Índice

Portada

Sinopsis

Portadilla

Cita

Prólogo

Introducción

Capítulo 1. Los políticos no son tu espejo

Capítulo 2. El espejismo del votante

Capítulo 3. La casa común: el Estado de derecho

Conclusión. El futuro en nuestras manos... o no

Epílogo. Los gestos de nunca acabar

Bibliografía

Notas

Créditos

Sinopsis

España vive en el imperio de los gestos. La democracia parlamentaria se ha convertido en un teatro y, en los últimos años, el Gobierno español, que ha hecho frente a una gravísima pandemia cuyos verdaderos efectos desconocemos aún, se ha dedicado a la escenificación, a las mentiras y a la normalización del abuso del poder.

Pero, ¿por qué los ciudadanos seguimos atrapados en esta visión espuria y miope, este predominio de los intereses de los partidos por encima de nuestros valores morales y nuestros intereses personales?

Esta pregunta, crucial para la supervivencia de la libertad individual, es la que María Blanco responde en este libro. Y lo hace recorriendo algunas nociones básicas de la vida, desde nuestra identidad política hasta el extraño juego de espejos que son la representación política y la rendición de cuentas, pasando por la influencia del nuevo marketing político, la importancia del liderazgo en la política y la manera en que aceptamos las mentiras de nuestros representantes.

Con su habitual combinación de rebeldía y claridad, María Blanco expone cómo el Estado de derecho es necesario, pero no suficiente para la libertad y defiende un optimismo hayekiano con argumentos que desmontan la idea de que el Estado es la solución a todos los males.

Votasteis gestos, tenéis gestos

Sobre la decadencia de la democracia española

María Blanco González

Decía Richard P. Feynman que todos nos entristecemos cuando pensamos en las maravillosas capacidades del ser humano y contrastamos esas capacidades con los pequeños logros conseguidos. Quiero dedicar este libro a quienes, por pequeño que sea el logro, se mantienen intactos en su honestidad, independencia de criterio y limpieza en el camino elegido, porque les importa cómo llegar tanto como la meta. Son esas personas las que me iluminan, mi verdadera escuela de sabiduría.

Prólogo

Todo poder necesita legitimarse, y lo hace. La peculiaridad de la democracia es la fuerza de su mecanismo legitimador. El Estado democrático no reivindica su poder apelando a Dios, la clase social, la naturaleza, la nación, la historia o la raza, sino a un recurso diferente pero extraordinariamente eficaz a la hora de desactivar la resistencia de la gente frente a las incursiones perpetradas contra sus derechos y libertades. En democracia, el poder le enseña a cada súbdito un espejo y le anuncia: «Yo soy tú».

Las complejidades y contradicciones de este notable proceso político son objeto de la atenta mirada crítica de la profesora María Blanco González en el presente libro.

Se comprende la potencia legitimadora inédita de dicho poder democrático, cuya teorización acometieron desde diversos ángulos la Ilustración más racionalista, el utilitarismo y el positivismo. Compañeros de viaje, cuando no protagonistas, fueron también algunos pensadores liberales, que en su cálida ingenuidad creyeron que ese poder no era sólo abnegado —el pueblo nunca podrá actuar contra sí mismo—, sino que además se iba a contener, merced a los documentos paradigmáticos del liberalismo clásico: las constituciones.

Este bello retrato fue un puro espejismo desde sus primeros trazos hasta hoy. El Antiguo Régimen quedó atrás, pero los nuevos sistemas parlamentarios, representativos, democráticos y constitucionales nunca limitaron el poder político, incumpliendo así la que era y supuestamente debería seguir siendo su función primordial. Con el tiempo, hasta esa pretensión liberal fue olvidada. Las constituciones más recientes, como la española de 1978, pasaron directamente a fomentar la expansión del Estado, y los derechos humanos dejaron de ser la protección de las personas frente a los poderosos para convertirse en derechos «sociales», cuyo cumplimiento exige que las autoridades expandan sin freno el ámbito de su acción, quebrantando necesariamente los derechos individuales.

Esto sucedió hasta el paroxismo más criminal y genocida en las tiranías comunistas —los comunistas siempre han reivindicado ser más demócratas que nadie: recordemos el nombre de la dictadura comunista alemana: República «Democrática».

En el incomparablemente mejor mundo no comunista, llamado libre, de economía de mercado, o capitalismo, los Estados crecieron de una forma que pocos habían anticipado, en una dinámica que habría desconcertado a las mentes más brillantes.

En el siglo XVIII, Adam Smith afirmó que una presión fiscal equivalente a la cuarta parte de la riqueza nacional justificaría la rebelión popular contra el rey. A mediados del siglo XX, cuando Hayek analizó la servidumbre impuesta por los nazis, la ilustró con la cifra del peso del Estado en la economía hitleriana: era la mitad de la renta del país. Lógicamente, concluyó el economista austriaco, eso se producía porque Alemania era una dictadura. Como es bien sabido, muchos países tienen hoy un gasto público equivalente al 40 por ciento del PIB, el 50 por ciento o incluso más, y son impecablemente democráticos.

La doctora María Blanco González, en la estela de los mejores pensadores liberales, se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, y con acierto describe los problemas modernos del Estado redistribuidor, que degrada la justicia en nombre de la equidad o la justicia social. Ese Estado «social y democrático de derecho», por recordar nuevamente nuestra Constitución, se desarrolló hasta desembocar en el «ogro filantrópico» del que habló Octavio Paz, pero que ya habían temido conservadores y liberales desde Burke y Tocqueville en adelante.

La autora señala varias claves de ese proceso, empezando por la distorsión de la noción de derecho, equiparándolo unívocamente con la legislación y asimilándolo ineluctablemente con la justicia. La frase del general Santander, inscrita en el Palacio de Justicia de Bogotá, es un reflejo de estos primeros equívocos: «Colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad». Frase tan bella como inquietante, porque invierte la evolución del derecho y su relación con la libertad de la gente. En efecto, si alguien nos da la libertad, ese alguien también nos la puede quitar. Como advirtió Bastiat con destreza y concisión: no somos libres porque tengamos leyes, sino que tenemos leyes porque somos libres.

Finalmente, se impuso, bajo el nombre de «democracia liberal», la democracia menos liberal, concretada en los sistemas políticos actuales, que, lejos de ser plenamente liberales, son híbridos de sociedad y política, de capitalismo y socialismo, de mercado y Estado, de libertad y coacción.

Se dirá que dichos sistemas híbridos son mejores que el comunismo, lo que es obvio, y que salvaguardan los derechos individuales, lo que no es obvio en absoluto.

María Blanco condensa las tensiones del proceso de degradación democrática en su frase: «Votasteis gestos, tenéis gestos».

Votar. Parece una cruel paradoja que el descarrío de la democracia expuesto en este libro se produzca en unas décadas que han visto crecer la democracia en el mundo como nunca. Sin embargo, ha animado una amplia extensión del poder político y legislativo, a expensas de derechos fundamentales de las personas, desde su propiedad privada y su libertad de contratar con otras personas, hasta numerosos aspectos de su vida cotidiana; no parece haber nada en lo cual el poder no pueda inmiscuirse y recortar nuestros derechos, por nuestro bien. Y así, hemos terminado en un extraño laberinto en el que votamos cada vez más y elegimos cada vez menos.

Pero si votamos, ¿no será que todo esto se ha producido por nuestra culpa? Desde luego, todo no, porque la política tiene una larga tradición de pretender ser transparente cuando cada vez es más oculta: la fiscalidad es un ejemplo patente. Pero aparte de sus trampas y mentiras, que María Blanco analiza, los poderosos no se habrían salido con la suya sin nuestra complicidad. Así que en cierta medida sí somos culpables, porque hemos ido abandonando los principios básicos del liberalismo, que, al revés de lo que suele decirse, tienen que ver siempre con el respeto al prójimo, y no sólo con la defensa de la soberanía individual. Hemos sido, por tanto, responsables de la degradación de la democracia no sólo cuando desistimos de defender nuestra libertad y nuestra propiedad, sino sobre todo cuando desistimos de defender las de los demás: no sólo cuando aceptamos las crecientes incursiones del poder sobre nuestros derechos y libertades, sino cuando protegimos lo nuestro, pero no lo del vecino.

Y al final creemos haber encontrado la salida del laberinto en lo que es un mero señuelo, creado por el poder, pero fomentado por la abdicación generalizada del liberalismo. Nos tragamos el anzuelo de que el problema aquí no es el Estado, sino su debilidad; pagamos cada vez más impuestos, pero nos insisten en que la austeridad y el neoliberalismo han acabado con lo público. El paso siguiente es creer que la política realmente resuelve problemas sin crearlos, con lo que recurrimos a ella nuevamente. Como decía Ortega: pedimos el retorno de lo que fue la causa del trastorno.

A pesar de todo, no concluye este libro negando toda salida del laberinto, porque «el pesimismo en exceso paraliza». Así como tenemos gestos porque votamos por ellos, no es descartable que votemos y tengamos otra cosa. Sin embargo, y lo verá el lector en las páginas que siguen, el quid son los ideas, principios y valores que desembocan en nuestras opciones políticas, y no al revés.

La profesora María Blanco suele abstenerse de votar. Este libro prueba que no se abstiene de pensar.

CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN
Economista y catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid

Introducción

En su magnífica novela Conversaciones en la catedral, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, nos presentaba a Santiago Zavala, quien, al salir del periódico La Crónica, mientras observaba la vida de las calles limeñas, se preguntaba en qué momento «se había jodido» Perú. El pesimismo que trasmite la novela respecto al futuro político del país natal del autor es parecido al que me ha impulsado a escribir este libro.

El 15 de marzo de 2020, apenas unos días después de ser confinada España, publiqué en mi cuenta de Twitter la frase que titula este libro: «Votasteis gestos, tenéis gestos». Una semana antes, había tenido lugar la manifestación por el Día de la Mujer Trabajadora, en contra de las recomendaciones de la Unión Europea, que reunió a decenas de miles de mujeres en toda España. A la marcha se unieron dirigentes de los partidos políticos de toda la izquierda, pero también del Partido Popular y de Ciudadanos, que tuvieron que abandonar la manifestación escoltados por la policía. Como era de esperar, Vox no acudió a la convocatoria, pero sí congregó a unas nueve mil personas en el Palacio Vistalegre de Madrid, como contraprogramación.

Una semana después, mi afirmación, aunque basada en mi tradicional visión escéptica y desconfiada de la política, por desgracia, fue premonitoria. Porque, a partir de ahí, los ciudadanos hemos asistido a un espectáculo deplorable en el que la mentira, el gesto vacío y el abuso de autoridad han sido la norma. Los hay graves, muy graves y sangrantes. Me permito entresacar algunos.

A finales de febrero de 2020, Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, aseguró en rueda de prensa que no era necesario que la población usara mascarillas. El 13 de mayo, de nuevo en rueda de prensa, afirmó que la mascarilla era un elemento de prevención muy importante para toda la población. Doce días después, reconoció que sus declaraciones de febrero y marzo se debían a que «en una situación de escasez de mercado de mascarillas importante, quisimos ser prudentes respecto a recomendaciones que no pudiéramos cumplir». A finales de mayo, los fallecidos por la COVID-19 reconocidos por el Ministerio de Sanidad rondaban los veintiocho mil. Las consecuencias de esa mentira descarada por parte del especialista que, aún hoy, tiene el mandato de gestionar emergencias por enfermedades infecciosas de la nación fueron nulas. No pasó nada.

Pero en junio del mismo año, volvió a sorprender con unas declaraciones incendiarias dirigidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, quien distribuía mascarillas FFP2, afirmando que su grado de protección era excesivo y que eran «mascarillas egoístas». Las mascarillas FFP2 son las recomendables para un virus que se transmite por aerosoles, como es el caso. Pero Simón siguió en su puesto recibiendo felicitaciones y lisonjas por parte de los afines al régimen.

Lo que nos enseña este hecho es extrapolable a gran parte de las actuaciones del Gobierno durante este año y pico. Por un lado, la imagen del Gobierno ha sido el objetivo prioritario por encima de la salud de los ciudadanos. Por el otro, Simón ha mentido porque podía. Sabía que estaba respaldado y que tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro Salvador Illa, que eran quienes podían haber tomado medidas contra sus negligentes declaraciones, no lo iban a hacer en ningún caso.

Sánchez también mintió en varias ocasiones. Por ejemplo, el 13 de marzo afirmó que no descartaba que España llegara a 10.000 afectados y dos días después ya sumaban 11.178. Aseguró que España era el quinto país por número de test realizados cuando era mentira. Aludió a un falso informe de una universidad estadounidense en plena sede parlamentaria y nunca reconoció su mentira, ni si quiera disfrazándolo de error, cuando la prensa publicó el informe real.

Estábamos preparados para una invasión zombi, pero no para una pandemia

Un ejemplo de la situación extrema a la que nos ha conducido el imperio de los gestos es el extraño intercambio de preguntas y respuestas que tuvo lugar en febrero de 2017 entre el senador de Compromís designado por las Cortes Valencianas, Carles Mulet, y el Gobierno de Mariano Rajoy, acerca de los planes del Gobierno en el caso de que hubiera un apocalipsis zombi.1 En concreto, la pregunta rezaba: «¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?».

A esa pregunta le precedía un texto extenso en el que Mulet se quejaba de «cómo la función de control parlamentario al Gobierno se ve constantemente impedida por parte del Ejecutivo, cuando estamos viendo cómo buena parte de las respuestas del Gobierno, preguntas parlamentarias desde el Senado para contestación escrita, no aportan ningún tipo de información». Y señalaba que el Gobierno se había «ventilado» más de quinientas preguntas con una respuesta genérica, en cuestiones sobre el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, sobre inversiones en los municipios valencianos, simplemente remitiendo a la legislación ya conocida. Y concluía: «A preguntas serias, se contestan muchas veces respuestas que no aportan nada (cumplen, por lo tanto, con su obligación formal, pero no respetan el control parlamentario efectivo). Por ello se pregunta, para ver si se trata de un problema de comprensión, atención o de interés en la temática. ¿Se trata de un problema de comprensión, atención o de interés en la temática?». Y en ese punto preguntaban por la posibilidad de un apocalipsis zombi.

El Gobierno, agarrando el rábano por las hojas, con sorna y retranca, se centró en responder a lo más extravagante, acudiendo a la definición de zombi y planteándose un posible protocolo. El senador tampoco soltó el hueso y siguió el toma y daca. Finalmente, en junio de ese año, después de que el Gobierno se remitiera al Protocolo de Protección ante Emergencia y Catástrofes del Gobierno de España, Mulet solicitó amparo de la Presidencia del Senado porque «el Gobierno no contesta a la pregunta».

Más allá de lo anecdótico, este hecho muestra la normalización del uso de las instituciones por parte de los parlamentarios con fines partidistas, desvirtuando su función de control tan necesaria para la protección de los ciudadanos. Lo de menos es que se tratara de Compromís y del Partido Popular. Hay miles de ejemplos mucho más sangrantes de cómo nuestros gobernantes juegan a eludir el sano, necesario y democrático control parlamentario. Y también de cómo nuestros parlamentarios, presuntamente en representación de los ciudadanos, hacen un mal uso de ese control y lo emplean como ariete para derrocar a un Ejecutivo que no te conviene porque no te va a asegurar tu puesto y tu poder, o para ganar puntos ante el líder de la oposición, o en tu feudo autonómico.

Carles Mulet se aficionó a presentar preguntas originales al Senado, animado por quienes aplaudían lo que para muchos es habilidad política y que a mí me produce sonrojo. Porque fue el mismo senador quien, cuando tuvo lugar el referéndum ilegal del 1 de octubre, redactó una batería de preguntas referidas al despliegue de la Guardia Civil. El Gobierno de la nación había dispuesto para su alojamiento un número de barcos que estaban decorados con personajes de Looney Tunes. Una extraña decisión que, como es lógico, nunca se pudo explicar en detalle, por ser información reservada. Las preguntas de Mulet, en un momento en el que la democracia se veía seriamente cuestionada, fueron las siguientes:

«Después del impactante caso del barco de Piolín, ¿ha valorado el Gobierno usar este barco para recuperar la isla de Perejil en manos de los infieles?».

«¿Le han comunicado los policías al Gobierno si han visto un lindo gatito por sus pasillos?».

«¿Han pedido permiso para usar su imagen a Piolín, el Pato Lucas o el Coyote?».

«Atendiendo a que la Administración central ha procedido a tapar con lonas los dibujos que decoran el barco, ¿qué piensa el Pato Lucas de que se le tape la cara?».

Mulet era un profesional del teatro parlamentario. En su vida anterior, había sido auxiliar administrativo de un ayuntamiento, al cargo de la atención telefónica del servicio 010 en temas de plusvalías y vivienda. De ahí, pasó a ganar unos cinco mil euros al mes y se hizo famoso por sus «divertidas» preguntas, y por ser el primer parlamentario en expresarse en el Parlamento en leonés, a pesar de ser valenciano. Todo un políglota. Esto son gestos. Pero no olvidemos la contraparte: también fueron gestos los retorcidos esfuerzos del Gobierno de Rajoy por no contestar.

Pero la estela de Mulet tiene una sucesora: Macarena Olona. Si en nueve meses (270 días) el senador valenciano presentó más de cuatro mil seiscientas preguntas al Gobierno, Olona, en 337 días lectivos ha presentado 81.191 preguntas. Eso sí, con truco. Por ejemplo, preguntando por la situación de los cuarteles de la Guardia Civil de cada uno de los municipios de Murcia, Córdoba o Almería, o preguntando una a una por las donaciones2 COVID a Moldavia, Micronesia, Malaui, etc. O preguntando sobre el número de militares infectados por la COVID-19 en cada uno de los cientos de destacamentos que componen nuestro ejército, uno por uno. Unos lo llaman «duro trabajo». Yo lo llamo gestos. El trabajo parlamentario no se mide al peso, y no es muy limpia la estrategia de buscar la cifra del número de preguntas para decir a tus votantes: «Somos los que más preguntamos y no nos hacen caso». Es un uso partidista de las instituciones democráticas, algo que todos hacen. Por supuesto que es legítimo, que está permitido formular las preguntas que uno considere. Pero no todo lo que no está prohibido es moral o responde a una ética intachable.

La larga senda de los gestos

La senda de los gestos se remonta muy atrás. Ya en el año 2016, cuando España vivió diez meses en un limbo político por los problemas generados por las luchas de poder de los partidos, los españoles pudimos comprobar cuáles son las motivaciones reales de cada uno de nuestros representantes. La economía crecía un 0,7 por ciento, el desempleo descendía por debajo del 20 por ciento después de la escalada ocasionada por la crisis de 2007, y los ciudadanos contemplábamos el panorama por televisión, como si no fuera con nosotros, como si no estuvieran todos ellos a nuestro servicio, como si no fuéramos nosotros quienes financiábamos todo ese circo irresponsable con nuestro trabajo. Mientras tanto, la confianza empresarial se deterioraba, la credibilidad de la democracia se desmoronaba y entrábamos de lleno en la era de los gestos, cuya senda ya habíamos empezado a recorrer. Pero parece que no aprendimos.

En el año 2019 vivimos una situación similar, aunque de menor duración. Sin embargo, el deterioro de la democracia fue mucho más acelerado.

Todo comenzó en junio del año 2018, cuando Pedro Sánchez logró el acuerdo del PSOE, PNV, Podemos, ERC y PDeCAT para destronar a Mariano Rajoy, que había quedado tocado tras la sentencia del caso Gürtel.3 Y de esta manera, con solamente 84 diputados de un total de 350, Pedro Sánchez hizo realidad su sueño de presidir España, aunque fuera por la puerta de atrás, como presidente en funciones.

En diciembre de ese mismo año, las elecciones andaluzas encumbraron a un partido nuevo por el que nadie daba un duro: Vox. Todas las alarmas se desataron. Los chicos extremistas a los que se les habían negado minutos en los medios habían hecho su trabajo y estaban en la cresta de la ola.

Dos meses después, en febrero de 2019, ERC retiró su apoyo a Sánchez y rechazó los presupuestos socialistas. Forzado por este órdago, Sánchez convocó elecciones para finales de abril. En mayo, por si el ajetreo político fuera poco, tuvieron lugar otras elecciones: las autonómicas, locales y europeas. El cansancio del votante era ya manifiesto.

Pero Sánchez no logró ser investido presidente. Podemos le estaba echando todos los órdagos para ocupar puestos estratégicos en un Gobierno de coalición. Órdagos y ultimátums que Sánchez no se creyó. Así que hubo que repetir las elecciones en noviembre de 2019. Tras varios tira y afloja con sus socios, y solamente por dos votos de diferencia, en enero de 2020, Sánchez logró ser investido presidente y conformó un Gobierno de coalición, en el que Pablo Iglesias ocupaba el puesto de vicepresidente. Ganó Pablo.

Mientras tanto, la economía no terminaba de recuperarse y nuestros amigos europeos se preguntaban por las razones. Es muy difícil manejar la barca económica si el mar político está revuelto. Pero nuestros políticos, alejados de la realidad, seguían a lo suyo, pendientes del reparto de carteras, de contar cuántas mujeres hay en el Gobierno y de afianzar la coalición, pactando con partidos políticos que cuentan con terroristas entre sus filas.

En medio del baile electoral, tenían lugar el referéndum ilegal en Cataluña, el juicio por el procés, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, y quedaba cuestionada la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Los casos de Pujol, la tremenda sentencia de los ERE fraudulentos en Andalucía, con dos presidentes autonómicos condenados, la Gürtel, Púnica, son algunos de los casos de corrupción que ocuparon los medios y las redes sociales, lo que empeoró aún más la imagen de los políticos entre la ciudadanía. Visto a posteriori es comprensible que los españoles nos quedáramos bloqueados ante el bombardeo de noticias, anuncios y mensajes que ocultaban la decadencia de nuestra democracia.

El día de su investidura, Sánchez anunció en sus redes sociales: «Hoy nace un tiempo de moderación, progreso y esperanza». De tres, no dio ni una: polarización, estancamiento y frustración.

Dos meses después celebró el Día de la Mujer, desoyendo y negando las recomendaciones internacionales, y a los pocos días, confinó España.

A finales de marzo del 2020, en una conversación privada con varios políticos de diferentes partidos, expresé mi alarma porque ya se veía que quienes estaban mintiendo, cometiendo barbaridades y siendo negligentes hasta rozar el delito se podrían ir de rositas. En todos los casos se me dijo que los diferentes equipos jurídicos de las distintas formaciones estaban tomando nota y que se haría algo, pero «ahora no». El resultado fue la normalización del abuso obsceno del poder. Ningún partido se salva de esta plaga que es la política de gestos.

Un mes después, a principios de abril, la preocupación y la impotencia nos llevó a Juanma López Zafra, Daniel Lacalle y a mí a redactar el Manifiesto por la libertad, en defensa de un Estado libre y de derecho.4 La justificación de la iniciativa quedaba explicada en el subtítulo: «La defensa de un Estado libre y de derecho es especialmente importante para evitar que la situación tan excepcional en que nos encontramos sirva de excusa para los enemigos de la democracia en libertad». En este manifiesto, firmado por unas tres mil personas en diez días, expresamos nuestra preocupación acerca de la pérdida gratuita de libertades: «La excepcional situación actual, sin entrar en los factores que pudieron acelerar la propagación del virus SARS-CoV-2, no puede ser, en ningún caso, aprovechada para reducir las libertades de las que gozamos e imponer un lastre definitivo a la recuperación. España no puede sumarse a la lista de países que el exceso de intervención pública ha destrozado».

Reclamábamos al Gobierno, a los técnicos y a quien fuera menester, hacer lo posible para que la factura económica no lastrara para siempre el futuro de nuestros hijos: «Que hagan el esfuerzo de reducir al máximo el gasto espurio para poder dedicar el excedente a la recuperación del tejido social y empresarial. Se trata de dedicar el presupuesto a la recuperación, para proteger a los trabajadores y autónomos, y no incurrir en errores que lastrarán nuestra economía y frenarán el progreso de nuestra sociedad durante generaciones».

Tal vez sorprenda esta exigencia económica de reducir el gasto espurio cuando la alerta era por una pandemia y estaba afectando severamente a nuestro país. Obviamente, como es lógico y comprensible, iba a haber más gastos en sanidad y en ayudas. Pero ¿qué Gobierno iba a atreverse a gastar el dinero de los ciudadanos irresponsablemente? Sin embargo, la reclamación estaba fundada en los hechos. Hay que recordar que días antes de nuestro ruego el Consejo de Ministros había aprobado una subvención directa de quince millones de euros a las principales televisiones privadas. Entre ellas destacaban Mediaset y Atresmedia, que son, sin duda, los medios de comunicación más rentables en España. También se beneficiaban Vocento, Unidad Editorial, el Grupo Secuoya, DKiss, Real Madrid TV y 13TV. La razón que ofrecía el Ejecutivo era que los servicios audiovisuales «juegan una trascendente doble función como servicios esenciales, que se ha visto reforzada en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19». Apenas llamó la atención. Excepto para Carles Puigdemont, que preguntó a la Comisión Europea si esa subvención no atentaba contra la libre competencia. En su respuesta, la comisión informó de que el Gobierno había retirado la subvención. Sin embargo, después del verano, el Gobierno concedió diez millones de euros de subvención,5 de los cuales tres fueron a parar a Mediaset, dos a Atresmedia y los otros cinco se repartieron entre televisiones autonómicas y otros canales más pequeños.

Las autoridades, incluso en esos momentos tan críticos, jugaban al juego de la confusión, las informaciones cruzadas, la manipulación y, especialmente, la politización.

El Gobierno más débil de la historia de la democracia, en el momento de menor credibilidad de las instituciones, con un entorno económico en el que no terminábamos de arrancar, se hizo cargo de una situación de emergencia tan grave como una pandemia.

He ahí el resorte que me empujó a, casi sin mirar, como si pensara en alto, escribir ese tuit. Pero este libro no trata de exponer una retahíla de quejas y reproches. Toda esta situación me ha llevado a plantearme por qué los ciudadanos, los medios, los propios políticos nos mantenemos atrapados en esta visión espuria y miope, este predominio de los intereses de los partidos políticos, por encima de nuestros valores morales y de nuestros propios intereses personales.

He comenzado, en una primera parte, preguntándome qué es la identidad política, si es algo que nos hemos inventado o existe como una parte real de nuestra propia identidad personal.

A continuación, he tratado de comprender el fenómeno de la representación política y cómo funciona este extraño juego de espejos. Cierra esta sección una reflexión acerca de la rendición de cuentas de los políticos como elemento fundamental del juego político que tenemos muy desatendido.

En la segunda parte, me he planteado qué nos lleva a votar lo que votamos, la influencia del nuevo marketing político, la importancia del liderazgo político, y me he planteado por qué aceptamos mentiras de nuestros representantes.

Finalmente, presento el Estado de derecho como la institución necesaria, pero no suficiente, para encauzar nuestra democracia por el buen camino. O, al menos, por un camino mejor que el actual. No es una propuesta ingenua, y por eso incorporo las críticas a la defensa del Estado de derecho como si fuera la solución universal a todos los males.

En la conclusión, expongo mi visión de la sociedad y defiendo un optimismo hayekiano, basado en la doble cara de la complejidad, que nos limita pero también nos salva de nosotros mismos.

Capítulo 1

Los políticos no son tu espejo

Descubrimos [...] que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres.

JORGE LUIS BORGES

La identidad es un recurso que nos ofrece nuestra propia naturaleza humana y que tiene su función. Nos ayuda a relacionarnos, a gestionar nuestra vida en medio de un entorno, pero manteniendo la autonomía. Aparte de los imperativos que nos vienen dados al nacer, como la familia a la que pertenecemos, el país en el que nacemos, etc., normalmente todos generamos una identidad al adoptar roles y actitudes, al manifestar opiniones y al defender unas creencias frente a otras. Al nacer, los niños se identifican con la madre, dentro de cuyo cuerpo han esperado nueve meses. Los adolescentes «matan» la imagen de los padres, de la autoridad, y se identifican con su grupo de amigos. ¿Y los adultos? Nos identificamos con muchas más cosas. Entramos en una habitación llena de espejos, que nos devuelven nuestra imagen a través del padre de nuestra infancia, de la profesora que nos hizo tanto bien, de la amiga que te traicionó, del complejo de la adolescencia, del jefe demasiado exigente. Y en esa habitación hay un espejo especial, en el que alguien te mira a los ojos y te dice: «Dámelo todo, porque yo soy tú»1. Es el político.

1. Cada uno es cada cual

En general, todos nos sentimos más «de casa» cuando vamos a otro sitio donde las costumbres no son las mismas o donde la marca de las magdalenas no es la de siempre. Echamos de menos lo nuestro. Estamos hechos para desarrollar rutinas que nos aportan ese sentido de pertenencia, bien a un lugar, bien a un grupo. ¿Eres nocturna como un búho o matutina como una alondra? ¿Hasta el segundo café no eres persona o te levantas con la energía al ciento por ciento? ¿Eres de Cola-Cao o de Nesquick? ¿Concebollista o sincebollista?2

De esta manera, nos situamos frente al prójimo, compartiendo o no los mismos valores, el mismo modo de vida o la misma idea de lo que debe ser. Y esto es importante, no solamente por lo que implica para nuestra conciencia de nosotros mismos, sino para identificar al oponente o al enemigo, sea en el ámbito que sea.

Desde el origen del hombre, ponerle cara o nombre al aliado y al rival es el punto de partida para colaborar con el primero y combatir al segundo, sea física o intelectualmente. Ésa es la razón por la que resulta tan frustrante combatir temas que nos importan de verdad, como «el hambre», que es un sustantivo genérico que señala una preocupación común grave. Eso lleva a que la percepción del oyente interprete «el hambre» como un tema que nunca se va a resolver (aunque claramente se avanza en su solución) y le cuesta imaginar qué puede hacer ante un mal que se le presenta como algo indeterminado. Esto explica que las campañas que tratan de erradicarla procuren concretar lo más posible. Ya no luchamos contra «el hambre», sino contra la falta de agua, o de leche y cereales, en este poblado y debido a esta razón. Y se ofrecen soluciones como enviar determinados productos, vacunas contra un mal específico, construir un pozo o financiar la manutención de un animal que provea de leche a la familia. Hace dos años, por mi cumpleaños, apoyé una campaña de crowdfunding de Send a Cow en Facebook que consistía en recaudar dinero para comprar una vaca a una familia en un poblado rural de África. Esta organización presta ayuda de esta manera tan peculiar, desde 1988, en Burundi, Etiopía, Ruanda, Uganda y Zambia. Eso es mucho más concreto que «luchar contra el hambre» y nos llega mucho más porque elimina esa sensación de estar abarcando un infinito en el cuenco de la mano. Tanto si de verdad compran la vaca para la familia como si no, la campaña es mucho más eficaz. También son muy conocidas las campañas de la Fundación Vicente Ferrer, que ofrecen el apadrinamiento de niñas. Con tu aportación, una familia puede seguir llevando a los hijos a la escuela sin verse obligada a casar a la niña de doce años con un señor mayor, como es costumbre. Además de escribir a las ahijadas, saber cómo van en sus estudios y qué quieren hacer cuando sean mayores, hay viajes organizados para que conozcas la zona y puedas visitar a esa familia. Desde Madrid es fácil poner en duda si ese dinero mensual se destina exactamente o no a esa niña, cuya foto tienes y con la que te escribes, pero el hecho de que te animen a ir a verla da confianza. No es luchar contra el hambre y el matrimonio infantil en general. Es algo tangible, identificable.

Cada persona puede tener varias identidades en función del ámbito que se trate: yo soy economista, profesora, madre, hija, meditadora, amante de los idiomas, el rock, la ópera y el flamenco, partidaria de la tortilla con cebolla y enemiga de la pizza con piña. Y me crie con los grumos del Cola-Cao, a diferencia de mis primas, que eran de Nesquick.

