de ser investigado en una causa judicial me parece exagerado y un punto hipócrita que no mejora en nada la calidad de la vida pública, antes al contrario: lo que mejoraría la vida pública sería respetar la presunción de inocencia y aceptar los ritmos de la justicia. Tampoco podemos ignorar que los comportamientos personales afectan a la reputación de las organizaciones a la que estas personas pertenecen, y más si se trata de partidos políticos. Por ello creo que la solución más equilibrada es la de exigir la renuncia solo en el caso de apertura de juicio oral y nunca antes. Aun así, se debe dejar muy claro que la renuncia se produce para preservar a la organización y que no supone en ningún caso la vulneración de la presunción de inocencia de las personas afectadas.

A lo largo de mi vida política he sido testigo de multitud de injusticias y atropellos, alguno especialmente doloroso como el de Rita Barberá, que no vivió para verse libre de la cacería que se desató contra ella. Por eso valoro especialmente cuando los profesionales de la información tienen la valentía de reconocer la gravedad de los juicios paralelos y advertir de sus consecuencias, como ha hecho el periodista de ABC Manuel Marín:

Las condenas preventivas, las sentencias de plató y los juicios de telediario son un asco, pero ya son irreversibles. Podemos ponernos estupendos con la dignificación de los derechos y con la presunción de inocencia, pero hoy ya solo es uno de tantos artículos de la Constitución convertidos en una milonga de corrección política que no sirven para nada. La presunción de inocencia es una convención retórica, una de esas previsiones legales que adornan mucho como vitola democrática, pero en el fondo es solo un trofeo bienqueda, como esas cabezas de venados que aún cuelgan disecadas en bares de carretera para dar cuenta de que alguna vez hubo vida tras unos ojos muertos. Ahí queda arrumbada, entre legajos doctrinales y recursos inútiles, porque manda la presunción de culpabilidad.

CUANDO AL ESTADO DE DERECHO SE LE LLAMA «VENGANZA»

La capacidad tóxica del populismo se vuelve particularmente peligrosa cuando alcanza al funcionamiento de los poderes del Estado: si una sentencia busca más el aplauso social que la recta aplicación de la ley, si las fuerzas de seguridad pueden actuar arbitrariamente o si los gobernantes democráticos olvidan alguno de los principios elementales del funcionamiento del Estado de derecho. En algún momento me he referido ya a las denuncias de Freedom House sobre el retroceso en calidad democrática en todo el mundo, un proceso que se venía arrastrando de lejos y que la pandemia no ha hecho más que empeorar.

Indudablemente, una situación como la que vivimos en 2020 fue de todo punto excepcional; diría más, fue algo inimaginable que obligó a todos los gobiernos a sacarse de la manga atropelladamente todo tipo de medidas extremas que jamás se hubieran contemplado en ninguna otra circunstancia. Se suspendieron derechos fundamentales como la libertad para moverse por cualquier parte del país o para reunirse con cualquier persona, incluidos familiares. Se suspendieron elecciones, se cerraron fronteras y parlamentos, se implantaron toques de queda y se produjeron decenas de limitaciones similares absolutamente inaceptables en unas circunstancias democráticas normalizadas. Recuerdo que aquí un mando de la Guardia Civil llegó a afirmar con absoluto desparpajo que las fuerzas de seguridad estaban monitorizando las redes sociales para «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». El virus campaba a sus anchas, la gente moría por centenares, los epidemiólogos exigían restringir al máximo la movilidad ciudadana y, ante la amenaza real e inmediata a la vida de tantas personas, los derechos democráticos más elementales pasaron a un segundo plano.

No discuto la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en una situación tan extraordinaria, ni niego que hubiera que suspender esas libertades; lo que mantengo es que debería haberse actuado de un modo más pulcro dada la importancia de la materia que resultaba afectada. Si era necesario suspender esos derechos, como así parece, se debió hacer de la forma más limitada, prudente y proporcional a tenor de la relevancia de los mismos. No se pueden pisotear los fundamentos de una democracia sin dedicar siquiera un minuto a ser consciente de las graves implicaciones de dicha decisión y establecer las cautelas necesarias para evitar una deriva indeseable. También hubiera sido oportuno buscar el acuerdo con las fuerzas políticas de la oposición y las comunidades autónomas. Era un asunto este de importancia capital para España.

Antes de que el Tribunal Constitucional dictaminara la inconstitucionalidad del decreto por el que el Gobierno declaró el estado de alarma en marzo de 2020, muchos juristas habían denunciado lo abusivo del mismo. Destaco por su precisión las palabras de Manuel Aragón en un artículo publicado en el diario El País que hoy sigue siendo una pieza de lectura obligatoria:

La protección de la salud es una finalidad que legitima la actuación de los poderes públicos y, más aún, es una obligación que les viene impuesta, pero ese objetivo solo puede llevarse a cabo a través de las reglas del Estado de derecho. Ambas obligaciones son y deben ser perfectamente compatibles. El confinamiento general de las personas en sus domicilios ha sido, probablemente, una decisión necesaria para intentar atajar la pandemia y debemos aceptarla y sufrirla resignadamente, pero siempre que se haya respetado escrupulosamente la forma que la Constitución exige, algo que, a mi juicio, no se ha hecho.

El magistrado denunciaba otros comportamientos inaceptables desde el punto de vista democrático, como las arengas presidenciales o el cierre del Parlamento, y remataba con esta reflexión:

España es, por fortuna, un Estado democrático que impone, en toda circunstancia, el control político del poder, y un Estado de derecho que exige, sin excepción, su protección por jueces y tribunales independientes. Y también ha de esperarse su salvaguarda por la inmensa mayoría de los ciudadanos que, al socaire de una enorme desgracia sanitaria, no deben permitir que se debilite la democracia conseguida hace ya cuarenta años.

Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, también advirtió en el diario Expansión sobre la gravedad de algunas decisiones adoptadas durante la pandemia:

Se ha normalizado el estado de alarma mediante una interpretación flexible y amplia. Se pueden sacrificar derechos sin control judicial y no pasa nada. Es un peligroso precedente. Irrelevancia de la ley, politización del poder judicial e intervención gubernamental de las libertades sin control judicial delimitan el triángulo de las Bermudas de la democracia. Entre la pandemia y la polarización fratricida, más y más intolerancia lo seguirá ampliando.

En la misma línea, la que fuera fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, denunció:

Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad. Ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma.

Este artículo, publicado en El Mundo, le valió a la fiscal la apertura de un expediente disciplinario. Hoy, por fortuna, el Tribunal Constitucional ha venido a poner las cosas en su sitio y sentar doctrina. Los críticos tenían razón: el Gobierno se extralimitó en la aplicación del estado de alarma y debería haber recurrido al estado de excepción, otro instrumento igualmente constitucional pero sometido a un control político mucho más exigente. Habrá que celebrar, además, que el expediente abierto a la fiscal fuera finalmente archivado.

Todas estas reflexiones podrían quedar convertidas casi en una anécdota para eruditos ya que las urgencias de la pandemia han pasado. Lo razonable es pensar que no vamos a volver a vernos inmersos en una distopía similar y que, en consecuencia, no será necesario volver a aplicar semejante tipo de restricciones. Pero lo cierto es que la tentación de desbordar los límites de una democracia liberal se mantiene intacta y no necesita de una pandemia para activarse.

Recordaba al inicio de este capítulo la malhadada propuesta del Partido Socialista y de Podemos de atropellar la independencia del poder judicial con una reforma legal que haría depender la composición del Consejo General del Poder Judicial de la mayoría parlamentaria de turno. No quiero extenderme demasiado sobre este asunto al que volveré más tarde, pero sí dejar constancia de la gravedad de la propuesta. Aquel despropósito pretendía eliminar la mayoría cualificada de tres quintos para proceder a los nombramientos y rebajarla a una mayoría absoluta. Semejante burrada —no puede calificarse de otra manera—, que solo puede surgir de cabezas tan sectarias como iletradas, nos valió una llamada de atención por parte de las autoridades europeas en un hecho del que yo no recuerdo precedentes similares.

La iniciativa responde a un descarado intento del poder político de asaltar el poder judicial sorteando los límites constitucionales para poner a la justicia al servicio de la mayoría de turno. La ley que se aprobó posteriormente y que priva de sus competencias al Consejo General del Poder Judicial mientras está en funciones va en la misma línea de acoso y está creando graves problemas al funcionamiento normal de la justicia en España.

Es cierto que Europa nos ha advertido muchas veces sobre el déficit público o la necesidad de acometer reformas económicas, pero nunca nos tuvo que llamar la atención por una cuestión de déficit democrático. Ese dudoso mérito se lo puede apuntar en exclusiva este Gobierno.

Los gobernantes no son infalibles, unas veces se equivocan en decisiones políticas y en otras los tribunales les enmiendan la plana y les corrigen sus leyes o sus actuaciones. No hay que escandalizarse por ello; es el normal funcionamiento del Estado de derecho. Si el Constitucional declara que un precepto determinado o una actuación política es inconstitucional, como sucedió con el decreto del estado de alarma, no tiene por qué ser el fin del mundo. Con ello no se acaba la democracia, sino que se refuerza. Pero conviene hacer algunas salvedades. La primera es que este tipo de enmiendas debieran ser la excepción y no la norma habitual. Para ello existen órganos, como el Consejo de Estado o el propio Consejo General del Poder Judicial, que se encargan de velar por la calidad de las leyes y advertir sobre los errores que pueden detectar. Conviene atenderlos siempre que sea posible.

Yo me siento muy satisfecho de que durante todo el desarrollo de la crisis independentista de Cataluña ni una sola de las disposiciones de mi Gobierno haya sido enmendada por los tribunales. Y no solo es una cuestión de orgullo personal o de justo reconocimiento a todo el equipo jurídico del Gobierno que dirigía Soraya Sáenz de Santamaría. Hicimos un esfuerzo por ser absolutamente escrupulosos en la aplicación de los mecanismos del Estado de derecho porque sabíamos de las graves consecuencias que hubiera tenido cualquier revés judicial o constitucional en ese asunto. Hubiera sido gasolina para toda la propaganda independentista.

Hacer bien las leyes facilita su cumplimiento por parte de los ciudadanos, pero en aquel caso además resultaba de una importancia mayúscula por su trascendencia política y constitucional.

La segunda consideración tiene que ver con la reacción del político o el gobernante de turno ante un revés judicial. Ahí resplandecen como el sol a mediodía las diferencias entre quienes se creen lo de la democracia liberal y quienes están muy lejos de entender sus fundamentos.

Cuando una diputada regional de Podemos en Madrid, Isa Serra, fue condenada por un delito de atentado y otro de lesiones, a raíz de sus ataques a la policía durante un desahucio, Pablo Iglesias tuiteó: «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y sus contactos mientras se condena a quien protestó por un desahucio». ¿Existe un ejemplo más grosero de manipulación, demagogia y maledicencia? Como es lógico, los jueces tuvieron que protestar, entre otras razones porque el tuitero que les señalaba como protectores de corruptos ocupaba la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España.

¿Y qué podemos decir de la torticera argumentación con que el Gobierno trató de justificar su decisión de indultar a los condenados por la intentona separatista? Ya no voy a descender a «minucias» como el hecho de que se hiciera caso omiso del criterio del tribunal sentenciador, o el no menos sorprendente de que los indultos fueran aprobados solo meses después de que el presidente del Gobierno se hubiera comprometido públicamente a lo contrario. Lo peor fue la argumentación que desplegó, según la cual las condenas dictadas por el Supremo eran producto del «rencor» o de la «venganza» y las medidas de gracia, ejemplos de concordia.

La polémica que se organizó fue de tal magnitud que inevitablemente el Gobierno se vio obligado a cambiar pronto de discurso —es de lamentar que no cambiara también su decisión—, pero unos meses después, en la apertura del año judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, no perdió la ocasión de poner cordura frente a la insensatez:

Se ha llegado a contraponer la concordia frente al resentimiento como si la acción de la justicia al aplicar la ley, a la que todos nos debemos, fuera un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas. Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o el sentimiento de rencor, porque juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes.

A la hora de repasar los últimos detalles de este libro, la decisión de los indultos todavía está pendiente de varios recursos presentados ante la Sala de lo Contencioso del Supremo. No sabemos, por tanto, si son legales o no. Algunos elementos de este proceso, como la concesión a la vez de los nueve indultos o la ausencia absoluta de cualquier atisbo de arrepentimiento por parte de los beneficiados por las medidas de gracia, apuntan serias dudas sobre la pertinencia de las mismas. Pero la última palabra la dirán los tribunales.

Sin esperar a conocer el veredicto, todos sabemos que con esta decisión política el Gobierno ha estirado al máximo las costuras de la separación de poderes. Puede ser legal, pero estos indultos han forzado al límite el espíritu de la ley. La ley de indultos está prevista para perdonar la pena a quien se ha rehabilitado y no va a volver a delinquir, no para sacar a la calle a un grupo de secesionistas que reiteran a cada momento su voluntad de volver a desafiar el ordenamiento jurídico.

Mal está conceder a los secesionistas un perdón que no han pedido y que no merecen; peor es hacerlo con el informe contrario del Tribunal Supremo y cuando se ha engañado groseramente a la población, a la que se le había garantizado justo el tratamiento contrario. La guinda de tanta arbitrariedad ha sido el cerrojazo informativo: nadie puede tener acceso a los expedientes porque estos permanecen secretos.

Algunas personas mantienen que hacer todo esto era imprescindible para aplacar a los secesionistas y sosegar el ambiente político de Cataluña. Yo discrepo radicalmente. Todos sabemos que la única razón de los indultos es que el Gobierno necesita imperiosamente el apoyo de los secesionistas para mantenerse en el poder. Lo que ha sosegado la política catalana ha sido la aplicación estricta de la ley: el artículo 155 que destituyó al gobierno sedicioso y la actuación posterior de los tribunales exigiendo las responsabilidades personales por los gravísimos hechos ocurridos. Desde entonces, ninguna de las bravatas de los secesionistas ha pasado de ser una pura fanfarronada. Todos ellos, y sobre todo sus dirigentes, ya saben que la ley se aplica y que las conductas delictivas reciben su castigo.

Podría extender este capítulo hasta el infinito con las decenas de ejemplos de comportamientos políticos reprobables que, sin ser ilegales, quedan fuera de los usos de la democracia liberal y acaban generando pequeñas o grandes erosiones en el crédito de nuestras instituciones: desde utilizar el preámbulo de las leyes con fines de propagandismo político hasta hacer caso omiso de los dictámenes de los órganos consultivos o forzar los trámites parlamentarios para acallar las opiniones contrarias a sus proyectos. Y, habitualmente, eludir cualquier atisbo de rendición de cuentas. Pero no pretendo convertirme en un historiador. La hemeroteca de los últimos años y los diarios de sesiones nos ofrecen un amplio surtido de ejemplos de todo esto que digo. Desde luego, no se puede decir que este Gobierno ni los grupos que lo apoyan se hayan mostrado como unos campeones de los principios de la democracia liberal. Parece pesar más la demagogia del socio comunista que los principios socialdemócratas que tradicionalmente había encarnado el otro socio.

Y, dicho todo esto, España sigue siendo una democracia plena y una de las mejor valoradas en todo el mundo, lo que demuestra que nuestras instituciones son sólidas y capaces de resistir el acoso de unos cuantos antisistema que han llegado a sentarse en la mesa del Consejo de Ministros.

En 2014, Pablo Iglesias afirmaba que «el régimen del 78 con su Rey, sus Pactos de la Moncloa, sus bases de la OTAN, su Constitución y su innegable consenso entre buena parte de la población española está hoy en crisis». No hace tanto de aquello. Hoy Iglesias ha abandonado la política activa, pero afortunadamente seguimos teniendo rey, el bipartidismo parece más sólido que hace unos años, las bases en las que se encuentran los soldados estadounidenses no han cambiado de emplazamiento y la Constitución sigue vigente. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo del consenso, al que le han salido bastantes enemigos, pero este es un asunto al que volveré más adelante.

5

El futuro. Instituciones más fuertes y Estado de derecho más sólido

La salud del pueblo está en la supremacía de la ley.

CICERÓN

«Puedo imaginar un futuro sin democracia liberal, pero no un futuro donde la respuesta a los problemas que se planteen no consista en volver a las esencias de la democracia liberal: gobierno de las leyes y no de los hombres, fortaleza de las instituciones frente al espíritu de facción y antidogmatismo para emprender las reformas que relancen la economía y aseguren el pluralismo». Esta reflexión de Juan Claudio de Ramón me parece ciertamente atinada a la hora de encarar la parte final de este libro. A lo largo de estas páginas he intentado describir mi particular visión de lo que suponen los populismos, señalar cómo he ido percibiendo en nuestra vida pública una creciente influencia de este tipo de conductas y denunciar su contagio a buena parte de la actividad política aunque esta no venga protagonizada por líderes genuinamente populistas. He aventurado algunas razones que desde mi punto de vista justifican la aparición de este tipo de movimientos y cuáles son sus consecuencias. Distinguir entre unas y otras se me antoja el primer paso para reconducir una deriva que nada bueno nos ha traído en el pasado y nada bueno nos anuncia para el futuro. Nadie ha demostrado todavía haber descubierto un sistema de convivencia más ordenado que aquel que sostienen nuestras imperfectas democracias liberales; imperfectas, pero hasta ahora insuperables en materia de libertades, respeto a las personas y progreso social.

Así pues, la principal responsabilidad de quienes creemos en las sociedades abiertas y tolerantes en las que nos hemos criado, debería ser defender este modelo frente a los argumentos demagógicos de quienes pretenden sustituirlo por otro muy distinto, cuyos beneficios distan mucho de haber sido comprobados, y defenderlo como el mejor instrumento para abordar las dificultades que están por venir. No se trata solo de profesar públicamente una declaración de fe democrática que a nada compromete; se trata de acompañarla, además, con nuestras conductas diarias, empezando por la defensa de las instituciones, de su función y de su independencia.

Veamos, por ejemplo, lo que sucede en España con nuestra Carta Magna. Tenemos una Constitución excelente que ha amparado nuestra convivencia pacífica durante décadas y ha propiciado el mayor nivel de bienestar de nuestra historia. Sin duda puede ser mejorada, pero hasta ahora ha demostrado una enorme versatilidad para hacer frente a los retos que han surgido desde su aprobación. Sin embargo, y paradójicamente, nadie parece interesado en reconocer su valía. Todo el debate político se centra en si tenemos que reformarla o no. Para algunos críticos, principalmente los independentistas, es demasiado rígida porque impide los privilegios que ansían; para otros se trata de una Constitución fracasada porque no ha puesto límites suficientes a los nacionalismos, y los hay que la rechazan simplemente por antigua, sin entender que existen ciertos principios democráticos que deben permanecer en el tiempo más allá de las modas y las circunstancias. Cada cual tiene sus razones, a menudo contradictorias, pero si sumamos las razones de todos, lo que nos encontramos es una campaña de descrédito general de la Carta Magna sin que nadie levante la mano para defender sus virtudes.

Algunos están dispuestos a toquetear la Constitución como una apuesta táctica, para ver si de esta manera el independentismo acaso se aviene a moderar sus demandas. Otros sencillamente quieren derogarla porque no toleran el consenso que la alumbró ni los límites que establece. En cualquier caso, el resultado es el mismo: el debate público lo dictan los contrarios a la Constitución y no la inmensa mayoría de los españoles que viven felizmente protegidos por los derechos que esta les garantiza. Me temo que muchas veces nos dejamos llevar con demasiada facilidad por los primeros sin atender a los segundos, más numerosos aunque menos ruidosos y activos.

Yo entiendo que es fácil dejarse llevar por el argumento del cambio porque siempre ha gozado de buena fama, pero cuando ese afán transformador afecta a elementos sustanciales de la arquitectura de nuestra convivencia, como puede ser nuestra Constitución o las instituciones que de ella emanan, cambiar por cambiar se me antoja una monumental muestra de frivolidad. Hacerlo para satisfacer a quienes han demostrado sobradamente su habilidad para sentirse siempre insatisfechos resulta imprudente, por decirlo de la manera más piadosa que se me ocurre.

Del mismo modo que durante buena parte de mi vida política me he dedicado a animar a la gente a hablar bien de España, creo que ahora toca decir que hablar bien de España significa también hablar bien de nuestras instituciones, defenderlas y ponerlas en valor, aunque sepamos que no son perfectas. Defender las instituciones supone también asumir esas imperfecciones como lo que son: el producto de cualquier obra humana.

Para los demagogos, sin embargo, cualquier fallo, desacierto o insuficiencia se convierte en la espoleta de una campaña de descalificación global, y por ahí nos acaban atrapando siempre. Esta es otra de las trampas en las que solemos caer en esta era de las verdades absolutas y rotundas que nos ha tocado vivir. Los matices, los balances o el juicio ponderado parecen haber desaparecido del mapa. Si una institución o una persona falla en algún momento de su trayectoria, ese error concreto se convierte en una prueba de cargo definitiva que la invalida a perpetuidad por muchos que hayan podido ser sus méritos anteriores. Este tipo de juicios maniqueos y radicales acaban liquidando la reputación de cualquier organización o cualquier figura pública, pero, de pasada, permite a los demagogos obtener sus mayores rentabilidades políticas. Como todo el mundo sabe, ellos son perfectos y, en consecuencia, se creen asistidos del derecho divino de exigir a los demás esa misma perfección. Como nadie está a la altura de su excelencia moral, solo ellos pueden convertirse en árbitros de la ejemplaridad y hacer de ella una herramienta de su estrategia política, que, como hemos visto, habitualmente pasa por la liquidación adanista de todo lo edificado antes de su advenimiento.

Yo, por el contrario, creo que la democracia liberal que hemos ido perfeccionando con los años sigue siendo el mejor instrumento para abordar con éxito los desafíos que nos plantea el futuro. Modernicemos todo lo que haya que modernizar, ajustemos nuestras conductas a las nuevas realidades como la digitalización, el cambio climático, la globalización o los movimientos migratorios, pero hagámoslo sin renunciar a los valores y las instituciones que desde mediados del siglo pasado han protegido nuestra convivencia en paz. Ese sistema liberal de sociedades abiertas, con los poderes limitados, instituciones independientes y un absoluto respeto a los derechos y libertades de las personas, nos ha traído hasta aquí y ha acreditado sobradamente su eficacia y su justicia. Ese modelo sigue siendo nuestra mejor baza para mirar hacia el futuro con confianza: instituciones más fuertes, Estado de derecho más sólido y mayores consensos políticos.

LA MONARQUÍA. UNA DEFENSA MILITANTE

Si existe una institución que, a mi juicio, merece hoy en España una defensa especialmente militante esa es la monarquía. No lo digo porque yo me considere un fervoroso monárquico por convicción, sino porque, como el conservador pragmático que soy, he llegado a la conclusión de que la monarquía ha demostrado con creces su utilidad para el conjunto de la sociedad española. Y apostaría a que esto lo saben hasta los republicanos capaces de mirar más allá de sus anteojeras ideológicas. Ninguna república ha procurado más libertad ni más respeto a los derechos de los españoles que esta monarquía que hoy encarna Felipe VI como antes lo hizo Juan Carlos I.

La monarquía parlamentaria constituye el ejemplo más depurado de ese tipo de instituciones que permanecen en el tiempo y asientan la convivencia de una nación por encima de coyunturas e intereses partidistas. La monarquía tiene un valor jurídico innegable, es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Pero no se limita a ello. Encarna también otros valores intangibles pero tan esenciales para la convivencia como son la imparcialidad de las instituciones, la estabilidad política o la concordia. Baste recordar que la desaparición de la monarquía hace casi un siglo fue el prólogo de un periodo de convulsión política que acabó en un trágico enfrentamiento entre españoles. Por el contrario, su restauración cincuenta años después, en la persona de Juan Carlos I, supuso la recuperación de nuestras libertades y un gran consenso nacional que abrió la mayor etapa de paz y prosperidad de nuestra historia reciente.

Defender la monarquía va más allá de alabar a los reyes Felipe y Letizia, por muy merecidos que sean los elogios de los que ambos se han hecho acreedores por su intachable ejecutoria en circunstancias tan difíciles como las que les ha tocado vivir en los primeros años de su reinado. También supone algo más que defender el protagonismo indispensable y decisivo de Juan Carlos I en el feliz desarrollo de nuestra democracia. Defender la institución supone defenderla por lo que significa en sí misma, sin tener que justificar esa defensa en los méritos de las personas que la encarnan. La institución no se legitima por los aciertos de las personas ni se degrada por sus errores, aunque ambos, aciertos y errores, influyan de manera decisiva en su reputación. Hace bastantes años se decía que en España había más «juancarlistas» que monárquicos. Hoy podríamos decir lo mismo del rey Felipe, cuyo sentido de la responsabilidad le lleva a fijar unos estándares de comportamiento muy superiores a los de la mayoría de los actores de la vida pública. Las personas son decisivas en cualquier faceta de la vida, y quien está destinado a encarnar durante toda su vida la representación suprema de la nación aún lo es más; sin embargo, se me antoja más importante todavía la propia naturaleza de la institución y las ventajas que aporta por sí misma, independientemente de la personalidad de quien la encabece en cada momento.

Está suficientemente acreditado, tanto en España como en el resto de los países avanzados que la tienen como forma de Estado, que la monarquía parlamentaria define a los países con mayores niveles de libertad y progreso social. Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, el Reino Unido y Japón, lo mismo que España, constituyen democracias ejemplares, y cuando un fenómeno resulta tan evidente y abrumador conviene reflexionarlo y, ante todo, preservarlo. Hay sin duda repúblicas igualmente ejemplares, pero la monarquía presenta prima facie algunas ventajas evidentes que no pueden ser ignoradas.

Ello es así como consecuencia de los delicados equilibrios decantados por el devenir de la historia: la monarquía supo adaptarse a las demandas sociales y abrazar la causa de la democracia hasta convertirse hoy en uno de sus principales baluartes. En ningún caso de los países citados anteriormente el monarca goza de poder político; tampoco se presenta a las elecciones. Pero esa figura no sometida a votación y con un mero poder simbólico se ha erigido como un referente de estabilidad, de continuidad y de unidad de las naciones donde ejerce la Jefatura del Estado. La monarquía simboliza la continuidad de una nación en la historia y preserva un ámbito importante de la vida pública de las querellas partidistas o de las urgencias marcadas por la cadencia electoral.

Pero también supone en nuestras sociedades, tan volcadas en la imagen, la representación del sentimiento de la nación en momentos decisivos. En las tragedias que nos ha tocado vivir todos hemos podido sentir cómo el abrazo de los reyes a las víctimas constituía, en buena medida, el abrazo que les daríamos todos y cada uno de nosotros. Los reyes han sabido encarnar la solidaridad de todos, ofrecer seguridad en la incertidumbre y comprensión en las dificultades; el discurso de don Juan Carlos la noche del 23-F o de don Felipe el 3 de octubre de 2017 expresaron el compromiso democrático de la inmensa mayoría de los españoles en aquellos momentos de zozobra. La presencia de don Felipe en el Hospital de IFEMA en los días más duros de la pandemia también supo conectar con los sentimientos de los españoles en otras circunstancias muy distintas pero igualmente graves para la nación. Estos gestos asimismo contribuyen a moldear el significado actual de la monarquía. Los reyes han perdido la pompa y la distancia de antaño, pero han ganado cercanía y conexión con la sociedad para cumplir mejor con su función.

Si miramos nuestra historia reciente, el resultado de comparar las restauraciones monárquicas con las dos repúblicas que hemos tenido, en términos de convivencia, estabilidad y prosperidad, es abrumadoramente favorable a las primeras. Si, por el contrario, atendemos a la representatividad de la Jefatura del Estado y su capacidad para encarnar la unidad de la nación, hasta los más fervorosos republicanos suelen admitir que la figura del rey suscita menos rechazo que la de cualquier eventual presidente elegido bajo las siglas de una formación política determinada.

Sin embargo, a pesar de estos argumentos y de la intachable conducta del rey Felipe VI, la monarquía en España está siendo objeto de una campaña de descrédito inspirada por los mismos que pretenden liquidar toda la arquitectura institucional del llamado «régimen del 78». No son los eventuales errores de Juan Carlos I los que justifican esta campaña de hostigamiento, sino la propia naturaleza de la monarquía constitucional, su mandato de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones». Esta y no otra es la verdadera razón que anima esta campaña antimonárquica: desbordar el sistema de contrapesos democráticos para avanzar en un nuevo modelo de carácter abiertamente populista donde todo el poder responda a la mayoría de gobierno. La justicia, el imperio de la ley, las instituciones independientes, la transparencia, los controles y la obligada rendición de cuentas… constituyen un estorbo para quien aspira a ejercer un poder no sujeto a control. A este tipo de políticos les irrita especialmente la figura de un rey que, sin ejercer poder efectivo alguno, les recuerda cada día que ellos no son el Estado, sino unos gestores transitorios, limitados por la ley y obligados a convivir con otros poderes del Estado.

