Marcelo Larraquy

Los días salvajes

Historias olvidadas de una década crucial 1971-1982

Sudamericana

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A Caty, Paula, Lali y Nano.

Porque los quiero mucho.

PRÓLOGO
Las fuerzas ciegas

Este libro fue haciéndose solo.

No solo en el sentido estricto, sino sin pretensiones. O sin más pretensiones que las de un pescador que una y otra vez lanza su red entre las olas del mar de los acontecimientos. Y en ese ejercicio, en esa rutina, va recogiendo escenas, fragmentos, voces, restos perdidos, y trabaja para recomponerlos.

Así se fueron completando las páginas de este libro, con historias disueltas en la memoria o directamente desconocidas.

Los días salvajes no contiene todos los episodios centrales de la década de 1970, ni siquiera los más sobresalientes. Aquí hay atentados y secuestros, así como canciones, percepciones, obras de teatro, vida cotidiana.

Su única intencionalidad fue una búsqueda libre, azarosa, casual.

Y esa búsqueda fue acercándolo a nuevos episodios, que estaban sumergidos en otros ámbitos, escondidos sobre otros bordes, pero que también contenían las formas de la época, reproducían su estética, su atmósfera, su intensidad, su violencia y además habían sido atravesados de manera profunda por lo que esos años habían sido.

Los episodios de este libro pueden parecer dispersos o dispares, pero hay fuerzas ciegas que los reúnen a todos. La fuerza de las expectativas colectivas no resueltas. La fuerza de las ideas y de las ilusiones, de los odios. La fuerza del miedo, de las tragedias, de lo que se quiso y no se pudo. De lo que se padeció.

Quizás esas fuerzas ciegas, rescatadas desde el mar de los acontecimientos, leídas en conjunto, puedan ofrecer una versión integrada y consistente de una época más olvidada que reconocida, más traumática que asimilada. Tal vez Los días salvajes, con estas historias, pueda rescatar su lenguaje, su sonido.

Enero de 2019

EPISODIO 0
La muerte accidental

En 1964, un grupo de ex estudiantes universitarios, con militancia obrera trotskista y peronista, decide lanzarse a la lucha armada después de reunirse con el Che Guevara en Cuba. El plan es instalarse en Tucumán. Pocos días antes de viajar, el departamento que habían alquilado en el barrio de Retiro estalla y se derrumba el edificio.

Fue el intento frustrado más trágico de la guerrilla argentina.

Ocurrió en una tarde apacible de invierno en el barrio de Retiro a mediados de los años sesenta.

A las 15:23 una explosión reventó en la atmósfera y todos los vidrios de puertas y ventanas de la calle Posadas se deshicieron. Una nube de polvo cubrió la cuadra. La onda expansiva alcanzó quince cuadras a la redonda. Llegó hasta los jardines de la mansión de los Álzaga, sobre la calle Cerrito, donde hoy se levanta el hotel Four Seasons, edificios y palacios adyacentes.

“En ese momento, yo trabajaba en un local de Arenales y Libertad, a tres cuadras, y quedé impactado por la explosión. Fuimos corriendo a ver qué había sucedido. La recuerdo con la misma nitidez que la explosión en la embajada de Israel [de 1992, en Arroyo y Suipacha]. Lo primero que se comentó fue que había sido un escape de gas. La mampostería de los frentes de Posadas quedó intacta. Pero se derrumbaron los siete pisos de la cara posterior del edificio de Posadas 1168. Como el contrafrente daba a un baldío que había sobre la calle Libertad, desde allí se pudo iniciar el rescate”, afirma José Estévez, dueño de una cerrajería en la misma cuadra, cincuenta y cuatro años después del hecho.

El edificio, literalmente, había sido cortado en dos. De arriba hacia abajo. Un corte transversal. Se desplomó. Los reportes de prensa dan cuenta de que a la primera explosión la sucedió otra. Una señora que intentaba tirarse por el balcón, por temor al derrumbe, logró ser socorrida por los vecinos. Consiguieron una lona para que se lanzara. Un obrero municipal que estaba trabajando en la cuadra fue el primero que ingresó en forma solitaria y logró rescatar a nueve heridos. Otra señora pudo ser auxiliada por una escalera humana de bomberos. Luego comenzaron a sacar de debajo de los escombros a hombres y mujeres ensangrentados, mutilados, algunos con fierros clavados en el cuerpo.

A las cinco de la tarde, la pala mecánica de una máquina topadora que ingresó por el terreno baldío golpeó un objeto que provocó otra explosión. Se temió un nuevo derrumbe. Entonces comenzó a sospecharse que el origen de la tragedia no había sido un escape de gas. Supusieron que podría haber explotado la caldera, pero el administrador del edifico informó que la había apagado a las dos de la tarde.

Cinco dotaciones de bomberos habían llegado a la zona de rescate; más de cien hombres trabajaban en el lugar. En una de las primeras acciones de salvamento, uno de ellos, que buscaba a una persona atrapada en el cuarto piso, acompañado por un grupo de vecinos, fue golpeado por la caída de una losa. Se llamaba Enrique Gorlier.

Lo sumaron al listado de muertos.

Durante toda la noche, dos usinas de la División Parque iluminaron el edificio derrumbado. Los bomberos continuaron extrayendo restos humanos. A la mañana siguiente, miércoles 22 de julio, rescataron el cadáver de un hombre. Y luego aparecerían otros cuatro cuerpos, de una familia completa: Zaki El-Mangabadi, su esposa argentina María Isabel Falcón, su hijo Dan, de 2 años, e Ivone, hermana de Zaki.

Poco más tarde encontraron carcasas de explosivos cargadas con pólvora negra. También había mechas, detonantes, caños cilíndricos acomodados en cajas de madera, ametralladoras PAM y cartas topográficas de cinco provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, entre otros objetos.

Entonces entendieron que la explosión no había sido originada por un escape de gas ni por un defecto de la caldera. Comenzó a intervenir la División de Coordinación Federal de la Policía Federal. Indagaron sobre la identidad de los ocupantes del departamento 108.

La explosión de la calle Posadas pasó a considerarse un asunto de Estado.

Un informe de la Sección Pericias de la Policía Federal estimaría que había entre 150 y 200 kilos de pólvora negra aluminizada, guardada a menos de un metro de una de las columnas del edificio.

Un año antes, Daniel Tinayre había utilizado el edificio de Posadas 1168 para filmar la película La cigarra no es un bicho. En ese momento era un hotel. Sweet Home Hotel se llamaba. Había sido propiedad de Juan Duarte, el hermano de Evita, que a su vez había construido otro más imponente a la vuelta de la manzana, en Libertad 1559.

Al momento de la explosión, el edificio de la calle Posadas pertenecía a los hermanos Álvarez Saavedra, quienes cerraron el Sweet Home y ofrecieron las unidades como vivienda.

Eran siete pisos, con departamentos de uno y dos ambientes. Cuatro departamentos por planta; dos con orientación al frente y dos al contrafrente.

Ya había nueve unidades vendidas. Todavía no se habían escriturado. Una de ellas pertenecía al actor y comediante Adolfo Stray.

Retiro era uno de los barrios predilectos de la comunidad artística. En el edificio de enfrente al de Posadas 1168, sobre la esquina de Libertad, vivía la actriz Hilda Bernard junto a su marido, el productor Jorge Gonçalvez. También era usual ver en la cuadra a Mariano Mores o a Rosita Quiroga, la cancionista compañera de Carlos Gardel en muchos de sus espectáculos. Ella vivía en Posadas 1165. La puerta se le desencajó del marco de su departamento la tarde de la explosión.

En esa época, la calle Posadas vivía un proceso de transformación. Aunque se seguía utilizando como acceso a los fondos de las mansiones de la avenida Alvear, para el ingreso del personal de servicio, y el pasaje Seaver —que conectaba Posadas con Avenida del Libertador— se mantendría por otros tres lustros, la inauguración del Edificio Sudamérica marcaba el tiempo de la modernidad.

El edificio fue construido sobre la esquina de Posadas y Cerrito, con dos bloques independientes de 13 y 31 pisos, este último con fachada curva.

El impacto de la explosión se sintió en el Edificio Sudamérica. Los cristales del hall de entrada estallaron, y el techo de la cochera quedó curvo, con una “panza” marcada, tras la caída de los escombros.

En junio de 1964, cuando el Sudamérica comenzó a ocuparse, hacía dos meses que el grupo guerrillero estaba instalado en el edificio de al lado. El departamento 108 era su centro logístico.

El dueño de ese departamento era Isaac Tesler, un comerciante de La Plata. A fines de abril había alquilado su unidad por tres meses a una persona que se identificó como Perfecto Bustamante. Le dijo que lo utilizaría junto a un grupo de ingenieros mientras desarrollaba un trabajo temporario en una empresa.

De Retiro hacia el monte

Ese mes de abril de 1964 todavía permanecía en el monte salteño la columna organizada por Ernesto “Che” Guevara desde Cuba, la primera que se lanzó para el proyecto de revolución continental.

Era el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP).

Lo conducía el “Comandante Segundo”, el periodista argentino Jorge Masetti. Se había internado en el monte junto a un grupo de militantes universitarios y otros combatientes cubanos para instalar la guerrilla rural.

El grupo fue infiltrado por dos hombres de la Policía Federal.

Después de algunos meses de travesía y un único enfrentamiento con soldados de Gendarmería, el “foco rural” ya estaba cercado.

Varios guerrilleros fueron detenidos, delatados en el llano, pero la búsqueda del resto continuaba monte arriba.

Algunos miembros de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional (FARN) —el grupo guerrillero en formación que ocupó el departamento 108 de la calle Posadas— se habían entrenado durante siete meses en una escuela militar de Cuba. Habían llegado a ese país en julio de 1962 por gestión del ahora ex delegado de Juan Domingo Perón, John William Cooke.

En el campamento, Ángel “Vasco” Bengochea, líder de las FARN, conversó con el Che Guevara sobre las condiciones para instalar un foco rural en la Argentina. Nunca llegó a establecerse si FARN lo haría como fuerza de apoyo al EGP o como una columna guevarista autónoma, independiente de la otra.

Sólo existía un lazo en común entre las FARN y el EGP: Luis Stamponi, un combatiente que acababa de ser detenido en abril en Jujuy mientras esperaba armas de contrabando —fusiles, pistolas ametralladoras, proyectiles— para trasladarlas al monte salteño. Se había entrenado en Cuba con Bengochea y otros tres militantes, cuando la lucha armada era sólo una posibilidad. Fue el único que se desprendió del grupo Palabra Obrera (PO), al que pertenecía el Vasco, cuando regresaron en febrero de 1963. Su detención generó incertidumbre por la seguridad del departamento.

Quizá los planes se modificaron, pero no se detuvieron.

Al momento de la explosión se estaban resolviendo los detalles finales para el traslado a Tucumán.

El contrato de alquiler vencía el 25 de julio. Faltaban cuatro días para irse.

Sin embargo, el hecho de que uno de los miembros de las FARN ya hubiera alquilado otro departamento en el pasaje Virrey Melo, del barrio porteño de Vélez Sarsfield, dejó abierta la posibilidad de que mudaran la sede logística o que dejaran una base en Buenos Aires mientras se instalaban en Tucumán.

Antes o después, como plaza transitoria o como destino final, el grupo viajaría a esa provincia. Hubo testigos que recordaron que habían visto a los ocupantes del departamento haciendo despachos de encomiendas en la oficina postal de Vicente López 1650. Aun más: bajo los escombros se rescató el listado de llamadas telefónicas a Tucumán hechas desde el departamento 108. El edificio contaba con una sola línea (41-0086).

El equipo intercomunicador estaba ubicado en el subsuelo y desde allí se pasaban las comunicaciones a los departamentos.

El operador telefónico Ángel Miranda permaneció varios días en el hospital Rivadavia, herido y con una crisis de nervios. Logró sobrevivir.

La estadía del grupo guerrillero ya generaba inquietud entre los vecinos. Pero eran signos aislados. Nada hacía predecir el final.

“Eran muchachones que se hacían ver muy poco. Cuando alguien requería su presencia, abrían la puerta sigilosamente, y se desconocía su profesión”, diría el administrador, Walter Krumbein.

Nunca se pudo establecer qué sucedió en el departamento en los momentos previos al derrumbe.

Un dato confirmado por testigos es que Lázaro Feldman, luego de estacionar un auto frente al edificio, ingresó en el departamento. E instantes después sucedió la tragedia. Murieron todos. Feldman, Raúl Reig, Carlos Schiavello, Hugo Pelino Santilli y Ángel Bengochea. En su caso, la particularidad fue que ningún resto fue hallado. Se supone que su cuerpo se desintegró.

La historia detrás de la explosión

Las FARN habían sido gestadas por Bengochea luego de su ruptura con Palabra Obrera en agosto de 1963, seis meses después de su regreso de Cuba. Se calcula que al momento de la explosión había reclutado alrededor de veinte militantes.

Bengochea se había iniciado en el Partido Socialista en la década de 1940, primero en el Colegio Nacional de Bahía Blanca y luego en la Facultad de Derecho en la Universidad de La Plata. Pronto le resultaría más atractivo el Grupo Obrero Marxista (GOM), una agrupación trotskista liderada por Nahuel Moreno que impulsaba a los suyos a militar en organizaciones obreras e intervenir en conflictos de clase.

El ámbito de acción era el sur industrial del Gran Buenos Aires. Bengochea se empleó en la petroquímica Duperial, de capitales británicos. Otros militantes del GOM también se proletarizaron y conformaron “células revolucionarias”, como vanguardia de la clase obrera.

Entonces, en la década de 1940, el GOM entendía al peronismo como un defensor del sistema burgués, con mecanismos totalitarios y represivos, que había “estatizado” a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) y cerraba el camino a las minorías.

Los intentos de competencia en elecciones obreras resultaban infructuosos. Cuando Bengochea trató de disputar la dirección del sindicato de Químicos, fue despedido por la empresa.

Esta visión sobre el peronismo se modificó a partir de la crisis económica de 1952. El Partido Obrero Revolucionario (POR), heredero del GOM, defendió las conquistas sociales del movimiento obrero y reclamó su profundización.

Era la hora del “entrismo”, una táctica de acercamiento del trotskismo a las masas peronistas, pero manteniéndose crítico con la CGT y el Partido Justicialista.

El GOM aspiraba a que, en un futuro todavía impreciso, los obreros rompieran con sus direcciones sindicales y partidarias, radicalizaran sus posiciones y se sumaran al camino revolucionario que les ofrecía el trotskismo.

A partir de la caída de Perón en 1955 y en medio de la orfandad en que quedó sumido el movimiento obrero, ahora sin cobertura estatal, el trotskismo se uniría a las bases peronistas. Con el paradigma de “unidad en la acción”, enfrentaban a la Revolución Libertadora.

Dos años más tarde, Bengochea fue designado director del semanario trotskista Palabra Obrera. Se asentó en Berisso y comenzó a moverse “como un compañero más” entre comandos y grupos de resistencia peronista. Poco después fue detenido: la referencia a Perón en el semanario violó el decreto oficial que impedía mencionarlo. Permaneció nueve meses en la cárcel de Devoto.

En tanto, el trotskismo, fiel a su táctica “entrista”, apoyaría no sin algún desvelo la candidatura presidencial de Arturo Frondizi, en lealtad a la orden de Perón.

Después de un tiempo en libertad, Bengochea volvería a prisión durante la revuelta insurreccional organizada por John W. Cooke, quien, junto a otros organismos obreros y las 62 Organizaciones Peronistas, intentó impedir la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre decidida por Frondizi. Fue el inicio de la decepción del peronismo por parte de Cooke. Y también de Bengochea.

Concluiría que el “entrismo” era una vía muerta. Las bases peronistas se mantenían prisioneras de la lógica burocrática de sus dirigentes y no tenían el potencial revolucionario que había imaginado. Peor aún, el trotskismo, como vanguardia ideológica, tampoco tenía capacidad para “implantar” una “conciencia revolucionaria” en los trabajadores peronistas.

Bengochea creyó que esa conciencia sólo podría alcanzarse por la lucha armada, una alternativa que también apoyaría Cooke, pero en forma menos explícita.

La revolución cubana se convirtió en un nuevo faro para los dos.

Este nuevo giro político —que implicaba un salto al guevarismo— tensaría la relación de Bengochea con su jefe de PO, Nahuel Moreno. Pero para que esa ruptura fuese definitiva faltaría todavía el viaje de Bengochea a Cuba en febrero 1962 junto a otros cuatro militantes de PO. Fueron días de entrenamiento intenso en la zona de Escambray.

Guevara observaba al trotskismo con desconfianza, pero entendía que Bengochea podría ser una pieza para sumar a su plan de revolución continental, con columnas que se asentaran en Perú, Bolivia y la Argentina, todas desarrolladas desde focos rurales, con el campesinado como “sujeto revolucionario”.

Bengochea aceptó integrarse a ese plan, pero lo hizo sin una convicción plena. El “foco rural” de Guevara omitía el potencial que podrían tener para la lucha armada los centros industriales en la Argentina. Pero siguió adelante.

Nahuel Moreno no apoyaba la lucha armada. Creía que la formación de un partido obrero revolucionario consolidado tendría mayor perspectiva que los “focos guerrilleros elitistas”, dirigidos por “aventureros de la pequeña burguesía”.

Sus críticos, en cambio —entre ellos Bengochea—, criticarían a Moreno por su “verbalismo revolucionario” y por la inacción en la que había sumido a PO.

La ruptura fue inevitable.

El 5 de agosto de 1963, luego de diecisiete años de militancia trotskista, Bengochea firmó su renuncia a esa corriente.

Mantenía sus dudas sobre el estereotipo foquista, pero tampoco quería postergar su compromiso armado. Creía que peor era esperar. Aunque la infraestructura y la logística fueran deficientes, pensaba que la propia dinámica de la guerrilla resolvería las limitaciones e iría generando simpatías políticas.

Bengochea conformó las FARN con algunos ex PO con los que había militado en la Universidad de La Plata y en la zona fabril de Berisso y Ensenada, durante su incursión “entrista” en el peronismo: Hugo Santilli, médico; Raúl Reig, estudiante de Ingeniería; Lázaro Feldman, de Medicina; Carlos Guillermo Schiavello, estudiante de Ingeniería y ex titular de la FULP (Federación Universitaria de La Plata).

Tenían entre 25 y 30 años. Todos ellos se habían proletarizado en fábricas y frigoríficos de la zona sur y luego militaron en Tucumán, en apoyo a las luchas de los trabajadores de los ingenios, que intentaban defenderse de las rebajas salariales y los despidos. Santilli fue médico de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).

Aquella experiencia decidió a Bengochea a preparar la instalación de la guerrilla de las FARN en Tucumán para unir la lucha obrera con la lucha armada.

Mario Roberto Santucho, también instalado en Tucumán con el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP), criticaría a Bengochea por su “militarismo”. En 1965, Santucho conformaría el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) junto a Nahuel Moreno. Por entonces, Santucho no participaba en la lucha armada. La iniciaría pocos años después, en 1969, en el mismo territorio.

La muerte accidental

Las caídas de Stamponi en Jujuy y del EGP en el monte salteño no aquietaron los planes. El grupo de Bengochea continuó acumulando armas en el departamento de Posadas 1168 y enviando encomiendas, probablemente de ropa que compraban en distintos locales de Buenos Aires. Ya habían conformado con seudónimos los nombres de los que viajarían, con sus correspondientes tipos sanguíneos, números de calzado, medidas corporales.

La lista sería encontrada bajo los escombros.

Apenas se derrumbó el edificio de Posadas 1168, Perfecto Bustamante, que había alquilado el departamento, declaró ante la justicia y fue detenido. También había provisto una oficina y un galpón para la logística de las FARN.

El peritaje policial expresaría que, al momento de la explosión, los ocupantes del departamento, con un “conocimiento superficial sobre la peligrosidad de los elementos que se manipulaban”, estaban preparando granadas de mano. Fue la suposición más firme.

El informe entendió que existió la posibilidad de que “un manipuleo incorrecto de los detonadores empleados durante el armado del sistema de iniciación produjera la explosión de uno de ellos, iniciándose la explosión, en un primer momento una granada, cuyo fogonazo de detonación produjo la reacción del depósito de pólvora”.

Las circunstancias previas a la explosión nunca pudieron establecerse. Que alguien hubiera salido o entrado de manera imprevista en el departamento y alterara la preparación de granadas fue una de las hipótesis que trascendió. Otra información adicional indicaba que un miembro de FARN, un momento antes, había salido a comprar cigarrillos y había visto el derrumbe desde la calle, cuando regresaba.

La explosión acabó con las vidas del núcleo central de las FARN, de los cuatro miembros de la familia argentino-egipcia y del bombero Carlos Gorlier, fallecido durante el rescate.

La ubicación del departamento 108, orientado hacia el terreno baldío de la calle Libertad, concedió un colchón de aire que evitó una tragedia aun mayor.

El frustrado intento del guevarismo liderado por Ángel Bengochea se autoextinguió aquella tarde en el barrio de Retiro.

Las FARN no sobrevivieron. Sus pocos colaboradores fueron detenidos o escaparon. La organización era frágil.

Los posteriores grupos armados que tuvieron auge en los años setenta —Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Descamisados, entre tantos otros— prefirieron olvidar su historia. En parte porque Bengochea, durante su militancia pública, había abandonado el socialismo, el peronismo y el trotskismo; porque su lanzamiento a la lucha clandestina concluyó antes de comenzar, y porque la incursión armada del propio Che Guevara ya había fracasado en Bolivia.

Bengochea siquiera había iniciado la suya.

Las FARN entonces resultarían apenas una nota perdida en la historia de la guerrilla argentina.

EPISODIO 1
Encuentro de dos mundos

Un asado en una fábrica del conurbano bonaerense reúne inesperadamente a dos personalidades aparentemente extrañas entre sí. Vietnam, Perón, el desprecio racial, la cárcel, la “patria metalúrgica”, Malcolm X sobrevuelan el aire de la noche.

Con los impuestos que pago por cada pelea, un soldado norteamericano vive un mes matando gente en Vietnam. Con lo que pago en un año es posible construir bombas para quemar una aldea. Con todo eso, ya soy culpable.

MUHAMMAD ALI

“Se nos ocurrió que podíamos traer a Ali. Lo pensamos con Méndez, que conocía el mundo del boxeo. Podríamos organizar una exhibición en el estadio de Atlanta con [Miguel Ángel] Páez, el campeón argentino. Ali se entusiasmó porque no conocía la Argentina, y vino. Entonces, para después de la pelea, lo invitamos a un asado en mi fábrica en Lanús. Allí se encontró con [José Ignacio] Rucci, Lorenzo Miguel y otros sindicalistas. Hablaron toda la noche con un intérprete. En un momento, alguien lanzó el desafío y Rucci y Ali se enfrentaron en una pulseada.”

El relato es del empresario Carlos Spadone, entonces director de Las Bases, la revista oficial del Partido Justicialista, y vinculado a la dirigencia sindical.

La visita de Ali a la Argentina tenía el sello de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En esa pulseada, dos mundos se cruzaban por primera vez.

El paso de Cassius Clay a Muhammad Ali

Cassius Clay había crecido con el desprecio de la sociedad blanca norteamericana hacia los negros. El ring era el único espacio en el que podía tener refugio. Fuera del ring, no tenía derecho a voto, no podía entrar en bares o comercios reservados para blancos ni sentarse junto a ellos en el transporte público.

Los negros en los Estados Unidos arrastraban por generaciones el recuerdo de la esclavitud, la segregación y las humillaciones.

Clay también.

Había creído que, pese a ser negro, algo podría cambiar luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, a los 18 años. Pero nada cambió. Después de saludos y festejos, se negaron a servirle el menú en una cafetería de Louisville, la ciudad donde había nacido. Clay contó que tiró la medalla al río.

Su potencial deportivo no era para despreciar. Un grupo económico lo contrató y lo llevó a entrenar en Miami, al gimnasio de la Calle 5, bajo la dirección de Angelo Dundee.

Clay vivió en el barrio de Brownsville. Era querido por la comunidad negra que padecía la discriminación. En esa época, los únicos negros que podían alojarse en Miami Beach eran los que vivían con sus patrones. El resto, que trabajaba en restaurantes u hoteles, debía cruzar la bahía al final de cada jornada. La prohibición alcanzaba incluso a estrellas como Sammy Davis Jr. o Nat “King” Cole, que actuaban en Miami Beach y se alojaban en hoteles de barrios negros.

Clay comenzó a inventar su propio guion. Sus entrenamientos generaron atracción. Era veloz y de buenos reflejos, aunque poco ortodoxo. Le cuestionaran el bailoteo en círculos para esquivar golpes. Dundee trabajó para pulir su técnica. Desde los primeros combates ya empezó a tener publicidad, a participar en programas de televisión, a decir que “era el más grande”.

El gimnasio era su escenario.

Mientras tanto, en secreto, comenzó a reunirse con Malcolm X, líder de la Nación del Islam, un movimiento de musulmanes negros que luchaba por los derechos civiles. La “X” reemplazaba el apellido que había sido determinado por su amo. Malcolm X fue su inspirador, el que motivó la conversión de Clay al islam. La religión comenzó a tener una importancia crucial en su vida.

Pero las reuniones eran secretas porque temían que, si se conocía la relación, Clay pudiera perder la posibilidad de pelear por el título del mundo.

Su rival fue Charles “Sonny” Liston. Pocos creían que tuviera alguna chance en el combate, aunque anticipó mil veces su triunfo. Clay tenía 22 años, y Liston, 32. Clay convirtió el pesaje en un acontecimiento en las peleas de boxeo. Comenzó a gritarle, a ofenderlo: “Eres demasiado feo para ser campeón del mundo”.

Pese a que todas las apuestas estaban en su contra, lo venció en el séptimo round.

El 25 de febrero de 1964 se consagró campeón del mundo.

Un día después reveló que era miembro de la Nación del Islam. “Me bauticé a los 12 años, pero no sabía lo que estaba haciendo. Ya no soy cristiano. Sé adónde voy y sé la verdad. No tengo que ser lo que quieres que sea. Soy libre de ser lo que quiero”, escribió.

La influencia de Clay y Malcolm X sobre la comunidad afronorteamericana comenzó a asustar a la sociedad blanca. Cassius cambió su nombre. Ya no tendría más el apellido Clay, heredado de sus antepasados esclavos. Sería Muhammad Ali.

Seis meses después de que obtuviera el título del mundo, el presidente estadounidense Lyndon Johnson anunció el bombardeo de los Estados Unidos a Vietnam del Norte, mientras, en el patio interno, continuaba la violencia contra los ciudadanos negros que reclamaban derechos de igualdad con los blancos.

Ali se negó a servir en el Ejército para ir a Vietnam. “No voy a recorrer 10.000 kilómetros para ayudar a asesinar a un país pobre simplemente para continuar la dominación de los blancos contra los esclavos negros”, dijo.

En una oportunidad se presentó en un centro de entrenamiento del Ejército, pero se quedó inmóvil, sin responder órdenes, y fue rechazando sucesivas convocatorias con un realismo extremo, marcando un paralelo entre sus peleas y la guerra. “Con los impuestos que pago por cada pelea, un soldado norteamericano vive un mes matando gente en Vietnam. Con lo que pago en un año es posible construir bombas para quemar una aldea. Con todo eso, ya soy culpable”, decía.

En junio de 1967, un tribunal federal lo condenó a cinco años de prisión. Las apelaciones de sus abogados y el pago de una fianza le permitieron eludir la prisión, pero la condena fue cara: lo despojaron del título mundial, le suspendieron la licencia para boxear y le prohibieron salir de su país.

Ali no retrocedió. El eslogan “No iremos” había quedado clavado en las cabezas de los jóvenes desde 1964. Ali era uno como tantos otros. Jamás se retractó. Estuvo tres años y medio alejado del boxeo profesional. Visitaba escuelas y universidades, daba charlas, mientras los estudiantes se manifestaban contra las compañías que fabricaban el napalm que caía sobre Vietnam.

La resistencia a la guerra era masiva. En 1969, en California, sólo la mitad de los convocados aceptaba los llamados del Ejército. El resto devolvía las tarjetas de reclutamiento y prefería ir a prisión antes que a la guerra.

Aquella sociedad blanca que lo había rechazado por sus reclamos de derechos civiles para negros —y ahora debía enviar a sus hijos a la guerra— empezó a apreciar su rebeldía. Ali comenzó a obtener reconocimiento. Y la justicia modificó sus posiciones. En septiembre de 1970, un juez federal de Nueva York levantó la prohibición —la calificaría “arbitraria” e “irracional”— y le permitió volver al ring.

En su segunda pelea del retorno, en diciembre de 1970, le ganó a Oscar “Ringo” Bonavena en el Madison Square Garden.

Ali ya estaba listo para competir otra vez por la corona mundial, pero el campeón Joe Frazier frustró ese intento. Le ganó por puntos. El único consuelo para Ali fue que su rival terminó hospitalizado. Fue la primera derrota en su carrera profesional. Tenía 29 años.

Mientras esperaba una revancha, Ali tomó ese año 1971 para hacer dinero. Era dueño de una cadena de negocios de salchichas que se vendían en los barrios negros, estaba pronto a firmar un contrato con Random House para la publicación de sus memorias y se presentaba en exhibiciones. Antes de aterrizar en la Argentina, había boxeado en Milán y en Londres.

Cuando llegó a Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1971, dio una conferencia de prensa. “Me sentiré feliz de comprobar que en esta bendita tierra no hay discriminación ni otros problemas raciales. Después de mi combate frente a Bonavena tenía mucho interés en conocer este país. Aquí estoy.”

Se alojó en el hotel Alvear Palace, visitó el programa de Horangel en los estudios de Canal 9, fue a una galería de arte en la calle Maipú y por la noche se enfrentó en el estadio del club Atlanta con el marplatense Miguel Ángel Páez, el campeón argentino de peso pesado, que también había vencido a Ringo. Las tribunas del estadio estaban colmadas. Ali quedó impresionado por su habilidad. Preguntó qué edad tenía. “Treinta y uno”, le respondieron. “Qué lástima —se lamentó—, es un poco grande; si lo hubiese conocido antes lo habría llevado conmigo.”

En el asado que se sirvió en el quincho de la fábrica de lanas de acero en Lanús, sobre la avenida Pavón, después de la pelea en Atlanta, Ali se introdujo en el mundo del sindicalismo argentino. Allí conoció a su jefe, José Ignacio Rucci, de 44 años.

La “Patria Metalúrgica”

Rucci era oriundo de Alcorta, un pueblo de Santa Fe con tradición en luchas agrarias desde inicios del siglo XX. Antes de los 20 años había abandonado el mundo rural y trabajaba como lavacopas y mozo en bares y confiterías de Buenos Aires. Luego migró hacia el ambiente metalúrgico. Una fábrica de Caballito le permitió especializarse como tornero. De este modo ingresaría en una industria clave en la historia del peronismo —junto con los frigoríficos y los ferrocarriles—, pero que tendría un peso político específico propio: la “Patria Metalúrgica”.

En ese homogéneo universo, Rucci encontró su hogar.

A los 23 años, en 1947, ya era delegado en una fábrica de productos electromecánicos y, luego, empleado en la fábrica de cocinas y estufas CATITA (Compañía Argentina de Talleres Industriales y Afines). A los 30 años era dirigente de la UOM, con participación en asambleas, huelgas y revólveres calientes que asomaban en cada confrontación interna. La Revolución Libertadora puso a Rucci en prisión durante un tiempo. Primero en un barco anclado en la Dársena Norte, luego en La Pampa y en la cárcel de Caseros.

Pero el metalúrgico prominente de ese tiempo, y a lo largo de la década de 1960, el que dominaría el aparato político del peronismo y enfrentaría a Perón en el exilio, de modo más sinuoso que frontal, sería Augusto Timoteo “Lobo” Vandor.

Frente a la dimensión del Lobo, Rucci era apenas el secretario de prensa de la UOM de Capital Federal, un hombre de tercera línea, que luego incluso sería desplazado a un costado —algunos afirman que por una desviación de fondos para complotar contra el jefe del distrito de la UOM— y designado interventor del sindicato en Comodoro Rivadavia.

El ostracismo no le sentó bien.

Alejado del poder metalúrgico, Rucci pensó incluso en renunciar a sus tareas gremiales y dedicarse a otra cosa. Su pronto desembarco al frente de la seccional San Nicolás —un consolidado núcleo del cordón industrial que se extendía por el litoral— le daría un lugar más protagónico en la UOM.

Subordinado al General

La década de 1970 ya había desplegado en sus inicios a todos sus actores —militares, sindicalistas, organizaciones guerrilleras, Perón—, y también se habían expresado las rebeliones sociales, obreras y estudiantiles a lo largo del país, frente a la dictadura del general Juan Carlos Onganía. El mito del orden se derrumbaba.

El crimen de Vandor, el 30 de junio de 1969, un golpe en el corazón de la “Patria Metalúrgica” que conmovió a la sociedad, sería apenas una señal de la violencia política que sobrevendría.

A partir de la muerte del Lobo, la “Patria Metalúrgica” abandonaría la aspiración de autonomía y, aun con dudas, también atenuaría las fricciones con su líder proscripto.

Rucci, que siempre había luchado por neutralizar a los gremios combativos y de izquierda clasista, fue designado secretario general de la CGT en marzo de 1970. Pronto, a la par de Montoneros, pero por sendas distintas, levantó las banderas del regreso de Perón. Fue el primer sindicalista ortodoxo que lo hizo. En abril de 1971 se presentó en Puerta de Hierro y se puso a disposición del líder, listo para subordinar a todas las estructuras gremiales para un todavía improbable tercer gobierno.

A partir de ese día, Perón adoptó a Rucci en su propio dispositivo del retorno y lo convirtió en su vocero frente a la “Patria Metalúrgica” y el resto de los dirigentes y ante el propio presidente, el general Alejandro Lanusse. Perón le exigió confrontación directa con los militares.

Muhammad Ali y Rucci en Lanús

Esos dos mundos tan disímiles y extraños entre sí —el de Ali, el de Rucci— se encontraron el 5 de noviembre de 1971, en el quincho de una fábrica de lana de acero, en la noche de Lanús, frente a casi un centenar de gremialistas, empresarios y políticos.

Eran las dos figuras del asado. Uno de ellos aspiraba a recuperar el título para demostrarle al mundo que era el más grande. El otro aspiraba al retorno de su líder. Y se dispusieron a medir fuerzas en una pulseada. Fue el momento cumbre de la noche, retratado por el fotógrafo de la revista Las Bases. Podría decirse que fue la bienvenida de la “Patria Metalúrgica” a Muhammad Ali. O que fue simplemente un asado.

“Ali era un tipo especial, muy sensible, muy amoroso, muy buen tipo —recuerda Spadone—. A la mañana siguiente fuimos a buscarlo al hotel y lo llevamos para el aeropuerto Ezeiza. En el camino nos recitó una poesía que hablaba del sentimiento de los negros cuando obtenían un acre de tierra. El intérprete lo iba traduciendo. Nos emocionó.”

EPISODIO 2
Las dos campanas

Gerardo Sofovich inicia su carrera como conductor televisivo. En febrero de 1973 convoca para su programa a los dos hombres más representativos del mundo del trabajo. Tienen ideologías opuestas y se enfrentan uno al otro mediante discursos y solicitadas en los diarios. Uno es José Ignacio Rucci, peronista. El otro es Agustín Tosco, socialista. Se genera el debate más resonante de la televisión de los años setenta. Poco después, el destino trágico perseguirá a los dos invitados.

Nadie creía que Tosco pudiera participar como invitado de un programa de televisión. 

Estaba prohibido. No sé cómo hizo Sofovich para conseguirlo y que los militares lo permitieran.

HORACIO SALAS

El martes 13 de febrero de 1973 a las nueve de la noche, en los estudios de Canal 11, Gerardo Sofovich tenía enfrente a los dos sindicalistas más influyentes del país. Los había reunido para el programa Las dos campanas.

Esa semana, José Ignacio Rucci, peronista y jefe de la CGT, y Agustín Tosco, representante del “sindicalismo combativo” y secretario adjunto de la CGT Regional Córdoba, se habían cruzado en solicitadas en los diarios, con acusaciones de las dos partes.

Ahora, por primera vez, Sofovich los colocaba uno frente al otro para un debate televisivo.

Sofovich había iniciado su carrera como guionista, creador de programas de humor y productor de espectáculos teatrales. Ese año debutaría como director cinematográfico de Los caballeros de la cama redonda, con Jorge Porcel, Alberto Olmedo y Chico Novarro.

Las dos campanas fue su primera experiencia como conductor periodístico. El programa era suyo. Para cada emisión elegía él mismo los panelistas, según los “contendientes” que hubiera en el estudio. El debate más trascendente fue entre Rucci y Tosco. Uno de los que formó parte del panel esa noche fue el periodista y poeta Horacio Salas, luego director de la Biblioteca Nacional.

“El panel de periodistas era variado, pero los que estábamos casi siempre éramos Pablo Giussani, que provenía del socialismo y había dirigido la revista Che; Silvia Odoriz, la única mujer, que trabajaba en el diario El Mundo; Jorge Conti, periodista de Teleonce y yerno de López Rega, y yo. Sofovich me convocó porque me había escuchado en radio. A veces venía Osiris Troiani, una eminencia. A Sofovich le gustaba que cada uno cumpliera ‘un papel’. Mi rol era el del tipo agudo, que cuestionaba lo que decían los invitados. Él era muy ecuánime, si veía que las preguntas iban todas para un lado, tiraba para el otro. Era muy importante la evaluación posterior. Después de cada programa nos invitaba a comer al restaurante Fechoría; seríamos doce o quince, Sofovich se sentaba en la cabecera de la mesa y comentaba qué le había gustado y qué no, con un sentido muy periodístico. Era muy minucioso. Su hermano Hugo tomaba nota. Para el debate Rucci-Tosco me dijo que me preparara todo lo que pudiera ‘porque los Montos [Montoneros] van a estar detrás tuyo si llegás a ser blando con Rucci’…”, recordó Horacio Salas, entrevistado por el autor en 2017.

Rucci conducía la CGT desde 1970. Después de una década de enfrentamiento del sindicalismo ortodoxo con Perón, exiliado en España, fue el primer gremialista que apoyó su retorno al país. Perón confiaba en Rucci para bloquear al “sindicalismo combativo”, en crecimiento después del Cordobazo de mayo de 1969, cuando gobernaba el general Juan Carlos Onganía.

Tosco, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, había sido uno de los líderes de esa rebelión social, que unió a obreros y estudiantes y fue reprimida por el Ejército, con 29 muertos y centenares de detenidos. Un tribunal militar condenó a Tosco a ocho años de prisión, y a los seis meses decidieron liberarlo. En abril de 1971, el general Lanusse volvió a detenerlo. Sin cargos judiciales, fue puesto “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” por considerarlo un “perturbador del orden y la paz social”.

Tosco fue encarcelado en el penal de Rawson. No aceptó participar de la fuga guerrillera del 15 de agosto de 1972. Pensaba que la movilización popular forzaría su libertad, como había sucedido antes. Escaparse, además, suponía comenzar su actuación desde la clandestinidad. Al mes siguiente, los militares decidieron liberarlo.

Rucci y Tosco representaban dos líneas sindicales enfrentadas: el peronismo “ortodoxo”, clásico, que dominaba la CGT, y el sindicalismo combativo, “de liberación”, con un anclaje ideológico en sectores de izquierda, radicales, comunistas y también peronistas. Su vínculo nacional era la CGTA (de los Argentinos) dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro.

“De los dos, Tosco era más inteligente. Era muy rápido, con formación ideológica fuerte, sin duda, marxista. Era muy respetado, había estado preso, y eso le había dado legitimidad. Y el Cordobazo también estaba legitimado como rebelión, incluso más que las organizaciones armadas. Rucci tenía una formación más precaria, pero se lo valoraba por su lealtad y por haberle puesto el paraguas a Perón en el regreso al país del 17 de noviembre [de 1972]. No era un dirigente tan importante como lo había sido Vandor en los sesenta, pero sí de una obediencia ciega a Perón. Nadie creía que Tosco pudiera participar como invitado de un programa de televisión. Estaba prohibido. No sé cómo hizo Sofovich para conseguirlo y que los militares lo permitieran. Sofovich tuvo el timing justo porque los dos, esa semana, se estaban acusando mediante solicitadas”, recuerda Salas.

El debate de Las dos campanas se realizó en febrero de 1973. Las elecciones presidenciales estaban programadas para el mes siguiente, aunque había incertidumbre. No se sabía si se realizarían. Lanusse temía que el peronismo en el poder, empujado por Montoneros y la Tendencia Revolucionaria, se volviera incontrolable para las Fuerzas Armadas. Incluso analizaba suspender las elecciones o proscribir al Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), pero temía que cualquiera de las dos alternativas desencadenara un enfrentamiento violento e intensificara las acciones guerrilleras.

Por lo pronto, en febrero de 1973, Lanusse había prohibido el regreso de Perón al país para que no participara de los actos finales de la campaña de Héctor Cámpora, como se especulaba.

El martes 13 de ese mes, Rucci y Tosco entraron en la sala de maquillaje y pocos minutos después ya estaban en el estudio de Teleonce.

Sofovich los presentó: “Antes de entrar de lleno en el debate quiero rendir un homenaje a la coherencia de los dos entrevistados. Tanto el señor José Ignacio Rucci como el señor Agustín Tosco no perdieron la oportunidad de aceptar públicamente este desafío de enfrentarse, dialogando uno con el otro, y eso no se da en la vida pública argentina muy comúnmente”, anticipó.

Luego se iniciaron las preguntas. Lo que sigue son algunos extractos del debate que duró cincuenta minutos.

—Usted ha acusado a Tosco públicamente y en repetidas oportunidades de ser antiperonista. ¿Insiste en esa acusación?

RUCCI: —Insisto.

—¿Y Tosco se considera antiperonista?

TOSCO: —Nosotros creemos que hay sugestivos motivos por los cuales se quiere dividir al país en peronistas y antiperonistas. Con el mismo derecho, nosotros señalamos que la división que debe hacerse no es así, sino entre quienes están consecuentemente con la lucha del pueblo y quienes están con la entrega.

—Pero eso ya lo dijo Perón.

TOSCO: —Yo no soy antiperonista, siento un gran afecto por muchos compañeros peronistas, convivo con ellos y lucho con ellos. Y a su vez, en perspectiva, pretendo esa unidad combativa con los compañeros peronistas, con las fuerzas de izquierda y revolucionarias. Eso no está aquí, pero sí en la CGT de Córdoba, y creemos que en el plano político en general, por eso no nos detenemos en el 11 de marzo, porque la historia está más allá de esa fecha y se construirá con todos los que hemos luchado juntos: peronistas y no peronistas, radicales, marxistas, cristianos, ateos, comunistas; se construirá de esta manera como se está construyendo en Latinoamérica, pero no con alianzas que evidentemente le dan un carácter espurio a ese programa.

—Correcto, Tosco, pero usted se escapa un poco. Hace muy poco tiempo dijo: “Si nos proclamamos socialistas no podemos tener un líder como Perón”. Quiere decir que usted está marginado totalmente y, al decir que siendo socialista no puede tener un líder como Perón, está del otro lado.

TOSCO: —Si yo le hablo de que debemos constituir una unidad combativa, la unidad popular, los líderes serán todos aquellos que la…

—A usted le gusta mucho hablar de “unidad popular”…

TOSCO: —Sí, me gusta y apoyo al gobierno de la Unidad Popular que transita hacia el socialismo en la hermana República de Chile. Y a todos los movimientos de latinoamericanos que levantan el socialismo, incluida Cuba.

—¿Y no tiene miedo a cierto tipo de ententes que han hecho durante mucho tiempo los frentes populares, como por ejemplo la Unión Democrática en 1945?

TOSCO: —Bueno, usted le da ese nombre de “frente popular” a la Unión Democrática, no soy yo quien se lo está dando. Por otra parte, la historia está llena, en todos lados, de imperfecciones, y el propio pueblo va superando esas imperfecciones y va a construir la unidad popular (se llame así o no se llame así) de nuestro pueblo, para liberarnos de la explotación de la oligarquía y de las clases dominantes y del imperialismo. En eso tengo fe, para eso trabajo, con la perspectiva histórica que está planteada en la Argentina y en Latinoamérica.

—Hace un momento, Rucci dijo que si se llegara a declarar o sacar del ámbito político al Frejuli, se movilizaría la CGT.

RUCCI: —No dije tal cosa.

—Pero dio a entender que se llamaría a la lucha. ¿Por qué, si la CGT se declara peronista, no se movilizó cuando se lo proscribió a Perón?

RUCCI: —Es muy difícil poder aceptar, para quien no es peronista, la estrategia que tiene el peronismo dentro de los problemas políticos que se debaten en el país. Porque el peronismo no es un partido político, es un movimiento que, como lo dijo el compañero Tosco, tiene un líder, tiene mentalidad revolucionaria y si se encaja como partido político es para enfrentar la batalla dentro de un proceso y asumir el poder. Lo que implica que cuando se entra en este juego, se hace lo que conviene por la sencilla razón de que una actitud emotiva, o una actitud justificada, puede ser el factor o elemento que perturbe esa estrategia y no se logre el objetivo.

—¿Qué es la revolución para usted, Rucci?

RUCCI: —La revolución es la que se plasmó en 1946, cuando el peronismo, prácticamente por sus votos, barrió la alianza nefasta de la Unión Democrática.

—Pero con eso no la define…

RUCCI: —Bueno la revolución es… Es decir, la revolución, mejor dicho una revolución, creo que no es ninguna novedad saber lo que es una revolución… Una revolución puede ser cruenta o incruenta. La revolución es provocar el gran cambio que entierre esta estructura que somete a los pueblos; estructuras que someten a los trabajadores y que colocan al país en el terreno de la dependencia. Revolución es liberación; la forma de encarar la revolución, la forma de llevarla y concretarla, eso depende…

—Pero ¿usted dice que la propiedad de los medios de producción debe ser de los particulares, del Estado o del…?

RUCCI: —No. La revolución que sostenemos los peronistas no es la revolución de decir aquello que tenés vos es mío y vos hoy no tenés nada. Es decir, acá no se trata de apropiar nada. Acá la revolución tiene que tener como objetivo fundamental el respeto a la dignidad humana. Punto segundo: que el capital cumpla una función social y se integre a las necesidades del país.

—¿Usted entiende que en los países socialistas no hay respeto por la dignidad humana?

RUCCI: —Si usted me dice que Rusia es un país socialista, yo le digo que es uno de los pocos países, quizás el único en el mundo, donde el sindicalismo no existe. No hay libertad sindical, sino que los dirigentes son funcionarios del gobierno, lo que implica…

—Le estoy hablando de Cuba, Rucci.

RUCCI: —Bueno, yo diría que el fenómeno de Cuba es la lógica consecuencia que se plantea en el momento en que vivimos.

—Concretamente, sin tantas palabras…

RUCCI: —Soy un admirador de la revolución cubana.

—¿Adoptaría ese tipo de salida para la Argentina?

RUCCI: —Yo apoyaría toda revolución destinada a la liberación del pueblo.

—Entonces, ¿cómo tendría que ser la liberación del pueblo en un futuro inmediato?

RUCCI: —La liberación del pueblo en un futuro inmediato se puede dar a través del proceso que el movimiento peronista ha optado: las elecciones. Lo que no implica de manera alguna que ese sea el único hecho idóneo para una revolución. Optamos por el camino incruento. Hay un proceso que se gesta en el mundo, que nada ni nadie podrá detener.

[…]

—¿Usted tiene algo que ver con esa famosa frase que se le adjudica de que Tosco es “el dirigente de la triste figura”? Ocurre que estamos portándonos como chicos buenos de colegio, cuando en realidad ustedes se han enfrentado con unas solicitadas tremendas. Además, usted dijo que en el movimiento peronista había “infiltrados asquerosos bolches”, aludiendo directamente a Tosco y otros dirigentes…

RUCCI: —No… No… Yo pude haber dicho eso, pero de ninguna manera ese tipo de calificativos o agravios puede haber sido dirigido a determinadas personas del movimiento… Está dirigido este calificativo a quienes solapadamente se esconden detrás de un bombo o se infiltran en el movimiento peronista, gente que nada tiene que ver con el movimiento obrero. Me parece que he sido claro porque en ningún momento he mencionado nombres, por lo menos con ese tipo de agravios.

—¿Qué es infiltrarse en el movimiento obrero? ¿Qué haya gente que no piensa como usted?

RUCCI: —No… De ninguna manera. El compañero Tosco ha dicho una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo: “El peronismo no es sectario”. Incluso el Partido Comunista, en la época de Perón, tenía personería jurídica y votaba.

—Si es así, ¿por qué usted los trata como “asquerosos bolches”?

RUCCI: —Porque todo aquel que atenta contra la unidad orgánica del movimiento obrero, que no es un invento de Rucci, ni un invento de Tosco, sino un invento de los trabajadores, a través de sus cuerpos orgánicos, que se han organizado y tienen una central obrera. De este modo quienes atenten contra esa unidad con eslóganes que nada tienen que ver con los trabajadores son infiltrados.

—Usted, Tosco, ¿atenta contra la unidad del movimiento obrero?

TOSCO: —¿Cómo? ¿De qué forma atento? Como directivos de la CGT, nosotros acatamos resoluciones de los cuerpos orgánicos. Y cuando estamos en la lucha, siempre hemos cumplido. La CGT de Córdoba jamás dejó de cumplir un paro… Rucci no es el dueño de la CGT. No hay máxima autoridad para nosotros. Sólo hay cuerpos orgánicos democráticamente constituidos, y todas las resoluciones se dan en ese carácter, que es lo único que respetamos. Córdoba jamás ha dejado de cumplir un paro, ha hecho muchos más paros que la CGT. Porque la CGT nacional se ha limitado a una serie de paros, y nosotros creemos que se puede ir mucho más allá, como lo hemos probado.

—¿Qué opina de las 62 Organizaciones, Tosco?

TOSCO: —Es un nucleamiento sindical que levanta las banderas del peronismo. No pertenezco a él. Levanto yo las del Movimiento Nacional Intersindical.

—¿Qué ideología tiene ese nucleamiento?

TOSCO: —El MNI es socialista, levanta la bandera de la liberación nacional y social.

—¿A través del marxismo?

TOSCO: —Yo tengo raíz marxista. Pero el socialismo, en la Argentina, tiene una raíz heterogénea. Hay compañeros que levantan desde el peronismo al socialismo. Y, evidentemente, esos compañeros peronistas van asumiendo el socialismo en unidad con los demás sectores.

—¿Sostiene la lucha de clases el MNI?

TOSCO: —Más que sostener, interpreta un hecho histórico que es la lucha de clases.

—¿El peronismo plantea la lucha de clases?

RUCCI: —Plantea la unidad de todos los sectores… No plantea la lucha de clases. Bien lo ha dicho el general Perón cuando estuvo acá. Ésta no es una cuestión de partidos políticos, sino que ésta es una cuestión programática nacional en la cual tienen participación todos los que estén dentro de esta filosofía en lo que respecta al socialismo. El peronismo no es un movimiento estático. Evoluciona, y dentro de esta evolución da lugar a un proceso que va a terminar en el socialismo nacional.

—¿Podría definirlo?

RUCCI: —El socialismo tiene, en distintos países del mundo, diversos matices. El socialismo que yo planteo es una integración de una sociedad donde, por sobre los sectores o grupos, prive el respeto a la dignidad y priven también los fundamentos en que está basada nuestra sociedad.

TOSCO: —Nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas, de los monopolios, para el pueblo. Socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Deben desaparecer las clases y debe existir una clase, la de quienes trabajan. Y no como ahora, que existe la de los explotados y la de los explotadores.

RUCCI: —Eso no es socialismo…

—¿Le tiene mucho miedo al marxismo, Rucci?

RUCCI: —No, no le tengo miedo. Pero considero que el marxismo ya no tiene más vigencia en el mundo.

—¿No cree que el marxismo puede ser un aporte para el peronismo?

RUCCI: —El peronismo puede tener aportes de todas las ideologías, siempre y cuando encajen dentro de la filosofía que plantea el peronismo […].

“El programa siempre tenía buen rating; de los programas políticos era el que más medía, pero el rating del debate Rucci-Tosco fue monstruoso. Sofovich estaba contentísimo. El interés del programa estaba en demostrar que se podía debatir ideas, y la cuestión no era pelearse. Pero lo de Rucci y Tosco no cayó bien en el peronismo; debe haber significado un problema para Sofovich. Y cuando empezaron a gobernar, pocos meses después, Las dos campanas dejó de hacerse. Quizá no gustaba que se debatiera tanto. Era una época violenta. Me acuerdo de que en un programa le hice una pregunta a [Guillermo Patricio] Kelly que le molestó y en el corte de publicidad me dijo fuerte: ‘Che, Salas, en la puerta te cago a tiros, ¿entendiste?’. Lo oyó todo el canal. Yo me hice el boludo, pero no me dejaron salir porque Kelly se había quedado esperando afuera”, recuerda Horacio Salas.

Un día después del debate, el 14 de febrero de 1973, en un acto del FREJULI en Chivilcoy, organizado por el sector gremial, mataron a Osvaldo Bianculli, chofer y custodio de José Rucci, que había sido orador en ese encuentro, en medio de un tiroteo con la Juventud Peronista (JP) local.

El 25 de septiembre de 1973, Montoneros mataría a Rucci a la salida de una casa en el barrio de Flores, dos días después de que Perón venciera en las elecciones para iniciar su tercer gobierno.

En febrero de 1974, el coronel Antonio Navarro encabezó un “golpe policial” en Córdoba, convalidado por Perón, y destituyó al gobernador Ricardo Obregón Cano. A partir de entonces, Tosco sería amenazado y perseguido. Su gremio, Luz y Fuerza, fue intervenido por el nuevo gobierno y se prohibió la acción sindical. Tosco abandonó las actividades públicas para evitar ser muerto por las bandas parapoliciales de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que operaban en la provincia como “Comando de Libertadores de América”. Moriría el 5 de noviembre de 1975 por el avance de una enfermedad neurológica que no pudo tratar debido a su clandestinidad.

La desgrabación textual del programa se puede encontrar en www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/debate-televisivo-rucci-tosco (consultado en diciembre de 2018).

EPISODIO 3
“Todo era fanatismo”

Juan Manuel Abal Medina, ex secretario general del Movimiento Justicialista, reconstruye los momentos previos a la elección de Héctor J. Cámpora como candidato presidencial y la sangrienta lucha interna del peronismo que se avecinaba.

Yo creo que nuestra responsabilidad, la de los que tuvimos que ver en esa conducción, fue no haber logrado evitar que la interna peronista se trasformara en un capítulo de la Guerra Fría.

JUAN MANUEL ABAL MEDINA

Juan Manuel Abal Medina tuvo un rol clave en la Argentina de inicios de los años setenta. Fue uno de los gestores del regreso de Juan Domingo Perón al país, luego de diecisiete años de exilio, en noviembre de 1972, y mantuvo reuniones a solas con él en las que se decidió la candidatura presidencial del entonces delegado Héctor Cámpora para las elecciones del 11 de marzo de 1973.

En esa época, Abal Medina tenía 27 años. Su protagonismo en este período, previo a la violencia interna que se desencadenaría en el peronismo, no podría entenderse sin la figura de su hermano, Fernando Abal Medina, uno de los fundadores de Montoneros, que participó en el secuestro y crimen del general Pedro Aramburu en 1970.

Un año después, Juan Manuel Abal Medina comenzó a tratar a Perón en su casa de Puerta de Hierro. El vínculo no surgió, estrictamente, por medio de Montoneros, sino por el ex ministro de Comercio Exterior de Perón, Antonio Cafiero, y algunos sindicalistas con los que tenía una relación muy cercana.

Lo que interesó a Perón fue que Abal Medina podría acercar sectores militares al Movimiento, o al menos convencerlos de que aceptaran su regreso. “Para los militares, a pesar de mi apellido, yo no era mala palabra”, dice. Además, podría unir a montoneros con gremialistas. Abal Medina mantenía relación con Rodolfo Galimberti, delegado juvenil de Perón, y Lorenzo Miguel, titular de la UOM.

—En ese momento suponíamos que la llegada de Perón significaría el fin de la guerrilla. El General tenía confianza de que llegaríamos a un estatus similar al de México con Cuba. Que no habría apoyo cubano a la guerrilla. El General escribió varias cartas a Fidel Castro. El portador fue Manuel Urriza, que luego fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El General me decía que a los “muchachos” había que hacerles entender que la acción guerrillera era “hasta ahí”. Cuando hablábamos sobre esto, Montoneros todavía no tenía relevancia. Crece y hace su explosión con la campaña del “Luche y Vuelve”, en julio de 1972, pero esa consigna era por Perón. Finalmente, el Movimiento llega unido al 17 de noviembre, cuando regresa Perón. Esto incluía a gremios y a Montoneros. Se hablaba de “burocracia sindical” y de “bolches infiltrados”, pero todos estaban contenidos —dice.

Prófugo por el crimen de Aramburu, Fernando Abal Medina había caído bajo balas policiales en una pizzería de William Morris, en el Gran Buenos Aires, el 7 de septiembre de 1970.

Juan Manuel considera que su hermano fue determinante para que Perón lo designara secretario general del Movimiento Justicialista. El apellido Abal Medina tenía mucho peso en los jóvenes.

—¿Cómo veía el peronismo, en esta etapa, la figura de su hermano Fernando, después del secuestro y crimen de Aramburu?

—Había de todo un poco. Mucha gente que no lo aprobaba en público, lo aprobaba en privado. Cuando el General, en su carta a Montoneros, les dice que esa acción no había interferido en sus planes, le da cierta legitimidad. Y también cuando Cámpora anunció mi designación como secretario en un acto público y habló del “eco emocionado” que despertaba mi apellido en la juventud. Eso es así. Yo venía de [la revista] Azul y Blanco, que era un formato más pro peronista. Mi hermano Fernando también había estado ahí. La voz de la proclama de apoyo al levantamiento militar, nacionalista y filoperonista, del general Jorge Labanca [en agosto de 1969], es de Fernando. La graba él porque era la mejor voz que teníamos.

Perón estaba proscripto, no podía participar de las elecciones del 11 de marzo de 1973 porque había decidido no aceptar los términos impuestos por la dictadura. El general Lanusse había impuesto la cláusula de residencia, que obligaba a los candidatos a permanecer en el país. La fecha límite que marcó fue el 25 de agosto. Tres días antes, la Armada había fusilado a guerrilleros en la base naval Almirante Zar, en Chubut. Los habían detenido luego de la frustrada fuga del penal de Rawson. Abal Medina cree que Perón no quería ser candidato: “Si lo poníamos de candidato con los militares en el poder, se caía todo el proceso electoral. Los militares no lo hubieran aceptado, y Perón no hubiera soportado físicamente una campaña electoral en el país. Eso era impensable. El regreso de Perón del 17 de noviembre se pensó por un tiempo máximo de un mes, para que luego regresara a Madrid”, asegura.

En esa visita a la Argentina, Perón debía definir a su candidato. Se especulaba que podría ser Antonio Cafiero. Abal Medina revela qué pudo haber sucedido para que esa opción presidencial naufragara, en forma imprevista, en el curso de pocos días.

—El 4 de octubre de 1972 —recuerda—, Perón da una conferencia de prensa en Puerta de Hierro y lo hace levantar del sillón a López Rega y sienta a su lado a Antonio Cafiero. En el lenguaje del peronismo, ése era su candidato. Perón lo presentó como el hombre que estaba armando el nuevo gobierno justicialista. Ese día, Perón le dice a Cafiero: “Cuídese, no hable con Lanusse porque la relación con los militares ya la tengo encargada. Usted sabe a quién”. Era yo. El 8 de octubre es el cumpleaños de Perón en Madrid. Estaba Antonio [Cafiero]. El General hizo pública mi designación como secretario del Movimiento Justicialista, y era ostensible que Antonio, presente en la sala junto a otras veinte personas (Cámpora no estaba), iba a ser candidato a presidente. Cuando volvemos a Buenos Aires, Antonio me dice que Lanusse le pidió verlo en forma reservada. “Quedaría como una fractura si no lo veo, es el presidente”, me explicó. Yo le aclaré que era “el dictador”, pero si era así de dramático el asunto, que fuera. Se lo anticipé al General desde la central telefónica de Maipú y avenida Corrientes. No era fácil la comunicación. Su teléfono estaba pinchado por todos los servicios del mundo, y le digo que “el amigo” me dice que no tiene más remedio que ir a juntarse, que tiene que ir…

—¿Qué quería Lanusse de esa reunión con Cafiero?

—Una explícita condena a la violencia y una transición de común acuerdo, con Cafiero como candidato. Lanusse quería evitar una retirada desastrosa de las Fuerzas Armadas. Yo luego le informé a Perón que Cafiero dijo que en la reunión no había ocurrido nada trascendente. Pero a Perón no le gustó el tema.

En forma casi inmediata, con pocos días de anticipación, se anuncia el regreso de Perón para el 17 de noviembre en un acto en el hotel Savoy, que preside Cámpora. “Ahí crece Cámpora —dice Abal Medina—. Cafiero ya no está como primera figura.”

Pero lo más trascendente ocurre después, cuando Lanusse, en una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dice que en su conversación con Cafiero mencionó, refiriéndose a Perón, que “ese cobarde no va a volver”, y Cafiero guardó silencio.

