A modo de introducción

Soy Mariano Rajoy, español y gallego nacido en Santiago hace cincuenta y seis años. Estudié en un colegio público y en otro privado, en pueblos de Galicia y en León, aunque mi pequeña patria y la de mi mujer, Elvira —Viri—, está en Pontevedra y la zona de Sanxenxo. Nos casamos en la isla de la Toja, y de allí me fascinan sobre todo la inmensidad azul del mar y las mañanas con nubes y luego tan diáfanas.

Mi padre, por quien tengo una devoción especial y ha sido un ejemplo permanente en mi vida, ejercía de juez, y de él heredé un sentido muy marcado por el respeto a las reglas, el sentido de la justicia y el esfuerzo. Desde joven, me ha apasionado la historia de España y creo profundamente en mi país; disfruto con su inmensa variedad y riqueza.

Mis padres me educaron siempre con gran libertad. Cuando tenía dieciséis años, unos amigos queríamos ir a Ibiza con mi primo y otros tres amigos de Pontevedra. Nos atraía ir en autostop hasta Barcelona y luego pasar en barco toda la noche, en el trayecto de Barcelona a Ibiza. Recuerdo que le dije a mi padre que me hacía mucha ilusión ir, y él me respondió, con el ceño fruncido, que no le parecía bien; aquello que para nosotros era una gran aventura no era entonces tan habitual. Después de hablar conmigo me dijo que, si quería ir, hiciera lo que quisiera, y me dio algún dinero. Al final, nos fuimos, en contra de su criterio, pero tras haberme explicado sus razones y yo a él las mías. Siempre he valorado mucho la reflexión, conocer los argumentos de los demás, actuar con responsabilidad personal. Recuerdo que estuvimos acampados en San Antonio Abad.

La tradición familiar y mis propios intereses me llevaron a estudiar Derecho y luego a preparar las oposiciones a registrador de la propiedad. Mientras estudiaba en la Universidad de Santiago, viví con gran intensidad el cambio político y el inicio de la Transición, que me hicieron plantearme la posibilidad de dedicarme a la política. Después hice el servicio militar en Valencia, pocos meses antes de que estallara el intento de golpe militar de 1981.

A la vuelta a tierras de León y Galicia para ejercer mi profesión, un grupo de amigos me animó a presentarme como candidato a unas elecciones, sin que en realidad hubiera muchas posibilidades de obtener un escaño. Fui un muy joven diputado autonómico en el primer Parlamento de la historia de Galicia, y después concejal y presidente de la Diputación de Pontevedra a los veintiocho años. Recorrí muchas veces los sesenta y dos municipios de esa provincia. Después, fui elegido diputado en el Congreso, luego regresé a la Xunta de Galicia como vicepresidente, hasta que una moción de censura hizo que volviera al registro. Más tarde, me fui a Madrid y ya me quedé.

Ahora soy presidente del Partido Popular y entre medias he sido ministro varias veces. Me gusta andar, leer, y veo muy pocas veces la televisión, excepto los deportes, que son mi gran afición. No me importaría que mis hijos se dedicaran a la política, si ellos así lo decidieran. Lo importante, como siempre en la vida, es decidir libremente, después de estudiar los pros y los contras. Mi filosofía personal se resume en tener sensatez, razonar, pensar las cosas con calma e intentar entender al otro, hablarle de lo que nos une más que de lo que nos separa.

He tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias políticas y personales en estos años, he sido vicepresidente del gobierno, he gestionado y resuelto crisis y dificultades de todo tipo, y me gustaría que todo este bagaje pudiera ser ahora útil a mi país, en este momento tan crítico y tan preocupante en la historia de España.

En este libro quiero hablar de todo esto con más detalle, exponer ante un público amplio cuáles son mis ideas sobre el presente y el futuro de España, las líneas fundamentales de una alternativa necesaria. Cómo salir de la situación actual y definir nuestro futuro.

La crisis, no sólo económica, sino también política y de actitudes de fondo, ha alcanzado tales dimensiones que me parece necesario dirigirme a todos. Somos una mayoría de españoles los que pensamos que es imprescindible, urgente, cambiar el rumbo, que las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Tampoco es cierto que la política no pueda hacer nada. Hay muchas personas que se han sumado a los que hace tiempo que venimos diciendo basta.

Basta a seguir anclados en la crisis, a perpetuar nuestra debilidad económica y a seguir admitiendo que nuestro país dilapide continuamente sus energías, sus grandes capacidades. Basta a permitir que sigan deteriorándose las condiciones básicas de la vida de tantos españoles. Basta también a la pérdida permanente de nuestra credibilidad internacional, al desgaste del Estado y las instituciones.

Demasiado a menudo hemos evitado ponernos delante del espejo de nosotros mismos y sin subterfugios decir claramente qué es lo que nos pasa.

Lo que propongo es que dejemos ahora de lado esos argumentos superficiales con los que a menudo intentamos enmascarar la realidad. Pretendo que estas páginas ayuden a superar la falta de claridad para analizar dónde estamos, con qué medios contamos y qué es lo que resulta absolutamente necesario para que dejemos de discutir sobre lo accesorio y nos concentremos en lo esencial.

España tiene los recursos para superar esta fase crítica. Hace falta un gran acuerdo entre todos. Un gran acuerdo para superar esta grave crisis y para garantizar nuestro futuro.

Hace falta integrar, integrar a todos los que quieran ayudar a sacar al país de la situación en la que nos encontramos.

Hablo de una nación con una larga historia, de un país lleno de diversidad. Hablo de la España que quiere vivir sin enfrentamientos estériles y prosperar, de todos los que queremos que nuestros hijos puedan seguir teniendo la expectativa de vivir en una España que mejora y les ofrece más oportunidades con el paso del tiempo. No en un país que les cierra las puertas, que limita sus posibilidades de desarrollarse, que, en vez de avanzar, retrocede.

Estamos ante una encrucijada esencial de nuestra historia. O recuperamos el pulso o podemos acabar siendo un país marginado, irrelevante. En 2004, cuando nosotros nos despedimos del gobierno, éramos la octava economía del mundo; en 2010 habíamos descendido al duodécimo puesto, y las expectativas de seguir bajando son desgraciadamente muy reales.

De todo esto quiero escribir en este libro: del deber que todos tenemos para lograr una cultura del esfuerzo, del trabajo bien hecho, de la austeridad y el ahorro, de la preocupación por el otro; de generar entre todos una respuesta eficaz frente a la pasividad y la inoperancia; de cómo levantarnos y volver a avanzar hacia adelante.

Hay soluciones. Y al mismo tiempo tenemos que marcarnos objetivos ambiciosos, porque en el mundo global actual, el que no avanza retrocede inmediatamente. La competencia mundial es una realidad dura, pero debe ser también un acicate permanente.

Éste es nuestro desafío, y de eso tratan estas páginas.

Apelo en ellas a todos los que no están dispuestos a conformarse con la situación actual, a los que están dispuestos a entrar en un diálogo sobre lo que a todos nos interesa: sobre el bienestar y el futuro de cada uno de nuestros conciudadanos.

Apelo a todos aquellos que piensan que ahora es el momento de actuar.

Tomé la decisión de escribir En confianza en julio de 2010, y a lo largo de este último año he ido arañando horas a mis va caciones en Sanxenxo y a mi agenda de trabajo para ir dando forma y contenido a este libro. No ha sido fácil para alguien que ha leído más que ha escrito a lo largo de su vida, pero aho ra, en el momento de ver la obra terminada, tengo que recono cer que este arduo e inédito ejercicio me ha servido de mucho para ordenar pensamientos, recuerdos y experiencias acumula das a lo largo de mis años de vida.

Quiero en este punto agradecer a mi secretaria, Ketty, su paciencia y acierto a la hora de descifrar mis notas manuscri tas, así como a los colaboradores y amigos que me han echado una mano en la tediosa comprobación de datos, fechas y recuer dos compartidos. Gracias a ellos por su disposición y también por haber compartido conmigo momentos importantes de mi vida y que hoy encuentran asiento en las páginas de este libro. A los lectores que hayan tenido a bien iniciar esta lectura les agradezco su coraje y les solicito cierta indulgencia ante la obra de un político que nunca ha pretendido ser escritor.

CAPÍTULO 1

La educación, el factor esencial

La recuperación de los valores y la educación

Yo nací en Santiago de Compostela, tan llena de arte e historia y tan vinculada a la trayectoria espiritual de España y Europa. Mis padres vivían en Piedrahita, un pueblo de Ávila, del que mi padre era juez, pero decidieron que naciera en Santiago, de donde ellos procedían. Siempre me he sentido muy gallego, y muy unido a esa ciudad, como también a Pontevedra.

Al cabo de poco tiempo, mi padre fue destinado de Piedrahita a Carballiño, en la provincia de Orense, y luego a Oviedo, hasta que aterricé con cinco años en León, y es en León donde comienzan mis primeros recuerdos.

Cuando era niño, sólo íbamos a Santiago en verano, a visitar a mi abuelo, Enrique Rajoy —la abuela Mercedes ya había fallecido— y a mi abuela materna, Carmen, que hacía siempre una fiesta familiar el día de su santo. La carretera desde Villagarcía de Arosa, donde pasábamos las vacaciones, estaba llena de curvas, y se tardaba más de una hora en coche. Es una distancia que hoy se hace en apenas veinte minutos, buena muestra de cómo han mejorado las comunicaciones en Galicia.

No deja de ser anecdótico que estudiara en León en el mismo colegio en el que unos años después lo hizo José Luis Rodríguez zapatero. Y que éste fuera un colegio de monjas, las Discípulas, en el que estuve hasta los diez años.

Las Discípulas ocupaban un edificio antiguo y de aspecto serio, pero he de decir que guardo de mi infancia allí buenos recuerdos.

León era una ciudad pequeña, muy acogedora, en la que casi toda la gente se conocía y se saludaba por la calle. Íbamos los hermanos andando juntos por las calles estrechas y las plazas de León para llegar a tiempo a clase. Me gustaba ese recorrido, porque desde bastante pronto tuve una especial sensibilidad por la historia, por los grandes hechos del pasado y la vida cotidiana de las gentes, algo que me inculcó mi padre, quien siempre ha sido un gran apasionado de la historia.

En el colegio, jugábamos habitualmente en el patio al fútbol, y más tarde también al baloncesto. Gracias a mi buena altura, jugué en el equipo del curso, y disfrutaba mucho haciendo deporte. Hicimos un buen grupo de amigos, que nos solíamos ver después de los partidos y en otras ocasiones.

Teníamos clase todos los días, mañana y tarde, incluidos los sábados por la mañana, y, aunque no lo podía percibir entonces, había en ese colegio un buen nivel académico. A pesar de nuestra corta edad, se nos exigía. Quizá los métodos pedagógicos no fueran los más avanzados del mundo, pero reinaba un buen sentido de que la educación tiene que ver con obtener lo mejor de cada uno. Y eso, igual que en la mayoría de las cosas importantes de la vida, como en el caso de un árbol que se planta, necesita un esfuerzo continuado, constancia para que las raíces consigan poco a poco vencer la resistencia del medio, del terreno en el que tienen que crecer y desarrollarse.

En algo tan absolutamente central para la prosperidad y el futuro de un país como es la educación hemos dado grandes pasos en la enseñanza universal y gratuita, en cuestiones organizativas y de financiación, pero los resultados, como muestran las evaluaciones internacionales, no son positivos.

A veces se piensa que con más financiación y con más avanzados métodos pedagógicos se resuelven todos los problemas. Pero lo más importante es recuperar a los buenos maestros y seleccionarlos entre los mejores. La pérdida del respeto a los profesores y el pensar que la mejor manera de educar es exigiendo muy poco o privilegiando la «espontaneidad» personal sobre el cultivo de cualidades y hábitos han sido tremendamente nocivos.

Lo primero es, por tanto, recuperar la valoración social de maestros y profesores, el respeto en las aulas y un sentido positivo de la educación. Es absurdo que la relación en las aulas pueda estar basada en la confrontación o en una ideología que ve en la autoridad siempre autoritarismo.

La educación es crucial para cualquier país, y en particular, la vinculación entre la educación y los valores.

La crisis económica que estamos sufriendo no ha sido sólo económica o financiera, sino que ha puesto de manifiesto sobre todo un profundo deterioro de las actitudes y los principios que hacen posible el bienestar y el desarrollo de cualquier sociedad.

Tras lo ocurrido en España durante estos últimos años necesitamos volver a valorar en su justa medida el esfuerzo y el mérito, el trabajo bien hecho, sin confiar en la especulación o las ganancias rápidas. El endeudamiento fácil ha resultado ser una especie de metáfora de nuestra situación, de actitudes irresponsables y superficiales, como en la fábula de la cigarra y la hormiga.

Frente a las consecuencias dramáticas que todos deploramos de esas conductas, el respeto a los valores y a los principios es algo que tengo profundamente enraizado, y que tiene que ver con procesos educativos. Desde pequeño, recibí una educación en la que el sentido del deber, el valor del sacrificio y el trabajo, el sentido de la responsabilidad, unido a un generoso margen de libertad, han sido esenciales en mi formación.

En el cambio de rumbo tan urgente que necesitamos habrá que comenzar por la educación. Educar es adquirir conocimientos, pero también transmitir actitudes y valores, fomentar hábitos y capacidades; entre otras fundamentales: la curiosidad intelectual y la capacidad crítica. A través de una buena educación se transmite lo mejor de la cultura que la humanidad ha creado.

Más si cabe que en cualquier otra época, de la educación depende el futuro de nuestros hijos y la riqueza de nuestro país. Se ha convertido en el gran factor de la competencia y la competitividad mundiales. Buenas escuelas de enseñanza media y de formación profesional, así como buenas universidades, significan hoy buenos indicadores económicos.

En muchos lugares del mundo, y sobre todo en Asia, las familias hacen grandes sacrificios con tal de que sus hijos puedan ir a los centros de mayor prestigio, en su propio país o fuera de él. Muchas veces se trata de padres con pocos recursos económicos y con poca formación, como ha ocurrido durante décadas en España, pero que están convencidos de que no hay mejor inversión para los hijos que la educación.

Pienso que no nos estamos dando cuenta en toda su dimensión de lo que está ocurriendo a nivel mundial; Corea, Japón, China, la India y otros países han comprendido hasta qué punto los logros en investigación y desarrollo, la capacidad de emprender y de saber interpretar adecuadamente los cambios vertiginosos que ocurren en nuestras sociedades, dependen de los niveles educativos, y han obrado en consecuencia. En España, estamos todavía lejos de actuar según la máxima de que la excelencia en educación debe ser prioridad real de cualquier gobierno.

Los maestros... y los padres. En eso tengo una experiencia personal muy satisfactoria. El esfuerzo y la exigencia personal son valores que me inculcaron mis padres desde muy pronto.

En León, a los diez años, me fui a hacer el examen de ingreso al instituto. Recuerdo que aquello impresionaba un poco. Yo estaba bastante nervioso y preocupado, como los demás. Era una prueba única, en un lugar en el que nunca había estado, era la primera vez que me encontraba solo fuera de mi entorno familiar y dependía exclusivamente de mí mismo. Aquello me costó, pero fue muy formativo.

Para mí esa experiencia de una cierta exigencia y esfuerzo, que salió muy bien, fue una lección para el futuro.

Una ideología educativa todavía muy acendrada tiende fácilmente a acusar de imposición cuando se habla de exigencia en la educación. Pero creo que en esta cuestión, tan importante para el desarrollo y el bienestar de España, no podemos confundirnos. Nos jugamos mucho.

El gran cambio que se ha producido en los últimos años en los países más avanzados en este terreno, en el norte de Europa y en el sureste asiático, pero también en Francia y Alemania, ha consistido precisamente en recuperar el sentido de la exigencia, del esfuerzo y del mérito. Sin ellos no hay calidad en la educación y, sin calidad en la educación, no hay progreso económico y social ni posibilidad de competir con otros países.

De niño y adolescente en León, después de aprobar el ingreso, seguí los estudios en el colegio de los jesuitas hasta los quince años. Me recogía el autobús escolar a las ocho de la mañana y me dejaba en casa a las ocho de la tarde. Allí, junto al sentido del mérito y de la perseverancia, aprendí también a reflexionar, a pensar equilibradamente en los pros y contras de las cosas. Los jesuitas eran gente muy dedicada a la enseñanza. De ellos adquirí dos cosas importantes: conocimientos y ganas de aprender, y en segundo lugar, la importancia que tiene el respeto a las reglas del juego, las consecuencias positivas del orden y los principios.

Había varios profesores que eran francamente buenos. Después del examen explicaban personalmente a cada alumno lo que había hecho mal, razonándolo, haciéndote entender la lección hasta el final. Siempre tuve sensación de justicia.

Yo estudié primero en un colegio privado, el de los jesuitas en León, y luego ya en Pontevedra en un colegio público, en el Instituto Sánchez-Cantón. Y en ambos estuve a gusto. Tampoco en el instituto el sentido de la exigencia y el esfuerzo personal eran menores.

En casa, con mis hermanos me llevaba bien. Somos cuatro hermanos, dos varones más, Luis y Enrique, y una hermana, Mercedes. Con todos ellos tengo una relación muy habitual y entrañable. En esa época, yo jugaba mucho al baloncesto, también con ellos, y practicaba otros deportes, como el ciclismo.

De pequeños, solíamos pasar bastantes ratos juntos. Los domingos por la mañana, a veces acudíamos a ver pruebas ciclistas, que nos encantaban. Los tiempos eran bastante más austeros que ahora, no salíamos mucho de León, sólo en los veranos, pero tengo buenos recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia.

En el colegio se estudiaba la historia y la geografía de España, y también la del mundo. Considero que en los programas pedagógicos de ahora hemos limitado mucho la visión universal, abarcadora, de las cosas. Pienso que necesitamos que se insista de nuevo sobre la historia común, sobre los grandes hechos que han conformado a España como país y a Europa como civilización. La enseñanza de la geografía física, política y económica, el desarrollo del gusto por la lectura, saber valorar y respetar la naturaleza y los principios de la convivencia son aprendizajes fundamentales, en los que hay que insistir.

De niño y adolescente, fui buen lector. Leí lo que era bastante habitual en aquellas edades y en aquella época, Emilio Salgari, Julio Verne, Enid Blyton, pero sobre todo clásicos castellanos y de otros países. En el colegio nos hacían leer La guerra de las Galias y el Quijote. Verne y Salgari me fascinaron particularmente, y como a tantos otros adolescentes, y recuerdo haber leído con pasión todas sus obras, al menos todas las que se podían encontrar entonces traducidas en España. Me alegra ahora comentar con mis hijos algunas de esas novelas, como La vuelta al mundo en ochenta días, de la que hay asimismo varias excelentes versiones cinematográficas.

A esa edad estudiábamos también latín, una asignatura tremendamente formativa, griego —quien se decidía, como fue mi caso, por el bachillerato de letras—, y también un idioma extranjero, que en aquella época era más a menudo el francés que el inglés.

Un poco contra corriente siempre he pensado que el latín es muy importante en la formación. Es un idioma que disciplina la mente, que cuenta con una de las grandes literaturas universales y que rezuma la historia de Roma en cada frase. De Roma heredamos el derecho, la lengua, las calzadas, la arquitectura y la ingeniería, la idea misma de la ciudad y de la civilidad; también la política y la administración. Yo tuve la ventaja además de contar con un buen profesor, que hacía atractivo su aprendizaje.

Sin embargo, los idiomas modernos eran frecuentemente lo más flojo. Creo que, lamentablemente, en la sociedad no había todavía demasiada conciencia de su importancia, lo cual se correspondía con el carácter poco abierto al exterior, a Europa, del régimen franquista.

El desinterés educativo por los idiomas extranjeros ha sido un lastre para varias generaciones de políticos, y yo no dejo de ser hijo de mi tiempo, a pesar de estar cada día más convencido de la importancia esencial de los idiomas, en especial el inglés. Desde hace algún tiempo, lo estudio varias horas a la semana y me he propuesto poder tener un manejo aceptable lo más rápidamente posible. Intento con ello suplir una carencia en mi formación, que procuro superar con mucho más esfuerzo del que hubiese tenido que hacer si lo hubiera aprendido de niño. La política ha dejado de ser local o nacional, para ser global, aunque lo local sigue teniendo una importancia capital, pero cada vez un mayor número de acontecimientos están influenciados o son dependientes de lo que ocurre en el exterior o a nivel mundial. Con mis hijos, Mariano, y también Juan, el pequeño, estoy particularmente atento a que tengan un aprendizaje lo más perfecto posible de esa lengua y, si es posible, también de otras.

Aunque en España se ha avanzado en este campo y hoy existen muchas más facilidades objetivas para el aprendizaje de idiomas, todavía queda mucho por hacer. Es preciso una gran campaña de promoción de la enseñanza del inglés. Tendría que ser un objetivo de la sociedad, una especie de ambición compartida, como ocurre en otros países. «En glish, first» es un buen lema, necesario, si queremos jugar en la primera liga internacional.

Cuando insisto sobre el mérito, el trabajo, el esfuerzo o la autoridad del profesorado, estoy hablando del presente y del futuro. Son cualidades y actitudes de fondo, imprescindibles para poder asentar la salida de la crisis sobre fundamentos sólidos.

Soy muy consciente de que la tarea no va a ser sencilla. Necesitamos un revulsivo, un impulso de reforma que atraviese toda la sociedad española. Pero necesitaremos, sobre todo, trabajar, volver a recuperar la sensatez, el equilibrio. Palabras como austeridad, trabajo, honestidad tienen su valor y lo tendrán todavía más si los españoles otorgan su confianza a un gobierno del Partido Popular.

El ejemplo de mi padre

Otro aspecto fundamental es el valor del ejemplo. La ejemplaridad pública y privada de los que tienen cargos públicos y de toda la sociedad, cada uno en su lugar, en su profesión o trabajo, en su situación personal o familiar.

A mí la persona que más me ha influido en mi vida ha sido mi padre. Ha sido y es un hombre de derecho, un jurista, que tiene la convicción de que la justicia es un equilibrio entre diferentes posiciones, pero también algo valioso en sí, algo hacia lo que debemos aspirar permanentemente. Sigue viviendo, con ochenta y nueve años, una vida de hombre recto, comprensivo y tolerante. Y también con un gran sentido del humor en el ámbito familiar. Hace unos años tuvo una importante operación de corazón, de la que afortunadamente se restableció bien, y desde entonces vive parte del año solo en las Canarias, donde entre los cuatro hermanos compramos un bungaló para que pudiera disfrutar con más tranquilidad. Su estancia allí hace que viaje con cierta frecuencia a las islas Canarias, una de las partes de España que más me gustan y que conozco bastante bien.

Mi padre hace mucho ejercicio, anda al menos todos los días dos horas y se baña en el mar, siempre que el clima lo permite. Creo que su sentido del equilibrio y su honradez han sido muy importantes en mi vida, como referencia. Después de haberse jubilado hace ya muchos años, y aunque vive en un lugar donde no reside habitualmente ninguno de sus hijos, sigue manteniendo su equilibrio vital y su profunda serenidad.

Yo creo que me parezco bastante a mi padre. Él es perfeccionista y algo introvertido, muy prudente. Ser perfeccionista tiene la desventaja de que te hace trabajar el triple que a otros, y además no siempre la rentabilidad de ese detallismo está fuera de dudas. A mi padre, por ejemplo, no le gusta nada hablar de lo que no sabe, actitud que comparto y que considero que debería ser una virtud nacional en un país donde con frecuencia sucede lo contrario. A veces la frivolidad con la que se habla y se escribe de cosas que no se conocen suficientemente es un tanto pasmosa. Ya dijo Azaña que si en España sólo pudiéramos hablar de lo que se sabe, el silencio sería clamoroso.

Cuando me decidí a preparar las oposiciones a registrador de la propiedad era todavía muy joven, estaba estudiando quinto curso de la carrera de Derecho. Mi padre se levantaba todos los días a las cinco de la mañana para ayudarme con los temas de derecho hipotecario, una parte muy importante en la oposición y de la que habíamos visto muy poco en la carrera. Me echaba una mano porque a mí no me daba tiempo, y lo hacía con gran naturalidad, sin darle importancia, como si fuera un deber gustoso que se daba por supuesto. Pasábamos muchas horas estudiando juntos materias que él conocía bien, y que, gracias a su ayuda, yo acabé por asimilar y hacer mías.

Ese tipo de actitudes me impresionan y son una excelente escuela. Hay muchos padres y madres en España y muchas personas individuales que se sacrifican de forma silenciosa por ambición de mejorar, por la pasión del trabajo y la realización personal, por el bienestar de sus hijos; y otros que lo hacen por querer ayudar a través del voluntariado a personas o países necesitados. Es llamativo que España sea uno de los países con mayor porcentaje de voluntarios y de personas que donan sus órganos. Contamos con una excelente base para esa renovación cívica, para la recuperación de un sentido positivo de comunidad. Deberíamos fijarnos más, «poner en valor» los buenos ejemplos.

Esta preocupación por «el otro», por el que tiene necesidad o se halla marginado, es una actitud positiva para la recuperación de una preocupación compartida por el bien común, por el interés general.

A veces parece como si partes de la sociedad española hubieran perdido el sentido de pertenencia a algo más grande e importante que lo local, lo que se ve a simple vuelo de la vista. La capacidad, por ejemplo, de arrostrar dificultades unidos. En eso me sorprende siempre el sentimiento patriótico de otros países, como los británicos, que en los momentos de adversidad vuelven a unirse, a actuar como un solo hombre para vencer los obstáculos. Lo demostraron por ejemplo bajo el liderazgo de Churchill en la segunda guerra mundial. Actitudes como ésas generan una corriente virtuosa en el conjunto de la sociedad, son «ejemplares» en el mejor sentido del término.

Tengo también la imagen de mi madre, una mujer alegre, extrovertida, muy sociable, que murió pronto, a los sesenta y un años, de una leucemia, y de la que aprendí muchas cosas. Fue una de las primeras mujeres que aprendió a conducir en León. La recuerdo al volante del Dauphine de la familia, con gran seguridad y turnándose con mi padre cuando los viajes eran muy largos, como el de León a Villagarcía, que duraba un día entero. Era una mujer imaginativa, vital y decidida, que empujaba un poco a mi padre en todo aquello que no tenía que ver con el mundo del derecho y de la justicia. Se complementaban muy bien. Siempre nos trató con muchísimo cariño; su muerte fue el mayor golpe de mi vida.

Su entierro fue en Pontevedra. Recuerdo que ese día, poco después de las elecciones del 93, José María Aznar, como presidente del partido, había convocado una reunión —una especie de retiro— de siete u ocho personas durante dos días en un parador. Cuando murió mi madre, le pasé el recado de que, por favor, ninguno de ellos viniera a Pontevedra, para no alterar el orden de la reunión. Lo hice a través de su secretaria, para que nadie se sintiera obligado. Y al final, Aznar apareció allí de improviso, acompañándonos con mucho afecto en el entierro.

Mi madre era una mujer muy guapa, con mucho atractivo personal, que se casó joven —apenas me llevaba a mí veintidós— y que tuvo su último hijo a los veintiocho. Había estudiado Enfermería, pero luego prácticamente no ejerció. En aquellos momentos, era muy difícil para una mujer trabajar fuera de casa. En realidad, ella trabajaba más que nadie, sacando adelante a sus cuatro hijos, haciendo posible que todos tuvieran las mismas oportunidades, que los cuatro pudiéramos adquirir una preparación profesional similar, lo que no siempre resultó fácil. Era ella quien llevaba la administración de la casa, en una época en la que no se viajaba ni se iba habitualmente a restaurantes, pues había que vestir y dar de comer a los cuatro hijos, pagarles los colegios o sus estudios... No sé muy bien cómo lo hacían; supongo que a base de mucha austeridad y de pocos caprichos.

Mi madre nos insistía en la necesidad del esfuerzo y del sacrificio, y en especial en que todos sus hijos consiguiéramos un trabajo que nos permitiera ser independientes en la vida. Y confiaba mucho en nosotros. Consideraba que lo importante era proponérselo y seguir hasta el final. Esto, junto con el ejemplo de mi padre, ha sido tan importante que todos los hermanos, mis otros dos hermanos, mi hermana y yo, hemos sido juristas, personas comprometidas con la justicia. Por eso siempre hablo de razonabilidad, de sensatez, de equilibrio; los tengo grabados en la piel, son parte de mi vivencia familiar.

No era ese tiempo de mi infancia y adolescencia una época en la que lo material contara mucho. Los modestos niveles económicos de la España de entonces imponían una cierta sobriedad. Las Navidades y los Reyes Magos, como en general en las familias españolas, eran quizá una excepción.

De pequeño, a mí me hacía ilusión ir a tomar el aperitivo el domingo todos juntos. Casi un rito, como en tantas otras ciudades y pueblos españoles. Lo tomábamos en un bar muy conocido de León que se llamaba La Viña, que estaba en la calle del Cid. Calamares y patatas fritas, convenientemente regados por lo que llamábamos el «butano», una naranjada. Íbamos toda la familia. Primero a misa, a la iglesia de San Marcelo, luego a tomar el aperitivo y, después, a comer en casa. Unas costumbres que se han perdido a veces en las grandes ciudades, pero que siguen muy vivas en las ciudades más pequeñas y en los pueblos, y que tenían también el valor de la amistad, de la convivencia con personas que podían pensar de manera muy distinta.

Hasta en mi gusto en las comidas, soy hombre de costumbres. Mi madre preparaba un excelente cocido gallego, y al cocido gallego he seguido siendo fiel toda mi vida.

En esos años, yo estudiaba, hacía deporte, tenía buenos amigos. El deporte fue una afición que también me inculcó mi padre. Con él aprendí a nadar y a pescar. Y disfrutaba mucho con los amigos, a bastantes de los cuales he seguido viendo después.

León es una ciudad de talla humana, y cuando voy allí me gusta recordar los sitios por donde solía andar, que ahora, como les ocurre a muchas personas, me parecen pequeños y antes me parecían muy grandes. Recorro León y ando por la calle Ordoño o el paseo de la Condesa, voy a San Isidoro, voy al colegio de las Discípulas, voy a la catedral, voy al arco de la cárcel, donde cogía el autobús... Recuerdo que hacía un frío de miedo y que me ponía un pasamontañas para protegerme.

Al principio yo veía los partidos de fútbol con mi padre e íbamos a un bar, hasta que compró una televisión en blanco y negro, y entonces venían muchos de sus amigos. Acudían gentes que ya entonces tenían tendencias muy distintas. Ese espíritu abierto era el mismo con el que nos educaban; en casa había pocos enfados, pocas órdenes y mucho ejemplo y sentido de la responsabilidad.

Luego estaban los veranos. Los recuerdo como fantásticos. Los primeros años en Villagarcía de Arosa y luego en Sanxenxo. Todo el día al aire libre, bañándonos en el mar con los amigos, con mis primos y hermanos, y montando en bicicleta. Una de las cosas que más nos divertía era plantar, cerca de la playa, una pequeña tienda de campaña en la que mis padres y mis tíos nos dejaban dormir un par de noches. Era la época de Los Brincos —luego Juan y Júnior—, Los Bravos, los Beatles... Rayábamos los discos de tanto ponerlos en el tocadiscos. A veces, íbamos a pescar. Por la mañana, cogíamos las lombrices y por la tarde pescábamos con caña lo que en Galicia llaman «robalizas» o «lubinas». Una vida bastante menos encorsetada que los horarios del colegio.

Pescábamos robalizas, y también mújoles —que en Galicia llamamos «mújeles»— y fanecas. Las robalizas, al arrastre, desde la playa; los mújoles, con flotador, y las fanecas, «a fondo», desde una chalupa. Luego nos comíamos lo que con tanto entusiasmo habíamos cogido. Donde hoy más disfruto pescando es en la ría de Arosa, amplia, tranquila, luminosa y rodeada de pueblos maravillosos.

Al cabo de varios años, mi padre fue destinado a Pontevedra y tuvimos que volver a mudarnos.

Pienso que el cambio de ciudades tuvo un efecto positivo en mí. La movilidad enriquece. En el entorno de aceleración en todas las dimensiones en el que tenemos que situar la acción individual y colectiva en el siglo XXI, la educación para el cambio, para la adaptación y la previsión a circunstancias cambiantes, es esencial.

Hay una razón importante por la cual España ha sentido más la crisis económica mundial y hemos sido la diana de no pocos ataques externos de los mercados: la falta absoluta de previsión —de anticipación y planificación— en los años inmediatamente anteriores y la falta de reacción en cuanto se vio el deterioro de la situación. No se tomaron las medidas que se debían haber adoptado inmediatamente y que después se nos han impuesto desde fuera porque nos convertíamos en un peligro para la estabilidad del euro y, con ello, del resto de las monedas.

Las cosas hay que pensarlas, hay que preverlas, y hay también que explicarlas y argumentarlas. No se puede reaccionar improvisadamente, esperando que un nuevo gesto de prestidigitador acabe convenciendo al público; ni es suficiente con una sonrisa más o menos simpática.

En realidad, gobernar es un conjunto de actitudes. Responsabilidad, seriedad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los que nos rodean, los ciudadanos y el mundo exterior, realismo, pues no hay progreso sin asumir previamente la realidad. Aborrezco la superficialidad, la ligereza a la hora de tomar decisiones o de llevarlas a término. Eso es algo que tengo grabado desde pequeño, lo mismo que el sentido de la independencia.

Yo aprendí, por ejemplo, a través de mi padre lo que era la independencia judicial. Un juez no depende del entramado local, de los intereses económicos o del poder de un lugar en el que con los años se haya podido arraigar.

Ese sentido de la independencia es el mismo con el que me guío en la actividad política; sin cortapisas a la hora de defender y proponer lo que considero acertado, sin dependencia de los poderes mediáticos, económicos o de otro signo.

Desde esa época, me han gustado los deportes. El atletismo, el ciclismo, el fútbol, el tenis. Los sigo con mucha atención, acudo también a competiciones y manifestaciones deportivas, sigo practicando la bicicleta —ahora, más la estática, en casa— y me gusta andar. De los deportistas me atrae el afán de superación, el esfuerzo, a veces titánico, por lograr alcanzar unas metas. También son ejemplos de actitudes positivas, que tienen una gran influencia en la sociedad, en particular entre los jóvenes. Se me quedaron por ejemplo grabadas las imágenes de los Juegos Olímpicos de 1968 en México, que vi en casa con mi padre y mis hermanos. Recuerdo con viveza el salto de 8,90 metros de longitud de Bob Beamon, o la nueva forma de hacer el salto de altura de Dick Fosbury, quien inauguró todo un estilo.

También tengo grabada en la memoria la imagen extraordinaria de la llegada de Armstrong, Aldrin y Collins a la Luna en el 69, que fue un acontecimiento que me impresionó muchísimo. Una muestra asimismo del afán de superación del hombre, que causó una gran conmoción; entonces había gente que decía que se iban a organizar en seguida viajes a la Luna. Yo tenía catorce años y me imaginaba aquellos viajes como una gran aventura. Luego hay que decir que los viajes siderales han sido más bien limitados...

Crecer aprendiendo

Ya en Pontevedra, me encontré en el instituto con un cuerpo de catedráticos muy notable. A los profesores de los institutos se les respetaba mucho, y en bastantes ocasiones, gracias a sus méritos científicos y docentes, llegaban a ser catedráticos en la universidad. No existían los problemas tan graves que según los indicadores internacionales lastran hoy la calidad de la enseñanza secundaria en España: la falta de motivación de los profesores y el descenso en el nivel de disciplina en los centros de enseñanza.

Resulta muy llamativo lo que ha ocurrido en la enseñanza en países como Suecia o Finlandia. Han pasado de ser pioneros en las pedagogías que equívocamente se llamaron «progresistas» a una reforma radical de sus modelos educativos, en los que se prima justamente la educación en los valores que estoy resaltando.

De hecho, la educación secundaria es mucho más esencial de lo que se suele publicar en los medios. Facilita al conjunto de la población conocimientos generales, valores cívicos y habilidades clave para adaptarse a los cambios, aprender por medio de la acción y responsabilizarse. Y es ahí, precisamente en la educación secundaria, donde España tiene los mayores déficits.

Nos urge recuperar la autoexigencia y la apuesta por el conocimiento y la mejora personal; también la capacidad de sacrificar el presente, sin esperar una satisfacción inmediata, para invertir en el futuro. Y desde la perspectiva de los profesores, el respeto a su autoridad personal, la asunción de la disciplina y de un clima escolar ordenado y favorable al estudio. No pocas de las noticias que aparecen en la prensa muestran exactamente lo contrario de lo que estoy propugnando.

De acuerdo con los análisis internacionales, esos valores educativos, que podrían aparecer como tradicionales, están, sin embargo, en la base del éxito y del progreso. Gracias a ellos, Finlandia, por ejemplo, es hoy uno de los países con mayor estabilidad económica y con los mejores rankings en todos los indicadores que importan para el futuro.

La calidad del profesorado es el otro vector esencial. La sustitución de las oposiciones por el profesorado interino o la selección «adaptada» a cada caso han tenido una influencia negativa. Se compagina mal con la necesidad de revalorizar la función social del profesorado, que necesita planes de carrera mejor definidos, más motivadores y que atraigan a los mejores universitarios a la profesión docente. Hay que promover institucionalmente vocaciones de profesores, para que, una vez en la profesión, no la abandonen por opciones más lucrativas.

Hoy en España tres de cada diez alumnos abandonan el sistema educativo sin la titulación secundaria obligatoria, con una preparación muy insuficiente y sin alternativa. Hay que revalorizar socialmente la formación profesional como una alternativa válida e interesante para el desarrollo personal y las salidas laborales. Un problema grave que tenemos en España es la relación totalmente desproporcionada entre el número de personas que va a la universidad y el menor porcentaje que pasa por la formación profesional. Esta última tiene que estar estrechamente conectada con las empresas.

La universidad es otra de las grandes cuestiones abiertas de absoluta prioridad.

Yo estudié en una universidad pública de gran solera, la Universidad de Santiago de Compostela. Era la que estaba más cerca de Pontevedra y era una buena universidad. Me decidí por la carrera de Derecho en parte por tradición familiar y porque me gustaban la historia, la geografía, el latín. Cursé asignaturas muy formativas, por lo general, con excelentes profesores. Derecho romano, historia del derecho, derecho político; luego me interesó sobre todo el derecho civil, gracias en gran medida a un excelente catedrático, el profesor Lete del Río, que murió hace unos años en un accidente de automóvil.

Lete del Río era un profesor duro, que cuando llegó a Santiago era muy joven. Exigía el programa completo de su asignatura y examinaba oralmente. Eso obligaba a estudiar, pero a la vez era capaz de explicar muy bien los temas, de hacer que la gente los entendiera, y aunque se le consideraba «un hueso», es una persona a la que siempre estaré agradecido porque me hizo conocer el derecho civil.

En la universidad hice muy buenos amigos, gran parte de los cuales conservo hoy. En los últimos años he pasado fines de semana con ellos en diversos sitios de España, y también en Lisboa y en Bruselas, y en verano nos vemos muy a menudo. Cuando aprobé las oposiciones, decidí celebrarlo invitando a mis amigos de Pontevedra a comer dos capones de Villalba, y desde entonces organizo todos los años el 22 o 23 de diciembre esa misma cena.

La situación política evolucionaba muy rápidamente. El régimen y Franco agonizaban y había gran efervescencia política; existían grandes deseos de libertad y yo participaba plenamente de ellos. Aunque seguía con mucho interés lo que estaba sucediendo, y tuve compañeros que después también se implicaron en la política, no me decidí a hacerlo hasta algo más tarde porque estaba completamente volcado en los estudios.

Es obvio que esos años me marcaron. La democracia era una necesidad para abrir cauces de solución a los graves problemas sociales y políticos del país; estábamos viviendo la crisis del petróleo y sus consecuencias económicas, pero de lo que se trataba sobre todo era de favorecer el rencuentro entre españoles, un gran pacto de reconciliación nacional que nos permitiera a todos decidir nuestro futuro. El referéndum del 76, las primeras elecciones democráticas de 1977 y la votación de la Constitución en 1978 hicieron que siguiera los acontecimientos políticos, como tantos otros españoles, muy de cerca.

Cuando reflexiono sobre los años universitarios, pienso que en realidad la universidad no es otra cosa que una comunidad de alumnos y de profesores en torno a la lectura, el debate y el aprendizaje entre libros. En mi etapa universitaria se primaba el estudio, aunque quizá se desatendieran un poco la formación práctica y la investigación. Me gustaba también aprovechar muchas de las actividades culturales que se organizaban en la ciudad y en la propia universidad, esenciales para desarrollar la curiosidad intelectual.

Las sucesivas reformas me parece que están quitándole la vida a la universidad, burocratizándola. Cuando hoy hablo con catedráticos y profesores, muchos se quejan del exceso de papeleo y de las limitaciones que el intento de uniformización y el control administrativo están ocasionando a su tarea principal, que es la docencia y la investigación. Hacen falta universitarios convencidos y dedicados, como lo han sido siempre los grandes maestros.

En la universidad necesitamos apertura al exterior, internacionalización, agilidad para poder contratar a los mejores profesores y flexibilidad en la investigación. Hay que seguir muy de cerca lo que están haciendo las mejores universidades del mundo, y posiblemente necesitemos una mayor diferenciación entre universidades. Algunas deben ser excelentes internacionalmente y otras, sin abdicar de la mejora permanente, deberán cumplir necesidades más locales. Es lo que ocurre en la mayoría de los países, como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde las universidades tienen una gran autonomía y existe una competencia viva por los mejores alumnos y los mejores profesores.

La pérdida de calidad en la universidad española está directamente relacionada con la falta de grandes maestros. Son como las cumbres, las altas cimas de las que baja la nieve, irrigando todo lo que encuentra a su paso.

Pienso que en España todavía no somos, en general, plenamente conscientes de la importancia central de la educación. Todos los esfuerzos que dediquemos a mejorar la educación en España en sus diferentes niveles serán pocos. Ahí necesitamos concentrar lo mejor de nosotros mismos. De la educación depende nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro.

CAPÍTULO 2

Por qué la política

La lección de mis primeras experiencias políticas

Como recordaba en el capítulo anterior, fueron buenos maestros los que me hicieron sentir el gusto por el derecho. Eso llevó a que me decidiera a preparar las oposiciones de registrador de la propiedad. Empecé a hacerlo al mismo tiempo que cursaba el último año de la carrera, para poder presentarme a las que se iban a convocar dos años después. Saqué la oposición muy joven, con veintitrés años, y elegí el registro de Villafranca del Bierzo, un pueblo pequeño, muy acogedor, en la provincia de León. Buscaba un sitio que estuviera cerca de Galicia, de mi familia y mis amigos.

De allí tuve que irme a hacer el servicio militar, que en aquella época duraba doce meses.

Me tocó Valencia, destinado a Capitanía General, cuya máxima autoridad era Milans del Bosch. Sólo que afortunadamente yo estuve allí hasta octubre de 1980, unos meses antes de que Milans sacara los tanques a la calle, durante el intento de golpe de Estado del 23-F.

Leer últimamente libros sobre el intento de golpe de Estado me ha hecho revivir aquellos instantes angustiosos, en los que la Constitución de 1978 y la democracia en España pendieron de un hilo. Recuerdo perfectamente la tensión que reflejaba la prensa de esa época.

Al principio, en el cuartel fui nombrado encargado de la limpieza. Y eso fue un contacto directo con la realidad. Había un sargento que a todo el que llegaba le preguntaba cuál era su actividad o profesión en la vida civil.

«¿Usted qué es?», preguntaba con una cierta sorna. Los soldados respondían: «Peluquero», y les decía con un grito: «¡A cortar el pelo!» «Y usted, ¿qué es?», seguía con otro, que contestaba: «Sastre», y le gritaba: «¡A planchar!» Cuando me tocó el turno a mí, contesté sin inmutarme: «Registrador de la propiedad.» Y el sargento, poniendo cara de que a él no le tomaba el pelo ni el capitán general, me gritó más fuerte que a los demás: «¡Pues tú a limpieza!»

Me pasé seis meses limpiando. Luego ya me hicieron cabo furriel, y una de mis tareas era ir a comprar los productos de limpieza. Me convertí en un verdadero experto. Salía del cuartel con el brigada a comprar, repartía el Vim, el Ajax y la lejía, y era el responsable del almacén. Aprendí a convivir con todo tipo de personas, a valorar hasta el trabajo aparentemente más sencillo. Hay que recuperar también el orgullo de la tarea bien hecha; eso es lo que otorga un sentido de dignidad al trabajo, y así se contribuye además al bienestar general.

Una vez que acabé el servicio militar, me fui a Pontevedra, y solicité que se me destinara al registro de la propiedad de Padrón. Es en esa época cuando empiezo a implicarme de una manera más directa, al principio muy tímidamente, en la actividad política, a finales de 1980.

En Galicia, como en el resto de España, la ebullición política era enorme. Estábamos en plena transformación del país. En el centro derecha, la competencia entre la UCD, la Unión de Centro Democrático, y Alianza Popular marcó mucho las primeras elecciones. La UCD agrupaba, junto a una parte de la oposición al franquismo, a los reformistas del régimen, en su mayoría cuadros y profesionales que habían evolucionado desde posiciones moderadas o reformistas hacia la democracia, como el propio Adolfo Suárez. Yo entré en Alianza Popular, donde tenía varios buenos amigos. Apenas había otras cuatro personas cuando me incorporé a la junta local, de cara a las primeras elecciones autonómicas que debían celebrarse en Galicia en otoño del 81.

Son las primeras elecciones a las que concurrí. Aunque se me puso en un puesto de los de no salir, los hados electorales, siempre tan veleidosos, decidieron otra cosa, y resulté elegido diputado autonómico por Pontevedra.

