Del viernes negro

al referendo revocatorio

MARGARITA LÓPEZ MAYA

@mlopezmaya

Al grupo Monagas

Índice de cuadros

Cuadro Nº 1. Algunos indicadores macroeconómicos (1979-1999)

Cuadro Nº 2. Fuerza de trabajo (1983-1998)

Cuadro Nº 3. Hogares en situación de pobreza (1980-1997)

Cuadro Nº 4. Tasa de homicidios de Venezuela y Caracas (1986-1996)

Cuadro Nº 5. Apropiación indebida de vehículos (1990-1996)

Cuadro Nº 6. Protestas y reseñas de protestas (1993-2002)

Cuadro Nº 7. Naturaleza de las protestas (1983-2000)

Cuadro Nº 8. Motivos de las protestas (1983-1999)

Cuadro Nº 9. Motivos de las protestas por subgrupos (1983-1999)

Cuadro Nº 10. Naturaleza de las protestas (varios años)

Cuadro Nº 11. Motivos de las protestas (varios años)

Cuadro Nº 12. Motivos de las protestas por subgrupos (varios años)

Cuadro Nº 13. Elecciones presidenciales por partido (1983-1993)

Cuadro Nº 14. Evolución de las cinco principales fracciones del Parlamento (1984-89 a 1994-99)

Cuadro Nº 15. Resultados electorales por entidad federal: Andrés Velásquez-LCR (1983-1993)

Cuadro Nº 16. Evolución de la popularidad de los referentes políticos (1994-1995)

Cuadro Nº 17. Gobernadores electos del Polo Patriótico (1998)

Cuadro Nº 18. Representación parlamentaria directa del Distrito Federal (1998)

Cuadro Nº 19. Conformación parlamentaria (1999-2004)

Cuadro Nº 20. Resultado de las elecciones presidenciales (1998)

Cuadro Nº 21. Elecciones presidenciales (julio 2000)

Cuadro Nº 22. Elecciones de gobernadores (julio 2000)

Cuadro Nº 23. Composición de la Asamblea Nacional (julio 2000)

Cuadro Nº 24. Referendo presidencial (2004)

Cuadro Nº 25. Votación en municipios de Caracas (1998-2000-2004)

Cuadro Nº 26. Municipio Caroní, estado Bolívar. Ingreso asignado y acumulado (1989-1995)

Cuadro Nº 27. Municipio Caroní, estado Bolívar. Ingresos recaudados (1989-1995)

Cuadro Nº 28. Municipio Caroní, estado Bolívar. Evolución de los ingresos recaudados por fuente (1990-1995)

Cuadro Nº 29. Municipio Caroní, estado Bolívar. Comportamiento de la recaudación del IPIC (1986-1995)

Cuadro Nº 30. Municipio Caroní, estado Bolívar. Gastos asignados y ejecutados (1989-1995)

Cuadro Nº 31. Municipio Caroní, estado Bolívar. Gastos comprometidos vs. Gastos de inversión (1990-1992)

Cuadro Nº 32. Municipio Libertador, Distrito Federal. Ingresos y gastos (1993-1995)

Cuadro Nº 33. Municipio Libertador, Distrito Federal. Comportamiento de la recaudación de IPIC (1986-1996)

Prefacio

Este libro es el resultado de una investigación de muchos años. Es una indagación que empezó a partir del Caracazo de 1989 –un episodio que, como se sostiene aquí, implicó una ruptura del proceso sociohistórico venezolano– y con el correr de los años ha resultado en esta interpretación sociopolítica global de nuestra historia reciente. El Caracazo fue una sacudida en mi carrera profesional. Me obligó a un cambio de rumbo en los temas e inquietudes que hasta ese momento había trabajado, y me estimuló en la búsqueda de nuevas dimensiones de la realidad, lo que a la larga me fue permitiendo detectar y seguir fenómenos incipientes, que adquirirían peso considerable en la lucha política con el correr del tiempo.

Los capítulos están basados en un conjunto de artículos escritos desde mediados de la década de los años 90 hasta la actualidad. Algunos son de mi exclusiva autoría; otros fueron elaborados en colaboración con el profesor Luis E. Lander. He indicado la referencia completa del artículo académico original a pie de página al inicio de cada capítulo, lo cual me ha permitido aquí reducir las citas a su mínima expresión. Quien esté interesado en las fuentes completas que sostienen el argumento de cada capítulo puede ir al artículo referido. También he hecho una selección calculada entre los materiales abundantes que tenía disponibles, así que cada capítulo es un reajuste a fondo de los artículos que sirven de base, permitiendo que estos puedan leerse de continuo, como si se tratara de una narración histórica elaborada en un solo tiempo, y no en casi diez años, como es el caso. El propósito de esta estrategia ha sido brindar al lector no especialista un accesible recorrido cognitivo, que le permita comprender de una manera más densa y compleja por qué la sociedad venezolana encontró en un cambio de hegemonía, con todo lo que este concepto lleva implícito, la respuesta que considera por ahora satisfactoria a sus necesidades de adecuación a los cambios mundiales y nacionales.

Este libro fue posible por numerosos apoyos, a lo largo de estos últimos diez años, de colegas, estudiantes, amigos, familiares e instituciones. Mi gratitud a instituciones como el Woodrow Wilson International Center en Washington, D.C., el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, la Cátedra Andrés Bello del St. Antony's College de la Universidad de Oxford, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, espacios académicos donde residí en distintos momentos, y que me permitieron tener acceso a información e infraestructura óptima para pensar y escribir sobre estos temas. Profesores y estudiantes con quienes tuve intercambios de información e ideas me ayudaron a mirar de manera distinta ciertos eventos o detalles de procesos. En Venezuela, fue especialmente importante el aporte institucional de la Universidad Central de Venezuela. Muchos de los artículos sobre los cuales se basan estos capítulos fueron posibles gracias a las condiciones institucionales y los apoyos materiales de mi alma mater. Como directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales entre 2000 y 2004, tuve acceso privilegiado a estudios de fondo y de coyuntura sobre los intensos y complejos procesos nacionales, latinoamericanos y mundiales que estábamos atravesando, y conté con un Comité Editorial de altísimo nivel para ayudarme a evaluar con sentido crítico tales procesos.

Desde 2001 y hasta hoy, he tenido el privilegio de conocer y contar con un grupo de colegas y amigos de agudo sentido analítico, amplia información y grandeza humana. Al “grupo Monagas” dedico este libro, pues las reuniones de un inicialmente pequeño grupo en el apartamento del edificio Monagas, donde vivo, reuniones que dieron lugar al documento colectivo “Un diálogo por la inclusión y la profundización de la democracia”, impulsaron luego un conjunto de reuniones en el Centro de Estudios Rómulo Gallegos y en otros espacios de la ciudad, donde se presentaron innumerables venezolanos y venezolanas para discernir sobre el acontecer nacional en los meses tan difíciles de 2002, entre el golpe de Estado y la paralización de PDVSA. Esa experiencia fue un estímulo excepcional para mantenerme siguiendo y escribiendo sobre esta fase de nuestra historia, enriquecida por el aporte de tantas personas sensibles y talentosas. Quiero en particular agradecer a Antonio González, de Provea, a Ana María Sanjuán, del Centro de Estudios para la Paz de la UCV, a Edgardo Lander, Dick Parker, Magdalena Valdivieso, Ignacio Ávalos, amigos y colegas de Faces-UCV; a Alberto Müller, militar, político e internacionalista; a Mireya Lozada, del Instituto de Psicología Social de la UCV, y a Olga Dragnic, de la Escuela de Comunicación Social. Creo que hay mucho de cada uno de ellos en las páginas que siguen. Una mención especial es para Luis E. Lander, mi esposo, amigo y colega, coautor de algunos de los artículos que sirven de base a capítulos de este libro, compañero de vida y de múltiples aventuras.

Introducción
Lucha hegemónica en la globalización neoliberal

En este libro se describe, analiza e interpreta la transformación sociopolítica que ha tenido lugar en la sociedad venezolana, desde que se iniciara a finales de los años 70 el declive de la democracia hoy conocida como de “Puntofijo”, hasta la implantación e inicial consolidación de un nuevo proyecto para el país de “democracia participativa y protagónica”, identificado como el Proyecto Bolivariano.

La asombrosa transformación de la sociedad, de la que todos hemos sido testigos y partícipes, es interpretada en este libro en términos de una lucha por la hegemonía. Definimos como lucha hegemónica un proceso dinámico, que ha implicado la creciente y sostenida organización y confrontación entre actores sociales y políticos, donde se van dando avances para unos y retrocesos para otros; donde actores se han ido sumando a una posición o retirándose para ir a otra; donde unos acumulan fuerza y otros la pierden; donde antagonismos iniciales se han modificado, debilitado o desplazado mientras surgen otros antagonismos. En la lucha hegemónica los actores van construyendo mediante su interacción las líneas básicas de proyectos de país, acordes con las demandas y sueños de quienes han participado, modificándose constantemente tales propuestas por la relación con otros actores que se van sumando al proyecto inicial y/o por la acción de adversarios, y aun de observadores. A través, a veces de la confrontación, otras veces del diálogo, de alianzas, elecciones, negociaciones y demás prácticas de la política, han ido emergiendo en la Venezuela del siglo XXI propuestas colectivas de futuro y nuevas relaciones de poder. El Proyecto Bolivariano, materializado primeramente en la Constitución de 1999, e impulsado por el presidente Chávez y su alianza de fuerzas sociopolíticas emergentes, alcanzó al finalizar el siglo el predominio político o la hegemonía. Se entiende este concepto como un “equilibrio inestable”, donde un grupo de actores logró acumular la suficiente legitimidad para acceder al poder y poner en práctica su proyecto para el conjunto de la sociedad. Al dar sus primeros pasos como gobierno en el siglo XXI, esa hegemonía y esos actores parecen consolidarse.

Al ubicar nuestro análisis en la perspectiva de la lucha hegemónica estamos sosteniendo que el proceso que ha vivido la sociedad ha sido principalmente democrático en su naturaleza, independientemente de que en distintos episodios o vicisitudes, como veremos en diversos capítulos, algunos actores hayan recurrido a prácticas reñidas con esos procedimientos, buscando hacer prevalecer sus intereses particulares a la fuerza. Una transformación hegemónica implica un cambio de relaciones de poder en una sociedad mediante la guerra de posiciones, y la historia humana bien nos muestra que el camino para que eso pueda suceder está peligrosamente lleno de obstáculos, emboscadas y abortos. Por lo general, los que disfrutaban del poder harán lo indecible para mantenerse en él, y los que ahora se sienten con fuerza para dirigir la sociedad buscarán el reconocimiento de ello, a veces también a como dé lugar. La prolífica experiencia histórica indica que lo más común son los cambios violentos. En este sentido, el proceso sociopolítico venezolano, aunque no exento de tales manifestaciones, se erige como un caso interesante y bastante excepcional, toda vez que ha logrado cambios significativos en el orden político sin desatar la violencia y/o el autoritarismo. Como lucha hegemónica, el proceso sociopolítico venezolano se proyecta hacia el futuro en una continuación y profundización de esta dinámica democrática.

La historia de la lucha hegemónica en Venezuela entre 1983 y 2004 se expone a partir de un conjunto de procesos socioeconómicos y sociopolíticos de carácter nacional, que se fueron acumulando a lo largo de estas décadas. Estos aspectos nacionales también han estado intrínsecamente vinculados con procesos más amplios de globalización neoliberal, que se han venido desarrollando desde los años 70 en el sistema capitalista mundial y que han alterado profundamente las relaciones centro-periferia que predominaron entre los Estados nacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la historia que se busca comprender aquí es de significativa complejidad, multidimensional, y aun con aspectos de interpretación difícil y/u oscura.

El último cuarto del siglo XX ha sido el escenario de un proceso de recomposición o reestructuración del capitalismo que aún no culmina y en el cual todas las sociedades del planeta han sido afectadas en mayor o menor grado. Iniciado, según algunos, a fines de los años 60, por una típica crisis de sobreacumulación en los países industrializados, en la década del 70 se superpuso a ella la devaluación del dólar y la crisis energética. A partir de entonces se fue desarrollando un abigarrado complejo de políticas económico-financieras y procesos de distinta naturaleza, entre ellos las innovaciones informáticas y comunicacionales, así como los asombrosos cambios políticos de Centroeuropa bajo la égida del capitalismo financiero, que han tendido a la integración de Estados y sociedades a un sistema económico único. América Latina ha estado inmersa en estas transformaciones, afectada profundamente en los años 80 con la “crisis de la deuda” y su consecuencia directa, la llamada por la Cepal “década perdida”. Fue en los años 80 cuando todos los indicadores socioeconómicos de nuestras sociedades retrocedieron y comenzó el calvario de las políticas de ajuste y reestructuración económica, impuestas a las economías de la región por las agencias multilaterales de crédito, dominadas por los intereses de las fuerzas económicas y políticas de los países centrales. Gobiernos de extrema derecha en EE.UU., Inglaterra y otros, buscaron corregir las disfunciones de sus economías mediante la imposición en la periferia de formas de aguda explotación y dominación.

Es sobre este escenario de fondo, llamado por algunos “globalización neoliberal” y por otros “mundialización”, donde arranca la trama venezolana que aquí analizaremos. Venezuela, por su condición múltiple de país periférico en el sistema capitalista mundial, petrolero y democrático, parece haber sido especial y contradictoriamente influido por los intensos reacomodos económicos, geopolíticos y socioculturales que se desarrollan en la esfera del capitalismo desde entonces. Su estrecho vínculo histórico con EE.UU., como seguro proveedor del estratégico combustible para su maquinaria industrial y militar, la ha colocado en una situación difícil para ejercer su soberanía, toda vez que ese país se ha constituido en esta etapa en la potencia militar e “imperial” única del planeta, que no duda en ejercer su fuerza para garantizar los intereses de las corporaciones transnacionales que se albergan en su territorio. Por otra parte, Venezuela es una de las democracias más antiguas de América Latina, y en los últimos seis años su cambio hegemónico, cuya dirección anda a contracorriente del neoliberalismo que prevalece como ideología en el orden internacional, se ha visto respaldado con recurrentes procesos electorales y una intensa política de la calle. La transformación de la sociedad venezolana a través de cauces propios ha sido recibida con enorme disgusto por parte de las fuerzas que actualmente dominan el mundo. Por ésto y otros desarrollos vividos con intensidad a lo largo de estos años, este análisis trasciende el caso particular, y muchos de los procesos que aquí se analizan contribuirán a echar luz sobre otras traumáticas experiencias de sociedades periféricas en el contexto de estas transformaciones.

El libro está dividido en cuatro partes, que corresponden a distintos ejes temáticos. Cada parte a su vez se desglosa en capítulos que buscan desarrollar en profundidad un aspecto esencial de cada tema en cuestión.

La primera parte corresponde al escenario donde se desenvuelve la crisis y la lucha hegemónica. Se llama “El Pacto de Puntofijo se derrumba y resurge la protesta popular”. En ella se da cuenta del conjunto de factores socioeconómicos y sociopolíticos que explican, anuncian y condicionan los procesos de cambio. Esta parte comprende cinco capítulos, los dos primeros centrados en examinar los indicadores socioeconómicos y las condiciones político-institucionales que engendraron la crisis de hegemonía del pasado proyecto político. Los otros tres revisan e interpretan la movilización popular que ha tenido lugar, tomando como eje el Caracazo.

La segunda parte aborda el fenómeno de la emergencia de nuevos liderazgos en la sociedad venezolana, es decir, la aparición y/o vigorización de actores sociales y políticos que buscan sustituir a actores antes protagónicos, en particular a los partidos Acción Democrática y Copei, que son cada vez más rechazados por la población. Esta parte se llama “En búsqueda de liderazgos alternativos. Partidos de vocación popular en los años 90”. En Venezuela, al igual que en el resto de América Latina, la recesión económica, la aplicación de políticas de ajuste y reestructuración de naturaleza neoliberal, con la consecuente descomposición social, creciente pobreza y profundización de la desigualdad y exclusión sociales, abrieron el camino para una pronunciada polarización social. Pero a diferencia de otros países de la región, esta polarización comenzó a expresarse políticamente desde los años 90 con el crecimiento electoral de organizaciones que elaboran discursos en sintonía con los anhelos de los sectores pobres y empobrecidos, evidenciando una política que se ha orientado por discursos “de clase”. Aquí se examinan en sus orígenes y primeros desempeños los actores de vocación popular, que alcanzan precaria o más permanente hegemonía a lo largo del período. Tales son los casos de La Causa R, Convergencia, el Movimiento Bolivariano 200 o el Movimiento Quinta República. Esta parte está compuesta por tres capítulos.

La tercera parte, “Implantación de una nueva hegemonía”, presenta la lucha por el poder de los nuevos y viejos actores políticos, tanto en el marco institucional por excelencia de los regímenes democráticos, las elecciones en sus distintos niveles de la administración pública, como también en la arena extraconstitucional de la insurgencia. Desde 1989, el año del dramático Caracazo, los electores fueron ensayando, elección tras elección, alternativas para la transformación de la democracia venezolana. Sería en 1998, tras la acumulación de reiteradas frustraciones frente a las autoridades que elegían, cuando los electores se radicalizarían votando masivamente por un cambio contundente, encarnado en la figura del comandante del fallido golpe de Estado de 1992, Hugo Chávez Frías, y su alianza política, el Polo Patriótico. Desde entonces y hasta agosto de 2004, cuando tuvo lugar el referendo revocatorio presidencial, que reafirmó el liderazgo del proyecto bolivariano, la lucha por la hegemonía fue intensa, a veces feroz, revelando una honda polarización sociopolítica entre proyectos para el país hasta ahora con pocos puntos de encuentro. Esta parte está compuesta por cuatro capítulos.

La cuarta y última parte está dirigida a analizar gestiones gubernamentales, en distintos niveles de la administración pública, que llevan la impronta del proyecto hegemónico en construcción, de naturaleza popular y/o de izquierda. Esta parte se ha intitulado “Gestiones de la nueva hegemonía” y busca identificar en los gobiernos de La Causa R de los años 90 y en algunos aspectos de la gestión gubernamental actual del presidente Chávez claves fundamentales del proyecto sociopolítico que hoy orienta el futuro de la sociedad venezolana. Esta parte está compuesta por tres capítulos. El libro cierra con un epílogo. Contiene adicionalmente una selección de fotos ilustrativas de la atmósfera y eventos de la época, y al final se presenta una lista de las abreviaturas más usadas y una bibliografía general.

Parte 1
El modelo de Puntofijo se derrumba y resurge la protesta popular

Capítulo 1
Ajustes, declive socioeconómico y violencia cotidiana hasta 1999[1]

A fines de los años 70 se inició para la sociedad venezolana un proceso sostenido de deterioro económico que significaría una dramática involución en la calidad de vida de vastos sectores de la población, así como el paulatino cierre de las expectativas de progreso para quienes aún no habían visto cumplidas las promesas de mejora en su calidad de vida ofrecidas por la democracia de “Puntofijo”. La recesión económica va a producir retrocesos en importantes logros sociales obtenidos durante el desenvolvimiento del modelo de sustitución de importaciones, creando las condiciones para el malestar de diversos actores sociales y políticos, que protagonizarán las intensas y confrontacionales movilizaciones de fin de siglo.

Buscando conjurar este declive, al menos desde el gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984), se comenzaron a aplicar a la economía políticas de ajuste macroeconómico y reestructuración de orientación neoliberal. Los varios intentos que se dieron estuvieron signados por su corta duración. Los dos primeros, correspondientes a los gobiernos de Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, fueron bastante inconsistentes, y los dos siguientes, de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, si bien fueron más consistentes, encontraron una fuerte resistencia popular que culminó con sus derrotas políticas. Esta sucesión de intentos fallidos permite catalogar al caso venezolano como ejemplo de una sociedad con “fatiga de ajuste”, entendiendo por tal a una sociedad que, por lo reiterado de los ensayos fracasados, pierde confianza en la capacidad de ese proyecto para superar la crisis. Por otra parte, tales fracasos acentuaron y profundizaron el declive económico del país iniciado por el agotamiento del modelo de desarrollo anterior, reforzando las tendencias al deterioro social y potenciando el creciente descontento político con los partidos.

Los tres paquetes de ajuste macroeconómico

Aunque el gobierno de Herrera Campíns, iniciado en 1979, tuvo algunas orientaciones neoliberales expresadas inicialmente en su programa de campaña y en el VI Plan de la Nación, la convergencia del segundo boom de precios petroleros (1979-81) con la fuerza de las rutinas e inercia del petro-Estado venezolano conspiraron en contra de la implementación de estas y en rigor no se aplicó durante ese gobierno un programa de ajuste. Más bien, el gobierno terminó actuando en la forma que había criticado a sus antecesores, es decir, utilizando el ingreso fiscal como dinamizador de la economía y desembocando al final de su mandato en una situación de severa dificultad económica.

El gobierno siguiente, de Jaime Lusinchi, que se inició en febrero de 1984, comenzó, por tanto, en medio de una recesión económica que se arrastraba ya por varios años. Pese a que entre 1979 y 1981 el Estado venezolano había percibido un ingreso mayor que lo obtenido en los cinco años del primer gobierno de Pérez (1974-1979), los recursos resultaron insuficientes para cubrir los múltiples compromisos adquiridos por el Estado con la sociedad. Desde 1979 había comenzado en Venezuela el declive inexorable del modelo de desarrollo sustentado en la renta petrolera, expresado, en primer lugar, en el estancamiento del ritmo de la actividad económica. En 1983, la combinación de este estancamiento con los retardos del gobierno de Herrera Campíns para refinanciar la deuda externa, junto con la situación en evolución del sistema capitalista mundial, que pasaba por reajustes profundos, desembocaron en la decisión gubernamental de devaluar el bolívar e ir a un sistema de cambio preferencial. El 18 de febrero se oficializaron estas medidas. Esa fecha se conoce en Venezuela como el Viernes Negro y fue la primera señal de alerta para la sociedad sobre la crisis económica que se prolongaría con altibajos hasta entrado el siglo XXI. Un titular de prensa por aquella época sintetizó el estado de ánimo de parte de la población: “La fiesta se acabó”.

El presidente Lusinchi tomó posesión un año después, respaldado por una de las mayores votaciones para presidente que registra la historia electoral venezolana. Poco después, anunció un paquete económico que seguía algunas de las pautas emanadas de las agencias financieras internacionales, si bien, strictu sensu, no era un plan de ajuste macroeconómico derivado de un acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino un compromiso unilateralmente asumido por el gobierno, el cual buscó con esta iniciativa crearse condiciones favorables para obtener un refinanciamiento de su deuda externa, calculada entre las cuatro más cuantiosas de la región. El ajuste del gobierno de Lusinchi califica como un “paquete heterodoxo”, pues reunía algunas de las características que encajan con esa clasificación: mantuvo un rol activo del Estado en la inversión y regulación económica, no estaba directamente vinculado al FMI y confería mayor importancia y prioridad a los tópicos de la distribución y el empleo que los programas ortodoxos. Señalemos escuetamente las medidas fundamentales que se anunciaron en febrero de 1984:

Nueva devaluación del bolívar y establecimiento de un sistema cambiario con cuatro tipos de cambio diferencial.

Medidas compensatorias no salariales para aminorar el impacto del ajuste en la remuneración de los trabajadores en sustitución de los tradicionales aumentos generales de sueldos y salarios que decretaban con anterioridad los gobiernos. Se anunciaron un bono de transporte para los asalariados que devengaban menos de Bs. 3.000 al mes por un período de dos años y el establecimiento de comedores industriales.

Continuación y profundización del sistema administrado de precios que venía desenvolviéndose desde el gobierno anterior y que en la práctica significó en los meses siguientes una liberalización de precios de bienes y servicios.

Aumentos del precio de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos en el mercado interno.

Voluntad de no aumentar la burocracia y reducir los gastos de funcionamiento del Estado.

Junto a estas medidas de corte neoliberal, se anunciaron otras no cónsonas con esa doctrina económica, como medidas tendientes a estimular el desarrollo agropecuario, una baja de las tasas de interés, medidas de estímulo a la generación de nuevos empleos, como el incremento en 10% de nómina de las empresas el próximo semestre y el pago de las deudas internas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores y pequeños y medianos empresarios.

Como señal de las contradicciones que se vivían en el seno del gobierno por estas decisiones, pocos meses después se presentó el VII Plan de la Nación, el cual diagnosticaba con lucidez el agotamiento irreversible del viejo modelo de desarrollo industrialista, pero propugnaba la reestructuración económica siguiendo orientaciones en lo fundamental distintas a la concepción neoliberal. El VII Plan planteaba una estrategia general que articulaba una estrategia de crecimiento, una estrategia social y una estrategia política. Dicha estrategia global, siguiendo los paradigmas de la planificación estratégica, descansaba para su viabilidad en dos bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado “El Pacto Social” y la reestructuración del Estado. En lo que se refiere a la estrategia económica se promovían como ejes dinamizadores a la agricultura, la industria y el turismo, buscándose simultáneamente una transformación y modernización del sector público para redefinir su rol en la actividad económica. El plan expresaba la intención de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios, pero pensado como estrategia para democratizar la base de sustentación de la sociedad civil, pues se proponía la creación de un tercer sistema de propiedad, el “Sistema Económico de Cooperación” a fin de extender el acceso a la propiedad empresarial a los trabajadores y equilibrar así las relaciones de propiedad.

El VII Plan encontró un feroz rechazo por parte del sector empresarial, que vio con horror el tercer sistema de propiedad. El ministro renunció en diciembre de 1984 y el plan nunca llegó a implementarse. En sustitución, el gobierno dio un cambio significativo de estrategia y elaboró un Plan Trienal de Inversiones, centrando su propuesta económica en el refinanciamiento y pago de la deuda externa, para lo cual se plegaría a las directrices y exigencias de las agencias financieras internacionales.

En diciembre de 1986 el gobierno de Lusinchi volvió a decretar una nueva devaluación del bolívar. Confrontado por una reducción drástica de los precios del barril de petróleo en el mercado mundial ese año, el gobierno recurrió otra vez a este peligroso expediente para equilibrar la balanza de pagos. Este “golpe de timón”, como fue llamado por el gobierno, no significó, empero, un nuevo paquete macroeconómico y más bien puede afirmarse que este fue interrumpido. Para esta fecha, ya se había logrado refinanciar la deuda externa, después de cumplir con una de las exigencias más onerosas y absurdas impuestas por las agencias internacionales: el reconocimiento de la deuda externa privada a dólar preferencial, así como el otorgamiento de un aval público como garantía de pago de esa deuda. La acción del gobierno a partir de esta fecha se caracterizará por, aún manteniendo algunos de los rasgos del paquete de 1984, la expansión del gasto fiscal con el objetivo de terminar el mandato con altos niveles de popularidad y asegurar el triunfo electoral del partido de gobierno. Esto trajo como consecuencia una merma excesiva de las reservas internacionales, la cual, en combinación con otros desequilibrios económicos, llevó al presidente a declarar una moratoria del pago de la deuda en enero de 1989, un mes antes de finalizar el período constitucional, y pasadas ya las elecciones presidenciales donde triunfó Pérez, el candidato de AD.

El segundo paquete ensayado en Venezuela sería el anunciado por el presidente Pérez pocos días después de su segunda toma de posesión. Los principales indicadores macroeconómicos con los cuales terminó la gestión de Lusinchi fueron tan alarmantes que hicieron inevitables cambios sustanciales en la orientación económica del gobierno. La inflación llegó a alcanzar cifras históricas de 28,08% y 29,46% en 1987 y 1988 respectivamente, las reservas internacionales cayeron a $6.555 millones al cierre del año 1988 y el déficit fiscal global en el momento del cambio de gobierno representaba el 15,1% del PIB. La nueva orientación por la cual opta el gobierno sí puede catalogarse como un programa de ajuste de naturaleza ortodoxa, pues fue resultado de un compromiso formal con el FMI y cumplió con todos los requerimientos exigidos por este.

El programa de ajuste macroeconómico del gobierno de Pérez se resume fundamentalmente en la Carta de Intención firmada con el FMI en Washington el 28 de febrero de 1989. Sus contenidos principales fueron: a) restricción del gasto fiscal; b) restricción de los niveles salariales; c) unificación del régimen cambiario con paridad unitaria y flotante; d) tasas de interés flexibles y aumento inmediato de los niveles de las tasas de interés reguladas, eliminación de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, establecimiento de las tasas de interés por el mercado tan pronto como fuera posible; e) reducción de los controles de precios; f) posposición de programas de inversión de baja prioridad; g) reducción de subsidios; h) introducción de un impuesto sobre la venta; i) ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno; j) reforma en el régimen comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte de las excepciones en las tarifas y liberalización de las importaciones; k) levantamiento a las restricciones de las transacciones internacionales, incluyendo la inversión extranjera y la repatriación de dividendos.

Para compensar los efectos negativos sobre los sectores populares, el gobierno ofreció como políticas sociales: a) política de subsidios directos a los componentes de la canasta básica; b) programa de becas alimentarias; c) constitución de 42.000 hogares de cuidado diario; d) reforzamiento de programas de control del lactante y del preescolar; combate de las enfermedades diarreicas, respiratorias y las que son prevenibles por vacunas; e) plan de consolidación de barrios; f) política de apoyo a microempresas; g) programa masivo de transferencias alimentarias dirigido a niños de hasta 14 años, a madres embarazadas y a lactantes; h) amplia acción dedicada a consolidar los ambulatorios de salud; i) programa destinado a la organización y estructuración de un sistema de seguridad social; j) creación de la Comisión Presidencial para la Lucha contra la Pobreza. Las medidas tanto económicas como sociales, en riña con los procedimientos propios de un régimen de democracia, no fueron sometidas a la consulta del Congreso Nacional ni conocidas por la opinión pública sino después de haber sido firmada la Carta.

En contraste con la experiencia vivida durante el gobierno de Lusinchi, en el gobierno de Pérez hubo armonía entre las medidas de ajuste macroeconómico, contenidas en la Carta de Intención, y las políticas tendientes a la búsqueda de una reestructuración de la economía, concretadas en los seis “lineamientos” del VIII Plan de la Nación, llamado también “El gran viraje”. En este último se estableció un “hexágono estratégico” constituido por: a) crecimiento sin inflación; b) competitividad internacional; c) conservación de los recursos naturales; d) cambio institucional; e) capitalización de los recursos humanos; f) compromiso social. A través de estas orientaciones se persiguieron como objetivos la disminución de la intervención estatal y del peso del Estado en la economía, la reducción de la dependencia de la economía venezolana del petróleo, el crecimiento económico sostenido sin inflación, privilegiar la industrialización para la exportación, aumentar la productividad del trabajo, aumentar el gasto social y erradicar la pobreza extrema, mejorar la distribución de la riqueza, democratizar la propiedad y la gerencia, transferir propiedades a formas asociativas laborales y profundizar el sistema democrático.

Este paquete desencadenó la más vasta, enconada –llegando en muchos momentos a ser violenta– resistencia de la población venezolana. Entre los episodios más destacados del rechazo a estas políticas de ajuste estuvieron el Sacudón o Caracazo de febrero y marzo de 1989 y los fracasados golpes de Estado del año 1992, detonantes de una crisis política que culminaría con la destitución del presidente Pérez y el establecimiento de un Gobierno interino para finalizar el período gubernamental. Con los golpes de Estado, las políticas de ajuste y reestructuración económica perdieron su empuje y coherencia. Fueron políticamente derrotadas.

En diciembre de 1993, luego de una campaña electoral montada sobre la crítica a las políticas económicas de orientación neoliberal, triunfó en las elecciones presidenciales Rafael Caldera. Durante sus primeros dos años, el nuevo gobierno buscó afanosamente armar una propuesta coherente de política económica no ceñida al paradigma neoliberal para superar la crisis. Pero un contexto internacional fuertemente adverso a ensayos no apegados a las orientaciones del consenso de Washington, junto con la más dramática crisis financiera y bancaria del siglo, así como contradicciones en el seno del gabinete económico forzaron al gobierno, en 1996, a buscar el auxilio del FMI. Se aplicó entonces el tercer paquete de ajustes, bautizado en esta oportunidad con el nombre de “Agenda Venezuela”.

Fue en el mes de abril de ese año, en un contexto político muy diferente al existente para el momento de la presentación del paquete de Pérez, pues importantes sectores de la vida nacional venían clamando por la definición de un programa económico, cuando el presidente Caldera presentó a la nación el tercer programa de ajuste que, al igual que el de Pérez, puede caracterizarse como de naturaleza ortodoxa. La Agenda Venezuela buscó superar, como lo hizo el paquete de Pérez en su momento, una crisis coyuntural, en este caso una crisis bancaria y financiera, y aprovecharla para comenzar a echar las bases de una economía abierta de mercado. Si bien las políticas sociales contenidas en la Agenda se presentan de manera más elaborada y cuidada que en “el gran viraje” de Pérez, dándoseles más relevancia retórica y política que en este, la implementación de ambos significó para el país la aplicación previa de un programa de ajuste macroeconómico bastante similar. Las medidas tomadas a partir del mes de abril de 1996 fueron:

Aumento del precio de la gasolina y demás derivados de los hidrocarburos en el mercado interno.

Liberación de las tarifas de los servicios públicos.

Liberación plena del sistema de control de cambios, con la consiguiente devaluación del bolívar.

Incremento de las tasas de interés.

Aumento del porcentaje a pagar por el impuesto a las ventas.

Plan de privatización de empresas públicas.

Liberación de todos los controles de precios, quedando solo controlados los precios de cinco artículos esenciales de la dieta del venezolano.

Creación de un fondo para la protección del sistema bancario.

Inicio de la discusión para la reforma del sistema de prestaciones sociales.

Programas sociales de enfoque focalizado para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Para la reestructuración de la economía, apegado también a la orientación neoliberal, el gobierno presentó los lineamientos básicos de un conjunto de siete políticas globales en materia fiscal, cambiaria, financiera, laboral y otras.

Aunque en el texto de la Agenda Venezuela fue apenas mencionado, formaron parte sustancial del paquete de Caldera los programas petroleros, agrupados bajo lo que se conoció como la política de “Apertura Petrolera”. Si bien, en rigor, el inicio de esta política era anterior al gobierno de Caldera, fue bajo este que alcanzó su mayor despliegue. Siguiendo la misma orientación doctrinaria del programa de ajuste, la política de apertura planteó para el sector petrolero la transferencia del sector público al privado de actividades tanto conexas como medulares de la industria petrolera nacionalizada en 1976. Esta política estaba inserta en una nueva visión de la relación del Estado venezolano con la OPEP y la injerencia de esta organización en el mercado mundial de hidrocarburos. Durante el gobierno de Caldera se sostuvo –promovido desde la gerencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)– que los precios internacionales del petróleo debían ser fijados por leyes del mercado, sin interferencia ni de gobiernos de países productores ni de los consumidores. Esto produjo una relación muy conflictiva con los otros países miembros de la OPEP, la cual se vio acentuada por una expansión de la producción que superaba holgadamente las cuotas acordadas en el seno de la organización.

Si bien la resistencia popular a la Agenda en un principio fue menos dramática que la confrontada por el paquete de Pérez, la caída de los precios internacionales del petróleo a partir de octubre de 1997, a la cual contribuyó la política de apertura y expansión de la producción en Venezuela, jugaría un papel relevante en la derrota política de la Agenda, expresada en el triunfo de Hugo Chávez Frías en los comicios presidenciales de diciembre de 1998. Fue Chávez el único candidato que en su discurso de campaña se opuso a las políticas de apertura en materia petrolera.

El empobrecimiento de los venezolanos

Independientemente de que los fracasos de los programas de ajuste en Venezuela se deban a causas políticas o a fallas intrínsecas del propio modelo, lo cierto es que la mayoría de la población venezolana percibió, desde mediados de los años 80, que la combinación del agotamiento del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones y la aplicación de programas de ajuste y reestructuración según lo pautado por orientaciones neoliberales le estaba significando un empobrecimiento sostenido. Esta percepción tendrá crecientes repercusiones en el orden político, estimulando el desarrollo de un proceso de crítica y deslegitimación de los actores políticos que habían sido responsables de aplicar estos programas, así como incentivando una profunda desconfianza y rechazo a las políticas neoliberales como expediente de salida de la situación que se padecía.

A continuación presentamos, en el cuadro Nº 1, el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos con series de tiempo que se inician en 1979, cuando la sociedad venezolana comenzó a mostrar los signos de declive económico. Estas series terminan en 1999, primer año del gobierno de Chávez, cuando se produjo la interrupción del tercer programa de ajuste. Se han resaltado los años en los cuales los programas de ajuste se aplicaron sostenidamente.

Podemos ver, en la segunda columna del cuadro, cómo los indicadores del PIB y su variación porcentual revelan la naturaleza errática de la economía venezolana desde 1979, pues los años de crecimiento y recesión se intercalan, resultando prácticamente una situación de empate entre unos y otros. La dependencia extrema de nuestra economía de los ingresos provenientes de la venta internacional del petróleo y sus derivados explica en buena medida este comportamiento. Sin embargo, si bien la mayoría de los años que registran un crecimiento superior al 5% corresponden a años de significativo crecimiento de la actividad petrolera, otros no están vinculados a esa variable (por ejemplo, el año 1992), ni un decrecimiento de la actividad petrolera corresponde siempre con un decrecimiento del PIB.

Se observa que los años 1984, 1989 y 1996, correspondientes al primer año de cada uno de los tres ajustes macroeconómicos, muestran decrecimiento en dos casos (1984 y 1989) y estancamiento en el otro (1996); y en los dos años siguientes, en dos casos hay crecimiento (1985-86 y 1990-91), siendo en uno de ellos moderado. En el tercer caso, hay primero crecimiento (1997) y luego decrecimiento (1998). Así, para el caso venezolano, no podemos afirmar que haya una relación directa entre ajuste y comportamiento del PIB. Lo que sí resalta claramente del cuadro es que en cada primer año de ajuste se registró un incremento significativo del índice de inflación; después se produjo una disminución, pero desde 1984 la economía venezolana no pudo abatir esta variable para llevarla de nuevo a cifras de un dígito. El comportamiento del índice de precios al consumidor para esta serie de 21 años nos indica que lo que en 1979 costaba Bs. 100,00, tuvo en 1999 un precio de Bs. 30.923 Por otra parte, influyó en esta inflación la sostenida devaluación del bolívar, que alcanzó en este período la cifra de 15.238%. El impacto social de estos indicadores macroeconómicos se va a reflejar, en primer lugar, en los indicadores del comportamiento del empleo.

En el cuadro Nº 2 puede observarse claramente una tendencia a la disminución del empleo formal público que tiende a ser subsanada más por el crecimiento del empleo informal que por el aumento del empleo formal privado. En los años iniciales de la serie, el sector informal osciló en cifras cercanas al 40%, y a partir de 1994 se produjo un salto de ocho puntos en su magnitud, para situarse en los años restantes en cifras cercanas al 48%. Los altos porcentajes del sector informal, que en términos globales indican una tendencia de crecimiento, contrastan con las tendencias del comportamiento del empleo previas al declive del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, pues entre 1969 y 1979, el promedio de las tasas interanuales de aumento del empleo informal apenas alcanzó el 0,1%. Por otra parte, puede observarse que al inicio de cada programa de ajuste se produjo un aumento de la tasa de desocupación que en los tres casos fue superior al 2%. Sin embargo, en los años inmediatos siguientes la evolución de la desocupación cambia para cada caso.

La situación de deterioro económico y el incremento del sector informal se expresan en el comportamiento de los ingresos y su distribución. Para 1979 el ingreso promedio anual, medido en bolívares de 1984, fue de Bs. 42.162, mientras que en 1997, luego de veinte años de deterioro sostenido, ese mismo ingreso disminuyó a Bs. 15.299. Estas mismas cifras expresadas en dólares significan que el ingreso para 1979 fue de $5.345 y en 1997 bajó a $3.049. Además, a lo largo de esos mismos años, la distribución del ingreso también se vio deteriorada. Si para 1979 el ingreso del 5% más rico de la población era 41,58 veces superior a los obtenidos por el 5% más pobre, para 1997 esta misma relación se deteriora para llegar a ser 53,11 veces superior (Baptista, 1997). De estos datos se puede colegir claramente el nivel de malestar social que se estaba incubando.

Otra variable expresiva de la situación padecida y la consecuente tensión que se estaba creando, la pobreza (véase cuadro Nº 3). Aunque hay diferentes metodologías para medir la pobreza y, dependiendo de cuál se escoja, se llega a cifras también distintas, en lo que sí coinciden los resultados obtenidos según las diversas metodologías es en la tendencia general del comportamiento de la pobreza en estos últimos 20 años.

Para los datos aquí presentados, se definen como hogares en pobreza a aquellos cuyo ingreso familiar per capita es inferior al doble del costo de la canasta normativa de alimentos, y como pobreza extrema los de ingreso familiar per capita inferior al costo de esa canasta. En los datos presentados puede apreciarse una tendencia sostenida al crecimiento tanto de la pobreza como de la pobreza extrema. Más puntualmente, puede observarse que, en el primer año de los tres programas de ajuste, la pobreza y la pobreza extrema, comparadas con el año inmediato anterior, sufrieron un incremento pronunciado. La serie culmina con cifras de pobreza extrema superiores a las cifras de pobreza que existían en Venezuela a principios de los años 80. Para fines de los años 90, ambas cifras son cercanas al triple de lo que fueron al principio de la serie, es decir, para 1998 casi el 50% de las familias son pobres y más de un cuarto son míseras.

Expansión de la violencia cotidiana

Hacia fines de la década de los años 80 se une a la situación de desequilibrios socioeconómicos crecientes un aumento significativo en las cifras de los indicadores de violencia, pasando Venezuela de la condición de sociedad con niveles bajos de violencia en América Latina a ser uno de nivel medio alto, similar en sus tasas de homicidios a México y Brasil.

Desde finales de la década de los años 60, cuando aminoró la insurrección armada, consolidándose así el sistema democrático conocido hoy como de Puntofijo, y hasta 1989, Venezuela perteneció al grupo de sociedades de baja violencia cotidiana y sociopolítica en América Latina. Si bien acciones de naturaleza violenta venían creciendo en la década de los años 80, las cifras de diversos indicadores, como veremos a continuación, dieron un salto significativo a partir de 1989. Algunos estudiosos han sostenido que el nuevo discurso neoliberal del gobierno de Pérez, así como la encarnizada violencia y violación del Estado de Derecho utilizadas por ese gobierno para enfrentar la revuelta popular conocida como el Caracazo, significaron un quiebre del discurso hegemónico de unión y armonía desarrollado en el pasado para legitimar la democracia venezolana y el inicio del camino para un uso más generalizado de la violencia por parte de la población. Así mismo, las debilidades evidenciadas durante el Caracazo por parte de élites e instituciones políticas para actuar eficientemente en el control de la situación acentuaron el deterioro institucional que desde los años previos venía evolucionando, incidiendo también en el uso de vías extrainstitucionales para resolver los conflictos. Investigaciones como la de Scotto y Castillo, de la Universidad Católica Andrés Bello, corroboran para 1994 que, a raíz de los sucesos de febrero y marzo de 1989, la gente percibió la implantación de la violencia en sus vidas como una presencia permanente.

El cuadro Nº 4 presenta las cifras de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, y su variación porcentual tanto en Caracas como en todo el territorio nacional entre 1986 y 1999. Estas cifras ponen en evidencia el salto que se produjo desde 1989. Si bien en algunos de los años posteriores se registraron disminuciones en las tasas, ellas nunca regresaron a cifras similares a las anteriores al Caracazo.

Otros indicadores, que muestran el incremento de la violencia en la vida cotidiana de las personas en estos años, son los que expresan los delitos contra las personas y contra propiedades. Estos muestran aumentos, aunque son menos claros que en la tasa de homicidios arriba mostrada. Las cifras de delitos son menos confiables que las de homicidios, pues en sociedades con instituciones deslegitimadas muchas víctimas de delitos no los denuncian, no quedando por tanto registrados.

Otro indicador es el de apropiación indebida de vehículos. En el cuadro Nº 5 puede observarse que mientras a partir de 1993 el hurto de vehículos mostraba una tendencia decreciente, el número de robos de vehículos, que comporta un componente mayor de violencia contra los propietarios que el hurto, no dejó de crecer. Adicionalmente, otras cifras indicaban que mientras el uso de la violencia en el total de los delitos registrados en el país en 1990 representaba el 16%, para 1999 había alcanzado el 36%. La tendencia se mantuvo por ese rango en 2000 (33,8%), pero tendió a la baja en 2001 (21,1%).

La violencia en los delitos no solo afecta a sus víctimas directas, sino que también impacta a los relacionados con las víctimas directas, a los testigos casuales y a la población en general a través de su cobertura por los medios de comunicación. En encuesta realizada el año 1996 por el sociólogo Roberto Briceño-León en la ciudad de Caracas se obtuvieron resultados alarmantes. El 17% de la población había sido víctima de robo a mano armada el año anterior a la entrevista, 3% había sido golpeada, 11% había sido testigo de cómo herían a otra persona y 10% afirmó haber perdido a algún pariente cercano en un homicidio. Este aumento abrupto del componente violento en la vida cotidiana, junto con el tratamiento que los medios le daban al problema, hizo que los caraqueños se sintieran más inseguros, comparados incluso con los habitantes de otras ciudades más violentas en América Latina. El 33% de los habitantes de Caracas se sentían, a fines de la década, inseguros en su propia comunidad o barrio, 66% de ellos muy inseguros cuando se encontraban en otras partes de la ciudad y el 61% cuando abordaban unidades de transporte colectivo.

En síntesis, estos indicadores revelan el caldo de cultivo donde germinaron los procesos de crisis y transición sociopolítica de la sociedad a fines del siglo XX.

Capítulo 2
Factores políticos y subjetivos que se añaden al declive socioeconómico[2]

El 16 de febrero de 1989, catorce días después de haber tomado posesión por segunda vez de la Presidencia de la República, Carlos Andrés Pérez anunció al país la decisión de su gobierno de intentar superar la crisis económica y fiscal que había heredado de gobiernos anteriores mediante la aplicación de un programa de ajustes macroeconómicos y un plan de reestructuración de la economía de orientación neoliberal. Era la primera vez que un gobierno venezolano de manera explícita aceptaba someterse a las orientaciones del FMI. Once días después, la población urbana protagonizaría una revuelta popular conocida posteriormente como el Caracazo o el Sacudón. Posterior a ambos sucesos, Venezuela entraría en un período de turbulencias sociopolíticas donde la protesta popular será una constante que llega hasta la actualidad, acompañando y apuntalando transformaciones radicales del orden político establecido desde 1958.

En este capítulo se presenta un análisis de los factores político-institucionales y subjetivos que condujeron al Caracazo y a la intensa movilización popular que le sucederá en los años siguientes. Argumentamos que este fenómeno de la protesta popular sostenida, si bien tuvo como caldo de cultivo la recesión socioeconómica y su impacto fiscal que analizamos en el capítulo previo, contó también con factores de naturaleza político-institucional, factores subjetivos y ciertos episodios críticos de encuentro con una autoridad injusta que fueron claves para hacer detonar, primero la revuelta popular de febrero de 1989 y luego el ciclo de protestas que estremecería al país a lo largo de la década.

Aspectos conceptuales

Mucho se ha debatido desde mediados del siglo XX acerca de los factores que impulsan a la acción colectiva, que no solo en Venezuela, sino en muchas sociedades del planeta se ha venido extendiendo. Superados los prejuicios iniciales que hacían considerar a la protesta como la acción irracional de “turbas” o “masas”, buena parte de la literatura académica actual la reconoce como una acción que tiene su racionalidad propia, un instrumento que en coyunturas específicas es utilizado por multitudes, grupos o actores sociales para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, qué impulsa a este tipo de acción, por qué unas sociedades son más proclives a la protesta popular mientras otras lo utilizan raramente, por qué en ciertos momentos se produce una intensificación de la protesta en una sociedad, por qué son distintas las modalidades con que diferentes actores o sociedades protestan son cuestiones objeto de innumerables teorías.

Un avance teórico fue el abierto en los años 50 por la escuela de historiadores marxistas británicos, cuando argumentaron y demostraron empíricamente para algunos casos europeos que la acción colectiva obedece a una causalidad compleja, donde la privación material puede ser causa necesaria mas nunca suficiente. Entre el hambre y la movilización colectiva, según E. P. Thompson, existe en cada sociedad un conjunto de mediaciones que es necesario conocer y que son las que le dan sus especificidades. A partir de este supuesto, que fue ganando aceptación generalizada, se multiplicaron en la segunda mitad del siglo las interpretaciones sobre dónde colocar el mayor peso explicativo de las causas de la protesta y de sus características peculiares en cada sociedad.

Es claramente observable, en el caso de Venezuela desde los años 80, que el abrupto y en cierta medida inesperado declive económico del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones estableció el primer factor propicio a la acción colectiva al producir, como desarrollamos en el capítulo previo, un sostenido empobrecimiento de porciones significativas de las clases medias venezolanas. A este declive se le sumaron programas de ajuste macroeconómico que no lograron revertir ese empobrecimiento sino que más bien lo acentuaron. No obstante, el empobrecimiento como sola variable no puede explicar el desencadenamiento de la movilización, ni las características distintivas que una determinada sociedad, en este caso la venezolana, le imprime. Si el solo empobrecimiento bastara, todas las sociedades que atraviesan un empobrecimiento análogo al que se dio en la sociedad venezolana reaccionarían igual que esta. Sabemos que aunque la movilización ha ido in crecendo en diferentes sociedades de América Latina, la intensidad, las modalidades o los actores en Ecuador, México o Brasil son bastante distintos entre sí y en relación con Venezuela. Aquí sostenemos que el Caracazo primero, y el desencadenamiento de la protesta popular después, así como sus peculiaridades, están influenciados por otros factores que se desarrollaron principalmente en la década de los años 80.

En primer lugar, se produjo un cambio en lo que algunos autores como Sydney Tarrow (1996) han definido como la estructura de oportunidades políticas para ciertos sectores de la sociedad. Se entiende por esto que se dieron ciertas alteraciones políticas externas a los grupos o actores sociales que estos percibieron como aprovechables para obtener concesiones del poder. Según la lógica de esta argumentación, las estructuras y/o instituciones del Estado crean oportunidades estables, pero cuando ocurren cambios en ellas se producen brechas que los actores de escasos recursos pueden aprovechar para impulsar sus movimientos. Una división de las élites o una reforma del Estado pueden servir de ejemplos. Los actores que se movilizan toman, y a la vez expanden, las oportunidades políticas, convirtiéndolas en acción colectiva beligerante y sosteniéndolas en el tiempo, gracias a estructuras organizativas que van desarrollando y a marcos culturales que van construyendo. Según Tarrow, la acción colectiva sostenida, al expandirse, va produciendo ciclos o períodos de turbulencia y realineación en el seno de una sociedad. Una vez que un ciclo ha comenzado por la acción de algunos actores, bajan los costos de la acción colectiva para otros actores, levantándose entonces nuevos movimientos sociales que se apoyan más en las oportunidades generales producidas por el ciclo que en sus propios recursos, que pueden ser escasos. Los años turbulentos pueden tener distintos resultados, pero siempre dejan tras de sí expansiones en la participación y cambios en la cultura popular y en la ideología de las sociedades. Este enfoque ayuda a explicar lo que ha venido ocurriendo en Venezuela.

Vinculados a evidentes cambios político-institucionales que, como desarrollaremos más adelante, estimularon la salida a la calle de sectores pobres y empobrecidos de la sociedad, también es notorio que durante los años 80 se desarrollaron ciertos factores de naturaleza subjetiva que determinaron un cambio de conciencia de estos sectores, lo que también contribuyó a su movilización. Este concepto, que ha sido construido por Francis Fox Piven y Richard Cloward (1977), se refiere a una alteración de la percepción que un actor o grupo tiene de su situación, lo que lo lleva al convencimiento de que es injusta, y a la vez, de que si se moviliza puede alterarla. Los pobres, dicen Piven y Cloward, no salen a la calle si evalúan que corren peligro y/o con ello no se conseguirá nada. La idea del cambio en la conciencia colectiva guarda similitudes con el concepto de indignación moral que usara Barrington Moore para caracterizar los sentimientos de injusticia que surgen en ciertas coyunturas y que provocan la rebeldía, base a su vez de la protesta.

Al converger oportunidades políticas y cambios en la subjetividad con el sostenido declive de las condiciones materiales de vida en la Venezuela de fines de los años 80, el escenario estaba listo para una creciente movilización popular. No obstante, el momento, las modalidades y la naturaleza de la protesta parecen estar influidos por un tercer factor adicional. Entre 1987 y 1988 acaecieron dos episodios críticos de enfrentamiento entre ciertos sectores sociales y el Estado. Estos episodios revelaron descarnadamente un Estado injusto y arbitrario, que reforzó los factores previos. Pero también durante estos episodios se desarrollaron acciones disruptivas violentas y extrainstitucionales que dieron algunos resultados positivos para quienes se movilizaron. Los encuentros con una autoridad injusta, al decir de William A. Gamson et al., al servir de ejemplos de confrontación entre el poder y sus adversarios, marcan las interacciones posteriores. Por la naturaleza de la confrontación y su proximidad en el tiempo, la revuelta de Mérida de 1987 y la masacre de El Amparo de 1988 dieron pautas al Caracazo. Y ambos, junto con este último, determinarán algunas características de la movilización popular en los años siguientes.

Cambios en la estructura de oportunidades políticas

Al observar el desenvolvimiento político institucional de los años 80 se evidencia un paulatino deterioro de actores políticos e instituciones públicas que va a alcanzar un punto de inflexión con los eventos de febrero de 1989 y los meses siguientes, a partir del cual entrarán en un franco proceso de deslegitimación. Los primeros pasos de esta evolución están vinculados al declive del modelo de desarrollo industrialista dinamizado por la renta petrolera que, en combinación con los cambios en el ámbito financiero internacional, llevaron al Viernes Negro de febrero de 1983. Fue a partir de entonces cuando las instituciones de mediación y representación política comenzaron a experimentar permanentes dificultades para cumplir las funciones que les fueron asignadas en el sistema político instaurado desde 1958. Y fue también a partir de entonces cuando comenzaron de manera sostenida a alterarse las relaciones entre poder y sociedad.

Antes del Viernes Negro, los canales de representación y conciliación de conflictos, pautados en los pactos y alianzas que fundaron el sistema político en 1958 –entre ellos el de Puntofijo, que en la actualidad sirve para identificarlo– ya habían comenzado a mostrarse insuficientes para contener la complejidad de demandas e intereses sectoriales de una sociedad que se había modernizado desde la segunda posguerra con acentuada celeridad. La misma forma como se había diseñado el sistema político con miras a su estabilización, centralizado y otorgándoles preeminencia a los partidos políticos, en especial a sus líderes nacionales sobre otras formas de la sociedad civil, ahora se constituía en obstáculo para permitir la inclusión de los nuevos actores sociales y políticos que la complejidad de intereses demandaba. Por otra parte, los partidos políticos hegemónicos –los signatarios del pacto de Puntofijo, AD y Copei– y los sindicatos que les eran afines, que se agrupaban en la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), también perdían su dinamismo y capacidad de representación y mediación popular, por el desgaste producido por el ejercicio del poder en el contexto de los dineros abundantes y fáciles del petro-Estado de los años 70.

Hacia mediados del primer gobierno de Pérez (1974-1979), comenzaron a propagarse las denuncias de autoritarismo y corrupción en el seno del gobierno y de los partidos, por parte de organizaciones de oposición y algunas personalidades. Así mismo, durante los siguientes años de gobierno del presidente Herrera (1979-1984), a estas críticas se sumarían reproches a los partidos y sindicatos por la falta de ideas y debate sobre el porvenir de la sociedad. A partir de 1983, y ante la evidencia de que se agotaba el modelo de desarrollo, que había orientado la economía venezolana sin cumplir sus objetivos de crecimiento industrial autosostenido y de equidad social, comenzó a generalizarse el cuestionamiento al desempeño del Estado desde el inicio de la democracia, así como el diseño y la conducta de los partidos hegemónicos.

El gobierno de Lusinchi (1984-1989) sumó, al proceso de debilitamiento de los partidos políticos hegemónicos y sus sindicatos ya en marcha, el desprestigio de otras instancias del Estado como el Poder Judicial y la Fiscalía General. La dependencia de estos poderes del Ejecutivo Nacional se hizo patente en este lapso, al dejar de funcionar, entre otros dispositivos, el llamado pacto institucional entre los partidos AD y Copei. Este pacto, que fue ideado a finales de los años 60 para fortalecer la estabilidad institucional, al comprometer a ambos partidos a consultarse y negociar la designación de cargos clave de los poderes públicos, había asegurado, adicionalmente, una relativa independencia de los designados con respecto a directrices partidistas. En 1984, el gobierno aprovechó la mayoría absoluta en el Congreso Nacional que había obtenido en los comicios para romper ese pacto y designó unilateralmente al contralor general de la República, al fiscal general y a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con sus respectivos suplentes. Con ello, la dependencia de las instancias encargadas de supervisar al Ejecutivo se hizo directa, socavando su legitimidad y creando condiciones favorables para numerosas irregularidades y abusos de poder.

Otro aspecto que contribuyó por esos años al descrédito de las instituciones –y con ello a la apertura de una estructura de oportunidades políticas que propiciaba la rebeldía y la movilización popular– tuvo que ver con los desarreglos en la vida privada del presidente, producto de su escisión entre una esposa y familia “oficiales” y otras paralelas. Si bien no fue la primera vez que los venezolanos asistían a esta dualidad en la vida privada de sus mandatarios, lo que le dio ingredientes inéditos al caso del doctor Lusinchi fue el afán protagónico de su amante, quien obtuvo a lo largo del período una creciente injerencia en la acción de gobierno, y aun del partido. Este problema empañó la imagen del presidente, la majestad del cargo y fue el origen de algunos actos de represión y de corrupción, que solo comenzaron a ser ventilados en los últimos días de su gestión y los primeros del segundo gobierno de Pérez, es decir, poco antes del Caracazo. El caso más escandaloso de corrupción administrativa del gobierno fue el que se dio en la Oficina del Régimen de Cambio Diferencial del Ministerio de Hacienda (Recadi), un ente creado por la administración del presidente Herrera después del Viernes Negro para administrar los dólares. En el período constitucional de Lusinchi, allí se elaboró un complicado mecanismo de cambios diferenciales, existiendo un alto grado de discrecionalidad por parte de los funcionarios encargados de tomar las decisiones. Dados los millones de dólares que estaban en juego, se desarrolló un sofisticado sistema de tráfico de influencias en el cual estuvo involucrada la amante del presidente. Se ha calculado que en este proceso ocurrió la apropiación de una suma cercana a los 15.000 millones de dólares por parte de un reducido grupo de privilegiados.

Desde la Presidencia se ejercieron así mismo presiones y manipulaciones sobre los medios de comunicación, en particular sobre los impresos. Columnas de periodistas de oposición como José Vicente Rangel y Sanín (Alfredo Tarre Murzi) dejaron de salir “provisionalmente” en los diarios. En varias oportunidades se elevaron quejas a la Sociedad Interamericana de Prensa y los periodistas hicieron marchas en protesta. Pero esta situación solo fue superada y ventilada públicamente cuando terminó el período presidencial de Lusinchi. Fue este otro ingrediente para el debilitamiento institucional.

Al descrédito de las instituciones debe sumarse el proceso de reforma del Estado, que se inició también durante el período de Lusinchi. Si bien llevaba una tendencia contraria a la que presagiaba el descrédito de las instituciones, pues era una iniciativa del Estado para corregir sus disfuncionalidades y como tal fortalecerse, puso en evidencia, empero, la escasa voluntad de las élites políticas para introducir cambios que pudieran alterar las relaciones de fuerza existentes en la sociedad. Por otra parte, también reveló la casi imposibilidad, no solo de las élites políticas, sino también de las empresariales y sindicales, para ponerse de acuerdo en torno a la orientación económica que debería implementarse para solventar el estancamiento económico que se arrastraba desde finales de los años 70. El proceso de reforma del Estado también logró que se aprobaran en 1988, en el Congreso saliente, unas primeras reformas de descentralización política que abrirían las primeras brechas institucionales desde donde sería posible intentar movilizarse para obtener cambios políticos.

El gobierno de Lusinchi, en sintonía con las demandas y promesas que habían caracterizado la campaña electoral de 1983, decretó en diciembre de 1984 la apertura de un proceso de “reforma integral del Estado venezolano”. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, mejor conocida por sus iniciales como la Copre, fue la instancia creada para coordinar todo lo conducente a tal fin. Esta, en el transcurso de un trabajo intenso y extenso, que incluyó un amplio proceso de consulta a actores viejos y nuevos del ámbito sociopolítico venezolano, logró construir, por consenso, un conjunto de propuestas políticas y administrativas para iniciar el camino de las reformas. No pudo, sin embargo, formular una propuesta de reformas económicas que recibiera el consenso de los comisionados. Una vez publicadas en 1986 las propuestas políticas, la Copre confrontó una frontal oposición del propio Ejecutivo que la había creado, y que se resistió a las transformaciones políticas planteadas. El partido oficial, AD, se unió a la resistencia del presidente y, dada la abrumadora mayoría con que contaba en el Congreso, toda posibilidad de cambios políticos en este período pareció evaporarse. Sin embargo, en las últimas sesiones de 1988 del Congreso saliente, al calor de la coyuntura electoral, jugando Pérez, el candidato del partido oficial, a diferenciarse del gobierno como medio para obtener la victoria comicial, se crearon condiciones favorables para aprobar algunas reformas políticas. La aprobación de la creación de la figura del alcalde electo por voto universal, directo y secreto, y sobre todo la aprobación de la elección universal, directa y secreta de los gobernadores de estado, abrieron los primeros espacios desde donde sería posible intentar la inclusión de nuevos actores para la representación política, con el consiguiente cambio en las relaciones de poder. El proceso de la reforma del Estado vino a alterar la estructura de oportunidades políticas del pasado, al revelar la rigidez de las élites políticas, sindicales y empresariales para aceptar modificaciones del orden socioeconómico y político existente, al poner al descubierto las diferencias en torno a las orientaciones a futuro para la sociedad y al abrir los primeros caminos para viabilizar cambios políticos.

Cambios en la conciencia colectiva

Los cambios político-institucionales propiciaban entre diversos sectores sociales una creciente percepción de que la sociedad estaba entrando en una nueva fase de su desarrollo. La Venezuela pospetrolera fue un término muy generalizado para caracterizar la situación de entonces, siendo el Viernes Negro de 1983 el primer momento paradigmático en el cambio de la conciencia colectiva, como ha sido señalado por algunos analistas (por ejemplo, el historiador Elías Pino Iturrieta). Este evento abrió el proceso de cuestionamiento entre élites y organizaciones de la sociedad civil del modelo de desarrollo económico que se había implementado durante una porción significativa del siglo XX, y comenzó la crítica sostenida al modelo de Estado y sistema político que lo había soportado.

En la medida en que las críticas no fueron atendidas por las élites políticas y no se producían los cambios demandados, el proceso de deterioro institucional se acumulaba y dio pie para una creciente movilización de sectores tradicionalmente beligerantes de la sociedad. Los estudiantes, maestros y profesores universitarios, y en general el sector de la educación, pero también otros sectores organizados de los empleados públicos, como los trabajadores de los tribunales y de diferentes secciones del sector salud, inician en la década de los años 80 una escalada de protestas. Estos actores utilizaban sobre todo paros laborales y marchas callejeras para exigir el pago de sueldos atrasados, aguinaldos y deudas que el gobierno había contraído con ellos en los contratos colectivos y que luego no cumplía. Estas demandas formaban parte de lo que los venezolanos consideraban sus derechos como ciudadanos, pues en el discurso dominante, construido desde 1958, la democracia estaba indisolublemente vinculada al desarrollo económico y social de la población, en especial al bienestar del pueblo. En tal sentido, los reiterados incumplimientos del Estado con sus compromisos como patrón, sumados a los índices de inflación que, como vimos en el capítulo anterior, por estos años comenzaron a crecer, el desempleo, la ampliación de la informalidad como actividad económica de cada vez más venezolanos y el declive de los servicios públicos iban empañando la legitimidad de la democracia venezolana.

Sin duda, las nuevas circunstancias económicas del país dificultaban para el gobierno la posibilidad de cumplimiento del esquema de democracia diseñado a partir de 1958 e interiorizado por la población. Pese a ello, en los años finales de la gestión de Lusinchi se utilizó el gasto público para reactivar la actividad económica y con ello crear algunas señales de mejoría que permitiesen el triunfo del candidato presidencial del partido oficial en los comicios de 1988. Tal expediente probó ser un espejismo cuando poco después de la victoria electoral de Pérez, el gobierno, abrumado por sus compromisos y deudas, se vio obligado a declarar una moratoria en el pago de los servicios de su deuda. La moratoria no solo reveló lo artificial de la mejoría sentida en los últimos años, sino también la falsedad de lo que dos años antes, cuando el gobierno negoció un refinanciamiento de sus deudas con las agencias internacionales, había difundido como “el mejor refinanciamiento del mundo”. En febrero de 1989, la revelación de la falsedad se hizo más contundente cuando el presidente Lusinchi mismo declaraba en la prensa, para sorpresa de los venezolanos, que había sido “engañado” durante las negociaciones que su gobierno sostuvo con la banca internacional (v. El Nacional, 27-2-1989).

Por si estos sucesos fueran pocos, el discurso dominante mismo de la democracia venezolana, socializado durante décadas, comenzó a desmoronarse, cuestionado desde las élites y actores del ámbito internacional por las ideas de orientación neoliberal. Estas ideas alcanzaron franca aceptación en el discurso oficial del gobierno venezolano en los primeros días de gobierno del presidente Pérez.

En efecto, si bien desde la campaña electoral de 1978 comenzaron a entrar en el debate político las orientaciones en economía de la doctrina neoliberal y el gobierno de Herrera Campíns desarrolló algunas líneas de política en esa dirección, el segundo boom de los precios petroleros en el mercado internacional que se dio poco después de iniciado ese gobierno, combinado con la fuerza de los viejos patrones de la racionalidad del petro-Estado, hicieron que aquellas fueran poco coherentes y de escasa significación. Sin embargo, después del Viernes Negro estas ideas comenzaron a tener más audiencia entre sectores empresariales y algunos grupos de intelectuales, quienes en la década fundarían algunas organizaciones asociativas –el grupo Roraima fue el más conocido– que abogarían por una reducción del papel del Estado en la economía y un mayor activismo del sector empresarial privado en distintos ámbitos de la vida social. El gobierno de Lusinchi también se movería en esa dirección, pues si bien durante su gobierno se negó a acudir al FMI para superar los desbalances fiscales heredados, comenzó a aplicar lo que en el capítulo anterior llamamos un plan de ajustes de naturaleza heterodoxa. Pero el neoliberalismo como discurso no era bien visto políticamente y hasta el gobierno de Lusinchi se manejó con cuidado y grandes reticencias.

Sin embargo, durante los primeros días de la gestión del presidente Pérez esto cambió, tanto porque se anunció un ajuste ortodoxo de corte neoliberal, como por la designación en el gabinete de un grupo de ministros “tecnócratas” formados y entusiasmados con estas nuevas orientaciones. El discurso neoliberal se hizo repentinamente predominante y aceptado, pese a que contradecía el discurso dominante tradicional de las élites políticas y sindicales venezolanas, forjado a lo largo del siglo XX, el cual vinculaba el desarrollo económico de la sociedad con el papel interventor del Estado en la economía. Bajo el nuevo sentido común neoliberal, el Estado era ahora el principal culpable de las dificultades que había confrontado la sociedad en el último cuarto del siglo. Así mismo, el neoliberalismo, con sus programas de ajuste y reestructuración económica implicaría, no solo una retracción del Estado en la actividad económica, sino también fuertes recortes fiscales en los ya recortados programas sociales, como medio para reducir el déficit fiscal, equilibrar los indicadores macroeconómicos y pagar las deudas contraídas. Este repentino cambio de la realidad que a futuro se avizoraba contribuyó a crear tensiones tanto en las élites como en sectores populares que, a través de los medios de comunicación, habían visto las revueltas populares de otros países y, quizás y sobre todo, habían escuchado la satanización que de estos programas y sus promotores internacionales había hecho el mismo presidente Pérez durante su campaña electoral.

Vale la pena detenerse en esos pocos meses que van de la victoria electoral de Pérez en diciembre a la toma de posesión de su gobierno en febrero de 1989, pues en ellos se encuentran los elementos que a nuestro juicio van a producir de manera violenta una alteración en la conciencia de sectores pobres y empobrecidos de la sociedad venezolana. En esos dos meses, al proceso de deterioro institucional se le va a sumar lo que Piven y Cloward llaman “sentimientos de injusticia”, o lo que Moore caracteriza como “indignación moral”, es decir, una percepción de violación inaceptable de las reglas establecidas en la democracia por parte del poder. Es posible pensar, además, que la imagen de un candidato con carisma y popularidad, como la tenía Pérez por aquella época, bien pudo provocar también entre estos sectores lo que Piven y Cloward señalan como un aspecto importante para impulsar la acción colectiva disruptiva, la percepción de que, movilizándose y protestando vehementemente, la situación anunciada podría frenarse.

Pérez, desde el momento de su proclamación como presidente y hasta la toma de posesión, el 2 de febrero de 1989, hizo un despliegue de energía característico de su personalidad y estilo, realizó una serie de declaraciones y actos que anunciaban un gobierno de alto perfil internacional, así como una rectificación en materia económica y en el tratamiento del problema de la deuda. En diciembre, después de su victoria electoral, Pérez emprendió una gira por Arabia Saudita, Kuwait y Argelia, a fin de informarse mejor de la estrategia de la OPEP con respecto a los precios petroleros. De regreso, hizo una escala en Washington, donde se entrevistó con George Bush padre, recién electo presidente de Estados Unidos, para hablar sobre condiciones más favorables para el pago de la deuda venezolana. En enero, desde Brasil propuso la conformación de un bloque de deudores, volvió a los países árabes y viajó a Suiza para asistir a una conferencia sobre la deuda. Las diligencias de Pérez, junto a las de una misión especial que nombró por esos días para iniciar conversaciones con la banca internacional, crearon gran expectativa entre los venezolanos, que esperaban ansiosos la nueva propuesta de CAP para enfrentar la crisis.

En su discurso inaugural del día 2, Pérez reforzó esta imagen. Afirmó que en Venezuela se habían acabado los plazos para las equivocaciones y propuso una política que corrigiese los profundos desequilibrios monetarios y fiscales, asegurando que su fórmula política para resolver de manera permanente el problema de la deuda se apoyaría en la solidaridad entre países deudores. Pérez criticó las estrategias aplicadas hasta la fecha: “Hasta ahora, la estrategia vigente, apoyada en el trato individual de cada país deudor, ha infligido un severo costo social y económico a nuestro continente. Cada país ha terminado solo, enfrentado a un formidable cartel de acreedores que ha hecho prevalecer sus esquemas y sus intereses”.

Sin embargo, el 16 de febrero, en medio de gran expectativa, Pérez presentó su programa de ajuste económico, conocido de allí en adelante como “el paquete”. En él, al contrario de lo ofrecido en la campaña e insinuado en el discurso inaugural, se daba una salida neoliberal a la crisis, es decir, el gobierno aceptaba acudir al FMI para la renegociación de la deuda, con lo cual se sometía a un programa de ajuste macroeconómico individualizado y ortodoxo. Entre las medidas más temidas por la población se anunciaron para los próximos días: liberación de precios, incluyendo el de la gasolina, liberación de tasas de interés, eliminación del control cambiario, aumento de las tarifas de los servicios públicos y reducción de los subsidios.

Por otra parte, entre el 2 y el 16 de febrero, momento en que pronunció este discurso, la prensa estuvo informando de algunas dificultades políticas que confrontaba el nuevo gobierno. Las relaciones entre Pérez y su partido comenzaban a ser incómodas, siendo uno de los puntos de mayor tensión lo que algunos líderes de AD calificaron como la composición “tecnocrática” del gabinete, es decir, la inclusión de un conjunto de jóvenes expertos en distintas materias, sobre todo económicas y fiscales, pero carentes de experiencia política. Por otro lado, casi ninguno de estos nuevos ministros era militante del partido. AD adujo que, como consecuencia de esto, el gobierno estaba dando una respuesta a la crisis económica fría y divorciada de algunas realidades sociopolíticas del país. Otra dificultad provenía del hecho de que AD no contaba con una mayoría parlamentaria, como tuvo durante la gestión de Lusinchi, debiendo entonces redoblar sus esfuerzos de negociación con los partidos de oposición, Copei, MAS y Nueva Generación Democrática (NGD), con miras a obtener los votos necesarios para hacer aprobar las iniciativas del Ejecutivo[3].

En esta misma línea de crecientes dificultades, los mecanismos para la concertación con Fedecámaras y la CTV –construidos en los primeros años de la democracia– tampoco lograban funcionar. La CTV y su presidente, Juan José Delpino, consideraban como una agresión al sector trabajador una serie de propuestas del gobierno que se habían venido conociendo, como el aumento selectivo de los sueldos, la liberación excesiva de las tasas de interés y la devaluación violenta del bolívar. Delpino se negaba a creer que Pérez las tomaría. Fedecámaras, por su parte, no deseaba un aumento de sueldos y se quejaba de no haber sido consultada. Circulaban además informaciones sobre irregularidades en cartas de crédito firmadas con subsidios en dólares. Estos compromisos significarían, al decretarse la devaluación del bolívar, que los empresarios involucrados harían un negocio pingüe a costa del Estado.

Es necesario mencionar también la forma con que, en medio de los discursos de austeridad y sacrificio con los cuales se interpelaba a la población, se realizó la toma de posesión del nuevo presidente, llamada por su ostentosidad por la Iglesia católica, entre otros sectores, la “coronación de Pérez”. Este y otros hechos de ostentación pública y privada, junto a las declaraciones de Lusinchi ya señaladas de lo lesivo del refinanciamiento de la deuda para los intereses nacionales, todo ello ventilado a diario por los medios de comunicación, conformaría una mezcla explosiva de emociones y sentimientos de frustración, sorpresa, indignación, injusticia y percepción de divisiones en las élites. A ello se añadía la escasez de productos básicos que se venía dando en los últimos meses, tanto por las dificultades económicas como, en las últimas semanas, por los rumores sobre las medidas que estaban por tomarse, que propiciaron el acaparamiento de dichos productos por parte de algunos comerciantes inescrupulosos, con la consiguiente angustia de la población. Esta mezcla explosiva solo necesitaba de un fósforo para encerderse. El 27 de febrero de 1989 fue acercado a la mezcla ese fósforo.

Episodios de confrontación con una autoridad injusta

Un contexto socioeconómico y político-institucional en declive, junto con expectativas frustradas y sentimientos de injusticia, era suficiente abono para la movilización popular. Veremos en capítulos siguientes, no obstante, que esa movilización, si bien en aumento numérico a lo largo de la década, seguía en sus formas y naturaleza las pautas institucionalizadas de la democracia de Puntofijo. Pero en los últimos dos años de la gestión de Lusinchi el repertorio va a alterarse por dos episodios de confrontación con el Gobierno nacional, reveladores de la ruptura que se está produciendo en la relación entre este y los sectores populares. Ellos trajeron cambios en la manera y naturaleza de la protesta que contribuyen a las características del Caracazo y a las acciones colectivas de beligerancia posteriores.

La revuelta de Mérida

El viernes 13 de marzo de 1987, un estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, de nombre Luis Carballo, fue herido a las puertas de una residencia privada. De acuerdo con la noticia de prensa, era de noche y el joven, en compañía de unos amigos, se había detenido ahí con el propósito de cumplir con una “necesidad fisiológica”. Es decir, el estudiante se orinó a las puertas de una casa, motivo por el cual el dueño de la misma, un abogado considerado como “un potentado”, se molestó y terminó disparándole dos tiros, que poco después le causarían la muerte. La agresión del abogado y la sospecha por parte de los estudiantes de que el hombre, por tener influencias, no pagaría por el crimen, estuvo a punto de provocar su linchamiento a manos de ellos, pero una operación comando de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Previsión del MRI (Disip) lo protegió, sacándolo del lugar de los hechos. La situación sin embargo estaba muy caldeada y los estudiantes procedieron a dejar salir de la residencia a la esposa e hijos del abogado y entraron a ella, arrojaron los bienes a la calle y luego incendiaron la casa. Una vez se conoció que el estudiante había muerto, comenzaron cinco días de disturbios generalizados en la ciudad, que se iniciaron con saqueos a los establecimientos en las adyacencias de la residencia del abogado, para luego extenderse al resto de la urbe, incluyéndose el incendio a la casa de AD el sábado, a los almacenes militares el domingo; barricadas en la avenida Las Américas, quema de autobuses, apedreamientos y fogatas en diversos puntos. Las clases fueron suspendidas a todos los niveles en la entidad federal y el Gobierno regional sacó a la calle a la Guardia Nacional (GN) para controlar la situación. Tres días después, los heridos eran 20, los detenidos más de 500 y las pérdidas materiales se calculaban en unos Bs.10 millones. La prensa destacaba no tener registro de un suceso similar previamente, ni en Mérida ni en ninguna otra ciudad.

Esta protesta popular parece que contribuyó a que una semana después un juez dictara auto de detención al abogado por la muerte del estudiante, lo cual hizo sosegar el ambiente. Los disturbios de Mérida fueron protagonizados tanto por los estudiantes como por la gente común de la ciudad, quienes tenían muchos motivos para sospechar que la justicia no se aplicaría, pues este tipo de sucesos solía quedar impune si el autor del delito tenía influencias en instancias de poder. El asesinato de Carballo suscitó casi inmediatamente protestas estudiantiles también en las ciudades de Trujillo, Maracay, Barquisimeto y Caracas. La represión que el gobierno aplicó para controlar la protesta fue violenta, produciendo nuevas protestas estudiantiles en una espiral que pareció inextinguible. En declaraciones a la prensa del gobernador del estado y del rector de la ULA, ambos reconocieron la falta de fe en la justicia y la impunidad del crimen como los detonadores de la explosión. En contraste, el Gobierno nacional consideró los sucesos de Mérida obra de grupos de la extrema izquierda que orquestaban “un plan nacional de agitación” con el fin de propiciar una explosión social y dañar a la democracia y al presidente Lusinchi. Incluso el presidente llegó a afirmar que los disturbios no guardaban relación alguna con la muerte del estudiante (El Diario de Caracas, 17, 19, 20 y 22-3-1987).