Algunas de estas características solamente conforman los recuerdos de mi infancia, pero otras pueden tener implicaciones respecto a mi identidad, también en el ámbito político. Si hubiera nacido en otro país, por ejemplo, Corea del Norte, y en otra época, como la Edad Media, posiblemente mi identidad política no sería la misma. Probablemente no habría sobrevivido. Por otro lado, la identidad no es un concepto estanco que se adquiere y punto, o que te toca al nacer. Yo ya no tomo Cola-Cao, sino café. A medida que maduramos como personas, nuestra identidad evoluciona. No solamente eso, la misma persona puede percibir su identidad de manera diferente en función de otros factores. Una persona que estudia su doctorado fuera me cuenta que no se siente especialmente española cuando está en su país, pero sí cuando está en la universidad extranjera: «Me siento española y, en sentido más genérico, hispana, porque en el departamento solamente los hispanos saludamos». La experiencia te enseña que la vida tiene matices y que, a menudo, son lo que marca la diferencia entre el bien y el mal. Eso sucede también en el entorno político.

A pesar de que la identidad, en sentido general, y en el ámbito político en particular, define una manera concreta de contemplar el mundo que nos rodea y de interpretar la realidad, no es posible predecir comportamientos a partir de ella. Por fortuna, la libertad humana trae consigo que, a pesar de tener una identidad política definida, nuestro comportamiento no sea previsible. Dos personas con las mismas ideas, de derechas o de izquierdas, pueden tomar decisiones muy distintas. Y a pesar de haber nacido con una identidad geográfica o sexual concretas, con el tiempo incluso podemos definirnos de otra manera también en esos ámbitos.

El cambio en la identidad sexual es menos habitual, pero siempre ha existido quien, con la maduración sexual, se ha sentido incómodo con su sexo, a pesar de que, por prejuicio, lo ha mantenido oculto. También hay que señalar que las cuestiones de identidad de género no son un invento occidental. Por ejemplo, en Tailandia y la India existen la comunidad de los kothis y la de los hijras.3

En el caso del lugar de nacimiento, depende de muchas circunstancias externas, como la emigración, por ejemplo. Yo me siento muy del sur sin haber nacido en Andalucía y tras pasar la mayor parte de mi vida en Madrid. Sin embargo, los recuerdos, las emociones, los vínculos que tengo con el sur, no solamente con Jaén, de donde es parte de mi familia, sino con Sevilla o con Málaga, superan el cómputo de años y marcan quién soy. Mauricio Rojas, escritor chileno, catedrático de Historia Económica en la Universidad de Lund en Suecia, parlamentario en Suecia, residente durante mucho tiempo en España, es un ejemplo de cómo el lugar de nacimiento te marca pero no te determina. Por tanto, aun siendo un tema tan relevante en la configuración de quién eres, la identidad es una cuestión algo escurridiza.

El filósofo y teórico cultural Anthony Appiah, mitad británico y mitad ghanés, que ha crecido en un ambiente de identidades mixtas, relata la perplejidad de los taxistas que no esperan un inglés tan perfecto de alguien con su color de piel.

Él sostiene que la identidad, a veces, te proporciona una razón para actuar: «Como soy mujer, debo hacer esto y no lo otro», lo que confiere significación normativa a la identidad. Y, a la vez, tu identidad como miembro de un grupo también ofrece razones a los demás para actuar de una determinada forma respecto a ti: «Como te identificas con este grupo, debo tratarte de esta manera». Un ejemplo es el sistema de castas que determina cómo te van a tratar dependiendo de si eres un brahmán o un paria.

Appiah considera que la identidad social no depende tanto de cómo o con qué nos identificamos individualmente, sino que es el proceso por el cual el individuo es clasificado por otros como perteneciente a un grupo en función de categorías culturalmente prescritas. Es decir, la identidad social es una construcción cultural que, a menudo, no tiene mucho que ver con la propia autoimagen. Quienes hemos padecido que nos clasifiquen en el mismo día como fachas y como marxistas culturales lo entendemos a la perfección.

La identidad política surge cuando miramos la realidad de nuestro microuniverso y opinamos, nos posicionamos o interpretamos una decisión o un fenómeno políticos de una manera u otra. Estás a favor de esta medida, en contra, te resulta indiferente, quieres participar en esas decisiones, prefieres ser observador, creador de opinión, activista o tal vez no quieres ser nada. No hay que olvidar que taparse los ojos también es un acto político. El reparto del poder en el ámbito de la comunidad, sea la nación, la región, la ciudad o el pueblo, o sea en el ámbito internacional, nos afecta más cuanto más pequeña es esa comunidad y, por tanto, las consecuencias te salpican de manera más directa.

Por supuesto, el primer escenario es la familia. Más adelante, el colegio. Cuando eres pequeña, la elección de la delegada de curso o la designación de quién apunta a las charlatanas en la pizarra cuando la profesora sale del aula un momento es mucho más importante que si suben los impuestos. Que el presidente de la comunidad de vecinos sea un desastre o que sea una persona organizada es importante para quienes viven en el edificio. La recogida de basuras afecta a cada vecino del municipio directamente. Y es más probable que todos tengamos una opinión acerca de su gestión, o de si el alcalde te parece un memo o un tipo estupendo, que sobre la paz en Oriente Medio. Y así, a medida que nos elevamos en la escala geográfica y aumenta el tamaño del grupo que hay que gobernar, el individuo se ve más distanciado de las decisiones políticas. Es lo normal. Hay que hacer un esfuerzo de búsqueda de información para estar enterado de qué decide o no la Comisión Europea, por ejemplo, y vivimos en una sociedad en la que salir adelante ya requiere mucho tiempo y esfuerzo como para invertirlo en buscar esos datos. En otros tiempos, o en zonas en las que las circunstancias son más adversas, esta información no estaba tan disponible ni la preocupación por los temas políticos era tan generalizada. Te centras en las pequeñas cosas. Pero, en nuestra sociedad del primer mundo en el siglo XXI, tenemos exceso de información y escasez de tiempo.

Cuando se trata de países que no son el tuyo, es más complejo mantener la atención y decidirte por una opción u otra. Especialmente si las consecuencias de las diferentes decisiones por parte de políticos extranjeros en tu comunidad no están muy claras. La guerra arancelaria entre China y Estados Unidos suele despertar más interés en la gente de la calle cuando le pones el coste para su economía particular delante de los ojos. Cuando, en la primera década de nuestro siglo, China se reveló como la propietaria del depósito más importante de las llamadas «tierras raras», nadie se alteró. Hoy, cuando la salida de Trump de la presidencia estadounidense no ha relajado las tensiones de la guerra arancelaria, nos pone muy nerviosos el dominio chino sobre las «tierras raras». La aceleración del desarrollo de nuevas tecnologías en las industrias que generan más valor añadido en el mundo, como la aeroespacial, la armamentística, la lucha contra el cáncer, los smartphones, etc., son responsables de este cambio en nuestras prioridades. Resulta que esas «tierras raras» contienen elementos químicos difíciles de aislar y procesar, elementos que son extraordinariamente importantes en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. De manera que cuando Xi Jinping decidió multiplicar los aranceles a la soja estadounidense, los españoles no nos enteramos mucho. Pero lo de las tierras raras nos explota en la cara, mucho más ahora que el teletrabajo se ha impuesto y que parece inevitable la digitalización de nuestras economías.

Por supuesto, la cuestión de la identidad política ha sido tema de reflexión en la obra de muchos filósofos. No hay una única visión de la identidad política en la historia del pensamiento. Hayek, por ejemplo, explicó por qué no era conservador. Rousseau situó la voluntad de la mayoría por encima de la voluntad individual, de manera que, si tu decisión va en contra de la de todos, el equivocado siempre eres tú. Ayn Rand y quienes defienden el individualismo creen, por el contrario, que el sujeto primigenio es la persona, también en política, y su identidad no debe ser absorbida y neutralizada por ningún colectivo.

Tal vez no es éste el lugar para analizar las diferentes perspectivas en la historia del pensamiento político y económico. No obstante, me voy a detener en la visión marxista, tanto por el peligro que representa como por la transformación que ha experimentado en estos años.

Marx propone una identidad rígida basada en el conflicto: la lucha de clases. Además de por su rigidez, la teoría marxista de la identidad es muy incorrecta porque prescribe comportamientos homogéneos de los agentes enfrentados: los empresarios capitalistas siempre miran el beneficio a corto plazo y explotan al proletario; el pobre trabajador, ignorante de su condición de esclavista de su propia familia, siempre explotado y alienado por el terrible empresario capitalista. Es un dibujo de la realidad absolutamente maniqueo y manipulador, porque atribuye un valor moral positivo o negativo al agente, dependiendo de si acepta su teoría o no. Si eres propietario, eres un explotador; si eres comunista, eres bueno. Identificarse como marxista implica, por tanto, un juicio moral previo hacia quien no piensa como tú y no acepta la lucha, la misión. Por eso precisamente es tan atractivo el marxismo, porque, una vez embarcado en esa identidad, no tienes que plantearte muchas más cosas. Es como una religión poco sofisticada.

Defender la dialéctica marxista en el debate intelectual, incluso por anticomunistas, supone eliminar los matices del debate. Rothbard discute el alcance de las ideas libertarias y propone un «populismo» libertario, con precauciones, pero rechaza completamente la dialéctica. Para Rothbard, es prioritario «contagiar» a cuanta más gente mejor y llegar a la misma base de la sociedad. Sin embargo, después de observar a dónde está llevando el populismo de derechas al movimiento conservador, creo que es preferible ser menos populares con tal de no ser populistas. Y, desde luego, abandonar la dialéctica como arma, incluso si el binomio se establece entre los que se llaman libertarios frente a los demás. La polarización y la crispación consustanciales a la dialéctica aniquilan toda posibilidad de diálogo y, desde luego, todo atisbo de convencer de manera sólida a los demás. Este hecho es revelador, especialmente porque los conservadores han mostrado siempre una capacidad para conversar y para debatir civilizadamente digna de elogio. Es una pena que se pierda.

Este fenómeno explica, por ejemplo, que los nuevos paleoconservadores, tan populares en las redes, solamente propongan debates con libertarios acerca de temas en los que hay frontal oposición, y apenas sobre nada más. De esta manera, se aseguran el señalamiento, el rechazo y la definición bipolar entre «ellos/nosotros». Sucede lo mismo entre las diferentes facciones más radicales de la izquierda sumergidas en esta nociva dialéctica marxista.

Pero hay un aspecto del planteamiento marxista de la identidad política que la realidad ha refutado. Si el empresario rico es malo y el obrero es bueno, ¿qué sucede con los proletarios de derechas o con los empresarios comunistas?

Fue muy sonado el caso del «obrero de Vox», Ismael, quien, cuando en abril de 2019, poco antes de las elecciones, fue abordado por las cámaras de Antena 3 mientras transportaba una lámina de acero sobre el hombro, afirmó que iba a votar a Vox. Posteriormente, declaró que en su polígono industrial estaban hartos del bipartidismo y de que todo siguiera igual: «¿Por qué los obreros no podemos ser de derechas cuando ni el partido del obrero ni los sindicatos nos han defendido en ningún momento?». Nada que objetar. Si Franco estuviera vivo habría explicado al programa Espejo público que le entrevistó las maravillas del nacionalsindicalismo. A los partidos y sindicatos de izquierdas les cuesta reconocerlo, pero Franco creó los pisos de protección oficial, modernizó y promovió la Seguridad Social4 y una de sus obsesiones era, precisamente, la protección del obrero y el acceso universal a la universidad. De hecho, es el responsable de la masificación de las universidades españolas. En este sentido, la influencia de Ramiro Ledesma, fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, más conocidas por su acrónimo, las JONS, fue determinante. Y entiendo lo que esto puede escocer a la «conciencia proletaria» de la izquierda del siglo XXI. La realidad es así de tozuda.

En el otro lado de la paradoja marxista, tenemos luchadores por la dictadura del proletariado que viven a costa del proletariado. Marx murió pobre como las ratas. Que se lo pregunten a su amigo, coautor y empresario alemán, Engels, que le ayudó financieramente toda la vida. Sus sucesores, en la URSS y en el resto del mundo, han creado una élite que vive en la abundancia, mientras el pueblo se mantiene, cuando no en la miseria, en una austeridad absoluta. En España también se dan todo tipo de desmanes. El mismo Pablo Iglesias, desde que salió de Vallecas, se permite todo tipo de lujos burgueses, muy alejados de los ideales antisistema que pocos años atrás defendía con ardor proletario.

Pero, más allá de estas incongruencias, el pensamiento marxista ha invadido parte de la filosofía de la identidad política, personificado en autores como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Su razonamiento dialéctico en este terreno los lleva a bombardear la esencia misma de la democracia. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, afirmando que la política en la democracia debe aceptar el conflicto y la división como fenómenos inevitables. No hay reconciliación ni armonía posibles. ¿Por qué? No por los rozamientos normales que pueden darse en cualquier sociedad heterogénea, sino porque para ellos hay una dualidad intrínseca que divide en dos a la sociedad: la tesis y la antítesis, el conflicto recurrente entre proletarios y capitalistas, que ahora ha transformado a los protagonistas en industrialistas frente a ecologistas, hombres frente a mujeres, indigenistas frente a cosmopolitas. Este enfrentamiento se observa en nuestros días en el seno del mismo feminismo de izquierdas, respecto a qué hacer con las mujeres trans o si defender a los hombres homosexuales de las acusaciones de ser potenciales violentos o no.

La dialéctica no soluciona el conflicto, lo perpetúa. Desde mi punto de vista, no se trata de negar las discrepancias, sino de abrir el abanico de alternativas y darse cuenta de que, entre una pluralidad de opciones (sean feministas, ecologistas, etc.), cada cual elige la que se acomoda a sus ideales. Se trata de la supervivencia de los valores que hacen progresar a la civilización, adoptados por la sociedad sin coacción ni violencia, sino apoyándose en instituciones legítimas.

La «guerra cultural» que denuncian políticos como Cayetana Álvarez de Toledo consiste, justamente, en la censura impuesta a determinadas manifestaciones que representan una cultura más tradicional frente a la que los gobernantes nos quieren imponer a la fuerza. Y destaco a Cayetana Álvarez de Toledo porque me consta, y ella lo ha explicado muchas veces, que no siempre está de acuerdo con las ideas de esas personas censuradas por la izquierda radical y moralista, cuya libertad de expresión y de pensamiento defiende.

El planteamiento de Laclau y Mouffe acerca de la naturaleza de la justicia moderna como algo inalcanzable debido a este conflicto dual, que los marxistas consideran como una característica propia e ineludible de las sociedades, significa el cuestionamiento del progreso de la civilización. Para estos autores, la política crea orden en el contexto de la controversia que lo político ofrece. Cuantos más grupos estén involucrados en la toma de decisiones, y cuanto más heterogénea sea la ciudadanía, tanto menos se puede dar por sentado que vamos a poder apelar a un consenso subyacente, a un acuerdo social, como, por ejemplo, la concepción común de qué es lo bueno o de cuál es la comunidad. Para ellos, lo político es el terreno de juego del conflicto, y la política es el desarrollo de ese juego.

Este debate es muy relevante porque la dimensión política es una dimensión constitutiva de la sociedad humana que determina la coexistencia. Es ahí donde decidimos cómo convivir en paz. Es la condición ontológica de los humanos, en cuanto que nos integramos en todos los niveles sociales. Es el requisito que necesitan las sociedades humanas para realizar elecciones entre opciones conflictivas. Está en la esencia misma de cómo convivimos en grupos. Esto quiere decir que la política es parte de la organización humana y no podemos huir de ella. Y, además, es una parte importante, porque, en ella, cada controversia ética, moral, religiosa, económica o técnica se puede transformar en una cuestión política, siempre que sea lo suficientemente fuerte como para agrupar a las personas entre partidarios de una opción o de otra, de manera que cada individuo puede decidir posicionarse en un sentido, en otro, ofrecer una alternativa diferente o no posicionarse.

Hay que reconocer que, en el ámbito político, el partidismo te ayuda a definirte y es más cómodo. Lo normal es que el común de los mortales se encuentre incómodo cuando se plantea el tema de la identidad política. A veces, el exceso de opciones y variantes resulta asfixiante. Tener que elegir todo el tiempo acerca de todas las cuestiones satura. La participación tan escasa en muchos de los referéndum de Suiza habla por sí sola. La gente elige qué y cuándo participar. Es como ir a un restaurante y que el camarero te someta al tercer grado acerca del punto de la carne y de un sinfín de cuestiones que acaban por confundirte. Está muy bien ofrecer una amplia variedad en el menú, la personalización de la experiencia y todo eso. Pero mucha gente se siente sobrepasada. En política pasa igual. No se trata ya de «qué soy», sino de «qué soy respecto a qué». A la hora de responder a esta pregunta, la división de «los míos frente a los demás» nos resulta más atractiva tanto por su sencillez como porque nos sentimos más cómodos. Ya no hace falta pararse mucho a pensar si los tuyos te condenarían por lo que haces en tu día a día o si defienden cosas que te parecen abominables, porque, como en general no vas a ver las consecuencias, qué más da. Al fin y al cabo, algo hay que votar. Lo difícil es hacer el análisis riguroso en busca de la mejor opción para ti, asumiendo tus valores. Para empezar, porque tienes que comenzar por definir esos valores, matizarlos, contrastarlos con la realidad. Por ejemplo, soy defensora de la vida. ¿Rechazo la pena de muerte? ¿En todos los casos? Cuando entramos en matices, no siempre es fácil responder.

En la película alemana Enemigos: El abogado (2021),5 se narra la historia del secuestro y la muerte accidental de una niña de doce años. Un sospechoso es detenido. Tras veinticuatro horas de silencio, aún detenido, revela dónde pueden encontrar a la niña. Cuando llegan, ésta se ha asfixiado con el humo de una chimenea en mal estado. Pero la confesión se ha producido bajo tortura por parte de un experimentado policía. No había pruebas, pero él tenía la intuición de que el detenido era el culpable. Debía conseguir la ubicación del escondite donde tenía a la niña, que para todos, incluido el detenido, aún estaba viva. De hecho, el forense dictaminó que, de haber llegado un par de horas antes, la niña se habría salvado. En el juicio se pone de manifiesto la dificultad de mantener unos valores siempre y en todo lugar. El policía llega a hablar de «tortura justificada» y el abogado defensor, Konrad Biegler, explica que, mucho después de abolida la tortura en Alemania, los nazis la introdujeron de nuevo con un nuevo nombre: «técnicas de interrogatorio mejoradas». El policía, que declara en el juicio en calidad de testigo, le responde: «Los nazis no torturaron a la gente para salvar vidas, sino para matar». «Entonces, señor Nadler, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo se puede torturar?» La genialidad de esta película dirigida por Nils Willbrandt es que hay segunda parte, Enemigos: El detective, en la que se cuenta la misma historia desde el punto de vista del detective. Un fantástico ejercicio de análisis moral que muestra hasta qué punto nuestros valores son determinantes para consolidar nuestra identidad.

Los psicólogos relacionan la identidad política con la necesidad, mayor o menor según cada cual, de obtener respuestas definitivas a los dilemas fundamentales. Es lo que se conoce como la «necesidad de cierre cognitivo». Algunas personas convivimos mejor con la indeterminación, con la ambigüedad, con el «no lo sé», y hay otras personas que lo soportan menos.6 Las identidades políticas alivian esa necesidad de respuestas inmediatas y definitivas. Ante el problema de la pobreza, por ejemplo, si eres conservador, defiendes esta opción; si eres socialista, defiendes esta otra, y si eres liberal, defiendes la de más allá. Y lo mismo con el matrimonio homosexual, los impuestos, lo público y lo privado, la laicidad del Estado, las relaciones exteriores y la soberanía nacional. Las respuestas están más claramente asentadas dentro de cada opción política y, por tanto, si tu necesidad de cierre cognitivo es alta, te sentirás más inclinado a tener una identidad política más fuerte, sea conservadora, socialista o liberal. De esta forma, para algunas personas, la identidad política está relacionada con el concepto que tienen de sí mismas. Para ellos, defender la subida de impuestos está asociado a si son solidarios, no importa si esa asociación es errónea o no.

Este fenómeno explica las posturas polarizadas. Y también la tormenta de pasiones que se desencadenan en temas como el aborto o la soberanía nacional, que nos interrogan sobre quiénes somos. Los partidos políticos tienden a centrar sus campañas en estos aspectos que apelan a nuestra identidad para lograr votos y, sobre todo, para fidelizarlos. Por ejemplo, yo proclamo una visión concreta de qué es ser español que cuadra con la tuya, y hago de ello la enseña de mi partido. Si, además, defiendo otras políticas económicas o sociales que no te gustan, tu tendencia va a ser a pasarlo por alto, porque te represento en ese tema que afecta a tu imagen de ti mismo, de quién eres, y que consiste en un concepto determinado de la españolidad.

Para las personas que conviven mejor con la duda y con las respuestas abiertas, la cosa cambia. Ante el tema de la soberanía nacional, no se van a lanzar a abrazar la bandera, probablemente porque su relación con los símbolos es diferente. Se van a plantear las implicaciones, van a escuchar diferentes posturas y a tomarse su tiempo para opinar. Además, les cuesta menos admitir que su opinión está en permanente proceso de evolución, porque no tenemos toda la información, porque maduramos y aprendemos a lo largo de la vida.

Un fenómeno asociado a este tema se da cuando hay dos referentes importantes anclados a la pregunta «quién soy» y se presenta un conflicto político que los enfrenta. Por ejemplo, qué sucede si tu identidad sexual se enfrenta a tu identidad religiosa. Entonces aparece un problema complicado para quienes tienen una alta necesidad de cierre cognitivo. Unas veces, la negación del propio conflicto, por más evidente que sea, es lo que permite a la persona quedar en paz consigo misma. Otras veces no tanto.

2. Somos lo que hacemos

Desde una perspectiva institucional, la acción política es el resultado de las reglas y los significados, construidos socialmente y reflejados en las instituciones. Eso quiere decir que, observando las instituciones, podríamos deducir cuáles son esos significados, esas reglas que componen lo que se conoce como acción política. Por ejemplo, observando si existe una verdadera división de poderes, o si la ley civil está sometida a la religión y los jueces son autoridades religiosas, si el sistema legal asegura que haya ciudadanos de primera y de segunda, podremos concluir que, en esa sociedad concreta, las reglas y los valores son de una manera o de otra, que la sociedad respeta estos principios o los otros. En la sociedad esclavista del siglo XVII, por ejemplo, parece claro que la idea de ser humano que existía en la sociedad, entre la gente de la calle, y a lo mejor no tanto en las bibliotecas, no era la que tenemos ahora. Pero no hay que irse al pasado. Quienes se dedican a la cooperación en países africanos muy pobres pueden explicar mejor que yo que simplemente observar las costumbres, como, por ejemplo, casar a una hija de dieciséis años pagando al candidato cuarentón, o cincuentón, un número determinado de cabras, o de camellos, nos dice mucho respecto a los valores, las reglas sociales, para hacernos una idea de qué tipo de reglas y qué estilo de políticos pueden tener esas sociedades. Y, por supuesto, hay que asumir que esa sociedad acepta esa terrible costumbre por la misma causa que nosotros aceptamos las nuestras: por respeto institucional.

Para entender bien el significado de respeto institucional hay que plantearse si una medida te parecería aceptable en el caso de que tus oponentes, o quienes no piensan como tú, pudieran hacerla suya. Por ejemplo, si crees que la ley debe modelar la moral, ¿estarías dispuesta a que un ministro con una moral diferente a la tuya legislara para modelar la moral de tus hijos? Es complicado cambiar la mentalidad de una sociedad cuyas costumbres son terribles. Tiene que producirse una desafección de los individuos a esa manera de ver el mundo, tiene que haber una evolución en la identidad de los individuos, pero también del grupo. Las instituciones también se van adaptando a la evolución social. Y las menos adaptativas desaparecen, como el derecho de pernada medieval, por ejemplo. Las formas políticas también han cambiado y, seguramente, los españoles nunca aceptaríamos un gobierno militar.

En ese sentido, es interesante señalar el cambio en la perspectiva de la acción y la identidad políticas que estamos viviendo. Durante mucho tiempo, se ha asumido que, ante un hecho determinado, los actores políticos se preguntaban: «De todas las acciones que puedo elegir, ¿cuál tiene las consecuencias más favorables?, ¿cómo hago el bien?». Sin embargo, hoy en día da la sensación de que ese supuesto ya no sirve. Ahora, en una situación en la que se deben tomar decisiones políticas, los actores que nos representan en las instituciones se preguntan: «¿Qué debe hacer una persona de un partido como el mío en una institución como ésta?, ¿cómo define mi partido el bien?». Es decir, frente a una circunstancia en la que hay que intervenir y buscar la mejor solución, los políticos del siglo XXI deben ser entendidos como individuos en busca de una identidad, más que como agentes racionales. El gestor político debe actuar como conservador o como progresista; debe preguntar al partido cuál es la línea de acción. Su actuación, por bien intencionada que esté, se debe someter siempre a la identidad del grupo, como si la identidad política personal no sirviera de nada. Es como decir: «Yo, en mi fuero interno, creo que se debería hacer esto, pero mi partido cree que hay que esperar o que hay que elegir otra alternativa, así que pongo por delante la identidad del partido». Esto, que expresado de esta manera suena terrible, es un truco fantástico para eludir responsabilidades y dejar tus valores personales encerrados en la caja fuerte, mientras tus acciones políticas van por caminos que nunca emprenderías. Porque, lógicamente, un político actúa en función del partido al que pertenece, al que debe fidelidad. Pero ¿hasta qué punto?, ¿cuál es el límite? Es aquí donde veo un enorme problema de despersonalización de la política. La acción humana está determinada por las elecciones, y las elecciones que realizamos están determinadas por la evaluación de las posibles consecuencias de las diferentes alternativas. Soy libre cuando me hago cargo responsablemente de las consecuencias de la opción que he elegido. El binomio «libertad más responsabilidad» es inseparable. Por tanto, transferir la responsabilidad al partido es renunciar a tu libertad. Y esconderte detrás de una lealtad mal entendida es mentirte. Si actúas contra tus principios y a favor de los intereses del partido, la responsabilidad es tuya y el daño a tu lealtad original, que es a ti mismo, también.

Pero ya sé que soy demasiado idealista y que la vida política actual es muy compleja. Se acerca más a la búsqueda de un equilibrio imposible entre diferentes concepciones y perspectivas del problema presentado, a darle vueltas a los problemas concretos para ver si surge un comportamiento que encaje en una identidad determinada. Si lo miras desde otro punto de vista, a lo mejor está justificada tu decisión. Excusas.

El desmoronamiento del partido Ciudadanos desde que su líder, Albert Rivera, abandonó la formación es un ejemplo. Los vaivenes de la nueva líder, Inés Arrimadas, han llevado a que muchos veteranos del partido lo abandonen. Uno de los casos más sonados, por el modo y el momento en el que tuvo lugar, es el de Toni Cantó, diputado en el Congreso, respetado incluso por sus enemigos y que cuenta con las simpatías de gran parte de la población. Cuando en marzo de 2021 los partidos de la oposición al Gobierno murciano, que lideraba el PP con el apoyo de Ciudadanos, presentan una moción de censura con el apoyo del partido naranja, se produce un terremoto inesperado. Independientemente de las razones de la moción, resulta que en la votación la moción de censura no se pudo presentar a la Mesa del Parlamento regional por falta de los apoyos necesarios, y fue necesario volver a repetir el proceso. Mientras tanto, en Madrid, la presidenta del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, consciente de que su socio de Ciudadanos, Aguado, que ha estado poniéndole zancadillas en los medios cada dos por tres, puede jugarle la misma mala pasada, se adelanta y convoca elecciones anticipadas. En medio del alboroto, Inés Arrimadas convoca un congreso extraordinario del partido naranja. Pero las medidas que se toman como resultado no son suficientes para muchos miembros. Varios diputados abandonan Ciudadanos, entre ellos Toni Cantó. Sorpresa.

A los pocos días, Toni Cantó anuncia en su perfil de Twitter: «Me he reunido con el equipo de Isabel Díaz Ayuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centroderecha de Pablo Casado en Madrid».

En este caso, el argumento de Cantó, severamente criticado por su decisión, era que él permanecía fiel a sus principios y que era el partido Ciudadanos el que había girado a la izquierda. ¿Oportunismo o fidelidad a sus ideas? No lo tengo claro. Además de Cantó, la desbandada de políticos de Ciudadanos al Partido Popular es llamativa y a veces escandalosa porque han salido a la luz pruebas de que se estaba gestando ese movimiento desde hacía meses. No sé si en el caso de Toni Cantó también. Y eso me lleva a preguntarme: ¿me fiaría de un nuevo miembro que ha estado urdiendo por debajo de la mesa la descomposición de su antiguo partido? Claramente no. Lo difícil es diferenciar entre quien se ha ido por fidelidad a sus ideales y quien lo hace por pura corrupción política. El transfuguismo puede ser un dinamizador político y beneficiar a la comunidad o, por el contrario, estar teñido de intereses perversos y dañarla. La honestidad moral en política marca la diferencia.

Hay otro aspecto moral en el tema de la acción política que merece la pena revisar. Para algunas personas, la participación en la vida política es una virtud a través de la cual la sociedad se construye a sí misma. Para otras, esta participación se limita al voto y se entiende que el ciudadano se comporta como un consumidor: si le convence la propuesta, la vota. Son dos maneras de mirar el mismo tema que conllevan una diferencia enorme, precisamente respecto a lo que se reclama de la acción política y respecto al lugar que el individuo debe ocupar. Para quienes se sitúan en ambos extremos, no hay consenso acerca de la privacidad, la libertad, el alcance de la participación y la manera de pensar como ciudadanos. Para los primeros, existe una responsabilidad política, por el mero hecho de ser ciudadanos, que conlleva la participación en la vida política, más allá del hecho de introducir la papeleta en la urna. Hay que integrarse en grupos de interés con una identidad política que represente nuestros ideales. Para los otros, la responsabilidad es individual, no grupal, y, por tanto, ser ciudadano no tiene más implicación que la que cada cual considere, de acuerdo con su proyecto de vida. La abstención para unos es una afrenta a la sociedad democrática y para los otros es una opción más.

Esta diferencia en el punto de partida explica bastante bien la distinta relación con los partidos políticos que se establece en poblaciones de diferentes lugares. Dependiendo de si la cultura política de cada uno de los países se aproxima más a una de las dos propuestas planteadas, el desarrollo de la vida política será diferente que en el otro caso. Aquellos para quienes es la manera de canalizar esa responsabilidad con la comunidad, por ejemplo, consideran a los escépticos, abstencionistas y disidentes como personas egoístas, incapaces de asumir un compromiso por falta de madurez o poco amor a la patria. En aquellas naciones donde se percibe la política de otra forma, se asume que los partidos, que están al servicio del electorado y tienen el mandato de representar a los votantes y cumplir las propuestas electorales, son elegidos en los comicios en función de su capacidad para resolver de la manera más eficiente los problemas de la nación, y nada más.

