Datos del libro

Autor: Larraquy, Marcelo

©2009, Impreso en Uruguay

ISBN: 5705547533428

Generado con: QualityEbook v0.62

Marcados a fuego

La Violencia en la Historia Argentina

De Yrigoyen a Perón (1890-1945)

Marcelo Larraquy

AGUILAR

© Marcelo Larraquy, 2009

© De esta edición:

Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. de Ediciones, 2009

Av. Leandro N. Alem 720 (1001) Ciudad de Buenos Aires

www.alfaguara.com.ar

Una editorial de Grupo Santillana que edita en:

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ISBN: 978-987-04-1252-6

Hecho el depósito que indica la ley 11.723

Diseño de cubierta: Ariana Jenik

Fotografías de cubierta: Represión a huelguistas en Mataderos,

enero de 1936 (arriba). Muertos por la represión del 1º de mayo

de 1909 (abajo). Archivo General de la Nación, Departamento

de Documentos Fotográficos.

Impreso en Uruguay. Printed in Uruguay

Primera edición: mayo de 2009

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser

reproducida, en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por

un sistema de recuperación de información, en ninguna forma

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por escrito de la editorial.

Índice

El Parque.............................................................................................., 8

El plan revolucionario de Leandro Alem para enfrentar el fraude y la corrupción del régimen. La organización de los militares insurrectos. Nace la Unión Cívica. Crisis financiera: Inglaterra suspende los créditos. La traición no detiene el plan de Alem. Barricadas y cantones: furia y fuego en el centro porteño. La Artillería y l a Infantería de los cívicos jaquea la estabilidad del Régimen. Los bombardeos de la Marina sublevada sobre Buenos Aires. El general Campos conduce el levantamiento cívico hacia la derrota en el cuarto día de combate. "La revolución fracasó pero el gobierno está muerto": la conspiración entre Roca y Pellegrini para destituir a Juárez Celman.

Yrigoyen revolucionario......................................................................, 34

Alem e Hipólito Yrigoyen, parentesco y liderazgos diferenciados en la constitución de la Unión Cívica Radical. Bartolomé Mitre y Roca, el Acuerdo para cerrar el acceso del radicalismo al poder. Una llamarada en la cara del Régimen: las revoluciones radicales de 1893 en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Tucumán. Yrigoyen, la insurrección armada hasta llegar a La Plata. Linchamientos y degüellos: la pelea entre gringos y criollos en la pampa. El ejército de inmigrantes suizos toma el poder en Santa Fe aliado al radicalismo. Roca, el poder en las sombras de la represalia oficial. Yrigoyen, ostracismo e intransigencia para la gestación de la revolución de 1905. Pellegrini: "¿Quién nos perdonará a nosotros?".

El anarquista y el coronel..................................................................., 60

Auge del anarquismo y respuesta violenta del régimen. La Ley de Residencia: el orden conservador enfrenta la cuestión social desde una perspectiva penal. El inmigrante ruso Simón Radowitzky y el coronel Ramón Falcón, el contraste violento de la Argentina agroexportadora. El sistema de inteligencia sobre los obreros y la militarización de la policía de la Capital. 1º de mayo de 1909: la Semana Roja. Centenario: Buenos Aires blindada en medio de los festejos. Represión física y Ley de Defensa Social.

Tragedia de una larga tarde de verano................................................, 79

La rebelión de los arrendatarios: el Grito de Alcorta. La reforma electoral de Sáenz Peña: integración de las clases urbanas en el sistema político y deterioro de la hegemonía conservadora. 1916: Yrigoyen presidente. La política de "protección obrera" en medio de la lucha entre capital y trabajo. La Semana Trágica, civiles y fuerzas de seguridad organizan la represión contra los que impugnan el orden político y social. El debate parlamentario con un millar de muertos en Buenos Aires. Pogroms contra la colectividad judía. La puñalada de Amelia: la lucha de las empleadas telefónicas contra la discriminación laboral. "Trabajadores libres" versus obreros sindicalizados por el dominio del puerto de Buenos Aires. 1º de mayo de 1921: la masacre de Gualeguaychú.

Las venas abiertas............................................................................., 106

Las dos expediciones militares a Santa Cruz y los fusilamientos de los huelguistas en los establecimientos rurales. La ambigüedad de las órdenes gubernamentales. El coronel Varela busca un aval oficial para sus crímenes y obtiene el silencio del radicalismo. La Forestal, en el norte de Santa Fe: enclave económico y privatización de las fuerzas estatales para la represión de trabajadores. Los combates en la selva. La masacre de Napalpí: un genocidio oculto en el Chaco en 1924. La historia de Kurt Wilckens, el anarquista que decide vengar al coronel Varela.

El grito del interior............................................................................, 127

La elección de Alvear y la lucha en la UCR entre "personalistas" y "antipersonalistas". El homicidio del gobernador Amable Jones lanza al bloquismo sanjuanino a la arena política. El lencinismo en Mendoza: reformas sociales con autoritarismo. Las intervenciones federales en las provincias, herramienta de control del radicalismo contra conservadores y disidentes. El fiscal Ricardo Balbín en la maquinaria represiva del yrigoyenismo en Mendoza. El "Klan radical". El desafío a la autoridad de Yrigoyen conduce a la muerte de Carlos Washington Lencinas. El proyecto de nacionalización del petróleo y la imagen del "anciano senil" aceleran el final de la segunda presidencia de Yrigoyen.

El sótano de la Penitenciaría............................................................., 149

La conspiración civil en el golpe de Estado de 1930. La represión contra los anarquistas; el fusilamiento de Severino Di Giovanni. El proyecto de restauración corporativa de Uriburu. La Legión Cívica. Leopoldo Lugones (h) y la tortura en la Cárcel de la Penitenciaría contra opositores de todo signo, incluso militares. Las detenciones en la cárcel de Ushuaia. Natalio Botana y el diario Crítica, de patrocinador a opositor del régimen de Uriburu. Agustín P. Justo: su proyecto presidencial y la exclusión del radicalismo.

La última aventura del radicalismo montonero................................., 177

La UCR otra vez en armas: las sublevaciones contra el fraude entre 1931 y 1933. La expedición a Paso de los Libres y la invasión de mercenarios brasileños en Santo Tomé. El general Justo reprime por primera vez con la aviación. La encrucijada radical: participación electoral en un régimen fraudulento o abstención. El avance del comunismo en el frente gremial y la búsqueda de instrumentos legales para reprimir el marxismo. Lisandro de la Torre denuncia el negociado de las carnes en el pacto Roca-Runcinam. El asesinato del senador Bordabehere en el Congreso.

La guerra en casa.............................................................................., 198

Católicos y nacionalistas se alían para enfrentar a judíos y comunistas. La militancia fascista y la campaña de "desjudaización" en la década de 1930; desfile nacional-socialista en el festejo de la Revolución de Mayo. La Guerra Civil Española genera un debate violento en las calles porteñas. Alvear, líder del antifascismo. La corrupción también alcanza al partido radical. Las manipulaciones del general Justo para llevar a Roberto Ortiz a la Presidencia; su intento frustrado de reforma electoral. La política neutralista de la Argentina irrita a los Estados Unidos, que temen la avanzada nazi en América del Sur.

Perón en el balcón............................................................................, 219

La conformación del GOU y el golpe de Estado contra el conservador Castillo en 1943. Los antecedentes de Perón y su rol dentro del GOU. La preocupación por el desequilibrio militar con el Brasil. La Argentina busca armas en un mundo dividido. La caída del general Ramírez. Perón acumula cargos en el gobierno, se desprende del nacionalismo pro Eje y busca el apoyo del radicalismo para su proyecto presidencial. La cooptación del sindicalismo y la justicia social para los obreros. La oposición civil: "Perón fascista" y cesión del poder a la Corte Suprema. Perón, destituido, obtiene el apoyo de los trabajadores: el 17 de octubre de 1945 en Plaza de Mayo.

Nota del autor..................................................................................., 242

Agradecimientos..............................................................................., 245

A Paula, a Lali y a Nano,

con el amor de papá.

A Celia. Y a Nito

Por el amor y la confianza

en estos largos años. Gracias.

¡Nosotros somos un partido conservador, somos el partido burgués;

el anarquismo, que es el engendro monstruoso, que es la

aberración del socialismo y que pretende atacar en este momento la organización fundamental de la sociedad, desde la familia hasta la

propiedad, no debe intimidarnos, nosotros tenemos en nuestras

manos el ejército, la fuerza moral, la tradición y el poder, estamos

autorizados por todos los artículos de la Constitución, desde la

cláusula inicial hasta la última de sus disposiciones, para poner en

ejercicio todos los poderes —los explícitos, los implícitos, los

virtuales— para defender lo que constituye nuestra vida, nuestro

honor, nuestro progreso y nuestra estabilidad futura como nación!

Diputado Lucas Ayarragaray,

Diario de Sesiones, Buenos Aires, 27 de junio de 1910

Quiero decir que en nuestro país la conciencia de la propia libertad

nacional obtenida con rebeldía, con sangre y con heroicidad en

larguísimo período de sacrificio, estableció esa tradición de esencia democrática que a los hombres nacidos en él hizo siempre vibrar

por cualquier reivindicación del país oprimido o sojuzgado.

Marcelo Torcuato de Alvear,

Crítica, 21 de abril de 1941

—¿Usted es un demócrata, general Ramírez? —le preguntamos.

—¿Qué es la Argentina? —contesta rápidamente y espera

mirando la sorpresa de nuestras caras, para terminar seria

y firmemente— ¡Eso soy yo!

General Pedro Ramírez, presidente de la República,

pocos días después del golpe de Estado,

La Prensa, 16 de junio de 1943

El Parque

El martes 29 de julio de 1890, después de cuatro días de combates con centenares de muertos esparcidos por las calles de Buenos Aires, la Revolución había sido derrotada. Esa mañana, a las ocho, uno de sus jefes civiles, el senador Aristóbulo del Valle, firmó un armisticio con las fuerzas oficiales en la casa de Francisco Madero, un representante de la burguesía comercial y miembro de la comisión mediadora. Las tropas rebeldes acordaron su rendición. En la negociación, según Del Valle, se habían asegurado condiciones "honrosas" y no habría juicio contra los sublevados. Sólo debían deponer las armas y volver a los cuarteles.

Parecía un mandato alucinante. Una revolución que intentó ser gestada en sigilo durante casi un año y se soñaba popular y segura de conquistar el poder, entregaba sus armas al enemigo. Algunos soldados, a la espera de instrucciones en medio de los combates, no habían tenido oportunidad de luchar. Ahora no entendían la derrota.

Dos regimientos, el 1º de Artillería y el 9º de Infantería, no aceptaron la capitulación. Mientras se organizaba la rendición, el coronel Mariano Espina, jefe del 9º, que aspiraba a ser el jefe militar y fue relegado por la Junta Revolucionaria, ordenó el ataque hacia Plaza de Mayo. Quería tomar la Casa de Gobierno. Sus tropas irían por la calle Tucumán. Preveía que, en cercanías a la plaza, lo contendrían las fuerzas estatales, y que desde la plaza Libertad lo encerrarían por la retaguardia. Su avanzada sería cercada por dos fuegos. Pero el principal obstáculo del coronel insurrecto no eran las tropas oficiales sino sus propios jefes revolucionarios. Espina ya era un sublevado de su propio bando: "Si no te rindes, nos veremos obligados a pegarte cuatro tiros", lo previnieron. Espina respondió: "A ustedes debería despedazarlos una bala de cañón, por cobardes y borrachos", respondió. El mayor Ricardo Day, del 1º de Artillería, propuso la ofensiva hacia el cuartel de El Retiro, donde se habían asentado las tropas del Régimen apenas se escucharon los primeros tiros callejeros. Y los soldados del Regimiento 5º de Infantería de línea, que había quedado inmovilizado en el Parque de Artillería —actual Palacio de Justicia—, se negaban a ser desarmados.

En el atardecer del martes 29 de julio, el jefe civil de la Revolución, el diputado Leandro Alem, se iba del Parque vestido de negro, como un viudo de la Patria, entre decenas de cadáveres y heridos, derrotado. Un coronel lo miró pasar en silencio. Se acercó, lo saludó con un abrazo y luego le preguntó: "¿Es verdad que nos han vendido?". Alem, melancólico y místico, propenso al alcohol y a la poesía, continuó sus pasos inconmovible con un estigma nuevo en su vida política, la traición. Seis años más tarde se pegaría un tiro, pero esta vez no lo hizo, aunque le admitió al subteniente que lo acompañaba en su retirada que merecían ser fusilados. Mientras caminaba, escrutando los restos de la batalla perdida, el subteniente intentó evitar que continuara. Sobre la calle Talcahuano, en el cruce con Lavalle, había soldados dispersos del Regimiento 5º que estaban dando "mueras" a los traidores. "Lo matarán", lo alertó el subteniente. Antes que un alerta, era un pronóstico de su propio destino. Alem lo desoyó. Cuando vieron su barba larga y encanecida, varios soldados levantaron los fusiles. El subteniente logró saltar sobre Alem y lo empujó hacia el vagón de un tranvía volcado para protegerlo. Tras la múltiple descarga, los soldados los dieron por muertos y se fueron: la traición o la ineptitud, el mal comportamiento de un jefe revolucionario, en suma, ya había sido cobrado. En parte, era cierto: el subteniente ya no pudo alzarse. Pero Alem sí lo hizo. Y siguió caminando por Talcahuano y dobló por Cuyo —actual Sarmiento— y se detuvo en el número 1752. Entró en su caserón, se sentó en el sillón del living-comedor. Tenía colgado de la pared un retrato del general San Martín, héroe de la Patria, vencedor de mil batallas. Cerró los ojos.

Las fuerzas cívicas se habían comprometido a enfrentar el régimen conservador que dominaba el poder del Estado desde hacía diez años. Para ellos, los postulados de paz y modernización del Régimen eran una máscara que encubría los negocios escandalosos, el fraude electoral y el nepotismo. Alem había pensado la acción armada en favor de la restauración de los principios constitucionales y las libertades públicas conculcadas por esa "oligarquía de advenedizos".

Alem hubiera preferido que la Revolución se iniciara a la luz del día. Su plan consistía en agrupar a las autoridades del Régimen en un mismo espacio físico para secuestrarlas. Las reuniría en el Congreso de la Nación con el ardid de una interpelación parlamentaria, que obligaría al presidente Miguel Juárez Celman, a su vice, Carlos Pellegrini, al ministro de Guerra y Marina, Nicolás Levalle, y al vicepresidente del Senado, el general Julio Argentino Roca, a presentarse en forma conjunta. Entonces, imaginaba Alem, los civiles armados saldrían de casas cercanas que ya estaban dispuestas e irrumpirían en el recinto con sus fusiles Remington para detener a los que habían labrado la desgracia de la República. Luego, en la Plaza de Mayo sonarían las campanas de la iglesia y se convocaría al pueblo en armas. Si el Presidente no hubiera concurrido al Congreso, lo detendrían en el momento de la conquista de la Casa de Gobierno. En forma simultánea, los soldados rebeldes del Ejército se batirían con las fuerzas militares y policiales para asegurar el triunfo revolucionario.

Cuando Alem expuso su plan a los militares que se habían incorporado a la insurrección, éstos lo rechazaron. Salir con las tropas hacia la Casa de Gobierno los obligaba a combatir contra el Ejército en cada cuartel. El resultado de la batalla sería incierto. Según la hipótesis militar, la luz del día no beneficiaba el levantamiento armado.

Alem planteó entonces otra estrategia para tomar el poder. La idea era más o menos parecida, pero dependía de un hecho cultural antes que institucional: secuestrar al Presidente en algún espectáculo teatral nocturno. Apenas se conociera su asistencia, Alem haría uso de casas vecinas para concentrar a civiles armados y romper la custodia policial en el teatro. Con Juárez Celman hecho prisionero, los militares que participaran del movimiento revolucionario ocuparían Buenos Aires.

El plan fue desestimado con los mismos fundamentos. Para los militares, la tarde o la noche eran lo mismo. Lo que intentaban evitar era que los jefes de los cuarteles estuvieran despiertos en el momento del alzamiento. Alem terminó por ceder.

El jefe cívico ya había probado el peligro por voluntad propia en el campo de batalla. Mientras estudiaba abogacía, en 1859, peleó como soldado de caballería en la cañada de Cepeda junto al Ejército de la Confederación que intentaba integrar a Buenos Aires a la fuerza, pero luego, dos años más tarde, formó parte de las tropas autonomistas porteñas del general Bartolomé Mitre, que terminó por disolver a la Confederación en el arroyo Pavón, en Santa Fe. El ardor belicista que conservaba, como buena parte de la juventud porteña, lo llevó a combatir contra el Paraguay, donde fue nombrado capitán de un batallón que luego de sucesivas victorias fue expuesto al desastre en Curupaytí en setiembre de 1866. De allí regresó herido. Las tragedias no eran ajenas a su pasado. De niño, había visto a su padre Leandro Alén colgado en la plaza pública, víctima de la venganza por haber prestado sus servicios en la maquinaria policial rosista, la Mazorca. El desenlace paterno, que señaló al niño Leandro como el hijo del ahorcado, atormentó su infancia. Decidió modificar el último vocablo de su apellido. Se llamaría Leandro Alem.

Alem dejó que los militares le expusieran su propio plan. Era el siguiente: los batallones saldrían de los cuarteles a la madrugada y se encolumnarían por las calles hacia el Parque de Artillería. Todos debían coordinar sus relojes de acuerdo con la hora de la iglesia de San Ignacio. Una vez concentrados en el Parque, la Infantería y la Artillería, sumada la asistencia de grupos civiles, tomarían el Departamento de Policía de la Capital y la Casa de Gobierno. Todos los puntos estratégicos de Buenos Aires —las estaciones de ferrocarriles, el Arsenal de Guerra, los regimientos, las oficinas del telégrafo— serían ocupados en el alzamiento. Varias unidades militares serían enviadas a las provincias para propagar la revolución.

La jefatura de esta expedición estaría a cargo del coronel Martín Yrigoyen, sobrino de Alem y hermano de Hipólito. Éste, comisario del barrio de Balvanera a los 20 años por influencia de su tío, sería designado el nuevo jefe de la Policía de la Capital.

El plan preveía también la acción de la escuadra naval. Una vez que redujeran a sus jefes y tomaran los buques en las aguas del Riachuelo y del Río de la Plata, los militares de mar bombardearían El Retiro y la Aduana, donde estaban establecidas las tropas oficiales.

La escuadra también dominaría el acceso del litoral fluvial y enviaría por río a las tropas hacia el interior. Si llegaban refuerzos estatales desde las provincias, por agua o por vía férrea, se los enfrentaría a cañonazos.

Este nuevo diseño, que hacía pesar el control militar de la ciudad antes que las detenciones de las autoridades del Régimen, no convenció al jefe cívico. Alem prefería el secuestro como detonante del hecho revolucionario, que provocara la convulsión en la ciudad y lanzara a las calles al movimiento popular. Garantizar la salida limpia de los cuarteles, en cambio, reducía la posibilidad de golpear sobre el núcleo del gobierno, una operación que Alem consideraba imprescindible para el triunfo.

Si bien aceptó el plan militar, el jefe revolucionario pensó que ambas acciones —el desplazamiento de las tropas y el secuestro de las autoridades— podrían efectuarse en forma simultánea. Para ese fin, durante los preparativos revolucionarios, coordinó la inteligencia previa con partidarios de la Unión Cívica.

Esta coalición política sin participación electoral había sido gestada en septiembre de 1889 por jóvenes independientes con "conciencia cívica" que se manifestaron en el Jardín Florida en favor de libertad de sufragio y contra la inmoralidad administrativa, la arbitrariedad jurídica, la desmovilización política y otros males cargados en la cuenta del Régimen, al que acusaban de promover una década de aparente e indigna prosperidad. Pronto, la juventud cívica reclamó y obtuvo el apoyo de personalidades como Mitre, Alem, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen, y de grupos católicos, liberales, ex autonomistas y nacionalistas hermanados por la oposición al Régimen. El 13 de abril de 1890, en un acto con más de veinte mil personas en el Frontón de Buenos Aires de la calle Córdoba, Alem, ahora presidente de la Unión Cívica, agitó el nervio de la moral ciudadana. "Un pueblo sin vida política es un pueblo corrompido", afirmó. El meeting alentó aun más el descontento contra el Régimen y lo afectó: provocó la renuncia del gabinete de Juárez Celman. Pero también era una máscara para encubrir los trabajos revolucionarios.

Por los informes de inteligencia que recibió, Alem comprendió que la casa de Juárez Celman era una fortaleza inabordable. Estaba ubicada sobre 25 de Mayo, entre Lavalle y Tucumán, al lado de una comisaría, y además la custodiaba la Prefectura. La calle no estaba cerrada al tránsito, pero toda persona estaba obligada a circular bajo apercibimiento de ser detenida. Tampoco resultaba sencillo conseguir casas vecinas para concentrar un grupo armado. El vicepresidente Carlos Pellegrini, su ex compañero de la Universidad de Buenos Aires, no le interesaba tanto a Alem como objetivo militar. En cambio, consideraba que el asalto a los domicilios de los generales Roca y Levalle, que aunque vigilados ofrecían facilidades de ingreso, era imprescindible para desarticular la cadena de mando político. Los detenidos serían conducidos al Parque de Artillería.

Sin embargo, para sorpresa del jefe de la Unión Cívica, los militares rebeldes no quisieron incorporarse a las acciones de secuestro porque preferían evitar cualquier enfrentamiento directo con las fuerzas oficiales. Alem tuvo que planificarlas con médicos, abogados y comerciantes que conformaron la "Legión Ciudadana". Aceptaba la posibilidad de que las operaciones pudieran tener efectos colaterales. Si se producía un combate en el intento de captura, la salida silenciosa de los soldados de los cuarteles estaría en riesgo. El plan perdería sorpresa. Esta variable, sumada a la reticencia de los militares, hizo que Alem diera prioridad al movimiento de tropas hasta que se lograra el dominio de la ciudad, y luego procedería a las detenciones. Más tarde se arrepentiría de ésta y otras modificaciones a su plan militar original.

La conducción política de la Revolución ya estaba en manos de Alem; el general Manuel Campos se hizo cargo de la jefatura militar. Forjado en el fuego de la guerra contra el Paraguay, Campos también había sido jefe de la frontera sur de Buenos Aires durante la lucha contra los indígenas y ayudante del general Roca en la campaña del Desierto. Pero, ahora que asumía la conducción del alzamiento armado contra el Régimen, debía tratar a su antiguo jefe como a un enemigo. En 1890, Campos acababa de regresar de la legación argentina en Londres, donde había sido agregado durante un año. Un incidente callejero precipitó su incorporación a la Revolución. En la marcha posterior al meeting de El Frontón, Campos salió en defensa de un hermano, que era civil, y le partió el bastón en la cabeza a un agente policial, gesto por el que fue detenido, pero también valorado por la jefatura cívica.

La vigilancia sobre los conspiradores era tarea de los agentes secretos de la Policía de la Capital. Entonces, la fuerza estaba compuesta por alrededor de tres mil hombres, la mayoría de ellos veteranos con licencia del Ejército, bajo la dirección del coronel Alberto Capdevila, quien reportaba en forma directa a Juárez Celman. La presión policial se hacía notar sobre los clubes parroquiales de la Unión Cívica. En una oportunidad, una asamblea fue disuelta a balazos por delincuentes protegidos por la fuerza policial, que estaba habituada a irrumpir en los registros electorales, arrebatar boletas y apalear a los opositores al Régimen para desalentar su participación en las elecciones.

Para las citas nocturnas con Alem y Del Valle, los conspiradores del Ejército se vestían de paisanos o se disfrazaban. El jefe de los cívicos también intentaba engañar a la policía. Solía llegar último a las reuniones y se iba antes que nadie a fin de que los espías fueran detrás de él y los preparativos prosiguieran. La inteligencia policial lo apodaba "Cristo".

Noche tras noche, en distintas casas de Buenos Aires, se hacían cálculos sobre quiénes podrían formar parte de la Revolución en los cuarteles: "150 hombres en el Regimiento 1º de Artillería"; "130 en el 1º de de Infantería"; "200 en el 5º"; "200 en el Batallón de Ingenieros...". Los cálculos más optimistas aseguraban que se llegaría a los cuatro mil quinientos soldados. Más allá de los aportes de la tropa, Campos consideraba decisivo atraer la mayor cantidad de jefes de la Artillería, la Infantería y el Batallón de Ingenieros. En su planificación, si había que combatir para tomar el cuartel, se combatiría; pero prefería una toma de unidades pacífica, para no provocar enfrentamientos en otros cuarteles.

Uno de los puntos fuertes del plan militar era la toma del Parque de Artillería. Se lo consideraba parte de la Revolución desde el inicio por la adhesión del jefe de la unidad, el general Domingo Viejobueno, y la de su hermano Joaquín, también general. El "día D", las puertas del Parque se abrirían a los soldados rebeldes y habría a su disposición 50.000 fusiles y 560.000 municiones.

Otro foco de la conspiración contra el Régimen estaba en la ciudad de La Plata. Un comité compuesto por el abogado Álvaro Pinto y el coronel Julio Campos, hermano del jefe militar, aseguraba tener trescientos hombres, pero les costaba conseguir fusiles y fondos económicos. Pinto quería que las sublevaciones de Buenos Aires y La Plata fuesen simultáneas, pero Alem prefería lanzarse primero y luego remitir el material sobrante para fortalecer el alzamiento platense. Lo mismo decidió para los revolucionarios de Rosario.

El plan insurreccional avanzó sin sobresaltos. Para todos los que se sumaban, la Revolución era un deber a cumplir. Había conciencia de eso. Con discreción, los militares rebeldes, que al principio componían una logia de sólo treinta y tres capitanes y tenientes, fueron sumando voluntades. Los oficiales fundacionales se denominaron a sí mismos los hombres del "primer momento"; los que fueron hablados luego eran los del "segundo momento"; por último, los oficiales que fueran captados en el momento de la Revolución serían mencionados como los de "la última hora". Para ellos, el compromiso propuesto era imposible de rechazar. Si lo hacían, serían apresados.

A menos de dos semanas del alzamiento, el general Campos hizo un recuento ante la Junta de lo que ya había reclutado: elementos del 1º de Artillería; el 1º, el 5º y el 9º de Infantería; además, cadetes del Colegio Militar y del Batallón de Ingenieros. Pero las gestiones con los de "la última hora" continuaron. En los días previos, a Campos le fue presentado un oficial del Regimiento 11º de Caballería. Tenía antecedentes: en el 74 había sublevado a la tropa contra el fraude electoral, en favor del general Mitre, que era el espejo político en el que Campos deseaba reflejarse. El mayor Palma —de él se trataba— en principio rechazó la idea de volver a levantar el regimiento, aunque dos días después condicionó esa tarea a una entrevista con Campos. Temía que el levantamiento fuese una aventura cuartelera. Campos aceptó el diálogo pero sólo dijo que el plan era serio y que la Revolución triunfaría. A Palma le pareció suficiente y se estrecharon las manos. Su compromiso causó satisfacción en la oficialidad rebelde, porque algunos habían imaginado a Palma como un adversario a vencer. El 11º fue el último regimiento integrado.

Con el plan acordado con la Junta Revolucionaria, la insurrección debía estallar en la madrugada del sábado 19 de julio de 1890. En esas horas, algunas tropas avanzarían hacia el Parque de Artillería desde el norte, por la avenida Alvear; otras marcharían desde el oeste y el sur, por la calle Garay. La escuadra naval debería navegar hasta aguas cercanas a la Casa Rosada y El Retiro. Sería un ataque combinado por tierra y agua. En forma simultánea también, los jefes cívicos impulsarían la movilización de sus clientelas políticas y se dirigirían al Parque. Cuando la multiplicidad de las acciones se desplegara, el Régimen se fragmentaría y la Junta Revolucionaria tomaría el poder.

Pese al recelo de Campos y a la desconfianza del propio Mitre —que avaló la Revolución pero se marchó meses antes a Europa, incluso con una restitución de honores militares por parte del Régimen—, Alem era la mayor garantía política de la Unión Cívica. Al momento de la caída de Juárez Celman, Alem se convertiría en el presidente de la República.

Pero en el plano militar, a tres días de la insurrección, la cohesión interna se resquebrajó. Una delación condujo a Campos a prisión. El viernes 18, Palma convocó de urgencia al general a una reunión en los suburbios de la ciudad. Pese a la intrigante invitación, Campos creía en la buena fe de Palma. Sin embargo, recibió el aviso de que se trataba de una emboscada. Palma lo había traicionado. El jefe militar se lo transmitió a Alem y todos los mecanismos de seguridad se activaron. Esa misma noche, para desorientar a la policía, los jefes cívicos asistieron a una fiesta, pero el ardid era innecesario. La mañana de ese día, el Presidente había reunido en su casa a los ministros de su gabinete y como resultado de la investigación policial se expuso que Campos invitaba a la Revolución en los cuarteles. También se dieron detalles de reuniones secretas y de los oficiales de Ejército y Marina que estaban involucrados en el complot, y se mencionó la casa de Belgrano 432 del subteniente José Félix Uriburu, donde se había gestado la Logia de los 33 Oficiales. La revelación del plan revolucionario, a consecuencia de la rivalidad que el jefe de Policía, Capdevila, mantenía con el ministro de Guerra, puso en aprietos al general Levalle por su supuesta pérdida de control de la fuerza. Capdevila había reclamado a Juárez Celman el retiro de los batallones militares de la Capital para hacerse cargo de la seguridad del territorio porteño con sus hombres. La eficacia de su inteligencia permitía creer que podía asumir esa tarea.

El sábado 19, por orden de Levalle, el general Campos; su asistente, el coronel José Figueroa, y el mayor Garaitía ya estaban detenidos bajo acusación de "conspiración". Si antes la Revolución caminaba por las calles, ahora salía en los diarios. Palma, que además había pedido dinero para los preparativos, había informado de sus movimientos, aunque el Estado ya los conocía.

Certificados los hechos, todos los oficiales comprometidos con la rebelión quedaron a la intemperie. No se sabía de qué había informado Palma al gobierno, qué habría revelado Campos en los interrogatorios ni a quiénes alcanzaría la prisión. La Junta Revolucionaria suspendió las acciones y transmitió la orden de no precipitarse. Los militares revolucionarios rechazaron la postergación: querían lanzarse a la batalla, sobrevivir como fuese antes que ser sacrificados en los cuarteles. Pasadas las horas, el Regimiento 1º de Infantería exigió una definición a la Junta: o la Revolución se hacía o ellos se disgregaban.

Entonces reapareció Álvaro Pinto en Buenos Aires. Propuso ceder la jefatura al coronel Julio Campos. Alem aceptó el reemplazo, pero el coronel no quiso subordinarse a las instrucciones militares del jefe cívico. La Revolución volvió a la incertidumbre.

En el orden económico, el oro había aumentado su valor y el peso se había depreciado. Existía la presunción de que el país no podía hacer frente a los pagos externos ni tampoco obtener nuevos créditos de Inglaterra. A fines de mayo, el senador Del Valle agregó un elemento más de tensión a la crisis financiera cuando denunció que el gobierno había emitido papel moneda en forma clandestina para ayudar a los tesoros de los bancos oficiales.

El general Campos, encarcelado en el Regimiento 10° de Infantería de la calle Azcuénaga e incomunicado, fue interrogado por un fiscal. Campos reconoció que había hablado con Palma, pero sólo para saber cuál sería su posición personal si Juárez Celman llegara a renunciar frente a la evolución de la crisis. Aunque admitía que se preocupaba por la situación del país, Campos aseguró que no existía un plan revolucionario. Palma lo había malinterpretado. En la misma línea expusieron Figueroa y Garaitía.

Levalle, en tanto, reaccionó: envió al Regimiento 1º de Infantería, infiltrado por la Logia de los 33, a la frontera del Chaco austral y fortificó el cuartel de El Retiro y la Aduana vieja con el 6º de Caballería, que viajó desde el Chaco, y el 2º de Infantería, procedente de Córdoba. Al general Viejobueno, al mando del Parque de Artillería, le encargó una comisión fuera de Buenos Aires.

Pero de manera sorpresiva el Ejército levantó la incomunicación de Campos, quien empezó a conversar con otros oficiales sobre la necesidad de deponer al gobierno. El capitán Jacinto Espinosa, afín al jefe militar, hacía sondeos para sumar adeptos a la "causa santa". En prisión, Campos recibió una visita significativa, la del general Roca. No pudieron ser hallados documentos que prueben el contenido expreso de la conversación, pero la reunión fue en sí misma un mensaje demasiado disonante como para no ser atendido por los jefes cívicos.

Con la información reunida por Espinosa y bajo la presión de los militares rebeldes, la Junta Revolucionaria —por impulso de Del Valle, que gozaba de mayores simpatías en la Logia de los 33 Oficiales que el propio Alem— decidió levantar el Regimiento 10° y liberar a Campos de ese cuartel, y ordenó que el resto de los batallones marchara hacia el Parque en la madrugada del 26 de julio. La Revolución ya estaba resuelta. El plan militar acordado sería respetado. La orden comenzó a propagarse la noche previa al alzamiento.

La escuadra naval también debía sublevarse en la misma madrugada. Desde el Parque, le lanzarían globos de colores al aire para que abriera fuego. Dos globos significaban el bombardeo sobre El Retiro. Tres globos, sobre la Casa de Gobierno. Si no había globos, la Revolución se suspendía.

Esa misma noche, los grupos de civiles que debían proteger la salida de los militares del Batallón de Ingenieros se concentraron en un corralón a la espera de la hora. A uno de ellos se le escapó un tiro. Los vigilantes, alertados por el estampido, detuvieron a cinco cívicos, aunque el "telegrama urgente" cursado al coronel Capdevila no llegó a destino. El coronel dormía. Él, como Roca, quien desde enero de 1890 recibía informes sobre la conspiración, sólo debía dejar que la Revolución hiciera su propio camino.

En la madrugada del 26 de julio, las tropas rebeldes comenzaron a movilizarse. Hicieron rendir a los comandantes del Parque de Artillería y tomaron las azoteas y las puertas de acceso. No hubo resistencia. Alem entró antes de las cuatro. El 5º y el 9º de Infantería, el 1º de Artillería, los cadetes del Colegio Militar y los soldados destacados en el Correccional y la Penitenciaría fueron concentrándose en el Parque. Por las calles se desarmaban vigilantes y se tomaba el control de la ciudad.

En el Regimiento 10°, se liberó a Campos y los rebeldes marcharon por el frente norte unidos al Batallón de Ingenieros. El mayor Pedro Toscano, que debía haber custodiado a Campos, también dormía. Del Valle había pensando en intoxicarlo con un somnífero, pero ni siquiera un disparo fortuito en el cuartel logró perturbar el sueño del mayor. Al coronel Figueroa le habían concedido un permiso de salida la noche anterior.

La Marina también fue parte de la insurrección esa madrugada. El comando revolucionario naval fue establecido en el buque Villarino, primera nave sublevada, con la jefatura del teniente de navío Eduardo O'Connor. Navegaron y abordaron el crucero Patagonia. El teniente de fragata a cargo entregó la nave al teniente de navío Ramón Lira, otro miembro de la dirección revolucionaria. Treinta marinos bastaron para tomar la cañonera Paraná. En el acorazado Los Andes tampoco hubo resistencia y la nave fue plegada a los conspiradores. Allí fue detenido el vicepresidente de la Junta Superior de la Marina, Bartolomé Cordero, quien había ido a inspeccionarla en búsqueda de novedades para trasmitírselas al vicepresidente Pellegrini. En el ariete Maipú se precipitó el primer hecho de sangre. La nave fue levantada por el teniente Ibarra, pero su comandante, el teniente de navío Atilio Barilari, intentó reprimirlo y le disparó. El tiro mató a un soldado. Reducido, Barilari intentó escapar. Un centinela le clavó su bayoneta. En pocas horas, el poder naval revolucionario ya tenía el dominio del Río de la Plata.

Con las fuerzas concentradas en el Parque de Artillería, y en contra del plan de ataque original, Campos intimó al Régimen a que se rindiera y envió notas a la Policía Federal y a la Casa de Gobierno. Les dio un plazo de dos horas y decidió esperar.

Durante ese tiempo, los soldados rebeldes cantaron el himno, y hubo churrasco para la tropa. Campos decía que debían conocerse y confraternizar. La Junta Revolucionaria aprovechó para difundir un manifiesto a la población. "El patriotismo nos obliga a proclamar la revolución como recurso extremo y necesario para evitar la ruina del país. [...] La Junta Revolucionaria no necesita decirle al pueblo de la Nación y a las naciones extrañas los motivos de la Revolución ni detallar cronológicamente todos los desaciertos, todos los abusos, todos los delitos, todas las iniquidades de la administración actual. El país entero está fuera de quicio, desde la Capital hasta Jujuy. Las instituciones libres han desaparecido de todas partes; no hay república, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa [...]. El período de la revolución será transitorio y breve; no durará sino el tiempo indispensable para que el país se organice constitucionalmente y el gobierno revolucionario establezca la elección de tal manera que no se suscite ni la sospecha [de] que la voluntad nacional haya podido ser sorprendida, subyugada o defraudada".

En otra de sus modificaciones al plan de guerra, Campos no implementó el corte de las comunicaciones telefónicas, ni del telégrafo ni de los ferrocarriles. Su falta de acción provocó inquietud entre los cívicos. Alem le requirió explicaciones. Campos argumentó que prefería no dispersar a la tropa. No sabía dónde estaba concentrado el enemigo y temía que fueran sorprendidos por la retaguardia si lanzaba el ataque. En apariencia, Campos confiaba en que el gobierno se rendiría sin necesidad de un solo tiro. Alem se mostró molesto por el cambio de planes, pero no lo sometió al examen de la Junta de Guerra que acababa de constituirse. Dejó que la estrategia militar continuara en poder del jefe militar.

Tampoco los hombres clave del Régimen habían sido apresados. Alem también había perdido el control de ese procedimiento.

Fermín Rodríguez, el responsable de las capturas, había delegado en Lino Lagos y en Francisco Rayneli la misión de secuestrar a Roca. Se habían conformado dos grupos, con un total de quince personas, que se hospedaron en una pensión de la calle San Martín en la noche del 25. Quedaron a la espera de los cañonazos del Parque, la señal del inicio del alzamiento. Pero no hubo cañonazos. A las ocho de la mañana se fueron.

En cuanto al secuestro del ministro de Guerra, Levalle, un mínimo obstáculo fue suficiente para que el plan se arruinara. Al jefe de la misión le habían anunciado que la guardia del vigilante que custodiaba su casa de la calle República —actual Quintana— finalizaba a la una de la madrugada. Pero no fue así. Entonces, desistió del secuestro. Para el ataque sobre Juárez Celman y Pellegrini, los grupos de civiles no llegaron a conformarse.

Lejos de aceptar la solicitud de rendición, el Presidente marchó protegido por el Regimiento 2º de Infantería hacia El Retiro, donde sólo había ochenta hombres; allí comenzarían a reunirse las tropas oficiales comandadas por el general Levalle, al que una función en el teatro Politeama, en Corrientes y Paraná, la noche anterior, lo había cruzado con Capdevila. Ambos se unirían en la batalla por la reconquista del Parque.

Para desagrado del general Campos, que buscaba un predominio militar en las acciones, en la mañana del 26 de julio la Junta Revolucionaria convocó a la población. Entre el entusiasmo y el desorden, los civiles hacían filas en las oficinas del Parque de Artillería para recibir armas y municiones. Para identificar a los que se incorporaban al combate se les entregaba una boina blanca, que se agregaba a las cintas de colores blanco, verde y rosado que los cívicos habían colocado sobre sus prendas en la madrugada bajo la luz verde y roja de los faroles de mano.

Mientras se esperaba en vano una respuesta del gobierno, cívicos y soldados rebeldes armaron barricadas en las bocacalles con bolsas de tierra, adoquines, metales, cemento o colchones, y también se instalaron en los "cantones revolucionarios", edificios de dos o tres pisos que les permitían cierto control visual sobre el enemigo y funcionaban como puestos de avanzada. A media mañana, la Revolución ya había ocupado alrededor de cien manzanas de la ciudad, con epicentro en el Parque: el territorio de guerra se había delineado dentro del perímetro de Córdoba, Suipacha, Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) y Junín.

Uno de los cantones clave, el más cercano a la frontera con las tropas estatales, era el Palacio Miró, ubicado en Libertad y Viamonte. En el Palacio había más de cien combatientes. Tenía instalada una ametralladora en la azotea. Además de los militares, protegían las posiciones ex milicianos de la Guardia Nacional, civiles de la clase media urbana, abogados, comerciantes, médicos e inmigrantes de distintas nacionalidades, quienes luego exigirían a los cívicos un reconocimiento a sus muertos en el combate. Sectores obreros, con agremiaciones de bajo nivel de organización que no participaban en la vida política, tuvieron una intervención limitada en el levantamiento. Entonces Buenos Aires contaba con una población de medio millón de habitantes, de los cuales trescientos mil eran extranjeros.

La primera descarga se inició desde el cantón de Corrientes y Paraná; allí casi un centenar de combatientes abrió fuego contra una formación de vigilantes de la policía que se trasladaba en tres vagones de tranvía hacia El Retiro. Fueron los primeros muertos. Eran las nueve de la mañana. Pero mientras las tropas irregulares continuaban sin instrucciones en el Parque, las fuerzas gubernamentales tomaron la plaza Libertad, de Libertad y Paraguay, un punto estratégico para arremeter contra el cuartel revolucionario. Hasta allí intentó trasladarse un pelotón del mayor Toscano, pero desde el cantón de Viamonte y Artes (actual Carlos Pellegrini), el coronel Espina retrajo el avance a fuego constante.

Desde los cantones de las calles del frente norte, también observaron el trote de la caballada del Regimiento 11º que avanzaba por Santa Fe en dirección hacia El Retiro. Esa calle estaba fuera del área de control insurgente, pero fue tomada como blanco. Desde la calle Talcahuano, los soldados del mayor Day, que se había agregado ese mismo día a la insurrección, alcanzaron con la batería de artillería al Regimiento 11°, causándole treinta o cuarenta bajas y similar cifra de caballos despedazados. Le interrumpieron la marcha hacia El Retiro.

Aun sin otra estrategia que la resistencia, la calle era de la Revolución. Los cantones se iban desplegando uno tras otros en terrazas de vecinos o en palacios apenas estrenados; la propia confitería El Molino, en Callao y Rivadavia, y la iglesia contigua fueron conquistadas por los cívicos.

Con el impulso de los coroneles Espina y Figueroa y del mayor Day, que distribuían a sus hombres entre las barricadas y los cantones de los frentes este y norte, junto a los civiles y los soldados de la Infantería, se fortalecía la defensa del Parque.

El general Levalle, por su parte, continuó su estrategia para perforar el cerco. Una vez se había dicho que era más fácil detener el curso de una bala que torcer la fuerza del comandante cuando cargaba. En esas horas de lucha demostró su determinación. Levalle atravesó el fuego de los cantones para buscar un cajón de municiones que había quedado abandonado en medio de una calle tras la muerte del soldado que lo transportaba, y con la misma audacia obligó a los suyos a disparar al enemigo sin consideración. Mató a varios soldados de su tropa que, ateridos por el pánico, habían rehuido el combate en el fragor de las balas. Un oficial, el capitán Eloy Brignardello, obligado por su deber militar de matar, prefirió suicidarse antes que recibir la muerte, para no traicionar su simpatía con los revolucionarios.

A media mañana, el general Levalle, al grito de "¡Aquí está la ley y el deber!", había logrado instalar con ochocientos efectivos su cuartel general en la plaza Libertad —donde Campos nunca había intentado asentarse—, y reanudó el ataque por la calle Artes para aislar a la Revolución por el frente este. El ministro de Guerra y Marina disponía de la Caballería y de tres regimientos de Infantería de línea; también lo secundaban los cuerpos de vigilantes y bomberos de la policía de Capdevila, que se había subordinado a sus órdenes para cerrar un posible ataque cívico al Retiro. Levalle marchó al frente con la caballería y provocó cinco bajas en el cantón "Frontón de Buenos Aires", que acababa de instalarse en Viamonte y Artes. Pero, en una acción sorpresiva, los cívicos rompieron la pared de una casa vecina al cantón y saltaron hacia las azoteas de la intendencia municipal en construcción. Desde allí, el fuego revolucionario de la artillería, junto con otros tiradores que controlaban desde miradores el desplazamiento de las tropas oficiales por Artes, demolieron la ofensiva de Levalle.

En la desbandada y esquivando las balas, la tropa se replegó en el teatro Coliseo, también en construcción, mientras el caballo de Levalle y el de uno de sus asistentes caían muertos y el general retrocedía de prisa hacia la plaza Libertad. La acción dejó decenas de muertos y heridos. El jefe de Policía, Capdevila, de uniforme de gala y con su caballo negro, fue herido y recibió socorro en la casa de un vecino.

El fuego revolucionario dejó dos novedades: que las fuerzas oficiales actuaban con sus jefes al frente de la batalla, y que, aun así, estaban desconcertadas. La táctica de guerrilla urbana de los sublevados, con movilidad constante casa por casa, les impedía a las tropas gubernamentales saber desde dónde partía el fuego enemigo. Las fuerzas del Estado estaban lejos de penetrar en el Parque.

Entonces, el subteniente Balaguer, al mando de una sección militar revolucionaria, intentó avanzar por su propia iniciativa hacia la plaza Libertad para conquistarla y, desde allí, reclamar a sus mandos superiores la concentración de fuerzas y lanzarse hacia El Retiro. Campos le hizo llegar al teniente Uriburu su opinión por medio de un mensaje: "Ordénele a Balaguer que vuelva a su puesto. Si no obedece, péguele un tiro".

De inmediato, fue Espina quien se trasladó al Parque. Le aseguró a Campos que un avance sobre las fuerzas enemigas en El Retiro sería coronado con el éxito. Era el momento justo para el ataque. Pero Campos tampoco quiso desplegar las tropas. Le informó que mantendría las posiciones en el Parque hasta que el enemigo se rindiera. Su mesura generaba irritación en la tropa rebelde.

Hacia el mediodía del 26 de julio, los combates proseguían y la aldea ya olía a sangre. Levalle transformó la iglesia de las Victorias, de Libertad y Paraguay, en un hospital de campaña donde el Cuerpo de Sanidad militar atendía las urgencias. Los heridos y los cadáveres empezaban a amontonarse por las calles, recogidos entre el estruendo ensordecedor de las granadas y las ametralladoras por los carros-ambulancia tirados por caballos para conducirlos al Hospital Militar Central, el Hospital de Clínicas o la Casa del Aislamiento, para su cremación.

La sanidad era más precaria en el Parque. Médicos voluntarios, estudiantes y practicantes auxiliaban con los pocos instrumentos que tenían a los heridos que eran traídos desde los cantones y los trasladaban a la Asistencia Pública de la calle Esmeralda. La Cruz Roja, que había sido fundada diez años antes, reclamó a los bandos en guerra que respetaran las insignias neutrales de la institución y envió dos carros de hielo al Parque y El Retiro.

Esa misma mañana hubo una muerte que impactó a los cívicos. El coronel Julio Campos, que estaba en el Parque pero a punto de movilizarse hacia La Plata para sublevar tropas, decidió acudir al cantón de Talcahuano y Viamonte con una sección militar bajo su mando. Una bala que partió de la iglesia de las Victorias le atravesó el corazón. Su hermano recibió su cadáver en el Parque. En La Plata no hubo sublevación.

De inmediato al retroceso de la calle Artes, Levalle rearmó la tropa. Corrió a los que se habían escondido en los andamios del teatro Coliseo, mató con su revólver a los más renuentes a seguir el combate, reclamó "subordinación y valor" e hizo cantar el Himno Nacional sobre los cadáveres, con la bandera argentina en alto. Luego, arengó a los soldados: "Camaradas. ¿Qué es esto? ¿Dónde están esos valientes que se han cubierto de gloria en cien combates? ¡La victoria será nuestra!". Con dos regimientos de línea, Levalle imitó el plan de los insurgentes. Tomó las azoteas de las casas a largo de dos cuadras de la calle Paraguay e instaló cantones del ejército regular. Los revolucionarios debieron replegar sus cañones de artillería.

El núcleo de la batalla para arrancar a las tropas del Régimen de la posición de la plaza Libertad o aplastar a los rebeldes en el Parque se había centrado entre Paraguay y Viamonte. Por esas calles se combatía casa por casa, cantón por cantón, a Remington y bayoneta.

En la cadena de mando oficial se había producido un desplazamiento de autoridades. Juárez Celman, para ser protegido, o apartado, fue trasladado en tren hacia Campana con la misión de reorganizar las fuerzas del interior, tarea que también cumplía el general Roca, instalado en la Casa de Gobierno. Pellegrini, sin mando ejecutivo formal, montó el comando de guerra en el mismo teatro de operaciones, en la casa de José Luis Amadeo —Paraguay 1162—, frente a la plaza Libertad. Allí conferenció con el ministro Levalle y con la jerarquía castrense sobre el curso de la batalla. Escuchó la proposición del coronel José Ignacio Garmendia, que quería perforar a pico y barreta las paredes medianeras de las dos manzanas que permanecían bajo control de los sublevados y establecer un corredor que les permitiera avanzar hasta las puertas del Parque. Aunque estaba predispuesto a acciones temerarias, a Levalle el plan le pareció una tontería. En cambio, Pellegrini lo aceptó y le pidió a Levalle que lo ejecutara. El ministro de Guerra le asignó a Garmendia el batallón 4º y un cuerpo de bomberos. Un total de cincuenta hombres.

Entrada la tarde del día 26, en las filas revolucionarias, pese a los estragos que había causado la artillería, la alegría de matar al enemigo, el valor cívico y el sueño de reconquistar las libertades públicas empezaban a corroerse entre el humo de las bombas, las corridas y los gritos. El tiempo jugaba en favor del gobierno. Mientras las fuerzas irregulares, estancadas en el Parque, perdían vitalidad, las tropas oficiales acumulaban refuerzos armados y avanzaban sobre los cantones. El Régimen, que ordenó el retorno del Regimiento 1º que había enviado al Chaco, ya disponía del 2º, el 4º, el 6º y el 8º de Infantería, y el 11° de Caballería, más el Batallón de Bomberos y mil vigilantes de policía. Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos ya habían enviado batallones por vía férrea hacia El Retiro. A la plaza Libertad llegaban las municiones desde el Arsenal de Guerra —en Combate de los Pozos y Garay—, pese a que los fusiles Remington de los cantones batían a quienes los transportaban (fue en ese momento cuando Levalle arriesgó su vida en busca del cajón de municiones).

A las cuatro de la tarde, Garmendia informaba que ya había tomado por los fondos algunos cantones de la manzana de las calles Córdoba, Artes, Viamonte y Libertad, el centro de gravedad de la batalla. Obsesionado con el Palacio Miró, ubicado en esta última esquina, Garmendia estaba minando la resistencia cívica con un cañón y había batido a bayoneta al teniente Luis Irurtia, oficial de la Logia de los 33, un hombre del "primer momento", novedad que perturbó la moral de los alzados. Pero ni Day ni Espina detenían el fuego de la artillería en la intensidad del duelo.

A esas alturas, aunque la provincia de Buenos Aires todavía no había decidido a cuál de las dos facciones en pugna volcaría su apoyo, el balance de lo actuado demostraba que las fuerzas oficiales estaban en condiciones de aumentar su volumen. Los cívicos no. Su plan estratégico, más allá del poder de fuego de los cantones, había ingresado en un camino que no parecía tener salida: las tropas continuaban en el Parque, sin instrucciones; la Artillería no bastaba para definir la batalla y la Junta Revolucionaria estaba a la espera de alguna decisión de Campos, a quien ahora nadie se animaba a sacudir de su quietismo debido a la conmoción por la muerte de su hermano. Alem continuaba impaciente, aunque todavía engañado en la certeza del triunfo.

Al mismo tiempo, se ponía en evidencia otra clave de la frustración revolucionaria: la escuadra naval no había bombardeado El Retiro ni la Casa de Gobierno. La razón era difícil de explicar: no había globos para dar aviso a las naves. En una reacción improvisada y tardía, un voluntario con conocimientos técnicos intentó preparar las esferas de señalización, pero se incendiaron antes de que pudieran alzar vuelo.

La esperanza de la toma del poder por la fuerza cívica se había escurrido durante la mañana con el tableteo constante de las ametralladoras en los cantones. Pero en el silencio de la tarde, cuando el fuego comenzaba a menguar, la Revolución también se desmoronaba. Había que ocultarlo. Con la colaboración de la imprenta del Argentinisches Tageblatt, el diario de Mauricio Alemann, la Junta Revolucionaria distribuyó un bando celebrando un ánimo triunfante que sólo existía en la propaganda de guerra: "La revolución vence en todas partes. El gobierno no puede reclutar fuerzas. Las comunicaciones están interrumpidas. El pueblo triunfa. Toda la ciudad, con excepción de algunos puntos, está en poder de la revolución".

Los cívicos decían tener sesenta cantones y tres mil quinientos hombres armados para la victoria.

En forma casi simultánea, el periódico La Argentina intentaba transmitir en un boletín extraordinario la calma oficial: "Queremos tranquilizar al pueblo, sorprendido a balazos por un motín de cuartel. Los amotinados hasta este momento están circunscriptos al Parque. El general Levalle con numerosas fuerzas fieles lo rodea. Esta operación será decisiva. Llegan tropas, armas, cañones y municiones de todas partes. De todos lados llegan ofrecimientos. Las tropas fueron arrastradas con el engaño de que en el Parque iban a ser provistos y armados para salir a campaña. Pueblo de Buenos Aires, nacionales y extranjeros, reposad en la seguridad que un motín de cuartel que no tardará en ser sofocado es lo que ensangrienta y perturba muchos hogares".

En el atardecer del primer día de la batalla ya se preveía que el combate decisivo se libraría al amanecer del día siguiente. Las fuerzas se replegaron. Por la noche, el Parque continuó armando civiles. Había mate, fogones, reparto de alimentos, y centinelas atentos conjuraban un posible ataque por sorpresa. En las azoteas de los cantones se hacían guardias rotativas. Algunos civiles volvieron a sus casas a descansar con la promesa de regresar a su puesto a la hora del alba. Los soldados dormían en las azoteas y las barricadas. A lo lejos, se escuchaban tiroteos aislados y el rumor de las carretillas que en la niebla nocturna seguían trasladando los cadáveres que recogían de las calles. En el silencio, las fuerzas de Garmendia cavaban trincheras a pico y pala sobre la calle Paraguay. Una dotación de vigilantes quiso penetrar por el frente sur de la calle Talcahuano, en el cruce con Piedad (actual Bartolomé Mitre). La respuesta de los fusiles del cantón cívico los obligó a dispersarse. Lo mismo sucedió en el frente norte: dos regimientos oficiales que atacaron en las sombras fueron contenidos a tiros en la intersección de Córdoba y Talcahuano.

La plaza Libertad, con guardias en vigilia, era también un cementerio de carros al descubierto, repletos de cadáveres desnudos y rígidos de soldados. Luego de su traslado a Campana, el presidente Juárez Celman retornó a Buenos Aires para recomponer su autoridad y fue recibido por su ministro de Guerra en el campamento oficial a fin de informarse de las noticias del día. Visitaron trincheras. Levalle, que por la mañana había desistido de la idea de acompañarlo —lo consideraba intrascendente en términos militares—, le anticipó que la Revolución sería vencida.

Al amanecer del día 27 de julio, el segundo día de una batalla todavía irresuelta, los cívicos ordenaron a la escuadra naval el lanzamiento de las bombas. Lo hizo Miguel Goyena, representante católico, por medio de una nota que se envió a las naves apostadas en aguas del Riachuelo.

Apenas rayó el alba tos combates se reanudaron. Con dos cuerpos de la Infantería de línea a disposición, Levalle ordenó a sus comandantes —Kratzenstein, Parkinson, Daza— la toma sucesiva de todos los cantones de la calle Talcahuano hasta llegar al Parque. El avance fue auspicioso. A fuego y bayoneta, logró despojar a los cívicos del "Cantón Mitre", de Talcahuano y Córdoba, intento que se había frustrado en la madrugada. Pero desde arriba, a sólo cien metros, sobre Talcahuano y Viamonte, el mayor Day hostigó otra vez al pelotón oficial con los cañones Krupp y las ametralladoras, pese a que en cada carga los soldados y civiles artilleros exponían su vida frente a los francotiradores del Ejército. Los cañones Krupp, con sus granadas explosivas, seguían desconcertando a veteranos guerreros oficiales que ahora veían cómo se convertía la estatua de Adolfo Alsina, en la plaza Libertad, en un pedestal de cadáveres que luego eran transportados a la Chacarita.

En las calles, Espina ordenó al 10° de Infantería de línea rebelde que avanzara por Talcahuano hasta bordear la plaza enemiga. Empujados por la contraofensiva simultánea de Day y de Espina, los soldados regulares al mando de Levalle sufrieron treinta bajas y debieron desalojar el "Cantón Mitre", recuperado por el capitán insurrecto Alejandro Cortina con una fuerza de veinticinco hombres. Y los tres regimientos oficiales, el 2º, el 6º y el 8º de Infantería, debieron relevarse unos a otros, entre los fardos de pasto de las trincheras callejeras, para contener el asedio rebelde. El fuego de la Infantería y de la Artillería los obligó a retroceder hacia la plaza Libertad.

Confiado en el potencial de sus fuerzas distribuidas sobre Talcahuano, Espina sintió que la situación estaba en sus manos. Intentó, otra vez, un combate final para jugar el destino de la Revolución a suerte y verdad. Necesitaba la aprobación de la Junta de Guerra y la ayuda militar del Parque. Soldados, armas, municiones. Cuando lo solicitó, sonaron los clarines en todas las unidades, oficiales y rebeldes. El fuego cesó de golpe. Eran las diez de la mañana.

Con el argumento de sepultar a los muertos y asistir a los heridos, los cívicos habían pedido suspender las operaciones militares por veinticuatro horas. Se anunció la firma de un armisticio entre Del Valle, Pellegrini y Roca en el despacho de guerra de la calle Paraguay. ¿Qué escondía el inesperado reclamo por las tareas humanitarias? La falta de municiones de los sublevados. Campos creía que en el depósito del Parque encontraría 560.000 municiones. No encontró ni la mitad. Se lo reveló a la Junta Revolucionaria en una nota, un día después del alzamiento. Además, notificó sus sombrías previsiones: habría fuego sólo para las próximas dos horas. Y, dado que no estaba dispuesto a ordenar el ataque final por el que estaba siendo presionado, aconsejó que lo mejor era detener el combate para no derramar más sangre inútil.

La noticia de la falta de municiones sacó a Alem de su falso optimismo. En ese momento pensó en remover a Campos, pero temió que la tropa rebelde se dispersara con una decisión tan radical. Además, no confiaba en la cesión de la jefatura en quien sí quería seguir la batalla, el coronel Espina. Campos intentó tranquilizar al jefe cívico: le comunicó que aprovecharían las horas para buscar municiones en comercios. Sin precisión sobre el armamento del que disponían —la tropa no creía en la situación crítica que planteaba el jefe militar—, la realidad de los sublevados del Parque era cada vez más infausta. Material y moralmente infausta. Durante la tregua, en los cantones, circuló una orden de emergencia para futuros combates: un disparo rebelde, un muerto enemigo.

La alternativa era desoladora frente a las posibilidades de acumulación de fuerzas del Ejército. Desde Río Cuarto, por vía férrea, llegaba el Regimiento 2º de Artillería con doce cañones de campaña y siete piezas de artillería de montaña de 75 milímetros de calibre que les habían hecho falta para el combate callejero, más dos mil hombres de distintos batallones de provincias. La tregua implicaba la consolidación del triunfo de las fuerzas del Régimen.

Para alentar a su comando de guerra, Levalle aprovechó la calma y confirió ascensos a la jerarquía superior inmediata a aquellos oficiales que habían arriesgado su vida en el campo de batalla.

Pero la calma no fue completa durante la tregua. Poco antes del mediodía volvieron a oírse explosiones. La escuadra naval, reunida con los partes tardíos de la Junta Revolucionaria, bombardeó Buenos Aires como jamás lo había hecho ninguna facción política interna. Los obuses no acertaron en forma exacta los blancos de El Retiro y la Casa de Gobierno, ni tampoco el cuartel de la plaza Libertad. La bajante del río mantuvo a las naves distantes de la costa entre cuatro mil y seis mil quinientos metros, y muchísimos proyectiles, mal centrados, salieron dando volteretas en el aire para estallar antes de llegar a destino, incluso al costado de los mismos buques. Pero las explosiones que llegaron a tierra dañaron algunos hoteles de la calle 25 de Mayo, cerca de la vivienda de Juárez Celman, y también la zona del frente sur: las calles Venezuela, México; las iglesias de Santo Domingo y de la Concepción —asustando a los fieles que rezaban por el final del desastre—, y también sobre la propia Catedral.

Con el marco de cañonazos esporádicos e inciertos que partían desde el río, sólo un blanco se encuadró en el escenario bélico. Sobre la Aduana vieja, donde estaba asentado el 2º de Infantería llegado desde Córdoba, dos soldados de esa provincia cayeron víctimas de las bombas. También un niño fue muerto en la habitación de su casa de la zona sur.

Tras la espera infructuosa del primer día, como corolario de los errores de coordinación y de la falta de agentes de enlace que la mantuviese informada de lo que sucedía en la batalla, ahora la escuadra naval estaba fuera de control. Goyena transmitió el anuncio del armisticio para detener las acciones, pero el mensaje tardó en llegar y las bombas —en total fueron 154— continuaron cayendo durante la tarde del domingo 27. La nave norteamericana Tulapoose, junto con otros barcos de guerra extranjeros anclados en el puerto que estaban expuestos a riesgo, reclamaron también el cese del fuego.

El armisticio vencía a la hora 10 del lunes 28 de julio pero con el impulso decreciente del combate la fiebre se fue aquietando y permitió descubrir los muertos, la sangre derramada sobre las paredes, la visión de las calles del centro de la aldea convertidas en campos de batalla. Comenzaron las negociaciones de paz. Dardo Rocha, fundador de La Plata y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, se había reunido con Pellegrini y con Roca durante la noche del domingo, y lo mismo había hecho con la Junta Revolucionaria para mediar en el conflicto. Frente a la sugerencia de que desarmaran a la tropa, Del Valle exigió la renuncia de Juárez Celman y de Pellegrini, demanda que fue rechazada; luego, Del Valle requirió sólo la de Juárez Celman; también fue rechazada. Finalmente solicitó algún tipo de acuerdo que salvara el honor y la dignidad de los que se habían levantado en armas. Del Valle y Rocha no lograron más acuerdo que la creación de una comisión mediadora.

La tregua se extendió hasta las 5 de la tarde del lunes. Ese mismo día, el doctor Máximo Paz, que acababa de finalizar su mandato en el gobierno bonaerense, llegó al Parque para conferenciar con la Junta Revolucionaria. La tropa lo recibió con vivas. Suponía que traía el postergado apoyo de La Plata. Paz provocó en Alem y en Del Valle una mínima esperanza: "Tengo cinco mil hombres armados bajo mis órdenes. Puedo inclinar la balanza para un lado o el otro", pero antes de tomar una decisión quería asegurarse de la estabilidad de su sucesor Julio Costa en caso de triunfo revolucionario. Se lo aseguraron. "Mi corazón está con ustedes", se despidió Paz, que no definió apoyo alguno. Horas más tarde, otro emisario platense, el presidente de la Cámara de Diputados, llegado al Parque el mismo 28, informó que la provincia se había declarado a favor de la Revolución. Enviaría tropas por vía férrea a la estación Constitución. Entusiasmado, Del Valle se trasladó hasta la plaza Libertad a solicitar la extensión de la tregua hasta el martes 29 a las 10. Rápida, la Junta Revolucionaria ordenó a Mariano Demaría (h) y a Hipólito Yrigoyen —que ya había sido designado como jefe de Policía, aunque no intentó la toma del Departamento Central de Policía fortificado por Capdevila— que fueran a la estación Constitución a recibir a las tropas bonaerenses. A su arribo, se desengañaron. Los soldados descendieron del tren gritando "vivas" al gobierno y reforzaron los cantones del frente sur y la propia sede policial. En la Junta Revolucionaria se instauró la sospecha de que los emisarios platenses habían interferido en las negociaciones a fin de apreciar la debilidad política y militar de los alzados, para luego transmitírsela a los hombres del Régimen.

Ese mismo lunes 28, Campos propuso la capitulación a la Junta de Guerra. Informó que contaba con 73.000 balas en el depósito del Parque, que le alcanzarían para tomar la plaza Libertad pero no para defenderla. Se quedarían sin municiones. Campos explicó que todo esfuerzo era aventurado: una revolución que no vencía en el primer momento no lo haría jamás. Y, además de la falta de municiones, marcó otras dos causas de la debacle. En ambas estaba eximido de responsabilidad: la no detención de los hombres de gobierno —misión de la que él había desertado— y la demora del bombardeo naval. Su preocupación, ahora, era evitar la sangre, pero dejaba a la Junta que resolviera lo conveniente.

Las reacciones fueron inmediatas. El coronel Morales apoyó la rendición. La resistencia le parecía inútil. Alem estaba confuso, fuera del control de mando. Prefirió que la decisión final la tomaran los militares. El mayor Day, que había soportado la furia del fuego desde las azoteas al comando de los cañones, no se sumó a la derrota. Presentó un plan militar de ataque. Primero, propuso tomar el Arsenal y empezar a fabricar municiones. La producción podría alcanzar 70.000 tiros por día. A partir de entonces, planteó una guerra de guerrillas en el mismo escenario bélico. Con la protección de la artillería, ir tomando las calles Talcahuano, Uruguay y Paraná para extender los cantones casa por casa hacia el frente norte. En forma simultánea, ir avanzando sobre Viamonte, Tucumán y Lavalle hacia el río. Ese ataque conjunto, con la asistencia de la escuadra naval, tenía como objetivo final el sitio progresivo de las fuerzas enemigas sobre un triángulo geográfico, hasta conducirlas sobre El Retiro. Y allí librar la batalla final. Si había que llegar a un acta de entendimiento con el gobierno, expuso Day, debería formularse en el momento del ataque para poder imponer las condiciones.

Tras escucharlo, Campos sobreactuó la disciplina militar. Afirmó que si la Junta de Guerra estaba de acuerdo, él entregaba el mando a Day y se ponía bajo sus órdenes. Incluso podía conducir un regimiento. El mayor de artillería aceptó la oferta. Pero su intento no tuvo consenso. Sólo lo apoyaba el coronel Espina. La Junta le respondió que el plan era aceptable pero tardío. Se debería haber aplicado el día del alzamiento, o el domingo a primera hora, pero no el lunes. Ahora ya era tarde.

El sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen, también tenía un plan para la resistencia. Propuso salir del Parque batiéndose en la retirada, ir a Montevideo, municionarse y luego retornar por Entre Ríos y llevar la Revolución por los pueblos hasta volver a Buenos Aires. Ya no había respuestas. Del Valle sostuvo que lo mejor era negociar una rendición honrosa y evitar más muertes. Así lo hizo.

Luego de firmar las bases de la capitulación en la casa del miembro de la comisión mediadora Francisco Madero, en la mañana del martes 29, Del Valle fue al Parque a persuadir a los soldados que no querían entregarse y con lágrimas en los ojos pedían seguir la lucha aunque fuese con bayonetas. Para ellos, la Revolución seguía siendo un imperativo categórico, la causa justa que trascendía la propia realidad. Muchas horas más tarde, Del Valle encontraría a un grupo de civiles armados en el cantón del Frontón de Buenos Aires, en la calle Viamonte, que continuaban con sus fusiles sobre los miradores. No se habían enterado de la derrota.