Como anécdota de esas elecciones recordaré a uno de los prohombres políticos de la UCD del momento, José Quiroga, que antes de conocerse los resultados hizo aquella sorprendente declaración afirmando, ante la posibilidad de que la UCD perdiera, que era «más difícil que cambie el curso del río Amazonas». A pesar de estar en esa época todavía en la cresta de la ola y de contar con todos los apoyos gubernamentales, la UCD no fue el partido más votado en Galicia. Al día siguiente, un periódico anunciaba con grandes titulares en primera página: «¡Y el Amazonas cambió de curso!»

Fueron unos resultados un tanto inesperados y mi primer modesto éxito político. Sentí una gran emoción cuando entré en el Parlamento gallego. Yo era el diputado más joven y formé parte de la Mesa de Edad, junto al de más años, Manuel Iglesias Corral.

Un somero análisis de cómo se repartió el voto muestra hasta qué punto en Galicia, para nosotros, los jóvenes que nos habíamos afiliado a AP, este partido representaba la oportunidad de generar una gran fuerza de centro derecha para el futuro. Alianza Popular ganó en las ciudades, muy holgadamente en Pontevedra y Vigo, y también en El Ferrol, Santiago y La Coruña, lo que hizo que fuera el partido más votado en las provincias de La Coruña y Pontevedra. UCD fue el primer partido en las zonas rurales, en Lugo y Orense.

Aunque Alianza Popular obtuvo mejores resultados en el conjunto de Galicia que la Unión de Centro Democrático, desde el primer momento nos propusimos llevar a cabo la tarea de integración que al cabo del tiempo llegaría a ser un proyecto a nivel nacional y daría lugar a la creación del Partido Popular. Hubo inteligencia, habilidad y sentido común para sumar a todos los que coincidían en unos planteamientos básicos. Desafortunadamente, en otros sitios de España no pudimos crear esas mismas bases comunes hasta 1990, algo que en Galicia estaba hecho prácticamente desde 1981.

Ese acuerdo hizo posible el primer gobierno autonómico de Galicia con un presidente de AP, Gerardo Fernández Albor, mientras que el presidente del Parlamento lo fue de UCD, Antonio Rosón.

Un proyecto para sumar

Aquélla fue una experiencia que he tenido muy presente a lo largo de los años y que adquiere en estos momentos una relevancia todavía mayor.

Un proyecto político tiene que estar siempre abierto, ser capaz de incorporar a personas nuevas, incluso aquellas que pueden haber estado distantes o abiertamente en contra. Lo que es necesario es un gran proyecto de integración capaz de sumar. Sumar a todos aquellos que compartan unas ideas, pero también a los que se sienten desengañados y hastiados de la política permanente del vaivén que ha practicado el partido socialista en las dos últimas legislaturas. A todos los que confían en un futuro más optimista.

No se trata de un cálculo meramente electoral o partidista. Necesitamos un gran acuerdo de amplia base para sacar al país de la situación actual.

En mi caso, esta actitud viene, como he relatado, de lejos. Siempre he pensado que hay que añadir, en positivo; aglutinar esfuerzos, impulsar voluntades. Si se cree en unas ideas, es lógico intentar convencer al máximo número posible de personas de que ésas son las correctas. Pero no se puede ser intransigente ni creer que se tiene razón en todo. Para sumar hace falta un cierto grado de flexibilidad, estar abierto a otros sin renunciar a los propios principios.

Hay una anécdota de esa época en la que consensuamos el primer gobierno de Galicia. El debate más duro fue sobre la capitalidad de Galicia. Entonces el Parlamento estaba en el palacio de Gelmírez, al lado de la catedral, pues no tenía aún sede permanente; fue una cesión del arzobispado de Santiago a las instituciones autonómicas. Y se planteó con fuerza en la calle y entre los partidos cuál debía ser la capital oficial de Galicia.

Era una discusión que para mí tenía connotaciones muy familiares, porque el mismo que propugnaba con vehemencia que la capital debía ser La Coruña frente a Santiago era quien había defendido esa cuestión también durante la Segunda República, cuando se elaboró el Estatuto gallego de 1936. Se trataba del ya citado Manuel Iglesias Corral, que fue fiscal general de la República, y que en diciembre de 1932 debatió con mi abuelo, defensor por su parte de la capitalidad de Santiago.

Iglesias Corral presentó en aquel entonces una enmienda al Estatuto de Galicia para modificar un artículo en que se decía que «una ley del Parlamento de Galicia fijará la capitalidad». La enmienda lo que buscaba pura y llanamente era la supresión del artículo, con la justificación de que «¿para qué una ley del Parlamento va a fijar la capital de Galicia si todo el mundo sabe cuál es?». Por supuesto, para Iglesias Corral la capital no podía ser otra que La Coruña.

Pues bien, después de haber discutido con mi abuelo en la Segunda República sobre si Santiago o La Coruña, a Iglesias Corral, ya octogenario, excelente abogado con gran sentido del humor, le tocó debatir conmigo en comisión en 1982, y a la salida, con una sonrisa irónica, me dijo: «¡Oiga, ustedes los Rajoy es que no tienen arreglo!»

Ese abuelo mío, Enrique Rajoy Leloup, fue un gran defensor de la autonomía gallega durante la República. Concejal del Ayuntamiento de Santiago desde 1931 por la candidatura monárquica, su objetivo político fue conseguir que Galicia tuviese un Estatuto de autonomía. Lo redactaron él y Alexandre Bóveda —otro gran autonomista gallego—, en la casa que mi abuelo tenía en Santiago.

A causa de sus ideas políticas, después de la guerra civil, mi abuelo, que era abogado, decano del Colegio de Abogados de Santiago y profesor de derecho civil, fue expedientado por el régimen franquista y alejado del decanato y de la universidad.

Era lo que hoy llamaríamos un centrista y un firme defensor del autonomismo. Hombre de profundas convicciones, sufrió de manera injusta. Por eso, cuando en 1981 yo decidí entrar en política, lo hice bastante en contra de la opinión de mi padre, que había vivido los momentos amargos de mi abuelo. En unas declaraciones hace unos años al diario La Opinión, mi padre dijo que me había metido en política «no en contra de su voluntad, pero sí en contra de su consejo».

Esa frase muestra de nuevo el ambiente de libertad en el que yo me crié. Por eso en general considero que la clave en esta vida es que la gente sea responsable y sepa distinguir lo que está bien de lo que está mal, aunque a veces luego pueda cometer errores. Pero las ideas deben estar claras.

Este principio me parece que también es válido en relación con la idea de España.

Nuestro país es una gran nación. Una de las más viejas de Europa, porque son más de quinientos años de historia compartida. Una nación que ha hecho grandes cosas en esos quinientos años; la obra gigantesca, por ejemplo, del descubrimiento de América y el traslado de nuestra lengua y cultura, nuestro derecho y nuestras costumbres, con la reinvención de un continente, es una gran tarea histórica.

España jugó hasta el siglo XIX un papel en ocasiones decisivo y en otras relevante en el concierto de las potencias europeas. El problema de España comienza cuando no sabemos entendernos unos con otros, cuando no somos capaces de compartir un acuerdo sobre las cuestiones esenciales. Durante siglo y medio, el enfrentamiento político y social dificultó enormemente el avance y la modernización del país.

Pero es evidente también que cuando el país en su conjunto, contando con todos, se ha planteado grandes proyectos compartidos, los resultados han sido positivos. La experiencia más reciente que tenemos fue la transición a la democracia. También el proyecto europeo ha funcionado, sobre todo en los últimos treinta años, como un gran movilizador de nuestras energías colectivas.

Todo ello muestra con claridad que cuando tenemos un proyecto común, cuando todos intentamos sumar y no dividir, cuando se es capaz de renunciar a lo que es renunciable en aras de sumar y de unir, las cosas funcionan razonablemente bien.

Firmeza en las ideas y apertura para generar consensos

Insisto en la necesidad de tener las ideas claras y a la vez reivindicar el valor del consenso.

Ya el Estatuto gallego, que se hizo antes de 1981, fue el resultado de un gran consenso entre todas las fuerzas políticas. Un acuerdo muy mayoritario, gracias al entendimiento previo entre AP y la UCD, y luego con el PSOE. Y sobre todo fruto del consenso fue la Constitución de 1978, el marco legal que nos hemos dado todos los españoles.

Hoy se oyen voces que ponen en cuestión aquella gran obra constitucional que supuso la superación de los enfrentamientos de la guerra civil e hizo posible la vuelta de la libertad y la democracia a España. Hay voces que de forma muy poco responsable alimentan la idea de que es necesaria la ruptura. ¿Qué se quiere con ello? ¿Romper las bases sobre la cuales se hizo posible la Transición, un proceso ejemplar por el que nos siguen admirando no pocos países?

Sin un acuerdo en una serie de cuestiones fundamentales, no es posible la estabilidad política ni la prosperidad económica.

Un país necesita tener un conjunto de reglas del juego, principios que nos unen y dan seguridad a todos. La libertad, la solidaridad con los que parten de circunstancias menos favorecidas o se hallan en ellas, la monarquía parlamentaria, el Estado de las autonomías, toda esa diligente orfebrería constitucional del 78 es algo con lo que no se puede estar haciendo malabarismos. Esa es mi convicción más profunda.

A lo largo de mi vida política he puesto en práctica estas ideas —la firmeza en mis convicciones y el pragmatismo— a la hora de crear amplias bases de entendimiento.

Quiero subrayar la importancia de los grandes consensos y de los grandes acuerdos nacionales. Sobre todo para el futuro. Deberíamos intentar recuperar los pactos de Estado en áreas como la política exterior y europea, la justicia, la inmigración o la educación.

En relación con los posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, tengo igualmente una opinión muy clara. El Partido Popular puede hacer pactos con cualquier formación política (en la legislatura autonómica 2009-2013 lo hemos hecho con el Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco), salvo con aquellos que no condenan rotundamente el terrorismo. Esos pactos serán públicos y fruto de un compromiso también público, cuyo cumplimiento será estrictamente supervisado a lo largo de la legislatura, tal y como resulta habitual en los países de nuestro entorno que cuentan con una trayectoria democrática más prolongada; es decir, con seriedad y rigor, cumpliendo las normas y respetando los consensos fundamentales.

El período de gobiernos socialistas desde 2004 ha puesto en cuestión no pocas de esas normas básicas que nos dimos a nosotros mismos desde la Transición y que hicieron posible la prosperidad económica y un grado aceptable de estabilidad política en España. En demasiadas ocasiones en estos años se ha logrado dividir a los españoles, a veces ni siquiera de manera intencionada, sino por pura frivolidad, buscando obtener el apoyo de la izquierda más radical con la que se llegó al poder, sin reflexionar sobre las consecuencias de un cálculo electoral tan cortoplacista. No se ha dudado en poner en cuestión el marco legal que mayoritariamente nos hemos dado los españoles, la Constitución de 1978 y el Estado autonómico, con tal de conseguir acuerdos puntuales que mantuvieran políticamente al gobierno durante los meses siguientes. Es un buen ejemplo a la inversa de lo que he definido como firmeza en las ideas y flexibilidad para sumar a otros.

También este respeto a las normas básicas, el sentido de que el marco de los derechos reconocidos a los ciudadanos no puede variar de un día para otro, es importante para volver a dignificar la política. No se puede actuar siempre con la finalidad de favorecer a determinados grupos o minorías, a veces más audibles que otros, pero no por ello necesariamente dotados de mayores derechos que la mayoría. Los teóricos que enfatizan los aspectos confrontacionales de la democracia, del enfrentamiento entre partidos, no creo que aporten un gran beneficio práctico a la convivencia. Ni mucho menos es válido que en la política todo valga con tal de desprestigiar al adversario político.

Reivindico el papel y la necesidad de la política y los políticos. La importancia del servicio público y la contribución al bien común de generaciones de servidores públicos. También la honestidad de la gran mayoría de los políticos, en contra de una opinión casi generalizada en determinados medios.

No hay por qué denigrar el quehacer político como si se tratara de una infección que se ceba sobre algunos y con la que lamentablemente los demás tienen que convivir. Creo que no podemos permitirnos que la política y los políticos ocupen el segundo o tercer lugar en el listado de problemas que preocupan a los españoles. Eso encubre algo malsano, que ciertamente no se da sólo en España, sino en Europa y otras partes del mundo, pero que no por ello deja de tener menos relevancia. Debemos hacer un esfuerzo decidido de regeneración democrática.

¿Qué significa para mí, en mi vida, la política? En realidad, es una vocación, de la que destaco sobre todo el sentido de la responsabilidad. No la he visto nunca como una «profesión», en el sentido estricto del término, aunque hoy viva de ella, sino como una actividad que exige un alto grado de entrega y sacrificio, así como creer en el interés común, en el valor de la «cosa pública». Fue sobre todo el sentido de servidores públicos de mi padre y de mi abuelo lo que implícitamente me llevó a la política. Y siempre pensé que era muy conveniente tener una profesión antes de entrar en política.

Si no me hubiera dedicado a la política, probablemente me habría gustado complementar mi actividad profesional como registrador de la propiedad con la práctica de la docencia. Creo que hubiera disfrutado dando clases y que las hubiera impartido bien, porque las habría preparado con mucho detalle. No me gusta hablar de aquello que no conozco o que no he preparado. Además disfruto aprendiendo, y ése es uno de los grandes privilegios del que enseña: obligarse a estar continuamente aprendiendo. En la actividad política, me gusta escuchar a la gente que puede informarme sobre aspectos que desconozco, mejorar mi grado de análisis y reflexión.

La experiencia de la vida política me ha mostrado que lo duro no son las críticas, que si son justas, son de apreciar, y si no lo son del todo, pienso que los políticos deben arrostrar un cierto grado de críticas de los ciudadanos. Además, hay que intentar siempre elevarse, distinguir y darle importancia sólo a lo que verdaderamente la tiene. Eso ayuda a no dejarse influir por comentarios más o menos ligeros.

Salvo los casos de legítima defensa, no soy hombre de enemigos, y en ese sentido poco seguidor de Maquiavelo; no creo, como a veces se dice, que una persona se deba juzgar por sus enemigos. Considero más bien que debe ser juzgada por sus amigos, aunque eso obviamente no excluye tener que actuar decididamente y sin cortapisas cuando es necesario.

Por ejemplo contra la corrupción. Contra ella hay que ser contundente, pero respetando la presunción de inocencia. Mientras no se pruebe el hecho en sí, no se puede ser inquisidor, condenar sin haber oído al acusado. Sé bien que ser juez no es tarea fácil. Así he intentado actuar en los casos en los que se ha acusado a algunos dirigentes del Partido Popular, que en muchas ocasiones no han resultado suficientemente probados.

En política se pueden hacer cosas que llenan de orgullo, que son útiles. Yo viví momentos personales muy entrañables, por ejemplo en la política local.

Recuerdo cuando inauguré la luz eléctrica en una pequeña parroquia de Pontevedra limítrofe con Portugal. Cuando pretendía irme, de repente empezaron a sacar pollos, empanadas, tortillas de patata, y pensé que evidentemente no me podía marchar; para aquellas personas era uno de los días más felices de sus vidas, y para mí, un recuerdo que todavía me emociona hoy.

Luego, es un motivo de satisfacción haber contribuido a la consolidación de un gran partido político que llegó a ser mayoritario en España, y que va a tener ante sí la oportunidad de ejercer una influencia decisiva en el destino de nuestro país.

No parece que sea exagerado afirmar que tenemos ante nosotros una encrucijada histórica. De lo que se haga o se deje de hacer depende la prosperidad, la estabilidad y el bienestar de más de cuarenta y cinco millones de seres humanos, además del influjo positivo que tenga en otras partes del mundo. Es obvio que no va a ser una tarea sencilla, y por eso insisto tanto en el sentido de la responsabilidad.

Hay personajes históricos que en determinadas circunstancias supieron hacer frente desde la actividad política a lo que demandaba el país. De entre los personajes políticos españoles, tengo cierta admiración por Cánovas del Castillo y Sagasta, porque ambos fueron capaces de crear un sistema que, con sus imperfecciones, dotó de estabilidad durante décadas a la convulsa vida política española. Y fuera, son interesantes las experiencias históricas de un Churchill o un Helmut Kohl, que supieron tomar decisiones de liderazgo para sus respectivos países en momentos de grave incertidumbre y crisis. Siempre he considerado que el liderazgo no se impone, pero qué duda cabe de que en determinadas circunstancias se requiere actuar con una particular tenacidad y determinación.

La estabilidad del sistema de la Restauración fue posible gracias al amplio consenso que, desde el Partido Conservador, se generó con el Partido Progresista. Asimismo, nuestra Constitución democrática de 1978, el sistema institucional y político que nos dimos todos los españoles, fue producto de un gran acuerdo entre partidos, como debe ser siempre cuando de reglas del juego se habla.

También ahora necesitamos claridad sobre dos o tres grandes cuestiones.

Desde el punto de vista político, primero, la recuperación de los grandes consensos de la Transición, como los que tienen que sustentar la política autonómica, las leyes electorales, la política exterior, la política de defensa, la garantía e independencia del Poder Judicial.

En segundo lugar, nuestro enorme desafío, el de todos los españoles, va a ser indudablemente la recuperación económica. España va a necesitar un extraordinario esfuerzo y sacrificio de todos para salir de la situación en la que nos encontramos. Estamos obligados, en una economía global altamente competitiva, a saber utilizar a fondo los recursos con los que contamos.

Sabemos que el modelo de crecimiento de la economía española de los últimos años es insostenible, pero también que hay un futuro posible. Es preciso maximizar el potencial de cada sector, los bienes exportables y el turismo, los servicios, las infraestructuras, la innovación, la penetración en mercados de crecimiento. Debemos volver a crear riqueza y generar prosperidad. Es sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre la universalización de las clases medias, sobre las que se construye la estabilidad de un Estado y de una política.

Sólo saldremos de la crisis si recuperamos la confianza en nosotros mismos, si el gobierno dice la verdad a los ciudadanos y si los ciudadanos perciben que el gobierno conoce la dirección adecuada y es capaz de distribuir equitativamente los costes de la crisis. Estoy convencido de que de esta situación dramática que vivimos hemos de salir todos juntos.

Considero también que es necesario un nuevo pacto con la ciudadanía y un compromiso auténtico con la regeneración democrática. Ello significa mayor transparencia, una más estricta rendición de cuentas, mejor funcionamiento de los mecanismos de control, incluyendo el Tribunal de Cuentas, y mayor independencia de los reguladores.

Este compromiso con la revitalización de nuestra cultura democrática incluye, por ejemplo, que se respete el resultado electoral en los municipios, de manera que el alcalde sea el candidato más votado. Y en otro ámbito, una mayor aproximación del elegido al elector, utilizando Internet y las redes sociales, así como mayor participación ciudadana en la elaboración de las leyes, a través de la audiencia de los sectores afectados, la publicación de libros blancos y el favorecimiento del debate público. Las actividades de los partidos deben estar más volcadas en explicar la tarea de gobierno y legislativa, con mayor sentido de la responsabilidad.

Son sólo algunas muestras de lo mucho que se puede hacer para elevar el nivel de la discusión pública y comprometer a la gente con lo que nos importa a todos: nuestro bienestar y nuestro futuro. No es cierto que la política haya dejado de interesar; todo depende de si somos capaces de llevar a cabo buenas políticas, un buen gobierno, si logramos hacer partícipes a una mayoría muy amplia de los españoles de la urgencia del desafío en el que nos encontramos.

CAPÍTULO 3

España plural

Primeros pasos en Galicia

En 1982, poco después de haber sido elegido diputado autonómico en las primeras elecciones al Parlamento gallego, fui nombrado director general de Relaciones Institucionales de la Xunta de Galicia. Ese cargo me sirvió para conocer y participar en el nacimiento del Estado de las autonomías, y desde entonces me he ocupado en diferentes momentos de cuestiones de política autonómica. El desarrollo del Estado de las autonomías ha absorbido buena parte de mi atención a lo largo de los años que llevo en la vida política española, primero en el gobierno de Galicia, luego como responsable de política autonómica del Partido Popular, y más tarde como ministro de Administraciones Públicas.

Tengo, por tanto, una especial sensibilidad para el reto y los logros de nuestro Estado autonómico, que responde a un desafío histórico.

Como en Cataluña y en otros lugares de España, también en Galicia tuvimos en el siglo XIX una Renaixença, que en Galicia se llamó Rexurdimento. Un movimiento cultural y político que expresaba al mismo tiempo insatisfacciones y aspiraciones en una España que se mostraba entonces incapaz, siguiendo la famosa frase de Ortega, de estar a la altura de los tiempos. Se trató de un «renacimiento», de una eclosión creativa, en la que se forjó un estado de ánimo de regeneración, modernización y reivindicación de las diferentes lenguas que se hablan en España.

Aquella España que rechazaban los regeneracionistas contenía elementos estructurales de centralismo, de debilidad de la tarea modernizadora, que parecieron al fin definitivamente superados gracias al gran esfuerzo colectivo de los años de la Transición. En los treinta años que siguieron a la aprobación de la Constitución, España llevó a cabo con éxito una impresionante adaptación de su organización interna, con la construcción del Estado de las autonomías.

Yo viví con particular interés la puesta en marcha de los mecanismos que la Constitución de 1978 había previsto para lograr que el problema de la ordenación territorial de España no fuese lo que los economistas llaman «un juego de suma cero», en el que lo que unos ganan se obtenga siempre a costa de los otros.

Puedo decir que fue un proceso fascinante; no exento de dificultades, pero apasionante. A mi generación le ha tocado el privilegio de participar desde el primer momento en esa tarea. Queríamos hacer realidad aquella España plural, y a la vez fuerte y cohesionada, con la que habían soñado algunos de nuestros pensadores y dirigentes políticos más lúcidos.

Todos nosotros tenemos la tarea de hacer posible ese juego de suma positiva, conseguir lograr una coordinación dentro de España que beneficie a todas sus partes. Lograr que el todo sea mucho más que las partes, reconociendo la legítima pluralidad política e institucional que nuestra Constitución establece.

Ése fue el gran desafío de la Constitución de 1978 y del Estado autonómico que ella diseñó, y que continúa siendo válido.

La Constitución de 1978 es la base de un Estado que ha plasmado la realidad de España entendida como una nación plural. Y ha sido, y debe continuar siéndolo, el fundamento de nuestra normalidad democrática, de nuestra estabilidad institucional y política, de nuestro progreso y bienestar. A veces, parece como si, cuando a algunos políticos se les acaban las ideas, se pusieran a intentar socavar las constituciones desde dentro.

España es una nación plural y diversa, de ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos en cualquier parte del territorio. La Constitución de 1978 es ese denominador que da cabida a todos, la síntesis que permite que todos nos podamos sentir cómodos dentro de ella.

Insisto en que la Constitución y los Estatutos que emanan de ella son un delicado equilibrio y que mi voluntad, cuando obtenga la confianza de los españoles y llegue a la presidencia del gobierno, es mantener y fortalecer el consenso en torno a la Constitución y los Estatutos, el denominado «bloque de constitucionalidad».

Mi convicción profunda es que el Estado de las autonomías ha tenido muchos más aspectos positivos que de otro tipo, aunque hay algunas cosas que debemos mejorar para el futuro. España se ha convertido en uno de los Estados más descentralizados del mundo, y lo ha hecho al desarrollar el modelo territorial que establece la Constitución.

Hoy tenemos un reparto de responsabilidades y de recursos económicos muy diferente al de hace unos años. Las competencias de las comunidades autónomas superan las de casi todos los Estados federados.

Cuando yo entré en el gobierno de Galicia, empezamos a negociar el traspaso de las competencias autonómicas de acuerdo con el modelo que diseñó la Constitución. No se plantearon excesivos problemas, porque seguía vivo el gran acuerdo entre partidos que hizo posible el consenso y la Transición. Estábamos convencidos de que el nuevo modelo de ordenación territorial de España iba a traer grandes beneficios, como así ha sido en líneas generales.

El acercamiento de la toma de decisiones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos ha redundado en una indudable mejora de los servicios públicos. En todas las regiones y los pueblos de España es palpable el incremento de la prosperidad, y en algunos casos se ha superado una pobreza secular. Sería difícil negar que el aumento de colegios y hospitales, o las mejoras en los servicios sociales, o el impresionante desarrollo de las infraestructuras no hayan tenido que ver con este proceso. Los grandes servicios públicos, los que están más cerca de los ciudadanos, son hoy competencia de los gobiernos autonómicos. Baste citar a título de ejemplo la sanidad o la educación.

El desafío de la cooperación

En estos momentos, el proceso de traspaso de competencias está prácticamente culminado. Las reivindicaciones en el sentido de «siempre más competencias» conducen a un automatismo indefinido sin llegar nunca a un techo definitivo. Por otra parte, de mantener la situación actual de permanente demanda de nuevas competencias por parte de las comunidades autónomas, acabaríamos convirtiendo la Administración de todos en un viejo cascarón.

Junto a mi primera experiencia en la Xunta, a lo largo de mi carrera política he tenido una participación activa en el desarrollo del Estado de las autonomías. Primero, a través de los pactos autonómicos que, como responsable de mi partido, me correspondió negociar y firmar en 1992, en la Moncloa, con el gobierno de Felipe González. Posteriormente, ya como ministro de Administraciones Públicas, efectuamos la transferencia de un volumen importante de competencias pendientes a aquellas comunidades que aún no las tenían. Por último, aprobamos en 2001 un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas con el consenso de todas ellas.

Por eso, y desde esa experiencia de acuerdos amplios entre los partidos políticos, creo que en estos momentos la carga de la deuda de todas las Administraciones —las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado— nos fuerza a una reflexión que ponga los pies sobre la tierra y, reconociendo todo lo positivo del Estado de las autonomías, también nos haga olvidarnos para los próximos años de excesos.

Además, los nuevos criterios europeos, mucho más estrictos y detallados que antes a la hora de controlar los presupuestos nacionales, nos van a obligar a poner orden en casa. Ello llevará consigo, entre otras medidas necesarias, una mayor disciplina en el gasto de las Administraciones.

La crisis económica me ha ratificado en la convicción de que las Administraciones Públicas no pueden gastar por encima de sus ingresos ni de sus posibilidades. En el futuro habrá no sólo que fijar techos de gasto a todas las Administraciones y por supuesto también a las autonómicas, sino articular asimismo controles eficaces para su ejecución.

Lo que toca ahora es apretarse el cinturón, y este esfuerzo de saneamiento va a requerir como paso previo la reordenación de los servicios públicos basándose en criterios de mayor eficiencia. Lo que se impone es una reflexión serena sobre la eficiencia del gasto público en la prestación de los servicios públicos y su coste comparativo.

Las Administraciones autonómicas tienen, como las demás, que gastar mejor, controlar sus presupuestos y contribuir a ese proyecto común que es el de todos los españoles. El solapamiento entre competencias o incluso el enfrentamiento entre Administraciones que en ocasiones se produce debe acabarse.

Es urgente una reducción sustancial del aparato administrativo de las comunidades autónomas, en muchas ocasiones pura reproducción de la Administración General del Estado, que tampoco ha sabido ajustarse para evitar repeticiones inútiles. Ello ha llevado a un incremento a todas luces excesivo de organismos y empresas de todo tipo que nada contribuyen, antes al contrario, a la eficacia de la Administración y al control del gasto.

Tampoco es cierto que la disminución de asesores, coches oficiales y chóferes, por poner otro ejemplo, sea únicamente una gota de agua en un desierto, como a veces se aduce. Cuando fui presidente de la Diputación de Pontevedra, recuerdo que no contraté a personal de confianza; hoy hemos llegado a situaciones claramente excesivas. La racionalización del gasto debe tener lugar de forma sistemática en todos los niveles, y determinadas decisiones tienen además un efecto ejemplarizante que los ciudadanos no cesan muy justificadamente de reclamar.

Ello implicará también que el número de empleados públicos no deba crecer en un futuro próximo y que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública en todo el territorio español. Los procedimientos diseñados para casos concretos, distintos a la libre oposición abierta a todos, no son en muchas ocasiones lo suficientemente transparentes ni garantizan sin discriminaciones el derecho al acceso al empleo público.

También es primordial simplificar la maraña normativa que dificulta la actuación de las empresas y fractura la unidad de mercado, lo que merma la competitividad de nuestra economía, en contradicción clara con el proceso europeo de integración de los mercados en el que por fortuna hoy estamos inmersos.

En la misma línea, estoy convencido de que la cooperación entre comunidades autónomas, también entre ayuntamientos, y de todos con el Estado, ayudará a reducir el gasto, eliminar solapamientos y fortalecer la unidad de mercado.

Un Estado fuerte, cohesionado y eficaz es la mejor garantía de que pueda funcionar adecuadamente la amplia autonomía política y administrativa de nuestro diseño constitucional. Sin interferencias del gobierno allí donde existe un ámbito de competencia autonómica, pero también con la imprescindible lealtad institucional por parte de las comunidades autónomas, que deben ser respetuosas con las competencias que la Constitución establece como exclusivas del Estado.

Todo lo anterior es posible, y muy necesario. Todo ello va a requerir un gran esfuerzo de diálogo y colaboración y una alta dosis de generosidad por parte de todos. Particularmente importante me parece en este contexto un entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales, y con los nacionalistas después, sin el cual será mucho más difícil plantear cualquier modificación en la misma dirección.

Puntos de luz

Entre 1982, año en el que fui designado director general de Relaciones Institucionales de la Xunta de Galicia, y 1989, el año de la refundación del partido como Partido Popular, tuvieron lugar muchos acontecimientos. Me limitaré únicamente a resaltar algunos de los que más influyeron en la formación de mi personalidad y en mi desarrollo político.

En las elecciones de 28 de octubre de 1982, diez millones de españoles acudieron a las urnas y el partido socialista consiguió un indudable éxito electoral, sin que existiera una verdadera alternativa en el centro derecha. Crearla a partir de lo conseguido por Alianza Popular fue nuestra tarea durante los siguientes años. Los 202 escaños obtenidos en el Congreso de los Diputados, unidos al poder que ya tenía en comunidades autónomas y ayuntamientos, hicieron del partido socialista una fuerza hegemónica. El hasta entonces partido del gobierno, la UCD, se vio reducido a doce escaños, y el CDS, dirigido por Adolfo Suárez, obtuvo únicamente dos escaños.

La Coalición Popular, liderada por Alianza Popular, consiguió un muy importante avance, pasando de 9 a 105 escaños.

Ese significativo paso adelante no nos permitía, sin embargo, realizar una labor eficaz de oposición por la asimetría que suponía la holgada mayoría absoluta del PSOE.

Durante esta época de gobiernos socialistas, una de las decisiones más acertadas fue la de permanecer en la OTAN, en contra de las repetidas promesas que el PSOE había hecho durante la campaña electoral.

Considero que el ingreso en la OTAN, que tuvo lugar muy acertadamente bajo la presidencia del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, venciendo no pocas reticencias incluso dentro de la UCD, fue un paso decisivo para el reencuentro de España con el conjunto de los países occidentales y para el anclaje de nuestra alianza con Estados Unidos, además de un catalizador para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Junto a la culminación de las negociaciones para la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea, un auténtico hito histórico para España, la decisión de seguir formando parte de la gran alianza política y de seguridad occidental debe reconocerse dentro de los logros positivos de una etapa que estuvo marcada por más sombras que luces.

Quiero destacar entre los errores cometidos por el partido socialista en esos años uno que ha tenido unas consecuencias muy negativas.

En 1984, el gobierno derogó el recurso previo de inconstitucionalidad porque se había convertido en un obstáculo para la inmediata entrada en vigor de la ley del aborto promovida por el grupo socialista.

Si este recurso, que garantizaba un examen previo por parte de los magistrados constitucionales de la adecuación a la Constitución de una propuesta de ley, hubiera continuado vigente, nos hubiéramos evitado la delicada situación institucional que vivimos con motivo de la aprobación del Estatuto catalán, y no hubiera tenido lugar la desafección de una parte de la sociedad catalana, a quien nunca se le preguntó si quería un Estatuto constitucional o anticonstitucional. El Tribunal Constitucional habría podido examinar el proyecto del nuevo Estatuto antes de que fuera sometido a refrendo de los ciudadanos catalanes. El aparente conflicto entre las competencias del Tribunal Constitucional y la expresión popular simplemente no se hubiera producido.

Durante esos años, el período que va de 1981 a 1989, me ocupé sobre todo de la política local y autonómica y, a partir de 1987, también de la política nacional, como miembro del comité ejecutivo de mi partido.

En 1983 se celebraron en toda España las segundas elecciones municipales desde la recuperación de la democracia en nuestro país. A mí se me propuso pasar de la Xunta de Galicia a ser concejal del Ayuntamiento de Pontevedra, para optar después a la elección como diputado provincial y presidente de la Diputación Provincial.

Acepté con gusto, porque ya entonces veía claramente que la política local, la acción concreta a favor de los ciudadanos desde los ayuntamientos, puede llegar a ser particularmente útil y eficaz.

Tanto la Administración local como la provincial fueron para mí una excelente escuela de política inmediata, de resolución de problemas reales y cotidianos de los ciudadanos. Es el día a día de los problemas de la gente lo que se vive desde un ayuntamiento o desde una Diputación Provincial. Más todavía si, como en el caso de Pontevedra, se trata de una ciudad y una provincia no muy grandes, donde la relación personal con sus habitantes puede llegar a ser muy cercana.

Fue un período particularmente satisfactorio. Inauguré la luz eléctrica en algunas parroquias de la provincia de Pontevedra, y convine con Telefónica, que entonces aún tenía el monopolio de las telecomunicaciones, para instalar «el teléfono»; en algunas aldeas de la provincia, el único teléfono.

La gente nos solicitaba que se abrieran caminos y se asegurara a las pequeñas poblaciones el abastecimiento y saneamiento de aguas; luego también, en los pueblos de mayor tamaño, pequeñas pistas polideportivas, en una época en la que había muy pocas instalaciones municipales.

Esa experiencia de política local me hizo comprender mejor las funciones y necesidades de los municipios.

Como en el caso de las comunidades autónomas, considero que los ayuntamientos también deben ajustar sus gastos. En los últimos años, las entidades locales se han visto obligadas a asumir, por la demanda de los vecinos, una serie de competencias que no les corresponden y que en no pocas ocasiones han complicado mucho su actuación y las ha colocado en una situación económica de extrema dificultad. Muchos municipios prestan servicios sociales, sanitarios e incluso educativos que no estaban previstos dentro de sus competencias. Sin embargo, nunca se ha calculado el coste de mantener los servicios que exige el crecimiento de los pueblos, las ciudades, las urbanizaciones y los polígonos que se han desarrollado. Por eso es ahora el momento de eliminar duplicidades y clarificar competencias.

Por otra parte, los ayuntamientos han aumentado el personal, funcionario o laboral, contratado directamente, y han tenido que recurrir a contratos con empresas para la prestación de servicios municipales típicos, como la recogida de basuras, el suministro de agua potable y el cuidado de zonas verdes. Servicios a los que hoy apenas pueden hacer frente con sus recursos económicos los ayuntamientos. Por todo ello, reformar la financiación municipal debe ser un objetivo irrenunciable para el futuro. Sólo en 2010 la financiación estatal estable disminuyó en un 18 por ciento en relación con la de 2009, a causa de la caída total de la recaudación de impuestos de la que depende esa financiación a los ayuntamientos. Es una situación que requiere medidas urgentes.

Quiero también mencionar el papel de las Diputaciones Provinciales. Su existencia data de cerca de ciento setenta y cinco años; su nacimiento se produjo tras la división provincial realizada por Javier de Burgos en 1833.

Las Diputaciones cumplen un papel decisivo para mejorar el nivel de vida de los vecinos de los pequeños municipios, y esas tareas deben mantenerse en el futuro. Será necesario adaptar sus funciones, sin ampliarlas, pero estas instituciones tienen que seguir asumiendo la ayuda a los pequeños municipios y la mejora de sus servicios e infraestructuras públicas.

Si algo me ha enseñado mi experiencia en la política local es que los ciudadanos confían en los políticos cuando se responde con medidas y soluciones concretas, con decisiones que resuelven problemas. Se trata siempre de llevar a cabo una política cercana a los ciudadanos.

No soy muy dado por eso a grandes promesas ni a grandes retóricas. Hemos tenido demasiado de esas dos cosas en la vida política. Recuerdo que mi abuelo, cuando hablaba de su propia experiencia política, a veces mencionaba lo que llamaba los discursos «de chorro continuo», que parecían no acabar nunca, sin mucha sustancia.

Yo me dejo más bien guiar por mi convicción de que lo importante son los resultados y que siempre hay que estar con el oído bien atento a las necesidades reales en las ciudades y en los pueblos. Por eso recorro desde hace años continuamente la geografía española y escucho lo que me dicen. No he dejado de aprender, y me gustaría seguir haciéndolo.

CAPÍTULO 4

Un partido abierto, centrado y europeo

Buscando el camino

En mayo de 1986 se celebraron nuevas elecciones generales. Nos presentamos como Coalición Popular, igual que ya había ocurrido en 1982, junto con el Partido Demócrata Popular y la Unión Liberal, luego Partido Liberal. La idea era buena, porque se trataba de dar un paso adelante en la unión de todo el centro y el centro derecha español, que culminó años más tarde con la refundación del Partido Popular en 1989 y el Congreso de Sevilla, pero quizá aún no estaba madura.

De hecho, la elaboración de las candidaturas generó un sinfín de problemas. Muchas personas que habían trabajado durante años y tenían arraigo en las organizaciones provinciales fueron eliminadas de la candidatura para dar paso a otras, cuya aportación había sido más bien limitada. Yo tuve que apaciguar los ánimos de bastantes, que consideraban que las listas se habían hecho de una manera arbitraria.

La experiencia de entonces y de momentos anteriores y posteriores me convirtieron en un convencido de que, sin perjuicio de lo que digan los estatutos internos del partido, siempre hay que escuchar a los dirigentes territoriales y respetar el resultado de los congresos regionales y provinciales. La anécdota personal de que yo había sido apartado desde Madrid en 1985 de la presidencia provincial de Pontevedra tras ganar un congreso sin duda también influye en mi convicción en ese sentido.

En esas elecciones de mayo de 1986, encabecé, siendo aún presidente de la Diputación, la lista de Coalición Popular por la provincia de Pontevedra al Congreso de los Diputados.

Obtuvimos muy buenos resultados en Galicia, y en particular en Pontevedra conseguimos uno de los mejores en toda España. Recuerdo que llegué al Congreso de los Diputados con una enorme ilusión. También con plena conciencia de lo que significaba ser representante de la voluntad popular. Al principio se me asignó un escaño junto al que le correspondía a Jon Idígoras, electo por Herri Batasuna, quien no apareció por el Congreso en toda la legislatura. Durante algún tiempo, me dediqué fundamentalmente a enterarme bien del funcionamiento del Parlamento. En general, creo que lamentablemente el nivel del debate parlamentario era mejor que el que tenemos hoy, y para mí fue una etapa muy instructiva y emocionante.

En términos absolutos, los resultados de las elecciones habían sido muy similares a los de 1982, aunque peores desde el punto de vista cualitativo. Coalición Popular no aprovechó el desgaste del partido socialista y fue el CDS, el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, el que logró un avance importante, pasando de dos a diecinueve diputados. Además, uno de los socios de la Coalición Popular, los democristianos del PDP, decidió romper la coalición. Esto, junto con las elecciones al Parlamento vasco, celebradas poco después, el 30 de noviembre de 1986, dio como resultado la decisión de Manuel Fraga de dimitir al día siguiente como presidente del partido y la celebración posterior de un congreso extraordinario, en el que salió elegido Antonio Hernández Mancha.

Con Fraga, a quien admiro por su enorme personalidad política y por su talla intelectual, he tenido obviamente a lo largo de los años una relación política muy intensa. Del sinfín de anécdotas y recuerdos personales, relataré sólo una, que me parece que refleja bien su carácter y su fuerte voluntad.

Como es sabido, Fraga ha tenido siempre a lo largo de su vida una obsesión por llegar puntual a todos los sitios. De hecho, en muchas ocasiones se presentaba incluso antes de la hora, para ser el primero, lo que ocasionaba que otros llegaran tarde y recibieran en ocasiones la correspondiente admonición. Para solucionar ese problema, durante una época decidimos convocar a todos una hora antes que a don Manuel, lo que facilitó las cosas.

Me parece evidente que la contribución de Manuel Fraga a la creación y consolidación de un gran partido democrático de centro derecha en España está fuera de toda duda y que la historia se lo reconocerá con creces.

Ese período de transición de Fraga a Hernández Mancha, y luego, en enero de 1989, la vuelta de Fraga, fue uno de los más tensos en la historia del partido.

Cuando Hernández Mancha presentó su candidatura para suceder a Fraga, yo, como la mayoría de los dirigentes gallegos, le apoyé, pero su posición posterior como presidente del partido fue desde el primer momento muy delicada. El Congreso de febrero de 1987 celebrado en Madrid donde se le eligió había dejado una gran división. Se habían quedado fuera del comité ejecutivo personas de relieve que figuraban en la lista alternativa liderada por Miguel Herrero de Miñón, como el propio José María Aznar, Rodrigo Rato o Loyola de Palacio.

Lo cierto es que Antonio Hernández Mancha, que actuó en general de manera correcta, se encontró en una de esas situaciones que acaban resultando insostenibles. Hernández Mancha era un hombre preparado y capaz, con una excelente oratoria, pero el momento que le tocó vivir fue uno de los más difíciles para el centro derecha español, y se encontró enfrente a un sector crítico muy fuerte. Aunque no acertó en algunas cuestiones, como la presentación de la moción de censura contra Felipe González, considero que se fue injusto con él. No contó con la fortuna de su lado en una coyuntura muy compleja, y todo eso provocó que se extendiera la petición de que volviera Fraga.

La vuelta de Manuel Fraga a la presidencia del partido aglutinó prácticamente a todo el mundo. Yo había estado desde Galicia intentando que se llegara a un entendimiento entre las diferentes personas, que, al no resultar viable, hizo que nos decidiéramos por apoyar el regreso de Fraga a la cabeza del partido.

Los años 1986 y 1987 también me dejaron otra lección para el futuro.

A finales de 1986, tras pocos meses de ocupar mi escaño como diputado del Congreso, tuve que renunciar a él para hacerme cargo de la vicepresidencia de la Xunta de Galicia. Permanecí como vicepresidente hasta septiembre de 1987, cuando una moción de censura, propiciada por varios tránsfugas de la propia Alianza Popular, llevó al cambio de gobierno regional, y a mi salida momentánea de la política.

Mi marcha a Santiago tenía entre otros objetivos superar la crisis que se vivía dentro del gobierno de la Xunta. El presidente era Gerardo Fernández Albor, médico de prestigio, persona culta y excelente político, por el que siempre he sentido un gran respeto y afecto. Había un grupo de personas muy enredadoras, entre las que se encontraban algunos miembros del gobierno, del Parlamento gallego y otros miembros del partido en Galicia, que llevaron a cabo un intento de sustituir a Fernández Albor. Inicialmente conseguimos parar el golpe y apaciguar la situación.

Pero luego, ya en 1987, la actuación deshonesta de cinco diputados del partido hizo posible que los socialistas accedieran al poder en la Xunta, cuando sus resultados electorales distaban mucho de legitimar a Fernando González Laxe como el presidente preferido por los ciudadanos gallegos.

Para mí, la operación, en términos políticos, había resultado un fiasco. De presidente de la Diputación y diputado en el Congreso había pasado a vicepresidente de la Xunta, y de ahí a perder cualquier cargo electo. Pero tuve muy claro que era un sacrificio absolutamente necesario y que la situación del partido en Galicia exigía dar la cara en aquellos momentos difíciles. Hoy sigo estando orgulloso de aquella decisión y de lo mucho que aquella etapa me sirvió para adquirir experiencia y conocer mejor los entresijos de la naturaleza humana, en ocasiones bastante complejos.

El paso del partido socialista por el gobierno de la Xunta fue muy efímero. En 1989 Fraga decidió asumir personalmente la candidatura a la presidencia de la Xunta y consiguió en las elecciones autonómicas de diciembre de ese año unos resultados espectaculares, la mayoría absoluta, lo que hizo de González Laxe el presidente gallego con un mandato más corto hasta la fecha.

Por fortuna, el caso gallego y algún otro similar de profunda deslealtad con su formación política no han tenido demasiados imitadores en la política española. Aunque no han faltado, sobre todo en el ámbito municipal, personas que son incapaces de respetar la voluntad ciudadana y han usado sus actas a su libre arbitrio, con el argumento de que el mandato que reciben no es imperativo. En esos casos hay un olvido palmario de que la responsabilidad frente a los electores es la primera obligación de un político electo. Considero que el transfuguismo es una lacra de la democracia, una burla a los ciudadanos y un engaño a todos, y que tiene consecuencias muy negativas para la salud de las instituciones democráticas.

Tras la salida de la Xunta, me incorporé durante algún tiempo a mi actividad profesional como registrador de la propiedad en Santa Pola, en la provincia de Alicante, hasta que poco después volví a la política nacional como miembro del comité ejecutivo del partido.

Es importante recordar brevemente algunos acontecimientos políticos de esos años, para comprender la situación en la que nos encontrábamos y los inicios de la construcción de una alternativa de gobierno al partido socialista.

En esos años, de 1986 a 1989, el PSOE estaba en el cénit de su poder, mientras que para el espacio del centro y la derecha españoles fueron años de transición.

Diversos factores comenzaron a influir sobre el lento cambio político que progresivamente se llevó a efecto. Entre otros aspectos, la política económica del PSOE durante esos años estuvo sometida a una serie de contradicciones, cuyos errores de fondo se han repetido paradójicamente en los últimos años durante las dos legislaturas de nuevos gobiernos socialistas, desde 2004.

