A la memoria de Ricardo Pedro Larraquy.

A mis hijos.

Para Maga.

INTRODUCCIÓN

Años interesantes

La historia habla de los hechos que suceden vistos desde afuera.

AGNES HELLER

¿Por qué nos atrae la década de los setenta?

¿Por qué un universo de lectores, que fueron testigos o protagonistas de ese tiempo, y la generación posterior, que nació en los últimos años del siglo XX, se acercan a la lectura de libros, memorias, testimonios, documentales o películas para tratar de saber y entender qué sucedió en la Argentina?

En mis años de facultad, en los ochenta y noventa, la década de los setenta era un tema tabú. Los programas de Historia Argentina presentaban textos sobre la reforma electoral de Roque Sáenz Peña de 1912 y la ampliación de ciudadanía, la maquinaria electoral del radicalismo yrigoyenista, la aparición de las masas populares; se discutía si el peronismo surgió en base a los “nuevos” o los “viejos” trabajadores de la industria. La historia contemporánea se extendía hasta el golpe de Estado de 1955. Alguna bibliografía se acercaba a la década de los sesenta. Azules y colorados. La caída de Illia. Y a partir de ahí comenzaba el muro, la frontera, el territorio al que mejor no asomarse.

Sobre los setenta casi existía un vacío historiográfico. No solo eso: la década transmitía oscuridad. El peronismo del ’73, Montoneros, la Triple A, el ERP, los militares, Malvinas: era un territorio perturbador. Estaba fuera de programa.

Era extraño porque, por un lado, desde los inicios de la democracia existía una nueva verdad que buscaba develarse, o una verdad diferente que contrastaba con el consenso ideológico que había logrado la dictadura militar para llevar a cabo la “lucha contra la subversión”. Un consenso que se fue desarticulando, básicamente, a partir de la conformación de la CONADEP y la publicación del Nunca más, el juicio a las Juntas militares, la demanda de justicia de las organizaciones de derechos humanos y las denuncias de la prensa sobre el proceso militar, con lo que ya podía entreverse la dimensión del horror.

Pero esa nueva verdad no estaba todavía habilitada para el conocimiento histórico. Es cierto que la década de los setenta era “demasiado actual”, que había poco material documental a disposición y que los testimonios orales eran esquivos. Los juicios estaban abiertos no solo contra los militares sino también contra los que habían participado en organizaciones que ejercieron la violencia guerrillera. Pero, aun con los obstáculos a la vista, desde la Historia académica no había aliento ni voluntad para la investigación.

El único consenso en los ochenta de esta nueva verdad fue el del “desaparecido” como víctima del terror estatal. Las pruebas eran irrefutables. Pero el “desaparecido” debía ser vaciado de contenido político para ser admitido. El “nunca más” sólo aceptaba a los desaparecidos como víctimas. Esta lectura llevaba implícito otro mensaje: “nunca más” para los genocidas que habían usurpado el Estado por la fuerza, y habían secuestrado y torturado y matado, pero “nunca más” también para la guerrilla.

En este esquema, el “desaparecido”, presentado así, a secas, quedaba sin palabra, sin pasado, sin historia. Sólo era una víctima.

En el libro Fuimos soldados, sobre la Contraofensiva montonera, trabajé en esa paradoja.

El reconocimiento del desaparecido con la omisión de su más íntima verdad, su sentido, el haber combatido a la dictadura militar con las armas, traspasaba el imaginario que la sociedad había aceptado sobre ellos.

El relato de la violencia política era —y sigue siendo— insuficiente si se aborda desde una militancia de carácter casi angélico, romántica, que alza sus banderas por un mundo mejor, y se excluye su centralidad, el compromiso revolucionario, que también implicaba la posibilidad de morir y de matar. Quizás el temor a que se pensara que la represión ilegal del Estado y la guerrilla podían ser consideradas un mal simétrico evitó afrontar con mayor profundidad la violencia política, y, como consecuencia de ello, se impidió una comprensión más acabada de la década de los setenta. Abordar la violencia siempre exige una discusión más compleja, de la que nadie sale indemne, pero necesaria para captar el sentido político e histórico de la experiencia y recoger sus lecciones.

Quizá todos esos obstáculos académicos, que también se percibían como una molestia para la democracia, despertaron mi interés por los años setenta. Los comencé a abordar de manera accidental, en la primera oportunidad que se me presentó en el periodismo, y concluyó después de varios años en las biografías de Galimberti y de López Rega, en ambos casos; luego trasladé todo ese equipaje de entrevistas orales y horas de lectura hacia la academia, para iniciar mi especialización en el estudio de la violencia política con el cumplimiento, más o menos aproximado, de los requisitos que exige el oficio de historiador.

Este libro es, de alguna manera, el resultado de quince años de trabajo sobre los años setenta.

Da cuenta de los conflictos que se revelaron apenas Héctor Cámpora asumió la Presidencia; de la exacerbación de la violencia que engendró el retorno de Juan Domingo Perón al poder en su tercera presidencia, violencia que fue impulsada desde algunos sectores del Estado durante su gobierno y el de Isabel Perón; de los ejércitos de las guerrillas montonera y marxista; del aniquilamiento sistemático emprendido desde el aparato militar; de las persecuciones a obreros, que contaron con el apoyo de las corporaciones patronales ligadas al régimen autoritario; de la metodología represiva, sus órdenes internas, sus manuales secretos, sus órganos de inteligencia, sus centros clandestinos y la decisión de “trasladar” a sus víctimas en vuelos o matanzas encubiertas como “intentos de fuga”.

El libro reconstruye la década de manera extendida, traspasa los años setenta. Y da cuenta de las últimas acciones armadas de Montoneros poco antes de extinguirse como organización, y un régimen militar que ya avizora su agonía y decide prolongar su permanencia a todo o nada con la recuperación de las islas Malvinas; por último, refleja los dilemas de la transición a la democracia en un país con baja producción industrial y la economía endeudada y condicionada, como un campo minado en el que se van revelando las huellas de la represión ilegal en medio de la campaña electoral por las elecciones de 1983.

Pero sobre todo, más que la reconstrucción de los hechos o su calificación —las narraciones históricas no logran explicarse con la sucesión de adjetivos— Los 70. Una historia violenta pone su foco en las tensiones políticas e indaga las motivaciones de los actores desde su propia lógica, aun en sus actos más estremecedores. La comprensión de una lógica es imprescindible para entender el período.

Los 70... también trabaja sobre distintos personajes puestos frente a situaciones o decisiones extremas. A modo de resumen, podría decirse que el jefe de la CGT es abordado desde la perspectiva de un grupo de inteligencia que tiene que informar su domicilio para que se ejecute la operación. Los gobernadores Oscar Bidegain (Buenos Aires), Ricardo Obregón Cano (Córdoba), Alberto Martínez Baca (Mendoza), Jorge Cepernic (Santa Cruz) y Miguel Ragone (Salta), obligados a renunciar por la ortodoxia justicialista que encabezaban el general Perón y su sucesora, Isabel Perón. El jefe del Departamento de Informaciones (D2) de Córdoba, Raúl Telleldín, conduciendo el “Operativo Limpieza” en la provincia, con un centro clandestino ubicado a media cuadra de la catedral, antes del golpe de Estado. El general Acdel Vilas con su táctica de asfixiar a los guerrilleros del ERP en el monte tucumano cortando sus apoyos logísticos a la vez que iniciaba su guerra “contra la subversión” en los sindicatos y las universidades. Roberto Quieto, jefe montonero secuestrado por los militares y condenado en ausencia por “traición” por un Tribunal Revolucionario. Rodolfo Walsh, documentando su disidencia con la estrategia oficial montonera y cayendo en una cita “envenenada”; o el propio Roberto Santucho, jefe del ERP, en los momentos previos a su muerte en un operativo militar todavía confuso. Y también Alfredo Astiz, agente infiltrado, con la descripción del funcionamiento de los grupos de tareas de la Marina, los de inteligencia, los operativos; los “señores de la guerra”, generales Guillermo Suárez Mason, Luciano Benjamín Menéndez y Ramón Camps, el “núcleo duro” de la represión ilegal al mando de centros clandestinos. Y el general Galtieri reclamando la continuidad de una guerra —narrada desde el campo de batalla— que ya se había perdido. Por último, la construcción de Raúl Alfonsín como líder político, con el lema “somos la vida”, hasta el día que asumió la Presidencia.

Si hubiera que subdividir el libro en bloques temáticos, podría decirse que en los cinco primeros capítulos el eje narrativo son los conflictos internos del peronismo y la guerrilla, con una progresiva pérdida del poder civil en favor de las Fuerzas Armadas. Que desde el capítulo 6 hasta al 12 se visualiza la gestación del aparato militar para eliminar al “enemigo interno” y establecer el control ideológico de la sociedad, con las reacciones de la guerrilla, su desintegración, la oposición obrera, la interna en el poder militar y la orfandad de ideas políticas, una vez que “la lucha contra la subversión” se dio por concluida. Los capítulos 13 y 14 están dedicados de manera integral a la guerra por las Malvinas, exponiendo la cuestión militar —antes que la diplomática— como problemática central, y el capítulo 15 desarrolla la restauración del sistema partidario, con la renovación del radicalismo y la desorientación del peronismo frente a las elecciones presidenciales.

Eric Hobsbawm, en la reconstrucción de su vida como historiador, escribió que el siglo XX que había vivido era el más extraordinario y terrible de toda la historia.

Los consideraba “años interesantes”.

Trabajada desde la perspectiva del historiador, que estudia en detalle la lógica de los actores y pone en evidencia sus intereses, sus conflictos y la carga dramática de sus actos, la década de los setenta puede ser valorada de la misma manera para la exploración histórica.

Años interesantes para sacar de la oscuridad.

MARCELO LARRAQUY

Buenos Aires, febrero de 2013

CAPÍTULO 1

Operación Rucci

Yo no me considero un valiente. Tampoco he sacado diploma de cobarde. Pero tengo un solo temor: no ver las caras de los asesinos.

JOSÉ IGNACIO RUCCI, en una entrevista publicada en la revista Gente el 29 de junio de 1972.

José Ignacio Rucci fue muerto a balazos el mediodía del martes 25 de septiembre de 1973 cuando salía de una casa de la calle Avellaneda, en el barrio de Flores. Dos autos de su custodia lo esperaban en la puerta para trasladarlo a un canal de televisión. En ese momento, el general Juan Domingo Perón permanecía en la residencia presidencial de Olivos. Hacía dos días que acababa de ser electo presidente por tercera vez. Había obtenido casi el 62 por ciento de los votos. Volvía al poder después de diecisiete años de exilio.

Rucci, ex obrero metalúrgico y delegado de la fábrica de cocinas y estufas CATITA, conducía la Confederación General del Trabajo (CGT) desde 1970. Era el hombre del sindicalismo ortodoxo que más había bregado por el regreso de Perón, quebrando incluso las dudas iniciales de su propio sector.

A diferencia de su antecesor, el metalúrgico Augusto Vandor, que aspiró a un proyecto sindical autónomo y fue ultimado en 1969, Rucci promovía el “peronismo con Perón”. Era un dirigente al que el Líder, desde su exilio, consideraba clave para subordinar las estructuras sindicales bajo su conducción en un futuro gobierno.

Ese tiempo había llegado. Pero dos días después del triunfo electoral de Perón, Rucci estaba muerto.

El atentado se decidió poco después de la masacre de Ezeiza. Aquel día, el 20 de junio de 1973, la débil convivencia política entre la izquierda peronista y la ortodoxia justicialista con la que Perón había organizado su regreso acabo por romperse.

Perón iba a hablarle al peronismo en su conjunto. Más de un millón de personas marcharon hacia Ezeiza para recibirlo en su regreso definitivo al país. Pero una balacera que se inició desde el palco, controlado por la ortodoxia, provocó una todavía indeterminada cantidad de muertos y heridos —se estima que los muertos fueron trece, y más de trescientos los heridos—. También hubo secuestros y torturas en las habitaciones del Hotel Internacional de Ezeiza. Ese fue el resumen de la jornada. Y entonces no hubo recibimiento ni fiesta popular, ni tampoco habría ya más espacio para los matices políticos en el peronismo: o se estaba de un lado o se estaba del otro.

Montoneros consideró que había sido “emboscado” por la ortodoxia y prometió castigo contra los que le habían “tendido la trampa”. Eran sus enemigos. Los caracterizó como los reaccionarios, los traidores del Movimiento al servicio del continuismo y la dependencia. Los que habían impedido el reencuentro histórico de Perón con la Juventud Peronista e intentaban alejarlo del pueblo y del “socialismo nacional”.

A Montoneros todavía le resonaban las palabras que Perón había plasmado en la Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, formulada en 1971, en la que se había comprometido a promover a la juventud y otorgarle un rol decisivo en la etapa histórica.

Hay una nueva generación que está esperando y, por eso, yo vengo hablando de la necesidad del trasvasamiento generacional. Junto con la organización debe venir un cambio, porque si no el Movimiento envejecerá y terminará por morir como todo lo que es viejo. Entonces, para evitar ese proceso, está el camino orgánico y el camino del remozamiento del Movimiento, por cambio generacional. La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo.

Montoneros denunció que “los traidores” del Movimiento querían aislar a Perón de su pueblo. Entonces los señaló y se decidió a eliminar ese “cerco”. Se imprimieron afiches con las fotos de José López Rega (ministro de Bienestar Social), Lorenzo Miguel (jefe metalúrgico y secretario de las 62 Organizaciones Peronistas), Jorge Osinde (secretario de Deportes del Ministerio de Bienestar Social), Alberto Brito Lima (dirigente peronista), Norma Kennedy (dirigente peronista) y José Rucci (jefe de la CGT).

Y debajo de cada foto, la leyenda: “Estos son los responsables de la matanza de Ezeiza”. El afiche estaba impreso sobre un fondo negro.

Rucci había visto por primera vez a Perón en Madrid en el año 1971. Se presentó como titular de la CGT. Desde entonces se disciplinó bajo la conducción del Líder y aceptó todas sus directivas para el retorno.

Los gremios clasistas caracterizaban a Rucci como el símbolo de una dirigencia corrupta que manipulaba a las bases obreras e impedía la democracia participativa en las fábricas. La misma opinión tenía Montoneros, que había creado la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) para involucrarse en la lucha gremial con cuadros propios.

Rucci siempre había intentado neutralizar el avance de los gremios clasistas, combativos y de la izquierda peronista, pero tenía carisma y sentido de la oportunidad. En febrero de 1973, cuando Héctor Cámpora era candidato a presidente, debatió en el programa televisivo “Las dos campanas” sobre la clase obrera con el dirigente clasista Agustín Tosco. Allí se declaró admirador de la Revolución Cubana y dijo: “El peronismo no es un movimiento estático. Evoluciona, y dentro de esta evolución da lugar a un proceso que va a terminar en el socialismo nacional”.

La coexistencia bajo las banderas del regreso de Perón, sin embargo, se terminaría después de Ezeiza.

Un grupo comenzó a seguir a Rucci en julio de 1973. Sólo lo vieron tres veces; las tres veces, de espalda. La cuarta vez lo vieron a través de la mira de distintos fusiles. Y lo mataron.

A Rucci lo siguieron miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de Montoneros. En ese tiempo, las FAR estaban cerrando los detalles finales para integrarse a Montoneros. Y entre los miembros de las dos organizaciones guerrilleras existía una implícita competencia por ganar espacios, que se instrumentaba con afiliaciones, formación de cuadros políticos y realización de operaciones militares. Pero ya actuaban en conjunto.

El grupo operativo que tenía la misión de matar a Rucci poco sabía de cómo se movía su objetivo, pero disponía del tiempo y la logística necesarios para consumar la operación.

En una revista Gente de junio de 1972, se enteraron de que tenía una casa en Ramos Mejía, en el oeste del conurbano bonaerense. El reportaje se titulaba “Diálogo con un condenado a muerte”. Rucci decía que no se consideraba un valiente ni había sacado “diploma de cobarde”. Sólo tenía el temor de no ver la cara de sus asesinos. Si alguien iba a matarlo, suponía, “son fuerzas extranjerizantes, ajenas a los intereses del pueblo”.

El periodista concluía que “la condena a muerte” no tenía hora, fecha ni lugar. Podría suceder en diez minutos, diez horas, diez días o diez meses. “O inclusive nunca. Ese ‘nunca’, aunque parezca mentira, no sirve para menguar ni el agobio ni el suspenso”.

La foto de Rucci en la calle, con las casas desenfocadas a los costados, fue una referencia para que el grupo lo buscara en ese barrio. Pero nunca encontraron una imagen parecida. La revista aportaba otro dato que iba a resultar decisivo para la operación: el colegio al que asistía la hija del jefe de la CGT. Claudia Rucci, de 9 años, estudiaba en el “Instituto Almirante Guillermo Brown” de Haedo y ya era actriz. Trabajaba en una tira de Canal 9.

Luego de rastrear por las calles de Ramos Mejía, el grupo de inteligencia empezó a buscar señales de Rucci en la CGT.

En julio de 1973, Rucci dormía en un departamento de dos ambientes construido sobre la terraza de la sede sindical, enfrente de la Facultad de Ingeniería, en el bajo porteño.

El edificio era de difícil acceso. La seguridad de la CGT estaba compuesta por un hombre armado que se paraba detrás de una puerta de hierro. Había otro que custodiaba los movimientos del ascensor. Si se superaban esos dos obstáculos y se alcanzaba el último piso del edificio sindical, había que subir un piso más por la escalera y superar una puerta metálica. Detrás de la puerta había una habitación en la que vivían tres custodios. Y después, tras un largo pasillo, se llegaba al departamento donde dormía Rucci.

En verano, el jefe de la CGT solía atender a sus visitantes en ojotas, short, camisa; tenía siempre en su heladera Siam una cerveza que ofrecía a sus visitantes. En la pared, junto a los cuadros de Perón y de Evita, tenía colgada una carabina española.

Durante varias semanas, distintos miembros del grupo de inteligencia que buscaba localizar a Rucci caminaron las veredas de la calle Azopardo. Memorizaban los últimos números de las patentes de los autos estacionados y luego, cuando estaban más alejados, las anotaban en un cuaderno.

Para una observación más rigurosa, empezaron a ubicar una o dos camionetas enfrente o en diagonal a la central obrera. El conductor estacionaba el auto y se iba, pero dejaba oculto en la caja trasera, cubierto por una lona verde, a un hombre acostado en un sobretecho de madera, que continuaba anotando números de patentes de los autos, y observando los movimientos en la puerta de la CGT. El mismo procedimiento se realizaba desde un agujero en el baúl de un Peugeot, o desde un periscopio colocado en un falso parlante de su luneta trasera.

El grupo había dividido las tareas de inteligencia en turnos de ocho horas. Luego de ese tiempo, volvía el conductor y se llevaba el vehículo. Por la noche, otro miembro se ubicaba con un largavista en una oficina que le abrían en la Facultad de Ingeniería y, tras las tareas de observación, se marchaba por la mañana.

En ese tiempo, una información que llegó al ámbito de inteligencia indicaba que Rucci dormía en un departamento de Marcelo Torcuato de Alvear al 500, frente al hotel Plaza. Durante varios días estacionaron frente al edificio señalado una Citroneta con las ventanas de la caja cubiertas de planchas de cartón. No hubo novedades.

Durante un mes, los cuatro hombres que realizaban la inteligencia sobre Rucci no aportaron ningún resultado significativo. No conocían su agenda de actividades ni el auto en que se movía. Ni siquiera lo habían visto. Solo habían recopilado en varios cuadernos los números de chapas de patentes de autos que estacionaban en la cuadra de la CGT.

Los ganaba el desánimo.

Entonces, sus jefes les permitieron unos días de distracción en el balneario de Miramar. Hicieron prácticas de tiro en playas alejadas.

El enfrentamiento entre las facciones antagónicas en el peronismo produjo la caída del presidente Héctor Cámpora, que había asumido el 25 de mayo de 1973. Pudo gobernar sólo durante cuarenta y nueve días. Perón lo había designado al frente del Movimiento Justicialista para las elecciones del 11 de marzo, pero ni durante los días previos a su asunción ni durante su gestión le brindó respaldo político.

Cuando regresó al país, Perón visitó a José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, pero no cruzó a la Casa Rosada a saludar al Presidente. En la visión de Perón, consolidar a Cámpora implicaba también un gesto de apoyo hacia Montoneros y a sus distintos frentes de la Tendencia Revolucionaria.

El Líder prefería que el estado de movilización popular, que había sido clave para desgastar al gobierno de Alejandro A. Lanusse y llegar a las elecciones del 11 de marzo, no continuara. Una vez en el poder, el peronismo volvía a su apotegma clásico: “De casa al trabajo y del trabajo a casa”.

En la noche del 20 de junio, horas después de la masacre de Ezeiza, en un mensaje por cadena nacional, Perón trazó los límites de la nueva coyuntura.

Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. […] Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por ese camino van mal. A los enemigos embozados y encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento.

Para el General, Montoneros había sido una de las herramientas tácticas más eficaces de su dispositivo. La más activa para desgastar a las Fuerzas Armadas y comprometerlas con el proceso eleccionario. La que tenía que poner el cuerpo en esa lucha. Pero, después de la victoria electoral, el plan político ya era otro. Ahora propendía hacia la institucionalización democrática del país, con acuerdos de gobernabilidad entre gremios, empresarios, partidos políticos e incluso las Fuerzas Armadas.

“Socialismo nacional”, “guerra revolucionaria”, “guerra de guerrillas” y otras enunciaciones que embanderaron su regreso, eran, hacia julio de 1973, un eco testimonial que empezaba a quedar lejos del núcleo de poder del Movimiento Justicialista. Después de Ezeiza, Montoneros, y la Tendencia Revolucionaria, empezaron a convertirse en grupos inorgánicos.

Forzado por ese nuevo clima, aturdido por el silencio que le dispensaba Perón y sin capacidad para controlar las confrontaciones internas del peronismo, que disputaba las dependencias oficiales para controlar el aparato gubernamental, Cámpora le entregó la renuncia a Perón el 4 de julio de 1973, cuando este, convaleciente de un infarto, permanecía en su mecedora en el primer piso de la residencia de Gaspar Campos, en Vicente López.

Los médicos habían sugerido internar a Perón y alejarlo de la política para preservar su salud. Pero su esposa, Isabel, y López Rega consideraron inoportuno el consejo, en vista de la campaña electoral de los próximos meses.

El justicialismo en el Parlamento se ocupó de sortear los escollos institucionales para que Raúl Lastiri accediera a la Presidencia. Su crecimiento político en los últimos meses había sido fulminante. Su suegro, López Rega, había logrado introducirlo en la nómina de candidatos a diputados para que su hija, en el futuro, obtuviera una pensión del Estado (“Tiene cáncer de ganglios”, argumentaba). Y Cámpora lo designaría máxima autoridad de la Cámara en virtud de que Lastiri no molestaba a nadie y Perón lo consideraría como otro gesto de cortesía hacia él.

En julio, con Cámpora ya fuera de circulación y Lastiri en la Presidencia, Montoneros perdió espacio político en el nuevo esquema de poder, pero no se resignaba.

Lo observaría el jefe de Montoneros, Mario Firmenich, en una conferencia de prensa en septiembre de 1973.

El poder político brota de la boca de un fusil. Si llegamos hasta aquí ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos. Si abandonáramos las armas retrocederíamos en posiciones políticas. En la guerra hay momentos de enfrentamiento, como los que hemos pasado, y momentos de tregua en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento.

Con el paso de los días, la orden de atentar contra Rucci se mantuvo sin modificaciones. Cuando el grupo de inteligencia volvió de las playas de Miramar, vio al titular de la CGT por primera vez. Fue durante pocos segundos. Rucci estaba de espalda, protegido por guardaespaldas, ingresando a una reunión del Consejo del Partido Justicialista en la calle Córdoba. La información del evento se había obtenido de los diarios.

Al poco tiempo, abandonaron la CGT y empezaron a investigar el otro dato: el colegio donde estudiaba su hija, en Haedo. a pesar de que la veían en la televisión, no podían distinguir su cara entre los cientos de estudiantes que salían del colegio. Al cabo de unos días, a un miembro del grupo le llamó la atención un Torino gris. Su patente coincidía con otro vehículo de la CGT. Y enseguida vieron subir a la hija de Rucci. Siguieron el auto por la avenida Rivadavia hasta su ingreso a la Capital Federal. Allí lo abandonaron para no despertar sospechas.

En días sucesivos, siguieron al Torino a cierta distancia con distintos vehículos. Una vez llegaron hasta Canal 9, donde la hija del jefe sindical grababa “Jacinta Pichimahuida”. En otra oportunidad, el destino fue la calle Avellaneda, en Flores, a media cuadra de la avenida Nazca. Allí lo supieron: Rucci vivía con su esposa y sus hijos en una casa de propiedad horizontal, en Avellaneda 2953. Se la había prestado el empresario Antonio Iannone.

Con la localización de la casa, toda la estructura de movilidad del grupo de inteligencia —dos camionetas Chevrolet, un Peugeot 504 y una Citroneta— empezó a utilizarse para la guardia frente a la casa. Estacionaban sobre la vereda de enfrente y hacían turnos rotativos.

Siempre había un hombre observando movimientos.

Una noche vieron bajar a Rucci de un Torino, seguido por dos autos de su custodia. Esa fue la segunda vez que lo vieron. Esa información fue trasladada por el grupo de inteligencia al jefe militar de la operación.

A partir de entonces se empezó a diseñar el plan para matarlo. Las reuniones las realizaban en un departamento alquilado del barrio de Once. Armaron distintos esquemas. Uno era la utilización de un explosivo tipo mina “vietnamita”, con una chapa gruesa con forma de “U”, repleta de tornillos, tuercas y bulones. La idea fue introducir el explosivo en la caja trasera de la Citroneta y activarlo con un detonador a telecomando en el momento en que llegara el auto de Rucci.

Se trataba de una operación nocturna, muy difícil de sincronizar. El mecanismo podía demorar la activación de la bomba y estallar después de que el blanco bajara del auto. ¿Y si el auto estacionaba a mucha distancia de la Citroneta y no lograba impactarlo? Era otro de los riesgos. Esa opción fue descartada.

Después se pensó en otro plan: armar un grupo comando de diez personas cubiertas con cascos y chalecos antibalas y subirlas a dos camiones volcadores. Encerrar el auto de Rucci cuando saliera de su casa y dispararle a él y a los dos autos de la custodia.

El jefe de las FAR, el abogado Roberto Quieto, supervisó los detalles del plan en una de las reuniones en Once. También lo descartó. Durante el tiempo en que durara el enfrentamiento contra los custodios podrían sumarse policías y patrulleros. Podría haber caídas propias. O heridos. Y la operación —Quieto lo afirmó una vez más— no podía ser asumida públicamente por FAR-Montoneros. Por eso ninguno de los hombres que actuara en la operación podría tener antecedentes de pertenencia a esas agrupaciones. Quieto pidió otro plan.

Perón era reticente a aceptar que su esposa lo acompañara en la fórmula presidencial, pero el Partido Justicialista insistió en promoverla en forma pública.

Después de la renuncia de Cámpora, Perón se reunió en dos oportunidades con el jefe del radicalismo, Ricardo Balbín, para estudiar la posibilidad de una fórmula conjunta. Creía que lograr un acuerdo con la UCR era la mejor manera de asegurar la “unidad nacional” y la institucionalidad de la Argentina.

La fórmula Perón-Perón, además, en términos personales, le provocaba incomodidad. El General reconocía que no le alcanzaría la salud para terminar el período presidencial en el que resultaría electo y no quería obligar a Isabel a asumir la sucesión.

Inmerso en una herencia de poder que se estaba disputando en forma cada vez más violenta, el justicialismo carecía de sutilezas políticas y no creía adecuado regalarle la Presidencia a la UCR, más allá de los pactos gubernamentales que pudieran formularse.

El 4 de agosto de 1973, en el teatro Cervantes, con los palcos colmados de hombres y de armas, se lanzó a viva voz la fórmula “Perón-Perón”, que fue votada por aclamación por todo el congreso partidario.

Perón se tomó quince días para analizar la propuesta. Finalmente la aceptó.

Magdalena Villa de Colgre vivía al lado de la casa que ocupaba la familia Rucci. Desde hacía cinco meses su casa estaba en venta. Una inmobiliaria había colocado un cartel en el primer piso de la vivienda.

En septiembre de 1973 un miembro del equipo de inteligencia, vestido con saco y corbata, visitó a la propietaria. Estaba interesado en conocer la vivienda, pero para no sumar costos a la posible operación prefería evitar el contacto con la inmobiliaria.

La señora lo hizo pasar.

La segunda vez que la visitó le pidió el plano de la casa. Lo hacía por encargo del profesor, titular de una supuesta academia de enseñanza de idiomas, quien tomaría la decisión definitiva de la compra. El plano, le dijo, serviría para calcular cuántas aulas podrían utilizarse para la enseñanza; les resultaba indispensable para diseñar la retirada después del atentado. Al fondo de la propiedad había una pared y después un largo pasillo de viviendas que conducía a una puerta de calle, en Aranguren 2950. Les pareció la alternativa justa para evitar la fuga por el frente de la calle Avellaneda, que era muy transitada.

Para septiembre de 1973 Rucci estaba enfrentado con el ministro de Economía José Gelbard por el rumbo del Pacto Social, que atendía la voluntad de Perón de alcanzar la “concertación social”, por la cual la corporación empresaria y sindical se comprometía a no formular demandas salariales ni realizar aumentos de precios durante dos años.

Sin embargo, en el cumpleaños del presidente Lastiri, el día 11 de septiembre, Rucci le anticipó a Gelbard que pensaba retirarse del Acta de Compromiso que había firmado en mayo, porque, mientras los gremios estaban vedados de negociar paritarias por dos años, el costo de los productos de primera necesidad seguía subiendo. Ya se advertían signos de escasez de alimentos, que se iban de las estanterías de los comercios al “mercado negro”.

En verdad, el sindicalismo buscaba deteriorar la figura de Gelbard en el futuro gobierno de Perón. Preferían al dirigente Antonio Cafiero, con quien Rucci tenía una relación personal y a quien lo hubiese elegido candidato a presidente en lugar de a Cámpora.

El titular de la CGT decía contar con el aval de Perón para esa acción de desgaste sobre Gelbard.

Ese mes, el 6 de septiembre, la guerrilla marxista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había copado el comando de Sanidad Militar en Capital Federal y se había llevado armas. “Ninguna tregua al Ejército opresor”, sostenía la organización liderada por Roberto Santucho. Un teniente coronel resultó muerto en el tiroteo.

El ERP entendía que la democracia, y el peronismo en sí mismo, postergaban la “guerra del pueblo”, eje del verdadero enfrentamiento entre el Ejército opresor y el Ejército revolucionario.

Tres días después, un grupo desprendido de esa organización guerrillera, el ERP “22 de Agosto”, secuestró a un directivo del diario Clarín, Bernardo Sofovich, y a modo de rescate exigió al diario la publicación de tres solicitadas en las que quería difundir su apoyo a las elecciones, reclamar una investigación parlamentaria por los fusilamientos de Trelew, y, en la tercera, ridiculizar a Lastiri y a López Rega.

Clarín las publicó dos días después y Sofovich fue liberado. Pero en represalia, grupos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros que se organizaron desde el Ministerio de Bienestar Social entraron en el edificio del diario con granadas y bombas incendiarias y provocaron destrozos.

Perón justificó el ataque en forma pública. Explicó:

El que procede mal suele sucumbir por su mal procedimiento. Clarín tuvo un mal procedimiento y alguien que se sintió herido, le metió otro mal procedimiento.

Ese mes, las 62 Organizaciones Peronistas —columna vertebral del movimiento sindical— anticiparon su postura frente a Montoneros y la Tendencia Revolucionaria.

A pesar de su disfraz de mascaritas iremos a buscarlos uno a uno, porque los conocemos. Han rebasado la copa y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias.

Argentina vivía la efervescencia electoral que conduciría a Perón a tomar el poder por tercera vez en la historia. Pero la violencia ya estaba en el aire.

Mientras tanto, el grupo operativo que atentaría contra Rucci vivía recluido en un departamento de la avenida Gaona, en Flores.

Otro grupo de observación se mantenía en la camioneta, frente a la casa de la calle Avellaneda. Su misión era dar aviso cuando Rucci llegara para dormir. No lo hacía todas las noches ni con una rutina establecida. La operación se concretaría cuando el jefe sindical saliera de la casa durante la mañana siguiente.

Como la frecuencia del equipo de comunicaciones del auto de observación no podía captarse en el departamento de avenida Gaona, utilizaron como puente a una unidad básica de la JP en la calle Neuquén. Allí, en el altillo, se instalaron miembros del grupo de inteligencia con handies para recibir la información que llegaba desde la camioneta de la calle Avellaneda y transmitírsela al grupo operativo de la avenida Gaona.

El domingo 23, el FREJULI, con la fórmula Perón-Perón, obtuvo 7.359.252 votos (61,85%); el segundo puesto lo ocupó la UCR con el binomio Balbín-De la Rúa con 2.905.719 (24,42%) y en tercer lugar, la Alianza Popular Federalista, con Manrique-Martínez Raymonda, 1.450.998 (12,19%).

José Ignacio Rucci volvió a la casa de la calle Avellaneda en la noche del lunes 24. Su hijo Aníbal, de 14 años, lo había llamado por teléfono. Quería que estuviese más tiempo con su familia. El último verano, para estar junto a su padre, había pasado sus vacaciones en el edificio de la CGT y lo había acompañado en sus actividades públicas.

El 14 de febrero había visto cómo mataban al guardaespaldas y chofer de su padre, Oscar Bianculli, tras un acto de campaña del FREJULI en Chivilcoy, en un tiroteo del que él y su padre habían logrado salir indemnes. La esposa de Rucci, Nélida Blanca Vaglio, “Coca”, le pedía a su marido que abandonara la representación gremial porque temía otro atentado. Era usual que en la central obrera se recibieran cartas destinadas al jefe de la CGT con dibujos de ataúdes. Incluso el 31 de agosto, en el único acto público de la candidatura de Perón, la Tendencia Revolucionaria desfiló frente al edificio de la CGT al grito de “Rucci, traidor, saludos a Vandor”, convertido en una consigna de guerra de las movilizaciones de Montoneros. El jefe sindical nunca expresaba en forma pública temor a un atentado. Su custodia no era profesional. Ninguno de sus miembros había sido formado en la Policía Federal u otras fuerzas de seguridad. Lo conducían habitualmente por el mismo recorrido.

El día previo al atentado, antes de levantar una reunión ampliada en la CGT en la que se festejó la victoria de Perón, Rucci comentó que iba a dormir a la casa de Avellaneda. La frase se escuchó, y durante mucho tiempo se creyó que había sido víctima de un complot interno del sindicalismo, gestado en la propia central obrera.

El 24 de septiembre, durante la noche, el Torino de la custodia estacionó sobre la calle Avellaneda, treinta metros antes de la casa que ocupaba Rucci. Uno de los custodios vio una camioneta Chevrolet con caja estacionada sobre la mano de enfrente. Cruzó para inspeccionar, levantó la lona, miró adentro y enseguida la bajó.

En la oscuridad de la caja de la camioneta había dos hombres con un handy, sentados sobre una banqueta. El custodio no los vio.

Al rato llegó Rucci y entró en la casa.

Desde la camioneta de observación avisaron que el objetivo ya había llegado y nada hacía prever que se moviera de allí. Durante la noche, la camioneta cambió de lugar.

Luego de más de tres meses de tareas de inteligencia y con la acción militar ya diseñada, se puso en marcha la operación contra el jefe sindical.

A primera hora de la mañana del 25 de septiembre, el joven interesado en la compra de la casa de Avellaneda 2951, acompañado por “el profesor”, se acercó a la propiedad de la señora Magdalena Villa de Colgre. Tocaron el timbre. Venían a devolverle el plano y ajustar las condiciones de venta.

Cuando la propietaria les abrió la puerta, la tomaron del brazo e ingresaron. Enseguida la amordazaron, la ataron de pies y manos y le colgaron un cartel: “No tiren, dueña de casa”. El papel estaba escrito con su lápiz labial.

Unos minutos después, cuando un Torino de la custodia ya estaba estacionado frente a la vivienda donde dormía Rucci, el resto del grupo operativo ingresó en la casa vecina simulando ser un grupo de pintores dispuesto a iniciar su jornada de trabajo. Dentro de lonas, rollos de cartón y latas de pintura, ingresaron las armas; también una escalera, que luego utilizarían para escapar por el fondo de la casa.

Algunos miembros del grupo armado se apostaron detrás de las ventanas cerradas de la planta baja. Otros, frente la ventana del piso de arriba. A las 12.10, de la casa que ocupaba la familia Rucci salió un custodio que miró a ambos lados de la vereda. Detrás de él salió el jefe de la CGT.

Las persianas de las ventanas de la planta baja y el primer piso de la casa tomada se levantaron simultáneamente. Primero tiraron un explosivo con mecha a la vereda para crear confusión —otros dos que fueron lanzados no explotaron— y le dispararon con ametralladoras, escopetas y fusiles. También apuntaron contra el baúl del Torino, para neutralizar el equipo de comunicaciones.

La esposa de Rucci, que estaba hablando por teléfono, corrió hacia la puerta y vio morir a su marido cuando todavía no había terminado la sucesión de disparos.

Los hijos llegaron del colegio media hora después. El cuerpo todavía estaba en la vereda.

El grupo comando ya había escapado por los fondos. Y atravesaron el pasillo de la vivienda de la calle Aranguren al grito de “Policía Federal”.

Dos autos estacionados sobre la calle Aranguren les permitieron la fuga. Estaban abiertos, con las llaves guardadas en el parasol.

Parte del grupo operativo fue hacia una imprenta del barrio de Barracas. Consiguieron el diario de la tarde, que había alcanzado a publicar el atentado contra Rucci.

Leyeron la noticia sentados en un bar.

BIBLIOGRAFÍA

Cadus, Jorge y Palacios, Ariel. Combatiendo al capital 1973/1976. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino. Rosario, Editorial Municipal de Rosario, 2009.

Larraquy, Marcelo. López Rega, el peronismo y la Triple A. Buenos Aires, Aguilar, 2011.

Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto. Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA. Buenos Aires, Aguilar, 2010.

Entrevista del autor a un miembro de grupo de inteligencia del atentado contra José Ignacio Rucci.

CAPÍTULO 2

El enemigo infiltrado

En el término de dos semanas hubo exactamente veinticinco unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda; hubo doce militantes muertos, y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente, todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. […] ¡Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar tantos atentados fascistas!

La periodista ANA GUZZETTI al general Perón, en conferencia de prensa en la residencia presidencial de Olivos, el 8 de febrero de 1974.

Ezeiza había sido la primera batalla del peronismo ortodoxo. Y la había ganado. También había empujado a Cámpora hacia la renuncia. Y lo había logrado. La Tendencia Revolucionaria perdía margen de acción política, pero su capacidad de movilización se mantenía intacta en las calles.

La lucha entre ambos sectores continuaba. La disputa entre ellos por la proximidad a Perón, para heredar su poder, alcanzaría dimensiones sangrientas.

Una de las partes en conflicto tenía dos actores aliados que desconfiaban entre sí: las estructuras sindicales y José López Rega.

El sindicalismo era la tradición del peronismo histórico. Tenía peso político, poder de negociación y movilización. Perón lo había fortalecido desde su retorno al país.

López Rega había acumulado influencia sobre Isabel Perón durante sus siete años de relación cotidiana en Madrid. Aunque ignoto para el peronismo, como tantos personajes advenedizos que se habían acercado a Perón en su exilio, tenía la particularidad de que había logrado permanecer inmune al paso del tiempo, sin servir a nadie más que al matrimonio. Y a sí mismo. No tenía historia en el justicialismo, pero manejaba los recursos sociales del Estado. Era ministro de Bienestar Social.

López Rega había asumido el 25 de mayo de 1973. Su voluntad, que fue cumplida, era trabajar desde el Estado.

Pronto implementó dos esquemas de trabajo: uno político y público, relacionado con la acción social, la construcción de viviendas, la distribución de subsidios, beneficios y pensiones a carenciados, entre otras áreas. Y otro clandestino (pero también político): la creación de un aparato de tareas “sucias”, que les resultaban muy útiles al Partido Justicialista y a la ortodoxia sindical.

López Rega podía hacer uso del presupuesto del Ministerio para erosionar el poder de la izquierda peronista.

Todas las agrupaciones juveniles que habían quedado opacadas por la movilización de Montoneros a favor del “Luche y Vuelve” para el retorno de Perón, encontraron espacio en el Ministerio. López Rega representó una oportunidad para ellos. No admiraban su personalidad; él no tenía carisma ni capacidad de liderazgo, pero era un puente para hacer política desde el Estado. Militantes que cruzaban nacionalismo y peronismo, forjados en la acción y la violencia, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU) o el Movimiento Nueva Argentina (MNA); los “fascistas rumanos” de Guardia de Hierro, destacados por la formación teórica de sus cuadros; militantes del Comando de Organización, que se habían iniciado en la Juventud Peronista en tiempos de la Resistencia, y otros grupos de militancia sindical que resistían la avanzada del “marxismo en las fábricas” y también a los montoneros que se organizaban en los gremios, empezaron a formar parte de la plantilla estatal, a cobrar sueldos de asesores, obtener tareas de responsabilidad en la gestión pública.

López Rega les abrió las puertas de las oficinas. Pero no les brindó la plena confianza política. Las nuevas corrientes eran elementos exógenos que llegaban para el desafío del momento. López no las consideraba personal propio. A estos, en cambio, que accedían al Ministerio casi sin experiencia política o acababan de desprenderse de sus agrupaciones, el ministro los instó a crear la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), la juventud lopezreguista que tenía la misión de ocupar la calle y organizarse en los barrios en defensa de la pureza doctrinaria que estaba siendo asediada por “los infiltrados del Movimiento”. Tenían a su disposición los recursos del Estado para esa tarea.

Para la JPRA estaban las secretarías y subsecretarías, las firmas que autorizaban el ingreso de colaboradores, los sellos, el ingreso orgánico al Partido Justicialista, que se iba deshaciendo de restos camporistas que habían representado la voluntad de Perón de los años previos, pero ya no.

Para la JPRA, también, estaban las llaves del depósito ubicado debajo del escenario del microcine, en el segundo subsuelo, donde se guardaban las armas del Ministerio. Una importante provisión se había logrado por contrabando, mediante un pago de la Dirección de Administración. El Estado contrabandeaba armas para la guerra interna del peronismo.

De manera previa a su armado político, López Rega ya había organizado su guardia armada. Estaba formada por hombres que habían sido reclutados entre policías exonerados de la fuerza por crímenes, robos o corrupción, y otros ya retirados que hacían servicios de seguridad en fábricas, o que buscaban trabajo.

La guardia controlaba los movimientos en la Unidad Ministerio, un largo pasillo de oficinas que conducía al despacho central de López Rega, que tenía los ventanales hacia la Casa Rosada. Velaban por su seguridad en las salidas oficiales y también estaban a la espera de “blancos”. La orden que llegara desde arriba para hacer lo que hiciera falta.

La JPRA y la guardia armada en ocasiones operaban en conjunto. Pero lo más común era que solo compartieran algún dato, vehículos o algún arma. Los distanciaban los recelos internos (unos eran civiles y los otros habían sido formados en fuerzas de seguridad) y la diferente naturaleza de sus tareas (uno era grupo político que operaba con armas y el otro, exclusivamente ejecutor), aunque los unía el hecho de tener el mismo jefe y el mismo enemigo.

Las operaciones se organizaban en las oficinas durante el día y se ejecutaban por la noche. Por los movimientos en los pasillos se advertía si la custodia de López Rega o miembros juveniles del Ministerio saldrían a operar.

Tras el crimen de Rucci, la JPRA se sintió obligada a dar una respuesta política. La víctima fue elegida al azar, porque alguien mencionó que había brindado por la muerte del sindicalista, y, fuera cierto o no, era un militante que estaba en las filas del enemigo. Lo importante era que sabían dónde vivía y cómo hacerlo salir de su casa. Un grupo pidió “zona liberada” a la policía en las calles donde sucedería el crimen, fueron a su departamento en el barrio de Belgrano, le tocaron el timbre simulando ser una persona que él conocía, y cuando bajó al hall del edificio le dispararon. De ese modo murió el militante de la JP Enrique Grynberg.

Montoneros ya había individualizado a López Rega como el enemigo que retrasaba el cambio revolucionario. El que había “cercado a Perón” para distanciarlo del pueblo. Y en una movilización de casi cien mil militantes habían marchado hasta la residencia de Gaspar Campos para reclamar un vínculo más directo con su líder. Perón, que los recibió en persona, delegó en López Rega la atención de esas y otras inquietudes. La Juventud Peronista, que había expuesto su mayor capital político en esa movilización, había perdido relevancia para el General.

López Rega se ocupó de explicar lo que había sucedido.

El General ante un pedido de “muchachos” que lo fueron a ver, me llamó y me dijo: “López, los muchachos quieren conectar conmigo. ¿Cómo podemos hacer?” “Que me indiquen qué es lo que quieren y yo se lo traslado”, le dije. Y eso fue todo. La gente suele olvidarse que yo sigo siendo, con mucho honor, el secretario privado del general Perón y no hago más que facilitarle su tarea y cumplir con lo que está a mi alcance para evitarle tropiezos y problemas. Lo voy a decir con toda claridad: ante la solicitud del General, los días jueves a la mañana, que es cuando yo tengo más tiempo, de 9 a 11 estaré en mi despacho para recibir con gusto a los dirigentes que tengan alguna inquietud para transmitir al General. […] Si ellos dicen que no quieren verme a mí, tienen derecho a hacer las cosas que se les dé la gana. Yo no puedo forzar a la JP ni tengo la menor intención. Yo soy un servidor de la Nación porque el General me coloca allí. Si el General me dice “López, salga”, yo salgo; si el General me dice: “López, quédese”. Yo me quedo.

Después de ese intento fallido de “romper el cerco”, Montoneros comprendió que el que mandaba era Perón. Y su política ya estaba definida. “Saca a López Rega y pone a otro, y sigue siendo lo mismo”, analizaron después del encuentro en Vicente López.

Pero fue el crimen de Rucci el hecho determinante para exacerbar la guerra contra “el enemigo infiltrado”.

Perón, a punto de asumir como presidente, se transformó en la conducción de un justicialismo que realizaba su ajuste ideológico. Y López Rega formaba parte del sector operativo. El 1º de octubre de 1973 el Consejo Nacional Justicialista se reunió para elaborar un documento. Lo firmaron Perón, ministros de gabinete, gobernadores.

El Consejo consideró el crimen de Rucci como el punto más alto de la escalada de agresiones contra el Movimiento Nacional Justicialista. Hablaron de la infiltración marxista, de la desvirtuación de los principios doctrinarios del justicialismo, de un estado de guerra que no podía ser eludido. No alcanzaba con que el peronismo asumiera su defensa: había que atacar al enemigo en todos los frentes, con la mayor decisión. Ordenaron las “Directivas”.

El Movimiento Justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para enfrentar esta guerra. Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten de cualquier modo vinculados al marxismo. En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará. Se utilizarán todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito. Los compañeros peronistas, sin perjuicio de sus funciones específicas, deben ajustarse a los propósitos de esta lucha, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y reprimirlo con todo rigor.

En la reunión del Consejo, además, se decidió la creación de un semanario que saldría a confrontar con El Descamisado, que fue desautorizado como órgano de prensa del peronismo.

El Caudillo representó a las Directivas en las formas y en los hechos. Lo que hasta entonces no se podía decir, El Caudillo lo decía. Estaba dirigido por Felipe Romeo, un ex Tacuara que encontraba en el Ministerio de Bienestar Social y otras reparticiones del Estado, y también en la UOM, los fondos para un semanario que representara en el lenguaje la violencia que se vivía. La idea de parar “la infiltración”. De combatir con balas al enemigo interno.

La primera edición apareció el 16 de noviembre de 1973. En su editorial, firmada por Romeo, aunque no necesariamente escrita por él, repasaba la historia de los últimos meses.

Hace mucho que estamos en la lucha. Por eso sabíamos de antemano que no bien el General llegara al país intentarían copar la revolución popular que tanto nos ha costado. No esperaron mucho. El primer día nomás quisieron apropiarse del palco de Perón. Así les fue. Los sacamos reculando. Podríamos, nosotros sí, hacernos los burros y dejar que se quemaran solos. Pero, como el pueblo lo exige, preferimos desenmascararlos y quitarles la capucha a estos recién llegados. Así lo hicimos. Les dijimos las verdades en la cara y los llamamos, para darle nombre y apellido, traidores infiltrados.

Con la idea de “defender a Perón con todos los calibres”, El Caudillo fue señalando a los enemigos, que no solo eran “los infiltrados” sino también miembros de gobierno —como el ministro de Economía José Gelbard o el ministro de Educación Jorge Taiana—, y todo aquel que López Rega considerara que le ponía algún freno.

La violencia simbólica del lenguaje ya estaba expresada en los hechos.

En la lucha por la “purificación”, la reacción justicialista se desataba en provincias en que el peronismo había logrado una convivencia forzada por el retorno de Perón y que se había representado en listas legislativas y fórmula de gobierno conjuntas para las elecciones de marzo de 1973.

Pero a partir de las Directivas del Consejo la lucha implicaba desplazar a los “infiltrados” de las funciones de la administración pública en las provincias donde habían obtenido espacio. La purga no admitía diversidad ideológica, matices ni contradicciones.

“Nadie podrá planear cuestiones personales o disensiones de grupos o sectores, que afecten o entorpezcan la lucha contra el marxismo”, planteaban las directivas del Documento Reservado. El “marxismo” era un eufemismo del “socialismo nacional” o de todo aquello que no representara a la ortodoxia doctrinaria.

El peronismo empezó a delinear sus fronteras internas.

Los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y también de Salta y Santa Cruz, fueron puestos en la mira del justicialismo.

Allí se había permitido el ingreso de sectores de la Tendencia Revolucionaria en base a un consenso político que ahora estaban decididos a terminar. Era el momento de revertir ese proceso, ganar posiciones internas en la administración pública y el gobierno, y provocar conflictos gremiales para tensar el escenario político y promover “el golpe de Estado interno”. O, llegado el caso, facilitar la intervención federal.

Ese fue el espíritu de las Directivas, esas fueron sus consecuencias políticas.

Después del crimen de Rucci, la acusación de “izquierdista” representó una amenaza para cualquier funcionario provincial. Era acusado de tener “vínculos con la subversión”.

Era la sentencia del PJ. Se instrumentaba a través de la CGT local, gremios o legisladores, quienes requerían la expulsión de “los infiltrados” y la normalización institucional del partido, en caso que hubiera alcanzado el órgano partidario. Esa era la línea de la depuración.

Uno de los puntos más alto de las tensiones internas se produjo en enero de 1974 con la destitución de Oscar Bidegain, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bidegain era un médico que, tras un paso por el nacionalismo, se había incorporado al peronismo desde su origen. Era, como Cámpora, un peronista “histórico”. Perón lo había elegido como candidato a la provincia. Huérfano de apoyo en el peronismo ortodoxo, que despreciaba su candidatura, para la campaña Bidegain debió inclinarse hacia la Tendencia Revolucionaria, que lo tomó como un cuadro propio. Cuando llegó al Poder Ejecutivo con casi el cincuenta por ciento de los votos, al igual que Cámpora, abrió algunas líneas del Estado a militantes montoneros, o allegados a ellos, que ingresaron a la función pública. El metalúrgico Victorio Calabró, que secundó a Bidegain en la fórmula, pronto empezó a desestabilizarlo: comenzó a denunciar la “infiltración marxista” en el Movimiento.

Después del crimen de Rucci, Bidegain se sintió forzado a alinearse junto al Consejo Justicialista y prometió cumplir con las Directivas para “detectar y eliminar infiltraciones marxistas”.

El gobernador caminaba entre dos fuegos.

Pero no alcanzaron sus buenas intenciones hacia la verticalidad ni las invocaciones a la lealtad a Perón para salvar su gobierno.

Cuando el 19 de enero el ERP dispuso cien de sus hombres para asaltar el Regimiento de Blindados C-10 de Azul, justo la localidad de donde era oriundo Bidegain, Perón se puso el uniforme militar y en cadena nacional transmitió que esas acciones se producían en “determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad la hacen posible, o lo que sería aún peor, si mediara, como se sospecha, tolerancia culposa”.

Bidegain solicitó una entrevista con Perón que no le fue concedida. Ya no tenía margen político para actuar. La ortodoxia aceleró el pedido de renuncia y reclamó “sanciones” contra el gobernador. La JP había perdido peso político para sostenerlo. Bidegain renunció y con él se fueron decenas de funcionarios y legisladores provinciales de la Tendencia Revolucionaria. La ortodoxia, tras la asunción de Calabró, quedó con el control de la provincia de Buenos Aires.

Las derrotas se sucedieron. Perón se mostraba cada vez más inflexible a los planteos de la izquierda peronista.

Por el ataque al cuartel militar, había afirmado que se debía “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal” mediante “la lucha a que dé lugar”. Y si bien la referencia explícita era para el ERP, también era una advertencia implícita para Montoneros.

Para las sesiones extraordinarias, Perón envió al Congreso una reforma del Código Penal que establecía penas más duras contra la acción guerrillera. Más duras que las que había aplicado el dictador Agustín Lanusse, incluso. Los ocho diputados nacionales de la JP se negaron a votarla y quisieron explicarle a Perón su desacuerdo. Perón los recibió en Olivos con las cámaras de televisión encendidas. Expuso que tenían la libertad para irse del Movimiento si estaban disconformes. “Nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento, se va. En este sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. Quien esté en otra tendencia diferente de la peronista, lo que debe hacer es irse”.

Y luego Perón avanzó en su discurso sobre el ERP. Mencionó el respeto a la ley en forma ambigua, dejando margen para que se interpretara que podía reprimir a la guerrilla de manera ilegal.

A la lucha, y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacer más que imponerle y enfrentarla con la lucha. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Nosotros estamos con las manos atadas dentro de la debilidad de nuestras leyes. Queremos seguir actuando dentro de la ley. Pero si no contamos con la ley, entonces tendremos que salirnos de la ley y sancionar en forma directa, como hacen ellos. Si nosotros no tenemos en cuenta la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato. Si no tenemos la ley, el camino será otro. Y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes.

Y si por televisión Perón hablaba de “aniquilación”, en su mensaje directo a los militares de Azul, habló de “exterminio”:

La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía, harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República.

Entre el “aniquilamiento cuanto antes al terrorismo criminal” y el exterminio del “reducido número de psicópatas que va quedando”, Perón anticipaba verbalmente una represión que otros ejecutarían en forma ilegal desde el Estado.

A tres meses de asumir el gobierno, su intento de armar una coalición política entre sectores de ideologías y proyectos contradictorios entre sí —la ortodoxia peronista y la Tendencia Revolucionaria— había fracasado.

La representación de ese fracaso era la violencia que sobrevenía. Antes que persuadir, Perón se sentía obligado a amenazar. El país que había encontrado tras diecisiete años de exilio se le escapaba de las manos. No había logrado el acuerdo político-institucional con las fuerzas opositoras, que se mostraron prescindentes de la lucha interna del peronismo; el pacto corporativo —CGT-CGE— era cada vez más vulnerable porque la inflación y el conflicto social iban en ascenso.

Frente a la imposibilidad de conciliar a los sectores internos, Perón acompañó a los que planteaban “la depuración” y se alistaban contra “el infiltrado marxista”.

En la misma semana en que fue desplazado Bidegain, Montoneros hizo renunciar a sus diputados del Congreso, la reforma al Código Penal se convirtió en ley y, casi de manera inmediata, los cuadros juveniles del Ministerio de Bienestar Social —JPRA, MNA, etc.—, además del Comando de Organización (C. de O.) y la dirección de El Caudillo ingresaron de la mano de López Rega a Olivos y fueron recibidos por Perón.

El Presidente había encomendado a la JP el oxímoron de integrarse con los grupos juveniles ortodoxos en una sola Juventud Peronista, y como aquellos desistieron, la JPRA se transformó en la rama juvenil orgánica del justicialismo.

En sus instrucciones a la juventud ortodoxa, Perón insistió en que el Movimiento no debía permitir que le introdujeran ideologías y doctrinas “totalmente extrañas a nuestra manera de sentir”, y en referencia a los “infiltrados” expresó que eran cualquier cosa “menos justicialistas. Entonces —se preguntó Perón— qué hacen en el Justicialismo? Porque si yo fuera comunista me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el Partido ni en el Movimiento Justicialista”.

El Caudillo, en la edición del 8 de febrero, posterior al encuentro de Olivos con Perón, lo traduciría en su propio lenguaje.

Sabemos tirar muy bien y no hemos dejado oxidar las pistolas. Que el enemigo sepa claramente que por mucha prensa que tenga, a la hora de las balas la prensa tiembla. Aunque publiquen sus comunicados arteros y aunque dupliquen e inflen a gente que no existe, llegará el momento de tener que incluir esos mismos nombres en la columna fúnebre.

La represión ilegal desde el Estado dio un paso clave con el reingreso del comisario Alberto Villar a la fuerza policial. Fue una decisión directa de Perón. Villar había sido jefe de la brigada de custodia presidencial en los años cincuenta y luego se había formado en las doctrinas militares de la Escuela Francesa, con cursos en París impartidos por la Organisation de l’Armée Secrète (OAS). Villar había enfrentado con la infantería a sindicatos clasistas en tiempos de Lanusse, había ordenado a las tanquetas irrumpir en la sede del Partido Justicialista cuando se velaban los cadáveres de los fusilados por la Armada en la base de Trelew, en agosto de 1972, y había sido puesto en disponibilidad por tomar una comisaría en Córdoba (intentó recuperar un expediente que comprometía su accionar). Al asumir Cámpora, ya retirado, Villar había montado una agencia de seguridad con más de cien hombres. Se llamaban Los Centuriones. Estaban preparados para “tareas especiales”.

Perón reintegró a Villar como subjefe de la Policía Federal. Y también decretó los ascensos del comisario Juan Ramón Morales y del subinspector Eduardo Almirón, quienes habían reingresado en la fuerza por decreto de Lastiri e incorporados a la custodia de López Rega. De esta forma, dos miembros de la Triple A se integraban al Estado y ascendían de grado con dos decretos presidenciales, el de Lastiri y el de Perón, en octubre de 1973 y febrero de 1974.

Un día después de la asunción de Villar en la subjefatura, apareció la primera lista de “condenados” por la Triple A, con la promesa de matarlos donde se los encontrara. Incluía al obispo Enrique Angelelli, al peronista Julio Troxler, al montonero Roberto Quieto, al intelectual Silvio Frondizi, entre otros.

La Triple A ya había hecho su primera intervención hacía apenas dos meses, con una bomba en el Renault 6 del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que se oponía a un proyecto de ley sindical que centralizaba la recaudación de las obras sociales e impedía la democratización en los gremios. El jefe de los metalúrgicos, Lorenzo Miguel, lo había calificado “el enemigo público número uno de la clase obrera organizada”. La bomba plástica, que explotó cuando puso en marcha el auto, le provocó quemaduras en las piernas.

Era el primer atentado firmado por la Triple A, cuya existencia hasta ese momento se desconocía. Sin embargo, el clima de violencia contra los “marxistas”, “bolches” e “infiltrados” ya estaba instalado con bombas, ametrallamientos e incendios contra unidades básicas de la JP y domicilios o automóviles de dirigentes de la Tendencia. Y también con secuestros o crímenes, como el del bioquímico Constantino Razzetti (JP) cuando regresaba de un acto partidario en Rosario; el del periodista José Colombo, del periódico El Norte, de San Nicolás, o el del obrero José Contino, del Peronismo de Base, secuestrado, torturado y encontrado muerto en un baldío de Córdoba.

Con el reingreso de Villar en la Policía Federal, ahora los miembros de la institución policial tenían vía libre para involucrarse en la Triple A y actuar a la luz del día en el servicio público y por las noches, en la represión clandestina, metodología que ya ejercían los miembros de la custodia de López Rega o los grupos de la ortodoxia juvenil que habían encontrado refugio en el Ministerio.

En Córdoba también ya operaban bandas clandestinas dentro de la fuerza policial y ligadas al III Cuerpo de Ejército.

En los años precedentes, el Cordobazo y el Viborazo habían promovido la movilización de masas, con un fuerte apoyo del clasismo. Ahora el peronismo ortodoxo intentaba revertir ese proceso.

El FREJULI, con el peronista Ricardo Obregón Cano y el sindicalista del transporte Atilio López, había ganado la gobernación. La Tendencia había apoyado la fórmula. El PJ ortodoxo había quedado fuera de ese proceso, pero intentó revertirlo, a tono con los nuevos tiempos políticos que marcaron las Directivas del Consejo del Partido Justicialista.

La CGT local, “para que no haya ningún marxista”, fue depurada de dirigentes de la izquierda gremial y acusó al gobernador de ser permisivo con el “movimiento subversivo”.

Durante su gestión en Córdoba, Obregón Cano había saldado una disputa salarial en favor de los trabajadores del transporte, en inocultable desafío al Pacto Social que impulsaba Perón. Después, cuando el gobernador intentó depurar elementos de la policía provincial comprometidos con secuestros y torturas en los gobiernos militares, el PJ prometió defenderlos del “manoseo de los infiltrados que pretenden crear caos y discordia entre los argentinos”.

El clima de enfrentamiento ya estaba instalado.

El PJ provincial, gremios ortodoxos y la policía gestaron una alianza que conspiró contra la continuidad del gobernador. Y, pese a que Obregón Cano mencionaba su lealtad incondicional al General para buscar legitimidad en sus acciones de gobierno, Perón jamás salió a respaldarlo. Al contrario, caracterizó a Córdoba como “un foco de infección” de los infiltrados.

En el marco de este proceso, Obregón Cano decidió exonerar al teniente coronel Antonio Domingo Navarro, jefe de la policía provincial, luego de que se hiciera pública una denuncia de secuestros extorsivos que lo señalaba como el líder de la conspiración.

Navarro resistió la medida, acuarteló a su subordinados y promovió una sedición bajo el argumento de que el gobernador estaba “entregando armas a los civiles” en la Casa de Gobierno. Ese 28 de febrero de 1974 fue una jornada violenta en la provincia. Desde la medianoche, grupos policiales atacaron sindicatos con direcciones clasistas, irrumpieron en radios y redacciones y colocaron bombas en viviendas de funcionarios. Sin orden judicial alguna, produjeron casi un centenar de detenciones, entre ellas la del propio gobernador Obregón Cano. La Casa de Gobierno fue ocupada por los sediciosos. La CGT local y las 62 Organizaciones Peronistas decidieron un paro por veinticuatro horas en apoyo al golpe.

Durante todo el día se sucedieron tiros y escaramuzas entre golpistas y sectores de izquierda movilizados por la defensa del gobierno.

Una vez liberado, Obregón Cano fue impedido de reasumir su cargo por obstáculos que le interpusieron la legislatura provincial y la propia policía. Obregón Cano viajó a Buenos Aires con la intención de que Perón lo recibiera, condenara a los sediciosos y ordenara su retorno al poder. Perón no lo recibió y avaló el golpe policial y Obregón Cano fue procesado por haber criticado a dos ministros del Poder Ejecutivo. El 7 de marzo, el Congreso Nacional, con el acuerdo de Balbín, intervino Córdoba. Navarro fue indultado y premiado con un cargo oficial en el consulado argentino en Barcelona, España.

En Córdoba sucedió algo inédito: fue la primera vez que una fuerza de seguridad rompió con la legalidad institucional y obtuvo el apoyo del justicialismo en sus ramas política y gremial.

Como en el caso de Buenos Aires, los sucesos de Córdoba demostraban que la decisión de enfrentar a las provincias que habían incluido en el Estado o hubiesen brindado algún tipo de apoyo al “enemigo infiltrado” sería permanente e irreversible. Formaban parte de las Directivas del Consejo Superior Justicialista del 1º de octubre y contaban con el consentimiento de Perón. A menos que se decidieran a enfrentar al Líder, no podían más que disciplinarse a sus directivas. Con el respaldo del gobierno nacional, el control político e ideológico de la ortodoxia sobre el peronismo fue inalterable. Los frentes que componían la Tendencia Revolucionaria y la organización Montoneros, que dirigía sus acciones, fueron perdiendo significación política, mientras que la opción de la represión ilegal para combatir al “infiltrado” fue adquiriendo espacios más amplios, con el consentimiento del PJ.