Por la tarde, todavía se escuchaban tiros, había grupos en tumulto, los regimientos no formaban filas. Las armas seguían cargadas. El acta de rendición incluía la amnistía: les prometía a civiles y militares rebeldes que no se celebraría juicio ni procedimiento alguno contra ellos; que las unidades serían conducidas a los cuarteles, donde quedarían a las órdenes del gobierno, y los cadetes serían admitidos en sus escuelas. Pero los soldados del Parque no aceptaban marchar inermes hacia los cuarteles. Temían fusilamientos. Fue en ese momento cuando el coronel Mariano Espina ordenó el ataque hacia Plaza de Mayo. Quería tomar la Casa de Gobierno. Sus tropas irían por la calle Tucumán, aunque suponía que la empresa debería enfrentarse a las tropas estatales en la Plaza de Mayo y lo acorralarían desde la plaza Libertad, por la retaguardia. Pero el principal obstáculo eran sus jefes, que ya habían firmado la capitulación. "Si no te rindes, nos veremos obligados a pegarte cuatro tiros", lo previno Alem en nombre de la Junta. Espina respondió que debería despedazarlos con una bala de cañón por cobardes y borrachos.

En tanto, Del Valle, que iba del Parque a la plaza Libertad buscando refrendar el acuerdo, logró un documento firmado por Levalle en el que garantizaba que los que habían servido a la Revolución serían recibidos en el Ejército por los antiguos compañeros de armas. El texto fue leído en voz alta a las tropas que permanecían sublevadas. En su proclama pública en la plaza Libertad, Levalle reforzó la promesa: "¡Adversarios de ayer! Volved tranquilos a vuestros hogares y decid a quien quiera oírlo que os habéis batido como saben batirse los argentinos, y que tenéis el derecho de ser tratados con el cariño y la estimación que inspiran los valientes". Del Valle se comprometió una vez más: "Valerosos soldados... palabra de honor, nadie les hará daño. Gracias por la ayuda que habéis prestado al pueblo. La gratitud será eterna para vosotros".

Tras cuatro días de combates y centenares de muertos esparcidos por las calles de Buenos Aires, que no se contarían jamás, la Revolución había sido derrotada. Pero el presidente Juárez Celman quedaba exceptuado de la victoria. Su autoridad había sido quebrada en el curso de la batalla por el vacío político y militar al que fue sometido por Roca y por Pellegrini. El régimen conservador había aprovechado la insurrección cívica para dirimir sus fisuras internas. "La revolución fracasó, pero el gobierno está muerto", subrayó luego el roquismo sobre la lápida del Presidente. Era una evaluación política letal sobre el fin de los combates. Los días que siguieron lo comprobaron: Juárez Celman fue recibiendo la renuncia de sus ministros, encontró frialdad en el sector mitrista de la Unión Cívica para aportar reemplazos, no logró sostén en Dardo Rocha, perdió lealtades propias y no pudo formar gabinete. Estaba arrinconado. Entonces, el Parlamento votó y exigió su renuncia, que se consumó el 6 de agosto de 1890. Si Roca, que en 1886 había sido el elector de su concuñado Juárez Celman, ahora había acompañado la Revolución con silenciosa complicidad para que, aun derrotada, alcanzara para despedirlo del poder, lo había logrado. Ahora Roca, otra vez con el control del partido oficial, ocupaba el Ministerio del Interior para apoyar y vigilar a Pellegrini, que heredaba la Presidencia.

Las lealtades de Roca eran módicas, como también lo fueron las promesas a los uniformados, que pronto se desvanecieron. Un año después algunos soldados que se sublevaron en el Parque serían ejecutados por el Ejército.

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Yrigoyen revolucionario

Juan Domingo Perón todavía no había nacido cuando su tío, el alférez Alberto Perón, ocupó una vocalía de un Consejo de Guerra constituido ad hoc en Formosa que determinó el fusilamiento de cuatro oficiales artilleros que habían combatido a las fuerzas regulares en la Revolución del Parque. Entonces, en octubre de 1891, el Código de Justicia Militar no había sido creado ni regía tampoco el estado de sitio, pero la pena, dispuesta en un juicio verbal sin derecho a defensa, fue aplicada. El fundamento fue un supuesto "conato de sedición" no consumado en el Regimiento 1º de Artillería. La debilidad de las pruebas sumarias era tal que el Ministerio de Guerra y Marina a cargo del general Levalle prefirió ocultar las ejecuciones a la opinión pública. Alberto Perón, ya con el grado de teniente 1º, moriría en 1896 a los 25 años por razones todavía desconocidas. Perón nunca incorporaría en su genealogía a su tío militar.

Las revoluciones de 1874, 1880 y 1890 habían producido un quiebre en la cohesión de la oficialidad del Ejército. Luego de cada revolución y cada amnistía a los sublevados, los soldados volvían a reunirse en los cuarteles, pero la sospecha de una nueva insurrección se mantenía latente en la tropa. Esto sucedió con el Regimiento 1º de Artillería, que había perturbado el temple del comando de guerra estatal en la Revolución del Parque, tras lo cual primero fue castigado, luego disuelto y más tarde reconstituido y enviado a la Guarnición de Formosa, entonces parte del Territorio Nacional del Chaco.

En septiembre de 1891, el teniente coronel Federico López había quedado a cargo de ese regimiento. A él le informaron que se gestaba una sedición de suboficiales y soldados que habían combatido en el cantón de Viamonte y Talcahuano el año anterior. Por medio de tormentos, López logró las confesiones y encarceló a cuatro de los supuestos sediciosos; luego del juicio oral los pasó por las armas a la vista del regimiento formado.

Ese mismo mes de octubre, en Corrientes, se produjo la "matanza de Saladas", en la que los partícipes de una insurrección política contra el gobernador Antonio Ruiz fueron pasados a degüello por las tropas oficiales. Quizás esa fuese apenas una demostración de que las esquirlas del Parque habían llegado al interior. La iracundia cívica creó un estado tal de tensión en las provincias conservadoras que obligó a los gobernadores a la detección permanente de complots y conspiraciones cívico-militares y a requerir el concurso de las tropas del Ejército como fórmula de persuasión.

En la esfera nacional, la vida política también se inquietaba en la turbonada. En enero de 1891, el general Mitre todavía no había regresado al país cuando la Unión Cívica lo ungió como candidato a presidente para las elecciones del año siguiente; lo acompañaba en la fórmula Bernardo de Irigoyen, ya al borde de sus 70 años, y quien a menudo se había mostrado cómodo en las diferentes facciones políticas que lo habían convocado ponderando su prudencia. Pero la fórmula cívica pronto comenzó a descascararse. Mitre, recibido con fastos en el puerto y legitimado como el hombre indiscutible de la Nación, el punto de equilibrio entre el Régimen y los revolucionarios, confirmó la propuesta de su candidatura, pero labrada en un acuerdo con Roca, jefe partidario del oficialismo; y aunque Mitre intentó retener el máximo posible de las fuerzas cívicas en busca de un respaldo a su vuelco político —vuelco parcial, dado que algunos de sus incondicionales ya formaban parte del gabinete de Pellegrini—, dos días antes de que la convención partidaria diera el veredicto orgánico sobre el Acuerdo, en junio de 1891, el ex presidente creó la Unión Cívica Nacional y se desprendió de las posturas antiacuerdistas más radicalizadas.

El general Campos, cívico de la provincia de Buenos Aires, festejó la decisión de Mitre: "Mi actitud decidida a favor del Acuerdo es consecuencia lógica de la que asumí en la revolución...", con lo que terminaba de explicar oscuramente su voluntad de mantenerse exánime en el Parque.

La escisión de Mitre movilizó a sus críticos. Leandro Alem, cuyo liderazgo interno entre los que contestaban al Régimen pesaba tanto como la escarapela —en palabras de Paul Groussac—, fue elegido jefe de la Unión Cívica Radical en una convención partidaria que lanzó a Bernardo de Irigoyen a la compulsa presidencial para enfrentar a la fórmula oficial. Pero no fue necesario. Plegado a Roca para sostener el discurso de concordia nacional, o, también, cooptado por el Régimen para arrullar la ilusión de una segunda presidencia, Mitre perdió su carácter inmaculado y no pudo sostener la idolatría que se le profesaba. Las críticas a la gestación políticamente contranatura del Acuerdo —según la observación incisiva de los que combatían al oficialismo—, más la imposibilidad de que la criatura fuese bendecida en el interior autonomista, sucumbieron en el ánimo del ex presidente, que renunció a la candidatura junto con su mentor y ambos amenazaron con un retiro político a la estancia.

La sucesión presidencial del oficialismo navegó incierta varios meses. Quizás esa haya sido una de las más ventajosas herencias de los revolucionarios de 1890, que alteraron con fuego durante una década la estabilidad y el dominio del orden conservador.

Hasta entonces, el Régimen se había consolidado con relativa calma. El Partido Autonomista Nacional (PAN) había sido la primera fuerza política extendida por todo el territorio nacional. Era sostenida por una coalición de oligarquías provinciales y una autoridad centralizada —y militarizada, en caso de sediciones—, con un fuerte liderazgo presidencial que arbitraba en los conflictos de la elite y controlaba la vida política por medio de una maquinaria electoral que amedrentaba el acceso al voto de la oposición partidaria. El PAN aspiraba a que desapareciesen del sistema político: estorbaban el rumbo de la Nación hacia los grandes destinos, en virtud de la vertiginosa expansión económica, tal cual lo formulaban en su discurso.

La pretensión del partido único como epílogo de la turbulenta vida política porteña de las décadas de 1860 y 1870 —que habían tenido a Mitre, a Alem, a Del Valle y a Alsina como protagonistas— representaba, en el prisma del Régimen, una ventaja para la eficiencia y la modernidad administrativas, pero bajo tales preceptos ocultaban las prácticas corruptas en el orden público en favor de sus caudillos o sus notables.

Todo el andamiaje del orden conservador vertebrado a la par de la construcción del Estado detectó señales de peligro de derrumbe con la irrupción de los cívicos, en su facción moderada o radicalizada, y el colapso financiero de 1890.

Además, un nuevo contendiente agregó un matiz de tensión interna. Juárez Celman, no conforme con su retiro definitivo tras la conjura roquista que lo desalojó del poder luego de los combates, fundó el Partido Modernista colectando apoyos en las grietas del PAN y lanzó la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña, un abogado que había transitado tanto la tarea legislativa como el combate armado y había sido su canciller. Roca, obligado a una segunda fase del Acuerdo con Mitre, actuó en la emergencia y creó una alternativa electoral para obstruir la candidatura modernista: designó al padre de Roque, Luis Sáenz Peña, y el hijo esquivó el desafío de enfrentarlo en las urnas.

La candidatura radical de Irigoyen, que ahora concentraba a todo el espectro opositor, sería suprimida de un modo menos sutil. Aun con el control de las inscripciones electorales con el que dominaba el acceso al voto, el oficialismo no quiso dejar en pie margen alguno para una posible derrota. Una semana antes de los comicios de abril de 1992, Pellegrini denunció un supuesto plan revolucionario de la UCR y decretó el estado de sitio. Sin orden judicial que lo avalara, la dirigencia partidaria, con su jefe y su candidato al frente, fue alojada en prisión en el buque La Argentina, como estadía previa a un destierro al Uruguay.

Sin competidores, con el radicalismo encarcelado, el anciano Luis Sáenz Peña alcanzó la Presidencia. Asumió el 12 de octubre de 1892. Su gobierno fue el más inestable del Régimen.

Para entonces, en la conducción radical se advertían disensos. El liderazgo de Alem empezó a ser contrastado por el de su sobrino Hipólito. A las diferencias de personalidad —Alem, tribuno idealista y volcánico; Yrigoyen, reconcentrado, promesa de estratega insondable— se sumó el rencor familiar por un hecho determinante que empujó a Hipólito a marcharse de la casa de su tío, donde vivía.

Hijo de un vasco francés de limitados recursos, Yrigoyen había sido acercado a la vida pública por influencia de Alem, quien luego de la guerra contra el Paraguay ya era abogado, secretario en la legación argentina en Río de Janeiro, orador y poeta, y tenía la suficiente influencia en la política porteña como para que a los 20 años su sobrino ya hubiese sido empleado en la administración pública y designado comisario de Balvanera. La faena policial de Yrigoyen sería recordada por los sumarios que recibió, a consecuencia de intervenciones alborotadas pero luego interpretadas como "muchachadas" producto de su juventud. Tras cinco años en la fuerza, fue destituido en un cambio de gobierno.

En esa época, Hipólito vivía en un cuarto del fondo de la casa de Alem en la calle Cuyo. Su vecindad con las amistades políticas de su tío lo condujo a una diputación provincial para la que resultó electo sin ningún ejercicio proselitista. Luego obtendría empleo como administrador general de Sellos y Patentes e impartiría su saber en disciplinas humanistas en la Escuela Normal. Una designación en un cargo pedagógico, rubricada por el propio Domingo Sarmiento en la ancianidad, le haría ganar el respeto de la parroquia de Balvanera, y, luego, la noticia —comentada en La Nación— de que Yrigoyen, aun en su modestia patrimonial, donaba su sueldo de profesor al Hospital de Niños, le haría ganar más prestigio que en toda su carrera de comisario y legislador.

En el año 1889, cuando Yrigoyen ya contaba con algunas tierras compradas con crédito para compra, engorde y reventa de ganado, que le proveían cierta independencia económica, se produjo el hecho que marcó el resentimiento familiar con su tío. Yrigoyen sospechó que Alem, que gustaba de la bohemia nocturna, había cruzado un límite en la relación con su hermana soltera, Marcelina. A partir de entonces, Hipólito dejó de participar de la mesa familiar y de las tertulias que tenían a su tío como protagonista. Al poco tiempo, se marchó de la casa junto con su hermana.

Tres años después de ese hecho, es Alem el que comienza a desconfiar de su sobrino; sus inquietudes son de orden político, pero con un fuerte componente moral, la clave discursiva del radicalismo. Alem —así lo hicieron trascender sus amigos— supuso que Yrigoyen había revelado a Pellegrini —involuntariamente o no— en una conversación personal un impreciso plan de revuelta que todavía no había empezado a madurar. El Régimen habría utilizado la infidencia y sobreactuó la represalia: expulsó al radicalismo de la contienda presidencial y todos fueron a prisión, menos Yrigoyen.

Un año después, en 1893, cuando los liderazgos ya estaban demarcados —Alem era el jefe del Comité Nacional, e Yrigoyen el custodio del Comité Provincia de Buenos Aires, la UCR de Buenos Aires—, el radicalismo participó en alzamientos armados, pero el desencadenante no fue el factor político; los cívicos se sumaron a las reivindicaciones económicas de colonos agrícolas en Santa Fe, que luego evolucionaron hacia un reclamo más general: comicios limpios o revolución. Durante 1893, la fuerza de ese reclamo desestabilizó varias provincias del Régimen, y los radicales, por la vía armada, llegaron a controlar varios Estados provinciales.

En las comunas de las provincias, la autoridad local estaba asentada en el juez de paz y el caudillo político. Por lo general, eran miembros del Ejército o de la milicia provincial que habían forjado su poder o su prestigio en la lucha contra el indio en los fortines de frontera. En algunos casos, ora como caudillo, ora como juez de paz, un solo hombre concentraba el control administrativo, judicial y policial de una comuna. Poseía una influencia territorial que le otorgaba amplio margen de negociación con el poder provincial.

En el caso de Santa Fe, un impuesto al quintal de trigo —que debía pagar el colono-productor antes que el comprador-exportador— fue el punto de partida de un fenómeno que derivó rápidamente en reclamo político violento y alentó la revolución radical.

Para aliviar el déficit del Tesoro, la provincia había cedido a una empresa la recaudación del gravamen, que solía enviar a su cobrador a las comunas rurales acompañado de la fuerza pública para efectivizar el impuesto. En febrero de 1893, en Humboldt, el intento de detención de un colono que se negó a exhibir los libros contables de su producción encendió la ira solidaria de sus pares.

Armados, los colonos resistieron el cobro del impuesto y también a la tropa de soldados enviada por el ministro de Gobierno Luciano Leiva, cerebro político de la provincia. Leiva era respetado por la tropa y popular entre la peonada. Tenía clubes propios que le respondían.

En otras comunidades rurales la rebelión fue imitada. Los pobladores reclamaron que las exacciones fiscales no fluyesen hacia el poder provincial sino que fuesen utilizadas para necesidades de salud y educación de la comuna, que intentaban administrar por sí mismos.

En el curso de ese año, ante la continua tensión con las autoridades, los colonos organizaron un ejército propio y también fundaron la Unión Agraria (UA), una entidad que les permitía el trasbordo de la protesta económico-social hacia la acción política.

El radicalismo de Alem estuvo atento a esos movimientos comunales. Pronto aportaron dirigentes a la UA y organizaron actos públicos. Como demanda inmediata, la UA requería al gobierno santafecino la libertad de los detenidos, la devolución de las armas confiscadas y la abolición del impuesto al quintal de trigo. Pero también exigía que se abriera la elección de los jueces de paz y se permitiera a los extranjeros —protagonistas activos en las protestas— votar en las elecciones comunales.

Si bien en primera instancia el gobierno concilió intereses para reducir la tensión —revocó la concesión del recaudador de impuestos y promovió la educación en las zonas de conflicto—, la revuelta de Humboldt de febrero de 1893 dejó en claro que, para los colonos, la violencia era un recurso, si no legal y legítimo, al menos legitimado para la defensa de sus intereses.

Con el correr de los meses, frente a la continuidad del impuesto, la violencia agraria adquirió un carácter más ofensivo. A mediados de 1893, los inmigrantes suizoalemanes de las comunidades rurales ya conformaban una organización militar eficiente, tan eficiente que derrotaría a las tropas provinciales y obligaría a renunciar al gobernador de Santa Fe, y sus batallones desfilarían con sus líderes, sus armas y las banderas de los cantones de los cuales eran originarios. Harían una revolución. En las colonias agrícolas, los suizoalemanes tomarían a tiros las sedes de los juzgados de paz y de las comisarías y se harían cargo de la administración comunal. E incluso, dominados por el rencor y la furia, lincharían a las autoridades políticas que se les resistieran.

Para el oficialismo criollo-autonomista, que conservaba fresco en la memoria el aniquilamiento indígena que acababa de consumar en la frontera, la irrupción de los suizos fue comparada con la invasión de los bárbaros contra el Imperio Romano. El clima de enfrentamiento ya había echado raíces en las praderas. Y también las represalias. El ministro de gobierno Leiva había prometido pavimentar las calles con las cabezas de los gringos.

En términos militares, los inmigrantes suizos se distinguían por ser buenos tiradores. Tenían armas de precisión desconocidas por el Ejército argentino y utilizaban polígonos de tiro instalados en las colonias. Al principio, la práctica era parte del ocio dominical; luego, fue práctica armada. Los primeros blancos fueron venados y ñandúes; más tarde serían las tropas nacionales.

La movilización armada de las colonias suizoalemanas se produjo en un contexto político más amplio. Los colonos pasaron a formar parte de la estrategia revolucionaria del radicalismo en Santa Fe, que sumaba también sectores sublevados del Ejército y la Marina para el asalto del poder provincial. Alem, en la clandestinidad, se había instalado en Rosario en el mes de julio para promover la Revolución.

El conflicto político podía observarse a una escala todavía mayor: en forma simultánea a los preparativos de Santa Fe, Hipólito Yrigoyen organizaba un ejército de civiles que planeó la Revolución desde estudios jurídicos, se concentró en las estancias y empezó a movilizarse en tren para ir tomando las comisarías del interior de la provincia de Buenos Aires, pueblo por pueblo, hasta acceder al poder de La Plata por la fuerza de las armas.

En Santa Fe, las tomas comunales también fueron escalonadas. El detonante fue la colonia Esperanza. Allí, hacia fines de julio, en nombre del valor cívico, suizos y radicales se aliaron para entrar matando a la comisaría, dominar a las autoridades municipales y establecer la sede de la Junta Revolucionaria. En Rafaela, asaltaron la casa del jefe policial, que estaba enfermo, mataron a su secretario y luego controlaron el municipio. Lo mismo sucedió en Castellanos.

Durante la madrugada del 30 de julio, en la ciudad de Rosario, distintas columnas revolucionarias operaron sobre objetivos enemigos. Tomando las azoteas de las casas bajas, descargaron metralla sobre los vigilantes de calle y el cuartel de gendarmes, y tirotearon las casas de los jefes políticos del autonomismo provincial, siguiendo la planificación de la Junta Revolucionaria instalada en el hotel Universal. Lisandro de la Torre, de 25 años, que ya había participado en el Parque, lideró un grupo armado que peleó cuerpo a cuerpo en el cuartel de bomberos.

A las 2 de la tarde del 31 de julio, los radicales lanzaron el ataque final sobre la municipalidad rosarina. Con la interrupción del servicio de agua corriente y lanzando bombas Orsini, los cívicos lograron la rendición de las tropas regulares tras treinta y ocho horas de fuego constante. La incursión armada del radicalismo liderada por Alem dejó un saldo de 104 muertos y 268 heridos, entre ellos Chiozza, baleado cuando levantó la bandera de la victoria sobre los techos del edificio municipal.

Pero el triunfo no excluyó la persecución del enemigo. Para desactivar la reacción del municipio y del gobierno local, un grupo de soldados que intentaba escapar fue apresado en un convoy en la estación de trenes. De la misma forma fue detenido el ministro Leiva, que se disponía a viajar a Buenos Aires.

Frente a la perspectiva de la derrota en Rosario, el gobernador Juan Manuel Cafferata decidió fortificar la ciudad de Santa Fe. Delegó el mando militar en el coronel Gabriel Carrasco, que además era su ministro de Hacienda. Después le imputarían que era mejor en los detalles presupuestarios que como hombre de armas. Carrasco contaba con policías, bomberos, soldados y peones criollos, que habían sido reclutados por jueces de paz y caudillos leales de la campaña. Eran tres mil hombres de heterogénea procedencia y les ordenó que se atrincheraran en el cabildo, la iglesia y la estación de trenes, y protegieran los domicilios de funcionarios.

A su vez, el ejército suizo avanzó desde las colonias hasta los suburbios de Santa Fe vadeando el río Salado, dado que Carrasco les había levantado las vías del Ferrocarril del Norte. La ciudad ya estaba cercada. Entre la amenaza de las columnas revolucionarias que llegarían desde Rosario y el levantamiento de las comunas de Esperanza y de San Justo, el gobernador Cafferata prefirió renunciar.

El radicalismo, liderado por el abogado Mariano Candiotti asumió el control de Santa Fe. Lisandro de la Torre fue designado ministro de Justicia y Agricultura.

El 3 de agosto de 1893, medio millar de inmigrantes enrolados en los batallones suizos hicieron su ingreso triunfal en Santa Fe, con las banderas del cantón de Valais y exhibiendo a doscientos criollos que habían tomado prisioneros. Para la prensa del autonomismo apenas depuesto, los suizos eran los enemigos más indignantes. "Saquearon los boliches de los suburbios, mataron gente indefensa, disparaban sus armas al tun tun [...] lo que más chocaba es que esos extranjeros no son siquiera de nuestra raza...", expresó el diario Nueva Época. Al día siguiente, el periodista David Peña, autor de esas líneas, fue encarcelado junto a otros funcionarios autonomistas por el poder radical revolucionario.

En su política para la campaña, el nuevo gobierno reemplazó a los jueces de paz impugnados por los colonos, que los acusaban de promover un proceso contrarrevolucionario valiéndose de los peones criollos de las estancias. El gobierno también prometió cumplir con las demandas de los inmigrantes que habían dado origen al conflicto.

Una vez que alcanzaron el poder, los colonos extranjeros, o hijos de extranjeros, fueron implacables con sus enemigos. Hubo casos en que sacaron de las cárceles a los criollos reclutados por el Régimen para lincharlos, o se los arrancaban a los jueces de paz antes de que los trasladasen a la jefatura de Policía, para aplicarles el mismo castigo.

El linchamiento era una novedad en la campaña. Fue introducido por los suizos, quizá por su tradición comunitaria. El criollo estaba habituado al degüello para reparar las ofensas, pero le daba a la venganza un tono más íntimo o personal.

La debilidad de origen del gobierno de Sáenz Peña había sido promotora involuntaria de la violencia radical. En julio de 1893, el Ejecutivo estaba sin respuestas frente al vacío político. Prisionero de la indiferencia de su elector —el general Roca— y "sumido en un momento de angustia suprema", como reveló, quiso salir del marasmo y designó a Aristóbulo del Valle en el Ministerio de Guerra y Marina. En su osadía, el Presidente desoyó el consejo de su círculo de notables, que le recomendó que ni aun en caso de anarquía cediera un puesto ejecutivo a los radicales. Y aunque Del Valle no lo era del todo, Sáenz Peña le otorgaba al ex revolucionario del Parque la responsabilidad de sacar de la nebulosa a un gobierno heredero del Régimen que hacía tres años él había combatido con las armas.

Del Valle recibió facultades amplias para armar su gabinete, pero pronto percibió en el radicalismo una atmósfera fría para su empresa. Alem no aceptó incorporarse a su equipo. Para él, aun con Del Valle, el gobierno seguía siendo parte del Régimen que siempre había resistido. Yrigoyen tampoco quiso cargos. Su estrategia de poder ya era la oposición permanente y el rechazo a los acuerdos.

Del Valle asumió el compromiso de Estado con la intención de purificar las imperfecciones del sistema electoral. Bajo su patrocinio, el 23 de julio de 1893 Alem ganó la senaduría por la Capital en elecciones insospechadas. Fue su primer logro. Su idea general, que no era de aplicación sencilla, era presionar sobre "la máquina electoral" del autonomismo y minar su base de poder dando impulso a las insurrecciones radicales o mitristas en las provincias. Luego, para el retorno al orden institucional, las intervenciones federales convocarían a elecciones transparentes que conducirían al Régimen a la debacle por la fuerza de los votos. Si había una revolución en marcha contra el Régimen, Del Valle pensó que podía colaborar desde adentro.

Para iniciar los preparativos de su misión, poco antes de los estallidos, el nuevo ministro desarmó por decreto a las fuerzas provinciales —les quitó los fusiles a policías, bomberos y escuadrones— e inmovilizó fondos presupuestarios. Los dejó inermes y sin dinero. Esto sucedió en Santa Fe. Después, frente al asedio revolucionario del radicalismo, refirió al gobernador Cafferata los beneficios de la renuncia.

Casi en coincidencia con la revuelta santafecina, el 29 de julio de 1893, el radicalismo también se sublevó en San Luis. Cien hombres armados esperaron en la madrugada la señal de un tiro de Remington. Había luna llena. La ciudad estaba iluminada. No era un buen indicio. Tras la detonación, distribuidos en pelotones móviles con diferentes órdenes de combate y al grito de "¡Viva la Patria!", los cívicos puntanos bloquearon los accesos a la ciudad, tomaron por asalto el cuartel de Policía y fueron a la caza de los miembros del Ejecutivo local. Instalados en azoteas que les permitían el dominio visual de la plaza Independencia, hicieron formar a los policías rendidos para desarmarlos y contuvieron el fuego de la Gendarmería. A esas alturas, ya entrada la mañana, habían matado a varios soldados pero también tenían bajas propias: José "Pepe" Saá, herido de muerte en el techo de un edificio; Casimiro Becerra, estudiante, caído en la toma de la Legislatura. Al jefe revolucionario Teófilo Saá una bala le había trazado un surco en el cuero cabelludo y siguió el combate con la cabeza vendada. Pero los funcionarios se les escurrían. El gobernador roquista Jacinto Videla había escapado, al igual que el jefe de Gobierno y el jefe de Policía. En Villa Mercedes, la Revolución también era exitosa. Sólo diez hombres tomaron la ciudad, detuvieron al jefe político y controlaron el cuartel de Policía.

Antes del mediodía, con el liderazgo de la Junta de Guerra, Teófilo Saá asumió el mando del Ejecutivo provincial e hizo manifiesto al pueblo: "El reinado del doctor Videla ha sido el reinado del terror; el reinado de la mazorca; donde el enemigo político estaba fuera de la ley, condenado y juzgado sin juicio y sin defensa [...] Pocas veces, la audacia y la perfidia alcanzaron las notas más altas del crimen, y del crimen calculado y preparado para ensangrentar el santuario del comicio, declarado libre y soberano, por las leyes de la moral y las leyes de los hombres".

Después, San Luis pidió reconocimiento como Estado provincial al ministro del Interior, Lucio Vicente López, del gabinete de Del Valle, en busca de sustento político y jurídico. Lo obtuvo.

En conocimiento de la rebelión puntana, Yrigoyen adelantó su insurrección en la provincia de Buenos Aires. Del Valle le había echado una mano. Dos semanas antes, por un decreto del ministro se habían incautado 1800 fusiles y medio millón de balas a las fuerzas provinciales y se intervino el Banco Provincia para investigar "actos administrativos". Un procedimiento similar al de Santa Fe antes de la insurrección.

En silencio, durante diez meses, desde su estancia El Trigo, en Las Flores, y con almuerzos en el porteño Café de París, Yrigoyen había formado un ejército de jóvenes ilustrados, patricios con cultura cívica luego reconocidos como los "líricos", a quienes sumó para la Revolución en el territorio.

Fuera de la influencia personal y política de su tío, Yrigoyen tenía el mando del comité provincial de la UCR, donde nadie que no fuera él intervenía en las decisiones políticas. La construcción de su poder fue artesanal y secreta, con asistentes que cumplían sus instrucciones verbales. Uno de ellos le preguntó una vez cómo podía propagar el radicalismo en un pueblo donde no conocía a nadie, como se le había ordenado. Yrigoyen le dijo que hablara con el cura. Él le informaría quién era cada uno. Y agregó: súmelo al cura.

La noche del 29 de julio de 1893 los trenes eran máquinas de insurrección en la provincia de Buenos Aires. El punto de encuentro revolucionario fue el empalme ferroviario de Temperley. Allí confluyeron los "líricos" de boina blanca con el ejército rebelde que organizaron el coronel Martín Yrigoyen y otros dirigentes radicales de la campaña. Así se fueron levantando los pueblos: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Pedro, Azul, Ayacucho, Saladillo... Ochenta y ocho distritos en rebelión para la conquista del poder.

La travesía férrea del yrigoyenismo fue lenta. A veces atravesada por combates y muertos; en otros casos, con tomas concluidas con rendiciones amistosas, con la adhesión del intendente o del jefe policial y festejos populares, campanadas de iglesias o bandas de música que saludaban al tren revolucionario en el andén de la estación. Hubo excepciones. Muchas. En San Nicolás, la policía, suboficiales del Ejército y un senador oficialista dieron pelea, y los jefes radicales locales perdieron la vida en su pretensión de conquista. También hubo resistencia en Olavarría. Una contraofensiva de las fuerzas regulares dejó varios muertos en las calles de la ciudad. Y más todavía, en 9 de Julio, un comisario alistó a quinientos hombres de distritos cercanos para enfrentar a los radicales. Hubo tres días de fuego. Hasta que las fuerzas oficialistas se rindieron.

Yrigoyen no quería una revolución con sangre. Aspiraba a que su política de intransigencia frente al Régimen, sumada a su prestigio interno como conductor y al propio peso de los acontecimientos —una realidad que él mismo había construido en secreto—, obligara a la renuncia de Julio Costa, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Yrigoyen prefería tomar el poder sin disparar un solo tiro, o casi ningún tiro; un poder que luego él, en una asamblea cívica en el salón municipal de Lomas de Zamora organizada el 7 de agosto, tras la aventura ferroviaria, rechazaría para sí, pese a los ruegos de los suyos. Cuando todavía no habían llegado a La Plata, Yrigoyen nominó al doctor Juan Carlos Belgrano para el cargo de gobernador provisorio. Fue avalado por la asamblea.

No sólo la sangre era un límite que se intentaba no transgredir, en lo posible. Yrigoyen tampoco pretendía una ruptura radical con el sistema político. Cuando sus seguidores le anunciaron que habían demorado al ex presidente Carlos Pellegrini en un tren en la estación de Haedo y pidieron autorización para hacerlo prisionero, ordenó que lo dejaran seguir, quizá para honrar aquella excepción de prisión con la que había sido favorecido el año anterior o debido al respeto que les debía a ciertas personalidades del Régimen. Marcelo Torcuato de Alvear, un "lírico" que sería presidente tres décadas después, se resistió a telegrafiar la orden de libertad, pero Yrigoyen la refirmó y le deseó buen viaje al ex presidente. El alemnismo se enfureció con esta gentileza.

Con las localidades del interior provincial ya controladas, cerca de ocho mil hombres armados se concentraron en Temperley para marchar hacia La Plata y tomar el gobierno. Los alentaba un hecho auspicioso. Costa ya había renunciado y embarcado hacia Montevideo. El senador Guillermo Doll se hizo cargo del gobierno y, aunque pronto lo declaró disuelto, la provincia se mantenía defendida por el jefe policial, el coronel Ramón Falcón.

Del Valle ya se había instalado en La Plata. Dejaba que los hechos fluyeran sin la intervención del Ejecutivo nacional ni tampoco del Congreso, e intentaba evitar que el Ejército se batiera con el radicalismo en armas. Pero también los partidarios de la Unión Cívica mitrista, con dos mil hombres al mando del general Campos, habían aprovechado el desmadre institucional para tomar el poder provincial antes que los radicales. Se estaban adelantando. Las tropas cívicas del mitrismo se tirotearon con las fuerzas de Falcón en la estación de Ringuelet, a sólo once kilómetros de La Plata.

Del Valle instó a disminuir la tensión y se ocupó de persuadir a Campos para que desarmara su ejército. Había una realidad incontrastable: los yrigoyenistas casi quintuplicaban sus fuerzas. Campos aceptó la sugerencia y trasladó a los suyos a Buenos Aires.

Con el territorio más despejado, el 9 de agosto de 1893, tras casi diez días de deliberaciones, con movilización política y armada, Yrigoyen concentró a sus adhrerentes en el Hipódromo de La Plata. Hizo un acto pacífico y festivo y, para honrar su buena fe, prometió que entregaría las armas si Del Valle terminaba de superar los obstáculos político-institucionales para acceder al gobierno. Y así fue. La larga marcha de la sublevación yrigoyenista concluía con éxito. La UCR alcanzaba el poder de la provincia de Buenos Aires por primera vez en su corta historia.

El 10 de agosto de 1893, Juan Carlos Belgrano, sobrino nieto del creador de la bandera, asumió en La Plata mediante un acta notarial. Algunos "líricos" fueron designados en cargos ministeriales. Duraron poco tiempo. Una operación política gestada en la oscuridad haría más comprensible la retirada de Campos. El mismo Congreso que, tres días antes, a instancias de Del Valle y con el aval de Sáenz Peña, había rechazado la intervención federal en Buenos Aires, ahora votaba a favor. Si el radicalismo no aceptaba recibir al interventor, debería recibir entonces a las tropas oficiales. El artífice de la maniobra había sido Carlos Pellegrini, consejero del Régimen.

Del Valle exigió a Sáenz Peña ser designado interventor de la provincia. Sin su garantía institucional, el yrigoyenismo se levantaría en armas y la situación se descontrolaría. Alem le sugirió avanzar un poco más: le recomendó que asaltara el Estado como lo haría cualquier régimen dictatorial. Otra revolución, como sucedía en las provincias, pero gestada desde el palacio. Y luego, que convocara a elecciones y restableciera los poderes republicanos avasallados. Del Valle no aceptó. Había límites institucionales que no podía transgredir.

Las intimidaciones del ministro de Guerra se desbarataron en pocas horas. Avalado por el presidente Sáenz Peña, el Congreso designó a Carlos Tejedor para la intervención de la provincia de Buenos Aires. Del Valle renunció al ministerio. Manuel Quintana, cívico nacional, se hizo cargo del Ministerio del Interior el 12 de agosto de 1893. Portaba una misión: organizar la represalia estatal para aplastar las insurrecciones en las provincias. Con el agregado de matices mitristas, el Régimen se reordenó: declaró el Estado de sitio, desconoció a los gobiernos revolucionarios y envió interventores y fuerzas militares. Actuó en defensa del orden conservador.

El general Campos, nuevo ministro de Guerra, designó al general Roca como comandante en Jefe de las tropas de la represión. Tres años después de la Revolución del Parque que virtualmente los había enfrentado, volvían a unirse. Como lo habían estado antes, cuando desbarataron la frontera india con Remington y ferrocarriles para que el país lograra construir un Estado y un modelo económico que se acomodara a las necesidades de los países industrializados centrales. Ahora defendían al Estado de la impugnación radical, que cuestionaba al orden político que lo sostenía.

Belgrano abandonó su estadía provisional en la gobernación para pedir explicaciones a Sáenz Peña, y no sólo no fue recibido sino que tampoco se le permitió el regreso. En La Plata, el general Francisco Bosch desarmó a los sublevados radicales y se tiroteó con el coronel Martín Yrigoyen en un amague contenido de la violencia que dejó dos muertos y algunos heridos. Más allá de la escaramuza, la rendición fue pacífica. Los revolucionarios de Yrigoyen volvieron a sus hogares.

Parecía que la primavera del radicalismo en 1893, destinada a estallar en los feudos del PAN, acabaría infructuosamente, pero todavía tenía algunos peldaños revolucionarios por escalar.

En la provincia de Corrientes, la caída de Del Valle apuró el alzamiento. Pese a que en julio el entonces ministro de Guerra había desarmado a las fuerzas provinciales, Alem había provisto al doctor Manuel Mantilla con fusiles y dos cañones Krupp. En la provincia, mitristas y radicales se habían aliado en favor de una misión revolucionaria que propagaban por las calles con fonógrafos. El 22 de agosto, con diez mil hombres en armas y tras una semana de combates a la vera del río y en el interior seco provincial, los rebeldes tomaron el poder.

En Tucumán, aun en septiembre de 1893, en plena tarea de restauración del Régimen, prosiguió el reguero de la pólvora radical. Uno de sus artífices fue el teniente primero Pedro Lódolo, a quien el coronel Martín Yrigoyen le encomendó que organizara una fuerza revolucionaria que un dirigente local pondría a su disposición. Sólo se necesitaba un jefe militar para conducirla. Pero la tropa no era el paisaje que le habían pintado. En la visión de Lódolo, se trataba de ochenta hombres con armas estropeadas que bebían ginebra al consuelo de la noche en un rancho en las afueras de la ciudad. Lódolo los hizo formar y con ellos dirigió la toma de la Cárcel de la Penitenciaría. Aparentando más fuerzas de las que tenía, sumó a los guardiacárceles —que temían el alto precio de una rendición— con civiles armados que procedían del interior rebelde. Con esa tropa y un cañón oxidado utilizado en la época del general Manuel Belgrano, Lódolo fue estableciendo su fortaleza y resistiendo el asalto de los soldados regulares. La conquista de la estación ferroviaria de Sunchales fue determinante para el dominio insurgente del frente norte de Tucumán, pero el gobierno tucumano, mientras tanto, encarcelaba radicales y recibía el concurso del Regimiento 11º de Infantería de línea, enviado desde Buenos Aires.

Tras dos semanas de combates, los revolucionarios lograron hacer capitular a las tropas del Ejército y conformaron un gobierno provisorio. Hubo un hecho decisivo para semejante victoria: el 11º se había sublevado y se sumó a los rebeldes con el aporte de dos cajones de Remington y cinco mil balas.

Ese mes de septiembre de 1893, el Noroeste argentino estaba en fermentación: Salta y Catamarca estaban a punto de alzarse. Confiado en sus fuerzas, Lódolo quiso extender la victoria en la región y envió un escuadrón para levantar Santiago del Estero, pero fue repelido a tiros y volvió a Tucumán.

El intento de Lódolo colmó la paciencia de Pellegrini. Ordenó la represión estatal y quiso supervisarla él mismo: marchó a Tucumán junto a las tropas federales al mando del general Bosch, quien ya había compuesto la situación en La Plata. Una maquinaria de acero compuesta por tres trenes, con noventa y cuatro vagones, cargó a mil doscientos soldados del Batallón de Ingenieros, del 9º y el 10° de Infantería y del 2º de Caballería, más dos baterías de artillería y caballos en vagones-reja. La travesía duró cuatro días. En ese tiempo, los revolucionarios ya habían saboteado vías, puentes y líneas de telégrafo. Enterado de que Bosch conducía la represión, parte del 11º sublevado escapó a Bolivia ayudado por baqueanos. Otros, en cambio, liberaron a su jefe, el coronel Ramón Bravo, le devolvieron su lealtad, se pusieron a sus órdenes y se trasladaron hacia Santiago del Estero para salir del problema. Lódolo también comprendió la nueva contingencia. Resolvió rendirse antes de que llegaran los trenes, y la Junta Revolucionaria abandonó el gobierno. Con la ciudad sin autoridad, bajo los estampidos de los fusiles, se desencadenaron crímenes y saqueos.

En la madrugada del 25, Bosch atacó la Penitenciaría, sólo defendida por Tomás Bello, un civil radical que se había colocado el uniforme de teniente coronel. Se rindió tras seis horas de cañonazos de la artillería.

Pellegrini liberó al gobernador Próspero García, encarcelado por los revolucionarios, aunque no lo repuso en su cargo; en tanto, Bosch ordenó a las provincias vecinas la persecución y el apresamiento de los fugados del 11°. Tenía la ciega voluntad de pasarlos por las armas. Con la ayuda logística de un cura, Lódolo se refugió en Montevideo.

Tucumán quedó en manos del coronel Salvador Tula, que no era ni gobernador ni interventor, y actuó en consecuencia: cerró la Legislatura y los tribunales, y censuró la prensa.

Con la autoridad restaurada en Tucumán, el general Bosch recibió otra orden urgente. El ministro del Interior Quintana lo requería en Santa Fe. El 28 de septiembre, cargó la artillería en el tren y partió con sus soldados.

Para entonces, las experiencias de los gobiernos revolucionarios eran objeto de descalificación por parte de la prensa autonomista. En su evaluación de los sucesos de julio y agosto de 1893, decían: "El país entero ardía. Bandas de radicales o bandidos saqueaban edificios públicos, cortaban hilos telegráficos, se apropiaban de ferrocarriles, implantaban el terror, ese terror que infunde la turba desalmada e irresponsable y para que nada faltare, los colonos extranjeros armados pisoteaban las leyes, ultrajaban el honor nacional, hacían escarnio de nuestra nacionalidad, de nuestra bandera".

En Santa Fe, luego del triunfo del 3 de agosto de 1893, la revolución radical se mantuvo tres semanas en el poder. Cuando Del Valle renunció, el Ejecutivo nacional envió la intervención federal. Viajó el doctor Baldomero Llerena, un abogado civilista al que los radicales le entregaron el poder y los fusiles confiando en su buena fe para conducir el próximo proceso electoral. Llerena les prometió juego limpio.

La caída de Del Valle también cortó el recorrido del gobierno de Saá en San Luis. El 19 de agosto, el Ejecutivo decretó la intervención de Daniel Donovan, objetada sin éxito por los revolucionarios en la Corte Suprema. Donovan también prometió urnas libres y accesibles a todos los partidos.

Pero tanta solidaridad política no era útil a los intereses del Régimen. Criticado por presunta parcialidad en favor del radicalismo, a menos de un mes de su llegada, Llerena se fue de Santa Fe, y el Ejecutivo lo reemplazó con el general Liborio Bernal, un jefe de la línea militar que había peleado contra los indígenas. El ministro Quintana también forzó la renuncia de Donovan en San Luis, donde designó al general José Arredondo, con un pasado en la insurgencia mitrista, munido de la instrucción de desmantelar al radicalismo. El Acuerdo de Roca y Mitre cerraba filas contra el enemigo común.

La intervención de Bernal en Santa Fe también fue severa. Ordenó la detención de los jefes radicales revolucionarios y el desarme de los batallones suizos e hizo efectiva la prohibición de las sociedades de tiro en las colonias. Aquella frase de Del Valle que justificaba a los extranjeros en armas como la consecuencia de un derecho civil lastimado, ahora quedaba desautorizada.

Aun así, Bernal casi no tuvo tiempo de acomodarse en su despacho. El 24 de septiembre, un día después de su llegada, el radicalismo resistió la restauración autonomista y se levantó en armas. Otra vez en Rosario, otra vez en la ciudad de Santa Fe, otra vez la rebelión en las colonias, otra vez los extranjeros armados. Un circo apenas montado del payador Gabino Ezeiza sirvió para ocultar el arsenal. La compañía artística se transformó en un cantón revolucionario. Candiotti, prófugo y rengo, tomó la Aduana de la ciudad. El Regimiento 11° de Caballería desembarcó en el puerto de Santa Fe en tres vapores y fue castigado por los colonos suizos, que le provocaron alrededor de treinta bajas con tiros a la cabeza y al pecho, prolijos y efectivos.

Parte del ejército suizo resistió en la estación de trenes y otros se atrincheraron en la municipalidad. Bernal, que para la reconquista contaba con la colaboración de Luciano Leiva y del recién llegado coronel Falcón, ordenó el desalojo de los helvéticos a sablazos, en franco desafío a su puntería.

En forma simultánea al alzamiento en Santa Fe, se levantaron las colonias Esperanza, Rafaela y Helvecia. Allí, uno de los líderes de la toma de la policía fue el cura salesiano italiano Luis Wagnest, con tres años de residencia en el país. Bernal envió cuatrocientos hombres para enfrentar a los fusileros suizos en Helvecia.

La Marina de Guerra también dispuso su apoyo a Bernal. Cargó el acorazado Los Andes con fusiles, carabinas y cañones, y siguió al Almirante Brown, su nave insignia. Pero, en forma imprevista, la tripulación del Los Andes se rebeló y puso proa a Rosario para ponerse a las órdenes de Alem. Por su parte, el coronel Mariano Espina, que había impulsado el ataque a la Infantería rebelde en el Parque, abordó en el puerto de Buenos Aires la torpedera insurrecta Muratore y en su camino a Rosario sumó en El Tigre a la torpedera N° 7, también insubordinada, bajo el mando del alférez Hilario Ibarra. La Marina oficial los esperó a un costado del muelle del puerto de destino con el acorazado Independencia y sus cañones en la proa. Tras un intercambio de cincuenta proyectiles, perforó la coraza del Los Andes y lo dejó fuera de combate. El buque revolucionario comenzó a hundirse.

No era mucho lo que restaba por hacer tras la derrota de la insurrección naval. El Ejército disponía de seis divisiones para la represión, y Alem sólo comandaba un ejército cívico-militar.

El alzamiento de septiembre de 1893 fue menos popular pero mucho más sangriento que la revolución de julio. Los sublevados no tenían un conductor militar único y Alem carecía de talento organizativo.

Luego de la rendición radical, los caudillos locales de la ciudad de Santa Fe lograron fugarse atravesando la laguna Setúbal hacia las islas o los montes, perseguidos por los soldados del 11º. Espina fue condenado a muerte, aunque luego su pena fue conmutada. Wagnest fue detenido. Peor suerte tendría uno de los líderes de la revuelta de Helvecia, el hotelero Antonio von Will, degollado por el comandante Benito Romero para vengar la pérdida de su hermano Camilo, también comandante, ultimado por los colonos. Romero ordenó que degollaran a Will "a lo chancho", y que removieran el cuchillo en su garganta. Lo dejaron morir desangrado en un arroyo. Un vecino, Luis Garrote, perdió la cabeza por haber informado a los rebeldes de la avanzada de la tropa oficial.

Esto era apenas una muestra del terror paraoficial que sobrevendría en la campaña. Los colonos fueron detenidos, saqueados y ultrajados por las partidas armadas de los caudillos autonomistas, peones de estancia o bandidos leales a las órdenes de sus jefes, que hacían valer su sentimiento criollo y antigringo. No hubo distinciones en la persecución. Familias de inmigrantes alemanes e italianos, que tuvieron una participación acotada en los alzamientos, también fueron reprimidas con ferocidad. El consulado italiano pidió clemencia para los suyos. Los alemanes intentaban explicar que sólo los unía a los suizos la misma lengua pero nada tenían que ver con ellos.

El senador Alem fue al calabozo en Rosario. Con el aura del revolucionario vencido pero épico, escribió cartas en las que llamó a no descansar en la lucha. Ponderó su posición radical: "Muy ciegos deben estar los que no ven que este partido responde al clamor y a los anhelos de los pueblos sedientos de libertad y de justicia". También habló de traiciones y de cobardías. Sin mencionarlo, hablaba de su sobrino Hipólito, que se había negado a colaborar en los levantamientos del interior que él propulsó. Los dos abordaban la política con distintas estrategias y cada uno marchaba hacia su propio destino. En 1896, Alem dio por concluida su misión: se disparó una bala en la cabeza como corolario de su lucha, su soledad y su impotencia. Poco más de dos décadas después, Yrigoyen, sin jamás haber alzado la voz en la tribuna pública, pero con la palabra persuasiva en los encuentros privados, sería presidente. Dos veces presidente.

Pero para fines del siglo XIX Yrigoyen tenía una revolución pendiente. Una más. Ésta, la última que encaró en su vida, la prepararía durante cinco años.

Después del fracaso de las revoluciones de 1893, tras la muerte inesperada de Aristóbulo del Valle por derrame cerebral y el suicidio de Alem, Yrigoyen lideró la intransigencia. En 1894, la UCR venció en tres elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero la alianza entre el PAN de Roca y los cívicos de Mitre en la Legislatura les vedó el acceso a la gobernación. Sin libertad para elegir —ni proceso revolucionario que pudiera organizar—, Yrigoyen ordenó la abstención electoral del radicalismo en 1897.

Cuanto más en evidencia se ponían las argucias de la maquinaria electoral del Régimen para controlar el poder, más prestigio obtenía Yrigoyen en su rechazo a las ofertas de acuerdos políticos. El enemigo era su razón de ser. La Revolución, aun con sus derrotas, sus muertos, sus fusilados, sus prisioneros y sus exiliados, aun con su tragedia y su fatalidad, se presentaba para Yrigoyen como la única ley moral para resistir el modelo político instaurado por Roca y las oligarquías provinciales, que promovían el fomento de los intereses materiales de la elite dirigente. Frente a ellos, Yrigoyen adoptó la estrategia de la abstención. La intransigencia como acumulación de poder. La conspiración como construcción política. En tanto no hubiese sufragio libre, secreto y obligatorio con padrones oficiales, pensaba el yrigoyenismo, no habría autoridad legítima que respetar. No habría representación política soberana en tanto el poder del Estado siguiera siendo usurpado.

Como contrapartida, la Revolución era la religión cívica, el sacrificio de una causa, la acción reparadora y también la creación de nuevos mártires. La única metodología posible para restablecer el orden constitucional y republicano de 1853. El verdadero. Con las herramientas de siempre: los militares alzados en los cuarteles y los fusiles de los civiles en los cantones. A todas esas fuerzas morales del país que se consideraban sometidas por el fraude intentaba conducir el radicalismo. O, al menos, el radicalismo de Yrigoyen.

En el universo partidario habían surgido otra vez las diferencias. Bernardo de Irigoyen, que había sido elegido para reemplazar a Alem en la jefatura nacional, lideró la esfera proclive al Acuerdo. En 1898, en coalición electoral con sectores del PAN, alcanzaría la gobernación de Buenos Aires. Yrigoyen, crítico de Irigoyen, disolvió el comité provincial de la UCR.

A la inversa, Roca, tras la represión a los sublevados en 1893, había logrado recomponer su alianza con los caudillos autonomistas. Prefirió abandonar la manipulación virtuosa del sistema y decidió ser él, el artífice, también su ejecutor práctico: en 1898 obtendrá otra vez la Presidencia.

Aun sin organización partidaria, recostado en la soledad política de Yrigoyen, el radicalismo subsistió. Tenía un poder moral que actuaba como imán para los que contestaban al Régimen. En sus años de silencio, durante el tránsito de un siglo a otro, Yrigoyen continuó haciendo circular su mensaje, un proselitismo operativo casi individual y secreto, con el objetivo de organizar la protesta armada. Quería que la Revolución estallara en distintas ciudades en forma simultánea. Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca. A cada civil, a cada militar, a cada emisario, le transmitía la parte que le correspondería cumplir. Para él se reservaba el plan general de la batalla.

El movimiento iba a estallar en septiembre de 1904, casi sobre el final del mandato de Roca. Una filtración obligó a postergarlo. El gobierno, que trasladaba de unidad a cada oficial que se reunía con Yrigoyen, vigilaba. Para Roca, la Revolución era una amenaza permanente. Sólo le faltaba averiguar la fecha. La postergación del plan no contrarió a Yrigoyen. Con Roca en el poder, suponía, el Ejército ofrecería mayor resistencia.

Manuel Quintana —impuesto por su antecesor— llevaba apenas tres meses en la Presidencia cuando estalló la revolución yrigoyenista. Fue en la madrugada del 4 de febrero de 1905. El primer intento en Capital Federal fracasó: no se pudo tomar el Arsenal. El ministro de Guerra, alertado, había fortificado su defensa con la Artillería y la Infantería, y apresó a la treintena de civiles que intentaron apoderarse de las armas. Pero la participación del Regimiento 9º de Caballería sublevado alcanzó para tomar comisarías. Setenta edificios se convirtieron en cantones. Los radicales también tomaron la Biblioteca Nacional y la redacción de la revista Caras y Caretas, que era el entretenimiento periodístico y social de la elite porteña. Quintana, en la Casa Rosada, protegido por el 8º de Caballería de José Félix Uriburu, ahora leal al Régimen, decretó el estado de sitio y comenzó a detener a dirigentes radicales. El mensaje para los militares alzados fue menos indulgente. El Presidente le mandó decir a su ministro de Guerra: "Cualquier jefe u oficial del Ejército que tome sublevado, con las armas en la mano, lo fusila inmediatamente bajo mi responsabilidad".

En Rosario, el plan revolucionario se iniciaba con la toma de un hotel céntrico para dominar el edificio de la jefatura de Policía, y luego proseguía con el asalto de las comisarías, el cuartel de Bomberos y los de los regimientos de Infantería y Artillería. La conducción de la Junta Revolucionaria tenía predominio civil, guiada por un escribano. Las primeras acciones fueron auspiciosas. Se controló la estación ferroviaria y el edificio de Aguas Corrientes, y las fuerzas oficiales abandonaron la ciudad para concentrarse en las afueras. Allí se combatió durante horas.

En Mendoza, la Revolución fue guiada por el caudillo José Néstor Lencinas y por el capitán Miguel González. Para el asalto a la Casa de Gobierno, dispararon con los cañones de la artillería rebelde y, tras casi un día de combates, lograron tomar prisionero al gobernador y a las jerarquías militares de la provincia, además de matar al subsecretario de Hacienda. González murió en los enfrentamientos, y Lencinas se hizo cargo del poder. Pero la interceptación de una conversación telegráfica le trajo malas noticias: las tropas de San Juan empezarían a cercarlo y las de Río Cuarto, Córdoba, ya estaban en viaje. El enfrentamiento sería desproporcionado. Las tropas nacionales, con sus generales, coroneles y soldados, enfrentarían a oficiales subalternos y civiles sin experiencia bélica.

En Córdoba, los grupos armados del radicalismo tomaron todas las comisarías de la ciudad, el Cabildo, la Legislatura y la Catedral, para desde allí romper a hachazos una puerta que comunicaba con el Departamento de Policía. El subteniente Regino Lezcano lideró la toma con un grupo del Regimiento 8º de Infantería. La Revolución estaba triunfando en toda la ciudad y a punto de tomar el cuartel de Artillería, pero tras ocho horas de combate en lucha cuerpo a cuerpo se pactó un alto el fuego. Aun así, la Revolución tomó el poder. El teniente coronel Daniel Fernández, del Batallón 4º de Telegrafistas, que asumió postrado por sus heridas de combate, fue el nuevo gobernador. Para la defensa de la ciudad, los rebeldes reclutaron hombres de entre 20 y 40 años y los incorporaron a la Guardia Nacional. El llamado era obligatorio. Los desertores fueron perseguidos.

La Junta Revolucionaria, que había prometido "la desaparición de las oligarquías", actuó en consecuencia: dispuso la prisión del gobernador, sus funcionarios, del vicepresidente José Figueroa Alcorta —que visitaba la provincia— y de Julio Roca, hijo del general. Y también lanzaron una comisión de soldados a la caza de su padre, que veraneaba en su estancia de Ascochinga en el momento del estallido. La Junta lo consideraba responsable del "régimen oprobioso" que había dominado la Argentina durante un cuarto de siglo. Jamás pudieron dar con él: el ex presidente Roca escapó a caballo, galopó durante una hora y abordó un tren que le fue preparado por la empresa extranjera concesionaria del ferrocarril. Se fugó hacia Santiago del Estero. Sus cómplices levantaron las vías para impedir la persecución.

Luego de tomar la ciudad de Córdoba, la Junta ordenó la conquista del interior de la provincia. El capitán José María Lara tomó Bell Ville. El subteniente Lezcano, después de combatir en el cuartel de Policía, abordó el tren hacia Villa María con un pelotón de medio centenar de soldados. La ciudad estaba sin autoridades. Habían escapado. La población recibió con vivas a los revolucionarios. Cien militantes del radicalismo ya habían ocupado cantones para la defensa.

Pero las noticias que traía el telégrafo obligaron a un cambio de planes: dos mil quinientos soldados al mando del general Lorenzo Wintter se preparaban en Rosario para hacerse de Villa María como escala previa a la reconquista de la capital cordobesa. También, desde Salta, se alistaba una división del Ejército para viajar hacia el Sur.

Lezcano decidió demorar la represión que se avecinaba. Envió las locomotoras a otro pueblo para impedir su uso y evacuó la ciudad. A medida que se fugaba con sus soldados en tren, iba desbaratando el sistema ferroviario: quemaba durmientes, destruía señales y cambios de vía, cortaba el telégrafo de las estaciones. También dinamitó un puente.

En el vértigo de sus acciones, Lezcano advirtió que había olvidado a un soldado en Villa María. Decidió regresar en su búsqueda, a caballo. Llegó cuando las tropas de Wintter ya estaban entrando en la ciudad, y se tiroteó con ellas, pero logró cargar a su soldado y conducirlo al galope hasta el tren de la fuga.

Lezcano pudo demorar tres días la llegada de las tropas oficiales a la capital cordobesa. Fue un esfuerzo más heroico que útil, porque la Junta Revolucionaria había decidido entregar el gobierno. Durante la conquista de la ciudad, el fuego oficial les había dejado fuera de combate a cien hombres, entre heridos y muertos. Supusieron que, si enfrentaban a las tropas nacionales, éstas los matarían a todos.

La Junta devolvió el poder, desocupó el Cabildo, las comisarías, entregó las armas y recomendó a los soldados rebeldes que se reintegraran a los cuarteles, aunque muchos prefirieron escaparse a las sierras. Lezcano, decepcionado por la rendición de la Junta, la aceptó y se entregó a Wintter en una estación de tren al grito de "¡Viva la Patria!". Lo enviaron a la cárcel. Moriría asesinado en un hotel de provincia casi treinta años después, mientras trabajaba para otra rebelión armada del radicalismo. El gobernador Fernández, en cambio, postrado, se escondió en la celda de un convento y sorteó un allanamiento policial vestido de fraile. Fue trasladado al Uruguay.

Mientras la Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza se sublevaban, también lo hacían dos regimientos de Bahía Blanca. El 4 de febrero salieron del cuartel a los tiros y junto con un grupo de civiles se subieron al tren para sumarse a la conspiración de Yrigoyen en la Capital Federal. El convoy revolucionario transportaba a doscientos soldados, cuatrocientos fusiles, setenta mil balas. El viaje fue atormentado porque los jefes políticos autonomistas obstruyeron las vías y hubo que improvisar el recorrido, pero también fueron sumando civiles de algunos municipios para la causa. Dos días después, el 6 de febrero, por la mañana, varados en el departamento de Bolívar, cerca de la estación Pirovano, se enteraron de que en la Capital Federal el movimiento ya había fracasado. Yrigoyen estaba en fuga. Y, además, la policía provincial y la Infantería se habían unido para emboscarlos. En previsión del desastre, los jefes sublevados, constituidos en un Consejo Revolucionario con predominio civil, decidieron capitular, para disgusto de la tropa, que había permanecido en la estación ferroviaria, formada y de mal humor, a la espera de novedades. Cuando comenzaron a desarmarlos, un grupo de soldados resistió la orden. No querían entregarse ante el primer amago de peligro. Entonces comenzó la rebelión interna. Dos oficiales fueron ultimados, mientras los jefes se disgregaron en busca de protección. La quincena de sublevados los ametralló en la persecución. Incluso le clavaron una bayoneta al cadáver de un oficial que se había mostrado favorable a la rendición. Hubo siete muertos y quince heridos. Pocos minutos después, las tropas oficiales detuvieron a toda la expedición revolucionaria.

La pronta caída de la Capital Federal sepultó los triunfos iniciales. Rosario se entregó, también Mendoza, lo mismo hizo Córdoba. Yrigoyen se refugió en la casa de su hermana y, tras varios meses de clandestinidad, se presentó ante la Justicia. Una simple declaración judicial le bastó para salir en libertad. Luego, al año siguiente, en 1906, se votaría la amnistía de los militares alzados, como había sucedido con las revoluciones de 1890 y de 1893.

Aun con su fracaso, las insurrecciones radicales alteraron la estructura del poder conservador tal como estaba instaurado: si el Régimen no atendía los reclamos de reforma electoral, el sistema político, tarde o temprano, se derrumbaría. Además, con el crecimiento del proletariado urbano, la cuestión social comenzó a emerger como un nuevo problema. Si bien las clases populares no habían tenido incidencia directa en las revoluciones, algunos círculos del Estado conservador comenzaron a pensar reformas que sustrajeran a esos sectores de la conflictividad. El sistema no podría mantenerse mucho tiempo con la estructura cerrada de la elite, sostenida con la represión.

Un síntoma de esta percepción fue el discurso que Carlos Pellegrini, ahora diputado opositor al PAN, y ya distanciado de Roca, pronunció en la Cámara de Diputados para la votación de la Ley de Amnistía, en 1906. Allí evocó una discusión política que había mantenido con Aristóbulo del Valle en 1893. Pellegrini sostuvo que él entonces aspiraba a que la organización nacional tuviese una evolución pacífica. Del Valle no creía que eso fuese del todo posible.

"Y bien, señor Presidente —dijo Pellegrini en el que fue el último discurso de su vida—, han pasado trece años, hemos seguido buscando en la paz, en el convencimiento, en la prédica de las buenas doctrinas, llegar a la verdad institucional, y si hoy se me presentara en este recinto la sombra de Del Valle y me preguntara: '¿Y cómo nos hallamos?', tendría que confesar que han fracasado lamentablemente mis teorías evolutivas y que nos encontramos hoy peor que nunca. Si ésta es la situación de la República, ¿cómo podemos esperar que por esta simple ley de olvido vamos a evitar que se reproduzcan aquellos hechos? Si dejamos la semilla en suelo fértil, ¿acaso no es seguro que mañana con los primeros calores, ha de brotar una nueva planta y hemos de ver repetidos todos los hechos que nos avergüenzan ante las grandes naciones civilizadas? ¿No nos dice esta ley de amnistía, no nos dice esta exigencia pública, que viene de todos los extremos de la República, esta exigencia de perdón que brotó al día siguiente del motín, que hay en el fondo de la conciencia nacional algo que dice: estos hombres no son criminales, esos hombres podrán haber equivocado el rumbo, pero obedecían a un móvil patriótico? Ha habido militares que han sido condenados, que han ido a presidio, que han vestido la ropa del presidiario, y cuando han vuelto, nadie les ha negado la mano.

"Sólo habrá ley de olvido, sólo habrá ley de paz, sólo habremos restablecido la unión de la familia argentina el día que todos los argentinos tengamos iguales derechos, el día que no se los coloque en la dolorosa alternativa, o de renunciar a su calidad de ciudadanos o de apelar a las armas, para reivindicar sus derechos despojados.

"No sólo no hay olvido, no sólo todas las causas están en pie, la revolución está germinando ya. En los momentos de gran prosperidad nacional, los intereses conservadores adquieren su dominio y un poder inmenso, y entonces son imposibles todas estas reivindicaciones populares, pero ¡ay! del día, que fatalmente tiene que llegar, en que esta prosperidad cese, en que este bienestar general desaparezca, en que se haga más sombría la situación nacional. Entonces vamos a ver germinar toda esta semilla que estamos depositando ahora y quiera el Cielo, señor Presidente, que no festejemos el Centenario de nuestra revolución con uno de los más grandes escándalos que pueda dar la República Argentina.

"Mañana vendrá a esta Cámara una ley de perdón: ¿Cuál es la autoridad que podríamos invocar para dar estas leyes de perdón? ¿Y si algunos de esos amnistiados nos preguntara quién perdona a quién? ¿Es el victimario a la víctima o la víctima al victimario? ¿Es el que usurpa los derechos del pueblo o es el pueblo que se levanta en su defensa? ¿Quién perdona a quién? ¿Quién nos perdonará a nosotros?"

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El anarquista y el coronel

Simón Radowitzky llegó a la Argentina en marzo de 1908. No imaginaba entonces que un año y medio más tarde mataría al jefe de la Policía de la Capital, el coronel Ramón Falcón.

Radowitzky era de origen judío, circuncindado conforme el rito. Medía 1,77 metro. Tenía la piel blanca y usaba un pequeño bigote rojizo. Era lampiño, de facciones huesudas, un desarrollo excesivo de la mandíbula inferior, la mirada torva, una ligera asimetría facial. En su caja torácica atesoraba varias cicatrices, vestigios de una herida producida por una bala o un sablazo. La junta de médicos que revisó su cuerpo no lo pudo precisar con exactitud. Tampoco pudo precisar su edad. Cuando lo detuvieron, el 14 de noviembre de 1909, minutos después de matar a Falcón y a su secretario, Alberto Lartigau, supusieron que tendría entre 20 y 25 años. De ese modo, la Justicia podría ordenar su ejecución: Radowitzky era mayor de edad. Pero a los médicos sólo les quedaba una duda antes de su dictamen: la ausencia de la muela de juicio. Durante buena parte del proceso, la edad se mantuvo como un enigma.

Para conocer las motivaciones que lo impulsaron al crimen, la Justicia se interesó por su vida. En el expediente empezaron a filtrarse algunos datos, por testimonio del propio acusado y de otros que lo habían conocido en Buenos Aires. Se supo que Radowitzky había participado de las rebeliones contra el régimen zarista en 1904 y por eso fue condenado a seis meses de prisión. En la estepa rusa, sus condiciones de vida fueron miserables, casi esclavas. A los diez años había dejado de estudiar, pero empezó a formarse en el oficio de herrero. Una de las razones que lo impulsaron a emigrar hacia la Argentina fue su hermano. Según un informe psicológico incorporado en la foja 203 del expediente, "tiene un hermano alienado en la Colonia Nacional de Luján, Open Door". El establecimiento psiquiátrico había sido creado un año antes, en 1908.

Mientras visitaba a su hermano, Radowitzky intentaba ubicarse en el mundo laboral argentino; se empleó como obrero mecánico en los talleres del Ferrocarril Central Argentino, en Campana; en Buenos Aires, trabajó en un taller, propiedad de León Gorinsky, como medio oficial mecánico. Le pagaban 2,48 pesos por día. Permaneció durante seis o siete meses. Después se marchó en busca de mejores empleos. Frecuentaba obras en construcción en una ciudad que, a su vez, construía el imaginario de un centro cosmopolita en la periferia del mundo. Un nuevo campo de representación para una burguesía terrateniente que ya se había mudado del sur hacia al norte de Buenos Aires desde la devastación de la fiebre amarilla y otras pestes del siglo XIX. La elite dejó sus casonas para transformarlas en viviendas populares para la renta inmobiliaria y con la prosperidad económica construyó sus propios palacios y los habitó.

El nuevo empleo de Radowitzky, la sección herrería del taller Zamboni, en Charcas 1339, donde ingresó el 18 de marzo de 1909, es una pauta de la transformación urbana. Radowitzky prestó sus servicios para construir el jardín de invierno del Palacio Anchorena, frente a la plaza San Martín. Dos semanas antes de matar a Falcón, Radowitzky abandonó el empleo de Zamboni.

Las primeras federaciones de trabajadores se empezaron a constituir en el último cuarto del siglo XIX. La clase obrera aún estaba en formación, con predominio del trabajo artesanal y obreros calificados y autodidactas en pequeños talleres.

Por entonces, el flujo inmigratorio era vertiginoso. Sólo entre 1887 y 1889 ingresaron en el país alrededor de 450.000 personas. Sin embargo, la caída del empleo urbano —profundizada por la paralización de obras públicas— a consecuencia de la crisis financiera de 1890 retrajo el ingreso de extranjeros. Muchos de ellos quedaban varados en el Hotel de los Inmigrantes, merodeaban por la ciudad o iban a buscar un puesto de trabajo en el mercado agrícola del interior del país, con jornadas a destajo.