Quiero resaltar que el ingreso de España, el 1 de enero de 1986, en la Comunidad Económica Europea supuso normalizar la presencia exterior de nuestro país tras décadas de marginación del proceso de integración europea. Llevó consigo la apertura de España al exterior y aumentó exponencialmente la confianza en nuestra economía, lo que tuvo consecuencias inmediatas para el relanzamiento de la demanda interna, el crecimiento de nuestro producto interior bruto y el empleo.

Lamentablemente, el gobierno no supo aprovechar esta oportunidad para acabar con los desequilibrios que habían estrangulado la economía española durante años. El gobierno debería haber seguido una política presupuestaria prudente y haber abordado en profundidad la modernización de la economía española. Hizo exactamente lo contrario: el gasto público aumentó de una forma desorbitada, especialmente tras la huelga general de 1988, lo que alimentó la demanda interna; no se hizo ninguna reforma de calado, y el déficit de la balanza por cuenta corriente creció de forma considerable.

La inversión extranjera, que entraba a raudales, sobre todo después del ingreso de España en el Sistema Monetario Europeo (1989), permitió financiar ese déficit, pero el intenso recurso al ahorro externo exigió ofrecer tipos de interés elevados que dañaron nuestro tejido productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas.

Todo esto guarda, en muchos aspectos, un notable paralelismo con la situación actual. Y lo mismo que en los años anteriores a la crisis actual, se propició un clima de euforia y riqueza fácil.

La cultura del enriquecimiento fue incluso proclamada abiertamente y sin cortapisas por responsables de la economía española de esos años. España, se dijo, era uno de los países donde más rápidamente se podía hacer más dinero. En aquellos momentos, alguien tan representativo de la lucha por los derechos sociales como Nicolás Redondo, líder histórico de la UGT, decidió renunciar a su escaño en el Parlamento, y manifestó públicamente su crítica y sus dudas sobre el carácter socialista del proyecto del gobierno.

Es evidente que el gobierno socialista era víctima de sus propias contradicciones, entre las proclamas ideológicas y la realidad de los condicionantes económicos.

Nace el Partido Popular

Para el centro derecha fueron años de crecer y fortalecerse internamente. Ese período que va de 1989 a 1996 resultó decisivo para la consolidación del partido tras la crisis de 1986. Son los años de la refundación del Partido Popular, los de la construcción progresiva de una alternativa y los de la elaboración de los programas de gobierno que obtendrían posteriormente el respaldo de los españoles en las elecciones generales de 1996. Yo participé desde la primera línea en la tarea de construcción de esa alternativa de gobierno y en la preparación de los equipos y las ideas que obtendrían al cabo de los años el apoyo mayoritario de los españoles y una etapa de importante prosperidad y desarrollo. Mi biografía personal a partir de ese momento se identifica en no pequeña medida con ese gran proyecto de elaboración de una alternativa.

La vuelta de Manuel Fraga a la presidencia del partido en enero de 1989 se produjo de manera temporal para proceder a la «refundación» y dar paso a la nueva generación. El Congreso de Sevilla de marzo de 1990 eligió nuevo presidente a José María Aznar, quien ya había sido candidato en las elecciones generales de octubre de 1989.

El tránsito de Alianza Popular al Partido Popular fue un momento importante. José María Aznar realizó la gran tarea de fortalecer el partido internamente y en su proyección exterior. Dio pasos definitivos para la integración de todo el centro derecha en un proyecto político común.

Con la refundación no se trató obviamente sólo de un cambio de nombre. Lo que se persiguió con la transformación en Partido Popular y la salida del Grupo Parlamentario Conservador del Parlamento Europeo y el ingreso en el Partido Popular Europeo fue un hecho muy significativo. Nuestro propósito era convertir a Alianza Popular en un gran partido de centro en el que tuvieran cabida todas las personas que no se identificaban necesariamente con políticas socialistas o de izquierda radical.

De forma similar a nuestros partidos homólogos europeos, en particular la CDU alemana, el Partido Popular reforzaba sus señas de identidad como una fuerza política abierta al conjunto de la sociedad española, innovadora, anclada en los referentes europeo y occidental, y con capacidad de atraer a personas que no procedan necesariamente del espacio conservador, democristiano o liberal, pero que se identifiquen con los objetivos de modernización, regeneración y mejora continua del país, que son sus metas.

Se refundó así un partido político comprometido con el Estado de derecho, con los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, y a la vez firmemente enraizado en lo mejor de la historia europea, en su compromiso con la persona y con sus capacidades individuales y colectivas.

Se trataba también de un compromiso reforzado a favor de Europa y el proceso de construcción europea.

Considero que nuestra pertenencia europea ha sido uno de los grandes logros de nuestro país. Con ello hemos conseguido hacer realidad los deseos de muchos de los más relevantes pensadores e intelectuales españoles del siglo XX, que vieron en Europa y sus ideales, en «la vuelta» de España a Europa tras el alejamiento causado por un traumático siglo XIX y las distancias del franquismo, un importante factor de consenso y de modernización por encima de las ideologías políticas.

La vuelta a Europa fue uno de los grandes objetivos movilizadores de Ortega, del primer Unamuno, de Madariaga, y también de otros, como Joaquín Costa o Ganivet. He sido y continúo siendo lector entusiasta de Ortega, y de algunos de sus discípulos, como Julián Marías, y también yo me he identificado a lo largo de mis años de vida política con esos ideales de «europeización».

Pero, también desde un punto de vista más inmediato, nuestra participación en la Unión Europea ha sido la mejor garantía de estabilidad y prosperidad que hubiéramos podido desear. Hizo posible desde finales de los años ochenta la adaptación de nuestras empresas e instituciones, así como el establecimiento de lazos de cooperación bilateral y multilateral tan intensos como no hemos tenido antes en nuestra historia contemporánea.

Ser miembros, y un miembro con capacidad de influencia dentro de la Unión, nos ha abierto oportunidades de actuación y de presencia en el mundo potenciadoras de muchas de nuestras posibilidades históricas. La internacionalización de las empresas españolas y sus muy exitosas inversiones en los cinco continentes, por poner un ejemplo, no hubiera sido posible sin la transformación interna operada previamente gracias a que formábamos parte del mercado único europeo y a sus reglas.

Lo mismo ha sucedido con nuestra pertenencia al euro, que ha sido y es la mejor garantía de nuestra estabilidad monetaria.

No participo por ello de las opiniones a veces excesivamente críticas que se escuchan sobre la Unión Europea, que, sin duda, como toda creación humana, es perfectible. Pero para España cualquier alternativa fuera del euro y la Unión Europea hubiera sido muy negativa.

Junto a la pertenencia a la Unión, otro elemento esencial de nuestra política exterior y de seguridad es el vínculo transatlántico. Ambos procesos, porque en los dos casos se trata de procesos históricos y políticos de largo alcance, son en realidad complementarios y se hallan estrechamente relacionados, como quedó gráficamente expresado con nuestra entrada, separada por pocos años, en las dos instituciones. La integración europea no puede nunca entenderse como la creación de un contrapoder frente a Estados Unidos.

Ese compromiso con el doble vínculo, europeo y atlántico, está también presente en la refundación del partido y en su entrada en el Partido Popular Europeo. Pocos meses después, en noviembre de ese mismo año, 1989, caía el Muro de Berlín, y con este acontecimiento cambiaba radicalmente el mapa de Europa y del mundo. Entramos entonces en una era distinta. Al año siguiente tuvo lugar la reunificación alemana, bajo el fuerte liderazgo de Helmut Kohl.

La caída del Imperio soviético parecía abrir las puertas de un nuevo orden mundial dominado por una potencia hegemónica única: Estados Unidos de América. Es el momento en que un analista norteamericano, Francis Fukuyama, habló del «fin de la historia», interpretando quizá de forma algo precipitada que el liberalismo y la democracia iban a triunfar en todo el globo.

Yo había sido elegido en 1988 secretario general del partido en Galicia, y luego, en el Congreso extraordinario de enero de 1989, fui refrendado como miembro del comité ejecutivo nacional. Viví el nacimiento del Partido Popular como uno de los acontecimientos políticos más importantes de la vida política española de las últimas décadas. Ahí surgió una verdadera alternativa, algo que es consustancial a la propia democracia. Y viví también la caída del Muro como un hito en la historia contemporánea, leyendo toda la prensa que pude, viendo aquellas imágenes inesperadas en la televisión y yendo de sorpresa en sorpresa ante lo que estaba sucediendo delante de nuestros ojos.

Nada más producirse la refundación del partido, tuvimos que presentarnos a unas elecciones europeas, en las que el candidato era Marcelino Oreja, quien había jugado un papel esencial en nuestro acercamiento al Partido Popular Europeo. Creo que se hizo un esfuerzo limitado con el apoyo a la candidatura por parte de un partido que todavía necesitaba de un cierto tiempo para adaptarse a la nueva situación, y también nos perjudicó la presentación a las elecciones de Ruiz Mateos, que consiguió unos muy sorprendentes e inesperados resultados, nada menos que dos escaños.

Durante esas elecciones, recuerdo que un día me llamó Pío Cabanillas, para que organizara el mayor acto que pudiera en Pontevedra, y así lo hice. Allí conocí a Jaime Mayor, con el que me entendí muy bien, y que era el jefe de campaña de su tío, Marcelino Oreja.

Los resultados fueron menos esperanzadores de lo que se hubiera deseado, y Fraga, como presidente del partido, comenzó a buscar seriamente un sucesor que pudiera oponerse y ganar a Felipe González.

Había cuatro posibles candidatos: Isabel Tocino, Miguel Herrero, Marcelino Oreja y José María Aznar. Muy pronto se vio que los dos con más posibilidades eran Isabel Tocino y José María Aznar. Fraga parecía no decidirse. Entonces se produjo aquella famosa reunión en la casa de verano de Fraga, en Perbes, que estaba semiderruida, pues no hacía mucho que las bombas del Exercito Guerrilleiro do Pobo Galego la habían hecho saltar por los aires. De aquella reunión salió como candidato José María Aznar, que en esos momentos era el presidente de la Junta de Castilla y León.

Felipe González convocó a toda prisa elecciones generales, que se celebraron en el mes de octubre de 1989.

Aznar apenas tuvo tiempo para preparar las elecciones y, sin embargo, conseguimos superar los resultados electorales anteriores en un escaño. Yo hice campaña en Pontevedra, donde obtuvimos buenos resultados. Conseguimos cuatro escaños frente a los tres del PSOE y uno del CDS. Volví a repetir como diputado, y tras ocupar mi escaño en el Congreso se me nombró poco después presidente de la Comisión Parlamentaria de Control de Radiotelevisión Española.

Algunos meses más tarde tuvo lugar el Congreso de Sevilla, donde Manuel Fraga dimitió como presidente y se proclamó como su sucesor a José María Aznar. Fue un congreso enormemente emotivo, porque Fraga se despidió definitivamente. Tengo todavía guardada en la retina la imagen de cómo, en presencia de todos, exclamó a viva voz aquella frase de que no existían «¡Ni tutelas ni tu tías!», y rompió la carta que anteriormente le había remitido Aznar con la fecha de su dimisión en blanco. Con Aznar se producía el cambio generacional y llegaba al liderazgo del partido quien debía ejecutar la gran decisión de ese Congreso de Sevilla de abril de 1990: construir un partido de amplio espectro que fuera ganador.

De Pontevedra a Madrid

Al cabo de poco tiempo, recibí una llamada en la que se me citaba a una entrevista con el presidente del partido para el lunes siguiente. No sospechaba lo que se me iba a proponer.

Aznar, un poco inesperadamente, me ofreció ser el vicesecretario de Acción Electoral, muy posiblemente por influencia de Manuel Fraga y Pío Cabanillas.

Debo referirme brevemente a Pío Cabanillas, persona por la que tuve un gran afecto y con quien transcurrí muchas horas hablando de cuestiones muy diversas. Solía pasar los veranos cerca de donde yo veraneaba y me invitaba a cenar varias veces para charlar. Me contaba historias y anécdotas de su vida política, y fue una gran ayuda para saber valorar situaciones y a determinadas personas. Es uno de los políticos de los que más he aprendido, por su inteligencia y su experiencia. Siempre me mostró gran generosidad y ganas de apoyarme en todo lo que pudiera.

Aquella oferta de Aznar me cambiaba bastante la vida, porque me obligaba a ir a Madrid y alterar los planes de futuro que había hecho. Pero también era una gran oportunidad y un desafío.

Yo estaba muy de acuerdo con la nueva orientación del partido, con el objetivo de crear una fuerza política amplia, similar a los grandes partidos europeos de centro derecha, con capacidad de ganar al partido socialista integrando de manera flexible a todos los votantes que no se sintieran socialistas o de izquierda radical. Era 1990, tenía treinta y cinco años, y obviamente no parecía que pudiéramos ganar inmediatamente, pero sí trabajar con eficacia dentro de un horizonte temporal razonable. En el centro derecha español se estaba produciendo un gran cambio generacional, y había que modernizar y poner al día sus planteamientos tradicionales.

Estuve pensándolo, pues me costaba salir de Galicia, pero me pareció que valía la pena arriesgarse y decidí abandonar mi carrera profesional, a mi familia y a mis amigos, que estaban en Pontevedra. Me fui a vivir a Madrid a casa de un hermano mío y comencé a participar en las tareas cotidianas de dirección del partido.

Lo primero que tuve que hacer a los pocos meses de llegar fue ocuparme de las elecciones vascas de 1990. Una experiencia muy interesante y que me hizo conocer a muchas personas de gran valía, como Gregorio Ordóñez, tristemente asesinado por ETA, Leopoldo Barreda o María José Lafuente, entre tantos otros compañeros de gran coraje y valentía.

El candidato era Jaime Mayor Oreja, a quien había conocido meses antes, y a quien traté mucho en esas elecciones vascas de 1990. Nuestro objetivo estribaba en pasar de los escasos dos diputados con los que contábamos a los cinco que eran necesarios para poder formar grupo parlamentario propio.

Obtuvimos un buen resultado, pues conseguimos seis escaños, aunque todavía nos quedamos lejos de alcanzar los 106.000 votos que habíamos logrado en las elecciones generales.

Fue una campaña muy intensa, de las que hacen vibrar los sentimientos más íntimos. Yo estaba acostumbrado a Galicia, donde se organizaban mítines multitudinarios, pero en el País Vasco en esa época ser candidato o dirigente del Partido Popular, o incluso militante, era jugarse la vida todos los días. Fue allí donde vi más generosidad, idealismo y entrega en política. Vi a gente que estaba muy convencida de lo que hacía, de por qué era necesario hacer lo que estaba haciendo, y con un fuerte compromiso con los demás y con su tierra.

Celebrábamos unos mítines modestos; no sufríamos acoso permanente, pero el miedo era muy palpable. En esos años, ETA mataba sin piedad. Hubo muchos atentados y nuestros compañeros temían ser asesinados. No tenían escolta. Sin embargo, sin escolta íbamos a todos los sitios adonde creíamos que hacía falta. Era —como lo siguen siendo hoy los dirigentes actuales— gente de gran valor y temple personal.

Recorrí las tres provincias vascas de arriba abajo. Como no me conocía nadie, podía andar libremente por la calle, meterme en los pueblos, hablar abiertamente con la gente, ver desde dentro lo que estaba ocurriendo. Conocí a muchos de nuestros militantes y confirmé mi impresión de que había gente con mucha ilusión, con muchas ganas de pelear por lo que creía. Estábamos convencidos de que hacía falta un gran cambio político, empezando por el País Vasco, y de que construir esa alternativa se hallaba en nuestras manos.

Ya como vicesecretario de Organización me ocupaba de sol a sol del partido. No había horas suficientes y apenas días de descanso. Me hice cargo desde la dirección de prácticamente todas las regiones y viajaba de forma continua. En varios lugares tuvimos que hacer cambios muy importantes en las estructuras locales. De lo que se trataba era de reorganizar un partido allí donde era débil. Así se hizo en Valencia y en Canarias, tiempo más tarde también en Baleares, en Cataluña y en el País Vasco. Íbamos incorporando personas de valía, renovando allí donde era necesario y consolidando en otras partes. Intentando sumar y buscando siempre no generar conflictos innecesarios.

En Las Palmas, me vi obligado a disolver el partido y refundarlo. Las personas que figuraban como dirigentes locales no estaban particularmente dotadas ni para el diálogo ni para trabajar con otros. Libraban unas discusiones permanentes entre ellos, a menudo en los periódicos, que no conducían a ninguna parte. Lo mejor que podíamos hacer era empezar de nuevo. Llamé desde Canarias a Madrid, a José María Aznar, quien al principio, cuando le conté lo que teníamos previsto, se quedó mudo. Sólo se oía un gran silencio al otro lado de la línea, pensé incluso que se había cortado, y luego me dijo con gran confianza: «Mariano, tú sabes mejor que yo lo que hace falta. Haz lo que tengas que hacer.» No añadió nada más, se despidió y colgó.

Aquélla fue una de las muchas muestras de confianza que tuve del presidente del partido y que ayudaron a reforzar mi convicción de que estábamos dando los pasos adecuados para alumbrar una alternativa de gobierno. Con Aznar siempre tuve una relación de gran cercanía y confianza, estábamos muy unidos en el proyecto en el que nos hallábamos firmemente embarcados. En esa ocasión, cambiamos a todos los dirigentes de Las Palmas, y en las siguientes elecciones conseguimos la mayoría absoluta en el ayuntamiento. Aquel resultado fue particularmente satisfactorio para mí.

Pero excepto en ese caso concreto no creo que fuera necesario nombrar una gestora manu militari en ningún lugar. Casi siempre la renovación se hizo hablando, dialogando, con una gran voluntad de lograr entendimientos.

En el año 1991 se celebraron elecciones locales, en las que comenzamos a obtener resultados positivos. Valencia fue uno de los primeros lugares en los que conseguimos dar un giro político importante. Allí, el Partido Popular se situó con nueve concejales por delante de Unión Valenciana, que contó con ocho, mientras que el PSOE obtuvo trece, e IU, tres. El centro derecha sumaba diecisiete concejales: las cosas empezaban a cambiar, estábamos enderezando el rumbo.

Insistí para convencer a Rita Barberá, nuestra candidata a la alcaldía, de llegar a un acuerdo con Unión Valenciana. Rita es una de las personas que más aprecio dentro del partido por su gran humanidad y sus dotes como persona y como política. A pesar de los posibles recelos personales que existían con Vicente González Lizondo y otros dirigentes de Unión Valenciana, yo estaba convencido de que era más lo que nos unía que lo que nos separaba. Ellos querían tener la alcaldía, lo que no estábamos dispuestos a aceptar por ser el PP el partido más votado. Logramos el pacto después de interminables discusiones; Rita fue alcaldesa y Unión Valenciana ocupó la primera tenencia de alcaldía y la concejalía de Urbanismo. Desde entonces, los valencianos han refrendado sistemáticamente en todas las elecciones a Rita Barberá como su mejor regidora.

Comenzamos a generar un ambiente positivo y constructivo, con fuerte proyección interna y externa. Fueron años de crecimiento y consolidación de una propuesta sólida y de futuro, de un partido unido y estable; años en los que no faltaron, como es lógico, las dificultades. En ese período que va del 89 al triunfo electoral del 96 se superó la etapa anterior de rencillas y divisiones y se construyó una gran alternativa, tanto desde el punto de vista de su implantación geográfica como de renovación de las ideas.

Para mí fue un período de enorme trabajo y de gran intensidad. Creamos un equipo cohesionado, con una comunicación constante y estrecha. Mi relación con José María Aznar era muy fluida y siempre estuvo de acuerdo con lo que le planteé. También la relación con Rodrigo Rato era excelente. Teníamos una división de funciones según la cual él se dedicaba al grupo parlamentario y yo al partido. Si tenía interés en realizar una pregunta en el pleno o una intervención parlamentaria, le llamaba y conveníamos en hacerla. Con Javier Arenas, que era vicesecretario general de Acción Electoral, trabajamos conjuntamente hasta que él se fue a Andalucía a finales de 1993 como candidato a la presidencia de la Junta, y yo me quedé como vicesecretario único. Más de dieciocho años después, Javier Arenas, un político capaz y con gran experiencia, será candidato por el Partido Popular de Andalucía. Me producirá una gran satisfacción cuando una persona que me ha ayudado como nadie y que ha trabajado tanto por Andalucía y en el gobierno de España sea elegida presidente de la Junta.

Mientras España iniciaba una deriva que la llevaría a una fuerte crisis económica e institucional, marcada por los escándalos de corrupción del gobierno socialista y las sucesivas devaluaciones de la peseta, en el Partido Popular fuimos creando las bases ideológicas y organizativas necesarias para que a partir de 1996 se pudiera dar paso a una sociedad más abierta y dinámica, a un país que en apenas cuatro años, de 1996 a 2000, pasó del despilfarro a la ortodoxia presupuestaria, del paro masivo a la mayor creación de empleo en Europa, del pesimismo a la generación de oportunidades reales para todos.

CAPÍTULO 5

La importancia de las reglas del juego

El fin de una etapa

En 1989, el PSOE había ganado por una mayoría más ajustada, quedándose a un escaño de revalidar la mayoría absoluta, 175 diputados. Sin embargo, pudo gobernar como si la hubiera obtenido, pues los cuatro diputados de Herri Batasuna se ausentaron de la Cámara durante toda la legislatura, con lo que el grupo socialista sumaba más de la mitad de los escaños del hemiciclo.

Desde mi escaño en el Congreso y mi actividad incesante en los órganos de dirección del partido, pude seguir día a día cómo los errores en política económica y en la conducción del país comenzaban a hacerse palpables.

Pienso que básicamente la política económica socialista vinculaba una retórica liberal a un masivo incremento del gasto y la inversión pública. No deja de ser también llamativo que el progresivo deterioro de las finanzas públicas, con su inevitable corolario de inflación, paro y deuda pública, coincidiera casi en paralelo con la corrupción y el deterioro institucional.

Si insisto tanto en la importancia de las «reglas del juego», algo que considero un verdadero leitmotiv de mi actuación política, es precisamente porque esa época, como la que se ha repetido en las dos legislaturas de nuevos gobiernos socialistas a partir de 2004, hizo patente la tentación de no respetar desde el poder el marco de actuación impuesto por las leyes y nuestro orden constitucional. Ambos períodos han mostrado también la necesidad de volver en cada situación a una recuperación de los valores de austeridad, ahorro y políticas realistas a las que vengo refiriéndome desde el principio de este libro.

Se suele hablar de la crisis de 1993, pero cuando creo que cambian de verdad las cosas, aunque no lo pareciera en la superficie, es en 1992. En 1993 estallan el conjunto de desequilibrios latentes que se habían ido gestando como resultado de una política económica equivocada y de una connivencia entre intereses públicos y privados que las celebraciones de 1992 a la vez ocultaron y pusieron de manifiesto.

Recuerdo que, después de la huelga general de diciembre de 1988, el gobierno socialista inició una serie de acuerdos con los sindicatos que ayudaron a incrementar los desequilibrios en el gasto público. Bajo la apariencia, sin duda brillante, de la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos y la puesta en marcha del primer AVE, España había entrado, sin embargo, en un declive progresivo. Las celebraciones del año 92 culminaron con los actos conmemorativos del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Pocos meses después, se dispararon las estadísticas de quiebras empresariales y cada veinticuatro horas se perdían mil puestos de trabajo.

La crisis económica internacional había comenzado antes, pero en España se agravó por las medidas económicas equivocadas que se adoptaron. A finales de 1993 llegamos a tasas del paro del orden del 23 por ciento y a un déficit público por encima del 7 por ciento del PIB. El desempleo registrado en febrero de 1994 era ya de 3,7 millones de parados.

Nuestros análisis internos nos mostraban que los gobiernos socialistas se habían ido alejando de la sociedad española, que no comprendían el rechazo que progresivamente generaba su política.

Durante esos años se sucedían los casos de corrupción, que salpicaron incluso al Banco de España y a la Guardia Civil, y que hicieron cada vez más patente la urgente necesidad de llevar a su término un ciclo político. Una significación especial tuvo el caso GAL, cuya sentencia condenatoria fue dictada en septiembre de 1991 por la Audiencia Nacional.

En paralelo a la situación interna española, vivimos el cambio dramático del contexto internacional. El fin del comunismo en el este de Europa supuso el fin de la era bipolar y la desaparición de uno de los factores ideológicos de más peso en la orientación de la política europea e internacional.

Aquellas imágenes del desmantelamiento del Muro de Berlín me hicieron reflexionar sobre el cambio de época al que asistíamos. Tras la caída del Muro, los países del centro y del este de Europa iniciaron sus transiciones hacia sistemas políticos democráticos, economías de mercado y el acercamiento a la Unión Europea. La antigua Unión Soviética, reconvertida en un nuevo Estado ruso, se desprendía de gran parte de su anterior imperio y dudaba sobre el camino que debía emprender para llevar a cabo la necesaria modernización y adaptación de sus estructuras productivas e institucionales, entrando en una etapa de peligrosa descomposición interna. De repente, un día nos sorprendieron las noticias y las fotos de un Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, subido encima de un tanque e intentando hacer frente a un golpe de Estado auspiciado por parlamentarios de la Duma deseosos de volver al antiguo régimen comunista.

Fue una época de intenso cambio. De una manera un tanto optimista algunos proclamaron, una vez acabada la guerra fría, su esperanza de que se iniciara «un nuevo orden mundial», con mayor equilibrio internacional y un avance global hacia regímenes democráticos y liberales. Lamentablemente los hechos vinieron rápidamente a contradecir sus palabras.

Yo justo había comenzado mis vacaciones en Galicia cuando el 2 de agosto de 1990 empezaron a transmitirse las primeras noticias por radio y televisión sobre la invasión de Kuwait por parte de Iraq.

Esa primera guerra del Golfo tendría consecuencias importantes para el futuro y fue la primera ocasión en la que una amplia coalición internacional intervino en una operación militar de aquellas características. Pensé ya entonces que el gobierno acertaba al adoptar las decisiones pertinentes respecto a nuestra participación militar como miembros de la coalición liderada por Estados Unidos, que posteriormente, a principios de 1991, obligó al ejército iraquí a desalojar Kuwait. Iraq se rindió y aceptó las condiciones de Naciones Unidas, dejando tras de sí en llamas los pozos de petróleo kuwaitíes. No se procedió, sin embargo, al derrocamiento de Saddam Hussein.

Luego estalló la primera de las guerras en el territorio de la antigua Yugoslavia, que de forma tan sensible afectaría a la conciencia de los europeos, de nuevo confrontados con conflictos étnicos de gran crueldad e inhumanidad en nuestro propio continente.

Las sucesivas guerras en los Balcanes no sólo pusieron en entredicho la capacidad de los europeos de solucionar crisis políticas y militares sin la ayuda estadounidense, sino que transformaron también nuestra comprensión de la seguridad internacional y de las organizaciones internacionales, en particular de la OTAN y la ONU.

La esperanza del cambio político

Felipe González se vio obligado a adelantar las elecciones generales, cuya convocatoria se fijó para el 6 de junio de 1993.

En esas circunstancias de gravísimo deterioro de la situación económica y social, el Partido Popular constituía una esperanza de alternativa política, de estabilidad y de reformas. Tres millones de votantes dudosos iban a decidir el resultado electoral.

Aunque existía entre bastantes personas la expectativa de un triunfo electoral, no eran ésas las encuestas que yo manejaba. La imagen agresiva y caricaturesca que se proyectó sobre el centro derecha, en una campaña electoral en la que apenas se pudo debatir y entrar en los argumentos de fondo, todavía propició un resultado de 159 escaños para el partido socialista frente a los 141 del Partido Popular.

Aumentamos en cerca de tres millones de votos respecto a 1989. Era evidentemente un gran avance, pero no suficiente. Aquel resultado sirvió para constatar que el Partido Popular había conseguido, en pocos años, crear una alternativa capaz de gobernar. No se había ganado, pero podríamos hacerlo en las siguientes elecciones.

Como en otros momentos de mi vida pública, también entonces se hizo patente la importancia de la tenacidad, el esfuerzo y la perseverancia. Tuvimos una comida del equipo directivo, Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y yo mismo, con José María Aznar en la planta séptima de Génova. Era un momento de desánimo, donde Aznar contrastó incluso la posibilidad de abandonar. Fuimos hablando uno tras otro, expresando nuestra opinión de que, en realidad, las elecciones de 1989 no habían sido responsabilidad suya, y en la primera oportunidad, la de 1993, se había logrado un gran salto, de 105 a 141 diputados. Todos coincidimos en que debíamos seguir adelante trabajando más, con más cercanía a los ciudadanos. Estaba claro que muchos españoles nos habían dado su confianza, pero que nos pedían un esfuerzo suplementario. Aznar dijo: «Merece la pena», y ratificó su decisión de seguir adelante, que creo ya tenía tomada. La unanimidad sin fisuras le reconfortó. Aquello ayudó a acabar de madurar al partido para asumir el gobierno y poder sacar al país de la situación de descomposición en la que se encontraba.

La corta legislatura que va de junio de 1993 a marzo de 1996 fue en realidad una legislatura perdida, que no hizo sino agudizar el deterioro existente.

En esos momentos, el balance de la primera etapa de gobiernos socialistas continuados a lo largo de catorce años resultaba ya nítido. Es cierto que se lograron avances en algunas cuestiones, como la expansión del Estado del bienestar, la reforma de las Fuerzas Armadas o nuestro anclaje en Europa, pero el hecho es que la distancia que separaba a España de los otros países de la Comunidad Económica Europea en 1996 era prácticamente la misma que a la muerte de Franco en 1975; la renta por habitante se situaba en el 78 por ciento de la media comunitaria.

Lo más grave es que, además, en materia de ocupación y empleo las cifras eran descorazonadoras. En veinte años, de 1976 a 1996, no aumentó en España el número de personas ocupadas, que se mantuvo en los doce millones.

Quiero insistir sobre este punto porque es importante para comprender la situación actual y las perspectivas de futuro que debemos afrontar.

Comparto el análisis de que durante las tres fases diferenciadas de la gestión económica de los gobiernos socialistas —las que van respectivamente desde octubre de 1982 hasta 1985, desde julio de 1986 hasta junio de 1993 y, por último, desde julio de 1993 hasta marzo de 1996— se planteó un conflicto permanente entre las exigencias de la economía y las de la ideología. Eso explica en gran parte las luces y las sombras de su política económica y los malos resultados del saldo global. La tónica común de los gobiernos del PSOE se traduce en una incapacidad casi crónica para gestionar adecuadamente los momentos altos del ciclo económico y en una incapacidad, también muy acusada, para desplegar las medidas necesarias a fin de superar las fases bajistas del ciclo.

Es decir, no se supo aprovechar de forma productiva las entradas de capital y las subvenciones recibidas gracias a nuestra pertenencia a la CEE y no se llevó a cabo un programa liberalizador continuado dirigido a flexibilizar la rigidez de nuestros mercados. Sólo durante los primeros años se inició una política de liberalización que, sin embargo, careció de continuidad y fue invertida en gran parte durante los años posteriores.

Considero que se puso entonces de manifiesto lo complicado que es compatibilizar los planteamientos socialistas con la estabilidad, el crecimiento sostenido y la creación de empleo. Ese mismo error lo ha cometido el PSOE casi dos décadas más tarde al enfrentarse a la crisis económica más profunda de los últimos tiempos.

El aumento del gasto público unido a una política monetaria restrictiva para contener la inflación condujeron a la primera devaluación de la peseta en septiembre de 1992, que, sin embargo, apenas resultó eficaz.

De hecho, como ya he dicho, 1993 fue el año de la recesión, cuando el producto interior bruto se contrajo un 1,5 por ciento, el empleo un 4,3 por ciento y la tasa de paro creció hasta el 22,7 por ciento de la población activa. La contracción de la economía española demostró que España destruía muchos más puestos de trabajos en las crisis de los que creaba en las recuperaciones.

Lo que ocurrió es que, a pesar de la fuerte caída de la actividad, los salarios y la inflación apenas se moderaron. La única salida fueron nuevas devaluaciones, con una pérdida de la tasa de cambio real de la peseta de un 20 por ciento entre 1992 y 1994.

Al finalizar los gobiernos socialistas, nadie consideraba posible que España cumpliese los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastricht para acceder a la Unión Económica y Monetaria en 1997.

El dato es que no cumplía uno solo de ellos. El déficit y la deuda pública crecían descontrolados, los tipos de interés se habían elevado y la inflación, otro de los criterios decisorios, se situaba muy lejos de la media europea. La peseta acumulaba además cuatro devaluaciones consecutivas. El 40 por ciento de los jóvenes y el 30 por ciento de las mujeres no encontraban un trabajo.

España se encontraba en una profunda crisis económica y social.

Como hoy. Incluso pienso que la de hoy es mucho más grave porque las medidas que se precisan urgentemente son de mucho más calado, no sólo económico y social, sino también cultural, de cambio de mentalidad.

Con ese telón de fondo, los españoles se dieron cuenta en 1996 de la necesidad del cambio político. Era preciso un proceso de reformas estructurales profundas que nos permitiesen avanzar a lo largo del tiempo.

Por eso, en junio de 1994 una mayoría de españoles dio su confianza al Partido Popular en las elecciones al Parlamento europeo, en las que fui el director de campaña. Obtuvimos diez puntos porcentuales de ventaja de nuestro candidato, Abel Matutes, sobre el candidato del PSOE, Fernando Morán.

Recuerdo con emoción la noche de las elecciones, que seguí muy puntualmente desde la sede de Génova, analizando las noticias que iban llegando sobre los resultados, con una enorme alegría por lo que significó la primera gran victoria del partido.

En esa campaña hubo debates interesantes. La prensa hablaba del «filósofo», que era Morán, y del «tendero», que era Matutes, persona que a lo largo de su carrera política y empresarial ha mostrado una gran capacidad e inteligencia. Morán hacía grandes disquisiciones teóricas, mientras que Matutes se refería a los tomates, la pesca, los cítricos, las pequeñas y medianas empresas. En una ocasión, el ex ministro Fernando Morán se molestó un poco e increpó a Abel Matutes, que había sido hasta entonces comisario europeo, diciéndole: «Yo he venido aquí a hablar de Europa.» Y Matutes, con sorna ibicenca, le respondió: «¿Qué pasa, que los tomates no son Europa?»

Después, a los pocos meses, dirigí la campaña de las elecciones autonómicas y municipales, donde también obtuvimos unos magníficos resultados, con mayorías absolutas en Madrid y Valencia. Eso significaba un vuelco electoral completo.

El PSOE estaba muy debilitado, pero resistía, a pesar de que la situación era cada vez más insostenible, y el momento político, de absoluta crispación. La puntilla corrió a cargo de Jordi Pujol, que retiró el apoyo de CiU al gobierno al negarse a aprobar los presupuestos generales para 1996, con lo que obligó a González a convocar elecciones anticipadas para el 3 de marzo.

Las elecciones del 96 estuvieron precedidas de una gran tensión y un enfrentamiento entre los dos grandes partidos. Era evidente que hacía falta un cambio de dirección del país y que no tenía sentido prolongar la agonía del PSOE en el poder. Sin embargo, la campaña fue muy dura.

El 3 de marzo de 1996 pasé la tarde y buena parte de la noche en la sede de la calle Génova. Como director de campaña, estuve la mayor parte del tiempo siguiendo los sondeos, analizando los datos que se iban haciendo públicos por parte del Ministerio del Interior y confrontándolos con los que recibíamos nosotros. Llegaban dirigentes del partido al despacho donde yo estaba y hacían comentarios, algunos más optimistas que otros. Como en otras ocasiones, intenté mantener la cabeza fría y atenerme a los datos reales, más que a suposiciones o interpretaciones un poco apresuradas. Obviamente, en esos momentos es fácil que una noticia aislada, de una provincia o de resultados aún parciales, se extrapolen y generen grandes expectativas o grandes pesimismos.

Poco después de las ocho de la tarde, cuando ya se conocían datos más fehacientes, hice una primera intervención pública, en la que pude anunciar, en medio de, primero, un gran silencio y luego de un entusiasmo indescriptible, que de acuerdo con nuestras estimaciones y las del gobierno todo apuntaba a que el Partido Popular había ganado las elecciones. Pero todavía era pronto para indicar la ventaja que se podía obtener sobre el PSOE.

Como es bien conocido, en nuestro sistema electoral, de proporcionalidad corregida, juega un papel importante la distribución de «los restos», aquellos votos que no suman suficiente para que un determinado partido obtenga escaño y, sin embargo, pueden resultar decisivos para que otro partido sí lo consiga. Además, hay determinadas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, y también Valencia, Madrid y Castilla y León, cuyas provincias suponen conjuntamente un importante número de escaños. Las pequeñas variaciones en unas u otras provincias pueden producir importantes diferencias de escaños en el cómputo final. Por eso, muchas veces no se sabe exactamente hasta el final qué es lo que va a pasar.

El recuento de los votos se prolongó, haciendo tensa la espera. Parecía por momentos que las encuestas podían volver a fallar y hubo inseguridad sobre el triunfo electoral casi hasta el final.

Los datos de las diferentes circunscripciones iban llegando y la sede de Génova era un continuo hervidero de gente entrando y saliendo de los despachos. Fue una noche de nerviosismo y de emociones más o menos contenidas. Yo calculé que íbamos a ganar por unos doscientos o doscientos cincuenta mil votos. Era algo menos de lo esperado, pero no por ello un menor triunfo.

El entusiasmo que se vivía en la calle, y que llegaba hasta la plaza de Colón y el paseo de la Castellana, era mucho más ruidoso, y ahí sí que no hubo desde el primer momento ninguna duda sobre nuestro éxito. Por fin, alrededor de la medianoche, José María Aznar, rodeado de la alegría y las felicitaciones de todo el mundo, salió al balcón de la calle Génova y anunció que el Partido Popular había ganado las elecciones.

Para sorpresa de la mayoría, el margen de la victoria fue menor del esperado, 1,3 puntos por encima del PSOE y unos trescientos mil votos más. Una nueva demostración de que jamás hay que confiar excesivamente en las encuestas. Mi experiencia es que cualquier batalla electoral exige esfuerzos hasta el último momento. Traducidos a escaños, los resultados arrojaban 156 diputados para el Partido Popular y 141 para los socialistas. Eso exigía pactar, al menos con CiU y con Coalición Canaria.

El Partido Popular demostró su voluntad de llegar a acuerdos, sin ceder en sus puntos programáticos básicos, no sólo con los nacionalistas catalanes y con CC, sino también con el PNV. Desde un año antes ya habíamos tenido algunas reuniones conjuntas.

El objetivo de las negociaciones estaba muy claro para nosotros. Se trataba de hacer un pacto para cuatro años con luz y taquígrafos; un pacto que fuera un compromiso público para toda la legislatura, con transparencia y claridad, y con un mecanismo de seguimiento y cumplimiento. En ese sentido, creo que es lo contrario de lo que lamentablemente se ha practicado durante los gobiernos de Rodríguez zapatero, en los que a falta de un programa y unos criterios definidos se ha venido pactando en función de las necesidades del momento, con el consiguiente debilitamiento del gobierno.

La imagen de ese acuerdo de apoyo de CiU al gobierno del PP, en el cual yo tuve una participación muy activa, llevando gran parte de la negociación y alcanzando puntos de entendimiento, fue la fotografía de la cena en el hotel Majestic de Barcelona. Por eso se le bautizó como «el pacto del Majestic». Allí estaban Aznar, Pujol, Rato, Duran i Lleida y otras personas que sin duda tenían cuestiones en las que discrepaban, pero también albergaban una voluntad democrática de superar juntos la crisis. Gracias a ello hicimos posible una de las etapas más brillantes de la reciente historia contemporánea española.

Desde la ley y el Estado de derecho

Algo más de un año antes de las elecciones, el 23 de enero de 1995, ETA asesinó de un disparo en la nuca, a bocajarro, mientras estaba sentado a la mesa de un bar con sus colaboradores más cercanos, al concejal y candidato del Partido Popular a la alcaldía de San Sebastián Gregorio Ordóñez. Fue un crimen terrible que conmocionó a la sociedad española, y en particular a los militantes y dirigentes del partido.

Gregorio se había destacado por una valentía y un coraje extraordinarios al hacer frente desde el ayuntamiento y desde su actividad política y su ejemplo de vida al terrorismo de ETA. Yo le conocía bien por las veces que mis responsabilidades en el partido me habían llevado al País Vasco y tengo grabada muy vivamente la imagen de su simpatía y sus dotes humanas, el amor y el apego que sentía por su tierra. Ese día terrible recuerdo que sentí un mazazo tremendo cuando me llegó la noticia. Viajé inmediatamente al funeral y estuve después en una reunión muy triste con José María Aznar y con Jaime Mayor.

Durante los años de responsabilidades internas en el partido y más aún después como ministro del Interior he sentido muy de cerca el zarpazo del terrorismo.

El vil asesinato de Gregorio Ordóñez fue un acontecimiento que marcó sin duda un antes y un después en el profundo sentimiento del Partido Popular respecto a las víctimas de ETA, pero no le hizo cambiar un ápice su estrategia.

Dentro de las grandes manipulaciones que no me gustaría que quedaran para la historia está la versión de que todos los partidos negociaron con ETA. El Partido Popular nunca ha negociado con ETA porque el Partido Popular cree que no se debe negociar con terroristas. Durante los gobiernos de José María Aznar hubo una única toma de contacto en Suiza con la banda terrorista, con el fin de manifestar nuestra clara intención de que jamás iba a haber una negociación política. Quiero dejar bien claro para el inmediato futuro que con nosotros no se va a negociar. Sobre este punto esencial en la defensa del Estado de derecho en nuestro país volveré más adelante.

Otro elemento fundamental para derrotar a ETA ha sido —y tiene que seguir siéndolo— la tolerancia cero hacia el entorno de ETA.

Es posible que en un primer momento de los sucesivos gobiernos democráticos en Madrid y Vitoria se pensara que ofreciendo oportunidades de actuación legal al entorno de ETA cabía la esperanza de que ello les hiciera ver lo absurdo de continuar en la vía del terrorismo. El resultado fue, sin embargo, el contrario del esperado. En vez de convencer a los pro etarras de las bondades del marco democrático de convivencia, lo que se produjo fue el crecimiento de una amplia red de organizaciones y grupos, en su momento legales o en el margen de la legalidad, que seguían las directrices de ETA, colaborando en su estrategia, manteniendo un permanente acoso contra quienes se oponen a la banda terrorista, creando canales de financiación y propaganda, y constituyendo el vivero del que surgen sus activistas.

Frente a ello, nuestra acción fue muy clara durante las dos legislaturas de gobierno del Partido Popular. Pienso que para el declive progresivo de ETA han sido cruciales las acciones más acordes con el espíritu democrático y el respeto a la legalidad. Ha sido fundamental la generación de un creciente consenso democrático, en la sociedad española y particularmente dentro de la sociedad vasca, que ha contribuido a reducir el apoyo social a la organización terrorista.

Gracias a ello, ni la estrategia de desgaste de ETA, que presumía la posibilidad de que el Estado pudiera ceder a sus pretensiones, ni las acciones encaminadas a crear un frente nacionalista, basado en la alianza coyuntural con el nacionalismo no violento y el rechazo del nacionalismo vasco al marco autonómico —que fue la estrategia seguida a partir de agosto de 1998 tras el pacto de Estella-Lizarra—, han tenido éxito.

El Estado, en un asunto tan crucial como éste, no puede bajar un milímetro la guardia. La firmeza en la defensa del Estado de derecho, la eficacia de la lucha antiterrorista en todos sus frentes y la tenacidad en el compromiso con nuestros valores democráticos y las libertades son elementos consustanciales a mi hoja de ruta. Sólo así seremos también leales con respecto al duro legado de Gregorio Ordóñez y de tantas otras víctimas inocentes del terrorismo etarra.

CAPÍTULO 6

El gobierno de la nación

Mi primer ministerio y mi boda

Al poco tiempo de ser elegido presidente del gobierno con los votos de los diputados de Convergència i Unió, Coalición Canaria y el PNV en el Congreso de los Diputados, José María Aznar me ofreció la cartera de Administraciones Públicas.

El día 6 de mayo de 1996, un día que guardo bien en la memoria, juré el cargo delante de Su Majestad el Rey en el Palacio de la zarzuela.

La víspera había estado comentando junto con mi familia y mi novia, Elvira —Viri—, los detalles de la ceremonia. Por supuesto, significaba una gran satisfacción personal, porque era una oportunidad de servir a mi país, poder hacer un trabajo eficaz y útil, y también por el momento de expectación de un gobierno con ambición de solucionar los graves problemas que tenía planteados España. Habíamos trabajado duro a lo largo de los años y ahora se nos ofrecía un gran desafío; teníamos toda la ilusión de hacerlo lo mejor posible y dar el máximo de nosotros mismos. Yo tenía cuarenta y un años, y el ministerio que se me encargaba encajaba muy bien con mi experiencia y mi formación. Conocía bien el funcionamiento del Estado de las autonomías y los diferentes niveles de la Administración.

Yo me sentí cómodo, como digo, con el nombramiento, porque eran cuestiones a las que me había dedicado durante años tanto en la Administración autonómica y local como desde la dirección del partido. Tenía además la ventaja de que debía cumplir un programa que era público, unos acuerdos de coalición, aunque el gobierno fuese monocolor del Partido Popular.

Recuerdo que para la ceremonia de la jura me presenté en la zarzuela con bastantes minutos de antelación y quizá un punto de nerviosismo. Había repasado mentalmente los pasos que tenía que dar, el momento en que me correspondía salir de la fila de mis compañeros, hacer la leve inclinación de cabeza ante Su Majestad el Rey, para posteriormente proceder a la jura del cargo ante el ejemplar de la Constitución y el crucifijo.