La masacre de los pescadores de El Amparo

Un segundo episodio crítico ocurrió el 29 de octubre de 1988, un mes antes de las elecciones nacionales. La información primera que la prensa dio sobre este suceso fue de carácter oficial, señalándose que el Comando Especial de Contrainsurgencia José Antonio Páez (Cejap), en enfrentamientos con un grupo de guerrilleros colombianos en el estado Apure, en la frontera con Colombia, había dado muerte a 16 de ellos, sin bajas ni heridos entre sus hombres. Varias fotos fueron tomadas donde aparecían los cadáveres de los guerrilleros, con los uniformes del Ejército de Liberación Nacional (de Colombia) y con armas al lado de los cuerpos. Dos días después apareció información totalmente distinta.

A los medios impresos había llegado información procedente del pueblo de El Amparo, donde se decía que los muertos no eran colombianos sino venezolanos vecinos de esa aldea fronteriza; que no se trataba de guerrilleros sino de pescadores y que no estaban saboteando gasoductos, como era la versión oficial, sino que salieron el domingo en la mañana en una expedición de pesca con el fin de pasar un domingo tradicional tomando ron y haciendo un sancocho. En vez de 16 muertos eran solo 14, pues 2 lograron escapar lanzándose al agua y nadando hasta esconderse. Con la ayuda de un hacendado vecino y la policía local regresaron a su pueblo al día siguiente para contar lo sucedido. Temerosos de una represión para acallarlos, se escondieron en la estación de policía del pueblo. Cuando la GN y la Disip se presentaron y alegaron que necesitaban llevárselos para interrogatorios, la multitud iracunda de El Amparo lo impidió y el jefe de la policía, arriesgando su vida, amenazó con dispararles a los oficiales de la Disip si insistían. Alarmados por el amotinamiento civil, las autoridades contactaron al congresista Walter Márquez, del Movimiento al Socialismo (MAS), un conocido activista político de la zona fronteriza, para que mediara en la situación. Los sobrevivientes de la masacre fueron puestos bajo su custodia y el diputado comenzó una larga campaña en defensa de los pescadores.

Durante un tiempo se produciría un forcejeo entre las dos versiones contrapuestas, y solo gracias a la insistencia de los familiares de los pescadores, de periodistas, de figuras como las de los diputados Márquez y Raúl Esté, este del Partido Comunista de Venezuela (PCV); de representantes de la Iglesia católica, así como a la coincidencia con una coyuntura electoral, que permitió que existiesen intereses políticos dispuestos a defender una versión opuesta a la oficial, la verdad logró emerger. En efecto, los masacrados no eran guerrilleros sino vecinos de El Amparo, pescadores. Pese a la evidencia, el gobierno se mantuvo hasta el final de su gestión atado a su primera versión de los hechos, y el presidente respaldó explícitamente al Cejap. Oscuros intereses en la zona fronteriza, donde las acciones de la guerrilla colombiana se confunden con las del narcotráfico y paramilitares, y complicidades de algunos de estos intereses con sectores en los cuerpos de seguridad del Estado habían convergido para dar lugar a este crimen abominable.

La masacre de El Amparo, como se conoce este hecho, va a conmocionar a diversos sectores civiles y religiosos de la sociedad venezolana produciendo en los últimos días del gobierno de Lusinchi movilizaciones de protesta significativas que terminaban en disturbios y saqueos, similares a los de Mérida, pero también protestas de nuevo cuño. El 10 de noviembre, por ejemplo, se realizó la “marcha por la vida”, que reunió a un amplio espectro de grupos civiles y religiosos, y se hicieron presentes títeres y teatro en la calle para recrear la masacre, en una marcha dirigida hacia el Congreso. Grupos de base y representantes del clero repudiaban el engaño, la injusticia y la impunidad. La masacre de El Amparo también va a provocar la aparición de una organización social de defensa de los derechos humanos en Venezuela, la asociación civil Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), hoy una de las de mayor reconocimiento en el país. También se constituyó el Comité contra el Olvido y la Impunidad en El Amparo. Gracias a las gestiones de estos y otros grupos, en 1995, encontrándose en el Gobierno un partido sin vinculaciones con la gestión o el partido de Lusinchi, el Estado venezolano reconoció su falta y se avino a someterse al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue dictado en 1996.

Los sucesos de Mérida y de El Amparo sirvieron para confrontar a la gente con la realidad de un Estado que se estaba retrayendo de algunas de sus obligaciones más caras en relación con ellos, revelando la dimensión moral de la crisis: la justicia no se estaba administrando para los sectores subordinados y, más allá de este hecho, el poder se estaba ejerciendo de manera arbitraria y sin frenos contra los más humildes, violando cláusulas vitales de la relación entre un Estado que se decía democrático y los sectores populares. Es ilustrativo que las protestas que se suscitaron fueran lideradas por actores distintos a los tradicionales partidos, usándose así mismo modalidades de protesta poco convencionales hasta entonces y que habrán de generalizarse después.

Un último episodio crítico van a significar los sucesos del 27 de febrero de 1989 y los días siguientes. La puerta, hasta entonces entornada, se abrió de par en par para dejar libre la movilización de los sectores populares. Por su magnitud y repercusiones en el proceso sociohistórico y político venezolano, es necesario darle un tratamiento aparte.

Capítulo 3
El Caracazo[4]

El 27 de febrero de 1989 estalló en Venezuela una revuelta popular que alcanzaría una magnitud sin precedentes. En la ciudad capital, así como en casi todas las ciudades principales y secundarias del país, tuvieron lugar barricadas, cierres de vías, quemas de vehículos, apedreamientos de comercios, balaceras y saqueos generalizados. La revuelta duró cinco días en Caracas, un poco menos en el resto del país. El saldo de pérdidas materiales y humanas fue altísimo; las muertes, conservadoramente calculadas en casi cuatrocientas, fueron en su gran mayoría de gente pobre, vecina de la capital.

La sorpresiva e inusitada fuerza de este evento ha estimulado una abundante producción académica que busca interpretarla. Pero esa literatura se ocupa principalmente de explicar las causas que llevaron a sectores pobres y medios venezolanos a las calles, mientras varios aspectos de la revuelta continúan sin captar la atención académica y recibir respuestas explicativas. Por ejemplo, ¿por qué una revuelta popular en un régimen democrático? ¿Por qué estuvo centrado en objetivos como establecimientos comerciales y no en blancos políticos? ¿Por qué duró tanto tiempo (cinco días en Caracas)? Y, ¿por qué los niveles de violencia que entonces se alcanzaron solo tienen relativa comparación con ciertos saqueos urbanos ocurridos durante distintos episodios políticos de la Venezuela del siglo XIX y las revueltas de 1935-36, ocurridas a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez? Estas preguntas merecen ser respondidas, no sólo para una mejor comprensión de nuestro proceso sociopolítico, sino incluso como contribución a esclarecer la naturaleza de este tipo de revueltas en otras sociedades.

En el presente capítulo se realiza una descripción detallada del Sacudón o Caracazo con el objeto de presentar los hechos de la manera más precisa posible para contribuir con respuestas para estas importantes cuestiones. La información empírica procede de los reportajes de varios diarios venezolanos de aquellos días, así como de testimonios y entrevistas realizadas con protagonistas o testigos de los sucesos. Lo que emerge de esta información es la debilidad de un conjunto de instituciones que regulaban la vida político-institucional y diaria de los venezolanos, una debilidad que jugó un rol clave en la naturaleza, extensión y duración de la revuelta.

Sobre revueltas populares

La revuelta popular del 27 de febrero de 1989 y los días siguientes, por sus formas de protesta y por la naturaleza predominantemente violenta de las acciones colectivas, rememora las revueltas populares decimonónicas de algunas ciudades latinoamericanas (v. Arrom y Ortoll, 1996), pero también las conocidas revueltas de hambre de los siglos de transición a la modernidad de sociedades europeas: barricadas, quemas, apedreamientos, tomas de calles y establecimientos, saqueos con o sin distribución. Según la literatura especializada sobre las revueltas urbanas, las acciones del estilo de las practicadas durante el Caracazo son propias de sociedades premodernas, pues en las modernas la conflictividad social se exterioriza bajo la conducción de actores organizados y desde un repertorio de formas de protesta cuya naturaleza es más bien pacífica o convencional y, en casos especiales, confrontacional.

Más recientemente, al observar el muy obvio hecho de que estas formas de protesta han emergido con inusitada fuerza en las últimas dos décadas en muchas sociedades del planeta, John Walton y David Seddon (1994) han construido una analogía entre la transición europea a la modernidad y la situación presente de muchos países del tercer mundo. Ellos argumentan que dichos países están atravesando una transición societal, que se caracteriza por ir de una modernización paternalista –la cual dicen ellos que en América Latina estuvo impulsada por el Estado desarrollista-populista– a una modernización liberal (o neoliberal), conducida por las agencias financieras internacionales mediante la imposición de políticas orientadas por la doctrina neoliberal. Los sectores populares de estas sociedades, al igual que los pobres ingleses de los siglos XVII y XVIII, habrían elaborado en la etapa moderna-paternalista una “economía moral”, es decir, un código moral mediante el cual se relacionan con la economía, las autoridades y los ricos. Según este código, los pobres sienten que tienen derecho a ser protegidos por las autoridades de las inclemencias del mercado y a obtener los medios mínimos necesarios para su supervivencia. La virulencia y similitud en formas y tipos de acción de la protesta actual con aquella, obedece a que, al igual que entonces, cuando las autoridades abandonaron el paternalismo para aplicar la doctrina del laissez-faire, traicionaron el código moral que estaba vigente en la relación entre ellos y los pobres.

Diversos artículos publicados en Venezuela durante los años 90 analizando el Sacudón, sugieren que este fue impulsado más bien por un conjunto de motivos y factores, entre los cuales estaría incluida la traición a una economía moral o algún concepto afín. Sin embargo, incluso Walton y Seddon reconocen que, aparte de las características especialmente violentas que le puede imprimir a la movilización popular la traición de las autoridades a la economía moral, toda sociedad protesta principalmente de acuerdo con pautas que le son dadas por su historia y características institucionales. Por este motivo, un estudio comparativo entre el Bogotazo colombiano de 1948, el Santiagueñazo argentino, de 1993 o, incluso, las protestas antiglobalización que vienen ocurriendo en los últimos años en diversos países, con la revuelta venezolana de 1989, mostrará tanto similitudes como importantes diferencias en términos de actores, motivos y modalidades de protesta[5]. Una visión similar, aunque con menos implicaciones evolucionistas, es el concepto utilizado por Francis Fox Piven y Richard Cloven del “poder disruptivo” de la vida cotidiana que tienen los pobres. Según su enfoque, no es que estas protestas ocurran por traición a una economía moral, sino que el poder de interrumpir violentamente la vida cotidiana que tienen los pobres es prácticamente el único recurso del que disponen para ejercer presión sobre la autoridad en cualquier sociedad, y la usan cuando surgen “terribles penurias que padecen (...) en tiempos de quiebre social y stress”. Ellos enfatizan que las modalidades violentas son un instrumento de poder, que se usa en situaciones extremas, pero también argumentan, al igual que Walton y Seddon, que las características institucionales de una sociedad son pieza clave para comprender dónde comienza la revuelta, por qué unas acciones colectivas prevalecen sobre otras y la razón de que aparezca más violencia en algunos casos.

En lo que sigue se realiza una descripción detallada de los acontecimientos que se desarrollaron durante el 27 de febrero de 1989 y los días posteriores, donde surge de manera poderosa la debilidad y torpeza de las respuestas en esos días de muchas instituciones que regulaban la vida social y política de los venezolanos. En la descripción hay suficientes evidencias, tanto de que se ha producido una traición a la economía moral de los venezolanos pobres como de que el contexto institucional condicionó de manera significativa la naturaleza y modalidades de la revuelta.

El 27 de febrero de 1989

Durante el fin de semana del 25 y 26 de febrero de 1989, entró en vigencia en todo el país el aumento en 100% del precio de la gasolina, según lo pautado por la política de ajustes macroeconómicos anunciada por el gobierno del presidente Pérez el día 16, así como el consiguiente aumento de las tarifas del transporte colectivo. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), siguiendo los procedimientos institucionales habituales, informó previamente que había llegado a un acuerdo con la Federación Nacional del Transporte (Fedetransporte), según el cual se iban a producir ajustes a las tarifas del transporte colectivo en 30%. Estos aumentos fueron publicados por la prensa. Sin embargo, la Central Única de Autos Libres y Por Puestos, afiliada a la federación, había expresado su inconformidad con la proporción del aumento autorizado por el Gobierno, y el mismo día 27 su presidente contradijo unas declaraciones de Fedetransporte, dando a entender que la Central no iba a ejercer su autoridad para hacer acatar el aumento a sus afiliados (en El Nacional, 28-02-1998).

Siguiendo lo reseñado por dos de los principales diarios capitalinos de circulación nacional, El Nacional y El Universal, el 27 de febrero, a primera hora de la mañana, comenzaron las primeras protestas en algunos puntos neurálgicos del transporte colectivo suburbano de la ciudad capital[6]. En el terminal del Nuevo Circo de Caracas, lugar principal de recepción de quienes vienen de los suburbios y ciudades dormitorio, y en las paradas del transporte colectivo para Caracas de las ciudades dormitorio de La Guaira, Catia La Mar y Guarenas, antes de las 6.00 de la mañana comenzarían las primeras protestas. En todos estos casos los choferes del transporte colectivo intentaban cobrar un aumento de tarifa por encima de lo acordado con el MTC. Los usuarios, en especial los estudiantes, se resistían. Así mismo, la prensa capitalina reportó que varias protestas por el aumento de los pasajes se habían dado desde temprano esa mañana en las ciudades principales de Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida, Maracay, Barcelona y Puerto La Cruz. Igualmente en Maiquetía y Naiguatá del litoral central, Los Teques, Puerto Ordaz y Maracaibo, aunque en estos casos no se precisa la hora de inicio. En la tarde también reportaron el comienzo de disturbios en Valencia, Carora, Acarigua y Ciudad Guayana.

Por la naturaleza de la fuente que estamos utilizando, la descripción más detallada de cómo se desencadenaron y evolucionaron los hechos proviene de Caracas y su periferia. Esta descripción servirá para apreciar la revuelta en su caso más extremo.

A las 6.00 de la mañana del día 27, los estudiantes del Instituto Universitario Politécnico Luis Caballero Mejías tomaron el terminal interurbano de rutas cortas del Nuevo Circo en Caracas. Con la toma se solidarizaron inmediatamente los buhoneros y obreros del terminal. Al principio hubo acaloradas confrontaciones verbales entre estudiantes y choferes, luego reuniones con las autoridades del terminal, mientras se esperaban instrucciones del MTC. Pero las instrucciones no llegaron. Como modalidad de protesta, los estudiantes se sentaron en el pavimento, formando una barrera humana, obstruyendo la vía de entrada del terminal. Tenían el recorte del periódico donde se mostraban las tarifas oficiales, y denunciaban la flagrante violación de ellas por parte de los choferes de la ruta Caracas-Guatire-Guarenas. Los estudiantes también llevaban la documentación del pasaje estudiantil y los consejos sobre qué hacer si no era acatado, editados por su Centro de Estudiantes. Los choferes alegaban cumplir órdenes de sus patronos de la Central Única y por eso no acataban el incremento oficial del 30% aparecido en la prensa.

Por otra parte, según un reportero de El Diario de Caracas que llegó a la ciudad dormitorio de Guarenas hacia la 7.30 de la mañana, a esa hora ya había allí dos carros incendiados y se había iniciado el saqueo en el Centro Comercial Miranda. La policía no contaba con los equipos para afrontar la situación; no tenía gas lacrimógeno, solo perdigones, que utilizaban de manera selectiva contra “malandros”. Entre los periodistas y camarógrafos que cubrían la fuente, se afirmaba que existió en Guarenas, desde el fin de semana anterior, gran tensión, pues los vecinos preveían el desacato de los transportistas al aumento oficial de la tarifa. Sin embargo, el gobierno no tomó previsiones especiales con anterioridad, pues el comandante Rafael Galué García, de la GN, fue enviado solo en la mañana a esa ciudad suburbana. Él, en parte por la descomunal tranca del tráfico que se produjo por la revuelta, solo llegó a Guarenas a media mañana con un contingente de cien guardias, cuatro subalternos, dos oficiales, cuatro tanquetas y equipo para controlar desórdenes públicos. Se encontró con una ciudad ya lanzada a la protesta violenta y con solo 16 policías absolutamente sobrepasados por la situación. Todos los establecimientos comerciales, módulos policiales y el terminal de transporte de esta ciudad fueron destruidos entre ese día y el siguiente.

Volviendo a Caracas, cuando la multitud del Nuevo Circo, liderada por los estudiantes, se sintió fuerte en número, se desplazó de la avenida Lecuna a la avenida Bolívar a la altura del Centro Simón Bolívar. Frente al busto de Bolívar colocado allí, comenzaron a construir barricadas para obstruir el tránsito, mientras gritaban consignas contra el aumento de los precios de todos los bienes y servicios. Con esta acción bloquearon una de las principales arterias de la ciudad.

Después del mediodía otra muchedumbre, aparentemente proveniente de la misma protesta del terminal del Nuevo Circo y principalmente de estudiantes, se congregó frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV). Solicitaban a los estudiantes ucevistas sumarse a la protesta y ya era un grupo bastante numeroso. Esta multitud protestaba, no solo por los aumentos de los pasajes sino por las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Pérez. Atravesaron carros en la vía de acceso a Plaza Venezuela y la plaza de Las Tres Gracias, cerrando la circulación del tráfico en otro punto neurálgico de la ciudad. Hacia las 5.00 de la tarde la Policía Metropolitana (PM) se presentó y se confrontó con los estudiantes.

Hacia las 2.00 de la tarde comenzó la toma de la autopista Francisco Fajardo. La multitud se vino de Parque Central, de las cercanías de la UCV y de La Charneca, y en cada una de las intersecciones de la autopista fueron colocando ramas de árboles, gaveras de refrescos vacías o cualquier otro objeto para impedir el paso de carros. Todo camión que pasaba cerca y que se creyera que tenía alimentos era parado por la gente, se ponía sin violencia al chofer bajo control, se sacaba la carga, se distribuía y luego se le pedía que atravesara el camión. La PM llegaría más tarde, pero tenía órdenes de no actuar. Por otra parte, una prolongación de gente de la protesta del Nuevo Circo ya había tomado posesión de la intersección de la avenida Lecuna con avenida Fuerzas Armadas. Allí, cerca de la sede de los bomberos del Distrito Federal, prendieron fuego a un autobús y no dejaron a los bomberos acercarse para apagar el fuego. Otra hilera de humo, cerca de la Roca Tarpeya, indicaba un incendio en el cerro que bordea el empalme de la avenida Fuerzas Armadas con la Nueva Granada. Había hombres, mujeres, niños, viejos que gritaban en protesta por las medidas económicas anunciadas por el presidente Pérez. La PM llegó e hizo disparos al aire y después se calmó y colocaron dos “jaulas” a la altura de la avenida Lecuna. Avanzada la tarde, una estudiante de la UCV, Yulimar Reyes, murió de un disparo de escopeta frente a Parque Central.

Hacia la 6.00 de la tarde, la combinación de tomas de las arterias neurálgicas de la ciudad por parte de multitudes, las manifestaciones estudiantiles, el comienzo de los saqueos a establecimientos comerciales y camiones de víveres, y la paralización del transporte colectivo habían vuelto la ciudad un caos. Otro fenómeno que se dio desde temprano fue la participación de los motorizados de la ciudad en la protesta popular. En Caracas trabajaban miles de motorizados, recorriendo la ciudad diariamente para comunicar a los distintos agentes de las actividades urbanas entre sí, ante la ineficiencia del correo postal. Antes de las 9.00 de la mañana ellos se habían sumado a la protesta popular y con sus vehículos iban y venían de un lugar a otro, llevando tomistas, trasmitiendo noticias de las movilizaciones que se estaban dando, avisando si se acercaban patrullas y resguardando con sus motos las esquinas y transversales que desembocan en las avenidas principales. Al caer la tarde, miles de personas se vieron en la necesidad de llegar a sus hogares sin el uso del transporte colectivo, pues ya a esa hora el Metro de Caracas también había cerrado sus puertas. Así, nuevas multitudes tomaron las calles para emprender el regreso a casa. En el recorrido adquirieron conciencia de la magnitud de la protesta que se estaba desarrollando y muchos se incorporarían a ella.

La descripción de los sucesos en ciudades suburbanas de Caracas, como las del litoral central o de los Valles del Tuy y otras áreas del estado Miranda, fueron similares. Las protestas en la ciudad puerto de La Guaira, por ejemplo, comenzaron antes del amanecer, cuando los choferes trataron de cobrar una tarifa de pasaje por encima a la fijada por el MTC y los usuarios se opusieron. El puerto quedó paralizado desde ese día. En Catia La Mar, por la misma razón, una multitud airada sacó unos neumáticos gigantes, los atravesó en medio de la avenida El Ejército y los quemó, incomunicando esta y las barriadas populares que la rodean, así como a las poblaciones de Tacoa, Las Tunitas y otras del litoral central con Caracas. Y en Macuto, una manifestación asaltó un camión de víveres mientras una comisión de estudiantes dialogaba con el presidente de la Junta Administrativa del Concejo y la prefecta local.

Con respecto a ciudades principales como Barquisimeto, capital del estado Lara y una de las más populosas del país, la narración se repite: empiezan protestas estudiantiles por el aumento del pasaje estudiantil o de usuarios en general, la situación se torna violenta y se extiende a toda la ciudad. Pero, a diferencia de Caracas, al mediodía el gobernador de esa entidad solicitó la salida de la GN a la calle. El presidente Pérez visitó la ciudad en la tarde, para asistir a una reunión de empresarios, pero al parecer no se percató de lo que sucedía o no le dio importancia[7].

El saqueo de la capital y otras ciudades se intensificó al caer la noche y se prolongó hasta el día siguiente. Esa noche se celebraron fiestas en algunos barrios populares capitalinos, con whisky, champaña y otras exquisiteces gastronómicas obtenidas de los saqueos. Algunas reseñas dan cuenta de saqueos en la avenida Andrés Bello, de manera destacada en la Proveeduría de la Oficina Central de Personal (OCP) y sus depósitos, una de las mayores tiendas por departamentos de la ciudad. También en zonas como Antímano, El Guarataro, Maripérez, El Paraíso, Curamichate, Petare y la Intercomunal de El Valle. En el centro de Caracas, en las cercanías de las plazas Miranda, Caracas y O’Leary, las muchedumbres actuaban sin freno. Hacia el este se produjeron ese día, aunque en menor grado, saqueos en La Florida, en la avenida Rómulo Gallegos, en Chapellín, La California, Los Palos Grandes y Petare. En la madrugada, el Ejército fue ordenado salir a la calle para el control militar de la ciudad.

Del 28 de febrero al 3 de marzo

Luego de la noche de saqueos en áreas comerciales de la ciudad capital, en sus suburbios y en algunas ciudades del interior, el martes se generalizó la rebelión a buena parte de las urbes del país. En Caracas, las principales avenidas fueron tomadas por centenares de manifestantes que destrozaron puertas y vidrieras y se apoderaron de todo. Entre las consignas que se oían y quedaban escritas en las paredes de las calles estaban: “El pueblo tiene hambre”, “El pueblo está arrecho”, “¡Basta de engaño!”. En algunos casos se ondeaban banderas y se cantaba el himno nacional al irrumpir en los establecimientos. Las multitudes obstaculizaron el tráfico levantando grandes fogatas en el centro de las principales avenidas e interrumpieron con ellas todas las entradas a la ciudad. Se reportaron casos de especial ensañamiento contra establecimientos de inmigrantes chinos, libaneses y portugueses, en razón de que se les consideraba responsables de la escasez por acaparamiento de víveres que se había producido en las semanas anteriores. También algunos reportajes señalaron que se vieron grupos armados, algunos incluso con los uniformes de policía y los rostros ocultos tras pañuelos, que llegaban con camiones a llevarse mercancías de una tienda. Pero además de establecimientos de alimentos, se saqueaban tiendas de electrodomésticos, ropa, ferreterías y demás comercios. En la avenida Andrés Bello no quedó un comercio en pie. Tampoco en la avenida Nueva Granada. En las avenidas San Martín y Lecuna las puertas metálicas enrollables estaban destrozadas, el pavimento lleno de palos y piedras. En la Intercomunal de El Valle, en los Jardines del Valle, El Cementerio y el kilómetro 6 de la carretera Panamericana, se registraban saqueos masivos y balaceras. La policía allí reprimía con más fuerza y el Ejército estaba en la calle disparando con Fusiles Automáticos Livianos (FAL). Por otra parte, ocurrió también que los reclusos de El Junquito y Los Flores de Catia se amotinaron quemando colchones y armando un escándalo. Los enfermos mentales del hospicio de Catia, aproximadamente 60 en número, fueron liberados esa tarde y solo cinco regresarían en los días siguientes (Frasso, intervención en foro, 1999). Los reportajes tienden a indicar que buena parte de ese día la policía fue laxa para reprimir, y en muchos casos se solidarizó con la población, participando de las acciones. En Antímano, por ejemplo, la PM, en vista de su incapacidad de controlar la situación, llegó a un arreglo con los vecinos: dejaban a las mujeres y los niños entrar a los establecimientos comerciales y saquear, mientras los hombres permanecían en el cerro (donde están sus residencias), tras barricadas, esperando la mercancía.

La situación fue muy similar en los suburbios. Informó la prensa capitalina con algún detalle de los saqueos en Maiquetía, La Guaira, Macuto, Naiguatá y Catia La Mar. Ese día los saqueos afectaron a prácticamente todas las ciudades principales y secundarias del país, y con menos detalle, pero con similares características, las descripciones por prensa se repiten: en Barinas, por ejemplo, los dos mercados municipales, más algunos establecimientos comerciales, fueron asaltados por gente que protestaba el alto costo de la vida y la falta de medidas de protección al consumidor. La protesta comenzó por los estudiantes de la universidad, que quemaron una panadería; más tarde se generalizaron las manifestaciones en los barrios populares y se intentó sin éxito quemar una casa del Comité Ejecutivo Seccional (CES) del partido AD. En Maracaibo, amas de casa, estudiantes, trabajadores y buhoneros protestaban contra el alto costo de la vida. En el centro de la ciudad la multitud saqueó los supermercados y comercios, y los choferes del transporte colectivo paralizaron sus actividades. Los disturbios luego se difundieron por toda la ciudad, saqueándose centros comerciales y vehículos con alimentos.

En el oriente del país, en la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, los saqueos y disturbios se dieron con intensidad en la mañana pero hacia la tarde amainaron. Sin embargo, en Puerto La Cruz, la capital turística del estado, los disturbios y saqueos persistieron durante todo el día y la ciudad tuvo que ser tomada por la GN. Los transportistas habían aplicado un aumento del 100% de los pasajes, pero en el transcurso del día las autoridades regionales, tras conversaciones con ellos, lograron que aceptaran ceñirse al aumento oficial del 30%. Finalmente en Porlamar, en el estado Nueva Esparta, los concesionarios de estaciones de servicio de gasolina amenazaban con dejar a la isla sin este combustible si no se hacía una revisión de los precios y del margen de ganancia que los nuevos decretos les conferían. Mientras, los estudiantes de la Universidad de Oriente en ese estado (UDO-Nueva Esparta) protestaron el aumento del pasaje del transporte, quemando neumáticos y cerrando el acceso del tránsito entre Porlamar y La Asunción.

El Gobierno, a través del ministro de Relaciones Interiores, se dirigió por primera vez a la población poco después del mediodía del martes para llamar a la calma y anunció, obviamente a destiempo, que no permitiría la violencia. Pero esta alocución tuvo escaso efecto para tranquilizar o frenar las acciones colectivas, pues el ministro, antes de terminar, sufrió un desfallecimiento, lo cual ocasionó que la alocución fuera suspendida una primera vez, para intentarse de nuevo un par de horas más tarde, sin que se le diera a la población explicaciones claras sobre lo ocurrido. Así, la sensación de incertidumbre política más bien se acrecentó. Luego, poco antes de las 6.00 de la tarde, se produjo una cadena nacional de los medios de comunicación y el presidente Pérez en compañía de su gabinete declaró la suspensión de un conjunto garantías constitucionales y el estado de sitio de 6.00 de la tarde a 6.00 de la mañana en los próximos días.

Con el toque de queda, la rebelión comenzó a ceder, empujada por una represión atroz que se desató contra la población, sobre todo contra los habitantes de las barriadas populares de Caracas. Esta represión ya se había manifestado en ciertas zonas de la ciudad durante el día, pero se intensificó en la noche y los días siguientes. Las distintas policías y el Ejército, en un desesperado y torpe intento por controlar la situación, se ensañaron contra los vecinos y transeúntes en los barrios populares. El día 1 de marzo, en la llamada escalera de Mesuca, en Petare, el ejército disparó a la multitud, asesinando a más de veinte personas (Camuñas, intervención en foro, 1999).

En la mañana del primero de marzo continuaron los saqueos y balaceras en varios puntos de Caracas, pero más que multitudes habían comenzado a operar grupos delictivos, muchas veces armados. Por ejemplo, se reportó que en el 23 de Enero, una zona de barrios populares al oeste de la ciudad, la situación fue de terror por la confrontación que se estaba dando entre el Ejército y francotiradores, que se apostaron en las terrazas de algunos de los edificios de residencias populares. Los soldados, la mayoría jóvenes inexpertos cuya edad rondaba los 18 años, dispararon contra los edificios con los FAL, destrozando los apartamentos y quitándole la vida a una población civil desarmada.

Mientras la rebelión persistía en la capital, en las ciudades del interior el toque de queda y la militarización logró el retorno a la tranquilidad. El día primero persistieron focos de agitación en Maracay y Maracaibo, pero Guarenas, Mérida, Acarigua, Puerto Ordaz, Carora y Barquisimeto se reportaron sosegadas, si bien con actividades comerciales, escolares y del transporte paralizadas, y el espectáculo de tanquetas recorriendo las arterias principales en medio de los escombros.

La noche del 1º al 2 de marzo, así como las del 2 al 3, fueron una pesadilla para los sectores populares de Caracas. Allanamientos a viviendas y balaceras en algunas zonas barriales, quemas ocasionales y aparición de cadáveres tirados en la calle al finalizar el toque de queda son algunas de las historias contadas. El día 3, y con más firmeza el día 4, signos de una vuelta a la normalidad comienzan a insinuarse: buhoneros que salen a la calle, personal que empieza a limpiar, comerciantes que retornan para arreglar sus negocios. Mientras, los cementerios estaban repletos de gente que buscaba enterrar a sus muertos. La prensa continuó informando sobre la actividad de francotiradores y la respuesta de los soldados y la policía en barrios del oeste de la ciudad, aunque ya no hay saqueos. En ciudades principales y secundarias del país se reportó normalidad y el tímido comienzo de las actividades urbanas para el día 3. En algunas ciudades como Maracaibo y San Felipe se redujo o eliminó el toque de queda la noche del 3 de marzo.

Balance de las pérdidas

Al finalizar la semana y en los días siguientes se intentaron hacer balances de los fallecidos, los heridos y las pérdidas materiales. Sin embargo, hasta el día de hoy las cifras son parciales y/o carecen de confiabilidad. El ministro de la Defensa informó oficialmente, poco después del Caracazo, que el Gobierno reconocía 277 muertes. Sin embargo, estudios posteriores han arrojado cifras mayores. Un estudio de las listas de la morgue de Bello Monte en Caracas, donde por ley debieron ingresar todos los fallecidos en calles u hospitales de la capital en esos días, dio como resultado un total de 310 fallecidos (Briceño-León, 1990). Otro posterior, usando las mismas listas, contó 322 muertes (Centro de Estudios para la Paz, 1999). Estas cifras no incluyen los fallecidos en el interior, ni los cadáveres de la capital que nunca llegaron a la morgue.

En 1992, el Comité de Familiares de las Víctimas de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, dos organizaciones de derechos humanos, la primera constituida a raíz de las atrocidades cometidas por los cuerpos de seguridad durante los sucesos, con la información proporcionada por los familiares de los muertos o desaparecidos de esos días, elaboraron una lista de 396 fallecidos. Esta cifra es la que consideramos la más cercana a la realidad (Ochoa Antich, 1992).

Por otra parte, el jefe forense de la morgue de Bello Monte informó que los dos primeros cadáveres llegaron a esa institución el 27 de febrero a las 10.00 de la noche, una hora bastante tardía si se toma en cuenta que la revuelta comenzó antes de las 6.00 de la mañana. Distintos trabajadores de los centros asistenciales sostienen que fueron muy pocos los ingresados muertos ese día, pues la mayoría eran heridos producto de accidentes producidos en los saqueos. Un miembro del gabinete ejecutivo del gobierno de Pérez, por otra parte, afirmó en un foro público realizado diez años después, que para la mañana del 28 ellos fueron informados de un total de 63 muertos, lo cual, de ser cierto, representaría 15,9% del total de muertes de acuerdo con las cifras definitivas proporcionadas por Cofavic (Blanco, intervención en foro, 1999). Estos señalamientos, junto con las conclusiones del estudio de Briceño-León sobre las características de los cadáveres, hechas a partir del estudio de las listas de la morgue, así como de los cuadros elaborados por el Centro de Estudios para la Paz sobre la comisión del hecho y localización anatómica de las heridas por armas de fuego, también de las mismas listas, revelan que las muertes ocurrieron principalmente a partir del día 28, y que fueron los cuerpos de seguridad los principales responsables de ellas.

Según el estudio de Briceño-León (1990), el 87% de los fallecidos fueron hombres, su edad promedio era de 27 años, 95% eran venezolanos y 83% no tenían antecedentes penales; 85,8% de las muertes se dieron por armas de fuego y 11,9% por causas no registradas. De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios para la Paz de la UCV (1999), de 266 cadáveres que mostraron heridas por armas de fuego, más del 60% murieron por balazos localizados, o bien en el tórax (35,71%) o bien en la cabeza (29,32%). De estos cadáveres, 211 tenían un solo disparo (79,2%), mientras 39 tenían dos (14,66%). Se trató, pues, de ejecuciones a una población civil indefensa cuyo delito principal era estar en las calles después del toque de queda.

Sobre el número de heridos, la información solo permite una mala aproximación. El día 4 de marzo de 1989 el gobierno informó de 1.009 heridos en forma violenta, de los cuales 218 fueron por arma blanca y 604 por cortaduras de vidrio. Sin embargo, solo el hospital de emergencia del este de Caracas, el Pérez de León, informó haber atendido 575 heridos.

En pérdidas materiales, el inventario oficial para las zonas críticas de Caracas, Petare y el Litoral Central registró la destrucción de 900 bodegas, 131 abastos, 60 supermercados, 95 ferreterías, 72 papelerías y 850 negocios diversos. En los estados Miranda (excluido de este lo que corresponde a la zona metropolitana de Caracas), Aragua y Carabobo, se informó de 784 establecimientos destruidos. La cámara aseguradora, sobre los comercios que estaban amparados mediante pólizas, calculó las pérdidas sobre los 3.073 millones de bolívares. Para los no asegurados se calculó un monto similar. El 75% de los negocios afectados correspondió a bodegas y otros pequeños comercios que servían a las barriadas de áreas marginales. Se informó también que 35% de supermercados pertenecientes a cadenas del área metropolitana fueron afectados. Estas cifras solo pueden considerarse aproximaciones insuficientes.

Las detenciones durante el Caracazo alcanzaron los miles y haría falta una larga investigación para obtener cifras confiables. Para el 1 de marzo, por prensa, se reportaron en Puerto Ordaz cerca de 100 detenidos; en Barquisimeto, más de 500; en Carora, 20; en San Cristóbal, 300; en las ciudades principales y secundarias del estado Aragua, 2.000; en Cumaná, 200; en Valencia, más de 1.800. Según una lista elaborada por la Federación de Centros Universitarios, fueron más de 100 los estudiantes detenidos en distintos operativos. Algunos detenidos en la Disip habían sido golpeados con bates y tubos durante los interrogatorios.

El Caracazo en comparación con las protestas de 1935-36

La fuerza disruptiva del Caracazo alcanzó una magnitud, violencia y extensión que no la hace comparable con ninguna situación venezolana anterior, sino más bien con grandes revueltas populares de otros países de América Latina o el mundo. Sin embargo, sí guarda similitudes con la ola de protestas que sacudió a Venezuela entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, cuando la muerte del general Juan Vicente Gómez abrió una estructura de oportunidades políticas excepcional en el contexto de la sociedad.

El 17 de diciembre de 1935 murió el general Gómez en su residencia de Maracay, después de haber ejercido el poder de manera autoritaria y personalista durante 27 años. Si bien había tomado las precauciones para decidir quién debía continuarle en el ejercicio del poder, designando al general Eleazar López Contreras, para ese momento su ministro de Defensa, la escasa legitimidad de las instituciones políticas, y el tradicional uso de la fuerza y de procedimientos personalistas cuando este tipo de situaciones surgía, levantó inmediatamente una encarnizada lucha por la sucesión entre los factores de poder de la época. Mientras miembros de la familia Gómez y hombres fuertes del régimen, así como allegados y partidarios del general López Contreras, se movían en búsqueda de capturar la presidencia, sorpresivamente multitudes urbanas comenzaron a salir a la calle.

Entre el 18 de diciembre y los eventos conocidos como del 14 de febrero de 1936, las multitudes establecieron una fuerte relación con la autoridad emergente. En un contexto caracterizado por la inexistencia de canales de representación y mediación, pero a su vez con importantes transformaciones sociales que se habían venido desarrollando ya por varios años, esta interacción emergente fue la forma en que renació la política. Desde finales de los años 10, una incipiente economía petrolera, combinada con una larga paz según los parámetros venezolanos, había venido cambiando a la sociedad rural del siglo XIX. Una sociedad moderna y más compleja se estaba levantando, la cual no tenía por entonces formas institucionales para expresarse políticamente. Pero la interrelación entre la autoridad y la multitud, una “política de la calle”, tenía su tradición, tanto en España como en sus colonias, practicándose incluso en algunas ciudades latinoamericanas del siglo XIX. En 1935-36 esta política revivió. Comenzando el día 18 de diciembre, las multitudes bajo el liderazgo del movimiento estudiantil, comenzaron a reunirse en las plazas públicas de la capital y otras ciudades del país para discutir sobre los eventos políticos que se estaban sucediendo. En la plaza Bolívar de Caracas se colocaron frente a las puertas de la Gobernación del Distrito Federal demandando de López Contreras, recién juramentado como presidente de la República encargado, y quien se encontraba en la ciudad de Maracay asistiendo a los funerales de Gómez, la destitución del general Velasco como gobernador de la capital. Velasco era uno de los hombres más representativos y odiados del régimen moribundo, y López Contreras, dando un hábil e inteligente paso de avance frente a sus rivales en la lucha por asegurarse el poder, aceptó la demanda de los caraqueños y removió al gobernador. El día 20. López Contreras entró a la ciudad en medio de las expectativas de las multitudes. Esa tarde, frente al palacio presidencial, fue aclamado por el pueblo.

Tan pronto se supo de la muerte de Gómez, también estallaron disturbios en diversas ciudades del país. De modo similar a como ocurría en el siglo XIX, la desaparición del caudillo mayor de turno producía un vacío de poder que era aprovechado por las multitudes para realizar una serie de acciones callejeras entre las cuales los saqueos solían ser infaltables. Pero, a pesar de que los establecimientos comerciales estaban en la mira del pueblo, como siempre había ocurrido en el pasado –y en efecto se produjeron saqueos a tiendas en Caracas, Maracaibo y otras ciudades– la mayoría de los saqueos fueron dirigidos a las propiedades de los políticos que cayeron en desgracia. Las casas y propiedades de la familia Gómez o de los gomecistas eran el blanco principal de las multitudes. Estas acciones fueron toleradas, y hasta cierto punto aprobadas, por el general López Contreras, quien dio órdenes precisas a los cuerpos de seguridad de hacerse visibles en los lugares donde ocurrían los saqueos, pero cuidarse de no atacar o infligir daño a las personas. En la medida en que fue consolidando su poder, el gobierno de López se fue haciendo menos tolerante con este tipo de acciones y la represión fue aumentando. Como respuesta, las multitudes fueron organizándose, bajo el liderazgo del movimiento estudiantil y de emergentes movimientos sociopolíticos. Fueron, así mismo, moldeando sus demandas hacia la modernización política, replicando con violencia solo cuando eran reprimidas violentamente, como durante los sucesos del 14 de febrero de 1936 del año siguiente. La situación cuando estalla el Caracazo guarda algunas similitudes, pero también importantes diferencias. Veamos.

Uno de los rasgos más notables del Caracazo, en perspectiva comparativa con estos eventos, fue que si bien no existía, como en 1935, incertidumbre en torno a la cabeza del poder, pues Pérez había sido electo en diciembre con un relativamente fuerte apoyo popular, lo que sí se produjo durante las primeras 30 horas de la rebelión fue la ausencia del gobierno en sus distintas manifestaciones: no hicieron acto de presencia los funcionarios encargados de hacer cumplir los acuerdos alcanzados con Fedetransporte; las distintas fuerzas policiales, o bien no intervinieron durante las primeras protestas, o bien expresaron tener orden de no intervenir. La ausencia más sorprendente y determinante en la forma y dimensión que tomó la revuelta fue la del Gobierno Nacional. Su primera aparición fue después de la una de la tarde del día 28.

Existen múltiples testimonios de la época, o posteriores, que argumentan la ignorancia del Gobierno Nacional respecto a los sucesos que venían desarrollándose en Caracas y en una parte significativa de las ciudades principales y secundarias del país durante todo el día 27. Tanto el expresidente Pérez en distintas entrevistas, como testimonios de altos funcionarios de su gobierno, incluido el ministro de la Defensa, señalan que el alto gobierno, más que no tener conocimiento, no se percató o no evaluó la gravedad de la situación. Tanto el presidente Pérez como el ministro de la Defensa, Ítalo Del Valle Alliegro, se ausentaron de la capital ese día para tareas rutinarias. Pérez ha insistido en una entrevista que le fuera realizada diez años después, en que los miembros de mayor confianza de su entorno, incluyendo a los ministros de la Defensa y Relaciones Interiores, repetidamente le informaron a lo largo del día que nada fuera de lo ordinario estaba ocurriendo. En consecuencia, afirma, solo tomó conciencia de la situación en la noche cuando regresó a Caracas procedente de Barquisimeto (UCV, 1999).

Pérez en la entrevista arriba citada deja claro que, para la fecha del Caracazo, los canales regulares de inteligencia del Estado no estaban funcionando. Pero también puede inferirse que nada extraordinario estaba esperando el alto gobierno en términos de malestar social, a pesar de la dureza de las medidas que se habían anunciado, y, a pesar de que ese día 27 comenzaba a aplicarse el aumento de los pasajes. Esto pone en evidencia un cálculo político extremadamente deficitario, que se corrobora aún más por la negación por parte de Pérez de aceptar que el Caracazo tuviera algo que ver con las políticas de ajuste que había anunciado diez días antes o incluso con el aumento de los pasajes del transporte público. El expresidente sostuvo que lo que pasó fue básicamente el resultado de un problema de insubordinación de la PM que se venía desarrollando con anterioridad a su gestión y que estaba motivado por una queja que los policías tenían con sus superiores de la GN. La PM no solo no controló los primeros brotes de protesta, sino que en algunos casos incluso los estimuló. Este argumento, si bien aclara una de las dificultades que confrontaron Pérez y su gabinete el día 27, no es sino una de las numerosas debilidades institucionales que convergieron ese día para producir los trágicos resultados.

Ciertamente, los altos dirigentes de los partidos políticos AD y Copei también afirman no haber tenido información sobre las protestas el día 27, comenzando sus contactos con el Gobierno solo la noche del 27, y el 28 en la mañana (Celli, intervención en foro, 1999). El Gobierno, a su vez, justifica no haber salido públicamente al aire antes de la tarde del día 28 alegando que estaba tratando de conseguir el apoyo de todas las fuerzas políticas para declarar el estado de sitio y el toque de queda. Esto era un comportamiento muy distante del que había seguido en los días anteriores, cuando procedió a hacer los anuncios oficiales del plan de ajustes con el FMI sin contar con apoyos políticos básicos. Pérez ni siquiera contó con el apoyo sólido de su propio partido, que estaba dividido internamente. Sin embargo, eso no pareció molestarlo para proceder a hacer los anuncios del día 16. La dirigencia sindical, como sus pares de los partidos, también brilló por su ausencia en las calles e incluso demostró perplejidad ante lo que acontecía. Más aún, una vez puestos ante la situación tampoco lograron llegar a alguna acción que les permitiera intervenir en lo que sucedía para controlar o canalizar el descontento de algunos sectores. Los canales legítimos de representación y mediación a todas luces estaban descompuestos.

La extrema debilidad de estas instituciones dejó las puertas abiertas para ejercer una revuelta sin control. La desorientación del Gobierno fue agravada posteriormente con la brutal represión ejercida por los cuerpos policiales y militares, en especial en la ciudad capital, pues en algunas regiones, autoridades del estado o de la localidad actuaron con mayor tino. El procedimiento extrainstitucional para controlar la revuelta y hacer volver a las multitudes a sus hogares agravó la situación: las cifras de los muertos y las características de los cadáveres que señaláramos arriba hablan por sí solas. En este aspecto también el Caracazo reveló la hondura del deterioro institucional y la profundizó.

Como conclusión

La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 fue una protesta masiva y violenta ejercida por una sociedad que no contaba con canales idóneos para hacerse escuchar y ser atendida por las instancias de poder. Cuando fue a exteriorizar su malestar contra la primera manifestación concreta del paquete macroeconómico, el aumento de las tarifas del transporte colectivo, se encontró en un espacio público sin controles. Las multitudes se volcaron entonces hacia los comercios, como siempre lo habían hecho en el pasado al producirse un vacío de autoridad. Sin embargo, no se dirigieron a las casas de los políticos caídos, porque no había tales. De haberse producido un golpe de Estado en estas inciertas horas, seguramente hacia allá también se hubiesen enfilado. Las FF.AA., representadas en el ministro de la Defensa y el Alto Mando, permanecieron fieles al régimen de Pérez, permitiéndole su supervivencia.

La extrema disrupción de la vida cotidiana en las urbes venezolanas, producida durante el Caracazo o Sacudón, pudo ser motivada por un complejo de factores entre los cuales la traición a una economía moral pudo ser uno de sus componentes clave. Sin embargo, fue la debilidad de las instituciones diseñadas en el pasado para contener y regular el orden político y la vida cotidiana lo que explica la extensión, duración y violencia de la protesta. Si los actores políticos y los sindicatos hubieran estado a tono con sus bases, habrían podido prever las dificultades que surgirían del anuncio del paquete. Aunque es altamente improbable que actor alguno pudiera predecir la magnitud de la ira popular que se estaba acumulando, partidos o sindicatos sanos habrían elaborado estrategias para oponerse y/o negociar con el Gobierno la manera en que se aplicarían estas medidas. Esto, a su turno, le hubiese dado a la gente algunos canales de contención a su malestar, o alguna esperanza de alterar los dramáticos efectos que esperaban. Pero, por el contrario, las instituciones de mediación estaban demasiado erosionadas para poder actuar.

Igualmente, las instituciones gubernamentales mostraron todo tipo de debilidades. Si al comenzar la protesta los funcionarios correspondientes hubieran ejercido su autoridad para hacer que los sindicatos del transporte cumplieran con los compromisos que habían contraído unos días antes; o si la policía hubiera intervenido tempranamente para controlar las manifestaciones de protesta violenta antes de que se propagaran, posiblemente no se hubiese llegado a la extensión e intensidad que se desarrolló. El Gobierno tampoco hizo uso de los procedimientos institucionales de llegar a acuerdos con los diversos grupos de interés afectados por las medidas. Parece que no evaluó las implicaciones que un plan de ajustes podía hacer temer a una población empobrecida que llevaba una década de recesión económica y frustración sociopolítica. La democracia venezolana se mostró tan carente de características democráticas, y las instituciones que regulan la vida cotidiana tan escasas de consistencia, que solo una acción firme, rápida y profunda de cambios político-institucionales podría haber evitado el proceso de deslegitimación política que se desencadenó a partir de entonces y que unos años más tarde llevaría a la sociedad a su crisis y transformación política.

Capítulo 4
Después del Caracazo: protesta popular y lucha hegemónica

Desde mediados de los años 80, pero sobre todo después del Sacudón, Venezuela ha sido vista tanto interna como externamente como una sociedad caracterizada por la incesante movilización de su gente. Esta situación ha cambiado profundamente la manera en que muchos percibían antes a esta sociedad. A inicios de los años 80 había una idea generalizada según la cual los venezolanos se ubicaban entre los ciudadanos menos movilizados de América Latina. Se argumentaba que su sólida democracia, aceitada por la renta petrolera del Estado, había permitido establecer y consolidar canales de mediación y representación eficientes que conjuraban el conflicto social pronunciado y/o violento. Los venezolanos eran “diferentes” al resto de América Latina, ya que parecían haber superado la continua turbulencia sociopolítica de otras sociedades. Esto llegó a manifestarse en el mundo académico con la aparición de alguna literatura que sostenía la condición de excepcionalidad de la sociedad venezolana en relación con el resto de América Latina. Sin embargo, las últimas dos décadas han contradicho por completo tal aseveración y han obligado a revisar de nuevo la política de la calle que se desarrolló en Venezuela desde 1958 para evaluarla con otra mirada.

En este capítulo se revisa el fenómeno de la protesta popular venezolana en el contexto actual y la relación que guarda con el pasado y con la lucha de hegemonía que se ha venido librando. Se parte del supuesto de que algunas de las características relevantes de esta protesta, como su naturaleza, sus modalidades o sus motivaciones, reflejan el proceso de descomposición política y desinstitucionalización del sistema de partidos que ha sufrido la sociedad desde la década del 90, pero también son al mismo tiempo estrategias racionales usadas por actores para asegurar la inclusión de sus intereses en el proceso político que se ha venido desarrollando. Nos interesó así mismo indagar sobre si esta utilización de la protesta como arma política es de reciente data, y si es cierto lo que algunos aseguran: que la sociedad venezolana era sosegada en las décadas anteriores. Para ello hacemos una exploración en la protesta de ayer y de hoy, las comparamos y planteamos algunas conclusiones.

Precisiones conceptuales

Se entiende como protesta popular la acción disruptiva desarrollada por multitudes, grupos y/o actores de los sectores populares destinada a hacer público su desacuerdo o desavenencia con normas, instituciones, políticas, fuerzas, autoridades y/o condiciones sociales y políticas. El adjetivo popular, relativo a lo que en cada sociedad se entiende por pueblo, aquí lo hemos utilizado de una manera laxa, incluyendo a todo el universo social distinto a las clases dominantes, pero especialmente a los pobres y marginales.

La naturaleza de las protestas ha sido clasificada en tres categorías, apoyándonos en una elaboración de Sydney Tarrow (1989): convencionales, confrontacionales y violentas. Como protestas convencionales identificamos aquellas más rutinarias y con frecuencia legales; pero en caso de no ser legales, no despiertan entre los participantes, observadores y autoridades sentimientos de temor o angustia. Clasifican como confrontacionales aquellas que, sin llegar a agresiones físicas entre los antagonistas, ni dañar propiedades o bienes, suscitan sentimientos de temor o angustia. Son ejemplos de este tipo de protestas los cierres de vías, concentraciones y marchas combativas sin permiso, así como las huelgas de hambre. Son protestas violentas las que producen deterioro o destrucción a propiedades públicas o privadas y/o daños a la integridad física de personas participantes o no de la protesta.

Esta aproximación a la protesta popular sigue en lo básico el enfoque iniciado por los historiadores ingleses de la llamada escuela británica marxista (George Rudé, Eric J. Hobsbawm y Edward P. Thompson, entre otros), quienes, por una parte, demostraron el carácter racional de estas movilizaciones, mientras por otra rescataron la perspectiva desde abajo en el estudio e interpretación del proceso sociohistórico y político. Adicionalmente, nuestro análisis reconoce también la influencia de la obra de sociólogos de la corriente de la política beligerante o contestataria, como Charles Tilly y Sidney Tarrow, quienes han desarrollado conceptos y reflexiones sobre formas y naturaleza de las protestas que nos han resultado útiles para el análisis de los fenómenos de protesta venezolanos. También ha sido importante en este análisis la reflexión de Mainwaring y Scully sobre institucionalización de sistemas de partidos (1995). Según estos autores, son sistemas de partidos institucionalizados los que cumplen con cuatro rasgos: estabilidad electoral, raigambre social, legitimidad y organización. En el caso venezolano se observa el desmoronamiento de un sistema que tuvo esas características, para dejar en su lugar una situación que puede caracterizarse como de desinstitucionalición del sistema de partidos y aun del sistema político. En ese vacío irrumpió la protesta popular en un sostenido intento por reconstruir canales de acceso a las autoridades.

En lo relativo al sustento empírico que respalda este capítulo, la exploración se apoya en dos bases de datos computarizadas. La primera es la base de datos de Provea, la organización de derechos humanos ya mencionada en capítulos previos, que lleva desde fines de 1989 un registro anual de la situación de los derechos humanos en el país; entre estos, del derecho a la manifestación pacífica que aquí nos compete. La base de datos de Provea se alimenta de diversos periódicos de cobertura nacional y regional, y su información primaria o unidad de información son los eventos de protesta. La segunda es la base de datos El Bravo Pueblo (en adelante BDEBP), que está en proceso de construcción por parte de un equipo de investigación de la UCV, con información procedente principalmente del diario El Nacional, uno de los diarios de mayor circulación en el país, que está ubicado en Caracas y mantuvo hasta finales de siglo una posición política independiente. Esta base de datos tiene información completa de los años 80 y 90, e información de años anteriores. La BDEBP, a diferencia de la base de datos de Provea, tiene como entradas o unidades de información reseñas de prensa. Aunque estos diferentes criterios dificultan el uso de sus informaciones comparativamente, proporcionan un material cualitativo –y en algunos casos también cuantitativo– muy valioso para hacer una exploración de las movilizaciones en los años recientes y contrastar ese comportamiento con el de años previos al Caracazo.

Magnitud, naturaleza y motivación de la protesta en años recientes

De acuerdo con Provea, en los 14 años que van de octubre de 1989 a septiembre de 2003 se produjeron en Venezuela un total de 12.889 manifestaciones, lo cual equivale a 2,52 diarias incluyendo todos los fines de semana, vacaciones y días de fiesta (v. cuadro Nº 6). Es un número significativo, que crece aún más cuando se toma en consideración que en estas cifras no se incluyen ni las huelgas legales ni los paros intempestivos, formas muy comunes de protesta en la sociedad, pero que Provea no considera formas de “manifestación”.

Destacan en esta fuente dos períodos pico de la serie. El primero ocurre entre 1991 y 1994 y el segundo entre los años 1999 y 2003. En el período 1991-1994 se desarrolló una severa crisis política que tuvo sus momentos más dramáticos en los fallidos golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992. A partir de estos, el gobierno de Pérez entró en un proceso acelerado de pérdida de apoyos políticos, que culminó con su destitución por parte del Congreso Nacional, en mayo de 1993, al dictaminar la CSJ que existían méritos para su enjuiciamiento por malversación de fondos públicos. Fue reemplazado por un Gobierno interino presidido por el historiador Ramón J. Velásquez, quien culminó el período constitucional y fue reemplazado por el nuevo presidente, Rafael Caldera, electo en los comicios de diciembre de 1993. Durante esos años encontramos que el promedio diario se elevó a 2,75 protestas, de nuevo sin incluir los paros o huelgas.

El segundo pico ocurre entre 1999 y 2003. Se corresponde con los años del gobierno de Chávez. Este gobierno ha significado la emergencia de una nueva élite con un proyecto político alternativo para Venezuela que ha tenido tanto numerosas como masivas manifestaciones de apoyo y de rechazo. Aquí el promedio sube a 3,50 protestas diarias, lo que pudiera evaluarse como un período de mucha mayor movilización. Sin embargo, desde el informe 2001-2002, Provea ha incorporado también el dato de los paros laborales, lo que abulta un poco el promedio.

Por su parte, la BDEBP, en el mismo cuadro Nº 6, nos muestra para los años recogidos un total de 3.416 reseñas de protesta registradas en El Nacional, lo que corresponde a 0,55 registros por día. Esta base de datos también muestra unos años pico, correspondiendo el primero al período del cambio del gobierno de Herrera Campíns al de Lusinchi, envuelto en las turbulencias provocadas por el Viernes Negro. Destaca por el alza de reseñas, al igual que en los datos de Provea, el período anual correspondiente al Caracazo y, al igual que Provea, los primeros años del gobierno de Chávez.

Con relación a la naturaleza de esta protesta, en el cuadro Nº 7 se observa la distribución de las protestas reseñadas por la BDEBP de acuerdo con la clasificación ya explicada de convencionales, confrontacionales y violentas.

Llama la atención cómo las reseñas de protestas violentas, que en los primeros años de la serie constituían menos del 10% del total, desde 1986 pasan a tener siempre porcentajes de dos dígitos. Se registran como períodos especialmente violentos los comprendidos entre 91-92 y 92-93, correspondientes a la crisis política ya señalada del segundo gobierno de Pérez, y el 95-96. Este segundo período corresponde a los años de aplicación del programa de ajuste macroeconómico conocido como la Agenda Venezuela. Desde mediados de los 90, se observa una tendencia a la disminución porcentual de las protestas violentas.

En la BDEBP, como ya se señaló, se clasifica como violenta cualquier protesta que implique daños a bienes y/o agresiones a personas sin asignar responsabilidad por la violencia. Entran entonces, entre las clasificadas como violentas, las protestas reprimidas por el Estado. Provea, como organización vigilante de los derechos humanos, a diferencia de la BDEBP, registra cada año el dato del número de movilizaciones reprimidas. En un trabajo previo con base en esta información, pude establecer la relación entre la represión y el aumento de la violencia en las manifestaciones (v. López Maya, 2003).

En efecto, según Provea, el segundo período constitucional del presidente Pérez (1989-1993) destacó por la intensidad de la represión violenta del Estado hacia la protesta. Una de cada tres protestas fue reprimida y se produjo un saldo altísimo de muertos. Además de la represión atroz ejercida durante el Caracazo, solo en el año 1992, después del fracasado golpe de Estado del 4 de febrero, se registraron 26 muertos en manifestaciones pacíficas. Algunos cambios en el comportamiento del Estado hacia la protesta comenzaron a manifestarse durante el segundo gobierno de Caldera. Este gobierno asumió una posición menos represiva hacia las movilizaciones. Así mismo, la emergencia de nuevos actores políticos en los gobiernos regionales y locales determinó un cambio en las actitudes de las autoridades en sus diferentes niveles hacia la manifestación pacífica. Disminuyó la criminalización hacia ella, presente desde los años 60, cuando se la asoció con la lucha política por la vía armada, y como tal se le reprimía violentamente, al tiempo que se iniciaban esfuerzos para reglamentar el uso de la represión.

Hacia mediados de ese período constitucional la proporción de manifestaciones reprimidas había descendido a una de cada seis. Las muertes en manifestaciones públicas también disminuyeron; en 1996 no se produjo ninguna. Se redujo así mismo el uso de armas de fuego en las manifestaciones pacíficas.

Con el gobierno de Chávez, la protesta comienza a adquirir un estatus de mayor reconocimiento e institucionalización. Una de cada 24 protestas fue reprimida en 1998-1999, una de cada 28 en 2000-2001, una de cada 25 en 2001-2002 y una de cada 36 en 2002-2003. El uso de armas de fuego en manifestaciones públicas disminuye, y se eleva su prohibición a rango constitucional. En los cinco primeros años de este gobierno, cinco muertes sucedieron en manifestaciones pacíficas[8]. Este desarrollo contribuyó a una disminución de la violencia en las protestas, si bien en el último informe de 2002-2003 se observó un repunte de la violencia que no está relacionado con represión, sino con la aguda confrontación política que se ha vivido desde el golpe de Estado de abril de 2002.

Las reseñas de protesta clasificadas como confrontacionales por la BDEBP aumentan su participación porcentual en el total de las protestas reseñadas a partir del período 1988-1989, o sea, el año del Caracazo. Hasta ese período, el promedio porcentual de reseñas que daban cuenta de protestas confrontacionales –agresivas mas no violentas- fue de 21,4%. A partir de 1988-1989 las protestas de este tipo incrementan su visibilidad para alcanzar un promedio de 38,5% de la totalidad de protestas reseñadas hasta el 2000. En la segunda mitad de la década de los 90, coincidiendo con la disminución de las protestas violentas, observamos un incremento mayor en los porcentajes de reseñas de protestas confrontacionales. En ese último lustro de la década, el porcentaje de las reseñas de protestas confrontacionales asciende al 43%. Por último, las reseñas de protestas convencionales muestran un comportamiento casi opuesto a lo señalado para las violentas. A principio de la serie sus porcentajes superan holgadamente la mitad de las reseñas registradas, mientras en los años de turbulencia política disminuyen, para volver a notarse un incremento de su visibilidad después de mediados de la década de los 90.

La BDEBP clasifica las reseñas también de acuerdo a las motivaciones de las protestas. Para ello utiliza más de 90 descriptores. Para esta exploración los hemos aglutinado en dos grandes grupos. El primero congrega los descriptores de naturaleza socioeconómica, es decir, todas las protestas motivadas por condiciones materiales de vida. El segundo recoge las motivaciones que tienen que ver con derechos de naturaleza civil y política. Para facilitar comparaciones, en el cuadro Nº 8, además de los totales absolutos, se presentan los porcentajes correspondientes. La última columna recoge los datos de reseñas cuya motivación no está claramente establecida. En este cuadro los totales no coinciden con los del cuadro Nº 7 porque aquí se totalizan los motivos de las protestas y no las reseñas. En algunas reseñas la protesta registrada tiene más de un motivo, y éstas pueden corresponder a las dos categorías.

Puede observarse que la inmensa mayoría de las protestas reseñadas tienen motivaciones de naturaleza socioeconómica, es decir reivindicaciones salariales, incumplimiento de contratos de trabajo, servicios, etc. Llama sin embargo la atención que, en unos pocos años particulares, las protestas motivadas por demandas civiles y políticas sobrepasan la tercera parte de la totalidad registrada. Tales son los casos de 1986-87, 1987-88, 1991-92 y 1998-99. Aunque una explicación acabada de las razones de estos comportamientos sobrepasa los alcances de este capítulo, la información empírica revisada señala que se corresponden con períodos de agitación política particularmente alta. En el período de 1986 a 1988, por ejemplo, se produjeron movilizaciones significativas por reformas políticas, especialmente referidas a la descentralización del poder. Estas manifestaciones contribuyeron a crear un clima que permitió la materialización de propuestas recogidas por la Copre, y que condujeron a la aprobación de leyes de descentralización. En el período 1991-1992 ocurrió el golpe de Estado del 4 de febrero, y el período 1998-1999 correspondió al primer año del gobierno de Chávez, con toda la movilización alrededor del proceso constituyente.

Para observar con mayor detalle estas motivaciones, hemos dividido cada grupo a su vez en tres subgrupos. El primer subgrupo –el subgrupo A– de las protestas de naturaleza socioeconómica está conformado por aquellas que se centran en las condiciones y derechos para la producción, como por ejemplo movilizaciones por peticiones de tierra, por subsidios, contra impuestos, por créditos, etc. El segundo –el subgrupo B– aglomera motivaciones referidas a demandas de servicios públicos: protestas por salud, educación, agua, transporte, etc. El subgrupo C agrupa todas las motivaciones que giran en torno a los ingresos: sueldos, contratos colectivos, jubilaciones, trabajo, etc.

El segundo grupo, que recoge las motivaciones que tienen que ver con derechos de naturaleza civil y política, comprende también un subgrupo A, conformado por las motivaciones referidas a los derechos humanos: maltratos, muertes, represión, etc. El subgrupo B reúne a protestas por derechos civiles como justicia, libertad de expresión, leyes, reglamentos, etc. Y el tercer subgrupo, el C, agrupa las motivaciones más directamente políticas, como fraudes electorales, democratización, autonomía, corrupción, etc. En el siguiente cuadro se recogen las motivaciones de las protestas reseñadas de acuerdo con los porcentajes de esta reclasificación.

Vemos cómo entre las protestas con motivaciones socioeconómicas, las demandas predominantes son aquellas agrupadas en los subgrupos C y B, es decir, las que tienen que ver con niveles de ingresos y servicios públicos, respectivamente. Entre ambas siempre superan el 70% del total de motivaciones socioeconómicas reseñadas. De los 16 períodos que aparecen en el cuadro, en 11 de ellos las motivaciones de ingreso predominan. Entre las reseñas de protestas de motivación civil y política, es el subgrupo A, de los derechos humanos –que comprende entre otros descriptores los de represión, agresión, allanamiento, muerte, vida, violencia, recluta– el que predomina en 13 de los 16 períodos registrados. En 11 de ellos, este subgrupo contabiliza más de la mitad de las reseñas motivadas por razones civiles y políticas.

En síntesis, estos años recientes se han caracterizado por una protesta intensa, que desde 1989, según Provea, en promedio supera las dos movilizaciones diarias, incluyendo días domingos y feriados, y sin contar los paros laborales, que son una de las protestas mayoritarias de los venezolanos y que esa base de datos solo registra como manifestación a partir del informe anual 2001-2002. Las protestas violentas, a partir de mediados de los años 80, pasan a tener porcentajes de dos dígitos en las protestas de la BDEBP. Sin embargo, tendieron a disminuir a fines de los años 90, lo que se relaciona con un cambio en la actitud del Estado hacia ese derecho. Las protestas de naturaleza confrontacional, que antes del Caracazo eran menos de un cuarto del total de reseñas, después de ese acontecimiento superan al tercio del total y tienden a hacerse más visibles en los años recientes, llegando hasta 43% en el segundo lustro de la década de los años 90. Ellas señalan una sociedad donde las relaciones de poder están en transformación.

Las motivaciones predominantes en esta serie tienen que ver con remuneraciones y demandas de servicios públicos, aunque al final la visibilidad de las demandas civiles y políticas tiende a aumentar. Entre las protestas de motivaciones civiles y políticas predominan aquellas que exigen el respeto a los derechos humanos básicos de la ciudadanía, tales como la vida, la dignidad como persona y la integridad física.

Una mirada a protestas de décadas previas

Evaluemos a continuación qué tan novedosas son las características de las protestas de los años recientes, contrastándolas con información empírica de años anteriores para ubicarlas en un contexto más amplio. Pero comencemos por revisar algunas interpretaciones que han sido hechas sobre las movilizaciones y protestas populares de los años previos al Caracazo.

La supuesta pasividad de las masas ha sido considerada por Juan Carlos Rey, uno de los politólogos de mayor reconocimiento académico en Venezuela, como una de las condiciones básicas que le permitió al sistema político venezolano fundado en 1958 funcionar de manera exitosa en las décadas previas a los años que hemos revisado arriba. En enero de 1958 fue derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, iniciándose un régimen de gobiernos democráticos que fue tenido como modelo en la región latinoamericana. Rey argumentó, poco después del Caracazo, que la lógica de la democracia venezolana implicaba el fortalecimiento de grandes y pocas organizaciones partidistas, organizadas vertical y autoritariamente, que por medio de una relación entre ellas propia de un juego de no suma-cero, buscaron desde 1958 en adelante –con bastante éxito– la estabilidad política. Los signatarios de los pactos constitutivos de la democracia venezolana temían que si no se canalizaban las demandas del pueblo a través de estas organizaciones, de esa manera se produciría un desbordamiento que acabaría con el sistema, o lo haría inmanejable e incontrolable. El juego de no suma-cero fue posible gracias a la renta petrolera del Estado. Así pues, la democracia venezolana, según Rey, implicaba la desmovilización y no participación de las masas. Eso, sin duda, a partir de los datos arriba expuestos, parece haber cambiado.

Por su parte, Moisés Naím y Ramón Piñango (1984) sostuvieron que “... las primeras décadas de la democracia presentan una sorprendente ausencia de conflictos abiertos permanentes”. Afirmaron que el conflicto abierto no aparecía como factor determinante en la dinámica de la sociedad, y que procesos que en otros países produjeron grandes traumas, en Venezuela se habían superado sin mayores turbulencias sociales. Señalaban como ejemplos la pacificación de la insurgencia armada en los años 70 y la paz laboral de la democracia de Puntofijo.

Por su parte, Steve Ellner señala (1995) que si bien estas interpretaciones tienen fundamentos históricos que las sustentan, exagerarlas ha llevado a conclusiones sobre las características de nuestra sociedad que han probado ser poco precisas o erróneas. En el caso de las movilizaciones, lo que llamamos política de la calle, estas afirmaciones parecieran querer indicar que estas fueron hasta mediados de los años 80 de poca frecuencia, así como poco relevantes para la dinámica de la sociedad. También se ha afirmado que las protestas de las décadas iniciales de la democracia de 1958 eran más ideológicamente motivadas, menos referidas a condiciones inmediatas de vida, y de menor intensidad y conflictividad que en la década y media que acabamos de revisar (Escobar, entrevista, 1997). ¿Qué tan cierto será esto? Seguidamente haremos la exploración de algunos años de esas décadas.

La BDEBP tiene recolectada información sobre protesta venezolana de diversos años del período democrático de 1958 en adelante. Aprovechando este reservorio de información hemos tomado dos años de cada década entre los años 1958 y 1999 con el fin de comparar algunas de las características de las movilizaciones en ese tiempo. Nos interesa examinar qué tan diferentes han sido tanto en frecuencia, o más precisamente en su visibilidad en la prensa, así como en naturaleza y motivos. Los años escogidos no responden a criterios elaborados, pues la BDEBP no tiene aún información completa del período. Procuramos tomar de cada década un año electoral y un segundo año cualquiera. La selección de los años 1958 y 1959 obedeció a que de esa década son los dos años de instauración del régimen democrático en Venezuela. Y en la década de los 90 los escogidos fueron 1998, año electoral, y 1999, primer año del gobierno de Chávez. Insistimos en lo que ya señalamos sobre esta base de datos. Ella, por alimentarse de reseñas y no de eventos de protesta, más que ser cuantitativamente precisa, proporciona un estimado de la frecuencia y características de la protesta.

Contraviniendo convencimientos generalizados, incluso entre quienes hemos estudiado las movilizaciones populares de los años recientes, al revisar los años seleccionados no se encontraron diferencias apreciables en cuanto al número de reseñas registradas con los años considerados en la primera parte de este capítulo. Analizando los años previos a la década de los 80, y recordando la advertencia sobre la imprecisión cuantitativa de la información de esta base de datos, obtuvimos que en promedio el número de reseñas alcanza las 356, muy por encima al promedio de 210 que registramos en el cuadro Nº 6. Esto nos lleva a afirmar que si se evalúa lo hasta ahora cubierto en la BDEBP de la década de los 70, podríamos estar en presencia de una década que holgadamente supera el promedio de reseñas de las décadas posteriores. Por ejemplo, para el año 1973 se registran 843 reseñas; para el año 1977, 744 reseñas y 561 para el 1978. Estos datos contradicen incluso a quienes han reconocido la movilización y las protestas como un fenómeno permanente de la sociedad venezolana. Por ejemplo, Richard Hillman sostiene que tanto los años 60 como los 80 están llenos de continua turbulencia civil, y solo en los años 70 se vivió una relativa calma. Fueron esos los años del llamado boom petrolero, cuando la crisis vivida en el Medio Oriente produjo un alza de los precios del petróleo en los mercados internacionales que implicó años de bonanza fiscal para los países productores.

Presentamos a continuación un cuadro similar al cuadro Nº 7, para los dos años seleccionados de cada década previa a los años 90, con la naturaleza de las protestas reseñadas de acuerdo con la clasificación que nos proporciona la BDEBP.

Como puede observarse, la idea de que en décadas previas la naturaleza de las protestas y movilizaciones era menos conflictiva no es más que una ilusión. Si bien en los años iniciales de la instauración de la democracia las protestas violentas reseñadas son inferiores al 10% del total, en los años 60 y 70 aumentan, apareciendo el año 1963 como especialmente violento. Ese fue un año electoral, y los grupos políticos comprometidos con la lucha armada llamaron a la abstención. La confrontación entre el gobierno de Betancourt y los grupos alzados en armas fue especialmente intensa y virulenta, lo cual es seguramente parte importante de la explicación de este fenómeno. Las protestas de naturaleza confrontacional para los años seleccionados muestran fluctuaciones erráticas. En todo caso, por la forma en que ha sido construido el cuadro, que toma solo dos años de cada década, no es posible identificar tendencias. Hay de todas maneras un par de años, 1959 y 1970, con porcentajes de protestas confrontacionales superiores al tercio del total. Solo una evaluación de series anuales ininterrumpidas prolongadas, como la hecha con el cuadro Nº 7, permitiría identificar períodos sostenidos de turbulencia similares a la segunda mitad de los 90, pero no puede descartarse que se hubiesen producido. Finalmente, las protestas más convencionales son mayoritarias en 6 de los 10 años seleccionados y, al igual a como vimos en el cuadro Nº 7, este tipo de protesta pierde visibilidad en años de mayor turbulencia sociopolítica.

En los cuadros Nº 11 y Nº 12 se registran los motivos de la protesta. El primero de ellos, el Nº 11, al igual que el Nº 8, presenta los motivos agrupados en dos categorías gruesas, socioeconómicas y civiles-políticas, para resaltar la relación porcentual entre ambas.

En este cuadro se observa, al igual que en el Nº 8, que salvo para el año 1963, las protestas socioeconómicamente motivadas predominan sobre las motivadas por razones civiles y políticas. Sin embargo, ese predominio para los primeros años del cuadro, es decir, para antes del Viernes Negro de 1983, no es tan pronunciado como para los años posteriores a ese evento. Mientras para los seis primeros años del cuadro, de 1958 a 1973, el porcentaje promedio de las reseñas con motivaciones socioeconómicas alcanza el 55,7% del total de reseñas, en los cuatro años finales del cuadro este porcentaje se ubica en el 75%, casi 20 puntos más alto. Esto es consistente con los datos del cuadro Nº 8, que tiene la serie temporal ininterrumpida desde 1983 a 1999. Allí el porcentaje promedio de las reseñas de protestas motivadas por razones socioeconómicas es de 74,3%. En este cuadro Nº 11 también destaca, al igual que en el cuadro Nº 10, el año 1963 como atípico. Para este año las protestas por motivaciones políticas y civiles sobrepasan sustancialmente a las de carácter socioeconómico, corroborando su relación con las razones de tensión política arriba indicadas.

El cuadro Nº 12, similar al cuadro Nº 9, afina los criterios de clasificación de las motivaciones, subdividiendo cada una de las 2 categorías gruesas del cuadro anterior en tres subgrupos.

Al igual que señaláramos para el cuadro Nº 9, en este podemos apreciar que, entre las motivaciones socioeconómicas, las predominantes son aquellas reunidas en los subgrupos B y C, es decir, las respectivamente referidas a niveles de ingresos y servicios públicos. Entre ambas ahora siempre superan el 80% del total de motivaciones socioeconómicas reseñadas. Se repite el predominio de las motivaciones de ingreso. Entre las reseñas de protestas de motivación civil y política, el subgrupo C, de motivaciones propiamente políticas, y que comprende entre otros descriptores los de democracia, corrupción, elecciones, política, autonomía, predomina en tres de los seis primeros años. Se muestra aquí una diferencia con las motivaciones a partir de los años 80, cuando los derechos humanos tienen un claro protagonismo.

Continuidades y novedades de la protesta popular reciente

La protesta popular venezolana, que desde los años 80 ha estado tan presente en la vida cotidiana de la sociedad, de acuerdo con la exploración que hemos hecho revela que no es un fenómeno tan novedoso como muchos pudieran creer. El número de reseñas de acciones colectivas de protestas de los años que hemos tomado como muestras de las décadas anteriores nos indica que en número son similares, cuando no superiores en algunos casos, al promedio anual que hemos registrado para la última década y media. Así mismo, salvo cambios en los énfasis, las motivaciones de las protestas también se repiten.

No obstante, detectamos algunas diferencias. Desde 1958, cuando se instaura el sistema democrático representativo, y hasta inicios de los años 70, encontramos un mayor equilibrio numérico entre las protestas motivadas por demandas socioeconómicas y las impulsadas por motivaciones civiles y políticas. A partir de entonces, el predominio de las protestas socioeconómicas pasa a ser avasallante sobre las segundas. Además, en los primeros años del período democrático, entre las protestas motivadas por razones civiles y políticas, las referidas a demandas estrictamente políticas, las contenidas en el subgrupo C, tienen la mayor visibilidad. Esto refleja el clima de turbulencia política que se vivía, propio de una lucha hegemónica, que alcanzaría en los años 70 una resolución a favor de las fuerzas signatarias del Pacto de Puntofijo. En los más recientes informes de Provea, se observan señales de que estamos en una etapa similar: desde 2001 vienen aumentando, tanto en términos absolutos como relativos, las protestas políticamente motivadas. Incluso se reconoce que muchas de las protestas que aparecen como motivadas por demandas socioeconómicas en realidad tienen un claro trasfondo político. Vivimos, pues, nuevamente, años de lucha hegemónica cuya resolución aún está por verse.