—Eso obviamente se filtró y se publicó en los diarios —continúa Abal Medina—. Es decir, lo liquidó. Antonio envió una carta, creo que a Clarín, y salió un recorte pequeño. No negó la reunión pero desmintió los trascendidos que se difundieron.

—Dados esos antecedentes, ¿cómo fue el proceso de decisión de la candidatura de Cámpora?

—Pocos días después de que Perón llegara al país. Yo le dije al General que mi tarea estaba cumplida, porque yo era el secretario general para su regreso, y él dijo que habría que ir viendo el tema de las candidaturas. Pero había que seguir apretando.

—¿Qué se entendía por “apretando”?

—Quería decir todo. Él daba manija: “La violencia en manos de un pueblo no es violencia sino justicia”, todo eso… El caso es que Antonio, preocupado porque estaba congelado, intenta mantener una reunión a solas con el General y contarle lo sucedido con Lanusse. Se lo traslado al General, y él dice que ya dio su explicación y con eso está bien. Entonces, Antonio prepara una carta larga con ideas hacia el futuro y me pide si se la puedo llevar a la casa de Gaspar Campos. Le llevé la carta, le dije de qué se trataba, le expliqué que acababa de almorzar con Cafiero, y el General no la quiso recibir. Esa misma tarde, en Gaspar Campos, tuvimos una reunión con Lorenzo Miguel y Rucci para la distribución de los cargos, 25% por rama del Movimiento. Cuando Rucci introduce el tema de la candidatura presidencial, Perón lo corta: “Eso después lo vemos”. Cuando le devolví la carta a Antonio, me comentó: “Me parece que no voy a ser yo”. Y ahí me recomendó que manejara las cosas con cuidado con el sindicalismo porque Rucci detestaba a Cámpora. Y era verdad.

—¿Por qué lo detestaba?

—Porque Rucci era el colmo del sindicalista del viejo estilo. Y Cámpora era el colmo del político del viejo estilo. Y eso en el peronismo había sido el aceite y el vinagre. Cámpora era la quintaesencia del poder político de la “corte peronista”, y Rucci era mal hablado, prepotente, apretador, etcétera. Era imposible que funcionaran juntos. Era una relación imposible. Y después, la obsesión de Rucci con todo lo que tuviera que ver con Montoneros, que Cámpora iba arrastrar a Montoneros…

—¿Cómo se define Perón por Cámpora?

—Perón me llama y me dice que tenemos que ver lo de las candidaturas: “Doctor (Perón me decía doctor), he recibido comentarios, nada directos, pero me llegaron tres nombres… cuatro, porque también me pusieron a [Raúl] Matera”, y se rio. Eran [Jorge Alberto] Taiana, Cámpora y Cafiero. Los dijo en ese orden. “Pero como están las cosas, y como no puedo ser yo, el candidato es mi delegado. Si en estos días no pasa nada grave, maneje las cosas para que el Congreso [peronista] lo ponga a Cámpora. Adelánteselo hoy, porque mañana va a venir conmigo a Asunción.” Lo iba a acompañar Cámpora. La idea era mostrar que “Cámpora era Perón en la Argentina”. Y Cámpora jugó hábilmente a eso. Perón me instruyó que se lo comunicara al sindicalismo cuando él se hubiera ido, al día siguiente.

El 14 de diciembre de 1972, después de veintisiete días de permanencia, Perón viajó a Asunción, previo a su regreso a Madrid. Cuando Rucci vio que por la escalerilla del avión también subía Cámpora, quedó paralizado. “Ahora se pudre todo…”, anticipó.

—¿Perón no temía que la candidatura de Cámpora le diera más preponderancia a Montoneros dentro del Movimiento Peronista?

—Perón pensaba que eso estaba controlado. Montoneros pedía por la candidatura de Perón, y si no se podía, la de Cámpora. La candidatura de Cafiero, en cambio, para Montoneros, era una claudicación frente al sindicalismo. Y Perón tampoco se quiso entregar al sindicalismo en las elecciones. En definitiva, la candidatura de Cafiero se manejaba como una retirada ordenada de las Fuerzas Armadas. Venía en ese contexto. Eso, para Perón, suponía avanzar menos de lo que ya habíamos avanzado. Si no podía ser él, debía ser alguien “como si fuera él”. Con un gobierno de Cafiero, con un sindicalismo fuerte, hubiera sido su ocaso. La candidatura más lógica era la de Cámpora. Los militares lo iban a “apretar” a Antonio. Había muchos temas sensibles. Yo lo hablé con Cafiero abiertamente. Ya habíamos ganado con el regreso de Perón, y al enemigo, que en ese momento eran las Fuerzas Armadas, había que terminar de vencerlo.

El Congreso del Partido Justicialista que definiría la candidatura presidencial estaba convocado para el día siguiente de la partida de Perón. La orden ya estaba dada. Ahora debía votarse. Los doscientos cincuenta congresales se reunieron en el hotel Crillón, en Buenos Aires. Rucci trató de impedir la nominación de Cámpora.

—Las posiciones se polarizaron entre los que decían que tenía que ir una delegación a Asunción para ratificar la candidatura de Perón, que era lo que querían Rucci y compañía, Rogelio Coria, Manuel de Anchorena, Victorio Calabró, y los que decíamos que había que pedirle instrucciones a Perón vía télex a Paraguay —dice Abal Medina—. Antes de votar, entra el Petiso [Rucci] al hotel, entra con su banda, y me dice: “Vengo a romper todo”. Pido breve receso y le digo: “Esto es el congreso”. Fuimos a hablar a la esquina. Me dice: “Vamos a Asunción a hablar con el General”. “El General ya decidió”, lo disuadí. Y se fue; él no era congresal. Finalmente, se votó enviar un télex al hotel en Asunción. Fuimos con una delegación a Corrientes y Maipú y lo enviamos a su hotel. No recuerdo el texto con precisión. Era algo así como: “Congreso reunido ratifica unánimemente su candidatura. Esperamos instrucciones”. Una hora larga esperamos. Y el General escribe: “Primero la Patria, luego el Movimiento, luego los hombres. Rechazo mi candidatura. El compañero Abal Medina tiene instrucciones de cómo proceder”. Y después fuimos al congreso y se votó la candidatura de Cámpora-Solano Lima.

Muy pronto, Montoneros lanzó la consigna “Montoneros y Perón, conducción, conducción!”, con el nombre “Montoneros” en primer término, y tras la victoria de Cámpora entregaría al presidente electo la lista de sus hombres para conformar el futuro gobierno.

—Fue la reunión de abril de 1973 (en la casa de la mamá de Julieta Bullrich, novia de Rodolfo Galimberti) cuando le dan a Cámpora la lista de ministros, funcionarios, legisladores para su gobierno. Se la da el “Pepe” [Mario] Firmenich a Cámpora… Cámpora no los quería. Tenía admiración por la cosa juvenil, pero a la “orga” como tal no la quería, y eso se nota después.

—¿Cómo se rompe la convivencia interna en el peronismo del 73?

—Nosotros teníamos la reorganización en marcha, con la juventud adentro y respeto a los espacios de poder. El plan era que ni la Juventud se metiera con el sindicalismo, ni el sindicalismo con la juventud. Sin Juventud de Trabajadores Peronistas ni Juventud Sindical. Y había que neutralizar todo lo que pudiéramos a los cubanos (para que no apoyaran la guerrilla). Cuando fue ideado, el General pensaba que en América Latina se marchaba hacia el socialismo. Ése era el mundo de 1972. Por eso, la actualización doctrinaria del justicialismo. Y en el 73 el mundo empezó a girar para el otro lado, [Henry] Kissinger empieza a complotar contra [el gobierno de Salvador Allende en] Chile.

—Un discurso suyo en el Sindicato del Calzado, en abril de 1973, también habla de socialismo nacional.

—Es que en ese momento estábamos totalmente en eso.

—¿Cuál es la responsabilidad suya y la del peronismo en toda la violencia que se vivió después?

—Yo creo que nuestra responsabilidad, la de los que tuvimos que ver en esa conducción, fue no haber logrado evitar que la interna peronista se trasformara en un capítulo de la Guerra Fría. Tremendo fue. Esto no es para sacarle la responsabilidad a nadie. Hubo muchos desencadenantes. El más grave de todos, la salud declinante del General. Cuando llegué a Madrid, el 1° de marzo de 1973, Perón no tenía nada que ver con el que se había ido el 14 de diciembre de Buenos Aires. Y López Rega me preguntó qué va a pasar “con nosotros” si al General le pasa algo. “Cámpora se está cortando solo”, decía. Isabel escuchaba, no decía nada. Fue un almuerzo en el restaurante Bajamar, una comida muy desagradable. Yo le decía: “Lopecito, deje que el General se ocupe de la política. Todos van a hacer lo que diga el General”. Creo que ellos (López Rega e Isabel) querían que lo boicoteara a Cámpora. Y luego le dije al General: “López está diciendo tonterías”.

—Usted dice que la interna peronista se vuelve sangrienta por la Guerra Fría. Pero ¿cuánto pesó la contradicción ideológica del peronismo en ese tiempo?

—Había una contradicción ideológica al interior del peronismo, pero que eso se transformara en comunismo frente a Occidente no tenía por qué suceder. El peronismo, con Perón en buenas condiciones, con excelente relación con Cuba, con integración abierta de todos los sectores, podría haberlo evitado. El General quería parar la mano con el socialismo. Me lo dijo con todas las letras cuando llegó al país el 20 de junio: “Todo el mundo está cambiando aceleradamente, tenemos que ser muy cuidadosos. El Ejército está intacto…”. Pero ya en esa época, en Gaspar Campos, era un Perón de “tres horas por día”. Las dos veces que lo vi a la tarde, decidí no verlo más. Prefería verlo a la mañana. Era imposible que se concentrara, te hacía repetir. Era un tema delicado. Esto fue antes de que fuera candidato [a presidente, en septiembre de 1973]. Es muy triste lo que pasó con el General. Fue una fatalidad para el país. El terrorismo de Estado pudo no haber existido, en un país que se hubiera encaminado con un peronismo moderado, de buena relación con otras fuerzas políticas, con una cosa ligeramente reformista. Pero el fanatismo en los setenta era insoportable. Y el fanatismo estaba dentro del peronismo, de los “montos” y de los gremios. Todo era fanatismo.

EPISODIO 4
Un día feliz

La consigna electoral “Ni un día de gobierno popular con presos políticos” es tomada en forma literal en la cárcel de Villa Devoto. El 25 de mayo de 1973, cuando Héctor Cámpora asume como presidente, exigen que se cumpla. Los pabellones están tomados y una movilización presiona sobre las puertas de la cárcel.

En un momento empezaron a perforar el portón principal con una autógena. Yo sé lo que es una autógena. Vengo del Otto Krausse. ¡Los tipos tenían una autógena! [El prefecto] Díaz no quería reprimir, pero hizo armar a su oficialidad y la puso delante de los portones para repeler un posible ataque. Los presos ya estaban por el patio. Afuera había una multitud.

HÉCTOR SANDLER

En el atardecer del 25 de mayo de 1973, atrincherado en su despacho de la planta baja del penal de Villa Devoto, el prefecto Romualdo Díaz recibió con decepción la respuesta de su ayudante de Órdenes. Le había encomendado que llamara a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario, al juzgado de turno y al Ministerio de Justicia, pero nadie atendía los teléfonos. La Policía Federal había levantado a su personal de los pabellones, y el escuadrón de la Gendarmería que estaba en los galpones se había ido hacía unos días.

En su oficina, Díaz escuchaba una radio que informaba que una multitud caminaba con antorchas hacia Devoto para presionar por la liberación de los presos.

Desde afuera llegaba un bramido, como un grito de guerra: “Reviente quien reviente, libertad a los combatientes”.

El penal hervía.

Desde el miércoles 23 a la madrugada, los presos políticos, hombres y mujeres del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Montoneros, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), militantes estudiantiles, dirigentes obreros, habían tomado los pabellones. Eran 135 hombres y 87 mujeres. Circulaban por el hall, moviéndose entre el segundo y el quinto piso. Las celdas estaban abiertas. El día 24, las visitas les habían ingresado telas, una cámara de fotos, un grabador, radios y un megáfono para que se comunicaran con la movilización, prevista para el 25 de mayo.

Al prefecto Díaz, que acababa de ser designado en la dirección del instituto penal, le preocupaba que los presos comunes, que permanecían encerrados en sus pabellones, se amotinaran y aprovecharan el descontrol para salir de la cárcel. Eran más de 3.000. Ya habían roto algunas rejas de acceso y habían incendiado colchones. Algunos guardiacárceles dejaron sus uniformes y se vistieron de civil, por prevención.

Díaz estaba acompañado por seis o siete hombres de su plana mayor y un grupo de diputados que habían jurado ese mismo día. Se habían acercado al penal con la voluntad de asegurar la vida de los detenidos políticos. Estaban Rodolfo Díaz Vittar, Héctor Sandler, Julio Mera Figueroa, Roberto Vidaña, entre tantos otros. También había llegado Roberto Pettinato, jefe penitenciario del primer gobierno de Perón.

Los diputados temían que el día que el peronismo retornaba al poder tras diecisiete años de proscripción, por una orden militar secreta o por un desborde emocional, se consumara una masacre. Una nueva masacre.

Los dieciséis fusilados en la base naval de Trelew, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, sobrevolaban como un fantasma en la mente de los legisladores y también en la de los presos.

Los tres sobrevivientes de aquellos fusilamientos —María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps— estaban en los pabellones de arriba. El día anterior se habían encerrado en una celda con Paco Urondo, periodista y militante de FAR, también detenido. Urondo grabó por primera vez sus testimonios, que publicaría en el libro La patria fusilada.

En su acción pacificadora, los diputados no imaginaban que un desventurado plan de algunos presos del ERP planeaba utilizarlos como “escudos humanos”, si se les negaba la salida. Imaginaban, oscuramente, que Cámpora podría indultar a los montoneros y mantenerlos presos a ellos, por eso el objetivo era salir ese mismo 25 de mayo del modo que fuera, aun con los diputados como rehenes.

El ERP había tomado en forma literal la promesa del candidato del FREJULI, Héctor Cámpora: “Ni un solo día de gobierno popular con presos políticos”.

Esa misma mañana, ante la Asamblea Legislativa, el presidente había entregado un proyecto de Ley de Amnistía para que lo debatiera el Congreso. Los diputados se habían comprometido a iniciar el debate a partir del día siguiente. Se especulaba que, entre el debate, la sanción de la ley y el análisis de los expedientes por parte de los jueces, los detenidos podrían salir en libertad en una semana.

La situación en el penal de Devoto hacía impensable una espera semejante. Los pabellones eran una caldera, y miles de personas reclamaban la liberación. Incluso Pedro Cazes Camarero, responsable de los presos del ERP, quedó estupefacto cuando bajó a la pasarela del primer piso para observar a la multitud. Las columnas instaladas en la calle Bermúdez se extendían por seis cuadras, hasta la avenida Beiró.

Los golpes contra los portones estallaban en la oficina de Díaz. “Vamos a entrar a romper todo.”

El prefecto reclamó a los diputados una orden para abrir las puertas, pero no había orden ni indulto. Se sancionaría la amnistía luego del debate parlamentario. El único funcionario de gobierno que había sido informado sobre la situación en el penal era el ministro del Interior, Esteban Righi, que había asumido hacía tres horas y acababa de darse un baño en su departamento para ir al cóctel de las delegaciones extranjeras. Decidió llamar a la oficina de Díaz.

“Cuando estaba en la pasarela, un guardia me dijo que bajara a la oficina para hablar por teléfono con Righi. Todavía no era de noche. Righi no era un tipo reaccionario; sobre los presos políticos le había dicho a Cámpora que dejara pasar el tema, que en cuatro o cinco días salíamos. Me dijo: ‘Escúcheme, Cazes. Ustedes le dicen a la gente que se retire y nosotros les garantizamos la amnistía y salen todos afuera’. Estaban todos escuchando, veinte tipos alrededor, mientras desde afuera se escuchaban los golpes de poste de teléfono contra el portón. Le digo: ‘Mire, Righi, están tirando la puerta abajo. ¿Usted cree que a la gente que viene a pedir mi libertad y la de los compañeros yo le puedo decir que se vaya?”, recordó Pedro Cazes Camarero, responsable de los presos del PRT-ERP.

Primavera sangrienta

“El ERP presionaba a un gobierno que acababa de asumir. Querían aparecer arrancándole el indulto al nuevo gobierno. Había un conflicto de intereses claro entre un gobierno que quería ser protagonista de una etapa —FREJULI— y ellos —ERP—, que querían hacernos parecer un gobierno burgués, y que la libertad la conseguían ellos. Querían marcar esa diferencia. Montoneros fue arrastrado por el ERP. Era un híbrido. Mi preocupación era que no hubiera episodios de violencia. Acabábamos de llegar, y cuando estás recién llegado, no sabés qué timbres tocar”, evocó Righi, cuarenta y cinco años después de los hechos.

Cuando ya había oscurecido, un camión avanzó sobre la multitud y se colocó de culata frente al portón. La caja trasera estaba cubierta con una lona. Los guardiacárceles suponían que bajarían las armas y empezarían a distribuirlas. Algunos agentes, que se habían negado a entregar sus pistolas 9 mm y ametralladoras PA3, se parapetaron en las ventanas del penal. La orden fue cubrir el frente y el playón grande, para que nadie entrara ni saliera. Un agente, desde la terraza, tiró una granada de gas lacrimógeno hacia el camión, pero rebotó contra una reja y golpeó el casco de un penitenciario. Fue insultado por sus pares.

“El camión nunca golpeó el portón. Lo habían traído los montos. No tenía armas. Los montos dicen que llevaron algunas armas en auto. Nosotros no llevamos armas. Había una decisión política de no liberar el penal con armas. La decisión era entrar en el penal, como última opción, en el marco de una movilización, que podía ser muy fuerte”, indicó Cazes Camarero.

“En un momento empezaron a perforar el portón principal con una autógena. Yo sé lo que es una autógena. Vengo del Otto Krause. ¡Los tipos tenían una autógena! Díaz no quería reprimir, pero hizo armar a su oficialidad y la puso delante de los portones para repeler un posible ataque. Los presos ya estaban por el patio. Afuera había una multitud”, recuerda el ex diputado Héctor Sandler.

Los presos políticos detenidos en distintas cárceles del país habían sido imputados y, en pocos casos, condenados por la Cámara Federal Penal Nacional —sus críticos se referían a ella como “El Camarón”—, que había sido creada por el general Alejandro Lanusse por decreto en mayo de 1971 y tenía competencia específica en las “actividades subversivas”. Juzgaba las acciones armadas, la difusión de propaganda política, las movilizaciones, las huelgas y las protestas callejeras en el contexto de la dictadura militar, que prohibía la actividad política.

La Cámara tenía una jurisdicción única —todo el territorio del país—; la instrucción quedaba a cargo de las fuerzas de seguridad; sus jueces habían sido designados por el gobierno militar, y las condenas no preveían instancias de apelación, en contradicción con las garantías que reserva la Constitución.

Una de las denuncias más frecuentes contra el “fuero antisubversivo” eran las torturas que padecían los acusados en sedes policiales, antes de ser indagados por el juez de la Cámara, que desechaba las denuncias de apremios y tormentos.

En el primer año, la Cámara Federal llevó a prisión a 1.452 imputados y dictó 45 condenas. Algunos de los presos fueron alojados en el buque Granaderos. Una masiva huelga de hambre, en junio de 1972, desactivó la nave como establecimiento carcelario.

Los detenidos, a su vez, estaban encarcelados bajo régimen cerrado, de “máxima peligrosidad”, en celdas individuales, de 1,80 por 2 metros. Disponían de una hora de recreo por día, y sus visitas estaban restringidas. Estaban uniformados con un mameluco. Este régimen carcelario era sólo aplicado para los detenidos por la Cámara Federal.

Para denunciar el trato humanitario “denigrante” y dar a conocer los efectos en la salud y en la psiquis de los detenidos, un grupo de las FAL decidió secuestrar al jefe de psiquiatría del penal de Villa Devoto, Hugo Norberto D’Aquila. El 11 de enero de 1973 lo sacaron de su consultorio particular en Avellaneda, lo amordazaron y se lo llevaron. Lo interrogaron durante cuatro días sobre las condiciones carcelarias. El interrogatorio fue publicado algunos meses después en el libro Máxima seguridad, que circuló de modo restringido en el ámbito de la militancia armada. Cuatro días después, sin que mediara pedido de rescate, el doctor D’Aquila fue liberado en Liniers.

Hasta ese momento, en los establecimientos penales de Villa Devoto, Caseros, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Mendoza, Chaco y Tucumán, permanecían en prisión integrantes del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), el primer foco guevarista de Salta, detenidos en 1964; algunos combatientes peronistas apresados en Taco Ralo, en Tucumán, en 1967; otros que habían participado del secuestro del general Pedro Aramburu y del industrial Oberdán Sallustro, presidente de FIAT, y obreros detenidos en huelgas, entre otros.

En su campaña electoral, Cámpora había prometido liberarlos a todos.

Sin indulto ni amnistía

Después de la comunicación con Cazes Camarero, Righi logró interceptar a Cámpora en su departamento, antes de que saliera hacia la cena de gala que se ofrecía en el salón del Concejo Deliberante para las delegaciones extranjeras.

“Le conté lo que pasaba y le dije que las alternativas eran todas malas: reprimir, cosa que no se podía hacer, o dejar que tomaran la cárcel, que tampoco se podía hacer. Veníamos precedidos de una larga discusión entre los partidarios del indulto y los de la amnistía. Yo estaba en este último grupo. Habíamos logrado una fórmula que permitía la liberación en un par de días. No había razones para presionar y obtener el indulto. Cámpora entendió que no había más remedio que dar el indulto y le dije que había que anunciarlo para descomprimir. Me dijo que preparara todo”, refirió Righi.

Pero mientras el ministro del Interior empezaba a trabajar con su equipo en el despacho de la Casa Rosada para la elaboración del indulto, llegó al penal de Villa Devoto Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Movimiento Justicialista, que no tenía funciones de gobierno. Había sido llamado por su secretario, el diputado Julio Mera Figueroa, que estaba en la oficina del prefecto Díaz analizando qué hacer.

“Me llamó Julio y me dijo que estaban golpeando las puertas y no se sabía si las iban a tirar. Decidí ir a Devoto. No tenía ninguna instrucción. En esa época era todo de hecho. Fui en auto, con mi custodia policial, entré por el portón. Adentro era un despelote. Los guardiacárceles estaban muy asustados. Los presos comunes, los más pesados, habían logrado abrir la primera puerta y estaban sobre el pasillo. Salí a una pasarela para hablar con la multitud, dije que se estaba avanzando en los aspectos legales, conforme a la ley. Y la gente gritaba cada vez más. Había una presencia muy importante del ERP, que apretaba para la libertad inmediata. Hablé con el director y acordé un acta que decía algo así como que ‘bajo la responsabilidad de los diputados presentes, que manifiestan que todos los sectores van a coincidir en la amnistía, para evitar un hecho mayor, los presos salgan en libertad’. Entonces subí de nuevo a la pasarela, algunos legisladores subieron conmigo, y dije que se mantuviera la calma, que ya estaba el indulto, lo cual no era cierto. Había que calmar las cosas de alguna manera […] Yo no era parte del gobierno. Mi papel era como secretario del movimiento. Esa noche, Devoto estaba explosivo. Yo lo liberé… a mí no me gustaba hacerlo así, pero eso explotaba.”

Cazes Camarero describe el momento en que Abal Medina, en la pasarela del primer piso del penal, frente a la multitud que estaba en las calles, anunció el indulto.

“Abal llegó a la pasarela y me pidió el megáfono. Venía con un rollo de papel blanco en la mano y empezó a hablarle a las masas de la historia argentina, el rosismo, la resistencia peronista, Frondizi… y cortó bruscamente el discurso y dijo: ‘Por todo lo dicho, quedan en libertad’. Yo me enteré cuando él lo dijo. La movilización lo aplaudió. Y Abal seguía con el papel blanco. Yo pensaba que era el indulto. Cuando bajamos por las escalinatas, el jefe de la guardia del penal me gritó: ‘Cazes, ¿dónde está la lista?’. Y le dije a Abal: ‘Dame el papelito’. Me da el papelito. Lo abro: en blanco. Era una hoja tamaño A4. Además, con el énfasis del discurso estaba toda arrugada. ‘Nos vamos igual’, me dice. Y les dije a los compañeros: ‘Salen’.”

El acta de la libertad de los detenidos políticos fue redactada y firmada por la comisión de diputados presentes en la oficina del prefecto Díaz. A la medianoche, ordenados en filas de veinticinco, los presos comenzaron a salir del penal y se reencontraron con sus familiares y militantes.

Algunas horas después, mientras esperaban la salida de otros presos, frente al penal se cruzaron disparos en los que resultaron muertos los militantes Oscar Lysac y Carlos Sfeir.

Durante toda la madrugada, Righi y su equipo de juristas armaron la lista de presos, sobre la base de las detenciones registradas por el fuero “antisubversivo”, el órgano que los había llevado a prisión, y por el régimen carcelario de “máxima seguridad”.

El sábado 26 de mayo, con los presos políticos de todo el país en libertad, Cámpora firmó el indulto. Ese día, la Cámara de Diputados inició el debate del proyecto de amnistía, lo votó y lo trasladó al Senado. La ley fue sancionada en la madrugada del domingo 27, con el voto unánime de todos los representantes de los partidos políticos.

Luego de la votación, los legisladores se pusieron de pie y cantaron el himno nacional.

EPISODIO 5
El regreso

Después de diecisiete años de proscripción y exilio, Perón decide establecerse en la Argentina. Una movilización, la más multitudinaria de la historia del país, se prepara para recibirlo en Ezeiza. Es el 20 de junio de 1973. Esa tarde, las disputas internas del peronismo quedan expuestas a balazos. Y determinan el final de la Presidencia de Cámpora.

Les ruego a los peronistas que no hagan uso de las armas.

LEONARDO FAVIO

Era un día de regocijo. La gente caminaba por la autopista Riccheri. Llegaban grupos del conurbano, del interior del país. Había banderas de gremios, de JP, de FAR y de Montoneros, de sindicatos, de municipios. Un helicóptero de la organización se acercaba al palco, armado sobre un puente de la autopista, para supervisar los desplazamientos de la multitud.

El palco era custodiado por la Juventud Sindical Peronista (JSP) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), identificados con brazaletes.

Al mediodía se calculaba que ya había casi medio millón de personas. El cineasta Leonardo Favio desde el micrófono arengaba sobre el peronismo y la vuelta de Perón. Convocaba a cantar con paz y armonía.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires tocaba la marcha peronista. El General estaba en vuelo, junto al presidente Cámpora. Faltaba poco más de una hora para que la nave aterrizara. Perón les hablaría a millones de peronistas, desde una cabina blindada, en su segundo y definitivo retorno. La Columna Sur de Montoneros bordeaba la parte de atrás del palco, con la intención de colocarse en el frente. En un momento, Favio le pidió a la gente que estaba arriba de los árboles que se bajara, dijo que era peligroso. Poco después, a las 14:35, se escuchó una descarga de ametralladoras contra la Columna Sur. Querían frenar su avance. Desde el palco comenzaron a disparar y también desde el Hogar Escuela, ubicado a 300 metros. Se produjo el desbande: hubo fuego cruzado, corridas, autos que se desplazaban por el pasto con velocidad.

Favio estaba cuerpo a tierra, pero no soltaba el micrófono. Pedía paz.

A las 15:20, los tiros cesaron. Se veía un automóvil en llamas. Las ambulancias del Ministerio de Bienestar Social llevaban heridos y levantaban militantes dispersos y los trasladaban al Hotel Internacional del Aeropuerto.

Sus habitaciones se habían transformado en un improvisado centro de interrogatorios y torturas.

En el palco se escucharon disparos aislados. Los músicos se habían retirado. A las 16:15, Favio volvió a pedir que bajaran de los árboles, que lo hicieran de inmediato, porque entre las ramas había francotiradores. Veinte minutos después, algunos custodios se internaron en la zona arbolada del bosque, a cien metros del palco, para desalojarlo. Comenzó otro tiroteo.

A las 16:55, Favio dio una consigna desesperada por los altavoces: “Les ruego a los peronistas que no hagan uso de las armas”.

Después se informó que el avión que traía a Perón había aterrizado en la base aérea de Morón.

El acto en Ezeiza se suspendía. No habría fiesta. El cuerpo orgánico del peronismo estallaba en pedazos. Quedaban trece muertos y una cantidad indeterminada de heridos.

Ezeiza era la primera expresión de violencia interna y había dejado tres datos políticos:

A partir de ese día, en el peronismo se estaba de un lado o del otro y no había lugar para los matices.

Cámpora no pudo presentarse como el hombre que había traído a Perón al país, con su victoria.

Montoneros no pudo exhibir su poder de movilización frente a su líder, para lograr su bendición. Nunca sucedería.

Al contrario, al día siguiente, el 21 de junio, Perón marcó los límites por cadena nacional: “Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. […] Por eso deseo advertir, a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por ese camino van mal”.

Los acontecimientos del 20 de junio de 1973 en Ezeiza pueden interpretarse como una consecuencia irreversible de la propia victoria de Cámpora. Como la consumación, o la implosión, de un enfrentamiento en el peronismo, gestado en los meses previos.

Perón no podía ser candidato a Presidente.

Había rechazado la cláusula electoral impuesta por el general Lanusse, que lo obligaba a residir en el país antes del 25 de agosto de 1972.

No lo hizo. Perón necesitaba una distancia en su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Entendía que el mando estratégico jamás debía estar en el campo táctico de las operaciones. Era un conductor. Tenía a la guerrilla que actuaba en su nombre para desgastar a Lanusse. Perón quizá no hubiese resistido participar de la campaña y el acto electoral con las Fuerzas Armadas en el poder.

Necesitaba una instancia intermedia. Ése fue el rol de Héctor Cámpora.

El 17 de noviembre de 1972, Perón regresó al país y nominó a su delegado como candidato presidencial. El congreso justicialista lo avaló por disciplina, pero no sin sobresaltos. El peronismo era entonces un magma proclive a la incorporación vertiginosa de distintos sectores —de la izquierda tradicional, de la disidente, del nacionalismo, del cristianismo —, pero la disputa interna estaba signada por el aparato gremial y político —los ortodoxos— y la “nueva estrella del Movimiento”, la representada por la Tendencia Revolucionaria, cauce en el que abrevaban la Juventud Peronista y Montoneros, que habían contado con el aliento de Perón, desde el secuestro y crimen del general Aramburu.

El conflicto entre las últimas líneas mayoritarias del peronismo permaneció latente. La candidatura presidencial no resultaba ajena en la disputa. Antonio Cafiero era el dirigente preferido por los gremios. Cámpora, por la Tendencia.

Perón eligió a este último. Su opción provocó la reacción gremial. “Ahora se pudre todo…”, presagió el jefe de la CGT, José Ignacio Rucci, a modo de preaviso.

Sin embargo, hasta entonces, la lucha interna del peronismo se manifestaba con acusaciones verbales o atentados aislados.

Pocos imaginaban que ya se estaba incubando el germen de la violencia que abriría paso a la etapa más desgarradora de su historia.

Los acontecimientos de Ezeiza serían la primera revelación de esa lucha.

La figura de Cámpora representaba una garantía de lealtad para Perón. Y aunque nunca había avalado en forma expresa la lucha armada, también lo era para la izquierda peronista y Montoneros. Cámpora les hablaba a ellos cuando en sus discursos de campaña mencionaba a “los mártires que cayeron en la lucha por el retorno de Perón”, en referencia a los presos fusilados en la base de Trelew en 1972.

Con los gremios a disgusto de su candidato —organizaban actos y movilizaciones propias—, Cámpora obtuvo el 49,59% de los votos.

Desde el día mismo de las elecciones, Perón empezó a mostrarse molesto y distante con Cámpora y también con la Tendencia Revolucionaria. Temía que el caudal de movilizaciones de esa corriente se representara en el futuro gobierno.

Por eso tomó con desprecio la larga lista de ministros y funcionarios que solicitó la conducción montonera y que el presidente electo le trasladó a Puerta de Hierro.

Perón ya no los quería, o los quería disciplinados, subordinados a su jefatura.

En abril de 1973, en sus “Instrucciones” desde Madrid, Perón dio el primer “grito de alarma” por la “infiltración” de “elementos disolventes empeñados en entorpecer o hacer naufragar el propósito justicialista de unidad nacional”.

Ese mismo mes relevó a su delegado juvenil Rodolfo Galimberti, que había llamado a conformar las “milicias populares peronistas”. No alcanzó la posterior aclaración de Galimberti —que el llamado a las milicias era para “el control de precios”— para evitar su despido.

Tampoco esperaba Perón que en la transición de la entrega del poder, de Lanusse a Cámpora, la guerrilla multiplicara sus acciones: continuaron las tomas de pueblos, los robos a bancos, los secuestros a empresarios. No eran acciones exclusivas del ERP u otras organizaciones guerrilleras no peronistas. El 4 de abril, Montoneros mató a un jefe de inteligencia del III Cuerpo de Ejército en Córdoba, el coronel Héctor Iribarren.

Perón suponía que con el peronismo en el poder, la guerrilla desaparecería. Lo entendía como una ley natural: “Desaparecidas las causas, deben desaparecer sus efectos”, decía.

Cámpora era más cauto. Sólo esperaba una tregua.

Entonces, para José López Rega, que convivía con el matrimonio Perón en Puerta de Hierro desde 1966, la preocupación era menos la guerrilla que Cámpora. O el “camporismo”.

Así se lo transmitió al secretario del Movimiento, Juan Manuel Abal Medina, en un restaurante de Madrid: “Es una vergüenza que todo el poder quede concentrado en su familia —le dijo—. Llega al gobierno por nosotros y deja afuera a todos los que luchamos por el retorno de Perón. No vamos a permitir que él actúe por su cuenta”.

Parecía una petición conjunta, Isabel se plegó a sus prevenciones en silencio.

López Rega e Isabel no querían quedar fuera del nuevo poder que se gestaba en torno al presidente Cámpora.

¿Ésta era también la opinión de Perón? O mejor dicho: ¿qué quería Perón de Cámpora, después de la victoria? ¿Cuál era su plan, mientras preparaba el retorno al país?

“Si tengo que estar a lo que le dijo a Cámpora, Perón no quería ser presidente. Pero dicho ‘a lo Perón’, que era un gran ambiguo. A cada uno le decía una cosa distinta. No estaba claro si Cámpora pensaba ser presidente por cuatro años, pero su renuncia no estaba pactada. Creo que la renuncia de Cámpora, en cambio, Perón la tenía en mente desde el principio, porque siempre quiso ser presidente. O bien la adquirió por influencia de su núcleo más íntimo, o por cómo se fueron dando los hechos. Perón tenía, a mi juicio, la imagen vieja de la Argentina. Veinte años provocan una distorsión enorme de cómo está el país. Él creía que volvía y todo se tranquilizaba. Lo que le reclamábamos era que fuera claro. Que dijera: ‘Acepto ser presidente’”, afirmó el ex ministro del Interior de Cámpora, Esteban Righi.

López Rega obtuvo un lugar en el gabinete. Perón lo colocó en el Ministerio de Bienestar Social, pese a que Cámpora había propuesto a Isabel.

Si bien la liberación de los presos políticos el 25 de mayo no había sido prolija —Perón le imputó el percance a Cámpora por “no haberlo podido manejar”—, más le preocupó el descontrol inicial de su gestión.

En los primeros días se ocuparon 180 dependencias estatales —66 en Capital Federal, 114 en el interior—, tanto por sectores de la Tendencia Revolucionaria como por la ortodoxia peronista. Las tomas —en muchos casos por críticas a la continuidad de funcionarios de la dictadura, y en otros por reivindicaciones salariales— expresaban las dificultades de Cámpora para gestionar la disputa interna.

El protocolo y la conspiración

Desde Puerta de Hierro, Perón entreveía un progresivo caos político e institucional. Se disgustó. Y ese disgusto se advirtió cuando Cámpora se decidió a viajar a Madrid para acompañar su regreso al país el 20 de junio. Para entonces ya estaba en marcha la conspiración interna contra su gobierno, gestada por López Rega con grupos ortodoxos afines y los gremios, que también sumaban esfuerzos para su caída.

Perón no participó de la cena de gala que le ofreció el general Francisco Franco a Cámpora. Despreció cualquier protocolo. En una oportunidad, recibió al presidente argentino en piyama, por un supuesto desajuste de agenda.

Cámpora aspiraba a compartir un regreso triunfal de Perón al país y, si era posible, con un acto en el balcón de la Casa Rosada, frente a miles de peronistas. Perón, en cambio, tomaba distancia institucional del presidente argentino.

La maniobra de Ezeiza comenzó a ejecutarse cuando se conformó la “Comisión Organizadora” que tomó el control del acto de retorno.

López Rega puso las estructuras del Ministerio al servicio de la “Comisión”. Y a ella se sumaron grupos que habían sido desplazados de la campaña electoral —los gremios y las agrupaciones ortodoxas—, que querían romper la alianza implícita de Cámpora con la Tendencia.

El secretario de Deportes y Turismo del Ministerio de Bienestar Social, coronel de inteligencia (RE) Jorge Osinde, coordinó a los grupos de seguridad que controlaron el acto. El Hotel Internacional del Aeropuerto de Ezeiza fue utilizado como centro de operaciones. Allí, cuando la balacera se desató, trasladarían a detenidos, los interrogarían y torturarían. Las ambulancias del Ministerio transportaron armas. Los estuches de los instrumentos de la Orquesta Filarmónica que actuó en el palco ocultaron ametralladoras.

La Policía Federal no participó de la seguridad. La “Comisión Organizadora” argumentó que el peronismo “no podía ser custodiado por quienes lo persiguieron hasta hace dos meses”. No hubo seguridad brindada por el Estado.

En un momento, después de los tiroteos, Favio llegó hasta el Hotel Internacional. Entró en la habitación 108 y se encontró con un grupo de torturados. Pidió un médico para ellos. Les propuso un pacto a los torturadores: si dejaban de golpear a los detenidos, él se olvidaría para siempre de sus caras. Y se llevó el nombre de los ocho torturados.

Al día siguiente, Perón, por cadena nacional, dejó definitivamente claro que abandonaba sus discursos de “socialismo nacional” de los tiempos de Lanusse: “No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina y a nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades peronistas dicen. No es gritando ‘la vida por Perón’ que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias”.

Ya no era el Perón de las cintas magnetofónicas, el de las cartas. Era el Perón real que se presentaba por primera vez en el país.

La CGT, en sintonía con el discurso de Perón, aseguró en un comunicado que defendería “a cualquier precio y en cualquier terreno la doctrina peronista”.

El martes 26 de junio, Clarín publicó una solicitada de FAR y Montoneros. Era un texto de una página. Allí levantaron sus acusaciones: “Un puñado de asesinos con brazaletes del Ministerio de Bienestar Social, Concentración Nacional Universitaria (CNU) y Comando de Organización (CdeO), desde el palco y desde los bosques, con armas largas, masacró al pueblo con el sucio objetivo de impedir el ferviente deseo del general Perón y de 4 millones de compañeros de reencontrarse definitivamente”.

El 21 de junio, en la reunión de gabinete en la Casa Rosada se intentó determinar las causas y los culpables de los hechos de Ezeiza. El secretario del Movimiento, Abal Medina, pidió a Cámpora que responsabilizara a López Rega y a Osinde por la masacre. Ambos funcionarios estaban presentes en la sala de situación. Cámpora se preocupó por las posibles consecuencias:

—¿Cómo vamos a hacer eso con el General? Nos va a echar a todos —dijo.

“Después de Ezeiza, hubo dos reuniones de gabinete —refiere Esteban Righi—. En esas dos reuniones, a Osinde le va horrible. Y Cámpora va a Gaspar Campos a contarle a Perón. Y cuando Cámpora regresa y no trae la renuncia de Osinde… No sé qué podía hacer o qué dijo, pero no podía ser que no viniera con la renuncia de Osinde después de semejante performance en Ezeiza. Y ahí yo pensé: esto está todo claro. El problema ahora es cómo nos vamos, si por la ventana o por la puerta. Ezeiza fue el disparador”, indica.

El lunes 25 de junio, Perón visitó el Ministerio de Bienestar Social. Acompañado por López Rega, recorrió los pasillos, las oficinas, saludó a empleados, le mostraron planes de viviendas, cuestiones previsionales. Así fue recorriendo el Ministerio, piso por piso.

Fue un aval explícito a López Rega.

Perón nunca visitaría a Cámpora en la Casa Rosada.

Incluso una reunión de gabinete se realizó en el domicilio de Perón, en Vicente López. Fue el miércoles 4 de julio.

Ese día se selló la suerte de Cámpora.

Esteban Righi fue uno de los testigos.

—¿Fue espontánea la renuncia de Cámpora o ya tenía en mente renunciar ese día?

—El 4 de julio fuimos a Gaspar Campos a una reunión de gabinete con Perón. Yo tenía un conflicto con [el ministro de Economía José Ber] Gelbard sobre telecomunicaciones, y no me acuerdo qué resolvió Perón. Estábamos todos alrededor de él, en la pieza de Perón en el primer piso. Después él se queda, y todos los ministros bajamos. Y abajo, López Rega plantea cuál va a ser el rol de Perón en este gobierno. Y, entonces, Cámpora le contesta que estando el General en el país el único rol posible era ser presidente de la República.

—¿Y por qué dijo eso?

—Porque lo creía. “Lo único que falta”, agrega Cámpora, “es que lo diga él”. Como diciéndole a López Rega: “Si es un apriete tuyo, no. Si me lo dice Perón, sí”. Entonces ahí se acuerda que suban a ver a Perón. Y van Cámpora, [el vicepresidente Vicente] Solano Lima y [el ministro de Educación Jorge Alberto] Taiana.

—¿Isabel estaba ahí?

—Isabel estaba.

—¿Y qué rol tuvo? ¿Presionaba, cómo López Rega?

—Sí, Isabel sí, presionaba… pero con un rol menor. Tengo una pésima opinión de Isabel, decía cualquier disparate. López Rega era un intrigante interesante. Era una bestia, pero se movía bien en los palacios. La cosa palaciega la hacía bien. Isabel no tenía ninguna virtud.

—En esa pregunta de López Rega a Cámpora, sobre el rol de Perón en el gobierno, ¿había un plan previo, una intencionalidad?

—De que ellos presionaban no tengo ninguna duda. Para mí, lo que ahí se discutía era: “Estos tipos se van empujados a tomatazos o salen por la puerta grande”. Ésta era la pelea entre López Rega, Isabel y compañía contra nosotros, el “camporismo”. Perón estaba flotando en las nubes. Venía del paro cardíaco y entonces, cuando subieron Cámpora, Lima y Taiana, Perón les dijo que sí, que si había que sacrificarse por el país, él se sacrificaba. Y ahí se terminó la reunión. No me sorprendió. Yo tenía claro que nos íbamos del gobierno. Aunque Perón no te iba a decir nunca lo que quería.

Al día siguiente, la prensa dio cuenta de las deliberaciones de la reunión de gabinete, pero no informó sobre la renuncia de Cámpora. Se haría pública una semana más tarde.

La balacera de Ezeiza se había llevado puesta su presidencia.

EPISODIO 6
La teoría del cerco

La izquierda peronista, confundida, se decepciona con Perón apenas regresa al país. Acusa a su ministro del Bienestar Social de aislarlo del pueblo. Perón los recibe y escucha sus demandas en la residencia presidencial de Olivos, junto a López Rega.

Yo soy un servidor de la Nación porque el General me coloca allí. Si el General me dice: “López, salga”, yo salgo; si el General me dice: “López, quédese”, yo me quedo. Soy un soldado que cumple la verticalidad del general Perón y que cumple su tarea como un argentino que tiene noción de lo que la Patria necesita.

JOSÉ LÓPEZ REGA

Llovía y eran miles. Formaban diez cuadras de columnas compactas y detrás otras diez más raleadas. El punto de partida de la concentración era el cruce de la avenida Maipú y Aristóbulo del Valle, cerca de la avenida General Paz. Desde allí caminaron hasta la residencia que ocupaba Perón desde que había regresado al país, hacía ya un mes, en Gaspar Campos 1065. La Juventud Peronista Regionales, subordinada orgánicamente a Montoneros, reclamaba un “diálogo directo”, sin intermediarios, con Perón. Querían “romper el cerco” que lo aislaba de su pueblo. A la cabeza de la movilización estaban los cuatro dirigentes de la Juventud Peronista Regionales: Juan Carlos Dante Gullo, Miguel Lizaso, Juan Carlos Añón y Roberto Ahumada.

Eran las cinco de la tarde. Había carteles y banderas de JP, Montoneros, FAR, FAP (Fuerzas Armadas Peronistas). Más de medio millar de policías custodiaba la casa de Gaspar Campos. Cuando los dirigentes llegaron, les dijeron que Perón estaba en la quinta de Olivos. Les permitieron llamarlo por teléfono. Los atendió López Rega. Les aseguró que Perón los recibiría. Entonces, todas las columnas marcharon bajo la lluvia con esa promesa. La novedad los colmó de algarabía.

Hacía ocho días que Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima habían renunciado. La presidencia correspondía al titular del Senado, Alejandro Díaz Bialet, pero se le adjudicó una misión en el exterior para que el poder recayera en Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega.

Lastiri había ingresado en el quinto lugar en la lista del FREJULI de Capital Federal. López Rega se lo había pedido a Cámpora: adujo que su yerno padecía cáncer de ganglios y si fallecía deseaba que a su hija Norma le quedara la pensión.

Cámpora aceptó.

Lastiri lo sucedió en la Presidencia.

Montoneros lo entendía como un regreso al pasado: “La presencia de Lastiri como presidente provisional supone la continuación pro imperialista y significa concretamente la vuelta al régimen derrotado el 11 de marzo”, afirmaron en un comunicado.

Por eso propusieron que el Congreso designara a Perón como presidente provisional por Ley de Acefalía.

Y lanzaron la consigna: “Perón presidente, inmediatamente”.

La movilización de la Juventud Peronista a Olivos también estaba enmarcada en la disputa por la vicepresidencia.

Montoneros sostenía a Cámpora. O, en su defecto, al jefe radical Ricardo Balbín.

La fórmula Perón-Balbín, un hipotético acuerdo político que se denominaría “Movimiento de Unión Nacional”, seducía a algunos dirigentes del peronismo. Perón le había dado cierto aire a esa posibilidad. “Es muy linda fórmula. Yo con Balbín voy a cualquier lado, porque es un excelente compañero”, había expresado.

Perón lo había visitado en el Congreso al cuarto día de su arribo al país.

Sin embargo, la posibilidad de Balbín como vice fue rechazada por los gremios: no aceptaban que la UCR obtuviera el poder en caso de que se consumara la peor de las hipótesis. Perón ya había tenido dos infartos en cuatro meses.

Los gremios no tenían un dirigente propio para acompañar a Perón en la fórmula. Reclamaban la vicepresidencia para Isabel o, en el último de los casos, para López Rega.

Todavía quedaban flotando en el aire los coletazos de la masacre de Ezeiza.

Montoneros había ordenado pintar las paredes con la inscripción: “Osinde, asesino del pueblo peronista”, y también, en afiches de fondo negro, imprimió las fotografías de José Ignacio Rucci, Alberto Brito Lima y Norma Kennedy, con la inscripción “traidores”.

Una ignota “Juventud Peronista”, en tanto, utilizaba el primer mes de aniversario de Ezeiza para denunciar a “los infiltrados de nuestras filas: ERP, FAR, Montoneros, con sus drogadictos homosexuales y mercenarios vernáculos y extranjeros”.

La lucha interna, además, comenzaría a dejar sus primeros muertos. El 22 de julio, el obrero Benito Sphan, militante de la Juventud Peronista, fue asesinado por un custodio de la UOM en un salón del barrio 9 de Julio, en San Nicolás. Aunque luego se intentó quitarle “intencionalidad política” al crimen, la CGT local y las 62 Organizaciones habían declarado “personas no gratas” a cuatro concejales de la JP y al titular del Concejo Deliberante, Pedro Marchi.

“Sin intermediarios”

Perón recibió a los dirigentes juveniles en un salón de la residencia de Olivos. Era la primera reunión cara a cara, luego del frustrado acto del 20 de junio. Junto a Perón estaban Lastiri y López Rega. El ministro de Bienestar Social los recibió con desconfianza. “Yo sé que debajo de los ponchos hay armas largas”, afirmó. Le pidió al jefe de custodia Juan Esquer que los revisara. Esquer no hizo caso.

Juan Carlos Dante Gullo le mencionó a Perón que la Juventud Peronista tenía medio millón de militantes encuadrados en todo el país y que era la única organización juvenil que podía movilizar en perfecto orden y disciplina. “Los 60.000 compañeros que esperan afuera nos dan autoridad representativa como únicos dirigentes de la JP.” López Rega intentó ralear su autoridad como líder juvenil: “Juventudes Peronistas son muchas y están divididas”, dijo.

En la reunión, Gullo pidió un contacto permanente, para que no hubiera intermediarios en la relación con la JP. Perón respondió que, cada vez que necesitaran verlo, hablaran con Esquer.

La JP pidió que quedara un registro gráfico de la reunión. López Rega intentó impedirlo: “Hoy no hay fotógrafos en la residencia”, dijo. Aun así, lograron hacer ingresar al reportero de El Descamisado, que esperaba afuera.

Parecía una acción política exitosa. Un final feliz.

De los hechos se desprendía la siguiente lectura: Perón había recibido a la JP en el contexto de una movilización de miles de militantes; la había legitimado; la manifestación había sido pacífica, sin infiltrados ni incidentes; la JP había encontrado a Perón por primera vez desde su regreso al país; lo habían visto en buen estado de salud, y bastaría contactar al jefe de la custodia Esquer para un nuevo encuentro.

El Descamisado lo graficó en la tapa del número 10: “La Juventud Peronista llegó hasta Perón. Se rompió el cerco del brujo López Rega”.

Incluso más: los líderes juveniles le pidieron a Perón que les escribiera una esquela de pocas líneas, para darle veracidad al encuentro. Perón aceptó.

Los líderes juveniles atravesaron los portones de Olivos. En la calle, la multitud los recibió con júbilo. “Urgente, urgente, Perón presidente”, se cantaba. También se escucharon otras consignas más urticantes: “Que nadie lo discuta, López Rega hijo de puta”.

“López, los muchachos quieren conectar conmigo”

Sin embargo, los diarios publicarían otra versión del encuentro de Perón con la JP. La versión del gobierno. La versión oficial.

En un comunicado de Presidencia distribuido por Télam se informaba que José López Rega había sido designado “delegado personal del teniente general Perón ante las distintas organizaciones que conforman la Juventud Peronista”. Los recibiría en su despacho oficial los días jueves por la mañana.

Las entrevistas debían solicitárselas a Julio Yessi. En ese momento, Yessi era asesor de Gabinete del Ministerio de Bienestar Social y había sido designado por López Rega para conformar la Juventud Peronista República Argentina (JPRA).

López Rega quería tener su propia JP.

Las aclaraciones posteriores de López Rega tomaban de modo grotesco a aquella “juventud maravillosa” que elogiaba Perón durante la dictadura de Lanusse. El hombre al que querían borrar del círculo de Perón los atendería de acuerdo con su agenda de actividades en el Ministerio.

Dos días después, López Rega explicó a la prensa lo sucedido en la reunión de Olivos: “Lo que ha ocurrido es que el general Perón, ante un pedido de los muchachos que lo fueron a ver, me llamó y me dijo: ‘López, los muchachos quieren conectar conmigo. ¿Cómo podemos hacer?’. ‘Bueno —le dije—, que me indiquen qué es lo que quieren, yo se lo traslado’. Y eso fue todo. Lo voy a decir con toda claridad. Siguiendo las indicaciones del General he manifestado que los días jueves, que es el día que tengo un poco más de tiempo a la mañana, de 9 a 11, recibiría a todos los dirigentes de la Juventud. Esto era solamente a efectos de facilitarles un camino más directo, para que no anden penando y dando vueltas de un lado para otro buscando gente que los pueda acercar o buscando influencias que no existen. Si ellos dicen que no quieren verme a mí, tienen el derecho a hacer las cosas como se les dé la gana. Yo no puedo forzar a la JP ni tengo la menor intención. Yo soy un servidor de la Nación porque el General me coloca allí. Si el General me dice: ‘López, salga’, yo salgo; Si el General me dice: ‘López, quédese’, yo me quedo. Soy un soldado que cumple la verticalidad del general Perón y que cumple su tarea como un argentino que tiene noción de lo que la Patria necesita”.

López Rega anticipó que en su rol de intermediario recibiría “a todos los dirigentes de la Juventud”.

El dilema de la JP era cómo seguir acusando a López Rega, sin cuestionar a Perón, y dar respaldo a la versión publicada en El Descamisado.

Convocaron a la prensa al local de la calle Chile, en San Telmo, y leyeron un comunicado. Afirmaron que “Perón se encargó de enfatizar que entre ellos y la juventud no debía existir ningún tipo de intermediarios, y no se habló del nombre [López Rega] que alude el comunicado de Presidencia”.

Además, presentaron la esquela de Perón como prueba de legitimidad de que eran los únicos representantes juveniles: “‘He recibido a los compañeros dirigentes de la Juventud Peronista’. Y nosotros agregamos que acá hay una sola Juventud Peronista y es la que luchó contra la dictadura militar, la que se moviliza masivamente”.

En medio del desánimo y la confusión, la JP continuó redactando comunicados contra López Rega, pero no puso en duda la palabra de su jefe. Prefirió seguir creyendo en los dichos de Perón —“no habría ningún intermediario”— antes que admitir la trampa que les habían tendido en la noche de Olivos.

El 25 de julio, el Ministro de Bienestar Social comenzó sus tareas como delegado de Perón ante las organizaciones juveniles y recibió a una delegación de dirigentes de la JPRA y de la Juventud Sindical Peronista (JSP).

“No era López Rega: era el plan de Perón”

El periodista Ricardo Grassi fue director de El Descamisado y de las posteriores publicaciones de la JP montonera, El Peronista y La Causa Peronista, entre 1973 y 1974. Es autor del libro El Descamisado. Periodismo sin aliento. Esto relató en una entrevista realizada por el autor.

—Una de las versiones difundidas sobre la reunión del 21 de julio de 1973 en la residencia de Olivos es que El Descamisado suprimió a López Rega de la foto de Perón con los dirigentes de la Juventud Peronista.

—No, no hubo corte. López Rega no estaba en la foto. La foto la había hecho un fotógrafo de El Descamisado. Perón dijo que el nexo era Esquer y después, cuando terminó la reunión, López Rega dijo que el intermediario era él. Era todo muy agitado. Nosotros creíamos en la “teoría del cerco”. Pero en realidad no se trataba de López Rega: era el plan de Perón. Perón tenía mucha cancha. Si había dicho que era Esquer y después López Rega decía otra cosa, a Perón no le importaba. ¿Qué podíamos decir nosotros? Es como un tipo importante que te firma un cheque sin fondos. ¿Qué le podés protestar?

—¿No se percibía esa manipulación de Perón?

—Perón era muy habilidoso para mantener su poder. Así logró mantenerlo en los años de exilio. Él tenía un proyecto y necesitaba las personas para llevarlo adelante. Rucci le era fundamental. Fue a quien eligió para manejar la organización sindical. No eligió a [Raimundo] Ongaro. Perón era pragmático. Tenía en claro qué es el poder, qué resortes se necesitan para el plan.

—Un plan que no podía llevar adelante con Montoneros.

—Montoneros y la izquierda peronista no tuvieron la flexibilidad para generar una situación que permitiese negociar. Todo era “de máxima”. A partir de matarlo a Rucci [el 25 de septiembre de 1973] se perdió toda posibilidad de negociación. Había que tener la lucidez para generar eso. En realidad, el que le había dado espacio al “montonerismo” había sido Cámpora. Y era una alianza electoral para el 11 de marzo. Perón dejó hacer porque el “montonerismo” era un sector que movilizaba. Después, Perón defenestró a Cámpora, lo mandó de embajador, y era evidente que defenestró también a todo el “montonerismo”, no sólo a Cámpora.

—Ya con la caída de Cámpora, Montoneros perdió el espacio de negociación.

—En política hay espacio para todo. Se necesita lucidez y políticos. Los militantes no son necesariamente políticos. Son personas puristas, llenas de principios. Entre ellos me puedo incluir. Pero los dirigentes tienen que ser políticos. Montoneros no tuvo la capacidad de mantener un diálogo, una alternativa. Se empezaron a establecer elementos de puja, y esto Perón no lo digirió de ninguna manera… Salvador Linares, “El Palomo”, nuestro diagramador y peronista de la primera hora, decía: “Con Perón no se jode, no soporta que le cuestionen su autoridad”.

—¿Cómo se inventó la “teoría del cerco”? ¿Montoneros la creía realmente?

—Hay dos cosas que manejar. La posición oficial, que se dice públicamente, y lo que piensan los individuos, que sólo importa internamente. Ante la situación de quedar desacomodados, se prefirió creer en la “teoría del cerco”. Porque una vez Perón había hablado de la patria socialista, en un libro, o en una entrevista filmada, y había hablado de las “formaciones especiales”… Pero Perón, cuando se reabrió el período democrático, entendió que las formaciones especiales ya no tenían sentido para su plan. Empezó a hablar de “democracia integrada” antes que de patria socialista. Algo había que elaborar para seguir sintiéndose dentro del peronismo, y surgió la teoría del cerco. Algunos la creerían. En política no importa mucho lo que creés, importa lo que decís. De todos modos, más allá de la política, eran dos proyectos opuestos. Y para destruir la fuerza del que encarnaban las formaciones especiales, tuvieron que inventar la Triple A y luego las desapariciones y torturas demenciales.

—¿Cómo era la participación de Mario Firmenich en El Descamisado?

—Alguien de la conducción, no necesariamente Firmenich, venía una vez por semana a la revista. Teníamos discusiones de contenido, pensábamos cómo sintetizar las cosas. A Firmenich le gustaba hacer de periodista, pero no reclamaba los títulos, sólo participaba de la charla política. Periodísticamente, todo se complicó a partir de que llegó Perón al país. Hasta entonces teníamos todo digerido para decir una cosa, y después el panorama cambió. Me acuerdo de que una vez, con un discurso de Perón en la CGT, publicamos: “Condenó al imperialismo yanqui”, cuando el discurso decía otra cosa… apenas era una mención perdida. Era una situación delicada y preocupante. Porque una cosa son las estructuras de poder y otra, algo que puede ser poderoso —como Montoneros— pero que no está en la estructura de poder y no negocia dentro de un sistema. Fue un período de mucha tensión, hasta que sucedió la muerte de Rucci. Fue una equivocación total. Se creyó que, poniéndole un cadáver sobre el plato, él iba a negociar. Perón no era así; dijo: “Acá se terminó”. Y además no era cualquier cadáver. Era el cadáver del tipo que él había elegido. Me lo dijo en el reportaje que le hice en Madrid en diciembre de 1972: “Rucci va a manejar los sindicatos”.

—¿Cómo vivió Montoneros la campaña en apoyo a la fórmula Perón-Isabel Perón para septiembre de 1973?

—Se vivió mal. Era una fórmula que no pegaba en nada con la visión de la Juventud Peronista. La revista hizo una presentación crítica. Isabel era López Rega. Pero, a la vez, desde el punto de vista político, no había otra alternativa. Si no apoyabas esa fórmula, quedabas fuera del peronismo.

EPISODIO 7
La primera bomba

La organización Triple A se presenta por primera vez en noviembre de 1973 con un atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. El ataque ocurre después de que la víctima expusiera su oposición a la Ley de Asociaciones Profesionales, enviada por Perón al Congreso y apoyada por el sindicalismo ortodoxo.

Solari Yrigoyen es desde este momento el enemigo público número uno de la clase obrera organizada.

LORENZO MIGUEL

Hipólito Solari Yrigoyen era senador nacional por la Unión Cívica Radical. Pocos días antes, el jueves 16 de noviembre, había expresado su oposición al proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales, que consolidaría la “oligarquía sindical”.

El senador, en el debate, objetó la reelección de autoridades gremiales por más de dos períodos y la centralización de las recaudaciones de las obras sociales y propuso la inclusión de la representación de las minorías, a favor de la “democracia sindical”.

Su discurso en el Senado duró cuatro horas y doce minutos. Finalmente, la ley —enviada por el presidente Perón al Congreso— obtuvo media sanción.

“El debate terminó a las cuatro de la mañana. Lorenzo Miguel [jefe de la UOM] lo había presenciado desde el palco. Cuando le preguntaron por mi discurso, respondió: ‘Solari Yrigoyen es desde este momento el enemigo público número uno de la clase obrera organizada’. Yo sostenía la necesidad de defender a las minorías, no quería el pensamiento único. Había participado de la fundación de la CGT de los Argentinos y, hasta mi elección como senador, había sido abogado del gremio ferroviario, conducido por los radicales”, según explicó entonces.