En una carta publicada en la prensa obrera en 1891, el inmigrante José Wanza explicó que había llegado a la Argentina impulsado por agentes argentinos en Viena, que le hablaron de la riqueza y el bienestar del país. Pero, una vez en Buenos Aires, vagó por la ciudad sin encontrar trabajo. Según su relato, alojado "en el hotel de Inmigrantes, una inmunda cueva sucia, los empleados nos trataron como si hubiésemos sido esclavos. Nos amenazaron a echarnos a la calle si no aceptábamos una oferta de ir como jornaleros para el trabajo en plantaciones a Tucumán con un salario de 20 pesos por mes...". Finalmente, aceptó.

La sobreoferta laboral hizo que los salarios se redujeran. Y con la desvalorización de la moneda frente al aumento del oro, el costo de los alimentos básicos y de la vivienda en Buenos Aires alcanzó valores similares a los de Londres o París. Muchos extranjeros emigraron al Brasil.

Limitada a los reclamos de orden político y moral que los cívicos le arrojaban al Régimen con los fusiles alzados, la Revolución de 1890 no incluyó en sus peticiones la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Pero esta fue una preocupación constante de las federaciones obreras y las colectividades de inmigrantes, que comenzaron a hacer notar las dificultades del proletariado para alcanzar su reproducción material. El Comité Internacional de la Federación Obrera de la República Argentina le envió una nota al presidente Pellegrini advirtiendo sobre este punto.

Durante los primeros años de la década de 1890, los obreros intentaron no cargar con los costos recesivos de la economía. Pelearon por frenar los despidos y la caída de los salarios. Pero a partir de 1894, cuando la economía atenuó las secuelas de la crisis, reclamaron aumentos en la paga, que las jornadas de doce o catorce horas se redujeran a ocho, y en algunos gremios pidieron el descanso dominical y la eliminación del trabajo nocturno. Las huelgas se intensificaron.

Desde 1882, estaba conformada en Buenos Aires una asociación obrera alemana de orientación marxista, Vorwärts (Adelante), que reunía a los inmigrantes expulsados de su tierra y que luego editaría un periódico que difundía el cuerpo doctrinal socialista, aunque sus páginas estaban abiertas a distintas ideologías obreras. También recogía información sobre la vida laboral de los inmigrantes, tanto en lengua alemana como española.

Vorwärts tuvo su primera sede en Uruguay y Cuyo, a pocos metros de la casa donde vivía Alem, aunque no existe constancia de trabajos políticos comunes entre cívicos y socialistas. De todos modos, la irrupción radical en la Revolución de 1890 fue observada con interés por los socialistas, quienes consideraban que, pese a su derrota, se abría una era de dominación de la sociedad burguesa, antecedente del advenimiento de la sociedad socialista, según la doctrina marxista.

El Régimen se mantenía atento a Vorwärts. Un artículo que mencionó con tono irónico que el gobierno de Juárez Celman sólo contaba "con el apoyo de los vigilantes" de la policía llevó a prisión al redactor y al director; fueron condenados por "agravio a la autoridad" e "instigación revolucionaria". Tras varias semanas de cárcel, fueron liberados bajo una fianza de 800 pesos que debió ser saldada por los lectores.

A partir de 1890, el marxismo también tuvo su tribuna de difusión en El Obrero, periódico fundado por el científico alemán Germán Avé Lallemant, naturalista, geógrafo y geólogo, entre otras profesiones. Traductor de Carlos Marx y afincado en San Luis, Lallemant fue uno de los pocos "internacionalistas" que participó en las revoluciones radicales de 1893. Llegó a ser secretario de la Unión Cívica de Teófilo Saá que tomó el poder en esa provincia. Para Lallemant, la lucha de los obreros para mejorar su situación económica era inseparable de la participación como clase en la política del país, y, para ampliar los derechos democráticos y evitar la discriminación hacia el obrero, reclamó el voto para los extranjeros.

Para entonces, socialistas internacionalistas y anarquistas batallaban para difundir sus ideas en el mundo de los trabajadores. Si bien ambas corrientes estaban influidas por la pasión por la libertad, la disputa estaba cruzada por el disenso teórico. El marxismo ponía el énfasis en la explotación económica como factor determinante de la dominación del capitalismo. Según su perspectiva, los anarquistas defendían una ideología "disolvente" de la clase obrera, debido a su propensión a la autonomía individual y el desarrollo de "espíritus libres". Los anarquistas, en cambio, ponían la mira en el dominio político como clave para la comprensión jerárquica de la sociedad y rechazaban la organización estatal, fuera vieja o nueva, porque implicaba la anulación del individuo. La polémica constante entre las dos tendencias fue un obstáculo para la organización de una central obrera única.

Las ideas libertarias en los gremios habían comenzado a divulgarse en la Argentina por medio de Enrico Malatesta, que había llegado al país en 1885 y era crítico de las posiciones "antiorganizativas" del anarquismo que proponían la destrucción del sistema en forma abstracta y consideraban la agremiación como una experiencia contradictoria con la autonomía individual.

Malatesta, uno de los fundadores del sindicato de panaderos, procedió en favor de las tendencias organizacionistas. Tras fundar el periódico La Questione Sociale y el Centro de Estudios Sociales, un ámbito para conferencias y debates libertarios, Malatesta recorrió el país en busca de inmigrantes italianos. Los impulsó a incorporarse a las sociedades de resistencia, núcleos de agremiación anarquista, aunque su desinterés por el idioma español le impidió mejor proyección en otras colectividades. Pietro Gori, un abogado y sociólogo que llegó al país a fines en la década de 1890, fue otro de los propulsores del ideario anarquista que ya se difundía mediante la prensa y la actividad de círculos políticos y sociales. Para entonces, ya existía una treintena de organizaciones gremiales en el mundo laboral, con presencia mayoritaria del anarquismo.

En el inicio del nuevo siglo, con la concentración del capital y el crecimiento de las industrias en los centros urbanos, comenzaron a multiplicarse las asambleas de trabajadores, sus reivindicaciones y los llamados a la huelga de la primera central sindical, la Federación Obrera Argentina (FOA) o su sucesora, la FORA, ambas dominadas por el anarquismo durante una década.

Con la promoción de los conflictos, las injusticias sociales fueron colocadas sobre la superficie. Para el Régimen, representó una presión social y política que intentó suprimir con la represión policial y el encarcelamiento. El Estado enmarcó la cuestión obrera como una amenaza delictiva contra el orden público, pero provocó el efecto contrario: la expandió.

Una de las áreas de la producción que más sensibilizaba a la elite propietaria eran los puertos y los ferrocarriles. Las huelgas, que amenazaban el flujo agroexportador, no sólo afectaban los intereses locales sino también a los capitales extranjeros que invertían en la Argentina. The Review of the River Plate, periódico de lengua inglesa editado en Buenos Aires, planteaba que el comercio no podía depender "de la misericordia de un puñado de anarquistas italianos y algunos llamados abogados que viven a expensas de los trabajadores". Para ellos, la FORA era un "foco anarquista" que debía ser eliminado por el gobierno.

En noviembre de 1902, las huelgas ferroportuarias tuvieron respuesta penal de parte del Estado: un proyecto de ley que ordenaba la expulsión del país de todo extranjero que perturbara la paz pública, comprometiera la seguridad nacional o participara de "delitos comunes". Roca lo envió al Parlamento en sesión extraordinaria y el mismo día fue votado por ambas cámaras legislativas. El Ejecutivo promulgó la ley esa misma noche. A partir de ese momento, sin juicio ni derecho a defensa, aquellos inmigrantes que habían llegado a la Argentina, si se sumaban a las demandas laborales, las huelgas o a las manifestaciones callejeras, eran obligados a volver al puerto y regresar a su país e irse a su casa, si es que la tenían, en el curso de tres días. Los primeros expulsados fueron anarquistas.

Para los sectores más radicalizados del orden conservador, el odio de clase contra el obrero hizo que la protesta social fuese circunscripta a una forma de delincuencia de la "escoria antisocial" extranjera. Más que eso: se los consideraba un presente siniestro enviado desde las sociedades extranjeras, disfrazado de utopías peligrosas, introductoras del crimen, hacia un país que ya había vertido mucha sangre en su intento de organizarse. Ahora, le tocaba al Estado ya constituido actuar en defensa de la soberanía argentina.

La ley 4144, de Residencia, fue el inicio de la política de exclusión del anarquismo, uno de los primeros mecanismos jurídico-legales de la represión estatal en defensa de los privilegios económicos y políticos del Régimen. Pero no fue eficaz. Al ignorar la raíz del problema, o al encauzarlo desde una perspectiva penal, la amenaza de expulsión no bastó para dominar los conflictos obreros. Recrudecieron.

Cinco años más tarde, precisamente en el sector ferro-portuario, las fuerzas estatales tendrían para los huelguistas respuestas represivas más elocuentes que la propia ley. Como no alcanzaban las deportaciones como escarmiento, iniciaron las matanzas.

El 21 de julio de 1907, los obreros que construían elevadores en el puerto Ingeniero White, en Bahía Blanca, reclamaron a la concesionaria inglesa que los empleaba la reincorporación de dos compañeros despedidos, además de las ya tradicionales demandas de jornada de ocho horas y aumento salarial. Bahía Blanca era considerada "La Nueva Liverpool", por el potencial de su desarrollo industrial. Pero también era un lugar donde los trabajadores anarquistas habían echado raíces. Una de sus protestas más originales fue el boicot contra el diario La Nueva Provincia, que los agraviaba: iniciaron una campaña que invitaba a los obreros a no concurrir a ningún comercio donde se recibiera el diario.

Por el conflicto en el puerto, el llamado a la huelga desencadenó algunos choques de obreros contra la policía y el grupo de "rompehuelgas" contratado por la empresa. Por su parte, el establecimiento de un destacamento de la Marina, con soldados haciendo rondas alrededor de la Casa del Pueblo, centro de reunión de los anarquistas, hacía del puerto un paisaje militar a punto de explotar.

El lunes 23 de julio, mientras esperaban una respuesta de la empresa, varios obreros entraron en la zona portuaria y arrojaron herramientas al agua, golpearon máquinas e intentaron recoger la adhesión a la huelga de los obreros que habían decidido seguir trabajando. Los vigilantes que empezaron a perseguir activistas terminaron con heridas tras la refriega. Más tarde, en la Casa del Pueblo, una asamblea de medio millar de obreros comenzó a debatir las incidencias del conflicto. La discusión, expresada en varios idiomas, no duró más de una hora. El subprefecto Juan Posse alistó un grupo de veintidós marinos que salió en formación de la sede institucional. Caminaron cien metros y, dispuestos en dos filas, recibieron la orden de fuego contra la asamblea. Ningún marino disparó. Desobedecido, Posse inició él mismo los disparos. Su tropa lo imitó y el sonido de los fusiles Mauser retumbó contra el local. En medio de las ráfagas se escuchaban los gritos de "¡Viva la anarquía!" que eran acallados con nuevas descargas. Los obreros fueron emboscados. Aquellos que intentaron salir murieron fusilados, mientras que los marinos ingresaban en el local a continuar la masacre. Después, el puerto quedó en silencio. Hubo dieciocho muertos.

La Marina admitió su responsabilidad en el hecho. La semana siguiente, una revista institucional saludó al pelotón de soldados que hizo fuego contra los anarquistas y publicó su foto posando en posición de tiro. El presidente Figueroa Alcorta no se pronunció, pero hizo reforzar la custodia de los edificios públicos.

Un mes después, en agosto de 1907, la tensión social se trasladó a Buenos Aires. Las casas de inquilinato —viviendas colectivas denominadas conventillos— se declararon en rebeldía en contra de los aumentos de los alquileres. Entonces, el jefe de la Policía de la Capital, el coronel Falcón, encontró otra batalla para la defensa del orden público. Según el censo de 1904, en la ciudad había 2462 conventillos de construcción precaria y con deficiencias sanitarias que estaban habitados por más de 150.000 personas, la sexta parte de la población de Buenos Aires. En cada cuarto vivían hasta diez personas, que además lo utilizaban como cocina y taller de costura o planchado.

El conflicto se inició cuando, frente a la falta de viviendas para inmigrantes, los propietarios decidieron aumentar los alquileres. Un grupo de inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques, en Ituzaingó 279, La Boca, rechazó el aumento y reclamó rebajas del treinta por ciento, además de mejoras en la infraestructura edilicia y la higiene. Cuando otros inquilinos se plegaron al reclamo, comenzó un movimiento de resistencia social y económica inédito en la ciudad, que abarcó el ochenta por ciento de las casas de inquilinato. En tanto que los propietarios presionaban a los juzgados de paz y se empezaron a ejecutar desalojos, el anarquismo hizo suya la causa: creó comités de lucha en los barrios y se movilizó para enfrentar las órdenes judiciales.

Falcón le puso el cuerpo al conflicto. Inició una recorrida por los conventillos con oficiales de Justicia y forzó a los inquilinos a que alcanzaran acuerdos extrajudiciales. Cuando el acuerdo fue imposible, y no alcanzaban las amenazas de un futuro en prisión o la deportación, Falcón ordenó la represión con el cuerpo de bomberos, que entraba en los cuartos con las mangueras abiertas mientras la policía amedrentaba la resistencia con fusiles Mauser, pieza que reemplazó los Remington del siglo XIX. Lo paradójico fue que muchos policías debieron reprimir en los conventillos donde ellos mismos vivían. Poco tiempo después, los bomberos de Falcón correrían con agua a los legisladores que se negaron a tratar el presupuesto de 1908 y se opusieron al cierre de las sesiones extraordinarias dispuesto por Figueroa Alcorta, quien luego puso en vigencia el presupuesto por decreto.

El conflicto de los inquilinos duró tres meses. Hubo un muerto —un transeúnte de 17 años que fue enterrado en un funeral popular— y los activistas fueron encarcelados. Muchos extranjeros fueron expulsados del país. Esto sucedió con Juana Rouco Buela, una española de 17 años —que había llegado a los 11 a la Argentina— y fue deportada al ser considerada "un elemento peligroso". A lo largo de su vida, regresó y se escapó del país varias veces en forma clandestina.

El núcleo duro del Estado conservador no tenía voluntad de implementar políticas reformistas para los trabajadores, aunque ya tenía un diagnóstico del drama social. A comienzos de 1904, a instancias del ministro del Interior, Joaquín V. González, el médico y jurista catalán Juan Bialet Massé realizó un viaje etnográfico por la Argentina para conocer el estado de las clases obreras. En su Informe precisó la precariedad del trabajo, los empleos en negro, el pago en especies y las diferencias salariales según la condición sexual, étnica o de edad. También develó las redes de un mundo laboral aciago: la complicidad de policías y jueces de paz con los patrones para ocultar los abusos y los malos tratos. Los mineros de Famatina, los zafreros de Jujuy, los maquinistas del ferrocarril francés de Santa Fe, las lavanderas de Río Cuarto, los estibadores de Rosario, la explotación del bosque en la región nordeste, fueron observados bajo su mirada de viajero incisivo. Su Informe, con la descripción del pueblo "hambriento y maltratado" o la reflexión sobre el capitalista extranjero que miró al país como un "campo de explotación pasajera y usuaria", se convirtió en un laboratorio de estudio de la realidad social argentina, aunque no logró transformarse en la ley nacional para la protección de trabajadores a la que él y el ministro Joaquín V. González aspiraban. Pero sería útil algunos años más tarde.

Todavía lejos de intervenir en las relaciones entre el capital y el trabajo, la autoridad estatal prefería analizar la cuestión social desde sus consecuencias. Para la elite dirigente, la huelga era una perturbación al orden público promovida por una secta, el anarquismo.

Los anarquistas no tenían creencias religiosas. Eran ateos. Formaban parte de una clase obrera libertaria, forjada en diferentes oficios, que intentaba emanciparse del patrón y enfrentar a la organización estatal que lo protegía. Percibían al Estado como una herramienta de dominación de la elite propietaria. Toda la energía revolucionaria estaba centrada en ese combate. Sus armas eran la acción directa, la huelga solidaria y la abstención política. Los anarquistas también impugnaron las ideas de Nación y de Patria y a su brazo armado, el Ejército. Incluso dispusieron de un fondo de ayuda para los soldados que desertaran de sus filas. Era una conciencia moral impregnada por el deseo de libertad entendido como un derecho natural del hombre que tendía a la emancipación universal.

Este tipo de convicciones resultó muy atractivo para la masa de obreros inmigrantes. La lucha contra los patrones y contra el sistema político-institucional provocó una creciente conflictividad en la Argentina.

Impugnado por el anarquismo, que ponía en discusión las grietas de la estructura social con las que crecía la economía del país, el Estado intentó reforzar la identidad de los argentinos. Los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo resultaron una buena oportunidad para ese objetivo.

En 1909, Buenos Aires hervía de manifestaciones sociales, políticas y culturales del anarquismo. Estaba abarrotada de activistas, conferencias, propaganda obrera, debates. Una efervescencia promovida por miles de obreros portadores de ideas revolucionarias. Cada anarquista era consecuente con su misión: transmitir a las masas las causas de los males sociales.

Dentro de la clase trabajadora, el anarquismo tenía nuevos adversarios. Uno era el Partido Socialista argentino, reformista, que desplazó al socialismo marxista de Lallemant y que se expresaba por medio de La Vanguardia. El PS aceptaba la lucha política parlamentaria con la huelga como recurso último. El otro adversario eran los "sindicalistas revolucionarios", que se escindieron del Partido Socialista en 1906 en busca de una acción gremial autónoma, centrada en la reivindicación inmediata de los derechos de los trabajadores. Los "sindicalistas", alejados de la vida partidaria, sin perder su carácter clasista, estaban dispuestos al diálogo con los patrones y con el Estado. El anarquismo, en cambio, tenía una posición más radicalizada: abstención activa en las elecciones e inflexibilidad frente a los patrones.

El Estado intentó perfeccionarse en la represión de las organizaciones anarquistas. El coronel Falcón fue designado jefe de la Policía en 1906 para enfrentar el crecimiento de los disturbios sociales. No había tantos hombres de su capacidad en el poder coercitivo del Estado para esa misión. Falcón era parte de una línea de militares que había prestado su servicio al poder conservador, para extender las fronteras indígenas al precio de su exterminio o reprimir a los que buscaban transgredir los lineamientos del Régimen, como lo habían hecho Nicolás Levalle, Francisco Bosch y Lorenzo Wintter.

Desde muy joven, Falcón había acumulado experiencia armada. Egresado en la primera promoción del Colegio Militar creado por Domingo Sarmiento, había reprimido las últimas montoneras en Entre Ríos durante el gobierno del maestro sanjuanino; luego, como ayudante del coronel Roca, redujo a polvo la rebelión mitrista de 1874 que intentó desconocer la legitimidad del triunfo presidencial de Nicolás Avellaneda. Después de haber defendido La Plata en medio de la turbulencia institucional de agosto de 1893, Falcón abandonó las armas y fue electo senador por la provincia de Buenos Aires durante dos períodos, y luego diputado. El Ejército volvió a convocarlo en 1902 para ponerlo al mando de un batallón de Infantería.

A partir de su designación en la jefatura policial, cuatro años más tarde, Falcón militarizó la fuerza para volverla enérgica y eficaz. La transformación interna fue traumática, porque entonces los vigilantes integraban un cuerpo civil; leían el diario en los almacenes mientras preservaban el orden en las calles. Las últimas reformas de la institución se habían instrumentado en 1880, cuando las huelgas eran excepcionales y a Buenos Aires todavía se la considerada una aldea.

Falcón convirtió la Policía en un cuartel de guerra, con un sistema comando especializado en tácticas y estrategias militares, a fin de que el Estado tuviera el control ideológico de la sociedad y estuviese preparado para la acción violenta frente a los nuevos desafíos políticos y sociales.

Los cambios que realizó Falcón fueron veloces. Creó el Cuerpo de Cadetes —que tomaba las armas del depósito del Regimiento 8º de Caballería y las devolvía al final de cada jornada—, construyó comisarías y una cárcel para contraventores, compró vehículos para los comisarios inspectores. En menos de un año de ejercicio ya había 3514 vigilantes, aparte del Escuadrón de Seguridad, un grupo de elite de la fuerza que entró en acción en la represión de la huelga anarquista del 1º de mayo de 1909, en plaza Lorea, frente al Congreso.

Para él, como para el poder conservador que lo había empleado, el origen del problema obrero eran los agitadores extranjeros que arribaron al puerto con ideas "antiargentinas", disgregadoras del cuerpo social. La huelga, percibida como la patología del "sectarismo anarquista", no tenía otra cura que la represión física.

La política de transformación de Falcón, sumada al hecho de que él era un militar que se esforzaba por militarizar la institución, generó malestar en los jefes policiales. La "vieja guardia" se resistió a las nuevas disposiciones y conspiró contra su mando. Falcón respondió a las rencillas internas con disciplina militar: sanciones, arrestos y también expulsiones.

Falcón tampoco se entendió con la prensa. Como era natural, consideraba a las publicaciones anarquistas la razón de ser de la violencia, propagadoras del "delito común". En esa categoría entraban La Protesta, fundada en 1897, y más de una decena de publicaciones ideológicamente afines, que se ocupaban de transmitir el mensaje doctrinal del anarquismo, a la vez que buscaban apelar a la sensibilidad del lector y denunciar a la clase dominante —el patrón, la policía, el Parlamento y el gobierno—, que enfrentaba a la clase obrera.

Falcón promovió el proyecto de la ley de imprenta para controlar el discurso político. La prensa comercial advirtió que la ley podía aplicarse no sólo contra "la prédica subversiva" sino también contra los que criticaran al gobierno de Figueroa Alcorta o al propio Falcón. "Repugna al espíritu liberal", dirá La Razón.

Aun con sus tensiones con la policía y con la prensa, Falcón no descuidó el combate contra el anarquismo. Con la voluntad de perseguirlo, modificó las estructuras operativas de la fuerza y conformó un microestado en la Sección Investigación de la Policía, con gabinetes de Seguridad Pública, Orden Social, Identificación, Informaciones y Vigilancia General. Hacia 1909, la Policía de la Capital ya contaba con un completo sistema de confidentes infiltrados en gremios y organizaciones anarquistas, u obreros cooptados, que informaban a la Sección Investigación sobre planes de huelga o movilizaciones.

En la última semana de abril de 1909, una de esas informaciones indicó que una asamblea de 1500 obreros del gremio de conductores de carros —Carreros— convocaba a una movilización en la plaza Lorea para el 1º de mayo. Según el informe, algunos habían incitado al ataque de tranvías y vehículos. Así se iniciaría la Semana Roja.

Para entonces, Simón Radowitzky tenía una vida rutinaria. Vivía en un cuarto junto con otros obreros en un conventillo de la calle Andes 394 —hoy José E. Uriburu—, casi esquina Corrientes. Por la mañana, iba caminando a los talleres Zamboni, donde el portero le colocaba en la muñeca una chapa metálica para identificarlo. Al fin de la jornada, Radowitzky se internaba en la biblioteca de un círculo anarquista de la calle Lavalle al 1800. El lugar le resultaba familiar. Allí había fijado su dirección para recibir correspondencia.

Según el testimonio judicial de sus compañeros de cuarto, inmigrantes pobres expulsados de su tierra, Radowitzky leía Los miserables, de Victor Hugo, y obras de Máximo Gorki. También jugaba al dominó con alguno de ellos, mientras hablaba de trabajo, aunque hablaba poco. Sospechaban que era anarquista, pero nunca les anticipó sus planes.

En el cuarto del inquilinato de la calle Andes, Radowitzky vivía con otras cuatro personas. Demetrio Koperkin, 33 años, ruso, con casi un año y medio de residencia en la Argentina. Era pintor. Trabajaba en una pinturería de la calle Artes entre Santa Fe y Arenales. Casi no hablaba español. O, frente a la justicia, prefería no hablarlo. Basilio Turik, ruso también, de 20 años. Era amigo de Koperkin. Pedro Kurnizov, de 22 años, mecánico, trabajaba con Radowitzky en los talleres Zamboni. Le había conseguido un lugar en la pieza a su hermano Vladimiro, empleado en la construcción de la Compañía Alemana Transatlántica, en Dock Sud.

La amistad política que más influencia ejercía sobre Radowitzky estaba fuera del conventillo. Era Pablo Karaschini, ruso y anarquista, de 25 años, que trabajaba en una empresa de limpieza. Radowitzky lo frecuentaba en la biblioteca del círculo anarquista de Lavalle. Karaschini estaba casado con Sofía Lisechevsky, de 25 años. Tenían dos años de residencia en la Argentina. Vivían en Andes 961. Ella era modista. Muchas de sus clientas trabajan en prostíbulos, pero Sofía casi no se movía de su casa. Ya tenía dos hijas y un embarazo avanzado. A fines de 1909, la relación con su esposo se limitaba a compartir la vivienda. Frente a la Justicia, Sofía, que también era rusa, nacida en Odessa, quiso desprenderse de las acciones de Karaschini. Ella había sido detenida en Rusia en 1904 y fue a prisión durante tres años y medio. A diferencia de su esposo, no se reconocía anarquista. "El anarquismo es absurdo. La violencia no hace triunfar un propósito", según quedó asentado en el expediente judicial.

Sofía dijo que sólo vio una vez a Radowitzky, en su casa. Fue a buscar a su marido. Podía precisar el día. Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires, y muchas más en todo el mundo, en repudio al fusilamiento del dirigente anarcosindicalista Francisco Ferrer en España. Fue el 13 de octubre de 1909.

La Semana Roja se había iniciado con un llamado a la huelga y movilización de los gremios de conductores de carros y vehículos, dominados por el anarquismo. Los trabajadores se negaban a cumplir la disposición municipal y policial que los obligaba a identificarse con el sistema dactiloscópico para ejercer su oficio. Diez años antes, los carreros también habían rechazado la incorporación del retrato fotográfico en su libreta de conductores, porque lo relacionaban con los retratos de la "Galería de Ladrones" que publicaba la Policía de la Capital. El retrato fotográfico era considerado un estigma para el trabajador. Pero, además de eso, con su protesta, el anarquismo intentaba limitar la capacidad del Estado de acumular información sobre los trabajadores.

Dos días antes de que entrara en vigencia la identificación dactiloscópica, Falcón suspendió la medida para evitar que la movilización se realizara. Pero la movilización se llevó a cabo. Ese sábado 1º de mayo de 1909, el socialismo marchó en homenaje a los mártires de Chicago en un acto en Plaza Constitución. El anarquismo se concentró en la plaza Lorea, frente al Congreso, como punto de partida a una movilización que concluiría en la plaza Manzini, en el Bajo (actualmente, plaza Roma, en Leandro N. Alem y Tucumán).

La movilización anarquista fue custodiada por más de un centenar de miembros de la Guardia de Seguridad, montados a caballo y armados con sable y revólver. El jefe del escuadrón era el comandante Jolly Medrano, que controló de cerca los preparativos de la concentración, mientras Falcón y su estado mayor policial permanecieron más alejados, a trescientos metros, imperturbables frente a los insultos de los anarquistas y bajo la llovizna.

Antes del inicio del acto hubo un incidente. La Guardia de Seguridad intentó detener a José Mazza, un anarquista que lideraba un grupo que estaba agrediendo a los motorman, choferes de tranvías que no se plegaban al paro. La detención fue resistida por sus seguidores. Jolly Medrano se acercó a Falcón, le hizo una consulta e inmediatamente ordenó que se efectivizara la detención. Hubo choques, un disparo al aire y los hombres de la Guardia de Seguridad, tras un toque de clarín, desencadenaron la acción represiva. Los revólveres Colt y los sables se descargaron sobre la multitud. Entre gritos y corridas, la manifestación se desbandó. Se cruzaron disparos. Los cuerpos empezaron a caer. La sangre tiñó los charcos de agua. Los muertos superaban la docena. Había casi ochenta heridos. Eran de origen español, italiano y ruso. Por la noche, Falcón ordenó redadas en locales anarquistas y socialistas. Hubo casi mil detenidos, muchos de los cuales empezaron a ser sumariados por violar la Ley de Residencia. Los esperaba la deportación. Tenían tres días para salir del país.

Al día siguiente, en los funerales de las víctimas de la plaza Lorea que fueron enterradas en el cementerio de la Chacarita, la policía volvió a reprimir. El anarquismo y el socialismo llamaron a una huelga por la libertad de los detenidos y la reapertura de los locales obreros clausurados. También reclamaron la renuncia de Falcón. La huelga duró una semana. Participaron cerca de trescientos mil trabajadores. Pero Falcón no renunció. Su acción fue apoyada por Figueroa Alcorta.

A partir de la Semana Roja, la policía sospechó que su máximo jefe podría sufrir una venganza y dispuso una escolta para él. Era cierto: Falcón recibió amenazas contra su vida. Sabía que el anarquismo le tenía reservada una bomba. Pese a eso, pidió que cesara la vigilancia sobre su persona para no comprometer a nadie. Su voluntad no fue respetada. Un comisario ordenó a un agente de la Sección Investigaciones que lo siguiera a distancia. Dos presidentes ya habían sufrido atentados en los primeros años del siglo. En 1905, un catalán de 26 años, Salvador Planas, disparó contra el presidente Quintana pero su revólver falló. Tres años después, Figueroa Alcorta resultó ileso de una tentativa de homicidio de Francisco Solano Rejis. Ambos atacantes habían sido detenidos.

Desde el 1º de mayo de 1909, Radowitzky, que había sido testigo directo de la masacre en la plaza Lorea, no dejó de pensar en Falcón. Quería vengar la sangre de sus compañeros caídos.

El 13 de octubre, la colectividad española y los gremios obreros marcharon por Buenos Aires en repudio a la ejecución de Ferrer en España. La movilización fue vigilada por Falcón, y Falcón fue vigilado por Radowitzky. Luego de la marcha, el anarquista ruso siguió con discreción los movimientos del coronel hasta la puerta de su casa de la calle Callao, entre Charcas y Santa Fe. Lo vio entrar. Luego, Radowitzky fue a visitar a Pablo Karaschini. Sofía lo atendió. Sabía que era anarquista. "Hay que protestar por medios más violentos", escuchó que le dijo a su esposo. Ella intervino y echó a Radowitzky de su casa. Así se lo explicó a la Justicia. Karaschini decidió acompañarlo y, aunque dijo que volvería en un momento, lo hizo tres horas después.

Dos semanas más tarde del fusilamiento de Ferrer, a las ocho de la mañana, Pablo Karaschini entró en la iglesia del Carmen. Estaba repleta de españoles tradicionalistas que rendían un oficio en memoria del rey Carlos de Borbón. Karaschini llevaba un paquete bajo el brazo en el que ocultaba una bomba que tenía el poder de reducir a escombros la capilla. Cuando intentó activarla, fue reducido por agentes de Investigaciones y trasladado al Departamento Central de Policía. El plan fue desbaratado. Karaschini fue presentado a la prensa como la exposición del terror anarquista.

Radowitzky fue preparando su bomba en el taller de Zamboni. La infraestructura laboral le otorgaba a cada obrero la posibilidad de contar con su propio cajón de herramientas, con llave aparte. Para el armado del explosivo, que le consumió tres tardes, Radowitzky tomó como referencia las instrucciones de La Protesta, donde, en pequeños artículos, explicaban cómo fabricar bombas o dinamita, manipularlas y hacerlas explotar. Tomó una caja de hierro, correspondiente al eje de un coche, y en el interior colocó una buena cantidad de dinamita. La mezcló con ácido que compró en una farmacia. La dinamita la compró en otro sitio. O se la dieron. Esto no pudo ser probado en el expediente. En su declaración testimonial, Radowitzky afirmó que no recibió ayuda de nadie.

El 5 de noviembre de 1909, Radowitzky renunció a su empleo; el día 8, fue al taller a cobrar el último dinero. Algunos días en la semana merodeó cerca del domicilio de Falcón, pero no logró verlo. El día 13, llevó la bomba a su cuarto del conventillo de la calle Andes. La guardó en su baúl. El día 14 se levantó temprano, cerca de las 6. Era domingo. Si tenía que morir, quiso estar bien vestido. Se puso un pantalón negro, una camisa de color lila, una corbata verde con cuello, un chaleco debajo de un saco azul marino, botines de becerro, chambergo negro. Después abrió el baúl y tomó la bomba. La guardó en su cintura, debajo del saco. Sus movimientos fueron silenciosos. No quería que ninguno de sus compañeros se despertase. Pero uno de ellos, entredormido, le preguntó qué sucedía. Radowitzky le respondió que nada, que estaba arreglando la ropa. Luego tomó dos revólveres y los cargó. Y salió a la calle. Llevaba 3,70 pesos encima. La paga de un día. Caminó hasta Callao y merodeó la zona. Suponía que en algún momento el coronel saldría de su casa. En un bar, se enteró por el periódico La Argentina de que había muerto el comisario Antonio Ballvé, el director de la Cárcel de la Penitenciaría. Sería enterrado en el cementerio de la Recoleta con la presencia del jefe de policía. Radowitzky siguió esperando. A media mañana, lo vio salir. Falcón subió al carruaje. Lo guiaba el cochero Isidoro Ferrari. Al lado de Falcón estaba su secretario Alberto Lartigau, de 20 años. Y, detrás, otro carruaje le hacía custodia, con un chofer y un ordenanza del Ministerio de Guerra.

El diario no mentía. Falcón iba hacia la Recoleta. Radowitzky lo siguió a distancia. Primero pensó en hacer una corrida y arrojarle la bomba en la entrada al cementerio, pero vio mucha gente reunida en los alrededores. Confió en que tendría otra oportunidad. Hacia el mediodía, a las 12.15, Radowitzky observó la salida del vehículo de Falcón por la calle República. Lo siguió por la vereda izquierda a una distancia prudente, media cuadra. Luego corrió. Al llegar a Callao, en el momento en que el carruaje doblaba para tomar dirección sur, pasando la columna del alumbrado público, le tiró la bomba. El interior del carruaje quedó destrozado. También su capota. Lartigau cayó al pavimento. El coronel Falcón voló unos metros más lejos. El cochero Ferrari tuvo heridas leves. Perseguido por dos agentes de policía y varios testigos del atentado, Radowitzky escapó. Al llegar a Alvear, entre Ayacucho y Callao, cuando estaba a punto de ser atrapado, intentó dispararles. Pero vio que había mujeres y niños. Entonces se pegó un tiro en el pecho. Herido, le dijo a Benigno Guzmán, el vigilante que lo redujo, que habría muchas bombas para cada uno de ellos. Al pie de la ambulancia de la Asistencia Pública que lo cargaba gritó "¡Viva la anarquía!". Dos años después, fue trasladado a la cárcel de Ushuaia.

Después del crimen de Falcón, para el anarquismo sobrevendría el terror. Esa misma noche, policías uniformados y de civil asaltaron y destruyeron la redacción y la imprenta de La Protesta, la sede de la FORA y varias asociaciones gremiales y bibliotecas anarquistas. Hubo centenares de detenidos alojados en la Prefectura marítima y en un barco de guerra.

Al año siguiente, para los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, el anarquismo quería demostrar que ese aura de libertad y progreso de la Argentina, tal como la transmitía el Régimen a los visitantes de las potencias extranjeras, era falsa. El 8 de mayo, luego de una manifestación de casi setenta mil personas en repudio a las autoridades de la Cárcel de la Penitenciaría por los castigos a los presos políticos, el anarquismo promovió una huelga para diez días después. La iniciativa desafiaba la voluntad oficial de llegar a los festejos del Centenario presentando una ciudad vital y suntuosa, al estilo de las metrópolis industrializadas. El anarquismo propuso tres condiciones para respetar la pretensión oficial: derogación de la Ley de Residencia, libertad de presos sociales y amnistía para infractores y desertores militares.

Pero no hubo espacios de negociación. El gobierno declaró otra vez el estado de guerra. El 13 de mayo inició una redada que llevó a prisión a centenares de activistas. La Protesta volvió a ser destruida por el fuego y también fue asaltado el órgano socialista La Vanguardia, que, renuente a la práctica de confrontación, se oponía a la huelga. El director del diario, Juan B. Justo, pidió explicaciones al comisario que observaba risueño la destrucción del periódico. "Los muchachos están entusiasmados...", explicó. En una gira incendiaria que recorrió la ciudad, policías uniformados y de civil, y decenas de miembros de la clase propietaria que habían partido del Jockey Club de la calle Florida y vivaban a la Patria, se unieron para devastar librerías y sedes gremiales. En La Boca, donde el paro ya se había iniciado, mujeres en resistencia echarían agua hirviendo desde las azoteas a las bandas paraestatales. Para asegurar la paz de los festejos del Centenario, Buenos Aires se convirtió en un campamento armado.

En la noche del 26 de junio de 1910, un anarquista dejó una bomba debajo de una butaca del Teatro Colón. Estalló en el curso de una representación artística, con la sala repleta. Provocó varios heridos, entre ellos el ingeniero industrial José Zamboni, dueño del taller que había empleado a Radowitzky.

A partir de entonces, la política de exclusión legal al anarquismo se reforzó. El Congreso debatió la Ley de Defensa Social en la que declaró delictivas las actividades anarquistas, prohibió sus centros y asociaciones, su prensa partidaria, la propaganda de su doctrina, sus mitines públicos, su bandera, canceló las cartas de ciudadanía de sus miembros y sancionó la pena de muerte a los anarquistas que mataran. En la sesión parlamentaria, el diputado Lucas Ayarragaray defendió su proyecto: "¡Llevo por primera vez en este país el fuego de la ley hasta la raíz misma de la idea anarquista!".

En la primera década del siglo XX, "la idea malsana" que se difundía mediante enfermedades infecciosas, según el juicio inmunológico del Estado conservador, ya había desatado una epidemia social. Podían explicar, pero no entender, cómo había comenzado, aunque todavía no sabían cómo terminar con ella.

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Tragedia de una larga tarde

de verano

En febrero de 1912, el Parlamento aprobó el proyecto de ley electoral enviado por el presidente Roque Sáenz Peña y estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los varones mayores de 18 años. La iniciativa reformista, que incluía un padrón electoral genuino y la representación de las minorías, era todavía más avanzada que la que predicaban los revolucionarios de 1890. Si aquéllos requerían la libertad del sufragio para que cualquiera pudiese votar, ahora era obligatorio hacerlo.

El proyecto también acabó con la incapacidad del Régimen para dar una respuesta a las demandas de libertad política que no fuese la represión, y abrió el camino a la movilización social en los procesos electorales. Hasta 1910, sólo el nueve por ciento de la población masculina habilitada para votar concurría a las urnas. La debilidad del rendimiento cívico era una pieza central de la hegemonía política del Régimen para conservar el poder.

La reforma electoral fue un cambio obligado por el surgimiento de las clases medias urbanas, que fueron modificando la estructura de la sociedad con el inicio del nuevo siglo. La irrupción de profesionales, pequeños comerciantes, empleados del sector terciario y funcionarios, quienes aspiraban a una movilidad social ascendente, con la presión sobre el gasto público y un acceso más amplio al aparato estatal, pronto entró en colisión con los intereses cerrados de la oligarquía. Como los obreros, las clases medias urbanas se transformaron en una amenaza para el Régimen.

Con el crecimiento de la población civil, la distorsión de la práctica electoral fue cada vez más compleja de ejecutar con prolijidad. Si antes los radicales se habían alzado en armas para alertar sobre la corrupción en torno al voto; ahora, desde el interior del mundo conservador, reconocían la necesidad de establecer una reforma en el sistema de representación.

La elite debió reacomodarse. Intentó una legitimación política que superara los límites de la oligarquía, con un consenso menos restrictivo, aceptado por los nuevos actores, quienes podrían ser incluidos en un partido conservador más popular.

Retener el poder requería un marco de gestión más estable, que no obligase al Estado a la violencia contra los que lo impugnaban o a la constante manipulación del voto.

Para los inspiradores de la reforma, la ampliación de la ciudadanía política que patrocinaba la Ley Sáenz Peña iría macerando las amenazas al Régimen.

Este postulado parecía incompatible en aquellos que antes habían estimulado la restricción de los derechos políticos. Pero no lo era tanto. La dominación oligárquica también podía traducirse en un dominio democrático si el Régimen ensanchaba su base social. Con la participación de partidos orgánicos y con una ciudadanía consciente de sus deberes y derechos, los sectores reformistas suponían que la revolución radical ya no tendría razón de ser, ni tampoco su política de abstención electoral. Por otra parte, la prédica anarquista sería menos audible entre los trabajadores argentinos, quienes ahora obtendrían un derecho menos "virtual" al voto. Mientras tanto, los inmigrantes continuarían alejados del padrón electoral, la vigencia de las leyes de Residencia y de Defensa Social mantendría regulado su comportamiento y el Estado persistiría en la estrategia de integrar a sus hijos en una nueva identidad por medio de la educación pública, con la enseñanza de la lengua y el culto a los símbolos patrios, en un proceso de "nacionalización forzada".

En el epílogo de la nueva ingeniería política del Régimen se advertirían la reducción de la influencia del anarquismo en el conflicto social, la integración de las clases medias urbanas en el sistema y el resguardo de los intereses de la elite, en un orden político-institucional menos expuesto al riesgo.

La evaluación fue sólo en parte correcta. El anarquismo se fue perdiendo en el horizonte político y gremial a lo largo de la nueva década. Su crítica al autoritarismo estatal, el repudio al parlamentarismo y a las prácticas electorales perdieron peso con la ampliación del sufragio. Además, la progresiva intervención del Estado en los conflictos obreros hizo que éstos mantuvieran una relación más fluida con el sistema, en contradicción con la táctica de la huelga general y la confrontación contra al aparato estatal del ideario anarquista.

Pero la medicina tenía contraindicaciones no declaradas. La reforma electoral provocó una movilización política que acabó por expulsar a la elite conservadora del Poder Ejecutivo, y, cuando los "nuevos ciudadanos" y la clase obrera reclamaron al Estado una distribución más equitativa de sus ingresos, tuvieron que afrontar las asechanzas y los peligros de la vida democrática, que hasta entonces les eran desconocidos. A partir de 1916, el aparato estatal ya no respondería a la protección exclusiva de sus intereses.

La aprobación de la reforma electoral de 1912 tuvo secuelas inmediatas en el espectro partidario. El radicalismo se sumó al juego político e Yrigoyen convirtió al partido en un movimiento de masas de alcance nacional. Sin un programa político definido, pero enfatizando su carácter emocional y con la promesa de cumplir con sus obligaciones morales, la UCR buscó abarcar la totalidad de las "fuerzas emergentes" de los diferentes sectores —terratenientes, clases medias, obreros— en pos de un bienestar general que había sido perturbado por las malas administraciones del Régimen.

Este tipo de discurso, genérico y abstracto, idóneo para las clases populares en ascenso, fue una de las notas destacadas de la personalidad política de Yrigoyen. Si se remueve su traza biográfica puede distinguirse la influencia del krausismo. Como docente de la Escuela Normal en la década de 1880, Yrigoyen se había interesado por el sistema filosófico desarrollado por el teutón Karl Krause, una configuración del idealismo alemán y el racionalismo que funcionó como modelo explicativo del orden de las cosas y del mundo. En ese momento de su vida, más atento a las voces interiores de su espíritu que a las contingencias de la vida política, el entonces sobrino de Alem buscó en las traducciones de las obras de Krause que desembarcaban en el Río de la Plata una normativa moral que operase como patrón de sus conductas personales y políticas.

El efecto sería más explícito con el paso de los años. Su huida de la exposición pública, su sentido de la austeridad, su ascetismo y la también serena revelación de la grandeza de su destino fueron interpretados como parte de la admisión krausista en la personalidad de Yrigoyen. En términos ideológicos, la ética como bandera de protección de los intereses particulares, pero inseparable de una armonización social, con un Estado racionalista, democrático y solidario, también fueron parte de ese cargamento doctrinario que intentó transmitir casi en voz baja en su vida pública, a medida que se acercaba al poder.

Después de la sanción de la Ley Sáenz Peña, los comités barriales del radicalismo se convirtieron en una máquina de reclutar futuros votantes. Sus líderes, a veces médicos, abogados o hijos de inmigrantes, tenían una relación activa con los nuevos grupos urbanos y pusieron a disposición asesoramiento profesional, bibliotecas, entretenimiento para niños e incluso distribución de alimentos. El mismo esquema se reproducía en los pueblos de provincia.

El socialismo también competía en la acumulación de fuerzas democráticas, aunque su propaganda tenía un peso ideológico más visible que redujo su incidencia en otros sectores sociales.

Fundado en 1896, El Partido Socialista se había relacionado con la causa de los trabajadores y participó en las luchas gremiales a través de la Unión General de la Trabajadores (UGT), que competía con la anarquista Federación Obrera de la República Argentina (FORA), pero que luego fue perdiendo vínculos formales con su "ala sindical" y prefirió proyectar su estrategia partidaria hacia el Parlamento. En 1904, con el voto uninominal por circunscripciones, y en representación del proletariado de La Boca, Alfredo Palacios logró la primera diputación socialista del país —y de América latina—, que permitió propagar sus reclamos en favor de las leyes sociales y laborales. Al año siguiente, la ley que consintió su ingreso en el Congreso sería derogada.

Las propuestas hacia los sectores urbanos del socialismo también estuvieron asociadas con la búsqueda de una democracia agraria. La idea de un frente social que uniera a ambos grupos fue otro de los motores del activismo político. El PS buscó romper el modelo de concentración de la propiedad de la tierra propiciado por el Régimen y reclamó la multiplicación de las explotaciones rurales; conformados en ligas agrarias, los pequeños productores funcionarían como un bloque de resistencia a los terratenientes y sus corporaciones patronales, y conducirían un proceso de conflictividad en el espacio agrario que ya se manifestaba en el mundo urbano.

Con estas premisas, el fundador del partido, Juan B. Justo, se involucró en la rebelión de arrendatarios rurales iniciada en Alcorta, Santa Fe, en junio de 1912. El movimiento movilizó a más de cien mil agricultores, muchos de ellos colonos extranjeros que adherían al socialismo o al anarquismo, a quienes fagocitaban deudas imposibles de responder con sus precarias utilidades productivas, y que querellaron a los propietarios de la tierra para el logro de la reducción del costo de los arrendamientos y la extensión de los plazos contractuales, entre otras demandas.

La huelga de los colonos se extendió a pueblos vecinos y alcanzó a partidos de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Córdoba. Al cabo de un año de lucha fueron obteniendo contratos más favorables y, en 1921, una ley agraria que estableció que los contratos de arrendamiento no fuesen inferiores a cuatro años, indemnización por mejoras realizadas en los campos e independencia para cosechar y comerciar los granos. Sin embargo, durante la huelga, la policía de campaña no dejó de reprimir a los colonos rebeldes, los encarceló, los castigó en las comisarías, y en un acto en la plaza de Firmat, en la provincia de Santa Fe, fueron baleados los dirigentes agrarios anarquistas Francisco Menna y Eduardo Barros. El movimiento estaba encabezado por el abogado italiano Francisco Netri, que había comenzado a asesorar a los arrendatarios y a liberar detenidos a instancias de su hermano José, párroco de Alcorta. Cuatro años más tarde, el abogado Netri —ya titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), la gremial que unió a pequeños y medianos productores agrícolas tras el conflicto— sería sorprendido en una calle de Rosario por un sicario que alzó su brazo homicida por encargo de los terratenientes.

No obstante sus intenciones originales con los arrendatarios y pequeños productores, la voz del socialismo se hizo mucho más endeble en el ámbito rural: se convirtió en un partido al que adhirieron empleados, pequeños comerciantes, obreros y también profesionales, pero no pudo superar con fuerza la marca de la frontera urbana.

Para 1916, la Ley Sáenz Peña ya había turbado las predicciones del Régimen. Los radicales habían ganado la gobernación en Santa Fe y los socialistas vencieron en la Capital Federal tanto en Diputados como en Senadores, con la elección de Enrique del Valle Iberlucea, quien luego sería expulsado por sus pares del Congreso, acusado de sedición, tras revelar su admiración por la Revolución Rusa.

Antes de las elecciones presidenciales, la mayoría conservadora en el Parlamento ya había sido puesta en riesgo, y llegó a 1916 con sus fuerzas disgregadas, sin un partido orgánico que la aglutinara, como lo había sido el PAN, ni un líder que los unificara, como lo había hecho Roca. Lisandro de la Torre, que había creado su propia fuerza, la Liga del Sur, antecesora del Partido Demócrata Progresista (PDP), representó una alternativa para los sectores reformistas del Régimen. Él había participado en las revoluciones radicales de 1890 y 1893, y disolvió su vínculo partidario con críticas al "egoísmo malsano" de Yrigoyen, con el que lidió en un duelo a sables en 1897. Para las elecciones presidenciales de 1916, De la Torre recogió la adhesión de algunos partidos de la oligarquía provincial, aunque él, cargando a un vice conservador en la fórmula, anunciaba en campaña la regeneración y la apertura políticas. Se suponía que el representante electoral de la tradición pura del autonomismo ahora desperdigado sería Marcelino Ugarte, que había retornado a la gobernación de Buenos Aires en 1914, aun con la Ley Sáenz Peña que él había presionado para derogar. Pero a última hora su candidatura fue tomada por Ángel Rojas. En las elecciones del 2 de abril de 1916, con un padrón electoral triplicado en menos de cinco años, Yrigoyen obtuvo con el cuarenta y cinco por ciento de los votos emitidos; los grupos conservadores, el veinticinco por ciento; De la Torre, el trece por ciento, y el socialista Justo, casi el nueve por ciento. La revolución, la intransigencia y la abstención frente al Régimen, el rechazo a todos los cargos públicos que le propusieron, había sido el inicio. Su liderazgo en la organización partidaria completó la tarea. Su persistencia fue premiada en las urnas. Tenía la convicción de que haría un gobierno ejemplar.

Al comienzo de la primera presidencia de Yrigoyen, los conflictos entre capital y trabajo ya habían perdido el carácter antagónico que había provocado la alarma de las clases propietarias en la primera década del siglo XX. La progresiva democratización social hizo que los reclamos obreros obtuvieran, si no el remedio, al menos la comprensión por parte del Estado.

Frente a la falta de leyes en materia de huelgas y de soluciones institucionalizadas para los conflictos, Yrigoyen se ubicó en el rol de un juez ecuánime y paternalista que intervenía luego del fracaso del Departamento Nacional del Trabajo (DNT) en favor de la conciliación entre obreros y patrones.

En su mediación personal, Yrigoyen podía navegar entre la ambigüedad y la prescindencia ante cada conflicto sin convertirse en rehén de la clase propietaria ni acordar compromisos orgánicos con los gremios. Con estas prerrogativas, los beneficios eran objetivos: el líder radical aplicaba "premios y castigos" en el movimiento obrero, subordinaba sindicatos, excluía al Parlamento y también ensanchaba sus bases sociales y electorales.

Aun así, el cambio era sustancial para la clase trabajadora. Si durante el Régimen los sindicatos en huelga, además de no ser reconocidos ni en su representatividad ni en sus reclamos, no obtenían más respuesta que la amenaza de represión —o la represión misma—, ahora el Presidente los recibía en la Casa de Gobierno en busca de un acuerdo pacífico. La represión ya no sería la respuesta automática del sistema político, pero también los alcanzaría.

Yrigoyen estableció su preferencia gremial con la corriente "sindicalista", que había abandonado su clasismo original y continuaba la lucha por reivindicaciones específicas de los obreros, alejadas de la huelga general insurreccional anarquista y del parlamentarismo socialista. El "sindicalismo" tenía control sobre los gremios marítimos y ferroviarios —servicios clave para la reproducción del modelo agropexportador— y contaba con una central obrera propia, la FORA del IX Congreso, que se había desprendido de la FORA del V Congreso, anarquista. Los grupos libertarios, mayoritarios en la primera década del siglo, ya no pudieron reconstituir sus fuerzas luego de la represión del Centenario, el veto legal impuesto por la Ley de Defensa y la ampliación ciudadana.

La predilección de Yrigoyen por el "sindicalismo" quedó en evidencia ya en 1917, durante el conflicto que sostuvieron los obreros marítimos con la compañía de navegación Mihanovich, que monopolizaba el transporte fluvial: el líder radical destrabó el litigio con un arbitraje que satisfizo mucho más a los obreros de la Federación Obrera Marítima (FOM) "sindicalista" que a la empresa naviera.

Pero las intervenciones presidenciales no eran gratuitas: los "sindicalistas" luego retribuían al partido radical con los votos de sus afiliados en las elecciones. El PS fue el particular damnificado de este intercambio de favores entre la lógica partidaria y la gremial: como enemigo de Yrigoyen y del "sindicalismo" que había nacido de su vientre partidario, debía competir con ambos en el electorado urbano y las luchas obreras.

Para el partido de Justo no habría protección oficial, y mucho menos la habría para el anarquismo. Cuando ambas tendencias dominaban una huelga, Yrigoyen adoptaba una posición más reacia en el conflicto.

Esta política laboral basada en las motivaciones electorales del Ejecutivo fue expuesta durante la huelga de febrero de 1917 de los basureros municipales, conducida por el PS en contra de la intendencia radical. El gobierno ejerció la represión y el reemplazo de trabajadores extranjeros por nativos reclutados de los comités de la UCR. Lo mismo sucedió en el conflicto de los ferroviarios de 1917, que afectó la exportación durante dos meses, en reclamo de una jornada de ocho horas y de la reglamentación laboral por sanción legislativa: Yrigoyen ordenó la vuelta al trabajo por decreto y, tras la desobediencia obrera, convocó a las tropas del Ejército, que dejaron dos muertos en los talleres ferroviarios.

Otra novedad del mundo laboral en democracia fue la incorporación de las mujeres a la militancia gremial. Esto sucedió con las trabajadoras de la Unión Telefónica (UT), una empresa inglesa que concentraba el ochenta por ciento del servicio en la Capital Federal. La compañía tenía una reglamentación laboral rígida. Sus empleados debían pedir autorización para ir al baño, no podían conversar entre ellos, se los multaba por distracciones o errores en la atención a los abonados y debían pagar las roturas involuntarias de los equipos telefónicos, que además dañaban su audición.

Pero el hecho que motivó la respuesta violenta al rigor patronal fue la imposibilidad de que el personal femenino contrajera matrimonio o tuviese hijos. Al enterarse de cualquiera de estas dos circunstancias, la patronal las despedía.

A principios de 1919, las mujeres comenzaron a organizar un gremio, pero la UT no lo reconoció: expulsó de la empresa a sesenta de ellas. La reacción patronal provocó la primera asamblea con mayoría femenina de la historia del movimiento obrero. Tras decidir la huelga, las empleadas se lanzaron a las calles en una movilización que se conoció como "la marcha de las señoritas", en la que portaron el féretro de un obrero telefónico que aparentemente se había suicidado en una dependencia policial, tras ser detenido en el conflicto.

Para entonces, pese a su incorporación en áreas de servicios en expansión —telefonía, telégrafo, correos—, las mujeres, que carecían del derecho a voto, como los inmigrantes y los indígenas de los territorios nacionales, sufrían las peores condiciones laborales. Recibían los sueldos más bajos, sus pares masculinos en general las repudiaban por —precisamente— provocar la pauperización salarial, y en muchos casos eran envilecidas por la línea jerárquica de las empresas con abusos sexuales.

En el conflicto de la UT, el reclamo concentró varios aspectos: la readmisión de los despedidos, la disolución de la reglamentación autoritaria, aumento salarial y el reconocimiento de la empresa a la Federación Argentina de Telefonistas que se acababa de crear.

La UT difirió una respuesta mientras auspiciaba la conformación de un sindicato paralelo o "amarillo", la Confederación Profesional Argentina (CPA), dependiente de los Círculos de Obreros Católicos, con el patrocinio de monseñor Miguel De Andrea. La Iglesia intentaba romper las huelgas para reducir al mínimo "el peligro rojo" en el movimiento obrero. La CPA también contaba con el estímulo del diario La Nación, que transcribía sus gacetillas de rechazo a "la tiranía de los que pretenden convertirse en absolutos tutores de la clase proletaria". El diario ya había perdido el encanto inicial por las "señoritas" y prefirió ignorar los comunicados de la gremial telefónica.

Las mujeres organizaron otra movilización, que contó con la asistencia de cinco mil personas en la plaza San Martín, pero la UT continuó con los despidos selectivos y las amenazas, mientras el "sindicato" católico, para cooperar con la empresa, cubrió las huelgas con personal reclutado con la promesa de una futura estabilidad laboral. Esta era una práctica corriente de los Círculos de Obreros Católicos en los conflictos gremiales.

Para salir del problema, la UT aceptó conceder aumentos salariales, pero se negó a reconocer al sindicato. No hubo acuerdo. Entonces, el director de la telefónica, el inglés Parker reclamó la intervención de Yrigoyen. El Presidente logró que la empresa reconociera de modo parcial a la organización gremial: aceptó recibir a la "comisión del personal que ha estado en huelga". Finalmente, después de dos meses de conflicto, los telefónicos volvieron al trabajo.

Pero la rigidez del sistema laboral en la empresa telefónica continuó y Parker volvió a aparecer en los diarios. Un anónimo denunció que Amelia, una inmigrante cubana de 30 años con catorce de servicio en la UT, se había casado. Parker la despidió e incluso envió malas referencias personales a la Midland Railway cuando Amelia intentó ingresar en esa compañía de tranvías. Amelia se sintió empujada al rencor. Un mediodía esperó a Parker en su casa de Pilar. Lo vio arribar con su chofer. Parker representaba para ella la figura del autoritarismo patronal frente al obrero, una percepción común en las relaciones laborales de entonces. Amelia le recriminó la cesantía y le clavó una puñalada en las costillas.

La puñalada de Amelia no logró matar a Parker, y le valió a la mujer ocho meses de reclusión domiciliaria, pese a la protesta de la empresa telefónica, que reclamó un castigo más ejemplar.

Diez años después de la puñalada que Amelia le clavó al sistema que la había acosado moralmente, la firma inglesa eliminó de sus estatutos la obligación que las empleadas tenían de mantenerse solteras y de no tener hijos.

La conflictividad laboral no cedió durante el primer gobierno de Yrigoyen. Muchas veces su política de mediación no ofrecía soluciones pacíficas y la tensión se prolongaba. En sólo dieciocho meses de gestión radical, la represión de la fuerza pública o del personal armado de las empresas ya había provocado la muerte de veintiseis obreros y más de cien heridos.

La cifra resultaría exigua comparada con la de la Semana Trágica, que concluyó con la muerte de entre 700 y 1356 personas en menos de una semana.

La matanza descubriría la faceta más lúgubre de la política "obrerista" de Yrigoyen. Se inició con un conflicto metalúrgico no muy diferente de los habituales. Lo distintivo fue que, tras la tardía intervención conciliatoria del Ejecutivo, el Presidente cedió la represión y el control de Buenos Aires a las Fuerzas Armadas. Yrigoyen tampoco desarticularía los "batallones de civiles" que se crearon durante la huelga y fueron a la caza de anarquistas, obreros y judíos para darles muerte o detenerlos ilegalmente y trasladarlos a las comisarías para aplicar las primeras torturas policiales del Estado. La práctica se extendería en forma más sistemática y eficiente contra los opositores al gobierno militar de 1930 y al peronismo, a partir de 1946.

Las fuerzas oficiales y paraoficiales de la represión estaban compuestas por la Policía, el Ejército y grupos civiles radicales, católicos, nacionalistas y conservadores, quienes después se reunirían en la Liga Patriótica para oponerse con sus grupos de choque a los huelguistas que se enfrentaban con los intereses de la clase propietaria.

La Semana Trágica permitió que el "sentimiento nacional" se revitalizase, como había sucedido en el Centenario, en oposición al anarquismo y la "cuestión obrera". Pero, casi una década después, el conflicto entre capital y trabajo estaba exacerbado por el reforzamiento de la nacionalidad y el contexto internacional.

La toma del poder por los bolcheviques en Rusia en 1917 y las noticias de las rebeliones populares en los países europeos potenciaron las aspiraciones de sectores anarquistas y de otros ideológicamente afines, quienes ya pronosticaban la irrupción de un nuevo orden político y social en la Argentina.

"Este nuevo mundo está siendo forjado y debe ser obra del proletariado, de cuyos altos ideales y manos de hierro provendrán la libertad, la justicia y la paz para todos los seres humanos. En este momento trágico pero productivo asistimos al nacimiento de un nuevo mundo. El capitalismo está por hundirse en la historia para siempre", anticipaba el periódico libertario La Organización Obrera en diciembre de 1918.

Los legisladores socialistas, proclives a un pensamiento gradualista, intentaron minimizar la trascendencia de las amenazas de quienes se proponían sepultar al capitalismo:

"No queremos negar la existencia en nuestro ambiente social [del] aluvión de algunos ilusos, locos o fanáticos, pero negamos que ellos puedan constituir un peligro para nadie. Descartamos en absoluto y negamos rotundamente todo plan revolucionario preparado por ninguna fracción de la clase obrera organizada, gremial y política", afirmó La Vanguardia en enero de 1919, en momentos en que se disparaban las primeras balas de la Semana Trágica.

La prensa radical también se despreocupaba de los pronósticos del final del capitalismo. Para el diario La Época, el anarquismo era, ante todo, "una actitud literaria de muchachos desocupados".

Sin embargo, las clases propietarias, acostumbradas a controlar el Estado durante el Régimen, tomaron por cierta la posibilidad de una revolución y agigantaron ese miedo que discurría en su imaginario para acorralar al gobierno radical: querían que se decidiera a reprimir no sólo a los que desafiaban al capitalismo sino también a los que reclamaban mejoras laborales.

El supuesto miedo a la huelga revolucionaria como arma de guerra precursora de un complot "rojo" fue el fundamento político de la clase dominante para atacar a los huelguistas, anarquistas, extranjeros y judíos durante la Semana Trágica.

El conflicto había comenzado por la caída de los salarios en los talleres Vasena, en Barracas, la zona sur de la Capital Federal. Los obreros, cuyo salario había perdido el cincuenta por ciento del poder adquisitivo en los últimos cuatro años, reclamaban una recomposición del veinte por ciento, además de una jornada de ocho horas, paga doble para el día domingo y el reconocimiento gremial de la Sociedad de Resistencia Metalúrgica, una agrupación que no tenía relación con la Federación de Obreros Metalúrgicos. La empresa se negó a responder las demandas y el 3 de diciembre de 1918 se inició la huelga.

Una de las metodologías de la lucha fue la paralización de los carros que transportaban las materias primas desde los depósitos hasta la planta fabril. Era un recorrido de seiscientos metros clave en la cadena productiva. Los soldados del Escuadrón de Seguridad y también los bomberos, armados con fusiles Mauser, custodiaron a los conductores de carros que no adhirieron al paro y a los rompehuelgas contratados por la empresa. Para proteger la circulación de sus insumos, Vasena apostó guardias armados en las azoteas. La amenaza intensificó la dureza del conflicto: los huelguistas cortaron cables de teléfono y de electricidad y rompieron cañerías para que la calle inundada impidiera el paso de los carros. Cuando las cuadrillas quisieron hacer reparaciones, fueron hostilizadas.

A inicios de enero de 1919, la detención de un carro por un piquete de huelguistas había provocado un intercambio de disparos entre obreros y uniformados. Un cabo de Policía murió en el hospital Rawson y tres vecinos resultaron heridos. En el sepelio, el jefe de Policía, José Casás, llamó a denunciar a "los malos elementos para que sufran su justa sanción que su inicua conducta los hace acreedores".

Con el calor del verano, la violencia se acrecentó. El martes 7 de enero se hizo más explícita. Una caravana de seis carros fue apedreada por los huelguistas, la policía respondió y los muertos fueron cuatro obreros, uno castigado a sablazos, junto con más de treinta heridos.

Los trabajadores llamaron a un paro metalúrgico por dos días y salieron a buscar adhesiones gremiales. El socialismo ofreció sus locales para velar a las víctimas. Los "sindicalistas" de la FORA del IX Congreso, que no contaban con dirigentes propios en la conducción del conflicto en Vasena, no se sumaron a la huelga, pero sí lo hicieron en las empresas navieras que no habían aceptado sus demandas y en reclamo de la libertad de todos los presos gremiales. La FORA anarquista se sumó a la huelga con la participación de trabajadores del calzado, carreros, panaderos y albañiles, aunque tampoco protagonizaba la lucha en Vasena. La Sociedad de Resistencia Metalúrgica era anarquista, pero no se había sumado a la FORA.

Por entonces, en el Parlamento, el socialismo contaba con un bloque de 6 diputados frente a los 59 radicales y los 31 conservadores. El miércoles 8 de enero, el primer día del tratamiento del conflicto, el PS intentó colocarse a la ofensiva. El diputado Mario Bravo calificó a la represión policial como "un fusilamiento colectivo", producido a partir de un "simple incidente entre obreros y huelguistas". Y recordó las represiones en las huelgas de los años 1901 y 1902, los sucesos de plaza Lavalle de 1905 y de la plaza Lorea en 1909, y la razzia del Centenario. Bravo también acometió contra la Ley de Defensa Social que "castiga con pena de muerte a las mujeres embarazadas y a niños menores de 14 años".

El radicalismo parlamentario tenía la intención de apaciguar el conflicto. Anunció que Vasena daría un aumento del doce por ciento, las jornadas serían reducidas a nueve horas y se readmitiría a los obreros despedidos. El asesor legal de la empresa era el diputado radical entrerriano Leopoldo Melo, quien luego se sumaría a la Liga Patriótica.

Los conservadores, en cambio, que se declaraban "sin defensa" frente al anarquismo, se quejaron de que "los combatientes" —en referencia a los huelguistas— no habían permitido "el paso de la asistencia pública para recoger heridos".

Las posiciones quedaron claras ese primer día. El PS criticó la represión policial, pidió la interpelación del ministro del Interior y reclamó una legislación protectora de la clase obrera. A excepción de las leyes de trabajo a domicilio y de accidentes laborales, el oficialismo, luego de más de dos años de gestión, no había promovido ninguna.

El radicalismo defendió la política del Ejecutivo frente a los conflictos obreros, sus diputados hicieron un cuidadoso pedido de instrucción sumaria por la actuación policial y presentaron diferencias frente a la posibilidad de interpelar al ministro del Interior. Los conservadores pidieron reprimir las manifestaciones anarquistas, criticaron al gobierno por su permisividad y defendieron a la policía.

El jueves 9, el día del cortejo fúnebre, los hechos fueron más sangrientos. Con la huelga de los obreros tranviarios, las actividades en Buenos Aires empezaron a paralizarse. Había piquetes en las calles para garantizar la efectividad del paro. Algunos activistas incendiaron los vagones de los tranvías, aunque tuvieron la prevención de obligar a los pasajeros a descender. Las armerías de distintos barros fueron saqueadas.

Los talleres Vasena quedaron cercados. Desde los suburbios, buena parte de la fuerza laboral del sur porteño marchó hacia la fábrica junto a los vecinos, que habían quedado sensibilizados por la represión policial del día anterior. Miles de manifestantes sitiaron el acceso a la fábrica. Los portones comenzaron a arder y el fuego fue sofocado por los bomberos, pero las pedradas y los ataques continuaron.

En el interior de la planta, había delegados de la FORA del IX Congreso negociando con el titular Alfredo Vasena y con miembros de la Asociación del Trabajo (AT), la corporación que concentraba a las cámaras patronales. Su presidente era Pedro Christophersen, delegado de la Bolsa de Comercio. Ninguno de ellos podía salir de la planta metalúrgica.

Durante la tarde, el flamante jefe de Policía, Elpidio González, intentó persuadir a los manifestantes. Se subió a un carro volcado e hizo un discurso, invitándolos a deponer las acciones violentas, pero no lo logró. Debió irse a los apurones, y su auto fue volcado e incendiado. Después del intento conciliatorio del Estado, comenzaron a disparar sobre los manifestantes los tiradores de la empresa y de la AT desde la azotea, e intervinieron bomberos, vigilantes y soldados del Escuadrón de Seguridad, reforzados por un destacamento del Ejército. Eran cuatrocientos hombres que intentaban disolver el tumulto con ametralladoras. Por la tarde, la intención de reponer el orden en los talleres Vasena ya había provocado alrededor de treinta muertos y una cifra similar de heridos. Entre las víctimas había cinco niños.

Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el cortejo fúnebre marchaba con los ataúdes alzados a mano por la calle Corrientes en dirección al cementerio de la Chacarita. Lo acompañaban miles de manifestantes. Pronto comenzaron a desbandarse. Un grupo de "autodefensa" anarquista se desprendió de la marcha para asaltar armerías y atacó el orfanato de la Casa de Jesús, en el cruce de Corrientes con Yatay, con consignas anticatólicas. Desde el interior de la iglesia Jesús de Sacramento, ubicada al lado, bomberos y policías respondieron con disparos. La "autodefensa" anarquista comenzó a incendiar el orfanato. Las autobombas que se acercaron fueron neutralizadas. El paso de la multitud frente a la Comisaría 21ª, desató un nuevo tiroteo.

El funeral popular continuó su marcha. Pero la emboscada ya estaba preparada. Cuando un delegado obrero despedía con un discurso a las víctimas en el cementerio de la Chacarita, la Infantería, la caballería policial y los bomberos atacaron el cortejo parapetados en los murallones. Hubo disparos dentro y fuera de la necrópolis. La cantidad de muertos era todavía imprecisa. Se calculaban cincuenta.

La sesión parlamentaria continuó ese mismo jueves 9. Frente a la violencia en las calles, los conservadores denunciaron que la agitación popular había suprimido el control y el poder. El diputado conservador y científico Luis Agote, quien cuatro años antes había encontrado la fórmula para que la sangre no se coagulara una vez extraída del cuerpo humano, hizo una descripción apocalíptica de los hechos. Buenos Aires se hallaba en estado de guerra, ardían los talleres Vasena y los tranvías, en las calles no había policías y la Casa de Gobierno estaba vacía. El sistema estaba en peligro. Había un alzamiento revolucionario.

Fue Agote quien, en esa misma sesión, propuso la conformación de una fuerza civil que actuara en forma paralela, pero autónoma, del Estado para reaccionar contra el "desorden anarquista".

Agote dijo: "En las bancas corren versiones de una gravedad tal que si fueran exactas, quizá mañana tuvieran que constituirse batallones cívicos para [...] defendernos nosotros mismos, porque cuando la sociedad se perturba en sus cimientos, es necesario que cada ciudadano se resuelva a defenderse como mejor le cuadre".

El socialismo se replegó en una posición incómoda. Ya no reclamó la comparecencia del ministro del Interior. La aplazó. No quería agitar la intensidad del conflicto. Bravo justificó en parte la reacción del "sentimiento popular que había sido herido" y evaluó que, en ciertas coyunturas, es difícil "poner dique a las pasiones del pueblo obrero". Pero, en respuesta a Agote, le aseguró que no habría revolución bolchevique en la Argentina: "No estamos aún a tan corta distancia de la propiedad colectiva y del gobierno del proletariado como parece temerlo". El PS intentaba minimizar el cuadro de violencia para que el gobierno no decretara el estado de sitio.

El caos callejero implicaba un beneficio para los conservadores. Era un argumento político de peso para empujar a los radicales a la ejecución de medidas extremas. No bastaba que los diputados socialistas anunciaran en la sesión que según las noticias telefónicas que acababan de recibir eran los bomberos y los "cosacos" de la Guardia de Seguridad quienes provocaban al pueblo, ni que se señalara a Vasena, "el patrón antisocial y archimillonario, protegido por las leyes aduaneras", como el artífice de la perturbación. La idea de un complot "rojo" ya estaba instalada en el imaginario de las clases propietarias, y los conservadores la agitaban en el Congreso.

Con el fuego en los barrios de la ciudad, el radicalismo mantuvo una posición equidistante en el Parlamento. Se presentaba como un observador preocupado pero sin responsabilidad en los hechos. Un diputado oficialista describió el cuadro en el debate: "Aquí en la Cámara hay una batalla entre dos sectores. Uno ataca al Poder Ejecutivo diciendo que ha lanzado la fuerza pública contra los obreros y el otro grita porque no se ponen en ejercicio las facultades extraordinarias de la Ley de Residencia y [la de] Defensa Social".

El oficialismo se opuso a la interpelación del ministro del Interior —que los conservadores reclamaban con urgencia, "para que venga a traer tranquilidad"— y responsabilizó por el caos a los huelguistas, "la turba que asalta iglesias y escuelas", pero aun así no tomaría medidas extraordinarias. Y mientras la sangre argentina se derramara en las calles "con motivos sectarios", ellos no participarían en "torneos de oratoria".

La referencia al "sectarismo" estaba dirigida al anarquismo, pero el socialismo —adversario electoral de la UCR— no quedó excluido de la condena. "Con sus discursos desbordan a la turba", planteó el oficialismo.

En la voz de Enrique Dickman, el PS buscó diferenciarse del anarquismo. No eran ellos los promotores del desorden ni tampoco aprobaban la violencia sistemática. Se definían como un partido reformista, en la búsqueda de una democracia moderna, hacia la conquista del bienestar y el progreso. Pero también creían en el derecho a defensa cuando el pueblo era provocado.

Ese mismo jueves 9, hacia el final de la tarde, entró en acción el general Luis Dellepiane, jefe de la 2ª División del Ejército, con asiento en Campo de Mayo. Tras una reunión en su casa de la calle Brasil, Yrigoyen lo designó comandante militar de la ciudad de Buenos Aires y permitió que ingresaran en la Capital las tropas del Ejército.

Dellepiane había acompañado a Yrigoyen en las revoluciones radicales de 1893 y 1905 y había combatido al anarquismo como jefe policial entre 1909 y 1912. Era un hombre de su confianza: años después, en 1930, como ministro de Guerra, lo alertaría sobre la inminencia del golpe de Estado.

Pero ahora, en enero de 1919, el objetivo de Dellepiane fue proteger las instalaciones clave de la ciudad, romper la huelga de los trabajadores y el estado de movilización popular. El representante estadounidense en la Argentina, Frederic Stimson, comentaría al año siguiente en un cable enviado al Departamento de Estado de su país que Dellepiane creía que la tragedia de enero se hubiese evitado "haciendo desaparecer uno por uno a los cabecillas, sin ningún arresto legal", según una conversación personal que habría mantenido con él.

En la madrugada del viernes 10, la FORA anarquista denunció los crímenes de Estado en la Chacarita y en los alrededores de los talleres Vasena, y llamó a la huelga general por tiempo indeterminado. No bastaba un día o dos. Argumentó que a la ira popular no era posible ponerle un plazo. Era traicionar al pueblo que lucha.

Entonces, esa madrugada, la ciudad estaba a oscuras, con los faroles rotos. Los únicos vehículos que circulaban estaban identificados con la inscripción "FORA" pintada de rojo. Se escuchaban tiroteos. Había grupos que recorrían los comercios confiscando mercaderías para la resistencia. La autoridad no estaba en las calles: la policía, que ese mismo día había recibido un aumento del veinte por ciento con la firma de Yrigoyen, se había replegado en las comisarías. Los obreros ferroviarios también se habían sumado a la huelga.

Para entonces, Dellepiane ya tenía el mando de diez mil hombres, más la asistencia de dos buques acorazados con los infantes de Marina en alerta de combate. Las tropas desalojaban a fuego las barricadas de la resistencia anarquista. En la ciudad todavía había restos de la masacre. Los muertos del día anterior estaban sin enterrar, mezclados entre la basura que nadie retiraba. Por la tarde, una célula anarquista intentó tomar la Comisaría 9ª para liberar a los presos. Fueron repelidos a tiros. Pero, a esas alturas, las calles ya estaban militarizadas y la violencia comenzaba disminuir. Las masas no se habían sumado al llamado a la acción del anarquismo.

En la sesión parlamentaria del viernes 10, Agote convocó de urgencia al ministro del Interior. Presentó la situación con crudeza: "No es posible cerrar los ojos a la verdad. A la morgue le avisaron que le enviarán cuarenta cadáveres de ciudadanos caídos en el medio de la calle. Varios frigoríficos tienen su personal en huelga. ¿Cómo van a proveer alimentos en esta ciudad? ¿Quién asegura a los señores diputados que cuando salgan a la calle sus personas van a ser respetadas?".

Ese día, Yrigoyen convocó a Vasena a una reunión en la Casa de Gobierno, apartó al embajador inglés que lo acompañaba y comprometió al empresario a que accediera a las demandas obreras. Luego llamó a los "sindicalistas" a su despacho y recibió de ellos un pliego mínimo de condiciones para el acuerdo: cumplir con los reclamos obreros en los talleres, readmitir a los despedidos y liberar a los presos. En la noche del viernes 10, la FORA "sindicalista" convocó a la vuelta al trabajo. Y aunque muchos gremios desoyeron la orden, y en los días que siguieron los anarquistas intentaron tomar el Mercado del Abasto y el depósito central de Obras Sanitarias para dominar la provisión de alimentos y agua potable, pronto fueron quedándose solos en la lucha. Los que no habían sido detenidos pasaron a la clandestinidad. La Protesta, por diez días, dejó de aparecer.

La huelga general ya demostraba que había sido un estallido emocional contra la represión policial y patronal, una explosión instintiva de solidaridad gremial, pero no el resultado de una agitación organizada con demandas y objetivos claros. La Semana Trágica no inauguraba una nueva etapa de combatividad del movimiento obrero.

Aunque Buenos Aires ya estuviese bajo control del gobierno, todavía faltaba la represalia cívico-militar. Con la voluntad de preservar la "argentinidad" depurada de "ideas foráneas", la elite conservadora que presionaba por la restauración de su dominio en el Estado, fue a desenmascarar al enemigo, a señalarlo, a sacarlo de sus escondrijos, de los conventillos, de los gremios, de los círculos anarquistas, de los barrios suburbanos, para exponerlos al castigo.

El fin de semana del 11 y el 12 de enero de 1919, las represalias por la "argentinidad" alcanzaron a trabajadores, huelguistas, rusos judíos, catalanes, anarquistas. Los objetivos no fueron solamente aquellos que depositaban su fe en un mundo sin clases, patrones ni Estado, sino también quienes, por idioma, costumbre o religión, representaban —se suponía— una amenaza para el orden social. El anarquismo denunció que en la represión de enero hubo 55.000 obreros detenidos y prontuariados.

Las "guardias blancas" constituyeron la fuerza de choque para el inicio de la contraofensiva paraestatal durante la Semana Trágica. Actuaron en forma paralela a la Policía, la Marina y el Ejército, o con la permisividad de éstos, para atacar al enemigo. Para justificarlos, el jefe de Policía, Elpidio González, explicó que los civiles, en su fervor por la reparación inmediata, se anticipaban a la acción de las fuerzas de seguridad. En muchos casos, las comisarías y el Centro Naval les proveían de automóviles y armas y también instrucción. Diez días más tarde, en la sede naval, se constituiría la Liga Patriótica Argentina. Su titular, Manuel Carlés, que había sido interventor federal en Salta por decisión de Yrigoyen en 1918, la presidiría hasta 1946.

La circulación del rumor de que las huelgas de los talleres Vasena formaban parte de una conspiración de agentes del Soviet animó el accionar de las "guardias blancas". La detención de Pedro Wald —judío ruso, de 30 años, carpintero y periodista—, director del periódico idish Der Avangard, acusado de ser el "presidente del Soviet argentino" y promotor del "complot rojo" para la toma del poder en la Argentina, fue sostenida durante algunos días por la policía, mientras en la ciudad se cruzaban versiones de ataques anarquistas contra el Correo Central, el Departamento Central de Policía y distintas seccionales, episodios que luego se revelarían inexistentes, como la veracidad de la conspiración del periodista.

Wald, que era militante de un grupo bundista —una organización de trabajadores judíos que aspiraba a integrarse al Partido Socialista local—, fue torturado en la Comisaría 7ª, en Lavalle 2625. Algunos años después, en su libro Pesadilla, relataría la performance de los "niños bien" de la Liga Patriótica durante ese fin de semana: "Refinados, sádicos, torturaban y programaban orgías. Un judío fue detenido y luego de los primeros golpes comenzó a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido, le ordenaron cantar el Himno Nacional y, como no lo sabía porque recién había llegado al país, lo liquidaron en el acto. No seleccionaban: pegaban y mataban a todos los barbudos que parecían judíos y encontraban a mano. Así pescaron a un transeúnte: 'Gritá que sos un maximalista'. 'No lo soy', suplicó. Un minuto después yacía tendido en el suelo en el charco de su propia sangre".

Con base en algunas seccionales de la Capital, los grupos civiles paraestatales fueron a la caza del enemigo extranjero. Desde entonces se instaló en el lenguaje popular la expresión "yo, argentino", como certificado de inocencia política e ideológica.

El "terror blanco" fue la metodología de aniquilamiento contra el supuesto "terror rojo". Pero, adicional al odio de clase, el "terror blanco" desplegó su antisemitismo. Ese fin de semana de enero los locales de organizaciones obreras judías de Villa Crespo y Once fueron asaltados y desmantelados, siendo sus miembros heridos o muertos, o llevados a la comisaría para ser registrados y sometidos a castigos y torturas. Una crónica del diario La Nación —transcripta por La Vanguardia el 12 de enero de 1919— relató los mecanismos de la persecución extralegal:

"En cierta ocasión un sospechoso se salvó de ser atacado haciendo constar su carácter de súbdito italiano. Más tarde, en la esquina de las calles Corrientes y Pueyrredón, la participación del público en la obra de la tropa se hizo más efectiva. Muchos ostentaban escarapelas argentinas y vitoreaban a la patria, a la policía y al ejército. Los automóviles ocupados por oficiales eran aclamados vivamente a su paso. Y de pronto cesaban las ovaciones, y al grito de ¡Un ruso! los grupos se dispersaban tras del que huía desesperadamente por la calle desierta [...] Estas escenas se reprodujeron durante toda la tarde en el mismo barrio".

La brutalidad del ataque étnico (pogroms) fue tan implacable que el comité oficial de la colectividad israelita, una entidad compuesta por empresarios y comerciantes guiada por el rabino Haphon, en su desesperación por eximirse de la masacre, puso de relieve la diferencia de clase por encima del origen semita: acusó a los judíos de ideología de izquierda de ser "disolventes y extremistas" y pidió protección para sus personas físicas y sus capitales al Presidente el 25 de enero de 1919. Yrigoyen observó el dossier de denuncias de persecución y ordenó sancionar los excesos de la represión, pero no reprobó la vinculación de sectores del oficialismo en el interior de la Liga Patriótica ni el carácter clasista y antisemita de la organización.

"Pamplinas son todos los pogroms europeos al lado de lo que hicieron con ancianos judíos las bandas civiles en la calle, en las comisarías 7ª y 9ª —escribió José Mendelsohn, un periodista que venía de las colonias judías del interior—. Jinetes arrastraban a viejos judíos desnudos por las calles de Buenos Aires, les tiraban de las barbas y cuando ya no podían correr al ritmo de los caballos, su piel se desgarraba raspando contra los adoquines mientras los sables y los látigos de los hombres de a caballo golpeaban intermitentemente sobre sus cuerpos". Mendelsohn procedió en la reconstrucción de los hechos: "En la Comisaría 7ª los soldados, vigilantes y jueces, encerraban en los baños a los presos (en su mayoría judíos) para orinarles en la boca. Los torturadores gritaban: viva la patria, mueran los maximalistas y todos los extranjeros".

El periodista Arturo Cancela lacró en su libro Tres relatos porteños una mirada más zumbona de la cacería en una excursión personal al Mercado del Abasto el fin de semana de la restauración del orden: "Pequeños grupos de jóvenes con brazales bicolores, armados de palos y carabinas, detienen a todos los individuos que llevan barba y los obligan a levantar las manos en alto. [...] Según me informan en un corro, este original procedimiento tiende a estimular entre los barbudos el amor a la Nación argentina".

Cuando el martes 14 de enero de 1919, el ministro del Interior, Ramón Gómez, fue a la Cámara de Diputados para ser interpelado, la ciudad estaba controlada por las fuerzas de seguridad y las "guardias blancas", y el radicalismo se había alineado con los conservadores: justificó la represión como prioridad de Estado en defensa de la "argentinidad". El oficialismo necesitaba ofrecer su respaldo político a la represión ilegal.

"La acción subversiva de elementos extraños a la nacionalidad que han tratado de aprovechar estos conflictos para sus fines delictuosos, ha sido reprimida con la energía necesaria y no se han escatimado esfuerzos para evitar sus desmanes", afirmó el ministro Gómez, y mostró cables telegráficos de gobiernos provinciales —incendios de vagones y de estaciones ferroviarias y reclamo del envío de fuerzas federales— para convertir la matanza de la Semana Trágica en una necesidad de Estado.

El radicalismo había perdido los matices. El diputado Horacio Oyhanarte, un operador político de Yrigoyen en el Congreso, diferenció al trabajador genuino de la "faz ácrata, la faz anárquica, que no es nuestra, que ha entrado por la puerta del mar y que en estos momentos conturba todas las civilizaciones del mundo". Y saludó la represión policial que "repelió los ataques con la voz ruda pero elocuente de las ametralladoras", expresión que fue acompañada con aclamaciones en el recinto. Y en vez de discutir si las fuerzas del orden "habían tirado un tiro más o un tiro menos", Oyhanarte pidió un aplauso para los policías, los bomberos y los guardianes armados del "orden y la tranquilidad pública".

Los conservadores, además de festejar la represión, instaron al oficialismo a elaborar una estrategia común de cara al futuro. Agote reclamó la conformación de un "movimiento popular como aquel que se produjo en el Centenario de nuestra revolución, que salió a las calles y arrancó a los que llevaban las insignias que no correspondían a los colores nacionales".

La voz del socialismo, crítico con los "batallones civiles", perdió relevancia política frente a la alianza de radicales y conservadores en la Cámara de Diputados. Pese a ello, quisieron dejar constancia de su visión de los sucesos: se había consumado una "matanza inútil de obreros, un exceso de represión que no conduce a ninguna solución, la exacerba [...]. ¿Era necesario hacer primero aquella primera pequeña masacre, realizar después la segunda en proporciones mayores y finalmente mantener a Buenos Aires en estado de convulsión permanente durante cinco días?".

En su evaluación nostálgica y desconsolada de la realidad, el PS planteó que la cuestión social era la misma que en el Centenario, pese a que el régimen conservador se había acabado y se había ampliado el voto ciudadano. Argumentó sus razones: la hostilidad hacia el movimiento obrero, el anhelo de organizar guardias civiles y la pretensión de instalar el estado de sitio. "Persistimos en las manifestaciones xenófobas de hace nueve o diez años, con la represión violentísima. No hemos progresado...".

Si en el inicio de las sesiones del conflicto, el socialismo había propuesto un homenaje a los obreros y vecinos ultimados, cinco días después, con centenares de muertos en las calles y en las morgues, los radicales saludaban el eco de las balas y los conservadores proponían un homenaje a las "guardias blancas", "los jóvenes que se constituyeron en el Centro Naval", que defendieron la ciudad por "instinto de conservación".

El martes 14 de enero, después de la represión y la cacería, Diputados votó el estado de sitio y el gobierno volvió a aplicar las leyes de Residencia y de Defensa Social. Toda la redacción de La Protesta fue encarcelada.

La Liga Patriótica, como brazo armado civil y refuerzo represivo del Estado, con el soporte político de radicales y conservadores, tuvo una rápida penetración en la elite de poder y las corporaciones empresarias y contó con la bendición de la Iglesia católica. Monseñor De Andrea autorizó a los miembros de los Círculos Obreros Católicos a incorporarse a la Liga, aunque "de manera individual". Él también lo había hecho.

Con el enemigo identificado y aun sin el completo acceso a los resortes estatales, la Liga constituyó una organización que actuó con impunidad para disciplinar, marcar límites o aniquilar a obreros descontentos, anarquistas y judíos de izquierda. Como fuerza legitimada de la defensa de "la argentinidad" y de los capitales (paradójicamente, extranjeros), la Liga estaba dispuesta a prescindir de las leyes y de las instituciones republicanas para la defensa de sus postulados. Todo aquel que no tuviera devoción por Dios y por la Patria y no obedeciera al orden legal ni a las jerarquías sociales se convirtió en su enemigo.

La creación de la Liga Patriótica fue una evidencia de que la elite conservadora ya desconfiaba del régimen democrático y prefería controlar per se el Estado para la protección de sus intereses. Y, frente a la imposibilidad de hacerlo con la mediación de un partido conservador orgánico que aceptase el proceso político y se presentara como una alternativa democrática, prefirieron buscar refugio en la trinchera corporativa. Allí se fueron reagrupando los restos antes hegemónicos del Régimen para disparar en contra del Estado ampliado, en defensa de un orden jerárquico y de una Nación que los tenía sólo a ellos como exclusivos depositarios de su preservación y su identidad.

A los pocos días de su conformación, la Liga había recogido afiliaciones de miembros del Jockey Club, la Asociación del Trabajo, el Círculo de Armas, el Club del Progreso, además de sacerdotes, jueces, políticos, intelectuales, oficiales de la Marina y el Ejército. Incluso la Liga Israelita Pro-Argentinidad afilió a sus miembros a la Liga Patriótica, quizá como fórmula de protección. Las cuestiones operativas también se ajustaron: las "guardias blancas" de la Semana Trágica se transformaron en brigadas de acción para la "custodia cultural e ideológica" de los hogares argentinos y también para reprimir a los obreros en huelga.

La Liga comenzó a crecer en todas las provincias del interior del país y entre los sectores medios porteños. A cuatro meses de la Semana Trágica, el 24 de mayo de 1919, más de cien mil de sus militantes marcharon por Buenos Aires en conmemoración de la fecha patria. Yrigoyen se sumó al desfile, pese a que ya percibía que la Liga podría transformarse en un grupo intrínseco pero refractario a su gobierno, si él no protegía en forma más clara y decidida los intereses conservadores.

El Presidente toleró la existencia de la Liga, en tanto que el socialismo continuó denunciándola. En la sesión del 10 de junio de 1919, el diputado Nicolás Repetto acusó a la organización de promover la xenofobia y la desunión —por sus amenazas a "los malos extranjeros", "los malos argentinos"— y criticó la acción de las brigadas como sustituto de los servicios policiales, al igual que la colaboración que prestaba el Ejército a la Liga, tarea ajena a sus deberes institucionales.

La intervención de Repetto desencadenó la réplica de diputados conservadores y radicales, algunos de los cuales se confesaron miembros de la Liga. El más explícito fue el diputado radical Rogelio Araya. En su discurso amenazó con el retorno a la metodología del degüello de las luchas civiles del siglo XIX, un procedimiento contradictorio con la tradición de un partido que, si bien había promovido la violencia, se había propuesto respetar las libertades políticas. Araya previno a Repetto:

"Y el señor diputado no habrá de quejarse mañana de la Liga Patriótica Argentina si nuevos disturbios se producen; si se incendian nuevos vagones, si se asaltan buques, si se impide la paz de las familias, si se neutraliza la corriente de vida del comercio y de la industria, si se afirma más la intranquilidad contra la vida de los ciudadanos [...] porque [entonces] han de salir no ya el Ejército y la Liga Patriótica, sino todos los argentinos para acogotar a los perturbadores".

La coerción a la clase obrera en la Semana Trágica fue fructífera para los liguistas. Desde entonces, no hubo más huelgas de trascendencia que alteraran la vida cotidiana ni la producción económica. El anarquismo fue perdiendo fuerza como alternativa popular hasta desaparecer en forma progresiva del escenario social y político. También los "sindicalistas" fueron perdiendo eficacia en las negociaciones con el Presidente. A medida que transcurría su mandato, Yrigoyen iba abandonando su política "obrerista" y ya no arbitraría en los conflictos sino en favor del capital. El movimiento obrero, anarquista, "sindicalista" o socialista, y el comunista, que intentaba emerger, fueron obligados a replegarse durante la década de 1920.

Quizás esto no haya sido mérito exclusivo de la Liga Patriótica sino también de la Asociación del Trabajo. Los empresarios apelaron a sus brigadas para reprimir los conflictos obreros. Tenían de su lado el resguardo policial y el aliento del catolicismo social, interesado en contrarrestar las corrientes de izquierda, incluso sin ocultar un matiz antisemita en su propaganda. La AT también institucionalizó una fuerza laboral propia, los "trabajadores libres", que desafiaron las huelgas obreras, y a los que proveía de una vivienda colectiva en Buenos Aires para alojarlos.

La alianza corporativa entre la Liga Patriótica y la AT para la emergencia de los "trabajadores libres" generó más incidentes en una atmósfera ya asediada por las tensiones estructurales de las relaciones laborales.

El 25 de mayo de 1921, una brigada liguista entró a punta de pistola en el sindicato de taxistas en huelga y obligó a los trabajadores a arrodillarse y a saludar a la bandera nacional. Por la noche, asaltaron e incendiaron la sede sindical y mataron a dos conductores. La policía ya había prevenido a los vecinos de posibles incidentes y les había pedido que permanecieran en sus casas. Un juez liberó a dos liguistas detenidos y la policía arrestó a trescientos taxistas en huelga. Los propietarios de taxis —agrupados en la AT— cedieron sus vehículos a una brigada de choferes de la Liga para que el servicio no fuese afectado por el reclamo gremial.

Ese mismo año, la Liga Patriótica ofreció a las compañías navieras su brigada de "trabajadores libres" para reemplazar a los obreros sindicalizados que estaban en conflicto. Los obreros intentaron resistir el ingreso de los rompehuelgas y declararon la huelga. El guardaespaldas de Joaquín de Anchorena, titular de la AT, fue muerto en los enfrentamientos. Finalmente, Yrigoyen puso el puerto bajo la custodia del general José Félix Uriburu, que años después lo derrocaría, y permitió el acceso de mil "trabajadores libres". La AT obligó a sus socios a emplear sólo esa fuerza laboral y la policía clausuró en forma preventiva el gremio marítimo. La contratación de la mano de obra, un territorio de disputas entre las corporaciones empresarias y los gremios, fue saldada a favor de los primeros con la intervención de la Liga Patriótica, legitimada por el Poder Ejecutivo.

Las brigadas también formaron "escuadrones móviles" para patrullar el mundo rural. Los "trabajadores libres" fueron ofrecidos a propietarios de campos con peones en conflicto. Su incorporación laboral provocó enfrentamientos. En algunas colonias judías se produjo la paradoja de que propietarios de ese origen apelaban a la Liga para reprimir a peones judíos y los acusaban de "anarquistas rusos" frente a la policía, que los arrestaba en cumplimiento a la Ley de Defensa Social.

Entre Ríos fue una de las zonas de mayor conflicto rural. En esa provincia, brigadas de la Liga, policías y dirigentes conservadores enfrentaron las protestas de peones, transportadores de cargas o portuarios, quienes detenían el proceso productivo cuando se empleaba a rompehuelgas para reducir la efectividad de sus medidas de fuerza. También intentaban obstruir sus ceremonias y su propaganda. El 1º de mayo de 1921, la Liga, con la presencia de Carlés, cercó una manifestación de tres mil trabajadores que portaban una bandera roja en la plaza de Gualeguaychú: irrumpieron a caballo con rifles y revólveres y la bandera argentina en alto. La iglesia cedió la torre de su campanario para los tiradores de armas largas de la Liga. Los anarquistas se defendieron del ataque con piedras y algún arma corta, pero no pudieron impedir que los brigadistas tomaran el control de la plaza y la bandera celeste y blanca flameara por sobre la roja y negra. La irrupción de la Liga Patriótica para celebrar el 1º de Mayo "argentino" provocó cuatro muertos y muchos heridos. La "gloriosa clarinada" de Carlés luego fue conocida como "la masacre de Gualeguaychú".

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Las venas abiertas

Kurt Wilckens tenía 36 años cuando mató al teniente Héctor Varela, el militar que había ordenado los fusilamientos de los obreros en la Patagonia en el verano de 1921-1922. Wilckens era rubio, de frente ancha y ojos azules. Había nacido en Alemania. Era militante anarquista. Tenía el prontuario 44.797 de Orden Social de la Policía de la Capital. Estaba calificado como "delincuente político" con un proceso de deportación por violar la Ley de Residencia. Wilckens ya había estado preso en los Estados Unidos. Pero la Cámara Federal no había encontrado elementos para expulsarlo.

Antes de llegar a la Argentina, en 1920, se había desplazado por varios países con diferentes identidades y en distintos oficios. Era un itinerario común en los inmigrantes pobres. Aunque en su hogar familiar Wilckens no sufría padecimientos económicos, abandonó Alemania a los 24 años. Se afincó en Arizona, Estados Unidos. Trabajó de minero. Ya tenía una formación política, una visión del mundo elaborada desde el marxismo, la lucha de una clase contra otra. Una conciencia forjada en la voluntad de transformación de las injusticias del sistema. El odio a la burguesía. Pero Wilckens se reconocía como un hombre pacífico. Le interesaba la literatura. Leía a Tolstoi.

Después de seis años de permanencia en los Estados Unidos, entró en un contingente de 1168 mineros deportados por participar de una huelga. Había sido orador en las asambleas. Lo confinaron en un campo de prisioneros en Nuevo México, pero se escapó y lo volvieron a atrapar. Condenado por "alta traición", después lo encerraron en un campo más riguroso junto a cientos de alemanes. Volvió a escaparse.

Wilckens era un hombre en fuga, sumergido en la clandestinidad, perseguido por un régimen político-carcelario que lo quería en prisión, como a todos aquellos que contestaban al sistema capitalista. Por un tiempo, se refugió en la llanura y volvió a trabajar en las minas. En 1920, cuando tenía 34 años, lo apresaron, lo procesaron y lo expulsaron de los Estados Unidos.

Cuando volvió a su pueblo en Silesia, su madre acababa de morir. Le bastaron menos de seis meses para volver a irse. Un círculo libertario de Hamburgo le dio información sobre la Argentina y decidió viajar. Wilckens llegó en septiembre de 1920. No se le debió haber permitido el ingreso. Sus antecedentes políticos contradecían las leyes. Pero ingresó.

Como apreciaba las geografías abiertas más que las ciudades, marchó a Cipolletti, en Río Negro. Recogió frutas. Luego siguió hasta Ingeniero White, en Bahía Blanca. Trabajó en el puerto como estibador. Seis meses después se hospedó en Buenos Aires y retomó contactos anarquistas. Pensaba viajar a los Estados Unidos. Pero un suceso operó como punto de giro en su vida. El 12 de mayo de 1921, Wilckens se sentó en el bar La Brasileña, sobre la calle Estados Unidos. Mientras leía, un joven se le acercó. Se presentó como compañero de causas libertarias. Wilckens no hablaba muy bien el español pero se entusiasmó. Le contó su experiencia en el movimiento. Se presentó como un luchador. Tomó de su billetera un pequeño recorte. Se lo mostró a su interlocutor. Un diario norteamericano había publicado su foto bajo la inscripción "El rojo más peligroso del Oeste". La expresión lo enorgullecía. Wilckens no sabía a quién tenía enfrente. Era Mauricio Gutman, agente chapa N° 838 de la Sección Investigaciones de Orden Social de la Policía de la Capital.

El día en que Wilckens lo mató, la mañana del 23 de enero de 1923, el coronel Varela era un hombre ya maduro: 48 años, siete hijos, una carrera militar en la Caballería manchada por centenares de fusilamientos en las estancias del desierto patagónico. Varela había crecido en la línea criolla de los antiguos fortines de San Luis, la provincia donde había nacido. Una vez iniciada su carrera en las armas, a los 20 años, obtuvo una plaza de oficial en el Regimiento 7º emplazado en Río Negro y avanzó sobre los territorios ganados a los indígenas. Su geografía era el desierto, la montaña. Era un hombre de conquista, un militar que se fue moldeando en el combate contra los indios para extender las fronteras del Estado. Pero no estuvo alejado de la política: en 1905 se plegó al bando de los revolucionarios en adhesión a Hipólito Yrigoyen. Después del fracaso de la revuelta, Varela tuvo que exiliarse en Chile, y una vez que la Ley de Amnistía lo reincorporó al Ejército, pagó el precio de la insubordinación con un destino burocrático en Tucumán, lejos de las tropas.

Otra vez, la conquista de la Patagonia sobre los indígenas volvió a convocarlo. Várela reapareció en el Sur, enrolado como teniente primero del Regimiento 3º. En 1909 ascendió a capitán y pasó al Regimiento 4º de Río Cuarto. En 1912 partió hacia el Norte para afrontar la fase final de la conquista del Chaco. Al frente de su patrulla del Regimiento 7° abrió picadas, cavó pozos, levantó planos y trazó el ejido del nuevo pueblo, Presidencia Roque Sáenz Peña, en pleno auge de la explotación forestal. En 1919, ya con su antiguo líder revolucionario en ejercicio del Poder Ejecutivo, Varela asumió la jefatura del Regimiento 10° de Caballería, Húsares de Pueyrredón. Era teniente coronel. En los últimos años de su carrera había mantenido a su lado a dos ayudantes, Pedro Viñas Ibarra y Elbio Carlos Anaya, a quienes conduciría hacia un nuevo destino: la Patagonia. El conflicto de centenares de peones rurales contra los terratenientes lo convocaba a una expedición al Sur a principios de 1921.

En Santa Cruz, los peones trabajaban veintisiete días al mes en jornadas de dieciséis horas. De día arreaban las majadas de ovejas a dieciocho grados bajo cero. A la noche dormían apilados sobre cueros. Vivían agotados, sin familia, dinero ni destino. Los estancieros no se responsabilizaban por sus accidentes de trabajo. Les pagaban con vales o cheques a plazo. En el año 1920, centenares de peones se levantaron en demanda de mejores condiciones laborales en las estancias.

La propiedad de la tierra estaba concentrada. Si una unidad económica debía tener al menos dos mil hectáreas para la producción destinada al mercado de ultramar, la mayoría de los establecimientos multiplicaba por diez esa cifra. Otros bordeaban incluso las cien mil hectáreas. La familia Menéndez Behety y Braun, con sus sesenta y ocho establecimientos, poseía un total de 1.565.850 hectáreas.

Los dueños de la tierra manejaban todo el tráfico comercial mediante sus almacenes de ramos generales. Las compañías estaban fusionadas y monopolizaban la comercialización de lana, nafta, repuestos y remedios. Concentraban todo el abastecimiento de los peones. A cambio de vales equivalentes en moneda, los obreros entregaban su mano de obra. La libra esterlina era la moneda corriente para la compra de los artículos importados que consumían médicos, funcionarios y abogados.

Los propietarios, la mayoría de nacionalidad inglesa, exportaban la lana a Londres. Era utilizada como base en la industria textil. La esquila había tenido un fuerte auge en el quinquenio 1914-1919, con precios altos. Un año después, la caída del valor de la lana fue vertical. Los criadores, que habían atesorado un fuerte stock especulando con la continua suba de precios, sintieron el impacto. El costo de vida se elevó, y también el contrabando: los estancieros enviaban las ovejas hacia Chile sin pagar derechos aduaneros para la exportación. El hecho de que sus tierras atravesaran la frontera entre los dos países les facilitaba la operación.

La Sociedad Obrera de Río Gallegos hizo sus primeros reclamos en septiembre de 1920. Entregó un pliego de condiciones para sus peones: una pieza que no fuera ocupada por más de tres hombres, desinfectada una vez a la semana, luz a cargo de los patrones (con entrega de velas), una estufa por pieza, tres platos en cada comida, colchón y cama por cuenta del patrón, no trabajar a la intemperie en caso de nieve, botiquín con instrucciones en castellano.

La Sociedad Rural respondió en noviembre. Prometió mejoras paulatinas para "las condiciones de comodidad e higiene". Pero consideró "pretensiones fantásticas" a las demandas puntuales. Pese a que algunos pequeños propietarios accedieron a las peticiones, el resto no lo hizo. Los peones declararon la huelga y los terratenientes empezaron a desalojarlos. Clausuraron comedores y dormitorios. Los trabajadores acampaban y dormían a campo abierto. Asediados por la policía, se trasladaban de un lugar a otro. Los estancieros convocaron a las "guardias blancas" de la Liga Patriótica para perseguirlos y detenerlos.

La huelga estaba influida por "El Toscano", un carrero italiano de 33 años muy popular entre la peonada, que incentivaba la acción violenta contra los propietarios y el saqueo de estancias y tenía más ascendiente sobre ellos que el secretario de la Sociedad Obrera, el español Antonio Soto, de 23, que había llegado a Santa Cruz con una compañía artística de zarzuelas. Bajo el impulso de El Toscano y el grupo que lo secundaba, los peones tomaron por rehenes a algunos patrones en reclamo de la libertad de obreros detenidos. La policía del territorio, secundada por gendarmes y liguistas, salió a recorrer establecimientos rurales en busca de los cabecillas de la rebelión. En diciembre de 1920 se cruzaron en un combate en El Cerrito. El enfrentamiento dejó un obrero y dos policías muertos y algunos heridos. El Toscano se llevó dos prisioneros, un comisario y un liguista.

Los ganaderos ya reportaban a los diarios de Buenos Aires sobre la situación en la Patagonia: terror anárquico, propiedades en riesgo, asesinatos de terratenientes. Mientras la banda de El Toscano tomaba rehenes, la Liga Patriótica se organizaba con el apoyo de la policía y de los terratenientes nacionales y extranjeros. No había posibilidad de mediación estatal en el conflicto: el gobernador interino Edelmiro Correa Falcón, que ordenaba la prisión de los peones rebeldes, era también secretario de la Sociedad Rural de Río Gallegos.

El presidente Yrigoyen decidió actuar. En enero de 1921 comisionó al teniente coronel Varela, al mando del Regimiento 10° de Caballería, a una expedición al sur. La instrucción que recibió Varela en su reunión con el Presidente fue "ver bien lo que ocurría y cumplir con su deber". Además de los capitanes Pedro Viñas Ibarra y Pedro Campos, que secundaban a Varela, también lo acompañaba el Regimiento 2º de Artillería, cuya jefatura dependía del capitán Elbio Anaya. Eran una tropa de 261 hombres que viajó en vapor para ordenar a los peones en huelga en un territorio de 17.000 habitantes. Uno hombre por cada catorce kilómetros cuadrados. Uno de cada diez de ellos estaba afiliado a la Sociedad Obrera de Río Gallegos, adherida a la FORA anarquista.

Otra de las medidas de Yrigoyen fue la designación de Ángel Yza al frente del gobierno del Territorio Nacional. Yza llegó en enero de 1921. El 16 de febrero, en la estancia El Tero, junto a las tropas del coronel Varela, Yza alcanzaría el acuerdo entre las partes. Los peones cedieron algunas armas, liberaron a dos prisioneros, recuperaron la libertad de sus compañeros y los salarios caídos por la huelga, pero los estancieros no les concedieron aumentos ni mejoras en las condiciones laborales y les negaron el reconocimiento de la sociedad obrera. De seiscientos huelguistas reunidos en asamblea, 427 votaron por volver al trabajo. El resto, guiados por El Toscano, huyeron a la frontera con Chile. Se llevaron armas y caballos.

En abril de 1921, tras casi cuatro meses de permanencia en Santa Cruz, la tropa de Varela se marchó en vapor a Buenos Aires. Arribó tras diecisiete días de tormenta en el mar. El gobernador Yza también partió, aunque dejó a su secretario, el mayor del Ejército Francisco Céfaly Pandolfi, en su despacho. A poco de la firma del acuerdo, la tensión laboral continuó.

Desde el invierno de 1921, el agente Gutman realizaba tareas de inteligencia sobre el local anarquista de la calle Estados Unidos. Observaba quién entraba y salía, merodeaba la zona. Su dedicación le acababa de dar un rédito: un anarquista alemán con antecedentes políticos en el extranjero. Con el ardid de que irían a su casa a compartir bibliografía, Gutman condujo a Wilckens a la Comisaría 16ª, lo detuvo y lo alojó en el calabozo. Para completar el expediente de expulsión, la policía sólo pudo aportar un cuchillo de punta aguda, supuestamente escondido entre las ropas de Wilckens, y el recorte de prensa.

La defensa de Wilckens argumentó que había ido al local para que un amigo le guardara el equipaje. Pero el recorte periodístico probaba su ideología, su participación en huelgas y que se había fugado. Lo acusaron de haber violado la ley de inmigración en su ingreso a la Argentina. El juez Miguel Jantus resolvió su expulsión del país. La Cámara Federal revocó el fallo. Entendió que Wilckens era un hombre de trabajo y no un agitador y usó como prueba en su favor el carnet de estibador que presentó el gremio de los portuarios de Buenos Aires. El trámite judicial no fue rápido: por la redada de Gutman, Wilckens pasó seis meses en prisión.

Después de la partida de Varela de Santa Cruz, el convenio laboral firmado entre peones y estancieros y reconocido por la Dirección Nacional del Trabajo (DNT) no se cumplió. No hubo mejoras en la vida laboral. Los sueldos dejaron de pagarse. La policía volvió a encarcelar y deportar a dirigentes y peones. El 30 de octubre de 1921 se reanudaron las huelgas. Una brigada de "guardias blancas" de la Liga Patriótica atacó una manifestación obrera en Puerto Deseado. Provocó un muerto y varios heridos. Sin el mandato de la sociedad obrera, que sólo promovía el paro en los establecimientos, los miembros del "Consejo Rojo" de El Toscano tomaban por rehenes a estancieros y administradores.

Varela fue nuevamente convocado. La instrucción del ministro de Guerra, Julio Moreno, fue la misma que la de Yrigoyen. "Vaya, vea bien lo que ocurre y cumpla con su deber". Varela pidió hablar con el Presidente pero éste no lo recibió. No hubo órdenes escritas. La resolución del conflicto patagónico quedaba a criterio de Varela. El 4 de noviembre de 1921, el coronel volvió a embarcarse en el vapor con el Regimiento 10° de Caballería. Después lo haría el capitán Anaya al mando de una compañía y un grupo de Gendarmería.

En Santa Cruz, Varela ignoró al gobernador interino Céfaly Pandolfi y puso la policía provincial bajo su mando. Céfaly Pandolfi, que había sido sitiado por la Sociedad Rural, intentó defender su autoridad y envió telegramas a Yza alertando sobre la situación. Le requirió que le informase cuáles eran los derechos, deberes y atribuciones de la misión encomendada a Varela. Céfaly Pandolfi preveía que el conflicto con los peones en huelga se resolvería con la represión militar. Pero Yza no respondió telegramas ni se trasladó al Sur y continuó adiestrando un cuerpo de soldados de Gendarmería para radicarlos en Santa Cruz. Varela también ignoró a Céfaly Pandolfi cuando le requirió precisiones.

Los propietarios le acercaron al coronel las denuncias contra los peones: apropiación indebida de ganado, de armas y de caballadas, destrucción de las líneas telefónicas y telegráficas, retención de los patrones durante la huelga, además de crímenes y violaciones. Le pidieron a Varela un reforzamiento de la autoridad: el caos anarquista debía ser erradicado. El encargado de Negocios de los Estados Unidos ya había hecho gestiones para que liberaran a un gerente del frigorífico Armour, y el representante de la legación británica reclamó en el despacho del canciller Honorio Pueyrredón la defensa de la vida y de la propiedad de sus súbditos. Varela recorrió las estancias. No observó los destrozos que había publicado la prensa, pero era cierto que las tareas estaban paralizadas; había mucho stock almacenado y la próxima esquila era inminente. En el interior del territorio, muchos establecimientos habían sido sublevados y los administradores habían huido o habían sido tomados de rehenes.

Durante la primera expedición en Santa Cruz, Varela y la Sociedad Rural habían tenido opiniones diferentes sobre la solución del conflicto. Según el criterio de la corporación patronal, el Ejército había actuado en forma condescendiente con los huelguistas. Les había dado el trato de "pacíficos ciudadanos" a los "sediciosos". Incluso Varela había expresado que quizá los obreros tuvieran motivos para declararse en huelga.

Los estancieros entendieron el resurgimiento del conflicto como consecuencia de lo que había sido mal resuelto en la primera expedición.

"La subversión del orden, reproducida en los últimos dos meses en el territorio —decía un texto de enero de 1922 firmado por el secretario de la Sociedad Rural y ex gobernador Correa Falcón— reconoce las mismas características de la anterior, se han cometido los mismos desmanes, las mismas transgresiones a las leyes del país y se perseguía la misma finalidad. Es público y notorio que los cabecillas del movimiento de enero del año pasado no se rindieron a las fuerzas del Ejército y que, además, esos sujetos se llevaron consigo la mayor parte de las armas que poseían los seiscientos revoltosos de la estancia La Anita".

En la segunda incursión sureña, Varela modificó su visión original frente al conflicto. Los huelguistas dejaron de ser "pacíficos ciudadanos". Como había sido garante del acuerdo anterior, los obreros supusieron que llegaba para dialogar. Habría otra negociación. Pero el coronel mostró determinación en su primer bando militar. Si los huelguistas le entregaban los prisioneros, las caballadas y las armas, él les daría todas las garantías para ellos y sus familias y se comprometería a que se hiciera justicia en los reclamos. Pero si en veinticuatro horas no había respuesta, el sometimiento sería incondicional: los huelguistas serían considerados enemigos y castigados con severidad. El que disparase contra las tropas, sería fusilado. Y, una vez iniciado el combate, ya no habría parlamento ni suspensión de hostilidades.

Pese a que decía que actuaba con la fuerza de la ley, Varela no circunscribió el conflicto en ese marco: Yrigoyen no había declarado el estado de sitio en Santa Cruz. Pero Varela planeaba aplicar la ley no escrita.

Algunos huelguistas de distintos establecimientos decidieron acatar el bando militar. Fueron desarmados por las tropas del Ejército y apresados en las comisarías de los pueblos. Fueron los más afortunados. Para el resto, no habría piedad.

A los cabecillas de la huelga que mantuvieron secuestrado al gerente de Armour los apartó del resto y los fusiló. Fue el inicio. En el Cañadón de los Muertos, subieron al faldeo a medio millar de huelguistas y los fusilaron a la puesta del sol. En la estancia La Anita, de la familia Menéndez Behety, quinientos hombres se entregaron de acuerdo con las condiciones establecidas por Varela. Pero también fueron fusilados.

Sólo hubo un combate. Fue en la estación ferroviaria Tehuelches. Allí se acercó un grupo de peones sin advertir que en el vagón estaba la tropa oficial, que abrió fuego. Tres huelguistas perdieron la vida y también un conscripto de apellido Fischer, el único muerto del Ejército. Varela decidió retirarse y convocar al día siguiente al jefe de los huelguistas a Jaramillo para negociar un acuerdo. "Facón Grande", impulsado por un comerciante de la zona, aceptó el diálogo. Facón Grande era un entrerriano de 41 años llamado José Font, propietario de media docena de carros y una tropilla de caballos con los que transportaba los fardos de lana de las estancias entre Puerto Deseado y San Julián. Había aceptado representar los reclamos de los peones rurales. Pero apenas se presentó frente a Varela, le ataron las manos por la espalda y lo hicieron prisionero. Fue fusilado en un cañadón. Sus compañeros también fueron muertos por el Ejército, y sus cuerpos, quemados con combustible. Otros huelguistas fueron remitidos al juzgado.

Antonio Soto, que vivía escapando de las tropas del Ejército con su grupo, desobedecería el mandato de una asamblea de peones que había decidido rendirse en forma incondicional. Soto les había prevenido lo que sucedería: "Os fusilarán a todos, nadie va a quedar con vida; huyamos, compañeros, sigamos la huelga indefinidamente hasta que triunfemos. No confíen en los militares, es la traílla más miserable, traidora y cobarde que habita en la tierra". Pero los obreros confiaron. Soto eludió el fusilamiento y se fugó hacia Chile. El Toscano tampoco pudo ser alcanzado por las balas en la cacería.

Entre noviembre de 1921 y enero de 1922, Varela ordenó la ejecución de los peones rebeldes. Antes de fusilarlos, por tandas, les hizo cavar sus fosas. Otros, en cambio, fueron degollados, atados con alambre o quemados con gasolina. El coronel Varela y sus capitanes Viñas Ibarra, Anaya y Campos, más un cuerpo de la Gendarmería y la tropa de soldados conscriptos clase 1900, se trasladaron en ferrocarril por distintos establecimientos para llevar a cabo la eliminación física de los huelguistas. Las brigadas de la Liga, que realizaban tareas de patrullaje y de delación, les proveyeron la infraestructura logística: vehículos, combustible y alojamiento.

La expedición de Varela redujo a la prisión y a la muerte a aproximadamente tres mil hombres que estaban bien armados, pero que decidieron no enfrentar a las tropas del Ejército. Los cuerpos de los huelguistas terminaron dispersos en el campo patagónico, fusilados, estaqueados, torturados, incendiados. Nadie los contó. Se cree que los muertos fueron mil o mil quinientos. Con el concurso del Ejército, los brigadistas de la Liga Patriótica, los estancieros y la policía local acabaron con los reclamos de "los sin patria". Según la retórica castrense, la hierba malsana de las prédicas disolutas, la mala semilla, no había podido arraigar sobre la tierra virgen y fértil del suelo argentino.

Antes de partir de la Patagonia, los estancieros agasajaron a Varela con un almuerzo en el Grand Hotel de Río Gallegos. Uno de los promotores del ágape fue Manuel Carlés, que había viajado a Santa Cruz a fiscalizar la tarea. El titular de la Liga Patriótica, protector de una elite en la que no había nacido ni había sido criado pero que defendía como pocos, comentó:

"Mientras los hombres sensatos han procurado con paciencia, paso a paso, mejorar el mundo por medio del amor a la familia, aprendiendo a trabajar y creyendo en Dios, los otros, los delirantes, han aprendido a crear un mundo a su antojo y paladar. El buen ciudadano no debe tolerar que el mal extranjero venga a nuestra tierra a promover la discordia entre argentinos. Produce la discordia quien dice que se puede ser propietario sin ahorrar, que se puede formar familia fuera del matrimonio, que se puede vivir en sociedad sin respeto a la autoridad y que se puede amar a la patria sin defenderla por medio del Ejército".

Varela se fue de Santa Cruz, sonrojado por las canciones en inglés que le tributaron los terratenientes por haber defendido la integridad nacional frente a los huelguistas, y le auguraron un pronto retorno como futuro gobernador militar del territorio. Era un destino que él también había imaginado y ahora descubría que estaba casi en sus manos. No fue así.

Ya en el puerto de Buenos Aires, el coronel encontró una atmósfera fría por parte del Estado. No hubo honores a su llegada. No había ministros o funcionarios, como suponía. Sólo los hijos de la elite lo aclamaron con una calidez y una admiración que no tuvieron los anarquistas, que se acercaron a la escalerilla del barco para gritarle "¡Asesino!".

En Buenos Aires, la reacción obrera a la masacre no fue homogénea. La huelga no había sido apoyada por la FORA "sindicalista", que no tenía relación orgánica con sus promotores. Pero con los crímenes consumados, los "sindicalistas" atacaron a Varela. La FORA anarquista, en cambio, involucró también a Yrigoyen en la responsabilidad de los fusilamientos.

Apenas arribó, Varela pidió una entrevista con el ministro de Guerra. La gestión no tuvo resultados inmediatos, y cuando se la concedieron permaneció sentado varias horas en la sala de espera del despacho ministerial. Cada funcionario o empleado que lo veía trataba de escapar de su presencia. No lo atendieron. Al día siguiente, cuando fue recibido, Varela habló del deber cumplido y del honor de sus soldados, y el ministro le pidió un informe escrito. Varela solicitó autorización para reunirse con el Presidente. A la salida, habló con la prensa: "Las tropas a mi cargo han actuado en forma encomiable y digna del mayor elogio durante todo el tiempo. No se trataba de un hecho aislado, sino que respondía a un amplio plan de alteración del orden en todo el país. Una vez conocida la situación de las bandas alzadas dispúsose lo conveniente para iniciar la persecución, lo que comenzó poco menos que inmediatamente, utilizándose una serie de elementos cedidos por los pobladores de la costa y los propietarios de los establecimientos ganaderos. El desarrollo ulterior de la campaña fue ampliamente difundido por los diarios de la Capital y a sus crónicas me remito para no repetir detalles. Todo de lo que se diga del desempeño de la tropa será poco. La obra de devolver la tranquilidad al territorio fue dura y costosa, pues durante más de cuarenta días se luchó incesantemente".

Mientras, la prensa anarquista lo señalaba como criminal al servicio de los estancieros ingleses, y la Liga Patriótica promovía la idea de levantarle un monumento como "pacificador del Sur".

Pero más allá del reconocimiento de los liguistas, de los terratenientes y de los súbditos de la Corona británica de Santa Cruz, Varela esperaba una respuesta de Yrigoyen. La respuesta oficial era el silencio.

La estrategia del líder radical fue no desautorizar a Varela en forma pública, pero tampoco avalarlo, y seguir ignorando los fusilamientos como si no hubiesen ocurrido.

No obstante su procedencia radical, Varela fue respaldado por conservadores y nacionalistas. El Ejército, en su intento de defenderlo de la crítica anarquista, presentó artículos donde se lo trataba de "asesino de su clase" o "mercenario del capital" y pidió al ministro de Guerra que los periódicos fuesen intervenidos por atentar contra la fuerza y la nacionalidad. El Ministerio de Guerra pasó el expediente al Ministerio del Interior, y de allí fue a la policía; la carpeta se perdió en los traslados.

La masacre tomó estado parlamentario un mes después de la llegada de Varela. El socialismo tenía un muerto en la Patagonia, el secretario de la Federación Obrera de San Julián, Albino Argüelles. Se había entregado al Regimiento N°2 de Caballería del capitán Anaya con un grupo de peones que no cobraba su salario desde hacía diez meses. Los hicieron formar en fila y Argüelles fue separado y sableado en presencia de sus compañeros, que luego recibieron los tiros de la tropa. El diputado Antonio De Tomaso, hijo de inmigrantes —un albañil y una costurera—, había colectado testimonios obreros sobre seis casos de fusilamientos similares a ésos. Denunció en la Cámara de Diputados que se había matado sin que hubiese Ley Marcial o estado de guerra en la provincia. En cambio, advirtió que no había ningún estanciero ni administrador herido o muerto por parte de los "bandoleros", como calificaban a los peones. De Tomaso después habló sobre Varela. No era la autoridad judicial. No podía administrar justicia ni había sido nombrado árbitro por las partes en el conflicto. Lo acusó de haber ordenado fusilamientos en masa. Preguntó:

"¿El señor teniente coronel Varela ha realizado todas estas escenas que yo califico de salvajismo obedeciendo instrucciones secretas del ministro? ¿El Presidente, amigo de los obreros, ha dado las instrucciones de fusilar sobre el campo propio a los obreros en huelga? ¿Entonces quién las ha dado? ¿O es que el teniente coronel Varela ha obrado por su cuenta? Sería interesante establecerlo".

En el debate parlamentario, el radicalismo no aceptó los fusilamientos ni tomó una postura uniforme. El diputado radical Vergara explicó que De Tomaso no tenía prueba real y efectiva para la imputación y que el Ejército había realizado una misión de seguridad y orden conducida por Varela —a quien se refería como "distinguido oficial" y no "supremo dictador de la región", como lo había llamado De Tomaso— contra los que habían levantado el "pabellón rojo" en Santa Cruz. Colocó como prueba de sus dichos el Memorial redactado por Carlés sobre los sucesos en la Patagonia, que acababa de publicar La Nación. Otro orador radical aconsejó que las denuncias de De Tomaso fuesen enviadas a la justicia militar, pero que la Cámara fuese liberada de cualquier indagación. Un legislador tenía curiosidad por saber qué había ocurrido en el Sur, pero no al extremo de crear una comisión que viajara a la Patagonia a investigar los hechos, porque prefería "evitar los detalles". Bastaba con un pedido de informes. Un orador —camarada de armas de Varela— destacó que el Ejército era escuela de civismo y que el coronel era un oficial de honor, con una brillante foja de servicios, lo cual hacía imposible que hubiese cometido los hechos por los que se lo acusaba. El radicalismo votó en contra de la creación de una comisión investigadora pero sí reclamó un informe al Poder Ejecutivo, como lo había hecho luego de la Semana Trágica. El informe nunca llegó al Parlamento.

Varela no quiso que su destino se escapara en la deshonra. Reclamó un reconocimiento oficial para su misión en el Sur y se instaló con su uniforme militar en la antesala del despacho presidencial hasta ser atendido. Yrigoyen lo recibió. Varela pidió un comunicado que respaldara la actuación de las tropas. Yrigoyen habló con el ministro de Guerra, le transmitió el pedido de Varela y le dijo al coronel que se fuera tranquilo. El comunicado nunca apareció.

Varela decidió escribir su versión. Incorporó un respaldo oficial que nunca se había hecho público. En su nota del 20 de marzo de 1922, dirigida a su superior jerárquico, informó que "el Excmo. Señor Presidente de la Nación me ha manifestado su conformidad por el procedimiento empleado por las tropas a mi mando [...] prometiendo el señor Ministro de Guerra en mi presencia estudiar los informes que le presenté".

Yrigoyen no reaccionó. Tampoco ascendió a Varela, como correspondía por su antigüedad, pero no lo degradó. Como el Presidente había ignorado los fusilamientos, la misma actitud correspondía hacia su ejecutor. Ni lo respaldó ni lo juzgó. De acuerdo con esta interpretación de los hechos, las comunicaciones del coronel Varela con el ministro de Guerra en la Casa de Gobierno sobre su misión en Santa Cruz no fue un asunto de Estado sino una "orden privada" desprendida de la conversación entre dos hombres.

Tras su regreso a Buenos Aires, el coronel no tuvo oportunidad de ser escuchado. Para Yrigoyen era preferible que no se le reprochara ni aclarara nada. Sólo le correspondía el olvido. Pero Varela buscaba un respaldo a su tarea. Tenía la convicción de que había cumplido la orden que le había sido transmitida, y ahora sólo recibía el desprecio de sus superiores. Para un militar que creía haber cumplido con su deber, el silencio oficial representaba un hecho dramático, dramático y violento. Casi tan violento como sus ejecuciones.

Al cabo de unos meses de incertidumbre, Varela obtuvo un nuevo destino. Fue designado director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

Cuando salió en libertad, el 6 diciembre de 1921, Wilckens ya no era el mismo. Había conocido en la cárcel a luchadores más identificados con la violencia contra el sistema que con la acción gremial. Comenzó a formar parte del Comité de Presos Sociales, que intentaba conseguir dinero para cubrir los gastos de la defensa judicial y la comida de los anarquistas detenidos. El Comité también ayudaba a los que cometían delitos comunes o falsificaban moneda para financiar fugas de las cárceles. Entre ellos estaba Miguel Arcángel Roscigna, italiano, metalúrgico, militante antifascista, secretario del Comité de Presos Sociales. Roscigna también era líder de una banda que planificaba asaltos a bancos o a repartidores de dinero y luego acercaba "los bienes que recuperaba de la burguesía" para la solidaridad de los presos. Roscigna no trepidaba en matar cuando la contingencia lo obligaba, o a incendiar la casa de quien delatara sus planes, como le había sucedido al director de la prisión de Ushuaia, en la que Roscigna había conseguido una plaza como guardiacárcel y había trabajado durante seis meses para promover la fuga de Simón Radowitzky, entre otros presos anarquistas.

Wilckens vivió en forma casi miserable después de la prisión, pero no aceptó la ayuda de los suyos. Trabajó como lavador de autos y tuvo otros empleos ocasionales. En ese tiempo ocupó un cuarto en una pensión de la calle Sarandí 1461, junto a otros anarquistas. El agente Gutman no se olvidó de él. En una indagación sobre la Asociación Obrera de Lavadores de Autos y Limpiadores de Bronces descubrió que había cambiado de identidad. "Durante el reparto de las boletas en la bolsa de trabajo, Wilckens ha cambiado su apellido por el de Larson", reportó a Orden Social.

Durante el año 1922, Wilckens volvió a Ingeniero White a buscar trabajo. Tuvo una desgracia: lo atropelló una locomotora portuaria y quedó herido en el brazo. Fue un accidente de trabajo. Volvió enyesado a Buenos Aires, otra vez a la pensión, al empleo temporal. Al cabo de unos meses, sus relaciones más frecuentes dejaron de verlo. No estaba en los círculos anarquistas, no dormía en su cuarto, nadie sabía de él. Suponían que había viajado a los Estados Unidos o a Alemania. O que se había vuelto al Sur. Gutman también le perdió los pasos.

Wilckens había entrado en la clandestinidad. Tenía otra identidad. Ya no era Larson. Se acercó a los "anarquistas expropiadores". No quería robar sino vengarse. Dos integrantes del grupo de Roscigna, Emilio Uriondo —que luego pondría una bomba en la legación de los Estados Unidos en Montevideo para reclamar por la libertad de Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti— y Andrés Vázquez Paredes, del gremio de los pintores y experto en la fabricación de bombas, lo instruyeron para que armara una. Hicieron una prueba bajo un puente de Barracas. Wilckens no comentó a quién se la dedicaría. Su concepción pacifista del mundo se había modificado.

El coronel Varela vivía en Fitz Roy 2463, a media cuadra de la calle Santa Fe y del Regimiento 1º de Patricios. La mañana del 23 de enero, Wilckens viajó a su domicilio, muy temprano. Tomó un tranvía. Usaba un sombrero de ala ancha. Descendió en la estación Portones de Palermo. Llevaba un paquete en la mano. Se detuvo en un zaguán a treinta metros de la casa de Varela. Simuló leer el diario alemán Deutsche La Plata Zeitung. Varela salió de su casa a las 7.30, con una niña. Wilckens pensó que la oportunidad estaba perdida, pero en forma imprevista, Varela retornó a su casa y enseguida volvió a salir, solo. Wilckens lo esperó, pero otra vez se le interpuso un obstáculo: una niña de diez años cruzó la calle y quedó entre el anarquista y el coronel. Wilckens no se detuvo: tomó a la niña, la colocó sobre sus espaldas y lanzó la bomba. Varela intentó sujetarse a un árbol antes de caer. Las esquirlas de la bomba hirieron a Wilckens. Arrastrándose, con el empeine y el peroné destrozados, sacó un revólver Colt y ultimó a Varela de un balazo en el pecho, un segundo en la yugular, y siguió tirando hasta vaciar el cargador. Wilckens no ofreció resistencia cuando dos agentes lo detuvieron. Les entregó su revólver.

—He vengado a mis hermanos —dijo.

Desde la prisión, le escribiría cartas al periodista libertario y ex compañero de la pensión de la calle Sarandí, Diego Abad de Santillán. "No fue venganza. Yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él lo era todo en la Patagonia: gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo del sistema criminal".

Un brigadista de la Liga Patriótica, Jorge Pérez Millán Temperley, de 24 años, se ocuparía de él. Como afiliado radical, hacía la custodia del comité partidario de la Circunscripción 18ª. Como liguista, había participado en la represión de la primera huelga patagónica, antes de la llegada de Varela. Había sido herido en el enfrentamiento en El Cerrito y los peones lo habían tomado prisionero junto con el comisario Micheri durante casi dos meses. Pérez Millán había permanecido al lado del féretro de Varela en el Círculo Militar. Desde ese momento se propuso acercarse a Wilckens. A fines de enero de 1923 había logrado introducirse como agregado en el Cuerpo de Guardiacárceles de la Penitenciaría. Diez días después era guardia efectivo. Pero cuando Wilckens fue enviado a la prisión de la calle Caseros, Pérez Millán consiguió el traslado a ese mismo establecimiento. El 16 de junio de 1923, mientras Wilckens dormía, le disparó con un Mauser. Tampoco él se resistió a la detención: "He sido subalterno y pariente del comandante Varela. Acabo de vengar su muerte". Lo condenaron al mínimo de la pena por homicidio, ocho años, por una "anomalía psíquica".

La cadena continuaría. El anarquismo expropiador se vengaría de Pérez Millán por intermedio de uno de sus miembros originales. El ruso Germán Wladomirovich, médico y pintor, conferencista en congresos internacionales del anarquismo, estaba al mando de una banda "expropiadora". Asaltó una agencia de cambios en mayo de 1919 en el barrio de Chacarita. Fue el primer robo con fines políticos de la Argentina. No fue una operación limpia. El golpe se frustró y un policía resultó muerto. Hubo varios heridos. Wladomirovich fue condenado a cadena perpetua. Desde la prisión comenzó a pensar la muerte de Pérez Millán. Lo ayudaron una progresiva contracción de sus miembros inferiores que le impedía caminar y algunas conductas que pusieron de relieve un desequilibrio mental que él se esmeraba en reforzar. Fue trasladado de la cárcel de Ushuaia al hospicio de las Mercedes, de la calle Vieytes, aunque todavía estaba alejado de su objetivo. El matador de Wilckens había sido alojado en una habitación aislada del pabellón. Wladomirovich empezó a trabajar sobre la mente perturbada de un yugoslavo, considerado un loquito manso en el penal. Esteban Lucich. Su influencia fue en ascenso. El 9 de noviembre de 1925, Lucich entró a limpiar el cuarto de Pérez Millán y le dejó un encargo en respeto a la memoria a Wilckens: un balazo en el pecho.

Yrigoyen ya había terminado su mandato cuando concurrió al velorio del coronel Varela con sus ex ministros y soportó la callada agitación castrense. Ni él había ascendido al coronel en vida ni tampoco lo haría post mortem su sucesor Marcelo T. de Alvear.

Frente al cadáver expuesto en el Círculo Militar, el capitán Anaya dijo que su jefe había cumplido con las instrucciones del Poder Ejecutivo. El gobierno fue parco en sus condolencias y la muerte no bastó para precisar qué evaluación hacía de su misión en el Sur:

"Habiendo sido muerto en la fecha el teniente coronel Héctor B. Varela a consecuencia del desempeño de las funciones que le fueron confiadas por el P.E. de custodiar la libertad y el derecho de sus conciudadanos en los territorios del Sur al frente del Regimiento 10° de Caballería de línea Húsares de Pueyrredón, el Poder Ejecutivo de la Nación decreta: 1. Declarar que el fallecimiento del teniente coronel Varela ha ocurrido como consecuencia de heridas recibidas en acto de servicio. 2. Los gastos que demande el sepelio se efectuarán por cuenta del Estado".

Pero el diario radical La Época no dejó pasar el discurso de Anaya en el Círculo Militar. Al día siguiente, publicó: "Falso, absolutamente falso. El teniente coronel Varela recibió del Ministro de Guerra las mismas instrucciones que la primera vez y que fueron la regla de la conducta notoria del gobierno, que ha terminado por pacificar todas las cuestiones sociales y políticas de la República. De tal manera, pues, que si fuera posible admitir que el teniente coronel Varela hubiera cometido alguno o algunos de los hechos que malévolamente se le imputan, habría faltado temerariamente a las instrucciones de su gobierno".

Varela ya no tenía oportunidad de desmentirlo.

Durante las sesiones en el Congreso en las que De Tomaso expuso sobre la Patagonia, el diputado radical y médico Pedro López Anaut —que había avalado un pedido de informes pero no la creación de una comisión investigadora porque prefería evitar "los detalles"— comentó que los movimientos en el Sur tenían cierta semejanza con los que él había conocido en el Norte. López Anaut había integrado una comisión legislativa que había viajado a Chaco, a Formosa y a Misiones, donde también hubo "levantamientos graves de obreros, asaltos a establecimientos, tiroteos, muertos y heridos, intervención de la policía y el ejército". La experiencia lo había conmocionado. Había tomado contacto con los obreros y observó el cuadro "horroroso" en el que vivían, con patrones "criminales". Y aunque no adhería a la Liga Patriótica —pero tampoco era crítico de ella—, el legislador había observado su intervención en esa región, cuando miles de obreros de las compañías La Forestal y Las Palmas se declararon en huelga en los años 1920 y 1921.

La Forestal, una compañía británica que sumó capitales alemanes y franceses, había sido creada en 1906 y llegó a ocupar más de dos millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y de Formosa. Su especialidad era la explotación del quebracho colorado de los montes para extraer el tanino, sustancia útil para las curtiembres en el tratamiento del cuero, y también para producir los durmientes para las líneas ferroviarias. El monopolio impedía que los pueblos se desarrollaran fuera de su producción económica concentrada y con vistas hacia el mercado internacional. La empresa, además, defraudaba al fisco provincial.

Como los peones rurales en la Patagonia, los hacheros de La Forestal, que tenían jornadas de hasta dieciséis horas, recibían la paga con vales que podían cambiar por mercaderías en los almacenes de ramos generales que también pertenecían a la compañía. En un mes de trabajo, un hachero podía ganar el equivalente a diez kilos de carne.

