Cosas de familia

Lo único cierto es que la muerte de Nazario Moreno
constituye, si es posible decirlo, una verdad mediática.

ERNESTO VILLANUEVA, coordinador
del Área de Derecho de la Información del Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Con formalidad, cierta mañana de mediados de febrero de 2012 “la empresa”¹ citó a don Luis² a una “mediación”. Aquel día, a la entrada de su huerta aguacatera de Charo se detuvo un par de camionetas pick up de doble cabina con hombres armados con pistolas y fusiles AK-47. El emisario, un “joven bien presentado”, descendió y, dirigiéndose a él “muy correcto, sin insultos ni amenazas”, se identificó: “Soy ‘caballero templario’ ”. Le hizo breves preguntas sobre la posesión del predio; en tono perentorio pero cordial lo puso al tanto de la diligencia para la que estaba siendo requerido, precisándole fecha y hora del citatorio, y se despidió, todo con naturalidad ejecutiva. Don Luis no sintió miedo. “Ya había ido a una antes, sabía que era un mero trámite, porque además el del problema no era yo”, recuerda.

A la semana siguiente, al mediodía, dentro de la misma huerta tuvo lugar la “mediación”. Ahí estuvieron don Luis, el emisario que había acudido para citarlo y un acompañante. Estos dos últimos, que iban vestidos con ropa formal y sin armas, se presentaron pomposamente como “el subjefe” y “el jefe”. “Nosotros nos dedicamos a hacer justicia con precisión, a eso nos dedicamos, no abusamos absolutamente de nadie”, dijo con énfasis uno de los “caballeros templarios” a manera de tranquilizadora introducción. “Nada más queremos una aclaración, porque no nos podemos quedar con la historia de los licenciados, queremos oír la otra versión, a la otra parte, queremos oírlos a ustedes para poder hacer justicia”.

Sucede que “la empresa” intervino a petición de un quejoso que había acudido a ella, a través de sus abogados, pidiéndole que le administrara la justicia que, según él, los tribunales legales le habían negado al cabo de un largo y burocrático proceso judicial. El quejoso aducía ser legítimo dueño de aquella productiva huerta aguacatera de 40 hectáreas. Documentos oficiales en mano, el propietario original demostró a Los Caballeros Templarios que el quejoso mentía y por eso perdió ante los tribunales, pues si bien le entregó un anticipo, se negó a pagar el resto y más tarde abandonó la finca.

Los emisarios de “la empresa” se dieron por satisfechos. “En cuanto a ustedes, damos por terminado el asunto”. Repitieron que ahora sabían qué hacer. Que encontrarían al quejoso, aunque se negaba a hablar con ellos directamente; mandaba a sus abogados. Y antes de despedirse, se pusieron a sus órdenes. “Cuídense mucho. Si tienen algún problema pueden llamarnos a este número o preguntar por nosotros en las tienditas de por acá, ahí nos contactan”.

Con don Luis fueron obsequiosos. “Usted no tenga pendiente, dedíquese a trabajar, gente como usted es lo que queremos, gente que dé trabajo; usted está haciendo muy bien creando empleos aquí, no se preocupe, y si quiere hacer más, con toda confianza puede hacer más”. Algo más relajado, don Luis les hizo saber que en Tacámbaro y Ario de Rosales estaba en regla con Los Templarios, “estamos pagando con puntualidad las cuotas”. “Lo sabemos”, respondieron ellos para enseguida marcharse, en todo momento bajo la mirada de los hombres armados que los aguardaban a unos metros, a bordo de las enormes pick up.

Don Luis no es ingenuo. Ignora cómo acabó el asunto con el hombre que reclamaba injustamente la propiedad de su finca aguacatera, pero conoce que para Los Caballeros Templarios “hacer justicia” habitualmente significa extorsionar, despojar y hasta secuestrar o matar a cualquier persona. “Si las cosas no hubieran estado claras con mi huerta y el señor que me la vendió no hubiera tenido todos los papeles, nos hubieran ‘sentenciado’ a pagarla, se habrían quedado con el dinero y luego quizás habrían traído a un notario público para que les cediéramos los derechos y la escrituráramos a su nombre; habrían ido luego con el quejoso para cobrarle también a él y probablemente entregarle la posesión, solo la posesión de la huerta. Sus ‘sentencias’ son inapelables. Si alguien no cumple o los denuncia a las autoridades, incluido el notario público, lo matan”. Algo semejante ocurrió, ilustra, con el notario público y periodista Enrique Villicaña Palomares,³ “un hombre muy decente”.

A propósito de la cooptación de notarios públicos que hacen Los Caballeros Templarios, un asesor de seguridad pública del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán, asentado en Morelia, evoca también a Villicaña Palomares: con base en tarjetas de investigación oficiales, refiere que un acreedor había recurrido a Rafael Cedeño Hernández⁴ para que “le hiciera justicia” ayudándole a recuperar casi 11 millones de pesos, frustrado después de tres años de un proceso judicial cuyo futuro se antojaba infinito. A los pocos días, de acuerdo con esta misma versión, aquél citó a las partes en las oficinas en Morelia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, del Partido Revolucionario Institucional, para una “mediación” cuya rudeza nada tuvo que ver con el trato recibido por don Luis. El “mediador” se sentó frente al deudor, colocó su arma sobre un escritorio y con laconismo le advirtió: “Vengo a platicar”. El hombre, apabullado, no osó negar la deuda, pero sí tener para pagarla. Como un fiscal que exhibe prueba documental al juez, Cedeño Hernández le mostró un listado de sus bienes: autos, inmuebles y fondos en el banco, así como estados de cuenta de sus gastos recientes en centros comerciales. El deudor cambió de estrategia: de acuerdo, tenía propiedades suficientes para pagar, pero “deme chance de venderlas”. Cedeño Hernández le respondió que no se preocupara por vender, “usted va a ceder los derechos sobre todas estas propiedades”.

La Familia Michoacana protocolizó ante notario público la transferencia de los bienes; cobró al deudor, además, una multa equivalente al 30% de la deuda, y una comisión al acreedor por igual monto; se quedó con los bienes sobrantes —una vez descontado el total de la deuda menos la comisión—. Dos años después secuestró y mató al notario que había legalizado el despojo: Villicaña Palomares, cuando ya el propio Cedeño Hernández estaba en prisión, bajo proceso.

En Michoacán, es habitual escuchar en pueblos y aun ciudades, como Morelia, Uruapan, Apatzingán o Lázaro Cárdenas, que las personas ensalcen la “justicia” de Los Caballeros Templarios, convencidas de que es buena, eficiente y necesaria, o al menos de que “es peor a nada” —donde “nada” significa la ineptitud, el burocratismo y la corrupción de las instituciones públicas estatales y federales—. El semanario británico The Observer cita a un hombre que participaba en una caravana de Uruapan al Distrito Federal, en 2009, para protestar contra la detención del alcalde de aquel municipio, que la Procuraduría General de la República señalaba como cómplice de La Familia Michoacana —y que sería absuelto—: “Estoy aquí porque ellos me dijeron que viniera […] Sé que… [los de La Familia Michoacana] están realmente locos… que a veces pueden estar realmente enfermos, pero son la única gente en mi ciudad que pueden ayudarte a salir si te metes en problemas, es por eso que me les uní”.⁵

Un productor y empacador aguacatero de Tacámbaro recuerda que justo uno de los primeros servicios que ofreció La Familia Michoacana en la Tierra Caliente, hacia principios de 2006, poco antes de irrumpir en los medios, fue el de “hacer cobros difíciles”, como arranque de su pretendida cruzada justiciera. “Yo les di a cobrar entonces, me acuerdo, una deuda de 120 000 pesos, de gente que debe y a la que no se le puede cobrar, de personas con las que uno hace negocios y no pagan, y aunque cobraron, lo único que me dieron fueron 30 000 pesos; habían prometido recuperar la deuda a cambio de una comisión del 30%, pero al final se quedaron con casi todo mi dinero, y así ha sido con mucha gente de los alrededores. Sé que cobraron la deuda, porque luego me encararon los deudores, me reprocharon que ésa no era forma, y yo les dije: ‘Sí, ésa no es forma, pero no quieres por ningún modo, ya tienes años con esa deuda y no respondes’. Estoy seguro, cobraron y se quedaron con casi todo el dinero”.