A partir de la intervención justicialista en Córdoba, la guerra contra las organizaciones clasistas, “los infiltrados” y el “movimiento subversivo”, se concentrarían desde el Departamento de Informaciones (D2), una estructura policial con autonomía, pero subordinada al III Cuerpo de Ejército, cuyos miembros se infiltrarían en organizaciones estudiantiles, obreras, sociales y sindicales y harían inteligencia sobre estructuras del ERP y de Montoneros para luego secuestrarlos, torturarlos y alojarlos en el centro de detención clandestina ubicado en la sede de la repartición, a una cuadra de la Catedral de Córdoba.

El capitán del Ejército Héctor Vergez, con su seudónimo “Capitán Vargas”, organizaría el comando paramilitar Libertadores de América, un “grupo de tareas” al que también se sumarían otros civiles de ideología nazi, nacionalista y fascista. En resumen, Libertadores de América era una versión cordobesa de la Triple A en procedimiento y espíritu.

El Estado les daba libertad de acción para operar contra “el enemigo”.

El gobierno de Mendoza, conducido por Alberto Martínez Baca, que había ganado las elecciones con casi el setenta por ciento, también fue objeto de la presión ortodoxa. En la semana de los festejos de la asunción, Martínez Baca recibió al presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, y a los presos mendocinos de la guerrilla, liberados luego de la amnistía del 25 de mayo de 1973. Los calificó como “héroes de Mendoza”. En una acción sin precedentes, quemó los legajos de inteligencia de militantes que guardaban los aparatos de seguridad. La Tendencia se convirtió en el principal sostén político de Martínez Baca y ocupó distintas áreas de su gobierno. Pero, después de la caída de Cámpora, la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas alertaron sobre la “infiltración ideológica” en la provincia, y tras el crimen de Rucci, el Consejo Superior Justicialista exigió una “reestructuración definitiva”, en setenta y dos horas, del gabinete mendocino para cumplir con las Directivas de Perón. Además, el PJ colocó a un veedor del gremialismo ortodoxo para que supervisara la política del gobierno. El 22 de octubre de 1973 una bomba explotó en el despacho privado del gobernador.

Martínez Baca desplazó a cinco ministros de su gabinete, entre ellos su hijo, que era secretario de Gobernación. En un contexto de conflictividad con docentes, bancarios, policías y sectores de la oposición no peronistas —el Partido Demócrata y la UCR—, Martínez Baca fue resignando posiciones. El tribunal partidario expulsó al presidente de la Cámara de Diputados, que le respondía, y exigió la separación de todo funcionario, legislador, concejal que hubiese sido identificado como parte de la Tendencia Revolucionaria. Finalmente, en un acuerdo que cerró con el ministro del Interior, Benito Llambí, Martínez Baca subordinó toda su acción a la obediencia del Consejo Superior Justicialista. Pero el acuerdo para mantenerse en la gobernación duraría poco tiempo.

El 11 de marzo de 1974, en la cancha de Atlanta, en uno de los últimos actos públicos de Montoneros, se conmemoró el aniversario del triunfo del FREJULI con la fórmula Cámpora-Solano Lima. Fue un acto masivo, pero, a esas alturas, la movilización poco incidía políticamente para modificar el curso de los acontecimientos.

Montoneros estaba cada vez más arrinconado por un justicialismo que los perseguía —desde sus órganos partidarios y también, oscuramente, desde el Estado—, bajo el cargo de representar al “enemigo infiltrado”.

La velocidad de los cambios políticos provocaría disidencias y críticas a la conducción montonera. Un grupo, la JP Lealtad, emprendería la retirada, tomando distancia de la “lucha armada” y la “guerra popular y prolongada”, y se subordinaría a la conducción, no táctica, sino estratégica de Perón.

Otro sector radicalizado, en cambio, como la Columna de Recuperación Cooke-Pujadas, criticaba que el proyecto de la conducción “no es otra cosa que una versión particular de la democracia burguesa”. Planteaba que no bastaba con “exaltar mitológica y fetichísticamente [sic] la figura del General Perón” y proponía un carácter más revolucionario: “La lucha armada se piensa, se planifica, se estudia, se sabe para qué se desencadena. Pero una vez comenzada se continúa hasta el final”.

Después del acto de Atlanta, en el que Mario Firmenich, en su discurso, llamaría a romper con el Pacto Social y denunciaría a las fuerzas policiales como “brazo armado de la burocracia sindical” para conspirar contra gobernaciones ligadas a la Tendencia, la relación Perón-Montoneros ingresaría en su etapa final.

La ruptura se exteriorizó el 1º de Mayo de 1974 en la Plaza de Mayo. Detrás de un vidrio blindado, Perón trató de “imberbes”, “estúpidos” e “infiltrados” a los montoneros, cuya columna bramaba consignas que lo interpelaban (“No rompan más las bolas, Evita hay una sola”; “Qué pasa, qué pasa, qué pasa, General, está lleno de gorilas el gobierno popular”).

Era el final de una relación política agotada.

Por encima del murmullo, Perón reiteró su apoyo a los “dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica, y han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que todavía haya sonado el escarmiento”.

Montoneros se fue de la Plaza.

Quizá no era la forma en que Perón había imaginado romper con ellos, pero su voluntad de terminar con “los infiltrados” y aplastar los “intentos de disociación y anarquía” no tenía retorno.

Perón saldría al balcón de la Casa Rosada una vez más, el 12 de junio de 1974, casi treinta años después de aquel 17 de octubre de 1945 que lo lanzó al protagonismo en la vida política argentina del siglo XX. Ese 12 de junio circuló el rumor de que Perón renunciaría, cansado de las críticas al Pacto Social, y la CGT se movilizó para respaldarlo.

En su discurso, Perón reivindicó su plan original de gobierno: el pacto entre gremios y empresarios, el programa de reconstrucción democrática, el proyecto nacional. Pero el país se estaba volviendo ingobernable. Y su salud se consumía.

Prácticamente ya no salía de la residencia de Olivos.

En la percepción de sus horas finales, Perón intentó que fuese Ricardo Balbín, y no su esposa, quien heredara su gobierno. Convocó al secretario legal y técnico Gustavo Caraballo para que preparara un esquema institucional de contingencia que torciera la línea de sucesión presidencial. Pero, frente a los obstáculos institucionales y políticos que suponía esa maniobra, Perón prefirió dejar las cosas como estaban. Por lo pronto, le pidió a su esposa que no tomara ninguna decisión importante sin consultar a Balbín.

Ese mes de junio volvió de un viaje al Paraguay enfermo y pálido, y luego se recluyó en Olivos y dejó de participar en las reuniones de gabinete. Todos los papeles que debía firmar fueron entregados a Isabel y a López Rega. Un equipo de emergencia del Hospital Italiano se instaló en la planta baja de la residencia. A partir del 20 de junio Perón ya no cumplió tareas oficiales. Permanecía acostado en la cama o en un sillón de su habitación, en el primer piso. López Rega había instalado un micrófono en su mesa de luz y aparecía de inmediato si respiraba mal.

El cuadro de salud se fue complicando.

Perón sufrió un pequeño infarto, encubierto por una “bronquitis”, según la información oficial. El 29 de junio delegó el mando a Isabel, que debió suspender una gira por Europa, en la que estaba acompañada por López Rega, y volver de urgencia.

El lunes 1º de julio, mientras Isabel presidía una reunión de gabinete, Perón empezó a perder el aire y su médico, el ministro de Educación, Jorge Taiana, corrió a auxiliarlo, junto con los médicos del equipo de emergencia.

Le hicieron respiración artificial, masajes cardíacos, pero iba perdiendo la irrigación cerebral. Hasta que todos los esfuerzos médicos fueron considerados inútiles.

Ese día, todo el país lloró la muerte de Perón.

Isabel quedaba en el gobierno. Y con ella, una gran incertidumbre.

BIBLIOGRAFÍA

Baschetti, Roberto (compilador). Documentos 1973-1976. Volumen I. De Cámpora a la ruptura. La Plata, De la Campana, 1996.

Bolívar, Jorge. Estrategia y juegos de dominación. De Marx y Lenin a Perón y Hannah Arendt. Para una crítica del saber político moderno. Tomo II. Buenos Aires, Catálogos, 2008.

Bufano, Sergio. “Perón y la Triple A”. Buenos Aires, revista Lucha Armada en la Argentina, Nº 3, 2005.

Larraquy, Marcelo. López Rega, el peronismo y la Triple A. Buenos Aires, Aguilar, 2011.

CAPÍTULO 3

La tarea sucia

Es evidente que cuando se trata de un enemigo de la Patria, un enemigo de lo más sagrado, que es el pueblo, merece estar muerto. Nosotros no queremos la muerte de nadie, pero esto es una guerra y al enemigo hay que aniquilarlo.

Brigadier RAÚL LACABANNE, interventor federal de Córdoba, en una entrevista publicada por El Caudillo el 3 de diciembre de 1974.

El 31 de julio de 1974, pasadas las diez de la noche, el diputado Rodolfo Ortega Peña fue empujado por las balas sobre el guardabarros de un Citroën estacionado en el centro porteño. Recibió impactos en la cabeza, el cuello y el tórax. Acababa de bajar de un taxi.

A casi un mes de la muerte de Perón, la Triple A desplegaba sus acciones a la vista de todos. Convertía en un baño de sangre las caras más visibles de “los infiltrados”, los marxistas y los “zurdos”, los que ideológicamente se expresaban por fuera de los límites doctrinarios del justicialismo, como era el caso de Ortega Peña, que investigaba la responsabilidad de Ministerio de Bienestar Social en un contrabando de armas desde Libia, para probar la criminalidad de López Rega. Sus denuncias representaban un estorbo para el Congreso y, a medida que alzaba la voz en su revista Militancia, la muerte lo iba acorralando.

A esas alturas, todos los que habían apoyado la declamada “liberación del pueblo” para las elecciones del ’73, ahora estaban bajo amenaza. Los nuevos tiempos estaban signados por la censura, la persecución, la represión ilegal, los crímenes paraestatales. Poco antes de los disparos, Ortega Peña había escrito: “Morir es vivir por el pueblo”.

La misma sensación tuvo el padre Carlos Mugica.

A fines de los sesenta, como asesor espiritual de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional de Buenos Aires, tomó contacto con un grupo de adolescentes que luego conformaría Montoneros y había adherido al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, comprometido con los pobres. En 1972 fue invitado para acompañar a Perón en el avión del retorno y poco tiempo después, con Cámpora en el poder, se había sumado al trabajo del plan de urbanización de la Villa de Retiro, donde oficiaba misa. López Rega lo había sumado a su equipo de asesores.

Las diferencias entre ellos fueron inmediatas. Y terminaron mal. El Caudillo se burlaba de Mugica. “López Rega me va a matar”, sospechaba el sacerdote. El 11 de mayo de 1974, a la salida de una parroquia de Villa Luro, un hombre que lo llamó por su apellido le disparó con una metralleta en el pecho y el abdomen y partió en un auto que lo esperaba. Algunos testigos creyeron reconocer a Rodolfo Almirón, custodio del ministro de Bienestar Social.

Fueron meses en los que el terror se expresaba a cielo abierto. Las bandas paraestatales habían salido en busca de sus enemigos. Juan José Varas, un funcionario de Obregón Cano fue llamado cuando estaba en la butaca de un avión por supuestos hombres de “Seguridad Federal” y apareció acribillado al día siguiente, 16 de septiembre. El mismo día, Atilio López, vicegobernador de Córdoba depuesto, secuestrado en la puerta de un hotel de Buenos Aires, fue tirado junto al cadáver de Varas. Tenía 132 disparos. Julio Troxler, que había sobrevivido a los fusilamientos de la Revolución Libertadora en el basural de José León Suárez en 1956, fue fusilado cuatro días después en un paredón ferroviario de Barracas. El periodista Leopoldo Barraza, y también su amigo Pedro Laham, fueron arrancados del bar La Paz, de la avenida Corrientes, y aparecieron en un baldío cerca del Riachuelo el 13 de octubre. Morían los que estaban en las listas de la Triple A. Y otros que no estaban también morían. El terror había ampliado sus fronteras. El “operativo limpieza” que proclamaba El Caudillo desde sus páginas se cumplía día tras día.

En el recuento de crímenes del bimestre agosto-septiembre, hubo sesenta muertos, veinte secuestros, doscientos veinte heridos.

No solo los montoneros o izquierdistas más emblemáticos estaban en riesgo. La Triple A podía avanzar sobre aquellos que hubieran tenido cualquier participación política. Todos eran posibles víctimas.

La misma noche en que mataron a Ortega Peña, Santucho, desde el periódico del ERP El Combatiente, entreveía una estrategia de represión más fina, que excedía a la que se ordenaba desde el Ministerio de Bienestar Social.

Simultáneamente, con la autorización de López Rega para aplicar su política represiva sin participación militar, los mandos de las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias han puesto en marcha un plan golpista dirigido a apropiarse del gobierno en los primeros meses del año próximo […] Ellos piensan dejarlo a López Rega para que se “queme”, que el gobierno se desprestigie totalmente para justificar el golpe, que pueden llegar a realizar presentándose como herederos de Perón, como que vienen a “reencauzar el proceso”, corrigiendo los abusos y errores de López Rega e Isabel.

En 1974, la etapa de mayor desarrollo obrero, el PRT-ERP estaba en su apogeo. Tenía células en las fábricas más populosas del conurbano bonaerense, la Capital Federal, Córdoba, Rosario y La Plata. Intervenía en los sectores petrolero, automotor, siderúrgico, bancario, municipal, docente. Pero este es también el año en que intensificó su accionar armado. El ERP entendía que con el ataque al cuartel de Azul había logrado “desenmascarar” el engaño y mostrar al Perón verdadero: lo había obligado a ponerse al frente de la política antiguerrillera, el aspecto central de la agenda del gobierno.

En su intención de sumarlo al enfrentamiento, el ERP también quería que Montoneros “agudizara sus contradicciones” con Perón, que había decidido “liderar las fuerzas burguesas frente al pedido revolucionario” y a quien consideraban un obstáculo para la radicalización del pueblo. Suponían que, a partir de su muerte, las condiciones políticas para la guerrilla mejorarían.

Pero si las condiciones no estaban aún desarrolladas, era tarea del ERP organizar a las masas en sus formas de lucha más adecuadas para acelerar los tiempos.

El concepto de militarización, de crecer “de lo pequeño a lo grande” en el marco de la guerra “popular y prolongada”, tuvo su correlato con la consecuente voluntad de ir creando “zonas liberadas”. Expandirse hacia las masas en todas sus formas de lucha —legal e ilegal, pública y clandestina, armada y no armada— para desarrollar la “situación revolucionaria” y acercarse al momento del “estallido final” del capitalismo. Pero toda esta teoría necesitaba de una fuerza material que la respaldara.

En marzo de 1974, la organización de Roberto Santucho —que actuaba como frente político orientado hacia las masas con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y como fuerza militar con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)— abrió un frente rural en el sur de Tucumán, para crear una “zona liberada” con el apoyo de la población local.

La Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, iniciada con casi cincuenta combatientes llegados de distintas provincias, empezó a hacer prácticas y entrenamiento como una fuerza regular, con grados militares, uniforme verde oliva y lecturas de doctrinas de guerra, en especial del general vietnamita Nguyen Giap. El primer impulso para la creación de un ejército revolucionario.

Enterados de su acción en el monte, la Policía Federal, al mando de su jefe, el comisario Alberto Villar, con helicópteros y 650 efectivos, fue en su búsqueda, encontró rastros en algunos campamentos y luego indicó que la columna guerrillera estaba disuelta.

Después de casi tres meses de instrucción, de guardias nocturnas, marchas por el monte para eludir el cerco policial, simulacros de asalto y emboscada y bajadas al llano para tomar contacto con colaboradores, en la noche del 30 de mayo de 1974, la Compañía Ramón Rosa Jiménez hizo su presentación como estructura de combate rural en Acheral, un pueblo de dos mil habitantes en Tucumán. Pese a que era un período de entrenamiento, quiso dar un mensaje propagandístico para demostrar el fracaso policial. Tomaron en forma simultánea la comisaría (con tres policías) y la estación ferroviaria y bloquearon el acceso de la ruta 38. En una toma de un par de horas, arengaron contra la policía en un bar con unos pocos parroquianos, pintaron paredes con leyendas de la Compañía y se fueron en dos camionetas “expropiadas” que luego abandonaron con las llaves puestas. Esta acción, más el asalto a un camión con azúcar que luego repartieron entre pobladores, un robo a una fábrica y la toma de una comisaría en un paraje de Tafí del Valle, fueron sobrevalorados. Pensaron que ya estaban preparados para operaciones de mayor relieve.

La Compañía diseñó una acción combinada con los ataques a la Fábrica Militar de Explosivos en Villa María, Córdoba, y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca.

En ambos casos, un conscripto les daría la señal para el ataque.

En términos materiales la operación en Córdoba fue exitosa: se llevaron fusiles, ametralladoras pesadas, metralletas, cajones de granadas y municiones. Pero en tres horas tuvieron enfrentamientos, tres bajas propias, dejaron a un militar muerto y secuestraron a otros dos. A uno lo dejaron herido en la puerta de un hospital. Al subdirector de la fábrica, el mayor Julio Argentino Larrabure, a quien pensaban canjear por militantes presos, lo retuvieron en una “cárcel del pueblo”. Al año siguiente aparecería ahorcado.

En la misma noche del 11 de agosto de 1974 se llevó a cabo la operación en Catamarca.

El escenario fue todavía más trágico. Un grupo del ERP había llegado en un ómnibus alquilado a una empresa de turismo en Tucumán. Eran casi cincuenta. Ninguno había participado nunca en la toma de un cuartel. Más aún, algunos cuadros se incorporaron a último momento y ni siquiera habían disparado un tiro. Después de reducir al chofer, se ubicaron en un camino vecinal cercano a la ruta provincial 62 y esperaron la llegada de dos camionetas que les entregarían los uniformes y las armas, y después, cuando se uniformaron y armaron, quedaron a la espera de la señal del conscripto del Regimiento.

El micro y las dos camionetas esperaron varias horas.

Dos pobladores dieron alerta a la policía, y cuatro móviles llegaron al camino hacia la medianoche. Enseguida sonó el primer disparo y después la balacera. Conclusión: dos guerrilleros muertos, otro herido; dos policías heridos, la operación frustrada, y enseguida el desbande, los guerrilleros escapando en la madrugada para cualquier lado en una geografía que desconocían.

El plan de fuga no estaba previsto en la operación. No, al menos, desde el camino vecinal. El repliegue fue un desorden. Un grupo logró acercarse a una ruta, robaron camionetas y volvieron a la base en la selva tucumana. Cuatro guerrilleros aparecieron en la tarde del domingo en distintas estaciones de ómnibus. Fueron detenidos. Permanecerían nueve años en prisión, hasta 1983. Otro grupo, alrededor de veinte, se escondió en una quebrada a trescientos metros de la capilla Nuestra Señora del Rosario. Llegada la noche veían cómo el cielo de los cerros se iluminaba con bengalas que tiraba el Ejército. Habían salido a buscarlos. Y también se sumó el comisario Villar y empezó a recorrer la zona con una tanqueta. Un avión de la Fuerza Aérea trasladó militares desde Buenos Aires. El lunes, Catamarca suspendió las clases.

El país quedó a la espera de lo que sucedería con los guerrilleros.

Cuando dos de ellos bajaron a buscar víveres al pueblo Piedra Blanca, fueron detenidos a la salida de una panadería y una hora después los soldados, la policía, un avión y dos helicópteros rodearon la quebrada.

Tenían una consigna. “El Ejército no toma prisioneros”.

No hubo sobrevivientes. Hubo dieciséis muertos.

Los cuerpos fueron sepultados como NN en el cementerio local. Cuatro de ellos eran combatientes de fuerzas guerrilleras de Chile, Uruguay y Bolivia que se habían unido al ERP. De las fuerzas regulares, quedó herido un cabo al que le explotó la granada que estaba por lanzar.

El comunicado oficial mencionó un combate. El ERP, en cambio, denunció que, “tras débiles enfrentamientos, fueron detenidos y fríamente asesinados”.¹

La represión fue saludada en un acto público por el gobernador justicialista Hugo Montt, su vice Antonio Saadi y la curia catamarqueña. El gobernador de La Rioja, Carlos Menem, se acercó a saludar por el “servicio brindado a la Nación” e Isabel felicitó a las fuerzas de seguridad que “combatieron” al ERP.

A partir de entonces, el ejército llevó las tropas al monte y empezó a rastrillar la zona rural de Famaillá y Monteros en busca de los campamentos. Hicieron operativos con helicópteros, cortaron rutas, sortearon ríos en expediciones, pero la movilidad constante de una veintena de miembros de la Compañía —ya habían perdido a treinta, entre muertos y heridos— les permitió perderse en la selva.

El ERP, que se asignaba la representación de la “justicia popular”, se comprometió a vengar a todos y cada uno de los dieciséis fusilados de Catamarca con el equivalente de dieciséis muertes de oficiales de las Fuerzas Armadas. Uno por uno, elegidos al azar, de manera indiscriminada.

La promesa alcanzaría a nueve, ejecutados en poco más de dos meses en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. La campaña de represalias se suspendió el 1º de diciembre con el atentado contra el capitán del Ejército Humberto Viola, en el centro de Tucumán, y terminó con su vida y la de su hija, María Cristina, de 3 años.

En la provincia se exacerbó la venganza. Al día siguiente, comandos paramilitares matarían a golpes a Berta Molina, la esposa del dirigente gremial del ERP Oscar Montenegro, y pocos días después, a su hijo.

La Triple A también cumplía lo que prometía.

Dos abogados que habían viajado de urgencia a Catamarca para representar a los guerrilleros serían asesinados casi de inmediato.

El 27 de septiembre, Silvio Frondizi, intelectual marxista y hermano del ex presidente, fue secuestrado en pleno día de su casa en la calle Cangallo, en Buenos Aires, acción en la que también fue muerto su yerno, que quiso impedir el secuestro. Frondizi aparecería baleado en los bosques de Ezeiza horas después. El abogado Alfredo Curutchet, que había viajado a Catamarca con la misma misión, había sido asesinado semanas antes.

Montoneros no repudió la acción del ERP en Catamarca como sí lo había hecho en ocasión del ataque al cuartel de Azul (“¿Qué milonga es esta que la ultraizquierda asalta Azul y la ultraderecha entonces como respuesta viene a volar los locales de la JP? […] Que expliquen cuál era el sentido de este hecho”, escribió Dardo Cabo el 29 de enero en El Descamisado). Frente a los hechos de Córdoba y Catamarca, en cambio, presentó sus matices:

La resistencia contra la ofensiva de los enemigos de la Nación debe darse principalmente en el terreno político todavía hasta tanto se cierren las posibilidades de hacerlo en ese campo y sea necesario volver a emplear las formas político-militares.

El 20 de agosto de 1974, en el lanzamiento de La Causa Peronista, Montoneros preguntaba si acaso no había llegado la hora de la guerrilla. “Este gobierno está creando las condiciones para la violencia. Está generando la violencia de abajo, como decía el general Perón”.

En sucesivos artículos, La Causa… hizo público el “relato oficial” de las operaciones en las que fueron muertos los sindicalistas Augusto Vandor y José Alonso, y con la voluntad de despedirse de la legalidad, también informó detalles sobre el hecho fundacional, el secuestro y crimen de Aramburu, con el que intentaron poner luz sobre algunos enigmas todavía no resueltos del crimen.

Montoneros, también, publicó un intercambio de cartas con Perón apenas producido el hecho; en ellas, el Líder, desde Madrid, avalaba de manera implícita el procedimiento.

Desde la muerte de Perón, Montoneros aceleró su ruptura con la Presidenta. Después de la publicación de las cartas, Isabel —como un año antes había hecho Lastiri con el ERP, tras el ataque al Comando de Sanidad— decretó la ilegalización de Montoneros.

La Conducción definió el pase a la clandestinidad.

En una conferencia de prensa, Firmenich anunció que ingresaban en una etapa de lucha “frontal y violenta contra la ofensiva imperialista y oligárquica que copó posiciones en el gobierno” e indicó que durante el gobierno de Perón, y de su heredera, habían tenido más bajas que en la dictadura de Lanusse: alrededor de ochenta muertos.

Pero, además de las pérdidas humanas a manos de las fuerzas de seguridad, de la Triple A o de las bandas sindicales, Montoneros había perdido parte del capital político que había construido velozmente con la campaña del “Luche y Vuelve” por el regreso por Perón. Montoneros fue la única guerrilla en Latinoamérica que apoyó de manera abierta el proceso electoral, del que fue protagonista.

Pero ahora, en el segundo semestre de 1974, huérfano de Líder, estigmatizado como “enemigos infiltrados”, vaciado de respuestas políticas, Montoneros sólo pudo responder a la violencia con más violencia en una espiral que no se detendría. Y así, en la dinámica de devolver cada golpe, cada muerto debía ser vengado.

Montoneros comenzó a matar a militantes del CNU, del C. de O., a sindicalistas, a policías sospechados de secuestros y torturas, y también a gerentes de fábricas acusados de entregar listas de “subversivos” a la policía.

La pérdida de orientación política de la Conducción los llevó a enfrentar a un aparato de Estado que superponía las fuerzas legales con las ilegales, fuerzas de seguridad que conocían sus caras, tenían sus fichas, sabían dónde vivían, de qué trabajaban y qué hacían, porque, a medida que Montoneros fue ensanchando su militancia pública, la inteligencia de las fuerzas de seguridad, sus enemigos del peronismo ortodoxo, gremiales o políticos, fueron acumulando información sobre sus miembros, que ahora debían ingresar a la clandestinidad y, en la mayoría de los casos, comenzar un camino de práctica armada.

Montoneros ya no era una fuerza insurreccional que enfrentaba a una dictadura militar para forzar el regreso de Perón. Ahora enfrentaba a un gobierno peronista que había heredado la esposa del Líder al que habían apoyado, aunque hubiese sido cooptado, como denunciaban, por “gorilas, oligarcas e imperialistas” a los que habían decidido enfrentar con la estrategia de “guerra popular”.

De un año al otro, la debacle política de Montoneros era inesperada.

Y así, inmersos en la imparable lógica de contar los muertos propios y matar al enemigo, o al sospechoso de ser enemigo, las balas montoneras ajusticiaron al radical Arturo Mor Roig para vengar sus antecedentes como ministro del Interior en el gobierno de Lanusse durante la masacre de Trelew en 1972, y al oficial 1º de una comisaría de Quilmes, entre otros atentados: volaron frentes de empresas, concesionarias de autos, laboratorios del “capitalismo monopólico”; atacaron a miembros de la “burocracia traidora” y también profanaron la tumba del general Aramburu en Recoleta, cuyo cuerpo devolverían cuando el cadáver de Evita, todavía en Madrid, fuese repatriado, como luego ocurrió.

La militarización proclamada desde arriba impactó en la militancia pública. Sus integrantes debieron cambiar la rutina y el rumbo. Práctica armada acelerada, falsificación de la identidad, abandono del barrio, la fábrica, la universidad, para no quedar expuestos como blancos fáciles de la represión ilegal. A muchos de ellos no les resultó sencillo incorporarse, sin aviso previo, en una estructura clandestina. La mayoría siguió en el mismo lugar. Y los perseguidores no eran los mismos. En el amplio universo de la Triple A se habían introducido grupos paramilitares que cumplían además funciones regulares en el Ejército o la Armada. Tenían recursos de inteligencia más desarrollados. El armamento era diferente. Se ametrallaba.

Había tronado el escarmiento. Fue el precio que pagó Montoneros por forzar la posibilidad de una conducción del Movimiento junto con su Líder, por creer que este inclinaría la balanza hacia “la juventud maravillosa” frente a los gremios —la columna vertebral del Movimiento— y el Partido Justicialista. Al no aceptar el proyecto de institucionalización que promovía Perón, Montoneros terminó siendo una constante complicación para los planes del Líder. El crimen de Rucci no hizo más que reforzar esta presunción. La muerte del jefe de la CGT aceleró una derrota política que se había iniciado en Ezeiza, había continuado con Cámpora y también había afectado sus propias filas. Montoneros perdió popularidad en sectores del trabajo y confundió a parte de su propia militancia. El crimen, además, unificó a grupos dispersos del Movimiento Justicialista, que se unieron para enfrentarlo. Y la necesidad, producto de la impotencia política, de dar respuestas militares contra un Estado de dos caras —legal e ilegal— terminó por deteriorar su capital político. La violencia aceleró los tiempos. Casi no permitió una transición en el paso de la “juventud maravillosa” al “enemigo infiltrado”.

El “Perón vuelve” con que Montoneros había firmado el primer comunicado por el secuestro de Aramburu el 29 de mayo de 1970 tenía, cuatro años más tarde, un corolario inesperado.

A medida que la guerrilla avanzaba en su voluntad de combatir al gobierno, Isabel Perón reforzaba la política de intervención federal en las provincias que contaban con funcionarios de la Tendencia Revolucionaria. Provocó nuevos desplazamientos. Martínez Baca, de Mendoza, finalmente, fue destituido por una Comisión de Juicio Político. No alcanzó con las renuncias de sus ministros. Con el argumento de una supuesta irregularidad en la gestión de las Bodegas Giol que comprometió a su hijo, fue destituido por la Comisión de Juicio Político de la Legislatura por “mal desempeño y delitos en el ejercicio en sus funciones”. Lo sucedió el vicegobernador Carlos Mendoza, con apoyo de la ortodoxia gremial. Después, Isabel intervino la provincia y Antonio Cafiero fue designado al frente del Ejecutivo.

Una caída similar fue la de Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz electo en marzo de 1973. Cepernic tenía como idea-fuerza de su mandato la intención de expropiar tres campos de compañías inglesas que sumaban casi 700.000 hectáreas, como un “acto de reafirmación de la soberanía nacional”.

La medida se ajustaba a los enunciados del proyecto de “liberación nacional” del FREJULI. La JP ligada a Montoneros apoyó a Cepernic, pero la CGT de Santa Cruz se opuso: argumentó que se caería en el “gravísimo error” de pasar del imperialismo inglés al “imperialismo estatal”.

La débil autonomía política de Cepernic, y las cada vez más precarias bases de sustentación de su gobierno, hicieron que el proyecto dependiera de la decisión de Perón, quien, después de algunos meses de silencio, lo desautorizó con firmeza.

Como en otras provincias, el vicegobernador Eulalio Encalada era un miembro del la ortodoxia gremial que no dudaba en cuestionar “la infiltración ideológica del marxismo” e impugnaba al propio gobernador, al que calificaba como “montonero”.

Cepernic radicalizó su discurso y denunció a su vice por minar la estabilidad de su gobierno. Lo instó a renunciar. La CGT local, en apoyo de Encalada, acusó al gobernador de actitudes “demenciales” y “antiperonistas”.

La tensión política en la provincia ya estaba instalada.

Perón prefirió no intervenir en el conflicto de manera directa, pero, luego de su muerte, Cepernic quedó cercado por la ortodoxia. Para mantenerse en el poder, respaldó una hipotética candidatura de Isabel a la reelección presidencial, pero la decisión de barrer con gobiernos vinculados con la Tendencia no tendría excepciones para la Presidenta.

Cuando Montoneros pasó a la clandestinidad, Isabel encontró la ocasión propicia para decidir la intervención del Ejecutivo provincial en el mes de octubre por supuestas “ineficiencias administrativas” y “falta de flexibilidad política en la relación con los demás poderes e instituciones legales”.

Salta fue otra de las provincias intervenidas. El médico Miguel Ragone había superado el sesenta por ciento en las elecciones de 1973. Conocido como “el doctorcito de los pobres”, su personalidad contrastaba con la imagen conservadora y católica de la elite salteña. Durante su gobierno, Ragone sumó apoyo de dirigentes peronistas de la Resistencia, el sindicalismo clasista y la Juventud Peronista, que, sin obtener cargos de relevancia en el gobierno, componían el aparato de movilización.

¿Qué había del otro lado?

Tras una breve convivencia, en la que apoyaron su candidatura, la oposición a Ragone comenzó a talar su gobierno desde tres frentes: la Legislatura, la CGT local y el aparato partidario del PJ. La CGT local lo cuestionó por haber decretado el duelo por la muerte del presidente chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, con asueto administrativo, pero no haber obrado del mismo modo ante el crimen de Rucci, dos semanas después. En represalia, ocuparon la Casa de Gobierno al grito de “ni yanquis ni marxistas” y reclamaron la renuncia de Ragone por tener a su gobierno “lleno de comunistas”, señalándolos uno a uno. En su afán desestabilizador, pidieron a la guarnición militar de Salta que se hiciera cargo de la “crisis institucional”.

Como ocurrió con otras provincias a partir de las Directivas, el PJ exigió a Ragone cambios en su gabinete. En consecuencia, debieron renunciar algunos funcionarios y el propio intendente de la ciudad de Salta. Pero las renuncias consensuadas con el PJ provincial nunca alcanzaban porque la exigencia de la “depuración ideológica”, tarde o temprano, tenía por finalidad la “destitución” de Ragone. En tanto, la JP, que se había movilizado para sostener su gobierno, también criticaba las “vacilaciones” de Ragone frente a las presiones.

Durante un año, el vicegobernador Olivio Ríos había mantenido un perfil bajo, pero aprovechó una ocasión en la que se hizo cargo de la gobernación ante la ausencia de Ragone para relevar a funcionarios. Ragone los repuso. El conflicto entre ambos se hizo evidente. Ríos pidió que se apartara de la influencia de Montoneros y sindicatos clasistas y Ragone apelaba al respeto de la institucionalidad. Advertía que el asedio de la ortodoxia no se detendría.

“Los que aceptamos la Constitución y la ley, tenemos derecho a pensar como queramos”, expresó.

Finalmente, tras casi dieciocho meses de gobierno, el 23 de noviembre de 1974 Isabel terminó con la discusión y ordenó por decreto la intervención de los tres poderes en función del “caos institucional” y la falta de una “acción concreta de represión a la actividad subversiva en esa zona del país”.

De este modo, Salta se sumaba a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz, las provincias cuyos gobernadores habían caído por sus vínculos con la Tendencia Revolucionaria. Con la nueva intervención, diecisiete funcionarios del gobierno de Salta serían detenidos. Con Ragone sucedería algo peor: su propia desaparición.

En el festejo del 17 de Octubre de 1974 Isabel Perón saludó la movilización desde el balcón de la Casa Rosada. Las estructuras gremiales eran un actor poderoso de este proceso, pero casi insignificante, en términos de influencia, comparadas con López Rega. Desde la muerte de Perón, su presencia junto a la Presidenta, día y noche, era permanente. Estaba en el centro de todas las tomas de decisiones.

El jefe radical Ricardo Balbín, que había sido invitado por Isabel en su primera reunión de gabinete, le había pedido que acotara la influencia del ministro porque era un “factor de irritación”, y además mencionó que en Bienestar Social había armas. Isabel reaccionó contrariada por esa opinión y desalentó delante de todos, incluso de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cualquier expectativa sobre la suerte del ministro. Dijo que lo que era bueno para Perón también sería bueno para ella.

Desde entonces, López Rega, que había ocupado el dormitorio de Perón en la residencia de Olivos, se ocupó de concentrar el poder que nunca había tenido en las estructuras partidarias, gremiales ni de ningún otro sector. Su poder había emanado del matrimonio presidencial y ahora dependía sólo de Isabel, a la que buscaba consolidar tanto en su personalidad como en su política.

Para terminar con la “infiltración marxista”, López Rega continuó administrando y distribuyendo recursos asistenciales del Estado, se convirtió en el jefe virtual de la Policía Federal, y sumó el control de los medios de comunicación. Es decir, manejó tres instrumentos de poder: el dinero, la policía y la censura. A su discurso verticalista, como el del PJ, siempre le agregaba alguna connotación esotérica o mesiánica.

Decía que su misión era salvar la Argentina.

Ese segundo semestre de 1974, López Rega impulsó la estatización de los canales de televisión que tenían las licencias vencidas —aunque Perón había evitado esa decisión— y colocó en puestos de jerarquía a sus hombres de confianza para que la nueva programación recuperara “el ser nacional”.

A partir de su gestión, no hubo espacio para el disenso, las críticas, el humor político. Sí para la censura, las amenazas y las bombas contra personalidades de la cultura y el espectáculo, que en muchos casos decidieron exiliarse.

El tradicional festival de folklore de Cosquín, Córdoba, fue suspendido por propiciar el “cancionero marxista”, según la nueva directriz justicialista.

Para la prensa también tronaría el escarmiento.

Primero habían sido los medios partidarios vinculados al ERP, que tras su ilegalización en 1973 ya no podía ser mencionado por la prensa. Las agencias de noticias extranjeras tenían prohibido difundir noticias locales en la Argentina.

Después, Perón prohibió por decreto los semanarios de la izquierda peronista El Descamisado, El Peronista y Militancia, e Isabel cerró el diario montonero Noticias —al que ya le habían colocado una bomba— por “no contribuir a la pacificación nacional”.

El mismo fin tendría La Causa Peronista, por “apología del delito” en su relato sobre el crimen de Aramburu. Las restricciones también alcanzaron a Crónica, por oponerse a la estatización de los canales, al periódico La Calle, del Partido Comunista, por infundir “desánimo” y sumarse a “la subversión, el desorden y el delito”. En la gestión lopezreguista de la comunicación se censuraron películas, se levantaron programas de televisión, y cada acusación desde el Estado era acompañada por las bombas de la Triple A.

El aparato político del PJ y los gremios compartían la cruzada ideológica del ministro pero recelaban de su protagonismo. Sobre todo de su ascendiente sobre Isabel. Su peso político se respaldaba en ella.

Perón había aconsejado a su esposa que abriera la gestión a figuras de otros partidos para reforzar la institucionalidad. En cambio, Isabel cerró la posibilidad de una coalición y con el correr de los meses se fue desprendiendo de las figuras proclives a la moderación —y, por ende, menos ortodoxas— del peronismo.

La caída de Cámpora había arrastrado al ministro del Interior, Esteban Righi, y al canciller Juan Carlos Puig, que tenían el apoyo de la Tendencia, y fueron reemplazados por Benito Llambí y Alberto Vignes, respectivamente.

Después de la muerte de Perón, con las renuncias del Gabinete a su disposición, Isabel aceptó la del ministro de Educación, y médico de Perón, Jorge Taiana —que López Rega caracterizaba como un “protector de Montoneros”— y las de los ministros de Defensa y de Interior, Ángel Robledo y Benito Llambí, que objetaban el rol de López Rega. Unos meses después aceptó la renuncia de José Ber Gelbard, respecto de quien Perón le había encomendado que era el único al que no debía dejar ir. Con los cambios, Isabel profundizó la ortodoxia en su gobierno. El nuevo gabinete era la representación plena de las Directivas del PJ de octubre de 1973.

Una de las figuras del elenco gubernamental era Oscar Ivanissevich, ministro de Educación, convocado para profundizar la tarea de “extirpar el marxismo” de la universidad.

Adolfo Savino en Defensa, como Alberto Vignes en la Cancillería, representaban a López Rega y a Liccio Gelli, de la logia masónica Propaganda Due (P2).

Alberto Rocamora, en Interior, que era un peronista histórico aunque no cerradamente ortodoxo, trataba de operar internamente contra el ministro, pero sus posibilidades eran escasas. Como temía una represalia personal de López Rega, se vio obligado a evitar cualquier investigación sobre la Triple A, e incluso, tras el crimen de un periodista de La Opinión, Jorge Money, pidió colaboración al periodismo para que ayudara a investigar quiénes eran los responsables de esa organización.

En el segundo semestre de 1974 el cambio en la gestión educativa fue significativo. Se prohibió por ley el proselitismo en las universidades y se recortó su autonomía de gestión. Ivanissevich designó a Alberto Ottalagano como rector interventor en la Universidad de Buenos Aires. Era uno de los pocos fascistas declarados del peronismo, casi al estilo del interventor brigadier (RE) Raúl Lacabanne, que llegó a la provincia de Córdoba en septiembre de 1974 para promover “la limpieza ideológica” e irrumpió a los tiros, junto a su jefe de policía, Hugo García Rey, en la sede del sindicato de Luz y Fuerza en busca de Agustín Tosco, que ya estaba clandestino y moriría en esa condición seis meses después.

Con el mismo estilo Ottalagano afirmó que la UBA era un campamento de guerrilleros, campo de entrenamiento de subversivos, y empezó a perseguirlos para “limpiar la guerrilla” de los claustros. Los “docentes marxistas”, de izquierda o radicales fueron cesanteados en un contexto de amenazas y atentados de la Triple A, que en los hechos funcionaba como apéndice de la “normalización universitaria”.

Toda su acción, Ottalagano la realizaba en nombre de la Patria y la Iglesia de Cristo, y bajo el lema “justicialismo o marxismo”.

El 7 de septiembre, una bomba en el domicilio del entonces rector de la UBA, Raúl Laguzzi, mató a su hijo de 4 meses. Laguzzi había sido acusado por el Ministerio de Educación por “infiltración ideológica” y “desorden interno”. Horas antes del atentado la policía había levantado la custodia de su casa.

Ese mismo mes, desde el Congreso, la represión fue reforzada por la Ley de Seguridad en forma coincidente con el cumplimiento de la promesa del ERP de ajusticiar indiscriminadamente a oficiales de las Fuerzas Armadas en represalia por los fusilamientos de Catamarca.

La nueva Ley de Seguridad permitió detener personas por cuestiones ideológicas, criminalizar los conflictos obreros y clausurar medios de prensa. Imponía prisión a los que, “con postulados ideológicos”, intentaran alterar o suprimir “el orden constitucional y la paz social”, incluía también entre los delitos “el adoctrinamiento, el proselitismo”, y también extendía la pena a periodistas o responsables de medios de comunicación que propagaran hechos o imágenes sobre las “conductas sancionadas”. Mediante la Ley de Seguridad, las huelgas laborales fueron declaradas ilegales y los extranjeros que incurrieran en estos delitos eran pasibles de expulsión del país.

En ese sentido, con la Ley de Seguridad, la visión del problema era más global. El “enemigo” no era solamente el que se había “infiltrado” en el movimiento, sino también la “guerrilla internacional”.

Uno de los artífices de este cambio de paradigma era el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, que estableció un acuerdo secreto con los organismos de seguridad de Bolivia, el Uruguay y Chile para perseguir a los refugiados de esos países que escapaban de la represión militar. El acuerdo permitía que agentes extranjeros operaran contra los refugiados en la Argentina. Cuerpos de uruguayos, chilenos y bolivianos empezaron a aparecer en baldíos. Una de las víctimas fue el ex ministro de Defensa de Allende, general Carlos Prats, quien intercambiaba cartas afectuosas con Perón. Prats murió junto a su esposa por la explosión de una bomba colocada por un agente de la inteligencia chilena debajo de su auto el 30 de septiembre de 1974, en un atentado que contó con la colaboración del Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE). La zona había sido “liberada” por la policía.

Esta política de cooperación policial interregional, germen del Plan Cóndor que luego implementaría la dictadura argentina con sus pares de los países vecinos, se instrumentó a través del DAE, que funcionaba como una central de informaciones para las embajadas. El 16 de mayo, poco antes de fallecer, Perón se había reunido con Augusto Pinochet, que hacía una escala en el aeropuerto de Morón. Fue el único presidente constitucional latinoamericano que recibió al dictador chileno.

Villar, que se consideraba el funcionario mejor preparado para combatir la guerrilla, mantenía una disputa personal con López Rega por el manejo de la Policía Federal. Esta disputa terminó cuando Montoneros hizo volar su crucero en las aguas del Tigre el 1º de noviembre de 1974. En el atentado murieron él y su esposa.

A diferencia del crimen de Rucci, Montoneros asumió este hecho. “Aquí nadie se jubila de asesino o de traidor porque tarde o temprano lo alcanza la Justicia Popular. Esa justicia también ha de alcanzar a sus jefes y sus cómplices. Fervorosamente esperamos que el ministro López Rega cumpla su palabra de ponerse el uniforme de policía y combatir como lo hacía Villar, que no huya al extranjero a disfrutar lo que ha robado en la Argentina”, lo desafió.

López Rega estaba en la mira de la guerrilla pero se mantenía siempre junto a Isabel como resguardo.

Montoneros no quería que un atentado también se llevara la vida de la viuda.

Después de la muerte de Villar, López Rega tuvo mayor control de la represión, pero debió resistir la presión de las Fuerzas Armadas, que intentaban que el poder político les diera aval oficial para salir de los cuarteles a combatir a la guerrilla. Algunos “comandos clandestinos” ya operaban bajo la fachada de la Triple A, pero los militares aspiraban al respaldo institucional.

Entonces López Rega ya sumaba demasiados adversarios por la magnitud del poder que había acumulado. El sindicalismo ortodoxo; el justicialismo, que lo acusaba por lo bajo de “asfixiar” a Isabel; la débil oposición radical, que hablaba del “microclima” alrededor de la Presidenta; la Marina, a través del comandante Emilio Massera, y las Fuerzas Armadas en conjunto, que querían liderar la represión.

López Rega sin otro antecedente que su intimidad doméstica con Isabel Perón, a la que conocía hacía ya diez años, había accedido a la cúspide del poder en la Argentina.

Su misión, pese a todo, era todavía ponderada por el periodista Mariano Grondona, quien alertó sobre los peligros que implicaría su caída y dio una explicación política de su utilidad en un artículo publicado en la revista Carta Política, que premió al ministro como el “hombre del año” en 1974.

Escribió Grondona:

La caída, que muchos desean, entrañaría peligros. López Rega ha promovido o facilitado una serie de desenvolvimientos que se aprueban en voz baja y se critican en voz alta. La firmeza ante la guerrilla, la desideologización del peronismo, la recuperación de la universidad, pasan por el discutido secretario ministro. De la estirpe de los Ottalagano y los Lacabanne, José López Rega es uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen. De este material está hecha la política. Existen líderes peronistas y no peronistas que ‘dejan hacer’ a López Rega, con la secreta esperanza de librarse de él. Hay hombres cuyo destino es hacer la tarea. Otros tienen la vocación de coronarla. La caída eventual de López Rega le es aconsejada desde diversos ángulos a la presidenta […] López Rega cumple al lado de la presidenta el papel de meter la mano en tareas antipáticas, haciendo de pararrayos de la crítica. Sería por lo menos arriesgado prescindir, hoy, de este servicio.

BIBLIOGRAFÍA

Bonavena, Pablo Augusto. “Guerra contra el campo popular en los 70. Juan Domingo Perón, la depuración ideológica y la ofensiva contra los gobernadores”, en Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983. Buenos Aires, EUDEBA, 2009.

Franco, Marina. Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

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Servetto, Alicia. 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.

¹ Treinta y cinco años después, esta parece ser la hipótesis más apropiada a los hechos. Según la autopsia posterior del Equipo Argentino de Antropología Forense, los disparos se realizaron por la espalda, en la nuca, y con salida en la región frontal.

CAPÍTULO 4

El monte

La subversión se hallaba enquistada en todos los organismos del país, y no obstante se me ordenaba combatir su brazo armado, la guerrilla. […] Allí estaban los colegios y las universidades, los sindicatos y las parroquias trabajadas por la acción psicológica del marxismo y sus agentes.

General ACDEL VILAS, “Diario de campaña”.

López Rega comenzó a perder el control de la represión ilegal en el verano de 1975. Fue la propia Isabel Perón quien institucionalizó el cambio.

El 5 de febrero, mientras descansaba en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en Mar del Plata, que había acondicionado para su estadía el almirante Emilio Massera, la Presidenta firmó el Decreto 261/75 que ordenaba la intervención militar en el monte tucumano. Todos los ministros la acompañaron con su firma. Mientras el poder civil se replegaba, las Fuerzas Armadas continuaban su avance.

En sus líneas fundamentales el decreto autorizaba al Ejército a ejecutar las operaciones necesarias para “neutralizar y/o aniquilar” a los elementos subversivos que actuaban en Tucumán. Tendría a disposición efectivos y medios de la Policía Federal y el personal que le proporcionara la provincia para las operaciones militares. La Armada y la Fuerza Aérea se pondrían a disposición del Ejército. Las tareas de “acción cívica” en Tucumán serían competencia del Ministerio de Bienestar Social.

El Partido Justicialista interpretó la intervención militar como la legítima aspiración del mandato popular. “Las Fuerzas Armadas están unidas e identificadas con el pueblo en la defensa de nuestro propio modo de vida”, sostuvieron. El líder radical Ricardo Balbín, tras sortear la oposición partidaria de Raúl Alfonsín, que había reclamado un debate parlamentario antes que una decisión del Ejecutivo, también apoyó la iniciativa.

En los hechos, los pasos previos del operativo habían comenzado unos meses antes, en coincidencia con la sanción de la Ley de Seguridad, en septiembre de 1974.

A la firma del decreto, la V Brigada de Infantería estaba al mando del general Acdel Vilas, que había reemplazado al general Ricardo Muñoz, fallecido en un accidente aéreo cuando rastrillaba la presencia del ERP en el monte. Murieron trece militares. No hubo sobrevivientes.

Su acercamiento al sindicalismo peronista y su relación con López Rega lo presentaban como un elemento casi marginal de la familia militar. Hasta ese momento era el único general sin mando de tropa. Y ahora, como jefe del operativo, se le sumaban regimientos de Salta y de Jujuy y efectivos de Gendarmería y de la policía provincial y federal de todo el país. Cinco mil hombres a su mando.

A diferencia del comisario Villar y del general Menéndez, que había rastreado el monte sin éxito en los meses previos, el plan de Vilas fue eliminar las bases de apoyo del ERP en el llano. De modo que amplió el radio de operaciones a toda la población y no lo limitó solo a las acciones contra la guerrilla, como ordenaba el decreto presidencial.

Vilas lo explicaría en su “Diario de campaña” que escribió en 1977 y el Ejército nunca le permitió publicar debido a su extrema franqueza.

De todo lo actuado pude concluir que no tenía sentido combatir a la subversión con un Código de Procedimientos en lo Criminal […] Decidí prescindir de la Justicia, no sin declarar una guerra a muerte a los abogados y jueces cómplices con la subversión […] Fue entonces cuando di expresas órdenes de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los inofensivos, vale decir, aquellos que carecían de identidad dentro de los cuadros enemigos.

Vilas recogió las experiencias del ejército francés, que ya había enfrentado a los movimientos de liberación en Argelia e Indochina. Para aplicarla en Tucumán, su táctica no fue buscar el enfrentamiento directo sino la aproximación progresiva. Y obtener información del enemigo por los medios que fuesen, incluidos el secuestro y la tortura.

Hubo que olvidar por un instante —un instante que se prolongó diez meses— las enseñanzas del Colegio Militar y las leyes de la guerra […] Los grupos especiales salían a operar día y noche procediendo a ejecutar o capturar al oponente. […] Es un mito que el enemigo tenga capacidad de resistencia para soportar el castigo físico y psicológico: tarde o temprano su capacidad se agota y termina quebrándose.

El Operativo Independencia militarizó Tucumán.

El Comando Táctico del Ejército se asentó en la Jefatura de Policía de Famaillá. A solo tres cuadras funcionó el centro clandestino de cabecera, la escuela Diego de Rojas, “La Escuelita”. Otro de los centros clandestinos fue la Jefatura Central de Policía, en el barrio Norte de la capital provincial. Y también la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, de la V Brigada, ubicada en una zona rural. Tenía un galpón dividido en boxes utilizados como celdas y tres casillas de madera que funcionaban como salas de tortura. Por la noche, en grupos de veinte personas, se realizaban los fusilamientos. Los enterraban en fosas comunes en el mismo arsenal.

Luego se agregarían otros centros de detención. La Escuela de Educación Física de la Universidad de Tucumán, un sótano del ex ingenio Santa María y algunas viviendas en desuso en Conventillos de Fronteritas.

En las primeras semanas el operativo produjo doscientas cincuenta detenciones entre la población civil —la cifra casi triplicaba el número de combatientes establecidos en el monte—, presentadas como “bajas de la guerrilla”. Algunas detenciones serían temporales, pero la mayoría no.

En los hechos, Vilas se convirtió en la autoridad política de la provincia. El gobernador justicialista Armando Juri, al que el ERP le había incendiado los cuatro tractores de su finca de Sauce Huacho, no tenía otra alternativa que recomendar a los tucumanos “prestar su más amplio apoyo a las operaciones militares”.

Los sindicatos peronistas, que se reunieron de inmediato con Vilas, también prometieron aportar información a la Brigada de Inteligencia sobre la “infiltración marxista” y adhirieron a la decisión militar de “combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las últimas consecuencias”. En los comunicados gremiales, se hablaba de combatir hasta el exterminio.

Era evidente que la prioridad de Vilas estaba lejos del monte. Su guerra era social y cultural. Enseguida apuntó sobre la educación. Consideraba que “la acción psicológica del marxismo y sus agentes” se asentaba en colegios, claustros, parroquias, sindicatos, y buscó cercar la Universidad de Tucumán, a la que calificaba como santuario del marxismo donde se disimulaban las “acciones subversivas”. Vilas apuntó al fundamento ideológico.

Si hubiéramos permitido la proliferación de elementos disolventes —psicoanalistas, psiquiatras, freudianos, etcétera— que sublevan las conciencias y ponen en cuestión las raíces de la Nación y la familia, habríamos sido derrotados.

En ese contexto, se preocupó por controlar a los casi doscientos mil habitantes de los departamentos de Famaillá, Lules y Monteros, donde había establecido la zona de operaciones militares. Quiso saber cómo se llamaban, cuántos habitantes había en cada casa, qué cantidad de alimentos compraban, y para ello controló almacenes, ordenó allanamientos, requisó medios de transporte en los accesos de las rutas, a fin de cortar el abastecimiento y la comunicación de la población con el ERP.

Hasta ese momento, los sectores humildes tenían simpatía por la guerrilla. El ERP había acompañado las demandas de trabajadores azucareros desocupados tras el cierre de los ingenios, que, sin otras alternativas de empleo, trabajaban en colonias rurales, donde la guerrilla obtenía algún tipo de alimento.

Mientras realizaba inteligencia sobre la población, el Ejército intentaba ganar su confianza con campañas sanitarias, reparación de escuelas, reparto de comida, frazadas y útiles en zonas necesitadas. López Rega intentó ponerse al frente de esa acción y, apenas lanzado el Operativo, inauguró centros asistenciales y entregó subsidios con la presencia de Vilas. También quiso ponerse el uniforme: “Si pudiera, yo quisiera empuñar el fusil y ser el primero en combatir la subversión, porque detesto todas las formas de subversión”, comentó.

Sin embargo, Vilas intentaría borrar la huella de la intervención civil en la beneficencia. “Bajo ningún aspecto permití que la propaganda política del peronismo aprovechase la pobreza tucumana para ganar votos o especular con los bienes que se entregaban en forma gratuita”, escribiría en su “Diario…” en 1977, después del golpe de Estado, para desprenderse de López Rega.

El primer combate llegó de manera temprana e inesperada, en febrero de 1975. El Ejército cruzó fuego con guerrilleros que buscaban salir de la zona de operaciones en Pueblo Viejo. Un teniente murió en el tiroteo y el ERP sufrió dos bajas. El ERP esperaba que las tropas subieran al monte, pero los soldados se mantenían en el llano, cortando el suministro y esperando que descendieran.

Pasaron varios meses hasta que se produjo otro enfrentamiento armado. El ERP estaba empantanado en el foco rural, sin poder tomar contacto político ni logístico con la población. Sus colaboradores eran secuestrados por la inteligencia militar. Hacía unos meses había caído la cúpula del PRT en la capital tucumana. Santucho decidió bajar con un ataque.

El objetivo era ambicioso: copar la jefatura de Policía de Famaillá, secuestrar a Vilas, fusilar a los oficiales, liberar a los detenidos y apropiarse de las armas de guerra. La bandera del ERP sería izada en el cuartel policial. Era un mensaje político demoledor que se propagaría en todo el país. Lo programaron para las 2 de la madrugada del 29 de mayo.

El día previo, unos ciento cincuenta combatientes —habían sumado refuerzos de otras regionales que desconocían la geografía de combate— tomaron una finca ubicada quince kilómetros al sur de Famaillá. Y en la misma tarde, con dos camiones y dos camionetas, cuando llevaban recorridos pocos kilómetros, en el paraje de Manchalá, se encontraron con un grupo de soldados que arreglaba una escuela. Los tiros se precipitaron. La columna guerrillera, que imaginaba haberse encontrado con un cerco militar de magnitud, se desbandó y se fueron internando en un cañaveral mientras la V Brigada, con camiones y helicópteros, salía en su búsqueda. La guerrilla tuvo dos bajas y las fuerzas regulares, tres heridos. La bandera del ERP fue expuesta en la jefatura de Policía como un trofeo de guerra por Vilas.

Con el frustrado ataque, Santucho comprendió que no podía tomar la iniciativa contra el Ejército si este no se internaba en la selva. Era una derrota estratégica. Y, a su vez, las caídas del ERP se producían en el llano, cuando bajaban a buscar provisiones, a hacer contactos o buscar militantes para llevarlos al monte.

Sin embargo, con la caída de Saigón, en Vietnam, en manos del ejército comunista, la fuerza de los reclamos sindicales, la convulsión política y el desastre económico que provocaba la inflación prenunciaban el final del capitalismo. El ERP seguía confiando en que la revolución en la Argentina era inminente.

En 1975, las bandas parapoliciales inclinaron su poder de fuego sobre organizaciones obreras del “cordón rojo” del Litoral. Querían limpiar las fábricas de “subversivos, disolventes e infiltrados”. El sindicalismo ortodoxo estaba perdiendo el control en las comisiones internas y las seccionales gremiales. El costo de vida rondaba el sesenta por ciento anual y el desfase de los salarios acrecentaba la tensión. Isabel había reabierto las discusiones paritarias que habían sido clausuradas por el Pacto Social.

En Santa Fe, el epicentro del conflicto se focalizó en Villa Constitución. Los sectores combativos lo consideraban la continuidad del proyecto que se había truncado en Córdoba con la destitución de Obregón Cano. En noviembre de 1974, una lista pluralista —marxistas, montoneros, radicales y socialistas, entre otras agrupaciones—, conducida por Alberto Piccinini, había ganado la seccional metalúrgica. Sus reivindicaciones laborales, además de la convocatoria a “unir las luchas de todo el pueblo”, se convirtieron en una amenaza no solo para los empresarios sino también para la dirección central de la UOM de Lorenzo Miguel.

Una de las plantas metalúrgicas de Villa Constitución era Acindar. Tras el triunfo de Piccinini, la empresa denunció la existencia de un “complot” subversivo contra el gobierno nacional y esta afirmación fue avalada por el ministro del Interior Alberto Rocamora, que decidió la intervención de la seccional de la UOM local y designó a un militar para desarmar “el complot rojo contra la industria pesada del país”.

El 20 de marzo de 1975, se montó un operativo represivo sobre la ciudad. Más de cien vehículos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, inteligencia militar, parapoliciales y grupos de choque sindical partieron desde Buenos Aires y ocuparon la ciudad. En pocos días produjeron alrededor de trescientas detenciones, incluida la comisión directiva de la UOM. Por las noches, autos Ford Falcon sin identificación, algunos de los cuales proveía la empresa Acindar, realizaban allanamientos y secuestros. Los presos fueron trasladados a distintas cárceles del país. Fueron torturados. También hubo desapariciones y asesinatos.

Con la colaboración de la empresa, las “fuerzas de choque” convirtieron a Acindar en una fortaleza militar. En el “albergue de solteros” instalaron un centro de detención clandestino y allí alojaron a trabajadores, que encapuchaban e interrogaban. La empresa se ocupaba de realizar pagos extraordinarios al personal policial que llevaba adelante los operativos de secuestros.

El Partido Justicialista y la UCR nacional avalaron la “ocupación militar” con el argumento de que “la guerrilla había entrado a las fábricas” y la conflictividad obrera, que reclamaba el aumento de las remuneraciones que habían quedado rezagadas por el impacto inflacionario, “respondía a la subversión”.

Frente a las detenciones, los secuestros y asesinatos, los obreros de Acindar iniciaron una huelga de brazos caídos que produjo más detenciones. Contaban con la Ley de Seguridad para consumarlas. Muchas empresas de Villa Constitución y otras localidades del cinturón fabril se solidarizaron. De inmediato se organizaron comités de lucha, comités de barrios, se hicieron manifestaciones populares, paros de distintos sectores, mientras aparecían en las calles cadáveres de obreros secuestrados y otros morirían por la represión policial.

Pero la “resistencia social”, que contó con el apoyo de grupos locales de la UCR, el PDP, el MID y distintas variantes del socialismo y el comunismo, e intentó enfrentar la ofensiva de la alianza del gobierno de Isabel, el PJ, Acindar, la UOM, la CGT, las fuerzas de seguridad y los parapoliciales se fue erosionando. También la huelga declinó. Sumida progresivamente en el aislamiento, el 19 de mayo de 1975, por voto mayoritario de la asamblea, fue levantada. Los trabajadores volvieron a sus tareas.

Con la toma de Villa Constitución se fue instalando en el escenario político la idea de combatir la “subversión fabril”. La represión se extendió hacia otras empresas como Somisa, Astarsa, Mercedes Benz, Ford, Dálmine Siderca, con secuestros y asesinatos provocados por grupos parapoliciales y detenciones por la Ley de Seguridad. Sería un anticipo de la colaboración de empresas con fuerzas militares y elementos de represión ilegal que resultaría más evidente y feroz a partir del golpe de Estado de 1976. A partir de entonces, el presidente de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, sería designado ministro de Economía por las Fuerzas Armadas. Su política económica no podría implementarse sin otra que no fuese represiva.

Con el control operativo sobre Tucumán y la avanzada de las fuerzas de seguridad sobre el cordón fabril del Litoral, las Fuerzas Armadas intentaron apartar a López Rega de la conducción de la represión ilegal. Ya tenían militares que participaban clandestinamente, pero aspiraban a obtener el mando institucional como fuerza en la represión.

Sin embargo, por la influencia política del ministro de Bienestar Social en distintas estructuras del Estado, y en especial sobre la personalidad de Isabel Perón, resultaba un escollo difícil de barrer. La Presidenta estaba cada vez más encerrada en sus consejos.

Los primeros en investigar las acciones de la Triple A desde el sector militar fueron los coroneles Martín Rico y Jorge Montiel, de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército. Encararon una investigación no oficial. El 28 de marzo de 1975 Rico apareció en Avellaneda con un disparo de Itaca en la cabeza. Montiel desapareció el mismo día y nunca más fue encontrado. El titular de Jefatura II era el general Carlos Suárez Mason. El general Leandro Anaya lo relevó el 30 de marzo.

La investigación institucional sobre la Triple A surgió por inquietud del teniente coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos que custodiaba la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Sosa Molina pertenecía al sector “legalista” del Ejército, que lideraba el coronel Vicente Damasco. Este sector se oponía al “profesionalismo prescindente” de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, quienes esperaban el momento adecuado para promover el golpe de Estado, y era equidistante del sector peronista-lopezreguista que integraban el general Alberto Numa Laplane y el mayor Roberto Bauzá, entre otros.

Sosa Molina veía entrar y salir de Olivos los autos de los miembros de la custodia de López Rega, observaba su equipo de comunicación, el volumen de su armamento, las salidas intempestivas. No tenía dudas de que eran autores materiales de crímenes de la Triple A. Utilizaban la residencia presidencial como centro operativo. Pero el jefe de Granaderos también añadía sus sospechas sobre servicios de inteligencia paramilitar, comandos “sueltos” de las tres armas, especialmente de la Marina.

El pedido de investigación comenzó a circular como un reguero de pólvora. El comandante del Ejército, Anaya, lo firmó y se lo entregó a Videla, jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien lo depositó en el escritorio del ministro de Defensa, Adolfo Savino, vinculado al Ministro de Bienestar Social. Savino se lo entregó al ministro del Interior, Rocamora.

La primera consecuencia del recorrido de la denuncia fue la caída de Anaya, que había sido reticente a que las Fuerzas Armadas encabezaran la represión en Villa Constitución y contra la guerrilla, como alentaban distintos sectores del Ejército. Savino le recriminó que no hubiera neutralizado el pedido de investigación sobre la Triple A. Anaya renunció.

En su reemplazo, Isabel aceptó la sugerencia de López Rega y designó al general Alberto Numa Laplane como comandante del Ejército.