La resolución de la lucha por la hegemonía en los años 70 a favor de los actores de Puntofijo significó el fortalecimiento de la legitimidad del sistema y de sus principales actores, y este estado de cosas, en combinación con la bonanza petrolera de la misma década, permite explicar, por lo menos parcialmente, la percepción de paz social y armonía más o menos generalizada que se tiene de esos años, y que en alguna literatura de principios de los años 80 llegó al extremo de presentar a la sociedad venezolana como carente de conflictos abiertos. Es en esta época cuando comienzan a aparecer las interpretaciones de una supuesta excepcionalidad de la sociedad venezolana. En la BDEBP se observa que en los primeros años de la década de los 80 las protestas fueron muy predominantemente convencionales, con cifras de un solo dígito para las protestas violentas. Desde una perspectiva histórica de más largo plazo, sin embargo, no era esta una situación normal, sino que se trató de un breve período de “tregua”. Las situaciones de exclusión social y cultural de carácter histórico no resueltas, y el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías una vez pasados los años de bonanza petrolera de los 70, fueron alimentando el escenario para la irrupción de un nuevo ciclo de conflictos y lucha política. Sin embargo, sí son observables cambios en el tipo de demandas políticas de las protestas recientes. Desde los hechos de la masacre de El Amparo, y más acentuadamente desde el Caracazo, la conciencia pública ha dado un salto de avance en su atención a las violaciones de los diferentes derechos humanos.

La protesta es un fenómeno permanente en nuestra sociedad y es una equivocación que distorsiona el análisis exagerar la supuesta pasividad de sectores populares durante períodos prolongados, como sugiere alguna literatura. Lo que sí cambia, sin embargo, es la función de la protesta en la dinámica social. En períodos de lucha hegemónica, la política de la calle interviene directamente en la confrontación con el poder establecido y eso se expresa en los cambios en su naturaleza y motivaciones. Se hace más confrontacional y violenta, y las motivaciones directamente políticas adquieren mayor relevancia. Por el contrario, en períodos donde la hegemonía no está en disputa, donde es mayor la legitimidad y estabilidad del sistema político, las acciones colectivas de protesta por demandas socioeconómicas copan prácticamente todo el espacio. Son menos confrontacionales y violentas. Las capacidades de negociación de los actores demandados son también más amplias. Pero a diferencia de los años 60, cuando la protesta era criminalizada desde el Estado y fuertemente reprimida, provocando una espiral de violencia, desde mediados de los años 80, y sobre todo en los años de gobierno de Chávez, esa criminalización ha disminuido y con ello también la represión. Por ello, la lucha hegemónica se expresa ahora principalmente mediante acciones colectivas de naturaleza confrontacional.

En Venezuela el Estado pudo, financiado por la renta petrolera, mantener a raya la protesta política entre los años 70 y hasta mediados de los 80. Su eficiencia para conjurar el conflicto desarticuló buena parte de los intentos de organización independiente de los sectores populares. Con frecuencia la protesta fue simplemente la antesala de una negociación de cúpulas entre dirigentes sindicales y gremiales con partidos políticos e instituciones del Estado. Ello puede explicar el que, si bien había mucha protesta, esta no daba paso a movimientos u organizaciones sociales. Con el sostenido deterioro de la economía y el proceso de deslegitimación del sistema político, este último agudizado a fines de los años 80, esa situación se alteró irreversiblemente. La protesta nuevamente tomó un papel protagónico en la lucha política y las demandas redistributivas no pueden ser ya satisfechas por los mecanismos clientelares y corporativos del pasado. Están ahora dadas las condiciones para pasar de la protesta a una dinámica de movimientos y organizaciones sociales populares.

En los años más recientes, junto a este complejo proceso se han añadido nuevos elementos. Desde finales del año 2001 han emergido nuevos actores en la política de la calle. Sectores de las clases medias y altas también han hecho uso de los espacios públicos en la lucha actual por la hegemonía en Venezuela. Este nuevo ingrediente ha potenciado aún más la visibilidad de la protesta, toda vez que cuentan con recursos económicos poderosos, tales como diversos medios privados de comunicación audiovisual e impresos, que comparten y participan directamente de los propósitos de esas movilizaciones. También estos sectores tienen ante sí el desafío de su organización para mejorar y profundizar la calidad de su relación con el Estado venezolano y con la democracia.

Capítulo 5
Descentralización, democracia y crisis del gobierno de Pérez[9]

El proceso de transformación de la sociedad venezolana ha tenido ritmos distintos en sus expresiones económicas y sociopolíticas. Como revisamos en los capítulos previos, los efectos del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones dinamizado por la renta petrolera fueron ya perceptibles hacia finales de la década de los 70. Ello contribuyó a desajustes económicos profundos, como la crisis de la deuda de 1983 y la desorientación de los indicadores macroeconómicos desde entonces, sobre la cual ya comentamos. Los desarreglos sociales y políticos, en contraste, solo se revelaron con fuerza en la segunda mitad de los años 80, y sobre todo después del Sacudón de 1989, poniendo en evidencia, y acentuando, procesos de deslegitimación y descomposición de partidos y sindicatos hegemónicos del sistema político. Estos deterioros pondrían al orden democrático en una situación de extrema vulnerabilidad, propiciando la emergencia de factores de ruptura del orden institucional y la crisis del Gobierno nacional entre 1992 y 1993.

En este capítulo se explora la contribución que hicieron las reformas políticas aprobadas a fines del gobierno de Lusinchi y al inicio del segundo gobierno de Pérez en el sostenimiento de la democracia venezolana durante la crisis política de 1992 y 1993, cuando, a partir de dos intentos fallidos de golpe de Estado, el gobierno de Pérez entró en un proceso de aguda pérdida de bases de sustentación política, generalizándose una situación de incertidumbre sobre su destino y poniéndose en riesgo el orden democrático que la sociedad se había dado desde 1958.

La democracia amenazada

Tres años después del Sacudón, en la noche entre el 3 y el 4 de febrero de 1992, regresando el presidente Pérez de un viaje a la ciudad de Davos, en Suiza, donde, en concordancia con las nuevas pautas económicas neoliberales, promovía a Venezuela ante inversionistas internacionales, se produjo un levantamiento militar. La insurrección estuvo encabezada por un grupo de oficiales del Ejército, de mediana y baja graduación, reunidos en una agrupación llamada Grupo Comacate (por la primera sílaba de coroneles, mayores, capitanes y tenientes), y ejecutado con la participación de tropas de los cuarteles de Maracay, Maracaibo y Valencia. Los rebeldes se presentaron a La Casona, residencia del presidente, donde intentaron apresarlo. Pero este, ya en cuenta de que algo sucedía por información de su ministro de la Defensa, había hecho una breve escala allí y partido para el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno. Por consiguiente, las acciones se concentraron poco después en ese palacio presidencial.

Pérez, ayudado por el jefe de la Casa Militar, logró escapar de Miraflores y alcanzar una planta televisora, Venevisión, propiedad de Gustavo Cisneros, desde donde se dirigió a la nación a eso de las 2.00 de la madrugada del día 4. Informó al país de lo que sucedía, solicitó el apoyo popular y dio órdenes a los militares leales para que controlaran la situación. La imagen del presidente trasmitida por los medios, junto a las maniobras, tanto militares como persuasivas realizadas por el ministro de la Defensa, y lo que pareció ser una equivocación de logística del comandante Hugo Rafael Chávez Fías, jefe de la insurrección, quien no se movió en las horas del golpe de su centro de operaciones en el Museo Militar de La Planicie para personalmente lograr la captura de Pérez en Miraflores, han sido esgrimidos como los factores que obraron a favor del presidente (v. Ochoa Antich, 1992). En la mañana del 4, la ciudad de Caracas se encontraba de manera mayoritaria controlada por fuerzas leales al Gobierno. El presidente pudo entonces volver al palacio presidencial y desde allí dirigirse nuevamente al país. Los rebeldes siguieron resistiendo un tiempo más en algunos puntos estratégicos, como el aeropuerto militar de La Carlota, en el corazón de la capital. Pero, hacia mediodía, el teniente coronel Chávez se dirigió al país por televisión para informar de su rendición y llamar a sus compañeros para deponer las armas en pro de evitar un masivo derramamiento de sangre.

Nueve meses después, el 27 de noviembre, se produjo una segunda asonada, esta vez con oficiales de alto rango de las tres fuerzas. El gobierno de Pérez seguía sumido en una situación de profunda impopularidad y rechazo, como demostraba por esos días una encuesta, donde el 71% de los preguntados consideraba que el gobierno era malo, y el 57% se pronunciaba por la renuncia del presidente (El Nacional, 21-11-1992).

La conspiración esta vez tuvo su epicentro en la base aérea ubicada en el estado Aragua, de donde salieron temprano en la mañana unos aviones Bronco con destino a Caracas. Allí bombardearon el palacio presidencial, el Capitolio –donde sesiona el Congreso– y una de las sedes de la Disip, la policía política. Al mismo tiempo, grupos civiles tomaron una estación de televisión, así como el satélite que permitía la transmisión de tres de los cuatro principales canales televisivos de Venezuela. Pasaron varias veces una alocución del comandante Chávez, el jefe de la asonada anterior y para ese momento prisionero, llamando al pueblo a la subversión. Los rebeldes fueron rechazados por las fuerzas leales al Gobierno, que a media mañana, manejando aviones F-16, salieron en persecución de los Bronco, derribando uno de ellos hacia el mediodía. Sometidas las fuerzas sublevadas, algunos se entregaron y otros huyeron al Perú. Además de las escaramuzas militares, hubo saqueos esporádicos en Barinas, disturbios callejeros en Maracay y Valencia y, aprovechando la debilidad institucional, se produjo una masacre en el Retén de Catia, en Caracas, donde murieron más de 60 presos. Como cabecillas de la insurrección fueron señalados el general Francisco Visconti Osorio, jefe de logística del Estado Mayor Conjunto, el contralmirante Hernán Grüber Odreman, de la naval, el oficial de más alto rango y antigüedad de los sublevados, y el contralmirante Luis Cabrera Aguirre.

Lo que el Caracazo de 1989 no pudo lograr, lo obtuvieron los golpes de 1992, en especial el primero: desataron un indetenible derrumbe del piso político del gobierno y propiciaron la emergencia de actores y acciones que impulsarían cambios drásticos en el sistema político venezolano. Si bien los partidos y organizaciones hegemónicas brindaron su apoyo al presidente y su gabinete, no fueron capaces –porque no se atrevieron– de convocar a sus bases para respaldar más allá de lo formal al gobierno de Pérez. No hubo movilizaciones políticas a favor, ni del gobierno, ni de la democracia. Esto fue especialmente preocupante durante el golpe del 4 de febrero. Por otra parte, el discurso del expresidente Caldera en el Congreso ese día permitió también un deslinde entre gobierno y sistema democrático que profundizó la debilidad del primero. Y fue notorio también que los rebeldes comandados por Chávez fueron vistos por algunos sectores populares con simpatía.

El presidente Pérez, ante la precariedad política en que se encontró, se vio obligado, a diferencia de 1989, a negociar con los partidos y las FF.AA. para mantener los apoyos necesarios para continuar gobernando. Y aunque obtuvo poco éxito, algunas de las acciones que se dieron entonces resultarían clave para lograr encauzar la crisis política por canales institucionales.

Entre los pasos dados a partir de febrero de 1992 por el Ejecutivo Nacional, uno de los más importantes fue la conformación de un Consejo Consultivo con el fin de que este le elevara recomendaciones para enfrentar la situación crítica. Dicho Consejo fue presidido por el periodista e historiador Ramón J. Velásquez e integrado por un grupo de personalidades, las más de ellas independientes y que habían discrepado de algunas de las políticas del gobierno. A inicios de marzo esta comisión presentó un documento al Ejecutivo donde se confirmaba que la crisis en Venezuela era global, pero tenía especiales connotaciones en lo “económico, social y ético”. El Consejo se pronunció por una reforma constitucional en los meses próximos, hizo énfasis en la necesidad de extremar las medidas contra la corrupción, se pronunció por el saneamiento del Poder Judicial y la continuación del proceso de descentralización. Presentó además un conjunto de recomendaciones para rectificar el paquete, entre ellas, suspender los aumentos de la gasolina hasta tanto se estableciera un criterio racional que tomara en consideración la condición de ser Venezuela un país petrolero; estabilizar los precios de la cesta básica y de las medicinas, así como las tarifas de los servicios públicos; detener la apertura comercial compulsiva para el sector agropecuario; otorgar financiamiento especial para microempresas familiares y todo tipo de programas de autoayuda en la construcción de viviendas en los barrios. En política financiera, el Consejo apoyó la reforma financiera proyectada por el gobierno, pero en la política comercial, recomendó detener los programas de ulteriores reducciones de aranceles aduaneros mientras se hiciesen los ajustes necesarios para adecuar el aparato productivo a los nuevos requerimientos. Las recomendaciones del Consejo fueron desoídas por el presidente, pero quien presidió el Consejo, y algunas de las propuestas, jugaría un papel importante en la emergencia institucional de 1993.

Otras iniciativas de importantes repercusiones posteriores provinieron de grupos civiles organizados conocidos como la sociedad civil. Después del primer intento de golpe de Estado, el llamado “Grupo de los notables”, constituido entre otros por el escritor Arturo Úslar Pietri y el periodista José Vicente Rangel, exigieron modificaciones inmediatas del Poder Judicial, así como promovieron la idea de la renuncia del presidente. En esta misma línea se pronunció también el partido La Causa R (LCR), el cual, en noviembre, hizo suya la denuncia de Rangel en torno a una posible malversación de recursos de la partida secreta por parte del presidente Pérez, su ministro de la Secretaría y su ministro de Relaciones Interiores, e introdujo una solicitud de enjuiciamiento a Pérez ante la CSJ. Con los meses estas gestiones prosperaron. En marzo de 1993, el fiscal general de la República retomó el caso de la malversación y peculado de fondos, presentándolo por segunda vez ante la Corte, que por la presión de los acontecimientos había sido renovada en un número significativo de sus miembros. El 20 de mayo de 1993, esta Corte dictaminó que había méritos para el enjuiciamiento del presidente y sus dos ministros, y al día siguiente el Congreso, de acuerdo con la Constitución y de manera unánime, autorizaba el juicio y suspendía de sus funciones a Pérez. Se iniciaba una historia inédita en la democracia venezolana.

Con la suspensión de su cargo, se abrió un período de emergencia institucional, pues no existía experiencia previa para discernir con claridad el camino que habría de tomarse para llegar al final del período presidencial. Después de algunas polémicas, hubo acuerdo en que correspondía al presidente del Congreso ocupar el cargo, como un primer paso en la resolución definitiva del vacío de la Presidencia. Posteriormente, el Congreso logró un consenso significativo para la elección de un sustituto definitivo del presidente Pérez, en la figura de quien había sido el presidente del Consejo Consultivo, Velásquez.

Si bien la suspensión de Pérez y la resolución de manera institucional de quien habría de sucederle dieron un paso significativo en el alivio de las tensiones políticas que la sociedad venía sufriendo, la crisis social e institucional estaba lejos de ser resuelta. El período de gobierno del presidente Velásquez se caracterizó por una secuencia de sobresaltos que, día a día, parecieron poner a riesgo la posibilidad de llegar a las elecciones presidenciales del 5 de diciembre. A los desequilibrios económicos, fiscales y sociales que aquejaban a la sociedad en la última década, se sumaron ahora las acciones de fuerzas anárquicas, y otras que sintieron amenazados los privilegios que habían obtenido de la descomposición social y política de los últimos años. Estas pugnaron por acentuar la desestabilización de la sociedad, a los fines de provocar una salida violenta y con ella, posiblemente, mejorar sus condiciones de supervivencia en los próximos años.

En julio fueron enviados tres sobres-bomba al Poder Judicial, uno de los cuales llegaría a la sede de la CSJ y ocasionó la lisiadura de un empleado de esa dependencia. A fines de ese mes comenzaron a estallar en diversos puntos de la ciudad artefactos explosivos, a lo cual se sumó en agosto el estallido de un carro-bomba, cargado de dinamita, en el estacionamiento de un conocido centro comercial. Otro caso que recibió amplia cobertura de prensa por esos meses fue uno de espionaje telefónico, realizado por exfuncionarios de la Disip, con el fin de extorsionar a personas de muchos recursos o prestigio político, así como para hacerse de la información necesaria en torno a decisiones de los poderes públicos.

El Gobierno hizo un gran esfuerzo para descubrir a los autores de estas acciones terroristas. Ya en el mismo mes de agosto, la Policía Técnica Judicial (PTJ) pudo hallar como presuntos autores de los sobres-bomba a exfuncionarios de la Disip, ligados a altas esferas de los gobiernos de Lusinchi y Pérez. Esto revelaba el grado de descomposición y autonomía que habían adquirido en los últimos años algunos grupos en el seno de los cuerpos policiales, frente a los fines institucionales del Estado.

Esta y otras acciones rápidas del gobierno lograron conjurar nuevas formas de terrorismo en los meses posteriores. Quedarían, sin embargo, los constantes rumores de estarse gestando un nuevo golpe militar, por lo general asociado a las altas esferas militares, incluyéndose al ministro de la Defensa. Este, si bien desmintió siempre su participación en cualquier acto de esa naturaleza, su estilo personal y sus ansias de protagonismo político, al combinarse con la certeza de que el sector militar había quedado escindido luego de las intentonas golpistas de 1992, mantuvieron en ascuas a la población hasta las elecciones de diciembre.

Con la realización pacífica de los comicios del 5 de diciembre y el reconocimiento por parte de todos los partidos del triunfo de Caldera, pareció comenzar a conjurarse la crisis política. Así mismo, los resultados revelaron cambios significativos en el sistema político. Por primera vez desde 1958, un presidente llegó al poder a través de partidos distintos a AD y Copei. El Congreso quedó constituido por cinco fracciones principales, de las cuales ninguna obtuvo una significativa mayoría, obligándolas a negociar arduamente en el período constitucional para alcanzar los consensos necesarios para impulsar sus políticas (ver cuadros Nº 13 y Nº 14). Con esto se rompía la tendencia creciente al control hegemónico del parlamento por parte del bipartidismo AD-Copei. Por otra parte, más de la mitad de los jóvenes en edad de votar no se inscribieron en el registro y el 40% de los inscritos se abstuvo de concurrir (SIC, 559, 1993). Estos resultados permiten afirmar que la sociedad venezolana entró en un reacomodo en sus relaciones de poder.

Las reformas políticas

El hecho de que la sociedad venezolana haya podido sortear la severa crisis política arriba descrita recurriendo a mecanismos institucionales y sin que se haya producido el quiebre de su sistema democrático se debe, entre otros factores, al proceso de reforma del Estado que se inició en 1984 con la constitución de la Copre. Esta Comisión, como ya se señaló, generó a mediados de esa década un conjunto de propuestas para enfrentar las dificultades que confrontaba ya para entonces la sociedad venezolana. En sus documentos iniciales, se estableció el principio de la descentralización político-administrativa del Estado como un aspecto esencial para la superación de los obstáculos de la democracia venezolana. Entre 1988 y 1989, gracias primero a la coyuntura electoral que llevó a la Presidencia de la República a Pérez, y luego a la explosión social de febrero-marzo de 1989, fue aprobado por parte del Congreso Nacional un cuerpo de leyes que se derivaron de esas propuestas. Con la “Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado” (1989); la “Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados” (1989); la “Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público” (1989); la nueva “Ley Orgánica de Régimen Municipal” (1989) y la “Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura” (1988) se abrieron válvulas para impulsar cambios en el funcionamiento del Estado y el sistema político. Este proceso sería reforzado entre 1992 y 1993, al calor de la crisis, por la modificación de la “Ley Orgánica de Sufragio” y una serie de reglamentos parciales para complementar la ley de descentralización ya señalada. Estas reformas actuaron como un oportuno salvavidas para mantener a flote al sistema político. Revisemos brevemente los contenidos principales de las leyes.

Mediante la “Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado”, y la “Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados” se sustituyó el sistema de designación por parte del presidente de la República de los gobernadores. En su lugar se estableció la elección universal, directa y secreta de quienes ocupan este cargo. Los electores serían quienes se encontrarán en el registro electoral del respectivo estado y el período de duración de los gobernadores se fijó en tres años, permitiéndose la reelección para el período siguiente y/o transcurrido dos períodos contados a partir de su última elección.

La “Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público” y los reglamentos parciales de ella, Nº 1, 2, 3, y 4, de 1993, fijaron las primeras orientaciones y procedimientos para desarrollar el proceso de descentralización. En ellas se transfiere al nivel regional (a las entidades federales) ciertas competencias que anteriormente eran atribución exclusiva del nivel nacional, se regularon competencias concurrentes sobre la base de la transferencia progresiva al nivel regional de un número significativo de servicios que antes prestaba el poder nacional (como educación, cultura, salud, defensa civil, etc.), y se fijaron las fuentes de ingresos de los estados. Igualmente se creó la figura de un ministro de Estado para la Descentralización como asesor del Gobierno nacional en esta materia.

La nueva “Ley Orgánica de Régimen Municipal” creó la figura del alcalde como máxima autoridad del ejecutivo local, separando las funciones del Ejecutivo y Legislativo que antes estaban reunidas en el Concejo Municipal. El alcalde sería electo de la misma forma que los gobernadores y duraría también tres años en sus funciones, pudiendo ser reelecto para el período inmediato posterior o esperar dos períodos contados a partir de su última elección. Para aspirar al cargo de alcalde se estableció que debía haber vivido por lo menos tres años antes en la comunidad que aspiraba a dirigir, y mantener su residencia allí mientras duraba el mandato. La ley creó también las parroquias y juntas parroquiales, a fin de propiciar la descentralización administrativa y la participación popular; reconoció a las asociaciones de vecinos como actores locales y previó el cabildo abierto, el referendo para materias de interés colectivo distintas al presupuesto y tributos, y la revocatoria del mandato del alcalde.

La “Ley Orgánica de Sufragio” fue modificada dos veces, en 1992 y 1993, en medio de las crecientes presiones de actores sociales y políticos por ensanchar el criterio del voto personalizado para la escogencia de los legisladores en los tres niveles del Poder Legislativo. La segunda vez, entró en vigencia un sistema que combinaba la nominalidad con el sistema de representación proporcional en los tres niveles, fijándola en el 66,6% en el nivel local (concejales) y en 50% en los otros dos niveles (miembros del Congreso Nacional y asambleas legislativas de los estados).

La nueva “Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura” redujo el número de miembros de este cuerpo y les dio una mayor independencia respecto al Ejecutivo nacional al ser designados tres de ellos por la CSJ, uno por el Congreso y uno por el Ejecutivo nacional. Así mismo, aumentó sus atribuciones, transfiriendo a este órgano la competencia de crear, suprimir y cambiar las circunscripciones de los tribunales, antes en mano del Ejecutivo nacional, además de fortalecer su atribución ya establecida de designar y supervisar a los jueces.

Las reformas durante la crisis política

Las reformas dirigidas a impulsar el proceso de descentralización y a perfeccionar el sufragio probaron ser claves durante la crisis política de 1992-1993. Ellas permitieron desde 1989 la recuperación y/o creación de la legitimidad de algunas autoridades del poder público, con lo cual se pudo contener en 1992-1993 la crisis del Gobierno nacional a ese nivel sin que se extendiese a los ámbitos regionales y locales. Por otra parte, las elecciones de la descentralización, sobre todo las regionales, también comenzaron a actuar como un canal de drenaje institucional del malestar expresado en la masiva protesta popular que se desarrollaba en la calle, y a través de las mismas se fue decantando un relevo de liderazgo y una agenda de demandas que probarían su importancia en los años por venir.

Las regionales y municipales de 1989: repudio a Pérez y a AD después del Caracazo

Las primeras elecciones regionales y locales, que se dieron en diciembre de 1989, a diez meses escasos del Caracazo, reflejaron en sus resultados que una parte del electorado acudió a las urnas para expresar su repudio al Gobierno nacional y a las políticas económicas que este venía implementando. El presidente Pérez, respaldado por su partido AD, había sido electo un año antes con el voto mayoritario en 19 de los 20 estados del país. Pero en estas primeras elecciones de gobernadores, los candidatos por AD perdieron 9 estados, la mayoría de ellos estratégicos, como las gobernaciones de Miranda, Carabobo y Aragua en el centro (junto con el Distrito Federal, principales asientos de las industrias manufactureras), la del Zulia (donde se ubica el grueso de la industria petrolera) y la del estado Bolívar (asiento de la Corporación Venezolana de Guayana y de las industrias básicas del hierro, hidroelectricidad y aluminio). Tanto el voto de oposición como la abstención electoral, que alcanzó la cifra de 54,85%, actuaron como mecanismo de desahogo del descontento político y del malestar social reinante, enviando un mensaje claro, pero no escuchado entonces por los actores hegemónicos.

Sin duda, esta no fue la única variable que determinó los resultados electorales de ese año. El atractivo de liderazgos emergentes de carácter local o regional, como fueron, por ejemplo, los triunfos de Carlos Tablante del partido MAS en el estado Aragua, y el de Andrés Velásquez, del partido LCR, en el estado Bolívar, señalaron la complejidad de las teclas que comenzaron a tocar las reformas. Sin embargo, en aquellos estados en los cuales el electorado no contó con un liderazgo emergente alternativo, manifestó su repudio al gobierno y sus políticas recurriendo al expediente tradicional de votar por la opción en la oposición al bipartidismo. Las victorias del partido Copei en seis estados, viniendo de recibir un año antes una derrota catastrófica al ganar en un solo estado, dan fuerza a esta interpretación, pues solo uno de los candidatos de Copei podría llenar, y parcialmente entonces, las características de un líder regional. Ese era Oswaldo Álvarez Paz, quien ganó la gobernación del estado Zulia.

Para cuando se producen los dos intentos de golpe de Estado en febrero y noviembre de 1992, los gobernadores y alcaldes electos en 1989 se encontraban en el tercer año de sus gestiones. Lo que se había dado durante ese lapso, en términos de descentralización político-administrativa, era poco. Algunos avances en el cambio de los criterios con que el Ejecutivo nacional orientaba sus políticas se habían logrado gracias a la presión de los partidos de oposición, combinados con la de los gobernadores. En tal sentido cabe señalar el caso de la “Ley de Inversiones” de 1990, la cual solo logró aprobarse después de un arduo debate y negociaciones entre el Ejecutivo nacional, el Congreso, los partidos políticos y los gobernantes electos (López Maya, 1991).

Estas y otras tensiones entre el Ejecutivo nacional y los regionales a lo largo de estos años, junto con el hecho de que muchos gobernadores eran de oposición, reforzó en la población una percepción diferenciada entre los gobernadores y el presidente. También contribuyó a esa diferenciación la escasa concertación de la que hizo gala el gobierno del presidente Pérez. Fue este el contexto en el que se dieron los golpes de Estado fracasados de 1992 resaltando, durante los hechos, la independencia de los gobernadores frente al Gobierno nacional.

Los gobernadores ante los golpes de Estado de 1992

Cuando se produjo la asonada militar del 4 de febrero de 1992, aunque el objetivo principal era el derrocamiento del presidente Pérez, la estrategia comprendió acciones militares, además de las desarrolladas en la capital de la República, en tres estados clave del país, a cuya cabeza se encontraban gobernadores que no eran de las filas de AD: Aragua, Carabobo y el Zulia.

En el estado Zulia las actividades militares rebeldes, dirigidas por el teniente coronel Francisco Javier Arias Cárdenas, de la unidad de artillería misilística Monagas, lograron tomar posesión de la residencia oficial del gobernador, del puente sobre el lago de Maracaibo, del Destacamento 35 de la GN, el Cuartel de Patrulleros de la Gobernación, los campos petroleros de la costa oriental del Lago, la Base Aérea Rafael Urdaneta, el Aeropuerto Internacional de la Chinita, el centro de la ciudad y el canal 11 de televisión. El gobernador del Zulia, el socialcristiano Álvarez Paz, fue secuestrado en la madrugada con su esposa, 3 hijos y el secretario de gobierno. Al ir a dialogar con los insurrectos quedaron detenidos también el presidente de la Asamblea Legislativa y dos diputados. Arias Cárdenas se proclamó gobernador militar, Maracaibo quedó paralizada y buena parte del Zulia también, cuando los alzados tomaron incruentamente las instalaciones petroleras de Lagunillas, Ciudad Ojeda y Cabimas. La situación duró hasta el mediodía del mismo día 4, gracias a la rendición de Chávez en Caracas. Con la mediación del obispo de Maracaibo, Arias se rindió poco después.

El gobernador, una vez puesto en libertad, hizo declaraciones a la prensa. Estas, recogidas por el diario Panorama, se caracterizaron por un tono de moderación y reflexión. Reconoció que la dirigencia política del país había venido cometiendo muchos errores, aunque dijo que eso no justificaba la alteración del orden constitucional. También aseveró que este hecho debía servir para revisar la verdadera naturaleza de nuestra democracia, que necesitaba ampliar su base de legitimidad. Aseguró que lo trataron a él y a su familia con decencia. Al día siguiente, señaló que le pareció Arias Cárdenas “sumamente inteligente, audaz, asumiendo riesgo calculado, muy sereno y firme en sus actuaciones, pero al mismo tiempo equivocado en la percepción de la situación general del país y el conocimiento de la verdadera idiosincrasia y naturaleza del venezolano común”.

Por su parte, también en la tarde del día 4, el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer, igualmente de las filas de Copei, acompañado de su tren ejecutivo, dio una rueda de prensa para informar la situación que se vivía en Valencia. Según el diario El Siglo, Salas Römer declaró que, a pesar de que en los disturbios murieron ocho personas (tres policías, cuatro estudiantes y un civil), la situación estaba controlada. Hizo un reconocimiento al comandante de la Guarnición de Valencia, cuya inmediata actuación impidió que el Comando de la GN fuera tomado por los rebeldes, así como mencionó su actitud de diálogo que permitió modificar la actitud de los golpistas. Dijo que se había reunido con varios oficiales rebeldes y que sus planteamientos tenían mucha seriedad. Indicó que tres capitanes estuvieron a la cabeza de la insurrección de su estado y que había conversado con un teniente que intentó tomar el Comando Regional de la GN. Comentó Salas que este teniente: “[se] mostró serio y preocupado por mejorar las Fuerzas Armadas y mantuvo en todo momento una actitud digna de ser escuchada [...] eso me animó a pedirle que diga a quienes comandan el movimiento mi disposición de escuchar sus planteamientos, porque creo que algo de justo hay en ellos aunque el camino es errado”. Como se observa, la tónica es muy similar a la de Álvarez Paz.

En Maracay, la capital del estado Aragua, los puntos más peligrosos de la intentona se dieron en el Cuartel Páez, donde se encuentra el principal arsenal de la IV División de Infantería, y en la Base Aérea Libertador. Las tomas se evitaron por la actitud persuasiva de los altos mandos, quienes lograron convencer al teniente Ortiz Contreras, jefe de la operación, de no tomar el cuartel. El gobernador Tablante, de las filas del MAS, en su “Mensaje al Pueblo de Aragua”, aparecido en la prensa local el día 6, informó que una acción coordinada de la Gobernación, con los gobiernos locales, partidos políticos, gremios, vecinos y comunidad en general, conjuntamente con la respuesta responsable e inmediata de las FF.AA. había logrado mediante la persuasión, convencer a los “sediciosos” de deponer su “aventurera actitud”. Dijo el gobernador que lo sucedido “tiene un trasfondo indudable en la grave situación de desesperanza y desconfianza que vive nuestra población. Es necesario e impostergable un giro, un cambio de actitudes que nos permita atender esas demandas, oír las angustias de nuestro pueblo y darles respuestas ciertas y posibles”.

En los días siguientes el gobernador Tablante, al igual que otros gobernadores que no pertenecían a las filas de AD, fueron objeto de acusaciones por parte de la alta dirigencia de este partido. En el caso de este gobernador, un alto líder del partido de gobierno denunció su supuesto involucramiento en el golpe. Por su parte, el presidente de AD, Humberto Celli, afirmó que era muy sospechoso que en los estados donde gobernaba la oposición se hubiese mantenido por más tiempo la tentativa de golpe. Las respuestas de los gobernadores, o de quienes salieron en defensa de ellos, no se hicieron esperar; algunos, como Álvarez Paz, del Zulia, en un tono conciliador, y otros, como Tablante y el gobernador del estado Bolívar, Velásquez, de franco repudio. Por Tablante, salieron además declaraciones de defensa por parte de su partido y de grupos regionales, recordándole a AD: “que Tablante tuvo la valentía de decirle a Carlos Andrés Pérez que no se bombardearía el Cuartel Páez cuando este dio la orden. De haberse hecho se hubiesen registrados muertes de civiles que viven en los alrededores” (El Nacional, 11-2-1992).

Las posiciones de estos gobernadores tuvieron su antecedente inmediato en el sesgo tomado por el debate en el Congreso Nacional en su sesión extraordinaria el 4 de febrero, a fines de la mañana. Dicha sesión fue convocada de urgencia, a instancias del Ejecutivo nacional, con el fin de que las cámaras ratificaran la suspensión de garantías decretada por el Ejecutivo y con la expectativa de obtener una condena unánime a la acción de los rebeldes y un vigoroso respaldo al gobierno de Pérez. Sin embargo, esas expectativas no fueron totalmente satisfechas, pues si bien fue ratificada la suspensión de garantías, el tono del documento público del Congreso no fue de respaldo incondicional al gobierno. Este giro tuvo su origen en la crítica contundente del expresidente Caldera, secundada por el diputado de LCR, Aristóbulo Istúriz, quienes responsabilizaron a Pérez, su gabinete y su partido, de haber llevado al país a esta situación: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad si está pasando hambre”, fueron las palabras textuales del expresidente. De allí en adelante los mandatarios regionales de Copei, LCR y el MAS seguirían la misma posición de Caldera al referirse a lo acontecido en sus regiones.

El segundo golpe de Estado se produjo unos pocos días antes de las segundas elecciones para gobernadores de Estado, de manera que muchos de estos se encontraban en plena campaña electoral. Entre ellos, los gobernadores de los estados Carabobo, Aragua, Zulia y Bolívar estaban en la contienda buscando ser reelectos para un nuevo período de tres años. Por otra parte, la información que salió por la prensa nacional y local fue menor a la del 4 de febrero y el radio de acción de los sublevados también fue más reducido. El estado Zulia, por ejemplo, no sufrió esta vez los embates de la conspiración.

Al revisar las declaraciones del mandatario zuliano, estas se mantuvieron en el mismo tono anterior, aunque tendieron a ser más enfáticas en cuanto a su intención de controlar el orden y de distanciarse del gobierno de Pérez. El gobernador zuliano, imbuido del ambiente preelectoral, dijo que después del intento de golpe anterior se prometieron muchas cosas que no se cumplieron, como los cambios sugeridos por el Consejo Consultivo y la convocatoria a una Constituyente. Según el gobernador, esto fue percibido por la población como una burla y estos eran los resultados.

Para el gobernador de Carabobo, el propósito de este golpe era paralizar el proceso electoral. En Valencia, al igual que en Maracaibo, no hubo mayor movimiento. Dijo que aunque la gente cuestionaba al presidente, era solidaria con sus gobernadores y las prontas elecciones darían oxígeno al sistema político. Por su parte, el gobernador de Aragua pudo declarar el día 28 que la situación en su estado había sido controlada. Afirmó, al igual que el gobernador zuliano, que una de las causas del golpe fue que los “cogollos”, es decir las cúpulas de los partidos, no cumplieron lo ofrecido después del 4 de febrero; no obstante, la gente creía en el camino democrático.

Esta vez las acusaciones del partido AD y del gobierno de Pérez se concentraron contra el partido LCR, el cual dijeron que estaba directamente comprometido con el golpe. Algunos de sus dirigentes fueron puestos presos y se acusó al gobernador del estado Bolívar, Velásquez, de ser responsable de un robo ocurrido ese día en el aeropuerto de la ciudad de Puerto Ordaz, donde murieron cuatro personas. El partido, el gobernador y su equipo regional rechazaron enfáticamente tales acusaciones. Velásquez declaró que Pérez era el responsable de la crisis que atravesaba el país, que era el perturbador de la paz, y que por ello LCR había sugerido desde febrero pasado un referendo en que el pueblo se expresara sobre la conveniencia de la renuncia del presidente como una salida democrática y pacífica a la situación. Exigió la restitución de las garantías para poder realizarse las elecciones (El Guayanés, 30-11-1992 y 2-12-1992).

El 6 de diciembre de 1992, nueve días después de este segundo intento de golpe, todos estos gobernadores fueron ratificados en sus cargos por sus comunidades regionales. Mientras la población rechazaba al Ejecutivo nacional, acusándolo de insensible, corrupto e incapaz, los gobernadores del Zulia, Aragua, Carabobo y Bolívar, todos de partidos de oposición, obtenían porcentajes superiores al 60% del total de votos escrutados. El gobernador Velásquez, por ejemplo, ganó con el 63,36 % de los votos, en contraste con el 40,3 % que obtuvo en 1989. Crecimientos similares tuvieron los otros gobernadores. Las cifras electorales evidenciaban que los mandatarios regionales habían logrado distanciarse del Ejecutivo nacional y se mantenían en sintonía con la población de sus entidades.

Pero el resultado más sorpresivo de las elecciones de 1992 fue el de la Alcaldía de Caracas. Es de destacar que la descentralización no alteró la modalidad de escogencia del gobernador del Distrito Federal, que siguió siendo por selección directa del presidente de la República. Por ello, la población urbana de Caracas, deseosa de ejercer un voto castigo contra el gobierno, los partidos y aun contra el sistema político tradicional, encontró entre la abstención y el voto por LCR en el nivel municipal, los medios para dejar claro su mensaje. El 6 de diciembre, en la tarde, comenzó a correr la voz de que, contrariando todos los pronósticos, el profesor Aristóbulo Istúriz de LCR estaba adelante en el conteo de los votos del municipio Libertador. Ante rumores de que estaba a punto de sucederse un fraude electoral a favor del partido de gobierno, cientos de personas comenzaron a reunirse frente al Consejo Supremo Electoral (CSE) en espera de los boletines oficiales.

El lunes 7 en la mañana, el CSE seguía sin dar cifras definitivas, pero se decía que el margen de diferencia entre los candidatos de AD y LCR era muy estrecho. Miles de personas fueron llenando la plaza Caracas, que queda frente al Consejo, para defender el triunfo de Istúriz. A las 3:00 de la tarde aproximadamente el presidente del CSE llamó a los dos candidatos para que firmaran un pacto respetando los resultados cualesquiera que estos fueran. Claudio Fermín de AD aceptó gustoso. Istúriz rechazó la propuesta argumentando que él no había violado las reglas y que “lo único que había que respetar eran los votos de la gente”.

Istúriz ganó la alcaldía con el 34,45% de los votos válidos, contra AD que obtuvo el 32,03%. El total de votos nulos representó el 3,59%. Aun cuando la abstención alcanzó el 62,57%, sectores populares se echaron a la calle para celebrar el triunfo.

Gobernadores y crisis en la Presidencia

Los gobernadores recién electos van a tener una actuación destacada durante los sucesos que culminaron con la suspensión del presidente Pérez de su cargo, dictaminada por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1993. En ese mes se dieron dos reuniones de gobernadores. La primera el 7 y 8 de mayo, cuando se reunieron con el presidente Pérez, poco después de haber circulado el rumor de la probable renuncia de este si el dictamen de la CSJ le era desfavorable. Pérez aprovechó la Convención para dirigirse al país, y especialmente a los magistrados de la Corte, para informar que no estaba dispuesto a renunciar. Esta noticia tomó las primeras páginas de los diarios, mientras las referencias a la importancia del proceso de descentralización fueron menos destacadas. Por otra parte, no asistieron a esta reunión los gobernadores del Zulia, Aragua, Lara ni Bolívar. Este último dijo estar cansado de oír el mismo discurso de Pérez, justificando lo injustificable y contradiciéndose en una defensa para permanecer en el poder.

La convención, aunque poco reseñada en virtud de la crisis presidencial que venía creciendo, tuvo sin embargo algunos logros dignos de resaltar. Los gobernadores repasaron la situación del conflicto magisterial, que tenía paralizada a la educación pública y solicitaron al Ejecutivo nacional la aplicación del Laudo Arbitral para que los estudiantes no perdieran el año escolar. Por otra parte, decidieron volverse a reunir en una semana para revisar algunas materias urgentes.

La estabilidad de la gestión de los gobernantes regionales en medio de una situación política que tendía a evidenciar un vacío de poder en el Gobierno central se manifestaría con la puntual instauración de la Segunda Convención de Gobernadores en la ciudad de Valencia, el 14 de mayo. Hubo expectativa en virtud de la decisión que estaba a punto de tomar la CSJ y la posición que tomarían los gobernadores al respecto. Dos declaraciones de los gobernadores, en medio de un ambiente plural y sosegado, tendrían impacto en el desenlace de los próximos días.

Una de ellas fue el desmentido que se hizo a unas declaraciones del ministro de la Defensa, sobre la existencia de focos de subversión en ciertos estados. Específicamente referido a los estados donde el ministro lo afirmó, los gobernadores de Falcón, Guárico y Lara dijeron que no había o a lo sumo existía un brote muy pequeño (en el estado Guárico), que estaba localizado y controlado. El gobernador Navarro, del estado Lara, declaró que era un asunto muy serio que se dijera esto y no se tuvieran pruebas. El gobernador Cermeño, de Falcón, declaró que podía tratarse de una estrategia para enredar más la situación política. El gobernador Arocha, del estado Miranda y también Álvarez Paz, del Zulia, sospecharon que podía haber intenciones de crear más zozobra. Álvarez Paz alertó sobre la represión que podría estarse preparando tras esta declaración de presunta subversión.

La otra declaración fue la referida a la conducta que asumirían con relación a la posible decisión de la Corte de declarar la existencia de méritos para el enjuiciamiento de Pérez. La decisión general fue que se trataba de un asunto jurídico; por lo tanto, había que esperar el dictamen y acatarlo en todas sus partes. Sin embargo, algunos gobernadores se mostraron favorables a una renuncia del presidente, si la decisión le era adversa. Mostraron así mismo su preocupación por la paralización de las inversiones y del proceso de descentralización ocasionados por la incertidumbre política, pero dijeron estar convencidos de que la renuncia de Pérez no produciría ninguna situación desestabilizadora. Durante la reunión, las tensiones en torno a este tema amenazaron con generar una división no deseada entre los gobernadores, por lo que el gobernador Salas Römer propuso que el tema se debatiera pero sin fijar un acuerdo a la hora de las conclusiones. Con respecto a los puntos de la agenda, se concluyó en el llamado “Documento de Carabobo” donde se reclamó, entre otros asuntos, celeridad al Ejecutivo en el traspaso de servicios, rechazar el IVA como un impuesto de carácter centralizado y pedir al Congreso la aprobación de normas de mayor nominalidad para las elecciones.

Finalmente, en las elecciones nacionales de 1993, el retroceso del bipartidismo y la irrupción de un partido emergente, LCR, cuyo candidato presidencial, el gobernador Velásquez, recogió el 22% de las preferencias electorales fue auspiciada, entre otros factores, por el proceso de descentralización (v. cuadro Nº 15). Sin tales reformas políticas es difícil concebir que pudiese convertirse en el tercer partido del país, con una fracción parlamentaria de 40 diputados y 9 senadores. De ese partido nos ocuparemos con detenimiento en el capítulo siguiente.

Parte 2
En búsqueda de liderazgos alternativos. Partidos de vocación popular en los años 90

Capítulo 6
El ascenso en Venezuela de La Causa R[10]

A fines de los años 80 comenzó a hacerse visible en el sistema político venezolano un partido de izquierda hasta entonces marginal. Se trataba de una organización pequeña, La Causa Radical, mejor conocida luego como La Causa R (LCR).

Esta organización ganó sorpresivamente tres puestos en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en 1988. Luego, en las primeras elecciones para gobernadores de estado de diciembre de 1989, se hizo más claro que venía en ascenso, cuando su candidato en el estado Bolívar, Andrés Velásquez, resultó victorioso. Tres años después, en las elecciones municipales y estadales de 1992, el partido volvió a ganar en dicho estado, aumentó su predominio en las alcaldías y concejos municipales del mismo y uno de sus líderes más carismáticos, el profesor Aristóbulo Istúriz, como señalamos en el capítulo precedente, triunfó contra todos los pronósticos en la alcaldía de la ciudad de Caracas. En las elecciones nacionales de diciembre de 1993 el gobernador Velásquez obtuvo el 22% de las preferencias del electorado y el partido se convirtió en la tercera fuerza política del país, desplazando de ese puesto al Movimiento Al Socialismo (MAS) y obteniendo un porcentaje de votación que esa organización no había logrado en toda su trayectoria.

Para comprender esta destacada y creciente figuración de LCR en los años 90, debemos tener presente como escenario de fondo la severa crisis socioeconómica y política de Venezuela analizada con detalle en la parte I de este libro. A estos factores de naturaleza externa a la organización, será necesario añadir las propias características de evolución de LCR desde que se originó a inicios de los años 70. A ello y al contenido de su proyecto y discurso está dedicado este capítulo.

Origen y trayectoria de LCR hasta el momento de la descentralización

El núcleo germinal de la organización política que en los años 70 se formalizaría ante el CSE con el nombre de La Causa Radical estuvo conformado por un pequeño grupo que se separó del PCV en 1970 y no acompañó al grueso de los disidentes de ese partido en la fundación del MAS en enero de 1971.

Los años finales de la década del 60 e inicios de los años 70 fueron de gran efervescencia social en Venezuela. Correspondieron con el primer período de gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), y destacaron durante esos años las importantes movilizaciones de estudiantes y obreros. Para ese momento, la lucha armada en Venezuela, como instrumento para alcanzar el poder político y dar paso a la revolución, había sido largamente derrotada. Como resultado, el gobierno había tomado la iniciativa de otorgar una amnistía a los guerrilleros, conocida como la “política de pacificación”. Por su parte, los partidos comprometidos con la lucha armada, el PCV y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se encontraban deshechos por las rencillas internas, un resultado lógico del fracaso de sus proyectos sociopolíticos en la lucha hegemónica entonces planteada.

La división más importante del PCV fue la que dio origen al partido MAS, que poco tiempo después se convirtió en la tercera fuerza política del sistema de partidos venezolano. Las posiciones ideológicas del MAS se derivaron tanto de una feroz crítica a la concepción de partido que moldeaba al PCV, concepción a la cual atribuyeron parte de la responsabilidad en el fracaso de la lucha armada, como de las ideas en ebullición del movimiento estudiantil venezolano, influenciado a su vez por su homólogo europeo y el pensamiento de la “nueva izquierda” de los años 60. Las ideas de democracia y socialismo vinieron a ser los nuevos ejes del pensamiento de izquierda por esa época. Y aunque el MAS no obtuvo en los años 70 y 80 un caudal de votos que le permitiera competir con los partidos hegemónicos AD y Copei en la lucha por el control del Gobierno central, ocupó un espacio relevante en el Congreso Nacional y participó de las múltiples alianzas y negociaciones tradicionales del sistema.

En la Convención fundacional del MAS en enero de 1971, el dirigente Alfredo Maneiro dejó constancia de las diferencias que tenía con sus compañeros. Maneiro fue uno de los comandantes de la lucha armada en el oriente del país, militó unos 18 años en el PCV, donde llegó a ser miembro del Comité Central. Fue también uno de los protagonistas del proceso de ruptura que se dio en el seno de ese partido, y se le había reconocido como miembro natural del Comité Central del MAS para la Convención. Sin embargo, Maneiro fue a la reunión lleno de reticencias por estar en desacuerdo, entre otros hechos, con que el MAS incluyese a sectores del PCV de tendencias más conservadoras que las de él y Teodoro Petkoff[11]. Se trataba de aquellas facciones menos críticas a la actuación del PCV y más dispuestas a reconciliarse con el pasado. Por ello decidió autoexcluirse. Junto con él se irían unas escasas 10 personas, entre ellas Pablo Medina, José Lira y Lucas Matheus, que devendrían luego líderes clave de LCR.

En este pequeño núcleo, constituido por antiguos militantes medios o activistas de base del PCV, Maneiro fue sin duda el líder principal. Los documentos que dejó escritos revelan sus dotes intelectuales e instinto político. Según establece en sus escritos, en el año 1971 continuaron de manera informal los contactos entre el grupo, pero la idea de constituir un partido pareció durante los primeros meses algo descabellado. En sus palabras: “Existían nueve posibilidades sobre diez de que el grupo perdiera su calidad inicial, la confianza en sí mismo y que terminara por no insistir en los supuestos políticos de los cuales partía”.

Venezuela 83 y Causa R

A pesar de que Maneiro decía dudar en constituir una organización política, muy pronto se decidió a echar algunas bases para garantizar la sedimentación de las ideas que él y sus compañeros, más una serie de otras personas, en su mayoría jóvenes vinculados a movimientos populares, venían discutiendo. De allí la publicación para su difusión en el mismo año 1971 de las Notas negativas.

Ese libro fue una recopilación de escritos del grupo, que se dio a conocer bajo el nombre de Venezuela 83, el cual constituye el antecedente inmediato de LCR. Maneiro le dio el nombre de Venezuela 83 para asociarlo al año en que se produciría la reversión de la mayoría de las concesiones petroleras en manos de las compañías transnacionales. Maneiro comprendía que ese proceso sería crucial para la sociedad venezolana y abogaba por que se adelantara ese proceso de reversión. En Notas negativas, Maneiro también analizó el fracaso de la lucha armada en Venezuela, criticó a fondo al PCV, su estructura y funcionamiento; reflexionó sobre el papel de la vanguardia del movimiento popular, los problemas de eficacia y calidad revolucionaria de las organizaciones que habían dicho representar al pueblo. Opinaba que eran pocas aquellas que lograban entusiasmar por su régimen interno, su frescura, creatividad, relaciones y sensibilidad hacia las masas. En los escritos finales de Notas negativas se encuentra ya la matriz conceptual de lo que será la futura LCR.

Maneiro tenía la idea de que la fundación de un partido no podía concebirse como el comienzo de un movimiento revolucionario, sino al revés, un partido era el resultado de un movimiento revolucionario en un cierto grado de su desarrollo. Dijo que había que darle contenido político a la asombrosa y espontánea capacidad de movilización de las masas, participar en las infinitas y variadas formas del movimiento popular, con el convencimiento de que esas masas resolverían ellas mismas el asunto de su dirección política. En vez de partir de una estructura política dada, se debía confiar en que el movimiento popular tomaría en sus manos la tarea de producir de su seno un nuevo liderazgo. Esa construcción de una vanguardia ligada al movimiento de masas, surgida de su práctica y experiencia era también, para Maneiro, una construcción ideológica.

Estas ideas deben verse en el contexto de lo que fue el debate venezolano de finales de los años 60 entre intelectuales y militantes de izquierda en torno a las formas de la lucha revolucionaria. Ese debate a su vez se insertaba en el marco más general de la izquierda latinoamericana. En el caso venezolano, dada la magnitud de la derrota guerrillera, pero también en virtud de la calidad intelectual y diversidad política de sus líderes, se desarrolló un cuestionamiento severo a la propuesta foquista, a las extrapolaciones de experiencias y al autoritarismo de los partidos comunistas. Estas nociones fueron identificadas como causas importantes de la derrota. Debe recordarse que la guerrilla venezolana fue, de una manera importante, de extracción media y universitaria, y que no solo el PCV y sus desprendimientos participaron en la lucha armada, sino también una disidencia de AD llamada MIR. Por otro lado, para fines de esa década, buena parte de los miembros de estos grupos reconocía la imposibilidad, dadas las condiciones del país y la derrota militar que habían sufrido, de plantear cualquier forma de lucha armada. De allí que comandantes como Maneiro o Petkoff se esforzaran por encontrar una nueva articulación con el movimiento popular a través de propuestas teóricas y prácticas adecuadas a las específicas condiciones del caso venezolano, y a la inconveniencia e imposibilidad en el corto o mediano plazo, de utilizar la violencia como forma de lucha.

En coherencia con estas ideas, el reducido grupo de Venezuela 83 decidió no crear una organización, con acta constitutiva, burocracia y estatutos, sino insistir en la necesidad de un partido en permanente formación. Para ello se imaginaron que tenían que dedicar todo sus esfuerzos a la construcción de un tipo de vanguardia que fuese el resultado del encuentro entre el grupo que ellos eran, el cual caracterizaban como fruto de la crisis del marxismo, y el liderazgo que provenía del movimiento espontáneo de las masas. Decía Maneiro que el liderazgo popular se producía constantemente en todas las actividades, por ejemplo en un juego de béisbol. Había pues, que ir al encuentro de ese liderazgo.

Durante 1971, Maneiro y su grupo evaluaron qué tipo de movimientos de masas con potencial para el cambio existía en Venezuela y escogieron tres para crear la vanguardia: el estudiantil de la UCV, el obrero de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y el popular de la zona popular de Catia en Caracas. La UCV vivía para ese momento un gran dinamismo producto del proceso de la renovación universitaria. En Sidor se había producido una huelga de gran importancia que fracasó y dejó como saldo 514 despedidos. Allí había mucho descontento laboral y se estaba desarrollando un movimiento obrero alternativo al de las organizaciones sindicales tradicionales controladas por AD y Copei. La barriada de Catia, decía Maneiro, era como una ciudad dentro de Caracas, con medio millón de habitantes y sus particulares clases alta, media y baja. Tenía tradiciones combativas, estaba poco contaminada del “lumpen político” que abundaba en otras barriadas y era menos aluvial que los barrios populares de Petare al este de la ciudad.

La tarea podía parecer descabellada tomando en cuenta lo escuálido del grupo inicial. Pero para Maneiro y su grupo se trataba de un trabajo lento, meticuloso, quizá de pocos resultados a corto o mediano plazo. Dentro de esta perspectiva es como se explica, por ejemplo, que en enero de 1972, Pablo Medina, uno de los miembros del grupo, saliera solo para Ciudad Guayana con la tarea de crear en Sidor el comienzo de una agrupación obrera.

Sidor fue uno de los principales proyectos industriales de la democracia venezolana. Fue una empresa básica del Estado, ubicada al sur del país, en una zona de escasa población, que aprovecha un conjunto de ventajas comparativas que posee el lugar, entre ellas un cuantioso potencial hidroeléctrico. Gracias a la dinámica generada por esta industria metalúrgica y, posteriormente, con el establecimiento de la industria del aluminio, Ciudad Guayana se convirtió desde los años 60 en un polo de atracción de la migración interna del país, que al correr del tiempo produjo una comunidad sin lazos históricos con la zona, y fundamentalmente constituida por una población de obreros y empleados del Estado venezolano. Por otra parte, y a diferencia del complejo industrial ubicado en el eje centro-costero del país, en Ciudad Guayana las condiciones de trabajo y vida siempre fueron muy duras, la seguridad e higiene en los puestos de trabajo, pésimas, y el Estado estuvo poco dispuesto a jugar el rol de propietario paternalista. Pasaron años antes de que los trabajadores de Sidor pudieran obtener la firma de un contrato colectivo. El potencial combativo que allí vieron los de Venezuela 83 se derivaba justamente de estas particularidades. Para el año en que Medina salió para Ciudad Guayana, esta ciudad era también un imán para algunos otros grupos de izquierda, aunque los partidos tradicionales parecieron no percatarse de lo que allí podría producirse.

Medina se empleó como obrero en el horario nocturno y comenzó a sacar un periódico llamado El Matancero. Al principio fue clandestino, por las características autoritarias del sindicalismo allí dominante, controlado por una burocracia corrompida asociada principalmente a AD. Los primeros números los redactó Medina prácticamente solo, ayudado por algunos activistas de Caracas que venían durante el fin de semana. Para fines de 1972, “Matancero” era un grupo constituido por unos 10 obreros. Hacia 1973, el perito eléctrico Andrés Velásquez colaboraba con el grupo. En 1974, Velásquez dio su primer discurso frente al portón de Sidor[12] a favor de la plancha del movimiento Matancero en las elecciones sindicales de Sutiss (Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares). Por esta época, según afirma en entrevista que le hizo años más tarde el activista Farruco Sesto, conoció a Alfredo Maneiro.

Cinco años después, en 1977, Tello Benítez, otro líder surgido del movimiento popular, logró ganar un puesto en Sutiss. Desde esa posición comenzó el ascenso del “nuevo sindicalismo” que “Matancero” representaba. Además de la honestidad que esgrimían frente a la corrupción del sindicalismo tradicional, “Matancero” luchaba por reivindicaciones tales como la participación democrática de los obreros en las decisiones sindicales que les afectaban, algo que era inexistente en el sindicalismo de la zona, y la higiene y la seguridad de los obreros en sus puestos de trabajo, temas no tocados por los otros líderes sindicales. Benítez discutía en la mesa de negociaciones con la empresa y el sindicalismo tradicional, mientras Velásquez se encargaba de informar a los obreros frente al portón.

Dos años después, en las elecciones sindicales de 1979, la plancha del “Matancero”, encabezada por Velásquez, logró ganar control sobre el sindicato Sutiss. Como reacción y luego de una serie de atropellos, que sería largo exponer, en 1981 el sindicato fue intervenido por Fetrametal, la federación sindical a la cual estaba afiliada Sutiss y que siempre había sido controlada por el sindicalismo de AD. Velásquez, Benítez y algunos otros obreros fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Pero en 1988, después de siete años de gestiones y luchas, el sindicato fue desintervenido, se llamó a elecciones y “Matancero” volvió a ganar. Las estrategias del sindicalismo tradicional habían perdido la batalla. Comenzaba la fama y expansión del Sindicalismo Alternativo, que para esta fecha agrupaba a unos 40 sindicatos y gremios en todo el país.

Los otros movimientos de masas sobre los cuales Venezuela 83 o LCR buscó incidir, tuvieron momentos de esplendor, pero a diferencia de “Matancero”, los núcleos organizativos no llegaron a consolidarse.

En la UCV, mientras duró el proceso de la renovación universitaria, el grupo aglutinado alrededor del periódico PRAG tuvo figuración importante en las luchas de las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura. PRAG fue fundado a mediados de 1971 por José Rosales y José Lira, y continuado luego por un liderazgo proveniente de la Liga de Estudiantes, entre los cuales destacaba Edgar Yajure, en Ingeniería, y otros dirigentes de orígenes diversos como Federico Villanueva, en Arquitectura. Ellos hacían una dura crítica a la “politiquería” de los partidos, a la corrupción de algunos de estos en la UCV, como era el caso –según ellos– del PCV y MIR, y abogaban por el rescate de la dignidad estudiantil, vapuleada por el allanamiento y la intervención del gobierno a esa casa de estudios desde 1969.

La incorporación del grupo de PRAG a LCR le dio una presencia importante a esta en la UCV, pero traería tensiones internas en la organización, motivadas principalmente por pugnas de liderazgo y diferencias de personalidad entre Maneiro y Yajure. Las tensiones se expresaron en una confrontación sobre el mayor o menor énfasis que LCR debía poner en investigaciones y discusiones teóricas y conceptuales. En septiembre de 1976 se produjo la expulsión de PRAG, al rechazar Maneiro demandas de ese movimiento para precisar con mayor claridad los objetivos y estrategias de la organización. PRAG abogaba, entre otras cosas, por la creación de un centro de investigaciones y una mayor atención a la formación de cuadros, cosa que Maneiro consideraba desvirtuaba su concepción de LCR como “movimiento de movimientos”. PRAG se disolvió hacia 1979, luego de sacar algunos números más del periódico.

El fracaso en consolidar a PRAG, y en general cualquier otro movimiento intelectual por parte de LCR, fue atribuido por Maneiro a las particulares características de este sector, afectado según él de manera más negativa y profunda que el resto de la sociedad por las condiciones venezolanas de la bonanza petrolera que se dio a partir de 1974. En contraste, para quienes se iban reflejaba la tendencia excesivamente pragmática de la organización fundada por Maneiro, que con el tiempo facilitaría un sesgo “obrerista” y la falta de claridad en sus programas políticos. En la Universidad de Los Andes (ULA) también se creó el grupo BAFLE, aunque tuvo menor impacto que PRAG y desapareció apenas se fueron de la Universidad quienes lo habían fundado, entre ellos Enrique Vila, Roberto Siso y Raúl Lander.

En 1980, Maneiro intentó de nuevo un proyecto que diera espacio para el debate y la generación de ideas creadoras dentro de la intelectualidad del país. Este proyecto se llamó “La Casa del Agua Mansa” y estuvo constituido por unas 30 o 40 personas. Como parte del mismo, se encuentran las publicaciones del Agua Mansa, dirigidas por Farruco Sesto, que recogieron parte del pensamiento y algunos de los rasgos de la evolución de LCR. Allí surgió un problema parecido al de PRAG. Thaelman Urguelles, Ángel Cacique, entre otros, liderizaban un grupo, mientras Farruco era cabeza de otro. La discusión más fuerte era en torno al papel del Agua Mansa. Para Farruco se trataba de un lugar, un espacio para promover, animar la discusión. Urguelles, en cambio, pensaba que había que tomar posiciones definidas con respecto al medio artístico e intelectual. Estas dificultades de concepción y liderazgo acabaron con el proyecto.

El grupo Catia 83, que luego daría lugar a Pro Catia tuvo un inicio lento y difícil a inicios de los años 70, pero terminó desarrollando una gran actividad de diversa índole. Al igual que en los otros movimientos, empezó sacando el periódico Catia 83, por cuanto Maneiro consideraba este medio más idóneo, respetuoso y democrático que el tradicional procedimiento de captación de militantes practicado por los partidos y que él caracterizaba como de “convencer halagando”. El grupo inicial de Catia estuvo conformado, entre otros, por los hermanos Mora, residenciados en el sector Los Frailes y también por Denis Favier y Alberto Luquen, “El Científico”. Desde Pro Catia se impulsaron muchas actividades comunitarias e iniciativas políticas. Una de las más destacadas fue la recolección en 1976 de 24.000 firmas para impulsar una reforma de la LOCM. Pro Catia buscaba que los concejales representaran a sus comunidades y se estableciera el derecho a revocar el mandato de estos. Pese a vivir en Catia más de medio millón de personas, nunca había habido un concejal de esa zona de Caracas. Además de las reivindicaciones políticas, Pro Catia emprendió una campaña por bodegas populares para la parroquia, solicitó compactadoras de basura para resolver este problema en la zona, abogó por la construcción del Parque del Oeste, hizo campeonatos de “pelotica de goma” como expresión deportiva de una juventud carente de canchas deportivas. El grupo Pro Catia se debilitó y finalmente disolvió en los años 80, principalmente por la tensión y final división de LCR, que se produjo en 1983, luego de la muerte de Maneiro. El problema de la candidatura presidencial de Velásquez sería la causa principal.

Es de señalar que cada uno de estos “movimientos” operaba de una manera relativamente independiente, y lo que se llamó Venezuela 83, y a partir de 1973 La Causa R, era una especie de lazo de vinculación entre ellos. El periódico Causa R, que comenzó a salir hacia febrero de 1973, sirvió para ir identificando a la organización con ese nombre. La R se escribía al revés, según su progenitor, Farruco, por azares del diseño, pero luego se generalizó la idea de decir que era porque Venezuela era un país al revés, y aunque algunos dicen que dicha sigla no significaba nada, se dejaba asociar al concepto de “revolución”. La organización carecía de formalidad, no había acta constitutiva, ni mucho menos estatutos, pero sí se daba un proceso selectivo de incorporación. Como reflejan los escritos de Maneiro, se trataba de un movimiento de movimientos o “una especie de complejo de organizaciones autónomas [...] distintas entre sí [...] hay una especie de mínimo acuerdo ideológico y político que liga al conjunto”. En cuanto a alguna estructura organizativa había una Dirección Nacional (en vez del Comité Central, como en el PCV), formada por los dirigentes de los tres movimientos, pero en la práctica apenas se reunieron (quizá dos o tres veces) por los años 70 y un equipo político para las tareas del día a día.

La división de 1983

Iniciándose la década del 80, los dos movimientos exitosos de LCR eran el sindicalismo alternativo en Sidor, que controlaba uno de los sindicatos más importantes del país, y Pro Catia que había venido conociéndose por sus iniciativas en el campo de las reivindicaciones comunitarias. Sin embargo, en rigor, la organización era una agrupación pequeña y focalizada en sólo dos puntos de la extensa geografía venezolana. En 1978, para llenar un requisito del CSE, a la R se le dio el significado de “radical”, según Farruco, en su concepción de “enraizado”.

Maneiro, desde la etapa de la primera bonanza petrolera (1974-1978), había venido reflexionando sobre las dificultades de expresión política de los movimientos populares venezolanos. Por ejemplo, en las elecciones de 1973, criticó al MAS por haber, según su criterio, diluido de tal manera el concepto de socialismo que lo vació de significado transformador y el electorado no lo vio como una opción de cambio real y viable. También reconoció como error la posición abstencionista que tuvo tanto LCR como otros grupos de izquierda, ya que la población siguió volcándose hacia las urnas en clara indicación de la confianza en los mecanismos institucionales. Maneiro comprendió tempranamente que en Venezuela había que buscar las transformaciones a través de dichos mecanismos.

Pero la idea clave que va a manejar a fines de los años 70 y para las elecciones de 1983 es la de que la política venezolana estaba bloqueada, que AD había perdido su capacidad para transmitir un mensaje a la población, y Copei no podía levantar el entusiasmo en virtud del pésimo gobierno de Herrera. Esto, según Maneiro, estaba produciendo la “orfandad electoral” a unos 2 millones de venezolanos. Se le ocurrió entonces que había que desbloquear esta situación, yendo al rescate de ese electorado que ocupaba el centro del universo político. Para ello había que presentar una opción de “centro”, no de izquierda, pues las organizaciones de esta tendencia no tenían capacidad de convocatoria y habían llegado a un techo desde el cual no parecían poder crecer más.

LCR comenzó entonces a acercarse a ciertas figuras consideradas “de centro”, entre ellas Jóvito Villaba, el fundador de URD, para proponerle la candidatura presidencial. La que cuajó, sin embargo, fue la candidatura del editor de la revista Resumen, el periodista Jorge Olavarría, en julio de 1982. De origen pudiente y mentalidad más bien conservadora, Olavarría había venido cumpliendo un papel importante en las denuncias de todo tipo de corrupción, en especial las que se producían en el sindicalismo de Guayana. Olavarría defendía la posición del Nuevo Sindicalismo y sus artículos contribuyeron a dar a conocer el movimiento de Matancero y a su dirigente Velásquez. La opinión pública quedó un tanto sorprendida de esta alianza pero, indudablemente, Olavarría le daba a LCR acceso a una de las revistas más leídas por aquella época.

Mientras vivió Maneiro los movimientos populares de LCR respaldaron aparentemente sin conflictos esta nominación. Su incuestionable liderazgo y la misma autonomía y ambigüedad ideológica de los movimientos favorecieron el que depositaran en él la confianza necesaria para manejar las dificultades que podrían suscitarse. Pero en noviembre de 1982 Maneiro murió inesperadamente. Tenía 45 años. Fue un golpe durísimo para la organización, pues era un momento en que parecía que comenzaba a adquirir alguna visibilidad, gracias a la candidatura de Olavarría y a través de ella, por la difusión de las actividades de los movimientos en la revista Resumen. Muchos temieron que la organización como proyecto político fuera a cancelarse. Hubo desespero en Pro Catia, pues se pensaba que tantos años de trabajo iban a perderse.

Olavarría, por su parte, pensó que él podía llenar el vacío dejado por Maneiro. Pero si bien tenía buenas relaciones con el movimiento de Pro Catia, tenía roces con los dirigentes fundadores de la organización, en especial con Pablo Medina y Lucas Matheus. Olavarría tenía una personalidad dominante y poco que compartir con los obreros de Sidor. Poco antes de vencerse el plazo para la inscripción en el registro electoral de las candidaturas, Olavarría puso condiciones a LCR: entre ellas pidió la Secretaría General de la organización. Algunos intelectuales como Urguelles estuvieron de acuerdo, pero otros cuadros de la Dirección rechazaron la propuesta y lograron prevalecer. Olavarría renunció y se lanzó al Congreso con una agrupación llamada Opina. Comenzaban los problemas.

Siguiendo la idea de buscar “el centro”, Urguelles y su grupo propusieron unirse a la candidatura del expresidente Caldera. En un pleno que tuvo lugar en la UCV se discutió esta candidatura e incluso el grupo llegó a lanzar un comunicado por el periódico. Para el movimiento de Matancero, Caldera era inaceptable. Durante su gobierno se dio el despido de los 514 obreros de Sidor. Ellos querían lanzar al presidente de su sindicato, Andrés Velásquez. Ya no estaba Maneiro para mediar en la disputa.

Al ser rechazada la candidatura de Caldera, Urguelles, junto con el movimiento Pro Catia y la mayoría de los intelectuales que quedaban en la agrupación, abandonaron LCR. Se perdía ahora el brazo barrial y lo que restaba del intelectual, quedándose la organización reducida al grupo que se había salido del PCV en 1970, más la dirigencia del movimiento de Matancero. El sesgo obrerista que a partir de entonces adquirió fue hasta cierto punto inevitable.

Después de las elecciones nacionales de 1983, la organización pareció herida de muerte. Velásquez sacó unos 6.000 votos presidenciales en esos comicios, mientras perdía, en lo que muchos vieron un fraude electoral, la diputación por el estado Bolívar. Pero seis meses después, en las elecciones municipales de 1984, LCR llegaba en segundo lugar como partido en el estado Bolívar. La organización decidió entonces concentrarse en ese estado, apoyándose en los trabajadores de la zona del hierro para derrotar al bipartidismo de AD y Copei.

A partir de esa fecha LCR siguió lentamente su evolución, tratando de fortalecerse como organización local en los municipios más populosos del estado Bolívar, además de extender la influencia del movimiento Matancero entre los sindicatos. Faltándole Maneiro, no volvió a ensayar el desarrollo de nuevos movimientos populares, quedándose centrada en el sindicalismo de Matancero. Por otra parte, por las características del partido, en cuanto a cobertura y dinámica organizativa, la incorporación de nuevos miembros era muy lenta, por ser selectiva y básicamente individual, debiendo cumplir el requisito de ser activistas políticos. El único grupo significativo que después se incorporó fue el encabezado por Alí Rodríguez en 1987. Era este un pequeño grupo que se había desprendido del Partido de la Revolución Venezolana (PRV). En cuanto a Aristóbulo Istúriz, quien también sería en los años 90 uno de los líderes más importantes, se incorporó hacia 1986 y de manera básicamente individual, aunque había fundado el sindicato magisterial SUMA y parte del mismo se vino a LCR.

Evolución entre 1989 y 1993

El desempeño político de LCR en las coyunturas electorales de 1983 y 1988 fue de poca significación. Mientras los candidatos presidenciales de AD y Copei acaparaban entre los dos respectivamente el 87% y el 93%, de las preferencias del electorado, el MAS, las alianzas de la izquierda y aun algunos movimientos electorales coyunturales como el de Olavarría en 1983 o el de Vladimir Gessen en 1988, superaban cómodamente al candidato Velásquez y su partido. Pero en el estado Bolívar, la votación de LCR se ponía interesante: en 1983 obtuvo 7,96% del total de votos pequeños, lo cual significó un crecimiento de 178% con relación a las elecciones anteriores. Seis meses después, en 1984, en las elecciones a concejales alcanzó el 17,13%, con lo cual obtuvo cuatro concejales en el municipio Caroní y uno en Heres. En diciembre de 1988, LCR logró al fin un diputado directo al Congreso Nacional por el estado Bolívar, y sorprendentemente otros dos por cociente en el DF y estado Miranda. La organización estaba creciendo en Guayana y adquiría un poco de presencia también en Caracas (v. cuadro Nº 14).

Fue en este contexto en los que se produjeron los dos procesos que van a traer a LCR al frente del escenario político venezolano: la severa crisis social y política de Venezuela y, en estrecha relación con ella, la aprobación de las leyes de descentralización. Fue entonces cuando comenzó su ascenso.

Como ya señalamos en capítulos previos, las primeras elecciones regionales y municipales de diciembre de 1989 reflejaron el grado de rechazo de la población al gobierno de AD presidido por Pérez. Pero junto al voto castigo ejercido por las comunidades regionales, el primer proceso de elección de gobernadores también comenzó a hacer visibles las potencialidades de un liderazgo regional hasta entonces irrelevante como variable en la escogencia de candidatos para cargos públicos. Si con anterioridad las cualidades de un candidato se medían por su destreza al hacer favores y tejer las vinculaciones necesarias para que los miembros de los “cogollos” partidistas lo eligieran, ahora esos cogollos también debían considerar el carisma y arraigo de sus candidatos en la entidad para poder competir en el juego electoral. Esto de hecho comenzó a crear tensiones en el seno de los partidos hegemónicos y produjo no pocos enfrentamientos entre el liderazgo nacional y los cuadros medios. En el caso de los estados Aragua y Bolívar, el peso del carácter regional de las candidaturas de Tablante por el MAS y Velásquez por LCR jugó un papel significativo. En menor grado, esto también influyó en la victoria de Oswaldo Álvarez Paz, de Copei, en el estado Zulia.

Es de señalar que el estado Bolívar, donde LCR se había concentrado desde inicios de la década, había sido desde siempre una región adeca. Sin embargo, graves denuncias de corrupción afectaban al sindicalismo afín a ese partido, sobre todo a sus dirigentes. Adicionalmente, pugnas de liderazgo regional habían sumido a AD en una grave crisis y parece que muchos de los militantes desoyeron la línea partidista y votaron por LCR. Este factor pudo darle la diferencia necesaria a Velásquez para ganar, pues sin alianzas obtuvo el 40,30% de los votos mientras AD, que llegó de segundo con su candidato Jorge Félix Martínez, obtuvo el 36,69%, es decir, la diferencia fue solo de 3,61%. La abstención fue la cuarta más alta del país: alcanzó el 55,82%.

Además del triunfo de Velásquez en la gobernación, el partido sacaría dos alcaldes: Clemente Scotto en el municipio Caroní del estado Bolívar –que corresponde a Ciudad Guayana– con 27.200 votos, el 33,86% del total y Luis Lorenzo Aguilar en el municipio Miranda del estado Carabobo, con 975 votos, el 37,75% del total. Esta última era una pequeña alcaldía y en este caso la votación de LCR estuvo por debajo de las expectativas de la organización.

El triunfo en Bolívar fue una sorpresa para el resto del país. Pero según Velásquez, días antes los dirigentes de AD en la zona supieron que iban a ser derrotados y se aprestaron a preparar un fraude. LCR, que los conocía bien, por su traumática experiencia en Sidor con Fetrametal, comenzó desde temprano esa tarde a hacer la denuncia del fraude, mientras la población de Ciudad Guayana se echó a la calle en claro respaldo a la organización. Velásquez cuenta que fue a Radio Caroní a hacer la denuncia. Cuando salió había una multitud esperándolo y luego una caravana interminable de vehículos. Se corrió la voz entre las fábricas y muchos obreros dejaron sus puestos de trabajo. Al día siguiente, aún sin decidirse el ganador, Sidor prácticamente se paralizó. En Ciudad Bolívar, la capital de la entidad, la actividad se detuvo y se dio cerca de la sede del centro electoral una manifestación de miles de personas. Velásquez viajó a Caracas, al CSE, a informar lo que sucedía y solicitar un pronunciamiento definitivo. Cuando regresó, según él, había no menos de 10.000 personas en el aeropuerto. Estas movilizaciones fueron determinantes y poco después AD convocó a una rueda de prensa en el estado, para reconocer el triunfo de LCR. Velásquez declaró que la gente estaba dispuesta a defender el triunfo aun con sus vidas y LCR estaba con ella.

Con la alcaldía del distrito Caroní, la situación fue más o menos la misma. Allí también hubo sospechas de que AD y Copei se aprestaban a cometer un fraude, e igualmente la gente se movilizó para defender el triunfo. La tensión llegó a tal extremo que los votos no pudieron contarse en el sitio, sino que hubo que llevarse las actas electorales al CSE en Caracas a objeto de contabilizarlas allá. La Junta Electoral Principal del Caroní le dio el triunfo a AD y hasta juramentó como alcalde al candidato adeco, mientras en Caracas se declaraba como alcalde a Scotto.

Tres años después, las dificultades políticas no habían hecho más que agudizarse por los dos golpes de Estado fallidos. En diciembre de 1992, a escasos ocho días de la última asonada, Velásquez, buscando la reelección como gobernador, sacó 135.673 votos, esta vez el 63,36% de los votos válidos. Así mismo, LCR pasó a controlar las tres alcaldías más populosas del estado: repitió en el Caroní con su alcalde Scotto, quien obtuvo ahora el 68,36% de los votos válidos. En el municipio Heres, donde se asienta Ciudad Bolívar, la capital del estado, LCR obtuvo el 47,88% de los votos válidos. La alcaldía del municipio Piar, donde se encuentra Ciudad Piar, la obtuvo Amerigo de Grazia, de LCR, con el 45,77%. El estado Bolívar tiene un total de 10 alcaldías, las siete restantes no sobrepasan ninguna los 25.000 electores, mientras en los casos anteriores se está por encima de los 60.000. AD ganó sin alianzas tres alcaldías y Copei en alianza con otras agrupaciones las cuatro restantes. En los municipios ganados por LCR la abstención siguió siendo alta, por encima del promedio del estado.

El triunfo de LCR en Bolívar estaba dentro de lo previsto. Las gestiones del gobernador y del alcalde Scotto habían obtenido la aprobación de la población y se esperaba un respaldo importante. Sin embargo, la expansión en estos comicios sobrepasó sus propios cálculos, pudiendo decirse que la organización, que durante años fue tan celosa de diferenciarse del resto de los partidos políticos venezolanos, comenzó a recoger los frutos de su estrategia cuando, como ya se señaló, la población urbana de Caracas, así como la de su entorno en el estado Miranda, deseosa de ejercer un voto castigo contra el gobierno de Pérez, los partidos y aun contra el sistema político tradicional, encontró entre la abstención y el voto a Istúriz, de LCR, los medios para dejar claro su mensaje. La presión popular fue allí una vez más decisiva e Istúriz fue declarado ganador por un estrecho margen.