Es un punto de vista que está muy bien explicado por la escuela de la elección pública, que contempla la relación entre la ciudadanía y los partidos gobernantes como un problema de riesgo moral tal y como plantea la teoría de la agencia. De acuerdo con este enfoque, el problema surge cuando hay un agente (en este caso los gestores públicos) que tiene encomendada una tarea (cumplir su programa electoral) a cargo de un principal (la ciudadanía) y ha de hacerlo con los recursos, precisamente, de los votantes. El conflicto moral se debe a que, en situaciones en las que hay información asimétrica, el agente puede ser inmoral e incumplir el mandato encargado por el principal. ¿Qué puede hacer la ciudadanía cuando los gobernantes emplean sus recursos en algo que no era lo pactado? ¿Qué hacer ante la decepción? Irse o protestar. Para la escuela de la elección pública, siguiendo la estela de Hirschmann, es lo que se conoce como la estrategia «salida o voz» y es más complejo de lo que parece.7 Por ejemplo, la opción «salida», que implica emigrar del país, tiene unos costes bastantes altos, tanto emocionales como económicos. Así que tal vez es más fácil optar por la protesta (opción «voz»). Esta protesta será más convencional y tímida o más agresiva, podrá hacerse al amparo de la ley o ser ilegal, recorriendo un abanico de posibilidades, desde un artículo periodístico o una encuesta en redes hasta el terrorismo. De todas ellas, la elegida dependerá de factores psicológicos, económicos y sociales, y entre ellos, también encontramos ese especial sentido de compromiso con la «comunidad política», sea ésta la agrupada por una línea editorial, un partido político o una banda armada.

Desde mi punto de vista, la independencia política respecto al grupo es una forma de evitar que algunos se escondan detrás de la lealtad a un grupo, como tan bien queda representado en la obra de Lope de Vega Fuenteovejuna. La trama cuenta cómo algunas personas del pueblo de Fuenteovejuna asesinan al comendador, Fernán Gómez de Guzmán, quien tenía aterrada a la población. Y cuando el magistrado enviado por Felipe II de Aragón pregunta quién ha sido el autor del asesinato, la respuesta que obtiene es: «Fuenteovejuna, señor». A pesar de que el ejemplo se remonta al siglo XVII, la disolución de la responsabilidad en el conjunto de la comunidad es un rasgo humano universal y hace que su mensaje no pase de moda.

En nuestro sistema político en concreto, se oyen demasiadas veces excusas del tipo «Yo, en realidad, soy liberal/socialista/conservador/demócrata, pero el partido tiene otra línea, ¡qué le vamos a hacer!». Como si la defensa de tus principios estuviera subordinada a los intereses particulares del partido o del grupo. Entiendo a quienes argumentan que hay que ceder por un bien mayor. Otra cosa es cómo definen quienes se refugian en ese argumento el «bien mayor».

No obstante todo lo dicho, no hay que olvidar que los partidos políticos, por más que los critiquemos, y como suele pasar con las instituciones, existen porque solucionan problemas. En concreto, resuelven el dilema de configurar cuál es la mejor opción política de acuerdo con un conjunto de valores individuales. La estandarización, en economía y en política, facilita la elección porque nos hace previsibles, y eso genera confianza. Si un candidato del partido ecologista convoca una rueda de prensa, a todos nos sorprendería que propusiera eliminar las multas por arrojar basura en el campo o utilizar masivamente el plástico, por ejemplo. Este recurso, que consiste en que los ciudadanos nos asociemos en opciones políticas globales, además de que facilita la identificación política, en ocasiones puede llegar a convertirse en una parte del «patrimonio hereditario» intangible, como un rasgo más de lo que somos y hacemos en cada familia concreta o en cada pueblo. Se habla de pueblos rojos o de provincias tradicionalmente de derechas, y se plantean estrategias para arrebatar al partido rival esos «bastiones». Este patrimonio, cuando está muy polarizado y arraigado, puede ser peligroso, porque puede enfrentar dos bandos y fracturar la sociedad.

En países como España, donde las relaciones son más cercanas, la sobremesa con discusión política es un clásico. En nuestro país, la política, como el fútbol, nos une y nos separa, y a veces de manera dramática. Pero no suele llegar la sangre al río. Por fortuna, desde mi punto de vista, en nuestro país somos más quienes estamos convencidos de que el debate entre vencedores y vencidos no lleva a nada bueno, que todos los caídos en la Guerra Civil eran españoles y que fue un drama nacional que hay que superar para encarar sanamente el futuro. Por supuesto, estos conflictos que provienen del pasado no son exclusivos de España. Todas las naciones tienen heridas terribles que deben cerrar, cuya resolución determina la dirección que va a seguir esa sociedad. Pero esa cicatrización es un proceso dinámico, no solamente consiste en la reacción inmediata tras el trauma, la guerra o el hecho concreto, sino que también se ve afectada por cómo las siguientes generaciones transmiten e interpretan el hecho. La acción política en este tema define el talante de los partidos y de las personas. El guerracivilismo como estrategia política muestra que quien lo ejerce no tiene ningunas ganas de que las heridas cicatricen y pretende sacar provecho del dolor de los ciudadanos.

La importancia de la salida de conflictos armados también atañe a la política internacional, donde es más fácil desarrollar el desprecio por el otro, que, al ser extranjero, nos importa menos. En España, por ejemplo, la entrada en la Comunidad Económica Europea tuvo un significado muy especial porque se asociaba a la superación total de la dictadura y suponía la puesta de largo de nuestra joven democracia. Los sacrificios que trajo consigo merecieron la pena. Pero se desplegaron campañas de «concienciación» de la población para mostrar la relevancia de «volver a ser Europa». Un caso de creación de una identidad digno de ser estudiado. Como explicábamos Carlos Rodríguez Braun, Luis Daniel Ávila y yo en Hacienda somos todos, cariño, la necesidad de dejar de ser el norte de África e incorporarnos a la moderna y desarrollada Europa nos hizo acoger con cierto júbilo la llegada de un hachazo fiscal como el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Podemos preguntarnos: ¿Realmente cambió nuestra esencia al día siguiente de que se firmara el tratado de entrada en la CEE? ¿Nos identificábamos más con el resto de los europeos? ¿Éramos menos africanos?

Sentirse español, europeo o no, es un tema espinoso porque la identificación social es simplemente una percepción. No hay que olvidar que es cada cual el que le otorga un significado al grupo, sea la familia, un think tank, un equipo de fútbol o la empresa en la que trabajas. Tú asumes un rol en función de tu percepción y lo ejerces: eres la hija menor, o a la que se le ocurren los planes, la que ofrece apoyo emocional a todos, o eres de las que prefieren trabajar aportando en la sombra, etc. También le otorgamos significado a los demás grupos, a los otros think tanks, al resto de los equipos de fútbol, a las empresas de la competencia, y nos comportamos frente a ellos en función de ello.

Como nos explica Anthony Appiah, somos los individuos quienes recurrimos por mera necesidad al concepto de grupo. El ser humano no puede establecer nexos ni recibir información de todas las personas con las que se cruza de manera independiente, son demasiados. Por eso agrupamos: la gente del trabajo, los amigos de la familia, los amigos del verano, etc. Pero también agrupamos a los demás para poder entender nuestro entorno: los obsesionados por el gimnasio, los rockeros, los pijos, los perroflautas. Y lo hacemos nada más mirar a la persona: lleva corbata o no, el corte de pelo es tradicional, va tatuado, lleva un crucifijo, su ropa parece cara. A partir de ahí, opinamos, nos relacionamos y juzgamos, acercándonos o alejándonos de los demás en función de esa identificación social. Gracias a eso podemos actuar.

Y también sucede en el entorno político. En las redes sociales se habla de los fachas, las charos, los cayetanos, los rojos, las feminazis para identificar a un grupo, y muchas veces con la intención de ofender. No es una novedad, está en la naturaleza humana. Autores como Taifel explican que en esta identificación social que influye en la acción se distinguen tres componentes: el conocimiento, es decir, el procesamiento cognitivo; la evaluación que hace cada uno acerca del grupo y, finalmente, la vinculación emocional, que es la parte más importante. Por ejemplo, durante el confinamiento, un joven va por la calle con su perro y una bolsa en la que lleva comida para perros. Viste con ropa negra, pantalones rotos, corte de pelo muy moderno, y tiene el cuello y los brazos tatuados. Un policía le para y le pide la factura, sin la cual tendrá que sancionarle. Pero el joven explica que le mandan la factura por e-mail, porque es músico, autónomo y se puede desgravar algo. El policía puede evaluar lo que sabe e investigar si es cierto o es una excusa. Puede mostrar prejuicios y cachearle, amenazarle y tratarle como un presunto delincuente. O puede reconocer al compañero de gimnasio, que también practica boxeo, y ayudarle. Lo que nos mueve más a la hora de actuar es la vinculación. Incluso si el policía tuviera prejuicios, ayudaría al joven si le reconociera como alguien «de los suyos».8

Lo que va cambiando es este enganche emocional, que provoca una modificación en el significado de cada grupo para la sociedad y, en consecuencia, da lugar a acciones diferentes. Por ejemplo, el conservadurismo está cambiando ante nuestros ojos. Lo que la sociedad entendía por socialista cuando gobernaba Felipe González tiene poco que ver con el socialismo de Sánchez. Y el comunismo que defendía Marx no era el de Santiago Carrillo, ni el que defienden Pablo Iglesias o Gabriel Rufián.

Sin duda, estas mutaciones tienen que ver con la emancipación cultural de la modernidad, que ha ocasionado que mucha gente se separe y supere estructuras que, en apariencia, estaban objetivamente predeterminadas y, en particular, se independicen de la base simbólica de la tradición. Los símbolos ya no representan aquello que pretendían representar en origen.

Pero este proceso también nos ha traído un vaciado del significado que ha dejado las palabras y los símbolos desnudos de contenido. Hay una profunda crisis de identidad tanto en la derecha como en la izquierda.

¿Y el centro? Es curiosa la historia del centro político en nuestro país. El CDS de Suárez nació y murió prácticamente con él. Solamente Ciudadanos se ha presentado como opción de centro, hasta ahora, como ha mostrado el caso Cantó.

Sea como fuere, parece que no estamos educados políticamente para entender qué es el centro. En un país donde el bipartidismo ha sido la única realidad, el centro tiene muy mala venta. A menudo se considera que es la opción de quienes no tienen identidad o de quienes pueden adoptar cualquier postura porque lo que no tienen es criterio. Se les llama acomodaticios, y lo cierto es que a veces tienen razón. Pero ¿no es acomodaticio el Partido Popular? ¿No era Soraya Sáenz de Santamaría la que alardeaba de que su partido era muy «social»? ¿Es el mismo PSOE el de Sánchez que el de Felipe González?

Algo similar sucede con los extremos de la derecha y de la izquierda. Ni Podemos ni Vox aceptan los apelativos radical o ultra. Ambos aluden al respeto a la Constitución, incluso si tienen la intención de cambiarla: unos para eliminar el Estado de las autonomías y recentralizar la gestión; los otros para instaurar una república. Se diría que huyen de esos términos porque está mal visto reconocerse como extremista. Porque en los extremos todo vale: las protestas más grotescas, las ideas más alejadas de la «normalidad», el «cuanto peor, mejor». Y, sin embargo, existe la ultraderecha y existe la ultraizquierda. Ambas pueden ser o no diferentes de los antisistema de ambos extremos, que quieren acabar con la democracia y la Constitución. Ningún partido es homogéneo y es posible que coexistan esas dos opciones. Y eso nos sitúa ante la gran paradoja de la democracia: la acción política más eficiente de aquellos que quieren acabar con el sistema es ocupar escaños en las instituciones que quieren derrocar.

No deja de ser paradójico que para los españoles sea aceptable ser de derechas o de izquierdas, pero no lo sea tanto ser muy de derechas, muy de izquierdas ni de centro.

En general, a la hora de considerar la acción política, nos colocamos en una posición de diálogo entre nuestro yo, que incluye la familia, los amigos y el trabajo, y nos situamos en espacios donde podamos aceptar a todos. Pero también entran en ese diálogo los grupos sociales de nuestro entorno, como los medios de comunicación, los partidos y otros grupos de presión.

A partir de ahí, somos lo que hacemos tanto si votamos como si no.

3. ¿Y tú de quién eres?

La representación es un fenómeno psicológico por el cual asociamos un hecho, persona o situación a otro estableciendo un vínculo entre ambos, que tiene un sentido para la persona y puede ayudarla a comprender la realidad que la rodea o, por el contrario, crear un patrón de conducta que dificulte el camino. Por ejemplo, en los casos de víctimas de un trauma como la guerra o el terrorismo, se dan situaciones en las que, a pesar de no recordar nada, la víctima tiene un ataque de pánico cada vez que ve un coche del mismo color del que estalló o un sonido parecido al escuchado en esa circunstancia traumática. Las asociaciones nos traen los recuerdos. Pero la representación va más allá. Que te roben algo de mucho valor monetario, por ejemplo, no suele ser tan doloroso como que te roben un objeto al que le atribuyes un valor sentimental. Si te roban la sortija de tu madre da la sensación de que te están quitando un trocito de ella. Es un símbolo de tu madre. Como la bandera.

Para un soldado que está en el campo de batalla, la bandera representa todo aquello por lo que lucha. Para Rafa Nadal, esa misma bandera representa otra cosa. Para ambos es muy importante y los emociona, pero de diferente manera. No todo el mundo siente así la enseña nacional y eso no los hace peores personas, sino individuos más desapegados de los símbolos. Sin embargo, por convención, la bandera nos representa a todos, le demos valor o no.

Además de los símbolos, las representaciones también nos ayudan a comprender y a explicar temas complejos. Es el caso de las fábulas, las metáforas o las parábolas. Las metáforas no se refieren exclusivamente al uso de las palabras; la metáfora está también en el concepto que tenemos de un hecho, fenómeno o argumento. Como afirman Lakoff y Johnson, «las metáforas como expresión lingüística son posibles, precisamente, porque son metáforas que existen en el sistema conceptual de la persona».

En las ciencias empleamos metáforas, más o menos acertadas. La representación del átomo es un ejemplo didáctico de este recurso. En economía, representamos los planes más probables de consumidores y productores como funciones matemáticas de demanda y de oferta. Sin embargo, si hay una metáfora perversa que se ha incrustado en la mente de los economistas, es asociar la economía a un mecanismo que, o bien funciona por sí solo, o bien hay que ajustarlo y necesitamos un relojero, un regulador. Ambas concepciones mecanicistas, una neoclásica y la otra keynesiana, son dañinas e insostenibles en el tiempo. Eso sí, dan carta blanca a nuestros políticos.

La representación también es un fenómeno social. La razón estriba en que no somos iguales; no todo el mundo es igual de asertivo, de tímido o de impulsivo. Incluso dentro de los ambientes más homogéneos, y por obra y gracia de la madre naturaleza, resulta que no todo el mundo es igual. Miro a mis hermanos y no me cabe la menor duda. En todos los grupos humanos hay uno o varios individuos que, sea de manera espontánea, sea porque se lo piden los demás, terminan por ser portavoces y hablan en nombre del grupo. Así que no es extraño que, al organizar la convivencia en grupos cada vez más numerosos, emerja un sistema de representación social alrededor de alguien reconocido por todos como representante, que puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, el faraón, al tener origen divino, representaba la máxima autoridad. El papa es el representante máximo de la Iglesia católica. Cada curso tiene un alumno que lo representa al ser elegido por los compañeros. Y, con la evolución de la sociedad y del sistema político, la mayoría de los países tenemos una democracia representativa. Eso significa que los ciudadanos votan a los representantes políticos, que son quienes toman las decisiones en nuestro nombre. En España, al menos en lo que respecta al Congreso, es una elección no personal, porque es el partido el que decide al candidato y la lista cerrada de los futuros parlamentarios. De manera que, si voto al candidato, voto a todos los demás, sean quienes sean. Para mí esa representatividad es muy imperfecta.

A medida que una política se extiende a una población más numerosa, la idea de que los legisladores representen a la población en su conjunto se vuelve cada vez menos defendible. Como ya explicaba Bruno Leoni en La libertad y la ley (2010):

Cuanto más numerosas son las personas a las que se intenta «representar» a través del proceso legislativo, y cuanto más numerosos son los asuntos en los que se intenta representarlos, menos tiene la palabra representación un significado referido a la voluntad real del pueblo.

La representación, además de social, es un fenómeno complejo. Como suele suceder en todos los análisis «sociales» o colectivos de este tipo, en donde existe una confrontación entre lo que es individual y lo que es social, terminamos planteando qué va antes, si el huevo o la gallina. Es decir, cada cual elige a la persona que le representa como si eligiera el espejo que mejor le refleja. Pero, dándole la vuelta a este hecho, podemos preguntarnos cómo es interpretada por el individuo esa representación social y hasta qué punto afecta a su propia evolución. La cultura y las creencias sociales cristalizan en estas representaciones y marcan la relación entre cada uno de nosotros y nuestro grupo de origen, nuestro entorno. No hay más que mirar fotos de los representantes políticos de diferentes épocas o de diferentes países para darse cuenta de cómo reflejan las diferencias entre la sociedad de antaño y la actual, o las diferentes costumbres entre culturas diferentes. Igual que sucede con el resto de la ciudadanía, los cambios sociológicos también les afectan. Como veremos, esta relación biunívoca entre representante y representado es explotada convenientemente por el marketing político.9

Alrededor de la idea del doble espejo, en el que, por un lado, el político pretende ser reflejo de la sociedad y, por el otro, el electorado es un reflejo de los políticos que ha elegido, sobrevuela el interrogante de cómo interpretamos, en la sociedad occidental, la representación política. ¿Qué esperamos de esos representantes? ¿Hasta qué punto al votar a un partido estamos autorizándole a cualquier cosa? ¿Queda el votante cautivo en sus manos durante cuatro años si su representante incumple su palabra y decide gobernar con un partido con el que prometió no compartir el poder? La realidad confirma que, efectivamente, ese votante traicionado no puede hacer nada.

También es interesante, en este entorno, cuestionar si, además de un reflejo, la representación política es una expresión de los valores políticos de la sociedad o, por el contrario, es la estructura política la que impone una impronta a la sociedad y, por tanto, a los ciudadanos. Aprobar la participación en la vida parlamentaria de personas que han cometido delitos de sangre al pertenecer a una banda terrorista que ha asolado a la nación durante décadas, ¿es una forma de imponer un estándar en la ciudadanía o representa lo que la ciudadanía quiere? ¿Cómo se produce esa proyección entre el líder y el votante?

Alguien que está cerca de los círculos políticos y ha tenido la ocasión de conocer de cerca a varios presidentes del Gobierno de diferentes países me explicó que es imposible participar en la carrera presidencial y no ser narcisista, al menos hasta un punto. Te lo tienes que creer. Parece que la humildad está reñida con el poder y que es un requisito recomendable tener cierto sentido mesiánico, oculto o manifiesto. Tanto si el político es más humilde o más soberbio, en ocasiones sucede que el representante suplanta al representado, fusionándose con él, en el plano simbólico.

En ese momento de identificación al cien por cien es cuando los representantes utilizan todo su poder de persuasión, los medios de comunicación y la maquinaria de marketing para convencernos a los ciudadanos de que es así, son nosotros, y por ello van a decidir por nosotros qué es lo mejor para nuestros hijos, para nuestras familias y para nosotros mismos.

Carlos Rodríguez Braun, en la promoción de Hacienda somos todos, cariño, explicó cómo los mensajes de la Agencia Tributaria muestran esa suplantación. Hacienda te hace creer que, cuando la miras, estás mirando un espejo en el que ves tu propio reflejo, que te habla y te dice: «Todo lo que hago es siempre por tu bien». El Rey Sol afirmó: «Yo soy el Estado», y Chávez dijo: «El pueblo soy yo». No en vano Richard Morse explicó la arqueología del populismo en el libro publicado en 1978 titulado El espejo de Próspero.

El reflejo en el espejo y su interpretación en la mitología y la cultura es, precisamente, un recurso muy didáctico, que ayuda a entender esta confusión en la que incurren en general muchos políticos y algunos líderes.

Borges decía en su Arte poética que el arte «debe ser como ese espejo que nos refleja nuestra propia cara». La pregunta del millón es si en este juego de los espejos que también es la política los candidatos a líderes reflejan a la sociedad o al revés. Tendemos a criticarlos y a señalar lo que hacen mal. Pero, de la misma forma que la llamada «telebasura» es fruto de una audiencia fiel y abundante, esos políticos son votados por ciudadanos que, por alguna razón, creen que los representan. ¿Qué vemos cuando miramos al espejo de la política? Muchas veces vemos monstruos (como Otegui), gente poco cualificada, personas mediocres que solamente buscan su privilegio, muchos egos y vanidades y, en algunos casos, también gente honrada que trabaja y se expone para intentar mejorar el país. Esos a quienes posiblemente votaría son los que están encadenados en una lista cerrada con todos los demás. Y los peores políticos, como expresaba tan acertadamente Borges en «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius», encima se multiplican:

Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos (en la alta noche ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres.

Las consecuencias de la perversión de la representación política son catastróficas. No hay que olvidar que los gobernantes tienen el monopolio de la violencia, y si esa perversión les asegura la perpetuación en el poder, también podrán fácilmente hackear las instituciones para manipular las leyes y eliminar cualquier freno que el sistema democrático tenga previsto. Y eso es lo que está pasando sin que, aparentemente, nos demos cuenta ni hagamos nada. Pero ¿qué podemos hacer?

Una opción, la mía hasta ahora, ha sido la abstención como toma de posición política, un fenómeno que estudiaremos en el apartado dedicado al liderazgo.

4. Los actos y las consecuencias

La libertad es un atributo humano que va asociado a la responsabilidad. Una persona libre es aquella que elige y se hace cargo de las consecuencias de sus actos. De esa manera, si daña a otro, tiene que ocuparse de reparar el daño. Es una manera de proteger a los demás de mis propias decisiones. Yo puedo decidir egoístamente, pero asumo que mi comportamiento va a tener una repercusión en los demás, y es posible que me miren mal. ¿Qué sucede con las personas que no tienen capacidad para hacerse cargo de las consecuencias de sus actos? Pues que no disfrutan de libertad plena. Los padres o tutores pueden obligar al niño, hasta cierto punto, a no hacer cosas que puedan suponer un peligro para él mismo o para los demás, como meter los dedos en un enchufe o encender una hoguera en su habitación.

¿Qué pasa cuando los actos que hacen daño no tienen consecuencias para el sujeto? Lo normal en ese caso es que otro pague los platos rotos. En política, somos los ciudadanos quienes solemos cargar con ese rol. Y lo más terrible es que quienes deberíamos reclamar la rendición de cuentas, que asumieran las consecuencias de sus actos, somos nosotros mismos.

Sin embargo, los españoles somos unos votantes poco exigentes. No sancionamos a los representantes que incumplen como deberíamos. Los criticamos en el bar o en las cenas familiares, pero los seguimos votando. De vez en cuando, sobre todo en campaña electoral, los agitadores de cada bando sacan a pasear los trapos sucios del rival. Pero nada más.

Hay estudios que analizan hasta qué punto exigimos a nuestros políticos de alguna manera que cumplan con lo dicho en las campañas electorales o si no lo hacemos. Por ejemplo, estos estudios plantean si, cuando votamos, lo hacemos pensando en lo que ese partido ha hecho durante la legislatura, sea en el Gobierno o en la oposición, favoreciendo a los que cumplen y castigando a los que no. Son las teorías de la representación promisoria. En muchos países, los medios y los ciudadanos tienen en cuenta el cumplimiento de promesas. En España creo que no es así. Cuando se me pregunta por qué soy abstencionista y explico que en este país está permitido mentir en campaña y presentar programas electorales similares a la carta de los Reyes Magos, se me tacha de ingenua y se afirma que la política es así. Sin embargo, para mi sorpresa, quienes estudian este fenómeno en otros países destacan que hay un extenso cuerpo de investigación que demuestra, con datos en la mano, que los partidos gobernantes tienden a cumplir sus promesas. También destacan que los votantes (en conjunto) realizan evaluaciones precisas del cumplimiento de promesas específicas. Como siempre, hay que interpretar cuidadosamente los resultados. Para empezar, un punto clave es bajar de la generalización a lo específico. ¿Están pendientes los españoles del cumplimiento de promesas concretas y específicas? Como hemos visto antes, aquellas medidas que afectan directamente al ciudadano serán seguidas y evaluadas de manera más fácil que las menos cercanas.

Por supuesto, la estructura de los partidos y el tipo de gobierno afectan mucho. El partido en el Gobierno que comparte el poder con otros partidos tiene muchas menos probabilidades de cumplir sus promesas electorales. Un partido con mayoría absoluta en el Congreso de los diputados puede cumplir mucho mejor que si no la tiene. En este caso, sería normal que tuviera que ceder en algunas cuestiones menos relevantes para conseguir aprobar, por ejemplo, los Presupuestos Generales de la nación. Ahora bien, ¿cómo afectan esos incumplimientos «menos importantes» al votante del partido? ¿De quién es el criterio que define la importancia de unas promesas frente a otras?

Se sabe poco sobre lo que hacen los votantes con esta información. Hay estudios experimentales al respecto, de alcance limitado, entre otras cosas porque son locales. Por ejemplo, se examinó el impacto de las evaluaciones del cumplimiento de las promesas en las intenciones de voto utilizando datos de panel de internet del Estudio de Elecciones Británicas (2010-2015), con el objetivo de probar si el cumplimiento de las promesas afecta al resultado electoral de los partidos. Lo que se descubrió es que el cumplimiento percibido de la promesa tiene efectos modestos, pero importantes, en el resultado de la votación. Estos efectos varían según factores como, por ejemplo, a quién se votó con anterioridad y lo adecuado de la posición del partido en ese tema. Es decir, si es la primera vez que voto a ese partido, seré más severa. Si se trata de un aspecto poco relevante de acuerdo con mis prioridades vitales o si el que incumple es mi partido de toda la vida, el efecto es menor, voy a tender a pasarlo por alto.

Las consecuencias del cumplimiento o no de las promesas electorales también se manifiestan de manera diferente en función del tipo de representación que el votante considera. ¿Qué es para el votante una promesa electoral? En general, se distinguen dos alternativas. Es diferente si se contempla la promesa como prueba de lealtad a la palabra dada o si, por el contrario, se considera como una expectativa de concesión futura. Hay votantes que se centran en si el partido hace lo que dice porque es una muestra de honestidad. Porque ésa es la manera de representarme, cumpliendo; si no es así, no me puedo fiar y siento que estoy entregando mi voto a alguien que no lo merece. Sin embargo, cada vez más, las promesas electorales significan beneficios futuros que el partido puede proporcionarme. Por ejemplo, si se promete una subvención a las familias numerosas y yo tengo cinco hijos, o si el partido va a favorecer a un grupo concreto al que pertenezco o puedo pertenecer sin mucho coste. En este caso, el incumplimiento no se siente como una afrenta a la lealtad del representante al representado o como una muestra de su incapacidad para asumir esa responsabilidad, sino como una pérdida material, que duele también, pero no es lo mismo.

La diferencia está en la macrovisión que implica el premio a la honestidad respecto a la representación política como una máquina expendedora de favores. Esta percepción de los votantes, generada por lo que se ha llamado «el Estado asistencialista», es un excelente caldo de cultivo para la corrupción y da lugar a una relación de codependencia entre el Estado y los ciudadanos muy tóxica. En este juego de reparto de dádivas desempeña un papel importante el liderazgo dentro del partido. Pero también lo acostumbrado que esté el electorado a depender de la Administración pública. Los votantes andaluces, tras veinticinco años de PER, con dos presidentes corruptos, por ejemplo, necesitaron un cambio cultural, que está por consolidarse. Es necesario caminar desde esa costumbre asistencialista hasta la exigencia por honestidad, para asegurar que vigilamos qué hacen los políticos y cómo asumen sus responsabilidades.

¿Por qué es tan importante la rendición de cuentas, especialmente tras las crisis o conmociones políticas? Como afirman las investigadoras Kuipers y Brändström, tras una crisis, el proceso de rendición de cuentas «es un ritual de purificación que sirve para canalizar las emociones públicas y permite el reequilibrio después de una grave alteración del orden sociopolítico». Nuestra mala costumbre, por tanto, es más nociva para la democracia y para nuestro futuro de lo que parece. Se ha demostrado que en otros países más maduros la gente tiene opiniones matizadas y precisas sobre el cumplimiento e incumplimiento de las promesas de los partidos en el Gobierno.

Los dos puntos de vista que hemos considerado antes, aquel que contempla el cumplimiento de las promesas atribuyendo competencias al partido y el que lo ve como la expectativa de una ganancia o un privilegio, son mecanismos no excluyentes que, de alguna forma, aseguran la participación de la sociedad en las elecciones y reducen la abstención. Te acercas a votar por razones más nobles o para ver qué hay de lo tuyo, pero participas. Incluso un mismo ciudadano puede tener en cuenta ambas cosas a la vez, o en algunas ocasiones un aspecto puede pesar más que el otro. Eso sí, los estudios que analizan qué influye más siempre parten del supuesto de un votante bien informado, racional y sin prejuicios. ¿Qué pasa cuando la información del Gobierno es opaca? ¿O cuando los ciudadanos toman decisiones en función de su sesgo ideológico y no de su razón? ¿Qué papel juega la manipulación por parte de los medios de comunicación al servicio del régimen o del partido político en el poder? ¿Estamos preparados para exigir esa rendición de cuentas tan necesaria?

La complejidad del tema es muy notable. Mucho más si tenemos en cuenta que actualmente la exigencia ciudadana a los políticos y a otros actores sociales no solamente se produce por los canales oficiales, es decir, a través de las instituciones democráticas pertinentes. A menudo tiene lugar en entornos no oficiales que actúan como cajas de resonancia y distorsión. Me refiero a las redes sociales y los medios de comunicación.

El alcance, la diversidad de factores con los que se relaciona, el nivel de detalle y la accesibilidad de la información relevante para que se produzca la rendición de cuentas han aumentado de forma drástica. Pero este crecimiento no es necesariamente positivo, sino que a menudo entorpece el proceso.

Los ciudadanos tenemos una capacidad de reacción instantánea; solemos ser impulsivos. Y eso es aprovechado por quienes manejan las redes sociales influyentes. Hay muchos ejemplos de cómo las redes sociales han estallado ante unas declaraciones o ante una noticia, de forma tan rápida y aplastante que los políticos se han visto obligados a dar explicaciones. De hecho, muchos han tomado posiciones en estas redes sociales y se han convertido en piezas clave de ellas. Donald Trump es el caso más notable. El tira y afloja entre el presidente y Jack Dorsey, CEO de Twitter, ha sido sonado. Lo ganó el expresidente cuando Twitter, que censuró la cuenta de Trump el día del asalto al Capitolio por considerar que desde esa cuenta se podría estar animando a los asaltantes, tomó la decisión de prohibir su reincorporación definitivamente. Para siempre. Desde mi punto de vista, lo ha ganado Trump porque esa decisión no es sino un signo de debilidad frente a la popularidad de Trump, que en Twitter es descomunal. Ni que decir tiene que @jack no es neutral y que hay sesgos ideológicos. Por ejemplo, en nuestro país son conocidos por polémicos los mensajes de Íñigo Errejón, como portavoz de Podemos y también como líder de Más Madrid, de Rubén Sánchez (activista de Facua), de Juan Carlos Monedero y de tuiteros que apoyan a terroristas abiertamente. Sin embargo, ahí no cabe censura. Los partidos más nuevos son los que más arriesgan en las redes: en Twitter para entrar en debates, en Instagram para exhibirse y acercarse más a la gente. Y en ambos casos para desplegar, en ocasiones, perversas manipulaciones, tanto más anónimas cuanto más sucias, en las que cae cualquiera, por ejemplo, yo misma.