Hasta entonces, el ministro de Bienestar Social conducía los medios de comunicación del Estado y la Policía Federal, y tenía la obediencia de los ministros del gabinete, aun los “dialoguistas” como Rocamora; aunque éste intentaba sabotear su gestión filtrando datos excéntricos de su personalidad, temía una represalia personal si planteaba su responsabilidad en el armado de la Triple A. López Rega también manejaba la atención hospitalaria, el sistema previsional, la construcción de viviendas, los juegos de azar y el turismo, entre otras actividades. Pero semejante poder dependía de Isabel, con quien llevaba diez años de relación cotidiana.

Con las Fuerzas Armadas y el sindicalismo ortodoxo sólo compartía el mismo ideal, aniquilar el marxismo y a los “infiltrados” en el Movimiento. Sin embargo, desde ambos sectores creían que López Rega resultaba una molestia. Preferían alejarlo de Isabel.

El almirante Emilio Massera estaba entre los que promovían su caída. En la búsqueda de un perfil político propio, que excediera los límites institucionales de las Fuerzas Armadas, le interesaba también crear afinidad personal con la viuda. En su pasado, Massera había participado en los bombardeos del 16 de junio de 1955, que dejaron más de trescientos muertos en las calles en el intento de derrocar a Perón, pero ese antiperonismo, al menos con ese estilo, para él estaba concluido. Se podía obtener el poder de otra manera. Las relaciones con el peronismo se habían modificado. Poco después de acceder a la presidencia, el propio Perón se había subido al portaaviones 25 de Mayo, buque insignia de la Armada, acompañado por los comandantes de las tres armas. Para acceder al poder, Massera necesitaba acercarse al peronismo de otra manera, en diálogo con dirigentes políticos y sindicalistas. López Rega intuyó rápidamente que su figura representaba una amenaza.

Pero, decidido a avanzar frente a los riesgos que lo cercaban, López Rega tomó el control de la economía. Aunque no era experto en la materia, adoptó un plan neoliberal que buscaba terminar con las tensiones que provocaban las negociaciones salariales con una política “severa” y de “sinceramiento”.

Para reemplazar al ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, López Rega sugirió el nombre de Celestino Rodrigo, un ingeniero industrial que integraba un grupo político-esotérico. Isabel lo aceptó. Rodrigo se hizo cargo del Ministerio el 2 de junio y dos días después decretó feriado cambiario: se especulaba con una devaluación del peso, pero nadie imaginó semejante estampida inflacionaria. El dólar oficial pasó de 10 a 26 pesos, los servicios públicos aumentaron 100%; las naftas, 181%; el transporte tuvo un alza del 75%. Los efectos fueron fulminantes: empresas que quebraron, comercios que ya no pudieron reponer mercadería; y los que acababan de vender su casa y se quedaron con pesos en la mano estuvieron imposibilitados de comprar otra propiedad. Los acreedores cobraron sus deudas en pesos que ya habían perdido valor. En cambio, los deudores en pesos resultaron beneficiados. El Plan Rodrigo había convulsionado la economía de los argentinos.

Los sindicatos perdieron poder de negociación en el nuevo escenario: el alza de precios hacía imposible mantener el poder adquisitivo y reasignaba recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, favorecidos en la tasa de ganancia. Pero, además de que provocaría la destrucción del aparato productivo, el Plan Rodrigo conducía a una irremediable fractura social y política del país.

Hasta ese momento casi quinientas comisiones de obreros y cámaras patronales habían concluido los acuerdos paritarios. Los salarios se habían ajustado alrededor del 38%. Después del Rodrigazo, en la nueva negociación, la UOM alcanzó un aumento de 160%. El acuerdo necesitaba ser homologado por el Poder Ejecutivo, pero la UOM creía que Isabel iba a resistirse porque vulneraba los objetivos del Plan Rodrigo.

Con las consignas de lealtad y apoyo a la Presidenta, el 27 de junio, la UOM organizó una marcha a Plaza de Mayo para presionar por la homologación del convenio, a la que se sumaron sectores gremiales de izquierda del norte del Gran Buenos Aires. La concentración fue masiva. López Rega aconsejó a Isabel que saliera al balcón y frenara el aumento frente a todos los obreros. Isabel tenía dudas. Adentro de la Casa Rosada se escuchaba el grito de los obreros desde la Plaza: “Isabel, coraje, al Brujo dale el raje”. Como Montoneros un año antes, ahora eran los metalúrgicos de Lorenzo Miguel quienes pedían “la cabeza” de López Rega. Inmersa en la tensión, sin saber cómo reaccionar, Isabel recibió un cachetazo de López Rega, quien enseguida sintió en la cabeza el caño de la pistola de un custodio presidencial. La Presidenta salió en su defensa: “Déjelo. Lo hace para devolverme a la realidad. A veces yo me confundo”.

Isabel salió al balcón y anunció que en los próximos días tomaría una decisión sobre las paritarias. Las bases obreras ya estaban desbordando a las cúpulas gremiales de la ortodoxia. En las fábricas había paros espontáneos, movilizaciones en los accesos a Buenos Aires. Isabel se mantuvo encerrada en Olivos con López Rega y asesorada por Celestino Rodrigo. El clima de conmoción social recorría el país.

Finalmente, el sábado 28 de junio, en un mensaje por televisión la Presidenta decretó un aumento del 50% en el salario básico y el 15% trimestral. Habló de la gravedad de la situación económica. “Si el gobierno homologara esas solicitudes que benefician a algunos gremios y dejan sumergidos a otros, cometería un error que llevaría a la Nación a un nuevo estado de desequilibrio”.

La UOM sacó a su hombre del gobierno. Esa misma noche renunció el ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Presionado por las bases, el Plan Rodrigo no podría mantenerse mucho tiempo en pie. Pero sería Massera el que, advertido del momento de debilidad de López Rega por la presión gremial, decidió dar a publicidad la denuncia sobre el ministro. Tenía dos intenciones: cargar sobre él la responsabilidad única respecto de la Triple A y lograr su renuncia al gobierno.

El día 6 de julio, con papeles filtrados por Massera, La Opinión hizo pública la investigación. El texto se iniciaba así:

El Comando General del Ejército elevó al Poder Ejecutivo una denuncia concreta sobre la actividad de la organización terrorista de ultraderecha que se identifica como Triple A en la que se hace referencia al ministro de Bienestar Social José López Rega.

Un abogado se basó en el artículo para iniciar una causa por “asociación ilícita” contra el ministro y sus custodios. La Justicia se hizo cargo de la denuncia. Ese mismo día, la CGT, dominada por la UOM, llamó al paro por cuarenta y ocho horas para el 7 y el 8 de julio.

La ofensiva sobre López Rega ya estaba lanzada. Pero la preocupación de sindicalistas y militares era saber si Isabel aceptaría destituir al hombre que se había asentado en la cúspide del poder, tras casi diez años de relación cotidiana con ella.

Los reportes de la embajada norteamericana al Departamento de Estado —con fecha de 11 de junio— daban cuenta de que el “temor que recorre el espectro político de la Argentina es que la Presidenta renuncie si él es expulsado” y además consideraba que “su espacio para maniobrar ha quedado gravemente restringido”.

Cinco días después, en otro aerograma confidencial, la embajada observaba a la Triple A como, “la mayor amenaza terrorista, a pesar de que la guerrilla permanece activa”.

Cuando la denuncia sobre responsabilidad criminal pendió sobre su cabeza, López Rega se encerró con Isabel en Olivos. Durante cuatro días la Presidenta no recibió a nadie. Los ministros llegaban hasta la puerta y debían retirarse. La explicación era que tenía gripe. En la lectura política de los hechos, la Presidenta aparecía como “secuestrada” por su secretaría. El país estaba inmerso en un vacío de poder. Se creía que la Presidenta pediría licencia. El senador Ítalo Luder ya había sido puesto en la línea de sucesión presidencial. Pero no pudo presentar sus saludos en Olivos. La Presidenta no lo recibió.

Finalmente las horas de incertidumbre institucional tuvieron una resolución forzada. En un operativo militar, el cuerpo de Granaderos de Sosa Molina redujo a los casi cincuenta hombres de la custodia policial y parapolicial que estaba recluida en la residencia presidencial. Los desarmaron. Las escopetas, Ithacas, ametralladoras Uzi, pistolas automáticas, granadas, formaban una montaña. Olivos había sido “liberado”. Esa misma tarde, Isabel aceptó reunir a su gabinete. También participaron los comandantes de las Fuerzas Armadas. Le exigieron la renuncia de López Rega.

El 11 de julio López Rega se fue del país con un supuesto cargo de “embajador plenipotenciario”. Tras él renunciaría Rodrigo.

Isabel quedaría sola con el control de la Argentina. El sindicalismo ganaría espacio en su gobierno con la colocación de nuevos ministros —Carlos Ruckauf en Trabajo; Antonio Cafiero en Economía—, pero, subterráneamente, la salida obligada de López Rega significó el primer paso para que los militares asumieran en forma directa la estrategia de eliminación física del “enemigo subversivo”. Sería la continuidad y la ampliación del radio de ataque que había iniciado el Partido Justicialista en su lucha contra “el enemigo infiltrado”, pero con la dirección orgánica de las Fuerzas Armadas.

Para ese fin, a estas alturas, tenían dos obstáculos: necesitaban un decreto que les permitiera operar en todo el país, como el del Operativo Independencia de Tucumán. Y todavía debían ganar el control total del Ejército. El segundo obstáculo era el comandante en jefe.

Numa Laplane había asumido el 29 de mayo. Cargaba el lastre de haber sido designado por López Rega y no era respetado por los comandantes que conducía. En su gestión intentó eliminar la conspiración silenciosa de la línea “prescindente” y puso en situación de disponibilidad a los generales Videla y Viola.

Pero la conspiración fue creciendo. Cuando Numa Laplane intentó pasar a retiro a Videla y a Viola, el generalato se rebeló y presentó su renuncia.

Por consejo de Massera, al que Isabel escuchaba con cada vez más atención desde la salida de López Rega, el 29 de agosto de 1975 Videla asumió como nuevo jefe del Ejército. El poder político se inclinaba hacia los militares “prescindentes”.

Con su nueva conducción, con su “austeridad y profesionalismo”, su “compromiso con el proceso institucional y la defensa seguridad nacional”, las Fuerzas Armadas ya estaban cara a cara con Isabel Perón.

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CAPÍTULO 5

Los pasos previos

El desenlace de la reciente crisis militar señala claramente que el poder real no reside más en la presidenta. […] Los militares que probablemente tomarían el poder son conservadores moderados y razonablemente inclinados a Estados Unidos.

Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a Washington, referido a la designación de Videla como jefe del Ejército, 10 de septiembre de 1975.

El 20 de junio de 1975, después de recibir casi sesenta millones de dólares por el rescate, que luego trasladaría a Cuba y a Suiza, Montoneros liberó al empresario Jorge Born. Su hermano, Juan Born, había sido liberado en el mes de marzo. Los habían secuestrado el 19 de septiembre de 1974.

El botín de los hermanos Born activó un reclamo interno: que se discutieran las políticas de la conducción montonera. Esta posición empezó a ser impulsada por Rodolfo Galimberti, jefe de la secretaría militar de Columna Norte, con el grado de “capitán montonero”. Con un grupo de pares de otras columnas y subordinados intentaron que la Conducción descentralizara su poder, lo acotara.

El argumento era que el cerrado grupo de jefes comandados por Firmenich, a partir del retorno a la clandestinidad, había perdido “conocimiento territorial” y se había aislado de la fuerza que dirigía, mientras que las columnas necesitaban autonomía para manejar sus finanzas, contar con su propio armamento y decidir una práctica política y militar basada en las necesidades de cada territorio.

A la posición disidente de Norte, con los mismos reclamos, se plegó más tarde la Columna La Plata. También había sectores críticos al oficialismo en Columna Oeste y Columna Sur.

Además, el hecho de que la Conducción convirtiera a los militantes públicos en cuadros armados y los obligara a pasar a la clandestinidad, en sintonía con la política de militarización, produjo otra disidencia. Columna Norte quería que los militantes fuesen “cuadros integrales”, es decir, que continuaran con su militancia pública y tomaran las armas como “presión política” sobre un conflicto determinado.

Otro punto de discusión fue el repliegue frente a la represión ilegal y las bandas de la Triple A. Mientras que Columna Norte reclamaba dinero para que la militancia de los frentes de masas y los obreros industriales perseguidos pudieran hacerse de una infraestructura en la clandestinidad, la Conducción creía que no debían depender de los recursos del “aparato” de la Organización —la Secretaría de Finanzas, para resumirlo de algún modo—, sino replegarse en “las masas”: los barrios, las villas o las fábricas.

La Conducción haría un análisis retrospectivo del conflicto en 1979 en la revista Vencer.

El primer tema que motivó el estallido de las contradicciones fue el presupuesto. […] La discusión surgió a propósito del monto que se destinaría para los rubros ‘vivienda’ (compras y alquileres), ‘locales de funcionamiento’ (compras), vehículos (compra y mantenimiento de recuperados), trabajo de los cuadros del Partido y del Ejército (trabajos reales o profesionalización de la militancia). Esta discusión incluía obviamente el monto total del presupuesto anual. A poco de desarrollarse la discusión fue girando del aspecto financiero hacia el contenido político de fondo. […] de haberse tenido presente la resistencia de masas en esta propuesta aparatista, se hubiera sostenido la transformación de nuestro Partido en el Banco Hipotecario Nacional, con el fin de solucionar el déficit de vivienda de la Argentina.

La Conducción no cedió a los reclamos del grupo liderado por Galimberti. El problema era político. En los hechos, la descentralización habría implicado la pérdida del control de Montoneros. Con la concentración del dinero, los documentos —que entregaba el servicio de Documentación Área Federal, dependiente de la Conducción—, y las armas —el Área Logística prestaba las armas largas a las columnas solo para operaciones militares y luego exigía que le fuesen devueltas—, Firmenich mantenía el poder político y militar de la Organización.

Como reacción frente a esta negativa, Columna Norte promovió la convocatoria a un congreso montonero en el que se escucharan “los reclamos de abajo hacia arriba”.

La decisión de Firmenich fue cambiar la jefatura de Columna Norte.

Las intervenciones a las columnas y los traslados de miembros conflictivos a otros ámbitos fueron las respuestas constantes ante los reclamos de descentralización presupuestaria y autonomía.

Durante todo 1975 y buena parte de 1976, la posible convocatoria a un congreso que ratificara, o no, el poder de la Conducción fue una señal de la crisis interna. En Columna Norte se discutió si debían renunciar a Montoneros con un documento político y replegar a sus cuadros en el interior del país y el exterior, o continuar el combate, pese a las diferencias con el oficialismo montonero, en virtud del compromiso moral con los caídos. La opción más radicalizada proponía dar un golpe interno: matar a Firmenich y al resto de la conducción, y tomar el mando de Montoneros.

Con el conflicto interno inconcluso, en el segundo semestre de 1975 la Conducción aceleró el proceso de militarización. Esta tendencia implicó que parte de su militancia pública se retirara de la Organización, se trasladara a otra ciudad o se autoexiliara. Para entonces, los frentes de masas, que desde 1972 habían representado el auge del capital político de Montoneros, ya estaban en la semiclandestinidad, priorizando la práctica armada, la fabricación de armas o las tareas logísticas de combate. Los milicianos, en sus estructuras armadas, se convirtieron en el sostén de la Organización. “El poder popular se obtiene, se mantiene y se acrecienta con el poder militar”, fue el mensaje interno de la Conducción.

Acorde a esta línea, Montoneros desplegó una “ofensiva táctica” y atacó comisarías, bancos y agencias de automóviles, y llevó a cabo robos de armas a la institución policial y militar. La Organización quería dejar en evidencia la incapacidad de las fuerzas de seguridad frente al potencial armado de la guerrilla.

La ofensiva también incluyó “ajustes de cuenta” a “traidores peronistas” de la burocracia sindical y también a policías. Pero si hasta mayo de 1975 se había “condenado” solo a los policías comprometidos con la represión, o los que se resistían a entregar su arma cuando eran reducidos, cinco meses después cualquier policía, con o sin uniforme, independientemente de su clase y sus ideas, se convirtió en blanco de Montoneros. Era considerado “co-responsable de las atrocidades y asesinatos que comete la represión”.

La progresión de la violencia incluyó acciones de mayor magnitud. En agosto de 1975 un atentado de Montoneros causó el hundimiento parcial de la fragata misilística Santísima Trinidad, de la Armada. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea que transportaba gendarmes explotó en Tucumán por una bomba colocada en un túnel de desagüe, debajo de la pista de aterrizaje. Seis gendarmes murieron. Hubo diez heridos.

Con la estrategia de “guerra revolucionaria por la toma del poder” y la certeza de que el enfrentamiento en el futuro sería puramente militar, la Conducción decidió crear una nueva estructura, el Ejército Montonero, por medio del cual desarrollaría las acciones armadas, y que reducía aún más la autonomía operativa de las columnas.

En su organigrama, el Ejército Montonero estaba dirigido por la Secretaría Militar Nacional (SMN), las secretarías militares zonales y los grupos o pelotones de combate. Contaban con un Servicio (o Departamento) de Informaciones e Inteligencia que detectaba “blancos enemigos” —empresas extranjeras y de la oligarquía, policías y Fuerzas Armadas— y transmitía la información a los grupos de combate para su ejecución.

La Secretaría Militar recelaba de la autonomía con la que, en la dinámica de los hechos, actuaba la inteligencia montonera. Exigía que el recorrido de la búsqueda de blancos fuese inverso: “Los servicios, en general, determinan sus propios objetivos de búsqueda y en eso basan su producción, que no siempre responde a las necesidades políticas y militares de la zona. Debemos lograr que sean las conducciones zonales las que determinen los objetivos y, en base a esto, planteen a los servicios las órdenes de búsquedas de informaciones”.

Hacia fines de 1975, el Servicio de Informaciones entregó a la conducción montonera los planes del golpe de Estado que preparaban las Fuerzas Armadas. En ellos se detallaba el esquema para la aniquilación de Montoneros. Estaba organizada en cuatro fases.

La primera fase, ya iniciada en 1975, consistía en reducir el apoyo logístico de la guerrilla en el interior del país, en especial en Tucumán y en Córdoba, hasta lograr el “desmantelamiento militar” de esa región. Para este propósito, las fuerzas militares, por medio del Operativo Independencia y el III Cuerpo de Ejército, ya llevaban a cabo detenciones ilegales y aplicaban torturas en “interrogatorios”.

La segunda fase preveía concentrar la acción militar en barrios del Gran Buenos Aires, con rastrillajes, control de vehículos, detenciones masivas, con el fin de difundir el terror, no tanto en los cuadros guerrilleros como en sus familiares, colaboradores y simpatizantes.

En forma sucesiva, la represión militar continuaría con el aniquilamiento de aquellas bases obreras que adhirieran al proyecto revolucionario en los centros industriales.

La última fase contemplaba la destrucción de los “elementos residuales” de Montoneros en todo el país.

Lo explicaría Firmenich en una entrevista del año 1977 con el escritor Gabriel García Márquez.

En octubre de 1975, cuando todavía estaba en el gobierno Isabel Perón, ya sabíamos que se daría el golpe dentro del año. No hicimos nada para impedirlo porque, en definitiva, también el golpe formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Hicimos en cambio nuestros cálculos de guerra, y nos preparamos para soportar, en el primer año, un número de pérdidas humanas no inferior a 1500 bajas.

Montoneros ya estaba decidido a la confrontación directa con las Fuerzas Armadas. Quería subirla definitivamente al centro del escenario, provocar el enfrentamiento militar. Fue un cambio radical en su política. Hasta ese momento, todavía mantenía contactos políticos con los generales Albano Harguindeguy y Roberto Viola.

La disputa interna en el peronismo había pasado a un segundo plano. Las Fuerzas Armadas eran el nuevo enemigo.

El 5 octubre de 1975 alrededor de setenta combatientes seleccionados entre distintas columnas asaltaron el Regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa. La planificación era bastante audaz: un pelotón debía abordar y secuestrar en vuelo un avión de línea que partía desde Buenos Aires y dirigirlo a Formosa, otros pelotones debían reducir a casi un centenar de personas del aeropuerto El Pucu de esa provincia para cuando la nave aterrizara y otros debían irrumpir en el Regimiento; todo de manera sincronizada.

En los días previos al ataque, un grupo de montoneros llegó a la ciudad de Formosa. Simulaban ser vendedores de flores y de artesanías. Incluso fueron a una oficina de la Intendencia a pedir exención de impuestos. El día señalado, con seis camiones, treinta combatientes divididos en siete pelotones con objetivos determinados, irrumpieron contra un ingreso secundario del cuartel. Contaban con la colaboración de un soldado, que les proveyó toda la información interna del Regimiento. Él mismo se ocuparía de reducir a otro en el puesto de guardia. Y por ahí pudieron ingresar los pelotones. Después cada uno se ocupó de su tarea. Atacaron el puesto principal, el Casino de Suboficiales, la Compañía Comando, la Compañía B y la Compañía de Servicios, para abrir la Sala de Armas. Llegaron a descolgar los fusiles y colocarlos en las sábanas blancas para subirlos al furgón Ford F-350. Pero la avanzada en el resto del cuartel no resultaba sencilla. Los soldados no se rendían. En todos los puestos se libraban combates. Y, además, desde el barrio militar, al lado del Regimiento, escucharon los disparos, y los oficiales y suboficiales reaccionaron y fueron a defender la unidad. Ingresaron por los dos puestos. Tomaron una ametralladora pesada MAG en el edificio de la guardia y empezaron a combatir a los montoneros apostados en la Guardia de Prevención. Pero el grueso de los pelotones ya estaba en retirada en medio del desbande. El jefe del operativo, Raúl Yaguer, miembro de la Conducción, con el botín de tres paquetes de armas que extrajo de la Sala de Armas, envueltas en las sábanas blancas, cargó en el capot del furgón un fusil automático pesado (FAP) y se abrió paso entre el fuego para salir del cuartel. Una camioneta Ford F-100 pudo escapar con una goma reventada. Los otros cuatro vehículos habían sido inutilizados.

Media hora después del ataque, el Regimiento había sido recuperado por el Ejército. En su interior quedaban los cuerpos de diez soldados, un sargento primero, un teniente. También murieron dos policías y dos civiles.¹

El furgón y la camioneta F-100 fueron enfrentando el fuego de policías y gendarmes que se les cruzaron en la ruta al aeropuerto. El Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas ya había sido reducido. Los pasajeros del vuelo estaban cuerpo a tierra en el hall del aeropuerto cuando llegaron los montoneros desde el cuartel. Juan Carlos Taparelli, interventor a cargo del gobierno de la provincia, también estaba en el suelo. Un avión Piper Navajo de la provincia, que acababa de aterrizar, fue neutralizado. También habían tomado un avión Cessna que estaba en el aeropuerto. Cuatro guerrilleros, a las 5.30, abordaron este avión y un minuto después despegó el Boeing 737 de Aerolíneas, con treinta guerrilleros y la tripulación. El Cessna aterrizó en Corrientes. El avión de línea, en un campo de la provincia de Santa Fe, donde los esperaban varias camionetas.

Montoneros se fue del cuartel de Formosa dejando dieciséis muertos propios y llevándose un precario arsenal en comparación con la magnitud de la operación: dieciocho fusiles automáticos ligeros (FAL) y una pistola 9 milímetros.

Con el ataque, demostraba que su poder militar y de organización era demasiado precario para enfrentar a las Fuerzas Armadas, materialmente bien equipadas y cada vez con mayor experiencia de combate contra la guerrilla.

Además, la conmoción que produjo el asalto al cuartel de Formosa afianzó la impresión de que sólo la restauración del orden y la autoridad podría terminar con la violencia y el caos político y económico que signaban al país.

Ese domingo 5 de octubre de 1975, Isabel Perón, con licencia médica, descansaba en las sierras de Córdoba, y Luder estaba a cargo de la Presidencia. La respuesta oficial fue inmediata. El Poder Ejecutivo emitió tres decretos con los que creó el Consejo de Seguridad y el Consejo de Defensa; dispuso la realización de convenios con los gobernadores, por los que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaban bajo control del Consejo de Defensa; y habilitó a las Fuerzas Armadas para intervenir “en la ejecución de operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

El modelo del Operativo Independencia de Tucumán ahora se ampliaba al territorio argentino.

Hasta diciembre de 1975, mes en el que el general Acdel Vilas sería reemplazado por el general Antonio Bussi, por el centro clandestino de detención “La Escuelita”, de Famaillá, pasarían 1507 personas detenidas en forma ilegal; de las cuales se comprobaron cincuenta y seis muertes y ciento trece casos de desapariciones, mayoritariamente obreros, jornaleros y dirigentes sindicales, e incluso un ciudadano francés, que trabajaba de corrector en el diario La Gaceta.

Antes del golpe de Estado, el Operativo Independencia produciría el treinta y siete por ciento de las ejecuciones y desapariciones que luego causaría la dictadura militar entre 1976 y 1983. La idea de que había que llegar al “exterminio físico del enemigo subversivo” estaba instalada en la provincia y era acompañada en el discurso por la dirigencia política, gremial, social y religiosa, que se identificaba con la acción de las Fuerzas Armadas. “Me siento orgulloso del personal militar que está defendiendo nuestra bandera, la azul y blanca. Triunfaremos con soldados que no le tienen miedo a la muerte”, afirmaba Amado Juri, el gobernador de Tucumán, como una muestra de la aquiescencia civil, que comprendía al resto de la dirigencia política. En una visita a esa provincia, algunos legisladores nacionales se colocaron el uniforme y el casco para entrar al monte, del que salían exaltando la guerra contra “la subversión”.

El poder militar ya se había desplegado sobre el poder político y la sociedad civil.

Para entonces, en el último trimestre de 1975, las columnas del ERP, divididas en tres pelotones, habían quedado aisladas en el monte tucumano, a merced de la inclemencia del clima y casi sin luz natural durante el día. Continuaron las caídas de los guerrilleros, cuando buscaban alimentos y medicamentos en el llano, en parte porque los colaboradores de la guerrilla, atrapados por el Ejército, eran forzados a delatar las citas y provocar las emboscadas. Además, las patrullas militares ya subían al monte, emboscaban a los guerrilleros, los reducían y los fusilaban. En octubre, en el arroyo San Gabriel, tres jefes del frente rural del ERP caerían en enfrentamientos y emboscadas. Después, otra columna sería cercada en una finca cercana a ese arroyo. El Ejército incendió un cañaveral para impedirles la fuga, y el operativo se completó con el rastrillaje de dos helicópteros. Tras seis horas de combate, en la madrugada, el Ejército mató a catorce guerrilleros. El general Vilas llevó los cuerpos en un camión Unimog para mostrarlos a la prensa.

Ese fue el golpe decisivo contra la Compañía de Monte. No solo ya no recibía nuevos combatientes, sino que algunos de ellos habían sido convocados para integrar los pelotones que se organizaban para producir el mayor ataque a un cuartel en la historia de la guerrilla.

El terror en Tucumán subsistiría luego de la partida de Vilas. El 1º de diciembre de 1975 explotó una camioneta con siete guerrilleros del ERP en el mismo lugar de la capital provincial donde un año antes habían matado al capitán Humberto Viola y a su hija. El hecho estaba firmado por el Comando Dios, Patria o Muerte.

En el momento de la firma de los decretos presidenciales, la represión clandestina también estaba en pleno desarrollo en Córdoba, bajo la intervención del brigadier Raúl Lacabanne, ordenada por Isabel Perón.

El general Luciano Benjamín Menéndez, ahora al frente del III Cuerpo de Ejército, ya había diseñado y construido un centro clandestino de detención que denominaría “La Perla”, ubicado sobre la ruta 20, a doce kilómetros de la ciudad de Córdoba, a la altura de la localidad de Malagueño.

Pero entonces, su unidad subordinada más activa en la “limpieza ideológica” era el Departamento de Informaciones (D2).

El D2 era una brigada autónoma de la institución policial, que respondía al III Cuerpo de Ejército, y estaba integrada al Centro de Operación Táctico (COT). Los miembros de la brigada hacían trabajo de calle, con allanamientos y secuestros, y trasladaban a sus objetivos a su sede, ubicada en el entonces denominado pasaje Cuzco, frente a la Plaza San Martín y a un costado de la Catedral de Córdoba.

La brigada del D2 contaba con alrededor de medio centenar de efectivos. Además de perseguir a las cúpulas del ERP y de Montoneros —en ese momento algunos jefes guerrilleros estaban refugiados en la provincia—, se infiltraban en fábricas y en frentes estudiantiles para detectar a quienes luego convertían en futuros blancos. Las “tareas sucias” eran bien retribuidas por la institución. Al brigadista se le facilitaba el ascenso de grado de manera rápida, y obtenían mejores sueldos.

La sede policial del D2 estaba compuesta por un área para tareas burocráticas, sumarios, libros de ingreso y egreso, registros de ficheros y archivos; el depósito de armas; y las celdas para los detenidos ilegales que traían después de cada noche de cacería. El D2 tenía su propio centro clandestino.

En un patio grande se daba la “recepción” al secuestrado. Lo hacían atravesar un “túnel” compuesto por brigadistas que le pegaban hasta que quedara deshecho en el suelo. Después los torturaban. Les hacían meter la cabeza en un recipiente con agua y los asfixiaban con bolsas de nailon; luego los llevaban a la celda y los interrogaban.

El D2 albergó a los primeros desaparecidos en la provincia. En agosto de 1975, estaba controlado por el comisario inspector Raúl Pedro Telleldín. Con su dirección, la ofensiva de los represores se radicalizó. Además de los miembros del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, que supervisaban los procedimientos y recogían información, ingresaron al D2 civiles y militares antiperonistas que producían dos o tres atentados por noche para promover el caos político. Fabricaban bombas con latas de TNT y sistema de retardo “mecha rápida” que obtenían de Fabricaciones Militares, y las colocaban en el Arzobispado, el Juzgado Federal, sindicatos o partidos políticos, y luego escapaban en autos sin chapa patente dejando inscripta la leyenda “Montoneros”, para demostrar que el potencial de la guerrilla estaba en pleno crecimiento frente a un gobierno civil vaciado de iniciativa, incapaz de reprimirlos.

El D2 se fue convirtiendo en la base del Comando Libertadores de América, que operaba no sólo contra la guerrilla sino también en ámbitos partidarios como la UCR o el Partido Intransigente; también, por simple impunidad, iban a robar las pertenencias de los detenidos, o a matar para robar, como sucedió con un grupo de música compuesto por cinco estudiantes bolivianos, un peruano y tres argentinos, a los que acribillaron en un camino de tierra para quedarse con sus instrumentos, y luego fraguaron un “enfrentamiento subversivo”.

Con el mando de Telleldín los secuestros se multiplicaron. Cada noche los brigadistas traían cinco, diez o quince personas al D2; no permanecían en la celda durante muchos días. La población de detenidos se ampliaba y se reducía de repente, cada vez con mayor frecuencia. En la nueva etapa, después del interrogatorio y la obtención de la información, cada detenido empezó a ser “trasladado” de la repartición: los mataban. Y los cuerpos ya no aparecerían en la calle, como era la práctica de la Triple A: desaparecían.

El ERP quiso denunciar a los torturadores del D2 y con un pelotón armado con FAL preparó un ataque cuerpo a cuerpo, de asalto de infantería, pero la repartición tenía una puerta de entrada y un largo pasillo de difícil acceso y la acción fue resistida desde adentro, con un costo de seis policías de la guardia muertos.

Ese día, el D2, que había golpeado a la conducción montonera, tenía en el calabozo a Marcos Osatinsky y a Horacio Mendizábal. Osatinsky procedía de las FAR, era uno de los jefes que se había fugado de la cárcel de Rawson en 1972. El D2 lo secuestró durante una reunión en una casa clandestina, casa en la que cayó mucha documentación y que después volaron, y a Osatinsky lo fusilaron después del ataque del ERP, pero, todavía con vida, lo arrastraron, atado a una cadena al paragolpe trasero de un auto, por rutas de asfalto y de ripio.

El D2 explicó que Osatinsky había sido muerto en un “intento de fuga” organizado por Montoneros cuando era trasportado a la unidad carcelaria. Era la forma habitual en que se encubrían algunos crímenes. Luego de ser enterrado por sus familiares, su cuerpo sería robado y dinamitado en Barranca Yaco, el mismo lugar donde fuera asesinado el caudillo Facundo Quiroga en el siglo XIX. Al día siguiente del golpe militar, desaparecería Mario Osatinsky, su hijo, de 18 años.

También estaba Horacio Mendizábal en la celda del D2, pero se les escaparía. Mendizábal era un cuadro montonero de jerarquía, provenía del grupo Descamisados, pero el D2 no pudo reconocer su identidad. No sabían quién era. Golpeado y torturado durante varios días, se vieron obligados a legalizar su detención. Le hicieron un sumario y lo pusieron a disposición de la Justicia. Cuando pidió declarar ante el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, Mendizábal llegó esposado con un policía y su abogado defensor, quien extrajo una metralleta de su portafolio, redujo al policía y al juez, quitó las esposas de su cliente y ambos saltaron por una ventana hacia la calle.

Durante el gobierno de Isabel Perón, el D2 ya estaba preparando el camino. El golpe de Estado no iba a demorarse mucho más, y aunque todavía no tenía día y hora, agosto de 1975 fue un mes clave. Con la jefatura del general Jorge Rafael Videla, el Ejército ya no preservaría la suerte del gobierno constitucional, tomaría cada vez más distancia de los políticos y la política y continuaría transmitiendo su profesionalismo, su idea de orden y paz, a una sociedad agobiada, y ahora horrorizada, por la violencia de cada día.

El general Videla, entonces de 50 años, era un hijo del patriciado militar. Su foja de servicios indicaba que había sido asesor de la delegación militar en Washington, después impartió cursos de inteligencia en la Escuela Superior de Guerra y luego tomó cursos dictados por el Ejército de los Estados Unidos en las escuelas de contrainsurgencia de Panamá. Su carrera profesional había estado alejada de las vicisitudes del peronismo-antiperonismo y más vinculada a militares latinoamericanos formados en la guerra ideológica contra la insurgencia, en defensa de la “seguridad hemisférica” y de las “fronteras internas”, militares que entonces, en la década de los setenta, asumían posiciones de relieve en los gobiernos dictatoriales de sus países.

Tras la asunción de Videla en el Comando del Ejército y la creación del Consejo de Defensa, ya con la potestad de intervenir en “la lucha antisubversiva en todo el territorio nacional”, modificaron, mediante un Procedimiento Operativo Normal (PON), el Reglamento Militar.

El nuevo reglamento preveía la creación de centros militares clandestinos, que señalaba en forma eufemística como “LRD”, “lugar de reunión de detenidos”. El “sospechoso” sería detenido sobre la base de informes de inteligencia y trasladado al LRD para interrogarlo, sin posibilidad de defensa legal.

El 28 de octubre de 1975 Videla trazó los objetivos de la ofensiva represiva por medio de la directiva secreta 404/75, por la que se proponía disminuir “significativamente el accionar subversivo” para fines de ese mismo año, transformar la subversión en un problema de “naturaleza policial” para fines de 1976, y aniquilar “los elementos residuales de las organizaciones subversivas” a partir de 1977. La Directiva dividió el país en 4 zonas, 19 subzonas y 117 áreas y subáreas; luego, en 1976, asignarían al Comando de Institutos Militares, de la guarnición Campo de Mayo, el control de la zona norte del conurbano bonaerense.

En cada zona, el Ejército tenía la responsabilidad primaria de las operaciones, con un comandante que contaba con el apoyo de la Marina, la Aeronáutica, la Policía Federal, las policías provinciales y, en menor medida, la Gendarmería.

Por su parte, en noviembre de 1975 la Armada evaluaba que la Argentina se había convertido en un “activo campo de acción de la subversión marxista por la ineficiencia del gobierno” y se proponía acabar con “la subversión y sus ideólogos”.

Para ese fin, con el “Plan de recolección de información”, ya tenía oficiales que se infiltraban en ámbitos políticos, gremiales, educativos, religiosos e insurreccionales y entregaban informes cuatrimestrales al Comando de Operaciones Navales.

En el Plan de Capacidades Internas de la Armada (Placintara), esa fuerza había elaborado sus propias directivas de “lucha contra la subversión”. Establecía que debía crearse “una situación de inestabilidad permanente en las organizaciones subversivas que permita restringir significativamente su libertad de acción”. Marcaba fases “defensivas” (preservación de instalaciones materiales y personal de la institución) y “ofensivas” (hostigamiento, inteligencia previa, selección del objetivo y detención de personas) para destruir al “oponente subversivo”.

Las “patrullas de allanamiento”, según el Placintara, estarían compuestas por dieciséis hombres en total, incluidos dos de otras fuerzas de seguridad. En el procedimiento, los “subversivos” debían desalojar la casa por el frente y con las manos en alto. Si esta orden no se cumplía, el personal debía rodear el objetivo y batir a fuego puertas y ventanas a fin de “evitar fugas”.

Para los detenidos, las opciones reglamentarias de la Armada suponían una “guarda transitoria” (investigación e interrogatorio) hasta que se resolviera su destino, que podía ser el tribunal militar, el penal, la autoridad policial o la libertad. Mientras se definía su estatus, el detenido no tenía posibilidad de defensa legal.

Al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas ordenaban los procedimientos represivos clandestinos en sus reglamentos internos, el general Videla, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos del 10 de octubre en Montevideo anticipaba que “si es preciso, en la Argentina van a morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.

El futuro de Isabel Perón era una incógnita. En los reportes de la embajada norteamericana, entre el 2 y el 16 de octubre, al Departamento de Estado de los Estados Unidos se le indicaba:

Hay un vacío de poder en el centro de la estructura política argentina y la pregunta central es: ¿quién lo llenará? Seguramente no será, no puede serlo, la señora de Perón. Fuentes que se han comunicado con las esposas de los tres comandantes en jefe desde su retorno de Ascochinga la habrían descripto extremadamente nerviosa, irritable y anémica. Además, el 3 de octubre, el ministro de Economía [Antonio] Cafiero le dijo en confianza al embajador [Robert] Hill que la señora de Perón tiene úlceras sangrantes que no muestran signos de mejoría. Cafiero le informó al embajador que los planes actuales son que la señora Perón retome la presidencia el 17 de octubre sólo por unos días.

El peronismo confiaba en que Luder podría ser el hombre de reemplazo, pero una vez que el senador desechó esa posibilidad, el sindicalismo y el PJ presionaron para que Isabel no renunciara. Como en su momento lo había sido López Rega, ella era su único sustento para permanecer en el esquema de poder. El 17 de octubre, los gremios desbordaron la Plaza de Mayo. Isabel, desde el balcón de la Casa de Gobierno, prometió combatir “la guerrilla y la inmoralidad”. Aun con la invocación a la lealtad y cumpliendo con las representaciones clásicas del peronismo, la verticalidad del Movimiento se despedazaba día tras día. Los dirigentes políticos y sindicales estaban más atentos a las declaraciones e intrigas que provenían de las Fuerzas Armadas que a la búsqueda de una solución política que garantizara la institucionalidad.

En noviembre, tras otra internación de dos semanas, Isabel anunció que adelantaría las elecciones para octubre de 1976. Pero pocos creían que el gobierno pudiera sobrevivir un año más.

El 18 de diciembre un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea conducidos por el brigadier Jesús Capellini se sublevó contra su jefe, el brigadier Héctor Fautario. Era el único jefe de las tres armas que no había adherido al plan secreto del golpe de Estado. El Ejército y la Marina buscaban desplazarlo.

Fautario fue detenido en el aeroparque metropolitano por un brigadier insubordinado que le exigió la renuncia a punta de pistola. Aeroparque y otras bases aéreas habían sido tomadas.

Desde aviones que sobrevolaban la Casa de Gobierno se lanzaron panfletos que consideraban “agotado el proceso político”, desconocían la autoridad del gobierno y reclamaban el poder para el comandante en Jefe del Ejército, general Videla.

Pero el Ejército, que consideró la rebelión como un “problema interno” de la Fuerza Aérea, se declaró “prescindente” y prefirió esperar el momento adecuado. Isabel, argumentando trastornos de salud, permaneció en Olivos, y el peronismo tardó en reaccionar frente al movimiento sedicioso.

Por consejo de Videla y de Massera, Isabel ordenó el retiro de Fautario; de este modo, fue removido el único comandante que creía en la continuidad institucional. En su última reunión, Fautario le había anticipado a la Presidenta: “Cuídese, señora, porque a usted la van a echar en marzo”.

Fue reemplazado por el brigadier Orlando Agosti, que adhería al plan del Ejército y la Armada.

La tarea exploratoria de las Fuerzas Armada en favor del golpe de Estado había dado buen resultado.

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Turolo, Carlos. De Isabel a Videla. Los pliegues del poder. Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

¹ Hay distintas versiones sobre la cantidad de víctimas. En noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó un resarcimiento económico extraordinario para los familiares de dieciséis víctimas.

CAPÍTULO 6

El Día D

Con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propalar noticias alarmistas. Quienes así lo hagan, serán detenidos por la autoridad (militar, de seguridad o policial). Se advierte asimismo que toda manifestación callejera será severamente reprimida.

Comunicado Nº 2 de la Junta Militar, 24 de marzo de 1976.

Jesús Ramés Ranier tenía 29 años. Era algo bizco, morocho y estaba un poco pasado en kilos. Se había incorporado al ERP desde las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) hacía poco más de un año, y si bien no participaba en acciones militares, cubría citas, transportaba armas y realizaba todo tipo de tareas para el área Logística.

En agosto de 1975 le habían encargado el traslado de las armas a Córdoba para el ataque contra el D2. En esa oportunidad, contradijo una orden de uno de los jefes del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, y decidió que la camioneta avanzara por la ruta 9, una alternativa desaconsejada por los habituales controles policiales. Su decisión costó un alto precio: la camioneta fue detenida, el conductor, apresado y las armas se perdieron. Ranier, que venía detrás, en otro vehículo, logró escapar, pese a la voz de alto y los disparos. Después explicó el hecho, presentó detalles, comprobantes sobre dónde había estado, y fue reincorporado a Logística. El ERP lo necesitaba. Estaba preparando su acción militar más importante, que comprometía a más de doscientos cincuenta combatientes divididos en distintos pelotones.

El Batallón Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, era el arsenal más grande del país. Estaba ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, rodeado de villas de emergencia. Además del golpe propagandístico que suponía el ataque, el ERP calculaba que podría obtener 900 FAL, 100 fusiles M15, cañones antiaéreos, subametralladoras, un botín de 20 toneladas de armamento y municiones para proveer las unidades urbanas y a los combatientes que todavía permanecían en el monte tucumano, con los que intentaría retomar la ofensiva y retardar el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas.

La preparación del ataque demandó varios meses. Un conscripto informaba los movimientos internos y un oficial del ERP, que era arquitecto, armó una maqueta en la que se fue definiendo la planificación. Participarían alrededor de doscientos combatientes; de ellos, setenta lo harían de manera directa en la toma del cuartel.

Mientras un pelotón tomaba el Batallón de Arsenales y se retiraba con las armas, las unidades de apoyo debían neutralizar nueve puestos policiales sobre la zona del Riachuelo y el Camino General Belgrano, que conducía a La Plata, para impedir la llegada de fuerzas militares y policiales, y facilitar la fuga.

En los hechos, el asalto implicaba convertir en “zona liberada” los partidos de Quilmes, Avellaneda y Lanús durante al menos doce horas.

Algunas semanas previas cayeron en manos del Ejército cuadros de jerarquía en la zona sur comprometidos con la operación. Varios de ellos fueron detenidos mientras transportaban armas. Pese a las dudas de varios jefes guerrilleros, que temían que alguno de los cuadros apresados revelara la maniobra al enemigo, el plan original, previsto para el 21 de diciembre, continuó sin modificaciones. Santucho confiaba en que “Pedro”, Juan Ledesma, jefe del Estado Mayor del ERP, que había caído, no “hablaría”. Santucho mantenía la convicción de que debía hacerse la operación.

El día 22, uno de los jefes del Estado Mayor del ERP, Benito Urteaga, recibió un aviso del conscripto: en el cuartel se estaban reforzando las guardias por un “alerta roja”. La comandancia del ERP recibió este y otros indicios de que la acción podría estar infiltrada, aunque prefirieron suponer que el “alerta” se debía al levantamiento de la Fuerza Aérea.

El 23, día del asalto, se levantó el “alerta roja” y las guardias fueron las habituales, según reportó el soldado cuando salió del arsenal, a las dos de la tarde. La rutina se había restablecido. Unas horas después, una pareja redujo al conserje de un hotel alojamiento de Quilmes. Setenta militantes del ERP se concentraron en distintas habitaciones.

A las siete menos diez, un camión Mercedes Benz de distribución de bebidas, que estaba en la mira de los binoculares de un coronel apostado en una torre del tanque de agua del arsenal, avanzó hacia allí. El camión arrastró las hojas de los portones y permitió el paso de otros nueve vehículos. Los combatientes del ERP ya habían ingresado. Fue el inicio. El puesto de guardia no había sido reforzado, y lo tomaron, pero luego no pudieron acceder a la Guardia Central ni a la Compañía de Servicios por la resistencia de ametralladoras pesadas, tanques blindados e incluso helicópteros con que respondió el Ejército, que tuvo refuerzos de Campo de Mayo y del Regimiento 3 de Infantería, además de la Gendarmería, la Policía Federal y la Bonaerense. Tras casi tres horas de combate, algunos pudieron refugiarse en la caldera de la Compañía de Servicios. Pero ya se había dado la orden de retirada. Muchos guerrilleros, cerca de treinta, cayeron en los primeros minutos, en el combate. Otros fueron reducidos y fusilados, pese a haberse rendido. A otros los persiguieron y mataron cuando escapaban, o los remataban cuando estaban heridos. También hubo prisioneros rendidos que fueron fusilados en la batallón después del ataque. Durante toda la madrugada, iluminada por los helicópteros, la Infantería hizo rastrillajes por las villas y los bordes del Riachuelo.

En el resumen del combate, la guerrilla tuvo cincuenta y nueve bajas.¹

El factor sorpresa con que el ERP pensaba asaltar el arsenal había sido develado. Tres días después, el buró político hizo un relevamiento de las últimas caídas: en todas aparecía algún vínculo con Jesús Ramés Ranier, el “Oso”. Dos días más tarde, lo encontraron en una casa arreglando un ventilador con otro miembro del ERP. Los primeros cuatro días de interrogatorio, con todo tipo de presiones, el Oso no habló. Hasta que le pusieron una pistola en la cabeza y empezó a hablar, y durante otros cuatro días no paró más. Hacía más de un año que estaba infiltrado en el ERP. Su contacto era el coronel Carlos Antonio Españadero, alias “Peirano”, del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. El Oso recibía un sueldo mensual para él y su pareja, que colaboraba con él. Había sido responsable de la caída de alrededor de cien militantes del ERP y del PRT, además de provocar la caída de talleres de armamentos y de dos cárceles del pueblo, y de haber anticipado al Ejército el ataque al arsenal de Monte Chingolo.

El tribunal partidario lo sentenció a muerte. Se le dio la posibilidad de elegir entre un disparo y una inyección letal. Ranier prefirió esta última opción. Un médico de la Compañía de Monte se la aplicó en la vena del brazo.

Su cuerpo apareció en el barrio de Flores, con un cartel que lo presentaba con nombre y apellido como un “traidor a la revolución y entregador de mis compañeros”.

El 13 de enero de 1976 el ERP comunicó:

La justicia revolucionaria ha vengado a las decenas de compañeros muertos y desaparecidos y es un ejemplo y una advertencia.

La personificación de un “traidor” en las organizaciones armadas también era útil para explicar un error en decisiones puntuales o el fracaso de una conducta política. Permitía eludir responsabilidades propias.

La delación, como consecuencia de torturas, era un flagelo que la “justicia revolucionaria” no perdonaba. Para preservar a sus cuadros, la conducción montonera había recomendado llevar una pastilla de cianuro y eliminarse, para defender a sus compañeros, antes que caer detenido. Las pastillas empezaron a fabricarse en serie. El imperativo era no caer vivo.

Pero las pastillas no debían entenderse como un sustituto del arma. Si había que caer, había que hacerlo combatiendo.Y, si las fuerzas de seguridad los capturaban sin haber podido ingerir la pastilla, debían permanecer en silencio durante la tortura.

Este precepto convirtió la imagen del combatiente en cuadro heroico, que podía vencer al enemigo con su silencio. Mediante el órgano Evita Montonera se explicaba a los cuadros armados que la tortura era un problema más ideológico que de resistencia física. Con fortaleza ideológica, la tortura se podía soportar. El discurso de la indestructibilidad de sus cuadros que transmitía la Conducción entró en contradicción cuando uno de sus jefes, el abogado Roberto Quieto, que había participado en el diseño del atentado a Rucci y en el del secuestro de los hermanos Born, fue arrancado de una playa de San Isidro por un grupo policial o militar (iban vestidos de civil) mientras descansaba con su familia el 27 de diciembre de 1975, cuatro días después del ataque del ERP en Monte Chingolo.

Montoneros desplegó una intensa campaña por su aparición y recogió adhesiones de personalidades políticas y culturales europeas. Incluso, poco tiempo después, Roberto Perdía, número dos de la Conducción, acordó una cita con el general Albano Harguindeguy para negociar su libertad. Montoneros estaba en un momento de debilidad. Y el Ejército estaba afianzado. Acababa de dar dos golpes a la guerrilla: Monte Chingolo y Roberto Quieto.

El vínculo con Harguindeguy era una de las pocas relaciones con el Ejército que conservaba Montoneros. Habían establecido el contacto durante el Operativo Dorrego, en el que militares y la JP hicieron trabajos sociales conjuntos en octubre de 1973.

Poco más de dos años después, en un auto que rodaba por los silos harineros de Puerto Madero, Harguindeguy le explicaba a Perdía que no habría negociación ni tregua posible.

Quieto no va a aparecer, olvídense. Y además nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en las calles, como ahora. Vamos a hacer otra cosa. Dictadura va a ser la nuestra. Ahora no lo van a ver más a Quieto, a nadie van a volver a ver.

A poco del secuestro, la Conducción supuso que Quieto habría suministrado algún tipo de información a sus captores. Esto los impulsó a un cambio adicional en la campaña de reclamo por su aparición. Ordenaron pintar la consigna “Quieto traidor”. Y en su ausencia, sin posibilidad de defensa, el Tribunal Partidario le inició un “juicio revolucionario” por “deserción y delación”.

Para el Tribunal, Quieto, tercer cuadro en jerarquía de la conducción montonera, no había cumplido con el precepto de “resistir o morir antes de la tortura” y había brindado información sobre dos locales (casas), uno de los cuales era un depósito de armas; además, su revelación de citas en Córdoba, a las que debía concurrir dos días después, habría provocado “la desaparición de cuatro compañeros” (un aspirante y tres colaboradores).

La Conducción no consideraba los matices.

El secuestro de Quieto había sido perpetrado en un lugar público, su familia lo denunció a la policía, la prensa y la Justicia, y la noticia fue anunciada por Radio Colonia (Uruguay), que escuchaba la militancia montonera. Además, fue publicada por dos diarios al día siguiente. Es decir, Quieto habría brindado información sobre citas y locales de la Organización después de las veinticuatro horas posteriores a su caída, cuando esta ya era pública y los riesgos de su supuesta “delación” estaban ya acotados.

Tampoco la Conducción tuvo en cuenta que Quieto poseía información que, de haberla suministrado a sus captores, habría comprometido el centro de gravedad de Montoneros —finanzas, inversiones, prensa, logística, domicilios clandestinos— y también la vida del resto de los miembros de la Conducción. Pero no lo hizo. Además, en la vorágine de secuestros que se estaba produciendo en la provincia, era difícil de probar que era responsable de “las cuatro caídas”.

El secuestro de Quieto provocó un fuerte debate interno en Montoneros. En muchos ámbitos se sostuvo que no había sido su “conducta burguesa” la que había provocado su secuestro —como fundamentaba el tribunal partidario—, sino que, en su estrategia de guerra con los militares, toda la Conducción vivía atrapada “en la cotidianidad de los hábitos burgueses”.

La Conducción prefirió evitar ese debate y presentó la “conducta burguesa” de Quieto como un caso excepcional. Utilizó a Horacio Mendizábal como ejemplo: había soportado la tortura sin delatar nada ni a nadie y se había fugado de la cárcel con ingenio.

El Tribunal no era inocente en su condena.

En ese momento, Quieto era crítico de la política militarista de Montoneros, que, pronosticaba, los conduciría a la inexorable derrota. Su argumento contradecía el “triunfalismo” de la Conducción. Para romper el progresivo aislamiento, Quieto pensaba que Montoneros debía dialogar con fuerzas políticas y construir y fortalecer una oposición civil al gobierno de Isabel que impidiera el golpe de Estado. Sus cuestionamientos no fueron orgánicos ni tampoco constituyó una facción interna. Hablaba de su punto de vista con distintas relaciones políticas y de amistad que frecuentaba en sus viajes de Córdoba a Buenos Aires. Pero creía que no tenía ninguna incidencia para modificar el rumbo elegido por la Conducción. Su voz contradecía el plan estratégico en favor del golpe de Estado, cuya información ya poseían, aunque sin vislumbrar la magnitud de la represión estatal que se avecinaba.

Montoneros pensaba que, a partir de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, el pueblo lograría desenmascarar al verdadero enemigo. Isabel Perón impedía la visualización de los dos contendientes del escenario que imaginaba Montoneros para los meses futuros: la guerrilla contra el Ejército. Y cuanto más intensa fuera la violencia que desplegaran los militares contra el pueblo, mayor sería la conciencia del pueblo para combatirlos.

Esas eran las condiciones de “la guerra” que impulsaba la Conducción: una confrontación directa en el marco de una “guerra popular y prolongada” con dos intereses diferenciados: los montoneros, en defensa de la clase obrera, dispuestos a una “guerra larga”, manteniendo el hostigamiento constante y resistiendo la represión; y las Fuerzas Armadas, en defensa de la “oligarquía rural proimperialista”, buscando una guerra corta, cercando y aniquilando a las fuerzas guerrilleras.

Quieto no tenía lugar en esa estrategia. Era preferible su condena interna. El 14 de febrero de 1976, mientras permanecía desaparecido, el Tribunal Revolucionario lo condenó a la pena de “degradación y muerte”, que aplicaría en el momento oportuno.

Desde el Rodrigazo, la Sociedad Rural y otras corporaciones agrarias venían realizando paros, que acompañaban con movilizaciones y cortes de ruta, y que provocaban desabastecimiento y aumentos en el precio de la carne. El gobierno amenazó con expropiar la hacienda y ordenar una reforma impositiva, pero estaba lejos de una medida semejante.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) era parte de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que reunía a distintas cámaras empresarias —del comercio, la construcción, etcétera— y reclamaba el restablecimiento “del orden” y la eliminación de aquellos elementos que “dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad”, es decir, las comisiones internas de las fábricas, a las que emparentaban con “la subversión”, sin eufemismos. Tras una reunión con el general Videla, la SRA expresó:

No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil de combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos.

Es decir, la SRA acusaba a Isabel de ser responsable del caos que servía para allanar el camino al “marxismo”.

El 16 de febrero APEGE promovió un lock out en reclamo de medidas económicas y contra “la subversión”, que contó con el apoyo de alrededor de mil cámaras patronales de todo el país. La decisión de “bajar las persianas” fue interpretada no solo como una demostración del poder empresario frente al “agotamiento” del gobierno, sino como un llamado a la desobediencia civil. APEGE amenazó con suspender el pago de impuestos, cargas fiscales y aportes sindicales; además, convocó a otro paro para el mes de marzo.

Aunque retenía representatividad en sectores industriales, la Confederación General Empresaria (CGE), patrocinada por el ex ministro José Gelbard en apoyo al gobierno peronista, no tenía peso frente a la nueva corporación que apoyaba el golpe de Estado. Su ex titular ni siquiera estaba en el país. Se había exiliado para escapar de la persecución de la Triple A.

Pero Isabel Perón se negó a renunciar. Aun con la falta de respuestas, sin la posibilidad —ni ella ni la oposición— de promover una alternativa en el marco constitucional, mostraba su voluntad de completar su mandato e incluso tenía ambiciones de renovarlo: en los últimos cambios de gabinete del mes de enero, había relevado a dirigentes del PJ que podrían tener hipotéticas aspiraciones presidenciales y contaban con el apoyo del sindicalismo. Isabel se sentía en carrera. Pensaba continuar.

En febrero de 1976, la Junta Militar que se disponía a gobernar el país ya había planificado sus primeras decisiones. Según consignaba el “Plan del Ejército”, que marcaba lineamientos para el asalto al poder, se suspenderían el derecho de huelga, los fueros sindicales y las actividades políticas. También se había elaborado una lista de quiénes serían los oponentes de la Junta, los activos y los potenciales, y quiénes no se opondrían a sus planes y llegarían a apoyarla con el silencio o la prescindencia.

En ese marco, las actividades del PJ, la UCR, el Partido Socialista Popular (PSP), el Movimiento Socialista para la Liberación Nacional (MSLN), el Partido Socialista Unificado (PSU) y el Partido Comunista (PC) serían suspendidas. Y se prohibiría el funcionamiento de otras organizaciones maoístas o trotskistas: el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Política Obrera (PO),el Partido Obrero Revolucionario Trotskista (PORT) y el Partido Comunista Marxista-Leninista (PCML).

La lista de “enemigos” de las Fuerzas Armadas incluía a organizaciones gremiales del peronismo ortodoxo y del combativo, a la izquierda en sus distintos frentes, agrupaciones estudiantiles y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, al que asignaban mucha peligrosidad por tener un “accionar trascendente” entre la población y una “definida prédica socializante”, funcional “a la lucha de clases que pregona el marxismo”.

También se procedería a la detención de autoridades nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos “a determinar” y “delincuentes económicos y subversivos”, a quienes se alojaría en unidades penitenciarias y dependencias militares.

Además se había planificado la detención de dirigentes y sindicalistas, quienes serían puestos a disposición del Poder Ejecutivo, y se controlarían las embajadas y residencias de embajadores para evitar el asilo político.

El plan de las Fuerzas Armadas tendía a “despersonalizar” el ejercicio del poder y comprometer a las tres armas en el gobierno de facto. Pero el presidente debía ser respaldado por los otros miembros.

El reparto tripartito guiaría todas las estructuras del futuro gobierno. La Presidencia quedaría para el Ejército, y los ministerios (con la excepción de Economía y Educación, que se asignarían a civiles) se distribuirían de manera igualitaria, dos para cada fuerza.

Un criterio similar se aplicaría respecto de la intervención de canales de televisión, radios, sindicatos, obras sociales, organizaciones empresarias y directorios de empresas estatales, que se ocuparían con militares en actividad, retirados y algunos civiles.

En las provincias, el Ejército asumiría el cincuenta por ciento de las gobernaciones. El resto quedaría para la Armada y la Aeronáutica.

A diferencia de otros golpes de Estado, esta vez, todas las estructuras del Estado serían militarizadas y la administración sería repartida, en todos los niveles, entre las tres armas, excepto en los municipios: en su mayoría, serían conducidos por civiles.

El Proceso de Reorganización Nacional (PRN) sería un gobierno directo y efectivo de las Fuerzas Armadas, un bloque cerrado, en cuyo núcleo de decisiones no habría participación civil, como había ocurrido en la Revolución Libertadora, y los militares tampoco serían “tutores” de un poder civil, como sucedió entre 1962 y 1963 durante el interinato de José María Guido, ni entregarían el gobierno en manos de un militar que estuviese por encima de las tres armas, como había sido el caso del general Juan Carlos Onganía. Esta vez no. Las Fuerzas Armadas tendrían el control total del poder como nunca antes había sucedido en la historia argentina.

Los jefes militares, por su parte, tendrían el mando exclusivo de la represión ilegal a través de directivas secretas, y además se crearía una Central de Operaciones e Inteligencia (COI) que organizaría las acciones de inteligencia y las operaciones de seguridad, con personal de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), el Batallón de Inteligencia 601, la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, todas instituciones subordinadas a las órdenes del Comando General del Ejército.

El día “D” a la hora “H” del golpe de Estado sería el 24 de marzo. La maniobra debía encubrirse como una actividad “contra la subversión”.

Para la detención de Isabel Perón, el “Plan del Ejército” preveía distintas variantes que dependían del lugar donde se encontrara. Si Isabel pasaba la noche en la Casa de Gobierno, operarían comandos del Primer Cuerpo de Ejército de Palermo, sede del Comando de la Zona 1. Si Isabel decidiera ir a Olivos en automóvil, operarían militares de Campo de Mayo. En caso de que abordara el helicóptero, la harían aterrizar en el Aeroparque Metropolitano con la excusa de un desperfecto. Tres militares, que simularían ser conscriptos aeronáuticos, la conducirían a la estación aérea para que esperara el auto que la iba a trasladar a la residencia presidencial. Allí se produciría la detención.

A medida que se aproximaba el “Día D”, no era difícil interpretar de la lectura de los diarios que se consumaría el golpe de Estado. “Aguárdanse decisiones en un clima de tensión”, “Inminencia de cambios en el país”, publicaron La Nación y Clarín, respectivamente, el día 23. La Opinión, por su parte, tituló: “Mañana se cumplen noventa días de la apelación de Videla”.

El 24 de diciembre, en Tucumán, había afirmado:

El Ejército Argentino, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos, héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas; la especulación política, económica e ideológica deben dejar de ser medios utilizados por aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad.

El 23 de marzo de 1976, en su edición vespertina, La Razón fue más explicito. “Es inminente el final. Está todo dicho”.

Ese día, el ministro de Defensa José Deheza se había reunido con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. El gobierno estaba dispuesto a ofrecer todo, un cambio de rumbo, de planes, puestos en el gabinete; todo menos la renuncia de Isabel. “Ya es tarde”, fue la respuesta de Videla, Agosti y Massera. De todos modos, los comandantes decidieron continuar la entrevista al día siguiente en el Comando del Ejército. Por la noche, el gobierno comunicó que las negociaciones con las Fuerzas Armadas estaban “en un punto óptimo”.

Pasada la medianoche, en los primeros minutos del “Día D”, Isabel concluyó una reunión con su gabinete, sindicalistas y dirigentes del PJ. A esa hora, algunos legisladores habían retirado carpetas de sus despachos en el Congreso frente a la posibilidad de que fuera tomado por el Ejército. “Mañana sigue la reunión. Todo es normal, no tengo noticias de movimiento de tropas”, comentó el metalúrgico Lorenzo Miguel. “Tranquilos, muchachos, que no hay golpe”, indicaban dirigentes del PJ a los periodistas a la salida de la Casa Rosada.

Los diarios demoraban el cierre de la edición del día.

A la una menos diez de la madrugada, Isabel abordó el helicóptero en la Casa de Gobierno. La acompañaban su secretario, Julio González, y cuatro hombres de su custodia personal. Los dos pilotos, designados por el brigadier Agosti, emprendieron vuelo. A los pocos minutos, alertados por una orden cifrada por radio, informaron a Isabel que aterrizarían en Aeroparque. Sospechaban que se les había “plantado” una turbina. En la pista, el jefe de la custodia, suboficial de policía retirado Rafael Luisi, y su secretario González se negaron a descender y recomendaron a Isabel que lo hiciera solo cuando llegara el auto que la conduciría a Olivos. Isabel aceptó el consejo. Pero luego se presentó el jefe de la estación aérea, el mayor Crosetto, que la invitó a esperar en su despacho.

Isabel y sus hombres caminaron cien metros por la pista y apenas llegaron a la oficina, Crosetto cerró la puerta y dejó afuera a Luisi y a González, que fueron reducidos por supuestos conscriptos aeronáuticos. Adentro, el general Villarreal informó a Isabel que quedaba arrestada y las Fuerzas Armadas tomaban el control del país. Isabel preguntó dónde sería trasladada. Cuando supo que iría al Sur, pidió a su gobernanta, que permanecía en Olivos, que trajera ropa de invierno. De su cartera decomisaron una pistola y un informe sobre la “bordaberrización”, el proceso político uruguayo que cedía el poder a las Fuerzas Armadas aun con un civil como titular del Poder Ejecutivo.