Podría concluir estas reflexiones sobre la monarquía aquí, pero no voy a hacerlo. Llegados a este punto, quiero dejar constancia de mi opinión sobre la situación de don Juan Carlos y mostrarle mi apoyo personal. Desconozco si cuando este libro vea la luz su situación habrá mejorado y habrá podido venir a España. Si es así lo celebraré, pero no cambiará mi juicio sobre el trato que ha recibido durante este tiempo. Muchas personas han sido víctimas en España de los juicios paralelos a los que me referí en el capítulo anterior. Puede que el de don Juan Carlos sea uno de los casos más injustos a los que hemos asistido en los últimos años, entre otras razones porque, sin haber sido acusado judicialmente de nada, se ha visto obligado a abandonar su país a una edad avanzada. Yo sigo sin entender a qué responde ese alejamiento ni qué ventajas aporta al conjunto de la sociedad. Desde un punto de vista puramente personal, creo que debería poder disfrutar de los últimos años de su vida en el país al que tanto sirvió.

El día que se comunicó su salida de España, a principios de agosto del año 2020, tuve la oportunidad de hablar con él. A mí me había sorprendido muchísimo la noticia y quise interesarme personalmente por su situación. Le encontré como siempre, animoso, aunque dolido. Me explicó lo mismo que trasladó en su comunicado al conjunto de la sociedad: que se iba de España porque consideraba que era la mejor manera de ayudar a su hijo y evitarle problemas. Le dije que lo sentía mucho y desde luego, si todavía hubiera estado al frente del Gobierno, le hubiera desaconsejado rotundamente dejar el país. Don Juan Carlos me explicó que su decisión era temporal, que él creía que en unos meses la situación se habría calmado y podría regresar pronto a España. El hecho cierto, sin embargo, es que en el momento de escribir estas líneas, más de un año después de aquella conversación, este regreso todavía no se ha producido. Y aún hoy nadie ha sabido dar razones de tan extraña situación.

No creo que sea bueno ni para la institución ni para la imagen de España que el rey que mejor nos ha representado durante tantos años, el hombre que fue el motor decisivo de la Transición, se haya convertido en una especie de exiliado oficioso sin más condena que la de algunos medios de comunicación y la de un grupo de políticos entre cuyas prioridades no figura, desde luego, el fortalecimiento de la monarquía.

La extraña situación de don Juan Carlos no nos hace un país mejor, ni más ejemplar. Si el rey tuviera cuentas con la justicia, cosa que aún no se ha demostrado, lo correcto sería que respondiera de ellas en España y no esperando a miles de kilómetros. En cuanto a los reproches morales que se puedan hacer sobre su conducta, entiendo que forman parte del criterio personal de cada uno de nosotros.

Un viejo amigo mío acuñó una curiosa teoría para justificar las abrumadoras victorias de Felipe González en los primeros años de nuestra democracia. Decía que España se había hecho socialista de la noche a la mañana para hacerse perdonar el hecho de haber tolerado el franquismo durante cuarenta años. También es famosa la anécdota que protagonizó Romanones cuando en 1931 las Cortes Constituyentes de la República declararon a Alfonso XIII culpable de alta traición (destaco el detalle de la condena por el Parlamento y no por ningún tribunal). Romanones fue el único que habló en defensa del rey: «Si estos ataques se hubieran hecho cuando él estaba en la prepotencia, en el apogeo del poder, a mí me hubiera sido imposible ser el primero en defenderle, porque ni a codazos hubiera podido llegar a esta tribuna». Del mismo modo, a veces pienso que la furia con que algunos censuran la conducta de Juan Carlos I solo es comparable a la obsequiosidad con que esos mismos le trataron durante muchos años. Desde luego que me parecen completamente fuera de lugar los ataques y las proclamas de superioridad moral desde un Gobierno que tampoco ha demostrado ser un compendio de virtudes públicas.

En todo caso, quiero insistir en lo que decía unas líneas atrás: los errores que haya podido cometer Juan Carlos I ni cuestionan a la institución ni pueden suponer una desautorización de su figura histórica, que merece un juicio más ponderado y ecuánime. En el debate parlamentario sobre su abdicación dije que su labor merecía el agradecimiento de generaciones de españoles, y hoy lo sigo pensando. Incluso esos adanes que circulan por la política empeñados en derruir cualquier vestigio de institucionalidad le deben a Juan Carlos I parte de sus libertades. Le deben también su empeño por romper nuestro aislamiento internacional de medio siglo, su apoyo siempre generoso en la defensa de los intereses de cualquier empresa o administración española allá donde fuera necesario hacerlo, así como un modelo impecable de ejercitar sus funciones constitucionales.

Aunque no esté de moda, yo sí me siento capaz de hacer un juicio ponderado de la figura de don Juan Carlos, que siempre será el rey que habiendo recibido un poder sin límites lo entregó de forma ejemplar a los españoles para que nos gobernáramos en democracia. Ha sido un buen rey, uno de los mejores de nuestra historia, y quiero decirlo ahora que está vivo y viviendo tan lejos de aquí.

LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. A VUELTAS CON MONTESQUIEU

El Estado de derecho es un pilar fundamental de las democracias. El sometimiento de todos, también de los poderes ejecutivo y legislativo, al imperio de la ley aplicada por jueces libres e independientes es la mejor garantía de calidad democrática. La existencia del Estado de derecho asegura que las normas que regulan la convivencia se cumplen, que las conductas contrarias a estas mismas normas son objeto de sanción y que los derechos perjudicados se restituyen sean quienes sean los ofensores o los ofendidos. Por eso la justicia se simboliza con una venda en los ojos, porque no hace distinciones ni establece categorías o privilegios a la hora de cumplir su función.

Nada hay más opuesto a este principio básico de la democracia constitucional que las políticas de los populistas, como hemos visto, poco entusiastas a la hora de cumplir las leyes cuando estas no coinciden con sus intereses, y nada partidarios de que un poder alternativo, el poder judicial, les diga qué pueden hacer y qué están obligados a respetar.

A la vista del papel que la Constitución española y todas las constituciones democráticas atribuyen al poder judicial, parece obvio que un buen funcionamiento del mismo debe ser una preocupación fundamental de todos, incluidos los miembros de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, en los últimos tiempos en España acumulamos demasiadas polémicas y demasiadas declaraciones de políticos contra la independencia del poder judicial. Comenzó la cosa con el acoso de los independentistas catalanes, siguió con los ataques de Pablo Iglesias y sus compañeros de Podemos, y últimamente hasta el Gobierno de la nación acostumbra a acoger las sentencias de los tribunales que no son de su agrado con reacciones destempladas y altisonantes. Especialmente lamentables fueron las críticas de algunos miembros del Ejecutivo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración del estado de alarma. También fueron muy desafortunadas las ya comentadas afirmaciones del presidente del Gobierno cuando, con motivo de los indultos a los llamados «líderes del procés», señaló que el Gobierno pensaba en la concordia frente a la venganza.

Este tipo de críticas políticas a la justicia es uno de los síntomas comunes a todos los políticos populistas, profesen la ideología que profesen. Pero ese descrédito que persiguen se ve reforzado por otro tipo de problemas que deterioran la imagen del poder judicial ante los ciudadanos. Me refiero, por ejemplo, a las acusaciones de politización, a los retrasos en los procesos judiciales o al papel de las llamadas «acusaciones populares».

Una de las cuestiones que más literatura política ha generado en España es la llamada «politización de la justicia». Se ha llegado a decir que la justicia está politizada, que los jueces no son independientes, que dependen de los partidos políticos, que dictan resoluciones de forma arbitraria y un sinfín de aseveraciones más. No comparto tales afirmaciones que presentan a los jueces como peones de la política porque son falsas y creo que en nada contribuyen a fortalecer la confianza que los ciudadanos deben tener en su Administración de Justicia.

Como decía antes, el judicial es uno de los tres poderes del Estado junto al legislativo, que aprueba las leyes y controla políticamente al Gobierno, y al ejecutivo, que se ocupa de gobernar. El cometido principal del poder judicial es velar por el respeto a la ley y garantizar su cumplimiento. Cuando alguien pasa por encima de la ley, incluidos los legisladores y los gobernantes, el poder judicial tiene que asegurar que la ley se cumple.

En este libro ya he hecho alusión a los acontecimientos que se produjeron en Cataluña en los últimos años y a las reiteradas violaciones de la ley por parte de determinados dirigentes políticos catalanes. Los jueces se vieron obligados a actuar entonces, no porque los políticos que se saltaron la ley fueran independentistas o por el tenor de sus declaraciones, por muy mendaces que pudieran ser. No tenía nada que ver con la ideología de cada cual ni con sus opiniones, sino con hechos concretos cometidos por personas muy concretas. La justicia intervino porque los políticos se habían saltado la ley, la norma básica que regula la convivencia.

Es muy fácil entenderlo: si todos actuáramos de la misma manera que actuaron Puigdemont, Junqueras y tantos otros, la convivencia en paz devendría imposible. La justicia actuó para restituir la legalidad y, con ella, la voluntad popular expresada en leyes aprobadas por los cauces democráticos. No hacerlo así habría supuesto, además, que los políticos, solo por serlo, habrían gozado del privilegio de la impunidad que no tienen el resto de los ciudadanos.

Precisamente por esa función que tiene encomendada de ser garante del cumplimiento de la ley, el juez precisa ser independiente del resto de los poderes y del conjunto de los ciudadanos. El juez es independiente de todos, salvo de la ley. Sus decisiones se tienen que ajustar a la ley. En sus resoluciones solo debe utilizar argumentos jurídicos y la interpretación de las leyes debe hacerla con criterios jurídicos, teniendo en cuenta la jurisprudencia y los precedentes para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Cuando en el ejercicio de sus funciones el juez es presionado por otros poderes del Estado estamos, sin lugar a dudas, en un supuesto indiscutible de politización de la justicia. Lo mismo sucedería cuando el juez no recurre a criterios jurídicos sino políticos; es decir, cuando utiliza su poder jurisdiccional para influir con sus sentencias en el debate político sobre la base de su independencia, que incluso reivindicaría si es atacado por ello.

Estos dos casos serían los supuestos de politización de la justicia por excelencia: cuando la política llega a interferir en las sentencias judiciales o cuando la sentencia busca influir en la situación política. Hay que señalar que, por fortuna, este tipo de casos son muy infrecuentes, lo que viene a desmentir esas denuncias tajantes sobre la absoluta politización de la justicia en España. Es asimismo cierto que la trayectoria de algún magistrado en particular nos podría llevar a decir de los jueces políticos aquello que mis paisanos dicen de las meigas, el famoso «no creo en ellas, pero haberlas, haylas». Pero se trataría, insisto, de casos muy excepcionales que no cuestionan mi convencimiento sincero en la independencia de criterio de la inmensa mayoría de los jueces y magistrados.

Con todo, en nuestra Administración de Justicia existen algunos problemas a los que es preciso dar una respuesta adecuada para disipar cualquier tipo de dudas sobre la politización de la justicia. Estos recelos no vienen originados habitualmente por las decisiones de los jueces en el ejercicio de su función, sino por una regulación legal que es susceptible de modificación y de mejora. La influencia política en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, órgano del gobierno de los jueces, es uno de esos asuntos que han generado constante polémica lo largo de los años y dado lugar a que muchos hayan puesto en tela de juicio la credibilidad de nuestra Administración de Justicia.

Conviene precisar, en primer lugar, que el Consejo General del Poder Judicial es un puro órgano de gobierno. Ni dicta sentencias, ni realiza ningún tipo de labor jurisdiccional. Tampoco puede interferir en las resoluciones que cada juez dicta de acuerdo con su buen criterio. No obstante, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales son elegidos en su totalidad por el Congreso de los Diputados y el Senado, tenga amplias competencias en materia de nombramientos de altos cargos de la Administración de Justicia, como magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas u otros, ha permitido que se generen dudas sobre la independencia de los nombramientos realizados por esos «vocales políticos». En mi opinión, este tipo de descalificaciones tan rotundas, solo por la manera en que se produce el sistema de promoción de los jueces, es injusto. Ni los vocales elegidos por las Cortes Generales nombran a los magistrados que los partidos deciden ni, por supuesto, los jueces nombrados por el Consejo renuncian a su independencia ni a su criterio propio. Hay ejemplos muy notables de la independencia mostrada por unos y otros cuando ha sido puesta a prueba.

Toda esta polémica viene de muy atrás. El modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial diseñado originariamente establecía que doce de los veinte vocales serían elegidos entre miembros de la carrera judicial, tal y como se recogía en la Constitución. Y no menos importante es que serían los propios jueces quienes los escogerían, algo que sin duda respondía al espíritu del texto constitucional. Después, el Partido Socialista rompió unilateralmente el consenso político en esta materia y modificó el sistema de elección de los doce vocales jueces. Desde entonces, su nombramiento dejó de ser competencia de los miembros de la carrera judicial y pasó a serlo del Congreso y el Senado, que los elegían por mayorías de tres quintos de sus miembros, lo que obliga al consenso entre los grandes partidos.

Es evidente que volver al sistema diseñado al principio reforzaría la imagen de independencia política del Consejo General del Poder Judicial. Ahora viene la pregunta obligada: por qué no lo promoví cuando siendo presidente del Gobierno y disponiendo de una amplia mayoría en las dos Cámaras pude haber dado marcha atrás a la reforma unilateral de los socialistas con otra reforma unilateral. La respuesta es muy simple: creo que este debe ser un asunto de consenso, pero me referiré a él más adelante. No me pareció lo más oportuno en aquel momento tomar esa decisión por mayoría. Entendí entonces que era más conciliador y útil pactar con la oposición socialista un Consejo independiente y profesional. Y así sucedió. En el año 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba —en aquel momento líder de los socialistas— y yo alcanzamos el último consenso habido sobre esta materia, y ese Consejo ha seguido cumpliendo con sus funciones tras haber transcurrido tres años desde el final de su mandato, y lo ha hecho con independencia y de manera satisfactoria.

En el momento en que escribo estas líneas, el Gobierno actual no ha dado un solo paso para reforzar la imagen de independencia política del Consejo en la línea antes señalada, pero tampoco ha sido capaz de acordar su renovación, que acumula ya años de retraso. Además, ante la falta de acuerdo, pretendió modificar unilateralmente la legislación en vigor con una desnortada ocurrencia a la que ya me he referido en varias ocasiones a lo largo de este libro, pues ha supuesto uno de los ataques más graves que se han visto a la independencia judicial en nuestro país. Europa no solo ha obligado al Gobierno a renunciar a sus pretensiones, también ha señalado los cauces y los estándares europeos que deben delimitar cualquier reforma en este delicado asunto del poder judicial. Europa pide medidas encaminadas a reforzar la imagen de independencia de los jueces frente a la política, algo que sin duda se alcanzaría con la propuesta a la que antes me referí de elección de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces. Y esta recomendación europea debería ser el punto sobre el que encontrar un consenso político en la materia.

Además de atender a las recomendaciones de Europa, cosa que sería muy deseable, hay una segunda alternativa que se podría explorar para reforzar la imagen de independencia de la justicia: cambiar el sistema de designación de los cargos judiciales. Hay propuestas para que el acceso a magistrado del Supremo se realice no por libre designación del Consejo General del Poder Judicial, sino mediante concursos regidos por los principios de mérito y capacidad y valorados por un tribunal especializado en la materia de la plaza que se convoca, sea esta civil, penal o contencioso-administrativa. Este tribunal se constituiría bajo los auspicios del propio Consejo General del Poder Judicial y debiera presidirlo un vocal del Consejo conocedor de la especialidad que salga a concurso. Paralelamente, los presidentes de las Audiencias Provinciales y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos serían elegidos por sus miembros, y de esta manera tendrían el plácet de los jueces de su territorio y una legitimidad representativa fuera de toda duda. A mi juicio, este tipo de regulación significaría un paso en la dirección que sugiere la Comisión Europea, restaría mucho morbo político a la composición del Consejo General del Poder Judicial y ayudaría a disipar las dudas sobre la politización de la justicia.

Es igualmente preciso hacer una reflexión sobre la situación de los jueces que van y vienen de la política a los tribunales sin solución de continuidad. Salir de un gobierno o de un grupo parlamentario para ponerse a dictar sentencias al día siguiente en un tribunal no es lo más edificante que pueden ver los ciudadanos y los justiciables en materia de imparcialidad política. Cierto es que existen determinadas salvaguardas, como se ha recordado cuando el exministro Juan Carlos Campo retomó su puesto como magistrado en la Audiencia Nacional tras su paso por la política. Después de una reforma que nosotros impulsamos desde el Gobierno, los jueces que han ejercido un cargo político no pueden participar en causas que afecten a los partidos o a sus miembros. Algo elemental, pero probablemente insuficiente. Quizá tendrían que ser los propios jueces o su órgano de gobierno quienes deberían proponer otro tipo de medidas adicionales para reforzar su imagen de independencia. Algo que recientemente ha pedido el Consejo de Europa en su último Informe GRECO de lucha contra la corrupción.

JUSTICIA DEMORADA. ¿JUSTICIA DENEGADA?

El 4 de marzo de 2021, el ex primer ministro francés Édouard Balladur fue absuelto de los cargos por financiación ilegal durante su fracasada campaña electoral de 1995. El político recibió la sentencia con amarga ironía: «Tomo nota con satisfacción de la decisión que reconoce por fin mi inocencia después de un cuarto de siglo de calumnias». Sobran más palabras. Plazos como estos no son iguales en todos los países europeos, ni por supuesto se producen siempre que se dicta una resolución judicial. Ni siquiera podemos afirmar que en el asunto del señor Balladur no haya existido un motivo de fuerza mayor que provocase tamaño retraso. Pero lo cierto es que si hay un mal endémico que aqueja a la justicia en muchos países de nuestro entorno, indudablemente se trata del retraso en su administración. Hasta tal punto esto es importante que existe una máxima que define muy bien las consecuencias de estas demoras: «Justicia demorada, justicia denegada».

Los retrasos que se producen en la Administración de Justicia perjudican intereses legítimos. Piénsese en lo que pueden significar en el campo mercantil, civil, administrativo o laboral las dilaciones eternas que con frecuencia tienen lugar en los tribunales de justicia. La existencia de un sistema judicial eficaz y de calidad es un factor decisivo que los inversores extranjeros tienen muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. Todos somos conscientes de que la seguridad jurídica es hoy un factor de desarrollo y crecimiento económicos.

Lo mismo sucede en el ámbito penal, el que me ocupa en este libro. En ocasiones, personas que pueden ser culpables y, por tanto, susceptibles de ser condenadas se aprovechan de estos retrasos, incluso llegan a fomentarlos, hasta el punto de que las pruebas se van difuminando, los testigos no son localizados o han fallecido o no recuerdan detalles por haber transcurrido demasiado tiempo, y todo ello puede dar lugar a que esas personas que quizá fueran merecedoras de una sanción penal resulten absueltas. Mucho más graves son los retrasos en los casos de personas inocentes sometidas a un proceso judicial en el que su absolución se demora. Su honorabilidad se pone en cuestión y muchas veces durante un tiempo excesivo.

Cuando estos episodios afectan a personas con proyección pública, como en el caso de Balladur y tantos otros, la situación se agrava porque sufren el repudio de una parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Como hemos visto al analizar los juicios paralelos, el proceso judicial de cualquier persona conocida le supone automáticamente una condena social y el deterioro de su reputación.

Cuando se produce el archivo del procedimiento o la sentencia absolutoria, lo cual es bastante frecuente, ya es muy tarde y la reparación del daño causado solo tiene lugar de una manera parcial. Por eso es tan importante la celeridad a la hora de abordar estos temas y reflexionar sobre lo que está sucediendo. No se entiende por qué la absolución de Balladur costó veinticinco años y la justicia americana pudo actuar contra Bernie Madoff, el banquero responsable de una de las mayores estafas de la historia reciente, en un tiempo récord. Fue detenido, juzgado y sentenciado en apenas siete meses. Las razones de estas demoras en el funcionamiento de la Administración de Justicia son muy diversas: la carencia de medios materiales y personales, el número de casos pendientes en los tribunales, el número de jueces, la formación permanente de estos o los recursos económicos dedicados a la justicia, entre otros. Me detendré ahora en dos cuestiones que de ser resueltas inteligentemente ayudarían a una justicia más rápida y, en mi opinión, más justa. La primera de ellas es la limitación temporal de las instrucciones judiciales y la segunda se refiere a la acusación popular, que abordaré en el siguiente apartado.

En el año 2015 y con el objeto de evitar que las investigaciones o instrucciones penales se prolongaran de manera casi indefinida, planteamos una reforma legal que ponía un límite a la duración máxima de estas; una medida que hasta entonces nunca se había adoptado. La reforma aprobada por las Cortes Generales, criticada por los partidos de izquierda y por algunos juristas, se había redactado con el objetivo de garantizar los derechos de las personas, pero también con la flexibilidad suficiente para evitar la impunidad en la persecución de delitos complejos. A mí me sigue pareciendo una decisión razonable. No hay ninguna razón aparente que justifique que los ciudadanos estemos sujetos a plazos en nuestras relaciones con la Administración y que, por el contrario, las instrucciones judiciales puedan encadenar prórroga tras prórroga y durar décadas. Evidentemente, el caso de Balladur al que antes me refería es particularmente llamativo, pero en España es bastante normal ver causas que se prolongan durante muchos años con el consiguiente perjuicio para muchas personas.

Lo cierto es que, como es sabido, en ocasiones a la reforma le sigue la contrarreforma. Nada más arrancar la XIV Legislatura, Podemos presentó una iniciativa en las Cortes Generales para derogarla, y en la práctica hemos vuelto a la situación anterior. Hoy sigo pensando lo mismo que entonces. Entiendo las críticas de algunos juristas y sus demandas de contar con más medios personales y materiales, pero me parece que olvidan la importancia de ponerse en el lugar del justiciable; quien espera una reparación o quien está pendiente de una decisión judicial para continuar con su vida y su carrera profesional tiene derecho a que esta se produzca con la máxima agilidad. Además, estoy seguro de que la imagen de la propia institución mejoraría notablemente si los ciudadanos percibieran la respuesta de la justicia como algo ágil y eficaz.

No es una cabezonería de Mariano Rajoy; el Gobierno italiano de Mario Draghi ha hecho de la necesaria agilización de la justicia uno de los ejes de sus reformas estructurales. Cuando logró, no sin dificultades, sacar adelante su reforma, uno de sus portavoces lo explicó así: «Esta reforma es muy importante por dos razones: acelerar los tiempos de la justicia italiana, que son muy lentos, y la necesidad de ofrecer plazos concretos con mayor seguridad tanto a los imputados, que deben saber si serán declarados inocentes o culpables, como a las víctimas, porque es importante que se les reconozca su derecho a la justicia en tiempos rápidos».

¿PARA QUÉ SIRVE LA ACUSACIÓN PARTICULAR?

Desde luego, poco se puede hacer para agilizar las causas judiciales cuando estas vienen impulsadas por las acusaciones populares y afectan a políticos o personas de relevancia pública. La acusación popular es una figura reconocida en nuestro Derecho y ofrece a cualquier ciudadano español la posibilidad de personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión. En pura teoría, la acusación popular no actúa por interés propio, sino en defensa de la legalidad. La ley regula todos los extremos relativos a ella y también existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

Yo creo que es necesario plantearnos la conveniencia de esta figura. Fundamentalmente porque no son pocas las ocasiones en las que determinados grupos utilizan la acusación popular con otros fines distintos al de la defensa de la legalidad. Unas veces lo hacen por razones puramente políticas y otras simplemente para conseguir beneficios mediante el uso torticero de esta figura.

Todos recordamos el caso protagonizado por los sindicatos Manos Limpias y Ausbanc, que aparecieron en un sinfín de portadas de periódicos por intervenir en diversas causas como acusación popular con el supuesto objetivo de defender la legalidad. Además de disfrutar de un acceso privilegiado a los medios de comunicación, su actuación en los tribunales decía perseguir la protección de los ciudadanos frente a los abusos bancarios. Eso es lo que decían, aunque lo cierto es que sus líderes terminaron condenados por delitos de extorsión ya que exigían dinero a bancos y grandes empresas a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito. El interés de los ciudadanos nada tenía que ver con su actividad; era solo la justificación para una extorsión. Recientemente también hemos sabido que el ubicuo comisario Villarejo tenía su propia organización (Transparencia y Justicia, S. L.) para actuar como acusación particular pro domo sua.

También ha sido muy habitual en los últimos tiempos la presencia como acusación popular de determinados partidos políticos o asociaciones vinculadas a estos impulsando procedimientos penales abiertos contra sus adversarios. Yo mismo fui citado a declarar en condición de testigo en dos ocasiones distintas ante la Audiencia Nacional y alguna experiencia puedo aportar en la materia. La última vez, en marzo de 2021, declaré en el juicio contra el antiguo tesorero del Partido Popular y otras personas por pagar con cargo a una supuesta contabilidad B servicios prestados al partido. En el juicio se personaron como acusación popular Manos Limpias (que luego se retiró), Izquierda Unida, un exconcejal socialista de Boadilla del Monte, un exalcalde socialista de Alicante, la asociación ADADE (vinculada y cliente de diversos grupos institucionales del PSOE) y DESC, una agrupación política ligada a Podemos en Cataluña. Fueron algunos de estos grupos quienes pidieron mi comparecencia como testigo porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado solicitaron mi presencia. Y además decidieron no plantearme cuestión alguna. Lo mismo sucedió con el resto de las personas de la antigua dirección de Partido Popular también citadas como testigos por las acusaciones populares. Siendo evidente, al menos para mí, que ambas instituciones —Fiscalía y Abogacía del Estado— cumplen escrupulosamente con sus cometidos, es lógico deducir que si no nos citaron ni nos preguntaron nada es porque consideraban que nada podíamos aportar a la causa y veían nuestra presencia ociosa. De hecho, el único sentido de nuestro testimonio era ajeno al proceso penal. El objetivo, a mi juicio, era deteriorar nuestra imagen pública convirtiendo nuestra declaración como testigos en una suerte de condena mediática. Todos los miembros del Partido Popular fuimos tratados por estas acusaciones populares como si fuéramos investigados o cuasi condenados. Incluso se llegó a criticar que algunos testigos usaran la mascarilla de protección frente al COVID-19.

Yo ya había tenido alguna experiencia en este tipo de circunstancia porque en el año 2017, siendo presidente del Gobierno, tuve que declarar ante la Audiencia Nacional, en presencia de las mismas acusaciones populares: ADADE, DESC, el PSOE de Valencia, Izquierda Unida y otros. En ambas ocasiones el tono de sus argumentos me recordaba más a los usos del Congreso de los Diputados, con la diferencia de que en el Parlamento yo podía responder a los comentarios y a las invectivas con toda libertad, y en la Audiencia no. Valga como anécdota que el presidente del tribunal —quien tuvo una actuación impecable— me llamó la atención en un momento de mi declaración por mi respuesta a un abogado de la acusación popular. Este había intentado descalificar mi testimonio diciendo que contestaba «a la gallega». Le respondí que, dada mi biografía, me resultaba imposible responderle «a la riojana». La advertencia del presidente del tribunal era justificada: el testigo solo puede responder a las preguntas que se le formulan, ni apostillar ni rebatir ni puntualizar.

La limitación que tuve como testigo no la tengo ahora y puedo señalar que muchas de las preguntas que se me formularon nada tenían que ver con la causa en cuestión. De hecho, algunas consideraciones incluidas por José Ricardo de Prada en la sentencia excedieron los hechos enjuiciados, lo que justificó el voto particular del presidente del tribunal, cuyos argumentos fueron estimados por el Tribunal Supremo y dieron lugar a que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartara al juez De Prada de otros juicios relacionados con el Partido Popular. No merece la pena hacer más comentarios.

La experiencia demuestra muy a las claras que la acusación popular no contribuye al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Por el contrario, este modelo acaba permitiendo la manipulación y la utilización de los tribunales para hacer política o para otros fines espurios.

Que no estamos ante una materia baladí lo demuestra el hecho de que el Tribunal Supremo haya manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por esta cuestión. Así, afirmó que «esta Sala ya ha tenido la oportunidad de llamar la atención sobre la necesidad de regular esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política». También que «esta práctica [la acusación popular] conlleva, según la doctrina más caracterizada, un serio riesgo de judicialización de la política en la medida en que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política», o que «la presencia de los partidos políticos en el proceso penal no es desde luego positiva». Aseveraciones estas que se recogen en la Sentencia del Tribunal 459/2019 de 14 de octubre y los autos del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2016 y 6 de noviembre de 2018.

La supresión de la figura de la acusación popular o la limitación de su ejercicio traería consigo, además, una homologación de nuestra legislación con el resto de nuestros socios europeos, en cuyos ordenamientos jurídicos la figura de la acusación popular no está regulada. En todos los sistemas europeos solo pueden acusar los perjudicados o la Fiscalía, algo que indudablemente dificulta en grado sumo la utilización política de los tribunales, aligera la duración de los procedimientos penales y acaba con una forma sutil pero muy peligrosa de populismo, la que utiliza la justicia y los tribunales como marco de sus estrategias, o dicho de otra forma, la que hace uso de aquello que se dio en llamar «el uso alternativo del Derecho».

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El futuro. Mayores consensos políticos

Un verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende sino por el talante con el que lo defiende: la tolerancia antidogmática, la búsqueda del consenso, el diálogo como esencia democrática.