Todo me pareció que había salido bien. Sin embargo, un amigo que estaba viendo el acto por televisión me comentó después que la fórmula que yo había utilizado era de lo más original. Me había limitado a decir: «Juro por mi conciencia y honor desempeñar el cargo de ministro...» Lo que no había quedado nada claro era de qué ministerio se trataba. Con los nervios del momento se me había olvidado mencionarlo. No sé si fue un lapsus línguae o una premonición un poco freudiana de que en los próximos años iba a cambiar de ministerio con bastante frecuencia.

El gobierno en el que entré a formar parte entonces fue un gobierno que gobernó. Esto no es ninguna obviedad. Era un Ejecutivo con propuestas de largo alcance, que hizo un diagnóstico certero de la situación en la que nos encontrábamos y tomó las medidas oportunas.

Fruto de esa determinación fue que entre 1996 y 2004 conseguimos lograr en España una transformación radical en términos de bienestar, prosperidad y empleo.

Las cifras que avalan esa afirmación son bien conocidas. En ocho años conseguimos que el empleo creciera en cuatro millones y medio de personas y elevamos el ingreso medio de cada español, la renta per cápita, hasta alcanzar el 90 por ciento de la media europea.

El euro, la oportunidad que se le abría a España de poder participar desde el momento de su creación en la nueva Unión Monetaria que iba a nacer en el seno de la Unión Europea, fue el catalizador que sirvió para movilizar las energías de la sociedad española. Queríamos también aprovechar la clara oportunidad política que se nos brindaba para reforzar nuestra proyección e influencia europeas.

Mi ministerio, Administraciones Públicas, engloba toda la política autonómica y local, así como el área de función pública. Era, por tanto, un ministerio importante en la estrategia de introducir en España la cultura de la estabilidad económica y presupuestaria, teniendo en cuenta que en marzo de 1996 la deuda total del conjunto de las Administraciones Públicas era cercana al 64 por ciento del PIB. A esa tarea, y a otras dirigidas a la modernización de la Administración y de la función pública, me entregué desde el primer momento con ahínco.

En ese mismo año se produjo otro acontecimiento muy importante en mi vida personal. A finales de diciembre, me casé con mi novia, Viri, en la capilla de las Conchas de la isla de La Toja, en Pontevedra. Era el día de los Santos Inocentes. Hasta el último momento tuve que retrasar la fecha, porque el 27 de diciembre, que era el día inicialmente señalado, se fijó la votación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados y tenía que estar en Madrid.

A Viri la conocí en Pontevedra en 1992. Nos presentó mi hermano Luis, y desde el primer momento sentí que aquella mujer, tan guapa y con una personalidad muy marcada, a la vez que discreta e inteligente, no me iba a dejar indiferente de por vida. Entonces estaba acabando la carrera de Empresariales. Es la persona a la que quiero, con la que he tenido dos hijos estupendos, a los que adoro, y la mujer con la que he decidido compartir un proyecto de vida, que, en lo que de mí dependa, es para siempre.

Ella tiene una gran comprensión por el tipo de vida que llevo, con horarios y exigencias que no siempre son fáciles de compaginar con la familia. Me conoció ya como político y me ha apoyado siempre en mi tarea, aunque no creo que sea la actividad profesional que a ella, por temperamento, le resulte más atractiva. Pero lo comprende y acepta con generosidad impagable los sacrificios que conlleva.

La zona en torno a la isla de La Toja y Sanxenxo es un poco como nuestra pequeña patria y un lugar enormemente querido para los dos. Por eso no tuvimos ninguna duda para elegir el lugar. Los dos habíamos pensado en una boda más bien íntima, con un grupo de amigos y familiares. Pero no hubo manera. A la puerta de la iglesia había más de cien periodistas con sus cámaras fotográficas.

No me importa admitir que me hubiera gustado celebrar mi boda de otra manera, y lo sentí sobre todo por Viri, a la que no le resultan cómodas las fotografías de prensa y las apariciones en público. Lo entiendo perfectamente, porque también yo considero que lo peor de estar en política es el continuo acoso a la vida privada. Prefiero que mi mujer, que tiene un gran sentido común, y sobre todo mis hijos no estén expuestos a los focos públicos.

Después de la boda, en la que no pude evitar estar mirando casi todo el tiempo a Viri, nos fuimos de viaje de novios a la República Dominicana. Como no teníamos mucho tiempo, nos marchamos sólo cinco días, y me quedé con ganas de poder prolongarlos.

Pero volvamos de nuevo a la vida pública. Desde el gobierno, el presidente Aznar me encargó además la relación con los gobiernos autonómicos y los partidos con los que habíamos pactado y que debían garantizar una mayoría estable en el Parlamento. Fue una etapa reconfortante porque se trataba de dialogar y de consensuar las medidas que íbamos proponiendo y poniendo en marcha.

En esa tarea debo decir que fue más fácil colaborar con unos que con otros. Había algunas personas cuya capacidad de negociación se acababa en exigir obtener diez de los diez puntos que estaban sobre la mesa. Con muchos otros, como con los representantes de CiU, Xavier Trias, Xavier Pomés, y luego también Josep Antoni Duran i Lleida, tuve una relación habitualmente muy fluida.

También pude llevar a cabo proyectos relevantes con Coalición Canaria y con el gobierno de su comunidad, como el plan de costas, el plan de empleo de Canarias y el plan de infraestructuras.

Cuando elaboramos el programa de infraestructuras, me recorrí con un coche particular gran parte de las islas para conocer exactamente de qué estábamos hablando. Aquello fue muy útil porque me di cuenta de que realmente en lo que mis interlocutores canarios insistían tenían razón. Bastantes de los caminos que recorrí eran vecinales, lo cual demostraba que todavía había mucho por hacer.

He tenido desde hace años un afecto especial por esas islas que considero verdaderamente afortunadas. Como ya he relatado anteriormente, mi padre fue allí a reponerse tras ser operado del corazón hace unos veinticinco años. Él no quería ir, y fue mi madre quien le convenció; gracias al buen clima de las Canarias y a haber comenzado a hacer entonces ejercicio de manera regular, ha podido disfrutar de una muy buena calidad de vida, que hubiera sido posiblemente más difícil en otras circunstancias. Desde entonces, voy todos los años a las Canarias; me gustan las islas, el color del cielo, la luz, el sol y su incomparable climatología. Me alegré de poder contribuir eficazmente desde el ministerio a su desarrollo económico.

En esa primavera de 1996, cuando el primer gobierno del Partido Popular inició su andadura, ofrecimos a los españoles un objetivo muy claro. Nos comprometimos a impulsar las reformas necesarias para lograr cumplir en un plazo récord, de menos de dos años, los criterios de convergencia, lo que permitió a España llegar a ser miembro fundador del euro.

Era un objetivo que parecía prácticamente imposible. En aquellos años se habían llegado a popularizar en la prensa internacional las expresiones peyorativas PIGS (acrónimo en inglés de Portugal, Italy, Greece y Spain) o la sólo relativamente más educada de Club Med, para referirse a aquellos países sobre los que se pensaba que no iban a poder entrar en el euro, al menos en una primera fase.

Esos comentarios, incluso bastante más duros y utilizando los mismos acrónimos u otros similares, han sido usados de forma similar en 2010 y 2011. Hemos perdido gran parte del prestigio que habíamos conseguido a lo largo del período 1996-2004, la confianza que conseguimos generar con respecto a las capacidades de España frente a los prejuicios arraigados desde antiguo en la opinión internacional.

Todavía están muy vivas las imágenes y los comentarios de aquellos dos años, cuando se hablaba, en relación con el euro, de la Europa de las dos velocidades, el «núcleo duro» o la Europa de geometría variable. Había fuertes recelos por parte de las economías más estables, en relación con la incapacidad de los países del sur para iniciar y mantener una política de disciplina fiscal.

La idea que circulaba en algunos gobiernos europeos era la de diferir en todo caso la entrada de España en el euro, con criterios más flexibles. Hubo un momento determinante, cuando en la cumbre hispano-italiana celebrada en septiembre de 1996 en Valencia, la firmeza de José María Aznar hizo variar los planteamientos italianos, menos hostiles a la entrada en el euro en una segunda fase. En apenas dos años, hasta el Consejo Europeo de Bruselas de mayo de 1998, en el que se acordó el lanzamiento de la moneda única, España logró cumplir lo que muy pocos dentro y fuera de nuestro país esperaban.

El gobierno tuvo que actuar con muy poco tiempo. Se tomaron decisiones incómodas. El instrumento fundamental fue un importante ajuste presupuestario que permitió reducir el déficit de las Administraciones Públicas por debajo del 3 por ciento del PIB y la deuda por debajo del 60 por ciento.

Una de esas medidas duras, difíciles, pero necesarias, también por el grado de ejemplaridad que introdujo, fue la congelación del sueldo de los funcionarios, que me correspondió tener que aplicar a mí.

Intenté por todos los medios explicar por qué ello era necesario en el contexto en el que nos encontrábamos, pero no hubo manera de que se aceptase que hacía falta que todos nos apretáramos el cinturón. Viví entonces la primera huelga y la primera gran manifestación ante el Ministerio de Administraciones Públicas. Recuerdo que salí en todas las televisiones habidas y por haber explicando la situación y los porqués de aquella decisión, y celebramos una tensa reunión con los sindicatos que no tuvo un final feliz. Terminó de forma amable, sin enfrentamientos personales, pero con la huelga convocada y con una cierta confusión.

En ese momento, el portavoz socialista en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso era, por cierto, el diputado Rodríguez zapatero. Fue muy crítico conmigo y lo siguió siendo posteriormente durante años, incluso en los debates que tuvimos antes de las elecciones, acusándome de haber sido inmisericorde con los funcionarios. Hasta que un día de 2010, a resultas de la crisis, bajó el sueldo de los funcionarios un 5 por ciento.

No tengo ninguna duda sobre el hecho de que la inacción de un gobierno en el momento oportuno, cuando las medidas pueden no ser populares, produce a medio plazo consecuencias catastróficas.

Las medidas económicas que impulsamos no iban únicamente dirigidas a la entrada en el euro. El esfuerzo presupuestario y los sacrificios que se estaban pidiendo a los españoles no eran sólo para alcanzar los criterios de convergencia. La política presupuestaria se enmarcaba de manera coherente dentro de un programa de reformas y del objetivo de consolidar una economía sana y equilibrada que generase empleo.

Las reformas que emprendimos perseguían aumentar el ámbito de la libertad económica y, por tanto, también de la libertad individual y colectiva de los españoles.

Con una voluntad de reforma permanente buscábamos redefinir el papel de las Administraciones Públicas como prestadoras de servicios. Reduciendo el gasto público se hacía posible la rebaja de impuestos y la devolución a la iniciativa privada de sectores económicos en los que se pudiera llevar a cabo una gestión más eficiente y competitiva. Con ello se favorecía el desarrollo de la iniciativa empresarial y la libertad de familias y ciudadanos individuales, pero se fortalecía también a medio plazo la caja común de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.

El resultado fue una sociedad civil con más capacidad de iniciativa, más fuerte y con más oportunidades, impulsada por un Estado también más saneado y reforzado; objetivos que son también necesarios en la nueva etapa que tenemos que iniciar.

En el centro de la Administración del Estado

¿Cuál fue mi experiencia personal como ministro?

Pienso que siempre que uno llega a ese puesto de responsabilidad, la primera preocupación es hacerlo bien. El sentido de la responsabilidad se acentúa. Aunque me sentía tranquilo, porque los temas me eran familiares, lo cierto es que preparaba mucho cada cuestión, estudiaba y hacía que se estudiaran los temas con intensidad.

Preparaba previamente con un equipo reducido de colaboradores los puntos que se llevaban cada semana al Consejo de Ministros. Los jueves por la tarde los dedicábamos a analizar cada tema durante horas. En las sesiones del consejo se argumentaba con gran conocimiento de causa debatiendo todas las cuestiones que lo mereciesen. Yo solía informarme antes de las reuniones de qué puntos del orden del día podían suscitar más discusión e incidía particularmente sobre ellos.

El ministerio contaba con una gran ayuda que era el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, una especie de think tank de la Administración, que reunía a gente muy competente y cuyos conocimientos yo desde luego supe valorar. Bastantes de estas personas militaban en el PSOE y habían sido altos cargos en la Administración socialista, pero eso no me importó. Personas que habían ocupado responsabilidades como secretarios de Estado, subsecretarios de ministerios, o que habían trabajado en la Moncloa actuaron de forma extremadamente profesional y jamás tuve ninguna queja de ellos. Realizaban buenos informes sobre las cuestiones que se les requería y ayudaron a que mi paso por el ministerio fuera satisfactorio y pudiéramos emprender un buen número de proyectos.

Lo más importante fue completar prácticamente el proceso de transferencia de competencias en favor de las comunidades autónomas.

Esta culminación del modelo autonómico supuso varios pasos: el cumplimiento de los pactos autonómicos de 1992, la aprobación y aplicación de la Ley Orgánica de Transferencias, la elevación del nivel competencial de las comunidades autónomas que se regían por el artículo 143 de la Constitución y la reforma de los Estatutos de autonomía.

A partir de ese momento, la Administración General del Estado ejercía las mismas competencias en todas las comunidades autónomas, lo que, entre otras cosas, permitió más tarde que la financiación fuese la misma.

Hoy la apuesta de futuro es el desafío de la coordinación entre Administraciones. La Administración central debe hacer uso de las competencias básicas de coordinación y planificación. Éste es un punto importante no sólo para garantizar la unidad de mercado y mejorar la calidad de la regulación económica, sino también para hacer viable la reducción significativa del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas que se precisa y limitar el endeudamiento.

Otro de los objetivos que me propuse en mi tiempo en el ministerio fue despolitizar la Administración. Establecimos que, salvo muy limitadas excepciones, únicamente los ministros y secretarios de Estado debían ser cargos políticos. Hoy sigo pensando que lo ideal es que todos los demás niveles sean cubiertos sólo con funcionarios de carrera competentes.

Soy también partidario de reforzar la profesionalidad del funcionariado. Es muy necesario volver a recuperar una carrera administrativa basada en el mérito y la capacidad, terminando con el abuso de la libre designación.

Mi experiencia en esos años del ministerio es haber contado con excelentes profesionales. En gran medida, ello se debe sobre todo al sistema de oposiciones, que hace posible el acceso a la carrera administrativa de forma objetiva y en igualdad de condiciones.

Hoy tenemos en España una Administración excesivamente abultada, que, dada la situación económica y presupuestaria, va a hacer falta adelgazar. Pero en contrapartida debemos ser muy estrictos con la exigencia de competencia y ser capaces de atraer a los mejores a la función pública. No sólo los grandes cuerpos de la Administración, pero sin duda ellos en un lugar destacado, realizan una función técnica que es el verdadero motor del trabajo de los ministerios.

Convendrá también por ello que nos planteemos seriamente una reflexión sobre la retribución de los sueldos de los funcionarios, para que conforme avanzan en su carrera no se vean tan abiertamente discriminados con respecto a los sueldos en el sector privado, como sucede hoy en día, y así favorecer la continuidad en las carreras y en el trabajo administrativo.

En mi juventud, cuando alguien acababa sus estudios y volvía a su ciudad, las opciones profesionales eran bastante limitadas. Una de ellas eran las oposiciones del Estado. Afortunadamente las oportunidades para los jóvenes que terminan sus estudios han sido, hasta la crisis actual, mucho mayores de lo que lo eran entonces, pero por ello mismo es preciso promover que a la función pública se acerquen los mejores.

Dentro de mis responsabilidades en el ministerio me ocupé también con gran interés de las cuestiones relacionadas con la Administración local, cuyos retos y problemas conocía de primera mano desde mi época de presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra.

Hoy pienso que existen sobre todo dos necesidades importantes en relación con los ayuntamientos.

Creo que es preciso afrontar de una vez por todas la reforma del mapa municipal español. Son muchos los municipios que carecen del mínimo de población y recursos suficientes. A pesar de que viene reclamándose con insistencia, en España se ha postergado una y otra vez una reforma en profundidad de la Administración local, al estilo de la realizada en otros países europeos.

Pero, sobre todo, la gran cuestión, fuente de tantos conflictos e irregularidades, y no ajena al desarrollo de la famosa burbuja inmobiliaria, es la imprescindible reducción de la discrecionalidad en la planificación urbanística.

En 1998 establecimos unos criterios objetivos que estaban dirigidos a disminuir considerablemente la discrecionalidad a la hora de calificar el suelo como urbanizable o no urbanizable. Sin embargo, poco después el Tribunal Constitucional atribuyó a las comunidades autónomas la competencia para la ordenación territorial. Por esta vía se consolidó la discrecionalidad para la clasificación del suelo urbanizable y no urbanizable, lo que convirtió el suelo en España —paradójicamente, dada la amplitud del territorio— en un bien escaso.

Para el futuro es necesario reforzar las exigencias de motivación de las calificaciones (y recalificaciones) con arreglo a criterios objetivos. Lo importante es acabar con la discrecionalidad y la arbitrariedad, que han sido fuentes de corrupción en no pocos casos.

Pienso que hay otras medidas que deberán adoptarse para remediar muchas deficiencias actuales. Sólo quiero citar algunos ejemplos.

Considero que hacen falta, en general, menos autorizaciones administrativas. Es preciso aligerar los requisitos que en muchas ocasiones asfixian cualquier iniciativa y caen como una losa sobre las empresas, haciendo que se retrasen los proyectos empresariales, sobre todo los de las pequeñas y medianas empresas, que son el nervio de la iniciativa privada.

Mi diseño del Estado es el de un Estado moderno, que garantiza la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, pero que a la vez refuerza el ámbito de actuación y los derechos de los ciudadanos.

Hoy en día, está en boca de muchos expertos el término «nueva ciudadanía». Considero que ese tipo de reflexión es necesaria. Forma parte de nuestro proyecto promover una ciudadanía más responsable, menos pasiva, con más iniciativa pública y capacidad de colaboración con las Administraciones.

A lo largo de las últimas décadas hemos vencido en gran medida la imagen castiza del «¡vuelva usted mañana!», de Larra, o aquellos relatos de Pérez Galdós o de Azorín en los que la Administración aparecía siempre envuelta en legajos polvorientos. Hoy es sin duda más ágil y eficiente, utiliza con regularidad tecnologías avanzadas, da un servicio que los ciudadanos valoran cada vez más. Pero todavía hay que dar pasos importantes.

Tenemos que definir claramente las competencias de unas y otras Administraciones y órganos administrativos. El pacto a favor de la nueva ciudadanía debe incluir mayor transparencia, más flexibilidad y agilidad, el diálogo entre autoridades e interesados, y el respeto de los mecanismos de mercado.

Éste es mi objetivo: una Administración coordinada, menos intervencionista y más eficaz, en un Estado moderno.

O dicho con otras palabras: más sociedad y un mejor gobierno.

Es obvio que el Estado no puede pretender suplantar al individuo, a las familias, a la iniciativa privada, ni entrometerse en la vida de los españoles. El intento de los últimos gobiernos socialistas de legislar sobre la vida privada hasta límites agobiantes me parece un despropósito. No son las leyes las que tienen que regular la vida privada, sino la propia responsabilidad y un sentido moral, que no tiene obviamente por qué estar basado en la religión, aunque la religión sea un fundamento muy sólido de la moralidad.

Esa excesiva intromisión en la vida personal acentúa la tradicional dependencia del Estado por parte de los españoles. Ahora, la crisis está evidenciando que no puede ser sino la sociedad en su conjunto —los empresarios, los trabajadores, los profesionales, la sociedad civil— la que tiene que esforzarse por sacar el país adelante. Ésta es una cuestión que entronca con el papel de los valores, de la educación y de las familias al que ya me he referido en varias ocasiones.

Considero que la función del Estado es subsidiaria: crear el entorno adecuado para que los individuos y la sociedad puedan progresar. No es una especie de divinidad, de deus ex máchina, capaz de solucionar todos los problemas de los ciudadanos, ni el Estado puede lógicamente acoger en puestos públicos o subvencionados a cada vez más personas. No puede ni debe prometer un nuevo paraíso terrenal, en el que se prosperara sin esfuerzo.

Parte de nuestra tarea en los próximos años tiene que ser volver a recuperar el sentido de responsabilidad personal y de iniciativa individual. Es de nosotros, de los ciudadanos, de los españoles, de cada uno de nosotros, de los que depende la salida de la crisis y nuestro futuro como país.

De nuevo, la importancia crucial de la educación

Pasado el ecuador de la legislatura, a principios de 1999, el presidente Aznar estimó conveniente realizar cambios en el gobierno. Tuvimos una reunión en la que me pidió que asumiera la cartera de Educación, que incluía las enseñanzas medias, la formación profesional y la enseñanza universitaria, así como cultura y deportes.

Encaré mi nueva responsabilidad con sentimientos encontrados. Por un lado, me atraía un área de tanta relevancia para el futuro de España como la educación. Por otra parte, me había sentido muy a gusto en Administraciones Públicas, que era un departamento cuyas diferentes áreas acabé conociendo muy bien. Además, tampoco ignoraba las dificultades que me iba a encontrar en un ministerio como el de Educación, en el que los intereses de sectores encontrados no siempre facilitan un equilibrio que a la vez es necesario para acometer las reformas.

Desde el primer momento, mi actitud con respecto a funcionarios, profesores, empresarios de la educación, sindicatos, fue la que he mantenido en todos los lugares por los que he pasado: actuar sobre la base del diálogo y el consenso, con nulo sectarismo o exceso de ideología, e intentando no crear conflictos allí donde no sea estrictamente necesario. En este sentido hay una frase de Cambó que me parece que resume bien esta manera de actuar, que he utilizado con frecuencia y que no me vino nada mal en aquellas circunstancias: «En las luchas políticas, la habilidad, la amabilidad y la seducción pueden ser armas de mucha más eficacia que la audacia o la elocuencia.»

La mejora de la educación secundaria era sin duda uno de los caballos de batalla del ministerio. Durante el primer período de la legislatura, el gobierno había conseguido extender y profundizar el debate educativo, poniendo especial énfasis en la necesidad de mayores niveles de esfuerzo, calidad y excelencia en la enseñanza secundaria, también sensibilizando a la opinión pública sobre el grave deterioro que habían sufrido las humanidades, en detrimento de otras materias.

Creo que las humanidades, como las matemáticas, los idiomas, y también las ciencias y la tecnología, deben ser hoy enseñanzas esenciales. Las humanidades aportan la visión global que si no se obtiene durante la secundaria es luego mucho más difícil de adquirir por las exigencias cada vez mayores de especialización profesional ante las que nos encontramos.

Viajé y hablé mucho con responsables de centros educativos, de institutos, colegios y centros de formación profesional. En más de una ocasión convoqué en el ministerio a personas y expertos para que me aportaran su visión sobre los problemas de la enseñanza.

La conclusión que saqué es que hacía falta una serie de medidas para reformar los contenidos de las enseñanzas comunes de la enseñanza secundaria y el bachillerato, y posiblemente modificar la Ley de Reforma Universitaria de 1983, aprobada por el primer gobierno socialista, que era objeto de críticas provenientes de sectores muy distintos. Resultaba también patente la necesidad de modernizar la formación profesional, para adecuarla en mayor medida a las demandas de los empleadores.

Sin embargo, la ausencia de la mayoría parlamentaria necesaria impedía garantizar cualquier reforma legislativa. Esas medidas, que pudieron finalmente adoptarse en la segunda legislatura de gobierno del Partido Popular, las preparamos a través de avances concretos como la reforma de la selectividad, potenciando las calificaciones del bachillerato; y en la enseñanza universitaria, con la creación del distrito universitario único, dirigido a favorecer la movilidad interna entre las universidades españolas, al igual que las becas Séneca, que también pude poner en marcha en esos momentos.

Existía una crítica bastante generalizada sobre las deficiencias que había mostrado la ley socialista de educación, la famosa LOGSE. Con mis colaboradores, pude constatar que los problemas no estaban sólo en la aplicación de la ley, sino ya en sus contenidos y sus objetivos iniciales. No pocos padres y profesores de institutos y colegios con los que me reuní recalcaron lo que los organismos oficiales nacionales e internacionales habían constatado. Teníamos —y seguimos teniéndolo, lamentablemente— un fracaso escolar que superaba la media europea, y la calidad de la enseñanza mostraba un deterioro alarmante.

Tuve claro desde el primer momento que hacía falta reforzar los requisitos educativos, la exigencia y el esfuerzo. Lo confirmo hoy cada vez que me ocupo de los deberes de mis hijos o hablo con sus profesores o con ellos. En aquella época del ministerio conseguimos eliminar el pase automático al curso siguiente, que me parecía una notable concesión a la falta de esfuerzo, y disminuir el número de materias optativas. También fui muy consciente de que había que intentar suplir la falta de medios de no pocos centros y la escasez de profesorado, por no hablar ya de profesorado selecto.

Recuerdo que tuve en todo momento una buena relación con los rectores universitarios, reunidos en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Entre ellos, encontré personalidades académicas de relieve. Dialogué mucho con ellos y revisé todas las cuestiones que plantea la enseñanza universitaria, ciertamente no fáciles de resolver: desde la autonomía universitaria, pasando por la financiación, la selección del profesorado o la adecuación de los planes de estudio.

Desde el ministerio conseguí la aprobación del distrito único universitario, sin que hubiera demasiadas objeciones. Era un objetivo importante para favorecer la movilidad de los estudiantes, en una época en la que gracias a los programas Erasmus ésa era una realidad vivida habitualmente entre las universidades europeas, y que dentro de España, sin embargo, había seguido el proceso inverso, hacia un mayor localismo. Tuve una gran satisfacción al comprobar que sólo una de las entonces casi cincuenta universidades españolas votó en contra de esa iniciativa.

Visitando y hablando con los empresarios y los sindicatos he obtenido siempre opiniones muy sensibles a la importancia de la formación profesional. En otros países de nuestro entorno, como Alemania, la apuesta por una formación profesional exigente, de calidad y estrechamente imbricada desde el primer momento con las necesidades de las empresas y del mercado de trabajo constituye una de las razones principales de su desarrollo tecnológico.

La industria necesita personas formadas en los diferentes sectores y con una doble preparación, tanto teórica como aplicada, que responda a las exigencias cambiantes de la tecnología y del mercado.

Pude darme cuenta del abandono que había sufrido la formación profesional en legislaturas anteriores y de cómo los datos son muy concluyentes en el sentido de que los jóvenes que cursan la formación profesional han sido tradicionalmente los que menos tardan en encontrar empleo. Soy bien consciente de que una formación profesional de calidad está considerada en todos los países avanzados como un instrumento esencial en el desarrollo de la innovación, la productividad y la competitividad. Por ello en esa época pusimos especial énfasis en la aplicación del II Plan Nacional de Formación Profesional, que, para el período 19982001, acababa de aprobar el gobierno.

No dejo de tener presente que formación, productividad, innovación y empleo son vectores que están muy unidos. La globalización y la sociedad del conocimiento convierten hoy la educación, más que en ningún otro período anterior, en el instrumento determinante para competir, encontrar empleo y avanzar socialmente. También es muy importante la educación para favorecer la igualdad y la cohesión social.

Hoy, por esta razón, la responsabilidad de los poderes públicos para garantizar una educación de calidad se duplica. Sin embargo, los mensajes que los organismos internacionales han emitido sobre España desde hace años no son nada positivos.

El último informe PISA, por ejemplo, promovido por la OCDE, hecho público en 2010, fue todavía más contundente que los anteriores. Seguimos en niveles muy inferiores en la evaluación correspondiente a lectura, matemáticas y ciencias, y nuestras cifras de fracaso y abandono escolar temprano son muy alarmantes. Según la OCDE, sólo un 64 por ciento de los españoles entre 25 y 34 años han realizado estudios de bachillerato o formación profesional, mientras la mayoría de los países de la Unión Europea supera el 90 por ciento.

En nuestro caso, además de la debilidad de los conocimientos en matemáticas y lengua, tenemos un déficit tradicional en el fomento del espíritu emprendedor y en ciencia y tecnología.

Sólo citaré otros dos datos para mostrar cómo éste es un objetivo crucial para los próximos años, un eje esencial para el desarrollo individual y colectivo. El horario escolar en China es de diez horas al día. Obviamente no se trata de llegar a esos niveles, probablemente excesivos, pero no podemos perder de vista lo que otros están haciendo.

En no pocas ocasiones, lo que ocurre es que estamos impidiendo competir libremente a los distintos centros y proyectos educativos. También hubo una época en la que los equipos y los deportistas españoles no ganaban en ningún deporte. Los últimos años han demostrado con creces que se trataba de falta de organización y entrenamiento.

En cuanto a la universidad, las publicaciones internacionales, como el informe Shanghái, que está centrado en los aspectos de investigación, han dado muestra inequívoca de que el esfuerzo por realizar es muy importante. Seguimos sin tener ninguna universidad entre las cien mejores del mundo y apenas aparecemos representados entre las doscientas primeras. Eso ocurre cuando a la vez hay áreas en las que profesores e investigadores españoles destacan en los rankings mundiales.

Muchas de las reformas adoptadas por el Partido Popular en temas de educación fueron posteriormente inaplicadas —o incluso sustituidas— por otras medidas de los gobiernos socialistas, lo que generó una imagen permanente de bandazos, de dar «un paso adelante y dos atrás».

Para mí, en el centro de la educación se halla la libertad. Fue la experiencia personal que más me influyó de mis años infantiles y adolescentes, una herencia muy positiva de mis padres. Gracias a la libertad se desarrolla la responsabilidad individual y los hábitos de honestidad, esfuerzo, continuidad en el trabajo bien hecho, curiosidad y capacidad crítica sobre los que vengo insistiendo desde el comienzo de este libro.

Conseguiremos más libertad para competir y seremos más respetuosos con la libertad personal si los padres tienen una capacidad real para elegir el centro y la modalidad de educación que deseen para sus hijos, y si se reconoce el derecho de cada centro a diseñar su propia oferta educativa, con menos trabas burocráticas, menor centralización y más autonomía.

Las universidades tendrán que competir por los mejores alumnos y profesores y relacionarse más estrechamente con la empresa y la sociedad, con mayor presencia del inglés y de las enseñanzas bilingües.

No me cansaré de subrayar que aquí, en la educación, está la clave, el núcleo del desafío de los próximos años, y aun de las próximas décadas. Saldremos adelante como país y personalmente si somos bien conscientes de la prioridad absoluta de la educación.

La cultura y los deportes: dos grandes embajadores de España

Me alegró que entre las competencias del ministerio se encontrara cultura. Constituía además un área prioritaria para el gobierno del Partido Popular. Soy buen lector, en especial de historia y de ensayo, me gusta el cine y soy un apasionado de los deportes. Disfruto leyendo ensayo y novela histórica, sobre todo relacionados con la historia de España o de Europa, y es difícil que, siempre que mis obligaciones me lo permitan, deje de ver una competición deportiva de nivel. Por todo ello, y además por la importancia que la cultura, la lengua y el deporte tienen de forma creciente en nuestras sociedades, son cuestiones de las que me ocupé con gusto y que sigo hoy con mucho interés.

Conozco el debate y las críticas que la idea misma de una «política cultural» ha suscitado en ocasiones sobre el grado de intervención del poder público en un área cuya creatividad depende de la libertad y de la iniciativa de los individuos. Por otro lado, es evidente que la cultura, sobre todo a través de sus aspectos más mediáticos, se ha convertido en un importante factor de creación de la imagen de cualquier país, e incluso de desarrollo económico.

Para mí, la lengua española constituye un medio incomparable de promoción de España y de su cultura en el exterior. La lengua y la cultura —y también los deportes— son hoy excelentes embajadores de España. El nombre de un deportista de gran éxito, de un equipo de fútbol o de un escritor son hoy muchas veces una referencia positiva de la «marca España» y ello tiene también connotaciones positivas para la economía.

Además hoy la gestión cultural en España requiere integrar la pluralidad del Estado, también en el aspecto cultural. Se debe hacer compatible la diversidad de las diferentes lenguas y la pluralidad cultural con el mantenimiento del evidente carácter común de nuestro legado histórico y de nuestra realidad presente.

Al empezar a trabajar en el ministerio, lo que más me sorprendió fue que más bien parecía que estuviera en el Ministerio de Economía. Suelo decir con cierta sorna que, en realidad, lo que yo aprendí en el ministerio más que de cultura fue de números, porque ése era uno de los grandes temas, si no casi el único, de gran parte de las reuniones a las que por el cargo me correspondió asistir o presidir.

Después de pagar íntegramente la adquisición de la colección Thyssen, pudimos acometer un ambicioso programa de inversiones en instituciones culturales.

Iniciamos entonces las ampliaciones del Museo del Prado, del Reina Sofía y del Thyssen-Bornemisza. Fueron más de veinte acciones repartidas por toda España, entre las que recuerdo con especial satisfacción las inversiones en el Archivo de Indias en Sevilla o en el Archivo de Simancas.

Si de algo estoy satisfecho de aquella época en Cultura es del impulso que se dio a los grandes museos nacionales. El Museo del Prado estaba protegido por un acuerdo entre los partidos que en todo momento respetamos y que pudimos ampliar a otras instituciones como el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional o el Museo Arqueológico Nacional. Así fue posible abordar las ampliaciones y la transformación interna que ha permitido consolidar el Prado y el Reina Sofía como instituciones de referencia a nivel mundial. Siempre he insistido en que, en los grandes museos, un requisito ineludible es el nivel de profesionalidad exigible a los gestores, la garantía de la autonomía de su trabajo y profesionalidad que debe extenderse al patronato y a otros órganos internos.

Otra negociación interesante fue la llevada a cabo con motivo del ejercicio del derecho de retracto por parte del Estado del retrato de la condesa de Chinchón, de Goya. El Estado compró ese cuadro de un particular, tras unas largas y no siempre fáciles conversaciones, y me satisface que podamos disfrutar de esta excelente obra en el Museo del Prado.

Durante esa época tuve bastantes relaciones con el mundo del cine.

El Partido Popular, creo que con pocas razones solventes, ha sido en ocasiones considerado como un adversario por algunas gentes del cine, lo que no es sino un malentendido. Puedo afirmar que durante mi época en el ministerio conseguimos mejorar esas relaciones, en la primera etapa de la legislatura algo soliviantadas por el debate al que me he referido anteriormente sobre proteccionismo y creatividad cultural.

Por ejemplo, hicimos posible un sistema de beneficios fiscales para la producción de películas, que permitía una deducción del 5 por ciento de la inversión realizada y una desgravación para las productoras de hasta el 20 por ciento de sus beneficios. Durante el período 1998-2000 logramos que el Fondo de Protección a la Cinematografía aumentara sus recursos, y nos esforzamos para que las televisiones cumplieran su obligación de favorecer la producción cinematográfica española.

También en esa época, siendo presidenta de la Academia de Cinematografía Aitana Sánchez-Gijón, se dotó a esta institución de una sede en un magnífico edificio patrimonio del Estado. Años después, cuando ya era presidente del Partido Popular, tuve ocasión de visitarlo con Álex de la Iglesia y comprobar los excelentes medios con los que cuenta la Academia.

Sobre todo, a nivel personal tuve una buena relación con los representantes de la industria cinematográfica y con algunas figuras destacadas del cine.

En el año 1999, José Luis Garci fue candidato al Oscar a la mejor película extranjera con El abuelo, una excelente cinta que, sin embargo, no consiguió alzarse con el preciado galardón. Desde el ministerio hicimos un esfuerzo de promoción importante, y yo, como ministro, viajé a la ceremonia de los Oscar para expresar nuestro apoyo a José Luis Garci. Por la noche, después de la ceremonia, recuerdo que tuvimos una cena muy agradable con el propio José Luis, que estaba algo cariacontecido, y con dos excelentes actores por los que he tenido siempre un gran respeto: Fernando Fernán Gómez y Cayetana Guillén Cuervo.

Fernando Fernán Gómez no tenía muchas ganas de hablar con la prensa, y a pesar de mis intentos de mediar para que aceptara que le hicieran una entrevista, Fernando, con aquella voz tan inolvidable y con gestos que me hicieron recordar su extraordinaria interpretación del Quijote, se negó rotundamente cuando algunos periodistas intentaron abordarle en el restaurante.

Al año siguiente tampoco escatimamos nuestros esfuerzos y Pedro Almodóvar consiguió el Oscar, que fue sin duda un gran éxito para el cine español.

Mis experiencias con los cineastas han sido, en general, positivas; intenté resolver los problemas que me plantearon y no tuve ninguna dificultad de relieve en mi etapa ministerial. Asistí a dos ceremonias de los Goya en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo.

En otra ocasión, más recientemente, el director Santiago Segura me invitó al estreno de una de sus películas, Torren te 2, y acepté. Había solicitado también la presencia de zapatero y de Carmen Calvo, entonces ministra de Cultura, pero ninguno de los dos acudió. Cuando llegué a la sala de cine, una parte del público comenzó a abuchearme. Santiago Segura se acercó a los micrófonos y les dijo que yo era el único político que había querido acudir a aquella inauguración, y que más bien él lo que sentía era agradecimiento. Rápidamente el ambiente cambió y me dieron un gran aplauso. Buena muestra de que muchas veces los sentimientos de aceptación o rechazo cuelgan de un hilo o de una frase más o menos intencionada. Más que en grandes discursos ideológicos, la gente confía en el ejemplo de la relación personal.

Coincidiendo con uno de los dos viajes a Los Ángeles con motivo de los Oscar tuve que hacer una gestión a solicitud de Jordi Pujol ante Jack Valenty, el presidente de la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos, para que se doblaran las películas estadounidenses al catalán. Pujol solicitó esta intervención en mi calidad de máximo representante institucional en España de las competencias ministeriales relacionadas con el cine.

Jack Valenty, que era un hombre muy bajito, me citó en una de las últimas plantas de un gran rascacielos de Los Ángeles, donde apareció acompañado de dos individuos que debían de medir cada uno algo más de dos metros. Después de escucharme atentamente y sin mover un músculo de la cara, con cierto sigilo se movió hacia uno de los guardaespaldas, quien le acercó un papel que había preparado sobre la mesa. Lo cogió, lo leyó en silencio y lacónicamente me dijo que eso en aquellos momentos no era posible.

A la vuelta a España llamé a Jordi Pujol y le conté lo sucedido. Él me agradeció la gestión.

También en la agria polémica que se suscitó en torno a la documentación de la Generalitat incautada al final de la guerra civil y depositada en el Archivo de Salamanca, conseguí llegar a una solución que fue aceptada por las diferentes partes. La Junta Superior de Archivos propuso crear un verdadero archivo único de la guerra civil con más amplia dotación del que existía y, al tiempo, se sugirió una posible fórmula para el eventual depósito de los fondos en el Arxiu Nacional de Catalunya. En junio de 1999 pude presidir la constitución del Patronato del Archivo.

Qué duda cabe de que la cultura española es una de nuestras mejores cartas de presentación en el mundo. Para cualquier gobierno, esta realidad se ha hecho patente, y en su conjunto se ha llevado a cabo un importante esfuerzo colectivo por potenciar su impacto en otras latitudes. Hay que avanzar ahora en la coordinación de la presencia cultural en el exterior.

Las grandes conmemoraciones que celebramos durante esos años a través de la fórmula de las sociedades estatales fueron una buena forma de proyectar la cultura española en el mundo. Pienso en las conmemoraciones que se organizaron sobre el 98, sobre Cánovas, García Lorca, Felipe II y Carlos V. Tuvieron una altura muy digna y realzaron la conciencia de los españoles sobre su historia y su auténtica memoria.

Considero que este tipo de actividades, como, sobre todo, la potenciación decidida de los institutos Cervantes en todo el mundo, en su doble dimensión de promoción de la lengua y la cultura, son piezas clave de nuestra acción cultural en el exterior.

No quiero finalizar este apartado sin escribir sobre el deporte, que constituye para mí, como para millones de españoles, una de mis mayores aficiones.

A veces los observadores extranjeros se sorprenden de que España esté dando un número tan alto de deportistas que sobresalen a escala mundial. En los últimos años han proliferado talentos como Pau Gasol en el baloncesto, Rafael Nadal en el tenis o Fernando Alonso en la Fórmula 1. Por no hablar de los extraordinarios éxitos de la selección española de fútbol, ganadora de la Eurocopa en 2008 y campeona del mundo en 2010, y de los obtenidos en otras disciplinas. Se demuestra la importancia y los buenos resultados del deporte de base.

Yo he compartido charlas, comidas o entregas de premios con gentes tan sobresalientes como Rafa Nadal o Ferrero. Me gusta mucho el tenis, y Nadal le regaló una raqueta a mi hijo mayor, firmada por él. Raqueta que Mariano guarda, por supuesto, con muchísimo orgullo.

Viajé en el 99 con la selección nacional de fútbol a Nigeria. Estuve hablando con Iker Casillas y con Xavi, y bajé al vestuario a saludar a los jugadores. Fue un encuentro muy simpático. El entrenador era Iñaki Sáez y también estaba por allí Camacho. Conservo una foto de ese momento, en la que aparecemos Camacho, Villar, el embajador en Nigeria y yo mismo.

Hice bastantes fotos y disfruté mucho, porque España ganó ese campeonato del mundo de fútbol sub-20. Tuve que ir y volver en el día, dos viajes muy largos y agotadores, diez horas de viaje, pero en Madrid me esperaban mil asuntos. Recuerdo que a la vuelta tuve que guardar cama varios días porque había cogido una infección.

Algunos se preguntan: «¿Cómo es posible que España produzca tan buenos y competitivos deportistas?»

Sin querer forzar la metáfora, creo que hay aquí un motivo de reflexión y también razones para el optimismo, incluso quizá las líneas de un programa para salir de la crisis y superar algunas de nuestras deficiencias.

Por de pronto, creo que en el deporte se dan una serie de valores con los que me identifico y que son absolutamente imprescindibles para triunfar. Ya he hablado bastante de ellos: el esfuerzo, el sacrificio, el mérito, la constancia y la tenacidad, el temple para salir de situaciones arriesgadas o difíciles.

Pero además los deportistas no cometen el viejo error de no afrontar los problemas. Son los primeros en culparse de sus fracasos, sin recurrir a las excusas al uso, en las que siempre son los demás o «el sistema» los responsables de los propios fallos.

Además, se dedican a actividades competitivas, pero bien reguladas, es decir, donde las reglas del juego son claras. Aprenden a jugar en la confianza de que las reglas seguirán siendo las mismas y que serán aplicadas con independencia y rigor por árbitros imparciales.

Su vocación ha sido siempre global. No se andan con provincianismos, y desde el primer día han estado dispuestos a aprender allí donde fuera necesario.

Por último, se han formado en libertad. Prestaron a su formación una gran importancia desde niños. Pero a lo largo de sus carreras han elegido libremente a sus entrenadores.

Creo que queda claro. Hay en el deporte ejemplos suficientes para hacernos ver que España puede salir de su situación actual, que hemos sido capaces de hacerlo en otras circunstancias tampoco nada fáciles.

Guardo recuerdos agradables de esa época también de baloncesto y atletismo. España fue campeona del mundo de baloncesto júnior en Lisboa en 1999, con la generación de Gasol, tras ganarle a Estados Unidos la final. Y en el Campeonato Mundial de Atletismo de Sevilla, dos atletas españoles, Abel Antón en la prueba reina del maratón, y Niurka Montalvo, hoy subdirectora general de Deportes de la Comunidad Valenciana, en longitud femenina, consiguieron la medalla de oro.

Con Pau Gasol tuve ocasión de hablar en varios momentos de aquel certamen y, como ministro del ramo, me correspondió entregarle la medalla de oro a Niurka Montalvo en Sevilla. Recuerdo que hacía un tiempo espléndido durante la entrega de galardones; el cielo parecía transparente, sin nube alguna. Como en otras ocasiones, con la selección de fútbol, con la de baloncesto, en el atletismo o el ciclismo, con tantos deportistas tan excelentes, viví de nuevo entonces la pasión del deporte.

CAPÍTULO 7

Preparando el siglo XXI

España en Europa

Vale la pena reflexionar sobre el balance de aquel primer período de gobierno del Partido Popular, desde marzo de 1996 hasta las elecciones de 2000, pues no pocos de sus experiencias y logros pueden servirnos para el futuro inmediato.

Uno de los resultados más significativos a medio plazo fue que se logró cambiar la percepción de España en la Unión Europea. Desde mis puestos de responsabilidad en el gobierno y en coordinación con los otros ministerios, fue ésta una experiencia personal particularmente satisfactoria, pues en poco tiempo se consiguió liberar las energías de un país que había estado comprimido por la mala gestión de los gobiernos anteriores.

El éxito de la política económica a la hora de alcanzar los objetivos de estabilidad, la entrada en el euro y los altos niveles de crecimiento y de generación de empleo —consecuencia de la determinación y el coraje de José María Aznar— nos permitieron entrar a formar parte de los países centrales de la Unión. Fue la mejor manera de hacer patente nuestro europeísmo. Primero, una contribución saneada y beneficiosa para el conjunto de los socios comunitarios; después, una política activa en las instituciones de la Unión, tanto en defensa de los intereses de España como a la hora de plantear propuestas para el futuro de Europa.

De hecho, pienso que la posición de España en Europa y en el mundo se transformó. Pasamos de ver Europa como un camino para la modernización de España a ser efectivamente el quinto país, muy cerca de los cuatro grandes, con lo que demostramos que España estaba en condiciones de contribuir de manera relevante dentro de la Unión.

Después del ingreso en el euro, en mayo de 1998, se consiguieron otros resultados importantes, fruto de duras negociaciones en las que fuimos capaces de mostrar firmeza y altura de miras respecto al proyecto comunitario.