Exceptuando al estado Bolívar y el DF, LCR solo ganaría dos alcaldías más, ambas bastante pequeñas. Fueron estas la alcaldía del municipio Miranda, en el estado Carabobo, donde repitió su triunfo de 1989 con 30,05% de los votos válidos, y el municipio Arismendi del estado Nueva Esparta, donde con 1.823 votos tuvo el 27,74% de los votos válidos. Aparte de estas entidades, LCR tuvo bajos promedios de votación en el resto del país. Solo promedios de un dígito o fracción de cero, exceptuado algunos municipios del estado Miranda, Cabimas, en el estado Zulia y Santos Michelena, en el estado Aragua, donde en ningún caso se llegó a sobrepasar el 16% del total de los votos válidos.

En las elecciones nacionales de 1993 se rompió el esquema bipartidista AD-Copei, vigente en Venezuela desde fines de la década del 60. Una alianza del MAS con la disidencia del partido Copei nucleado en el movimiento electoral “Convergencia”, así como con un nutrido grupo de pequeños partidos de diversas tendencias políticas, conocido durante la campaña como “El Chiripero”, lograron el triunfo de Caldera con el 30,45% de los votos válidos. El segundo lugar fue duramente disputado entre tres candidatos, quedando oficialmente LCR en cuarto lugar con el 21,94% de los votos del electorado. AD llegaría de segundo con el 23,59% y Copei de tercero con el 22,74% de los votos válidos. En cuanto a los resultados para el Congreso Nacional, LCR se transformó en el tercer partido político de Venezuela, desplazando de ese lugar al MAS. Iniciaría este período (1994-1998) con una significativa fracción parlamentaria compuesta de nueve senadores y 40 diputados, cifra muy superior a la que había tenido el MAS en toda su trayectoria.

Cambios en el discurso

Es justo preguntarse si este proceso sostenido de expansión que tuvo LCR entre 1989 y 1993 trajo aparejada alguna transformación de sus objetivos y discurso. Una primera reflexión salta a la vista. El líder fundador, Maneiro, fue el principal pensador político del grupo, no solo en cuanto a la elaboración de los diagnósticos de la realidad venezolana con miras a las estrategias y tácticas políticas, sino también en términos de concebir el tipo de organización e ideología que debían orientar a LCR. La muerte de Maneiro en 1982 significó por tanto una pérdida muy significativa que fue solo llenada a medias.

Mientras Maneiro estuvo al frente de LCR mantuvo vivo el debate y la polémica. Los distintos periódicos que su grupo fue fundando con el propósito de que la organización se enraizara en los movimientos populares reflejaban su afán de sedimentar y poner a prueba las ideas que había concebido respecto a los movimientos populares, la vanguardia y la política en general. Por otra parte, PRAG y Agua Mansa contribuyeron también en los años 70 e inicios de la década del 80 a la circulación de ideas respecto a la realidad venezolana de sus momentos, así como las exigencias organizativas de un partido que dijo perseguir la “revolución social”. Es de señalar que el marco conceptual desde el cual se reflexionaba en Venezuela 83 y LCR era fundamentalmente marxista, aunque no se tratara de un pensamiento ortodoxo. Hemos visto cómo Maneiro le dio especial importancia a los conceptos de movimiento popular y de vanguardia. Escribió sobre las relaciones entre ambos y una de sus preocupaciones constantes fue cómo se podría garantizar en la segunda su eficacia y “calidad revolucionaria”. Su gran rechazo al PCV lo llevó a concebir una organización apartada de los parámetros leninistas en los cuales se movían casi todos los otros partidos en Venezuela. Había, según él, que crear un partido desde abajo, orgánicamente vinculado al movimiento popular; un partido en permanente construcción y una ideología siempre en movimiento, haciéndose a la par de las luchas populares.

Los escritos de Maneiro posteriores a las elecciones nacionales de 1973 y la bonanza petrolera que ocurrió en Venezuela desde 1974 revelan también otros conceptos y palabras clave de su discurso: la democracia, por ejemplo, presente desde la ruptura con el PCV, se hizo más reiterativa y clara: se plantea que hay que impulsar una discusión sobre la democracia, pues el concepto que prevalece es la versión adeca, que alude a la renovación cada 5 años de concejales, diputados, senadores y presidente, lo cual es una expresión mínima, puramente comicial de la misma. El tema de las versiones de la democracia fue desarrollado a propósito de la situación municipal y de los derechos humanos, proponiendo una democracia “radical” como bandera de la izquierda. La bonanza petrolera, por otra parte, obligó a modificar el diagnóstico de la realidad venezolana y las condiciones en que habría de desarrollarse el movimiento popular. Según Maneiro, las medidas populistas implementadas entonces por el primer gobierno de Pérez golpeaban la capacidad de negociación de los sindicatos revolucionarios, debilitando tanto a estos como a la izquierda en general.

Durante estos años, pese al claro esfuerzo por diferenciarse del resto de las organizaciones políticas de izquierda, Maneiro no negó su ubicación marxista, ni siquiera de izquierda. En una entrevista concedida a Agustín Blanco en 1981, le dijo rechazar “el izquierdismo” y que él, Maneiro, se consideraba más de izquierda que muchos de los que no lo consideraban de esa posición política. Preguntado si LCR era marxista, Maneiro le repreguntó si era necesario tener una etiqueta en uso, y consideró esto un falso problema. Maneiro dijo que la ideología de la organización era democrática, en el sentido que le dio Marx: “cuando el movimiento revolucionario conquiste el poder, conquista la democracia”. Luego le señaló que calificarlo a él o a la organización de marxistas era presentarlos de una manera fácil para que la gente los identificara con quien ellos no deseaban ser identificados, es decir, con partidos como el MAS o la Liga Socialista. Él prefería presentar una práctica y que la gente escogiese. Solo aceptaría la afirmación de que LCR era marxista si se la aceptara como la única organización marxista en Venezuela.

Como se advierte, LCR se construyó sobre unas bases teóricas dentro de los parámetros del marxismo. Sus acciones políticas, por otra parte, venían respaldadas por constantes diagnósticos de la realidad sociopolítica venezolana elaborados principalmente por Maneiro. En los años 80 se incorporó a este cuerpo de ideas la del “centro político” que ya hemos señalado a propósito de la candidatura de Jorge Olavarría.

Lo que ocurrió después de la muerte de Maneiro fue más bien la utilización de estos diagnósticos, conceptos e ideas, para reinterpretarlos a la luz de dos nuevos hechos: la preeminencia de Matancero como el movimiento popular principal y la paulatina conversión del partido en una organización con opción real para gobernar, tanto en esferas locales y regionales como en la esfera nacional.

En 1990, Velásquez, ya gobernador del estado Bolívar, dijo que era una idea fundamental de LCR, parte de la ideología, la de que “los trabajadores pueden gobernar”. Con ello precisaba el sector social que representa y daba un cambio del término de “la clase obrera” del discurso pasado, buscando un sujeto político más amplio. Se usará en adelante en todos los discursos de esta organización política. Pablo Medina, secretario general y uno de los fundadores de la organización, fue más directo aún en este aspecto. Para él, LCR es un partido de los trabajadores. Ello se refleja en su dirección, según él, conformada mayoritariamente por trabajadores. La razón le es clara: el liderazgo de los trabajadores está por encima del estudiantil en Venezuela, y si no supera a los intelectuales en conocimientos sí lo hace en el terreno político.

Esta centralidad de los trabajadores, un término que diluye y amplía el de los obreros, puede considerarse un estrechamiento del pensamiento de Maneiro sobre LCR. En realidad no se encuentra en sus escritos más conocidos esta suerte de “sujeto último” del movimiento de movimientos que era la organización. Pero es lógico pensar, por la matriz marxista y la concepción de que el proyecto se construye en la acción del movimiento popular, que tampoco es contradictorio con su manera de concebir la organización. Diríamos que es un derivado histórico de la hegemonía que adquirió el movimiento de Matancero, una vez que desaparecieron los otros movimientos. Es de notar que tampoco se hablará más del problema de la vanguardia, aunque siga manteniéndose la condición de activista social para militar en el partido.

A partir del triunfo de Velásquez en Bolívar, la necesidad de dar algunas respuestas a las exigencias de gobierno fue esbozando otros elementos para configurar de manera aún vaga la idea del objetivo de LCR para la sociedad venezolana. Estos elementos carecían de mayor desarrollo teórico o fundamentación conceptual, reflejando la tendencia hacia una visión pragmática e inmediatista de la política por parte de la organización.

El programa de gobierno de Velásquez al tomar posesión de su cargo en 1990 puede considerarse a escala regional el primer embrión del proyecto sociopolítico de LCR, un embrión que será desarrollado años después por el partido Patria Para Todos, cuando LCR se divide en 1997 y una parte de sus dirigentes funda esta nueva organización política. Constaba de cuatro “grandes líneas” orientadoras: en primer lugar, el ejercicio de la democracia, esta entendida no solo como una forma de elegir, sino de gobernar. Segundo, el acabar con la corrupción. La tercera se refería a conseguir eficacia y claridad en los servicios, en especial en salud, educación y seguridad personal. La cuarta línea, desarrollar la región de Guayana de acuerdo con unos criterios que divergen del desarrollo de la misma concebido por el Estado venezolano. LCR proponía entonces, no la estrategia de los megaproyectos para una industria fundamentalmente de exportación de materia prima (hierro, aluminio, bauxita), sino un desarrollo aguas abajo, con una industria mediana y manufacturera que transformase la materia prima en el mismo estado.

En 1991, con la vista puesta no solo en la reelección de Velásquez como gobernador sino en la construcción de su candidatura para presidente de la República en 1993, LCR adelantó lo que a su manera de ver era un proyecto alternativo para la sociedad venezolana. Las líneas de este proyecto eran similares a las esbozadas con anterioridad para la región de Guayana, aunque en la línea cuarta se añadió el rechazo a “la privatización a ultranza”. También, como novedad, estaba presente un ingrediente nacionalista que no se había enfatizado previamente. Afirmaba entonces Velásquez: “es [será] un gobierno [...] con amor a la patria, que en mi opinión no existe”.

Es importante señalar que los componentes del discurso de LCR con relación al desarrollo económico deseable para Venezuela eran poco definidos, simples y formaban parte del discurso de oposición que durante esos años promovió un grupo de disidentes en Copei, liderados por Caldera; algunos independientes y el partido MAS, que vendrían a constituir el movimiento electoral “Convergencia” para impulsar la candidatura presidencial de Caldera. En general, el equipo del programa de gobierno de Caldera tuvo declaraciones más elaboradas que LCR sobre un desarrollo económico alternativo al proyecto de naturaleza neoliberal que respaldaban los partidos AD y Copei. Los otros elementos del discurso de LCR tampoco fueron de mucha originalidad, no obstante el hecho de enfatizar el origen “trabajador” del gobierno de LCR y de respaldar lo dicho con evidencias de pulcritud en el manejo de los recursos públicos, lo que le daba un atractivo en ciertos sectores sociales del que carecían otras agrupaciones.

En la campaña electoral de 1993, LCR presentó a la opinión pública un documento-base de su proyecto para Venezuela. En la introducción al mismo se señalaba la imperiosa necesidad de acometer una rectificación del rumbo de la sociedad, para encaminarla a una sociedad “justa, equilibrada, tolerante, solidaria, eficiente, productiva y civilizada”. El proyecto se basaba en dos grandes lineamientos para alcanzar esto: una radical transformación cultural y una revolución productiva. La primera buscaría que “el conjunto de la sociedad esté formado por verdaderos ciudadanos, que puedan disfrutar de la libertad que les pertenece y de todos los bienes que ofrece la vida en sociedad”. Acometería como tarea, entre otras, la democratización de la vida social en todas sus instancias, una profunda reforma educativa, instauración de un Estado de derecho mediante reformas del ordenamiento legal de la República, reforma urbana, programa contra la corrupción y relanzamiento de las nociones de patria y soberanía.

La revolución productiva buscaría dejar atrás la economía “rentista”. Por ello se entendía avanzar hacia una reforma petrolera integral, reconociendo que se mantendría este rubro como el centro de la actividad económica, pero no como renta sino en su capacidad productiva. La reforma se apoyaría en tres bases: permanencia en la OPEP siempre que hubiese reciprocidad, desarrollo de asociaciones estratégicas complementarias para obtener apoyo financiero, tecnológico o acceso a mercados. En esta idea debían abrirse las asociaciones también al capital nacional y no solo al internacional y, finalmente, transformar los hidrocarburos en la mayor cantidad de productos elaborados no destinados a la producción de energía. Esta política petrolera sería complementada por un desarrollo del potencial agroalimentario del país, una estrategia industrial con énfasis en la pequeña y mediana industria, con todo lo cual se podía expandir el mercado interno, considerado en este proyecto como la condición necesaria para una salida racional hacia el mercado externo. Entre otros aspectos económicos se mencionaban: un reconocimiento a la necesidad de estimular la ciencia y la tecnología como fuerzas motrices para la revolución productiva, disminuir el déficit fiscal con descentralización, reubicar a los trabajadores cesantes, así como darles nuevos aprendizajes, renegociar la deuda; privatizar, no las industrias estratégicas, sino las otras, y una reforma tributaria progresiva, que incluyese un impuesto a los capitales venezolanos colocados en el exterior. Muchas de estas orientaciones, novedosas en su momento, reaparecerán años después en el proyecto político que alcanza hegemonía con el presidente Chávez.

LCR, independiente de desarrollos posteriores, que revisaremos en capítulos siguientes y que la llevaron primero a su división y luego a un pronunciado desdibujamiento ideológico y debilitamiento político, fue el medio que facilitó la reaparición en los años 90 de los sectores populares en el espacio político para hacer que se les escuchara, después de años de olvido y supresión. El camino que lo permitió fue la descentralización del Estado y la certera ubicación de LCR en el trabajo local. LCR no era una organización política nueva: estaba ahí, por decirlo de alguna manera, trabajando en sindicatos y barrios sin traicionar sus principios, ni caer en corruptelas. Al encontrarse la población pobre y media huérfana de canales de mediación con el Estado, echaron mano de la organización que con más nitidez se había mostrado ajena a las complicidades del sistema político en la teoría y en la práctica. LCR recogió los frutos de su constancia de dos décadas.

Capítulo 7
Convergencia y el MBR-200[13]

Al calor de la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales, AD y Copei, en los años 90 fueron emergiendo, además de LCR, otros nuevos actores políticos, que buscaban el favor de un electorado desencantado y huérfano de representación y mediaciones. Primero sería el movimiento electoral Convergencia Nacional el que lograría capitalizar el descontento en las elecciones de 1993, llevando al doctor Rafael Caldera a su segunda victoria electoral. Después de este triunfo, el movimiento se trastocó en el partido Convergencia, que apoyó la gestión de Caldera a lo largo del período constitucional 1994-1999, entrando luego a una fase declinante. En este segundo gobierno de Caldera, el Movimiento Bolivariano 200 (MBR-200) comenzó su actividad pública. Actuaría entre 1992 y 1997 como organización política, y ese año decidió constituir una estructura electoral, el Movimiento Quinta República (MVR), con la cual el militar retirado Hugo Chávez Frías obtendría el triunfo presidencial en diciembre de 1998. A partir de 1999 el MBR-200 tendió a desaparecer. Estas organizaciones, al igual que LCR, evidenciaban una búsqueda difícil por parte de la sociedad para reconstruir los vasos comunicantes entre sociedad y Estado perdidos por el deterioro de los partidos signatarios de Puntofijo. Estas organizaciones debutantes revelaban en sus debilidades y fortalezas las cambiantes características de las relaciones de poder de la década.

Este capítulo está dedicado a caracterizar las organizaciones Convergencia y MBR-200 a partir de un análisis de sus orígenes y desempeños políticos hasta 1996. El MVR, de estructura electoral se metamorfosearía luego en el partido de Hugo Chávez, obteniendo importantes éxitos a partir de 1998. Pero de él nos ocuparemos en el capítulo posterior.

Convergencia: de movimiento electoral a partido de gobierno

Así como hemos señalado que LCR fue la organización política que mayor provecho pudo sacarles a las críticas condiciones del sistema político venezolano y al deterioro de sus actores hegemónicos después del Caracazo, el doctor Rafael Caldera fue también un gran beneficiado de la situación política y del malestar social y económico de inicios de la década. Haciendo una oposición frontal, dentro de los límites de la institucionalidad, al segundo gobierno de Pérez, el expresidente logró un sostenido ascenso en su popularidad que lo llevaría por segunda vez a la Presidencia de la República en 1993. A través de la construcción de un movimiento electoral, el movimiento de Convergencia Nacional, y una alianza de partidos –el llamado “Chiripero”– Caldera lograría romper el monopolio que desde 1958 detentaban los partidos AD y Copei en las elecciones presidenciales.

El nacimiento de Convergencia Nacional como organización político-electoral se dio en junio de 1993, en lo que se consideró su Primera Asamblea Nacional, celebrada en Los Caracas, un balneario del litoral central perteneciente al D.F. El 3 de julio de ese mismo año se firmó el acta constitutiva; el 7 de ese mismo mes, el partido Copei expulsó al expresidente de sus filas, y el 23 se inscribió la candidatura de Caldera en el CSE con el respaldo de Convergencia Nacional y otras 12 agrupaciones políticas. Convergencia Nacional se concibió como un instrumento para atrapar al gran movimiento electoral que se había desarrollado alrededor de la figura del expresidente. Su virtud descansaba en su potencial para canalizar el voto de los independientes en diciembre de 1993, pues, si bien Caldera ya había recibido la nominación presidencial del partido MAS, y posteriormente se le fueron sumando otras organizaciones partidarias de disímil naturaleza y doctrina (como el MEP, el MIN y el PCV), la vitalidad de su candidatura provenía de los independientes. Crear una organización para las elecciones significaba ofrecerle al electorado la posibilidad de votar a través de una tarjeta que no se identificaba con ningún partido previo. Esa tarjeta fue la de Convergencia, con el emblema de una pirámide invertida y sus tres colores: amarillo, verde y rojo.

Convergencia se alimentó inicialmente de un conjunto de movimientos, muchos de los cuales se originaron en el seno de Copei: Copeyanos con Caldera, Renace o Convergencia Agraria (Maldonado, entrevista, 1996). Pero también hubo innumerables grupos independientes que ofrecieron su apoyo al expresidente. Entre ellos destacaron la Asociación Nacional de Independientes (ANDI), un grupo de notables que propiciaron un acto llamado “Venezuela Está Primero” y uno muy visible conocido como grupo Tecoteca, cuyo nombre provenía del edificio donde se reunían en Caracas, que tuvo entre sus miembros a personalidades académicas que colaboraron en la formulación del programa de gobierno difundido durante la campaña electoral y que luego asumirían cargos clave en la gestión de gobierno.

La estrategia de Convergencia de presentarse como un movimiento electoral de independientes resultó exitosa y Caldera ganó las elecciones con un total de 1.710.722 votos válidos, lo que correspondió al 30,46% de los votos válidos emitidos. De este total, Convergencia aportó 956.529 votos, que representaron el 55,9% de los sufragios de la alianza. El MAS fue la segunda fuerza de la alianza al aportar al triunfo de Caldera 595.042 votos válidos, es decir, el 34,8% de los votos. Por otra parte, Convergencia obtuvo un total de seis senadores y 26 diputados, constituyéndose en la cuarta fracción parlamentaria del Congreso, con un número ligeramente superior al MAS.

Una vez terminada la etapa electoral, el gran desafío de esta coordinadora de los movimientos electorales de Caldera era realizar su conversión en una organización política capaz de darle sostén político al gobierno y perdurar en el tiempo. En la Asamblea Nacional fundacional de 1993 se habían ya establecido algunas normas organizativas generales, que se ampliaron en los dos años siguientes hasta constituir la incipiente armazón del partido. Hacia 1996, dos eran los documentos oficiales que tenía Convergencia: los estatutos, perfeccionados y aprobados por aclamación en la Segunda Asamblea Nacional de Convergencia celebrada en el Poliedro de Caracas en junio de 1995, y una “Declaración de principios y programa de acción”, también aprobada por aclamación en esa asamblea.

De estos dos documentos y de las entrevistas sostenidas en 1996 con miembros de Convergencia, resaltaba como su característica básica la permanente referencia a construir una identidad y a seguir una conducta que se diferenciara claramente de los partidos tradicionales[14]. Convergencia, por ejemplo, se concebía como una organización de cuadros y no de masas, pues en vez de militantes –decían– captaba “voluntarios”, entre cuyas características debía estar la “habilidad política” (v. Estatutos). Según los entrevistados, en Convergencia se buscaban los líderes naturales de una comunidad. Se supone que un líder tendría personas que se vinculaban a él o que existían en su área otras personas que sin ser líderes estaban interesadas en su comunidad y se iban vinculando a él. Con ellos se constituía un equipo al servicio de la comunidad. No había seccionales, ni células, ni equipos, sino “comandos de actividad solidaria” donde se agrupaban los voluntarios alrededor de uno o varios coordinadores de acuerdo con las tareas que se fijaban. Los coordinadores se elegían en el seno del comando. Estos comandos se constituían siguiendo el trazado espacial de los centros de votación, pues el proyecto, según los estatutos, era que a cada centro de votación le correspondiese un comando de acción solidaria.

Otro punto en que hacían mucho énfasis los convergentes era en fomentar un esquema horizontal y abierto en sus estructuras, para presentarse como opuestos a la verticalidad y autoritarismo de los partidos tradicionales. Siendo más bien una coordinadora de comités electorales que un partido, en Convergencia existía mucha autonomía de los comandos de acción solidaria. La fracción parlamentaria también gozaba de autonomía casi total, generando las posiciones de la organización en materia legislativa. Pero como organización derivada de una coyuntura electoral y aún en proceso de construcción, su lógica organizativa en la práctica era bastante vertical, iba de arriba hacia abajo, es decir, desde el núcleo conformado por el Comando Nacional hacia las regiones y localidades. De hecho, se realizaban primero las asambleas nacionales y a partir de ellas asambleas regionales para legitimar a las autoridades de ese nivel. El nivel local, según lo reconocían sus líderes, era el más débil.

Un rasgo interesante era la actitud de los miembros de esta organización frente a los procedimientos para la toma de decisiones. Hemos ya señalado que la declaración de principios y los estatutos fueron aprobados por aclamación en la Segunda Asamblea Nacional. Las decisiones internas, tanto en el Comando de Coordinación Nacional como en la fracción parlamentaria y las distintas estructuras de Convergencia, se tomaban por consenso sin necesidad de votar. En palabras del diputado Juan Francisco Sosa Maury: “Nosotros no creemos en el voto por una razón de principios. El voto es una expresión contable, numérica; no es en modo alguno el desarrollo de una tesis [...] Creemos en el voto como el final del proceso, pero ese proceso debe pasar por una elaboración conceptual. Yo fundamento mis razones y propicio un consenso en torno a mis argumentos, pero no los fuerzo con el voto. Gracias a Dios, hasta ahora nunca hemos tenido necesidad de votar en el seno de la fracción”. El profesor Maldonado corrobora el mismo procedimiento de llegar al consenso sin votar en el seno del Comando de Coordinación Nacional. Este Comando era la instancia ejecutora de la política de Convergencia y estaba constituido por diez coordinadores y encabezado por Juan José Caldera, hijo del presidente, como coordinador general nacional.

En términos de doctrina, los estatutos de Convergencia, así como su declaración de principios y programa de acción expresaban la inspiración cristiana de la organización. Como objetivo fundamental se establecía la “realización de una auténtica democracia en Venezuela”, entendida como una democracia participativa. Igualmente, en la declaración de principios, se señalaba a Convergencia como un movimiento al servicio del “bien común” y “por ende, solidario con la lucha social de Rafael Caldera”. El énfasis en la figura del doctor Caldera como centro y fin de la organización la expresó el diputado Sosa Maury de la siguiente forma:

«Nuestra trascendencia como movimiento pasa por definir que somos un movimiento calderista sin timidez. Con esto nos amarramos a una teoría y a una práctica ejemplificada en una vida. Si nos amarramos a eso vamos a tener trascendencia. Si asumimos un carácter distinto al calderismo por algún motivo personal o histórico, entonces sí vamos a perder esa trascendencia. Nosotros nos amarramos a sus ideas, las ideas de la visión cristiana de la política. Él es uno de los grandes aportadores de ideas de la visión socialcristiana de la política. Al amarrarnos a eso estamos haciendo actividad cristiana en la política y eso te hace trascendente; estás incorporándote a un concepto de hombre bien definido, a un concepto de sociedad, de partidos, a unos conceptos claros en el campo de la acción económica; tienes pues un claro proyecto ideológico que estás abrazando a través de un hombre...»

Pero, en poco tiempo, Convergencia perdió caudal electoral. En los comicios regionales de 1995, Convergencia descendió al quinto lugar como fuerza nacional. No obstante, con su candidato Eduardo Lapi, ganó la gobernación del estado Yaracuy (la patria chica de Caldera), con el 45,77% del total de votos válidos. Lapi estuvo respaldado por una alianza Convergencia-MAS-URD-FURC46-AP-MEP-U, quedando Convergencia como el primer partido del estado. En términos absolutos, Lapi ganó con 57.049 votos, de los cuales Convergencia aportó 47.547, es decir, el 83,34% de los votos aliados. En el estado Lara, Convergencia participó en la alianza que le dio el triunfo en la gobernación a Orlando Fernández. En este caso Fernández ganó con 152.183 votos, aportando Convergencia el 36,36% del total de los votos aliados (55.347 y el MAS 87.091 votos) y quedando como segundo partido de la alianza y tercero del estado. Además de estos dos casos donde su participación fue decisiva, Convergencia participó en las alianzas que le dieron el triunfo a Jorge Carvajal (AD) en la gobernación de Bolívar; Rafael Tovar (Copei) en Nueva Esparta; Ramón Martínez (MAS) en Sucre, e Iván Colmenares (MAS) en Portuguesa. En estos casos su aporte fue menor, aunque importante, toda vez que las alianzas permitieron el triunfo de estos candidatos.

El MBR -200: buscando representar a la “Venezuela profunda”[15]

El 26 de marzo de 1994, el presidente Caldera liberó de la cárcel al teniente coronel Hugo Chávez Frías, el cabecilla de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992. A su salida de prisión, y actuando como un civil, pues el retiro de las FF.AA. fue requisito exigido por el gobierno para otorgarles libertad a los responsables principales de las intentonas de 1992, Chávez anunció su disposición a convertir el MBR-200 en una organización política a cuya cabeza aspiraría a la Presidencia de la República. Es a partir de esta fecha cuando se abre el desafío de convertir un movimiento que hasta ese momento había sido predominantemente militar y por mucho tiempo clandestino, en una organización política capaz de acceder al poder por los canales institucionales.

La historia del MBR-200 ha sido intensa y singular en el contexto de la política venezolana. Durante casi diez años fue una agrupación mayoritariamente militar, que operó desde el silencio de los cuarteles, sus dirigentes estudiando y diagnosticando la realidad venezolana para finalmente conspirar contra el orden político establecido. Su nombre le viene de los deseos de sus fundadores de emular la conducta y acción de Simón Bolívar y el número 200 se refiere al bicentenario del nacimiento del prócer, celebrado en 1983, la fecha en la cual ellos dicen haber comenzado sus actividades políticas.

Según los miembros de la organización que entrevistamos en 1996, el MBR-200 nunca fue concebido como un instrumento exclusivamente castrense; al contrario, Chávez nos afirmó entonces que siempre habían rechazado los sectarismos o fundamentalismos militares. Aseguró que casi desde un comienzo se buscó articular el movimiento con grupos civiles para imprimirle un carácter cívico-militar. Esos civiles procedían del entorno familiar y de amigos de los jóvenes militares, muchos de los cuales pertenecían a organizaciones de la izquierda insurreccional venezolana. Para 1996 la relación cívico-militar había alcanzado una situación más equilibrada y se expresaba en el directorio nacional nombrado ese año, conformado por dos militares retirados (Chávez como director general y Luis Dávila), un exfuncionario de la PM (Freddy Bernal) y dos civiles, uno de ellos una mujer (Leticia Barrios y Samuel López). Así mismo, el MBR-200 contemplaba mantener a futuro la doble naturaleza civil y militar, y aunque reconocían las tensiones y riesgos que esto comportaba, consideraban que ambas perspectivas se complementaban y le conferían a la organización su originalidad. Sin embargo, también los ponía en las fronteras de la legalidad, pues en la Venezuela de 1996 los militares carecían de derechos políticos[16].

A diferencia de otras organizaciones emergentes que rehuían las formalidades, el MBR-200 cultivó desde sus inicios una vasta documentación que expresaba sus bases ideológicas y programáticas, las propuestas organizativas, la estrategia y las tácticas y sus posiciones ante diversos problemas de la realidad nacional. En términos ideológicos, el MBR-200 se ubicaba como una organización nacionalista, que buscaba en la historia política de Venezuela y América Latina sus fundamentos de doctrina. Expresaba, mediante el símbolo del “árbol de las tres raíces”, los orígenes de su pensamiento: por una parte, el pensamiento de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, quien buscó la originalidad en las formas de organización social y política de la sociedad; el pensamiento de Bolívar, que según ellos, aportaba un carácter alejado de extremos ideológicos y proclive al equilibrio; y las ideas de Ezequiel Zamora, caudillo de la Guerra Federal, que, según han sostenido, determinaban los ingredientes reivindicativos y democráticos de su ideología (el lema de Zamora en esa guerra del siglo XIX fue “Tierras y hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía”). Los documentos y líderes del MBR-200 se referían constantemente a estos tres personajes de la historia venezolana para fijar sus posiciones y elaborar sus propuestas. Por otra parte, se hacía mucho énfasis en el carácter democrático del movimiento, entendiendo esto como: “un proceso, como un ente profundamente dinámico, con diversas fuerzas liberadas y en movimiento” (Chávez en Zago, 1992). También se apoyaban en Bolívar, quien habría dicho que una democracia era: “un sistema de gobierno que debe producir la mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Otro aspecto al que siempre se referían en las entrevistas y documentos de esa época era al tema fronterizo, muy sensible para ellos y para todo grupo militar y nacionalista. Sostenían reiteradamente la necesidad de defender eficientemente esas zonas y buscar el panamericanismo del Libertador como estrategia de las relaciones con los otros países de América Latina.

Al fallarles el golpe de Estado de febrero de 1992 contra el presidente Pérez, las propuestas preparadas para ese momento por la organización fueron reordenadas para que se adaptaran a las circunstancias. Entre las medidas que se iban a tomar, según el documento “¿Por qué insurgimos?” (en Zago, 1992), estaba revocar el mandato del presidente Pérez, de los congresistas, de los magistrados del Poder Judicial, y de los miembros del CSE, mediante referendo y proceder simultáneamente a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para ir construyendo “la salida al laberinto”. Las revocatorias, por supuesto, no podían sostenerse después del fallido golpe, pero, en esencia, a lo largo de la década las propuestas del MBR-200 no eran tan distintas a las iniciales, pues se nutrían de un diagnóstico que no se modificó. Los miembros del MBR-200 sostenían que Venezuela atravesaba una crisis estructural que ameritaba soluciones radicales. Entre 1992 y hasta 1997, la organización centró su estrategia política fundamentalmente en exigir la convocatoria a una ANC, entendida esta como un proceso constituyente. Esta estrategia estaba vinculada a su posición de no concurrir a elecciones en ningún nivel, por considerar que eran una farsa que no permitía la auténtica expresión popular. Esta posición abstencionista acarreó la división más importante sufrida por el MBR-200. En 1993, Francisco Javier Arias Cárdenas, el exoficial de mayor prestigio en la organización después de Chávez, se separó de esta al no concordar con la posición abstencionista. En ese momento y posteriormente se fueron varios otros exoficiales, algunos de los cuales compitieron para diversos cargos públicos a través de LCR. Arias Cárdenas ganó en 1995 la gobernación del estado Zulia, como independiente apoyado por LCR y una organización regional llamada VOZ.

Los documentos del MBR-200 sobre la ANC son muy numerosos. En ellos se pronunciaban por la transformación global de todas las estructuras de la sociedad para hacer realidad lo que Simón Rodríguez llamó una sociedad “original” y “solidaria” (MBR-200, 1992). Proponían un Estado federal, llamado “Estado Federal Zamorano”, y concibieron cinco poderes en el Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral. La democracia sería “popular”, buscando que el pueblo fuese el protagonista de la toma de decisiones, es decir, se propendía a una democracia directa. En 1994, se elaboraron no menos de siete documentos sobre la Constituyente, incluyendo un anteproyecto de Constitución Nacional[17].

En septiembre de 1995, a raíz de la celebración de una Asamblea Nacional Pro Constituyente Popular, se volvieron a plantear algunas propuestas específicas de modificación de la Constitución Nacional, entre las cuales destacaba el sistema parlamentario de gobierno, derechos políticos para los militares y la creación del Poder Moral[18]. En el documento de esta asamblea se criticaban las propuestas sobre Constituyente de otros actores políticos, por considerar que no reflejaban las aspiraciones del pueblo, sino que expresaban los intereses de partidos y grupos. Para el MBR-200, en la historia venezolana siempre han estado excluidos los sectores populares y solo una vez hubo una genuina “Constituyente Popular”: la de 1846 en Barinas, con Ezequiel Zamora, precedida por levantamientos populares en más de la mitad del territorio venezolano. El MBR-200 buscaba reeditar esa situación, por ello tenían entre sus tácticas promover y conducir el protagonismo popular para fortalecer y acelerar un “proceso constituyente” que promoviese dicha asamblea. Para Chávez, el 4 de febrero no fue una intentona militar sino “una gran insurgencia popular” que aceleró el proceso hacia una Constituyente.

En términos de la organización, los militantes del MBR-200 venían construyendo hacia mediados de los años 90 una organización de cobertura nacional que, al igual que las otras organizaciones que hemos revisado previamente, era opuesta conceptualmente a las organizaciones tradicionales. Se ingresaba a la organización a través de un “compromiso bolivariano”, donde se prometía ser “honesto, trabajador, humilde y solidario”. Los militantes se agrupaban en los “círculos bolivarianos”, los cuales, según los entrevistados, existían en todo el país. Los círculos eran coordinados por la coordinadora bolivariana de municipio o de “corredor”; esta última era una distribución espacial que funcionaba solo para Caracas y había coordinadores regionales en todos los estados; estaban luego una coordinadora nacional y la Dirección Nacional. Los militantes del MBR-200 se reunían para la lectura y discusión política e ideológica. A contracorriente de la formación militar de sus dirigentes más antiguos, y reconociendo la dificultad que comportaba para ellos, la organización buscaba ser horizontal para todo y borrar en su seno las jerarquías militares. Se convocaban con frecuencia asambleas (municipales, estadales y nacionales) para recoger opiniones de diversa índole, sobre todo para nutrir la elaboración del “Proyecto Nacional Simón Bolívar”. Los entrevistados coincidieron en señalar que el MBR-200 era una organización de masas.

Resultaba difícil en 1996 estimar la popularidad y recepción en las masas populares de esta organización política y su mensaje. Como no habían concurrido a ningún tipo de elecciones, las estimaciones solo podían basarse en sondeos y encuestas de opinión de la época, cuyas preguntas y objetivos no siempre fueron idóneas. El MBR-200 podía estarse beneficiando de ciertos rasgos de la cultura política venezolana que por esa época, a raíz de los golpes fallidos de 1992, comenzaban a tomarse en cuenta. Por ejemplo, dos encuestas hechas bastante antes de la crisis de legitimidad del sistema político, en el comienzo de la década de los 70, indicaban que cerca de un tercio de encuestados venezolanos veían como positivo que el presidente de la República fuera militar. Y a mediados de 1995, Latinobarómetro registraba actitudes de desencanto hacia la democracia por parte de los venezolanos, mayores que en otros países de América Latina. Al preguntárseles si un Gobierno “de mano de hierro” puede o no ser bueno para un país, 78% de los venezolanos contestaron que podía ser bueno. Esa respuesta fue solo superada por los peruanos (80%), mientras que los porcentajes de Argentina, Brasil, Chile y México fueron: 46%, 52%, 63% y 44% respectivamente.

Sin embargo, la revisión de encuestas realizadas entre 1993 y 1996 pareció mostrar que el MBR-200 y su líder máximo propendían a debilitarse. Una encuesta por muestreo de carácter urbano y nacional fijó en 4% la simpatía hacia el MBR-200 a inicios de 1995 (Consultores 21, abril). En mediciones posteriores de ese mismo año, septiembre y diciembre, el porcentaje bajó al 3%, siendo poco significativa la diferencia por sectores sociales. Otras encuestas por muestreo, de carácter regional, hechas en distintos estados del país ese mismo año, indicaron una simpatía por el MBR-200 que oscilaba entre 3% y 1%, también de manera más o menos uniforme. Con relación a la percepción que existía sobre Chávez, algunos datos de distintas encuestas de opinión pueden servir para un estimado general.

Para mediados de 1994, poco después de su liberación de la cárcel, una encuesta urbana de cobertura nacional, con un tamaño muestral de 1.500 casos, realizada por Consultores 21, indicaba un nivel de agrado por parte de la población del 55% y de desagrado del 26%. Esto daba a Chávez un índice de popularidad bastante elevado, del orden de +29. A inicios de 1994 el índice se mantenía positivo aunque disminuyó al +22. Nuevas mediciones a mediados y fines del año 94 y a lo largo de 1995 señalaban un declive importante de la popularidad de Chávez (v. cuadro Nº 16).

Una encuesta Ómnibus de Datanálisis, recogida entre marzo y abril de 1996 corroboraba la misma tendencia e ilustraba el carácter polémico de la figura del excomandante, algo que también se observaba en las encuestas de Consultores 21: mientras una porción significativa de independientes consideraban que votarían por él en unas elecciones nacionales –Chávez se sitúa en un tercer lugar con 9,7% después de la alcaldesa Irene Sáez (34,1%) y el exgobernador Salas Römer (10,8%)–, era también la figura que despertaba mayores rechazos. A la pregunta “¿Y cuál de estos es el que menos le gusta?”, Chávez queda en primer lugar (17,6%) seguido por el líder de Copei Eduardo Fernández (15,6%).

Una mirada comparativa a LCR, Convergencia y el MBR-200

Pese a las diferencias notables entre Convergencia y el MBR-200, y entre ellos y LCR, existen varios rasgos comunes entre todos, que están relacionados al contexto sociopolítico del cual han surgido. LCR y Convergencia buscaban en todo alejarse de esquemas partidistas tradicionales. Incluso, y esto lo compartían con el MBR-200, no les gustaba ser llamados partidos, prefiriendo el término de organización o movimiento. Hemos visto en el capítulo previo que LCR estuvo concebida como una estructura que recogía la fuerza de movimientos sociales y la expresaba políticamente. En función de ello, los miembros de ese partido eran fundamentalmente líderes del movimiento popular. La organización no estaba pensada como una organización de masas, como lo fue de modo paradigmático AD, sino como una organización pequeña, de calidad y eficiencia. Convergencia también estaba pensada así, pero en este caso lo que existía era apenas una estructura provisional que sirvió para canalizar movimientos electorales en torno a la figura de Caldera. En sus estatutos, que expresaban el proyecto de lo que Convergencia quería ser, se la pensaba como una organización pequeña, cuyos “voluntarios” eran los líderes naturales de la comunidad. En ambos casos la dirigencia de más alto nivel era renuente a crear estructuras organizacionales permanentes más allá de las mínimas necesarias, y ni aun estas. Rehuyeron secretarías, burós, direcciones, pues temían perder vitalidad y frescura, y confundirse con las pesadas maquinarias tradicionales. Igualmente, LCR y Convergencia se negaban a tener una militancia indiscriminada porque consideraban que era costoso, se prestaba al clientelismo y entorpecía la conciencia ciudadana.

Vinculado con esta concepción opuesta a los partidos tradicionales, el financiamiento adquirió también algunos rasgos específicos. LCR y Convergencia no exigían cotizaciones de sus militantes, sino de quienes ocupaban cargos públicos. Las cotizaciones de estos funcionarios eran variables. Según el diputado Carlos Melo, entonces dirigente de LCR, la fracción parlamentaria de ese partido aportaba hacia 1996 unos dos millones de bolívares mensuales. El financiamiento total del partido provenía además de la cuota que otorgaba el Congreso Nacional. En el caso de Convergencia, el lazo personal era más laxo y dependía principalmente de la cuota otorgada por el Congreso, aunque la fracción parlamentaria también cotizaba. En las entrevistas se aseguró que los comandos de acción solidaria debían conseguir los recursos materiales que necesitaban para sus labores, y así mismo, los candidatos en las distintas contiendas debían levantar su propio financiamiento. El MBR-200 tampoco exigía cotización de sus militantes, financiándose a partir de colaboraciones de simpatizantes, y sobre todo de ellos mismos. Estas organizaciones preferían un financiamiento modesto y hasta cierto punto precario, para aparecer distintos y evitar tentaciones.

La oposición a los partidos tradicionales, en especial al partido AD, también se expresaba en estos partidos emergentes en la importancia que le daban al debate en asambleas de militantes. Las tres organizaciones, aunque Convergencia menos por su débil capacidad de convocatoria en el período interelecciones, propiciaban con frecuencia plenos y asambleas, y eran bastante flexibles o las regulaciones se prestaban a la ambigüedad, en lo relacionado al número de participantes que allí asistían. Teniendo LCR y Convergencia una concepción de partidos de cuadros era difícil la delegación, estando todos los integrantes de la organización calificados para discutir y tomar decisiones.

Un aspecto notable que compartieron también las tres organizaciones fue su reserva frente al mecanismo de votar. Los militantes de LCR se resistían a utilizar el voto como instrumento para llegar a acuerdos. Para ellos, el voto produce faccionalismo y no era necesariamente la mejor vía para alcanzar la respuesta más justa o verdadera. Para esta organización era menester agotar la discusión hasta llegar al consenso. Nunca habían votado. Ya señalamos posición similar en Convergencia. En el caso del MBR-200, sí se votaba; por ejemplo, el Directorio Nacional de 1996 se eligió mediante votación. Sin embargo, no era un mecanismo al que recurrían rutinariamente. La posición abstencionista que sustentaron hasta 1997 y que produjo en 1993 la más importante escisión interna, no se votó, sino que también se hizo por discusión hasta alcanzar consenso.

Sin duda, algunas de estas características contribuyeron a hacer atractivas estas organizaciones en la etapa de crisis y transición de la década. El electorado rechazaba a los partidos tradicionales y toda organización que se pareciera a ellos. Se estaba a la búsqueda de nuevas formas de representación y mediación política, y estas agrupaciones tenían diversos grados de sintonía con las aspiraciones de los ciudadanos. Sin embargo, los rasgos bosquejados permitían prever dificultades para la supervivencia en el mediano y largo plazo. Igualmente, algunas de sus actitudes hacían dudosa la calidad de sus contribuciones a la relegitimación del sistema político o a la profundización de la democracia política.

Las organizaciones de masas que, como AD, se dieron en América Latina a lo largo del siglo XX, fueron vehículos esenciales para politizar y movilizar las mayorías populares del continente. Eso propició la participación popular, al mismo tiempo que enraizó y consolidó esos partidos. En la medida en que AD y Copei dejaron de ser partidos de masas para devenir maquinarias electorales, abandonaron esas labores de educación política y movilización popular. Esto contribuyó al aumento desde 1983 de la abstención electoral.

La estructura de los partidos emergentes, que aquí y en el capítulo previo hemos analizado, por sus características y actitudes se revelaba bastante débil para corregir la tendencia de la abstención y ampliar la participación electoral. LCR y Convergencia no aspiraban a educar a las masas o conducirlas, sino a propiciar y expresar políticamente movimientos surgidos de la sociedad civil. El MBR-200, por otra parte, rechazó hasta 1996 el mecanismo electoral como vía para alcanzar el poder, haciendo sucesivos llamados a la abstención. Estas organizaciones confiaban más en un cierto momentum –un golpe de suerte– para ganar elecciones, que en el trabajo continuado con las masas para propiciar una mayor y mejor participación electoral. Tanto LCR como el MBR-200 desestimaban la idea de que el fortalecimiento y consolidación de sus organizaciones se lograría a través de una paulatina expansión de sus posiciones en el Estado a través de los mecanismos electorales. Aspiraban a llegar al poder máximo de una sola vez; para decirlo con una imagen que usaban con frecuencia, querían aprovechar la cresta de una ola para tomar el poder y luego hacer las reformas. Esta posición, que justificaban por la desconfianza que existía hacia los mecanismos electorales, debilitaba la energía y disposición que se requiere para fortalecer las estructuras organizativas del partido para actuar con éxito en las contiendas electorales. Al mismo tiempo, en el caso específico de LCR, los triunfos electorales entre 1992 y 1995, por las responsabilidades que comportaron, también debilitaron su capacidad para concentrarse en sus actividades de agitación social. Y veremos en capítulos siguientes que ello, combinado con otros aspectos intrínsecos a sus características como organización, los llevó primero a una costosísima división, con la cual retornaron a la fila de partidos de escasa importancia nacional.

Convergencia, en contraste, valoraba su cuota de poder, no se enfrentaba con la misma vehemencia al sistema electoral institucional que LCR o el MBR-200 y tenía su estructura al servicio del hecho electoral. Pero Convergencia era una organización precaria en todo lo no electoral y, salvo por la figura de Caldera, carecía de liderazgo. Su permanencia dependía casi exclusivamente de la figura del presidente, cuyo papel protagónico en la política venezolana iba a concluir poco después. Su hijo, que quizás pensó heredar ese liderazgo, no pudo sobrevivirle de manera importante. Convergencia sería una de las muchas organizaciones que surgieron y menguaron al calor de la transición.

El MBR-200 para 1997 presentaba características ideológicas que hacían difícil pensar en sus posibilidades de crecer significativamente en el futuro. Su diagnóstico del proceso histórico venezolano tendió a enajenarlos del favor de ciertos sectores sociales, como las clases medias y altas, contribuyendo a la larga con los rasgos de polarización política que veremos desarrollarse agudamente en la contienda electoral de 1998 y durante el gobierno de Chávez. Para los bolivarianos la historia venezolana del siglo XIX y XX era en esencia la misma: una historia donde las masas populares fueron víctimas de las oligarquías, que en el siglo XX estaban representadas por los partidos. Oligarquías y partidos eran dos caras de la misma moneda, por lo que había que hacer una “revolución” en Venezuela, comenzando desde cero. El MBR-200 sostenía que buscaba llegar al poder para revitalizar el proyecto nunca realizado de Bolívar y Zamora.

Con este diagnóstico, Chávez y sus seguidores desestimaban las profundas transformaciones de la sociedad venezolana del siglo XX, en particular el surgimiento de importantes sectores sociales medios, fruto de la Venezuela petrolera, que no eran necesariamente “oligárquicos”. La modernización de la vida social, la orgánica vinculación de la sociedad con el resto de las sociedades del planeta, el cambio profundo de lo “venezolano”, producto de esa transformación, y de un crecimiento inmigratorio notable que trajo a Venezuela todo un abanico de recursos culturales parecieron puntos ciegos en la percepción bolivariana de la historia. El MBR-200 no reconocía tampoco que sectores populares venezolanos entraron de la mano de partidos populares, en especial de AD, en la participación política, y durante décadas no se sintieron víctimas, sino que participaron activamente en el proyecto nacional. Para que un mensaje de esta naturaleza calara en la población –como lo hizo– fue necesario, no solo una prolongación y profundización de la crisis socioeconómica venezolana, que ya vimos en su secuencia completa en la parte I de este libro, sino otras circunstancias de naturaleza más política y coyuntural incluso, que justamente llevarán a esta organización, trastocada en el MVR, al triunfo electoral de 1998 y a la cristalización de una nueva hegemonía para Venezuela.

Capítulo 8
Nuevos y viejos partidos de izquierda a fines de siglo: MVR, PPT y MAS[19]

El desmoronamiento de los partidos AD y socialcristiano Copei seguía a mediados de la década de los 90 sin encontrar en el sistema político organizaciones sustitutivas que permitieran estabilizar la democracia venezolana. LCR, que generó tantas expectativas a inicios de la década, tuvo en las elecciones regionales y municipales de 1995 un desempeño considerado catastrófico por parte de algunos de sus dirigentes más importantes. Esto produjo intensas tensiones internas en el partido que resultaron en su división en 1997, su consiguiente debilitamiento en el escenario político de la segunda mitad de la década y la constitución del partido Patria Para Todos (PPT), que jugará un rol de importancia en los años siguientes. Convergencia, como ya se indicó, no tuvo capacidad de remontar los obstáculos de su concepción personalista, y rápidamente transitó la ruta del declive. Un desempeño distinto tendría el MBR-200, que se transformó en el Movimiento Quinta República (MVR) y alcanzaría bajo ese nombre protagonismo político en los procesos electorales de 1998 en adelante, constituyéndose hacia principios del siglo XXI en el partido hegemónico del emergente sistema político.

Al igual que los partidos de la primera mitad de la década, las organizaciones que tienen algún desempeño importante en la segunda mitad están condicionados por el rechazo a la política y a las organizaciones políticas, que se constituyó desde los años 80 en un ingrediente de cultura política compartida por la mayoría de los venezolanos. Esta valoración negativa moldeará las concepciones organizativas y programáticas de las organizaciones que van surgiendo al calor de la transición, al estimular en ellos estructuras novedosas, informalidad, soluciones creativas a lo que se percibe como los principales defectos de los partidos tradicionales.

En este capítulo nos centramos en algunas de las características de los partidos de izquierda que adquieren visibilidad y protagonismo en las elecciones de 1998. Sopesamos sus fortalezas y debilidades para sobrevivir en el mediano plazo y consolidar un nuevo sistema político. Comenzamos por reflexionar sobre los criterios que son útiles para evaluar la supervivencia política.

Partidos nacionales y globalización

Los esfuerzos hegemónicos del MBR-200, transformado en 1997 en el MVR, comenzaron a fines de siglo a producir importantes frutos. La sorprendente victoria electoral de Chávez en 1998 y los cuatro procesos eleccionarios ocurridos luego, entre 1999 y 2000, sirvieron para darle a estos bolivarianos, respaldados por la alianza de fuerzas políticas conocidas como el Polo Patriótico (PP), el predominio en los cargos de elección popular a lo largo y ancho del país, el control sobre el Ejecutivo y el Legislativo nacionales y un instrumento institucional matriz: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la cual pudieron comenzar a sentar las bases de un renovado sistema político. Pese a este desempeño exitoso persisten hasta hoy fuertes dudas sobre su real capacidad de sobrevivir en este inicio del siglo XXI.

¿Qué criterios podemos usar para evaluar las posibilidades de supervivencia a futuro de las organizaciones emergentes? No resulta fácil dilucidar esta cuestión. Por una parte, si se examinan las condiciones socioeconómicas que constituyen la base que permite comenzar a comprender la estructura social, que es en última instancia la que impone los límites a los actores que van a representar los diversos intereses, encontramos que la recesión y desorientación económica presentes en el país desde finales de los años 70 están actuando en la dirección de un cambio definitivo de la estructura social previa, sin que aún se muestre o entienda claramente cuál es la nueva configuración de la sociedad venezolana. Al presentarse como distinta a la del modelo de sustitución de importaciones, se están trastocando las bases de la representación política y las relaciones de poder del pasado, sin que existan claros paradigmas para facilitar una lectura sobre el tipo de representación política que pudiera ser favorecida por las nuevas condiciones socioeconómicas y sociopolíticas. Por otra parte, estos cambios internos se solapan y relacionan muy estrechamente con procesos económicos, geopolíticos y culturales internacionales dominados por las fuerzas de la globalización neoliberal. La creciente influencia de estos procesos sobre la política nacional resulta difícil de estimar con precisión y hace más compleja la discusión sobre criterios a utilizar para evaluar la supervivencia política incluso a corto plazo.

Sobre la influencia que tiene en lo nacional el sentido común neoliberal que se ha venido imponiendo en casi todas las sociedades del planeta, sobre todo entre los sectores de ingresos altos y medios, pero también en sectores populares, gracias al bombardeo incesante que se ejerce sobre las poblaciones desde las empresas transnacionales de la comunicación, se ha escrito extensamente. Estos procesos –se señala– han fortalecido valores individualistas, consumistas e inmediatistas, todos ellos reñidos con la política como actividad colectiva, creadora de solidaridades, de bien común y de visión de futuro. Sobre la intervención de actores transnacionales como el FMI o agencias como la CIA en la política nacional de los países periféricos al sistema capitalista mundial, o sobre la intervención de EE.UU. en la política de sociedades periféricas, también hay una larga literatura que soporta el argumento del debilitamiento del Estado nacional como un espacio donde se pueden tomar las decisiones clave del devenir de esas sociedades. Por consiguiente, a la hora de pensar en las posibilidades de estabilidad de una nueva hegemonía en Venezuela, hay que considerar no solo las circunstancias y acciones de los actores que actúan en la arena nacional, sino también las actitudes y prácticas menos ponderables de actores poderosos que actúan sobre el ámbito nacional desde el espacio globalizado y dominado por la hegemonía neoliberal.

Con todo, aquí nos limitaremos a sopesar ciertas variables del contexto interno. Si bien la supervivencia política de los partidos emergentes en Venezuela no depende solo de sus desempeños en el seno de la sociedad, el resultado en este nivel sin duda los fortalece en las posibilidades que tienen de no desaparecer con rapidez. De hecho, se verá en capítulos posteriores, cuando examinemos las experiencias vividas por estas organizaciones políticas durante las confrontaciones de naturaleza insurreccional que tuvieron lugar entre 2001 y 2004, que el desempeño interno exitoso en relación con los criterios que aquí utilizamos, permitió neutralizar las poderosas determinaciones que las fuerzas hegemónicas del neoliberalismo buscaron imponer desde la arena internacional.

En el ámbito nacional, la consolidación de un partido político reside de manera importante en que logre colectivamente y en competencia institucionalizar en alguna medida un sistema de partidos (Mainwaring y Scully, 1995). Para que esto suceda resulta clave que las organizaciones políticas obtengan alguna regularidad, autonomía y permanencia en sus estructuras organizativas y procedimientos de funcionamiento interno, de modo que su destino dependa menos de líderes carismáticos particulares que pueden o no sostenerse durante el proceso de consolidación. Igualmente, la perdurabilidad de los partidos políticos depende en mucho de que logren arraigarse en la sociedad. Para ello la actividad de crear una identidad colectiva a partir de la cual sectores sociales puedan reconocerse resulta imprescindible. La actividad “identificante” es la que permite la generación de sentimientos de pertenencia para individuos y grupos sociales, la que promueve a su vez seguridad y valía, elementos que posibilitan las solidaridades y acciones comunes en el tiempo (Pizzorno et al., 1985). La actividad identificante moldea, así mismo, las demandas y promueve las orientaciones programáticas de largo aliento. Por ello, en lo que sigue revisaremos los esfuerzos organizativos, así como el desarrollo de la actividad identificante de las organizaciones MVR y PPT, incorporando en algunos aspectos el caso del partido MAS, inicialmente de la alianza del PP, y hasta la fecha, aún autodefinida por sus dirigentes como una organización progresista.

Organización y procedimientos internos del MVR , PPT y MAS

Como se ha señalado reiterativamente en capítulos previos, uno de los factores que más condicionaron en los años 90 las estructuras organizativas de los partidos políticos emergentes fue la atmósfera de rechazo a los partidos tradicionales que envolvió a la política venezolana. El repudio a AD y Copei, fortalecido por un contexto internacional y una matriz de opinión fomentada por medios de comunicación privados que propiciaban el rechazo hacia la política y los políticos fue generando una opinión negativa hacia los partidos como organizaciones en general, que llegó hasta el extremo de hacer que los actores políticos emergentes eludieran con frecuencia el denominarse partidos, prefiriendo ser reconocidos como “movimientos”. Este prejuicio, así mismo, motivó entre las organizaciones con vocación política la exploración de iniciativas novedosas sobre organización y procedimientos de participación y debate internos, distanciados de los convencionales para no semejarse a los partidos tradicionales. Los esfuerzos en esta dirección sin duda dieron importantes dividendos políticos a partidos como el MVR, el PPT y el MAS. En otra dirección, también contribuyó a oxigenar la democracia política venezolana al mantener la credibilidad en ella, permitiendo su supervivencia en los años críticos de inicio del siglo XXI. Sin embargo, muchos aspectos atractivos en momentos políticos coyunturales pueden devenir en debilidades para la supervivencia de una organización cuando lo transitorio desaparece. Los partidos que aquí analizamos están en esa encrucijada.

El MVR

El MVR nació en 1997 como una estructura electoral del MBR-200, una vez que los militantes de esa organización –hasta entonces partidarios de la abstención en las elecciones– acordaron concurrir a los comicios que habrían de darse en diciembre de 1998. En aquel momento la creación del MVR fue pensada como un paso táctico, dentro de la estrategia general del MBR-200 de hacerse del poder para refundar la República. Se concibió para acoger a todos los movimientos, agrupaciones políticas y personalidades que irían agregándose a la candidatura de Chávez. El MBR-200 seguiría siendo el partido de los bolivarianos, pero el MVR, pensado para tener una composición de 60% de militantes del MBR-200 y 40% de independientes, permitiría constituir “un gran frente de los sectores patrióticos del país, popular y neodemocrático” (Núñez Tenorio, entrevista, 1997).

Es interesante poner de relieve el carácter electoral inicial del MVR, porque eso le da sus peculiaridades y lo diferencia conceptualmente del MBR-200 del cual nació. A partir de 1999, con la secuencia de procesos electorales a los cuales concurrió el MVR como el partido del presidente Chávez, y que revisaremos en la parte siguiente de este libro, esta estructura terminó reemplazando al MBR-200, pero dándole una lógica distinta a la inicialmente concebida en la primera. Esto le añadió más debilidades a la ya precaria organización inicial.

El MBR-200, como se señaló en el capítulo previo, fue primeramente una organización clandestina de carácter cívico-militar. A partir de 1989, después de los dramáticos eventos conocidos como el Caracazo, la organización conspiraría contra el gobierno de Pérez, produciendo el golpe militar del 4 de febrero de 1992. Presos Chávez y sus compañeros golpistas, en marzo de 1994 fueron liberados por sobreseimiento de la causa por parte del presidente Caldera y a partir de entonces Chávez y sus compañeros, ahora en condición de militares retirados, acometieron una importante labor de expansión de la organización.

Un aspecto relevante del MBR-200 hasta 1997 fue que la entrada a la organización era relativamente controlada por sus fundadores y se buscaba practicar una dinámica que ellos definían como de “abajo hacia arriba”. Como ya se señaló, se ingresaba a la organización a través de un “compromiso bolivariano”. Los militantes se agrupaban en los “círculos bolivarianos”, donde se discutía intensamente de política. Tales círculos eran coordinados por coordinadoras en el nivel municipal y regional. Se convocaban asambleas municipales, estadales y nacionales para recoger opiniones de diversa índole, y se realizaban conscientes esfuerzos para equilibrar, mediante una intensa ejercitación del debate y estudio en común, así como del cultivo de relaciones interpersonales, las complicadas relaciones entre los civiles y militares que pertenecían a la organización. Así mismo, se cultivaban relaciones horizontales y procedimientos democráticos, incluyendo, aunque excepcionalmente, el voto secreto y la aceptación de la decisión de la mayoría como mecanismo para procesar conflictos.

Este proceso, aún en su etapa inicial, fue interrumpido con las elecciones de 1998 y las subsiguientes de 1999 y 2000, cuando ante la imposibilidad de inscribir el partido con las siglas bolivarianas en el CSE –estaba y sigue estando legalmente prohibido usar a Simón Bolívar para identificar a un partido– se ideó la táctica de crear una estructura electoral. El MVR, victoria tras victoria, pasó a jugar papel de protagonista en el sistema político emergente y el MBR-200 perdió primero visibilidad, y finalmente sentido. A diferencia del MBR-200, que fue creado como una organización política, el MVR estaba concebido para tomar decisiones y hacer alianzas en una coyuntura electoral. De allí que deliberadamente concentraba poder decisorio en una pequeña cúpula. Sus círculos electorales y sus siete direcciones estratégicas funcionaban con una “metódica desde arriba” según entrevista a uno de sus progenitores, el profesor José Rafael Núñez Tenorio. Y lo que se discutía en las distintas instancias de esta estructura no era política o aspectos ideológicos y programáticos, sino quiénes van a qué cargos públicos. El MVR nació para articular movimientos y personalidades, que tenían como punto en común respaldar la candidatura de Chávez, pero que en cuanto a ideologías, aspiraciones o intereses, eran extremadamente heterogéneos. Algunos de sus miembros más destacados, como Omar Mezza o Luis Miquilena, no pertenecieron inicialmente al MBR-200. Adicionalmente, en 2000, en el contexto del último proceso eleccionario del siglo, la siempre presente tensión cívico-militar de la organización produjo una escisión en el seno del movimiento bolivariano original: si bien Francisco Arias Cárdenas ya se había separado de esa organización en 1993, ahora tras su candidatura, y argumentando la desviación del proyecto bolivariano por parte del gobierno de Chávez por influencia de algunos civiles, se fueron un grupo de militares que participaron con Chávez en el golpe fallido del 4 de febrero. Al finalizar ese proceso eleccionario emergía el MVR, disminuido de su componente militar inicial, en la organización del presidente, y el MBR-200 se desvaneció.

El reemplazo del MBR-200 por el MVR produjo una agregación de sus bases, sus liderazgos y sus ideologías, donde lo que se compartía era básicamente el apoyo al presidente Chávez y algunas líneas generales de un proyecto sociopolítico, más identificado por lo que rechazaba que por lo que proponía. Las responsabilidades de gobierno a todos los niveles de la administración pública, que las consecutivas victorias habían creado, obligaban, por otra parte, al liderazgo emergente de esta organización, a darle una atención prioritaria a estas, relegando tareas como construir y consolidar al partido para el futuro. Esta tendencia se reforzaba, además, por el escaso valor, claridad y/o voluntad de establecer una institución partidaria por parte de la amplia mayoría de quienes conformaban la organización, incluyendo al mismo Chávez:

«A mí no me quita el sueño ningún partido político; a mí me quita el sueño la organización del movimiento popular. Los partidos deben ser expresión de ese movimiento popular, deben ser canales de participación y de influencia del movimiento popular organizado, pero no pueden hegemonizarlo. Si no sirven, bueno, el movimiento popular debe arrollarlos... Los partidos para mí son como ensayos. (en El Nacional, 12-12-1999).»

Aunque esta era la situación general a la salida de los procesos eleccionarios de 1999 y 2000, se fueron desarrollando intermitentemente después de ese año algunas iniciativas, por parte de Chávez y algunos líderes importantes, para dar una continuidad entre el MBR-200 y el MVR, así como estabilidad al MVR. En 2000, por ejemplo, la Dirección Nacional de Organización, pero más precisamente uno de sus miembros, Willian Lara, luego presidente de la Asamblea Nacional, elaboró lo que fue un documento primario para la estructuración del partido. En su razón de ser y en sus estructuras se reflejaba la búsqueda por encontrar un punto de encuentro entre las concepciones del MBR-200 y del MVR.

La “Democracia Patriótica”, como se llamó el documento del MVR elaborado por Lara, establecía como objetivos de la organización constituirse en una eficiente maquinaria electoral, a la vez que en una organización cultural capaz de difundir y legitimar su proyecto de país en toda la sociedad; un espacio de participación y orientación política para diversos actores, permitiendo el arraigo de la “visión ideoprogramática de ‘El árbol de las tres raíces’ y una institución pedagógica volcada a la formación de líderes políticos y sociales”. Nótese cómo la función electoral seguía considerándose el primer objetivo de la organización.

Por otra parte, las estructuras allí expresadas eran similares a las del MBR-200, pues su unidad primaria comenzaba, si bien no con los círculos bolivarianos, con los llamados “círculos patrióticos” que se le parecían en todo. La organización, siguiendo un patrón bastante similar a otras organizaciones partidarias venezolanas, proyectaba construirse en cuatro niveles territoriales: el local, el municipal, el regional y el nacional, cada uno con cuatro tipos de estructuras: la asamblea, el consejo, la dirección ampliada y la dirección. Pese a las similitudes de este esquema con el MBR-200, una importante diferencia saltaba a la vista. El texto reconocía explícitamente la necesidad de aplicar cuanto antes la “metódica desde abajo”, es decir, llamar a elecciones directas para todos los cargos en todos los niveles, para que la organización se pusiera de acuerdo con los conceptos de democracia participativa y protagónica que constituyen el corazón del proyecto bolivariano. En 2000, pues, se reconocía que lo que existía en la realidad era una estructura electoral y no un partido, una estructura concebida y organizada desde arriba. Por otra parte, si bien el documento entraba con algún detalle en las funciones y actividades de los órganos y cargos a cada nivel, era poco explícito sobre los procedimientos de toma de decisiones en el seno de la organización. Finalmente, el Comité Táctico Nacional (CTN), que era la estructura que concentraba el poder decisorio de la organización, ni siquiera aparecía en este documento, otro elemento más que expresaba la dicotomía entre lo que era y lo que el MVR quería ser.

En el 2001 se fueron haciendo más numerosas las iniciativas para darle alguna estabilidad al partido. Por ejemplo, en enero hubo reiteradas declaraciones de la dirigencia del MVR de que se estaba en preparativos para convocar a un “Consejo Patriótico”, máximo organismo de toma de decisiones en el nivel nacional, asegurándose que se iría a elecciones para cargos internos a todos los niveles. Con la misma preocupación, en mayo se constituyó una Escuela Nacional de Formación J.R. Núñez Tenorio, buscando darles un piso ideológico común a los militantes y dirigentes de la organización, y se habló también de un congreso ideológico con el fin de acometer un debate sobre las ideas políticas básicas del MVR. Sin embargo, las recurrentes dificultades entre la dirigencia por asuntos que iban de lo ideológico a lo más concreto del quehacer político diario llevaban a tensiones permanentes a todos los niveles y ocasionaban reiteradas intervenciones del CTN a distintas coordinadoras regionales y locales, así como expulsiones de dirigentes. Esto tendía a posponer las acciones en pro del fortalecimiento de la organización y la hacía lucir en dirección a un deterioro indetenible.

En este contexto, en abril de 2001 el presidente Chávez expresó su intención de revivir el MBR-200, para canalizar desde allí el movimiento popular “revolucionario” (en El Nacional, 26-04-01). Estas declaraciones parecieron obedecer a una estrategia del presidente por presionar a su organización a que acometiese un esfuerzo de unificación y coherencia política. En septiembre, de nuevo en unas declaraciones públicas, Chávez informó a su partido que se pondría al frente del MVR ya que este no parecía capaz de disciplinarse sin su conducción. Para fines de ese año el MVR había iniciado un proceso de reestructuración interna. El CTN como la estructura ejecutiva del partido desapareció para darle paso –tal como lo planteaba el documento de Lara– a la Dirección Ejecutiva Nacional (DEN), un órgano compuesto por 30 miembros, a cuya cabeza se colocó al presidente Chávez. Como segundo, en la Dirección General, el entonces ministro de Relaciones Interiores Luis Miquilena, y como tercero, en la Dirección de Organización, el diputado y militar retirado Francisco Ameliach. Por otra parte, se inició el proceso de reestructuración de las entidades regionales, muchas de ellas viviendo procesos de alta conflictividad y con órganos de dirección paralelos que se desconocían entre sí. El Consejo Patriótico y las elecciones internas, anunciados a inicios de enero de 2001 para ser realizados hacia agosto, fueron pospuestos para el 2002. En el ínterin, también se fue estableciendo que el MBR-200 no haría colisión en sus funciones con el partido político, sino que sería el organizador del movimiento de masas que necesitaba la revolución. Estos desarrollos, sin embargo, serían interrumpidos por el golpe de Estado de 2002 y la crisis política que asolaría al país hasta 2004.

El PPT

A diferencia del MVR, el PPT no se inició como un movimiento electoral sino como un partido de cuadros, que si bien se fundó en fecha tan reciente como 1997, por ser una prolongación directa y sin rupturas ideológicas del partido LCR –de la cual los dirigentes del PPT se vieron expulsados– su concepción y dinámica es anterior a los años 90.

El PPT, al igual que el MVR, es una organización con muchas debilidades, pero estas no provienen de improvisación organizativa, tensiones cívico-militares, ni de la heterogeneidad ideológica de sus bases y dirigentes. Al contrario, es una organización cuyos líderes han dedicado mucho esfuerzo a pensar y discutir la concepción de partido que quieren, muchos de ellos tienen por lo menos dos décadas en la lucha política, si no más, y comparten líneas centrales de un proyecto político común. Sus bases, aunque han fluctuado significativamente en la década de los 90, en su porción más estable son pequeñas y constituidas por grupos populares politizados e intelectuales.

Los problemas del PPT son de otra índole y algunos de ellos se hicieron particularmente evidentes cuando se produjo la división de LCR en 1997. La excesiva informalidad con que se relacionaban los cuadros en esta organización y, de manera muy importante, el uso casi exclusivo del mecanismo del consenso con que el partido decidía tanto las políticas que seguiría como las designaciones a cargos de elección interna o popular no hicieron posible procesar satisfactoriamente las diferencias de toda naturaleza que surgieron una vez que LCR experimentó un crecimiento vertiginoso entre 1989 y 1995. Al acentuarse las diferencias, y estar Estas respaldadas por grupos internos muy parejos en fuerza e importancia, el dirigente Andrés Velásquez, apoyado por un grupo de cuadros entre quienes se contaban el secretario de organización del partido, Lucas Matheus, dividió la organización, expulsando de ella a quienes no seguían sus ideas. Entre quienes quedaron afuera estaban algunos de los cuadros fundadores y más conocidos de LCR. Estos, tratando de asimilar las lecciones que les produjo esta traumática experiencia, al crear el PPT en 1997, buscaron ser más explícitos y formales en su organización y procedimientos de decisión interna.

En efecto, para su registro en el CSE, los ahora pepetistas elaboraron unos estatutos donde asentaron los tres tipos de estructuras organizativas con las cuales había venido operando desde LCR: los equipos, los plenos y/o las asambleas, y los consejos internos. Las tres estructuras, dependiendo de su funcionalidad, se constituyen en algunos –o en todos– los cuatro niveles de la organización, que siguen el mismo criterio territorial de la mayoría de los partidos venezolanos: el nivel de la base, el parroquial o local, el regional y el nivel nacional. Cuando cumplieron con este requisito para registrar a LCR en la década de los 80, hicieron muy público que lo consideraban una mera formalidad irrelevante y no le darían importancia en la práctica. Ahora se mostraron más propensos a reconocer la necesidad de establecer algunas reglas claras tanto en organización como en procedimientos internos para la toma de decisiones.

Es de recordar que en la LCR no se votaba nunca, pues el procedimiento reconocido por sus miembros para dirimir las diferencias era discutir hasta alcanzar el consenso. Consecuente con la ausencia del mecanismo de votar, las estructuras organizativas de ese partido no establecían un número fijo de miembros en ningún órgano, porque no estaban concebidos para la lógica de cada miembro un voto y el acatamiento de la voluntad de la mayoría. Por ello no fue posible resolver las diferencias cuando estas se agudizaron más que con la ruptura, pues cuando la relación de fuerzas se hizo pareja y el consenso no se obtuvo, no pudo dirimirse quién o qué tenía el acuerdo mayoritario, ni quién debía ceder qué. A raíz de la experiencia de la división, ahora los estatutos del PPT han asentado el mecanismo de la votación cuando el consenso no es claro, y han establecido criterios de mayoría simple o calificada según los casos. Igualmente, aunque buscando un difícil equilibrio entre la flexibilidad y la necesaria estabilidad, se han fijado números máximos y mínimos de miembros en las distintas estructuras organizativas.

Pero el descalabro que significó la división de LCR en 1997 se manifestó en el PPT de muchas otras maneras que lo colocaron en sus primeros años en una situación de alta fragilidad: pérdida de un número importante de cuadros, despojo del nombre, los símbolos y los recursos que recibían legalmente del Estado. En el año 2000, la separación de este partido de la alianza del PP del presidente Chávez, producto de tensiones con el MVR alrededor de los apoyos electorales de ese año, le significó una notable merma de presencia política en el ámbito nacional, lo cual obligó a sus dirigentes a replegarse a sus victorias en los niveles municipales y regionales para desde allí recuperarse[20]. Por otra parte, la nueva Constitución, que eliminó para los partidos la posibilidad de recibir financiamiento público, propinó un golpe duro para una organización con vocación popular, pues ni sus dirigentes ni el electorado que buscan representar poseen recursos para competir con otros actores de representación social más diversa.

A estas debilidades muy notorias se añaden otras también muy significativas como la falta de estructuras con las cuales enfrentar los procesos electorales o para garantizar la formación de sus cuadros. A pesar de ello, la concepción y estructura organizativa de este partido posee ciertas ventajas sobre el MVR. Su experiencia política y la cohesión de sus dirigentes los favorece en un escenario donde deambulan muchas organizaciones inexpertas. Su flexibilidad organizativa le permite el repliegue o la expansión, disminuyendo los costos de las derrotas, aunque no le permite el cabal aprovechamiento de las victorias. Pero, son sus cuadros acostumbrados tanto al debate entre iguales –con importantes ideas e intereses compartidos– como al sacrificio prolongado, su mejor reserva.

En el año 2001 se acercaron de nuevo al presidente Chávez logrando una nueva alianza con el MVR e incorporándose algunos de sus dirigentes a funciones en el alto gobierno. Los dirigentes de este partido jugarían un rol de primera importancia en la defensa de la institucionalidad y supervivencia del Ejecutivo nacional durante los acontecimientos de índole insurreccional que desarrolló la oposición en los años 2002 y 2003. Desde entonces, si bien ocasionalmente afloran, se han hecho menos visibles muchas asperezas entre ellos y el MVR.

Sobre la concepción organizativa del MAS

Al igual que LCR y el actual PPT, el MAS fue el fruto de una división del PCV y nació condicionado en términos organizativos al igual que LCR, por el rechazo que sus dirigentes sentían por el esquema de organización del partido comunista. “Movimiento de movimientos”, flexibilidad organizativa y debate de ideas fueron orientaciones centrales en los primeros años del MAS, llevando a constantes reorganizaciones del partido en los años 70 y 80. Sin embargo, el MAS, a diferencia de LCR, acogió tempranamente la idea de ir a una política de masas, volcándose hacia la competencia electoral. Del mismo modo, a principios de los 80 legalizó un sistema de facciones o tendencias internas en la organización, como parte de su propuesta de socialismo con democracia política. La dinámica de las tendencias internas sometió a este partido a lo largo de su vida a intensos debates y tensiones que han llevado a su vez a encarnizadas luchas y fracturas que en ocasiones han impedido la coherencia en sus políticas y aun una atención sostenida a vicisitudes políticas más generales. Así mismo, el MAS se ha caracterizado por recurrentes retiros de sus líderes importantes, no solo como resultado de sus debates ideológicos, sino también por el continuo desencanto de muchos de ellos ante el escaso crecimiento electoral que ha mostrado la organización a lo largo del tiempo.

Durante la década de los 90 se produjo en el MAS un desdibujamiento ideológico que abriría muchas interrogantes sobre su estatus como partido de izquierda o la vocación popular de sus acciones. Durante el segundo gobierno de Caldera, el MAS fue partido de gobierno y como tal respaldó el programa de ajuste estructural y reestructuración económica de naturaleza neoliberal aplicado por este desde 1996. Teodoro Petkoff, uno de sus dirigentes fundadores y líderes principales, fue uno de los ministros responsables en el área de economía de acometer esa reforma. La atención hacia los liderazgos regionales y locales, una política que el MAS priorizó desde 1988, también contribuyó a darle un excesivo pragmatismo y vaciamiento ideológico en los últimos años del siglo. El respaldo a Chávez y la incorporación del MAS al PP en 1998 obedeció principalmente a cálculos electorales por parte tanto del MAS como del MVR, y si bien esto le permitió al primero sobrevivir políticamente en el nivel nacional después de su respaldo al gobierno de Caldera, también le significó considerables tensiones intrapartido y con el MVR. La decisión de respaldar la candidatura de Chávez en 1998, por ejemplo, llevó a la separación del partido de algunos de sus líderes históricos y emblemáticos, como Petkoff y Pompeyo Márquez, entre otros. Ya con anterioridad se había producido la salida de otros líderes históricos como Freddy Muñoz, dando paso a un liderazgo más joven con bases de naturaleza regional o local, y con proyectos políticos más bien personales y de naturaleza pragmática. Igualmente, sus actuales líderes nacionales son fundamentales hombres del aparato partidista, duchos en la negociación política, pero desprovistos de brillo intelectual. A inicios de mayo del 2001, el CTN del MVR, ante sus constantes discrepancias y tensiones con el MAS, anunció la ruptura de su alianza con ese partido. El mismo día Chávez habría de respaldar al MVR en su decisión (en El Nacional, 11-05-01). En octubre de ese año el distanciamiento entre el liderazgo de ambas organizaciones se hizo aún más severo, produciéndose poco después una división del partido y un grupo siguió respaldando al gobierno de Chávez (MAS-MAS, luego partido llamado “Podemos”), mientras otro pasaba a la oposición (MAS-Oposición, luego siguió como MAS).

La actividad “identificante”

La actividad de constituir y preservar una identidad colectiva desde donde individuos y sectores sociales puedan reconocerse para emprender acciones conjuntas en el tiempo constituye una función esencial de cualquier partido político en cualquier sociedad. Esta verdad se hace aún más significativa en el contexto de una sociedad empobrecida y fragmentada como la venezolana de fin de siglo, que además vio en los últimos diez años cambiar los sentidos comunes del discurso hegemónico internacional. El discurso neoliberal de los años 80 en adelante, con su valoración negativa del Estado y su apología de la globalización, la privatización y el individualismo, significó un viraje de 180 grados en el discurso socializado en Venezuela en los 50 años previos. En este contexto de orfandad de referentes, el MVR y el PPT desarrollaron sus estrategias “identificantes” en torno a una resignificación del sujeto popular, una vuelta a la historia nacional y un explícito rechazo ideológico al neoliberalismo como doctrina económica con derivaciones políticas. Tal estrategia daría pingües resultados políticos. Estos partidos, aunque coinciden en sus orientaciones generales: el sujeto pueblo, el uso de la historia patria y los planteamientos en torno al neoliberalismo, guardan algunas diferencias entre ellos. Revisémoslas de seguidas.