BERTRAND Rversalita

LAS VIRTUDES DEL CONSENSO

La democracia liberal y ese modelo de sociedades abiertas que ha dominado felizmente nuestra convivencia en las últimas décadas nunca hubieran llegado a implantarse de forma tan exitosa sin un marco común de colaboración entre los discrepantes. La Europa en ruinas que sale de la Segunda Guerra Mundial es una Europa decidida a no repetir su pasado.

Los europeos de entonces resolvieron contar con quienes no pensaban como ellos y construir una sociedad abierta a todos, a las mayorías y a las minorías, a los más fuertes y también a los más débiles. Fueron conscientes de que la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal. Creyeron en ella y establecieron en consecuencia las reglas de juego, las normas para convivir juntos que se recogen en constituciones que a todos obligan, y de manera especial al poder político, limitado por esas normas.

El método para plasmar esa voluntad de entendimiento y la fijación de las reglas de juego que a todos comprometen fue el consenso: el que permitió acordar los primeros tratados europeos y también los grandes consensos nacionales, imprescindibles para organizar la convivencia y aprobar sus constituciones. Sin consenso nada hubiera sido posible.

España no fue ajena a este proceso, aunque nos incorporamos más tarde. El pueblo español ratificó por una abrumadora mayoría la Constitución de 1978. Constituye, sin ningún género de dudas, una muestra inequívoca de lo sanos que resultan los grandes acuerdos políticos para abordar las prioridades de un país y de la estabilidad que proporcionan porque casi siempre se extienden en el tiempo. Nuestra historia constitucional previa al texto de 1978 no supone precisamente un ejemplo edificante de cómo debe organizarse la convivencia.

La Constitución de 1978 vino a corregir esta tradición tan poco ejemplar de nuestra historia por la que las constituciones fueron casi siempre de media España contra la otra. Pero no sucedió así en 1978. Se aprobó inmediatamente después de la caída de un régimen autoritario que vino precedido de una guerra civil, la cual generó una división fratricida entre españoles. Lo más importante de esa Constitución es su naturaleza absolutamente democrática y también el hecho de haber sido concertada por la inmensa mayoría de los partidos políticos y votada por la práctica totalidad de los españoles. Son muchos los que han nacido después de ese año 1978 y también quienes no pudieron votarla porque en aquel momento no tenían la edad legal para acudir a las urnas, pero no por ello dejan de beneficiarse de los efectos positivos del texto y del espíritu que lo alumbró.

Aquella operación política fue una de las más importantes que se llevaron a cabo en la moderna historia de España. Quienes participaron en la elaboración de nuestra Constitución tomaron buena nota de nuestros errores históricos y apostaron decididamente por el consenso como forma de evitar que se repitieran. El consenso no es un simple pacto político. Es el pacto entre los grandes partidos de centro-izquierda y de centro-derecha para acordar una postura común en torno a determinados asuntos. El consenso supone encontrar el punto de acuerdo en el que puede reconocerse la inmensa mayoría de la sociedad y sentirse representada. En el caso de la Constitución del 78, el consenso fue aún más amplio y sumó al Partido Comunista y a los varios grupos nacionalistas.

En los más de cuarenta años de vigencia de la Constitución, España ha vivido sus mejores tiempos en términos de democracia, libertad y progreso económico y social. He ahí una prueba evidente de las virtudes del consenso y una de las razones por las que molesta tanto a los extremistas de todo tipo. Pero este consenso no debería quedar como una reliquia de nuestro pasado político, pues los hechos nos están demostrando que la polarización creciente de las sociedades ha devenido en uno de los principales problemas de nuestra convivencia. A mi juicio, el mejor antídoto contra los riesgos de la polarización se encuentra, precisamente, en el consenso. El consenso tiene efectos positivos sobre la convivencia, pero también sobre la estabilidad del país, sobre su imagen exterior y sobre la propia vida interna de los partidos políticos.

Hay determinados asuntos que deben ser abordados por consenso entre los dos grandes partidos nacionales. Me refiero, por ejemplo, a todo lo concerniente a la política exterior y de seguridad. Siempre habrá matices entre las distintas administraciones, pero lo lógico es que las prioridades sean comunes, pues son las prioridades del conjunto de la sociedad. Eso es lo que sucede en todos los países serios del mundo; su política exterior es clara y reconocible porque no está sujeta a bandazos políticos. Es una política que se mantiene en el tiempo y permite un diseño estratégico a medio y largo plazo; así, los países se vuelven reconocibles y respetables para sus socios e incluso para sus rivales.

Lo mismo podría decir de nuestra política europea. Las dos grandes fuerzas políticas españolas siempre hemos estado de acuerdo en nuestra vocación europea y hemos llegado a pactos a través de los dos grandes partidos europeos en los que nos encuadramos. Las instituciones europeas son un producto del consenso, tal vez el más sofisticado por la complejidad de su propia naturaleza, pero también uno de los más duraderos y trascendentes para la vida de los ciudadanos.

La política antiterrorista que acabó con ETA se fundamentó precisamente en el consenso de largo plazo. A excepción de momentos muy concretos, como la negociación política que José Luis Rodríguez Zapatero entabló con la banda terrorista, la estrategia en la lucha contra el terrorismo fue algo compartido entre PP y PSOE. Y fue esta estrategia consensuada e inquebrantable —y no ninguna suerte de diálogo político— la que llevó a ETA a su completa desaparición.

Del mismo modo, la política territorial fue durante bastantes años objeto de un gran acuerdo político entre los dos grandes partidos. Siendo mucho más joven y estando en la oposición me tocó negociar con el socialista Txiki Benegas los pactos autonómicos. Por aquel entonces la cuestión territorial no era un problema para España. Hoy sí lo es, y tengo para mí que el factor determinante de ese cambio es que se ha roto el consenso fundamental sobre lo que significa la unidad de la nación y la igualdad de los españoles. Hoy ya no sabemos cuál es la posición del PSOE respecto a estas cuestiones. Empezaron con el «federalismo asimétrico», luego vino la «plurinacionalidad» y la «nación de naciones», y ahora tenemos la «España multinivel». La terminología también refleja lo evanescente e inasible de la posición socialista. Ninguno sabemos exactamente en qué consiste cada formulación, pero todos sabemos a qué responde: al intento de pactar un nuevo modelo territorial con los grupos nacionalistas, cuyos objetivos claramente desbordan los límites de la Constitución.

La renovación de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional también deben ser producto del consenso entre los grandes partidos políticos que representan la voluntad muy mayoritaria de la nación. Así ha sucedido hasta hoy y no solo porque la ley exija un quorum muy amplio para su aprobación por las Cortes Generales (de hecho, sin el apoyo de populares y socialistas no es posible su renovación), sino también por una cuestión de principios, como ya he explicado.

Hay decisiones que deben contar con un respaldo muy amplio, y una de ellas es, desde luego, la renovación de los órganos que son esenciales para la existencia del Estado y que se encuentran en el vértice de la organización estatal. Resulta inquietante el retraso para renovar estas instituciones, algunas de las cuales ya finalizaron su mandato hace años. También lo es la dificultad de los grandes partidos para acordar la renovación de otros órganos de relevancia constitucional como son el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Solo puedo añadir que algunos cumplimos los plazos cuando nos correspondió hacerlo. La principal responsabilidad en esta cuestión recae en el Gobierno; es el Gobierno el que debe buscar el acuerdo. Para ello es importante que no se pretenda hacer de ese acuerdo una rendición incondicional o un trágala para la oposición.

Los grandes asuntos de Estado como son las reglas de juego —la ley electoral entre ellas— o las decisiones fundamentales para el devenir de la nación —como la sucesión a la Corona, que cuando yo era presidente del Gobierno acordé con el señor Pérez Rubalcaba— también forman parte de los consensos necesarios. Y, por supuesto, como señalaba antes, la Constitución y su reforma.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Llegados a este punto, me parece necesario realizar un breve comentario sobre el debate que se ha suscitado en España en los últimos años a propósito de la reforma de nuestra Constitución. Fui objeto de toda suerte de críticas, algunas particularmente virulentas, por negarme a ello. Vistas ahora las cosas con cierta distancia, creo poder afirmar que acerté, y que mis ilustrados detractores no tenían razón. Se equivocaban también cuando decían que yo no tomaba ninguna decisión; no se daban cuenta de que sí había adoptado una y muy importante: la firme decisión de no abrir ese proceso porque no se daban las condiciones para ello.

Conviene tener presente que nuestra historia reciente ha sido pródiga en constituciones y muy parca en estabilidad. Desde 1808 hasta 1936, España ha conocido veintiocho reformas. Cada cuatro años y medio se modificó una constitución o se aprobó una nueva. Daba la sensación de que la mayoría de los problemas de la sociedad se resolvían reformando la Carta Magna. Algo muy parecido a lo que ahora viven en algunos países iberoamericanos. Los resultados de tanta mudanza son conocidos: inestabilidad y decadencia, cuando no algo peor.

La mayoría de nuestras constituciones lo fueron de parte, textos normativos definidos e impuestos a los demás por quienes gobernaban en cada momento, por eso su duración resultaba tan breve; en cuanto se producía el cambio político se modificaba la norma. Solo la Constitución de 1876 fue duradera, y ello se debió en gran medida a los dirigentes de los dos grandes partidos políticos del momento: Cánovas y Sagasta acordaron un consenso en lo fundamental para dar estabilidad al país después de la muerte prematura del rey Alfonso XII. Ambos fueron capaces de practicar el «turnismo». A pesar de sus deficiencias y de las críticas que recibió, alguna más que merecida, este sistema propició uno de los periodos más estables de nuestra turbulenta historia moderna.

Esa inestabilidad tradicional es lo que vino a corregir la Constitución del 78, aunque a partir de la aprobación del Estatuto catalán y con el ascenso de Podemos también vivimos en España una campaña a favor de un nuevo espíritu constituyente. En la reforma de la Constitución radicaba, según los optimistas, la clave para apaciguar al secesionismo catalán. Esa nunca ha sido mi opinión.

Es evidente que la Constitución española, como todas las demás, puede ser objeto de cambios; ella misma establece el procedimiento para llevarlos a cabo. De hecho, se ha procedido a su reforma en dos ocasiones desde su aprobación en 1978. La primera, en agosto de 1992, para permitir que cualquier ciudadano de la Unión Europea que residiera en España pudiera elegir y ser elegido en las elecciones municipales, en aplicación del Tratado de Maastricht. La segunda, en septiembre de 2011, para incluir el principio de estabilidad presupuestaria que vinculaba a todas las administraciones, que comprometía a España con la Unión Europea y que garantizaba la sostenibilidad económica y social. Recuerdo que acordé esta reforma con el entonces presidente Rodríguez Zapatero en una conversación telefónica, luego nuestros equipos económicos la cerraron en un cortísimo periodo de tiempo. En ambos casos el apoyo de las Cortes Generales fue muy mayoritario y el objetivo de la reforma era meridianamente claro. No hay por tanto que descartar en absoluto que vuelva a producirse en nuestro país una nueva reforma de la Constitución. Sin embargo, conviene hacer algunas consideraciones de cara al futuro.

La reforma de la Constitución requiere de varias condiciones básicas; de lo contrario, los problemas pueden multiplicarse. No es una ley cualquiera, se trata de las reglas de juego. La prudencia siempre es buena consejera a la hora de abrir un debate de esta trascendencia. En mi opinión, hay dos presupuestos imprescindibles para iniciar un proceso de modificación del texto constitucional. El primero, que parece obvio pero para algunos a veces no lo es, requiere tener claro qué se pretende cambiar; el segundo, disponer de una mayoría lo suficientemente amplia para llevar a buen término dicha modificación. Y aún podemos añadir un tercero: elegir el momento político adecuado para evitar que los supuestos beneficios de la proyectada reforma queden disminuidos o suprimidos por los problemas que pueda generar.

No es posible activar un proceso de cambio constitucional sin ser plenamente consciente de qué objetivos se persiguen con él, algo que algunos, por paradójico que resulte, se empeñan en no entender. Son los partidarios del «dialoguemos y ya veremos a dónde llegamos», los apóstoles del también feliz «a quién molesta el diálogo» o el manido «lo importante es hablar». El problema es que la Constitución, la pieza básica de la arquitectura institucional de un país, no es una tertulia de café. Si uno toca la estructura de un edificio sin la debida prudencia, puede acabar sepultado por él.

Estas condiciones de claridad y gran consenso político se cumplieron en las ocasiones en que reformamos nuestro texto constitucional. Pero en los últimos años de mi Gobierno, y también ahora, la situación es muy distinta a la de entonces. Una cosa es que expertos constitucionalistas —y algunos no tan expertos— tengan una opinión sobre lo que hay que hacer, la expongan e incluso la exijan en tribunas periodísticas o sesudos manuales, y otra muy diferente es que los gobernantes tengan que estar de acuerdo con ellos o que sus propuestas gocen del necesario consenso en el Parlamento. No olvidemos que los gobernantes, a diferencia de los comentaristas, tienen una responsabilidad. Sus actos acarrean consecuencias.

Abrir el debate sobre la reforma constitucional en los años pasados, como algunos deseaban, hubiera sido un error de enormes proporciones y de resultados muy indeseables. En pleno esfuerzo para superar la más grave crisis económica que vivimos en décadas, habríamos estado debatiendo sobre la forma de Estado, la monarquía, la república, la supresión de las autonomías, el derecho de autodeterminación, el recorte de competencias o la soberanía nacional. Habríamos escuchado toda suerte de soflamas y probablemente no hubiéramos acordado absolutamente nada, porque no se daban las condiciones para esos grandes consensos.

Ni era urgente reformar la Constitución, ni estaba claro lo que se pretendía, ni era posible alcanzar un acuerdo tan amplio como el que concitó el texto. Mientras nadie me demuestre lo contrario, no había entonces y no lo hay hoy mejor punto de encuentro entre españoles que el que establece el texto de 1978. Lo que procede es simplemente cumplir sus preceptos en todo momento y actuar en consecuencia cuando alguien quiere pasar por encima de ellos. Es lo que se hizo en el año 2017 con la puesta en marcha del artículo 155, un artículo que, en teoría, estaba pensado para no ser aplicado nunca. Sin embargo, cuando llegó el momento en que fue necesario, se activó y cumplió la función para la que fue redactado. Hoy todo el mundo, incluidos los secesionistas, ya saben que la ley funciona. Tan bien lo saben, que se han cuidado mucho de volver a desafiarla tan violentamente como en 2017.

LA RUPTURA DEL CONSENSO EN ESPAÑA. LOS PACTOS DEL PSOE CON LOS POPULISTAS

Existe una opinión bastante generalizada que atribuye la causa de nuestros problemas territoriales al hecho de que la gobernación de España haya acabado dependiendo en varias ocasiones de los grupos nacionalistas, y ahora ya de los independentistas más radicales como ERC o Bildu. Quienes esto opinan sugieren que una solución sería cambiar la ley electoral para evitar ese peaje obligado al nacionalismo, pero lo cierto es que con la ley actual surgió un partido, Ciudadanos, cuya principal razón de ser fue la de constituirse en la bisagra no nacionalista que permitiera la gobernabilidad de España sin tener que hacer más cesiones de carácter territorial. Pero cuando llegó el momento de cumplir su función, Ciudadanos no quiso o no supo estar a la altura de ese objetivo.

Todo este debate sobre la ley electoral sería ocioso si PSOE y PP mantuvieran un acuerdo de fondo sobre las líneas rojas en sus pactos con los nacionalistas o separatistas, es decir, si se mantuviera el consenso que tuvimos en su momento. Pero hace años ya que el Partido Socialista decidió hacer de este asunto una forma de distinguirse del Partido Popular. Y así hemos llegado a la situación actual, en la que los pactos de Pedro Sánchez con ERC o con Bildu, tantas veces negados y desmentidos, se hacen realidad de forma palpable con su carga de radicalidad y malestar.

A mi juicio, esta es la causa fundamental de la polarización actual de la política española: el cambio estratégico que ha protagonizado Pedro Sánchez abriéndose a pactar con socios cuyo principal objetivo es superar nuestro marco constitucional. Esta es la ruptura del consenso que hoy más tensión provoca entre los ciudadanos. Nuestro problema no son los nacionalistas o los independentistas, por muy radicales que puedan llegar a ser sus propuestas o por más desafíos que nos lleguen a plantear. Es cierto que en un momento determinado una parte importante del nacionalismo decidió dejar de comportarse con lealtad a la Constitución y a la nación y usar los recursos y las competencias que esa Constitución les garantizaba para conspirar abiertamente contra ella. Pero ese gravísimo problema no lo sería tanto si se mantuviera el consenso territorial que fuimos capaces de pactar en su día PP y PSOE. El problema es, insisto, el cambio de estrategia del PSOE y la incertidumbre que ello genera en la estabilidad institucional del país.

Cuando Artur Mas vino a verme en 2014 para exigirme lo que él llamaba el «pacto fiscal», a la primera persona que llamé para informarle del contenido de nuestra conversación fue al entonces líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que estuvo completamente de acuerdo conmigo en rechazar tal demanda. Durante toda la ofensiva independentista de 2017 y hasta el día que aplicamos el artículo 155 de la Constitución mantuve permanentemente informado a Pedro Sánchez, incorporé sus propuestas y rebajé alguna de las mías en aras del entendimiento para dar la respuesta de unidad que creía absolutamente imprescindible frente a la gravedad de la situación creada. Hay gente que la considera insuficiente o insatisfactoria. Yo, en cambio, creo que la respuesta pactada por una mayoría amplísima del Parlamento tuvo en ese abrumador respaldo, en ese consenso indiscutible, su principal valor dentro y fuera de nuestro país. Ante un desafío como fue aquel, la respuesta no debía correr solo a cargo del Gobierno del Partido Popular, por muy legitimado que estuviera para hacerlo en solitario; se necesitaba una respuesta de Estado, y así ocurrió.

Por mayoría es posible subir o bajar los impuestos, gastar más en sanidad o en infraestructuras, hacer una política económica u otra; por mayoría es posible tomar muchas decisiones, pero las reglas de juego y las grandes cuestiones nacionales requieren acuerdos. No se debe modificar sin consenso la ley electoral, acordada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, ni se debe hacer algo tan extraordinario como es aplicar el artículo 155 de la Constitución y cesar a todo un gobierno, como sucedió en Cataluña, sin que los grandes partidos nacionales cuenten con un acuerdo de fondo, aunque eso suponga necesariamente que todos tengan que ceder en sus posiciones de máximos. Hay reglas, algunas no escritas, que nunca hay que sobrepasar porque son garantía de estabilidad y confianza, dos presupuestos básicos para la existencia de una convivencia ordenada. Y una de esas reglas debe ser preservar determinados consensos en los asuntos fundamentales.

Ahora el Gobierno sigue otra estrategia. Yo creo que se equivoca porque el PP o Ciudadanos siempre serán socios más leales que cualquiera de los partidos radicales que completan la mayoría de gobierno. Pero esa ha sido su elección y la apuesta de Pedro Sánchez para completar las mayorías que los españoles se resisten a darle. Lo que no puede es reclamar para sí el consenso o pedir el mismo trato que yo recibí, porque yo busqué con lealtad y trabajé los acuerdos con el principal partido de la oposición, mientras que Sánchez apostó por el entendimiento con las minorías extremistas; es decir, todo lo contrario de lo que significa e implica el consenso.

Por si la cuestión territorial no hubiera suscitado suficiente controversia en nuestra vida política, tenemos al otro socio del Gobierno, Podemos, que sin duda es el más genuino representante del populismo español de los últimos años, con toda la carga de polarización que ello supone. No hay que extenderse mucho en la materia porque cada día se hace palpable ante la sociedad española. Han enfrentado a la gente, han demonizado a una parte importante de la sociedad española, los ricos o supuestos ricos —otra vez la casta—, o simplemente a quienes sostenían posiciones distintas a las suyas. Han buscado y promovido la discordia y han traído un sectarismo desconocido hasta entonces en la vida pública española.

Dicho así, todo seguido, puede parecer una crítica destemplada a este partido, pero todas y cada una de estas afirmaciones se sustentan en la realidad de multitud de conductas que hemos visto en los últimos años. Tampoco parece que hayan aportado demasiado para mejorar la vida de los españoles, ni en la oposición ni cuando han llegado al Gobierno. Y, desde luego, han hecho imposible cualquier tipo de consenso.

La noticia más positiva que hemos recibido de ellos son sus últimos y menguantes resultados electorales; una buena noticia para quienes apostamos por una convivencia como la que entre todos hemos construido en los últimos cuarenta años. Sin embargo, tardaremos en desintoxicarnos de su populismo de extrema izquierda y de sus consecuencias en el conjunto de la sociedad.

LA DEMOCRACIA ES CONTENCIÓN

La existencia de grandes acuerdos nacionales no significa que todos tengamos que pensar igual. Eso no es posible ni deseable. No hay democracia en el mundo en la que no existan puntos de vista diferentes, maneras distintas de ver las cosas, de enfocar la gobernación de un país. No hay parlamento democrático en el que no se produzcan debates, muy duros a veces, votaciones a favor o en contra, en el que no haya mayorías y minorías. Esto forma también parte, y muy sustancial, de las democracias.

La democracia necesita de fuerzas políticas diferentes que representen al conjunto de la sociedad y a su pluralidad. Que confronten entre ellas. Pero también precisa de partidos que sean capaces de colaborar para acordar las normas básicas de una convivencia ordenada y de tomar juntos decisiones que afectan al interés general de la nación. También de afrontar aquellas cuestiones que no es bueno dejar al arbitrio de una sola fuerza política, aunque esta disponga de una mayoría. No todo puede ni debe ser objeto de polémica y de confrontación. Hay ocasiones, las más importantes, en las que es imprescindible entenderse con los opuestos.

Después de haber dejado la política, cayó en mis manos el libro ya citado Cómo mueren las democracias, donde Levitsky y Ziblatt acuñan el concepto de «contención institucional» como uno de los elementos determinantes, junto con la tolerancia mutua, para la supervivencia de la democracia. Los autores lo definen como «autocontrol paciente, templanza y tolerancia», y también como «la acción de refrenarse de ejercer un derecho legal». Dicho de otra manera, que un poder —sea el ejecutivo o el legislativo— se autolimite a la hora de ejercer todas las prerrogativas que le confiere la ley en aras de la convivencia y de la estabilidad del sistema. Me sentí muy representado en esa «contención» que no todo el mundo entiende y que, desde luego, se vuelve muy difícil en un escenario de máxima polarización. Siempre he pensado que si hay tolerancia mutua y contención institucional las cosas funcionan, y que muchas veces el triunfo de las democracias depende de reglas que no están escritas pero que son conocidas, asumidas y respetadas por todos.

No se me escapa que uno de los argumentos reiterados de mis críticos es que, disponiendo de una mayoría para hacerlo, no modificara la ley electoral o no fuera más allá en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña o no cambiara el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hoy, cuando ya han transcurrido unos años desde entonces, volvería a hacer lo mismo porque creo que los gobernantes se deben a toda la sociedad y no solo a sus votantes. Eso que se dice todas las noches de victoria electoral de «voy a gobernar para todos», conviene mantenerlo el resto de la legislatura, al menos en lo que se refiere al funcionamiento de las instituciones. Aunque la ley te lo permita, hay cosas que no se deben hacer, por prudencia, por contención, incluso por fair play. La acción de gobierno no debe ser una estrategia de movilización sectaria ni una pugna permanente para recortar el protagonismo y la influencia de la oposición. En todos los cargos políticos que he desempeñado en mi vida jamás he dedicado un solo minuto a levantar alfombras o perseguir ni judicial ni políticamente a mis antecesores; con ganarles las elecciones me daba por satisfecho.

Ahora, sin embargo, los grupos que constituyen la mayoría de este Parlamento dedican más esfuerzo a investigar y perseguir políticamente a mi Gobierno que a controlar al actual. Es solo un ejemplo de los muchos que nos muestran cómo se han ido rompiendo esas reglas no escritas que definieron una manera de hacer política menos áspera y más provechosa para los ciudadanos. Ahí está la sorprendente utilización de la portavocía del Gobierno para descalificar a la oposición, las críticas a esa misma oposición en las intervenciones del presidente del Gobierno en el extranjero, o incluso el hecho inédito de utilizar el preámbulo de una ley para hacer gala de un sectarismo político sin precedentes en nuestra historia.

Habrá que celebrar que en España no hayamos llegado todavía al nivel de revanchismo populista de López Obrador en México, que convocó un referéndum para decidir por voto popular si había que procesar a los anteriores presidentes del país. Una maniobra absurda y antidemocrática ya que la justicia mexicana está capacitada para investigar a los presidentes si fuera necesario. Lo que el mandatario mexicano pretendía es que la acción judicial no se produjera a instancias de la propia justicia sino del mandato popular. Una auténtica voladura del Estado de derecho que, afortunadamente, solo apoyó el 7 % de los mexicanos.

Está claro que lo de la «contención institucional» no está de moda y, desde luego, no forma parte de las prioridades de quienes nos gobiernan en estos momentos. Pero no por ello deja de ser una pieza imprescindible para alcanzar y cultivar los consensos políticos y la convivencia, que en buena medida marcan los niveles de calidad y estabilidad de una democracia.

NI VIEJA POLÍTICA NI NUEVA POLÍTICA… BUENA POLÍTICA

Reconocer todos los beneficios del consenso para determinados asuntos nacionales exige reconocer también la importancia y la responsabilidad de sus protagonistas. Me refiero, como habrá adivinado el lector, a los partidos tradicionales: los dos grandes bloques organizativos y electorales que durante décadas han agrupado el voto de derecha e izquierda con sus múltiples familias y corrientes en España y en la mayoría de los países occidentales.

Sí, yo soy un declarado defensor del bipartidismo, o al menos de los partidos tradicionales. Lo era cuando no estaba de moda serlo y cuando todo el mundo celebraba alborozado el aire regenerador que las nuevas formaciones políticas iban a dar a nuestra democracia. Yo no encontraba tanta regeneración y tanta frescura como otros, y creo que el paso del tiempo ha venido a poner un poco de mesura a tanto entusiasmo desbordado. Los partidos tradicionales han soportado muy mala reputación por diversas razones, algunas justificadas, pero lo cierto es que todos los logros del consenso y todos los avances habidos en las democracias occidentales a los que ya me he referido son deudores de estas formaciones. Ello no es óbice para reconocer que en algunas ocasiones estas fuerzas políticas no han sabido estar a la altura de las circunstancias, ni acomodarse a los cambios, y que además de los méritos también presentan sonados fracasos y errores en su trayectoria histórica.

El desapego a los partidos tradicionales está en la base de la transformación política que está viviendo Iberoamérica, pero también se ha trasladado a buena parte de Europa, donde no pocas fuerzas políticas clásicas han caído en la irrelevancia casi absoluta. Acaso el ejemplo más paradigmático sea el de Francia, donde tanto el Partido Socialista como la derecha republicana han colapsado y las opciones de gobernabilidad se dividen entre la extrema derecha de Marine Le Pen y el movimiento de Emmanuel Macron, bajo cuyas siglas se han cobijado las ruinas de los dos partidos clásicos. Y cuando digo «siglas» de Emmanuel Macron, lo hago con absoluta propiedad, porque el acrónimo «EM» de su movimiento político (En Marche) coincide exactamente con el de su nombre. Eso, en España, aún no ha pasado. Será cosa de la grandeur francesa.

Macron es un personaje brillante y solvente; tanto, que ha conseguido convertirse en presidente de la República Francesa sin contar con una organización política detrás. Supo ver la oportunidad de ofrecer a la sociedad francesa lo que en ese momento demandaba, y lo hizo con eficacia. El tiempo en que pudimos coincidir, primero como miembro del Gabinete de François Hollande y luego ya como presidente francés, me demostró que es una persona de enorme capacidad y dinamismo y con una clara visión de modernización de su país. Al final, como pasa siempre en política, el dinamismo suele toparse con la dura realidad, con las inercias, con las resistencias al cambio y con los chalecos amarillos. Los grandes proyectos acaban siendo más modestos. Aun así, Macron es una de las personalidades más notables de la política europea, además de un europeísta convencido y militante. El futuro nos dirá si consigue consolidar su plataforma política o si los partidos tradicionales serán capaces de recuperar el terreno que cedieron en su momento al liderazgo personalista de Macron.

En mi opinión, hay dos elementos decisivos para entender ese desapego hacia los partidos clásicos que algunos llaman «desalineamiento». El primero son las limitaciones para encontrar soluciones eficaces a unos problemas de gobernanza cada vez más complejos. En un capítulo anterior apuntaba algunas circunstancias para tratar de entender cómo se ha producido esta era populista: la inmigración, el sentimiento de identidad, los aprietos de las clases medias golpeadas por las crisis económicas o la corrupción, entre otras. Resulta bastante evidente que las expectativas que ante estas nuevas circunstancias tenían los votantes de los partidos tradicionales no se vieron satisfechas con los resultados de su gestión y decidieron castigarlos.