Ya en el Consejo Europeo de Ámsterdam de 1997 se discutió el peso relativo de los Estados en la toma de decisiones y en las instituciones de la Unión. Después aseguramos las ayudas para España dentro de la Política Agrícola Común, que eran y continúan siendo capitales para nuestra agricultura y nuestra ganadería. Posteriormente, ya al filo del nuevo milenio, colaboramos activamente en la preparación de lo que se llamó la «Agenda 2000», con la adopción de un marco presupuestario para el período 2000-2007, cuyo objetivo era hacer frente a los nuevos retos de la Unión, en particular la ampliación a los países del Este.

En Berlín, en ese 1999, la negociación con los otros socios europeos fue muy difícil, pues se consideraba que había llegado el momento de reducir los fondos estructurales y de cohesión que recibía España. Había argumentos para entender esa posición, pero también era necesario tener en cuenta el esfuerzo que estaba realizando la economía española para dar un salto adelante tan decisivo.

Estos temas también los abordábamos en el Consejo de Ministros. En las reuniones y en los diferentes niveles de coordinación de los departamentos ministeriales, se analizaban los distintos escenarios en materia de política regional y de fondos estructurales. Afortunadamente, se logró un saldo positivo para España superior a los 60.000 millones de euros, que seguimos recibiendo al mismo tiempo que nuestra diferencia con la media europea se fue estrechando. España supo también defender sus intereses más tarde cuando se firmó en 2001 el Tratado de Niza, con el que obtuvo una presencia reforzada en el seno del Consejo de Ministros.

Conseguimos que los asuntos relacionados con la cooperación en materias de justicia e interior se transformaran tras el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 en una nueva política de la Unión, con el objetivo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en todo el territorio comunitario.

Tras el euro, sostuvimos la necesidad de impulsar, por las instituciones comunitarias y en coordinación con los otros países miembros, un programa de reformas liberalizadoras que hiciesen la economía europea competitiva en la era de la globalización. Para asegurar los empleos y el crecimiento necesario hacían falta reformas estructurales.

Soy de los que consideran que el modelo social europeo, el Estado del bienestar que se ha ido consolidando en nuestro continente en la segunda mitad del siglo XX, es una creación política y social humanizadora que en líneas generales debe mantenerse y modernizarse. Pero a la vez el gran desafío es hacerlo en el marco de la globalización y de la emergencia de grandes potencias demográficas, como China o la India, con niveles de protección social muy inferiores.

Mi convicción, muy clara ya entonces y para el futuro, es que Europa sólo puede mantener su prosperidad si es capaz de generar, a través de una permanente innovación y la aplicación de la tecnología, empleos de alta calidad. Ello implica una apuesta continua por la formación y la educación y también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como base del empleo.

Desarrollamos entonces desde el gobierno una fructífera estrategia de alianzas con países europeos, como la Gran Bretaña gobernada en esos momentos por Tony Blair, y con Portugal, cuyo primer ministro era el dirigente socialista Antonio Guterres, que culminó con el lanzamiento por parte de los jefes de Estado y de gobierno en la primavera de 2000, en el Consejo Europeo de Lisboa, de un programa, la Estrategia de Lisboa, cuyo propósito era convertir Europa en una economía basada en el conocimiento, una economía mucho más dinámica y creadora de empleos.

Con Tony Blair he hablado en alguna ocasión. La última fue en enero de 2004, en un desayuno de trabajo en el número 10 de Downing Street, residencia del primer ministro británico. Recuerdo que nos contó que cuando llegó con su familia allí eran sus habitantes más jóvenes desde mediados del siglo XIX. Blair se había convertido en mayo de 1997 en primer ministro británico sin haber ocupado antes ningún cargo ministerial, lo que es bastante inusual, sobre todo en Gran Bretaña. Me llamó la atención su gran simpatía y encanto personal.

Estoy convencido de que la situación hoy en Europa sería muy distinta si se hubiesen llevado a la práctica con constancia y continuidad los fines de la Estrategia de Lisboa y se hubiera realizado su seguimiento exhaustivo, por ejemplo sobre la base de objetivos que obtener en períodos determinados de tiempo, como propusimos en varias ocasiones. De hecho, los países que han llevado a cabo las reformas internas necesarias y han puesto el énfasis en la educación, la formación, las tecnologías y la adaptación al cambio permanente, como Alemania, Finlandia o Suecia, se encuentran en estos momentos con crecimientos económicos muy estimables y han solventado la crisis con rapidez.

Junto a mis tareas en el gobierno como ministro recibí también el encargo de ir preparando las elecciones generales que debían celebrarse en la primavera de 2000. Se trataba de hacer llegar a los ciudadanos con claridad todo lo que habíamos conseguido en el terreno económico, en la mejora del bienestar y del empleo, en nuestra relación con la Unión Europea y con el mundo exterior. Las experiencias y los logros de esos años marcan también un horizonte para el futuro inmediato y para la salida de la crisis desatada a partir de 2007.

Ahora Europa tiene que hacer frente además a desafíos tan importantes como la crisis ecológica y el cambio climático, la seguridad de los aprovisionamientos energéticos, los cambios demográficos y migratorios, los retos en materia de seguridad y defensa o las crisis sanitarias, alimentarias y naturales.

Quiero señalar sobre todo que en la etapa de gobierno nos mostramos fiables. Tanto respecto a nuestros socios europeos y terceros países como respecto a los ciudadanos españoles. Saneamos la economía y el presupuesto, creamos puestos de trabajo y esperanza para la sociedad española. A partir del año 2000 asumimos el compromiso público con la estabilidad presupuestaria, es decir, el mantenimiento de déficits anuales cero o superávits, mientras que otros países europeos comenzaban, una vez dentro de la Unión Monetaria, a relajar sus déficits en las cuentas públicas.

¿Qué fue lo más decisivo para poder obtener todos estos logros?

Creo que fue muy importante fijar objetivos claros, contar con un programa bien definido, tener convicción y tomar las decisiones que hacían falta.

Hubo sobre todo un estilo de gobernar. Junto con una apertura permanente al diálogo, se trata de decir no a las improvisaciones, al corto plazo, a las rectificaciones continuadas, a la política de un paso en una dirección y dos en la contraria a la que se acaba de anunciar a bombo y platillo.

Los cambios que ha experimentado la Unión Europea son un acicate para que España recupere la iniciativa perdida durante los dos últimos gobiernos socialistas, buscando también nuevas alianzas con nuestros socios comunitarios, muchas veces sorprendidos por los bandazos repentinos o nuestra irrelevancia de los últimos años.

En el horizonte siguen teniendo toda su fuerza las metas que nos marcamos para España y para Europa con la entrada en la moneda única, a través de nuestro compromiso con la estabilidad en las cuentas públicas y con las reformas. Preparar y navegar con éxito por el primer cuarto del siglo XXI significa impulsar la sociedad del conocimiento y la capacidad de innovación, la reforma del mercado laboral, teniendo en cuenta la formación y la capacidad de empleo a lo largo de toda la vida, y la mejora de los sistemas educativos, además de dotar a las políticas sociales de una mayor eficacia y cercanía al ciudadano.

Ermua grita libertad

Los últimos años de los gobiernos de Felipe González fueron muy difíciles en el Ministerio del Interior. Con la llegada del gobierno del Partido Popular había que recuperar la normalidad en el ministerio y la confianza de los españoles de que se actuaría dentro de la más estricta legalidad. Y era necesario combatir a ETA con la convicción de que es posible acabar con el terrorismo, de que no se puede ceder ante el chantaje terrorista. La lucha contra el terrorismo y la reivindicación de las víctimas se convirtió en otro de los grandes ejes de actuación de los gobiernos populares. Se trataba de hacer bien patente la determinación del Estado de derecho de vencer a ETA.

ETA no había disminuido un ápice su órdago al Estado español y durante años había centrado también sus ataques en intentar debilitar al Partido Popular. En otras circunstancias lo hizo con otros partidos, como el PSOE y el PNV; con las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía vasca; con empresarios y trabajadores, o concentrando sus atentados en zonas específicas, como Cataluña o las islas Baleares, en este caso por su repercusión turística. Pero en esos años, nada más llegar al gobierno, estuvimos muy especialmente en la diana de la banda terrorista. El objetivo manifiesto era intentar doblegar al gobierno legítima y democráticamente elegido por los españoles, y así pretender doblegar al Estado.

Tras el asesinato de Gregorio Ordóñez, ETA había atentado contra la vida de José María Aznar en abril de 1995 por medio de una potente bomba que felizmente no pudo con el blindaje de su coche.

Recuerdo perfectamente las circunstancias del atentado contra Aznar, entonces candidato del partido a presidente del gobierno, porque fui el primero en llegar a una maternidad cercana al lugar de los hechos, adonde había llegado por su propio pie. Me avisó su secretaria y me dirigí allí rápidamente. Estaba solo, apenas recuperado del tremendo shock que había vivido, pero perfectamente lúcido. Era una habitación pequeña. Aznar se dolía de las contusiones ocasionadas por el tremendo estallido, y su rostro y sus ojos seguían sin creerse del todo que pudiera seguir con vida después de aquello. Recuerdo que le pregunté cómo se encontraba, y que me dijo: «Mariano, esto ha sido increíble...»

Luego la banda etarra despidió aquellos años secuestrando a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, así como asesinando a Fernando Múgica, dirigente histórico del partido socialista, y a Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional y reconocido miembro de la comunidad universitaria española.

Todo en los meses de enero y febrero de 1996, poco antes de las elecciones. Siempre con el intento de chantaje por delante. La gente se lanzó a la calle para exigir a la banda que acabara con su ofensiva de violencia.

La reacción popular fue esencial para irles ganando la batalla a los terroristas. Con el paso del tiempo se ha hecho cada vez más evidente que ETA se autoalimenta de la propia inercia de la violencia y del engaño.

Cuando llegamos al gobierno, en mayo de 1996, nuestra actitud fue muy nítida. Por una parte, con respecto al nacionalismo vasco y al PNV quisimos seguir un camino de entendimiento y colaboración. A pesar de que numéricamente no era necesario su apoyo parlamentario, logramos un acuerdo con el PNV para la investidura del presidente Aznar. Buscábamos que tanto el nacionalismo vasco como el nacionalismo catalán —además de otras fuerzas, como Coalición Canaria— se implicaran en la gobernabilidad de España.

Considero que este espíritu sigue siendo válido para el próximo gobierno que el Partido Popular esté llamado a formar.

A mí me pareció muy positiva esta mayor implicación del nacionalismo vasco en la gobernabilidad del Estado al inicio de la primera legislatura del Partido Popular. Por otra parte, mostramos una absoluta firmeza desde el primer momento en la lucha contra el terrorismo, convirtiéndola en una de las prioridades del gobierno. A ETA no se le iba a dar cuartel alguno.

Sin embargo, a pesar de nuestra actitud de manos tendidas, la relación con el PNV comenzó a enfriarse. A ello no fue ajena probablemente la recuperación electoral del Partido Popular. Lentamente, desde finales de los ochenta, habíamos ido ascendiendo en votos, hasta lograr el apoyo de 230.000 ciudadanos vascos en las elecciones generales de marzo de ese año. Eso suponía convertirnos en la tercera fuerza política allí, igualando en número de escaños al PNV y al PSOE. Los resultados electorales ponían de manifiesto la normalidad de que el Partido Popular estuviera representado en las instituciones.

A lo largo de 1996, el PNV se fue distanciando del Pacto de Ajuria Enea, que garantizaba la unidad de los partidos democráticos frente al terrorismo hablando ya no de pacificación como hasta entonces, sino de «normalización» de la situación en el País Vasco. Con ello se estaban dando a entender veladamente las líneas centrales de lo que después sería la llamada «vía de Estella», que buscaba la superación del Estatuto de Guernica.

Los atentados de ETA se intensificaron. En 1997 hubo catorce asesinatos. Se trataba de objetivos seleccionados, destacaba la campaña contra los concejales del PP. Era evidente que ETA buscaba un mayor eco con los atentados e intentaba incidir sobre la moral del gobierno y los miembros de nuestro partido en el País Vasco.

Hubo muchos momentos terribles durante esos años. Si los rememoro ahora es porque me parece importante verlos en su dimensión histórica, y sobre todo darnos cuenta de lo esencial que fue y sigue siendo la reacción ciudadana y el reconocimiento debido a las víctimas. En realidad, la libre rebeldía de los ciudadanos frente al yugo y la opresión de ETA fue un gran revulsivo, el instrumento más eficaz para acorralar a la banda terrorista.

Desde enero de 1996 hasta julio de 1997 ETA tuvo secuestrado en condiciones siniestras a José Antonio Ortega Lara. Por esa época secuestró también al empresario Cosme Delclaux, puesto en libertad en junio de 1997. Al mismo tiempo, intensificó las acciones de violencia callejera, la kale borroka.

Cuando el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil consiguió liberar a José Antonio Ortega Lara, ETA respondió diez días después con el secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal en el ayuntamiento vizcaíno de Ermua. Amenazó con asesinarlo en el plazo de cuarenta y ocho horas si no se trasladaba a la totalidad de los presos de ETA al País Vasco. Su única culpa era ser concejal del Partido Popular.

Para mí y para tantas personas de bien de toda España el recuerdo de lo que sucedió sigue estando muy vivo, y Miguel Ángel Blanco muy presente. Fueron muchas horas de angustia que marcaron a una generación de españoles. Para mí es un gran orgullo que su hermana Marimar haya tomado el testigo de Miguel Ángel y esté con nosotros en el comité ejecutivo del Partido Popular.

Todos recordamos cómo el secuestro provocó una movilización sin precedentes, que constituyó una sorpresa para muchos, incluido el mundo de Herri Batasuna. Seis millones de personas en toda España salieron a las calles, primero para pedir a ETA que no cumpliera su amenaza y después para mostrar su indignación por el asesinato de Miguel Ángel, que apareció herido de muerte apenas cumplido el plazo dado por ETA.

Se produjo una verdadera avalancha de indignación colectiva, un estallido popular que mostraba el hartazgo y la rabia acumulada durante muchos años por la sociedad.

Pienso que, con el despiadado asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA perdió muchas batallas.

HB y el entorno etarra perdieron sobre todo el dominio de la calle. Las manifestaciones espontáneas que surgieron en tantos lugares del País Vasco pusieron de manifiesto que la sociedad vasca se erguía y superaba el miedo a expresar en público y masivamente lo que pensaba. Se hizo patente el rechazo social existente contra los atentados terroristas entre la gran mayoría de la población vasca.

Ese compromiso se ha mantenido y debe expresarse hoy con más fuerza todavía. Es también la expresión de nuestra responsabilidad y nuestro deber con las víctimas del terrorismo. Las personas que han sufrido el ataque del terrorismo, sus familias y allegados, son el testimonio de la dignidad del ser humano enfrentado a la barbarie. Y por ello un permanente aldabonazo a nuestras conciencias.

El Pacto de Estella del año 1998 acercó al PNV a los planteamientos más radicales. En las elecciones autonómicas de 1998, el frente nacionalista que se había formado contaba con rentabilizar en las urnas este movimiento. Los resultados pusieron de manifiesto, sin embargo, un dato central: la confirmación del pluralismo político de la sociedad vasca. Es una de las características más marcadas de la situación política en el País Vasco desde los inicios de la Transición.

En el nuevo Parlamento de Vitoria, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna perdieron tres escaños. Fue el peor resultado autonómico para los nacionalistas desde 1980, mientras cerca de la mitad del País Vasco expresaba claramente que no quería el proyecto soberanista de Estella, en el que se pretendía incluir a Navarra y al País Vasco francés.

Fue muy importante que el Partido Popular se convirtiera en la primera fuerza política en Álava, lo que nos permitió más adelante ganar el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava.

En definitiva, quiero resaltar que la política del Partido Popular frente a los objetivos del radicalismo ha sido la de no entrar jamás en el juego perverso del terrorismo, que nunca ha conducido a ninguna parte. Con ETA no se negocia, a ETA se la vence.

El empleo y la familia: ejes del bienestar social

He dicho en muchas ocasiones que la mejor política social es crear puestos de trabajo. Y ciertamente generar empleo es la premisa, aunque obviamente no toda la política social.

Libertad y solidaridad. Creo firmemente en la fuerza de la libertad, en la capacidad de los individuos y las familias, de los grupos sociales y la sociedad toda en salir adelante y desarrollarse gracias al ejercicio de la libertad, que lleva consigo asumir riesgos y responsabilidades, actuar. La libertad, como bien expresó Cervantes en su célebre diálogo entre Sancho y don Quijote, es patrimonio del hombre, la dignidad que mejor define la naturaleza de la persona.

Soy también un firme partidario de la igualdad de oportunidades, de que el Estado y los poderes públicos faciliten que aquellos con menos recursos o menos oportunidades de salida no se vean discriminados. Lo mismo sucede con los que sufren limitaciones sobrevenidas, como la enfermedad, la vejez, la pobreza o la marginación; también esa verdadera lacra social que es no tener un trabajo y poder llevar a cabo las ilusiones e intereses personales, el proyecto vital.

Empecemos por el paro y su relación con el mercado de trabajo.

El desempleo es en realidad uno de los problemas fundamentales de la sociedad española desde los años setenta. Por poner un ejemplo muy ilustrativo, al que ya me he referido antes: en el período que transcurrió entre 1976 y principios de 1996, no sólo no se consiguió crear empleo, sino que, de hecho, se había producido una ligera pérdida en la tasa de personas ocupadas.

Ello se debe a muchas razones, pero en gran medida a la regulación existente, que hace que tengamos un mercado de trabajo muy rígido.

Cuando llegamos al gobierno en 1996 teníamos clara la necesidad de introducir reformas en la legislación laboral española. Y estábamos convencidos de que la mejor manera de crear empleo, y empleo de calidad, es perseverar en la senda del crecimiento económico. No aceptamos entonces la idea de que España tuviera que estar abocada a un nivel de empleo que no había conseguido sobrepasar históricamente los 12,5 millones de personas.

Durante esos años modernizamos las relaciones laborales en España y lo hicimos además en consenso permanente con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Durante los ocho años de gobierno del Partido Popular se produjo el período más fructífero de la historia del diálogo social en nuestro país, con la firma de catorce acuerdos en los ámbitos laboral y social.

Pusimos un especial énfasis en este punto, y recuerdo no pocas reuniones del Consejo de Ministros donde el debate sobre el empleo fue muy intenso.

Al empezar teníamos unas tasas de paro por encima del 20 por ciento de la población activa y del 42 por ciento en el caso de los jóvenes menores de 25 años; unas cifras que se han vuelto a repetir, incluso rebasadas —casi cinco millones de personas sin empleo— durante la legislatura socialista que termina.

Se lograron crear en ocho años 4,5 millones de empleos nuevos. En concreto, entre principios de 1996 y el segundo trimestre de 2004, la cifra de ocupados había pasado de 12,62 a 17,05 millones de personas. Mención especial merece el empleo femenino: en 1996 sólo 4,3 millones de españolas tenía un empleo remunerado fuera de casa; en 2004, ya lo eran 6,85 millones. Tras dos décadas de estancamiento laboral se pasó a un ritmo de creación de empleo algo superior al medio millón cada año.

Son datos sobre los que conviene volver, porque demuestran que es posible salir de la crisis, que es posible tener confianza. Se puede hacer, aun en condiciones adversas, sabiendo lo que se quiere hacer; teniendo bien dirigida la ruta y sin apartarse de la voluntad de realizar las reformas, y sobre todo si el compromiso es ineludible con la mejora concreta de las situaciones en las que cada persona se encuentra.

Hoy me encuentro a muchas personas que están atravesando situaciones laborales precarias; por ejemplo, hay un vecino que me ha hablado en varias ocasiones de las dificultades que tiene para poder ser contratado de nuevo.

Son situaciones que se han multiplicado en los últimos años. Incluso gente joven muy bien formada, que tiene notables dificultades para encontrar su primer puesto de trabajo, o personas que llevaban años trabajando con la esperanza de conseguir estabilidad y que han sido de los primeros en tener que dejar la empresa en la que estaban.

También durante la época de mediados de los noventa, la angustia por la falta de trabajo amenazaba a muchas personas. Gracias al conjunto de reformas en la formación, en las modalidades de contratación y en la estabilidad laboral, conseguimos poner en marcha la economía española. Las reformas estructurales, incluida la privatización de empresas públicas y la liberalización de sectores económicos clave, ayudaron a relanzar las energías de la sociedad española.

Por primera vez en dos décadas se consiguió rebajar sensiblemente el umbral de crecimiento del PIB a partir del cual la economía española empieza a crear empleo. Hasta ese momento, el mercado de trabajo era de una rigidez tal que cada vez que nuestra economía crecía por debajo del 3 por ciento perdíamos puestos de trabajo. Logramos que eso no siguiera siendo una especie de maldición que nos impedía salir de los récords de desempleo en la Unión Europea.

Una clave de futuro es sin duda la mejora de las condiciones de trabajo. Existe en España todavía una injusta discriminación salarial entre hombres y mujeres.

El uso de contratos más flexibles puede ayudar a solventar muchos problemas de las familias y facilitar la conciliación de trabajo y vida familiar. Otros países europeos, como Alemania, han sido mucho más imaginativos para limitar el aumento del paro. Y han logrado un éxito muy notable.

En el terreno de la conciliación de la vida laboral y familiar caben todavía muchas iniciativas positivas, desde mejorar el servicio de guarderías hasta facilitar zonas para niños en los locales públicos, aprovechar las nuevas fórmulas de teletrabajo o una mayor flexibilización de horarios. Yo tengo todos los días la experiencia directa del trabajo de mi mujer, que es intenso, y de las dificultades de la conciliación. Tengo que confesar que tampoco para mí, con los horarios y las exigencias de agenda que tengo, resulta fácil. Soy bien consciente de que en este campo nos queda mucho por hacer.

Necesitamos sobre todo más oportunidades de formación continuada, que acabe con la idea de que la formación es una etapa vital que se supera con el tiempo. En una economía vertiginosamente cambiante, como en la que nos encontramos, la formación continua es la única que garantiza la igualdad de oportunidades.

El mal funcionamiento del mercado de trabajo durante la actual crisis ha contribuido a expulsar a más de dos millones y medio de personas que, en su mayoría y por las rigideces laborales, no tienen perspectivas de encontrar un empleo.

Son casos muy concretos, a los que he aludido más arriba. La no renovación de un contrato temporal. O el despido de aquel trabajador que llevaba menos tiempo en la empresa, bien por ser joven, bien por haber cambiado de empleo para buscar nuevos horizontes profesionales.

¡Cuántas veces en estos últimos años en reuniones de todo tipo en los lugares más variados de la geografía española he oído las quejas de jóvenes con una excelente formación que, sin embargo, se sentían frustrados por las dificultades a la hora de encontrar trabajo! O las historias de familias con todos sus miembros en el paro; relatos dramáticos en Extremadura, cerca de zaragoza, en un pequeño pueblo de la cuenca industrial vasca, en Sevilla, en las afueras de Madrid, en tantos lugares.

La realidad ha lanzado a los jóvenes un mensaje que es devastador: «La educación no paga en España.» Un mensaje que así enunciado es falso; pero también es innegable que las proclamas más o menos voluntaristas a favor de la educación y la formación carecen de eficacia, salvo que se afronte una verdadera reforma laboral en España.

El diagnóstico en estos momentos es muy claro. Una negociación colectiva y una legislación laboral excesivamente rígidas han impedido que las empresas pudieran ajustarse a la caída de la actividad económica por la vía de reducir las horas trabajadas o adecuando los salarios.

Esta rigidez es a veces un tanto kafkiana. Durante una visita que realicé en febrero de 2010 al centro de una multinacional tecnológica en Sant Cugat del Vallés, que cuenta con 1.800 jóvenes ingenieros e informáticos de todo el mundo, la mayoría entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años de edad, no dejó de sorprenderme constatar que estos expertos altamente cualificados estaban sometidos ¡al convenio del metal!

Las grandes líneas de una reforma que piense en el futuro deben asentarse sobre los pilares de nuevas formas de contratación indefinida que eliminen la dualidad en el mercado de trabajo, y sobre una amplia descentralización de la negociación colectiva que sitúe en el ámbito de cada empresa las decisiones más importantes sobre las condiciones de trabajo.

Otro gran eje vertebrador de la política social debe ser la familia.

La crisis ha producido empobrecimiento social; no sólo porque hayamos retrocedido en los niveles de bienestar y el nivel de endeudamiento de las familias españolas sea muy superior al de otros hogares europeos. El problema es que el papel de la familia como núcleo de cobertura económica, social y vital se ha debilitado.

Considero que este hecho tiene consecuencias muy importantes para el futuro de España y de nuestra sociedad, para el futuro de cada uno de nosotros. Son cada vez más patentes en nuestra sociedad las consecuencias del envejecimiento y del cambio demográfico y su incidencia sobre las pensiones y el gasto social. Se debe subrayar también el peligro de fractura social, de que unos sientan que otros no están sufriendo de la misma manera la necesidad de apretarse el cinturón.

En esta crisis, nadie puede quedarse atrás. Mi objetivo es poder proporcionar una segunda oportunidad a todos los que la necesiten. Dos temas centrales, las pensiones y la educación, nuestra responsabilidad frente a los más jóvenes y los más mayores, son un reflejo de la solidaridad intergeneracional, y la primera educadora en la solidaridad es la familia. Tanto la maternidad como las familias numerosas deben estar protegidas y apoyadas, y es también necesario promover redes de apoyo a la maternidad. Mi convicción es que el aborto es siempre un fracaso; no se trata de un derecho, y por ello serán necesarias reformas legislativas en este terreno. Pero hay que anticiparse con el apoyo a las familias, con especial atención a las jóvenes que se quedan embarazadas.

La sanidad y la ayuda a nuestros mayores. Otros dos temas centrales. En los próximos años, los gastos en asistencia sanitaria y pensiones van a crecer mucho debido al envejecimiento de la población, fenómeno que será aún más evidente cuando la generación que vino al mundo en los años cincuenta llegue a la jubilación. Las necesidades sanitarias están cambiando debido al aumento de la esperanza de vida y a las innovaciones médicas, a las que no podemos renunciar.

Es mucho lo que podemos avanzar a través de un mejor uso de los recursos, la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y la vinculación de los profesionales de la medicina con la gestión sanitaria. Necesitamos contar con todos para mantener una sanidad de calidad de la que nos beneficiamos todos.

Agradezco a los profesionales del sector que la sanidad española esté reconocida internacionalmente. Ahora tenemos el reto de mantener su calidad y los progresos en innovación, a pesar del aumento vertiginoso de los gastos. Como en otras áreas, vamos a tener que hacer más y mejor sin poder aumentar los recursos.

Una de las tareas más importantes con las que se enfrentaba el primer gobierno del Partido Popular tras las elecciones de marzo de 1996 fue hacer frente al tremendo deterioro que habían experimentado las cuentas de la Seguridad Social.

Y, sin embargo, cuando salimos del gobierno habíamos creado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y las cuentas estaban saneadas. Nuestras pensiones, nuestra sanidad, nuestra educación y el futuro de nuestros hijos se habían reforzado; las expectativas de seguridad y prosperidad se habían incrementado sustancialmente.

Esas metas son posibles, se pueden lograr, si conseguimos emprender otra vez la senda del crecimiento.

CAPÍTULO 8

Cuando el mundo cambió

Los nuevos desafíos internos y externos

La primera legislatura llegó a su término en marzo del año 2000. El balance con el que nos presentamos a las elecciones generales era, en resumidas cuentas, muy positivo.

El gobierno del Partido Popular había sacado a la economía española de la postración en la que la había encontrado. Crecíamos más que la media europea y estábamos corrigiendo los desequilibrios de nuestras cuentas públicas y nuestro déficit exterior. Habíamos sorteado la crisis asiática, que tuvo repercusiones negativas en todo el mundo y que fue una cierta antesala de la crisis financiera que hemos padecido desde 2007. Buscábamos también fortalecer la posición internacional de España y su influencia en Europa. Además habíamos demostrado que la mejor política social es crear empleo, bajar los impuestos, especialmente a los más desfavorecidos, y ahorrar para asegurar el futuro de las pensiones.

Tuve de nuevo la responsabilidad de dirigir la campaña electoral del año 2000. Se trataba, sin embargo, de unas elecciones muy distintas. Obviamente no es lo mismo presentarse a unos comicios desde el gobierno, con el balance tan saneado que podíamos ofrecer a los españoles, que hacerlo desde la oposición y en las circunstancias tan difíciles de los años 93 y 96.

En el año 2000 pude dirigir una campaña más de acuerdo con lo que a mí me gusta. Hicimos una campaña centrada en el programa y en las propuestas que tenían que consolidar las reformas y el camino de prosperidad que habíamos emprendido, explicando las cosas con claridad a la gente. Solíamos organizar un acto por la mañana para presentar una propuesta en algún sector concreto y por la tarde un mitin. Levantaba entusiasmo ver que estábamos en sintonía con los deseos y aspiraciones de una gran parte de la sociedad española; que respondíamos a lo que los ciudadanos nos demandaban, a lo que la política puede y debe hacer.

Para mí, fue muy satisfactorio obtener unos resultados con un apoyo tan mayoritario de los ciudadanos españoles. Veníamos de un período de gobierno con evidentes resultados positivos, pero también acertamos en el tono de la campaña. Fue una campaña en la que llevamos constantemente la iniciativa, en la que no entramos al juego sucio de las descalificaciones y las trampas de nuestros adversarios.

Conseguimos 183 escaños, por primera vez la mayoría absoluta, 27 más que en 1996, mientras que el PSOE bajó de 141 a 125 escaños. CiU se convirtió en la tercera fuerza política —con 15 escaños—, por encima de Izquierda Unida, que sólo consiguió 8 actas de diputado frente a las 21 de las anteriores elecciones.

Estos resultados electorales significaban claramente un respaldo a las políticas que habíamos puesto en marcha. La gente por la calle nos daba ánimos para seguir adelante. Fue muy reconfortante. Si el objetivo movilizador de la sociedad española durante el primer período había sido la entrada en el euro y la adopción de las medidas necesarias para cumplir con los criterios de convergencia, ahora se trataba de consolidar los instrumentos del cambio, modernizar la justicia y la Administración, lograr fortalecer la presencia de España en el exterior. Buscábamos sobre todo equipararnos en renta, empleo y bienestar a los países europeos líderes. España podía plantearse por primera vez el objetivo del pleno empleo.

Al comienzo de esa segunda legislatura, en una breve y cordial reunión, pero en la que Aznar no ocultó la importancia del encargo, el presidente me propuso ser vicepresidente primero del gobierno y ministro de la Presidencia. Me sentí muy honrado por este ofrecimiento, a la vez que profundamente comprometido por las nuevas obligaciones que asumía. Era actuar como el número dos del gobierno, con responsabilidad sobre todas las áreas políticas. Cuando se lo conté a mi mujer, junto a los deseos —que vi reflejados en sus ojos— de compartir mi ilusión y de ayudarme en lo que pudiera, me puso cara de decir: «La que te ha tocado...»

En efecto, el trabajo aumentó. Existía, por una parte, la comisión delegada para asuntos económicos que agrupaba a los ministros de las áreas económicas, y que dirigía el vicepresidente económico. Por otra parte, la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, que yo presidía, se ocupaba de todas las cuestiones —tanto políticas como económicas— que debían trasladarse al Consejo de Ministros para su aprobación. Los informes, las propuestas legislativas y el control de lo que íbamos ejecutando dependían de esta comisión, que era un poco como el centro de operaciones del gobierno.

Fue una experiencia única, por lo amplio de la visión y el conocimiento más profundo del Estado, de su política interior y exterior, que pude obtener. A veces, las menos, me correspondía armonizar posiciones, enfatizar los objetivos comunes que guiaban perspectivas sectorialmente distintas. Esa tarea me obligaba a un estudio exhaustivo de los temas, lo que me permitió no sólo realizar la coordinación política del gobierno, sino también tener una visión muy extensa de todos los departamentos y de las cuestiones que se suscitaban a muy diferentes niveles.

Hay muchas medidas nuevas que se pusieron en marcha durante esos años y que venían a completar lo iniciado entre 1996 y 2000, en la perspectiva de mantener en el futuro el crecimiento y el empleo. Quiero sólo recordar algunas de ellas.

Respecto a la hacienda pública, además de garantizar la estabilidad de las cuentas públicas, realizamos reformas fiscales con bajada de impuestos para las personas físicas y las sociedades. Favorecimos también la fiscalidad de la investigación, el desarrollo y la innovación, de las pequeñas y medianas empresas, con la supresión del impuesto de actividades económicas, que suponía un obstáculo a la creación de empresas.

En el terreno económico, fortalecimos la defensa de la competencia y la independencia de los organismos reguladores y supervisores.

Una línea dinamizadora de toda nuestra acción de gobierno fue la liberalización y apertura de mercados: la energía, las telecomunicaciones, la distribución comercial, los servicios profesionales...

Hicimos una enorme apuesta por las infraestructuras, que ha ayudado a que contemos ahora con algunas de las mejores empresas mundiales en este sector y con una de las mejores redes de transporte a nivel global.

La apertura comercial al exterior, el apoyo a la inversión exterior y la eliminación de las barreras a la iniciativa empresarial constituyeron una tríada que nos hizo en pocos años cambiar radicalmente la mentalidad sobre nuestras capacidades en el mundo, y también la percepción de los demás sobre nosotros.

En la nueva etapa que se inicie tras las próximas elecciones generales, esas iniciativas y otras similares tendrán que ser actualizadas y ampliadas en la permanente adaptación al cambio del que no pueden prescindir nuestras sociedades. Las experiencias de esos años y los buenos resultados que obtuvimos entonces serán sin duda un acicate y un marco de referencia para entrar de nuevo en un círculo virtuoso de crecimiento, empleo, competitividad y prosperidad.

Los retos son inmediatos. He visitado en los últimos años muchas empresas y centros de producción en España, y siempre me ha llamado la atención observar los avances que hemos dado en la internacionalización de la empresa española. Es sorprendente ver lo rápido que a veces sabemos adecuarnos a las necesidades. He visto pymes que en pocos meses han sido capaces de crearse un nicho en mercados maduros del norte de Europa, o grandes grupos industriales capaces de establecer en una región china a cientos de kilómetros de Beijing o Shanghái la mayor fábrica del mundo de un material esencial para el desarrollo tecnológico... O empresas que desde hace décadas han sido pioneras en la internacionalización, en Asia, en Oriente Medio, en América Latina, y hoy trabajan en joint ventures con otras empresas de los cinco continentes en los países más variados y distantes... Pero qué duda cabe de que ésta sigue siendo una de las grandes prioridades de futuro.

Necesitamos incrementar la exportación en mercados de gran crecimiento y avanzar en la diferenciación de la industria española. El descenso de la productividad y de la competitividad es nuestra gran debilidad. Pero hemos demostrado que podemos ser líderes en sectores determinados, lo hemos conseguido en el turismo y la construcción de infraestructuras, en los servicios bancarios, en la industria de la confección textil, por poner algunos ejemplos. Es preciso crear en todas partes más márgenes de innovación, más capacidad emprendedora, más iniciativa.

En este capítulo y en el que sigue quiero referirme a una serie de políticas que garantizan el marco institucional, esencial para el desarrollo económico. Cuestiones como la modernización de la justicia y las instituciones, la regeneración democrática y la defensa de las libertades, la seguridad y la lucha contra el terrorismo internacional, o el gran desafío de la inmigración. Son asuntos de los que me ocupé durante esos años al frente de la vicepresidencia del gobierno y que desde entonces me han seguido preocupando de forma relevante.

Junto a estos retos de la política interna, quiero ahora brevemente señalar otros problemas que constituyen los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global.

La globalización ha hecho que la línea divisoria entre los acontecimientos externos y los internos se difumine. Los menores acontecimientos locales están conformados por sucesos que ocurren a muchos kilómetros de distancia.

Tengo, por ejemplo, la experiencia, en esos años como vicepresidente del gobierno, de una crisis motivada por la amenaza de una epidemia que se había originado en el Reino Unido. Fue el famoso caso de la enfermedad llamada «de las vacas locas». Tuve que coordinar la gestión de aquella crisis y conté en todo momento con la ayuda eficaz de Ana Pastor, que me ha acompañado a lo largo de muchos años y que entonces era la subsecretaria del Ministerio de la Presidencia. La enfermedad generó gran alarma, porque se produjeron varias muertes en diversos países europeos derivadas del contagio del síndrome EBV.

Creé un comité científico presidido por una persona de grandes conocimientos y con capacidad de comunicación, el profesor Juan José Badiola, y conseguimos, coordinando las diferentes instituciones, organismos médicos y entidades internacionales, que no se produjera ningún contagio en España y que la alarma entre la población se redujese. Pude constatar de forma muy directa lo complejo que puede resultar resolver los graves problemas provocados por enfermedades, epidemias o catástrofes naturales.

En un mundo globalizado adquiere una mayor relevancia nuestra contribución al desarrollo de los países más pobres. Tenemos un deber ético como país desarrollado frente a los más desfavorecidos. En este sentido, el año 2000 marcó un hito importante en la solidaridad internacional gracias al establecimiento de los Objetivos del Milenio por Naciones Unidas.

Éstos forman parte de la lucha que desde hace décadas realiza un número cada vez mayor de países para erradicar la pobreza y las desigualdades en el mundo. En esta lucha continuada y solidaria se establecen metas concretas para el desarrollo: descenso de la mortalidad infantil, educación, derechos de las mujeres, sanidad y prevención de las enfermedades, medidas de protección de la seguridad humana en todas sus dimensiones. En el año 2000 se fijaron metas cuantitativas que debían alcanzarse en 2015.

Sin embargo, en algunas cuestiones centrales, como la del hambre, se ha avanzado muy poco.

En el año 2000 había en el planeta 840 millones de personas que pasaban hambre. Los 192 países que suscribieron los Objetivos del Milenio se comprometieron a rebajar a la mitad esta última cifra. Lamentablemente, las instituciones internacionales estiman actualmente en 925 millones el número de personas que pasan hambre en el mundo.

Mejores son los resultados en relación con la pobreza. La población que vive por debajo del umbral de la pobreza se redujo a 1.400 millones en 2005, y según el último informe presentado por Naciones Unidas se espera que esta cifra decaiga en 2015 hasta 920 millones de personas, es decir, la mitad de las que había en 1990.

El crecimiento y la globalización pueden ser decisivos para cientos de millones de personas de todo el mundo. Si el comercio abierto y el progreso alcanzan a todos, nuestro potencial conjunto de crecimiento aumentará y todos tendremos muchas más oportunidades. Es lo que el desarrollo de los países emergentes en los últimos años nos ha puesto bien claro delante de los ojos.

Pero la liberalización y la expansión del comercio, siendo imprescindibles y decisivos, no serán suficientes para ayudar a los cerca de mil millones de seres humanos que viven en la miseria y que no pueden escapar de ella porque están inmersos en la enfermedad y las plagas endémicas, los conflictos y las guerras locales, la ignorancia o la debilidad de las instituciones y la organización estatal.

La cooperación al desarrollo es sin duda un instrumento utilísimo y esencial, pero que debe ser también autocrítico consigo mismo, y que ha de evaluar continuamente su acción. Hoy en día nuestra contribución al desarrollo alcanza cifras muy respetables, y hace falta una mejor ayuda al desarrollo, más eficiente y más focalizada. Un desafío de solidaridad y un deber de humanidad que nos invita a todos a actuar.

Vicepresidente del gobierno y ministro del Interior

En febrero de 2001, poco antes de las elecciones autonómicas que debían celebrarse en el País Vasco, y a las que concurría Jaime Mayor como candidato, el presidente del gobierno me propuso que, continuando como vicepresidente primero, asumiera la cartera de Interior y dejara el Ministerio de la Presidencia.

Al empezar esa reunión, Aznar me consultó sobre lo que me parecía más apropiado para remplazar a Jaime Mayor. Yo le contesté que veía dos posibilidades: la primera es que fuera sustituido por el ministro de Justicia, que entonces era Ángel Acebes, y la segunda, que alguno de los altos cargos de Moncloa pasara a ser ministro.

Aznar me respondió entonces con un cierto aire malicioso:

—Hay una tercera posibilidad...

—¿Cuál es la tercera posibilidad? —pregunté.

—Pues que seas tú.

Yo le dije en seguida que sí, aun sabiendo dónde me metía, pues Interior es sin duda uno de los departamentos ministeriales más complejos.

Cambié de cartera, aunque seguía siendo vicepresidente primero, de nuevo con sentimientos algo encontrados. Con la satisfacción de que se me confiara un ministerio que tan directamente concierne al núcleo mismo del Estado, a la primera obligación de cualquier Estado frente a sus ciudadanos, que es garantizar su vida, su seguridad y su libertad; pero también bien consciente de la gravedad de esta nueva responsabilidad.

A algunos miembros de mi familia no les entusiasmó demasiado la idea, aunque no dejaron de apoyarme, y mi mujer se quedó un poco sorprendida. Por de pronto tuve que vencer todo tipo de argumentos para que, por motivos de seguridad, me trasladara a vivir al propio ministerio. Era un razonamiento algo exagerado, porque un ministro del Interior puede vivir fuera del edificio del ministerio y estar también seguro.

Yo quería seguir en mi casa en los alrededores de Madrid por razones familiares más que justificadas. En el 99 había nacido mi primer hijo, Mariano, que en esos momentos todavía era muy pequeño. Siempre he sido muy consciente de que un ministro, y más todavía un ministro del Interior, está disponible las veinticuatro horas del día, pero he procurado de manera habitual que mi familia lo sufra lo menos posible. Además, era más grato para mi familia y, en especial, para el pequeño, vivir en las afueras que en el centro mismo de la ciudad, en un edificio oficial. Afortunadamente insistí y fue posible que siguiera viviendo en mi domicilio particular.

Mis dos hijos han nacido en Barcelona, en la clínica Dexeus, y al dar a luz mi mujer recibí muchísimas felicitaciones muy cordiales de los representantes de la sociedad civil catalana, entre otros del que entonces era presidente del Barça. Mis hijos también son muy aficionados al fútbol y entusiastas partidarios del Real Madrid, como yo lo soy del Madrid y del Deportivo de La Coruña. Les gusta ver los partidos vestidos con la camiseta de su equipo, y mi hijo Mariano juega al fútbol todos los domingos con los amigos del colegio. Siempre que puedo, voy a acompañarlos al campo a él y a otros diez o doce niños y a sus padres. Luego nos solemos tomar algo juntos.

Vuelvo al ministerio. Interior es un departamento en el que se corre el peligro de quedar abrumado por la información de la que se dispone. Bromeando solía decir a mis colaboradores más cercanos que de tanta información se podía perder de vista saber lo que de verdad estaba pasando en España. Por eso intenté siempre mantenerme cercano a la realidad, preservar el contacto directo con los ciudadanos, salir del ministerio y hacer viajes dentro de España o, en ocasiones, fuera, hablar con la gente.

Es obvio que en el Ministerio del Interior se viven experiencias duras. He conocido a personas que estaban siendo extorsionadas, a las que reclamé que no aceptaran bajo ningún concepto el chantaje del que estaban siendo objeto y que ponía seriamente en peligro su vida.

Fue una etapa difícil sobre todo por el terrorismo de ETA. El gobierno del Partido Popular se había propuesto mantener contra viento y marea el Pacto de Ajuria Enea. Habíamos advertido claramente que no habría negociación alguna y habíamos reafirmado nuestro propósito de luchar contra ETA hasta su disolución definitiva. Estábamos en plena lucha contra el entorno etarra y era muy importante la cooperación internacional.

El clima en el País Vasco, a pesar de los avances a los que antes me he referido, estaba muy enrarecido. Recuerdo haber ido a manifestaciones allí y encontrarme al lado de dirigentes políticos que no quisieron dirigirme la palabra durante las horas que desfilamos juntos, mientras no paraban de hablar entre ellos.

Lo más terrible fueron los atentados. Recuerdo el vil asesinato del presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Giménez Abad, en circunstancias dramáticas, cuando iba acompañado por su hijo a ver un encuentro de fútbol del zaragoza en La Romareda. Y también guardo un recuerdo desgarrador de otro fin de semana particularmente negro.

Era el mes de julio y yo me había ido con mi mujer y mi hijo a Pontevedra, con la intención de pasar un fin de semana algo más tranquilo.

Acababa de llegar el viernes por la noche a una misa en recuerdo del primer aniversario del fallecimiento de mi madre. El sábado por la mañana ETA asesinó en Leiza (Navarra) al concejal de UPN José Javier Múgica. Fui inmediatamente, ida y vuelta en el mismo día, y cuando estaba regresando por la noche al aeropuerto de Vigo, me llegó la noticia de un nuevo asesinato, el del inspector de la Ertzaintza Mikel Uribe, víctima de un atentado en Leaburu (Guipúzcoa). Cogí el mismo avión y volví al País Vasco, cerca de Tolosa, para acompañar a los familiares y representar al Estado. Estuve presente en ese acto luctuoso en nombre de un Estado y un gobierno que en todo momento expresó su firme determinación de no ceder ni una milésima de milímetro ante el intento de chantaje de ETA, y aplicar en toda su extensión la ley y el Estado de derecho.

Recuerdo con verdadera tristeza los momentos en los que se daba el pésame a los familiares de las víctimas. Siempre son momentos dramáticos. Se trata de situaciones en las que te sientes totalmente impotente, y a veces piensas que bien poco valen tus muestras de cariño, de afecto y de ánimo, de intentar hacerles ver que no están solos. Desgraciadamente he tenido que dar muchos pésames como ministro del Interior y como dirigente del Partido Popular.

En esa época hicimos un gran esfuerzo para garantizar, mediante escolta pública o privada, la seguridad a los concejales de todos los partidos amenazados. Y abrimos los canales para reforzar la colaboración internacional, particularmente con Francia y con Estados Unidos.

A la vuelta del verano ocurrieron unos acontecimientos absolutamente inesperados, cuyos efectos aún hoy no calibramos plenamente.