Fui muy criticada, y con razón, por panoli, cuando alguien, «una mano negra», hizo una jugada contra Vox. A mí me llegó por WhatsApp un tuit de un representante de Vox en una localidad catalana pocos días antes de las elecciones en esa región. La voz del líder, Santiago Abascal, iba acompañada de imágenes claramente xenófobas, homófobas y racistas, muy agresivas. Ese tuit había sido lanzado y copiado desde cuentas muy fieles a Vox, que, de hecho, animaban a seguir al tuitero en cuestión. Pregunté a expertos en realización de vídeo por si pudiera ser falso. Me dijeron que la producción era muy buena, el estilo era el del partido. Me pareció tan salvaje que lo tuiteé. No fui la única. Para cuando se levantó la polvareda, la cuenta de ese señor había desaparecido. Los tuits de las cuentas pro-Vox habían sido borrados. Algunos tuiteros diputados de Vox protestaron en las redes y me aseguraron que era falso. «¿Qué van a decir?», pensé. Era perfectamente posible que ellos, desde Madrid, no estuvieran al tanto de todo lo que sucede en todas las ciudades de España. Seguro que a ellos les parecía tan detestable como a mí, pero ¿cómo pueden asegurar que nadie en Vox es homófobo o racista? Bartolomé y Víctor se enfadaron mucho conmigo. Y tenían razón. Hablé con Iván Espinosa de los Monteros, a quien conozco desde hace muchos años porque compartíamos tertulia, y me explicó la enrevesada artimaña. Por supuesto, yo, que soy de ideas fijas, seguía dudando de la capacidad de la cúpula de Vox para controlar quiénes son los representantes en todos los pueblos y ciudades de España. En realidad, ¿qué cúpula de qué partido controla todo lo que hacen los mandos locales? Ninguna.

La explicación de Iván tenía todo el sentido. Especialmente porque la persona que me mandó el WhatsApp, un experto en marketing político que había trabajado con el PSOE durante años, ahora, al parecer, trabajaba por debajo de cuerda para la oposición de Vox. Era una persona capaz de todo para tener protagonismo en la comunicación política nacional y configurarse como analista y creador de contenidos político. Y, para mi desgracia, no puedo revelar ni el nombre de la persona ni el partido porque no tengo pruebas. Pero las piezas encajan. Buscan personas ingenuas e impulsivas y les lanzan el anzuelo. Lo demás llega por sí solo. Me sentí realmente mal. Pero aprendí mucho. Así que agradezco lo sucedido. Pero no nos engañemos. Todos los partidos hacen este tipo de cosas, si no es en redes, es fuera de ellas.

No es el único efecto de las redes sociales en la política. Además, interfieren en la rendición de cuentas de las instituciones oficiales, como el Tribunal de Cuentas, el Constitucional o el control en el Parlamento. Primero, porque informan y critican el trabajo de estos foros antes de que se complete la investigación, sesgando la opinión del público y, a veces, desacreditando las decisiones judiciales. En segundo lugar, en ocasiones son canales importantes de datos y hallazgos de colaboración colectiva que pueden o no contribuir positivamente al trabajo de los investigadores, fiscales o comités de investigación. Y, por último, muchas veces, por desgracia, son espacios de desinformación, controversia y ambigüedad que compiten por la atención política y pública a niveles sin precedentes. Sería muy valioso investigar cómo las redes sociales influyen en el trabajo de los diferentes foros de rendición de cuentas en caso de crisis.

Por supuesto, el señalamiento público, la asunción de responsabilidad y la atribución de la culpa han fomentado el desarrollo de reacciones por parte de los actores políticos que intentan minimizar los efectos negativos. Estamos en un país en el que quien te pisa alega que has sido tú quien ha puesto el pie debajo del suyo. Hacemos lo que sea para no tener que aceptar las equivocaciones. Y los políticos no son diferentes. En algunas ocasiones, la estrategia consiste en escurrir el bulto. En otras, asumir lo sucedido, aunque sea en privado, y restaurar la reputación si se ha visto afectada.

En este entorno se produce un «juego» de culpabilidades que mueve a los diferentes participantes a buscar caminos alternativos. A veces, para escapar de su responsabilidad. Pero otras, por sorprendente que parezca, para ofrecerse como chivo expiatorio con el objetivo de «salvar» al líder, o al partido, o las elecciones. Aunque para el público en general pasen desapercibidos, si miramos con atención, en el análisis de situación que conduzca, de un modo u otro, a la atribución de responsabilidades, se pueden descubrir políticas fallidas o sistemas de formulación de políticas públicas defectuosas. Ésta es una consecuencia no buscada positiva. Lo ideal sería que se aprovechara la ocasión para limpiar aquello que no funciona y mejorar el sistema. La responsabilidad, incluso cuando se pretende poner el foco en los estratos inferiores, suele trepar por los escalones de la jerarquía y golpear a quienes ocupan lo más alto del escalafón, estuvieran o no enterados del problema o del fallo. Estas implicaciones complican mucho el proceso cuando sale a la luz. Por desgracia, nuestra democracia no funciona con tanta transparencia y, a menudo, todo acaba bajo la alfombra.

El resultado y la capacidad de los individuos para influir en este juego de culpabilidades depende de varios factores. Por ejemplo, el entorno institucional tanto dentro del partido como fuera. Siempre me ha llamado la atención la lucha de poder entre cada uno de los cabecillas nacionales de los partidos mayoritarios y los llamados «barones» locales. Un caso especialmente relevante es el de las regiones con peso parlamentario, como Cataluña y el País Vasco. Puede decirse que el PP de Cataluña y el nacional son dos entes separados con muy poco que ver. Este fenómeno sucede también en el PSOE. Un alto cargo del PSOE de Madrid siempre me hace notar la diferencia entre el Partido Socialista de Madrid y la cabeza del dragón del PSOE. Especialmente durante los Gobiernos de Zapatero y Sánchez. Es una manera muy común de descargar la responsabilidad. De esta forma no hay que plantearse la ética de pertenecer a un partido que está destrozando tu país (sea éste el PSOE o el PP). Tú eres de los de tu región o incluso de los de tu ciudad. Lo que haga el partido a nivel nacional no te incumbe. Es una de las cuestiones que me impiden entrar en el mundo de la política o pertenecer a determinados grupos.

La rendición de cuentas en el seno del Parlamento también es complicada. Cuando se gobierna en coalición, con uno o varios partidos más, hay que mercadear con favores para que se pongan de tu parte. Por otro lado, las mayorías parlamentarias impiden un adecuado control. Por eso son tan necesarias las instituciones independientes que sirvan de contrapeso y que veremos más adelante.

Es muy interesante y fructífero analizar las diferentes capacidades individuales en la gestión de las culpas. Éste es un factor que influye de manera determinante en este proceso de asignación de responsabilidades y se refiere a la habilidad del líder o de los líderes para posicionarse en este entramado. En general, en nuestras democracias, los ciudadanos esperan que los errores tengan consecuencias visibles. De ahí que la opinión pública reclame, entre otras cosas, dimisiones como signo de la asunción de la culpa.

En las democracias parlamentarias occidentales, se supone que la rendición de cuentas surge de la cadena de delegación que une al electorado con los dirigentes políticos de manera individual, a través del Parlamento. De esta forma, se entiende que el Gobierno es evaluado en última instancia a través de las elecciones. Pero también se entiende, al menos implícitamente, que un representante que comete un fallo grave no merece más esa confianza y debe renunciar. En un mundo ideal, eso es lo que sucedería. En España no.

Las razones por las que los líderes políticos deciden abandonar suelen variar. Algunos autores sugieren que la falta de desempeño en el rol parlamentario que se asumió al salir elegido y las causas naturales (edad, enfermedad) son las principales causas de renuncia.

No obstante, en España tenemos un caso inédito que dice mucho de nuestra poca exigencia a los políticos y también deja entrever algunas de las causas. A mediados de marzo de 2021, Pablo Iglesias, líder máximo de Unidas Podemos, abandonó sus responsabilidades gubernamentales. Desde enero de 2020 había desempeñado las funciones de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como ministro de Derechos Sociales, según se informó en rueda de prensa el 19 de marzo de 2020, una semana después de confinar España y entrar en un larguísimo estado de alarma, asumió, por delegación expresa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con las bendiciones del Consejo de Ministros, la coordinación de los servicios sociales de emergencia previstos para combatir los efectos de la pandemia. En su intervención, Iglesias explicó que «no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario ni en lo social». Detalló todos los recursos que se iban a destinar a los colectivos más vulnerables; habló de proteger el empleo, de asegurar que los ERTE se cobrarían, que los autónomos estarían protegidos. Y también habló de los trescientos millones de euros destinados a la atención de mayores, en sus domicilios y en las residencias. En concreto, se refirió a la desatención de los mayores en residencias y la escasez de equipos de protección de los sanitarios que las atienden, y aseguró que ese dinero se destinaría a reforzar las plantillas y el equipamiento de éstas. «Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad.» Un mes después no había ni rastro ni del refuerzo en plantillas ni del material de protección y nuestros ancianos morían escandalosamente desatendidos.

¿Fue ése el momento en el que Iglesias dejó su puesto? No. Lo que hizo fue acusar a Isabel Díaz Ayuso y escurrir el bulto. Cuando decidió dejar sus responsabilidades fue en marzo de 2021, un año después, precisamente para enfrentarse a Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid. Todo legítimo y legal. Pero muy feo. Primero, porque, sin primarias ni nada, aparta a la candidata oficial, Isa Serra, quien, sometida absolutamente al carisma del macho alfa, agradece toparse con ese techo de cristal sin anestesia. En segundo lugar, porque abandona la vicepresidencia en un momento comprometido para España, a la espera de los fondos europeos, con una incertidumbre enorme, con enfrentamientos cada vez más notables entre su equipo y el equipo socialista en el Gobierno. Y, tercero, se va sin rendir cuentas de nada de lo que ha prometido y no ha cumplido.

Mi primera interpretación fue que, antes de ceder en cuestiones económicas para recibir fondos, prefería hacer como Varoufakis y dejar a Sánchez solo ante la Unión Europea. Seguramente hay mucho más. Lo entendí cuando una gran persona, muy amiga y con una visión privilegiada de la política, me hizo plantearme la situación desde otra perspectiva con este sencillo comentario: «¿Qué le habrá pillado Iván Redondo, qué secreto le guarda, para lograr que se vaya así? Porque, si hubiera sido una purga, se habrían quitado a Irene de encima, que además está de capa caída y no la quieren ya ni los suyos. Pero ¿Pablo, y de esta manera? Hay gato encerrado, seguro». Ahí lo dejo.

Más allá de esta «rareza histórica», que puede o no ser una forma de deshacerse del molesto Iglesias en el Gobierno, hay otras causas que pueden desembocar en renuncias o dimisiones. Si un ministro se aparta de la línea marcada por el Gobierno, debe dimitir. Cuando un político toma decisiones que se alejan demasiado del partido o de la línea política acordada, debe dimitir. Los ministros también pueden ser «aconsejados» u obligados a renunciar debido a un abuso de confianza respecto al primer ministro, escándalos personales o una crisis económica o política mal administrada. O así debería ser.

Las consecuencias de la crisis pueden producirse casi instantáneamente o años después. Por ejemplo, el primer ministro español Aznar, cuyo partido fue castigado por las urnas y perdió las elecciones tres días después de los atentados de Madrid en 2004, cuando fue acusado de engañar al público sobre la causa de los ataques.10 Estos problemas no suceden tan sólo en España. Por ejemplo, todo el gabinete holandés dimitió años después de la crisis de 2002, cuando un comité de investigación concluyó que el Gobierno holandés tenía que asumir la responsabilidad de la fallida protección de la ONU a los musulmanes bosnios en Srebrenica en 1995.

La resolución de estas crisis de manera más o menos abrupta depende de factores como la credibilidad precrisis y el liderazgo del político afectado. Por descontado, tiene un papel muy importante el enfoque que le den los medios, hasta qué punto sirven de caja de resonancia y a qué intereses políticos sirven.

En la crisis de la COVID-19 no ha dimitido nadie.11 No se han depurado responsabilidades. No ha habido rendición de cuentas, a pesar de los miles de muertos, de los errores manifiestos, de las mentiras groseras y repetidas, del vasallaje de muchos medios. Aquí no ha pasado nada.

Capítulo 2

El espejismo del votante

La gente mentiría menos si supiese que existe un signo seguro del mentir.

PAUL EKMAN

Se vota lo que hay. O eso te dicen. Como en los pueblos casi despoblados cuando llega la furgoneta con el pescado: compras lo que llega o no comes pescado. Para mí no es suficiente. Por eso defiendo la abstención como opción política. No es muy popular. Te dicen que es un voto perdido, que beneficia a los partidos mayoritarios, que es una obligación moral votar y que hay que poner los pies en la tierra. Yo sigo defendiendo que la inacción y el silencio también son un mensaje, y en ocasiones muy potente. Que los políticos no quieran mirar y hagan como que no existe forma parte de la política de gestos que vivimos.

Tampoco soy una ingenua. Es verdad que nadie se identifica al cien por cien con el partido que vota. Ni siquiera los políticos que pertenecen a ese partido. Reconozco que ésa ha sido una de mis sorpresas cuando he tenido la oportunidad de charlar con miembros de algún partido político de largo recorrido. Especialmente cuando se trata de una formación con historia. «¿Y por qué no te vas del partido si no comulgas con lo que están haciendo?» Me miran y me sonríen como quien mira a una niña pequeña. Entiendo que, cuando un partido político, como sucede en cualquier institución, es muy grande, te encuentras un poco de todo. De ahí las guerras internas, que a veces son a navajazos, para que triunfe una corriente determinada, para acercarte a la cúpula, para estar en la cresta de la ola. Los partidos más nuevos sufren este fenómeno en cuanto alcanzan un tamaño crítico.

Pero, si eres más idealista e intentas encontrar una representación más sólida, te advierten del peligro de convertirte en alguien que no vive en la realidad. Y vuelven a mirarte como si fueras estúpida. De esta manera, agarrándose a estos mensajes, la sociedad española ha abierto la puerta no solamente a la tolerancia a la mentira, sino también a algo peor.

1. La invasión de la propaganda

Desde la campaña publicitaria del referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, que nos traería la democracia, las campañas electorales han ido vaciándose de contenido para centrarse en la persuasión a cualquier precio. Desde el punto de vista de la comunicación, los expertos afirman que esa primera campaña fue muy mala, al menos en lo que se refiere a los carteles: descuidada presentación estética, apenas aparecían imágenes y el texto, a menudo en una disposición poco atractiva, era excesivo. No teníamos experiencia. A Franco no le hacía falta ser popular, con tener contentas a las «fuerzas vivas» afines al régimen era suficiente. Ya se encargaría de calmar a la raquítica oposición que, además, era clandestina.

Así que nos encontrábamos ante una realidad desconocida, y la pregunta que los españoles de entonces contestaron el 15 de diciembre de 1976, justo un año después de la muerte del dictador, fue: «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?». Lo que se votaba en realidad era si los españoles querían un régimen franquista sin Franco, que era la opción de Arias Navarro, o una verdadera democracia con Suárez y el rey Juan Carlos a la cabeza.

Sin embargo, aunque no se puede comparar a las campañas actuales, no se nos puede olvidar que Suárez, que lideraba el proyecto, había sido director general de Radio Televisión Española de 1969 a 1973 y que, al asumir la presidencia del Gobierno en 1976, nombró director general de RTVE a Luis María Ansón, un experto publicista. La televisión, que era el medio de masas por excelencia, fue el motor propagandístico de Suárez. Ansón explicó cómo crearon cuatro informativos que competían entre sí: uno más tradicional, otro intelectual, otro más fresco y, finalmente, uno más «hippie» y disruptivo, hasta cierto punto, para cubrir a todos los públicos. Y funcionó. Acudió a las urnas el 77,8 por ciento de la población y la propuesta salió adelante con un 94,17 por ciento de apoyo.

Los eslóganes de las campañas tampoco han cambiado mucho desde entonces, unos cincuenta años atrás. Frases dirigidas a ti, con la intención de provocar la identificación política, de proyectar el plan del partido en el futuro y de transmitir el mensaje que la audiencia quiere recibir.

En el referéndum de 1966, uno de los lemas decía: «Tú eres España, tuyo es el progreso», una frase que podría ser el eslogan de cualquier partido democrático.

Alianza Popular proponía «Para ordenar bien las cosas» en las primeras elecciones democráticas, cuando la incertidumbre acerca de lo que iba a pasar era grande y se temía que hubiera tumultos y que las cosas se desbocaran. Y su temor estaba bien fundado. El secuestro del presidente del Consejo de Estado y empresario, Antonio María de Oriol y Urquijo, del general Villaescusa, los tumultos por las calles, las muertes de jóvenes radicales de izquierda por la policía o la matanza de Atocha sustentaban esa incertidumbre social.

El Partido Comunista se anunciaba con la famosa frase «Pon tu voto a trabajar», asociando al partido con la clase trabajadora. En otras ocasiones, se emplea el eslogan del partido rival para desactivarlo: el PP utilizó el «Ahora» en las primeras elecciones de Aznar como candidato, y el PSOE lanzó en las siguientes elecciones el «Socialistas ahora».

También destacan los mensajes personalistas, como el de Fuerza Nueva, que mencionaba a su candidato, Blas Piñar, en cada uno de los eslóganes, o el del Centro Democrático y Social, que reconocía en la campaña que «Suárez es el CDS». Muy destacable, por paradójico, es que el eslogan de Falange, que se presentaba como el Frente Español, fuera «Juntos podemos». ¡Quién podía imaginarlo!

Pero, aparte de eso, nos encontramos una lista abultada de frases que podrían pertenecer a cualquier partido: «Ahora». «Confianza.» «Contigo.» «Eficacia.» «Mirando hacia el futuro.» «Nuevas ideas, nuevos retos.» «Por el cambio.» «Por las personas, por ti.» «Tu voz, tu voto.» «Un hombre como tú.»

Este tipo de propaganda es perfectamente reconocible, como los anuncios de perfume en Navidades que tratan de convencernos de que «Hay muchos mundos, pero están en ti». Lo malo es cuando esa lógica publicitaria, que trata de enganchar, se emplea en los discursos dejando de lado lo relevante, es decir, sustituyendo la presentación de una propuesta convincente al electorado de cada partido, para un período de cuatro años. Es ahí donde se ha pervertido la política. Allí donde debería haber una exposición de los planes no hay nada: sólo gestos y los consabidos ataques al rival.

Este fenómeno responde, al menos en parte, a la evolución de la propia comunicación política. De acuerdo con los expertos, podríamos distinguir tres etapas.

La primera etapa es aquella orientada al «producto». Los partidos políticos se destacaban por ser los defensores de logros políticos, como la bajada de impuestos, la eliminación de la pena de muerte o la promulgación de la ley del divorcio. En esta etapa premoderna la comunicación giraba alrededor del partido, y los líderes también. Quienes levantaban la bandera tenían un compromiso claro con las ideas y las propuestas del partido. Estamos en la era de las pegadas de carteles, la radio, las convocatorias de masas de simpatizantes que se reunían para escuchar al líder. Una de las características relevantes para nuestro propósito es que la campaña terminaba cuando el objetivo se cumplía y, por tanto, eran bastante austeras.

En la etapa moderna aparece la publicidad política en televisión. Esto lo cambia todo. Los líderes no solamente tienen que saber pronunciar un discurso, sino que también deben ser carismáticos ante la cámara. El mensaje ya no es localista, sino que tienen que llegar a todos los ciudadanos de la nación. La presencia, el tono de voz, la simpatía, la capacidad para sintetizar, el sentido del humor son características de los nuevos líderes. Se necesitan asesores de comunicación: el jefe de campaña adquiere una importancia notable. Y las campañas se alargan y se encarecen.

Pero los mensajes todavía son lo importante. En España hay que destacar la rotundidad del «Españoles, Franco ha muerto» de Arias Navarro, que también parecía presagiar su papel político; el «Puedo prometer y prometo» de Adolfo Suárez, haciendo una apuesta por la honorabilidad de su palabra; la lapidaria frase del rey Juan Carlos en su discurso del 22 de diciembre de 1975, un mes después de la muerte de Franco: «Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro», o la frase de Felipe González que marcó un antes y un después en el destino del PSOE en nuestro país: «Socialistas antes que marxistas».

La tercera etapa es en la que nos encontramos: la etapa posmoderna. Los canales de comunicación son múltiples y dependen de la edad de los posibles votantes. De manera que hay que tener talento televisivo, ser rápido y contundente en los debates, tener presencia en redes sociales y saber manejarse en esas aguas tan difíciles. Hay que llegar a los que acaban de cumplir dieciocho años, pero también, en una población envejecida como la nuestra, tienes que convencer a los más mayores. Eso te obliga, como partido, a diversificar: colocar algún diputado en los debates de Ana Rosa, Ferreras o Joaquín Prat; otros en las tertulias de radio que escuchan quienes van o vuelven del trabajo; fomentar la presencia en Twitter, en Instagram, en TikTok. Nada es suficiente. Estamos en una campaña permanente, en una trinchera comunicativa en la que los ataques se renuevan, las armas están siempre afiladas, y donde no se distingue entre un mensaje demagógico y una propuesta seria.

Los asesores de comunicación son los que escogen al candidato adecuado, no necesariamente en función de su capacidad política, sino por el «tirón» popular que tenga. La estrategia de comunicación se segmenta, de forma que se intenta abarcar a todos los sectores electorales que convengan más por el voto potencial. Por ejemplo, Vox hace todo lo posible por presentarse como un partido del pueblo y quitarse de encima la imagen de «niños bien» que en su momento tenía Fuerza Nueva. Lo han logrado. El PSOE ha logrado acabar con la imagen de partido nacional que tuvo con Felipe González, pactando y coqueteando con el independentismo, argumentando que la propuesta ahora es un modelo diferente de país. Parte del PP sigue en permanente lucha por despejar la sombra aznarista de su horizonte. Sin lograrlo, claro, porque hay otra parte empeñada en rescatar lo mejor de la etapa de Aznar.

Cada partido elige a su «personaje» y elabora las frases y mensajes que necesita para que los españoles nos lo creamos. Y cuando es necesario cambiar al personaje, porque está agotado, se hace. O se intenta. Por eso no suelen ser convenientes líderes con mucha personalidad, que no se dejan amilanar, que marcan el paso. Son menos manipulables por las fuerzas que, tras el foco, manejan de verdad a los diferentes partidos. El compromiso con las ideas ha quedado muy atrás.

Este tipo de nueva política es carísima. El gasto en marketing, imagen y comunicación, para crear unidades especiales dentro del partido que gestionen estas cosas de manera continua y permanente, ha hecho que los presupuestos de las formaciones se disparen y que se busquen fórmulas, muchas veces dudosas, para financiarlos. También ha aparecido una nueva categoría de privilegiado: el asesor político, una especie de publicista que, en lugar de vender perfumes, vende promesas y logra escaños.

Si antes se trataba de cuidar el contenido y el continente, la política actual se olvida de qué se transmite para centrarse en el cómo se transmite. Así, es más importante que hable una mujer, que simboliza la igualdad de género, que la verdadera igualdad, sea de género o sea en un sentido más global. Se entrena la comunicación no verbal para que la audiencia perciba frescura, seguridad, etc., y se olvidan la honestidad en el mensaje, los ideales y la conexión con la realidad.

En esta evolución, el rol que desempeñan los medios de comunicación es crucial. Primero, porque, a diferencia de lo que sucede con el marketing corporativo de las empresas, normalmente los medios exhiben su sesgo político sin problema. Un diario puede ser claramente de derechas o de izquierdas aun manteniendo ese espíritu crítico que define la buena labor periodística. Sin embargo, ningún medio se decanta por una marca de automóviles, de perfumes o por los bancos que emplean el medio para publicitarse.

La relación de la prensa y la política no es neutral. Los periódicos, televisiones, radios y plataformas digitales necesitan del favor del Gobierno para obtener licencias, publicidad institucional y subvenciones con que sustentarse. Y, sobre todo, necesitan ser seguidos, leídos, escuchados y vistos. La búsqueda voraz de audiencias masivas que permitan financiar el medio explica, en parte, la escalada de radicalización, de información expuesta no muy seriamente, no muy ajustadamente y, en ocasiones, con poca contrastación y poca ética profesional.

La llegada de las redes sociales, que compiten directamente con los medios, a pesar de la alianza entre publicaciones y perfiles en redes, forzada por la contundencia de los hechos, ha elevado a la enésima potencia este fenómeno. Y, de la mano de las redes sociales, la aparición de los youtubers políticos ha puesto en cuestión la labor periodística. La reflexión política ha pasado de la pluma o el micrófono del periodista a los del influencer, con todo lo que eso conlleva.

El cambio en la comunicación política tiene mucho que ver con esa mirada asombrada y paleta que muchos dirigen hacia los modos políticos estadounidenses. Las banderitas, los globos, los teleprompters, los grandes estadios, las espectaculares imágenes de televisión nos han transformado en wannabes políticos, en malas copias de un modelo que tal vez sirva para un país del tamaño e idiosincrasia de Estados Unidos, pero que choca con la política real española si no se dota de contenido sólido. Y aquí no se ha hecho.

Un ejemplo que ilustra por qué creo que es un error lo tenemos en el éxito de Vox en las elecciones autonómicas andaluzas, que se debió a que rompieron el molde de campaña. Se patearon pueblo a pueblo toda Andalucía y atendieron a los problemas locales, ofreciendo soluciones o, al menos, una voz que hablara en su nombre. Mientras otros partidos dejaban de lado tradiciones tan arraigadas como los toros y se arrugaban ante los ataques de los animalistas, o de quienes asocian erróneamente la tauromaquia con el franquismo, Vox apoyaba sin excusas el mundo del toro y de la caza. Es verdad que, desde entonces, algunos personajes, periodistas y políticos de diferentes partidos, incluido el PSOE, han «confesado» su amor por ese mundo. Pero nunca lo habrían hecho si Vox no se hubiera atrevido a dar un paso al frente. Y no se trata de estar a favor o en contra de los toros, sino de señalar al que le gustan los toros como facha o asesino y, de esta manera, asegurarse de que los demás políticos se van a acobardar y no van a entrar en polémica, solamente para no ser etiquetados.

Luego Vox llegó al Congreso y entró en la misma rutina comunicativa que los demás, pero añadiendo su sello propio: el tremendismo grandilocuente.

Por fortuna no todo el periodismo es así. Quiero recordar a periodistas como John Müller, quien me dedicó su libro Leones contra dioses, definiéndolo como «una crónica de otra oportunidad perdida de nuestra querida y bien poco liberal España».1 No es el único, pero sí es de los pocos profesionales que mantiene el espíritu del viejo periodismo crítico de nuestro país.2

Una de las expertas internacionales en marketing político, Heather Savigny (2010), recalca la importancia de incluir a la prensa en los estudios de marketing político actuales, que se basan en el modelo de las tres etapas. Estas etapas consisten en: 1) analizar la demanda para identificar las necesidades de los consumidores y mejorar el producto en función de éstas, 2) informar a los consumidores de los cambios efectuados y que se han producido siguiendo sus necesidades y 3) sacar el producto mejorado al mercado generando un mayor beneficio para la empresa. Estos tres pasos se aplican a los partidos que estudian las preferencias de sus votantes y las añaden a sus programas y propuestas políticas. De esta manera pretenden obtener un mayor rédito electoral. Es en este ámbito en el que Savigny cree que en la relación «votante/partido» hay que considerar a la prensa como un elemento muy importante.

El «trabajo interno» (inside job) que realizan los periodistas y comentaristas políticos al interpretar, cambiar y desafiar el mensaje de los especialistas en marketing político es vital en cualquier campaña de marketing. Pero también lo son, y esto no hay que olvidarlo, los intereses particulares de las propias organizaciones y empresas de medios.

2. Uno para todos

Los estudios de liderazgo, especialmente en el ámbito empresarial, nos dicen que el líder debe reunir las cuatro C: ser capaz, creíble, confiable y estar conectado. Es decir, debe haber demostrado competencia en lo que hace, ser reconocido por su honestidad e integridad personal, asegurarse de hacer un seguimiento de lo que dice para demostrar que cumple y estar al tanto y mostrar una preocupación genuina por lo que pasa en su equipo, conocer sus necesidades y buscar soluciones.

Si tomamos una muestra representativa de nuestros líderes políticos, muy poquitos pasarían el filtro de las cuatro C. Entre otras cosas porque la evolución de la política ha llevado a que el liderazgo sea compartido, y que no siempre sean los «cabezas de partido» quienes toman las decisiones. Mucho más ahora que los canales de comunicación se han multiplicado y diversificado, de manera que parece que los políticos debieran compaginar sus tareas en la gestión parlamentaria con ser influencers o, en todo caso, tener un perfil adecuado en redes sociales. La sobreexposición ha llevado a que las tareas se diversifiquen más y que la cara popular, el líder de puertas para afuera, esté blindado por una cohorte de colíderes que controlan la imagen y le asesoran respecto a qué decir y cómo debe hacerlo; al final, las cuatro C se quedan en nada.

Especialmente, tras tantos años de bipartidismo, los líderes del PP y del PSOE no sentían que tuvieran que demostrar nada. Solamente tenían que lograr el apoyo de los partidos «bisagra». Y ahí empezó el baile ideológico. Porque si era necesario hablar catalán en la intimidad, se hablaba; si se tenía que jugar con el significado de naciones y nacionalidades, se jugaba. Si había que inyectar dinero en las autonomías que tenían más peso, se hacía, no por el interés de España, sino por el del partido. Es en estas circunstancias en las que se percibe claramente cómo los dos partidos empezaron a convencernos de que el interés de España era idéntico al de su partido. De manera que estar al servicio de los españoles se identificaba con el servicio al partido. El liderazgo dejó de ser lo que sí había sido con Suárez, y nuestra democracia cayó en un profundo letargo.

Con Podemos y Vox también sucedió algo impensable en este terreno: el retorno del líder tradicional. El hombre sin complejos, que se acerca a la gente, que se sale del molde de la corrección política y emplea todos los recursos propagandísticos a su disposición. Cuando, a los meses de nacer, Podemos se presentó a las elecciones, muchos ciudadanos los votaron por el hartazgo que les producía un PSOE que se turnaba con el PP en la presidencia, y también por la situación insostenible de Izquierda Unida.

«Voté a Podemos porque, en mis cincuenta y seis años, ningún político me había hecho llorar, excepto de horror», declaró un escritor en un medio relevante tradicionalmente de izquierdas. La frase de Juan Carlos Monedero que le había hecho llorar es esta cita de Antoine de Saint-Exupéry: «Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo: crea en los hombres anhelo de mar».

Imagino perfectamente a Santiago Abascal pronunciando esa frase en su primer mitin de campaña, creyéndoselo. Porque, en los dos casos, se trataba de ilusionar a un electorado hastiado. Y Podemos y Vox lo hicieron muy bien, cada uno en su momento. De ahí los resultados positivos en ambos casos.

Eso sí, luego llega la realidad política y te saca los colores. Podemos ha desilusionado a gran parte de sus votantes. Algo que, de momento, no ha sucedido con Vox. ¿Ha perdido liderazgo Pablo Iglesias? ¿Los resultados del 4 de mayo en Madrid nos darán la respuesta? ¿O un buen resultado será el reflejo de un buen trabajo de marketing?

Los estudios de liderazgo político son cuestionados porque las preguntas que se formulan son muy difíciles de responder. Por ejemplo, en lo que se refiere al líder y su entorno. ¿Cómo afecta el liderazgo al entorno y cómo afecta el entorno al liderazgo? ¿Sería Pablo Iglesias el mismo líder si la izquierda española no hubiera estado tan agotada, si el PSOE no hubiera cometido tantas atrocidades y cacicadas? ¿Habría aparecido Vox si el Partido Popular no se hubiera descafeinado y no hubiera tratado de abarcar todo el espectro de la derecha? O, por ejemplo, ¿debe promocionarse o frenarse a un líder político invirtiendo recursos del partido? ¿Hay que sacrificar a buenos políticos para que brille el líder? ¿Los líderes son más o menos convenientes?

Hay que destacar a un tipo de líderes de minorías, los versos sueltos, entre los que destaca Cayetana Álvarez de Toledo, y su andadura en el Partido Popular. Una mujer con su claridad de ideas y de discurso no resulta conveniente para un partido que ya tiene un líder designado y «creado» por el propio partido, como una marca artificial. Un cabeza de partido que nació como solución neutral, a partir del enfrentamiento de dos facciones con dos mujeres a la cabeza: Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Casado le pone una vela a Dios y otra al diablo, y así va el Partido Popular, al menos, el nacional.