Cuando los trabajadores iniciaron una huelga en diciembre de 1919 y reclamaron mejoras salariales y turnos de ocho horas, la compañía creó un cuerpo armado con gendarmes de la fuerza pública pero al servicio y con salarios de La Forestal. Lo reforzó con un cuerpo policial privado para proteger los obrajes y las fábricas y someter por la fuerza la agitación obrera.

En las huelgas de 1920 y 1921, La Forestal desconoció la organización gremial de los trabajadores, hizo "listas negras"; saqueó e incendió sus casas; desplazó hacheros de un enclave a otro; vedó la provisión de agua, que llegaba en tren a los obrajes; cerró establecimientos y despidió al personal; provocó el vaciamiento de pueblos y utilizó su policía privada para reprimir a los que persistieron en la resistencia.

En febrero de 1921, en distintas poblaciones de Santa Fe —Villa Guillermina, Villa Ana, Golondrina, Villa Ocampo—, los cuerpos armados dispararon contra los obreros en las estaciones ferroviarias y salieron a cazarlos por los bosques, luego de que en Villa Guillermina un comisario que registraba obreros a la salida de la fábrica resultara muerto, en apariencia por un policía no uniformado de la empresa, hecho que fue utilizado para desencadenar la represión.

La Liga Patriótica no permaneció ajena a la violencia patronal. Contrató mercenarios, denominados "penachos colorados", para acompañar a la policía privada de La Forestal. Un miembro de la Liga, Lorenzo Anadón, era vicepresidente de esa compañía.

El establecimiento de producción forestal, ganadero y azucarero Las Palmas, en el Chaco austral, tenía la particularidad de que todo el directorio pertenecía a la Liga Patriótica. Y la mano de obra —indígenas, criollos, paraguayos y brasileños— estaba en relación con la FORA del IX Congreso.

Un paro les había permitido a los trabajadores lograr el pago en moneda y jornadas más cortas en los ingenios. Sin embargo, poco después, la empresa efectuó un descuento en sus salarios y colocó matones de la Liga para provocar a los delegados sindicales en las fábricas.

A mediados de 1920, la decisión de la compañía de expulsar a cerca de mil trabajadores acrecentó la tensión. Los huelguistas se atrincheraron en el ingenio. Tras difundir el rumor de que los caciques estaban al servicio de los patrones, la empresa colocó a indios, sin que éstos lo supieran, en la avanzada para enfrentar a los trabajadores, que comenzaron a disparar contra ellos. Luego entraron en combate las fuerzas de la empresa y de la Liga Patriótica y un día más tarde las tropas del Ejército al mando del capitán Gregorio Pomar, simpatizante radical, quien ordenó el cese del fuego. Hubo denuncia de quemas de huelguistas en los hornos del ingenio para no dejar evidencias ante la llegada del Ejército.

Durante la década de 1920, además de Las Palmas y de La Forestal, donde los obreros fueron víctimas de una represión con recursos estatales "privatizados", las fuerzas del Estado también organizaron expediciones de exterminio masivo en el norte del país. Pero, a diferencia de la matanza patagónica, que logró ser rescatada por Osvaldo Bayer tras cincuenta años de ocultamiento y olvido, las voces de estas etnias fusiladas quedaron sumergidas en una reconstrucción histórica regional mucho menos visible.

Por entonces, Chaco era territorio de conquista de las expediciones militares que buscaban extender las fronteras indígenas al precio del dominio territorial, económico, étnico y cultural. Hacia 1920, el censo indicó para ese territorio nacional una población de 60.564 habitantes.

En junio de 1923, el presidente Alvear designó en el gobierno del Chaco a Fernando Centeno, nieto del coronel Dámaso Centeno, muerto en combate en la batalla de Pavón. Fernando Centeno, educado en París y tres veces presidente de la Cámara de Diputados santafecina, oriundo de esa provincia, debía remitir informes de su gestión al Ministerio del Interior.

Frente a las etnias, el nuevo gobernador continuó con la política de la Reducción de Indios, un organismo que administraba la mano de obra aborigen en los obrajes forestales y en las chacras de algodón y maíz; de este modo, a la vez que los obligaba a abandonar su nomadismo, los incorporaba al proceso de producción económica.

La Reducción Napalpí, un territorio de 20.000 hectáreas, ubicado a 120 kilómetros de Resistencia, sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al Oeste, había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de indios Enrique Lynch Arribálzaga. La creación de este cerco indígena de producción agraria, bajo subsidio y control estatal, tuvo la intención de evitar que las etnias mocoví, toba y vilela continuasen siendo víctimas del genocidio de las tropas de línea del Ejército, quienes las consideraban obstáculos para su objetivo de "civilización y progreso". La Reducción también incluyó una política educativa. Se fundó una escuela para los hijos de los aborígenes.

Hacia 1920, con el auge algodonero, la Reducción contaba con alrededor de setecientos empleados que trabajaban a destajo. Pero los indios también tenían la posibilidad de ser contratados por comerciantes que los trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta y de Jujuy por una mejor paga. De modo que entre la posibilidad de volverse al monte a vivir con sus costumbres originales, subsistiendo con la caza o la pesca, y el éxodo a otras provincias, desde la perspectiva de los terratenientes, los aborígenes componían una mano de obra inestable para las necesidades de la cosecha.

Atento a las inquietudes de las empresas productoras, el gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio. Sometidos al cerco de Napalpí, los aborígenes se sublevaron contra la administración de la Reducción, que además les descontaba el quince por ciento de la producción de algodón. Muchos se negaron a levantar la cosecha. El ambiente se fue crispando. Los policías comenzaron a perseguir a los indígenas que regresaban de la zafra jujeña en trasgresión a la orden de Centeno y mataron a algunos de ellos en El Cuchillo. También, la policía comenzó a recibir denuncias telegráficas de productores por robos de hacienda y carneo de animales.

El 17 de mayo de 1924, Centeno fue a las tolderías de Napalpí a entrevistarse con los caciques. Escuchó sus críticas. Le pidieron la supresión del quince por ciento, libertad para vender sus productos, la reapertura de la escuela, títulos de propiedad para colonos indígenas, la liberación de aborígenes detenidos en la cárcel de Resistencia y la entrega de dos vacas y mil kilos de galletas.

Ni las promesas de provisión de alimentos ni la reunión de la delegación indígena en Buenos Aires con la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios ni la visita a Napalpí de Eduardo Elordi, secretario de Territorios del Ministerio del Interior, bastaron para atemperar la hostilidad en la región. Todas las negociaciones habían fracasado. El sometimiento policial a los indígenas para que permanecieran en la Reducción, las denuncias de cuatrerismo y los ataques a establecimientos agrarios denunciados por colonos blancos contra los "bandoleros" aborígenes —que habrían dejado dos muertos—, el despoblamiento rural por el temor a un levantamiento indígena y la huelga que iniciaron éstos en Napalpí hundieron el territorio en una psicosis de guerra. El indio armado con Winchester, guiado por el cacique toba Pedro Maidana, era la figura más explotada frente a Centeno por parte de los terratenientes que exigían el disciplinamiento de la mano de obra. Enrique Lynch Arribálzaga había advertido en 1911: "La coerción o el temor son, a mi juicio, pésimos recursos para el gobierno de los aborígenes. Se los podrá dominar momentáneamente, pero el odio hervirá en sus almas sin freno y, como todo pueblo oprimido, romperá sus cadenas en cuanto vea la primera coyuntura para hacerlo".

En julio, el gobernador Centeno pidió al Ministerio del Interior tropas del Ejército para sofocar la "sublevación", pero le respondieron que era un hecho policial que debía ser resuelto a nivel local.

El sábado 19 de julio de 1924, La Nación publicó que "la sublevación" de los indios de la Reducción de Napalpí continuaba "amenazando a la población de la zona norte de ese departamento [Villa Ana]. Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo".

Ese mismo día ya estaba en Napalpí la tropa policial enviada por Centeno. Cuarenta de ellos habían partido en tren desde Resistencia, se sumaron otros ochenta de localidades vecinas, más la participación de civiles armados al servicio de los productores. Un avión del Aero Club Chaco los ayudó a reconocer la posición exacta de los indios. Muchos de ellos salieron a observar el aeroplano que volaba más allá de las copas de los árboles. Según los testimonios recogidos por una comisión parlamentaria, expuestos en la sesión de Diputados del 11 de septiembre de 1924, desde el avión arrojaron una sustancia química que comenzó a incendiar las tolderías.

La tropa inició la matanza de las etnias rebeldes. Las familias indígenas escaparon hacia al monte impenetrable, pero en dos horas, los fusiles estatales ya habían matado a alrededor de doscientos aborígenes que habían negado sus brazos a la cosecha. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los degollaba. Al cacique Maidana y a sus hijos les arrancaron los testículos y las orejas. Los cadáveres fueron amontonados y rociados con querosén y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. Cuarenta niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas.

En el expediente judicial, la policía negó la matanza. Según la versión oficial, cuando llegaron a Napalpí con un pañuelo blanco, fueron recibidos con fuego por los indios y en el combate mataron sólo a los tres caciques rebeldes y a otro aborigen. El resto, cerca de ochocientos indios, al ver caer a sus jefes, huyó al monte. La Justicia, que archivó la causa sin reconocer culpabilidad en nadie, no recogió los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido.

Entre ellos estaba Melitona Enrique, toba, de 23 años. Ese 19 de julio de 1924, escapó de las balas y corrió hacia el monte con su madre. Había perdido a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer. Vivió muchos años. Fue la última sobreviviente.

Melitona Enrique murió el 13 de noviembre de 2008. Tenía 107 años. En su último cumpleaños, el 13 de enero del mismo año, el Estado provincial del Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpí. Entonces le pidió disculpas, le regaló una silla de ruedas y le prometió una casa de ladrillos.

Bibliografía

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El grito del interior

Las huelgas obreras por la irresuelta cuestión social y la presión conservadora a favor de la represión —una represión que, como en la Semana Trágica o en la Patagonia, Yrigoyen prefería enterrar en silencio—, no fueron los únicos conflictos que perturbaron la primera presidencia del líder radical.

Sus enemigos también irrumpieron desde su propio partido. Los "populismos radicales" —con características y procedimientos propios de los partidos de masas— no pretendían avanzar sobre el poder nacional pero exigieron un margen de autonomía que Yrigoyen no les concedió. Frente a su negativa, los "populismos" se sintieron obligados a buscar protección en los sectores más conservadores de la UCR, reunidos en el antipersonalismo, que desafiaba el liderazgo del jefe radical. El enfrentamiento de los "populistas" con Yrigoyen atravesó toda la década de 1920, y si en los primeros años afectó la paz partidaria, luego alteraría la estabilidad de su segundo gobierno, que sería interrumpido por el golpe militar de 1930.

Apenas asumió, en 1916, Yrigoyen comenzó a restarles fuerzas a las oligarquías provinciales ancladas en el poder, con el uso de las intervenciones federales. Consideraba que él, como Presidente, tenía la obligación de conferir a los pueblos "el gobierno verdadero", la restauración cívica que había sido quebrantada por el Régimen. La "regeneración política" tantas veces buscada por vía armada ahora se consumaba con un decreto del Ejecutivo o la sanción de una ley.

Después, bastaba el envío de un comisionado para controlar a la provincia.

Yrigoyen ejecutó 19 intervenciones —15 por decreto, 4 por ley— en su primer gobierno. Una de ellas fue en la provincia de Buenos Aires, en 1917, por la que destituyó al conservador Ugarte. Pero este mecanismo también fue una herramienta contra los populismos radicales que habían accedido al poder mediante el voto, y con los que, en algún caso, lo unía cierta tradición partidaria: lo habían acompañado a sangre y fuego en los tiempos de la insurgencia revolucionaria.

La región cuyana fue la zona más turbulenta del radicalismo. Entre 1917 y 1930, Mendoza y San Juan fueron intervenidas ocho y cinco veces cada una. En Mendoza, Yrigoyen mantuvo una relación enredada por la desconfianza con José Néstor Lencinas, el caudillo provincial que había dirigido la Revolución de 1905. Apodado "El Gaucho" por los humildes a los que visitaba en sus ranchos —y que representaron la base política de su gobierno—, Lencinas quebró un monopolio conservador trasmitido de familia en familia durante medio siglo y obtuvo la gobernación con el voto directo del pueblo en febrero de 1918. Un año antes, Yrigoyen había enviado una intervención federal "de reparación", contra el conservador Francisco ÁÁlvarez, la cual le garantizó a Lencinas la organización de comicios libres.

A diferencia del jefe radical, que era cuidadoso en el momento de promover los cambios sociales y respetuoso de los límites que le imponía la convivencia con las fuerzas del Régimen —ahora en la oposición—, Lencinas decidió romper con la oligarquía local cuando asumió el poder. Compartía con Yrigoyen la naturaleza del discurso reformista, pero lo aplicaba: durante su gobierno, Mendoza fue la primera provincia del país que sancionó la jornada de ocho horas y el pago de horas extra, también promulgó las leyes de salario mínimo y de pensiones y jubilaciones, y reglamentó el trabajo de mujeres y niños y la indemnización por accidentes laborales. Incluso declaró feriado el día 1º de mayo y anunció la construcción de un monumento al trabajador, que nunca se concretó.

Con la oligarquía bodeguera desalojada del poder —un hecho que provocó constante tensión en Mendoza—, Lencinas intentó sin éxito conseguir el apoyo del yrigoyenismo. El partido ya tenía un caudillo y no había espacio para otros experimentos. Apartado de la bóveda partidaria, Lencinas sería reconocido como pre-peronista: casi tres décadas después, sus políticas sociales fueron avaladas por el general Juan Perón, que lo consideró un precursor de la justicia social y de la soberanía política. Sus críticos, en cambio, le hicieron notar que la reforma social sostenida a fuerza de autoritarismo tenía un parentesco no muy lejano con el fascismo italiano de los años veinte.

El liderazgo emocional de Lencinas sobre los "humildes y desheredados" —que antecedieron a "los descamisados" de Evita y Perón—, en una sociedad rígida, convertiría al caudillo mendocino en el centro del rencor conservador. Sin embargo, más daño le provocaría la decisión del yrigoyenismo de sacrificar su gobierno con una intervención federal destinada a curar sus supuestos "excesos institucionales".

No fueron pocas las objeciones que recogió Lencinas. El nepotismo en el Estado, la concentración del poder, su autoritarismo y también el desprecio al sistema judicial heredado —que el caudillo consideraba un obstáculo para las transformaciones emprendidas— fueron algunos de los aspectos más cuestionados de su gobierno.

Tampoco resultaba sencillo implementar la transición sin escalas de un régimen conservador cerrado a las clases populares a un radicalismo personalista y antioligárquico que pretendía achicar las distancias con procedimientos severos, en una sociedad en la que coexistían los conventillos con dos baños disponibles para doscientas personas y los programas del five o'clock tea en las tardes del Jockey Club para recreación de la elite conservadora.

Frente a este diagnóstico, Lencinas no amortiguó las contradicciones; puso a la sociedad frente a un dilema igualmente cerrado: aceptar su liderazgo o enfrentarlo.

El gobierno nacional fue un observador implacable de sus acciones. Cada sector o institución que se sentía vulnerado en sus derechos por Lencinas buscaba auxilio en Yrigoyen, el Parlamento o el partido radical. Los conflictos que acumuló en un año y medio de poder mantuvieron movilizada a la sociedad mendocina: conflictos por la remoción de los jueces designados por el Régimen; con los legisladores conservadores, a quienes no se les concedía el diploma en la Legislatura; con las autonomías municipales avasalladas; con la prensa por la libertad de expresión; con los bodegueros por el reparto de los beneficios de la producción vitivinícola; con los trabajadores sindicalizados que reclamaban por sus salarios al Estado, y, también, el conflicto con su vicegobernador Delfín ÁÁlvarez, a quien acusaba de conspirador. ÁÁlvarez fue suspendido en sus funciones por el Senado provincial con la recomendación de someterse a un examen psiquiátrico. En ejercicio transitorio del Ejecutivo, ÁÁlvarez había vetado dietas a legisladores.

A fines de 1918, tras diez meses en el ejercicio de un gobierno por el que había luchado más de treinta años, Yrigoyen le reclamó la renuncia a Lencinas. No implicaba una obligación institucional, sino el llamado a una disciplina partidaria que el caudillo provincial no obedeció. Entonces, en febrero de 1919, Yrigoyen envió a Mendoza una intervención para garantizar las "formas republicanas", restituyó en sus cargos al vicegobernador ÁÁlvarez y a los jueces removidos y convocó a elecciones para junio de ese año.

Si pensaba que de ese modo se desembarazaría del lencinismo, Yrigoyen no hizo más que potenciarlo. El caudillo ratificó su liderazgo en las urnas e hizo uso de la nueva mayoría en ambas cámaras. Acto seguido, ÁÁlvarez fue nuevamente destituido y todo lo que se había deshecho en la intervención se volvió a hacer de acuerdo con la voluntad de Lencinas, legitimado por las urnas.

No sólo la elite bodeguera afectada en sus intereses de clase se contó entre sus enemigos. Aunque Lencinas capitalizó para sí la concreción de muchas demandas obreras, quizás el mayor foco de tensión de su gobierno se produjo con la gremial docente, en la que predominaba una novedosa militancia femenina. La intención de su gobierno fue crear escuelas para paliar el analfabetismo, pero la debilidad de las finanzas públicas impidió que el veinte por ciento de las rentas generales fuese utilizado para el presupuesto educativo. Este déficit fue mucho más que un perjuicio burocrático: los salarios de la educación pública durante el gobierno de Lencinas se pagaron con atrasos que a veces superaban el año. Y además, como en muchos casos, el pago se instrumentaba a través de emisiones de Letras de Tesorería; en la conversión a la moneda de curso legal, se disipaba casi el cincuenta por ciento de su valor. Los salarios de los maestros fueron constante objeto de usura.

El conflicto docente estuvo mezclado por matices ideológicos contradictorios. Uno de los rasgos distintivos fue la intervención de la Liga Patriótica, que apoyó a educadores que se declaraban "activos combatientes contra el pendón rojo". En Mendoza, la Liga fue impulsada por la reacción conservadora en prevención del "extremismo proletario". Era un discurso que tenía eje en la central porteña liderada por Carlés, pero con un agregado local: la condena a la movilización de los peones rurales que eran favorecidos por el lencinismo en su salario y en su organización gremial. La patronal vitivinícola era el más influyente sustento corporativo de la Liga.

En un singular "corte transversal", la Liga Patriótica unió, además de bodegueros, a asociaciones católicas, maestros y estudiantes, inmigrantes prósperos y brigadas femeninas, quienes, aferrados al patriotismo pedagógico, se apropiaban de la Revolución de Mayo y de José de San Martín para enfrentar al caudillo local.

Lencinas fue impiadoso cuando lo desafiaron. En este punto, también se diferenció de Yrigoyen, que prefirió moderar u ocultar la represión obrera, o presentarse sin responsabilidad luego de que se consumara, con o sin su autorización. Lencinas se preservó menos. La metodología represiva de su gobierno en los conflictos fue la agresión física, el secuestro o directamente la deportación clandestina: el traslado de los opositores hacia otras provincias, sea al desierto cuyano o a las alturas andinas, para que sobreviviesen como pudieran.

Hacia julio de 1919, la mediación del interventor federal Perfecto Araya no había resuelto el conflicto con los docentes, y menos pudo solucionarse tras el segundo acceso de Lencinas al poder. La reincorporación de los funcionarios educativos cuestionados y el persistente rechazo al reconocimiento de la sindicalización condujo a los docentes a la huelga. Lencinas dijo que se trataba de un movimiento subversivo y que los que adhirieran serían tratados como delincuentes. Los docentes decidieron continuar el dictado de clases en sus casas o en las de sus alumnos. Los establecimientos educativos quedaron prácticamente vacíos. La policía intervino. Irrumpió en domicilios particulares sin orden judicial y llevó a docentes, alumnos y padres a la comisaría. El 4 de agosto de 1919, una huelga general solidaria paralizó las actividades en la provincia. La huelga continuó y comenzaron los despidos. El clima se enrareció. Los grupos represivos del lencinismo —matones con sueldos del Estado— se movilizaban en un "auto fantasma" convertido en leyenda, que patrullaba las ciudades para escarmentar a los detractores en la vía pública; si alguno de los victimarios llegaba a ser aprehendido, el gobierno trabajaba para su pronta liberación. Los intereses estaban cruzados: la Liga Patriótica, que impugnaba a Lencinas por favorecer a los trabajadores vitivinícolas, ahora lo apoyaba por reprimir a los maestros y conformaba un sindicato docente "paralelo" oficialista; pero, a su vez, sectores conservadores ofrecieron recursos económicos en apoyo a la huelga y en perjuicio del gobernador.

El 30 de septiembre, otra huelga general en Mendoza llevó a prisión a más de dos centenares de personas que fueron alojadas e incomunicadas en el cuartel de bomberos. Hubo tiroteos. Dos policías resultaron muertos. Los dirigentes sindicales comenzaron a desaparecer. Los recursos de habeas corpus fueron rechazados por la policía. Nadie supo lo que había ocurrido por más de una semana. Luego se reveló. Diez dirigentes habían sido detenidos en forma clandestina y conducidos al cuartel de bomberos. Y desde allí hacia el desierto: los montaron en mulas, esposados de a dos en dos, privados de agua y de comida, y los soltaron cabalgando a pelo, con simulacros de fusilamiento. Prometieron degollarlos si regresaban a la provincia. Después de algunos días un grupo de docentes apareció en San Juan. Otro en San Luis. Sólo el fin del año escolar atemperó el conflicto.

Lencinas tampoco fue tolerante con la prensa. Él se decía hostigado por los medios nacionales La Prensa y La Nación, que no ocultaban su afinidad con el régimen conservador, y por los provinciales Los Andes y La Tarde, a los que acusaba de difamar su gestión. Lencinas no sólo les vedaba información oficial a los críticos, también los castigaba: a dos directores de La Tarde los deportó a San Luis. También, en la Casa de Gobierno, junto a su jefe de Policía, saludó a una manifestación oficialista que acababa de romper los vidrios de la redacción de ese medio. Otro detalle: un enviado especial del diario porteño Crítica fue arrestado por la policía, liberado por orden judicial y castigado por matones apenas abandonó la sede policial. Al juez, luego, lo destituyeron.

Los conflictos de Mendoza y los nuevos pedidos de intervención fueron trasladados a la escena nacional. Hacia noviembre de 1919 se creó una comisión en el Congreso para verificar si el gobierno provincial respetaba los "derechos individuales". Lencinas negó toda autoridad a la interferencia parlamentaria que había unido a radicales, socialistas y conservadores, porque, argumentaba, no tenían facultades para investigarlo: las provincias eran autónomas. Lencinas terminó por enfrentarse con el gobierno nacional y con el partido.

En la comprensión de que los conflictos no tendrían solución mientras el gobernador permaneciese en el cargo, Yrigoyen le informó a un funcionario mendocino convocado a Buenos Aires que su gobierno provincial "estaba en el aire y debía ser liquidado". A partir de ese mensaje, la relación política entre el caudillo nacional y el provincial nunca se recompondría.

Un mes después, en enero de 1920, Lencinas desafió a Yrigoyen. Le escribió: "No le tengo miedo a nadie y menos a usted [...] ahora espero que usted empiece y me arroje la piedra que me ha de liquidar, cosa que no conseguirá jamás".

José Néstor Lencinas murió tres semanas más tarde, víctima de una dolencia renal, pero la carta desafiante sería leída por su hijo Carlos Washington Lencinas nueve años más tarde en el Senado de la Nación, cuando enfrentara a Yrigoyen durante su segundo mandato. Carlos Washington Lencinas había heredado el poder y los mismos conflictos de su padre con el gobierno central. Mendoza continuó siendo una tormenta para el radicalismo nacional. Un día después de la muerte del caudillo, los maestros que habían sido despedidos fueron reincorporados.

Durante toda la década de 1920, San Juan también complicó al poder nacional. En la provincia había dos facciones radicales en pugna: la intransigente, de tono populista, hermanada al lencinismo, y la nacionalista, adscripta a la línea yrigoyenista. Cuando gobernaban los conservadores, en 1919, el Presidente envió la intervención federal, pero la "reparación institucional" no contribuyó a la unidad partidaria. El oficialismo radical acusaba a los intransigentes de parecerse a los anarquistas por su discurso contra las oligarquías viñateras. Yrigoyen comprendió que ir a las elecciones con listas separadas ponía en riesgo la gobernación de San Juan, de modo que impuso a un candidato que no estaba comprometido con ninguna de las dos facciones y promovió la fusión obligada.

Amable Jones era un psiquiatra respetado pero sin experiencia política ni conocimiento cabal de la provincia. Desde hacía un tiempo, un viaje de perfeccionamiento profesional lo había llevado a vivir en el exterior. Pero la intuición de Yrigoyen dio resultado: Jones regresó nueve días antes de la contienda electoral y obtuvo la victoria a mediados de 1920.

En su gobierno, Jones se manejó de manera independiente del partido. Empleó a funcionarios de otras provincias y no actuó con la prolijidad institucional que los radicales exigían a los gobiernos conservadores. Jones designó a los miembros de la Corte Suprema sin que hubiesen logrado el acuerdo del Senado y los hizo asumir con el apoyo de la fuerza pública. Hacia fines de 1920, los intransigentes del radicalismo intentaron frenar su avance y pidieron el juicio político de Jones. Para evitar su suspensión, el gobernador cerró la Legislatura por decreto y ordenó la detención del líder del bloque intransigente, Federico Cantoni, junto con otros legisladores que se disponían a "sesionar" en un domicilio privado. La crisis institucional en la provincia se trasladó a Buenos Aires. Yrigoyen aceptó una intervención federal sancionada por el Congreso, pero pronto la interrumpió para sostener el gobierno de su ahijado político, quien ya había delegado su protección física al Regimiento 15º de Infantería.

Yrigoyen, que no se sentía cómodo con la imposición de plazos, hizo una silenciosa defensa del gobernador, en la creencia de que, si la estabilidad de Jones se ponía en riesgo, su propia autoridad presidencial quedaría mellada.

Durante casi todo el año 1921, Jones y la Legislatura se reconocieron actores legítimos del ejercicio del poder provincial y designaban ministros, jueces y camaristas en forma simultánea. En tanto, mientras Yrigoyen postergaba el cumplimiento de una nueva intervención federal en San Juan, el odio político hacia el gobernador y la apelación a la violencia física iban en aumento.

El radical intransigente Federico Cantoni, que ya se había declarado capaz de "regar las calles de sangre" para terminar con Jones, tuvo palabras más explícitas para el gobernador en la tribuna pública, en octubre de 1921. Cantoni ordenó que había que sacarlo vivo o muerto de la Casa de Gobierno. Dijo: "Cada hombre debe tener listo un Mauser y el que no lo tenga, un Winchester, y al que le falte, una escopeta [...] y el que no pueda tener un arma de fuego debe buscar un palo, un cortapluma [...] pero hay que sacarlo vivo o muerto".

Un mes después, el 20 de noviembre de 1921, un grupo comando emboscó el auto oficial de Amable Jones en La Rinconada, en las afueras de la ciudad de San Juan, y lo mató. Para asegurar la operación, le lanzaron una bomba de mano que le calcinó parte del cuerpo y le cortaron una oreja, que llevaron como botín de guerra.

Los ejecutores eran miembros de familias reconocidas de la sociedad sanjuanina. Y aunque Federico Cantoni no participó del hecho, la Justicia probó que fue el instigador. El crimen constituyó el mayor desafío contra la autoridad de Yrigoyen desde del interior del radicalismo: Jones era el hombre que él había elegido y Cantoni había resuelto matarlo.

Se suponía que la eliminación física del gobernador sanjuanino iba a ser una mácula, pero terminó significando un impulso para la trayectoria política de Federico Cantoni. El crimen le hizo ganar popularidad. Por un lado, no era un hombre que se quedaba en promesas. Había sido respetuoso de sus palabras. Lo que decía, lo cumplía. Los adherentes de Cantoni interpretaron la muerte violenta de Jones como un acto de patriotismo para librarse del "forastero".

En el mismo sentido, Cantoni recibió palabras de comprensión por parte de los diarios La Nación, La Prensa, Crítica y Los Andes, que entendieron el crimen como una señal de malestar contra la obstinación de Yrigoyen, de quienes esos medios se declaraban opositores.

Buena parte de la sociedad sanjuanina también avaló su procedimiento: cinco meses después del atentado en La Rinconada, en abril de 1922, la Unión Cívica Radical Bloquista liderada por Cantoni venció a radicales yrigoyenistas y conservadores en las elecciones legislativas.

En el plano judicial, el fiscal pidió prisión perpetua para Cantoni por su responsabilidad "moral" en la planificación del atentado. Pero el líder bloquista aprovechó la cárcel para convertirla en un centro de resistencia política. En parte, lo benefició la nueva coyuntura. En octubre de 1922, Yrigoyen abandonó el poder y la "persecución" en su contra cesó. Con la asunción de Marcelo T. de Alvear, la intervención federal de San Juan quedó a cargo del jefe de la Liga Patriótica, Manuel Carlés, quien fue más permisivo con el populismo radical.

Al igual que con el lencinismo en Mendoza, con el bloquismo se producía una paradoja: en el orden nacional, apoyaban a los "antipersonalistas", quienes expresaban a los sectores conservadores del radicalismo, reticentes a la "causa de los desprotegidos", que los "populismos radicales" promocionaban en sus provincias. El resentimiento hacia Yrigoyen obligaba a ambos sectores a matizar criterios políticos e ideológicos.

Desde la cárcel, Cantoni presentó su candidatura a gobernador. La propuesta más llamativa de su programa fue la amnistía para "los presos políticos" —los homicidas de Jones—, además de plantear un programa social que se ajustaba al del lencinismo: salario mínimo para trabajadores, seguro social para jubilados e intervención del Estado en reformas progresivas que le valieron la acusación de "comunista". El impacto en la región cuyana del lencinismo y el bloquismo era considerable porque hasta entonces, en la tradición política conservadora de las dos provincias, los humildes sólo habían tenido derecho a la obediencia.

Cantoni pudo revertir la percepción de los hechos entre los trabajadores: más que un criminal, logró ser considerado un médico preocupado por la salud y el futuro de los pobres, a quienes atendía gratis en su consultorio. El prisma conservador, en cambio, proyectaba otro dictamen: Federico Cantoni, junto con sus hermanos Aldo y Elio, conformaba un clan que promovía el odio de clases y la anarquía y representaban una amenaza a las jerarquías.

Con el enfrentamiento instalado entre "pueblo" y "oligarquía", y la abstención de los radicales yrigoyenistas, Cantoni ganó las elecciones por el sesenta por ciento de los votos en enero de 1923. De inmediato, un miembro de la Corte Suprema —el único que había sido designado de acuerdo con la ley— decretó su libertad por defectos procesales en su detención. Y la Legislatura, con mayoría bloquista, sancionó la Ley de Amnistía para los homicidas de Jones. No se arrepintieron. En lugar de presentar la ley como un acto de perdón, dijeron que era un acto de "perfecta justicia para quienes expusieron hasta su propia vida para arrancar a San Juan de las garras de la tiranía".

Cantoni asumió el poder del modo que quiso: el 12 de mayo de 1923 irrumpió en la Casa de Gobierno con las masas en la calle, en contra de la voluntad del vicegobernador en ejercicio, que había fijado la fecha para el 9 de julio, tres años después de la asunción de Jones, como indicaba el calendario institucional.

Por entonces, en el orden nacional, las diferencias entre yrigoyenistas y alvearistas ya estaban a la vista. Alvear había llegado a la Presidencia por impulso de Yrigoyen. Lo había acompañado en la Revolución de 1893 como "joven ilustre" del patriciado y había sido su embajador en París durante el primer mandato radical. Alvear contaba con el beneficio de que no estaba inmerso en las internas partidarias y esto hizo suponer a Yrigoyen que necesitaría siempre de su auxilio para gobernar. Y también, con su figura tan emparentada con los conservadores, Yrigoyen pensaba que podía bloquear a los grupos más radicalizados que lo interpelaban desde la Liga Patriótica.

Excepto en Mendoza y en San Juan, el 2 de abril de 1922, Alvear ganó en todo el país, con el cuarenta y ocho por ciento de los votos. Recibió la noticia de su triunfo en París.

El nuevo presidente se diferenció de su antecesor en dos políticas clave: el recorte del gasto público —que era utilizado en beneficio de "la máquina", base clientelar y electoral del partido— para reducir el déficit fiscal y el cese de las intervenciones federales por vía del Poder Ejecutivo. El origen social de los radicales también comenzó a ser un punto de fricción. Alvear fijó su prioridad en la clase alta partidaria, ligada a los intereses agroexportadores, antes que a la clase media yrigoyenista. Como consecuencia de la "despolitización" de la administración y de la racionalización del aparato estatal proyectada por Alvear, el yrigoyenismo sólo obtuvo un ministerio.

A diferencia del primer mandato, el nuevo gobierno se vio favorecido por la baja intensidad de las huelgas. Para esa época, las centrales obreras tenían un escaso nivel de sindicalización y habían perdido fuerza en los conflictos y en la incidencia política. Alo largo de cuatro años, entre 1923 y 1927, los "sindicalistas" y la FORA retuvieron poco más que el diez por ciento de sus afiliados. Más de cien gremios se desprendieron de las centrales obreras. El gremio marítimo perdió peso en las actividades portuarias. El puerto pasó a ser controlado por el Ministerio de Marina a cargo del contralmirante Domecq García, responsable de la gestación de la Liga Patriótica en la represión de la Semana Trágica. Domecq García se propuso proteger "la libertad de trabajo".

Alvear también aprovechó la coyuntura internacional de la posguerra, que permitió el crecimiento de la industria, alentada por la avanzada del capital norteamericano, y un alza del salario real que redujo los conflictos laborales. Las disputas habían sido más complejas en la década de los veinte, con actores e intereses cruzados que excedían la contradicción lineal entre capital y trabajo.

El dato central de la gestión de Alvear fueron las disidencias partidarias. La rivalidad entre los yrigoyenistas y los "antipersonalistas" condujo a una ruptura que se expresó tras poco más de un año de su mandato. En las sesiones del Congreso, los "antipersonalistas" coincidían con los legisladores conservadores, en una alianza de hecho que los yrigoyenistas calificaban como "contubernio", dado que, según los principios de la intransigencia partidaria, estaban vedadas las alianzas con grupos políticos afines al Régimen.

El yrigoyenismo, a su vez, intimaba a Alvear a la ampliación de la cuota de adherentes propios en el Estado y amenazaba con bloquear las iniciativas presidenciales en el Parlamento. Las actividades legislativas se paralizaron por la constante controversia partidaria. Durante tres años, el Presidente no habilitó las sesiones extraordinarias.

Alvear trató de no intervenir en la disputa. Prefirió no alentar en forma expresa a la Unión Cívica Radical Antipersonalista, la facción interna opositora a Yrigoyen, quien conservaba el control de la base partidaria. Pese a que sus críticos lo caracterizaban como una desviación conservadora que "traicionaba" la naturaleza del radicalismo, Alvear no se decidió a una abierta ruptura con las clases medias partidarias. Tampoco quiso intervenir la provincia de Buenos Aires, controlada por el yrigoyenismo desde 1925, como le sugerían los hombres clave de su gabinete. Alvear se preocupó por moderar, pero no erradicar del todo, la influencia de los antipersonalistas para mantener balanceada la contienda y no perder espacios de gobernabilidad.

Para las elecciones presidenciales de 1928, Alvear tampoco manifestó un apoyo decisivo a la fórmula antipersonalista compuesta por Leopoldo Melo-Vicente Gallo. Aunque incidió en el orden de ésta, no fue más lejos de comentar que se trataba de "radicales de la primera hora, con títulos y antecedentes".

Los conservadores se sumaron a los antipersonalistas en la cruzada contra la "barbarie" yrigoyenista, pero sus posibilidades electorales ya se entreveían modestas. Algunos años más tarde, Melo, entronizado en el Ministerio del Interior del gobierno del general Agustín Justo, se vengaría de Alvear por haber sellado la suerte del antipersonalismo con su falta de aliento: aprovecharía una expedición armada del radicalismo para conducirlo a prisión.

Yrigoyen mantuvo aferrado el partido entre los años 1922 y 1928. No perdió la popularidad. Buscó el consenso en las clases medias profesionales y las dependientes del Estado, con programas de asistencia para los más humildes, como base de su proselitismo. Para reemplazar el apoyo "sindicalista" del primer mandato, se crearon comités de obreros radicales, ahora inmersos en una favorable movilidad social.

En su programa económico, el Yrigoyen que buscaba un segundo gobierno era menos abstracto que el primero. Parecía más inclinado al nacionalismo, con la promesa de estatización de las empresas petroleras y de un desarrollo industrial, aunque sin desatender el modelo primario-exportador que había dominado la economía durante casi medio siglo, pese a que ya mostraba índices de agotamiento. Ese modelo golpearía en la cara al país a partir de los efectos de la crisis mundial del año 1929.

El ataque a las compañías petroleras norteamericanas, con especial énfasis en la Standard Oil, fue la propuesta de campaña más promocionada de Yrigoyen. La idea de eliminarla del mercado de la energía parecía un punto concreto de su programa. El tema despertó la preocupación de Robert Word Bliss, embajador estadounidense en la Argentina, sumido en la misión de dilucidar qué haría Yrigoyen si retornaba al poder. El trabajo era arduo, porque el jefe radical no era propenso a las confidencias ni asumía definiciones sobre temas que para otros revestían urgencia.

Los Estados Unidos querían saber si Yrigoyen sostendría posturas que afectaran sus intereses: en menos de quince años, las inversiones de ese país en la Argentina se habían quintuplicado y ya ascendían a quinientos millones de dólares. Consideraban que era demasiado capital para un futuro incierto. En su exploración diplomática, Bliss había escuchado muchas cosas sobre su probable gobierno: que Yrigoyen difundiría la colectivización de la tierra y promovería el comunismo, que el Banco Nación estaba gestionando la compra de trescientas o cuatrocientas armas automáticas para el personal por si alguna rebelión militar intentaba impedir su retorno al cargo. El rumor de un golpe de Estado promovido por el general Agustín Justo, ministro de Guerra de Alvear, fue consignado en sus cables a Washington, pero Bliss pensaba que aún no había "ambiente" en el Ejército para semejante empresa.

La voluntad de hurgar en el pensamiento de Yrigoyen enfrentó a Bliss a las dificultades. En un cable, dos meses antes de las elecciones presidenciales de 1928, reconoció que aún no se encontraba preparado para establecer una opinión, pero no dudaba de que, entre el jefe radical y los candidatos antipersonalistas, estos últimos "servirían mucho mejor a los intereses extranjeros fronteras adentro. Las perspectivas de un nuevo gobierno de Yrigoyen son desalentadoras", informó al Departamento de Estado.

Bliss era consciente de que la eventualidad de un nuevo mandato, unida a la promesa de Yrigoyen de mejorar la situación económica y social de los trabajadores, había provocado alarma entre las empresas extranjeras. Pero él suponía que, más allá del riesgo inmediato de los capitales, el líder radical podría encabezar una corriente latinoamericana con sentimientos desfavorables hacia los Estados Unidos, que obstaculizara su hegemonía en la región. Para contrarrestarla, proponía que se suavizara la imagen de los Estados Unidos con una política activa que alternara la presión con la táctica de "buena vecindad".

En las elecciones de abril de 1928 Yrigoyen casi duplicó los votos de la fórmula antipersonalista. Asumió el 12 de agosto. Un mes después, la Cámara de Diputados votó la expropiación de todos los yacimientos petrolíferos.

En forma simultánea a la problemática del petróleo, la región cuyana se introduciría de nuevo en la agenda política del Presidente. En Mendoza, luego de la muerte de José Néstor Lencinas en enero de 1920, su hijo Carlos Washington heredó su capital político y también su popularidad. En 1922, a los 33 años, "El Gauchito" fue electo gobernador. Como la de su padre, su gestión estuvo marcada por las reformas sociales en favor de las clases populares y por su voluntad de dominio absoluto del aparato institucional. Como su padre, y también al igual que el bloquismo sanjuanino, Lencinas fue destinatario de la hostilidad del yrigoyenismo y de los conservadores, que lo acusaron de abusar del poder y de mantener en su plantel a funcionarios corruptos que tomaban beneficios de las emisiones clandestinas de Letras de Tesorería o robaban el mobiliario de las oficinas públicas. Por esta clase de argumentos, los diplomas de los legisladores del lencinismo quedaban atascados en el Congreso nacional.

La figura de Yrigoyen como enemigo fue uniendo a Lencinas con los radicales antipersonalistas. La alianza tuvo el propósito de neutralizar la sanción de intervenciones federales en la provincia. Pero, en contra de la opinión de Alvear, el Congreso intervino Mendoza y San Juan a fines de 1924, con la intención de detener las experiencias populistas de Lencinas y de Cantoni, que sembraban "el odio de clases, la disolución social en el espíritu de las gentes humildes", según las reflexiones más apesadumbradas.

Dos años más tarde, en 1926, en las nuevas elecciones a gobernador, ambos movimientos volvieron a ser legitimados por el pueblo y retornaron al poder. Lencinas, que no podía ser reelecto, apoyó a Alejandro Orfila, bodeguero y militante radical, quien llegó al Ejecutivo representando al partido antes que a la corporación vitivinícola. Lencinas permaneció como jefe político y fue designado senador nacional. Padeció las peripecias de sus antecesores: el tratamiento de su diploma se demoró un año y medio antes de ser rechazado.

Luego de la intervención federal, el bloquismo también ganó en San Juan en 1926 con la candidatura de Aldo Cantoni, que tenía una formación doctrinaria de izquierda de la que carecía su hermano Federico. A la espera de la asunción, el gobernador electo sufrió un atentado contra su vida que derivó en la muerte de su chofer. En represalia, uno de los atacantes que escapó hacia la montaña fue perseguido por los cantonistas. Cuando lo detuvieron, antes que llevarlo a los tribunales, lo mataron.

Este tipo de respuestas emocionales conducía a sus adversarios a definir al bloquismo como una "banda de asesinos que tiraniza la provincia" y a justificar la popularidad de Federico Cantoni en las tribunas del antipersonalismo durante la campaña presidencial de 1928 sólo por la supuesta atracción que genera un "asesino famoso", como lo calificaban, para no dejar que su figura se alejara demasiado de la eliminación de Jones.

Yrigoyen recordó todo cuando asumió su segundo mandato en 1928. Recordó a Cantoni. Recordó a Lencinas. Bajo el auspicio de la moral política, envió a Modestino Pizarro, un interventor federal que desalojó a los bloquistas del Poder Ejecutivo e inició la persecución contra ellos.

La misma instrucción cabría para Mendoza. Luego de diez años de fracasos en el control del poder de la provincia, Yrigoyen encomendó al interventor Carlos Borzani asegurar la vigencia de "las formas republicanas" de gobierno, ahora lesionadas, pero también la misión de destruir al lencinismo por vía represiva, aunque en su esencia ambas órdenes contuvieran mensajes incompatibles.

Esta vez no hubo moderación ni cautela, como en anteriores intervenciones. No. A sus 76 años, Yrigoyen mantenía aquel espíritu revolucionario con el que había enfrentado al Régimen, pero ahora encauzado hacia la represión estatal de dos escisiones radicales con liderazgos tan personales como el suyo, más reformadores que él incluso —San Juan fue la primera provincia que incorporó el sufragio femenino; Mendoza, la primera que sancionó la ley del salario mínimo—, pero que el jefe del Ejecutivo juzgaba apartados de los principios cívicos y republicanos, pese a que la elección popular había avalado en repetidas ocasiones a los dos movimientos.

Entre los fundamentos de la nueva intervención, el Congreso advirtió: "Los acusamos de los innumerables asesinatos [...] de ciudadanos honestos que han caído bajo el plomo mortífero de los bandoleros al servicio del lencinismo mendocino".

Con un poder judicial subordinado a su mando, Borzani, un tesorero del partido y hacendado mediano de Balcarce, llegó a Mendoza en diciembre de 1928 para hacer desaparecer al lencinismo como único remedio para salvar a la sociedad. Con su gabinete político, una maquinaria judicial y comisarios de la policía trasplantados de Buenos Aires, abrió expedientes en las reparticiones públicas por defraudación y malversación de caudales y llevó a la cárcel a funcionarios del gobierno depuesto. Muchos prefirieron escapar. Como símbolo de la razzia contra el lencinismo, el jefe de Policía detuvo personalmente al ex gobernador Alejandro Orfila sin orden de captura.

Carlos Washington Lencinas, que esperaba un nuevo tratamiento de su diploma de legislador, comenzó a enviar telegramas a Yrigoyen para informarlo y hacerlo responsable de la represión. El primero, enviado en enero de 1929, al mes y medio de la administración Borzani, ya consignaba detenciones con y sin órdenes judiciales, incomunicaciones, muertes por apaleamiento, torturas y desapariciones, con precisiones de nombres y número de víctimas. También, en la turbulencia represiva, se difundieron casos de deportaciones a Chile y el robo de alrededor de 25.000 libretas de enrolamiento destinadas a manipular las elecciones a la gobernación previstas para el 7 de septiembre de 1930. La intervención yrigoyenista, bajo el patrocinio de la "ética pública", programaba el ardid de los conservadores para cumplir su objetivo de expulsar para siempre al populismo radical del poder.

Lencinas intentó impactar a sus comprovincianos. Les escribió: "Mendocinos: nos gobierna gente extraña a nuestras modalidades y costumbres, nos gobierna Buenos Aires. Se vive un definido, agudo e ilegal estado de sitio, bajo el cual se encarcela a los opositores".

La maquinaria represiva siguió su curso. También las torturas. Los testimonios de las víctimas dieron cuenta de un juez enviado desde Buenos Aires que hacía retorcer los genitales a los opositores en busca de una declaración judicial favorable a sus intereses en el sumario.

Lencinas quiso provocar con los tormentos en su provincia la conmoción pública en toda la Argentina. Aprovechando que en septiembre de 1929 los legisladores comenzaron a examinar otra vez su diploma, para aprobarlo o rechazarlo —dado que la Legislatura de Mendoza lo había designado de nuevo para el cargo—, Lencinas levantó la voz en el Senado nacional. Quería que obrara como caja de resonancia en la prensa. Su exposición en el Parlamento fue recibida en un clima de guerra. En los palcos, centenares de yrigoyenistas pedían su cabeza. Lencinas hizo una descripción de la técnica represiva de la intervención radical en Mendoza: "Aplicar rodillazos en la ingle, flagelar con la goma llena de arena, dar pequeños cortes con navajitas Gillette, aplicar inyecciones de trementina, impedir en absoluto el sueño, despertando al detenido con fútiles pretextos, encerrarlo e incomunicarlo en un estrecho e inmundo calabozo".

El caudillo provincial también informó de la clandestinización de los procedimientos: "Entre cuatro y seis de la mañana empieza a funcionar el motor de un viejo automóvil con ruidoso caño de escape; en ese momento están 'trabajando' los especialistas en 'hacer cantar' y el automóvil sigue funcionando hasta que el declarante, a veces vencido por la tortura, ha 'cantado' al paladar de sus torturadores".

Y luego difundió tres casos de detenidos y torturados. Alberto Botari, apresado y tajeado en los órganos genitales, y otra vez detenido tras su liberación por haber denunciado las torturas a la prensa; Pedro Kairuz, obligado a declarar contra sí mismo: "Me desnudaron y me ataron fuertemente a una silla, aplicándome enseguida a los testículos un aparato de dos hierros, semejantes a una pinza, con el que empezaron a torturarme [...] Me fue imposible soportar tanto castigo. Me vi obligado a tildar de delincuente a personas honestas y firmar la declaración que me presentaron"; José Ortubia, ex jefe de Policía de Mendoza: "Se me golpeó torpemente durante noches y noches. Se me puso en un catre, se me ataron los pies y manos, estaqueándome y tapándome la boca con una almohada, se descargaron tantos golpes sobre mi cuerpo que perdí el conocimiento. Se me inflamaron los testículos de tal modo que me era imposible caminar". Las torturas a Ortubia luego serían reconocidas por un juez que invalidó su declaración judicial por ser efectuada bajo tormentos.

De este modo, Carlos Washington Lencinas restauraba el duelo personal inconcluso que su padre había mantenido con Yrigoyen nueve años antes. Tampoco él parecía temer las consecuencias del desafío, aunque las imaginaba. De todo, responsabilizaba al poder "despótico" de Yrigoyen, "que todo lo domina, que todo lo avasalla, porque los demás se dejan avasallar. Es él quien simulando silencio, da la elocuente palabra: aprueben o desaprueben". Lencinas, de pie en la boca del lobo del oficialismo, señaló al jefe radical como el instructor y garante político de la represión en Mendoza:

"Corresponde al señor Yrigoyen el triste honor de ser el primero y seguramente el único presidente argentino que haya consentido y auspiciado el vejamen y la tortura sadista y refinada para infundir el terror en sus adversarios y vencer la resistencia de los que están dispuestos a combatirlo. Libre o encarcelado, y entregado por la propia oposición a la furia del señor Yrigoyen con el propósito de distraerlo y calmar su voracidad, regresaré a mi provincia con el insigne honor de haber suscripto una de las primeras hojas de proceso a la dictadura, que nace menguada y cobarde. Soldado de un ideal democrático, ocuparé una vez más mi puesto frente al señor Hipólito Yrigoyen para repetirle lo que le dijo mi padre en análoga ocasión: que no me ha de ver ni cansado ni cobarde".

El Senado rechazó su diploma. Lencinas ya lo intuía. El mes anterior, Federico Cantoni, que intentó defender sus principios políticos y sociales en cinco sesiones del recinto, había corrido la misma suerte. "No hay un solo argentino capaz de decir que Lencinas no sea un ladrón o que Cantoni no sea un asesino", argumentó un yrigoyenista para impedir el ingreso de ambos al cuerpo legislativo.

Cantoni volvió a San Juan. Lencinas, en Buenos Aires, quedó en un callejón sin salida. Demoró su regreso a Mendoza y continuó notificando arrestos ilegales a Yrigoyen vía telegráfica. El Presidente jamás contestó. Lencinas tenía un pedido de captura firmado por un juez local, pero más le pesaron las advertencias. Un llamado anónimo le anticipó que lo matarían apenas llegara a su provincia. Lencinas volvió a telegrafiar a Yrigoyen. Reclamó garantías. Lo hizo responsable de lo que pudiera sucederle. Un grupo de leales se comprometió a subirse al tren en San Luis para proteger su regreso a Mendoza. Lencinas llegó el 10 de noviembre de 1929, por la tarde. Después de sus denuncias en el Senado estaba en el punto más alto de su popularidad. Una multitud acompañó su paso varias cuadras, desde la estación ferroviaria hasta el Círculo de Armas, desde donde le hablaría al pueblo. Pese al pedido de captura, ninguna comisión policial lo detuvo. La atmósfera era espesa. Se escuchaban vivas a Yrigoyen y detonaciones de armas de fuego. Según el libro policial de guardia, no se encomendaron efectivos ni diligencias policiales para proteger al caudillo local y controlar el área. Antes de su discurso, y alertado por los gritos de una escaramuza, Lencinas se asomó al balcón para reclamar calma. Advirtió el peligro allí abajo y se agachó para regresar al interior del club; un disparo por la espalda le atravesó el corazón. Atacado por diferentes francotiradores trepados a los árboles, su cuerpo herido fue trasladado a una mesa de billar del salón para su auxilio. En el tumulto callejero, hubo heridos y dos muertos. José Cáceres, presentado luego como el agresor de Lencinas, quien venía vivando a Yrigoyen, fue cercado y ultimado. Lencinas murió en el hospital.

Ricardo Balbín tenía por entonces 25 años. Era un joven abogado radical. Trabajaba en la biblioteca de la Legislatura de La Plata. Había sido enviado a Mendoza para servir en la Segunda Fiscalía del Crimen del Poder Judicial. En la práctica, Balbín actuaba en línea con Mariano Tellaeche, el jefe de Policía de la intervención de Borzani. Como fiscal, era un agente de la maquinaria estatal exportada a la provincia para perseguir a los opositores. Balbín tuvo la misión de esclarecer el crimen de Lencinas. La primera versión que echó a rodar, y que sostuvo la prensa radical, indicaba que se había tratado de la venganza de un marido despechado. Un crimen por razones particulares ajeno a la esfera política. El ministro de Justicia, en una investigación encomendada por Yrigoyen, llegaría a la misma conclusión que la intervención federal: recogieron testimonios que probaban que Cáceres había jurado vengarse de Lencinas. Lo notable es que el supuesto homicida era buscado por la policía sanjuanina, acusado de un asesinato, y había estado detenido en Mendoza durante todo el año 1929. Lo liberaron un mes antes del atentado a Lencinas.

El expediente fue archivado, pero el estigma perduraría. Ya destacado en la cima del radicalismo, las pocas veces que fue a Mendoza a recolectar votos, la memoria sensible del lencinismo recordaría a Balbín por su responsabilidad en los apremios ilegales de la intervención federal, por la sustracción de documentos y también por el encubrimiento del crimen de Carlos Washington Lencinas. Muchos años después, el peronismo desenterraría el dossier negro de su infancia política para exponerlo al escarnio, como instancia previa a su encarcelamiento, cuando Balbín era enemigo de Perón.

Apagada a tiros la estrella del líder provincial, la experiencia autónoma del populismo mendocino de la década de los veinte se extinguiría lenta pero inevitablemente, mientras que el bloquismo constituiría una poderosa fuerza provincial. Pero, si Yrigoyen cumplió con su objetivo de erradicar la disidencia mendocina, el crimen de Lencinas, sin embargo, dispararía en su contra. Aun los más vigorosos opositores al lencinismo aprovecharían la oportunidad para cuestionar la legitimidad de Yrigoyen en el poder. ¿Podía continuar gobernando un país de formas cívicas y republicanas un hombre que había instigado un crimen político, como lo acusaban? Ese fue el argumento con el que intentaron acorralarlo.

La muerte de Lencinas no fue el episodio excluyente para su caída, que se produjo nueve meses más tarde, pero el impacto de la escisión populista radical, la forma en que se intentó eliminarla, con la misma metodología que supuestamente pretendía subsanar, fue una coyuntura demasiado apetecible como para ser desechada por los nuevos actores y las nuevas tendencias ideológicas que irrumpían en la Argentina a fines de la década de 1920. Superpuestos unos y otros, la consistencia del gobierno de Yrigoyen fue aplastada progresivamente por la dinámica de los acontecimientos. El "ambiente" que Bliss no hallaba dos años antes, ahora se respiraba en los círculos conspiradores.

Con su aislamiento y su falta de reacción, Yrigoyen colaboró bastante para que los caricaturescos trascendidos sobre la senilidad que lo acechaba en su "cueva" de la calle Brasil —que propagaban sin piedad los clubmens en los salones de la elite— se tornasen verosímiles para el resto de la sociedad. El vínculo de Yrigoyen con las clases medias, sedimentado por medio del empleo estatal, también empezó a erosionarse. Los efectos de la depresión económica —la desocupación, la depreciación del peso y la dilación de los pagos de salarios en la administración pública como consecuencia de las dificultades fiscales— también fueron abatiendo la energía partidaria. La moral radical ya no podía sostener a su líder. Los militares, además, con la contribución de los militantes civiles del antiyrigoyenismo y de la prensa opositora, contaban con un aparato de informaciones —engañosas o verdaderas, daba lo mismo— que fue delineando la imagen presidencial de un "anciano inútil".

La conspiración contra el caudillo radical había comenzado durante su primer mandato. Los militares habían empezado a recelar de Yrigoyen por su supuesta inercia frente al crecimiento de los movimientos sociales "disolventes". La matanza patagónica, que luego derivó en el funeral sin honores oficiales del coronel Varela, también representó una afrenta para la fuerza, porque le permitió creer que el jefe radical recurría al Ejército para la represión interna pero luego no respaldaba sus consecuencias. En cuestiones más específicas, se añadió el envío del proyecto de ley enviado por Yrigoyen casi al final de su primer gobierno, que terminó resarciendo —en su reconocimiento y su economía— a los oficiales radicales que se insubordinaron en las revoluciones de 1890, 1893 y 1905. Pero Varela, insurrecto en la última rebelión, había sido excluido del lote de beneficiados.

Este favoritismo político para quienes habían sido sus partidarios en la fuerza, sumado a la falta de ascensos en los grados superiores y la anemia presupuestaria para la fabricación y compra de material de guerra —en contraste con la política de Alvear, que fue más permeable a las demandas militares— fue componiendo un cuadro de perturbación antiyrigoyenista en las filas del Ejército.

Pero, en realidad, la pretendida búsqueda de un desarrollo militar, bajo una cobertura de propósitos de "modernización profesional", ocultaba la fuerte identidad política y la voluntad de poder que se gestaba en el interior del mundo castrense.

En la década de 1920, el Ejército empezó a considerarse a sí mismo como la esencia de la nacionalidad, por encima de las luchas facciosas de los civiles. Esa mentalidad militar se forjó luego de que advirtiera que el poder conservador, enlazado a la corona británica, se deterioraba en forma simultánea al proceso de ascenso de Yrigoyen.

Con una ideología política autoritaria y elitista, y como representantes de la "Nación en armas" —el modelo prusiano que enseñaban en la Escuela Superior de Guerra los discípulos del barón Von der Goltz—, a los militares les correspondía la misión de salvar al Estado.

Durante la década de los veinte, la construcción de un poder político militar propio se desarrolló con la formación de clanes internos por los que circularon las posiciones más críticas al caudillo radical, en coincidencia con el descontento de la elite conservadora y, aún más, con los imperativos radicalizados de la Liga Patriótica.

La Logia General San Martín, un ámbito de opiniones y operaciones activada por el coronel Luis García, que había alcanzado el control del Colegio Militar, patrocinó la designación de Agustín Justo en el Ministerio de Guerra de Alvear y neutralizó el acceso del general radical yrigoyenista Luis Dellepiane. Justo representó una victoria política del Ejército en su lento avance sobre el Estado democratizado.

Fue precisamente Dellepiane, ahora sí como ministro de Guerra pero de Yrigoyen, quien alertó a su jefe en la agonía final de su segunda presidencia sobre una conspiración de oficiales militares en colaboración con las filas partidarias. Dellepiane propuso el arresto colectivo, más una razzia de ministros y funcionarios en una operación urgente para salvar la suerte del gobierno.

La crisis del segundo mandato de Yrigoyen había desatado un conflicto interno entre dos líneas políticas contradictorias que fueron creciendo a medida que se desintegraba la autoridad del caudillo. Ambas tendencias se mantenían atentas al deterioro de su salud o al probable retiro forzoso en el marco constitucional. En ese punto estaban animadas las expectativas del vicepresidente Enrique Martínez, quien había conformado una unidad de poder con el ministro del Interior, el comisario Elpidio González. Ambos tenían contacto frecuente con quien ya fatigaba para organizar la conspiración militar, el general José Félix Uriburu, pero Martínez suponía que, en el momento de recibir la herencia presidencial, la amenaza castrense se reduciría y sólo debería cederle puestos al Ejército en el nuevo gabinete. Los civiles radicales creían que para los militares el problema era sólo Yrigoyen.

La facción Martínez-González rechazó el plan de Dellepiane de extirpar la deslealtad interna en el gobierno. También Yrigoyen rechazó la operación quirúrgica. El 3 de septiembre de 1930, Dellepiane renunció.

Para la consumación del golpe de Estado, sólo faltaba que el núcleo militar más resuelto lograra animar a algunas tropas, que no atinaban a moverse de los cuarteles.

La clase obrera no tenía intenciones de salir a la calle en defensa de Yrigoyen. Los estudiantes agitaban las banderas de su renuncia. Quizá la mayor oposición la podría ofrecer el "Klan radical", una creación de las usinas "negras" de los comités partidarios que componían empleados estatales con el aporte de delincuentes comunes rentados. El "Klan" funcionaba como una fuerza de choque paraoficial destinada a desalentar las manifestaciones opositoras callejeras. Se habían movilizado en el Congreso para el rechazo de los pliegos de Lencinas y de Cantoni, pero su acción de mayor resonancia fue una incursión armada con Winchester en la que rompieron un acto conservador en la localidad de Lincoln. Tres de sus dirigentes resultaron heridos. Sin embargo, el "Klan radical" parecía un obstáculo demasiado débil para contrarrestar a un movimiento de tropas militares.

El 5 de septiembre de 1930 Yrigoyen, enfermo, delegó el poder en su vicepresidente y se fue a La Plata. Martínez pensó que llegaba su hora. Era la de Uriburu.

Aquel subteniente conspirador de la Logia de los 33 de la Revolución del Parque de 1890, cuarenta años después, complotaba contra sus mentores. Más que eso: usurpaba el poder del Estado con las armas del Ejército y destituía a un presidente por primera vez en la historia argentina.

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El sótano de la Penitenciaría

"La noche era suavemente fresca, de una luna fuerte, que por momentos ocultaban las nubes. Hasta ese momento no había sentido fuertemente en mí la impresión de la orden que tenía que cumplir. Pero el aspecto triste y desolado de las quebradas de ese lugar, el mirar temeroso e interrogante de los soldados, y el pensar que tendría que apagar una vida en una noche que era más hecha para soñar que para morir, empezaron a influir sobre mí desde el instante que pisé la tierra, la que iba a ser manchada con la sangre de un obrero...

"No conocía ni el nombre ni el aspecto del detenido. Sólo sabía de su delito. Frente al sur se detuvo el camión. Bajaron los tres soldados y el suboficial, colocándose a la izquierda, junto al borde del camino y frente a él. Desde el grupo de presentes, donde se hallaba mi superior salió la orden: '¡Haga cargar las armas!'.

"—¡Carguen! —dije.

"En ese instante, por la escalerilla trasera del camión bajaba el que iba a morir.

"Venía con las manos esposadas atrás y cuando sus humildes botines de caña tocaron la tierra que iba a besar su cadáver, halló frente a sí a aquellos a quienes habían dicho: '¡Maten!'. Sintió el ruido de la carga de las pistolas, y entonces yo, que lo tenía a un paso, lo vi abrir los ojos en mirada de asombro, y rápidamente comprender...".

El relato es del subteniente Jorge Rodríguez, un oficial de guardia de la jefatura de Policía de Rosario, quien recibió la orden de ejecución por parte del capitán Luis Sarmiento. El delincuente, le notificó Sarmiento, había sido sorprendido imprimiendo panfletos contra las autoridades militares. El cargo era susceptible de ser aplicado bajo la Ley Marcial, según el bando dado a publicidad por el general Uriburu el 6 de septiembre de 1930, el día que tomó el poder del Estado.

Uriburu había prevenido al pueblo:

"1. Todo individuo que sea sorprendido en in fraganti delito contra la seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y seguridad pública, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso.

"2. Las fuerzas que tengan a su cargo el cumplimiento de este bando, sólo podrán hacerlo efectivo bajo la orden y responsabilidad de un oficial del Ejército de mar y tierra de la Nación. Los suboficiales que sorprendan a cualquier individuo en las condiciones antedichas, deberán detenerlo y someterlo de inmediato a disposición del primer oficial a su alcance para su ejecución".

Rodríguez, con un pelotón de soldados, marchó en un camión celular de la policía hasta una barranca sobre el arroyo Saladillo. Ninguno llevaba armas reglamentarias. El obrero que iba a morir y murió fusilado era Joaquín Penina, catalán, oficial azulejista, que distribuía diarios, libros y folletos anarquistas en Rosario. Tenía 29 años. Llevaba seis de residencia en la Argentina. Había sido detenido en una pensión, a las seis de la mañana, mientras dormía. Para la Justicia estaba desaparecido: la jefatura de Policía, en respuesta a un pedido de habeas corpus, informó que Penina había sido detenido el día 9 de septiembre por averiguación de antecedentes y lo habían liberado al día siguiente a las diez de la noche.

A esa hora, supuestamente en libertad, Penina partió en el camión celular hacia la barranca. Tras los disparos, el subteniente Rodríguez le dio el tiro de gracia. Orden cumplida. Su cadáver permaneció un día en la Asistencia Pública. Ningún médico quería certificar las causas de su muerte. Después, cuatro conscriptos cavaron una fosa y lo enterraron.

El de Perrina fue el primer fusilamiento del gobierno de Uriburu, aunque su muerte no fue avalada por la Ley Marcial. Era un crimen clandestino del Estado. Quizá porque quienes decidieron matarlo no tenían pruebas de que el panfleto de protesta fuese de su autoría y tampoco hallaron armas en su cuarto. Para poder incriminarlo, sólo lograron el secuestro de un mimeógrafo que desde hacía meses estaba descompuesto. Su caso no hubiese sido admitido en un Consejo de Guerra.

Durante varios meses, la suerte de Penina quedó sepultada en la incertidumbre. Era un anarquista desaparecido. Dos años más tarde, cuando Uriburu abandonó el poder y se levantó el estado de sitio, el gobierno demócrata progresista de Santa Fe ordenó una investigación. Penina dejó de ser un desaparecido. Era un fusilado. Los responsables de su muerte continuaron en el Ejército pero ya estaban fuera de la provincia. La Justicia no los persiguió ni los condenó. Pero uno de ellos sí fue perseguido. En el año 1932, dos personas abordaron al capitán Luis Sarmiento en una ruta provincial, hicieron detener su auto, se dirigieron a él por su nombre y su grado y cuando Sarmiento confirmó su identidad, le dispararon una frase: "Esto te lo manda Penina". Y de ese modo "repararon" su muerte con un afán de justicia que los Tribunales le habían negado.

La represión del gobierno de Uriburu no seguía un manual de procedimientos determinado. Las víctimas atravesaban distintas etapas: el secuestro, la desaparición, las torturas, el simulacro de fusilamiento, un estado nebuloso que podía conducirlos a la muerte o a la libertad. Con el anarquista "expropiador" Severino Di Giovanni, sin embargo, el trato fue menos complejo. Con el pecho rodeado por una soga y blanco de un pelotón de soldados, su fusilamiento se realizó en un acto militar abierto al público en la Cárcel de la Penitenciaría. Fue en febrero de 1931. La sentencia contra Di Giovanni procedió de una corte marcial conformada para juzgar al hombre "más maligno que pisó la Argentina", como lo definió la Iglesia, comprometido a robar y a matar para paliar las injusticias contra los de abajo.

Di Giovanni era un caso extremo. Era enemigo público del Estado aun antes de la intrusión de Uriburu. Había llegado a la Argentina escapando del fascismo a los 24 años, fundó un periódico, Culmine, pero sus acciones no estaban emparentadas con las tradiciones políticas mayoritarias del anarquismo. Di Giovanni no quería golpear al enemigo solamente con palabras, huelgas o movilizaciones. Prefería golpearlo en la cara. Con los hechos. A tiro limpio. En forma individual e inorgánica. Permanente. Aunque escribiera poemas de amor a una adolescente que conquistó con sus hazañas y su valentía, editara textos contra el fascismo y fuera solidario con sus pares en prisión, su aura romántica era inseparable de su violencia. Tenía una bomba en la mano y la usaba: la bomba contra la embajada estadounidense en junio 1926, en reclamo de la libertad de los italianos Sacco y Vanzetti detenidos en la cárcel de Charlestown; la bomba contra el monumento a George Washington y el National City Bank, un año después, con dos muertos ocasionales y veintitrés heridos; la bomba en la casa de Rawson 944 contra el jefe de Investigaciones de la Policía; la bomba contra la Catedral o contra el consulado italiano en Buenos Aires en mayo de 1928. En su guerra declarada contra el Estado fascista, Di Giovanni la hizo detonar en dos maletines en momentos en que en el salón donde se tramitaban los pasaportes había doscientas personas. Produjo nueve muertos y treinta y cuatro heridos.

Di Giovanni, presentado como una conciencia pura contra el sistema por su compromiso con el proletariado, también era portador de un costado más sanguíneo y menos idealista. Entre las cuentas con sus enemigos internos en el anarquismo estaba Emilio López Arango, director de La Protesta. El diario rechazó las prácticas del anarquismo expropiador y había calificado a Di Giovanni de "agente fascista" e "instrumento policial" por las represalias que sufría el mundo obrero después de sus acciones violentas. La reacción estatal a los atentados era inmediata: detenciones de anarquistas argentinos, españoles e italianos; deportaciones a la Italia de Mussolini; traslados a la cárcel de Ushuaia; reforzamiento de prohibiciones a organizaciones y publicaciones libertarias. Di Giovanni le pidió a López Arango que se rectificara. La acusación de "agente fascista" lo había ofendido. López Arango no lo hizo. Al contrario, La Protesta siguió incomodando a Di Giovanni. Preguntaba: "¿El terrorismo anónimo que hiere al azar, puede ser considerado como un arma del movimiento anarquista?".