De repente, el 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió.

Los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y el ataque al Pentágono, cerca de Washington, dieron lugar a un profundo cambio de percepción sobre la seguridad en Estados Unidos —que por primera vez en su historia se veía atacado en su propio territorio continental—, pero también en Europa y en el resto del mundo.

Tras los primeros años después del fin de la guerra fría, en los que se imaginó que un «nuevo orden mundial» podía llegar a ser posible, y tras la dura vuelta a la realidad que supusieron las guerras de los Balcanes y la invasión de Kuwait por Iraq, se hacía brutalmente presente un nuevo tipo de amenaza global, la del terrorismo internacional organizado en redes, con un fuerte componente ideológico de enfrentamiento con Occidente y con capacidad de utilización de los recursos de las nuevas tecnologías.

Como otras muchas personas, seguí asombrado por televisión lo que estaba ocurriendo. Los aviones secuestrados estallando contra dos símbolos tan representativos como las Torres Gemelas de Wall Street y el edificio del Pentágono, a los hay que añadir el avión cuya tripulación y pasaje se rebeló contra los terroristas, e impidieron que impactara en la Casa Blanca.

En esos momentos me encontraba comiendo con Pío García Escudero en el Ministerio del Interior. El presidente Aznar se hallaba de viaje oficial en Lituania. Como vicepresidente primero, asumí la dirección del gobierno, en estrecho contacto con el presidente. Analizamos las consecuencias que aquellos acontecimientos podían tener para el orden internacional y escuché con atención las primeras declaraciones de los dirigentes estadounidenses condenando en los términos más radicales los atentados terroristas y apelando a sus aliados en todo el mundo para responder a los ataques del terrorismo yihadista.

En junio de ese mismo año, el presidente Bush había realizado su primer viaje a Europa como presidente de Estados Unidos, e hizo su primera escala en Madrid, donde ofreció a nuestro país toda la cooperación norteamericana en la lucha contra ETA.

Fui el primer ministro del Interior europeo que solicitó tener un encuentro con los responsables de la Administración estadounidense. Queríamos expresarles nuestra solidaridad y nuestra disponibilidad para una estrecha cooperación antiterrorista y facilitarles alguna información sensible. Inmediatamente nos dieron cita y, tras cruzar el Atlántico, llegamos a Washington, donde me entrevisté con el vicepresidente Cheney, con el fiscal general del Estado —equivalente a nuestro ministro de Justicia—, John Ashcroft, y con el director del FBI, Robert Mueller. Hice el viaje de ida y vuelta en un día y medio, para poder estar el lunes por la noche en Bruselas, donde tenía que dar una conferencia a la mañana siguiente.

Confirmé en esas reuniones la extrema gravedad que los dirigentes norteamericanos daban a este asunto y la solidaridad que esperaban de nosotros. Se encontraban en el proceso de reunir toda la información relevante posible en relación con Osama bin Laden, Al Qaeda y sus conexiones con otras redes terroristas. Cuando finalmente se constituyó la coalición internacional liderada por Estados Unidos y bajo mandato de la ONU que inició las operaciones contra el régimen talibán en Afganistán pocas semanas después de los atentados, el gobierno español decidió contribuir al esfuerzo de una muy amplia coalición de países.

Los atentados del 11-S materializaron algo que hasta ese día sólo pertenecía al mundo de las predicciones más sombrías: el hecho de que las sociedades abiertas y democráticas son tan fuertes como vulnerables y que hay gente dispuesta a dar su vida para acabar con ellas. El terrorismo del 11-S, que muchos han calificado de hiperterrorismo, resulta terrible tanto por su crueldad y alcance como por su fanatismo suicida.

A la vez, el 11-S marca un hito histórico en la lucha internacional contra el terrorismo. La solidaridad inicial con Estados Unidos no sólo dio pie a una coalición internacional amplia y dispar, sino que puso en primer plano la tolerancia cero frente al terror. Los enormes y acelerados pasos que pudimos dar en este sentido en la Unión Europea —en particular, pocos meses después, bajo presidencia española— fueron posibles gracias a este rechazo masivo frente a la violencia terrorista.

Con el 11-S la definición de la amenaza terrorista cambió. Su alcance se empezó a considerar global, presente en diversos continentes y con capacidad para explotar todos los intersticios que dejan abiertos las sociedades democráticas, y que afectan desde la financiación hasta las comunicaciones. Esta amenaza de grupos no estatales pasaba a ocupar el primer puesto en la definición de riesgos y en la atención para defenderse de los mismos. Era una amenaza que no resultaba influida por la disponibilidad de medios militares, que podía resultar letal aun sin contar con grandes ejércitos.

Se constató que la capacidad de destrucción del terrorismo yihadista puede convertirse en un terrorismo de masas, un ataque a la democracia liberal por un enemigo difuso y difícil de identificar, que en muchas ocasiones convive con nosotros, en el centro de nuestra sociedad, con el fin de atentar contra ella.

Este tipo de terrorismo no es fácilmente permeable a la disuasión, por lo que hace falta para luchar contra él una estrategia en varios niveles, que incluya la colaboración internacional en el intercambio de información y en la cooperación policial y judicial, así como estar preparados y vigilantes en todo momento. La amenaza terrorista exigía a partir de ese momento nuevos planteamientos y procedimientos de gestión de crisis.

Era, y es, necesario también —y ésta es una interpretación más matizadamente europea— combatir otros factores que afectan al fundamentalismo islamista: la pobreza y la miseria, las desigualdades, las frustraciones ante los fallidos procesos de modernización, la falta de libertades y de democracia, la utilización política radicalizada de la religión musulmana.

Estoy muy lejos intelectualmente de la confusa «Alianza de Civilizaciones» que el gobierno socialista quiso convertir en proyecto estrella de su política exterior. Sus frutos son muy escasos, pese al dinero invertido. Pero tengo la convicción de que, junto a las medidas de seguridad y de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo islámico, es asimismo necesario ayudar a los sectores moderados del mundo musulmán y favorecer la evolución de esos países hacia la modernización democrática y el pleno respeto a las libertades. Hoy, la primavera árabe de 2011 y la desaparición de Bin Laden abren nuevas esperanzas para que estos objetivos se hagan realidad.

Fortalecer el Estado

Pocas semanas después de los atentados del 11-S, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una importante resolución que buscaba reforzar la lucha de la comunidad internacional contra el terrorismo. En dicha resolución se proponían nuevas medidas de carácter policial y judicial, dirigidas por ejemplo contra la financiación de los terroristas o para facilitar los intercambios de información, que pueden ser cruciales a la hora de prevenir y reprimir actos de terrorismo.

Para llevar a la práctica estas propuestas en España, creamos en el Ministerio del Interior un grupo de trabajo presidido por mí mismo y en el que participaban representantes de otros departamentos: Justicia, Asuntos Exteriores y, también, Hacienda.

Ese grupo de trabajo se reunió varias veces en los meses restantes de 2001 y en el primer semestre de 2002. Se trataba de introducir diversos cambios en la legislación española en materia de lucha antiterrorista y favorecer la cooperación internacional.

También la Unión Europea reaccionó ante la nueva situación creada por el 11-S.

El Consejo Europeo —en una reunión extraordinaria celebrada pocos días después, precedida de una reunión de los ministros de Interior, a la que asistí— declaró que la lucha contra el terrorismo pasaba a ser un objetivo prioritario de la Unión Europea y aprobó un plan de acción contra el terrorismo.

La Comisión Europea asumió entonces el compromiso de presentar inmediatamente propuestas para una definición común en toda la Unión del delito de terrorismo y para la creación de la Orden Europea de Detención y Entrega, la llamada «Euroorden». Ambas medidas eran muy importantes para facilitar no sólo la lucha contra el terrorismo internacional, sino también contra ETA.

Se impulsaron en esos momentos, con una participación muy activa de España, toda una serie de iniciativas, como la confección de una lista europea de organizaciones terroristas y de terroristas individuales, la creación de equipos conjuntos de investigación y el reforzamiento de la cooperación con Estados Unidos, iniciativas a las que después dimos cauce bajo la presidencia española de la Unión Europea, durante el primer semestre de 2002.

La cooperación con Francia, que ya venía siendo muy buena, se intensificó después de los atentados de las Torres Gemelas. Anteriormente, como fruto de una primera reunión de trabajo con el ministro socialista francés Daniel Vaillant, habíamos conseguido crear una unidad policial destinada a luchar contra ETA en el sur de Francia, que con celeridad obtendría resultados muy satisfactorios.

Y fue esencial en todo momento la buena relación personal mantenida con el entonces comisario europeo de Justicia e Interior, el socialista portugués Antonio Vitorino, personaje inteligente y siempre cooperador. Actuaba con gran viveza y espíritu de aunar voluntades; me entendí bien con él y llegamos pronto a plasmar nuestros puntos de vista en la legislación comunitaria.

En el plano nacional, nos propusimos iniciar una política de acuerdos con el partido socialista, cuyos resultados fueron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que se firmó a finales de ese año —recuerdo que fue el día de la Inmaculada Concepción—, y, posteriormente, el Pacto por la Reforma de la Justicia, de mayo de 2001.

En aquel pacto reafirmamos los principios que han guiado nuestra política frente a ETA, con especial atención a las víctimas del terrorismo y el pleno apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Estado de derecho.

Consecuencia de nuestra decidida lucha por acabar con ETA y aislarla de su entorno, mostrando claramente la conexión existente entre ETA y Herri Batasuna, fue posteriormente la Ley de Partidos Políticos, aprobada en agosto de 2002. Conseguimos, a través de la prohibición de acudir a las elecciones de un partido que ha demostrado su estrecha conexión con ETA y que figura en las listas de la Unión Europea como organización terrorista, que aquellos que sostenían a la banda terrorista no siguieran estando presentes en las instituciones democráticas y no se beneficiaran impunemente de los medios económicos que el Estado pone a favor de los partidos políticos.

A pesar de todos los intentos de los partidarios de ETA de manipular la opinión pública internacional y de obtener sentencias judiciales que pudieran servir para legitimar sus propósitos, nuestra posición de impedir que los radicales estuvieran presentes en las instituciones y pudieran presentarse a las elecciones fue rotundamente confirmada por el máximo órgano judicial europeo guardián de los derechos y los valores fundamentales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En esta cuestión es evidente que no caben medias tintas. Lo contrario sería ceder en nuestra determinación de continuar la lucha contra ETA hasta que la banda terrorista y sus adláteres no rechacen definitivamente la violencia, abandonen las armas y soliciten el perdón de las víctimas. Por ello soy contrario a la legalización de partidos que, cambiando las siglas, siguen sin condenar a ETA y sus métodos terroristas, y se constituyen en beneficiarios naturales de la amenaza de la banda terrorista, cuyos objetivos políticos comparten.

Quiero decir que me produjo un gran disgusto la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la participación de Bildu en las elecciones locales de mayo de 2011. Lamenté también que el pacto que propusimos al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Nacionalista Vasco para impedir que Bildu gobernara en las instituciones no llegara a buen puerto por la resistencia de los nacionalistas. Ver San Sebastián regida por un alcalde de Bildu me produjo un disgusto aún mayor. Se debe exigir la aplicación más rigurosa de la Ley de Partidos, que faculta para expulsar a Bildu de las instituciones en cuanto existan pruebas suficientes para demostrar que es un instrumento de ETA.

Junto a la defensa de las libertades, el fortalecimiento de las instituciones tiene un capítulo muy importante en la recuperación de la credibilidad en la justicia, y a esta cuestión dedicamos una serie de propuestas y reformas durante esa etapa.

Es evidente que la independencia del Poder Judicial es un elemento esencial de una sociedad democrática y un instrumento fundamental para impedir el abuso y la arbitrariedad. Por eso en España necesitamos fortalecer el principio de división de poderes, despolitizar la justicia y reforzar la autonomía e independencia del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.

No debemos perder de vista que el ciudadano ve en la impartición de la justicia una garantía última en la defensa del derecho, de la democracia y las libertades, y es lógico por tanto que reclame una Administración de Justicia que garantice la independencia y la imparcialidad de los jueces, y que sea eficiente en términos de calidad, celeridad, certeza y atención a los ciudadanos.

Sencillamente no es admisible que los plazos de los procesos judiciales se alarguen, y que para que un procedimiento llegue hasta la sentencia sobre el último recurso tenga que transcurrir más de una década.

No me cabe tampoco ninguna duda de que para recuperar el prestigio de la justicia y de sus órganos hemos de superar la intensa politización a la que se ve sometida la elección de los miembros del mencionado consejo y, también, de los magistrados del Tribunal Constitucional. Como persona vinculada al mundo del derecho, considero muy necesario solucionar este grave problema, que daña la confianza en nuestro sistema democrático.

La rapidez y la eficiencia en la administración de la justicia es un factor, además, muy relevante para la inversión, tanto nacional como extranjera. Un mal funcionamiento de los tribunales tiene una incidencia muy negativa en la competitividad y, como consecuencia, en la capacidad de innovar y en la creación de empleo.

Es obvio también que el conjunto del Estado y de las Administraciones debe estar presidido por la idea de la legalidad y de la seguridad jurídica. En este sentido, defiendo que las leyes sean el fruto de una elaboración reflexiva y con vocación de permanencia, que sean coherentes y armónicas con el conjunto del ordenamiento jurídico. Como jurista, me produce un verdadero rechazo observar el deterioro creciente de la técnica legislativa en nuestro país, con normas que a veces parecen un puzle hecho de retazos de aquí y de allá.

Nuestro sistema legislativo y judicial, nuestros jueces, abogados y demás operadores jurídicos pueden ser también excelentes embajadores en la cooperación internacional, en la búsqueda de un espacio común de seguridad jurídica, en Europa en primer término, y a nivel global.

Si algo se ha hecho patente en la última década es la estrecha interrelación que existe entre la seguridad, el respeto a la ley y el Estado de derecho; entre la fortaleza de las instituciones y el desarrollo económico.

Soy consciente de que el equilibrio entre seguridad y libertades se ha hecho más difícil y más exigente desde el momento en el que el mundo cambió con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Todos entendemos ahora que la consolidación de un espacio de justicia, libertad y seguridad en Europa y la fortaleza del Estado de derecho en España afectan a todos los ciudadanos. De un buen funcionamiento de la Administración de Justicia depende también la protección de las libertades, la prosperidad y la garantía de una vida digna.

La inmigración: un gran reto para los próximos años

La presidencia española de la Unión en el primer semestre de 2002 estuvo también centrada en otro tema crucial: la inmigración.

La presidencia europea fue una importante experiencia para mí. Dimos un avance sustancial en lo que entonces se llamaba «el tercer pilar» de políticas de la Unión, y que también se conoce como el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Cuando asistía a las sesiones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior me llamaba positivamente la atención el prestigio que España había alcanzado gracias a la entrada en el euro y la buena gestión económica de los últimos años. Habíamos logrado el reconocimiento de las oportunidades de nuestro país en el mundo.

Antes de que comenzara el semestre de presidencia europea, hice varios viajes para reunirme con ministros de gobiernos de los Estados miembros, con el fin de explicar y armonizar las medidas que íbamos a proponer durante nuestro mandato. Mantuve una excelente relación con el ministro socialdemócrata alemán Otto Schily, y también con el ministro laborista David Blunkett.

Me impresionó la capacidad de trabajo de Blunkett, a quien no le afectaba en sus tareas el hecho de ser invidente. Recuerdo también que en la primera reunión del Consejo de Ministros europeo en la que participó, mostró una amplia coincidencia con las ideas que expuse.

En relación con la inmigración, durante los meses de presidencia europea conseguimos trasladar a las instituciones de la Unión gran parte de los planteamientos que nos habían guiado en nuestra política de inmigración dentro de España.

Respecto a la inmigración, mis ideas son muy claras. Como gallego, tengo una sensibilidad especial por los derechos de los emigrantes. No en vano los gallegos han emigrado durante distintas etapas de su historia a muchos lugares del mundo, a Argentina, Suiza, Alemania, Francia, y a otras ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Bilbao.

Considero que la emigración es una auténtica necesidad para muchas personas y que hay que asegurar al inmigrante legal unas condiciones de vida y de trabajo garantizadas por derechos similares a los de los nacionales.

Todos tenemos grabadas en nuestra retina la imagen de las pateras repletas de cuerpos famélicos y enfermos intentando llegar como sea a nuestras costas, arriesgando su vida, y en muchas ocasiones abandonándose en los brazos de mafias con muy pocos escrúpulos, con tal de poder alcanzar el sueño dorado de unas mejores condiciones de vida en territorio europeo. Las víctimas se cuentan por centenares cada año. Son imágenes a las que no podemos responder con impasibilidad, acostumbrándonos al horror. Los políticos y toda la sociedad tenemos aquí una responsabilidad inmediata.

Yo guardo una imagen particularmente dramática de dos inmigrantes, cuando estaba en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, hace unos pocos años. Mientras cenaba en un restaurante que hay en el muelle, vi llegar una patera con dos personas que eran ya cadáveres. Rápidamente me acerqué y en seguida llegó la Guardia Civil, a la que pregunté si podía ayudar en algo. Después, a los pocos minutos, no tardaron en llegar las cámaras de televisión y decidí apartarme discretamente. Pero aquella escena y la cercanía de los cuerpos de los inmigrantes muertos me produjeron un gran impacto.

Tenemos que ser conscientes de que la inmigración es un hecho irreversible en nuestro país. España se ha convertido en un país de inmigración en apenas una década, y además los datos demográficos demuestran que vamos a seguir necesitando inmigración, aun cuando la crisis actual haya hecho descender el ritmo tan intenso mantenido hasta 2008.

Los efectos de una caída de la natalidad en años pasados no se pueden compensar a medio plazo sin recurrir en parte a la inmigración. Sin embargo, es obvio que el cambio demográfico y sus gravísimas consecuencias económicas y sociales no van a encontrar solución confiando sólo en la entrada de inmigrantes y en sus mayores índices de natalidad.

La inmigración es el gran reto de las sociedades avanzadas, de todas. Puede convertirse en una formidable oportunidad de crecimiento o en un grave problema, según cómo se gestione.

Hay un efecto psicológico importante ligado a este fenómeno, que a menudo no se tiene demasiado en cuenta. Un país que regule adecuadamente la entrada de personas inmigrantes tendrá más fácil abrirse camino apostando por el futuro, siendo más dinámico y emprendedor, integrando los valores positivos, vitales, de la inmigración. Un país que sepa hacerlo bien en este terreno estará atendiendo responsablemente al cambio social y aprovechando creativamente la potencialidad de hombres y mujeres que buscan nuevas oportunidades, que quieren comenzar una nueva vida.

Pero, si se regula mal, la inmigración puede llegar a ser todo lo contrario. Da lugar entonces a situaciones en las que la gente mire mal al inmigrante, donde se vea en él una fuente de conflictos para la seguridad y la convivencia, y donde la precariedad de su situación conduzca a que muchos inmigrantes malvivan, trabajen en condiciones infrahumanas y tengan finalmente que sufrir el fracaso de sus ilusiones. En España, la crisis ha golpeado particularmente a los inmigrantes, entre los que existen mayores niveles de paro, y son muchos los que sufren la incertidumbre y la ansiedad respecto al futuro.

Son realidades ante las que no podemos apartar la mirada, que se dan todos los días junto a nosotros. He hablado con no pocos inmigrantes, y he visitado muchos centros de atención social, sobre todo en los últimos siete años, para saber que hay verdaderos dramas humanos, familias separadas, miseria y marginación social. Y también extraordinarios ejemplos tanto de entrega a las necesidades de los inmigrantes como de valentía y temple frente a las adversidades. Hace relativamente poco tiempo, un grupo de jóvenes inmigrantes marroquíes que estaban recibiendo una formación profesional de alta especialización tecnológica me volvieron a mostrar cómo con afán de superación y esfuerzo personal es posible salir adelante, ayudar a la familia y contribuir también al bien común.

Por las dificultades de acertar en política de inmigración, considero que hay una serie de cuestiones que son centrales y que deben guiarnos en los años próximos.

En primer término, se halla la necesidad de la cooperación internacional. Los Estados no pueden por sí solos gestionar el fenómeno de la inmigración. La cooperación entre países, en particular en la Unión Europea, es inexcusable. Hace falta una apuesta común, con derechos y deberes iguales en todos los países de la Unión. No tiene mucho sentido que, pese a los avances logrados, todavía existan diferencias entre los Estados miembros en materia de reagrupación familiar, la concesión de derechos como el asilo, las condiciones de legalización o de expulsión. La política común de inmigración debería estar estrechamente vinculada, además, con la política exterior común, dado que la cooperación con los terceros países es imprescindible.

En segundo lugar, hay aquí una doble perspectiva, aparentemente contradictoria, que se debe tener presente de manera continuada. Por una parte, los valores y los convenios internacionales que inspiran la legislación de nuestros países hacen inviable la pretensión de un blindaje total de fronteras; no podemos ser una fortaleza frente al mundo exterior y las personas que llaman a nuestras puertas. Por otro lado, las exigencias de seguridad son evidentes. El espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas, exige asimismo un control eficaz de las fronteras exteriores de la Unión.

Durante ese semestre en el que nos cupo la responsabilidad de la presidencia europea, pude comprobar de primera mano que objetivos como el control eficaz de las fronteras exteriores y la lucha contra la inmigración ilegal gozan de un amplio consenso dentro de la Unión Europea. Otra cosa es conseguir acuerdos de todos sobre los mecanismos adecuados para alcanzar estos objetivos. La Cumbre de Tampere de 1999 había sido el primer intento serio de abordar unas políticas comunes en inmigración y seguridad. Nosotros celebramos en febrero del año 2002 un consejo informal en Santiago de Compostela —una ciudad tan simbólica para la idea de una Europa de los ciudadanos asentada en fuertes valores humanistas—, donde trasladamos al resto de nuestros socios algunas de nuestras ideas sobre este tema. Había propuestas que ya estábamos llevando a cabo en España y que materializamos en la Ley de Extranjería.

En ella establecimos por ejemplo que los inmigrantes que hubieran entrado en España de manera irregular tuvieran también derecho a asistencia sanitaria y educación, como cualquier ciudadano. Por otra parte, adoptamos mecanismos para ordenar la inmigración, regulando las expulsiones, organizando los reagrupamientos familiares y reprimiendo la contratación de irregulares. Se trataba de un conjunto de medidas destinadas a regular la inmigración legal e impedir la irregular.

Pienso que una gestión ordenada de los flujos migratorios es necesaria, pues la capacidad de acogida de un país no puede ser ilimitada. Lo mismo ocurre con la apuesta por un conjunto de derechos y obligaciones básicos que los inmigrantes deben adquirir progresivamente en un período de varios años, una «ciudadanía cívica», como lo ha definido la Comisión Europea.

Soy partidario de que, en el proceso de integración, los inmigrantes asuman derechos, pero también obligaciones, tales como el conocimiento de la lengua, el acatamiento de las leyes y de unos valores propios. Considero que la obligación de los inmigrantes de respetar los valores esenciales de las democracias occidentales, recogidos en las Constituciones de los Estados, es un elemento clave para su integración. Tal y como hicieron nuestros compatriotas cuando emigraron a Europa o a América. Respetar los valores y costumbres de la tierra de acogida es el mejor camino para la verdadera integración.

En realidad, como ha demostrado el paso del tiempo, ni el modelo francés ni el del Reino Unido pueden vanagloriarse de haber tenido éxito frente al desafío de este fenómeno. Hoy la inmigración, y sobre todo la integración de los millones de inmigrantes que viven en las ciudades europeas y que en no pocas ocasiones forman verdaderos guetos impermeables a la integración, lo que constituye la raíz de conflictos sociales, es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Ha habido una ausencia de políticas activas para la integración, que no puede ser sino un proceso de doble dirección: tener derechos y cumplir obligaciones, respetando los valores de los países de acogida y convirtiéndose en un ciudadano pleno.

Lo que sin duda ha tenido notables efectos negativos han sido las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, a las que los gobiernos socialistas se han mostrado tan proclives, guiados por una falsa retórica humanitaria, que a la larga ha resultado contraproducente.

Las regularizaciones masivas —inspiradas en un irresponsable «papeles para todos»— han sido una mala experiencia porque no acaban con la presencia de inmigrantes clandestinos y generan siempre un efecto llamada. Las regularizaciones por decreto de los gobiernos socialistas han provocado además en no pocas ocasiones en el pasado la indignación de nuestros socios, pues estas decisiones pueden causar desequilibrios y consecuencias indeseadas en otros países en un espacio sin fronteras como Schengen.

La Unión Europea tiene ante sí el reto de avanzar en este terreno con medidas concretas. Pero sobre todo se encuentra ante el enorme desafío de impedir que una errónea política de inmigración y de integración alimente el monstruo de los partidos radicales, que ponen bajo sospecha o criminalizan al inmigrante, cuando no hacen revivir algunas de las memorias más vergonzosas de la historia europea del siglo XX. Por eso también promovimos durante la presidencia europea de 2002 la Carta Europea de Derechos Fundamentales, hoy felizmente insertada como su código genético en el vigente Tratado de Lisboa.

El respeto a la dignidad humana y a los derechos de todas las personas, y las obligaciones de solidaridad con los inmigrantes, forman parte de mi escala de valores y de los principios que informarán cualquier gobierno que yo presida; tanto como el respeto a la ley y a las normas del Estado de derecho. Eso se lo debemos a los muchos inmigrantes latinoamericanos, marroquíes, rumanos y de otros países del centro y el este de Europa, y en general de tantos otros países, que cada día trabajan hombro con hombro junto a nosotros, realizan muchas tareas de un enorme contenido humano, como el cuidado de ancianos y niños, y son hoy parte de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. La conclusión es que en política de inmigración no caben ni la demagogia ni el populismo.

CAPÍTULO 9

Europa, Estados Unidosy nuestra política exterior

El futuro de la política europea

Nuestra presidencia de la Unión Europea puso de manifiesto que para actuar como un socio responsable y eficaz en la Unión hay que haber hecho primero bien los deberes en casa. Gracias a los logros económicos obtenidos, a la imagen de solidez, solvencia y rigor que habíamos conseguido generar, pudimos mejorar sustancialmente la posición institucional de España y obtener los mejores rendimientos de las políticas de la Unión.

Soy un europeísta convencido, pero al mismo tiempo pragmático. Comparto plenamente los ideales de la construcción europea e incluso pienso que en no pocas ocasiones la actuación de las instituciones europeas y de sus responsables se queda por debajo de las ambiciones que el proyecto europeo lleva consigo. Para mí, los europeístas de la primera generación —Schuman, Monnet, Adenauer, De Gasperi— siguen siendo una referencia necesaria. La maquinaria europea no debe hacernos perder de vista que la Unión es parte de un gran proyecto histórico, parte del impulso civilizador que anida en la historia de Europa y que todavía no ha desarrollado todas sus potencialidades.

Pero a la vez tengo bien presente que el interés europeo es el resultado de la integración de los intereses de los Estados miembros, y que esa negociación y armonización exige tener bien claro cuáles son los intereses nacionales, qué objetivos debemos perseguir y nos interesa alcanzar en Europa. Así lo he vivido también en mis reuniones con otros dirigentes europeos, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy o Durao Barroso. Lo importante es la fidelidad a unas ideas y principios, y generar confianza en los demás, ser creíble. Por supuesto que todos entienden que cada uno tiene sus propios intereses, pero la gran innovación de la Unión Europea es precisamente la continua imbricación de éstos con los objetivos comunes.

Comparto también la idea de que la Unión Europea, después de haber conseguido primero la paz y la reconciliación entre los países europeos occidentales, y luego, con la entrada de los países del otro lado del Telón de Acero, la unificación y la estabilización del continente, tiene ahora ante sí el gran reto del fortalecimiento de la presencia de Europa en el mundo.

No podemos olvidar que en el contexto global actual una política internacional auténticamente relevante y eficaz de los Estados miembros requiere un marco europeo. Tenemos muchos intereses comunes que preservar, amenazas a las que hacer frente juntos y problemas globales que a todos nos afectan. Los veintisiete países somos más fuertes si actuamos conjuntamente que por separado. Ortega y Gasset hablaba de la «europeización» de España; yo creo que esa idea tiene una aplicación también en la política exterior, que se está europeizando sin dejar de ser nacional, y con ello puede alcanzar enormes capacidades.

La crisis económica, sin duda el principal problema que tenemos ante nosotros, está concentrando ahora la mayor parte de las energías de la Unión Europea. Pero además de un mercado único, una moneda común y una política de cohesión sólida, necesitamos una Unión con una política exterior y de seguridad y defensa eficaz para asegurar la prosperidad y estabilidad del continente en un mundo crecientemente multipolar.

Sólo podremos desarrollar una auténtica política exterior en la Unión si nos dotamos de instituciones bien diseñadas y que funcionen adecuadamente, y si tenemos la voluntad política necesaria. El nuevo Servicio Exterior Europeo —una de las novedades del Tratado de Lisboa— que se está poniendo en marcha tiene que ser un buen instrumento para conseguir ese objetivo, que tomará su tiempo para materializarse. De ello es muestra reciente la imposibilidad de conseguir una posición unida de los Estados miembros en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis libia.

Por otra parte, estamos en un mundo de retos globales. Ni el cambio climático, ni el terrorismo, ni la delincuencia organizada, ni la proliferación nuclear conocen fronteras. Fenómenos como las migraciones o las pandemias, el hambre y el subdesarrollo no pueden afrontarse eficazmente en solitario, ni siquiera a nivel regional.

El tremendo potencial de los países emergentes obliga a modificar las organizaciones internacionales creadas después de la segunda guerra mundial, y han surgido otras iniciativas de gobierno económico, como el G-20. En el marco global, la Unión y el consenso entre los países europeos son cada vez más necesarios. Lamentablemente en épocas de crisis no siempre se responde de forma conjunta, pues la tentación de actuar de manera unilateral, cada uno intentando salvar sus propios intereses, no es fácil de resistir. Esa actitud hace daño a Europa, y hemos vivido en los últimos tiempos ejemplos bien palpables de las diferencias entre unos y otros y de decisiones unilaterales. La erosión del espíritu de solidaridad —en política económica, en la acción exterior— es un serio obstáculo para el avance del ideal europeo.

Creo en la Europa unida y en el papel relevante que España debe volver a jugar en la Unión Europea. Siempre he defendido que España debe ser uno de esos países que impulsen decididamente una actuación unitaria de los Veintisiete en el plano exterior.

La Unión Europea debe ocupar un lugar central en la acción política de España, pues en realidad la política europea ya no es política exterior. Son muchos los ámbitos que han dejado de ser estrictamente nacionales y han pasado a depender en gran medida de las decisiones que se toman en Bruselas: el comercio, la agricultura, la pesca, los servicios. El número de estas materias ha ido aumentando: la política monetaria, el medio ambiente, o numerosas cuestiones de Interior y de Justicia.

En los últimos años, España no ha jugado en la Unión un papel ni de lejos parecido al que llevó a cabo en los períodos anteriores, durante las etapas de presidencia del gobierno de Felipe González o durante los gobiernos del Partido Popular. Así, fue para mí casi triste comprobar que la presidencia española de la Unión durante el primer semestre de 2010 resultó una ocasión perdida, con un balance final más que escaso.

En aquel semestre, paradójicamente para un país que ejercía la presidencia, nos convertimos en el sujeto pasivo de las iniciativas de los demás, que nos instruían sobre lo que teníamos que hacer en el plano económico nacional. En la cumbre de la Eurozona de mayo de 2010 se le indicó claramente al presidente del gobierno que a los demás se les había acabado la paciencia y que no había ya dilación posible respecto a las reformas estructurales, al recorte del gasto y al control del déficit. Con cierta malicia, un destacado dirigente europeo me comentó que pensaba que zapatero no había presidido la Unión, había presidido la crisis española.

Para evitar que la presidencia europea cayera en la inoperancia, intenté cooperar con el gobierno socialista, fijando unos objetivos comunes. Lamentablemente, el resultado cosechado por el gobierno fue decepcionante.

Pienso también que una acción decidida en la Unión Europea exige una Administración motivada y eficaz, y una diplomacia activa y bien coordinada, además de una mejor representación de funcionarios españoles en las instituciones europeas, incluido el propio Servicio de Acción Exterior.

Me preocupan la deriva europea y el progresivo deterioro de una idea común, de unos intereses y afectos compartidos. Ante la mayoría de los ciudadanos, Europa hoy se legitima por su capacidad de resolver los problemas reales de los europeos, de actuar con eficacia. La Unión tiene ante sí cuestiones urgentes que abordar, para las que necesitamos cohesión y una comunicación fluida entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros, y entre éstos y los ciudadanos.

En primer lugar, la Unión Europea se encuentra ante el desafío de avanzar seriamente en la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. En las reuniones de líderes políticos del centro derecha del Partido Popular Europeo, que preceden a los consejos europeos, he apoyado todas las propuestas dirigidas a mejorar la regulación y la supervisión financiera, para evitar que se repitan los excesos que nos han conducido a la situación actual. Considero coherentes con la moneda única las medidas que se han ido tomando en relación con la supervisión de los presupuestos nacionales, la creación de un fondo de estabilidad financiera suficientemente dotado y las medidas para evitar los desequilibrios macroeconómicos.

Los criterios de austeridad y ahorro, eficiencia en el gasto y supervisión estricta de los resultados deben aplicarse asimismo a las instituciones y políticas comunitarias. En las negociaciones de los nuevos presupuestos comunitarios, es esencial para España que las ayudas a los agricultores no sufran recortes sustanciales, además de promover iniciativas de apoyo a la innovación en los países con menor capacidad tecnológica.

En los últimos años, la Unión Europea está siendo muy activa en el mundo en el ámbito de la seguridad y la defensa. Así, desde el año 2003 ha llevado a cabo un total de veinticuatro misiones en el exterior: unas, operaciones militares; las otras, civiles. La Unión tiene que desarrollar su propia política de seguridad y defensa en estrecho contacto con la OTAN. La seguridad hoy es mucho más amplia que antes, tiene que responder a una variedad muy distinta de amenazas: terrorismo, crimen organizado, armas de destrucción masiva, grandes epidemias, seguridad energética, la piratería internacional o los nuevos delitos relacionados con la ciberseguridad, por poner algunos ejemplos más relevantes. Todos esos desafíos han de ser afrontados por el Estado y por las organizaciones internacionales de las que debe ser miembro activo, en un mundo independiente.

Durante mi etapa en el gobierno, y en particular desde la vicepresidencia, tuve muchas ocasiones de constatar la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad en sus múltiples dimensiones. Por ejemplo, nuestra cooperación en el seno de la UE, de la ONU y de la OTAN en la lucha contra el terrorismo internacional, los acuerdos con otros países y en el marco de la ONU en materia de delincuencia organizada y tráfico ilícito de emigrantes, o la respuesta a catástrofes naturales en el seno de la Unión Europea. Todo está hoy muy relacionado, interconectado, y es verdad que a veces el vuelo de una mariposa en California parece que pueda tener efectos desbordantes en alguna otra parte del mundo. La tragedia del terremoto en Japón y sus efectos sobre la planta nuclear de Fukushima nos pusieron delante de los ojos en la primavera de 2011 la complejidad de una prevención eficaz de riesgos.

La Unión Europea ha efectuado una contribución muy importante a la estabilidad y seguridad del continente mediante la política de la ampliación. Yo saludé la ampliación a los nuevos países del centro y del este de Europa en 2004 y en 2007, y en mis reuniones con representantes de esos países siempre he señalado no sólo la necesidad histórica de la ampliación, sino también el aporte muy positivo que ello significaba para la Unión. Recuerdo cómo Juan Pablo II hablaba con su enorme capacidad de comunicación de que Europa había por fin recuperado sus dos pulmones.

Europa va a seguir ampliándose en el futuro hacia Croacia, Islandia y los países balcánicos occidentales. No hay que descartar otros países, pero también será necesario tener en cuenta la capacidad de la propia Unión para poder integrarlos.

En relación con la cuestión de Turquía, se trata de un país reconocido como candidato y creo que las negociaciones de adhesión, iniciadas ya hace unos años, deben proseguir de buena fe por ambas partes. Las negociaciones serán largas y el desenlace final no está escrito de antemano; pero el propio proceso de negociación tendrá un efecto positivo para la modernización de la sociedad turca. Conozco Turquía y creo que en los últimos años se han dado grandes pasos dentro del país.

El eje europeo es la primera prioridad de nuestra acción exterior, y a él he querido referirme en primer lugar al escribir sobre política internacional. Como dijo en cierta ocasión Jacques Delors, uno de los grandes presidentes de la Comisión Europea, Europa se hace a base de pasos concretos, pero sobre todo gracias al compromiso firme de los Estados y los ciudadanos. España debe seguir comprometida con la Unión Europea. A través de la Unión, España aumenta exponencialmente sus posibilidades de presencia y de acción en el mundo.

Tres crisis y la importancia de la relación con Estados Unidos

Al finalizar la presidencia española de la Unión Europea en julio de 2002, con todo lo que supuso en cuanto a iniciativas, reuniones multilaterales y coordinación de las políticas de la Unión durante ese primer semestre, habíamos culminado una etapa de gobierno. Aznar pensó en una remodelación del Ejecutivo para preparar la nueva etapa que debía conducir a las elecciones de 2004, y me propuso que, manteniendo la vicepresidencia primera, dejara Interior, reasumiera el Ministerio de la Presidencia y me ocupara también de las tareas de comunicación como ministro portavoz.

Ya en mi primer nombramiento como vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Aznar me había pedido que me ocupara también de la portavocía, pero en aquel momento me pareció que era mejor concentrarse en los dos primeros cometidos.

Ahora se trataba, por un lado, de continuar asegurando la coordinación política del Gabinete, y por otro, de transmitir a la opinión pública los resultados positivos que los objetivos y las políticas que nos habíamos propuesto estaban consiguiendo para los españoles. El horizonte de esta tarea eran las elecciones generales que debían celebrarse a más tardar en marzo de 2004.

Las expectativas eran muy optimistas, pues todos los indicadores, tanto económicos como políticos y sociales, mostraban un alto grado de satisfacción con los gobiernos del Partido Popular.

El presidente Aznar ya había hecho pública su intención tanto de agotar el término previsto de la legislatura como de no volver a presentarse como candidato. A pesar de nuestra insistencia para que reflexionara y modificara su determinación, Aznar entendía, con un gesto de extraordinaria responsabilidad y generosidad personales, que no era bueno para las instituciones y la salud democrática del país que los presidentes del gobierno prolongaran su mandato más allá de dos legislaturas.

Poco podíamos imaginar, sin embargo, que esos dos años estarían marcados por acontecimientos inesperados, que tuvieron unas consecuencias azarosas y que en última instancia cambiaron radicalmente el curso previsible de las cosas. Una buena lección sobre lo impredecible de la historia; y también de humildad. No hay que confiar demasiado en los cálculos humanos.

Lo primero fue la crisis de Perejil.

Los hechos son de sobra conocidos, por lo que no me extenderé en ellos. El 11 de julio de 2002, de forma inesperada, un grupo de miembros de la Gendarmería Real marroquí desembarcó en la pequeña isla de Perejil, próxima a Ceuta. Recorrieron la escasa distancia hasta el centro del islote, alzaron la bandera marroquí y levantaron en la isla unas tiendas de campaña. Todo esto significaba una clara alteración del statu quo mantenido desde el comienzo de la década de los sesenta, que suponía la ausencia de cualquier asentamiento en la isla y, por supuesto, de todo tipo de símbolos de soberanía.

La acción marroquí suponía una inaceptable política de hechos consumados, contraria al Tratado Bilateral de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Sin embargo, fracasaron las múltiples gestiones diplomáticas que llevamos a cabo para restablecer la situación anterior. Por el contrario, las autoridades marroquíes reclamaron la soberanía sobre la isla, incluso reforzaron su presencia en la misma con infantes de marina y empezaron a establecer instalaciones fijas en vez de tiendas de campaña.

Por todo ello, tuvimos que proceder finalmente a ordenar el desalojo del destacamento marroquí establecido en la isla. Nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo esta misión eficazmente y sin pérdidas humanas.

Yo formé parte del gabinete de crisis que se creó en el gobierno, y del que, como en cualquier gabinete de crisis, forman parte aquellas personas a las que estime oportuno convocar el presidente.

En la crisis de Perejil, contamos con el apoyo de las instituciones de la Unión Europea y de nuestros aliados atlánticos. Como es conocido, la intervención estadounidense ante el gobierno marroquí fue también muy beneficiosa para la solución final del problema. Fueron días de gran tensión en las relaciones con nuestros vecinos marroquíes y personalmente me alegro de que la tensión con Marruecos fuera transitoria y que hayamos mejorado una relación a la que me gustaría contribuir de forma eficaz en el futuro inmediato.

La segunda crisis, que se desencadenó en otoño, fue el hundimiento del Prestige. Me correspondió dirigir la comisión interministerial creada para hacer frente a los efectos del vertido de fueloil que llegó en grandes oleadas durante varias semanas a las costas gallegas y produjo una catástrofe medioambiental que conmocionó a toda España. Teniendo en cuenta mi amor a Galicia, a sus costas y sus mares, aquello fue un duro golpe para mí. Recorrí muchas playas, ennegrecidas, gravemente polucionadas con aquella sustancia viscosa y oscura; y emocionalmente, no sólo desde el punto de vista profesional o de sentido de responsabilidad por el cargo, aquella tarea que se me había encomendado de forma muy personal me llegó hasta bien hondo.

En cuanto fui nombrado responsable de la gestión de la crisis, me trasladé a Galicia, al lugar de los vertidos, para coordinar una respuesta más eficaz y mejorar la comunicación con la opinión pública. Se trasladó conmigo parte de mi gabinete, incluido su director Francisco Villar, y Soraya Sáenz de Santamaría, que permanecieron en La Coruña varias semanas. También se consiguió tranquilizar a la opinión pública por medio de las ruedas de prensa diarias que puse en marcha en cuanto llegué a Galicia. Poco a poco fuimos cogiéndole el pulso a la situación, gestionando con más eficacia la limpieza, el vertido y la respuesta a la opinión pública, así como todos los demás aspectos colaterales relacionados con la crisis. Posteriormente, el Plan Galicia, que aprobamos inmediatamente, ayudó a compensar económicamente a los perjudicados y a recuperar las zonas afectadas, si bien, por desgracia, el posterior gobierno socialista no llevó a cabo las ambiciosas previsiones del plan.

La tercera crisis fue la generada por la guerra de Iraq.

Es obvio que no es lo mismo juzgar desde la perspectiva actual aquellos sucesos, con toda la información que se ha ido conociendo, que durante la crisis.

En aquellos momentos había dudas sobre lo que estaba pasando en Iraq. Recuerdo la presentación que hizo en el Consejo de Seguridad el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, sobre las armas de destrucción masiva en Iraq. Powell, con su experiencia como militar de alta graduación curtido en no pocos conflictos, hizo una exposición muy pormenorizada, con infinidad de datos sobre el peligro que suponía Saddam Hussein. Incluso muchos países que estaban en contra de la intervención creían en la existencia de las armas de destrucción masiva. También hay que recordar que las mentiras y los engaños de Saddam no facilitaron mucho las cosas.

Nos hallábamos bajo la fuerte influencia del 11-S, de la guerra de Afganistán y de la muy determinada posición de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países en favor de liberar Iraq de un dictador sanguinario como Saddam, permanente obstáculo para la estabilidad de la región y que en el pasado se había distinguido por su política genocida hacia sus propios nacionales, pues llegó a gasear a cientos de miles de kurdos iraquíes.

Lo cierto es que el choque de los diferentes intereses en juego dividió a la Unión Europea, a Naciones Unidas y a las sociedades de cada uno de los países. Nosotros no fuimos capaces de explicar convincentemente a la sociedad española las razones por las cuales pensábamos que teníamos que estar del lado de Estados Unidos en esa crisis.

Quiero, sin embargo, señalar que considero que uno de los vectores de la complicada ecuación de la crisis de Iraq, la alianza con Estados Unidos, sigue siendo válido.

La relación con Estados Unidos es la asociación estratégica más importante de la Unión Europea, y el reforzamiento de la alianza de España con ese país debe seguir siendo uno de los ejes fundamentales de nuestra política exterior.

No veo en mi europeísmo el menor atisbo de tensión o contradicción con el atlantismo, antes al contrario. Soy consciente de lo que han significado históricamente la aportación de Estados Unidos y la OTAN a la defensa de Europa y de los valores occidentales, y también a la creación de la propia Unión Europea. Europeísmo y atlantismo son en cierto modo las dos caras de una misma moneda. El propio Jean Monnet, un convencido europeísta y atlantista, hizo no poco durante su vida para acercar Europa y Estados Unidos.

En el nuevo orden mundial que se está configurando, una relación estrecha y coordinada de Europa y Estados Unidos es, en efecto, imprescindible.

Inmersos en el proceso de globalización, nos encontramos frente a un ascenso imparable de Asia y una revolución económica mundial, en la que se está produciendo una convergencia institucional y cultural del mundo, a la vez que, paradójicamente, los países occidentales pierden peso en el conjunto.

Lo que está ocurriendo es que emerge una nueva clase media mundial, que busca consumir como los países desarrollados, lo que está generando una enorme presión sobre los recursos naturales, con importantes aumentos de sus precios. Mientras, la incipiente configuración de una sociedad mundial no encuentra todavía instituciones eficaces de gobierno que compensen la pérdida de poder sufrida por los Estados y el hecho de que cada vez más los problemas son globales.

La enorme atracción que ejerce Asia sobre todo el mundo ha sido interpretada en algunos momentos como una posible causa para un distanciamiento progresivo de Estados Unidos de Europa, más preocupado por lo que sucedería en la región de Afganistán y Pakistán, en China, en la India o el sureste asiático. Creo que eso sería un tremendo error.