Tales métodos criminales han permitido a Los Caballeros Templarios una potente capacidad de expansión, de suerte que, según fuentes citadas por William Finnegan, de The New Yorker, en Michoacán, estado del país epicentro de las actividades ilegales de dicha organización, “el ochenta y cinco por ciento de los negocios legítimos participan de alguna manera con La Familia”.⁶

Esto ha sido factible, en gran medida, porque funcionan bajo una estructura vertical y compartimentada, con representaciones a lo largo del país y cuando menos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y China. Poseen liderazgos claros y carismáticos, alianzas estratégicas con otros grupos delincuenciales y con políticos y funcionarios municipales, estatales y federales, métodos que van de la mediación a la acción directa y el control territorial, y sobre todo “divisiones” de negocios especializadas en:

– Venta al menudeo, producción e importación y exportación de drogas —marihuana, cocaína, heroína y mentanfetaminas.

– Tráfico de seres humanos.

– Extorsión, soborno y cobro de derecho de peaje a comerciantes, prestadores de servicios, industriales, funcionarios públicos y políticos.

– Compraventa de armamento.

– Producción y venta de piratería: películas, música, paquetería informática y videojuegos.

– Robo y venta de gasolina.

– Venta de protección a talabosques y traficantes de maderas.

– Asesinato por cuenta de terceros.

– Administración de innumerables empresas legales “expropiadas” o compradas a través de prestanombres, incluidas las dedicadas a la extracción y venta de minerales de exportación, y la producción y empacado de aguacates.

– Lavado de dinero.

Todos estos rubros, que son virtualmente su “objeto social”, se hallan integrados en economías de escala.

Georges W. Grayson, del Center for Strategic and International Studies, al reconstruir documentalmente esta urdimbre de negocios subterráneos, apunta que los miembros de esta organización en ocasiones “visten uniformes, portan armas y conducen vehículos semejantes a los de la Policía Federal”, lo cual “les permite mayor libertad de movimiento en sus zonas de acción”, aparte de que sus líderes “han diseñado sus propios uniformes para establecer su identidad y distinguir a sus miembros de los adversarios”.⁷ Un experimentado reportero policial asentado en Morelia⁸ asegura que en caminos rurales michoacanos ha visto circulando camionetas rotuladas con el nombre de la organización, incluida la que conducía Servando González Martínez, el líder más visible de Los Caballeros Templarios.

Una tarjeta informativa de la DEA, agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos, precisa que de acuerdo con sus fuentes de inteligencia, “los miembros de La Familia deben completar un entrenamiento de campo, de tres a seis meses, en Michoacán, dirigido por ex integrantes de fuerzas especiales colombianas o mexicanas” y que, en efecto, tal organización “utiliza equipo, armamento y uniformes similares a los de la Agencia Federal de Investigación, por lo cual puede operar sin ser detectada en ciudades y carreteras”.⁹

Pero independientemente de sus cientos de soldados y mandos medios, Los Caballeros Templarios disponen de colaboradores con perfil ejecutivo, como aquellos que protagonizaron la “mediación” a la que acudió don Luis y que conducen las negociaciones extorsivas, así como de un puñado de los de alto perfil ejecutivo, como sería Zhenli Ye Gon, de acuerdo con el proceso judicial que se le instruye desde 2007, bajo el expediente 07-181, en la corte de distrito de Estados Unidos, en el distrito de Columbia.

Al menos 40 testimonios recogidos para este trabajo entre víctimas, funcionarios de seguridad pública y policías municipales, estatales y federales, oficiales militares, agentes y directivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, legisladores, académicos, activistas sociales y periodistas, así como un puñado de miembros jóvenes de Los Caballeros Templarios, en Morelia, Pátzcuaro, Nueva Italia, Tacámbaro, Uruapan, Ario de Rosales, Apatzingán, el puerto de Lázaro Cárdenas, Aguililla y la sierra de Tumbiscatío, lo mismo que Guadalajara y la ciudad de México, permiten asomarse a la diversidad de modalidades y la avidez extorsiva que hacen de este “sindicato criminal” —como lo denomina Grayson— el más conspicuo en materia de exacción masiva e impune contra la ciudadanía.

Una noche invernal de enero de 2012, en su mesa inmersa en la penumbra, entre las columnas barrocas del restaurante del hotel de la Soledad, joya arquitectónica colonial del Centro Histórico de Morelia, un empresario con cierto liderazgo local¹⁰ se lamenta del robo de combustible y de las extorsiones contra las estaciones de servicio concesionadas de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Cuando baja la presión de los ductos, trabajadores de Pemex avisan a los delincuentes, que entonces colocan válvulas y extraen la gasolina para luego venderla, con su consentimiento o por la fuerza, a transportistas. Hoy, tanto Los Caballeros Templarios como Los Zetas actúan de esa manera, y lo más grave es que en lugares como Reynosa [Tamaulipas], Monterrey [Nuevo León] y varias ciudades en Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Michoacán, nos obligan a los gasolineros a venderla. También secuestran las pipas grandes de Pemex y obligan a los distribuidores de mayoreo a comprárselas con el 30% de descuento, sabiendo que Pemex les hace un descuento de sólo cinco o seis por ciento.”

Así, de tanto en tanto, distribuidores y gasolineros reciben de manos de representantes ejecutivos de esos grupos delincuenciales los vehículos robados, cargados de combustible, con órdenes que difícilmente alguien desacataría: “Al entregarte la pipa nomás te dicen, ‘me la vas a comprar; te la bajo a tanques y vengo en cuatro, cinco días a cobrar en efectivo’ ”, dice el empresario. “Si te niegas, te hacen venderles la estación de servicio o la distribuidora completa, poniendo ellos el notario público que legalizará la transacción. Si los denuncias o no les vendes tu negocio, te matan a ti, a tu familia o a tu gerente”.

Una vez que el gasolinero o distribuidor entra a este círculo criminal, de forma automática queda expuesto, además, a por lo menos dos frentes extorsivos: 1) “Los Caballeros Templarios te cobran ‘impuestos’; cada mes tienes que pagarles en efectivo con toda puntualidad, o tú sabes las consecuencias, te secuestran a ti, a tu familia o a tus gerentes”, y 2) “Como Pemex y la Secretaría de Hacienda saben al minuto tus operaciones de compraventa del combustible, terminan dándose cuenta de que estás comprando y vendiendo robado, y así es como te llega la Policía Federal o el ejército. Ellos te entregan al Ministerio Público de la Federación y como es difícil, casi imposible, demostrar la amenaza y la extorsión, quedas en la indefensión y el ministerio público federal te pide uno o dos millones de pesos por dejarte ir. Y ha habido casos en los que policías federales o militares le piden dinero a un compañero para no entregarlo al ministerio público”.

El empresario dice que por ahora no hay manera de eludir esto. Para protegerse, él y su familia, añade, siguen un protocolo de seguridad, con custodia personal, cambio de rutinas y uso de vehículos blindados. Pero como sea, de que paga extorsión a Los Caballeros Templarios la paga, lo mismo que el resto de sus colegas expoliados. “Diez mil pesos mensuales pago por cada estación de servicio, puntualmente”, confiesa atribulado.

Otro gremio sometido a extorsión sistematizada, extensiva y de mayor especialización es el que conforman los miles de productores, empacadores y exportadores de aguacate, el “oro verde”, producto insignia michoacano en el mercado global.