El otro factor que ha perjudicado a las fuerzas políticas clásicas es, una vez más, la polarización, que siempre beneficia a los extremistas. Estos no pretenden gobernar; son muy conscientes de que su papel no es el de ofrecer un proyecto político para una gran mayoría, sino conseguir un número de apoyos muy movilizados que les permitan influir y marcar la agenda del debate público a base de exageraciones, cuando no de mentiras. Esa fractura del electorado por parte de estas fuerzas radicales acaba generando graves problemas de gobernabilidad. Alguna experiencia tenemos en España de todo esto.

En los últimos años el espectro político nacional se vio «enriquecido» con la presencia de nuevos partidos y con la mutación pública del nacionalismo catalán. Naturalmente, no todos esos grupos eran iguales ni pensaban lo mismo. En realidad, estaban muy alejados los planteamientos de los unos y de los otros. Sin embargo, todos coincidían de alguna manera en su voluntad de superar el modelo de bipartidismo vigente desde la restauración democrática. Todos presentan también, en mayor o menor medida, rasgos claramente populistas. En el caso de Podemos, su populismo es tan rotundo que hasta han llegado a presumir de él. Pero también en Ciudadanos y en Vox es posible encontrar sin grandes esfuerzos rasgos propios del populismo: la crítica general a la situación de nuestro país y a los partidos políticos mayoritarios, un adanismo evidente, un intento no menos palmario de monopolizar la honradez y la moral, unos tics ciertamente autoritarios en la vida interna de la organización y una tendencia caudillista muy acusada con líderes que se sitúan muy por encima de sus organizaciones. El Partido Popular era el máximo receptor de sus atenciones, pero tampoco el PSOE, cuando estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, salía excesivamente bien parado.

Ya antes presté una atención detallada al intento de liquidar el texto constitucional por parte del nacionalismo catalán, pero su metamorfosis fue más allá. Abrazaron el populismo con un entusiasmo que ni el más aplicado de los conversos hubiera sido capaz y asumieron su modelo más extremista. Las leyes, la Constitución, los tribunales, cualquier institución o cualquier freno a sus objetivos han sido material de derribo, y lo siguen siendo. Su pretensión es que se haga su voluntad: un referéndum para la independencia de Cataluña, y punto.

En cuanto a Podemos, ya he comentado en este mismo capítulo que su mejor aportación a la sociedad española han sido sus menguantes resultados electorales. Pero no deja de merecer algún comentario adicional la manera en que ha funcionado como partido, porque la forma que tienen de gobernarse internamente los partidos también dice mucho de lo que pueden aportar a la gobernación del conjunto de la sociedad.

Hacer un breve ejercicio de memoria nos lleva a concluir que lejos de constituir una organización destinada a la formación de líderes políticos, Podemos ha sido una máquina de triturarlos, algo, por cierto, bastante común en las organizaciones comunistas, donde las purgas se llevan a cabo con cierta asiduidad. Tampoco ha sido brillante su experiencia de gobierno: de toda la hornada de alcaldes de Podemos que llegaron a los ayuntamientos en su momento de mayor esplendor, ahora no quedan ni media docena. Todos zozobraron en una absoluta ineficacia por sus limitaciones evidentes a la hora de gestionar la administración del bien común.

Lo mismo ha sucedido en el Gobierno de la nación. El contraste de la demagogia incendiaria de Pablo Iglesias con su actuación personal y con la institucionalidad del Gobierno trituró su figura política, hasta el punto de quedar en quinta posición, con solo el 7 % de los votos, en las últimas elecciones a la Asamblea de Madrid y verse obligado a abandonar la política activa. Desaparecido Iglesias, los ministros de Podemos constituyen un exotismo entre los gobiernos europeos, una rareza generadora de todo tipo de chanzas y polémicas que permiten al resto de los miembros del Gabinete acentuar su perfil de gestores frente a tanta frivolidad. Y tampoco estuvieron a la altura de sus proclamas de regeneración. Realmente pensar que un partido de inspiración chavista pudiera venir a mejorar la calidad de la política española solo demuestra lo desnortados que hemos estado en algún momento de nuestra historia más reciente.

En definitiva, además de constituir un elemento tóxico para la convivencia, Podemos ha fracasado rotundamente en una de las misiones fundamentales de cualquier partido político como es su capacidad de contribuir a la gobernabilidad de las instituciones, por más que ahora mismo algunos de sus miembros se sienten en el Consejo de Ministros.

El caso de Ciudadanos, otro partido que irrumpió en la vida política española en los años pasados, siendo muy distinto al de Podemos, también nos ofrece materia para la reflexión. Nació en Cataluña con un objetivo que siempre compartí: la defensa de la nación española y de nuestra Constitución, en un lugar donde no era fácil ni cómodo defender estas posiciones. Sé lo duro de esa labor porque fui testigo en numerosas ocasiones del trato que recibían quienes la hacían. En mi condición de presidente del Partido Popular, acompañé muchas veces a mis compañeros de Cataluña. Soy conocedor de su trabajo y de su esfuerzo en unas circunstancias muy difíciles. Recuerdo de manera especial la tarea que Alicia Sánchez Camacho y Jordi Cornet, tristemente fallecido, llevaron a cabo con entusiasmo y que brindó al Partido Popular los mejores resultados de su historia en Cataluña, con 18 y 19 escaños en dos elecciones distintas. Ellos y otros muchos que están en nuestras mentes hicieron política teniendo que superar un sinfín de trabas e inconvenientes.

Aunque Ciudadanos no fuera mi partido y sí un competidor en el espacio político que nosotros representábamos en Cataluña, yo estaba de acuerdo con los postulados que defendía, porque creía que era bueno para España. Incluso cuando decidieron dar el salto a la política nacional y presentar candidato a las elecciones generales los seguí viendo como unos adversarios con quienes luego sería posible entenderse. Lo que ya no pude compartir fue su evolución posterior. Respeté su intento de sustituir al Partido Popular en el liderazgo del centro-derecha español, aunque me parecía que se marcaban objetivos inalcanzables, pero estaban en su derecho a hacerlo. Lo pretendieron y no lo consiguieron. Cuando yo dejé el Gobierno tenían 105 escaños menos que el Partido Popular.

En cualquier caso, a nadie en política se le puede discutir que aspire a mejorar posiciones. Yo siempre lo acepté. Lo que ya no me pareció de recibo fueron los ataques personales (claramente exagerados e impropios de un partido que se decía liberal y de centro), su pretensión de monopolizar la moral y la virtud (como si los demás fuésemos la encarnación de todos los males posibles), sus vetos a las personas, su talante inquisitorial y su adanismo evidente (como si el mundo acabara de empezar con ellos). Demasiado populismo para quienes no deberían haber entrado en esas dinámicas. Todo en ellos era excesivo y teñido de un aire de superioridad moral frente a los demás. Ese tipo de argumentos tienen una vida muy corta; cualquier bandazo o cambio de opinión no puede percibirse más que como una contradicción en ese discurso moralista.

Y bandazos, tuvieron unos cuantos. Llegaron a pactar con Pedro Sánchez, a quien quisieron hacer presidente del Gobierno tras las elecciones de 2015. Además, como sus votos no eran suficientes, exigían que lo votásemos nosotros, haciendo caso omiso del pequeño detalle de que habíamos ganado las elecciones y por mucho. Después de la repetición electoral pretendieron condicionar su apoyo al Gobierno a que yo no fuera presidente, cosa que mi partido no aceptó. Finalmente y no sin largas negociaciones, firmamos un pacto de gobierno que fue muy positivo para nuestro país. Permitió gobernar España durante dos años después de un periodo de bloqueo político. Sacamos adelante siempre los presupuestos, crecimos más de un 3 % anual y se crearon más de quinientos mil empleos cada año. Además, defendimos la Constitución con el apoyo del PSOE y aplicamos el artículo 155 por primera vez en la historia.

En aquel momento de la crisis de Cataluña, Albert Rivera no fue un problema. Se mostró leal y responsable. Él quería un 155 para convocar elecciones en Cataluña porque estaba convencido de su victoria, como así ocurrió. Yo convoqué las elecciones con el 155 porque me pareció que era la forma democrática de dar salida al destrozo que el secesionismo había causado a las instituciones. La aplicación del 155 no podía privar a los ciudadanos catalanes de ningún derecho, incluido el de contar con un gobierno propio. Por eso me pareció necesario convocar las elecciones.

Otra cosa es lo que sucedió a partir de 2017, cuando los dirigentes usaron su indiscutible victoria en Cataluña como palanca para erosionar no a los secesionistas, sino a mi Gobierno. Lo mismo puedo decir de la moción de censura que Rivera espoleó con su reacción exagerada y demagógica a la sentencia de la Gürtel. Es cierto que votó en contra, pero solo porque Sánchez se había negado a aceptar sus condiciones. No los necesitaba para una mayoría que ya tenía armada.

Con todo, el mayor error de Ciudadanos y el que a mi juicio más daño ha hecho a este partido fue la decisión de Inés Arrimadas de abandonar el liderazgo de la oposición en Cataluña para trasladarse a vivir a Madrid. Se desaprovechó una oportunidad histórica de liderar la oposición al independentismo y de darles la batalla en pie de igualdad. Es lógico que entre sus numerosos votantes se haya generado un sentimiento de orfandad, que aún persiste entre los constitucionalistas en Cataluña. Desconozco si existen razones personales que motivaron esta decisión, solo puedo juzgar sus consecuencias políticas y estas han sido malas para España y pésimas para Ciudadanos.

Después de que ambos hubiéramos abandonado la política, Albert Rivera y yo hemos vuelto a coincidir. He tenido la oportunidad de almorzar con él y su mujer en su casa. Ese encuentro fue una buena idea porque todo se ve con más tranquilidad y con más generosidad cuando uno se aleja de las urgencias del día a día. Rivera es una persona muy joven y con muchas cualidades. No sé si la política le volverá a tentar en algún momento. Si así fuera, estoy convencido de que actuará con más serenidad y será más condescendiente y flexible. Pasé un rato muy agradable en su casa y me pareció la mejor manera de conocer a la persona que no siempre se mostraba accesible en nuestra vida política anterior. Probablemente él pensaría lo mismo de mí. Pocos días antes de concluir este libro coincidí con él en la embajada de Colombia en España. Me alegró verle. Le deseo lo mejor.

Tanto en el caso de Rivera como en el de Iglesias cabe reconocerles el mérito fundamental de haber sabido crear desde cero dos fuerzas políticas que tuvieron mucha influencia en un momento determinado y que llegaron a pugnar por sustituir al PSOE y al PP. Lo que no lograron fue crear dos grandes organizaciones políticas, lo que no es ciertamente fácil. Por eso la trayectoria de ambas formaciones es claramente descendente. Podemos y Ciudadanos, de alguna manera, también son víctimas de la volatilidad que lleva aparejada la llamada «nueva política».

Ahora tenemos a Vox, un partido que presenta los rasgos característicos del populismo. No se me escapa que la mayoría de sus votantes en algún momento lo fueron del Partido Popular. De hecho conocí a Santiago Abascal cuando militaba en el PP, pero sobre todo conocí y traté mucho a su padre, que era una bellísima persona, perseguida vilmente por el terrorismo de ETA. Los votantes de Vox tienen mi respeto pero no mi aquiescencia. No voy a decir, como hace la izquierda, que Vox es un partido fascista porque eso es falso. Sin embargo, Vox y PP ahora mismo representan dos fuerzas políticas muy distintas. Vox es la versión española de los movimientos nacional-populistas que vemos en muchos otros países europeos. Nadie del PP puede compartir el discurso antieuropeo de Vox, ni su política demagógica respecto a la inmigración, ni su discurso de radicalidad y visceralidad. Somos distintos y es bueno que se vea que somos distintos. Esto no quiere decir que Vox no pueda apoyar a gobiernos del Partido Popular en distintas administraciones, como de hecho ha venido sucediendo en los últimos tiempos.

Mi previsión es que, al igual que sucedió con Ciudadanos, más pronto que tarde los votantes de Vox volverán a apostar por el Partido Popular. En la Galicia que gobierna con acierto y templanza Alberto Núñez Feijóo, Vox no existe, como no existió más que con carácter puramente testimonial mientras el PP estuvo gobernando España. Apostaría que en el resto del país su influencia irá mermando en la misma medida en que se fortalezcan las expectativas electorales del Partido Popular. Los votantes de Vox volverán al PP en cuanto lleguen al convencimiento de que el PP es la gran plataforma electoral de todo el centro-derecha español y el partido que tiene posibilidades reales de llegar al Gobierno. También cuando pase la propaganda y puedan ver que, acaso sin demasiados aspavientos, el Partido Popular ha sido el que ha defendido de forma más efectiva y contundente la unidad de España cuando esta estuvo amenazada.

Con el tiempo transcurrido podemos convenir que la nueva política ha mostrado una gran volatilidad y los nuevos partidos han resultado, en la mayoría de las ocasiones, víctimas de la misma. No por ello los partidos tradicionales deberían despreciar las lecciones que se desprenden de este fenómeno. Resulta evidente que deben concentrar sus esfuerzos en la mejora de la gobernanza y de sus resultados, ser conscientes de las nuevas circunstancias sociales y responder con diligencia a las expectativas ciudadanas. Es necesario, además, huir de las estrategias políticas de polarización, donde siempre gana el más extremista.

Un partido que aspira a ser grande debe apostar por una política de integración en el ámbito de su propia organización y, al mismo tiempo, intentar aglutinar a una mayoría de la sociedad, trabajar para seducir a todo tipo de votantes, no solo a los más convencidos, y descartar cualquier política de exclusión. Esto supone un esfuerzo indudable y un gran ejercicio de pragmatismo y tolerancia. Hay que escuchar a todos, atender los argumentos aceptables y decir que no, educadamente, cuando es necesario y explicar por qué. Asimismo, es imprescindible huir de los maximalismos y de ciertos aspavientos, que pueden servir para conseguir titulares ruidosos, pero no ayudan para llevar los debates a buen término.

Cuando yo empezaba en política, hace ya demasiados años, era un jovencísimo presidente de Alianza Popular en Pontevedra. Por algún motivo que ya no recuerdo, la dirección nacional decidió relevarme de aquel puesto que había ganado en buena lid. Para Televisión Española, la única que existía en aquel momento de absoluta hegemonía socialista, una crisis en Alianza Popular, aunque fuera tan pequeña como el cese de un ignoto presidente provincial en Galicia, mereció toda la atención del telediario. Un dirigente del partido —cuyo nombre también he olvidado— salió a explicar todas las razones que justificaban mi destitución y, como es lógico pensar, el retrato no me favorecía en absoluto. Algún avispado jefe de informativos tuvo la gentileza de ofrecerme la posibilidad de replicar a aquellas acusaciones en el telediario de la noche y no la desaproveché. Mi primer momento estelar en televisión fue protagonizando, en prime time, aquel espectáculo absurdo de división interna de Alianza Popular, lo que imagino que hizo las delicias de nuestros rivales. Recuerdo que mi padre, mucho más sensato que yo, al ver el telediario comentó alarmado a uno de mis hermanos: «Mariano se ha vuelto loco». Nunca más volví a hacerlo. No tanto por ahorrarle el disgusto a mi padre como por ahorrarme a mí mismo el papel estelar en un espectáculo tan poco edificante. Cuando otras veces me he visto en situaciones similares he preferido tirar de ironía. He tratado de evitar aquello que en su día señaló el líder checo Vaclac Havel: «Cualquiera que se tome demasiado en serio corre el riesgo de parecer ridículo».

La transformación de Alianza Popular en el gran Partido Popular que fue capaz de ganar las elecciones y gobernar con amplias mayorías responde, en buena medida, a ese aprendizaje de tolerancia y pragmatismo, sin renunciar a ciertos principios fundamentales donde todos nos podemos sentir representados.

Durante los prolegómenos del Congreso de Valencia de 2008, el mismo que tanta literatura generó, me referí a esa necesidad de que el Partido Popular fuera una gran organización donde pudieran convivir armónicamente distintas corrientes de pensamiento, y no un partido exclusivo de una sola corriente, ya fueran conservadores, democristianos, liberales… «Quiero que este partido sea lo que es, un partido popular, moderado, abierto e integrador, y no un partido de doctrinarios. Eso no lo quiero. Aquí se han incorporado todos, aquí hay liberales, democristianos, conservadores, incluso socialdemócratas. Aquí caben todos. […] Yo quiero un partido donde todo el mundo se sienta cómodo, donde todo el mundo pueda estar representado, no un partido que responda a una sola ideología». Al cabo de tantos años de haber pronunciado estas palabras sigo creyendo que esa es la fórmula del éxito en política. Después de aquel congreso, el Partido Popular permaneció unido. De él siguieron formando parte quienes me apoyaron (el 84 % de los votantes) y quienes no lo hicieron. Todos tuvieron las puertas abiertas e integraron las candidaturas en los años siguientes. Desde entonces el Partido Popular ha obtenido la mejor racha de victorias electorales de toda su historia. Durante una década ganó todas las elecciones de carácter nacional (generales, municipales y europeas) que se celebraron en nuestro país. Algo que también sucedió en Europa, donde el Partido Popular Europeo, un partido con vocación de integrar a todos, sigue siendo la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo.

Evidentemente, hoy la situación no es la misma que en 2008 o en 2011. El bipartidismo moderado ha sufrido la competencia de otros partidos radicales a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, cualquier partido que quiera ser grande y gobernar debe tener presente esa necesidad de aliar a todas las corrientes y sensibilidades posibles, y eso solo se puede hacer desde la moderación y la tolerancia. Prueba de ello es lo ocurrido en las últimas elecciones americanas. Joe Biden era probablemente el candidato menos carismático de todas las opciones que tenían los demócratas para vencer a Trump, pero contaba con el aval de su larga carrera política y su talante moderado frente la radicalidad de Bernie Sanders. Ambas cualidades se demostraron imprescindibles para poder ganar a Trump en las elecciones con mayor participación del último siglo en Estados Unidos.

Yo creo que la democracia funciona mejor cuando tiene partidos grandes y fuertes capaces de aglutinar a gran parte de la sociedad y de organizarla políticamente. Acaso hayan perdido la exclusividad de la representación política, porque ahora existen multitud de vehículos para la participación de las personas en los asuntos públicos, pero los partidos, los grandes partidos, siguen teniendo una función primordial, como comprobamos cada día. Son piezas esenciales cuando se trata de crear consensos, de garantizar la gobernabilidad o de formar a líderes políticos.

Los partidos políticos son y deben seguir siendo en el futuro el instrumento de participación política por excelencia. La realidad dice que son siempre más fiables, generan más confianza y provocan más estabilidad que cualquier populista o iluminado y, desde luego, que los «movimientos», «frentes amplios», «plataformas cívicas» o grupos similares de tanta tradición en América Latina, hoy importados a Europa, y que tanto daño han causado a lo largo de la historia.

LAS PRIMARIAS. ALGUNA LUZ Y MUCHAS SOMBRAS

Un factor que no se ha valorado lo suficiente a la hora de entender la volatilidad de los nuevos partidos en la política española probablemente haya sido su debilidad organizativa. Fueron fuerzas capaces de canalizar un estado de opinión o un sentimiento generalizado en una parte de la sociedad, pero no fueron organizaciones sólidas capaces de vertebrar de modo estable y duradero en el tiempo una alternativa política completa. Y es que los sentimientos son muy importantes —de hecho, son imprescindibles— pero no pueden ser el único valor político. Una alternativa política necesita mucho más; necesita personas, dedicación, experiencia; en definitiva, necesita organización, y eso es lo que ha hecho del PP un gran partido político que no se ha desmoronado ni en los momentos de mayor dificultad.

Las grandes organizaciones políticas no cuentan con pregoneros como los pequeños partidos, que siempre son agraciados con esa vitola de épica y de desafío a lo establecido; la eterna historia de David contra Goliat. Los pequeños, por serlo, siempre parecen mejores, y sin embargo no se reconoce que los grandes han adquirido esa condición a base de tesón, de trabajo, de generosidad, de renuncias, de disciplina y de consensos internos. A los grandes partidos tradicionales se les niega cualquier mérito y se subrayan todos sus defectos: los problemas de financiación, la supuesta falta de democracia interna o la «funcionarización» de su militancia. A los cuadros internos se les caricaturiza como personas que se dedican a la política porque no valen para otra cosa, y si tienen la desgracia de contar con algún militante de moralidad cuestionable, esas conductas personales se atribuyen al conjunto de la organización. Así podría seguir enumerando invectivas de todo jaez que se han convertido en una especie de verdad incontestable. Pero lo cierto es que también en política se necesita una estructura eficiente capaz de cumplir con la misión fundamental que los partidos tienen encomendada, como es la de vertebrar de forma eficaz y democrática la gobernanza de un país: cuando están en el poder, aportando líderes, experiencia y medidas eficaces para la gestión de los asuntos públicos; cuando están en la oposición, controlando al Gobierno y preparando a las personas y las políticas que deben constituir la alternativa. Pero esa labor también ha sido víctima del contagio populista que ha llegado a todos los rincones de la sociedad. En este caso, el instrumento para «desempoderar» a los partidos de una de sus funciones básicas ha sido el mecanismo de las elecciones primarias.

Una de las decisiones más relevantes para cualquier fuerza política es la de la elección de su líder, así como la del equipo que le acompaña en la dirección del partido y le presta apoyo para llevar a buen término sus cometidos. Tradicionalmente, en España y, en general, en el resto de los países de nuestro entorno los máximos dirigentes de los partidos políticos eran elegidos por un número no muy amplio de personas designadas por el conjunto de los militantes. El sistema, al menos en teoría, daba participación a todos, pues los afiliados elegían a unos representantes en cada circunscripción (en España solía ser la provincia) y estos votaban luego en un congreso nacional al líder del partido y su programa político. Con este procedimiento, el de los compromisarios, fueron elegidos, con algunos matices diferenciadores, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o yo mismo.

Este sistema funcionó razonablemente durante muchos años y permitió que la gobernación de lo público se llevara a cabo sin grandes sobresaltos. Era un asunto interno de los partidos y no parecía tener gran influencia en el conjunto de la sociedad. Pero en un momento determinado que no sabría precisar se decidió que ese no era un proceso democrático. La demanda generalizada la protagonizaron unos cientos de personas en un país donde viven más de 46 millones. Un grupo de veinticinco o treinta ilustrados, o no tan ilustrados pero sí adelantados a su tiempo, decidió que no podíamos seguir de aquella manera y que había llegado el tiempo de las primarias; la democracia directa era la auténtica democracia y la democracia representativa, una antigualla esclerótica y aburrida que había que mandar sin dilación al rincón de la historia. El mantra de la nueva política era que había que «empoderar a la militancia».

Todo este movimiento coincidió con la aparición en la política española de Podemos y Ciudadanos, que venían a cambiarlo todo —también a mí, que a la sazón era el presidente del Gobierno—. Por supuesto, eran acérrimos entusiastas de las primarias que iban a jubilar a «la casta política» y traer un nuevo futuro lleno de democracia, transparencia y rendición de cuentas. Venían a enseñarnos la luz de la democracia a quienes, por lo visto, hasta ese momento habíamos vivido entre las tinieblas del antiguo régimen.

Así nacieron las primarias. De esa manera tan meditada y estudiada cambiaron las cosas. Y así fue, hasta que dejó de ser. Las excepciones a la regla general (el modelo de primarias) fueron tantas y tan llamativas que la excepción ha pasado a convertirse en la regla. Hoy en día, cada vez hay menos primarias o se desautoriza su resultado y se sustituye por el modelo de designación directa, que es el más alejado de la filosofía que inspiraba a los defensores de aquellas. Paradojas de la vida. Además, hoy las direcciones nacionales de los partidos acumulan mucho más poder y deciden sobre más asuntos que en los últimos cuarenta años.

En mi opinión, el sistema representativo, el que tradicionalmente todos han utilizado en España, es cuando menos igual de democrático que el modelo de primarias, de ida y vuelta, que supuestamente existe hoy en nuestro país. Los militantes eligen a unos representantes que más tarde designan a quienes han de dirigir la política que se pretende defender. Un sistema, por otra parte, acorde con el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. En España no se elige directamente al presidente del Gobierno, ni a los de las comunidades autónomas, ni siquiera a los alcaldes. La gente vota a unos candidatos que conforman una lista electoral, y son los representantes elegidos quienes más tarde votan al jefe del Ejecutivo o al alcalde del municipio. Como he dicho, con este procedimiento fuimos designados presidentes del Gobierno todos quienes lo hemos sido en España desde la aprobación de nuestro actual texto constitucional. Pero también se eligen así a todos los presidentes de las comunidades autónomas y a la mayoría de los alcaldes. En todos estos años, que ya son unos cuantos, no he visto que a nadie se le haya ocurrido discutir la legitimidad democrática de quienes así fueron designados, algo que no deja de ser paradójico frente a tanto entusiasmo por aplicar la democracia directa a la vida interna de los partidos.

La realidad es que hay distintos modelos, todos democráticos y válidos, para nombrar a quienes gobiernan en las instituciones públicas o en los propios partidos políticos. Siendo presidente del Gobierno coincidí en las instituciones europeas con hasta cuatro primeros ministros italianos: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni. Ninguno de ellos había sido el candidato de su partido en unas elecciones generales. Algunos ni siquiera se habían presentado a dichas elecciones parlamentarias, pero su designación era absolutamente irreprochable desde el punto de vista democrático. Lo mismo le sucede al actual primer ministro, Mario Draghi, que como todos sabemos cuenta con un amplísimo apoyo parlamentario. Nadie puede afirmar que sus mandatos tengan algún vicio de origen o menor legitimidad por no haber sido elegidos directamente por los italianos. Los ha propuesto el presidente de la República y los ha votado el Parlamento elegido por los ciudadanos. Sería absurdo pretender que un país como Italia, miembro fundador de la Unión Europea, fuera un país con comportamientos democráticos menos válidos. Se trata sencillamente de la democracia representativa y de sus reglas.

Así las cosas, habrá que convenir que de la misma manera que sucede con quienes gobiernan en las instituciones públicas, aquellos que están al frente de las organizaciones partidarias pueden tener legitimidad adquirida de maneras distintas, siempre que sean democráticas, naturalmente. En España tenemos distintos modelos. En mi partido disponemos de un sistema que algunos llaman mixto, donde en primer lugar los militantes votan entre los distintos candidatos; si nadie tiene mayoría, en una segunda votación los representantes de esos militantes eligen al líder del partido.

Sentado ya que los dos sistemas son muy respetables, yo voy a tratar de argumentar mis reservas hacia las elecciones primarias puras.

En las elecciones primarias en las que el conjunto de los militantes de una organización política decide sus direcciones nacional, regional o local, la legitimidad del elegido es muy grande pues tiene el voto directo de la gente, y por consiguiente su poder, al menos desde el punto de vista teórico, es mayor que cuando son los representantes intermediarios quienes deciden, y eso puede llevar a que la forma de gobernar el partido sea mucho más individualista y menos participativa.

Me explicaré. En el sistema del voto por delegación, el candidato o los candidatos se ven obligados a negociar, pactar y ceder con los distintos delegados. Para ganar tienen que incorporar a sus candidaturas esas sensibilidades. Tienen, en definitiva, que acordar y ceder. Ese liderazgo puede ser menos fuerte, pero sin duda es más participativo e integrador y obliga a una determinada forma de gestionarlo, con diálogo, con contención y con limitaciones. Por el contrario, el líder elegido en primarias tiene menos condicionantes. No son necesarios ni los pactos ni los acuerdos porque su legitimidad emana directamente del voto de los militantes. De esta manera el líder deviene en un personaje cada vez más fuerte, mientras que la organización se debilita y encuentra cada vez más dificultades para cumplir con su misión de filtro, control y vertebración política.

Es lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump, que ha acabado por fagocitar al Partido Republicano, que a duras penas se resiste a acabar siendo un partido trumpista. Y es lo que le pasó al PSOE con Pedro Sánchez en 2016. El entonces secretario general, después de perder en dos ocasiones las elecciones generales, seguía determinado a mantener el bloqueo de la política española al no permitir mi investidura. Su proyecto, como hoy sabemos, era pactar con el independentismo radical e incluso con los herederos políticos de ETA, algo que para la organización del PSOE de entonces resultaba inasumible. En aquel momento la organización socialista se rebeló contra la estrategia de su secretario general y se produjo un tormentoso comité federal que terminó con la dimisión de este. A partir de entonces, Sánchez se convirtió en un outsider capaz de aglutinar la frustración de las bases del PSOE y ganó las primarias. Los militantes desautorizaron a sus representantes. Nada se puede decir democráticamente de la legitimidad de su victoria, pero creo que con esa decisión el PSOE emprendió un camino que lo aleja definitivamente de ser aquel gran partido con autonomía y capacidad para gobernar España en solitario, como hizo Felipe González durante tantos años. Hoy es un partido demediado que ha unido indefectiblemente su futuro a los peores socios posibles. En mi último debate parlamentario en la moción de censura me permití recordar a los diputados socialistas todas las veces que habían negado la posibilidad de entenderse con Podemos, con ERC o con Bildu. De vez en cuando ese pasaje parlamentario se hace viral en las redes sociales por la contradicción que supone respecto a la tradición histórica de la socialdemocracia en España.