Pueblo y antineoliberalismo en el MVR

La hegemonía alcanzada por el partido MVR en los últimos años se debe principalísimamente al carisma y la popularidad de Chávez entre los sectores populares. Estos atributos son producto de un agregado de factores donde lo central ha sido la capacidad del discurso chavista para reconstruir el sujeto popular de la cultura política venezolana del siglo XX, el conocido “pueblo”. La reedición de esta identidad hizo posible que significativas porciones de la población se reconocieran como individuos con una pertenencia clara, con atributos valiosos y un piso común donde acordar solidaridades y acciones.

El concepto de “pueblo venezolano” aparece en los documentos del MBR-200, pero sobre todo en los discursos y alocuciones de Chávez desde que comenzara su carrera pública. El pueblo, dice Chávez desde la cárcel de Yare en 1993, es “el protagonista” de las grandes transformaciones de la historia. A veces el pueblo desaparece; pero otras veces emerge cuando se “comparten costumbres y se da una comunicación intensa”. Entonces, las multitudes se asocian liberándose la “solidaridad metafísica” (Chávez, 1993). Chávez considera que desde el 4 de febrero de 1992, cuando fracasó el golpe de Estado que él dirigiera, el pueblo ha resurgido comenzando su protesta, primeramente silenciosa, expresada en los altos porcentajes de abstención electoral. Para él, se trata a partir de 1994, cuando sale de la cárcel, de acompañar la fuerza transformadora de ese pueblo ya en movimiento, para organizarla, dirigirla y construir con ella una ideología y un proyecto nacional.

Otro pilar de la actividad identificante en este discurso es la historia patria, reinterpretada y usada como un poderoso lenguaje simbólico, que legitima el presente asociando cada acción del partido y del líder a fechas evocativas de un pasado venezolano común, glorioso y trascendente.

Los ejemplos abundan. Chávez y el grupo fundacional del MBR-200 construyen una ideología venezolana, que identifican como “El árbol de las tres raíces”, siendo cada raíz la representación de los pensamientos de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, figuras históricas del siglo XIX venezolano. Dos veces está contenido el nombre de Bolívar en la organización política inicial, al colocar el número 200 para representar el segundo centenario del natalicio del Libertador, coincidente, según alegan, con la fecha de fundación de su movimiento en 1983. Al no poder usar ese nombre para inscribirse ante el CNE, dieron con otro nombre de gran potencial nacional-simbólico: el Movimiento Quinta República (MVR). Tal nombre propone la refundación de la República, pues de acuerdo con la interpretación histórica de esta organización, en 1830, con la separación de Venezuela de la Gran Colombia, se inició la “cuarta república” que fue siempre “oligárquica” y alcanzaría sus mayores grados de descomposición con la democracia “puntofijista”. Por otra parte, al abreviar ambos nombres, MBR y MVR, la fonética se hace coincidente.

Más ejemplos. En 1994, al ser liberado Chávez de la cárcel, recuerda la vieja canción del bando liberal de la Guerra Federal del siglo XIX cuando proclama que “el cielo sigue encapotado”[21]. Así mismo, las organizaciones de base del movimiento se denominaron “círculos bolivarianos” para luego trastocarse en “círculos patriotas”. El proyecto político se denominó el proyecto Simón Bolívar, la nueva Constitución de 1999 rebautiza la república con el nombre de “República Bolivariana de Venezuela”, las escuelas que crea dentro de un nuevo programa de educación básica, Escuelas Bolivarianas, y la política integracionista con América Latina es la ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

Se usan fechas de la gesta independentista para la realización de actos políticos considerados relevantes, con lo cual se les da fuerza simbólica a las ejecutorias de este proyecto. El juramento fundacional del MBR-200 se hace un 17 de diciembre (1983), aniversario de la muerte de Bolívar. El MBR-200 escoge en 1997 la fecha del 19 de abril, conmemorativa de la declaración de independencia de Venezuela, para realizar una reunión en la cual se decide, contrariando posturas abstencionistas anteriores, participar en el proceso electoral del año siguiente con Chávez como candidato a la presidencia. Escoge de igual modo, en 1998, el 24 de julio, fecha concurrente con el natalicio de Bolívar, para inscribir esta candidatura ante el CNE.

Este persistente uso de recursos simbólicos alusivos a la nacionalidad ha estimulado la eclosión de una suerte de cultura patriótica. En la Venezuela actual se ha hecho de rutina que cualquier acto público de alguna relevancia y, sobre todo, manifestaciones en apoyo o en oposición al gobierno, estén adornadas con banderas nacionales, canto del himno, chaquetas y gorras tricolores.

Uno de los episodios más ilustrativos de esta nueva cultura en el primer año de gobierno se produjo la noche del 25 de julio de 1999 al conocerse el triunfo aplastante del PP en la elección para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El presidente, acompañado por su esposa, quien acababa de ser electa a dicha asamblea, se asomó a un balcón del palacio de gobierno de Miraflores para saludar a una nutrida concurrencia que venía reuniéndose desde las 2 de la tarde. La imagen de un balcón desde el cual la autoridad dialoga directamente con el pueblo no es nueva en la historia de Venezuela, siendo los casos más emblemáticos el del cabildo abierto del 19 de abril de 1810, cuando el capitán general Vicente Emilio Emparan, asomado en balcón que daba a la plaza Mayor, escuchó y acató la solicitud popular de que renunciara a su cargo, dándose inicio al proceso de independencia nacional; y la del general Eleazar López Contreras, quien a su llegada a Caracas, luego de la muerte de Gómez en diciembre de 1935, se asomó al balcón de la Casa Amarilla para recibir las manifestaciones de júbilo del pueblo de la capital, dándose inicio también al proceso de modernización política de la sociedad venezolana.

Ese 25 de julio, una vez en el balcón y a la vista de todos, Chávez entonó el himno nacional, coreado por el público presente, y pidió a todos los venezolanos que asumieran el triunfo con humildad y sin revanchismos. Una hora antes las puertas del palacio fueron abiertas para que el pueblo entrara. Hubo música, bailes y gritos clamando por la disolución del Congreso. Fueron repartidos maní, tostones, jugos y refrescos. No fue, ni será esta la única oportunidad en que el presidente Chávez se asome al balcón del palacio de Miraflores, bautizado desde entonces con el nombre de Balcón del Pueblo.

Un tercer elemento poderoso ha sido el discurso pugnaz, que ha tenido como clara intención enfrentar y excluir una estructura de poder y una élite, calificada reiteradamente como oligárquica, “vendepatrias” y corrupta, mientras se incluye a los “excluidos”, el pueblo venezolano. En tal sentido el discurso chavista, en distintas coyunturas, ha descalificado a intelectuales, a la jerarquía eclesiástica, los dirigentes de los partidos tradicionales, medios privados de comunicación, banqueros o empresarios, ejecutivos de la empresa petrolera, etc.

Son también permanentes en los discursos del presidente elementos dirigidos a elevar la autoestima del pueblo y la empatía del líder con este: vincula al pueblo de hoy con gestas decimonónicas, en especial las de la independencia y las de la Guerra Federal; se refiere al bravo pueblo, al pueblo noble y valiente, siendo estos algunos de los tantos elogiosos calificativos que reiteradamente utiliza. El uso de imágenes y vocabulario propios del militar: batalla, estrategia, táctica, mapa estratégico, emboscada, desenvainar el sable, ponerse las botas, son recursos que trasmiten ideas de orden, disciplina, eficiencia, disposición, organización y planificación de mediano y largo plazo. Por otra parte, el uso también frecuente de imágenes y lenguaje beisbolísticos buscan con acierto establecer un diálogo horizontal con un pueblo que tiene a este deporte como su primer favorito. Chávez no solo usa el lenguaje del beisbol, sino que en el primer año de su presidencia en más de una oportunidad se ejercitó en el campo de juego.

Al mismo tiempo que el discurso político del presidente Chávez y su partido reunifica a los sectores populares bajo la identidad de pueblo, moldea relaciones y demandas. Entre 1992 y 1998, el MBR-200 exigió un proceso constituyente para llegar a un poder constituyente fundacional de la “quinta república”. El nuevo orden político resultante de ese proceso se visualiza como una democracia “participativa y protagónica” del pueblo venezolano, en contraste con la “oligárquica y partidocrática” del régimen anterior.

El concepto de pueblo reconstituido por el discurso chavista se vincula a la noción de Nación, y ambos son reconocidos en la cultura política venezolana del siglo XX como los dueños de la riqueza que subyace en el subsuelo del territorio. En este imaginario, el Estado, como guardián de los intereses del pueblo-Nación, se reconstituye también en su rol de rentista, es decir, vuelve a su función de extractor de una plusvalía internacional en forma de renta para distribuirla a todos los miembros de la sociedad. El proyecto político del MVR entraña con ello una vuelta a la centralidad del Estado en el devenir de la sociedad, así como al concepto de democracia como un orden que garantiza la igualdad en el acceso a los beneficios de esta renta.

El discurso del “emeverrismo” y de Chávez es en definitiva un discurso en contra de los procesos de globalización tal como estos vienen desarrollándose en los últimos años. En concordancia con ello el discurso se opone a la imposición de políticas de inspiración neoliberal. Sobre todo, el discurso ha rechazado la privatización como algo bueno o necesario per se, en especial la privatización de la industria petrolera venezolana bajo el esquema de la apertura petrolera, desarrollada durante el previo gobierno de Caldera. Igualmente, propugna por una democracia que privilegie la igualdad social por sobre la igualdad de oportunidades. Ilustremos estos puntos con algunos dispositivos de la vigente Constitución, un documento básico del proyecto político en ascenso. Las cursivas son nuestras:

«El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país (artículo 112).»

«El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (artículo 299).»

«Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A. (artículo 303).»

«El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva... (artículo 308).»

Los elementos de identidad señalados y la conceptualización de las demandas a los que apelan Chávez y el MVR se entroncan con hondas raíces de la cultura política venezolana previa, así como con la matriz ideológica latinoamericana de la etapa de vigencia del modelo de sustitución de importaciones. Como tales han estimulado el entusiasmo y la movilización de vastos sectores de la población, que le han brindado reiterado apoyo en aras de consolidar su hegemonía emergente y su proyecto sociopolítico.

Pueblo, organización y debate en el PPT

Si bien pudiera pensarse que el PPT comparte con el MVR el concepto de “pueblo” como construcción de su sujeto político, una mirada más cercana a su discurso y a los esfuerzos en su actividad identificante pone de relieve no solo similitudes, sino algunas diferencias que distancian a ambas organizaciones.

El PPT, al igual que en el pasado lo hizo el partido LCR, construye el concepto de sujeto popular también usando la noción de pueblo, entendido este como los pobres, los excluidos o los injustamente tratados. Sin embargo, asocia el concepto de pueblo con la noción de los movimientos populares. El pueblo es un conjunto de movimientos populares cuyos intereses son afines. Y el PPT es una organización que busca expresar políticamente esos movimientos, busca ser “el movimiento de los movimientos”. Con ello incorporan en su identidad de manera destacada atributos de organización y diferenciación, no solo de los movimientos populares entre sí, sino también entre la organización política y dichos movimientos. El hecho de concebirse como una organización de cuadros refuerza las características de distancia entre el partido y los movimientos, pues la articulación entre la organización y los movimientos populares se da a través de los activistas sociales que hacen trabajo político en el PPT. Esta dinámica fomenta la politización como actividad identificante y, a diferencia del discurso de Chávez, realza lo organizativo en la concepción de identidad que se construye.

Además de este mayor énfasis en el carácter de correa de transmisión entre movimientos y poder que adquiere la organización política, y el énfasis en lo organizativo en la identidad del sujeto político, otra diferencia con el MVR es la poca significación que en las estrategias de identidad del PPT tiene el uso de referencias históricas reinterpretadas como vía para reconocerse. En los documentos de la vieja LCR y del actual PPT, así como en el discurso de los dirigentes, las alusiones históricas para recordar algún pasado heroico y legitimar alguna acción presente son prácticamente inexistentes. La idea de “patria”, dirá uno de sus dirigentes principales, Pablo Medina, debe ser trabajada sobre todo “como expresión de lo que somos y de lo que queremos ser. Expresión de una comunidad nacional que tiene intereses propios, y que tiene aspiraciones propias, y que es su derecho fundamental”. El bolivarianismo tampoco es relevante, ni el uso de símbolos y rituales para unir a los miembros del partido entre sí, o a estos con los movimientos populares.

Es evidente, por lo demás, que el PPT carece de un liderazgo carismático de la magnitud del de Chávez y, por las mismas características de la organización, sus miembros tienden a reconocerse como un agregado de iguales que mantienen entre sí y con los movimientos populares con los que se vinculan relaciones horizontales y de gran informalidad. El debate político permanente, que implica continuos desplazamientos de un lugar a otro del país por parte de los cuadros, en condiciones de mínimos recursos materiales, la ardua discusión de temas hasta producir un consenso, acciones colectivas compartidas, son algunos de los instrumentos que más fomentan la confianza mutua, las redes de pertenencia y solidaridad. Así, los mecanismos para la construcción de la identidad se fundamentan de manera central en instrumentos de formación política: el activismo, la discusión y los consensos van creando el piso común desde donde reconocerse.

La conceptualización de las demandas se elabora a partir de tres ejes. El primero es la preservación de la patria, que si bien connota la idea de una historia o identidad común, es principalmente sostenida como “patrimonio”. La preservación de los bienes comunes acumulados por esa patria –léase las industrias básicas, la industria petrolera– debe mantenerse bajo la propiedad del Estado nacional, porque será “con lo más valioso que tenemos” como podrá la nación articularse y sobrevivir al proceso de globalización (Müller Rojas, conversación, 1997). Aquí, al igual que el MVR, el discurso pepetista es claramente nacionalista y antineoliberal. Los pepetistas encuentran positivos los cambios mundiales, la minimización de las fronteras y la globalización de los sistemas de comunicación, pero sostienen que eso no ha de cancelar la idea de patria. La preservación de la patria se acompaña de la idea de democracia, expresada en el Para Todos del nombre de la organización y entendida, no meramente como acceso a las libertades públicas, sino de manera esencial como acceso a la información y a la riqueza. Se busca pasar de una democracia formal a otra radical, es decir, “profunda, cotidiana, popular” (Medina, entrevista, 2000). Para algunos dirigentes, la democracia como demanda pasó a un segundo lugar por la llegada del neoliberalismo, la deuda externa y los diversos mecanismos que vienen paralizando la actividad económica del Estado y transnacionalizando la economía (Medina, entrevista, 2000; Müller Rojas, conversación, 1997). Otros dirigentes, sin embargo, lo mantienen pues “no tiene sentido que se tengan todas las riquezas del mundo si no se puede acceder a ellas” (Istúriz, entrevista, 1997). Finalmente, el tercer eje sobre el cual moldean las demandas viene de la identificación como pobres, maltratados y excluidos, y conduciría a la bandera de la justicia social: “En nuestra condición de ciudadanos libres, y conscientes del tiempo en que vivimos, no estamos dispuestos a aceptar pasivamente un modelo de sociedad que consiente la pobreza, el analfabetismo absoluto o funcional, la inseguridad personal y, en términos generales, el abandono y la exclusión de millones de venezolanos” (PPT, 1997).

Fortalezas y debilidades de los partidos populares emergentes

Las dos variables analizadas aquí ponen de relieve fortalezas y debilidades de las organizaciones políticas seleccionadas que, si bien no agotan la problemática de su supervivencia política, permiten echar luz sobre las ventajas o desventajas para perdurar en el tiempo con las que cuentan a inicios del siglo XXI.

El MVR desde el punto de vista organizativo ha revelado una significativa debilidad. Poco más que una estructura electoral que logró capitalizar del carisma de su principal líder victorias sorprendentes, no poseía para 2001 estructuras democráticas, ni bases permanentes, ni dirigentes unidos por intereses cimentados por experiencias o debates comunes. Las ideas compartidas más allá de la admiración por el presidente y el rechazo a la vieja política y los partidos tradicionales AD y Copei eran escasas. El MBR-200, del cual se deriva, tampoco había adquirido para 1997, cuando comenzó su declive, solidez como organización. No obstante, fue concebido en su momento por un colectivo que buscaba viabilizar un proyecto sociopolítico de cambio, menos mediante una estrategia electoral, y más enfocado en otras actividades extremadamente importantes para cualquier organización con ambición de gobernar, como eran discutir propuestas políticas, difundir y debatir sus ideas, formar sus cuadros, crear sus estructuras, procesar los conflictos entre sus miembros, elegir sus líderes en los diversos niveles. El vertiginoso éxito del MVR, en buena medida debido al carisma de Chávez, trastocó un proceso más lento de cristalización y consolidación de la organización política para exacerbar los rasgos de maquinaria electoral al servicio del carisma del líder máximo.

Este fenómeno se ha revelado muy difícil de corregir y la llamada DEN, aunque con una composición más amplia y representativa que el CTN, siguió siendo hasta 2001 en lo fundamental una estructura cupular que tomaba sin consultar a sus bases todas las decisiones en el seno del partido. Es cierto que hacia mediados del 2001 aumentaron las acciones de los líderes dirigidas a darle una mayor unidad y cohesión a la organización. Sin embargo, el liderazgo avasallante de Chávez, que constituye el único eje mediador de intereses y conflictos en el seno de la organización, proyecta serias dudas sobre su capacidad para perdurar más allá de su líder. El MVR en mucho se asemeja a los partidos electorales que han surgido en Venezuela en diferentes coyunturas; el caso más reciente es el de Convergencia, de Caldera, que murió al morir la popularidad o el favor de quien lo lideró. En su haber hay que decir, no obstante, que entre 2000 y 2001 se produjo un creciente predominio del ala civil en la organización, al haberse desplazado hacia la oposición algunos antiguos compañeros de armas del presidente con inclinaciones militaristas. Así mismo, con la definitiva ruptura entre el MVR y el MAS, así como el pase en 2001 del alcalde mayor de Caracas a la oposición –y en el año 2002 la separación definitiva de Luis Miquilena– el gobierno y su partido han propendido a una mayor homogeneidad y coherencia ideológica de izquierda. El MAS, como aquí se señaló, no ha tenido en los últimos años clara vocación popular, y con respecto al alcalde Peña, otro distanciado del gobierno, nunca comulgó con ideologías de izquierda, como lo demostrará con creces durante las confrontaciones entre el gobierno y la oposición entre 2001 y 2004.

Por otra parte, también se ha revelado en el análisis el poder de un discurso integrador de sectores pobres y empobrecidos, de rechazo a los sentidos comunes del discurso neoliberal, así como positivamente valorativo de la nacionalidad venezolana, que constituye una de las grandes fortalezas del proyecto sociopolítico emergente. A diferencia del pasado más reciente, donde las encuestas mostraban un preocupante desinterés de los venezolanos por la política, esa actividad identificante del presidente Chávez, y en menor grado de algunos dirigentes del MVR, ha provocado tanto la eclosión de una cultura popular como la recuperación del interés por la política en sectores de la población, incluso entre los jóvenes. Es este un poderoso capital aprovechable para sedimentar una organización política que estaría llamada a darle bases más coherentes y perdurables al discurso ideológico, con miras a viabilizar propuestas políticas de largo aliento y acciones colectivas en aras de la profundización democrática de la sociedad.

La mirada sobre el PPT revela debilidades que levantan también dudas sobre su viabilidad futura. Sostenida en un liderazgo colectivo de importante experiencia política, y en una estructura organizativa relativamente fuerte, flexible y atractiva para sectores de la población que buscan alternativas a partidos y política tradicionales, esta organización revela de todas maneras aspectos frágiles para crecer o para convertirse en una opción de poder en el nivel nacional. Una muy notoria es que sus procedimientos internos son poco eficientes para procesar conflictos. Aunque la flaqueza mayor se corrigió al incorporarse a los estatutos el reconocimiento del voto como procedimiento para dirimir diferencias, este mecanismo está aún por probar que será respetado. En el primer momento crucial para poner a prueba el dispositivo institucional, unas semanas previas a las elecciones de mayo de 2000, que posteriormente fueron pospuestas para julio, cuando hubo necesidad de que los dirigentes votaran si se mantenían en el PP o salían de él, dos de sus dirigentes clave, Istúriz y Medina, partidarios de romper con el Polo, al sentir su posición en desventaja, amenazaron con retirarse de la organización si la decisión colectiva no los favorecía. La votación les fue favorable, pero el procedimiento debilitó la credibilidad de la reforma, además de propiciar unos resultados electorales que debilitaron el desempeño político del partido para el crucial período constitucional 2000-2006.

Por otra parte, lo examinado arriba tiende a presentarnos al PPT como una organización poco diseñada para acceder y ejercer el poder. Más centrada en expresar políticamente a los movimientos populares, parece dedicarle poca reflexión a aspectos organizativos clave para ejercer gobierno: el problema electoral, la formación y calificación profesional de sus dirigentes, sus relaciones con sectores gerenciales, intelectuales, o políticos. Ello lleva a pensar que es un diseño organizativo hecho para ser correa de transmisión de los sectores populares, pero no sirve para construir hegemonía y ejercer gobierno. La noción de “movimiento de movimientos”, que el MAS compartió con ellos en sus primeros años y luego abandonó por excesivamente inestable, si bien les permite una dinámica fluida con movimientos populares, parece ser insuficiente para fortalecerlos como partido de proyección nacional. No obstante, los dirigentes del PPT han gestionado con algunos éxitos alcaldías y gobernaciones desde 1989, mantuvieron hasta 2004 dos gobernaciones y algunas alcaldías, y han ejercido desde 2001 importantes posiciones en el Ejecutivo nacional.

Paradójicamente, los reacercamientos al MVR y al presidente Chávez desde 2001, con los cuales el PPT, en efecto, comparte muchos aspectos del proyecto político, tuvo poco después por consecuencia el retiro de su militancia en el partido del secretario general Pablo Medina. Si bien esta salida de uno de sus fundadores clave se dio luego de un largo debate, y aparentemente sin traumas ni fugas numerosas de militantes, ha terminado por desdibujar en años recientes el perfil propio del partido. Hoy el PPT se confunde con el MVR en su subordinación a las directrices del liderazgo personalista del presidente Chávez. Esto hace temer por su supervivencia en el mediano plazo y/o pensar en su fusión a ese partido.

La actividad identificante del PPT no se soporta en recursos de gran poder emotivo y simbólico, sino que busca más bien apoyarse en la politización continua de la población que persigue representar. Esta estrategia no parece producir efectos políticos tan extensos e impactantes como los producidos por los recursos comunicacionales y simbólicos del presidente Chávez y el MVR, pero construye también redes de solidez y perdurabilidad. Estas actividades podrían ser complementadas por otras que busquen ampliar el espectro de sectores sociales y los lleve a incluirse en la organización, y que propicien la comunicación con actores afines en lo ideológico, con los que pueden converger en coyunturas políticas. En este sentido, el discurso del PPT apela más a la racionalidad de sus miembros y simpatizantes, mientras el MVR se mueve en el mundo emotivo de estos. Pero ambas estrategias podrían combinarse para construir una plataforma sólida de identidad partidaria en estas organizaciones.

Finalmente, estas organizaciones reflejan en su organización y comportamiento, y en sus idearios, condicionamientos muy fuertes derivados del rechazo a los partidos y del proceso de desinstitucionalización que estos sufrieron en los años 90. En estas organizaciones emergentes de vocación popular existe una real desconfianza hacia la institucionalización, temiendo que de ello se derive la rigidez organizativa que caracterizó a los partidos tradicionales. El MVR y el PPT temen contraer la sordera ante las demandas de los sectores populares que caracterizó a AD en los últimos lustros, la paralización de la circulación y el debate de ideas para el cambio que signó los años 70 y 80, o la concentración de las decisiones en una cúpula personalista y corrupta, con el consiguiente retiro del voto popular. Pero al tratar de conjurar estos fantasmas, corren el riesgo de hacer naufragar un proyecto político democrático de vocación popular. La debilidad institucional que hasta ahora evidencian estas organizaciones coloca el fiel de la balanza de la sobrevivencia política casi exclusivamente en el desempeño gubernamental que estos partidos tengan a todos los niveles de la administración pública, en el carisma o la simpatía personal que despiertan los dirigentes, de modo muy especial el presidente Chávez, y en la efectividad de los mensajes que transmiten por los medios de comunicación. Estos recursos han demostrado con creces tanto en el país, como en otras experiencias latinoamericanas, su extrema fragilidad o volatilidad, pudiendo conducir el proceso político de los próximos años a retrocesos, donde los sectores más necesitados de la acción del Estado en nuestras sociedades correrán con las peores consecuencias. Las organizaciones emergentes de vocación popular tienen por ello más responsabilidad que otros actores en buscar su permanencia y estabilidad para la perdurabilidad de la representación y mediación democrática en el Estado de quienes más lo necesitan.

Parte 3
Implantación de una nueva hegemonía

Capítulo 9
Las elecciones de 1998: el triunfo de Chávez[22]

En noviembre y diciembre de 1998 los venezolanos participaron en uno de los procesos electorales más complejos y apasionantes de su historia democrática. En los comicios regionales y del Congreso Nacional celebrados el 6 de noviembre, se acentuó el universo plural de la representación política ya surgido en procesos anteriores, inclinándose esta vez la balanza a favor de actores de vocación popular, aglutinados en el llamado Polo Patriótico (PP). Entre ellos, el Movimiento Quinta República (MVR) se convirtió en el segundo partido del país y el Patria Para Todos (PPT) se adjudicó tres gobernaciones y se colocó en el sexto lugar de la lista de organizaciones políticas. El 8 de diciembre, el teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías, el jefe de la fracasada insurrección del 4 de febrero de 1992 y líder fundador del MVR, alcanzaba la Presidencia con una de las votaciones más altas alcanzadas por candidato alguno en la historia electoral. De segundo arribaba el candidato de otra organización emergente llamada Proyecto Venezuela (PV), Henrique Salas Römer, mientras los partidos ejes del tradicional bipartidismo del país, AD y Copei, después de algunos episodios poco comprensibles desde la racionalidad política, abandonaron la carrera para apoyar la candidatura de Salas Römer, hasta cinco días antes su adversario político. La alianza de última hora se autodefinió como el Polo Democrático.

El significativo avance regional y nacional del PP en noviembre, así como la contundente victoria presidencial de Chávez en diciembre, implicaron un nuevo giro en la disputa por el poder en Venezuela, esta vez a favor de dirigentes y organizaciones políticas nuevas, ajenas y adversas al viejo sistema partidista. Con este cambio de élites se iniciaba también la cristalización en el Estado de una nueva hegemonía, con un proyecto para el país que, al calor de la lucha política de los años siguientes alcanzaría creciente claridad y consolidación.

El contexto: un electorado frustrado y radicalizado

Durante el período constitucional del presidente Caldera (1994-1999) persistió la ya larga dificultad por parte de la sociedad para encontrar un modelo económico nuevo que superara al modelo rentista-petrolero venezolano agotado desde finales de los años 70. Como parte de ello, el gobierno comenzó con una aguda crisis financiera y fiscal y finalizó con otra crisis fiscal, que si bien no alcanzaría las magnitudes de la de 1994 determinaría una nueva agudización del empobrecimiento de la población y la consiguiente percepción pesimista y crítica por parte de los venezolanos de lo que había sido el desempeño económico gubernamental durante esos años. A este contexto socioeconómico se sobrepuso la permanencia del deterioro político-institucional, visible tanto a través de las muchas facetas de la ineficiencia de las instituciones del Estado y los servicios públicos como en la eficaz acción de los partidos tradicionales para neutralizar prácticamente todas las iniciativas de cambio político que venían siendo propugnadas por actores emergentes y la ciudadanía en general desde los años 80. Esbocemos rápidamente este contexto que propició la conformación de un electorado más dispuesto que en el pasado a buscar en los comicios de 1998 un cambio profundo al orden político de la sociedad.

El derrumbe de los precios petroleros y las condiciones sociales del período

Como ya se desarrolló en la parte I, cuando el doctor Caldera accedió al gobierno en febrero de 1994, la sociedad venía de vivir un intento de reestructuración económica, conocido como el Gran Viraje, bajo la orientación y la tutela de los organismos financieros multilaterales. Este intento, aunque alcanzó en los primeros años algunos resultados macroeconómicos positivos, desencadenó una crisis sociopolítica e institucional de vastas proporciones, de la cual la victoria de Caldera en los comicios de 1993 fue uno de sus resultados.

El presidente Caldera resultó electo con las promesas explícitas de desarrollar un modelo económico distinto al pautado desde el FMI y el BM. Este ofrecimiento, sin embargo, se vio frustrado. Pocos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, el presidente Velásquez se vio obligado a intervenir el principal banco del país, el Banco Latino. Esta medida fue interpretada por el presidente entrante como “un coletazo de la crisis moral y económica” de los años anteriores. No obstante, significó el inicio de la más severa crisis financiera que haya padecido el país a lo largo del siglo, y que de acuerdo con informaciones del BCV implicó para el año 1994 la inyección de recursos por parte del Estado al sistema bancario equivalente al 10% del PIB. El costo financiero que significó para el fisco esta crisis limitó severamente la capacidad de diseñar y poner en práctica un modelo económico propio en un contexto internacional donde las políticas de los organismos multilaterales eran hegemónicas. Luego de dos años de erráticos intentos por definir una política económica, en abril de 1996 el presidente anunció la implementación de la Agenda Venezuela, una versión atenuada del Gran Viraje de Pérez[23].

Para 1997, la combinación de un aumento en el precio promedio de la cesta petrolera venezolana en los circuitos internacionales, una mayor recaudación impositiva en el sector no petrolero, y una mayor disciplina en el gasto público, permitieron una recuperación de las cifras macroeconómicas. Se registró en relación al año anterior un crecimiento del PIB de 5,12% a precios constantes, un superávit en las finanzas públicas de 1,6% del PIB, la inflación bajó a 50,04% (en 1996 había alcanzado el 99,87%) y las reservas al cerrar el año alcanzaban a $17.745 millones (IESA, 1999). Esto creó una atmósfera, principalmente entre los agentes económicos, de alivio y moderado optimismo que presagiaba el inicio de un proceso de recuperación y resolución de la larga crisis económica vivida en el país. No obstante, desde octubre de 1997 comenzaría lo que a la postre significó una debacle de los precios del barril petrolero en el mercado internacional. Poco antes de finalizar el año de 1998, el BCV calculó que la caída del precio promedio de la canasta petrolera de exportación venezolana con relación al año anterior era de 34,1%. Ello obligó a sucesivos ajustes del precio promedio de realización del petróleo venezolano para efectos de los cálculos fiscales, desde un estimado inicial en la Ley de Presupuesto de $15,50 por barril a $11,50 al finalizar el año. Para el 11 de diciembre de 1998 el precio de la cesta petrolera venezolana alcanzó la cifra más baja del año al cotizarse en $7,66 por barril. Esta severa reducción produjo una disminución en los ingresos fiscales petroleros por el orden de los $7.000 millones, lo cual obligó a un recorte del gasto público de aproximadamente $2.300 millones y un déficit fiscal de al menos 5% del PIB (ministro Petkoff en El Universal, 20-11-1998). El moderado optimismo con que cerró el año 1997, a lo largo del año 1998 se fue trastocando en pesimismo y cuestionamiento al desempeño gubernamental en política económica[24].

En el plano social, el gobierno de Caldera no logró superar los gravísimos problemas que venía arrastrando la sociedad venezolana desde los lustros previos. Con una inflación acumulada de más de 800%, que ha sido la más alta de período constitucional alguno, los principales indicadores sociales del gobierno de Caldera continuaron su tendencia al deterioro. Para junio de 1997, del total de 4.740.250 hogares, 2.122.016 se encontraban en situación de pobreza, 895.542 de ellas en situación de pobreza extrema. Es decir el 44,76% de los hogares venezolanos no contaban con el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas, y el 18,89% no llegaba a cubrir sus necesidades alimentarias. Provea calculó, para 1998, que el 15% de los venezolanos se encontraban en condición de pobreza atroz, entendiendo por ello a quienes viven a la intemperie y están excluidos de cualquier política social.

En lo relativo al mercado laboral, el desempleo abierto se ubicó por encima del 10% como promedio anual a lo largo del período, con cerca de la mitad de la población económicamente activa trabajando en el sector informal de la economía (IESA, 1998). Por otra parte, según los indicadores sociales proporcionados por Provea, entre 1993 y 1997 la mortalidad por desnutrición se duplicó para ubicarse en el último año en 993 por cada 100.000 habitantes. En términos del deterioro de los servicios públicos como educación y salud, el 70% de los estudiantes que ingresaban a la educación primaria no llegaba a concluir el noveno grado, y 8 de cada 10 alumnos que ingresaban a la universidad provenían de la educación privada. En las zonas donde se ubicaba la población más pobre, la tasa de mortalidad infantil era 2,5 veces más alta que las tasas nacionales; la esperanza de vida al nacer del estrato V, el más pobre, era 12 años menor que el de los estratos I y II; el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social estimó que para la época el 30% de la población no tenía acceso a los servicios de salud. Todo esto revelaba un cuadro de profunda exclusión, así como un marco poco propicio para abrigar expectativas de mejoría hacia el futuro.

El deterioro político-institucional y las promesas incumplidas sobre reformas

Así como en lo económico, los ofrecimientos electorales de Caldera en lo político-institucional, no se cumplieron. Si bien se alcanzó una cierta paz política, tampoco fue remediada la situación de deterioro de las instituciones fundamentales del Estado y de deslegitimación del sistema político. La ofrecida y anhelada reforma profunda de la Constitución Nacional, que fue una de sus banderas durante la campaña electoral, fue año tras año postergada.

Es de recordar que Caldera llegó al poder luego de una profunda crisis política, cuyos hitos más importantes estuvieron representados por la explosión social del 27 de febrero de 1989, los fallidos golpes militares de 1992 y la destitución del presidente Pérez en mayo de 1993. Adicionalmente, el desencanto de los venezolanos con su sistema democrático se venía haciendo patente con crecientes índices de abstención en las urnas y con encuestas que revelaban desapego y rechazo hacia la política y los partidos e instituciones como el Congreso y el Poder Judicial.

Si bien es cierto que en los inicios de su gobierno Caldera conjuró algunas de las más serias amenazas a la estabilidad política, como en los casos de distensión con los sectores militares y con el Congreso Nacional, su oferta electoral de producir transformaciones profundas en los poderes del Estado a través de una reforma constitucional fue reiteradamente pospuesta. En el lustro anterior, una de las propuestas más recurrentes para superar la crisis política institucional fue la de la modificación de la Constitución por vía de una reforma impulsada desde el Congreso o mediante una asamblea constituyente. Caldera, en su condición de senador vitalicio, presidió la Comisión Bicameral que elaboró una propuesta de reforma amplia que no llegó a ser aprobada. Caldera se ofreció a impulsarla de quedar electo como presidente.

A pesar de la promesa, la crisis financiera del año 1994, al combinarse con la debilidad del partido de gobierno y sus aliados en el Congreso, actuó como obstáculo inicial, al poner en riesgo la gobernabilidad. A mediados de 1994, al producirse un impasse entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, a raíz del decreto de suspensión de garantías promulgada por este para enfrentar una masiva fuga de capitales, el presidente terminó por optar por una alianza con el partido de la primera minoría en el Congreso, AD. Esta alianza, nunca formalizada, se prolongaría a lo largo de todo el período constitucional y sería uno de los mayores obstáculos para el avance de cualquier iniciativa profunda de cambio, por ser AD el principal defensor del statu quo del sistema político. Igual suerte que la reforma general de la Constitución corrieron también otras iniciativas legislativas, que pudieron haber significado importantes transformaciones en el sistema político e instituciones del Estado. Entre estas cabe mencionar la reforma parcial a la LORM y la Ley de los Derechos Democráticos de los Trabajadores en sus Sindicatos, Federaciones y Confederaciones.

Por otra parte, uno de los campos de actuación del Estado más necesitados de reforma, el Poder Judicial, si bien obtuvo algunas innovaciones en el orden legal, no logró revertir su imagen de ineficacia, ni obtener reformas clave como la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, con la cual se lograría el que los delitos de corrupción no pudiesen prescribir, y la del Código Penal. La prescripción en 1997 y 1998 de las causas por delitos contra la cosa pública del expresidente Lusinchi y su ahora esposa Blanca Ibáñez no hizo más que acentuar el profundo malestar de la ciudadanía por el funcionamiento de este Poder.

Finalmente, fueron destacadas las tensiones y peripecias que entre 1997 y 1998 se dieron en torno a la modificación de la Ley Orgánica del Sufragio, ahora llamada Ley Orgánica del Sufragio y de la Participación Política, y el nombramiento de los miembros del nuevo ente rector de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE). Un seguimiento de las vicisitudes ocurridas durante la discusión de la ley a lo largo de 1997 hasta su aprobación en diciembre de ese año, y del nombramiento del nuevo CNE en febrero del año siguiente, a resultas de un pacto excluyente entre AD y Copei, los ejes del tradicional bipartidismo venezolano, pusieron en evidencia ante el electorado, una vez más, la escasa voluntad de estos partidos para cambiar sistemas y procedimientos que los favorecían. Por otra parte, la rapidez con que prosperó un acuerdo entre estos mismos partidos para modificar dicha ley cinco meses más tarde, con el fin de adelantar las elecciones regionales y de Congreso Nacional, crear un triunvirato decisorio en el seno del CNE y facultar a ese Consejo para modificar la selección de los integrantes de los organismos subalternos, calculando que todo ello favorecería sus intereses, fue otro ingrediente que alimentaría la tendencia a seguir opciones radicales en un electorado hastiado ante la reiterativa conducta divorciada de los intereses de la ciudadanía por parte de estos actores.

La coyuntura: actores emergentes versus tradicionales

Los actores emergentes de vocación popular, entendiendo por tales a aquellos que en sus programas políticos y discursos incorporan como eje central de su razón de ser la lucha por las reivindicaciones de los sectores más débiles de la sociedad, además de contar con un contexto socioeconómico y político-institucional que los favorecía, a lo largo de la campaña electoral supieron enfrentar con éxito las estrategias y acciones, tanto de las fuerzas tradicionales del bipartidismo, como las de otros actores emergentes.

El Polo Patriótico

Como ya se señaló en capítulos precedentes, la insurrección militar fallida del 4 de febrero de 1992, a diferencia de aquellos alzamientos ocurridos al inicio de la instauración del sistema democrático a finales de los años 50 y comienzos de los 60, no fue rechazada por las multitudes en la calle sino vista con simpatía por amplios sectores populares disgustados con el plan de ajuste impuesto por el gobierno de Pérez, y desencantados de la política tradicional, que se mostraba incapaz de velar por sus intereses y/o introducir las urgentes reformas políticas que se exigían desde los años 80.

A partir de 1994, cuando los golpistas fueron liberados por el presidente Caldera, el MBR-200 pasó a reconstituirse como una organización política de composición cívico-militar que buscaba su arraigo en la sociedad. En abril de 1997 en una asamblea nacional, decidió concurrir a elecciones dentro de los parámetros de la política tradicional. Para ello creó una estructura político-electoral, el MVR, donde se incorporaron cuadros civiles de dilatada experiencia política provenientes de la vieja izquierda venezolana: Luis Miquilena, José Rafael Núñez Tenorio, Omar Mezza Ramírez, entre otros.

Por otra parte, el PPT, como ya se señaló también, se originó de una división de LCR, cuando el exgobernador y líder sindical Andrés Velásquez, candidato electoral del partido en las elecciones de 1993, tomó la iniciativa, en abril de 1997, de expulsar a un grupo nutrido de sus dirigentes. Después, el grupo de Velásquez, al cual el CSE confirió el nombre y los emblemas de LCR, se unió a la candidatura de la ex Miss Universo Irene Sáez, moderando su discurso para ubicarse en el centro del espectro político venezolano. En contraste, la mayoría de los cuadros de LCR que pasaron a crear el PPT reafirmaron la vocación popular de su grupo y establecieron una más clara y coherente postura antineoliberal en sus discursos. En la medida en que daba sus primeros pasos, las figuras de Aristóbulo Istúriz, Alberto Müller Rojas, Alí Rodríguez, José Albornoz y Pablo Medina se fueron destacando como sus dirigentes principales.

De esta manera, hacia fines de 1997 el MVR y el PPT van a coincidir en algunas de sus propuestas. De manera destacada en el nacionalismo y lo que de allí se deriva, su antineoliberalismo, y en su clara vocación popular. Igualmente, estos grupos, en sus anteriores versiones de LCR y de MBR-200, habían sido, durante los años críticos del gobierno de Pérez, los principales propugnadores de la reforma política profunda a través de una convocatoria a asamblea constituyente. De allí que, salvando las diferencias que en el pasado habían tenido, y después de un proceso de encuentros y desencuentros, se hizo claro para el PPT que no tenía otra opción política en esta coyuntura electoral que apoyar la candidatura en ascenso de Chávez Frías[25]. Ello se formalizó a comienzos de 1998, y el PPT trajo a la candidatura un contingente de experimentados cuadros políticos y sociales. La experiencia política del PPT también enriqueció la alianza al incorporar su conocimiento de la política institucional y de la calle del pasado reciente.

Estas dos organizaciones forman el núcleo duro de lo que se llamaría el PP y lo marcaron como una alianza de indiscutible vocación popular. Al calor de la coyuntura electoral de 1998 se fueron adhiriendo a este polo otras organizaciones políticas. Es el caso del partido MAS, cuya dirección hasta febrero de 1998 se debatía entre varias opciones, siendo las principales las que se inclinaban por las candidaturas de Sáez y de Salas Römer, y en menor medida por el candidato adeco Claudio Fermín. Una opción muy minoritaria optaba por Chávez. Sin embargo, para mediados de año, varios factores van a pesar para la final decisión del MAS de respaldar la candidatura de Chávez y formar parte de un PP. Por una parte, esta candidatura, si bien débil entre los cuadros de dirección del partido, siempre gozó de amplia simpatía en las bases de este. En segundo lugar, al producirse el adelanto de las elecciones al Congreso y a las gobernaciones y asambleas legislativas, para el PP una alianza del MVR con el MAS pasó a ser conveniente toda vez que ello permitía, como de hecho resultó ser, una mejora sustancial de sus posibilidades electorales en ese evento. El MAS contaba entonces con una importante base regional, expresada para ese momento en cuatro gobernaciones. Para el MAS, el apoyo del PP a sus candidaturas regionales tampoco era de despreciar. Por último, para el momento en que cuaja en la alianza la candidatura de Chávez, este ya tenía unos meses a la cabeza de la carrera presidencial en prácticamente todas las encuestas. El apoyo del MAS permitiría reforzar esa posición.

Las otras organizaciones que pasaron a engrosar el PP fueron aquellas que en las elecciones de 1993 apoyaron la candidatura de Caldera, las cuales fueron conocidas como el “Chiripero”. Entre ellas se contaban el PCV y el MEP. También se agregarían unos nuevos grupos de electores como: Gente Emergente (GE), Solidaridad Independiente (SI) y Asociación Agropecuaria (AA). Para septiembre, Chávez contaba, según la encuesta de Datanálisis, con 41,6% de las preferencias del electorado; para octubre con el 44,8% y para noviembre, después de las elecciones regionales, subió, según esta misma encuestadora, a 49,6%. Otras encuestadoras como Consultores 21 le dieron el 46% de las preferencias electorales tan temprano como en septiembre y el 48% al mes siguiente.

El PP ante la difícil coyuntura electoral

Al PP se le presentaron en la coyuntura electoral difíciles obstáculos que supo superar con habilidad y éxito. Los actores políticos tradicionales, especialmente AD y Copei, pero también importantes factores de poder, como algunos grupos económicos, importantes medios de comunicación, sectores de las FF.AA. y personalidades formadoras de opinión percibieron en la candidatura de Chávez una amenaza cierta a un sistema político, del cual en mayor o menor medida, eran usufructuarios. Estos desarrollaron una oposición intensa y a menudo torpe, con lo cual terminaron por favorecer esta opción emergente. Igualmente, los otros actores emergentes sucumbieron temprano o tarde a la alianza con los actores del bipartidismo, lo cual les restó en su imagen del cambio buscado por el electorado.

Desde que lanzara su candidatura en 1997, el estilo discursivo de Chávez, en más de una oportunidad, dio pie para que sus adversarios tomaran elementos con los cuales desatar campañas satanizadoras de su figura. El hecho de que fue responsable de un golpe de Estado era elemento importante para la construcción de esta imagen. En tal sentido, a lo largo de la campaña en distintas oportunidades, generalmente aprovechando algún desliz discursivo, Chávez fue estigmatizado como autoritario, fascista, antidemocrático, propiciador de la violencia, un candidato que de ganar no titubearía en barrer con las instituciones y desatar un clima de terror que llegaría a una guerra civil. Su mención en un mitin de pueblo a que “barrería a Acción Democrática de la faz de la tierra” o a que, de ganar, las cabezas de los adecos y copeyanos serían “fritas en aceite”; o sus declaraciones en el sentido de que aquellos que se opongan a la convocatoria a una constituyente irán a la cárcel, despertó justificadamente airadas manifestaciones de repudio. Sin embargo, la torpeza con que los partidos ejes del bipartidismo quisieron capitalizar estos dislates terminó neutralizando las palabras de Chávez o, en algunos casos, incluso beneficiándolo. Tal fue el caso, por ejemplo, de una propaganda de AD transmitida por los medios audiovisuales, donde se presentó una imagen ofensiva de personas humildes. Estos vociferaban, frente a un caldero lleno de aceite, que tendrían que “freír” a toda Venezuela porque todos “somos adecos”. La cuña fue censurada y retirada por el CNE, pero además de los chistes que estimuló, acentuó el rechazo hacia AD entre diversos sectores sociales.

Una fuente importante de tensiones se produjo con algunos sectores castrenses, cuya cabeza más visible fue el comandante del Ejército, general Rubén Rojas Pérez, yerno del presidente Caldera. Las manifestaciones más notorias de este desencuentro tuvieron lugar a partir de octubre y llegarían hasta las elecciones de diciembre. El general Rojas, en su intervención durante un acto del ejército en la ciudad de Maturín, manifestó que este cuerpo no podría aceptar el triunfo electoral de quien había encabezado un golpe militar. Días antes de estas palabras, ya se había producido un impasse al negarse este mismo comandante a asistir a la reunión del Alto Mando Militar con el candidato presidencial Chávez. El Alto Mando venía, por propia iniciativa, convocando reuniones con todos los candidatos. Otros sucesos de este tenor perturbaban el clima electoral y hacían presagiar la posibilidad de un desenlace violento. En los días inmediatamente anteriores a los comicios presidenciales se corrieron insistentes rumores sobre una salida militar para impedir el triunfo de Chávez. El presidente Caldera se mantuvo mayormente al margen de esta confrontación; sin embargo, en momentos decisivos, como el viernes 4 de diciembre, dos días antes de las elecciones presidenciales y en medio de los peores augurios, en un acto de fin de año de la GN, un cuerpo que los rumores vinculaban estrechamente con el golpe, hizo claro que el gobierno garantizaría el respeto a los resultados electorales y a la institucionalidad democrática. Este discurso fue trasmitido en cadena nacional, cosa que no era frecuente entonces para este tipo de actos.

Con menos estridencia, pero igualmente fuertes, resultaron las tensiones entre el PP y los ejecutivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). En este caso, buena parte de los críticos y opositores de la política petrolera que en años recientes habían venido impulsando PDVSA terminaron agrupándose más o menos activamente en el Polo. El único candidato que expresó sus desavenencias con la política de la industria fue Chávez. Esto le significó que voceros de la industria, así como otros sectores del país opuestos a Chávez, participaran en la campaña de oposición al candidato acusándolo de ignorante, de estar mal asesorado y de defender posturas ya superadas. Sin embargo, en la situación de precios petroleros deprimidos y de sobreoferta, las críticas a la política expansiva de PDVSA encontraron más receptividad y simpatía que en años anteriores.

Finalmente, al calor de la campaña y ante el sostenido ascenso de Chávez en las encuestas, este se fue configurando como el candidato a vencer por las restantes opciones. Cada uno de los otros candidatos fue diseñando estrategias que le permitieran aglutinar a su alrededor las voluntades antichavistas. Esto, sin embargo, no fue posible antes de las elecciones regionales de noviembre, ya que no quedaba claro en las encuestas y sondeos de opinión quién era el candidato más idóneo para confrontarse con éxito con el candidato del PP. Los múltiples y frontales ataques daban a la imagen de Chávez ciertos rasgos de víctima con lo cual seguía fortaleciéndose.

Pasadas las elecciones regionales, en noviembre, el cuadro electoral pareció definirse en tres bloques: por una parte el PP; por otro, Proyecto Venezuela, que aupaba la candidatura de Salas Römer cuyos resultados, si bien habían sido magros, en las encuestas comenzaba a distanciarse de los otros candidatos que disputaban el segundo lugar: Luis Alfaro Ucero por AD e Irene Sáez por Copei, Movimiento Irene y Factor Democrático. Ante esta realidad, AD y su candidato idearon una ofensiva publicitaria para presentarse como los triunfadores de noviembre y potenciar así a su candidato presidencial. En los principales periódicos del país, el día 9 de noviembre aparecieron grandes avisos publicitarios que decían: “Se demostró - AD - Somos la mayoría - Alfaro presidente”. AD había obtenido la fracción parlamentaria más numerosa, medido como partido individual, y logró retener ocho gobernaciones.

Aunque la idea de conformar un “Polo Democrático” había sido manejada antes, no había cuajado. Pero para sorpresa del país, a partir del 24 de noviembre comienzan a precipitarse una cadena de sucesos, que culminarán con la concentración mayoritaria de las organizaciones no chavistas alrededor de la candidatura de Salas Römer.

En efecto, el 24 de noviembre, un grupo de gobernadores de AD recién electos plantean ante la Comisión Nacional de Estrategia de su partido reconsiderar la candidatura de Alfaro. Ese día la propuesta fue rechazada. Al día siguiente, en reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con los gobernadores adecos, con una votación de 39 votos a favor y cinco en contra, se le pide al candidato su renuncia, a la cual este se niega. Ante tal negativa, el CEN decidió convocar para el día 27 a un Comité Directivo Nacional (CDN) que, con enfrentamientos físicos incluidos, decidió revocar la candidatura de Alfaro (El Universal, 28-11-1998). El día 28, el CEN ordena a su militancia votar por Salas Römer. Concluyó este episodio con la expulsión, por decisión unánime de los miembros del CEN, de Alfaro Ucero, quien se negó a acatar las decisiones de las distintas instancias de su partido. También ocurrió la polémica decisión del CNE de valer los votos emitidos con la tarjeta de AD para Salas Römer[26].

Mientras esto ocurría en AD, en Copei se fueron sucediendo los hechos que culminarían también con el apoyo de ese partido a Salas Römer, en secuencia retardada en relación con los acontecimientos que se desarrollaban en AD. La dirección nacional de este partido, en reunión del 30 de noviembre, decidió revocar la candidatura de Irene Sáez y sumarse a la de Salas Römer. Los dos candidatos defenestrados deciden continuar en la campaña apoyados por otros grupos de electores.

Estos atropellados acontecimientos de última hora, para conformar un frente electoral anti-Chávez, como fue demostrado en las elecciones del 6 de diciembre, lejos de poner en peligro el triunfo del candidato del PP parecieron reafirmarlo. Pues así como en su momento la candidatura independiente de Sáez acentuó su declive en los sondeos de opinión al oficializarse el apoyo, primero del partido Copei, y posteriormente de la alianza para planchas parlamentarias del Distrito Federal con AD, así mismo este apoyo de última hora de AD y Copei a la candidatura de Salas Römer, a la vista de los resultados, bien puede decirse que no la benefició. La torpeza e improvisación de los actores políticos tradicionales del bipartidismo ahondaron el rechazo hacia ellos, abonando con ello la opción que más claramente garantizaba el cambio.

Los resultados electorales del PP

Separadas en mayo, por parte del Congreso, las elecciones presidenciales de las demás, mediante una alianza exclusiva entre AD y Copei, el 8 de noviembre se realizaron los comicios para elegir senadores y diputados al Congreso Nacional, gobernadores para los 23 estados y diputados a las asambleas legislativas. Para estas elecciones se dieron alianzas de diversa naturaleza entre los partidos y agrupaciones electorales, explicándose algunas de ellas por lógicas regionales. Sin embargo, la anticipación de estos comicios con respecto a la elección presidencial, que quedó para el 6 de diciembre, determinó que los resultados de noviembre fueran interpretados como “una primera vuelta” de la presidencial. A continuación destacaremos el desempeño de los candidatos del PP en ambos comicios.

Las elecciones de noviembre

Para el 8 de noviembre, las principales agrupaciones políticas que constituían el PP, es decir el MVR, PPT y MAS, acordaron llevar candidatos comunes a las elecciones regionales. Esto reflejó la voluntad y capacidad de estos partidos para hacer a un lado sus intereses particulares en función de los más generales de la alianza. Gracias a ello, los candidatos a gobernador del PP resultaron electos en ocho estados (cuadro Nº17):

Además de estas victorias, que la igualaron en número de gobernaciones con el partido AD, la alianza llegó en segundo lugar en diez de las trece gobernaciones restantes. Si bien en el D.F. no se elegía gobernador, el desempeño allí del PP fue arrolladoramente triunfante en la elección de los cargos al Congreso N acional (v. cuadro Nº 18). Tomando en cuenta que las previsiones en AD eran que, en el peor de los casos, ellos retendrían sus once gobernaciones obtenidas en 1995, pudiendo llegar a aumentar hasta catorce, los resultados arrojaron un saldo claramente favorable al PP. Tómese en cuenta además que el total de la votación de los gobernadores electos del PP fue de 1.096.116, mientras que el de los gobernadores de AD alcanzaba solo 564.391. Resultó sorpresiva y emblemática la elección del padre de Chávez como gobernador del estado Barinas, derrotando al gobernador en ejercicio de AD. También fue contundente el triunfo de Alexis Rosas, del PPT, en Anzoátegui, donde compitió contra el ex candidato presidencial de LCR, Andrés Velásquez, llegando este de tercero, tras el candidato de AD. Además de Rosas, del PPT resultaron electos gobernadores Eduardo Manuitt y Alfredo Laya en Guárico y Vargas respectivamente, lo cual, aunado a su bancada parlamentaria, le proporcionó a este partido un sólido espacio político para reconstruirse después de la división de LCR año y medio antes.

Pese a los resultados contundentes para el PP en su representación parlamentaria para el DF, los resultados parlamentarios en el resto del país, sin ser contrarios, no le confirieron una mayoría hegemónica en el Congreso. En efecto, el Congreso Nacional que se instalaría el 23 de enero de 1999 estaría conformado por una variedad de fuerzas políticas, ninguna de las cuales sería mayoría absoluta y sería necesario para adelantar cualquier iniciativa legislativa establecer alianza entre dos o más de estas fuerzas parlamentarias. El PP contaba con aproximadamente un tercio de la representación en el Senado y un poco más en la Cámara de Diputados (v. cuadro Nº 19).

Estos resultados, por una parte, dieron pie a que los adversarios del PP buscaran afanosamente en el mes de noviembre constituir un polo electoral alternativo para los comicios presidenciales, argumentando que dos terceras parte del país se habían manifestado en contra de los candidatos y propuestas de Chávez. Especialmente, la idea de una reforma profunda del Estado por la vía de una asamblea constituyente, propuesta central de la oferta electoral del MVR y del PP, pareció debilitarse toda vez que emergía un Congreso con una composición mayoritariamente contraria e ella.

Las elecciones de diciembre

Sin embargo, después de la cadena de acontecimientos ya señalados en el aparte segundo, que resultaron en la constitución aparatosa del llamado Polo Democrático en torno a la figura de Salas Römer, el 6 de diciembre los comicios arrojaron el resultado siguiente:

La holgada victoria de Chávez al ganar en 18 de las 24 entidades federales, si bien prevista por algunas encuestas, no dejó de despertar sorpresas. Como puede verse en el cuadro N° 20, se produjo una acentuada polarización (96,17%), en la cual el PP superó el 50% de los votos. Viniendo de haber capitalizado en noviembre la tercera parte de los votos, los resultados pueden explicarse a partir de varios hechos. Por una parte, aumentó, como era de preverse, la participación electoral en 9,25%. La abstención en las elecciones para senadores fue de 45,49% y en las presidenciales de 36,24%. Esto significó un aumento de la masa de votantes del orden de 1.103.703 votos. Las votaciones de los partidos PV, AD, Copei, Convergencia, es decir, de quienes mandaron a sus militantes y simpatizantes a votar por la candidatura de Salas Römer, en diciembre obtuvieron solo cien mil votos más a la que en conjunto les fue registrada en noviembre, mientras Chávez sacó 1.922.700 votos más. Ello indica que, en primer lugar, la disminución en la abstención se volcó muy mayoritariamente a favor de Chávez. En segundo lugar, los electores, que en las elecciones de noviembre votaron por organizaciones políticas que no se plegaron a la opción de Salas Römer, también terminarían mayoritariamente votando por el candidato del MVR, sin que esto fuera resultado de nuevas alianzas formales. En este sentido, Chávez fue también más favorecido que Salas por la polarización. En tercer lugar, el clima de entusiasmo y politización del país en esos meses permitía anticipar una abstención en las elecciones presidenciales menor a la finalmente registrada. Una hipótesis para explicar esto, imposible de cuantificar con las cifras oficiales del CNE, es que el número de votantes de las elecciones de noviembre que no lo hicieron en diciembre, principalmente entre los de AD y Copei, como acto de repudio a la conducta de las cúpulas de esos partidos, pudo haber sido elevado. De ser cierta esta hipótesis, el número de nuevos votantes en diciembre era superior a la registrada en las cifras oficiales como simple diferencia entre el total de votantes en ambos comicios. Este sería un caudal adicional de votos que favorecieron a Chávez.

En definitiva, las victorias de Chávez y el PP cabalgaron sobre la transición no resuelta de la sociedad venezolana. Una situación de incertidumbre con respecto al porvenir, que se agravó al iniciarse 1998 por la insistente baja de los precios petroleros, hizo ver los pregonados logros económicos de la Agenda Venezuela del gobierno de Caldera como coyunturales, abriendo de nuevo el pesimismo y el cuestionamiento al rumbo trazado. Junto a esta variable, si bien no se vivieron los años de zozobra de los presidentes Pérez y Velásquez, tampoco se vio mejoría en la calidad de vida, ni recuperación del deterioro político-institucional. Por otra parte, en 1998 se hizo más visible que en otros años la escasa o nula voluntad de los actores de la política tradicional para alterar las reglas de juego. Quizás por todas estas razones, a principios de año, los estudiosos pronosticaban una abstención del 50% en las elecciones de diciembre y la continuación de la apatía política, tendencia que, sin embargo, no se produjo.

La candidatura de Chávez y las fuerzas que se aglutinaron a su alrededor introdujeron en la contienda la esperanza de un cambio profundo, tanto de la clase política como de las propuestas de país hasta entonces presentadas. Su discurso, además, fue el único que le dio preeminencia a los sectores empobrecidos y excluidos, y los valoró como sujetos del sistema político democrático. Así, la polarización social creciente encontró en Chávez su expresión política. Por otra parte, su hábil manejo de los emblemas y símbolos patrios estimuló una muy necesitada autoestima entre los venezolanos, quienes llevaban cuatro lustros asistiendo a una regresión de su proceso de modernización en el siglo XX.

Los resultados de diciembre de 1998, con mayor radicalidad que los de 1993, abrieron para la sociedad venezolana un mapa político nuevo e iniciaron el proceso de implantación de una nueva hegemonía. El desempeño de AD y Copei dejó atrás, de manera definitiva, el bipartidismo fundamentado en el Pacto de Puntofijo. Con los actores emergentes, tanto los de vocación popular, como los otros, irrumpieron en el escenario nuevos rostros y comenzaron a predominar finalmente nuevas generaciones en el liderazgo político.

Capítulo 10
Las elecciones de 2000: el nuevo mapa político del país[27]

En diciembre de 2000 finalizó un período de intensa actividad electoral. En un lapso de 25 meses, que se inició en noviembre de 1998, se habían llevado a efecto dos elecciones presidenciales, dos para gobernadores de estados, se eligieron dos parlamentos, se dieron dos comicios de representantes a las legislaturas regionales, se votaron los representantes para una Asamblea Nacional Constituyente, una elección de alcaldes, otra para concejales y miembros de juntas parroquiales y tres referendos. De este conjunto de comicios, durante el año 2000 se celebraron, en un solo acto en el mes de julio, las segundas elecciones presidenciales, de gobernadores, de diputados a la nueva Asamblea Nacional y a los consejos legislativos estadales, así como las de alcaldes para los 335 municipios del país. El 3 de diciembre se realizaron las elecciones de concejales, de miembros de las juntas parroquiales y un referendo nacional.

Esta intensa actividad electoral permitió el desplazamiento de una élite política dominante en el país desde 1958 y su sustitución por nuevos actores políticos emergentes. Con mucho, la figura más descollante de este proceso fue el actual presidente de la República, Hugo Chávez Frías, cuyo carisma y popularidad explican en gran medida las victorias obtenidas. En los comicios del año 2000, Chávez y las fuerzas y organizaciones que lo respaldaron accedieron a una significativa mayoría de los cargos públicos en los diversos niveles, lo que les posibilitaría desarrollar en los próximos años las propuestas que venían defendiendo para el país.

Las elecciones del año 2000, sujetas a las disposiciones contenidas en la nueva Constitución Nacional aprobada en referendo en diciembre de 1999, estuvieron inicialmente programadas para ser realizadas el 28 de mayo. Para esta fecha se programó la realización conjunta de las elecciones para presidente, gobernadores, alcaldes, diputados nacionales y regionales, concejales y miembros de juntas parroquiales. Estas “megaelecciones”, como entonces se les llamó, por su complejidad y premura, fueron demandadas ante el TSJ por organizaciones de la sociedad civil. El Tribunal resolvió, la misma semana pautada para su realización, su posposición. Como resultado de este percance, las autoridades del CNE fueron sustituidas y las autoridades legislativas del momento, la Comisión Legislativa Nacional (o Congresillo), acordaron separar las elecciones de los concejales y miembros a las juntas parroquiales de las restantes, con el fin de simplificar el proceso. El 30 de julio se realizaron las elecciones para presidente, gobernadores de estado, diputados a la Asamblea Nacional y a las asambleas estadales, y alcaldes de municipios. El 3 de diciembre se cumplieron las faltantes de concejales y miembros a las juntas parroquiales, así como un referendo referido a la renovación de la dirigencia sindical en el país.

El carisma del presidente

Pocas veces en la historia contemporánea venezolana se ha presenciado un carisma tan fuerte como el que evidencia Chávez, que suscite a la vez tanto rechazo en sectores sociales altos, medios e intelectuales. Este rechazo estuvo presente desde que iniciara su actividad política más pública en 1994, se exacerbó durante la campaña electoral de 1998 y continuó a lo largo de su primer año de gobierno. Los medios de comunicación impresos de cobertura nacional y los programas televisados de opinión reflejaban –e incluso lo acentuaron después– una realidad casi diametralmente opuesta a la expresada en los comicios y encuestas que desde 1998 se estaban desarrollando: de allí que la crítica a Chávez y a su gobierno era feroz; y el rechazo, permanente. Para alguien del exterior, que tomaba el pulso de la sociedad, los medios de comunicación, con la excepción de algunas estaciones de radio e impresos secundarios, estaban transmitiendo la distorsionada imagen de un líder rechazado por las mayorías, siendo que ese rechazo, por el contrario, pareciera concentrarse solo en la población que no se ubicaba en los estratos sociales de pobreza generalizada. Siendo este rechazo, sin embargo, una realidad incuestionable, demostrada con creces en años siguientes, conviene que tratemos de dilucidar el porqué del atractivo popular de Chávez y en dónde se origina el repudio de los otros estratos sociales.

Muchos elementos se conjugan para darle a Chávez un aura irresistible para la inmensa mayoría de la población venezolana que es pobre o ha experimentado el empobrecimiento individual o de sus familias en las últimas dos décadas. Su extracción popular; su manejo de símbolos y referencias culturales que apelan a los valores hegemónicos de la nacionalidad venezolana; la construcción de un discurso pugnaz incluyente de sectores sociales excluidos y excluyente de las élites políticas llamadas por él y sus seguidores puntofijistas; la proyección de una imagen no contaminada con la política tradicional; su condición de militar; su imagen de hombre joven, parte de una nueva generación, y su estilo informal y pedagógico de dirigirse a la población son algunos de los atributos, combinados entre sí de diversas maneras en distintas coyunturas, proyectaban esa positiva imagen que propiciaba la simpatía y hasta la euforia popular.

Fisonomía, orígenes y referencias simbólicas de Chávez

Los rasgos físicos de Chávez le permiten a cualquier venezolano identificarlo inmediatamente como un hombre de extracción popular: “Alto, de contextura fuerte, pero no gruesa, tiene el tipo del venezolano que en los últimos cien años no ha recibido nuevas mezclas raciales. Pelo negro ensortijado, ojos achinados, boca gruesa, nariz perfilada” (Zago, 1992). Esta acertada descripción de su fisonomía refleja bien además un tipo de venezolano resultado de un mestizaje predominantemente de negro con indio, correspondiente a quienes, a lo largo de toda la historia de Venezuela, han formado parte de los sectores dominados de la sociedad. Adicionalmente, Chávez nació en un pequeño pueblo del estado Barinas, región rural ubicada a gran distancia de las partes del país más dinámicas en el proceso de modernización. Ese estado forma parte de los altos llanos occidentales, agregándole al personaje el aura de “llanero” que evoca en la cultura popular imágenes de un carácter heroico, indómito, pero también indisciplinado e irreverente, cuyo origen se remonta a la gesta independentista.

Un segundo ingrediente de gran importancia en el fervor popular que el presidente despierta entre sus seguidores ha sido la ya señalada construcción de un nuevo discurso político en el cual símbolos e imágenes, elaborados a partir de referencias históricas y culturales reinterpretadas, juegan un papel de primer orden. En todo acto político del presidente, desde los más relevantes hasta los nimios, es posible encontrar el uso de símbolos para desarrollar y fortalecer su posición. En los orígenes mismos de su primer movimiento político, el MBR-200, su ideología fue identificada como “El árbol de las tres raíces” siendo cada raíz la representación del pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Rodríguez fue maestro de Bolívar y Zamora, un caudillo de la Guerra Federal a quien Chávez y los otros fundadores del movimiento le han atribuido un “carácter reivindicativo y profundamente democrático” (Zago, 1998). El MBR-200, por otra parte, incorpora doblemente en su nombre el símbolo más trascendente de la nacionalidad venezolana al llamarse “bolivariano” y al colocar el número 200 para representar el segundo centenario del natalicio del Libertador, coincidente, según alegan, con la fecha de fundación de su movimiento en 1983. Al transformarse el MBR-200 en el MVR, encontraron otra identidad con gran resonancia histórica. Con este nombre proponían la refundación de la República, pues de acuerdo con su interpretación histórica, en 1830, con la separación de Venezuela de la Gran Colombia, se inició la cuarta república, que fue siempre oligárquica y alcanzaría sus mayores grados de descomposición con la democracia puntofijista. Por otra parte, al abreviar ambos nombres, MBR y MVR, la fonética se hace coincidente. No cabe duda de que en ambos nombres el nacionalismo tiene una fuerte impronta, constituyendo el corazón de la simbología chavista.

Fiel a su manejo de símbolos históricos, en 1994, al ser liberado Chávez de la cárcel, recuerda la vieja canción federalista cuando proclama que el “cielo sigue encapotado”[28]. Así mismo, las organizaciones de base del movimiento, que comienza a fundar a partir de esa fecha, se denominan “Círculos Bolivarianos”, su proyecto político, el proyecto Simón Bolívar, y la nueva constitución de 1999 rebautiza la república con el nombre de “República Bolivariana de Venezuela”. Los ejemplos son abundantes.

También el uso de fechas patrias para la realización de actos políticos considerados relevantes, ha sido una constante en las ejecutorias de este proyecto. Ya mencionamos que en el nombre del movimiento se homenajea el segundo centenario del nacimiento de Bolívar. El movimiento escoge en 1997 la fecha del 19 de abril, conmemorativa de la declaración de independencia de Venezuela en 1810, para realizar una reunión en la cual se decide, contrariando posturas abstencionistas anteriores, participar en el proceso electoral del año siguiente con Hugo Chávez Frías como candidato a la presidencia. Escoge así mismo en 1998, el 24 de julio, fecha concurrente con el natalicio de Bolívar, para inscribir esta candidatura ante el CNE. Reiterados han sido los intentos por incorporar el 4 de febrero, fecha del golpe liderado por Chávez en 1992, entre las fechas patrias. En 1999 se propuso, sin éxito, que la toma de posesión del presidente electo en diciembre anterior se realizara en esa fecha, en lugar del 2 del mismo mes. En 2000, ya en ejercicio de gobierno, se efectuó un mitin de mucho relieve en la plaza Caracas, donde el presidente arribó a las 6.30 de la tarde, vestido con uniforme de campaña y antes de dirigirse al público entonó el himno nacional. Esta práctica de cantar el himno nacional al comenzar o terminar una manifestación se hará en los años posteriores una costumbre.

El verbo presidencial

Un tercer componente medular de la popularidad de Chávez ha sido el estilo de sus frecuentes discursos. No eran comunes en la historia más reciente del país los discursos presidenciales con el grado de pugnacidad que caracteriza buena parte de las intervenciones del presidente. Desde su campaña electoral y a lo largo de todo el año de 1999, en campañas electorales o no, por separado o en conjunto, se ha confrontado utilizando un lenguaje directo, agresivo y en muchas oportunidades descalificador, contra personalidades, factores tradicionales de poder e instituciones. Ha sostenido Chávez fuertes enfrentamientos verbales con el Congreso, tal como el ocurrido a propósito de la discusión de la Ley Habilitante de 1999. En más de una oportunidad, con fuerte apoyo popular, amenazó con disolverlo (v. El Nacional, abril 1999). Igualmente, protagonizó candentes conflictos con la CSJ, llegando incluso a amenazarla de no acatar su decisión de no sancionar esta a su favor con motivo de las controversias en torno a la constitucionalidad de las preguntas para el referendo del mes de abril, y sobre el carácter originario o derivado de la Asamblea Nacional Constituyente. Con el CNE también tuvo sus escaramuzas, al imponerle este organismo una multa por su activa y pública participación en la campaña para la elección de los constituyentes. El presidente respondió al Consejo preguntando dónde tenía que pagar la multa, pero que tendrán que ponerle una mordaza o meterlo preso “porque voy a seguirle hablando al pueblo” (El Nacional, 15-06-1999). Con la jerarquía de la Iglesia católica en varias ocasiones la confrontación fue frontal, llegando Chávez a calificar a algunos obispos de estar poseídos por el demonio. Este conflicto tuvo un corto receso cuando el cardenal Ignacio Velasco, funcionario de la más alta jerarquía en la Iglesia en Venezuela, cometiera la torpeza, rechazada por una abrumadora mayoría de la población, de atribuir la tragedia nacional de los deslaves de diciembre de 1999 en la costa central a la ira de Dios por la soberbia del presidente. A la CTV, máxima central sindical del país, Chávez la acusó de ser una de las “expresiones más corruptas de la cogollocracia”. Su enfrentamiento con intelectuales y periodistas nacionales y extranjeros ha sido prolijo. Para citar un par de ejemplos, al historiador Elías Pino Iturrieta, doctorado en el Colegio de México y miembro de la Academia Nacional de la Historia, lo catalogó de analfabeto, y a la periodista Vanessa Davies, del diario El Nacional, quien cubrió las primeras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas policiales en el estado Vargas, a raíz de las inundaciones del mes de diciembre, la llamó irresponsable.

Este discurso pugnaz ha tenido como clara intención enfrentar y excluir una estructura de poder y una élite, considerada por él y por su movimiento como oligárquica y corrupta. Simultáneamente, Chávez elabora un eficaz discurso incluyente de los sectores populares. Este discurso se centra en la idea del pueblo como el protagonista de la historia y el agente de las transformaciones, donde él, Chávez Frías, es apenas “una brizna de paja en el viento”, un elemento prescindible: “sólo el pueblo salva al pueblo, y yo seré el instrumento de ustedes (...) pero si hay que derramar sangre, Cristo dio el ejemplo” (El Universal, 30-07-1997). Incluso, al intervenir en un enfrentamiento entre elevados personeros de su partido y su gobierno, Chávez repite la misma idea: “El proceso no me pertenece, le pertenece al pueblo. Yo no tengo grupos, sino equipos de trabajo. No tengo compromisos con nadie sino con el pueblo” (v. El Nacional, 12-02-2000).

Son también permanentes en los discursos del presidente elementos que en su conjunto contribuyen a mantener la simpatía de los sectores populares. Apela constantemente a expresiones dirigidas a elevar la autoestima del pueblo: vincula al pueblo de hoy con gestas decimonónicas, en especial las de la Independencia y las de la Guerra Federal; se refiere al bravo pueblo, al pueblo noble y valiente, siendo estos algunos de los tantos elogiosos calificativos que reiteradamente utiliza.

El estilo discursivo del presidente es un tema que daría para un más amplio y sistemático análisis. Pero basta para soportar nuestro argumento mencionar tres elementos adicionales. La informalidad, a través de frecuentes interpelaciones a miembros de su gabinete presentes en el local de la alocución o con referencias a anécdotas o recuerdos de infancia, familiares o de amigos aparentemente desconectadas con el tema mismo del discurso, y el recurso del humor, espontáneo y franco. Todos estos son recursos que sin duda refuerzan el diálogo horizontal y cautivan a sus seguidores. Finalmente, probablemente heredado de sus padres maestros, el estilo pedagógico de muchas de sus intervenciones públicas, con frecuencia acompañadas con gráficos, mapas, proyecciones, que buscan hacerse entender por el venezolano común y corriente a la vez de imprimirle un carácter transparente a las acciones de su gobierno.

Estos mismos elementos, en mayor o menor grado, provocan el rechazo, el desprecio y en múltiples ocasiones la indignación entre sus adversarios. Sin duda, el discurso descalificador y excluyente es el más venenoso, pues, como señalamos arriba, Chávez no ahorra calificativos a la hora de enfrentar a sus oponentes políticos. Los apelativos de negativos y puntofijistas fueron dos reiterados en aquel año, queriendo identificar con ellos, y metiendo en un mismo saco, a posiciones y trayectorias públicas que pueden ser muy diversas. Los negativos fueron quienes auparon la opción por el NO en el referendo de 1999. Puntofijistas es el calificativo que ha encontrado para endilgárselo a los actores sociales y políticos o personalidades vinculados por él con el régimen democrático instaurado en 1958. Aunque los actores de uno y otro momento no necesariamente fueron los mismos, en el discurso presidencial terminan siendo homologados porque son sus oponentes. Los otros elementos discursivos, sin tener intenciones agresoras, tampoco son bien vistos por quienes lo adversan. Desde posturas que manifiestan –entre los sectores altos y medios altos de la población– componentes de desprecio por los sectores sociales excluidos, y en ocasiones hasta rasgos de racismo, un discurso dirigido a atraer la atención y el afecto de los sectores pobres de la población es recibido con rechazo. Las referencias al pueblo como centro del proceso son leídas por estos sectores como evidencias de un populismo demagógico. La informalidad es identificada con improvisación. El lenguaje militar, como expresión del autoritarismo. Los recursos beisbolísticos son vistos como poco serios e impropios de un estadista. El uso del humor, como manifestación de chabacanería. El tono pedagógico se percibe como primitivo, de bajo nivel e innecesario. Todos estos ingredientes alargan los discursos presidenciales dando pie a que sean tildados de “interminables habladeras de paja”. Bastará tomar como muestra las columnas de articulistas como Rafael Arráiz Lucca, Manuel Caballero, Marta Colomina, Aníbal Romero y muchos otros, para ilustrar distintos aspectos del rechazo de sectores medios, altos e intelectuales.

Elecciones presidenciales

La victoria obtenida por Chávez en las elecciones de julio de 2000 frente a sus contendores, Francisco Arias Cárdenas y Claudio Fermín, fue contundente (véase cuadro Nº 21). Comparadas con las presidenciales realizadas en diciembre de 1998, no deja de sorprender que no se haya producido una disminución en su caudal de votos, sino que más bien por el contrario, este aumentó ligeramente. En las elecciones de 1998, Chávez triunfó con un total de 3.673.685 votos, el 56,2% de los votos válidos, mientras que en las de 2000 la votación a su favor subió a 3.757.773, representando el 59,8%. Además, en las primeras ganó en 18 de las 24 entidades federales del país, y en las últimas solamente fue derrotado en una de ellas, el estado Zulia, por una diferencia escasa de 1,43%. Si bien en las elecciones presidenciales de 2000 la abstención se incrementó, comparada con las previas en 7,3%, pasando de 36,2% a 43,5%, esto no se produjo en detrimento del caudal electoral chavista, que incrementó su votación en más de ochenta mil votos.

Si nos detenemos en los resultados por entidad federal podemos ver que, con la excepción del estado Zulia, ya mencionado arriba, Chávez ganó en los demás con una diferencia porcentual siempre superior a 7,3%. Muestra esto que la popularidad y el carisma del presidente seguía siendo un fenómeno de alcance nacional. Sin embargo, hay algunos estados donde acentuados liderazgos regionales jugaron papel relevante, a favor o en contra, del triunfo de Chávez. En el único estado donde Chávez fue derrotado, el Zulia, triunfó quien venía de ser gobernador de ese estado. En Miranda, donde Chávez ganó con la diferencia menor (7,33%), salió reelecto como gobernador en las elecciones realizadas el mismo día Enrique Mendoza con 64,81% de los votos válidos, siendo que para las presidenciales este candidato a gobernador apoyaba a Arias Cárdenas. En el extremo opuesto, el estado en el cual Chávez obtuvo la mayor votación porcentual (73,86%) y mayor diferencia con quien obtuvo la segunda votación (50,72%), el también reelecto gobernador Didalco Bolívar, quien lo apoyaba, obtuvo una votación porcentual de 84,70%.