México es el principal productor de aguacate en el mundo, aportándole más de la tercera parte de la producción, lo que equivale a 782 000 toneladas anuales, de las cuales unas 670 000 son cultivadas en la “franja aguacatera” de Michoacán. Ésta abarca principalmente 21 municipios esparcidos entre valles y montañas, desde la región Lerma-Chapala hasta la de Tierra Caliente, a través de la meseta purépecha y la zona de Tepalcatepec. Puesto que genera más de 750 millones de pesos, la economía regional está atada a dicha agroindustria, que exporta a 26 países de América, Europa y Asia.

En aquellos municipios michoacanos hay cerca de 10 000 productores, quienes en sus huertas, que abarcan 78 487 hectáreas, llegan a emplear durante el año a más de 100 000 trabajadores. Gran parte de su producción desemboca en decenas de empacadoras, algunas altamente tecnificadas, que a su vez la colocan en los mercados de México y el mundo.¹¹ Los Caballeros Templarios no pierden la bola. Asesorados por expertos, fiscalizan quisquillosa y creativamente tan frenética actividad económica en sus etapas de siembra, cosecha, selección, transporte, empacado, distribución nacional y exportación, tomando para sí, por vía de extorsión, una cantidad considerable de las ganancias. Eventualmente, como ocurre con los gasolineros, si un productor o empacador se opone, lo despojan de sus huertas y empacadoras mediante notario público.

Aproximemos la lente al parásito.¹²

Entre 2005 y los primeros meses de 2006, a medio sexenio del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, los productores y empacadores de la franja aguacatera de Michoacán padecieron robos de mercancía y vehículos tan inéditos como impunes, especialmente en el trayecto por carretera hacia el centro del país. “En dos meses me robaron en la vía Ixtlahuaca-Atlacomulco [Estado de México] dos camiones Torton y un tráiler cargados, que iban a la ciudad de México y a Puebla.”

Mediante sus asociaciones gremiales, acudieron a diversas autoridades estatales y federales, aunque el auxilio les vino de otra parte. Hacía meses veían surgir “grupos armados” que actuaban cada vez de forma más abierta, en connivencia con autoridades de todo tipo, expulsando de ciudades y pueblos a delincuentes comunes y asesinando a quienes ellos consideraban, arbitrariamente, que eran ladrones, secuestradores u homicidas. “Sabíamos que andaban exterminando a la lacra y fue así que se ganaron nuestra confianza, la confianza del pueblo; estaban haciendo lo que no hacían las autoridades. Todos nos vimos beneficiados en el aspecto de que se exterminó casi por completo a los malandros, como por arte de magia se les eliminó.”

Cuando, hipotéticamente, acabaron con “la lacra”, esos mismos grupos armados se revelaron como lo que eran: traficantes de drogas. “Entonces dijimos: ‘Su finalidad son las drogas, no se meten con nosotros, estamos en santa paz con ellos’”. Funcionarios estatales y federales reforzaron esta idea; dijeron a los productores que dichos grupos eran filiales del cártel del Golfo y Los Zetas, así como del cártel del Milenio, pero que no los molestarían, que lo suyo era el narcotráfico. Estos delincuentes recorrían los caminos de la Tierra Caliente y la región de Tepalcatepec armados, a bordo de camionetas lujosas sin placas, transportando y vendiendo droga, persiguiendo y matando a supuestos adversarios, y ocasionalmente tomándose un descanso en propiedades de los alrededores de las plazas públicas.

A mediados de 2006, sin embargo, la violencia criminal repuntó de forma súbita, con profusión de tiroteos, secuestros y crueles asesinatos aun en los sitios con mayor concurrencia pública. En apariencia, otro grupo criminal recién llegado estaba poniendo en fuga o asesinando a aquellos grupos que la comunidad veía ya con naturalidad y consideraba salvadores de las garras de la delincuencia común. “Muchos de nosotros seguimos pensando que no había problema, que al igual que los primeros grupos armados que llegaron y que ahora eran los perseguidos, este nuevo grupo estaba limpiando la escoria del pueblo.”

Lo que estos condescendientes aguacateros presenciaban era la irrupción de La Familia Michoacana como grupo hegemónico, con sus formas peculiares de hacerse del control territorial y económico de la región, y cuya emergencia pública con tal denominación tuvo lugar en Uruapan, en septiembre de 2006. “Algunos compañeros hablamos con los alcaldes, pero ellos no hacían nada, decían que no tenían por qué meterse, que los delincuentes venían a su asunto, el tráfico de drogas, y que nosotros nos dedicáramos a trabajar.”

Merced a la complicidad gubernamental y la condescendencia de la comunidad, hacia finales de aquel año especialmente convulso, La Familia se había establecido en la vida de los michoacanos. Y en 2007, consolidado su predominio entre las organizaciones delincuenciales dedicadas a las drogas y otros tráficos ilegales a través de Michoacán y regiones completas de los estados aledaños, posó su codiciosa mano sobre los gremios empresariales, entre ellos los productores y empacadores de aguacate. “En junio nos citaron a todos los empaques¹³ del pueblo a una reunión en un restaurante que ya desapareció, que estaba en la casa de doña Lili, a una calle de la plaza, aquí en Tacámbaro. Llegamos unos diez, doce empaques y ante nosotros se presentó un tipo que dijo ser ‘Noel, el Gorras, jefe de la región’; él había sido un empacador de aguacate muy fuerte en Ario de Rosales”.¹⁴

Los productores y empacadores de las cuatro regiones que cruzan la franja aguacatera fueron citados de manera semejante a partir de esa época, y según refieren varios de ellos, no dudaron en asistir, pues semanas antes La Familia Michoacana había estado acudiendo a las huertas y empacadoras para retener un par de horas a propietarios o administradores. “Aquí en la oficina, cuando llegaron, mi jefe de empaque, que no sabía quiénes eran, les preguntó qué se les ofrecía, y ellos lo tomaron como agresión; lo agarraron con violencia y se lo llevaron con ‘el jefe’, el mismo que se presentó ante nosotros en la primera reunión que tuvimos los de Tacámbaro, en junio [2007]. ‘El jefe’ le explicó que lo único que querían era nuestro apoyo y después lo regresaron a la oficina.”

Para aquella primera reunión de Tacámbaro el intermediario fue el entonces presidente municipal Valentín Rodríguez, empresario aguacatero y político que presidiría posteriores reuniones acompañando a Nazario Moreno González, el carismático fundador de La Familia Michoacana. Fue él quien introdujo brevemente la sesión, dejando enseguida la palabra a Noel, el “jefe de la región”. Dentro y fuera del restaurante se estableció un dispositivo de seguridad, con hombres de uniforme aferrados a sus fusiles AK-47. El personero de La Familia se presentó: “Me llamo Noel, me dicen el Gorras, soy el jefe de toda la región [de Tierra Caliente]”. Y enseguida los enteró: “Ustedes han visto que les hemos dado últimamente seguridad y ya no hay robo de aguacates; estamos detrás de esta gente que roba, aparte de que no pueden ya andar muchachillos con música alta en la noche y tomando. Ustedes ven que estamos haciendo el trabajo que las autoridades no hacen y queremos que nos apoyen”. Les preguntó asimismo sobre sus necesidades de protección y si identificaban alguna amenaza que ellos pudieran atacar.

Casi al final de las dos horas y media que tomó el encuentro, “el jefe de la región” llegó al asunto: “A cambio de la protección que les brindamos, necesitamos su apoyo”; por lo pronto, “vamos a dejar a cada uno de ustedes vehículos que usarán para sus necesidades de transporte” por una renta semanal de 5 000 pesos cada uno. Eran camionetas pick up usadas, algunas de ellas cacharrientas, de producción estadounidense, sin placas y probablemente robadas. La mayoría de los aguacateros de la región no las usó, devolviéndolas al cabo de los meses, aunque asumiendo que de cualquier forma debía ser pagada la renta semanal.

Sin otras opciones y sin quejas, los aguacateros aceptaron las condiciones impuestas. “Y así empezaron las extorsiones”, resume un empacador de Tacámbaro, como quien pasa la última página de un triste cuento infantil.