Al contrario, dado el peso que Europa y Estados Unidos todavía mantienen en el mundo en el plano económico y comercial, considero que propuestas conjuntas o coordinadas de los socios transatlánticos son muy útiles en las reuniones del G-20 y en muchas otras circunstancias. Somos las dos economías más grandes del planeta y los dos mayores mercados financieros. Juntos representamos más del 40 por ciento de la producción mundial y el 80 por ciento de la ayuda al desarrollo.

Recuerdo que cuando estalló la crisis financiera, la primera reunión del G-20 en el otoño de 2008 en Washington fue fruto de una iniciativa europea, del presidente francés Sarkozy —entonces Francia ejercía la presidencia del Consejo de la UE— y del presidente de la Comisión, Durao Barroso. Ambos convencieron al presidente estadounidense de la conveniencia de abordar conjuntamente la crisis desencadenada por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. Es una muestra de que una buena coordinación entre Europa y Estados Unidos puede ser muy eficaz para avanzar en lo que se viene denominando la «gobernanza global».

Desde el punto de vista de nuestra política exterior, la importancia de una relación bilateral estrecha con Estados Unidos es muy grande. Aunque muchos prevén un cierto debilitamiento de la hegemonía estadounidense, sobre todo en el plano económico, Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia, el país indispensable.

Hay muchos factores que hablan a favor de una relación intensa entre Madrid y Washington, entre otros, el creciente número de hispanos de aquel país —casi cincuenta millones— que hace que el español sea la segunda lengua más hablada. Pienso también en los vínculos históricos, en nuestra cooperación en materia de defensa, y sobre todo en nuestro mutuo interés por Latinoamérica.

Todo ello debería ayudar a potenciar unas relaciones comerciales y económicas que todavía están por debajo de nuestras posibilidades. Como han demostrado varias empresas españolas de nivel internacional, Estados Unidos puede y debe ser un gran mercado para nosotros. Ya estamos haciendo bastante —y podemos hacer mucho más— en sectores como las energías renovables, las infraestructuras, la alta velocidad del ferrocarril, los servicios bancarios y otros.

Sin embargo, las excelentes relaciones que habíamos conseguido con Estados Unidos durante la etapa de gobierno del Partido Popular fueron literalmente arrojadas por la ventana con el muy poco afortunado gesto del entonces jefe de la oposición ante la bandera estadounidense, con la precipitación mostrada —ya como presidente del gobierno— al anunciar la inmediata retirada de las tropas españolas de Iraq y, poco después, con sus declaraciones en Túnez alentando a la comunidad internacional a seguir los pasos que el gobierno español había dado. En un brevísimo espacio de tiempo pasamos de haber tenido el mejor de los entendimientos nunca establecido entre los dos países a una situación de lejanía inexplicable entre amigos y aliados.

Aquí, como en tantas otras áreas de nuestra acción exterior, necesitamos recuperar credibilidad.

La congelación de nuestras relaciones con Estados Unidos no trajo consigo una presencia reforzada en los foros europeos. Antes al contrario, hemos ido a remolque de los grandes países europeos y hemos caído, en la Unión Europa, en la irrelevancia. Además, la pérdida de interlocución privilegiada con Washington redujo nuestro grado de influencia con los países iberoamericanos.

zapatero se dio cuenta tarde de su tremendo error y quiso rectificar, pero la Casa Blanca quedó cerrada durante cuatro años para el presidente del gobierno español.

Hay mucho todavía que reconstruir y estimo que ésta debe ser una de las prioridades de un nuevo gobierno del Partido Popular, aprovechando también las nuevas perspectivas abiertas por la Administración Obama.

España en el mundo

Junto a la Unión Europea y Estados Unidos, los otros dos grandes ejes tradicionales de nuestra política exterior son América Latina y el Mediterráneo. Y también debemos reflexionar sobre la nueva frontera de nuestra acción exterior, Asia.

François Mitterrand, el político socialista francés, exclamó en cierta ocasión: «¡Ah, si nosotros tuviéramos a América Latina...!» Y, al menos en esa ocasión, desde luego no se equivocaba. Iberoamérica, América Latina, Hispanoamérica es nuestra gran gesta histórica y nuestra permanente oportunidad.

Con los países iberoamericanos hemos conseguido en los últimos quince años que la estrecha relación que nos une sea no sólo histórica o cultural, sino también volcada en el futuro, mediante múltiples lazos económicos y empresariales, además de humanos. Esos lazos humanos, incluyendo los de la inmigración, seguirán siendo extraordinariamente fuertes y valiosos, porque a Hispanoamérica no podemos sino llevarla en el corazón. Pero quiero subrayar ahora los aspectos políticos y económicos de la relación.

Insisto en la necesidad de que los valores que compartimos con los países occidentales —el respeto al Estado de derecho, a los derechos humanos y a la libertad— estén también plenamente vivos y protegidos en los países hermanos de Iberoamérica. En este sentido, frente a la parcial y confusa Alianza de Civilizaciones, reivindico la universalidad de los derechos humanos.

Ni en su presente ni en su historia, España se explica sin su dimensión iberoamericana. Mario Vargas Llosa, en el discurso que pronunció en Estocolmo con motivo de la recepción del Premio Nobel, afirmaba haber siempre sentido, refiriéndose a su caso personal y a Perú, «que España y el Perú son el anverso y el reverso de una misma cosa, y no sólo en mi pequeña persona, también en realidades esenciales como la historia, la lengua y la cultura». Unos sentimientos trasladables a todos los países latinoamericanos.

Nos unen lazos personales en las dos direcciones: no sólo la activa presencia de emigrantes españoles y sus descendientes en aquellas tierras, sino también la presencia de tantos hispanoamericanos en nuestro país, que se integran con gran facilidad gracias a la lengua y la común identidad cultural.

España es el principal inversor en América Latina, junto con Estados Unidos. En las últimas décadas ha sido el lugar de expansión internacional de muchas de nuestras empresas.

Esta dinámica se aceleró sobre todo en la época de gobierno del Partido Popular. Así, en 1999, de aproximadamente seis billones de pesetas de inversión exterior española, más de cuatro billones se dirigían hacia América Latina. Hay conocidas empresas españolas que, gracias a su presencia en el subcontinente, ocupan un lugar de liderazgo internacional, tanto en el ámbito de la banca como en el de la telefonía, en el textil como en el de la energía, en servicios e infraestructuras, en turismo y hostelería. Auténticas empresas globales. Algunas obtienen ya más beneficios en el exterior que en suelo español.

En los últimos años, algunas de estas empresas han experimentado dificultades, que han obedecido a decisiones políticas arbitrarias o a medidas unilaterales del poder político que no respetan las reglas del juego y son más bien fruto de tendencias nacionalizadoras o intervencionistas.

Desgraciadamente este tipo de actuaciones se han repetido en algunos países de la región. De ahí mi insistencia en la importancia del respeto a la seguridad jurídica. Ésta debe ser una prioridad en nuestras relaciones con los dirigentes de algunos países latinoamericanos. Es necesario crear un clima de estabilidad y de previsibilidad para los inversores.

En general, estos últimos años han sido positivos para la mayoría de los países iberoamericanos, que se han beneficiado de los buenos precios para sus exportaciones de hidrocarburos, minerales y alimentos. Todo ello, unido a políticas económicas más prudentes y ortodoxas, ha hecho posible un crecimiento económico significativo. Tampoco podemos ignorar que América Latina crece a medida que su relación con China se estrecha.

Se han logrado además en esta década avances sociales en un subcontinente tradicionalmente marcado por la desigualdad social.

En los últimos tiempos está creciendo mucho la presencia económica asiática, en particular de China, hasta el punto de que para países como Brasil es el gigante asiático, y ya no Estados Unidos, su primer socio comercial. Este hecho, unido a la creciente voluntad de Brasil de actuar como líder en la región, está produciendo un cambio muy importante de las posiciones estratégicas.

Nosotros debemos jugar un mayor papel en ese nuevo ajedrez regional, a través de una relación privilegiada, entre otros, con Brasil y México, e incrementando la presencia de la Unión Europea. La Unión puede reforzar sus vínculos políticos, comerciales y de inversión, como ya hizo en la década anterior con los acuerdos de asociación con México y Chile. En 2010 —uno de los escasos logros de la presidencia española— se concluyeron acuerdos comerciales con Colombia y Perú y el acuerdo de asociación con Centroamérica. Tenemos ahora la tarea de seguir impulsando las complejas negociaciones con Mercosur, en las que debemos tener muy presentes los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Un acuerdo de la Unión Europea con estos países crearía un vasto mercado común de más de ochocientos millones de personas y fortalecería de forma indeleble la vinculación europea con el Cono Sur latinoamericano.

En cierto modo, a veces pienso que Colón tenía razón. Ir a Asia a través de América Latina puede ser un trayecto largo, pero hoy más que nunca cobra sentido. España es el segundo inversor en una región que se ha convertido en proveedor de materias primas para el desarrollo chino. Deberíamos buscar vías para que nuestras grandes empresas de servicios —financieras, energéticas, de comunicaciones—, pero también las pequeñas y medianas empresas, acompañen a nuestros socios latinoamericanos en la aventura asiática.

México es un país al que he ido en repetidas ocasiones, porque es un socio privilegiado para España. Lo he visto crecer mucho en estos años y sus posibilidades son inmensas; también son complicados algunos de sus principales problemas, como el narcotráfico y las desigualdades sociales. Pero es un país con más de cien millones de personas, lleno de oportunidades, con un enorme futuro. He tenido una buena relación personal con varios presidentes de México, con zedillo, Fox y Calderón. En los tres casos, me ha parecido que había una decidida voluntad de tomar las medidas necesarias y hacer progresar a México en la buena dirección, aunque luego cada presidencia ha tenido lógicamente sus dificultades.

Con Sebastián Piñera, el presidente de Chile, un país que en los últimos veinte años es modelo en muchas de las cosas que se pueden hacer bien —entre otras la libertad económica, la fortaleza de las instituciones democráticas y del sistema de alternancia política, también el avance en la igualdad—, hemos establecido una muy buena relación, y estoy seguro de que será un gran presidente.

Colombia es otro de los países hermanos con los que mantengo una especial vinculación. Su desarrollo en los últimos años es muy positivo, y está consiguiendo vencer algunos de sus grandes lastres del pasado, como la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Hoy Colombia es un país abierto al mundo, con un crecimiento económico importante, y que va a tener un papel regional relevante. Con su presidente, Juan Manuel Santos, me he reunido en varias circunstancias, y no puedo más que apoyar su clara determinación para que Colombia dé otro gran paso adelante.

España tiene que seguir desarrollando y fortaleciendo sus relaciones bilaterales con todos los países iberoamericanos, con un tratamiento diferenciado basado en el respeto a los valores del Estado de derecho y los derechos humanos. No podemos transigir con las violaciones de estos principios, como ocurre en Cuba y otros países, pero sí ayudar a la estabilidad y en los avances hacia una mayor libertad y democracia.

Recuerdo que en el año 2000 asistí a la toma de posesión de Alberto Fujimori en Perú. Aunque normalmente a las tomas de posesión de los presidentes asiste el príncipe Felipe acompañado del secretario de Estado o del ministro de Asuntos Exteriores, en aquella ocasión, dadas las circunstancias por las que atravesaba el país, el resto de los países europeos envió a su embajador a la ceremonia de inauguración, y en nuestro caso se decidió que fuera el vicepresidente primero. Era el día 28 de julio. Estábamos muy pocos representantes europeos y hacía un sol de justicia. De los países latinoamericanos, sólo recuerdo al presidente Hugo Banzer, de Bolivia, y al de Ecuador, Álvaro Noboa. El ambiente era muy tenso, con tanques circulando por las calles y un clima de inestabilidad institucional. Después de aquella época, la situación ha cambiado, Perú ha realizado grandes avances, y deseo que continúe en esa línea de crecimiento económico y estabilidad democrática.

Junto con la relación bilateral y la Unión Europea, las cumbres iberoamericanas tienen que ser un instrumento más eficaz para reforzar nuestra acción exterior en América Latina. Su Majestad el Rey, cuya trayectoria como el más alto y mejor embajador de España, en particular en América Latina, ha sido extraordinariamente útil y fructífera, ha tenido también en las cumbres un papel esencial.

Nuestras relaciones con el Magreb, y en particular con Marruecos, son importantes y complejas. Asimismo tienen una relevancia destacada nuestros lazos con Argelia. En realidad, no debemos olvidar en ningún momento que los países de esta orilla del Mediterráneo somos interdependientes con los de la otra orilla. Existen ya poderosos vínculos humanos, económicos, energéticos y sociales, y debemos avanzar hacia una prosperidad compartida.

Con Marruecos, debemos entendernos. Los dos países ganaremos si así lo hacemos, dentro del respeto mutuo. El nuestro debe ser un diálogo cooperador y franco, en el que una parte y la otra conozcamos con claridad las posiciones respectivas. Por ejemplo, en la cuestión del Sahara, no podemos estar dando bandazos. Como es obvio no podemos coincidir en todo. Hay líneas rojas que no se deben superar. Pero tenemos tantas cosas que podemos hacer juntos que es absurdo centrarnos en aquellas que nos separan. No cultivemos la discrepancia. Centrémonos en lo que nos une, construyamos en ese terreno que compartimos, que es mucho.

Marruecos es un país que conozco bien, y al que he viajado en bastantes ocasiones, también por motivos personales, pues mi hermana y mi cuñado vivieron allí unos años. Me parece un lugar apasionante. Un país con una rica historia y cultura, con fuerte personalidad, que está haciendo, bajo el impulso del rey Mohamed VI, avances en materia de derechos humanos, así como mejoras apreciables en el nivel de vida de sus ciudadanos. Conozco varias ciudades, como Rabat, Fez o Casablanca, cuya gigantesca mezquita, capaz de albergar a 25.000 fieles en su interior, construida por el rey Hassan II, visité oficialmente como ministro, y donde firmé en su libro de honor.

Un Marruecos próspero y que avance decididamente en su proceso de modernización política y económica nos beneficia a todos. Un Marruecos más cohesionado socialmente en el que continúe progresando el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales está en el interés de España, de la región y de la Unión Europea. En su relación con ésta, se le ha concedido el llamado «estatus avanzado», lo que se hizo visible mediante la celebración de una cumbre Marruecos-Unión Europea en Granada en 2010. Fue un hito importante, que yo apoyé.

Hace más de quince años se puso en marcha por la Unión Europea el llamado «Proceso de Barcelona», poco después de los acuerdos de Oslo sobre Oriente Medio, que dieron un gran impulso a una posible paz entre israelíes y palestinos, sobre la base del reconocimiento por Israel del Estado palestino y la retirada de los territorios ocupados.

Había entonces unas perspectivas positivas de paz. El Proceso de Barcelona fue haciendo su andadura como un marco de diálogo entre la Unión Europea y los países de la ribera sur del Mediterráneo, pero sin conseguir resultados tangibles en la transformación de estos últimos países. Ahora el funcionamiento de la Unión por el Mediterráneo, que ha tomado el relevo del Proceso de Barcelona, se ha visto constantemente obstaculizado por los problemas continuos para lograr dar pasos adelante en la paz entre israelíes y palestinos.

En relación con esta cuestión, importante para la resolución de no pocos problemas políticos de la región, y que también repercute en las relaciones entre Occidente y el mundo musulmán, hay que mantener la esperanza y la determinación. Los europeos tenemos que ser activos e impulsar, con nuestra diplomacia y nuestro peso en la región, los esfuerzos de la comunidad internacional a través del cuarteto formado por la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas, y teniendo en cuenta el papel clave que Estados Unidos desempeña en la región. Sabemos que con Israel compartimos muchos valores y la democracia liberal. A la vez, hemos de subrayar la necesidad de llevar a su pleno cumplimiento los acuerdos alcanzados y llegar a la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, viviendo en paz y seguridad.

No poco del futuro de la región dependerá, por otra parte, del resultado final de las revoluciones en los países árabes que comenzaron a tener lugar a partir de los primeros meses de 2011.

Me voy a detener brevemente en ellas.

Con el riesgo que tiene toda generalización, creo que hay tres tipos de problemas o carencias que, en mayor o menor grado, concurren en esos países.

Primero, carencias políticas, por el escaso desarrollo democrático, y el limitado, cuando no inexistente, pluralismo, y la falta de avances en materia de derechos humanos. Segundo, carencias económicas, al tratarse de economías cerradas que no generan empleo suficiente para una población creciente. Y, por último, carencias también sociales, a causa de la pobreza elevada, las desigualdades sociales, la discriminación de la mujer y una amplia juventud sin horizontes; casi el 60 por ciento de la población tiene menos de treinta años.

La ausencia de reformas profundas para afrontar esas carencias, junto con la perpetuación en el poder de liderazgos agotados y a menudo corruptos (como escribía recientemente The Economist, estamos asistiendo al «otoño de los patriarcas»), está llevando al final a cambios exigidos por los ciudadanos desde la calle, con consecuencias indeseadas como la pérdida de vidas. Se trata de cambios abruptos que abren grandes incertidumbres. Espero que estos procesos se encaucen bien y lleven ordenadamente a unas elecciones libres y a regímenes democráticos.

Desgraciadamente en estos años pasados no ha habido liderazgos que, conscientes de las aspiraciones profundas de cambio de los ciudadanos, pusieran en marcha transiciones con el conveniente consenso. Tampoco ha habido una política clarividente de la Unión Europea. Ha estado marcada excesivamente por una visión a corto plazo, preocupada sobre todo por preservar una estabilidad que, en el fondo, ha servido de coartada al inmovilismo. La llamada «Política Europea de Vecindad» está siendo ahora reorientada para ayudar en los procesos de democratización.

¿Y Asia? ¿Qué escribir sobre Asia? Creo que el mundo sigue boquiabierto, observando asombrado, sin dar todavía todo el crédito a lo que está sucediendo allí, en particular, en China. Es sin duda la nueva frontera de la acción exterior de España, nuestro gran reto para los próximos años.

Ya durante nuestra etapa de gobierno empezamos a ser conscientes de la importancia creciente de ese continente, y pusimos en marcha en el año 2000 el primer plan para Asia y el Pacífico.

Pero Asia está lejos. Para llegar a China hay que saltar dos océanos o atravesar todo el continente euroasiático desde el oeste hasta el este. Visto el mapamundi desde Asia, somos el «Extremo Occidente». Pero no es una lejanía sólo física, lo es también política y económica, producto en buena medida de nuestra historia, que nos ha proyectado sobre todo hacia América. Las exportaciones españolas a China siguen siendo muy bajas, muy inferiores proporcionalmente a las de otros países comunitarios. Teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento interno chino, es evidente que ese país supone una inmensa oportunidad para nuestras empresas, lo mismo que ocurre con la India y con los otros países del sureste asiático.

Apoyaré todo lo que podamos hacer para fomentar la presencia de empresas españolas en China y Asia, teniendo en cuenta también que una gran vía de fortalecimiento de las relaciones son los intercambios culturales. El interés del gigante asiático por la inversión y el comercio con América Latina favorece la atención de los ciudadanos chinos por el español. El fomento de nuestra lengua y nuestra cultura nos beneficia a todos, así como la promoción del turismo, que sigue estando en cifras muy modestas: únicamente 90.000 chinos visitaron España en 2009, comparados con los 2,4 millones de turistas de ese país en Europa.

En definitiva, contamos con algunos excelentes activos para nuestra política exterior. Tenemos un buen servicio exterior, competente, que sabe actuar con eficacia en Latinoamérica, en la Unión Europea, en el Magreb. Pero hay otras áreas en las que nos hace falta más conocimiento, más experiencia diplomática, mayores intercambios, sobre todo económicos. Nuestro servicio exterior tendrá que adaptarse a estas grandes líneas y a los nuevos desafíos, incluyendo una mayor diplomacia económica.

Contamos también con algo tan relevante como la lengua española, segundo idioma internacional tras el inglés, y con nuestro arte e historia, de gran atractivo para Asia.

Quiero señalar, por último, las extraordinarias y eficaces tareas que tanto el ejército como la Guardia Civil han demostrado saber llevar a cabo en misiones humanitarias de la Unión Europea, de Naciones Unidas, y de otros organismos internacionales.

Son todo activos en nuestro haber, instrumentos eficaces con los que contamos. Seguimos teniendo también una relativamente buena imagen en el exterior, de país vital y abierto, cordial, capaz de estrechar lazos y de entenderse con unos y con otros, y que efectuó una transición política ejemplar. Un país de cultura y de modernidad.

Pero existen también toda una serie de limitaciones y cargas que debemos afrontar y superar, juntos y unidos, con una visión clara de todo lo que está ocurriendo aceleradamente y de lo que nos jugamos.

Hemos perdido en estos últimos años mucho en términos de credibilidad, confianza y seriedad. Somos un país con los indicadores económicos y sociales propios de un país desarrollado y europeo, pero de tamaño medio. Hay que valorar bien nuestras bazas, pero tampoco podríamos intentar ingenuamente una especie de «recogimiento» o de retirada de la escena mundial, como la que para Cánovas del Castillo se nos imponía a finales del siglo XIX. Eso es totalmente imposible hoy, en un mundo global y plenamente interconectado, donde además tenemos responsabilidades compartidas y formamos parte de procesos de integración como la Unión Europea y de alianzas como la OTAN.

Necesitamos estar muy presentes, y para eso hace falta contar con buenos aliados, reforzar nuestra acción en el seno de la Unión y desarrollar las relaciones con Estados Unidos, con Brasil y México, con Rusia y China, y con otros países.

Pero también necesitamos una gran voluntad para superar las diferencias, para armonizar posiciones internamente. Soy partidario de que la política exterior sea una política de grandes consensos, una política de Estado en la que las grandes líneas y posiciones estén claramente trazadas y apoyadas por la mayoría más amplia posible. En política exterior la continuidad y la previsibilidad son muy necesarias.

No será desde luego por mi causa por lo que esta oferta de consenso y de bases comunes fracase. Para España y para el bienestar de los españoles es esencial que nuestra acción exterior se despolitice lo más posible y que todos comprendamos la influencia cada vez mayor que cualquier acontecimiento o decisión en la política internacional tiene en nuestras vidas cotidianas.

CAPÍTULO 10

Por la concordia

Candidato a presidente del gobierno y el inicio de una legislatura difícil

En septiembre de 2003, el presidente Aznar hizo pública su propuesta de que yo fuera el candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular en las siguientes elecciones generales, las de marzo de 2004.

Había tenido lugar el viernes anterior un Consejo de Ministros, y luego por la tarde José María Aznar nos citó a Rodrigo Rato, a Jaime Mayor Oreja y a mí para vernos el sábado. El presidente me había comunicado antes su decisión.

Mi familia recibió la noticia con respeto, como siempre, y con un punto de expectativa sobre lo que iba a pasar a partir de entonces.

Posteriormente, el lunes y el martes siguientes, los órganos competentes del partido, el comité ejecutivo y la junta directiva, adoptaron formalmente esa decisión. En seguida me preparé para abandonar el gobierno, ocupar un despacho en Génova como secretario general del partido y comenzar a preparar la campaña electoral. Me puse inmediatamente a trabajar en la nueva tarea.

Han corrido bastantes ríos de tinta y no faltan las especulaciones sobre lo que llevó a Aznar a proponerme a mí como candidato y como su sucesor al frente del Partido Popular. He de decir que tengo un gran respeto hacia las otras dos personas que Aznar había considerado también como posibles candidatos: Rodrigo Rato y Jaime Mayor. Mi opinión es que los tres teníamos cualidades para optar a la presidencia del gobierno. Son muchos años de relación profesional y de luchar juntos en no pocas batallas políticas, y siempre me ha unido a ellos una buena amistad. Nos une sobre todo una coincidencia en los objetivos que perseguimos por el bien de España y del interés general.

Sinceramente, creo que cualquiera de los dos hubiera sido un excelente candidato a la presidencia del gobierno y que Aznar valoró en mi caso la larga experiencia en puestos políticos muy distintos, los diferentes ministerios que había ocupado y mi tarea al frente de la vicepresidencia primera del gobierno. Cuando me lo comunicó, tuve también de nuevo ese sentimiento algo contradictorio, que me había embargado en ocasiones anteriores, de confianza y responsabilidad. Pero aquí además se añadía que había que dirigir una campaña y ganar unas elecciones.

Por de pronto se trataba de obtener el respaldo de una mayoría de españoles. Yo era consciente del impacto negativo que la crisis de Iraq y el deterioro lógico de ocho años de gobierno podía tener entre los ciudadanos.

Sin embargo, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003, los resultados no fueron desfavorables, como se podría haber esperado.

En las autonómicas seguimos siendo la fuerza política más votada, con el 44,5 por ciento de los votos, sólo un 0,6 por ciento menos que en 1999. El Partido Popular volvía a ganar en Valencia, Castilla y León, Navarra (con Unión del Pueblo Navarro), Madrid, Murcia y Cantabria, además de en las ciudades de Ceuta y Melilla, y recuperábamos el gobierno de las islas Baleares.

A nivel local, se producían unos resultados similares, un ligero descenso del 0,6 por ciento respecto a las elecciones municipales de 1999. Si bien en número de votos el partido socialista ganaba, con un 34,7 por ciento frente al 33,8 por ciento, en número de concejales electos éramos nosotros los que superábamos al PSOE. En principio, por tanto, la reacción negativa frente a la crisis de Iraq no pareció influir en el ánimo de los españoles, que continuaron valorando sobre todo los éxitos de nuestra política económica.

Me puse a preparar un programa para las elecciones y para un posible gobierno, y también hice varios viajes a países europeos y americanos con el fin de realizar un intercambio de opiniones con sus máximos responsables políticos.

Empecé por Portugal, donde tuve un almuerzo con el entonces primer ministro, José Manuel Durao Barroso, hoy presidente de la Comisión Europea y persona de amplia experiencia política y diplomática, con la que mantengo una buena relación. Me entrevisté en Alemania con Angela Merkel y Gerhard Schroeder, los dos principales líderes políticos en aquel momento. Merkel, una mujer a la que se le nota su formación como física a la hora de analizar las cuestiones, se mostró afectuosa y cercana a mis puntos de vista. En el Reino Unido, la reunión fue con Tony Blair, con quien tuve un desayuno de trabajo, como ya mencioné, y también con el entonces líder conservador, Michael Howard. En Francia, me entrevisté con el presidente Chirac y el primer ministro Raffarin.

También visité Argentina y Uruguay, donde fui recibido por sus entonces presidentes, Néstor Kirchner y Jorge Batlle. Recuerdo que en Montevideo aproveché para entrevistarme con el presidente Lula da Silva, que se encontraba en la capital uruguaya para acudir a una cumbre de Mercosur. Lula me impresionó por ser un animal político nato, con una fuerte intuición, siempre pegado al terreno, y a la vez con la visión experta de sus años de gobierno.

En general, en todos estos países encontré una acogida muy favorable, si bien es cierto que las conversaciones con Chirac y con Schroeder fueron aprovechadas por éstos para abordar la situación del proyecto de tratado sobre la Constitución europea e insistir en sus tesis sobre la necesidad de cambiar el sistema de voto en el Consejo de la UE recogido por el Tratado de Niza, que tanto beneficiaba a España. En la Unión Europea se estaba a punto de dar entrada a diez nuevos Estados miembros, y existían todavía perspectivas de poder adoptar una Constitución europea. El continente sellaba con todo ello no sólo la brecha abierta con la segunda guerra mundial y la subsiguiente división en dos bloques, sino que además se mostraba capaz de darse a sí mismo una especie de Carta Magna. Parecía posible cerrar un ciclo definitivamente y abrir Europa al futuro.

Entonces sucedió lo impensable.

El atentado de Atocha del 11 de marzo, donde murieron 192 personas y resultaron heridas cerca de dos mil, nos puso ante los ojos de nuevo la terrible realidad del terrorismo islamista, que ahora nos golpeaba a nosotros, en pleno centro de Madrid, con la explosión casi simultánea de diez bombas en cuatro trenes de cercanías.

Yo me enteré del atentado el jueves por la mañana. Estaba en mi casa preparándome para salir hacia San Sebastián y Sevilla para participar en la campaña, y mi mujer me dijo, con la lógica alarma, que en las televisiones se estaba dando la noticia de un atentado en Madrid. En cuanto escuché lo que había ocurrido, me puse en contacto con el ministro del Interior y con el propio presidente del gobierno.

La convicción generalizada en esos momentos era que se trataba de un atentado de ETA. El lehendakari Ibarretxe lo adelantó esa misma mañana en rueda de prensa. Parecía lógico que todas las miradas convergieran en ETA, pues pocos días antes (el 29 de febrero) había sido interceptada por la Guardia Civil una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivos en Cañaveras (Cuenca) y habían sido detenidos los dos terroristas etarras que la transportaban.

Suspendimos inmediatamente la campaña electoral, y el presidente del gobierno decidió convocar una manifestación para expresar la condena contra los atentados que debía celebrarse el día siguiente.

La respuesta del pueblo español a esta convocatoria fue masiva. Millones de personas nos manifestamos ese día en toda España contra el terrorismo. Bajo una lluvia continua, en la cabecera de la manifestación estábamos todos: representantes institucionales, líderes políticos, empresariales, sindicales, religiosos. Fue una impresionante expresión de repudio y de sentimientos profundamente ofendidos.

La manifestación, que debía haber supuesto una gran expresión colectiva de rechazo al terrorismo y de pesar y solidaridad con las víctimas, se distorsionó por la presencia de grupos de personas que se dedicaron a insultar a los dirigentes del Partido Popular que estábamos allí, entre otros al presidente del gobierno y a mí. Ese mismo día hubo otra manifestación en Barcelona, en la que se agredió al vicepresidente económico del gobierno, Rodrigo Rato, y al entonces presidente del Partido Popular en Cataluña, Josep Piqué.

El atentado había hecho estallar una gran conmoción colectiva, de esas que tienen efectos inesperados.

Las horas que siguieron se vivieron en muchas partes con enorme intensidad y una gran confusión. De repente se creó una dinámica de creciente radicalización y polarización política. Me empezaron a llegar noticias de personas y sedes del partido que eran atacados violentamente. En muchos puntos de España nuestros militantes eran agredidos físicamente, con el mayor desprecio a unas reglas mínimas de comportamiento democrático. Se atacó a las sedes del Partido Popular en casi toda España. Recuerdo que en Vigo se agredió a la hija de un amigo mío, Carlos Mantilla; pero en todas partes se desató un clima de violencia irracional. Algo similar ocurrió con la concentración organizada el sábado 13 ante la sede central de Génova, en la que no se dejó de increparnos. Por la noche, la intervención de Pérez Rubalcaba en televisión, en la teórica jornada de reflexión antes de las elecciones, pasará a los anales de la historia por hacer un uso muy poco acorde con las normas básicas de la convivencia democrática y con el respeto al adversario político.

El mismo sábado 13 de marzo, el ministro del Interior, Ángel Acebes, informó de la detención, por su presunta relación con la masacre, de tres ciudadanos de nacionalidad marroquí y de dos de nacionalidad india. Quedaban confirmadas con ello las investigaciones que apuntaban hacia una responsabilidad del terrorismo islámico, y que rebatían la tesis inicial de una autoría de ETA. Posteriormente, tras las elecciones, el Partido Popular solicitó la creación en el Parlamento de una comisión de investigación sobre el 11-M, que apoyaron todos los grupos y que llevó a cabo sus sesiones en el Congreso de los Diputados, con la emisión de un largo y detallado informe.

Mi posición respecto al 11-M no puede ser hoy distinta a la que ya manifesté en su día. Se resume en el acatamiento de la sentencia judicial que recayó sobre el sumario de los atentados de Atocha; en el apoyo total a las víctimas, que fueron los verdaderos damnificados por el atentado, las 192 personas fallecidas, los heridos y sus familiares; y en el compromiso de poner todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para que un acontecimiento similar no se repita en el futuro.

En la sentencia de los juicios del 11-M se absolvió a los presuntos «autores intelectuales» del atentado, porque el tribunal entendió que no tenía pruebas suficientes para condenarlos. En este sentido, el Partido Popular siempre apoyará cualquier actuación que puedan realizar los tribunales en el futuro, caso de que se lleguen a descubrir nuevas pruebas, como obviamente es el procedimiento habitual de cualquier sistema judicial.

El atentado y los acontecimientos de los días siguientes tuvieron un notable impacto sobre los resultados electorales. El 14 de marzo, el partido socialista ganó las elecciones al obtener 164 escaños en el Congreso, frente a los 148 logrados por el Partido Popular. También en Andalucía, donde se celebraban simultáneamente las elecciones autonómicas, la diferencia fue significativa, con 61 escaños para el PSOE, y 37 para el PP.

Se trataba de un cambio muy importante de las expectativas y que produjo una lógica conmoción dentro del partido. Vivimos unos momentos particularmente amargos en los que yo tuve la incertidumbre de si debía continuar como líder del partido o retirarme de la política.

Hablé entonces durante varios días con diferentes personas, y reflexioné sobre la decisión que debía adoptar. Entre otras personas cercanas, hablé con mi mujer y algunos amigos y dirigentes del partido. No era una elección fácil. Todos aquellos a los que pedí opinión me mostraron su gran preocupación por la necesidad de garantizar la unidad y el futuro del PP. Finalmente me decidí a continuar, impulsado por el fuerte sentimiento del deber frente a los dirigentes, los cientos de miles de militantes y los nueve millones de españoles que nos habían votado.

No eran momentos de dar un paso atrás, sino de darlo hacia adelante, de crear de nuevo una alternativa de gobierno. Los españoles nos habían retirado su confianza en esas elecciones. Habíamos logrado grandes cosas en los ocho años de gobierno, pero también habíamos cometido errores, sin duda magnificados por la corriente emocional generada por la guerra de Iraq y los horrorosos atentados de Atocha. Se trataba de aprender de todo ello y seguir adelante.

En cuanto transcurrió algún tiempo, tomé la decisión de convocar un congreso del partido para el mes de octubre. Hubo de nuevo mucha gente que me pidió que me presentara como candidato a la presidencia del PP. El congreso se celebró los días 1, 2 y 3 en Madrid. Conté con un apoyo muy mayoritario, y a partir de ahí decidimos trabajar en defensa de nuestras ideas y de nuestro programa electoral, para atender los intereses de los españoles.

Pero los atentados de Atocha tuvieron sobre todo unas profundas consecuencias políticas en la convivencia entre españoles. El 11 de marzo de 2004 España vivió una de las jornadas más dramáticas y sangrientas de su historia reciente. Además del profundo e indeleble dolor en las familias de las víctimas y en el conjunto de la sociedad española, los terroristas consiguieron no sólo influir sobre el resultado de las elecciones, sino además dividir políticamente a la sociedad española. Mucho de lo que habíamos conseguido desde la Transición en términos de diálogo, capacidad de generar consensos y mirar hacia el futuro como un país con objetivos comunes saltó también por los aires.

El partido socialista creyó que, dado que había ganado las elecciones con la movilización del sector del electorado más radicalizado, debía abandonar la moderación y los acuerdos con el partido mayoritario de la oposición y gobernar en función del apoyo de las minorías. Es más, se intentó aislar al Partido Popular y marginarlo de la vida política española. Eso fue un tremendo error de Rodríguez zapatero y de los que le acompañaron en esa tentativa, y llevó a una legislatura de fuerte confrontación entre los dos partidos.

Mi opinión en este sentido es muy nítida. España necesita partidos políticos centrados, que sean capaces de hacer política desde el diálogo, y no desde la confrontación, desde el respeto a las reglas del juego, la moderación y la tolerancia. Lamentablemente muchas de las iniciativas que puso en marcha el gobierno socialista durante los años siguientes, de 2004 a 2008, fueron exactamente en la dirección contraria, generaron más confrontación e intentaron incluso revisar la conciencia histórica colectiva con el fin de impulsar una visión distorsionada de la historia y de los fundamentos de nuestra convivencia.

La ruptura de los consensos básicos

El PSOE ganó las elecciones, zapatero fue elegido presidente del gobierno, y se dio la sensación inicialmente de que el único mensaje que se transmitía a los españoles era el del «talante», una expresión propagandística detrás de la cual en seguida se vio que había cosas bien distintas.

El talante escondía, efectivamente, una decidida voluntad de revertir gran parte de los logros que habíamos conseguido en diferentes áreas. En poco menos de cuarenta y ocho horas tras el inicio de las tareas del nuevo gobierno se suspendió la aplicación de la Ley de Calidad de la Educación, que había aprobado el gobierno del Partido Popular y que no había entrado todavía en vigor.

Se trataba de una ley que a nuestro juicio podía ser muy beneficiosa, con el establecimiento de itinerarios y la introducción de una reválida en la enseñanza secundaria. Hubiera ayudado a paliar la lacra del abandono escolar y a mejorar nuestros niveles educativos.

El resto de la legislatura estuvo marcada por tres grandes cuestiones: la política económica, la negociación con ETA y la reforma de los Estatutos de autonomía.

La política económica de esos años de gobierno socialista está lastrada por una falacia, de la que arrancan gran parte de las dificultades actuales, y que nos debería servir de lección para el futuro.

En mis debates durante esos años con el señor Solbes, entonces ministro de Economía, no cejé en insistir sobre la herencia y la inercia. El gobierno socialista se encontró con una economía que disfrutaba de la confianza de los mercados y con una hacienda pública muy saneada. Además, tuvo la suerte de vivir unos primeros años en los que la economía internacional atravesaba un período de bonanza sin precedentes. España crecía, creaba empleo y era uno de los destinos favoritos de los capitales internacionales.

Por desgracia, el gobierno no supo aprovechar esta oportunidad para seguir modernizando la economía española. Frenó en seco el proceso de reformas que habían puesto en marcha los gobiernos de los que formé parte. Dejó que el grueso del ahorro se canalizase hacia el sector inmobiliario, permitió que los costes laborales creciesen persistentemente por encima de la productividad y aumentó el gasto público como si los recursos no pudieran agotarse nunca. El resultado fue una constante pérdida de competitividad y un creciente déficit por cuenta corriente que el ahorro extranjero ayudó a financiar hasta que todo saltó por los aires cuando llegó la crisis y los inversores empezaron a dudar de la economía española.

En todas mis intervenciones en el Congreso he insistido sobre la importancia de la competitividad en una economía globalizada como en la que vivimos. Un joven empresario lo cuenta con cierta crudeza de la siguiente manera: dos exploradores se encuentran en una situación muy apurada cuando oyen el rugido de un león. Uno de ellos, tras oírlo, se para y, tras agacharse, cambia sus botas por unas zapatillas deportivas. Su compañero le mira asombrado diciéndole sorprendido: «No entiendo por qué pierdes el tiempo en cambiarte de calzado si nunca vas a poder correr más que el león.» El otro simplemente lo mira y emprendiendo la carrera le contesta: «No pretendo correr más que el león. Pretendo correr más que tú.» La crisis nos ha golpeado más fuerte que a los demás porque corríamos menos que el resto. Porque éramos menos competitivos.

Lo que quiero resaltar es que la manera en la que el gobierno gestionó la crisis es un claro ejemplo de su forma de gobernar. No aceptó la crisis ni cuando ya era un hecho conocido por todo el mundo, simplemente porque rompía su idílica visión del mundo. Cuando la tuvimos encima sostuvo que nos golpearía menos que a los demás porque estábamos mejor preparados. Cuando estábamos con el agua al cuello declaró con solemnidad que saldríamos antes que los demás. Pasó exactamente lo contrario. Estamos sufriendo más que nadie, porque en España han concurrido tres desequilibrios singulares que se habían ido desarrollando en la primera legislatura socialista: un endeudamiento excesivo de familias y empresas, un peso desproporcionado del sector de la construcción y una competitividad muy mermada.

Las consecuencias de la crisis que todavía estamos sufriendo son bien conocidas: una notable caída de la producción de bienes y servicios, un desempleo masivo, un fuerte desequilibrio de nuestras cuentas públicas y un recorte de los derechos sociales de los españoles como no se había producido nunca en la historia de nuestra democracia.

La clave para salir de esta situación sólo puede ser crecer. Y crecer más y más deprisa que los demás. Tal y como han señalado repetidamente las instituciones económicas internacionales.

El segundo gran asunto de la legislatura fue la negociación con ETA. Un descomunal error, ante el que yo hice todo cuanto estuvo en mis manos para hacerle ver al presidente del gobierno que se estaba equivocando y que estaba siendo engañado. Teníamos un pacto, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por ambos partidos en 2000, que debía ser respetado y en el que se resumían de forma muy sencilla los principios de la política antiterrorista. Principios muy claros que se sintetizan en no negociación ni acuerdo político con los terroristas, el abandono definitivo por parte de ETA de las armas y la violencia, y la prohibición de que el entorno etarra y sus diferentes siglas se puedan presentar a las elecciones, haciendo escarnio de las víctimas y lucrándose del Estado. De ahí la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna y de cualquier otra agrupación política bajo las siglas que fuere que no repudie de forma fehaciente a ETA.

Yo insistí una y otra vez sobre los pasos en falso que estaba dando el gobierno.

Fue ésta la etapa, entre otras situaciones bochornosas, del vergonzoso espectáculo de la huelga de hambre y el intento de chantaje al gobierno, con amplia cobertura en los medios de comunicación, del terrorista De Juana Chaos. Una etapa en la que no se tuvo la menor consideración hacia la opinión de la oposición, en una cuestión de Estado tan esencial que había sido objeto de un acuerdo entre las fuerzas políticas; ni tampoco se prestó atención a las víctimas del terrorismo y a una gran parte de la opinión pública española, que no quería la negociación.

Ese período de negociación más o menos encubierta, de cesiones y debilidades, continuó años después del atentado de la T-4 en Madrid, en el que fallecieron dos personas, veinticuatro horas después de que el presidente del gobierno anunciara en una rueda de prensa en la Moncloa que al día siguiente íbamos a estar mucho mejor en relación con ETA gracias a la negociación.

La obsesión por conseguir el acuerdo de paz con ETA se convirtió en uno de los mayores errores de zapatero, producto de una mezcla de adanismo —de pensar que el mundo comenzaba con él— y de poco conocimiento de las circunstancias de la situación.

Como ya he manifestado, mi posición es muy clara. No cabe admitir a un partido en las instituciones democráticas, que como Batasuna o sus sucedáneos, están enraizados en ETA. En esta materia la unidad de los demócratas sigue siendo crucial, y yo abogo por ella. La firmeza que los partidos y las instituciones han mostrado en otros momentos debe hacerse patente también frente a Bildu.

El tercer caballo de batalla que nos enfrentó al partido socialista y al Partido Popular en esos cuatro años y que tuvo repercusiones importantes para los demás partidos, en particular los nacionalistas, fue la reforma de los Estatutos de autonomía. Es aquí donde de nuevo se rompió el acuerdo básico que había existido entre los grandes partidos nacionales y que presidió los sucesivos pactos autonómicos.

El principio de base era que, al formar parte los Estatutos de autonomía del bloque de constitucionalidad, esto es, al afectar a uno de los núcleos estructurales esenciales de nuestra Constitución, cualquier reforma de los mismos exigía un acuerdo en el que como mínimo estuvieran presentes los dos grandes partidos nacionales. Yo bien se lo repetí por activa y por pasiva al presidente del gobierno, obteniendo —lamentablemente, por sus negativas consecuencias para el equilibrio interno del país— la callada por respuesta.

El diseño de política de laboratorio que se realizó por parte de zapatero consistía en pretender formar una nueva mayoría que excluyera de forma permanente de cualquier posibilidad de gobierno al Partido Popular.

Ese esquema suponía un atentado contra el principio de alternancia, que es consustancial con el sistema democrático.

En ese contexto de exclusión del Partido Popular de los pactos autonómicos tal como se habían conocido hasta entonces, se produjo la tramitación tormentosa del Estatuto de Cataluña, en la que zapatero comenzó ofreciendo su apoyo incondicional a cualquier documento que aprobara el Parlamento catalán, y después se convirtió en el rescatador de un texto en trance de embarrancar y le prometió a Artur Mas lo que no estaba en condiciones de dar.

Se elaboró un Estatuto que desde el primer momento todos sabíamos que era inconstitucional. Incluso sus autores eran conscientes de ello. Sin embargo, se perseveró en el error hasta el final, hasta conseguir generar una gran tensión en Cataluña, en el resto de España, y no pocos problemas en el seno del Tribunal Constitucional, con el consiguiente descrédito del máximo intérprete de la Constitución.

Comparto la convicción de que la senda del catalanismo político, de quienes votaron y refrendaron nuestro marco constitucional, no puede ser la vía de la ruptura constitucional, sino la del aprovechamiento de las posibilidades de autogobierno que otorga la Constitución y la de la participación en la normal gobernación de España.

Para mí, el catalanismo, el vasquismo o el galleguismo tienen una profunda raíz cultural y política que es perfectamente compatible con la unidad de España, con la realidad plural de la España constitucional.

Divagar sobre la independencia es una de esas discusiones abstractas que tanto daño hacen porque, además, nos apartan de las cuestiones que verdaderamente urgen. En esa legislatura se planteó también el Plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento vasco y rechazado por el Congreso de los Diputados. Se pretendía que las Cortes Generales aceptaran el derecho de autodeterminación del País Vasco, que según el plan se autoconstituía en Estado libre asociado, y que en una de sus disposiciones transitorias afirmaba el derecho unilateral del pueblo vasco a declarar su independencia. Aquel planteamiento, como cualquier otro que propugnase la declaración de independencia de una comunidad autónoma, hubiera supuesto la liquidación del pilar esencial de la Constitución: la unidad de la nación española y la titularidad de la soberanía en la voluntad democrática del conjunto de los españoles.

Gracias a la Constitución de 1978 existe hoy el mayor grado de autogobierno de la historia de España. Junto al Estado de las autonomías y el autogobierno, el Partido Popular defiende con firmeza la realidad de la nación española, que es anterior a la Constitución, como defiende asimismo la soberanía nacional, que se afirma en la Constitución, y la igualdad en el ejercicio de los derechos y libertades por todos los españoles.