 Como indicaba el “Plan del Ejército”, la Casa Rosada, el Congreso, las oficinas públicas y los medios de prensa del Estado fueron ocupados. Lo mismo sucedió con la CGT, la UOM y otros sindicatos, intervenidos por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En el interior, las tropas ocuparon las sedes gubernamentales y las legislaturas.

En las primeras horas del golpe, fueron detenidas decenas de políticos y sindicalistas, muchos de ellos fueron alojados como prisioneros en camarotes de barcos de la Armada. El intento de detener al ex presidente Cámpora fue fallido; logró refugiarse en la Embajada de México. El ex gobernador Ragone, de Salta, en cambio, había sido secuestrado el 11 de marzo por un grupo comando que lo encerró con un auto en las calles de su provincia. Nunca más aparecería.

En la misma madrugada del 24 de marzo, con tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, se realizaron detenciones de delegados, activistas y comisiones internas de grandes fábricas. La Marina ocupó la fábrica Propulsora Siderúrgica (Siderar) y detuvo a obreros que ya habían sido señalados en una lista: fueron encapuchados y torturados.

El día anterior al golpe, la empresa Ford desconoció la representatividad gremial de los delegados y les comunicó que “se olvidaran de los reclamos”. En medio de la reunión, un gerente manifestó: “Yo con ustedes no discuto más. Y a partir de ahora denle mis saludos a Camps”, el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las oficinas de Recursos Humanos de muchas empresas enviaron telegramas de despido por “abandono de tareas” a obreros secuestrados por las Fuerzas Armadas.

El 24 de marzo de 1976, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger envió al presidente Gerald Ford el telegrama confidencial 071677 en el que le anticipaba qué haría el nuevo gobierno militar.

Habrá un fuerte énfasis en la ley y el orden asignando máxima prioridad al esfuerzo antiterrorista. Un operativo limpieza contra figuras políticas y sindicalistas presuntamente corruptos, que incluye los esfuerzos para condenar a Isabel Perón por corrupción. Evitarán una postura rabiosamente antiperonista o antisindical y tratarán de trabajar con sectores receptivos del poderoso movimiento sindical. La implementación de un programa de austeridad moderada que pondrá el acento en una menor participación del Estado en la economía, la responsabilidad fiscal, la promoción de exportaciones, la atención favorable al sector agropecuario descuidado y una actitud positiva hacia las inversiones extranjeras.

A las 3.21 de la madrugada un locutor anunció, desde una cabina improvisada en el Edificio Libertador, del Ejército, que el país se encontraba bajo el “control operacional de la Junta de Comandantes”. A esa hora, el cuerpo de un hombre estaba tirado en el patio interno del edificio donde vivía. Fue la primera víctima del terror estatal con las Fuerzas Armadas en el poder. Poco después de las 2, efectivos del Ejército llegaron al 1100 de la avenida Libertador, en Recoleta, cortaron las intersecciones e ingresaron en el edificio donde vivía el teniente coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Perón en los años cincuenta.

Alberte acababa de terminar de escribir una “carta abierta” dirigida a Videla, al que trataba de Señor Comandante General, en la que denunciaba el secuestro y asesinato de militantes políticos; hacía tres días un comando armado había intentado secuestrarlo a él en su oficina, ubicada a tres cuadras de la Plaza de Mayo, pero pudo retirarse unos minutos antes.

En un texto de seis carillas, Alberte reprochaba a la institución militar.

Cuando con el argumento siempre esgrimido y ahora repetido, de la necesidad de defender “un estilo de vida”, nuestro estilo de vida, el Ejército protagonizó como represor la historia de la “Patagonia Trágica” y los obreros lo hicieron como mártires; cuando desde aviones navales con tripulación también de políticos se bombardeó al pueblo en Plaza de Mayo; cuando se fusiló en la Penitenciaría Nacional, en José león Suárez y en Campo de Mayo; cuando se fusiló en Trelew; cuando militares intervinieron en la profanación del cadáver de Evita.

Y luego alertaba:

Las morgues renuevan diariamente sus depósitos de cadáveres acribillados y los órganos de seguridad no se asombran, de ningún modo, sino que lo aceptan como común y normal.

Los efectivos rompieron la puerta de ingreso del edificio y obligaron al encargado a conducirlos al departamento, seis pisos por escalera, donde Alberte dormía con su familia. Amenazado y perseguido durante meses, el ex edecán esperaba a la Triple A, pero no eran exactamente ellos. Doce hombres con uniforme de combate del Ejército le gritaron: “¡Alberte, venimos a matarte!”, y Alberte reaccionó e intentó tomar un arma, pero no hizo a tiempo para disparar; lo levantaron y lo arrojaron por la ventana al vacío.

Su cuerpo cayó en el patio del departamento de un juez.

Las Fuerzas Armadas ya habían tomado el poder. 

Parecía que la pesadilla de la violencia y el terror, los secuestros, las bombas, los atentados, los cadáveres, que había signado la suerte del gobierno peronista de 1973-1976 concluiría en poco tiempo ante la imagen de profesionalismo y pulcritud que trasmitían los tres jefes de las Fuerzas Armadas para restaurar el orden.

Pero no. La pesadilla apenas comenzaba.

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Causa judicial “Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad...”, causa Nº 14.216/03.

¹ Otras versiones hablan de sesenta y dos y sesenta y siete.

CAPÍTULO 7

La máquina de matar

El Comando de la Zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.

Comunicado del Comando de la Zona 1, La Nación, 3 de noviembre de 1977.

La represión ya había sido diseñada.

El dictador Videla, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Roberto Viola, y el general Carlos Alberto Martínez, de la Jefatura de Inteligencia del Ejército, tenían a cargo la conducción política de la represión ilegal. Contaban con el apoyo de la Marina, la Aeronáutica, la Policía y, en menor medida, de la Gendarmería y del Servicio Penitenciario.

Pero el nervio del accionar de la dictadura, el engranaje que movía la rueda de la represión, era el Batallón 601 de Inteligencia, que conducía el coronel Alfredo Valín y dependía de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, ubicada en el edificio Libertador.

En las oficinas de Callao y Viamonte, sede del Batallón, se reportaban todas las informaciones que producía la “comunidad informativa”, es decir, las estructuras de la inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con miles de agentes, civiles y militares, que se infiltraban en sindicatos, universidades, fábricas, organizaciones educativas, culturales, sociales, etcétera.

Los agentes civiles de inteligencia (denominados “C3”) utilizaban nombres cuyas iniciales coincidían con su nombre y apellido (el agente civil del Batallón 601 Raúl Antonio Guglielminetti operaba bajo la cobertura de “Rogelio Ángel Guastavino”; su par Gerardo Alberto Martínez, como “Gabriel Antonio Mansilla”).

La información que reunían los agentes se valoraba en la Central de Reunión del Batallón y, a partir de entonces, se ordenaban las operaciones ilegales de represión para que actuaran los grupos de tareas.

A su vez, la Central de Reunión tenía grupos operativos, que cumplían tareas de seguimiento —a grupos estudiantiles, religiosos, políticos, etcétera, además de las organizaciones guerrilleras— y ejecución de detenciones. Estos grupos eran parte del personal de inteligencia del Batallón 601.

El circuito represivo se desarrollaba del siguiente modo: cada orden de detención dispuesta por la Jefatura II de Inteligencia obraba por medio del Centro de Operaciones Táctico del Estado Mayor de Ejército (COT), desde donde se cursaba el pedido a la Zona, a la Subzona y al Área correspondiente para que ejecutara la tarea.

El agente de inteligencia que proveía la información también podía participar del operativo para garantizar su efectividad, tanto en la ejecución como en el “interrogatorio” al secuestrado. Actuaba como un “especialista”.

Años más tarde, el general Guillermo Suárez Mason, jefe del Comando de Zona I, lo explicaría a la Justicia:

Cuando las fuerzas militares tenían a un detenido y no se sabía el ámbito de inteligencia que lo rodea uno tiene que traer a algún especialista, por eso, aparte del informe de inteligencia había que traer a un interrogador […] Por su conocimiento, un interrogador tenía que ser un especialista. El Batallón 601 tenía gente que podía venir a interrogar personas y sacar información, normalmente era un oficial. Existe una especialidad de oficial de inteligencia.

Con ese fin se impartían cursos de capacitación para “técnicos de inteligencia” y el oficial de inteligencia, de cualquier arma o fuerza de seguridad, e incluso personal civil, podía servir de apoyo en un procedimiento ilegal y ser responsable del interrogatorio posterior, que conduciría a nuevas acciones del grupo de tareas.

Para los detenidos por la policía por comportamientos “sospechosos”, actuaban interrogadores “de turno”, que permanecían en guardia por la noche. También, cuando sobre la base de información reunida por agentes de inteligencia se decidía el secuestro del “presunto extremista”, se emitía una “orden de blanco”, es decir, una orden de allanamiento o secuestro.

Había dos tipos de “blanco”: “el blanco planeado”, que era resultado de un proceso de información previo y se convertía en un objetivo concreto, y el “blanco de oportunidad”, que era el que se localizaba por primera vez en una operación, y no había sido anteriormente analizado o investigado.

La Central de Reunión del Batallón 601 tenía también un área en la que concentraba la inteligencia y las operaciones de los grupos de tareas. Era la Sala de Situación. Allí concurrían los hombres de enlace de las tres armas y de las fuerzas de seguridad para analizar las operaciones y las tareas por desarrollar, que luego transmitían a sus respectivos grupos de tareas.

La Sala de Situación estudiaba los informes de los “interrogatorios” que luego se enviaban al Comando de la zona correspondiente, que era donde se decidía si el detenido podía ser liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (en cárceles comunes), juzgado por un Consejo de Guerra, trasladado a un centro de detención clandestino o ser destinatario de una orden de “disposición final”, que implicaba la muerte física.

Los grupos de tareas (GT) ejecutaban el plan de aniquilamiento resuelto por los mandos castrenses.

Estaban integrados por personal mixto de fuerzas de seguridad, aunque dependían directamente de la fuerza que los alojaba. Los GT, además, tenían brigadas que hacían trabajos de archivo, inteligencia y operativos sobre determinados “blancos”.

El GT1, con sede en la Central de Reunión del Batallón 601 de Inteligencia, se ocupaba de investigar al ERP, que, cuando se empezaron a conformar los GT, a principios de 1976, era la organización guerrillera de mayor potencial armado, según la evaluación del 601. Además, incidió en esta decisión el hecho de que algunos oficiales del Ejército habían tenido relación con dirigentes montoneros en el origen nacionalista de esa organización guerrillera.

La conducción del GT2, con asiento en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, pero bajo supervisión del Ejército, trabajaba sobre Montoneros. Hacia fines de 1976, cuando el ERP estaba prácticamente desmantelado, el GT2 funcionaría en el Batallón 601.

El GT2 estaba subdividido en equipos: uno se especializaba en la conducción montonera; otro reunía documentación de Montoneros y de las regionales del interior del país y el tercer grupo, de carácter operativo, trabajaba sobre las columnas de Capital, Oeste, Norte y Sur.

El GT3, del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), también se ocupaba de Montoneros.

El GT4, de la inteligencia aeronáutica, se concentraba sobre grupos guevaristas o procastristas.

El GT5 correspondía a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Estaba dentro de la estructura del Ejército. Una de sus tareas asignadas era la persecución a extranjeros en el marco del Plan Cóndor.

Salvo en la Marina, los GT no realizaban tareas de inteligencia, aunque producían información en base a las torturas.

El concepto de represión ilegal había sido incorporado al Reglamento Militar en agosto de 1975. En el punto sobre el “Encuadramiento legal de los elementos subversivos” el Ejército diferenció la subversión “clandestina” de la “abierta”.

Sobre la “subversión clandestina” indicaba:

Los individuos que participan en la subversión en ningún caso tendrán estatuto legal derivado del Derecho Internacional Público. Consecuentemente, no gozarán del derecho a ser tratados como prisioneros de guerra, sino que serán considerados como delincuentes y juzgados y condenados como tales, conforme a la legislación nacional.

Y sobre la “subversión abierta”:

No existirá la denominación de guerrilla ni guerrillero. Quienes participen en sus acciones serán considerados delincuentes comunes (subversivos). Las organizaciones que integren serán calificadas como bandas de delincuentes subversivos.

Con esta innovación, el ejército argentino modificó la terminología clásica de la “guerra revolucionaria” de Argelia: “fuerzas de la subversión” y “guerrilla” pasaron a denominarse “elementos subversivos” y “bandas de delincuentes subversivos armados”; el “guerrillero prisionero” se mencionó como “delincuente capturado”; las “bases de guerrillas”, como “campamentos de delincuentes”, y las “operaciones de guerrilleros” se denominaron “acciones de delincuentes”.

Las Fuerzas Armadas suponían que con el nuevo orden jurídico que creaban en sus reglamentos podrían eludir el reclamo ante la Convención de Ginebra (a la cual Argentina adhería), que obliga a los Estados a dar a los guerrilleros el trato de “prisioneros de guerra”, prohibiendo que sean torturados, muertos o desaparecidos.

Apenas se produjo el golpe de Estado, los comandos de cada zona, subzona, área y subárea activaron sus centros clandestinos de detención (CCD).

En el COMANDO DE LA ZONA 1, al mando del general Guillermo Suárez Mason y que abarcaba Capital Federal, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, funcionaron durante la dictadura militar los centros clandestinos conocidos como “Superintendencia de Seguridad Federal” (en el tercero y cuarto pisos del edificio de la ex Coordinación Federal), “El Vesubio” (que funcionaba desde 1975 con el nombre “La Ponderosa”), “El Atlético”, “Banco”, “El Olimpo”, “Azopardo”, “Automotores Orletti”, “El Pozo de Banfield”, Arsenales 601 de Monte Chingolo, el Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, las unidades penales de Olmos, La Plata, Mercedes, Magdalena y Sierra Chica, y comisarías del conurbano. Siempre en la Zona 1, la Fuerza Aérea controló el CCD “Mansión Seré”, en Morón, y la Armada, el CCD de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El COMANDO DE LA ZONA 2, al mando del general Ramón Díaz Bessone, con asiento en Rosario —en octubre de 1976 asumiría el general Leopoldo Galtieri—, controlaba Santa Fe y las provincias del Litoral y el nordeste argentino, y tuvo centros clandestinos en el Regimiento de Infantería 29 de Monte en Formosa, la Fábrica Militar Domingo Matheu y distintas brigadas de investigaciones policiales y comisarías.

El COMANDO DE LA ZONA 3, del general Luciano Benjamín Menéndez, con asiento en Córdoba, incluía también San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja y las provincias del Noroeste, y tuvo centros clandestinos en “La Ribera”, “La Perla”, la Dirección de Hidráulica del Dique San Roque, el Regimiento de Montaña en Mendoza, el Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Escuelita de Famaillá y distintas brigadas, comisarías, unidades penitenciarias y hospitales.

El COMANDO DE LA ZONA 4, dependiente del Comando de Institutos Militares, tuvo sus centros clandestinos en la guarnición Campo de Mayo y en distintas comisarías de la zona norte del conurbano bonaerense.

El COMANDO DE LA ZONA 5, encabezado por el general Osvaldo Azpitarte, con asiento en Bahía Blanca, que comprendía el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, tuvo centros clandestinos en batallones del Ejército, unidades de la Armada, servicios penitenciarios y delegaciones de la Policía Federal.

En cuanto al control de los centros clandestinos, el 23,3% fue para el Ejército; 5,6% para la Marina y 2,2% para la Aeronáutica. El resto, casi el 70%, estaban distribuidos en instituciones policiales (48,9%), unidades penitenciarias (7,8%), otros lugares (10,0%), SIDE y Prefectura Nacional (1,1%).¹

José Alfredo Martínez de Hoz había desempeñado un rol relevante en marzo de 1975, como director de Acindar, por su colaboración en la represión obrera en su fábrica y en Villa Constitución. En 1976 las Fuerzas Armadas lo convocaron para conducir la economía del país.

Sus ancestros estaban vinculados al poder desde los tiempos del Virreinato del Río de la Plata; habían sido comerciantes, terratenientes. Cuando aceptó el cargo, además ser director del Consejo Empresario Argentino y de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIADE), estaba ligado a la banca internacional y a holdings empresarios. Su mentor era el abogado Jaime Perriaux, ex ministro de Justicia en el gobierno de facto de Marcelino Levingston. En los meses previos al golpe de Estado, Perriaux reunía a un grupo de poder que vinculaba a civiles con militares con el fin de tomar la dirección económica del país por un plazo de veinticinco o treinta años.

De ese “club” que se reunía en el petit hotel en la calle Azcuénaga 1783 surgió la candidatura de Martínez de Hoz. En su gabinete, sumaría a Juan Alemann y a Guillermo Walter Klein, quienes tres años más tarde serían blancos de Montoneros.

En el trazo grueso, el diagnóstico liberal-conservador se aplicó a liquidar definitivamente los vestigios de economía distribucionista heredada de la conducción de Gelbard.

La política de Martínez de Hoz consistió, en los enunciados de su programa, en eliminar el déficit fiscal y los controles de precios, devaluar el peso, congelar los salarios, terminar con la intervención del Estado en el mercado, promover la “libertad económica” en detrimento del aparato productivo local. Y, también, en aplicar la “racionalización administrativa”: en los primeros tres meses ya habían despedido a sesenta mil trabajadores del Estado y el salario se había deteriorado en un treinta por ciento.

También, a lo largo de su gestión, con el endeudamiento forzado, generó el crecimiento de la deuda externa (de 8 mil millones de dólares a treinta mil) y tampoco pudo detener la inflación, como había anunciado, que llegó al 160 por ciento anual en 1977 y 1978, aunque logró modificar de manera regresiva la distribución de la riqueza, que era el propósito inicial de su proyecto: concentrar la riqueza en los grupos de poder.

Las medidas de “normalización económica” de Martínez de Hoz, las nuevas leyes laborales de la dictadura —en sintonía con el objetivo de “aniquilar la subversión”—, ayudaron a reducir los costos laborales.

El gobierno militar suspendió las paritarias (definió los salarios por decreto), prohibió el derecho de huelga (los que adhirieran a un paro serían despedidos y encarcelados), los trabajadores estatales podrían ser cesanteados ante la sospecha de ejercer “actividades disociativas o vinculadas con la subversión”.

Aun antes de que Martínez de Hoz asumiera, en la misma madrugada del 24 de marzo de 1976, el gobierno militar mostró el signo de los nuevos tiempos.

El área fabril de la “serpiente roja”, que se extendía desde el conurbano norte hasta el litoral santafecino, empezaría a desarticularse. En el momento del golpe de Estado, las empresas con conflictos sindicales ya habían entregado el listado de su personal más “conflictivo” —el que participaba en asambleas o huelgas— a las fuerzas de la represión.

En astilleros Astarsa, en Tigre, que contaba con alrededor de mil quinientos agremiados entre metalúrgicos y navales, algunos trabajadores habían sido secuestrados. Varios desaparecieron, y los cadáveres de otros aparecieron desfigurados. El 24 de marzo, el Comando de Zona 1 de Campo de Mayo acordonó el astillero con tanques de guerra y empezó a elegir a quién se llevaba y a quién no, de acuerdo con sus fichas y las fotografías, mientras helicópteros supervisaban el procedimiento. Ese día desaparecieron dieciséis obreros de Astarsa: en total llegarían a cuarenta. Fue un secuestro masivo. A los detenidos los torturaban en la comisaría de Tigre y en Campo de Mayo.

Ese mismo día, la empresa Dálmine-Siderca fue ocupada por militares. Al lado de la fábrica, en Campana, estaba el Tiro Federal, un centro clandestino donde fueron llevados y torturados los secuestrados.

La fábrica Ford de General Pacheco, con cinco mil obreros, fue otro centro de represión. Entre marzo y mayo, veinticinco delegados de la comisión interna fueron secuestrados. La mitad fue llevada a la comisaría de Tigre, convertida en centro clandestino, mientras que el resto permaneció alojado en la automotriz. Uno de los delegados fue conducido con las manos atadas desde su puesto de trabajo hasta un predio de la fábrica; permaneció secuestrado. La empresa lo despidió por “abandono de tareas”. Ford, que proveía sus productos al Ejército, también proporcionó las listas de quienes luego serían secuestrados, con sus fotos personales. La jornada de trabajo se realizaba bajo supervisión armada.

La relación entre la empresa y los militares era de “cooperación” mutua en términos de logística e infraestructura. Los militares que controlaban la ruta Panamericana almorzaban en el comedor de la planta y algunos conscriptos hacían allí el servicio militar. De la fábrica desaparecerían treinta y tres delegados.

En abril ya había caído la comisión interna de la metalúrgica Del Carlo. En Acindar y otras empresas del cordón industrial de Villa Constitución, despidieron a quinientos trabajadores y encarcelaron a doscientos.

En mayo de 1976 Mercedes Benz despidió a ciento quince trabajadores, considerados “elementos subversivos” por la empresa, y que además se oponían a la conducción nacional de su sindicato, SMATA, dirigida por José Rodríguez. La mayoría de los despedidos había participado en la huelga de octubre del año anterior. En esa oportunidad el conflicto se había saldado en forma transitoria cuando Mercedes Benz suspendió los despidos tras el secuestro del titular de la empresa, el alemán Heinrich Metz, por parte de Montoneros. La empresa pagó el rescate y pidió disculpas en una solicitada por su “política contraria a los trabajadores”.

El contexto era diferente tras el golpe militar. Como sucedió en muchas industrias, la seguridad de la fábrica correspondía a personal policial o militar retirado que actuaba de nexo entre las fuerzas represivas y la dirección de la empresa.

En el caso Mercedes Benz, la relación era más estrecha porque la empresa proveía camiones Unimog al Ejército. Luego de ser despedidos, diecisiete obreros fueron secuestrados dentro de la planta de González Catán y en distintos domicilios del conurbano. Siete de las víctimas fueron alojadas en Campo de Mayo.

Procedimientos similares se llevarían a cabo en distintos tipos de empresas: el 30,2 por ciento de los desaparecidos de la dictadura fueron obreros.

Tras el golpe de Estado, Montoneros, que ya actuaba con conceptos y prácticas militarizados, entendió que el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas sería eminentemente armado. Caracterizó la etapa como de “defensiva estratégica”, en la que admitía que las Fuerzas Armadas tenían más poder que la organización guerrillera, pero aun así se lograría, lentamente, ir forjando la movilización de las masas frente a la dictadura. Más que nada, porque confiaba en la “alta capacidad de combate” de su propio poder militar, el Ejército Montonero, para hostigar “al enemigo”.

En esa línea se inscribe la escalada de violencia de Montoneros contra objetivos policiales y militares, producto, básicamente, de la tarea del Servicio de Informaciones, que seleccionó determinados blancos, con los que intentó golpear “el centro de gravedad” con una política decididamente militarista. El 15 de marzo de 1976, nueve días antes del golpe de Estado, Montoneros intentó matar al general Videla mediante la explosión de un coche bomba accionado a distancia. El auto estaba ubicado en la playa de estacionamiento del Comando General de las Fuerzas Armadas. Explotó tres minutos después de que Videla ingresara en el edificio Libertador; las esquirlas mataron a un camionero que esperaba en el semáforo de la avenida Paseo Colón.

Un mes después, el 18 de junio, Ana María González colocó una bomba de 700 gramos de trotyl debajo de la cama del dormitorio del jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo, en el barrio de Belgrano. El estallido le provocó la muerte. Su mujer salvó su vida porque estaba en el comedor mirando televisión. González había accedido a la casa por su amistad con la hija de Cardozo, compañera en el Profesorado de Enseñanza Primaria.

El viernes 2 de julio de 1976 Montoneros atentó contra el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal con una bomba de nueve kilos de trotyl y cinco kilos de fragmentos de acero —una bomba “vietnamita”— colocada en el comedor de la planta baja. La bomba fue accionada por un dispositivo de relojería. Explotó siete minutos más tarde de que se retirara un miembro del Servicio de Informaciones de Montoneros, que había sido dado de baja de la policía pero todavía conservaba su chapa.

En los días previos, había entrado y salido tres veces del edificio con un paquete de similar proporción, sin ser requisado, con lo que pudo chequear la vulnerabilidad de seguridad del objetivo. En su último ingreso, colocó la bomba.

La explosión provocó la muerte de veintitrés uniformados y un civil y dejó sesenta heridos, entre ellos algunos oficiales de inteligencia de la Marina.

Estas acciones de la línea militarista de Montoneros desencadenaron una intensa represalia del Ejército y la Policía.

De inmediato, dos comisarios generales, Evaristo Besteiro y Ángel Scarsella, jefes de Seguridad Federal y Seguridad Metropolitana, respectivamente, propusieron al jefe de la Policía Federal, general Arturo Corbetta, vengar a los muertos del atentado, uno a uno.

—Tengo treinta “chupados” en la Superintendencia. Tenemos que dinamitarlos a todos en el Obelisco para que estos tipos aprendan —dijo Besteiro.

Corbetta, graduado en Abogacía, se negó al procedimiento ilegal. Llevaba una semana en el cargo.

—Yo no tengo problemas en someterlos a un tribunal marcial, condenarlos a muerte y proceder a su ejecución si lo merecen. Pero yo no sé quiénes son ni qué tienen que ver con el atentado los presos que usted me dice —respondió.

La posición legalista no fue escuchada por sus pares. Con los muertos en el comedor y los heridos en el hospital, la institución se sintió con las manos libres para actuar más allá del Código Penal. Las consecuencias fueron implacables. Algunos de los “chupados” a los que se refería Besteiro eran militantes de Gran Bourg. Los llevaron a un garaje de San Telmo y los fusilaron, boca abajo, con un tiro en la nuca. Una de las víctimas tenía 15 años. Al día siguiente tiraron seis cadáveres en Villa Soldati. Después, seis más. Buscaban igualar el número de muertos del atentado en pocas horas. A dos militantes que tenían registrados en sus archivos por una detención de 1974 los fueron a buscar a la casa y los fusilaron en Parque Lezama. Eran hermanos. A otro fueron a buscarlo a Banfield: lo fusilaron en el Obelisco en la madrugada, maniatado y amordazado. Dos matrimonios, sin militancia política conocida, que estaban cenando en un encuentro social, fueron secuestrados del departamento y fusilados en el estacionamiento subterráneo de la Plaza de los Dos Congresos.

A dos días de la bomba, la represalia policial estaba en pleno desarrollo. Ya había superado la cantidad de muertos de Seguridad Federal. Pero no había terminado.

En la mañana del domingo 4 de julio de 1976 los cadáveres maniatados de tres sacerdotes y dos seminaristas aparecieron desparramados en el living del primer piso de la casa de la calle Estomba 1942, en Belgrano, al lado de la iglesia San Patricio, donde oficiaban misa.

Los cinco pertenecían a la orden de los palotinos. Uno de los cuerpos tenía veintitrés tiros. Hubo cinco tiradores distintos. En una puerta se leía una inscripción:

Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal - Venceremos - Viva la Patria.

Otra frase, en tiza, decía:

Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes.

Y hacían referencia a que pertenecían al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM).

La noche previa al crimen, dos automóviles estacionaron cerca de la iglesia. En esa misma cuadra vivía el general José A. Martínez Waldner, interventor militar de Neuquén. Al ver los autos, su hijo, que temía un atentado de la guerrilla, dio aviso a la comisaría 37ª, pero los vehículos se mantuvieron en el mismo lugar después de que sus ocupantes dialogaran con los agentes del móvil policial.

En la madrugada, mientras tres religiosos dormían, y los dos seminaristas volvían del centro, los hombres se decidieron a bajar del auto, los abordaron y entraron en la casa.

El general Corbetta vio la escena y quedó enmudecido. Serían sus últimas horas al mando de la Policía Federal, antes de ser desplazado por el ministro del Interior, Albano Harguindeguy.

Algunos feligreses, miembros de la familia militar que vivía en el barrio, estaban molestos con el padre Alfredo Kelly por su mención a los “pobres, la injusticia y los desaparecidos” en las homilías. Habían enviado una carta al Arzobispado para pedir su separación. La orden de los palotinos no era desconocida en el ámbito castrense: el propio Videla participaba en su parroquia de las celebraciones de fin de año.

Un sacerdote y los dos seminaristas tenían vínculos con Montoneros a través de la organización católica Cristianos para la Liberación.

En un comunicado, el Ejército adjudicó los crímenes a “elementos subversivos” —“además de no tener Patria, no tienen Dios”, explicaron—, pero en forma extraoficial, en la recepción por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos que se celebró en la embajada, informaron que era una “venganza clandestina” policial por el atentado en Seguridad Federal. Según el reporte al Departamento de Estado hecho por el embajador Robert Hill, la Iglesia sabía que “sus sacerdotes fueron asesinados por la policía”.

El 7 de julio el cardenal primado Juan Carlos Aramburu entregó una carta a la Junta Militar, en la que reconocía sus “altos ideales”, pero también preguntaba: “¿Qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad? ¿Qué garantía, qué derecho les queda a los ciudadanos?”.

Pero el cardenal no mencionó los crímenes en forma explícita ni hizo pública la carta. La daría a conocer la Junta Militar.

La persecución de la dictadura también alcanzaba a los sacerdotes que mencionaban torturas, o requerían a las autoridades militares por denuncias de desapariciones que llegaban a las iglesias.

Muchos sacerdotes, que no se sentían en paz confesando y absolviendo en medio del terror estatal, fueron advertidos, interrogados y detenidos, y sus parroquias y casas religiosas, allanadas o saqueadas después del golpe militar. Estaban en peligro. Incluso aquellos de la alta jerarquía eclesiástica. Uno de ellos era el arzobispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, que ese mes de julio de 1976 viajó a Buenos Aires para reclamar a Videla por la libertad del sacerdote Carlos de Dios Murias y el párroco francés Gabriel Longueville, secuestrados de la parroquia El Salvador, en El Chamical. También apeló al general Menéndez, del III Cuerpo de Ejército, que tenía a la provincia de La Rioja bajo su jurisdicción, en la Zona 3.

Murias asesoraba a labradores sobre cómo actuar para evitar que militares los despojaran de sus tierras. Sus homilías eran grabadas por un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de El Chamical.

Angelelli instó también a sus pares de la Conferencia Episcopal, monseñor Adolfo Tortolo, vicario de las Fuerzas Armadas y confesor de Videla, y a Victorio Bonamín.

Abran los ojos. Mañana los señalarán como traidores, cómplices o cobardes, que pudieron ayudar a resolver graves problemas de dolor a hermanos nuestros, a diócesis, a sacerdotes y laicos y no lo hicieron como lo deberían haber hecho. Más aún, no vieron qué se está viviendo.

Pocos días después de la visita a Buenos Aires y a Córdoba, y a dos semanas del crimen de los palotinos, aparecieron los sacerdotes Murias y Longueville. Estaban con los ojos vendados y las manos atadas por la espalda, fusilados en un descampado al sur de El Chamical.

El general Videla, en reunión con el Episcopado, acusó de sus muertes a “un grupo de izquierda que quiere provocar disensiones entre la Iglesia y el gobierno”.

Angelelli hizo otra lectura: “Ahora me toca a mí”, dijo.

Un arzobispo lo invitó a irse del país. Angelelli no quiso.

El 4 de agosto salió de El Chamical para La Rioja, y a las tres de la tarde, su camioneta fue encerrada por un Peugeot 404 y volcó. Enseguida se escuchó una explosión. El sacerdote Raúl Pinto, que lo acompañaba, quedó herido e inconsciente. Angelelli, muerto. Una monja que limpió su cadáver vio un orificio en la nuca. La información oficial determinó que fue “un accidente”.

Al año siguiente, en circunstancias similares, monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, sufrió un supuesto accidente cuando iba a entregar a la Nunciatura información sobre la represión ilegal en Santa Fe. Ambos casos fueron calificados de “accidente”. La Justicia, años más tarde, probaría los homicidios.

Mientras en los centros clandestinos algunos capellanes presenciaban torturas y ofrecían palabras de consuelo a los torturadores, otros no lo hicieron. Al menos medio centenar de religiosos desapareció durante la dictadura militar.

“La Iglesia debe pagar su cuota”, había explicado el cardenal Aramburu al embajador Hill, en la recepción de la sede diplomática.

En agosto, el edificio de Seguridad Federal aún mantenía secuestrados y la represalia por la bomba todavía no había terminado.

En la madrugada del 20 de agosto, las luces del alumbrado público de la calle Moreno estaban apagadas cuando un camión del Ejército salió del edificio de la Superintendencia, custodiado por algunos vehículos oficiales. El camión llevaba treinta prisioneros.

Hacía un rato habían sido seleccionados de los calabozos del tercer piso casi por azar; los bajaron por el ascensor. Algunos caminaban moribundos, envueltos en mantas, otros eran llevados en brazos, en posición fetal; estaban dopados. Fueron introducidos en la caja del camión del ejército estacionado en el playón interno. Eran veinte hombres y diez mujeres. Todos prisioneros ilegales. Su detención no había sido informada. Eran obreros de zona norte, militantes, había un dirigente gremial del Banco Nación. No estaban a disposición del PEN sino de la “Real Air Force” (RAF), como se denominaba, en el código interno de la fuerza, a los que estaban “en el aire”. A los que se “irían para arriba”, con helicópteros policiales que ganaban altura desde un playón cercano a la ciudad deportiva de La Boca, o desde el camión que los conducía por la ruta 8 hasta el kilómetro 62, para llegar a un descampado en Fátima, partido de Pilar.

La brigada hizo descender a los prisioneros y le pegó a cada uno un tiro en la nuca; luego los amontonaron debajo de una carga de trotyl. Los restos humanos se esparcieron a cien metros en los alrededores.

La magnitud de la masacre obligó al gobierno a una explicación.

Ante el nuevo hecho de violencia que significa la aparición en la zona de Pilar de treinta cadáveres, el gobierno nacional repudia terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior. Expresa asimismo la firme decisión de agotar todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Después de siete meses, sin desarrollar ninguna medida de investigación, el Juzgado Federal de Mercedes cerró la causa judicial.

Los cuerpos fueron enterrados como NN.²

BIBLIOGRAFÍA

Baschetti, Roberto (compilador). Documentos 1976-1977. Volumen I. Golpe militar y resistencia popular. La Plata, De la Campana, 2001.

Kimel, Eduardo. La masacre de San Patricio. Veinte años del martirio de la comunidad palotina. Buenos Aires, Ediciones Lohlé-Lumen, 1995.

Larraquy, Marcelo. Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva montonera. Buenos Aires, Aguilar, 2006.

Mason, Alfredo. Sindicalismo y dictadura. Una historia poco contada (1976-1983). Buenos Aires, Biblos, 2007.

Muleiro, Vicente. 1976. El golpe civil. Buenos Aires, Planeta, 2011.

Pozzi, Pablo. La oposición obrera a la dictadura (1976-1982). Buenos Aires, Imago Mundi, 2008.

Verbitsky, Horacio. La mano izquierda de Dios. Historia política de la Iglesia Católica. Tomo IV. La última dictadura (1976-1983). Buenos Aires, Sudamericana, 2010.

CAUSAS JUDICIALES

“Riveros, Santiago Omar y otros…”, causa Nº 12830/ 2005 y 2044.

“Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad...”, causa Nº 14.216/03.

Informe Destacamento de Inteligencia (ICIA) 201 y la Sección de Inteligencia “Zárate” 201/1.

¹ Según las últimas investigaciones, en el país funcionaron alrededor de 364 centros clandestinos. En el año 1976 ya estaba en actividad el 85 por ciento de ellos.

² Hasta 2012 habían sido identificados veinte cadáveres.

CAPÍTULO 8

La desintegración

Ahí me daba cuenta de que nos estaban dando con un hacha, porque nos reuníamos quince compañeros y al mes siguiente venían siete, pasabas lista y “cayó”, “cayó”, y “cayó”…

Un miembro de la dirección partidaria del ERP.

Cuatro días después del golpe de Estado, el comité central y cuadros dirigentes del PRT-ERP se reunieron en una casa quinta de la localidad de Moreno para marcar la línea del partido a futuro. Como Montoneros, creían que la política estaría guiada por la lucha armada, y decidieron pasar todos los frentes a la actividad militar. Anticipaban también la estrategia de largo plazo de los militares —“este régimen no es provisorio, viene a producir cambios en la estructura socioeconómica argentina”—, pero confiaban en que las Fuerzas Armadas no tendrían posibilidades de derrotar “al movimiento de masas”, al que llamaba a movilizar.

El ERP subestimaba el potencial de su enemigo: quería seguir yendo hacia adelante.

Ese era el sentido de la consigna “Argentinos, a las armas”, el título del documento que Santucho expuso en Moreno ante los sesenta miembros de la fuerza, algunos de los cuales habían llegado con pareja e hijos.

El cónclave terminó en desastre.

Al día siguiente, un vecino alertó a la policía. La ropa humilde de los participantes, que habían llegado de regionales del interior del país, contrastaba con los habituales concurrentes de la quinta y, además, eran muchos.

En la tarde del 29 de marzo de 1976, un grupo de policías bonaerenses ingresó en la quinta por el jardín de entrada mientras muchos dormían. Recibió fuego, se replegó y pidió asistencia al área militar correspondiente, en Ciudadela. El comando del Ejército continuó el combate asistido por un helicóptero mientras la dirección partidaria lograba huir en un auto robado y en colectivo, y otros debieron esconderse en las inmediaciones para escapar del rastrillaje.

El PRT-ERP tuvo doce bajas: siete muertos, cuatro en la quinta y tres en la ruta, y cinco desaparecidos. Entre los muertos estaba Juan Mangini, su jefe de Inteligencia.

El desbande continuó los meses que siguieron. Entre abril y junio se desarticularon células en Rosario, Córdoba, Mendoza. Hubo secuestros, desapariciones, cayeron imprentas, casas clandestinas, documentación. El Ejército entraba a buscar a los militantes con nombre y apellido a un banco, a una fábrica, a una facultad. Todos los frentes tenían caídas. La Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez se disolvió. Si hasta el cónclave de Moreno el PRT-ERP contaba con cerca de dos mil militantes y combatientes, con las redadas ese número se reduciría en cerca de trescientos, además de los que perdían contacto con el partido por la caída de su responsable.

A diez años de su creación, el PRT había expandido su influencia en ingenios azucareros, y entre cañeros y campesinos tucumanos, y se aliaría con sectores obreros industriales de los centros urbanos, para luego, en 1970, crear el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP.

En el documento “Balance de diez años de luchas y experiencias”, de julio de 1976, Santucho rectificó la línea y advirtió el error de cálculo sobre la magnitud de la represión estatal. El panorama era desolador.

La locura asesina del enemigo causa profundas heridas en nuestras filas. Caen compañeros muy valiosos, caen familiares que nada tienen que ver, caen activistas o simples sospechosos. Ante ello alguno que otro compañero vacila y teme. Pero la absoluta mayoría se yergue decidida a persistir y vencer cualquiera sean los obstáculos y sufrimientos. Esta elevada moral es nuestra principal arma, ella conmueve y moverá a millones de argentinos.

Sin desprenderse de su convicción de que la acción armada “alimenta la conciencia revolucionaria”, el jefe del PRT-ERP entendió que la etapa no era favorable para la movilización de masas, que ya no se producían. Proponía “hacer un alto en el camino” hasta que se produjera “un nuevo auge”.

En este momento de reflujo de las masas, mientras despliegan sin cesar su aguerrida resistencia guerrillera, las fuerzas revolucionarias podrán analizar serenamente las experiencias, ‘hacer un alto en el camino’, reagrupar, reorganizar y consolidar el potencial revolucionario para estar en condiciones de aportar vigorosa y organizadamente para la máxima extensión y potencia del próximo auge obrero-popular.

El domingo 18 de julio de 1976 Santucho estaba maquillado y tenía el pelo enrulado, un matizador le había suavizado el tono de su piel, y usaba anteojos. Desde el departamento de Villa Martelli (el buró político había alquilado dos, en el tercero y cuarto pisos) se veía el cruce de la ruta Panamericana y la avenida General Paz. Santucho dormiría esa noche en Buenos Aires y al día siguiente se iría al Brasil, y luego a Europa, para desembarcar finalmente en Cuba. Permanecería en la isla por lo menos dos años, aunque retornaría al país durante ese tiempo para tomar contacto con el buró.

Antes de viajar, ese domingo 18 Santucho tenía pendiente una entrevista con Firmenich. Se había postergado en las últimas semanas. Dos cuadros del ERP debían confirmar su realización en una cita previa con un cuadro montonero.

Santucho y Firmenich tratarían los detalles finales de la constitución de la OLA (Organización para la Liberación Argentina) que uniría a ambas fuerzas militares en la resistencia a la dictadura. Montoneros, por su parte, en el documento del Consejo de abril de 1976, consideraba terminada su intervención en el peronismo, que consideraba “agotado”. Para Santucho, la OLA era una posibilidad “real e inmediata”, pese a las diferencias, que asumía con paciencia y flexibilidad (Montoneros quería conformar una CGT paralela; el ERP, Comités de Resistencia), en su intención de avanzar hacia un “ejército revolucionario” y un “frente de liberación nacional” entre ambas organizaciones.

El borrador del documento de unidad ya estaba escrito.

Pero la reunión entre Santucho y Firmenich no se concretaría. En los días previos había caído un secretario de Roberto Perdía, el número dos de Montoneros, que había participado en reuniones iniciales por la OLA. Pero el domingo 18 nadie de Montoneros fue a la cita con el ERP ni tampoco les avisaron que no se haría.

El lunes 19 de julio de 1976 era el día del viaje. El jefe del PRT-ERP permanecería en el departamento hasta la hora de partir. Sin embargo, ese día, por la mañana, Domingo Menna, el “Gringo”, que ocupaba uno de los dos departamentos alquilados, cayó en una cita callejera con un militante que ya estaba infiltrado: una “cita envenenada”.

Menna había sido parte del “comité de fuga” del ERP, junto a Santucho y Gorriarán Merlo, que había escapado de la cárcel de Rawson y embarcado en el avión secuestrado en Trelew.

Menna tenía en el saco, un saco de corderoy marrón, la factura por un nebulizador que había comprado en una farmacia donde había usado su nombre falso, pero la dirección real donde vivía: Venezuela 3149, Villa Martelli, 4º B.¹

A las dos y media de la tarde el portero del edificio golpeó la puerta del departamento. Lo acompañaba el capitán de inteligencia Juan Carlos Leonetti, jefe de un grupo de tareas de la Zona 4.

Leonetti había pedido al portero ir directamente al cuarto piso departamento “B”. Se presume que no sabía con quién iba a encontrarse; si lo hubiera sabido, no habría entrado a la vivienda con un pelotón de solo cuatro militares.

En el departamento de Menna no había armas largas. Solo algunos revólveres calibre 9 milímetros. Según el relato posterior del portero, la puerta fue abierta por la esposa de Santucho, Liliana Delfino, y los militares irrumpieron y redujeron a todos. Cuando Benito Urteaga, miembro del buró político, esperaba ser registrado con las manos apoyadas en la pared, reaccionó contra un militar, le sacó la pistola y mató a Leonetti.

El resto del pelotón ametralló a todos.

Murió Leonetti. También Urteaga. Las esposas de ambos, Ana María Lanzillotto y Liliana Delfino, ambas embarazadas, fueron secuestradas y trasladadas a Campo de Mayo, junto a Santucho, herido. Pese a los auxilios médicos, no sobreviviría mucho tiempo más.²

En Campo de Mayo ya estaba secuestrado Domingo Menna. En ese momento, la guarnición, dependiente del Comando de Institutos Militares, era dirigida por el general Santiago Riveros, jefe de la Zona 4.

La Zona 4 había sido creada el 21 de mayo de 1976 como una fracción de la Zona 1 —Primer Cuerpo de Ejército, con sede en Palermo— para “liberar” de tareas a esta última y hacer más eficiente la represión en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sus responsabilidades, como las de todos los comandantes de zona, habían sido descriptas en el “Plan del Ejército” de febrero de 1976. Por medio de un “canal técnico”, de inteligencia, el comandante de zona debía remitir al Comando General del Ejército informes de la planificación y ejecución de las detenciones, el alojamiento y el destino final de las víctimas.

El Comando de Institutos Militares tenía el control de diferentes batallones y escuelas del Ejército, la aviación y la Gendarmería y con mando sobre las comisarías de la Zona, con cuyo personal compartía tareas de inteligencia, allanamientos, secuestros, detenciones y torturas en establecimientos policiales, desde Ramos Mejía hasta Tigre.

Campo de Mayo tenía una oficina de inteligencia, lindera a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, una prisión militar para presos legalizados y un centro clandestino, “El Campito”, ubicado en el campo de tiro, de poco más de una hectárea. Allí había galpones, que antes habían sido usados como caballerizas, donde se recluía a los prisioneros. Durante la dictadura pasarían por allí alrededor de dos mil personas; sobrevivieron ciento cincuenta.

Cada galpón tenía veinte metros de largo por cinco de ancho, con piso de tierra. No tenían ventanas. La única abertura era el portón de ingreso. A los detenidos les daban un cilindro de sopa, mate cocido, una pieza de pan; permanecían sentados, con una capucha verde oliva, atados con cadenas, algunas individuales, otras colectivas, de treinta metros, que se unían con candados a la columna del galpón.

Entre los prisioneros estaba Menna.

El galpón estaba custodiado por suboficiales de Gendarmería que cumplían turnos rotativos. El jefe de la guardia era el “Puma”, que una vez mató a un detenido a palos porque se levantó la capucha y lo miró.

Cada día empezaba con el traspaso de la guardia y el grito de un oficial —“a pararse, extremistas hijos de puta, los vamos a hacer mierda, los vamos a quemar con ácido para que no vuelvan a joder…”— y después el canto a la bandera, “Aurora” o “La marcha de San Lorenzo”, y luego los llamados por número, encolumnarse en fila, para ser interrogados en un elástico de cama de un calabozo.

Contaban con una ficha con datos o un informe de inteligencia de cada detenido. A un obrero de Mercedes Benz, Héctor Ratto, secuestrado en la oficina de la Gerencia de Producción, en la misma fábrica, le mostraron las fotografías que les habían tomado mientras trabajaba.

Había dos grupos de tareas de “interrogadores”, que estaban por encima del “jefe de campo” y dependían de la Jefatura de Comando de la guarnición. El GT1 se especializaba en el ERP y la izquierda no peronista; el GT2 operaba sobre Montoneros. Algunos de sus miembros eran civiles.

También había alrededor de cuarenta hombres que actuaban en distintos grupos de tareas, pero la cifra se ampliaba o reducía según las necesidades de la represión.

Para operar sobre un “blanco” había que hacerlo en forma burocrática. Se debía completar un “formulario de requerimiento de área libre” que informaba la ubicación del blanco, sus particularidades, el tipo de operación, la fecha, el horario, la cantidad de personal que actuaría, los autos, las marcas y la señal de reconocimiento.

La autorización para el “área libre” se solicitaba al Centro de Operaciones Tácticas Cuerpo de Ejército (COTCE) del comando de zona, que concedía el permiso por un máximo de tres horas en tres cuadras a la redonda.

Si un GT necesitaba más tiempo, debía renovar el pedido.

Los móviles estaban equipados con medios técnicos que les permitían comunicarse con un COTCE de zona o subzona. Si existía una persecución, y cambiaban de jurisdicción, también se informaba.

El COTCE intentaba coordinar los operativos para que no se produjeran enfrentamientos entre fuerzas propias. Si operaba sin requerimiento de “área libre”, un GT podría ser objeto de fuego de una patrulla militar, y sus miembros ser tomados como “prisioneros de guerra” y juzgados.

La burocracia del COTCE, además de buscar un orden interno en la represión, intentaba desalentar los robos y saqueos que realizaban los miembros de GT por “afuera” de los procedimientos ilegales autorizados por el Estado. Lo más usual era robar en un procedimiento durante la autorización de “área libre”.

Por otra parte, los GT debían informar cómo había terminado la acción. En la comunicación cifrada, “Área libre” se denominaba “50”; el tiempo empleado en la operación se mencionaba por número. Por ejemplo: “0230” significaba dos horas y media. “Positivo 2” o “2DS”, informaba que tenían dos detenidos o dos “delincuentes subversivos”. “Negativo”, que no habían secuestrado a nadie. “Cerrado”, que en el objetivo sobre el que habían operado no quedaba ninguna persona; “abierto”, que quedaba sin custodia.

Cuando se requería la continuidad del “área libre”, la comunicación podía anunciarse como “50-continúa+2”, que indicaba que el GT necesitaba dos horas más. O informar con la frase “50-0300-terminado”, que el operativo se daba por finalizado en tres horas y el COTCE después enviaba una patrulla para controlar el objetivo.

El COTCE estaba en comunicación con el GT durante el procedimiento, y brindaba apoyo en función de la información que recibía del responsable de la operación.

Tanto el COTCE como el Comando en Jefe de Zona funcionaban permanentemente, veinticuatro horas al día. En ambos canales fluía toda la información de la represión ilegal.

Después de los allanamientos y de los secuestros, de las citas “envenenadas”, los grupos de tareas de la Zona 4 volvían a Campo de Mayo con los detenidos; los interrogaban, obtenían nueva información y el circuito represivo volvía a reproducirse.

O no. En uno de los interrogatorios, un general le aseguró a Menna que, si colaboraba, el ERP se terminaba. Le dio dos días para pensarlo. El “Alemán”, uno de los torturadores, les decía a los prisioneros que al que confesaba lo mandaban a París, como había sucedido con Quieto. Pero nadie en el galpón creía lo de París. Pensaban que Quieto ya estaba muerto, que la estrategia era sacarles información y luego matarlos; cuando ya no sirvieran más, matarlos.

A los prisioneros que liberaban, lo hacían una semana o dos después de su detención. Permanecían poco tiempo. El resto tenía pocas esperanzas de sobrevivir. Mucho menos aquellos que habían pertenecido al ERP. Desde los fusilamientos de Catamarca, en agosto de 1974, sabían que el Ejército mataba a la mayoría de los capturados. Y pensaban que pronto sucedería, y que el final sería más o menos como cuando los llevaban en fila por un camino de pasto crecido, encapuchados, y un oficial, con la voz de alto, los detenía y les decía “Subversivos, encomiéndense a Dios, les ha llegado su fin, recen una oración por las víctimas de sus crímenes y pídanle al Señor que los recoja y se apiade de sus almas. Van a ser ejecutados”. Y, tras la orden de apunten, fuego, se escuchaban las ráfagas y después las carcajadas, porque todos los que se pensaban muertos seguían de pie.

Menna dijo que no necesitaba dos días para pensar si colaboraba; no le hacía falta. Después de ese día, el 11 de noviembre de 1976 ya no fue visto en el galpón.

El cautiverio de un detenido, por lo general, entre 1976 y 1977, podía prolongarse entre cuatro y seis meses. Después, el noventa por ciento era “trasladado” y el diez por ciento restante era obligado a tareas de mantenimiento, limpieza, reparto de ropa y comida en “El Campito”. Esas actividades los libraban de las cadenas y les permitían mantener la capucha más suelta para ver dónde pisaban al desplazarse.

Después de los interrogatorios, y pasados de cuatro a seis meses, se realizaba el “traslado” del prisionero. Se efectuaba una vez por semana, o dos, o tres, de acuerdo con la capacidad del galpón. No había días fijos. Para los detenidos era una mezcla de miedo y de alivio. La muerte era también el final de las torturas.

El mecanismo era sencillo: llegaban dos camiones Mercedes Benz a “El Campito” y permanecían varios minutos con los motores en marcha esperando que cuarenta o cincuenta prisioneros encapuchados subieran a la caja.

Después, los camiones recorrían un corto trayecto hasta un avión Hércules que permanecía estacionado en una de las cabeceras de las pistas de Campo de Mayo. Allí los prisioneros eran subidos por las escalerillas. Antes, un médico de la policía les aplicaba una inyección; les explicaban que era una vacuna para incorporarlos al sistema carcelario: la detención pasaría a ser legalizada por el Poder Ejecutivo.

Pero el destino era alta mar.

Después, los camiones regresaban a “El Campito” y se quemaba la ropa de los prisioneros “trasladados”; a las cinco o seis horas del despegue en Campo de Mayo el avión aterrizaba.

Hacia septiembre de 1976, frente a la continuidad de las disidencias internas, la conducción de Montoneros aceptó la “circulación de ideas”, pero rechazó negociar el reclamo de “las partes”. Decidió, en cambio, hacer una “síntesis” de las posiciones rebeldes y conducir la Organización por medio de esa síntesis.

El congreso fue postergado. El argumento fue que, con la represión militar, la convocatoria hubiese significado “un suicidio político”. Además, la Conducción consideraba que el voto era “un procedimiento de tipo excepcional en nuestra organización” y marcaba que la toma de decisiones en los diferentes ámbitos se hacía mediante el “consenso de sus miembros”.

Por eso, para salir de las “desviaciones internistas”, presentó un sistema de votación interna restringido a oficiales superiores, mayores, primeros y segundos. Mediante dos alternativas de votación —que los disidentes calificaron como “falsas opciones”—, la Conducción logró reafirmar la “línea ideológica política del partido” y ratificar su hegemonía política.

Para entonces, Montoneros empezaba a sentir los efectos de la devastación. En octubre de 1976, las Fuerzas Armadas le asestó una sucesión de golpes de los que ya no se recuperaría. Fue a partir de la caída de una militante que llevaba en el doblez de su cartera buena parte de la información sobre las “citas nacionales” —puntos de encuentro de todos los niveles montoneros en el país— y también de las “citas federales”, del Área Federal, la estructura en la que estaban asentadas las secretarías nacionales, dependientes de la conducción montonera.

El valor y el volumen de la información obtenida fueron tales que la Marina —aun en su interés de tener la supremacía de la represión— cedió “blancos” al Ejército para que no perdiera eficacia el circuito represivo.

En dos días cayeron alrededor de cincuenta militantes montoneros. De la Columna Capital Federal, cayó la Secretaría Política, la de Organización y la de Propaganda y Adoctrinamiento. Hasta ese momento Capital Federal se había mantenido casi indemne.

La gravedad del cuadro se explica en el informe que el Secretariado de Zona Capital transmitió a todas sus secretarías, con fecha 6 de diciembre de 1976.

En la semana anterior el enemigo nos ha provocado un número no determinado de bajas. Las que están confirmadas hasta ahora son las siguientes: 1. Secretaría de Organización; 2. secretario de Propaganda y Adoctrinamiento; 3. algún o algunos oficiales de la Unidad Zonal de Informaciones; 4. un número pequeño aún no determinado de activistas y militantes. No conocemos todavía el origen de todas las caídas, tampoco conocemos hasta el momento si existen más caídas de las que mencionamos más arriba. Estamos tratando de discernir qué estructuras y qué compañeros quedan en situación de seguridad comprometida. Este secretariado se hará responsable de la conducción de las Secretarías que hayan quedado sin jefe.

En Columna Norte también cayeron en forma sucesiva dos interventores que habían llegado a corregir posturas disidentes por orden de la conducción. Uno de ellos fue Marcelo Kurlat, “Monra”, hombre de confianza de Firmenich, que había reportado al Servicio de Informaciones y había empezado a trasladar cuadros rebeldes hacia otras columnas y regionales. Cayó en diciembre. Un grupo de tareas de la Marina rodeó su casa de Boulogne, él encerró a su hija en el armario y los enfrentó a tiros. Llegó a la ESMA herido. Allí ya estaba secuestrada su esposa, “Lucy” Carazo, del Área Federal.

Con la represión, a seis meses del golpe militar, todas las estructuras de Columna Norte entraron “en emergencia”, un estado de convulsión que implicaba abandonar casas, buscar refugios, suspender citas, trasladar combatientes a otros territorios. Después cayó “Pedro”, Raúl Rossini, otro fugaz interventor, que, a diferencia de “Monra”, se había sumado al reclamo de los disidentes. Cuando iba a buscar a su hijo de 2 años, que había dejado al cuidado de una señora, lo secuestró el Ejército. Hacía dos meses habían matado a su esposa.

Algunos cuadros de Columna Norte fueron llevados a Campo de Mayo, como sucedió con “Pedro”, aunque era usual que a los que pertenecían al Área Federal de Montoneros los trasladaran a la ESMA, como sucedió con “Monra” y también con Pablo González Langarica, “Tonio”, que por medio del Departamento Internacional de Montoneros traficaba armas desde el exterior y había realizado la entrega del dinero del rescate de los hermanos Born al banquero David Graiver, “Dudi”, en Suiza, para que lo introdujera en el mercado financiero legal. Después de distintas técnicas de tortura —inmersión en seco, bajo agua, descargas eléctricas—, a “Tonio” le llevaron a su hija de cinco años a la ESMA para que se decidiera a hablar.

En el verano de 1977 la Conducción envió a un último interventor para suspender el funcionamiento de Columna Norte. La idea de “suspensión” significaba cerrar la actividad, abandonar el contacto orgánico entre la Conducción y la columna. Los militantes, cualquiera fuese su grado, que no contaban con el consentimiento de la Conducción para irse a otra provincia o al exterior, permanecieron en la zona norte sin documentos ni dinero, sin armas —si no las habían conservado—, y empezaron a buscar refugio donde pudieron —plazas, obras en construcción—, mientras intentaban escapar de manera “no orgánica” —es decir, sin autorización de la Conducción—, porque el Servicio Internacional del Área Federal demoraba (o impedía) la provisión de documentos para ellos.

Ese último trimestre de 1976, también fue secuestrada en la localidad de Banfield Norma Arrostito, por entonces responsable de Organización de la Columna Sur. Arrostito era una de las fundadoras de Montoneros, y había participado en el secuestro y muerte del general Aramburu. Y aunque la Marina informó que había muerto en combate, y así lo publicaron los diarios, fue conducida a la ESMA como detenida ilegal.

La ciudad de La Plata, que había sido uno de los núcleos más activos de la militancia montonera en el ámbito estudiantil, también fue alcanzada por la represión. En septiembre, un grupo de estudiantes secundarios —en su mayoría de la Escuela Normal Nº 3 y de Bellas Artes—, casi todos ellos ligados a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), de Montoneros, que contaban entre 16 y 18 años y reclamaban la sanción del “boleto estudiantil”, fueron secuestrados en un operativo conjunto del Batallón 601 y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que entonces dirigía el coronel Ramón Camps, y torturados en centros clandestinos.³

No fueron los únicos. También desaparecieron estudiantes comunistas y de organizaciones trotskistas y guevaristas en operativos consumados entre agosto y noviembre para “eliminar el semillero subversivo” en la educación media y universitaria y en el ámbito barrial, según los documentos internos de la policía provincial.

En el ámbito político, en septiembre, fue asesinado el dirigente radical de La Plata, Sergio Karakachoff, que integraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fundada en 1975 en reclamo de las desapariciones.

El operativo de secuestro se produjo en la casa de su socio del estudio, Domingo Teruggi, ex titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Lo esperaban cuarenta hombres vestidos de civil.

Los cuerpos de los dirigentes radicales aparecieron a la vera de la ruta 36. El frente de la casa en la que velaron sus restos, donde se encontraban Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín, fue baleado.

La de La Plata fue otra de las columnas de Montoneros atravesada por la represión militar. El 22 de noviembre, en una casa del barrio Gambier, cayó la jefa Amalia D’Ippolito, que había sido trasladada de Columna Norte. Junto a ella cayeron los responsables de Política, de Logística y de Propaganda y Adoctrinamiento.

Dos días después se produjo el combate conocido como “La resistencia de la calle 30”, el de mayor intensidad entre las fuerzas estatales y un grupo de cinco montoneros. En la casa, que tenía la cobertura de un criadero de conejos, estaba la imprenta de la Columna La Plata.

Durante más de tres horas un profesor de Literatura, una estudiante de Letras a punto de recibirse, un estudiante de Arquitectura, un técnico antenista y un médico sostuvieron un combate a fuego contra más de cien efectivos del Ejército y la Policía, en un operativo conjunto supervisado por el jefe de la policía bonaerense, coronel Ramón Camps, y el comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Mason, desde una esquina.

Las fuerzas estatales, que no podían ingresar ni por el frente ni por el patio trasero con las armas automáticas, comenzaron a disparar con un mortero de artillería —que abrió un hueco en el dormitorio—, y desde un helicóptero. Incluso un sector de la casa comenzó a incendiarse. Finalmente, después de que cesara la resistencia, fueron encontrados, debajo de los escombros, los cuerpos de Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto Porfirio y Juan Carlos Peiris. Un cadáver calcinado fue encontrado en el tanque de agua de la casa. Se suicidó con la pastilla de cianuro. En el limonero del fondo de la casa estaba el cuerpo de Diana Teruggi, carbonizado.⁴ Murieron dos efectivos policiales.

Hacia fines de 1976 las Fuerzas Armadas ya habían perforado buena parte de la estructura de Montoneros. La Conducción fue autorizada a irse del país, lo mismo que algunos de sus cuadros de mayor confianza.

El primero que se amparó en la orden de “retirada estratégica” fue Firmenich. Se fue en diciembre. Perdía se iría en marzo de 1977. Lo mismo sucedería con Fernando Vaca Narvaja, otro miembro de la conducción, que había escapado de una emboscada de oficiales de la ESMA en las calles de Avellaneda.

Montoneros también preservó a Rodolfo Galimberti, pese a las disidencias: se fue del país en forma orgánica, conuna identidad que le proveyó el Servicio de Documentación. Luego, en México, fue obligado a escribir una autocrítica para reintegrarse a la Organización.

En cambio, en diciembre de 1976 había caído Carlos “Pingulis” Hobert, entonces el número 3 de la conducción, y en mayo de 1977 caería Julio “Iván” Roqué, número 4, que había participado en el atentado contra José Rucci. Fue en un combate contra grupos de tareas de la ESMA en una casa de Haedo.

Pese a la “retirada estratégica”, y a las caídas, Montoneros se propuso continuar con el hostigamiento contra “el enemigo”.

En el citado documento del 6 de diciembre, la Columna Capital admitía que era imposible “aniquilar a las Fuerzas Armadas enemigas”, pero que debían continuar con el desarrollo de una fuerza militar propia que fuese capaz de hostigarlas, debilitar su avance, contribuir a la movilización del pueblo y alentarlo “para la guerra y la construcción de un Ejército Popular”. En esta etapa, que denominaban de “cerco y aniquilamiento”, planteaban obligar a las tropas militares al desgaste permanente y a la dispersión. Prolongar el enfrentamiento el máximo de tiempo posible para evitar un “triunfo rápido” del enemigo, mientras que Montoneros podría recomponer su poder político y militar, y realizar operaciones sorpresivas.

Montoneros confiaba en la larga duración del enfrentamiento.

Pero más que una estrategia militar, esa era solo una muestra de voluntad transcripta en los documentos, una arenga en medio del desastre. Del Ejército Montonero que había iniciado su conformación en el último trimestre de 1975 y que después del golpe militar se había propuesto encabezar la resistencia armada, solo quedaban “ajusticiamientos” aislados a empresarios y policías, cargas explosivas contra empresas del Estado y multinacionales, y un sinfín de granadas que no llegarían a estallar. Ya no hubo atentados de magnitud, como el que mató al general Cardozo o el de la Superintendencia de Seguridad Federal.

El “gran golpe” con el que imaginaban torcer el destino de la historia, como había sucedido con el secuestro y muerte del general Aramburu, no se produjo.

Las conducciones militares zonales estaban en un traumático proceso de extinción. Sin embargo, la evaluación de la conducción montonera no ahorraría optimismo.

El aniquilamiento previsto por el enemigo para fines de 1976 no se logró y continuamos organizados y encabezando la resistencia popular. Ya comenzamos a percibir el efecto de nuestros sacrificios. La lucha de este año va dando sus frutos. El peor error que se puede cometer es parar el ataque cuando se empieza a debilitar al enemigo,

escribió Horacio Mendizábal, ya convertido en jefe del Ejército Montonero, en una evaluación de abril de 1977 publicada en Evita Montonera.

Pero la calidad de los reclutamientos había ido en descenso. Las condiciones, y los requisitos, para transformar un “colaborador” en un “combatiente” se habían reducido. Según el informe del Estado Mayor Zonal de Capital Federal,

no debemos descartar “a priori” a ningún compañero como posible combatiente y además de tener claro el concepto de que “todo hombre del Pueblo que tenga acuerdos básicos con nuestra política y que quiera combatir contra la dictadura debe ser soldado de nuestro Ejército”.

Los únicos recaudos sobre los nuevos combatientes estaban relacionados con la seguridad, para evitar la infiltración. Los nuevos integrantes debían ofrecer su casa como ámbito de reunión y solo conocerían “lo estrictamente necesario para cumplir con las tareas que se les asignen y además deberán realizar una práctica militar paulatina que culmine con su participación en la ejecución de un cana [policía]”.