Seis años después, Los Caballeros Templarios —derivación de La Familia Michoacana, surgidos en 2011— no sólo les cobran “renta fija” a los miles de empresarios aguacateros michoacanos —al igual que al resto de los gremios de productores, comerciantes y prestadores de servicios, pequeños, medianos y grandes—, los obligan a comprar boletos de 30 000 a 50 000 pesos para rifas de casas, negocios y automóviles provenientes de sus despojos y cuyos ganadores no siempre reciben sus premios. “Llegan y te ponen el boleto, o los boletos, porque dependiendo de la persona es la pedrada; ‘ten dos para ti, uno para ti, cuatro para este’.” También les imponen el pago de derecho de peaje para permitirles sacar la producción de Michoacán, así como “pagos extraordinarios, por ejemplo, en la época de aguinaldos; son golpes muy fuertes de dinero”. A quienes poseen huertas les cobran de 1 000 a 7 000 pesos por hectárea cosechada. Para pagar las “rentas” deben acudir a restaurantes o estacionamientos de centros comerciales de Morelia, Uruapan o Apatzingán, o depositar a cuentas bancarias —“de Banamex o Bancomer”— cuyos números cambian según se renuevan los liderazgos locales o regionales. Los tienen controlados por regiones y catalogados para fijarles el monto a pagar, entre “chiquitos”, “medianos” y “grandes”, en virtud de que obtienen sus datos del padrón de las juntas locales de sanidad vegetal.

No existe un registro oficial que permita constatarlo, pero muchos productores y empacadores afirman haber atestiguado en diversos momentos el despojo sufrido por colegas que se negaron o no pudieron pagar. Como también se sabe que ocurre con la minería, en la agroindustria aguacatera Los Templarios han ido apoderándose de huertas y empacadoras, “a la brava, ocupándolas directamente o trayendo a sus notarios para que se les transfiera la propiedad”. En este caso, los “templarios” que poseen huertas sacan ventaja de la competencia en sus regiones al obligarla a cortar cada floración hasta que ellos terminen con la suya, logrando de este modo que sea su producción la primera en salir hacia las empacadoras.

Una de las mayores preocupaciones de este castigado gremio —hacia mediados de 2012— era la versión de que estaban comenzando a cobrar ya no por hectárea, sino ¡por kilo! “Sé que en Uruapan ya les están cobrando a unos compañeros 10 y a otros 20 centavos por kilo. ¿Cómo calculan? Verificando cada camión que sale cargado. El conductor debe llevar un vale para que le permitan salir de la ciudad. De ese modo controlan que pagó la extorsión. Cuando cobran por hectárea para nosotros es más fácil absorber el costo financiero de la extorsión, pero si a cada kilo tendremos que cargarle ese costo, ellos van a ganar más y para nosotros va a ser más difícil.”

Nazario Moreno González, nacido en 1970, en Apatzingán, es el hombre al que el gobierno federal atribuye la fundación y el mayor liderazgo —con José de Jesús Méndez Vargas¹⁵— de La Familia Michoacana. El gran cerebro de este organismo parasitario, que producía —o tal vez aún produce— sus maquinaciones en reductos perdidos entre montañas y hondonadas, desde las estribaciones de la Sierra Madre del Sur hasta los cálidos valles de Tepalcatepec.

A finales de mayo de 2009, en el clímax de la épica antidrogas calderonista, se le dibujaba ya como un fanático líder espiritual benevolente con sus huestes, ya como el más violento y cruel jefe criminal de una banda, La Familia Michoacana, clasificada como “el cártel más peligroso”,¹⁶ cuyos métodos provendrían de su relación originaria con el cártel del Golfo. Hacia octubre del mismo año la DEA reforzaba esta reputación al calificar a su organización como “extremadamente violenta”¹⁷ —en tanto que a Moreno González mismo el OCDETF,¹⁸ principal programa multiagencias del gobierno de Estados Unidos contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero asociado a éste, lo había clasificado como CPOT.¹⁹

En diciembre de 2010, sin embargo, todo terminó súbitamente, según la propaganda oficial del gobierno mexicano, avalado por la DEA: en supuestos hechos cuasiheroicos, exaltados a coro por la generalidad de los conductores de noticias de medios electrónicos, las fuerzas federales —armadas y policiales— habrían matado a Nazario Moreno González, pretendiéndose además que esto equivalía a la eliminación virtual de su Familia Michoacana. Los días 10 y 11, Alejandro Poiré, entonces secretario técnico del Gabinete de Seguridad y vocero presidencial, dio la noticia al informar acerca de una acción federal de gran escala contra La Familia Michoacana en Apatzingán.

El sábado 11 en particular, durante una conferencia de prensa, el funcionario aportó detalles del “operativo en el municipio y zona serrana” —que había iniciado cuatro días antes, a causa de una de nuncia ciudadana sobre la presencia de hombres armados—, con la intervención por tierra y aire de tropas de la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina Armada. Hasta ese momento, precisó, habían muerto 11 personas —incluidos cinco policías federales y tres miembros de aquella organización delictiva— y “durante el repliegue y huida de los criminales, éstos han ido recogiendo a quienes han resultado heridos y presumiblemente fallecidos del propio grupo criminal”.

“Como señalamos el día de ayer —dijo al fin Poiré solemne y ambiguamente—, diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coinciden en señalar que el día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González […] principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal de La Familia Michoacana.”

Cuando al final el gobierno decía haber prevalecido sobre “la organización criminal”, el 14 de diciembre fue emitido el “COMUNICADO CONJUNTO SSP, PGR, SEGOB, SEDENA Y SEMAR”,²⁰ en el que tras reseñar las acciones policiaco-militares contra La Familia Michoacana, dichas instituciones reiteran básicamente lo anunciado por el vocero Poiré: “El pasado 9 de diciembre, diversos elementos de información obtenidos durante un operativo desplegado por elementos de la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México, coincidieron en señalar que cayó abatido Nazario Moreno González […] Sin duda, el golpe más severo que haya recibido esta organización en toda su historia criminal.”

Esa misma mañana, entrevistado por Carlos Puig en el noticiero Hoy por hoy de W Radio, el presidente Felipe Calderón confirmó lo que su vocero y las instituciones federales de seguridad habían informado: Moreno González murió abatido, lográndose un “golpe brutal” que ponía a La Familia Michoacana en trance de muerte.

Año y medio más tarde, a mediados de 2012, el diario digital La Silla Rota²¹ publicó fragmentos de Me dicen: El más loco, diario de un idealista, libro atribuido a Moreno González y patrocinado por el grupo criminal, cuyo capítulo final habría sido escrito por un panegirista anónimo que, combinando el estilo de parte militar y epopeya, aporta incidencias del enfrentamiento de diciembre de 2010 en Apatzingán.

Y confirma, básicamente, la versión oficial. “El Chayo [como se refiere a Moreno González] y su estado mayor se encontraban en la comunidad de Holanda […] siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, Chayo fue avisado por radio y otros medios de comunicación que se acercaban al lugar de la reunión más de una treintena de helicópteros artillados y listos para entrar en combate, por tierra más de 300 unidades de la PF con elementos armados hasta los dientes, con carrilleras repletas de tiros terciadas en los hombros, apoyados por elementos de la Marina y de otras corporaciones.”

Enseguida, transcribe La Silla Rota:

Aproximadamente a las cinco, empezaron los radios de diferentes frecuencias a repiquetear con desacostumbrada insistencia, algunos halcones [informantes] daban cuenta que los helicópteros desde el aire disparaban indiscriminadamente tenebrosas ráfagas de metralleta, bombardeando vehículos y chozas…

En ningún momento el Chayo titubeó; con voz firme decretó alerta máxima y ordenó tomar posiciones y entrar en combate en cuanto viéramos a los uniformados. Hubo un momento en que nuestro jefe quiso ordenar la retirada, pero al darse cuenta de los destrozos que hacían los helicópteros en contra de gente inocente se retiró del grupo unos diez metros durante un lapso de tres a cinco minutos y se puso a orar a solas, acto seguido tomó un puño de tierra, la besó y la esparció hacia los cuatro puntos cardinales…

Después se reunió con todos nosotros y, en un gesto de decisión temeraria hasta el delirio, gritó un alarido de guerra y muerte que retumbó en las montañas y que le salió de lo más profundo de su ser: ¡zafarrancho de combate!