Estos resultados electorales reflejan la debilidad de la oposición política a Chávez. Uno de los candidatos derrotados, Arias Cárdenas, copartícipe, junto con Chávez, en el fallido golpe militar de 1992, fue reelecto gobernador del estado Zulia en 1998 apoyado por el presidente, y solamente pocos meses antes de las elecciones del 2000 decidió enfrentar electoralmente a Chávez. En la contienda, Arias Cárdenas concentró a su alrededor fuerzas de oposición de la más disímil naturaleza, logrando parcialmente polarizar estas elecciones. Fermín, por su parte, fue un dirigente prominente de AD, alcalde de Caracas por ese partido, precandidato presidencial del mismo en 1998 y candidato luego por un movimiento propio al no ser apoyado por AD. Son estos candidatos, uno totalmente ajeno a los partidos tradicionales, y el otro, Fermín, compitiendo como independiente, quienes alcanzan entre ambos un poco más del 40% de los votantes.

Elecciones para gobernadores de estado

Los resultados de estas elecciones fueron de las muestras más notorias del avance político de las fuerzas que apoyan al presidente. En las elecciones para gobernadores realizadas en noviembre de 1998, elecciones que como señalamos en el capítulo anterior fueron separadas de las presidenciales por decisión de la mayoría parlamentaria del momento, en un intento de debilitar la fuerza electoral de Chávez, la alianza que lo respaldó obtuvo ocho de las 23 gobernaciones. AD igualó en el mismo número de gobernaciones, Copei triunfó en cinco estados, Proyecto Venezuela en uno y Convergencia en el restante. Luego de la decisión parlamentaria de separar las elecciones presidenciales de las otras, adelantando estas últimas, las fuerzas políticas que apoyaban a Chávez constituyeron, como ya se señaló también, el PP, presentando en la mayoría de los estados del país candidatos conjuntos. En contraste, en las elecciones de julio de 2000, con varias victorias electorales en su haber, y manteniéndose elevados los índices de popularidad del presidente, la estrategia fue diferente. La urgencia de la alianza había disminuido y la tensión entre los distintos partidos que la conformaban aumentó. Esto llevó a que las organizaciones que en 1998 habían apoyado a Chávez no se presentaran con igual cohesión. El MVR en varios estados optó por presentar candidatos propios rompiendo de hecho la alianza. La situación fue especialmente tensa con el partido PPT, llevando a esta organización a retirarle su apoyo al presidente y a varios de sus candidatos a gobernadores. En menor medida, se presentó una situación similar con el MAS, rompiéndose la alianza en algunos estados.

Como muestra el cuadro N°22, la estrategia del MVR resultó beneficiosa de todas formas para las fuerzas hegemónicas emergentes. En esta oportunidad el PP, sin la participación del PPT, obtuvo 14 gobernaciones. El PPT por su parte ganó en 2 entidades federales y el MAS, sin el apoyo del MVR, una adicional, para un total de 17 gobernaciones afines al proyecto del presidente. Adicionalmente, también se efectuó en esta oportunidad por primera vez la elección del alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, que fue holgadamente ganada por el candidato del PP.

Por otra parte, las fuerzas y partidos de oposición vieron reducido significativamente su implante regional. AD y Copei, los dos grandes partidos tradicionales de Venezuela, disminuyeron de ocho a dos el primero y de cinco a uno el segundo, su presencia al frente de entidades federales. PV mantuvo su gobernación del estado Carabobo, Convergencia repitió en Yaracuy y el alcalde de la ciudad de Maracaibo, electo para ese cargo por AD, fue ahora electo gobernador con el apoyo de un movimiento propio, el Un Nuevo Tiempo (UNT).

Si a primera impresión puede parecer que la homogeneidad obtenida había sido elevada, una mirada más atenta mostraba algunos signos de pluralidad política en los gobiernos regionales. Además de las seis entidades federales gobernadas por partidos en clara oposición, quedaron dos gobernaciones ejercidas por militantes del PPT, que resultaron electos en oposición a candidatos del MVR y una gobernación del MAS en igual condición. Los otros dos gobernadores del MAS tenían un indiscutible liderazgo regional propio. El gobernador electo del estado Táchira, por otra parte, fue apoyado por el partido MVR poco antes de las elecciones, al renunciar el candidato que hasta ese momento apoyaban. La candidatura de este gobernador había sido apoyada inicialmente por el PPT y el MAS, a pesar del rechazo que durante meses recibió del MVR. El alcalde mayor de Caracas, quien fue electo con el apoyo pleno de todas las fuerzas del PP, había mantenido insistente y públicamente su independencia política, y gozaba de una popularidad propia que no parecía depender exclusivamente del presidente Chávez[29].

La elección de los otros 12 gobernadores, sin embargo, no podría explicase sin el fuerte apoyo recibido del presidente y al hecho de la coincidencia en un mismo día de estas elecciones y las presidenciales. Si bien estos gobernadores le debían en buena medida su triunfo a los favores del presidente y podría por ello esperarse que sus gestiones fuesen incondicionales a las directrices del Ejecutivo nacional, ellos iban a necesitar construirse un liderazgo propio si buscaban reelegirse después de cuatro años, ya que en esa oportunidad, las elecciones para gobernadores no coincidirían con las presidenciales que se darían dos años después.

Asamblea Nacional y consejos legislativos estadales

Los resultados obtenidos en la conformación de la nueva Asamblea Nacional proporcionaron a la coalición de gobierno una mayoría cómoda, mas no contundente. De los 165 diputados electos para el parlamento unicameral, 105 pertenecían a organizaciones afines al proyecto de Chávez, mientras que los 60 restantes se ubicaban en las diferentes organizaciones que le hacían oposición (v. cuadro Nº 23). Si contrastamos estos resultados con los obtenidos en las elecciones legislativas de noviembre de 1998, los partidos chavistas pasaron de controlar el 36% de los representantes en la cámara de diputados del viejo Congreso, a dominar el 64% de los diputados de la nueva Asamblea Nacional. En el viejo Congreso bicameral, en la Cámara de Senadores el número de senadores proclives a Chávez fue en el 98 de tan solo el 34%[30].

Según la nueva Constitución Nacional, la labor legislativa requiere, dependiendo del tipo de decisión a adoptarse, de mayoría simple, mayoría calificada de tres quintos o mayoría calificada de dos tercios. Para la mayoría simple, si están presentes todos los diputados, se requiere del voto de 83 de ellos, número que los del MVR unidos a los del MAS sobrepasaron holgadamente. La mayoría calificada de tres quintos, necesaria, por ejemplo, para aprobar leyes “habilitantes”, que deleguen en el presidente atribuciones legislativas, requiere 99 votos. Para obtener esta votación, además de los diputados del MVR y del MAS, haría falta el voto de al menos un diputado adicional, por lo cual tampoco en estos casos el gobierno tuvo problemas, por contar con siete votos adicionales procedentes de organizaciones afines. Para los 110 votos de la mayoría calificada de dos tercios, requeridos, por ejemplo, para la aprobación de leyes orgánicas y para la escogencia de los miembros del Consejo Moral Republicano (fiscal, contralor y defensor del pueblo), la totalidad de los votos de la alianza gubernamental quedó corta en cinco votos, siendo necesario que la alianza los procurara de diputados provenientes de organizaciones de la oposición.

Nuevamente acá, como sobre los resultados de las elecciones a gobernadores, la primera apariencia escondía matices a tomar en consideración. El primero de estos se refería a la consistencia del respaldo masista a las directrices emanadas del Ejecutivo nacional. Este partido y sus dirigentes participaron en la alianza chavista con diversos grados de tensión y la situación de desencuentros tendió a acentuarse poco después. A mediados del año 2001, la alianza entre el MVR y el MAS se deshizo creando una situación bastante difícil para las fuerzas del gobierno en la Asamblea. Además, dentro de los 77 diputados proclamados por el CNE como electos en las listas del MVR, se encontraban algunos de los dirigentes más prominentes del MAS, lo que aumentó en términos reales la representación de este partido, a expensas de la representación emeverrista. Sin embargo, un grupo de dirigentes nacionales y regionales del MAS optó por seguir apoyando al presidente y poco más tarde fundarían el partido Podemos, permitiendo que las fuerzas del gobierno mantuvieran hasta 2005 una inestable mayoría simple en la Asamblea, así como el control sobre casi todos los estados donde habían sido electos gobernadores con el voto de la coalición.

La conformación parlamentaria de 2000 obligó permanentemente a una doble negociación entre los diputados y las fuerzas que ellos representaban. Por una parte, se daba la consabida negociación entre las fuerzas gubernamentales y las de oposición, y por la otra, las ineludibles al interior de la alianza gubernamental misma, siendo estas segundas, en muchos casos, las más importantes.

Tampoco el campo de la oposición era homogéneo. Quizás lo más destacado en la conformación de este campo fue la nitidez con que tendían en los primeros meses a diferenciarse las que podríamos llamar fuerzas de oposición provenientes del sistema de partidos del pasado, y las nuevas fuerzas que procuraban no ser confundidas con ellas. Ejemplo claro de esto era el caso del Movimiento Primero Justicia (PJ), partido reciente en la actividad política venezolana, ideológicamente conservador, pero que durante la campaña se distanciaba permanentemente de los partidos AD y Copei. Cosa similar ocurría con LCR, que siendo un partido de más vieja data, siempre fue adversario de los partidos tradicionales y su coincidencia en la oposición a Chávez no los llevaba a formar un bloque unificado con esos partidos. Aunque con menos nitidez, por su historia y vocación, el partido PV de alguna manera también tomaba distancias. Estas tendencias, no obstante, tomaron otro giro, cuando la oposición optó por una estrategia insurreccional entre fines de 2001 y 2003, como analizaremos en el capítulo siguiente.

Los Consejos Legislativos estadales, por su parte, son los encargados de ejercer el poder legislativo en las distintas regiones. Están conformados, dependiendo del tamaño de la población del estado, por no menos de siete ni más de 15 diputados. En los resultados de estos comicios puede constatarse también lo sólido que fue el triunfo chavista. Por el MVR fueron electos cerca del 45% de los diputados regionales y por las distintas fuerzas afectas al presidente ese porcentaje se acercó al 60%. De los 23 consejos legislativos, las fuerzas de oposición al gobierno obtuvieron mayoría en cinco, mientras que las fuerzas aliadas al presidente dominaron en 15. En los tres restantes el voto decisivo lo ejercería el diputado indígena, que estaba más inclinado a participar de la alianza gubernamental. Pero es de destacar que tres de los cinco estados dominados por la oposición eran los tres estados más poblados del país y los únicos que tenían consejos legislativos de 15 diputados.

Elección de alcaldes

El 30 de julio se realizaron también las primeras elecciones de alcaldes para los 335 municipios del país. Por múltiples y diversas razones todos los alcaldes tenían ya para esa fecha más de un año de vencimiento del período para el cual habían sido electos. En este ámbito los resultados arrojaron un panorama más disperso. Si bien fue muy notorio el avance de las fuerzas chavistas comparado con el número de alcaldes anterior, también fue evidente la permanencia en estos cargos de personas electas con el apoyo de AD y Copei. Un análisis general de estos resultados se dificulta ya que las condiciones de los diferentes municipios varían drásticamente. Son muy distintas las motivaciones para el comportamiento electoral en municipios como el de Río Negro, en Amazonas, donde el alcalde electo obtuvo 242 votos, contrastadas con las del municipio Libertador en el D.F., donde con una elevada abstención de 46,55%, la votación del alcalde electo fue de 305.620 votos. No es aventurado sostener que en municipios pequeños el conocimiento personalizado de los candidatos, más allá de su afiliación política, jugó una papel mucho más relevante que en los municipios grandes, donde tal conocimiento resulta imposible.

Es interesante señalar los resultados en los cinco municipios que conforman el área metropolitana de la ciudad de Caracas. No puede saberse, a partir de los resultados oficiales proporcionados por el CNE, el comportamiento electoral de los distintos sectores socioeconómicos en el país. Sin embargo, encuestas de opinión mostraban de manera sistemática una polarización entre los sectores de menores ingresos, que son la base principal de apoyo del presidente Chávez, y los sectores de ingresos medios y altos que mayoritariamente conforman el polo opuesto. Por la distribución poblacional de la ciudad de Caracas, en los dos más poblados de esos cinco municipios, Libertador y Sucre, se concentra la mayoría de las familias de bajos ingresos de la ciudad, mientras que los tres más pequeños, Baruta, Chacao y El Hatillo, mayormente concentran la población de ingresos medios y altos. Los comportamientos electorales en estos cinco municipios son notablemente divergentes.

Mientras en los dos primeros municipios los candidatos a alcaldes del MVR, Freddy Bernal y José Vicente Rangel, hijo, triunfaron con relativa holgura, en los tres restantes los alcaldes electos fueron apoyados por fuerzas opositoras a Chávez. Henrique Capriles Radonski y Leopoldo López, vencedores de Baruta y Chacao respectivamente, provienen de PJ, y Alfredo Catalán, alcalde de El Hatillo, de PV. Este comportamiento electoral diferenciado fue similar al de las elecciones anteriores y se repitió, como comentaremos más adelante, en la elección del 3 de diciembre.

Elecciones del 3 de diciembre

Los procesos electorales del año 2000 culminaron con los comicios del 3 de diciembre. Como ya se señaló, ese día se eligieron los ediles de los concejos de los 335 municipios del país y los miembros de las juntas de las parroquias en las cuales están divididos dichos municipios. Ese mismo día se realizó también un referendo consultivo referido a la renovación total de las directivas de las centrales, confederaciones y federaciones sindicales en el país. En una sola pregunta se pedía a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo sobre esta total renovación, así como sobre el procedimiento y plazo que se darían para la elección de las nuevas autoridades en estas organizaciones.

Quizás lo más notable de estas elecciones fue la elevada abstención. El CNE dio como cifra nacional una abstención del 76,16%, lo que equivale a decir que de cada 100 venezolanos con derecho al voto, solo 24 lo ejercieron. El bajo interés que despertaron los comicios a este nivel después de las tensiones suscitadas por las elecciones realizadas en julio, la escasa y dispersa información sobre los distintos candidatos, una campaña electoral de intensidad mucho menor que las anteriores, el agobio sentido por muchos venezolanos antes tantas elecciones en un período tan corto estuvieron entre los factores que explican esta falta de participación ciudadana. Sin embargo, al igual que en julio, la victoria de las fuerzas pro gubernamentales fue diáfana y, de nuevo, se alteraron las viejas correlaciones de poder a este nivel para dar paso a la hegemonía chavista.

Revisando los resultados de algunos de los municipios más poblados del país distribuidos en todo el territorio nacional podemos ver la conformación de los nuevos concejos municipales[31]. En el municipio Libertador, asiento de los poderes públicos nacionales, la victoria del MVR fue aplastante. Pese a una muy elevada abstención, que llegó al 85,6%, de los 13 concejales electos, 12 pertenecían a este partido y el otro a AD. Esto constituyó un fuerte revés para el otrora partido hegemónico e ilustra una situación que en general se extendió por toda la geografía urbana del país. En el municipio Sucre del estado Miranda, también parte de la ciudad de Caracas, los resultados fueron, si bien no tan aplastantes como en el anterior, así mismo victoriosos para el MVR, al obtener una cómoda mayoría de ocho de los 13 concejales que en total tiene esa cámara. Los otros cinco pertenecen al partido PJ. En otras ciudades del centro del país la situación fue similar. En Valencia, el MVR obtuvo siete concejales de los 13, mientras de los seis restantes, PV obtuvo tres y un movimiento regional los otros tres. Es de notar que esta entidad federal constituye el asiento político de PV y su gobernador, perteneciente a ese partido, ganó la reelección en julio. En Maracay, municipio Girardot del estado Aragua, los concejales del MVR sumaron nueve de los 11 de la cámara, uno adicional fue electo de las filas del MAS y uno solo de oposición, militante de AD. En San Juan de los Morros, municipio Miranda del estado Guárico, de un total de nueve concejales, cuatro fueron electos del MVR, dos del PPT, partido que guarda afinidades políticas con el gobierno y tres de AD, que constituyen la franca oposición.

En Maracaibo, capital del único estado donde Chávez perdió las elecciones presidenciales de julio, el MVR obtuvo cinco de los 13 ediles del municipio; UNT, el movimiento del gobernador, obtuvo seis, AD uno y el restante fue para el representante de las comunidades indígenas locales. En Barquisimeto, municipio Iribarren del estado Lara, 11 concejales fueron para el MVR, uno del MAS y el único de oposición fue de AD. En la ciudad de Mérida, cinco del MVR y cuatro de AD.

En el oriente del país la situación se repite. En el municipio Bolívar del estado Anzoátegui, el MVR obtuvo nueve concejales y AD los dos restantes. En el municipio Caroní, del estado Bolívar, asiento de Ciudad Guayana, de 13 concejales, 11 son del MVR, uno de AD y otro de un movimiento local.

Por supuesto que esta situación no fue homogénea en todos los municipios. Por ejemplo, en los municipios Atures, del estado Amazonas; San Fernando de Apure, de Apure y en Guanare, de Portuguesa, AD obtuvo mayoría de concejales. En el estado Guárico, el PPT obtuvo mayoría edilicia en diez concejos municipales. Pero todos estos municipios son relativamente poco poblados y de escasa influencia en la política nacional. Especial atención, igual a como comentamos de las elecciones para alcaldes, merecen los resultados de los tres municipios que conjuntamente con los municipios Libertador y Sucre, conforman el Distrito Metropolitano, asiento de Caracas. Se caracterizan estos tres municipios, como ya señalamos, por concentrar una población de ingresos medios y altos en contraste con los otros dos. Los resultados aquí fueron: en El Hatillo, los siete concejales quedaron distribuidos con cuatro para PV, uno de AD, uno de un movimiento regional y sólo uno para el MVR. En Chacao, PJ obtuvo cinco de los siete concejales electos, correspondiéndole los dos restantes al MVR. En Baruta, siete concejales son de PJ y cuatro del MVR. En todos los procesos electorales habidos en el país desde 1998, en estos tres municipios la votación siempre le ha sido desfavorable al chavismo.

El referendo sindical que se realizó en esta misma fecha arrojó igualmente resultados favorables al proyecto político del presidente. La opción Sí del referéndum recibió el 62,02% de los votos válidos, mientras por el No se pronunció un 27,34% de la ciudadanía. Este referendo fue muy polémico y levantó, durante su gestación y formulación por parte del Gobierno nacional y sus representantes en la Asamblea Nacional, fuertes tensiones entre estos y los sectores que se sentían perjudicados por esta iniciativa del gobierno, como es el caso obvio de la alta dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), afín a AD, contra la cual este referendo se promovía; pero también contó con la firme oposición de otros sectores organizados de la sociedad –ONG como Provea– o agrupaciones sociales como Queremos Elegir, que consideraron que con él se violaba el derecho constitucional a la libre asociación, constituyendo una intervención inaceptable del Estado en la esfera privada. Igualmente, organizaciones internacionales vinculadas a la dirigencia de la CTV, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ejercieron presión desde el exterior para evitar que el referendo se aprobara, y aun se dio el caso de algunos representantes de estas organizaciones que vinieron al país para hacer más efectivas sus denuncias y diligencias. Pero con toda la razón que pudo o no asistirles, y con las evidentes manifestaciones de torpeza política con la que se movieron el gobierno y sus parlamentarios con esta iniciativa, el referendo produjo casi inmediatamente la renuncia de la alta dirigencia de la CTV, que había en principio advertido que no lo haría alegando la ilegalidad de este procedimiento. Por su parte, el gobierno bajó su tono confrontacional dando algunas señales de reconocer el mal manejo que había hecho de esta tan delicada iniciativa.

Capítulo 11
Las insurrecciones de la oposición[32]

La lucha hegemónica entró en una nueva fase a finales de 2001. Entre diciembre de ese año e inicios de 2004, actores sociales y políticos que se oponían al proyecto emergente representado por las fuerzas bolivarianas tomaron la decisión de poner en práctica tácticas insurreccionales con el objetivo de forzar la salida del presidente Chávez de su cargo de la manera más rápida posible. Como resultado, en abril de 2002 se desarrolló un golpe de Estado de efímero éxito y entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 un paro general, que incluyó la paralización de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, por parte de su gerencia mayor, el cual también fracasó. En el primer semestre de 2004, la sociedad se mantuvo en vilo una vez más por la turbulencia sociopolítica que volvió a recrudecerse dentro de la nueva estrategia de la oposición centrada en buscar la salida del presidente por la vía constitucional de un referendo revocatorio. En ese marco, a finales de febrero, se desarrolló otra acción violenta: el llamado “plan” u “operación guarimba”. Finalmente, el referendo revocatorio presidencial, que tuvo lugar en agosto de 2004, fue favorable al presidente Chávez. Con este evento, la lucha hegemónica alcanzó un nuevo estadio, al fortalecerse decisivamente el proyecto sociopolítico del gobierno. Los múltiples fracasos de la oposición a lo largo de este tiempo debilitaron sus fuerzas y legitimidad, dificultando la continuación de dichas prácticas, abriéndose a partir de entonces otra fase de la confrontación política distinta a la insurreccional.

La lucha entre actores que se libró esos años fue especialmente intensa y violenta por hallarse los actores polarizados en ópticas y objetivos percibidos como excluyentes. Los actores que lideraron los polos de la confrontación venían ejerciendo una política “de clase”, es decir, manejando discursos y prácticas orientadas por lineamientos que reforzaban identidades y solidaridades acordes con sus niveles de ingreso, produciendo la colocación de sectores sociales organizados de ingresos altos y medios predominantemente en el polo de la oposición, mientras los sectores populares en su mayoría se identificaban con el proyecto bolivariano del gobierno. En el desarrollo de estos años muchos actores se fueron organizando crecientemente, transformando y/o perfilando sus identidades con más nitidez y evidenciando un fortalecimiento de la dimensión de eficacia en sus acciones. Esto es especialmente cierto entre diversos sectores populares que, a diferencia de los sectores medios, que venían en procesos de organización desde décadas anteriores, al comienzo del gobierno de Chávez se caracterizaban por deficiencias notables en organización y dinamismo.

Formaron parte de las fuerzas de la oposición insurreccionada un conjunto muy diverso de organizaciones sociales y políticas que desde inicios de 2001 fueron creciendo y desarrollando una acción común bajo la coordinación de una organización paraguas llamada la “Coordinadora Democracia de Acción Cívica”, más conocida como la Coordinadora Democrática (CD). En distintos momentos de esta fase se alternaron distintos actores en el liderazgo de la CD: desde el sector empresarial organizado en la Federación de Cámaras del Comercio y la Producción (Fedecámaras), que lideró las primeras acciones que desembocaron en el golpe de Estado, hasta sectores de tecnócratas pertenecientes a la gerencia de PDVSA, que jugaron un rol clave durante la paralización de esta industria, pasando por el sindicalismo representado en la CTV y trabajadores públicos y organizaciones sociales constituidas por sectores sociales de ingresos medios y altos, que se autoidentificaban como “la” sociedad civil. A lo largo de la fase, no obstante, los medios privados de comunicación, como sector empresarial particular, que actuó con altos niveles de cohesión entre sí, ejerció una influencia determinante sobre las decisiones y acciones de este polo. Usando su enorme poder mediático, trascendió su rol de mediador de información para trastocarse en actor político de decisiva influencia dentro de la CD.

En el polo opuesto, las organizaciones políticas que apoyaron al gobierno de Chávez fueron un conjunto de partidos políticos con poca institucionalización, como hemos descrito en capítulos anteriores, que trataron a lo largo de estos años diversas formas de alianza y coordinación, desde el “Comando Táctico de la Revolución” hasta el “Comando Maisanta”, este último creado como instrumento para acometer las acciones necesarias ante el referendo revocatorio presidencial de agosto de 2004. El partido más numeroso era el MVR, la organización política del presidente, siguiendo el PPT y otras organizaciones como el PCV, MEP, etc. También en este polo se aglutinaron un abanico de organizaciones sociales, principalmente de sectores de ingresos bajos y medios, que se fueron constituyendo de manera creciente a lo largo de la fase. Actuaban a veces por su cuenta, a veces coordinadas o articuladas a las estructuras partidarias o de coordinación política. Entre ellas pueden mencionarse: círculos bolivarianos, comités de tierras urbanas, organizaciones guardianas de PDVSA, organizaciones de buhoneros, cooperativas, sindicatos, la clase media en positivo, y otros.

La dimensión internacional y nacional del conflicto venezolano

Los hechos dramáticos que sacudieron a la sociedad venezolana tuvieron lugar en un escenario de crisis integral, que como ya hemos señalado, responde tanto a un conjunto de determinaciones nacionales como a condicionamientos vinculados con factores y procesos que se han originado en los cambios ocurridos en el ámbito internacional como producto de los procesos de globalización neoliberal. La lucha hegemónica de la que estamos dando cuenta se sucede en un contexto estrechamente vinculado a las transformaciones del capitalismo de inicios del siglo XXI.

En su dimensión internacional, se relaciona con los cambios en las relaciones de los países capitalistas centrales con la periferia, que se visibilizaron desde fines de los años 70, y que tuvieron en la “crisis de la deuda”, que asoló a América Latina en los años 80, una de sus expresiones más dramáticas. La economía venezolana vivió, como ya se analizó, su Viernes Negro en 1983, cuando el Estado hubo de cerrar unos días el mercado de divisas y devaluar la moneda, convirtiéndose en el cuarto país más endeudado del continente y acentuándose el proceso de desorientación y estancamiento de su economía. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, los distintos gobiernos venezolanos desde entonces fueron aplicando de manera heterodoxa u ortodoxa programas de reajuste y reestructuración económica, “paquetes” que encontraron enormes resistencias en las fuerzas sociales y políticas del país. Tanto en 1988 como en 1993 y en 1998, los candidatos que alcanzaron la Presidencia de la República lo hicieron ofreciendo un modelo económico antineoliberal como salida de esta crisis. Sin embargo, solo el presidente Chávez sostuvo en el tiempo su promesa electoral, y su gobierno desarrolló, como veremos luego, una propuesta en varios aspectos alternativa a las indicaciones recomendadas por las agencias internacionales de financiamiento a los países fuertemente endeudados.

El proyecto político del presidente Chávez y su alianza de fuerzas políticas, con todas sus contradicciones, debilidades e inconsistencias, se ha orientado desde sus inicios por algunas concepciones que contradicen en teoría, y en praxis social y política, la doctrina neoliberal, así como las relaciones de poder mundial que este pensamiento legitima. Sus líneas generales se expresan en la Constitución de 1999 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

En su dimensión nacional, la crisis venezolana responde –como hemos reiterado– a una causalidad compleja, que se ha tejido en la dinámica de procesos sociohistóricos y sociopolíticos que poseen distintas temporalidades y que en muchas de sus líneas básicas son comunes al resto de las sociedades latinoamericanas. Sobre la exclusión social histórica, generada por modelos coloniales o semicoloniales implantados en la sociedad a lo largo de su existencia, se sobrepusieron desde la crisis de la deuda dos décadas de recesión económica y empobrecimiento social. El empobrecimiento en Venezuela desde inicios de los años 80 fue brutal, creciente y sostenido.

Este empobrecimiento fue gestando una polarización social creciente, que es producto tanto de los procesos antes señalados como de la aplicación durante las últimas dos décadas de políticas económicas neoliberales regresivas en términos de distribución del ingreso. Los venezolanos pobres y empobrecidos fueron percibiendo en el transcurso de estos años que su sociedad se fue convirtiendo en una de ricos y pobres, estos últimos con escasa posibilidad de movilidad y ascenso social. El resentimiento social que esta situación fue generando fue, por lo demás, inevitable si se recuerda que la democracia venezolana tuvo como promesa muy central promover mayores grados de igualdad y justicia social. El que esto no se cumpliese resquebrajó fuertemente sus bases de legitimación, que se expresaría en los años 90, primero en el rechazo del electorado a los partidos del llamado “Puntofijismo”, AD y socialcristiano Copei, y ya para las elecciones de 1993 en el colapso del sistema bipartidista y el triunfo de Caldera como presidente. Será el fracaso del gobierno de Caldera en superar las dificultades económicas, su inconsecuencia con la promesa electoral tanto de forjar un modelo económico alternativo al neoliberalismo, como con adelantar una reforma constitucional que mejorara y profundizara la democracia, los factores que, combinados con el descenso abrupto de los precios del barril petrolero en el mercado internacional en 1998, empujaron a los venezolanos a la radicalización en política.

El golpe de Estado del 11 de abril

A finales de 2001 tuvo lugar lo que sería el primer paro cívico de esta fase. Fue durante este evento ocurrido el 10 de diciembre, cuando las fuerzas sociales y políticas que desde la campaña electoral de 1998 se habían opuesto al proyecto político bolivariano, lograron realizar su primera protesta masiva y exitosa, dándole un giro a su favor en la lucha hegemónica. A partir de entonces comenzaría una espiral de confrontación entre estas y el gobierno que desembocaría en varios episodios violentos. El paro cívico logró paralizar una parte significativa del comercio urbano y tuvo el efecto de unir un conjunto de fuerzas de la oposición que hasta ese momento se movían dispersa y fragmentadamente en el espacio político. El paro fue convocado por Fedecámaras, la principal organización de asociaciones empresariales venezolanas. De él emergería como la cabeza de la oposición el entonces presidente de esa confederación empresarial, Pedro Carmona Estanga.

Un conjunto de factores hizo posible el éxito de ese paro cívico de diciembre. En primer lugar, convocó a los grupos descontentos con los contenidos de naturaleza nacionalista de la nueva Carta Magna, que se oponían al proyecto político del presidente Chávez desde que este hiciera su primera campaña electoral en 1998. Inversionistas y la gran mayoría de los grupos económicos venezolanos vinculados al capital transnacional rechazaban el regreso a un Estado con capacidad reguladora de la vida económica y social, la reafirmación de la propiedad estatal del recurso petrolero, el derecho de los trabajadores a prestaciones sociales, entre otros aspectos que fueron reafirmados o incluidos en la Constitución de 1999. Cuando en noviembre de 2001 el gobierno, haciendo uso de facultades extraordinarias conferidas por la Asamblea Nacional, dio un paso más en la consolidación de líneas estratégicas de su proyecto sociopolítico, aprobando por Ley Habilitante 49 diversas leyes, entre las cuales destacaban la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca, con las cuales profundizaba en procesos de regularización de la propiedad privada en el campo, así como de actividades económicas clave como la actividad petrolera, estas fuerzas, que ya estaban movilizadas desde mediados de año, comenzaron a desarrollar una estrategia sostenida de resistencia y confrontación.

Además de estos obvios intereses nacionales y/o internacionales, que se sintieron amenazados por las leyes medulares del proyecto bolivariano aprobadas en noviembre, el gobierno también contribuyó a crear significativas tensiones adicionales, debido a una conducción política torpe, y autoritaria en algunos aspectos. Esto, combinado con un desempeño económico mediocre en lo relativo a satisfacer aspiraciones de los sectores populares (véase el capítulo 14 de este libro), contribuyó a que por primera vez la oposición contara con recursos para intentar arrebatarle el monopolio de “la calle” a los bolivarianos. Señalemos brevemente algunos de los eventos y procesos que para mediados de 2001 hicieron de la lucha hegemónica una relación muy pareja ente oposición y gobierno.

Un caso fue su proceder frente al referendo sindical de diciembre de 1999, que tocamos en un capítulo previo, y donde el sindicalismo tradicional –pero también sectores críticos a él– sintió amenazada su autonomía, o el caso de la forma como intervino el Ejecutivo Nacional en la discusión de la Ley de Educación en 2001 en el Congreso, donde prácticamente desautorizó los acuerdos que sus organizaciones partidistas habían alcanzado con la oposición, levantando la indignación de los sectores de educación privada y religiosa. Con ello contribuyó al engrosamiento de las filas de la oposición de estas fuerzas, haciendo converger con los intereses de los poderosos sectores económicos, mediáticos y petroleros, significativas porciones de organizaciones de clase media, que denunciaban inclinaciones antidemocráticas por parte del gobierno. Por otra parte, al aprobar leyes importantes mediante una Ley Habilitante, sin difundir ni ampliar los espacios para la participación y el debate, el gobierno hizo aparecer como justa la indignación de quienes se sentían afectados, sin crear las condiciones para que quienes se beneficiaban de tales leyes pudieran enterarse de su contenido y así defenderlas. Este modo de aprobar leyes de gran potencial de cambio para la sociedad contradecía el contenido de democracia participativa respaldada por las fuerzas del gobierno en la Constitución recién sancionada. A esto se añadía el que, a lo largo de los meses de 2001, el gobierno se fue confrontado por diversos motivos con sectores sociales y políticos que eran sus aliados políticos, como el partido MAS y el alcalde mayor de Caracas, lo que facilitó la convergencia de las hasta entonces fragmentadas fuerzas de la oposición en una sola plataforma política. Con el éxito del paro cívico del 10 de diciembre esta plataforma se fortaleció.

Las reacciones tanto del gobierno como de la oposición al éxito político del paro cívico probarían ser catastróficas para la democracia venezolana en los meses siguientes. La oposición unida y fortalecida, reconociendo el liderazgo del empresario Carmona, se cerró a las negociaciones con el gobierno y exigió la derogación de las 49 leyes aprobadas mediante la Habilitante. Algunos grupos ya demandaban la renuncia del presidente Chávez. El gobierno, por su parte, endureció aún más las posiciones que había sostenido antes del paro, negándose a modificar o ceder en ninguna de sus leyes; amenazó con cerrar la Asamblea si perdía la mayoría parlamentaria y con promulgar una ley de medios de comunicación que limitara esta actividad. Su partido dejó saber que cualquier diputado suyo que negociara con la oposición sería expulsado. Con estas posiciones de oposición y gobierno, una salida institucional a la creciente confrontación se fue haciendo improbable.

Los primeros meses de 2002 fueron de agitada e intensa actividad política. A propósito de la fecha del 23 de enero, aniversario de la caída del dictador Pérez Jiménez en 1958, en nombre de la democracia amenazada por el gobierno, la oposición organizó una marcha multitudinaria que fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes de este. Algo similar ocurrió con la fecha 4 de febrero, aniversaria del fallido golpe de 1992 que comandó Chávez, cuando la nutrida marcha del gobierno en Caracas fue respondida por un “luto activo” y marchas en distintas ciudades por parte de la CD. Fue en estos meses cuando se inició la febril actividad marchista en el país, que se extendió a todo el 2002 y solo cedió paulatinamente después del paro-sabotaje petrolero, al debilitarse las fuerzas de la oposición. Mes tras mes, cada marcha de la oposición fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes del gobierno. Las clases medias y altas, bajo el liderazgo de Fedecámaras y de la CTV (la confederación sindical más importante del país), se disputaban la calle en igualdad de condiciones con los sectores populares liderados por el presidente y sus fuerzas sociales y políticas.

Los hilos que conducirán al golpe de Estado del 11 de abril se fueron tejiendo en esta sostenida política de la calle. El ovillo comenzó a desenrollarse a partir del nombramiento en febrero de una nueva directiva de PDVSA por parte del Ejecutivo nacional. Si bien el Ejecutivo actuaba de manera legal, la gerencia mayor de esta empresa estatal rechazó algunas de las designaciones, argumentando que no se respetaban los tradicionales “méritos” para tal ascenso. Sin embargo, tras el argumento de la “meritocracia” se escondían otros motivos.

En el corazón de la lucha hegemónica que estaban librando con tanto tesón, se encontraban dos posiciones antagónicas con respecto al rol de la industria petrolera en el futuro de la sociedad. Por una parte, estaba un proyecto para la industria pensada desde la gerencia, y respaldada por actores políticamente predominantes dentro de la CD –así como por actores internacionales vinculados a la hegemonía neoliberal– según la cual esta debía independizarse del control estatal para ser dirigida por sus altos gerentes. La política de apertura petrolera, que se desarrolló en Venezuela en los años 90 –durante los gobiernos de Pérez y Caldera– respondía a este proyecto y sería recogida en estos años en diversos documentos de la CD, en especial el de enero de 2003, en pleno paro petrolero. En esta propuesta se priorizaban los aumentos de volúmenes de producción sobre precios, con lo cual se contradecía abiertamente la estrategia de la OPEP, se disminuía el ingreso fiscal petrolero y se propendía a una gradual privatización de la industria. El proyecto de Chávez y su alianza de fuerzas, por el contrario, a través de la Constitución y otras dos leyes aprobadas en 1999 y 2001 (de Hidrocarburos Gaseosos e Hidrocarburos Líquidos, respectivamente) revirtió la política de apertura, reasegurando el control estatal sobre la industria, privilegiando los pagos de regalías sobre los pagos de impuestos a las ganancias (lo que beneficia al ingreso fiscal) y desarrollando una política de aumentos de precios sobre volúmenes de producción, lo que acercaba de nuevo al país a las estrategias de la OPEP. Por estas razones, el paro de empleados petroleros que estalló antes del golpe de Estado, si bien se hacía en nombre de la falta de “méritos” de los designados, escondía un asunto de la mayor trascendencia en la lucha hegemónica: ¿quién habría de dictar la pauta de la política petrolera en el futuro? ¿El Estado o la alta gerencia de la compañía?

El 9 de abril la CTV, en solidaridad con el paro de los trabajadores de PDVSA, llamó a un paro laboral general de 24 horas. Ese paro contó con el explícito apoyo de Fedecámaras, la Iglesia católica representada en el Episcopado venezolano y organizaciones sociales y políticas de oposición. Pasadas las 24 horas, y aunque el paro estuvo lejos de obtener la contundencia de la realizada el 10 de diciembre anterior, la CTV prorrogó por 24 horas más este paro. Al día siguiente, y sin que todavía se le viera a dicho paro suficiente fuerza, Carlos Ortega, presidente de la CTV, llamó a la huelga general indefinida y convocó para el día siguiente a una marcha que partiría del Parque del Este, en el este de Caracas, y terminaría en el edificio de PDVSA en Chuao, también en el este de la ciudad.

El 11 de abril, la nutrida marcha de la oposición se inició hacia las 10.00 de la mañana e hizo su recorrido anunciado. Pero al mediodía, al llegar al edificio de PDVSA en Chuao, los convocantes, aparentemente animados por las dimensiones de la marcha, decidieron arengar a las multitudes para que se dirigiesen al Palacio presidencial de Miraflores para, como lo señaló Carlos Ortega, “sacar a Chávez”. La marcha, el mensaje y la convocatoria a Miraflores fueron profusamente informados, convocados y cubiertos por los canales privados de televisión, que de esta manera hicieron explícito su apoyo político. De manera que la marcha fue creciendo en la medida en que iba hacia el centro de Caracas. Como quien convoca a un concierto o a una fiesta pop, los canales pasaban de manera gratuita mensajes continuos para que todos los venezolanos concurrieran a esta acción de naturaleza insurreccional[33]. Porque esta marcha tenía evidentes rasgos de sublevación: se estaba haciendo sorpresivamente y sin notificación alguna dentro de una huelga general indefinida.

El Palacio de Miraflores, ubicado en el oeste de la capital, estaba rodeado de civiles simpatizantes del gobierno que hacían allí vigilia protegiendo al presidente desde el 9 de abril, cuando comenzó la huelga de PDVSA. Mientras la marcha de la oposición avanzaba, el gobierno buscaba una estrategia para superar la confrontación. Su partido hacía llamados a toda su militancia para que rodearan y protegieran el Palacio. El presidente encadenó a las 1.45 de la tarde los medios de comunicación y se dirigió al país, mientras las multitudes seguían agolpándose alrededor del Palacio y la marcha seguía creciendo en su camino para sacar a Chávez. La GN rodeó la sede de gobierno, pero al llegar la marcha al centro alguien hizo el primer disparo. Los medios pasarían ese y los días siguientes, una y cien veces, lo que ellos dicen fueron francotiradores chavistas que masacraban a civiles antichavistas en el puente Llaguno, cerca del Palacio. Esto, que resultó ser una manipulación de imágenes por parte de medios privados, sirvió de justificación para el golpe de Estado. Pocas horas después, entre las 6.00 de la tarde y las 10.00 de la noche, aparecieron por los medios de comunicación los pronunciamientos militares de desobediencia a la autoridad del presidente, y a las 4.00 de la mañana del día 12, Chávez salió con su escolta de Miraflores para entregarse preso en el Fuerte Tiuna.

El papel de los medios privados de comunicación probó ser decisivo en presentar una imagen distorsionada de lo que ocurrió en el centro de Caracas ese día 11 de abril. Puede verse en el video La revolución no será transmitida (Bartly y O’Brian, 2003) en un pareo de la cámara, que los hombres que disparaban en puente Llaguno lo hacían contra policías metropolitanos que los estaban tiroteando y no contra civiles. Estos chavistas armados estaban defendiendo a los civiles chavistas que estaban desarmados en el puente. Estos hombres demostraron su inocencia y fueron absueltos en 2003. Al año siguiente, otro video, Puente Llaguno. Las claves de una masacre (Palacios, 2004), demostró con profusa documentación audiovisual la manipulación mediática ocurrida ese día con los sucesos en puente Llaguno. Estas y otras numerosas evidencias de distinta naturaleza, que han sido divulgadas con posterioridad, dan cuenta de la planificación del golpe de Estado por parte de una alianza de militares y civiles, y la utilización de la movilización de calle como fachada para darle legitimidad “democrática”. Lo que ha quedado aún por dilucidar es quién comenzó la violencia, si esta formó parte del plan golpista o fue el producto espontáneo de la tensión que se vivió durante esas horas.

Como es sabido, 48 horas después, otra insurrección civil y militar repuso a Chávez en el poder. Los conflictos en el interior de la alianza que derrocó su gobierno, las torpezas del presidente del gobierno de facto, Carmona Estanga, quien en su primer decreto abolió todos los poderes públicos, y un sorprendente y masivo levantamiento popular voltearon el juego y los militares se reagruparon en torno al gobierno caído. A las 3.30 de la mañana del 14 de abril Chávez regresó al palacio presidencial en un final de película, con las multitudes que lo aguardaban y las cámaras que transmitían las imágenes al mundo. Pocos minutos después se dirigió a la Nación, pidió perdón por sus errores y prometió rectificación y reconciliación.

Si bien la confrontación política desarrollada en este episodio pareció resolverse a favor de las fuerzas del gobierno, no hubo un resultado político claro en lo inmediato, lo que condicionó la estrategia gubernamental de los meses siguientes. El gobierno percibió la necesidad de fortalecerse política e institucionalmente. Reorganizó la Fuerza Armada para aislar y/o retirar a los insurrectos. En esto fue bastante exitoso, como se verá por el rol de esta institución en los episodios siguientes. A diferencia de lo ocurrido el 10 de diciembre, en lo político optó ahora por una estrategia de apertura hacia los actores de oposición. Cambió el gabinete ejecutivo, en especial a los ministros de la economía, buscando hacerlos más receptivos a los sectores económicos que lo habían derrocado; buscó así mismo una conciliación con los gerentes de la industria petrolera, manteniéndolos en sus puestos de trabajo y cambiando la directiva que habían rechazado. El gobierno también invitó a diversas organizaciones y personalidades internacionales al país, en específico a la OEA y al Centro Carter, con el fin de ayudar en la construcción de puentes para el diálogo con sus oponentes. Sostuvo, como respuesta a la agresiva e intensa movilización de calle de la oposición, también una continua movilización de sus bases. Entre abril y diciembre, mes en el cual estalló el cuarto paro general convocado por la oposición, cada 11 de mes –recordando la fecha del golpe– la CD convocaba a una marcha multitudinaria, que era respondida el día 13 por otra marcha multitudinaria por parte de las bases bolivarianas. Estas movilizaciones evidenciaban un creciente uso de la violencia por parte de los adversarios políticos toda vez que varias de ellas terminaron con saldo de heridos y aún muertes.

El cambio de estrategia del gobierno no surtió efecto sobre las fuerzas opositoras, pues estas, después de las primeras semanas del golpe, donde reinó entre ellas el desconcierto y las tensiones internas, se fueron reagrupando de nuevo y cerrándose crecientemente al diálogo y la negociación con el gobierno, para caer una vez más –a finales de año– en una estrategia insurreccional, esta vez de consecuencias devastadoras en lo económico para el país.

La paralización de PDVSA

Un conjunto de acontecimientos y procesos se fueron entretejiendo desde mediados de 2002, que llevaron a las fuerzas de la oposición en diciembre al mismo camino insurreccional transitado en abril. Cabe mencionar entre estos, por su relevancia en hacer atractiva una nueva estrategia insurreccional, la decisión del TSJ dictada el 14 de agosto, que estableció que no existían méritos para enjuiciar por rebelión militar a cuatro altos oficiales, responsables del golpe de abril. Fue esta una clara decisión política y no jurídica del máximo tribunal, que evidenció su polarización, y abrió la puerta para una nueva aventura militar. Para el mundo civil fue señal de que en el país reinaba la impunidad. La organización de derechos humanos Provea emitió un comunicado el mismo 14, poco antes de que se hiciera público el dictamen, censurando la decisión que se veía venir y desarrollando los antecedentes que llevaron a la misma. Concluyó Provea: “Negar la posibilidad de un juicio cuando es público y notorio la existencia de indicios de comisión del delito de rebelión militar sería un acto de impunidad de suma gravedad, solo explicable por la politización del TSJ de la cual, como hemos dicho, el oficialismo es uno de sus principales responsables” (Provea, 14-08-2002).

En relación directa con esta decisión, el 22 de octubre, 14 militares, entre ellos algunos de los absueltos por el TSJ en agosto, tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en “desobediencia legítima” contra el gobierno y declarando la zona “territorio liberado”. Anunciaron que solo abandonarían la plaza cuando cayera Chávez y llamaban a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno. Este suceso, así como otros muy confrontacionales y violentos, serían permanentemente transmitidos y/o difundidos por los medios de comunicación privados, con lo cual estos mostraban no solo su apoyo a estas estrategias, sino que también contribuían a sostener e incrementar un clima de alta tensión y conflictividad política.

Otro evento sería el tercer paro cívico de la oposición, desarrollado justo el día antes del levantamiento militar de plaza Altamira, convocado por la CD con el objetivo de forzar la renuncia de Chávez y/u obligarlo a convocar a unas elecciones adelantadas. A inicios de noviembre, las tensiones se agudizaron con un encuentro violento en el centro de Caracas entre allegados del gobierno y de la oposición, motivado por la solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD, referendo que las fuerzas oficialistas consideraban una manera tramposa de forzar un revocatorio contra el presidente. Poco después, al allanarse la casa de un ex canciller de AD, se develó también la marcha de una conspiración. A mediados del mes, se produjo una balacera en la plaza Bolívar de Caracas entre policías metropolitanos y la GN, motivado por la politización y polarización que habían venido sufriendo los cuerpos de seguridad. Allí murieron tres personas. Poco después el Ejecutivo nacional intervino la Policía Metropolitana (PM), subordinada a la Alcaldía Mayor, y utilizada frecuentemente por la oposición en la confrontación, toda vez que el alcalde Peña se había constituido en una de las principales figuras en la CD. El Ejecutivo ordenó la salida a la calle de la GN, controlada directamente por él. En noviembre también estalló una crisis en el CNE, que puso de relieve la politización y polarización de esa institución. El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas, comenzó el cuarto y más terrible paro de la oposición, el hoy conocido como “paro-sabotaje petrolero”.

Este paro mostró connotaciones distintas a los precedentes, al hacerse evidente que no solo se sumaba el comercio y parte de la industria, o la gerencia administrativa de PDVSA, como en abril, sino buena parte de la gerencia operativa y los capitanes de la Marina Mercante de PDVSA. Estos procedieron en pocos días a paralizar las actividades operativas de la compañía y prácticamente la totalidad de la flota de tanqueros de PDV Marina. El lunes 9 de diciembre, día en que las fuerzas de la oposición convirtieron el paro en “indefinido” hasta que “caiga” Chávez, en cadena oficial trasmitida por todos los medios de comunicación audiovisual, el presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, reconoció que la compañía estaba virtualmente paralizada. En lo que sería un paso decisivo para conjurar la insurrección, Rodríguez Araque denunció el paro como un “sabotaje criminal”, convocando al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la paralización. En las semanas siguientes el pueblo, efectivamente, salió a la calle a rescatar la industria. El conflicto petrolero tomó protagonismo, perdiendo otras acciones y sectores su visibilidad y/o centralidad.

Durante esta aguda confrontación política muchos comercios cerraron, supermercados y bancos trabajaron a medio turno, los colegios privados y parte de los públicos paralizaron sus actividades. Los venezolanos, aunque no contaban con gasolina con que transportarse (esta se fue agotando en diciembre), se mantenían en las calles con marchas y contramarchas que terminaban en violencia y aún en muerte. La CD abolió las fiestas navideñas como símbolo del sacrificio necesario para alcanzar la “victoria final”, y las ciudades, especialmente Caracas, eran segregadas espacialmente entre zonas escuálidas (antichavistas) y chavistas. Al llamado de la CD, había cacerolazos estruendosos todas las noches en sectores de clase media y alta. También todas las noches, los medios privados de comunicación se encadenaban para cubrir el informe diario dado por los líderes de la CD en lo relativo a acciones del día, sus resultados y las estrategias que desarrollarían al día siguiente. El 23 de enero de 2003, ya con claras señales de una derrota de la oposición, las fuerzas del gobierno llamaron a una marcha que fue multitudinaria, mientras sectores de clases medias y altas se escondían tras las rejas de sus casas y practicaban “planes de contingencia” esperando lo que líderes irresponsables de la oposición llamaban el “asalto de las hordas chavistas” sobre las urbanizaciones de los sectores de mayores ingresos.

Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero, Chávez y su alianza política, soportada por los sectores populares movilizados, la Fuerza Armada que cerró filas con el gobierno, y empleados de la compañía que permanecieron en sus puestos de trabajo, así como jubilados que se integraron a las labores de rescate, sobrevivieron. El gobierno lentamente retomó control sobre la empresa estatal, reactivando las diferentes operaciones y profundizando el proceso de reestructuración de la misma, que había intentado con escaso éxito desde el inicio de su gestión. Por otra parte, durante el paro nunca se produjeron los estallidos sociales o las masacres previstas por las fuerzas de oposición, ni hubo desabastecimiento alimentario significativo. Hacia mediados de febrero la tendencia de control del gobierno sobre la industria se hizo clara y al finalizar el mes de marzo más de 18.000 gerentes y trabajadores de PDVSA habían sido despedidos –de un total de 40.000– por abandono del trabajo. La empresa había logrado rescatar todos sus tanqueros, se había iniciado el proceso de arranque de sus refinerías y las cifras de producción de barriles diarios se acercaban a la normalidad. Sin nunca ser decretado su final, el paro se fue disolviendo.

A diferencia del golpe de Estado, el paro petrolero produjo un resultado político más claro en la lucha hegemónica a favor de las fuerzas del gobierno portadoras del proyecto bolivariano. La rebelión de los altos eslabones de la cadena gerencial de PDVSA provocó su despido masivo por abandono del trabajo y con ello la reforma petrolera, propugnada por el gobierno con poco éxito desde que iniciara su período, encontró un terreno despejado para hacerse efectiva. Al rescatar el Estado su capacidad de control sobre la industria, pudo convertirla en instrumento central de políticas económicas y sociales orientadas por el proyecto político del gobierno. Por el contrario, el despido de los gerentes de PDVSA dejó sin una fuente de recursos materiales importante a las fuerzas de la CD y creó una alta tensión entre ellas.

Por otra parte, la devastación económica producida por la paralización de PDVSA y parte de la industria privada del país tuvo también efectos de debilitamiento de las bases sociales de la oposición, al producirse la quiebra de pequeñas y medianas industrias y comercios, así como un salto de las tasas de desempleo que pasaron del 15,4% al 20,3% en cuatro meses. El PIB cayó en el primer trimestre de 2003 a -27%. Los empresarios medianos y grandes, incluidos los poderosos dueños de los medios de comunicación, perdieron millones de dólares tratando infructuosamente de derrocar al presidente. La industria petrolera, además, había sufrido un sabotaje a sus equipos e instalaciones. Tuberías dañadas, circuitos eléctricos deteriorados, archivos desaparecidos; lo más grave, su sistema automatizado de funcionamiento fue sustraído y se utilizaron computadoras remotas para impedir al gobierno reactivarla. Por varios meses la industria fue operada total o parcialmente de manera manual y local con las naturales dificultades para llegar a sus niveles operativos normales. Por otra parte, el despido masivo de su gerencia como resultado de su conducta insurreccional fue un daño enorme difícil de subestimar. A estas catástrofes económicas, hay que añadir el deterioro de las ciudades que produjo el enfrentamiento expresado en términos “territoriales” en zonas de chavistas y antichavistas (en especial Caracas) que salieron de esta confrontación embasuradas, con calles y servicios dañados, “guetizadas”, y la población enferma de ira y miedo.

Adicionalmente, la Fuerza Armada, a diferencia de abril, se movió de manera más unida y cohesionada tras el objetivo de defender la industria petrolera, amenazada por las fuerzas de oposición y considerada parte intrínseca de la soberanía nacional. En este sentido, la CD y las fuerzas que la sostienen cometieron un error de cálculo al pensar que la situación de inestabilidad que el paro produciría fracturaría a los militares y facilitaría una intervención de estos para desplazar al presidente del poder. Al contrario, la amenaza a la soberanía produjo una respuesta institucional de defensa al Estado, y con ello, al gobierno de Chávez.

Los meses posparo: hacia el proceso revocatorio presidencial

El resultado político del paro cambió en los meses siguientes la correlación de las fuerzas y con ello el escenario político general del país. El 2003 transcurrió en medio de confrontaciones verbales y mediáticas de las fuerzas opositoras y el gobierno, mientras se fue ron delineando nuevas estrategias que probarían ser decisivas para la lucha hegemónica en 2004.

Por parte del gobierno y sus aliados, lo primero fue superar los efectos socioeconómicos inmediatos funestos del paro-sabotaje de PDVSA. Entre otras medidas, impuso un control cambiario e implementó políticas de emergencia de abastecimiento alimentario y de gasolina para la población. En la medida en que el gobierno recuperaba control sobre el país, su estrategia se hacía multidimensional y compleja. Por un lado, continuó la reestructuración de PDVSA buscando consolidar el control que había obtenido sobre la industria, una empresa que en los últimos lustros se había independizado y aportaba cada vez menos ingreso fiscal. Dentro de su nueva concepción del rol de la industria, también buscaba ahora ajustarla a distintos criterios de productividad y eficiencia, y articularla al resto de la economía. Por otro lado, hacia la segunda mitad del año, reinició y/o comenzó a impulsar un conjunto de políticas económicas y sociales con el fin de reactivar el aparato productivo y responder a las múltiples demandas sociales de la población, en especial de aquella que con sostenida organización y movilización había defendido al gobierno frente a las fuerzas opositoras, y que provenía de sectores de extracción popular. En la medida en que se fueron desarrollando estas políticas, algunas de ellas conocidas como “las misiones”, el proyecto bolivariano comenzó a fortalecerse y a hacerse más nítido en ciertos aspectos que buscan concretar los objetivos de inclusión social y democracia participativa. Fue después de esta victoria política que el gobierno pareció adquirir conciencia clara de que su supervivencia, no solo en el mediano y largo plazo, sino en el corto de los meses por venir, estaba intrínsecamente vinculada a la posibilidad de que acometiera lo antes posible de manera tangible la democracia participativa y protagónica que enunciaba desde el inicio de su gestión, y la cual hasta entonces solo había avanzado tímidamente.

Entre las iniciativas sociales desarrolladas por el gobierno a partir del paro-sabotaje, que con el correr de los meses arrojarían grandes dividendos políticos a su favor en la lucha hegemónica, cabe señalar:

La implementación de políticas de seguridad alimentaria para sectores pobres, como la política de distribución de alimentos a través de los llamados Mercal.

La formulación de políticas de reactivación de la economía, como el impulso a la economía social a través de la regularización de tierras rurales y urbanas, las ruedas de negocios que usan el gasto público para fomentar el impulso a cooperativas y pequeñas empresas; políticas de financiamiento a microempresas; un plan concebido para combatir el desempleo, pero que fue complejizándose para delinear una especie de economía alternativa que el gobierno llamó “modelo de desarrollo endógeno”. Este plan, conocido como Misión Vuelvan Caras, articula programas de capacitación para el trabajo, otorgamiento de activos pertenecientes al Estado, asistencia técnica, vivienda, tierras, etc.

El plan masivo de alfabetización (Misión Robinson I y II).

Los distintos planes educativos (escuelas bolivarianas, Misión Ribas, Misión Sucre, Universidad Bolivariana).

El plan de asistencia médica en los barrios urbanos (Plan y luego Misión Barrio Adentro) (véase capítulo 15 de este libro).

Estas políticas indicaban que el gobierno perseguía proyectar la imagen del gobernante volcado a gobernar, atendiendo los reclamos y necesidades de los sectores más excluidos en el pasado, que lo habían sostenido en las dificultades. Tal estrategia resultó desde inicios de 2004 en un creciente ensanchamiento del apoyo político al gobierno, reconocido incluso en encuestadoras políticamente sesgadas hacia la oposición.

Las fuerzas de la oposición, por su parte, debilitadas, como ya se señaló, se vieron forzadas a bajar la movilización de calle, y ya en febrero de 2003 se volcaron a la estrategia de activar un referendo revocatorio presidencial, buscando con ello dejar a un lado el paro petrolero sin levantarlo explícitamente. Esperaban disminuir los previsibles costos políticos negativos que la derrota del paro tenía, entrando en lo que se supone era una nueva etapa de lucha por salir de Chávez lo antes posible. Algunos grupos, sin embargo, siguieron enfrascados en sacar al presidente del poder violentamente. Por ejemplo, el eufemísticamente llamado Bloque Democrático (BD), y ciertas personalidades civiles y militares, como es el caso del expresidente Pérez, que siguieron llamando al golpe de Estado y aun en el caso del expresidente, al magnicidio. Estas acciones se realizaban sin el respaldo explícito de la CD, que se centró en el “revocatorio”, estrategia que se ajustaba a la Constitución, y que, por cierto, solo un año antes había rechazado.

Como complemento de esta nueva estrategia, la oposición también constituyó grupos coordinados entre sí, que se dispusieron a elaborar por consenso un documento que expresara las líneas básicas de un proyecto político para el gobierno “de transición” que suponían vendría inmediatamente después del revocatorio. Los líderes de la CD consideraban inminente la salida de Chávez, pues pese a los fracasos de sus estrategias previas, no procesaban los altos costos políticos que pudieran darse por ello. Al contrario, ilusionados por el espejismo que les proporcionaban los medios privados de comunicación, daban por descontado tener el apoyo mayoritario de los electores. Desconfiaban, sin embargo, de la voluntad del gobierno para dejarlos actuar democráticamente.

El referendo revocatorio convocado por la CD es un derecho constitucional. El artículo 72 estipula su realización cumpliendo los siguientes requisitos: a) debe haberse cumplido la mitad del mandato de la autoridad; b) la solicitud debe estar respaldada como mínimo por 20% de firmas de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP); c) cuando se haga el escrutinio, el número de electores que se pronuncian a favor de revocar el mandato debe ser superior al número de votantes que eligieron a la autoridad en cuestión; d) deben votar por lo menos el 25% de los electores inscritos en el REP; y e) solo puede hacerse una vez. Poco antes de finalizar el año 2003, luego de que pudo aprobarse la designación de las nuevas autoridades del CNE, esta vía se despejó y el ente comicial autorizó y reguló los llamados para recoger las firmas del revocatorio presidencial, así como también las firmas de revocatorios para diputados de la Asamblea Nacional, tanto oficialistas como de oposición. La recolección de las firmas tanto de las fuerzas del gobierno como de la oposición tuvo lugar en dos semanas seguidas de noviembre y diciembre. El 2003 cerraba con discreto optimismo.

“Operación guarimba” y revocatorio presidencial

El 24 de febrero de 2004 se dio la primera decisión del CNE relativa a las firmas entregadas en diciembre 2003 por la oposición para convocar el referendo revocatorio presidencial. El CNE, en decisión dividida 3 a 2, puso bajo observación más de 148.190 planillas entregadas (contentivas de aproximadamente 1.480.000 firmas), anunciando en los días inmediatos siguientes la aprobación de un procedimiento para llevarlas a “reparo” (ratificación). El CNE dijo expresar duda “razonable” sobre la autenticidad de una porción de solicitudes de las planillas que fueron llenadas con una caligrafía similar, contradiciendo el instructivo acordado por el ente. El 2 de marzo, el CNE formalmente informó las cifras de solicitudes válidas, inválidas y “reparables”, y estableció los criterios para la reparación. Esta decisión fue respaldada por los observadores de la OEA y del Centro Carter en el país, quienes, sin embargo, expresaron diferencias con los criterios del CNE para la reparación y lo exhortaron a seguir negociando con las partes.

A raíz de estas decisiones tomadas por el CNE, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo el país urbano, y sobre todo las zonas donde se residencian sectores sociales de ingresos medios y altos, sufrió una ola de protestas confrontacionales y violentas, desarrolladas a partir de llamados a la “desobediencia civil” por parte de voceros de la CD, que rechazaron la decisión del CNE y expresaron desconocer la legitimidad del ente comicial (v. Mendoza en Radio Nacional, reseñado en (www.aporrea.org), 25-2-2004). Las protestas, conocidas como el guarimbazo u “operación guarimba”, incluyeron barricadas en autopistas y vías neurálgicas de Caracas y otras ciudades, quema de neumáticos, bolsas de basura y vehículos, balaceras en plaza Altamira, violencia física y verbal en diversos puntos urbanos, confinamiento de centenares de familias a sus hogares por los cierres de vía que impidieron llevar a los niños a las escuelas, acudir al trabajo o llegar a centros de salud.

El episodio recibió el nombre de operación guarimba por su semejanza con un plan con ese nombre, convocado desde mayo de 2003 a través de una red de internet por un dirigente del partido BD, organización que se separó de la CD después del golpe de abril, por insistir en una salida violenta a la conflictividad política. La palabra guarimba es de origen caribe, y se utiliza en un juego infantil en Venezuela, para aludir a un sitio seguro, la casa u otro, donde una persona perseguida u atacada queda protegida. Según el mensaje de internet, cada cual frente a su casa o guarimba debía, en una fecha que sería anunciada, desarrollar acciones de resistencia civil en la calle, pero retraerse a su guarimba si llegaba la policía a reprimir. Cuando los cuerpos de seguridad se retiraban, se volvía a salir de la guarimba. Según Robert Alonso, el dueño de la página web y aparente inventor de la táctica, esta era infalible para producir un caos en las ciudades, la FF.AA. intervendría y Chávez caería a los pocos días.

El saldo trágico de este nuevo evento incluyó nueve muertos, decenas de heridos, unos 40 revoltosos con autos de detención, que en los días siguientes fueron liberados, y millones en pérdidas materiales. Ninguna organización política, ni la CD o el BD, se responsabilizaron por la violencia desatada, pero autoridades de municipios caraqueños controlados por la oposición –los alcaldes López y Capriles Radonski, de Chacao y Baruta, respectivamente– se resistieron a reprimir tales protestas, argumentando que eran legítimas.

El efecto inmediato de esta violencia fue acentuar las tensiones en el seno de la CD entre quienes se pronunciaban por rechazar el proceso de reparo y retirarse de la vía del referendo y quienes insistieron, pese a las dificultades, en proseguir por este camino. Entre los primeros destacaban partidos como PJ, PV o LCR y organizaciones radicales como Gente del Petróleo, formada con los gerentes de PDVSA durante el paro-sabotaje. Entre los segundos, organizaciones como el MAS, AD y Copei, y personalidades como Teodoro Petkoff y Alberto Quirós Corradi, un exgerente y experto petrolero. Esta última posición, luego de mucho debate, prevalecería. La oposición se avino a convocar a sus bases para “reparar” sus firmas y el 3 de junio el CNE dictaminó que existían las firmas suficientes y se habían llenado los requisitos constitucionales para convocar al referendo revocatorio presidencial, que se fijó para el 15 de agosto.

Con el anuncio de la activación del proceso de referendo constitucional, se produjo en los meses siguientes un cambio en los discursos y actitudes de los actores políticos hacia la moderación y mayor equilibrio, en un afán por conseguir los votos de aquellos sectores del electorado que las encuestas revelaban estar no polarizados y/o radicalizados que decidirían el resultado. Así mismo, una vez más, se inició en Venezuela la intensa actividad de organización y movilización de las bases del gobierno y de la oposición, a los fines de prepararse para afrontar el evento, que podría dar un resultado decisivo en la lucha hegemónica, que en las confrontaciones anteriores arrojaba un predominio aún reversible de las fuerzas del gobierno.

El proceso que llevó a la activación del revocatorio presidencial significó para la oposición un triunfo político, en especial para sectores y personalidades de vocación más democrática ya señaladas arriba, que hasta ese momento habían tenido poco peso dentro de la CD. De hecho, la visibilidad de estos actores significó durante la campaña un cambio de voceros en la CD, con más predominio de discursos moderados, incluso por parte de quienes hasta poco antes se opusieron a ir a los reparos.

Por parte de las organizaciones y bases del gobierno, en las horas previas e inmediatamente siguientes al anuncio del CNE, se hicieron evidentes tensiones y contradicciones internas e incluso se vivieron estallidos de violencia política en el centro de Caracas. La situación quedó rápidamente conjurada cuando el presidente Chávez, en una pensada, hábil y certera cadena oficial reconoció esa noche la decisión del CNE y convocó a sus bases a organizarse y prepararse para ese referendo. El presidente desde el Palacio, rodeado de símbolos religiosos e históricos, atribuyó como su particular triunfo político la Constitución de 1999 y el referendo revocatorio presidencial que ahora se activaba contra él. Evocó luego la histórica batalla de Santa Inés de la Guerra Federal venezolana del siglo XIX, para explicar a sus bases la importancia del evento electoral que se aproximaba, la estrategia que estaría usando y presagiar la contundente victoria que buscaba. Finalmente, acudió a un muy famoso y emblemático poema llanero, Florentino y el Diablo, referido a un reto entablado entre los dos y donde Florentino le gana al Diablo, identificándose él con Florentino y a la CD con su oponente, para dar la imagen más ilustrativa posible de los atributos que le asignaba al “otro” y de la magnitud de la tarea que tenían por delante.

El 15 de agosto los electores venezolanos acudieron masivamente a las urnas en un clima de sana paz. Las previsiones logísticas del CNE quedaron rebasadas por la importante afluencia de la participación ciudadana. Si en julio de 2000 había votado un universo de cerca de 6.600.000 venezolanos, en agosto de 2004 votaron cerca de 10.000.000. Los centros electorales se vieron sobrepasados y la gente hizo colas que en promedio alcanzaron las siete horas. El 16 de agosto en la madrugada, gracias al sistema computarizado de votación que se utilizó, el CNE pudo dar su primer informe oficial, totalizado con el 94,49% de las actas automatizadas y cuyas tendencias consideró irreversibles. La opción del NO, perteneciente al presidente, había triunfado con una holgada mayoría: 4.991.483 votos (58,25%) contra la opción del SÍ, que en este primer boletín recibiría 3.576.517 votos (41,74%). Poco después, los observadores internacionales reconocidos por la oposición, el Centro Carter y la OEA, anunciaron la compatibilidad de sus cálculos con aquellos del CNE. El presidente había salido airoso una vez más, y con un porcentaje casi idéntico a los comicios de 2000.

Con estos resultados, la lucha hegemónica tomaba de nuevo, pero en este caso de manera más contundente y firme que en las confrontaciones anteriores, un giro a favor del proyecto bolivariano y sus fuerzas sociales y políticas. La legitimidad que aportaba al gobierno el resultado del referendo trascendía el ámbito nacional, y se proyectaba sobre el escenario internacional, también polarizado entre fuerzas a favor y en contra del proyecto bolivariano. En los meses siguientes, la oposición buscaría denunciar en instituciones latinoamericanas e internacionales un fraude “electrónico masivo” que nunca pudieron demostrar. También, posteriormente, ciertos grupos señalaron un conjunto de irregularidades institucionales, que a su juicio se produjeron durante el proceso revocatorio, que habría alterado tramposamente la correlación de fuerzas a favor del gobierno, y por ende el resultado electoral. En esta línea de argumentación no se cuestionó el resultado a favor del presidente, sino el proceso que condujo al mismo. Aun cuando el proceso revocatorio pudo tener sus debilidades institucionales, como suelen tenerlo en mayor o menor medida los procesos comiciales, a la luz del contexto insurreccional en el cual se insertó, y el cual contribuyó de manera decisiva a superar, puede considerarse un proceso político razonablemente transparente, creíble en sus resultados y exitoso en su propósito. El proceso que culminó en el referendo revocatorio presidencial creó las condiciones mediante las cuales la sociedad pudo encontrar un nuevo cauce menos violento para proseguir la lucha hegemónica. Por otra parte, profusas evidencias sobre el apoyo y la popularidad del gobierno se reflejaban en encuestas de diversa naturaleza desde hacía meses, incluso entre compañías encuestadoras que venían abiertamente apoyando a la oposición. Y recordemos de nuevo que diversas organizaciones internacionales, que en ningún caso pueden con alguna seriedad ser endilgadas como chavistas, como el Centro Carter o la OEA, apoyaron el proceso y avalaron sus resultados.

Capítulo 12
El referendo revocatorio de 2004: geografía electoral en una Venezuela polarizada[34]

El domingo 15 de agosto de 2004 se realizó el referendo revocatorio presidencial. La pregunta a contestar fue formulada de la manera siguiente: “¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual período presidencial?”. Como le sucedió a buena parte de los venezolanos y venezolanas, debido a la masiva concurrencia, sufrimos demoradas colas –de más de cinco horas– para ejercer el derecho al voto. Durante esas horas de espera oímos las conversaciones y opiniones de los compañeros de cola. Pese a que las encuestas ya indicaban claramente una tendencia favorable al presidente, solo se escuchaban voces que aseguraban su inminente salida del cargo. De extrapolar linealmente lo recogido en esos comentarios, tendríamos que haber concluido que la opción del SÍ no podía sino salir victoriosa de la consulta.

Pero, como tantas veces ya se ha dicho, en años recientes Venezuela está viviendo una situación de extrema polarización política, que es expresión de la brecha social profundizada durante los últimos 25 años. Esta polarización tiene manifestaciones espaciales innegables especialmente en los principales centros urbanos del país. En áreas de Caracas distintas a las de clase media, más pobres y densamente pobladas, los resultados eran la imagen invertida en un espejo con relación a urbanizaciones de clase media. Allí, un aproximado de 75% de los ciudadanos votaban por el NO, un 25% por el SÍ. Nadie dudaba ese día del triunfo arrasador del NO. Al final, no fue arrasador el triunfo del NO, aunque sí contundente: de cerca del 60%. Sin embargo, para los electores que optaron por la revocación del presidente les ha venido resultando difícil convencerse de que sus entornos familiares, geográficos y de trabajo no expresan la mayoría política del país. Otro conjunto de factores se agregan para sostener este espejismo, pero sin duda la polarización en múltiples dimensiones de la vida social constituye el caldo de cultivo donde estos se adhieren.

El contexto

Luego del fallido golpe de Estado y el derrotado paro petrolero, como se señaló en el capítulo precedente, sectores mayoritarios de la oposición política concentraron desde febrero de 2003 sus esfuerzos en alcanzar, a toda costa, la realización de un referendo revocatorio presidencial. En mayo de 2003, gobierno y oposición, con los auspicios de la OEA, el Centro Carter y el PNUD, firmaron un acuerdo donde se comprometieron a encontrar una salida a la crisis política dentro de las pautas establecidas por la Constitución de 1999. En el punto 12 de ese acuerdo, explícitamente se comprometieron a respetar y seguir los requisitos del artículo 72 de la Constitución, que se refiere a los referendos revocatorios, y en el 13, a hacer esfuerzos para designar los miembros de un nuevo CNE. Este acuerdo abrió cauces para que la intensa conflictividad vivida desde fines de 2001 pudiera comenzar a procesarse por vías pacíficas e institucionales.

En el segundo semestre del 2003 fueron designados los integrantes del CNE, poder público responsable de conducir los procesos electorales en el país. En ese momento, esas designaciones fueron reconocidas y bien recibidas tanto por las organizaciones simpatizantes del gobierno como por las de la CD, que agrupaba a las fuerzas de oposición. Siendo el referendo un mecanismo de democracia participativa inédito, entre las primeras tareas que tuvo que cumplir el CNE estuvo la elaboración de un reglamento que pautara los procedimientos que permitiesen su implementación. También contó este reglamento, aprobado por unanimidad, con un muy amplio respaldo de las partes.

La recolección de firmas para solicitar los referendos revocatorios de diputados y del presidente se realizaron en dos fines de semana consecutivos, entre noviembre y diciembre de ese año, en completa paz. Las firmas para el referendo presidencial fueron entregadas con retraso. Cuando le correspondió al CNE comenzar –a inicios de 2004– a ejercer sus funciones de árbitro comenzaron los problemas[35].

En el reglamento aprobado quedó claro que cada solicitante debía completar sus datos de manera “personalísima”. Se establecieron mediante otras normativas los casos excepcionales en los cuales el solicitante podía ser asistido y se señalaba que en tal situación debía colocarse una nota. Eso fue destacado tanto en la propaganda institucional del CNE, como en la de la oposición promotora del evento. Sin embargo, al revisar el CNE las firmas entregadas, se encontró con decenas de miles de datos y firmas de caligrafía similar sin nota alguna. Esta situación se presentó tanto en las firmas recogidas para el referendo presidencial como para los referendos de diputados oficialistas o de oposición. En febrero, como ya se señaló, el CNE tomó por la mayoría de los rectores la decisión de implementar un procedimiento para el “reparo” de esas firmas, convocando a los supuestos firmantes para que ratificaran o rechazaran su firma. Si bien la OEA y el Centro Carter respaldaron esta decisión del CNE, el anuncio de este procedimiento suscitó un primer rechazo por parte de la CD, que llamó a desobediencia civil y desencadenó el guarimbazo que describimos someramente en el capítulo previo.

Finalmente, la CD aceptó cumplir con lo pautado por el CNE y las fechas para los reparos fueron fijadas y cumplidas sin mayores contratiempos. El 3 de junio el CNE dictaminó que el número de firmas recogidas y validadas cumplían con lo pautado en el artículo 72 de la Constitución y fijó para el 15 de agosto la realización del referendo revocatorio presidencial.

Los resultados del 15 de agosto en perspectiva comparada

El acto del evento revocatorio fue masivo y pacífico. Largas colas y muchas horas de paciente espera fueron alabadas por la observación internacional como muestra de espíritu cívico en los venezolanos. En dos oportunidades el CNE prorrogó el cierre de los centros de votación ante la magnitud de las colas. Finalmente el cierre oficial ocurrió a media noche, aunque algunos centros, sobre todo en sectores populares, continuaron votando. Gracias a la automatización de la mayoría de los centros, a las 4.00 de la madrugada del día 16, el CNE pudo emitir su primer boletín oficial mostrándose ya unas tendencias irreversibles. El NO triunfaba sobre el SÍ en una relación cercana al 60 a 40. Era la misma relación porcentual nacional de los comicios de 1998 y 2000. Pocos días después fueron anunciados los resultados definitivos. En el cuadro siguiente se recogen los resultados porcentuales nacionales, así como de algunas ciudades, municipios, parroquias y centros electorales del país.

En el cuadro Nº 24 se ha hecho una selección ilustrativa del comportamiento de electores de diversos niveles de ingreso. Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto son una buena muestra representativa de los más importantes centros urbanos del país. Puede verse con mucha claridad cómo el nivel de ingreso aparece como determinante en la orientación del voto. En todos los 24 estados del país la opción del NO resultó vencedora. Sin embargo, en algunas de las ciudades más importantes del país fue el SÍ el voto predominante. Tal es el caso de Caracas, Maracaibo y Valencia, que aparecen en el cuadro. En Barquisimeto, también seleccionada en el cuadro, el NO resultó triunfador, pero en un porcentaje menor al obtenido por esa opción en todo el estado Lara. Esto muestra que el proyecto bolivariano cuenta con más hondo arraigo en las zonas más rezagadas. Dentro de las ciudades mismas, el comportamiento electoral está también muy socialmente determinado. El cuadro contrasta municipios o parroquias de áreas urbanas de distinta composición social. Vemos allí que mientras en los sectores de elevados ingresos la votación por el SÍ fue apabullante, llegando a alcanzar, como en un centro en la urbanización La Lagunita, del sureste de Caracas, porcentajes cercanos al 95%, en sectores pobres, sin llegar a los mismos extremos, la proporción se invierte. Aun en ciudades como Barquisimeto, donde el NO triunfó, la diferencia de comportamiento entre los centros ubicados en sectores de ingresos medios y altos, y los localizados en barrios populares mantiene la misma tendencia.

Pero como hemos visto en capítulo precedente, este comportamiento no es novedoso. Desde las elecciones presidenciales de 1998, con cambios de énfasis, el comportamiento electoral de los venezolanos ha estado fuertemente determinado por la condición socioeconómica. En el cuadro Nº 25, que presentamos a continuación, podemos observar ese comportamiento en los municipios de Caracas que concentran los habitantes de mayores ingresos, en varios procesos realizados desde entonces.

Los votantes de los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo constituyen aproximadamente un sexto de la totalidad de la Zona Metropolitana de Caracas. En otro de los cinco municipios, Sucre, otro sexto, y en Libertador, las restantes cuatro sextas partes de los votantes de la Zona Metropolitana. Estos dos últimos municipios son socioeconómicamente más heterogéneos que los tres primeros. Pero hay que destacar que en el municipio Libertador, con mucho el más grande de los cinco, con cerca de un millón de votantes, hay predominio notorio de sectores populares. Con variantes, este fenómeno de segregación socioespacial se repite en otras ciudades de Venezuela, replicando el mismo comportamiento electoral. Nótese que desde las elecciones de 1998, mientras nacionalmente el apoyo al presidente Chávez y las fuerzas sociopolíticas que lo respaldan tiende a estabilizarse en términos porcentuales y a incrementarse en cifras absolutas, en los tres municipios señalados el rechazo al presidente y su proyecto se acentúa.