López Arango acababa de comprarse su primer traje cuando Di Giovanni decidió dar por terminada la polémica con él. Llamó a la puerta de su casa y apenas el periodista preguntó quién era ya estaba herido de muerte.

Di Giovanni terminó la década de 1920 siendo el hombre más buscado de la Argentina. Con la dictadura militar en el poder en 1930, redobló el desafío y los atentados. Pero bastaron pocos meses para que, tras la caída de un compañero anarquista que soportó hasta diez días mudo en la sala de torturas, el cerco se cerrara.

La detención de Di Giovanni estuvo a la altura de su épica controversial. Escapó con cien disparos por los techos y calles del centro porteño. En el ataque policial murió una niña, hubo heridos e intentó suicidarse, como Radowitzky.

Sin embargo, pese al intento del régimen militar de juzgar a Di Giovanni de forma clara y ejemplar, el trámite judicial se entorpeció cuando el fiscal del proceso, el teniente Juan Carlos Franco, de 32 años, realizó una defensa imprevista. Franco no era abogado, pero cuestionó la competencia del tribunal. Dijo que debía ser constituido para casos de guerra, conmociones o desastres y no para delincuentes comunes. Pero, aun constituido, argumentó, debía atenderse que Di Giovanni había devuelto con balas "la agresión policial".

Franco, además, puso en duda que hubiese matado a la niña porque había sido muerta mucho antes de que "el perseguido" comenzara a disparar. "Es un caso de defensa propia, cincuenta revólveres disparaban contra Di Giovanni", explicó el fiscal.

Franco, que era hijo de una familia conservadora de Salta, introdujo un matiz religioso para salvar a un hombre que nunca había creído en Dios. En su alegato argumentó que la vida era privativa del Creador y sólo Él regía su destino. Matar a Di Giovanni arrogándose una facultad de Dios, dedujo Franco, era un atentado contra la ética.

La apelación del fiscal fue rechazada, y luego Franco fue destituido y arrestado junto a los presos comunes por defender a un anarquista. Después tuvo que exiliarse en el Paraguay y retornó al país en 1932. Moriría dos años más tarde de tifus, según el médico militar que lo examinó. Para su familia, en cambio, fue envenenado en una cena de camaradería del Ejército.

Al Consejo de Guerra le bastó un día de sesión para que el acusado fuese sentenciado a muerte. Fue un día en el que Di Giovanni también soportó las tenazas de madera sobre su lengua, la quema con cigarrillos y la torsión de sus testículos para luego ser presentado al pelotón de fusilamiento. Roberto Arlt, entonces periodista de El Mundo, que lo vio morir con unos ojos terribles y fijos, renegridos por efecto de la luz, se molestó con algunos espectadores del acto militar, que esa madrugada, vestidos de frac y zapatos de baile, se rieron mientras Di Giovanni ya paladeaba la muerte y luego interpusiera "¡Viva la anarquía!" como testimonio frente a la orden de fuego.

Si bien el anarquismo estaba por entonces lejos de ser el centro de la escena, aun desde los márgenes de su actividad gremial, política y/o violenta seguía conmoviendo a la opinión pública. Sucedió con el Proceso de Bragado. Fue un caso judicial iniciado pocos meses después del fusilamiento de Di Giovanni, en agosto de 1931, a partir de un paquete-bomba simulado en una encomienda enviada a una familia de esa localidad. La apertura del paquete mató a dos personas, la hermana y la hija de José Blanch, un caudillo conservador local, dueño de casas de juego y caballos de carrera.

No había motivos para pensar que Blanch podía ser blanco del resentimiento anarquista, pero esta presunción no impidió que tres militantes de la FORA de Bragado fuesen encarcelados sin más pruebas que un anónimo de narrativa policial que se sumó al expediente. El propio Blanch indicó que la nueva pista tenía el propósito de desorientar la investigación, que ya había sido encaminada hacia a sus enemigos del ámbito político o a una venganza personal, pero la voz de la víctima no fue considerada. Pascual Vuotto, Santiago Mainini y Reclus De Diago fueron condenados a prisión perpetua. La campaña popular promovida por los Comités de Agitación y el Comité Nacional por la Libertad de los Presos de Bragado recorrió toda la década de 1930. En 1942, Rodolfo Moreno, gobernador de la provincia de Buenos Aires, les conmutó la pena, pero jamás fueron declarados inocentes.

La detención de los anarquistas estaba enmarcada en una política de persecución al movimiento obrero. La Ley Marcial se había agregado a la Ley de Residencia y a la de Defensa Social en el aparato jurídico-represivo. Con Uriburu, el Estado comenzó a utilizar tácticas semejantes a las que padeció Penina —detención, "liberación" y fusilamiento— en forma más o menos sistemática.

Materia de este procedimiento fue el secretario de la Federación Obrera Marítima Juan Antonio Morán, quien fue detenido, firmó el "acta de libertad" en el Departamento de Policía y luego fue secuestrado por fuerzas clandestinas que le pusieron una bala en la nuca y lo abandonaron en un zanjón de San Justo. Morán, que era anarquista, tenía un antecedente no habitual en la lucha gremial, aunque se ajustaba al clima de violencia política o de "violencia defensiva": había matado al mayor del Ejército Wenceslao Rosasco, interventor de la Comisaría 1ª de Avellaneda, que dirigía la represión sobre trabajadores portuarios o marítimos del Riachuelo y del proletariado de la zona sur del conurbano bonaerense. Rosasco sentó jurisprudencia en el municipio de Avellaneda apenas inició su gestión: dirigió el fusilamiento de dos delincuentes comunes, dos "rateros" a los que ataron al banco de plaza que estaba en el patio de la comisaría y les dispararon ocho balas a cada uno. Pero las razzias para la purificación del distrito de Rosasco no comprendían tanto a proxenetas o delincuentes —con los que no era difícil que alcanzara un acuerdo— como a obreros de izquierda a quienes detenía en sus domicilios para luego llevarlos a la tortura en "interrogatorios" con simulacros de fusilamiento. Rosasco en persona solía sablear a los detenidos.

Una noche de junio de 1931, después de una razzia en la que había descabezado a cuadros del comunismo y el anarquismo que seguían actuando en la clandestinidad, Rosasco fue a cenar con un funcionario municipal en un restaurante de la calle Mitre. Todavía no habían llegado a los postres cuando Morán, con la colaboración de tres trabajadores del puerto, entró en el salón comedor y lo mató a balazos. Uriburu respondió de inmediato: la policía comenzó a detener obreros al azar y hubo casos en que fueron ultimados en plena calle.

El movimiento obrero había llegado a la década de 1930 signado por la fragmentación interna y por la pérdida de afiliados a sus organizaciones, pero intentó agruparse en un proceso de unidad. Las centrales obreras "sindicalista" (Unión Sindical Argentina, USA) y socialista (Confederación Obrera Argentina, COA), más el aporte de otros gremios autónomos del transporte y de la industria liviana de bajo nivel de tecnificación, conformaron la Confederación General del Trabajo (CGT). De este proceso quedaron excluidas las centrales anarquista (FORA) y comunista (Comité de Unidad Sindical Clasista, CUSC).

La CGT intentó reducir el nivel de politización de sus demandas y evitar un enfrentamiento con el gobierno. Prefirió limitar la acción gremial al cumplimiento de las leyes obreras y la defensa del empleo. El índice de desocupación alcanzaba el veintiocho por ciento.

Pero frente al estado de sitio, las torturas, las deportaciones y las persecuciones a los trabajadores, esta posición parecía demasiado "burocrática y capituladora" para anarquistas y comunistas, que padecían como ningún otro la represión militar. Y mientras ambas facciones calificaban de "perro asesino" a Uriburu, la CGT intentaba la búsqueda de un diálogo institucional con el Estado por intermedio del Departamento Nacional del Trabajo.

Para obstruir la interferencia política, el sector "sindicalista" de la CGT minimizó la vinculación del proyecto uriburista con el fascismo y encuadró la resolución de los conflictos en un terreno económico puro. Esto fue también un punto de discordia en la unidad con los socialistas: no sólo denunciaban los peligros del fascismo en la Argentina, sino que, si bien eran celosos de su condición de gremialistas, respetaban los principios políticos del Partido Socialista.

La continuidad de la política represiva de Uriburu persuadió a la CGT de retocar su estrategia de indiferencia inicial y habilitó un Comité Pro Presos para promover la libertad de los perseguidos gremiales. A casi un año de la irrupción golpista, la CGT ya contabilizaba mil obreros detenidos en las cárceles de Villa Devoto, de la Penitenciaría, de Ushuaia, en el Departamento Central de Policía y en distintas unidades navales que funcionaban como prisión. Las organizaciones obreras de Buenos Aires, de Avellaneda, de Rosario, de Bahía Blanca, de Zárate y de Campana habían sido desmanteladas con el despliegue de las fuerzas militares.

Uriburu aspiraba a una larga permanencia en el poder. No se conformaba con un interinato militar que sólo hubiese cosechado el mérito de haber expulsado a Yrigoyen del poder para luego volver a cedérselo a los civiles. Su objetivo era lograr una reforma estructural del sistema político que prescindiera de la Ley Sáenz Peña y de la Constitución nacional y condujera a una república corporativa. Sería la coronación de la "gesta septembrina": un sistema que regulara la vida institucional a través de representantes de diferentes segmentos patronales —la industria, el comercio, el agro— más la participación de asociaciones cívicas, culturales y gremiales, y pusiera punto final a las formaciones políticas como mediadoras obligadas de la representación popular.

La reforma —tal cual la proyectaba Uriburu— sería votada en una asamblea constituyente pero con un Parlamento renovado. Para ese fin, programó elecciones legislativas en forma escalonada en diferentes provincias como paso previo a las elecciones presidenciales.

Las cabezas más visibles del nacionalismo elitista, que dominaban la intimidad de la Casa de Gobierno, eran el principal sostén del proyecto político de larga duración del uriburismo. El secretario general de la Presidencia, teniente coronel Juan Bautista Molina, y el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, ahora se proponían un desafío que parecía mucho más intrincado que lo que había sido la toma de la Casa de Gobierno, prácticamente desocupada cuando usurparon el poder. Ahora querían derrotar en las urnas al radicalismo que ya habían depuesto con las armas, y luego modificar la estructura del sistema político argentino.

La idea de restauración corporativa de Uriburu no fue apoyada por los partidos políticos. Ni siquiera por los conservadores. El gobierno no logró convencer a los dirigentes para que trabajaran en favor de su propia destrucción. Sólo las febriles corrientes nacionalistas, imposibilitadas de unificarse en estructuras partidarias, apoyaron el plan corporativo. Luego de muchos años de solitaria prédica intelectual y militante en el infértil territorio de la democracia, los nacionalistas adoptaron a Uriburu como el redentor de los nuevos tiempos. Fue el general que por primera vez los comprendió y albergó en el Estado.

La tormenta del mundo ya se distinguía en el horizonte del Río de la Plata. En la década de 1920, Europa empezaba a exhibir un desprecio militante por el sufragio universal, descreía de los arbitrajes en los conflictos y de las mediaciones políticas. Existía la certeza de que la crisis económica del capitalismo conduciría al derrumbe de la democracia liberal. Los posicionamientos eran radicales: Roma o Moscú. La elite del nacionalismo local, deleitada con el eco del fascismo europeo, anunciaba que había sonado la hora de la espada. El futuro había llegado.

Leopoldo Lugones era uno de sus profetas. En diciembre de 1924, en el Perú, en la conmemoración oficial del centenario de la batalla de Ayacucho, con la presencia del ministro de Guerra, general Agustín Justo, el poeta rescató la pureza de la fuerza militar frente al "pacifismo, el colectivismo y la democracia".

"El Ejército —dijo Lugones— es la última aristocracia, la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta frente a la disolución demagógica. Sólo la virtud militar realiza en este momento histórico la vida superior que es belleza, esperanza y fuerza".

La necesidad de la preeminencia del "poder fuerte" por sobre el parlamentarismo, su caracterización del sufragio universal como "el culto de la incompetencia" —que sólo podría engendrar un "gobierno inepto"—, convertiría a Lugones en uno de los más lúcidos tutores de las ideas políticas del nacionalismo.

El poeta, que hacía de cada visita a la sala de armas del Círculo Militar un moderado acto de proselitismo político y personal, arengaría a los hombres de armas en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas de 1930 a desenvainar la espada para regir los destinos de la Nación. Tres meses después, redactaría la proclama del golpe de Estado, aunque, para su decepción, sería objetada a última hora por sectores castrenses ligados al general Justo, que reforzaron el compromiso por escrito del nuevo gobierno provisional de retornar a la Constitución; un juramento del que Uriburu deseaba librarse.

Hacia el fin de la década de los veinte, la reacción aristocrática estaba otra vez de pie en la Argentina. Ávida de constituirse en brigadas y tropas de asalto callejero, tenía menos pudores institucionales y una formación mucho más militarizada que sus antecesores de la Liga Patriótica, que llegaba a la tercera década del siglo con una humilde influencia.

Conformada por estudiantes y profesionales de clase media-alta, también por militares, ahora era la Legión Cívica el grupo más relevante de un magma ideológico nacionalista que se había animado a enjuiciar a la "dictadura de los partidos políticos", acusaba de "ladrones" a sus dirigentes y descalificaba por "demagógico" al sistema de representación popular que daba un valor igualitario a cada voto, sin diferenciar la trascendencia de cada elector en la sociedad. Desde esa perspectiva, la Ley Sáenz Peña había concebido una injusticia.

"En este país hay un sesenta por ciento de analfabetos [...] —se había lamentado Uriburu para justificar su proyecto—. Ese sesenta por ciento de analfabetos es el que gobierna, porque en las elecciones legales ellos son mayoría".

Aunque los analfabetos fuesen en realidad una tercera parte de lo que él había revelado, tanto Uriburu como los nacionalistas aspiraban a un gobierno "de los mejores", con voto calificado y veto a los iletrados, para otorgarle legitimidad a un poder que ya detentaban por la fuerza.

Uriburu autorizó a la Legión Cívica a operar como fuerza de choque del oficialismo. Los legionarios se exhibieron en las calles como arma de intimidación contra los que impugnaban su proyecto corporativo. Uriburu firmó un decreto que los autorizaba a entrenarse en el Ejército los días domingo e incluso varios agentes de la inteligencia militar colaboraron en las tareas organizativas. Con el favor oficial, los legionarios también gozaron de algunas prerrogativas: usaban las escuelas públicas para difundir sus actividades y transmitir su visión de la Patria a los escolares. Tenían, también, un canal de preferencia para ingresar al Estado, práctica que habían despreciado por "corrupta y deshonesta" cuando la ejercieron los yrigoyenistas.

La Legión se convirtió en la reserva moral y militarizada del proyecto uriburista. En lo simbólico, sus marchas imitaban la movilización de masas de la Italia fascista. Una de las representaciones públicas más teatrales ocurrió en el desfile del 25 de mayo de 1931. En el festejo patrio, los legionarios se alinearon prolijamente en pelotones y a paso militar desfilaron frente a Uriburu, que les daba la voz de "Legionarios" y ellos respondían "Viva la Patria" con el saludo fascista.

El poder delegado a la Legión Cívica y el alcance de su rol a futuro había generado desconfianza en las Fuerzas Armadas. Pero Uriburu prometió que no utilizaría a los legionarios como un movimiento de masas subordinado al Estado, a semejanza de Mussolini. Los caracterizó como un "organismo absolutamente apolítico" con la misión de defender la Patria y el Orden. Sin embargo, decepcionado por los sectores civiles que lo habían acompañado a tomar por asalto el Estado y ahora le daban vuelta la cara, la Legión representaba una base política de intimidación para defender su proyecto de reforma constitucional que lo retuviera en el poder.

La base represiva de su gobierno, con el encarcelamiento y la eliminación de opositores, también fue sostén de su plan político de larga duración. Uriburu no utilizó a las Fuerzas Armadas como institución para la represión clandestina. Prefirió delegar ésta en algunos militares ligados al nacionalismo y en sus funcionarios de mayor confianza, pero, básicamente, en la estructura policial.

Hasta el golpe de Estado de 1930, la Sección Orden Político era una repartición casi anodina en la burocracia de una policía que había naufragado muchos años en la desorientación, rastreando las esquirlas de Severino Di Giovanni, sin poder probar su responsabilidad penal. Orden Político se manejaba con una veintena de agentes que elaboraban informes de inteligencia en conferencias de prensa o debates públicos. La Sección era conducida por el coronel Enrique Pilotto, quien, apenas asumió Uriburu, cedió el control a Leopoldo Lugones (h), el hijo del poeta.

Lugones (h) ya tenía experiencia en los organismos públicos. Había sido director del Reformatorio Olivera, pero fue exonerado por matar a palos a un internado. Lugones (h) no había tenido una infancia feliz: castigos corporales por parte de su familia, un ataque de tifoidea a los 12 años que le amargó su estadía en París, pero no había dudas de que quería ser policía. A los 16 años se había ofrecido como aspirante a la Sección de Investigaciones. Lo hizo con su propia invención: un instrumento para torturar y hacer declarar a los detenidos. Lo había probado con animales y le había dado resultado.

Lugones (h) le dio impulso a la repartición policial. Bajo su gestión llegó a tener trescientos agentes a su cargo que caminaban las calles en busca de cualquier frase de café en oposición al gobierno como argumento de una detención por "conspiración" que luego se pagaba con cárcel y torturas. En virtud de sus procedimientos, sus víctimas denunciarían que sentía placer por los castigos físicos y morales. Por su fisonomía y su estructura psíquica, lo comparaban con Santos Godino, el "Petiso Orejudo", criminal serial que ahorcaba o prendía fuego a los menores. Y, así como Godino era objeto de estudio de la criminología argentina, las víctimas de Lugones (h) reclamaban que se evaluaran sus conductas criminales con los mismos parámetros.

Lugones (h) provocó una revolución en las técnicas represivas de la policía. Hasta su gestión, los agentes se valían de cachiporras de goma o de la prensa, que oprimía distintas partes del cuerpo de los detenidos para sus "hábiles interrogatorios". Incluso la cárcel de la isla Demarchi, ubicada en el Río de la Plata, entre la Costanera Sur y La Boca, tenía un tanque donde se sumergía a los detenidos, pero era de agua limpia. Lugones (h) produjo el salto cualitativo. Presentó nuevos instrumentos de tortura para hacer más eficaces los "interrogatorios" policiales. Los utilizó en los sótanos de la cárcel de la Penitenciaría de la calle Las Heras. Fueron probados sobre los cuerpos de miles de detenidos por el Régimen.

En su catálogo estaba su invención juvenil, la picana eléctrica, un cable con corriente eléctrica que recorría encías, esfínteres y genitales del cuerpo desnudo y mojado de la víctima conectado a electrodos; la silla, en la que se inmovilizaba al detenido para castigarlo. La silla, además, estaba ligada a una rondana que permitía elevar al torturado para luego hacerlo caer de cara en el tacho, una pileta repleta de inmundicias y materia fecal.

Los tacos fueron otra de las técnicas de aplicación de tortura utilizadas en la Penitenciaría. Eran pilares de adoquines o de madera que se presionaban con un torniquete sobre los riñones, las costillas o el hígado de los detenidos atados en la silla. Con el tiento se ataban los genitales y se los estiraban. También las agujas al rojo vivo, los cigarrillos presionando las partes más sensibles del cuerpo o las tenazas de madera para estirar la lengua de la víctima, fueron instrumentos de uso en la Penitenciaría.

El triángulo era el primer reducto que conocían los torturados. La primera etapa de un largo recorrido. Era un espacio de dimensiones pequeñas, rodeado de materia fecal y anegado por el agua y en total oscuridad, donde se dejaba desnudo al detenido bajo temperaturas extremas. Allí debía reflexionar sobre la conveniencia de firmar una declaración judicial que lo incriminara a él o a un tercero. Después del triángulo, a través de un largo pasillo con celdas, se descendía a los sótanos de la Penitenciaría. Una manta negra separaba el ingreso al salón de tortura oficial.

No sólo obreros, estudiantes, radicales, anarquistas o comunistas fueron objeto de la represión del régimen militar. El gobierno de Uriburu también torturó a sus camaradas de armas. Fue un proceso que se inició en febrero de 1931, cuando el interventor de Córdoba, Carlos Ibarguren, denunció que había frustrado el complot de un grupo de civiles yrigoyenistas que había logrado comprometer a suboficiales del Regimiento 13° de Infantería para un alzamiento militar. Pocos días después, se anunció el descubrimiento de otra conjura. El gobierno acusó a miembros de las Fuerzas Armadas de estar involucrados en la conspiración, los detuvo y los trasladó a la Penitenciaría para ser torturados por militares, policías y civiles, uno de ellos extranjero.

Los supuestos líderes de la insurrección eran el general retirado Carlos Toranzo Montero y el general Ernesto Baldasarre, ex director del Arsenal de Guerra, junto con otros treinta y cuatro oficiales.

Toranzo Montero no pudo ser capturado —se fugó al Uruguay—, pero detuvieron a su hijo, un teniente primero en actividad destacado en un regimiento en Corrientes. Lo trajeron a la Penitenciaría, donde conoció a los hombres que administraban la tortura para velar por la seguridad del proyecto político del gobierno.

Toranzo Montero (h) había llegado tambaleándose al primer interrogatorio. En la sala de tormentos le habían golpeado la zona lumbar con un objeto contundente. Se sentó en un sillón de la oficina del director de la Penitenciaría, el ex diputado conservador Alberto Viñas. Frente a él estaban el teniente coronel Juan Bautista Molina, gestor de la Legión Cívica y secretario general de la Presidencia; el subprefecto David Uriburu, apodado "El Doctor", primo del presidente provisional, y el coronel Pilotto, jefe de la Policía de la Capital. El coronel Molina tenía a su lado a dos taquígrafos, que luego se ocuparían de redactar la declaración del presunto complotado para incorporarla al expediente de la justicia militar.

Molina empezó insultando al general Toranzo Montero —"aliado a la chusma radical"— y le informó al hijo que su padre ya había sido detenido y estaba siendo trasladado a esa unidad carcelaria para ser fusilado de acuerdo con la Ley Marcial, como lo habían hecho con Di Giovanni. De modo que, le explicó Molina, a él como hijo le convenía relatar todo sobre el complot para disminuir la desgracia de su familia y no correr la misma suerte que correría su padre. Si hablaba, podía salvarse. Le recomendó actuar como lo había hecho su hermano, cadete militar, que había sido detenido, reveló lo que sabía y pronto quedaría en libertad.

Toranzo Montero (h) temía ser ejecutado con base en una declaración fraguada. Obnubilado, sin respuestas físicas ni mentales, le comentó a Molina que acababa de ser torturado. El secretario general de la Presidencia le restó importancia a la novedad. Le dio a entender que eran prácticas que obedecían a órdenes del gobierno.

Otro de los detenidos del supuesto complot fue el teniente primero Frugoni Miranda. Un oficial fue a su casa y le indicó que Pilotto deseaba conversar con él. Frugoni era oficial investigador de la sección Justicia del Ejército. Diez años antes, había formado parte del Regimiento 10° de Caballería que fusiló a los huelguistas en Santa Cruz. Ahora sentía que aquel infierno se le venía encima. Lo tomaron prisionero en la Penitenciaría, le robaron sus pertenencias y lo obligaron a permanecer de pie en el triángulo. A las cinco horas, Frugoni Miranda, que consideraba indigno que un militar estuviese uniformado en esa situación, pidió que le trajeran ropa de civil. Después lo condujeron al sótano de la Penitenciaría, lo sentaron en la silla, ataron sus brazos y pies con una soga y le colocaron los tacos de madera a la altura de los riñones. Viñas le dijo que tenía una declaración de un pariente que lo involucraba en el complot de Toranzo Montero. Le preguntó si él tenía algo más para aportar. Frugoni Miranda no respondió.

—Marucci, dale al torniquete —ordenó Viñas.

Esteban Marucci era italiano, jefe de una banda de delincuentes comunes que asaltaba negocios y a chauffeurs. También era miembro del Departamento de Investigaciones de la Sección Especial de Represión al Comunismo de la Policía. Se había ganado el aprecio del director de la Penitenciaría por su permanente disposición a superarse. Siempre le aportaba ideas a Lugones (h) para la creación y el perfeccionamiento de los aparatos de tortura. Las tenazas de madera, por ejemplo, eran una obra suya. Viñas lo había empleado como secretario privado.

Marucci obedeció la orden de su jefe y la presión sobre el cuerpo de Frugoni Miranda aumentó. El militar tenía la vista nublada y la garganta seca.

—¿Va a declarar? —volvió a preguntarle Viñas.

—No tengo nada que declarar —respondió el teniente primero. Ya no podía articular las palabras.

Viñas se disgustó. Gritó:

—¡Marucci!

El italiano volvió a la acción y Frugoni Miranda se desmayó. Viñas, que era médico, lo revisó y se sorprendió de que no se hubiese muerto. Pero, como a todos los que perdían el conocimiento, enseguida se le raspaba el pecho con un pedazo de lija y se lo rociaba con aguarrás y alcohol. Apenas reaccionaba, se lo volvía a torturar.

Cuando Frugoni Miranda volvió en sí, comenzó a insultar a Viñas.

—Usted no es un médico, es un criminal. Prometió aliviar a los hombres de sus males físicos y en cambio los tortura. Es un criminal.

Viñas se enfureció con la acusación de su prisionero. Él había hecho su aporte para elevar la jerarquía científica de la medicina. Como médico y diputado, en 1921, había promovido la ley que estableció la obligación de los magistrados judiciales de elegir como peritos a los médicos legistas. Fue la ley que permitió a los médicos trabajar en conjunto con los jueces y dejar los orgullos profesionales de lado. Impotente, Viñas le quiso dar un golpe de puño a Frugoni Miranda pero se contuvo. Le ordenó a Marucci que le retorciera los testículos. Marucci le puso el lienzo y reforzó la compresión de su tórax con los tacos de madera. El detenido escupió sangre.

Frugoni Miranda permaneció seis días en una celda sin cama y sin un médico que lo atendiese. Lo llevaron a la prisión del transporte Pampa. Allí, tras mucho fatigar, logró que una junta de reconocimiento médico del Ejército decidiera su traslado al Hospital Muñiz, donde permaneció tres meses. En agosto de 1931, fue enviado al Hospital Militar y desde allí trasladado al Regimiento 4º de Artillería de Córdoba en calidad de detenido.

El auxiliar de policía José María Cortina también fue acusado de participar en el complot. Fue el 15 de febrero de 1931, mientras custodiaba en la calle el corso de carnaval. Llegó a última hora a la Penitenciaría. Lo recibió el jefe de Orden Político de la Policía, que también oficiaba de interrogador.

—Tengo orden de romperlo, pero es tarde y tengo que irme —le anticipó Lugones (h)—. Si no dice lo que yo sé que sabe, sin asco lo voy a entregar para que procedan con usted.

Enseguida extrajo una declaración judicial que involucraba a una lista de políticos radicales en el levantamiento. Quería que la firmase. Cortina firmó la declaración y lo mandaron al Pabellón 7. Pero no se salvó. Fue al sótano. Traspasó la manta negra. Vio a los taquígrafos. Estaba Marucci. Querían que firmara otra declaración que lo incriminara en la sublevación de la tropa policial. Lo ataron de pies y manos. Conoció los tacos de madera, la rondana, la soga al cuello, se desmayó. Fue al triángulo, al Pabellón 6, a la enfermería. Desde la noche en que fue detenido en el corso de carnaval permaneció tres meses y ocho días en la Penitenciaría.

Hasta la llegada de Uriburu, el jefe de la Sección Penal de la cárcel de la Penitenciaría era el teniente coronel Antonio Fernández, designado por Alvear. Pronto fue desplazado. Después supo que en el sótano habían sido torturados los tenientes Cardalda, Echegaray, Héctor y Alfonso Grisolía y Gerardo Valotta, entre tantos otros, y que a las dos hermanas de Valotta las habían llevado al sótano, donde fueron torturadas y violadas por Lugones (h). Marucci les había aplicado las tenazas a sus pezones. Y luego las encerraron en el asilo de prostitutas de la cárcel.

El coronel Fernández se indignó también cuando supo que el general Baldasarre, además de ser torturado, había sido escupido en la cara por Marucci. Un civil italiano había escupido a un general argentino con la complicidad de sus camaradas de armas. Fernández lo sintió un agravio para todo el Ejército. Se le ocurrió preguntar a la Comisión Directiva del Círculo Militar qué actitud habían asumido frente al caso del general Baldasarre, socio de la institución, dado que otros de sus torturadores también eran socios del Círculo. La pregunta le resultó impertinente a la Comisión Directiva. Una semana después, un agente de Orden Político fue a la casa del teniente coronel Fernández e intentó detenerlo. Tenía orden de Lugones (h). El militar se resistió e invitó al hijo del poeta a que lo detuviera en persona.

Adelio Ortiz, un comisario jubilado, proveedor de vinos en barcos mercantes, también fue hecho prisionero por el supuesto complot militar. En una de las oficinas de la Penitenciaría fue recibido por el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, el responsable político del plan corporativo de Uriburu. El funcionario, que cuando fue diputado votó a favor de la creación de una comisión investigadora parlamentaria por los fusilamientos en la Patagonia sólo para importunar a los radicales, no era ajeno a las diligencias en la unidad carcelaria, pero no le gustaba perder el tiempo ahí dentro: sólo presenciaba las torturas a los detenidos de mayor relieve para escuchar de primera mano sus confesiones, si las había; a diferencia del coronel Parker, que presenciaba las torturas como distracción estética o visual. Además, como por lo general en la Penitenciaría se torturaba de noche, prefería que a la mañana siguiente, el comisario inspector Vaccaro, jefe de la Sección Penal, le reportara la síntesis de los interrogatorios. Vaccaro se sentía cómodo en su nuevo cargo. Bastaba que oprimiese un botón de su escritorio para que se acercara un torturador a su despacho para recibir indicaciones. Además, para él, que dirigía una banda de delincuentes que tenía su cuartel general en una imprenta de la calle Entre Ríos, el puesto le permitía extorsionar a políticos con la amenaza de un futuro de torturas en la Penitenciaría.

Sánchez Sorondo, que además de ministro era profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, le preguntó a Ortiz si era radical. "Peludista", respondió el detenido. Así se declaraban los leales a Yrigoyen.

Vaccaro trató de poner a Ortiz en situación. Había algo que no estaba funcionando.

—Vea, amigo —le dijo—. Vamos al grano. Tenemos medios expeditivos para que hable rápido.

Ortiz le comentó que la presencia del ministro del Interior en ese lugar le daba la medida de la infamia que cometía la policía.

Sánchez Sorondo se enojó:

—Ya le vamos a sacar las compadradas a los radicales —dijo.

Le ordenó a Lugones (h) que se ocupara del interrogatorio y se fue. Pero, al cabo de unas preguntas, Lugones (h) no había logrado nada. Vaccaro observó que Ortiz se mantenía irreductible y estaba orgulloso de su actitud. Se lo reprochó. Le dijo:

—Usted es un otario. Lo van a hacer guiso. Vea lo que le hicimos a Baldasarre. Le retorcimos los testículos. Y a los tenientes los hemos hecho pedir agua. Aquí no se resiste nadie. No se haga deshacer, amigo.

Vaccaro llamó al inspector Juan Carlos Mercado, uno de sus esbirros.

—Hágale conocer el establecimiento al señor.

Salieron de la oficina y recorrieron la galería de la alcaldía junto a otros carceleros. Ortiz escuchaba a detenidos que se quejaban de las torturas desde las celdas. Hacia el final, a la izquierda, descendieron una escalera que conducía al sótano de la Penitenciaría. Lo llevaron hasta una manta oscura. Mercado la corrió y le hizo conocer el Jardín de los Suplicios. Quedaba justo debajo del despacho de Viñas. En otros tiempos había sido utilizado por los encausados para elaborar el pan dulce de Navidad. Ahora no. Ortiz vio a Joaquín Cordeau, ex jefe de compras del Congreso, parado en un charco de sangre que chorreaba de su boca, su nariz y uno de sus oídos; Antonio Bianchi, afiliado socialista, también sangraba. Dos hombres le aplicaban termocauterio en la ingle y los brazos. Tenía dos costillas fracturadas. Al fondo, una persona atada en una silla con la cara deshecha miraba sus dientes en el suelo. Tenía los labios partidos. Era el turco Salin Fader. Ortiz sentía olor a sangre quemada.

—¿Qué le parece? —se interesó Mercado.

—Miserables —respondió Ortiz.

—No se excite. Usted ya va a probar todo esto. De acá no se escapa nadie.

Ortiz fue conducido a una celda. "Vaya y piense", le recomendó Mercado.

Al segundo día lo llevaron al Jardín de los Suplicios. Mercado lo invitó a que él mismo corriera la manta. Apenas lo hizo, Ortiz recibió un cachiporrazo de goma que lo derribó hacia adentro. Sin que pudiera reaccionar, ya estaba metido en una prensa con dos gruesas tablas sujetas a una columna, con los pies atados y la caja torácica aprisionada. Se sentía estaqueado. Le pareció que había unas treinta personas que lo observaban. Un "Tribunal de Sangre" dispuesto a juzgarlo. Vaccaro se adelantó. Le dijo:

—O cantás o te deshago, hijo de puta.

Ortiz se desahogó.

—Matame, miserable. Pero no me dejes con vida porque firmaste tu sentencia de muerte. Si vivo, te voy a arrancar el corazón.

Vaccaro ordenó a Marucci que le presionara la prensa. Ortiz perdió el conocimiento y cayó al suelo. Vomitó sangre. Sintió el hígado reventado. La sangre les manchó los pantalones a dos miembros del "Tribunal", que respondieron con puntapiés. D'Elía, Denovi, Jiménez, que eran policías que conocía, se rieron del percance. Ortiz era un hombre pesado, de 120 kilos, y costó subirlo otra vez a la silla. Lo volvieron a atar. Viñas le tomó el pulso. Ordenó a sus hombres que volvieran a actuar. Lugones (h) se interpuso. Confiaba en su capacidad de persuasión. Les ordenó a los taquígrafos:

—Apronten lápiz y papel, que hablará espontáneamente.

Se dirigió a Ortiz.

—Acá tengo una lista de políticos. Son cincuenta o sesenta. Diga quiénes formaron parte de la Junta Revolucionaria.

Lugones (h) comenzó a leer nombres de jefes y oficiales que suponía involucrados en el complot. Ortiz dijo que no conocía a ninguno. Lo subieron dos metros con la rondada y empezaron a bajarlo con la silla hasta asfixiarlo en el tanque lleno de mierda.

Cuando Ortiz recobró el conocimiento, Lugones (h) lo estaba amenazando con la tenaza para sacarle la lengua. Le preguntó si había recibido dinero de Honorio Pueyrredón y se lo había dado a Toranzo Montero para financiar el complot. El hijo del poeta lo previno: "Si lo niega, no lo dejo con vida".

Ortiz fue atado y asfixiado otras cinco veces. Le aplicaron inyecciones para sostenerle el corazón. Tuvo una congestión cerebral. Dos detenidos, que eran médicos, le hicieron una sangría con una hoja de afeitar. Estuvo entre la vida y la muerte durante cuatro meses. No podía distinguir la hora. Lo fueron alojando en diferentes pabellones de la Penitenciaría. Al noveno mes entregó un escrito a la justicia federal para irse del país. Fue llevado en barco a Montevideo. Uno de sus hijos, estudiante, de 19 años, también había sido detenido y torturado.

El ex diputado radical Leopoldo Bard fue otra presa del régimen uriburista. Bard, hijo de inmigrantes judíos, había sido jugador de fútbol y primer presidente de River Plate, club que había fundado en 1901 cuando era practicante del Hospital Muñiz. Como médico, había atendido a los heridos de la Semana Trágica y fue titular del bloque radical yrigoyenista en el Congreso. Los uriburistas lo acusaban de ser uno los jefes del "Klan radical" y de estar relacionado con una red de prostitución. Bard fue detenido el 9 de septiembre de 1930. Le robaron y le incendiaron la casa. Estuvo más de 15 meses en prisión. Luego sería absuelto de los cargos de homicidio y lesiones que le imputaron, pero su secretario, Antonio Sturla, también acusado de instigar al "Klan radical", fue detenido en una cárcel de encausados el día del golpe de Estado. Luego, sin orden judicial, fue entregado al jefe de Orden Político. Lugones (h) le aconsejó a Sturla que hablara:

—No estoy dispuesto a perder el tiempo con atorrantes como vos. Te doy un plazo de dos horas para que resuelvas hablar.

Sturla se mantuvo en silencio. Lo llevaron al triángulo. Estuvo veintinueve horas desnudo, sin comer ni tomar agua. Después lo bajaron al Jardín de los Suplicios. Le volvieron a hacer preguntas y no hubo respuestas. Con su víctima atada en la silla, Lugones (h) lo castigó con trompadas y culatazos de revólver en la frente. Lo mató. Luego le informó al juez que Sturla se había suicidado.

Otro torturado fue Francisco Grande Novoa, un caudillo yrigoyenista que había estado al frente del frigorífico municipal. Lugones (h) lo acusó de pertenecer al "Klan radical". El 17 de febrero de 1931 fue detenido en su casa y trasladado a la Penitenciaría. Lo interrogó Vaccaro, que le debía algunos favores, pero simuló no conocerlo. Pretendía que Novoa comprometiera al general Toranzo. Grande Novoa se negó. Viñas también tenía amistad con él, pero fingió no recordarlo. Grande Novoa estuvo cuatro meses encerrado en la Penitenciaría y permaneció otro año detenido en su casa.

Después de la estadía en el sótano de la Penitenciaría, el régimen de Uriburu acostumbraba hacerles firmar una declaración judicial a los detenidos frente al juez Miguel Jantus en la que reconocían que habían sido bien tratados. Con el trámite resuelto, los enviaban al Pabellón 3° bis de la cárcel de Villa Devoto. Llegaban despedazados. Un periodista radical de Pergamino apareció golpeado y ciego. Alcides Costa, dueño de una imprenta en Rafaela, llegó paralítico y mudo por las torturas. Un obrero, Vázquez, fue ingresado al pabellón después de pasar toda la noche atado, escupido e insultado y con simulacros de fusilamiento en los bosques de Palermo. Lo mismo sucedió con Franco Cachi, anarquista, torturado y golpeado a puño en Orden Político hasta desmayarlo, o con Rafael Nevado, con los pies quemados y la marca de una cuerda que le había oprimido la garganta hasta dejarlo sin aire.

El 3º recogía los restos humanos que llegaban "en carretilla" desde la Policía Montada de Palermo, la Sección de Orden Político del Departamento de Policía o de la Comisaría 1ª de Avellaneda. Era probable que llegaran para morir y de ese modo el Poder Ejecutivo evitaba que el sumario judicial se sustanciara en la Penitenciaría u otras instituciones de las fuerzas de seguridad. Si los detenidos lograban sobrevivir, se los podía continuar apaleando o hacerles padecer hambre y frío, pero ya no se los torturaba más. La estadía en la cárcel de Villa Devoto podía ser corta o larga. Luego se los trasladaba en el buque Chaco hasta Ushuaia, se los deportaba o se los dejaba en libertad, según cada caso.

Entre los opositores al proyecto uriburista, también se contaba Crítica. El diario había sido cerrado en mayo de 1931 y su director, Natalio Botana, permaneció tres meses en la cárcel de la Penitenciaría. La Nación aprovechó la clausura de Crítica para editar el vespertino Noticias Gráficas, para el que contrató a treinta periodistas del diario de Botana, con la intención de reproducir su éxito entre los lectores vacantes. A partir de entonces, molesta con el nuevo diario, la familia Botana vivió convencida de que un miembro de la familia Mitre, director de La Nación, le había reclamado el cierre de Crítica a Uriburu.

Crítica fue un actor clave en este proceso político. Durante la década de 1920, el diario, que ponía de relieve los sucesos policiales, había tenido una participación activa en el mundo político. Establecía lealtades con la facción de un partido, organizaba campañas en contra de otro o reclamaba el voto a los lectores en favor de determinado candidato. Algunas de sus preferencias fueron variando con el paso de los años. El diario pasó del resentimiento profundo a la adulación a Yrigoyen, aunque tras la elección de 1928 su posición se mantuvo inmutable: trabajó para derrumbarlo.

Por entonces, Crítica había hecho público su auspicio al Partido Socialista Independiente (PSI), que se había desprendido del tronco partidario en 1921, con el liderazgo de los diputados Antonio De Tomaso, Federico Pinedo y Augusto Bunge. Sus detractores los acusaban de "conservadores encubiertos", para excluirlos de la oferta electoral de la izquierda. Crítica representó una base política para el lanzamiento del PSI, y esa novedosa alianza periodístico-partidaria, acompañada por la sistemática campaña de desprestigio contra Yrigoyen, fue central para que en marzo de 1930 el PSI se convirtiera en la primera fuerza electoral porteña, por encima del socialismo y el radicalismo.

Las páginas de Crítica eran demasiado filosas para el líder radical, que estaba sin reacción y cautivo en su casa de la calle Brasil. El diario se había propuesto no detenerse hasta verlo caído. La redacción del diario reunía también a civiles y militares que aceitaban la conspiración golpista. Incluso en las horas previas al 6 de septiembre de 1930, algunos políticos y periodistas partieron en caravana de la redacción de Crítica hacia los cuarteles a dar testimonio del apoyo a las tropas. Cuando Uriburu tomó el poder, Crítica se atribuyó para sí la dirección civil del golpe de Estado. Ese día, la casa de Yrigoyen fue saqueada.

Al poco tiempo, menos de tres meses, Botana fue señalado como un enemigo del régimen militar que había patrocinado. No era que la coyuntura política hubiese variado demasiado, pero algunas posiciones se esclarecieron. Los civiles golpistas se decepcionaron con el fascismo de entrecasa que propiciaba Uriburu, y Uriburu, desengañado con los políticos y los periodistas, abstraído en la idea de colocarse al mando de las corporaciones y ser el presidente de la Argentina, trabajó para un plan de permanencia genuino, con el amparo de la Legión Cívica y el apoyo del frente militar; un apoyo exiguo, a su pesar: la mayoría de los cuadros del Ejército respondían al ex ministro de Guerra general Justo.

En tanto, Crítica "se fue" del gobierno de Uriburu, sus páginas comenzaron a machacar sobre la Ley Marcial, el estado de sitio y la falta de libertades públicas. Entonces, en mayo de 1931, el diario fue clausurado y Botana, sacado de la cama en plena noche, fue conducido a la Sección Orden Político. Su esposa, Salvadora Medina Onrubia, que era anarquista y se carteó con Radowitsky cuando éste permaneció en la prisión de Ushuaia —Yrigoyen lo indultaría en abril de 1930, tras más de veinte años de prisión e intentos de fuga frustrados—, también fue detenida y trasladada a un asilo de prostitutas. Ella ya había conocido a Lugones (h) e incluso —dijo— lo había descubierto intentando abusar de un animal.

Buena parte de la planta de redacción de Crítica también fue encarcelada. La misma paradoja que sufriera Botana, padecería Jacobo Timerman, director de La Opinión, cuarenta y seis años después: alentó la irrupción de un régimen autoritario que luego lo perseguiría y, en su caso, lo torturaría.

El Estado no tenía cargos contra Botana. Había vulnerado la orden de censura, es cierto, y publicó artículos que el gobierno consideró hirientes, en razón de la pretérita amistad política, pero elementos probatorios de una sedición, contactos con el hampa, capitales oscuros en el registro contable de la empresa o defraudaciones comerciales no pudieron ser establecidos cuando los investigadores policiales de Lugones (h) rastrillaron las oficinas del director. De todos modos, el hijo del poeta se ocupó de arrestar a la gerencia administrativa del diario y de torturar personalmente a uno de ellos, Eduardo Bedoya, de 27 años, que había entrado al diario como cadete en la sección Cine, y a quien Botana preparaba para que lo sucediera en la dirección de Crítica. Bedoya fue puesto a disposición de Orden Político, trasladado a una celda de la Penitenciaría y luego sentado en la silla del sótano. Lugones (h) le propuso firmar doce cargos que incriminaban a su jefe, pero el joven no los firmó. Lo arrumbaron en el triángulo, desnudo y sin agua, pisando orín y soportando el hedor. Estuvo casi un día con dos grados bajo cero. En esa circunstancia, le acercaron los papeles de la declaración judicial que tenía que firmar.

—Estás desnudo, ¿qué podés hacer? —le explicaron.

Bedoya volvió a la celda del pabellón. Estaba deshecho. Al cabo de unos días, Viñas lo visitó. Le quiso hacer creer que no sabía que estaba detenido. Le sirvió una copa de cognac para reanimarlo. Bedoya le enrostró los favores de Crítica a su partido, o cuando él mismo acudía a la redacción a compartir un copetín con los periodistas y la dirección del diario.

—¿Para esto nos jugamos la vida el 6 de septiembre? —se enojó Bedoya.

El día del golpe de Estado, él mismo había hecho sonar la sirena del diario para invitar al pueblo a la calle y presionar por la caída del líder radical, y también había soportado el asedio de la policía, que quería tomar el edificio para cumplir con la orden de clausura de Crítica decidida por Yrigoyen en la tarde del día anterior.

Viñas le replicó que era Lugones (h) el que mandaba.

—Tiene un no sé qué con ustedes... —le dijo.

Bedoya fue liberado de la Penitenciaría y luego, cuando comenzó a organizar otro diario, fue encarcelado nuevamente. Una carta del socialista independiente De Tomaso que llegó a manos de Uriburu facilitó su liberación y su posterior destierro, sin que tuviese un proceso judicial. De Tomaso había invocado "razones humanitarias" en su pedido.

No obstante su afición por el tormento, Lugones (h) tuvo para con Botana una mayor deferencia. Lo colocó en una cómoda celda de la Penitenciaría. Siempre intentó dialogar con él. La madrugada de mayo de 1931 en que se lo trajeron "con los botines desabrochados" a su despacho de Orden Político —en cuya pared Lugones (h) había colgado un cuadro del coronel Falcón que no estaba de adorno—, le aclaró, en un diálogo que él mismo transcribiría dos años después en la publicación nacionalista Bandera Argentina, que se consideraba, en esencia, un hombre bien educado:

—Usted sabe perfectamente que somos enemigos y por eso mismo lo voy a tratar bien.

—No me interesa —respondió Botana.

—No lo hago porque a usted le interese o no, sino por razones de conciencia. Haría esto con el último de los individuos.

—Tampoco me interesa.

—No sea guarango. Mientras esté preso en Orden Político se alojará en mi dormitorio, lo que no he hecho con nadie. No lo hago por usted personalmente, sino porque es lo que aprendí en la casa de mis padres —explicó el torturador.

La enemistad entre ambos estaba exacerbada por una disputa política sutil, pero no tan evidente, que Botana, para exasperar el ánimo de Lugones (h), puso sobre la mesa para que entendiera que él saldría limpio de esta contingencia y su faena de torturador, en cambio, no tenía destino. Fue así: Botana le pidió ver al general Justo.

—Quién sabe si quiere verlo a usted —repuso Lugones (h).

Botana le aseguró que, si le avisaban que él deseaba hablarle, Justo vendría en el acto.

—Me ayudará eficazmente —afirmó.

—¿A qué obedece esa seguridad? —preguntó el jefe de Orden Político.

—A la ambición de los hombres y a otra causa más. El general Justo se siente presidente...

—¡Pero eso es un disparate! —lo interrumpió Lugones (h)—. El general Uriburu no piensa dejar el gobierno por ahora.

—Acuérdese de lo que le digo.

Justo había renunciado a la jefatura del Ejército a quince días del inicio del gobierno de Uriburu. Argumentó que la investigación por malversación de fondos en la compra de armamento militar durante su cargo en el Ministerio de Guerra que había iniciado la Justicia debía fluir sin condicionamientos. Y mientras dejaba tropezar a un Uriburu carente de astucia en el trato con los civiles, Justo colocó a sus hombres en ministerios y unidades militares.

Justo llevaba años en la construcción política. En cambio, en el ámbito castrense, su único bautismo de fuego había sido una travesura adolescente. La había tenido a los 14 años, cuando en 1890 decidió ir en defensa del Parque junto a los cívicos y bajo la influencia de Hipólito Yrigoyen, responsable de la sublevación de los cadetes del Colegio Militar. El tiempo lo pondría en las antípodas del líder radical. Como ministro de Guerra de Alvear, Justo se preocupó por desplazar a los cuadros subalternos del yrigoyenismo en el Ejército y se alineó entre los consejeros que le zumbaban al Presidente sobre los beneficios de la intervención de la provincia de Buenos Aires en 1925, conducida por el personalismo, como estrategia para debilitar la influencia del ex presidente en el partido, hasta ponerle punto final. Su apetencia de poder conduciría al ministro de Guerra a permanecer cercano a Alvear, tanto en las tertulias nocturnas como en los eventos sociales o las vacaciones de verano. Le gustaba presentarse ante la sociedad civil como un hombre que tenía el control político del Ejército y a la vez estaba por encima del marco castrense, una condición que lo hacía circular por el mundo de las armas y la vida cívica con autonomía.

En su derrotero, Justo siempre estuvo atento a las oportunidades políticas. Cuando la disputa entre personalistas y antipersonalistas era pública e irreversible, batalló para que el radicalismo se doblara, se rompiera y perdiera su hegemonía electoral en la Argentina, y él pudiera trascender en la política liderando una alianza de conservadores, antipersonalistas, socialistas independientes y las corporaciones militar y empresaria. Su horizonte político era mucho más amplio que el de Uriburu, quien a poco de comenzar su gobierno sólo retenía la fe de los nacionalistas y de sectores minoritarios del Ejército.

El retorno de Yrigoyen al poder en 1928 había dejado mal parado a Justo. No tenía un destino efectivo, pero tuvo tiempo disponible para trabajar en favor del derrumbe gubernamental. Justo ejerció en este proceso el mismo rol doble y circular. Entre los civiles, se consolidaba como el garante militar de la conspiración. A la inversa, para las Fuerzas Armadas, era el hombre que fraccionaba el apoyo civil para el golpe de Estado.

Calificado de "maniobrero" por aquellos que desconfiaban de su fino olfato para las alianzas, Justo no quiso exponerse a un liderazgo en la ruptura institucional del 6 de septiembre. No sería un buen antecedente para quien, aunque fuese en forma ficticia, se preocupaba por demostrar sus convicciones a favor de la Constitución Nacional, el sistema de partidos y su aceptación a la Ley Sáenz Peña. Incluso en una oportunidad desmintió —con una carta a un amigo que publicó La Nación— que tuviera intención de tomar el poder por las armas y respaldó la democracia. Se sentía un actor político clave y dejó la impresión de que, si el ejercicio constitucional continuaba vigente, era en parte por su generosidad. Para reducir los desequilibrios políticos —en perjuicio de los conservadores— que había originado el sufragio universal, su estrategia fue violar de manera oculta aquello que proclamaba, y, a la vez, seducir a los marginados y descontentos de la ley que invocaba.

Impaciente frente a los obstáculos que le planteaban los civiles después del 6 de septiembre, Uriburu tuvo menos tiempo para desarrollar su plan. Su república corporativa necesitaba de un aval electoral. Sin embargo, a la primera convocatoria para las elecciones a la gobernación de Buenos Aires, el 5 de abril de 1931, ese aval le fue denegado. El radicalismo ganó las elecciones con la candidatura del ex ministro yrigoyenista Honorio Pueyrredón. En una curiosa lectura del acontecimiento, el gobierno respetó el mandato de las urnas; no obstante, proclamó que no podía aceptar que los elegidos "sean hombres del régimen depuesto".

En consecuencia, Uriburu anuló el resultado de las elecciones, aplazó las que estaban previstas en otras provincias, y destituyó —como forma de hacerlo responsable del fiasco— al ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, que había alternado sus tareas en el sótano de la Penitenciaría con la búsqueda de apoyos para el plan corporativo del presidente provisional.

Frente a la derrota de Uriburu, Justo volvió a rechazar la incorporación al Ministerio del Interior, pero le recomendó un hombre propio para cubrir la vacante. Sin más espacio para las aventuras corporativas, Uriburu convocó a elecciones presidenciales y de legisladores para el 8 de noviembre de 1931.

No era el escenario que había imaginado. A lo largo de su gobierno, no había conseguido transformarse ni en candidato ni en elector de un candidato que aceptara su plan de reformas institucional. Le había propuesto su sucesión a Lisandro de la Torre con un respaldo que no dejaría dudas: llamando a votar por él desde el balcón de la Plaza de Mayo. Pero ni una amistad de cuarenta años —desde que tomaron el Parque de Artillería junto a los cívicos— ni la posibilidad concreta de ser Presidente sedujeron al líder demócrata progresista santafecino, comparado con el peso que significaba transformarse en el candidato oficial de Uriburu.

Parecía que las aspiraciones presidenciales de Justo encontraban el cauce apropiado —algo de lo que Uriburu íntimamente renegaba—, pero el retorno de Alvear, que estaba en París, representó una amenaza para una candidatura a la que todo el arco político conservador ya había acordado fidelidad.

El ex presidente —que nunca se había resuelto a enfrentar a Yrigoyen en forma explícita, aunque sí festejó su caída— era una figura más propicia que la de Justo para reunificar al radicalismo.

Con las elecciones presidenciales ya convocadas, Alvear fue elegido jefe de la Junta Reorganizadora de la UCR. Uriburu le exigió que suprimiera el gen yrigoyenista si pretendía poner en marcha su partido, pero el ex presidente se negó a las mutilaciones internas cuando faltaban menos de cuatro meses para las elecciones.

Hubo una insurrección contra Uriburu que fue útil al proyecto presidencial de Justo. Aunque no quedó establecido si el militar se dedicó a promoverla desde su origen, como sí lo aseguraron sus enemigos, es más factible que Justo la haya dejado crecer y tomar forma, y extrajera provecho de su radical fracaso.

El general Justo supo que el coronel yrigoyenista Gregorio Pomar promovía una sublevación cuartelera contra el gobierno provisional. Quizá para infiltrarla e influir sobre su suerte, oficiales ligados a Justo habrían tomado contacto con los responsables de la sublevación y le habían recomendado demorarla, para luego sumarse a ella. El 19 de julio de 1931, Pomar viajó desde Paraná hasta Corrientes para sublevar el Regimiento 9º de Infantería. Ya tenía de su lado a la oficialidad de esa unidad, a excepción de su jefe, el teniente coronel Lino Montiel, aunque pensaba que se rendiría sin dificultades. Al momento de la rebelión, Pomar se encontró con la resistencia de Montiel, con quien se enfrentó a golpes de puño y a quien terminó matando con su arma. El militar rebelde lanzó la proclama revolucionaria, exigió la cesión del poder al presidente de la Corte Suprema y el retorno a la "normalidad institucional". Casi doscientos hombres bajo su mando desfilaron con apoyo popular por la ciudad de Corrientes hasta que tomaron la sede de gobierno de esa provincia y también la de Resistencia, Chaco. Pomar, sin embargo, no encontró eco en otras unidades militares del país, de modo que él y su tropa, frente a la amenaza de la reacción de las fuerzas oficiales, prefirieron asilarse en el Paraguay al día siguiente y evitar un desenlace peor.

Uriburu sobreactuó la represalia: culpó al radicalismo del intento insurreccional de Pomar, vetó la participación electoral de todo aquel que hubiera actuado "en el régimen depuesto" y arrestó a varios dirigentes. A muchos los desterró. Con estas restricciones, Justo encontró el camino allanado y para captar una parcela del radicalismo antipersonalista. Esta facción se amplió en forma casi definitiva cuando Uriburu prohibió por decreto la participación de Alvear en las elecciones presidenciales, con el argumento de que debía esperar un intervalo de seis años para ser reelecto, invocando el artículo 77 de la Constitución que había quebrantado.

El 8 de noviembre de 1931, Justo, con dos candidatos a vicepresidente en boletas electorales diferenciadas, obtuvo 606.526 votos y venció a la Alianza Civil compuesta por el Partido Demócrata Progresista y el Socialista, con la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, que obtuvo 487.955. El radicalismo no había participado en las elecciones.

El 20 de febrero de 1932, el general Justo asumió la Presidencia.

Esa misma semana, el diario Crítica volvió a las calles y Botana denunció las torturas en las cárceles de Uriburu que habían sido ignoradas por el resto de la prensa. Dos meses después, cuando Uriburu murió, Botana escribió dos renglones debajo del título: "Hoy en París murió el ex dictador de Argentina José Félix Uriburu. Crítica, sin odio y sin perdón, hace el silencio que merece la muerte".

Para entonces, Molina, Lugones (h) y otros funcionarios del sótano de la Penitenciaría ya estaban fuera del país. Lugones (h) había sido designado cónsul en Amberes. En su equipaje, había cargado ocho cajones con tres mil prontuarios de Orden Político.

Pero Sánchez Sorondo no se había escapado. Se las había ingeniado para instalarse en una banca en el Senado en representación de la provincia de Buenos Aires —sus adversarios lo apodaron "senador de facto", dando cuenta de la ilegalidad de su incorporación al cuerpo parlamentario— y soportó las denuncias en el recinto. En marzo de 1932, el senador socialista Alfredo Palacios —que también había sido detenido por el régimen de Uriburu— presentó una cuestión de privilegio por las torturas y leyó los testimonios de Toranzo Montero (h), de Frugoni Miranda y de otros prisioneros que involucraban al ex ministro del Interior en las sesiones de tortura de la cárcel de la Penitenciaría.

A Sánchez Sorondo le pareció incomprensible la acusación.

"¿Quién puede creer lealmente que el general Uriburu, que los hombres que lo hemos acompañado en su gobierno, tengamos alma de torturadores? ¿Acaso somos desconocidos en nuestro propio país? ¿Acaso venimos de tierras extrañas o expelidos por el bajo fondo, expelidos con el odio al semejante, hecho de hambre, de envidia, de humillación social, de rencores ancestrales, extravasado en nuestras venas? No, señor. Todos tenemos una limpia tradición de familia que conservar para nuestros hijos. Nuestra vida pública y privada, y hasta nuestros sentimientos, se desenvuelven bajo el contralor de amigos y enemigos. ¿De dónde habríamos sacado la conciencia tenebrosa de los criminales, para ordenar a sangre fría atrocidades semejantes?"

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La última aventura

del radicalismo montonero

La victoria de Justo desmembró la estrategia del radicalismo. La dirección partidaria, liderada por Alvear junto con los restos del yrigoyenismo reintegrado, enfrentó el fraude y la proscripción con la abstención electoral. Una minoría de civiles y militares radicales consideraba, en cambio, que la abstención en sí misma, sin una táctica alternativa, clausuraría el futuro de un partido que desde su origen había luchado por la libertad de sufragio. Prefirió acompañarla con una activa campaña revolucionaria. Esa minoría continuó alentando la lucha armada.

En nombre de la Constitución y de la soberanía popular, pero relegados por la cúpula del partido, que debía soportar la prisión o el exilio tras cada alzamiento fallido, algunos de los militares radicales relacionados con los torturados de la Penitenciaría persistieron con una revuelta. La planificaron en Entre Ríos a inicios del año 1932. Contaban con infraestructura de apoyo en la costa uruguaya, un plan a medio armar, una caja de bombas de mano, cajones de Mauser, la promesa de una cobertura aérea y el apoyo de algunas patrullas del Regimiento 6º de Caballería. La búsqueda de potenciales sublevados provocó mayores riesgos. Un sargento, que al principio se había proclamado rebelde, disparó la redada policial. Un comando radical con base en Uruguay fue detenido en una estancia entrerriana apenas cruzó el río, en la madrugada del 3 de enero, sin lograr siquiera disparar un solo tiro. Otros rebeldes que se dispersaron en Concordia corrieron la misma suerte. Las tropas prometidas no se movieron de los cuarteles, tampoco los aviones. El plan había fracasado. Sin embargo, en un desprendimiento del movimiento armado, varias docenas de hombres liderados por los hermanos Roberto, Mario y Eduardo Kennedy, que no sufrieron delaciones y actuaron por sorpresa, lograron penetrar en la localidad entrerriana de La Paz, en la madrugada del 6 de enero. A fuerza de Mauser, mataron al comisario y a tres agentes, dominaron la sede policial y pronto controlaron la Municipalidad y la oficina de Telégrafos. Se atrincheraron en dos bancos. La Paz ya había sido conquistada. En la presunción de que el éxito de la expedición multiplicaría los estallidos revolucionarios en otras provincias, el "Comando de las Fuerzas Libertadoras" anunció la marcha hacia la Capital Federal para derrocar al gobierno provisional de Uriburu, casi dos meses antes de que éste entregara el mando al general Justo. La amenaza del despegue de la aviación oficial para reprimirlos fue suficiente para que abandonaran la ciudad y se retiraran al monte y a la costa del río.

La continuidad de los fracasos no redujo el esfuerzo para iniciar nuevas sublevaciones. Los cuadros rebeldes tenían la convicción de que si construían una red bien aceitada de militares yrigoyenistas podrían perforar el frente ideológico de la oficialidad, dominado por los liberales de Justo y la minoría nacionalista que respondía Uriburu.

El Ejército había pasado a ser un territorio en disputa, atravesado por tensiones internas. Ya no alcanzaba la definición del "profesionalismo" a secas como referencia de identidad. La política había penetrado en sus filas. En los cuarteles se discutía si se debía respetar la obligación de obedecer al poder civil. El Ejército empezaba a percibirse como un actor central de la vida pública. Su gravitación en el destino de la Nación no sería azarosa ni efímera, como suponía el frente civil que lo alentó a tomar el poder el 6 de septiembre de 1930, disconformes con un presidente que habían elegido dos años antes.

Adicional al propósito de sumar voluntades en el Ejército, los radicales rebeldes buscaron el apoyo de la estructura partidaria para sus aspiraciones insurreccionales. Un plan conjunto entre el partido y los rebeldes podría conducirlos a la toma del poder. Luego sobrevendría la normalización institucional, un llamado a elecciones limpias en noventa días y el seguro retorno de la UCR al poder.

Sobre este supuesto político trabajó el teniente coronel Atilio Cattáneo durante todo 1932, enhebrando un esquema revolucionario que atrajo la simpatía de grupos de oficiales. Pero, a diferencia de otros levantamientos, previos a la Ley Sáenz Peña, la actividad clandestina era cada vez menos sencilla con el nuevo gobierno. Apenas asumió, Justo puso en marcha el primer servicio de inteligencia del Ejército con escuchas telefónicas permanentes para detectar gérmenes de complots o pronunciamientos. Además, el Ministerio de Guerra se preocupó por aplastar la gestación de núcleos rebeldes en los cuarteles. Ordenaba traslados constantes, impedía el mando de tropas a quienes sospechaba de deslealtad o infiltraba militares propios en las filas de los conjurados.

La actividad de los servicios de inteligencia produjo la caída de un agente emisario que realizaba trabajos revolucionarios para Cattáneo. A mediados de 1932, el mayor Reginio Lezcano —figura clave para el intento de expansión de la revolución radical en Córdoba en 1905— fue detectado por la inteligencia militar cuando intentaba transmitir instrucciones a oficiales y suboficiales del Regimiento 9º para integrarlos al futuro levantamiento. Lezcano viajaba por las provincias del Litoral con el manifiesto político más radicalizado del partido de Alem e Yrigoyen conocido hasta ese momento. Por primera vez, se mencionaba la necesidad de una reforma constitucional inspirada en la "justicia social". Frente a la hipótesis de una victoria, el radicalismo insurreccional se proponía poner el petróleo bajo gestión del Estado; establecer el control obrero en la producción; regular las actividades productivas y financieras a través del Estado y expropiar sin indemnización los campos de propiedad privada de más de mil hectáreas para explotarlos en forma colectiva.

Entre los documentos secuestrados a Lezcano se halló también la Instrucción para la organización revolucionaria cívica radical. Contenía un plan con tomas de jefaturas de policía, comisarías y depósitos de armas y la descripción de uso de explosivos. También explicaba distintas metodologías de la lucha revolucionaria. Era el manual del guerrillero radical de los años treinta.

Lezcano fue asesinado por un grupo de hombres en un hotel de Curuzú Cuatiá en junio de 1932. El gobierno de Justo denunció que "preparaba un plan subversivo" e hizo pública la lista de sus contactos en el Ejército. Varios cabos y sargentos fueron detenidos.

Lezcano fue velado en el Comité Nacional de la UCR, mientras Cattáneo seguía intentando conseguir el apoyo civil del partido. Activó un canal de comunicación con Yrigoyen, que había sido liberado de su prisión en la isla Martín García en febrero de 1932, con el levantamiento del estado de sitio decidido por Justo.

"La organización está terminada y puede entrar en acción en cualquier momento, pero le aseguro que esa fuerza sólo se moverá cuando la autoridad máxima del partido así lo disponga", le transmitió Cattáneo al ex presidente a través de un interlocutor. Yrigoyen le brindó su apoyo testimonial pero le sugirió que se cuidara. Le dijo que, cuando los hombres alcanzaban determinada posición histórica, "se los ataca desde los mismos lugares que debieran defenderlos. Lo sé por experiencia...".

La prevención de Yrigoyen ponía en evidencia la reticencia de Alvear y la cúpula de la UCR a volcarse a la lucha armada. Primero, se argumentó, debían trabajar por la reorganización interna antes de tomar cualquier decisión. En realidad, el programa revolucionario de Cattáneo excedía el molde de un partido que había adoptado a Yrigoyen como mito pero ya no como guía. La cúpula ofreció un acompañamiento a distancia, con compromisos de asistencia financiera y provisión de armas —que nunca se cumplieron—, pero no ordenó a la estructura de la UCR, que se extendía por todo el país, que se plegara a las labores de Cattáneo.

Alvear, que regresó de París en julio de 1932 tras casi un año de forzado exilio por el alzamiento de Pomar en Corrientes, también mantuvo el plan revolucionario "en ablande". No definió un apoyo pero tampoco expresó una negativa cerrada. Frente a sus íntimos, en cambio, su posición no fue ambigua: "¿Cómo quieren que fomente la violencia si al primero que van a fusilar, en caso de que triunfen, es a mí?".

Frente a la falta de respaldo decidido del partido, Cattáneo siguió trabajando.

Como lo había programado Leandro Alem hacía más de cuarenta años para la Revolución del Parque, el plan revolucionario —que había comenzado a pronunciarse con una "guerra psicológica" compuesta de actos callejeros y explosiones de petardos al paso de los tranvías— también preveía el secuestro del presidente Justo y su vice, Julio A. Roca (h).

Cattáneo había incorporado al movimiento a un policía que actuaba en la custodia del domicilio de Justo. El grupo de secuestradores se ubicaría en un edificio de la misma manzana, que el dueño dejaría libre para irse al campo. Con armas cortas y granadas de mano, el Presidente sería reducido en su casa de la calle Federico Lacroze y transportado a una isla del Delta; una vez que triunfara la revolución radical, sería desterrado a Europa.

Los movimientos de Roca (h) también estaban controlados. Sería arrestado en las inmediaciones del Círculo de Armas, donde solía permanecer hasta la madrugada en actividades sociales.

Pero la voluntad revolucionaria, sin bases políticas determinantes donde sostenerse, no fue acompañada por la realidad. A la orfandad del apoyo partidario y la difícil inserción en el ámbito militar, se sumaron la disidencia interna y la improvisación. Un coronel se retiró del movimiento insurreccional porque consideraba que las fuerzas propias no eran suficientes para la victoria. Aun tras esa deserción, Cattáneo programó el estallido para el 21 de diciembre de 1932.

No pudo ser. Cinco días antes de esa fecha, se produjo una violenta detonación en una casa de la Capital Federal. La policía detectó un taller de explosivos, detuvo a su propietario y de inmediato descubrió la conexión con el teniente coronel rebelde: en la casa había una lista con el nombre y la cantidad de explosivos que debía remitir a cada complotado.

Justo restableció el estado de sitio. Detuvo a Alvear, a la primera fila del radicalismo y al propio Cattáneo y los encerró en un crucero. A Yrigoyen, ya octogenario, lo confinó otra vez en la isla Martín García. El caudillo radical moriría seis meses después, en julio de 1933. Su sepelio sería acompañado por una impactante movilización popular.