Empuñando su Galil 308, con arrojo, Nazario Moreno iba “haciendo estragos en el enemigo… la batalla era impresionante… por la mañana del día 9, sin haber dormido en toda la noche nuestro comandante supremo y demás jefes de grupo decidieron enfrentar a los helicópteros y a la policía en plena ciudad de Apatzingán, registrándose los enfrentamientos más violentos y caóticos en la historia moderna de Michoacán”.

A las siete de la noche del 9 de diciembre lo peor había pasado, y “al hacer el recuento de nuestras bajas y pérdidas, descubrimos con inaudito dolor y angustia que Chayo había sido muerto por la metralla haciéndolo pedazos; muchos soltamos en llanto y nos cuadramos militarmente en señal de obediencia y respeto ante su cuerpo mutilado y ensangrentado. Murieron también 32 compañeros, entre instructores y algunos extranjeros que también mostraron sacrificio y valentía”.

El narrador anónimo precisa al final, según esta versión de La Silla Rota, que el cadáver de Nazario Moreno fue llevado con devoción a un “campamento secreto, en donde, de acuerdo con sus instrucciones, lo incineramos y lanzamos en porciones de cenizas a los cuatro puntos cardinales, tal y como nos había dicho muchas veces en pláticas que teníamos tomando café”.

No era la primera vez que los miembros de esa organización de origen michoacano validaba la versión del gobierno federal, y entre enero y marzo de 2011 anunció la disolución de La Familia Michoacana y el surgimiento de Los Caballeros Templarios. El último día de aquel marzo, Tomas M. Harrigan, administrador asistente y jefe de operaciones de la DEA, durante su declaración ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reveló, por cierto, que la “operación” que “resultó en la muerte del CPOT Nazario Moreno González”, “considerado el líder intelectual y espiritual de la organización”, y la consecuente liquidación de su Familia Michoacana, se “montó” “en conjunción con la Oficina de la DEA en la ciudad de México”.²²

“Lo que nos vendió el gobierno federal de que lo habían matado no es cierto, Nazario reapareció bien físicamente y con bríos”, afirma uno de los más prósperos aguacateros de Tacámbaro, víctima de la boyante y estable industria extorsiva de La Familia Michoacana/ Los Caballeros Templarios.

En las zonas lacustres de Pátzcuaro, meseta purépecha, Lerma- Chapala, Tierra Caliente, Tepalcatepec, serrana de Tumbiscatío y el puerto de Lázaro Cárdenas, las más castigadas por aquella industria, prevalece esta otra versión entre aguacateros, mineros y otros empresarios, miembros de la “empresa”²³ y funcionarios estatales y municipales, confirmada por un asesor de seguridad pública del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán.

Las reuniones habituales de Los Caballeros Templarios con empresarios y otros ciudadanos víctimas de extorsión, en las que reciben instrucciones y sermones, y son convidados a “compartir el pan” entre oraciones y discursos donde se entremezclan la intimidación y la arenga edificante no han cesado, según esa misma versión.

La acción policiaco-militar de diciembre de 2010 no sólo no ha alterado el funcionamiento impecable de esa organización proscrita, sino que en una de aquellas reuniones, la realizada a principios de marzo de 2011 en un caserío de Apatzingán contiguo a la comunidad de Holanda, con la asistencia de productores y empacadores de aguacate de Tierra Caliente y Charo, cuando Servando González Martínez —otro de los líderes carismáticos de “la empresa”— hacía de anfitrión, “apareció Nazario, arreglado como dandy”, haciendo vibrar de júbilo a las decenas de seguidores presentes.

La misma versión evoca que enseguida ambos personajes narraron, a dúo, su experiencia ante una audiencia perpleja: al mediodía del miércoles 8 de diciembre de 2010, mientras celebraban una reunión masiva con cierto tinte religioso —el presidente Calderón dijo a Puig, de W Radio, que había sido una fiesta— en la comunidad apatzinganense de Holanda, “Servando le dijo a Nazario: ‘Oiga, viejo, estaría bien que se fuera, ya van cuatro avioncitos que pasan y eso no me gusta’ ”.

Entonces sobrevino el ataque de las fuerzas federales. “‘Empieza la balacera, los helicópteros bajaban a tirar madrazos, una cosa fea’,nos narró Servando, y también que hubo decenas de muertos; que aunque los federales les mataron a muchos ‘elementos’, ‘nosotros también les dimos una buena arreglada’. Eran tantos los muertos, nos dijo, que ‘el olor no se soportaba a kilómetros’.”

En virtud de la devastación producida por las fuerzas federales, la tarde del día siguiente Moreno González decidió marcharse. Cuando se dirigía a su camioneta, Servando González Martínez le pidió que subiera a una vieja pick up Toyota, dejando que su chofer se fuera solo “para despistar al enemigo”, porque además, de acuerdo con quienes aportaron estos testimonios, “el chofer de toda la vida de Nazario era muy parecido a él físicamente”.

“Pues en fin, que Servando nos platicó que al ver pasar a toda velocidad la camioneta de Nazario, el ejército le aventó los pinches misiles y la hizo pedazos. Pero él iba en la Toyotita esa toda rascuacha, y en ella se salvó, saliendo por el lado de Guerrero.”

Cierto. Una parte del imaginario colectivo inmortaliza de muchas formas a héroes y antihéroes. Hay los convencidos, y no pocos, de que Carlos Salinas de Gortari es el responsable de las lacras de México y Andrés Manuel López Obrador el adalid que nació para combatirlas. “El chupacabras” ronda, igual que Amado Carrillo Fuentes, haciendo el mal. Pedro Infante y el Santo, el Enmascarado de Plata, viven. También Marilyn Monroe y Adolfo Hitler. Un ubicuo Joaquín Guzmán Loera ya se matrimonia en la sierra de Durango, ya transita por las mañanas en las calles del centro de Tlalpan, al sur de la ciudad de México, en una caravana de Hummers cuyos tripulantes lo custodian cuando deja a su hijo pequeño en la escuela primaria. Y el subcomandante insurgente Marcos es habitué del Sanborns del centro histórico de Coyoacán, también al sur de la ciudad de México, donde suele compartir al calor de una taza de café sus aventuras de la selva lacandona.

Esto tiene visos humorísticos y patéticos, como los tiene, a propósito, la historia del diario Reforma²⁴ acerca de que “en la región de Apatzingán” se venera ya al mismo Nazario Moreno González, “canonizado” como “san Nazario” o el Chayo en oraciones y altares bajo su advocación, remix del sinaloense Jesús Malverde.

Hay, sin embargo, aspectos a considerar en la versión del gobierno federal sobre la muerte del líder carismático de la organización originaria de Michoacán. No es claro por qué, habiendo sido decretada su disolución, La Familia Michoacana continúa actuando y reivindicando ataques a empresas y gobiernos, y estos últimos informando que la combaten en regiones de Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, el Estado de México, Morelos y la ciudad de México.²⁵ La versión que han difundido el gobierno y Los Caballeros Templarios es la de que La Familia Michoacana actual es la creada por José de Jesús Méndez Vargas después de su ruptura con los líderes herederos de Nazario Moreno González. Otra versión de empresarios aguacateros y miembros de “la empresa” dice que la ruptura fue posterior al operativo policiaco-militar de diciembre de 2010 y ocurrió entre Méndez Vargas y Moreno González, una vez que éste pudo retomar el liderazgo. Como sea, hay actos donde grupos criminales parecen utilizar de forma indistinta ambas denominaciones.