Es indudable, por elegir un caso renombrado, que uno de los políticos más respetados de la democracia es Adolfo Suárez. ¿Fue un líder conveniente? El entorno socioeconómico era una dictadura agotada, con su principal líder recién fallecido y unos espectadores internacionales que solamente iban a apoyar una democracia. De haberse encontrado con otras circunstancias, por ejemplo, si España hubiera tenido pozos de petróleo, una situación comercial más independiente e inversión propia, ¿habría sido Suárez un adalid de la democracia o habría optado por continuar con un régimen dictatorial y presidencialista? Nunca lo sabremos. Pero son este tipo de cuestiones las que hacen tan complejos los estudios sobre el tema.

Muchas de estas aristas del problema van al corazón del paradigma: la estructura de la autoridad que está incrustada en las interacciones políticas. ¿El liderazgo está por encima de las restricciones institucionales que impone esa estructura de la autoridad? ¿Lo está en algunas ocasiones y en otras no, dependiendo de la situación? ¿Puede el líder moldear, o incluso fabricar, con la ayuda de los medios de masas un entorno adecuado para perpetuar su liderazgo? Este tipo de líderes disruptivos tienen un doble filo porque, si por un lado generan una mayor fidelización en la población, por la misma razón también abren la puerta a situaciones que ponen en riesgo la propia democracia. Para muestra del peligro del que hablo, solamente hay que observar a todos esos líderes latinoamericanos que han cambiado la Constitución de su país para perpetuar eternamente su poder. Es la estrategia que llamo «la patada constitucional». Es un riesgo que no podemos correr. Y, sin embargo, la cuestión que queda sin resolver es si el líder convencional es realmente efectivo. Hasta qué punto depende de las circunstancias que lo sea. Si sería posible crear las condiciones adecuadas para que el líder, una vez elegido, no se convirtiese en un ser de luz, intocable, y que su gobierno no fuera una élite privilegiada. La importancia del Estado de derecho, entre otras cosas, reside en que es el freno a estos desmanes.

Salvo raras excepciones, el liderazgo político, también a nivel internacional, es, cada vez más, un liderazgo compartido. No sé si cabría en nuestro mundo un personaje como Churchill. Ahora son las autoridades gubernamentales las que elaboran planes de actuación que mantienen al cabecilla al alza y salvan la reputación del partido. En este proceso se tienen en cuenta las diferentes audiencias a las que se dirige el mensaje. Es un proceso parecido a la discriminación de precios en economía: analizas las horas de uso del servicio, el tipo de público que lo utiliza y lanzas una campaña de promoción para aumentar los beneficios. De la misma forma, los partidos analizan si sus votantes son inmigrantes, personas mayores, mujeres, ciudadanos de zonas rurales o urbanitas. Tras ese escrutinio, lo que se estudia es la reputación en cada caso de las caras visibles. Vox tiene a Abascal como líder carismático, pero también a Rocío Monasterio como referente de la mujer joven y profesional, pero fiel a las tradiciones. Podemos defiende el aborto y, a la vez, cada dos por tres aparece Irene Montero haciendo ostentación de su maternidad, llevando a su hija pequeña al ministerio o a las ruedas de prensa.

Los límites a los que se han llegado quedan patentes en dos titulares.

El primero: «El “negro de Vox” la lía pidiendo “machos empotradores” para las “amargadas” de izquierdas» (El Español). El titular se refiere a Bertrand Ndongo, de origen camerunés, asesor de Rocío Monasterio, que ha abierto un exitoso canal de YouTube llamado «La cosa está muy negra», en el que hizo esas afirmaciones.

El segundo: «Pablo Iglesias ficha para su candidatura a Serigne Mbayé, del Sindicato de Manteros» (Público). Llegado en patera desde su Senegal natal, irá de número 9 en las listas de Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid. Después de ser mantero, y de trabajar en todo lo que encontró, es socio de un restaurante en Madrid, y se ha nacionalizado español.

Es llamativo el uso publicitario en ambos partidos de personas muy similares, pero con estilos y objetivos diferentes.

El tema del liderazgo político es un área de investigación que cuenta cada vez con más estudios. Se ha llegado a elaborar un índice que mide el desempeño de los líderes políticos. Los aspectos que contempla son la visión política; la capacidad de comunicar; su puesto en calificaciones concedidas por encuestados respecto al líder de los demás partidos; las calificaciones pero circunscritas al partido; el número de legislaturas en el Gobierno; el margen de victoria en las últimas elecciones; la confianza pública del líder; la probabilidad de que haya un cuestionamiento de su liderazgo en los próximos seis meses; la habilidad percibida de marcar la estrategia y las políticas del partido, y la efectividad parlamentaria percibida.

Yo no soy muy fan de los índices en cuestiones como ésta, porque la medición de algunas cualidades intangibles es complicada y, en ocasiones, imposible.

¿Cómo se demuestra que un líder tiene «visión política»? ¿Cómo se tiene en cuenta si el éxito en el número de legislaturas se trata, en realidad, de un fracaso de los líderes de la oposición? ¿Cómo incluir el efecto «castigo» de quienes votan a un partido que no es el «suyo» porque quieren penalizar un mal comportamiento o una mala actuación de su político favorito votando a otro? ¿Cómo saber si las votaciones de los encuestados respecto al liderazgo dentro del partido no responden a intereses creados?

Pero, sin embargo, sí apunta a cuáles son las características que pueden influir en que los ciudadanos crean más en un político que en otro.

De todos modos, no vayamos a creer que en política hay recetas. De repente, gana las elecciones Donald Trump con una actitud en las redes, o ante la prensa, que no se le consentiría a nadie. Un presidente que ha apoyado a los demócratas durante años, amigo de los Clinton, que ha hecho cameos en series y películas interpretándose a sí mismo, como «personaje», en calidad de millonario estrafalario, y que se llevó a la gente de calle contra todo pronóstico. Recordemos que estos politólogos que se empeñan en medirlo y estabularlo todo se equivocaron por mucho en aquellas elecciones. Que no haya perdido por goleada a pesar de la campaña incansable contra él, su familia, sus políticas, a nivel nacional e internacional, dice mucho acerca de lo ignorantes que somos respecto a lo que la gente pide realmente a sus políticos.

3. El mandato moral

El liderazgo se apoya, entre otras cosas, en la credibilidad y la autenticidad de las personas. Pero, además, requiere de un ingrediente muy importante y difícil de demostrar: el compromiso. Desde este punto de vista, aquellos que defienden una causa basada en una cierta moral tienen las de ganar. Mucho más que los que apelan a cuestiones que tocan el corazón, las causas nobles ensalzan a quienes trascienden el aquí y el ahora, y plantean qué sucede con el futuro de los niños, la justicia social, el final de las guerras, el bien y el mal. Y si el corazón te hace popular, el argumento moral te consagra.

No obstante, la propia convicción moral de las personas puede nublar su juicio respecto a cómo defender su posición frente a los demás. A diferencia de quienes sostienen propuestas que no se sustentan en una moral determinada, los «mandatos morales» no suelen admitir réplica porque se asocian con cierta universalidad y objetividad. De manera que, si no opinas como ellos, el mal te ciega o eres inmoral. Son proclives a considerar las libertades, derechos y obligaciones como derivados de un propósito superior moralmente, por encima de toda regla o autoridad que no comparta esas creencias. La autoridad, las reglas y los procedimientos deberían sustentarse en esos principios superiores, y no al revés. Esta independencia de las normas y de la autoridad puede explicar que los líderes que defienden ese mandato moral puedan albergar algún tipo de derecho o de justificación para socavar las normas sociales en nombre de ese mandato. Y también explica la intolerancia y agresividad hacia las posturas que defienden los demás.

La naturaleza legitimadora de los mandatos morales («el efecto del mandato moral») es especialmente evidente cuando se exploran las percepciones de las personas sobre los resultados legales. Cuando las personas están moralmente convencidas de que hay que lograr un resultado, su convicción moral por esa causa, y no lo adecuado de los procedimientos, determina su percepción de la equidad de ese resultado. No importa tanto el cómo, sino el qué. Y nos acercamos peligrosamente al «todo vale».

Las cuestiones de procedimiento que tradicionalmente transmiten una idea de justicia y equidad a la percepción de los actos políticos importan poco cuando están en juego fuertes convicciones morales. Las personas perciben los resultados «moralmente correctos» como justos y equitativos, y los resultados «moralmente incorrectos» como injustos, independientemente de si el resultado se logra mediante un procedimiento adecuado o no.

Las convicciones morales, a veces, pueden explicar por qué las personas interpretan las violaciones de las normas sociales como comprensibles, hasta llegar a justificarlas. En los casos más extremos, incluso llegan a considerarse como violaciones de la norma potencialmente necesarias. Cuando las convicciones morales de las personas están en juego, los ciudadanos pueden creer que defender esos principios morales es más importante que adherirse a las normas de la sociedad. De acuerdo con esta idea, las convicciones morales más fuertes se asocian con una conformidad más débil con las normas del grupo y con la influencia de la mayoría. Estas reflexiones sugieren que las personas son más propensas a tolerar violaciones de normas en su nombre o en el de otros cuando cumplen con sus principios morales.

Pongamos, por ejemplo, las personas que consideran un deber moral integrar a los inmigrantes, y toleran y justifican el robo y el vandalismo en aras de esos principios que defienden por mandato moral. Quienes defienden el feminismo de izquierda radical prefieren lesionar el Estado de derecho imponiendo leyes que penalizan de manera diferente a los hombres y a las mujeres, por ejemplo en la custodia de los hijos, que asumir que su lucha ha de ajustarse a ese principio democrático.

Pero existen límites para el efecto del mandato moral. No todas las personas apoyan a quienes cometen actos atroces para servir a una creencia moral compartida (por ejemplo, bombardear clínicas de aborto). Aunque este hecho es aparentemente inconsistente con la idea de que los mandatos morales podrían contribuir al apoyo de la gente a la defensa transgresora de otros, hay que tener en cuenta que esa «transgresión» puede darse en varios grados y de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes no apoyar las agresiones físicas a quienes no comparten tu punto de vista, pero pasas por alto la mentira o alguna práctica poco ética, aunque de menor calado. Además, se puede poner en duda excusar la violencia para reforzar un mandato moral, porque justificar esas acciones extremas podría parecer egoísta y potencialmente hipócrita.

Los estudios acerca del liderazgo por mandato moral explican que este tipo de justificaciones afecta a las instituciones y a las autoridades, pero también a la gente de a pie, a los compañeros de trabajo, de estudios, de ocio, etc. Esto nos lleva a pensar en el peligro de usar de manera perversa la moral para aumentar los seguidores y afianzar el liderazgo. Especialmente porque, detrás de la justificación de la mentira, del insulto, de un pequeño fraude, se puede terminar por perder la medida de las cosas.

Un buen ejercicio es preguntarse: ¿admitiría esta falta si quien la comete no compartiera sus valores conmigo?

Ni que decir tiene que los líderes políticos, que no pierden detalle, han aprendido a asumir posturas «morales» como quien se pone un sombrero. Se proclaman defensores de la justicia social, o del medio ambiente, o de la mujer o de lo que sea, para lograr votantes fidelizados por ese «efecto del mandato moral». De esta forma, por un lado, los políticos corruptos van a ser menos castigados si han establecido este tipo de vínculos con la comunidad y, por otro lado, se explica el ascenso y la cabida de verdaderos líderes morales a quienes se les descubre haber perpetrado atrocidades y, sin embargo, son disculpados por sus seguidores, que se hacen los sordos o defienden que «la institución es más grande que la persona, y sus actos quedan limpios de sus vicios».

Así que, a veces, los candidatos y los políticos se salen con la suya, retorciendo más o menos la verdad o bien con mentiras escandalosas, porque los partidarios perciben esas mentiras como un medio aceptable y quizá necesario para lograr un fin moral más elevado. Hay un problema añadido. Cuando un político en un medio de comunicación miente y se retracta, siempre queda un poso de duda en los ciudadanos. Tenemos ese sesgo: una vez que se nos ha presentado una imagen negativa, por más que se intente limpiar la imagen dañada y señalar la verdad, nos vamos a quedar con la pregunta en la cabeza: ¿será verdad? Ya lo dice el refrán: Cuando el río suena, agua lleva.

4. Miénteme

¿Tienen derecho a mentir los políticos? En su libro Cómo detectar mentiras (2009), el psicólogo estadounidense Paul Ekman, cuenta que, ocho años después de haber renunciado a la presidencia de Estados Unidos a causa del escándalo del Watergate, Richard Nixon negaba haber mentido jamás. Sin embargo, sí reconocía que había «simulado». Diferenciaba entre mentir y no decir la verdad. Y no solamente eso, sino que defendía que es algo necesario para conservar un cargo.

¿Hay mentiras necesarias? Probablemente si se trata de evitar muertes, como en el caso de un ministro de Defensa que no revela a los ciudadanos las operaciones de inteligencia militar, están justificadas. ¿Está la ciudadanía preparada para hacerse cargo de la verdad? Pues después de ver, a lo largo de este año y pico de pandemia, lo fácil que es manipular a la gente respecto a cuestiones tan sensibles como la salud, dudo mucho que lo esté. ¿Justifica todo esto que los políticos tengan carta blanca para mentir? Por supuesto que no.

Ekman distingue dos tipos de mentiroso: el que oculta y el que falsea. En el primer caso se retiene información sin decir algo que no es cierto. Pero en el segundo se presenta una información falsa como si fuera cierta. Y luego están las «mentiras descaradas», que son «aquellas sobre las cuales existen pruebas irrefutables de que el mentiroso sabía que mentía y lo hizo adrede». Tenemos ejemplos de todas ellas en el mundo de la política.

Uno de los fenómenos emergentes de esta evolución de la política es la invasión de mentiras y de lo que los ingleses denominan bullshit, término que no tiene una traducción sencilla en castellano. Consiste en comunicar para persuadir, pero independientemente de si lo que se afirma es verdad. De esta manera, tus palabras están enmascaradas como un discurso ordinario, aunque realmente no te importa si el contenido de lo que dices es verdadero o falso, es decir, sólo tienes una preocupación vaga por la verdad. Bullshit es diferente de mentira, si la entendemos como el intento de hacer pasar por cierto algo que se sabe que no lo es. Hay toda una discusión acerca del origen de esta palabra inglesa. Un conocido periodista tituló un artículo «Mierda de toro» traduciendo literalmente la palabra. Sin embargo, a pesar de lo incierto del origen, es posible que se refiera a la expresión bull session en su acepción de «conversación informal, o discusión, especialmente entre varones».

Este comportamiento está relacionado con lo que hoy se conoce como postureo, esa actitud que crece mano a mano con las redes sociales, en las que la pose, la pretensión de realidad y la impostura están a la orden del día.

En su reseña del ensayo del catedrático emérito de filosofía de la Universidad de Princeton Harry Frankfurt, On Bullshit, traducido como «Sobre la charlatanería», Pablo Quintanilla (2007) lo define como «el palabreo, entendido como el discurso vistoso pero fofo y sin contenido [...] con argumentos que no se siguen, afirmaciones sin justificación y puro impresionismo verbal». El charlatán no está interesado en la verdad, pero tampoco en ocultarla. Se centra en convencer y «expresa convicciones débilmente justificadas o discurre floridamente acerca de nada».

En palabras de Roger Senserrich, que reseña a Frankfurt en su página Politikon, el mentiroso conoce la verdad y la oculta adrede porque es incómoda o inconveniente, pero el charlatán es un cínico a quien «el discurso racional le importa un comino, ya que la realidad le importa un comino. Un político que base su campaña en bullshit es un político que tiene un respeto nulo por sus oponentes, la evidencia empírica o sus propios votantes. Es alguien que hace del troleo su principal estrategia política».

Efectivamente, los políticos emplean esta charlatanería e impostura fronteriza con la farsa para atacar a sus oponentes, para apuntarse méritos que no les corresponden o para escurrir el bulto cuando han metido la pata.

Pero hay filósofos y antropólogos que pintan el cuadro aún más terrible. Por ejemplo, F. G. Bailey cree que el liderazgo político es una forma de dominación que no funciona a través de la recompensa o la fuerza, sino que los seguidores del líder «son engatusados para lograr su entrega y lealtad, basándose en una pretendida preocupación o admiración por ellos, o por una causa en la que creen, y en una supuesta virtud del líder».

El carisma no dejaría de ser una cualidad que se fabrica con suficiente poder. En este sentido, la farsa y la palabrería son los elementos esenciales del liderazgo político.

Si a estas consideraciones se le unen la cultura de las redes sociales y el marketing político posmoderno, nos encontramos con la tormenta perfecta.

El influencer político genera oleadas de críticas aceradas, justas o injustas, crueles, mordaces y más de brocha gorda que afinadas. Todo vale: la insinuación insidiosa, la mentira, la calumnia, la exageración. Es el reino del bullshitting político.

Pero también hay que tener cierto talento para ejercer este postureo. Explica el profesor Frankfurt que hay un bullshitting artesanal, ese que presta atención a los detalles como el orfebre al forjado de calidad. Hay que cuidar incluso los detalles que no se ven y evitar la autoindulgencia, también en el arte de la charlatanería. Precisamente, lo que se percibe en nuestros días es una falta de pudor grotesca y una actitud groseramente descuidada respecto al troleo político. Incluso para insultar o trolear hay que tener estilo.

A esto hay que añadir la multiplicación de medios de comunicación muy diferentes a los conocidos, donde cualquier becario puede ser un redactor y la calidad de lo que escribes no es importante, o no tanto como generar retuits con un buen «zasca». El número y la variedad de estos medios, además, han crecido de forma exponencial, de manera que probablemente hay la misma charlatanería de siempre, pero se nota más porque hay amplificadores del efecto.

Hay dos reflexiones más de Frankfurt que son muy relevantes. La primera apunta a este fenómeno moderno que consiste en la imperiosa necesidad de que todo ciudadano democrático tenga una opinión acerca de todo o al menos sobre todo lo que está relacionado con la marcha del país. El surgimiento de los blogs, videoblogs, youtubers, instagramers y de plataformas como Twitter, Facebook, Telegram o Parler no ha hecho sino promover esta necesidad opiniológica tan terrible. Una necesidad que va asociada a la intolerancia a la incertidumbre. Tenemos que saber todo porque la duda y el «no sé» nos deja muy insatisfechos, como si nos faltara algo.

En segundo lugar, Frankfurt explica la relación que hay, desde su punto de vista, entre el escepticismo exagerado y mal entendido y la charlatanería. La difusión de la actitud escéptica, que implica cierto temblor en el ánimo respecto a la verdad absoluta, ha tenido como consecuencia no querida el traslado del centro de gravedad que residía en «lo correcto» y que ahora se localiza en un ideal de sinceridad. Si no existe una realidad única, un referente al que agarrarme, si no puedo afirmar nada respecto a lo que me rodea, al menos podré poner toda mi atención en ser sincera conmigo misma, en ser auténtica, en ofrecer una representación verdadera de mí misma. De esta forma, la verdad que no puedo encontrar fuera, porque el escepticismo exacerbado me lo impide, la coloco en mi interior.

Es una idea a la que merece la pena darle una vuelta porque nos remite a la identidad política que ya hemos revisado. Si no creo en ningún partido, si todos son iguales, al menos voy a definirme yo: soy de derechas, soy de izquierdas, soy anarquista. Y, a continuación, nos preguntamos: «¿Qué haría una persona de izquierdas, de derechas, anarquista en esta situación?». Frankfurt resuelve esta postura explicando que, si la naturaleza no tiene una esencia inherente, nada nos lleva a afirmar que las personas sí la tenemos.

Una descripción más profunda del problema que presenta este tema la aportó George Orwell en su ensayo Politics and the English Language, publicado en 1946. En plena Segunda Guerra Mundial, Orwell señaló la especial conexión entre la política y la degradación del lenguaje. Esta relación explicaba que, por aquel entonces, «el discurso político se haya convertido en la defensa de lo indefendible».

Desde la perspectiva de la escuela de la elección pública, en la que, como hemos visto, se estudian diferentes reacciones por parte de los ciudadanos, la «gestión» del bullshit y la manipulación puede resumirse de la siguiente manera: la opción «salida» se da cuando se intenta evitar; «voz», cuando se confronta y denuncia; «lealtad», cuando se participa y se difunde, y, finalmente, «negligencia» cuando los ciudadanos desconectan y no es que sean inmunes, es que ya no prestan atención. Este último grupo es carne de cañón para la manipulación.

Pero el bullshitting no es exclusivo de la política. También se da en el lugar de trabajo. Algunos estudios han desarrollado una escala de percepción del bullshitting (organizational bullshit perception scale) en la que se analizan tres factores: la verdad, el jefe y el lenguaje. En la empresa, el bullshitting se da, por ejemplo, a través de la tergiversación, cuando el jefe hace afirmaciones sin conocer los hechos. O en la publicidad de la empresa, con eslóganes presuntuosos y superficiales. O en la imagen ante los compañeros de trabajo mediante un currículum en el que se sobredimensiona la propia valía (Ferrerira, Hannnah, McCarthy, Pitt y Ferguson, 2020).

La cuestión de los currículums inflados es muy común en política. Pero no solamente se adornan los méritos de los candidatos, ministros o incluso del presidente. Se miente flagrantemente acerca de lo que se ha estudiado o no.

No obstante, hay que ser realistas: engordar artificialmente el expediente es algo que se hace muy a menudo fuera de la política. Mucha gente miente respecto a sus méritos. Como señala Ekman, no hay pruebas rigurosas que nos permitan saber a ciencia cierta si los políticos mienten más que los ejecutivos de las grandes empresas, que también se ven obligados a negociar y a dar una imagen determinada.

La mentira es mentira, en cualquier ámbito. Una manera de detectarla es entender por qué miente la gente. Probablemente, en muchas ocasiones simplemente porque la verdad es incómoda. O porque la construcción del relato que implica la mentira asegura al mentiroso el control sobre la realidad percibida por los demás. Decir la verdad, vivir frente a ella, a veces implica dejarte invadir por el dolor o por la frustración. El atajo que consiste en negar lo que sucede y presentar una alternativa más beneficiosa para ti, para tu imagen, calma esa incomodidad.

En marzo de 2021, Cass Sunstein publicó su libro Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception. En él analiza la rapidez con la que la mentira se difunde y cómo ha influido este fenómeno en la gestión de la pandemia en Estados Unidos, entre otras cosas. Por supuesto que, habiendo sido asesor de Obama, Sunstein muestra su preocupación por toda la agenda del actual Partido Demócrata, desde las mentiras que llevaron al asalto al Capitolio en enero de 2021 hasta las falsedades que él considera que se propagan acerca del cambio climático. Pero la base de sus ideas es bastante acertada.

Por ejemplo, explica que no todas las mentiras son iguales: algunas tienen por objeto impresionar a los amigos; otras se deben al orgullo; otras son fruto de la necesidad de control o fruto del miedo, o simplemente un modo de evitar decepcionar a alguien que te importa.

No obstante, todos hemos experimentado alguna vez el dolor de ser engañados, hemos sido víctimas de una mentira. No es una sensación agradable. Por eso tenemos cierta tendencia a manifestar nuestro apoyo al control de la mentira. En algunos casos, como el perjurio en un juicio, que puede llevar a la cárcel a un inocente o dejar libre a un asesino, es muy claro por qué está tipificado como delito. Pero, como siempre, los matices complican las cosas.

En la democracia liberal, en la que el Estado de derecho asegura nuestra libertad de expresión, nos encontramos con un problema. Por un lado, la defensa de la libertad de expresión de alguna manera protege a quien miente. La falsedad no está penalizada. Pero, por otro lado, el mismo Estado de derecho debe proteger a cada ciudadano del daño perpetrado por otros. Y las mentiras, dependiendo de determinados factores, pueden causar daño. ¿Qué hay que preservar, la seguridad de los ciudadanos o la libertad de expresión?

En términos generales, Sunstein no está de acuerdo con penalizar la mentira. Considera que los funcionarios no deben ser nunca policías de la verdad. Todos estamos sesgados por nuestros prejuicios y nuestras circunstancias, y sería muy posible que, al final, el policía de la verdad acabara aplicando esa censura por cuestiones ideológicas a quienes no pensaran como él, de manera muy injusta. Por eso, según este autor, lo mejor que se puede hacer con una falsedad es corregirla, no prohibirla. También es cierto que se puede clamar contra la mentira, contra las fake news, mintiendo. Se puede acusar falsamente a un medio o a una persona de mentir. Así que la cosa es más complicada de lo que parece y el resultado puede llevar al descrédito y la falta de confianza en el seno de la sociedad.

Frente a quienes pretenden o total libertad o total regulación, el autor, muy en su estilo, propone un camino intermedio que consiste en discriminar en qué casos es necesaria una regulación y en diferenciar la severidad de la penalización. Sunstein expone cuatro criterios.

El primero es la intencionalidad. Es diferente si una persona miente adrede que si es simplemente dejada o negligente, imprudente, o si es una persona razonable que está equivocada. Es mucho más grave el primer caso. Especialmente si esa mentira causa un gran daño a sabiendas de quien la suelta. La imprudencia no es inocente, pero no hay una intencionalidad tan clara, incluso si se incurre en un perjuicio contra otra persona y hay que hacerse cargo de las consecuencias, no había un propósito previo. Finalmente, es posible que yo diga algo que es falso porque de verdad creo que es así. Hay personas que demuestran que la Tierra es plana con argumentos espurios y se lo creen a pie juntillas. La responsabilidad es menor que en el primer caso.

El día 9 de abril de 2020, menos de un mes después de confinar España, Pedro Sánchez, desde el atril del Congreso de los Diputados, afirmó que «un estudio de la Universidad de Oxford otorga a España la puntuación más alta de entre los países occidentales, noventa sobre cien, en cuanto al rigor en la respuesta a la pandemia». La verdad es que estábamos en la posición treinta y uno de un total de ciento trece países. No rectificó. Pero, además, en el propio estudio se exponen los criterios manejados para confeccionar el ranking y se expresa explícitamente que el ranking «no debe ser necesariamente interpretado como una nota sobre la efectividad o la oportunidad de la respuesta de cada país. No proporciona información sobre cómo de bien se aplican estas políticas ni recoge datos demográficos o características culturales que puedan afectar a la propagación de la COVID-19».

En el fact checking de la publicación digital Newtral, claramente afín al Gobierno, se explica que la cifra es cierta, pero no es verdad que fuera la más alta de los países occidentales. Y a continuación se desarrolla una complicada exposición de diferentes mediciones de ese estudio, cuyos datos se actualizaron, pero no en este formato, sino en el otro, y el presidente, en realidad, estaba basándose en otra tabla, pero si miramos hoy en día, la cifra es mucho más alta... Y así hasta la eternidad, creando más confusión que otra cosa. Pero lo mejor es la nota que advierte: «Para permitir una mejor visibilidad de los datos no se han seleccionados todos los países que tienen una mayor puntuación que España, sino una selección de los países europeos con mayor puntuación. Puedes buscar y comparar todos los países incluidos en el informe en el filtro de la visualización». Mencionan trece países de los treinta con mejor posición que nosotros. No está mal para una página que alardea de ser la plataforma de fact checking más importante de España y que fue contratada por Facebook como plataforma verificadora independiente de noticias poco antes de las elecciones de abril de 2019.

Mentía adrede Sánchez. Manipulaba adrede Newtral.

El segundo aspecto que hay que considerar es la gravedad del daño. Si yo miento a un desconocido en un tren y le cuento que tengo ocho hijos, simplemente para estar entretenida, estoy mintiendo, pero, en principio, no hay perjuicio para nadie. Si miento en una entrevista de trabajo y digo que tengo un título que en realidad no he obtenido, y me eligen para ese puesto, estoy perjudicando a las personas que podrían haber sido elegidas y no mintieron. Si grito «¡Fuego!» en una sala de cine sin que haya un incendio real y se produce una estampida de gente, y como consecuencia hay heridos, el daño es mayor. Si soy el responsable de la gestión de pandemias de un país y en rueda de prensa afirmo que las mascarillas no son necesarias, cuando sé que lo son y que la realidad es que no hay mascarillas suficientes en el país, soy responsable de los contagios ocasionados por la falta de mascarillas. Si a causa de mi mentira el presidente de Rusia lanza un misil nuclear contra una población, obviamente, la cosa es mucho más grave.

El tercer punto consiste en cuán probable es que se produzca ese perjuicio. Por ejemplo, si yo difundo una información falsa que podría ocasionar un conflicto armado, pero soy una persona anónima sin acceso a redes sociales y el lugar en donde he hecho ese comentario falso es en el bar de mi pueblo, es poco probable que se produzca ese daño, aunque el riesgo existe potencialmente. En el caso del lanzamiento del misil por parte de Rusia, puede que a continuación sobrevenga la tercera guerra mundial y se extinga la especie humana de la faz de la Tierra, aunque es poco probable.

El cuarto criterio se refiere a la inminencia del daño. Si se va a producir de manera inmediata, no puedes hacer nada para evitarlo. Si difundes una información falsa cuyas consecuencias negativas van a producirse dentro de cinco meses, es posible que te dé tiempo a corregir esa información y a prevenir, hasta cierto punto, el daño potencial.

Las mentiras del Gobierno español causaron daños inmediatos. A veces se rectificaron, pero otras veces no.

Hay una cuestión que pone de relevancia la gravedad de ciertas mentiras.

Cass Sunstein pone como ejemplo el daño que causaría mentir en la obtención de una condecoración muy valorada. Pongamos un caso real: Xavier Álvarez, residente en Pomona, Los Ángeles. En su primera reunión como miembro de la junta del Distrito de Agua de Three Valleys, al este de Los Ángeles, Xavier Álvarez se presentó diciendo: «Soy un infante de marina retirado desde hace veinticinco años. Me jubilé en el año 2001. En 1987, me concedieron la Medalla de Honor del Congreso». Nada que objetar, excepto que no había recibido la medalla, que es el premio más honorable de la nación por muestra de valor en la acción contra una fuerza enemiga. Más adelante, el mentiroso admitió que ni siquiera había servido en el Ejército. Fue juzgado y condenado a tres años de libertad condicional y servicios a la comunidad.

Sunstein se pregunta qué daño causa una mentira así. En realidad, ninguno de los que estaban presentes en su presentación, ni su familia ni sus amigos, recibió ningún daño. Pero sí la institución: el Congreso de Estados Unidos, responsable de otorgar ese reconocimiento. El daño consiste en el deterioro de la credibilidad tanto del premio como de la institución que lo concede y la afrenta a quienes sí lo recibieron por las razones adecuadas.

Un paso más allá en el desprestigio, no ya de una institución sino de un grupo social, está el discurso de odio. El llamado discurso del odio consiste en fabricar un relato falso acerca de una comunidad con el objetivo de justificar el daño perpetrado a este grupo por otros, o de alentar la crispación y el desprecio por dicho grupo. Ciertamente, en muchos casos se pretende generar violencia contra ellos, pero manteniendo la apariencia de inocencia tras el argumento de que el culpable es quien golpea, y «yo hablé, pero no golpeé». ¿Hasta qué punto un político o grupo político es responsable de la violencia generada por sus palabras, tenga o no intención de generarla?

En este sentido, el perjuicio por pérdida de reputación provocada por mentiras, informaciones sin contrastar, imprudencias en el discurso justificadas por razones políticas y partidistas está transformando la sociedad en un entramado de presuntos ofensores, por un lado, y de ofendidos, por el otro, incapaces de desarrollar el ingenio para responder a las supuestas ofensas, paralizados ante cualquier insulto, que no saben defenderse y, por tanto, reclaman la ayuda y la intervención del Estado a cada paso, claman por incrementar los castigos, la censura y la prohibición.