En el contexto de la desintegración de sus estructuras, además de Columna Norte, otra de las líneas críticas a la Conducción fue la que presentó Rodolfo Walsh, entonces oficial segundo de inteligencia y miembro del Servicio de Informaciones. En ese período, Walsh produjo cinco documentos que respondían a los documentos del Consejo Nacional de abril y de noviembre, que guiaron la política militarista de Montoneros durante todo el año 1976. Walsh criticó la decisión de abandonar la lucha interna en el peronismo —que lo llevó a intentar una alianza ideológica con el ERP-PRT— y la profundización de una estrategia puramente militar en vez de estar al servicio de “la lucha política”. Según Walsh, Montoneros no podía construir un ejército cuando “todavía no tenemos ganada la representación de nuestro pueblo”.

Tampoco creía que “las masas” representaran un espacio seguro para la militancia y, por ende, replegarse en ellas en medio de la represión significaba quedar en posiciones expuestas: “En los barrios nos van a golpear más duro todavía”, indicaba. Montoneros, para Walsh, debía replegarse en el peronismo, que no consideraba agotado sino como el “sujeto principal de la resistencia”, junto a la clase trabajadora.

Por último, hacía una advertencia sobre las Fuerzas Armadas: estimaba que estaban preparadas para encarar la liquidación del aparato partidario en el primer semestre de 1977, un cálculo mucho más pesimista que el de Montoneros, que confiaba en una “guerra larga”.

Cuando concluyó los cinco documentos, Walsh comenzó a preparar una carta que enviaría a Junta Militar en el primer aniversario del golpe de Estado. Se iniciaba así:

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

BIBLIOGRAFÍA

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Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto. Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA. Buenos Aires, Aguilar, 2010.

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Zamorano, Eduardo. Peronistas revolucionarios. Una análisis político del apogeo y crisis de la organización Montoneros. Buenos Aires, Distal, 2005.

¹ Otra versión indica que Menna tenía en el bolsillo el número de teléfono de la inmobiliaria que le había alquilado el departamento.

² Otra versión indica que el combate se produjo apenas los militares ingresaron en el departamento. Los cuerpos de Santucho, Urteaga, Lanzillotto y Delfino jamás fueron recuperados.

³ El caso se conoce como “La Noche de los Lápices”. De los diez jóvenes secuestrados, cuatro sobrevivieron y el resto permanece desaparecido.

⁴ El cadáver encontrado en el tanque de agua fue identificado como Alberto Oscar Bossio. La hija de Diana Teruggi, Clara Anahí Mariani Teruggi, de tres meses y medio, fue sacada con vida de la casa de la calle 30. Su abuela, María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani, la busca desde entonces.

CAPÍTULO 9

El traslado

La gente se asombra por lo de Astiz. ¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz.

Contralmirante HORACIO MAYORGA, del Grupo de Tareas 3.3.2

En el Comando de Zona 1 operó el mayor centro clandestino de la dictadura militar: la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Estaba ubicado en el cruce de la avenida del Libertador y la avenida General Paz, uno de los accesos a la Capital Federal. Los oficiales de la Marina lo llamaban “Selenio”.

Por ese edificio pasaron alrededor de cinco mil prisioneros. Sobrevivieron muy pocos.¹

En la planta baja de la ESMA estaban las oficinas de Administración, Inteligencia y Planificación Operativa. Desde allí se abría una puerta de hierro custodiada por un guardia con armas largas, y por una escalera de dos tramos se accedía al Sótano.

En el Sótano alojaban a los prisioneros.

Era un largo pasillo iluminado por un tubo fluorescente que estaba encendido las veinticuatro horas.

Lo denominaban “la Avenida de la Felicidad”.

El Sótano contaba con tres salas de torturas, de cuatro metros por dos. Adentro de cada sala, sobre una pared, había una pizarra con nombres y fechas. Las otras paredes solían estar manchadas con sangre. El aparato de picana eléctrica estaba apoyado sobre una mesa de metal. En el centro del cuarto había una cama, también de metal, en la que se ataba al prisionero con cámaras de ruedas de bicicletas. Se le recomendaba cerrar un puño si quería hablar. En ese caso la tortura se detenía. También empleaban métodos excepcionales en los interrogatorios. A un prisionero que mantuvo silencio le pusieron a su hijo de veinte días sobre su cuerpo mientras lo torturaban.

Algunos interrogatorios eran monitoreados por radio por el director de la ESMA, vicealmirante Rubén Jacinto Chamorro, o por el Comando de Operaciones Navales, dirigido por el vicealmirante Luis Mendía.

En la sala de tortura había una mesa para la radio o el tocadiscos; un guardia le subía o bajaba el volumen según los gritos del prisionero. A veces pasaban discos de Joan Manuel Serrat. También había sillas. En una, con las manos esposadas en la espalda, se sentaba el prisionero. En la otra, el interrogador. En la puerta de la sala había un largo banco en el que otros prisioneros, vigilados por un guardia, esperaban su turno para ser interrogados.

En otra sala del Sótano estaba la Enfermería, un cuarto con dos camas y dos armarios con medicamentos e inyecciones que aplicaban a los prisioneros antes del “traslado”. En la enfermería atendían heridos que traían de los operativos, como Norma Arrostito, “Gaby”, que intentó suicidarse dos veces con la pastilla de cianuro. La tomó, pero los marinos lograron revivirla con un lavaje de estómago.

El prisionero siempre les servía vivo.

También en Enfermería se produjeron algunos partos de prisioneras embarazadas.

En el Sótano, además, había un laboratorio de fotos, una imprenta, un baño grande y otro chico armado con madera, una sala para proyecciones audiovisuales, el cuarto de descanso de los guardias y el portón de salida para los “traslados”.

En el primero y el segundo piso de la ESMA estaban los dormitorios de los oficiales. Por una escalera que atravesaba todo el edificio se llegaba al tercer piso. Tenía dos alas. En el ala izquierda, en forma de L, estaba “Capucha”, donde se mantenía a los prisioneros encapuchados o con antifaz, esposados y encadenados a una bala de cañón de veinte kilos que los obligaba a arrastrarse cada vez que querían moverse.

Cada compartimiento de Capucha tenía dos metros por sesenta centímetros atravesados por una viga de hierro en declive, del techo hasta el suelo, que les dificultaba aun más la movilidad. También había un cajón de madera de setenta centímetros de alto en el que introducían al prisionero, un ataúd sin tapas; en el suelo había una colchoneta. En Capucha había una pieza para las embarazadas, que estaban encerradas con llave; debían golpear la puerta para ir al baño y esperar que un guardia les abriera.

El desayuno y la merienda para el prisionero eran mate cocido con pan; una taza de caldo, dos panes con carne fría asada y una naranja se entregaban como almuerzo o cena.

En el ala derecha del tercer piso había un depósito de los bienes que los oficiales de la Marina les habían robado a los prisioneros en los allanamientos o posteriormente. Después, en ese espacio que denominaban “Pañol”, instalaron la “Pecera” para prisioneros en “proceso de recuperación”.

La Pecera era un recinto vidriado, controlado por un circuito cerrado de televisión, con iluminación artificial y algunos extractores de aire. Los prisioneros trabajaban en doce cubículos. También había biblioteca y sala de télex. Ningún otro centro clandestino del país tuvo prisioneros para ser “recuperados” ni que permanecieran tanto tiempo con vida como la ESMA. Antes de iniciar la “recuperación”, los prisioneros debían admitir su error por haber militado y prestar colaboración al proyecto que iniciaba el almirante Emilio Massera para diferenciarse de la Junta Militar. Su intención fue utilizar a los prisioneros como cuadros políticos y aprovecharse de su formación intelectual para consolidar ese propósito.

Algunos de los prisioneros fueron seleccionados por sus especialidades. Otros, al azar. Eran alrededor de quince o veinte que trabajaban en cubículos. Los obligaban a realizar síntesis informativas de cada día, el análisis de noticias nacionales e internacionales, hechos históricos o estrategias geopolíticas, como el posible conflicto con Chile por el canal de Beagle en 1978, además de tareas de archivo de prensa.² En la Pecera también se redactaban comunicados que luego se leían en Canal 13, controlado por la Marina, o se escribían tesinas para oficiales que cursaban en la Escuela Superior de Guerra, entre otras tareas.

La Armada quería saber qué pasaba en el mundo y también qué decía el mundo sobre la Argentina. Para ese fin ordenaban la traducción de textos de The New York Times, Le Monde y, sobre todo, de Latin American Newsletter, el boletín que publicaba el periodista, ya exiliado, Rodolfo Terragno, que difundía noticias del país en el exterior.

En el sector Inteligencia de la Pecera los prisioneros debían ordenar miles de fichas con información sobre “blancos” que se iban acumulando, a través de seguimientos e interrogatorios. En la primera página de la ficha se señalaba con una T al que había sido “trasladado”; con una cruz al que había muerto en combate, por tortura o enfermedad, y con una L al que había sido liberado.

La inteligencia era una tarea técnica. Implicaba la falsificación de documentos (registros de conducir, pasaportes argentinos y uruguayos, tarjetas de la SIDE o credenciales de la Policía Federal) que la Armada producía para el accionar de sus grupos operativos. También se microfilmaban legajos de prisioneros con los seudónimos de los que habían participado en el secuestro.

A los que permanecían en proceso de “recuperación” se les permitía llamar a sus familiares y, progresivamente, avanzada la dictadura militar, comenzaron a llevarlos a sus casas, siempre custodiados, para que estuvieran un fin de semana con sus familias.

Después, por lo general el domingo a la noche, debían avisar en qué lugar estaban y un oficial pasaba a buscarlos para conducirlos al centro clandestino.

En las salidas de “libertad vigilada”, los prisioneros no podían llevar documentos ni realizar denuncias o trámites judiciales o policiales. Un código no escrito indicaba que un intento de fuga significaba la represalia para el resto de los prisioneros y su propia familia.³

El “proceso de recuperación” en la Pecera suponía implícitamente la supervivencia del prisionero. Por eso preferían tener tareas constantes, que el trabajo no terminara. La posibilidad de estar en una condición diferente a la de otros detenidos ilegales, con salidas vigiladas, les hacía creer que la libertad en un futuro sería posible. No siempre sucedería así. La Pecera no siempre aseguraba la vida. Raimundo Villaflor era un dirigente del Peronismo de Base que había sido secuestrado en agosto de 1979 y murió en la tortura, pero a los seis compañeros de su grupo los mataron y quemaron en el campo trasero de la ESMA después de permanecer varios meses “en proceso de recuperación” en la Pecera.

En el tercer piso, ubicada en el altillo del edificio, estaba “Capuchita”. Originalmente era el sitio del tanque de agua. Allí había quince o veinte boxes, separados por madera aglomerada, para las torturas, como en el Sótano, con un catre de hierro y la picana eléctrica sobre una mesa. Las ventanas de Capuchita estaban herméticamente cerradas, y las temperaturas eran sofocantes en verano y gélidas en invierno. No tenía baño. Capuchita estaba destinado a las peores torturas.

Toda la estructura edilicia del centro clandestino de la ESMA estaba controlada por Grupos de Tareas (GT) que planificaban y ejecutaban detenciones, interrogaban, torturaban y sometían a los prisioneros bajo su control y custodia.

El Grupo de Tareas 3.3 era la más poderosa estructura operativa de la Armada. Dependía del Comando de Operaciones Navales y del director de la ESMA. Tenía grupos, unidades de combate y apoyo logístico para las operaciones contra “la subversión”. Su metodología de represión estaba influenciada por la escuela francesa. Una frase de un general de ese país que había reprimido los intentos de liberación colonial de Argelia estaba inscripta en una oficina. Decía:

Si un Ejército quiere vencer a un pueblo tiene que estar dispuesto a meter la mano hasta la mierda.

El Grupo de Tareas 3.3 tenía dos unidades: el GT 3.3.1, que actuaba como una unidad preventiva para operativos de patrullaje y control de la población, y el GT 3.3.2, que era el grupo de ofensiva que ejecutaba las acciones clandestinas contra la “subversión”.

Ambos grupos estaban organizados con un comandante de la Unidad de Tareas y un Estado Mayor compuesto por el Departamento de Personal (GT1), de Inteligencia (GT2), de Operaciones (GT3) y de Logística (GT4).

Para ingresar en el GT 3.3.2 la Armada instruía un curso técnico-táctico de “guerra revolucionaria” y de operaciones encubiertas, supervisado por el Comando de Operaciones.

El Batallón 601 instruyó al GT 3.3.2 sobre su “blanco enemigo”, Montoneros, organización a la que debía sacar de combate, aniquilar, con la destrucción física y moral de sus miembros.

La acción del Grupo de Tareas 3.3.2, con sus respectivos departamentos, respondía a las características del plan de especialización en la “lucha antisubversiva”.

Se habían preparado durante muchos años.

El jefe del Departamento de Inteligencia del GT 3.3.2 era Jorge Eduardo “Tigre” Acosta.

Sus subordinados, los oficiales del GT, seguían a sus “blancos”, se infiltraban en sus grupos, grababan sus conversaciones telefónicas, reconstruían sus rutinas y luego evaluaban la información acumulada y participaban en la planificación de los operativos de secuestro.

Después, en el centro clandestino, los oficiales del GT2, de Inteligencia, se ocupaban del interrogatorio y las torturas, y también intervenían en la selección de los prisioneros que debían desaparecer.

Su relación con el prisionero era la siguiente: “Soy tu interrogador, de mí depende tu vida y tu muerte”. Con los datos obtenidos bajo tortura convertían la información en inteligencia: producían un “gráfico de contactos” que les permitía establecer los ámbitos (o células) en que operaba “el enemigo”. A partir de entonces el ciclo represivo se aceleraba: El GT2 (de Inteligencia) cedía la producción de su departamento al GT3 (de Operaciones).

El jefe del GT3 era Jorge Perrén. Era hijo de un almirante que había participado en el derrocamiento de Perón en 1955.

Los oficiales subordinados de Perrén ejecutaban secuestros, saqueaban viviendas y, mientras los prisioneros eran torturados, se mantenían a la espera de informaciones sobre “nuevos blancos” para volver a actuar.

Un protocolo interno indicaba que entre la información obtenida en el interrogatorio y la orden de un nuevo operativo no debía pasar más de cuatro horas, tiempo en el que se estimaba que “el enemigo” encendía las alarmas por la caída de un miembro de su ámbito.

Con la información de inteligencia reunida, la continuidad del circuito represivo se organizaba en el “Salón Dorado”. En un pizarrón se diseñaba la operación y se fijaban las tareas que debía cumplir cada miembro del GT3. Todo lo expuesto se consignaba en un formulario, con fecha, hora y seudónimos del personal actuante.

Chamorro pedía detalles, planteaba alternativas, ordenaba modificaciones y, una vez que autorizaba la acción, el grupo operativo tomaba las armas y los chalecos antibalas y salía a la calle con la información del “terrorista” que debían secuestrar y de su grado de peligrosidad.

Los oficiales del GT3 actuaban con ropa de civil.

Antes de la partida, el Comando de Operaciones pedía “área libre” al Comando del Primer Cuerpo de Ejército, máximo responsable de la Zona 1, donde operaban los grupos de tareas de la ESMA. El Comando de Zona 1 coordinaba los operativos, pero no impartía órdenes sobre ellos.

En términos generales, el “blanco” era buscado en su casa o en la calle, con datos de inteligencia propios o, excepcionalmente, brindados por otras fuerzas.

Era usual que un prisionero convocara al “blanco” a una cita, sin que este supiera que quien lo llamaba ya había sido secuestrado, y lo “marcaba” a los oficiales del grupo de tareas cuando llegaba al punto acordado. Era una cita “envenenada”.

En cada acción de un grupo de tareas de Operaciones (GT3) actuaban no menos de diez miembros. Un oficial de Inteligencia (GT2) podía integrar el grupo para facilitar la operación. Además, los GT eran acompañados por miembros de la Policía Federal, de la Prefectura o del Servicio Penitenciario.

El comandante de Operaciones, vicealmirante Mendía, monitoreaba el procedimiento por radio, ordenaba su inicio y enviaba medios de apoyo, armas o municiones si se lo requería el responsable de la operación.

Finalmente, en comunicación con el jefe del operativo, el comandante de Operaciones lo daba por finalizado.

Uno de los métodos del GT 3.3.2 para las detenciones ilegales era aparentar un operativo antidroga. Era lo más habitual para las acciones de calle. Después el “blanco” era introducido en un auto y su llegada era anticipada a la ESMA por medio de la radio:

Selenio, Selenio. Resultado positivo. Ropero abierto, ropero cerrado. Traemos el paquete.

Al prisionero se le asignaba un número, sucesivo al del detenido anterior, y se lo conducía al Sótano. Después de varias horas de interrogatorio, en las que era torturado, se lo llevaba a Capucha, por lo general ya desmayado.

La custodia de los prisioneros correspondía a “los verdes”. Eran cadetes de la Escuela Naval, de entre 16 y 20 años. Sus jefes, denominados alternativamente “Pablos” o “Pedros”, eran suboficiales de baja graduación que guardaban las llaves de las esposas y los grilletes de los prisioneros.

Si de los interrogadores del GT2 dependía la vida de los detenidos, la vida cotidiana en Capucha o Capuchita dependía de los suboficiales que los custodiaban en guardias rotativas. Los guardias solían obligarlos a hacer flexiones de brazos o abdominales sin permitir que se sacaran el antifaz o se desprendieran de los grilletes, dos aros de acero cerrados alrededor de los tobillos. De la voluntad de los guardias también dependían la alimentación y la higiene. Los prisioneros perdieron rápidamente salud y peso. En algunos casos perdieron los dientes. Podían esperar la comida durante horas o carecer de alimentos durante varios días, si un “verde” los castigaba por no haber soportado los ejercicios, haberse quitado la capucha o por los motivos que él decidiese.

Las necesidades fisiológicas se hacían en una lata en el propio compartimento. Los prisioneros eran llamados por sus números y los formaban en fila para ir al baño. Las duchas no resguardaban la intimidad. Se bañaban delante de los guardias, que abrían y cerraban el grifo de agua según quisieran. Muchas detenidas fueron violadas por los guardias. Preferían no higienizarse.

Además de los departamentos de Inteligencia y de Operaciones, también actuaba el Departamento Logística (GT4). Se ocupaba del apoyo y las provisiones de ambos grupos, el mantenimiento y la refacción del edificio, y las finanzas, que no solo dependían de los fondos de las partidas presupuestarias del Estado. También se financiaban con el dinero que robaban a los prisioneros u obtenían de las ventas de muebles y electrodomésticos y que luego repartían según la escala jerárquica. Los GT también se apropiaban de automóviles, que vendían o usaban para otros operativos.

Los inmuebles los transferían mediante falsificación de documentos: algún miembro del GT asumía la identidad del propietario. Mediante la firma del prisionero, también podían obtener el título de propiedad o el boleto de compra y venta para las operaciones inmobiliarias. Tenían una “inmobiliaria” que hacia las gestiones.

Un caso emblemático de estos hechos fue la caída del Área de Finanzas de Montoneros, en enero de 1977, con el secuestro del abogado Conrado Gómez, el contador Horacio Palma y el empresario Victorio Cerutti, de Mendoza, que poseía terrenos en Chacras de Coria valuados en veinte millones de dólares. Cerutti, de 75 años, había recibido capital montonero para formar la empresa Cerro Largo. Los tres hombres fueron llevados a la ESMA, donde los “contadores” de la Marina, el Tigre Acosta y el teniente de fragata Jorge Rádice, de Logística del GT 3.3.2, los despojaron de un automóvil, caballos de carrera, campos y los títulos de propiedad de Cerro Largo, luego cedidos a Massera, además de una transferencia bancaria a favor de Acosta.

La “cesión” se realizó con un escribano de la “inmobiliaria” en el sótano de la ESMA.

Un prisionero de la ESMA podía permanecer muchos meses en la incertidumbre de su destino. Incluso años. Mucho más tiempo que los detenidos ilegales del “Campito”, en Campo de Mayo, u otros centros clandestinos.

El PLACINTARA (reglamento de la Armada de “lucha contra la subversión” producido en 1975), contemplaba para cada detenido la apertura de una causa penal, el traslado a la justicia militar, y su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) e incluso la libertad, como sucedió en algunas oportunidades.

Pero en el reglamento no se consignaba el “traslado”.

En los hechos, el prisionero que ingresaba a la ESMA lo hacía para ser “trasladado”. La permanencia en la ESMA era una condena a muerte pendiente de ejecución.

La excepción a este principio fueron los que sobrevivieron.

No existía un principio que determinara por qué, según cálculos estimados, cinco mil prisioneros fueron “trasladados” y otros doscientos no, y fueron liberados después de muchos meses.

La “resolución final” sobre quiénes debían ser “trasladados” se tomaba los martes en el Salón Dorado. Allí participaban el director de la ESMA, su Estado Mayor (jefes de área en la ESMA) y algunos oficiales de inteligencia. Aquellos que poseían una graduación menor y solicitaban evitar el traslado de un prisionero debían fundamentarlo o acceder a algún tipo de negociación.

En los primeros meses de detención, en Capucha se creía que los “trasladados” habían sido llevados a un campo de trabajo en la Patagonia. En ese imaginario, el “traslado” representaba un alivio. Era el final de las torturas.

Una vez el teniente de fragata Alfredo Astiz, de Inteligencia del GT 3.3.2, le revelaría a una prisionera que el destino era el mar argentino: los tiraban mar adentro porque las aguas del Río de la Plata devolvían los cuerpos a la costa. Pero el “trasladado” no conocía su destino.

La orden se ejecutaba al día siguiente, los miércoles.

Todos los miércoles, durante dos años, se realizaron “traslados”.

Del “traslado” no participaban los oficiales. Se ocupaban los guardias.

Llamaban a alrededor de quince o veinte prisioneros de Capucha por su número y los conducían al Sótano encapuchados y engrillados. En la enfermería les aplicaban una inyección que los adormecía. Los prisioneros cruzaban la puerta de metal y, ayudados por los guardias, subían a una camioneta que los llevaba al aeroparque. Emprendían el vuelo. En el avión les aplicaban una dosis más y después de algunas horas los arrojaban desnudos al mar.

Pese a que el Sótano era desinfectado, los jueves quedaban las marcas de zapatillas que dejaban los “trasladados”.

Ese día, el jefe de inteligencia del GT 3.3.2 Acosta solía pasar películas en la sala de audiovisuales, para atenuar la tensión que generaban los “traslados” en el personal de la ESMA.

Los oficiales también recibían contención espiritual del capellán de la ESMA y buscaban una explicación cristiana al acto criminal.

El 12 de marzo de 1977, el Ejército detuvo a José María Salgado en Lanús cuando estaba con su esposa, Mirta Castro, embarazada de seis meses. Fue introducido en un auto. Luego le permitieron avisarle a su madre: Salgado le dijo que había sido detenido por “averiguación de antecedentes” en Coordinación Federal.

Salgado, “Pepe”, era militante montonero.

Su ámbito era el Departamento de Informaciones. Todavía era suboficial de la Policía Federal y conservaba la chapa 40551. Hacía ocho meses, su responsable había detectado que la vigilancia del edificio de Seguridad Federal era vulnerable y podría ser atacado.

Salgado probó que podía entrar y salir con un paquete sin ser revisado. En la tercera oportunidad, colocó la bomba de trotyl que mató a veintitrés policías y dejó decenas de heridos.

Tras la detención en Lanús, Salgado fue conducido a la ESMA. Hizo el recorrido de todos los prisioneros. Fue torturado en el Sótano y en Capucha, hasta que el GT2 le pidió que hiciera una cita con Rodolfo Walsh, que formaba parte de su mismo ámbito, la inteligencia montonera.

Para entonces, Walsh esperaba que un contacto le diera los documentos para irse del país. Pese a que la conducción había recibido y rechazado sus informes críticos del último trimestre de 1976, decidió preservarlo en sus estructuras y concederle una salida “orgánica”.

Walsh había creado, con un grupo de colaboradores, la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), que difundía, sin consignas militantes, información sobre la represión —con nombres de estructuras parapoliciales, paramilitares, secuestros en barrios, fábricas, asesinatos de dirigentes, operativos militares—, redactada en cables que llegaban, vía postal, a curas, miembros de las Fuerzas Armadas, personalidades de la cultura y también redacciones locales, corresponsales extranjeros y medios del exterior.

Además de conducir ANCLA, Walsh estaba escribiendo la carta a la Junta Militar. Quería difundirla para el primer aniversario de la dictadura. Poco antes de la medianoche del 24 de marzo de 1977 ya la había pasado en limpio.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde.

El 25 de marzo Walsh ya había recibido el pedido de Salgado para encontrarse. Ese día tenía tres citas. La primera era con Pepe. Tomó un tren con su esposa, Lilia Ferreyra, en la estación San Vicente. Su documento lo identificaba como “Norberto Pedro Freyre”, el mismo nombre que había utilizado para investigar los fusilamientos de la Revolución Libertadora en 1956 en los basurales de José León Suárez.

Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Walsh llegó a la estación Constitución. Vestía una camisa guayabera, un pantalón marrón, un sombrero de paja, y llevaba un portafolio y una pistola Walther PPK calibre 22. Aparentaba ser un profesor jubilado de inglés. Así se había presentado en San Vicente. Incluso, unos días antes, un grupo de vecinos le pidió que se sumara al reclamo de la instalación de la luz en el barrio, y fueron a la municipalidad a conversar con los empleados, hasta que las tropas del Ejército se apostaron en la vereda para disuadirlos.

La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

Enseguida, mediante un teléfono público en la calle Lima, confirmó la cita con Salgado en un “pie telefónico”, un número en el que recibía mensajes en clave, se despidió de su esposa y luego envió las copias de la carta a la Junta Militar por correo.

Entre mil quinientas y tres mil personas más han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizá del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Cerca de las tres de la tarde, cuando caminaba por la vereda de la avenida San Juan hacia la avenida Entre Ríos, treinta hombres y más de seis vehículos lo esperaban. También Salgado y otros prisioneros de la ESMA que habían sido obligados a ir al operativo. Desde la radio de uno de los móviles del GT3 se escuchó “emergencia, emergencia”. Uno de los autos fue hacia la avenida San Juan.

Las 3 A son hoy las 3 Armas y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre “violencias de distintos signos” ni el árbitro justo entre “dos terrorismos”, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte.

Cuando lo abordaron, Walsh metió la mano en una bolsa de plástico, los oficiales gritaron “pepa”, “pepa”, para advertir de que podía tener una granada; le dispararon. Walsh cayó herido y fue introducido en un auto.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en los momentos difíciles.

Algunos prisioneros lo vieron entrar al Sótano de la ESMA en una camilla directo a Enfermería. Estaba con el torso desnudo y varios impactos en el pecho. El plan del GT era atraparlo vivo. La carta, que Walsh firmó con nombre y apellido, había sido su último acto político.

Después Salgado fue muerto. Pero su muerte fue encubierta en un operativo. Un comunicado del Primer Cuerpo de Ejército dijo haberlo “abatido” junto a otros dos “delincuentes subversivos” después de una persecución en la calle Canalejas al 400. Allí se produjo el “enfrentamiento”. Según el “identikit”, explicaba el comunicado, uno de los “abatidos” era “José María Salgado, oficial ayudante de la Policía Federal, principal sospechoso de haber colocado la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal”.

Un ejemplo de la infiltración del GT 3.3.2 lo representó el teniente de fragata Alfredo Astiz, oficial de inteligencia de 26 años, que desarticuló un grupo de familiares de desaparecidos que se reunía en la iglesia Santa Cruz, de la calle Urquiza y Estados Unidos, en la Capital Federal.

La infiltración de Astiz provocó quince víctimas, entre ellas, dos monjas francesas, de la congregación de las Hermanas de las Misiones Extranjeras Alice Domon y Léonie Duquet, y Azucena Villaflor, fundadora del grupo de Madres de Plaza de Mayo.

Las madres de desaparecidos habían empezado a conocerse y reunirse, mientras recorrían ministerios, cuarteles, juzgados, comisarías; también en las rondas alrededor de la Pirámide de Plaza de Mayo.

La primera fue el 30 de abril de 1977.

El primer jueves en la Plaza de Mayo eran catorce, pero luego se fueron sumando otras madres para realizar denuncias de desapariciones de manera conjunta.

Astiz llegó a ellas con la identidad de “Gustavo Niño”. Empezó a concurrir a misas y a reclamar por desaparecidos. Dijo que era oriundo de Mar del Plata, que tenía un hermano montonero que había sido secuestrado. Lo acompañaba una “hermana” —que era una prisionera de la ESMA, de alrededor de 20 años— que siempre permanecía callada junto a él.

Astiz, para ganarse la confianza de las madres, se enfrentó a la policía cuando quisieron detenerlas y las acompañó a reuniones con periodistas extranjeros. Fueron a las oficinas de la cadena inglesa BBC en Buenos Aires.

Niño, que siempre se ofrecía a acompañarlas en su auto después de cada encuentro, era un protegido de las madres. Incluso ellas temían que pudiese ser víctima de la represión.

Con la ayuda de una monja francesa, Alice Domon, las madres colectaron dinero para pagar la publicación de una solicitada en el diario La Nación. Ya habían publicado dos, en las que Gustavo Niño había puesto su firma. Para entonces el trabajo de infiltración del GT 3.3.2 estaba prácticamente concluido. Se dio paso al GT3, de Operaciones.

El 8 de diciembre de 1977, cuando se iniciaba la misa, Niño dijo que no había traído dinero para colaborar. Lo iría a buscar a su casa y después volvería. Se despidió de algunas madres y de la monja francesa con un beso.

El GT 3.3.2 esperó que concluyera la misa y a la salida detuvo a las personas que habían sido saludadas por Astiz. Las llevaron de los pelos en un supuesto “operativo antidrogas”.

Por la mañana, en dos operativos, uno en una casa de La Boca y otro en un bar de avenida Belgrano y Paseo Colón, los grupos de tareas habían secuestrado a cuatro personas que estaban trabajando en la solicitada. Y el 10 de diciembre, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, fue secuestrada cuando salía de su domicilio en Sarandí. Hasta allí había llegado Gustavo Niño. El cierre del raid operativo de la infiltración fue ese mismo día. Un grupo secuestró a la otra monja francesa, Léonie Duquet, de la parroquia San Pablo, en la calle Espora, de Ramos Mejía.

Ese día, la solicitada se publicó en La Nación con el título “Por una Navidad en paz sólo pedimos la verdad”.

La verdad que pedimos es saber si nuestros desaparecidos están vivos o muertos y dónde están. ¿Cuándo se publicarán las listas completas de detenidos? [...] No soportamos ya la más cruel de las torturas para una madre, la incertidumbre sobre el destino de sus hijos. Pedimos para ellos un proceso legal y que sea así probada su culpabilidad o inocencia y, en consecuencia, juzgados o liberados.

Con la solicitada impresa, las secuestradas de la iglesia Santa Cruz estaban en el Sótano, siendo interrogadas por Acosta, jefe de Inteligencia del GT 3.3.2.

Permanecieron alrededor de diez días.

El secuestro de las monjas fue publicado en los diarios y generó preocupación en Francia. El presidente Valéry Giscard d’Estaing exigió a Videla información sobre su paradero. También hubo gestiones de la congregación de las religiosas con el cardenal Raúl Primatesta en el mismo sentido.

El Ejército preguntó a la Armada si las tenían ellos. Y la ESMA fraguó la operación: distribuyó la foto de las monjas junto a unos hombres encapuchados y una bandera de Montoneros. El motivo del secuestro era, supuestamente, lograr que la Iglesia y el gobierno francés realizaran un “total repudio al régimen dictatorial del general Videla” y que Francia concediese asilo a los “perseguidos políticos”.

En respuesta al “comunicado” de Montoneros, la Junta Militar expresó “su vivo y categórico repudio a todo intento perturbador de la paz y la tranquilidad de los argentinos”.

Diez días después, serían “trasladados” al mar.

Los cuerpos de las monjas y de una de las madres aparecerían un mes más tarde en las costas de Mar del Tuyú y de San Bernardo, como resultado final de la infiltración de Astiz, que seis meses antes había comenzado a caminar en la Plaza de Mayo del brazo de las madres para reclamar por los familiares desaparecidos.⁴

BIBLIOGRAFÍA

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Megacausa ESMA s/delitos de acción pública, 18.918/2003, J. 12, S. 23. Tribunal Oral Federal Nº 5. “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad”.

¹ Se calcula que sobrevivió alrededor del diez por ciento de los detenidos en ese centro clandestino.

² El conflicto con Chile se centró en la soberanía de las tres islas en la entrada Este del Canal de Beagle: Picton, Nueva y Lennox. La Corona británica, designada como corte arbitral, había resuelto en 1977 que pertenecían a Chile. La Argentina declaró nulo el fallo. En el último trimestre de 1978, las tropas de ambos países se movilizaron en las fronteras. Pocas horas antes de que la Argentina se dispusiese a tomar las islas, en diciembre de 1978, la mediación del papa Juan Pablo II impidió el conflicto. 

³ De la ESMA se fugaron tres personas: Domingo Maggio, Jaime Dri y una adolescente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la que se desconocen datos. Maggio fue apresado y muerto meses después, y Jaime Dri sobrevivió y prestó testimonio en el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA.

⁴ Los cuerpos de Léonie Duquet, de Azucena Villaflor y de otras tres mujeres fueron sepultados como NN en el cementerio municipal de General Lavalle. Aun después de los secuestros, las Madres siguieron reuniéndose los jueves en la Plaza de Mayo, donde, a partir de 2005, descansan los restos de la fundadora de Madres, Villaflor.

CAPÍTULO 10

País clandestino

RAMÓN CAMPS: Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones.

JACOBO TIMERMAN: ¿Qué quiere decir todos?

CAMPS: Todos… unos 20.000. Y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres.

TIMERMAN: ¿Y por qué cree que el Papa no protestará ante esta represión? Ya lo están haciendo muchos gobernantes mundiales, líderes políticos, dirigentes gremiales, científicos...

CAMPS: No quedará vestigio ni testimonio.

TIMERMAN: Es lo que intentó Hitler con su política de Noche y Niebla. Enviar a la muerte, convertir en ceniza y humo a aquellos a quienes ya había quitado todo rastro humano, toda identidad. Y, sin embargo, quedaron en algún lugar, en alguna memoria, registrados sus nombres, sus imágenes, sus ideas. Por todos ellos, y cada uno, pagó Alemania. Y aún está pagando, con un país que quedó dividido.

CAMPS: Hitler perdió la guerra. Nosotros ganaremos.

Del libro El caso Camps, punto inicial, de Jacobo Timerman, 1981.

A partir del 20 de julio de 1976, durante una semana, las luces del municipio de General San Martín, en Jujuy, se apagaron entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Esa semana fueron secuestradas alrededor de cuatrocientas personas; estudiantes, obreros, empleados, gremialistas. Algunos fueron llevados maniatados y con los ojos vendados al centro clandestino de la localidad de Guerrero, a ciento veinte kilómetros del complejo agroindustrial Ledesma, en ese municipio. Fueron torturados por la policía. Los que “no iban a salir nunca más” fueron ubicados en el “salón de los sentenciados”; a otros los liberaron cerca del hospital de San Salvador de Jujuy, para que los curasen de las torturas que les infligieron; otros pasaron a ser detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Más de treinta secuestrados, después de esas noches, no aparecieron nunca más.

La empresa azucarera Ledesma, que actuaba como un “Estado paralelo” en el municipio, cedió apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en “La Noche de los Apagones”. También en la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando el Ejército y la Gendarmería, con personal uniformado, entraron en las casas para llevarse a los que previamente estaban señalados en una lista. Muchos familiares dijeron haber visto el logo de la empresa Ledesma en las puertas de las camionetas. También fue denunciado Juan de la Cruz Kairuz, ex policía y entrenador del Club Atlético Ledesma —el equipo de la empresa que ese año jugó el campeonato Nacional de Primera División—, por haber actuado en los allanamientos como personal civil pero dando órdenes a los uniformados. Kairuz vivía dentro del ingenio.

Desde hacía diez años, la Gendarmería había instalado una seccional en el predio de Ledesma: controlaba cada reclamo de los zafreros y ofrecía seguridad interna. La empresa le facilitaba a la fuerza de seguridad del Estado el inmueble y el combustible para los vehículos, y sostenía los gastos. Además, la empresa solía prestar vehículos cuando la policía detenía gremialistas, en virtud del escaso parque automotor de la fuerza de policía.

Uno de los secuestrados en la madrugada del 24 de marzo era Luis Arédez. En la década de los cincuenta había trabajado como médico en Ledesma, de donde fue despedido por recetar demasiados medicamentos a los trabajadores que padecían enfermedades en la temporada de zafra, según el argumento de la empresa.

En 1973 Arédez fue electo intendente del municipio Libertador General San Martín. Su gestión duró ocho meses. Hasta que el gobierno de Jujuy, con las tropas de Infantería y el Ejército, le intervino el municipio. Durante su mandato, con el voto del Concejo Deliberante, Arédez resolvió que Ledesma, el ingenio más grande de Latinoamérica, pagara por primera vez impuestos al municipio.

Desde la madrugada del golpe de Estado, cuando Arédez fue secuestrado en la camioneta de la empresa, permaneció desaparecido en la jefatura de la policía provincial y otras dependencias policiales. Su detención fue legalizada el 7 de octubre, cuando estaba en la unidad penal de Villa Gorriti, y fue trasladado al penal de La Plata.

Lo liberaron el 5 de marzo de 1977. Pero la libertad, de regreso a Jujuy, le duraría apenas unos meses.

El 13 de mayo, Arédez volvió a ser secuestrado cuando salía de su trabajo en el hospital de Fraile Pintado y nunca se supo más de él. Su auto apareció seis meses después en Buenos Aires.

La legalización de su detención y su posterior libertad fueron los antecedentes de su desaparición definitiva.¹

La metodología de hacer desaparecer o matar a una persona que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional se realizaba también mediante los “intentos de fuga”. Eran operaciones que fraguaban las Fuerzas Armadas.

El de la masacre de Las Palomitas, en Salta, fue uno de estos casos. El 6 de junio de 1976 el coronel Carlos Mulhall, Jefe de la Guarnición Salta y del Área 322, envió a Braulio Pérez, director del penal de Villa Las Rosas, una orden de “traslado administrativo” de presos. Eran once, cinco mujeres y seis hombres. El operativo lo realizaron los militares, que ordenaron apagar las luces de los pasillos; solo algunos guardiacárceles permanecieron con linternas. Los militares se llamaban entre sí con seudónimos. El traslado no fue registrado en los libros de la unidad penal.

Los detenidos estaban a disposición del PEN.

Estaban presos desde 1975. Les dijeron que dejaran sus ropas y pertenencias en la cárcel. Celia Raquel Leonard de Ávila, maestra, le entregó su bebé de cuatro meses a su hermana, que estaba detenida pero no figuraba en la lista administrativa. La patrulla militar del capitán Hugo Espeche Garzón retiró a los presos y los condujo hasta la salida de la ciudad de Salta, donde fueron entregados a otro grupo militar para concretar el supuesto traslado.

Los presos, según Mulhall, serían trasladados a Córdoba, sede de la Zona 3, que tenía jurisdicción sobre la provincia de Salta.

Para matar a los once detenidos se inventó la aparición de un comando guerrillero en la noche del 6 de julio sobre la ruta 34, a la altura del paraje Las Palomitas, entre General Güemes y Metán. Pero no hubo heridos ni muertos entre los militares y los guerrilleros. Al día siguiente aparecieron un Torino y una camioneta —que habían sido sustraídos a dos conductores en la tarde del “ataque”— con cápsulas de bala y manchas de sangre y restos de masa encefálica de los presos, como resultado del “enfrentamiento con las fuerzas subversivas”.

En realidad, entre las diez y diez y media de la noche los prisioneros fueron bajados de los medios de transporte y fusilados; dos de los cadáveres fueron dinamitados dentro de uno de los vehículos.²

Si Salta pertenecía a la Zona 3, bajo el mando del general Menéndez, la provincia de Chaco estaba bajo jurisdicción de la Zona 2, que comandaba el II Cuerpo de Ejército. Desde octubre de 1976, el responsable era el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

En Margarita Belén se produjo otro “intento de fuga” con modalidad similar a la de Salta.

Algunos de los presos habían sido trasladados de la unidad penal 7 de Resistencia hasta la alcaidía de la policía, donde fueron torturados hasta el día del traslado, según testimonios de otros presos. Algunos de ellos no podían caminar debido a las torturas. Después, el Ejército ordenó el “traslado administrativo” de un grupo de veintidós personas —siete de ellos, militantes montoneros; el resto, estudiantes, militantes sociales y de ligas agrarias— a la Unidad Penal 710 de Formosa, una cárcel de “máxima seguridad”.

En el trayecto entre Chaco y Formosa se produjo el “intento de fuga”.

Fue en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

Al llegar a Margarita Belén, a treinta kilómetros de la capital, en un camino lateral de la ruta 11, todos los prisioneros fueron muertos, supuestamente a consecuencia de un ataque de “delincuentes subversivos” que intentaron liberarlos, o evitar que “delataran a su organización”.

No hubo bajas ni heridos entre las fuerzas de seguridad.

El cementerio municipal los enterró como NN en tumbas que habían sido abiertas el día anterior.³

En Tucumán, el general Antonio Bussi, que había reemplazado en el Operativo Independencia a Acdel Vilas (enviado a la Zona 5, con asiento en Bahía Blanca), continuó con el plan represivo de su predecesor, ahora como interventor a cargo del gobierno de la provincia.  Cuando le entregó el mando, Vilas le dijo: “La subversión armada ha sido total y completamente derrotada”.

Después, Bussi, en una comunicación telefónica, le diría: “Usted no me ha dejado nada por hacer”. 

Durante el mandato de Bussi desaparecerían 638 personas.

Entre ellas estaba el senador del FREJULI, licenciado en física Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976 y alojado en la cárcel de Villa Urquiza, en el sector E, conocido como “el pabellón de la muerte”.

El día 5 de abril Vargas Aignasse fue retirado de la unidad penal en un simulacro de “liberación” y, aunque luego fue visto en el centro clandestino de la Jefatura de Policía y del Arsenal Miguel de Azcuénaga, nunca más apareció.⁴

También había crímenes como el de Ángel Pisarello, de 60 años, titular de la UCR de Tucumán, defensor de presos políticos en la provincia. Era uno de los últimos abogados que presentaba hábeas corpus por casos de desapariciones.

El resto de sus colegas ya había sido secuestrado o estaba muerto.

Después de las bombas en su casa y en la sede partidaria, Pisarello fue llevado de su domicilio el 24 de junio de 1976. Una semana después su cuerpo sin vida aparecería con signos de tortura, con las manos atadas, en un tacho de basura de Santiago del Estero.

Bussi, valiéndose de brigadas de quince o veinte miembros —militares, gendarmes, policías federales y provinciales, miembros del servicio penitenciario y civiles—, también había ordenado el secuestro y muerte de funcionarios y legisladores del período constitucional en la provincia: Juan Tenreyro, secretario de la gobernación; Dardo Molina, presidente del Senado provincial; Bernardo Villalba, diputado nacional; Damián Márquez, senador provincial; Raúl Lechessi, diputado provincial, y José Chebaia, secretario de Planeamiento, entre otros.

Una de las características de Bussi en el centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, que visitaba con frecuencia, era hacer formar a los prisioneros con los ojos vendados y las manos atadas y efectuar el primer disparo en la nuca, delante de la plana mayor de Ejército y sus subalternos. Luego continuaban ellos. De esta manera refrendaba el pacto de sangre que los unía.⁵

El centro neurálgico de la represión del interior del país estaba asentado en la Zona 3, en manos del general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército.

Era el señor de la represión ilegal.

Tenía control sobre la mayor superficie del territorio argentino: diez provincias, más de siete millones de habitantes. Pero Córdoba era su propio feudo.

La obra represiva de Menéndez quedó representada en el centro clandestino “La Perla”. Había ordenado su construcción seis meses antes del golpe de Estado. Lo denominó así en homenaje a su esposa, María Angélica Barca, a quien todos llamaban “Perla”.

Después de la ESMA y Campo de Mayo, La Perla fue el centro clandestino más emblemático de la dictadura militar. Entre 1976 y 1978 pasaron por “la cuadra” o galpón militar, alrededor de dos mil quinientos prisioneros. Sobrevivieron cerca de doscientos.

A partir del 22 de abril de 1976 Menéndez prohibió a los diarios de Córdoba que publicaran presentaciones de hábeas corpus de desaparecidos o reclamos de familiares que buscaran información sobre las víctimas. Pero Menéndez, que solía participar personalmente de los operativos contra “la subversión”, encabezaba conferencias de prensa para difundirlos.

En La Perla, ubicado a un costado de la ruta que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz, el “intento de fuga” se llamaba “operativo ventilador”. Sacaban a los prisioneros por la noche y a la mañana siguiente aparecían muertos en la vía pública por un “enfrentamiento”.

Después del golpe militar, empezaron a llegar a La Perla entre diez y quince secuestrados por noche. Afuera de la cuadra había piletones donde sumergían a los secuestrados. Las listas de detenidos se confeccionaban por triplicado: para el centro clandestino, el Destacamento de Inteligencia 141 (dependiente del Área 311) y la Tercera Sección, Grupo de Operaciones Especiales.

Las operaciones de los oficiales del Destacamento y el funcionamiento de La Perla eran de absoluta unidad. Los oficiales del Ejército iban y venían de un lugar a otro, comunicados por radio con La Perla.

Menéndez tenía un completo control sobre toda la cadena represiva del Destacamento y la “cuadra” del centro clandestino. Era dueño de la vida de todos los prisioneros, pero dejaba margen de decisión a sus cuadros inferiores.

Con La Perla, el Departamento de Informaciones (D2) perdió trascendencia como núcleo de la represión.

Algunos detenidos fueron llevados a la prisión militar de “La Ribera”, a metros del cementerio de San Vicente y la avenida Costanera de Córdoba, que comenzó a prepararse como centro clandestino en diciembre de 1975 por orden de Menéndez tras una reunión con la “comunidad informativa”. De “lugar de reunión de detenidos”, La Ribera se convirtió en “centro clandestino” tras el golpe militar.

Pero la mayoría de los secuestrados era trasladado a La Perla, el epicentro del esquema represivo. Participaban de las torturas en la La Perla algunos jefes del D2, como el capitán Héctor Vergez, activo miembro del Comando Libertadores de América y oficial del Destacamento 141. Era uno de los jefes de la cuadra, como también lo era el mayor Ernesto Barreiro.

Después, en julio de 1976, Vergez ingresó al Batallón 601, en Buenos Aires, pero continuó con sus visitas a Córdoba, donde era reconocido como secuestrador y torturador.

En una oportunidad, con su grupo operativo de siete personas, Vergez llevó a un detenido de La Perla a un procedimiento. Como en la casa de su “blanco” no encontró a nadie, comenzó a incendiarla y mantuvo al detenido en el interior, amarrado en una silla. Prometió dejarlo hasta que se prendiese fuego. Pero después lo desató y lo llevó de vuelta al centro clandestino.⁶

Los “traslados” se hacían a la hora de la siesta.

La llegada del camión del Ejército Mercedes Benz producía en la cuadra un silencio sepulcral. El camión venía una vez por día. O cada dos días. Bastaba que desde la entrada de la cuadra se gritase el número del prisionero para que este supiese que había llegado su hora: iba a ir al “pozo”.

Los detenidos eran retirados de la cuadra por gendarmes. A veces se acercaban al sentenciado y le mencionaban el número en voz baja, y le permitían despedirse del resto.

El “traslado” al pozo se hacía en grupos de a tres. Subían maniatados, amordazados, vendados.

Los torturadores ya les habían mencionado la profundidad del pozo, “un metro ochenta”, como amenaza.

Algunos creían que podrían ser llevados a la penitenciaría, u a otro campo, para “recuperarse”. Pero la mayoría de los prisioneros sabía qué significaba el “traslado”.

Con la llegada de los camiones se advertía la tensión en la cuadra. Los militares se movían nerviosos, ajustaban las vendas de los detenidos. Lo mismo sucedía cuando Menéndez visitaba La Perla: los oficiales obligaban a los prisioneros a limpiar la cuadra, a poner sus pertenencias en una caja y a alinear las colchonetas en tres filas para que el general viera que en el centro clandestino imperaba el orden.

Cuando subían a los prisioneros, los camiones avanzaban por un camino interno, entre La Perla y el III Cuerpo de Ejército, durante unos pocos kilómetros. El pozo era previamente cavado para enterrar cuerpos, pozos de cuatro metros por 1,80 de profundidad. Después los hacían arrodillar delante del pozo y les disparaban; adentro de la fosa, cubrían los cuerpos con cal.

Si el detenido iba de La Ribera a La Perla, su destino, casi sin excepciones, era el pozo. La Perla estaba asociada con el último destino.

La idea de Menéndez era que desde un general hasta un suboficial participara en al menos un fusilamiento para que se oficializara el “pacto de sangre”.

La resolución final sobre los detenidos era tomada por el jefe del Destacamento 141 y los responsables de las cuatro secciones: Primera, “de ejecución”, Segunda, “de calle”, Tercera, “actividades especiales de inteligencia o “grupo de operaciones especiales”, y Cuarta, “logística”. Los suboficiales podían opinar pero no tenían decisión. Tampoco los gendarmes que custodiaban a los alrededor de ciento ciencuenta prisioneros que permanecían en la cuadra.

Menéndez era de los pocos militares que querían que se hiciesen juicios marciales con pena de muerte. Lo propuso en diciembre de 1975 durante el gobierno constitucional, pero no logró consenso en la Junta Militar. En cada campo de concentración comenzaron a organizar la eliminación física de manera clandestina, sin ningún tipo de juicio u orden legal.

El otro señor de la represión ilegal, a cargo de la Zona 2, que incluía Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, con más de cinco millones de habitantes, era el general Leopoldo Fortunato Galtieri, que reemplazó a Genaro Díaz Bessone.⁷

Solo en la provincia de Santa Fe había más de veinte centros clandestinos. Por ellos pasaron alrededor de ocho mil secuestrados. Galtieri había conformado una red en las afueras de Rosario: “La Intermedia”, “La Escuela Magnasco” y “La Quinta de Funes”.

Fue justamente en La Quinta de Funes donde Galtieri instaló su centro de detención para la infiltración y el espionaje. Lo recorría constantemente con arengas y amenazas. Allí tenía secuestrada a la cúpula de la regional Rosario de Montoneros. Con ellos, Galtieri buscó “colaboración”; imitaba la metodología de Massera en la ESMA.

Su primera matanza ocurrió cinco días después de asumir el mando del II Cuerpo de Ejército. Siete militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros que tenía secuestrados en el Servicio de Informaciones de la jefatura de policía (SI), en Rosario, fueron acribillados en un camino rural de la localidad cordobesa de Los Surgentes, apilados, con los ojos vendados y signos de tortura, y luego enterrados en una fosa común del cementerio de San Vicente. Habían sido secuestrados en distintos procedimientos durante ese mismo mes.

El comandante de Gendarmería, e interventor de la policía rosarina, Agustín Feced se ocupó de ordenar el traslado y las muertes. Galteri había fundado su decisión de fusilar a los detenidos debido a que un secuestrado, capturado en uno de los procedimientos, se había fugado del Servicio de Informaciones. Ordenó fusilar al resto.

Durante la gestión de Feced, en el centro clandestino del SI estuvieron detenidas alrededor de dos mil personas. Mientras tanto, el capellán de la policía, padre Eugenio Zitelli, intentaba calmar a los familiares de los secuestrados. Les decía que pronto volverían al hogar, aun sabiendo que ya habían sido fusilados. Fue acusado por detenidos de presenciar torturas. 

Una vez, Galtieri se propuso el objetivo de eliminar a la conducción de Montoneros exiliada en México. Preparó el plan con un detenido, Tulio Valenzuela, “Tucho”, jefe político y militar de la columna Rosario de Montoneros, secuestrado el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. Valenzuela simuló colaborar con los militares para golpear a la conducción cuando se reuniera con ellos en México.

Dos semanas después, Valenzuela viajaría a ese país con otro montonero detenido y tres oficiales de inteligencia para ejecutar la “Operación México”, que concluiría en un fracaso.

Bahía Blanca, sede de guarniciones militares y de organismos de defensa y seguridad, fue el epicentro de la Zona 5. Dependía del V Cuerpo de Ejército. Cubría el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. El general Osvaldo Azpirarte fue el primer jefe. El segundo comandante de la Zona 5 era el general Acdel Vilas, con mando sobre la Subzona 51. Su presencia fue saludada en editorial del diario La Nueva Provincia del 12 de agosto de 1976.

A esta altura existe solo una dialéctica: la del amigo-enemigo. Y al enemigo, el vencedor de Tucumán lo comprende mejor que nadie, debe tratárselo como tal. ¿O es que todavía vamos a creer que, mientras se conspira para destruir a la Patria, los delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de Ginebra? Créanlo los cobardes, los cómplices... No lo cree así, afortunadamente, quien venció en Tucumán y hoy se empeña en limpiar a Bahía Blanca de elementos subversivos.

El V Cuerpo de Ejército había conformado “equipos de combate contra la subversión”, con fuerzas de tareas que dependían del Comando de Operaciones Navales y el Batallón Comando de Comunicaciones 181. Los secuestros se intensificaron desde la madrugada del 24 de marzo. En especial contra sectores obreros del puerto, que ya venían siendo objeto de inteligencia de la comunidad informativa local, en especial de la Prefectura. Eran operativos nocturnos, con autos sin identificación; los encapuchaban y los trasladaban en el piso de los vehículos.

En las desapariciones de Bahía Blanca, un circuito se cumplía de manera sistemática: el prisionero era llevado a la dependencia de la Prefectura en el puerto de Ingeniero White y desde allí, luego de interrogarlo, lo derivaban o al buque ARA 9 de Julio, en la base naval Puerto Belgrano, o a la base de Infantería de Marina, Base Baterías, o a “La Escuelita”, un edificio ubicado detrás del predio del V Cuerpo de Ejército. Tenía dos habitaciones con camas-cucheta donde alojaban a los prisioneros, vendados, con las manos atadas.

En el patio había una sala de torturas, una letrina y un aljibe que utilizaban para colgar detenidos durante horas y sumergirlos de vez en cuando.

En una oportunidad llevaron detenidos a La Escuelita a una docena de alumnos de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1. Habían sido secuestrados de sus casas en diciembre de 1976, delante de sus padres. Permanecieron casi un mes en el piso, golpeados y con las manos en la espalda. A dos los torturaron con picana eléctrica. Después de un mes, los estudiantes fueron liberados.

El motivo del secuestro había sido un incidente que habían tenido con un profesor de la Escuela Técnica, un militar de la Marina, que los apercibió por el desorden que produjeron en el final de clases, y luego fueron expulsados.

Los padres de los alumnos protestaron y pidieron la reincorporación. No cesaron sus reclamos, pese a la advertencia de las autoridades del colegio. Algunos días más tarde, un grupo de tareas fue a buscarlos casa por casa y los llevó al centro clandestino.

Mar del Plata estaba bajo jurisdicción de la Subzona 15, en la Zona 1, dependiente del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el general Guillermo Suárez Mason. Cubría partidos costeros y otros del interior de la provincia de Buenos Aires. Los secuestrados eran alojados en la base naval, casi sobre la playa, y en la base aérea, en “La Cueva”, un sótano debajo de la torre de radar de la Fuerza Aérea, junto al aeropuerto Camet, sobre la ruta 2.

Otros centros clandestinos estaban ubicados en la Base Naval, la Comisaría 4ª, el Destacamento de Batán y el Destacamento de Suboficiales de Infantería de Mar.

Una de las particularidades de Mar del Plata era que los represores militares contaron con la colaboración civil del grupo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), de origen nacionalista. Habían tenido su bautismo de fuego en una asamblea de la Facultad de Arquitectura en diciembre de 1971. Entonces, en su disputa contra estudiantes de la Tendencia Revolucionaria, mataron a la estudiante Silvia Ana Filler.

Después, en la dinámica de la violencia, se sumaron a la ortodoxia peronista como colaboradores y guardaespaldas en los sindicatos Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), y actuaron como una regional de la Triple A, pero siempre con un perfil ideológico muy propio. También tenían mucha incidencia en las universidades —incluso en La Plata— y el poder judicial de Mar del Plata, y como agentes de inteligencia del Ejército o las fuerzas de seguridad.

En 1975, miembros de la CNU vengaron la muerte de su jefe, el abogado Ernesto Piantoni, con otros cinco crímenes que consumaron esa misma noche. Lo habían juramentado en el velatorio.

Tras el golpe de Estado, algunos miembros de la CNU colaboraron como informantes o en grupos operativos, y también en La Cueva, la torre de radar que la Fuerza Aérea utilizó como centro clandestino.

A La Cueva, en la semana del 6 al 13 de julio de 1977, llevaron a once personas, en un operativo conocido como “La noche de las corbatas”. Siete eran abogados del fuero laboral y de la gremial marplatense, que presentaban hábeas corpus sobre desaparecidos. Fueron secuestrados. También secuestraron a sus esposas. A otro lo trajeron desde Neuquén hasta Mar del Plata. De los once sobrevivieron cinco. Un solo cuerpo apareció en un camino vecinal.⁸

En la Zona 1, en la provincia de Buenos Aires, con epicentro en La Plata, funcionó el “Circuito Camps”, una red de centros clandestinos ubicados en dependencias policiales. Se lo denominó de esa forma en referencia al jefe de la policía provincial, coronel Ramón Camps. Su superior inmediato era el abogado Jaime Smart, ministro de Gobierno entre 1976 y 1978, y por encima de ambos estaba el general Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia, que aspiraba a ser uno de los herederos del poder militar de la Junta, en reemplazo de Videla.

El Circuito Camps comenzó a funcionar a partir del golpe de Estado, con operativos de secuestros que coordinaba el Comando de Operaciones Tácticas (COT) de la Brigada de Investigaciones de La Plata, bajo la dirección del comisario Miguel Etchecolatz. Era la mano derecha de Camps: comandaba los operativos y también se ocupaba de las torturas.

Quien ingresaba al Circuito Camps tenía cuatro posibilidades: ser liberado; ser “legalizado” y puesto a disposición del PEN; pasar a otro centro clandestino; o ser eliminado, como sucedió con la mayoría de los prisioneros.

En el Circuito Camps se persiguió a militantes políticos, dirigentes partidarios, ex funcionarios y también a empresarios, acusados de ser “cómplices financieros y culturales” de la guerrilla.

En su recorrido de centros clandestinos, los prisioneros pasaban por la Brigada, donde permanecían dos o tres días, y luego los trasladaban al “Destacamento de Arana”, un centro de torturas en el que se quemaron cadáveres, y después a la comisaría 5ª, en La Plata.

En esa repartición, el personal policial que mantenía secuestrados en los calabozos vestía uniforme y cumplía las tareas de atención al público, pero aun así torturaba, abusaba de menores, y allí se realizaban partos de detenidas.

Otro de los recorridos del circuito era “La Cacha”, en la localidad de Lisandro Olmos, cerca del penal. Allí solía concurrir un cura, monseñor Antonio Callejas, que oficiaba misas en la Catedral.

Otro de los destinos era la Brigada de Investigaciones de Quilmes, conocido como “El pozo de Quilmes”, donde los detenidos llegaban en un camión y les hacían simulacros de fusilamiento. Eran tres pisos de calabozos, casi siempre llenos. La custodia era personal policial. Después pasaban al “Pozo de Arana”, donde se torturaba cerca de los calabozos y también a “El Vesubio” sobre la autopista Ricchieri y el camino de Cintura. En la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como “El Infierno”, a los prisioneros les daban agua con una manguera que atravesaba una mirilla, y cada tanto, algún alimento para comer. Una de las detenidas pesaba sólo 29 kilos cuando salió de la Brigada de Lanús. Para los “traslados”, los bañaban y los vestían y luego los mataban para hacerlos aparecer como “muertos en enfrentamientos”. En el Circuito Camps los detenidos permanecían mucho menos tiempo que en otros centros clandestinos.

El capellán de la policía bonaerense, monseñor Christian Von Wernich, recorría el Circuito Camps con el argumento de dar alivio a los detenidos ilegales, a quienes interrogaba como lo hacían los torturadores, para extraerles información.

El Circuito Camps también tenía otros centros clandestinos, como COT1 (Comando Táctico 1), en Martínez, y “Puesto Vasco”, en Don Bosco, Bernal, que secuestraban persiguiendo una finalidad económica, en el marco de una interna de los “militares duros” (Saint Jean-Suárez Mason-Camps), que querían imponerse sobre los supuestamente “moderados” (Videla-Viola).

En Puesto Vasco fueron torturados los ministros del gabinete bonaerense de Victorio Calabró y también, en marzo de 1977, los integrantes del Grupo Graiver: la esposa, el cuñado, el abogado y los socios del banquero, entre ellos, el director de La Opinión, Jacobo Timerman.⁹

De Timerman se ocupó personalmente Camps. Lo acusaba de haber “envenenado las mentes de los jóvenes con su literatura marxista publicada en La Opinión”, pero cuando lo tuvo detenido en abril de 1977 no solo quería vincular las finanzas de Montoneros con las acciones del diario —mediante Graiver—, sino, y principalmente, atacar el “poder judío” que habían representado David Graiver, José Gelbard y el propio Timerman. Camps solía agregar la inscripción de “judío” a sus enemigos.

Después de un interrogatorio, grabado, en la Brigada de La Plata, Timerman fue llevado a Puesto Vasco para ser torturado con picana eléctrica. Los guardias que lo pateaban le gritaban “perro judío”.¹⁰

Otro circuito de la represión de la Zona 1 fue el denominado “ABO”, integrado por “El Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”, que funcionó desde 1977 hasta 1979. “El Atlético” —o “El Club Atlético”— funcionó en el sótano de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba, controlado por un grupo de torturadores de esa repartición, muchos de los cuales habían actuado en la Triple A. Se calcula que pasaron por el lugar alrededor de mil quinientos detenidos, aunque no permanecían más de cien o doscientos en la misma época.

Después del golpe militar, la Triple A se había ido diluyendo como organización criminal y todos los elementos parapoliciales y paramilitares que habían actuado de manera inorgánica y desordenada, a veces chocando entre sí en la caza de “un zurdo” o de un botín, tuvieron un ordenamiento mucho más definido y bajo el mando de una conducción. Después del Atlético, los detenidos eran llevados a El Banco, de la policía bonaerense, ubicado en avenida Ricchieri y Camino de Cintura (Puente 12), y luego llegaban a El Olimpo, en el predio de la División de Automotores de la Policía Federal, en Lacarra y Ramón Falcón, barrio de Floresta. El Olimpo funcionó desde agosto de 1978 hasta su cierre, seis meses después.

El 1º de junio de 1976, Santiago Cortell, propietario del local de Venancio Flores 3519/21, en el barrio de Flores, firmó un contrato de locación por dos años con dos personas, una de apellido Silva y la otra, Castell. Le dijeron que utilizarían el local para la importación y exportación de productos alimenticios.

De este modo, el Grupo de Tareas 5 (GT5), que integraba la Dirección de Operaciones Tácticas I (OTI) de la SIDE, obtuvo su base operativa.

La OTI, “actividad operacional antisubversiva” del espionaje estatal, reunía a personal militar y civil de inteligencia que también había operado como Triple A.

El centro clandestino, que luego fue conocido como “Automotores Orletti”, se convirtió en una “cueva” propia donde reunir a secuestrados. Su propio centro clandestino.

Orletti funcionó durante seis meses.

Los represores lo llamaban “El Jardín”. Pasaron por allí alrededor de trescientos secuestrados; la mayoría desapareció.

La “base” represiva se gestó en el marco del Plan Cóndor. Entre las tareas del GT5 de la SIDE (que comandaba el general Otto Paladino) estaba la persecución de extranjeros, en coordinación con los Estados de Chile, el Brasil, el Paraguay, Bolivia y el Uruguay, para secuestrar ciudadanos de esos países y luego trasladarlos en vuelos clandestinos o, en forma ocasional, comerciales, previa obtención de información mediante torturas.

El Plan Cóndor se había oficializado en una reunión en Santiago de Chile en octubre de 1975 y contaba con el auspicio de la CIA. Desde el año anterior, ya existía una “cooperación policial regional ” a través del Departamento de Extranjeros de la Policía Federal, que comandaba el comisario Juan Gattei, quien había sido entrenado por la CIA en técnicas de represión.