Por otra parte, entre los testimonios más vívidos que dan cuenta de la existencia de Nazario Moreno González se hallan los de prósperos empresarios de la Tierra Caliente y Tepalcatepec, y asesores de seguridad y oficiales de policía estatales y federales, muchos de ellos castigados por la extorsión impune, así como de miembros de Los Caballeros Templarios en Apatzingán. Y no sólo refieren apariciones del líder, reproducen detalles acerca de sus intervenciones en las reuniones periódicas y las conversaciones donde relata cómo habría sobrevivido.

Finalmente, las actividades criminales de Los Caballeros Templarios en México, Estados Unidos, China y otros países han ido extendiéndose y nada indica que hayan sufrido trastornos después de que el gobierno federal decretara la muerte de Nazario Moreno González, en diciembre de 2010. Como se ha visto, en particular su “división” dedicada a la extorsión funciona como nunca.

Lo anterior se antoja especulativo y quizá para alguien resulte hilarante, pero la disminuida credibilidad del gobierno federal no ayuda. ¿Debe necesariamente darse crédito a la versión de Felipe Calderón, su gobierno, la DEA y Los Caballeros Templarios, por encima de la de víctimas de Moreno González y su cruenta organización? ¿Por qué? ¿Por acto de fe?

No es posible, por ahora, saber quién miente y sus razones, pero en este caso hay fundamento para la duda razonable: las personas que en Michoacán sostienen con firmeza que Moreno González sobrevivió no están obligadas a probarlo. Al gobierno, en cambio, normas penales y civiles le imponen determinar la muerte de todo ciudadano y registrarla en el ámbito civil, así como clarificar las condiciones en las que aquélla sobrevino tratándose de homicidio, o al menos declararla por escrito, dando cuenta pormenorizada de las lesiones que la produjeron, mediante peritos calificados; si no lo hace, es dable presumir que esa persona vive; es decir, aquel que legalmente no ha muerto está legalmente vivo.

Debe subrayarse que en la acción policiaco-militar de gran escala contra La Familia Michoacana en Apatzingán (diciembre de 2010), durante la que habría sido abatido Nazario Moreno González, intervinieron —según el “COMUNICADO CONJUNTO SSP, PGR, SEGOB, SEDENA Y SEMAR”²⁶ y otras fuentes oficiales de México y Estados Unidos— tropas de tierra y aire de la Policía Federal, el Ejército y la Fuerza Aérea, y la Marina Armada, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, bajo el asesoramiento de la Oficina de la DEA en la ciudad de México.²⁷

El artículo 130 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que “el Ministerio Público expedirá las órdenes para la autopsia e inhumación del cadáver y el levantamiento de las actas de defunción respectivas, cuando apareciere que la muerte fue posiblemente originada por algún delito y las diligencias de policía judicial no estuvieren en estado de consignarse desde luego a los tribunales”.

A su vez, el 171 asienta que “si se tratare de homicidio, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará la inspección del cadáver, describiéndosele minuciosamente y se recabará el dictamen de los peritos médicos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarde el cadáver y las causas que originaron la muerte. Si hubiere sido sepultado, se procederá a exhumarlo”. “Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando tanto Ministerio Público, o el tribunal en su caso, estimen que no es necesaria.”

Existe una salvedad que prevé un hipotético escenario donde el cadáver de la víctima no sea encontrado o no pueda ser recuperado, pero ello no exime a la autoridad de seguir un procedimiento. El artículo 172 le impone que “cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas”. Y el 231 del propio ordenamiento federal añade que “el reconocimiento o la autopsia se practicará por los peritos médicos legistas oficiales si los hubiere y, además, si se estima conveniente, por los que designe el funcionario que conozca del asunto”.

A despecho de Felipe Calderón, su entonces vocero Alejandro Poiré, las instituciones que emitieron el “comunicado conjunto” y la DEA, nada de lo estipulado en el Código Federal de Procedimientos Penales se hizo; o no existe hasta ahora registro disponible de que se hiciera.

Aunque es una de las instituciones emisoras del “comunicado conjunto”, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que no posee parte policial ni documento oficial donde conste la muerte de Moreno González durante el operativo policiaco-militar de diciembre de 2010 en Apatzingán, arguyendo con reiteración que su Unidad de Enlace —de transparencia y acceso a la información— no es la competente y sugiriendo acudir a la unidad respectiva de la Policía Federal.²⁸

Así, la Policía Federal dio también respuestas elusivas. Afirmó que carece de documentos donde conste la muerte de Moreno González, declarando primero que su Unidad de Enlace tampoco es competente y recomendando acudir a la Procuraduría General de la República, y después que la información solicitada no existe “por no haberse generado u obtenido el documento que [la] contenga […] y no existir obligación legal para ello”.²⁹

Como la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo un papel protagónico en la acción militar aludida. Respondió, sin embargo, que la información solicitada —respecto de la muerte del líder fundador de La Familia Michoacana— no es de su competencia, remitiendo a la Procuraduría General de la República. En sus archivos, precisó, no consta documento alguno sobre el asunto.³⁰

En tanto ministerio público, según el Código Federal de Procedimientos Penales,³¹ la Procuraduría General de la República es el sujeto obligado central: debió efectuar las diligencias de ley para determinar la muerte de Moreno González. Su primera respuesta fue patética, confusa e inaceptable: la solicitud, dijo, “se turnó para su atención a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, a la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, unidades administrativas que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dieron respuesta a la misma”.

“La respuesta otorgada por la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo fue sometida a consideración del Comité de Información de esta Institución el cual en su Décima sesión Ordinaria […] determinó revocar la respuesta otorgada por la unidad administrativa en cita e instruir a la Unidad de Enlace a efecto de solicitar a la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, precise si esa unidad administrativa cuenta con la información requerida.”

En consecuencia, “se instruye a la Unidad de Enlace para que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV de la Ley de la Materia, requiera para los mismos efectos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

”Por lo que en cumplimiento a lo instruido por el Comité de Información anterior, se giró oficio a la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, así como a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a efecto de que precisaran si esas unidades administrativas cuentan con la información requerida, lo anterior con la finalidad de privilegiar el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información”.

Y concluyó con una absurda promesa, remitiendo además al “comunicado conjunto” disponible en línea: 1) “una vez que se cuente con el pronunciamiento correspondiente [de la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada], el mismo se le hará llegar…”, y 2) “se anexa al presente la información de carácter público… misma que puede ser consultada a través de las páginas electrónicas de la Secretaría de la Defensa Nacional… y de la Secretaría de Seguridad Pública”.³²

En una segunda ocasión, la Procuraduría General de la República respondió de manera escueta que “la información solicitada está disponible públicamente para su consulta”, remitiendo otra vez al “comunicado conjunto”, sin mencionar ya, obviamente, la promesa de su primera respuesta.³³

No ha sido posible obtener la información policial, militar³⁴ y ministerial que confirme legalmente la muerte de Nazario Moreno González, de quien tampoco existe, por lo visto, acta de defunción en la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán.³⁵ ¿Con base en qué información de carácter oficial, es decir, válida, Felipe Calderón dio por muerto a Moreno González, lo mismo que su vocero Poiré y las instituciones que emitieron el “comunicado conjunto”? Si existe, la ciudadanía podrá conocerla después del año 2022.

El Comité de Información de la Presidencia de la República la clasificó como “reservada”. Esta institución respondió en dos ocasiones que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría Técnica [del Consejo de Seguridad Nacional], se localizó un documento denominado ‘Tarjeta Informativa’ que se relaciona directamente con el objeto de la solicitud y que se encuentra reservada por 12 años […] en virtud de que contiene elementos sobre procedimientos, métodos y fuentes útiles para la generación de inteligencia…” Y no obstante, recomendó dirigir solicitudes a las secretarías de Seguridad Pública y Defensa Nacional, y a la Procuraduría General de la República.³⁶

¿De qué otra forma podría el presidente de México, o quien sea, constatar la muerte de una persona que además creó y lideraba el denominado por su administración “cártel más peligroso”, si no es mediante los partes policiales y militares, los peritajes y otros documentos resultantes de las diligencias de ley? Si las instituciones de procuración de justicia y seguridad del Estado carecen de tales pruebas, ¿qué podría contener la supuesta “tarjeta informativa” reservada por la Presidencia de la República durante 12 años?