Finalmente, quisiera cerrar el tema de la mentira con una reflexión acerca de Cass Sunstein. Este autor aboga por que las empresas privadas como Facebook, Twitter e Instagram desarrollen arquitecturas tecnológicas que repriman las fake news, y ha delimitado con finura y precisión los diferentes tipos de mentira y lo importante que es saber combatirla sin recurrir a la prohibición ni restringir la libertad individual.

Es la misma persona que en su libro con Richard Thaler afirmó: «Una vez que sabemos que las personas son humanas y tienen algo de Homer Simpson en su interior, se puede hacer mucho para manipularlas». Un experto en manipulación hablando de lo mala que es la mentira no resulta muy confiable, sinceramente.

A pesar de los esfuerzos del moderno marketing político, del diseño impecable de los nuevos líderes, de la coexistencia de éstos con otros que se rigen por un mandato moral, la generalización del bullshitting, la mentira y el incremento de la fatiga social han provocado que aparezca un nuevo elemento en el terreno de juego: la abstención.

Incluso la Unión Europea es consciente de este factor que está relacionado con la insatisfacción democrática, un sentimiento compartido de que los representantes electos no se preocupan por sus electores, y que no solamente es común a la mayoría de las naciones de la UE, sino que también afecta a países como Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Solamente en Suecia la mayoría opina que a los representantes electos les importa lo que piensen personas de la calle como ellos. Los holandeses y los polacos están divididos sobre esta cuestión. Sin embargo, en otros países europeos, la mayoría no cree que a los políticos les importe lo que piensa el ciudadano medio. Los griegos son los más negativos cuando se trata de evaluar a sus políticos: sólo el 13 por ciento dice que los funcionarios electos en su país se preocupan por personas como ellos.

Una ojeada a las estadísticas del Pew Research Center, que miden la percepción de los ciudadanos respecto a sus instituciones, arroja resultados curiosos.

Las tablas 1, 2 y 3 presentan los datos de catorce países europeos, además de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, respecto a tres cuestiones:

Fuente: Spring 2019 Global Attitudes Survey. Q50a. «Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong.»

Fuente: Spring 2019 Global Attitudes Survey. Q50b. «Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong.»

Fuente: Spring 2019 Global Attitudes Survey. Q5. «Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong.»

En general, Suecia, Polonia, Alemania y Holanda son los países en los que los ciudadanos han respondido positivamente en un mayor porcentaje a las tres preguntas.

Los electores de España, que son bastante escépticos acerca de si confían en que los políticos se preocupen de sus problemas y no están muy contentos con su democracia, muestran una gran confianza en que votar es una manera de opinar acerca de lo que hacen los políticos: un 80 por ciento de los españoles respondieron afirmativamente.

¿Coincide esta investigación con los porcentajes de abstención? No mucho. Si tomamos los datos de las últimas elecciones a los respectivos parlamentos, vemos que los países en los que la abstención es menor son Luxemburgo, Bélgica y Suecia. Mientras que los menores porcentajes de participación, aparte de los países balcánicos, se dan en Francia, Portugal y Suiza.

Son muchos los factores que afectan a estos resultados. El tamaño y la estabilidad de la población, la fragmentación política, el sistema de votación, la obligatoriedad o no de votar, la edad o la percepción del deber cívico son algunos de ellos.

Hay estudios que dan cuenta no solamente del porcentaje de abstención en nuestro país, sino también de sus causas y de su significado. Destacan los estudios de Manuel Justel, que analiza el período que abarca desde la Transición hasta la década de los noventa, y el de Pedro Riera, más reciente, que estudia la abstención en la España de las autonomías.

¿Por qué la gente prefiere no votar? ¿Son todos una panda de vagos? ¿Tiene la abstención en España alguna particularidad? En principio, la abstención tiene dos componentes principales: por un lado, la estructura social, que se refiere a la edad, el sexo, la educación formal o el estado civil, y por otro, las actitudes políticas, que atañen al interés que despierta la política y a la identificación política del votante. Los factores que explican las actitudes son complejos y en muchas ocasiones no se llegan ni a medir, al menos en España. Pero parece claro que los votantes que se identifican con un proyecto político tienen muchas menos resistencias a votar: es lo que se conoce como participación de bajo coste.

Hay que tener en cuenta que, si bien hay un porcentaje de abstencionistas recalcitrantes (como yo), también hay un porcentaje intermitente, que anda en torno al 25 por ciento. Ése es el objetivo que pretenden captar las campañas de los diferentes partidos políticos, sin duda.

Como era de esperar, las elecciones generales son las que muestran un mayor grado de participación y las europeas, las que menos. La desafección respecto a las instituciones europeas es algo conocido, incluso si es a ellas a las que recurrimos cuando estamos cayendo por el abismo de la crisis económica.

Pero es un hecho sorprendente la llamada «abstención diferencial», que consiste en la menor participación en las elecciones regionales respecto a las nacionales. No es exclusivo de España. En ello influye la situación socioeconómica de cada comunidad autónoma, pero también el liderazgo regional. En ocasiones, aunque la lógica nos dice otra cosa, los ciudadanos tienen la sensación de que donde se decide de verdad qué va a pasar es en las elecciones al Parlamento de la nación. Por el contrario, cuando los líderes regionales, los llamados «barones», están más pendientes de cómo ganar poder dentro del partido, la desafección ciudadana se nota.

Capítulo 3

La casa común: el Estado de derecho

La soberanía de la ley no debe confundirse con la soberanía del Parlamento.

FRIEDRICH HAYEK

1. Los cimientos de la democracia

La sociedad en la que vivimos pertenece al mundo civilizado. Estamos entre los países privilegiados de Occidente, el antes llamado «Primer Mundo». Además de un respetable nivel de vida, tenemos instituciones democráticas, de las que no siempre hacemos buen uso. A veces son una pantalla detrás de la cual se oculta una maraña confusa de intereses particulares. A menudo se concluye que esto se debe a la imposibilidad de conjugar los intereses de cada uno con los de la comunidad. Tiene su lógica pensar que, siendo tantos y con intereses tan diferentes, es imposible que lo que es bueno para uno vaya a ser bueno para todos. ¿Cómo conciliamos esas diferencias?

Es muy famosa la analogía de la mano invisible de Adam Smith cuando intentaba explicar en qué consistía la ley armónica de la sociedad. De acuerdo con el autor escocés, cuando se respeta la libertad individual, es decir, aquellas tendencias que nos permiten sobrevivir en sociedad y que, por decirlo de alguna manera, traemos de serie, como la búsqueda del propio interés o el intercambio, entonces los intereses individuales y los de la comunidad estarán en armonía, como si una mano invisible los hubiera alineado. Por tanto, ¿es malo el propio interés, sea quien sea el sujeto? No. Un político tiene su interés particular, como lo tiene el panadero, la monja de clausura, el cantante de rock o cualquier persona. Otra cosa es usar a los demás como meros instrumentos, mentir, robar o matar para alcanzar tus fines. Eso no está bien. Y no es exclusivo de los políticos. Todo depende de los incentivos.

En primer lugar, hay que diferenciar entre el propio interés y el egoísmo. Smith considera varios frenos al egoísmo, entre los que están la empatía y lo que cada cual interpreta que es la norma social tácita del grupo en el que se desarrolla, la interpretación subjetiva de la norma moral común. En ambos casos, estas características son innatas y se dan en mayor o menor grado en cada persona. Uno puede plantearse una acción manifiestamente egoísta, pero finalmente decidir no hacerlo porque es capaz de ponerse en la piel del otro o porque sabe que ese acto es reprobado en la comunidad, en la que el egoísmo es considerado como inmoral. Unas personas serán más proclives a dejarse afectar por un freno; otras, por el otro, y algunas, por ninguno de ellos.

El tema es el complicado equilibrio entre la supervivencia del grupo o tu propia supervivencia. Entrando en este tipo de cuestiones, es muy llamativo estudiar las excepciones, como, por ejemplo, el rol del héroe de la comunidad. Valoramos a esa persona que da su vida por los demás, sabiendo que, si todos hiciéramos lo mismo, no sobreviviría la especie. Así que, en general, todos vamos a buscar ese interés particular, atemperado por la mayor o menor empatía que tengamos, por los valores que creamos que se respetan en nuestra comunidad y la mayor o menor importancia que le demos a éstos. La teoría armónica de la sociedad de Adam Smith reconcilia esta ambigüedad de una manera espontánea y elegante: sin coacción.

El mismo Smith considera que el soberano debe crear un entorno adecuado en el que esa armonía social se propicie, un marco que debe incluir la justicia, la defensa y el cumplimiento de los contratos, entre otras cosas.

Efectivamente, para que cada cual pueda elegir su camino por el que prosperar y para que la sociedad genere riqueza, es imprescindible que se den determinados requisitos, como, por ejemplo, que haya paz en el país, una moneda saneada o estabilidad política.

Uno de los recursos que tenemos en nuestra sociedad, ejemplo de evolución y civilización, es el Estado de derecho.

El profesor de la Universidad George Mason Peter Boettke da un paso más allá y se plantea el Estado de derecho, es decir, el marco institucional en el que se desarrolla el proceso productivo, como un factor de producción más:

A diferencia de la tierra, el trabajo, el capital y el espíritu empresarial, cuya coordinación es un resultado de los arreglos posconstitucionales, el derecho es, en sí mismo, la encarnación institucional de los procesos de intercambio voluntario, que evolucionan a partir de las decisiones, no del diseño, de los jueces, y que conforman las expectativas confiables, acerca de quién va a ser quien «planifique» la coordinación de los otros cuatro factores de producción (Boettke, 2014).

Pero ¿qué es el «Estado de derecho»? Simplemente, es un modelo de orden. Nada más. Es una característica de algunos Estados que se formula como un criterio a la hora de organizar la vida política. De acuerdo con este criterio, todos los miembros de la sociedad se consideran sometidos a determinados códigos y procesos legales, comunes a todos, que son divulgados y conocidos públicamente.

En esa definición, que es más o menos la convencional, hay que resaltar varias cuestiones. Para empezar, que, para que todo el mundo conozca los procesos legales y las normas jurídicas, éstos han de estar recogidos por escrito. También deben estarlo los códigos que describen los incumplimientos y las sanciones de diferentes tipos. Además, no solamente los ciudadanos, sino también las autoridades del Estado, están limitados por un marco jurídico con el que se comprometen al aceptar el cargo.

En Camino de servidumbre, Hayek diferenció los países libres de aquellos en los que el Gobierno es arbitrario precisamente por la observancia del Estado de derecho, que para él «significa que el Estado está sometido en todas sus actuaciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento».

No todo Estado es Estado de derecho. Por supuesto, es cierto que todo Estado, entendido como el conjunto de instituciones que conforman la estructura que dirige la nación,1 funciona con un sistema normativo jurídico. En este sentido, crea y se justifica en el derecho. Difícilmente cabría pensar hoy en un Estado sin un sistema de legalidad, incluso cuando lo incumple o cuando esa legalidad es aberrante. Y, sin embargo, como he dicho, no todo Estado es Estado de derecho. No toda ley es una ley «sana». Para ser más concreta, la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, no permite hablar de Estado de derecho, aunque se sirva de un sistema normativo jurídico. Pensemos en las leyes de Hitler o en las del Gobierno de la República Comunista de China. Es un tema en el que hay que insistir, porque en ocasiones provoca confusión, a veces intencionadamente. Y eso es lo peor, las intenciones de quienes oscurecen este punto.

Esta distinción es muy importante porque sobre ella descansa la diferencia entre un Estado totalitario y el que no lo es. Por eso es sumamente relevante que todos los agentes implicados en el universo de la política sepamos en qué consiste, cómo cuidarlo y qué pasa si nos olvidamos de él.

¿Qué sucede cuando en una sociedad hay Estado pero no hay imperio de la ley? Podemos mirar lo que sucede con muchos países latinoamericanos. Según el profesor e intelectual chileno Fernando Mires, mientras que en el siglo XIX Latinoamérica no vivió ninguna democracia, durante el siglo XX sufrió una sucesión de Gobiernos dictatoriales, democráticos y populistas que siempre atacaron lo más esencial del Estado de derecho.

La única primavera que conocimos fue breve; empezó a fines del siglo XX y terminó con la aparición de Gobiernos que permiten celebrar elecciones —opacas en algunos casos y limpias en otros—, pero que son marcadamente personalistas y verticales, y tienen a Cuba como epicentro ideológico: la autocracia chavista (Venezuela), la de Morales (Bolivia), la de Ortega (Nicaragua) y la de Correa (Ecuador), por ejemplo (Romero-Castillo, 2016).

Efectivamente, es notable la proliferación de golpes de Estado que han terminado poniendo al mando a un líder, militar o civil, hombre o mujer, que se ha arrogado el poder, la representación y hasta la identidad del pueblo. Como expresa de forma tan bella y explica Fernando Miralles:

El populismo, lo hemos visto en cientos de casos, estalla ocasionalmente como una relación de amor narcisista entre un líder y «su» pueblo. Narcisista, porque el pueblo se ama a sí mismo en el líder y el líder se ama a sí mismo en el pueblo. Goce simple y puro donde ambos, líder y pueblo, se adulan, se unen y se penetran (Miralles, 2021).

Eso sí, recordemos que ese líder puede, en cuanto cambie el viento, matar al pueblo, someterlo a vejaciones, expropiarle lo que se ha ganado con el sudor de su frente y truncar la prosperidad de las futuras generaciones a su antojo. Por eso el Estado de derecho es tan importante, porque sirve para evitar justamente estas situaciones.

A pesar de lo obvio que resulta su importancia, en nuestro país, occidental, europeo y avanzado, una simple ojeada a la composición del Parlamento nos lleva a plantearnos si quienes ocupan esos escaños saben, de verdad, en qué consiste el Estado de derecho y si son conscientes de lo que juran cuando toman posesión de su puesto. Esta duda no sorprende tanto si recordamos la perversión del juramento de lealtad y acatamiento a la Constitución española desde los años ochenta hasta nuestros días.

Una postura coherente era la de Herri Batasuna, que no tomaba posesión y dejaba el escaño vacío porque no querían participar en las instituciones españolas, excepto en los ayuntamientos, donde eran elegidos por los vecinos, que para ellos eran vascos, no españoles. Sin duda, debieron de darse cuenta de que así no lograrían la independencia y la cosa cambió. Una vez ilegalizada, se crearon nuevos partidos mucho más cínicos, y ahora son socios del Gobierno.

Es muy ilustrativo leer los artículos del 14 y 30 de diciembre del año 2011, escritos por Ignacio Gomá Lanzón y Fernando Merino Merchán, respectivamente, en el blog Hay derecho. En ellos analizan la pertinencia, el significado y las implicaciones de que algunos independentistas añadieran «por imperativo legal» al juramento (o promesa) de acatamiento de la Constitución española al tomar posesión del escaño. Después de que, en diciembre de 1989, el socialista Félix Pons, que presidía el Congreso entonces, expulsara a Jon Idígoras, Itziar Aizpurúa y Ángel Alcalde, diputados de HB que utilizaron esa fórmula poco ortodoxa para acceder a su cargo, Idígoras declaró ese mismo día: «El señor Pons, quizá mal aconsejado, ha tomado una decisión poco positiva, ha adoptado una postura ridícula al hacer razón de Estado de la fórmula de acatamiento. ¿Hay que uniformar a todos los diputados que están en esta Cámara?». El Tribunal Constitucional otorgó recurso de amparo en dos ocasiones y finalmente se aceptaron las fórmulas más creativas. Los textos de Ignacio Gomá y de Fernando Merino, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional y sabe muy bien de lo que habla, pero también la lectura de los comentarios de los lectores del blog, son muy instructivos. La conclusión es que no ha habido, ni hay, a día de hoy un consenso claro, pero sí parece que la decisión del Tribunal Constitucional fue considerar el juramento solamente como un gesto. En el año 1990, el Tribunal Constitucional que dictó sentencia a favor del recurso de Jon Idígoras y otros dos diputados de HB estaba presidido por Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA pocos años después. El gesto definitivo de respuesta.

En la sentencia firmada por Tomás y Valiente se afirmaba:

El requisito del juramento o promesa es una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el empleo de ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales. En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica, que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político, que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora.

Con el paso de los años, hemos encontrado aberraciones, pero, eso sí, menos «excluyentes», como jurar acatamiento a una Constitución monárquica desde la fidelidad a la República. ¿Qué se puede esperar de un Parlamento donde hay miembros que se cachondean de esta manera de la institución para la que se han presentado a unas elecciones y, por tanto, se cachondean de la democracia?

Me quedo con la reflexión del magistrado Fernando Merino en el final de su artículo:

La consecuencia de todo lo expuesto es que para el TC la fórmula sacramental del juramento o promesa no es una formalidad constitutiva en el acceso de los parlamentarios a su condición plena de diputados o senadores, lo cual a nuestro juicio violenta el art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, además de haber dado lugar a proteicas manifestaciones de los parlamentarios en su jura o promesa constitucional.

La fórmula del juramento de las constituciones occidentales es siempre solemne e intangible, por lo que su incumplimiento supone la pérdida de la condición de parlamentario.

2. Los pilares: pesos y contrapesos

Prometer la Constitución implica que el diputado se compromete a acatar el Estado de derecho en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que el poder y la actividad del Estado, y por tanto su propio poder y actividad, están regulados y controlados por la ley, en contraposición a cualquier forma de Estado totalitario, donde el poder es ilimitado, en el sentido de que no está controlado jurídicamente o, al menos, que está insuficientemente regulado y sometido al derecho. Hitler o Chávez cumplían sus propias leyes, pero sus actos no estaban limitados por esas mismas leyes porque podían cambiarlas a su antojo.

Así que, para que cualquier ciudadano pueda comprobar si vivimos o no en un Estado de derecho, debe poner el foco en el control jurídico del poder estatal, la seguridad frente a cualquier arbitrariedad y el imperio de la ley.

A veces, se expresa el imperio de la ley como «la ley como expresión de la voluntad general». Más allá de lo indeterminado de la expresión «voluntad general», que en realidad no existe, esa afirmación no debe interpretarse como una imposición de la mayoría a los individuos. Se trata de otra cosa. Implica que se espera que los legisladores, como representantes electos de los ciudadanos, van a promulgar leyes acordes con los principios más básicos del derecho: leyes universales, de obligado cumplimiento, impersonales, permanentes y no retroactivas. Y que no van a sacar leyes inmediatas para calmar a la prensa, a golpe de titular; ni leyes que dividen a la ciudadanía en bultos sospechosos y ciudadanos de primera; ni leyes que no puedan ser aplicadas a todos. Tengo mis dudas acerca de que hoy en día las leyes cumplan estos requisitos, pero no soy yo quien debe denunciar estos atropellos, sino los expertos en estos temas. No puedo evitar recordar la gran obra de Frédéric Bastiat, La ley, que comienza con el siguiente párrafo:

La ley ¡pervertida! La ley, y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino aplicada para contrariar su objetivo lógico. ¡La ley convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno! (Bastiat, 2003).

Son palabras muy duras que el autor justifica a partir de dos tendencias de la naturaleza humana: la expoliación y el falso altruismo. En primer lugar, Bastiat se da cuenta de que, aunque en general la mayoría de los seres humanos ha aprendido a trabajar y crear riqueza para sobrevivir, otros tantos también han aprendido a vivir a costa de los demás. Es un fenómeno estudiado en el siglo XX por la escuela de la elección pública, que definió el problema del free rider o gorrón: el tipo que se cuela en el metro sin billete, por poner un ejemplo. El problema es cuando esos free riders están en el Gobierno, ocupan puestos de responsabilidad en la administración y toman decisiones. Es el caso de quienes, aprovechando su poder, utilizan el dinero de otros en su propio beneficio, se quedan con regalos que se conceden al cargo y no a la persona, o cobran comisiones por un servicio que no han realizado personalmente, sino que va con su cargo y ya está remunerado: por ejemplo, cobrar comisiones de intermediación cuando eres rey. En ese caso, el expolio es contra toda la población. Ante esta situación, los ciudadanos con influencia suficiente, explica Bastiat, pueden hacer dos cosas: tratar de acabar con la expoliación legal o participar en ella. Estamos viviendo en una situación en la que la mayor parte de las veces la elección es la segunda opción.

¿Por qué sobreviven estos abusos? Porque la mayoría de los ciudadanos, que tienen buenas intenciones y ponen sus principios morales por delante, confunden dos conceptos que no siempre van unidos: ley y justicia.

Todos tenemos una fuerte inclinación a considerar lo legal como legítimo, hasta tal punto que son muchos los que falsamente dan por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta pues que la ley ordene y consagre la expoliación para que ésta parezca justa y sagrada para muchas conciencias. La esclavitud, la restricción, el monopolio encuentran defensores no solamente entre los que de ello se aprovechan, sino aun entre los que por ello sufren (Bastiat, 2003).

Es muy triste que las palabras de Bastiat resulten tan actuales y reflejen de manera tan precisa lo que está sucediendo hoy, no solamente en España, sino en muchas democracias occidentales. Unas democracias de las que, atrapados por nuestro narcisismo, nos vanagloriamos. Por ejemplo, cuando explica que uno de los efectos de esta perversión de la ley es el señalamiento moral del que discrepa, afirma que «si uno dicta cátedra sobre moral o economía, no tardan en aparecer instituciones oficiales que hacen llegar al Gobierno peticiones» censoras, que asumen que toda ley es buena por el mero hecho de ser ley. Así, la siguiente reclamación que cita Bastiat podría darse en cualquier universidad estadounidense, canadiense, francesa o española: «Que en las cátedras públicas, remuneradas por el Tesoro, el profesor se abstenga rigurosamente de llevar el menor ataque al debido respeto a las leyes en vigor» (Bastiat, 2003).

¿Pero cómo se define la expoliación legal? ¿Cómo reconocerla? La prueba del algodón consiste en examinar si la ley determina que el político puede realizar un acto que cualquier ciudadano no podría sin incurrir en criminalidad y, además, el político lo hace para beneficiar a un ciudadano, a él mismo o a otro, y en perjuicio de los demás. Esto sucede incluso cuando, para que el abuso no sea evidente, se pretende generalizar el expolio, de manera que se intentan legislar temas que afectan a todos, y se ofrece como justificación el bien común o un falso altruismo.

En la saga Les Rougon-Macquart, escrita por Émile Zola, se describe muy bien este tipo de comportamientos. En concreto, en las novelas Au Bonheur des Dames y La curée quedan patentes las artimañas del barón Haussmann, prefecto del Departamento del Sena en 1853, quien, por mandato directo de Napoleón III, se encargó de la reforma de París. Una reforma urbanística espectacular por el bien de los parisinos, pero que se fraguó, en muchas instancias, en connivencia con los grandes empresarios que construyeron grandes almacenes, abrieron grandes avenidas y se lucraron gracias a esos privilegios. El trazado no fue diseñado buscando el bienestar, sino en función de las necesidades de los comerciantes y banqueros que financiarían la obra. La corrupción que se generó fue tan espectacular como para que Émile Zola publicara esas dos grandes obras y reflejara magistralmente ese expolio legal.

Hoy en día, el tema urbanístico sigue en la cresta de la ola del expolio, pero además hay otros temas «de interés general» que se encuentran en una situación parecida. ¿Hasta dónde debe llegar la regulación de la ley? La respuesta de Bastiat es clara:

Puesto que la ley organiza la justicia, ¿por qué no habría de organizar el trabajo, la enseñanza y la religión? ¿Por qué? Porque no podría organizar el trabajo, la enseñanza y la religión sin desorganizar la justicia (Bastiat, 2003).

Es decir, la justicia es la prioridad. Si se tiene que infringir algún principio que la consolida y la mantiene limpia, entonces es mejor no regular ese tema y buscar una solución alternativa. ¿Qué es, pues, la ley para Bastiat? El instrumento que, de manera coactiva, garantiza la justicia a todos por igual. Y esto es para mí el igualitarismo.

No es verdad que la ley tenga por misión regir nuestra conciencia, nuestras ideas, voluntades, instrucción, sentimiento, trabajos, intercambios, informaciones y satisfacciones. Su misión está en impedir que, en ninguno de esos puntos, el derecho de uno quede usurpado por el de otro (Bastiat, 2003).

Sin duda, merece una reflexión la diferencia entre la ley de Bastiat y la realidad que vivimos. Lo que nos encontramos no es precisamente un esfuerzo por preservar la justicia, sino un conjunto de gestos que puedan hacer creer a los votantes que la justicia es la prioridad, cuando en realidad no lo es.

En marzo de 2021 se firmó un protocolo para promover la creación de una comisión para estudiar cómo acercar el lenguaje jurídico al ciudadano. Firmaron el protocolo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Dolores Delgado, fiscal general del Estado; Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE); Rafael Navarro, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, y Alfonso de Castro, presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España. Además, se activaría la creación de una segunda comisión, de seguimiento de la primera. Un festival de dinero público.

Me llamó mucho la atención el hilo de un fiscal tuitero, a quien no mencionaré por prudencia, que expresaba su indignación:

Sedes judiciales que se caen a pedazos, expedientes hasta el techo, justiciables esperando años a que se resuelva su pleito, profesionales de la justicia desmotivados y de trabajo hasta las cejas... Harto de que el ciudadano reciba un servicio de mierda sólo salvado por el buen hacer de muchos profesionales (jueces, fiscales, LAJ,2 funcionarios de justicia, letrados, procuradores y graduados, forenses, policías de todo tipo, equipos técnicos, etc.) que se dejan la mayoría la salud para intentar dar un servicio medianamente digno. Hace doce años ya que se constituyó una comisión de expertos para la modernización del lenguaje jurídico que efectuó unos muy buenos informes dirigidos a profesionales, a instituciones y medios de comunicación.

Ese festival de dinero público podría tener un mejor destino, pero ¿por qué razón se gasta en esto en lugar de lo otro? Mi hipótesis benévola es que se intenta preservar la imagen. Pero una imagen efímera. Porque, si se paliaran las deficiencias que señala el fiscal tuitero, los profesionales de la justicia estarían más motivados, los ciudadanos estarían mucho más contentos y mucho mejor servidos. Porque, al final, lo más importante es que el sector público, el Gobierno, la estructura estatal y quienes trabajan en este entramado tienen como único objetivo el servicio al ciudadano. No hay otro. Ni que gane el partido político. Ni que el mundo cante las glorias de España. Ni nada de nada. El servicio al ciudadano es lo que da sentido a la política. Lo demás son excusas.

Pero, volviendo al Estado de derecho, si preguntamos cuál es la principal característica que lo define, la mayoría de las respuestas harán referencia a la separación de poderes.

Efectivamente, el Poder Judicial, que vigila el cumplimiento de la ley, el Legislativo, que se ocupa de crear leyes, y el Ejecutivo, que las pone en práctica, han de funcionar de manera coordinada pero sin interferencias entre ellos. Los jueces no pueden dejarse llevar por lo que diga el Gobierno o por sus gustos parlamentarios. Los parlamentarios deben funcionar garantizando que representan a los ciudadanos a los que dicen representar y que las acciones que emprenden, las propuestas, etc., las realizan teniendo como objetivo el cumplimiento de las promesas electorales que los han llevado a donde están y buscando, por encima de todo, incluso de su propio partido, el bien de la nación.

Por su parte, los órganos que componen la institución de la justicia deben vigilar que la ley sea acatada y recaiga sobre todos los ciudadanos. Y por eso los tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial no deberían depender de ninguna instancia política. Y sabemos que no es así.

El escándalo más sonado es el de la composición del CGPJ. Este órgano es el encargado de velar por la independencia de los jueces. Del total de veinte miembros, doce son elegidos de entre la comunidad de jueces y magistrados y ocho, de entre juristas reconocidos, por el Parlamento. Pero al ser necesario que los candidatos sean aprobados por tres quintos del Parlamento, los partidos políticos mayoritarios se pueden aliar para sesgar la elección, como así han hecho. Por eso, caben las sospechas de que los miembros elegidos en 2013 con mayoría absoluta del Partido Popular podrían tener algún sesgo a favor del partido en el Gobierno. No todos fueron candidatos del Gobierno. De los veinte miembros, diez fueron propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y otro por el PNV. Ni rastro de la necesaria independencia de la justicia.

Por si fuera poco, en el año 2018, PP y PSOE pactaron que los socialistas elegirían once miembros y los populares, nueve, si a cambio el PP escogía al presidente. En ese pacto, el PSOE pactó con Podemos los nombres de los candidatos cercanos a este partido. El elegido por el PP fue Manuel Marchena, que renunció para preservar su sagrada independencia judicial.

El pacto se vino abajo debido a la imprudencia del entonces senador y portavoz del Partido Popular, Ignacio Cosidó, quien reenvió a los demás senadores de su partido un mensaje de WhatsApp en el que explicaba que la elección de Marchena permitía el control «por la puerta de atrás» de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, responsable del enjuiciamiento a parlamentarios y a miembros del Gobierno, y de la Sala 61, de la que depende la ilegalización de partidos políticos. Todo ello en medio de los disturbios relacionados con el procés y la crispación como consecuencia del primer aniversario del 1 de octubre.

La politización del CGPJ hizo sonar las alarmas en la Unión Europea cuando, en el otoño de 2020, el PSOE y Podemos, los partidos gobernantes, consideraron promulgar una ley para que los nombramientos de los vocales del CGPJ tuvieran lugar, no por mayoría reforzada, como de costumbre, sino por mayoría simple, de manera que lo que la prensa denomina como «el sector progresista» de los miembros del CGPJ pudiera nombrar jueces de su cuerda en puestos relevantes e influir en decisiones de gran calado.

La Asociación Europea de Jueces publicó un comunicado en el que expresaba su preocupación y concluía:

En lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del Estado de derecho, retornando al sistema anterior donde los jueces integrantes del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por sus iguales, alternativa que se propuso, la presente opción aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva.

Nadie ha hecho caso. Parece que, recordando a Bastiat, en lugar de luchar contra esta intromisión del Poder Ejecutivo y el Legislativo en el Poder Judicial, los responsables han decidido sumarse al reparto de sillones. No parece que se cumpla el requisito de separación de poderes en nuestra nación, ni que haya una intención clara de remediarlo. Vox proclama que ellos no han entrado en el reparto y que no lo van a hacer. Pero también el PP proponía que los jueces tuvieran el papel protagonista en la elección de los miembros del CGPJ hasta que les tocó gobernar.

Otros puntos relevantes que definen el Estado de derecho son, por un lado, la legalidad de la Administración, es decir, su actuación según la ley y bajo el suficiente control judicial y, por otro lado, la garantía de los derechos y libertades fundamentales tanto desde un punto de vista jurídico formal como en la efectiva realización material.

Ya hemos visto en la «Introducción» el poco respeto al control parlamentario generalizado y cómo se colapsa la burocracia parlamentaria por la complicada gestión de las infinitas preguntas al Gobierno, con el único afán de obtener una notoriedad permanente y ser titular en los medios.

La falta de garantías jurídicas o la ineficacia en el ejercicio de los derechos de autonomía, seguridad jurídica y derechos cívico-políticos dejan sin contenido el concepto de Estado de derecho y afectan a su misma médula. Además, es un daño difícil de restaurar.

No es de extrañar que la confianza en la justicia sea tan débil en nuestro país. En el informe sobre calidad de vida en la UE de 2015, las cifras lo dejan claro. Con datos de 2013, que son los últimos publicados, la confianza de los españoles en el sistema judicial es de 3 sobre 10, aproximadamente. Peor aún es la puntuación que le dan al sistema político, pues la confianza en él no llega ni a 3. Y, sin embargo, la confianza en la policía es de casi 6 sobre 10. No sé si la confianza de los españoles habrá dado un vuelco, pero me temo que debemos andar más o menos igual. También es notable que en todos los países suceda lo mismo y los ciudadanos confíen más en la policía, con excepción de Croacia, donde no hay datos.

Fuente: Eurostat (código de datos online: ilc_pw03).