Uno de los militares a cargo de Orletti era el teniente coronel Rubén Visuara. También participaban el capitán del Ejército Eduardo Cabanillas y los agentes de inteligencia civiles Eduardo Ruffo, Honorio Martínez Ruiz y Raúl Guglielminetti, entre otros. Pero el jefe de Orletti, que controlaba el día a día, era Aníbal Gordon.

Fue justo él, Aníbal Gordon, quien había ordenado el secuestro del actor Luis Brandoni en la noche del 9 de julio de 1976. Lo fue a buscar a la salida del teatro Lasalle con su grupo de tareas y finalmente lo sentó en una silla frente a su escritorio, en el primer piso por escalera caracol de Orletti, que había adornado con un cuadro de Hitler y otro del brigadier Juan Manuel de Rosas, y tenía a la vista un volante impreso en honor al comisario Alberto Villar.

A Brandoni lo secuestraron luego de que actuara en la obra Segundo tiempo. Fue arrancado junto a su esposa, Marta Bianchi, y una amiga de esta del automóvil en el que pensaba escapar, los tiraron contra la cortina de un comercio a punta de pistola y los subieron al “auto operativo”.

Dejaron abajo al comediante español Miguel Gila y a su esposa, que los acompañaban.

El grupo de tareas tenía tres autos. El que llevaba a Brandoni era un Renault 12 verde que conducía Gordon, quien tomó el walkie talkie y pidió “área libre” con el santo y seña “sapo verde”.

Tras un viaje de veinte minutos se abrió la cortina metálica de Orletti e ingresaron todos los móviles. Había un perro en el taller que olfateaba a cada secuestrado.

Brandoni estaba rodeado por siete personas, además de Gordon. Estaban expectantes, mirando y esperando órdenes. Gordon le dijo a Brandoni:

Nosotros somos la Triple A. Te dijimos que te tenías que ir del país y después volviste. Te cagaste en la Triple A y ahora la Triple A se va a cagar en vos.

En septiembre de 1974 Brandoni había sido amenazado junto a un grupo de artistas —Nacha Guevara, Horacio Guarany, Héctor Alterio, entre otros— y se había exiliado durante diez meses. En julio de 1975 regresó a sus tareas gremiales, como secretario general de la Asociación de Actores.

En Orletti le revisaron su agenda, le sacaron el reloj, mientras su esposa y la amiga eran interrogadas en otro sector con amenazas de fusilamiento.

En un momento, Gordon salió de la oficina y el interrogatorio a Brandoni quedó en suspenso.

Para entonces Orletti ya había sido adaptado como centro de torturas. Al prisionero lo colgaban de los tobillos con un aparejo, lo metían cabeza abajo en un tonel de agua hasta la altura del estómago y empezaban a golpearlo para impedir que retuviera el aire. Luego le aplicaban descargas eléctricas, lo vestían y lo llevaban vendado a la oficina de Aníbal Gordon, a quien sus subordinados llamaban el “Coronel”. Y luego, con una manta, lo ingresaban en una celda.

Las celdas no tenían ventilación, los detenidos estaban hacinados, sin asearse. Se escuchaban los gritos de los torturados, la musica de Jorge Cafrune o Nino Bravo, el paso del tren Sarmiento y el murmullo de unos chicos en el recreo de un colegio.

Dos diplomáticos de la embajada cubana estuvieron secuestrados en Orletti, Crescencio Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, en agosto de 1976.¹¹

También secuestraban militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno que se habían exiliado en la Argentina, y enviaban los interrogatorios al país vecino o llegaban agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para realizar un interrogatorio más exhaustivo. Lo mismo sucedía con ciudadanos uruguayos. En Orletti también permanecieron secuestrados Marcelo Gelman, el hijo del poeta Juan Gelman, y su esposa María Claudia García Iruretagoyena, que estaba embarazada.¹²

Muchos prisioneros fueron enviados en un traslado masivo a ese país, donde los hicieron desaparecer.

También fue secuestrado Ricardo Gaya, un oficial de la Policía Federal que revistaba en Coordinación Federal y era militante del ERP; luego secuestraron a su hermano y a su esposa, quien tuvo un hijo en Campo de Mayo.

Para la misma época, julio de 1976, fue secuestrado Carlos Santucho, hermano del jefe del ERP, en la empresa Aceros Atlas, del barrio de Recoleta, donde trabajaba como contador desde hacía veinte años.

Su hija había desaparecido en Monte Chingolo, tras el asalto al Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno. Él militaba en una agrupación peronista. Lo llevaron a Orletti, prisionero. El 19 de julio, a él y a su hermana Manuela, también secuestrada, los hicieron leer la crónica de la muerte de su hermano Roberto Santucho en Villa Martelli. Y luego lo ataron al gancho que pendía de las cadenas colocadas en el techo y lo sumergieron una y otra vez en el tonel, hasta que se dieron cuenta de que estaba muerto. Su cuerpo apareció en un baldío de Ramos Mejía.¹³

Después de una larga demora, en la madrugada del sábado, Gordon volvió a la oficina del primer piso de Orletti y se enfrentó otra vez con Brandoni. Le dijo que festejara el 9 de julio porque acababa de nacer de nuevo. “De aquí nadie sale con vida...”.

Su caso iba a ser una de las pocas excepciones. Gordon había recibido una llamada que había salvado la vida de Brandoni. Apenas sucedió el secuestro, Gila llamó al actor Emilio Alfano y este, al general Arturo Corbetta. Fue durante la misma semana en que mataron a los curas palotinos. Corbetta ya había sido desplazado como jefe de la Policía Federal, pero conservaba influencia. Se preocupó por la suerte del actor, a quien había tratado en algunas reuniones sociales. Corbetta reclamó por su vida. Gordon lo dejó en libertad.

Brandoni y su esposa volvieron a su departamento en la calle República de la India. “Basta de amigos judíos y de obras bolches...”, les dijeron al bajarlos del auto.

Cuando se sacaron la venda, todavía no había amanecido.

BIBLIOGRAFÍA

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CONADEP. Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Buenos Aires, EUDEBA, 2006.

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CAUSAS JUDICIALES

“Aredes, Luis Ramón y otros”, expediente Nº 296/09.

“Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/privación ilegal de libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado”, causa Nº 2251/06.

“Guerrieri, Pascual y otros...”. Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Rosario (“Quinta de Funes”), causa Nº 131/07.

“Larrateguy, Jorge A. y otros s/homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes y desaparición forzada de personas (‘Margarita Belén’)”, causa Nº 308/02.

“Menéndez Luciano Benjamín y otros. Privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados; homicidio agravado”, causa Nº 40/08.

“Menéndez, Luciano Benjamín y otros, s/ homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas”, causa Nº 281/2008.

“Suárez Mason, Carlos y otros, sobre privación ilegal de la libertad...”, causa Nº 14.216/03.

“Videla, Jorge Rafael y otros” y “Menéndez, Luciano Benjamín y otros”, expediente M-13/09.

¹ En 2012, el titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, fue procesado por delitos de lesa humanidad, acusado de partícipe primario por el delito de privación ilegítima de la libertad en veintinueve casos por “La Noche de los Apagones”. La justicia acreditó la provisión de medios de transporte a las Fuerzas Armadas y de seguridad.

² Los cuerpos fueron encontrados en cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán. Luego se comprobó que tenían alojadas balas del Ejército. Entre ellos estaba una sobrina del ex gobernador Miguel Ragone, entonces desaparecido, y un ex legislador municipal. Dos cadáveres no aparecieron jamás. Los certificados de defunción fueron firmados por un falso médico.

³ A cinco de los veintidós muertos no se les pudo determinar la identidad.

⁴ Vargas Aignasse fue enterrado en un pozo de agua que servía para abastecer las locomotoras de vapor, una fosa común denominada “el pozo de Vargas”, a cincuenta metros de profundidad. Sus restos fueron identificados en 2011, junto a otros quince cuerpos. Bussi y Menéndez habían sido condenados en 2008 por esta y otras desapariciones.

⁵ Un gendarme declaró a la justicia que de ese modo Bussi asesinó a la adolescente Ana María Corral, de 16 años.

⁶ El capitán Vergez fue condenado a prisión por primera vez en el año 2012. En la década de 1990 trabajó en la Secretaría de Energía y en la SIDE. Barreiro, que participaría en la rebelión “carapintada” de 1987 junto al teniente coronel Aldo Rico, está procesado por crímenes y torturas en La Perla.

⁷ Díaz Bessone fue uno de los ideólogos del terrorismo de Estado. Recibió en el año 2012, a los 86 años, su primera condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, como jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en la Zona 2.

⁸ Dos de los desaparecidos eran Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz. El hijo de ambos, Martín Fresneda, fue designado secretario de Derechos Humanos en 2012.

⁹ David Graiver había fallecido en un accidente aéreo en agosto de 1976 en México.

¹⁰ En septiembre de 1979, en coincidencia con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Timerman sería liberado por las fuerzas militares. Fue expulsado del país y despojado de su nacionalidad argentina.

¹¹ Los restos de Galañena Hernández fueron encontrados en un tambor de aceite rellenado con cemento en un baldío de San Fernando en 2012. Cejas Arias continúa desaparecido.

¹² Su hija, Macarena Gelman, nacería en el Uruguay en noviembre de 1976. Conocería su identidad en el año 2000.

¹³ Manuela Santucho permanece desaparecida.

CAPÍTULO 11

Derechos y humanos

No nos hemos confesado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos hemos limitado a exponer los hechos. La Argentina sólo se confiesa ante Dios.

General ALBANO HARGUINDEGUY, ministro

del Interior. La Nación, 22 de septiembre de 1979.

Mario Villani ya había atravesado el encierro de su celda del subsuelo de El Atlético cuando lo llevaron a El Banco. En esa etapa los torturadores, que lo llamaban “X-96”, ya habían advertido que les podía ser útil para tareas de mantenimiento. Villani era técnico electrónico, y en el centro clandestino permitieron que se manejara con soldadores, cables, enchufes, como en cualquier taller; le hacían reparar televisores, tocadiscos o radiograbadores que los grupos de tareas robaban en los operativos para luego usarlos o venderlos. Por momentos sentía que su situación mejoraba. A veces tenía los grilletes puestos en el taller y a veces no.

En El Banco le pidieron que reparara una picana eléctrica. Alguien que presumía tener el instrumento más sofisticado y efectivo para torturar en todo el centro clandestino le dijo que estaba descompuesto. Era un objeto suyo, que había fabricado especialmente, dados sus estudios de ingeniería; no era la picana que le proveía el Estado.

Villani se negó a repararla.

Entonces el torturador empezó a hacer su tarea con un transformador de tensión variable que dejaba en peores condiciones físicas a los prisioneros. Los hacía pasar delante del taller para que viera las consecuencias de su negativa.

Villani decidió reparar la picana.

Pero, internamente, le colocó una pieza que producía menos energía, y aunque hacía más ruido, generaba mucho menos dolor y quemaduras en las víctimas.

Al torturador, la situación lo enfurecía y culpaba a la compañía de electricidad estatal, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), que no prestaba un buen servicio.

La falta de energía era un problema constante.

La empresa estaba controlada por la Marina.

Meses antes, aun con las amenazas de la intervención militar en el sindicato de Luz y Fuerza y los 260 despidos en SEGBA —entre ellos todos los delegados y el secretario del sindicato, Oscar Smith—, los trabajadores habían iniciado un plan de lucha con “trabajo a tristeza” o “a reglamento”.

Los pelotones de Infantería ocuparon la sede de Luz y Fuerza. En octubre de 1976 cerca de diez mil trabajadores se movilizaron en sedes de SEGBA e iniciaron una huelga. Los servicios de inteligencia firmaron volantes con consignas de “Montoneros” contra la dictadura para reducir el reclamo al núcleo guerrillero.

Como respuesta a la movilización, hubo alrededor de cien secuestros de trabajadores y dirigentes gremiales.

La Infantería de Marina ocupó SEGBA.

El descontento frente a la dictadura continuó con actos de sabotaje en plataformas, cámaras y subestaciones de energía de la empresa que provocaban cortes de luz en distintos barrios. Ese verano de 1977 un grupo de dirigentes de siete gremios presentó al ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, un documento en el que reclamaban “aumento salarial, libertad a los presos gremiales sin causa, derogación de la Ley de Prescindibilidad y normalización de la CGT y sindicatos intervenidos”. El ministro, al que los militares consideraban “demasiado conciliador”, se negó a recibir el documento, pero atendió en persona a la delegación.

En el verano, también, el secretario de Luz y Fuerza Oscar Smith, que tenía “captura recomendada” y vivía en condiciones de clandestinidad, cambiando domicilios, le reclamó al general Suárez Mason, en una reunión personal, por los cuarenta y tres obreros del gremio que permanecían detenidos. Ofreció que lo apresaran a él a cambio de la libertad de ellos. El conflicto parecía camino a solucionarse. Los presos empezaron a ser liberados y los dirigentes llegaron a firmar un acta de “paz social” con el Ministerio de Trabajo.

Pero el 11 de febrero de 1977, un grupo de tareas de la Marina encerró a Smith con dos autos y lo arrancó de los pelos de su Dodge 1500 en la localidad de Sarandí, en el Gran Buenos Aires. Desapareció.¹

A lo largo de 1977 algunas conducciones gremiales en la clandestinidad y otros dirigentes de la denominada “burocracia sindical” del justicialismo promovieron distintos conflictos por reivindicaciones obreras para atenuar la caída del poder adquisitivo y frenar los despidos. (En 1976 el costo de vida había aumentado 347%).

El temor de las Fuerzas Armadas frente a los conflictos obreros era que los despidos masivos fomentaran la “guerrilla industrial”.

En octubre, los trabajadores de Ika-Renault de Córdoba iniciaron una huelga de “brazos caídos” por reclamos salariales; el Ejército intervino la planta para garantizar la continuidad de las tareas. Frente a la prolongación de la protesta, el Ejército disparó y mató a cuatro obreros. Al día siguiente, para contrarrestar el abandono masivo de tareas en solidaridad, la empresa despidió a ciento treinta trabajadores cuando ya estaban detenidos.

En 1977, con mucha menor intensidad que en 1976, pelotones de Montoneros de las zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires continuaron matando policías en ajusticiamientos casuales o para “recuperar” el arma; incendiando vagones de trenes; repartiendo propaganda en comedores obreros, o expidiendo “sentencias de muerte” por vía telefónica.

Cada acción, prosperara o no, el Ejército Montonero la sumaba al “parte de guerra” que publicaba en Evita Montonera. Pero la realidad en el país era diferente a la descripción que presentaba la Conducción desde el exterior. A los montoneros que combatían a la dictadura les faltaba inserción política, les faltaban armas y documentos falsos, les faltaban casas para poder refugiarse.

Un informe manuscrito del pelotón de combate Mary Ferreira, del Ejército de zona sur (Columna Sur) que se reunió durante dos días en enero de 1978 refleja la precariedad de la estructura y sus escasas posibilidades de operar. En el balance de los últimos tres meses, indicaban:

En lo político y lo militar la producción fue pobre. Si bien teníamos conocimiento de las fábricas prioritarias de la zona (Saiar, Bernalesa, etc.), al no tener puntas en ellas no supimos de qué manera dar a conocer nuestras propuestas. Esto pasó tanto en las fábricas como en los barrios.

Para las acciones armadas, dada la inexperiencia de sus miembros, se habían propuesto “aniquilamientos individuales”, pero no se cumplieron por errores de planificación. Las acciones militares quedaron suspendidas. Desde la formación del Ejército Montonero, ante la necesidad de cubrir las bajas, los requisitos para transformar a un “colaborador” en un “combatiente” se redujeron. La calidad de los cuadros militares había ido en descenso.

Durante 1976 y 1977 el Ejército Montonero de Capital Federal perdió el sesenta por ciento de sus fuerzas. Para este grupo, en la evaluación del segundo trimestre el déficit principal era que no habían matado a nadie ni tampoco habían “recuperado” armas.

En el aspecto político, aunque incidimos y participamos militar y políticamente en los principales conflictos de los gremios de servicios, apenas logramos establecer algún tipo de relación directa con compañeros de esos frentes. En lo que hace a la propaganda, fue pobre y la relación, nula.

Uno de los aspectos políticos más críticos que se planteaba en Capital Federal era que, tras una acción de propaganda en un conflicto gremial, no podían tomar contacto con los trabajadores. Ese déficit los había conducido al aislamiento político. Es decir, si bien el Ejército Montonero seguía intentando ejecutar acciones en “el reducto del enemigo”, no podía ejercer una capitalización política de la acción por la recepción negativa que generaba en los sectores obreros en los que intentaba reinsertarse.

Sin embargo, fiel a la política de enfrentamiento, los grupos de combate continuaron con atentados. En mayo de 1977 intentaron secuestrar al ministro de Relaciones Exteriores, almirante César Guzzetti, internado en una clínica de Palermo, pero, ante su resistencia, le tiraron un tiro en la cara que lo dejó mudo y cuadripléjico.²

También continuó el lanzamiento de granadas Energas G-40 y G-70 contra el Regimiento del Primer Cuerpo en Palermo, y los atentados “antipatronales” contra gerentes de la industria automotriz. También, en un atentado contra el vicealmirante Armando Lambruschini, miembros de una columna del Ejército Montonero de Capital Federal ocuparon un departamento vecino al suyo en Barrio Norte y le colocaron explosivos, con los que terminaron derrumbando parte del edificio y matando a su hija Paula, un custodio y una anciana.

Con la “Operación México”, habían quedado como rehenes en La Quinta de Funes la pareja de Tulio Valenzuela, Raquel Negro, embarazada de seis meses, y el hijo de esta, Sebastián, de un año y medio.

A mediados de enero de 1978, el grupo de inteligencia militar y los dos montoneros secuestrados viajaron a México y se alojaron en el hotel Mayaland. Como estaba previsto, Valenzuela fingió el plan de los captores y se presentó en la Casa de Alabama, que reunía a los exiliados montoneros. Dijo que tenía un mensaje para la Conducción. Y entonces reveló el plan.

El 18 de enero, en una conferencia de prensa, Valenzuela hizo público el plan de Galtieri. El testimonio causó conmoción en los medios y el gobierno mexicano.

La Conducción se irritó con Valenzuela. “Si cada secuestrado viene a desbaratar una operación de los milicos en la puerta de nuestra casa, estamos jodidos...”, lo reprendió Perdía.

A partir de entonces, para reducir al máximo los riesgos, la cúpula montonera se refugió en el tercer subsuelo de la embajada cubana y luego aceptó la propuesta de Fidel Castro de trasladarse a Cuba.

Disfrazados y con pelucas, Firmenich, Perdía y Vaca Narvaja viajaron a La Habana.

Los militares argentinos fueron apercibidos por sus pares mexicanos y regresaron a Rosario, donde debieron rendir cuentas ante el general Galtieri, el mentor intelectual de la operación.

Tucho Valenzuela fue sometido a un juicio revolucionario bajo los cargos de “traición y delación”. Le correspondía el fusilamiento, pero solo fue degradado de “mayor” a “subteniente” y obligado a escribir una autocrítica. Meses después, la Organización lo envió otra vez a la Argentina. Lo más parecido a una “condena a muerte”: Valenzuela desapareció a poco de llegar.³

También la Armada promovió la infiltración de exiliados y montoneros en el exterior.

Alfredo Astiz, luego de provocar la desaparición del grupo que se reunía en la iglesia Santa Cruz, viajó a París a principios de 1978, ahora como “Alberto Escudero”, para infiltrarse en manifestaciones contra la dictadura militar.

La estructura que albergaba a los marinos, bajo la apariencia de un servicio cultural, era el Centro Piloto (CP), con sede en la avenida George Mandel, dependiente del cuerpo diplomático argentino, pero con acciones secretas y autónomas. Desde el CP, Astiz y otros oficiales del GT 3.3.2 —entre ellos, Jorge Perrén—, con identidades falsas, intentaban colectar información sobre emigrados que promovían la “campaña antiargentina”, según la perspectiva de la dictadura.

En sus tareas de infiltración, Astiz participó de reuniones en el Comité Argentino de Información y Solidaridad (CAIS) cuando se organizaba un boicot al campeonato mundial de fútbol de 1978, entre otras actividades, aunque luego debió escapar a Alemania tras ser reconocido por una argentina que alertó sobre su intervención en la iglesia Santa Cruz.

El CP tenía la misión de contrarrestar la propagación de críticas a la dictadura en Europa y también buscaba establecer contactos con organizaciones y políticos europeos que en el futuro pudiesen ser útiles para el plan de Massera, quien aspiraba a liderar un partido político que trascendiera el poder de la Junta Militar y se presentara como una salida institucional al Proceso de Reorganización Nacional.

Su estrategia de diferenciación también estaba representada en la crítica a la política económica, personificada en Martínez de Hoz.

El CP podría ayudarlo a construir una “imagen internacional” de posible “sucesor de Videla”.

De manera paralela a las acciones de infiltración del CP y a la estrategia de difusión de la figura de Massera, también trascendió en esta época un probable encuentro entre el jefe de la Armada y Firmenich. Incluso se mencionó que fue a instancias de Licio Gelli, en la Villa Wanda, de Arezzo, Italia, y también en París, adonde el comandante de la Armada viajó en abril de 1978.

Es cierto que Massera, bajo el secuestro y la tortura, buscó crear un núcleo de apoyo entre montoneros “recuperables” que mantenía prisioneros en la ESMA, de modo que no es improbable que haya tenido interés en alcanzar algún tipo de acuerdo con la conducción montonera para ampliar su “base civil”. Hay distintas versiones, pero no existe documentación que lo pruebe. Además, si se pactó un “alto el fuego” en la supuesta reunión Massera-Firmenich en vistas al Mundial ’78, esa tregua no se cumplió.

Para el mes de junio de 1978, Montoneros dispuso atentados y acciones de propaganda con resonancia pública en la Argentina, de modo tal que la Junta Militar se viese impedida de ocultarlos. No quiso realizarlos sobre los estadios de fútbol: el límite de las acciones estaba marcado por un radio de seiscientos metros.

Un pelotón remanente del Ejército Montonero de Capital Federal —denominado Columna 34— fue trasladado a Europa para un curso de lanzacohetes antitanque soviético RPG7, que tenía capacidad de derribar a un helicóptero. Por entonces, a partir de marzo de 1978, la Conducción había resuelto introducir el uso de los uniformes y las insignias del Ejército Montonero, obligando a los combatientes al saludo con la venia, a indicar el grado militar cuando se dirigía a un superior y a solicitar su autorización para el uso de la palabra. También se hicieron habituales las formaciones militares en casos de ascensos, condecoraciones y degradaciones.

Los RPG7, cuyas partes fueron introducidas por el puerto de Buenos Aires desde Europa, guiaron la campaña de “ofensiva táctica” durante el Mundial ’78. El 18 de junio un RPG7 golpeó contra el edificio del Batallón de Inteligencia 601 en Callao y Viamonte. Fue lanzado desde un Peugeot 504 estacionado a cien metros. La misma acción se repitió para golpear las paredes de la Casa de Gobierno, la Escuela de Mecánica de la Armada, el Comando en Jefe del Ejército y otras reparticiones militares y policiales.

El debut militar de los RPG7 no sirvió como acción de propaganda. Los destrozos por el impacto se producían en el interior de cada objetivo. En el frente de la Casa Rosada, el agujero se ocultó con una bandera argentina y luego se lo reparó con cemento. Los atentados no fueron publicados en la prensa local pero sí mencionados por la prensa extranjera.

Sin embargo, los RPG7 funcionaron como un aviso al gobierno militar: Montoneros todavía existía.

También durante el Mundial ’78 se interfirió el audio de un canal durante la televisación del partido Argentina-Francia, y el discurso de Firmenich pudo escucharse en La Plata y barrios cercanos a la capital bonaerense:

No hay ninguna contradicción entre nuestro anhelo de ganar el campeonato mundial de fútbol y nuestro anhelo de voltear al salvajismo que se ha instalado en el poder [...] Argentina campeón. Videla al paredón.

Después de la campaña del Mundial ’78, Firmenich condecoró con la “Orden del Comandante Carlos Olmedo” a Horacio Mendizábal, jefe militar de Montoneros, quien, a su vez, en la prensa mexicana y europea, destacó “el éxito de la guerra larga de desgaste”, dado que los militares ya habían detenido su ofensiva y no habían podido quebrar la voluntad de los combatientes.

Las evaluaciones internas de los grupos de combate en la Argentina eran siempre diferentes a los análisis que se producían en el exterior. El acta del grupo Wenceslao Caballero, menciona “el bajón productivo” del primer semestre de 1978 como consecuencia de la “desmoralización”. Las bajas no se regeneraron y no se pudo intervenir en la lucha de los gremios. El grupo de combate Héroes Montoneros, que había militado en Columna Oeste, indica en la evaluación del segundo semestre de 1978 que había perdido el ochenta y cinco por ciento de sus fuerzas, “atribuidas en su mayoría a la delación de un oficial primero y un oficial que ejercían puestos de conducción en la columna”; además, el jefe y su esposa habían desertado.

Estas pérdidas reflejaban la débil seguridad de los grupos de combate. Si un miembro de conducción de una columna caía, las consecuencias las sufrían todos sus subordinados. Para que no se produjeran caídas en cadena, se propuso la conformación de pelotones autónomos de cinco hombres, y la disminución de las comunicaciones con la jefatura, como había planteado Columna Norte antes del golpe de Estado: descentralizar los recursos y “estirar” las citas y reuniones. Héroes Montoneros marcaba una lectura diferente a la conducción: el “enemigo” estaba desplegado en todo el territorio; había más patrullajes motorizados con tecnología Digicom —que permitía reunir los antecedentes del detenido desde el mismo móvil policial—. Existía también, con las delaciones y las caídas, una sensación de derrota difícil de superar.

La desmoralización sobre nuestras fuerzas puede tener efectos serios que pueden ir desde la disolución hasta cierta “actitud suicida” que se refleja en la seguridad y el funcionamiento. En la convicción de que hemos sido derrotados, a muchos compañeros pareciera que les da lo mismo morir hoy que mañana, pues de cualquier manera piensan que van a morir: no organizan el funcionamiento de acuerdo a lo necesario; hacen las citas a cualquier hora y en cualquier lugar, con formas de encuentro y contraseña que el enemigo ya conoce de sobra; en cuestión de vivienda e infraestructura se construye precariamente y, por lo tanto, las casas caen y los compañeros siguen yirando. O sea que, en vez de reducir el blanco, se ponen a tiro. La desmoralización es fuente principal de traiciones y deserciones.

Si bien Montoneros, en el exterior, consideraba que la resistencia “no se había extinguido”, era insuficiente como estrategia de poder. Necesitaba un impulso desde el exterior. Este es el análisis determinante para que la conducción montonera —lo expresa en su boletín interno número 11 del último trimestre de 1978— decida emprender la maniobra de “la contraofensiva” de sus cuadros armados.

Los grupos que comenzaron a entrenarse para regresar al país no preveían tomar contacto con los combatientes dispersos que habían resistido al gobierno militar. Quizá porque no sabían si existían, o los que habían sobrevivido ya no les resultaban confiables.

En una evaluación retrospectiva sobre la desintegración de Montoneros, el militante Eduardo Astiz describía un resumen de lo ocurrido con las estructuras guerrilleras.

En 1979, ¿qué quedaba de la Organización? Casi nada. En realidad no quedaba ninguna estructura político-militar ni en la provincia de Córdoba, ni en Tucumán, ni en Mendoza, ni en Santa Fe, Salta, Jujuy, ni en ninguna otra provincia. Tampoco en ninguna región de la provincia de Buenos Aires. La Capital Federal fue traicionada por el “Pelado Diego”, Antonio Nelson Latorre, en mayo del ’77, la poderosa Columna Rosario fue destruida y “chupada” también en el ’77, las potentes columnas de Berisso, Ensenada, Lanús, Avellaneda y la Plata ya no existían. La Columna Norte había sido aniquilada tres veces. En síntesis, algo quedaba en algunos lados, pero por lo general, descolgado. Realmente en 1979 había que preguntarse ¿qué era Montoneros? ¿Un sello ovalado, un recuerdo o una máquina tragacarne?

La Contraofensiva montonera se definió en un plenario realizado en un convento italiano en enero de 1979. Montoneros evaluó que la dictadura no había podido cercar ni aniquilar la resistencia armada y que había logrado, incluso, la masificación progresiva de la resistencia obrera. Pero consideraba que la resistencia se había agotado “en su propio triunfo”. Se necesitaba el impulso desde el exterior, un “salto cualitativo” que obligara a la dictadura a retroceder.

El retorno no era, para Montoneros, la aceptación de la aniquilación de sus cuadros sino la continuidad del “camino del triunfo”.

En su mayoría, los militantes que se enrolaban en el exterior para la Contraofensiva ya habían sido detenidos durante el gobierno de Isabel Perón, pero no fueron sometidos a un proceso legal. Continuaron encarcelados durante la dictadura militar y luego aprovecharon la opción de irse del país, desde el calabozo hasta el avión, para lograr su libertad bajo promesa de no retornar.

La Contraofensiva también ofrecía la oportunidad de reintegrarse a Montoneros para aquellos que por distintos motivos habían quedado al margen de la Organización. Ahora podrían volver a ser militantes orgánicos.

El plan de la Contraofensiva se puso en marcha con tres fases. Primero, concentrar las fuerzas propias; después, aproximarse al territorio, y por último, el ataque.

España y México fueron las bases del reclutamiento montonero.

Cada base implicaba un camino diferente.

Desde Madrid se partía hacia Beirut y allí se completaba la formación del combatiente. Era el paso obligado de los miembros de las Tropas Especiales de Infantería (TEI).

En México se reclutaba y entrenaba a los que participarían de los pelotones de las Tropas Especiales de Agitación (TEA).

Ambas estructuras, TEI y TEA, no compartirían la información de sus objetivos ni tendrían puntos de contacto en la Argentina.

La Conducción decidía en qué tropa enrolaba a sus militantes.

A cada miembro de la contraofensiva se le decía que actuaría en un contexto de movilizaciones obreras y enfrentamientos callejeros. Y mientras las TEA promoverían acciones de agitación y propaganda, las TEI golpearían militarmente sobre el transporte y las comunicaciones para generar el caos, y luego atentarían contra distintos miembros del equipo económico.

Montoneros tenía el convencimiento de que, si golpeaba sobre su centro articulador, obtendría la simpatía de las masas y, además, derrumbaría la estructura de poder de la dictadura.

El primer escollo que afrontó la contraofensiva fue Galimberti. Su misión, como “comando adelantado”, era realizar contactos obreros en la zona norte del conurbano bonaerense, pero se reunió con un grupo de subordinados en Madrid y rompió con Montoneros antes de ingresar al país. No solo eso: inició una campaña de “contra-reclutamiento” por Europa para impedir que militantes regresaran al país en los pelotones.

La Conducción no se detuvo a discutir su crisis interna; tampoco interrumpió el plan de ataque. Subyacía la idea de que Montoneros podía perder militantes pero no podía poner en riesgo su existencia. Y la continuidad de esa existencia implicaba “ponerse a la vanguardia” de la lucha contra la dictadura.

Frente a la disidencia de Galimberti, la Conducción condenó a muerte a “los desertores” y suspendió la entrega de los aparatos de interferencia al primer pelotón TEA que debía entrar al país, hasta que no se libraran de las sospechas de haber sido infiltrados por el “galimbertismo”.

La situación comenzó a regularizarse en mayo de 1979 con la llegada del jefe de las TEA, Horacio Mendizábal, quien había sido desplazado de la jefatura del ejército montonero por haber revelado en una conferencia de prensa que Montoneros participaba de la creación de explosivos plásticos para la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en una fábrica del Líbano.

A medida que los pelotones de TEA ingresaban en el país se asentaban en las zonas Oeste y Sur, y en la Capital Federal.

Una de las primeras interferencias se realizó el 27 de abril en el marco de la primera huelga sindical, declarada ilegal por el gobierno militar. Ese año, los conflictos se habían duplicado respecto de 1977. Los sindicalistas mantenían los reclamos de defensa del salario, libertad de los detenidos, y reclamaban medidas en defensa “de la economía e industria nacional”. Los principales dirigentes que promovieron la huelga fueron encarcelados por la Policía Federal a la salida de una negociación con el ministro de Trabajo Llamil Reston, quien los acusó de haber tomado “una medida irresponsable”. El paro fue masivo en el sector fabril, pero casi no se advirtió en área de servicios.

Las fuerzas políticas, el PJ, la Democracia Cristiana (DC), el Partido Intransigente (PI), el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista Popular (PSP), entre otros, pidieron la libertad de los detenidos, en tanto la UCR de Balbín también se sumó al pedido, pero alertó la posibilidad de que la huelga “pudiera desembocar en nuevos desencuentros o desencadenar peligrosas emergencias”.

Frente a los conflictos que ese mes de abril de 1979 se estaban desarrollando en distintas fábricas —Metalúrgica Santa Rosa, Good Year, Peugeot, La Cantábrica, fueron algunas de ellas—, prefirieron descartar las grabaciones de Firmenich para las interferencias (las consideraban demasiado “genéricas”), y las reemplazaron por discursos grabados por ellos mismos, que mencionaban los conflictos puntuales en las empresas.

Pese a la simpatía que generaban entre los obreros y en los barrios las transmisiones de los tres pelotones TEA, su penetración política fue escasa o nula.

Cada grupo que interfería una señal de audio de televisión debía escapar de la persecución policial.

A los pocos meses de permanencia en el país, algunos militantes advirtieron que los análisis previos de la Conducción habían sido exagerados o directamente erróneos. La declarada intención de Montoneros de conducir las luchas sindicales era una utopía: no había movilizaciones populares en las calles y la evolución de los conflictos obreros era mucho más lenta que la expectativa y la urgencia que la Conducción había depositado sobre ellos. Según la evaluación de Eduardo Astiz, que participó en la Contraofensiva con un pelotón de TEA zona Oeste,

para todos estaba claro que los trabajadores estaban desesperados, abandonados por la burocracia sindical traidora y en franca lucha reivindicativa, pero no daban indicios de querer rifar el trabajo y la seguridad personal y familiar en una aventura como la que ejecutaban los Montoneros que prometían una supuesta victoria rápida [...] Hay que meter en la discusión el sentimiento de la gente que afirma: “Los Montoneros atraen la represión”. La agitación estaba dando buenos resultados, pero tampoco se podía esperar que la agitación sola produjese un auge de masas.

En cambio, en su boletín interno del julio de 1979, la Conducción evaluó:

[En] marzo y abril el enemigo parece que no existe, está en “ganar la paz” y mientras el enemigo está en “la paz” nosotros estamos en “la guerra”, es decir que nos va “excelente”: huelga general, transmisiones de RL, montaje de infraestructura, entramos y salimos del país, etc. Pero en mayo y junio el enemigo volvió a la guerra, copó de vuelta todo el territorio y empezó a buscar a los que transmitían con RL. Lo que parecía una virtud de audacia inicial, cuando el Grupo 1 empezó las transmisiones sin armamento, rápidamente se transformó en una tendencia de defensa pasiva en que querían seguir transmitiendo sin armas y en forma encubierta. Sobre esto empieza toda una discusión doctrinaria de cómo iban a operar las TEA.

En los tres grupos TEA (zonas sur, oeste y norte) se gestaron críticas y rebeliones internas contra la conducción centralizada de la Contraofensiva, que facilitaba caídas en cadena cuando secuestraba a un jefe de pelotón o su asistente.

Los militantes reclamaban acciones autónomas, pero la Conducción, fuera del país, descalificó a los jefes que las concedieron. Esto sucedió con “Gerardo”, Adolfo González, jefe del primer pelotón TEA (Grupo I), que, una vez que vio el cuadro de situación en la Argentina, dio libertad a sus subordinados para volver al exterior, si lo deseaban. Montoneros luego los trataría de “desertores” y “traidores”, del mismo modo que a “Gerardo”, que fue acusado de “traición criminal”.

La Conducción entendía que su conducta carecía de la intencionalidad “conspiradora” de Galimberti, pero, al exponer sus diferencias tácticas (y por ende, políticas e ideológicas) frente a la Conducción, evaluaron que el daño que les había provocado era el mismo que el causado por el ex jefe de Columna Norte.

El boletín interno número 11 del oficialismo montonero menciona que el Grupo 1 de “Gerardo” quería

comprarle una camioneta a cada pelotón, embutirle el equipo y que cada uno transmitiera sin ver al resto. Es una propuesta de resistencia en base al aparato. Y por último, se manifiesta la diferencia que hay entre tener una tropa instruida militarmente con rigor y tener una tropa instruida sólo a nivel teórico. Es decir, la ausencia de instrucción de práctica militar de este grupo se nota claramente.

En medio de la desarticulación interna del Grupo 1 de TEA, sumergido en la clandestinidad, la Junta Militar intentó atenuar el impacto que estaba produciendo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

La invitación había sido formulada por Videla a fines de 1978, preocupado por “clausurar” de la manera más prolija posible ante el frente externo la cuestión de los desaparecidos y demostrar que su gobierno, que había “restablecido el orden y la paz”, no tenía nada que ocultarle al mundo.

Esta decisión de Videla, acompañada por Viola —quien lo había sustituido al frente del Ejército—, fue rechazada por los sectores militares “duros” —Menéndez-Saint Jean-Suárez Mason—, que consideraban ilegítimo e innecesario dar explicaciones a extranjeros sobre temas de “incumbencia argentina”.

Este núcleo duro de “señores de la represión ilegal”, marginado de las decisiones económicas desde el principio, ahora veía erosionadas sus aspiraciones de poder. A medida que fueron aniquilando a la guerrilla, el asunto central de su tarea, sus misiones se fueron revelando menos importantes.

Apenas llegó la CIDH, en septiembre de 1979, se advirtió la presión de los organismos de derechos humanos sobre la dictadura con el reclamo de aparición con vida de los secuestrados.

La larga fila de familiares frente a la oficina provisoria de la Comisión, dispuesta a verificar las denuncias sobre el terrorismo de Estado recogidas en el exterior, fue exponiendo datos de una verdad ignorada casi sin excepciones por la prensa, un silencio que ahora era imposible ocultar.

En dos semanas en el país, la CIDH reunió 5.580 denuncias de desapariciones.

El Concejo del PJ, con la solitaria figura de Deolindo Bittel, entregó un documento en el que subrayó la violación sistemática de los derechos humanos. También lo hicieron algunos sectores políticos y sociales sensibilizados por las expresiones de búsqueda y de dolor de los familiares de las víctimas.

Los casos de desaparecidos, puestos en evidencia con el postulado de “¿Dónde están nuestros hijos?”, ya eran difíciles de encubrir con el “silencio oficial”, y trascendían la explicación de Videla en la que decía que el desaparecido “mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. 

Pero los desaparecidos acababan de reaparecer.

La Junta intentaría relativizarlos con la doctrina de los “excesos de grupos fuera de control” durante la “lucha contra la subversión”. La dictadura, y también el establishment empresario y los medios de prensa que simpatizaban con ella, lanzaron campañas de desprestigio contra los familiares de los desaparecidos.

En este marco se inscribe la publicación del reportaje en la revista Para Ti (“Habla la madre de un subversivo muerto”), organizado por los oficiales de la ESMA, en el que Thelma Jara de Cabezas, de 52 años, fue llevada a la confitería Selquet, de Figueroa Alcorta y Pampa, para simular un reportaje periodístico (que fue fraguado) con un cronista y un fotógrafo de la revista. Para la cita, la Armada le compró ropa, la llevó a la peluquería y le colocó anteojos ahumados. En el reportaje publicado, ella negaba que estuviera secuestrada —como había denunciado Amnesty Internacional—, desprestigiaba a organismos de derechos humanos, se decía “amenazada” por Montoneros y declaraba en favor de los militares.

Sus textuales publicados diferían de lo que había afirmado en la confitería. Alrededor de quince represores supervisaron la conversación desde otra mesa por medio de un micrófono que habían colocado en el bolsillo de la camisa de otro detenido, Lázaro Gladztein, quien debía simular ser su sobrino y que estaba junto a ella. Gladztein le pidió al fotógrafo que no le tomara fotos.

Después de la entrevista, ambos prisioneros fueron llevados otra vez a la ESMA.

Thelma Jara de Cabezas, de 52 años, secretaria de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, llevaba cinco meses secuestrada y tenía un hijo desaparecido, Gustavo Cabezas, de 17. La entrevista fue publicada en Para Ti el 10 de septiembre de 1979.

Para esa época ya se había trasladado a los prisioneros de la ESMA a una quinta en la localidad de Del Viso y una isla de El Tigre, El Silencio —habitual recreo de miembros de la Iglesia, luego vendido a miembros del GT 3.3.2 con documentos falsos de un ex detenido—, donde fueron ocultados durante un mes para que la CIDH pudiera inspeccionar las dependencias de la Armada en Núñez y comprobara que nadie estaba secuestrado.

Además, la dictadura se aprovechó de las victorias de la Selección Juvenil en el Mundial de Japón, del mismo modo que lo habían hecho en 1978 con el Mundial en la Argentina, para asociar el triunfo deportivo con el de todos los argentinos y el del propio gobierno.

“Los argentinos somos derechos y humanos” fue el eslogan que había creado la agencia norteamericana Burson Marsteller para neutralizar las denuncias contra el gobierno.

En ese mes de septiembre de 1979 comenzaron a producirse las caídas de los grupos TEA.

El día 10, tras casi seis meses de permanencia en el país, fue secuestrada en su casa la “Chana”, Susana Solimano, ex esposa de Horacio Mendizábal. Tres días después, un grupo comando secuestró a la esposa y a dos hijas del jefe del primer pelotón, “Gerardo” González, en Munro. El hecho fue denunciado ante la CIDH y publicado en el diario The Buenos Aires Herald. El 17 de septiembre, Mendizábal y su asistente Armando Croatto fueron emboscados y ultimados en cercanías del supermercado Canguro, también de Munro. Aparentemente, habrían recibido una cita para encontrarse con otro asistente, el “Gallego Willy”, Jesús María Luján, quien a su vez aparecería muerto a golpes el 30 de septiembre a un costado de la ruta Panamericana.

La sucesión de caídas de las TEA continuó en octubre con el secuestro del jefe del segundo pelotón, de zona Oeste, Daniel Tolchinsky, y otros integrantes del grupo, entre ellos, María Antonia Berger, que había sobrevivido al fusilamiento en la base naval de Trelew en 1972. Una militante de TEA, Adriana Lesgart, que había organizado las denuncias con familiares de desaparecidos para presentar a la CIDH, fue secuestrada luego de concurrir a la sede, el mismo día que la Comisión finalizó su tarea.

Los únicos que lograron sobrevivir fueron los grupos TEA de zona sur: se habían negado a hacer propaganda en las fábricas, como les habían ordenado sus jefes, y se emplearon en distintos oficios, como cobertura, mientras realizaban las interferencias.

Todas las estructuras de TEA que la Conducción había enviado al país para la contraofensiva ya estaban desarticuladas.

Todavía faltaban los ataques militares.

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¹ Su secuestro revelaría la presión de la Armada sobre el Ejército, con el que Smith mantenía diálogo. Algunos prisioneros afirmaron que estuvo en el centro clandestino de la ESMA. La esposa de Smith, Ana María Pérez, llegó a entrevistarse con Videla. Acababa de rezar y tenía un rosario blanco en las manos. Videla le dijo que no podía ayudarla: “No sé nada. Son desaparecidos”.

² En octubre de 1976, Guzzetti había recibido el consejo de Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, de que el gobierno militar apurara la represión ilegal antes de que el Congreso norteamericano retomara las sesiones en enero de 1977, cuando discutiría la suspensión de la ayuda militar y de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por las denuncias de violaciones de derechos humanos.

³ Algunas versiones indican que ingirió la pastilla de cianuro cuando fue cercado por agentes de la ESMA apenas ingresó en el país. Se supo que Raquel Negro tuvo mellizos. Uno de ellos es Sabrina, quien busca conocer la identidad de su hermano nacido en cautiverio, como ella. Su otro hermano es Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro con una pareja anterior.

CAPÍTULO 12

Montoneros, la hora final

Recibimos un estado de caos y hoy lo devolvemos convertido en orden; recibimos un Estado en situación de anarquía y hoy lo devolvemos con una economía de progreso, pero fundamentalmente recibimos un Estado que se debatía en la violencia y hoy emocionadamente decimos que lo hemos devuelto a la paz.

General JORGE RAFAEL VIDELA, Clarín, 29 de agosto de 1980. 

El plan original de Montoneros preveía que los pelotones militares de las Tropas Especiales de Infantería actuaran en coincidencia con las acciones de las Tropas Especiales de Agitación, en un contexto de enfrentamiento callejero.

Ese pronóstico falló.

Pero los atentados de Montoneros continuaron.

El principal blanco fue el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Montoneros intuía que si la misión se realizaba con éxito provocaría fisuras internas en el gobierno militar. También demostraría que no habían sido derrotados.

Las TEI se habían instruido durante tres meses en El Líbano y en Siria. Una de las bases estaba en una casa sobre el Mediterráneo, en Damour, a veinte kilómetros al sur de Beirut. Allí, un pelotón se entrenaba con ejercicios físicos y práctica de tiro con ametralladoras, fusiles y también misiles portátiles RPG7, bajo la orientación de instructores árabes.

El entrenamiento se desarrollaba en el marco de un acuerdo en el que Montoneros producía explosivos plásticos en Líbano —Israel, pese a los bombardeos, nunca pudo detectar dónde estaba la fábrica— y la Organización para la Liberación de Palestina cedía territorio, armas, municiones e instructores para entrenar pelotones antes de su regreso a la Argentina.

Ningún combatiente en Beirut o Damasco tenía conciencia de lo que había significado la represión estatal. Suponían que el enemigo no sería mucho más poderoso que el que ya habían derrotado en 1972, cuando obligaron al gobierno de facto de Lanusse a convocar a elecciones y lo enfrentaron para que levantara la prohibición que impedía el regreso de Perón.

En una visita que realizó Firmenich al campamento de Beirut refirmó ante una docena de combatientes el análisis de Montoneros: la dictadura no había podido quebrar la resistencia, y la contraofensiva volcaría la correlación de fuerzas en favor del campo popular.

En el plan del retorno al país, cada montonero ingresaría en forma autónoma, con su dinero y sus documentos falsos, que les serían provistos por el Servicio de Documentación —con sede en La Habana—, y en Buenos Aires recibirían las armas. Se formarían grupos de tres soldados, con un responsable que reportaría únicamente al jefe de la operación. Eran tres pelotones con tres operaciones por realizar. Hasta entonces nadie sabía quiénes eran los blancos.

Los arribos se produjeron sin contratiempos y los combatientes se instalaron en pensiones y hoteles con distintas “coberturas” para resguardar sus vidas.

Pero una pieza del engranaje del pelotón TEI número 2 empezó a fallar: un combatiente, que ya había sido torturado en tiempos de Isabel Perón, empezó a sentirse vulnerable, que había perdido el compromiso moral que lo unía a la Organización y que si caía no soportaría la tortura sin hablar. Decidió desertar. Lo hizo sin informárselo al jefe del pelotón. Toda la coordinación de ese grupo se desarticuló. Se discontinuaron citas, se cambiaron los alojamientos, la operación quedó en suspenso.

Pero ya estaba en acción el grupo 3, que actuaba en forma simultánea.

El blanco era Guillermo Walter Klein, apoderado de bancos extranjeros en la Argentina y secretario de Coordinación y Programación Económica. La “mano derecha” de Martínez de Hoz.

Klein había ordenado que las empresas del Estado tomaran créditos de los mismos bancos que él representaba en forma privada. Fue uno de los gestores del “endeudamiento forzado”. Vivía con su esposa y sus cuatro hijos en un chalet de dos plantas en Olivos.

El día 27 de septiembre de 1979, a las 7.30 de la mañana, el pelotón 3 inició el ataque. Bajaron de una camioneta que habían robado los días previos y dispararon sobre su casa. Sólo un policía de custodia, que estaba en la vereda, intentó resistir al comando armado.

En su dormitorio, Klein escuchó tiros en la planta baja, supuso que eran ladrones, pero enseguida, por el número de los disparos, entendió que venían a matarlo.

El pelotón neutralizó a otros dos policías de custodia que dormían en el garaje y colocó cargas explosivas en todas las columnas donde se asentaba la losa. Pusieron quince kilos de carga explosiva, el triple de lo que habían calculado para demoler una casa de ciento cincuenta toneladas.

Ninguno de los miembros del pelotón creyó que fuera necesario subir las escaleras para matar a Klein. Quizá porque pensaban que sería suficiente la carga explosiva, y además debían respetar los tres minutos programados para la operación.

El mecanismo de inicio de la explosión se activó por un cable detonador eléctrico y la casa se desmoronó sobre sí misma. Sin embargo, tras varias horas de trabajo, los bomberos pudieron rescatar con vida a Klein, a su esposa y a sus hijos. Los dos policías que estaban en el garaje murieron por la asfixia del derrumbe.¹

Después del atentado fallido, los miembros del grupo 1 de las TEI se fueron del país y los del pelotón número 2 se reagruparon, tras la deserción de uno de sus miembros.

El blanco había cambiado.

No habían podido chequear los movimientos de Martínez de Hoz. Lo reemplazaron por su secretario de Hacienda, Juan Alemann, que estaba en la lista de posibles atentados.

El 7 de noviembre de 1979 el Torino en el que viajaba el funcionario fue obstruido por una camioneta. Empezaron a dispararle. Un miembro del pelotón, para dar el golpe determinante de la operación, bajó del vehículo, se apostó en una de las esquinas y disparó un proyectil antitanque energa. El proyectil alcanzó el Torino de Alemann, pero, como el cristal delantero ya se había roto por los disparos, la energía de la onda expansiva no produjo la presión suficiente en el interior del auto.

En la confusión y bajo la lluvia, el pelotón se fue, con la sensación de que la misión estaba concluida. El policía que custodiaba a Alemann tenía una bala en el pómulo, otra le había atravesado el brazo izquierdo y había perdido los dientes. El chofer tenía una herida debajo del párpado y otra en el abdomen.

Alemann había sobrevivido y a las dos horas, con un cambio de ropa, estaba trabajando en su despacho.

El último atentado de la contraofensiva militar de 1979 intentó reparar todos los errores de las dos operaciones anteriores.

Se realizó el 13 de noviembre sobre la Avenida 9 de julio, a diez cuadras del Obelisco.

El empresario Francisco Soldati había recibido 395,5 millones de dólares por la venta de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE) al Estado. Fue una de las pocas compañías privadas, si no la única, que estatizó el gobierno militar.

Como Martínez de Hoz, Soldati era miembro del Consejo Empresario Argentino (CEA) y formaba parte de la “patria contratista”, grupos empresarios acusados por Montoneros de provocar el vaciamiento del Estado.

La estatización de la compañía Ítalo había enfrentado obstáculos internos en Economía, originados en el director de Inversiones Extranjeras, Juan Carlos Casariego de Bel. El funcionario era un abogado de nacionalidad española que llevaba veinticinco años trabajando en el Ministerio. Su firma era indispensable para concretar la operación, pero se negó a certificar los documentos. Casariego de Bel consideraba que la erogación que hacía el Estado excedía la tasación de la compañía. El Estado perdía mucho dinero comprando la ex Ítalo, como se determinó en un peritaje posterior.

El 15 de junio de 1977 el funcionario tenía una reunión en el despacho de Klein relacionada con este tema. Según Klein, nunca se realizó. Ese mismo día Casariego de Bel fue secuestrado —desapareció—, el cargo de director de Inversiones Extranjeras se eliminó y ya no fue indispensable la firma.

Soldati pudo finalmente vender la compañía de electricidad CIAE al Estado.

La operación militar contra Soldati fue conducida por el grupo 3 de las TEI. El empresario vivía en Cerrito 1364. Todas las mañanas se dirigía a su oficina de la Sociedad Comercial del Plata, ubicada a pocas cuadras de su domicilio. Un policía de custodia actuaba de chofer. Ese día, cuando su auto atravesó la Avenida 9 de Julio, un Peugeot 504 se le puso adelante y lo obligó a reducir la velocidad, y una pick up Ford aprovechó la oportunidad para embestirlo de costado.

Tres combatientes con fusiles AK 47, ametralladoras Uzi y vestidos con uniforme montonero bajaron del vehículo y ultimaron a Soldati y al chofer.

A diferencia de los pelotones de las TEI 1 y 2, que no cumplieron con los objetivos pero preservaron sus vidas, el tercer pelotón sufrió consecuencias graves.

La planificación del atentado preveía el uso de una bomba de retardo, programada a un tiempo máximo de veinte minutos, para ser colocada debajo del Torino de Soldati y estallar sobre quienes se acercaran al auto. Suponían que las fuerzas de seguridad y quizás algún funcionario o autoridad de la dictadura podrían acercarse al lugar, como lo habían hecho en el atentado a Alemann.

La bomba la llevaba una combatiente. Cuando descendió de la camioneta, trastabilló y la bomba estalló en sus manos. La explosión hizo volar toda la estructura trasera de la camioneta e impactó sobre el Torino donde estaban Soldati y el chofer, ya muertos. Fueron envueltos en una llamarada de más de diez metros de altura.

Los tres combatientes que mataron a Soldati escaparon, otros tres que estaban en la camioneta murieron y dos combatientes, que quedaron heridos y aturdidos por la explosión, fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad.²

Después de los atentados militares, la contraofensiva de 1979 demostró que buena parte de los grupos de las TEA se había desmembrado por cuestiones internas o por la acción de la inteligencia enemiga.

El objetivo más importante de los atentados de las TEI, el ministro Martínez de Hoz, no se concretó, y sólo se alcanzó uno de los objetivos secundarios.

En resumen: la contraofensiva de 1979 había dejado como corolario alrededor de ochenta desaparecidos o muertos entre ambas estructuras. En términos políticos, la ganancia había sido escasa: los discursos de Firmenich no habían logrado penetrar en los conflictos obreros. Fuera por cuestiones tácticas, políticas, ideológicas o por simple temor, no había gremios ni fábricas en conflicto que consideraran conveniente una conducción montonera.

Frente a las críticas y a las nuevas rupturas, la Conducción intentó neutralizar el estado deliberativo. Lo determinante, para el oficialismo, no eran las cuestiones internas sino el proceso de masas. Lo urgente —explicaban— era llenar el vacío de conducción de la clase trabajadora. Las cuestiones partidarias debían resolverse en la Argentina, en las prácticas cotidianas, y no en el exterior. Era la manera que tenía la Conducción de sublimar el debate en una organización que desde que había ingresado en la clandestinidad en septiembre de 1974 había pasado de seis mil cuadros a poco más de cien.

Con su crisis a cuestas, Montoneros entendió que debía continuar con la contraofensiva bajo el mismo concepto: acertar con un ataque militar a una figura clave del gobierno y fortalecer la vía de la insurrección de la clase trabajadora, hasta que se produjera la ansiada y violenta irrupción de las masas.

La Conducción tenía en su imaginario la revolución iraní de febrero de 1979, que con más de tres millones de personas en las calles había enfrentado y derrumbado el régimen del sha Reza Pahlevi. No querían permanecer alejados del escenario político si una revolución similar se desencadenaba en la Argentina.

La revolución nicaragüense, de julio de 1979, también los había deslumbrado. Montoneros había aportado un millón de dólares a la causa rebelde y cedió el uso de su emisora Radio Noticias de Costa Rica para los mensajes revolucionarios. Vaca Narvaja fue invitado a participar del ejército sandinista los días previos a la caída de Anastasio Somoza y apareció en las fotos de la toma de Managua. Firmenich preveía que, tarde o temprano, los años ochenta serían signados por “la contraofensiva del pueblo latinoamericano”.

Considerando el ejemplo de estas dos revoluciones y una evaluación “positiva” de la primera contraofensiva, el Comité Central de Montoneros, reunido en La Habana —solo concurrieron cuadros con grado de capitán hacia arriba—, decidió la segunda contraofensiva.

La selección de militantes fue abierta: el que se quisiera incorporar, tuviera instrucción o no, podía hacerlo. Aun así, por las expulsiones y deserciones, costó trabajo reunir el primer pelotón. Se debió recurrir a siete sobrevivientes de las TEA y las TEI que acababan de retornar de la Argentina, y así se completó un pelotón con trece miembros.

El nuevo jefe era el teniente primero “Chino”, Ernesto García Ferré. Tenía 24 años. Procedía de la unidad logística del Ejército Montonero de Capital Federal. Era uno de los pocos que había logrado sobrevivir a la represalia militar por el atentado al almirante Armando Lambruschini.

Los objetivos para 1980 se mantuvieron: figuras del equipo económico y empresarios relacionados con la dictadura. En Madrid, Roberto Perdía había marcado una docena de blancos. Sobre esa base, la elección quedaba a criterio de las posibilidades de cada pelotón.

La conducción esperaba que antes del 24 de marzo de 1980, o precisamente ese día, el primer pelotón pudiera realizar un atentado de proporciones contra la dictadura.

Tenían poco más de un mes para prepararlo.

La logística de la contraofensiva de 1980 fue la misma que la de 1979. Se utilizarían las armas que los grupos de TEI habían ocultado en guardamuebles de Buenos Aires, después de los atentados y antes de irse a Europa.

La línea de la logística estaba en conocimiento de las Fuerzas Armadas. En diciembre de 1979 el Ejército empezó a revisar cada uno de los guardamuebles de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

El 23 de enero de 1980 Clarín publicó un comunicado del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, firmado por Guillermo Suárez Mason, que informaba el secuestro de “material subversivo”: ametralladoras Uzi, pistolas Smith & Wesson, un lanzacohetes RPG7, granadas de mano, proyectiles y dos equipos de interferencia RTLV escondidos en cajas de juguetes, televisores y sillones. Los militares extenderían la revisión de guardamuebles a todo el país.

La conducción montonera, asentada en La Habana, mantuvo el plan original: o no se enteró de la noticia, o le restó trascendencia. Con la orden de batalla ya formulada, nada modificó el curso de los acontecimientos.

En enero de 1980 un grupo de tareas descubrió otro arsenal montonero en un guardamuebles de Olivos, pero no lo dio a publicidad: ocupó la oficina y asumió la gestión de la empresa. Eran armas que se habían utilizado en el atentado contra Klein. Cuando el 21 de febrero de 1980 un montonero se acercó para retirar un baúl y un placard, se produjo la primera caída. Desde ese día, en menos de un mes, todos los combatientes del grupo de TEI que ingresaron a la Argentina fueron secuestrados.

A partir de la contraofensiva, el Batallón 601, ahora al mando del general Carlos Alberto Tepedino, había iniciado la “Operación Murciélago” para controlar en las fronteras el ingreso de militantes montoneros. Utilizaban a prisioneros para que los señalaran.

Para el procedimiento, la inteligencia militar, que estaba asentada en la frontera, simulaba realizar un operativo antidrogas, “de rutina”: demoraban a un “sospechoso” y después de un paso por la sede policial lo trasladaban secuestrado al centro clandestino de Campo de Mayo o a una casa cercana a la guarnición, Conesa 101, en Bella Vista, que habían alquilado agentes del 601 para mantener a los cautivos.³

La Conducción no se enteró de la caída del primer pelotón. El plan de maniobras siguió su curso original. Pero a diferencia de 1979, la contraofensiva de 1980 preveía una base montonera en países cercanos para que el jefe del pelotón pudiera recibir asistencia e instrucciones. Cuando un segundo comandante montonero, “Petrus”, Horacio Campiglia, fue a ubicarse a la base en Brasil, desapareció en el vuelo entre Panamá, la escala de Caracas y el aeropuerto de Rio de Janeiro junto con su asistente, Mónica Pinus de Binstock.

Luego de la caída del primer pelotón de TEI, a partir del dato del guardamuebles, todas y cada una de las diferentes estrategias de la Conducción para establecer cuadros armados y militantes que llegaban para hacer contactos en barrios fueron siendo desmanteladas por el Ejército. El destino de los que regresaban al país era el secuestro, la tortura y el fusilamiento o, en algunos casos excepcionales, una detención que tras años podría ser legalizada.

La embajada estadounidense se sintió incómoda ante la continuidad de los procedimientos ilegales. El 14 de mayo de 1980, Maxwell Chaplin, oficial político radicado en Buenos Aires, informó a Washington que, según una fuente militar argentina, los miembros de las TEI y las TEA serían “tratados de la misma manera que antes: la tortura y ejecución sumaria”.

El diplomático preguntó si no era conveniente llevarlos a la Justicia o incluso a cortes militares. La respuesta de su interlocutor fue negativa.

Los militares no confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Primero, los métodos actuales son más fáciles y familiares. Segundo, no hay ningún militar que tenga el coraje para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales “nadie” es responsable en los registros por las ejecuciones.

Mientras tanto, la Conducción continuó la política de enviar cuadros al país. Incluso en mayo de 1980, un asistente de Firmenich visitó Mar del Plata para montar una infraestructura para el retorno del jefe montonero, pero, tras un examen en que evaluó el movimiento de las fuerzas represivas y las condiciones de seguridad, le informó que era difícil que sobreviviera en la Argentina.

Firmenich decidió permanecer en el exterior.

Perdía, en cambio, se estableció en Lima, Perú, como preveía el plan de la contraofensiva. Tenía la tarea de asistir a militantes dispersos que hacían trabajo político o a jefes de pelotones, que entraran y salieran del país, para adecuar la maniobra militar según la coyuntura.

En junio, los agentes del Batallón 601 llegaron hasta el departamento de Perdía en Lima, en el marco de un raid represivo que incluyó secuestros, torturas y desapariciones de montoneros en Perú y España.

Un despacho da cuenta de la molestia de la embajada estadounidense con el gobierno argentino respecto de los movimientos del Batallón 601.

Los miembros políticamente agudos del equipo de Videla deben darse cuenta de que la continua táctica de asesinar a montoneros sin un debido proceso legal ya no es necesaria desde el punto de vista de seguridad y extremadamente costosa en términos de las relaciones internacionales.

El raid se inició con la caída de un militante, Federico Frías, “Lucio”, que ya había participado en un grupo de TEA de zona oeste en 1979 y estaba otra vez en la Argentina. Tenía una cita con Perdía en Lima, aunque, previamente, como indicaba la seguridad interna montonera, debía hacerlo con su asistente, María Inés Raverta, “Mecha”. Pese a que Frías, en Perú, logró escapar momentáneamente de sus captores, los militares peruanos lo entregaron a sus pares argentinos.

La cita con la asistente se realizó al día siguiente, el 12 de junio, y ella fue secuestrada y torturada en un bungalow. Soportó los tormentos durante mucho más de dos horas, como establecía la Organización, y le dio tiempo a su jefe para que “levantara” el departamento, donde había montado el “Comando Táctico”. Cuando el 601 llegó, Perdía ya no estaba.

Había ido a la casa de Gustavo Molfino, de 18 años, “correo internacional” de la Organización —llevaba documentos y pasaportes— que vivía con su mamá, Noemí Molfino, de 55, otra asistente de Perdía. Y, mientras buscaban legisladores peruanos para denunciar las ausencias de Frías y Raverta, esa misma noche, ella fue secuestrada por los agentes del 601. La mantuvieron con vida más de cuarenta días. Su cuerpo aparecería el 21 de julio de 1980 en un hotel de Madrid, muerta por intoxicación.

Por el raid de la inteligencia militar, Videla debió suspender su participación en la asunción del presidente Fernando Belaúnde Terry, prevista para esa semana.⁴

Algunos militantes montoneros continuaron llegando a la Argentina en el segundo semestre del año, y siguieron cayendo —generalmente en la misma frontera—, hasta que la conducción decidió dar por cerrada la contraofensiva de 1980, y también la lucha armada.

La resolución se tomó en diciembre de ese año, en una reunión del Comité Central del Partido Montonero en La Habana. De allí en adelante, cada militante que quisiera retornar a “hacer política” podría hacerlo, pero le recomendaban insertarse en barrios o fábricas, siempre por fuera de los aparatos o los contactos de la Organización. Si se integraban a otros grupos, correrían menos riesgos.⁵

En el año 1981 el régimen militar empezó a dar señales de agotamiento.

Desde mediados de 1978, cuando las estructuras de la guerrilla ya estaban prácticamente sin capacidad de fuego —solo podrían realizar acciones esporádicas—, los militares no habían podido avanzar en la conformación de una fuerza política ni en una salida institucional que consolidase su continuidad en el poder y les permitiera sucederse a sí mismos.