De la exclusión social a la polarización política

Desde sus mismos inicios en 1999 el gobierno de Chávez ha sido estigmatizado como uno de división y odio social. Pero la polarización política que se ha vivido desde la campaña electoral de 1998 es expresión de una aguda segregación socioeconómica que hunde sus raíces, como desarrollamos ya extensamente en capítulos previos, en procesos de larga data y compleja naturaleza.

Es importante señalar que desde 1989, cuando se dio el Caracazo, se inició en el seno de la sociedad un proceso de desagregación, distanciamiento y temor hacia los sectores populares por parte de las clases medias, situación que se fue ahondando al calor de los procesos de polarización social y deterioro institucional que caracterizaron la década de los 90. Ya para las elecciones de 1998 se hicieron visibles, como parte del fenómeno de la polarización política, rasgos de racismo y prejuicio social contra sectores populares por parte de aquellos sectores y de las clases altas. Una caricatura muy celebrada en esa campaña, elaborada por un caricaturista famoso, Pedro León Zapata, expresaba bien este aspecto de repudio hacia Chávez que sentían los ricos: “no es por Rambo, sino por zambo”, era la leyenda que la acompañaba. A finales de 2001, como vimos, con la exitosa realización del primer paro cívico nacional convocado por Fedecámaras, los actores sociales y políticos opuestos al proyecto bolivariano, fundamentalmente provenientes de estos estratos sociales, se unificaron y emprendieron estrategias de naturaleza principalmente insurreccional para modificar a su favor la cristalización hegemónica ahora presente en el Estado. La polarización se agravó, se extendió a todos los aspectos de la vida social, y los prejuicios sociales y raciales se hicieron intensamente visibles en grafitis, prensa y programas de televisión.

Los resultados del referendo solo reiteran esta fragmentación de la sociedad en dos pedazos cuyos límites económicos, sociales, espaciales, culturales y políticos se trazan desde una lógica de clase. En efecto, quienes son pobres son chavistas, pues allí tienen la esperanza de un cambio para él, ella o para sus hijos; el discurso y el proyecto bolivariano lo incluyen, le dan una identidad y una pertenencia desde la cual puede moverse en esta selva en que se ha convertido el planeta globalizado por el capital financiero transnacional. Si se es de la clase alta, se es antichavista, pues allí le prometen un imaginario “occidental” y “moderno”, que es fundamentalmente blanco, anglosajón, y con el cual se identifica plenamente. Los dirigentes de la oposición son sus pares, confía en que ellos resguardarán sus propiedades y libertades ante las amenazas de las turbas. Ellos le hacen sentir cosmopolita, ciudadano del mundo. Las clases medias se inclinan por uno u otro polo, pero las más visibles y poderosas tomaron el camino de la oposición. Levantadas en los últimos 25 años en sus territorios urbanos incomunicados con los sectores populares, educados en colegios privados, buena parte de ellos católicos, graduados en universidades a las que hasta hace poco escasamente asistían, aun en las públicas, estudiantes de origen humilde. Rodeados por un entorno familiar y de trabajo afín, donde los pobres son cada vez más una especie remota, terminan por confundir “su” realidad con “la” realidad, “su” país con “el” país. Los medios de comunicación se han encargado de acentuar esta perversión, sobre todo en estos últimos años, donde un mundo parcial y deformado se presentaba ante nuestros ojos cada vez que sintonizábamos canales privados de televisión (v. Ishibasi, 2003). Mientras tanto, desde el canal del Estado, que estos sectores sintonizan poco, fue emergiendo en medio de la aguda confrontación otro país, lleno de componentes mestizos, indígenas y mulatos, pleno de diversidad cultural y pobreza, un país que estaba escondido y silencioso, y que ahora marchaba triunfante por las calles porque se sentía mayoría. ¿Cómo podrá restañarse la brecha que se ha abierto entre estos dos países? ¿Cómo hacer para que converjan en un proyecto común de futuro?

Comentario final

Desde 1998, ocho comicios, incluyendo este último del revocatorio presidencial, han mostrado con desnuda claridad con quién están las mayorías del país. Sin embargo, las fuerzas de la oposición, reunidas en la CD, se negaron a reconocer esta realidad, se arrogaron la representación mayoritaria y practicaron desde 2001 y hasta el referendo acciones insurreccionales como estrategia para poner a su favor el resultado de la lucha hegemónica. Incluso en los meses siguientes al referendo, manteniendo actitudes de rebeldía, denunciaron un supuesto fraude electrónico masivo, de cuyas evidencias nunca pudieron presentar pruebas convincentes. La OEA y el Centro Carter, entre otros observadores internacionales, dieron fe de la transparencia del proceso y sus resultados. Esa nueva decisión de la oposición tuvo como resultado ahondar en su propio desprestigio y aislamiento político.

Los resultados de las distintas competencias electorales que se han realizado desde 1998 revelan una geografía electoral caracterizada por una aguda polarización política, que se calca sobre la polarización socioeconómica y espacial producida por las transformaciones de las décadas pasadas. La sociedad se muestra dividida en dos pedazos que se ignoran, irrespetan y/o se temen mutuamente. Sociedades así constituidas enfrentan tremendos desafíos para recomponer el tejido social y sanar sus heridas.

El presidente Chávez, las fuerzas políticas que lo apoyan y el proyecto que desarrollan deben ponerse al servicio de las ineludibles tareas de reconciliación e integración social. Para ello, los desafíos se presentan desde distintas dimensiones y ámbitos espaciales, y temporales. El rescate del Estado y su institucionalidad aparece como uno de los más importantes. La construcción de una institucionalidad pensada para la inclusión, la justicia, la integración social y la profundización de la democracia. La recuperación de la educación pública, como espacio donde se propicie el encuentro de la diversidad social y se inculquen los referentes simbólicos y culturales que permitan compartir la vida social en paz y tolerancia dentro de las diferencias. La recuperación de las ciudades como espacios públicos para el encuentro, como los sitios para el desarrollo de la democracia participativa. La cultura es otro espacio propicio para la integración social. En lo inmediato es imperativo restablecer canales normales de comunicación entre los distintos sectores de la sociedad. Y el principal responsable de esta tarea es el presidente mismo y su equipo de gobierno.

Parte 4
Gestiones de la nueva hegemonía

Capítulo 13
Alcaldías de izquierda: las gestiones locales de LCR entre 1989 y 1996[36]

Las gestiones municipales de los alcaldes Clemente Scotto, en el municipio Caroní del estado Bolívar (1990-1996), y Aristóbulo Istúriz en el municipio Libertador del Distrito Federal (1993-1996) representaron en la década de los 90 las primeras dos experiencias importantes de gobierno local que fueron desarrolladas por el partido LCR, una organización política de explícita vocación popular, que emergió como opción alternativa a los partidos tradicionales a finales de los años 80, alcanzando significativas cuotas de poder tanto nacional como regional y local a partir de 1989. En 1997, como revisamos en la parte II de este libro, LCR sufrió una severa división, y dichos alcaldes se separaron de la organización y pasaron a engrosar las filas del naciente PPT. Hoy, ambos, así como el grueso de los militantes de la vieja LCR, apoyan la alianza actual de fuerzas hegemónicas en el gobierno del presidente Chávez, y estos alcaldes en particular han desempeñado diversos y cargos clave en dicha gestión. Por ello, es interesante extraer de estas tempranas gestiones alternativas elementos que incidirán en las orientaciones del proyecto bolivariano, actualmente hegemónico.

Las gestiones de Scotto e Istúriz guardaron entre sí importantes similitudes, tanto conceptuales como operativas, lo que parecía indicar que LCR como organización, o al menos algunos de sus miembros, había reflexionado y elaborado los esbozos de un proyecto político alternativo de gobierno local. Sin embargo, la organización, durante los años que hemos revisado, nunca hizo explícito ese proyecto, ni la dirección nacional apoyó a sus alcaldes con demasiado entusiasmo. La similitud más destacada entre ambas gestiones fue el esfuerzo dirigido a desarrollar prácticas de organización y participación ciudadana, que permitieran ir transformando lo que consideraban la tradicional cultura “clientelista” venezolana por una más democrática. Este objetivo que compartieron las distinguió de otras experiencias locales que se desarrollaron en esos años, incluyendo aquellas ejercidas por el MAS, la organización política que procedía, al igual que LCR, de la izquierda venezolana de los años 60. Este ejercicio temprano de la democracia participativa se verá potenciado a fines de siglo con el proyecto sociopolítico bolivariano emergente.

Caracterización de las alcaldías antes de llegar los alcaldes de LCR

Las alcaldías de los municipios de Libertador y Caroní presentaban rasgos físicos, urbanísticos y sociopolíticos bastante distintos entre sí, los cuales determinarían las condiciones sobre las que las gestiones de los alcaldes Istúriz y Scotto tuvieron que actuar. Revisemos brevemente estos tres rasgos en perspectiva comparada.

Aspectos físicos y urbanísticos de ambas alcaldías

El municipio Libertador, que Istúriz administró entre 1993 y 1996, es uno de los dos municipios que conformaban entonces el Distrito Federal (D.F.). Contenía el casco central y la mayor concentración de población de Caracas, la ciudad capital del país. Como es sabido, la ciudad es un asentamiento urbano de vieja data (fue fundada en 1567) y en su seno han residido los poderes públicos, tanto los que administraron la Provincia y Capitanía General de Venezuela en el período colonial, como los de la república desde su fundación. El Área Metropolitana de Caracas (AMC), creada con fines censales y estadísticos en 1950, abarcaba entonces, además del municipio Libertador en estudio, los municipios Sucre, Chacao, Baruta y el Hatillo, que pertenecían al estado Miranda. El municipio Libertador, por las características antes señaladas, era reconocido como la Alcaldía de Caracas. Tenía una superficie absoluta de 433 km² y para entonces una población total, según el censo de 1990, de 1.823.222 habitantes, lo que le daba una densidad de 4.210,6 hab/km².

Caracas, por ser la capital de un país petrolero, fue un polo de atracción de migraciones a lo largo del siglo XX. En 1900 su población apenas alcanzaba los 100.000 habitantes, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya la misma se estimaba en unos 623.713 habitantes. A partir de entonces su crecimiento fue acelerado: 1.116.245 en 1961, 1.658.500 en 1971 y 1.816.901 en 1981. Desde esta fecha se estancó, pues la cifra del censo de 1990, 1.823.222 habitantes, apenas sobrepasaba la cifra de la década anterior[37].

En términos de la composición social y condición socioeconómica de sus vecinos, el municipio Libertador, poco antes de la victoria de Istúriz como alcalde, poseía según la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) un estimado de 1.384.798 habitantes en categoría de población económicamente activa (de 12 años y más), de los cuales 51,2% catalogaban como ocupados, 5,9% desocupados y 40% como inactivos[38]. En el D.F., cuya población económicamente activa era ligeramente superior a la del municipio (1.589.603 habitantes), solo 110.254 personas eran extranjeras (6,7%), pero 539.812, el 33,9%, eran venezolanos nacidos fuera del D.F. Estas cifras permiten estimar en un porcentaje cercano al 40% la población del municipio que procedía de otros lugares, en busca de oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida. Para 1993 el promedio nacional de pobreza, siguiendo la metodología de la línea de pobreza, rondaba el 64% y el III Inventario Nacional de Barrios, levantado al principio de la década, señalaba que el 41,3% (1.085.543 personas) de la población del municipio residía en barrios, entendiendo por tales los asentamientos construidos a partir de invasiones de terrenos, sin plan o proyecto que hubiese cubierto los requerimientos contemplados en cualquier urbanización producida regularmente en la misma ciudad y época (Fundacomún, 1992).

Estos datos retratan a una ciudad densamente poblada, con una porción alta de no nacidos en ella y con más de la mitad de sus integrantes en situación de pobreza, con condiciones de vida de baja calidad. A estas difíciles condiciones para gobernarla, es necesario añadirle a este municipio las que se derivan de las leyes y reglamentaciones aprobadas para la ciudad en distintas épocas o para distintos fines, que terminaron por conformar un laberinto legal que obstruía –y aún hoy obstruye- la posibilidad de un gobierno eficaz y hacía sumamente difícil cualquier cambio de políticas para la ciudad. El municipio estaba regulado por la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM), sancionada en 1989, pero también por la Ley Orgánica del Distrito Federal de fecha previa. Ambas se contradecían en algunos aspectos y otorgaban facultades y atribuciones concurrentes entre gobernador y alcalde. Adicionalmente, el gobernador del D.F. era designado directamente por el presidente de la República, lo cual creaba en él cierta orientación de intereses que difería de las del alcalde, quien era electo directamente por la comunidad. Otra reglamentación que generaba dificultades era la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico (1986), que establecía planes para las ciudades venezolanas en las cuales una dependencia del Gobierno nacional, el Ministerio de Desarrollo Urbano, tenía una jerarquía superior a los niveles federales o municipales; las acciones de este ente eran motivo de tensión y complicaciones por concurrencia de facultades y atribuciones. Por si no bastaran estos inconvenientes, existían –todavía existen– leyes o reglamentos que regulan aspectos de la vida urbana, que se remontan a principios del siglo XX o aun antes, y aguardan hasta ahora por su actualización.

Las características físicas, históricas y urbanas arriba señaladas para el municipio Libertador hacen contraste con el municipio Caroní del estado Bolívar. Este municipio se encuentra ubicado lejos de la costa Caribe, en el sur del territorio venezolano, formando parte de una de las entidades federales más extensas y menos pobladas del país. El municipio está localizado sobre la ribera sur del río Orinoco y atravesado de norte a sur por el río Caroní, de allí su nombre. La capital de este municipio, Santo Tomé de Guayana, después llamada Ciudad Guayana, es una de las ciudades más jóvenes de Venezuela, pues su creación fue decretada por el gobierno nacional en 1961, a partir de la decisión de unificar política y administrativamente los centros poblados de San Félix, Puerto Ordaz, Carchana y Castillito, como parte de un proyecto estratégico de carácter nacional que contemplaba desarrollar un conjunto de industrias básicas en una zona considerada como la más rica en recursos hídricos y minerales del país. San Félix, uno de los núcleos urbanos primarios de la ciudad, apenas superaba en el censo de 1950 los 5.000 habitantes, mientras Puerto Ordaz, el otro núcleo urbano primario de la ciudad, solo se fundó nueve años antes que Ciudad Guayana, en 1952, como resultado del descubrimiento de los yacimientos de hierro en el Cerro Bolívar y de su explotación por parte de la Orinoco Minning Company. En el municipio Caroní se encuentran hoy en día un conjunto de industrias básicas que hasta hace poco fueron todas propiedad del Estado venezolano: Alcasa, Bauxiven, Edelca, Ferrominera del Orinoco, Fesilven, Inter-alúmina, Minerven, Sidor, Venalum y la represa hidroeléctrica del Guri. En la década de los 90 algunas fueron privatizadas.

Como resultado de la dinámica industrial del municipio, la población de Ciudad Guayana creció sorprendentemente a partir de los años 60, caracterizándose por ser sus vecinos, en su inmensa mayoría, jóvenes y de reciente llegada a la zona, procedentes de todo el territorio nacional, y también del extranjero. Se calcula que para 1960 entre San Félix, Puerto Ordaz y los otros núcleos de población que conforman ahora la ciudad, se alcanzaba apenas los 20.000 habitantes. Treinta años después, el censo de 1990 registró una población total de 465.823 habitantes, de los cuales 394.976, es decir, el 84,8%, no sobrepasaban los 39 años de edad. Del total de la población, más del 45% eran migrantes, 23.714 nacieron en el exterior (el 5,09%) y 181.703 (41,5%) en entidades federales distintas al estado Bolívar. El municipio Caroní tiene una superficie de 1.612 km² y por tanto una densidad de 288,9 hab/km². Pese a que esta densidad es mucho menor a la del municipio Libertador señalada arriba, Ciudad Guayana concentra aproximadamente la mitad de la población del estado Bolívar y es el centro urbano más denso de esa entidad federal. En el momento de su creación la ciudad suscitó todo un esfuerzo de planificación urbana. Sin embargo, para 1989, fecha en que Scotto ganó la alcaldía, el municipio carecía de divisiones administrativas y, según el III Inventario Nacional de Barrios de 1992, el 48,41% de su población vivía en asentamientos urbanos de áreas invadidas sin los servicios básicos. Es de destacar otro dato significativo: la ciudad en estos 30 años fue evolucionando con una marcada división en la composición social de los vecinos de San Félix y Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, que es donde están las fuentes de trabajo de las empresas básicas, y de las pequeñas y medianas que se desarrollan a su sombra, se encuentran las residencias de los sectores medios y altos, empleados y gerentes de dichas empresas. En contraste, la inmensa mayoría de la población obrera y de empleados de poca calificación vivía en San Félix, en la zona de los barrios.

Precisando un poco más las condiciones socioeconómicas de la población de este municipio, para 1990 el 66,6% de su población era económicamente activa, de los cuales el 43% estaba ocupada, la desocupación era del 7% y la población inactiva o de actividad no declarada sumaba, según la OCEI, el 50%. En el estado Bolívar, para 1992, la pobreza aquejaba al 43% de sus habitantes (el promedio nacional para ese momento se ubicaba en 44,5%). Aunque era ligeramente inferior al promedio nacional, se había iniciado el declive y quiebra de algunas de las empresas básicas, y el tránsito de otras hacia su privatización, con la consiguiente expulsión de mano de obra, que se refugiaba en la informalidad. Para 1990, en el estado Bolívar, el 17,23% de la población activa declaró ser trabajador por cuenta propia o servicio doméstico, mientras el 34% era empleado u obrero del sector público.

Situados ante este panorama físico, urbano y socioeconómico de las dos alcaldías, los alcaldes de LCR, en consonancia con su ubicación ideológica, orientaron sus esfuerzos hacia la atención de las necesidades de las mayorías de menores recursos de la ciudad, favoreciendo el mejoramiento de las condiciones de vida en los barrios populares.

Evolución sociopolítica previa de ambos municipios

El acceso al gobierno municipal por parte de alcaldes de LCR, un partido insignificante hasta las elecciones de 1988, fue propiciado, como ya se desarrolló en capítulos previos, en primer término, por el proceso de descentralización que comenzó en Venezuela en los últimos años de esa década. Fue en el escenario de la crisis política del gobierno de Pérez cuando se dieron las elecciones locales y regionales de 1989 y 1992, elecciones que van a canalizar el descontento popular, así como a promover la apertura de nuevos espacios para la mediación entre la sociedad y el poder, con lo cual contribuyeron a sostener al sistema político en medio de una coyuntura política altamente crítica. Así, las victorias en 1989 de los causaerristas Andrés Velásquez en la gobernación del estado Bolívar y Scotto en la alcaldía del Caroní reflejaron el repudio popular hacia el partido gobernante AD, pues nunca antes de estos comicios ese partido había sido derrotado en esa entidad. Por otra parte, la victoria de Istúriz en 1992 estuvo también ligada a la actuación suya y de su partido durante los sucesos del golpe fracasado del 4 de febrero de ese año. LCR, representada en el Congreso por Istúriz, se unió a la posición del expresidente Caldera, de dura crítica al gobierno de Pérez. Esta posición tuvo gran acogida popular.

Este contexto general sin duda condicionó las actuaciones iniciales de ambas gestiones. Sin embargo, también es menester señalar las particularidades sociopolíticas tanto del municipio del Caroní como del municipio Libertador, pues estas son tanto complemento explicativo a los condicionantes generales de la victoria de esta organización política en ambos lugares, como factores moldeadores de las posibilidades y obstáculos con los cuales tendrían que enfrentarse una vez en el gobierno.

En el caso del municipio Caroní, nos encontramos en el corazón del trabajo político que había realizado LCR desde principios de la década del 70. El movimiento obrero de la zona, constituido por los trabajadores de las industrias básicas, en particular por los trabajadores de Sidor, fue el núcleo germinal de lo que se conocería como el Nuevo Sindicalismo, un sindicalismo que como señalamos en el capítulo dedicado a LCR se hizo notar por su enfrentamiento al sindicalismo tradicional de los partidos signatarios de Puntofijo, en especial del partido AD. El Nuevo Sindicalismo había alcanzado el predominio en Sutiss, el sindicato de Sidor, desde 1977. Scotto fue abogado laboral de LCR en la región y Velásquez, quien ganó la gobernación de Bolívar, fue presidente del sindicato de Sutiss. Sidor, a diferencia de la planta industrial manufacturera venezolana localizada en el eje centro-costero del país, había funcionado con condiciones de trabajo y vida sumamente difíciles para sus trabajadores; el Estado se mostró allí por muchos años poco dispuesto a jugar su rol de propietario paternalista. Adicionalmente, el sindicalismo adeco de la zona era ampliamente conocido por sus tratos clientelares y la corrupción de sus dirigentes.

La existencia de este sindicalismo fuerte le dio una base política a LCR en el municipio Caroní de la que, como veremos, carecía en el municipio Libertador. Por otra parte, el Nuevo Sindicalismo ha sido un importante factor constructor de identidad y solidaridad sociales en Ciudad Guayana, pues los pobladores, como ya se señaló, en su inmensa mayoría llegados de todas partes, no poseen lazos afectivos, ni arraigo a la tierra o a una tradición común. La presencia de otras organizaciones sociales en la zona era escasa, las asociaciones de vecinos eran débiles y, como era lo usual en el país, estaban mediatizadas por los partidos tradicionales. Existían algunas comunidades religiosas como Fe y Alegría, los padres salvatorianos y la Diócesis, pero no alcanzaban a tener la importancia del sindicalismo. La actividad comunitaria que se había desarrollado hasta entonces era poca, alguna estimulada por el mismo Nuevo Sindicalismo y estaba localizada en los barrios de San Félix, donde viven los trabajadores. Por otra parte, el poder municipal era una estructura incluso más débil aquí que en otros lugares del país, toda vez que la zona, por ser asiento de un proyecto industrial estratégico de la democracia, poseía un directo brazo político del poder central que era la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) creada por el Ejecutivo Nacional en 1960, y cuyo presidente era nombrado por el presidente de la República. Esta corporación absorbió facultades clave del poder regional y local, entre otras, la de administrar las tierras y los servicios de agua y aseo urbano. Fue una de las primeras tareas del equipo entrante en la alcaldía tratar de construir unas relaciones con este ente todopoderoso en la zona, que le permitiesen al municipio comenzar a salir de su condición subordinada y dependiente del poder central.

Una diferencia notable entre el proceso sociopolítico que lleva a ganar la alcaldía a Scotto en relación con Istúriz en Caracas es que la estrategia política de acceder al poder municipal en Caroní se trazó desde que se aprobara la primera Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM), en 1978. En los primeros comicios separados del nivel municipal, que se realizaron en 1979, Scotto ya participó como candidato a concejal por LCR, aunque no llegó a salir electo. En los comicios municipales de 1984, LCR logró capturar el 17,13% de los votos a los concejos de la entidad federal, con lo cual obtuvo cinco concejales, cuatro de ellos en el municipio Caroní y uno en el municipio Heres. Scotto y sus compañeros (entre ellos estaba también Velásquez) comenzaron a actuar en el gobierno local del Caroní desde entonces, jugando principalmente un rol de opositores y denunciantes de irregularidades del gobierno municipal. Esto facilitó el comienzo de una reflexión sobre la significación y concepción deseada de un gobierno local. Scotto conformó desde esos años un equipo político-técnico que al ganar los comicios de 1989 lo acompañará en su primera gestión como alcalde. En Caroní, pues, había conocimiento de la problemática local y un trabajo político ya hecho, así como la incipiente conformación de un equipo y de un proyecto.

La victoria de Istúriz, al contrario, obedeció, de manera más exclusiva que la de Scotto, a un voto castigo ejercido por los electores de Caracas al gobierno nacional y local en manos de AD. En medio de la agudización de la inestabilidad política de 1992, provocada por los dos golpes de Estado fracasados, LCR canalizó a su favor el descontento con la gestión del presidente Pérez. Caracas, como centro de los poderes públicos, es especialmente sensible a los avatares de la política nacional. La elección de alcalde ahí, más que en ningún otro lado, queda contaminada con los intereses de dicha política. La victoria de Istúriz llegó contra todos los pronósticos, no existiendo un trabajo local de esta organización en Caracas: ni habían desarrollado Istúriz, ni LCR, activismo en la política local[39]. Tres años antes, en las elecciones municipales de 1989, LCR no tuvo ninguna figuración de importancia en el municipio, llegando su candidato de cuarto. En 1992, Istúriz ganó con el 34,45% de los votos válidos contra el candidato de AD, Claudio Fermín, quien obtuvo el 32,03%. La abstención fue alta; sin embargo, bajó con relación a 1989, al colocarse en 62,57%.

El primer sorprendido por los resultados electorales fue el propio Istúriz, quien tuvo, sobre el camino, que comenzar a desarrollar ideas sobre una política local y crear un equipo. Como apoyo estaban las experiencias de Velásquez como gobernador del estado Bolívar y Scotto como alcalde de Caroní, los cuales llevaban ya tres años en ejercicio. Algunas personas de los equipos de Velásquez y Scotto se vinieron a Caracas para brindar sus servicios. Sin embargo, a todas luces, se trataba de un desafío de grandes proporciones para ser confrontado con recursos humanos escasos. Añadamos también, como diferencia con la experiencia del municipio Caroní, que en Libertador la población es más heterogénea socialmente, la sociedad civil más densa y ha sido penetrada sostenidamente por las prácticas y usos del clientelismo político tradicional. La mayoría de las asociaciones vecinales de los barrios estaban mediatizadas por los partidos, muchas veces siendo simplemente una fachada de estos. Sus directivas permanecían en ejercicio durante años sin convocar ni ejercer prácticas de participación democrática. Si bien esto no era tan distinto a la situación del municipio Caroní, en Caracas LCR no contaba con el Nuevo Sindicalismo de Sutiss como respaldo, ni con un gobernador afín. Desde la gobernación del D.F. y el gobierno central, los opositores de un partido popular en emergencia poseían importantes recursos para hacer zozobrar cualquier intento de transformación.

Políticas de democratización local

Las gestiones municipales de LCR en los municipios Caroní y Libertador coincidieron en considerar como objetivo principal de sus actividades la democratización del poder local. En este sentido, ambos equipos de gobierno reflejaron una búsqueda por concretar en el plano local la democracia radical, un principio ideológico básico de LCR. Esta democratización implicaba el desarrollo de una cultura participativa, cultura que el partido consideraba inexistente en Venezuela por la exacerbación de la práctica paternalista como forma de relacionamiento entre la sociedad y el poder. Convergiendo en objetivo, existieron, no obstante, diferencias en las estrategias, instrumentos y actividades de ambas gestiones. En las próximas líneas haremos una revisión por separado de los principales conceptos e instrumentos utilizados por los equipos de ambas alcaldías para cumplir con este objetivo prioritario que las orientaba.

Alcaldía de Caroní: “Más vale errar con la gente que acertar sin ella”

De acuerdo con la documentación oficial del municipio Caroní, fue la democracia radical el principio orientador de la gestión local de Scotto y su equipo de gobierno[40]. Esta democracia fue entendida en el plano local como: “la reivindicación del derecho a la ciudad por todos los ciudadanos, a la democratización del poder y el hacer las cosas con la gente” (Scotto, 1994). Esta posición va a quedar condensada en el eslogan que encabeza este acápite, que fue lema del equipo municipal a lo largo de sus seis años de trabajo. La democracia radical se consideró indisolublemente vinculada a la idea de una creciente participación de los habitantes de la ciudad en toda actividad de gobierno, lo cual a su vez implicó crear un conjunto de líneas estratégicas de acción e instrumentos que propiciaran este proceso.

Como ya se señaló, Caroní es un municipio de reciente creación y carecía al momento de la toma de posesión del alcalde, de subdivisiones territoriales que facilitaran su administración o brindaran un espacio adecuado para el desarrollo de la vida comunitaria. La estrategia más fecunda y novedosa de la alcaldía fue desencadenar un proceso de parroquialización del municipio, es decir, un proceso de descentralización del gobierno municipal, buscando incorporar a la gente en la creación de estas nuevas unidades territoriales. La parroquialización serviría a su vez de eje articulador para un conjunto de actividades que respondían a cuatro líneas de acción trazadas por el gobierno local: a) ampliar y profundizar la democracia; b) dar honestidad y transparencia a la administración; c) mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y d) modernizar la institución.

La parroquialización se inició en el primer año de la gestión, desarrollándose un conjunto de prácticas que fueron incorporando a la gente en la definición de sus prioridades y en la formulación, seguimiento, supervisión y aun evaluación de diversas actividades de la alcaldía. La parroquia, aunque inexistente desde el punto de vista legal durante los primeros tres años del gobierno, fue la escala territorial con la que se trabajó desde el principio, desplazando la alcaldía funcionarios hacia las distintas zonas para ir apoyando las prácticas participativas a ese nivel, así como para ir detectando liderazgos que pudiesen constituirse en miembros de las futuras juntas parroquiales exigidas por la LORM del año 1989. Durante el segundo período de Scotto, en marzo de 1994, la alcaldía presentó ante la asamblea legislativa del estado Bolívar la propuesta de creación de diez parroquias, ocho urbanas y dos rurales, para el municipio Caroní, como resultado de una evaluación que había incluido como criterios: a) la afinidad histórica y procesos sociales entre comunidades y unidades de desarrollo; b) delimitaciones naturales; c) número de habitantes; d) vialidad existente; e) delimitación exhaustiva del municipio. En 1995 se eligieron las primeras juntas parroquiales, luego de propiciar incontables asambleas parroquiales y de haber convocado y realizado un referendo donde participaron más de 25.000 ciudadanos con la finalidad de dar nombres definitivos a las parroquias.

Una rica variedad de instrumentos participativos fueron activados o creados por el equipo municipal en la búsqueda de incorporar a los pobladores en las diversas facetas del gobierno local. Entre estos, y desde el comienzo, tuvo un lugar destacado la modalidad de la asamblea, impulsada con la idea de superar con ella la dinámica participativa impuesta por la militancia de los partidos, mediante la apertura de un espacio para la discusión libre entre vecinos y organizaciones de toda naturaleza. Las asambleas se convocaban por sectores de la ciudad o por grupos con algún problema específico, como fue el caso de las asambleas de los buhoneros de 1990, motivadas por los graves problemas que acarreaba la falta de regulaciones sobre el sector informal; o el caso de las asambleas de los empleados municipales, que se convocaron buscando informar a dichos empleados para incorporarlos al proceso de reestructuración de la alcaldía.

Mediante las asambleas, la alcaldía rescató el espacio público para la consulta con la gente; a través de ellas pudo ir identificando problemas, prioridades y aspiraciones. Se impulsaron asambleas para tratar problemas específicos, entre las cuales guardaron un lugar especial las “Asambleas de presupuesto” y las “Asambleas de memoria y cuenta”.

La iniciativa de Scotto y su equipo de convocar a la gente a incorporarse al gobierno local de manera activa, con la finalidad de influir en las decisiones de asignación presupuestaria para sus zonas de residencia, fue inédita en Venezuela y es posible que estuviese inspirada por una práctica similar que desarrollaba el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil. Las asambleas de presupuesto se desarrollaron a partir del segundo año de la primera gestión (1991) y se fueron perfeccionando en su funcionamiento por la práctica del ensayo y error. Siguiendo el relato que de este proceso hicieran distintos funcionarios, la primera vez que se realizaron, las asambleas resultaron en una lista de pedidos casi infinita por parte de los vecinos, que después no se pudieron satisfacer y trajeron grandes tensiones y disgustos. En el año siguiente se cambió la estrategia para que la discusión girara en torno a prioridades de acuerdo con los recursos disponibles. Se hicieron asambleas de presupuesto en las ocho parroquias urbanas. En estas asambleas se explicaba lo que es un presupuesto y se informaba sobre el monto asignado a la zona. La alcaldía dispuso para esta actividad la partida 70, que es la destinada a obras públicas; basándose en su monto, los vecinos establecían sus prioridades. Los funcionarios llevaban a la reunión un portafolio con un diagnóstico de los problemas de la comunidad: déficit de vivienda, de escuelas, de aguas blancas, canchas deportivas, etc. Después de recibida la información, se daba el derecho de palabra y un funcionario iba anotando las opiniones de los asambleístas; al final se sumaba lo que la gente había propuesto y se informaban los resultados. Si todos quedaban de acuerdo se levantaba un acta donde el alcalde se comprometía a invertir en la parroquia un presupuesto de tantos millones para esas prioridades. También se hizo especial énfasis en las asambleas de memoria y cuenta, en las cuales se rendían cuentas de lo desarrollado en el año a las distintas comunidades. En 1991 se convocaron nueve asambleas de ese tipo y nueve de presupuesto, prácticamente una por parroquia; en 1992, 12 y 10 respectivamente; en 1993, 10 asambleas de memoria y cuenta, complementadas con cinco visitas a los portones de las empresas básicas para informar también allí de lo realizado.

Además de las asambleas, destacaron otras modalidades de organización y participación, como las consultas a las comunidades para tratar materias específicas como la rezonificación de áreas de desarrollo urbano; otra modalidad fueron las “tomas” por funcionarios municipales de sitios estratégicos como centros comerciales para fines de divulgación informativa; las visitas del Alcalde y de los funcionarios a los portones de las empresas básicas, 15 entre 1990 y 1991; la conformación o apoyo a las llamadas “Mesas de trabajo”, espacios donde se daban cita técnicos y vecinos para explicar, difundir y discutir información sobre algún problema en los servicios de la zona; la creación de consejos consultivos sobre diversos servicios locales, tal el caso del Consejo Consultivo de Transporte y el Consejo Consultivo para la Elaboración del Plan de Ordenación Urbanística de la Ciudad, este último compuesto por representantes de los gremios y asociaciones profesionales, de los sindicatos, de las organizaciones comunales y otras instituciones públicas. También se propiciaron “juntas de fiscalización” en los mercados, conformados con las asociaciones de vecinos y adjudicatarios de las concesiones para controlar el pesaje de los bienes comercializados, los precios, etc. Se incentivaron, igualmente, empresas para el mantenimiento y conservación de edificaciones escolares, conformándolas con vecinos pertenecientes a las zonas aledañas de las escuelas.

Todavía pueden señalarse otros esfuerzos realizados por Scotto y su equipo dentro de la estrategia democratizadora. Uno importante fue el dirigido a promover la renovación de las directivas de las asociaciones de vecinos, que previamente pasaban años sin elecciones. Gracias a la renovación de sus miembros, se desobstruían estas estructuras, facilitándose su resurgimiento como instrumentos para la participación. También se establecieron los “talleres de formación e información” que buscaban fomentar el hábito de manejar información entre los ciudadanos. Esta modalidad fue señalada en un estudio comparativo de gestiones locales en 1995, realizado por una consultora independiente, como un caso único a emular en busca de la creación de capacidades para gestionar programas locales de seguridad y asistencia social. También la alcaldía apoyó experiencias de cogestión y autogestión, como fue el caso de la construcción de viviendas o instalaciones deportivas, la administración compartida de mercados municipales y de servicios sociales, o el apoyo brindado para la creación de consorcios y asociaciones.

El municipio Libertador: “El gobierno de la gente”

La gestión del alcalde Istúriz, que comenzó en 1993, reveló en concepción y estrategias de acción una gran coincidencia con las líneas desarrolladas por Scotto. En el municipio Libertador, al igual que en el Caroní, se planteó una transformación de la democracia de entonces, “clientelar, paternalista y corrupta”, por una “participativa”, que propendiese a la democracia directa. Esta democracia necesitaba, según el Alcalde, como condición imprescindible, desarrollar mecanismos que informaran a la gente, pues Istúriz consideraba que el conocimiento del ordenamiento jurídico, técnico y contextual de los problemas es lo que hace perder el temor a participar e impulsa el proceso de asumir los derechos y compromisos ciudadanos.

No obstante esta orientación inicial, la complejidad del municipio Libertador y la improvisación con que se llegaba a su gobierno afectaron la operatividad de tales ideas. Solo a mediados del primer año (1993), pero de manera más clara en 1994, encontramos un eje articulador de las acciones de gobierno conducentes a impulsar la democratización: es el llamado “Gobierno parroquial”.

El Gobierno parroquial fue el equivalente para las condiciones de Caracas del proceso de parroquialización que revisamos arriba para el municipio Caroní. Se trataba, al igual que aquel, de hacer avanzar la descentralización política iniciada por el Estado en los años 80, descentralizando ahora la unidad básica del funcionamiento político-administrativo, el municipio, a través de la creación de un espacio de gobierno en las parroquias ya existentes que conformaban el municipio Libertador. A diferencia del Caroní, la división parroquial en Caracas se remonta al período colonial y la mayoría de las parroquias caraqueñas, además de ser de vieja data, poseen características distintivas derivadas de su evolución histórica. No se trataba, entonces, de crear parroquias con la gente, lo que fue el caso del municipio Caroní, sino de abrir en las que existían un espacio político donde:

«La junta [parroquial] electa sea un órgano de gobierno, donde el gabinete técnico un órgano de gobierno, donde las asociaciones de vecinos sean órgano de gobierno, pero también las organizaciones culturales, las deportivas, las ambientalistas, los comerciantes organizados y toda individualidad preocupada por su comunidad, tenga dónde discutir los problemas, dónde tomar decisiones, dónde aprender, dónde recibir la información. Porque la trampa de esta democracia representativa es pretender decirnos que hemos vivido en democracia, desinformados, manipulados (Istúriz en Weffer y Martínez Brandy, 1996).»

Este concepto de gobierno parroquial sobrepasaba el de junta parroquial contemplada en la LORM de 1989, ya que incluía una real transferencia de poder a las parroquias y no solo la apertura de un canal de consulta y gestión administrativa (arts. 78 a 81). La Ordenanza para la Creación y Funcionamiento del Gobierno Parroquial en el municipio Libertador fue aprobada por la Cámara Municipal en noviembre de 1995, pocos días antes de las elecciones municipales de 1995, donde Istúriz quedaría derrotado. Dicha ordenanza tuvo como base y soporte las experiencias prácticas de muy diversas características que desde 1993 se habían ido desarrollando en algunas parroquias, siendo la de mayor resonancia la experiencia de gobierno parroquial llevada a cabo en la parroquia de Antímano. También fue precedida por un proceso consultivo de asambleas parroquiales y sectoriales en la ciudad de Caracas. Según dicha ordenanza, el Gobierno parroquial estaría integrado por la junta parroquial, los equipos técnicos que había constituido la alcaldía en las parroquias con funcionarios de sus distintas direcciones, la comunidad organizada, los concejales y diputados del circuito, los jueces de paz de la parroquia, el jefe civil y los representantes del poder central, distrital e institutos autónomos con programas en la parroquia. Además se otorgó voto a todo vecino que hubiese asistido a las tres sesiones inmediatas anteriores de gobierno.

Este concepto de gobierno parroquial constituyó el planteamiento más radical de democratización local desarrollado por los gobiernos de LCR en este período. Las cortas experiencias que sobre él se dieron en Caracas estuvieron inmersas en un natural desorden y confusión, además de atravesadas por las tensiones derivadas de las configuraciones sociopolíticas arraigadas en las distintas parroquias. Sin embargo, en algunas de ellas, en especial en Antímano, impulsó un proceso multidireccional de la información y con ello la esperanza para una mejora en la calidad y cantidad de la participación. Derrotado el alcalde Istúriz en las elecciones de diciembre de 1995, el nuevo Gobierno municipal, cuya conformación mayoritaria provenía de las filas del tradicional partido AD, derogó la ordenanza en agosto de 1996 argumentando su inconstitucionalidad.

La gestión de Istúriz y su equipo, al igual que la experiencia del municipio Caroní, también incentivaron la asamblea como estructura propiciadora de la organización y participación de los habitantes en las parroquias y barrios caraqueños. En los primeros meses de gobierno, cerca de 400 asambleas se hicieron en toda Caracas con el fin de detectar las prioridades y aspiraciones de la gente. Las asambleas perduraron a lo largo de la gestión. No obstante, según diversos funcionarios de la gestión, se constató, no solo el grado de penetración de la “cultura populista, cogollérica” entre los vecinos, una cultura inadecuada para disponer a la gente al autogobierno, sino también lo insuficiente del instrumento mismo para los fines de elevar la calidad ciudadana. Una vez fuera de la alcaldía, Istúriz se ha referido al asambleísmo de esos años como una práctica que muy pronto degeneró en un espacio cautivo de “militantes políticos” y no de participación genuina de la gente. Según su opinión, si bien se daba el intercambio de información y discusión, al poco tiempo los asistentes eran siempre los mismos, terminando por imponerse en las asambleas los criterios de quienes gritaban o insistían más (Istúriz, entrevista, 1997). Incluso se observaba que muchos activistas de LCR iban a las asambleas más preocupados por construir el partido que por participar en la elaboración del proyecto de gobierno local.

Al igual que en el municipio Caroní, en algunas parroquias de Caracas se ensayó la discusión colectiva del presupuesto, lo que se conoció como la discusión del Situado Parroquial. Este situado lo creó la gestión con los recursos destinados a las direcciones de Obras y Servicios, y de Conservación y Mantenimiento de la alcaldía. Se transfirieron estos recursos a las parroquias usando como criterio: 50% del monto total dividido entre las parroquias por igual y el otro 50% dividido en dos porciones: 25% distribuido de acuerdo con la población y 25% de acuerdo con la gravedad de los problemas. La discusión del situado formó parte de una estrategia que buscaba poder preparar el espacio parroquial también para la administración de sus recursos. En 1994 el alcalde y algunos funcionarios reconocieron los obstáculos para avanzar en este proceso: la falta de preparación técnica y legal de los miembros de las juntas y organizaciones parroquiales en general, lo cual conllevaba a visiones restringidas y estrictamente “vecinales” de los problemas. Esto dificultaba muchas veces la posibilidad del uso eficiente de los recursos. Ese año, la alcaldía modificó los criterios para la asignación del situado, incorporando, entre otros, el del uso público de las distintas parroquias (a mayor uso público por parte de la comunidad, como en el caso de la parroquia Catedral, donde se ubica el centro histórico de la ciudad, mayor presupuesto), a fin de lograr una distribución más equitativa. Así mismo, retuvo parte de los recursos para obras que beneficiaran a toda la ciudad.

El apoyo que diversas iniciativas y organizaciones de los barrios y parroquias recibieron del Gobierno municipal durante estos años permitió un florecimiento de formas de organización, participación y gestión comunitarias. Entre las modalidades dignas de mencionar estuvieron las mesas de trabajo, espacios concebidos, como en el municipio Caroní, para una reunión cara a cara entre vecinos, juntas y diversos representantes de dependencias del Gobierno central, distrital o municipal abocados a problemas de servicios. Entre las mesas que se estabilizaron o promovieron en estos años destacó la “mesa de agua” de la parroquia de Antímano, una de las parroquias con mayor número de barrios y problemas. En esta mesa se encontraron los miembros de la junta y vecinos con el ingeniero de aguas y representantes de las diversas dependencias del Gobierno central y distrital que tienen que ver con este servicio, en especial la compañía Hidrocapital. Su presidente llegó a presentarse a la mesa, un acto considerado sin precedentes. La mesa de agua de Antímano desembocó en el compromiso de la alcaldía e Hidrocapital de construir un acueducto para aliviar de los graves problemas a los vecinos que allí vivían y generó una cadena de experiencias de organización social en la comunidad. También se dinamizaron diversos tipos de comités, como el Comité de Usuarios de La Vega, otra parroquia con alta densidad de barrios, creado para buscar soluciones a los agudos problemas de transporte confrontados por los vecinos.

Relevante resultó también el apoyo político, técnico y de recursos brindado por la alcaldía al Consorcio Catuche, un proyecto comunitario ubicado en una zona barrial de la parroquia La Pastora, gestado inicialmente con el apoyo de curas jesuitas y que se originó en una primera iniciativa de estos y los vecinos de transformar un tanque de agua de los tiempos coloniales, de ocho metros de profundidad, convertido en basurero de la zona, en una escuela para los niños de la comunidad. Posteriormente, se elaboró el Proyecto Catuche, que contemplaba el saneamiento del río Catuche, que atraviesa el barrio, y un conjunto de actividades socioculturales y deportivas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En 1996 el Consorcio Catuche recibió en la Conferencia Habitat II de la ONU, celebrado en Estambul, el reconocimiento como una de las 100 Mejores Prácticas Mundiales en materia de mejoramiento de asentamientos humanos.

Políticas de modernización administrativa[41]

Un dato relevante que tener en cuenta al revisar lo que en materia de modernización administrativa se hizo es la situación extremadamente deteriorada que encontraron ambos alcaldes como punto de partida. El proceso de descentralización iniciado en 1989 desencadenó lo que podríamos llamar el proceso de resurrección del nivel local de la administración pública venezolana, un espacio que vaciado de sus facultades y atribuciones en las décadas anteriores, había perdido toda racionalidad más allá de la clientelar. De manera que, aun tomando en cuenta las claras diferencias de los dos municipios y el hecho de que Scotto accedió a la alcaldía en el primer período en que se suceden elecciones directas de alcaldes (1989), mientras Istúriz lo hizo en el segundo (1992), lo que vemos en ambas experiencias es que debieron enfrentarse a un espacio administrativo en extremo descompuesto por la decadencia sufrida con anterioridad. Esto limitó grandemente los resultados de sus esfuerzos.

Es de señalar también que la LORM de 1989, en sus artículos 36, 37 y 38, estableció las competencias que tocaban al municipio, las colaboraciones que había de prestar a otros niveles del Estado y los servicios mínimos que había de garantizar a los centros poblados, de acuerdo con el número de habitantes que estas tuviesen. La ley especificó que el municipio podía prestar cualquier servicio que contribuyese al bienestar de la comunidad; sin embargo, serían de su competencia propia los siguientes: toda materia de acueductos, cloacas, drenajes y tratamiento de aguas residuales; la distribución y venta de electricidad y gas; la elaboración y aprobación del plan de desarrollo urbano local; promoción y fomento de sitios de recreación y deporte; pavimentación de las vías públicas urbanas; arquitectura civil, nomenclatura y ornato; ordenación del tránsito de vehículos y personas; transporte público urbano de pasajeros; todo servicio que garantice el abastecimiento de productos de primera necesidad; protección del ambiente; organización y promoción de ferias y festividades populares; aseo urbano; creación de institutos de crédito popular; cementerios y servicios funerarios; actividades e instalaciones culturales y deportivas. En servicios sociales tales como salud, asistencia social y otros, la ley solo exigía su colaboración.

El saneamiento financiero y la modernización administrativa del municipio Caroní

La victoria electoral en 1989 de Velásquez y Scotto, en la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía del Caroní, respectivamente, significó despojarle a la dirigencia de AD en la región lo que estos consideraban hasta entonces su coto privado. Como se señaló arriba, no solo AD nunca había sido derrotado políticamente en la entidad, sino que el ámbito regional y municipal del estado Bolívar estaba supeditado al Gobierno central a través de la CVG desde que esta fuera creada en 1960, produciéndose un vaciamiento de las facultades y atribuciones de la gobernación y del municipio mayores incluso que en otros lugares del país. Las estructuras y el personal de estos niveles político-administrativos prácticamente se habían mantenido cumpliendo la función de alimentar la maquinaria clientelar del partido AD, hegemónico en la zona desde 1958.

En razón de ello la situación en Caroní en 1990 era de desorden administrativo e ineficiencia financiera, y la resistencia al cambio fue considerable. En el resumen que difundiera la alcaldía sobre los seis años de gestión se describe la situación de entrada de la manera siguiente:

¿Cuál era la situación de la alcaldía? Entre otros:

– Más de 60 millones de bolívares en deudas que no estaban debidamente registradas.

– Ordenanzas municipales desactualizadas e insuficientes.

– Millones de bolívares en ayudas económicas a personas de apellidos “conocidos” y asociados a concejales y administradores de turno.

– Gastos en materiales y útiles deportivos que no llegaban a sus campos de juego.

– Vehículos y equipos, la mayoría inservibles.

– Disponibilidad financiera con montos inferiores a las obligaciones contraídas.

– Registros contables en desorden y atraso.

– Falta de liquidez para el pago de la nómina de personal correspondiente a las últimas quincenas de 1989.

– Utilización de los dineros del municipio para pagar deudas en bares y cantinas de la ciudad.

– Clima de reserva y desconfianza por parte de contratistas y proveedores, quienes sufrían por las relaciones de “matraca” y otros atropellos.

– Documentos valiosos del patrimonio municipal mal archivados y deteriorados por la polilla.

– Escuelas municipales en franco deterioro.

– Centros de atención carentes de personal calificado y de dotación mínima necesaria.

– Asociaciones de vecinos, clubes deportivos y comités de salud intervenidos por el partido de gobierno (Almacaroní, 1996).

Con esta situación actuando como rémora, se buscó una reestructuración administrativa del Gobierno municipal, lo cual implicaba su saneamiento financiero, así como su adaptación administrativa a los nuevos objetivos de la LORM de 1989 y la búsqueda de autonomía con respecto a los otros niveles de gobierno, y en especial respecto a la CVG. Se contaba para ello con un factor político-administrativo positivo, como era que el ámbito regional también había sido traspasado a las manos de LCR, lo cual permitió contar con un aliado en la mediación con el Gobierno central.

En relación con el saneamiento fiscal del municipio, las cifras de ingresos, recaudación y gastos de estos seis años de gestión indican un esfuerzo importante para adecentar las cuentas de la alcaldía. Los ingresos, en términos absolutos, registraron una tendencia ascendente año tras año, como puede verse en el cuadro Nº 26, en las cifras de los ingresos recaudados. Así mismo, al llevar estas cifras a precios constantes de 1989, podemos observar (cuadro Nº 27) que la tendencia a la subida sigue siendo relativamente consistente, aunque en 1992 y 1994 se producen bajas, y luego en 1995 una recuperación, sin llegar a las cifras de 1993. El desarreglo de 1994 puede deberse a la alta cifra de inflación de ese año (60,8%), y a la consiguiente contracción de la demanda. La recuperación de 1995, si bien no es óptima, indica la atención sobre la función recaudadora. Ese año la inflación también alcanzó cifras muy altas (59,9%).

En relación con la composición de estos ingresos, el monto mayor provino de lo recaudado por ingresos propios, considerándose bajo ese concepto todo ingreso que significara un esfuerzo de la gestión municipal por recaudar sus recursos[42]. Dichos ingresos, durante el primer período de gobierno, de 1990 a 1992, fueron aumentando porcentualmente su contribución de año en año, pues de constituir el 72,48% de los ingresos totales en 1990, pasaron a constituir el 74,87% en 1991 y el 75,34% en 1992 (v. cuadro Nº 28). En el segundo período ocurrió exactamente lo contrario, pues los ingresos propios fueron reduciendo su contribución al total de lo recaudado, de 74,31% en 1993 a 62,85% en 1995.

De las fuentes de ingresos propios, la más importante es la recaudación del Impuesto de Patente de Industria y Comercio (IPIC), que en 1992 aportó el 51,37% del total de los ingresos de la alcaldía y en 1995 el 47,21%. El restante de los ingresos se origina de otras fuentes, en especial del Situado Municipal, que aportó en 1992 el 24,66% de los ingresos totales y en 1995 aumentó su contribución hasta alcanzar el 26,31%. Ese año los aportes del Gobierno nacional (entre situado y aportes especiales) llegaron a constituir el 37,15% del total recaudado por el municipio, la cifra más alta en toda la serie (v. cuadro Nº 28, lo indicado como “otras fuentes”). Esta secuencia parecía indicar una tendencia hacia una mayor dependencia del municipio de los aportes del Gobierno central, un retroceso en el objetivo de lograr una mayor autonomía municipal. Medidas del Gobierno nacional, como la creación del Fides, apuntaban en esa dirección.

Por otra parte, en el cuadro Nº 29 se muestra la evolución de la recaudación del IPIC en cifras corrientes y constantes al año 1986. En cifras corrientes los montos son crecientes, no así en cifras constantes de 1986, donde observamos que la recaudación baja en dos años: 1989 y 1994. En 1995 se recupera, sin llegar a las cifras de 1993. Esto vuelve a ser consistente con una retracción de la demanda por alta inflación en esos dos años, factor incontrolable por el gobierno local. Sin embargo, pese a la permanencia de casi la misma inflación en 1995 (59,9%), la recaudación se recuperó. Esto más bien apunta a un cuidado con la recaudación[43]. Otro dato interesante para conocer la calidad de la recaudación es el monto que registra el municipio por los llamados “reparos fiscales”. En 1993 los ingresos por reparos alcanzaron una cifra equivalente porcentualmente al 4% del total de lo recaudado por IPIC, y en los años 1994 y 1995 poco más del 2% del mismo impuesto. Este dato, por el contrario, pareciera apuntar a una vigilancia insuficiente en la recaudación[44].

Con relación a los gastos, el cuadro Nº 30 indica los gastos realizados de 1989 a 1995 y el cuadro Nº 31 la relación entre gastos totales y gastos de inversión. Estos últimos corresponden a las partidas: 50 (adquisición de maquinarias, equipos e inmuebles), 60 (aportes a organismos del sector público), 70 (obras y servicios para la formación de capital) y 90 (inversiones financieras). Con los gastos de inversión la alcaldía buscaba no solo mejorar la calidad administrativa del municipio, también contribuir con la reactivación económica, después del programa de ajustes aplicado por el Gobierno nacional en 1989, al generar empleos directos e indirectos. Desgraciadamente no existe suficiente información en estas memorias para adelantar algún tipo de evaluación sobre las cifras de gastos que allí se presentaron.

En términos del mejoramiento en la calidad de los recursos humanos de la alcaldía, diversas publicaciones de divulgación de ese ente señalan acciones en esa dirección. Una política de elevación de los sueldos de los trabajadores en general, mal pagados al momento de comenzar la gestión; la regularización y puntualidad en el pago de las remuneraciones; la confección de un manual de cargos y tabulador de sueldos; la elaboración de una ordenanza sobre el personal; el dictado de cursos de adiestramiento para empleados públicos y la implementación de una evaluación del desempeño de funcionarios municipales fueron iniciativas tomadas para ir asentando pautas claras y estables para quienes trabajaban en la alcaldía, estimulando con ello una atmósfera de trabajo más positiva. Un aspecto por destacar fue la implementación de la política de captación para puestos de dirección a profesionales con alta capacidad técnica, mediante el mecanismo de la “comisión de servicios”. Aprovechando la abundancia de personal de alta calificación que vivía en el municipio, y trabajando para las empresas básicas, se logró que estas y la CVG permitieran el traslado temporal de algunos de ellos a la alcaldía como colaboración interinstitucional, pagándoles sus empresas de origen los sueldos. Esto le permitió al municipio contar con recursos humanos que de otra manera no hubiera podido costear.

Entre otros esfuerzos por modernizar la estructura y funcionamiento de la alcaldía cabe mencionar, finalmente, los emprendidos desde el primer año por construir el catastro, la automatización administrativa y de hacienda, el diseño de un sistema de información para control de gestión municipal, la creación de equipos de técnicos para apoyar el trabajo en las distintas zonas del municipio, el apoyo a los comités de usuarios para evaluación de servicios. Algunas de estas innovaciones estaban concebidas dentro de la concepción de fomentar la democracia participativa desarrollada en el aparte anterior.

Los esfuerzos de modernización administrativa en Caracas

En el municipio Libertador, pese a que ya en el período anterior había sido electo en votaciones directas el alcalde, perteneciendo este a AD, la situación había hecho pocos progresos, y el nuevo equipo municipal se encontró con una situación de desorden y corrupción como la de Caroní, pero a escala de Caracas. He aquí algunos datos, según la descripción del equipo entrante:

«No había una infraestructura para manejar la información, todo estaba concebido para que las cosas se hicieran de manera irregular. La dirección de Rentas Municipales era un testimonio vívido del grado de corrupción con el que se manejaba la alcaldía: allí se negociaba todo, desde la planilla para obtener la solvencia hasta las declaraciones de los contribuyentes. En cada sitio había una persona ubicada para permitir que funcionara el mecanismo para desviar recursos para el lucro personal. Había una fuga tremenda de millones a través de los bancos encargados de la recaudación municipal. No había conciliación de cuentas, no había controles para conciliar diariamente, ni cerrar las taquillas [...] Cuando llegamos se dio un saboteo técnico: se tumbaban los sistemas, se introducían datos falsos, se borraban otros, se botaban los expedientes. Todos los listados que iban a permitir conciliar las cuentas desaparecieron, sólo se pudo comenzar a construir una base de datos a partir de 1992 (en Harnecker, 1993b).»

En el primer año de la gestión se hicieron esfuerzos por levantar un diagnóstico de la situación encontrada, al tiempo que se hacía frente a la presión que desde los sindicatos, gremios y otras instancias de poder, controlados por los partidos tradicionales, se ejercieron para frustrar cualquier iniciativa de cambios a las estructuras y procedimientos de la alcaldía. En la memoria de 1993 se identificaron cuatro grupos de dificultades, uno de los cuales se centraba en lo anticuado de los instrumentos de gestión. Sobre este punto, los primeros pasos del equipo se orientarían a establecer un catastro para la ciudad, a sanear el régimen tributario, a alcanzar unas rentas municipales adecuadas y a transformar la estructura y calidad del personal.

Para tener una idea aproximada de la situación del catastro para 1992 en el municipio, quince mil unidades de catastro estaban registradas, de un total que se estimaba en unos setecientos mil (Iglesias en Harnecker, 1993b). Para 1994 la gestión logró concluir el proyecto cartográfico de la ciudad, considerado como un primer paso en la modernización de la información. Así mismo puso en marcha un sistema de información catastral para la parroquia Catedral que va a servir de proyecto piloto para ir construyendo el mismo para todo el municipio.

En las finanzas, la situación de entrada era alarmante. La contabilidad fiscal tenía seis meses de atraso y sus datos eran poco fiables; se desconocían los compromisos adquiridos y no pagados en 1992, así como las deudas de los años anteriores. Para mediados de 1993 se calculó un déficit de Bs. 2.125,1 millones, deuda que se pagó así: la mitad en 1993 y el restante al año siguiente. Sobre los fondos, cuando logró saberse que se contaba con unos Bs. 100 millones en el Instituto Municipal de Crédito Popular, al irse a movilizar la cuenta se encontró con que dicho instituto estaba insolvente, y fue necesario solicitar su intervención ante la Superintendencia de Bancos.

Las dificultades de recursos señalaban la necesidad de un esfuerzo sostenido para racionalizar los ingresos y la recaudación del municipio. Sin embargo, en los años de Istúriz, la elevación de la calidad en la administración fiscal municipal, al menos tal como se infiere de las Memorias y Cuentas, es insuficiente. En el cuadro Nº 32 podemos apreciar las cifras totales de ingresos y gastos proporcionadas por las tres memorias y cuentas, las cuales, comparadas con los cuadros y cifras aportados por las memorias del municipio Caroní, reflejan poca destreza y cuidado en el manejo y/o en la presentación de las cuentas. Los ingresos asignados, por ejemplo, no existen en la Memoria de 1993 y en la Memoria de 1995 se trata de una cifra estimativa, gruesa. No es posible comparar las cifras de ingresos y gastos porque cada año se presentaron de manera diferente y la información sobre los criterios que se usan para desagregar los rubros es escasísima. Por otra parte, según podemos ver en el cuadro Nº 33, referido a la recaudación de los ingresos por IPIC, las cifras corrientes, si bien revelan una tendencia ascendente, sinceradas a precios constantes de 1986, muestran que solo en el primer año hubo un incremento cercano al 6% en la recaudación; después, caídas en 1994 y 1995. Si bien es cierto que la inflación durante esos dos años es muy alta, las cifras no evidencian ningún esfuerzo por recuperar las recaudaciones, caso que contrasta con el del municipio Caroní, arriba revisado. El descuido o la falta de formación para este campo se constatan también por la nula alusión en las memorias a los reparos fiscales. Más bien, los miembros del equipo de Istúriz hacen, en sus declaraciones, referencia a gestos simbólicos de honestidad administrativa de la gestión, como la baja remuneración que recibieron los funcionarios municipales, incluido el alcalde, durante estos tres años. Sin embargo, la fórmula para modernizar la fiscalización, aumentar la recaudación y evitar su corrupción es pagando adecuadas comisiones y remuneraciones a quienes tienen encomendadas dichas tareas. Igualmente, es imprescindible un personal permanentemente entrenado y con estabilidad laboral, lo cual no se infiere de las memorias.

La forma en que se manejó la problemática del personal es otro aspecto débil de la gestión, tal y como lo reconocieron, en entrevistas hechas por Martha Harnecker en 1996, los mismos miembros del equipo. Entre 12 y 15.000 trabajadores tenía la alcaldía al momento de la toma de posesión de Istúriz, muchos de ellos recibiendo una remuneración–dádiva por clientelismo partidista. La decisión del equipo de Istúriz fue despedir solo a pocos, dado lo explosiva que resultaba una política de reducción de personal, no solo por la crisis socioeconómica que se vivió durante estos años, sino desde el punto de vista de la racionalidad política de una gestión que recién se estrenaba contra múltiples obstáculos. De hecho, la administración tuvo que confrontarse con los sindicatos del Concejo Municipal y de toda la ciudad, los cuales, influenciados por AD, paralizaban muchas veces las labores de distintas dependencias o alteraban la vida urbana, como táctica para hacer fracasar al partido político adversario. La pobreza de logros en esta área se constata en las memorias, donde se presenta información de jubilaciones, firmas de actas convenio, actualización de expedientes, algunos procedimientos disciplinarios o cuadros técnicos que no revelan atención relevante sobre estos aspectos ni la existencia de un plan general.

En lo concerniente a la reestructuración del municipio, desde el comienzo de la gestión se fue adelantando una propuesta de estructura flexible y eficiente que superara la disfuncional existente, respondiendo a los requerimientos del proyecto de gobierno local “de la gente”. Para 1995 se produjo la reestructuración definitiva, creándose una Dirección General de la alcaldía, coordinadora de cuatro direcciones operativas, cada una de las cuales respondería a líneas de acción estratégica del municipio: las direcciones de gestión interna, la de gestión económica, de gestión urbana y de gestión ciudadana. Además de estas direcciones, el municipio contaba entonces con un total de 12 entes descentralizados, entre los cuales se encontraban el Instituto Municipal de Crédito Popular, –el cual como ya se señaló, tuvo que ser intervenido en 1993 por las irregularidades detectadas–, la Integral de Mercados y Almacenes, C.A. (Inmerca), plagada de irregularidades en las gestiones anteriores y también intervenida en 1995, la Fundación para las Artes y la Cultura (Fundarte), y otras.

Capítulo 14
El primer año de gobierno chavista: ¿avanza un proyecto popular?[45]

... La corrupción se llevó todo el dinero, entonces el presidente tiene ese grave problema, en realidad no hay dinero pero el presidente está buscándolo y sé que lo va a encontrar porque es un hombre muy inteligente

(Marco Cultural, 1999, P359: 69).

Este comentario fue recogido en una protesta de pensionados y jubilados, que cerraron la avenida Urdaneta el 18 de marzo de 1999, poco después de que Chávez tomara posesión del cargo de presidente de la República. Sintetiza rasgos importantes de las bases de la popularidad del presidente al inicio de su gestión. En primer término, se expresa allí el rechazo mayoritario de la población venezolana a lo que fue la experiencia democrática hegemonizada por los partidos AD y Copei, percibida como corrupta; en segundo término, muestra un convencimiento generalizado de la gravedad y profundidad de la crisis socioeconómica que atravesaba el país; en tercer término, aunque se entendía que la superación de esa crisis no iba a ser fácil ni inmediata, se albergaba la esperanza en las habilidades del presidente para superarla. Un año después de realizado este comentario, encuestas de opinión y resultados electorales expresaban que estas simpatías y expectativas se mantenían más o menos inalteradas. En la esfera política, el proceso constituyente y la elaboración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en diciembre por referendo popular, parecían indicar que por fin un candidato presidencial cumplía con la promesa electoral de comenzar a acometer una profundización de la democracia que permitiese salir de la crisis. En la esfera económica, las señales eran menos claras.

La refundación de la República

Como resultado de los procesos electorales que se sucedieron entre 1998 y 2000, que analizamos en la parte III, la élite política tradicional fue desplazada de su lugar de predominio en el sistema político venezolano, emergiendo una nueva alianza hegemónica en el poder, centrada en el presidente Chávez, el PP, representativo de intereses populares, y personas ligadas al sector militar. Fue un hecho sorprendente, pues a pesar de la debilidad y descomposición que manifestaban los partidos tradicionales desde los años 80, no se vislumbraba, avanzada la década de los 90, que hubiese fuerzas emergentes que en poco tiempo pudieran desplazarlas de manera tan definitiva. Pero, para 2000, AD y Copei se habían reducido prácticamente a cascarones vacíos, huérfanos de nuevos líderes y bases de apoyo de alguna relevancia. La situación de estos partidos era de tal nivel de deterioro y desprestigio que con frecuencia los intentos que se hicieron para conformar una fuerza política que enfrentara a la alianza que respaldaba al presidente Chávez expresamente los excluían como posibles integrantes de ese frente opositor. Por ejemplo, una propuesta hecha en febrero de 2000 con miras a las “megaelecciones” lo ilustra de manera explícita: “... establecer un plan político que acepte como premisa fundamental rechazar el pasado no incluyendo en ninguno de los acuerdos políticos a AD y Copei...” (Fernando Ochoa Antich en El Nacional, 14-02-2000). Además, la renuncia de importantes dirigentes nacionales a esos partidos se fue convirtiendo en un hecho cotidiano.

La propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como medio para refundar la República contribuyó de manera decisiva a este rápido fenómeno. La demanda había sido uno de los ejes fundamentales del movimiento bolivariano y de Chávez desde la cárcel y en el trajinar público posterior. El mismo día de tomar posesión como presidente de Venezuela, Chávez decretó la realización del primer referendo, que se realizó en abril, con el que se abrió el camino para que el objetivo se concretara. En el mes de julio fueron electos los constituyentes, los cuales, en poco más de tres meses, le presentaron al país los resultados de su trabajo: una nueva Constitución, que fue aprobada en un segundo referendo de diciembre del mismo año. Al igual que el desplazamiento de la vieja élite, la aprobación de un nuevo texto constitucional en tan breve tiempo también resultó sorpresiva y permitió un avance en el cambio de hegemonía. Desde finales de la década de los 80 los reclamos por reformas de la Constitución habían ido en aumento en la sociedad venezolana. Estas demandas se vieron reiteradamente, frustradas ya que los múltiples intentos institucionales no encontraron voluntad política suficiente que los respaldara.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Sin embargo, la premura con que quiso el presidente que este objetivo fuese alcanzado generó conflictos, tensiones, insatisfacciones y debilidades en el texto constitucional, en muchos casos innecesarios. La posibilidad de elaborar una nueva Constitución que gozara de mayor grado de consenso fue abortada al ser interferida su gestación por cálculos políticos electorales, según los cuales, mientras antes se realizara el referendo aprobatorio, mejores serían sus resultados.

Entre las fortalezas del texto pueden señalarse el contenido en el Título III, referido a los deberes, derechos humanos y garantías. Comparada con la Constitución de 1961, en este título se amplían, complejizan y actualizan los derechos humanos y se les otorga rango constitucional a los convenios internacionales que sobre la materia suscribe la República. Por primera vez se reconocen e incorporan a la Constitución los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales. Los avances introducidos en el Poder Judicial también fueron notables y han gozado de bastante consenso. Se le otorga a este poder autonomía financiera, al señalarse que su presupuesto no podrá ser inferior al 2% del presupuesto ordinario nacional (artículo 254). Se le da rango constitucional a la obligación de concursos públicos para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, estableciéndose, así mismo, la participación ciudadana en la selección y designación de jueces (artículo 255). Se establece la gratuidad de la administración de justicia, y se restringe la justicia militar únicamente a los delitos militares, excluyendo de ellos los de violación de derechos humanos (artículo 261).

La organización de los poderes públicos nacionales incorpora el Poder Ciudadano, que, además de la Fiscalía y la Contraloría, es integrado por la novedosa figura de la Defensoría del Pueblo, correspondiéndole la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos e “intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y ciudadanas” (artículo 280).

Otros aspectos que podemos señalar como fortalezas del nuevo texto constitucional son los artículos que profundizan la democracia en el sistema político. Se inauguran formas participativas del ejercicio de la democracia con la incorporación de diferentes modalidades de referendo que permiten consultar a la población sobre asuntos de alto interés público, revocar el mandato de funcionarios electos, aprobar o derogar algunas leyes (v. artículos 5 y 71 al 74). Asimismo se le otorga el derecho a voto a los militares activos (artículos 64 y 330). Para el mejor y más fluido funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional, se crea la figura del vicepresidente ejecutivo, colaborador inmediato del presidente y coordinador de la administración pública nacional (artículos 238 y 239).

Entre los aspectos más preocupantes de la CRBV podemos destacar lo que se refiere a la institución militar y su relación con el poder civil. Se debilita la subordinación de lo militar a lo civil, quedando esta ceñida casi únicamente a la sujeción al presidente de la República, quien mantiene su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional (artículos 328 y 235). Los ascensos militares son ahora competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional, con la única participación del presidente para aquellos grados mayores a los de coronel o capitán (artículos 331 y 235).

Dirigido a acabar con lo que llegó a ser mal visto por sectores mayoritarios de la población, en la nueva Constitución, de manera expresa, se prohíbe el financiamiento público de los partidos políticos (artículo 67). Es posible que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Si los partidos para su funcionamiento dependen ahora exclusivamente de los recursos que por esfuerzo propio pueden captar, existen dos peligros inocultables. La igualdad de oportunidades en la competencia política queda debilitada al restringirse el Estado en su papel regulador. El segundo peligro es que con esta disposición pueden estarse propiciando mecanismos ilegales de financiamiento. Aquellos partidos con participación en el poder público pueden verse tentados, en mayor medida que hasta ahora, a distraer recursos del Estado para el financiamiento de sus actividades. El financiamiento privado de campañas y otras actividades políticas, al ser ahora más necesario, puede incrementar sus condicionamientos. Otro aspecto cuestionable es la ampliación del período presidencial, aumentándolo de cinco a seis años y permitiendo la reelección inmediata para un segundo término, lo cual sin duda debilita la alternabilidad democrática y fortalece posibilidades de personalismos autoritarios. Así mismo, la amplitud de facultades legislativas que el Congreso puede ahora otorgar al Ejecutivo nacional, mediante Ley Habilitante, debilita el equilibrio de los poderes, aún más que la Constitución de 1961, que ya era marcadamente presidencialista (artículo 203).

La Constitución aprobada en diciembre de 1999 ha sido objeto de otras críticas. El excesivo detalle en algunos de sus títulos y capítulos le confiere una rigidez inconveniente, según algunos constitucionalistas. El escaso avance en la descentralización político-administrativa del Estado y la unicameralidad del Parlamento son también vistos con molestia y preocupación. Para empresarios y economistas neoliberales, el intervencionismo estatal en lo económico, consagrado en la Constitución, resulta excesivo. Algunos economistas y funcionarios del BCV consideraron que el nuevo texto constitucional restringe la necesaria autonomía de la autoridad monetaria. El nuevo nombre, República Bolivariana de Venezuela, fue también objeto de fuerte debate y rechazo, incluso en el seno de la ANC, que terminó aprobándolo en la segunda y última discusión bajo fuertes presiones del presidente.

¿Modelo popular de desarrollo?

Durante el primer año de gestión, si bien avanzó la cristalización de un nuevo modelo hegemónico en el poder, en lo relacionado con los cambios del modelo de desarrollo que habría de complementarlo, la situación fue mixta. La orientación económica del nuevo gobierno no alcanzó a proporcionar evidencias sólidas de una transformación significativa en marcha, y el desempeño económico fue tímido y de escasa resonancia.

En el texto de la Constitución se otorga a los trabajadores y comunidades el derecho a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo dedicadas a cualquier tipo de actividad económica y orientadas a mejorar la economía popular y alternativa. Se establece, así mismo, que esas asociaciones serán promovidas y protegidas por el Estado (artículo 118). Se les reconoce también a las comunidades indígenas la propiedad colectiva de sus tierras y el derecho a mantener y promover prácticas económicas propias basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio (artículos 119 y 123). Reconoce y ampara la CRBV formas de actividad económica distinta a las clásicas en el capitalismo. Pero la amplitud y fortaleza que estas formas pudieran adquirir en aras de un modelo de desarrollo más popular que el pasado en mucho dependen de la evolución de la gestión de gobierno, y su voluntad política de fortalecer los intereses de dichos sectores, lo que presentaba tendencias poco claras al finalizar el año.

Por otra parte, se anunciaron e implementaron desde un principio cambios en la conducción de la política petrolera, los cuales contribuyeron a una sustancial recuperación de los precios en el mercado mundial, lo que posibilitó a su vez que los resultados económicos del año fueran menos críticos de lo previsto a su inicio, no logrando, sin embargo, conjurarse la recesión económica que venía del año anterior, ni superar el deterioro en las condiciones de vida de sectores mayoritarios de la población. Aparte de la política petrolera, en el resto de las actividades económicas las políticas gubernamentales se mantuvieron similares a las de los años previos. La permanencia como ministra de Hacienda, al inicio del gobierno, de Maritza Izaguirre, encargada de ese despacho en el período final del gobierno de Caldera, fue una clara señal de que en esta área no habría cambios significativos.

El viraje de la política petrolera

En política petrolera desde un principio hubo claridad sobre las orientaciones a seguir. Alrededor de Chávez se habían agrupado, desde que este iniciara su campaña por la Presidencia, un conjunto de personalidades y sectores que se opusieron a la política petrolera dominante durante la década de los 90 conocida –como ya se señaló– como la apertura petrolera. Ello permitió que desde el inicio mismo de su gestión, el presidente colocara al frente del Ministerio de Energía y Minas a un equipo capacitado en la materia de los hidrocarburos, pero con una orientación distinta. El ministro Alí Rodríguez y el viceministro Álvaro Silva Calderón contaban con una dilatada trayectoria como expertos petroleros. Como presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados durante los primeros años del gobierno de Caldera, Rodríguez, militante del PPT, se opuso a la política de apertura. Silva Calderón, por su parte, fue actor importante en la elaboración de leyes petroleras, incluida la de nacionalización del petróleo de los años 70. Él también se opuso activamente a la política de apertura. Chávez procedió igualmente a realizar cambios importantes en la directiva de PDVSA. Una de las primeras medidas en el viraje en la política petrolera, en marzo de 1999, fue el fortalecimiento y cumplimiento cabal de los recortes de producción acordados por la OPEP y países productores independientes. Con estos recortes y con el inicio de la recuperación de las economías asiáticas en el segundo trimestre, los precios internacionales del barril de petróleo comenzaron su marcha ascendente. El barril de petróleo venezolano, que en febrero de 1999 promedió $8,43, en enero de ese año se cotizó a $23,34. A lo largo del año fue anunciada la revisión, sin desconocer los acuerdos suscritos, de la política de apertura, de los programas para la disminución significativa de los costos de producción y la política de internacionalización de la actividad. Se anunció también que se presentaría a la consideración del nuevo Congreso un proyecto de ley orgánica como ley marco para los hidrocarburos, que sustituiría a la aprobada en 1943. La nueva ley contemplaría, entre otros aspectos, mecanismos para la defensa y ampliación del ingreso fiscal proveniente de la producción de hidrocarburos.

La nueva orientación en política petrolera, si bien mostraba signos inequívocos de recuperación de la defensa de los intereses nacionales, pudiendo ser por tanto calificada como “nacionalista”, por sí sola no era suficiente para sostener la vocación popular del modelo de desarrollo en gestación. Para ello hacía falta que los demás ingredientes de la política económica del gobierno mostrasen, en sus prioridades y en sus acciones, que estaban dirigidas a corregir las tendencias empobrecedoras y excluyentes del pasado reciente. El primer año de gobierno no permitió despejar las dudas sobre esto.

La recesión económica

Los resultados de la economía venezolana de 1999, presentados por el presidente del BCV en su mensaje de fin de año, revelaron la profundidad de la recesión económica vivida. El producto interno bruto (PIB) sufrió una caída estimada de 7,2%; el déficit fiscal fue de 3,1% del PIB; la tasa de desempleo, la más alta en cuatro décadas, alcanzó al final del tercer trimestre el 15,4% de la población económicamente activa y la informalidad subió al 51,7% de la población ocupada. La fuerte contracción en la demanda interna originó un decrecimiento particularmente acentuado en las actividades de manufactura, en 10,0%; construcción, 20,4% y comercio, 16,5%. Entre los efectos sociales de esta recesión, se observó una retracción en la cantidad y calidad de productos alimenticios, disminuyendo la diversidad y frecuencia en la ingesta (v. Cenda, en El Nacional, 30-1-2000). Por otra parte, la inflación disminuyó comparada con la del año anterior, 20,02% en contraste a 29,91% (IESA, 2000), la balanza de pagos fue superavitaria ($724 millones) y el déficit fiscal fue inferior al inicialmente estimado. Además las reservas internacionales se mantuvieron estables, con un muy ligero incremento de $315 millones, pese a las elevadas erogaciones por el servicio de la deuda pública externa, del orden de $3.500 millones, y una importante salida de capitales privados, calculada en $4.600 millones. Algunos de estos últimos resultados, que podrían valorarse como positivos, son atribuibles a los aumentos de los precios petroleros y a una política de disciplina en el gasto fiscal que arroja pocas luces sobre la vocación popular de la política económica del gobierno. Por el contrario, fue este uno de los años más duros que han sufrido los sectores populares en las dos décadas de crisis y transición.