El fin de semana posterior al debate, Solari Yrigoyen fue a Puerto Madryn, en Chubut, donde vivía, y el lunes 20 volvió a su estudio jurídico de Lavalle 1438, en Buenos Aires. Su secretaria le dio un sobre que había recibido con su nombre. Cuando lo abrió, sólo tenía tres letras: “AAA”. No entendió el significado. El remitente daba una dirección: Tucumán 1660, la sede del Comité Capital de la UCR. Envió a su secretaria para que explicaran qué quería decir ese mensaje. Desde la casa radical respondieron que no habían enviado la carta y tampoco entendían el sentido de las tres letras A.

Al día siguiente, martes 21 de noviembre, Solari Yrigoyen salió de su departamento de la avenida Santa Fe, una residencia secundaria, y fue en busca de su auto, estacionado en la cochera 171 del edificio de Marcelo T. de Alvear 1276. Había comprado ese espacio en la década de 1960 para guardar su Renault 6. Ese día tenía previsto dar un reportaje junto al dirigente sindical cordobés Agustín Tosco, al que había defendido en su condición de “preso político” y visitaba en la cárcel de Rawson durante la dictadura del general Lanusse.

Cuando Solari Yrigoyen colocó la llave en el tambor y la giró, la bomba estalló.

“El Renault 6 era un auto muy frágil, y la onda expansiva se fue por todos lados. Si hubiera sido un coche compacto, habría muerto instantáneamente. La bomba era para matarme. El coche voló contra la pared de enfrente y empezó a incendiarse. Dios me ayudó porque alcancé a salir, caí envuelto en sangre, y vinieron a auxiliarme”, aseguró entonces.

El repudio fue unánime. Era la primera vez que se atentaba contra un senador de la Nación desde que habían matado al demócrata progresista Enzo Bordabehere en el recinto, en 1935. Isabel Perón, que presidía el Senado, fue a visitar a Solari Yrigoyen a la clínica, acompañada por el ministro José López Rega. Llevó flores.

“Isabel entró en la habitación. Dijo: ‘¿Qué quieren hacer de este país? ¿Una Cuba, un nuevo Chile?’. Como haciendo entender que la ultraizquierda había hecho el atentado.”

Solari Yrigoyen la escuchaba, pero no podía hablar. Había tenido cinco operaciones, se sentía muy mal, y se había analizado la posibilidad de cortarle la pierna izquierda, la más afectada. El doctor Yáñez se opuso en forma terminante. Después pasó mucho tiempo en silla de ruedas y luego comenzó a utilizar un bastón.

A la clínica también se acercó Lorenzo Miguel. Habló con la esposa del senador: “Yo no tuve nada que ver”, explicó.

Solari Yrigoyen creía que habían sido los “servicios”, o gente vinculada a ellos. “A mí siempre me ataca la derecha autoritaria”, decía. En agosto de 1972, cuando era miembro de la Asociación Gremial de Abogados, le habían puesto una bomba, el mismo día de los fusilamientos en la base naval de Trelew. “Yo no sabía qué era la Triple A. Era la primera vez que actuaba. Pusieron la bomba porque estudiaron mis pasos y sabían que los fines de semana yo viajaba a mi provincia”, explicó entonces.

La organización Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) había surgido como una herramienta de “depuración interna” para poner freno a la movilización de Montoneros y también contra sectores de izquierda. De hecho, la Triple A acusaba al radical Solari Yrigoyen de “comunista”. “Era la época de la Guerra Fría. Estaba de moda acusar de comunista a cualquiera que se opusiera a algo”, diría tiempo después. A Eduardo Angeloz, su compañero de bloque en el Senado, lo acusaban de ser “agente del imperialismo”.

En el verano de 1973, Montoneros había tomado protagonismo en la campaña de las primeras elecciones libres desde 1951. Como parte del acuerdo político con el Movimiento Justicialista presidido por Perón, obtuvo cargos en gobiernos provinciales. Era un tiempo en que la política se hacía en las calles, barrios o fábricas, o en las movilizaciones populares. Los espacios de representación institucional no resultaban atractivos para la militancia.

El regreso de Perón, el 20 de junio de 1973, resultó el primer quiebre de su relación con la izquierda peronista. Desde entonces, en el peronismo clásico u ortodoxo, comenzó a anidar la idea de “ganarles la calle” y restablecer el orden y el control ideológico del Movimiento. El peronismo en “pie de guerra” no era una metáfora política.

En agosto de 1973, López Rega acababa de conformar sus brigadas de custodia con ex policías desplazados por delitos criminales y otros que había conocido en su carrera policial en los años cincuenta. Ahora se reincorporaban al Ministerio de Bienestar Social. Entre ellos estaba el comisario Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón, Miguel Rovira y otro llamado Juan Carlos Lagos. Este último sería separado luego de la custodia porque —según declarara en la causa judicial de la Triple A— López Rega le dijo que “necesitaba otro tipo de gente menos limpia para hacer los trabajos que él quería”. Lagos pasó a integrar la custodia de Isabel Perón.

El Ministerio se fue preparando para las acciones paraestatales con la incorporación de militantes de agrupaciones “ortodoxas”, como empleados de planta. También se importaron desde Inglaterra —de contrabando— ametralladoras Sterling, que se guardaban en el depósito del microcine, en el segundo subsuelo del organismo público. Una “ley interna” para los que actuaban en actividades armadas indicaba que “no había que llevarse a dormir la ametralladora a la casa”, porque no era para defensa personal sino para las “operaciones que surgían desde el mismo Ministerio”.

El asesinato del jefe de la CGT, José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre, por parte de Montoneros, marcó el segundo punto de quiebre en la política del año 1973.

El crimen unió a todos grupos opuestos a la izquierda peronista.

La respuesta fue la “depuración interna” en el Movimiento Justicialista por motivos estrictamente ideológicos. La “depuración” incluía la expulsión de los cargos políticos —en todas las áreas del Estado municipal, provincial y nacional— y también, en muchos casos, la eliminación física.

La primera víctima de esta política se produjo en forma simultánea a los funerales de Rucci, con la muerte de un militante de la Juventud Peronista en el barrio de Belgrano. Una comisión “mixta” de policías y civiles salió del Ministerio con un Rambler oficial, tocó el portero eléctrico de su departamento y, cuando Enrique Grynberg se asomó a la calle, lo mataron. El blanco había sido escogido casi al azar, para dar una respuesta inmediata.

El 28 de septiembre, un artículo de La Opinión registraba la discusión interna entre el Ministerio del Interior y la Policía Federal sobre cómo debía afrontar el Estado atentados como el de Rucci. El ministro del Interior, Benito Llambí, indicaba que debía recurrirse a los organismos de seguridad (policía, gendarmería y “en ningún caso las Fuerzas Armadas”), y el jefe de la Policía Federal, general Miguel Ángel Iñíguez, afirmaba que “la prevención debía hacerse con los mecanismos de seguridad que se han ido forjando en el propio seno del Movimiento”, es decir, por fuera de los mecanismos institucionales.

Esta última opción sería la acordada por el Consejo Superior Peronista, reunido el 1° de octubre, en el que participaron legisladores, gobernadores y el presidente electo Juan Perón. De allí surgieron las directivas partidarias para dar respuesta a la “guerra desencadenada contra nuestra organización y nuestros dirigentes”, manifestada por la “infiltración de grupos marxistas” y el asesinato de dirigentes, en obvia referencia a Rucci.

El corazón del “Documento reservado” —dado a conocer por La Opinión al día siguiente— indicaba que el Movimiento ingresaba “en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para enfrentar esta guerra” y anunciaba que en todos los distritos se organizaría “un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará”.

El Consejo Superior Peronista abría las puertas de la acción ilegal: “Se utilizarán todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito. Los compañeros peronistas, sin perjuicio de sus funciones específicas, deben ajustarse a los propósitos de esta lucha, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y reprimirlo con todo rigor”.

A partir de entonces se inició una etapa de “conurbanización” de acciones violentas, que luego se asumirían bajo la máscara de la Triple A. La organización paraestatal no tenía un mando centralizado, sus acciones provenían de distintos ámbitos, aunque sí tenía un enemigo común, la “infiltración marxista” en el Movimiento.

La “depuración” se definía en los territorios locales, según sus propias características y sus enemigos internos, y a partir de allí se elegían los blancos.

Seis días después del atentado contra Solari Yrigoyen, el 27 de noviembre de 1973, fue muerto Antonio “Tito” Deleroni en la estación ferroviaria de San Miguel. Deleroni era abogado, defensor de presos políticos de la Gremial de Abogados y dirigente del Peronismo de Base (PB) de esa localidad.

El azar quiso que un policía franco de servicio persiguiera y detuviera a su agresor, a punto de escapar en un Fiat 128. En su declaración ante el juez Julio Ricardo Villanueva, el detenido afirmó que integraba el “Servicio de Inteligencia Peronista (SIP)” y cumplía las directivas de “depurar marxistas”, tal como constaba en el “Documento Reservado” del Consejo Superior Peronista. Acreditó dos domicilios, uno correspondía a ese organismo y otro, a la unidad básica “20 de Noviembre”, que actuaba en el Ministerio de Bienestar Social.

La “depuración interna” representó un permiso para la impunidad. La idea de —en palabras de Perón— “desinfectar a tiempo los gérmenes del Movimiento Peronista” conduciría a la creación del terror estatal. Perón, como presidente, jamás condenaría en forma explícita a la Triple A.

Después de la primera bomba contra Hipólito Solari Yrigoyen, el terror paraestatal se desplegaría con mayor intensidad, con persecuciones, atentados y centenares de crímenes.

En 2016, por primera vez, cinco miembros de la Triple A fueron condenados por “asociación ilícita”, después de que la causa judicial permaneciera archivada durante varias décadas.

EPISODIO 8
La Argentina Potencia

Durante el ejercicio de su tercer gobierno, Perón asegura que habrá redistribución del ingreso, productividad nacional y pleno empleo. La prometida “economía en abundancia” estallará en mil pedazos.

En seis meses, en la proporción de la distribución de beneficios, hemos pasado del 33%, que era lo que se distribuía antes entre los obreros, al 42%. […] Nuestra moneda, que estaba totalmente desvalorizada, ha mejorado en estos ciento ochenta días el 40% en su poder adquisitivo. Es decir, un dólar costaba 1.450 pesos cuando llegamos aquí, y en este momento cuesta 970.

JUAN DOMINGO PERÓN

El jueves 13 de diciembre de 1973, dos meses después de asumir el poder, el presidente Juan Domingo Perón presentó en la CGT algunos lineamientos de la política económica proyectados hasta 1977.

Estaba en mangas de camisa frente a más de un centenar de dirigentes gremiales reunidos en el salón principal.

Perón recordó anécdotas de sus primeras gestiones, desde el Estado, en el mundo laboral durante los años cuarenta.

“Nosotros iniciamos la industrialización en nuestro país. No se fabricaban ni los alfileres de las modistas; todo venía del exterior.”

“La primera carta que recibí [quejándose del aumento de salarios a los peones rurales] fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia: ‘Si vos creés que le puedo pagar 150 pesos a los peones, te has vuelto loco’.”

El auditorio reía y aplaudía. Perón tenía 77 años. Se sentía en su casa. El apoyo de la dirigencia sindical era clave para la realización de las metas de su tercer gobierno, aunque “algunos tontos digan que son burócratas”.

Había cerrado filas con la CGT. El textil Adelino Romero —que había sucedido a Rucci— estaba a su lado en el estrado. Perón aplaudió cuando fue anunciado y también a su ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Al único que Perón no aplaudió cuando lo presentaron fue a su ministro de Bienestar Social, José López Rega.

A un costado, detrás de López Rega, con trajes oscuros y anteojos de sol en el auditorio cerrado, estaban sus custodios. Se convertirían en el emblema de la acción represiva paraestatal, identificados como miembros de la Triple A.

Después de retratar las líneas económicas en sus dos primeras presidencias, Perón presentó el Plan Trienal 1974-1976, la planificación económica que —prometía— signaría su nuevo gobierno. Remarcó antecedentes auspiciosos, las primeras realizaciones en las breves presidencias de Cámpora y Lastiri, aunque no los mencionó.

“En seis meses, en la proporción de la distribución de beneficios, hemos pasado del 33%, que era lo que se distribuía antes entre los obreros, al 42%. […] Nuestra moneda, que estaba totalmente desvalorizada, ha mejorado en estos ciento ochenta días el 40% en su poder adquisitivo. Es decir, un dólar costaba 1.450 pesos cuando llegamos aquí, y en este momento cuesta 970. Cuando asumimos el gobierno no teníamos ninguna reserva financiera, y hoy ya tenemos 1.300 millones de dólares en caja.”

Los datos reflejaban la expectativa de un país en expansión. Se esperaba que la tasa de crecimiento del producto bruto interno —que en 1972 había alcanzado el 4,5% y en 1973 proyectaba un 5%— alcanzase el 7,5% en 1977. También se presumía que la producción agropecuaria se triplicaría para ese año. Perón calculaba que ya en 1975 se advertiría “una economía de abundancia”.

El Plan Trienal estaba construido bajo el paraguas del Pacto Social, una concertación entre empresarios y representantes gremiales con la orientación del Estado. En él, el gobierno peronista se proponía, en su trazo grueso, aumentar la inversión pública, desarrollar el mercado interno, ampliar la exportación a mercados no tradicionales (países socialistas y No Alineados) y fomentar la producción energética con nuevas obras de infraestructura.

De ese modo alcanzaría sus metas: la redistribución del ingreso nacional (para llegar al fifty-fifty entre empresarios y trabajadores), la reducción de la desocupación (establecida en torno del 7%) hasta llegar a ocupación plena y la neutralización del proceso inflacionario (con el congelamiento de precios y salarios). Con estas políticas, el sector dinámico de la economía se trasladaría de los monopolios extranjeros al sector productivo nacional.

Toda la arquitectura del programa económico sería definida con dos palabras que marcaban el rumbo y la utopía del país por venir: “Argentina Potencia”. Era una marca de pertenencia que se expresaba en el día a día con sus propios universos icónicos: el Rastrojero, un utilitario producido por la empresa estatal IME (Industrias Mecánicas del Estado); las piletas populares en los bosques de Ezeiza, o las zapatillas Flecha, las primeras de lona con suela de PVC, para “la juventud”.

En términos políticos, la “Argentina Potencia” contrastaba con el “socialismo nacional”, bosquejado en forma genérica desde la izquierda peronista.

El plan tuvo ciertos condicionamientos apenas se lanzó. El primero fue externo, pues el aumento del precio del petróleo generó una “inflación importada” para insumos básicos, que se trasladó a los costos de las empresas y desajustó las metas del programa. Además, los grandes grupos económicos desconfiaron del protagonismo del Estado en la planificación y el sistema de concertación del proyecto. Pero el condicionamiento más gravitante fue el político o, mejor dicho, la violencia política.

El enfrentamiento en el peronismo, resuelto a dirimir sus contradicciones internas de manera violenta, provocó un cambio de escenario. Las fuerzas legales del Estado comenzaron a transformarse en ilegales, para reprimir la ilegalidad. Estos factores minaron la posibilidad de una “reconstrucción en paz”.

El Pacto Social fue perdiendo sus herramientas de acción, y el impulso a favor de la productividad, el nivel de empleo y la redistribución del ingreso se fueron desvaneciendo.

El mercado negro de productos y el desabastecimiento fueron los síntomas visibles de su gradual descomposición.

Perón alertó sobre la necesidad de mantener el Pacto Social e incluso amenazó con su renuncia a la Presidencia. Fue su última aparición pública, el 12 de junio de 1974, en el balcón de la Casa Rosada.

Con su muerte el 1º de julio de ese año, el Plan Trienal perdió a su conductor, y las metas económicas no pudieron sostenerse. Ya no existían recursos políticos para aplicarlas. La renuncia de José Gelbard en el Ministerio de Economía, en octubre de 1974, marcó el final de la orientación económica original del tercer gobierno peronista.

Pero habría más.

López Rega asumió el eslogan de “Argentina Potencia” con la fuerza de propaganda del Estado y lo convirtió en el centro de su proyecto político, para concentrar espacios de poder.

La “Argentina Potencia” quedó entonces identificada con la construcción de un “Altar de la Patria”, entre la estación Retiro y la Facultad de Derecho (UBA), con túneles internos, escaleras y una bóveda central donde descansarían los restos de los próceres nacionales, Perón, Evita, San Martín… con la leyenda: “Hermanados en la gloria, vigilamos los destinos de la Patria. Que nadie utilice nuestro recuerdo para desunir a los argentinos”.

También López Rega proyectó un complejo náutico en el Delta del Paraná, con hoteles internacionales, estaciones fluviales, helipuertos y embarcaciones que unirían a Tigre con el puerto de Buenos Aires en quince minutos.

Con sus proyectos magnánimos, la “Argentina Potencia” intentaba demostrar que el país estaba en pleno crecimiento económico, a la vez que “eliminaba a la subversión”. En su faceta pública, el ministro de Bienestar Social, y hombre fuerte de la Argentina, identificaba su imagen con el primer propósito; en su faceta clandestina, las fuerzas del Estado se ocupaban del segundo.

En junio de 1975, López Rega —aliado a grupos neoliberales decididos a romper el Estado de bienestar que había marcado la tradición del peronismo— lideró el ajuste económico. López Rega introdujo a Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía. Su plan, el “Rodrigazo”, liquidaba las políticas de concertación económica y social iniciales y conducía irremediablemente a la fractura del país. Sólo pudo ser contestado en parte por movilizaciones obreras y amenazas de ruptura de la CGT con Isabel Perón.

José Alfredo Martínez de Hoz, al año siguiente, con el soporte represivo de la dictadura militar, se ocuparía de restablecer y profundizar las políticas económicas de ajuste.

De la “Argentina Potencia” quedaron las utopías y algunas calcomanías desgastadas.

EPISODIO 9
El General les habla a sus soldados

En una revisión de frases y discursos de Perón en los últimos años de su vida se advierten el aliento a las “formaciones especiales” y la amenaza de la represión extrajudicial desde el Estado. Las doce sentencias más extremas como opositor y como presidente.

La muerte del Che Guevara, 1967

El 9 de octubre de 1967, Ernesto “Che” Guevara es fusilado en Bolivia. El Che había intentado implantar allí un foco guerrillero. Luego de diez meses de travesía por montes y quebradas, fue detenido y muerto por el Ejército de ese país. Juan Domingo Perón, proscripto y exiliado en Madrid, redacta una carta.

Compañeros: con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera, luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. […] Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. […] Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica: ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor: un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó, le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir. […] Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América Latina.

A Montoneros, febrero de 1971

El 1º de junio de 1970, Montoneros mata al general (RE) Pedro Eugenio Aramburu, a quien había secuestrado tres días antes. Siete meses después, la organización envía una carta a Perón en la que expresa los fundamentos de la ejecución y pregunta si el crimen interfirió con los “planes políticos inmediatos” del General. En el escrito, Montoneros también manifiesta la eficacia de su “método de lucha para golpear el régimen con la ejecución de Aramburu” y afirma que “el único camino posible para que el pueblo tome el poder e instaure el socialismo nacional es la guerra revolucionaria total, nacional y prolongada, que tiene como eje fundamental y motor al peronismo”.

Perón responde:

Estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Nada puede ser más falso que la afirmación de que con ello ustedes estropearon mis planes tácticos porque nada puede haber en la conducción peronista que pudiera ser interferido por una acción deseada por todos los peronistas. […] Totalmente de acuerdo en cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria. Es el concepto cabal de tal actividad beligerante. Organizarse para ello y lanzar operaciones para “pegar cuando duele y donde duele” es la regla. Donde la fuerza represiva esté, nada; donde no esté esa fuerza, todo. Pegar y desaparecer es la guerra por la que se busca no una decisión sino un desgaste progresivo de la fuerza enemiga. En este caso la descomposición de las fuerzas de que pueda disponer la dictadura por todos los medios; a veces por la intimidación que es arma poderosa en nuestro caso, otras por la infiltración y el trabajo de captación, otras por la actuación directa según los casos pero, por sobre todas las cosas, han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa “guerra” todo es lícito si la finalidad es conveniente. […] De ello se infiere que, los Montoneros, en su importantísima función guerrera, han de tener comandos muy responsables, y en lo posible operar lo más coordinadamente posible con las finalidades de conjunto y las otras fuerzas que en el mismo o distinto campo, realizan otras formas de acción, también revolucionaria.

A Carlos Maguid, febrero de 1971

El 16 de diciembre de 1970, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones dictó las condenas por el caso Aramburu. Carlos Maguid fue sentenciado a dieciocho años de prisión por “asociación ilícita calificada, robo y homicidio calificado”.

El 20 de febrero de 1971, Perón le escribe una carta:

Hemos seguido como propia la “odisea” vivida por usted con motivo del ignominioso juicio que terminó en su inicua condena. Tristes días son para la patria, cuando los verdaderos patriotas son objeto de la persecución más despiadada, pero la condena de los canallas, transitoria en sí, no puede ser sino efímera como será el destino de su dictadura y su injusticia. Ya el pueblo argentino se encargará de liberarlo junto con la patria y entonces faltarán árboles en Buenos Aires para hacer efectiva una justicia por la que se está clamando hace quince años. La hora de la redención de los proscriptos llegará a su tiempo, y en ella, cada uno recibirá su merecido porque no se puede escarnecer a un pueblo, sin que un día “se sienta tronar el escarmiento”.

A los “compañeros de la Juventud”, febrero de 1971

Durante el gobierno del general Roberto Levingston, Perón se comunica por primera vez en forma directa con la Juventud Peronista. Designará a Rodolfo Galimberti como delegado juvenil ante el Consejo Superior Peronista, con la misión de organizar la JP.

Tenemos una juventud maravillosa, que todos los días está dando muestras inequívocas de su capacidad y grandeza. […] Yo tengo una fe absoluta en nuestros muchachos que han aprendido a morir por sus ideales, y cuando una juventud ha aprendido y alcanzado esto, ya sabe todo lo que una juventud esclarecida debe saber. Tenemos demasiados muertos, encarcelados y proscriptos para que nos olvidemos de su mandato […] La guerra revolucionaria en que se está empeñado impone una conducta: luchar con decisión y perseverancia. […] No sabemos hasta dónde nos llevará la violencia de la dictadura militar. Por eso deberemos prepararnos y actuar frente a todo evento. El Movimiento Peronista ha de estar organizado apropiadamente para ello, en forma que permita la lucha orgánica de superficie y pueda hacer frente a las formas cruentas que suelen ser impuestas por las dictaduras como la que azota al país en nuestros días. Las Formaciones Especiales encargadas de lo último, han de tener características especiales y originales, como especiales y originales son las funciones que deben cumplir. Ellas actúan tanto dentro de nuestro dispositivo, como autodefensa, como fuera de él en la lucha directa de todos los días, dentro de las formas impuestas por la guerra revolucionaria.

Actualización política y doctrinaria para la toma del poder, julio de 1971

Durante dos horas, Osvaldo Gettino y Pino Solanas entrevistan a Perón en Puerta de Hierro. En la filmación de ese reportaje, Perón fundamenta la opción por la “guerra revolucionaria” frente a la dictadura del general Lanusse.

Indudablemente que en este momento, dentro del panorama nacional frente a la dictadura, hay tres acciones: una es la guerra revolucionaria, otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, con los generales y todas esas cosas, y la otra es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se están realizando. Indudablemente, la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizás ése sea un camino, si no hay otro camino. […] La guerra revolucionaria que realiza un pueblo, en la situación en que nosotros estamos, puede llamarse guerra integral. Guerra integral porque se hace por todos los medios, en este momento y en todo lugar, es decir, cada uno de los que forman esa fuerza popular, que está en lucha, de la mañana a la noche, hace en cada lugar y en cada momento, su acción de guerra, su lucha.

Una guerra revolucionaria, octubre de 1972

Después de los fusilamientos de guerrilleros de Montoneros, ERP y FAR en la base naval de Trelew, y en medio de la tensión política por su enfrentamiento con el general Lanusse, Perón plantea un escenario de “guerra civil”. Lo hace en una entrevista con la televisión y la prensa italianas. Retornará al país al mes siguiente.

La juventud, que como ocurre en todos lados reacciona violentamente, ha comenzado hace poco una guerra revolucionaria, como la llaman ahora, con acciones de naturaleza diversa. La violencia del pueblo la provoca la violencia del gobierno. Estos hechos [en referencia a la masacre de Trelew] no favorecen ciertamente a la pacificación a que todos aspiramos, sino que nos impelen precisamente hacia una guerra civil. En nuestro país, dado que el gobierno militar ha actuado de modo particularmente violento, todos los grupos de oposición, exasperados, han hecho frente común, creando organizaciones armadas y hasta terroristas con el objeto de defenderse.

Contra los “infiltrados”, 21 de junio de 1973

El 20 de junio de 1973 Perón regresa a la Argentina. En Ezeiza, desde el palco preparado para la celebración es baleada la izquierda peronista movilizada. Se trata del primer enfrentamiento directo entre facciones antagónicas del peronismo. Al día siguiente, en un discurso transmitido por radio y televisión, Perón traza límites a Montoneros.

Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. […] deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. A los enemigos embozados y encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento.

A los dirigentes sindicales, 30 de julio de 1973

El 13 de julio de 1973, Cámpora renuncia a la Presidencia. Raúl Lastiri asume el cargo de manera provisional y convoca a elecciones. En ese contexto, Perón inicia una serie de visitas a la Confederación General del Trabajo (CGT). Habla desde el estrado a los dirigentes sindicales. José Ignacio Rucci e Isabel Perón permanecen a su lado.

Es indudable que en todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques. El de los apresurados, que creen que todo anda despacio porque no se rompen cosas ni se mata gente. El otro sector está formado por los retardatarios, esos que no quieren que se haga nada y hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. Entre esos dos extremos perniciosos existe uno que es el del equilibrio y que conforma la acción de una política que es el arte de hacer lo posible, no ir más allá ni quedarse más acá. Pero hacer lo posible en beneficio de las masas, que son las que más merecen y por las cuales tenemos que trabajar los argentinos.

“Atacar al mal en sus raíces”, 20 de enero de 1974

El 19 de enero, el Ejército Revolucionario del Pueblo ataca al Regimiento 10 de Caballería Blindada de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, en un discurso pronunciado en la residencia de Olivos, Perón convoca a la acción al Movimiento Justicialista. Pocos días después se producirá la renuncia el gobernador bonaerense Oscar Bidegain, apoyado por la Tendencia Revolucionaria Peronista.

No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones. Es indudable que ellos obedecen a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería aun peor, si mediara, como se sospecha, una tolerancia culposa.

En consecuencia, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de su deber indeclinable, tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar al mal en sus raíces, echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios necesarios.

El Movimiento Nacional Justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo.

Pido igualmente a los compañeros trabajadores una participación activa en la labor defensiva de sus organizaciones, que tanto ha costado llevarlas al clima magnífico de su actual funcionamiento. Esas organizaciones son también objeto de la mirada codiciada de estos elementos, muchas veces disfrazados de dirigentes. Cada trabajador tiene un poco de responsabilidad en esa defensa, y espero confiado, porque los conozco, que las sabrán defender como lo han hecho en todas las ocasiones.

“Si nosotros no tenemos en cuenta la ley, en una semana se termina todo esto”, 22 de enero de 1974

Perón recibe en Olivos al bloque de diputados de la Juventud Peronista, que le había solicitado una entrevista para expresar su disidencia con la reforma al Código Penal que debatiría el Parlamento. La entrevista es filmada y transmitida en vivo para televisión. López Rega está sentado junto a Perón. Después de la reunión, los diputados son expulsados del Movimiento Peronista.

Nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento, se va. En este sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. Quien esté en otra tendencia diferente de la peronista lo que debe hacer es irse. […] A la lucha, y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacerle, más que imponerse y enfrentarla con la lucha. Y no atarse las manos frente a esa fuerza, y especialmente, no atarse las manos suprimiendo la ley que lo puede sancionar. Porque nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Para nosotros es un problema bien claro. Queremos seguir actuando dentro de la ley, y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males. Si no contamos con la ley, entonces tendremos también nosotros que salirnos de la ley y sancionar en forma directa como hacen ellos. Ahora bien, si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, que es lo que hacen ellos. Si tenemos ley, el camino será otro, y les aseguro que si tenemos que enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios, y lo haremos a cualquier precio porque no estamos aquí de monigotes.

La necesaria purificación, 7 y 14 de febrero de 1974

La organización Montoneros comienza a ser desplazada de los lugares que ocupa en el Estado. Perón recibe en la residencia de Olivos a sectores juveniles ortodoxos y sindicales del peronismo, pertenecientes a la Concentración Nacional Universitaria, el Comando de Organización y la Juventud Peronista República Argentina, ligada a López Rega, para reorganizar la JP. Uno de los asistentes a la reunión era Alejando Giovenco, que militaba en el sindicato metalúrgico y moriría a la semana siguiente por la explosión de una bomba que llevaba en su portafolio. Fue velado en la sede del Partido Justicialista, el mismo lugar donde se intentó velar a los guerrilleros fusilados de Trelew en 1972.

El problema que nosotros estamos interesados en plantear en primer término es político-ideológico. En la Juventud Peronista, en estos últimos tiempos, especialmente, se han perfilado algunos deslizamientos cuyo origen conocemos, que permiten apreciar que se está produciendo en el movimiento una infiltración, que no es precisamente justicialista. Es decir, nosotros no queremos poner un cartabón para que cada uno piense estricta y sectariamente lo que nosotros afirmamos, pero no podemos admitir que con ese pretexto se nos pretenda meter dentro de nuestro movimiento ideologías y doctrinas totalmente extrañas y antagónicas a nuestra manera de sentir y de apreciar. Éste es el problema. […] En el país no se ha dado nunca el fenómeno de la infiltración política; gente que se infiltra en un partido o movimiento político con otras finalidades que las que lleva el propio movimiento. Antes de pensar en una organización, hay que pensar que sea realmente una organización y no una bolsa de gatos que dentro de poco empiecen nuevamente a mostrar las uñas. Por ello es necesaria esa purificación. […] Los que quieren seguir peleando, bueno, van a estar un poco fuera de la ley porque ya no hay pelea en este país. Hay pacificación, que es la base sobre la cual nosotros hemos armado todo nuestro quehacer y hemos fijado nuestros objetivos. Para pelear, si hay que pelear, yo decreto la movilización y esto se acaba rápidamente; convoco a todos para pelear y van a pelear organizadamente, uniformados y con las armas de la Nación. Pero no es eso en lo que estamos. Con eso no vamos a hacer sino echar al país un paso más atrás de lo que está. Para dar pasos adelante tenemos que hacer primero la pacificación, después el ordenamiento. No interesa cómo.

Estúpidos imberbes, 1º de mayo de 1974

En una Plaza de Mayo divida por fuerzas de la izquierda peronista y por sindicatos y agrupaciones ortodoxas, Perón mantiene el último enfrentamiento verbal con Montoneros. Sus columnas se retiran durante el discurso de su líder.

Compañeros: hoy, hace veintiún años que en este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones, porque venían días difíciles… No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de veinte años… pese a esos estúpidos que gritan… Decía que a través de estos veintiún años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los que durante veinte años lucharon… Por eso, compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica, y han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya sonado el escarmiento.

En su último discurso público, el 12 de junio de 1974, desde el balcón de la Casa Rosada, Perón dirá: “Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”.

EPISODIO 10
Septiembre negro

En 1974, una bomba mata a un bebé de cuatro meses que duerme en un departamento del barrio de Caballito. Es el hijo del rector de la Universidad de Buenos Aires. El atentado es el punto de partida del autoritarismo y la represión ilegal en las universidades.

Estos actos de inhumana y sistemática violencia, contra los sectores que pretenden mantener en alto las banderas de liberación votadas por el pueblo argentino, son también de responsabilidad del gobierno al que [el ministro de Educación] pertenece.

RAÚL LAGUZZI

A las 3:10 de la madrugada del sábado 7 de septiembre de 1974, una bomba estalló en el octavo piso del edificio ubicado en la esquina de Senillosa y Guayaquil, en el barrio porteño de Caballito.

La bomba fue colocada lindera al dormitorio de Pablo Gustavo Laguzzi, de cuatro meses. Su cuerpo cayó por el hueco del ascensor. Los padres del bebé quedaron retenidos en una viga que les salvó la vida. La explosión solamente dejó en pie algunos marcos de hierro del departamento.

El padre, herido, luego se repuso, encontró a su hijo en el segundo piso y lo llevó al hospital. Pocas horas más tarde el bebé murió.

El padre era Raúl Laguzzi, rector interino de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de 33 años.

Había sido decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica hasta el 25 de julio, cuando fue designado por el ministro de Cultura y Educación, Jorge Taiana, para el Rectorado.

En la primera semana en funciones, Laguzzi recibió en su despacho una amenaza telefónica de muerte.

—¿Vio lo que pasó con Ortega Peña? —le preguntaron (el diputado acababa de ser fusilado en el centro porteño).

—Sí.

—El próximo es usted.

Laguzzi pidió custodia policial para su casa.

Luego sabría que el policía asignado realizó la inteligencia del atentado. “Mi papá me dijo que el policía que hacía de guardaespaldas, el que habían enviado para la custodia, le abrió la entrada a una mujer para que pusiera la bomba. Él escuchó los tacos cuando caminaba esa madrugada… Era un policía de la Triple A”, afirma María Laura, hija de Raúl Laguzzi, que nació diez años después del atentado.

El 14 de agosto, Taiana entregó su renuncia forzada a la presidenta Isabel Perón. Hacía un mes y medio que había muerto Perón. Comenzaba una nueva etapa de gobierno, que viraba hacia la ortodoxia.

Su reemplazante fue Oscar Ivanissevich, de 79 años, un ex ministro del primer gobierno peronista, que al momento de ser ungido en la cartera educativa dirigía la campaña de forestación del ejido urbano.

La nueva etapa de gobierno ya revelaba un mayor desarrollo de la Triple A. El terrorismo paraestatal también apuntaba hacia el Congreso. El 4 de septiembre dio a conocer un comunicado con la “condena a muerte” de dos senadores y nueve diputados. Avisó que serían “ejecutados donde se encuentren por infame traición a la Patria”.

Entre los condenados volvía a anunciarse al senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que había sobrevivido a una bomba en su auto en noviembre de 1973.

“Esta vez no fallaremos”, le anticipaban en la posdata.

Con la llegada de Ivanissevich, Raúl Laguzzi comenzó a sufrir presiones directas para que abandonara el Rectorado.

Si bien contaba con el apoyo de los doce decanos de la UBA, el Consejo de Facultades y la comunidad estudiantil, el hecho de que la Juventud Universitaria Peronista (JUP) sostuviera su nominación y lo considerara un “cuadro propio” lo convertía en un blanco de la “depuración ideológica” que estaba a punto de ejecutarse.

Laguzzi no entendía semejante reacción contra su designación. No era un cuadro político. Era un científico con experiencia de gestión que entendía que la medicina, como la educación, tenía que ofrecer acceso popular. Como decano de Farmacia y Bioquímica había comenzado a crear una planta de producción de medicamentos —que resultarían mucho más económicos que los de los laboratorios— e impulsaba a los estudiantes a participar en proyectos de salud para implementarlos en las provincias.

Sus ideas le generaron enemigos.

Laguzzi había pedido una audiencia con el ministro Ivanissevich para entablar un diálogo. No la obtuvo.

El día que mataron a su hijo, retiró el pedido y le escribió al ministro:

En el día de la fecha, mi hogar y mi familia fueron objeto de un atentado criminal que costó la vida de mi hijo de cuatro meses. Los autores materiales del hecho [se] fugaron impunemente. Su acción contó con el pretexto político que se brindó injustificada e irresponsablemente desde el Ministerio de Cultura y Educación y otras fuentes oficiales, con la excusa de la infiltración ideológica y del desorden interno de la Universidad, así como con la complicidad abierta de las fuerzas de seguridad, que pocas horas antes del atentado levantaron la custodia de mi domicilio. Quiero expresar al señor ministro que estos actos de inhumana y sistemática violencia, contra los sectores que pretenden mantener en alto las banderas de liberación votadas por el pueblo argentino, son también de responsabilidad del gobierno al que pertenece; que ya no volveré a insistir con pedidos de audiencia, pues he comprendido cuáles son las formas que el diálogo asume hoy en esta dolorosa etapa de la historia argentina.

Casi mil personas acompañaron el cortejo al cementerio de la Chacarita.

“Yo veía las fotos de Pablo Gustavo en casa y empecé a preguntar quién era. ¿Dónde estaba ese bebé? Mi papá me dijo que no estaba, que era mi hermano, pero que había muerto. Yo tendría 4 o 5 años. Todavía no había empezado la escuela primaria. Poco a poco me fue contando cómo había sido. Que había sido rector, que había problemas políticos… Me acuerdo que esa noche justo vino a dormir una compañerita del jardín de infantes a casa y le conté todo, pobre”, agrega María Laura, que vive en Francia.

Con la excepción del gobierno peronista, Laguzzi recibió la solidaridad del ámbito académico y partidario.

Llamó la atención el atenuante que expresó Ricardo Balbín sobre el atentado. En el marco de su condena, el jefe radical mencionó “el desprestigio” de la UBA. “Hoy será noticia que al rector le han puesto una bomba que le mató al hijo e hirió gravemente a su mujer y a él. Nosotros vamos a documentar nuestro reclamo, pero ese rector, antes de la bomba, no había serenado al ámbito universitario”, expresó.

La frase impactó en la Juventud Radical-Franja Morada, que, aun con diferencias, apoyaba a Laguzzi.

La preocupación por la represión policial y los atentados excedía a la izquierda peronista o marxista. Justamente, el mes anterior, los sectores juveniles del radicalismo —liderados por Federico Storani, Marcelo Stubrin y Leopoldo Moreau— habían reclamado a la UCR que propiciara una comisión parlamentaria para investigar “la existencia de un plan represivo en gran escala que contempla hasta la eliminación física de militantes de diversas organizaciones populares”.

Y pidieron la destitución del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, “quien haciendo uso abusivo de las fuerzas que dispone encabeza en grado de ejecutor esta escalada represiva”.

Las bombas ya habían empezado a golpear la universidad. Una de ellas fue depositada en el edificio de Salguero y Arenales donde vivía la decana de Filosofía y Letras, Adriana Puiggrós.

Se expresó en el diario La Opinión: “Yo pregunto qué es lo que crea el caos en la universidad: la inscripción ordenada de 25.000 alumnos en nuestra facultad, que rinden sus exámenes en los plazos previstos, o la colocación de una bomba a las tres de la madrugada por manos cobardes, en un edificio donde viven criaturas y que debió apuntalarse porque peligraba su estructura”.

Cuarenta y cuatro años después, Puiggrós recordó el atentado: “Era una bomba de 5 kilogramos de gelinita. Volaron toda la parte de abajo del edificio y en la pared pusieron mi nombre y debajo ‘AAA’. También pusieron una bomba en un sector de la facultad, en el Clínicas”, agrega.

La bomba que mató a Pablo Laguzzi no provocó la renuncia del rector de la UBA. Apenas se repuso de sus heridas continuó en su despacho de la calle Viamonte. Su esposa Elsa Repetto se ocultó en el interior del país.

Laguzzi apoyaba la continuidad de las políticas universitarias votadas el 25 de mayo y el 23 de septiembre de 1973 y aplicadas por los rectores interventores precedentes de la UBA, Rodolfo Puiggrós, Ernesto Villanueva y Vicente Solano Lima:

Ampliación de canales de acceso a la universidad (ingreso irrestricto).

Transformación de programas y planes de estudios y fin del autoritarismo pedagógico y académico.

Proyectos de investigación acordes con las necesidades del proceso de liberación.

En este punto se apoyaba en el último discurso de Perón ante la Asamblea Legislativa: “Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible”.

Pero con la designación de Ivanissevich, el gobierno de Isabel quería terminar con el último eco del peronismo del 25 de mayo de 1973.

Y generó la resistencia universitaria.

Al momento del atentado terrorista contra Laguzzi, hacía un mes que las facultades estaban tomadas. Se daban clases públicas en las puertas de los edificios; incluso los alumnos de Agronomía soltaron algunas vacas —que utilizaban para sus prácticas de estudio— por Avenida San Martín, en señal de protesta. Se producían detenciones, y trescientos estudiantes fueron apresados cuando marchaban hacia el Congreso.

Las tomas habían sido acordadas por diez de los doce decanos y los estudiantes de la JUP, la JR y el comunismo (MOR). Coincidían en una universidad comprometida con el “proceso de liberación”, pero la JR y los comunistas desconfiaban del “sectarismo” de la JUP, conducida subterráneamente por Montoneros. Y mucho más luego de que, el 6 de septiembre, la organización guerrillera definiera su pase a la clandestinidad para “reasumir las formas armadas de lucha”. Para Montoneros, muerto Perón, se acababa el último factor de unidad latente.

El llamado a la clandestinidad complicó el frente interno estudiantil. Los dirigentes de la JUP quedaron descolocados, y muchos de ellos se vieron obligados a abandonar espacios de militancia pública. El decano de Abogacía, Mario Kestelboim, que contaba con el apoyo de la JUP, decidió renunciar.

El martes 10 de septiembre, finalmente, se anunció la “restauración educativa”, con la ruptura de las políticas universitarias previas.

El ministro Ivanissevich atacó el Estatuto Docente, condenó el ingreso irrestricto —“es un engaño que no aceptan ni los países comunistas”—, dijo que la investigación científica debía ser hecha por las empresas privadas, anticipó la eliminación del gobierno tripartito y afirmó que la destrucción de la universidad se debía a “la acción disolvente de organizaciones que quieren transformar a los jóvenes justicialistas en marxistas”.

Su exposición en el Teatro Colón fue aplaudida por el gabinete peronista y apoyada por el Partido Justicialista en un comunicado, para no dejar dudas.

Las reacciones fueron inmediatas.

El físico y matemático Manuel Sadosky, echado de la Universidad por el general Onganía, lo comparaba con “la noche de los bastones largos”: “En 1966, los ideólogos del golpe de Estado expertos en campañas psicológicas supieron crear una imagen de calamidad pública: la universidad estaba en manos del Demonio, todos los males del país derivaban del caos universitario y extirpada la camarilla marxista-reformista de la Universidad de Buenos Aires la patria encontraría su destino”.

Después de la presentación del plan de Ivanissevich, el ministro quedó enfrentado al rector Laguzzi y los decanos de la UBA.

Hubo una tregua implícita de una semana.

Los estudiantes y decanos decidieron lanzar un referéndum para que se votara por la continuidad o no de las políticas universitarias.

Pero no se realizó. El 17 de septiembre, Ivanissevich designó como nuevo rector a Alberto Ottalagano y la policía y el Ejército ingresaron en las facultades lanzado gases y a punta de pistola.

“Estábamos en el Rectorado de la calle Viamonte y entró la policía y escapamos por otra puerta. Nos echaron a todos los decanos. No hubo renuncia. Yo estaba amenazada y al otro día me exilié en México”, recordó Adriana Puiggrós.

“Mi papá se fue del Rectorado. Y estuvo escondido durante un mes. Mi mamá también, pero estaban separados. Lograron entrar en la embajada de México y se fueron de urgencia en el primer vuelo, perseguidos por la policía al aeropuerto. Quedarse en la Argentina era morir por morir”, afirma María Laura Laguzzi, entrevistada por el autor.

Ottalagano, un nacionalista católico que se confesaba fascista, ordenó el ingreso de un cuerpo de centenares de “celadores” en las aulas para mantener el “orden” y separó las carreras para dispersar a los alumnos, que pretendía fueran obedientes y silenciosos soldados de la enseñanza autoritaria.

El nuevo decano de Filosofía y Letras, el sacerdote Raúl Sánchez Abelenda, se paseaba por las facultades con una rama de olivo para exorcizar los malos espíritus que habían dejado las obras de Freud, Piaget y Marx en las aulas.

En un trimestre de gestión, Ottalagano produjo una cesantía masiva de docentes. Hubo libertad de acción para el terrorismo parapolicial: cuatro alumnos de la UBA fueron secuestrados y desaparecieron y a once los mataron. En las facultades empezaron a exigir los certificados de “buena conducta” y de “domicilio” expedidos por la Policía Federal para poder cursar.

Hasta antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la cifra de estudiantes muertos y desaparecidos alcanzaba casi medio millar en todo el país.

Raúl Laguzzi volvió a la Argentina diecinueve años después del atentado que mató a su hijo Pablo.

“Fue la primera vez que lo vi llorar —recuerda María Laura Laguzzi—. Fue en el año 1993, en el Cementerio de la Chacarita. Debía ser Pascua. Había dos fechas muy difíciles: el 10 de abril, cuando nació Pablo, y el 7 de septiembre. Papá no quiso volver a vivir en la Argentina. Le dejó un trauma muy importante. Hizo el duelo del país y no quiso volver a instalarse. Era psicológicamente imposible para él. Siguió viviendo en Francia, estudiando el sueño, el estrés, cuestiones de neurociencia. A partir de entonces volvió cada dos o tres años para ver a su familia, pero en secreto. Nosotros nunca dábamos la dirección. Una vez, cuando empezó a hacer el juicio contra el Estado por la muerte de Pablo, llegó un fax con una amenaza al hospital donde trabajaba. Y habían pasado veinticinco años. Increíble. Con el dinero que recibió de la indemnización creó junto a mi mamá una escuela de oficios manuales que lleva el nombre de mi hermano, la escuela “Pablo Gustavo Laguzzi por los Derechos del Niño” y una radio para chicos huérfanos en una villa de Buenos Aires. Dieron todo. No se quedaron ni con un centavo para ellos”, dice su hija María Laura.

En la madrugada del 28 de noviembre de 2008, Raúl Laguzzi murió de un paro cardíaco en su departamento en París.

EPISODIO 11
La UCR en la década de 1970

El dirigente radical Federico Storani revisa las tensiones entre la Juventud Radical y Ricardo Balbín y su convivencia con Montoneros y la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en el marco de la violencia política. El crimen del radical Arturo Mor Roig, las amenazas de la Triple A y la intención del ERP de integrarlo en sus filas. El radicalismo en la dictadura y el fenómeno Alfonsín después de Malvinas.

Nosotros tuvimos un debate interno muy importante en el que planteamos que la lucha armada no era el camino. Aunque tuvimos algunas formas de organización de autodefensa, la considerábamos una forma de vanguardia alejada del planteo popular esencial. Entendíamos que terminaría como una provocación a los sectores más reaccionarios para producir luego una situación como lamentablemente se dio en la Argentina.

FEDERICO STORANI

Federico Storani nació en Córdoba en 1950. A los 16 años fue a vivir a La Plata para iniciar sus estudios de Derecho. Participó de la fundación de la Junta Coordinadora Nacional (JCN) del radicalismo y de Franja Morada (FM), cuando la actividad política estaba prohibida, y fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Provenía de una familia de origen radical. Su padre, Conrado Storani, había sido secretario de Energía y Combustible del gobierno de Arturo Illia. El golpe de Estado de Onganía, vivido con indiferencia por la mayor parte de la sociedad, colocó a los jóvenes radicales en estado deliberativo. Muy pronto comenzaron las críticas contra Ricardo Balbín porque conducía el partido como una maquinaria electoral, pero sin incidencia en los sectores populares.

“La UCR no tenía una organización que actuase como nexo con las reivindicaciones específicas de cada sector. No lo tenía en la universidad ni con los trabajadores, ni siquiera con los sectores medios que esencialmente representaba. Y además, el partido, francamente, no servía cuando se producía un hecho extraordinario como un golpe de Estado. No tenía capacidad de reacción. Nosotros entendíamos que había que modernizar la estructura y renovar las formas de militancia. Debatíamos las vías, los métodos. Desde la propia Juventud Radical (JR) se empieza a plantear que hay que derrotar a los militares. Y algunos comenzaron a vincularse con lo que después fueron las primeras expresiones de la lucha armada, aunque no tuvieran una completa consustanciación ideológica con esas organizaciones, pero sí con la metodología que llevaban adelante para terminar con el ciclo histórico de interrupción de gobiernos constitucionales”, afirma Storani.

Desde su fundación, en 1968, Franja Morada se convirtió en el brazo universitario de la JCN. Se manejaba de forma independiente en la estructura partidaria. La relación con el Comité Nacional del partido fue compleja, cargada de litigios. Los jóvenes radicales comenzarían a participar en forma orgánica en la UCR a partir de la fundación del Movimiento de Renovación y Cambio (MRyC) liderado por Raúl Alfonsín. A nivel sindical, actuaban en Ferroviarios y Bancarios, alineados con la CGT de los Argentinos (CGTA), que conducía Raimundo Ongaro. Otro dirigente de referencia era Agustín Tosco, de Luz y Fuerza de Córdoba, filorradical en sus orígenes. Su secretario adjunto en el gremio era el militante radical Ramón Contreras.

—En un momento se pensó una fórmula Alfonsín-Tosco para las elecciones presidenciales de 1973 —afirma Storani—. Tosco era muy atractivo para Renovación y Cambio y para nosotros como JCN. La idea era competir por fuera del radicalismo, una especie de ruptura progresista. Yo conservo una carta que me mandó Tosco desde la cárcel de Rawson, cuando era presidente de la FUA, por las campañas de recaudación que hacíamos para los presos. Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen eran sus abogados. [Sergio] Karakachoff era abogado del sindicato de frigoríficos. La UCR no estaba desaparecida en los setenta, existía. Pero el Comité Nacional tenía un sector muy acuerdista con los sectores más conservadores del peronismo, tanto a nivel sindical como político, encabezado por Enrique Vanoli. Y Vanoli tenía una influencia importante sobre Balbín: componían la Línea Nacional de la UCR junto a [Antonio] Tróccoli, [Fernando] De la Rúa…

—¿No existía una tensión interna subyacente entre el Movimiento de Renovación y Cambio y la idea republicana clásica del balbinismo? ¿O entre ese clima de ideas que unía a Tosco, el Mayo Francés y la CGT de los Argentinos, en el marco de un partido que había apoyado a la Revolución Libertadora en el golpe de 1955?

—La tensión existía. Nuestra crítica era que el radicalismo, hacia afuera, tenía un planteo muy republicanista-institucionalista, y había que volver más al fondo de las reivindicaciones sociales, al origen yrigoyenista, para recuperar esa fuerza transformadora. Desde ahí se gesta la idea del tercer movimiento histórico. Para decirlo con precisión, planteábamos la tercera etapa del movimiento nacional que, con respecto a las anteriores, le incorporaba el apego institucional, democrático y republicano, pero con un planteo transformador. Esa tensión estaba en los debates, en la discusión ideológica. También estaba en nuestros documentos de formación.

—Pensando en el contexto de los años 1973-1974, ¿cómo se situaba la JCN frente a otros grupos juveniles y organizaciones armadas y qué representaba la lucha armada para los que participaban de la vida universitaria?

—Tiene relación con el debate que comenzó después del golpe de 1966. Algunos fueron tomando el camino de la lucha armada desde familias claramente radicales. Benito Urteaga (ERP), por ejemplo. Su papá era un importante dirigente radical. El propio [Mario Roberto] Santucho (ERP) venía de familia radical, los [hermanos Julio César y Francisco] Provenzano y tantos otros. Pero a nosotros nos hacía ruido Montoneros desde los orígenes. Estábamos anclados en un pensamiento laico, con menos influencia católica, y veíamos que muchos sectores que se incorporaban a esas incipientes organizaciones provenían de esa juventud militante católica con fuerte influencia de la revista Cristianismo y Revolución, no todos… Nosotros tuvimos un debate interno muy importante en el que planteamos que la lucha armada no era el camino. Aunque tuvimos algunas formas de organización de autodefensa, lo considerábamos una forma de vanguardia alejada del planteo popular esencial. Entendíamos que terminaría como una provocación a los sectores más reaccionarios para producir luego una situación como lamentablemente se dio en la Argentina. La relación con el Partido Socialista Popular nos contuvo políticamente para no tomar posiciones más radicalizadas.

Para esa época, en 1974, en la militancia universitaria, comenzaba el temor al infiltrado, los controles de seguridad de cada agrupación, las citas. Storani fue elegido presidente del centro de estudiantes de Derecho de La Plata y luego presidente de la Federación Universitaria Argentina. En ese momento, el PRT-ERP le ofreció incorporarse a sus filas.

—Fue a partir de una amenaza de las Tres A —dice—. En un escrutinio estudiantil apareció en la boleta mi nombre y el de algunos otros con una cruz, firmado “AAA”. No era una amenaza pour la galerie. A los otros que habían mencionado, [Rodolfo] Achem y [Carlos] Miguel, que formaban parte del gobierno en la universidad, inmediatamente los mataron. Y el tercero de la lista era yo. Después tengo otro episodio. El auto que usamos para una reunión en Capital Federal apareció en la vereda de enfrente y con unas balas puestas en el capot. Los de la FUA, que estaban conmigo, no querían subir por miedo a que explotara al momento de ponerlo en marcha. En ese marco me contactó el PRT-ERP, a través de una persona que había militado con nosotros. Me citaron en un departamento y me ofrecieron protección y un lugar de jerarquía a cambio de que manifestara en una declaración pública que no podía seguir ejerciendo la función como miembro de FUA, por la persecución. Se los agradecí y la rechacé. Les dije que estábamos en otro camino. Fue una decisión muy consciente e ideológica.

—En septiembre de 1974, el gobierno de Isabel designó ministro de Educación a Oscar Ivanissevich e intervino las universidades. ¿Cómo fue el impacto en La Plata?

—El giro de [Jorge] Taiana a Ivanissevich nos cayó mal. Incidió en La Plata, en Buenos Aires, en Córdoba, donde la militancia era fuerte. Nosotros habíamos tenido enfrentamientos con la CNU, de origen ideológicamente fascista inspirado en un profesor de latín y griego, Carlos Di Sandro. No era una cosa improvisada, nostálgica, al estilo Tacuara. Tenían un anclaje importante en La Plata. Ya empezaban el proceso de infiltración al peronismo. El cántico era: “Perón, Evita, la facultad limpita”. Iban marchando en grupo, con un estilo muy fascista, arrancando los carteles de todas las organizaciones, de la izquierda peronista, la nuestra, de los comunistas, de todo el mundo. Y ahí se armó un tiroteo, interviene la Policía Federal, quedaron marcas de balas. La CNU tuvo algunos representantes en La Plata, muy cercanos al aparato sindical; [Patricio] Fernández Rivero, por ejemplo. A [Martín] Salas, que era de la CNU, lo mata un comando montonero. Salas era boletero del Cine 8. Montoneros cantaba: “En La Plata hay un cine que le dieron el vuelto los comandos montoneros”.

—En su caso particular, ¿tenía un aparato de protección?

—Teníamos grupos de autodefensa. No íbamos a hacer ninguna acción que pudiese ser entendida como ofensiva. Ni siquiera robar un camión y distribuir la mercadería para ganarse la simpatía de sectores populares. Era solamente para preservar nuestra seguridad en actos o asambleas. Para no caer en lo que llamábamos “desviaciones militaristas”, los que integraban el aparato de protección tenían que ser cuadros políticos muy formados. Cuando había una situación muy compleja, incluso con cuadros montoneros, que las tuvimos, desplazábamos de distintos lugares a esos aparatos de autodefensa para preservarnos, porque la tensión se cortaba con un hilo y el enfrentamiento ahí era con Montoneros, no con la CNU. Ellos no querían respetar el veredicto de las urnas de los estudiantes.

—¿Cómo se inició el predominio de lo militar sobre lo político en esa convivencia juvenil y universitaria?

—Nosotros habíamos visto con bastante ilusión la conformación de las Juventudes Políticas argentinas. Era como el embrión de un frente popular que atravesaba transversalmente todos los partidos: JR, JUP, Juventud Socialista, Intransigente, Comunista. Cuando la JUP un día decide, y lo comunica en el local de la calle Chile, que se somete a la dirección político-militar de Montoneros, dos grupos nos retiramos: los socialistas de [Guillermo] Estévez Boero y los radicales de la Coordinadora. Debe haber sido en el 74. Me acuerdo como si lo estuviera viendo a Dante Gullo cuando lo comunica. Yo era representante de la JR, y Gullo, de la Juventud Peronista Regionales. Ellos decían que había que aceptar el liderazgo de una situación político-militar y eso implicaba absorber a las juventudes políticas argentinas. Nosotros salimos huyendo de esa concepción. A pesar de que veíamos la decadencia de la situación institucional, obviamente de la Triple A, el lopezreguismo y todo lo demás, defendíamos la continuidad.

—¿Cuál era su lugar en la JCN y cuál era la relación de la JCN con Raúl Alfonsín?

—Podría decirse que yo era el “número 2”. Era el secretario de Organización. El “número uno” era [Luis] el “Changui” Cáceres, el secretario general. Nos reuníamos asiduamente con Alfonsín y hacíamos nuestros congresos y seminarios, con mucha influencia marxista.

—¿Por dónde entraba el marxismo en la Coordinadora?

—Por tomar nuevas ideas de la realidad mundial. No entraba por el lado de [Juan José] Hernández Arregui, que era una lectura casi obligada de la izquierda peronista. En nuestro caso, entraba por lo clásico del marxismo.

—¿Cómo impacta en el radicalismo el crimen del ex ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig, por parte de Montoneros en julio de 1974?

—Mal, pese a que nosotros teníamos un cantito: “Mor Roig traidor, Amaya luchador”, en el año 72. Porque Mor Roig había roto con la UCR para entrar como ministro de Lanusse.

Storani recuerda una situación relacionada con el crimen de Mor Roig.

—Había una casa donde un montonero y un militante radical, los dos oriundos de la misma ciudad, Chivilcoy, vivían juntos. Y el militante nuestro le sacaba los cassettes, los escuchábamos, y los devolvía sin que el otro se diera cuenta. Y en esos casetes estaban las instrucciones del “Comandante Pepe” [Mario Firmenich]. Era una casa de militancia, de encuentro de las juventudes políticas argentinas, nosotros infiltrábamos información y anticipábamos algunas cosas de Montoneros. Nosotros sabíamos que el tema [de Mor Roig] era por la teoría de “tirar un cadáver” en la supuesta mesa de negociación entre Balbín y Perón, que se podía estar gestando para una sucesión. Fue una apretada para los radicales. Perón buscaba una sucesión con Balbín. Se discutió en las propias filas nuestras. Alfonsín no estaba de acuerdo, y la Coordinadora se cuadró con Alfonsín. Conforme la información que nosotros teníamos, el atentado a Mor Roig fue un mensaje: “Les tiramos un muerto ahí, para que vean”. Para amedrentarnos, para intimidarnos. Nos pareció una monstruosidad, aun cuando nosotros teníamos una consideración negativa de Mor Roig por su participación con Lanusse en momentos en que había detenidos radicales. Pero después que dejó la función, asesoraba a una fábrica, comía en un restaurante, era un blanco fácil…

—Un artículo de usted publicado en La Opinión en agosto de 1974 era crítico con Montoneros por su “sectarismo”, pero postulaba la “liberación nacional”, el “antiimperialismo”. ¿Cuál era el proyecto político de la Juventud Radical?

—Nuestro proyecto eran elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos. Y cuando lo decíamos en los congresos de FUA, los montoneros decían: “Ah, elecciones…”, y se nos cagaban de risa, “democracia formal… pelotudos, burgueses”. Los que venían del peronismo nos acusaban de “liberal-formal”. Y los que venían del marxismo, de “democracia burguesa”. Y nosotros decíamos que era inexorable llegar al poder por la vía democrática para poder hacer los planteos posteriores. Le dábamos la razón a Alfonsín: había que buscar los resquicios institucionales que nos contuvieran y permitieran avanzar hacia un proceso distinto. No había que precipitar lo que muchos querían precipitar, que era la identificación más clara del enemigo. Esto surgía de las conversaciones con el militante montonero duro, que decía que era mejor si venía un golpe para identificar claramente al enemigo y agudizar las contradicciones. La represión ilegal era cada vez más fuerte. El clima era opresivo. Nosotros teníamos cierto nivel de amparo en el radicalismo. Pero también tuvimos nuestras víctimas. La verdad es que cuando sobrevino el golpe, yo vi gente respirando con alivio porque suponían que habría un ordenamiento, el monopolio de la represión, y no habría tanto grupo que anduviera matando por su cuenta. Nunca compré esa idea, ni compramos la del Partido Comunista, que Videla era mejor que Pinochet, ni creíamos en el “influencismo” sobre sectores militares. Criticábamos duramente las posiciones del PC. Decíamos que el de Isabel era un gobierno constitucional y no democrático, pero de ninguna manera pensábamos que, si pasábamos a la clandestinidad y nos asociábamos con Montoneros y el ERP, íbamos a ganarle al Ejército. Nos parecía delirante.

—¿Qué percepción tenían sobre la Triple A?

—Era bastante aproximada a lo que realmente fue. Pensábamos que era una organización gestada desde el poder por los sectores conservadores retardatarios y antidemocráticos del peronismo, que abarcaba una parte con el aparato sindical. Sabíamos de las relaciones de la CNU con sectores sindicales, los conocíamos con nombre y apellido, y la relación que existía con las fuerzas de seguridad, con los servicios de inteligencia. Y le pedíamos al radicalismo que denunciara. Nuestra suerte era variada. Nos daban bola la minoría, Alfonsín, Raúl Borrás, los más alineados por Renovación y Cambio. Balbín tuvo cosas contradictorias. Él estaba planteando una solución política cuando entraba en crisis el gobierno de Isabel Perón. Intentó ayudar, tuvo gestos personales, saltar el muro de la casa de Gaspar Campos [en 1972] para ir a ver a Perón, los vimos como hechos positivos. Intentó una solución institucional para evitar el golpe de Estado. Pero tenía contradicciones. Cuando matan a [el ex senador Mario Abel] Amaya [en octubre de 1976], el Changui Cáceres le pide velarlo en el Comité Nacional del partido, y Balbín se lo niega, le dice: “Yo no pensaba como Amaya”. Y no nos dejó. Terminamos velando a Amaya en la funeraria de Liborio Pupilo, que era un puntero de Mataderos. Y la actitud de Alfonsín fue diametralmente opuesta. Viajó con el cadáver de Amaya para enterrarlo en Trelew, de donde era oriundo.