3. No es oro todo lo que reluce

¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿En qué momento se empezaron a deteriorar el Estado de derecho y la democracia?

Es difícil responder a estas preguntas. Pero quiero destacar las ideas de tres autores que pueden arrojar luz a nuestra reflexión: Friedrich Hayek, Bruno Leoni y Anthony de Jasay. Los tres le dieron mucha importancia a la democracia y al Estado de derecho. Y, sin embargo, los tres estaban muy decepcionados y eran muy pesimistas respecto al futuro de la democracia. Precisamente, se diferenciaban en el grado de pesimismo.

Como recuerda Peter Boettke, tanto Hayek como Leoni consideraban que el surgimiento del socialismo y de los sistemas económicos de planificación central en el siglo XX coincidió con una erosión notable del Estado de derecho. Los dos estaban convencidos de que la libertad y la prosperidad dependían de un marco legal que proporcionara tanto la fijeza como la previsibilidad necesarias para que las personas pudieran ser conscientes y aprovechar los beneficios del comercio y la innovación.

Ambos conciben la libertad como libertad negativa: la ausencia de coacción en una esfera privada e individual que permita a las personas decidir cuál es su plan de vida, sujetas, todas las personas, a las leyes, que para ellos es algo muy diferente de la legislación. Leyes que, para que conformen un Estado de derecho, deben tener algunas características: ser neutrales, es decir, que no se refieran a un grupo particular de la sociedad; ser universales, es decir, que sean válidas para todo tiempo y lugar, y ser a largo plazo para que el comportamiento de las personas sujetas a la ley sea previsible. Estas características, además, limitan el poder arbitrario de los poderosos. El cumplimiento de estos requisitos permite que los ciudadanos diferencien entre la mera legalidad de las disposiciones legales que emanan de los órganos competentes y la conformidad, o no, de estas disposiciones con el Estado de derecho.

También coincidían ambos autores en contemplar la ley como una institución evolutiva más, como consideraban el dinero o el mercado. Los principios que guían el establecimiento de las leyes no han sido elegidos conscientemente por nadie, sino que son el resultado evolutivo no intencionado de las acciones individuales. El mejor ejemplo para explicar qué es una institución evolutiva, y que siempre utilizo, es el del camino en el bosque. Imaginemos que mi trabajo está al otro lado del bosque. La primera vez que vaya probablemente necesitaré un machete, un hacha o alguna herramienta para despejar mi camino y poder pasar. Si me encuentro con un avispero, una zona demasiado abrupta o un tramo lleno de barro, trataré de evitarlo y, poco a poco, iré trazando el mejor camino para mí. Ahora imaginemos que, en lugar de una sola persona, son muchas las que atraviesan el bosque. Se crearán sendas diferentes. La más utilizada será la que se adapte mejor a las necesidades de cualquiera que necesite atravesar el bosque. Es muy posible que finalmente se «institucionalice» el camino poniendo tablones o incluso asfaltándolo. Para Leoni y Hayek, las leyes son esas regularidades en las normas que rigen las sociedades y van evolucionando con la propia sociedad. No son diseñadas desde arriba por una élite omnisciente. En el ejemplo del camino en el bosque, es muy posible que un camino trazado desde un despacho de la ciudad por ingenieros expertos no resulte tan eficiente a los viandantes como el que se genera espontáneamente.

La metáfora del camino para representar la emergencia espontánea de leyes también ilustra la oposición entre dos concepciones de la ley muy relevantes en nuestra sociedad y que confrontan los críticos. ¿Es la ley un proyecto basado en instituciones políticas o es el resultado de un proceso espontáneo y evolutivo en el que las instituciones políticas solamente son instrumentales y en ocasiones pueden incluso resultar dañinas y superfluas?

El primer caso es el que se da en el Estado constitucional democrático de la Europa continental, basado, entre otras cosas, en los códigos napoleónicos, pero también es el modelo de los sistemas totalitarios. El segundo es la forma genuina del imperio de la ley, es decir, el derecho anglosajón basado en la jurisprudencia, en el estudio de la ley analizando las sentencias del pasado e interpretándolas de acuerdo con el espíritu del presente. El sistema legal anglosajón prescinde de cuerpos legislativos que crean la ley. Por el contrario, en el sistema continental, la ley es creada por juristas y jueces dentro del contexto de una tradición orgánica.

Para Hayek y Leoni, sólo el Estado de derecho garantiza el «gobierno del derecho». Todo lo demás es «gobierno de hombres», ya sean mayorías democráticas, gobernadores de un Estado regido por el derecho administrativo o dictadores totalitarios. Por un lado, están los hombres con sus decisiones arbitrarias; por el otro, la ley y la tradición, cuyas resoluciones van mucho más allá de lo que los individuos saben y quieren.

Otros autores, como James Buchanan, premio Nobel de Economía, reconocen otra distinción dual diferente. Por un lado, Buchanan considera las reglas del juego a nivel constitucional, que son las leyes y que tienen una importancia medular. Por otro lado, están las reglas del juego a nivel posconstitucional, que es un nivel inferior, en el que los ciudadanos actúan como empresarios y consumidores en función de la búsqueda de su propio beneficio, siempre en el marco de esas reglas.

Para Hayek, la diferencia entre la legislación propia del sistema continental y la ley del sistema anglosajón es vital, y le lleva a considerar que es en el derecho administrativo donde se decide el destino de nuestra libertad. Leoni amplía el escenario y afirma que «este destino también se está decidiendo en muchos otros lugares: en los parlamentos, en las calles, en los hogares y, en último análisis, en la mente de los trabajadores serviles y de los hombres bien educados como científicos y profesores universitarios». Él cree que es un fenómeno más amplio, en el que se dan muchas situaciones, muy diferentes unas de otras, cuyas características no siempre se pueden determinar fácilmente, y que entrañan múltiples significados. Es lo que los historiadores llaman «la tendencia general de nuestro tiempo», según Leoni.

El proceso por el cual la palabra libertad comenzó a asumir varios significados diferentes e incompatibles en los últimos cien años implicó, como hemos visto, una confusión semántica. Otra confusión semántica, menos obvia, pero no menos importante, se revela a quienes tienen la paciencia suficiente para estudiar la revolución silenciosa en el uso de la expresión «el imperio de la ley» (Leoni, 2010).

La obra en la que Hayek expresó más claramente sus críticas a la democracia es Law, Legislation and Liberty, publicada en tres volúmenes en el año 1973. A Hayek le preocupa que se considere como función adicional del Estado de derecho y base de la democracia asegurar la justicia social. Desde su punto de vista, la justicia social es una ilusión intrínsecamente asociada a la planificación. En una sociedad libre no habría ninguna agencia central que distribuyese la riqueza o la renta a la fuerza. El distribuidor no coactivo es el mercado, la justicia es una categoría relevante. El libre mercado funciona de manera que la distribución de la riqueza refleja la dispersión del conocimiento a lo largo del tiempo y también geográficamente entre los millones de individuos que lo componen. Además, intentar poner en práctica la justicia social tiene como consecuencia la violación de los derechos de propiedad. No es que Hayek no estuviera interesado en acabar con la pobreza o con las situaciones injustas, sino que creía que el afán redistribuidor no debía estar por encima del orden espontáneo. Es decir, no debía lograrse mediante una solución planificadora. Porque, una vez abierta esa puerta, se permitía que se violaran los principios que están en la base del Estado de derecho y se pervertiría la democracia. Exactamente eso es lo que llevó a lo que llama «una trágica ilusión»:

La trágica ilusión fue que la adopción de procedimientos democráticos permitió prescindir de todas las demás limitaciones del poder gubernamental. También promovió la creencia de que el «control del Gobierno» por parte de la legislatura elegida democráticamente reemplazaría adecuadamente las limitaciones tradicionales (Hayek, 1973).

Pero, aunque Hayek estaba seriamente preocupado por la idea de una democracia que no había logrado el difícil compromiso entre la libertad individual y las elecciones colectivas, todavía creía firmemente en su espíritu vital. El problema central que también concierne a las democracias del siglo XXI lo expresa muy bien en la siguiente frase: «La soberanía de la ley no debe confundirse con la soberanía del Parlamento».

Por su parte, Bruno Leoni denuncia que en nuestras sociedades coexisten varias leyes que son válidas al mismo tiempo, pero que se aplican a diferentes tipos de ciudadanos en el mismo país, como, por ejemplo, la tributación progresiva. Esto implica que la generalidad que se presupone a las leyes como principio básico se ve afectada.

Leoni pensaba que se podría aplicar el razonamiento acerca del problema del cálculo socialista a la legislación. Es decir, así como un planificador central carece de la información que surge en un mercado, un legislador carece de la información que emerge en la jurisprudencia. Ningún legislador tiene el conocimiento suficiente acerca de todas las relaciones que los ciudadanos tienen entre sí como para extraer las leyes y normas que rigen en esas relaciones. Ve cierta similitud entre el diseño de la legislación en los diferentes países y una economía centralizada. En ella, todas las decisiones relevantes son tomadas por un puñado de directores, que tienen un conocimiento muy limitado de las necesidades de la gente porque están interesados especialmente en que las necesidades de los ciudadanos se amolden a su propia incapacidad con tal de mantener el poder.

En sus propias palabras:

Ninguna encuesta de opinión pública, ningún referéndum, ninguna consulta pondría realmente a los legisladores en condiciones de determinar estas reglas, como tampoco un procedimiento similar podría poner a los directores de una economía planificada en condiciones de descubrir la oferta y la demanda total de todos los productos básicos y servicios (Leoni, 2010).

Leoni no cree que la legislación diseñada desde arriba proporcione certidumbre a la sociedad como se solía argumentar, porque, al ser arbitraria, puede ser modificada en cualquier momento. Y, sin duda, el peligro más acuciante de esta degeneración del Estado de derecho es que el proceso legislativo conduce inexorablemente a una disminución de la libertad individual, justo al contrario de lo que era su objetivo inicial.

De esta manera, si bien Hayek señala el peligro de sobrevalorar la legislación frente a la ley y la amenaza que supone para la democracia, Leoni es mucho más pesimista. Su desconfianza le sitúa en el camino libertario que rechaza de lleno la socialdemocracia y aboga por una reducción radical de las funciones del Estado.

Como explica la profesora italiana Roberta Modugno:3

En Italia, Leoni quedó aislado porque el debate cultural se centró en la distinción entre liberalismo político y liberalismo económico introducida por Benedetto Croce y, como resultado, se descuidó la importancia del libre mercado. El entorno intelectual italiano durante los años cincuenta y sesenta estuvo dominado por el idealismo y el historicismo. Las conexiones intelectuales de Leoni estaban en el mundo anglosajón e incluían a Hayek, James Buchanan, Mises, Milton Friedman y Rothbard. Leoni fue profundamente influenciado por estos pensadores y, a su vez, influyó en algunos de ellos (Modugno, 2017).

Pero el autor que más desconfió de la democracia liberal, no porque no fuera liberal, sino por su pesimismo acerca de la erosión de nuestras libertades en los últimos años, fue Anthony de Jasay, un autor más reciente, mucho menos conocido y valorado de lo que se merece. Para Jasay, como para Hayek y Leoni, ni el Estado de derecho ni la democracia son por sí mismos suficientes.

Este autor considera que es una ingenuidad por parte de los liberales clásicos pensar que la Constituciónde un país es la cura que sirve para todo. Señala la superioridad moral y la ventaja práctica de la opción liberal que una constitución con las características tan perfectas que defiende el liberalismo clásico produciría. Pero le parece que los liberales clásicos muestran una confianza ingenua y casi patética cuando creen que la constitución de su mundo ideal traerá consigo los resultados soñados. ¿Por qué? Porque los argumentos de los liberales clásicos chocan con las fuerzas vivas de la política del mundo real, que retuercen y transforman partes esenciales de esa misma constitución, hasta que esas partes son reducidas a la irrelevancia, especialmente en lo que se refiere al control sobre elecciones colectivas vitales, como, por ejemplo, los impuestos, la producción de bienes públicos y la distribución de la renta.

Es una crítica desoladora. Pero, mirando lo que se ha hecho con la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, parcheada con enmiendas allí donde ha parecido conveniente, parece que no le falta razón.

Su punto de vista respecto a la justicia social también es crítico. Para Jasay, en cualquier tipo de sociedad civilizada suelen coexistir dos conjuntos de reglas que comparten un pequeño e incierto espacio de intersección.

Por un lado, está la que podríamos llamar «justicia de propiedad». Se refiere a la integridad de las personas y sus bienes, al cumplimiento de las promesas recíprocas y a la protección frente a agresiones, ataques o comportamientos poco civilizados. Responde a la mayoría de las preguntas sobre lo que está bien o mal, lo que es gratis o no. El otro conjunto podría denominarse «justicia de igualdad». Este tipo de reglas resuelve cuestiones de distribución no determinadas automáticamente o no decididas deliberadamente por la justicia de propiedad.

De hecho, Jasay considera que, si la justicia de propiedad estuviera lo suficientemente desarrollada como para resolver todas las cuestiones de distribución, este segundo conjunto de reglas no tendría mucha relevancia, ni siquiera se reconocería como tal. Exigir igualdad en la distribución es problemático y surge de la aceptación generalizada del axioma según el cual los casos similares deben tratarse por igual. Y en este punto Jasay expone una paradoja muy interesante: todos los casos analizados son, a la vez, similares y diferentes entre sí. Hay que tener en cuenta que, por principio, cuando vamos a evaluar cualquier cosa, para esquivar la complejidad tendemos a reducir las variables relevantes que tenemos en cuenta a una sola. Por ejemplo, parece claro que, si dos empleados trabajan las mismas horas, deben cobrar lo mismo. Pero ¿qué sucede cuando consideramos más variables, como el talento, la empatía, la inteligencia, la honestidad? Para estos casos, la justicia de propiedad no vale y es necesario un análisis más sofisticado. ¿Sería más igualitario que todos cobrasen por las horas trabajadas aunque la responsabilidad última correspondiera a unos pocos? ¿Sería más igualitario que todo el mundo tuviera los mismos ingresos aunque unos asumieran el riesgo y otros no? Y sobre todo, ¿quién decide cuál debe ser la distribución igualitaria de la renta cuando hay tantos factores implicados?, ¿quién decide si el criterio que hay que ponderar más es el tiempo en el trabajo, el riesgo, el talento o la fuerza bruta?

Este tipo de cuestiones planteadas magistralmente por Jasay, lejos de ser estudiadas con objetividad, se han convertido en una punta de lanza en lo que se ha llamado «Estado social», cuya bandera fue recogida primero por la izquierda socialista y después por la derecha socialista.

Hoy en día, es uno de los aspectos más pervertidos del Estado de derecho. En nuestra política de gestos, la palabra social preside cualquier frase, intención, medida política, programa electoral... todo el universo político. Poner en duda el significado que se le da a la palabra social ya te convierte en enemigo público, en desalmado defensor de ricos egoístas explotadores. Curiosamente, sus defensores no saben definir de forma adecuada los límites o el contenido de «lo social» más allá de manidos eslóganes que ellos son los primeros en transgredir.

Analizar el éxito del sistema económico capitalista, reconociendo sus sombras e imperfecciones, te hace merecedora de una condena universal y de arrinconamiento académico. Y no puedo quejarme en primera persona. Por fortuna, en España se limitan a mirarte por encima del hombro, a señalarte y, eventualmente, insultarte en redes sociales. Pero en Estados Unidos, los llamados social justice warriors han logrado prohibir charlas de reconocidos economistas, filósofos y politólogos por defender un punto de vista diferente. Ya vimos que no es nada nuevo, y que Frédéric Bastiat ya se quejaba de esta censura en la Francia del siglo XIX. Esto plantea qué tipo de sociedad estamos construyendo.

Además de los límites de «lo social», Jasay se cuestiona el tema de la justicia social de manera rigurosa desde el punto de vista del análisis de la justicia en general. ¿Por qué casi todas las teorías normativas de distribución actuales deben representar la justicia como algo más?, se pregunta. Parece que la justicia ya no es suficiente, ahora hay que revestirla de equidad, hay que considerarla como la mayor ventaja mutua, como la concesión relativa para minimizar la pérdida, como reciprocidad, como los términos de un acuerdo de toda la sociedad que no puede rechazar nadie razonable, como reversibilidad, como imparcialidad. Y sigue Jasay: «No hay nada en la prolongada serie de alias que sugiera que el ingenio que los filósofos morales despliegan para reinventar la justicia como otra cosa esté a punto de quedarse sin variantes adicionales» (Jasay, 2002).

Para él, el planteamiento actual de lo que se conoce como justicia social es absurdo. Su idea es que la llamada «justicia social» no es sino una excusa, que se va modificando en función de quienes manejan la política actual, para esconder la planificación y el poder que ésta confiere. Con un doble efecto negativo. Por un lado, la pérdida de libertad asociada a la planificación. Por otro, la falsa ilusión de la «justicia social» que se ha instalado en la mente de los ciudadanos y que en realidad no existe. Pero no es que Jasay sea un desalmado y no sienta compasión por los pobres o no desee que el máximo posible de personas alcance sus metas. Hay que recordar que él vivió el régimen comunista húngaro en su país natal y sabe muy bien lo que es la escasez. Simplemente no está dispuesto a caer en una injusticia para cubrir otra. Como dice el dicho, no se puede desvestir a un santo para vestir a otro. La justicia, en realidad, es intrínsecamente distributiva para Jasay: distribuye según sus reglas. Pero la justicia «distributiva» o «social» redistribuye anulando esas reglas.

No solamente eso. El reclamo de redistribución en la justicia social no se basa en ninguna regla. Es simplemente un buen intento. Como mucho, una muestra de buenas intenciones. La satisfacción de esta reclamación depende de la política del momento y del lugar. El problema de la democracia, donde las decisiones políticas dependen en última instancia del voto de la mayoría, es que las reclamaciones de justicia social que favorecen de verdad a los pobres no siempre tienen más posibilidades de ser satisfechas que las peticiones sesgadas por los prejuicios de clase. Puede ser que la mayoría de la sociedad sea muy clasista y decida no ayudar a los más necesitados. Uno podría pensar que está bien favorecer a los pobres a costa de los ricos, aunque sea coactivamente. Sin embargo, explica Jasay, las medidas que favorecen a los pobres a expensas de todos los demás, si bien generalmente generarán simpatía, serán también más injustas, dado que la simpatía no las hará menos injustas. Y ésta es la paradoja. Porque la defensa de los pobres debería consistir en facilitar que dejen de serlo, y eso puede lograrse sin perjudicar a nadie coactivamente, simplemente creando las condiciones para que aumente la creación de riqueza en todas las capas de la población. Sin embargo, elegimos hacerlo desvistiendo un santo para vestir a otro, es decir, transgrediendo las bases de la propia justicia.

Hartmut Kliemt, a quien Jasay comenta, también considera imperdonable la confusión lógica, el embrollo semántico, que supone asimilar la redistribución a la justicia. Y aún le parece más imperdonable que el lenguaje superficial asociado a la justicia «social» se haya convertido, poco a poco, a fuerza de repetir implacablemente, en un portador de la verdad moral.

Anthony de Jasay falleció en 2019, antes de que la cultura de la cancelación en Estados Unidos, y sus ramificaciones por las democracias occidentales, propusiera, por ejemplo, retirar la estatua de Adam Smith o cubrir los desnudos de las obras de arte colgadas en los museos, o lograra que una conocida marca de cosméticos decidiera eliminar las palabras blanquear o blanco de sus productos para no ofender a quienes no tienen rasgos caucásicos.

Las universidades de Estados Unidos han sido tomadas por una generación de alumnos que no están dispuestos a escuchar algo que confronte sus estrechas miras porque «se sienten ofendidos» por el modo de pensar del de enfrente. En muy pocos años se ha pasado de ir a las charlas de tu oponente intelectual o político para reventarle el debate a ni siquiera consentir que se celebre el evento.

Esta moda se está difundiendo por otros países. Las secciones juveniles de los partidos políticos más radicales han invadido las universidades y tienen todo un plantel dedicado al adoctrinamiento más burdo.

¿Dónde ha quedado la protección contra la tiranía? ¿Dónde están el Estado de derecho y la libertad de expresión? ¿Habrá que darle la razón a Hayek, Leoni y Jasay?

Conclusión
El futuro en nuestras manos... o no

La mayoría de las ventajas de la vida social, especialmente en una de las más avanzadas de sus formas, que llamamos civilización, se basan en el hecho de que el individuo se beneficia más del conocimiento que de lo que él mismo es consciente.

FRIEDRICH HAYEK

Una vez que ya sabemos lo importante que es el Estado de derecho, tan necesario como imperfecto; ahora que hemos tratado de entender por qué es la esencia misma de nuestra maltrecha democracia, por qué hay que restaurarlo si no queremos correr el riesgo de acabar como uno de esos ejemplos aterradores de tiranías, disimuladas detrás de procesos electorales; después de templar el entusiasmo y de considerar las críticas sensatas que su puesta en práctica plantea; ahora que ha acabado el relato, llega el momento de la reflexión, de plantearse qué podemos hacer. La respuesta a esta pregunta no es nada fácil. El entorno no es el más esperanzador.

El panorama que hemos dibujado en España es perfectamente extrapolable a muchos países. Tanto la democracia de Estados Unidos como las de la mayoría de los países europeos y latinoamericanos comparten muchos de los signos de decadencia que vemos en la de nuestra propia nación. Es verdad que la fortaleza de las instituciones varía. Y que en los países anglosajones el sistema jurídico es diferente, más cercano al evolucionismo hayekiano. También es cierto que la tradición democrática es menor en unos países y más madura en otros. Pero los cambios en el proceso político, en la evolución del marketing y la propaganda, la emergencia y generalización de la mentira, del postureo, la polarización de las posiciones, la superficialidad de los líderes, la erosión del Estado de derecho y el desconocimiento de lo que es y de su relevancia son todas características comunes a lo que conocemos como Occidente. Para completar el análisis global, habría que incorporar el caso de China y lo que su liderazgo internacional, tanto económico como político, está generando en el equilibrio de poder al que estábamos acostumbrados en el siglo XX, y también qué reacciones está provocando en nosotros.

Pero no es mi intención redactar una lista de quejas o de los problemas que nos amenazan. El pesimismo en exceso paraliza. Y no es momento de quedarnos de brazos caídos.

Mi propuesta, por el contrario, es actuar confiando en la complejidad. Para entender a qué me refiero, tengo que explicar un par de cuestiones.

Nuestro cuerpo, las células, el entorno natural y la sociedad están organizados en sistemas, conjuntos de elementos relacionados entre sí. No son sistemas sencillos, con pocos elementos y relaciones causales simples, sino que se trata de sistemas altamente sofisticados. Hace ya más de cincuenta años, Hayek recomendaba que nos tomáramos nuestra ignorancia más seriamente y admitiéramos la complejidad del ser humano, de la sociedad en la que vivimos y del entorno natural.

Curiosamente, tenemos cierta tendencia a aceptar la complejidad en la naturaleza, incluido el cuerpo humano, mientras que nos cuesta admitir la de las formas de organización que hemos generado a lo largo de los siglos. Asumimos que el clima no se puede controlar, y nuestros agricultores dan fe de lo vulnerable que se es cuando trabajas en el campo y tu medio de vida depende de las heladas, las lluvias y las plagas. Nos esforzamos en combatir enfermedades a sabiendas de que nuestro cuerpo es también impredecible y cambiante, y aceptamos que es una tarea inagotable, y a veces perdida. Pero nos resistimos a asumir la complejidad de la empresa, del mercado, de las organizaciones sociales. Y me refiero a la imposibilidad de identificar y controlar todos los datos y las variables de cada atributo, de cada elemento del sistema. Unos elementos que interactúan entre sí. Y que, además, lo hacen en un entorno abierto al exterior, expuesto a la entrada de información, a cambios frente a los que esos elementos reaccionan, se modifican esas interacciones, se transforman sus atributos.

Nuestra mente es imperfecta y trata de gestionar este mundo tan sofisticado simplificando todo lo que puede. Por eso, tanto en política y en economía como en general, nos empeñamos en buscar una receta fácil que sirva para todo: el sistema político perfecto, el modelo económico que asegure el fin definitivo de la pobreza. Y lo queremos rápidamente; nos ponen nerviosos los procesos largos. De ahí que necesitemos una herramienta que nos permita pensar en un plazo suficientemente largo, ya sea una creencia, una filosofía o el horóscopo. Vivir centrados en el aquí y el ahora, asumiendo que no importa tanto el resultado, porque tal vez no llegaremos a verlo, sino que lo relevante es el proceso, es antiintuitivo. Por eso, según dicen, lo mejor es no pensar, sino hacer. Como decía Epicteto: «La prudencia se manifiesta actuando, no hablando».

Una aproximación simplista a esta insatisfacción permanente es imaginar que tienes un enrojecimiento en la piel y vas al médico. «Puede ser una alergia», te cuenta el dermatólogo. «¿Y a qué se debe?, ¿cómo puedo curarme?», le preguntas alarmada. Entonces, el buen doctor te explica que, si es posible, observes en qué condiciones te sale la roncha en la piel, que estés atenta a lo que comes, que mires a ver si empeora cuando te duchas con agua muy caliente o cuando estás nerviosa, porque puede ser prácticamente cualquier cosa; puede, incluso, no ser una alergia, podría ser psicosomático. Cuando sales de la consulta, no vuelves muy tranquila a casa.

Esa ignorancia sana y humilde del médico que, en vez de sentar cátedra y darte cualquier cosa como placebo para que creas que te está curando, te dice la verdad, aunque eso te deje al borde del abismo de la incertidumbre, es la que deberíamos mostrar al hablar del comportamiento del hombre en sociedad. Y, por supuesto, también al hablar de las organizaciones que han sobrevivido durante siglos, moldeándose y perfeccionándose a medida que cambiaban las necesidades humanas.

Porque uno de los principios que caracterizan a los sistemas hipercomplejos es que no nos necesitan, no necesitan ser diseñados por la mente humana, gracias a fenómenos como la emergencia. Estos sistemas son cambiantes y dinámicos, es decir, están capacitados para adoptar diferentes estructuras en función de cambios en sus elementos, en los diferentes atributos de estos elementos o en las condiciones externas en donde se desenvuelve este sistema. El agua, por ejemplo, adopta diferentes estructuras (sólida, líquida o gaseosa) dependiendo de los cambios en las condiciones externas, como la temperatura. Cuando sube o baja la temperatura, sus elementos interactúan de una forma o de otra, y su estructura varía: el líquido se evapora o se congela, el vapor y el hielo se licúan.

Cuando los sistemas son cerrados y no hay intercambio de materia o de información exterior, todo es más sencillo. Podemos imaginar dos islas exactamente iguales. La primera no tiene relaciones con otros territorios, ni comercio ni inmigración. La segunda isla, por el contrario, está abierta, de manera que no solamente llegan bienes de otros países, sino que también llegan personas, capitales, música, modas, noticias, arte, etc. Al cabo de un tiempo, la evolución de ambos territorios y sus habitantes será muy diferente. Por supuesto, por no caer en la ingenuidad que señalaba Jasay, esos cambios pueden ser a peor, por ejemplo, si lo que llega de fuera es una enfermedad que hace desaparecer a la población. No sería la primera vez en la historia del hombre que sucede algo así. Algo parecido es lo que sucede en los sistemas que son abiertos.

Así, pues, en estas condiciones, espontáneamente, sin diseño previo, se produce la emergencia: aparecen nuevos elementos, nuevas características, nuevas interacciones, nuevas funciones y, a veces, nuevos subsistemas, que no habrían aparecido de no ser el sistema original dinámico, abierto e hipercomplejo. ¿Por qué tiene lugar la emergencia? Porque los sistemas naturales se adaptan o se extinguen. Así que, si se dan las condiciones adecuadas, por mera supervivencia, pueden aparecer subsistemas encargados de revisar los errores de funcionamiento interno y aprender, mejorar. Nuestro propio cerebro, programado para buscar patrones, que ha ido perfeccionándose para resolver los problemas que la supervivencia ha ido planteando, es un buen ejemplo.

Todo esto, que parece tan alejado de nuestro tema, se da también en nuestra sociedad. Hayek fue un pionero de este punto de vista sistémico de la sociedad, como hemos visto al revisar sus ideas acerca de la ley.

El hecho de que el ser humano y las organizaciones que crea para subsistir se desarrollen como sistemas cada vez más complejos tiene sus consecuencias. Una de ellas es que podemos reconocer en dichas organizaciones las propiedades y pautas que hemos descrito al definir qué es, en general, un sistema complejo. Y esto es importante porque explica mi visión acerca del futuro de la democracia.

Como sucedía con el agua, nuestro sistema social y nuestro sistema político han ido adoptando diferentes estructuras en función de los cambios en las condiciones externas. Del Imperio romano se pasó al pacto medieval,1 que era una versión mejorada en cuanto que permitió a las diferentes sociedades adaptarse con éxito a los cambios sobrevenidos: las invasiones bárbaras y musulmanas, el florecimiento de las provincias, el coste del mantenimiento del imperio, etc.

También podemos observar el tránsito de lo sencillo a lo sofisticado en cosas como el paso de la costumbre a la institución: con el tiempo, los hábitos sociales que permiten el avance de la sociedad cristalizan en instituciones. La empresa, el Gobierno, el dinero, el mercado, la ley son ejemplos de instituciones evolutivas que emergen. Los sistemas abiertos tienen la ventaja de que la información abundante y diversa se elabora y almacena dentro del propio sistema. Eso es lo que propicia la emergencia en la sociedad de nuevas funciones, estructuras o características, más sofisticadas y evolucionadas, que permiten que podamos convivir sin matarnos unos a otros, y en donde todos nos beneficiamos de mejores condiciones de vida. Un ejemplo de este cambio de lo simple a lo complejo lo tenemos en la evolución de la empresa y su modo de organizarse. Los cambios en la atribución de la responsabilidad, la estructura interna, el modelo productivo, la logística, los tipos de liderazgo que se dan en su seno y otros muchos factores han ido perfeccionándose sin ser planificados. Todo ello ha permitido que exista una enorme diversidad de empresas, de manera que se ha ido cocinando un caldo de cultivo para la innovación.

Como explica el economista sueco Nils Karlson, el marco institucional es básico para la innovación en economía:

La empresarialidad y la innovación requieren que las instituciones de la sociedad, en términos de leyes, normas y valores, habiliten y proporcionen incentivos para la comercialización de conocimiento productivo nuevo, en sentido amplio. Estas condiciones no deben ser efectivas solamente para los empresarios, sino también [...] para los capitalistas de riesgo, los industrialistas, los trabajadores con la educación adecuada y con experiencia laboral, y para los clientes. Un sistema en el que la innovación emerge principalmente a través de la competencia empresarial como es el mercado requiere un marco institucional adecuado (Karlson, 2018).

Hay más patrones comunes a los sistemas complejos que podemos identificar en las sociedades humanas, además de la adaptabilidad, la dinámica caótica y la emergencia. La autoorganización, la existencia de tractores internos que estabilizan los shocks, la vulnerabilidad y la resiliencia son algunos de ellos. Aunque soy consciente de que el vocabulario es árido y puede sonar alejado de la vida en sociedad que conocemos, en realidad son fenómenos que observamos en la historia de las civilizaciones.