A esta realidad se le añadió en diciembre lo que ha sido, sin duda, una de las mayores tragedias del pueblo venezolano en toda su historia. Un fenómeno climático atípico provocó persistentes lluvias, fuera de temporada, que produjeron inundaciones y desbordamientos de ríos en diversas regiones del país. Caracas, y con más dramatismo el estado Vargas, donde la lluvia caída en dos o tres días superó los promedios anuales, sufrió el castigo de los deslaves en las laderas del Ávila con las consiguientes avalanchas de barro, peñascos y árboles que produjeron pérdidas de vidas humanas nunca oficialmente cuantificadas, pero que las estimaciones preliminares ubicaron en cifras próximas a 10.000 personas. La topografía del Litoral Central quedó irreversiblemente alterada; algunos pueblos, barrios populares, urbanizaciones de sectores medios y clubes recreativos fueron tapiados. El número de damnificados fue también cuantioso, llegando a calcularse en más de un tercio de la población del estado. En un informe elaborado por la Cepal, se estimó que los daños materiales causados por el desastre ascendían a 3,2 millardos de dólares, equivalente al 3,3% del PIB de 1999. Las inversiones necesarias para recuperar lo recuperable y reubicar a los que no pueden regresar a su lugar de origen se sobreponen a las ya cuantiosas necesarias para la reactivación de la economía.

El 2000

A inicios de 2000, el gobierno de Chávez y su movimiento tenían planteadas dos prioridades: las llamadas “megaelecciones”, previstas para mayo –que serían, como vimos en capítulo precedente, pospuestas hasta julio– y la reactivación de la economía. Con las elecciones a todos los niveles de la administración pública, Chávez y su movimiento buscaban culminar con éxito el desplazamiento de la vieja élite política del país. Aunque no estuvo en duda la victoria de la alianza chavista en esa contienda electoral, el proceso reveló la inestabilidad todavía presente entre sus fuerzas. La confrontación que se dará en febrero de 2000 entre los comandantes del 4 de febrero de 1992 y altos funcionarios públicos ejemplificó una de las tensiones principales aún no resueltas. Si bien nadie cuestionaba para entonces el liderazgo de Chávez, el reconocimiento del liderazgo de otros dirigentes sí seguía siendo objeto de polémica. Por un lado, aún estaban los que acompañaron a Chávez desde los orígenes militares del movimiento, y por la otra, pugnaban por liderazgo los civiles incorporados principalmente después de los fallidos golpes de 1992. Esta tensión perduraría ese año y aun en los siguientes, haciendo incierto el peso que tendrá en definitiva el componente militar con respecto al civil en el sistema político emergente.

Siendo el problema de las relaciones cívico-militares en el seno de la alianza quizás el terreno más escabroso donde se dilucida la configuración de la hegemonía emergente, no era el único. La selección de los cientos de candidatos a ser presentados en la llamada “megaelección” amenazó, por momentos, con producir divisiones y desprendimientos irreversibles. Nuevamente el papel de Chávez fue aquí crucial, lo que reflejaba la tremenda debilidad institucional de la alianza y el continuo ascenso de un liderazgo de corte personalista.

Por otra parte, la fragilidad de la oposición política al gobierno era tal que parecían carecer de capacidad para poner en peligro la emergencia de la nueva hegemonía, y tampoco evidenciaban suficiente fuerza para actuar de contrapeso en la defensa del sistema democrático y de las libertades públicas, si estas se vieran amenazadas por la irrupción de tendencias autoritarias en el seno del chavismo. La diversidad de posiciones en la oposición era mayor inclusive que la existente en las fuerzas del gobierno, y mientras no se produjera algún nucleamiento con cierto grado de homogeneidad, no parecía posible que se constituyese como representación política de la masa de votantes que de manera consistente, aunque minoritaria, expresaban su inconformidad con el proyecto emergente.

Como resaltamos en otros capítulos, buena parte de esta minoría opositora proviene de sectores socioeconómicos altos y medios, los cuales cuentan con un importante peso de opinión. Al no sentirse debida y suficientemente representados en el sistema emergente, estos sectores eran potenciales actores o promotores de salidas no institucionales, lo que se demostraría con creces durante las posteriores insurrecciones desarrolladas en el período 2001-2004.

La otra prioridad al comenzar ese año era la reactivación de la economía. Durante el mes de febrero de 2000, el presidente Chávez, acompañado en cada oportunidad por altos funcionarios públicos realizó una serie de ruedas de prensa temáticas en las cuales presentó al país planes sectoriales. El Plan Estratégico de Reindustrialización con sus componentes manufacturero, turismo y agrícola, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, sería el instrumento principal de esta reactivación. Complementado con el plan para el área energética, para infraestructura y una agenda social, el gobierno buscó presentarse con orientaciones claras y definidas. Sin embargo, si bien se obtuvieron ciertos avances ese año, fueron tímidos, y salvo el plan Bolívar 2000, fueron poco capaces de llenar las expectativas de los sectores populares. Los insuficientes desempeños económicos y sociales de estos primeros dos años del gobierno lo debilitaron, contribuyendo a propiciar una unidad y audacia mayor en las filas de la oposición en su lucha hegemónica contra los bolivarianos.

Capítulo 15
El gobierno de Chávez: democracia participativa y políticas sociales[46]

La democracia “participativa y protagónica” que desde 1999 se viene desarrollando en Venezuela es la manera como los bolivarianos que hoy ejercen el poder dieron respuesta a una aspiración muy sentida por amplios sectores de la sociedad desde los años 80. A diferencia de los países del Cono Sur, la democracia en Venezuela no llegó a interrumpirse en las décadas de los 60 y 70 para dar paso a alguna dictadura militar. Por ello, los venezolanos no se plantearon en los años 90 una “transición democrática” desde el autoritarismo a una “democracia restringida”, como sí ocurrió en países como Chile o Argentina. Al contrario, los diversos movimientos sociales y de protesta que se multiplicaban en el país exigían una reforma del Estado para alcanzar una democracia más “profunda”, más “integral”. Esta demanda fue una y otra vez frustrada por los distintos gobiernos resultantes de triunfos electorales. Desde Lusinchi (1984-1989), con su fallida Reforma del Estado; hasta Caldera (1994-1999), con su postergada reforma constitucional, pasando por Pérez (1989-1993) y sus reformas neoliberales. Solo los bolivarianos tuvieron la voluntad política de acometer la empresa, y al llegar al poder en 1999 convocaron un proceso constituyente, se eligió e instaló una Asamblea Constituyente, y se elaboró la nueva Constitución que materializó la demanda. Dice la Exposición de Motivos de la nueva Constitución que la República se “refunda” para establecer “una sociedad más democrática. Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad”.

Esta democracia de nuevo cuño va a presentar una propuesta novedosa en el abordaje de los graves problemas de exclusión e injusticia social que confrontan las mayorías populares. Por ir esta propuesta a contracorriente del pensamiento hegemónico mundial, ha sido vista con desconfianza y franca aversión, tanto por ciertos actores sociopolíticos y factores de poder en la sociedad venezolana, como también por parte de actores hegemónicos del sistema capitalista mundial. Incluso llega a despertar desconfianza entre grupos y actores políticos de izquierda, entre otras razones, por originarse de actores distintos a la izquierda tradicional y porque sus bases filosóficas hunden sus raíces en fuentes distintas a las del pensamiento tradicional del marxismo.

A continuación se presenta un análisis inicial sobre las fuentes y las realizaciones de la actual “democracia participativa y protagónica”, nombre con que hoy se conoce el proyecto político hegemónico en Venezuela. En específico, este capítulo se centra en la dimensión social del proyecto y en políticas sociales concretas, buscando una mayor comprensión de las bases conceptuales y la práctica, como contribución para el debate sobre los posibles fundamentos de proyectos políticos alternativos de izquierda en el siglo XXI.

Procedencia filosófica de la democracia participativa

La democracia “participativa y protagónica” que se asentó en la nueva Constitución de 1999 procede en lo fundamental del pensamiento liberal progresista de Rousseau y Stuart Mill, pero también más recientemente del socialismo democrático de Poulantzas. Estos autores, entre otros, fueron ampliamente difundidos y debatidos en América Latina en los años 70 y 80, pero sus ideas serían desechadas en sociedades del Cono Sur para acoger más bien una democracia de tipo “procedimental” o restringida, cuando se produjo la caída de las dictaduras militares. Lo terrible de la experiencia autoritaria y la fuerza de sus actores protagónicos determinó una aproximación más cauta a la transición democrática. Estas ideas, sin embargo, cayeron en tierra fértil en Venezuela, germinando en el capítulo IV de la nueva Carta Magna, que consagra el derecho a la participación de los ciudadanos de manera “directa, semi-directa e indirecta” en el proceso no solo del sufragio sino también de “formación, ejecución y control de la gestión pública” (v. Exposición de Motivos, CRBV, 1999). El cambio de enfoque con relación a la Constitución de 1961 es muy notable, pues si bien se mantienen las formas de la democracia representativa, ahora la “participación” en todos los ámbitos del Estado se convierte en la práctica educativa clave para transformar las relaciones de poder profundamente desiguales que existen en la sociedad. Por su parte, en Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que viene a ser el Plan de la Nación para el actual período constitucional (y que de aquí en adelante abreviaremos como Las Líneas Generales), se sostiene que la participación propicia el autodesarrollo, inculca la corresponsabilidad e impulsa el “protagonismo” de los ciudadanos. Estos serían los soportes desde donde debe emerger una sociedad igualitaria, solidaria y democrática.

Democracia participativa y su enfoque de lo social

El proyecto político bolivariano entiende la democracia no solo como el disfrute de libertades civiles y políticas, sino de manera muy enfática como igualdad social. Es parte de su atractivo y fuerza. En Venezuela, el concepto de democracia tuvo también, bajo el período de la hegemonía bipartidista, esta connotación, pues se consideró que la democracia política era el medio para alcanzar la justicia social. Esta manera de entender la democracia está, pues, enraizada en la cultura política, y para fines del siglo XX se convirtió en una de las promesas no cumplidas por la democracia representativa. Por ello, lo que en Venezuela se ensaya actualmente es una transformación sustantiva o profunda de la democracia representativa, buscando con ello que se alcance lo que se entiende que quedó como materia pendiente en la etapa puntofijista. La búsqueda de la igualdad social como objetivo explícito es una de las diferencias que tiene la actual democracia venezolana con otras democracias de la región, y es uno de los sentidos que se le puede dar al término “revolución” con que se identifica esta experiencia. La Constitución de 1999 establece la igualdad como principio fundamental de la República, conjuntamente con otros ideales relacionados como “la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos” (artículo 2).

Las Líneas Generales, que constituyen un instrumento básico de orientación para las políticas públicas del actual gobierno, al tratar el problema de la desigualdad social y la manera de superarla, rechaza explícitamente los enfoques de naturaleza compensatoria, enfoques estos que asumen las carencias materiales de las mayorías como una condición accidental, provisional y/o individual, como el asignado para el término “pobreza” en ciertas perspectivas de política social de orientación neoliberal utilizadas por gobiernos previos. El punto de partida es la desigualdad social comprendida como “exclusión” social, más en la acepción elaborada por el PNUD en los años 90, es decir, como exclusión de derechos sociales, incluso como exclusión de la condición humana misma, como miembro de una sociedad. El objetivo de la acción del Estado en lo social, por ende, está dirigido a construir inclusión, a restablecer la condición humana, los derechos sociales, a colocar a las personas como sujetos sociales promotores y corresponsables de su condición de vida. El enfoque de Las Líneas Generales es de tipo “holístico”, es decir, dicha exclusión social se diagnostica como un problema estructural de la sociedad, que solo puede ser corregido aplicando una práctica pública que relacione lo social con el modelo económico, territorial, cultural e internacional de la nación, y trate de progresar en todos estos frentes a la vez. Es lo que el documento llama “los equilibrios” que se deben construir para salir de la crisis estructural, uno de los cuales, el social, centraría la acción del Estado en la resolución de la exclusión.

Como estrategia para la consecución del objetivo del equilibrio social, Las Líneas Generales consideran decisivas las acciones de dos actores fundamentales: por una parte, el Estado en todos sus niveles administrativos y ramas, como creador de condiciones que harán posible el “empoderamiento” de los ciudadanos; y por la otra los ciudadanos, quienes a través de su organización y participación, a través de las familias, las comunidades y los grupos organizados, van a transformarse en sujetos políticos con valores como la solidaridad, el respeto a los procedimientos democráticos y la corresponsabilidad.

La identificación de dos sujetos claves para superar la crisis estructural, sujetos con obligaciones y deberes distintos en una meta común, difiere del enfoque de la planificación pública del pasado, cuando era el Estado interventor el actor principal, creador de las condiciones que harían posible la modernización, y con ello la adquisición de la condición ciudadana por parte de los sectores populares, o pueblo. Del accionar del Estado, dirigido por los partidos, dependía en buena manera la transformación societal. En Las Líneas Generales, en contraste, se habla del Estado como un “acompañante” de los ciudadanos, familias y comunidades organizadas, un Estado cuyo rol no debiera ser predominante en la creación de la condición de ciudadanía de los venezolanos; en este esquema el Estado es un “facilitador” del “empoderamiento” de quienes deben tomar las decisiones y el control en la gestión de los problemas. El Estado debe garantizar el acceso a los derechos humanos de toda la población, pero son los ciudadanos, las familias y las comunidades organizadas, a través de la participación en la gestión pública, los únicos que harán posible la democracia “participativa y protagónica” al asumir el papel protagónico en la solución de los problemas. Dice la Constitución:

«La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica (artículo 62).»

Dentro de esta lógica, para alcanzar el equilibrio social, Las Líneas Generales presentan tres ejes sobre los cuales deben girar las políticas, cada una de las cuales ataca una dimensión distinta y crucial de la condición estructural de exclusión y todas conllevan la organización y movilización popular:

Un primer eje busca la corrección de la injusta distribución del ingreso y la riqueza.

Un segundo eje se centra en superar el discriminatorio acceso a derechos humanos fundamentales como el alimento, la salud, la vivienda o la educación.

El tercer eje busca activar el desarrollo de la ciudadanía plena donde destaquen en los miembros de la sociedad atributos como la solidaridad, la responsabilidad, actitudes participativas y democráticas.

Esta manera de aproximarse a la exclusión es coherente y atractiva, con potencial para ser eficiente en el objetivo trazado. Con distintos instrumentos de política, estos tres ejes han venido desarrollándose en Venezuela a lo largo de los últimos seis años. Y se constata que los sectores populares han venido experimentando una dinámica sorprendente, que los dota de crecientes niveles de movilización, organización y sentimientos de eficacia.

Revisemos a continuación algunas de las múltiples políticas sociales instrumentadas por el gobierno de Chávez desde 1999, que parecen contribuir a la dinámica organizativa y movilizadora vivida con entusiasmo en diversos sectores populares, un fenómeno que ha sido constatado por investigadores, observadores y periodistas internacionales. Este entusiasmo se ve reflejado tanto en las cifras que abajo se presentan, como en los significativos índices de popularidad del gobierno bolivariano, y del presidente, expresados en los resultados de los comicios desde 1998, revisados en la parte III de este libro, como también en encuestas de los últimos años.

La corrección del injusto acceso al ingreso y la riqueza

En este eje de la acción social del Estado, es de destacada importancia la Ley de Tierra y Desarrollo Agrícola, aprobada mediante Ley Habilitante en noviembre de 2001, y el Decreto 1.666 del 4 de febrero de 2002; este último relativo a la regularización de la tenencia de la tierra urbana ocupada por los pobladores de las comunidades populares. Ambos instrumentos legales buscan la democratización de la propiedad en Venezuela. Para el logro del derecho a la propiedad se exige la constitución, mediante asamblea, de organizaciones llamadas “Comités de Tierra”, bien sean rurales o urbanos (CTR y CTU). Además, la comunidad debe delimitar su territorio y reconstruir su historia, entre otros requisitos. Ello ha impulsado una intensa movilización, organización y autogestión popular, bajo la esperanza de satisfacer este derecho.

La movilización desplegada alrededor de la Ley de Tierra ha generado en respuesta un proceso de creciente conflicto en el campo venezolano, teniendo como antagonistas a propietarios de latifundios, haciendas y fincas por un lado, y al Estado y campesinos, por otro lado. Este conflicto sirvió en 2001 para iniciar la escala de confrontación entre el gobierno de Chávez y los sectores empresariales, que desembocaría en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Desde entonces el conflicto por la tierra en el campo, con sus alzas y bajas, ha continuado. Para 2005, la Fiscalía General y distintas organizaciones de derechos humanos denunciaban el asesinato de por lo menos 73 dirigentes campesinos, varios por el procedimiento del “sicariato”, por defender la Ley de Tierra y buscar la adjudicación de propiedades rurales para sus diversos CTR.

En el caso de la tenencia de la ocupación popular urbana, es esta una política sin antecedentes en el país. Andrés Antillano (2005), activista de los Comités de Tierra Urbana (CTU), sostiene que los comités creados bajo los estímulos del Decreto 1.666 de febrero de 2002, desde que este saliera en gaceta, han mantenido una importante autonomía de acción frente a la burocracia del Estado, y han venido extendiéndose por toda la geografía urbana de país. Según la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra (OTNRT), oficina pública encargada de coordinar lo atinente a este proceso, existen para mediados de 2005 casi 6.000 CTU constituidos, organizados en una red que tiene presencia en la mayor parte de los barrios de las grandes ciudades del país, cubriendo a una población cercana al millón de familias, lo que, estimado conservadoramente a razón de cuatro individuos por familia, alcanza a un cuarto de la población urbana pobre del país. Se han dado unas 100.000 adjudicaciones de títulos de propiedad de tierra urbana. Antillano presenta algunas características de estos CTU que según él revelan la clave del éxito que hasta la fecha han tenido:

La lucha popular organizada por la regularización de la tenencia de la tierra urbana ocupada es anterior al chavismo. Tuvo en la Asamblea de Barrios que funcionó después del Caracazo de 1989 su origen, y aunque esta Asamblea desapareció hacia 1994, volvieron a emerger organizaciones que compartieron ese origen en 2001, a raíz de la aprobación de 49 leyes mediante el mecanismo de una Ley Habilitante. Las comunidades populares urbanas se quejaron de que no se habían incorporado sus aspiraciones en esas leyes, que a su juicio daban inicio a la “refundación de la República”. Con la emisión del decreto 1.666 comenzó autónomamente el proceso, en parte debido a la crisis política que asoló al gobierno nacional, que lo obligó a desatender esta iniciativa. Y fue solo dos años después cuando se creó la OTNRT. Este abandono oficial fortaleció la independencia de los CTU.

Los CTU, tal como lo estipula del decreto, tienen una dimensión territorial que corresponde a lo que la comunidad percibe y delimita como su “territorio”. Estos “territorios sociales” fortalecen en los CTU sentimientos de pertenencia, apropiación de la organización por parte de sus miembros, y promueven la solidaridad y el autogobierno.

Los CTU se constituyen mediante Asamblea y por la participación de la mayoría, y deben llenar ciertos requisitos, como levantar tanto el plano de la comunidad (el territorio), como reconstruir la historia de la misma, para poder registrarse en la OTNRT. Con esto se reconocen y promueven los liderazgos con arraigo en la sociedad así como los vínculos entre los miembros.

Los CTU mantienen una notoria flexibilidad y versatilidad organizativa. Se han hecho esfuerzos por simplificar los procedimientos para la constitución de un CTU, para facilitar los procesos de organización de sectores tradicionalmente ajenos a participar en organizaciones formales. Esto permite que no se necesite la intervención de partidos, ONG o funcionarios. Por otro lado, no se prescribe ningún esquema de organización, por lo que cada CTU se adecua a la idiosincrasia de su comunidad.

Algunos activistas manifiestan que existe una tensión entre la autonomía de los CTU y la dependencia que se establece con instituciones gubernamentales. Esta tensión atraviesa permanentemente sus dinámicas. Los conflictos son frecuentes y la forma en que esta tensión se resolverá “según sus apreciaciones” es incierta.

De manera similar a las CTU, las Mesas Técnicas de Agua (MTA), definidas por Santiago Arconada como “la respuesta organizada de la comunidad a cualquier problema o carencia en lo que al servicio de agua potable y saneamiento se refiere” (2005), han sido también organizaciones populares que contaban con antecedentes previos al gobierno de Chávez. Arconada es uno de sus activistas pioneros, pues se inició con la experiencia desarrollada en la parroquia Antímano durante la gestión local del alcalde Istúriz y actualmente es funcionario de la Gerencia Comunitaria de la empresa estatal Hidroven. Las MTA tienen su origen en la experiencia de los gobiernos parroquiales instituidos por el alcalde Istúriz, del partido LCR, durante su gestión en la alcaldía Libertador (1993-1995), como anotáramos en capítulo anterior. Las MTA se convirtieron en política nacional por la iniciativa de activistas que habían participado de aquella experiencia y ahora apoyan el gobierno de Chávez. Llevan seis años desarrollándose y al igual que los CTU mantienen con tensión su autonomía y vitalidad, habiendo logrado extenderse a una parte importante de la geografía urbana y rural del país. Han sido un factor importante para la intervención exitosa de comunidades en la resolución de problemas relacionados con el acceso al agua potable y saneamiento, y han creado incluso los Consejos Comunitarios de Agua como espacio de intermediación institucionalizada con las instituciones públicas y entre las distintas MTA.

Otro aspecto medular en la búsqueda de la justa distribución de la riqueza y el ingreso, y que ha recibido un respaldo gubernamental significativo después de superado el paro-sabotaje petrolero, son diversas políticas tendientes a impulsar la economía social, entendida como una forma “alternativa” y más democrática, autogestionaria y cogestionaria de actividad productiva y de servicios. La Exposición de Motivos de la CRBV señala que se busca un mayor equilibrio entre la eficiencia económica y la justicia social “dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés colectivo”. En el artículo 308 se obliga al Estado a promover y proteger diversas formas de asociación comunitaria para el trabajo, incluyendo las cooperativas, empresas campesinas, microempresas, la pequeña y mediana industria, entre otros. En el artículo 70 se reconoce a las cooperativas como formas de participación y protagonismo del pueblo en lo social y económico, y se instruye para que, mediante una ley, se establezcan las condiciones para su efectivo funcionamiento. En el artículo 118 se establece además que la ley debe reconocer las especificidades de estas organizaciones en su carácter de generadoras de beneficios colectivos. Por su parte, el artículo 184 ordena que en la ley se creen mecanismos flexibles para que las comunidades organizadas participen en la gestión de servicios descentralizados o transferidos por los estados o municipios. Se mencionan en ese artículo servicios de salud, educación, vivienda, cultura, deporte, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, protección vecinal, etc. El 30 de agosto de 2001 fue promulgada la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas dando cumplimiento al mandato constitucional. El crecimiento de estas organizaciones en estos años ha sido espectacular. Según la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), para agosto de 2005 existían 83.769 cooperativas registradas, lo que significó un gran salto con relación a las 24.433 registradas en agosto del año anterior o 10.032 contabilizadas para junio de 2003 (en Provea, 2005). Los afiliados de las cooperativas también crecieron de 639.354 en el año 2003, a 874.947 en 2004.

La economía social está respaldada, por una parte, por un sistema de “microfinanzas” para darle acceso financiero y técnico a quienes se orienten a esta actividad: Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, Banco de Desarrollo Social, etc., y por programas de comercialización y de capacitación para coempresarios y trabajadores. La economía social tiene en la demanda pública un soporte fundamental para la democratización por el lado del mercado (Vila, 2003). De hecho, desde 2003, una vez logrado el control de PDVSA por parte del Estado nacional, se han venido impulsando las llamadas “ruedas de negocios”, algunas especialmente para cooperativas y pequeños y medianos empresarios, donde se sacan a licitación las compras tanto de esta empresa como de otros entes públicos (como la CVG, los ministerios, y otros).

El eje que combate la exclusión como carencia de derechos humanos

En este segundo eje también han venido desarrollándose varios instrumentos de significativo impacto social y político. Aquí destacaremos algunos que por su concepción, o por la disponibilidad de información confiable, sirven para presentar de manera preliminar la coherencia de dichos programas e instrumentos con el objetivo constitucional de la democracia participativa.

El Plan Nacional de Identidad (PNI). La falta de identidad es la manifestación más radical de la exclusión. En las últimas décadas, debido a la retracción y debilitamiento del Estado, el problema de la falta del documento de identidad oficial venía creciendo en Venezuela, con la consiguiente violación a los derechos humanos que conlleva. Al no existir legalmente, no se puede acceder a servicios básicos, al sistema educativo, al sistema de seguridad social o al estatus familiar. Desde 2000, bajo la asistencia técnica de la Unicef, el gobierno nacional comenzó un plan bajo la consigna “soy venezolano, soy venezolana”, creándose las Unidades Hospitalarias de Registro Civil de Nacimientos (UHRCN), para garantizar que todos los nacidos en hospitales públicos obtengan de una vez su derecho de ser ciudadanos y a tener oficialmente un nombre. Se calcula que el 94% de los venezolanos nacen en estas instituciones públicas. La primera UHRCN se creó en el año 2000, en el estado Zulia; posteriormente, la maternidad Concepción Palacios, ubicada en Caracas, puso allí uno en funcionamiento, emitiendo un promedio de 60 partidas de nacimiento diarias. En el año 2003, la meta fue ampliar las UHRCN a cuatro establecimientos del Área Metropolitana de Caracas y llevar el PNI a ocho estados del país. Este plan ha incluido también la modernización gradual del Registro Civil de Nacimientos.

Las escuelas y liceos bolivarianos (de educación básica y media) y los Simoncitos (pre-escolar). Obedecen a un proyecto educativo de largo alcance. La inclusión por el acceso a la educación con calidad desde los primeros años, un derecho también arrebatado a los sectores populares por la reducción del Estado y del gasto social en las décadas pasadas, ha sido una política impulsada desde 1999 por el gobierno de Chávez y ha sido exitosa en la recuperación de la matrícula escolar, que había venido decreciendo sostenidamente en los años 90. Datos independientes lo han corroborado año tras año (v. Provea, 1999 en adelante). Según datos oficiales, a inicios de 2005 funcionaban cerca de 3.700 escuelas bolivarianas, y esperaban para fines de año alcanzar las 4.500. El Estado venezolano logró revertir la deserción escolar en el nivel básico, luchando contra los pagos velados de matrícula que se venían exigiendo en la educación pública, en violación a su gratuidad como derecho constitucional, y proporcionando los uniformes y los textos escolares también de manera gratuita como incentivo para la vuelta al colegio. Pero, quizás más importante que esto, el Estado ha proporcionado a los niños una jornada completa, en vez de la media jornada de las décadas precedentes, lo que permite el trabajo de los padres, con frecuencia de la madre, que suele ser el eje de la familia, proveyendo a los niños que asisten a estas escuelas de dos comidas y dos meriendas diarias. Las actuales escuelas estarían alimentando a más de un millón de niños. Según el ministro Istúriz, 20% del presupuesto nacional de 2004 fue destinado a la educación en sus distintos niveles y programas, lo que representa el 7% del PIB. Los Simoncitos, por su parte, son una versión nueva del preescolar, que busca comenzar a corregir la exclusión y desigualdad social, afectiva y cultural antes de que el niño ingrese a la educación básica. El gobierno ha sostenido la necesidad de hacer este nivel obligatorio, que nunca lo ha sido, y afirmó, a inicios de 2005, contar con una matrícula de 650.000 niños en el nuevo sistema.

Las Misiones. Son programas sociales que buscan solventar el acceso a diversos derechos sociales, y conceptualmente han estado planteadas como políticas de emergencia y/o temporales para atacar ciertas necesidades sociales urgentes de los sectores populares. Las misiones son quizás las que han alcanzado una mayor fama fuera del país, sin que eso signifique que se conozcan hasta ahora de manera sistemática sus características y desempeño. La primera de estas misiones arrancó poco después de controlado el paro-sabotaje petrolero de 2002-2003 por parte del gobierno de Chávez y fue llamado Misión Robinson, por el seudónimo, Samuel Robinson, que utilizaba Simón Rodríguez, maestro de Bolívar.

La Misión Robinson I tiene por objetivo erradicar el analfabetismo en Venezuela. El método de esta misión, conocido como “Yo sí puedo”, fue desarrollado por la pedagoga cubana Leonela Relys y adaptado al contexto venezolano por docentes del país. Ha sido laureado entre otras instituciones por la Unesco. En 65 sesiones de dos horas se prepara al participante, llamado “patriota”, en las destrezas básicas del leer y escribir. La Misión Robinson I se apoya en un facilitador (llamado voluntario), en muchos casos jóvenes de las mismas comunidades o maestros y maestras jubiladas, a quien se les da una preparación previa. Se utilizan como materiales una cartilla y otros apoyos. En el censo nacional levantado en 2001 se registró el número de analfabetos en Venezuela en 1.154.120. Sin embargo, las cifras oficiales de captación de “patriotas” que hizo el gobierno, apoyado en los voluntarios al comenzar la misión, alcanzaron las 1.252.226 personas. Pocos meses después se inició la Misión Robinson II, mediante la cual se facilita a los alfabetizados obtener su diploma de sexto grado en un período de dos años. Si se toma en cuenta que el 52% de los analfabetos registrados para la Misión Robinson I afirmaron tener menos de 30 años, podemos evaluar la significación definitiva que tiene para mejorar las expectativas de futuro de más de medio millón de venezolanos. En 2005, según el gobierno, el país estuvo listo para proclamarse libre de este flagelo, habiéndose realizado operativos especiales para llevar esta misión a los sitios más alejados del territorio nacional, donde habitan comunidades indígenas y campesinas, que pudieron así acceder a este derecho.

Otras misiones centradas en el derecho a la educación son la Misión Ribas y Misión Sucre, creadas también luego del paro-sabotaje petrolero para subsanar la exclusión de amplios sectores populares y ciertos sectores medios a su derecho al acceso a la educación secundaria y superior. Desde 2004 el gobierno ha ido multiplicando misiones, animado por un creciente ingreso fiscal originado en el avance de la reforma petrolera, que le ha permitido un mayor control sobre las actividades de la industria, combinada con el alza de los precios del barril de petróleo en el mercado internacional. Entre las muchas que actualmente se desarrollan podemos señalar, además de las previas, la Misión Barrio Adentro, para establecer un sistema de medicina preventiva y primaria en las comunidades populares; Misión Mercal, un circuito de distribución y comercialización de alimentos que asegure el derecho a la seguridad alimentaria a los sectores populares; la Misión Guaicaipuro, para el acceso de las comunidades indígenas a sus derechos; Misión Miranda, destinada a mejorar las condiciones de vida de sectores militares; Misión Vuelvan Caras, inicialmente dirigida a capacitar trabajadores y abrir puestos de trabajo, pero que se ha ido ampliando para constituirse en una especie de sistema económico particular, denominado “Núcleo de Desarrollo Endógeno”; la Misión Piar para los mineros; la Misión Negra Hipolita para la misión indigente, La Misión Milagro para operaciones de la vista en Cuba entre otras.

Aunque todas son conceptualmente muy significativas para alcanzar la superación de la exclusión, no existe suficiente información independiente para evaluarlas con algún grado de seriedad. En lo que sigue, sin embargo, revisamos algunos datos sobre la Misión Barrio Adentro, una de las políticas de mayor aceptación entre los sectores populares, y de más reconocido impacto político nacional e internacionalmente.

El Plan Barrio Adentro, convertido en 2004 en la Misión Barrio Adentro, surgió como una iniciativa del presidente para promover el desarrollo de la salud, educación, cultura y deporte en las comunidades más necesitadas del país, aquellas que, por lo demás, demostraron un compromiso de apoyo activo y sostenido al gobierno de Chávez durante la crisis política de 2001-2004. Esta misión está fundamentalmente centrada en ofrecer a los barrios urbanos servicios de salud in situ, que incluyen: atención médica gratuita, suministro gratuito de medicinas, atención domiciliaria y servicio las 24 horas del día (www.fmba.gob.ve; bajado el 4-12-2003). Mediante un convenio entre las repúblicas de Cuba y Venezuela, profesionales de la medicina cubanos, conjuntamente con médicos venezolanos, comenzaron en abril de 2003 a brindar asistencia médica a los municipios Libertador y Sucre del área metropolitana de Caracas y de allí se fue expandiendo espacialmente hasta cubrir en 2004 todos los estados y municipios del país. El componente médico venezolano fue inicialmente mínimo, ya que las condiciones en las cuales se trabaja en los barrios urbanos no son atractivas para estos profesionales y la Federación Venezolana de Médicos le hizo una feroz oposición. Sin embargo, en 2004 se fueron incorporando médicos y enfermeras venezolanos y bajó la resistencia del gremio médico, dadas las bondades de la misión y su positivo impacto político. Para 2005, los datos oficiales señalan a cerca de 20.000 médicos cubanos trabajando para las comunidades pobres en todo el país, unos 1.500 médicos venezolanos y más de 2.000 enfermeras. También en 2005 se dio inicio a la Misión Barrio Adentro II, cuyo objetivo es dotar de centros de diagnóstico integral y clínicas populares a los barrios urbanos populares, con capacidad de prestar servicios de salud de un nivel superior a los disponibles en los módulos de Barrio Adentro.

Al igual que los CTU y los MTA, la instalación del servicio de medicina preventiva y de atención primaria, que supone el médico de Misión Barrio Adentro en las comunidades populares, implica la organización en Comités de Salud, que toman decisiones en asambleas y que se encargan no solo de recibir y apoyar al médico en sus actividades, sino de gestionar la salud integral de la comunidad a la que pertenecen. A diferencia de los CTU y de las MTA, no existía experiencia organizativa previa de significación en los barrios caraqueños en lo relativo a la salud, ni en la mayoría de las otras ciudades del país, por lo que esta política ha sido muy claramente impulsada desde el Estado, que ha tenido una mayor influencia sobre su desenvolvimiento que en el caso de los CTU o las MTA, aunque de la información disponible se puede deducir que los procesos de organización y gestión se hacen fundamentalmente a partir de las inquietudes y aspiraciones de las comunidades (v. Alayón, 2005).

Las misiones han recibido mucha atención en Latinoamérica, quizás porque, como señalara Carlos Eduardo Febres (2005), un experto en políticas sociales, si bien son conceptualmente afines a las políticas compensatorias y focalizadas del neoliberalismo, difieren de estas en que su extensión y cobertura les da un “componente de universalidad” de las que aquellas carecen, y porque en el imaginario popular, a diferencia de las anteriores, se las ve con posibilidad de realizar la “inclusión”. Febres enfatiza la dimensión simbólica que han tenido las misiones, es decir, la fuerza derivada del discurso y de las imágenes con que estos instrumentos se han acompañado.

El Plan de Identidad, como ya se señaló, se ha promocionado bajo el lema “soy venezolano, soy venezolana”, promoviendo directamente el desarrollo del sentimiento de pertenencia a la nación como acceso a la ciudadanía; la Misión Robinson “Yo sí puedo”, reforzando el sentimiento de autoestima; la Misión Sucre denomina a sus estudiantes “vencedores”. Más recientemente, y por iniciativa propia, los indigentes, que comienzan a organizarse para acceder mediante una misión a su derecho al empleo, se denominan “nómadas”, y los de Misión Vuelvan Caras, destinada a superar la altísima tasa de desempleo, “lanceros”. El cambio de nombre es también un cambio de imagen. Esto, por supuesto, se ve potenciado por el discurso del presidente, permanentemente cargado de símbolos y antecedentes históricos para darle realce y proyección a toda acción política u oficial incluidas estas de las misiones.

El eje que busca el “empoderamiento”

El tercer eje de la política social tiene como objetivo potenciar cualidades que hagan posible la constitución de un ciudadano solidario, participativo, corresponsable y democrático, con lo cual se busca una nueva relación entre Estado y sociedad. En esta dirección, tanto las múltiples formas organizativas de participación que las políticas arriba señaladas han venido promocionando, como los dispositivos constitucionales abiertos para la acción política en los distintos niveles de la administración pública, persiguen el objetivo de transformar al venezolano en un ciudadano politizado y corresponsable de la solución de sus propios problemas. Entre los dispositivos constitucionales vale recordar, como ya se señaló en capítulos previos, los referendos en sus distintas modalidades (consultivo, aprobatorio, revocatorio y abrogatorio), las asambleas, las iniciativas legislativas, los Consejos Locales de Planificación Pública y las juntas parroquiales, entre otros.

Durante el referendo revocatorio presidencial de 2004 se pudo poner a prueba la idoneidad de estos dispositivos para el propósito señalado. Sectores y organizaciones de oposición al gobierno de Chávez se movilizaron para recolectar las firmas requeridas y, cumplido y reconocido ese trámite, continuaron movilizados para promover el voto por la revocatoria del mandato presidencial. Por parte de las fuerzas chavistas, se incentivó la movilización popular, fundamentalmente con los fines de apoyar al presidente. En este caso estamos en presencia de un tipo de movilización y organización popular impulsado por el gobierno, y sus partidos afines, con propósitos nítidamente políticos. Este tipo de organización popular, surgido bajo el fragor de las confrontaciones polarizadas de los años recientes, son más de naturaleza defensiva y en su gran mayoría fuertemente cohesionadas bajo la figura central del presidente Chávez. Estas organizaciones, como los Círculos Bolivarianos o las Unidades de Batalla Electoral, propenden a un culto a la personalidad, y si bien han dado importantes resultados políticos, no solo no propician, sino que pueden llegar a obstaculizar la organización autónoma de los sectores populares y su capacidad de tomar decisiones políticas de manera independiente. También pueden resultar problemáticas desde el punto de vista del fomento de la democracia.

Una primera mirada evaluativa

El enfoque conceptual de lo social en el proyecto bolivariano plantea, en un contexto complejo, el objetivo de superar las condiciones de exclusión. No es solo asunto de mejorar el ingreso y/o prestar mejor algún servicio. Se reconoce la exclusión como un problema histórico y se busca establecer y/o reestablecer la condición de ciudadanía. A diferencia de políticas previas, e incluso de la perspectiva sobre lo social de orientaciones tradicionales, el peso fundamental del cambio se ubica en el ciudadano organizado y su comunidad, en su capacidad de tomar las decisiones y responsabilidades que requiere la solución de sus graves problemas.

Sin embargo, al trasladarnos a la realidad de los sectores y movimientos populares en Venezuela en las últimas décadas, es obvio que la relación entre los dos sujetos de la transformación societal, valga decir, el Estado y el ciudadano organizado y su comunidad, es desigual. El Estado venezolano cuenta con un conjunto de recursos financieros, institucionales y organizativos que lo colocan en una posición de ventaja económica y política respecto a los sectores populares, con lo que corre peligro la autonomía de ciudadanos y comunidades organizadas frente a las directrices y/o presiones del Estado a lo largo del proceso de transformación.

El movimiento popular, al iniciarse este nuevo proyecto político, estaba postrado, desorganizado y sus miembros severamente golpeados por casi dos décadas de política económica neoliberal (v. Denis en Gindin, 2005). Más aun, el movimiento popular previo al gobierno de Chávez, aunque existente, carecía de base orgánica, tradición o articulaciones entre sí, que le diera alguna fortaleza para actuar con autonomía y tomar iniciativas frente al poder del Estado. Escaso, poco organizado, disperso y fragmentado, el movimiento popular previo va a comenzar a convivir a partir de 1999 con las múltiples organizaciones populares que han sido estimuladas desde el gobierno a través de las diversas políticas y programas sociales que señalamos arriba.

Sociólogos como Lander (2004) sostienen que, si bien era natural que el Estado impulsara la movilización y organización de sus bases de apoyo, la desigual relación inicial abre al menos dos direcciones hacia donde se puede dirigir la transformación de la sociedad.

La primera, la más fácil, es que se vuelva al patrón clientelar y paternalista, como ha sucedido incontables veces con el populismo latinoamericano y en particular con el populismo venezolano del siglo XX, encarnado principalmente en el partido AD. El Estado, en este escenario, controla y coloniza a la sociedad y al movimiento popular. Pueden darse tanto organización como movilización y avance social, pero la autonomía brilla por su ausencia, debilitándose la capacidad de contraloría social y la generación de sentimientos de eficacia por parte de la gente. Quien decide las prácticas y sus orientaciones es la cúpula del Estado que asigna recursos, en la figura de los funcionarios, en los puestos clave de las instancias de gestión pública. No se promueve la autogestión y la independencia, sino la aceptación pasiva de la tramitación burocrática de los recursos públicos. No hay contraloría social real, no hay transparencia, se abren facilidades para la corrupción. Esta vía es autoritaria en esencia, es una historia conocida y repetida hasta el cansancio en la Venezuela del siglo XX.

La segunda vía o paradigma –según Lander– sería la participativa y democrática. Implicaría el estímulo sostenido por parte del Estado a la mayor pluralidad de organizaciones sociales y productivas, el respeto a sus desarrollos para que avancen con mayores niveles de participación autónoma en la gestión pública y adquieran crecientes capacidades de control sobre esta. Es requisito imprescindible para esta vía la creación de densidad organizativa, la constitución de niveles intermedios de articulación de las organizaciones populares, también autónomos, que sirvan de mediaciones entre sociedad y Estado, y que fortalezcan el poder del movimiento popular como de las instancias de gestión pública, garantizando su capacidad de contraloría.

Otra condición crucial para este deseado escenario es la institucionalización creciente de las instancias de gestión pública para garantizar arraigo, continuidad, criterios de universalidad en el acceso a los derechos y recursos, y capacidad de contraloría pública real.

Una mirada al desarrollo de los múltiples instrumentos de política social que se ha dado durante el gobierno de Chávez constata en la actualidad una dinámica de movilización y organización popular con escasos antecedentes en la historia del país. CTU, Comités de Salud, MTA, cooperativas, organizaciones comunitarias de vivienda, CTR, etc., han crecido en número y cobertura a lo largo y ancho del país (v. entre otros, informes anuales de Provea). El entusiasmo participativo de sectores antes excluidos para acceder a políticas y recursos que les ofrecen oportunidades de superar sus graves problemas de exclusión económica, social o cultural se ha venido acentuando y extendiendo a todo el país, sobre todo a partir de 2003, cuando el Estado logró el control sobre la industria petrolera y pudo poner en marcha su reforma de la política petrolera, con el consiguiente aumento del ingreso fiscal para financiar las más diversas iniciativas de políticas sociales. Esta dinámica se ha traducido en algunos esfuerzos de coordinación entre organizaciones populares, así como en la búsqueda de creación de espacios intermedios, como el caso de Conexión Social para el Poder Popular (2004) o el de los Consejos Comunitarios de Agua. Sin embargo, el entusiasmo participativo y organizativo no siempre ha implicado mayor autonomía en la movilización y organización popular.

No existe información sistemática y/o confiable que permita evaluar hoy con justeza hacia cuál de las dos vías se dirige la dinámica del movimiento popular desatada en el Proceso Bolivariano. Luce, sin embargo, muy problemática la escasa valoración, y consecuente inacción, que manifiestan los dirigentes y partidos del gobierno por establecer de manera sostenida un proceso de institucionalización de instancias nuevas de política social. Tal es el caso de las misiones, que se han venido creando como salida a la inoperancia o franca oposición de las instituciones de política social tradicionales del Estado, pero que a la fecha no son reguladas por instrumentos legales, ni existen procedimientos claros para su auditoría y rendición transparente de cuentas. En casos, por ejemplo, como la Misión Mercal, creada para encargarse de la comercialización y distribución de alimentos para los sectores populares, y gestionada por el sector militar, las denuncias de corrupción se multiplican, sin que a la fecha ninguna logre culminar con resultados de investigación que disipen las sospechas o sancionen a los culpables. Otras denuncias frecuentes señalan discriminación política hacia organizaciones populares en el acceso a microcréditos dentro de políticas de apoyo a la economía social, por haber, por ejemplo, mostrado acciones u opiniones políticas contrarias al gobierno, o más simplemente, no mostrar su apoyo.

Otro punto crucial se refiere a la viabilidad financiera de estas políticas. No cabe duda de que el gobierno venezolano ha contado en los últimos dos años con ingresos fiscales extraordinarios que le han permitido financiar esta estrategia multidimensional para atacar el problema de la exclusión social con miras a su resolución. ¿Son sin embargo sustentables económicamente estas políticas?

Existen tendencias en la composición del ingreso fiscal que presentan un cuadro de difícil lectura (v. Magallanes, 2005):

Ha venido disminuyendo la presión tributaria sobre los venezolanos en general, al recuperarse el ingreso fiscal petrolero, no solo por la vía de los ingresos extraordinarios, producto del alza de los precios del barril en el mercado internacional, sino también por la reforma fiscal petrolera, que asegura para el Estado unos ingresos mayores y más estables que en el pasado.

Ha venido disminuyendo lentamente el impuesto masivo indirecto (IVA), lo que también alivia la presión sobre precios en la población de menores recursos. La disminución del uso de los tributos indirectos también se debe al recurso del ingreso extraordinario principalmente de origen interno, particularmente la disposición de los recursos depositados en el Fondo de Inversión de Estabilización Macroeconómica (FIEM) asociados al incremento de los ingresos petroleros en períodos previos, y a las utilidades del BCV, asociadas a la devaluación de la moneda.

El Estado ha mejorado su sistema de recaudación y en los últimos tiempos ha informado cifras récord en el combate a la evasión fiscal. El predominio de este esquema de financiamiento público ha disminuido la presión fiscal sobre la sociedad en general, aunque sin mejorar la progresividad del esquema de financiamiento del gasto público. También ha hecho más vulnerable el gasto fiscal a los ingresos petroleros, lo que pone en una situación de inestabilidad financiera a las políticas sociales.

En definitiva, el escenario se mantiene abierto a tendencias contradictorias, y será la acción de los venezolanos, organizados y dinamizados por este proceso de cambio social, la que dirá la última palabra sobre la dirección que terminará por tomarse. La democracia participativa es un horizonte utópico lleno de escollos y desafíos por vencer. Los venezolanos conocimos de años de abundancia y generosidad del petro-Estado, y supimos de los retrocesos que tuvieron lugar cuando bajaron los precios. La superación de las rémoras que aquí hemos detectado hará la diferencia entre un gobierno populista demagógico fracasado más en nuestra historia, o uno de profundización democrática e inclusión social.

Epílogo

Estrechamente relacionado con los procesos de transformación que tienen lugar en el sistema capitalista mundial desde el último cuarto del siglo XX, la sociedad venezolana padecería a partir de fines de la década del 70 el declive del modelo de desarrollo dinamizado por la renta petrolera, que desde la segunda posguerra había permitido su acelerada modernización económico-social y la implantación de un sistema de democracia representativa. El Viernes Negro de 1983 se constituyó en un momento emblemático de este proceso, al obligar a la población a tomar conciencia sobre la ruptura que estaba ocurriendo, y al dar impulso a la búsqueda de ajustes o cambios que hicieran posible retomar la senda modernizadora y democrática por otros cauces.

La crisis del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones se prolongó desde entonces, expresándose a través de diversos indicadores socioeconómicos. Un PIB errático a lo largo de 20 años, una inflación obstinada, tasas de desempleo en ascenso. Conjuntamente con las dificultades económicas, apareció el deterioro social que se profundizó año tras año. Fue una tendencia que se vio fortalecida por la aplicación de paquetes de ajuste y reestructuración económica aconsejadas, cuando no impuestas, por las agencias internacionales de financiamiento dominadas por la ideología neoliberal, que respondió a los intereses del gran capital hegemónico en los países centrales del sistema capitalista. Estos desarrollos propenden a producir una sociedad escindida, donde los ricos son cada vez más ricos, y los pobres más pobres. Ante esta tendencia no podía sino deslegitimarse el sistema político de democracia representativa, que se había forjado en Venezuela a partir de 1958 con un discurso prometedor de libertades cívicas e igualdades sociales. Ya hacia la década de los 90, al calor de estas nuevas determinaciones, Venezuela, que había sido percibida como un caso “excepcional” en América Latina, en virtud de sus éxitos económicos y políticos, registraba todos los componentes de una sociedad periférica en retroceso en cuanto a los logros modernizadores del pasado.

Durante los años 80 se colocarán las piezas faltantes que conducirán, primero a la explosión social de gran magnitud, que fue el Caracazo de febrero de 1989, y luego a la serie de sacudidas que darán al traste con el viejo modelo hegemónico, y su sustitución por una nueva alternativa, que alcanza a fines de siglo un equilibrio inestable. Un cuadro político-institucional dividido, desprestigiado y debilitado, élites que han perdido la brújula para dar con respuestas eficientes frente a la crisis; en particular, partidos políticos que se corrompieron y perdieron la sintonía con sus bases. El escenario está listo para la puesta en escena de una lucha hegemónica que comienza en la calle, con la creciente visibilidad de la movilización popular, que día a día se vuelve más confrontacional, con coyunturas también de violencia, y con una creciente elaboración de demandas. Los años 90 sirven de probeta en un laboratorio donde se mezclan y amalgaman propuestas de salida a la crisis, mientras la movilización popular también contribuye a dar poco a poco paso a la emergencia de actores sociales y políticos que relevan de sus puestos a los partidos tradicionales, en imparable proceso de deslegitimación y descomposición. Durante esa década, las reformas del Estado, sobre todo aquellas políticas referidas a la descentralización del poder, conjuntamente con la socialización de valores democráticos que se dio en Venezuela en las décadas del régimen de la democracia representativa, se combinaron para favorecer una salida pacífica a una crisis que con el golpe de Estado fracasado de febrero de 1992 se extendió a todos los espacios de la vida social.

La represión brutal, a la cual se vieron expuestos los sectores populares durante el Caracazo, fue el punto de quiebre de la relación entre representados y representantes del viejo modelo hegemónico de la democracia de Puntofijo. La sociedad le retira su confianza a los partidos tradicionales, y desde el nivel más elemental de su dinámica sociopolítica comienza la búsqueda de actores alternativos que han de representarla y conducirla en esta nueva fase. A partir de 1989, por medio de la abstención en las urnas, así como en la aparición de fenómenos electorales como LCR, Convergencia y el MVR, la sociedad manda un mensaje claro de repudio al viejo orden, mientras busca afanosamente a quien tenga la sensibilidad e inteligencia suficientes para reconstruir los vasos comunicantes perdidos entre sociedad y Estado. LCR, objeto de sus primeros favores, pierde su atractivo al dividirse y enrumbarse hacia una representación enfocada en una ambigua ideología de centro, tolerante con las privatizaciones del neoliberalismo, y propugnadora de una candidatura presidencial de derecha en 1998, comprometida con los partidos tradicionales. Convergencia Nacional carece de los requisitos institucionales mínimos para sobrevivir al liderazgo del presidente Caldera. El MBR-200, trastocado en el MVR, encuentra su oportunidad en las elecciones de 1998. Desde entonces, con altibajos, lucha por su consolidación como partido con arraigo en la sociedad, muy especialmente, representativo de los sectores populares. El liderazgo carismático de Chávez es su capital político más valioso, pero trascenderlo para poder consolidarse en el futuro inmediato es su desafío más difícil.

En la coyuntura electoral de 1998, el triunfo de Chávez y su PP cabalgaron sobre la transición no resuelta de la sociedad venezolana. Caldera y su Convergencia Nacional no estuvieron a las alturas de las circunstancias. Un nuevo paquete neoliberal y la indisposición para adelantar urgidas y ofrecidas reformas del Estado, conjuntamente con una política petrolera en importante medida causante del descalabro económico y fiscal de ese año, crearon las condiciones clave que dieron viabilidad a una salida radical y audaz. Los electores otorgaron su favor al candidato más extremo en su discurso, propuestas y colocación ideológica. Chávez ganaría con un porcentaje solo comparable en la era democrática con el presidente Lusinchi, un veterano dirigente de AD que llegó al poder luego del descalabro del Viernes Negro, cuando el electorado otorgó su confianza más esperanzada al otrora “partido del pueblo”. Esperanza esta que se vio frustrada aparatosamente por uno de los desempeños gubernamentales más ineficientes, irresponsables y corruptos del siglo XX. ¿Sucedería lo mismo con Chávez?

Desde 1999 comenzó a tejerse la trama que ha venido dando consistencia y solidez a una nueva configuración hegemónica para la sociedad venezolana. Este proceso de cambio hegemónico está apuntalado por una secuencia de procesos electorales que han venido dirimiendo, respaldando y legitimando el proyecto de futuro para el país propuesto por el presidente y las fuerzas sociopolíticas que lo apoyan. En la lucha por alcanzar y consolidar el predominio político también se ha venido dibujando con más claridad una contrapropuesta. Prefigurado tal proyecto sociopolítico por los segundos gobiernos de Pérez y Caldera en los años 90, remozada y actualizada por actores que convergieron entre 2001 y 2004 en la CD, la plataforma política que enfrentó principalmente de manera insurreccional el proyecto bolivariano, este proyecto por el momento carece de apoyo suficiente en el ámbito nacional para lograr su inclusión en los arreglos institucionales en plena construcción. Sin embargo, durante la fase insurreccional, es decir a lo largo de los años 2001 a 2004, cuando se sucedieron, entre otros episodios de confrontación violenta, el golpe de Estado de efímero éxito, el paro-sabotaje petrolero, y la operación “guarimba”, y en los años posteriores, ha mostrado con creces los respaldos poderosos con que cuenta en el país, y sobre todo en el ámbito internacional.

El Proyecto Bolivariano, que ha alcanzado el favor de la mayoría de los venezolanos, encuentra en la Constitución de 1999, aprobada en referendo popular, y en Las Líneas Generales, sus expresiones filosóficas más acabadas. En esos documentos oficiales, y en otras leyes y normativas que desarrollan aspectos específicos de la matriz constitucional, se transforma la democracia venezolana en una democracia “participativa y protagónica”, y se amplían los derechos humanos para incluir entre otros novedosos los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y al respeto a sus culturas, y los derechos ambientales. Se reafirma la centralidad del Estado, la vigencia del principio universal de los derechos sociales, y el deber insoslayable del Estado de crear las condiciones para garantizar tales derechos. También se reasienta en la Constitución la propiedad estatal del estratégico recurso petrolero. Sin embargo, por tratarse de un proyecto que surgió para oponerse a los designios del pensamiento neoliberal mundialmente hegemónico, prácticamente de manera reactiva y poco elaborada en cuarteles y minúsculos grupos de izquierda, no contó en un principio con referencias ideológicas o prácticas alternativas claras para enfrentar ese “pensamiento único”. Y habiendo llegado tan rápido al poder, mantiene hasta la fecha diversas ambigüedades y puntos no resueltos en distintos campos de la actividad económica y social. Con todo, este proyecto se ha ido perfeccionando al calor de la lucha hegemónica y ha sido reconocido, sobre todo después del golpe de Estado de abril de 2002, como una propuesta cónsona con los esfuerzos que desde distintas naciones y espacios transnacionales vienen haciendo actores y comunidades, que se resisten a aceptar los designios trazados por el capital corporativo y financiero internacional, respaldado por EE.UU. y sus aliados, reconvertido EE.UU. en potencia imperial y militar única sobre el planeta.

Al momento de elaborar este epílogo para poner punto final a esta larga e intensa aventura intelectual, el Proyecto Bolivariano seguía avanzando hacia su consolidación en Venezuela. Sus éxitos para sobrevivir a las constantes y poderosas embestidas de actores nacionales e internacionales confabulados entre sí han despertado creciente interés en el mundo por esta experiencia y comienza a ser foco de análisis, publicaciones y diversas polémicas que trascienden lo nacional y aun el espacio de América Latina.

El gobierno de EE.UU., presidido por George W. Bush, fortalecido por la victoria electoral de noviembre de 2004, persiste en su oposición a la voluntad popular venezolana, y se mantiene estimulando y apoyando incluso materialmente actores nacionales empeñados en truncar esta experiencia. La publicación de documentos desclasificados, por la abogada Eva Golinger, a inicios de 2005 es bastante elocuente sobre las intromisiones constantes y costosas que EE.UU. ha realizado en Venezuela buscando un cambio de rumbo político en nuestra nación. Por otra parte, especialmente ásperas han sido en los primeros meses de 2005 las declaraciones y diligencias de altos funcionarios de ese gobierno, en funciones de inteligencia, defensa y política exterior, para socavar las bases políticas del presidente y apoyar a la oposición, o para hacerlo cambiar de rumbo. La torpeza de la injerencia abierta, y de las presiones sobre los otros gobiernos del hemisferio, no obstante, parecen haber sido contraproducentes, y muchos gobiernos de América Latina, que en estos años también han rectificado en rumbos tan apegados en el pasado a las directrices estadounidenses, han reconocido y respaldado la naturaleza democrática y la voluntad soberana del pueblo venezolano para darse el gobierno y desarrollar el proyecto que considera más cónsono a sus necesidades y deseos.

Por su parte, el bolivarianismo también ha despertado entusiasmos populares en otras naciones. Hoy en día existen movimientos populares, no solo solidarios con la experiencia venezolana, sino también inspirados por tal desarrollo, que buscan caminos propios para la solución de sus contingencias y necesidades. El malestar engendrado en el último cuarto del siglo XX, signado por la inclemencia del capitalismo en su faceta neoliberal sobre las sociedades de la periferia del sistema, ha estado dando forma a variadas expresiones de resistencia antineoliberal. En ese variopinto mundo de los movimientos alternativos se inserta la experiencia venezolana, apoyada y apoyando las iniciativas que alimentan la lucha por un camino distinto, por un mundo mejor. En otra dirección, pero también dentro del necesario paso de lo nacional a lo global para la consolidación, el gobierno venezolano, asistido por las tendencias favorables del escenario petrolero internacional, viene moldeando una política exterior que busca, en la construcción de solidaridades latinoamericanas, la creación de una integración económica y comercial de la región sudamericana más horizontal y apegada a los intereses de estas naciones que el ALCA propuesto por EE.UU. Los convenios energéticos suscritos con Centroamérica y el Caribe, y con naciones como Brasil, Argentina y Uruguay, el acuerdo con Colombia para la construcción de un gasoducto al norte de su territorio, la iniciativa de constituir Telesur, una televisora multiestatal latinoamericana, son puntas de lanza para ir avanzando en esta necesaria integración.

Estos desarrollos permiten cerrar estas páginas con un prudente optimismo. Aunque se siguen avizorando tiempos difíciles en el contexto internacional, más que elocuentemente expresados en las pesadillas que suponen la ocupación imperial y las luchas de resistencia que tienen lugar en países como Afganistán e Irak, en la situación no resuelta entre Israel y los palestinos, en los ataques terroristas que amplían su radio de acción, América Latina y otras sociedades de la periferia parecen estar en movimiento, buscando una salida al problemático desarrollo capitalista ocurrido en los años recientes. Es un proceso largo e incierto, donde Venezuela como país petrolero seguirá en el centro de la tormenta, pero al menos se avizora una pelea más difícil y compleja para las fuerzas del neoliberalismo que gobernaron a sus anchas y con escasa oposición los años 80 y 90.

Por otra parte, siguen persistiendo tendencias de debilidad institucional y riesgos para la democracia venezolana. Las amenazas están presentes, tanto en el interior de las fuerzas que ejercen la hegemonía en el Proceso Bolivariano, que en reiteradas ocasiones han dado muestras de intolerancia hacia la diferencia, arbitrariedad en las decisiones y poca estima por la urgente y necesaria institucionalización de los cambios ocurridos, como entre los actores y fuerzas que se les oponen. Los esfuerzos de estos últimos por encontrar por afuera, específicamente, en el apoyo de las fuerzas conservadoras de EE.UU. y su gobierno, los apoyos políticos de los que carecen internamente, no son sino un aspecto de las diversas tendencias autoritarias que hemos visto en estos actores del golpe de Estado a esta parte. Sin embargo, la lucha hegemónica librada todos estos años ha tenido la virtud de acercarnos a todos, tirios y troyanos, a la realidad “real”, deslastrando a diversos sectores de la realidad ficticia en la que vivían, y fortaleciendo en sectores cada vez más amplios de la sociedad una cultura democrática, que era poco menos que inexistente cuando comenzó el oleaje fuerte de la lucha por el poder entre actores rivales y proyectos políticos divergentes. Habremos de mantenernos atentos a los próximos desarrollos y exigir, de quienes tienen responsabilidades en la conducción de los procesos, que los mantengan en la dirección de esa democracia participativa y protagónica que, al calor de la lucha hegemónica, parece haberse dotado de la legitimidad suficiente para orientar el futuro de esta sociedad.

Abreviaturas

AA: agrupación política Asociación Agropecuaria

AD: partido Acción Democrática

ALBA: Alternativa Bolivariana para las Américas

ALCA: Acuerdo de Libre Comercio de las Américas

AMC: Área Metropolitana de Caracas

ANC: Asamblea Nacional Constituyente

ANDI: agrupación política Asociación Nacional De Independientes

BD: Bloque Democrático

BDEBP: Base de Datos El Bravo Pueblo

BM: Banco Mundial

BTV: Banco de los Trabajadores de Venezuela

CEN: Comité Ejecutivo Nacional de AD

CES: Comité Ejecutivo Seccional de AD

Cejap: Comando Especial de Contrainsurgencia José Antonio Páez

CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

CDN: Comité Directivo Nacional de AD

CD: Coordinadora Democrática de Acción Cívica

CIED: Centro Internacional de Educación y Desarrollo

CNE: Consejo Nacional Electoral

Comacate: grupo de coroneles, mayores, capitanes y tenientes

Copei: partido Comité de Organización Política Electoral Independiente. Luego partido socialcristiano Copei.

Copre: Comisión Presidencial para la Reforma del Estado

Cepal: Comisión Económica Para América Latina

Cofavic: Comité de Familiares de las Víctimas de Febrero-Marzo de 1989

CSE: Consejo Supremo Electoral

CSJ: Corte Suprema de Justicia

CTN: Comité Táctico Nacional del MVR

CTR: Comité de Tierra Rural

CTU: Comité de Tierra Urbano

CTV: Confederación de Trabajadores de Venezuela

CVG: Corporación Venezolana de Guayana

DEN: Dirección Ejecutiva Nacional del MVR

D.F.: Distrito Federal

Disip: Dirección de Servicios de Inteligencia y Previsión

FAL: Fusiles Automáticos Livianos

Fedecámaras: Federación de Cámaras de Comercio y Producción

Fetrametal: Federación de Trabajadores de la Industria Metalmecánica

FIEM: Fondo de Inversión de Estabilización Macroeconómica

FF.AA.: Fuerza Armada

FMI: Fondo Monetario Internacional

Fundarte: Fundación para las Artes y la Cultura del municipio Libertador

GE: (agrupación política) Gente Emergente

GN: Guardia Nacional

Inmerca: Integral de Mercados y Almacenes, C.A.

IPIC: Impuesto de Patentes de Industria y Comercio

IVA: Impuesto al Valor Agregado

LCR: La Causa R

LGPDESN: Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007

LORM: Ley Orgánica de Régimen Municipal

MAS: (partido) Movimiento Al Socialismo

MBR-200: Movimiento Bolivariano Revolucionario 200

MED: Ministerio de Educación y Deportes

MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

MEM: Ministerio de Energía y Minas

MEP: (partido) Movimiento Electoral del Pueblo

Migato: (partido) Movimiento Independiente Ganamos Todos

MIN: (partido) Movimiento de Integridad Nacional

MIR: (partido) Movimiento de Izquierda Revolucionaria

MRI: Ministerio de Relaciones Interiores

MTA: Mesas Técnicas de Agua

MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

MVR: (partido) Movimiento Quinta República

NGD: (partido) Nueva Generación Democrática

OCEI: Oficina Central de Estadística e Informática

OCP: Oficina Central de Personal

OEA: Organización de Estados Americanos

OIT: Organización Internacional del Trabajo

ONU: Organización de Naciones Unidas

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo

OTNRT: Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra

PDVSA: Petróleos de Venezuela, SA

PCV: Partido Comunista de Venezuela

PJ: (partido) Primero Justicia

PM: Policía Metropolitana

PNI: Plan Nacional de Identidad

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Podemos: (partido) Por la Democracia Social

PP: Polo Patriótico

PPT: (partido) Patria Para Todos

PRV: Partido de la Revolución Venezolana

Provea: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

PTJ: Policía Técnica Judicial

PyME: Pequeña y Mediana Industria

PV: (partido) Proyecto Venezuela

Recadi: Oficina del Régimen de Cambio Diferencial del Ministerio de Hacienda

REP: Registro Electoral Permanente

Sidor: Siderúrgica del Orinoco

SI: agrupación política Solidaridad Independiente

Sutiss: Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares

TEM: Títulos de Estabilización Monetaria

UCV: Universidad Central de Venezuela

UCAB: Universidad Católica Andrés Bello

UHRCN: Unidades Hospitalarias de Registro Civil de Nacimientos

ULA: Universidad de los Andes

UNT: (partido) Un Nuevo Tiempo

URD: Unión Republicana Democrática

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Notas

1. Este capítulo está basado en “Fracaso y fatiga de los ajustes en Venezuela: 1984-1998” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), en: María Cristina Cacciamali, Catalina Banko, Dorotea Melchner, Ajuste estructural y su impacto social en América Latina. Caracas, UCV-UNESP, 2000, pp. 226-240. Ver también una versión con datos más actualizados en: “The Struggle for Hegemony in Venezuela: Poverty, Protest and the Future of Democracy” (Margarita López Maya y Luis E. Lander) en Jo-Marie Burt and Philip Mauceri (eds.), Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2004, pp. 207-227.

2. Este capítulo está basado en “La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo), (Margarita López Maya) en: Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste, Caracas, Nueva Sociedad, 1999, pp. 211-235.

3. En el Congreso, AD obtuvo 97 diputados, Copei 67, MAS 18, NGD 6, La Causa R 3, ORA (un movimiento evangelista) 2 y el MEP, URD, Fórmula 1, OPINA y el PCV, un diputado cada uno (Consejo Supremo Electoral, 1989).

4. Este capítulo está basado en “Venezuela: la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 ¿Resistencia a la modernidad?” (Margarita López Maya), Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 5, Nº 2-3, abril-septiembre de 1999, pp. 177-200; reelaborado en una versión más corta y con enfoque distinto en “The Venezuelan Caracazo of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, Journal of Latin American Studies, Vol. 35: part one, febrero de 2003, pp. 117-138.

5. El Santiagueñazo fue una revuelta popular que estalló en las ciudades de la provincia argentina de Santiago del Estero en diciembre de 1993. Si bien sus motivos pueden coincidir con el Sacudón venezolano, pues fue en protesta por un plan de ajustes macroeconómico, fue iniciado por trabajadores públicos que ocuparon, saquearon y quemaron la casa de la Gobernación y también las sedes del legislativo y de la justicia de la provincia (v. Lauffer y Spiguel, 1999).

6. Lo que sigue es una reconstrucción de los hechos basada principalmente en estos diarios.

7. En 1999, uno de sus acompañantes ese día afirmó que Pérez sabía de los disturbios, pero tendió a verlos como algo pasajero (Betancourt en El Nacional, 21-02-1999). Pérez, en entrevista diez años después, afirma que su entorno de confianza, incluyendo a los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores, le informaron reiteradamente ese día que nada fuera de lo común estaba sucediendo. Solo tomó conciencia de la situación cerca de la medianoche, cuando regresó a Caracas (UCV, documental, 1999).

8. El saldo de muertes por acciones represivas durante golpe de Estado del 11 de abril y días siguientes de 2002 no son contabilizados en el informe correspondiente de Provea. Las del 11, por no existir a la fecha un informe confiable de lo ocurrido y en los días siguientes, por caer la responsabilidad en el gobierno de facto de Pedro Carmona. En el informe de 2002–2003 se registran cuatro muertes, pero tres de ellas como resultado de acciones represivas a una manifestación violenta.

9. Este capítulo está basado en “Venezuela: el impacto de sus reformas políticas durante el lapso crítico de 1989-1993” (Margarita López Maya), Cuadernos del CENDES, N° 26, mayo-agosto, 1994, pp. 27-54.

10. Este capítulo está basado en “El ascenso en Venezuela de La Causa R” (Margarita López Maya), Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 1, Nos 2-3, abril-septiembre, 1995, pp. 205-239.

11. Teodoro Petkoff, fundador del MAS, era una de las figuras más conocidas y de mayor prestigio en el mundo de la izquierda venezolana. Sería luego presidente de su partido y candidato presidencial. En 1998 abandonó al MAS por estar en desacuerdo con su apoyo a la candidatura presidencial de Hugo Chávez Frías.

12. El portón de Sidor es la puerta principal de entrada y salida de los trabajadores. Allí se encuentran las paradas del transporte colectivo que toman para ir y venir de sus hogares. En los horarios de entrada y salida de los diferentes turnos hay una apreciable concentración de obreros y empleados, por eso era un sitio excelente para dirigirse a ellos. Velásquez fue conocido como “el líder del Portón”.

13. Este capítulo está basado en “Actores emergentes en la crisis de legitimidad del sistema político: La Causa R, Convergencia y el MBR-200” (Margarita López Maya), Cuadernos del CENDES, N° 32, mayo-agosto, 1996, pp. 35-60.

14. Una de las mayores dificultades de esta investigación fue tener acceso a los dirigentes de Convergencia. Luego de reiterados intentos pudimos entrevistar a: Néstor Maldonado, fundador del partido y uno de los 10 coordinadores nacionales de Convergencia (1996); Juan Francisco Sosa Maury, subjefe de la fracción parlamentaria (1996) y Vladimir López, asistente de Manuel López Ruiz, representante de Convergencia en el CSE (1996).

15. Esta imagen fue utilizada por Diego Bautista Urbaneja en una exposición que hiciera de las tendencias políticas en marcha en Venezuela, en el Centro Gumilla, en enero de 1996. Llamaba acertadamente la tendencia de “la Venezuela profunda” haciendo una analogía con otros fenómenos políticos en América Latina; el más conocido, el de los zapatistas de Chiapas en México.

16. Esta situación cambió con la Constitución de 1999, que otorgó el derecho al voto a los militares activos. Sin embargo, no pueden militar en partidos, optar a cargos de elección popular, participar en propaganda política o hacer proselitismo político.

17. Estos documentos me fueron proporcionados por Maigualida Barrera en 1996 como documentos oficiales del MBR-200. A ella mi agradecimiento. Muchos no tienen ni lugar ni fecha, pero de su contenido se desprende que son todos de ese año y siguen una secuencia.

18. Datos tomados de: MBR-200, “I Asamblea Nacional Pro Constituyente Popular”, celebrada entre el 9 y 10 de septiembre de 1995, 18 pp.

19. Este artículo está basado en la ponencia: “Partidos de vocación popular en la recomposición del sistema político venezolano: fortalezas y debilidades” (Margarita López Maya), presentado en el XXIII Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Washington, septiembre, 6-8, 2001.

20. En las elecciones de julio de 2000 obtuvieron predominio en diez alcaldías y dos gobernaciones.

21. La llamada Guerra Federal se dio entre 1859 y 1863 y ha sido considerada como una guerra social con la cual sectores populares reclamaron el cumplimiento de las promesas de igualdad y libertad que el establecimiento de la república no había satisfecho. Entre los caudillos principales del bando federalista figuró el general Ezequiel Zamora, y la canción a que hizo referencia Chávez es un famoso canto de la época en contra de la oligarquía: “El cielo encapotado anuncia tempestad/ ¡Oligarcas, temblad! ¡Viva la libertad!”

22. Este capítulo está basado en “Triunfos en tiempo de transición. Actores de vocación popular en las elecciones venezolanas de 1998” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Cuestiones Políticas, N° 22, enero-junio de 1999, pp. 107-132. Otra versión en: América Latina Hoy, N° 21, Salamanca, abril de 1999, pp. 41-50.

23. Un resumen de los principales avatares de la crisis bancaria del primer año del gobierno de Caldera y de sus programas económicos hasta la Agenda Venezuela puede verse en Gran Enciclopedia de Venezuela, Caracas, Editorial Globe 1998, vol. IV, pp. 285-325.

24. Al finalizar el año 1998, el BCV calculó la inflación en 29,9%, es decir, 20,5% más baja que el año anterior; las reservas internacionales cerraron en $14.853 millones y el dólar se cotizaba a Bs. 565. El BCV reconoció que todos estos indicadores eran mejores a “las expectativas que se trazaron para el año” (El Universal, 2-1-1999: 2-4).

25. Los vínculos entre ambas organizaciones datan de antes de la insurrección militar del 4 de febrero. Luego de esa intentona se distanciaron por diferencias en torno a la misma. Esta coyuntura electoral los volvió a juntar.

26. Hubo interpretaciones encontradas alrededor del artículo 151 de la ley, por cuanto este expresaba que para sustituir una postulación hacía falta la renuncia, muerte o una declaración de incapacidad del candidato, nada de lo cual ocurría en este caso. Miembros del CNE y consultores jurídicos de ese organismo, días antes habían declarado la imposibilidad de la transferencia de los votos, si Alfaro no renunciaba (v. El Nacional, 18 al 29 de noviembre de 1998).

27. Este capítulo está basado en “Elecciones de 2000. Implantación de una nueva hegemonía en Venezuela” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe, Flacso, Nº 4, 2001, pp. 9-17; y “Quince meses de gobierno chavista ¿Avanza un proyecto popular?” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Cuestiones Políticas, Nº 24, 2000, pp.11-36.

28. (v. nota 3 del capítulo 8).

29. En octubre de 2001, a raíz de una confrontación con el ministro Luis Miquilena, el presidente Chávez y el alcalde mayor protagonizaron un enfrentamiento verbal dando comienzo a lo que será una separación definitiva del alcalde de la coalición de gobierno.

30. Para la conformación parlamentaria electa en noviembre de 1998, veáse el capítulo previo.

31. En lo que sigue se manejan las cifras del CNE tomadas de Internet el 06-01-2001 ([www.cne.gob.ve]).

32. Este capítulo está basado en “La lucha por el poder en Venezuela entre 2001 y 2004: actores y estrategias” (Margarita López Maya). Ponencia presentada en la Reunión del Grupo de Trabajo “Historia Reciente” de Clacso (agosto, 10-11, 2004), Montevideo, Uruguay.

33. Los canales privados de televisión transmitieron los mensajes bajo la figura de “donación”. Recientemente el Estado exigió el pago de los tributos que estos medios adeudan por este concepto y que alcanzan los Bs. 6,1 millardos, cerca de $ 3 millones (SENIAT en Últimas Noticias, 20-3-04).

34. Este capítulo está basado en: “Geografía electoral en una Venezuela polarizada” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Observatorio Social de América Latina, Nº 14, 2004, pp. 15-26.

35. El recuento de este proceso se ha construido a partir de data hemerográfica de distinta procedencia, que se ha contrastado entre sí para garantizar la mayor objetividad, así como por notas nuestras tomadas en esos días de noticieros y transmisiones televisivas.

36. Basado en“Alcaldías de izquierda: las gestiones locales de LCR entre 1989 y 1996” (Margarita López Maya), Cuadernos del CENDES, N° 39, septiembre-diciembre, 1998, pp. 163-194.

37. Según la OCEI, la población del AMC en 1990 alcanzaba los 3.061.699 habitantes (Fundación Polar, 1998).

38. Los porcentajes son cálculos propios.

39. El trabajo político en Caracas fue abandonado por LCR después de la muerte de Maneiro y la separación del movimiento Pro-Catia en 1983.

40. La documentación oficial revisada comprende extractos de las memoria y cuenta de la alcaldía durante sus seis años de gestión y un conjunto de publicaciones municipales con propósitos de difusión, incluidas algunas ponencias presentadas por el alcalde Scotto en foros nacionales.

41. Múltiples fueron las dificultades para acceder a información completa sobre este aspecto de las gestiones estudiadas. Solo dos Memorias y Cuentas del municipio Libertador (1993 y 1994) reposan en la Biblioteca del Concejo Municipal. Dado lo conflictiva que resultó ser la transmisión de mando al nuevo equipo municipal en 1996, no se cumplieron los pasos institucionales de presentación y entrega de la memoria del último año de la gestión de Istúriz. Luego de algunos sondeos logramos saber que la Memoria existía y una copia era conservada por el alcalde mismo. Cerrando este estudio, Istúriz nos la proporcionó. Nuestro agradecimiento por ello. Por otra parte, nuestro agradecimiento a Itsia Vanegas, de la Alcaldía del Caroní, quien nos proporcionó copias de la Memoria y Cuenta de 1992 y 1996 de esa alcaldía y los cuadros de ingresos, recaudación y gastos entre 1993 y 1995 elaborados por la Oficina de Programación y Presupuesto de esa alcaldía.

42. Los llamados ingresos propios resultan de restarle al total recaudado lo aportado por el Situado Municipal y/o cualquier otro aporte especial del Gobierno nacional o regional. El Situado Municipal es un derecho que tiene todo municipio a recibir del presupuesto nacional una asignación de recursos y está normado por unos criterios contenidos en la LORM.

43. La baja considerable en la recaudación del IPIC en 1989 se dio en prácticamente todos los municipios del país, pues se debió a factores ajenos al gobierno local, como lo fue la implementación del programa de ajustes macroeconómicos de Pérez, que produjo una retracción severa de la demanda y disparó la inflación (Ángel Mouchet, s/f).

44. Aunque resulta difícil determinar con justo criterio cuánto debe ser la relación porcentual entre reparos e IPIC, Ángel Mouchet, especialista en la materia, calcula para Venezuela, dependiendo del municipio en cuestión, entre el 5% y el 10%. Estos porcentajes están por debajo en los diversos años (Mouchet, entrevista, 1998).

45. Este capítulo está basado en Quince meses de gobierno chavista ¿Avanza un proyecto popular? (Margarita López Maya y Luis E. Lander), “Cuestiones Políticas”, Nº 24, julio-diciembre 2000, pp. 11-36.

46. Basado en “Democracia participativa en Venezuela: filosofía y realizaciones” (Margarita López Maya), Le Monde Diplomatique, mayo 2005; y “Notas para el debate sobre las políticas sociales en la experiencia venezolana reciente” (Margarita López Maya), presentación en el Seminario-Taller: Desafíos y alternativas de cambio social en Uruguay y América Latina, el papel del sindicalismo (Instituto Cuesta Duarte y Clacso), agosto, 2005, Montevideo.

© Margarita López Maya, 2006
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Primera edición digital: junio de 2016

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ISBN Digital: 978-84-16687-70-1
ISBN Impreso: 980–354–180–3

Diseño de colección
Ulises Milla Lacurcia

Corrección ortotipográfica
Samuel González

Conversión a formato digital
Sara Núñez Casanova