—¿Cómo reacciona la UCR frente a otras muertes y desapariciones de dirigentes radicales durante la dictadura: Luis Aredez, Ángel Pisarello, Sergio Karakachoff?

—Ahí está la contradicción. Con Karakachoff, por ser de su ciudad, La Plata, y porque había sido compañero de estudios de su hijo Enrique, Balbín tuvo otra actitud. Karakachoff era mayor que nosotros, era abogado de trabajadores, lideraba naturalmente la JCN de la provincia de Buenos Aires. Lo secuestraron del estudio de la calle 1 y lo mataron muy poco tiempo después cerca de Punta Lara con tiros de Itaka en la cara. La operación fue claramente militar. Lo mataron con Domingo Teruggi, eran socios en el estudio. Nosotros escondimos a la esposa de Karakachoff, zafamos por minutos, la metimos en la embajada de Venezuela. A partir de eso, nosotros entendimos que era la “teoría de los puntos límite”. No podíamos hacernos los distraídos y, aunque fuera absolutamente desproporcionado y riesgoso, teníamos que hacer algo reivindicativo y público, a pesar del riesgo que se corría. Yo mismo hablé en los balcones de la casa radical en pleno centro de La Plata, ante el féretro de Sergio Karakachoff. Había un clima de terror, pasaban los Falcon verde y tiraban tiros. Hicimos un cortejo hasta el cementerio y nos acompañó Balbín. Nosotros jugamos muy fuerte ahí, hicimos panfleteadas, hicimos pintadas, la gente de Capital nos acompañó con los grupos que militaban con “Coti” [Nosiglia], pintaron en los subtes por Karakachoff. Nosotros decíamos que era desproporcionado el riesgo, pero teníamos que hacerlo.

—¿Siguió viviendo en La Plata en el último año de Isabel Perón y durante la dictadura?

—Después de las advertencias de la Triple A se tomó la decisión de que desapareciera, un exilio interno. Me fui a Mar del Plata, con la cobertura de un grupo de autodefensa. En ese momento, para que nos entrenáramos, nos daban pistolas de madera, del mismo peso que una Browning. Tiráramos en distintas posiciones, siguiendo un manual de tiro austríaco. Si venían a buscarme, era preferible que me mataran en un tiroteo antes de que me levantaran y me tiraran a una zanja. Ésa fue la decisión. Cambié mi aspecto, me saqué la barba, me peinaba a la gomina y salía poco. Vivía con un muchacho que estaba todo el tiempo conmigo y otro grupo de gente que no conocía. Si yo caía, no podía decir con quién estaba. Tenía los mismos códigos [de seguridad] que podían tener otros que actuaban en la lucha armada. Duró un tiempo esto. Después me reincorporé, no volví a La Plata porque era extremadamente peligroso. Fui a Capital Federal.

—¿Mantuvo su identidad?

—Sí. Sólo tuve otra identidad para salir del país cuando llevamos información a Amnistía Internacional e incluso hicimos un seminario de radicales en el exilio en Bulgaria, en una ciudad frente al Mar Negro. Era un seminario de análisis de la situación en la Argentina, y para ver cómo distribuiríamos el diario La República, que dirigía Solari Yrigoyen en el exilio. Él organizó el encuentro. Lo ingresábamos por correo diplomático de la embajada francesa, lo retirábamos acá y lo distribuíamos. Habrá sido en el 79 u 80. Salí y entré en el país con otra identidad.

—¿Cuál fue el rol de la JCN como agrupación política durante la dictadura?

—Nosotros decíamos: “Tenemos que dejar el periscopio afuera, y miremos qué pasa”. Había un tembladeral, había que preservarse y hacer reuniones de mantenimiento y control, ninguna otra cosa. Salvo cuando mataron a Karakachoff, que salimos para dar una prueba de vida y volvimos a meternos. Eso fue lo que hicimos durante un tiempo. Control y mantenimiento hasta que la situación fuera aflojando.

—¿Cómo surgió el fenómeno de Alfonsín?

—Su disparador fue Malvinas. El 30 de marzo de 1982, movilizaciones populares encabezadas por Saúl Ubaldini, “Pan, Paz y Trabajo”, plazas llenas, muertos, represión, detenidos. Dos días después, la misma plaza, llena. De todos los dirigentes políticos argentinos, sólo uno dijo: “Esto está mal y lo vamos a pagar carísimo”. Era Raúl Alfonsín. Y no toda la Coordinadora, sólo la de la provincia de Buenos Aires sacó un documento crítico. La otra parte de la Coordinadora temblequeó o estuvo de acuerdo, se comió el discurso de la mayoría. Después de la derrota se produjo la decepción, la desazón. Hicimos un acto en la Federación de Box al mes siguiente, calculando cuánta gente podría traer cada regional. Todavía estaba prohibida la actividad política. Cuando llegamos, desbordaba. No podíamos entrar. La gente entendió que el que dijo lo que había que decir fue Alfonsín, y lo dijo adelantándose a los acontecimientos, con coraje. A partir de ahí fue una bola de nieve que no cesó. Ya no tenía el discurso más estudiado, el estilo clásico radical, de la escuela balbinista. Fue teniendo su intuición, sus hallazgos, su cosa emotiva de conexión con el pueblo… hasta que llegó al Obelisco, con un millón de personas en la calle.

EPISODIO 12
El decreto

En febrero de 1975, la presidenta Isabel Martínez de Perón pasa sus días de descanso en la base naval de Mar del Plata. Por unos días no la acompaña su ministro y secretario López Rega, que marcha a Brasil por negocios personales. Isabel mantiene conversaciones con el jefe de la Marina, Eduardo Massera, y el jefe del Ejército, general Anaya, y de manera sorpresiva, firma el decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas para actuar en Tucumán. Lo harán sin ningún control político y judicial.

La Argentina marcha hacia su destino de potencia. Es nuestro triunfo. El triunfo del pueblo. La victoria de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que votó libremente su destino de grandeza. Combatir a los enemigos del pueblo se convierte así en un imperativo de la hora actual.

Mensaje de la Secretaría de Prensa y Difusión

El miércoles 5 de febrero de 1975, Isabel Perón y siete ministros de su gobierno firmaron en la Casa Rosada un decreto de carácter “secreto”.

En su artículo 1 facultaba al Ejército la ejecución de “las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán.

Pasados los años se discutió si la orden de “aniquilar el accionar” implicaba la eliminación física, pero en los hechos fue lo que sucedió.

Aun más, el decreto aceleró la autonomía de las Fuerzas Armadas frente al sistema político, que las condujo a la toma del poder, y terminó por encarcelar o perseguir a los funcionarios que lo habían firmado.

Ese verano de 1975, la agenda política estaba marcada por la convocatoria a paritarias —y la consecuente negociación entre el gobierno y los gremios— y la posibilidad de un llamado a la elección de vicepresidente, cargo que había quedado vacante tras la asunción de Isabel Perón.

En la rutina política veraniega se transmitía el malestar que había generado —aun en el Justicialismo— la creación de la Secretaría Privada de la Presidencia, un decreto concebido por iniciativa del ministro de Bienestar Social y secretario José López Rega.

Era el hombre fuerte del país, que acompañaba día y noche a la Presidenta. Ambos dormían en el primer piso de la residencia de Olivos.

Se sospechaba que, después de la muerte del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal —Montoneros lo mató en noviembre de 1974—, López Rega era quien detentaba el mayor poder para la represión no institucional.

Nadie del gobierno ni del justicialismo le reservaba críticas públicas ni se animaba a reclamar su renuncia. La oposición apenas hacía notar “el centralismo del poder” y requería que las decisiones las tomara “la Presidenta, y no un supersecretario”.

Hasta ahí se llegaba. No más.

El analista Mariano Grondona describió con crudeza todo lo que no se decía: “La caída, que muchos desean, entrañaría peligros. López Rega ha promovido o facilitado una serie de desenvolvimientos que se aprueban en voz baja y se critican en voz alta. La firmeza ante la guerrilla, la desideologización del peronismo, la recuperación de la universidad, pasan por el discutido secretario ministro. De la estirpe de los Ottalagano y los Lacabanne, José López Rega es uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen”.

En la esfera presidencial, en cambio, se vivía un verano calmo.

La Presidenta, de vacaciones, hospedada en la Unidad Turística Chapadmalal, realizaba paseos en auto por Cabo Corrientes y la playa Bristol de Mar del Plata. También recorría las calles del balneario acompañada por López Rega y otros colaboradores.

La Secretaría de Prensa le acondicionó una habitación del Hotel Provincial para que disfrutara del Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno, con un equipo con sistema francés de televisión en color.

Alternaba las vacaciones con reuniones de trabajo. Recibió al ministro de Defensa, Adolfo Savino; al jefe de la Policía Federal, Luis Margaride, y también a los sindicalistas Lorenzo Miguel y Casildo Herrera.

Después de una semana de reuniones y paseos, López Rega decidió distanciarse de la rutina presidencial, dejó a Isabel al cuidado de su yerno y subsecretario de Prensa y Difusión, Jorge Conti, y del peluquero Bruno Porto y se fue a Brasil.

La distracción del ministro

Hacía tiempo que quería hacer ese viaje y no encontraba el momento.

El ministro fue a conocer un terreno que le había comprado Claudio Ferreira, su brasileño amigo, umbandista, que había conocido en Paso de los Libres, en la casa de su Madre Espiritual, Victoria Montero, en los años cincuenta.

El terreno estaba sobre la playa Arena Blanca, en el municipio de Sombrío, al sur de Santa Catarina. Tenía 350 metros de frente y 1.000 de fondo. Aspiraba a construir un complejo hotelero.

Llegar a esa playa le resultó accidentado.

En el camino fue detenido en el balneario de Torres junto a Ferreira y sus custodios Miguel Ángel Rovira y Rodolfo Almirón, quienes muchos años más tarde serían procesados en la causa de Triple A.

El conserje de hotel São Paulo Palace se asustó por el nivel armamentístico —supuso que llegaban para robar el banco— y alertó a la comisaría. El 25 de enero, al amanecer, ocho policías irrumpieron en la habitación de López Rega, lo detuvieron y esposaron.

El ministro les mostró una cédula de identidad brasileña a nombre de “José López”, con domicilio en Uruguayana, pero como la verificación de su autenticidad se demoraba, López Rega explicó que era el secretario privado de la presidenta argentina y que el resto de los detenidos eran sus colaboradores. Al cabo de unas horas lo liberaron.

López Rega les regaló postales que promocionaban el Mundial 78.

Mayúscula fue su sorpresa cuando, de regreso en el país, se enteró de que Isabel Perón había abandonado la Unidad Chapadmalal y se había hospedado en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en Punta Mogotes. Su director, el capitán de fragata Roque Funes, dispuso un cuarto para que hiciera gimnasia y refaccionó otro para que lo usara de estudio. López Rega entendió que, aprovechando sus cuatro días de ausencia, la Armada había tendido un cerco sobre Isabel.

Era la primera vez que la Presidenta escapaba de su radar.

Perón había borrado su histórica enemistad con la Marina, expresada en los bombardeos de 1955, y había designado como jefe del arma a Eduardo Massera, uno de los partícipes de aquella masacre que dejó cientos de muertos. Su presencia en la base naval de Puerto Belgrano, expuesto al viento y al frío, un mes y medio antes de su muerte, con Massera como anfitrión, confirmaba la reconciliación con esa fuerza.

Pero ahora era el marino el que atravesaba la línea de la intimidad presidencial y le daba alojamiento a su viuda. Isabel había quedado bajo protección naval.

Este hecho tensó la disputa de poder entre el ministro y el contraalmirante en torno a la Presidenta.

Hacía meses que López Rega desconfiaba del exceso de cortesía del contraalmirante. Y en el último diciembre, en una reunión de hermanos masones —ambos eran miembros de la logia P2—, expresaron sus diferencias con insultos a la vista de todos.

Incluso más, se supo que el ministro había ordenado a su custodia que matara a Massera y que el contraalmirante planificó con sus grupos de tareas el incendio de dos automóviles Ford Falcon de los parapoliciales de López Rega, como advertencia.

La relación se astilló aun más cuando, a su regreso de Brasil, el ministro intentó ver a la Presidenta en la Escuela de la Armada y le prohibieron el acceso.

El control de la represión

La estadía de Isabel en la base naval fue el anticipo del despliegue de las Fuerzas Armadas para la “lucha antisubversiva”.

En una de sus reuniones con el comandante del Ejército, Leandro Anaya, Isabel fue persuadida de la necesidad de firmar el decreto para intervenir en Tucumán.

Para López Rega, que la represión se institucionalizara en tropas militares implicaba una pérdida importante de su poder. Hasta entonces, esa tarea se libraba desde fuerzas clandestinas reunidas bajo el sello de la Triple A. Él, desde el Estado, había sido su impulsor original.

En su génesis, la Triple A se había gestado para enfrentar a la izquierda peronista, y luego ese radio se había ampliado para combatir a los “zurdos”, armados o no armados, peronistas o no peronistas.

Para las Fuerzas Armadas, la “lucha contra la subversión” excedía las fricciones internas del peronismo, por más violentas que fueren. Se enmarcaba en la guerra contra el comunismo, por la defensa de Occidente. Se habían instruido en distintas academias militares para esa guerra.

Las Fuerzas Armadas estaban por encima de la Triple A. De hecho, luego la absorberían.

Las horas decisivas

Después de tres semanas en Mar del Plata, Isabel Perón retomó la actividad en la Casa Rosada el lunes 3 de febrero. Los temas de la agenda política que reflejaba la prensa eran más o menos los mismos. Sólo había impactado la irrupción de alrededor de sesenta hombres armados que colocaron cuatro bombas en las máquinas rotativas del diario La Voz del Interior de Córdoba.

Y las habían volado.

La semana política transcurrió sin otros sobresaltos.

Isabel fue a almorzar dos veces a lugares públicos, una vez a La Cabaña y otra al hotel Plaza, acompañada de ministros y colaboradores, y el 4 de febrero festejó su cumpleaños 44 en la residencia presidencial. Una multitud se acercó al portón para saludarla, y la Presidenta correspondió la gratitud con un saludo desde un helicóptero, en un corto vuelo por los alrededores de Olivos.

El miércoles 5 de febrero, Isabel presidió la ceremonia de entrega de sables a nuevos oficiales de las tres armas en el Teatro Colón, junto a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas.

Ese día firmó con su gabinete el decreto secreto que habilitó la intervención militar en Tucumán.

Dos días después ya estaba descansando en el hotel Llao Llao de Bariloche, aprovechando las fiestas de Carnaval. La acompañaba López Rega.

El domingo 9 de febrero, las tropas militares comenzaron a desplegarse en Tucumán en camiones, Unimog y jeeps, a lo largo de la ruta 38.

Eran alrededor de 3.500 efectivos dispuestos en los Valles Calchaquíes, desde Lules hacia el sudoeste, casi hasta el límite con Catamarca. Los secundaban tropas de la Gendarmería, la Policía Federal y la provincial.

Los militares también se instalaron en Acheral, 45 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. Era un pueblo de 2.000 habitantes que en mayo de 1974 había sido tomado durante algunas horas por el ERP, y se vio a guerrilleros desfilar con uniforme verde olivo y fusiles al hombro.

Los comunicados oficiales sobre la intervención militar comenzaron a emitirse en la tarde del domingo 9, por radio y televisión. Se leyeron dos; uno era de la Secretaría de Prensa y Difusión: “La Argentina marcha hacia su destino de potencia. Es nuestro triunfo. El triunfo del pueblo. La victoria de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que votó libremente su destino de grandeza. Combatir a los enemigos del pueblo se convierte así en un imperativo de la hora actual”.

El otro fue redactado por la V Brigada de Infantería, a cargo del general Acdel Vilas. Aseguraba que la operación del Ejército tenía por objetivo “restituir la tranquilidad a sus habitantes alterada por el accionar de delincuentes subversivos que pretenden explotar la impunidad que garantiza la imposición del miedo”.

El ministro del Interior, Alberto Rocamora, manifestó que, con el decreto, la autoridad presidencial se mantendría “incólume” y las Fuerzas Armadas acatarían el orden constitucional. Sobre la duración del operativo manifestó: “Habría que preguntárselos a los guerrilleros. Depende de cuánto duren ellos”, afirmó en tono de broma.

Las respuestas políticas desde la UCR fueron dispares.

Ricardo Balbín apoyó la intervención militar; aseguraba que “no tenía segundas intenciones”. Raúl Alfonsín, en cambio, criticó que el Congreso hubiese sido marginado. Dijo que la decisión del Poder Ejecutivo no contribuía a consolidar el proceso político y ponía en evidencia “la ineficacia del gobierno para solucionar un problema ajeno a esa fuerza [el Ejército]”.

Además, Alfonsín también atacó la Ley de Seguridad para combatir la guerrilla, “que en realidad amenaza a dirigentes políticos y gremiales que luchamos por la liberación nacional”.

Desde aquel domingo 9 de febrero de 1975, las tropas militares actuaron sin ningún control político ni judicial en Tucumán.

El gobernador peronista Amado Juri, elegido el 25 de mayo de 1973, se limitó a prestar su “más amplio apoyo a las operaciones militares”. Pronto quedó en un segundo plano.

La autoridad política de la provincia era el general Acdel Vilas. El jefe de la V Brigada de Infantería —que alguna vez había comandado el general Jorge Rafael Videla— instaló su centro operativo en la localidad de Famaillá.

Y transformó la escuela del pueblo en el primer centro de detención ilegal durante el gobierno de Isabel, “La Escuelita”.

Los pasos previos

En su presidencia, Perón había confiado en la Policía Federal para enfrentar a la guerrilla. Tras su muerte, las Fuerzas Armadas fueron obteniendo una autorización progresiva para la represión.

En agosto de 1974, luego de que el ERP intentara asaltar el Regimiento 17 de Catamarca, el Ministerio de Defensa autorizó la acción militar para aprehender a una veintena de guerrilleros que habían quedado aislados en una lomada, cuando emprendían la fuga.

Las tropas del Ejército intervinieron. Los detectaron, los rodearon y, luego de la rendición, los mataron con tiros en la nuca. Eran dieciséis. Fueron enterrados como NN en un cementerio de la zona.

El gobernador de Catamarca (Hugo Montt), el de La Rioja (Carlos Menem) y la Presidenta felicitaron a las fuerzas de seguridad y al Ejército por los servicios a la Nación.

El ERP decidió vengar a cada uno de los fusilados. Los objetivos fueron tomados al azar. En dos meses ejecutaron a nueve oficiales del Ejército en distintas provincias. El último sería el capitán Humberto Viola, en el centro de Tucumán, en diciembre de 1974. Lo mataron cuando ingresaba el auto en una casa y, en forma no prevista, también mataron a su hija María Cristina, de 3 años.

A partir de este ataque, la represalia indiscriminada del ERP se detuvo.

Al mes siguiente, las tropas del Ejército, aun sin el decreto presidencial, comenzaron a rastrillar Famaillá y Monteros en busca de campamentos guerrilleros asentados en la selva. En uno de los operativos de reconocimiento, el 5 de enero de 1975, cayó un avión militar en la zona boscosa y provocó la muerte del jefe del III Cuerpo de Ejército, general Eugenio Salgado, del jefe de la Brigada V, general Ricardo Muñoz, y de otros once oficiales.

Como consecuencia, el general Carlos Delía Larroca fue designado jefe del III Cuerpo, y el general Vilas, de la V Brigada. Ellos comandaron el Operativo Independencia, autorizado por Isabel Perón y su gabinete a partir del 5 de febrero de 1975.

Muchos años más tarde, la justicia federal de Tucumán requirió la extradición de Isabel para juzgarla por su responsabilidad en la represión ilegal que sobrevino luego de su firma del decreto 261/75.

Se argumentó que no podía ignorarla, dado que como presidenta había visitado Santa Lucía y Famaillá, donde se habían asentado centros de detención ilegal.

Ésa fue la tercera causa por delitos de lesa humanidad que afrontó la ex Presidenta. Pero, como sucedió con las anteriores, la Audiencia Nacional de España denegó la extradición.

EPISODIO 13
La caída

En julio de 1975, Heriberto Kahn, periodista de La Opinión, accede a un informe secreto del Ejército que acusa a López Rega de ser jefe de la Triple A. Decide publicarlo. El efecto será devastador para Isabel Perón y para el destino de su ministro.

El Comando General del Ejército elevó al Poder Ejecutivo una denuncia concreta sobre la actividad de la organización terrorista de ultraderecha que se identifica como Triple A, en la que se hace referencia al ministro de Bienestar Social, José López Rega.

HERIBERTO KAHN

El domingo 6 de julio de 1975, Heriberto Kahn publicó en el diario La Opinión que una investigación militar sobre la organización terrorista Triple A involucraba a López Rega.

El artículo fue el detonante que provocó la salida del ministro de Bienestar Social, que desde la muerte de Perón en julio de 1974 permanecía entronizado en el poder junto a la presidenta Isabel.

Kahn había nacido en Buenos Aires en 1946. Estudiaba Derecho en la UBA cuando se inició en el periodismo. Su primer trabajo fue en la revista Confirmado.

“Conocí a Heriberto en Confirmado. Él estaba a cargo de la sección Mundo, y yo era jefe de Redacción. Éramos jóvenes: él, 21 años; yo, 24. Fue la época de la Guerra de los Seis Días [1967]. Su conmoción movía a la solidaridad. Heriberto, que era un crítico cartesiano, escribía con su corazón judío. Cuando le pedí un tratamiento más equilibrado del tema, me dijo con esa sinceridad que no abandonaba nunca: ‘Corregí mis notas y no pongas mi nombre. Yo sé que lo que escribo no se puede publicar así, pero no puedo escribirlas de otro modo’. Heriberto era un investigador escrupuloso y redactaba con tanta claridad como precisión”, recordó Rodolfo Terragno.

Muchos años después, Kahn comenzaría a trabajar en La Opinión. Para entonces, en 1974, su director, Jacobo Timerman, había desplazado a los periodistas vinculados con la izquierda peronista y convocado a “los profesionales”, o “la tribu de derecha”, como los llamaba en sorna.

Los artículos de Kahn obtendrían resonancia política.

“Heriberto era de la comunidad judía alemana, la que se considera la aristocracia de la comunidad judía. Creo que frecuentaba un templo. Timerman lo conoció en una cena en la casa de Jacobo Kovadloff [directivo del American Jewish Committee] y le propuso trabajar en el diario. Tenía un Peugeot 404, o 504. En la redacción se decía que venía de una familia rica, que no necesitaba del apremio del sueldo. Heriberto tenía pocos amigos en la redacción. Tenía jefes. Él hacía su artículo de tapa y hablaba fundamentalmente con Timerman. Llegaba a la hora que se le antojaba, o que podía, entre las 8 y las 9:30 de la noche. Todos los secretarios lo estaban esperando. ‘Heriberto, mirá la hora que llegás. Está todo el diario parado’. Para él era un castigo enfrentarse a la parte productiva. No tenía el ‘reloj del cierre’. Siempre lo percibí distinto a nosotros. Era de otra raza. No tenía ansiedad, no era desbolado ni omnipotente. Tenía dones especiales, su simpatía, su simpleza. Él frecuentaba a sus fuentes, almorzaba con ellos, alfombraba la relación. Y en el diálogo, sus entrevistados debían sentir su tranquilidad y no la sensación de rapiña informativa que transmitíamos nosotros. Heriberto no era un intelectual, era un tipo de trabajo, y tenía una gran virtud, hablaba inglés y alemán. Nosotros éramos bestias con los idiomas”, revela el periodista Daniel Muchnik, que trabajó con Kahn en La Opinión.

Especializado en Relaciones Exteriores, Kahn comenzaría a cubrir la relación Gobierno-Fuerzas Armadas, un actor político que iría tomando dimensiones agigantadas tras la muerte de Perón. Pero, en el marco de la relación, haría foco en la figura de José López Rega.

Kahn obtendría información de la primera investigación oficial sobre el ministro y la Triple A, entonces la figura política de mayor poder en el país.

Los primeros indicios

La investigación interna sobre la Triple A la había iniciado el teniente coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos del Ejército en abril de 1975. Sosa Molina tenía responsabilidad sobre la custodia de la residencia de Olivos. Al observar sus movimientos, la entrada y salida de autos, no le costó deducir que los custodios de López Rega e Isabel Perón utilizaban la quinta presidencial como “base operativa” paraestatal.

Sosa Molina quiso abrir un expediente interno. Envió a un granadero, el teniente Juan Segura, quien, con el argumento de una supuesta avería en su automóvil, pidió ayuda en una casa de la calle Figueroa Alcorta 3297. Era una dependencia del Ministerio de Bienestar Social donde funcionaba El Puntal, la revista que había sucedido a El Caudillo. Sosa Molina lo sabía.

Dirigida por Felipe Romeo, El Caudillo promovía la purga contra los “traidores infiltrados” en el Movimiento y se había propuesto “defender a Perón con todos los calibres”. La revista tenía apoyo económico y logístico del Ministerio de Bienestar Social.

En su informe oficial, Segura comunicó a Sosa Molina que la casa era una base de la Triple A.

Lo escribiría Heriberto Kahn en su libro inconcluso, Doy fe, que sus amigos publicarían tras su muerte: “Ni bien ingresó a aquel edificio, el teniente Segura fue recibido efusivamente por un hombre que se mostró especialmente complacido por la presencia de un oficial de Granaderos en el lugar y señaló que allí trabajaban hombres de la Policía y de las tres Fuerzas Armadas. Con indisimulado orgullo, la persona en cuestión relató a Segura que en ese lugar funcionaba un cuartel de la denominada Triple A”.

Sosa Molina informó a sus superiores el relato de Segura. Entregó la carpeta al jefe del Ejército, general Leandro Anaya y al ministro de Defensa, Adolfo Savino.

Así se inició el primer pedido de investigación de carácter institucional sobre la Triple A.

La Opinión también buscaba exponer a López Rega.

“El diario estaba muy vinculado con [el ministro de Economía] José Gelbard, era la mano derecha editorial de Timerman. Cuando se fue del gobierno [en octubre de 1974], Gelbard le informó a Timerman que la Triple A estaba en el Ministerio de Bienestar Social. Y Timerman se ocupó de infundir a la redacción que nosotros estábamos luchando contra el fascismo de López Rega. Y encarga a Kahn para que averigüe detalles de ese tipo. La Opinión castiga a López Rega con Kahn. Heriberto, cuando trabajaba, era discreto. Si le preguntaban sus fuentes decía, ‘la Marina’. Pero no era un servil ni estaba pagado por la Marina. No era un servicio. Nosotros teníamos cuatro o cinco tipos dentro de la redacción que eran servicios y sabíamos quiénes eran. Pero se fue enganchando con las circunstancias políticas del momento y estuvo de acuerdo con el golpe. Todo el mundo estaba de acuerdo. Las Fuerzas Armadas eran la esperanza de la clase media, que pedía a gritos el golpe. La Opinión se prestó a esa necesidad. Y no en vano, en algunos días culminantes, el diario aumentó su tiraje. El día que Kahn contó que López Rega, después de una discusión en la reunión de gabinete, empezó a correr a un ministro alrededor de la mesa para fajarlo, el diario duplicó el tiraje. Eso lo contó Kahn. La graciosidad estaba en la propia escena”, indica Muchnik.

Fernando Ruiz, profesor de Periodismo y Democracia en la Universidad Austral y autor de Las palabras son acciones —libro que relata la historia del diario La Opinión entre 1971 y 1977—, afirma en entrevista con el autor: “Massera había seducido a Kahn como lo había hecho con toda la clase política del momento. Era la voz racional de ese 1975 que desbordaba de hiperviolencia, hiperinflación e hiperdesgobierno. Él lideraba la agenda informativa, y Kahn era su pluma más insertada en la cúpula militar, después de haberlo sido en la cúpula del gobierno peronista en 1974. Desde el punto de vista político, más allá de las diferencias entre ellos, los periodistas de La Opinión pensaban muy parecido. No había grietas en ese tema. No sabían que esa racionalidad contra la violencia estaba construyendo la legitimidad para la megaviolencia militar de 1976”.

Durante el gobierno de Isabel Perón, el diario arriesgaba su clausura.

Y el miedo rondaba la redacción.

“Recuerdo unas amenazas de bomba. En una de ellas, [el secretario] Enrique Jara dijo que el que quisiera quedarse se quedara y el que no, se fuera. El 90% se fue. Daba miedo salir del diario a la noche cuando estábamos en la redacción de Barracas; las calles eran oscuras. Y mucho más miedo daba si te detenía la policía por algún control. En la puerta del diario había policías de civil, pero Timerman siempre decía: ‘Las custodias de civil traicionan’“, señala Muchnik.

La primera muerte había golpeado al diario en 1975.

En Doy fe, Kahn relató que el fin de semana del 17 y 18 de mayo el gobierno difundió cortos publicitarios por televisión en los que se llamaba al pueblo a luchar contra la “subversión” y alertaba de sus peligros. Pero en los cortos, indicó Kahn, “aparecían en primeros planos notas y títulos de los diarios El Cronista Comercial y La Opinión. Se trataba de una obviamente nada sutil acusación de subversivos a dos diarios opositores de centroizquierda que se publicaban entonces en Buenos Aires. Más aún, aquellos anuncios parecían presagiar la clausura de ambos”.

Un día antes, el 16, después del mediodía, secuestraron a Jorge Money, de 29 años, periodista de Economía de La Opinión.

“La búsqueda resultó infructuosa hasta que, al caer la tarde del domingo 18, en los tristemente célebres bosques de Ezeiza, apareció el cadáver. Me he preguntado dónde está el límite entre lo morboso y el derecho —o el deber— del público a saber. Me repito esta pregunta ahora, pero creo que todos debemos afrontar el duro momento de escuchar cosas terribles, acaso como medio eficaz de alertar a nuestras conciencias para que la Argentina quede preservada en el futuro de la repetición de tan tremendas pesadillas. Es por eso que he decidido describir los horribles momentos que debió afrontar Money antes de ser finalmente acribillado a balazos: su cuerpo…”, escribió Kahn.

Aquí se interrumpe la escritura de Doy fe.

Kahn no llegaría a narrar en su libro los hechos que relató en La Opinión y que tuvieron como consecuencia la renuncia y el abandono del país de López Rega.

El 1° de julio de 1975 publicó la reconstrucción de un “severo entredicho” en Olivos entre López Rega y el jefe de la Armada, Eduardo Massera, que le imputaba sus “graves responsabilidades en la situación que vive el país”.

El artículo presentaba a un López Rega jaqueado internamente y enfrentado con Massera, quien contaba con el respaldo del Consejo de Almirantes. Todos sus miembros habían anticipado que se negarían a “asumir la Comandancia ante la eventualidad de un relevo del actual titular de la Marina de Guerra”.

También Kahn escribió que, según sus fuentes, “la jefa del Estado habría estado visiblemente nerviosa, llorando en varias oportunidades. Su rostro demacrado denotaba la tensión de los últimos días”.

El texto irritó al Gobierno.

Dos días después explotó una bomba en el edificio de una compañía de seguros, en Reconquista 575.

La Opinión lo atribuyó a un error de información.

Su redacción estaba al lado, en el número 585.

El artículo que expulsa al ministro

En ese momento, el país llevaba casi un mes en estado de conmoción por el plan económico del ministro Celestino Rodrigo, bendecido por López Rega. La política de “shock” del “Rodrigazo” implicó una devaluación del 100% del peso frente al dólar y aumentos de tarifas de servicios públicos del 200%. Las góndolas de los supermercados estaban vaciadas por el acaparamiento; los contratos comerciales, rotos; las empresas, quebradas; con paros espontáneos en las fábricas y asambleas obreras, y las líneas de montaje del cordón industrial, paralizadas. La inactividad era casi total.

Frente al reclamo de los gremios, Isabel estableció un aumento inmediato del 50% y suprimió las paritarias por decreto. Como respuesta, alrededor de 100.000 obreros se concentraron en Plaza de Mayo en rechazo a la medida.

Reclamaban la homologación de los convenios de paritarias y las renuncias de López Rega y Celestino Rodrigo.

La CGT resolvió un paro general por 48 horas para el lunes 7 de julio. Por primera vez en la historia del Movimiento, la CGT le hacía un paro a un gobierno peronista.

En ese contexto, un día antes, el domingo 6, Kahn publicó el artículo acerca de la investigación en curso sobre la Triple A, en la tapa de La Opinión. Se iniciaba así: “El Comando General del Ejército elevó al Poder Ejecutivo una denuncia concreta sobre la actividad de la organización terrorista de ultraderecha que se identifica como Triple A, en la que se hace referencia al ministro de Bienestar Social, José López Rega”.

La denuncia de Sosa Molina también comprometía a miembros de las Fuerzas Armadas como partícipes del terror paraestatal. En su libro, Kahn aclara: “Aunque sin especificar si se trataba de militares en actividad o en situación de retiro”. Pero la denuncia fue aprovechada por la cúpula militar para descargarla sobre el ministro de Bienestar Social.

Cinco días después, López Rega renunció al Ministerio. Y sobre la base de la información de La Opinión se inició la primera causa por “asociación ilícita” contra él y sus custodios, los policías Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón.

Fue un festejo por partida doble. De los gremios, que suponían que a partir de la renuncia tendrían mayor influencia sobre la Presidenta. Y de Massera, por las mismas razones.

Pero López Rega mantendría el bloqueo presidencial un tiempo más. Luego de su renuncia, se recluyó en la residencia de Olivos junto a su custodia: alrededor de cincuenta hombres. Desde entonces, Isabel decidió no recibir a nadie. Se argumentó que tenía un estado gripal. La Opinión especuló que tomaría una licencia de sesenta días por agotamiento físico. López Rega anunció a los ministros que la Presidenta no atendería a ninguno. “Yo me tengo que ocupar de su salud”, advertía.

EPISODIO 14
El libro póstumo

Después de la caída de López Rega, provocada por su denuncia, el periodista Heriberto Kahn es amenazado desde El Caudillo, el periódico del nacionalismo peronista vinculado a la Triple A. Mientras escribe el libro Doy fe, una rara enfermedad va devorando su cuerpo.

¡Oíme, chupatintas, estás colmando la medida y vas a tener que responder por todo lo que has venido haciendo desde hace más de veinte años! Te hablo con el mismo desprecio que siente el Pueblo por vos y los de tu calaña.

FELIPE ROMEO

Pocas horas después de que la Presidenta se recluyera en la residencia de Olivos, bajo la supervisión de López Rega, el vacío político se transformó en riesgo institucional.

El primero en la línea sucesoria era el nuevo presidente provisional del Senado, Ítalo Luder. Cuando fue a presentar sus saludos, Isabel no lo recibió.

A una semana y un día de su renuncia, López Rega continuaba en Olivos.

La Presidenta aparecía como “rehén” de su ex ministro, que mantenía su cargo de secretario privado.

El jefe del Cuerpo de Granaderos, Sosa Molina, propuso detenerlo. Los comandantes militares aceptaron su petición.

En el amanecer del sábado 19 de julio de 1975, escuadrones de granaderos rodearon la custodia y la desarmaron. Las armas —escopetas, pistolas automáticas, ametralladoras, granadas— conformaron una montaña en el jardín de la residencia presidencial.

Isabel supuso que se trataba de un golpe de Estado, pero la legalidad se mantuvo. Los ministros pudieron entrar en la residencia y, apoyados por los tres comandantes, le dieron un ultimátum a la Presidenta: no había más margen para que López Rega permaneciera en Olivos ni en el país. Isabel aceptó.

Esa misma noche, desde la base militar de Aeroparque, López Rega se fue del país. Un decreto redactado con urgencia lo acreditaba como embajador plenipotenciario. Se lo alcanzaron al pie del avión.

A partir de entonces, la Presidenta se quedó más sola.

Y a las Fuerzas Armadas se le fue despejando el camino.

“Heriberto no creía que Videla pudiera liderar un golpe, pero sí que el golpe era inevitable. Él, que había investigado vida y milagros de López Rega, el poder detrás del trono, creía que esa Argentina, donde el caos era acompañado por el terrorismo de Estado, no podía continuar”, recuerda Rodolfo Terragno.

“Heriberto Kahn podía traducir el pensamiento de las Fuerzas Armadas frente al gobierno peronista, pero no era un mercenario. Había una táctica coyuntural con Massera porque había un enemigo común: López Rega. Pero él era un demócrata, siempre cercano al radicalismo, y muy amigo de Enrique Vanoli, la mano derecha de Balbín. Decía que era necesario un golpe de Estado, pero en la línea de Lanusse o de [Roberto] Viola, que lo veía como un aperturista, pero no en la línea de Videla. Yo me sentaba en un escritorio en diagonal al suyo. Lo veía consultar hasta el último dato por teléfono, aunque sabía que estaban ‘chupados’. Cuando la redacción de La Opinión estaba en el centro, nos juntábamos en el bar El Pulpito. Era un gran lector de clásicos en materia política y de derecho. Incluso de los griegos. Era un placer tomar un café con él. Pero en un momento me dijo que no quería bajar más por seguridad. Hasta que le llegó la amenaza. La vivió muy mal. [El subdirector] Ramiro de Casasbellas le dijo que se quedara en la casa, porque era más fácil que lo mataran como ‘blanco móvil’ que como ‘blanco fijo’. Pero Heriberto siguió viniendo, incluso algunos sábados. Le pusieron una custodia militar y también la rechazó”, recuerda Horacio Finoli, periodista de La Opinión entre 1973 y 1977.

La amenaza de El Caudillo

En noviembre de 1975, a partir de una internación de Isabel Perón por un cuadro vesicular agudo, Kahn publicó que, según coincidían sus fuentes políticas, militares y gremiales, a la Presidenta “ya no le resta ningún otro camino que hacer inmediato abandono del poder”. Su salida sería una solución a la crisis “en el marco de la institucionalidad”, analizó.

De acuerdo con la Ley de Acefalía, una asamblea legislativa elegiría a un legislador, mandatario o funcionario público para completar su mandato presidencial.

Al día siguiente, Isabel desmintió a Kahn: anunció que no renunciaría ni solicitaría licencia.

Esa misma semana, la revista El Caudillo, que saludaba los crímenes de la Triple A, volvió a los kioscos.

Le dedicó un editorial a Heriberto Kahn.

Lo firmaba su director, Felipe Romeo.

El texto cerraba con un mensaje: “Corrés el riesgo de que ese nombre tuyo —chupatintas— tenga alguna alteración y se cambie tinta por plomo. ¿Me entendiste bien, chupatintas?”.

En respuesta, Kahn publicó en La Opinión: “Cuando se recibe una amenaza de muerte quedan como alternativas abandonar el país o mantener el ritmo de vida cotidiano trabajando como siempre. Naturalmente, he optado por este último camino pero, tal como lo manifesté en una declaración que entregué anoche a los periodistas parlamentarios, ‘hago directamente responsables de mi integridad física y la de mi familia al señor Felipe Romeo, director de la publicación que me alude, a las organizaciones del justicialismo que la financian y al gobierno nacional, que tiene la obligación de asegurar la vida y los bienes de todos los ciudadanos y el ejercicio de la libertad de prensa’”.

También dejó unas líneas para Isabel: “La Presidenta habló de ‘terrorismo periodístico’. Me pregunto si la jefa de Estado se habrá referido, entre otros, a El Caudillo, para quien ‘el mejor enemigo es el enemigo muerto’”.

Al número siguiente, Felipe Romeo se molestó con Kahn por haberlo denunciado a la Justicia, además de recurrir al senador radical Carlos Perette y al jefe de la Policía Federal para enterarlos de la gravedad de la amenaza.

Romeo le dedicó otra página. La tituló: “Yo no te amenacé, Heriberto (porque no vale la pena)”.

“Vos creíste ver una cruel y mortal amenaza en lo que no pretendió ser más que un pronóstico. Yo te estaba hablando, casi paternalmente, de lo que podría llegar a ocurrir el día en que la gente se aburra de tus canalladas. […] ¿Desde cuándo prevenir sobre determinada contingencia es sinónimo de amenazar?”

Finalmente, Kahn se fue a Uruguay por dos semanas. Suponía que, durante ese tiempo en blanco, atenuaría la tensión. A esa altura, ya estaba casado con Mónica y tenían una hija, Alejandra, de pocos meses.

El golpe militar: la decepción

A inicios de 1976, el país estaba cada vez más sumergido en el vacío de poder.

López Rega no suponía la totalidad del problema. Su partida no había significado un freno a la Triple A. Las fuerzas del terror paraestatal continuaron su acción clandestina y la profundizaron. Los muertos aparecían quemados en las zanjas o en los bosques.

Kahn creía que si las Fuerzas Armadas intervenían en ese cuadro de emergencia, no suprimirían el sistema, sino que lo reordenarían y lo regenerarían, y a partir de allí surgirían nuevos canales de expresión partidaria, nuevos dirigentes para discutir las leyes, y los sindicatos serían impolutos.

Pero apenas iniciada la dictadura militar, el 24 de marzo de 1976, según se revela en el libro Timerman, de Graciela Mochkovsky, Kahn mostró su desasosiego frente a Casasbellas. Le contó que habían entrado en el departamento de una amiga, que le reventaron la puerta, saquearon todo lo que había dentro y se la llevaron. Kahn había pedido ayuda a sus contactos militares. Y no obtuvo nada. “Olvidate del tema”, le respondieron. Quedó desolado.

“Mi hermano, de alguna manera, con sus artículos, ayudó al derrocamiento del gobierno de Isabel. Él vivió con mucha angustia esa época. Me acuerdo de su desazón cuando mataron [al ex ministro del Interior, Arturo] Mor Roig. Fue antes de casarse, todavía vivía en casa, en el barrio de Florida. Lloraba. No quería más tanta violencia, tanta arbitrariedad. Pero de ninguna manera hubiera querido lo que pasó después. No imaginaba que se recurriría a semejante grado de violencia. Creo que, después del golpe militar, no hubiera sobrevivido. Habría querido publicar todo lo que se iba enterando y se habría enfrentado con los que eran sus propias fuentes. Pero, para esa época, Heriberto ya no estaba activo”, recuerda Gerardo “Jerry” Kahn, su hermano cuatro años menor.

En enero de 1976, Kahn se operó de meniscos después de un partido de fútbol, aunque no solía hacer deporte. A partir de entonces fue un ir y venir del hospital.

Kahn se enfermó.

El periodista Daniel Muchnik, su compañero en La Opinión, recuerda que la enfermedad actuó con la rapidez de un rayo. Intuye que fue producto del estado de tensión, una somatización por todo lo que había vivido.

Kahn había ganado una beca en la Universidad de Harvard, pero ya no tenía salud para viajar a los Estados Unidos. Se recluyó en su departamento de tres ambientes de La Pampa 1959, en el barrio de Belgrano, junto a su esposa y su hija.

Aprovechó ese tiempo muerto para escribir un libro en el que plasmar toda la información política que había recabado en los últimos años.

En la primera hoja del texto, Kahn describe un almuerzo en el departamento del canciller Alberto Vignes, junto a otros siete ministros del gabinete, en enero de 1974. En esa ocasión, el médico de Perón, Jorge Taiana, diagnosticó el cuadro de salud del Presidente: “En el mejor de los casos, no pasará de mediados de año”.

Escribe Kahn: “Mientras los demás ministros se recuperaban del plato fuerte que Taiana les acababa de servir, López Rega tomó la palabra: ‘El General se encuentra perfectamente bien. Los informes médicos son exagerados. Yo puedo decirlo mejor que nadie porque, cuando el General está mal, yo también me enfermo. Y puedo asegurarles que me siento perfectamente bien’”.

“Mire, López —respondió con su sonrisa irónica Ángel Robledo, entonces ministro de Defensa—, déjese de pavadas porque, cuando el General se muera, allí va a estar usted, totalmente sano, llevando el féretro.”

Mientras Kahn escribía, Perón estaba muerto, y López Rega, prófugo. “Escribía en una Olivetti Lettera 22 —recuerda Finoli—. Era gracioso verlo escribir, porque era petiso y esmirriado. Tenía un Peugeot 404 blanco y le colocaba un almohadón grande en el respaldo de la butaca para llegar a los pedales. Jodíamos mucho con eso. Cuando lo visitaba en su casa, me decía: ‘Apenas salga de ésta, volvemos a la redacción’. Pero los médicos no acertaban el diagnóstico y tampoco le daban esperanza a la familia.”

Fue un tiempo de estudios y análisis constantes. Al principio se movía por el departamento, luego pasó a escribir en la cama.

“Se fue deteriorando rápido. No sé si tenía clara conciencia de lo que ocurría. Los médicos en un momento diagnosticaron una meningitis tuberculosa, pero no acertaban con un tratamiento adecuado”, afirma su hermano Jerry.

En sus últimos meses dejó de escribir. Finoli tiene la imagen de Kahn dictándole el libro a su esposa en su habitación. “De a ratos se le perdía la memoria. ‘Descansá, después seguimos’, le decía ella. Era impresionante. Los últimos días estaba consumido dentro de la cama”, recuerda.

“En esa época dijeron que mi papá tenía cáncer de páncreas, meningitis tuberculosa, las cosas más variadas —indica Alejandra Kahn, su hija, que vive en los Estados Unidos—. Hasta sospecharon que podría ser producto de las amenazas. Pero, hace cinco años, yo perdí un hijo de dos, y cuando se hicieron las investigaciones después de su muerte descubrimos que tenía una enfermedad llamada Chronic Granulomatousus Desease. Eso era lo que tenía mi papá, y nadie lo supo hasta que murió mi hijo. Una enfermedad genética.”

Kahn murió el 23 de septiembre de 1976 en su departamento, a los 30 años.

El diario publicó: “Es difícil decir qué le debe el país a un periodista. Es más sencillo recordar qué le debe La Opinión a Heriberto Kahn. Durante varios años fue uno de los responsables de la información en las áreas más delicadas de la política, las Fuerzas Armadas, las relaciones exteriores. Y le debemos el que nos haya enseñado —sin palabras altisonantes, sólo con su ejemplo, nada menos— que valía la pena correr todos los riesgos en nombre de la libertad de información, de las libertades individuales de sus conciudadanos, de la construcción de una sociedad argentina democrática, de la búsqueda de una Argentina entroncada en su identidad histórica”.

El homenaje llegaba en un momento en que todas las libertades a las que Kahn aspiraba habían sido quebradas. Quizá fuese el modo que el diario de Jacobo Timerman encontraba para decirlo, en un contexto de represión ilegal y secuestros, que ya se publicaban en sus páginas, pese a la censura castrense.

“Timerman publicó algunas cartas de madres de desaparecidos. No quiso quedarse atrás del Buenos Aires Herald. Él era omnipotente. Yo presencié reuniones en la que le decían: ‘Rajate, que te van a agarrar’. ‘Nadie me va a tocar —decía—, yo soy amigo de generales.’ Finalmente, [el gobernador de Buenos Aires, Ibérico] Saint-Jean se cagó en sus amigos y en todos y lo torturó”, indica Muchnik.

En marzo 1979, a instancias de su hermano Gerardo, la editorial Losada publicó el manuscrito que no pudo terminar. Su esposa lo había guardado en un sobre.

Doy fe llegó a la lista de bestsellers. Se hicieron dos reimpresiones.

En el prólogo, Roberto Cox, entonces director del Buenos Aires Herald, afirma: “Cuando se escriba la historia definitiva de los años tumultuosos de la década de 1970, los historiadores futuros reconocerán sin duda su deuda con un hombre, sobre todos los demás, que dio testimonio de la época que le tocó vivir. Heriberto Kahn fue más que un testigo, por supuesto. Ganó para sí un lugar en la historia por su coraje para hacer público el grotesco atentado de José López Rega para adueñarse del poder en la Argentina”.

EPISODIO 15
El secuestro

A fines de 1975, Omar Romay, el hijo del zar de la televisión, se convierte en blanco de un grupo aparentemente parapolicial que pide rescate por su vida. Permanece encadenado durante tres semanas. Es un secuestro extorsivo, rodeado de connotaciones sociales y políticas, que retrata el terror cotidiano que se vive en la Argentina.

Muchas veces, en momentos muy violentos, la gente, para seguir viviendo, escoge el mecanismo de la negación. Es algo mental. Como una manera de decir: “Todo lo que está pasando a mí no me pasa”. Hasta que me secuestraron a mí.

OMAR ROMAY

La primera experiencia con la muerte la había tenido dos años y medio antes.

En 1973, en el colegio Carlos Pellegrini, donde estudiaba, sus compañeros empezaban a participar en política. El final de la dictadura sobrevolaba las aulas. Se citaba a León Trotsky en las asambleas, se reclamaba lo que creían que correspondía, lo que era justo. Se pintaban banderas de Montoneros. Se organizaban para ir a los actos. Omar Romay no era uno más en ese ambiente. Era una especie diferente en un zoológico en el que convivían hijos de familias de distintas clases sociales.

Ser el hijo del zar televisivo Alejandro Romay, dueño de Canal 9, productor de obras de teatro, de musicales, le daba a su vida un punto de partida más favorable. Le ofrecía cierta “ventaja competitiva”; una “injusticia de origen”, podría decirse. Y se lo hacían sentir. O al menos era lo que Omar percibía en algún comentario, en alguna actitud. Aunque eso no impedía que se juntara con sus compañeros a estudiar en su casa, o en la casa de otros, y que compartiera todos los avatares de la vida en el colegio como cualquier estudiante secundario.

Uno de esos compañeros de estudios era Carlos Sfeir. Estudiaban juntos matemáticas. Carlos iba a la casa de Omar. Y Omar iba a la casa de Carlos. Era indistinto. Omar no distinguía a Carlos entre los militantes, no era un alumno “cargado” ideológicamente, como otros de su división, que podían fundar conceptos filosóficos o políticos para expresar sus puntos de vista.

De un día para el otro, Omar se enteró de que Carlos había muerto. Más precisamente, se enteró el lunes, cuando llegó al colegio. Dos días antes, Carlos Sfeir había ido a la cárcel de Villa Devoto, la noche de la liberación de los presos políticos, y lo habían matado (véase el Episodio 4). Su muerte impactó en el aula. Y le impactó a él. Ya había vivido otro episodio de violencia, pocas semanas antes, cuando incendiaron el teatro de su padre. La llamada que anticipó el atentado la había atendido en su casa. Todavía estaba Lanusse en el gobierno.

—Papá venía de dos éxitos enormes, El violinista sobre el tejado, en el teatro Astral, que duró dos años, y otro musical, Hair, que contaba el movimiento hippie en los Estados Unidos. Para 1973, su apuesta fue Jesucristo Superstar. Pero terminó la noche en que yo recibí un llamado de alguien que sólo expresó “bombas”, “bombas”, “bombas”. A la mañana siguiente nos despertamos con la noticia de que habían incendiado el Teatro Argentino, y todavía no se había estrenado la obra.

—¿Fue un hecho inesperado para tu papá?

—No. Hair había tenido el problema de que a la “tribu” [los actores] cada dos por tres la metían presa por consumo de marihuana. Era un elenco con espíritu hippie, y mi papá continuamente iba a sacarlos de distintas comisarías. Hasta que se cansó y decidió profesionalizar el elenco. Hizo un casting con actores que no eran hippies, pero podían actuar de hippies, y ahí incorporó a Valeria Lynch, que representaba una “chica sana” para el concepto de la época. El “Negro” [Rubén] Rada, que no me acuerdo si estuvo en el primero o el segundo elenco. Hair era una apuesta brava, pero Jesucristo Superstar era una apuesta aun mayor.

Alejandro Romay temía que algo malo sucediera. Buscó protección en la Iglesia argentina para el musical. Se acercó al obispo de Buenos Aires, monseñor Antonio Quarracino, aficionado a la música y amante de la ópera. Le propuso compartir la adaptación de las canciones y el texto de Jesucristo Superstar. Y lo hicieron. Con la participación de Quarracino en el musical, Romay vedaba a la Iglesia la posibilidad de interponer obstáculos por el contenido artístico. Incluso dobló la apuesta: organizó el preestreno de Jesucristo sólo para la comunidad eclesiástica, con una lista de invitados preparada por el propio Quarracino.

Fueron los únicos que vieron el musical.

Después de la función, el teatro fue incendiado.

Un grupo comando ingresó a la madrugada, secuestró a los dos directores norteamericanos y a los iluminadores, los encerró en una oficina y colocó bombas incendiarias en el escenario. Cuando el teatro comenzó a arder, liberaron a los secuestrados. Fue destrucción total.

—¿No había custodia policial?

—Creo que se había pedido, pero por algún motivo fueron a tomar un café. Las cosas que pasan en la Argentina. Los norteamericanos no entendían nada. En los Estados Unidos, la obra había sido un éxito extraordinario. Evidentemente, hubo un sector de la Iglesia argentina que no podía tolerar que Jesucristo estuviera representado por un ser humano y mucho menos en un escenario.

En esa etapa, la televisión tenía tres hombres fuertes: Héctor García en Canal 11, Goar Mestre en Canal 13 y Alejandro Romay en el 9. La industria televisiva empleaba a miles de personas.

—¿Cómo era la relación de su papá con la política?

—Mi papá siempre fue radical, cercano a Balbín, Tróccoli, Enrique Vanoli, toda gente que murió en la pobreza. En algún momento se sintió cerca de Oscar Alende. Pero como empresario quería que sus medios de comunicación expresaran todas las opiniones. Marco sólo un hecho. En 1958, la Revolución Libertadora le otorgó la licencia de Radio Libertad, y él empleó a una cantidad de profesionales y periodistas peronistas en la radio. Por eso, un día lo vinieron a buscar y lo metieron preso. Pidió hablar con el general Aramburu. Aramburu lo recibió y mi papá le dijo: “Hemos vivido las listas negras del peronismo. Las personas que no pensaban como el gobierno no podían trabajar en los medios. ¿Es ésta la situación de la Revolución Libertadora?”. Y Aramburu le dijo que no, que podían trabajar. Lo dejaron libre, volvió a la radio, y el grupo de peronistas pudo volver a trabajar.

—¿Cuál fue su relación con Perón?

—Él consiguió un reportaje en Puerta de Hierro en 1972, muy cerca de la fecha de su cumpleaños [8 de octubre]. Antes de viajar, le preguntó a [Edgardo] Sajón, secretario de Prensa de Lanusse, si el gobierno no se opondría a la emisión del programa, y le dijeron que no. Cuando papá fue a Madrid, López Rega le dijo que para verlo a Perón tenía que dejar un cheque de 50.000 dólares. Y papá se lo pidió a un amigo que había viajado con él y se lo entregó a López Rega, que le facilitó la entrada. Después le hizo un reportaje en el que Perón le preguntó mil cosas, quiénes podrían ser el candidato si él no volvía, mientras Isabelita caminaba por los jardines e intentaba convencer a mi mamá de que visitara el cadáver de Evita, que estaba en el primer piso. Mi mamá no quería… Después, cuando Perón regresó, fue a Canal 9 para un largo reportaje. Sin que mi papá fuera peronista, Perón privilegió el 9 cuando lo lógico hubiera sido el 11, porque García, que también era dueño de Crónica, tenía una tradición relacionada con el movimiento obrero y Perón.

—Pocas semanas después de la muerte de Perón, el Estado interviene los canales, entre ellos, el 9.

—Sí. La toma se hizo con gente armada. Nos sacaron de las oficinas. Había una lista de personas que tenían que irse. Papá sabía qué se venía. Estaban conversando la renovación de las licencias cuando el Estado se hizo cargo de los canales. En ese momento, yo era productor de Sábados Continuados, un programa que iba de la una de la tarde a las nueve de la noche. Mi papá siguió produciendo teatro, y yo fui a trabajar como jefe de prensa del Teatro Nacional, mientras estudiaba Derecho en la UBA.

—¿Cómo era tu visión del país en ese momento?

—Yo vivía con mi viejo en Avenida del Libertador y Godoy Cruz. No tenía conciencia clara de lo que ocurría en la Argentina. Veía las tapas de los diarios, sabía que estaban pasando cosas, pero muchas veces, en momentos muy violentos, la gente, para seguir viviendo, escoge el mecanismo de la negación. Es algo mental. Como una manera de decir: “Todo lo que está pasando a mí no me pasa”. Hasta que me secuestraron a mí.

—¿Cómo ocurrió?

—Fue el 2 de diciembre de 1975. Cuando dejé a mi novia en su casa, cerca del Abasto, retomé por la calle Ecuador, doblé por avenida Córdoba y me cruzaron un auto, un Chevrolet amarillo. Vino gente armada que se identificó como policía y me dijeron que me tenían que llevar a la comisaría. Yo no estaba preparado para enfrentar ese momento. Me subieron al auto de ellos, confirmaron mi identidad, me tiraron al piso, me encadenaron, me vendaron los ojos. Y aparecí en una casa, que aparentemente estaba en la zona. Ahí pasé una noche y después me trasladaron a Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, y luego a otra casa en Ituzaingó. Ellos se identificaron como montoneros, pero a mí no me parecía. Pensaba que eran criminales comunes, aunque nunca supimos quiénes fueron. Yo estaba encadenado y vendado, y me habían dado una radio. Y estaba todo el día pegado a la radio. El programa del que más disfrutaba era el de Julio Lagos, que contaba historias de esperanza, de argentinos que iban a Salta a trabajar con los indios, o que hacían cosas por la comunidad. A mí me llenó de ilusión ese programa y me sostuvo durante los diecinueve días que estuve secuestrado.

—¿Los secuestradores le hicieron un interrogatorio ideológico, económico…?

—Era económico. La pregunta era “qué tiene tu viejo, cuáles son sus activos, dónde tiene la plata”. La intención de ellos era saber de cuánto disponía mi viejo para pagar mi rescate.

—¿El secuestro se publicó en los diarios?

—Le exigieron que no lo hiciera público, y papá pudo conseguir que la noticia no se publicara, hasta que salió en La Razón de la tarde, como un rumor de tres o cuatro líneas, en la contratapa. Habrá sido el 15 de diciembre. Esto generó una pelea durísima de papá con [Félix] Laiño, que era el editor del diario. Lo fue a increpar a su oficina. Entendía que la publicación podía comprometer mi vida. Y a partir de ahí no se publicó más.

—Estuvo diecinueve días secuestrado. Se me ocurre preguntar por qué tantos días.

—No sé. En esa época, cada día, había muchos. Y el negocio del secuestro estaba distribuido en distintos procesos. Había un proceso, según me contaron después, que estaba relacionado con los sindicatos. Aparentemente, había una autorización para que cada sindicato pudiera secuestrar a una persona de su rubro, de su sector, hasta por treinta días de plazo, y hacer el mayor dinero posible. Entonces estaban los sindicatos aparentemente secuestrando, para hacerse de recursos, autorizados de alguna manera por alguien. Y había otro grupo relacionado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, [Victorio] Calabró, que estaba resistiendo, querían destituirlo, y aparentemente para sostenerse en el poder autorizó a las comisarías de la provincia a secuestrar a alguna persona en su jurisdicción, para hacerse de dinero, por un plazo de treinta días también. Y estos secuestros eran una forma de entregar sobresueldos a las comisarías, para que lo sostuvieran a él en el gobierno. Esto me lo explicaron a mí después del secuestro. Habría que corroborarlo. Pero me dijeron que estaban esas dos fuentes, una del ámbito sindical y otra del policial, con la autorización de la gobernación, que fueron las dos fuerzas propulsoras de los secuestros del año 1975.

—Su caso es coincidente con el de José Scioli, el hermano del ex gobernador Daniel Scioli, que también fue secuestrado en esa época. Y su papá era socio de José Scioli padre en una cadena de electrodomésticos.

—Correcto. Papá era socio de Héctor Pérez Pícaro y de José Scioli. Y a su hijo José, “Josecito”, lo secuestraron un mes antes que a mí. Y, de hecho, cuando me secuestraron a mí, papá le consultó a José Scioli, y él lo derivó al grupo que lo había asesorado en el manejo del secuestro de su hijo. Josecito y yo tuvimos el mismo grupo asesor en la negociación.

—¿Cómo lo liberaron?

—Fue el 21 de diciembre, en el momento del levantamiento del brigadier [Jesús Orlando] Capellini, que yo escuchaba por radio y suponía que podría ser una oportunidad para liberarme. Papá arregló, y me dejaron libre el 22 en la madrugada en Ituzaingó.

—¿Qué pensaba durante su secuestro?

—Entendí que, dentro de la pirámide de valores, el más importante era la vida.

—¿Pensaba que lo iban a matar?