Consultado sobre esta avalancha de respuestas esquivas del gobierno federal, Ernesto Villanueva, coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad Nacional Autónoma de México), opinó³⁷ que, en una primera aproximación, tales respuestas “coincidían en un dato básico común: la inexistencia de cualquier información que permitiera probar la muerte de Nazario Moreno. Estas respuestas se habían vuelto cada vez más recurrentes para evitar que en un momento determinado el IFAI pueda revocar el acuerdo de clasificación como información reservada y confidencial”.

Tras una lectura exhaustiva, “se pudo ver que la ‘nota’ se encontraba donde menos se imaginaría: en un boletín de prensa que la PGR había entregado al solicitante. El boletín de prensa, de entrada, es un documento que se aparta de su característica esencial: la información. Contiene un amplio apartado de análisis editorial sobre los males del crimen organizado y las convicciones que tuvo Felipe Calderón para su combate. Con independencia de lo anterior, hay un párrafo que es crucial y que a la letra dice: ‘El pasado 9 de diciembre, diversos elementos de información obtenidos durante un operativo desplegado por elementos de la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México, coincidieron en señalar que cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como «el Chayo» ó «el Doctor», principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal. Sin duda, el golpe más severo que haya recibido esta organización en toda su historia criminal’. Esta información no tiene desperdicio alguno, por las razones siguientes: a) Reconoce que no hay pruebas sobre la muerte de Nazario Moreno, sino que las afirmaciones de Felipe Calderón no están fundadas ni motivadas, sino basadas en ‘diversos elementos de información obtenidos durante un operativo’; b) De los ‘elementos de información’ que en sí mismos no constituyen evidencias, sino indicios. Para el Diccionario de la Real Academia Española, ‘indicio’ es un ‘fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido’. De esta suerte, es contrario a toda lógica y, por supuesto a derecho, asimilar indicio como evidencia suficiente para afirmar que ‘cayó abatido Nazario Moreno’. Los indicios en el ámbito jurídico dan lugar al inicio de averiguaciones previas para alcanzar la verdad legal, jamás representan una prueba incontrovertible de un hecho cualquiera, menos aún si se trata de uno de los líderes del crimen organizado con mayor impacto en el país”.

El presidente Calderón, igual que su gobierno, añade Villanueva, fue negligente cuando menos, porque “de los ‘elementos de información’ obtenidos no hizo averiguación alguna, sino que esos datos fueron suficientes para afirmar la muerte de Nazario Moreno. Por ende, es probable que en este caso, las distintas dependencias no hayan mentido, sino que dijeron la verdad; no tienen pruebas de la muerte de Nazario Moreno. Por lo anterior, son inexistentes todas las pruebas, incluidas las periciales sobre el abatimiento del líder de La Familia Michoacana. Esto es compatible con lo afirmado en el boletín ya citado”.

“Lo único cierto es que la muerte de Nazario Moreno constituye, si es posible decirlo, una verdad mediática”, concluye Villanueva, y éstos son sus argumentos: “Si no hay evidencia legal de que está muerto puede presumirse que está vivo. Esto al menos constituye una duda razonable que, en su momento, las autoridades competentes deberán dilucidar conforme a derecho”.

Lo anterior significa que Felipe Calderón, Alejandro Poiré y las instituciones emisoras del “comunicado conjunto” habrían transgredido diversas normas legales. Sus afirmaciones sobre la supuesta muerte de Moreno González “pueden constituir los delitos tipificados en el artículo 7º, fracciones VI y VII del Código Penal Federal, que además representan una de las excepciones del artículo 108, párrafo segundo de la Constitución Política federal. En ese mismo delito podrían incurrir los miembros responsables de la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada de México encargados del operativo. Adicionalmente, los mandos de la Policía Federal podrían incurrir en una falta a lo dispuesto por el artículo 47, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A los miembros del Ejército y de la Marina Armada de México podría aplicárseles lo dispuesto por el artículo 275 del Código de Justicia Militar vigente”.

Aparte, los funcionarios y las instituciones federales aludidos afectaron el derecho de los ciudadanos a la información, dice al final el especialista: “Este caso, con independencia de los delitos en que podrían incurrir sus perpetradores, pone de relieve que el gobierno del presidente Felipe Calderón engañó al pueblo de México, verdad que nadie supimos ver en su momento”.

Sobre la decisión de la Presidencia de la República de clasificar durante 12 años la supuesta “tarjeta informativa”, Ernesto Villanueva dice por último que “se puede intuir racionalmente que la información no contiene evidencias legales de la muerte de Nazario Moreno, sino, en el mejor de los casos, algunos datos contenidos en el propio boletín citado y a cuyas dependencias, PGR y Sedena, refiere la propia Presidencia. Si los datos obtenidos ya eran graves por su falta de información, los términos en que está redactada la respuesta clasificatoria de Presidencia sigue la misma línea argumental atendible como indicio, pero nunca como prueba legal de la muerte de alguien”.

El 14 de diciembre de 2010, el mismo día en el que el presidente Felipe Calderón dio a conocer públicamente, a través del periodista Carlos Puig, en W Radio, que Nazario Moreno González, principal líder de La Familia Michoacana, había muerto durante la acción policiaco-militar en la comunidad apatzinganense de Holanda, y se publicó el “comunicado conjunto” en el mismo sentido, el perredista Julio César Godoy Toscano fue desaforado como diputado federal.

Medio hermano del entonces gobernador michoacano Leonel Godoy y ex alcalde del municipio costero de Lázaro Cárdenas, cinco meses atrás Godoy Toscano había sido acusado por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República de pertenecer a La Familia Michoacana, y aquel día de mediados de diciembre una Sección Instructora de la Cámara de Diputados le retiró el fuero, de modo que pudiera ser sometido a un proceso penal por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero.

A partir de ese instante Godoy Toscano se esfumó, lo mismo que Moreno González, quien legalmente vive, porque legalmente no ha muerto, como tampoco murió según los testimonios de decenas de víctimas de extorsión inclemente de la organización criminal que fundó y podría seguir dirigiendo desde algún lugar de la Sierra Madre del Sur, con más impunidad que nunca, gracias a un gobierno que quizá lo mató sólo mediáticamente, sabedor de que no hay nada más fácil que hacer creer a un periodista lo que quiere creer.

Notas

1. Entrevistados en noviembre de 2011, en Apatzingán, jóvenes michoacanos de Tierra Caliente que dicen trabajar para Los Caballeros Templarios —organización delincuencial derivada de La Familia Michoacana y que surge en 2011— se refieren a ella justo como “la empresa”.

2. Entrevistado el 13 de enero de 2012.

3. Secuestrado, asesinado a tiros y abandonado su cuerpo en avenidas céntricas de Morelia, la capital michoacana, a mediados de abril de 2010.

4.Ex agente del ministerio público en Michoacán, detenido por la Policía Federal en abril de 2010 y llevado a juicio por la Procuraduría General de la República, que lo acusa de representar los intereses criminales de La Familia Michoacana en el puerto de Lázaro Cárdenas y el estado de Guerrero.

5.Jo Tuckman y Ed Vulliamy, “Drugs ‘Taliban’ declares war on Mexican state”, 19 de julio de 2009; disponible en http://www.guardian.co.uk/world/2009/ jul/19/la-familia-drugs-trade-mexico [consultado el 26 de julio de 2012].

6. En “Silver or Lead”, 31 de mayo de 2010.

7.La Familia Drug Cartel: Implications for U.S.-Mexican Security, Strategic Studies Institute, 2010, pp. 29-30.

8.Entrevistado el 11 de enero de 2012.

9.“La Familia Michoacana Fact Sheet”, Drug Enforcement Administration, Office of Public Affairs 202-307-7977, octubre de 2009; disponible en http://www.justice.gov/dea/pubs/pressrel/pr102209a1.pdf [consultado el 6 de agosto de 2012].