Por ejemplo, la existencia de fuerzas o tractores que estabilizan el «sistema», la sociedad, no es ajena a la tela de araña de relaciones institucionales que se estudian en la historia política de las naciones. Podemos mirar desde este prisma el juego de poder entre la Corona y la nobleza en la España del siglo XVI. La Corona promocionaba a los ganaderos mediante la concesión de las cañadas reales, entre otras cosas para compensar el poder de la nobleza, propietaria de gran parte de las haciendas agrícolas. Ambas tenían su propia relación con la jerarquía de la Iglesia. Las relaciones entre estos tres pilares, la nobleza, la Corona y la Iglesia, han ido cambiando de manera espontánea, no importa en función de qué intereses o necesidades. Las tres instituciones servían de contrapeso para las demás y, junto con el difícil posicionamiento en el ámbito internacional del momento, han ido encontrando un equilibrio dinámico, no siempre estable, como sucede con otras instancias naturales. Por ejemplo, el modo en el que fueron relacionándose, cambiando y asociándose los elementos de una célula a lo largo de la evolución. O, en el conocido ciclo del agua, la temperatura, la presión atmosférica y otros factores provocan que el agua, como hemos visto, no sólo cambie de estado, sino también de lugar, que se evapore y precipite en unas zonas y no en otras, logrando un equilibrio dinámico natural que afecta al ecosistema en general.2

Otro ejemplo interesante de fuerzas sociales estabilizadoras es la evolución de los gremios, una institución que surgió por la necesidad que tenían los trabajadores artesanos de ayudarse y protegerse unos a otros. Con el tiempo, su poder terminó siendo enorme y, en algunos lugares, tiránico. Pero en la Europa del siglo XVII apareció un modo de saltarse el poder de los gremios de entonces, que, con sus rígidas normativas, impedían la evolución de la manufactura. El conocido como putting-out system consistía en la descentralización de la producción manufacturera liderada por un comerciante, quien repartía entre las granjas vecinas la materia prima y las herramientas necesarias, y que recogía, al cabo del tiempo estipulado, el producto final a cambio de una cantidad de dinero. Al tratarse de producción fuera de los burgos, las reglas de los gremios no se aplicaban. De este modo, el comerciante innovador podía mejorar el producto, reducir costes y salirse de las imposiciones gremiales. Por otro lado, los agricultores tenían una ocupación extra en los momentos en que las tareas agrícolas eran menos demandantes. Allí donde esta solución emergente funcionó, el desarrollo de las manufacturas, especialmente cuando se produjo la mecanización del sector textil, fue enorme y permitió que se diera la industrialización de manera más rápida y menos costosa. La razón es que, cuando apareció el taller urbano mecanizado, los jóvenes agricultores pudieron trasladarse a la ciudad para trabajar en la manufactura textil, sobre todo porque ya tenían el know-how, ya estaban especializados.3 No fue una solución planificada fruto del diseño, supuso un contrapeso al poder gremial, mejoró el nivel de vida de los agricultores y permitió la emergencia de una nueva figura, la del comerciante independiente.

También hay que aclarar el término caótico cuando hablamos de «dinamismo caótico» en este contexto. No es el mismo caos al que nos referimos cuando describimos la habitación de un adolescente: eso es un desastre absoluto solamente comparable al big bang. Hablamos de otra cosa. Como explica Ilya Prigogine: «La palabra caos hace pensar en desorden, en imposibilidad de previsión. Pero no es así. [...] Se puede incluir el caos en las leyes de la naturaleza si incorporamos las nociones de probabilidad e irreversibilidad» (Progogine, 2009).

El caos es una característica de los sistemas complejos que afecta a la causalidad y es fruto de las inestabilidades. En el caos, la causalidad no es lineal, es decir, A no lleva necesariamente a B y sólo a B. No se trata de unir puntos para componer un dibujo. El mapa de influencias de los perfiles de Twitter que forman una complicada tela de araña multidimensional representa mejor la noción de no linealidad. Lo que se suele conocer como la teoría del caos es el principio por el cual un pequeño estímulo puede llevar a un gran cambio, y al revés. Y es cierto. Pero lo relevante en esta idea es que «puede» llevar a ese cambio, no hay determinismo. Es decir, tal vez sea así y tal vez no.

Cuando hablamos del dinamismo caótico del sistema complejo que es la sociedad, nos referimos, precisamente, a que no siempre sabemos por qué suceden esos cambios y, por tanto, no podemos determinar su impacto a priori. Explicar qué factor concreto desencadenó, por ejemplo, el final del Imperio romano, o incluso fecharlo, es difícil si lo intentamos partiendo de una mentalidad lineal, la que funciona simplemente uniendo puntos. Establecer las causas y detonantes de la caída del Muro de Berlín es otro ejercicio interesante. Se podría esperar que, hartos de vivir en la miseria, los alemanes de un lado del muro hubieran abordado esa vergonzosa frontera mediante una guerra o una revolución. Sin embargo, en realidad concurrieron varios factores, en ocasiones aparentemente intrascendentes, pero que ahora sabemos que fueron muy importantes, como el famoso pícnic de alemanes en Hungría. Esos factores se dieron en un período de tiempo suficiente para crear un caldo de cultivo determinado, pero al final fueron unas declaraciones precipitadas las que aceleraron los acontecimientos: el anuncio de Schabowski en una rueda de prensa internacional emitida en directo por televisión de que las leyes restrictivas para viajar al extranjero habían sido derogadas con efecto inmediato. Los alemanes escucharon «con efecto inmediato» y no se lo pensaron dos veces, y cruzaron. Fue una enorme sorpresa para todos. Queda patente que los fenómenos económicos y sociales son multicausales.

Hay dos matices importantes para completar el dibujo de la complejidad en ciencias sociales. Uno es que estos patrones de cambio están relacionados entre sí. Es decir, unos llevan a otros y, a la vez, son resultado de la conjunción de otros patrones. El otro es la iteración. No se trata de que llegue información nueva al sistema de vez en cuando, sino que, como sucede en todos los procesos evolutivos, se ha de repetir de manera consistente para que provoque reacciones permanentes. En el ejemplo del putting-out system, si se hubiera tratado de una práctica muy ocasional, no habría tenido como consecuencia la formación de futuros obreros textiles. El paso de la costumbre al contrato, y de ahí a la institución, requiere tiempo. Entre otras cosas, porque, como todos sabemos, la confianza es la base de toda relación humana y es una flor frágil. Basta con una decepción para arruinar lo cultivado durante años.

Así que, al igual que en los sistemas naturales, en nuestras sociedades, de manera espontánea, se han generado mecanismos que, de alguna manera, compensan y mitigan las crisis y los shocks. Hay algunos científicos sociales que consideran la aparición de las religiones como uno de esos «tractores» que mueven a los ciudadanos a no destruirse los unos a los otros, a hacer el bien, a proteger a su comunidad.4 Adam Smith, en su Teoría de los sentimientos morales, explica la aparición de las instituciones de justicia en este sentido. La natural indignación que producen determinados crímenes suele llevar, por empatía, a que los vecinos decidan escarmentar al criminal. Esta solución no es la mejor. Son muchos los ejemplos del salvajismo al que puede llegar una población enardecida reflejados en el cine. Recuerdo especialmente Furia (Fritz Lang, 1936), en la que, tras encerrar preventivamente en el calabozo a un inocente Spencer Tracy, y a partir de un comentario de uno de los carceleros, que se va deformando y agrandando hasta hacer al detenido responsable de actos terribles que nunca cometió, la masa de gente prende fuego a la prisión con el prisionero dentro. Es muy instructivo el modo en que Lang muestra la variedad de personalidades que han contribuido al presunto asesinato de un inocente: hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, unos arrepentidos, otros orgullosos de su «hazaña». Todos diferentes, pero unidos por esa común indignación de la que hablaba Smith ante la falsa información procedente del carcelero. Canalizar esa indignación para evitar atropellos como los de la película de Lang justifica la existencia de jueces y tribunales. Estas instituciones son el ejemplo de emergencia de un subsistema que facilita la supervivencia de la sociedad.

Además de un sistema judicial sano, en el que la iniciativa privada pueda desarrollarse adecuadamente, de manera que los intereses privados y los de la comunidad se puedan alinear sin necesidad de planificación, hay otros factores que colaboran a que se desarrollen los incentivos adecuados. La estabilidad de la moneda, la estabilidad política, la educación, los derechos de propiedad o la cultura cívica de la ciudadanía son algunos que podemos mencionar. Todos ellos están relacionados entre sí en un sistema complejo como el que hemos descrito. Eso significa que el entramado de variables que lleva a que la población tenga una conciencia cívica, propicia al progreso, está relacionado con el sistema judicial, la prosperidad económica y con las variables mencionadas, que están sometidas a un proceso de cambio dinámico. Cada una de ellas se acomoda permanentemente a las demás, mientras todas se coordinan para permitir superar los cambios que acompañan el devenir de la historia.

Efectivamente, las sociedades sobreviven debido a un conjunto de causas demasiado complejas y relacionadas entre sí como para que podamos estructurarlas, menos aún realizar previsiones y muchísimo menos planificarlas.

El Estado de derecho, o el imperio de la ley, con todas sus implicaciones, es uno de los mecanismos emergentes más importantes de la sociedad de nuestro siglo, porque propicia la supervivencia de las sociedades democráticas, protegiendo a la ciudadanía del abuso de los tiranos. Ahora bien, coincido con los críticos de la democracia en que se trata de una condición necesaria, pero no suficiente. Y, además, no es una condición estática, el mismo concepto va evolucionando a su vez. ¿Hacia dónde? No lo sabemos y no lo podemos saber.

En este punto es necesario recordar, de nuevo de la mano de Hayek, que el ser humano es imperfecto y su conocimiento es limitado. Entendemos las características de los sistemas, naturales o sociales, pero carecemos de capacidad para predecir cómo va a ser el nuevo orden de estos sistemas que resulte de los cambios externos. Por eso podemos valorar el Estado de derecho en el sistema social, pero no sabemos, ni podemos saber, cómo encaminarlo hacia el bien. El conocimiento total en el ser humano es un mito.

Contaba Jorge Luis Borges en su cuento «Funes, el memorioso» la historia de Ireneo Funes, un tipo con una memoria prodigiosa. Un hombre capaz de recordar absolutamente todo lo vivido, con una profusión de detalles inigualable. Funes era poseedor de una memoria infinita, de un don sobrenatural. Para describir todo lo que recordaba de un día, necesitaba un día entero. No solamente recordaba todo, sino que era capaz de relacionar sus recuerdos. Por ejemplo, en palabras de Borges:

Sabía las formas de las nubes australes del amanecer de 1882 y podía compararlas con las vetas de un libro de pasta española que solamente había mirado una vez, y con las líneas de espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del Quebracho.

Sin embargo, Funes era incapaz de reflexionar, impedido por el torbellino de datos que contenía su cerebro. Como explica Borges: «El atormentado Funes no era capaz de pensar porque... pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos» (Borges, 1944). Y, efectivamente, la inteligencia no es un depósito infinito de datos. Con su habitual lucidez, Borges plantea la diferencia entre la mera información y el auténtico conocimiento.

Sin embargo, nos empeñamos en jugar a saberlo todo y creemos que entendemos. A pesar de nuestra soberbia, es notable todo lo que ignoramos de nosotros mismos y del funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, qué es la intuición, qué pasa con nuestra mente cuando dormimos, por qué se producen sincronías con personas que están lejos.

En el discurso de aceptación del Premio Nobel, en el año 2002, Vernon Smith nos recordó los peligros de la mente constructivista y lo importante que es tener presente la fatal arrogancia, que Hayek definió como la idea de que la capacidad de adquirir habilidades proviene de la razón. Vernon Smith señaló que no estamos dotados de mecanismos naturales que nos permitan darnos cuenta de qué hace nuestro cerebro cuando dormimos y está desconectado, y se preguntaba por qué la mente nos engaña haciéndonos pensar que tenemos el control.

Pero lejos de ser algo negativo, la falta de control nos protege y asegura que se puedan evitar las tiranías y los sistemas injustos y crueles. Porque la propia complejidad de la sociedad, por un lado, y de nuestra propia mente, por otro, encierran la respuesta. En palabras de Hayek:

La mayoría de las ventajas de la vida social, especialmente en una de las más avanzadas de sus formas, que llamamos civilización, se basan en el hecho de que el individuo se beneficia más del conocimiento que de lo que él mismo es consciente (Hayek, 1960).

Este optimismo es completamente antiintuitivo y sé que tiene muy mala venta. El orden sin planificación es una idea que nos produce una sensación muy incómoda. El psicólogo Herbert Simon, también premio Nobel de Economía, cuenta que, cuando explicaba el origen de las ciudades medievales a sus alumnos de arquitectura, éstos no lograban entender: «Para mis alumnos, un patrón implicaba un planificador [...]. La idea de que una ciudad pudiera adquirir su patrón de forma tan “natural” como un copo de nieve les era ajena» (Smith, V., 2002).

Pero que no sea evidente no quiere decir que no sea real. Ese patrón natural, impredecible «como un copo de nieve», es el que se da cuando se conjugan a la vez la complejidad y la descentralización de la información.

La información descentralizada permite que afloren soluciones computacionales y cognitivas más eficientes también en nuestras sociedades. Por ejemplo, el uso consciente de los recursos, la cooperación, las soluciones disruptivas, el pensamiento lateral en la empresa o la innovación son resultados no esperados, no planificados, del comportamiento del ser humano en el mercado, donde el conocimiento está disperso. No es necesario computar todo en un único cerebro, como le sucedía al Funes de Borges.

Y no solamente eso: la sociabilidad permite mitigar y compensar esa restricción cognitiva de nuestra mente, reduciendo los costes en los que se incurre cuando la adquisición del conocimiento se efectúa en solitario. Pensamos mejor si lo hacemos juntos.

Por eso, aunque sepamos que el Estado de derecho es la salvaguarda esencial de nuestra democracia y que nos protege de la tiranía, aunque sepamos que no podemos planificar cómo reconducirlo para evitar que su evolución sea a peor, sí podemos ser conscientes de nuestros valores. Podemos observar si nuestro comportamiento acompaña a nuestro sentido moral. Podemos enseñar, con nuestro ejemplo particular, que ése es el proceder que permite la vida en sociedad y el progreso. Podemos actuar en aquellos ámbitos en los que sí tenemos control, para crear las condiciones necesarias para que la justicia funcione, para que existan innovaciones. Por ejemplo, exigiendo a los políticos, siendo conscientes de en qué nos mienten, desnudándonos de la cobardía de las excusas, aunque eso nos haga impopulares, y dándole el valor que merece a nuestro voto, incluso si eso supone no votar.

La pequeña obra de Epicteto, Un manual de vida, acaba con el siguiente párrafo, que es también el final de mi propuesta: «A partir de ahora, promete que dejarás de defraudarte a ti mismo. Sepárate de la multitud. Decide ser extraordinario y haz lo que tengas que hacer. Ahora».

Epílogo
Los gestos de nunca acabar

A la hora de mandar el libro a maquetar aún no habían tenido lugar las elecciones en la Comunidad de Madrid. Su resultado y lo sucedido desde entonces me han llevado a cerrar este libro con un epílogo que es, en realidad, un final abierto, una mirada al aluvión de superficialidad bajo el que seguimos sepultados.

El 4 de mayo, por primera vez en mi vida, voté, y lo hice contra el comunismo. Sé que los políticos seguirán defraudándome, que los partidos seguirán poniendo su retórica, sus gestos y sus actos al servicio de sí mismos más que al servicio de los ciudadanos. No soy tan ingenua. Y compruebo que ya está sucediendo.

La misma noche electoral, Pablo Casado, que ha recibido por diferentes vías el mensaje de la ciudadanía de que los resultados de las elecciones madrileñas no reflejan la aceptación del PP nacional ni su aprobación como principal partido de la oposición, dio el primer paso. En el momento de la victoria, cuando Isabel Ayuso salía al balcón a saludar a los votantes que se habían congregado en la sede del PP para celebrar el triunfo, Casado se acercaba por detrás, como un figurante que saluda interrumpiendo un reportaje en la calle, e inmediatamente después, Teo García Egea, secretario general del partido, hacía lo propio. Podían haberse puesto a un lado dándole protagonismo a Ayuso, pero no. Esta actitud fue criticada en redes por tuiteros que se preguntaban: «¿Qué hacen esos dos arrimando la cebolleta?». Twitter es así.

Al poco tiempo, los portavoces tuiteros de Vox ya lanzaban sus mensajes histriónicos al viento azuzados por el titular del ABC: «Vox presiona al PP de Madrid y ofrece a Ayuso un acuerdo si se compromete a reducir los diputados de la Asamblea», en concreto, de 136 a 69.

Resulta que, como tuvo que recordar el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Serrano, esa propuesta la llevaba Ayuso en su programa electoral y, además, no cuentan con la mayoría de dos tercios de la Cámara para poder aprobarla. Lo que Monasterio no decía en el vídeo, en el que afirmaba que «estamos aquí para asegurar el bienestar de los ciudadanos y no de los políticos» (como si ellos no fueran políticos), es que hace falta una modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y los votos de Vox no son suficientes para lograrlo. No tienen razones para presentarse como factor clave del Gobierno de Ayuso.

No me sorprenden estas reacciones. Tampoco me arrepiento de mi voto: perdió el comunismo en Madrid. Además, es probable que ahora se caigan muchas caretas y Ayuso, si se mantiene en una línea coherente, pueda desenmascarar a Casado, a Monasterio y, por supuesto, desquiciar a la izquierda.1 Por otra parte, reconozco que es un «pueda» sin mucha convicción.

Sea como fuere, merece la pena recordar algunos de los principales «gestos» con los que nos sigue narcotizando este Gobierno. Gestos que deterioran la confianza de la ciudadanía en el Gobierno, en el sistema político y en el Estado de derecho. Unos gestos que no debemos olvidar y de los que deberían pedirse cuentas a quienes corresponda.

1. El Gobierno intentó obligar a las comunidades autónomas a acatar restricciones a la hostelería incluso estando en el nivel 1 de incidencia, lo que se conoce como «nueva normalidad». Varias regiones se negaron y algunas de ellas, entre las que estaba la Comunidad de Madrid, presentaron un recurso ante la Audiencia Nacional. Mientras tanto, los medios volvieron a atacar a la presidenta electa por su plante. Finalmente, el Gobierno ha tenido que rectificar, ya que la Audiencia Nacional le dio la razón a Ayuso y frenó las nuevas restricciones. Sanidad tuvo que admitirlo y propone volver a negociar con las comunidades autónomas.

Ésta es la enésima vez que el Gobierno toma una medida general, pero que incide especialmente en la trayectoria exitosa de la Comunidad de Madrid, contra la que tiene una guerra abierta, como quedó probado en la campaña electoral previa al 4 de mayo.

También se examina la legalidad del estado de alarma. El Tribunal Constitucional está estudiando anular las multas impuestas durante el confinamiento porque debería haberse declarado el estado de excepción, que habría supuesto un mayor control parlamentario.

2. Durante el confinamiento se produjo un hecho terrible. El ministro de Justicia, Grande-Marlaska, cesó al jefe de la Guardia Civil, el coronel Pérez de los Cobos, por negarse a comunicarle información, una negativa justificada porque cumplía con su obligación. La Audiencia Nacional ha declarado ilegal ese cese argumentando que «el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban». La Abogacía del Estado ha recurrido, aunque no parece que tenga mucho que decir. Para cuando la sentencia sea firme, el coronel habrá pasado a la reserva y no podrá ser restituido en el puesto del que fue destituido de forma vergonzosa.

Mientras tanto, la Fiscalía, que reconoce que el cese no fue correcto, pide el archivo de las querellas contra el ministro y blinda a Marlaska. El ministro está demasiado ocupado acercando al País Vasco a Anboto, jefa de ETA, y a los asesinos de Ernest Lluch y Tomás Caballero.

3. Cuando llega el verano y los aires acondicionados y los ventiladores van a estar en su máximo rendimiento, el Gobierno de Sánchez ha decidido subir desorbitadamente el precio de la electricidad. Por supuesto, los de siempre no han tardado en echar la culpa a las empresas privadas que se ocupan del suministro eléctrico. Sin embargo, más de la mitad de la factura eléctrica son impuestos y subvenciones. No solamente eso. La izquierda radical propone la creación de una empresa eléctrica nacional pública que lo gestione. Como si no tuviéramos ejemplos históricos en nuestro propio país de lo perjudiciales que son las empresas públicas y los incentivos tan perversos que generan.

Según Juan Ramón Rallo, que maneja datos de la CNMV, si las eléctricas ganaran cero euros por su negocio de generación eléctrica, el precio del kWh bajaría solamente medio céntimo. Se trata de una medida muy seria porque los nuevos tramos de la tarifa penalizan a la población menos favorecida. Ante el clamor popular, la ministra Díaz explicaba con su habitual desparpajo que basta con poner la lavadora por la noche. También se pueden utilizar electrodomésticos «verdes». Pero ¿quiénes salen perdiendo? Los ciudadanos y las empresas que no tienen capacidad de flexibilizar su consumo. Y esto no es nada: la siguiente sorpresa va a ser un alza histórica del precio de los carburantes, que ya están preparando.

4. El 5 de junio el Gobierno y el Tribunal Supremo se encaraban por culpa de una cuestión espinosa. A finales de mayo Sánchez anunciaba que estaba ultimándose la concesión del indulto a los condenados por el conflicto del procés, durante el que se celebró un referéndum ilegal y se proclamó la república catalana. Sánchez explicaba: «El entendimiento, el encuentro, esos principios serán los que pesarán como presidente del Gobierno. Lo que no son principios constitucionales son la venganza o la revancha», en referencia a los indultos y la reforma del delito de sedición. Sánchez, delante de los representantes de la gran empresa catalana, define a las sentencias judiciales como «revancha». Tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía rechazaron expresamente esta decisión. Sin embargo, Sánchez urgía al ministro de Justicia a que redactara los indultos para poder aprobarlos en dos semanas.

Como decía Félix Ovejero en El Mundo: «El Gobierno, al desautorizar a la justicia, acepta que España no es un Estado de derecho. Si Junqueras es Mandela, ¿qué somos nosotros? No se debilita al secesionismo asumiendo su mentira sobre nuestra culpa inexistente y premiando su estrategia».

5. Una de las reinas de los gestos de nuestra política es, sin duda, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno desde la retirada de Pablo Iglesias, se manifestó el Día del Trabajo para reclamar mejores condiciones laborales. Al mes, el Banco de España publicaba un informe en el que se calculaba que la subida del salario mínimo en 2019, una de las medidas estrella, restó al menos 100.000 empleos. Mientras tanto, según denuncia la Asociación de Trabajadores Autónomos, hay 400.000 autónomos cobrando el cese de actividad en nuestro país.

Pero por si eso no fuera suficiente gesto, Yolanda Díaz y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, amadrinaban, en el mismo mes de mayo, CONPYMES, una patronal rival de la CEOE. Por supuesto, no se ha solucionado el atasco de las ayudas a las empresas en crisis que esperan desde marzo, y el paro juvenil en nuestro país es ya del 40 por ciento.

Como señalaba Lorenzo Bernaldo de Quirós, el drama es que en España hay cuatro millones más de trabajadores en el sector público que en el sector privado.

6. El 17 de mayo, unos tres mil marroquíes cruzaron la frontera a la vez. Al día siguiente, Pedro Sánchez viajaba a París para participar en la Cumbre sobre la Financiación de las Economías Africanas. Dejaba el tema en manos de Arancha González Laya, quien, mientras pensaba qué hacer, mandaba una circular prioritaria a los embajadores informándolos de las próximas efemérides del movimiento LGTBI.

La solución consistió en comunicar a la embajadora marroquí el disgusto por la crisis y apelar al control conjunto de fronteras. Además, se aprobó un pago de treinta millones de euros a Marruecos para combatir la inmigración.

Por supuesto, cualquier político, periodista o ciudadano al que se le ocurra plantear que hay un problema serio con la inmigración descontrolada es arrinconado, insultado y asociado para siempre con Vox y el «facherío». Como si Vox fuera un partido con las manos manchadas de sangre, que homenajea a terroristas o que se hubiera saltado en algún momento el Estado de derecho o la Constitución.

7. Finalmente, el postureo de postureos se lo llevan los planes. Porque en menos de dos meses, el Gobierno ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan España 2050. Mi intuición me dice que el segundo, para el que su hacedor, Iván Redondo, se ha ocupado de involucrar a economistas destacados, serios, reconocidos, es una pantalla de humo para que no miremos mucho el primero, una auténtica carta a los Reyes Magos, apresurada y sin fundamento en la que se apuesta por la digitalización y la economía verde en un país en el que las empresas son demasiado pequeñas, porque se penaliza el crecimiento empresarial, y en un momento en el que la hostelería apenas asoma la cabeza. No se puede decir que el Gobierno se haya esforzado mucho para reactivarlo. Por ejemplo, mientras Sánchez se reunía en Nueva Zelanda para formar acuerdos con dicho país, el Reino Unido bloqueaba el turismo británico a España, sin duda uno de los más potentes.

También es cierto, como me recuerda Alberto Mingardi, que podría ser peor. En Italia, su plan prevé el gasto de miles de millones de euros en crear carriles bici, «que es otra cosa que una línea pintada en el suelo».

Vamos a ver si esta vez gastamos para salir reforzados u ocurre como siempre y los beneficios recaen en los empresarios amigos de forma absolutamente arbitraria.

Hay más ejemplos. Podríamos hablar de las llamadas de teléfono de ministras y del presidente a personajes del faranduleo para posicionarse en temas de gran audiencia, muy complicados, en los que hay sentencias de por medio.

O de las veces que el Gobierno anuncia una medida y se ve obligado a rectificar, como con su plan de acabar con la ayuda a la tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. O el reconocimiento cínico de la ministra de Hacienda de que la deuda acumulada puede ser un lastre para las generaciones futuras, sin que haya ningún atisbo de que vaya a controlarse. O la multiplicación del número de asesores del Gobierno. O de cómo los once llamados «supervivientes» de la ejecutiva de Podemos han multiplicado hasta cinco veces sus ingresos en siete años.

Lo llamativo es que la ciudadanía sigue tratando de volver a la normalidad y salir adelante sin apenas escandalizarse. ¿Se difundirá el «efecto Ayuso» y se dará la vuelta a la tortilla? ¿Hay algún candidato o candidata capaz de sacar rendimiento a sus limitaciones como ha hecho Ayuso? ¿Creerán los ciudadanos, cuando llegue el momento de votar, que Casado es capaz de actuar contra la marea? ¿De verdad vamos a permitir que Sánchez agote la legislatura? Lo hará, llegará hasta el final, gesto a gesto.

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Notas

1. Todo lo que relato está extraído de los archivos del Senado.

2. A principios de 2021, el Gobierno de España publicó el Plan de Acceso Universal, según el cual, los países comprometidos con el ACT-A (Access to COVID-19 Tool-Accelerator) en el entorno de la Unión Europea donarían una cantidad de vacunas a países en situación de necesidad.

3. Posteriormente, en el 2020, el Tribunal Supremo, ante quien se había elevado el caso, sentenció confirmando la existencia de una caja B, pero sin condenar a ningún miembro del ejecutivo de Rajoy ni a su persona, quien consideró resarcida su honorabilidad.

4. Se puede leer en la web: <https://endefensadelalibertadcom.wordpress.com/>.

5. El objeto de la subvención era la compensación de costes de la liberalización del segundo dividendo digital, que implicaba cambios en algunos equipos transmisores.

1. Como explico más adelante, esta genialidad no es cosecha mía sino de Carlos Rodríguez Braun.

2. Esta clasificación no la entenderán quienes no sigan en Twitter la batalla campal entre quienes defienden que la tortilla de patatas lleva cebolla y quienes creen que no la lleva. Mi anécdota personal es que yo siempre fui una apasionada sincebollista. Hasta que le hablé a mi madre de la polémica tuitera y, cuando le expliqué que la tortilla de casa jamás ha llevado cebolla, vi cómo empezó a reírse silenciosamente, bajando la vista. Ante mi sorpresa me confesó que siempre rallaba la cebolla para que le diera ese sabor especial, sin que la notáramos. Soy concebollista.

3. Cuenta la leyenda que cuando el dios hindú Rama fue exiliado a los bosques, sólo aquellos que no eran ni hombres ni mujeres le esperaron: los hijras, quienes, a partir de entonces, ocupan un puesto en la mitología hindú. Se trata de los eunucos, o asexuales. Los kothis son hombres homosexuales travestidos que asumen el rol femenino en la pareja.

4. La primera referencia en nuestro país a la actual Seguridad Social se formaliza con la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908). Debido a la insuficiencia del sistema, se crearon las mutualidades de carácter gremial. Pero fue en 1963, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuando este sistema se perfeccionó y se amplió.

5. Disponible en la plataforma Filmin.

6. La necesidad de cierre cognitivo también difiere en la misma persona cuando se encuentra ante circunstancias distintas. Es decir, se puede mostrar una mayor o menor necesidad de respuesta clara y única ante una situación, lo que lleva a que la reacción sea más rápida y directa. Pero esa misma persona, en otros momentos, puede presentar una menor necesidad de cierre cognitivo y mostrarse menos impulsiva.

7. Albert O. Hirschmann publicó en 1970 un trabajo titulado Exit, Voice and Loyalty que fue la inspiración para algunos autores de la escuela de la elección pública.

8. Es un caso real. El policía cacheó al joven y le puso la multa. Un amigo del gimnasio, también policía, le ayudó y pudo presentar la factura cuando la recibió por e-mail. Le tratan, siempre, como un posible narcotraficante por los tatuajes y por ser músico.

9. Vigotsky y otros psicólogos de la educación han estudiado las representaciones sociales como herramientas culturales para la construcción del individuo. Es un análisis interesante que se sale del ámbito de este libro.

10. José María Aznar no se presentó como había anunciado mucho antes. La relación entre su actuación y la caída del PP se da por hecho de manera que en el artículo de Brandenburg, McMillan y Thompson (2019) se afirma que perdió la presidencia debido a la mala gestión de la crisis.

11. No cuento los casos en los que se dimitió para poder presentarse a elecciones locales o regionales como Salvador Illa.

1. Su libro Leones contra dioses relata magistralmente la dramática recuperación española de la crisis de 2007.

2. Debo reconocer que he tenido mucha suerte en mi colaboración en periódicos y doy las gracias a Manel Manchón, Santiago Carcar y Daniel Toledo, y a María Vega y Arturo Criado, con quienes tengo la suerte de trabajar actualmente en Invertia. Siento si me dejo alguno por el camino.

1. Esa estructura (el Estado) es permanente, a diferencia del Gobierno, que representa el Poder Ejecutivo, y que se constituye a partir de los comicios en los que los ciudadanos eligen a los partidos que van a formar parte del Parlamento y que, en última instancia, van a sancionar a ese conjunto de ministros y al presidente que los lidera.

2. Letrado de la administración de justicia.

3. La lectura del artículo «Liberty versus Democracy in Bruno Leoni and Friedrich Hayek», de la profesora Modugno, es imprescindible para entender cuáles eran los problemas que ambos autores veían en la deriva que las democracias europeas estaban sufriendo en esos años.

1. El contrato feudal o pacto de vasallaje presuponía que el vasallo recibía protección y el otorgamiento de un feudo por parte del señor, dueño de la tierra, a cambio de prometerle fidelidad, obediencia y servicio.

2. Como cada vez que hablo de ciencia, tengo que agradecer a Andrea Martos sus consejos, su paciencia y su amistad.

3. No es el único factor que explica la industrialización inglesa, por supuesto; el aumento de la población, el aumento de la productividad agrícola, la existencia de beneficios comerciales, la mentalidad ahorradora-inversora y otros factores colaboraron a que Inglaterra fuera la pionera.

4. Estas tesis no tienen que ver con la fe religiosa ni cuestionan cuál es la religión verdadera. Se refieren exclusivamente al efecto beneficioso que puede tener la religión, en tanto que obliga a los creyentes a seguir normas que facilitan la convivencia. Pero declararse seguidor de una religión no asegura que sea así. Muchas personas sin fe pero con un firme compromiso moral son mucho más pacíficas y colaboran más al progreso de la civilización que otras que alardean de su religión, pero la desprestigian con sus actos.

1. No menciono a Ciudadanos porque el partido naranja no entró a la Asamblea de Madrid.

Votasteis gestos, tenéis gestos

María Blanco

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