—Sí, todo el tiempo. Eran amenazas continuas: “Esta noche te fusilamos, tu viejo no nos da lo que queremos”. Y, apenas me liberaron, intenté convencer a mi familia de irnos del país, pero fracasé. Papá me dijo: “Yo conocí los ojos tristes de mi abuelo que conoció la emigración y nunca pudo olvidar su pueblo natal. Yo no quiero para la familia esos ojos tristes del abuelo. Ésta es Argentina, y yo no me voy”. Me lo dijo en un hotel en Villa Gesell, en la Navidad del 75. Estábamos los dos acostados en la cama. Ahí tomé la decisión de casarme con mi novia, e irnos a vivir a Uruguay. Nos fuimos en marzo de 1976. Después, a un tío de ella, en una operación, le inyectaron sangre hepatítica y murió de hepatitis a los 39 años. Esto me hizo pensar que la muerte podría venir en cualquier momento, por cualquier razón, no importaba dónde estuviera. Y si iba a vivir un mes, un año o cien años, tenía que estar con los míos. Entonces volvimos a Buenos Aires en noviembre del 76. El secuestro me dejó estas dos cosas: la vida como valor fundamental y la importancia de preservarla, y por el otro, la importancia de vivir con los seres que uno quiere. Después del secuestro, muchas veces pensaba que no sería posible armonizar estas dos pulsiones, y tenía que elegir entre una y otra.

—¿Hubo alguna investigación judicial sobre el secuestro?

—Como le sucede a mucha gente que es víctima de violencia, por desconfianza con las autoridades, lo que hace es dar vuelta la página y olvidar. No acciona judicialmente. Y a mí me sucedió lo mismo.

—Mencionó que estuvo secuestrado en Monte Grande. ¿Cómo lo supo?

Tuve claridad de que estaba en Monte Grande por el cantante español José Luis Perales. Él, en esa época, iba a actuar en un boliche, supongo que era un boliche, que se llamaba Los Manantiales. Había un auto con un parlante que lo anunciaba constantemente: “José Luis Perales en Los Manantiales de Monte Grande”. Y pasaba la canción: “¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?”. Y yo imaginaba mi fusilamiento durante el secuestro y a mi novia casándose con otro. Me caía justo para el drama que estaba viviendo. Mi sensación era que me iba a morir y no había podido agradecer a mis viejos esos diecinueve años que me habían permitido vivir. No había podido concretar el matrimonio con mi novia, los hijos que soñábamos juntos… Y Perales me atravesaba en ese lugar emocional, que me partía. Y lo tenía que escuchar cincuenta veces por día, porque el auto pasaba constantemente. Lloraba mucho. Y de imaginar la muerte pasaba a construir poesía, que sabía que nunca iba a poder escribir. La hipersensibilidad del momento me traía pensamientos que nunca había experimentado, que me parecían extraordinarios desde el punto de vista literario, pero no podía escribirlos porque no tenía lápiz y papel, y que yo sabía que, terminada la hipersensibilidad, desaparecerían. Consciente de mi muerte, me sentía en el momento más brillante de mi capacidad expresiva; tenía ideas bellísimas. Era un manantial, una catarata, con una claridad que a mí me dejó una huella de sensibilidad. Cuando hacía mis telenovelas, aprendí a volver a ese lugar, a esa percepción sensible que me había dejado el secuestro.

—¿Nunca quiso ir al lugar donde estuvo secuestrado?

—Sí, en enero de 1976 fui con esos dos tipos que asesoraron a José Scioli y a papá, que eran policías. Un día me llevaron a la comisaría de Santa Fe y Gurruchaga, en Palermo, y ahí me pusieron una peluca, bigotes, y me llevaron a Monte Grande. Me acuerdo de que ellos salieron a buscar la casa, me dejaron solo en el auto, me dieron una pistola y me dijeron: “Si se te acerca alguien, dispará”. Yo nunca había tenido un arma en la mano. Y después fuimos a Ituzaingó a reconocer el lugar donde me liberaron. Era una calle perpendicular a Rivadavia, a dos cuadras de la estación. En el momento en que te dicen que te van a liberar de un secuestro es cuando más sentís que te van a matar. Te dicen: “Bajá, quedate de espaldas al auto y esperá cinco minutos”. Con diecinueve días encadenado en una cama sin caminar, bajás y te tiembla todo. Además, estás temblando porque estás esperando el tiro en la espalda. Te quedás quieto, y el disparo no llega. Y escuchás el chirrido de las gomas que se distancia, y en ese momento sentís la emoción de que salvaste la vida, que sobreviviste, mezclada con el terror. Y todo se resuelve en un minuto, el minuto en que vos estás parado y esperás. Y ese minuto es la vida o es la muerte. Hasta que pasa ese minuto, y reconocés que estás vivo.

—Con el paso del tiempo, ¿cómo cree que la sociedad procesó los años setenta?

—Creo que le puso un candado y una llave a esa historia y la encerró. La cultura argentina enterró en algún momento todo lo que vivimos en los setenta y, por razones políticas o de miedo, no se animó a hablar o a escribir sobre los setenta. Es una herida que por alguna razón, en vez de curarla, la cierran a la fuerza y le dejan la infección debajo. Y después, cada uno utilizó los setenta dependiendo de su ideología. Creo que están escondidos debajo de la alfombra. Y los que nacieron después tienen una campana que no es histórica sino ideológica. Sin duda, la ideología influye; somos todos seres subjetivos. Pero ahora siento la necesidad de hacer un relato real de lo que ocurrió, tal como ocurrió en ese momento. Ponernos en el lugar, ver lo que pasaba y por qué se actuaba de esa manera. No sólo interpretar los hechos desde hoy. Tratar de hacer ese esfuerzo, posicionarse en el lugar y la época y humanizar a todos los personajes que participaron. Y a pesar del dolor que genera reabrir la herida, es necesario limpiarla y sanarla. Si tuviéramos la capacidad de aprender de la experiencia, podría ser muy valioso, para que los setenta no vuelvan a ocurrir. Estamos en la época de hacerlo.

EPISODIO 16
Señales no escuchadas

En diciembre de 1975, un grupo de oficiales secuestra al comandante en jefe de la Fuerza Aérea para forzar su renuncia. Cuando lo liberan, el brigadier Héctor Fautario llega a Olivos y pide una entrevista con Isabel Perón. Quiere anticiparle que las Fuerzas Armadas preparan un golpe de Estado. La Presidenta lo desplaza de su cargo y no lo recibe.

Cuídese, señora, porque a usted la van a echar en marzo.

HÉCTOR FAUTARIO

Al mediodía del sábado 20 de diciembre de 1975, mientras los aviones de guerra Mentor de la Fuerza Aérea hacían vuelos rasantes sobre la Casa Rosada, Isabel Perón estaba refugiada en el subsuelo del edificio junto a Lorenzo Miguel, Carlos Menem, Antonio Cafiero y otros funcionarios de su gabinete.

El fantasma del bombardeo de 1955 sobrevolaba en la cabeza de cada uno de ellos, y también la posibilidad del golpe de Estado.

Desde el jueves 18, un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea mantenía tomados la VII Brigada Aérea de Morón y el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. Los vuelos de línea estaban cancelados.

La insurrección se había iniciado por la mañana de ese día, con el secuestro de la máxima autoridad de la fuerza, brigadier Héctor Fautario, y un grupo de colaboradores, cuando se disponían a viajar a Córdoba.

Por la mañana, en la residencia de Olivos, Isabel Perón realizaba el brindis de fin de año con funcionarios, gobernadores y sindicalistas. Se desarrollaba sin novedades.

Hacia el mediodía se conoció el bando rebelde, emitido por Radio Rivadavia para todo el país. Tenía como título: “Queremos verle el rostro a la Patria”. Reclamaban la ruptura del orden constitucional, la toma del poder de las tres armas, la “instauración de un nuevo orden de refundación con sentido nacional y cristiano” y la cesantía de su secuestrado, el brigadier Fautario, por “ambigüedad política y la indecencia administrativa”.

En la base de Morón, los rebeldes, liderados por el brigadier Jesús Orlando Capellini, recibieron la visita del general Albano Harguindeguy y del general (RE) Onganía, y el vicario castrense monseñor Adolfo Tórtolo celebró una misa en la brigada rebelde para “pacificar los espíritus”.

El Ejército y la Marina no se plegaron al golpe de Estado, pero tampoco impugnaron la rebelión.

El jefe del Ejército, general Jorge Videla —que el 18 de diciembre estaba en Venezuela—, envió un radiograma críptico en el que reclamó a las “instituciones responsables que actúen rápidamente en función de las soluciones profundas y patrióticas que la situación exige”. El jefe de la Marina, contraalmirante Eduardo Massera, suscribió la misma posición. Videla retornó de urgencia.

Un día antes, el 17 de diciembre, Isabel Perón había decidido adelantar las elecciones presidenciales. Se votaría el 17 de octubre de 1976. Para buena parte del pensamiento castrense, la convocatoria electoral no resolvía el problema. Al contrario, podría constituir una “oportunidad política para la subversión”.

En el cierre de los cursos en la Escuela de Defensa Nacional, el general José Goyret advirtió que “lo que hoy pretenden imponernos mediante el crimen, un régimen ateo, materialista y despótico, mañana quizá lo intenten mediante el sufragio”.

Lo que los rebeldes aeronáuticos exigían por la fuerza, los comandantes de las Fuerzas Armadas lo formulaban frente al poder político y sindical en reuniones y tertulias.

En busca de garantías de supervivencia, el gobierno de Isabel intentaba darles todo a cambio, en tanto no rompieran el orden institucional: promesas de “austeridad administrativa”, “control de la inflación”, “compromiso popular en apoyo a las Fuerzas Armadas en su lucha contra la ‘subversión’”.

Pero los militares también reclamaban la renuncia de Isabel.

Esta última petición había generado tensión en las filas peronistas. Pero la posibilidad se agigantó con el pedido de licencia de la Presidenta, el 13 de septiembre de 1975, cuando viajó a Ascochinga, Córdoba, a descansar, en compañía de las tres esposas de los altos mandos castrenses: Raquel Hartridge de Videla, Delia Veyra de Massera y Lía González de Fautario.

El senador Ítalo Luder asumió en forma provisional la Presidencia, y se mantuvo la expectativa, que él mismo no desdeñaba, sobre su continuidad en el ejercicio institucional. Para ello, Luder debía reunir el consenso de la propia Presidenta y del verticalismo justicialista, que unía a políticos y sindicalistas aferrados a Isabel. El consenso de las Fuerzas Armadas ya lo tenía.

Sin embargo, aun con la alternativa de Luder en el poder, el pronóstico de los Estados Unidos era que el golpe de Estado resultaba inevitable, como lo evidenciaban cables desclasificados de la embajada de ese país fechados el 10 de septiembre de 1975.

“Hay un vacío de poder y no es ella [Isabel] quien lo llena. Puede sucederla un nuevo gobierno encabezado por Luder o alguien como él, pero la señora de Perón no es más el centro de la ecuación. El país está pronto a colapsar como para ser salvado por un gobierno débil o un parche, aunque éste sea constitucional. Es inevitable que las Fuerzas Armadas tomen el poder, ya sea directa o indirectamente, porque son el único sector fuerte (el otro sería el laboral [sindical], pero está fragmentado y con pobre dirección). Los militares que probablemente tomarían el poder son conservadores moderados y razonablemente inclinados a Estados Unidos.”

La línea golpista que usurparía el poder había comenzado a gestarse hacía menos de dos semanas, con la designación de Videla como comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto en reemplazo del general Alberto Numa Laplane. Fue el 28 de agosto. Videla estaba en disponibilidad, a punto de pasar a retiro. El otro candidato era el general Alberto Cáceres, comandante del I Cuerpo. Se generó una puja político-castrense por la sucesión. Isabel, aconsejada por distintos dirigentes peronistas, eligió a Videla, al que suponían adherente de una “línea profesional”, prescindente de la política.

Cuando, el 5 de octubre, Montoneros intentó tomar el Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, la presión de los comandantes militares por la extensión de los decretos de “aniquilación del accionar subversivo” a todo el territorio argentino fue insostenible para Luder y el gabinete de ministros.

Ese día, Videla anticipó: “La subversión es un tumor maligno que debe ser extirpado con los métodos e instrumentos que fueran necesarios”.

El decreto se firmó.

Diez días después, Isabel reasumió la Presidencia.

Montoneros estimó que la posibilidad de un golpe de Estado “agudizaría las contradicciones” y abriría el camino a un enfrentamiento directo entre las masas peronistas y las Fuerzas Armadas, como había sucedido en 1972, en tiempos de Lanusse.

Pero el más renuente para el golpe de Estado, desde la órbita castrense, era el brigadier Fautario. Cuando los comandantes Videla y Massera lo invitaron, en dos oportunidades —el 13 y el 17 de octubre—, a romper el orden constitucional, se negó. “No estamos preparados para gobernar, no insistan con eso”, dijo.

Fautario se convirtió en un obstáculo para la línea golpista.

En esos días, el clima de militarización avanzaba sobre la sociedad. El Ejército supervisaba materiales de lectura en busca de “delitos ideológicos”. En una oportunidad, monseñor Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, se quejó por las detenciones momentáneas de un sacerdote, cuatro maestras y un celador de una escuela católica en Junín de los Andes, en un procedimiento militar. La respuesta del general Juan Buasso contra el obispo fue inmediata. Expresó que no admitiría “agravios al Ejército ni vituperios y calumnias a sus miembros. El Ejército no viola ni maltrata”.

Por la tarde del 18 de diciembre, casi diez horas después de su secuestro, el brigadier Fautario fue liberado por los sublevados en Quilmes junto a sus colaboradores. Por la noche, Isabel Perón lo reemplazó por el brigadier Héctor Agosti. Y, pese a que la sublevación aérea del brigadier Capellini mantuvo por unos días las tomas del Aeroparque y la Brigada de Morón, ya no habría más obstáculos en la comandancia castrense para la planificación del golpe de Estado.

Fautario intentó anoticiar a Isabel Perón ese mismo día sobre el plan golpista. Se acercó en persona hasta la residencia de Olivos, pero la Presidenta le negó la audiencia.

Fautario le dejó el mensaje por medio del edecán de la Aeronáutica: “Cuídese, señora, porque a usted la van a echar en marzo”.

El golpe militar se efectuó el día 24 de ese mes.

EPISODIO 17
La Nochebuena del general Videla

El comandante del Ejército viaja a Tucumán para brindar junto a los soldados y dar un mensaje de “orden y seguridad” al país. En su discurso, de manera implícita, manifiesta una amenaza golpista.

Frente a estas tinieblas, la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera, sino que también se ganan. El Ejército Argentino, en el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones.

JORGE RAFAEL VIDELA

Todavía había cuerpos tirados en el Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” y en sus calles adyacentes cuando el comandante del Ejército, general Jorge Rafael Videla, volaba hacia Tucumán para celebrar la Nochebuena de 1975 junto a los soldados del Operativo Independencia.

Los títulos de los diarios, ese día, informaban: “Más de cien guerrilleros asaltaron un arsenal del Ejército en Monte Chingolo”; “La lucha más encarnizada se libró ante el portón de la unidad militar”; “Mueren más de 50 extremistas al atacar un batallón en M. Chingolo”.

El ataque, al general Videla, no lo sorprendió.

Lo esperaba.

Había recibido la información el domingo 21 en una reunión de altos mandos, de boca del coronel Alfredo Valín, el jefe del Batallón de Inteligencia 601. Desde 1974, la inteligencia militar había “infiltrado” a un espía en las filas del ERP. Jesús Rainier, “El Oso”, después de transportar durante semanas las armas para una operación de la que no conocía su blanco, finalmente lo informó: “Monte Chingolo”.

El ataque al Batallón sería el lunes 22 de diciembre. Su arsenal tenía trece toneladas de armamentos.

Los altos mandos dispusieron refuerzos. Se movilizaron tanques, carriers, miles de efectivos en torno de la unidad.

Un militante del ERP que había instalado en los días previos una mesa de venta de pan dulce en las cercanías del Batallón alertó la novedad.

El ataque no se produjo.

Decepcionados, los altos mandos militares decidieron bajar el “alerta roja”, disponer los francos correspondientes, restablecer la rutina, reducir la guardia, para inducir al ERP al ataque que había anunciado su espía. La violencia guerrillera convenía a las Fuerzas Armadas, impactaba a la sociedad, las acercaba al golpe de Estado.

El jefe del ERP, Roberto Santucho, recibió informes de que la operación había sido advertida por el enemigo. Había un infiltrado. La ordenó igual.

El ataque guerrillero se produjo en las últimas horas de la tarde del martes 23, mientras Videla compartía un vino de honor con los periodistas acreditados el edificio Libertador.

La operación se inició cuando un camión de transporte de bebidas robado rompió el portón de la unidad y le abrió el paso a otros nueve vehículos. Un coronel apostado con binoculares en una torre del tanque de agua del arsenal lo advirtió.

En forma simultánea, los guerrilleros tomaron puentes a lo largo del Camino General Belgrano, en el sur del conurbano bonaerense, también atacaron comisarías y el Regimiento 7° de Infantería de La Plata.

La respuesta militar fue terrestre y aérea, con helicópteros artillados, birreactores Aeromacci y aviones bombarderos livianos Canberra.

A las tres horas de combate, en las filas del ERP se escuchó la orden de retirada. Durante toda la madrugada del 24 de diciembre, iluminada por los helicópteros, la Infantería hizo rastrillajes por las villas y los bordes del Riachuelo, donde algunos se habían dispersado. La guerrilla tuvo entre 60 y 70 bajas. Algunos de ellos fueron fusilados luego de haberse rendido. En las villas se calculó que hubo 40 muertos. Las Fuerzas Armadas y de seguridad perdieron 10 hombres.

Videla sabía que sus sectores afines apoyarían la masacre posterior al intento de copamiento.

No erraba.

“Es posible decir que el saldo impresionante […] del episodio de Monte Chingolo produjo en muchos un sentimiento de alivio: cien muertos son cien enemigos menos, y si fueron más, mejor, cualquiera haya sido la manera de su muerte”, editorializaría la revista católica Criterio al mes siguiente.

El 24 de diciembre al mediodía, cuando la violencia guerrillera ya estaba controlada, el general Videla voló a Tucumán.

Pensó que desde allí debía hablarles a los argentinos. El país estaba conmovido y entendería sus palabras. Ya no debía arengar a los soldados del Ejército ni hacer discursos para el gobierno como único destinatario.

Era hora de hablarle al país, y lo haría junto a los soldados que rastrillaban la espesura del monte tucumano en busca de los guerrilleros del ERP, que aspiraban a instalar una “zona liberada”.

Sería el marco adecuado para dar a conocer su pensamiento en su mensaje de Nochebuena.

Apenas asumió la Comandancia, con un decreto de Isabel Perón en la madrugada del 28 de agosto, el general Videla, de 50 años, frío, pulcro, reglamentarista, sin condecoraciones, pero sin manchas en su legajo, sin haberse sumado nunca a complots o facciones internas, había sido recibido con beneplácito por sectores civiles afines.

Se esperaba de él que fuese algo más que un jefe del Ejército.

La revista Cuestionario se había preguntado, al mes siguiente de su designación, con la imagen serena de su rostro en tapa: “¿Cuál es el próximo paso de Videla?”.

La revista Extra, del periodista Bernardo Neustadt, lo había presentado, también en septiembre de 1975, como “uno de los más serios pensamientos que hoy se hospedan en el país”.

El general Videla transmitía la imagen de un ejército que sólo quería orden y paz frente a una sociedad horrorizada por la violencia de la guerrilla, de la Triple A, de los que fueran.

Para ese orden, para esa paz, deberían morir los que debieran morir. Era el sacrificio. El general Videla lo había explicado el 23 de octubre de 1975 en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, en Montevideo: “Si es preciso, en la Argentina van a morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”, diagnosticó.

Esa clase de discursos, que el gobierno de Isabel Perón avalaba con su silencio, luego se respaldaría con instrumentos jurídicos, decretos, directivas secretas.

Con la creación del Consejo de Defensa —rubricado por la firma del gabinete de ministros y del presidente provisional Ítalo Luder, luego del ataque montonero al cuartel militar de Formosa del 5 de octubre—, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a intervenir en todo el país en la “lucha antisubversiva”.

El día 28 de octubre, una directiva secreta del Ejército (404/75) marcó las prioridades: 1) Tucumán; 2) Capital Federal-La Plata; 3) Córdoba; 4) Rosario/Santa Fe.

Se modificó el Reglamento Militar, con la incorporación del LRD, “lugar de reunión de detenidos”. El “sospechoso” sería detenido sobre la base de informes de inteligencia y trasladado al LRD para interrogatorios, sin posibilidad de defensa legal. LRD era el eufemismo de “centros clandestinos”.

Durante el gobierno de Isabel Perón, las Fuerzas Armadas y de seguridad crearían seis LRD.

Uno de ellos era “La Escuelita”, en Famaillá, localidad de Tucumán donde el general Videla celebraría la Nochebuena. Dependía del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército y reportaba información al comando del general Vilas.

Hasta ese momento, tras diez meses de actuación del Operativo Independencia, por allí habían pasado 1.507 personas; 113 habían desaparecido.

El “exterminio físico del enemigo subversivo” era un discurso predominante en las fuerzas vivas de la provincia, identificadas con la acción militar.

En los hechos, el general Acdel Vilas, a cargo del Operativo Independencia, era el poder fuerte en la provincia, por encima del gobernador peronista Amado Juri.

El comando táctico del general Vilas estaba asentado en la V Brigada de Infantería y además tenía a cargo la policía provincial, la Federal y la Gendarmería.

El gobernador Juri había dado la bienvenida al Operativo Independencia en la provincia en febrero de 1975: “La intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión apátrida ha encontrado el apoyo y la solidaridad del pueblo y el gobierno”, afirmó.

Pero el hecho de que el mismo Juri hubiera recibido a los presos políticos tucumanos amnistiados en mayo de 1973 no permitía satisfacer el nivel de confianza que requería el ámbito castrense.

Durante 1975, guiados por el general Vilas, algunos diputados nacionales con cascos y chaquetas militares se introdujeron en la pegajosa atmósfera del monte tucumano, con soldados que abrían el paso a machetazos para que pudieran recorrer el bosque entre ramas hostiles; luego regresaban al llano saludando la labor de las Fuerzas Armadas y reclamando al pueblo que colaborara con “desinterés y alto sentido patriótico en la guerra contra la subversión”.

El campeón mundial de boxeo, Carlos Monzón, y otras figuras del deporte y el espectáculo viajaron al frente tucumano para saludar a los soldados conscriptos.

El Ejército quería dar a conocer la épica de su accionar para desterrar algunas “campañas de prensa” que desde el exterior desacreditaban al operativo.

Las visitas se producían en un marco de violencia.

El 28 de agosto de 1975, Montoneros había detonado una bomba a control remoto en el aeropuerto de Tucumán cuando despegaba un avión Hércules C-130 de la Gendarmería, lo que provocó 6 muertos y 23 heridos.

Para contrarrestar la propaganda montonera de ese operativo, el general Vilas no dudó en presentar los triunfos militares a la prensa. En una oportunidad, luego de una emboscada a una columna de la Compañía del Monte del ERP en el arroyo San Gabriel, el Ejército mató a catorce guerrilleros. A dos periodistas que acompañaron el operativo militar, Vilas los invitó a regresar a la capital provincial junto a los cadáveres, en el camión Unimog del Ejército. Y lo hicieron.

La violencia no sólo estaba en el monte. Estaba en las calles.

El 1° de diciembre de 1975, un año después de que el ERP ametrallara al capitán Humberto Viola, lo matara y también diera muerte a su hija de 3 años, una camioneta con siete guerrilleros del ERP explotó en el mismo lugar, sobre Ayacucho al 200. Lo firmó el comando “Dios, Patria o Muerte”.

Videla sentía afinidad por Tucumán. En esa provincia había servido como jefe de Estado Mayor de la V Brigada de Infantería desde fines de 1968, en momentos en que se sentían las consecuencias del cierre de los ingenios azucareros. La desocupación obligó a miles de tucumanos a la migración interna. Incluso, cuando era coronel, en 1970, Videla llegó a gobernarla por algunas semanas.

Cuando llegó al aeropuerto el 24 de diciembre de 1975, fue recibido por cientos de soldados del Operativo Independencia y recibió el saludo del arzobispo de Tucumán, monseñor Blas Victorio Conrero. Ya no estaba el general Vilas al mando. Seis días antes lo había reemplazado el general Antonio Bussi.

“General, usted no me ha dejado nada por hacer”, esas palabras que le ofrendaría Bussi en el traspaso de mando las anotaría Vilas con orgullo en su “Diario de Campaña”.

Vilas dejó el Operativo Independencia condecorado por el senado provincial.

A esa altura, los pocos guerrilleros del ERP que se mantenían en el monte habían sido trasladados a Buenos Aires para participar del ataque al arsenal de Monte Chingolo.

El mensaje de Nochebuena del general Videla sería reflejado con sentido patriótico, sin desdeñar poesía, por la prensa política.

“El comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, pasó la Nochebuena en Tucumán, junto a sus soldados. Si es que hizo algún brindis, con seguridad fue con el jarrón de latón que impera en los vivaques desde los que se combate a la acción subversiva desplegada en el norte argentino”, publicó La Opinión.

Desde la sede de la zona de operaciones del Ejército en Famaillá, el general Videla habló a los argentinos. A continuación, algunos extractos de sus dichos:

Mientras la Cristiandad festeja en Famaillá la llegada del niño Dios, el Ejército Argentino en operaciones, aquí en el corazón del monte tucumano, como en todo el ámbito del país, lucha armas en mano para lograr esa felicidad y esa paz que mi mensaje clama.

Lucha nuestro ejército, el ejército de la Nación, contra delincuentes apátridas que pretenden, mediante el vil asesinato, quebrar al Estado y ocupar el poder para cambiar el sistema de vida nacional tan caro a los sentimientos profundamente cristianos de nuestro pueblo. Y lucha como lo hizo ayer en el Batallón de Arsenales 601, con fuerza, con fe, con el coraje propio de nuestra estirpe, con la seguridad de que ese nuevo triunfo se extenderá a lo largo y lo ancho de la República allí donde la delincuencia subversiva pretenda hacer pie.

Frente a esta situación, es imprescindible que el pueblo argentino y sus Fuerzas Armadas tomen conciencia de la gravedad de las horas que vive la Patria.

Tenga presente el ejército y compréndalo así la Nación, que la delincuencia subversiva, si bien se nutre de una falsa ideología, actúa favorecida por el amparo que le brinda una pasividad cómplice. […]

Ante esta dura realidad, que aceptamos con patriotismo y espíritu de servicio, miramos consternados a nuestro alrededor y observamos con pena, pero con la sana rabia del verdadero soldado, las incongruentes dificultades en las que se debate el país, sin avizorarse solución.

Frente a estas tinieblas, la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera, sino que también se ganan. El Ejército Argentino, en el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica, deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad.

El 14 de septiembre de 2017, casi cuarenta y dos años después de aquel discurso de Nochebuena del general Videla, el Tribunal Oral Federal de Tucumán finalizó el juicio por el Operativo Independencia con la condena de policías y militares por delitos de lesa humanidad —secuestros, torturas, violaciones sexuales y homicidios— contra 271 víctimas.

EPISODIO 18
Por algo será

En la noche del 30 de diciembre de 1975, cuando los espectadores esperan en el hall, una bomba estalla en un teatro de Buenos Aires. Hay dos muertos. El musical se baja de la cartelera. Nacha Guevara, que acababa de retornar de su exilio, vuelve a irse.

Desde el momento en que un artista tiene que actuar bajo la protección de guardias armados quiere decir que ya no existe lugar para la cultura, para el arte en general. […] Estoy frustrada al comprobar que en mi país, la intolerancia, el fanatismo y el odio irracional hacen que el hecho de asistir a un teatro signifique el riesgo de perder la vida.

NACHA GUEVARA

El martes 30 de diciembre de 1975, poco antes de las once de la noche, una bomba estalló en un baño del complejo teatral Estrellas, ubicado en Riobamba 280, cuando centenares de personas esperaban la apertura de la sala donde se representaría Las mil y una Nachas 1976.

El musical, que se había estrenado la noche anterior, marcaba el retorno de Nacha Guevara al escenario porteño luego de casi un año de exilio.

En el atentado murieron Carlos Horton, iluminador, y Horacio Pereyra, empleado del teatro, y más de media docena de espectadores resultaron heridos. Al momento de la explosión, en otras dos salas actuaban Antonio Gasalla y Cipe Lincovsky.

El teatro quedó a oscuras.

La cuestión no terminaba allí. Al día siguiente, el gremio de actores y los diarios La Nación y Crónica recibieron una amenaza anónima: Nacha Guevara debía bajar el musical que había proyectado para todo el verano y abandonar el país en un plazo de 48 horas. Si no lo hacía, se ejecutaría su “condena a muerte” y se procedería a la voladura del complejo teatral Estrellas. El gobierno de Isabel Perón sólo podía garantizarle la seguridad del trayecto desde su domicilio hasta el aeropuerto de Ezeiza. Si se quedaba en el país, no responderían por su suerte.

Dos días después de la amenaza, el 2 de enero de 1976, Nacha Guevara, sus tres hijos y su esposo Alberto Favero llegaron al aeropuerto junto a custodios armados con ametralladoras, en un auto con sirena en el techo.

El encargado de la embajada de México los acompañó hasta que subieron al avión que los trasladaría a ese país.

No era la primera vez que Nacha Guevara volaba a México empujada por una amenaza de muerte.

En septiembre de 1974 también había levantado Las mil y una… Su partida fue tan urgente que sus hijos fueron sacados del colegio y trasladados directamente a Ezeiza, donde los esperaban sus padres para irse del país con lo que tenían puesto.

Luego vendría un “octubre negro”.

En un fin de semana se levantaron seis obras teatrales por amenazas. La Triple A forzó al exilio, además de Nacha Guevara, a Norman Brinsky, Alfredo Alcón, Luis Brandoni, María Rosa Gallo, Carlos Somigliana, David Stivel, Ricardo Halac y Horacio Guarany, entre otros autores, cantantes y artistas que sentenció a muerte.

Después de un año de exilio, en el que trabajó en teatros del Distrito Federal y el interior del país, e incluyó una actuación ante los indígenas de Chiapas, Nacha Guevara había resuelto volver a la Argentina para reponer su musical.

Fue en octubre de 1975, pocos meses después de que López Rega marchara a España. Pensaba, como muchos argentinos, que con la partida del secretario de Isabel Perón, la capacidad operativa de la Triple A disminuiría.

La bomba en el complejo teatral Estrellas le demostraba que el terror no había terminado. Por segunda vez, Nacha Guevara voló a México.

“Me siento obligada a suspender las representaciones en salvaguardia de lo que más quiere un actor: sus compañeros de trabajo y su público. Lo que ha pasado es muy grave. El hecho de hacer estallar una bomba en un local donde hay 700 personas reviste un significado especial. Yo no sé de violencias, manejo sonidos e imágenes. Nuestras únicas armas son el canto y la poesía, por lo que renuncio a actuar en mi país mientras continúe el actual estado de las cosas. No quiero exponer a mi público a ser víctima de una bomba. Desde el momento en que un artista tiene que actuar bajo la protección de guardias armados quiere decir que ya no existe lugar para la cultura, para el arte en general. Volví a mi país con la esperanza de que aquel oscuro período de intolerancia hubiera sido superado. Estoy frustrada al comprobar que en mi país, la intolerancia, el fanatismo y el odio irracional hacen que el hecho de asistir a un teatro signifique el riesgo de perder la vida”, señaló antes de irse. Volvería a la Argentina en 1984.

La censura cultural se manifestaba con atentados y amenazas. Había antecedentes.

El 2 de mayo de 1973, el Teatro Argentino fue destruido con veinte bombas molotov horas antes del estreno del musical Jesucristo Superstar, que producían Alejandro Romay y Daniel Tynaire.

A fines de ese año estallaron bombas en el cine Gran Rex, cuando se proyectaba el filme Los últimos diez días de Hitler.

La película La Patagonia rebelde fue prohibida en octubre de 1974 y condenó al exilio al escritor Osvaldo Bayer, amenazado por la Triple A, junto a su director Héctor Olivera y a la mayor parte del elenco.

El 22 de mayo de 1975, una bomba estalló en el cine Broadway durante el estreno del filme Los gauchos judíos.

Una semana después, el ministro de Bienestar Social, López Rega, recibió a un grupo de actores que le había reclamado una audiencia por la censura en televisión, los atentados y las amenazas. López Rega se comprometió a investigar a la Triple A y entregó flores a las mujeres que participaron del encuentro.

Las bandas paraestatales aplicaban la táctica del terror indiscriminado. Su objetivo era que la mayor cantidad de personas quedara expuesta a una posible amenaza. Que tuvieran miedo. Que entendieran que ellos también podían ser la próxima víctima.

El miedo, hasta entonces borroso e impreciso, fue delineando sus formas. Ya nadie se sentiría seguro si militaba o había militado en un partido político u organización social, si participaba o había participado de una actividad cultural “comprometida”.

La ampliación del marco del terror puso en peligro al que había firmado alguna adhesión, se había sumado a algún reclamo o tenía relación —aunque sólo fuera de conocimiento— con algún dirigente o personaje del amplio universo “de la zurda”, en el ámbito que fuera.

El terror se fue filtrando como una pesadilla: miedo a una detención policial, a un secuestro, a una sesión de tortura, a terminar muerto.

Ahora, el terror golpeaba las puertas de los teatros, las redacciones, golpeaba a los que tenían una posición “independiente”.

La Triple A, para su pedagogía, expuso los cuerpos en la calle.

Esta táctica se inició con el crimen del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, acribillado en pleno centro de Buenos Aires el 31 de julio de 1974, a un mes de la muerte del presidente Juan Perón.

Ese asesinato abriría el paso a otros crímenes, bombas y amenazas. Fue la señal de largada. Ya no habría prejuicios.

Tampoco los tenía El Caudillo, que celebró, a su estilo, el crimen Ortega Peña. Lo acusó de “zurdo” y “ladrón”. En el último párrafo del poema “Réquiem para un montonero”, que le dedicó en la revista, afirmaba: “Hoy lo he visto, pobre ‘punga’/ panza arriba en una morgue,/ con un ‘zobala’ en el pecho/ ‘que le impide respirar’/ y vi dos solicitadas/ en los ‘diarios combativos’/ con el nombre del otario/ y un ‘te vamos a vengar’”.

En la posterior sesión en la Cámara, el diputado Héctor Sandler planteó una cuestión de privilegio por la ofensa a la memoria del diputado muerto, y pidió “cinco días de arresto para Felipe Romeo”, director de El Caudillo, semanario que era financiado con avisos publicitarios de sindicatos, municipios y distintas reparticiones del Estado.

Desde que formuló su petición, la Triple A amenazó de muerte a Sandler, que debió refugiarse durante un mes en distintos domicilios hasta que decidió dormir en una sala contigua a su despacho del Congreso Nacional junto a su esposa, como único resguardo para su vida. Permaneció allí siete noches, hasta que las autoridades de la Cámara lo enviaron al exterior en una misión parlamentaria, y luego se asilaría en México.

El Caudillo celebró su partida, la de Sandler y la de tantos argentinos que se exiliaban. Publicó que una agencia de viajes para ese país sería “el negocio de la semana”. Y anunció: “Quien le teme a la Triple A, por algo será”.

En la semana previa al atentado del complejo teatral Estrellas, cinco cadáveres fueron encontrados en las banquinas de las rutas bonaerenses.

En el kilómetro 36 de la Ruta Panamericana, a la altura de Del Viso, dos cuerpos estaban acribillados y carbonizados.

En la ruta 8, a la altura de Derqui, había un joven baleado dentro de un auto incendiado. En Tristán Suárez, camino a Cañuelas, otros dos hombres habían sido baleados y quemados.

Ninguna víctima había sido identificada.

En esa época, para su labor profesional, el periodista Andrew Graham-Yooll, del diario de lengua inglesa Buenos Aires Herald, se interesó por los restos calcinados que aparecían en distintas zonas de Buenos Aires. Luego reconstruyó su experiencia en un artículo que publicó en el libro Memoria del miedo.

“Hubo noches en que los autos incendiados obstruían las banquinas de los caminos más oscuros que llegaban a Buenos Aires; de día eran amplias, y por las noches, solitarias. […] En el baúl del auto o en lo que había sido un asiento trasero se encontraban los restos quemados de uno, quizá dos cuerpos. Los restos de los miembros estaban atados con alambre o con cadenas que se habían fundido en parte y se habían retorcido al calor de la hoguera o estaban incrustados en la capa de carbón de lo que había sido carne humana. Se los encontraba al alba en los caminos laterales de la Ruta Panamericana, en la quema de Villa Martelli o en los bosques cercanos al aeropuerto internacional de Ezeiza, a poca distancia del cartel ‘Bienvenidos a Buenos Aires’. Con la primera luz del día se descubrían estas atrocidades; el fuego en la oscuridad había pasado inadvertido a los automovilistas que preferían no salir del camino; la policía no respondía llamados nocturnos […]. En Buenos Aires la vida era así: nadie la quería ver así.”

Tomas Eloy Martínez, periodista y escritor amenazado por la Triple A y forzado al exilio en 1975, narró el clima de incertidumbre y abatimiento que se vivía en el país, en su artículo “El miedo de los argentinos”.

“Nadie sabe hacia dónde el país navegará mañana, a qué tabla de salvación encomendarse, en qué rincón de la noche recuperar la fe que se ha perdido durante el día. Y, lo que es más grave: casi todos quieren partir, no en busca de prosperidad sino de seguridad. Son como esos pájaros que vuelan en círculos sobre un mismo horizonte del mar, con el sentido de la orientación amputado y con el instinto preparado para la muerte. Porque todo destierro —ellos lo saben— es una variación de la muerte, un desgarramiento después del cual ningún hombre sigue siendo el mismo. Que aun así quieran marcharse es acaso la peor señal de peligro que haya entrevisto yo en este país cuya grandeza estuvo cifrada hasta no hace mucho en el trabajo de sus inmigrantes.”

Otra de las personas que había regresado en 1975, luego de dos años de estadía voluntaria en Barcelona, España, era la escritora Luisa Valenzuela. Encontró un clima distinto.

“Buenos Aires no tenía nada que ver con la ciudad que había dejado dos años antes. Para ‘reincorporarme’, sentí que tenía que escribir un libro de cuentos que representara lo que se estaba viviendo. Se llamó Acá pasan cosas raras. Durante un mes me senté a escuchar qué decía la gente en los bares, capté el miedo y la paranoia que se transmitía en las conversaciones. Todo el horror se contaba en voz baja: razzias, Falcon verde, secuestros. En la redacción de la revista Crisis, donde trabajaba, siempre recibíamos amenazas. Una vez atendí un llamado. ‘Vamos a plantar una bomba’, dijo alguien, y le pedí que se mantuviera en línea, que le iba a pasar con el director, que era Eduardo Galeano. Se vivía con la constante sensación de que alguien te buscaba. O la policía o los parapolicías, o los militares o los paramilitares. No se sabía desde dónde. Pero te buscaban. Yo no estaba vinculada a ningún partido. Había ayudado a asilarse en la embajada de México a una pareja de abogados perseguida, y cuando salía de la embajada, sentía que me seguían, miraba todos los costados, caminaba por las calles en contramano al sentido de los autos. A la vez, con todo esto, la vida seguía. Eran sensaciones raras. Había cocteles, eventos, pero todo era inquietante. Recuerdo un cóctel en el edificio Comega, colmado de periodistas. Estábamos arriba, en un piso alto, como si no pasara nada, y abajo estaba el horror.”

En 2015, cuarenta años después de la bomba en el teatro Estrellas, Nacha Guevara fue convocada por el juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado quería saber si tenía algo para aportar sobre el atentado. En ese momento, Nacha Guevara era jurado del programa Bailando por un Sueño. “Es un poco tarde. Están todavía investigando. No me hace feliz, pero si me citan, yo vengo. Creo que tiene un sentido simbólico porque todos esos cretinos de las Tres A ya no están en este plan. Pero si sirve para algo, bienvenido”, dijo en la puerta de Tribunales, después de su declaración judicial.

EPISODIO 19
La desaparición de personas antes de la dictadura

En enero de 1976, una oleada de secuestros en la provincia de Córdoba conmueve a todo el país. Hay alrededor de sesenta víctimas que no aparecen. No se sabe si están vivas o muertas. La cacería urbana no se detiene.

En 1975 trabajaba en el bloque de diputados del Partido Intransigente y empezaron a llegar familiares de gente que había desaparecido. En ese momento no entendíamos qué era eso, ¿cómo iba a desaparecer la gente?

SUSANA PÉREZ GALLART

A fines de 1975 y en enero de 1976, la provincia de Córdoba estaba en la tapa de los diarios con titulares que, después del golpe de Estado del 24 de marzo, ya no se publicarían más.

“Denuncian en Córdoba la ola de secuestros.” “Llegan a 16 los secuestrados en sólo dos días.” “Los desaparecidos en Córdoba llegan a 18.” “La ciudad de Córdoba vive un pánico sin esperanzas.”

Durante el gobierno de Isabel Perón, la provincia se había convertido en epicentro de una figura novedosa para el estado de derecho, la de “las desapariciones”.

Los atentados y las ejecuciones eran hechos de rutina que conmovían a la provincia, pero con las desapariciones se inició una modalidad nueva. Ya no se exhibían los cuerpos, y no se sabía dónde estaban los secuestrados.

El gobierno provincial sólo podía hacer una caracterización: “Estos actos de barbarie nos retrotraen al primitivismo animal”. Así explicó el interventor federal de la provincia, Raúl Bercovich Rodríguez, la oleada de secuestros de la primera semana de enero de 1976.

Blues del terror azul

La desestabilización institucional de Córdoba se había iniciado con el golpe policial del coronel Antonio Navarro —destituyó al gobernador Ricardo Obregón Cano en febrero de 1974—, en un acto de sedición que Perón avaló, y el Congreso Nacional, también. No repusieron al gobernador en su cargo, sino que definieron una intervención federal.

En primera instancia la asumió Duilio Brunello.

En septiembre de 1974 lo sucedió el brigadier (RE) Raúl Lacabanne, que llegó al mando provincial anunciando la “limpieza ideológica”. Finalmente, un año después, fue reemplazado por Raúl Bercovich Rodríguez.

Para esta época ya existía una fuerte influencia policial y militar en la política local. Durante la intervención de Lacabanne se había conformado una estructura paralela dentro del Departamento de Informaciones (D2) que actuaba en forma autónoma respecto de la policía provincial. Luego se identificarían con un nombre propio, “Comando Libertadores de América”.

Su primera acción firmada fue la ejecución de nueve estudiantes —cinco de ellos, bolivianos—, secuestrados de una misma casa cuando estaban preparando trabajos de examen final, en la madrugada del 4 de diciembre de 1975. Aparecieron amordazados y baleados en un camino de tierra, lateral a la ruta 5, que conduce al dique Los Molinos.

Las imágenes de cuerpos torturados o carbonizados, expuestos a la sociedad, eran habituales en casi todas las ciudades y provincias. Pero el vuelco de la práctica represiva paraestatal se dio cuando los cuerpos, tras los secuestros, dejaron de mostrarse. Y desaparecieron.

Córdoba no era la única provincia afectada por esta nueva modalidad. “En el 75 trabajaba en el bloque de diputados del Partido Intransigente y empezaron a llegar familiares de gente que había desaparecido. En ese momento no entendíamos qué era eso, ¿cómo iba a desaparecer la gente? Los familiares iban a la morgue, a la policía, a hablar con sus sacerdotes, pastores o rabinos, y también venían a ver a los diputados. Era el camino que hacían para ver si alguien les podía averiguar algo”, refirió Susana Pérez Gallart, miembro fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que se constituyó el 18 de diciembre de 1975.

De hecho, en el acta de declaración inicial, la APDH reclama “no someter a los familiares de presos, desaparecidos o asesinados a un trato vejatorio que multiplica los efectos de su dolor”.

La desaparición, para consumarse, necesitaba de una logística nueva: el centro clandestino de detención.

Si bien en Tucumán, con el Operativo Independencia, se había creado el primer centro clandestino del país en 1975, las detenciones ilegales se produjeron en el contexto de un enfrentamiento con el ERP en un territorio determinado.

La diferencia fue que, en Córdoba, las desapariciones fueron consecuencia de una cacería urbana, en las calles de la ciudad, durante la madrugada o a la luz del día, sin ocultar metralletas ni pistolas.

A la vista de todos.

Los días 6 y 7 de enero de 1976 se produjo una sucesión de secuestros que generó terror y sorpresa: la mayoría de las víctimas no era reconocida como militantes obreros, políticos o estudiantiles.

Ese mes se produjeron 26.

Desde octubre del año anterior, ya sumaban 59.

¿Dónde estaban?

“Aun entre aquellos que no han sido tocados por la desoladora desaparición de un ser próximo, la zozobra, la indignación y sobre todo el miedo parecen haberse impuesto al espíritu de la ciudad”, describió un enviado especial del diario La Opinión.

Todo sucedía en el marco del Estado de derecho, durante el gobierno de Isabel Perón.

Según referían los testigos en artículos de prensa de la época, grupos de quince o veinte personas que se movilizaban en tres o cuatro autos se introducían en las casas y se llevaban gente. O levantaban personas en las calles o paradas de colectivos. También estallaban bombas en locales partidarios o en casas de dirigentes políticos.

“Todo esto ocurre frente a un Gobierno cuyas fuerzas de seguridad, curiosamente, no han descubierto ninguno de estos hechos ni apresado siquiera a un solo sospechoso”, firmó la UCR provincial en un comunicado.

En un artículo de La Opinión, el jefe de la policía provincial, comisario Miguel Ángel Brochero, confirmó haber escuchado la versión de un “campo de concentración donde estarían confinados algunos de los desaparecidos de los últimos días”, pero señaló que la policía “detiene, no secuestra”.

El comisario Brochero pidió contribución a las instituciones políticas para “esclarecer los graves hechos”.

Durante las homilías del cardenal Raúl Primatesta comenzaron a acercarse familiares de desaparecidos. Uno de ellos era el novio de Norma Waquin, secuestrada junto a su hermana Gloria el 7 de enero. La madre de las hermanas Waquin denunció el hecho de inmediato a la comisaría, pero le respondieron que “no tenían vehículos” para perseguir a los secuestradores.

Esa semana, el interventor Bercovich Rodríguez estaba de vacaciones en Mar del Plata. Si bien condenó los hechos, quiso dejar a salvo a las fuerzas de seguridad. “Cualquier cosa que sucede en Córdoba es atribuida a la policía. Hay sectores interesados en desprestigiar a la institución y al gobierno provincial”, afirmó.

La autoridad provincial que salió a dar una respuesta política fue el ministro de Gobierno, Carlos Saúl Risso. Decidió presentarse ante una asamblea en la fábrica IKA-Renault. En esos días, sectores fabriles y empleados municipales abandonaban tareas en repudio a las desapariciones. En la planta automotriz, 4.000 obreros se habían reunido para reclamar información al III Cuerpo de Ejército por las desapariciones —“utilizando términos hostiles”, según la crónica de prensa— y debatir futuras acciones.

Frente a la multitud, Risso desligó a la policía y atribuyó la escalada de violencia a un “ajuste de cuentas entre sectores que participan en la subversión”, en referencia al ERP y Montoneros. Tuvo que interrumpir su discurso y retirarse en forma abrupta, por la disconformidad que generó en la asamblea.

En reportajes posteriores, Risso aclaró que el “ajuste de cuentas” era la información que le habían brindado el III Cuerpo de Ejército y la policía, que ellos no tenían ninguna responsabilidad en las desapariciones, y él no dudaba de que esa información era correcta.

Mientras tanto, una recién conformada “Comisión de Familiares de los Desaparecidos” organizó una “Marcha del Silencio”, que saldría desde el Arzobispado hasta la Legislatura provincial.

En principio, la marcha había sido alentada por el propio Risso —sugirió que recorriera las calles con banderas blancas y la consigna “Paz, basta de violencia”—, pero luego fue prohibida por el gobierno, con el argumento de que “la Comisión organizadora no fija domicilio alguno, ni real ni legal”.

Los partidos políticos organizaron una reunión multisectorial e invitaron al Ejército, pero la institución castrense rechazó la convocatoria porque “el arma no puede inmiscuirse en un problema político”.

El huevo de la serpiente

En los hechos, el jefe político de Córdoba era el general Luciano Benjamín Menéndez. El hombre que recibía los pedidos de audiencia por parte de Bercovich Rodríguez, Risso o el cardenal Raúl Primatesta. Ante este último, Menéndez admitió que algunas detenciones las había producido el Ejército.

El general Menéndez estuvo a cargo de la V Brigada de Infantería de Tucumán, con “comisiones de servicio” en el norte argentino, pero sin capacidad de reprimir al ERP, ya instalado en la provincia. Hasta entonces, la represión interna era una competencia de las fuerzas policiales.

Cuando en febrero de 1975 se instauró el Operativo Independencia, y el Ejército tuvo poder de acción en Tucumán, Menéndez fue desplazado e ingresó en el Estado Mayor, que planificaba la estrategia del arma. Después asumió en la comandancia del III Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba, en septiembre de 1975. Fue designado por el general Jorge Rafael Videla, reciente titular del arma.

El nuevo destino castrense le permitió a Menéndez encarar “la guerra antisubversiva” desde el llano.

Fue el primer ejecutor de las desapariciones.

El primer adelantado.

Su tarea se anticipó al golpe de Estado de 1976.

Hasta entonces, en Córdoba, la represión ilegal estaba en poder de las bandas operativas del D2, que hacían el trabajo de calle, bajo el mando del comisario inspector Raúl Telleldín. Otro de sus jefes operativos era Héctor Vergéz.

Cada noche, los “brigadistas” llevaban secuestrados a las dependencias del D2 y, luego de algunos días de interrogatorios, notificaban a la Justicia o los mataban y tiraban sus cuerpos. La sede del Departamento de Informaciones se transformó en una cárcel clandestina. Hasta que llegó el general Menéndez.

“Las bandas autónomas del D2 no respondían a una estructura central —afirma Camilo Ratti, autor de Cachorro. Vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez—. Eran un poco lúmpenes. Buscaban plata, extorsionaban, mezclaban represión política con delincuencia. Y actuaban con impunidad: el D2 quedaba en el centro de Córdoba, al lado del Cabildo y la Catedral. Y entraban y salían, llevaban gente. Menéndez agradece todo el servicio de informaciones que venían haciendo —desde 1974— sobre ámbitos obreros y estudiantiles, se nutre de ellos, los utiliza, pero luego los va apartando. Arma una ‘comunidad informativa’ que le permite tener un control de la represión y aplicar su plan. Allí surge la idea de los secuestros y el desaparecido, para que no se sepa quiénes son ni dónde están, como un mensaje de terror. Esto sucede después de que [el presidente provisional Ítalo] Luder firma los decretos de ‘aniquilación de la guerrilla’ en octubre de 1975. Y ahí surgen los campos de concentración. El primero es ‘La Ribera’, una vieja cárcel militar para soldados que faltaban al Código Militar. Menéndez lo convierte en un centro de detención ilegal. Después empieza a construir ‘La Perla’, para detenidos de mayor peso. A ‘La Ribera’ le decían ‘La Escuelita’, y a ‘La Perla’, ‘la Universidad’”.

“El interventor Rodríguez Bercovich no tenía margen de autonomía frente a Menéndez. Y su ministro de Gobierno, Carlos Risso, tampoco. Ellos no provienen del peronismo ultraderechista. Tienen su origen en el peronismo histórico, conservador, digamos, moderado. El único que podía interceder ante Menéndez era el cardenal Primatesta. Y la Justicia federal no tenía peso. El juez federal [Adolfo] Zamboni Ledesma se tomó licencia, y todas las denuncias le quedaron al juez [Humberto] Vázquez, que intenta imponer justicia, pero cuando iba al D2 le escondían los detenidos”, recuerda Ratti en una entrevista con el autor.

En su diálogo con Ratti, publicado en el libro Cachorro, Vázquez recuerda: “La mayoría de los detenidos que traía la policía era por simples sospechas, sin pruebas firmes de su vinculación con la guerrilla o de que hubiera participado en una acción contra el Estado. A cualquier ciudadano se lo acusaba de asociación ilícita o de violar la ley de seguridad nacional. Pero un juez no puede basarse en indicios para procesar ni condenar a una persona, mucho menos en aquella época, cuando la vida de las personas corría serios riesgos. Cuando iba a recorrer las comisarías con Telleldín o a las dependencias de la D2, en busca de detenidos, que él tenía en una lista, no aparecían. Nunca estaban, me lo escondían porque seguro habían sido torturados por grupos de tareas que estaban bajo su órbita y respondían a Menéndez”.

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general Menéndez, que tenía subordinadas a cargo cincuenta unidades militares, con una jurisdicción de mando sobre siete millones de personas, tomó el poder en la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. Estaba casi vacía y a oscuras. Menéndez ingresó al frente de su equipo militar y ordenó detener a las dos únicas personas que estaban en el despacho, esperando novedades desde Buenos Aires: el interventor federal Bercovich Rodríguez y su ministro de Gobierno, Carlos Risso. Uno de los primeros desaparecidos, esa misma noche, sería su hijo, Fernando Risso.

Lo llevarían a La Ribera.

Desde entonces, La Ribera y La Perla comenzarían a utilizarse con mayor libertad.

Y los secuestros y desapariciones dejarían de publicarse.

En febrero de 2018, a los 90 años, falleció el general Menéndez, el último de los “señores de la guerra” con dominio territorial para la represión ilegal.

EPISODIO 20
La arquitectura del 24 de marzo

Seis meses antes del golpe militar, las Fuerzas Armadas comienzan a modificar sus reglamentos internos. El terror estatal requiere un nuevo protocolo castrense.

Cuando las FFAA entran en operaciones, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones. Las órdenes deberán aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos.

Reglamento Militar

Las Fuerzas Armadas prepararon el golpe de Estado con seis meses de anticipación, durante el gobierno de Isabel Perón. El tiro de gracia para el quiebre del orden constitucional lo había proporcionado el decreto 2770/75, que trasladó toda la estructura represiva del Estado a la cúpula militar, liderada por el teniente general Jorge Videla.

A partir de entonces se sucedieron decretos, modificaciones reglamentarias y directivas secretas que fueron organizando la represión, mientras que, en el discurso público, las Fuerzas Armadas continuaban anunciando su “prescindencia política” y su “fidelidad al orden constitucional”.

En octubre de 1975, la primera directiva del Ejército estableció a Tucumán, Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe como áreas prioritarias para “detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas”. Durante ese mismo mes se modificó el Reglamento Militar. Su idea rectora era “aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren”.

También se estableció que no habría encuadramiento legal, con trato de “prisioneros de guerra”, para los “elementos subversivos”. De este modo, el Ejército intentaba prevenirse de reclamos por violación a los acuerdos de la Convención de Ginebra, que prohíbe torturas, fusilamientos y desapariciones.

En el nuevo Reglamento Militar se describía: “La acción militar es siempre violenta y sangrienta”, por lo cual, “cuando las FFAA entran en operaciones, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones. Las órdenes deberán aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos”.

La modificación también estableció la creación de centros clandestinos de detención. Se los mencionaba con LRD, “lugar de reunión de detenidos”. Indicaba que el “sospechoso” sería detenido sobre la base de informes de inteligencia y trasladado al LRD para interrogarlo, sin posibilidad de defensa legal.

Además de La Perla y La Ribera, se construirían otros en el interior de guarniciones. En la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) se iniciarían las refacciones internas para la conformación de su campo de concentración.

Durante el gobierno de Isabel Perón ya había seis centros clandestinos “operativos”. En 1976 funcionaron 365.

El plan de la Marina

La Armada creó su protocolo interno para el “combate a la subversión” en noviembre de 1975. En su Plan de Capacidades Internas (Placintara) marcaba fases “defensivas” (preservación de instalaciones y personal de la institución) y “ofensivas” (hostigamiento, inteligencia previa, selección del objetivo y detención de personas) para destruir al “oponente subversivo”.

La fuerza naval se propuso acabar con la “subversión y sus ideólogos” con “patrullas de allanamiento” de quince hombres, que incluía también a otros miembros de fuerzas de seguridad. El plan funcionaba como un manual operativo para los “allanamientos”. Según la descripción, los “subversivos” debían desalojar su casa por el frente y con las manos en alto. Si esta orden no se cumplía, los miembros de la patrulla debían rodear el objetivo y batir a fuego puertas y ventanas a fin de “evitar fugas”.

Para los detenidos en procedimientos, la Armada preveía la creación de una instancia denominada “guardia transitoria”, que funcionaría como un centro clandestino de detención, hasta que se resolviera su destino. El detenido podría ser juzgado por un tribunal militar, derivado a la autoridad policial, a una cárcel común —a disposición del Poder Ejecutivo—, decidir su libertad o mantenerlo secuestrado. No tenía posibilidad de defensa legal.

La Fuerza Aérea fue la última en incorporarse al plan del golpe de Estado, a partir del pase a retiro del brigadier Héctor Fautario, el 22 de diciembre de 1975. Fautario se había opuesto a la interrupción institucional. El centro clandestino de mayor relieve de la Fuerza Aérea sería la “Mansión Seré”, en Morón.

Los técnicos interrogadores del 601

La clave para la represión ilegal se asentaba en la inteligencia, un área a cargo del Batallón 601, dependiente del Ejército. El edificio, ubicado en Callao y Viamonte, en la Capital Federal, había albergado en su sótano el cadáver de Evita, antes de ser trasladado a Italia en 1957.

El Batallón de Inteligencia 601 era un centro incesante de flujo informativo. Estaba a cargo del coronel Alfredo Valín. A partir de la directiva secreta 404/75 del Ejército, conformó su “comunidad informativa”, en la que confluían los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, las de seguridad y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El 601 concentraba la elite de la inteligencia militar. Sus agentes estaban formados para la infiltración en fábricas, universidades, sindicatos, ámbitos culturales y sociales. Lo venían haciendo hacía varios años. La información que recababa “la comunidad informativa” se evaluaba en la Sala de Reunión, en el sexto piso.

El Batallón 601 disponía de “técnicos de inteligencia” —militares y civiles— que servían de apoyo para “interrogar” a un detenido ilegal en un procedimiento. Los “técnicos” permanecían de guardia por la noche si algún “grupo de tareas” requería de sus servicios para extraer información.

La información producida se analizaba en la Sala de Situación, donde se elaboraba un informe sobre el detenido que luego derivaba a los Comandos de Zona, que se correspondían con cada Cuerpo de Ejército. Allí se decidía sobre el destino del secuestrado.

En febrero de 1976, el “Plan del Ejército” estableció que los detenidos ilegales estarían incomunicados y a disposición de la Junta de Comandantes y no habría para ellos posibilidad de justicia.

El plan también delimitó sus enemigos: organizaciones gremiales del peronismo ortodoxo y del peronismo combativo, distintos frentes de izquierda, agrupaciones estudiantiles y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, al que asignaban peligrosidad por “su definida prédica socializante”. También preveía la detención de autoridades provinciales, funcionarios públicos, legisladores, la suspensión del derecho de huelga, de los fueros sindicales y de la actividad política. Las embajadas comenzaron a ser controladas para evitar el asilo político.

Hasta que llegó el “Día D”, en la madrugada del 24 de marzo de 1976. La orden de represión comenzó a ejecutarse. Los centros clandestinos comenzaron a recibir secuestrados.

La máquina de matar se puso en marcha.

EPISODIO 21
“¡Alberte, te venimos a matar!”

La primera víctima de la dictadura duerme mientras un grupo de militares comienza a golpear, con la culata de sus ametralladoras, la puerta de su departamento. Cuando el locutor de Radio Nacional lee el primer comunicado de la Junta Militar, a las 3:21 del 24 de marzo de 1976, su cuerpo ya fue arrojado al vacío.

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de la autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado: general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Massera y brigadier Orlando Ramón Agosti.

Comunicado N° 1 de la Junta Militar

El teniente coronel Bernardo Alberte llevaba dos días escribiendo la carta en su estudio. Había empezado un borrador el día 22. El 23, por la noche, comenzó a pasarla en limpio en su máquina de escribir.

Cuando la terminó, le puso la fecha: “24 de marzo de 1976”.

La carta estaba dirigida al teniente general Jorge Rafael Videla.

Había decidido escribirle al comandante en jefe del Ejército cuando encontró el cuerpo de su colaborador, Máximo Altieri, como “NN”, acribillado a balazos, en estado de descomposición, en la morgue del cementerio de Avellaneda. Lo habían secuestrado pocos días antes. Y también habían intentado secuestrarlo a él, a Alberte.

Se lo relató a Videla en la carta:

Me dirijo a usted a los efectos de informar lo siguiente:

1. El día 20-III-76 a las 20 horas, un grupo armado intentó secuestrarme en mis oficinas de la calle Rivadavia 764, 1°, con el aparente propósito de asesinarme. Acababa de retirarme del lugar elegido por esa banda armada unos minutos antes, lo que me permitió observar el operativo desde la calle, así como el gran despliegue de elementos materiales y humanos utilizados.

2. La observación personal de los hechos me permite asegurar a usted que se trataba de efectivos de seguridad, que luego de detener a tres personas que se encontraban en las citadas oficinas, esposarlas, vendarles los ojos y cargarlas en los vehículos, se desplazaron velozmente por la calle Rivadavia hacia el oeste, sin poder seguirlos, por no disponer de vehículo propio en ese momento. El desplazamiento se produjo con los acostumbrados toques de sirena de los vehículos policiales.