Para diferenciarse del proyecto corporativo de Uriburu —que necesitaba de la abolición del sufragio universal para perdurar—, Justo buscó construir una alianza política que le permitiera sobrevivir aun con la aplicación de la Ley Sáenz Peña y la Constitución. El éxito de su estrategia, sin embargo, ocultaba una paradoja: Justo estaba obligado a prescindir del resultado de las urnas como prueba de verdad para permanecer en el cargo.

Si el criterio de legitimidad en el poder entre 1916 y 1930 se obtuvo por medio del favor soberano del voto, Justo prefirió establecerlo con otras alternativas apartadas del electoralismo: el ejercicio cotidiano del poder. Presentó un diseño burocrático de gobierno liderado por técnicos que, alejados de las vicisitudes del voto popular, se consideraban eficaces para ejecutar sus planes. Los técnicos, además, no estaban influidos por las "pasiones facciosas de la política" sino por "la razón y el interés general". Justo les delegó el reordenamiento de las finanzas públicas y de las reformas monetaria y bancaria para regular la economía en el contexto de una crisis mundial que también había afectado el orden interno. Con el desplome de los precios, muchas fortunas de la oligarquía se perdieron en cuestión de horas.

Con la predilección por los funcionarios técnicos en perjuicio de los políticos se buscaba también justificar el "fraude patriótico", entendido como una solución defectuosa del sistema democrático, pero el único instrumento posible para evitar que la sociedad volviese a "reincidir en los funestos errores que dieron lugar a la justificada y noble reacción del pueblo", como recordaba el oficialismo la "gesta septembrina" del golpe de Estado. ¿Cómo haría Justo para sostener un discurso liberal-democrático, defensor de la Constitución y de las libertades, y al mismo tiempo violar los principios y valores de la voluntad popular que eran inherentes a aquel discurso?

En obediencia a sus limitaciones políticas, Uriburu era menos realista pero más honesto en la expresión de sus intenciones. Justo era más astuto. No desmontó el armazón republicano, aceptó la vigencia de la Ley Sáenz Peña y convocó a todos a ejercer su derecho al sufragio, pero se atribuyó la facultad de desvirtuarlo debido a la "falsa orientación de las masas".

Justo aspiraba a respetar la pureza del voto, pero en un tiempo todavía impreciso, que seguro no era el presente. "Las imperfecciones —prometía, en referencia al sistema electoral— irán corrigiéndose a medida que mejore la cultura entre gobernantes y gobernados".

Esa mejora, suponía, alcanzaría su mejor expresión como corolario del deterioro de la relación que el radicalismo había establecido con las masas. Esa aspiración de Justo no parecía sencilla de llevar a cabo. Sin embargo, no se equivocaría tanto. El radicalismo demoraría más de treinta años en volver a ganar una elección presidencial y lo haría aprovechando la proscripción de su principal oponente, como lo había hecho Justo en 1932.

La estrategia abstencionista del radicalismo no afectó el vínculo emocional con sus fieles, aunque sí le facilitó al oficialismo el ejercicio del fraude. La oposición política aceptada por el sistema, que participaba de los comicios pero denunciaba su falsificación, obtuvo un grado de representatividad en la democracia imperfecta mucho más consistente que el que hubiese tenido con la asistencia radical en una contienda limpia y sin proscripciones.

De este modo, demócratas progresistas y socialistas, en su voluntad de abandonar el aislamiento en el que estaban cómodamente postergados, y puestos ante el dilema de mantener su convicción anti-yrigoyenista pero no hasta el punto de ofender el voto radical al que aspiraban captar, amortiguaron con su presencia en el cuarto oscuro la ilegitimidad de la competencia electoral y obtuvieron como rédito el crecimiento del número de sus bancas legislativas hasta adquirir una presencia mucho más que testimonial en el juego político argentino, sintetizada en las voces de Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios, que con sus alegatos se convirtieron en los fiscales parlamentarios del gobierno de Justo.

Para los conservadores del Partido Demócrata Nacional (PDN), que era la expresión más sólida de una alianza política inestable que Justo formalizó con el antipersonalismo y el socialismo independiente —la Concordancia—, en cambio, el ejercicio de la manipulación de votos era parte de un entramado estatal que también sembraba lazos con la corrupción y el delito como elementos clave de la maquinaria político-electoral, pese a que, en su discurso público, los conservadores sólo reconocían el funcionamiento de las "asociaciones para delinquir" en la red clientelar del aparato yrigoyenista que se proponían eliminar.

Un caso emblemático que unió el juego ilegal y la política en la trama conservadora bonaerense lo representó Juan Nicolás Ruggiero, "Ruggierito", quien había escalado posiciones en el ámbito municipal por su habilidad en el manejo del fraude electoral, el juego clandestino, la prostitución y, sobre todo, por su ascendiente sobre una pandilla de maleantes de gatillo fácil. Todo puesto en favor de su boss, el conservador Alberto Barceló, paternalista implacable, quien gobernaba la intendencia de Avellaneda.

Cuando Ruggierito ya había adquirido vuelo propio en la maquinaria del delito y aspiraba a una legitimación política que trascendiera el submundo que lo había engendrado, su suerte comenzó a apagarse y fue eliminado de un balazo en la espalda en octubre de 1933.

Pero, además de la protección de la delicada arquitectura del fraude, Justo debió cuidar de la Concordancia. No quiso quedar cautivo de los conservadores como expresión única de su fuente de poder, porque, aun con sus distintas expresiones, las oligarquías provinciales podían llegar a condicionar su liderazgo por la debilidad de una alianza que sólo decidía su voto en conjunto para las elecciones ejecutivas. Frente al riesgo de la pérdida de autonomía, Justo prefirió dosificar el poder interno de la formación política que lo sostenía y designar en el Poder Ejecutivo a representantes de fuerzas electoralmente más deslucidas, como lo eran el antipersonalismo y el socialismo independiente, en busca de un equilibrio que fortaleciera su liderazgo.

Mientras tanto, la abstención o la concurrencia a un régimen electoral fraguado seguía siendo el dilema en el que había quedado inmovilizado el radicalismo. Porque, aun en la proclamada abstención, ciertas parcelas del aparato radical prestaban servicios electorales de modo más o menos clandestino a los sectores antipersonalistas adheridos a Justo, quienes se los retribuían con beneficios económicos y políticos en estructuras del Estado.

Fuera de las compulsas electorales —que sedimentaban la mística radical— y sin una política clara de intransigencia y de combate en apoyo a los levantamientos armados en constante gestación, el lugar del radicalismo —deteriorado en su cohesión interna— en un escenario político adulterado —pero que seguía funcionado bajo una ficción de normalidad— corrió el riesgo de desteñirse: eso implicaba la pérdida de su arraigo electoral.

De cara a la imprecisa continuidad del rumbo elegido, los rebeldes armados del radicalismo continuaron requiriendo el apoyo de la dirección alvearista. La presión de los conjurados sobre la cúpula se hizo insostenible hacia fines de 1933. Un movimiento insurreccional que se fue construyendo en la clandestinidad con la guía del teniente coronel Roberto Bosch —hijo del general Francisco Bosch, quien encabezara la represión a las revoluciones radicales de 1893—, apenas retirado del Ejército, decidió lanzarse en Santa Fe, justo cuando la convención radical estaba reunida en el teatro municipal de esa ciudad para ratificar, una vez más, la política de abstención. Con el intento revolucionario que acechaba en las puertas del teatro, la cúpula de la UCR fue forzada a tomar una posición.

La provincia elegida para el lanzamiento también empujaba a otra encrucijada: Santa Fe era gobernada por una democracia progresista que no deponía su denuncia contra el gobierno de Justo, y este era un alzamiento que se proponía derrocarlo. ¿Debía el oficialismo provincial salir a reprimir el complot en defensa de un régimen al que no cesaba de calificar de espurio?

El diseño del plan armado preveía la toma de provincias de la región litoraleña. La idea era arriesgada: implicaba penetrar en la zona de mayor concentración de fuerzas del país. Pero, si la sublevación se revelaba exitosa en los cuarteles, acumularía el impulso suficiente para avanzar sobre Buenos Aires. Al margen de Santa Fe y de otros estallidos que se organizaron en diferentes provincias, el epicentro revolucionario fue Corrientes. En la zona sur de la provincia se había conformado un comando, conducido por el teniente coronel Bosch, que debía tomar Paso de los Libres y Monte Caseros; y un comando en la zona norte, liderado otra vez por el coronel Pomar, para conquistar Santo Tomé.

Desde hacía varios meses, ambos comandos estaban adiestrando a más de tres centenares de hombres en estancias y montes de lado brasileño de la frontera, donde además aprovechaban para reclutar mercenarios de ese país como tropa de apoyo.

En la madrugada del 29 de diciembre de 1933, tras el asalto a varias armerías, la jefatura de Policía y seis comisarías de la ciudad de Santa Fe fueron atacadas por civiles armados del radicalismo. Se combatió en las calles. La revuelta fue conducida por Ovidio Molinas, primo hermano del gobernador, y un grupo de oficiales retirados.

En la misma madrugada la insurrección estalló en Rosario: alrededor de cuarenta civiles saltaron de un camión para tomar el cuartel de la Marina arrojando granadas. Un intento similar se produjo en Cañada de Gómez, liderado por un convencional radical que se había excusado el día anterior de participar en las deliberaciones, y en Esperanza, San Jerónimo y Coronda, donde tomaron comisarías y oficinas de Correos y Telégrafos. También en Córdoba, con la participación armada de Amadeo Sabbatini, quien dos años después sería gobernador, y de Arturo Illia, quien treinta años más tarde sería Presidente, se promovió el alzamiento.

En la ciudad de Santa Fe, en medio de las balas que se disparaban entre los cantones, un emisario revolucionario se acercó a la Convención en busca de una proclama de apoyo que indujera a otras fuerzas radicales a plegarse a la rebelión. No la obtuvo. Los convencionales evaluaron que el movimiento era inoportuno y además perjudicaba al partido. La dirección de la UCR redactó un comunicado en el que calificó los hechos como "absolutamente extraños a las actividades partidarias".

Las rebeliones, que dejaron decenas de cuerpos desperdigados por las calles, fueron sofocadas con la intervención demorada del Ejército —Justo anhelaba la profundización del caos para forzar una intervención federal a Santa Fe— en horas del mediodía del 29 de diciembre. En forma inmediata, una columna militar del Regimiento 12° de Infantería comenzó a detener a los convencionales radicales, quienes, nerviosos y expectantes, se habían guarecido en el hotel Ritz.

El gobierno acusó a los "varones ilustres" del radicalismo de estar comprometidos en la revuelta. Fueron a prisión.

Justo no tendría consideración con quien había sido su puerta de ingreso a la política civil en la década de 1920: encarceló a Alvear en la isla Martín García. Lo había animado en esta decisión su ministro del Interior, el antipersonalista Leopoldo Melo, quien había encontrado la oportunidad de vengar la apatía del ex jefe radical con su candidatura presidencial de 1928.

Otros sesenta y cinco correligionarios acompañaron a Alvear en la prisión de la isla. Luego, treinta de ellos eligieron la opción del destierro y el resto fue trasladado al penal de Ushuaia. En el lote estaba Ricardo Rojas, uno de los primeros nacionalistas culturales del siglo XX y ahora sostén intelectual del radicalismo, quien fortaleció su producción literaria en el inhóspito paisaje austral y engendró Archipiélago, donde, abstraído de los conflictos políticos de la coyuntura, rescató el mundo perdido de los indios onas.

El poeta Jorge Luis Borges, que hacía reverberar su pluma en el mundo de cuchilleros del siglo XIX, justipreciaba estas montoneras radicales que se lanzaban sin otro destino que el del fracaso, el más absoluto y total fracaso, con hombres que honraban su virtud revolucionaria en contra del régimen fraudulento, aun cuando intuían que no obtendrían más gracia que "una muerte que será decretada insignificante". "La muerte, siéndolo todo —escribía el poeta—, es nada: también los amenazan el destierro, la escasez, la caricatura y el régimen carcelario. Afrontarlos, demanda un coraje particular", afirmó en el prólogo de El Paso de los Libres, un poemario del soldado y poeta Arturo Jauretche en el que narró en el tono del Martín Fierro las peripecias de la expedición radical en la frontera litoraleña, de la que había formado parte.

Ese diciembre de 1933, mientras los emisarios de enlace en Paso de los Libres informaban de las últimas novedades con transmisiones telegráficas en código Morse al comando revolucionario que instruía a la tropas del otro lado de la frontera, y mientras éste continuaba sumergido en la falsa creencia de que contaba con la simpatía del presidente Getulio Vargas, que les facilitaba la libertad de movimientos, el campamento rebelde sufrió la primera baja en las vísperas del ataque. Una patrulla del ejército brasileño allanó un monte cercano a Uruguayana, incautó las armas y detuvo a más de un centenar de radicales. También a su líder, el coronel Pomar, quien fue trasladado a Río de Janeiro. El coronel Bosch, que logró escapar de la redada, no abandonó el proyecto revolucionario. Domingo Aguirre —que gustaba de presentarse como "mayor" del Ejército— heredó el mando de Pomar. El 30 de diciembre atacó Santo Tomé con lanchas que se desplazaron desde el puerto de Sao Borja, Brasil. En previsión del ataque, la ciudad correntina ya era una fortaleza policial y militar.

Tras el desembarco, los radicales insurrectos asaltaron la Subprefectura con la ayuda de una ametralladora pesada, y tomaron el sitio entre los gritos de los mercenarios brasileños, que hicieron relucir viejos odios de frontera contra los marinos locales por el control del contrabando. Querían degollarlos. En medio de la batalla, los jefes radicales no pudieron controlar a los brasileños, que destruyeron y saquearon las instalaciones militares, en procedimientos que los líderes de la insurrección juzgaron innecesarios. Luego, el grupo rebelde arrasó la defensa de treinta hombres, entre policías y vecinos, y tomó la jefatura departamental de Policía. La expedición armada continuó su rumbo triunfal. Conquistó la oficina de Correos y Telégrafos, la estación del ferrocarril y la compañía de teléfonos en victorias rápidas, sin mayores contratiempos. Los radicales ya barrían a fuego las calles de Santo Tomé. La ametralladora pesada, montada sobre los techos del hotel París, estaba decidiendo la suerte del combate, hasta que algunos pañuelos blancos se elevaron tras los muros del edificio municipal. Las autoridades decidieron capitular. Santo Tomé se convirtió en el primer refugio de la montonera radical.

Menos suerte inicial tendrían las tropas del Comando de la zona sur de Bosch. Cuando se disponían a desembarcar en las cercanías de Paso de los Libres, fueron combatidos en el arroyo San Joaquín por los Mauser de la Marina. Bosch, con su caballo muerto mientras escapaba de la balacera, logró salvarse montando en ancas el animal de un correligionario, también en fuga. La posición de Bosch era débil. Los contactos rebeldes del Regimiento 11° de Caballería, enterados de las frustradas rebeliones en Rosario, Santa Fe y el resto del país, prefirieron preservarse y no se plegaron a la sublevación.

Sin apoyo militar, con armas incautadas, tomados prisioneros, abatidos en el río, con una columna de desertores que huía hacia el Brasil escapando del trepidar de las balas en el arroyo, y soportando una temperatura de cuarenta y dos grados, el comando radical de Bosch prosiguió su expedición en la siesta correntina. La esperanza de una victoria remota, aun con un destino de muerte difícil de torcer, los empujaba a continuar la batalla contra el régimen fraudulento.

Una patrulla del Ejército sorprendió al comando en un terraplén ferroviario a las puertas de Paso de los Libres. Esta nueva contingencia los obligó a todos —a Bosch, a Jauretche y al hijo del coronel Pomar— a alistarse en la línea de tiro frente al fuego enemigo. Segados por la hostilidad incesante de las ametralladoras y por la caída de "El Rubio" Pomar, los combatientes radicales se dispersaron y luego se atrincheraron en una casona. Tenían la intención de tomar la oficina de Correos y Telégrafos, que había reforzado su guardia. Estaban sólo a dos cuadras. El comando radical todavía conservaba una ametralladora pesada, su arma de mayor calibre. Cuando se desató el combate por el Correo, cayó Adolfo Pomar. Era el sobrino del coronel insurgente. Bosch quedó impactado por esa baja. Cargó el cuerpo en sus brazos en medio de los tiros. Entonces Jauretche le preguntó si acaso no había llegado la hora de suspender la batalla. En los distintos enfrentamientos, "la patriada radical" contra Justo ya cargaba con medio centenar de muertos y todavía no habían logrado su objetivo de penetrar en Paso de los Libres. Bosch ordenó la retirada. Cada uno se fue como pudo. A nado o en botes, se internaron en un estero que los conduciría a las costas del río Uruguay como paso previo a la fuga hacia el Brasil. Pero el itinerario fue accidentado: las fuerzas estatales estaban decididas a terminar con ellos.

La Fuerza Aérea Argentina ametralló a los radicales en los esteros. Una canoa fue hundida, y los que no resultaron muertos ni heridos intentaron bracear hasta la costa. No había posibilidad de regreso: en la orilla argentina habían tomado posiciones efectivos del Ejército y de la Subprefectura. Fue la primera vez que un avión militar argentino se utilizó para aniquilar una rebelión interna. "Allí también la aviación anduvo en el escarmiento; no muy linda la ocasión para estrenar el invento", escribiría Jauretche en El Paso de los Libres.

Los sobrevivientes del comando radical de zona sur pasaron la víspera del Año Nuevo de 1933 fugados en los montes, intentando evitar el encuentro con las patrullas militares y el fuego aéreo. Justo ya no tenía voluntad de seguir tomando prisioneros. Quería matar a todos los insurrectos. Uno de los represores, desafiado en su celo policial, se ocupó de rebanarle la oreja a cada rebelde con el que se topaba, antes de darle el tiro de gracia. Se llamaba Larraura. Tiempo después sería degollado y su cuerpo, paseado en carro por Paso de los Libres.

En tanto la rebelión del radicalismo era abortada con distintos matices en todo el país, el Comando de la zona norte, liderado por Aguirre y por Lucas Torres, hijo de brasileños, imponía el mando de la Junta Revolucionaria sobre Santo Tomé. La plaza 9 de Julio fue cubierta por el desfile de los jinetes mientras los muertos del combate se velaban en la comisaría. Pero la ciudad ya estaba desbordada por los conflictos internos.

Las tropas brasileñas reclutadas en el Regimiento de Sao Borja que combatieron en la Argentina con uniforme de su país comenzaron a reclamar su paga. La toma del Tesoro de la sucursal del Banco Nación daba a los revolucionarios los recursos suficientes para solventar la excursión armada, pero la demora para localizar las llaves de la caja fuerte encrespó a los mercenarios. Arrastrados por la ira, salieron a despojar comercios y casas de particulares para llevarse lo que encontrasen: comestibles, aparatos de radio, neumáticos, incluso un automóvil Chevrolet de seis cilindros que embarcaron hacia Sao Borja. Muchas familias huyeron de Santo Tomé por temor a los brasileños. La revolución contra el fraude se estaba convirtiendo en un asalto a mano armada. Lucas Torres, que había contratado a los mercenarios y aspiraba a ir con ellos a la conquista de Misiones para expandir la revolución, prefirió suspender los movimientos.

El comando radical organizó una urgente "contribución de guerra" entre los barrios para que los mercenarios tomaran lo suyo y se fueran a su país. Y mientras Aguirre, atribulado, pasaba las vísperas de Año Nuevo con un soplete en el Tesoro del Banco Nación intentando abrir la caja fuerte, el rumor de que la Fuerza Aérea Argentina y las tropas del Regimiento 11° de Caballería, ya victoriosas en Paso de los Libres, se dirigían por aire y vía férrea hacia Santo Tomé para iniciar la represalia, hizo que la organización revolucionaria, que llevaba sólo un día en el poder municipal, comenzara a fragmentarse. El que no se ocultó en la ciudad, escapó a campo traviesa o marchó hacia el Brasil siguiendo el rumbo de los mercenarios.

El coronel Roberto Bosch cargaría de rencor una carta que destinó a Alvear, en la que le reprochaba sus ambigüedades frente a la revolución radical del Litoral: "Usted decía estar de acuerdo conmigo en la necesidad imprescindible de un movimiento revolucionario. Diferíamos únicamente en cuanto a la fecha de ejecución del movimiento [pero] se interpuso usted entre el comando y los jefes de unidades, haciéndoles saber a último momento su desistimiento. La revolución estalló, ahogada por la traición maniatada, por la confusión de sus instrucciones negativas, impartidas por usted apresuradamente".

Fue la última vez que los radicales intentaron tomar el poder con los fusiles en el siglo XX. Pese a su voluntad revolucionaria, durante el gobierno de Justo no hubo una sola unidad militar que se insubordinara al mando oficial. La línea histórica proyectada por más de cuarenta años, que unía a los revolucionarios del Parque con los Comandos del Litoral, acababa de cortarse. A partir de entonces, ya no habrá más rebeliones. La estrategia de intransigencia armada de Alem e Yrigoyen, esculpida a sangre y fuego, será sumergida con respeto en la penumbra partidaria.

El gobierno de Justo también tuvo que sobrellevar la impugnación de sectores proletarios. El interés de la CGT de presentarse como un interlocutor válido frente al oficialismo continuó durante el gobierno de la Concordancia.

La central retenía un poder gremial difícil de contrarrestar para anarquistas y comunistas: sumaba el ochenta y dos por ciento de los afiliados sindicales. Pero el proclamado retorno a la "normalidad constitucional" tampoco redujo —más bien, profundizó— la conflictividad obrera respecto del gobierno de Uriburu. Justo reimplantó varias veces el estado de sitio entre 1932 y 1934 por las sublevaciones radicales y las restricciones también se extendieron al ámbito gremial.

En ese marco, uno de los conflictos más significativos fue el de los petroleros de Comodoro Rivadavia, Chubut, en marzo de 1932.

Para entonces, la política de traspasar los recursos petrolíferos al Estado argentino ya se había abandonado. Después del voto en Diputados en 1927, el proyecto de nacionalización del petróleo quedó paralizado por la mayoría conservadora del Senado. Yrigoyen presionó para que se aprobara y la UCR promovió la movilización popular en contra de las compañías extranjeras de hidrocarburos.

Pero, a partir del golpe de Estado de 1930, los intereses petroleros privados fueron resguardados por el nuevo gobierno. Uriburu disolvió el Parlamento, destituyó al general Enrique Mosconi de la dirección de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) —que en pocos años había extendido sus surtidores en todo el país con valores de la nafta más bajos que las multinacionales extranjeras— y la Standard Oil obtuvo permisos monopólicos de exploración en Salta, que le estaban siendo negados hasta entonces. Buena parte del nuevo gabinete tenía intereses personales relacionados con los trusts extranjeros. El ministro del Interior, Sánchez Sorondo, era abogado de la Standard Oil.

La huelga de Comodoro Rivadavia fue la primera del sector petrolero. Se inició en demanda de una serie de mejoras laborales y de la reincorporación de seis despedidos. El conflicto estaba guiado por gremialistas comunistas. Las acciones de protesta continuaron después de una primera intervención de los infantes de Marina, que detuvo y deportó a activistas. En abril, en cambio, el conflicto se profundizó: una escuadra de más de tres mil hombres de las fuerzas de seguridad, con el soporte logístico de dos barcos de la Marina de Guerra, fue responsable de la detención de mil novecientos obreros. Varios de ellos fueron torturados y muertos. También se instrumentaron alrededor de mil deportaciones. Como paso previo del retorno a sus países, muchos obreros fueron torturados en la Sección Especial de Represión al Comunismo de la Policía.

La huelga de los petroleros, que fue aplastada en junio de ese año, no había contado con el aval de la CGT. Durante el gobierno de Justo, los conflictos que no eran conducidos por la corriente "sindicalista" se resolvían por medio de la represión y nunca con el diálogo. Justo estableció esa ecuación. Era una política similar —pero mucho más terminante— a la que había aplicado Yrigoyen en su primer gobierno. Para el oficialismo, el hecho de que los "sindicalistas" no delegaran su capital de lucha sindical en ninguna fuerza partidaria volvía más atractiva la negociación con ellos, antes que con otras facciones que podían trasladar sus conquistas al tinglado electoral o que peleaban por una transformación radical en la estructura social y política.

El auge de la industria frigorífica en el sur bonaerense también fue territorio de la represión gremial. En línea con la política de Uriburu —ejecutada entonces por el mayor Wenceslao Rosasco—, el oficialismo intentó desalentar la unidad sindical que proyectaban los trabajadores de la carne, sumada a reclamos por mejoras salariales y laborales, entre las que se incluía la supresión del trabajo forzado.

La gestación de la organización sindical estuvo siempre bajo la vigilancia patronal y del personal policial, que investigaban sus actividades y lanzaban redadas en fábricas y domicilios obreros. En el caso del frigorífico River Plate (ex Anglo) de Avellaneda, cuatro mil obreros fueron a la huelga en abril de 1932. La acción puso en pie de lucha a otros establecimientos del sector, pero tampoco obtuvieron el apoyo de la CGT. La central obrera se mostraba prescindente cuando los conflictos eran dirigidos por cuadros sindicales del comunismo. No mucho tiempo después, las huelgas de la carne fueron derrotadas.

El franco clima de hostilidad oficial contra el comunismo permitió a distintas fuerzas de choque del nacionalismo moverse sin ser molestadas por el Estado cuando tomaban redacciones e imprentas de las publicaciones partidarias, acciones que luego la policía complementaba con la detención de periodistas y dirigentes, como había sucedido con las publicaciones anarquistas poco más de diez años antes.

En ese marco, en septiembre de 1932, el ex ministro Matías Sánchez Sorondo, refugiado en el Congreso tras su intervención en las torturas de la Penitenciaría, impulsó un combate político frontal contra el comunismo local. Promovió una reforma legislativa que incluía una carga penal contra quienes propagasen la doctrina marxista, a fin de evitar que se expandiera "su virus y su pus sobre la población".

Para los fundamentos de su proyecto de ley de represión a actividades comunistas, el legislador conservador también alertó sobre los lineamientos pedagógicos y el soporte bibliográfico de la educación primaria en las escuelas obreras judías de izquierda de la Capital Federal, en las que detectó la "infiltración comunista que envenena las mentes infantiles". Intentó probarlo con las "composiciones libres" de los escolares donde se hacía referencia a la "lucha de las masas" o "la represión del gobierno a obreros y extranjeros". Las leyó en el Congreso. Sánchez Sorondo, que había sido director de Escuelas durante el gobierno conservador bonaerense de Marcelino ligarte en 1917, contabilizó a 289 alumnos como objeto de proselitismo infantil en escuelas judías de los barrios porteños.

La cruzada anticomunista de Sánchez Sorondo no era una muestra de pintoresquismo político sino parte de un extendido proceso de persecución anticomunista y antisemita que era avalado por sectores católicos, militares y nacionalistas. Su proyecto de represión alcanzó a reunir 275.000 firmas y contó con el apoyo de la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo (cpacc), que organizó una movilización masiva en su favor, pero no lograría convertirse en ley. Fue girado a comisión legislativa para su estudio. Cuatro años después, en 1936, volvería a presentarlo en el Congreso cuando la tendencia anticomunista estaba mucho más afincada en la sociedad política.

De todos modos, las prevenciones de Sánchez Sorondo en defensa del orden conservador estaban lejos de ser gratuitas. Hacia la mitad de la década de 1930, mientras el "sindicalismo" —ante la pérdida de la conducción de la Unión Ferroviaria (UF)— quedaba marginado del control de la central obrera, los comunistas fortalecían su base gremial en las industrias, entre textiles, metalúrgicos, albañiles y trabajadores de la carne. Ya no rivalizaban con la CGT, ahora con dirección socialista. Se habían integrado a ella.

El punto de giro en este crecimiento se consumó cuando el Partido Comunista, que intentaba armar una coalición política de centroizquierda que se extendiera hasta el radicalismo para bloquear la irrupción del fascismo en la Argentina, colocó sus recursos partidarios al servicio de sus militantes obreros en las fábricas de cada barrio. La masiva huelga de la construcción iniciada a fines de 1935 en demanda de aumentos, protección laboral y jornadas de ocho horas, que fue sostenida con actos públicos solidarios y exacerbada con peleas y barricadas callejeras entre las milicias nacionalistas y organizaciones de izquierda —que dejaron obreros y policías muertos—, marcó la ascendente incursión del comunismo entre el sindicalismo en los años treinta. A diferencia de los primeros años de la década, crecía mucho más el número de huelgas que se ganaban que las que se perdían, lo cual alentaba la persistencia de la conflictividad obrera.

El desarrollo del comunismo también había modificado el protocolo de lucha del movimiento obrero. Las huelgas, antes que motivadas por la exclusiva mejora económica que proponían los "sindicalistas", cuya indiferencia partidaria ya estaba quedando fuera de la sintonía de una sociedad cada vez más enfrentada por las contiendas ideológicas, representaban —al menos para el comunismo— la posibilidad de una victoria concreta que tenía como horizonte otro mucho más amplio: la conquista revolucionaria.

Expuesto sólo a la luz del fraude electoral, las proscripciones y la represión política y obrera, había flancos del gobierno de la Concordancia que quedaron marginados de la consideración —si no del reconocimiento— de sus opositores. Justo había logrado aplacar el impacto de la crisis mundial con un recurso entonces novedoso para la Argentina: la intervención estatal.

La crisis de 1930 había obligado a una reformulación radical del modelo agroexportador por el deterioro de los precios y de los mercados internacionales para las exportaciones de carne y de cereales. Esta contingencia económica dramática produjo la retracción de las inversiones, del consumo y de la percepción de divisas necesarias para el pago de la deuda pública y de los productos importados, y operó en favor de la expansión de la industria local liviana —con poco capital y alta capacidad de mano de obra—, que basó su producción en el mercado interno.

El gobierno de la Concordancia no permaneció indiferente en la hora y, en una empresa más acorde con el capitalismo de Estado que con los principios clásicos de la economía liberal, alentó un plan de obras públicas: priorizó la construcción de caminos; creó juntas de regulación para asegurar precios mínimos a ganaderos y productores agrícolas; reestructuró el sistema impositivo, con un impuesto a los réditos para no depender sólo del ingreso del comercio exterior; y creó el Banco Central, para establecer el control de cambios, regular el crédito y el nivel de circulación monetaria, entre otras reformas de un andamiaje intervencionista comandadas por su staff técnico burocrático, en el que sobresalía el ministro de Economía, Federico Pinedo, que había llegado al gobierno de Justo desde el socialismo independiente, como lo había hecho De Tomaso —en Agricultura—, aunque, en este caso, su carrera fue limitada por su pronta muerte.

Esta política intervencionista, que tuvo al desarrollo industrial como nuevo motor de la economía, permitió una salida local frente a las perturbaciones externas mucho más rápida que lo esperado, pero también tuvo aristas que no estuvieron exentas de polémicas, y quedaron selladas en la memoria de la década con tanta o más fuerza que el fraude electoral.

Después de la Primera Guerra Mundial, la Argentina había establecido un esquema de comercio triangular por el que importaba los productos industriales norteamericanos —autos o maquinarias agrícolas— y vendía la producción de carnes y cereales a Gran Bretaña, dado que los Estados Unidos eran más celosos en la protección de su producción primaria. De este modo, a las libras que percibía del exterior, la Argentina las reconvertía en dólares para pagar los productos importados. Sin embargo, en defensa de sus intereses, Gran Bretaña instrumentó una política de preferencias para comprar productos primarios en los dominios de la Corona —reunidos en el Commonwealth— que puso en peligro el nivel de las exportaciones de carnes enfriadas y de cereales argentinos, productos que ahora debían lidiar en condiciones desventajosas con los procedentes de Australia o de Nueva Zelanda.

La oligarquía local —que mantenía un vínculo estrecho con Gran Bretaña desde las últimas décadas del siglo XIX—, alarmada frente a la reducción de ingresos externos, propendió a la búsqueda de un tratado que le permitiera asegurar cuotas de exportación al nivel que lo había hecho en 1932.

Al año siguiente, Justo encomendó al vicepresidente Julio Roca (h) la misión de establecer un acuerdo con el representante inglés, lord Walter Runciman.

En parte, lo logró. Inglaterra no redujo los volúmenes de compra, pero, a cambio, obtuvo un tratamiento benévolo por parte de la Argentina: consiguió la importación libre de derechos del carbón británico —base del consumo energético local—, la concesión de los servicios del transporte colectivo en la ciudad de Buenos Aires y del transporte ferroviario y marítimo.

Además, de los volúmenes de la exportación local, sólo hasta el quince por ciento podía efectuarse a través de las empresas argentinas. Esto puso en evidencia que el tratado con Inglaterra defendía también a la industria frigorífica de capitales extranjeros establecidas en el país.

El Pacto Roca-Runcinam había comenzado a fluir tras un rápido acuerdo parlamentario. Pero el tope del quince por ciento a las exportaciones de capitales locales —un tope que además no aseguraba llegar a ese porcentual— desencadenó la intervención de Lisandro de la Torre, quien había presidido la Sociedad Rural de Rosario en la primera década del siglo.

De la Torre requirió la formación de una comisión investigadora. Se propuso dejar en evidencia la acción monopólica de las empresas extranjeras, las cuales, usufructuando una complicidad estatal que no les imponía contralores, dominaban más del ochenta por ciento de la exportación frigorífica.

La invitación a exhibir la estructura de costos de producción para el cálculo de los márgenes de ganancia, que además sirviera como base para proyectar sus obligaciones impositivas, causó preocupación en las compañías extranjeras. Mientras los frigoríficos locales habilitaron sus registros contables, en franco apoyo a su tarea, los capitales extranjeros le negaron esa facultad a la comisión investigadora.

El trámite parlamentario, centrado en el frigorífico Anglo, fue enmarañado por incidentes que reclamaron el interés de la sociedad durante meses: la compañía extranjera presentó información fragmentaria; un gerente inglés prefirió ser arrestado antes que revelar los secretos de la empresa; la oligarquía local hizo una irritada defensa de los intereses británicos, hasta que una denuncia libró de obstáculos a la investigación: se notificó que el embarque de cuarenta cajones de carne enfriada en el vapor Norman Star, a punto de zarpar, contenía en realidad la documentación contable ocultada.

La comisión parlamentaria pudo certificar el despojo de los pequeños y medianos productores locales —a quienes defendía De la Torre—, en contraposición con los márgenes de utilidad del capital extranjero, multiplicados con el auxilio de una burocracia administrativa estatal condescendiente con sus intereses y la transgresión impositiva a las rentas del Estado argentino, entre otras prácticas ilegales.

Esta minuta de acusaciones que expuso De la Torre intentó ser refutada por el ministro de Agricultura, Luis Duhau —que gozaba de la protección británica por su doble condición de funcionario y proveedor ganadero—, en un debate parlamentario cuya carga de tensión alcanzaría una dimensión inédita en la política argentina el 23 de julio de 1935.

Ese día, Ramón Valdés Cora, ex policía de la provincia de Buenos Aires al servicio callejero de la impunidad conservadora y ahora guardaespaldas del ministro interpelado, abriéndose paso en el tumulto de la agitación verbal y física de los legisladores, baleó por la espalda al senador electo del bando latorrista Enzo Bordabehere.

Un crimen político en la honorable Cámara no era algo que ocurriera todos los días. Tuvo sus consecuencias. Los estampidos de las balas transformaron el debate de las carnes no sólo en un proceso parlamentario contra la arbitrariedad política de la industria frigorífica que se mecía al servicio de las compañías británicas, sino también en un juicio contra la represión, el fraude y los negociados de toda la década de los treinta, aun cuando todavía no había sido calificada con el adjetivo que la acompaña cada vez que se la recuerda.

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La guerra en casa

Nostálgicos de la revolución uriburista frustrada, a lo largo de la década de los treinta, los nacionalistas continuaron sin poder unificarse bajo ningún liderazgo, pero prosiguieron la búsqueda de militares que fuesen capaces de tutelar su universo doctrinario. Para el nacionalismo, la jerarquía y la disciplina de las Fuerzas Armadas, "el sector no contaminado de la sociedad", eran la base de la reorganización política y social de la Argentina.

La confluencia entre ambos sectores continuó. En las reuniones de Acción Nacionalista Argentina (ANA), una escisión de la Legión Cívica dirigida por Alberto Uriburu, sobrino del militar y director de La Fronda, participaba el teniente coronel Emilio Kinkelin, entre otros oficiales. El general Nicolás Accame, simpatizante fascista tras su agregaduría militar en Roma en la década de 1920, también cautivaba a la Legión Cívica. La Alianza de la Juventud Nacionalista (AJN), gestada en 1937, con entrenamiento militar, antisemitismo doctrinario y la convicción de que el país debía librarse del conservadurismo oligárquico y acercarse a las masas, fue otra organización que albergó los anhelos juveniles de miles de nacionalistas, siempre con un coronel o un general como rector espiritual de sus milicias.

Toda la fuerza del pensamiento político del nacionalismo que aspiraba a conducir a la Argentina, no obstante sus múltiples fracciones organizativas, se unificaba detrás del poderoso paradigma que los inspiraba: el legado de Uriburu.

El fracaso de su experiencia se había convertido en un mito. También en un motivo religioso. En cada oración, en cada misa en que se honraba su memoria, sus devotos unían en las iglesias el culto al "jefe de septiembre" con el culto a Dios.

La Iglesia argentina, si bien no se involucraba de manera directa en su acción política, se hacía eco de la prédica antisemita y autoritaria del discurso nacionalista. Las voces se cruzaban en una misma dirección: católicos y nacionalistas podían marchar juntos.

Criterio, la revista de la intelligentzia católica, y La Nueva República, el órgano de la Liga Republicana, compartían articulistas que juzgaban que la democracia que estaba siendo arrasada en Europa no podía contener el "peligro comunista". Ya planteada por Uriburu durante su gobierno, Roma o Moscú constituía la opción irreversible de un mundo convulsionado. La Iglesia local, las Fuerzas Armadas y su coro de nacionalistas civiles sentían el deber de apropiarse de la dirección de una conciencia pública que purificara a la Nación y velara por sus verdaderos intereses.

Desde 1932, Criterio fue dirigida por el sacerdote e intelectual Gustavo Franceschi, que se reconocía uriburista y consideraba que el nacionalismo era un ideario tan valioso como el del "amor a la Patria". Franceschi era más moderado y más respetado que el anterior director, el periodista Enrique Osés, que cargaba un pensamiento en franca evolución hacia el nazismo; pero el director de Criterio también era antisemita. No se oponía a que los judíos tuvieran una identidad cultural diferenciada, pero reclamaba que no intentaran realizarla "en nuestra tierra".

Decidida a intervenir en la sociedad civil, y cada vez más lejos del humanismo cristiano, la Iglesia argentina estaba dispuesta a librar batalla contra el comunismo y contra el laicismo oficial. Le había bastado el 32° Congreso Eucarístico Internacional de octubre de 1934 en Buenos Aires para demostrar su influencia en la sociedad y en la elite de poder. El crecimiento de la Iglesia, con sus multitudinarias celebraciones que unieron política y liturgia religiosa en la identificación con la Patria, persuadió al Estado de la necesidad de acercarse a la jerarquía católica.

Entre los nacionalistas, militares y líderes religiosos, uno de los que estaba mejor posicionado para recoger la herencia mítica del uriburismo era el teniente coronel Molina. Las denuncias sobre su participación en el sótano de la Penitenciaría no habían empañado su carrera en el Ejército, y el ex secretario de la Presidencia de Uriburu no detuvo su ambición de retornar al poder para reparar la misión inconclusa.

Cuando asumió en 1932, Justo tuvo la intención de deshacerse de él en forma temporal a fin de que la Legión Cívica perdiera sustento sin su liderazgo. Para no ser totalmente categórico en su rechazo, lo envió a la agregaduría de Berlín, en virtud de su formación germana, como la de Uriburu, que había dirigido la Escuela Superior de Guerra con los lineamientos de la política militar prusiana.

Molina fue un testigo aventajado de los primeros años de las prácticas nazis en el Tercer Reich y organizó el intercambio de misiones de oficiales que se perfeccionaban en las academias de guerra de la Argentina y Alemania.

La experiencia profesional fue valiosa para Molina. Retornó al servicio local como director de la Escuela de Suboficiales y con la voluntad nunca ocultada de convertirse en el Führer argentino. Tenía en mente el desarrollo de un programa totalitario mucho más determinado que las ambivalencias institucionales que habían paralizado el proyecto de Uriburu: el control total de las administraciones públicas, la intervención en las estructuras económicas y las finanzas, supremacía del Estado en la organización de la sociedad, con un modelo de gestión corporativo vedado a los partidos políticos.

El golpe de Estado con el que Molina aspiraba a derrocar a Justo contaría con el apoyo del frente militar nacionalista y de las organizaciones civiles, y también el de Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Iba a concretarse el 9 de julio de 1936. Justo lo advirtió, y con una serie de traslados castrenses desvirtuó sus intentos, pero no sancionó a Molina: lo mantuvo en actividad para tener mejor observadas sus conspiraciones y porque el nacionalismo tenía un peso político en el mundo castrense que prefería no eliminar de manera quirúrgica. Pocos meses después, Molina fue elegido presidente del Círculo Militar.

El nacionalismo también intentó tender redes en el mundo obrero. El desarrollo de una base popular era un obstáculo para las corrientes ideológicas que, orgullosas de su elitismo, rescataban del edificio doctrinario del fascismo el orden, la jerarquía y la disciplina, pero desatendían la política de masas de Benito Mussolini. El líder italiano intentaba mimetizar el espíritu fascista en obreros, campesinos y trabajadores medios urbanos, aunque fuese con la amenaza de vedarles el puesto de trabajo si no adherían al partido oficial.

A inicios de la década de los treinta, mientras el nacionalismo enraizaba su fervor patriótico, corporativo y católico en la crítica a semitas, comunistas y liberales, la cuestión social continuaba circunscripta a los intereses de la izquierda.

Con el aumento de la conflictividad obrera, el nacionalismo colocó el prisma de observación sobre las relaciones laborales. Quiso influir en ese mundo en el que antes sólo intervenía para señalar el origen de los "peligros sociales".

Esta nueva capacidad del nacionalismo se debió en parte al advenimiento de grupos sociales extraños a la elite tradicionalista y oligárquica, jóvenes de clase media-baja que se presentaban como "obreros auténticos" y se esforzaban por organizar espacios gremiales entre albañiles, pizzeros, empleados de comercio y tranviarios, entre otros sectores, que adherían a centrales sindicales propias, la Federación Obrera Nacionalista Argentina (FONA) o el Sindicato Obrero Nacionalista Argentino (SONA).

La aparición del nacionalismo sindical de origen mucho más plebeyo que el de sus agitadores intelectuales intentó contrarrestar, con posiciones reivindicatorias para el bienestar de los trabajadores, el predominio del socialismo y el comunismo en la clase obrera. Sin embargo, obligados a tomar posición frente al capitalismo o la propiedad privada, se hicieron visibles las contradicciones internas que oscurecieron su mensaje y debilitaron el desarrollo sindical. Tampoco sus posiciones antisemitas cautivaban a los trabajadores, más habituados a la solidaridad entre pares que al combate racial en las fábricas.

No obstante el fracaso de su excursión en el movimiento obrero, el nacionalismo sindical pudo advertir que la movilización de las masas, y no el elitismo, era una política inevitable para plantearse un camino para tomar el poder.

Mucho más claros en el discurso y en la acción fueron los fascistas italianos y argentinos que se movilizaron en apoyo de Mussolini, con la reproducción de sus organizaciones corporativas, sociales y culturales e incluso con la fundación del Partido Fascista Argentino en 1932.

El órgano de propaganda política del fascismo en la Argentina era Il Mattino D’Italia, en el que colaboraban Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez y monseñor Franceschi y cuya aparición fue saludada por toda la prensa local, a excepción de Crítica y La Prensa.

Il Mattino D'Italia contaba con el apoyo de capitales italianos establecidos en el país y reproducía las noticias de una península que en 1936 se había proclamado otra vez Imperio y comenzaba a avanzar sobre África. Esta incursión fascista extracontinental conmovió a los lectores de Il Mattino: llegaron a vender 250.000 ejemplares.

El diario también se ocupó de transmitir la mística mussoliniana con la exaltación de la ética militar y del ciudadano-soldado que cargaba sus armas al servicio de la Patria y vivía la vida como una batalla, en pos de la victoria.

El sentido de patria del fascismo también fue asociado a la gesta de la Revolución de Mayo.

En 1936, legitimado en su colectividad y entre los grupos nacionalistas locales, el fascismo se movilizaba en las calles de Buenos Aires y el interior del país para festejar la victoria del Duce en Etiopía. Los italianos estaban orgullosos de que su país se encumbrara entre las grandes potencias militares, luego de que ellos habían tenido que abandonar su tierra en el desamparo y la pobreza.

Ya en 1935, casi mil inmigrantes habían zarpado desde la Argentina rumbo al África, enrolados en las legiones de voluntarios de Mussolini, bendecidos por el sacerdote misionero Luis Orione, en apoyo a la guerra colonial. La expedición fue accidentada: quedaron varados en Modagiscio y llegaron a Etiopía cuando la lucha había finalizado.

Con la conquista asegurada en 1936, cerca de cincuenta mil personas festejaron en la embajada italiana. El discurso de Mussolini, transmitido en simultáneo con Roma, pudo escucharse en todo el país. Hubo festejos de gala en el Teatro Colón.

El fascismo italiano intentó hacer una traducción local de la invasión a Etiopía: la comparó con la conquista de la Patagonia por parte del Estado argentino. La promesa de la entrega de las nuevas tierras al campesinado ilusionó a los inmigrantes de la colectividad a migrar hacia el nuevo dominio colonial.

A partir de la victoria en África, los fascistas y nacionalistas reforzaron ante Justo el reclamo de un cambio de posición argentina en la Liga de las Naciones, que había apoyado las sanciones económicas en rechazo a la intervención armada italiana. Mussolini tenía una fuerte inserción en la colectividad italiana que sólo podía ser contestada en la Argentina por núcleos antifascistas reducidos, como el Comité contra la Guerra en Abisinia (Etiopía) —que juzgaba "idiota" la política imperial—, y otros representantes políticos republicanos, socialistas y comunistas que se organizaron en torno a La Nuova Dante, en rechazo a la Asociación Dante Alighieri, convertida en una activa operadora cultural de Mussolini en el exterior.

El nazismo también fue incorporándose a la vida política argentina en la década de los treinta. El Grupo Argentino del Partido de los Trabajadores Nacional Socialista Alemán fue fundado en 1931. En su planta de adherentes había marinos mercantes, artesanos y empleados de ingresos modestos de la comunidad germana que iniciaron sus reuniones en los barcos del puerto de Buenos Aires. Fueron bien recibidos por el poder estatal. El 25 de mayo de 1931, la Legión Cívica les hizo un lugar en el desfile de la Revolución de Mayo y el pequeño grupo nazi marchó frente a Uriburu con las camisas pardas y la cruz gamada. Los nazis y la Legión también participaron en otro acto conjunto en marzo de 1933: atacaron a manifestantes de organizaciones judías que se habían reunido en el Luna Park para denunciar la liquidación del Parlamento y la oposición política en Alemania.

Para entonces, la experiencia socialdemócrata de la República de Weimar había terminado y Hitler estaba al frente de la Cancillería, designado por el presidente Paul von Hindenburg. Su irrupción en el poder fue festejada en Buenos Aires con un acto en el Teatro Colón. El representante diplomático alemán pronto fue reemplazado por sus antecedentes judíos. Los nazis locales ya estaban marcando su presencia en las calles porteñas: intentaron tomar por asalto el Colegio Pestalozzi, una de las pocas instituciones antifascistas de la colectividad italiana, que enseñaba idioma alemán y criticaba a Hitler. Una obra que satirizaba al Führer también fue sometida a las prácticas incendiarias de los nazis locales: quemaron las butacas del teatro Cómico.

En diciembre de 1933, la representación alemana en la Argentina fue confiada al barón Edmund von Thermann. Fue acompañado en el barco por el coronel Molina, agregado en Berlín, y una de las amistades políticas locales mejor valoradas de la Alemania nazi. La Legión Cívica recibió a ambos en el puerto. En las primeras recepciones con su comunidad, Von Thermann se presentaba con el uniforme de las SS, la formación paramilitar del Tercer Reich.

A la llegada del nuevo representante alemán —quien sería ascendido a rango de embajador tres años después—, las doctrinas de Hitler eran minoritarias en la comunidad germana. Alejados de la militancia nazi local, sus líderes empresarios las recibieron con indiferencia. Von Thermann se ocupó de propagar la cosmovisión del Tercer Reich entre las asociaciones alemanas y el empresariado.

El punto de apoyo del nacionalsocialismo fue la Asociación Alemana de Empleados —transformada en el Frente Nacional del Trabajo en 1936—, que reunió afiliados de distintos gremios de empresas de capital germano. En el plano recreativo y cultural, los nazis se congregaban en actividades similares a las del Doppolavoro del fascismo italiano. Las denominaban "Fuerza a través de la alegría". Organizaban picnics en la playa de Quilmes, expediciones de boy scouts o colonias de vacaciones en el hotel Edén, en La Falda, Córdoba. Pronto formaron la juventud hitleriana, con campamentos a orillas del río Paraná o en el Tigre.

En pocos años, el nacionalsocialismo se fue infiltrando en las instituciones deportivas y culturales de la comunidad. El club Teutonia de Tigre, el Club Alemán y el Club Hípico Alemán, entre otros, se convirtieron en bases de propagación del ideario nazi.

La Cámara de Comercio Alemana también fue subordinada a las directivas hitlerianas. La embajada promovió a argentinos de influencia social y política que simpatizaran con la causa nazi para cederles un lugar en los directorios de las corporaciones alemanas. De este modo, el general Basilio Pertiné fue director de Siemens-Scheckert en forma simultánea a su gestión como intendente de la Capital Federal.

Pero ni los nacionalistas ni los fascistas ni los nazis estaban solos en las calles. El arco político opositor a Justo unificó su discurso contra ellos en defensa de la tradición democrática que estaba siendo apremiada por el fraude.

Con el estallido de la Guerra Civil Española en julio de 1936, el combate ideológico se volvió cada vez más polarizado y violento.

Hasta entonces, España había estado gobernada por un frente popular, una coalición de la izquierda obrera y socialista republicana, que incluía también a anarquistas y comunistas, y formó gobierno tras ganar las elecciones de febrero de 1936. Su oposición era la derecha católica, conservadora y también monárquica.

La Guerra Civil Española fue el escenario donde se libraron a fuego todas las batallas ideológicas de la Argentina.

A los que apoyaban a la República como fórmula de libertad y progreso popular se les oponían quienes luchaban por la restauración jerárquica contra las "fuerzas disolventes", ahora en el poder de España.

El retorno a la hispanidad, basada en el credo y la lengua, como traductor de un catolicismo autoritario que encontraba su fe en Dios y en el orden monárquico como unidades indivisibles, era, de todas las propuestas totalitarias europeas, la que más seducía a los nacionalistas locales.

La hipótesis de un triunfo de Francisco Franco producía un eco mucho más cercano en las emociones y el sentimiento que el fascismo o el nazismo. La idea de la supremacía de la raza y la expansión territorial, pero sobre todo el neopaganismo, que incomodaba a los nacionalistas católicos, no habían generado arraigo mayoritario en el variado protocolo ideológico de las asociaciones nacionalistas.

El modelo corporativo del falangismo español —emparentado con el fascismo, con predominio católico y abolición de partidos políticos— le otorgaba una centralidad a la Iglesia que transformaba a la guerra civil en una nueva guerra santa, una reconquista del mundo con la cruz y la espada, como había sido forjada la civilización cristiana.

La restauración católica hispana ya había sido clarificada en la arena local por el español Ramiro de Maeztu, en su paso por la Argentina entre 1928 y 1930 como embajador del dictador Primo de Rivera, cuando alzó las banderas de la religión, la autoridad y el espiritualismo reunidos en un sentido orgánico para enfrentar al comunismo y al imperialismo económico norteamericano.

Comenzada la guerra, el nacionalismo y la Iglesia argentina enviaron sus hombres al territorio de la contienda. El senador Sánchez Sorondo, despedido con honores en un banquete en el hotel Plaza, fue invitado por la Junta de Burgos, el área insurgente controlada por Franco tras el golpe de Estado de 1936, y desde allí partió hacia Italia y Alemania para entrevistarse con Mussolini y con Hitler.

Monseñor Gustavo Franceschi llegó a España enviado por el Arzobispado de Buenos Aires y con donaciones de valores millonarios, y permaneció tres meses en la trinchera del franquismo. Para la Iglesia local, en esa guerra se estaba jugando la suerte del continente hispanoamericano.

Argentina no reconoció a los alzados franquistas como grupo "beligerante" —que le permitía obtener las mismas garantías que el gobierno republicano en el derecho internacional—. Optó por la "prescindencia" en el conflicto. Dada la naturaleza conservadora del gobierno de Justo, ésta era una posición benévola hacia la República, pero la decisión no era independiente: estaba subordinada al rumbo señalado por Inglaterra en la Liga de las Naciones. Fuera de los foros internacionales, el oficialismo reconocía su simpatía por Franco.

Justo tuvo una política receptiva con los refugiados del bando nacional franquista. Muchos de ellos fueron asilados en la legación argentina en España y embarcados hacia Buenos Aires. Pero esta posición inicial se modificó en el transcurso de la guerra: con una política de estricta neutralidad, el país cerró las fronteras a los exiliados. Una excepción a estas restricciones fue el permiso a refugiados vascos, que, con una intensa capacidad de lobby de su comunidad sobre el poder político, ingresaron al país mientras que a los republicanos se les negaba el acceso.

El apoyo oficial más explícito al franquismo fue el del gobernador bonaerense Manuel Fresco, a quien cautivaba Hitler como conductor, pero más Mussolini por su representación popular. Aunque en coincidencia ideológica con el bando nacional español, había ordenado la instrucción religiosa —no obligatoria— en las escuelas públicas y prohibió todo tipo de propaganda comunista. Su lema era "Dios, Patria, Hogar", pero lejos del conservadurismo elitista, con su programa de obras públicas, la intervención estatal en la orientación económica y un andamiaje de leyes laborales, en el marco de una organización gremial obrera controlada por el Estado, aspiraba a alcanzar la Presidencia.

Justo permitió a los partidos y corrientes ideológicas que se expresaran frente a la guerra civil. Esta libertad fue bien aprovechada por el comunismo y el anarquismo, que hicieron proselitismo a favor de la República y sumaron sus hombres a las filas de los brigadistas internacionales que marcharon a la línea de fuego en España. Las manifestaciones públicas, los actos solidarios, las colectas de los comités de ayuda, les permitieron al comunismo y el anarquismo —con querellas internas que molestaban a la embajada republicana en el país— ganar espacios políticos propios y volver a la superficie pública, aun cuando sus actividades en la política interna continuaban prohibidas.

En el fervor callejero por ambas facciones de la guerra, Sánchez Sorondo intentó entorpecer la solidaridad con la República. Reactivó su proyecto de represión al comunismo —en el que reclamaba penas de hasta cinco años de prisión para sus activistas—y lo llevó a la Cámara alta. Atravesó el primer trámite legislativo en forma fluida, pero el proyecto fue rechazado en Diputados. La carga penal sobre el comunismo implicaba un paso demasiado largo para aquellos partidos opositores al oficialismo, que apoyaba a la República española.

La Guerra Civil también ayudó a los dirigentes a recuperar un espacio de vitalidad. Alvear se sintió empujado por las circunstancias para ejercer en los hechos el liderazgo de un frente popular antifascista, una coalición como la que se había conformado en España, en Francia y en Chile. En la Argentina, el frente popular contó con la participación de los partidos de base democrática, la CGT, sindicatos y también del Partido Comunista local, que cumplía con la estrategia soviética de formar coaliciones con "partidos democrático-burgueses" para bloquear al avance nazi, fascista y franquista en Occidente.

La UCR, que no digería del todo verse involucrada bajo la advocación de "frente popular", estaba lejos de identificarse con la Internacional Comunista. Pero, como también lo entendían el Partido Socialista y la Democracia Progresista, sus preocupaciones sobre el futuro de la batalla eran más urgentes: si caía la Madrid republicana, también podría caer, en forma definitiva, la democracia argentina.

La Guerra Civil Española, un hecho político trágico y apasionante para la sociedad, facilitó a Alvear un prodigioso retorno a la tribuna callejera en vista a las elecciones presidenciales de noviembre de 1937.

Los antecedentes eran favorables para la UCR. En 1934, el radicalismo tucumano, desobedeciendo la abstención, había vencido en las elecciones legislativas de la provincia. Este ensayo electoral había llevado a Justo a pedir que se valorase el esfuerzo del Poder Ejecutivo por garantizar comicios "honorables y puros". Lo presentó como una prueba de que las denuncias de fraude carecían de fundamento.

Un año después, cuando la convención partidaria decidió el retorno electoral, Amadeo Sabattini ganó la gobernación de Córdoba en elecciones prolijas.

La posibilidad de que no se falsificara el resultado de las urnas implicaba a priori la hipótesis de un triunfo de Alvear en 1937. Justo redobló esfuerzos para impedirlo.

Por un lado, eliminó el tercio de representación que correspondía a la minoría en cada distrito, de modo que quien venciera aunque fuese por un voto se alzaría con la nómina completa de electores para elegir la fórmula presidencial en el Colegio Electoral.

A la elección en la Capital Federal la daba por perdida. La baja aceptación del oficialismo hacía que los resultados fuesen imposibles de manipular. La provincia de Buenos Aires no se presentaba como un problema. Bajo la autoridad de Fresco, que había disciplinado a las facciones conservadoras, el control de las mesas de votación estaba asegurado. Un obstáculo era Santa Fe, gobernada por la Democracia Progresista. Justo lo resolvió con la intervención federal: colocó en el gobierno a un radical antipersonalista que le solucionaba la tarea de adulterar las urnas en las elecciones.

El resto de los distritos no tenía demasiado peso electoral y la rutina conservadora en el poder le permitiría torcer sin sobresaltos la voluntad ciudadana, si fuera necesario.

De modo que la clave para que Justo lograra controlar la sucesión presidencial era dominar el voto en Santa Fe y en Buenos Aires. Con estas dos provincias, más la hegemonía en el interior, le sobraba margen para volver intrascendentes las derrotas en Córdoba y Capital Federal.

Además de retocar la arquitectura electoral, Justo modificó el perfil político de la Concordancia en vistas a las elecciones. Eligió para encabezar la fórmula a un radical antipersonalista que fuese útil para neutralizar el retorno de ese sector a su embrión radical. El candidato fue Roberto Ortiz, ex ministro de Alvear que luego, retirado de la política activa, fue recuperado por Justo en 1935 para el Ministerio de Hacienda. Al poco tiempo lo seleccionó para sucederlo.

Ortiz no era una figura de relieve de los antipersonalistas; mucho menos lo era para las bases del poder político real, la elite conservadora y el Ejército. Pero esta carencia de apoyos, sumada a sus ambiciones políticas modestas, fueron características que Justo valoraba sobre otros potenciales candidatos, entre ellos su ex ministro del Interior Leopoldo Melo, que buscó con ansiedad su bendición, sin lograrla.

Justo suponía que con Ortiz tendría un tránsito más sosegado hacia el retorno a la Presidencia en 1943, sobre la base de un sistema electoral al que aspiraba no verse obligado a defraudar jamás.

Alvear no llegaba de manera pulcra a las elecciones del '37. Un año antes, los radicales porteños se habían aliado con los conservadores para cotizar su voto en el Concejo Deliberante y habían cedido una prórroga por cuarenta años de la concesión de la energía eléctrica en la Ciudad a una compañía española (CHADE). El escándalo de corrupción —en el que Natalio Botana, desde el diario Crítica, ofició como receptor y distribuidor del dinero ilegal a las partes interesadas— igualó al radicalismo con prácticas más afines a la tradición conservadora que había repudiado desde el desarrollo del Estado argentino en 1880.

La necesidad de acumular fondos económicos de respaldo para una campaña presidencial que se preveía ardua y costosa —y que en definitiva tenía como objetivo final el desalojo de la República fraudulenta—, como se explicó en voz baja, no libró a Alvear de su responsabilidad por una conducta que distorsionaba la declarada ética partidaria.

Para entonces, un sector de los "radicales fuertes" que se indignaban con los "arreglos" de los antipersonalistas, ya había iniciado su proceso de ruptura con el radicalismo. En 1935 constituyeron Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA). Entre ellos se destacaban Arturo Jauretche y Luis Dellepiane, que habían tomado las armas en las rebeliones litoraleñas contra el fraude, entre otros miembros que representaban a la clase media empobrecida del radicalismo, FORJA intentó mantener los principios de "religión cívica", pero adicionó el repudio al predominio del colonialismo británico a lo largo de la historia argentina. En defensa del nacionalismo económico, formularon denuncias por los negociados de trenes y empresas de electricidad, FORJA logró un impacto testimonial novedoso pero no alcanzó a alterar el cuadro orgánico partidario, del que acabarían por marcharse en la década de 1940.

En septiembre de 1937, Ortiz y el conservador catamarqueño Ramón S. Castillo vencieron a la fórmula radical Alvear-Mosca por 1.100.000 votos (248 electores) contra 815.000 (128 electores). El radicalismo ganó en Córdoba, en la Capital Federal, en La Rioja y en Tucumán. El fraude sonrojaba aun a miembros de la clase que iba a alzarse en el poder. Federico Pinedo —quien sería otra vez ministro de Hacienda— recordaría que era imposible catalogar a esas elecciones "entre las mejores, ni entre las regulares, que ha habido en el país".

Cuando Ortiz asumió la Presidencia en febrero de 1938, el bando nacional español había ido minando la resistencia de la República y ya gobernaba la mayor parte del territorio. La diplomacia franquista también había avanzado en Buenos Aires durante el gobierno de Justo. Juan Pablo Lojendio, enviado como embajador de oficio en Buenos Aires, no había logrado extraerle a la Cancillería argentina un reconocimiento de oficio —ni siquiera un gesto público— hacia los sublevados. El bando nacional sólo había obtenido el aval estatal por parte de Alemania, de Italia, de Portugal y del Vaticano.

Lojendio no atesoraba demasiadas esperanzas con Ortiz, porque, si bien creía que simpatizaba con su causa, su intención de captar bases del radicalismo con la promesa futura de elecciones honestas coartaba cualquier señal hacia el franquismo.

Sin embargo, en junio de 1938, Ortiz recibió a Lojendio. No reconoció al bando nacional como fuerza "beligerante", pero el hecho de sentarlo en su despacho presidencial y expresarle su voluntad de "hacer algo por Franco", sin romper la prescindencia, era un reconocimiento de facto para los sublevados. Su victoria diplomática debía matizarse. La Argentina no estaba corriéndose del paraguas británico: el mismo gesto habían tenido los ingleses con el representante franquista el mes anterior. Peor para Lojendio. Pocos días después de su visita, Ortiz se reunió con el nuevo embajador republicano en la Casa de Gobierno y cayó en la tentación de asomarse al balcón para recibir la ovación de los manifestantes, "la masa roja", como la calificaba el agente oficioso de los insurrectos, quien hizo una amarga caracterización de Ortiz en su reporte a España: "Este presidente derechista, elegido por fraude electoral, tiene miedo a la masa de izquierda y trata de captar[la] incluso con gestos tan inoportunos como éste".

Mucho menos numerosa que los republicanos, y también menos expuesta a manifestaciones populares, era la colectividad en la Argentina que adhería al franquismo en defensa de un orden y una tradición que se estaban perdiendo. Con mayor influencia económica que los republicanos, eran empresarios y comerciantes prósperos que preferían mantenerse a distancia de la militancia falangista instalada en el país y no tenían oídos para Ramiro de Maeztu, que cautivaba mucho más a los nacionalistas locales. Sus instituciones sociales y culturales, devotas de Franco y ligeramente monárquicas, que recibían donaciones de la oligarquía y de la Iglesia argentina, aclamaban cada presentación de Lojendio en los almuerzos de "plato único" de hasta mil comensales que organizaban en el Roof Garden del hotel Alvear u otras asociaciones benéficas. Los sublevados de Burgos no les requerían alimentos sino divisas y vestimentas.

Uno de los más eficaces agentes recaudadores fue la viuda de un millonario inglés, Soledad Alonso de Drysdale, y también Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, presidente de CHADOPYF, un consorcio español que construyó las líneas C, D y E de subterráneos en Buenos Aires. Ambos eran titulares de Los Legionarios Civiles de Franco, una entidad de 8100 socios que aportaba su cuota mensual, autónoma del control de Lojendio pero con acceso directo a las autoridades de Burgos. Llegaron a ser recibidos por el presidente Ortiz. Los Legionarios colectaban dinero para construir orfelinatos que albergaran a los niños huérfanos de la guerra. Cuando el bando nacional estaba por tomar Madrid en enero de 1939, Alonso de Drysdale patrocinó un crucero de ultramar que invitaba a la colectividad hispana a visitar los campos de guerra y participar de los desfiles de la victoria de los soldados "en las primeras horas de paz". Pero ni siquiera el triunfo del bando nacional liberó a Alonso de Drysdale de la acusación de estafa a su institución benéfica. Los propios defraudados, que antes rescataban su carisma y su coraje por la causa franquista, comenzaron a recordarle su pasado de actriz para denigrarla. Peor suerte acompañó al conde de Guadalhorce, sometido a un proceso judicial y encarcelado en Villa Devoto.

Finalmente, el 26 de febrero de 1939, luego de enérgicas peticiones a la Cancillería, Lojendio fue acreditado como encargado de negocios de España ante el gobierno argentino y se hizo cargo de la embajada en Buenos Aires, que acababa de abandonar Ángel Osorio y Gallardo, el último representante republicano. Tampoco se trataba de una victoria exclusiva de Lojendio; también era la consecuencia de los acontecimientos en el exterior: Inglaterra acababa de reconocer a Franco como jefe de Estado. Al mes siguiente caería Madrid.

Entonces el nazismo estaba más desarrollado en el país. En cumplimiento de la determinación del Tercer Reich de excluir a los judíos de la vida económica en Alemania, la embajada había instruido a las empresas germanas locales en la iniciación de una campaña de "desjudaización" de sus plantas de empleados. El proceso fue dificultoso porque los judíos estaban bien integrados en la comunidad empresaria alemana y además, como el hecho de ser judío no era —per se— una causal de despido en la Argentina —como sí lo era para las leyes alemanas—, las empresas debían indemnizar a los empleados "extraños a la idiosincrasia alemana".

Hacia 1938, la política de cesantías por motivaciones raciales se aplicó en industrias e instituciones germanas. Los médicos judíos del Hospital Alemán, por ejemplo, fueron despedidos. Pero la orden de "desjudaización" no pudo ser instrumentada en forma irrestricta: hubo casos de gerentes de origen judío que fueron recontratados tras una temporaria cesantía porque los consideraban imprescindibles.

También la embajada intentó que los capitales alemanes compraran la buena voluntad de los diarios argentinos con posiciones críticas a Hitler. Como estas operaciones fueron imposibles de concretar de manera efectiva, ordenaron retirar la publicidad de sus páginas. Esto complicó a muchas empresas que no pudieron promocionar sus productos en los diarios de mayor tirada y con cierto desagrado, debieron publicar avisos en periódicos nacionalistas y antisemitas de circulación discreta, como Clarinada, Bandera Argentina o El Pampero o en el ultracatólico El Pueblo.

El peor obstáculo para la propaganda del ideario nazi fue el diario Argentinisches Tageblatt, de lectura masiva entre la comunidad alemana. Estaba en guerra con la embajada: fue crítico del nazismo desde el fallido golpe de Estado de Hitler en Munich en 1923. Allí no hubo negociación posible. Von Thermann caracterizó al Tageblatt como "judeo-comunista" —al servicio de Londres, de Washington y de Moscú—, y varias veces elevó su queja a la Cancillería argentina por artículos en que se calificaba a los dirigentes nazis de "mentirosos", "pornógrafos" o "asesinos". La embajada inició cinco procesos penales por "injurias" contra el Tageblatt —y uno contra Crítica— que al cabo de unos años fueron desestimados por la Justicia. Los nazis locales, que se consideraban ofendidos, intentaron reprenderlos y arrojaron bombas incendiarias a la redacción y atacaron a directores y periodistas en la calle. El Tageblatt fue prohibido en Alemania.