Una vez aniquilada la guerrilla, el verdadero “motor” del gobierno militar, quedaron al descubierto las disputas internas y también la carencia de una estrategia política clara.

A partir de entonces, se vieron frustrados todos los objetivos, como la apertura de un “diálogo político” que concluyera en el Movimiento de Opinión Nacional (MON), que planteaba la incorporación de civiles a una fuerza política de “unidad nacional” que interpretara la “filosofía” del Proceso; o la elaboración de las “Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, con las que se intentó orientar, de manera fallida, una futura convergencia cívico-militar.

También Massera, después de su renuncia en 1978 a la comandancia de la Armada, y por ende a la Junta Militar, se había lanzado a la política, en una aventura menos institucional.

Massera intentó buscar afinidades con generales del Ejército y con dirigentes peronistas y sindicales, y trató, con giras europeas, de proyectar su figura en el mundo de la socialdemocracia.

Massera había intentado diferenciarse de Videla, con la crítica a Martínez de Hoz y la Junta Militar, argumentando la conveniencia de presentar listas de desaparecidos. Para el Ejército esto representaba una ruptura del “pacto de sangre” del que la Marina, y Massera en particular, habían participado.

Sus críticas le habían valido la negación del reconocimiento jurídico de su partido político, un arresto temporal por parte de la propia Armada —interesada en no desprenderse del régimen militar—, la filtración de su pertenencia a la logia Propaganda-Due (P-2), de Licio Gelli —cuando la organización quedó al descubierto en marzo de 1981—, y la acusación sobre su responsabilidad en la desaparición del empresario Fernando Branca, fogoneada por el Batallón 601, que derivaría en una causa judicial.

Eran todos obstáculos para su proyección política.⁶ Por su parte, el Ejército, que dominaba el proceso político, estaba atascado por el enfrentamiento interno. Los “duros” no creían que el Proceso debiera buscar alianzas en el mundo civil sino mantener inalterables los principios que motivaron su irrupción en el poder: la lucha contra la “subversión”, contra la “corrupción”, según sus enunciados, y mantener con “puño de hierro” el control político y social del país. No consideraban que el Proceso estuviese agotado y mucho menos que debiese negociar una salida institucional.

Uno de sus enemigos era el general Viola, al mando del Ejército, que promovía una “apertura política” con el acercamiento a sindicalistas y dirigentes partidarios, para ir preparando una “salida institucional” consensuada del régimen militar.

De modo que cuando Viola, en medio de una trabajosa interna militar, con muchas resistencias castrenses, asumió en abril de 1981 como sucesor de Videla —con una permanencia proyectada hasta 1984—, el Proceso estaba estancado por la crisis económica y financiera, el avance de la oposición civil, los conflictos gremiales y la creciente fortaleza de los organismos de derechos humanos.

La “apertura política” de Viola logró poca audiencia en el mundo civil. Los rechazos internos —los militares “duros”, Massera, Martínez de Hoz— eran escollos, aunque no los fundamentales. Viola generaba poca credibilidad. Y, aunque introdujera siete civiles —sobre trece— en su gabinete y prometiera el levantamiento de la veda política y la sanción de un Estatuto de los Partidos Políticos, que juzgaba “imprescindible para la democracia”, pero sin plazos establecidos, el proyecto se mantenía más en la nebulosa que en el secreto.

Viola estaba acorralado, por un lado, por la Junta Militar, de la cual Leopoldo Galtieri era el nuevo hombre fuerte, que observaba de manera restrictiva sus movimientos políticos, y por otro lado, por la dirigencia civil. El nuevo presidente de facto sólo podía encontrar eco en dirigentes políticos regionales, pero no en los partidos mayoritarios.

En julio de 1981, cuatro meses después de que asumiera Viola, los partidos políticos concentraron su acción en la Multipartidaria, conformada por la UCR, el PJ, el Partido Intransigente (PI), la democracia cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Y si bien en la primera etapa reclamaron, en forma equilibrada, la normalización institucional y modificaciones en la política económica, intentado generar distancia pero no choques frontales con las Fuerzas Armadas, luego, hacia fines de 1981, propenderían a posiciones más radicalizadas, como el aliento a la movilización social y un reclamo más enfático por “la verdad” sobre los desaparecidos.

La Multipartidaria omitió el llamado de Viola. Entendieron que no era útil negociar pactos o alianzas con un gobierno desgastado desde su origen —incluso previamente, desde que fue “designado” por la Junta Militar, seis meses antes de su asunción—, amenazado en su estabilidad, que no podía respaldar sus promesas y formaba parte de un proceso militar deslegitimado y desorientado, incapacitado para acordar un rumbo siquiera entre sus propias filas.

Pero la dirigencia de la Multipartidaria tampoco quería irritar a los militares “duros”. Temía que, si usurpaban el poder, reprimieran el descontento social y congelaran la apertura política.

A poco de andar, signada por la incertidumbre financiera, las devaluaciones del peso y la recesión económica heredada de Martínez de Hoz, la figura de Viola se fue debilitando mientras crecía la de Galtieri.

Su capacidad de veto sobre Viola estaba en su discurso público. En su disertación en el Día del Ejército, el 29 de mayo de 1981, Galtieri censuró a los que creían “ver en una salida electoral la solución del problema político” y llamó a evitar que “un desliz nos precipite al abismo”.

La Junta Militar, además, había recomendado a Viola —por medio del documento de instrucciones políticas denominado “Orientaciones”— postergar la sanción del Estatuto de los Partidos Políticos hasta fines de 1982.

Asimismo, el intento de renovar el “diálogo político” por parte del general Horacio Liendo —al frente del ministerio del Interior— fue desautorizado por su antecesor, Albano Harguindeguy, que anticipaba que en 1984 no habría “sucesor civil” por vía electoral. La Junta seguiría eligiendo a dedo al presidente.

En el mismo sentido, el mensaje de Galtieri en el Colegio Militar, delante de cien coroneles, jefes y oficiales, había expresado “las urnas están guardadas, y bien guardadas”.

La transición a la democracia era vista por los más fieles grupos procesistas —militares y también civiles— como el camino al “populismo demagógico y anárquico”. Si el fin eran las urnas, el destino del país era el abismo. Y la Nación debía ser preservada de ese riesgo. De ese “salto al vacío”.

El universo militar, homogéneo para la represión ilegal pero difuso y errático en la búsqueda de alternativas, restringía los márgenes de maniobra de Viola.

Una internación por problemas de salud aceleró su salida de la Casa Rosada, destituido por la Junta Militar, que eligió en forma rápida a su nuevo presidente.⁷

Con Galtieri alejado de posiciones nacionalistas, decidido a retomar la política económica neoliberal, alineado con los Estados Unidos, el Proceso volvía al sistema de poder original: el jefe del Ejército era miembro de la Junta y conservaba la Presidencia.

Galtieri obtuvo el rápido apoyo de los militares “duros”—algunos de ellos, ya retirados—, más interesados en una reivindicación de la “lucha antisubversiva” antes que en el diálogo con la oposición civil.

Pero para una refundación del Proceso, en tiempos económicos, sociales y políticos que se agotaban, se necesitaba una causa que uniera a todos los argentinos para reencauzar el rumbo.

La apuesta era a todo o nada.

BIBLIOGRAFÍA

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Fontana, Andrés. Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina. Buenos Aires, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 1984.

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Quiroga, Hugo y Tcach, César (compiladores). Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia. Rosario, Homo Sapiens, 2006.

¹ El hecho de que se intentase matar a los hijos de Klein provocó una polémica interna en Montoneros.

² En el comunicado del Ejército publicado en los diarios no se mencionan heridos. Solo cinco muertos: Soldati, su custodio-chofer Ricardo Durán y los montoneros Enrique Horacio Firelli, Remigio Elpidio González y Graciela Rivero. Sin embargo, en la inspección ocular del atentado hecha por el ayudante Jorge Enrique Solano (fojas 343 y 344 del expediente) se afirma que “a raíz de un tiroteo con fuerzas de seguridad fueron abatidas tres personas, dos del sexo masculino, y resultaron con heridas de distinta consideración otras dos de diferente sexo”. Los heridos eran “Lalo”, Luis Alberto Lera, de 23 años, y “Alejandra”, Patricia Susana Ronco, de 27. Aún permanecen desaparecidos.

³ Para esa época, el Batallón 601 brindaba el know-how represivo a escuadrones de la muerte en El Salvador, Honduras y Guatemala, con técnicas de tortura en “interrogatorios”, operaciones de contrainsurgencia, mecanismos secuestro-tortura-producción de información-ejecución del enemigo. Después de los Estados Unidos, la Argentina se convirtió en el mayor proveedor de instructores militares en Centroamérica. Actuaban en coordinación con los jefes de la delegación de la CIA en esos países. También habían intervenido con entrenamientos de contrainsurgencia en Nicaragua entre 1977 y 1979 y en la identificación de guerrilleros argentinos en el sandinismo, durante la dictadura de Anastasio Somoza.

⁴ Un cable de la embajada estadounidense de agosto de 1980 describió a Videla como “un prisionero” o una “víctima” del Batallón de Inteligencia.

⁵ Los últimos dos miembros de conducción que cayeron fueron Raúl Yaguer —que había participado en el ataque al Regimiento 29 de Formosa y fue jefe militar del grupo 3 TEI que atentó contra Soldati— y Eduardo Pereira Rossi —que había sido jefe de TEA zona sur—. Ambos fueron secuestrados y muertos en abril y mayo de 1983, respectivamente. A esas alturas, Montoneros se había acercado a Intransigencia y Movilización, la línea interna del peronismo liderada por el caudillo catamarqueño Vicente Leonides Saadi. Algunos de sus cuadros participaron de la experiencia periodística del diario La Voz.

⁶ Massera también buscó apoyo político en Isabel Perón, a quien visitó frecuentemente mientras estuvo detenida en la base naval de Azul. Isabel fue liberada en julio de 1981 y se exilió en España. El empresario Fernando Branca, que tenía vínculos económicos con el jefe de la Marina, desapareció en abril de 1977 luego de un paseo en barco con Massera. También comenzó a trascender su responsabilidad en el crimen de Elena Holmberg Lanusse, funcionaria en la embajada argentina en París, que había revelado delitos de los marinos en el Centro Piloto de París y una supuesta reunión Massera-Firmenich. Su cuerpo fue encontrado en el río Luján en enero de 1979.

⁷ Galtieri fue designado por la Junta Militar el 12 de diciembre de 1980 y asumió nueve días después. Tras su paso por el Segundo Cuerpo de Ejército, había sucedido a Suárez Mason en el Primer Cuerpo y al propio Viola en la Comandancia del Ejército, que ostentaba desde diciembre de 1979.

CAPÍTULO 13

Malvinas I

¡Si quieren venir, que vengan; les presentaremos batalla!

Discurso de LEOPOLDO FORTUNTATO GALTIERI, 10 de abril de 1982.

En la noche del 13 de junio de 1982, cada soldado trataba de salir de la guerra como podía.

Llevaban dos días de combate. Explosiones constantes, tiros, el avance de la infantería, bengalas, millones de balas que se cruzaban, soldados heridos arrastrándose, buscando protección detrás de una roca.

La guerra era la guerra.

Pero ya sin organización, sin instrucciones, sin jefes, sin nadie que dijera adónde debían ir.

Los ingleses avanzaban sobre todas las posiciones argentinas; bombardeos, cañonazos de artillería, y en el desbande, el “fuego amigo” se cruzaba entre los soldados que bajaban corriendo y los que seguían con un FAL disparando en la noche, desde la última línea de defensa, en Moody Brook.

Monte Longdon ya se había perdido.

Un capitán, que manejaba la logística del Regimiento de Infantería 7, de esos oficiales que antes del combate obligaban a los soldados a ponerse los borceguíes y les negaban la comida, ya había escapado hacia Puerto Argentino.

Todavía se mantenía en pie la carpa de las provisiones, en la que se recibían pedidos de ayuda. Desde afuera, en medio del tableteo de las ametralladoras, la radio se escuchaba nítida, desesperada, al rojo vivo.

¡Manden refuerzos… tenemos heridos!

Tenía todos los micrófonos colgando.

Adentro no había nadie.

En la primera reunión de la Junta Militar después de la asunción de Galtieri el 22 diciembre de 1981, se presentó la idea de recuperar militarmente las islas Malvinas y forzar a Gran Bretaña a una negociación por la soberanía del archipiélago. El diálogo entre ambos países estaba estancado desde hacía dos décadas.

La recuperación de las islas Malvinas fue la idea-fuerza del gobierno de Galtieri; la única para reencauzar el rumbo del proceso militar. Malvinas era una pieza clave en el imaginario argentino, una identidad, una pertenencia, un territorio inescindible del sentimiento nacional. Pero negado desde la ocupación inglesa de 1833.¹

La voluntad de ejecutar el plan de recuperación de las islas se advirtió también con la designación de Nicanor Costa Méndez en la Cancillería. Su carrera estaba ligada a la cuestión Malvinas. Había participado del inicio de las conversaciones con Gran Bretaña en 1966, luego frustradas por la presión de Falkland Islands Company (FIC), la compañía más importante de las islas, interesada en congelar las negociaciones.

En 1964 las Malvinas habían sido incorporadas por Naciones Unidas entre los territorios que debían ser descolonizados. Un año más tarde se aprobó la resolución 2065, que invitaba a los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña a negociar la soberanía. Mencionaba que se debía tener en cuenta “los intereses de la población de las islas”.

Desde mucho antes, los británicos habían recurrido al argumento de que debía respetarse el derecho a la autodeterminación de los isleños, que deseaban pertenecer a la comunidad británica. Pero la resolución de la ONU hablaba de “intereses”, no de “deseos”.

Aun con la negativa británica a dialogar sobre soberanía, la relación entre la población isleña y el continente estaba mediada por un servicio semanal de Líneas Aéreas del Estado (LADE), acuerdos de salud, becas de estudio y convenios culturales.

En diciembre de 1981, con las negociaciones trabadas, la coyuntura internacional permitía suponer un escenario más ventajoso. Las relaciones con los Estados Unidos presentaban vínculos sólidos desde el acceso a la Casa Blanca del republicano Ronald Reagan, en reemplazo de la administración demócrata de Jimmy Carter, que había mantenido una fría relación con la dictadura argentina, formulando críticas y creando obstáculos crediticios por las violaciones a los derechos humanos.

No parecía ser ese el interés de Reagan, declarado enemigo del comunismo. Reagan buscaba un consenso estratégico en el continente que neutralizara la influencia de Cuba en Centroamérica y defendiera la “seguridad hemisférica” de Occidente en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

El mundo se dividía en el enfrentamiento Este-Oeste.

Por esa razón, Galtieri, que pensaba que podría ser un socio activo de los Estados Unidos, proyectaba en el futuro desligar a la Argentina del Movimiento de Países No Alineados y también reducir el intercambio comercial con los países del Este, en especial con la Unión Soviética, que compraba dos tercios de la cosecha de granos y oleaginosas.

Ya no era el tiempo del neutralismo sino el de las definiciones. “La Argentina marchará junto a los Estados Unidos en la batalla ideológica”, había expresado Galtieri, en noviembre de 1981, en el brindis de la XIV Conferencia de Ejércitos de América (CEA) en Washington.

Basado en sus reuniones con el jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, Edward Meyer, y en el contacto con oficiales norteamericanos, Galtieri tenía la impresión de que las Fuerzas Armadas argentinas eran las más confiables de toda Sudamérica para los Estados Unidos.

De modo que, ante una escalada bélica entre las partes en conflicto, la Argentina esperaba que los Estados Unidos mantuvieran su neutralidad, e incluso mediaran, para evitar que el conflicto entre sus dos aliados se descontrolara.

Gran Bretaña era la mejor aliada europea de los Estados Unidos en términos políticos y militares. Desde 1979, la primera ministra conservadora Margaret Thatcher gobernaba el país, aunque su popularidad estaba en baja por su política de privatización de empresas públicas y el recorte de programas sociales.

Un informe oficial del gobierno británico de 1981 sugería reducir gastos militares en el Atlántico Sur con el retiro del buque de la Real Armada Endurance del área de Malvinas.

La Argentina suponía que Gran Bretaña había perdido interés por las islas y que quizá fuera necesaria una acción militar para crear una atmósfera diplomática favorable a la negociación del conflicto de fondo.

A mediados de diciembre de 1981 el almirante Jorge Isaac Anaya, miembro de la Junta Militar, delegó en el vicealmirante Juan José Lombardo la elaboración de planes de un potencial desembarco en las islas. Le requirió discreción. La confidencialidad era tal que cuando Costa Méndez comenzó a preparar la estrategia para las negociaciones, programadas para fines de febrero en las Naciones Unidas, no sabía que se urdía un plan militar. Costa Méndez confiaba en que tenía margen para navegar entre la negativa de los británicos a discutir la soberanía y la presión de la Junta Militar, obsesionada con una pronta recuperación de las islas.

En una reunión el 5 de enero de 1982, la Junta Militar resolvió mantener activa la negociación diplomática a la vez que continuar con el plan estratégico-militar, para el caso de que las tratativas no arrojaran resultados. Una semana después se conformó una comisión de trabajo con el general Osvaldo García, el vicealmirante Lombardo y el brigadier Sigfrido Martín.

De esto, Costa Méndez se enteraría en febrero, pocos días antes de retomar el diálogo con Inglaterra. El primer encuentro en la ONU lo había dejado satisfecho. El diálogo tendría continuidad. La Cancillería informó que Inglaterra se había comprometido a formar una comisión de nivel ministerial que se reuniría una vez al mes con la Argentina durante el plazo de un año.

Sin embargo, el comunicado argentino, con tono perentorio, denotaba mayor urgencia.

Los representantes de ambos países han considerado una propuesta argentina para establecer un sistema de reuniones mensuales con agenda preestablecida […]. Tales reuniones tendrán por objeto acelerar verdaderamente al máximo las negociaciones en curso tendientes al reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur […] y lograr de este modo resultados fundamentales en un plazo que deberá ser necesariamente corto. […] El nuevo sistema constituye un paso eficaz para la pronta solución de esa disputa. Por lo demás, si ello no ocurriera, la Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus intereses.

Al día siguiente, 2 de marzo de 1982, Galtieri se reunió con el general Mario Benjamín Menéndez para informarle los planes de invasión y que sería designado gobernador de las islas tras el desembarco. En sus servicios para la dictadura, a cargo del puesto de Comando Táctico de Famaillá, Tucumán, Menéndez había perseguido al ERP en el monte tucumano durante el Operativo Independencia. En su nueva misión, debía proteger el archipiélago ante la tercera potencia naval del mundo, si es que esta decidía enviar naves hacia el Atlántico Sur.

La Junta Militar no creía que Gran Bretaña pudiese involucrarse en un conflicto armado en los confines del mundo, cuando había otros enfrentamientos estratégicos de mayor complejidad en Medio Oriente, en Afganistán —invadida por la Unión Soviética en 1980— o en Irlanda del Norte, que, con atentados, protestas sociales y huelgas de hambre, reclamaba la independencia de Gran Bretaña.

El 5 de marzo, el viceministro Richard Luce se reunió con Costa Méndez en Nueva York para comunicarle la insatisfacción británica por el comunicado argentino. El mensaje dejaba al Foreign Office sin más opciones que retrotraer las conversaciones a términos anteriores, recurrir a la intermediación de los Estados Unidos, o comenzar a trazar planes de contingencia frente a una potencial acción militar argentina, que, a esas alturas, parecía menos imposible.

Un hecho inesperado agregó mayor tensión diplomática. El 19 de marzo un grupo de trabajadores argentinos desembarcó en las islas Georgias, izó la bandera y cantó el himno nacional.

La mecha acababa de encenderse.

Los trabajadores habían llegado a las Georgias con el navío de la Armada Bahía Buen Suceso. Habían sido contratados por el empresario argentino Constantino Davidoff, quien tenía un acuerdo con la compañía escocesa Christian Salvensen para desarmar y retirar la chatarra de los antiguos puestos balleneros de las islas Georgias.

El del 19 de marzo de 1982 era el segundo viaje.

En un principio, el contrato de Davidoff con las Georgias, para la Marina, era funcional al Proyecto Alfa, un plan para establecer una base argentina en los territorios disputados. Los viajes podían ser utilizados como transporte clandestino de tropas. Pero lo desalentó Costa Méndez, que lo consideraba una fricción innecesaria con Inglaterra antes de las negociaciones.

El 9 de marzo Davidoff había notificado a la embajada británica la marcha del navío hasta Puerto Leith, en las Georgias. Las autoridades le advirtieron que se detuviera en Grytviken para dar aviso de su llegada. Davidoff no lo hizo: llegó a Puerto Leith el 19 de marzo y los trabajadores desplegaron la bandera argentina y cantaron el himno. Un equipo de exploración antártica británico informó del hecho al gobernador de las islas Malvinas, Rex Hunt, representante de la corona británica desde 1980.

Hunt transmitió la novedad al Foreign Office.

La tensión aumentó. Gran Bretaña reclamó el retiro del barco, pero Davidoff, según instrucciones de la Armada, dejó a los trabajadores en las Georgias con el argumento de que debían continuar con las tareas laborales. Pocos días más tarde, Inglaterra enviaba el HMS Endurance para poner presión en Puerto Leith sobre los trabajadores, en tanto que la Junta Militar enviaba el ARA Bahía Paraíso con un grupo de infantes de marina, al mando del capitán Alfredo Astiz, para protegerlos.

El 23 de marzo, en Inglaterra la prensa sensacionalista titulaba “Invasión argentina a las islas Georgias del Sur”. La acción también provocó el malestar de los isleños de Malvinas, que atentaron contra la sede de LADE en las islas y cambiaron la bandera argentina por la británica, con el mensaje “Tit for tat, you buggers” (“ojo por ojo, canallas”).

El parlamento inglés asoció el episodio a la disputa por Malvinas y comenzó discutir la política de defensa de las islas. El viceministro Luce se comprometió a que el gobierno castigaría “debidamente cualquier desorden”.

El viernes 26 de marzo la Junta Militar decidió la invasión. Dos días después, bajo el mando del almirante Carlos Busser, partió el primer contingente militar desde Puerto Belgrano (Bahía Blanca) con destino a las islas Malvinas.

El jueves 1º de abril, la “Operación Virgen del Rosario” ya estaba lanzada. Los argentinos supieron que Gran Bretaña estaba al tanto de que el desembarco era inminente y reorganizaron sus comandos anfibios para el desembarco.

A las cinco de la tarde, Hunt reunió a algunos isleños en su residencia y les anunció que estaban esperando una invasión. Su mensaje, poco después, llegó por radio a todos los habitantes de la isla. Muchos fueron incrédulos. Les parecía insólita esa posibilidad.

Esa misma noche, en una comunicación telefónica, Reagan se comprometió con Thatcher a convencer a Galtieri para frenar la operación militar.

No logró disuadirlo.

Antes del amanecer del 2 de abril, las balas empezaron a cruzar los jardines de la residencia del gobernador.

La operación continuaba de acuerdo con lo previsto.

Un grupo de comandos anfibios y buzos tácticos con gomones fue la primera avanzada para el desembarco en la madrugada del día 2. A las seis, con granadas de estruendo, el gobernador fue intimado a la rendición. La residencia estaba rodeada por ochenta hombres. Tras un enfrentamiento, Hunt se entregó. El intercambio de fuego había dejado tres bajas argentinas, entre ellas la del capitán de corbeta Pedro Giachino, el primer muerto de la guerra. Ese mismo día, en una operación paralela, se ocupaban las islas Georgias. Ante la amenaza que suponía el Endurance enviado por los británicos, se decidió reforzar el grupo de Astiz con dos helicópteros y otros cuarenta infantes, embarcados a bordo de la fragata ARA Guerrico.

El 3 de abril, los marines británicos apostados en Grytviken fueron intimados. La rendición no fue sencilla. Un helicóptero con infantes, atacado por un comando británico, realizó un aterrizaje forzoso. Hubo cuatro muertos y dos heridos. Algunas horas después, frente a la diferencia del potencial militar argentino, la última guarnición británica de las Georgias se rindió.

En el continente se festejó la ocupación de Malvinas. Dos días antes, el 30 de marzo, la CGT, con la adhesión de la Multipartidaria, había convocado a un paro y movilización. Más de diez mil personas, al grito de “Se va a acabar la dictadura militar”, ocuparon la Plaza de Mayo en reclamo de democracia. Con una fuerte represión, la policía los dispersó. Los actos también se realizaron en centros urbanos del interior del país.

A Galtieri le quedaba por jugar la carta de Malvinas.

Su voluntad bélica también se dirigiría hacia Chile, el único país de la región que luego apoyaría a Inglaterra durante el conflicto.

Que saquen el ejemplo [los chilenos] de lo que estamos haciendo ahora porque después les toca a ellos.

Durante toda la tarde del 2 de abril, Reagan trató de comunicarse con Galtieri en la Casa Rosada. El presidente de facto no levantó el teléfono hasta la noche, atendiendo la imploración de Costa Méndez, preocupado por la virulencia del frente diplomático que acababa de abrirse. “Si Breznev habla con Reagan, usted no puede negarse”, le explicó.

La charla, mediada por traductores y mecanógrafos que la registraron, fue un diálogo imposible. Reagan insistió en una alternativa al uso de la fuerza. Le anticipó que la relación entre los Estados Unidos y la Argentina se vería profundamente afectada y que Gran Bretaña —lo sabía por buenas fuentes— recurriría a acciones militares.

Galtieri insistió en que la Argentina no era el primer agresor de la historia de las Malvinas y que la Junta Militar había perdido la paciencia con los “juegos de la diplomacia inglesa”. Le expresó su esperanza de que el diálogo entre ambos pudiese continuar, pero también enfatizó que los planes de la Argentina se mantendrían en pie. La despedida fue cordial pero fría.

Para Reagan, el peligro era mayor al estimado y obligaba a los Estados Unidos a tomar partido en este conflicto entre dos aliados de Occidente.

Al día siguiente, el 3 de abril, el pueblo que se había movilizado para reclamar democracia ahora era una multitud eufórica que celebraba la hazaña militar y coreaba el nombre del presidente de facto. Galtieri había logrado, por fin, unir a toda la Argentina, casi sin excepciones, por la causa de Malvinas, y junto a los hombres de armas.

Decidió salir al balcón para recibir los aplausos a su discurso.

Para el gobierno británico, la idea de librar una guerra por unas pequeñas islas del archipiélago del Atlántico Sur también era una oportunidad para salir de la crisis política.

Thatcher estaba cercada por la decadencia económica, el malestar social y las huelgas obreras, en especial por el grado de conflictividad del gremio minero. Con una guerra exterior despejaría el foco de la problemática interna y, si bien buena parte de la población británica no sabía de manera exacta dónde quedaban las islas Malvinas, su defensa podría unificar la nación detrás de un liderazgo renovado.

En ese aspecto, Galtieri y Thatcher compartían una coyuntura política similar: atravesaban conflictos internos que podrían sublimarse en una guerra exterior.

La guerra como forma de distracción y legitimación: una tesis que no era nueva en la teoría política.

Para la Marina inglesa, la guerra además podría representar un acto propicio para refirmar la gloria de una nación que, por su tradición colonial, también se medía con el desempeño de su poderío naval.

Del otro lado del Atlántico habría voluntad de guerra.

El 3 de abril, por insistencia del almirante Henry Leach, se ordenó preparar la Task Force, la maniobra militar más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Dos días después, encabezadas por los portaaviones HMS Invincible y HMS Hermes, que transportaba los aviones Sea Harrier, más de ciento veinte embarcaciones —cincuenta, de guerra; setenta, de apoyo logístico—, todas bajo el mando del almirante John Woodward, partieron desde los puertos ingleses y desde Gibraltar rumbo al Atlántico Sur.

La flota naval se reagruparía en la isla Ascensión, base de operaciones cedida por los Estados Unidos para las maniobras militares.

Aun sin una declaración formal, la guerra estaba cada vez más cerca.

Puertas adentro, Galtieri delineó los pasos diplomáticos y militares a seguir. Para él, la guerra no empezaría ni en el mar ni en la tierra ni el aire, sino en las Naciones Unidas. Costa Méndez debía asegurarse una resolución del Consejo de Seguridad, si no favorable, al menos que no impugnara el ataque militar argentino. No sucedió. La Argentina recibió su primera derrota en el Consejo de Seguridad el 3 de abril, cuando se aprobó la resolución 502/1982, que exigía el cese de hostilidades y el retiro inmediato de las fuerzas argentinas de las islas.

La resolución exhortaba a la continuidad del diálogo.

Fue un impacto inesperado para la Junta Militar, que recién empezaba a tomar conciencia de los errores de cálculo diplomáticos.

Hasta entonces, por estimaciones de Costa Méndez, Galtieri confiaba en que la causa Malvinas generara simpatía internacional por su carácter anticolonial, y en que cualquier resolución a favor de Gran Bretaña sería vetada por la Unión Soviética o por China.

Pero, en el momento de la votación, soviéticos y chinos se abstuvieron y dejaron el camino abierto para la aprobación de la resolución.

La Argentina perdía la primera batalla. A priori la había imaginado ganada.

En el frente interno, en cambio, el panorama era inmejorable. Al festejo popular se le sumó el consenso de los partidos. La UCR expresó su apoyo, lo mismo que el PJ y la Multipartidaria. Alfonsín lo consideró una reivindicación histórica, Luder afirmó que el país debía defender sus derechos soberanos hasta las últimas consecuencias y, con pocas excepciones y matices, distintas fuerzas sociales fueron favorables a la recuperación de las islas.

Las voces críticas quedaban opacadas tras el espontáneo fervor nacionalista.

En la economía no variaron las dificultades. En 1981 la inflación anual había alcanzado el 131 por ciento y el nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann, como Thatcher, recortó el gasto público y avanzó en un programa de privatizaciones. La hipótesis de guerra desató un masivo retiro de depósitos. Una corrida financiera alzó el valor del dólar “paralelo”, creando una brecha del 26 por ciento con respecto del oficial.

Frente a la crisis de liquidez, el gobierno decidió suspender las transacciones en divisa extranjera y regular las tasas de interés.

Los pronósticos más pesimistas —que el triunfalismo militar no permitía escuchar— afirmaban que la Argentina ingresaría en una etapa de aislamiento comercial y crediticio. Todos los malos augurios fueron descalificados. Se consideraba parte de la propaganda enemiga. Ahora era “la Patria lo que estaba en juego”.

El general Menéndez llegó a las islas el 7 de abril para asumir el gobierno. Lo acompañarían en la jura el general Ibérico Saint Jean, ex gobernador de Buenos Aires y ahora ministro del Interior, y el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, además de una amplia comitiva de políticos y sindicalistas. Las funciones de mando de Menéndez se advertirían de manera más clara en las tres semanas posteriores, cuando asumió la jefatura del Comando Conjunto de Malvinas, asistido por tres comandantes de brigada.

Las tropas argentinas se ubicaron en cuatro puntos: Puerto Argentino (denominación que reemplazaba a “Puerto Stanley”) y Darwin-Pradera del Ganso, en la isla Soledad, y Puerto Howard y Bahía Fox en la isla Gran Malvina. La Argentina dispondría de un total de casi trece mil hombres para la defensa.

Sin embargo, aun en las islas, los jefes seguían pensando el frente militar en función del diplomático. Suponían que ese sería el escenario donde se resolvería el conflicto.

La flota británica continuaba su marcha hacia el Sur.

Su primer objetivo fueron las fuerzas apostadas en Grytviken, en las Georgias. El 25 de abril, luego de averiar con misiles al submarino Santa Fe, que navegaba en la superficie, lanzaron dos bombardeos combinados con el desembarco aéreo de setenta y cinco comandos y derrotaron la defensa argentina, que no presentó resistencia.

Sin disparar un solo tiro, Astiz firmó la rendición “incondicional” y fue hecho prisionero de guerra.

De inmediato, Francia y Suecia reclamaron a Inglaterra la posibilidad de interrogarlo.²

Los canales de negociación se estaban agotando. El secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, que oficiaba de mediador entre Londres y Buenos Aires, propuso el retiro de las tropas argentinas y una administración conjunta, o neutral, de las islas mientras se volvía al diálogo. La Argentina, en principio, rechazaba un traslado de sus tropas al continente, pero reclamó un mayor plazo para analizar la propuesta. Los Estados Unidos requerían una contestación urgente.

Las acciones británicas sobre las islas, que los Estados Unidos y la OTAN apoyaban en forma militar y estratégica con la provisión de misiles y la inteligencia satelital, eran inminentes.

La mediación terminó.

Y, aunque sin una declaración formal de guerra, se inició el enfrentamiento naval, que duraría muy poco.

El 30 de abril, a las once de la mañana, decretada por Gran Bretaña, comenzó a regir la Zona de Exclusión Total (ZET) alrededor de las Malvinas. A partir de entonces, todas las naves que circularan en esas aguas sin autorización británica serían consideradas hostiles y susceptibles de ser atacadas. Planteaban los futuros ataques —como ya había ocurrido con el submarino Santa Fe— como episodios de “autodefensa”.³

En las primeras horas de la madrugada del 1º de mayo, a casi un mes de la ocupación argentina, las fuerzas británicas iniciaron la guerra con la “Operación Black Buck”. Los cazas navales atacaron el aeródromo, ubicado a diez kilómetros de la residencia de gobierno, y lograron averiarlo. Lo mismo sucedió con la pista de aterrizaje de Pradera del Ganso, setenta kilómetros al sur. Un contingente de buques se acercó para dar apoyo a la operación aérea y atacar con cañones. También se bombardearon las posiciones terrestres de las tropas. La artillería antiaérea y los aviones argentinos respondieron el ataque: dañaron un destructor, dos fragatas y dejaron fuera de combate dos aviones Sea Harriers.

En doce horas de operaciones, Gran Bretaña buscó medir el poder militar de su enemigo y dejar la impresión de que podría desembarcar en Puerto Argentino en cualquier momento. Pero se sorprendió por el contraataque de la defensa argentina.

Ese día, mientras el presidente peruano, arquitecto Fernando Belaúnde Terry —a quien Galtieri llamaba “doctor”—, presentaba de urgencia una propuesta de paz que contemplaba el retiro de tropas mutuo y una administración cuatripartita de las islas, y el compromiso de resolver el conflicto por vía diplomática en el plazo de un año —propuesta que estaba bajo análisis del gobierno argentino—, el almirante Woodward ordenaba otras acciones paralelas: una flota de submarinos nucleares intentaba detectar y seguir las posiciones de los navíos 25 de mayo y General Belgrano.

Para entonces, la Armada había desplegado su flota para prevenir el desembarco británico. Esperaba que ocurriese sobre la costa este de la Isla Soledad. El 1º de mayo, la flota se dividió en dos grupos: el más grande incluía al 25 de mayo y otras seis embarcaciones, que permanecieron en el límite de la Zona de Exclusión Marítima; el segundo grupo, que se componía del General Belgrano y dos destructores, se desplazó 260 millas al sur de las islas para respetar la zona delimitada por Gran Bretaña y no desencadenar ataques, sino ocupar posiciones para prevenir la llegada de la flota británica.

Sin embargo, en la tarde del 30 de abril, mientras el General Belgrano era abastecido por el navío Puerto Rosales, este grupo sería descubierto por uno de los submarinos británicos, el HMS Conqueror. A partir de entonces lo seguiría a una distancia prudente durante dos días.

El ARA General Belgrano había partido el 16 de abril desde Puerto Belgrano. Estaba a punto de cumplir cuarenta y cuatro años en servicio activo. Este sería su último año. Había sobrevivido al ataque japonés de 1941 a la base Pearl Harbor y el gobierno argentino lo había comprado a los Estados Unidos diez años más tarde. Lo bautizó 17 de octubre. Luego, la Revolución Libertadora llamaría al navío General Belgrano.

El crucero tenía un considerable poder de fuego, distintos sistemas de defensa antiaérea y buenos equipos de radar. Su mayor carencia era la falta de un sistema de defensa antisubmarina. Llevaba 1093 tripulantes.

El HMS Conqueror, dedicado a vigilar el rumbo del Belgrano, era un submarino nuclear preparado para operaciones de alto riesgo. Poseía un reactor nuclear como fuente de energía —pero no armas nucleares—, lo que le permitía no salir a la superficie durante el patrullaje. Tenía una marcha silenciosa, difícil de detectar, y una velocidad superior a las naves de superficie. Guiado por el comandante Christopher Wreford-Brown, el Conqueror había participado de la operación en las Georgias y navegado en cercanías de Tierra del Fuego.

El 1º de mayo, el grupo de navíos que acompañaba al Belgrano, con sus dos destructores, recibió la orden de no penetrar en la Zona de Exclusión Marítima para evitar hacer frente al enemigo sin autorización previa.

En la madrugada del 2 de mayo, el Belgrano realizó una maniobra que lo acercaría a las fuerzas navales inglesas. Pero la idea de la Armada seguía siendo no comprometerlo en un ataque frontal, sino utilizarlo como maniobra de distracción del grupo del portaaviones inglés Hermes, mientras el portaaviones 25 de mayo mantenía latente un enfrentamiento con el portaaviones Invincible.

La acción era riesgosa, porque el Belgrano debería atravesar la Zona de Exclusión, una densa barrera de submarinos, fragatas y destructores.

Cuatro horas más tarde, sin embargo, el navío ya se había alejado: permanecía a unas 35-40 millas de la zona de exclusión.

En ese momento, en la tarde del 2 de mayo, el Conqueror estaba a cuatro mil metros. Su comandante tenía la autorización de atacar por fuera de la zona de exclusión.

La orden le había sido dada durante la mañana.

BIBLIOGRAFÍA

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Sohr, Raúl. “El triángulo Washington-Buenos Aires-Pretoria”, en revista Nueva Sociedad, Nº 59, marzo-abril de 1982, págs. 47-54.

¹ El archipiélago del Atlántico Sur está compuesto por más de cincuenta islas. La Gran Malvina y la Soledad son sus cuerpos principales. Los ingleses las llaman Falkland Islands. No superan los trece mil kilómetros cuadrados de superficie. Están ubicadas 464 kilómetros al este del continente.

² Astiz fue el único prisionero trasladado a Inglaterra. Llegó el 5 de junio y permaneció detenido en una prisión militar. Francia quería interrogarlo por la desaparición de las monjas Léonie Duquet y Alice Domon. Suecia, por el secuestro de la joven Dagmar Hagelin. Inglaterra no lo cedió para no vulnerar su condición de prisionero de guerra, de acuerdo con la Convención de Ginebra.

³ La declaración se establecía “sin perjuicio” de lo que pudiera hacer Gran Bretaña en ejercicio del “derecho de la autodefensa frente a la agresión”, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

CAPÍTULO 14

Malvinas II

A esta tropa ya no se le puede exigir más [...] creo, mi general, que tenemos que acceder a la gran responsabilidad para con soldados que van a morir combatiendo un combate sin posibilidades, por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. Esto debo decirle como comandante de Malvinas. Cambio.

General MARIO B. MENÉNDEZ, en diálogo con el general Leopoldo F. Galtieri la mañana del 14 de junio de 1982.

En su evaluación estratégica, el mando militar británico consideró la posibilidad de que el General Belgrano, en su patrullaje por la zona sur, escapara al control del Conqueror y entrara en misión de combate contra la Task Force. Esa hipótesis, fundada en los “últimos datos de inteligencia de las intenciones de la flota argentina”, le fue transmitida a Margaret Thatcher. En un almuerzo en una casa de campo oficial, la primera ministra reunió a un reducido grupo de ministros y funcionarios para definir si debían modificar las reglas del enfrentamiento y atacar un crucero que navegaba en la zona de “no agresión”. Resolvieron que sí.¹

De este modo, del invocado principio de “autodefensa” Inglaterra pasó a una ofensiva, sin advertencia previa, para atacar a un barco que se alejaba hacia el sudoeste de la zona de conflicto, navegando sobre un radio de latitud y longitud donde no había otra unidad de la Marina inglesa que pudiese percibir su amenaza.

Después de treinta y seis horas de seguimiento y desde una distancia de cinco kilómetros, a las cuatro de la tarde del domingo 2 de mayo el Conqueror disparó tres torpedos Mark-8: los dos primeros dieron en el Belgrano; el tercero, en uno de los destructores que lo acompañaba, el Hipólito Bouchard. En este blanco no explotó. El primer torpedo al Belgrano impactó a la altura del compartimento de máquinas de popa; el segundo, lanzado pocos después, generó un desprendimiento en la proa que evitó que la explosión se expandiera en el barco pero provocó su rápida inclinación.

En una hora, el Belgrano se hundía en el mar.

El ataque dejó un saldo de 323 tripulantes muertos. Los primeros 274 murieron a causa del fuego y el humo del primer torpedo. Los dos destructores acompañantes escaparon de inmediato, de acuerdo con la orden recibida. Los 770 sobrevivientes fueron rescatados al día siguiente por una escuadrilla de barcos, entre ellos un pesquero ruso y un navío de la Armada chilena, que se ofreció a último momento. Pero otros 23 habían fallecido después de saltar del Belgrano. La última balsa, con 25 tripulantes al borde del congelamiento, fue rescatada a las dos de la tarde del 4 de mayo.

De inmediato, el jefe de la Marina, almirante Jorge Anaya, confirmó la sospecha de que Gran Bretaña había utilizado información satelital brindada por los Estados Unidos. Una semana después, Gran Bretaña extendió la zona de exclusión y anunció que atacarían a cualquier avión o barco que traspasara las doce millas de la costa argentina.

El hundimiento del Belgrano signó la derrota argentina en el mar. A partir del 2 de mayo, la guerra se libraría en aire y tierra.

Con la tragedia humana y el impacto sobre la moral de la tropa y sobre la Argentina, la propuesta negociadora del presidente peruano Belaúnde Terry, de la que el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig también participaba, perdió consistencia.

La Junta prefirió no negociar ante la nueva circunstancia. Durante todo el mes de mayo y hasta el final de la guerra, Gran Bretaña, que afirmó haber recibido la propuesta peruana después del hundimiento del Belgrano —lo que fue refutado por Belaúnde Terry—, también se mantendría firme en su negativa: solo aceptaría el cese de fuego y el retiro de tropas propias luego de que fuese restablecida la administración británica sobre las islas, respetando el deseo de los dos mil habitantes.

Pese a la demostración del poderío aéreo inglés sobre Puerto Argentino el 1º de mayo, y al hundimiento del Belgrano, al día siguiente, la Argentina mantuvo la idea de continuar el dominio militar en las Malvinas. Inició la ofensiva aérea.

El 4 de mayo, con dos aviones Super Étendard que partieron desde la base de Río Grande, y desde cuarenta kilómetros de distancia, dispararon dos misiles Exocet contra el destructor Sheffield, que navegaba al sur de la isla Gran Malvina. Los misiles de 650 kilos demoraron un minuto en alcanzar el blanco. Uno impactó. Provocó uno de los mayores daños a la flota inglesa de toda la guerra. El incendio del Sheffield obligó a la tripulación a abandonar la nave. Seis días después se hundiría. El saldo fue de veintiún muertos y veinticuatro heridos de distinta gravedad. Ese día, también las baterías antiaéreas de Pradera del Ganso derribaron un Sea Harrier inglés.

Inglaterra enfrentaba por primera vez el costo humano en la guerra.

El alto mando británico se sorprendió de que la Argentina, aun con equipos relativamente anticuados, tuviera un considerable potencial aéreo. Se estima que participaron en el conflicto entre 90 y 110 aviones de combate, además de otras 120 naves pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Aerolíneas Argentinas, LADE y empresas privadas.

Los misiles Exocet franceses se demostrarían eficaces en la contienda bélica. La Armada había comprado doce aviones Super Étendard, armados con doce Exocet, a la compañía francesa Aerospatiale por 160 millones de dólares. El bloqueo de la OTAN, iniciada la guerra, impidió la entrega total del armamento. Al principio del conflicto, la Argentina contaba con solo cinco unidades. En abril, Perú hizo un pedido a Francia; también se lo negaron. Sospecharon de una triangulación. La Marina los buscó en el mercado negro internacional. La cotización se multiplicó varias veces y llegó hasta cuatro millones de dólares cada uno. Pero no consiguió otros.²

La aviación argentina combatiría en condiciones más equilibradas que las fuerzas navales, aunque los Sea Harrier ingleses, equipados con misiles Sidewinder norteamericanos, serían determinantes en el enfrentamiento directo.

El 12 de mayo, una cuadrilla de cuatro Skyhawk dejó fuera de combate al destructor inglés Glasgow. Luego de este episodio, Londres apuró la resolución militar del conflicto. Mientras continuaba el bombardeo sobre las posiciones terrestres de Puerto Argentino y la isla Borbón, al norte de la isla Gran Malvina, utilizada como pista de aterrizaje, la Armada británica definió el lugar del desembarco: la bahía de San Carlos, en el estrecho corredor que separa la isla Gran Malvina de la isla Soledad.

La operación tomaría por sorpresa solo en parte a las fuerzas argentinas. Las tropas de defensa se habían concentrado en Puerto Argentino y en Puerto Darwin-Pradera del Ganso, el pequeño istmo que une las dos partes de la isla Soledad en el que se había establecido una importante reserva estratégica. Sin embargo, en la custodia del estrecho San Carlos había sólo cuarenta soldados que tenían la misión de dar aviso temprano en caso de desembarco enemigo. Consideraban que San Carlos era un punto demasiado lejano de Puerto Argentino.

El 21 de mayo, con buques de asalto, destructores, fragatas y cientos de marines apostados en las playas con motonaves, se inició el desembarco inglés. También, como parte de la operación, se desplegaron submarinos nucleares frente a bases militares argentinas en el continente: Río Grande, Río Gallegos y Bahía Blanca.

La respuesta argentina fueron cinco oleadas de ataques, cuatro de la Fuerza Aérea y una de la escuadrilla aeronaval. En cincuenta y cuatro salidas, los aviones afectaron un crucero y dañaron varias naves británicas. El costo propio de la batalla de ese día fue alto: la Fuerza Aérea perdió nueve unidades y la Armada, tres. Al anochecer del 21 de mayo los británicos ya disponían de la cabecera en San Carlos con tres mil hombres y mil toneladas de suministros.

La Argentina intentó impedirlo otra vez. Persistió en el enfrentamiento aéreo por el “corredor de bombas” que representaba el estrecho San Carlos. Los cuatro días siguientes, entre el 21 y el 25 de mayo, se produjo una intensa descarga de fuego. Cuando las tropas inglesas se disponían a iniciar la marcha terrestre de treinta y cinco kilómetros hacia Puerto Darwin-Pradera del Granso, las aeronaves hundieron el destructor inglés HMS Coventry, otro destructor tipo 42 y el Atlantic Conveyor, que transportaba trece helicópteros.

La andanada aérea produjo una significativa pérdida en la logística británica, aun cuando se estima que entre el sesenta y el setenta por ciento de las bombas argentinas no estalló. Los costos también fueron altos para las fuerzas argentinas: en doscientos cincuenta y dos salidas, perdieron veintidós aviones y nueve pilotos.

Ese era un momento clave de la guerra: si la Argentina continuaba con sus ataques sobre los helicópteros, el combustible y los morteros, los misiles y las municiones británicas podían dejar a sus tropas con menor respaldo logístico y romper la unidad de abastecimiento entre los soldados que se desplazaban y la cabecera de playa de San Carlos. La marcha hacia Puerto Argentino podría verse comprometida.

A partir de entonces, Londres aumentó la presión sobre el jefe de las fuerzas terrestres, comandante Jeremy Moore, y sobre el brigadier Julian Thompson, a cargo de la Tercera Brigada de Comandos, para dar inicio a las operaciones militares. No admitían más demoras. Suponían que a partir del desembarco rodearían Puerto Argentino en cuestión de días. La comunidad política inglesa se impacientaba. Querían una victoria militar rápida. Temían que una inminente resolución de la ONU llamara al “cese de fuego” y obligara a sus fuerzas a salir del escenario bélico sin haber recuperado las islas. Esta posibilidad generaba constante tensión en el alto mando británico. La Argentina, en cambio, prefería que los combates terrestres se retrasasen y se resolviese una tregua.

Entonces se le ordenó al segundo batallón de paracaidistas (Para 2) una inmediata incursión a Darwin-Pradera del Ganso para destruir su flota aérea. La aproximación por mar y por aire tenía demasiadas complicaciones. Debían avanzar a pie, con el apoyo de la artillería naval.

En Puerto Darwin se encontraba la base aérea militar Cóndor, ya afectada por los bombardeos del 1º de mayo, que resguardaba a algunos aviones Pucará. Otros habían sido desplazados a la isla Borbón. La guarnición argentina en Darwin era una obsesión para el teniente coronel Herbert “H” Jones, jefe del Para 2. Necesitaba vencer la primera batalla terrestre y romper el “muro moral” de las tropas argentinas. Dominar Darwin para iniciar el avance de la infantería hacia Puerto Argentino. Una expedición de noventa kilómetros con la amenaza aérea argentina, pero también con la retaguardia asegurada. Del mismo modo, a Londres, en términos políticos, le servía un rápido y claro triunfo militar en esa batalla para demostrar la superioridad de sus fuerzas.

El “asalto total” sobre Puerto Darwin-Pradera del Ganso, en cambio, no era un objetivo que interesara al brigadier Thompson. Creía que bastaba con destruir el aeródromo. El día 26 de mayo, el brigadier Thompson canceló la maniobra por las condiciones meteorológicas adversas. Era uno de los peores inviernos en muchos años. Thompson no quería operar sin helicópteros. La decisión enfureció a Jones, que expresó su punto de vista delante de toda la infantería. “Esperé por veinte años esta oportunidad y ahora estos hijos de puta la cancelan”, afirmó.

El 27 de mayo, finalmente, partieron tres columnas de infantes desde San Carlos con tres destinos: el Para 2, hacia Darwin-Pradera del Ganso; el Para 3, hacia la caleta Teal, y el Batallón 45, hacia Douglas.

Darwin y Pradera del Ganso eran dos pequeños caseríos de pocas viviendas separados cinco kilómetros uno del otro. No tendrían más de veinticinco familias de granjeros, que habían sido tomados prisioneros. Dormían en una amplia sala comunal escuchando los sonidos de la guerra. Habían pintado el techo con una cruz roja.

La inteligencia británica indicaba que Darwin estaba defendida por cuatrocientos o quinientos hombres. Eran datos errados o, mejor dicho, desactualizados. Las tropas habían ido agregando refuerzos de última hora: sumaban más del doble. Los Para 2, en cambio, eran alrededor de seiscientos hombres, con artillería terrestre y naval, y apoyo aéreo. Se agruparon en el caserío de Camilla Creek, a cinco kilómetros de las fuerzas argentinas.

Desde allí comenzaron a avanzar.

El 26 de mayo, Menéndez había ordenado al general Omar Parada que se movilizara hacia Darwin para respaldar a la Fuerza de Tareas Mercedes, que reunía distintas compañías de infantería y artillería; un conjunto de más de medio millar de soldados que también contaba con el apoyo aéreo desde Puerto Argentino.

Parada explicó a Menéndez los peligros que acarreaba un desplazamiento por aire o mar hacia el istmo. En cambio, emitió una Orden de Operaciones para el teniente coronel Ítalo Piaggi, al mando de la Fuerza de Tareas Mercedes, para que reorganizara la defensa y hostigara al enemigo mientras este preparaba su ataque, y lo desconcertara. La Argentina ya tenía la noticia de la ofensiva británica. La había filtrado un periodista de la cadena BBC, presente en el campo de batalla. El trascendido de sus planes disgustó a Jones, que en conversación con su esposa le adelantó que demandaría al ministro de Defensa John Nott por permitir que se revelara en un medio público la inminencia del ataque.

La filtración rompió la sorpresa. Pero los planes de Jones no se modificaron. Comenzó a avanzar en la madrugada del 28 de mayo. La maniobra, según su evaluación, concluiría en pocas horas. Jones esperaba el rápido colapso de las fuerzas argentinas. Subestimó su resistencia.

El ataque sobre Puerto Darwin comenzó en plena oscuridad, cerca de las dos y media. Hacia las seis, los británicos ya habían destruido la primera línea de defensa y sometían a las compañías argentinas. La batalla parecía concluida. Para salir del encierro, Piaggi ordenó que la reserva, liderada por el subteniente Roberto Estévez, realizara un contraataque en diagonal.

Estévez, que conducía cuarenta hombres, cruzó el campo de batalla bajo fuego enemigo, con sucesivos repliegues y contraataques, y bloqueó durante varias horas la penetración territorial del Para 2 de Jones.

Luego lo hirieron.

Al salir de un pozo, Estévez recibió un tiro en el brazo y otro en la pierna izquierda, pero con un FAL continuó disparando e impartiendo órdenes por radio, bajo el fuego de los morteros y los francotiradores de los Para 2.

El tiro mortal lo recibió en el pómulo derecho.

Dos meses antes Estévez le había escrito la última carta a su padre.

Querido papá: Cuando recibas esta carta, yo estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios Nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto: que muera en el cumplimiento de mi misión. Pero, ¡fijate vos qué misión! ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las islas Malvinas y restaurar en ellas Nuestra Soberanía?

A Estévez lo reemplazó el cabo Mario Castro. Tomó su equipo de comunicaciones y pidió instrucciones. Piaggi le pidió que soportara el fuego cuanto pudiera; pronto llegarían aviones Pucará para dar respaldo aéreo. Dos unidades ya habían sido derribadas el día anterior. Castro también perdió la vida. Lo alcanzó un proyectil de fósforo y lo quemó vivo. La fuerza de reserva quedó en el mando el soldado Fabricio Carrascull. Moriría minutos después.³

Al amanecer del día 28 de mayo, la luz permitió ver con claridad la posición británica. Esto representó un alivio para las fuerzas nacionales, que no contaban con armamento con mira nocturna. La línea de defensa estaba al mando del subteniente Juan José Gómez Centurión. Las posiciones estaban equilibradas. Hubo una pausa en el fuego. Los ingleses detuvieron el avance y se reagruparon; recibieron municiones. Los argentinos obtuvieron refuerzos.

Entonces “H” Jones muere en un hecho controversial. Una versión indica que, al frente de un pelotón de quince hombres, y después de más de ocho horas de combate, Jones decidió enfrentar el fuego que partía desde las trincheras y mantenía inmovilizadas a dos de sus cuatro compañías del Para 2. Jones quiso tomar los “nidos de ametralladoras” por asalto, en una muestra de arrojo y exceso de confianza.

Una loma le impidió ver uno de los “nidos”, y, desde veinte metros a su izquierda, recibió una ráfaga de ametralladora. Jones intentó tomar su granada. Otra ráfaga a la altura de la cintura volvió a sacudirlo.

La otra versión afirma que en la pradera se alzaron algunos cascos ingleses con voluntad de parlamentar. El combate se detuvo. Jones ofreció a Gómez Centurión respetar la vida de todos los argentinos a condición de que se rindiesen. El subteniente, confiado en su mejor posición relativa respecto de la noche anterior, rechazó la oferta. Incluso le mencionó que creía que él quería rendirse. Le indicó que en dos minutos reabriría el fuego. Mientras ambos se retiraban, el fuego, de manera inesperada, alcanzó a Jones desde una trinchera a veinte metros de distancia. Recibió una ráfaga mortal.⁴

“Rayo de sol ha caído”, afirmó el radiooperador en la mañana del 28 de mayo para informar la muerte de Jones. La noticia causó estupor y confusión en las filas británicas. Un helicóptero que intentó recoger al jefe de los Para 2 fue abatido por un Pucará.

El ataque inglés había sido detenido.

Pero desde ese momento, el mayor Chris Keeble, que reemplazó a Jones en la conducción, cambió la estrategia debido a la resistencia argentina, que era mayor que la esperada. Keeble dejó de empeñar fuerzas en frentes dispersos, comprometiéndolas en combates generalizados, y las concentró, con todo el poder de fuego disponible —artillería, morteros, misiles antitanque, bombardeo naval— hacia un solo punto de ataque —Puerto Darwin—, acorralando la guarnición enemiga.

Los soldados argentinos, ya casi sin municiones, intentaron esquivar el ataque británico cambiando de posiciones. Hasta que, con el fuego inglés al frente, y el agua a sus espaldas, ya no tuvieron por dónde salir.

Parada ordenó una retirada de las fuerzas nacionales, pero Piaggi, que se sentía incomprendido por su superior frente al cuadro de situación, no contaba con alternativas de escape para semejante empresa. El alto mando inglés no admitió demoras. Le hizo saber que tenía orden de Londres de bombardear y aniquilar no sólo a las tropas argentinas sino también a los isleños que mantenían prisioneros. Entonces, el jefe de la FT Mercedes decidió entablar diálogo y pactar la rendición. Las bajas fueron numerosas por ambas partes —47 muertos y 98 heridos en las fuerzas nacionales; 17 muertos y 35 heridos en el bando británico—. Casi mil prisioneros argentinos fueron encerrados en el galpón donde se esquilaban las ovejas, en Puerto Darwin, y luego trasladados a bahía San Carlos.

El combate, que se presumía rápido, duró treinta y tres horas.

A partir de entonces, con la retaguardia asegurada y el dominio naval y también aéreo, se inició la marcha terrestre hacia Puerto Argentino. El Para 2 enfiló hacia el Este; el Para 3, acompañado por el Comando 45, abrió una brecha por el centro y se estableció en un puerto para afianzar el respaldo logístico. Sobre el Oeste, avanzó el Comando 42.

Un día después de la caída de Darwin habría otro intento de la aviación argentina por torcer el rumbo de la guerra. Fue uno de los episodios más audaces. Se produjo el 30 de mayo con la acción de un equipo de aviones argentinos que atacó al portaaviones HMS Invincible. Por el poder destructivo de los Exocet, el almirante John Woodward había decidido mantener a los portaaviones Hermes e Invincible a la mayor distancia posible. A fines de mayo, los intentos de compra de Perú no habían dado resultado. La Argentina sólo contaba con un Exocet. Era el último de la Fuerza Aérea. Los demás ya se habían utilizado.

La inteligencia argentina ya había rastreado la ubicación del núcleo de la Task Force, encabezado por el Invincible. Lo había detectado. La escuadrilla partió desde Río Grande, Tierra del Fuego. Eran cuatro Skyhawk A-4C y dos Super Étendard —uno de ellos llevaba el Exocet—, más dos aviones Hércules para reabastecer en vuelo a la escuadrilla con el uso de mangueras, 180 kilómetros al sur de las islas Malvinas.

La escuadrilla partió hacia el objetivo en vuelo rasante sobre el mar para evitar que la descubriera el radar, o que lo hiciese cuando los aviones ya estuvieran casi sobre el blanco. A cuarenta kilómetros, la distancia de tiro, y una velocidad de más mil kilómetros por hora, el misil se desprendió del Super Étendard e inició su recorrido hacia el Invincible. Dio en el blanco. El portaaviones empezó a cubrirse de humo negro. El ataque aéreo fue reforzado con bombas de 250 kilos y cañones. Dos de los pilotos fueron alcanzados por el enemigo y cayeron al mar. El resto de la escuadrilla logró regresar a la base después de casi cuatro horas de misión aérea. Los británicos negaron el ataque. Ofrecieron versiones contradictorias.⁵

Después de los combates de Puerto Darwin-Pradera del Ganso, el avance británico, con sus tres columnas, continuó. El 2 de junio instalaron un contingente en monte Kent. Allí trasladaron la artillería de campaña. Era una posición privilegiada que les permitía enviar patrullas de observación y hostilizar el cordón montañoso donde estaba asentada la posición argentina: Harriet, Dos Hermanas, Tumbledow, Sapper Hill, Guillermo (ubicado más hacia el oeste) y, básicamente, monte Longdon.

Sobre esta colina se abría el camino hacia Puerto Argentino.

Abajo del Longdon estaba la ladera en la que sobresalía la cresta de Wireless Ridge, y luego la pendiente se pronunciaba aun más hacia el valle de Moody Brook, la última línea de defensa, ubicada a tres kilómetros de Puerto Argentino.

Los británicos se reordenaron.

El general Jeremy Moore, ahora al frente de la tropa, recibió refuerzos de tres batallones que habían llegado en el Queen Elizabeth el 27 de mayo. Un grupo de navíos escolta había arribado el día anterior. También hubo más submarinos.

Gran Bretaña esperaba alguna ofensiva nocturna sobre sus tropas terrestres, pero la Argentina no tenía equipamiento aéreo para bombardear de noche. La aviación asentada en Malvinas estaba prácticamente inutilizable. Dos helicópteros Chinook de la Fuerza Aérea para transporte de tropa, contra la voluntad de Menéndez, habían sido replegados al continente, con la idea, no explicitada, de preservarlos ante una probable derrota.

Frente a la marcha de la tropa inglesa, la Argentina apenas pudo movilizar algunas patrullas para minar los campos y otras para detectar el avance enemigo. No podían proyectarse muchos kilómetros más allá del cordón montañoso.

Las fuerzas nacionales todavía conservaban las compañías de comandos 601 y 602, efectivos de elite de la infantería de Marina, los aviones de la Fuerza Aérea y el escuadrón Alacrán, además de las tropas de defensa del cordón montañoso y de Puerto Argentino. Pero ya no podían sumar fuerzas desde el continente. El tráfico aéreo, para el transporte logístico, se había reducido al mínimo. Hacia el mes de junio, las naves inglesas se acercaban desde el sur y el norte de Puerto Argentino. La Argentina ya no podía colocar más minas de uso naval para disuadirlas. No tenían.

El Ejército mantenía a los soldados en los “pozos”, con la artillería como única defensa terrestre. Algunos habían disparado con baterías antiaéreas contra aviones británicos en el bautismo de fuego del 1º de mayo. Desde entonces sólo habían soportado la hostilidad de las bombas.

La capacidad de visión de un soldado era de cien o doscientos metros a su alrededor. Ese era su radio de observación. El “pozo” era su posición en la guerra, su universo. Lo había cavado él mismo, y permanecía allí, día y noche, inmovilizado, bajo lluvia constante, a la espera de las fuerzas enemigas. Sabía que los ingleses habían desembarcado, pero no dónde. No tenía mapas. Tampoco era informado sobre las acciones del enemigo ni sobre el curso de la guerra.

Los soldados conscriptos habían llegado a las islas con poca o nula instrucción militar. Les costaba conseguir alimentos —algunos de ellos adelgazaron hasta treinta kilos durante el conflicto— y eran castigados aun cuando salían en busca de comida.⁶

La relación entre superior y conscripto era usualmente de maltrato. Algunos soldados fueron estaqueados, expuestos a la helada intemperie y sometidos a torturas y simulacros de fusilamiento.

La espera en el pozo llevaba dos meses.

Era una espera cada vez más crítica, plena de incertidumbre. Se convivía con el asedio diario, cada vez más frecuente y potente, de los ataques aéreos, de los cañoneos navales y la artillería de campaña inglesa. Cuando sonaba un alerta roja, cada soldado buscaba refugio donde protegerse. Esa era su rutina cuando todavía no habían llegado las tropas del enemigo a monte Longdon.

Menéndez imaginó la posibilidad de un contraataque aéreo desde el continente para vulnerar a las fuerzas británicas por la retaguardia. El 9 de junio, el general Américo Daher viajó a Comodoro Rivadavia para reunirse con el comando de las Fuerzas Armadas y luego, el mismo día, voló a Buenos Aires para reunirse con Galtieri. Menéndez lo había enviado para exponer el “Operativo Buzón”, como lo había denominado.

El operativo suponía conmover el estrecho San Carlos con aviones, buzos tácticos, comandos y submarinos; también atacar Darwin y a las tropas terrestres, ya apostadas a pocos kilómetros de monte Longdon.

Menéndez mantenía un parcial entusiasmo.

El día anterior, 8 de junio, la Fuerza Aérea había rechazado el intento de desembarco en Fitz Roy y Bahía Agradable, al sudoeste de Puerto Argentino. Una escuadrilla aérea que partió desde Río Gallegos hundió la fragata Plymouth y los transportes de tropas Sir Galahad y Sir Tristan. Los batallones de la guardia galesa y escocesa sufrieron un severo impacto. Fue un “día negro” para la flota británica: cincuenta y un muertos.⁷

Después de neutralizar el desembarco, Galtieri supuso que los ingleses no se lanzarían sobre Puerto Argentino durante diez o doce días. Prefirió insistir con los oficios diplomáticos, ahora por medio del papa Juan Pablo II —que llegaría a la Argentina el 11 de junio—, y mantener una estrategia de contención y desgaste en el plano militar antes que de contraataque desde el continente, como proponía Menéndez.