Después de un detallado informe de situación, de morgues que renovaban diariamente sus depósitos de cadáveres acribillados y de “los órganos de seguridad” que “no se asombran, de ningún modo, sino que lo aceptan como común y normal”, Alberte prevenía a Videla sobre la “inhabilidad de las Fuerzas Armadas para el ejercicio del poder político, experimentado en tres desgraciadas oportunidades en lo que va del siglo”.

Alberte, de 57 años, ex edecán del general Perón, guardó las seis hojas de su carta —que pensaba hacer pública en horas de la mañana—, se puso su piyama gris y se dispuso a descansar en su dormitorio.

En ese momento, el helicóptero de Isabel Perón descendía en el Aeroparque metropolitano con la excusa de un desperfecto técnico. Inmediatamente después fue arrestada y trasladada a la residencia presidencial de El Messidor, en la provincia de Neuquén.

Un teniente coronel y cuatro soldados fueron a buscar al locutor Juan Vicente Mentesana a Radio Nacional. Lo llevaron al edificio del Estado Mayor Conjunto. Querían que leyera el primer comunicado de la Junta Militar, que anunciaría el golpe de Estado. Lo dejaron solo en una oficina a la espera de novedades.

En los alrededores del Regimiento de Infantería 1 de Palermo se advertía el movimiento de camiones militares.

A las 2:30 de la madrugada del 24 de marzo, Juan Carlos Martínez, encargado del edificio en Avenida del Libertador 1160, frente al Italpark, fue despertado por un policía de calle y un grupo de militares con uniforme de fajina del Ejército. Le ordenaron que detuviera los ascensores y encendiera en forma fija las luces de las escaleras. Un grupo de cinco o seis personas quedó en la planta baja, y otro condujo al portero hasta el sexto piso. Le pidieron que tocara el timbre. El portero tocó cuatro veces el timbre. Nadie salió. Los militares empezaron a golpear la puerta de madera con la culata de sus ametralladoras.

Lidia, la hija del teniente coronel Alberte, se dio cuenta de que alguien estaba intentando tirar abajo la puerta de servicio. Fue al dormitorio de su padre y lo despertó. Alberte se levantó, se colocó la sobaquera con el revólver y avanzó hacia el living comedor. Su esposa miró hacia abajo por la ventana. El tránsito de Avenida del Libertador estaba cortado, había una gran cantidad de vehículos militares y de la policía.

El grupo militar rompió la puerta e irrumpió en el departamento. Eran alrededor de diez. Se escuchó un grito: “Alberte, ¡te venimos a matar!”.

El grupo neutralizó al teniente coronel y lo obligó a poner las manos en la nuca. Lo mismo hicieron con su esposa y su hija. Empezaron a revolver su casa.

Otro grupo apartó a Alberte y fue empujándolo por el comedor, hacia el balcón.

—A todo el mundo le llega su hora —le dijeron.

—¡¡¡Asesinos!!! ¡¡¡Hijos de puta!!! —gritó Alberte.

Fue lo último que su hija Lidia escuchó decir a su padre.

Alberte cayó en el patio del primer piso del edificio. Tenía la sobaquera sobre el piyama, y el arma junto a su cuerpo.

El impacto despertó al ex juez Luis Herrera. Su cuñado había sido, en vida, el general Aramburu. Tuvo la sensación de que había caído un cajón pesado. Le preguntó a su hijo Luis si había escuchado el ruido. Fueron al comedor, levantaron la persiana. El patio estaba a oscuras. Herrera supuso que había una alfombra. A su hijo le pareció que era un cuerpo. El juez bajó a avisarle al portero y cuando llegó al hall de entrada se encontró con el grupo militar, que lo obligó a tirarse en el piso, boca abajo.

La esposa de Alberte, que había escuchado los gritos de su marido, lloraba inmersa en un ataque de nervios. Los militares sólo le dijeron que “hubo un accidente”. Lidia pidió bajar a la planta baja para ver qué había pasado, pero no la dejaron. De pronto, cuando un militar entró en el departamento, tuvo la impresión de que era su padre. Lidia y su madre estaban reducidas en un cuarto, apuntadas, mientras el resto del grupo seguía revolviendo la casa.

A esa hora, las 3:15 de la madrugada, se escuchó el primer comunicado de la Junta militar, que leyó el locutor Mentesana.

Poco después llegó al edificio una ambulancia a cargo del subteniente Federico Guañabens. Pusieron a Alberte en una camilla y se lo llevaron.

El grupo militar abandonó el departamento. Uno de ellos preguntó si no se llevarían a Lidia, pero el jefe respondió que “no hacía falta”. El objetivo ya había sido “cumplido”. Le avisaron que fueran a buscar a Alberte al Hospital Militar.

Lidia no sabía si estaba muerto o vivo.

Cuando la joven entró en la Guardia Médica y preguntó por su padre, le dijeron que ya no estaba. La mandaron a la comisaría 31ª, en la avenida Cabildo. Encontró al enfermero, que le confirmó que acababa de ingresar un cuerpo, pero no la dejaron pasar porque adentro había un “grupo militar”. Lidia caminó cuatro cuadras hasta encontrar un teléfono público. Llamó a su hermano Bernardo.

Recuerda Bernardo Alberte: “Me llamó mi hermana y me dijo: ‘Papi tuvo un accidente’. No me quiso contar la verdad por teléfono. Yo tenía 27 años, vivía muy cerca, en Juncal y Pueyrredón. Fui inmediatamente a Avenida del Libertador y me encontré con el drama, mi mamá en estado de shock, habían arrancado todos los cables de teléfono del departamento. Fui a recoger el cuerpo de mi papá a la comisaría 31ª con mi hermana, y lo llevamos a la morgue judicial para realizar la autopsia. Lo velamos el día 25 en el mismo departamento de donde se lo habían llevado”.

Y agrega: “Vino muy poca gente, había mucho miedo, y lo enterramos en el cementerio de Avellaneda. Realizamos la denuncia a la justicia en el mes de mayo, porque no encontrábamos un abogado patrocinante. Hasta que al final di con Jorge Garber, abogado, cuadripléjico, que con mucho coraje aceptó hacer la querella contra Videla, responsabilizándolo por el asesinato. El juez Rafael Sarmiento se declaró incompetente y le dijo a Garber que ‘no sólo había que tirarlo por la ventana a Alberte, sino a todos los peronistas’”.

“Otro juez de instrucción, que también se declaró incompetente, [Juan Bautista] Sejean, le explicó a Garber que si llamaba a declarar a los testigos, ‘me matan también a mí’. Catorce jueces se apartaron sucesivamente del caso”, afirma Bernardo Alberte.

En julio de 1976, la causa por el crimen del teniente coronel Alberte había sido remitida a la justicia militar y archivada. Para el expediente, era un “suicidio”. Lidia había sido obligada a firmarlo en su declaración en la comisaría 31ª, bajo coacción moral. Si no lo hacía, no podía retirar el cuerpo de su padre.

“Peligroso para la paz de la Nación”

Bernardo Alberte había nacido en 1918 en Avellaneda. Hizo la carrera militar. Cuando era teniente intentó sublevar la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en protesta por la detención de Perón en octubre de 1945, pero inmediatamente después del 17 de octubre fue reincorporado. En agosto de 1954 había sido designado edecán mayor de Perón, y el bombardeo del 16 de junio del año siguiente lo encontró parapetado detrás de la ventana de la sala de edecanes, disparando contra los infantes de Marina que se disponían a tomar la Casa de Gobierno, luego de que las primeras bombas cayeran sobre el Patio de las Palmeras.

Con el asalto al poder de la Revolución Libertadora, Alberte fue degradado y encarcelado en Ushuaia junto a otros civiles y militares peronistas. Cuando lo liberaron, se exilió en Brasil y comenzó a cartearse con Perón, como lo hacían tantos otros. En la década de 1960, Alberte era parte de una cofradía que recibía y difundía las cintas grabadas de Perón, hasta que el líder proscripto lo designó su delegado en marzo de 1967, durante la dictadura del general Onganía. Alberte empezó a viajar por las provincias para relevar información y transmitirla a Madrid, y Perón le derivaba instrucciones, contactos y también el manejo de los conflictos internos en el peronismo. Lo aconsejaba: “Usted sabrá lo que debe hacer. Yo me limito a poner el pollo en sus manos. Usted es el cocinero”.

Era un tiempo en que los delegados de Perón en la Argentina entraban y salían con rapidez de la órbita de Madrid. De Alberte se decía que al menos se sabía de qué trabajaba: se lo podía encontrar en su tintorería de la calle Juncal. Y también demostraba su lealtad: cuando Onganía devolvió grados y sueldos a militares peronistas, pero excluyó a Perón, Alberte lo rechazó. Le devolverían el grado en 1973, y en ese año continuó su vinculación con sectores de la resistencia peronista y del sindicalismo combativo. Pero se convirtió en un enemigo. El 8 de agosto de 1974, en la primera reunión de gabinete posterior a la muerte de Perón, en la residencia de Olivos se proyectaron fotos de las personas “peligrosas para la paz de la Nación”. El primero era Julio Troxler —que un mes después fue muerto por la Triple A— y el otro era Alberte. El ministro de Educación, Jorge Taiana, que participó de la reunión, le advirtió del riesgo que corría.

Ese año, Alberte creó la corriente peronista “26 de Julio”, en honor a Evita, e hizo foco en la unidad del peronismo y la crítica al lopezreguismo. La sede de la agrupación era una oficina en el primer piso de un edificio en la calle Rivadavia, que estaba bajo constante amenaza. En febrero de 1976 secuestran a dos colaboradores por algunas horas y luego, el 11 de marzo, se llevan del local a Máximo Altieri.

Alberte le escribió una carta “a la Triple A”. Le propuso canjear su vida por la de él. Sus colaboradores le pidieron que se fuera a Uruguay, pero él continuó la búsqueda de Altieri, incluso recurriendo sin resultado a viejos camaradas de armas, hasta que encontró su cadáver el 20 de marzo de 1976 en la morgue del cementerio de Avellaneda, acribillado.

Entonces decidió escribirle a Videla.

¿Por qué Alberte fue la primera víctima de la dictadura militar? ¿Por qué ese ensañamiento?

Responde su hijo Bernardo: “Mi papá tenía mucho predicamento en el peronismo, era una amenaza para el futuro. Además había sido militar, era un hombre salido de sus propias filas, que había sido crítico de las dictaduras militares. Cuando escribe la carta a la Triple A, firma como ‘teniente coronel peronista’, porque sabía que dentro de la Triple A había ex compañeros suyos, muchos oficiales retirados, que no le perdonaron su peronismo”.

Cartas en la basura: la primera pista

El expediente judicial de Alberte —caratulado como “muerte dudosa”— no ofreció novedades durante la democracia.

La primera pista sobre el crimen la darían algunas cartas de su correspondencia con Perón.

En 1982, una persona dejó sobres, revistas y papeles en el palier del cuarto piso de la avenida Luis María Campos 1248, con la intención de que fueran tirados a la basura.

Su vecina, que siempre había sospechado sobre el posible rol del teniente coronel Jorge O’Higgins durante la dictadura, abrió un sobre y encontró correspondencia original entre Perón y el teniente coronel Alberte. Eran las cartas que estaban guardadas en una carpeta negra, sustraída de su biblioteca en la madrugada del crimen.

Después de algunos años, las cartas llegaron a la familia Alberte. Con ese elemento de prueba, cuando se derogaron las leyes de impunidad en 2004, la querella pidió la reapertura de la causa.

La investigación judicial corroboró que el teniente coronel Jorge O’Higgins había revistado en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército al momento del golpe de Estado. Su jefe era el general Carlos Alberto Martínez. El homicidio de Alberte fue inscripto en la causa 14216/03, “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad”.

Cuando por orden del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación, se allanó su departamento, un día de lluvia del invierno de 2012, O’Higgins estaba perdido. Padecía el mal de Alzheimer. No podía declarar.

Al mes siguiente, Rafecas detuvo a quien había sido jefe de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, general Carlos Alberto Martínez, por delitos de lesa humanidad contra más de un millar de víctimas. Entre ellas, Alberte.

Martínez murió procesado, con prisión domiciliaria, en abril de 2013. Tenía 85 años.

Otra pista sobre los militares que irrumpieron en departamento de Alberte la dio su esposa.

Hacia el final de la dictadura militar, vio por televisión a una persona. Anotaría su nombre, pero ya conocía su cara. La había visto en la madrugada del crimen. Se llamaba Oscar Enrique Guerrero. Había sucedido al general Camps al mando de la Policía Bonaerense. En ese momento, la familia no pudo obtener una imagen suya. Sin embargo, una foto del general Guerrero tomada el 9 de abril de 1982 en Santa Cruz comenzaría a circular con mayor frecuencia en los medios en el año 2006.

Se lo veía en un acto oficial en apoyo a la recuperación de las islas Malvinas. Entonces, el general Guerrero era jefe de la XI Brigada de Infantería.

Detrás de él aparecía el abogado local Néstor Kirchner, que dos décadas después sería elegido Presidente.

Lidia Alberte, en una nueva declaración judicial de diciembre de 2006, señaló a Guerrero como responsable del operativo.

Llevó a la justicia la edición del 4 de noviembre de ese año de la revista Noticias, donde mostraba su imagen de 1982.

“No tengo ninguna duda sobre que esta persona formaba parte del primer grupo que ingresó en mi casa derribando la puerta de servicio y que luego se enfrentó con mi padre. Guerrero estuvo entre quienes agarraron a mi padre y lo llevaron hacia la ventana desde donde lo arrojaron. Guerrero estuvo en todo momento, él fue el que, luego de asesinado mi papá, nos increpaba con más dureza acerca de nuestra vida, de lo que hacía mi padre y sobre mis lecturas. Tengo certeza absoluta de su participación en esto, porque por su modo de dirigirse, de expresarse, tan autoritario, tan violento, se quedó fijado en mi memoria desde aquel entonces”, dijo.

Justo en diciembre de 2006, Kirchner acababa de ascender post mortem a Bernardo Alberte.

Cuando la justicia se aprestaba a detener e indagar a Oscar Guerrero, el general murió.

La investigación judicial todavía no pudo determinar quiénes fueron los otros militares que entraron en la casa de Alberte para matarlo.

La causa sigue abierta.

La información sobre el operativo militar en la casa del teniente coronel Alberte fue recabada de la causa judicial.

EPISODIO 22
La parábola del héroe

Desde la soledad de su despacho, el vicecónsul italiano Enrico Calamai arma una pequeña red para refugiar perseguidos políticos. Falsifica documentos y los ayuda a escapar de la Argentina. Llega a salvar medio millar de vidas. Pero incomoda al gobierno italiano, que decide cambiar su destino diplomático.

Yo escuchaba sus relatos en mi oficina, que me decían: “Si me detienen, me matan”, y luego recuerdo la sensación de salir a la calle y ver una ciudad alegre, donde no ocurría nada. Me parecían dos mundos opuestos que se negaban uno al otro. Era algo enloquecedor.

ENRICO CALAMAI

El cuerpo arrojado en los jardines de la embajada italiana en Santiago de Chile no era una señal de buen augurio para el funcionario que acababa de hacerse cargo de la sede diplomática. Fue en la madrugada del 4 de noviembre de 1974.

Enrico Calamai tenía entonces 27 años.

Dos años antes había sido destinado al consulado italiano en Buenos Aires, en la calle Marcelo T. de Alvear. Tenía una tarea pacífica y burocrática. Tramitaba pensiones, pasaportes, firmaba expedientes. Vivía solo en un departamento con balcón sobre la avenida 9 de Julio.

En su vida social, concurría a agasajos y celebraciones de la colectividad italiana. A veces daba algún discurso. Tenía auto oficial y un chofer que lo trasladaba. Nada que escapara a los canales habituales de la vida diplomática para un funcionario de menor jerarquía.

Pero la situación en Chile requirió de su concurso inmediato. El golpe militar de 1973 provocó una oleada de pedidos de asilo político en las embajadas. Muchos embajadores fueron expulsados del país por facilitar la salida de refugiados.

Italia no reconoció al gobierno del general Pinochet, rompió relaciones y retiró a su embajador. Sólo mantuvo a un encargado de negocios. Un año después, la italiana era la única sede diplomática que mantenía refugiados. Eran más de cuatrocientos. Muchos habían saltado el muro de dos metros para salvarse de la represión.

El principio de extraterritorialidad los ponía a salvo. Los militares no podían ingresar. Pero, hacia octubre de 1974, Italia ya no entregaba visas para sacar a los refugiados de Chile. Y el gobierno militar tampoco daba garantías a los que quisieran trasladarse al aeropuerto. Ya no había salvoconducto.

Los refugiados estaban sin perspectiva de salida.

Aun así, eran muchos los que merodeaban la embajada con la intención de ingresar en ella, aprovechando una distracción de los carabineros que custodiaban el muro.

Como Italia no quería reponer a su embajador, decidió el traslado de Enrico Calamai desde el consulado de Buenos Aires para ordenar el funcionamiento interno de la sede diplomática.

Los refugiados le cedieron una habitación, y él empezó a convivir con ellos. La presencia de Calamai les daba una relativa garantía de seguridad.

Al régimen militar le molestaba que se movieran en un territorio que no podían controlar, con comités políticos internos, decisiones asamblearias, como si la embajada fuese una universidad tomada.

Entonces enviaron un mensaje para expresar su molestia: el cuerpo de Lumi Videla. Era una militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que fue secuestrada, torturada y ultimada por agentes de inteligencia del régimen militar (DINA).

Lumi Videla cayó pesadamente en el jardín de la residencia diplomática.

El hecho produjo horror y pánico. El mensaje del régimen era para los refugiados y también para Italia, representada por ahora por Enrico Calamai, que acababa de llegar a Santiago de Chile.

Se temió que ese podría ser apenas el primer paso, y el próximo, el ingreso de los carabineros en la embajada y las detenciones masivas.

La estrategia de tensión ya estaba instalada: secuestros, atentados, tácticas violentas, psicosis.

Después de meses de conflicto, Pinochet permitió el traslado de los refugiados a Italia, y la sede diplomática se comprometió a elevar el muro, colocarle alambres de púa y no recibir más a nadie que reclamara asilo político.

Calamai se fue de Chile con la imagen de dos carabineros bajando del muro a un muchacho y arrastrándolo de sus brazos.

Sintió impotencia y no pudo reaccionar.

Argentina: la represión invisible

A poco de retomar sus funciones en el consulado italiano en Buenos Aires, Calamai recibió la primera solicitud de refugio en su despacho. Todavía gobernaba Isabel Perón.

Era un hijo de italianos al que, por el principio de ius sanguinis, el Estado reconoce como un connacional. Le contó que a sus compañeros de fábrica se los habían llevado, y cuando quiso ir a su casa, vio que estaba rodeada por policías de civil. Se sintió en riesgo.

Después de la experiencia en Chile, Italia había ordenado a sus embajadas y consulados no otorgar pedidos de asilo ni recibir refugiados. Calamai le concedió un pasaporte italiano en el acto, lo acompañó al aeropuerto en el auto oficial y lo puso a salvo ese mismo día. Fue el primer salvataje.

Informada de la posibilidad del golpe de Estado, antes del 24 de marzo de 1976, la embajada italiana reforzó su política de rechazo a los refugiados, aun cuando fueran italianos.

Italia prefería mantener buenas relaciones con el futuro régimen antes que proteger a sus ciudadanos.

El golpe no sorprendió a Calamai. Le sorprendió la naturalidad.

“Recuerdo el centro de Buenos Aires después del golpe de Estado. No se veía un tanque, un retén. El tráfico era normal; los negocios estaban abiertos; los restaurantes, llenos; los cines también; no había signos de violencia. Yo supe por un periodista que en la periferia algo ocurría. Que había puestos de control, grupos que entraban en las casas”, refiere.

En Chile, la Casa de la Moneda había sido bombardeada el 11 de septiembre de 1973. Los militares exhibieron su fuerza represiva. Las imágenes —fotos, filmaciones— llegaron a todo el mundo. En la Argentina, no. No había violencia, no había cuerpos en la calle. Esto hacía suponer que la violencia no existía. Había una aparente normalidad.

El cónsul general, su autoridad inmediata superior, le dictó a Calamai el telegrama que debía enviar al Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma: “Buenos Aires. No hubo incidentes. Todo parece estar bajo control. La colectividad italiana espera con confianza el desarrollo de la situación”.

Pero la estrategia de eliminación era masiva.

Calamai se fue enterando por italianos que acudían a su despacho. Muchos de ellos habían sido rechazados en la embajada, que no atendía sus denuncias. Los echaba el portero o la policía. Lo mismo sucedía, casi sin excepciones, en otras sedes diplomáticas. Si aceptaban a los refugiados, se exponía al mundo que en la Argentina había perseguidos políticos.

Era lo que se trataba de evitar.

Pero el consulado no puede otorgar asilo político porque no es una jurisdicción extraterritorial. La policía podía irrumpir para aprehender a quien quisiera. De hecho, dentro del edificio de la calle Marcelo T. de Alvear circulaban policías de civil.

“A la semana empezaron a llegar a mi oficina personas que decían que se habían llevado a sus hijos. Todas contaban lo mismo. Por la noche, la casa había sido rodeada por autos sin patentes, grupos sin uniforme tiraban la puerta abajo, golpeaban a la familia, agarraban a uno y se lo llevaban. Incluso robaban pertenencias. A los padres les decían que no se preocuparan, que fueran mañana a la comisaría y allí les dirían dónde estaban. Pero, en la comisaría, revisaban el cuaderno de detenidos y sus nombres no aparecía. Y el chico no volvía”, indica Calamai.

Calamai consiguió un abogado, Atilio Librandi —fallecido el 18 de diciembre de 2017, a los 99 años—, para que realizara pedidos de hábeas corpus y el juez diera una respuesta. Pero las contestaciones se demoraban, o las detenciones eran negadas.

Era la estrategia de la negación.

“Yo escuchaba sus relatos en mi oficina, que me decían: ‘Si me detienen, me matan’, y luego, recuerdo la sensación de salir hacia la calle y ver una ciudad alegre, donde no ocurría nada. Me parecían dos mundos opuestos que se negaban uno al otro. Era algo enloquecedor. No era comprensible lo que pasaba. Todo era impalpable. Imposible de creer. Se hablaba de campos de reeducación en la Patagonia, donde los secuestrados eran maltratados pero luego eran liberados. Y los familiares se aferraban a esa esperanza, porque si no hay cadáver, no hay muerto. Los familiares seguían esperando”, afirma Calamai.

Después de los familiares, comenzaron a llegar a su despacho los desesperados, los perseguidos, los que no tenían más ropa que la puesta, sin dinero ni lugar adonde ir. Porque su casa había sido saqueada, o porque había autos rondando por el barrio. Porque no tenían otra salida que irse del país o morirse. Y no querían morirse. Algunos llegaban solos, otros con sus parejas, e incluso con niños.

Cuando los recibía, Calamai recordaba a aquel muchacho que no había podido saltar el muro y dos carabineros se lo llevaban a la rastra. Se preguntaba qué destino habría tenido.

Calamai explica: “Los hábeas corpus que presentábamos eran inútiles, no servían. Sabía que las personas que venían estaban en riesgo, y yo tenía el enorme privilegio que la situación me permitía: poder ayudar. No podía dar asilo. Podía hacer pasaportes. Sabíamos que en el Aeroparque metropolitano había menos control que en el aeropuerto de Ezeiza. Entonces los hacíamos salir de la Argentina con su documento de identidad e ingresaban en Uruguay con pasaporte italiano, como ciudadanos italianos. Me contactaba con personal de la embajada en Montevideo y les pedía que los esperaran y les dieran boletos de avión para viajar a Roma. Era un mecanismo que se realizaba en medio de una gran tensión, pero funcionaba. Luego, por el peligro que representaba Uruguay, empezamos a hacer la salida por Brasil”.

Calamai intentaba que viajaran con cédula de identidad hasta Brasil y luego utilizaran el pasaporte italiano en el trasbordo de Brasil hacia Italia. En una oportunidad, Alitalia se negó a emitirle un pasaje con distintos documentos. Logró convencer a un italiano que conocía de la compañía aérea Varig y voló hasta Río de Janeiro con dos refugiados, para observar que pasaran el control de documentos y se embarcaran a Roma.

Un error, un desliz, podía significar la muerte.

La situación era más compleja cuando los refugiados se presentaban sin una cédula de identidad argentina.

Calamai recurría al capitán Seisdedos, de la Cancillería argentina, para que se las tramitara ante el Ministerio del Interior.

Nunca supo si Seisdedos era su nombre real.

Le explicaba que tenía “un muchacho” con problemas, pero que en Italia le requerían que lo sacara del país antes de que la prensa se enterara. No quería conflictos. Para estos casos, Calamai contaba con la ayuda de Giangiacomo Foá, corresponsal del Corriere della Sera, que publicaba pedidos de asilo de italianos o requería información al Ministerio de Asuntos Exteriores por casos específicos. De este modo, Foá y Calamai agitaban los canales diplomáticos.

Al cabo de unos meses, Seisdedos informaba a Calamai que ya estaba lista la cédula para ser retirada por el Departamento Central de Policía en la calle Moreno. Debía hacerlo el propio interesado, que temía una celada. La situación generaba pánico. “Ese era un momento muy duro. Yo los acompañaba, por los riesgos que suponía. Pero nunca pasó nada”, refiere.

Calamai intentaba establecer una organización interna, secreta, paralela, que, entre los trámites de la burocracia consular, garantizara la vida de cada uno de los que llegaban a su oficina.

Su red —en la que también colaboraban desde Roma su hermano y el sindicalista Filippo di Benedetto, con quienes se comunicaba con telegramas cifrados— sufrió una pérdida con la obligada partida de Giangiacomo Foá.

En un agasajo diplomático, el periodista le había informado a Calamai que en forma regular llegaban cadáveres a la costa uruguaya del Río de la Plata. Estaban hinchados, carcomidos por peces y mostraban signos de torturas. Fue la última vez que lo vio. Pocas noches después, un grupo de hombres interceptó a Foá en la puerta de su casa y le dio veinticuatro horas para irse de la Argentina.

Calamai perdió un aliado.

Comenzó a sentir la Argentina como un gran campo de concentración donde todos estaban obligados a adoptar conductas y pensamientos necesarios para su supervivencia.

Poco después, empezó a esconder refugiados, como había sucedido en Chile, pero en proporciones menores. “Recordé que había una pieza no utilizada dentro del consulado y, como no sabía dónde guardar gente, los ponía adentro”, dice Calamai.

Era una habitación vacía, con dos sillas y sin baño. El primero que la ocupó fue Pietro Cargnelutti. Los refugiados aparentaban ser personal del consulado y recurrían al baño público. Calamai les acercaba comida. Cargnelutti llegó a estar cerca de cuatro meses oculto en el consulado a la espera del documento, y como nunca llegó, con los sellos que le proveyó el propio Calamai elaboraron uno falso para salir del país.

Hoy está con vida.

Otra historia que trascendió del “Schindler de la Argentina” en tiempos de la dictadura fue la del padre y sus dos hijos que llegaron al consulado. No tenían dinero ni documentos, y los buscaban. Cuando el cónsul les pidió que los retiraran del edificio, Calamai los guareció allí, en el refugio interno. Y luego se los llevó a dormir a su casa, para atenuar el peligro que implicaban los policías de civil que merodeaban dentro de la institución.

Más tarde los llevó a un convento cerca del puerto de Buenos Aires. “Los puse en contacto con un sacerdote italiano, pero el padre superior de la orden religiosa no quería alojarlos, tenía miedo. Fue una situación angustiante, de mucha presión, con una estadía a riesgo.”

Finalmente, Calamai les consiguió la documentación y pudieron escapar a Italia.

Eran todos mecanismos ocultos de un héroe que molestaba al poder militar y al de su propio país.

“Los gobiernos occidentales, el gobierno soviético, el Vaticano… todos estaban de acuerdo en que, mientras los militares hicieran un trabajo aparentemente limpio, ellos no dirían nada, ni tampoco tendrían responsabilidades. Nadie podría demostrar que ellos sabían lo que ocurría en la Argentina. La estrategia era que no se hablara. No había imágenes, no había información. Y la opinión pública miraba el horror de Chile. Lo que no sabía es que en la Argentina sucedía mucho peor. Pero era como si no sucediera”, explica Calamai.

En febrero de 1977, el Estado italiano no quiso prorrogar su permanencia en la Argentina y le cambió el destino. Lo enviaron a Nepal y luego a Afganistán.

En menos de un año, Calamai salvó casi medio millar de vidas. No hay precisión de cuántos fueron. Él nunca los contó y, en esa época, nadie quería saberlo.

Los textuales de Calamai fueron extraídos de su exposición en la Casa América Catalunya: “Exili i asil polític”, www.youtube.com/watch?v=bs8doxVoHjk (consultado en diciembre de 2018).

EPISODIO 23
El enigma de la desaparecida que llamaba a su familia durante la democracia

Seis años y medio después de su secuestro, cuando la dictadura ya había entregado el poder, Cecilia Viñas empieza a comunicarse con sus padres por teléfono. Les pregunta si ellos tienen a su hijo, que había nacido durante su cautiverio.

Desde la primera llamada decía: “No te extrañes que aparezca”; “En cualquier momento me largan”.

CARLOS VIÑAS

Fue un caso único de la dictadura militar. Una secuestrada-desaparecida en 1977 que comenzó a llamar a su familia en diciembre de 1983, diez días después de que Alfonsín asumiera el gobierno. En las conversaciones hablaba de “traslados”, “guardias”, y preguntaba por el hijo que había tenido en cautiverio. Pensaba que estaba al cuidado de su abuela.

Una de las conversaciones fue grabada.

La escuchó el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, en su despacho el 30 de abril de 1984.

El ministro transpiró: había una desaparecida que estaba viva.

Cecilia Viñas fue secuestrada junto con su marido Hugo Penino el 13 de julio de 1977. Un grupo que se identificó como “Coordinación Federal” le pidió al portero que abriera la puerta del edificio. Se trataba de un “procedimiento policial”. El grupo se concentró en el noveno “F” y esperó el regreso del matrimonio. Llegaron tarde. Venían del velatorio de la madre de una compañera de trabajo. No hubo testigos que vieran salir a la pareja del edificio de Corrientes 3645, en el barrio de Almagro.

“La señora que hacía la limpieza llamó a mi prima y fueron al departamento con mi viejo. Encontraron todo revuelto. Se habían afanado guita, electrodomésticos, las cuatro alhajas que podrían tener. Suponemos que eran de la Marina, pero no se sabe —afirma Carlos Viñas, hermano de Cecilia—. Mi viejo llamó al padre de Hugo, que era primo hermano del general [Osvaldo René] Azpitarte, a cargo del V Cuerpo de Ejército, en Bahía Blanca. Fueron a verlo, y el tipo de forma muy cruda les dijo que cada fuerza hacía lo que quería con sus secuestrados. ‘Si los tuviera yo, y ellos habrían estado en la joda, no los ven más’, les dijo… Y Azpitarte era pariente de Hugo. Salieron devastados de la reunión. Mi viejo después fue a ver a monseñor Emilio Graselli [secretario del vicario castrense] y al coronel Alberto Valín [jefe del Batallón 601], por un contacto de un general retirado, y todos le decían que se estaba haciendo un proceso de búsqueda.”

Cecilia Viñas había nacido en Mar del Plata. Sus padres se separaron durante su infancia; su madre y su abuela representaron un sostén desde la infancia. También su hermano menor, Carlos. Lo acompañaba al Club Universitario de Mar del Plata a jugar al rugby. Estudió magisterio y psicología y tomó distintos empleos. Su trabajo más importante —el último en Mar del Plata— fue en la concesionaria de autos Ruca Moar. Trabajaba como administrativa, en el área de Contabilidad. Allí conoció a Hugo Penino, que estudiaba economía. Los dos eran militantes gremiales. Ella era delegada de SMATA y ayudaba a los familiares de presos políticos. Su espacio de militancia era el Movimiento Sindical de Base (MSB), vinculado al PRT-ERP.

Después del golpe militar decidieron mudarse a Buenos Aires y abandonar la militancia hasta que la situación se aclarara. Hugo Penino consiguió empleo en Ford Copello y Cecilia en Nexo Publicidad. Había hecho un curso sobre tarjetas perforadas, una de las primeras herramientas informáticas para guardar datos. Los dos tenían buenos sueldos. Una vez, su madre le avisó que el Ejército había ido a su casa de Mar del Plata a preguntar por ella, pero Cecilia continuó en su trabajo. Quería hacer una vida normal. Ya estaba casada y esperaba un hijo.

“Pensaba que no tenía nada que esconder. Ninguno de los dos era clandestino. Yo estuve con ellos un mes antes del secuestro. No tenían ningún temor. Ella, con la pancita; los dos muy felices; todo bien. Lo que tenía Cecilia es que largaba todo lo que se le venía a la cabeza. Yo le decía: ‘Bajá los decibeles porque los tipos están muy pesados’. Y hablamos de la pareja de mi viejo, una mina bastante reaccionaria, hija de un comandante de Gendarmería, con un cuñado en la Marina, y mi hermana discutía bastante sobre la situación del país. Yo le decía que se hiciera la boluda”, recuerda su hermano Carlos.

La búsqueda

Después de la noche del secuestro, su padre salió a buscarla. Se contactó con miembros de la Iglesia, militares, abogados, para averiguar dónde estaban su hija y su yerno.

“En esa época se hablaba de centros de recuperación, de gente que había que recuperar para la sociedad, porque le habían lavado la cabeza. Era lo que se decía. En la sociedad tradicional de esa época, para nuestros padres ese argumento podía ser razonable. A mi viejo le hacían ese cuento los ‘buitres’, abogados que le decían que tenían información de que Cecilia estaba en tal lado y presentaban un hábeas corpus. Le cobraban una fortuna. Mi viejo iba a la casa de mi hermana, pagaba las expensas y dejaba una nota arriba de la mesa —’Cecilia, cualquier cosa llamame a este teléfono’—, pensando que en algún momento podría volver. Es más, no había cambiado la cerradura del departamento. Eran los cuentos que le hacían estos tipos, casi todos milicos. Mi viejo hizo lo que pudo. Tuvo suerte de que no lo secuestraran a él. El portero le avisó que lo estaban esperando y se quedó en el auto en la playa de estacionamiento de enfrente. Mi viejo era socio de [la panadería] El Cañón de Esmeralda, tenía fondos de comercio, sociedades. Y cuando trascendía que tenías buena posición, te secuestraban y te decían: ‘Yo te mato si no me firmás acá’. Y te hacían entregar los bienes”, indica Carlos Viñas.

El primer dato cierto lo obtienen en diciembre de 1977.

“Le avisan a mi papá que Cecilia había tenido un varón y que los dos estaban bien. Después de eso no supimos nada más. Yo, hasta entonces, estaba viviendo en el sur y en 1981 me instalé en Buenos Aires. Hicimos una reunión familiar y, con todas las precauciones, decidimos buscar al chico. Mi mamá —Cecilia Fernández de Viñas— y la mamá de Hugo —Luisa Moreno de Penino— fueron las fundadoras de Abuelas en Mar del Plata. Y yo también empecé a trabajar con Abuelas en Buenos Aires”, recuerda Carlos.

Las llamadas

El 10 de diciembre de 1983, los militares abandonaron el poder. Alfonsín asumió la Presidencia. Hacía seis años y medio que habían secuestrado a Cecilia Viñas y Hugo Penino.

“Diez días después lo veo a mi viejo y me dice: ‘Llamó tu hermana’. Yo estaba trabajando en el negocio de él. Lo miré para ver si no estaba chapa. Me dijo que Cecilia había llamado a la casa de mi mamá en Mar del Plata y no había nadie. Y preguntó por mi abuela. Para nosotros, la abuela había sido muy importante porque nos habíamos criado con ella. Y mi viejo le dijo: ‘Después te digo’. La abuela había fallecido ese mismo año. Entonces, Cecilia le dice a mi papá: ‘Nos trasladan a Mar del Plata, llevá plata, no te extrañes que me aparezca. Decile a mamá’. Mi viejo, con total convencimiento, decía que era ella, ‘que era la gorda’”, señala Carlos.

El 29 de abril de 1983, la dictadura militar había resuelto dar por muertos a los “desaparecidos”…

“Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos, y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no se pueda precisar hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas”, aseveraba el “Documento Final”, para dar por cerrados los debates acerca de “la lucha contra la subversión.”

Pero Cecilia Viñas vivía.

Después de la primera llamada, su familia se instaló en Mar del Plata, en dos viviendas —la del padre y la de la madre—, veinticuatro horas de guardia, a la espera de un nuevo llamado. “Pasamos el fin del año 1983 al lado del teléfono, pero sin novedades, hasta que mi papá se tuvo que ir a Buenos Aires”, recordó su hermano Carlos.

Casi un mes después, el 14 de enero de 1984, Cecilia volvió a comunicarse: “Llamó al departamento de mi mamá, le preguntó dónde estaba papá y mamá le respondió: ‘Yo tengo la plata’. Y ella dice que no hace falta, que la plata la puso ‘el padre de una compañera’”.

Fue en ese llamado cuando Cecilia preguntó por su hijo y descubrió que no estaba con su abuela. Sus captores le habían dicho que lo habían entregado a su familia.

“Esto es tremendo para Cecilia. No sabe dónde está su hijo. Esa misma noche vuelve a llamar a Lucía Greco [de Ordóñez], que es amiga de la familia, y le pide que busquen al hijo. Cecilia se llevaba muy bien con ella, eran bastante confidentes. Y la mujer la animó, le dijo que sí, que todos lo estaban buscando. Le dio esperanzas”, relata su hermano.

“Cecilia vuelve a hablar el 4 de febrero de 1984 —continúa Carlos—. Llama a Buenos Aires a la casa de mi viejo y la atiende su pareja, que era su enemiga. De ahí surge que Cecilia estuvo convencida de que la que la había delatado había sido ella. Esta señora se llama, o se llamaba —porque nunca más la vi—, Ana María Bravo. Esa misma noche, Cecilia llama a mi mamá a Mar del Plata. Para entonces, yo había puesto un ‘chupete’ en el teléfono para que grabáramos la conversación. Y la grabación es una mezcla rara, confusa, que yo odio explicar. Cuando habla de ‘la víbora’ que la delató se refiere a la pareja de mi padre. La otra, que dice que es una buena persona, es la señora Lucía Greco, amiga de la familia [Ordóñez]. Mi mamá graba la conversación.”

Cecilia avisa que volverá a llamar de madrugada al departamento de su padre en Buenos Aires. Su pareja, Ana María Bravo, a partir de ese momento, se va de la casa.

—La llamada de Cecilia la atendí yo, un poco forcejeando con mi papá, que también quería hablar. No la pude grabar. Cecilia me pidió que buscara al hijo. Le pregunté por Hugo, su marido, y me dijo que desde el momento del secuestro ya nunca más lo vio.

—¿Cómo sentiste a tu hermana en esa conversación?

—Totalmente angustiada. Pero era ella. Seguridad total. Podrían haber puesto a una actriz con la voz angustiada, pero había códigos que conocíamos ella y yo. Me dijo que la próxima vez estaría en Mar del Plata. Y nos fuimos con mi viejo otra vez. Y llama el 19 de marzo. Ese día, no sé por qué, Alfonsín estaba en Mar del Plata. Cecilia habla con mi papá, pero con la voz “soplada”, tratando de que nadie escuche. Le dice: “Esta vez no pudo ser, la próxima vez te llamo seguramente en Buenos Aires”.

—¿Ella creía que iban a soltarla?

—Sí. Desde la primera llamada decía: “No te extrañes que aparezca”; “En cualquier momento me largan”.

—¿La plata era para los que iban a soltarla?

—No se sabía. Cuando a mi viejo lo contactaba alguien con información, le decía: “Dame guita, porque hay que comprar pilchas para este o aquel”. Mi papá siempre andaba con guita en el bolsillo.

—¿Qué significa cuando en la grabación Cecilia dice: “De día son otras personas”?

—Eso significa que había guardias. Que no eran las mismas personas que estaban a la noche. Y también dice “nos trasladan”, como si fuera un grupo de rehenes al que mantenían secuestrado.

Cecilia Viñas fue la única desaparecida de la que se tuvo información durante la democracia. Esto implicaba que, aun en el gobierno de Alfonsín, había una fuerza militar que todavía tenía secuestrados-desaparecidos en algún centro clandestino.

La familia Viñas trasladó esta información a Chicha Mariani —fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo—, a Estela de Carlotto, a algunos miembros de la Conadep, entre ellos a Graciela Fernández Meijide, y al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Ese verano comenzaron a aparecer las primeras identidades de secuestrados, enterrados como “NN” en distintos cementerios.

“Yo tocaba todos los contactos que podía —dice Carlos—. Había trabajado en la campaña de Alfonsín, en un comité del barrio de Belgrano, y conseguí una reunión con [Enrique] Nosiglia, que en ese momento estaba en el Ministerio de Bienestar Social. Y me dijo: ‘Te voy a dar un dato, el desaparecido que está vivo es que colaboró’. ‘¿Y quién carajo sos vos para juzgar a un desaparecido?’, le dije. Casi nos cagamos a piñas. Eso fue de forma inmediata al llamado de Cecilia. Después nos conectaron con [Horacio] Ravenna, que era secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, y él nos contacta con el ministro del Interior [Antonio] Tróccoli. Fuimos a verlo con mi papá y mi mamá y con Pérez Esquivel. En ese momento fue sólo un saludo. Pérez Esquivel le había informado sobre Cecilia antes y me derivó al comisario [Antonio] Di Vietri, jefe de la Policía Federal. Yo pensaba que se iban a mover y que la iban a encontrar, como en las películas.”

En el segundo encuentro de la familia Viñas con Tróccoli, Carlos llevó la grabación y se la hizo escuchar en su despacho.

El ministro empezó a transpirar.

“Ahí tuvo la certeza de que había una desaparecida en democracia”, afirma. El hermano de Cecilia quedó en contacto con dos comisarios que le había derivado Di Vietri. Uno de ellos se llamaba Salguero.

—Yo buscaba mucho por la costa, porque Cecilia decía que la trasladaban entre Mar del Plata y Buenos Aires. Y una vez, pasando por Mar Chiquita, vi un lugar que podía estar controlado por la Marina, y me impidieron el paso. “Zona militar”, me dijeron. Entonces se lo comuniqué a Salguero, para ver si se podía ordenar un allanamiento. Pero después me di cuenta de que el comisario Salguero era jefe del “Departamento de Personas Desaparecidas”, que buscaba gente que se perdía por mal de Alzheimer. Fijate el cinismo. Y después, por consejo del propio Salguero, empecé a buscar por manicomios, los recorría de palmo a palmo. Incluso familiares de desaparecidos, que sabían que yo los recorría, me daban fotos de sus parientes.

—¿Ya había una causa judicial por tu hermana?

—Sí, abrieron un expediente y designaron al juez García Méndez. Cuando tomé contacto con él, ya la había cerrado. Pero después de una serie de presentaciones de “Incidentes”, fui querellante y empezamos a citar gente que había hablado con mi hermana. Para esa época, al portero, que fue citado como testigo, le tiraron el auto encima y casi lo matan. A nosotros nos amenazaban por teléfono y nos ponían la música de [la película] El golpe. Los servicios de inteligencia de la dictadura estaban activos.

—¿Después de la entrevista con Tróccoli, Cecilia no llamó más?

—No. No hubo más llamadas. Y nosotros mantuvimos reserva, pero la revista Caras y Caretas informó de las llamadas y el propio Tróccoli lo hizo público.

—¿Cómo se enteran de que el hijo de Cecilia nació en la ESMA?

—Por la declaración de secuestrados que habían visto a mi hermana en la sala de embarazadas y la reconocieron. Y, al poco tiempo, un médico pediatra le informó a Abuelas que sospechaba que una vez había atendido a un chico que podía ser hijo de desaparecidos. Es el primer dato concreto. Lo habían llamado para una consulta por la Obra Social Naval y vio a un chico triste, con una madre que parecía la abuela. Le llamó la atención. Y cuando comenzaron las denuncias de la Conadep y saltaron los primeros nombres de represores, recordó el apellido Vildoza. El médico era dibujante y nos dio el dibujo que hizo del chico.

El capitán de navío Jorge Vildoza estuvo destinado en la ESMA entre el 1° de febrero de 1977 al 2 de mayo de 1979.

EPISODIO 24
El bebé apropiado

Un pediatra que atiende en forma ocasional la consulta de una familia militar da la pista clave para revelar el paradero del hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. Veinte años después, Javier se reencuentra con su familia. La fuga y la enigmática muerte del marino que lo apropió.

Ya sabíamos que mi hermana había tenido un bebé en la ESMA y luego, cuando comparamos el dibujo con una foto de mi hija, que era lo más parecido a mi hermana Cecilia… eran iguales. Ojos grandes, pestañas largas. Número puesto. Empezamos a pensar que el nene podía haber sido apropiado por Vildoza.

CARLOS VIÑAS

El hijo de Cecilia Viñas y de Hugo Penino nació en la Sala de Embarazadas del centro clandestino de la ESMA el 7 de septiembre de 1977.

Cecilia tenía un camisón azul. En la sala, ubicada en el tercer piso, había un moisés también azul y un ajuar de bebés, como era habitual en los días de partos. Los traía el médico obstetra de la Armada, Jorge Luis Magnacco, que asistía a las embarazadas al momento de dar a luz.

El padre del bebé, Hugo Penino, continuaba desaparecido. No existe hasta el día de hoy ningún registro sobre él, ningún testimonio, luego de que fuera secuestrado junto a su esposa Cecilia Viñas el 13 de julio de 1977.

La primera información de que Cecilia Viñas había tenido un hijo en la ESMA surgió por el testimonio de Sara Solarz de Osatinsky, también detenida ilegal. Ella había sido obligada a trabajar en la Sala de Embarazadas para asistir a Magnacco.

En 1980, cuando fue liberada, Solarz de Osatinsky reconoció a Viñas en una carpeta de fotos que familiares de desaparecidos enviaron a organismos de derechos humanos con sede en Europa. Pronto avisó a la familia: había visto a Cecilia al momento del parto.

Después, en 1984, otros ex detenidos ilegales agregaron más información. Se supo que la habían trasladado a la ESMA desde la Agrupación de Buzos Tácticos de la Marina de Mar del Plata, donde permanecía alojada. El edificio estaba ubicado casi sobre la playa. También se supo que el bebé que dio a luz salió de la ESMA en brazos del capitán de navío Jorge Vildoza, que vestía de civil. Luego del parto, a Cecilia no volvieron a verla.

El bebé fue bautizado en la capilla Stella Maris de la ESMA, según un acta entregada por la Iglesia en marzo de 2018.

El día 12 de septiembre de 1977 fue inscripto en el Registro Civil.

El capitán de navío Vildoza firmó como “padre”.

Consignó que el bebé había nacido en su domicilio, en Dorrego 2735, según lo constató el médico Héctor Ricciardi con su firma.

El bebé del matrimonio Viñas-Penino pasó a llamarse Javier Gonzalo Vildoza.

El capitán de navío Vildoza tenía 47 años, y su esposa, Ana María Grimaldos, 41. Sus hijos, Jorge y Mónica, tenían 19 y 21 años.

Al momento de la apropiación del bebé, Vildoza era subdirector de la ESMA y jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas 3 (GT3). Era la más poderosa estructura operativa de la Armada.

Subordinado a Vildoza, estaba el GT3.3.2, una unidad de combate y apoyo logístico con la misión de aniquilar y lograr la destrucción física y moral de su “blanco enemigo”, los miembros de Montoneros.

Los miembros del GT3.3.2 actuaban de civil, se infiltraban entre sus enemigos, grababan conversaciones, analizaban la información reunida y planificaban operativos de secuestros. Luego, ya en el centro clandestino, los detenidos ilegales quedaban bajo control de los oficiales del Grupo de Tareas 2, de Inteligencia, que se ocupaba del interrogatorio y las torturas, y también de la selección de quienes debían desaparecer.

El jefe del GT2 era Jorge Eduardo “Tigre” Acosta.

La primera prueba: un dibujo

La familia Viñas obtuvo la primera información concreta sobre el hijo de Cecilia en 1984.

Fue por medio del médico Jorge Meijide.

En una oportunidad, mientras trabajaba en la clínica Santa Ana, Meijide recibió un pedido de consulta desde la Obra Social de la Armada. El médico se trasladó a una casa de Martínez. Atendió a un chico con un cuadro virósico. Calculó que tendría 6 años. Lo vio algo decaído, con un poco de temperatura, pero el aspecto general era bueno. Meijide no estuvo en la casa más de veinte minutos. Fue una visita como cualquier otra de las que surgían a diario. Sólo le llamó la atención la tristeza del chico, que contrastaba con la pulcritud de su dormitorio. También observó la calcomanía de “Las Malvinas son argentinas” en la habitación. Por su ojo de pediatra, habituado a observar el entorno familiar, supuso que no había sido pegada por él. También notó que la madre que pidió la consulta era bastante mayor, comparada con la edad del nene. Meijide advirtió otro detalle: varios portarretratos con fotos de un capitán de la Marina. Tuvo presente su apellido: Vildoza.

En 1984, cuando se publicó el nombre del marino en un listado de represores, Meijide visitó la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Tenía la presunción de un chico que podría ser apropiado. La presunción no, la certeza. Desde Abuelas lo contactó una señora que buscaba a su nieto, Cecilia Fernández de Viñas, la madre de Cecilia.

Le preguntó si podía precisar cómo era el nene. Meijide dibujó la habitación y su cara. No había pasado más de un año de la visita y podía recordarlo. Además de médico pediatra, Meijide era dibujante de la revista Humor. Firmaba sus tiras como “Meiji”.

Una de sus creaciones era “La clínica del doctor Cureta”.

“Ya sabíamos que mi hermana había tenido un bebé en la ESMA y luego, cuando comparamos el dibujo con una foto de mi hija, que era lo más parecido a mi hermana Cecilia… eran iguales. Ojos grandes, pestañas largas. Número puesto. Empezamos a pensar que el nene podía haber sido apropiado por Vildoza”, afirma Carlos Viñas.

A partir de entonces, el hermano de Cecilia reclamó la comparecencia del marino ante la justicia. Denunció que su sobrino estaba inscripto con el nombre de Vildoza. El juez García Méndez accedió a su pedido y citó al marino para una declaración informativa.

Vildoza se presentó en la sala el 13 de noviembre de 1984.

Mostró el certificado de nacimiento y se opuso a que al chico se le extrajera sangre u otra prueba de cualquier tipo. Podría ser “muy cruento”, argumentó.

“Apelamos a la Cámara, pero llevó mucho tiempo. A veces, yo merodeaba por la casa de Vildoza para ver si lo veía, hacía guardia, caminaba, pero nunca lo vi. Vivía en una esquina, Tres Sargentos 1390, en Martínez. Al poco tiempo, en Abuelas recibimos el dato de que ya no estaban. Se habían mudado a Paraguay. Fui a buscarlo. Empecé a recorrer colegios por la avenida República Argentina, en una zona bien bacana. Yo decía que estaba por ponerme un negocio y buscaba a una familia conocida de argentinos, que tenía un hijo de 9 años. Que no recordaba el nombre del colegio, pero era por la zona. Enseguida, el conserje del hotel me avisó que había pasado la policía política y me recomendaba que me fuera. Era la época de Stroessner”, refiere Carlos Viñas.

Hasta hoy, Viñas cree que su hermana habría estado secuestrada en la dependencia de la Agrupación de Buzos Tácticos, al lado del Faro de Mar del Plata. Como Liliana Pereyra, otra detenida-desaparecida secuestrada en esa ciudad, que fue madre en la ESMA, y luego la hicieron regresar a Buzos Tácticos. La pericia antropológica probó que Pereyra fue asesinada el 15 de julio de 1978, tres meses después de que naciera su hijo.

El hijo, veinte años después

Las búsquedas posteriores de la familia Viñas junto a las Abuelas fueron inocuas o imposibles. Carlos Viñas no encontró a Vildoza en el sur de Brasil y tampoco se sentía en condiciones de viajar a Sudáfrica para verificar si estaba en ese país, o acaso en Londres. Eran dos datos, sin precisiones, que había recibido.

Después pasó una larga década sin novedades.

Las causas judiciales contra los represores habían sido cerradas por las sucesivas leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, finalmente, el indulto.

Una luz de justicia se abrió muchos años más tarde en los juicios por las embarazadas despojadas de sus hijos en centros clandestinos.

Un programa de televisión de España, Quién sabe dónde, se interesó por la historia de Cecilia Viñas y Hugo Penino, en forma coincidente con el juez español Baltazar Garzón, que aceptó tomar juicios por bebés apropiados, que consideró imprescriptibles.

“Creo que eso fue en el año 97 —dice Viñas—. Me presenté con mi mamá a la justicia en España y en la televisión. Pudimos pagar sólo un pasaje; del otro se hizo cargo el programa. Contamos la historia, presentamos fotos. Seguimos denunciando a Vildoza como apropiador del hijo de Cecilia y Hugo. El programa tuvo mucha repercusión. Me llamaron de todo el mundo”, recuerda.

La búsqueda tuvo recompensa.

Para entonces, Javier ya tenía 20 años.

En su periplo con Vildoza, había vivido bajo la identidad de “Julio César Sedano”, como parte de la familia “Sedano”, en Paraguay, Sudáfrica y ahora en Londres. Siempre en fuga.

Ya vivía solo, en Londres.

Como su padre Hugo Penino, Javier estudiaba economía. Y pronto conocería a una chica, su futura esposa, de nacionalidad griega, que estudiaba psicología, como su madre Cecilia.

Javier se contactó con los tribunales federales argentinos.

Es probable que se hubiera enterado del programa en España, o que hubiese leído en internet acerca de las denuncias contra el capitán Vildoza.

Se dispuso a hacer los análisis de sangre. Estaba cansado de vivir con dos identidades, a veces como Vildoza, a veces como Sedano.

Su apropiador le había dicho que había sido adoptado.

Javier no creía que fuese hijo del matrimonio Viñas-Penino. Quiso verificarlo.

El 1° de junio de 1998 se presentó en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), acompañado por el secretario del juzgado de María Servini de Cubría, y ofreció su muestra de sangre para que fuese comparada con los marcadores genéticos de los familiares de Penino y Viñas.

Los resultados llegaron dos meses y medio más tarde. Marcaron una coincidencia del 99,99%, tanto por rama paterna como materna.

Para Javier, en un principio, fue un impacto. Le costó entenderlo.

El reencuentro familiar

“Lo conocimos dentro del despacho del juzgado. Le di las fotos de mi hermano Hugo —dice Guadalupe Penino—, se vio muy parecido. Enseguida vino a Mar del Plata y se relacionó con sus nueve primos de la familia Penino. Mi mamá no conoció a su nieto —había muerto en 1991—, pero atesoraba una pequeña foto de un nene en una fotocopia, que suponía que era de su nieto. Y finalmente, cuando él nos dio su carpeta de fotos, esa foto estaba. Mi papá, Reynaldo, le dijo: ‘Sos parte de Hugo, con eso me alcanza’. Javier tenía un afecto especial por él. A partir de entonces hizo varios viajes, nos presentó a sus hijos, mantenemos contacto”, indica Guadalupe.

Javier adoptó su nueva identidad: Javier Gonzalo Penino Viñas.

Vildoza envió una carta a Reynaldo Penino, el padre de Hugo. Reconocía la apropiación, pero afirmaba que lo había hecho “por su bien”, el de Javier, y aclaraba que no tenía información sobre el destino de Hugo.

La familia Penino no aceptó un encuentro con el represor de la ESMA.

Cecilia Fernández de Viñas falleció en mayo de 2018. Poco antes había recordado el reencuentro con su nieto: “Hay que darle espacio y tiempo, nada más. Tiene derecho a vivir su vida, pero también a librarse del otro yugo que tenía, porque ahora él sabe bien quién es”.

Vildoza: la muerte incierta

El represor Vildoza nunca se presentó a la justicia para responder por torturas y crímenes de la ESMA, apropiación de bebé y robo de bienes de los detenidos-desaparecidos. La justicia tampoco obtuvo un rastro de él.

La primera novedad sobre el represor surgió en julio de 2012; su esposa Ana María Grimaldos —que vivía bajo la identidad de “Ana María Sedano”— fue detenida en su casa de Martínez, cuando se aprestaba a partir a Londres.

Grimaldos se presentó como viuda.

Según su relato, su marido había muerto el 27 de mayo de 2005 por una arritmia cardíaca, cuando vivían en Sudáfrica.

Javier Penino Viñas ratificó la versión con una carta que envió a los distintos juzgados donde se requería a Vildoza: “Falleció veinte días después de mi casamiento. Yo vivía en Londres, pero logré viajar a su funeral en Johannesburgo, donde fue cremado bajo el nombre de Roberto Sedano”.

“Yo no sé si murió. El cadáver lo incineraron. Y lo que hay es el certificado de una funeraria privada que dice que murió un tal Sedano. A la apropiadora la detuvieron, la relacionaron con American Data, dedicada a los casinos electrónicos, empresa que tenía como titular a su hijo Jorge Vildoza. Los fondos de American Data fueron congelados por la Unidad de Información Financiera (UIF) en base a la ley antiterrorista. Los Vildoza siguieron usufructuando los bienes que les robaron a los desaparecidos. A ningún represor le sacaron los bienes que robaron”, afirma Carlos Viñas, que se reencontró varias veces con su nieto Javier, pero mantuvo firme su voluntad de justicia sobre sus apropiadores.

En 2016, Interpol ratificó que las huellas dactilares de Vildoza eran coincidentes con las del documento de Sedano. Pero, un año después, un perito de la Policía Federal determinó que el certificado de la funeraria era falso. La firma que certificaba su muerte estaba fraguada. Es más, era parecida a la del propio Vildoza.

Para la justicia, no se sabe si Vildoza está vivo o muerto.

Luego de escapar durante veinticuatro años, su esposa Ana María Grimaldos fue condenada en 2015 por apropiación de bebé y falsificación de documento público a la pena de seis años, que cumple en prisión domiciliaria. Vive con su hija Mónica.

El médico responsable de los partos clandestinos en la ESMA, Jorge Luis Magnacco, fue excarcelado en diciembre de 2017, luego de diecisiete años de prisión.

La familia Viñas-Penino continúa buscando información sobre Cecilia y Hugo.

“De mi hermano Hugo, después de su secuestro, nunca tuve ningún testimonio. Nadie que lo haya visto en ningún centro clandestino. Nadie que me hubiese informado algo, aunque sea en forma anónima. Cecilia, con los llamados, tuvo una doble desaparición. Los dos están presentes. Cuando no te dan los restos, seguís esperando a tus hermanos”, afirma Guadalupe Penino.

EPISODIO 25
Los chicos del campo de concentración

Son capturados con sus padres por las fuerzas represivas. Los encadenan junto a otros prisioneros. También los torturan, los matan, o los hacen desaparecer. Algunos sobreviven. Alrededor de medio millar de chicos de entre 10 y 14 años fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Pensaba que mi papá vendría a buscarme y yo volvería con mi mamá.

MARCELA QUIROGA

Mónica Santucho tenía 14 años. Vivía en la calle 138 bis de Melchor Romero, en La Plata. Su hermana menor, Alejandra, de 10, vio cuando la secuestraban desde la casa de una vecina de enfrente. Era una tarde de diciembre como cualquier otra. Jugaban en la vereda, hasta que sintió el ruido de un helicóptero y un grupo de militares que avanzaba sobre la calle de tierra al grito de: “Efectivos, todos adentro”.

“Mis padres eran militantes montoneros —dice Alejandra, entrevistada por el autor—. Nos fuimos de Ingeniero White, en Bahía Blanca, en diciembre de 1975 y nos mudamos a varias casas. A medida que iban cayendo compañeros, las íbamos dejando. Recuerdo cuatro mudanzas antes de llegar a Melchor Romero. Yo tenía 10 años y Mónica, 14, pero teníamos conciencia de todo lo que pasaba. Las reuniones de mis padres se hacían delante de nosotras y de mi hermanito, que tenía 2 años. Ese año, 1976, ya no estábamos escolarizadas. Mónica y yo teníamos nombres falsos. Teníamos que decir que éramos de Olavarría. Era difícil que hiciéramos amigas en el barrio, nos juntábamos con algunas vecinas de la cuadra, siempre fuera de casa. Los últimos tiempos fueron muy complejos. Estábamos esperando que pasara algo.”

Los militares ocuparon las calles, rodearon la manzana. Alejandra y su vecina de enfrente se metieron en la casa. Llegó a ver a su mamá cerrando los postigos de las ventanas. Y empezaron a dispararle.

“Mi mamá gritó: ‘¡Dejen salir a los chicos…!’. Y pararon de tirar. Yo lo veía desde el hueco de una ventana que no tenía revoque. La casa estaba en construcción. Desde ahí vi salir a Mónica con mi hermano, de la mano. A mi hermano lo hicieron a un lado, y a ella la subieron a un auto. Mi mamá cerró la puerta y después sentí como un bombardeo, una cosa estruendosa, un tiroteo infernal. No sé cuánto tiempo duró. Con los años me dijeron que fueron veinte minutos. Cuando terminó, salí a la vereda. Ellos no me registraron, no sabían que yo pertenecía a esa casa. Vinieron camiones del Ejército y cargaron las pocas cosas que teníamos. Y entre las cosas, vi que cargaron algo envuelto en frazadas. En ese momento yo pensé que podrían ser los cuerpos de mis papás.”