El hiperliderazgo que generan las primarias suele desembocar en situaciones menos deseables desde el punto de vista democrático que aquellas que se supone venían a mejorar. El debate interno, las diferencias de criterio, las distintas sensibilidades dejan de tener sentido porque la voz de la militancia se convierte en la única autoridad y el líder elegido por los militantes, en su único intérprete. Los partidos pierden su pluralidad y su capacidad para albergar un amplio abanico de sensibilidades. A Alfonso Guerra se le atribuye la famosa sentencia: «Quien se mueva no sale en la foto». Pero la verdad es que aquel PSOE de González tenía mucho más movimiento, vida interna y debate que el actual. Habrá que constatar que también tenía muchos más diputados y más poder.

De alguna manera, siento hacia las primarias la misma prevención que hacia los referéndums. No me gustan como método de gobernanza, por muy democráticos que sean, porque acaban con la dinámica del acuerdo, del pacto y de la integración. Frente a esta se impone la dinámica de vencedores o vencidos. Los primeros, como dice la canción, se lo llevan todo y los segundos se quedan sin papel y sin influencia política alguna. Y ello va en contra de mi convicción de que los partidos deben ser grandes plataformas abiertas donde la mayoría lidera pero las minorías deben tener también su sitio y ser escuchadas. Hoy cada vez veo menos ese espíritu de tolerancia y más uniformidad y afán disciplinario. Y no olvidemos que un partido acostumbrado a pactar internamente es más capaz de hacerlo con el adversario; un partido basado en el acuerdo es menos doctrinario y es más abierto a la incorporación de nuevo talento de la sociedad.

Cuando hablo de la necesaria pluralidad no me refiero solo a la convivencia de distintas corrientes ideológicas, también me refiero a la manera de integrar los distintos territorios. Atender ese tipo de sensibilidad local y saber respetarlo sin perder la identidad de conjunto ayuda y mucho al buen funcionamiento de las cosas. Designar, desde lugares lejanos, candidatos a instituciones que desconocen no funciona, salvo para intentar controlar lo que no debes.

Un buen líder, sea cual sea el ámbito territorial en el que ejerza su tarea, debe ante todo generar el respeto de los demás y, si es posible, también el afecto que suele venir a continuación del primero. Tener como objetivo la integración de todos y alejarse, por tanto, de las políticas divisorias. Ser justo, o al menos intentarlo, y huir de la arbitrariedad. Actuar con equilibrio, pensar antes de decidir y no al contrario, algo que es bastante habitual, por sorprendente que pueda parecer. Ser generoso y procurar que todo el mundo tenga su sitio, porque son pocos los que no aportan nada por muy pequeña que parezca su tarea. Hablar con los demás y no abusar del «ordeno y mando» (si alguna vez hay que ponerlo en práctica, conviene que no se note demasiado). Dejar que otros tengan responsabilidades que atender y no pretender decidirlo todo. Saber gobernar es saber delegar.

Después de cuarenta años en política recorriendo toda la jerarquía de la organización, así es como yo viví y ejercí el liderazgo de mi partido. Un liderazgo interno que es imprescindible si se quiere lograr la confianza mayoritaria de los ciudadanos. En los inicios de Alianza Popular, cuando yo protagonicé aquel momento estelar en televisión que he referido en este capítulo, había casi tantas gestoras en el partido como provincias en España. Así era imposible ganar las elecciones. Tener la casa en orden es un requisito imprescindible para que los ciudadanos perciban cualquier formación política como una formación fiable para encargarle el gobierno de la nación. Tener la casa en orden significa que se respire tranquilidad y con un reparto de tareas en el que cualquier persona pueda encontrar su sitio para participar en el proyecto común.

Las primarias también interfieren en otra función básica de los partidos como es la formación de sus líderes. Los partidos tienen la responsabilidad de formar gestores que nos gobiernen con eficacia. Yo mismo empecé de concejal y recorrí todo el escalafón hasta llegar a la Presidencia del Gobierno, y cada etapa de esa larguísima trayectoria me sirvió de formación y de experiencia para ejercer unas responsabilidades superiores. Este proceso de reconocimiento y valoración interna que hace la propia organización política de sus distintos cuadros cuando los promociona internamente o los designa como candidatos para gestionar cualquier administración no debe ser desdeñado. El escalafón o, si lo prefiere el lector, el oficio no debe ser objeto de desprecio en ninguna faceta de la vida. Igual que no valoramos la edad del cirujano a la hora de someternos a una operación quirúrgica, sino sus conocimientos y su experiencia, tampoco parece razonable no respetar estas dos cualidades cuando de ser gobernados se trata.

La formación política es, en buena medida, la que mejor puede avalar la calidad de los dirigentes que promociona. El partido, como organización, se responsabiliza ante la sociedad de ofrecerle dirigentes capaces y formados. Y cuando falla, el propio partido se resiente. Por eso creo prudente aprovechar esta oportunidad para recordar algo que no se suele tener en cuenta; me refiero al importantísimo asunto de la selección de líderes políticos de calidad. Esto es algo que nos debe preocupar a todos, sobre todo si no somos capaces de corregirlo en un futuro próximo. Necesitamos buenos políticos y buenos profesionales que estén dispuestos a participar en la gestión de los asuntos públicos.

Yo tuve el honor de formar parte del primer Parlamento de la historia de Galicia con veintiséis años. Aquella fue una de las etapas más ilusionantes que pude vivir. Había entonces un verdadero y sano interés por la política. La gente lo vivía y lo sentía. En las instituciones públicas, particularmente en ese parlamento, había personas de todas las edades y con orígenes profesionales muy diversos pero con una característica común: era gente muy capacitada. Quizá por eso fue posible poner en marcha una operación tan compleja como aprobar un estatuto de autonomía por consenso de todos y crear unas instituciones autonómicas donde antes no había nada. Reinaba eso que habitualmente definimos como «un buen ambiente», lo que no era obstáculo para que los debates fueran duros y la oposición y el Gobierno defendieran sus posiciones con contundencia. No me gustaría parecer un nostálgico incorregible, pero debo confesar que echo de menos aquella situación. Había nivel, respeto, y se huía por parte de casi todos —también los medios de comunicación— de la bronca, del victimismo y del histrionismo. La única excepción a esta norma general fue el debate sobre la capitalidad de Galicia que acabó a bofetadas —físicas—, pero no entre políticos sino entre los propios periodistas. La cosa no pasó de ahí.

Hoy los partidos tienen serias dificultades para sumar el talento de la sociedad. No es fácil que personas capaces y competentes quieran abandonar sus carreras profesionales para dar el paso de dedicarse a la política. Existe la sensación de que los miembros de la sociedad civil que optan por el servicio público pierden su respetabilidad nada más hacerlo. Se convierten en presuntos sospechosos que tienen que enseñar a todos sus declaraciones de impuestos y dar a conocer su patrimonio como si esto tuviera alguna suerte de utilidad. Naturalmente, los que más ingresos o patrimonio tienen son los más castigados por la opinión pública. Además, se les declara incompatibles para cualquier actividad profesional. Son objeto de toda suerte de invectivas mientras están en activo y cuando vuelven a su profesión arrastran una especie de estigma.

No es fácil dar una solución a este hecho incontestable, pero conviene hacerlo porque la labor de los gobernantes, como es sabido, es fundamental para la buena marcha de un país. Desde luego es necesario terminar con la descalificación constante y exagerada. La bronca, el improperio, la ofensa o el insulto que hoy dominan el debate político alejan a cualquier persona razonable de esta actividad. Se puede decir lo mismo y mantener el necesario espíritu crítico comportándose con respeto, decoro, tolerancia. Y ya en un nivel más concreto, quizá fuera eficaz suavizar el brutal régimen de incompatibilidades que hemos puesto en marcha entre todos y que ha terminado expulsando a personas muy válidas y con mucho que aportar al conjunto de la sociedad.

Sin duda sería muy saludable acabar de una vez con la demagogia cutre de las llamadas «puertas giratorias». El paso por la política no puede ser una rémora o un obstáculo para que la gente pueda continuar luego su vida en la actividad privada. Antes al contrario, la experiencia en política probablemente aporta unos conocimientos y unas habilidades muy útiles en cualquier otro tipo de actividad. Resulta curioso que quienes más demagógicamente agitan ese tipo de discursos ramplones y revanchistas son quienes menos suelen aportar a la política y a la sociedad civil.

Y llegados a este punto, usted, amable lector, si me tuviera delante, bien podría cerrar el libro y preguntarme: «Pero, Mariano, si no te gustaban las primarias, ¿por qué las implantaste en el PP?».

Desde luego la pregunta es obligada, y la respuesta no es fácil.

Por aquel entonces yo tenía una objeción poco fundamentada; era más bien un recelo, más propio quizá de mi prudencia ante los cambios que de los argumentos que acabo de exponer. El tiempo y la experiencia me han ayudado a sistematizar todas las carencias que entonces solo intuía. Tampoco era fácil argumentar contra una corriente de opinión tan abrumadora, incluso dentro de mi partido; los nuevos dirigentes del PP creían en las primarias firmemente y quienes no tenían tanta fe en el invento las aceptaban porque consideraban que era un trámite obligado para modernizar la imagen del partido. En esos momentos, cuando uno se queda solo defendiendo una posición debe admitir que acaso esté equivocado y que la mayoría tenga razón.

Ahora, vista la evolución de los acontecimientos, creo que todos —incluso los entusiastas de entonces— son mucho más escépticos sobre los beneficios de este modelo de democracia directa. Sea como fuere, también es cierto que los partidos están obligados a evolucionar y a ofrecer a sus militantes y al conjunto de la sociedad nuevas formas de legitimación democrática cuando existe una crisis tan fuerte de representación como la que vivimos en estos momentos. Pero la solución nunca podrá venir de una fórmula populista y, lamentablemente, la experiencia de las primarias ha demostrado que tenían mucho más de populismo que de mejora de la calidad democrática en los partidos.

7

El futuro. Asegurar el bienestar

El futuro está abierto. Todos somos responsables de lo que el futuro nos depare. Nuestro deber no es profetizar el mal sino luchar por un mundo mejor.

KARL POPPER

LAS CRISIS Y SU DIAGNÓSTICO

¿Y dónde queda la economía en este modesto ajuste de cuentas con el populismo? ¿Acaso todo se reduce a defender las instituciones de los embates de la demagogia? ¿Todo es cuestión de política, de leyes o de medios de comunicación? ¿Qué panorama nos espera después de la pandemia cuando consigamos vernos definitivamente libres de ella? Si es cierto que podemos situar parte de nuestros males actuales en las consecuencias de la crisis de 2008, es obligado preguntarse: ¿cómo evitar que otro shock similar o peor, como ha sido la pandemia, agrave aún más las dificultades a las que tenemos que hacer frente?

Parte del éxito indiscutible que han tenido las democracias liberales a lo largo de las últimas décadas se debe a su eficacia económica, en términos no solo de crecimiento, sino también de redistribución y bienestar social. La historia reciente demuestra muy a las claras que las democracias occidentales, con todo el entramado institucional que las acompaña, se han mostrado como el sistema político que ha propiciado mayor nivel de bienestar a los ciudadanos y que mejor ha sabido satisfacer las necesidades de la gente. El caso más evidente de lo cierto de esta afirmación lo constituye la situación del continente europeo. Basta con comprobar la diferencia entre los niveles de vida existentes en las antiguas Europa Occidental y Europa Oriental —la comunista— para que no sea necesario ningún tipo de discusión teórica sobre la bondad de uno y otro modelo político. Todavía hoy, más de treinta años después de la caída del Muro de Berlín, resta mucho tiempo para que las condiciones de vida de ambas zonas se equiparen de manera real, y ello a pesar de los esfuerzos y la ingente cantidad de dinero que las instituciones europeas han dedicado a ello a lo largo de los últimos años.

Aun teniendo en cuenta esas diferencias, la Unión Europea se alza como el ejemplo más rotundo de esto que digo. No solo es un espacio de democracia, de libertad, en el que se respetan los derechos humanos y todos estamos sujetos a la ley y a los principios del Estado de derecho, también disfruta de un modelo de bienestar que no existe en ningún otro lugar del planeta, con la excepción de algunos países que tienen democracias como las nuestras. En la Unión Europea vive el 7 % de la población mundial, el PIB (la renta) supone el 22 % de todo el PIB del planeta y el gasto social representa el 58 % del total del mundo. Disfrutamos de un modelo de bienestar como pocos, sanidad y educación universales y gratuitas, un sistema de pensiones públicas y de ayuda al desempleo y un sinfín de prestaciones sociales. Incluso en los momentos de crisis económica y reducción de ingresos públicos ha sido capaz de atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como ocurrió en España en la crisis de 2008. Más recientemente, ha tenido una respuesta admirable, a pesar de las dificultades por lo inédito del reto, a la situación creada por la pandemia del COVID-19.

Frente a esta realidad también sabemos adónde conducen las propuestas económicas genuinas del populismo. El desmesurado aumento del gasto público como instrumento para crear redes de clientelismo y el proteccionismo comercial acaban empobreciendo aún más a las sociedades donde se llevan a efecto; basta echar un vistazo a la evolución de Iberoamérica para comprobar la certeza de esto que digo.

Sin embargo, este principio general demostrado empíricamente por la vía de los hechos flaquea a corto plazo cuando nos topamos con crisis económicas severas que perjudican el nivel de vida de muchos ciudadanos. Estas situaciones constituyen un caldo de cultivo para demagogos de toda condición. Superar una crisis económica es arduo e impopular. Los gobiernos deben adoptar decisiones, que si se pretenden eficaces en el medio y el largo plazo, no suelen contentar a casi nadie. Como dijo el anterior presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, «sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo». Los gobernantes se enfrentan, de una parte, a las quejas por no haber sabido evitar la depresión económica y, de otra, al malestar por los costes que implican las medidas correctivas.

En los últimos tiempos, en muchos países europeos, como España, Francia, Italia e incluso Holanda y Alemania, el malestar económico ha alentado la aparición de nuevas fuerzas políticas que han conseguido el apoyo, a veces importante, de una parte significativa de la opinión pública y del conjunto de los ciudadanos, pero no han logrado aportar solución alguna a sus problemas. Un ejemplo paradigmático es el caso de Grecia, país que ha pagado muy caro el gobierno populista de extrema izquierda que gestionó el país entre 2015 y 2019. Klaus Regling, presidente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, principal prestamista del Tesoro griego, estimó que las desafortunadas recetas del Gobierno de Tsipras adoptadas durante la primera mitad de 2015 costaron a los griegos entre 86.000 y 200.000 millones de euros.

Acreditadas sus graves consecuencias sociales y políticas, superar las crisis económicas se convierte en uno de los retos más importantes que las democracias liberales tienen que afrontar. Deben hacerlo con éxito si quieren mantener los niveles de progreso social, que hasta ahora han sido una de las razones fundamentales de su legitimidad ante los ciudadanos.

La Unión Europea vivió a partir del año 2008 una crisis de una enorme dureza. Fue más intensa aún en España, pero logramos superarla. Durante tres años consecutivos el crecimiento económico español superó al de todos los grandes países de la Unión Europea. Además, España se convirtió en el país con mayor incremento del empleo. Estoy convencido de que saldremos también de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, siempre, naturalmente, que hagamos las cosas bien.

Para ello es preciso tener muy presente la experiencia de crisis anteriores porque son una fuente de enseñanzas para el futuro, y una de esas lecciones es que no es posible enfrentarse a una crisis económica sin hacer previamente un diagnóstico correcto de la situación. Ortega acuñó la sentencia que todos los gobernantes deberían tener grabada a fuego en su mente: «Toda realidad ignorada prepara su venganza». Conviene, por tanto, no minusvalorar la magnitud de las crisis. Ese fue uno de los mayores errores que en 2008 cometió el Gobierno socialista: no ser consciente, o no querer serlo, de lo que estaba pasando. Recuerdo que ese año, en los debates que con ocasión de las elecciones generales sostuvimos el entonces presidente Rodríguez Zapatero y yo mismo, le advertí de la gravedad de la situación. Me acusó de pesimista y agorero, me calificó de «profeta de la catástrofe». Entonces el PSOE negaba la existencia de la crisis y durante demasiado tiempo no se adoptaron las medidas precisas para afrontarla. Después vinieron los brotes verdes, que nadie salvo el Gobierno veía, y el descomunal déficit público cuya importancia minusvaloraban las autoridades. Al final, de tanta huida hacia delante nos encontramos con los recortes de 2010. Las consecuencias de esos errores de diagnóstico son conocidas; los españoles las sufrieron durante más de un lustro.

Sería una gravísima equivocación volver a minimizar el alcance de las consecuencias económicas de la pandemia como se hizo con aquella crisis. Baste aquí con recordar que la economía española sufrió en 2020 un hundimiento histórico, con una caída del PIB de casi el 11 %, la mayor de toda Europa y una de las mayores del mundo. Ahora ya estamos recuperando parte de esas pérdidas, pero lo cierto es que aún pasará tiempo hasta volver a la situación anterior a la crisis. Las cifras de desempleo, renta de las familias, déficit y deuda públicos y deuda empresarial reflejan la dureza del golpe y deben ser un recordatorio constante de lo mucho que queda por hacer, más allá de las campañas de propaganda voluntarista. Todas las crisis dejan cicatrices, y esta también lo hará.

DOS CRISIS DISTINTAS Y UNAS RECETAS COMUNES

Tenemos que ser conscientes de que la crisis de 2008 y la actual son muy distintas. La primera fue una crisis de carácter endógeno debida a la acumulación de desequilibrios de la economía, como el exceso en el crédito y el endeudamiento, que acabaron provocando el colapso económico. También contribuyó a ello la ligereza en la actuación de los organismos reguladores y de las instituciones que tenían que velar por el control de dichos desequilibrios en aras del interés general. En el caso de España, esa crisis global se agravó porque veníamos arrastrando una progresiva pérdida de competitividad y un fuerte endeudamiento exterior, que aumentó sobremanera nuestra debilidad ante shocks financieros. La brusca salida de capital extranjero por la pérdida de credibilidad, unida al desplome de los ingresos públicos tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las disparatadas decisiones de gasto público del Gobierno socialista durante los primeros años de la crisis, nos colocó al borde del rescate soberano. Aquella fue una crisis con causas muy concretas que era preciso corregir.

La crisis actual, sin embargo, tiene un origen muy distinto; se trata una pandemia global que nos ha llevado a una situación casi distópica, en la que nos hemos visto obligados a paralizar casi por entero nuestras relaciones humanas y económicas. Se trata de una crisis exógena, derivada de una decisión meditada de inducir el coma a la economía para salvar la vida de millones de personas. Toda la actividad no esencial fue suspendida durante meses en todo el mundo. Economías como la española, más dependientes del sector servicios o del turismo, con empresas de menor tamaño medio que otros países europeos y con menor margen fiscal de partida, sufren con mayor gravedad el golpe de la pandemia.

También en el campo de la respuesta europea hay notables diferencias entre ambos casos. Cuando yo llegué a la Presidencia del Gobierno, la Comisión Europea y los países de la Unión basaban su política económica en dos pilares incuestionables: el equilibrio presupuestario y las reformas económicas. Era obligado abordar la reducción del déficit público cuando este no era sostenible, que en nuestro caso llegó a alcanzar un 11 %. Reducir esta cifra obliga a un control riguroso del gasto público, lo que, como todo el mundo sabe, no es lo que genera más simpatías entre los ciudadanos. En cuanto a las reformas estructurales, es obligado reconocer que son imprescindibles para afrontar con éxito el medio y el largo plazo, pero también resultan impopulares y difíciles de asumir para los grupos de interés afectados. Esa política, necesariamente antipática, fue la que pusimos en marcha en 2012 y rindió sus frutos, pues dos años después comenzó en nuestro país una etapa de fuerte crecimiento económico en la que se crearon más de medio millón de empleos cada año… Una terapia con un duro impacto a corto plazo, pero con grandes beneficios a medio y largo plazo, similar a lo sucedido cuando se aprobó el Plan de Estabilización de 1959. Aunque esa es una historia que ya relaté en mi libro anterior, Una España mejor, lo fundamental de aquella tarea fue el proceso de saneamiento de nuestra economía con la reforma de nuestro sistema financiero y el plan de pago a proveedores, que inyectó decenas de miles de millones en una economía asfixiada por la falta de crédito. Esas medidas y otras reformas estructurales, como la reforma laboral, la energética o la ley de unidad de mercado, consiguieron que primero evitáramos el rescate y pocos meses después pasáramos a ser la economía que más crecía de Europa. En ese proceso llegamos a crear más de dos millones de empleos netos.

Hoy el escenario es distinto. Europa se enfrenta a la crisis con políticas económicas de expansión de la demanda. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión está en suspenso y los países europeos tienen a su disposición un sinfín de ayudas económicas: partidas millonarias de apoyo al desempleo, otras para inversión del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo de Reconstrucción Europea, que en el caso de España asciende a 140.000 millones de euros, la mitad a fondo perdido. Desde luego, la respuesta europea no puede ser más diferente y contrasta con los limitadísimos apoyos de hace una década. Baste solo un ejemplo: esos 70.000 millones a fondo perdido que Europa ha puesto a nuestra disposición suponen casi el doble del préstamo que tuvimos que pedir para abordar el rescate y el saneamiento de nuestro sistema financiero.

A la distinta reacción de ambas crisis por parte de las instituciones políticas europeas se suma la enorme importancia del papel asumido por el Banco Central Europeo. Un elemento sin el que no se entendería la crisis anterior fue el peligro de ruptura del euro. Esto se debió en parte a la escasa reacción del Banco Central Europeo, especialmente en comparación con las medidas heterodoxas que la Reserva Federal estadounidense pudo desplegar. Durante la crisis del euro, tanto España como Italia tuvimos que emplearnos a fondo para que el Banco Central Europeo pudiera tener un protagonismo similar al de la Reserva Federal de Estados Unidos y actuar en los mercados en defensa de la moneda única frente al acoso de los especuladores que se estaban cebando con la deuda de ambos países. Costó bastante esfuerzo dar la batalla política que permitió decir a Draghi aquello de «Whatever it takes» en Londres, en el verano de 2012, cuando empezó el final de la crisis del euro.

En marzo de 2020, al inicio de la pandemia, todos los ojos volvían a estar puestos en la reacción del BCE. La violenta reacción del mercado tras la primera rueda de prensa de Christine Lagarde, en la que aseguró que no estaba entre las funciones del Banco Central reducir los diferenciales de interés de la deuda pública de los países europeos, encendió todas las alarmas. No obstante, mientras que en la crisis de hace una década el BCE tardó tres años en reaccionar, ante la pandemia no tardó ni una semana. En efecto, apenas unos días más tarde, Lagarde corrigió su posición para anunciar que el BCE, una vez más, haría todo lo que hiciese falta y lanzó el programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés). Bajo el paraguas de esos programas de compra de activos, la calma volvió rápidamente a los mercados financieros, especialmente a los de deuda soberana. A propósito de la magnitud de este programa de compras, cabe señalar que el BCE compra todos los meses activos por un importe superior a la totalidad del préstamo que España solicitó para sanear su sistema financiero en el verano de 2012.

Yo celebro que Europa haya sabido reaccionar ante una pandemia global con agilidad y solidaridad. Creo que ello se debe en parte a las lecciones aprendidas de las peripecias vividas entre los años 2008 y 2014. Algunas de las batallas que entonces tuvimos que dar en los consejos europeos han tenido resultados años después, y la rotunda diferencia en el papel desempeñado por el Banco Central Europeo en una ocasión y en otra es la mejor prueba de ello.

El BCE nos está permitiendo financiarnos sin problema alguno por las circunstancias de la pandemia. Teniendo un volumen de deuda pública superior en casi cincuenta puntos básicos al de 2012, nuestra situación en los mercados es de una placidez envidiable. Habrá que añadir que será envidiable mientras dure, porque a nadie se le escapa que el aumento continuado de la deuda pública traerá problemas serios en el futuro. Habrá que pagarla, y ya tocamos a razón de casi 30.000 euros por español. Pero ante todo habrá que convencer a los mercados para que sigan confiando en nuestra capacidad de hacer frente a ese ingente volumen de deuda cuando el BCE decida que ha llegado el momento de volver a la normalidad. Es necesario empezar a hacer los deberes cuanto antes, pues las recientes tensiones inflacionarias pueden provocar que dicho momento llegue más pronto de lo previsto inicialmente.

Por último, la salida de esta crisis debería ser también más rápida que la de 2008, pues la economía española se encuentra mucho mejor ahora que entonces. Venimos de varios años continuados de superávit exterior, la situación patrimonial de las empresas y las familias está más fortalecida y la banca está saneada, lo que permite que el crédito siga fluyendo. Todo ello es la consecuencia de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular. También contamos con una legislación aprobada en nuestro mandato que ha permitido dar una respuesta flexible, como se ha visto con los ERTE. Nuestra estructura productiva es hoy más equilibrada, diversificada e internacionalizada que en 2012, y eso facilita las cosas.

Ahora vienen tiempos de importantes tasas de crecimiento, algo lógico después del desplome sufrido en 2020, pero no conviene dejarse llevar por un entusiasmo infundado y olvidar los deberes pendientes; la recuperación aún llevará tiempo y será desigual, con unos sectores claramente más atrasados que otros. Y es imprescindible, además, empezar a gobernar, porque hasta ahora las medidas adoptadas han sido paliativas pero en absoluto suficientes para lograr una recuperación sostenible en el tiempo. Ante el triunfalismo de algunos, debo recordar que España ha sido, en el segundo trimestre de 2021, el país de la Unión Europea más rezagado a la hora de recuperar los niveles de actividad económica previos a la pandemia.

UNA POLÍTICA ECONÓMICA PARA CREAR EMPLEO

Disponer de un buen diagnóstico y tener los pies en el suelo es pues imprescindible para alcanzar el fin deseado. Tener claro cuál es el objetivo que se pretende alcanzar también resulta indispensable. Cuando en el año 2012 comenzamos nuestra tarea tuvimos plena conciencia de la meta a la que había que llegar: recuperar el empleo destruido por la crisis. Era preciso revertir la situación, cambiar la dinámica económica y hacer las reformas necesarias de apoyo a los sectores productivos para crear puestos de trabajo. En un plazo relativamente corto se empezaron a ver los primeros resultados, y al final de nuestro mandato la sociedad española había creado más de dos millones netos de empleos. Pienso que hoy el reto es muy similar al de entonces. Saldremos de la crisis en la medida en que seamos capaces de recuperar el empleo perdido y consigamos que haya cada vez más personas trabajando. No hay política más eficaz y más social que «crear empleo». Beneficia a quien consigue el trabajo y, al mismo tiempo, al conjunto de la sociedad, pues son el empleo y los impuestos con los que contribuye el trabajador los que financian el estado del bienestar. Así se garantizan los recursos a los individuos y a las administraciones. Además, el empleo ofrece seguridad y certidumbre a las personas, un horizonte con el que hacer planes y proyectar objetivos. Cuando el empleo falta, falta un elemento básico de la estabilidad social y del progreso económico.

A la hora de fijar las prioridades de la política económica se escuchan multitud de propuestas, y todas suenan bien: innovación, crecimiento verde, digitalización… Todas son necesarias y de ello hablaré a continuación, pero lo fundamental, lo más importante, lo prioritario es crear empleo. La economía más sana y más sostenible es aquella capaz de generar empleos de manera estable y continuada en el tiempo. Todos los esfuerzos de cualquier política económica deberían ir encaminados a este objetivo, al menos en un país como el nuestro que presenta una de las tasas de paro y precariedad laboral más altas de Europa.

La economía española tiene retos pendientes muy serios, como son los derivados del envejecimiento de la población, de la desigualdad, de la digitalización y de los desafíos que nos plantean las tecnologías más modernas o el cambio climático. Todos estos asuntos serán más fáciles de abordar en la medida en que seamos más diligentes a la hora de generar empleo. De ahí la importancia de poner en marcha políticas económicas que sirvan a este objetivo.

Disponer de un diagnóstico correcto y fijar con claridad los objetivos a alcanzar resulta imprescindible para salir con rapidez de la crisis. Pero, básicamente, salir de la crisis depende también de qué tipo de política económica decida el gobierno de turno. Y en este aspecto hay algo absolutamente esencial: dejar a un lado el dogmatismo y las anteojeras ideológicas. Con ideología no se sale de las crisis; más aún, el dogmatismo suele ser el peor enemigo de las auténticas soluciones.

Unas líneas atrás recordaba el cambio radical que ha supuesto en la respuesta a la pandemia la política monetaria desplegada por el Banco Central Europeo. Ha sido un cambio dictado por la necesidad y por la realidad de la moneda única. Permanecer anclados en un objetivo que exclusivamente velara por la inflación, como único criterio de estabilidad de la moneda única, sin atender a otras circunstancias, hubiera sido letal en esta crisis.

Durante mi etapa de gobierno me vi obligado a nacionalizar buena parte de nuestro sistema bancario, y no por ser un marxista, como podría deducir algún desinformado, sino por ser un conservador responsable que tenía la obligación de velar por la seguridad de los ahorros de millones de españoles. Rodríguez Zapatero, que sí es socialista, tuvo que acometer por su parte el mayor recorte social de nuestra historia reciente en 2010 (incluidas la rebaja del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones), y también lo hizo forzado por las circunstancias. A cada situación es preciso darle una respuesta adecuada, y las recetas ideológicas valen o no en función del caso concreto o de la emergencia que haya que atender en cada momento.