10.Entrevistado el 11 de enero de 2012.

11.Cifras de la Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan; disponibles en http://www.aproam.com/CULTIVO/produccion. htm [consultado el 25 de julio de 2012].

12.La mayoría de los testimonios recogidos son de aguacateros de las regiones de Tierra Caliente y Tepalcatepec. Salvo que se indique lo contrario, la información que se aporta en adelante sobre este tema, incluidas las citas textuales, proviene de su desoladora experiencia, que estuvieron dispuestos a narrar anónimamente en diversos momentos entre 2011 y la primera mitad de 2012.

13.Denominación coloquial que se da en la región a las empresas empacadoras y en ocasiones, por extensión, a sus dueños o administradores.

14.Se refiere a Noel Mondragón Peña, detenido por la Policía Federal en octubre de 2010. Agustín Peñaloza, el Aguilillo de Tierra Caliente, originario de Nueva Italia, ha popularizado un corrido titulado “El Gorras” y que, a través de los lugares comunes predecibles, refiere el historial y la siniestra filosofía de vida de cualquier narcotraficante michoacano. El que entre sus miembros existan empresarios experimentados es otro factor que ha permitido a La Familia Michoacana / Los Caballeros Templarios crear y mantener esta industria extorsiva tan amplia, sistematizada y eficaz; al ser capaz de obtener e interpretar información técnica puede tasar con precisión los montos extorsivos.

15.Según la versión oficial, detenido por la Policía Federal en la ciudad de Aguascalientes, el 21 de junio de 2011. Al día siguiente, Alejandro Poiré, vocero de seguridad de la Presidencia de la República, dijo en un mensaje emitido exprofeso desde Los Pinos: “Con esta captura se destruye lo que restaba de esa estructura de mando de dicha organización criminal”. Aparte, una versión extraoficial asegura que después de la acción militar de diciembre de 2010 en Apatzingán, Méndez Vargas se habría separado del resto de los líderes que sobrevivieron a Nazario Moreno González y que la actual Familia Michoacana es una suerte de escisión de la original, que se convirtió en Los Caballeros Templarios.

16.De acuerdo con Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la República, en conferencia de prensa, el 30 de mayo de 2009.

17.Véase nota 147.

18.The Organized Crime Drug Enforcement Task Forces Program.

19.Consolidated Priority Organization Target; es decir, “objetivo” prioritario incluido en un listado anual de organizaciones y liderazgos criminales a combatir.

20.“Boletín de prensa núm. 272”, fechado el 14 de diciembre de 2010; disponible en http://cort.as/2K6s [consultado el 8 de agosto de 2012].

21.“Familia Michoacana buscó pacto con FCH”, 23 de julio de 2012; disponible en http://cort.as/2KYG [consultado el 23 de julio de 2012].

22.“Statement of 2omas M. Harrigan/Assistant Administrator and Chief Operations Drug Enforcement Administration/Before the Subcommittee on Oversight, Investigations and Management Comitttee on Homeland Security/United States House of Representatives/at a Hearings Entitled/2e U.S. Homeland Security Role in the Mexican War Against Drug Cartels”, Departamento de Justicia, 31 de marzo de 2011; disponible en http://www.justice. gov/dea/speeches/110331_testimony.pdf [consultado en abril de 2011].

23.Véase nota 1.

24.“‘Canoniza’ narco a capo”, primera plana, 10 de julio de 2012.

25.A principios de agosto de 2012, por ejemplo, el procurador estatal Alfredo Castillo convocó a una conferencia de prensa para informar sobre la captura, en Toluca, de un hombre de 36 años al que presentó como jefe de La Familia Michoacana en la zona oriental del Estado de México. Menos de dos semanas después, ocurrieron tres asesinatos reivindicados por La Familia Michoacana en mensajes que señalaban supuesta corrupción policial y amenazaban al gobernador Eruviel Ávila.

26.Véase nota 20.

27.Véase nota 22.

28.Respuestas del 26 de enero y 8 de mayo de 2012 a las solicitudes de información a través del Sistema Infomex con folios 0002200010412 [19 de enero de 2012] y 0002200090212 [30 de abril de 2012], respectivamente. Hay en curso una nueva solicitud de información con folio 0002200125112 [19 de julio de 2012].

29.Respuestas del 8 de mayo y 26 de junio de 2012 a las solicitudes de información a través del Sistema Infomex con folios 0413100049112 [9 de abril de 2012] y 0413100053612 [30 de abril de 2012], respectivamente. En el caso de esta última, fue aceptado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI [RDA 2635/12], recurso de revisión con folio 2012002828 [12 de julio de 2012], mismo que se encuentra en curso.

30.Respuesta del 9 de mayo de 2012 a la solicitud de información a través del Sistema Infomex con folio 0000700055512 [9 de abril de 2012]. Hay en curso una nueva solicitud de información con folio 0000700103912 [19 de julio de 2012].

31.Artículos 130, 171, 172 y 231 citados.

32.Respuesta del 15 de marzo de 2012 a la solicitud de información a través del Sistema Infomex con folio 0001700015512 [19 de enero de 2012]. Fue aceptado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI [RDA 1275/12], recurso de revisión con folio 2012001218 [9 de abril de 2012], mismo que se encuentra en curso.

33.Respuesta del 5 de junio de 2012 a la solicitud de información a través del Sistema Infomex con folio 0001700071712 [9 de abril de 2012].

34.Hay en curso una solicitud de información a través del Sistema Infomex con folio 0001300046512 [19 de julio de 2012], dirigida a la Secretaría de Marina.

35.En respuesta a la solicitud expresa [1° de junio de 2012] a través del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, Carlos Campos Hernández, jefe del Departamento del Centro de Atención Telefónica 070 del gobierno michoacano, respondió que “no se encuentra registrada dicha acta de defunción” [7 de junio de 2012]. Después, a sugerencia del funcionario, se solicitó copia de dicho documento a la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán, a través del correo electrónico actas_foraneas@michoacan.gob.mx [27 de junio de 2012], sin que hasta el momento se haya tenido respuesta.

36.Respuestas del 8 de agosto de 2012 a las solicitudes de información a través del Sistema Infomex con folios 0210000052212 y 0210000052312 [30 de mayo de 2012], respectivamente.

37.En respuestas por escrito del 24 de julio y 13 de agosto de 2012.

Biografía

Marco Lara Klahr es reportero judicial desde hace 32 años, investigador, activista, pionero en la fundación de empresas y referente internacional en la formación de periodistas.

Ha trabajado en 27 países, colaborado en decenas de medios impresos, electrónicos y virtuales, y liderado proyectos auspiciados por la Fundación Friedrich Ebert, Unión Europea, Open Society Justice Inititative y Fundación Hewlett. Es autor, coautor y colaborador de 27 libros, incluidos reportajes y crónicas, manuales periodísticos y ensayos.

Dirige el Programa de Medios y Acceso a la Información del Instituto de Justicia Procesal Penal y Minimedia Otromexico, S. C. Es editor de presunciondeinocencia.org.mx; miembro de La Voladora Radio 97.3 FM; del Consejo Consultivo de El Universal; del equipo que prepara The Worlds of Journalism Study (Universidad de Munich); y socio fundafdor de la Escuela Mexicana de Escritores. Semanalmente actualiza el blog Edad Medi@tica.

En 2000 y 2009 recibió el Premio Nacional de Periodismo por las categorías de reportaje y transparencia, respectivamente; y pertenece al Jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.

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José Pérez-Espino

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Octavio Paz: Una vuelta a su vida

Julio Scherer

Doña Loba

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El arte de la biografía

Enrique Krauze

Cosas de familia

¿A dónde fue Nazario Moreno?

Primera edición: noviembre, 2012

D. R. © 2012, Marco Lara Klahr

D. R. © 2012, derechos de edición mundiales en lengua castellana: Random House Mondadori, S. A. de C. V.

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ISBN 978-607-311-391-5

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