Estas convicciones forman parte de nuestro ideario político, son principios compartidos por una gran mayoría de españoles y merecen el respeto de los que opinan de otra manera. Lo que no resulta admisible es romper las reglas del juego. Por ello ni la independencia ni los referendos independentistas tienen cobijo en el marco de nuestra legalidad constitucional.

Entender al otro

La única ocasión en la que, rompiendo una tradición establecida según la cual los líderes de los partidos no intervienen en las comisiones parlamentarias, lo he hecho, fue cuando se debatió el preámbulo del Estatuto de Cataluña. Les pregunté primero a Artur Mas y luego a Pérez Rubalcaba qué significaba una parte de ese preámbulo, y cada uno me contestó cosas distintas. Ese día tuve la confirmación oficial de que el Estatuto tenía muchos más problemas incluso de los que yo pensaba. Viví con sorpresa cómo las negociaciones sobre el Estatuto seguían hasta el último momento sin contar con el asesoramiento de juristas y constitucionalistas; se aprobaron artículos contradictorios y sometidos a interpretaciones distintas de quienes los propugnaban.

Junto a ese escaso rigor jurídico, se negaba cualquier posibilidad de aportar argumentos razonables a los que habíamos sido excluidos del proceso previamente pactado entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Esa actitud generó un ambiente muy desfavorable de inquietud, de indignación hacia el intento de manipular políticamente los sentimientos de la gente, en Cataluña y fuera de ella. No faltaban tampoco los dirigentes socialistas que en privado decían lo contrario de lo que sobre el texto del Estatuto afirmaban en público.

Ésa fue una triste página de los últimos años que no consiguió sino crear división y malestar, y que hay que superar cuanto antes, centrándonos en la tarea que todos tenemos por delante y mejorando la convivencia entre todos.

He visitado, en particular en los últimos años, muchas veces Cataluña. Mi experiencia personal ha sido extremadamente positiva. He tenido oportunidad de hablar y de intercambiar opiniones con representantes de todos los sectores de la sociedad catalana: con empresarios grandes, pequeños y medianos, con los sindicatos, con periodistas, con representantes de las más variadas asociaciones y organizaciones profesionales. Siempre he sido bien recibido, y creo que parte de la complejidad de la relación entre Cataluña y Madrid reside en una serie de malentendidos que hay que superar. Para mí es reconfortante, por ejemplo, que destacados representantes empresariales o financieros catalanes ocupen los máximos puestos de responsabilidad en la CEOE o en la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Hubo un momento en el que se pretendió presentar al Partido Popular como enemigo de Cataluña. Bien lejos de la realidad. Creo que la contribución de Cataluña para un proyecto de concordia y de prosperidad común es absolutamente esencial.

Como muchos catalanes y otros españoles, pienso que el debate identitario ha hecho perder puntos a una sociedad tradicionalmente tan emprendedora y abierta al mundo. Los problemas que tenemos delante no son menores: la crisis económica y el paro, el equilibrio presupuestario, nuestro lugar en la globalización, la integración de los inmigrantes, el envejecimiento de la población, la educación, el ajuste permanente al cambio tecnológico y cultural, y tantas otras cuestiones de carácter más global pero con inmediatas implicaciones locales, como la energía, el agua, el cambio climático, la seguridad o el hambre. Lo que necesitamos es una sociedad fuerte y unida, capaz de afrontar todos esos retos con voluntad de superación y con cohesión interna.

Quiero referirme todavía a otro lamentable ejemplo de esa voluntad de poner en solfa el gran logro de la Transición que fue la reconciliación entre españoles.

Con motivo del 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, el gobierno socialista inició un intento de revisar gran parte de los fundamentos políticos e históricos que hicieron posible el establecimiento de un régimen de libertades y el sistema democrático durante la Transición.

Hoy existe un consenso muy amplio entre los historiadores sobre la relación conflictiva inherente al término «memoria histórica», una recreación de la historia únicamente desde la experiencia o los sentimientos personales. La objetividad y el rigor de la investigación histórica se compaginan mal con la subjetividad de las vivencias personales o de grupo.

Soy de la opinión de que ni la República puede ser mitificada como un régimen modélico desde el punto de vista de las libertades y del funcionamiento de un régimen democrático, ni las víctimas lo fueron sólo de uno de los dos bandos que se enfrentaron en una horrenda guerra civil. Me parece humano y una exigencia moral y religiosa recordar a los muertos y procurarles un enterramiento digno, pero creo que la historia habría que dejársela a los historiadores y no pretender reescribirla desde la perspectiva política. Ni tampoco utilizarla para reabrir viejas heridas y revivir enfrentamientos —con resultados tan trágicos— ya superados.

Particularmente erróneo me parece el intento de descalificar la Transición, aduciendo que no se produjo la ruptura con el régimen anterior, y sugiriendo con ello solapadamente una cierta continuidad o connivencia, de la que hoy, al fin, deberíamos liberarnos.

Es bien cierto que no basta con proclamar un régimen de libertades, sino que hay que saber preservarlo y revitalizarlo, que la historia de la Transición no fue una historia de continuismos y de debilidades políticas, sino una gran historia de reconciliación.

Reivindico ese período y lo que él significó de proyecto de concordia en la historia de España. No en vano he encabezado este capítulo con el título de un libro fundamental de Cambó: Por la concordia. Como siempre me ha ocurrido en la vida política y personal, el diálogo, la conversación, la relación cercana y humana, la amistad se muestran como los mejores cauces de la convivencia. Algo que conocemos bien desde Aristóteles y Cicerón, y a lo que dedicó páginas memorables un gran promotor de la reconciliación, Laín Entralgo.

Quiero ilustrar lo que pienso sobre esta necesidad de «entender al otro» con alguna anécdota sencilla.

En una ocasión, en el programa de Televisión Española Tengo una pregunta para usted, una señora de Cataluña me reprochó mi posición sobre el Estatuto de Cataluña. Le señalé los problemas que planteaba el Estatut desde el punto de vista de su homologación constitucional, al establecer un sistema de bilateralidad entre la Generalitat y el Estado y un cuestionamiento de la soberanía común de la nación española, entre otras cuestiones que después señaló el Tribunal Constitucional en su largamente esperada sentencia.

Al finalizar el programa, le propuse quedar a cenar en Cataluña, y así lo hicimos al cabo de poco tiempo. Estuvimos los dos mano a mano durante una cena de cuatro horas, conversando muy amigablemente sobre todos aquellos puntos en los que habíamos expresado nuestras divergencias.

A la salida del lugar donde nos encontrábamos, muy campechanamente, esta señora declaró a los periodistas que había estado cenando conmigo y que tenía que decir «que el señor Rajoy es una persona normal». Fue lo primero que dijo, espontáneamente, y yo pensé para mis adentros con cierta ironía: «¿Qué es lo que habrá podido pensar antes sobre mí?» Reflexioné sobre hasta qué punto a veces somos tributarios de unas determinadas imágenes preconcebidas o de unos sambenitos que tienen poco que ver con la realidad. Eso ocurre mucho en la vida política, en las imágenes que se crean de los líderes políticos.

Otra vez, en otra edición del mismo programa, ocurrió algo parecido con una de las participantes. Se trataba de una señora de un pueblo de Jaén, Martos, que me espetó con simpatía en el plató: «Los políticos no conocen los pueblos.» Yo le contesté que había visitado muchos pueblos de Andalucía, y también de Jaén, que había estado en Úbeda, en Baeza, en Cazorla, en Linares, en Andújar, en La Carolina, pero que efectivamente no conocía todavía Martos, adonde iría con mucho gusto si ella me invitaba. Inmediatamente replicó: «¡Está usted invitado a Martos!», y allí fui, y recorrí con ella el pueblo y los alrededores, además de varias fábricas de aceite de la zona. Lo pasamos estupendamente, y guardo un excelente recuerdo de aquella visita.

Como ha escrito un político catalán, debemos superar las desconfianzas mutuas, las fracturas y las divisiones. Hay que hacer un esfuerzo por entenderse. Suelo decir que para mí la diferencia entre un radical y un moderado es que el primero tiene convicciones, mientras que el segundo posee convicciones y además se da cuenta de que hay otras personas que tienen otras convicciones distintas a las suyas. Por eso pienso que es muy importante la tolerancia y reivindico la capacidad de diálogo. Es fundamental hablar, incidir en aquellos aspectos en los que se puede estar de acuerdo y entenderse.

Otro lamentable error fue reabrir innecesariamente la cuestión religiosa, que nuestros constituyentes habían tratado con gran equilibrio en el artículo 16 de la Constitución: separación de la Iglesia y del Estado, con respeto hacia el hecho religioso y las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.

Me parece que muestra poco sentido común quien pretende negar la realidad de la fe religiosa, su positiva contribución a la convivencia y al bienestar social, así como la estrecha vinculación histórica y cultural de nuestro país con el cristianismo.

En esa legislatura de 2004 a 2008 perdimos mucho tiempo y energía en cuestiones que no eran prioritarias para los ciudadanos.

Por todo ello: miremos hacia adelante, hacia el futuro. Necesitamos espíritu emprendedor, innovación, apertura al exterior; no replegarnos sobre nosotros mismos y sobre problemas que muchas veces pueden ser incluso ficticios. Avancemos en el respeto mutuo, en la creación de cauces de comunicación habitual y de interrelación. Si sabemos hacerlo en el interior, sabremos también hacerlo hacia el exterior. Y éste es un mundo en el que la interconexión y la interdependencia son una baza y un desafío permanentes.

La reconciliación y la concordia son de nuevo valores más necesarios que nunca. Para avanzar, para superar los obstáculos. Arrojemos lejos de nosotros el lastre de las discusiones sin término, de los malos entendimientos y las frustraciones. Como vengo escribiendo, es la hora de sumar.

CAPÍTULO 11

Crecer en tiempos difíciles

Las elecciones de 2008 y el Congreso de Valencia

Después de los cuatro años de una legislatura de mucha tensión, afrontamos las elecciones generales de marzo de 2008 con optimismo, pues el Partido Popular había ido afianzándose elección tras elección como una alternativa fiable, pero también conscientes de lo difícil que resultaría ganar a un gobierno que había utilizado la política de gasto social como un instrumento para generar adhesiones. La crisis económica no tardaría en mostrar la cara más cruel de una política presupuestaria y legislativa proclive a fomentar los intereses particularistas, pero sus efectos no eran todavía perceptibles para la mayoría de los ciudadanos en el momento en que se celebraron las elecciones de 2008.

Los resultados de los comicios arrojaron 169 escaños para el PSOE y 154 para el Partido Popular. Ello suponía un ligero ascenso, pero evidentemente no eran unos resultados satisfactorios. Aunque ganábamos terreno en la mayor parte de España, no avanzábamos lo suficiente en Cataluña y Andalucía. En esta comunidad autónoma, Manuel Chaves conseguía de nuevo la mayoría absoluta y era refrendado como presidente andaluz, a pesar del importante avance electoral conseguido por el PP. En Cataluña, pienso que lamentablemente funcionó la táctica de presentarnos como «anticatalanes» y crear una imagen llena de prejuicios.

Desde entonces han cambiado mucho las cosas, y tras las elecciones autonómicas de 2011, puede hacerse un balance muy positivo del camino que hemos recorrido. Hoy existe una amplia mayoría de españoles que desean que se produzca cuanto antes el cambio político y que un gobierno del Partido Popular lleve a cabo la otra política que es absolutamente imprescindible en España.

En esas semanas inmediatas a la derrota electoral de 2008 hubo personas dentro y fuera del partido que pensaron que hacía falta un cambio de liderazgo.

Considero que es perfectamente legítimo propugnar un cambio en la dirección de un partido político, como es también perfectamente legítimo entender que uno decida continuar si así lo considera razonable para intentar conseguir el triunfo electoral y llevar a la práctica sus ideas de reforma y de mejora del país. Yo consulté, pregunté a unos y a otros, y hubo muchas personas que pidieron que me volviera a presentar al congreso en el que se debía elegir presidente del partido.

He de decir, por tanto, que me presenté a la reelección por cuatro razones fundamentales.

Primero, porque los resultados del Partido Popular habían sido mejores en el año 2008 que en 2004. Segundo, porque una mayoría de los militantes y dirigentes del partido me pidieron que me presentara a ese congreso. Tercero, y muy principal, porque tenía un proyecto de futuro. Y el cuarto motivo, que también tiene su importancia, porque tenía la suficiente ilusión, ganas y voluntad para seguir adelante. Si algo he aprendido en la vida, y en particular en la vida política, es que la tenacidad y la perseverancia, cuando se piensa que lo que se quiere alcanzar es una meta razonable si se trabaja bien y con eficacia, constituyen la condición ineludible.

En ese congreso, que se celebró en Valencia en junio de 2008, obtuve una grandísima mayoría en la reelección, y la persona que propuse como secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, también fue votada de forma muy mayoritaria. María Dolores, que une a su excelente preparación profesional una ya larga experiencia en la Administración del Estado y como política, me parecía, como así se ha demostrado con creces, que reunía todas las condiciones para ejercer ese cargo con éxito y eficacia. Su brillante triunfo en las elecciones autonómicas de mayo de 2011 en Castilla-La Mancha volvió a confirmar esa trayectoria.

María Dolores no es un caso aislado; son muchas y muy preparadas las mujeres que he tenido la suerte de que formen parte de mi equipo. Entre ellas, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha realizado una excelente labor como portavoz parlamentaria, y Ana Mato. No las elegí porque estimase que fuesen las mejores entre las mujeres, sino porque creo que son las mejores entre hombres y mujeres. Esta convicción se ha visto ratificada por el resultado de las elecciones municipales y autonómicas. Después del éxito de Alicia Sánchez Camacho en Cataluña, tres mujeres del Partido Popular, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y Luisa Fernanda Rudi, presiden las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón, respectivamente. No son las únicas, otras muchas ocupan por méritos propios puestos de gran responsabilidad.

Quiero señalar que, conforme a los Estatutos, en el Congreso de Valencia podían haberse presentado candidaturas opuestas a la mía y, además, que las votaciones del congreso fueron lógicamente secretas y que cualquiera estaba en su legítimo derecho a no votarme. Los militantes decidieron y desde entonces llevé a cabo una tarea de renovación del discurso y de los dirigentes, de adecuación de la oferta política del Partido Popular a lo que los españoles en cada comunidad autónoma, en cada ciudad y municipio, y en el conjunto del país, nos reclaman.

Sin cambiar nuestros objetivos, ni una sola de nuestras convicciones, debíamos modernizar y actualizar nuestro mensaje. La sociedad evoluciona aceleradamente y la política debe saber combinar el mantenimiento de las convicciones, que en mi caso son muy profundas, con la empatía necesaria hacia los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos. En ese congreso expliqué tres cosas fundamentales a los militantes del partido.

En primer lugar, enfaticé el hecho de que en política, y en general en todas las facetas de la vida, lo importante no es sólo tener razón, sino también que te la den los demás. Por tanto, si, por una parte, el Partido Popular tenía las mejores políticas y la mejor experiencia de gobierno, pero, por otra, los españoles no nos habían dado su apoyo mayoritario, era evidente que hacía falta explicarse mejor, presentar de forma más convincente nuestros argumentos, ser capaces de ganar la confianza de aquellos que no habían querido votarnos. Se trataba de estar más cerca de la gente y trabajar mejor.

Esto no significaba un cambio de estrategia, pero sí de énfasis. Les dije también que no estaba dispuesto a que el Partido Popular fuese un partido aislado, como habían pretendido Rodríguez zapatero y algunos otros. Recalqué la centralidad del Partido Popular. Su capacidad de gobierno mayoritario. Ello implica la disponibilidad para pactar con cualquier partido democrático, siempre y cuando ese pacto no suponga contravenir nuestras ideas, principios y convicciones. Desde ese planteamiento, conseguimos dar un vuelco a la situación política en el País Vasco, tras el pacto con el partido socialista que llevó a Patxi López a la presidencia de esa comunidad autónoma. Y a partir de ese planteamiento nos propusimos también pactar con otras fuerzas políticas en el Parlamento siempre que no fuéramos en contra de nuestras ideas.

Es evidente que si proponemos una fijación por ley del techo máximo de endeudamiento del Estado, por poner un ejemplo, y hay otras fuerzas políticas que están de acuerdo con ello, o si se proponen por otras políticas de innovación, de impulso a las pequeñas y medianas empresas, o tantas otras iniciativas sensatas y necesarias, el Partido Popular votará a favor, siempre que pueda, para propiciar mayorías cuanto más amplias mejor.

Otro ejemplo: durante toda la legislatura apenas realicé una intervención o formulé una pregunta sobre el tema del terrorismo, a pesar de lo que la política antiterrorista supone para nosotros. Mantuvimos el criterio que habíamos anunciado. Si el gobierno actuaba con arreglo al sentido común y a la lógica, apoyaríamos en todo lo que nos fuera posible.

Obviamente, también aquí hay líneas rojas. Hubo momentos en que algún destacado dirigente socialista me pidió —he de decir, quizá más de cara a la galería— que retirara el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña. Y yo le expliqué que no iba a hacerlo, porque consideraba que el Estatut no era bueno ni para Cataluña, ni para los catalanes, ni para España. Como el propio Tribunal Constitucional vino a ratificar algún tiempo después.

El tercer punto que quise resaltar en el Congreso de Valencia fue el de mi independencia. Ni mis ideas ni mis convicciones en relación con la lucha contra el terrorismo o la unidad nacional habían sufrido el menor cambio, ni tampoco estaba dispuesto a ceder un solo ápice en la defensa de nuestras posiciones, sin influencias exteriores.

Tomé la decisión de hacer aquello que creí que debía hacer, pasara lo que pasara, y de intentar convencer a la gente de mi partido de que eso era lo adecuado.

La respuesta que recibí fue un apoyo extraordinario. De esa manera, el Congreso de Valencia supuso un revulsivo interno, un momento para marcar el rumbo que nos ha hecho volver a ser la alternativa de gobierno.

A pesar de todo, todavía durante bastantes meses, se mantuvieron por un sector del partido y por importantes medios de comunicación reticencias sobre nuestra estrategia y sobre mi liderazgo. Traté de superar esas críticas con paciencia, comprensión y esfuerzo, aunque no fueron meses fáciles. Algo que, por otra parte, sé bien que es normal en la vida política, cuyo carácter competitivo, que tiene grandes ventajas, lleva en algunas circunstancias a este tipo de situaciones. Cierta división interna perduró durante algún tiempo, hasta que varios meses después conseguimos recuperar la unidad.

Incluso en el terreno personal, doloroso, porque se produjeron algunas rupturas con compañeros de partido, mi voluntad después de Valencia ha sido la de recomponer las relaciones, porque soy de la opinión de que en el Partido Popular caben todos aquellos que quieran trabajar lealmente. Mi política es de integración, no de exclusión.

También es obligado el agradecimiento hacia todos aquellos que, habiendo asumido responsabilidades importantes en el partido en momentos difíciles, como el propio Ángel Acebes, tenían ahora que ser reemplazados, porque hacía falta dar entrada a personas nuevas.

Valencia marcó el rumbo. Recuperamos plenamente la centralidad y empezamos a ganar votaciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado, lo que no había sido posible en los cuatro años anteriores.

Después vinieron las elecciones gallegas de marzo de 2009, donde conseguimos recuperar la mayoría absoluta y volver a gobernar. Fue un gran triunfo del partido y de nuestro candidato, Alberto Núñez Feijóo, y refrendó mi estrategia de abrirse a la sociedad, en una campaña en la que yo me impliqué de un modo muy personal.

Luego, el cambio político en el País Vasco, propiciado por nosotros, y en el que tuvo una enorme participación Antonio Basagoiti y su equipo, tras las enormes dificultades por las que nuestros compañeros habían pasado allí. Pienso que nunca agradeceremos suficientemente el coraje y la valentía mostrados por tantas personas.

Más tarde, en junio de 2009, las elecciones al Parlamento Europeo, en las que obtuvimos el mejor resultado de la historia del partido en unos comicios europeos.

Posteriormente, los buenos resultados de las elecciones catalanas de noviembre de 2010, en las que se confirmó nuestra capacidad de atraer el voto moderado en Cataluña.

Y, por último, los resultados en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011, que han supuesto el vuelco electoral que todas las encuestas habían vaticinado.

A partir de las elecciones europeas, la vida interna del partido se tranquilizó. Habíamos trabajado con ahínco y habíamos demostrado que la victoria es de quien lucha por ella. Nuestro objetivo, como partido democrático de una mayoría amplia, tenía que ser entonces acercarnos más estrechamente a los intereses de los ciudadanos españoles, trabajar para conseguir el cambio político que la inmensa mayoría en este momento necesita.

Cuando el futuro ya es presente

Aunque abundan los intentos de explicar la crisis que se produjo en todo el mundo a partir de julio de 2007, vale la pena resumir brevemente algunos de sus hitos principales, en particular por lo que respecta a las características específicas del caso español. Sólo de este análisis podemos derivar la acción que debe emprenderse en nuestro inmediato futuro.

La crisis financiera comenzó siendo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que no hubiese pasado de ser una crisis local si no fuese porque vivimos en una economía globalizada. Productos financieros desarrollados sobre la base de las hipotecas subprime —préstamos hipotecarios con insuficientes garantías— o de activos de alto riesgo fueron adquiridos por entidades financieras de todo el mundo aprovechando los resquicios de la regulación financiera y una cierta permisividad de los organismos de supervisión y control.

La crisis se convirtió en una crisis bancaria porque esos activos financieros, que se empezaron a llamar entonces «títulos tóxicos», fueron adquiridos por entidades financieras de todo el mundo. Los bancos dejaron de prestarse unos a otros porque desconocían quiénes de ellos poseían dichos títulos, se perdió la confianza, y con ello se paralizó el crédito y la actividad económica se estancó.

Para evitar que la crisis financiera se convirtiera en una recesión económica mundial, los poderes públicos empezaron a inyectar dinero para impedir el naufragio de las instituciones financieras y ayudar a los demás sectores a capear el temporal. Sólo en la Unión Europea se comprometieron en este período ayudas al sector financiero equivalentes al 35 por ciento del producto interior bruto europeo. Las ayudas a la economía no financiera absorbieron el 5 por ciento de esa cantidad.

Esas ayudas se otorgaron con cargo al déficit público, y esto desembocó en un desmesurado aumento del endeudamiento público: una crisis de la deuda soberana que todavía hoy estamos sufriendo.

La crisis afectó a bastantes países, pero golpeó con especial crudeza a aquellos cuyas finanzas públicas estaban más deterioradas, tenían un sector bancario claramente sobredimensionado o eran claramente poco competitivos, como España.

La primera respuesta a la crisis fue la reorganización del sistema financiero, que había demostrado fallas importantes. En estos últimos tiempos se ha remodelado en profundidad la regulación de los mercados financieros y se han puesto en marcha nuevas autoridades de supervisión para controlar las entidades financieras transfronterizas, cuya debilidad ha sido una de las causas de la crisis. Lo que se pretende es que no se vuelva a repetir una situación similar a la que todavía estamos sufriendo, que el crédito vuelva a fluir a empresas y familias, y que el contribuyente no tenga que volver a pagar por los excesos financieros de unos pocos.

Como no bastaba con remodelar el sistema financiero, porque la crisis había demostrado también la escasa coordinación de las políticas económicas nacionales, la Unión Europea ha puesto en marcha un conjunto de medidas de gobernanza económica, que, en síntesis, pasa por reforzar la disciplina presupuestaria, corregir los desequilibrios macroeconómicos internos y recuperar la competitividad perdida.

Con buen criterio, los líderes europeos han decidido dar un nuevo impulso al crecimiento económico. Llevamos mucho tiempo creciendo menos que nuestros competidores, especialmente que los países emergentes. Eso es lo que pretende el programa Europa 2020, que fija varios objetivos clave para lograr el crecimiento económico, dirigidos al aumento del empleo, la innovación y la educación, y que establece también como prioridades para los próximos años la reducción de la pobreza en Europa, el cambio climático y la seguridad energética.

En España, los años de bonanza del período 1996-2004 hicieron que la economía española atravesara una etapa dorada. A la altura de la primera mitad de 2007 España seguía creciendo, gracias a los tipos de interés históricamente muy bajos y a la facilidad con la que se podía acceder al crédito.

El error de los gobiernos de Rodríguez zapatero fue de nuevo recalentar aún más la economía renunciando al control del gasto y a las reformas estructurales, imprescindibles para la competitividad de nuestra economía. Por decirlo gráficamente, deberían haber echado agua al fuego y lo que se hizo fue echar gasolina.

Nosotros veníamos advirtiendo de los peligros de esta política desde 2004. Enfrente sólo había negación y exceso de confianza. Muchos españoles recuerdan todavía el debate entre Manuel Pizarro y Pedro Solbes, entonces ministro de Economía, en vísperas de las elecciones de 2008. Cuando Pizarro alertaba con cifras y datos sobre lo que estaba pasando, Solbes negaba una y otra vez para no poner en riesgo el resultado electoral.

La inversión, que seguía entrando a buen ritmo, no se aprovechó para financiar las reformas que España necesitaba, sino para alimentar una burbuja inmobiliaria que ya había sido denunciada por todos los organismos internacionales. Las entidades financieras españolas no recurrieron a la compra de activos tóxicos (las hipotecas subprime), pero existía una gran demanda de préstamos en el sector inmobiliario, una parte de ellos poco solventes; las cajas de ahorro son las que más se vieron envueltas en este negocio y las que hoy más lo están sufriendo.

Sobre todo, ante la aparente bonanza externa, no se reaccionó frente a la pérdida creciente de competitividad de las empresas españolas. Fuimos muchos los que lo denunciamos, pero con poco éxito. Desde que Rodríguez zapatero llegó al poder, todos los indicadores que se refieren a los intangibles de la economía muestran que fuimos perdiendo productividad de forma acelerada. Si en el año 2000 España se situaba en el puesto 19 de 141 países examinados en materia de libertad económica, en el año 2010 habíamos descendido al puesto 36.

La llegada de la crisis financiera y económica se cebó en una España necesitada de reformas urgentes. Por eso en realidad lo que sufrimos es el doble impacto de la crisis externa, que golpeó sobre la crisis interna larvada.

Si hubiéramos continuado con las reformas y el rigor presupuestario no habrían sido necesarias las medidas que después hemos tenido que aceptar impuestas por los mercados y por nuestros socios europeos, y las consecuencias habrían sido menos negativas. Lo más grave es que el gobierno socialista se negó a reconocer la crisis a tiempo, a pesar de que no dejamos de insistir sobre la realidad de la situación una y otra vez, hasta acercarnos a los cinco millones de parados, el récord absoluto en la historia de España. Y ello teniendo en cuenta que al inicio de la legislatura el gran objetivo del gobierno socialista proclamado a bombo y platillo fue el pleno empleo.

Los años del período 2008-2011 pasarán a la historia futura como los de máxima discordancia entre las expectativas y las realidades, con el consiguiente deterioro de la relación de los ciudadanos con la política.

Hay lugar para el optimismo: la salida de la crisis

¿Qué hacer? Las soluciones no son muy distintas a las que han venido aplicando desde hace tiempo los países europeos que más crecen y mejor han sabido capear la crisis, adaptadas y actualizadas teniendo en cuenta la situación española. Hay muchas propuestas que he ido desgranando a lo largo de este libro.

Es evidente que en España hace falta una consolidación fiscal rigurosa. Hay que garantizar la estabilidad del sector financiero y corregir los desequilibrios macroeconómicos. Necesitamos crear oportunidades de empleo, reincorporar a los desempleados al mercado de trabajo, conseguir un equilibrio entre la seguridad del puesto de trabajo y la flexibilidad.

Sin credibilidad no se genera confianza y sin confianza es muy difícil cambiar el rumbo de nuestra economía. La función de los gobiernos y de las distintas Administraciones Públicas no consiste en aprobar por decreto nuevos modelos de crecimiento. Su papel debe ser el de configurar un marco creíble y permanente de actuación donde los emprendedores, los empresarios, los trabajadores, desarrollen sus iniciativas.

Considero necesario presentar un plan completo, coherente, entendible por todos, y que se pueda desarrollar durante cuatro años. Y que eso debe hacerlo un gobierno que desde el mismo instante de la sesión de investidura deje claro sus objetivos esenciales.

La prioridad esencial será el crecimiento económico y la creación de empleo. Todo lo demás quedará subordinado a estos objetivos. Las reformas necesarias, los cambios legislativos tendrán siempre un primer filtro: ¿contribuyen o no a la creación de empleo? ¿Contribuyen o no al relanzamiento económico?

El espíritu emprendedor es el motor de cualquier sociedad moderna. Por eso es necesario valorar la tarea de los emprendedores y facilitar el entorno empresarial, eliminar trabas administrativas para la creación de empresas, hoy todavía excesivas. La fiscalidad, el marco regulatorio, la política energética y de infraestructuras deben facilitar la constitución de sociedades, la productividad y la competitividad de las empresas.

El fomento de la actividad emprendedora se tiene que hacer desde la escuela. Necesitamos que se entienda mejor en nuestro país el papel crucial que desempeñan los empresarios y los emprendedores. Como en tantas facetas de la vida, para impulsar nuevos proyectos empresariales hace falta una combinación de capacidad de innovar, voluntad de asumir riesgos y responsabilidad a la hora de dar cuenta a la sociedad de las propias acciones. Así es como surgen iniciativas que nacen pequeñas y pueden llegar a ser muy grandes.

No estoy dispuesto a aceptar que haya cinco millones de españoles en paro, que más del 20 por ciento de la población activa busque un trabajo sin encontrarlo, que cerca de la mitad de nuestros jóvenes estén perdiendo la esperanza de encontrar un empleo que les permita independizarse, ganarse la vida y realizar sus sueños.

Hace falta otra forma de hacer política. Una política que genere confianza porque se haga merecedora de ella. Una política nacida de la convicción profunda de que las reformas son inaplazables. Una política ejemplar a la hora de llevarlas a cabo. Una política que, con transparencia, diciéndoles la verdad a los españoles, explique los motivos que determinan la urgencia e intensidad de esas reformas. Una política que reparta solidariamente, entre todos, los esfuerzos y sacrificios que supondrá su desarrollo.

Desde hace tiempo he tenido ocasión de participar en centenares de encuentros, de hablar con miles de pequeños y medianos empresarios y trabajadores autónomos, de oír sus preocupaciones y sus inquietudes. Si tuviera que resumir en una frase sencilla el diagnóstico más común sobre nuestra situación económica sería ésta: «La gente no paga, los bancos no prestan.»

Y todos añadían que obviamente no pagaban no porque no quisiesen, sino porque no podían. Es urgente que el sector financiero vuelva a cumplir, cuanto antes, su papel de canalizar el ahorro hacia las empresas y las familias.

Por eso he dado tanta importancia a la reforma del sistema financiero, apoyando desde el principio las iniciativas del gobierno socialista en este terreno.

Bastantes de los países que han tenido problemas en este área ya lo han resuelto, mientras que en España después de dos años no se ha solucionado. Sólo con balances creíbles y transparentes volverá a fluir el crédito. Si alguna lección deja la crisis de tantas cajas de ahorro es la importancia de un mejor gobierno interno y de desterrar la influencia política de lo que deben ser decisiones empresariales, en el sector financiero y en todos los demás.

Otra cuestión prioritaria que tendrá que abordar el nuevo gobierno es el equilibrio de las cuentas públicas. Un posible modelo que seguir sería el alemán, donde el déficit del Estado y el de los Länder están limitados constitucionalmente. Además hay que simplificar los diferentes niveles de las Administraciones Públicas, para evitar las duplicidades o triplicidades. No puede haber tres ventanillas para trámites similares, porque aumenta la inseguridad jurídica y, además, es antieconómico.

Más transparencia y calidad normativa. Menos y mejores leyes. Y fijar, de una vez por todas, con nitidez, qué Administración desempeña más eficientemente cada competencia.

La evaluación rigurosa de la eficiencia del gasto público de todos los programas de la Administración, tanto antes de que se aprueben como cuando se apliquen, ha de ser parte de los instrumentos para reforzar la disciplina, la transparencia y la austeridad en la gestión de todos los recursos públicos.

Es imprescindible que comunidades autónomas y ayuntamientos practiquen una política presupuestaria prudente y rigurosa. Una nueva ley de estabilidad presupuestaria debería establecer techos de gasto y endeudamiento a todas las Administraciones Públicas con el objetivo de alcanzar lo más pronto posible el equilibrio de las cuentas públicas.

Es también necesario desterrar de nuestro país la cultura del retraso en los pagos, que parece que se ha generalizado, especialmente en las Administraciones Públicas, que además tienen un deber de ejemplaridad.

Creo que la transparencia en todo lo que respecta al actuar de las Administraciones y de sus responsables políticos es un gran reto que tenemos por delante. Va a ayudar a mejorar la gestión, las garantías jurídicas y la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. Austeridad, transparencia y eficiencia en el gasto son tres conceptos que en mi opinión van unidos. No es una cuestión sólo de administrar bien el dinero de los contribuyentes; se trata de ganar en calidad y satisfacción del ciudadano cuando usa los servicios públicos.

En la primera reunión que tuve inmediatamente después de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011 con los presidentes regionales de mi partido asumimos ese compromiso por el empleo, la austeridad y la transparencia. Es una forma de contribuir al necesario cambio del modelo de gestión en el conjunto de las Administraciones Públicas.

La austeridad es además imprescindible para mantener las bases de nuestro sistema de bienestar: pensiones, sanidad y educación. El Estado Social es un gran logro histórico y es preciso perfeccionarlo y adaptarlo.

Hay que abordar cuanto antes las reformas estructurales necesarias para ganar competitividad y flexibilidad: la educación, la energía, la fiscalidad, la Administración de Justicia, el sistema de investigación y desarrollo y el mercado de trabajo.

Quiero insistir en la reforma del mercado de trabajo, que evidentemente no funciona. España es el país del mundo que más empleo privado ha destruido en esta crisis.

Aunque los contextos son distintos, no podemos cerrarnos a las experiencias positivas de otros países europeos, como Suecia, Dinamarca o los Países Bajos, que han conseguido movilizar sus mercados de trabajo. En Alemania, se ha avanzado mucho en la flexibilidad de los horarios y en la organización del tiempo de trabajo, luchando contra el desempleo con la formación continua y la innovación.

Hay que combatir el absentismo y ganar en flexibilidad interna para que se trabaje de manera más eficiente y aumentar la competitividad.

Otro capítulo muy importante es el aprovechamiento de los recursos naturales, con el objetivo de lograr y consolidar una economía sostenible.

El agua, la energía y el medio ambiente son tres recursos básicos, cuya relevancia no dejará de crecer en los próximos años. En las decisiones que se adopten en ambas materias, agua y energía, están en juego no sólo el respeto por el compromiso de reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero y la propia protección del paisaje y de la agricultura, sino la competitividad de la economía española. El cambio del modelo de producción de energía para reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera también es un asunto vital para España.

Somos cada día más conscientes de la necesidad de un giro en la política energética, que se aleje de las incertidumbres y los repentinos cambios regulatorios tan típicos de los últimos años y que tantos perjuicios han causado a la imagen de estabilidad de España frente a los inversores extranjeros.

Soportamos costes energéticos mayores que otros muchos países de la Unión Europea, lo que tiene un impacto directo sobre la competitividad de nuestra industria y nuestros servicios. Ello se debe, entre otras razones, al grado de dependencia energética que tenemos, que es la mayor de la Unión, superior al 80 por ciento. Junto al riesgo en la seguridad del abastecimiento energético, agravado por la situación política en países muy importantes para nuestro suministro de gas y petróleo, España debe cumplir con los objetivos europeos en materia energética y de reducción de gases. Además, una vez que se ha hecho la gran apuesta por las energías renovables, necesitamos reequilibrar nuestra combinación de las diferentes fuentes de energía y acabar con el aislamiento energético de España con el resto de la Unión Europea.

Habrá que revisar el sistema eléctrico español, que no puede seguir generando déficits impagables ni por los consumidores, ni por la industria, ni por el Estado, y cuya factura se presenta al cobro en el peor momento. Un objetivo irrenunciable tiene que ser también avanzar en la eficiencia energética.

Caben muchos proyectos. Es posible volver a dirigirnos al futuro con optimismo, con ilusión.

Por ejemplo, en la política del agua, un recurso cuyo problema de escasez nacional e internacional se agudizará en las próximas décadas. Podemos reducir nuestro consumo de agua en el sector agrario mediante nuevas técnicas de riego y la renovación de las redes de distribución. Y todavía hay mucho que avanzar en el tratamiento, la depuración y la reutilización de aguas residuales para disponer de una mayor cantidad de agua y para reducir la contaminación de los ríos. Se trata de aprovechar el agua al máximo en un país, como España, con el mayor riesgo de desertización de toda Europa.

Son solamente algunos ejemplos concretos. En la política del agua, como en otras, hará falta un gran pacto de Estado. Pero el futuro está ahí, más cerca de lo que quizá a veces pensamos.

He insistido en este libro en la importancia clave de la educación. No me canso de volver sobre ello, tan esencial es.

Me he referido a la necesidad de establecer objetivos concretos de mejora de los alumnos en matemáticas, en ciencias, en inglés y en capacidad lectora. Además hay que dar más autonomía a los centros e incrementar las posibilidades de elección de padres y estudiantes, también dentro de la enseñanza pública.

En paralelo, urge revisar el sistema de formación profesional, prestigiarlo socialmente, hacerlo más cercano a las empresas e incrementar la oferta de prácticas empresariales. Son las propias empresas las más interesadas en implicarse personalmente en la formación profesional.

Por último, la universidad es un gran reto; debemos facilitarle los incentivos para atraer y retener talento, para romper todas aquellas inercias que impiden la excelencia, que burocratizan las universidades y les hacen perder vuelo.

Hay que revisar también el marco fiscal y tributario para asignar de forma más eficiente los recursos, distribuir equitativamente la renta y la riqueza y cooperar en el desarrollo sostenible de la economía. Ello exige abordar la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, para lograr la suficiencia de recursos y evitar que la financiación ordinaria de estas Administraciones dependa de ingresos extraordinarios ligados al ciclo inmobiliario. Creo también que la fiscalidad debe favorecer ante todo la creación de empleo y el ahorro y la inversión a largo plazo, primándolos sobre el consumo o la inversión en activos improductivos.

En general, el marco legal español tiene que ser más atractivo para la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Nos falla sobre todo la investigación aplicada en las universidades, el registro de patentes resultado de nuestra tarea investigadora, la vinculación entre la universidad, los centros tecnológicos y la empresa; debemos ser capaces de trasladar la buena investigación básica que se hace en bastantes lugares a su aplicación práctica en la industria, y mejorar asimismo los instrumentos de colaboración y financiación público-privada. Bastantes veces es un problema de gestión eficaz, simplificación de procedimientos administrativos y eliminación de cargas burocráticas y permisos redundantes.

Para retomar la senda del crecimiento hay que apostar decididamente por el sector exterior. Tenemos un gran desafío en los mercados emergentes, donde ya hay buenas experiencias de empresas españolas, pero donde nuestra presencia todavía es escasa.

En suma, hay grandes cuestiones que siguen aparcadas y necesitadas de reformas importantes; reformas que no se pueden seguir aplazando.

Vivimos en un mundo en constante cambio. La modernización y la adecuación al cambio —mejor, la anticipación al cambio— deben ser nuestra marca de calidad como país, como proyecto de todos los españoles.

He realizado a lo largo de estas páginas un recuento sumario de los desafíos a los que nos enfrentamos, de los objetivos nacionales que ahora urge recuperar.

Los españoles queremos un país con instituciones democráticas consolidadas y respetadas, donde exista certeza en el cumplimiento de la ley y donde la justicia sea rápida. Ni el alejamiento y la alienación de los ciudadanos respecto a la política y sus políticos, ni la mediocridad en el ejercicio del interés público son positivas. No podemos conformarnos con una democracia a medio gas, con una sociedad desmoralizada, con una imagen deteriorada ante los ciudadanos. Qué duda cabe de que deben ser reflexionadas propuestas de reformas constructivas y de más cercanía a los ciudadanos. El principio de mejor representación democrática y mejor gobierno, más que razonable, es necesario.

Lucho por un país situado entre las más pujantes naciones europeas, moderno, innovador, abierto, fuerte en la Unión Europea, con prestigio y respeto internacional, con socios y aliados sólidos, con capacidad de actuar eficazmente en la escena internacional, con vigor para obtener éxitos en los desafíos de la globalización.

Persigo lograr una economía cada día más dinámica y competitiva, capaz de sostener un modelo de bienestar social avanzado. Y me comprometo con un futuro solidario en pensiones, en la sanidad, frente a la enfermedad, la vejez, el desempleo y la pobreza o la marginación social.

Soy bien consciente de que hay muchas cosas por hacer, de que urge absolutamente salir de la crisis económica y social en la que nos encontramos.

La política no lo puede todo; hace falta más sociedad, más empeño colectivo.

Yo confío plenamente en las capacidades de los españoles. España va a volver a funcionar. Se pueden hacer bien las cosas. El futuro ya está aquí, pero, afortunadamente, el futuro aún lo podemos escribir.

Un epílogo que es un comienzo

A lo largo de estas páginas he hablado de lo que considero que son los ejes vertebradores de esa nueva alternativa para España, a la que convoco a todos. Nuestra fuerza —la mía y la de mi partido— es la convicción de que tenemos las personas, los recursos y la experiencia de haber sido capaces de salir adelante en otras situaciones duras. Uniendo, sumando. Es una gran tarea de todos, a la que convoco a todos. Nadie debería sentirse al margen de este gran esfuerzo por sacar adelante a nuestro país. Lo importante es que los objetivos estén claros y sean compartidos.

He escrito sobre por qué la política y el interés por el bien común son necesarios para ver más allá del puro interés particularista. La nación es un gran esfuerzo colectivo, un plebiscito cotidiano, un entusiasmo compartido. Y he propuesto recuperar los consensos, basar nuestra acción colectiva en los acuerdos y en el pacto sobre las grandes cuestiones y las principales políticas. Con flexibilidad, con pragmatismo, sabiendo mirar al futuro con los ojos abiertos, sin partidismos que entorpecen la visión amplia.

Me he referido con frecuencia al Estado de las autonomías, a la diversidad y pluralidad de la sociedad española, de sus regiones y nacionalidades, al autogobierno que nuestra Constitución de 1978 propició como uno de los grandes arcos de bóveda de nuestra arquitectura institucional y que tan beneficioso ha sido para la prosperidad y el desarrollo de los españoles.

De cara a la superación de la crisis y al nuevo modelo de crecimiento más allá de la crisis, la igualdad de derechos, la unidad de mercado y la eficiencia de las Administraciones son principios constitucionales que serán aún más válidos. Si nos encerramos en nuestros intereses más inmediatos, si prescindimos de nuestro pasado común y de un futuro en el que la cohesión es requisito indispensable para recuperar la confianza interna y exterior, no conseguiremos garantizar nuestro bienestar: el bienestar del conjunto y de cada una de sus partes, la prosperidad de todos.

Ese bienestar de los países ya no se mide sólo comparando niveles de renta o de riqueza. Depende también de factores como la fortaleza de las instituciones, el buen funcionamiento de la justicia, la seguridad en el abastecimiento de los recursos energéticos, la superación de desigualdades y discriminaciones, el acceso a la cultura y la excelencia en la educación y la innovación.

Es una tarea que todos debemos compartir. Y a ese gran desafío de sacar adelante nuestro país, cada una de sus regiones y nacionalidades, cada una de sus ciudades y pueblos, es a lo que llamo a todos. No volvamos a caer en el regate corto, en los excesos ideológicos, en las divisiones. Es la hora de confiar en nuestro futuro, el individual y el colectivo.

He escrito sobre propuestas y medidas en un gran abanico de políticas: económica y social, empleo, inmigración, justicia, interior, familia, políticas de igualdad, Europa, política exterior y de seguridad, educación y universidad, empresas y energía, cultura y deporte, salud, juventud y mayores...

Lo he hecho a través del hilo conductor de mi propia biografía y mi carrera política, de los acontecimientos políticos internos de España y la perspectiva de los grandes cambios que han tenido lugar en el mundo en los últimos veinte años. Basándome en las experiencias que durante estos años hemos ido acumulando como nación, y yo personalmente.

Es un relato también sobre la historia del Partido Popular, una de las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país; una historia que revela un esfuerzo perseverante de muchas personas por construir un gran partido integrador, de centro y reformista, en España, lograr que llegara al gobierno y conseguir desde el gobierno una de las etapas de mayor prosperidad y crecimiento de nuestra historia reciente. Pero no se trata ahora de un objetivo partidista, sino de un gran objetivo común.

He utilizado esa experiencia de gobierno y esos logros para mostrar que también ahora la salida de esta situación crítica en la que estamos es posible. Lo hicimos una vez, y lo podemos volver a hacer, con la ayuda y el concurso de todos. Volveremos a crear empleo, volveremos al crecimiento económico, al optimismo y a la buena salud vital del país, a una presencia más coherente y fortalecida en el mundo, a la garantía de nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Estoy convencido de que es posible, de que hay futuro. Tengamos confianza. Pongámonos enseguida unidos a trabajar.

IMÁGENES

En confianza

Mariano Rajoy

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El autor ha cedido la integridad de los beneficios económicos generados por los derechos de autor del libro En confianza a organizaciones de asistencia a las personas más necesitadas en situaciones de pobreza y exclusión social en España y el extranjero

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© Editorial Planeta, S. A., 2011

Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

Primera edición en libro electrónico (epub): octubre de 2011

ISBN 978-84-08-10732-3 (epub)

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