Su mamá se llamaba Catalina Ginder y su papá, Heldy Santucho. No tenía parentesco con el jefe guerrillero del PRT-ERP.

Mónica fue introducida en el “Circuito Camps”. Era una red de veintinueve centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del coronel Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense.

Su primer destino fue un viejo destacamento policial de cuatrerismo ubicado en la periferia de La Plata, “El Pozo de Arana”. Se usaba como centro de torturas; también eran usuales las ejecuciones. En el fondo del terreno había una fosa en la que se tiraban y quemaban cuerpos. Para disimular el olor a carne humana, también se quemaban neumáticos. Además, grababan las torturas y las reproducían en las celdas de los detenidos ilegales.

Tres sobrevivientes de ese centro —Gabriela Gooley, Carlos De Francesco y Graciela Marcioni— mencionaron en sus testimonios a Mónica Santucho en el Destacamento de Arana. La vieron durante todo diciembre de 1976.

Al mes siguiente fue trasladada a otro centro clandestino, la comisaría 5ª de La Plata. Una de las secuestradas, Alicia, conversó con ella. Mónica estaba preocupada por cómo estarían sus otros dos hermanos, Alejandra y Juan Manuel.

“Entrada la noche, terminó el operativo. En mi casa quedó una guardia. En el barrio hubo pocas casas que me quisieran alojar. La señora de la esquina sí, fue muy solidaria. Ahí habían dejado a mi hermano de 2 años. Esa misma noche, viernes 3 de diciembre, vino el Ejército y me registraron. La vecina le preguntó: ‘¿Y la hermanita, señor, cómo está?’ ‘No se haga problemas, la llevamos para interrogarla, pero está más que bien.’ Y avisó que mañana vendría a vernos una asistente social. Al día siguiente vino. Me llevó al patio, puso dos sillas y empezó a preguntarme de dónde éramos, qué hacía mi papá. Yo seguí mintiendo: que me llamaba Verónica, éramos de Olavarría. Obviamente, ella se dio cuenta de que mentía porque ya tenía todos los datos. Antes de irse, me dijo: ‘Quedate tranquila, el lunes te vamos a llevar con tu mamá’. Eso me hizo ruido, porque yo supuse que mi mamá estaba envuelta en la frazada que habían cargado en el camión. Sentí que me había mentido. Y además me miraba con cara de odio. El domingo apareció en el alambrado del patio un compañero de mi viejo, ‘El Colo’. Yo lo había visto en casa. Era heladero. Me preguntó si en la casa había vigilancia. Le dije que no. Pero que el Ejército había dicho que no saliéramos, y que el lunes vendrían a buscarnos.”

En la madrugada del lunes, cuatro hombres golpearon la puerta de la vecina que alojaba a Alejandra y Juan Manuel. Se anunciaron como miembros del Ejército. Todos estaban durmiendo. Se despertaron sobresaltados. El dueño de casa casi se desmaya. Dos hombres que entraron dijeron que tenían orden de llevarse a los chicos. Y se los llevaron.

“Cuando los vi, me quedé tranquila. Nos pusieron dentro de un carro de cirujas que tenía unos barriles, envueltos entre yuyos, con una cobija. Por varias semanas los compañeros de mi papá nos resguardaron en una villa. Luego supe que en el barrio hicieron operativos, rastrearon las casas para buscarnos, pero no nos encontraron. Al tiempo me llevaron a la casa de un tío en Ezeiza, y luego fuimos a vivir a la casa de mi abuela, en Ingeniero White. La casa estuvo mucho tiempo vigilada, por si llegaba alguien. Yo volví a la escuela, a tener mi documento. Siempre pensábamos que Mónica estaba en algún Instituto de Menores y que la iban a dejar en libertad. No se podían apropiar de una nena de 14 años. Mi abuela decía: ‘Va a aparecer, y van a aparecer los tres, con mamá y papá’.”

El 23 de enero de 1977, Mónica estaba con Alicia en la celda de la comisaría 5ª cuando vinieron a buscarla. “Agarrá tus cosas que te vas a Bahía con tu abuela”, le dijeron. Mónica tomó lo que tenía, le dio un beso a Alicia y se fue.

Por mucho tiempo no sabrían nada más de ella. Sólo se conoció, por testimonios en la Conadep y en los juicios a represores militares, que había estado en dos centros clandestinos.

Hasta que en el año 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos en el sector 134 del cementerio municipal de Avellaneda.

“El cuerpo estaba fusilado, dos bracitos quebrados y las costillas también. Le tiraron una ráfaga de ametralladora, a muy corta distancia. Nos ofrecieron verlo, y dijimos que sí. El cuerpo estaba entero, tenía todos los huesos, no le faltaba nada, pero estaba quebrado. Se la llevaron para sacarle toda la información que pudiesen, y después les era imposible soltarla, después de las barbaridades que le hicieron… Si no hubiéramos salido de la casa, mi hermano y yo habríamos corrido la misma suerte.”

Desaparece y vuelve a aparecer

La escultura que emerge sobre el Río de la Plata frente al Parque de la Memoria, en la Costanera, es una representación de Pablo Míguez.

Pablo, de espaldas a la costa, mira el horizonte que le negaron.

Es una creación de la artista plástica Claudia Fontes. La obra tiene la intencionalidad de reconstruir el cuerpo desaparecido de Pablo. Cuando la marea sube, la figura se sumerge bajo el agua y más tarde reaparece sobre el río.

En la década de 1970, el padre de Pablo era comerciante y su mamá, Irma Márquez Sayago, militaba en el PRT-ERP. Vivían en Palermo. Pabló estudió en la Escuela Argentino Armenia. Después, sus padres se separaron y Pablo cursó el colegio secundario en el Industrial de Avellaneda. Vivía en la casa de su mamá —que estaba en pareja con Jorge Capello, hermano de Eduardo Capello, fusilado en la base naval de Trelew en 1972—, y también en la de su papá y la de sus abuelos.

Lo secuestraron cuando tenía 14 años. El 12 de mayo de 1977, un grupo operativo entró en el edificio de Spur 399, en Avellaneda. Lo ataron, lo vendaron y lo arrastraron descalzo hasta el baúl de un auto. También se llevaron a su mamá y a su pareja. Su hermana Graciela, de 12, que dormía en la casa de su abuela esa madrugada, pudo salvarse.

La familia fue trasladada a “El Vesubio”.

El predio pertenecía al Servicio Penitenciario Federal.

Era uno de los primeros centros clandestinos establecidos en la década de 1970. Comenzó a usarse en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón.

Estaba compuesto por tres casas estilo colonial y una pileta. En la Casa 1 estaba la Jefatura. La Casa 2 era el espacio para torturas. En la Casa 3 se alojaban detenidos ilegales. Por último, la Sala Q, una casa prefabricada decorada con muebles y adornos que robaban en los allanamientos, se usaba como vivienda de prisioneros y grupos operativos.

El Vesubio estaba bajo el control operativo del I Cuerpo de Ejército, al mando del general Guillermo Suárez Mason, que solía visitarlo. Era uno de los centros clandestinos de mayor actividad del arma.

Allí permanecieron secuestrados Héctor Oesterheld, autor de El Eternauta; el cineasta Raymundo Gleyzer y también el escritor Haroldo Conti, entre más de 1.500 detenidos ilegales.

Muy pocos lograron sobrevivir.

Los prisioneros eran numerados y alojados en celdas tabicadas; vivían encapuchados. Les daban comida una vez al día y una lata para sus necesidades. Los llamaban por números para ir a la ducha, la sesión de tortura, o para realizarles simulacros de fusilamiento.

A Pablo Míguez lo torturaron delante de su mamá. Aparentemente, porque ella no firmaba una hipoteca o la escritura de una propiedad. Lo pusieron delante de ella y lo torturaron.

Los robos eran una práctica común de los represores. No sólo hacían desaparecer los cuerpos con el propósito de “limpiar la Patria de subversivos”. También querían su dinero.

Cuando irrumpían en una casa, robaban la plata que encontraban, relojes, artículos electrónicos, incluso un auto, lo que hubiese. Todo les servía. Luego se preocupaban por saquear depósitos bancarios y apropiarse de inmuebles con transacciones firmadas bajo tortura.

En El Vesubio, los guardias usaban a Pablo Míguez para llevar el mate cocido o trasladar tachos de excrementos y orina. A veces “Delta”, el coronel Pedro Durán Sáenz, responsable del campo de concentración y uno de los habituales violadores de mujeres, ponía a Pablo frente al tablero de ajedrez en la Sala Q. A la noche volvían a encadenarlo en una celda, como un prisionero más.

La noche estaba impregnada de un profundo silencio: los detenidos tenían prohibido hablar. Si la orden se quebraba, los castigaban.

Mientras tanto, su padre, Juan Carlos Míguez, reclamaba por su vida. Presentó un hábeas corpus en el juzgado de Instrucción 4°, que fue rechazado, y llegó a reunirse con un coronel de la Subsecretaría de Interior. Recibió una respuesta fría: “Carecemos de información”.

Los guardias no sabían qué sucedería con Pablo. No era el primer niño que traían a El Vesubio ni sería el último. Los sobrevivientes dieron testimonios de la presencia de bebés y niños de pocos años. Sus llantos eran ensordecedores. Permanecían unos días, y luego los entregaban a familiares o a la Casa Cuna.

Emilio Guagnini, que en la actualidad es abogado en causas de violación a los derechos humanos, fue secuestrado con sus padres —a los que luego mataron— y permaneció cautivo en el centro clandestino “Club Atlético”, una dependencia policial en la avenida Paseo Colón, luego derribada para la construcción de la autopista 25 de Mayo de Buenos Aires.

“Me trasladaron al Atlético con mi mamá y mi papá. Luego a él lo trasladaron a El Vesubio. Tenía un año y medio. Estuve varios días y luego aparecí en la casa de un tío abuelo materno. Por muchos años nunca tuve claro cómo llegué ahí. Tampoco encontré documentación oficial de los militares sobre el protocolo con aquellos niños que no podían apropiar, porque tenían edad avanzada. No sé si había un criterio. Yo no fui propicio para la apropiación. Los represores habrán analizado mi caso y decidieron que por alguna circunstancia debía ser entregado a la familia. Pudo ser la edad, la casualidad, la suerte, nunca lo supe.”

El campo del infierno

En El Vesubio, la permanencia de menores era frecuente.

En octubre de 1977 fueron alojadas Clarisa, de 4 años, y Natalia, de un año y medio, hijas de la francesa Françoise Dauthier. Mientras a su madre la torturaban, las hijas fueron alojadas en la Sala Q durante más de un mes. Luego, las entregaron a sus abuelos paternos. Su madre desaparecería.

También hubo otros menores secuestrados: Juan Carlos Farías, de 14 años, llegó una semana antes que Pablo Míguez. Lo trajeron junto a su padre, Juan Farías, carpintero y militante comunista. Juan Carlos fue golpeado en la sala de torturas, le asignaron una letra y un número. Permaneció atado a una camilla que “desprendía olor a carne quemada” y, después de tres días, le dijeron que se olvidara de todo lo que había vivido: le vendaron los ojos, lo subieron a un auto y lo dejaron en la puerta de su casa.

Hugo Norberto Luciani, de 12 años, también fue secuestrado junto a su padre, Hugo Pascual Luciani, dirigente justicialista. Su padre llegaba a El Vesubio por segunda vez.

En la primera había sido baleado y torturado, perdió todos sus dientes y tuvo un infarto.

La segunda vez lo llevaron con su esposa y su hijo Hugo Norberto, al que liberaron al tercer día. Presenció las torturas a su madre.

Otra de las menores que estuvo en El Vesubio fue Marcela Quiroga. Tenía 12 años.

“Después del golpe militar vivimos en diferentes casas con mi mamá, mi hermano de 10 años y mi hermana, que acababa de nacer. Mi papá era mecánico y mi mamá, ama de casa. No tenían experiencia política. Se acercaron a la unidad básica del barrio en la campaña electoral de Cámpora, empezaron a engancharse con las charlas. Yo a los 7 años me entero de que había un hombre que se llamaba Perón, y ellos nombraban a cada rato.

”Después, mi mamá [María Nicasia Rodríguez] empezó a trabajar en la limpieza de la unidad básica. Los dos empezaron a militar en la Juventud Peronista, aunque ya tenían más de 30 años. Cuando se separaron, él dejó de militar y mi mamá siguió en Montoneros, en el área de prensa de la Columna Sur. Tenía un mimeógrafo en un cuartito con el que imprimía folletos.

”En 1976 ya dejé de ir al colegio. En septiembre secuestraron en una cita a Guillermo, el compañero de mi mamá y padre de mi hermana. Volvimos a irnos. Íbamos con mamá y mis hermanos a todos lados. Mamá ya no militaba, sólo trataba de sobrevivir. Después empezamos a vivir con un compañero al que le decían ‘Silver’ [Arturo Alejandrino Jaimez], para dar la impresión de que eran un matrimonio con hijos.

”Una noche, cuando estábamos en el barrio Unión de Villa España, en Berazategui, mamá nos despertó y nos metió en el baño a los tres. Era la única parte de material de la casa, que era prefabricada. ‘Pórtense bien que mamita los quiere’, dijo y cerró la puerta. Y empezaron los tiros. Cuando terminaron, entraron rompiendo las puertas y nos agarraron a los tres. Estábamos desnudos, con ropa interior y remera; mi hermana, en pañales. Nos llevaron por la calle esposados, primero a un patrullero y luego a un camión celular. Allí esperamos, nos trajeron ropa y a mi hermana, fiambre viejo. Después no vi más a mis hermanos y me llevaron a que les señalara las casas que había conocido, pero yo sabía las casas de mi familia, de mi papá, de un tío, de una tía, no de los militantes.

”Me preguntaron diez mil veces mi árbol genealógico, de parientes que tenía en San Luis, y al final de ese día me llevaron a un recinto grande, como si fuera un pabellón, y me hicieron más preguntas a la madrugada, como entre sueños, qué te dijo tu mamá, decí la verdad, vos también estuviste tirando, cuál era tu nombre de guerra, estabas en pareja con tal persona. Cuando comprobaron que yo había mentido en la información que di —porque me insistían con información que no tenía—, me llevaron a una habitación, me tiraron en una cama, me taparon la cara con una almohada y me retorcieron los pezones. Me costó una vida ponerle palabras a ese abuso sexual. Al día siguiente me llevaron a un lugar que luego supe que era El Vesubio.”

Ojos vendados

“Todavía me acuerdo del ruido de la entrada de chapa cuando se corría —continúa Marcela Quiroga—. Me dejaron en un recinto, yo estaba con los ojos vendados y me engrillaron, me ataron con una cadena a una cama elástica que tenía una madera y muchos cables. Yo suponía que eso era ‘la picana’. Porque mi papá antes había estado secuestrado durante once días y me había contado.

”Ahí, un guardia me dio dos cachetazos porque dijo que estaba muy nerviosa, y se abrió la puerta y entró una compañera de militancia de mi vieja, Silvia, que estaba embarazada. Yo estaba tildada. Después me llevaron a la Sala Q. Allí estaban los ‘quebrados’, como decían ellos. Tenía que ir levantando los pies porque había un montón de gente tirada en el piso con frazadas. Había que pasar varios ambientes cerrados hasta que se abrió una puerta de chapa y ahí me sacaron la venda.

”En la Sala Q había camas marineras, una mesa grande, una ventanita donde se podía ver si había sol, un baño. Para ducharme tenía que poner los pies sobre una madera y tener cuidado de no tocar las paredes porque estaban electrocutadas. Seríamos quince en total. Comíamos juntos, entraban y nos dejaban una cacerola. Para dormir me esposaban la mano a una cucheta.

”Todos los días me llevaban a recorrer barrios donde había vivido, por si me acordaba de una calle, de una casa, de un negocio. Querían conocer todos los lugares que pudiera señalar. Tardábamos muchísimo tiempo en llegar. Íbamos mucho a la estación de Ezpeleta y nos quedábamos esperando horas. Luego supe que era el lugar donde mi mamá tenía sus citas. Ellos esperaban que alguien volviera. Una vez me hicieron salir con peluca con rulos y anteojos con cinta aisladora pegada desde adentro, para que pareciera mayor y no llamara la atención. Y luego me los sacaron para que viera las casas del barrio. Me usaban para marcar. Una vez me llevaron a comer a un restaurante. Yo debía tener mucha información que no sabía que tenía; evidentemente, conocía lugares aproximados.

”[En esa época sentía] mucho temor, desamparo y la inconsciencia de la infancia. Pensaba que mi papá vendría a buscarme, y yo volvería con mi mamá. Pensaba que ella se había escapado. Yo no preguntaba por ella, quizá por protección. Tampoco lloraba, sólo en el momento de los tiros en la casa lloré. Los días eran largos. Los guardias no hablaban conmigo. Los que hablaban conmigo eran los que se apropiaron de mí, los custodios, que me seguían de cerca, yo les veía la cara, me ponían el grillo a la noche. Me amparé mucho en dos embarazadas que había. Miraba revistas, jugaba a las cartas con ellas, pintaba. Mientras estuve ahí me cuidaron. Yo sólo escuchaba conversaciones intrascendentes, cuidaron mi cabeza. En ese momento era la única menor. Cuando llegué, me dijeron que hacía dos o tres días se había ido un chico de 13 años, que había estado en la Sala Q. Después con los años supe que era Pablo Míguez.”

Pablo Míguez permaneció tres meses en El Vesubio. Había visto y oído todo en ese campo de concentración: las descargas eléctricas sobre los cuerpos —sobre su propio cuerpo—, las sesiones de asfixia bajo el agua, los gritos por las violaciones que llegaban desde las duchas.

Hasta que un día un guardia comentó que lo llevarían a un Instituto de Menores para “recuperarlo”.

Cuando se lo dijeron a su mamá, Irma, que estaba secuestrada en El Vesubio, no lo creyó. Ella sabía que la matarían, pero deseaba que su hijo se salvara.

Pablo abandonó El Vesubio.

Fue trasladado a la ESMA, al tercer piso del edificio. Fue recluido en el altillo. En el sector “Capuchita”. Era el espacio del tanque de agua que fue utilizado para armar quince o veinte boxes separados por tabiques de aglomerado, donde alojaban a los prisioneros que mantenían encadenados con una bala de cañón. Había un box adicional para interrogatorios y torturas. Tenía un catre de hierro y una picana eléctrica en la mesa. Allí llevaban a los secuestrados que traía el Grupo de Tareas 3 (GT3), de Operaciones.

Según relató a la justicia Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, Pablo Míguez llegó en agosto de 1977. Extrañaba a su papá y pedía que lo llevaran con él. Soñaba con su mamá. No había podido despedirse de ella en El Vesubio. Tenía pesadillas. Estuvo un mes y medio en Capuchita.

Hasta que ella lo vio de espaldas caminando a ciegas de la mano de un guardia, y ya no lo vio más.

Supuso que lo liberarían.

En su testimonio, Farías, que había estado secuestrado en El Vesubio, dijo que vio a Pablo Míguez en la comisaría de Valentín Alsina en octubre de 1977. Se cree que fue después de su paso por la ESMA.

La comisaría era el lugar donde se “legalizaba” a los detenidos-desaparecidos y desde allí se los trasladaba a la cárcel. De hecho, Farías luego fue a prisión en la Unidad 9 de La Plata.

En la comisaría, Pablo estaba confiado en que lo dejarían en libertad. Con sus 14 años, ya llevaba casi seis meses secuestrado, recorriendo los campos de concentración de la dictadura militar.

Ése fue el último rastro.

Nunca más apareció.

A Marcela Quiroga la habían secuestrado el 16 de septiembre de 1977. Después de permanecer un mes y medio en la Sala Q de El Vesubio, la trasladaron a otro centro clandestino, “El Sheraton”, que funcionó dentro de una comisaría en Lomas del Mirador, cerca de la avenida General Paz.

“Me llevaron con Héctor Oesterheld. Era un pabellón adaptado como si fuera una casa. Las habitaciones eran celdas y en el medio había una mesada. El baño parecía un baño público. Oesterheld me levantaba temprano para que estudiara. Los días fueron más ordenados. Él hizo que tuviera un horario para estudiar, comer y dormir. A la tarde me llevaba al patio, porque decía que estaba muy blanca, y con dos palos y una pelota que encontró jugábamos al hockey. Él me enseñaba literatura, geografía, historia, me daba actividades y las hacía. Roberto y Ana María, que luego supe que eran Roberto Carri y Ana María Caruso [sociólogo y profesora de letras, de 37 y 34 años, secuestrados en febrero de 1977], me enseñaban matemáticas e inglés. Éramos ocho en el pabellón. Yo era la única nena. Ya no estaba engrillada, pero seguían sacándome para marcar casas por los barrios. Ellos siempre esperaban que alguien volviera a una casa o a algún lugar. Sólo una noche escuché que torturaban a alguien en el piso de arriba. Yo siempre pensaba dónde estarían mi mamá y mis hermanos. Hasta que un día me dijeron que a mi mamá la habían matado, porque había querido escaparse, y cuando pregunté por mis hermanos, dijeron: ‘Están con tu viejo’. Un día fueron a su taller mecánico, él pensaba que iban a matarlo, pero le dijeron: ‘Íbamos a adoptar a tu hija, pero nos dimos cuenta de que no sos un viejo de mierda. Te la vamos a devolver’. Y a los quince días me llevaron con él. Me habrán largado en diciembre de 1977, tres meses después del secuestro.”

Su hermano, de 10 años, también fue devuelto al padre por intermedio de un juez de menores. Su hermana, de 2, fue entregada a una tía.

El cuerpo de su madre, María Nicasia Rodríguez, sería identificado en 2006 por el EAAF en el cementerio de La Plata. Marcela presenció la exhumación: “Cuando abrieron el cajón se veía, entre la tierra, la misma ropa con la que estaba vestida aquel día. Era ella”.

Héctor Oesterheld, Ana María Caruso y Roberto Carri desaparecieron.

Un cuerpo mutilado flota sobre la costa del río

El 15 de mayo de 1976, un grupo de cadáveres mutilados apareció flotando en la costa uruguaya del Río de la Plata.

Uno de ellos tenía un tatuaje en forma de corazón con las letras: “F” y “A”. El cuerpo estaba atado de pies y manos. Tenía el cabello oscuro. Parecía un niño. La revisión posterior verificó que había sido torturado y empalado. Tenía 14 años.

Floreal Avellaneda militaba en la Federación Juvenil Comunista. Estaba en segundo año del colegio. Su padre era delegado en talleres metalúrgicos TENSA. El 15 de abril de 1976, tres semanas después del golpe de Estado, un grupo operativo derribó con una ráfaga de ametralladora la puerta de Sargento Cabral 2385, en Munro.

Eran varios hombres disfrazados con antifaces y medias de lana de mujer en la cabeza.

Avellaneda vivía en una casa al fondo del terreno.

El padre de Floreal se vistió rápido, listo para salir. “Quiero ir con vos”, pidió su hijo. Pero el padre le dijo que se quedara con su madre: “Le vas a hacer falta”, y escapó por los techos.

No pudieron alcanzarlo. Esa situación enfureció al grupo operativo. Pusieron a Floreal, a su madre y al resto de la familia de la vivienda de adelante contra la pared del patio. Tres veces simularon fusilarlos, mientras otros robaban los bienes que encontraban.

Atado con las manos en la espalda y encapuchado, Floreal Avellaneda, de 14 años, entró con su mamá en un auto. “Quedate tranquila. Todo va a salir bien”, le dijo.

En la comisaría escuchó los gritos de las torturas. Después lo torturaron a él. Lo ataron a a una columna de hormigón y lo separaron para siempre de su madre.

Ella fue trasladada y torturada en “El Campito”, el centro clandestino del Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo.

Era una hectárea con galpones de veinte metros por cinco, antes utilizados como caballerizas, con piso de tierra. Las cabezas de los detenidos ilegales estaban tapadas con una capucha verde oliva; los cuerpos, atados con cadenas que los unían a la columna del galpón.

Cerca de 2.000 prisioneros pasaron por esos galpones durante la dictadura militar. El Comando fue conducido en forma sucesiva por los generales Santiago Rivero, Cristino Nicolaides y Reynaldo Bignone.

A su madre, Iris Avellaneda, le dijeron que Floreal estaba en El Campito, que habían visto cuando le curaban una pierna. Después la trasladaron a la cárcel de Olmos para legalizar su detención; luego, al penal de Devoto, y la liberaron en junio de 1978.

Pero a su hijo de 14 años, no.

Ingresó en la maquinaria estatal que se desprendía de los cuerpos que capturaba.

Una o dos veces a la semana, en El Campito, dos camiones Mercedes-Benz esperaban frente a los galpones. Los prisioneros, de a cuarenta o cincuenta, encapuchados, subían a las cajas traseras de los vehículos. Los trasladaban hasta la escalerilla de un avión Fokker F27. Un médico les aplicaba una inyección. Les explicaban que era una vacuna para incorporarlos al sistema carcelario.

Pasarían a estar a disposición del Poder Ejecutivo.

Y los prisioneros subían y el avión despegaba. Iniciaba su “vuelo fantasma”. El cuerpo de Floreal Avellaneda aparecería un mes después de su secuestro en la costa uruguaya del Río de la Plata. Tenía signos de empalamiento y torturas. Estaba atado de pies y manos. Sólo pudieron reconocer su identidad por el tatuaje “F” “A” y las fichas dactiloscópicas. Pero su familia nunca recuperó el cuerpo. Fue introducido en un osario de Montevideo. Tenía 14 años.

Estudiantes secundarios: también “enemigos”

Casi sin excepciones, los menores en centros clandestinos tenían el mismo tratamiento que los mayores.

Ana Cristina Corral estudiaba el segundo año del Liceo de Señoritas “Remedios de Escalada”, en la provincia de Tucumán. En la noche previa a su secuestro planchó su uniforme con su mamá. Al día siguiente izaba la bandera. Era la abanderada. En la madrugada del 8 de junio de 1976 un grupo de militares entró en su casa, la sacó de su habitación y se la llevó.

Fue la desaparecida más joven de Tucumán: 16 años.

“Ana Cristina era militante de la UES [Unión de Estudiantes Secundarios, vinculada a Montoneros]. No sé qué grado de militancia podía tener —afirma su abogada, la doctora Laura Figueroa—. Un grupo de uniformados y civiles la sacó de su casa, pasó por jefatura de policía y luego la llevan a otro centro clandestino, el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.”

Estaba ubicado en las afueras de San Miguel de Tucumán, sobre la ruta nacional 9. El predio tenía 300 hectáreas. A los prisioneros los alojaban en el “Galpón 9”. A doscientos metros estaban las fosas, donde les vendaban los ojos, los ponían de rodillas al borde un pozo y les disparaban. Los cuerpos luego se quemaban.

“No sabemos exactamente el tiempo de permanencia de Anita en el Arsenal, pero no fue mucho. Los detenidos podían estar tres meses. Eran usados para ‘marcar’, para señalar. Se conocen muy pocos casos de sobrevida. Anita no permaneció mucho tiempo. Según el testimonio del ex gendarme Omar Torres, fue ejecutada por el general [Antonio] Bussi en el mismo mes de junio del 76. Y no hallamos su cuerpo ni en el Arsenal, donde encontramos trece esqueletos y otros restos con cenizas, ni en la finca conocida como ‘El Pozo de Vargas’, adonde llegaba el camión de Gendarmería por caminos vecinales para trasladar los cuerpos del Arsenal”, afirma.

A menudo, los menores que secuestraban no tenían relación con la política —y los torturaban y mataban por ser hijos de militantes—, pero otras veces sí tenían militancia propia, en forma autónoma a sus padres.

La dictadura buscó entre sus víctimas a los que habían participado en centros estudiantiles de escuelas secundarias, aquellos quienes entre 1973 y 1975 tenían 12 o 13 años.

En ese período, las actividades políticas eran legales; fueron prohibidas a partir del 24 de marzo de 1976.

La magnitud de la fuerza represiva desplegada desde Estado sobre menores fue inimaginable, pero sucedió. El control ideológico, la propagación del terror y los secuestros y torturas no distinguieron edades.

Los menores tuvieron el tratamiento de “enemigos”.

Uno de los primeros hechos de esta naturaleza revelados en la democracia fue conocido como “La Noche de los Lápices”.

Estudiantes secundarios, la mayoría de ellos de Bellas Artes —militantes de la UES—, fueron secuestrados en septiembre de 1976 en un operativo conjunto del Batallón 601 y la Policía Bonaerense. Reclamaban el boleto estudiantil, como lo venían haciendo desde 1975. De una redada represiva con diez secuestrados, sólo cuatro sobrevivieron. El resto desapareció.

María Claudia Falcone, que acababa cumplir 16 años, fue la desaparecida más joven. Fue vista tres meses después del secuestro en el “Pozo de Banfield”, un centro clandestino del Circuito Camps.

Por entonces, no se imaginaba que los menores pudieran desaparecer. Las respuestas no oficiales de la autoridad militar era que estaban siendo “reeducados”. Los familiares mantenían la esperanza de que los liberarían en unos meses. Pero las libertades de estudiantes secundarios secuestrados fueron excepcionales.

Con la misma metodología secuestraron a Magdalena Gallardo, “Malena”. Fue la desaparecida más joven del Colegio Nacional de Buenos Aires. Apenas cumplió 15 años, el 8 de julio de 1976, se la llevaron de su departamento en Caballito, luego de que hicieran desaparecer a otros estudiantes de ese colegio, militantes de la Juventud Guevarista, mientras pintaban un pared con la inscripción: “Abajo la dictadura”, en Barracas, sobre un paredón del ferrocarril Roca. Eran cuatro: Alejandro Godar Parodi, Pablo Dubcovsky, Hugo Tosso y Juan Carlos Marín. No hubo más rastros de ninguno de ellos.

Sin embargo, un detenido ilegal declaró que en una pared de la celda de la Superintendencia de Seguridad Federal, el centro clandestino de la Policía Federal, en Moreno 1417, vio la inscripción “Malena”, con un corazón, y la fecha “10 de julio de 1976”.

La novela Sinfonía para Ana —luego llevada al cine— recrea su desaparición. La escribió Gabriela Meik, su ex compañera de estudios.

Ocho días después del secuestro de Malena Gallardo, tres hombres de civil entraron en un departamento de Almagro, cuando Betina Tarnopolsky dormía en la casa de su abuela. Tenía 15 años. Cursaba el tercer año del Normal 11 de Barracas. La llevaron al centro clandestino de la ESMA. También secuestraron a su hermano, soldado conscripto, a sus padres y a su cuñada.

Del mismo modo que secuestraron a Sonia von Schmeling en septiembre de 1977, estudiante de cuarto año del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Castelar, de 16 años, militante de la UES, y torturada en el centro clandestino de la Brigada de San Justo, de la Policía Bonaerense. El juicio por su secuestro comenzó el 13 de agosto de 2018.

También mataban a menores por venganza.

Como el caso de José Osatinsky, de 15 años, hijo del jefe guerrillero Marcos Osatinsky, al que habían matado en agosto de 1975. Para esa época, la clandestinidad de su madre —Sara Solarz de Osatinsky, de las FAR— lo había obligado de dejar los estudios.

“Josecito no podía estar con cédula, le cambiaban el nombre, tuvo que abandonar el colegio primario —dice su tía, Raquel Osatinsky, de 87 años—. Vivía teóricamente con su mamá, pero ella estaba clandestina, y entonces él también. El 2 de julio de 1976, Josecito fue a dejar un mensaje a una casa, se hizo un procedimiento, escapó por la ventana y lo agarraron y lo fusilaron. Fue enterrado en las fosas comunes del cementerio de San Vicente.” En 1984, los restos de José Osatinsky fueron arrastrados por palas mecánicas e incinerados por orden judicial.

Menores muertos en operativos, enterrados como NN

Era habitual que se matara a menores cuando los grupos operativos irrumpían en una casa. Fernando y María Eugenia Fettollini, de 3 y 5 años, fueron muertos el 19 de noviembre de 1976, en una acción en la que sólo sobrevivió un bebé de 5 meses, Manuel Gonçalves, al que su madre escondió en un placard.

O como sucedió con los hermanos Roberto y Bárbara Lasnuscou, de 5 y 4 años, muertos cuando su casa de San Isidro fue asaltada por tropas del Ejército y la Policía. En la acción, mataron a sus padres y también a ellos. Sus restos fueron enterrados como NN e identificados en 1984 en el cementerio de Boulogne. Matilde, de 5 meses, robada durante el operativo, continúa desaparecida.

Con el mismo tipo de procedimiento de la represión ilegal mataron a Carlos Manfil, de 9 años. Su hermana Karina Manfil, que entonces tenía 4 años, fue testigo de su muerte, pues esa madrugada estaban durmiendo en la misma cama. Karina relató el hecho: “Vivíamos en un departamento del tercer piso de la torre ‘A’ del complejo de Villa Corina, en Avellaneda. Era un edificio que construyó el Fonavi. Esa noche, mis padres dormían con mi hermano Christian, de 6 meses, en su cuarto. Yo, que tenía 4 años, dormía en la misma cama con mi hermano Carli, que tenía 9. Y en la misma habitación había dos nenes —Adolfo, de 11 y Marcela, de 9—, hijos del matrimonio Vega, que se había quedado a dormir en casa, alojados por mi papá. En total éramos nueve. Después de ver El planeta de los simios en la tele, fuimos a acostarnos. Y a la 1:45 de la madrugada del 27 de octubre de 1976 entró una patota de militares en el departamento, con la intención de masacrarnos a todos. El operativo fue grande: rodearon los edificios. Y empezamos a sentir gritos, golpes en la puerta, los gritos de nuestras madres, que no entraran en nuestra pieza, que sólo había chicos. Nosotros estábamos durmiendo con la cama pegada a la pared, que tenía una ventana que daba hacia la calle. Mi hermano se despertó con los gritos. Dijo que iba a fijarse qué estaba pasando, y se paró encima mío, se asomó, apoyó sus manos en la ventana para mirar y automáticamente desde abajo, recibió un tiro con FAL: la mitad de su cara y su cabeza quedó pegada a mi techo. Y la misma bala que lo mató cayó arriba mío y pegó en mi pierna. Y enseguida entró la patota en la pieza disparando. Uno se agachó y empezó a disparar debajo de la cama, donde estaban los juguetes en bolsas. Otro le disparó al ropero donde estaba la ropa, hasta que entró otro que dijo: ‘Basta, acá sólo hay pibes’. Y el que estaba disparando le dijo: ‘La orden la dio Camps’. Los otros dos chicos, Adolfo y Marcela, quedaron heridos en un pulmón y las dos piernas. Yo tenía a mi hermano bañado en sangre encima mío, no podía moverme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vino un bombero y me levantó a upa. Vi toda la casa rota. Miré a la pieza de mi mamá y vi el colchón contra la pared, la cuna donde dormía mi hermano dada vuelta, el televisor explotado. Nos llevaron al hospital. En la parte de atrás iban Adolfo y Marcela pidiendo por sus padres. Su padre escapó. A su mamá [Rosario Victoria Ramírez] la mataron. A mis padres y a mi hermano Carli, también. Cuando mi madrina fue a pedir por Christian, de 6 meses, le dijeron que había muerto. Pero antes de irse le habían pedido a una vecina que lo bañara porque estaba lleno de sangre y después lo subieron a un Falcon. Mi madrina lo recuperó a la semana en la comisaría 4ª. Nosotros tuvimos custodia militar hasta que nos recuperó mi abuela de la comisaría 4ª de Avellaneda. Los cuerpos de mi hermano Carlos y de mis padres [Carlos Laudelino Manfil y Angélica Zárate de Manfil] esa misma noche desaparecieron”, relata.

Los habían enterrado en la fosa común del sector 134 del cementerio de Avellaneda. Karina descubrió el sector en 1992 y trabajó con el EAAF en secreto para las realizar las identificaciones. A su hermano Carlos lo reconocieron porque le faltaba la mitad del cráneo.

Y en el mismo espacio de tierra, junto al cuerpo de Carlos Manfil, estaba enterrada Mónica Santucho, que había sido secuestrada a los 14 años, el 3 de diciembre de 1976, en Melchor Romero, La Plata.

La masacre de Villa Corina, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 del juez Daniel Rafecas, todavía está en etapa de instrucción. Todavía espera justicia.

EPISODIO 26
Las topadoras del Mundial 78

En mayo de 1978, el gobierno militar decide desalojar y demoler las casas de las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas es la de René Houseman, delantero de la Selección argentina, a punto de jugar la Copa del Mundo.

Pusieron la topadora en la puerta de la casa y nos obligaron a irnos.

EMA HOUSEMAN

Se escapaba de las concentraciones porque decía que quería ser libre. No soportaba el encierro. Tampoco le interesaba el dinero. Sólo quería jugar al fútbol. Gambetear, desbordar, frenar, hacer una diagonal. Llegar al gol.

René Houseman fue campeón con Defensores de Belgrano en la Primera C en 1972, cuando vivía en la villa del Bajo Belgrano. Tenía 18 años. Al año siguiente lo compró Huracán y fue campeón. Lo dirigía César Menotti. Y seguía viviendo en la villa del Bajo Belgrano. Y jugó el Mundial 74 en Alemania y fue campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.

Antes del debut, la dictadura militar le tiró abajo la casa y forzó a su familia a abandonar el lugar donde vivía hacía casi dos décadas.

Su hermana Ema relata: “Llegamos a la villa desde Santiago del Estero en el año 60. René tenía 7 años. En ese momento había poca gente. Agarramos una esquina y nos metimos. Éramos cuatro hermanos y mi mamá. Nuestros padres estaban separados, pero papá nos hizo una pieza, comedor, cocina y baño. Mi hermano Carlos era jugador, empezó a jugar en Excursionistas. Trabajaba en un taller frente a casa. Los que saben dicen que era mejor que René. La villa era muy humilde, nos conocíamos todos. La señora Amalia y su marido nos cuidaba cuando mi mamá iba a trabajar. Era una época de unión, no había drogas. René se levantaba y empezaba a pelotear, se entreveraba con los grandes, nunca jugaba con chicos de su edad. Después empezó a trabajar de cadete en una farmacia. Una vez fue a Uruguay con una selección infantil y empezó a jugar en Excursionistas y después en Defensores de Belgrano”.

Olga, su mujer de toda la vida, lo conoció en la villa del Bajo Belgrano: “Vivía a dos cuadras de mi casa. Yo tenía 12 años, pero casi no me dejaban salir. René, en cambio, estaba todo el día en la calle. Lo conocí en la canchita de vóley, jugando en la cancha de la escuela ‘Estrella de Belén’. Él estudiaba el primario a la noche. Entregaba pedidos de una farmacia y también trabajaba en una carnicería. Ya estaba en Defensores del Belgrano. Él era cuatro años más grande que yo”.

Dos meses después de que Huracán obtuviera el título de campeón metropolitano, el club le dio un departamento en la calle Uspallata, en Parque Patricios. Quería sacarlo de la villa.

“Nos mudamos en noviembre de 1973 —recuerda Olga—, pero casi siempre volvíamos a la villa. Yo estaba casi todo el día en la casa de mi mamá, además, al año siguiente quedé embarazada. No nos acostumbrábamos a estar lejos de nuestras familias.”

Houseman tampoco se habituaba a las concentraciones.

En agosto de 1973, el técnico de la selección nacional, Enrique Omar Sívori, lo desafectó del plantel por indisciplina. Houseman se había escapado del predio de Luz y Fuerza, en Castelar, donde entrenaban. Saltó desde su habitación en el primer piso, tomó un taxi y se fue.

Después de algunas averiguaciones, lo encontraron en la villa del Bajo Belgrano. “No aguantaba más el encierro. Yo estoy acostumbrado a estar en la calle”, explicaría.

Ese mismo año, Huracán ganó su primer campeonato después de cuarenta y cinco años.

A Menotti también le costó adaptar a Houseman a la disciplina del fútbol profesional. En una oportunidad, el día previo a un partido de Huracán, el jugador pidió permiso al técnico para salir de la concentración y hacer un trámite. Y dado que el goleador no aparecía, fueron a buscarlo a la villa. Houseman estaba en la cancha en la que había jugado toda la vida, en Ramsay y La Pampa, el “estadio villero”, como le gustaba llamarlo. Se había sentado en el banco de suplentes de su equipo. Enseguida le aclaró a Menotti que no pensaba entrar a jugar. Sólo estaba mirando.

“René no quería desprenderse de la villa —afirma su hermana Ema—. La villa era todo para él. Ahí estaban todos sus amigos. Me acuerdo de que Menotti nos llevó por Avenida del Libertador, cerca de Obras Sanitarias, para que René comprara una casa en la que viviéramos todos. Creo que todavía era soltero. Fuimos, buscamos, miramos, y quedó en la nada. A la villa no la iba a dejar. Y en el departamento de Parque Patricios no estuvo mucho. Al poco tiempo vino a otro de Monroe y Dragones, a dos cuadras de la villa.”

El nuevo técnico, Vladislao Cap, convocaría a Houseman otra vez para la Selección argentina. Tenía 21 años cuando jugó en el Mundial 74 en Alemania. Hizo tres goles. El más recordado fue contra Italia. Sería una de las revelaciones de un equipo que pronto fue olvidado.

Houseman fue uno de los pocos que continuó en la Selección. Menotti volvió a convocarlo. Era una de sus apuestas para el Mundial 78.

Pocas semanas antes del debut contra Hungría, concentrado en la Fundación Natalio Salvatori, en José C. Paz, Houseman se enteraría de que su familia era obligada a abandonar la villa del Bajo Belgrano.

“Venían con la topadora para tirarte la casa y con un camión para llevarte con tus cosas. Te cargaban arriba y tenías que irte”, recuerda Ema, que debió marcharse con el resto de la familia Houseman.

Pronto, las topadoras arrasaron con las once manzanas de la villa.

La historia del Bajo

En la trama urbana de Buenos Aires del siglo XIX, el Bajo creció como tierra de desechos del Alto Belgrano. Era el territorio marginal, de la basura, del pantano. El ferrocarril y la barranca separaban los dos mundos: el de los salones y los clubes y el de las calles inundables, donde moraba el pobre.

La basura se quemaba al aire libre, en el Bajo, sobre la calle La Pampa.

La villa se instaló en la década de 1920, cuando algunos changarines levantaron las primeras casillas. Treinta años después, a consecuencia de la instalación paulatina de migrantes del interior y de países vecinos, la villa ya era un rectángulo de once manzanas.

Desde entonces, mientras algunas áreas del Estado se preocupaban por la salud y la promoción social de los vecinos, otras agencias planificaban fórmulas para sacarlos del lugar, mediante la coerción, la expulsión violenta o los incendios intencionales.

En 1966, durante la dictadura del general Onganía, se firmó el decreto de erradicación de todas las villas de Buenos Aires. Bajo Belgrano ya estaba en la mira, como tantas otras. Se calculaba que por entonces vivían 100.000 personas en las villas porteñas, con un crecimiento anual estimado en el 20%.

El gobierno militar ofreció a los pobladores la mudanza a Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) —de este modo se denominaban los “habitáculos” de 13 metros cuadrados—, mientras el Fondo Nacional de Viviendas apuraba la construcción de conjuntos habitacionales para la instalación definitiva.

Presentaban el traslado como una propuesta “civilizatoria”, de “reeducación”.

Las organizaciones villeras rechazaron la propuesta, pero miles de ellos fueron forzados a aceptarla: se erradicaron seis villas y se crearon diecisiete NHT, que empezaron a poblarse. Sin embargo, en cinco años de gobierno de Onganía, ningún complejo de viviendas había sido terminado.

Ya desde la década de 1960, los curas y los equipos pastorales estaban en las villas. Planteaban transformarlas “en barrios obreros”, a favor de la radicación y el respeto a la pertenencia cultural. Y mientras los distintos gobiernos militares continuaban con la política de expulsión, otras agencias estatales promovían mejorar la infraestructura de servicios. En 1971, la villa del Bajo Belgrano resistió el desalojo. Adujeron que era un barrio obrero y no una villa de emergencia.

Cuando el peronismo asumió el tercer gobierno, se anunció la construcción de 500.000 viviendas y también se persuadió a los villeros para que se mudaran a otros conjuntos habitacionales, como “Ejército de los Andes”, en Ciudadela, luego conocido como “Fuerte Apache”, o los monoblocks del Complejo Villa Lugano, planificado en 1969 y en proceso ya de final de obra.

Pero los conflictos entre los planes de erradicación y los de promoción social persistieron. Las villas ya eran un territorio de militancia activa, con organizaciones, delegados, asambleas, curas, alfabetizadores y profesionales de distintas disciplinas que trabajaban en proyectos de urbanización, de acuerdo con la voluntad de los vecinos. En el entramado de las villas se reproducía no sólo la encrucijada de la expulsión o la permanencia, sino la tensión política que vivía el país.

La violencia estatal no tardó en desencadenarse.

En una manifestación frente al Ministerio de Bienestar Social de López Rega —que promovía la erradicación—, el militante del movimiento villero peronista Alberto Chejolán fue asesinado por la policía con un tiro de Ithaca desde dos metros. Fue el 25 de marzo de 1974. El padre Carlos Mugica participó de su sepelio en la Villa 31 de Retiro, junto a miles de vecinos.

Pocas semanas después lo matarían a él.

Con el golpe de 1976 se impidió cualquier tipo de diálogo o negociación con el Estado.

Para entonces, un censo reflejaba que en las villas de Buenos Aires vivían 213.823 personas.

La dictadura prohibió nuevos asentamientos e incluso las construcciones o reformas y la compraventa de viviendas dentro de las villas. Fue una etapa de congelamiento. Y enseguida se anunciaron los desalojos y las demoliciones.

Las topadoras municipales fueron el instrumento para la erradicación de villas.

En agosto de 1976 comenzaron a barrer con algunas casillas de la Villa 1.1.14.

La dictadura estimaba que las villas estaban “reñidas con las necesidades materiales y espirituales de la vida humana y contrarias a la salud de la población”.

Se forzó a los habitantes a regresar a sus provincias o países de origen, o a trasladarse a algún terreno propio en el Gran Buenos Aires, si lo tenían. Por la caída de la actividad económica y la desmedida inflación, la población en villas creció un 30% en el primer año de gobierno de Videla. Ya eran alrededor de 280.000 personas las que vivían en las villas porteñas.

Una campaña de propaganda estatal —que encontró eco en la prensa— presentó las villas como guetos intolerables, conformados por seres que se marginaban de la sociedad de manera voluntaria, migrantes, extranjeros, indocumentados. La dictadura no veía los asentamientos como resultado del déficit de vivienda, sino como producto de la indolencia, el delito y la haraganería.

En 1977 comenzaron a partir trenes desde la estación Retiro con vecinos de las villas. Los expulsaban a Bolivia, donde, se decía, tendrían mejor vida.

Los primeros desalojos de villas porteñas se consumaron sobre tierras de mayor potencial de inversión, las de zona norte y centro de la ciudad.

Los habitantes de la Villa 31, la de Colegiales y la del Bajo Belgrano comenzaron a ser obligados a abandonar sus casas. Desde la oficina de la Comisión Municipal de la Vivienda se entregaban los plazos perentorios. Las villas ya estaban vigiladas por la Gendarmería y otras fuerzas de seguridad.

La villa del Bajo Belgrano era una de las más preciadas para el desalojo, con sus once hectáreas, rodeadas de parques, lagos, el campo hípico y el de golf. Óptima para desarrollos inmobiliarios y residencias.

La expulsión resultó traumática para los vecinos. Ya no había ningún tipo de protección social.

Un documento de la pastoral de curas villeros de 1978 da cuenta de cortes de luz o falta de recolección de residuos como fórmula de hostigamiento en las villas. Incluso se desarmaban las casillas o se demolían casas y dejaban a las familias a la intemperie, sin que se les permitiera retirar chapas, ladrillos o maderas. En otros casos, los camiones de la Dirección de Limpieza municipal cargaban sus pertenencias y muebles y los trasladaban a algún terreno del Gran Buenos Aires que habían comprado en cuotas.

Quienes no tenían terrenos eran desalojados y trasladados provisoriamente a campos abiertos. El informe pastoral reveló que trescientas o cuatrocientas familias fueron sacadas de las “villas céntricas” en camiones de basura y ubicadas de modo transitorio en la cancha de fútbol de la villa del Bajo Flores, con un plazo de tres meses para abandonar el predio. Podían levantar casillas pero no viviendas de material. La lluvia inundaba el terreno.

Por su parte, en la villa de Colegiales, el informe pastoral dio cuenta de que “el encargado municipal de los realojamientos ostenta armas, que hay vecinos que fueron golpeados, insultados, gritados”.

La demolición del Bajo Belgrano

En 1978, a punto de debutar contra Hungría en el Mundial, los hermanos y la mamá de René Houseman vivían en Blanco Encalada 904, en su intersección con Dragones.

René se había mudado a una cuadra, a un departamento de Dragones y Monroe, con su esposa Olga y Diego, su hijo.

Por entonces, en el Bajo Belgrano había 298 familias, casi 1.000 personas, que se abastecían de almacenes y panaderías, tenían bares, comercios, un circuito comercial propio.

Pocas semanas antes del Mundial, llegaron las topadoras al barrio.

Ema lo recuerda así: “Nos avisaron que teníamos que irnos. Pusieron la topadora en la puerta de la casa y nos obligaron a irnos. Te ponían un camión, te cargaban tus cosas y te ibas. Los sacaron a todos. Te tiraban el rancho, y aun así, mucha gente se quedaba. Todos los días se hacían despedidas. Tiraban las casas y quedaban los pisos y se hacían asados de despedida. René lo sufrió mucho. Me decía que, si él tuviera más plata, se habría comprado toda la villa para seguir estando con sus amigos de toda la vida. Algunos fueron a Bolvia, otros volvieron a Santiago. Yo fui un tiempo al departamento de René, y después René le compró a mi mamá un terreno en Hurlingham y construimos la casa. En nuestra manzana ahora está la embajada rusa. En la otra manzana hay torres. Si vos no te querías ir, tenías la topadora detrás tuyo —recuerda Ema—. La villa tenía una pared, estaba todo cerrado para que nadie la viera. El día de su velatorio —Houseman murió el 22 de marzo de 2018—, vinieron un montón de amigos del Bajo. Incluso santiagueños, porque a René le gustaba juntarse con los santiagueños. Uno que le decían ‘El Vilcha’ Suárez, estaba Zarlega, lo querían mucho”, indica su hermana.

“Durante el Mundial, toda la villa del Bajo Belgrano quedó lisa. Tiraron todo. Vinieron los camiones y se llevaron a la gente”, recuerda Olga. La zona es hoy una de las mejor cotizadas de la ciudad de Buenos Aires.

En junio de 1978, René Houseman hizo el quinto gol contra Perú, y la Argentina salió campeón del mundo.

EPISODIO 27
El largo brazo del Batallón 601

En junio de 1980, un grupo de inteligencia secuestra en Lima a Noemí Molfino, una colaboradora de Montoneros de 54 años. Su hijo es el único testigo. La dictadura argentina niega su participación en el hecho. La mujer aparece muerta sobre la cama de un hotel en Madrid, cinco semanas después.

Entonces paro en el teléfono de la esquina de casa, a veinte metros de los tipos, y hablo con mi vieja. Le cuento que está todo rodeado. Y ella me dice: “Salvate vos que tenés toda la vida por delante”. Todavía me sigue martillando en la cabeza esa frase.

GUSTAVO MOLFINO

Su hijo Gustavo la llamó desde el teléfono público que estaba en la esquina. Ella estaba sola en la casa. El jefe montonero Roberto Perdía se había ido con su esposa y con las armas. En la misma cuadra había agentes armados del Batallón de Inteligencia 601 y, más allá, un auto con una militante secuestrada durante la tarde. El barrio limeño de Miraflores estaba a oscuras. Eran las diez de la noche del 12 de junio de 1980.

—Mamá. ¿Estás bien? Toda la casa está rodeada… —le dijo Gustavo.

—Sí. Salvate vos, hijo, que tenés toda la vida por delante.

Fue lo último que le escuchó decir.

El cuerpo de Noemí Gianotti de Molfino aparecería el 19 de julio en un apart hotel de Madrid. Había sido envenenada. De la puerta de la habitación colgaba un cartel: “No molestar”.

El operativo del Batallón 601 se había iniciado con el secuestro de Federico Frías en Buenos Aires. Era un ex estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Acababa de llegar de México y era responsable de otros cuatro militantes montoneros —Gastón Dillón, Mirtha Simonetti, Salvador Priviteda y Agathina Mota—. Toda la estructura cayó en el mes de mayo.

Frías ya tenía una cita acordada en Lima con María Inés Raverta para el mes de siguiente. Ella lo conduciría al encuentro con el jefe montonero Roberto Perdía, entonces “número 2” de la organización guerrillera. La información interesó al grupo militar, que comenzó a planificar la operación.

Decidieron llevar a su secuestrado a Lima.

Para esa época, los distintos grupos montoneros que habían llegado a la Argentina desde el exterior, para la contraofensiva de 1979 y 1980, habían caído por acción del Batallón 601. Algunos todavía permanecían secuestrados. La mayoría había sido asesinada.

Montoneros quiso montar una estructura en Lima como cabecera de playa entre los militantes que estaban en Centroamérica y los que habían permanecido en el territorio sin haber formado parte de la contraofensiva. Se iban a reunir con Perdía para recibir las directivas. Frías era uno de ellos.

Gustavo Molfino, fotógrafo que trabaja en la Cámara de Diputados de la Nación, fue entonces el encargado de montar la base de Lima, donde se encontraría Frías con Perdía.

—Yo había vivido clandestino con mi mamá en Nazca y Rivadavia en 1976. En 1977 nos fuimos al exilio para acompañar a mi hermana Alejandra, que estaba presa y tomó la opción de salir del país. Me reincorporé a Montoneros en Madrid en 1978, en una estructura que se llamaba “Comunicaciones”. Mi responsable directa era María Inés Raverta, le decíamos “Juliana”. Ella me puso “Facundo”. Y reportábamos al Pelado Perdía. Yo era enlace de la conducción nacional con los cuadros intermedios. Por eso hacía permanentes viajes de Madrid a Cuba y a Latinoamérica, llevando y trayendo cosas. Volví clandestino en 1979 para sacar del país a un grupo de compañeros de las Ligas Agrarias. Eran alrededor de veinte. Habían venido del monte y estaban en Buenos Aires listos para salir del país.

—¿Qué hiciste?

—Yo hacía documentos falsos. Organicé los grupos familiares. Había que “armar” las parejas, incluir a los hijos en el pasaporte y organizar por dónde irse. Algunos por Mendoza, otros por Paraguay y Uruguay y por una frontera muy poco utilizada, la de Santo Tomé-São Borja. No había puente en ese momento.

—¿Qué edad tenías en 1979?

—Diecisiete. Pero yo me hacía documentos con la identidad de un mayor de 21.

—¿Cómo te organizabas en los cruces fronterizos?

—Cuando me convocó Perdía para volver a la Argentina, me dijo: “Haceme un organigrama de cómo vas a hacer la entrada y la salida”. Y yo le dije que no. Si me daban la tarea y todo lo que necesitaba —documentos, plata, etcétera—, ellos sólo verían el resultado final. No quise informar mi ruta de entrada y salida. Mi hermana Alejandra decía que me salvé por ese tipo de inteligencia. Para entrar en la Argentina volé de Madrid a Río, ahí cambié de identidad e hice otro vuelo a San Pablo. Me quedé veinticuatro horas y volé a Asunción. Ahí tuve miedo. Casi me vuelvo a Madrid. La orga [Montoneros] ya había prohibido la pastilla de cianuro, pero yo me había hecho una por una amiga farmacéutica. Estuve a punto de volverme. Pero primó la cantidad de compañeros que tenía que sacar. Y a la noche me fui a dormir, a la mañana me levanté y saqué el pasaje de la empresa Internacional, tomé el micro y llegué a la calle La Rioja, en Once. Bajé y tomé un taxi. Miraba a todos lados.

—¿Cuál era la intención de la base de Montoneros en Lima?

—En Lima habría reuniones entre compañeros que se encontrarían con el Pelado. Venían de Centroamérica y luego se volvían. Y de la Argentina, y también regresaban. Eran reuniones, según entendí, con nuevas directivas que ya dejaban de ser para la contraofensiva. Todos venían clandestinos. Se eligió Lima por la cercanía y la transición democrática y porque la orga tenía relaciones con los partidos de izquierda. Terminaba la dictadura de [Francisco] Morales Bermúdez. Pero cuando ocurren los secuestros todavía no había asumido [Fernando] Belaúnde Terry. Era presidente electo.

—¿Qué tenías que hacer en Lima?

—Armar la base. Llegué primero y alquilé por inmobiliaria un departamento, donde se harían las reuniones, y la casa donde vivimos. En esa época se pagaba seis meses por adelantado en dólares y nadie preguntaba nada. Ni pedían garantía ni nada. La casa estaba sobre la calle Madrid, en un barrio residencial, Miraflores, un barrio cheto, digamos. Después alquilé un departamento chiquito, en la avenida Benavídez, en un quinto piso, donde después “chupan” al Negro Cacho, un compañero, Julio César Ramírez. También alquilé un Volkswagen, un “escarabajo”. Nos hacíamos los carnets internacionales del ACA [Automóvil Club Argentino]. Eso fue entre enero y febrero de 1980. Después llega María Inés y luego, Perdía con su esposa, Amor. Ella colaboraba, andaba con él por todos lados. Ydespués empiezan mis tareas típicas, hacer documentos, “embutes” para guardar microfilm, dinero, documentos. Se usaban los tableros de ajedrez con doble fondo, venían veintipico de pasaportes en blanco, los sellos y el cuño seco, que venía en las rueditas de una patineta de skate, porque eran metálicas. Dentro del resorte de las rueditas venía el cuño seco. En ese sentido, en la organización teníamos todo. Un día, María Inés me dijo: “Mañana llega Mima”. Mi mamá. Yo tenía una relación muy linda con ella. Era su hijo menor. Por supuesto que no pregunté qué venía a hacer.

—¿Qué edad tenía ella?

—Cincuenta y cuatro.

—¿Cómo ingresa en Montoneros?

—Toda mi familia es de Saladillo [provincia de Buenos Aires]. Mi abuelo Fortunato era gerente del Banco Nación. Va a trabajar en Asunción y luego al Chaco. Y también van mi papá José Adán y mi mamá con mis hermanos. Yo soy el único que nace en el Chaco. Mi viejo era poeta, músico, tocaba el piano y recitaba poemas en bares de Resistencia. Muy bohemio. Era corresponsal de Clarín en la provincia. Muere a los 39 años de los riñones. Y mamá quedó viuda a los 36 con seis hijos. Y, en los setenta, mi hermana Marcela empezó a militar en el Peronismo de Base con el cura [Rubén] Dri y conoció a Guillermo [Amarilla], que era de la Regional IV de la JP, con toda la familia peronista, y cuando se van a Tucumán, mi mamá los acompaña. Si mi hermana hubiese ido al ERP, mamá también habría ido. Ella decía siempre sobre los montoneros: “Ustedes son mis hijos, mi familia, aparte algo hay que hacer”.

—¿Cuál era la cobertura en Perú? ¿Quiénes eran para los vecinos?

—No había necesidad de una gran cobertura. La vida transcurría normalmente. Yo tenía mi bolsa de arena para boxear, corría todas las mañanas, y empecé a salir con una vecina, visitaba su casa. Decíamos que María Inés era mi prima y habíamos venido un tiempo a Lima para sacar a mi mamá del rollo de la muerte de mi viejo; decíamos que había sido reciente. Ése fue el discurso. Al Pelado no lo mencionábamos porque él sólo salía de la casa para las reuniones.

—¿Cómo ocurre el secuestro de tu mamá y de María Inés Raverta en Lima?

—Es el 12 de junio. ¿Qué sucede? Frías había sido secuestrado en la Argentina, y nosotros no lo sabíamos. Él estaba asentado en el territorio, en Oeste. Venía de la JP de La Plata; de hecho, se conocía con María Inés Raverta. Cuando él cae, cuenta que tenía una reunión con Perdía. Lo hace con la intención de salir al exterior y escaparse. Como había ocurrido con Tucho Valenzuela en 1978, que estaba secuestrado en Rosario y fue a México con sus secuestradores. Y ahí se organiza la acción: [Leopoldo] Galtieri, que era jefe del Ejército, le habla a [Pedro] Richter Prada, jefe del ejército peruano, y le pide autorización para operar en Lima. Esto está documentado en la causa judicial. Prada acepta, pero pide una operación “rápida y limpia”. Ofrecen el apoyo de la Policía de Inteligencia Peruana (PIP), que estaba a cargo del coronel Martín Martínez Garay, ceden un centro de esparcimiento, para pasear con sus familias, que tenían los militares en Playa Hondable, y le adecuan tres o cuatro habitaciones como centro de torturas.

El 11 de junio, Frías sale a reconocer el barrio de Miraflores de Lima. Caminan por la zona de la iglesia. Al día siguiente se encontrará con María Inés Raverta. Será una cita de contacto. Los militares argentinos acompañan vigilado a Frías. Lo ataron con un hilo —presumiblemente, una tanza de pesca— que recorría desde el dedo gordo del pie a un testículo.