Durante el verano de 2021, el precio de la luz se ha disparado en España hasta niveles históricos ante la impotencia del Gobierno para contenerlo. En esta ocasión no ha habido llantos por la pobreza energética que tanto preocupaba a algunos cuando los precios del recibo eran muy inferiores. La primera respuesta de un sector del Ejecutivo, el socialista, después de llevar tres años al frente de la Administración, ha sido la de culpar a los gobiernos del PP. Sin duda una brillante fórmula para resolver el problema. El otro sector del Ejecutivo, el de Unidas Podemos, además de afear a sus coaligados del Partido Socialista su inoperancia y falta de sensibilidad social, se ha descolgado con propuestas como la fijación de precios públicos o la creación de una empresa pública de energía cuyos beneficios, en el caso más que improbable de que llegaran a registrarse, tardarían varios años en llegar.

La formación de los precios de la energía en España es uno de los asuntos más complicados que yo me he encontrado, y en parte es consecuencia de haberle echado mucha ideología a la política. En un momento determinado decidimos renunciar a la energía nuclear y años más tarde quisimos ser los campeones mundiales de las energías renovables cuando estas eran más caras. Se trataba de un objetivo político que se quiso lograr al precio que fuera. Todas estas decisiones generaron un desequilibrio económico inasumible. Cuando nosotros llegamos al Gobierno nos vimos obligados a recortar las primas absolutamente desproporcionadas que se pagaban por aquella decisión política. De no hacerlo, solo había dos opciones: o subir los precios un 40 % o afrontar el riesgo de la quiebra del sistema. Recortar las primas a las energías renovables fue una decisión difícil pero inevitable. Sufrimos una campaña en medios de comunicación por parte de los beneficiados por las primas socialistas y nuestra decisión fue objeto de recursos dentro y fuera de España. Ganamos la práctica totalidad.

Una anécdota explica muy bien el ambiente que entonces se generó, y su protagonista fue el presidente de Mitsubishi. En 2013 visité Japón. Fue una estancia de dos días de duración llena de actos, entre los que figuraba un desplazamiento a Fukushima que a mí no me generaba especial entusiasmo pero que las autoridades locales agradecieron mucho. Fui el primer mandatario extranjero en visitar la zona después del accidente nuclear de 2011, el cual había generado una gran alarma social en todo el planeta.

El primer acto de aquel apretado programa era un desayuno con empresarios e inversores japoneses. Yo ya me maliciaba que iba a salir el asunto del recorte a las renovables, como así fue. El presidente de Mitsubishi, una empresa que había hecho una inversión muy importante en renovables, y en consecuencia era un damnificado por nuestra decisión, fue el primero en sacar el espinoso asunto durante la reunión. Yo contesté de la forma más educada y convincente que pude. La cosa no pasó a mayores y el desayuno terminó felizmente. ¡Prueba superada!, pensé para mis adentros. Continuamos con el programa oficial hasta que unas horas después volvimos a la embajada, donde me esperaban una televisión nipona para una entrevista y una pequeña recepción con un grupo muy reducido de personas que en el programa de la visita se definía como «representantes de la sociedad japonesa». Cuál no sería mi sorpresa al encontrarme de nuevo con el presidente de Mitsubishi, que por supuesto volvió a abordarme para interesarse por la retribución de sus inversiones. Al día siguiente, cuando volvimos de Fukushima, la jornada y la agenda del viaje concluían con una cena de despedida que el primer ministro Shinzo Abe nos ofreció en su residencia a la delegación española, y de nuevo allí, ¡por tercera vez en dos días!, me encuentro al dueño de Mitsubishi sentado a la derecha del primer ministro. Como era previsible, fue el primero en hablar en cuanto tuvo ocasión y por tercera vez le tuve que explicar la grave situación del sistema eléctrico en España y recordarle que sus inversiones iban a tener una rentabilidad muy superior a la del mercado, si bien no tan estratosférica como hasta entonces. A pesar del acoso al que me sometió, creo que al final mi Gobierno le concedió una condecoración. La merecía por su tenacidad en la defensa de los intereses de sus accionistas.

Transcurrido el tiempo, creo que hicimos lo que debíamos. Evitamos una subida brutal de la luz, las renovables gozan hoy de buena salud y dotamos de estabilidad al sistema durante años. En suma, tomamos decisiones, que es lo propio de los gobernantes. Y aun así los consumidores siguen pagando en su recibo, bajo el concepto jurídico de «peajes», además del acceso a las redes de transporte y distribución, el coste de decisiones políticas como el cierre de las nucleares, aquellas primas a las renovables, y la parte correspondiente a la amortización del déficit del sistema que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros.

Hoy los problemas del precio de la luz son otros y en buena medida no dependen exclusivamente de nosotros. Me refiero, por ejemplo, al incremento del coste del gas natural o de los derechos de emisión de CO₂, que es un reto común a todos los países desarrollados. Pero la responsabilidad del gobierno de turno es afrontarlos, buscar alternativas, pelear en las instituciones internacionales y en todos los foros donde haya una posibilidad de cambiar la situación en beneficio de los ciudadanos. Para eso nos presentamos a las elecciones: para asumir la responsabilidad ante las dificultades y hacerlo, en la medida de lo posible, sin agravar los problemas que siempre surgen en el camino.

Ni los eslóganes, ni el dogmatismo y menos aún la demagogia son herramientas útiles para manejarse ante una crisis. Acaso puedan servir para eludir la propia responsabilidad o para derivar las culpas, que es algo muy socorrido en la vida pública, pero en ningún caso permiten actuar de manera positiva sobre una realidad desagradable y transformarla en beneficio del interés general.

REFORMAS Y CONTRAREFORMAS

A lo largo de los meses que ha durado esta terrible pandemia el Gobierno de España, al igual que el resto de los socios europeos, ha puesto en marcha medidas para proteger las rentas laborales, apoyar a los hogares más vulnerables y proporcionar liquidez a las empresas. Los ERTE, que nosotros habíamos flexibilizado en la reforma laboral, resultaron decisivos para aguantar el empleo en los sectores más castigados. También los programas de avales públicos del ICO han sido decisiones acertadas y útiles que han preservado negocios y puestos de trabajo durante este tiempo. Muchos hemos echado en falta, sin embargo, una actuación mucho más decidida en forma de ayudas directas a las empresas, un asunto en el que nos hemos quedado a la cola de los países europeos. El propio BCE estima que España se ha posicionado a la cola de la Unión Europea a la hora de adoptar medidas ambiciosas para proteger el tejido productivo nacional. Nuestros socios europeos han hecho un esfuerzo mucho mayor para ayudar a las empresas frente al impacto temporal de la pandemia.

Pero además de estas obligadas medidas paliativas es preciso mirar hacia el medio y el largo plazo, y ahí la política económica que lleva a cabo el Gobierno no parece en absoluto la más adecuada para garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo. Más gasto estructural, más impuestos y más regulación no son buenas recetas; por el contrario, constituyen auténticos frenos a la recuperación. De mantener estos planteamientos en el futuro, no será fácil salir de la crisis y menos aún hacerlo con la rapidez con la que lo harán la mayoría de nuestros socios europeos. Conviene ser conscientes de que hoy la financiación de la economía española depende de las compras de deuda realizadas por el BCE. Pero, como ya he dicho, es absurdo pensar que esa política vaya a ser eterna.

Para recuperar la credibilidad y la confianza en nuestra economía es imprescindible anunciar un plan de consolidación fiscal que permita la corrección de nuestro déficit estructural en un periodo de tiempo razonable. Conviene tener muy en cuenta que ya antes de la pandemia el Gobierno había incumplido sus objetivos en materia de reducción del déficit. En el año 2019, una vez más, el Gobierno socialista aumentó el déficit público a pesar del crecimiento económico y la creación de empleo. «Viernes sociales», lo llamaban, cuando no era más que populismo en medio del intenso ciclo electoral de dicho año (dos elecciones generales, además de elecciones autonómicas y municipales). En 2020, el gigantesco desembolso de dinero motivado por el COVID-19 ha llevado nuestro déficit otra vez por encima del 10 %, un porcentaje que no podrá mantenerse en el futuro. Cuando el pacto fiscal vuelva a entrar en vigor será preciso realizar un ajuste presupuestario, algo que se producirá antes del final de la legislatura, si no tiene lugar un adelanto electoral. Y si la Comisión Europea, como es previsible, comienza a transitar pronto por ese camino, el BCE no podrá seguir adquiriendo deuda española salvo que el Gobierno cumpla el mandato de Bruselas.

Dicho de otra manera, no por retrasar la decisión esta va a dejar de ser necesaria. Lo mejor que a mi juicio podría hacer este Gobierno, al que tan bien se le dan las cuestiones del «relato», es empezar a explicar la necesidad de los ajustes que inevitablemente tendrá que hacer en el futuro, en vez de seguir instalado en la inercia del «aquí no va a pasar nada porque somos progresistas, inclusivos y buenas personas», no como «los profetas de la catástrofe» que circulan en la oposición. Como he dicho, no se puede huir indefinidamente de la realidad; esta siempre te acaba alcanzando, y en circunstancias más dolorosas si no se trabaja con previsión y se anticipan los problemas del futuro.

Además de esta senda de consolidación fiscal que todo el mundo reclama, España también necesita de una estrategia integral de modernización de nuestra economía, como puso en práctica a comienzos de 2012 el Gobierno que yo presidí. En apenas unos meses aprobamos una ley de estabilidad presupuestaria y reformas de calado como la laboral, la energética, así como la del sistema financiero, además de la de las pensiones, la reforma del sector público y tantas otras.

Diez años después, lo natural es que sean necesarias nuevas medidas o actualizar algunas de las que se aprobaron entonces y que acreditaron sobradamente su eficacia. Las reformas son siempre necesarias para mantener en buena forma la estructura productiva de un país. Son el motor que impulsa el crecimiento económico. Por este motivo, cualquier gobierno responsable debe estar planeando de forma constante mejoras para mantener a punto la economía, para eliminar barreras, para ayudar a sus sectores productivos, para atraer y agilizar las inversiones, para adaptarse a las nuevas tendencias o para mejorar el funcionamiento del mercado laboral.

Lo ideal es tener impulso reformista. Lo habitual es que ese impulso aparezca no por convicción sino por necesidad. Lo peor es que ese impulso sea contrarreformista; es decir, empezar a desmontar todo lo que ha hecho el Gobierno anterior, guiado únicamente por razones de sectarismo ideológico. Sería muy negativo para la economía española, e incrementaría la desconfianza en ella, dar marcha atrás en aquellas políticas que funcionaron y fueron decisivas en su momento para superar la crisis y generar empleo. En estos últimos años no ha habido en España ningún plan coherente de modernización, tan solo mucha literatura y algunos mínimos retoques que, como en el caso de las pensiones, han ido en la dirección contraria a la que necesita nuestro país.

Las ayudas europeas suponen una ocasión irrepetible para acometer alguna de esas reformas estructurales tan difíciles de llevar a cabo, pero esa ingente cantidad de dinero no servirá para mucho si no se reparte de manera profesional y con una visión estratégica sobre los objetivos que perseguimos. El Gobierno no ha querido aceptar la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de crear un órgano de carácter técnico e independiente para seleccionar el destino de esos fondos de acuerdo a un criterio riguroso de selección de proyectos. Creo que es un gran error. Aceptar esa propuesta hubiera significado sacar este asunto del debate político y garantizarse así una gestión ordenada del mismo. El Gobierno ha querido quedarse con el «pastel» para repartirlo a su antojo y, por tanto, será el único responsable si no conseguimos que esta gigantesca palanca de transformación económica desarrolle al máximo su potencial. Estos fondos europeos no son un maná caído del cielo. Suponen la emisión de ingentes cantidades de deuda a nivel europeo que tendrán que devolver las generaciones futuras. En consecuencia, es nuestro deber moral emplear dichos fondos con diligencia para aumentar el crecimiento potencial de la economía española. Esto nos permitirá superar mejor las dificultades actuales y reducir el peso de dicha deuda para nuestros hijos y nietos. De lo contrario, si se hace un uso similar al infausto Plan E de Rodríguez Zapatero, o se dedica a la creación de redes clientelares, como amenaza el Gobierno actual, habremos perdido una oportunidad histórica que padecerán sobre todo las generaciones venideras.

De nuestra capacidad para poner en marcha políticas reformistas de verdad dependerá la solidez de nuestra recuperación, pero aceptemos que el Gobierno cuenta para ello —porque así lo decidió en su día— con los peores socios posibles: la izquierda más dogmática y los nacionalistas más radicales e insolidarios. Si hacemos un poco de memoria veremos que esa curiosa alianza política solo funciona para sacar adelante leyes ideológicas o revanchistas (la ley de memoria histórica, la eutanasia o las ocurrencias, ocurrencios u ocurrencies que salen del ministerio de Irene Montero), pero nunca para aprobar auténticas reformas que mejoren la competitividad de nuestros sectores productivos y nos ayuden a adaptarnos a los cambios que se prevén en el mundo. Vamos sobrados de propaganda y ayunos de reformas reales. Cuatro cuestiones son especialmente urgentes para asegurar el crecimiento y el bienestar del futuro: garantizar las pensiones, la apertura al mundo de nuestra economía, la incorporación rápida a los avances tecnológicos y la respuesta al cambio climático.

LAS PENSIONES: TAMBIÉN ES COSA DE JÓVENES

Con toda seguridad el objetivo de un sistema público de pensiones financieramente sostenible será uno de los retos más importantes, si no el que más, que tendremos que afrontar en el futuro próximo. Basta con recordar algunos datos para justificar el porqué de esta afirmación. Las pensiones y la sanidad pública suponen prácticamente la mitad del gasto público total español. Y de seguir como hasta ahora, este porcentaje se incrementará, y mucho, en el futuro. En 2007, el número de pensionistas en España era de 8,3 millones, y en 2020, trece años después, había ascendido a 10,9 millones. En 2007 el gasto en pensiones equivalía al 8,6 del PIB español y en 2020 al 14,12. Las estimaciones de futuro apuntan a que en el año 2051 el 37 % de la población total española tendrá más de sesenta y cinco años.

Sin perjuicio de las cautelas necesarias ante este tipo de previsiones, lo cierto es que no existe ninguna duda sobre la importancia de esta cuestión y la necesidad de abordarla con acierto a la mayor celeridad posible. Si es importante avanzar en la suficiencia de las pensiones, hito este indispensable, lo es aún más incorporar los mecanismos oportunos que garanticen la sostenibilidad del conjunto del sistema. Dicho de otra manera, tenemos que velar por las pensiones de hoy y también por las de las próximas generaciones. Este binomio es imprescindible, sin él rompemos el fundamento sobre el que se sostiene todo el sistema, que es la solidaridad entre generaciones. No existe solidaridad si a los jóvenes de hoy, que ya están pagando las pensiones a nuestros mayores, no les garantizamos que ellos también tendrán derecho a las suyas en el futuro. Si queremos trasladar seguridad al sistema y garantizar su futuro es imprescindible dotarnos de las herramientas necesarias para ello. Así lo han entendido la mayoría de los países desarrollados de nuestro entorno que, en mayor o menor medida, están ajustando sus marcos de bienestar social, para lo cual están adaptando suficiencia y sostenibilidad y estipulando medidas que modulen el impacto de factores tan importantes como el aumento en la esperanza de vida.

La mejor solución sería un crecimiento notable y sostenible del empleo y el alza de la productividad, así se aliviarían los problemas de sostenibilidad financiera de las pensiones. Por eso es tan importante acertar con la política económica. Recordemos que casi nueve de cada diez euros que pagamos anualmente en pensiones provienen del empleo, de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresas y trabajadores. Podemos afirmar, por tanto, que el empleo es el mejor aliado de la sostenibilidad del sistema y que cuanto más empleo y de mayor calidad haya en España, más y mejores pensiones tendremos no solo en el tiempo presente sino también en el futuro.

Pero eso no es suficiente. Otros factores positivos para la sociedad, como el mencionado aumento de la esperanza de vida, hacen necesario que afrontemos esos desafíos con reformas que permitan mantener ese pacto intergeneracional que, como digo, es la base del modelo de pensiones español. Nosotros lo hicimos al establecer el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones que vinculaba la subida anual de las mismas a la salud financiera del sistema y no a la inflación. La decisión del Gobierno de eliminar ambos va a dificultar la sostenibilidad financiera de las pensiones de cara al futuro.

¿Defiendo la reforma que hicimos? Por supuesto, y además me asisten fundadas razones. Desde que la aprobamos en el año 2013, la Unión Europea no volvió a formular recomendación alguna a España en materia de pensiones por entender que se habían implementado los cambios oportunos para favorecer su sostenibilidad. Esta ausencia de observaciones concretas se mantuvo hasta junio de 2019, cuando el Consejo dio la voz de alerta y advirtió que las medidas que el nuevo gobierno pretendía introducir debían acompañarse de «medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo».

En este mismo sentido, la propia Comisión Europea, en febrero de 2020, insistió en que «la vinculación de las pensiones a la inflación anunciada por el nuevo gobierno de coalición en su programa podría conducir a un aumento del gasto en pensiones para 2050 de alrededor del 4 % del PIB» y que «eliminar el mecanismo de sostenibilidad incluido en la reforma de 2013 añadiría al menos un 0,7 % del PIB al gasto en pensiones a largo plazo». Todo ello llevaba a la Comisión a concluir que «la eliminación de ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, a menos que se adopten medidas compensatorias».

El método escogido por el Gobierno tampoco parece el más razonable para acabar felizmente el proceso. Aprobar lo popular —la actualización automática con el IPC— y dejar pendiente lo difícil —el ajuste que garantice la sostenibilidad en el largo plazo— es casi un anuncio de que la segunda parte se quedará pendiente, salvo que las autoridades de Bruselas impongan de forma coercitiva dicha reforma. De momento, y en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo mecanismo de sostenibilidad, lo que tenemos es una reforma coja que tranquiliza a los pensionistas de hoy, pero genera más incertidumbre e inseguridad a los del futuro.

En otras palabras, se ha roto el binomio entre suficiencia y sostenibilidad. Se ha mirado solo al corto plazo, pero el problema, lejos de resolverse, se complica porque cada día que se retrasa la solución es un día de mayor deterioro para el sistema.

ABRIRSE AL MUNDO, LO QUE NUNCA FALLA

Aunque los últimos años no han sido los mejores para el comercio mundial, primero por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y luego por la pandemia, debemos perseverar en la apertura al mundo de nuestra economía porque ha demostrado sobradamente que es uno de los factores que más crecimiento y desarrollo le ha reportado y, en consecuencia, mayor bienestar ha traído a los ciudadanos de nuestro país. La globalización y la apertura comercial no son un juego de suma cero. Suponen que, en vez de que los países se peleen a la hora de repartirse los trozos de una misma tarta, la tarta sea más grande, por lo que aumenta el bienestar global. Nada ha logrado sacar a tantos millones de personas de la pobreza como la apertura comercial.

A pesar de todos los críticos que han surgido contra la globalización y del proteccionismo que tanto le gusta al populismo nacionalista, lo cierto es que los beneficios de la apertura al exterior son innegables. Las empresas pueden encontrar nuevos mercados, lograr nuevas vías de financiación para sus proyectos e incluso modificar las dinámicas de los mercados internos. Las familias también se benefician de tener a su disposición una mayor variedad de bienes y de la rebaja de precios que lleva aparejada la competencia. No es lógico ni eficiente tratar de producirlo todo. Sabemos desde hace décadas que es mucho mejor vender aquello en lo que eres competitivo y comprar lo que los demás producen de forma más eficiente.

El éxito de la economía española ha estado siempre vinculado a su capacidad de abrirse al mundo. Empezó con el Plan de Estabilización de 1959 y ha aprovechado cada circunstancia histórica, como la adhesión a la Comunidad Económica Europa o la entrada en el euro, para dar un nuevo impulso a dicha apertura. A lo largo del tiempo se han ido incorporando a este proceso cada vez más empresas y sectores. Ese es el relato de todas y cada una de las empresas de nuestro país que tanta admiración nos causan y de las que estamos tan orgullosos. Todos conocemos historias de emprendedores que empezaron con un pequeño taller hace treinta o cuarenta años y hoy tienen una multinacional que opera en decenas de países. O que de tener un pequeño hotel han pasado a convertirse en una de las grandes cadenas hoteleras de Europa, o de los innumerables ejemplos de innovación que triunfan en el mundo… y también de tantas y tantas empresas multinacionales que eligen España como lugar de producción y desarrollo tecnológico.

Hace cuarenta años apenas exportábamos el 13 % de nuestro PIB; hoy es más del 34 %. Tenemos empresas y sectores muy fuertes con nichos de mercado líderes a nivel mundial y que forman parte de las cadenas globales de valor añadido. El sector de bienes de equipo supone la exportación de bienes más amplia. Por ejemplo, cuando nos subimos a un avión Airbus pocas veces pensamos que hasta el 15 % de dicho avión ha sido fabricado en España. No somos conscientes de lo que significa para nuestro país la industria química (el 100 % de las aspirinas del mundo se producen en Asturias), la del automóvil (segundo fabricante europeo y octavo mundial), el extraordinario sector agroalimentario, líder en calidad y competitividad. Los servicios —ya sean los referidos a empresas, las ingenierías o los servicios financieros— ya ingresan en la balanza de pagos más que el turismo, del cual somos la segunda potencia mundial.

Para que una economía internacionalizada funcione de un modo más eficiente y sin generar desequilibrios internos conviene hacer las cosas bien dentro del propio país. Para competir con éxito hay que estar en forma; esto vale para el deporte pero también para la economía. Como ya he comentado en varias ocasiones, hacer reformas es imprescindible. Las que pusimos en marcha mientras estuvimos en el Gobierno sirvieron para que nuestro país pasase de un déficit exterior que llegó a ser del 10 % del PIB a un superávit de ocho años consecutivos en nuestra balanza por cuenta corriente, algo sin precedentes en la historia de España. Nunca antes habíamos tenido 150.000 empresas exportadoras, cincuenta mil más que antes de la crisis de 2008, y que constituyen una de nuestras grandes fortalezas de cara al futuro. Hemos sabido también diversificar tanto los bienes que exportamos como su destino, abriéndonos a otros mercados distintos a los tradicionales de Europa y América Latina.

El crecimiento de la exportación ha sido ininterrumpido desde 2011 hasta 2019, y el grado de apertura de la economía española, calculado como la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios respecto al PIB, se situó en 2018 en el 67,5 %, nueve puntos porcentuales más que cuando llegamos al Gobierno. Este crecimiento se basó principalmente en el aumento de las exportaciones.

Después del shock de la pandemia, los primeros datos de exportación demuestran que las empresas españolas mantienen su pujanza porque en apenas un año han conseguido volver a los niveles previos de 2019 e incluso superarlos. En este campo y en cualquier otro de la política económica haría bien el Gobierno en ver a las empresas como unas aliadas en la recuperación del país y no como unos sospechosos depredadores de bienestar, como cada día dejan en evidencia las declaraciones de algunos ministros. Nuestro tejido empresarial resulta fundamental para la modernización y transformación del país. Las grandes empresas multinacionales están en la vanguardia de ese proceso, pero también las pequeñas y medianas han demostrado su capacidad de adaptación. La obligación de los poderes públicos —al margen del signo político del gobierno de turno— es ayudarlas a mejorar su competitividad y a ganar tamaño en vez de sobrecargarlas con un exceso de regulación, con subidas de impuestos o con ataques directos como los que tenemos que escuchar con creciente frecuencia.

DIGITALIZACIÓN: EL RIESGO DE QUEDARSE ATRÁS

Hasta el año 2020 podíamos referirnos a la transformación digital como un reto de las sociedades occidentales; después de la pandemia ya estamos hablando de otra realidad en materia de digitalización porque ya forma parte insustituible y creciente de nuestras vidas. El COVID-19 nos ha instalado de la noche a la mañana en un nivel de desarrollo digital que los expertos calculaban para los siguientes diez años. La pandemia nos ha obligado a acelerar la transformación digital que ya estaba en marcha, del mismo modo que obligó a los científicos a encontrar en tiempo récord vacunas para proteger a la población de la devastadora enfermedad. Así que no podemos referirnos a la digitalización como un elemento del futuro porque ya es nuestro presente cotidiano.

No hace falta mucho detalle para explicar esto que digo. Por ejemplo, nos reunimos con los amigos gracias a plataformas tecnológicas cuya existencia desconocíamos hasta la pandemia, hemos aprendido a dar clase y a realizar consultas médicas por videoconferencia. Nuestras empresas, grandes y pequeñas, se han lanzado a vender en la red, y hasta los negocios más modestos ya gestionan de forma digital sus citas con los clientes. Tenemos tarjetas sanitarias digitales, nuevas plataformas sociales y, por supuesto, teletrabajamos desde nuestros domicilios con la misma soltura que si lo lleváramos haciendo toda la vida. Este proceso, que hasta 2019 podría parecer parte de una película de ciencia ficción, hoy constituye una más de nuestras costumbres cotidianas.

Desde esta situación actual, solo cabe anticipar que las transformaciones que nos aguardan en el futuro inmediato serán todavía más intensas. La capacidad de aplicar la tecnología para ayudarnos en nuestro esfuerzo diario como trabajadores, como consumidores, como gestores públicos y como perceptores de estos servicios públicos se ha demostrado ingente durante la pandemia y, sin duda, llegará a niveles que hoy nos parecen increíbles.

Todavía no somos capaces ni de imaginar todo lo que se podrá lograr en la próxima década con estas nuevas capacidades digitales. La posibilidad de gestionar a distancia muchísimos instrumentos y servicios hará que no necesitemos como hasta ahora la cercanía física para disfrutar de determinados elementos fundamentales en nuestro bienestar. Es decir, ya no será tan decisiva la diferencia entre vivir en grandes núcleos de población o en núcleos más dispersos. Las nuevas tecnologías van a facilitar que vivamos donde prefiramos sin tener que renunciar a nada; nos ayudarán a luchar contra el cambio climático, a reducir la pobreza y a mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

La digitalización de nuestra sociedad no es una cuestión de futuro, es el presente. Y quedarse fuera (o rezagado) de este proceso supone condenarse a la irrelevancia y la pobreza.

El último informe sobre la Economía y la Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea coloca a nuestro país en el puesto once de la Unión. Dicho así parece algo aceptable, pero recordemos que somos la cuarta economía de Europa. Ser los cuartos en tamaño y undécimos en digitalización indica que nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar el puesto al que debemos aspirar. España ya dispone de una de las mejores redes fijas del mundo: las redes de alta capacidad, por encima de 100 Mbps, ya cubren al 88 % de la población, más que la suma de Alemania, el Reino Unido e Italia juntos. Pero que la población esté cubierta no significa que lo esté el territorio, puesto que falta una parte importante del territorio con menos población y que, sin embargo, se puede beneficiar más que las áreas más pobladas de los avances tecnológicos. Por eso cuando estábamos en el Gobierno priorizamos el despliegue de las redes hasta el cien por cien de los núcleos de población.

También estamos muy por encima de la media europea en cuanto a digitalización de la Administración. En 2015 aprobamos un plan estratégico en materia tecnologías de información y comunicación (TIC) que nos ha colocado en la vanguardia de Europa en cuanto a usuarios de la administración electrónica, servicios en línea, servicios públicos digitales para las empresas o datos abiertos.

Ahora bien, no solo se consigue estar en la revolución digital haciendo un esfuerzo inversor en redes o digitalizando la Administración pública. Además, es de igual importancia, o incluso mayor, lograr la penetración digital en toda la sociedad y sobre todo mejorar las competencias digitales de las personas. Este es hoy nuestro reto principal.

Somos los primeros en despliegue de redes de alta capacidad, pero cuando miramos a nuestras competencias digitales caemos hasta el puesto dieciséis de Europa. El 43 % de los españoles entre diecisiete y setenta y cuatro años carecen de competencias digitales básicas. Los especialistas en TIC suponen solo un 3,2 % del total de empleados de España y el 4 % de todos los titulados. Quién no ha oído en multitud de ocasiones a responsables empresariales quejarse de que muchos puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de trabajadores con competencias digitales. No hace falta ser ingeniero para ocuparlos, basta con tener una formación profesional adecuada y actualizada. La última estadística que vi a propósito de este asunto la elaboró la Asociación DigitalES y señala que ese déficit de especialistas ronda las 75.000 vacantes. Seis de cada diez nuevos puestos digitales que se crean en España no llegan a cubrirse. Es urgente dar una solución a este problema.

Resulta frustrante que los debates educativos en España se centren siempre en cuestiones ideológicas, en las matemáticas con perspectiva de género o en el número de asignaturas que se pueden repetir para pasar de curso, y no en la urgente necesidad de mejorar la competencia digital de nuestros jóvenes. Del mismo modo, sería muy edificante escuchar a las centrales sindicales hablar sobre estos asuntos y no solo sobre la subida del salario mínimo, porque es esta cuestión de la formación la que va a determinar el empleo de los españoles en el futuro. Las competencias digitales son el camino más seguro para tener acceso a los nuevos empleos, a los más demandados, los de mayor calidad y los mejor pagados.