Otra de las claves de la política expansiva del nazismo en la Argentina fue la educación. De 13.200 alumnos inscriptos en las escuelas alemanas —alrededor de doscientas—, tres de cada cuatro eran argentinos, el once por ciento era alemán y el resto, de otras nacionalidades. Sólo siete escuelas pudieron librarse de la cosmovisión del mundo hitleariana que exigía la sección "Alemanes en el extranjero", que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores y regulaba las conductas de los nativos que vivían en el exterior. Uno de sus boletines de instrucción decía:

"Todo alemán en el extranjero está obligado a adherirse a la organización nacionalsocialista; debe cumplir, con un espíritu de disciplina sin reservas, todas las órdenes que aquella le imparta; todo afiliado presentará a la organización por lo menos dos adherentes. Debe comprar productos exclusivamente alemanes, aconsejar su adquisición y boicotear las mercaderías judías. Debe enviar sus hijos a las escuelas alemanas".

La Asociación Gremial de Maestros operó como vínculo entre el Führer y los lineamientos pedagógicos de la comunidad germana en el país. Algunos docentes fueron contratados en Alemania para dictar clases con una bibliografía, impresa en ese país, que rendía culto al Führer. En las escuelas, la transmisión de los valores cívicos argentinos se reemplazó por la lectura de Mi lucha y la glorificación del racismo y el nacionalsocialismo, y el Himno Nacional era cantado por los escolares con el brazo en alto en lealtad a Hitler. Los judíos fueron excluidos del aula y quienes no simpatizaran con el nazismo eran objeto de maltratos.

La embajada continuó promoviendo la propaganda de la conquista nazi en Europa. En marzo de 1938 festejaron en el Club Alemán la anexión de Austria al Tercer Reich con un acto de 3500 personas. Para darle un matiz democrático, quisieron ratificar la anexión con un plebiscito interno en la comunidad que se desarrollaría en naves de bandera alemana ancladas en aguas internacionales, para no violar la soberanía argentina. La iniciativa fue rechazada por el presidente Ortiz. Los nazis doblaron la apuesta: firmaron listas "simbólicas" en sus asociaciones a favor de la anexión y llenaron el Luna Park. La convocatoria fue repudiada por organizaciones estudiantiles y juventudes políticas que atacaron instituciones sociales y bancarias de ese país incluyendo quemas de bandera. Hubo desórdenes: dos ancianos fueron muertos por los caballos de la policía.

Meses después, el 9 y el 10 de noviembre de 1938, el Tercer Reich, en forma paraoficial, promovió la primera agresión física colectiva a los judíos: durante dos días, provocaron incendios y saqueos a sinagogas, comercios y viviendas. Causaron cien muertos. Veintiseis mil personas fueron detenidas sin orden judicial.

La comunidad judía local—que representaba el dos por ciento de la población argentina— declaró una semana de duelo por "La Noche de los Cristales" y boicoteó a empresas y productos alemanes. Pero no hubo manifestaciones de repudio popular ni la Iglesia envió un mensaje solidario por el ataque nazi.

Después de "La Noche de los Cristales", sólo pudieron irse de Alemania los judíos que fuesen asistidos por alguna institución en el exterior. La ley confiscó sus bienes. El gobierno argentino, que había endurecido las leyes de acceso al país después de la Guerra Civil Española, impidió la inmigración de judíos que no respondieran a la agricultura como perfil productivo. Los judíos que escapaban del nazismo ingresaron en forma clandestina o como turistas de primera clase. Se calcula que de ese modo lograron arribar alrededor de treinta mil.

Posteriormente, un decreto oficial autorizó el ingreso de niños judíos huérfanos que tuviesen parientes en el país, pero la resolución fue obstaculizada en los consulados en el extranjero. Un contingente de un millar de niños judíos quedó varado en Londres por no cumplir con los reglamentos de visado.

El 1º de mayo de 1939, los alemanes en la Argentina celebraron el Día del Trabajo y, pese a la prohibición oficial, colocaron banderas con esvásticas en las empresas e instituciones germanas. Organizaciones estudiantiles y políticas las arrancaron. El gobierno, que se había disculpado con la embajada por los destrozos del año anterior, esta vez no lo hizo.

La infiltración ideológica de Hitler en el país, ahora dirigida en forma directa desde el Tercer Reich, intentó ser detenida en mayo de 1939. Ortiz prohibió las actividades nazis por decreto, luego de que el diputado socialista Enrique Dickmann denunciara en el Congreso la propaganda nacional-socialista. También las asociaciones fascistas fueron incluidas en el decreto. Seis escuelas alemanas en localidades rurales de La Pampa fueron cerradas y el Ministerio de Educación prometió desterrar las prácticas racistas en las escuelas germanas y reforzar los símbolos nacionales. Incluso trascendió que los directores de las escuelas, cuando eran visitados por inspectores escolares, colocaban en sus oficinas un retrato de Sarmiento que en el reverso tenía la imagen de Hitler.

La Iglesia argentina condenó la resolución. La consideró discriminatoria. No se actuaba del mismo modo con las escuelas judías, donde se impartían doctrinas sectoriales "exóticas y destructivas" que amenazaban el ser nacional, se oponían a la concepción espiritual del catolicismo e incluso eran mucho más peligrosas que las ideas nazis, como explicó Franceschi. Lo mismo sucedía en otros estamentos de la sociedad. En el Congreso no había diputados nazis pero sí judíos (como Dickmann); en la administración pública no había nazis, pero sí había judíos (es más, se multiplicaban), y en el país había más "vasallos soviéticos" que extranjeros nazis. En conclusión, para el director de Criterio, si se restringía a los hitlerianos correspondía hacerlo también con judíos y comunistas.

Los nazis burlaron el decreto gubernamental. El nacionalsocialismo siguió operando en la Unión Alemana de Gremios y otras federaciones benéficas y culturales que continuaban vinculadas a la embajada.

Dos años después, en septiembre de 1941, cuando se votó la formación de una comisión parlamentaria para investigar las "actividades antiargentinas" de los nazis, se reveló que miles de ellos pagaban cuotas mensuales para la organización partidaria y juraban valor y lealtad a Hitler. También se supo que la embajada promovía colectas para costear actividades de propaganda. La Justicia ordenó un proceso por "defraudación y estafas" a varios dirigentes de asociaciones alemanas por propagar "acciones antiargentinas".

Los nazis locales tenían una estructura de inteligencia con equipos transmisores de radio. Un aparato que provenía del Brasil —supuestamente en tránsito hacia el Perú— fue incautado en el aeropuerto de Córdoba en una valija diplomática de la embajada, y el servicio de prensa exportaba impresos del nacional-socialismo hacia otros países sudamericanos.

Los Estados Unidos, que seguían con atención la penetración ideológica nazi, se molestaron con el Consejo Supremo del Nacionalismo Argentino —entidad dirigida por Juan Bautista Molina, por entonces general (RE), Sánchez Sorondo, y David Uriburu, además de legionarios y nazis locales—, por un agasajo que le brindara a Von Thermann en los salones del Jockey Club el 6 de noviembre de 1940, el séptimo aniversario de su llegada al país. En ese momento, la victoria de Hitler en la guerra no parecía lejana. Ya habían habilitado el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, para las masacres con gas; habían invadido los Países Bajos y Francia, y bombardeaban Londres. El banquete era la representación de ese clima de algarabía: Von Thermann había reunido a los generales Arturo Rawson, Francisco Reynolds, Pedro Ramírez, Juan Pistarini, Basilio Pertiné, Juan Jones y Juan Sanguinetti, además de Fresco, Leopoldo Melo y el pensador nacionalista Carlos Ibarguren, adscrito a la presidencia de una compañía germana, entre otros senadores, jueces y empresarios.

Seis meses después, la policía allanó un departamento donde estaban reunidos nazis locales y militares en actividad del Consejo Supremo, que había sido prohibido en el decreto gubernamental. Molina —dado de baja por Ortiz— presentó una nota de queja en la Casa Rosada.

Ortiz fue escapando de la sombra de su selector. Tenía la intención de poner en marcha un plan de "honestidad electoral" para sincerar el funcionamiento de las instituciones y cautivar al radicalismo, y también buscó personal propio que respondiera a esa voluntad en el Ejército, que estaba saturado de líneas internas de nacionalistas pro alemanes y de leales a Justo.

Ortiz también desafió a Fresco. Después de que los conservadores sustituyeran las urnas para erigir a Alberto Barceló en La Plata, el Presidente —en contra de la opinión de Justo— intervino la provincia de Buenos Aires e impidió la asunción.

Pocos meses después, los ensayos de Ortiz encontraron un tope. Afectado por una afección renal y una ceguera progresiva, y en coincidencia con un escándalo por estafas en la compra de tierras para el Colegio Militar en El Palomar que involucró a militares y radicales, debió delegar la Presidencia en julio de 1940; moriría dos años más tarde.

La asunción provisional de su vicepresidente, el conservador Castillo, fue condicionada por la posibilidad de un golpe de Estado nacionalista que presagiaba el retorno de la dupla Molina-Sánchez Sorondo, valorados como "amigos de confianza" por la embajada alemana. Justo también se involucró en la contienda: comenzó a trabajar por la sucesión presidencial pero con el aval ciudadano.

Castillo corrigió la línea electoral de Ortiz y persistió con la política del fraude que permitió que los conservadores retomaran la provincia de Buenos Aires y la oposición se redujera. En 1942, el radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.

Frente a la guerra, Castillo se comprometió a mantener la posición neutral no beligerante de su antecesor. Sin embargo, su gobierno fue más flexible con los nazis locales. No creía que existiese un peligro real en la propagación de sus doctrinas. La comisión investigadora le recriminó que no autorizara el uso de la fuerza policial para sus investigaciones y lo acusó de ser ideológicamente permeable al Tercer Reich. Incluso la embajada alemana reportaba a Berlín que Castillo "era lo mejor que podía esperarse entre los políticos argentinos".

Aunque seguían con atención la ofensiva económica y de propaganda en la Argentina, los nazis tampoco eran una obsesión para los servicios de inteligencia británicos. La preocupación central de la proyección hitleriana estaba en la Embajada de los Estados Unidos, que alentaba a la comisión parlamentaria y le proveía información. Temía que el país se convirtiera en una "cabecera de playa" nazi que, en un proyección estratégica, comenzara a disputarle el continente, en reemplazo de la deteriorada hegemonía del poder británico.

El 7 de diciembre de 1941, el Japón bombardeó la base naval de Pearl Harbor, en Hawai; los Estados Unidos entraron en guerra y propusieron que los países de América latina rompieran relaciones con el Eje. En la Conferencia de Río de enero de 1942, la cancillería argentina propuso que la ruptura fuese sólo una recomendación que cada país podría efectivizar o no. La moción fue aprobada. A diferencia del resto de los países latinoamericanos, sólo la Argentina y Chile se mantuvieron neutrales.

La postura del gobierno —que irritaba a los Estados Unidos— era festejada por los militares nacionalistas en quienes Castillo había decidido apoyarse para alcanzar estabilidad y enfrentar las apetencias de Justo.

Para ese fin, el ex presidente, que ahora debía lidiar por el control de un ejército que le había sido fiel durante casi dos décadas, se declaró "aliadófilo". La muerte de Alvear, en marzo de 1942, lo motivó a relanzar su ambición tantas veces frustrada: ser un candidato quasi radical en las elecciones del año siguiente; enfrentar al régimen fraudulento de los conservadores que antes había patrocinado.

Von Thermann se fue del país el 20 febrero de 1942 y delegó en un encargado de negocios sus tareas en la embajada. Tres años después, entre septiembre y noviembre de 1945, cuando Berlín había caído y Von Thermann era prisionero de las fuerzas aliadas, fue interrogado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre su experiencia diplomática en la Argentina. Von Thermann recordaría que la embajada le daba dinero al gobernador Manuel Fresco para proyectos que favorecían la causa alemana, aunque estaba algo decepcionado con él porque creía que "se había metido dinero en el bolsillo"; que Alberto Uriburu, director del La Fronda, "un oportunista que especulaba con el apellido de su tío", estaba al servicio de la embajada; que tenía cuatro diputados a sueldo en el Congreso cuyos nombres no recordaba; y que había comprado artículos favorables a la embajada en los diarios La Gaceta de Tucumán y La Capital de Rosario. Además haría descripciones del personal militar argentino que simpatizaba con el Eje, con los que se había vinculado. Algunos de ellos, a partir de junio de 1943, habían usurpado el poder con un golpe de Estado.

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Perón en el balcón

El 4 de junio de 1943, la niebla cubría Buenos Aires cuando las tropas salieron de los cuarteles para dar el golpe de Estado. La desorientación del proyecto revolucionario que aspiraba a fundar un nuevo orden político, pero no había tenido tiempo para definir ni su perfil ni a sus líderes, iría devorando a sus promotores a lo largo de treinta meses. Sólo sobrevivió uno de ellos, el coronel Perón: el 17 de octubre inauguraría un ciclo político que trascendería a su muerte.

La Revolución de Junio no tuvo, como el golpe de 1930, intervención civil; fue observada en forma pasiva por la sociedad. Pero su fuerza militar era mucho más poderosa: cerca de diez mil soldados marcharon desde los cuarteles de Campo de Mayo, Ciudadela y Liniers, en dos columnas, hacia la avenida Cabildo y la actual Libertador General San Martín.

El recorrido de las tropas solo encontró resistencia en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su director, el capitán de navío Fidel Anadón, que desconocía el movimiento golpista, enfrentó a los sublevados. Los combates fueron intensos. El jefe de los alzados, el coronel Eduardo Ávalos, respondió al fuego de la Marina. Hubo alrededor de setenta muertos con la inclusión de civiles que quedaron atrapados en la balacera. Este inicio trágico e inesperado intentó ser ocultado por el nuevo gobierno, que prefirió hacer una reprimenda interna a ambos jefes militares por no haber parlamentado. Para Ávalos, los sucesos de la ESMA representarían una amarga experiencia de la que intentaría tomar provecho: dos años y medio después, el 17 de octubre de 1945, decidió no reprimir a los manifestantes que marchaban a Plaza de Mayo en busca del coronel Perón.

Enterado del alzamiento militar del 4 de junio, el presidente Castillo se refugió en el rastreador Drummond junto a parte de su gabinete. Envió un telegrama a la Corte Suprema. Le anticipó que la rebelión tendría un condigno castigo y que resguardaría la autoridad en la nave hasta restablecer el orden. Hasta ese momento, el jefe de Estado creía tener un plan para vencer a los sublevados. Pero su orden de ir hacia el Delta fue desobedecida; en mitad del estuario los demás barcos se alejaron y el Drummond quedó aislado en el Río de la Plata. Castillo decidió desembarcar en La Plata y presentar su renuncia.

El conflicto por la sucesión presidencial fue una de las motivaciones del golpe de Estado. En forma imprevista, la ahora debilitada Concordancia, que había gobernado durante más de una década, había perdido en forma súbita a su gestor: Justo murió en enero de 1943. Pocos meses antes también había fallecido el líder radical Marcelo Torcuato de Alvear y en el lejano 1939, Lisandro de la Torre se había suicidado. La ausencia de líderes que habían cotejado fuerzas durante toda la década de 1930 había sumido en la confusión a los partidos políticos.

Para las elecciones de septiembre de 1943, Castillo intentó imponer al conservador Robustiano Patrón Costas. El industrial azucarero, oriundo de una aristocracia semicolonial del norte argentino, no tenía prestigio —y menos popularidad— para sostener la herencia de un régimen que ahora sobrevivía sólo con el respaldo del poder militar.

Varios motivos de prevención sobre Patrón Costas unieron a sectores nacionalistas y liberales del Ejército en rechazo a su candidatura. Para el primer grupo, el temor era que rompiera sus relaciones con el Eje, en acuerdo con la tradición de la oligarquía de subordinarse a Inglaterra. Para los liberales aliadófilos, el abuso del fraude y la corrupción como único leit motiv del sistema, era una instancia política agotada aun para sus propios inspiradores. Además, durante la década de 1930, las instituciones armadas habían iniciado el desarrollo de una política industrialista para su infraestructura militar que podía detenerse con un presidente ligado a intereses de la burguesía agropecuaria.

Desde la perspectiva del Ejército, además de la sucesión interna, otra preocupación era el avance del Brasil. Con su participación en el programa norteamericano de asistencia militar, estaba alcanzando una gravitación definida en el sur del continente. Si la Argentina quería obtener mayores réditos con su política armamentista, y alcanzar un equilibrio de poder con su país vecino, debía volcar la balanza hacia los aliados o hacia el Eje. Esta era una presunción que circulaba con énfasis en el ámbito castrense. La disputa interna por esta disyuntiva —que sólo parecía resolverse según el curso de la guerra— atrasaba el equipamiento militar y también volvía más vulnerable al sistema político.

La decisión de Castillo de destituir al ministro de Guerra, el general Pedro Ramírez, también aceleró el levantamiento de junio de 1943. En los últimos días de mayo, un grupo de radicales le había ofrecido la candidatura con esta propuesta: si el ministro le aseguraba un proceso eleccionario sin fraude, la UCR lo convertía en presidente. Ramírez respondió en forma ambigua, pero la oferta electoral era un argumento suficiente para que Castillo forzara su salida, aunque el militar luego hiciera público su rechazo.

La destitución de Ramírez agitó al Ejército. Militares nacionalistas, liberales y también radicales yrigoyenistas acordaron un plan de acción para derrocar al gobierno. Había intención de actuar con rapidez en el primer momento. El resto era solo bruma. No había un programa para el día siguiente.

Los intentos golpistas ya habían cercado la gestión de Castillo. En febrero de 1941, el general Juan Bautista Molina suspendió una sublevación a pocos minutos de lanzarse por la presencia sorpresiva del entonces ministro de Guerra, general Juan Tonazzi, en el regimiento desde donde se había gestado. Un año más tarde, el general Benjamín Menéndez, también nacionalista, trabajó para un golpe pero lo abortó por falta de tropa disponible.

Para organizar el golpe de junio, el mayor problema del teniente coronel Enrique González y el capitán Francisco Filippi, dos de los que iniciaron la conspiración, era que, por ser oficiales del Estado Mayor del Ejército, no contaban con mando directo sobre las unidades. Para resolver este déficit, González recurrió al general Rawson. En la noche del día 3, se reunieron en la Escuela de Caballería en Campo de Mayo quince oficiales, además de Rawson. Ramírez, el propio ministro destituido, que todavía no había entregado su renuncia, participó del cónclave conspirador, aunque por orden del propio Castillo, que lo envió a la guarnición para que disuadiese a los complotados. El general Edelmiro J. Farrell y el coronel Perón, al corriente de la reunión, permanecieron en Buenos Aires esperando el desenlace. Habían plegado al Arsenal de Guerra de Buenos Aires, que aseguraba la provisión de fuego.

La noche del 3 de junio en Campo de Mayo se definió la fecha del golpe: la mañana siguiente. La orden de salida de las tropas fue firmada por el coronel Elbio Anaya, uno de los auxiliares del coronel Varela en los fusilamientos de la Patagonia. Anaya era pro aliado, pero, salvo la voluntad del conjunto de hacerse del poder, las posiciones frente a la guerra no eran homogéneas: había oficiales yrigoyenistas —como los hermanos Montes, ambos coroneles—, oficiales pro germánicos —como el coronel Emilio Ramírez y el coronel González— y pro aliados —como el almirante Segundo Storni.

La alianza entre los simpatizantes del Eje y los que aspiraban a su derrota sería una marca de debilidad que condicionaría el rumbo del nuevo gobierno.

En la mañana del 4 de junio, la irrupción militar fue tomada con desconcierto por la sociedad. No se sabía si querían democratizar el sistema político, si propugnaban un acercamiento a los aliados o si buscaban profundizar el sesgo autoritario de Castillo, que el último año y medio gobernaba con el estado de sitio.

Las primeras informaciones dieron cuenta de que se trataba de un golpe aliado. En medio del festejo popular, militantes comunistas salieron a gritar " ¡Viva el ejército democrático!"; se atacaron las sedes de la prensa nacionalista El Momento Argentino, Cabildo y El Pampero.

El nuevo presidente Rawson, un clubmen ligado al ambiente conservador del Jockey Club, sí era pro aliado definido, pero su gabinete expresaba las diferentes líneas golpistas. Hubo dos designaciones del mundo conservador —José María Rosa, simpatizante del Eje, en Hacienda, y Horacio Calderón, aliado, en Justicia— que causaron malestar entre los coroneles sublevados. No querían compartir el gabinete con representantes de un régimen al que acababan de deponer.

A diferencia de las primeras dos décadas del siglo XX, la mentalidad de los oficiales no reconocía un parentesco ideológico exclusivo con la oligarquía rural: las instituciones armadas ya habían abierto sus puertas a los hijos de familias industriales, funcionarios públicos y profesionales.

Rawson, que reconocía su amistad con los civiles cuestionados, se opuso a los condicionamientos. Nadie pudo hacerlo cambiar de opinión. Pero el 7 de junio la ceremonia de asunción cambió de protagonista: el general Pedro Ramírez, en pocos días, pasó de ser ministro destituido a presidente de la Argentina.

Su elección interna dejó en evidencia el poder que tenía el grupo castrense del que formaba parte: el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), aunque de las siglas también trascendieron otras denominaciones. El GOU era una logia militar, como lo había sido la Logia San Martín en la década de los veinte, que influyó en el ascenso de la carrera militar y política de Justo, pero no tenía un liderazgo de esa trascendencia. Se había constituido de modo formal en el mes de marzo de 1943, pero su grupo original venía trabajando desde el año anterior. Lo componían diecisiete oficiales, entre ellos, el coronel Juan Perón; los hermanos coroneles Miguel y Juan Carlos Montes; los, también hermanos, coroneles Urbano y Agustín de la Vega; el coronel Emilio Ramírez; el coronel Aristóbulo Mittelbach, y el ahora presidente Pedro Ramírez. Salvo los hermanos Montes, todos, con distintos matices, habían participado de los sucesos de 1930.

Las designaciones del año 1942 otorgaron poder interno al grupo. El hecho de que Urbano de la Vega fuese jefe del Servicio de Información del Ejército y que los nuevos miembros Francisco Filippi y Enrique González se incorporasen en el Ministerio de Guerra, incrementó la red de influencias. Perón certificó la idea de que el GOU había sido el motor exclusivo del golpe de Estado, y él se atribuyó la redacción de la proclama, escrita de "puño y letra"; si bien ambas afirmaciones ayudaron a construir el mito fundacional, no constituían una verdad estricta. Un indicio de que el golpe no fue obra de la logia fue que sólo dos de sus miembros estuvieron en la reunión decisiva de Campo de Mayo.

Hasta junio de 1943, el GOU, como grupo de enlace de la oficialidad, se había propuesto abordar un desarrollo político para un futuro golpe de Estado. Aunque existían simpatías por el nazismo, no era una célula nazi. Tenía, sin embargo, lazos con corrientes reaccionarias: Jordán Bruno Genta, intelectual antisemita, fue uno sus "asesores" civiles.

La logia tenía oficiales de distinta graduación que se consideraban pares entre sí, aunque Perón y González eran los más destacados dentro del grupo. Diplomados en la Escuela Superior de Guerra, habían realizado cursos en el exterior y tenían ascendente sobre el resto. Sobre todo, Perón.

La fecha y el lugar de su nacimiento en la provincia de Buenos Aires —1893 en Roque Pérez o 1895 en Lobos— son todavía objeto de polémica. Una de las causas de esta confusión habría sido la demora de su padre en reconocerlo. Perón vivió algunos años de su infancia en Santa Cruz y en Chubut, e ingresó como cadete del Colegio Militar en 1911. Egresó con el grado de subteniente de Infantería. En 1928 ya era capitán y oficial del Estado Mayor, egresado de la Escuela Superior de Guerra, a la que siguió ligado como profesor. Sus clases fueron la base del libro Apuntes de historia militar, en el que tomó teorías del ejército alemán: la guerra moderna no era solo cuestión de esfuerzo y equipamiento. También era necesario mantener movilizada a la sociedad, como lo indicaba Von der Goltz en La nación en armas.

Perón participó del golpe de Estado de Uriburu, aunque consideró "incapaces" a sus colaboradores; se mantuvo cercano a militares de la íntima confianza de Justo, quienes valoraban su capacidad profesional. En 1936, ya había sido ayudante de campo de dos ministros de Guerra y mantenía sus clases de Historia Militar. Ese año fue designado agregado militar en la embajada en Santiago de Chile, donde intentó recabar datos secretos de ese país. Esta maniobra frustrada comprometió la gestión de su sucesor, el mayor Eduardo Lonardi, quien casi veinte años después lo desalojaría del poder.

En 1938 Perón regresó al país. Ese año, perdió a su primera esposa, Aurelia Tizón; al año siguiente fue designado en la agregaduría militar de la embajada en Roma. Vivió dos años en Italia y, durante la guerra mundial, visitó España, Portugal, Hungría y Austria. La experiencia fascista lo había impresionado. Muchos años mas tarde, ya en el exilio, en un relato testimonial para la autobiografía Yo, Juan Domingo Perón, comentaría que "el fascismo italiano llevó a las organizaciones populares a una participación efectiva en la vida nacional, de la cual había estado siempre apartado el pueblo. Hasta la ascensión de Mussolini al poder, la nación iba por un lado y el trabajador por otro y este último no tenía ninguna participación en aquélla [...] Pensé que tal debería ser la forma política del futuro, es decir la democracia popular, la verdadera democracia social".

Cuando volvió a la Argentina, fue ascendido a coronel y enviado al Centro de Instrucción de Montaña, en Mendoza, como oficial del Estado Mayor. Allí tomó contacto con las reformas sociales del lencinismo.

Con la asunción de Ramírez, el GOU ocupó posiciones clave en el Estado: Perón, secretario del Ministerio de Guerra; Filippi, edecán del Presidente; González, secretario de la Presidencia; Ávalos, comandante de Campo de Mayo; el coronel Domingo Mercante, oficial mayor del Ministerio de Guerra; Miguel Montes, oficial mayor del Ministerio del Interior.

Frente a las oscilaciones de la guerra, las diferencias internas subsistieron. El gabinete continuó dividido entre quienes preferían romper con el Eje y los que, como el coronel Perón, insistían en mantener la neutralidad. El presidente Ramírez, en cambio, no tenía una posición definida, pero aceptaba los argumentos que le ofrecía cada nuevo interlocutor. Interrogado por el Departamento de Estado, el ex embajador alemán Von Thermann dijo que en sus contactos con Ramírez no había observado ninguna cualidad especial que le hiciera suponer que llegaría a ese cargo.

El gobierno no tenía dudas, en cambio, en su voluntad de poner orden. Hacía poco más de un mes, el 1º de mayo, muchos jefes y oficiales del Ejército habían ido a observar la conmemoración del Día del Trabajo —una enorme multitud de banderas rojas y puños en alto cantando "La Internacional"— y concluyeron que no podían mantenerse indiferentes ante la agitación obrera. Ramírez disolvió el Parlamento, reemplazó en menos de dos semanas a las autoridades provinciales por delegados oficiales y postergó las elecciones por tiempo indeterminado. Dirigentes sindicales comunistas y socialistas fueron detenidos y trasladados a la Patagonia.

También los radicales fueron apresados; muchos se exiliaron en Montevideo.

Durante el primer mes de gobierno de Ramírez, en una entrevista con el ministro del Interior, una delegación de la CGT N° 2 —con predominio socialista y comunista— reclamó la libertad sindical y la de los presos, y la ruptura con el Eje. La respuesta tardó cuatro días en llegar: la CGT N° 2 fue disuelta y se multiplicaron los arrestos, las clausuras de locales gremiales y la persecución de sus dirigentes.

La CGT N° 1, "sindicalista", que había acompañado con preocupación y silencio la represión contra sus pares, intentó un acercamiento con el gobierno. Sin embargo, también recibió la oleada represiva. A fines de agosto, la Unión Ferroviaria (UF) y La Fraternidad, los dos sindicatos más poderosos de la Central, con capacidad de paralizar el país, fueron intervenidos por militares.

El cambio radical en la política obrera se iniciaría el 27 de octubre con la designación del coronel Perón en la Dirección Nacional del Trabajo. La DNT era un órgano residual del Estado conservador. Dependía del Ministerio del Interior y no tenía margen de autonomía. Un mes más tarde el organismo se transformaría en la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP). Aunque no tenía demasiados conocimientos del universo gremial, Perón demostró en forma rápida su intención de incidir sobre la materia. Se rodeó de colaboradores que podían ayudarlo: Juan Bramuglia, ahijado del socialismo y asesor legal de la Unión Ferroviaria; el español José Figuerola, jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la dictadura española de Primo de Rivera, y el coronel Mercante, que tenía un hermano ferroviario y había sido designado interventor en la UF.

La política de Perón se asentó sobre tres ejes: justicia social, control de la clase obrera y despolitización de las organizaciones sindicales.

La primera señal pública del cambio fue la firma de un convenio en medio de una huelga frigorífica. Hasta la intervención de la secretaría, el conflicto llevaba dos meses sin que las empresas ni los trabajadores estuvieran dispuestos a ceder. Los huelguistas habían condicionado una negociación a la liberación de su líder, el comunista José Peter, confinado en la Patagonia. Perón ordenó que fuera traído en un avión del Ejército. La presencia de Peter en una asamblea en el estadio de Dock Sud, donde seis mil personas lo vivaron y lo llevaron en andas, fue decisiva para inclinar el voto hacia el retorno al trabajo. De este modo, Perón sumó una victoria al resolver el conflicto; luego superaría la popularidad de los comunistas en el mundo sindical.

Para entonces, ya se había encontrado con sindicalistas prófugos, que escapaban de la represión del gobierno militar. Perón les pedía confianza a los trabajadores. Algunos, en especial los socialistas, fueron acercándose en forma lenta al coronel. Otros, sobre todo los comunistas, fueron más rígidos: se mantuvieron firmes en su oposición al régimen. Para ellos, era una dictadura fascista.

La política social también generó conflictos internos con sus camaradas del GOU, que desconfiaban del reformismo de Perón y de las presencias obreras en los despachos oficiales. El régimen complementaba la justicia social con la represión: el coronel Emilio Ramírez, jefe de la Policía Federal creada a fines de 1943, perseguía a comunistas y otros opositores al gobierno. El "certificado de buena conducta" que se exigía para buscar trabajo, matricularse en la universidad o salir del país, y que sólo extendía la institución policial, funcionaba como un instrumento de control ideológico y social.

La política de regimentación también había alcanzado al tango. Algunas letras populares de Enrique Santos Discépolo —"Chorra", "Que vachaché" y "Esta noche me emborracho"—, que habían sido creadas antes del 4 de junio, o de Celedonio Flores —"Mano a mano"— fueron censuradas por el gobierno. Lo mismo que el uso del lunfardo. Era desaconsejable utilizar ese lenguaje en público. Ramírez también prohibió las comunicaciones internacionales en código. Pero anuló la medida dos semanas después para satisfacer a la embajada alemana.

En el marco de la ambivalencia de la política internacional, el canciller, almirante Storni, intentó protagonizar un acercamiento con los Estados Unidos. En su favor debe decirse que, en agosto de 1943, esa era la línea que parecía preponderar dentro del gabinete, aunque todavía era resistida por los coroneles del GOU, que seguían aferrados a la neutralidad. El régimen estaba inmerso en el aislamiento político. Seguía sin ser reconocido por sus pares latinoamericanos. La presión económica de los Estados Unidos —que habían embargado sus exportaciones de petróleo y de repuestos industriales— y la falta de equipamiento armado tenían un peso decisivo para la definición del rumbo de la política exterior.

Sin embargo, en el curso de la delicada gestión diplomática de Storni con los Estados Unidos, el frente pro aliado fue desalojado del gabinete. La publicación de la correspondencia entre Storni y el secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, lo condujo a la derrota. El tono de Storni era medido y cordial hasta el último párrafo. En ese punto, la lectura podría ser susceptible de interpretaciones menos ecuánimes. Storni relacionó la entrega de armas por parte de los Estados Unidos con la ruptura de relaciones con el Eje:

"Esta evolución [de la diplomacia argentina] sería más rápida y eficaz para la causa americana si el presidente [Franklin D.] Roosevelt tuviera un gesto de franca amistad hacia nuestro pueblo, tal podría ser el suministro urgente de aviones, repuestos, armamentos y maquinarias para restituir a la Argentina en la posición de equilibrio que le corresponde con respecto a otros países sudamericanos".

La respuesta de Hull y la publicidad de ambas cartas obligaron a Storni a la renuncia. No fue el único. El 14 de octubre abandonaron sus cargos los ministros de Hacienda, de Obras Publicas y de Justicia, y asumió el general Edelmiro Farrell como vicepresidente. El GOU, por su parte, para que Storni no empujara a nadie de los suyos, informó que no tenía relación con la propuesta. Al revelar los secretos de la correspondencia, los Estados Unidos perdieron a los militares más cercanos a sus intereses, y la posición neutralista, que a estas alturas podría valorarse como pro Eje, se reforzó en el gobierno.

Los desplazamientos internos permitieron el ascenso en el gobierno de la derecha civil y católica más extrema. Hugo Wast —Gustavo Martínez Zuviría—, que había presidido la comisión de prensa del Congreso Eucarístico de 1934, fue designado en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública con la misión de cristianizar el país. Destituyó a profesores liberales de la universidad. La cultura y la educación pasaron a ser controladas por el sector del clero hispanofranquista. A fines de 1943, la enseñanza de la religión católica fue obligatoria en las escuelas primarias y secundarias; los niños que no habían tomado la comunión empezaron a ser excluidos de los recreos infantiles de la Municipalidad de Buenos Aires. La ambigüedad de los primeros meses se disolvió: la Revolución de Junio, con el aval eclesiástico, volcó su fe hacia el nacionalismo católico.

Pero esta dirección tampoco estaba destinada a perdurar. El frente externo incidió otra vez en la política interna. El 20 de diciembre, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la logia militar Razón de Patria tomaron el poder en Bolivia. Algunos de sus miembros, exiliados en Buenos Aires, habían iniciado contactos con militares argentinos. El gobierno estadounidense, que temía que la Argentina exportara "revoluciones similares en otros lugares", se ocupó de establecer el grado de apoyo y relacionó el levantamiento boliviano con el interés de Alemania de formar un bloque austral opuesto a los Estados Unidos.

En forma simultánea al escrutinio norteamericano del proyecto nazi en Sudamérica, e incluso al propósito de Storni de recibir equipamiento militar de los Estados Unidos, la Argentina intentaba abastecerse de armas por medio de Alemania. Sólo cuatro personas del Estado, incluido el presidente Ramírez, tenían conocimiento de esta gestión. Hacia septiembre de 1943, la decisión estaba tomada. Se le encargó la misión al germano-argentino Oscar Hellmuth, habitué del Club Alemán, que tenía contacto con el empresario Johann Harnisch, integrante de la red nazi local y supuesto representante personal del Führer. Hellmuth recibió un poder especial para negociar las armas. Si Argentina mantenía la política de neutralidad, Hellmuth confiaba en que podría resolver la operación con cuatro días de permanencia en Berlín. La Cancillería lo designó cónsul auxiliar en Barcelona, España, para disimular su trabajo.

Hellmuth se embarcó en un vapor de pasajeros para arribar a ese país. El 29 de octubre, cuando todavía no había atravesado el océano, fue detenido en Trinidad y Tobago por la policía británica. Hellmuth fue trasladado a Londres e interrogado durante dos meses. Lo acusaron de pertenecer a una organización de espionaje nazi. Si bien el caso era complejo, lo más probable es que haya sido víctima de una intriga interna de la embajada alemana en la Argentina, conducida por el encargado de negocios Erich Meynen.

Cuando, el 24 de enero de 1944, los diarios hicieron pública la detención de Hellmuth, a Ramírez le quedaba poco margen para continuar la línea neutralista. El gobierno pidió a los Estados Unidos que no hicieran público el informe sobre la conexión argentina con Bolivia porque complicaría aun más la posibilidad de romper con el Eje. Dos días después, la Argentina rompió relaciones con Alemania y con el Japón.

La decisión abrió una pesada crisis dentro del gobierno. Los nacionalistas se disgustaron. Federico Ibarguren, intendente de San Miguel de Tucumán, decretó duelo municipal. Hugo Wast presentó su renuncia. Lo mismo hicieron el general González y general Alberto Gilbert, que había reemplazado a Storni en la Cancillería. Emilio Ramírez, otro miembro del GOU, se fue de la Policía. Los jefes y oficiales de las guarniciones de Capital Federal, Campo de Mayo, Palomar y La Plata le quitaron apoyo a Ramírez. El tándem Farrell-Perón también retaceó colaboración al gobierno.

La presión fue insostenible para Ramírez. Forzado por los acontecimientos presentó su renuncia, pero luego modificó las formas institucionales. Para que no pareciese que era depuesto por un golpe de Estado, que luego complicara los reconocimientos diplomáticos, aseguró que lo hacía por "la fatiga de las tareas" y delegaba el poder en su vicepresidente.

El 24 de febrero de 1944 asumió Edelmiro Farrell, que había sido jefe policial en Mendoza después del golpe de Estado de 1930 y había trabado relación con Perón en esa provincia. El secretario de Trabajo y Previsión acumuló más poder en el gobierno. Fue designado ministro de Guerra en reemplazo de Farrell. Al principio en forma interina y confirmado dos meses después.

Su figura había crecido no sólo por el contacto con los sindicalistas sino por el terremoto que el 15 de enero de 1944 devastó la provincia de San Juan y provocó miles de muertos y heridos. Perón organizó la ayuda social a los damnificados. También, algo estaba cambiando en su vida personal. En un acto solidario en el Luna Park conoció a la actriz de teatro y de radio Eva Duarte, aunque luego se dijo que ya había sido vista al menos una vez en la secretaría. Fue un encuentro clave en la vida de Perón. La continuidad de la relación fue mal vista en el mundo castrense. La mentalidad militar no estaba preparada para admitir que un oficial superior, viudo, viviese con una amante que, por ser hija ilegítima y actriz, ya era objeto de comentarios desfavorables.

Su participación en el desfile militar del 9 de julio de 1944, en la función de gala del Teatro Colón o su presencia durante las conversaciones políticas que Perón mantenía con otros oficiales en su departamento, eran señales de que la relación entre ambos se había asentado en forma rápida y comenzaba a tener carácter de Estado.

Esto permitió un salto cualitativo en la carrera artística de Eva. Además de obtener mayor promoción en sus programas y un contrato como actriz de cine, participó del programa de Radio Belgrano "Hacia un futuro mejor", en el que destacaba el rol de Perón en la Revolución de Junio. En el relato, ella —como mujer humilde— subrayaba los valores de un soldado que sintió la llama de la justicia social y ayudó a que estallase la revolución como un acto de redención.

La incipiente popularidad de Perón no tenía correlato directo en el Ejército. Su influencia no era compacta. Tanto como la presencia de Evita en su vida, molestaban su forma de operar sobre los trabajadores y sus primeros pasos —que no ocultaba— hacia la conquista de un poder político personal.

La política de "protección de las masas" de Perón al frente de la secretaría era indiscutible. Cada vez más gremios se acercaban para expresar demandas salariales o laborales, o resoluciones de conflictos, y se marchaban satisfechos. Mientras existiera la disciplina gremial y se obedeciera a dirigentes "bien intencionados", Perón respondía. El rechazo sólo estaba circunscrito a las "ideologías extrañas" y a los que no prestaban colaboración con los esfuerzos de la secretaría: para ellos sólo cabría la intervención de sus gremios o la represión de las huelgas. La conmemoración del 1º de mayo de 1944 por la izquierda fue prohibida por el Estado.

Pero no había dudas de que Perón, a lo largo de todo ese año, se había preocupado por promover el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones de trabajo, fomentar los instrumentos jurídicos para los obreros con la firma de centenares de convenios laborales, la creación de tribunales de trabajo, la reglamentación de las asociaciones profesionales, la unificación del sistema previsional o facilitar la extensión de los beneficiarios de la ley de despido.

En forma simultánea a su acción gremial, Perón inició contactos con dirigentes del radicalismo. Podría sumarlos en lo inmediato al elenco gubernamental para que recogieran el rédito popular que él ya estaba obteniendo por las reformas sociales. En el mediano plazo, Perón imaginaba que podría encabezar la boleta presidencial de la UCR y que el aparato radical completaría el resto de las nóminas electorales para volver al Estado.

La UCR rechazó la propuesta. Confiaba más en una supervivencia autónoma que en el coronel: el vacío de poder estaba estrangulando a un régimen cada vez más frágil. No faltaba mucho tiempo para su caída. Pensaban que su partido, que ya tenía medio siglo de existencia y una identidad propia en la vida política, no debía resignar el cargo presidencial para retornar al poder.

Además, el rumbo de la guerra favorecía al radicalismo. Desde febrero de 1943, cuando Hitler no pudo atravesar Stalingrado, el régimen nazi había iniciado su retroceso en el frente oriental. Para entonces, Mussolini ya había perdido las colonias africanas y los aliados habían tomado el sur de Italia. El 6 de junio de 1944, el ejército angloamericano desembarcó en Normandía, Francia, con 250.000 hombres y liberaron París del régimen nazi dos meses después.

La posibilidad de una derrota del Eje sacudía al sector nacionalista del gabinete, concentrado alrededor del ministro del Interior, el general Luis Perlinger. El nacionalismo mantenía la posición pro Eje y consideraba a Perón "un traidor", porque ya se había despegado de esas simpatías, en sintonía con el curso de la guerra. Incluso en marzo de 1944, Perón le comunicó a la embajada estadounidense su intención de trabajar para el restablecimiento institucional y sus planes presidenciales con el supuesto apoyo de la UCR. Los nacionalistas eran los únicos que podían detener su ascenso. Farrell estaba en medio del combate entre ambos. La confrontación decisiva se libró con una asamblea de oficiales que debía definir cuál de los dos líderes opuestos del gabinete ocuparía la vicepresidencia vacante. Perón venció a Perlinger por seis votos. El último simpatizante pro nazi del gabinete fue obligado a dimitir y arrastró a muchos de sus aliados en su caída. El 7 de julio de 1944 Perón asumió la vicepresidencia y mantuvo la dirección del Ministerio de Guerra y de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Finalmente, el 27 de marzo de 1945, la Argentina, "aceptando la invitación que le formularon veinte repúblicas americanas", le declaró la guerra a Alemania y al Japón. Hitler capitularía al mes siguiente. El Japón, en agosto. A partir de entonces, el país reanudó las relaciones con los países americanos y obtuvo el reconocimiento diplomático. Pero los Estados Unidos —que habían embargado las reservas de oro argentinas en ese país— se cobrarían la demora en la declaración de la guerra al Eje. Cierto sector del Departamento de Estado norteamericano consideraba que el de Farrell era un régimen nazi. El trato hacia la Argentina no logró mejorar del todo. Los Estados Unidos enviaron al país al embajador Spruille Braden, que con su estilo brutal y directo intervendría en los asuntos internos como ningún diplomático lo había hecho.

La derrota del Eje fue una señal de avance para la oposición y de descomposición para el régimen militar. Los partidos radical, socialista, comunista, con sectores medios urbanos y organizaciones patronales se unieron para suministrarle el golpe definitivo, en defensa de "la libertad y la democracia". Incluso la Sociedad Rural —molesta por la sanción del Estatuto del Peón Rural, que regulaba las condiciones laborales en el campo— se sumó a la campaña de la oposición.

Desde los sectores patronales, la lucha contra Perón no estaba promovida por la falta de libertad o el peligro del fascismo sino por la oposición a las reformas sociales que el coronel impulsaba desde Trabajo y Previsión.

La sociedad industrial de masas presentaba nuevos desafíos y Perón ya había expresado cómo había que actuar frente a ella. En este aspecto, creía, era un error pensar que la promoción del sindicalismo obrero iría en perjuicio de los patrones. Lo había expuesto en la Bolsa de Comercio, en agosto de 1944. Él no perseguía la lucha entre capital y trabajo sino una "armonización perfecta" entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas. Las masas sin organización constituían un peligro. Con una política social, en cambio, pensaba que podían ser conducidas y dirigidas.

"Yo llamo a la reflexión a los señores —dijo dirigiéndose a los empresarios— para que piensen en manos de quiénes están las masas obreras argentinas y cuál puede ser el porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos comunistas. [...] Para hacer desaparecer de la masa ese grave peligro no existen más que tres caminos, primero, engañar a las masas con promesas o con la esperanza de leyes que vendrán, pero que nunca llegan; segundo, someterlas por la fuerza".

Pero con estas dos soluciones sólo lograban posponer la amenaza. Jamás resolverla. Según Perón, el problema de la agitación de las masas sólo podía resolverse con justicia social, "en la medida [en] que sea posible a la riqueza de su país y su propia economía". La ampliación de la intervención estatal en los asuntos sociales como árbitro autorizado —y no como gendarme— para mediar entre fuerzas de intereses divergentes era la fórmula más eficiente para mantener el orden social.

De todos modos, esta política, que no era sencilla de asimilar para los camaradas de armas, menos lo era para las organizaciones patronales, que no estaban dispuestas a agradecerle a Perón haberlos salvado "del comunismo y las masas inorgánicas".

Los empresarios se incorporaron a la ofensiva civil contra el régimen militar. En junio de 1945, cerca de trescientas organizaciones patronales firmaron un manifiesto de "la Industria y el Comercio" en el que denunciaron "la agitación subversiva" y el fomento "del resentimiento y los reclamos permanentes". Advirtieron: "Desde que se ha creado la Secretaría de Trabajo y Previsión —organismo cuya existencia no objetamos— se mezcla en la solución de los problemas sociales ese espíritu que denunciamos y cuya unilateralidad quiérese justificar en la necesidad de combatir y extirpar el comunismo, granjeando al gobierno los presuntos méritos de una política social muy avanzada".

Para mediados de 1945, la oposición civil parecía ir camino a una victoria segura. Su reclamo de la entrega del gobierno a la Corte Suprema era una forma de exigir la rendición incondicional de Farrell. El tono antimilitarista de los reclamos hacía difícil que la rebelión civil encontrase eco en las unidades del Ejército. En esos meses hubo conscriptos agredidos en las calles. Después de la rendición del Japón, durante tres días, estudiantes, la policía y simpatizantes de Perón se cruzaron con violencia en las calles de Buenos Aires.

El punto máximo de la amenaza al régimen militar fue la convocatoria a la "Marcha por la Constitución y la Libertad", de la Junta de Coordinación Democrática que reunió a conservadores, radicales, socialistas y comunistas. La marcha concentró a la clase media urbana, profesionales, estudiantes universitarios y también sectores del trabajo. Eran más de doscientas mil personas que cantaban el Himno Nacional y "La Marsellesa" mientras recorrían la ciudad. El líder socialista Enrique Dickman hizo una caracterización sin atenuantes sobre el régimen: "El gobierno de facto de la llamada revolución del 4 de junio de 1943, fue nazi, es aún nazi, y si ahora se pone el disfraz democrático, es porque el cambio de panorama del mundo lo obliga a ello".

Frente a la diáspora que había dividido al país desde sus orígenes, la marcha se identificaba con su historia "verdadera". "Esto es Argentina: La Revolución de Mayo, Asamblea de 1813, 9 de Julio, Caseros, Código Civil, Código Penal, garantías individuales. Esto no es Argentina: Anarquía, barbarie, tiranía de Rosas, decretos ley, estado de sitio", se leía en sus carteles.

Al clima de victoria en el ámbito civil se le oponía la compleja paradoja que se suscitaba en el mundo castrense. La mayoría de los oficiales no quería retornar al régimen fraudulento que había derrocado y tampoco quería que Perón continuara con su proyecto político. El sector nacionalista puro consideraba necesario forzar su salida. A su entender, con su acercamiento a los obreros y la demagogia con la que actuaba frente a ellos, había traicionado a la Revolución de Junio. El general Menéndez llegó a hacer público su descontento con Perón en un artículo publicado en una revista de extrema derecha, pero debió purgar seis meses de detención. Los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, la elite intelectual del Ejército, y los jefes de unidades de Campo de Mayo también deseaban la caída de Perón, pero no la de Farrell. Los oficiales liberales, relacionados con las viejas elites provinciales, también se opusieron a la movilización obrera generada por el secretario de Trabajo. La Marina mucho más: estaba ganada por un antiperonismo radicalizado.

Sin embargo, la destitución de Perón podía implicar una victoria tan determinante para la oposición civil que terminara por desalojar a Farrell y a la elite militar del control del aparato estatal. Cualquier decisión que se tomara respecto de él era riesgosa. Perón era un asunto delicado.

Estas tensiones internas provocaron conspiraciones militares. En una de ellas, cuatro días después de la Marcha por la Democracia, el general Arturo Rawson, que ya había sido puesto en disponibilidad y no tenía mando de tropa, pero sí la promesa de un apoyo naval, intentó sublevar la IV División en Córdoba y reclamó la entrega del gobierno a la Corte Suprema. Pensaba que el movimiento se extendería a Campo de Mayo. Sin embargo, cuando las tropas estaban listas para comenzar su marcha, fueron rodeadas por un regimiento de Artillería y debieron rendirse.

El gobierno reimplantó el estado de sitio. Los estudiantes se opusieron a la represión: ocuparon las universidades y enfrentaron la orden de desalojo del gobierno. El jueves 4 de octubre, frente a la Facultad de Ciencias Exactas, en Perú 222, murió de un balazo Aarón Salmón Feijoo, que se convirtió en un símbolo de la resistencia al régimen. La foto, publicada por La Razón, de un pizarrón de la Facultad de Filosofía y Letras donde la policía que la había desalojado había escrito: "Viva Perón. Mueran los judíos, Viva la Guardia de Infantería", también fue utilizada como emblema por los opositores.

Sin embargo, el desencadenante de la crisis de octubre fue la designación de un amigo íntimo de Eva Duarte, Oscar Nicolini, como director de Correos en lugar de un oficial del Ejército. El general Ávalos, que tenía amistad personal con Perón y lo había ayudado a sobrevivir en conspiraciones internas, fue al Ministerio de Guerra a expresarle el desagrado que existía en la guarnición de Campo de Mayo, que él dirigía. Como Perón se negó a dar marcha atrás, Ávalos se dirigió a Farrell. Pese al asedio de la guarnición militar, que exigía en forma inmediata la separación de Perón y que estaba dispuesta a marchar a Buenos Aires para forzar ese reclamo, Farrell fue proclive a la búsqueda de un alejamiento espontáneo de su vicepresidente. Les advirtió que, en una situación de fuerza, Perón podía convocar a los obreros y desatar una guerra civil.

Para solucionar el problema, uno de los planes que surgió desde la Escuela Superior de Guerra fue matarlo. Era la resolución más extrema. El teniente coronel Miguel Mora, profesor de Logística, con un grupo de capitanes, planeó el secuestro y asesinato de Perón cuando visitara la escuela el 9 de octubre para inaugurar un curso de energía atómica. Perón canceló la visita.

Ese mismo día, el 9 de octubre, Ávalos le pidió a Perón que dimitiera a todos los cargos. Ahora sí, la solicitud contaba con la aprobación de Farrell. Perón lo vivió como una traición. Acorralado, luego de que no encontrara consenso en el Ejército, al anochecer, renunció a la vicepresidencia, el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión. Acababa de cumplir 50 años.

A la mañana siguiente, Ávalos asumió como ministro de Guerra. Tenía frente a sí la responsabilidad de armar un gabinete que incluyera a notables de la oposición civil que se estaba devorando al régimen militar, los que debían ser aceptados por la oficialidad de Campo de Mayo. También debía controlar los movimientos de Perón, que todavía conservaba dos lealtades: la fuerza policial y las masas obreras.

Ávalos pidió la renuncia del jefe de la Policía Federal, coronel Filomeno Velazco, compañero de promoción de Perón en el Colegio Militar, que simpatizaba con su causa. Velazco había prohibido y reprimido los festejos por la caída de Berlín, pero se había mostrado permisivo con los apoyos callejeros que recibió el secretario de Trabajo y Previsión cuando se anunciaron sus aspiraciones presidenciales.

Perón se recluyó en su departamento. Lo acompañaba Evita. No tenía ánimo de seguir la lucha. Un grupo de sindicalistas se acercó para acompañarlo y lo convenció para que se despidiera de los trabajadores. Perón le requirió esa posibilidad a Farrell. Correspondía un gesto de reciprocidad con aquellos que habían colaborado de buena fe con su gestión en la secretaría. Perón obtuvo la autorización presidencial. Ávalos no se la negó.

Ahora que su carrera política había encallado, Perón podía presentarse ante los obreros como un reformador social caído en la batalla, víctima del afán conservador y odioso de las clases propietarias, denigrado por el activismo civil que denunciaba su disimulado pesar por la derrota del Eje y también crucificado por una camarilla militar cerrada a la transformación de las masas, que había rechazado su aproximación a los trabajadores y a su propia novia.

En términos políticos, Perón estaba solo. Podía tener una frágil autoridad moral sobre los sindicalistas, por los reconocimientos de clase que les había brindado, pero no tenía, por sí mismo, capacidad para movilizar obreros, y menos ahora que carecía de cargos en la función pública. Tampoco encontraría asilo en los partidos políticos, que lo habían rechazado cuando quiso seducirlos desde una posición de poder.

Los sindicalistas le prepararon un acto multitudinario para coronar su final. En menos de cinco horas, el mismo 10 de octubre de 1945, sesenta mil obreros se reunieron en las puertas de la Secretaría de Trabajo y Previsión para escuchar su mensaje. Fue transmitido por la cadena oficial. Perón aprovechó el escenario para que su legado no quedara olvidado. Lanzó una botella al mar por si alguien quería recogerla en el futuro. Informó que le había pedido a Farrell que rubricara su última voluntad oficial: el decreto de aumento de sueldos, la implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación obrera obligatoria en las ganancias. Ahora les correspondía a los sindicalistas presionar por sus conquistas. Él se retiraba.

Mientras Farrell seguía con sólo dos ministros en su plantilla —Ávalos en Guerra y Héctor Vernengo Lima en Marina— y la crisis política lo aprisionaba, el Ejército continuaba sintiendo agravio por los movimientos finales de Perón —casi sin signos vitales pero que aún no terminaba por declararse muerto— y por la ofensiva de la oposición civil, que les exigía desde la calle una retirada sin honores a los cuarteles.

No era sólo un desafío contra los sobrevivientes de la elite militar de la Revolución de Junio. El litigio tenía horizontes más vastos. Si el Ejército había iniciado su consolidación como un factor de poder decisivo en el proceso político argentino poco antes de la extremaunción de Yrigoyen —y debía en parte tributarle esta condición de privilegio al régimen fraudulento y a su decano, el general Justo—, ahora se ponían en cuestión la legalidad y la legitimidad de esa tutela.

Aquella sociedad civil fatigada del engaño y de poner el hombro para que escalaran posiciones los que desvirtuaban sus mandatos —como intentó despertarla Alvear, pocos meses antes de su despedida—, ahora, envalentonada por la caída de Berlín, y aun mezclando polos opuestos imposibles de unir, reaccionaba contra el régimen militar para alzarse de su postración.

El 12 de octubre el gobierno anunció que convocaría a elecciones para febrero de 1946, pero la oposición no escuchaba promesas. Una leyenda apareció en la puerta del Círculo Militar: "Se alquila". Un coronel fue agredido por mujeres en la misma puerta de la institución. Por la tarde, una movilización en plaza San Martín —a pocos metros del Círculo Militar— reclamó la entrega del gobierno a la Corte Suprema, como garantía de próximos comicios. La policía inició la represión a sablazos. Hubo tiroteos por más de una hora. Un médico fue muerto a balazos. De los treinta y cuatro heridos, dieciséis eran policías.

Con la presión de la Escuela de Guerra, y el escarnio popular de la noche anterior rondando sobre su cabeza, Ávalos ordenó la detención del ex secretario de Trabajo y Previsión. En la mañana del 13 de octubre, Perón ya había sido remitido a la isla Martín García.

Parecía un hombre sin esperanzas, despedido de la contienda política y de su carrera militar, dispuesto a encontrar refugio en su novia Eva. Eso transmitía en sus cartas desde la prisión.

"Desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que puedas imaginar no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que acelere mi retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilo [...] nos vamos a Chubut los dos. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón".

El futuro que proyectaba Perón se alojaba en la infancia, entre los indios y ñandúes de la Patagonia de principios del siglo XX, donde había crecido. Pero esa deserción política, proclamada frente a los espías que leían su correspondencia, también podía ser un ardid para entretenerlos o para aliviar sus condiciones de detención, o quizá también para preparar su retorno a la vida pública. Tres días después, por el "mal clima de la isla" que supuestamente había afectado su salud, Perón sería trasladado al Hospital Militar por recomendación de su médico personal.

El día 15 de octubre, en dos audiencias privadas, Farrell le había asegurado a la CGT que Perón no estaba detenido. Había decidido una custodia militar para preservar su vida. Pero, aun sin su presencia en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la política del Estado frente a los trabajadores no se modificaría. Las conquistas serían respetadas. "Incluso mejoradas, si era posible".

Los sindicalistas desconfiaron de Farrell, aunque no hasta el punto de dinamitar los puentes, como lo habían hecho con la oposición civil. La CGT, como actor político autónomo pero cada vez menos neutro, que estaba en contra, incluso, de la entrega del poder a la Corte Suprema, distinguía, camuflados en las filas de la multitud que exigía "libertad", a los políticos fraudulentos, a los comerciantes acaparadores, al ignominioso contubernio que intentaba el retorno a la vieja normalidad para continuar con "las injusticias sociales, el atropello a los sindicatos, la persecución y destierro sin forma ni proceso de sus militantes".

La "Defensa de la Constitución y la Libertad", que desafió a Perón y a la elite militar, no había dedicado siquiera una palabra para ellos. No les habían hablado en su propio lenguaje ni de sus propios anhelos. El divorcio entre la clase dirigente y las masas era cada vez más evidente. Había un espacio social vacante, sin representación política, entre los nuevos trabajadores de la migración interna y muchos de los de la vieja guardia sindical que atesoraban derrotas y rencores desde más allá de la década de los treinta.

Destituido Perón, y pese a las promesas de Farrell, los sindicalistas temieron que una restauración de las organizaciones patronales arrasara con el discurso de "justicia social" que habían escuchado durante meses desde la secretaría y que les atraía más que el de "libertad ante la amenaza fascista" que propiciaba la oposición civil. Había indicios de un cambio regresivo: no les habían pagado el feriado del 12 de octubre.

El diálogo con el Estado había enfrascado a la CGT en una lucha interna. Había sectores que reclamaban no precipitarse y otros que buscaban acelerar la organización de una huelga. Ambos coincidían en recomendar a las bases que no se comprometieran en actos ajenos a los de la central obrera. Entre los días 15 y 16 de octubre comenzaron a realizarse manifestaciones. En las calles de Berisso, donde Perón se había ganado el aprecio de los obreros de la carne, se iniciaron los primeros movimientos.

El día 16, cuando muchos sindicatos ya habían llamado a la huelga en forma independiente, el Comité Ejecutivo de la CGT decidió, en una votación de 16 contra 11, un paro para el 18 de octubre. La central obrera no hizo un reclamo explícito por la libertad de Perón en los propósitos de la huelga, no quería atarse a su destino; lo hizo en defensa de las conquistas laborales amenazadas y en rechazo a la posible inclusión de la oposición en el gabinete, que mencionó en el primer punto del comunicado.

En la mañana del 17 de octubre, cuando Perón estaba instalado en el Hospital Militar, centenares de trabajadores, en su mayoría jóvenes, recorrieron diez kilómetros, de Berisso a La Plata, apedreando a su paso la sede del Jockey Club, cafés y confiterías, saqueando negocios y haciendo una ceremonia ritual con la quema de ejemplares del diario El Día, en una atmósfera carnavalesca, pero con la marca del resentimiento de clase.

Movilizados por los sindicatos de la periferia industrial, en las fábricas del sur bonaerense se fueron concentrando obreros para una movilización en Plaza de Mayo. Se anticipaban en un día a la convocatoria de la CGT.

La Policía Federal dejó que los manifestantes cruzaran el Riachuelo y llegaran a la ciudad de Buenos Aires al grito de "¡Viva Perón!". El reemplazo de Velazco por el coronel nacionalista Emilio Ramírez, que retornaba a la fuerza, se había demorado. Había jurado el día anterior, pero los mandos policiales no le respondían.

Al atardecer, la multitud ya completaba la Plaza de Mayo. Hacía calor. Muchos de ellos, que llegaban al centro porteño por primera vez en sus vidas, refrescaron sus pies en el agua de la fuente. Ávalos, que ya había visto la sangre en los combates de la ESMA, e incluso había perdido a su asistente personal, los observaba desde la Casa Rosada. No quiso ordenar la represión, aunque la guarnición de Campo de Mayo estaba preparada para llevar a cabo esa tarea. El gobierno no tenía ningún plan para enfrentar la movilización. La única solución para controlar a las masas era negociar con Perón.

Instalado en el departamento del capellán, en el Hospital Militar, el coronel detenido recibió la visita de Ávalos. Advirtió que se encontraba en una posición de poder. Le reclamó su renuncia al Ministerio de Guerra, la de Vernengo Lima en Marina, la designación del nuevo gabinete y de una nueva jerarquía castrense y el mantenimiento de la convocatoria a elecciones presidenciales. Esas eran sus condiciones para aceptar su traslado a la Casa de Gobierno.

Ya habían pasado las 23. La multitud no se había movido ni había dejado de corear su nombre. En el balcón, con la vista puesta en la Plaza de Mayo, Perón ordenó al locutor radial que invitara a las masas a entonar el Himno Nacional. Él permaneció a un costado.

Luego tomó el micrófono y se dirigió hacia ellos.

—¡Trabajadores! —dijo.

A partir de esa noche, el vínculo entre ambos no se rompería jamás.

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Nota del autor

El día que la Revolución del Parque de 1890 fue derrotada, cuando las manchas de sangre todavía estaban frescas en las paredes y los cadáveres se amontonaban en las calles, el jefe rebelde Leandro Alem se fue caminando a su casa. A las dos semanas, ya estaba otra vez en la tribuna como orador en un acto. Quizá la aparente singularidad de este detalle nos ayude a comprender que a fines del siglo XIX la violencia política no era un fenómeno excepcional: era una opción estratégica aceptada para la resolución de los conflictos de poder.

Si acompañamos los pasos de Alem tres años después, podemos pensar que la vida parlamentaria, con su rutina de debates y normas legales, no es el único espacio de desarrollo del sistema político. Tenía un alcance más extenso: Alem fue electo diputado en las elecciones de julio de 1893 en la Capital Federal y una semana después lideró la revolución radical que estalló en Rosario.

Alem fue una autoridad en materia política. Fundó un partido de indiscutida vocación republicana —la Unión Cívica Radical— y todavía hoy mantiene legitimidad histórica. Su legado es recordado en las cumbres partidarias.

Aun así, de acuerdo con el escrutinio de sus acciones, el jefe radical entendía que la violencia era un factor contingente pero habitual de la política; una herramienta de desobediencia frente a un poder establecido, tan valiosa como las instancias electorales en las que medía sus fuerzas con otras facciones.

Ese universo de creencias y valores que impedía disociar en forma categórica la violencia de la acción política también era compartido por su sobrino. Hipólito Yrigoyen tenía un pensamiento menos inmediato y más estratégico que Alem, y comandó la intransigencia radical contra el orden conservador durante veinte años. Pero, como su tío, también creía que la revolución era un imperativo moral, y organizó rebeliones en las que los civiles armados, leales a su guía, irrumpieron a sangre y fuego en las comisarías y en los cuarteles en busca de una representación política más transparente.

El anarquismo que desembarcó en el Río de la Plata al filo del siglo XX también era tributario de la violencia. Sin embargo, sus acciones —al estar conectadas con un proyecto que intentaba deponer el orden social vigente— no estaban legitimadas por la comunidad política, que frente a sus ataques se proclamó unida en forma orgánica en un ideal de Nación y "patriotismo". La coerción del aparato estatal, preocupado por perfeccionar su eficacia para conservar la "limpieza de la población", promovió contra ellos una carga penal cuya rigurosidad no era extensiva a los sublevados del radicalismo.

De todos modos, el anarquismo, con la propagación de su doctrina por una sociedad sin Dios, sin Estado y sin patrones y la intencionalidad explícita y violenta de su mensaje, señaló una problemática social en la Argentina del Centenario que la elite conservadora, deslumbrada por el rinde que le proporcionaba el modelo agroexportador de ultramar, no alcanzó a calibrar en su justa medida.

La elite conservadora reaccionó con rapidez —luego de que la Ley Sáenz Peña la desalojara del poder— cuando observó que Yrigoyen y el sistema democrático no eran protectores fieles de sus intereses. Sumida en la necesidad de hacerse obedecer, se reagrupó en una suerte de Estado concurrente para ejercer una represión de facto sobre el mundo obrero, en defensa del orden legal y la jerarquía social, pero vulnerando la legalidad republicana que decía defender.

Avanzada la década de 1920, frente a las luchas político-partidarias, el Ejército comenzó a percibirse como la expresión única y legítima de la Nación. La institución que mejor la identificaba, la que debía guiar su destino. La crisis de gobierno en la segunda presidencia de Yrigoyen los condujo, por primera vez en la historia argentina, a irrumpir en la Casa de Gobierno con una manifestación de fuerza militar que provocó el aplauso de buena parte de la sociedad civil. Su autoritarismo —una violencia institucional ilegítima, no avalada por la ley— los decidió a encarcelar y torturar a los que se oponían a su misión reparadora, y también a algunos de los que la habían aplaudido.

Pero la metodología de la tortura como soporte de un proyecto corporativo prescindente de la Constitución de 1853 y de los partidos políticos tenía un alcance limitado. El régimen militar lo supo, y aceptó el retorno al sufragio universal. A condición de manipular sus resultados y mantenerse en el poder.

Ese orden político fraguado perduró más de una década. Hasta que el general Perón, advertido de que el incipiente desarrollo industrial producía también masas obreras sin representación política, inició la institucionalización del sindicalismo subordinado al Estado que él controlaba, y forjó una alianza con los trabajadores que se mantendría durante décadas.

La antinomia "peronismo/antiperonismo" será a partir de ese momento la categoría política central. Sus opositores se exiliarán, sufrirán cárcel y tortura en las comisarías; también impugnarán la autoridad con atentados y bombas.

La historia prueba que la violencia está marcada a fuego en la tradición política argentina. El propósito de este libro es reconstruir y examinar ese vínculo.

Agradecimientos

Quiero hacer uso de estas páginas para agradecer la generosidad de Roberto Baschetti, Jorge Núñez, Martín Boriés, Flavia Mazzitelli, Edith Rosalía Gallo, Francisco Rinaldi y Marcos Schiavi, quienes cedieron su tiempo para facilitarme el acopio de documentos y material bibliográfico.

Además, aprovecho para retribuir mi gratitud al periodista y escritor Jaime Correas y a la historiadora Adriana Micale, por guiarme en aspectos que desconocía de la década de 1920 en Mendoza, al igual que a la arquitecta María del Carmen Tenerani, en el caso de la provincia de Chaco.

Estoy en deuda también con la historiadora Vera Carnovale, por nuestras conversaciones sobre la transformación violenta de la política. En el mismo sentido, quiero expresar mi reconocimiento a los historiadores Alejandro Schneider, Mariano Rodríguez Otero, Alberto Lettieri y Luis Alberto Romero, docentes de seminarios del Doctorado de Historia (UBA), cuyas clases significaron un estímulo para la búsqueda de nuevas herramientas de comprensión de la historia política argentina. Todos ellos están eximidos de cualquier error conceptual, de información o de interpretación que se desprenda de estas páginas.

También hago partícipes de cualquier mérito de Marcados a fuego a Fernando Esteves, a Augusto Di Marco, a Analía Rossi, a Julia Saltzmann y a Mercedes Sacchi, de Aguilar, que confiaron en el proyecto desde hace varios años.

Por último, quiero extender un agradecimiento especial a Carolina, que hizo mucho más amigable este tiempo de escritura.

A los lectores, gracias otra vez.

Este libro se terminó de imprimir

en el mes de abril de 2009

en Zonalibro Industria Gráfica

San Martín 2437,

Montevideo, Uruguay.

Dep. Legal N° 349.143/09

Edición amparada en el decreto 218/996 (Comisión del Papel)