Frías no puede correr. Pero lleva las manos en el bolsillo y con la uña de un dedo va rompiendo la tela interna y accede a su testículo. Corta el hilo. Hace una maniobra de distracción. Pide ir a un kiosco. Entra y luego escapa. Corre. Lleva cada vez más ventaja a sus captores. Casi cincuenta metros. Los está perdiendo. Uno de los militares toma su arma y tira dos tiros al aire.

“¡Ladrón, ladrón. Atrapen al ladrón!”, grita. Un hombre escucha los gritos y sale del negocio. Ve la escena, un hombre gritando, y ve correr a Frías, que viene hacia él. Le pone la pierna. Frías cae al suelo. Los militares le golpean la cabeza con el arma hasta hacerlo sangrar. Advierten al hombre que puso la pierna: “No viste nada. Andate”. Dos policías de tránsito se sorprenden con la novedad: ven a un grupo de hombres golpeando con un arma a otro caído. Se acercan, les piden que no se muevan. Los militares les explican: “Hablen con Martín Martínez Garay”. Se refieren al jefe de inteligencia de la policía peruana. Y llega Martínez Garay, y a Frías lo llevan al Hospital Central de Miraflores. Los médicos le cierran la cabeza, porque la tenía abierta, y lo devuelven. Lo llevan a una comisaría en Lima y hacen entrega formal de Frías al mismo grupo captor que lo había traído de Buenos Aires. Y lo conducen, otra vez, al centro de torturas de Playa Hondable. Al día siguiente concurrirá a la cita con María Inés Raverta.

—¿Se conoció la identidad de los militares del Batallón 601 que llevaron a Frías a Perú?

—Uno de ellos, sólo por deducción. El nombre que informa el Ejército Argentino al peruano es “Ronald Rocha”. En el protocolo de inteligencia es “R.R.”, puede ser el coronel Roberto Roualdes.

—¿Ustedes no reciben ninguna información del incidente de Frías el día 11 de junio?

—No, no escuchamos nada. Había cero nervios. No sospechábamos nada. El día 12 de junio, yo salgo a hacer compras, y María Inés va a la cita con Frías, a la iglesia, que quedaba a siete cuadras. Y yo vuelvo a la casa cerca de las siete y encuentro a mi vieja, el Pelado y su esposa sentados alrededor de la mesa, con cara de preocupación. Pregunto qué pasa y me dicen: “María Inés no volvió”. Era una cita de contacto, ya tendría que haber vuelto. Conversamos y, me acuerdo patente, le planteo al Pelado que había que “levantar” la casa. Total, siempre hay tiempo para volver. Le dije: “Levantemos la casa, más tarde chequeamos y, si todo está bien y María Inés aparece, volvemos”. ¿Y qué dice el Pelado en ese momento? Que él sospecha que podría ser un problema con la policía peruana, algo muy tonto, y propone esperar un rato más. Pero me dice: “Yo me voy con mi mujer, y te quedás vos, Facundo, con Mima”.

—¿Adónde iba él?

—No dijo.

—¿Tendría otra casa?

—Ni idea. Pero tenía contacto con las organizaciones peruanas. Yo también tenía teléfonos disponibles en caso de urgencia, pero nunca los había utilizado.

—¿No te pareció ilógica la orden de quedarse en la casa? ¿La podías desobedecer?

—No me pareció lógica. Pero, como siempre decíamos en esa época, era la superioridad y había que resguardar a la Conducción Nacional. Y si era una orden de la Conducción, teníamos que respetarla. En ese momento, yo no tenía ninguna cuestión crítica. Entonces, el Pelado me dice: “Mima se queda en la casa, y vos salís y entrás para ver los movimientos del barrio y también para intentar comunicarte con los peruanos”.

—¿Quiénes eran?

—Antonio Meza Cuadra, un diputado socialista electo por Unidad de la Izquierda, [Javier] Díaz Canseco y Manuel Dammert. Eran los tres. Empiezo a llamar a Meza Cuadra desde un teléfono público. Yo no lo conocía, pero existía el contacto. Era como con el general Omar Torrijos. Yo pasé por Panamá muchas veces y, si tenía algún problema en el aeropuerto, tenía el teléfono de su mujer. Entonces le dije a Meza Cuadra que era montonero, que teníamos una compañera que no había vuelto. Y me dice que me quede tranquilo, que no iba a pasar nada, que cualquier cosa lo llamara más tarde. Volví a la casa, estuve con mi vieja y volví a salir.

—¿No se te ocurrió en ese momento decirle “levantemos”, “vámonos”?

—Ese es un gran dolor que tengo. Una de las veces que entré, le dije: “Mamá, salgamos juntos”. Pero mamá estaba tranquila. Ella menos que nadie pensaba que algo malo podía pasar. Yo entraba y salía de la casa. Era un barrio de clase media acomodada, no había un alma en la calle. Cada cuadra tenía postes de luces del alumbrado, en la esquina, en el medio y en la otra esquina. Y en unas idas y vueltas, supongamos que eran las diez de la noche, veo en la esquina de la casa a cinco o seis tipos con armas largas que empiezan a mirarme. Yo no estaba armado. Teníamos armas personales, pero el Pelado se las había llevado. Si volvía para atrás, iba a tener que correr muy fuerte, porque estaría todo cercado. Entonces paro en el teléfono de la esquina de casa, a veinte metros de los tipos, y hablo con mi vieja. Le cuento que está todo rodeado. Y ella me dice: “Salvate vos, que tenés toda la vida por delante”. Todavía me sigue martillando en la cabeza esa frase. Miro hacia un costado y veo dos autos con gente armada alrededor, y el haz de luz del alumbrado iluminaba el perfil de María Inés, sentada dentro del auto. Me mira, baja la cabeza y no dice nada. Creo que en su interior, conociéndola como la conocí, que fueron dos años muy intensos, ella estaba tranquila porque suponía que la casa ya había sido levantada, y yo sólo pasaba para chequear.

“Ella soportó la tortura desde las cinco y cuarto de la tarde. Un militar peruano dijo que apenas la secuestraron la metieron en el auto y empezaron a torturarla, camino a Playa Hondable. Y ahí la siguen torturando. Y le dan tanto que un militar peruano no aguanta más y sale. Y el militar argentino le dice: “Vení, es bueno que mires. Esto es experiencia para vos”. María Inés soportó terriblemente la tortura hasta pasadas las nueve de la noche, calculando que el Pelado había ordenado levantar la casa. Le dio todo el margen. A las ocho tendríamos que haber levantado la casa con todo. Y el Pelado después va al departamento donde estaba el Negro Cacho [Julio César Ramírez] y vuelve a irse.

—¿Qué sucede después?

—Después de cruzar miradas con María Inés y hablar con mi vieja, atravieso la calle y paso al lado de los militares. Según las características que vi después, creo que era Roualdes. Y les miro las armas, porque hubiera sido sospechoso que no las mirara. Y ellos no me detectan. Rubio, ojos claros, un barrio garca, pendejito… “No es”, habrán pensado. Mi problema era que si me preguntaban la hora se habrían dado cuenta de que era argentino. Seguí caminando, fui a otro teléfono y le dije a Meza Cuadra todo lo que estaba pasando: “En este momento están secuestrando a una compañera”. Ni siquiera le dije que era mi vieja. Me fui a su casa en taxi, y él estaba esperando con Díaz Canseco y, casi seguro, Dammert. Les digo que hay que recorrer hoteles porque hay compañeros que vinieron a Perú, y los militares podían hacer una razzia. Me guardaron ahí. Yo les di la dirección de la casa, y fueron volando. Yo la llamé por teléfono para avisarle, pero mamá ya no contestó. Ellos, cuando llegaron, vieron la puerta abierta y todo dado vuelta. Habían cortado la bolsa de arena con un cuchillo. Y mamá ya no estaba. Se la habían llevado. Esa misma noche hicieron la denuncia en la comisaría, y después llegó el Pelado Perdía a la casa donde estaba yo. No sé ni de dónde venía ni cómo había llegado. Al otro día hacemos una conferencia de prensa. Un rato antes, Meza Cuadra se enteró de que la secuestrada de la casa era mi vieja.

—¿Qué pasa con el Negro Cacho?

—Lo que cuenta el portero es que viene la patota y lo sube al departamento a él, voltea la puerta, el Negro Cacho intenta tirarse por la ventana y lo agarran de los pies. Él había estado preso hacía muy poco en la Argentina y había tomado la opción de salir del país. Perdía le había dado la orden de que se quedara, y él se quedó, creo que estaba afeitándose. No sabemos qué le dijo Perdía al Negro Cacho. Nunca lo supe. Perdía reconoce el error que cometió en su segundo libro, en el primero que escribe no dice nada. Él tuvo una mala decisión política, con mi mamá y con el Negro Cacho. Hizo una muy mala lectura de la realidad. Fue llamado a declarar como testigo en la causa judicial y se lo dije: “De esto tenés que hablar”. Él personalmente a mí nunca me dijo que se había equivocado.

—¿Tu percepción era que tu mamá se salvaría, que la presión de los diputados y de la prensa podría liberarla?

—No, mi percepción era que no la vería nunca más. Porque sabíamos qué sucedía con un secuestrado, aunque estuviéramos en Perú y lo denunciáramos a la prensa. La noticia recorrió el mundo al día siguiente. Por mi mamá reclamó el presidente de México [José López Portillo], Julio Cortázar, Joan Manuel Serrat, la socialdemocracia europea. Belaúnde Terry, que era el presidente electo, no. Se lavó las manos, quiso sacarse el tema de encima. Yo estuve escondido un mes, me guardaron los diputados peruanos, estaba custodiado por militantes del PSR [Partido Socialista Revolucionario]. Y de hecho, luego supe que la policía peruana, con un argentino, fue al barrio a preguntar por mí a los vecinos, si sabían dónde estaba, si tenían algo mío. Estuvieron buscándome. El grupo operativo siguió funcionando. Los peruanos querían que asumiera Belaúnde Terry para sacarme del país, porque había fotos de mí en el aeropuerto, como “prófugo”. Me acusaban de haber entrado ilegalmente en el país, con otra identidad, lo cual era cierto. Y estábamos en la discusión de si me iban a sacar con documento falso de un ciudadano argentino o de uno peruano cuando, un mes y medio después, me entero, escuchando Radio Noticias del Continente, que era la radio montonera que emitía desde Costa Rica, que la persona que había aparecido muerta en un hotel de España sería mi mamá.

EPISODIO 28
La operación

En 1980, el Batallón 601 de Inteligencia enmascara el secuestro de Noemí Molfino en Lima y lo convierte en una muerte aparentemente natural, sucedida en Madrid. Los hechos se revelarán veinte años después.

Se verificó que era ella [el cadáver de mi mamá]. También me dieron su ropa, que estaba en una bolsa de plástico. Las etiquetas decían “industria argentina”. Mi mamá no tenía esa ropa cuando había estado en Francia, en España o en Perú. Con esto empecé a sospechar que después del secuestro en Lima había estado en la Argentina.

GUSTAVO MOLFINO

En la noche del 17 de junio de 1980, tres de los miembros de Montoneros que habían sido secuestrados en Lima por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino fueron entregados por la Policía de Inteligencia peruana en el puesto fronterizo de Desaguadero, Bolivia.

Eran Noemí Gianotti de Molfino, María Inés Raverta y Julio César Ramírez.

Raverta había sido secuestrada en la iglesia de Miraflores en la tarde del 12 de junio. Molfino, cinco horas después, en la casa de la calle Madrid 145 del mismo barrio. Y Ramírez, en el departamento del sexto piso de la avenida Benavídez 445, en la misma noche.

Faltaba uno: Federico Frías, el militante montonero que había sido llevado a Lima después de que lo secuestraran en Buenos Aires. Luego de los operativos, sus captores lo habrían trasladado a la Argentina en un avión Hércules.

El 13 de junio, los diputados electos de la izquierda peruana denunciaron los secuestros junto al hijo de Noemí Gianotti de Molfino, que no fue interceptado por los agentes de inteligencia. Se transformó en el único testigo.

La policía de inteligencia peruana negó la veracidad de la denuncia, mientras mantenía a Noemí Molfino, Raverta y Ramírez en los bungalows de Playa Hondable, un centro de esparcimiento que utilizaba la familia militar local y entonces servía como centro de torturas para el grupo operativo argentino.

Con excepción de Noemí Molfino, de 54 años, las torturas prosiguieron durante tres días. Hasta que Perú decidió entregar a los tres secuestrados en la frontera con Bolivia. Los deportaron. Técnicamente se estableció como un “extrañamiento”, una condena de expulsión.

Perú formalizó la cesión, tomó fotografías de Ramírez, Raverta y Molfino y reclamó un acta de recepción a Bolivia.

Cuando los tres secuestrados ingresaron en territorio boliviano, recién entonces el gobierno peruano admitió que habían estado en su país. Negó los secuestros del Batallón 601 argentino, denunció que los deportados formaban parte de un “plan subversivo en detrimento de la seguridad nacional” y dio a conocer sus identidades reales. No mencionó al jefe montonero Perdía, que escapó de la redada junto a su esposa, ni a Federico Frías.

La Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió a Bolivia que asilara a los deportados, mientras que los diputados de la izquierda peruana viajaban a ese país para brindarles protección política y salvar sus vidas. La Central Obrera y la Federación Universitaria Boliviana comenzaron a movilizarse, exigieron conocer su paradero y reclamaron que no se los entregara a la dictadura argentina para evitar “una muerte segura”.

En ese momento, en Bolivia ya se gestaba un nuevo golpe de Estado, con apoyo de las Fuerzas Armadas argentinas. El gobierno estaba en manos, en forma interina, de la contadora Lidia Gueiler, elegida en forma provisional por el Congreso hasta las elecciones del 29 de junio. La alianza Unión Democrática y Popular de Hernán Siles Suazo vencería en la contienda electoral, pero dos semanas después, un golpe de Estado del general Luis García Meza Tejada impediría la asunción.

Bolivia quedaba en manos de los militares.

Para entonces, los secuestrados habían vuelto a desaparecer.

Durante muchos años, las fotografías en la frontera de Desaguadero fueron el último rastro: no se obtuvo información sobre Raverta y Ramírez. Sin embargo, un documento desclasificado, que estaba archivado en la Cancillería argentina, probó que fueron trasladados a Brasil junto con Noemí Gianotti de Molfino.

El documento es un acta de recepción fechada el 23 de junio, seis días después de la constancia de deportación.

La Policía Federal de Brasil informa a la Cancillería argentina que mantiene demorados a Noemí Molfino, María Ines Roserta [sic] y Julio César Ramírez, quienes están acompañados por “César Abel Pilar” y el teniente coronel “Ari Méndez”, nombres supuestos de agentes de inteligencia del Batallón 601.

A partir de ese momento se pierden las pistas sobre María Inés Raverta y Julio César Ramírez, además de la de Federico Frías.

Sólo el cuerpo de Noemí Gianotti de Molfino aparecería en el departamento 64 del sexto piso del Apart Suites Muralto, sobre la calle Tutor 37, en el barrio Moncloa de Madrid, cinco semanas más tarde.

Una mucama percibió el efecto de la descomposición, tres días después de que la huésped fuera alojada con la identidad de “María del Carmen Sáenz”.

¿Qué sucedió con Molfino durante ese mes? ¿Cómo apareció muerta en Madrid?

Una de las hipótesis la establece su hijo Gustavo Molfino:

—Empezamos a tener más claridad de lo que sucedió con el paso de los años. En 2010 apareció la identidad de mi sobrino, Guillermo Amarilla Molfino, hijo de mi hermana Marcela Molfino y de mi cuñado Guillermo Amarilla. Nosotros no sabíamos que mi hermana estaba embarazada. Mi hermana y mi cuñado fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979 en San Antonio de Padua. Estaban instalados en el territorio, hacían política. Tenían reuniones con políticos y gremialistas. Vivían en la casa de Rubén, el hermano de Guillermo. Pensaban construir en el fondo de la casa en Padua.

—¿Cómo se produjo la caída de tu hermana?

—Mi cuñado fue a una cita en Ramos Mejía, una cita “envenenada”; lo secuestraron. Y cayó con una boleta de compra de materiales en la que figuraba su domicilio. Cuando el grupo de tareas rodeó la cuadra, encontró a Rubén cortando el pasto, y según testimonios de los vecinos, mi hermana Marcela le disparó a la patota y cayó herida. Nosotros siempre dijimos que cayó en combate. Rubén desapareció. Y el cuerpo de mi hermana también. Se la llevaron. Y nunca supimos nada más. Hasta que, después de hacernos los análisis de ADN, se probó que Guillermo Molfino Amarilla era su hijo. Había nacido a mediados de 1980 en Campo de Mayo. Entonces dedujimos que mi hermana Marcela Molfino estuvo secuestrada ahí. Y que los militares trajeron a mi mamá desde Perú para que se encontrara con ella y así preparar el plan: trasladarla a Madrid como rehén, sabiendo que mi hermana estaba secuestrada. Quizá ya había parido. O estaba por parir.

Madrid: los hechos

El plan del Batallón de Inteligencia 601 fue desmontar la operación en Perú; demostrar que los secuestros de Raverta, Ramírez y Molfino nunca habían sucedido. Que las denuncias eran falsas.

Para ello debían hacer aparecer el cuerpo de Molfino como víctima de una insuficiencia cardíaca, en España.

De hecho, el embajador argentino en Madrid, Avelino Jorge Washington Ferreira, explicaría a la prensa, con el cadáver de Noemí Molfino a la vista, que quedaba en “evidencia la falsedad de la campaña de desprestigio urdida contra las autoridades peruanas y argentinas”, y advertiría sobre “la peligrosidad de la subversión internacional en su intento de socavar las bases de nuestra sociedad occidental”.

El 16 de julio de 1980, dos agentes de inteligencia argentinos —aparentaban entre 33 y 38 años— se hospedaron en el Apart Suites Muralto. Reservaron un departamento a nombre de “Julio César Ramírez” y avisaron en la recepción que en unos días llegaría su madre. Ocuparon la habitación, pidieron tostados, tomaron whisky.

Molfino viajó el 18 de julio desde Río de Janeiro en un vuelo de Varig que aterrizó en Madrid. En la causa judicial radicada en España, una azafata declaró que la acompañaban dos hombres. Lo mencionó porque le pareció extraño que uno de ellos la acompañara hasta el baño y la esperara; no la había dejado sola.

Los supuestos hijos fueron a buscarla al aeropuerto y la trasladaron al apart hotel. Noemí Gianotti de Molfino no volvería a salir del departamento 64. De la manija de la puerta quedó colgado un cartel: “No molestar”.

Tres días después, el 21 de julio, la mucama percibió el olor. Los hombres que la acompañaban se habían ido.

Según los análisis posteriores, le habrían suministrado una sobredosis de pastillas que le provocaron el paro cardíaco. En pleno verano, apagaron el aire acondicionado y la taparon con frazadas para acelerar el proceso de descomposición.

La acción criminal de la inteligencia militar, iniciada en Lima el 12 de junio de 1980, ya estaba resuelta: había concluido en Madrid cinco semanas después.

Cuando la policía ingresó en el departamento encontró su cuerpo, un documento a nombre de María del Carmen Sáenz, con el que había viajado, y una cédula a nombre de ella, con su identidad verdadera. También estaba el documento real de Julio César Ramírez, el militante montonero secuestrado en Lima. Los agentes de inteligencia quisieron demostrar que tanto Molfino como Ramírez no habían estado en Lima, sino en Madrid.

Ella había muerto, y él, que había reservado el departamento, se había ido.

Ésta fue la versión que notificó a la prensa española el embajador argentino Avelino Jorge Washington Ferreira.

El cuerpo de Molfino permaneció ocho días en el Instituto Anatómico Forense, sin que nadie lo reclamara, o pudiera reclamar, porque se desconocía su identidad.

Fue enterrada en el cementerio de La Almudena bajo el nombre de María del Carmen Sáenz.

La causa fue caratulada como “muerte por ataque cardíaco”.

—Yo estaba refugiado en Lima cuando me enteré de la muerte de mamá —indica Gustavo Molfino—. Me sacaron del aeropuerto en forma ilegal. Un diputado peruano dijo que era su sobrino argentino y me llevó hasta el avión con documento falso. A partir de ahí empecé a ir casi diariamente al Juzgado 4 de Madrid, con mi hermana Alejandra, que estaba exiliada. Teníamos que probar que el cadáver era el de mi mamá. Pedimos la exhumación del cuerpo, mencioné una operación de vesícula reciente y una malformación en el dedo gordo del pie. Se verificó que era ella. También me dieron su ropa, que estaba en una bolsa de plástico. Las etiquetas decían “industria argentina”. Mi mamá no tenía esa ropa cuando había estado en Francia, en España o en Perú. Con esto empecé a sospechar que después del secuestro en Lima había estado en la Argentina. Y después, en la causa judicial, aparecieron cosas raras. La policía española declaró que mi mamá había llegado en un vuelo regular acompañada por dos personas y la esperaban otras dos. ¿Y cómo lo sabían? ¿Por qué se fijaron en ella, entre los miles de pasajeros que llegan de distintos vuelos cada día?

—¿Creés que la inteligencia española colaboró con los agentes argentinos en la operación?

—Yo lo declaré ante el juez Baltazar Garzón. Estaba bien que se investigara la inteligencia peruana y la argentina, pero también había que profundizar qué participación tuvo el servicio de inteligencia español. Garzón nunca investigó su complicidad. Pero utilizó el crimen de mi mamá como caso testigo para enjuiciar a Pinochet. Yo vivía vigilado. En esa época, una combi Volkswagen estacionada frente a mi casa me filmaba con una camarita que se veía desde una ventana. Un día llamé a la policía, llegaron, golpearon la camioneta, los obligaron a salir, y eran tipos con placas de la policía española. La camioneta estaba adaptada para filmar y grabar. Se identificaron y se fueron. Cuando pedí explicaciones, dijeron que era una investigación sobre una casa que estaba a dos cuadras.

—¿Se conoció la identidad de los agentes del Batallón 601 que secuestraron a tu mamá en Lima y la mataron en Madrid?

—No. Hay una causa radicada en el juzgado federal de San Martín, de la jueza Alicia Vence. Es una causa que tiene ochenta y cinco víctimas, que enjuicia a los miembros del Batallón de Inteligencia 601 que operaron entre 1979 y 1980. Algunos fueron muriendo, otros están procesados. Y otros estaban prófugos. El último que cayó fue Marcelo Cinto Cortaux, represor del Destacamento de Campo de Mayo. Estuvo prófugo tres años y lo detuvieron en un locutorio de la avenida Santa Fe y Pueyrredón. La causa todavía está a la espera del juicio oral.

A treinta y ocho años de los hechos, María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Federico Frías, secuestrados en Perú, jamás aparecieron.

EPISODIO 29
El naufragio

El 10 de mayo de 1982, una fragata británica ataca a un buque mercante argentino. Hay veinticinco muertos. Dos tripulantes logran salvarse. Permanecen durante la madrugada en un bote sobre aguas heladas y luego, en plena guerra, encuentran refugio en la isla.

Los marineros gritaron: “¡Viva la Patria!”, “¡Viva la Patria!”. Y se perdieron en la oscuridad de las aguas.

El buque Isla de los Estados ya se había hundido.

Una bengala luminosa lanzada a doscientos metros de altura rompió la oscuridad del estrecho San Carlos en la noche del 10 de mayo de 1982. El barco, de ochenta metros de eslora, con veinticinco tripulantes a bordo, quedó al descubierto.

El capitán de corbeta Alois Esteban Payarola se contactó por radio con el carguero Forrest, amarrado en Puerto Howard, a dieciséis millas. Quiso verificar el origen de la bengala. Temió que fuera el preanuncio del “fuego amigo”.

La respuesta no despejó su duda: ellos no la habían lanzado.

Dos minutos después, el buque Isla de los Estados comenzó a recibir impactos de mortero sobre estribor. Una llamarada de fuego se levantó sobre la nave. Desde la posición enemiga supusieron que era un barco petrolero.

En el puente de mando, el capitán del buque volvió a comunicarse con el Forrest. Pidió “alto el fuego” y que avisaran a las baterías costeras que dejaran de tirar.

Payarola vio que casi todo lo que estaba a su alrededor había desaparecido. Decidió salir del puente y caminar hacia babor. Vio al capitán Tulio Panigadi, comandante de ultramar, tirado en el suelo. Escuchó gritos de dolor, voces que emergían desde el agua. Otra explosión abrió una lengua de fuego sobre los tambores de combustible. La nave se mecía hacia un costado. Payarola tenía puestos un pulóver, un buzo y unas botas de campaña. Sintió ruido de helicópteros que se acercaban.

En ese momento entendió que el buque había sido impactado por fuerzas enemigas. Se lanzó al agua helada del estrecho.

Pocos minutos después, el Isla de los Estados desaparecía de la pantalla del radar de la fragata HMS Alacrity.

La Operación Rosario

El Isla de los Estados había sido armado en España en 1975. Cinco años después fue incorporado a la Armada, como nave de transporte. Era un buque de la marina mercante, que navegaba con tripulación civil, útil para el traslado de ganado ovino, mercaderías y personas entre el territorio y las islas, en cumplimiento con los acuerdos de cooperación entre la Argentina e Inglaterra firmados a inicios de la década de 1970.

El 28 de marzo de 1982, en Puerto Deseado, Santa Cruz, el Isla de los Estados comenzó a cargar armas, vehículos. Había militares de uniforme en el muelle. Los civiles de la marina mercante se sorprendieron. Alois Payarola asumió la conducción militar del barco. En alta mar informó de la misión. El Isla de los Estados se uniría a la Operación Rosario como parte de la Fuerza de Tareas que tomaría las islas Malvinas.

La novedad sorprendió a la tripulación civil. Algunos de ellos eran extranjeros.

El Isla de los Estados fue el primer buque de la marina mercante que llegó a Puerto Argentino. El Ejército lo utilizó para el transbordo de cargas de otros que por su tonelaje no podían amarrar en el pequeño muelle de madera de la capital de la isla. También transportó víveres, combustible, armas, municiones y efectivos a distintas posiciones de las tropas argentinas.

El barco no tenía defensa antiaérea. Navegaba por la noche, en la niebla, e intentaba ocultarse en accidentes geográficos para que su posición no quedara al descubierto.

Desde el Isla de los Estados, por medio de una grúa, fueron colocadas 25 minas de 400 kilos de explosivos frente a las aguas de Puerto Argentino.

El 1º de mayo de 1982, después del bombardeo aéreo y naval inglés sobre la capital de las islas, se decidió trasladar el barco al estrecho San Carlos, que separa la isla Soledad de la Gran Malvina.

En esa nueva posición, el Isla de los Estados continuó con los trabajos de carga y descarga con otras naves. Una de ellas fue el Monsunen, un barco de pequeño porte confiscado a la Falklands Islands Company, que solía usarse para el traslado de ovejas.

El Monsunen navegó desde Puerto Argentino hacia el estrecho San Carlos en busca de combustible y municiones. A su cargo estaba el entonces mayor Jorge Monge, oficial de Operaciones del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101.

—Nuestro material de guerra estaba en el buque Río Carcarañá, que también habían movido al estrecho San Carlos —afirma Monge—. El 2 de mayo comenzamos a bordear la isla Soledad hacia el sur. Entonces me llega un “alerta submarino”. Habían hundido el crucero General Belgrano, y me avisan que también podíamos ser atacados. Para mantener la moral de la tropa, no lo comenté. Lo primero que pensé fue en las bajas. Me recomendaron que tuviera cuidado. Pero ¿qué alerta podía tomar yo si tenía un fusil automático, dos ametralladoras, una balsa y dos o tres salvavidas? El Monsunen era un barquito endeble.

—¿Cómo fue el contacto con el Isla de los Estados?

—Habrá sido el 4 o 5 de mayo. Ahí me encontré con el capitán Marcelo Novoa. Lo conocía por cursos en el Colegio Militar; también estuvimos en Jujuy, cuando se movilizaron las tropas por el conflicto con Chile. Él era de artillería; yo, montañista. En el estrecho San Carlos descargamos el material para mi unidad: cañones, parte de los 16.000 tiros de municiones, y también me dieron la orden de retirar combustible para radares y helicópteros. Eran barriles de doscientos litros que acomodamos en la cubierta. Si nos impactaban, explotaba todo.

—¿Sospechaba que les podían disparar?

—Después de lo del Belgrano, la posibilidad de un submarino estaba latente, pero por las profundidades que indicaba la cartografía naval no podía meterse en el estrecho un submarino de porte. Pero sí una fragata. Y había fragatas por todos lados. La isla es una defensa aeronaval. Requiere superioridad aérea y de barcos. Y nosotros en la isla no teníamos ni barcos ni aviones. Los aviones argentinos solo podían estar un minuto por el aire y tenían que volver porque, si no, los tiraban al mar. La Fuerza Aérea salía de Río Gallegos o Comodoro Rivadavia, en las islas no había aviones de combate; por eso, las fragatas se acercaban y tiraban todas las noches. Teníamos unos cañones de 155 milímetros que tenían alcance, pero eran muy pocos y no contaban con un observador que las localizara bien. Era difícil impactarlas.

—¿Cuál era el clima interno de la tripulación en el Isla de los Estados?

—Era un buque de la marina mercante compuesto por civiles y algunos marinos. Novoa me planteó que los civiles no habían estado convencidos de ir hacia Malvinas y me decía que ellos —los militares— estaban en minoría.

El Monsunen partió hacia el norte del estrecho para hacer otro transbordo con el Río Carcarañá.

El 9 de mayo, el pesquero Narwal, que hacía inteligencia para la Argentina, fue interceptado, ametrallado y hundido por dos aviones Sea Harrier. Hubo un muerto y doce heridos. Tras desesperadas señales de socorro —“tenemos heridos graves”, “abandonamos el buque 25 hombres”, “hemos lanzado al agua un bote color naranja con los heridos graves”—, un helicóptero Puma voló desde Puerto Argentino hacia el sur para rescatarlos.

Fueron impactados por un misil. Tres pilotos murieron.

El ataque británico

A primera hora de la mañana siguiente, en un trabajoso transbordo, el Río Carcarañá entregó una cohetera de veinticinco toneladas al Isla de los Estados. Ya era casi de noche cuando finalizaron las tareas.

El capitán de ultramar Tulio Panigadi decidió continuar por el estrecho San Carlos hasta Puerto Howard. Esperaba llegar al amanecer. Allí esperaría nuevas instrucciones. A las nueve de la noche, levó las anclas y comenzó a navegar con las luces apagadas. Llovía.

Una hora después, a las 10:20 de la noche, el operador de radar de la fragata inglesa HMS Alacrity, que navegaba en dirección sur-norte, percibió un eco que alertó sobre la posible presencia de un buque.

Desde la fragata lanzaron una bengala luminosa, que reveló su posición, casi a la altura de la isla Cisne (Swan Island). Era el Isla de los Estados. En ese momento contaba con 27 tripulantes y transportaba 300.000 litros de combustible, municiones, bombas, que almacenaba en la bodega, y la cohetera.

Pocos segundos después, los proyectiles comenzaron a impactar sobre la banda de estribor del Isla de los Estados. Parte de la tripulación, que descansaba en los camarotes, subió al puente de mando para saber qué pasaba. El capitán se mantenía con la radio Motorola en la mano.

El Alacrity continuó su rumbo por el estrecho, sin detenerse ante la nave enemiga, que se incendiaba.

Payarola bajó del puente de mando entre las llamas y el humo. Se tocaba y sentía que no le había pasado nada. Había cuerpos tendidos entre chapas retorcidas. El fuego alcanzaba los tambores de nafta. La nave se inclinaba por estribor. Lloviznaba.

Encontró al marinero Alfonso López, español, y al camarero Héctor Sandoval, de 52 años, intentando lanzar una balsa inflable al agua helada.

Los impulsó a salvarse.

López, que no sabía nadar, cayó en el centro.

En su salto, Sandoval golpeó con una estructura metálica y no volvió a salir a la superficie.

Payarola resbaló y cayó al agua. Tenía una pequeña linterna de mano con la que intentaba pedir auxilio. Nadó hacia otra balsa que ocupaban dos marineros, Manuel Oliveira y Antonio Cayo. Se estaban hundiendo, pero le cedieron un lugar de privilegio para que su jefe se mantuviera a flote. Payarola se negó y prefirió alejarse a nado.

Los marineros gritaron: “¡Viva la Patria!”, “¡Viva la Patria!”. Y se perdieron en la oscuridad de las aguas.

El buque Isla de los Estados ya se había hundido.

Payarola escuchó el zumbido de las aspas de un helicóptero que los sobrevolaba en la oscuridad de la noche. Un Sea King se había acercado a verificar la zona del desastre.

Intentaba nadar como podía, pero la corriente lo arrastraba. Ya no escuchaba voces de otros náufragos. Sentía que los pies y las manos se le congelaban.

Con su linterna, a lo lejos, iluminó un bulto negro. Nadó hacia esa dirección. El bulto era la balsa del marinero López. Se habían incorporado también el capitán Panigadi y el primer oficial Jorge Bottaro, que escaparon de la explosión del puente de mando. Lo ayudaron a subir.

Remaron.

El Alacrity, mientras tanto, continuó su navegación por el estrecho. Era la primera fragata británica que lo atravesaba de sur a norte, en misión de reconocimiento.

A esa altura de la guerra, Inglaterra ya había bloqueado las islas con la imposición de una zona de exclusión total. El Río Carcarañá había sido el último barco argentino en llegar.

Inglaterra también había decidido que el estrecho San Carlos sería la cabecera de playa, pero el almirante John Woodward quiso asegurarse de que las aguas no estuviesen minadas y no hubiera defensas costeras que pusiesen en riesgo el próximo desembarco de la infantería británica.

La misión del Alacrity, sin embargo, estuvo bajo riesgo extremo esa misma madrugada, después de haber hundido el Isla de los Estados.

El submarino San Luis, acomodado en la boca del estrecho, lo ubicó en su radar y preparó la información para el lanzamiento de torpedos SST-4.

Decidió impactarlo con dos. Era la 1:30 del 11 de mayo. El primer torpedo no logró salir del tubo, y al segundo se le cortó el cable de guiado minutos después del lanzamiento.

Dos días más tarde, el submarino regresaría a Mar del Plata y no volvería a combatir.

Esa madrugada, con la balsa inflable, Panigadi, López, Bottaro y Payarola continuaron remando hacia una de las costas del estrecho. Eran los únicos cuatro sobrevivientes de la tripulación. Pero la balsa estaba averiada.

Panigadi decidió volver al agua para reducir el peso. Iba aferrado a la cuerda salvavida que la rodeaba. Pasaron varias horas remando hasta que divisaron una costa. Pero la corriente les impedía aproximarse. Temían que los empujara mar adentro. Panigadi decidió lanzarse a nado. Confiaba en que podría llegar a la costa, pero las aguas lo fueron desviando, se alejaba cada vez más. Levantó las manos, pidió auxilio. “¡Se va Panigadi!”; “¡Se va Panigadi!”, gritó López, hasta que lo perdieron de vista.

No volvieron a verlo.

Quedaron tres.

Payarola ya había perdido las energías.

Los remos no lograban romper el curso de la corriente. No avanzaban. Decidió aferrar una soga larga, de cincuenta metros, a la balsa, la tomó de la otra punta y comenzó a nadar, para arrastrarla hacia la costa. Ya estaba a pocos metros cuando escuchó otra vez los gritos de López, que lo alertaba: “¡Se ahoga Bottaro!”; “¡Se ahoga Bottaro!”.

López no sabía nadar. Sólo podía dar aviso. Payarola volteó y fue al rescate de Bottaro, que estaba inmóvil sobre las aguas. Logró tomarlo del chaleco y retenerlo; fue trasladándolo hacia la costa.

López seguía en la balsa. Corría riesgo de que la correntada lo llevara. No sabía qué hacer. Hasta que, impulsado por su capitán, decidió lanzarse al agua y nadar. En un esfuerzo supremo, llegó a hacer pie entre el pedregullo y la arena de la costa.

Payarola calculó que serían las tres de la madrugada.

La lluvia, que los había hostigado en forma constante desde el naufragio, ahora se intensificaba.

Pero ya estaban a salvo los tres.

Bottaro estaba helado, recostado sobre el suelo. No hablaba. Lo pusieron a reparo, en un lugar más protegido. Enseguida empezó a tener espasmos y contracciones. Tuvo un paro cardíaco. Intentaron reanimarlo. Murió bajo la lluvia.

Payarola todavía no sabía dónde estaban.

Con los remos cavaron un pozo y se quedaron quietos, tratando de descansar, pero el frío y la lluvia arreciaban. Payarola y López tenían las ropas mojadas, los dos habían perdido una bota y tenían un pie descalzo. Después de un rato decidieron salir a buscar ayuda. Caminaron cerca de una hora entre las piedras. Todavía no había amanecido.

A lo lejos, en una colina, observaron una vivienda y, al lado, un galpón.

Entraron. Estaba vacío. Se quitaron las ropas y se cubrieron con una bolsa de arpillera y lana de oveja. En los fardos, Payarola encontró la inscripción “Swan Island”, lo que le permitió ubicarse. Se echaron sobre dos camastros y se quedaron dormidos.

La casa tenía alimentos y empezaron a dividirlos en raciones. También encontraron agua potable dentro de un tanque. Ese mismo día salieron a recorrer la isla, pero no encontraron nada.

Con los pies protegidos con cuero de oveja, tomaron la costumbre de acercarse cada amanecer a los peñascos donde habían desembarcado, junto al cuerpo de Bottaro, donde permanecían sentados a la espera de que alguna nave o helicóptero los interceptara. Por momentos agitaban una tela naranja que habían tomado de la balsa, pero no obtenían ningún resultado.

Después de cinco días, el 16 de mayo, el Forrest apareció por las aguas del estrecho. Le hicieron señas. El carguero se acercó, pero sus tripulantes no los reconocieron. Estaban cubiertos con tela de arpillera y parecían desfigurados. Les pidieron que se identificaran.

—Capitán de corbeta Alois Esteban Payarola.

—Marinero Alfonso López.

Subieron el cadáver de Bottaro. Al día siguiente, en un improvisado cajón de madera, fue enterrado en un cementerio local, con honores militares.

El 16 de mayo, el Río Carcarañá sería ametrallado por aviones Sea Harrier, pero no les produjo bajas. Sus tripulantes, que nadaron hacia la costa, también fueron recogidos por el Forrest.

Sólo algunos cuerpos del Isla de los Estados pudieron ser identificados y enterrados en el cementerio de Darwin en las islas Malvinas.

El coronel (RE) Jorge Monge intenta iniciar un proceso de búsqueda e identificación de los restos del capitán Marcelo Novoa y del cabo Roberto Busto, de 18 años, oriundo de Villa María, Córdoba, quienes murieron en el ataque al buque mercante.

Uno de sus sobrevivientes, Alfonso Alfredo López, oriundo de Finisterre, La Coruña, falleció en septiembre de 2005.

Alois Esteban Payarola vive en Bahía Blanca.

EPISODIO 30
La última noche

Una travesía por las islas Malvinas, muchos años después del final de la guerra, refleja las heridas abiertas del conflicto bélico. Los ex soldados buscan sus pozos de combate y rememoran las horas finales de la batalla en la ladera debajo del monte Longdon. Un diálogo con la nueva generación de isleños.

Yo fui muy crítico con la conducción de la guerra, y Menéndez me respondió: “Soldado, usted necesita apoyo psicológico, usted está mal…”. “Y cómo no voy a estar mal si estuve combatiendo, vi la realidad. Usted estuvo en una casa, yo estuve en una guerra… la guerra no fue su realidad.”

JUAN SALVUCCI

En 2012 acompañé la visita de ex soldados a las Malvinas. Era un grupo que volvía a las islas después de treinta años de la guerra contra Gran Bretaña.

Nos hospedamos en una casona muy confortable de la avenida Ross, algunas cuadras alejadas hacia el este del casco urbano, frente a la bahía. Creo que éramos alrededor de quince o veinte. La mayoría de ellos había servido en la Compañía A del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata.

Me acuerdo de que el primer día desayunamos en forma abundante dulces, yogures, pan casero, en una mesa larga, y luego salimos a recorrer las laderas de Wireless Ridge, a dos kilómetros de la residencia de gobierno. El lugar estaba debajo del monte Longdon, donde en la madrugada del 12 y 13 de junio de 1982 se definió la batalla.

La ladera era un territorio abierto con un declive no muy pronunciado. Apenas empezaban a caminarla, los ex soldados se detenían a buscar referencias que les permitieran ubicar el que había sido su lugar de combate, los restos del pozo que habían cavado para esperar la guerra.

Los impactos de las bombas, como una mancha negra sobre la tierra, cráteres anchos, de más de un metro, se veían con nitidez.

Los pozos eran más difíciles de encontrar, pero una vez localizados, removiendo un poco la tierra emergían algunos pertrechos de entonces: pilas grandes con las que escuchaban radio, algunos restos de pilotines verdes, hierros oxidados, latas de gaseosas achatadas.

Me acuerdo de que en la revisión de la ladera un ex soldado buscaba con su hijo las cartas que había enterrado en una bolsa de plástico, cerca de su pozo, y ahora no podía encontrarlas.

El pozo rememoraba la lluvia, la posición anegada por el agua, las bengalas, los bombardeos.

El primer bombardeo lo vivieron el 1° de mayo, con los Sea Harriers que cruzaron el cielo de la ladera en dirección al aeródromo y descargaron sus bombas.

Alfredo Rubio, ex soldado, recordaba el paso de los aviones: “El bombardeo nos tomó por sorpresa. Yo no tenía experiencia militar que me preparara para esa situación. Los bombardeos llegaban desde fragatas y aviones. Cuando había bombardeo, se corría un alerta roja y cada uno trataba de buscar algún refugio para protegerse”.

La Compañía A había padecido su propia tragedia poco antes de que las tropas terrestres británicas se asomaran por la cresta del monte Longdon. Cuatro soldados conscriptos perdieron la vida cuando una mina antitanque detonó sobre el bote de goma en el que remaban, en el río Murrell.

Del otro lado del río había una casa vacía. Sus habitantes habían sido trasladados a Puerto Argentino, y algunos soldados solían entrar en busca de la comida que había quedado almacenada. El bote les permitía acortar las distancias y volver rápido a sus posiciones de combate.

Marcelo Postogna tenía un recuerdo vivo de la noche de la tragedia: “Unos días antes vino un grupo de ingenieros, y minaron toda la zona para evitar un posible desembarco inglés. Esto activó una mina antitanque. Y fallecieron cuatro. Manuel Zelarrayán, Carlos Hornos, Pedro Vojkovic y Alejandro Vargas, que es el único que identificamos. Fue muy doloroso ir a buscar a nuestros compañeros, y buscarlos por partes”.

Hasta ese momento, Alejandro Vargas era el único del grupo que tenía la tumba con su nombre. Los restos de Zelarrayán, Hornos y Vojkovic fueron reconocidos en las últimas semanas, luego de treinta y seis años en los que permanecieron como “soldado argentino sólo conocido por Dios”.

Aquel primer día en las Malvinas, a la tarde, fuimos al cementerio de Darwin para rendir homenaje a los caídos. “Este viaje es una procesión que uno trae, que lleva dentro de uno, es algo que nos realimenta y nos ubica en el tiempo y espacio, y nos construye como persona”, decía Postogna.

Para mí, todo era nuevo.

Lo primero que se me había revelado en el viaje era que en las Malvinas había gente. Siempre había entendido las islas como un territorio despojado, pero nunca había pensado en los isleños, que fueron viviendo y muriendo en esas tierras a lo largo de varias generaciones.

Por la noche salimos a recorrer las calles y entramos en un bar, creo que era Deano’s Bar, pero podría ser otro. Nosotros éramos bastantes y, no sé por qué, en el primer impacto no se generó una buena atmósfera. Apenas comenzábamos a ubicarnos, alguien recomendó que lo mejor sería que nos fuéramos. No sé si hubo algún comentario o una mirada que se estiró demasiado, pero la guerra había dejado una marca, una sensibilidad, que no admitía malos entendidos.

A esa hora todavía no habíamos comido y de casualidad encontramos una pizzería a punto de cerrar que atendía un inmigrante chileno. Logramos encargarle algunas cajas.

Retengo una imagen de ese momento: los ex soldados en el cordón de la vereda comiendo pizza en la noche de Malvinas.

A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, la dueña de casa, Arlette, nos presentó a un policía que se había acercado para establecer contacto con el grupo de ex soldados. No recuerdo si la conversación tenía que ver con el hecho de que se habían sentado en el cordón de la vereda o si acaso la visita era por la bandera argentina que había sido exhibida en el cementerio, creo que para una foto. Supongo que la policía local habría evaluado esos dos hechos como “conflictivos”, para decirlo de algún modo, y nos lo hicieron notar.

En ese momento advertí que el grupo era objeto de una vigilancia imperceptible, aunque no estaba en el ánimo de ninguno generar conflictos.

El día siguiente también fue largo.

Fuimos hasta el estrecho San Carlos, que separa la isla Soledad de la Gran Malvina. Allí, los ingleses desembarcaron sus tropas terrestres. El área estaba escasamente protegida. Sólo había cuarenta soldados argentinos para dar aviso temprano. Era la opción menos probable para la Argentina, porque consideraba que San Carlos estaba demasiado alejado de Puerto Argentino.

La logística de guerra británica ocupó el estrecho: destructores, fragatas, buques de asalto, que dieron sostén al desembarco el 21 de mayo de 1982.

En la bahía del estrecho encontré al ex soldado Víctor Hugo Romero, que había combatido en San Carlos.

“Cuando llegamos había un regimiento de Corrientes —recordaba—. Teníamos muy pocas municiones. Esperábamos que tiraran ellos, cambiábamos de posiciones, pero luego no teníamos dónde replegarnos. Nos rodearon, no había forma de salir. Enfrente estaban los ingleses y de espaldas teníamos el agua. La noche de la rendición la pasamos en un galpón, un esquiladero de ovejas, y a la mañana hubo cese de fuego, entregamos las armas y nos tuvieron prisioneros.”

Fui con Romero hasta el galpón con el esquiladero. Se mantenía exactamente igual que hacía treinta años. Quizá todo estuviera como entonces, y el único cambio se había producido en una pequeña casa, convertida en un museo, que conservaba objetos de guerra.

Después del desembarco en 1982 hubo cuatro días de intensa descarga de fuego argentino que puso en peligro la marcha terrestre británica, sobre todo por la pérdida logística asentada en el estrecho, que los dejaba sin respaldo para los setenta kilómetros que debían recorrer hasta Puerto Argentino.

Su próximo objetivo fue la posición argentina en Puerto Darwin y Pradera del Ganso, distantes cinco kilómetros entre sí. En esa guarnición se resguardaban algunos aviones Pucará. En los caseríos se produjo una larga batalla terrestre. Murieron 47 argentinos y 17 británicos, entre ellos el jefe de Segundo Batallón de Paracaidistas (Para 2), el teniente coronel Herbert “H” Jones, en un hecho todavía controversial, tras un aparente “cese de fuego”.

Fue un enfrentamiento infernal, de treinta y seis horas que dieron muestra del heroísmo de la resistencia argentina.

El dominio de Darwin y Pradera del Ganso fue clave para el enemigo: las tropas británicas se aseguraron la retaguardia y, con la protección aérea y naval, continuaron el recorrido hacia Puerto Argentino.

Ese mediodía fuimos a almorzar a un pequeño restaurante de Pradera del Ganso. Advertí la tensión en el local apenas nos sentamos para comer el plato del día. Todos nuestros gestos y movimientos fueron sobrios y cuidados. Después supe que el restaurante lo atendía la misma familia que había sido detenida en 1982 por el mando argentino. Y si bien estaban acostumbrados a recibir ex soldados, el recuerdo traumático permanecía vigente.

Me acuerdo de que en los días que siguieron busqué isleños para conocer sus experiencias durante la detención y pude dar con una chica que recogió los relatos de su familia. Ella había nacido en 1987. Se llamaba Teslyn Barkman.

Creo que conversamos en la redacción del semanario Penguin News, que dirigía John Fowler y donde trabajaban otras dos personas. Teslyn me contó que sus padres, durante la detención, dormían en colchones, en una sala amplia con un único baño, junto a otros granjeros de lugar.

Teslyn formaba parte de un servicio militar voluntario —Falkland Islands Defense Force—, porque quería prepararse para estar en la primera línea de la guerra “en caso de un nuevo ataque”.

Me sorprendió su dureza, que contrastaba con su sensibilidad como artista. Creo que era pintora. Teslyn, desde siempre, había estado molesta con el reclamo argentino por la soberanía sobre las islas.

“Éste es mi lugar —me explicaba—, yo nací acá y no creo que deba pedir disculpas por eso. Como en la Argentina, muchas personas llegaron de otras partes como inmigrantes y ahora la consideran su hogar, lo mismo sucede para los isleños. Y aunque tengo ciudadanía británica, me considero una simple isleña. No pueden quitarnos nuestro hogar ni intentar hacernos perder la identidad.”

Este tipo de encuentros y otros posteriores me hicieron entender que para los isleños la guerra no había terminado, y todavía conservaban cicatrices y resentimientos. Habían vivido la invasión, porque para ellos fue una invasión. Como si la Segunda Guerra Mundial se hubiera desatado en su propio pueblo. Una dimensión del conflicto que yo no había pensado y que era necesario abordar para entender su complejidad.

Aun con su dureza, podía entender la posición de Teslyn y me sentí más cercano a sus palabras que a las sensaciones que tuve cuando visité la residencia del gobernador inglés, para un cóctel. Ese lugar lo sentí completamente ajeno. Ahí sí sentí que nuestra tierra había sido despojada.

Pero, en el trato personal a los isleños, lo percibía diferente. Recuerdo el contacto con un grupo de jóvenes a la salida de un bar, cuando uno de ellos empezó a insultar por nuestra presencia. Después me explicaron que durante los meses de marzo y abril los isleños son muy sensibles a la llegada —que consideran “masiva”— de ex soldados y familiares desde el continente.

La cuestión es que luego de ese incidente verbal, por así llamarlo, acordamos conversar en el lobby de un hotel boutique ubicado frente a la bahía y nos servimos té, casi como una forma de pacificar los ánimos. Ya era de madrugada, y uno de los isleños me preguntó cuánto tiempo llevaba en las islas.

—Dos semanas —respondí—. Hoy es mi última noche.

—¿Y todavía seguís pensando que las Malvinas son argentinas?

En ese momento pensé en su cultura, en la forma en que se mueven, en sus horarios, en que casi nunca hay gente en la calle, y respondí:

—La tierra es nuestra, pero vos naciste acá, también tenés tus derechos. Somos hermanos que no nos conocimos.

Sentía que, de cualquier modo, aunque pensáramos diferente, aunque fuéramos distintos, a nosotros nos correspondía seguir defendiendo el contacto.

La guerra de Malvinas había roto con cincuenta años de relación entre argentinos del continente e isleños, y quizás ahora harían falta otros cincuenta para restaurar la confianza.

Después de la tragedia de la mina antitanque en el río, la espera en los pozos de la ladera de Wireless Rigde continuó con el asedio diario de ataques aéreos y los cañoneos navales británicos.

El radio de observación de cada soldado desde su pozo era de cien metros, doscientos como máximo. Ése era todo su universo durante la guerra. Sabían que el enemigo había desembarcado, pero no sabían dónde. No tenían mapas ni información. Padecían el hambre, la lluvia permanente y, en muchos casos, el maltrato de sus superiores.

Así ocurrió hasta el 11 de junio.

Durante ese día, algunos soldados habían escuchado por radio la misa del papa Juan Pablo II en la Basílica de Luján frente a cientos de miles de feligreses.

Pero, a la noche, monte Longdon se transformó en un campo de batalla. El fuego naval, la artillería y los misiles antitanque del enemigo se desplegaron sobre su cresta.

La acción masiva de la guerra estallaba en la cara de los soldados por primera vez en sus vidas.

“La guerra es un espectáculo visual muy fuerte —describió Postogna—. Explosiones constantes, tiros, millones de balas cruzándose…”

Cuando les tocó a ellos entrar en acción, después de casi dos meses de espera en el pozo, se revelaron las deficiencias del equipamiento militar. A Juan Bratulich, abastecedor de mortero pesado de la Compañía A del Regimiento 7, el combate le duró pocos disparos: “Teníamos un observador adelantado que nos iba dando la información. A partir del quinto tiro, la placa base del mortero se fue hundiendo y no se pudo seguir disparando. En ese momento empezó a caer la réplica del fuego enemigo, un fuego muy intenso. Los ingleses tenían detectores de calor, sabían desde dónde tirábamos. Entonces nos ordenan sacar los morteros y replegarnos. Cuando estoy cumpliendo esa orden, me explota un proyectil de 81 milímetros en la zona abdominal. Todo el mundo estaba ocupado en ese momento. Pero mis compañeros me trasladaron detrás de una roca y siguieron combatiendo. Me arrastré hasta la posición del jefe del Regimiento. Me evaluaron, me bajaron de la ladera con una camilla. No pensaba si iba a morir, pero estaba asustado por el contexto de la situación”.

Bratulich fue operado en la madrugada del 13 de junio en Puerto Argentino y un avión lo trasladó a Comodoro Rivadavia ese mismo día.

Juan Salvucci, del Regimiento 7, también vio los fuegos desde ladera de Wireless Ridge: “Escuché el primer tiro a menos de un kilómetro, vi los fuegos iniciales, se escuchaban los gritos de locura y dolor, los de ellos, los nuestros. Me acuerdo de que tenía una tableta de tranquilizantes y me la clavé toda. Me dije: ‘Bueno…’”.

Salvucci había llegado a la guerra con su diploma de arquitecto, pero todavía debía el servicio militar, y el Ejército lo convocó a los 26 años.

“Tiraba con un fusil liviano, con uno pesado, con una 9 milímetros. Llegué a envidiar al herido que se iba, mientras yo seguía. Envidiaba al chico que caía, porque yo seguía… En el momento del repliegue, me cruzaba con fuego propio. Sabía que un sargento venía tirando y me la iba a poner… A nadie le gusta rendirse. Desnutrido, con veinticinco kilos menos, me hubiese gustado caer en combate. Vinimos a la guerra con chicos de 18 años que recién salían de sus casas y no sabían manejar un arma, sin experiencia; con militares que estaban acostumbrados a que la hipótesis de conflicto era su propio pueblo, no fronteras afuera. ¿No habíamos perdido antes de venir?”, se preguntaba.

Las tropas británicas tomaron el monte Longdon. La residencia del gobernador ya les quedaba a tiro de artillería. Después hubo un “tiempo muerto”, durante un día en el que casi no se cruzó fuego. El enemigo se reagrupó, instaló puntos de observación, temía un contraataque argentino.

Pero la defensa de la ladera de Wireless Ridge ya estaba debilitada. Muchos soldados advirtieron que sus tenientes y sargentos habían abandonado sus posiciones y bajado a Puerto Argentino sin dar aviso.

En la noche del 13 de junio, todos los batallones británicos se lanzaron para definir la victoria en la guerra. Avanzaron con tanques de guerra para romper el fuego de las trincheras.

A las dos de la madrugaba nevaba en la ladera.

Había soldados argentinos arrastrándose heridos, soldados que bajaban corriendo hacia el valle, protegiéndose entre roca y roca, tratando de no cruzarse con el fuego “amigo” de un FAL.

El cielo estaba cruzado de bengalas.

Alfredo Rubio recordaba las imágenes del final: “Cada uno bajaba como podía. No hubo una organización, nadie que te dijera: ‘Andá para allá’. Era el Titanic que se estaba hundiendo… Esa imagen, para mí, la tuve cuando pasé por una carpa redonda que habíamos apodado ‘El Circo’. Tenía muchas provisiones. Estaba a cargo de un capitán que manejaba la logística del regimiento, uno de los oficiales que se hacía calzar los borceguíes por los soldados y les negaba la comida. En el desbande, nos acercamos a la carpa que recepcionaba los pedidos de ayuda y escuchamos las radios al rojo vivo: ‘Manden refuerzos… tenemos heridos’. Entramos, y estaba vacía, no había nadie, con todos los micrófonos colgando. Ahí me dije: ‘Se acabó. Fuimos’”.

Ninguno de los ex soldados a los que consulté había visto a un general argentino en la batalla. Excepto Juan Salvucci. Después de la rendición del 14 de junio permaneció prisionero junto a Mario Benjamín Menéndez en la bahía San Carlos, casi cuarenta y cinco días.

Nunca entendió por qué, dado que él era un conscripto y Menéndez había sido el gobernador de las islas. Pero estuvieron juntos. Tuvo oportunidad de hablarle.

“Yo fui muy crítico con la conducción de la guerra y Menéndez me respondió:

”—Soldado, usted necesita apoyo psicológico, usted está mal…

”—Y cómo no voy a estar mal si estuve combatiendo, vi la realidad. Usted estuvo en una casa, yo estuve en una guerra… La guerra no fue su realidad.”

NOTA DEL AUTOR

Quiero agradecer al equipo de trabajo de Penguin Random House por la amabilidad y el profesionalismo para la edición de este nuevo libro, el undécimo en casi dos décadas de trabajo como autor. Ana Laura Pérez, Mercedes Sacchi, María Fernanda Mainelli, Norberto Llorca y Juan Boido, por mencionar sólo algunos de ellos, conforman un conjunto armónico y virtuoso con el que resulta un placer publicar cada libro.

Además quiero agradecer a Gabriela Cociffi, Rodrigo Duarte y Matías Falco, de Infobae, quienes recibieron y leyeron las primeras versiones de los episodios que aquí se publican. Muchas gracias a ellos también por la confianza.

Un saludo especial a todas las personas que entrevisté para este libro, quienes me brindaron su tiempo y predisposición para reconstruir hechos casi siempre dolorosos, que el paso de los años nunca logra restañar del todo. Vaya para ellos mi respeto y consideración.

Lo mismo para historiadores y periodistas que me recomendaron textos o me cedieron libros, nombres, teléfonos o correos de contacto para avanzar en las investigaciones.

También, mi reconocimiento a la mesa de periodistas, viejos soldados de la sección Zona (Clarín), Pablo Calvo, Gustavo Sierra, Alberto Amato, Lucas Guagnini, Claudio Savoia y Gerardo Young, con quienes nos da gusto celebrarnos en cada encuentro.

Al equipo de producción y conducción del programa Metro y Medio (FM Metro 95.1), que me permite un lugar en la mesa para compartir historias con los oyentes.

A mis amigos Guido Bilbao, Horacio Convertini, Gabriel Piko y Esteban Talpone, siempre cercanos en los momentos necesarios.

Por supuesto, mi agradecimiento a todos aquellos que me acompañan generosamente con su lectura.

Y como siempre, a la memoria de mis padres, que extraño mucho.

Buenos Aires, enero de 2019

BIBLIOGRAFÍA

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Desde fines de los sesenta hasta comienzos de los ochenta del siglo pasado, la Argentina vivió uno de los períodos más traumáticos de su historia. Esos años fueron estudiados, analizados y revisados exhaustivamente; sin embargo, existen todavía historias disueltas en la memoria o desconocidas. Los días salvajes se propone rescatarlas.

Entre ellas están la pulseada de Muhammad Ali y José Rucci en una fábrica del Conurbano, los entretelones de la candidatura de Héctor Cámpora, el protocolo redactado por las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado, la detenida-desaparecida que llamaba a sus padres durante la democracia, las topadoras que destruyen el barrio de René Houseman mientras el goleador se prepara para jugar el Mundial 78, el naufragio del buque mercante argentino impactado por los ingleses en Malvinas.

Célebre por las biografías de personajes emblemáticos (López Rega y Galimberti) y la investigación de la historia violenta del país, Marcelo Larraquy recupera eventos perdidos en el relato de esa década. Y afirma: “Los episodios de este libro pueden parecer dispersos o dispares, pero hay fuerzas ciegas que los reúnen a todos. La fuerza de las expectativas colectivas no resueltas. La fuerza de las ideas y de las ilusiones, de los odios. La fuerza del miedo, de las tragedias, de lo que se quiso y no se pudo. De lo que se padeció”.

MARCELO LARRAQUY

Es historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires, y periodista. Fue jefe de la sección de Investigaciones de Clarín (2011-2016). Trabajó en la revista Noticias y en el diario Crítica. Ganó el Premio Konex a la investigación periodística en dos oportunidades: 1997-2007 y 2007-2017. En 2017 publicó el exitoso Argentina. Un siglo de violencia política, que reúne y amplía su trilogía Marcados a fuego. Antes había editado Código Francisco, sobre la estrategia política de Bergoglio al frente de la Iglesia católica, que siguió a Recen por él. La historia jamás contada del hombre que desafía los secretos del Vaticano. Es coautor de Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA, y autor de Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva montonera, López Rega. El peronismo y la Triple A y de Primavera sangrienta (Premio Fopea). Actualmente escribe para Infobae y es columnista de Metro y medio (FM Metro).

mlarraquy@gmail.com
@mlarraquy

Foto: © SOL SANTARSIERO

Otros títulos del autor en megustaleer.com.ar

Larraquy, Marcelo

Los días salvajes / Marcelo Larraquy. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana, 2019.

(Investigación periodística)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-07-6276-2

1. Investigación periodística. I. Título.

CDD 070.4

Foto de cubierta: Lorenzo Miguel, Carlos Spadone, Muhammad Ali y José Ignacio Rucci en un asado en Lanús en noviembre de 1971.
© Archivo Atlántida

Edición en formato digital: abril de 2019

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