Por el contrario, quedarse rezagados en este aspecto, como decía antes, es una garantía de desigualdad y exclusión para el futuro. Lo hemos visto durante esta pandemia: el trabajo digital se mantuvo e incluso se incrementó, mientras que otros empleos han sufrido un impacto casi letal. Pasará la pandemia pero la tendencia se va a mantener. Cada día veremos a las máquinas asumir más funciones que venían desempeñando trabajadores. Hasta ahora esto solo era posible con trabajos rutinarios, como ya hacen los robots en las cadenas de montaje en las fábricas, pero con la inteligencia artificial y el machine learning, las máquinas serán cada vez más capaces de realizar labores no rutinarias. Pensemos, por ejemplo, en la profesión de conductor de vehículos; está condenada a desaparecer cuando se generalice el coche autónomo, lo cual va a ocurrir más pronto que tarde. Como en toda revolución tecnológica, los avances van a suponer la destrucción de numerosos puestos de trabajo. Un estudio reciente de la OCDE calcula que en los próximos años el 14 % de los empleos actuales podrán ser realizados por máquinas.

Indudablemente, del mismo modo que se destruyen los viejos empleos surgirán otros nuevos. Es el proceso de destrucción creativa que definió Schumpeter, pero para tener acceso a los nuevos puestos de trabajo necesitaremos personas capaces de operar con soltura en un entorno digital.

Permanecer impasibles ante estas previsiones es inaceptable. Cuando hablamos sistemáticamente de los problemas de desigualdad de nuestra sociedad tenemos que admitir que el principal factor de desigualdad es el desempleo o el empleo de mala calidad, y que está relacionado directamente con la formación y la capacitación. Personas formadas —y no me refiero solo a los universitarios sino también a los alumnos de Formación Profesional o a los trabajadores cualificados— tienen acceso a mejores empleos y a la capacidad de promoción laboral, mientras que aquellos sin formación van quedando rezagados y condenados a la exclusión. Este proceso se va a acelerar en el futuro y es preciso un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, no solo del Gobierno, para acometer esa cualificación en competencias digitales que hoy se me antoja como uno de los retos más exigentes de la sociedad española. Si no lo abordamos con éxito, tendremos una sociedad más fragmentada, con mayor desigualdad y, en consecuencia, más vulnerable a la demagogia y al populismo.

CUIDAR DEL CLIMA Y DE LAS PERSONAS

Algo muy similar podríamos decir de la otra gran revolución que estamos viviendo en el siglo XXI, la asociada a la lucha contra el cambio climático.

En el pasado, las revoluciones industriales se basaron en producir más utilizando nuevas formas de energía. Primero el carbón, que trajo la máquina de vapor y el ferrocarril, y luego el petróleo y la electricidad, con los automóviles, la aviación y todos los aparatos eléctricos. Los niveles de consumo de masas de la sociedad actual se deben a una industrialización basada en el consumo de energías fósiles y sus inevitables emisiones de CO₂. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que ese modelo económico no es sostenible. El exceso de estos gases en la atmósfera está produciendo efectos duraderos en el clima de forma artificial.

El reto que tenemos por delante es formidable: mantener y mejorar nuestros niveles de consumo pero sin recurrir a las energías fósiles. Hay que descarbonizar todo nuestro sistema de producción, de consumo y de transporte, y eso son palabras mayores.

Para tener éxito en una empresa tan ambiciosa se necesitan al menos tres cosas. En primer lugar, la concienciación ciudadana y un compromiso político fuerte. En los últimos tiempos hemos visto muchos gestos que acreditan este compromiso político. La Unión Europea, que siempre ha sido líder en esta cuestión, ha decidido acelerar su plan de descarbonización y nos hemos comprometido a reducir para el año 2030 un 55 % de las emisiones que teníamos en 1990. El objetivo anterior, fijado en 2018, era de una reducción del 40 %. También China —el mayor emisor del mundo— ha formulado públicamente su compromiso de lograr la neutralidad climática, entre 2050 y 2060. Habrá que ver si esta promesa se hace realidad. También Estados Unidos, con la llegada de Biden, ha anunciado que recortará sus emisiones de CO₂ a la mitad. Los países responsables del 70 % de las emisiones en todo el mundo han adoptado acuerdos similares y la concienciación sobre el cambio climático se ha extendido a todos los niveles de la sociedad.

La cuestión de la sostenibilidad ya no solo forma parte del paquete de responsabilidad corporativa de las empresas, como las famosas «marías» de los currículos escolares, sino que se plantea como un eje fundamental de cualquier estrategia de negocio. Hasta el Banco Central Europeo presentó hace poco su propia guía de inversión en bonos sostenibles. No hay, por lo tanto, dudas sobre el enorme impulso que se ha dado al compromiso social sobre la urgencia de abordar de manera efectiva medidas de lucha contra el cambio climático. Un compromiso a todos los niveles y por parte de todos los actores económicos y sociales.

En segundo lugar, necesitamos avances tecnológicos que nos permitan utilizar y almacenar la energía de fuentes renovables de manera mucho más efectiva, y en este sentido los retos pendientes son enormes. Todavía queda un largo trecho tecnológico que recorrer, especialmente en lo relacionado con el almacenamiento. Mientras no podamos garantizar un suministro energético tan estable como el que nos permiten las fuentes de energía fósiles, el proceso de descarbonización de nuestras economías no se habrá completado satisfactoriamente y presentará desajustes.

Por último, y esto quizá sea lo más difícil, necesitamos amplias dosis de realismo. Tenemos que ser conscientes de que limitar las emisiones de CO₂, e incluso las de metano, lleva aparejado producir menos bienes y servicios. Dicho en otras palabras, la lucha contra el cambio climático tiene costes y nos obligará a todos a apretarnos el cinturón. Tendremos un mejor clima global, lo cual no solo es un objetivo altruista sino también económico, pero no saldrá gratis. Es algo parecido a pagar algo más de impuestos a cambio de una buena seguridad ciudadana. Muchas veces se obvia este efecto económico de la transición energética porque supone pedirle a la gente un cierto grado de sacrificio. La revuelta de los chalecos amarillos en Francia ha sido un buen recordatorio de lo que puede suceder si no prestamos la suficiente atención a los costes sociales que a corto plazo lleva consigo el proceso de descarbonización.

Algunos analistas hablan incluso de la necesidad de abordar un nuevo «contrato social verde» que atienda a los damnificados por los cambios. Lo más fácil es pensar en los mineros o en los transportistas afectados por las subidas de los carburantes, pero lo cierto es que la lista es casi infinita. En ella nos encontramos a los operarios de industrias muy contaminantes, o de industrias que pueden quedar obsoletas si los bienes que fabrican (por ejemplo, los automóviles diésel) dejan de venderse. El comercio mundial puede resentirse si se generalizan los impuestos en frontera para penalizar aquellos productos cuya producción no se ajuste a los estándares medioambientales. Incluso el turismo mundial se puede ver afectado si se dispara el precio de los billetes de avión.

El economista francés Jean Pisani-Ferry ha pronosticado que podemos enfrentarnos a un escenario similar al shock del petróleo de los años setenta, y el recibo de la luz que estamos pagando en este 2021 viene a acreditar sus sombríos vaticinios.

A nadie se le escapa que esto tiene también consecuencias políticas. Corremos el riesgo de que, una vez más, los políticos y los gobiernos vayan por un lado y la sociedad, especialmente las clases medias y las más vulnerables, por otro. Los primeros circulando en coches eléctricos, hablando de los beneficios de preservar el futuro del planeta y haciendo gala de su inquebrantable compromiso medioambiental, y los segundos sufriendo las consecuencias económicas y sociales de esas políticas, circulando en vehículos contaminantes con los que no podrán acceder a las ciudades, lidiando con subidas generalizadas de precios o incluso viendo afectados sus empleos por causa de estas políticas medioambientales. Ya sé que el planteamiento puede parecer algo maniqueo, pero vistas y oídas las cosas que dicen algunos políticos o circulan por las redes no me parece fuera de lugar advertir sobre el riesgo de que este tipo de planteamientos se generalicen.

Pero a estas alturas de mi vida y de este libro no estoy dispuesto a pasar por un «profeta de la catástrofe». Tendremos que asumir los costes de este proceso porque no hay otra alternativa y el calentamiento global tiene costes aún superiores. El clima es un bien de todos y debemos conservarlo, como conservamos la naturaleza, el patrimonio o los medios de producción. Se trata de aplicar el socorrido manual de «cómo salir de las crisis» porque esta es una de las de largo recorrido. Nos toca también en esta cuestión mirar de frente la realidad, explicársela a los ciudadanos y renunciar a cualquier dogmatismo, incluido el dogmatismo antinuclear. Probablemente la energía nuclear pueda ayudarnos, y mucho, a transitar en este camino hacia la descarbonización del planeta. El hecho de que dos voces tan autorizadas en el ámbito económico y financiero como Bill Gates o Warren Buffet ya estén invirtiendo en nuevos proyectos de energía nuclear debería llevarnos a reflexionar sobre su oportunidad. El presidente francés Emmanuel Macron ya lo ha hecho y ha convertido la energía nuclear en el eje de su plan de modernización de Francia para 2030.

Soy de la opinión de que la tecnología será la clave para el éxito de este proceso, y España tiene que ser un actor en estos cambios. No solo se trata de asumir compromisos políticos como campeones de la descarbonización que nos cuestan mucho dinero, sino de invertir mucho más en investigación y —otra vez— en capital humano para que España sea un referente en muchas tecnologías vinculadas a esta revolución. Ahí es donde podemos obtener el mayor rendimiento de futuro de los fondos europeos.

En suma, uno de los desafíos más importantes del futuro para las democracias liberales seguirá siendo incrementar los niveles de bienestar y riqueza de la gente, hacer sostenible el modelo de bienestar y responder con rapidez y eficacia a las crisis, que lamentablemente son una constante en la historia de las naciones. Como hemos visto, esto dista mucho de ser fácil, pero no es imposible. Ejemplos hemos tenido muchos y muy recientes en nuestro país y en el entorno cercano, de modo que ya sabemos que superarlas exige coraje y determinación.

Si el objetivo es mantener el bienestar y generar progreso, no valen ni la inacción ni los parches ni la cosmética. Tampoco el voluntarismo o, peor aún, la demagogia. Se requiere equilibrar ingresos y gastos, gastar con mayor eficiencia y llevar a cabo reformas. Los precedentes de lo que conviene hacer existen. Hace años superamos una crisis peor y fuimos capaces de generar empleo como nunca, mantener nuestros servicios públicos y mejorar los niveles de bienestar. También se necesitan ideas claras. La experiencia demuestra que el progreso y el estado del bienestar no se consiguen con discursos, formulando principios o con declaraciones de más y más derechos, algo a lo que los populistas y los contagiados por ellos suelen ser muy aficionados. Como he recordado antes, no hay precedentes de superación de crisis con más gasto estructural, más impuestos y más regulación.

8

El futuro: Europa se tiene que hacer mayor

Solo si Europa habla con una sola voz y pone en común sus fuerzas podrá hacerse valer como actor internacional.

HELMUT KOHL

AFGANISTÁN. EUROPA EN LA ESCENA INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI

El 30 de agosto de 2021, Estados Unidos puso fin a veinte años de misión en Afganistán tras evacuar a su personal y colaboradores afganos. La manera en que se produjo dicha retirada causó un notable impacto en todo el mundo. Todas las previsiones de una operación tranquila saltaron por los aires cuando el gobierno del país se dio a la fuga ante el avance talibán. La caída de Kabul a manos de los talibanes se produjo en cuestión de horas, lo cual complicó extraordinariamente la evacuación de las tropas y de miles de civiles afganos que trataban de huir del nuevo régimen que tan bien conocían. Solo los soldados españoles desplazados en la zona lograron traer a España a más de dos mil personas en medio del caos que se vivió en el aeropuerto de la capital. Muchos vieron en las imágenes de la retirada el ejemplo de la decadencia de Estados Unidos. Conviene tener presente sin embargo que aun en esas condiciones extremas, los militares norteamericanos consiguieron sacar de Afganistán a más de 120.000 civiles: casi como si hubieran logrado evacuar en cuestión de horas a todos los vecinos de Cádiz.

Después de los atentados del 11-S, en octubre de 2001 el presidente Bush Jr. ordenó invadir Afganistán con todos los parabienes legales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció la ISAF, una misión de seguridad multinacional liderada por la OTAN que participó en la guerra contra los grupos insurgentes del país. Obama continuó con la guerra, pero ya envió señales muy claras sobre la necesidad de diseñar una estrategia de salida. Trump negoció la retirada con los talibanes, y veinte años después Biden anunció el final definitivo de la guerra en Afganistán, recordó el gasto en vidas, heridos y dinero que supuso y señaló que no estaba dispuesto a continuar con la sangría. El hecho de que tres presidentes tan distintos hayan coincidido en su posición solo refleja el apoyo mayoritario de la sociedad americana a la retirada.

En la ISAF había tropas de cincuenta países. Casi el 70 % del total eran estadounidenses. La mayoría de los países europeos participaron en la misión; el Reino Unido fue el segundo país que más efectivos aportó, el 7,4 % del total.

Yo tuve ocasión de viajar a Afganistán en las Navidades de 2012 para compartir unas horas con el contingente español desplegado entonces en Herat y Qala i Naw. Nuestros soldados me explicaron con todo detalle las dificultades de una misión en la que los talibanes podían volatilizarse sobre el terreno. Durante un vuelo de reconocimiento, el oficial español a bordo me señaló la localización aproximada de las bases de los talibanes. Pero yo no veía nada más que un paisaje desértico sin una mísera edificación que me sirviera de orientación.

—Pero ¿cómo es posible que ahí haya bases si no se ve nada? —pregunté.

—Porque están bajo tierra, presidente. Así de difícil es esta guerra —respondió.

Cuando comenté con los militares los pormenores de su misión, ellos daban especial importancia a la creación de infraestructuras y al equipamiento de la población civil y a la formación de los afganos que iban a integrar lo que debía ser el ejército del país y sus fuerzas de seguridad. Pero también eran muy conscientes de las dificultades que entrañaba tratar de implantar este tipo de instituciones según el modelo occidental en un país de estructura casi tribal como Afganistán.

En aquella visita también pude mantener un breve encuentro en Kabul con el presidente Hamid Karzai, que me agradeció el trabajo que las fuerzas militares españolas estaban desempeñando en la reconstrucción del país y me explicó las dificultades que afrontaba su gobierno. No hacían falta muchos detalles: recuerdo el palacio presidencial de Karzai como una especie de búnker rodeado de un espectacular despliegue de seguridad en el que todo el mundo parecía en tensión máxima. Aquella imagen transmitía la inquietante sensación de que todo podía saltar por los aires en cualquier momento, como así ocurrió en cuanto los norteamericanos confirmaron la fecha de su retirada del país.

De aquel viaje me quedo con los extraordinarios profesionales del ejército español; los mismos que encontré en otras misiones como Senegal, Mali o Yibuti. Siempre me han admirado por su seriedad, por su manera de quitar importancia a la labor tan importante que desempeñan y por su conocimiento profundo de las circunstancias de la misión y de las peculiaridades del país donde se encuentran. Estas personas merecen el recuerdo y la admiración de todos nosotros. Trabajaron dignamente en condiciones nada fáciles y cumplieron con lo que se les ordenó.

No pretendo aquí desarrollar un análisis sobre los objetivos, cambiantes, de esta misión, ni sobre el grado de cumplimiento de los mismos. Tampoco sobre la influencia que la retirada de Afganistán va a tener en los equilibrios geoestratégicos o incluso en el futuro de la OTAN; esos son asuntos que justificarían por sí mismos otro libro. Ahora solo quiero fijar mi atención en el pobre papel que en esta historia desempeñó la Unión Europea.

Europa no puede ufanarse de su rol en este episodio. La nuestra ha sido una modesta y humilde aportación. No fue la Unión Europea quien decidió ir a Afganistán. Fue esta una operación de la OTAN, de la que, como es sabido, formamos parte muchos países europeos. Tampoco dispusimos sobre la retirada, que fue decidida unilateralmente por Estados Unidos, ni sobre el procedimiento para llevarla a cabo, ordenado también por ellos. Todo el liderazgo de la operación de evacuación correspondió a los estadounidenses, que aseguraron el control del aeropuerto de Kabul, imprescindible punto de salida. La Casa Blanca fue quien decidió la fecha final de la presencia militar de Occidente en Afganistán, que ha durado dos décadas. En los últimos tiempos las decisiones sobre el país, incluido el acuerdo de 2020 entre los talibanes y la Administración Trump, tampoco parecen haber sido objeto de consultas detalladas con los aliados de la OTAN.

Estos tristes días de agosto la Unión Europea brilló por su ausencia en Afganistán. Su papel fue casi inexistente. Su delegación en Kabul tuvo que recurrir a los distintos estados miembros, entre ellos España, para repatriar a sus funcionarios y también a sus colaboradores afganos y familiares.

Durante aquellos días, el G-7 celebró una reunión extraordinaria para analizar la crisis y el presidente francés Emmanuel Macron también viajó a Bagdad para copresidir junto a su homólogo iraquí una reunión sobre la situación afgana con dirigentes de países de la región. Estas iniciativas contrastaron con la escasa, por no decir nula, actividad de la Unión Europea. En aquellos críticos momentos ni siquiera se consideró oportuno convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Ursula von der Leyen y Charles Michel, presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo respectivamente, se limitaron a viajar a Madrid para expresar, con el alto representante Josep Borrell, el agradecimiento al Gobierno español por ayudar a la repatriación de los funcionarios de la Unión. Eso fue todo.

Estos hechos han puesto en evidencia la escasa capacidad de la Unión Europea en materia de acción exterior, especialmente en situaciones de crisis y cuando se trata de utilizar fuerzas militares. Son entonces los estados miembros los que toman el protagonismo y a menudo, como ocurrió en este caso, liderados y coordinados en gran medida por Estados Unidos. La diplomacia de la Unión Europea es débil y su fuerza militar, inexistente.

Pese a esta grave carencia, no voy a engrosar las filas de los antieuropeos, antes al contrario, reitero que para mí la Unión Europea es un éxito colectivo. Pero también considero necesario que avance decididamente en los ámbitos de la política exterior y de defensa. Soy muy consciente de que se trata, especialmente en lo relativo a la defensa, de una materia compleja y delicada en la que las posiciones muy divergentes de los estados miembros obstaculizan los progresos. Aun así, lo ocurrido en Afganistán debe servir de estímulo no solo para una profunda reflexión, sino también para dar un golpe de timón en el ámbito europeo de la defensa. El repliegue en la acción militar exterior de Estados Unidos, iniciado por Obama y seguido por Trump y ahora Biden, refleja una decisión estratégica de fondo, no un hecho coyuntural. La tendencia de Estados Unidos a renunciar al papel de gendarme del mundo viene de atrás. Empezó con la no intervención de Obama en Siria. También resulta evidente que el Mediterráneo ha dejado de estar entre sus prioridades, que ahora se han trasladado hacia el Pacífico.

Cabe suponer que Estados Unidos va a prestar menos atención a lo que sucede en Ucrania, en Georgia, en Libia, o a la expansión de los islamistas en el Sahel. Probablemente, todos estos asuntos van a pasar a ser una responsabilidad mayormente europea. El presidente Biden, en la estela de Donald Trump, afirmó: «Fuimos a Afganistán para acabar con la amenaza terrorista, este objetivo se ha cumplido. No fuimos para construir una nación o una democracia. Lo prioritario es nuestra seguridad, no la seguridad internacional, y lo prioritario es China». Puede que no sea un lenguaje muy diplomático, pero difícilmente se puede hablar con más claridad. El error sería no prestar atención a sus palabras.

En este contexto parece obvio que la apuesta por más Europa, que algunos llevamos tiempo defendiendo, debe ponerse en marcha a la mayor celeridad posible y con la mayor determinación. Este es uno de los retos básicos de nuestro futuro. Es preciso tomar decisiones, convencer a nuestras opiniones públicas, creando una conciencia y una motivación social que ayuden en la consecución de este objetivo.

Es necesario, pues, que Europa juegue un rol como actor global y asuma un papel central en la gobernabilidad de un mundo que ya está globalizado. Y debe hacerlo desde la unidad, aunque no sea fácil porque cada país tiene sus propias prioridades. No son las mismas las nuestras que las de Finlandia, pero no debemos olvidar las palabras de uno de los artífices de la construcción europea, Paul-Henri Spaak: «En Europa no había estados grandes y pequeños, solo había estados pequeños, pero algunos no se habían dado cuenta de ello». Lo que entonces era una prevención constituye hoy una evidencia. Por eso Europa debe convertirse en una especie de poder multiplicador de cada uno de sus estados miembros.

Recientemente los españoles hemos podido comprobar el significado de esa potencia europea. Durante la última crisis con Marruecos, a causa de la invasión de Ceuta por parte de miles de civiles marroquíes, bastó un aviso de la Unión, recordando a Marruecos que las fronteras de España son fronteras de Europa incluso en África, para que el Gobierno marroquí rebajara inmediatamente el tono de sus manifestaciones contra España y la crisis entrara en vías de solución.

Europa no puede bajo ningún concepto conformarse con un papel secundario en la escena internacional del siglo XXI. Debe desplegar una acción exterior ambiciosa, coherente con sus objetivos y principios fundamentales. Una acción exterior que impulse nuestra presencia en el mundo, defienda nuestros intereses y proyecte nuestros valores, como ocurrió en su día con la democracia liberal, el mercado o la ciencia. Pero una cosa son las buenas palabras y otra los hechos reales. El llamado soft power, del que Europa es campeona, tiene sus límites cuando se enfrenta a potencias no tan soft.

A finales de 2013 se celebró en Lituania una cumbre entre la Unión Europea y el llamado «Partenariado Oriental». Se trataba de seis repúblicas exsoviéticas a las que se pretendía atraer hacia la Unión. En una de las reuniones bilaterales que pude mantener durante aquella cumbre, mi interlocutor, el presidente de Armenia, Serzh Sargsián, me explicó su escepticismo ante el proyecto: «Mire, señor presidente, yo sé que un acuerdo con la Unión Europea sería estupendo, pero soy muy consciente de la situación de mi país y no voy a provocar el enfado de Moscú». Si no fueron estas palabras, fueron otras muy similares. De todos aquellos países, Ucrania era el más decidido a sumarse al proyecto de la Unión y contaba con un gran apoyo social, como se vio en las revueltas del Maidán. Apenas tres meses después de aquella cumbre en Lituania, Rusia invadió la península de Crimea y allí siguen hoy, siete años después.

El liderazgo de Europa no puede ser solo moral. Somos una potencia democrática, comercial y regulatoria, pero nuestra seguridad depende de Estados Unidos, nuestra energía de Rusia y nuestra tecnología de China. Es imprescindible que construyamos nuestra autonomía estratégica en estas tres áreas para considerarnos realmente una potencia global con un liderazgo propio. Esta necesidad de que la Unión asuma un papel de fuerte liderazgo internacional no solo se deriva de los cambios que desde hace ya muchos años se han producido en los centros de poder del mundo. También obedece al hecho de que nuestra sociedad globalizada ha dado lugar a que el poder mundial se encuentre fragmentado y difuminado por una proliferación de actores no estatales que, como es natural, atienden fundamentalmente a sus propios intereses. En palabras del profesor y diplomático americano Richard N. Haass: «Los estados-nación han perdido el monopolio del poder que ahora se muestra en muchas manos y en muchos lugares». No hay más que pensar en las grandes tecnológicas americanas como Amazon, Google o Facebook para entender a qué fenómeno me refiero. Estas grandes multinacionales, entre las que también se encuentran Microsoft o Apple, ya constituyen la tercera economía del mundo con un valor de mercado de ocho billones de dólares. Para valorar la magnitud de esta cifra y a modo de ejemplo me permito recordar que el PIB de España equivale a 1,2 billones de dólares. Hace décadas la carrera espacial la protagonizaron dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética; hoy la protagonizan los magnates de estos gigantes.

La globalización no solo ha transformado el poder, también ha modificado la naturaleza de los retos a los que hay que enfrentarse. Los ataques a nuestros sistemas de información, comunicaciones, suministro de energía, el terrorismo, la ciberdelincuencia, el crimen organizado, la pobreza o las pandemias, como acabamos de comprobar, son amenazas a las que es preciso dar una respuesta adecuada que excede con mucho la capacidad de cualquier país mediano.

La Unión Europea se encuentra bien situada para reaccionar ante muchos de estos retos. Está en disposición de aplicar una serie de medidas, variadas y flexibles, que combinan mediación, diplomacia, comercio, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria o gestión de la pandemia, mediante acciones civiles o incluso, en algún caso, militares. De hecho, en el mundo hay una creciente demanda de Europa: cuanto más hacemos, más nos piden que hagamos.

En el ámbito de la seguridad y la defensa, Europa tiene la obligación de contribuir a un orden global multilateral, basado en el derecho internacional y en los valores europeos, y debe hacerlo en concierto con nuestros aliados y amigos —en primer lugar, con Estados Unidos—. La OTAN debe seguir siendo el marco principal de nuestra seguridad; no obstante, ello no impide tener una contribución propia mediante decisiones colectivas pero hablando con una sola voz y actuando con los medios adecuados. Debemos reforzar nuestro compromiso con el desarrollo de una política común de seguridad y defensa eficaz, algo que priorizamos desde el Gobierno en 2017, cuando España, con María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa, tuvo un protagonismo destacado en el acuerdo de cooperación estructurada permanente (PESCO).

La seguridad es, en suma, una demanda de los ciudadanos, que son conscientes de que sin ella no será posible ni el bienestar ni la libertad ni los derechos de las personas. Nadie puede garantizarla de forma aislada y mucho menos en los tiempos globales que vivimos, donde las amenazas han cambiado tanto. Nuestras democracias y nuestra prosperidad se defienden también (y sobre todo) allende nuestras fronteras: en el Sahel, en el Cuerno de África, en Oriente Medio y en el este de nuestro continente. Conviene ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Necesitamos más avances en materia de defensa.

PROGRESAR EN BIENESTAR

Europa tiene otros retos fundamentales en su horizonte inmediato. El primero de ellos es el crecimiento económico, que nos permitirá crear empleo y mantener y mejorar nuestro sistema de bienestar y de servicios públicos. Europa disfruta del mayor porcentaje de gasto social del mundo. Nuestro modelo de sanidad y educación públicas y gratuitas, con un sistema público de pensiones y ayudas al desempleo y un sinfín de atenciones sociales, es sin duda el más avanzado del planeta. Es además una de nuestras señas de identidad. Mantener y hacer sostenible este modelo social es un deseo compartido por todos. Ocuparse de conseguirlo es un reto mayúsculo para las instituciones europeas y los distintos gobiernos nacionales. Hablamos de la vida de la gente, de lo que más les importa: su bienestar y el de los suyos. Esta es la primera de sus prioridades.

Hacer las cosas bien es la mejor manera de prestigiar los valores que uno defiende, acreditar una buena reputación y conseguir la adhesión general. Ya he comentado en varias ocasiones que la Unión Europea ha actuado de forma muy diferente en la crisis que comenzó en 2008 y en la provocada por el COVID-19. En esta última, la suspensión temporal del pacto de estabilidad, la actuación del Banco Central Europeo y el amplio programa de ayudas extraordinarias a los países son de enorme utilidad. Ha sido una respuesta sin precedentes que debe ser reconocida por su magnitud y celeridad.

Las políticas de la Unión en esta última crisis han permitido a los gobiernos atender a las personas en situación de dificultad y a muchas empresas cuya propia existencia estaba en peligro evidente. Han sido adecuadas para afrontar los primeros momentos y será necesario que las políticas nacionales acierten también para acompañar ese esfuerzo. Si todos hacemos las cosas bien ese precedente se puede consolidar en el futuro y suponer un gran avance en las políticas europeas. De igual manera, los esfuerzos que se han llevado a cabo a la hora de proporcionar vacunas a todos los europeos merecen un juicio favorable. Haciendo un balance ecuánime de cómo ha actuado la Unión Europea en esta pandemia, me parece indiscutible que la Europa que sale del COVID-19 es una Europa que suscita mayor confianza entre sus ciudadanos, lo que no sucedió en 2008 y los años siguientes. Ocuparse y resolver los problemas de las personas es el mejor antídoto contra los planteamientos populistas.

Ahora es urgente concentrarse en la salida de la crisis. Las medidas que la Unión Europea ha puesto en marcha son las adecuadas, también la actuación del BCE, pero su duración no debe ser eterna, y no lo será. Los gobiernos nacionales deben estar ahora, como ya he señalado, a la altura de las circunstancias.

En el futuro será necesario volver a la política del control del gasto en todos los países, continuar con las reformas estructurales para ser competitivos y acertar en la fijación de las prioridades económicas. Hay tres materias que requieren de una especial atención. En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos comerciales de la Unión Europea con terceros países. En segundo lugar, resulta obligado incorporar con agilidad y eficacia los avances tecnológicos a nuestras estructuras económicas, y sobre todo ayudar a la gente a adaptarse al cambio para que las oportunidades del mundo digital estén al alcance de todos. En tercer lugar, necesitamos que la Unión Europea siga librando la lucha contra el cambio climático sin castigar a su competitividad. Nuestras empresas deben ser aliadas imprescindibles en este objetivo de lograr una transición realista hacia una economía baja en emisiones de carbono.