De modo que el “Operativo Buzón”, aunque Galtieri nunca se lo comunicaría a Menéndez, fue descartado.⁸

Entonces se decidió poner en acción, otra vez, a los grupos comando, para que ejecutaran golpes rápidos y sorpresivos.⁹

En Malvinas, habían entrado en acción el 2 de abril, en el desembarco. La Compañía 601 después se dedicó a la inteligencia sobre los isleños. Y la Compañía 602, que dirigía el mayor Aldo Rico, decidió emboscar a las tropas británicas. Obtuvo el refuerzo de una sección de Gendarmería y actuó en coordinación con el teniente coronel Martín Balza, uno de los jefes de Artillería. En la tarde del 9 de junio, la Compañía 602 se mantuvo a la espera en el monte Harriet. Aguardaron varias horas hasta que observaron una columna británica a setecientos metros. Postergaron el ataque para cuando se encontraran a menos distancia. Esperaron varias horas. En la madrugada del 10, volvieron a verlos. Estaban a doscientos metros. Cuando se disponían a atacar, una explosión los sorprendió. Las fuerzas enemigas habían tomado la ofensiva: eran miembros del Special Air Service, los comandos británicos. Las explosiones se sucedieron. Ametralladoras, fusiles, granadas y, sobre todo, artillería. Los dos comandos se enfrentaron en el monte Harriet, a poca distancia uno del otro, hasta el punto de que, cuando Rico transmitía a Balza los datos de tiro, el fuego apenas traspasaba la posición del comando argentino. Rico y Balza, que se comunicaban con lenguaje informal para impedir que la inteligencia enemiga decodificara los mensajes, lograron contener la ofensiva con la acción de la artillería. Hasta que se hizo un silencio total y el comando se replegó a Puerto Argentino.

Se cree que hubo dieciocho bajas británicas y cuatro argentinas, entre muertos y heridos.

Según el alto mando británico, Puerto Argentino, desde la primera a la última línea de defensa, contaba con nueve mil hombres. Alrededor de cinco mil estaban desplegados en distintas posiciones del cordón montañoso.

Para un ataque sobre posiciones fijas suele calcularse una relación de tres a uno. En distintas colinas se excedía esa proporción. En monte Longdon se mantuvo.

El ataque sobre esa colina, ubicada a catorce kilómetros de Puerto Argentino, estaba preparado para la noche, cuando las tropas argentinas eran más vulnerables por falta de visores nocturnos. Como había sucedido en Darwin.

El plan era atacar sin interrupciones, atravesar todas las posiciones argentinas, forzar su repliegue y llegar hasta Wireless Ridge esa misma noche. Las distancias no eran muy largas.

Los montes Tumbledown, Sapper Hill y Guillermo, estaban defendidos por ochocientos marinos del Batallón de Infantería de Marina 5, con apoyo de doscientos soldados de dos compañías adscriptas, los regimientos de Infantería 3 y 6. Estas fuerzas se enfrentaron contra cerca de diez mil soldados británicos, entre ellos, los regimientos de las guardias escocesa, galesa y nepalesa (gurkhas). Los comandos 45 y 42 atacaron Dos Hermanas y el monte Harriet. Los Para 2 y Para 3, desde distintas posiciones, avanzaron sobre monte Longdon, defendido por el Regimiento de Infantería 7, comandado por el subteniente Juan Domingo Baldini.

Cada soldado inglés dispuesto para el ataque cargaba un peso de casi cincuenta kilos sobre su espalda. Pasadas las 9 de la noche del 11 de junio, cuando ya llevaban más de una hora de marcha hacia Longdon, el cabo Brian Milne ingresó en un campo minado, a seiscientos metros de la primera línea enemiga. Perdió una pierna. Para las tropas argentinas, fue el alerta de que los ingleses ya estaban encima. En ese momento, la niebla no les permitía una visión mayor de siete metros. Baldini, en su carpa, estaba sintonizando Radio Colonia, que transmitía la repetición de la misa del papa Juan Pablo II en Luján. El radar terrestre había sido apagado. Cada vez que se encendía, recibía proyectiles.

A partir de la explosión de la mina, Longdon se transformó en campo de batalla. Se inició el fuego naval, de artillería y de misiles antitanque; las fuerzas argentinas respondieron con granadas, ametralladoras y morteros.

Aun cuando las diferencias de tropa y de poderío armado eran considerables, los soldados argentinos intentaron no desprenderse de sus colinas. Cuando perdían una posición, contraatacaban. Ocurrió durante la madrugada del 12 de junio en todas las alturas, en especial en Tumbledown y en Longdon. Con el transcurso de las horas, las distancias del enfrentamiento se fueron reduciendo. Se combatía con granadas, fusiles, bayonetas.

Hasta que llegaron al cuerpo a cuerpo.

Abajo, sobre la ladera de Wireless Ridge, el Regimiento de Infantería 7 recibía el apoyo de fuego de los morteros de las compañías A y B y de la Compañía Comando. Un observador adelantado daba la información sobre la posición enemiga y se ordenaba el fuego. El alcance de la artillería inglesa era de 17 km. El de la argentina, 10,5 kilómetros.

Para la mayoría de los soldados, la del 11 de junio fue la primera acción de guerra de sus vidas. A poco de iniciarla, se revelaron las deficiencias materiales. La base de los morteros se hundía, impedía la continuidad de tiro y enseguida llegaba la réplica británica, con detectores de calor que permitían señalizar la posición de los morteros argentinos. La guerra, para muchos de los que estuvieron en el pozo a la espera del enemigo, duró apenas algunos disparos, y luego debieron replegarse frente a la avalancha del fuego inglés, en medio de explosiones constantes. Las posiciones argentinas en las colinas y las laderas soportaron seis mil disparos de artillería en esa sola noche.

Con la presión de los misiles antitanque, la artillería y el avance de la infantería, la situación se volvió insostenible en las alturas. Se fueron perdiendo. Baldini intentó recuperar monte Longdon con un grupo de soldados. Uno de ellos, Flores, que salió con su arma, recibió varios impactos. Lo hirieron. Baldini salió de su posición para auxiliarlo. Lo mataron.

En la madrugada, el Regimiento 7 de Infantería había perdido a su jefe.

El teniente Néstor Quiroga asumió el mando y continuó la orden de contraataque y el frente se estabilizó por unas horas. Ya llevaban seis de combate. Pero, al amanecer, los soldados fueron quedando encerrados entre los regimientos británicos, sin posibilidad de retroceder. La lucha fue hombre a hombre. Algunos soldados, que permanecieron guarecidos, fueron buscados directamente en sus pozos; los tomaron prisioneros; otros fueron ejecutados o ultimados con un bayonetazo en el ojo. A las seis y media de la mañana ya estaba dada la orden de repliegue en el Longdon y los soldados bajaron a Wireless Ridge con protección del fuego de artillería propio. Sólo setenta y ocho lograron hacerlo. Los doscientos restantes que componían el Regimiento 7, tras nueve horas de batalla en el monte, habían sido muertos, tomados prisioneros o estaban heridos.

Los ingleses ya podían visualizar la residencia de Menéndez en Puerto Argentino. Estaba a un tiro de artillería.

En la mañana del 12, los montes Dos Hermanas y Harriet también habían sido tomados, con 22 soldados argentinos muertos, 119 heridos y 200 prisioneros.

Los ingleses supusieron que debajo del monte Longdon habría una fortaleza. Decidieron permanecer en la posición conquistada, reagruparse, reabastecer municiones, instalar puntos de observación, pero no avanzar, como indicaba el plan original. Temían ser sorprendidos por un contraataque argentino. No sabían desde dónde llegaría.

En ese “tiempo muerto”, distantes a centenares de metros, las tropas de uno y otro bando se observaron durante todo el día. Casi no cruzaron fuego. Pero la fortaleza de la última defensa, en Wireless Ridge y Moody Brook, había sido debilitada. Después de la batalla de Longdon, muchos soldados no encontraron a sus jefes, que abandonaron sus posiciones y bajaron a Puerto Argentino sin dar aviso.

En la noche del domingo 13 de junio, todos los batallones británicos en combate se lanzaron a la toma de las últimas posiciones de defensa argentina. Avanzaron con tanques de guerra para romper el fuego de las trincheras.

En monte Tumbledown, el Batallón de Infantería de Marina 5, con ciento cincuenta hombres comandados por el capitán Carlos Robaccio, combatió en condiciones de desigualdad frente a ochocientos integrantes de las tropas británicas, compuestas por gurkhas y paracaidistas. Apoyados con el fuego de artillería de los tenientes coroneles Martín Balza y Carlos Alberto Quevedo, los hicieron retroceder y ganaron algunas posiciones de altura. Incluso les derribaron dos helicópteros.

Pero en Wireless Ridge a las 2 de la mañana nevaba y la situación era desesperante. El desbande era generalizado. Las comunicaciones inalámbricas de los radiooperadores se habían cortado y el único timbre que sonaba era el de la retaguardia, la guarnición de Puerto Argentino comandada por el general Oscar Yofre, que en forma frenética ordenaba el contraataque: “Junte gente y vaya al frente”.

Para evitar confusiones, Yofre había ordenado que cualquiera que sorprendiera a alguien con uniforme argentino dando una orden de repliegue tenía autorización para liquidarlo. Yofre quería recomponer las tropas y defender la posición a cualquier costo.

Los partes de guerra que le llegaban de los radiooperadores de Moody Brook, en cambio, le presentaban otra realidad: “Perdí contacto con mi propia tropa, pido replegarme”. Y cada soldado que bajaba de Wireless Ridge, aun sin orden de repliegue, lo hacía como podía. Entre los cañonazos de la artillería enemiga, bajo las bengalas lanzadas en paracaídas que iluminaban el fuego del campo de batalla, corriendo protegido entre roca y roca, descendiendo desde la cresta hacia el valle, y tratando de no cruzarse con una bala de FAL del fuego “amigo”, porque entonces nadie veía nada, no había una organización, una instrucción, una orden que indicara para dónde ir. Todavía se mantenía en pie la carpa de las provisiones en la que se recibían pedidos de ayuda. Desde afuera, la radio se escuchaba nítida, desesperada, al rojo vivo.

¡Manden refuerzos… tenemos heridos!

Adentro sólo estaban los micrófonos colgando. No había nadie.

A las siete de la mañana del 14 de junio, los británicos ya tenían posesión del monte Longdon, y el corredor de Wireless-Moody Brook. Los soldados del Regimiento 7 de Infantería que habían sobrevivido caminaban hacia Puerto Argentino, con el temor de ser fusilado por desertores. Llegados al casco urbano, en un puesto de la policía militar debían informar el regimiento al que pertenecían y se les indicaba dónde refugiarse. Adentro del gimnasio comunal se produjo el reencuentro de la tropa del Regimiento 7 de Infantería. Estaban exhaustos, conmovidos, nerviosos. Un mayor preguntó al grupo: “¿Quién me acompaña arriba a recuperar la posición?”. Después de caminar quinientos metros, el grupo que había partido regresó.

Pero a las 7 de la mañana del 14 de junio, en Tumbledown, el Batallón de Infantería de Marina 5 había logrado reorganizar el dispositivo de defensa y seguía resistiendo. También el Regimiento 3 y el 25. El capitán Carlos Robacio le informó la novedad a Menéndez y le reclamó baterías de obuses, morteros, cañones antitanque, municiones. Se mantenía con la moral alta, como toda su tropa. Pero recibió la orden de repliegue hacia Puerto Argentino. Por unas horas la desoyó, y siguió combatiendo hasta el mediodía —volverían a derribar un helicóptero—. El Batallón 5 de Infantería de Marina sería el último contingente en rendirse.

Dejaría sesenta y un muertos en el campo de batalla.

Las fuerzas británicas ya estaban en las afueras de Puerto Argentino, sobre Moody Brook, a pocos centenares de metros de la residencia de gobierno. En algún momento, en la guarnición de Puerto Argentino, se pensó trasladar las tropas hacia el aeropuerto, a diez kilómetros, y utilizarlo como el escenario de la última batalla.

A las 9, Menéndez decidió comunicarse con el secretario general de la Presidencia, general Héctor Iglesias, en la Casa Rosada. Le dijo:

Esto se acabó. Se combatió duramente hasta las últimas horas. El grupo de artillería ha sido pulverizado. Las alternativas que quedan son aceptar la resolución 502 y retirarnos con nuestras banderas; aceptar la matanza... la resolución debe ser tomada en breve lapso para salir con honor. Me avisan que los ingleses están a cuatro o cinco cuadras de acá.

Menéndez quizá reducía la distancia para poner en evidencia el cuadro de situación. Quería que la Casa Rosada tuviera una visión más real de lo que estaba sucediendo. Iglesias se comprometió a informarle a Galtieri. Menéndez volvió a llamar. Habló directamente con él.

Esta defensa no tiene sentido, no tiene futuro. Le planteé al general Iglesias que hay muchos hombres que vuelven hacia la retaguardia heridos y ya sin munición y desorganizados.

Galteri seguía pensando en el contraataque.

Debe haber agrupamientos propios del Ejército e Infantería de Marina que deben orgánicamente seguir subsistiendo en la retaguardia de las primeras fracciones inglesas. Creo que debe impulsarse, ellos también están en una situación crítica, tanto como la nuestra, y el impuso de la voluntad de combatir, saliendo de los pozos hacia adelante y no hacia atrás, atacando los flancos de la penetración enemiga, aunque sea con pocas fracciones y con algún fuego puede detener la penetración inglesa. Emplee todos los medios que tiene, el Regimiento 3, el 25 y contraataque. Use todos los medios que tiene a su alcance y continúe el combate con toda la intensidad posible, moviendo al personal fuera de los pozos. Cambio.

Menéndez se lamentaba de “no lograr dar una sensación de lo que hemos vivido durante toda la noche”. Explicó que el contraataque del Batallón de Infantería de Marina 5 había sido rechazado y otras compañías ya habían desaparecido.

La tropa no da más. Está peleando a brazo partido en las trincheras, yo lo he visto. Mire, mi general, lo que usted me dice esta tropa no lo puede cumplir.

Galtieri dijo aceptar sus reflexiones. Sin embargo, le explicó que era el comandante conjunto de las Malvinas, con su misión, su personal, los reglamentos y la autoridad para resolver. El comentario no era menor. En el código militar de conducta, la rendición no se puede establecer sino con la pérdida de la mitad de los hombres y de las tres cuartas partes de las municiones.

Menéndez estaba convencido de que Galtieri no tomaba dimensión de la coyuntura. Insistió:

Mi general, a esta tropa no se le puede exigir más, después de lo que han peleado. […] No hemos podido mantener las alturas, no tenemos espacio, no tenemos medios, no contamos con los apoyos que corresponden […] tenemos que acceder a la gran responsabilidad para con los soldados que van a morir combatiendo un combate sin posibilidades, por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. Esto debo decirle como comandante de Malvinas. Cambio.

Galtieri pidió un tiempo para reflexionar. Lo llamaría más tarde.

Poco después, Menéndez recibió un mensaje del bando inglés para iniciar conversaciones. Le proponían un cese de fuego hasta las 13 horas; mientras tanto, ellos no entrarían en Puerto Argentino. Se lo comunicó a Galtieri. Éste aceptó que hablara sin que firmara o discutiese ningún documento sobre rendición o capitulación. A las 3.15, Menéndez se reunió con el capitán Rob Bell y el teniente coronel Michael Rose, emisarios del comandante Jeremy Moore. Por presión de Londres, los británicos ofrecieron una “rendición incondicional”. Menéndez rehusó entregarse en esos términos. Ofreció firmar una “rendición con condiciones”. Los británicos aceptaban que las fuerzas argentinas se retiraran con sus banderas y estandartes y dirigidos por sus propios comandantes.

A las 9.15 de la noche, hora de las islas, Moore y Menéndez firmaron la rendición.

Eran dos generales. Por sus rostros y sus uniformes, se advertía que uno venía de una larga y trabajosa batalla. La expedición no había resultado un paseo. El otro general parecía recién llegado a las islas.

La guerra había terminado.

La apuesta por la recuperación de las islas Malvinas, a todo o nada, había dejado 641 muertos y 1657 heridos en la tropa argentina.

BIBLIOGRAFÍA

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Turolo, Carlos María (h). Malvinas. Testimonio de su gobernador. Buenos Aires, Sudamericana, 1983.

Entrevistas orales a ex combatientes del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 Coronel Conde, de La Plata.

¹ Thatcher sostendría que el Belgrano planeaba realizar, junto con el 25 de mayo, una acción de pinzas sobre la flota británica. La información surgió de documentos británicos desclasificados en diciembre de 2012.

² El régimen libio de Muhamar Khadafi ofreció armas a la dictadura argentina para romper el bloqueo de Occidente. Una tripulación civil de pilotos de Aerolíneas Argentinas realizó cuatro viajes a Libia para obtener armas de Khadafi, pero no consiguieron los Exocet sino su versión soviética: los misiles SAM-6 y SAM-7.

³ Estévez, Castro y Carrascull serían condecorados post mortem con la medalla “La Nación Argentina al muerto en combate”.

⁴ Durante un tiempo se creyó que el mismo Gómez Centurión había matado a Jones cuando éste estaba todavía a descubierto. Esta versión fue descartada. En la actualidad se da por cierta la versión del soldado artillero Jorge Ledesma, que afirma haberle disparado al jefe del Para 2 desde un pozo. Terminada la guerra, “H” Jones sería condecorado con la Cruz Victoria, suprema condecoración “al valor bajo fuego enemigo”. Por decisión de su familia, sus restos descansan en el cementerio británico de las islas, junto a otros catorce oficiales.

⁵ Las versiones argentinas y británicas son contradictorias entre sí. La evidencia a favor del relato argentino es el número de helicópteros ingleses que se registró en el lugar y el hecho de que el Invincible fuera el último navío en abandonar el Atlántico Sur, en agosto de 1982. El alférez Gerardo Isaac confirmaría el éxito de la misión. En su vuelo, afirmó haber visto al portaaviones rodeado de un denso humo negro.

⁶ En el mes de mayo, un grupo de soldados que subió a un bote para ir a buscar alimentos en una casa de campo deshabitada —los propietarios habían sido trasladados a Puerto Argentino por el Ejército— fue víctima de una explosión por las minas que había colocado un grupo de ingenieros dos días antes. No habían dado aviso a la compañía que tenía su posición frente al río. Murieron cinco soldados.

⁷ La cantidad de muertos fue triplicada según investigaciones posteriores.

⁸ El estrecho San Carlos ya era una barrera difícil de vulnerar por mar y por aire. En su versión posterior al encuentro, Galtieri explicaría que Daher le pidió apoyo logístico y “diez mil calzoncillos” y él, en cambio, exigió a la conducción de Malvinas más “movilidad y agresividad” de las tropas. Después de ese viaje a Buenos Aires, Daher permaneció en el continente por el riesgo que suponía regresar a Puerto Argentino. Los ingleses ya habían establecido un bloqueo aéreo y naval sobre las dos islas, mientras se producía el avance de las tropas terrestres.

⁹ El concepto de “comandos” había surgido en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial para designar “grupos especiales adiestrados como unidades permanentes”. A fines de 1963, el Ejército Argentino incorporó esta especialidad. En 1978 el adiestramiento tomó una nueva dimensión: además de ofrecerse como entrenamiento especial para voluntarios —que posteriormente se reincorporarían a otras fuerzas—, se creó el Equipo Especial Halcón 8 como subunidad autónoma y permanente pero bajo el mando operacional de la Escuela de Infantería. Su primer jefe, el mayor Mohammed Alí Seineldín, imprimiría a los comandos su sello místico de sacrificio y entrega.

CAPÍTULO 15

La transición

Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con que se educa y con la que se cura.

RAÚL ALFONSÍN, candidato de la UCR en las elecciones de 1983.

Después de la rendición, Galtieri intentó aferrarse al sillón presidencial. Su esperanza duró dos días: fue removido por un grupo de generales del Estado Mayor. El corte a su autoridad fue total: no le permitieron recomendar un sucesor en la Presidencia ni en la jefatura del Ejército.

El día después de la guerra se abría una etapa nueva para las Fuerzas Armadas. Si la recuperación de las islas había operado en favor de un gobierno que estaba siendo cercado por las consecuencias sociales y productivas de su gestión, y al que le costaba cada vez más encubrir la represión ilegal, la derrota militar inauguraba ahora una crisis inédita. No era sólo la crisis de legitimidad ante una sociedad civil que aceleraba su reorganización política y sindical y comenzaba a repudiar la actuación de la “lucha antisubversiva”, sobre la que antes, durante el proceso militar, se había ceñido un silencioso consenso.

Ante las disputas entre las tres fuerzas para definir un sucesor, el Ejército impuso a Reynaldo Bignone, general retirado, de la facción “aperturista”, quien desde diciembre de 1976 había sido segundo comandante de los Institutos Militares de Campo de Mayo y había estado al frente del Comando desde diciembre de 1980 hasta la asunción por Viola de la Presidencia.

Su principal tarea era establecer una negociación —ahora obligada por la derrota en Malvinas— con las fuerzas políticas que otorgara a los militares un consenso de impunidad por la represión ilegal. También se necesitaban múltiples reordenamientos para las Fuerzas Armadas como institución. El fracaso militar había profundizado el desprestigio ante la sociedad, que las impugnaba por la represión interna y también por su desempeño en las islas. En ambos terrenos, los nombres se cruzaban. Alfredo Astiz, cuya identidad se hizo pública en la rendición de las islas Georgias, se convirtió en el paradigma del represor que se infiltraba entre madres de desaparecidos indefensas para facilitar su secuestro y se entregaba sin combatir frente a un enemigo externo. O el propio Mario Benjamín Menéndez, cuya conducción en la guerra fue reprobada por falta de planificación e inoperancia, y había participado del Operativo Independencia en el monte tucumano.

Además de la exposición negativa frente a la sociedad, ahora empezaban a repartirse culpas internas. La Fuerza Aérea, que había tenido una injerencia acotada en las decisiones del Proceso de Reorganización Nacional, salía de la dictadura menos asociada a la represión que la Marina y el Ejército, pese a que el centro clandestino Mansión Seré, en el partido de Morón, había operado bajo su dirección. Además, en la guerra de Malvinas, según el informe final de la “Comisión Rattenbach” —creada por Bignone para evaluar el desempeño en las islas—, se puso de relieve el “valor y profesionalismo” de los pilotos de la Fuerza Aérea, mientras el mismo informe resultaba lapidario respecto de la conducción estratégica del Ejército y la Marina.

En forma simultánea a la revisión militar de Malvinas, distintos miembros de las Fuerzas Armadas expresaron su intención de no volver a tomar el poder por medio del golpe de Estado, en respeto a la democracia y a la voluntad del electorado.

Estas dos revisiones autocríticas, sobre Malvinas sobre y el golpe de Estado, además de la autodepuración de las estructuras implicadas en la guerra, fueron las únicas concesiones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, conservaban como factor innegociable en la transición a la democracia su actuación en la represión ilegal.

La clase política, por su parte, desde la Multipartidaria enfrentó el doble desafío de acordar los términos de la salida de los militares del poder y, a la vez, presentarse como la mejor opción frente a un electorado que debía elegir un presidente civil.

Pronto comenzó a destacarse la figura de Raúl Alfonsín, que había dado aval a la recuperación de las islas el primer día, pero luego, en el mes de mayo, fue despegándose de la maniobra militar, llamando a un gabinete de “salvación nacional” con la presidencia del radical Arturo Illia y declarándose “ferviente partidario de la paz” en medio de la euforia bélica que envolvía al gobierno y a buena parte de la sociedad.

El 15 de junio, día después de la capitulación, Alfonsín declaró:

Es hora de escuchar la voz del pueblo [...] es, en fin, la voz de la inmensa mayoría de argentinos que no quieren ser más usados ni manipulados [...] es la hora de recuperar la racionalidad, la realidad y la moral.

Tras la muerte del líder histórico del radicalismo, Ricardo Balbín, en septiembre de 1981, Alfonsín, desde el Movimiento Renovación y Cambio, que había fundado en 1972, salió a disputar el liderazgo de la UCR frente a la moderada Línea Nacional, conducida por Fernando de la Rúa, quien había vencido al peronismo en la Capital Federal en las elecciones a senador en 1973. Su búsqueda de un equilibrio entre la corporación militar y la política lo emparentaba con el estilo de Balbín.

Oriundo de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, donde había nacido el 12 de marzo de 1927, Alfonsín había sido alumno del Liceo Militar General San Martín, y compañero de clase de Jorge Rafael Videla, de Leopoldo Galtieri y de Albano Harguindeguy. Después de graduarse como abogado en la Universidad Nacional de La Plata en 1950, su militancia y su actividad profesional, que ya ejercía, quedarían unidas a la UCR. En el momento de perder la candidatura presidencial en la interna contra Balbín en 1972, por estrecho margen, Alfonsín ya había sido electo concejal, diputado provincial y diputado nacional. Para las elecciones de 1973, el ERP había aventurado su nombre en una fórmula conjunta con el sindicalista Agustín Tosco, propuesta que Alfonsín descartó en forma rápida. Su actividad política se relacionó con la defensa de los derechos humanos y, en esa línea, representó a dirigentes que habían sido apresados durante el Cordobazo de 1969, y fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en diciembre de 1975.

Durante la represión ilegal Alfonsín había reaccionado con mayor énfasis que Balbín, interponiendo habeas corpus ante la Justicia por casos de desaparecidos, además de denunciar los secuestros del ex diputado radical Mario Amaya —que fallecería a consecuencia de las torturas en el hospital de la cárcel de Villa Devoto— y del senador Hipólito Solari Yrigoyen, también torturado junto con Amaya.

Aliado a la nueva generación de origen universitario, la Junta Coordinadora Nacional (JCN), y a medida que afianzaba su liderazgo interno, el dirigente radical empezó a gestar un movimiento atractivo para las clases medias, por fuera de las estructuras partidarias: el alfonsinismo.

Cuando a fines de agosto de 1982 el régimen militar sancionó el Estatuto de los Partidos Políticos y levantó la veda, la Multipartidaria no se desarmó, pero empezaron a revelarse sus diferencias internas, mientras se esforzaba para conservar la iniciativa frente al pacto que proponían los militares: una salida hacia la democracia que preservara sus acciones en la “lucha antisubversiva”.

Mientras se descubrían tumbas colectivas en cementerios bonaerenses, y frente a las “marchas por la vida” convocadas por los organismos de derechos humanos, entre los que se destacaban las Madres de Plaza de Mayo —dirigentes políticos y sindicalistas buscaban exhibirse con ellas después de casi cinco años de aislamiento—, el gobierno militar ofrecía respuestas ambiguas sobre las consecuencias de la represión ilegal. Bignone señalaba que “no hay fecha ni plazo para la solución del problema de los desaparecidos”.

Dirigidas hacia sector político, el 12 de noviembre de 1982 la Junta Militar emitió las “Pautas para la concertación económica, política y social”. Allí presentaba temas en los que necesariamente se debía “acordar” con el gobierno civil. Cuestiones como “Lucha contra el terrorismo”, “Desapariciones”, “Conflicto Malvinas” y la “Presencia constitucional de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno nacional”, entre otras, formaban parte de esa agenda.

La Multipartidaria rechazó la “concertación” ofrecida en las “Pautas...” —argumentaba que eran “extrañas” a la Constitución Nacional— y presentó un documento en el que, además de reclamar un calendario para la normalización institucional, por primera vez fijaba su posición por los desaparecidos.

Es preciso comprender que en este reclamo no hay ni una reivindicación del terrorismo ni un deseo de venganza, sino que es un reclamo absolutamente insoslayable y que resultará más difícil de solucionar cuanto más se demore […] Una solución será menos traumática cuanto más rápida y franca sea la respuesta.

El documento comenzaba a mostrar las diferencias entre las posiciones de los partidos mayoritarios y las de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la “aparición con vida” antes que el “esclarecimiento” o las “listas de desaparecidos”.

Diez días después de que las dos centrales obreras —la CGT-RA liderada por Saúl Ubaldini, y la CGT-Azopardo, conducida por Jorge Triaca (Unión Obreros y Empleados Plásticos) y Armando Cavalieri (Empleados de Comercio)— lograran realizar un paro total de actividades, la Multipartidaria convocó a la Marcha por la Democracia en la Plaza de Mayo.

La movilización reunió a cien mil personas. Fue la más multitudinaria en rechazo a la dictadura, y también fue reprimida por la policía. Hacia las ocho de la noche, frente al Cabildo, desde un Ford Falcon verde del que bajaron policías de civil se disparó por la espalda a Dalmiro Flores, de 26 años, obrero metalúrgico de la fábrica Decker SA, quien no acató “la voz de alto”. Flores, que tenía una lesión auditiva, se había afiliado al peronismo tres días antes.

Si el vacío provocado por la muerte de Balbín había abierto el juego interno entre sectores moderados y renovadores de la UCR, la ausencia de Perón, pero sobre todo la violencia que sobrevino en el peronismo tras su muerte, habían dejado al Movimiento expuesto a un caos interno difícil de comparar en su larga historia.

La renuncia de Isabel —recluida en Madrid— a retomar la actividad política luego de casi cuatro años de prisión, la falta de una figura que lograra concentrar consensos por dentro y por fuera del peronismo, más la posición ambivalente frente a las Fuerzas Armadas, eran factores que dejaban en claro que el Justicialismo emergía de la dictadura militar de la misma manera oscura que había mostrado durante sus últimos meses de gobierno, derrumbado por la violencia, la crisis económica, el vacío de poder y el golpe de Estado.

El peronismo volvía a la actividad política tal como había quedado cuando ésta fue suspendida: los dirigentes tradicionales sumidos en el discurso de “la lealtad y la verticalidad”, los mismos caudillos provinciales y sin renovación en sus filas. No se había reinventado. De la izquierda peronista solo quedaban pocos vestigios —algunas voces testimoniales—. El peso de la conducción se mantenía en el peronismo ortodoxo, que había ganado la batalla contra los “infiltrados” a costa de la destrucción interna del Movimiento.

La estructura partidaria quedó en manos del metalúrgico Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organizaciones Peronistas, que en esta nueva etapa, al igual que en el último año de gobierno de Isabel Perón, contaba con una influencia decisiva en el armado político. El sindicalismo estaba dispuesto a protagonizar la reorganización en la transición a la democracia, animado por su interés de disputar los cargos partidarios y electorales.

Aun en su incertidumbre, el Partido Justicialista buscó reorganizar su estructura, abrir el proceso de afiliaciones y encolumnarse detrás de una candidatura. No había mucho tiempo por delante. En el cronograma electoral establecido por el gobierno militar, la fecha de cierre de afiliaciones para las personerías partidarias era el 30 de marzo de 1983, las candidaturas presidenciales debían ser inscriptas seis meses después, y el domingo 30 de octubre se llevarían a cabo las elecciones nacionales.

EL PJ alcanzó casi 3,5 millones de afiliados y dobló los de la UCR, que consiguió 1,4 millón. La mayoría de los afiliados provenían de la provincia de Buenos Aires.

El proceso de normalización partidaria culminaría con la elección del ex senador Ítalo Luder como candidato a la Presidencia; una figura moderada, sin carisma personal, y muy difícil de presentar como “un continuador de la obra de Perón”. Luder contó con el apoyo sindical de manera predominante, dejando atrás en los comicios internos al ex ministro de Economía Antonio Cafiero, quien luego tampoco alcanzaría la candidatura a gobernador de Buenos Aires, como último intento. Con denuncias cruzadas, la Justicia Electoral daría por válido el congreso provincial que consagró la candidatura a gobernador de Herminio Iglesias, ex intendente de Avellaneda, relacionado con la violencia sindical y grupos de choque; una figura, en resumen, que no generaba simpatía en el electorado independiente. En el resto de las provincias se afianzarían los caudillos tradicionales: Deolindo Bittel en Chaco, Julio Romero en Corrientes, Carlos Juárez en Santiago del Estero y Vicente Leonides Saadi, que le dio una estructura a la izquierda peronista con su agrupación Intransigencia y Movilización, en Catamarca, entre otros.

A lo largo de 1983, por la presión de la sociedad sobre los partidos políticos, las Fuerzas Armadas descubrieron con decepción que la salida del régimen no sería pactada según sus propios términos. Los militares expresaron sus temores sobre la forma en que el sistema democrático trataría la cuestión de la represión ilegal, que la corporación militar consideraba su mayor logro y sobre la que no estaban dispuestos a admitir más que “errores o excesos”.

Las posibilidades de participar en la contienda electoral con un movimiento cívico-militar en el que pudiera hacerse eco “la filosofía del Proceso” se había derrumbado con la derrota de Malvinas. Sólo Massera conservaba alguna esperanza. A pesar de los obstáculos prodigados desde el interior de las Fuerzas Armadas, el ex jefe de la Marina confiaba en sus contactos con dirigentes políticos y sindicales del peronismo, y viajó a Madrid en busca de la aprobación de su ex prisionera, Isabel Perón, para que lo incorporase en una fórmula peronista.

No sería ni el primero ni el último de los que, animados por ese deseo, iniciaron tareas de aproximación a la ex presidenta para recibir de ella su bendición política. Nadie la obtuvo.¹

El 29 de abril de 1983, al no lograr un compromiso de las fuerzas políticas de la Multipartidaria de no cuestionar la represión ilegal, la Junta Militar publicó el “Documento final”, con la intención de cerrar los debates en torno a “la lucha contra la subversión” y poner un “punto final a un período doloroso de nuestra historia”.

En el documento, en el que justificaban el accionar militar, enfatizaban haber actuado “con la aprobación expresa o tácita de la mayoría de la población” y “por vía de un mandato legal” de un gobierno constitucional; su actuación sólo sería sometida al “juicio divino”.

A los desaparecidos los daban por muertos.

Se habla asimismo de personas “desaparecidas” que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos ya que en la República no existen lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente.

En consecuencia debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no se pueda precisar hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.

El documento recibió el apoyo de la jerarquía de la Iglesia católica.

Los organismos de derechos humanos, en respuesta, reclamaron al futuro gobierno civil la conformación de una comisión bicameral que investigara el terrorismo de Estado. El candidato a diputado por la democracia cristiana, Augusto Conte, padre de un desaparecido; el premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, y Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, eran los impulsores más visibles de una investigación institucional que se sintetizaba en el reclamo de “juicio y castigo a todos los culpables”.

A fines de septiembre de 1983, ya en la carrera final hacia la competencia electoral, el gobierno militar reforzaría su intención de blindar la represión ilegal con la sanción de la Ley de pacificación nacional (22.924), conocida como “Ley de Autoamnistía”, que protegía a quienes pudieran ser imputados por delitos realizados entre el 25 de mayo de 1973, cuando asumió Cámpora, y el 17 de junio de 1982, cuando renunció Galtieri. La ley declaraba “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos con motivación o finalidad terrorista o subversiva”.

La Ley de Autoamnistía se convertiría en aspecto clave del debate electoral. Alfonsín, ya ungido como candidato de la UCR —había superado en forma amplia a Fernando de la Rúa— anticipó que la derogaría apenas asumiera la Presidencia.

Luder, en cambio, objetó la Ley de Autoamnistía con un registro moderado. En octubre de 1975, mientras ejercía en forma provisional la Presidencia, había firmado el decreto que autorizaba la participación de las Fuerzas Armadas en la “lucha antisubversiva” en todo el país. Y en la campaña reafirmó que lo volvería hacer, aunque criticó que hayan empleado “métodos no convencionales”.

Luder especulaba con alguna fórmula de “perdón” para los militares.

La dirigencia justicialista se mostraba menos interesada en las cuestiones de derechos humanos, pese a que la mayoría de los desaparecidos eran peronistas.

Esta línea no era casual: internamente se advertía que, si se profundizaba la investigación sobre el terrorismo de Estado, el Partido Justicialista debería dar cuentas ante la Justicia por el accionar de la Triple A durante el gobierno de Perón-Perón, período en el que se habían registrado más de mil casos de secuestros y desapariciones.

Aun deslegitimadas, las Fuerzas Armadas conservaban un parcial apoyo político y social en la “represión al terrorismo”, pero no sucedería lo mismo con la gestión económica, que había llevado adelante transformaciones que comprometerían la gestión del siguiente gobierno civil.

La economía continuó golpeada por el desempleo y la inflación. En 1982 el alza del costo de vida había llegado al 209,7 por ciento y duplicaría esa cifra al final de 1983. En sus programas, tanto la UCR como el PJ prometían estimular la demanda interna, el crecimiento del PBI, la recomposición de los salarios y reordenar los pagos de la deuda externa, calificada en forma fugaz de “ilegítima” por el alfonsinismo. La “moratoria” en los intereses o el “no pago” de la deuda eran las propuestas de la izquierda marxista o trotskista.

El aparato productivo había sufrido transformaciones sustanciales durante el proceso militar. La distribución regresiva del ingreso, con aumento de la pobreza y mayor desocupación, un desequilibrio fiscal del diez por ciento, y sobre todo las obligaciones externas totales —que ascenderían a 45.000 millones de dólares—, obligarían al futuro gobierno a convivir con el “rojo” en sus cuentas y tensiones sociales permanentes.

La herencia económica se volvería incontrolable para el futuro gobierno democrático, en una década, la de los ochenta, en la que los precios internacionales habían caído y los países estaban sometidos al recurrente pedido de financiamiento externo.

Durante la dictadura militar la concentración económica había encumbrado a grandes grupos empresarios y otros transnacionales, tales como Techint o Bunge & Born, que conducían el proceso productivo, haciéndolo cada vez menos dependiente del mercado interno y cada vez más asociado a la exportación. En desmedro del sector industrial nacional, hasta entonces principal dinamizador de la economía, la reforma de 1977 de Martínez de Hoz había privilegiado al sector financiero. La estatización de la deuda externa privada en 1982, que benefició a empresas de primera línea que habían tramitado, con avales oficiales, créditos en dólares en el exterior de los que luego debió hacerse cargo el Tesoro nacional, fue el corolario de este proceso de concentración.

Este nuevo poder económico, concentrado y diversificado, con una capacidad de veto casi decisiva, condicionaría el rumbo de la economía durante las décadas siguientes. Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de Videla, pronosticaba que “el próximo gobierno estará tan inhibido para actuar que, virtualmente, estará condenado al fracaso”.

El 30 de junio, tras la victoria sobre Fernando de la Rúa, fueron inscriptas las fórmulas Raúl Alfonsín-Víctor Martínez, para la nación, y Alejandro Armendáriz-Elva Roulet, para la provincia de Buenos Aires.

La interna del Partido Justicialista terminaría consagrando a Ítalo Luder-Deolindo Bittel para la nación y a Herminio Iglesias-José Amerise para la provincia de Buenos Aires. El Partido Intransigente, que buscaba instalarse como tercera fuerza en todo el país, candidateó a su líder, Oscar Alende, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1958 y 1962. El desarrollismo (MID) proclamaría la fórmula Rogelio Frigerio-Antonio Salonia, mientras que el Partido Comunista —que apoyó la fórmula presidencial peronista y presentó candidatos propios a legisladores—, el Partido Obrero y el Movimiento al Socialismo, del ala izquierda, lograban el reconocimiento en la mayoría de los distritos electorales.

El clima de campaña estaba ensombrecido por la acción de los grupos de tareas de la dictadura, que seguían operando con robos, amenazas y secuestros, aunque ya se habían desactivado todos los campos de concentración.

El 24 de agosto de 1983 el grupo de Aníbal Gordon, que había operado en “Automotores Orletti”, secuestró a Guillermo Patricio Kelly, dirigente nacionalista relacionado con servicios de inteligencia militar, quien ganaba espacio en la prensa con denuncias contra Lorenzo Miguel por crímenes perpetrados dentro de la propia UOM, y al que acusaba de ser un el principal “mafioso de la pandilla sindical” unido al “masserismo”.

Kelly fue liberado a las veinticuatro horas, pero su secuestro, y sus posteriores denuncias dejaron de manifiesto que la SIDE estaba lejos de desactivar su aparato de inteligencia y mantenía activos a sus elementos, orgánicos y no orgánicos, que utilizaban uniformes oficiales, armas, documentación falsa y equipos de transmisión en autos sin identificar. Secuestros como el de Kelly se reiterarían en distintas provincias. La “mano de obra desocupada”, como comenzaba a llamarse a los miembros de grupos parapoliciales y paramilitares, se proyectaba como un factor desestabilizador del sistema democrático.

El desorden interno del peronismo no hará sino beneficiar a Alfonsín, que ya se había adelantado en las encuestas y aumentaba su capacidad de movilización popular, con actos en todo el país, disputándole el dominio de la calle al peronismo.

Su denuncia más explosiva fue la del “pacto militar-sindical”, en mayo de 1983, cuando denunció que las 62 Organizaciones y las Fuerzas Armadas habían negociado un acuerdo para olvidar “los excesos”, evitar la intervención constitucional sobre las Fuerzas Armadas y que éstas mantuvieran su statu quo, condicionando al gobierno civil. Lorenzo Miguel era denunciado como artífice de ese pacto, que Alfonsín se comprometió a desarticular apenas asumiera.

No está de más decir que su promesa de impulsar una legislación que promoviera elecciones sindicales libres y democráticas —para remover a las burocracias “cómplices de la dictadura”— representaba una amenaza incómoda al Justicialismo y en especial al poder gremial.

La campaña electoral de 1983 fue la primera en recurrir a encuestas de opinión e imagen y marcó una nueva época en la comunicación política. Alfonsín había convocado la agencia publicitaria de David Ratto. Suponía que podría llegar al cuarenta y dos por ciento de los votos si se potenciaba su imagen en los medios masivos.

Alfonsín había tomado ese modelo de comunicación del primer ministro Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el que había tomado contacto en una gira europea en 1981.

Ratto buscó resaltar los rasgos personales de Alfonsín y presentarlo como un buen vecino, honesto, capaz de dar emotivos discursos a las multitudes. La imagen de campaña sería un gesto del propio Alfonsín, cuando espontáneamente reunió sus manos en un abrazo simbólico, como emblema de paz y democracia. La estrategia de comunicación mostró a Alfonsín como un dirigente ético y decidido, que reivindicaba los valores de la república democrática, y para quien las elecciones, según el eslogan, no representaban una “salida electoral” sino una “entrada a la vida”. Justamente, el énfasis en la consigna alfonsinista “Somos la vida” representaba una esperanza a futuro para una sociedad que venía de convivir, en silencio, con campos de exterminio, de cuyo horror ahora “se enteraba” por las denuncias en la prensa.

Alfonsín aprovechó la desorientación del justicialismo, con propuestas débiles y ambiguas frente a las Fuerzas Armadas, y en la campaña comenzó a delinear un andamiaje jurídico para juzgar a los militares según “los niveles de responsabilidad”.

El 30 de septiembre lo expresó en un acto en Ferro Carril Oeste. Dijo:

La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esa manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. […] Aquí hay distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión, y hay otra distinta de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes.

A principios de octubre, las encuestas favorecían a Alfonsín, quien decía que sólo podría vencer captando votos peronistas. El PJ, que criticaba “las estadísticas compradas”, basaba su confianza en la historia.

Desde 1946 jamás había perdido una elección en comicios libres y sin proscripciones, por lo que sus invocaciones a “reventar las urnas” eran una directa apelación al sentimiento peronista y a su “base social inconmovible”, el movimiento obrero. “Ser candidato peronista a la presidencia equivale a ser el futuro presidente de los argentinos”, expresaría Luder.

Pero las grietas se mantenían abiertas.

El 17 de octubre, en el estadio de Vélez Sarsfield, en un escenario dominado por el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, el candidato Herminio Iglesias, el titular de la CGT-RA Saúl Ubaldini, la fórmula Luder-Bittel y el jefe de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel, se manifestó la disconformidad interna. A Lorenzo Miguel, constantemente silbado e insultado durante el acto, le arrojaron proyectiles cuando tomó el micrófono. “Somos ampliamente peronistas y no marxistas como quieren algunos”, intentó defenderse, pero no pudo continuar su discurso ni siquiera con el auxilio de Ubaldini, quien, en cambio, era aclamado por la multitud.

Al día siguiente, el Consejo Nacional Justicialista censuró la actitud de repudio hacia Lorenzo Miguel y la atribuyó a “oscuras fuerzas” que Perón “echó de Plaza de Mayo”.

No era mucho lo que en el PJ había cambiado.

Tres días antes de que comenzara la veda electoral, Alfonsín movilizó a más de un millón y medio de personas en la avenida 9 de Julio. El peronismo realizó su propio acto. Como cierre, tras el discurso de Luder, Herminio Iglesias puso fuego a un ataúd con la inscripción “UCR-Alfonsín”. El gesto le quitó un importante volumen de adhesión electoral.

El 30 de octubre, después de siete años de gobierno militar, la fórmula de Raúl Alfonsín-Víctor Martínez se alzó con el cincuenta y dos por ciento de los votos y superó a Italo Luder-Deolindo Bittel, que obtuvo el cuarenta por ciento. En el orden provincial, el radicalismo también extendió el triunfo a la provincia de Buenos Aires —superó al justicialismo por cuarenta mil votos—. El PJ obtendría doce gobernaciones; la UCR, siete, y ganaría en los territorios de Capital Federal y Tierra del Fuego.

Alfonsín, al final del día, declaró: “Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Todos juntos hemos recuperado nuestros derechos”.

El 10 de diciembre de 1983 asumiría como nuevo presidente de los argentinos.

BIBLIOGRAFÍA

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VV.AA. Argentina, 1983. Centro Editor de América Latina/CISEA, 1984.

¹ En junio de 1983 las expectativas de Massera se desvanecieron en forma definitiva cuando el juez federal Oscar Salvi dictó su la prisión preventiva por el caso Branca por “omisión de denuncia con ocultamiento o destrucción de elementos probatorios en grado de autor”.

EPÍLOGO

Un largo viaje por el siglo XX

TRILOGÍA MARCADOS A FUEGO

Los 70. Una historia violenta cierra la trilogía “Marcados a fuego” que se inició con De Yrigoyen a Perón (1890-1945), publicado en 2009, y que continuó con De Perón a Montoneros (1945-1973), editado al año siguiente.

El propósito de la trilogía fue investigar la violencia como motivación política. Me interesó entender por qué se mataba. En nombre de qué o de quién. Con qué fundamento. Sobre qué bases. Con qué finalidad. De qué manera. Y si bien la violencia es inherente a la historia política argentina del siglo XIX y se vertió mucha sangre sobre la tierra para que se organizaran las leyes y la forma de gobierno del país, decidí marcar el punto de partida en el año 1890, con la Revolución del Parque, porque para entonces el Estado ya había configurado sus lineamientos generales y comenzaba a funcionar un sistema de partidos políticos.

A partir de entonces, el objetivo de “Marcados a fuego” fue abordar el siglo XX, trabajando sobre las formas revolucionarias del radicalismo para enfrentar el fraude del gobierno conservador, la acción directa del anarquismo para apoyar los reclamos obreros, el autoritarismo militar para la defensa del orden jerárquico de la sociedad, el impulso a las reformas sociales y la subordinación de los sindicatos al Estado por parte del peronismo, su posterior proscripción del sistema político y la resistencia a esa proscripción, la gestación del “partido militar” como eje de poder, la guerrilla y la radicalización de la política, la usurpación del poder por las Fuerzas Armadas, la constitución de un aparato estatal terrorista, el fracaso de los generales y la transición hacia la democracia.

Esa era la hoja de ruta desde 1890 hasta 1983.

Un proyecto para tres libros.

Sabía que iba a ser un largo viaje, de muchos años. Lo comenté entre colegas. A priori parecía un desafío ambicioso, demasiado ambicioso quizá, pero podía resultar novedosa la tensión narrativa, expuesta en primer plano, como guía de la reconstrucción histórica del siglo.

No se trataba sólo de contar tiros, tomas de comisarías, sublevaciones de barcos, movimientos de tropas, espionajes, conspiraciones, traiciones, luchas obreras, cárceles, centros de tortura, represiones patronales, fusilamientos, bombardeos o guerras. No. El plan era retomar, con el debido rigor, aspectos oscuros de la vida política argentina pero desde su expresión más extrema, la violencia, que nadie alcanza a entender del todo.

Para una comprensión más acabada, la indagación perseguía objetivos más profundos que el relato lineal de los hechos. Abordar la motivación de los actores, revelar su lógica sin precipitarse a una descalificación o quedar obnubilado por los juicios morales, que siempre son obstáculos.

Entender las razones de la violencia.

Por qué podía ser considerada una táctica y también una estrategia política —como lo fue a lo largo de este período— para instalar una posición o una fuerza; para defender una causa —las libertades civiles conculcadas, la Constitución—; para resguardar la Nación, la nacionalidad, la religión católica; para salvar al país de la “antipatria” o de los “vendepatria”; para poder votar; para romper con un poder establecido y cambiar el rumbo de la historia; para reparar una injusticia; para responder a otra violencia; para eliminar a los “enemigos internos” que expresan una ideología diferente… en definitiva, la violencia, la idea de la violencia como modo de resolución de un conflicto, de un conflicto social, económico, político, un conflicto de intereses, de un conflicto de poder, un conflicto de lucha por el poder.

Esta es la idea que presenta la trilogía “Marcados a fuego”.

Los libros fueron trabajados desde un amplio material de fuentes primarias y secundarias, con la consulta de textos académicos, de divulgación histórica, periodísticos, memorias, investigaciones parlamentarias, documentos secretos, diarios, revistas, causas judiciales y entrevistas orales, que fueron dando sustento a la investigación y a la escritura, y dio como resultado mil páginas publicadas en tres tomos.

Y ya desde la primera página, desde el primer párrafo del primer libro, desde el primer minuto de lectura de “Marcados a fuego”, puede percibirse cómo la violencia, con su carga de conmoción y tragedia, con su fórmula implacable, estaba naturalizada en la vida política. Porque cuando la Revolución del Parque fracasó, y había montañas de fusiles y de cadáveres amontonados en las calles del centro de Buenos Aires, su líder, el líder cívico Leandro N. Alem, luego fundador de la Unión Cívica Radical, después de firmar la rendición, se fue caminando a su casa. Desde el campo de batalla hasta su casa, que quedaba a cinco cuadras, sobre la calle Cuyo, hoy denominada Sarmiento. Y dos semanas después estaba otra vez como orador en un acto. Pasó de las armas a la tribuna pública, de un paso al otro. Un detalle, una época.

Ese fue el punto inicial de esta trilogía que acaba de cerrar.

Un detalle, una época, que también se ilustra en la comunicación telefónica entre la Casa Rosada y las islas Malvinas, en la que Galtieri impulsa al general Menéndez a continuar una guerra de la que sólo se podían esperar más soldados muertos.

Es el largo recorrido de la historia violenta del siglo XX. Y este es el punto final.

VOLÚMENES ANTERIORES

MARCADOS A FUEGO I

La violencia en la historia argentina

CAPÍTULO 1: El Parque

El plan revolucionario de Leandro Alem para enfrentar el fraude y la corrupción del régimen. La organización de los militares insurrectos. Nace la Unión Cívica. Crisis financiera: Inglaterra suspende los créditos. La traición no detiene el plan de Alem. Barricadas y cantones: furia y fuego en el centro porteño. La Artillería y la Infantería de los cívicos jaquea la estabilidad del Régimen. Los bombardeos de la Marina sublevada sobre Buenos Aires. El general Campos conduce el levantamiento cívico hacia la derrota en el cuarto día de combate. “La revolución fracasó pero el gobierno está muerto”: la conspiración entre Roca y Pellegrini para destituir a Juárez Celman.

CAPÍTULO 2: Yrigoyen revolucionario

Alem e Hipólito Yrigoyen, parentesco y liderazgos diferenciados en la constitución de la Unión Cívica Radical. Bartolomé Mitre y Roca, el Acuerdo para cerrar el acceso del radicalismo al poder. Una llamarada en la cara del Régimen: las revoluciones radicales de 1893 en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Tucumán. Yrigoyen, la insurrección armada hasta llegar a La Plata. Linchamientos y degüellos: la pelea entre gringos y criollos en la pampa. El ejército de inmigrantes suizos toma el poder en Santa Fe aliado al radicalismo. Roca, el poder en las sombras de la represalia oficial. Yrigoyen, ostracismo e intransigencia para la gestación de la revolución de 1905. Pellegrini: “¿Quién nos perdonará a nosotros?”.

CAPÍTULO 3: El anarquista y el coronel

Auge del anarquismo y respuesta violenta del régimen. La Ley de Residencia: el orden conservador enfrenta la cuestión social desde una perspectiva penal. El inmigrante ruso Simón Radowitzky y el coronel Ramón Falcón, el contraste violento de la Argentina agroexportadora. El sistema de inteligencia sobre los obreros y la militarización de la policía de la Capital. 1º de mayo de 1909: la Semana Roja. Centenario: Buenos Aires blindada en medio de los festejos. Represión física y Ley de Defensa Social.

CAPÍTULO 4: Tragedia de una larga tarde de verano

La rebelión de los arrendatarios: el Grito de Alcorta. La reforma electoral de Sáenz Peña: integración de las clases urbanas en el sistema político y deterioro de la hegemonía conservadora. 1916: Yrigoyen presidente. La política de “protección obrera” en medio de la lucha entre capital y trabajo. La Semana Trágica, civiles y fuerzas de seguridad organizan la represión contra los que impugnan el orden político y social. El debate parlamentario con un millar de muertos en Buenos Aires. Pogroms contra la colectividad judía. La puñalada de Amelia: la lucha de las empleadas telefónicas contra la discriminación laboral. “Trabajadores libres” versus obreros sindicalizados por el dominio del puerto de Buenos Aires. 1º de mayo de 1921: la masacre de Gualeguaychú.

CAPÍTULO 5: Las venas abiertas

Las dos expediciones militares a Santa Cruz y los fusilamientos de los huelguistas en los establecimientos rurales. La ambigüedad de las órdenes gubernamentales. El coronel Varela busca un aval oficial para sus crímenes y obtiene el silencio del radicalismo. La Forestal, en el norte de Santa Fe: enclave económico y privatización de las fuerzas estatales para la represión de trabajadores. Los combates en la selva. La masacre de Napalpí: un genocidio oculto en el Chaco en 1924. La historia de Kurt Wilckens, el anarquista que decide vengar al coronel Varela.

CAPÍTULO 6: El grito del interior

La elección de Alvear y la lucha en la UCR entre “personalistas” y “antipersonalistas”. El homicidio del gobernador Amable Jones lanza al bloquismo sanjuanino a la arena política. El lencinismo en Mendoza: reformas sociales con autoritarismo. Las intervenciones federales en las provincias, herramienta de control del radicalismo contra conservadores y disidentes. El fiscal Ricardo Balbín en la maquinaria represiva del yrigoyenismo en Mendoza. El “Klan radical”. El desafío a la autoridad de Yrigoyen conduce a la muerte de Carlos Washington Lencinas. El proyecto de nacionalización del petróleo y la imagen del “anciano senil” aceleran el final de la segunda presidencia de Yrigoyen.

CAPÍTULO 7: El sótano de la Penitenciaría

La conspiración civil en el golpe de Estado de 1930. La represión contra los anarquistas. El fusilamiento de Severino Di Giovanni. El proyecto de restauración corporativa de Uriburu. La Legión Cívica. Leopoldo Lugones (h) y la tortura en la Cárcel de la Penitenciaría contra opositores de todo signo, incluso militares. Las detenciones en la cárcel de Ushuaia. Natalio Botana y el diario Crítica, de patrocinador a opositor del régimen de Uriburu. Agustín P. Justo: su proyecto presidencial y la exclusión del radicalismo.

CAPÍTULO 8: La última aventura del radicalismo montonero

La UCR otra vez en armas: las sublevaciones contra el fraude entre 1931 y 1933. La expedición a Paso de los Libres y la invasión de mercenarios brasileños en Santo Tomé. El general Justo reprime por primera vez con la aviación. La encrucijada radical: participación electoral en un régimen fraudulento o abstención. El avance del comunismo en el frente gremial y la búsqueda de instrumentos legales para reprimir el marxismo. Lisandro de la Torre denuncia el negociado de las carnes en el pacto Roca-Runcinam. El asesinato del senador Bordabehere en el Congreso.

CAPÍTULO 9: La guerra en casa

Católicos y nacionalistas se alían para enfrentar a judíos y comunistas. La militancia fascista y la campaña de “desju-daización” en la década de 1930. Desfile nacional-socialista en el festejo de la Revolución de Mayo. La Guerra Civil Española genera un debate violento en las calles porteñas. Alvear, líder del antifascismo. La corrupción también alcanza al partido radical. Las manipulaciones del general Justo para llevar a Roberto Ortiz a la Presidencia. su intento frustrado de reforma electoral. La política neutralista de la Argentina irrita a los Estados Unidos, que temen la avanzada nazi en América del Sur.

CAPÍTULO 10: Perón en el balcón

La conformación del GOU y el golpe de Estado contra el conservador Castillo en 1943. Los antecedentes de Perón y su rol dentro del GOU. La preocupación por el desequilibrio militar con el Brasil. La Argentina busca armas en un mundo dividido. La caída del general Ramírez. Perón acumula cargos en el gobierno, se desprende del nacionalismo pro Eje y busca el apoyo del radicalismo para su proyecto presidencial. La cooptación del sindicalismo y la justicia social para los obreros. La oposición civil: “Perón fascista” y cesión del poder a la Corte Suprema. Perón, destituido, obtiene el apoyo de los trabajadores: el 17 de octubre de 1945 en Plaza de Mayo.

MARCADOS A FUEGO II

De Perón a Montoneros

CAPÍTULO 1: La tortura

Cipriano Reyes: de la alianza política a la tortura y la cárcel. Las consecuencias de la autonomía sindical. El caso Bravo desnuda las torturas del peronismo. Lombilla: “el arte de la tortura es no matar”. La conexión de la Sección Especial con la Casa Rosada. La Gendarmería en la masacre de Pigalá.

CAPÍTULO 2: La confrontación

El peronismo oprime a la oposición: Balbín preso. 1951: Evita, conflicto obrero e insubordinación militar. La prensa acorralada.

CAPÍTULO 3: La hora santa: bombas y crucifijos

La crisis del modelo económico peronista. Perón en el balcón, las bombas en la Plaza. La tortura guía la investigación judicial del atentado. El coronel Jorge Osinde, nuevo jefe de torturas. La Iglesia organiza la oposición al peronismo. El anticlericalismo popular.

CAPÍTULO 4: El bombardeo y la caída

La conspiración busca su destino. Un resplandor rojo: la primera bomba. El ocaso de golpe naval. De la pacificación al “cinco por uno”: la caída de Perón.

CAPÍTULO 5: Las cartas y la sangre

El espíritu de la Revolución Libertadora. Perón construye la venganza. La noche de la rebelión. Los fusilados. Perón, entre la violencia y la política.

CAPÍTULO 6: La conmoción interna

Frondizi-FMI: ajuste económico y recesión. Frondizi, desdibujado frente a la desobediencia castrense. La primera guerrilla peronista: los uturuncos suben a la montaña. Atentados que provocan la ira del poder militar. El Plan Conintes, represión y torturas. El Parlamento husmea en las cárceles del Plan Conintes. Torturas en la nieve. La doctrina contrarrevolucionaria y la Escuela Militar Francesa. La teoría guerrillera. Frondizi, el Che Guevara y la política de la conciliación con Cuba. La apertura electoral sella la suerte de Frondizi.

CAPÍTULO 7: Partido militar, partido sindical, Perón y el Che Guevara

El internacionalismo guevarista. Hambre, infiltración y fusilamientos en el foco guevarista en Salta. Un pasaje temprano de la guerrilla urbana en tiempos de Illia. Illia, cercado por las tomas de fábrica y la jerarquía sindical. Vandor domina el peronismo y Perón gira a la izquierda. Perón-Vandor, la lucha por el liderazgo. La revolución de la Argentina autoritaria. La Doctrina de la Seguridad Nacional y el “enemigo interno”. Onganía: la ortodoxia liberal muestra los dientes. El Che Guevara construye su mito en Bolivia.

CAPÍTULO 8: Guerrilla

Los dilemas de la teoría guerrillera. Taco Ralo, el foco tucumano. Las organizaciones político-militares y la guerra revolucionaria. El cristianismo revolucionario. La CGT de los argentinos y la caída del vandorismo. La izquierda clasista en Córdoba, la vanguardia social. La insurrección popular contra Onganía: Rosario, antes que Córdoba. El Cordobazo y el derrumbe del mito del orden. Onganía y Lanusse, la intriga del poder militar.

CAPÍTULO 9: Montoneros

Los originarios de Córdoba. Juan García Elorrio, el nexo sagrado. La célula de Capital Federal. La fusión por la lucha armada y el desprendimiento evangélico. Primeras acciones de guerrilla urbana. Onganía-Lanusse, la lucha interna del partido militar. El caso Aramburu. La operación de La Calera revela la identidad de Montoneros. El secuestro de Aramburu marca el final del gobierno de Onganía.

CAPÍTULO 10: Luche y vuelve

Montoneros y Perón: la confluencia inicial. Levingston, cercado por la protesta social y la guerrilla. Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional: la fórmula imposible. La Escuela Francesa vuelve a las calles. Los dispositivos del general Perón. Trelew: fuga y fusilamiento. La Tendencia Peronista Revolucionaria domina la campaña electoral de 1973. La P-2 infiltra sus cuadros en el nuevo poder.

Agradecimientos

Quiero saludar a los lectores por este nuevo encuentro. O este primer encuentro.

Quiero agradecer a todo el plantel profesional de la editorial Aguilar, que se interesó en este proyecto y decidió su publicación desde el primer día, y en especial a mi editora, Mercedes Sacchi, que leyó, observó y cuidó con prolijidad y cariño la edición de los tres libros de “Marcados a fuego”.

También quiero agradecer a aquellos que estuvieron siempre dispuestos para una consulta, una búsqueda judicial o bibliográfica, un consejo o una lectura: Maco Somigliana, Pablo Parenti, Vera Carnovale, Roberto Baschetti, Alberto Mateu, Fabián Bosoer, Rodrigo Estévez Andrade, Jaime Correas, Adriana Micale, Gabriel Piko, Pablo Perantuono, Horacio Convertini, Diego Peretti, Guido Bilbao, Nicolás Cassese, Gonzalo Sánchez, Nicolás Wiñazki, Claudio Savoia, Pablo Calvo, Gerardo Young y Ricardo Kirschbaum.

A todos ellos, muchas gracias por su generosidad y su tiempo.

Por último, vayan mi corazón y mi afecto para mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, para mi tía Rosalía; una vez más, y por siempre, a mis hijos, y por supuesto, a mi mamá, Celia, por su amor, su cuidado, su apoyo incondicional y su impulso de guiarme siempre hacia adelante. También a mi padre, en su memoria, que esperaba leerlo. Como Maga.

Marcelo Larraquy

Marcelo Larraquy es periodista y licenciado en Historia (UBA). Escribió guiones de unitarios y películas, trabajó como docente universitario y como columnista de historia y política en radio. Fue periodista de la revista Noticias, del diario Crítica y, en la actualidad, trabaja en el diario Clarín. Ganó el Premio Konex a la investigación periodística (1997-2007). Es coautor de Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA (2000; Aguilar, 2010) y autor de López Rega, el peronismo y la Triple A (2004, Aguilar, 2009), Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva montonera (Aguilar, 2006), Marcados a fuego (1890-1945) (Aguilar, 2009) y De Perón a Montoneros (1945-1973) (Aguilar, 2010).

Los últimos dos títulos, junto a Los 70. Una historia violenta, integran la trilogía “Marcados a fuego”.

Periodista e historiador, Larraquy logra plasmar de manera singular y en todos sus libros, la identidad de los argentinos.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR

López Rega

Galimberti

Marcados a fuego
La violencia en la historia argentina. De Yrigoyen a Perón: 1890-1945

De Perón a montoneros (Marcados a fuego II)

Fuimos soldados

© Marcelo Larraquy, 2013

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Primera edición digital: abril de 2013

Colaboración periodística: Diego Sánchez y Agustín Cosovschi

Diseño de cubierta: Diseño de cubierta: Raquel Cané

Fotografía de cubierta: Archivo Graciela García Romero

Conversión a formato digital: Recursos Editoriales

Larraquy, Marcelo

Los 70 : una historia violenta . - 1a ed. - Buenos Aires : Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2013.

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1. Historia Argentina. I. Título.

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