Además de estos retos, es preciso mantener el impulso para profundizar en la integración económica y monetaria. Es urgente crear un verdadero mercado interior que garantice de manera efectiva la libre circulación de personas, servicios, capitales y mercancías. De especial importancia, entre otras políticas, será acometer con determinación un mercado interior único de la energía en Europa, dotado de las interconexiones necesarias entre los estados miembros. Mientras no lo logremos, Europa seguirá jugando el partido de la competitividad internacional con una mano atada a la espalda y sus ciudadanos estaremos al albur de sobresaltos energéticos como los que hemos vivido últimamente.

Tras el Consejo Europeo de junio de 2012 hubo en Europa una apuesta clara por el euro como moneda común y la continuación del proceso de integración. En fechas posteriores se produjeron avances significativos en la unión bancaria, se crearon el mecanismo único de supervisión y el de resolución, pero es necesario perseverar en el empeño. Completar la unión bancaria es vital para dotar de estabilidad a nuestra unión monetaria, asegurar los flujos y la financiación a nuestras economías y evitar que se repitan en el futuro crisis como las que hemos vivido.

La unión fiscal es probablemente el reto más importante para el futuro de Europa. Precisa de un presupuesto con capacidad para hacer frente de una manera eficaz a las crisis y los problemas que se puedan generar en los países que la conforman. Se debe dotar de un Tesoro propio que pueda emitir bonos como los tesoros nacionales y con una autoridad similar a la de los ministros de Hacienda de los estados nacionales. Las decisiones adoptadas por la Unión con ocasión de la pandemia van en esa dirección. Aportan ayudas económicas muy considerables a los distintos países con cargo a fondos europeos y buena parte de ellas se financian con bonos europeos. ¿Será un comienzo? Como he dicho antes, si esos fondos se gastan con eficiencia y rigor será el mejor aval para mantenerlos en el futuro como una política estructural de la Unión y no solo como una excepción para luchar contra una pandemia.

EN DEFENSA DE LOS VALORES EUROPEOS

Europa no es solo un mercado interior y una unión monetaria. Es mucho más. Es, como he recordado, una comunidad de derecho y de valores democráticos. Desde que en 1957, en Roma, se aprobó el Tratado Fundacional, fue requisito inexcusable para incorporarse a la Unión la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Más tarde, estas exigencias se recogieron en el Tratado de la Unión Europea, cuyo artículo segundo establece: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías». Estos valores son los propios de las democracias liberales en las que creemos. Cuando estos valores democráticos son vulnerados, reaccionar es obligado. Y hacerlos cumplir es un deber irrenunciable de las instituciones europeas. Si no se defienden estos principios que constituyen el acervo esencial de la Unión, esta pierde su sentido como espacio democrático y como espacio de paz.

En líneas generales, el nivel de cumplimiento de la legislación europea por parte de sus estados miembros fue muy razonable, y los temores que existían en algunos en relación con el comportamiento de los países de Europa Central y Oriental tras su proceso de adhesión resultaron, por lo general, infundados. De hecho, el primer susto a propósito de esta cuestión vino por el acceso al Gobierno austriaco de un partido que mantenía posiciones xenófobas, el FPÖ, que lideraba Jörg Haider. Este acontecimiento provocó gran preocupación en Europa a pesar de que en absoluto se había producido una violación reiterada de los valores de la Unión. Aquello pasó sin mayores consecuencias. Sin embargo, recientemente este consenso sobre nuestros principios democráticos se ha roto y de forma grave por las actuaciones de los gobiernos de Polonia y de Hungría. Me refiero a ciertos ataques a la libertad de prensa, la libertad de expresión, los derechos de las minorías y, lo más peligroso, la independencia del poder judicial.

Por otra parte, los movimientos populistas con importantes apoyos electorales en otros países de la Unión se han sumado a la dinámica de estos gobiernos arremetiendo de continuo contra las instituciones europeas por defender los valores recogidos en los tratados. El discurso es siempre el mismo: se acusa a la Unión de inmiscuirse en asuntos que son de competencia de los estados nacionales.

El dilema reside en cómo se debe reaccionar ante estas conductas. La cuestión no ofrecía dificultad a la hora del ingreso de estos países en la Unión Europea, pues este no podía llevarse a efecto si no cumplían las estrictas condiciones exigidas para el resto de los socios comunitarios en materia de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Los problemas surgen cuando la violación de los valores europeos se produce después de la incorporación de los nuevos miembros, como ha sucedido en el caso de Hungría y de Polonia.

La capacidad de la Unión para exigir el respeto a los valores de la democracia liberal fue durante mucho tiempo muy limitada. Más tarde, en sucesivas reformas de los tratados se fueron aprobando una serie de procedimientos que permiten a las instituciones europeas la imposición de sanciones y la supresión de determinados derechos de los estados que violen de una manera grave y persistente los valores de la Unión. Pero lo cierto es que la regulación de estos procedimientos es muy compleja, lo que dificulta su aplicación y la retrasa mucho en el tiempo. Además, la Unión Europea, a la hora de tomar decisiones, se suele guiar por el principio de la prudencia política, lo que es perfectamente entendible si se quiere mantener la unidad, que ha de ser su primera prioridad. Y también para evitar la estrategia que gusta tanto a este tipo de movimientos nacionalistas y populistas, siempre dispuestos a aprovechar cualquier actuación de las instituciones europeas para asumir el papel de víctimas de las decisiones de Bruselas.

La prioridad de Europa debe ser permanecer unida, sobre todo después del shock que supuso el Brexit, pero este objetivo no debe llevarnos a abdicar de otro muy principal: mantener las bases de la democracia liberal entre todos los países miembros.

En consecuencia, la violación flagrante de los valores europeos requiere una respuesta firme. La Unión dispone de algunos instrumentos para defender estos valores, que son los que dan sentido al proceso de integración. No siempre es fácil determinar cuándo una situación de violación de los valores democráticos se convierte en inaceptable o cuáles son las fronteras que no se pueden sobrepasar, pero también es evidente que si queremos conservar el proyecto que se inició tras la Segunda Guerra Mundial hay que establecer algunas líneas rojas, unos estándares mínimos que no cabe incumplir. Las instituciones de la Unión ya han puesto en marcha distintos procedimientos contra Polonia y Hungría. Será preciso asimismo utilizar con la máxima diligencia los medios de los que hoy se dispone y plantearse la necesidad de reforzarlos en un futuro. De no hacerse así, la credibilidad de la Unión estaría en juego y se podría transmitir la sensación de que Europa renuncia a defender y exigir los valores que justificaron su creación hace más de sesenta años.

UNA INMIGRACIÓN INTEGRADA Y ORDENADA

Ya me he referido con detalle a la cuestión de las políticas relacionadas con el fenómeno de la inmigración, pero es obligado volver a este asunto porque constituye, sin duda, una de las prioridades básicas de la agenda europea en los próximos años.

La inmigración se ha convertido, según numerosos estudios de opinión, en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos, y está en el origen de algunos acontecimientos como pueden ser el Brexit o el nacimiento de diversos partidos populistas, como antes recordé, y de no pocos brotes de xenofobia.

La Unión Europea necesita una política de inmigración común porque Europa en su conjunto es un formidable polo de atracción para personas de todo el mundo que buscan aquí empleo, bienestar, calidad de vida y también libertad y democracia. La llegada masiva a Europa de cientos de miles de personas que huyen de las guerras, de las violaciones de los derechos humanos o que simplemente buscan una vida digna requiere de una gestión europea. Por eso me congratulé en su día por la decisión del anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, de crear una cartera específica en el Colegio de Comisarios encargada de gestionar todas las cuestiones relacionadas con la inmigración. Fue el primero en atender a un asunto que hoy es inexcusable.

Estamos ante un reto de carácter global que nos afecta a todos los europeos, tanto más cuanto que la Unión Europea es un espacio sin controles en las fronteras interiores. De todos los desafíos que tenemos que abordar, probablemente este sea el más complejo y en el que las decisiones a tomar sean más complicadas y sus resultados más inciertos. Nadie en solitario podrá dar nunca una solución a este reto, por eso es indispensable que lo hagamos conjuntamente. La pretensión de resolver esta cuestión con decisiones unilaterales como cerrar las fronteras internas no conduce a nada positivo ni resuelve problema alguno, solo sirve para crear tensión y malestar entre los socios a la vez que dificulta la posibilidad de encontrar soluciones compartidas.

Europa tampoco puede abordar la cuestión migratoria sin ser leal a sus valores morales y democráticos. En consecuencia, es necesaria una política europea que atienda a la protección de las vidas humanas y al principio de dignidad de todas las personas. Precisamente ese respeto a la vida humana exige luchar contra las mafias que trafican con personas, así como poner orden y legalidad en los flujos migratorios. A esos efectos, resulta inexcusable una gestión europea de las fronteras exteriores, así como una única política de visados, asilo y refugio.

Mi experiencia personal me ha enseñado que uno de los factores más útiles para abordar el fenómeno migratorio es contar con la cooperación de los países de origen y tránsito, y aquí Europa puede hacer muchísimo, tanto en el diálogo sincero y constante con estos países como en las políticas de desarrollo destinadas a elevar su nivel de vida.

Como país mediterráneo y miembro de la Unión Europea, el objetivo de España debe ser la creación de un espacio de prosperidad compartida a ambas orillas del Mediterráneo, mar que no debe separar sino acercar Europa a África. Esta es la lógica de la política de vecindad europea: si a nuestro vecino le va bien, nuestras sociedades también se beneficiarán. Este es el objetivo que defendí en su día en el Consejo Europeo. Pienso que Europa da pasos en la buena dirección, aunque muy lentos. Aún resta mucho por hacer. Es importante perseverar y ser muy conscientes de que estos procesos de migración seguirán, porque son inevitables mientras la gente siga queriendo algo tan elemental como vivir mejor.

Además de todas las razones humanitarias que ya he citado hay otros factores que como europeos debemos tener en cuenta. Europa también necesita de los inmigrantes para afrontar algunos de los retos que tiene ante sí. Los flujos migratorios constituyen una necesidad para países como España, que se enfrenta a severos problemas a medio plazo como son el envejecimiento de la población o la caída de la natalidad. Son ya muchos los empleos desempeñados por personas que no han nacido en nuestro país, y serán más en el futuro. Necesitamos inmigración, pero inmigración ordenada e integrada, en España y en el conjunto de Europa. Y esta debería ser una de las políticas cuya eficacia sirviera para incrementar la confianza de los europeos en nuestras instituciones comunes.

EN FAVOR DE LA UNIÓN EUROPEA. FRENTE AL POPULISMO

Yo soy europeísta. Lo fui cuando solo se trataba de una aspiración para los jóvenes de mi edad, cuando conseguimos entrar en la Comunidad Económica Europea y también cuando, ya en el Gobierno, tuvimos que pedir a los españoles que se sumaran al objetivo de entrar en la moneda única. No dejé de serlo incluso durante aquellas interminables reuniones del Consejo Europeo en las que parecía que la crisis del euro iba a acabar con la moneda única. Sigo siendo europeísta aun después del Brexit y lo seguiré siendo frente a cualquier contratiempo que pueda surgir.

Uno de los mejores recuerdos de mi etapa en la Presidencia del Gobierno se produjo el 25 de marzo de 2017. Entonces los jefes de Estado y de Gobierno que formábamos parte de la Unión Europea nos reunimos en Roma para celebrar el sesenta aniversario del tratado que lleva el nombre de esa ciudad, el que todos consideramos el Tratado Fundacional de la Unión Europea. Dije entonces que «la Unión Europea nació para lograr la vieja aspiración de desterrar la guerra, la tiranía, la ignorancia y la miseria de la vida de las personas». Y así ha sido.

Para darse cuenta de los beneficios que la integración nos ha deparado a los europeos, no hay más que comparar las más de seis décadas transcurridas en Europa desde que el proyecto se puso en marcha con las seis décadas anteriores o con cualquier periodo de la historia europea o de cualquier otra parte del mundo. Esta es objetivamente la prueba más inequívoca de lo positivo que para todos ha sido este proyecto comunitario. Todos los europeos podemos sentirnos legítimamente orgullosos.

La Unión Europea nació, en suma, para unir a los ciudadanos europeos en una comunidad de valores democráticos, de derecho, como la definió el primer presidente de la Comisión Europea, Walter Hallstein, y basada en el escrupuloso cumplimiento de la legalidad, tanto europea como nacional. También en una comunidad de progreso económico y social. Nació para aunar fuerzas y para derribar fronteras, como antídoto frente a las ideologías y los movimientos que pretenden separar a personas y erigir nuevas barreras. El mercado interior, la moneda común, la unión bancaria, el espacio de libertad, seguridad y justicia que incluye el acervo Schengen… todas ellas y otras más son iniciativas que buscan superar divisiones y unir a los ciudadanos del continente. Todos estos logros se han creado a base de cesiones voluntarias de todos y cada uno de sus países miembros. Hemos renunciado a determinadas parcelas de poder para construir una realidad política sin la cual ya no entenderíamos nuestra vida actual. Ha valido la pena y lo hemos podido comprobar en esta pandemia. Creo sinceramente que el principal interés nacional es seguir perteneciendo a ese club europeo que nos convierte en unos auténticos privilegiados en el mundo.

Hoy más que nunca, la integración es el signo de los tiempos. Es la única manera que tenemos para garantizar nuestra influencia y fortaleza en este siglo XXI tan complejo que nos ha tocado vivir. Una Europa presa de nacionalismos secesionistas y excluyentes, de movimientos populistas, correría el riesgo de verse diluida y debilitada. No podemos permitir bajo ningún concepto que algo así suceda. El precio que pagaríamos sería demasiado alto y afectaría al fundamento nuclear del proyecto europeo: la integración de los estados en una comunidad de derecho, valores democráticos y progreso.

Epílogo

Razones para el optimismo

Soy optimista. No parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa.

WINSTON CHURCHILL

Cuando comencé a escribir este libro, el segundo que ve la luz desde que dejé de ser presidente del Gobierno hace ya tres años muy largos, lo comenté con algunos familiares y amigos. Lo primero que me preguntaron todos fue: «Mariano, ¿vas a escribir por fin tus memorias?», y mi respuesta siempre fue la misma, como es natural: «No, no voy a escribir mis memorias. Eso queda para más adelante. O no». Lo cierto es que nunca hubiera pensado que después de dejar la política escribiría dos libros, y en este punto estamos. Por lo tanto, ya no me atrevo a descartar nada… Las memorias siguen siendo una posibilidad.

Hace dos años, en Una España mejor intenté dejar testimonio de mi particular visión sobre la etapa en la que tuve el honor de ser presidente del Gobierno de España. Como ya dije entonces, me parecía que parte de la responsabilidad de haber ejercido el gobierno de la nación me obligaba también a explicar mi experiencia. Versiones de aquellos hechos habrá para todos los gustos; juicios y opiniones sobre los mismos, infinitas. Pero entre todas ellas también merecía su espacio la de quien los vivió en primera persona y tomó buena parte de las decisiones determinantes de aquel periodo.

Aquel libro no solo era mi historia como presidente del Gobierno, era además la historia del esfuerzo que hizo el conjunto de la sociedad española para sobreponerse a una crisis económica feroz. Superamos la ruina que nos amenazaba y evitamos el rescate de nuestro país. Conseguimos así mantener la independencia de nuestra política y, al hacerlo, contribuimos al mantenimiento de la moneda única. No hay que olvidar que en aquella crisis el euro estuvo en evidente peligro de ruptura. Asistimos al mismo tiempo a la disolución definitiva de ETA a cambio de nada, ni siquiera de una palabra, y se llevó a cabo un proceso que carecía de precedentes: la sucesión a la Corona y la Jefatura del Estado. Se hizo de manera acordada y rápida. Aun a riesgo de ser tenido por pretencioso, diría que se hizo de forma modélica.

Una España mejor era el libro de un gobernante que cuenta lo que hizo y explica por qué lo hizo. Estos razonamientos fueron particularmente prolijos en todo lo que hacía referencia a lo ocurrido en Cataluña durante el proceso secesionista y la aplicación, por primera vez en nuestra historia, del artículo 155 de la Constitución. La gravedad de los hechos vividos entonces y la trascendencia constitucional de las medidas que se adoptaron justificaban sobradamente dichas explicaciones. Este era su propósito fundamental: describir a quien pudiera interesar las cuestiones más importantes que tuvimos que abordar desde el Gobierno, las decisiones que adoptamos, sus claves y las enseñanzas para el futuro.

Como habrán podido comprobar quienes hayan tenido la amabilidad y la paciencia de haber llegado hasta aquí, este segundo libro no tiene la pretensión del anterior y mucho menos aspira a la solemnidad de unas memorias. Política para adultos recoge las reflexiones de un político ya retirado que analiza el mundo que le rodea: la pandemia, la polarización social, el deterioro de las instituciones y, en general, todo lo que refleja la deriva populista de nuestra sociedad. Son acontecimientos que me atañen como a cualquier ciudadano pero, a diferencia de la mayoría, cuando yo analizo e interpreto la realidad no puedo dejar al margen la experiencia de haber dedicado a la política más de la mitad de mi vida.

Este es, en definitiva, el libro de un político analizando la política de su tiempo. En ocasiones con sorpresa, en otras con perplejidad y a veces con inquietud o seria preocupación, pero siempre con el propósito de mantener una mirada templada y amable con todo el mundo, incluso consigo mismo.

Se cumple estos días el décimo aniversario de mi elección como presidente del Gobierno, pues fue a finales de 2011. No mucho tiempo antes de aquellas elecciones en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta surgió el movimiento del 15-M. Aquello fue el inicio de un fenómeno que, al igual que en otros países cercanos, vino a transformar de modo profundo nuestro sistema político. Toda mi etapa al frente del Gobierno coincidió con el auge de lo que se dio en llamar «la nueva política». En aquellos momentos, acuciado por las urgencias de la crisis, no tenía ni el tiempo ni la perspectiva suficientes para reflexionar sobre lo que hoy me atrevo a considerar un hecho incontestable: el 15-M y todo lo que vino después supuso la irrupción en España del fenómeno del populismo. No fuimos los primeros ni los únicos; y nuestro país, al igual que tantos otros, ha sufrido los efectos de este mal de la política moderna.

A estas alturas de mi vida puedo asegurarles que he tenido unas cuantas experiencias como para saber lo que son los populistas. Creo, por tanto, que puedo escribir sobre ellos con conocimiento de causa. Siendo presidente del Gobierno tuve la ocasión de conocer —y en algunos casos tratar— a personajes como Orban, Salvini, López Obrador, Trump, Tsipras y otros. A pesar de las polémicas que les preceden, en la distancia corta todos ellos son personas bastante normales; ni derrochan el carisma que les atribuyen sus partidarios ni la perfidia que les adjudican sus detractores. También en España he coincidido con ilustres representantes de este mismo fenómeno que no solo sedujo a los políticos. He visto a periodistas, a grandes empresarios y a no pocos funcionarios públicos caer rendidos ante las trampas de la demagogia sin ser, como yo entonces, conscientes de todo su alcance. Todos podemos decir en nuestro descargo que el tiempo ayuda mucho a ver las cosas con claridad.

He vivido el auge de los nuevos partidos y he asistido también a su decadencia. He debatido con ellos en el Parlamento y con sus más entusiastas admiradores fuera de las Cortes. Los he escuchado atentamente. He podido comprobar el grado de conocimiento y preparación que acreditaban sobre los asuntos que supuestamente había que tratar. Fui víctima de sus urgencias y de no poca incomprensión. No debe ser interpretada esta observación como un reproche porque ciertamente me considero lo más opuesto al estilo de «la nueva política». Es lógico que sus líderes no comprendieran ni mis formas, ni mis decisiones, ni mis tiempos. Nunca fui un malvado con ellos; intento no serlo con nadie. Si acaso reconozco alguna colleja parlamentaria, de aquella manera, y sin perder la compostura que, a mi juicio, debe presidir siempre el debate público. Este libro pretende seguir también esta máxima: respeto, prudencia y responsabilidad.

Aunque la política presenta con frecuencia un punto de exceso y teatralización, me atrevería a decir que en los últimos años hemos superado las dosis aconsejables. Ha faltado mesura, moderación y equilibrio. Y lo que es aún peor, ha faltado la atención a las cosas realmente importantes. Cuando la polarización y la fragmentación dejaron una España casi ingobernable después de las elecciones de 2015 y 2016, propuse la fórmula que en mi opinión serviría para estabilizar el país y despejar la polarización creciente. Por dos ocasiones ofrecí al Partido Socialista la posibilidad de formar un gobierno de coalición que sosegara las tensiones y abordara por consenso las grandes reformas que España necesitaba entonces y sigue necesitando ahora, si cabe con más premura.

Como todos sabemos, mi oferta fue rechazada sin muchas contemplaciones y el resultado, a la vista está, es que la situación de España hoy es justo la contraria a la que yo pretendía entonces. Lejos de tener un gobierno sólido, moderado y conciliador, tenemos otro débil, radical y divisivo. Por eso mismo, en lugar de desandar el camino de la tensión y la polarización, cada vez nos adentramos más en divisiones y fracturas muchas veces provocadas artificialmente. Y en eso llegó la pandemia, que vino a poner en cuestión muchas de nuestras certezas y a agravar buena parte de los problemas que ya teníamos. Los económicos sin duda, pero también los políticos y los institucionales.

Cuando Trump desapareció de la escena internacional hubo un suspiro de alivio porque también desaparecían con él sus excesos en la Presidencia de la primera potencia del mundo, pero sin Trump las conductas populistas siguen campando a sus anchas y no solo en Estados Unidos. Lo vemos cada día en el extremismo, en el recurso habitual a la demagogia, en la huida permanente de la responsabilidad, en el abandono de los asuntos importantes, en las mentiras que se han adueñado del debate público e incluso en la manera de sortear los límites institucionales por parte de los gobiernos.

Por eso he llegado al convencimiento de que lo peor del populismo no son unos políticos concretos u otros. Lo realmente nocivo es que su estilo, sus rasgos o sus trampas se vayan contagiando a toda la actividad política y sean cada vez más tolerados por el conjunto de la sociedad. Lo peligroso es que los ciudadanos y quienes nos representan nos deslicemos cada vez más por esa misma pendiente de exageraciones, menosprecio a las instituciones o sectarismo partidista. Creo que en este libro se pueden encontrar ejemplos numerosos y preocupantes de ese contagio tan indeseable.

«Solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y esa es no aprender de la experiencia». Esta sentencia del creador del principio de Peter apunta al mayor riesgo que entraña para las sociedades modernas la ola populista de los últimos tiempos. Las democracias liberales en las que vivimos, nuestro sistema de protección social, la garantía de nuestros derechos, el orden multilateral pacífico y tantos otros elementos que protegen nuestra convivencia en paz y que damos por seguros con un exceso de optimismo, son en realidad bastante más frágiles de lo que parecen. Además, sufren con cada pequeña cesión que hacemos al populismo. La experiencia de todos estos años bien nos puede servir de lección para permanecer alerta ante sus tretas y prevenirnos ante cualquier embaucador político que nos pueda deparar el futuro.

Tenemos problemas muy serios y muchas cosas pendientes de hacer, necesitamos que la política sea útil y no solo un debate estéril e interminable. De entrada sería muy aconsejable que volviera a ser un ámbito suficientemente acogedor para que pudieran acercarse a él personas de la sociedad civil dispuestas a poner sus conocimientos y su experiencia al servicio del bien común. Participar en un gobierno o colaborar con un partido no degrada la cualificación técnica de una persona ni nubla su independencia o la rectitud de su criterio. Y en ningún caso ese eventual paso por la política debiera significar un lastre para recuperar la vida profesional que se dejó en suspenso.

También convendría dedicar algo más de atención a esos asuntos que suelen quedar sepultados por las infinitas polémicas de cada día pero que deberían formar parte de nuestra deliberación pública ya que en ellos nos jugamos nuestro futuro. Últimamente España parece cada vez más distraída con cuestiones del pasado, querellas doctrinarias o —llamemos a las cosas por su nombre— auténticas chorradas, mientras los asuntos que determinarán nuestro bienestar durante generaciones se despachan con brochazos superficiales. La agenda de las cuestiones que ocupan nuestra conversación pública también determina la calidad de la misma y el nivel de decibelios que puede alcanzar. Del mismo modo, un debate público de calidad obliga al gobierno de turno a esforzarse más para actuar con diligencia en la gestión de los intereses de los ciudadanos y rendir cuentas de la eficacia de dicha gestión sin buscar el burladero tan socorrido de la ideología.

Y, por encima de todo, es imprescindible que nos reconciliemos con nuestras instituciones, tan vapuleadas durante estos años por el populismo. Cada una de ellas —y singularmente la justicia— cumple su función en un sistema de equilibrios pensado para proteger nuestra libertad y nuestros derechos. No están ahí para darnos la razón, sino para velar por los intereses de todos, para poner contención y reglas a las disputas de la política. Si miramos la situación de Cataluña no podemos por menos que celebrar los efectos que ha tenido en el secesionismo la respuesta que el Estado de derecho dio a sus desmanes del año 2017. Sus líderes pueden seguir defendiendo sus ideas sin cortapisas, pero saben dónde están los límites democráticos a sus actuaciones, como saben igualmente que la ley se aplica. Como ya he dicho en algún momento en este libro, la democracia es, ante todo, contención, y quienes más obligados están a practicarla son los propios políticos, aunque sean secesionistas.

Siempre he sido una persona optimista y no voy a cambiar a estas alturas de mi vida; en consecuencia, también veo con esperanza el futuro de la política y de nuestro país. Creo que buena parte de los excesos que hemos vivido durante estos años se han atemperado, muchas exageraciones se han demostrado falsas y tanta indignación impostada ha caído por su propio fingimiento.

Con menos ruido se pueden ver y atender mejor los problemas. Ahora toca derrotar definitivamente la pandemia y cerrar las heridas de esta nueva crisis para seguir mirando hacia el futuro con confianza. Es posible y es deseable que España tenga un gobierno distinto: austero, con ministros competentes y que se ocupe de los temas que realmente afectan al futuro y al bienestar del país. Un gobierno que trate a los ciudadanos como personas adultas y que no busque revanchismos ni tensión. Ya hemos tenido gobiernos así en el pasado y confío en que, más pronto que tarde, volvamos a tenerlos en el futuro.

Agradecimientos

Sin la inestimable ayuda que me prestaron Carmen Martínez Castro y Ketty Satrústegui este libro nunca habría visto la luz. Escribir un libro es una tarea de enorme complejidad. No basta con tener una idea y comenzar sin más a desarrollarla. Es necesario recabar documentación, leer mucho, escuchar opiniones; en este caso las había muy distintas, incluso encontradas. También es preciso hacer un esfuerzo para rescatar de la memoria acontecimientos que ya estaban en el baúl de los recuerdos. Después escribir, corregir textos, rectificar manuscritos, introducir nuevas ideas o dejar de lado otras. No es ciertamente una labor fácil, ni cómoda. Y no es posible llevarla a cabo en solitario. Por eso mi agradecimiento muy sentido a Carmen y a Ketty. También a Francisco Millán y a Íñigo Méndez de Vigo, que tuvieron la paciencia de leer el primer texto con espíritu crítico tal y como se lo pedí. Gracias por su lectura y sus sugerencias. No me olvido de mis editores, en especial de David Trías y Virginia Fernández, y de mis amigos de Thinking Heads. Y por supuesto de mi mujer y mis dos hijos, a los que no he podido dedicarles todo el tiempo que me hubiera gustado. Todos contribuimos a hacer «política para adultos».

MARIANO RAJOY BREY, nacido en Santiago de Compostela en 1955, es licenciado en Derecho y registrador de la propiedad, profesión que ejerce actualmente tras una extensa carrera política.

Fue elegido diputado en las primeras elecciones autonómicas gallegas y posteriormente se convirtió en presidente de la Diputación de esta provincia y vicepresidente de la Xunta de Galicia.

En 1989 entró a formar parte de la dirección nacional del Partido Popular como vicesecretario general y, tras la llegada del PP al Gobierno en 1996, asumió diferentes carteras ministeriales —Administraciones Públicas, Educación y Cultura, Interior y Presidencia—, así como el cargo de vicepresidente primero y ministro portavoz del Gobierno.

En 2004 fue elegido presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales. En 2008 consiguió el mejor resultado obtenido nunca por el partido de la oposición y en noviembre de 2011 logró la mayoría absoluta.

Fue presidente del Gobierno desde entonces y hasta junio de 2018, periodo que contó con detalle en su libro Una España mejor (2019), título que nació de la frase con la que se despidió del Congreso de los diputados: «Ha sido un honor —no lo hay mayor— haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor que la que encontré». Unos días después renunció a la presidencia del Partido Popular y a su escaño como diputado, que ocupaba desde la III Legislatura, para regresar a su puesto de funcionario.

Está casado y tiene dos hijos.